Sinopsis

La diversidad es riqueza. Pero solo cuando las diferencias se dan cita en la persona, como en un crisol se funden los metales o distintas hebras hacen un tapiz; la diversidad empobrece si se usa como pretexto para la segregación. Hay que construir puentes. Pero no en el mismo lugar y con los mismos defectos de construcción que propiciaron su derrumbe. No se puede judicalizar la política. En una democracia madura la política debe poder judicializarse: significa que vivimos en un Estado de derecho y no sujetos al arbitrio de nadie. El origen del conflicto es la sentencia del Estatut. El error fue querer encajar a martillazos un estatuto confederal en la Constitución. La sentencia no es causa, es pretexto. Podemos rescatar los artículos anulados. Bien anulados están: nada bueno había en ellos. Hay que dialogar. Pero respetando la ley, que es lo previamente dialogado.

Este no es un libro sobre independentismo; es un libro sobre los mitos y los lugares comunes del lenguaje que se utiliza en el resto de España para describir el problema catalán. Este vocabulario, defiende el autor, no funciona y nos aboca a repetir, no ya el pasado, sino el presente.

Diccionario de lugares
comunes sobre Cataluña

Breviario de tópicos, recetas fallidas e ideas

que no funcionan para resolver la crisis catalana

JUAN CLAUDIO DE RAMÓN

Dedico este librito a mis

conciudadanos catalanes que,

de manera más vacilante que convencida,

han adoptado posiciones independentistas.

Sé que juzgarán algunas de estas páginas

fastidiosas de leer (aunque espero

no ofensivas); mi manera de respetarlos

es no adularlos; no creo que haya que

intentar comprarlos, sino persuadirlos.

Prólogo

Ésta es una obra necesaria, que no es poco. En el último año se han publicado muchos libros —cerca de doscientos, creo— sobre la actual situación de Cataluña; algunos incluso de gran calidad, pero ninguno desde el original punto de vista que adopta Juan Claudio de Ramón para lograr una finalidad muy concreta: desvelar la verdad de los tópicos, de las recetas fáciles y de las ideas que no funcionan, para resolver el difícil callejón en el que anda metida la política catalana y, en consecuencia, la española.

Para alcanzar ese objetivo, el autor adopta un punto de vista que le permite ir desgranando sintéticamente los problemas de fondo sobre todo lo que ha sucedido, sucede y puede suceder en Cataluña. Pero vayamos por partes: ¿Cuál es ese punto de vista? ¿Cuál es ese objetivo? Veamos.

Hasta hace tan sólo unos doce años, pocos catalanes, más o menos un 15 por ciento, se declaraban partidarios de la independencia; esta cifra se mantenía prácticamente inamovible desde la época de la Transición. Este porcentaje pertenecía a los irreductibles: nacionalistas en estado puro, aquellos cuya meta principal ha sido siempre separar Cataluña de España con el objetivo de que se constituya como Estado independiente, uno más en el concierto mundial de las naciones. Aquellos que piensan que, si no es así, los catalanes nunca serán libres.

Me lo decía a mediados de los noventa un buen amigo, Agustí Bassols, democristiano e independentista y, durante muchos años, consejero de la Generalitat con Jordi Pujol: «Cuando me preguntan, ¿derechas?, ¿izquierdas?, yo siempre contesto: ¡Cataluña!». Una explicación que resulta incomprensible desde la razón y que sólo es entendible desde el brumoso mundo de los sentimientos pero que, con estas u otras palabras, está muy extendida en Cataluña. American first fue el lema electoral de Trump. Pues eso: Catalonian first.

A los catalanes con esta mentalidad, a estos devotos creyentes que consideran a Cataluña una nación (identitaria, por supuesto) y creen que, como tal nación tiene derecho (el derecho de autodeterminación) a ser un Estado, este libro no les va a convencer. Las ideas se tienen pero en la creencia se vive, dijo Ortega. El nacionalismo es una creencia, una fe, en la que es fácil entrar pero no salir. Puede que san Pablo se cayera del caballo, pero no hay muchas caídas como aquélla. Un creyente está dispuesto a tragar con mitos, tópicos y recetas siempre que sirvan para alcanzar la finalidad que pretende.

Este libro, pues, va dirigido a otro sector: al de los conversos; aquellos que se han sentido siempre catalanistas o al menos, han asumido como algo natural —consubstancial a sus condiciones de nacimiento o residencia—, que la catalanidad debe cuidarse y protegerse como algo estático pero que, hasta hace pocos años, ni siquiera se habían llegado a plantear la necesidad de la independencia de Cataluña.

Ahora bien, tras la desastrosa aventura del nuevo Estatuto y las mentiras de la propaganda independentista («España nos roba», «trescientos años de opresión españolista», «el nuevo Estatuto no ha sido votado por el pueblo de Cataluña», «la UE y el mundo nos apoyan», etc.), empezaron a cambiar; les convencieron las consignas tan repetidas por los medios de propaganda controlados —directa o indirectamente— por la Generalitat y, o bien creyeron que la independencia era posible, o bien pensaron que amenazar con la independencia era la mejor forma de ejercer presión para que Cataluña obtuviese más competencias. En todo caso, se decantaron por votar a partidos que propugnaban la independencia y, si bien nunca alcanzaron la mayoría, casi la rozaron. En todo caso, grosso modo, puede decirse que, en estos últimos años, Cataluña ha quedado dividida en dos: independentistas (o separatistas) y unionistas (o constitucionalistas). Póngase el nombre que más guste.

¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué se pasó —en números redondos— de un 15 por ciento a un 45 por ciento de independentistas? Pues porque este diferencial de un 30 por ciento se dejó convencer por ciertos tópicos (falsos), recetas fáciles (y equivocadas) e ideas que no funcionan (ni nunca funcionarán porque su única base son las creencias). En definitiva, se trata de lugares comunes sobre Cataluña que —a base de ser repetidos y a pesar de no ser ciertos— han convencido a muchos neófitos independentistas y, lo que es peor, que, debido a su desconocimiento, han dejado desarmados por falta de argumentos a muchos que no lo son.

Por eso decía al comienzo del prólogo que éste es un libro necesario: no será de utilidad a los fundamentalistas del nacionalismo, pero sí a los más advenedizos, a los que dudan sobre las bondades de unos y otros, a los que por desconocimiento no tienen respuesta para los tópicos, recetas fallidas e ideas que no funcionan. Recopilar las mismas, o un buen número al menos —exactamente treinta y cinco—, es la gran labor de Juan Claudio de Ramón. Lo hace además con un estilo ágil y directo, riguroso pero comprensible; en definitiva, con un tono de artículo periodístico muy adecuado para dirigirse, no a especialistas, sino a un público generalista interesado en la materia.

Escribo este prólogo a finales de septiembre de 2018. Hace muy pocos días asistí en Madrid a la presentación de un excelente libro que narra lo sucedido en Cataluña desde que comenzó el denominado Procés. Los presentadores del libro, dos conocidos periodistas, exponían como causas de la crisis catalana acontecimientos exógenos a Cataluña: la crisis económica y el movimiento de los indignados, la falta de diálogo mostrada por el gobierno de Madrid, la (supuesta) escasa calidad de la democracia española. Proponían como única salida la negociación política entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado.

Me pareció alucinante. Se olvidaban de la causa principal, indudablemente endógena: la voluntad de una mayoría de nacionalistas catalanes de separarse de España rompiendo todas las reglas de la democracia y del Estado de derecho. Lo hemos visto desde enero de 2013 con la declaración de la soberanía catalana por parte del Parlamento de Cataluña y, a partir de ahí, en numerosas ocasiones, en cualquiera que se presentase, culminando todo en los meses de septiembre y octubre de 2017. Y sigue, en la actualidad sigue; Puigdemont y Torra no hacen otra cosa que repetirlo: ellos están al servicio del pueblo de Cataluña —ese en el que no son mayoría— y cumplirán sus deseos al margen y por encima de la Constitución y de las leyes.

Pero si los presentadores de tal acto, ninguno de ellos independentista —por lo menos que se sepa—, echaban la culpa a los nacionalistas catalanes, no hubiera sido bien visto en Cataluña —en la Cataluña nacionalista, claro—. Como se sabe, las culpas deben ser de Madrid, sólo de Madrid y nada más que de Madrid. Los nacionalistas catalanes pueden cometer errores, pero tienen la razón de fondo y hay que salvarla y admitirla.

El libro de Juan Claudio de Ramón va desvelando una a una todas estas trampas y da todas las claves para entender el embrollo catalán desde la verdad de las cosas. Todo lo contrario de la presentación a la que nos referíamos. Y, por consiguiente, llega a conclusiones contrarias.

Las causas de haber llegado adonde se ha llegado se encuentran en el proceso de «construcción nacional» desarrollado desde 1980, en los mismos inicios de la autonomía, en el que Jordi Pujol fue un protagonista indiscutible.

Las soluciones no están en negociaciones políticas del Gobierno de España con el Gobierno de la Generalitat, que sólo representa a menos de la mitad de los catalanes, sino en convencer, mediante razones y argumentos basados en verdades históricas, jurídicas y económicas, a la mayor parte de este 30 por ciento de separatistas indecisos, de que España es un Estado muy sólido dentro de la Unión Europea y que Cataluña, al margen de España, quedaría arrinconada, empobrecida y sometida a una democracia nacionalista, es decir, sería, como ahora se llama a las dictaduras: una democracia iliberal.

Ésta es la tarea, la función, de este espléndido libro.

FRANCESC DE CARRERAS

Introducción

Estilemas de la equidistancia,
o también:
Las palabras hay que auscultarlas

A menudo el gran enemigo de la verdad no es la mentira —planeada, inventada, falsa— sino el mito —asentado, convincente e irreal.

J. F. KENNEDY,

Yale University, 11-06-1962

El lógico alemán Gottlob Frege explicó que las palabras pueden tener sentido y, al mismo tiempo, no significar nada. Tal intuición, fundadora de la moderna filosofía del lenguaje, es algo que cualquier persona que se dedica a la política —y más aún si vive de ella— sabe de forma instintiva. El político sabe, por lo demás, algo mejor: que las palabras pueden sonar bien y no significar nada.

A menudo lo que suena bien también suena demasiado obvio y siempre he pensado que la reiteración de lo obvio invita a la sospecha: igual que antiguamente se mordía el oro para diferenciarlo de la más abundante pirita, considero un buen hábito auscultar las palabras que el tráfico lingüístico trae con excesiva insistencia al oído. Auscultar las palabras de la crisis catalana, pasarles el estetoscopio en busca de su latido o significado profundo, golpear en ellas para saber si están o no huecas, es el modesto objeto de estas páginas.

Éste no es otro libro dedicado al nacionalismo catalán, sobre el cual empieza a haber excelentes trabajos publicados. No se inspeccionan aquí los mitos y ficciones del independentismo: ni las fantasías historicistas en torno a 1714 o la Guerra Civil; tampoco las mentiras relativas a la opresión económica, ni, en general, los relatos que, a una considerable distancia de los hechos, buscan dar cobertura moral a la secesión. Sí, examino algunos tópicos sobre la lengua, pero sólo en la medida en que éstos han penetrado también en el habla de los no nacionalistas, que es lo que nos ocupa aquí: la gama de expresiones de uso común en España usadas por no independentistas; los lugares comunes que enmarcan la sabiduría convencional sobre la cuestión catalana.

En las últimas décadas, diversos trabajos divulgativos nos han familiarizado con lo que los sociólogos llaman un marco: una pauta que determina de modo casi inconsciente qué ideas, dada una cuestión, son aceptables y cuáles no, cuáles son expuestas y cuáles quedan en penumbra. Un conjunto de palabras y locuciones que orientan y prefiguran nuestro pensamiento. Pues bien, lo que me propongo glosar y disputar aquí es el marco general de la conversación en torno a Cataluña, forjado a lo largo de décadas de repetición incesante por parte de políticos y periodistas.

La tesis defendida es que, por desgracia, se trata de un marco inválido para entender, y menos aún, arreglar nada; funciona como una empalizada verbal cuyo principal finalidad es oscurecer un hecho capital sin cuya comprensión nada se entiende de la crisis territorial: que es la cultura política instalada en Cataluña la que genera de manera endógena y autónoma el independentismo, y que, si esta cultura no cambia, lo seguirá haciendo con independencia de lo bien o mal, de lo dialogante o autoritario, que se muestre el gobierno de España. Los factores exógenos, que sin duda existen y han influido, no son sin embargo los causantes principales de la eclosión del independentismo. Sencillamente hemos llegado a donde teníamos que llegar, dadas las premisas contenidas en la ideología dominante de la Cataluña contemporánea: el catalanismo, del cual el Procés no es ninguna herejía o desvío, sino su resultado esperable.

Intentaré justificar esta tesis más adelante. Digamos por ahora que el aparato discursivo que usamos para hablar de Cataluña, lo que decimos y nos decimos sobre la crisis, se empeña en llevarnos en otra dirección: que hay algo en España, en su cultura o Estado, algo fallido o defectivo, que empuja a los catalanes a abrazar el independentismo, y que es cuestión de encontrar la reforma correcta, con la que no termina de darse, para poder desactivar el problema. Este aparato discursivo, esa lengua estándar para hablar de Cataluña, es lo que aquí se analiza, intentando demostrar —el lector juzgará si con éxito— que, a pesar de poseer una sintaxis reconocible, no significa nada, o significa poco, o puede significar, de modo alternativo y despejada la bruma de las premisas, cosas interesantes y fecundas o indignas y perjudiciales.

La fraseología de la crisis catalana no es muy extensa y de ahí la sensación de escuchar siempre lo mismo. No todas las expresiones merecen, conviene advertirlo, el mismo reproche. Por su toxicidad ideológica algunos tópicos han de ser conducidos a la chatarrería de inmediato; a otros les basta una estancia en un pabellón de reposo, donde reponerse del desgaste. Hay también afirmaciones meditables, como las que tienen que ver con el papel del catalanismo o del federalismo; se les debe respeto y si se tratan aquí es precisamente para rescatarlas de su condición de mantra y recuperar lo que de valioso y certero haya en ellas. Lo que todas las locuciones tienen en común es el apolillamiento. Son la faramalla con la que una generación de políticos españoles ha intentado salir al paso de una crisis que les supera; rutinarios abracadabras incapaces de abrir ninguna puerta, y cuya abusiva circulación expulsa del tráfico, como la moneda mala de Gresham, propuestas más imaginativas y fecundas.

Las frases hechas que componen este libro conocen pequeñas variaciones en la lengua de los periódicos y de los mítines. En realidad, lo que aquí se glosa son estilemas. Estilema es la voz con que los filólogos denominan los rasgos constantes de estilo que prueban la autoría de un texto. En el caso que nos ocupa, esos rasgos constantes parecen ser éstos: a) la aceptación de que hay un fondo de verdad en las tesis del independentismo, malogrado debido al uso de formas equivocadas; b) el recurso al argumento ad temperantiam o falacia de la moderación, que da en creer que la verdad entre dos extremos cae siempre en el medio; c) la idea de que el descontento independentista trae causa no de la existencia del nacionalismo catalán como inductor del malestar que denuncia, sino de algún defecto en el sistema político y legal español (es decir, lo exógeno prima sobre lo endógeno); d) la creencia de que incumbe al Estado la carga de resolver esa deficiencia, porque la mera frustración del electorado independentista no es una salida aceptable, y e) que siempre es más importante lo que no se dice o queda solo sugerido.

El probable foco de irradiación del estilema es la izquierda catalanista. A su emisor muchas veces se le tilda despectivamente de «equidistante». Nos las habemos pues con los estilemas de la equidistancia, concepto polémico sobre el cual cabría decir algo. En primer lugar, son muchos los que han practicado la equidistancia (y revisando cuanto he escrito, no podría asegurar estar libre yo de tacha): algunos de manera constante, otros de forma puntual; algunos sólo al principio de la crisis, otros hasta hoy mismo. No hay que cargar las tintas. En la pragmática de la equidistancia concurren motivos mezquinos, como la cobardía o la frivolidad (mucho de lo que decimos de Cataluña está mediatizado por el natural deseo de no ser llamado «facha» nada más poner un pie en Barcelona). Pero también pueden darse motivos tan humanos como el afán conciliador, la duda, o el natural deseo de no tensionar relaciones familiares o afectivas. Ante el deterioro de la convivencia, el deseo de correr a poner paños calientes es comprensible. Pero al igual que un paño caliente no cura una herida, llega un punto en que el uso de un lenguaje paliativo en lugar de uno preciso, capaz de poner —por hacer honor a otra frase hecha— el dedo en la llaga, nos hace cómplices de la dolencia.

Por lo demás, no se entiende muy bien por qué últimamente hay personas, incluso apreciables intelectuales, que reclaman para sí y con cierto orgullo la etiqueta de «equidistante» en lo relativo a la cuestión catalana se refiere. Como intentaré mostrar en las páginas que siguen es muy difícil sostener, datos en mano, que lo presenciado en los últimos años se trate de una liza entre dos nacionalismos que se han portado —los dos— muy mal. Al contrario: es fácil demostrar que los abusos han caído casi siempre del lado del nacionalismo catalán. Pero si la honestidad intelectual nos obliga a reconocer la parte de culpa atribuible al otro lado del tablero, ninguna razón hay para abrazar la equidistancia, teniendo a mano el noble concepto de la ecuanimidad. Porque una cosa es repartir culpas (algo inevitable en casi cualquier conflicto que se enquista) y otra repartirlas en la misma proporción (algo por lo general injusto). La diferencia que va entre la equidistancia y la ecuanimidad es la que hay entre un compás, válido para dibujar mediatrices, y una brújula, que, si está bien calibrada, nos encamina al Norte de la verdad. En esta época de falsedades y hechos alternativos, al ciudadano le sirve más lo segundo que lo primero.

Por lo demás, hubiera sido sencillo poner pie de firma a estas frases o hacer sátira con ellas. Pero este libro pretende ajustar cuentas con ideas y no con personas, y menos con nadie que esté honradamente preocupado por la deriva política en España. Es objeto de comentario y crítica un lenguaje que, bien por manido, bien por marchito, no permite pensar el problema catalán con la imaginación y la frescura que precisa. Wittgenstein dijo que todos los problemas que se resisten al intelecto esconden en su interior una confusión lingüística y que el acto de exponerla no hace que el problema se solucione, sino que desaparezca. Mi ingenuidad no es tanta como para creer que una mera terapia lingüística puede hacer desaparecer el problema catalán. Pero sí creo que si llevamos a la casa de empeños el deslucido vocabulario que usamos para abordar la crisis territorial, podremos, al menos, privarla de la estatura metafísica que le hemos dado.

En algún lugar de su inmensa obra, Josep Pla, enemigo de la hojarasca en la literatura, impuso un mandato a los escritores: «Poned detrás de cada palabra una idea». Esto es lo que propongo al lector: auscultar las palabras de la crisis catalana y jubilar la semántica hueca que, como malos detectives, nos hace perseguir un rastro de pistas falsas; o, por usar otra metáfora de Pla, nos tienen «como caballos viejos, dando vueltas a una noria chirriante». Desatar el yugo que nos ata a la noria y salir a trotar por otros prados donde encontrar ideas más fecundas y usaderas, es lo que querría con este librito.

Roma, 22 de agosto de 2018

Coda: Sugiere mi editor que me presente, de modo que el lector sepa qué me mueve. Parece buena idea. En la introducción a su colección de glosas Tantos tontos tópicos advierte Aurelio Arteta que emprender la tarea de analizar el habla de otros es misión audaz por la que se paga un alto precio: el glosador puede dar por segura la acusación de pedantería y vanidad, siendo su destino probable el ostracismo. Espero del lector de este libro algo más de indulgencia. Su origen está en un artículo de este año aparecido en el diario El País, «Lugares Comunes» (9 de julio de 2018), que en el breve espacio de una columna quería sacar el polvo a los latiguillos más usados para hablar de la crisis catalana. La columna tuvo éxito, y un amigo me sugirió la conveniencia de usar la misma idea para un libro. Acepté el envite. Y es que tengo al menos tres motivos para implicarme en este debate: soy ciudadano, soy un funcionario encariñado con el Estado para el que trabaja, y soy un madrileño dos veces unido familiarmente a Cataluña, la primera por filiación (directa de segundo grado: un abuelo muy querido) y la segunda por matrimonio. Son estas páginas escritas a la carrera, bajo el signo de la urgencia; ni la vanidad ni la voluntad de reproche me mueve, sino un sincero deseo de contribuir a que podamos de una vez espantar nuestros demonios territoriales y seguir con una vida que, sin duda, está en otra parte. Si he de confesar mi ánimo prevalente, lo que más me gustaría, a mí como a tantos, no es cambiar de palabras, sino de tema.

Nota sobre lenguaje

Este libro versa sobre maneras propias e impropias de hablar; parece por tanto adecuado hacer tres aclaraciones previas.

La primera: cada vez que comparo los poderes autonómicos catalanes con los poderes centrales españoles opto por llamar «Generalitat» a los primeros y «Estado» a los segundos. No se me escapa la impropiedad de este uso: lo que llamamos «Generalitat» es también «Estado» y solemos llamar «Estado» a lo que en realidad es el conjunto de las instituciones: la Administración General del Estado, en su rama central y periférica, pero también el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Cortes y la Jefatura del Estado en la persona del rey. Sólo por economía lingüística queda contraído el binomio a «Generalitat» y «Estado».

La segunda: mantengo el topónimo «Catalunya» en su grafía catalana cuando aparece en alguna de las frases hechas entrecomilladas, a pesar de estar escritas en español o castellano. Lo hago porque tengo comprobado que las probabilidades de que quien escribe «Catalunya» en un texto redactado en español exprese a renglón seguido un lugar común es muy alta. El resto del tiempo devuelvo al nombre de lugar su toponimia castellana, o, por mejor decir, devuelvo a la lengua en la que escribo el topónimo hurtado en virtud de una corrección política sobre cuya corrección quizá merezca la pena decir unas palabras.

Usar el fondo léxico de topónimos de la lengua española para designar lugares catalanes no es ninguna falta de respeto o de cariño. Al contrario, como ha explicado Arcadi Espada muchas veces, se traduce sólo lo que se estima: los hablantes de español sienten lugares como Gerona o Lérida como realidades próximas o cercanas, y por eso tienen un nombre para ellos. El castellano carece, en cambio, de nombres de lugar para pueblos o ciudades de la estepa siberiana, del midwest norteamericano, o del cuerno de África. El español no sabe decir Winnipeg porque Winnipeg no ocupa un lugar de importancia en el corazón de los españoles.

Los nacionalistas creen que el uso de la toponimia propia del catalán cuando se escribe en castellano es una especie de deferencia debida para con ellos (deferencia que a ellos no les impide usar «Osca», «Saragossa» y «Cadis»). En realidad, el favor que les hacemos es ideológico. Por un lado, reforzamos la falsa creencia psicológica, propia de cualquier nacionalista, de que hay una manera natural de nombrar el mundo (y que la manera natural de nombrar las cosas catalanas es en catalán); por otro lado, convertimos el español en una lengua inapta para hablar de «Catalunya». La hipocresía es patente: se exige el reconocimiento de lo propio, pero se niega el reconocimiento a la lengua ajena de su manera propia de reconocer lugares. Por mi parte, me gustaría convencer al lector de que no hay ninguna buena razón lingüística, política o de cortesía, para escribir «Catalunya» cuando se escribe en español o castellano. Al hacerlo nos hacemos sin querer siervos de la ortodoxia nacionalista. La prensa catalana lo puede considerar norma de estilo, pero es norma mental.

En tercer y último lugar, el lector verá que a lo largo del libro vacilo a la hora de denominar la lengua común de los españoles español o castellano. Uso los dos términos como sinónimos porque no termino de decidir cuál es más adecuado. Entiendo el argumento de quienes opinan que deberíamos decir «castellano» (porque de este modo, «española» quedaría reservado para la clase: es decir, el conjunto de lenguas que se hablan en España, todas ellas españolas). Pero este uso tiene un inconveniente: el elemento de ajenidad introducido, puesto que gallegos, vascos o catalanes pueden ser españoles, pero lo que no son es castellanos. En otras palabras: haciendo del español «castellano», convertimos la inveterada lengua franca entre españoles en la lengua de los otros en el imaginario catalán. Por lo demás, no es históricamente veraz que la lengua en la que estoy escribiendo lo fuera primero de la Corona de Castilla antes de extenderse por el resto de territorios. Lo cierto es lo contrario: lo que llamamos castellano nace ya como lengua común (una koiné acuñada por hablantes de euskera para uso de los pueblos del norte peninsular) y sólo después se asocia con Castilla, pequeño condado sin relevancia política cuando se escucha el primer latido de la lengua en lo que, de hecho, era zona vascoparlante. En otras palabras: el español se hace castellano, y no el castellano español, como argumenta convincentemente el lingüista Ángel López García en El rumor de los desarraigados,[1] un bellísimo libro de efectos emancipatorios que está clamando por una reedición.

“La diversidad nos enriquece”

La diversidad sólo enriquece a aquellos que se atreven a reunirla en su persona, como los metales se funden en un crisol o distintas hebras tejen un tapiz. La circunstancia de haber nacido en un lugar donde se cruzan culturas y lenguas, en cambio, no enriquecerá a quien se repliegue en una sola de las tradiciones que el azar del nacimiento le puso cerca y al alcance de la mano. La diversidad empobrece a quien la esgrime como un mero pretexto para el aislamiento y la segregación.

Cuando se dice que España es muy diversa, y que esa diversidad es fuente de riqueza, se está expresando más un ideal de vida que un dato de la realidad. Porque lo cierto, en la historia registrada, es lo contrario: para los Estados la diversidad cultural (sobre todo si es religiosa o lingüística) no es una ventaja ni una riqueza natural explotable, sino un desafío que pondrá a prueba su unidad y la convivencia pacífica de sus gentes, porque a los seres humanos se nos da mal la diversidad, y allí donde ésta se verifica suele haber discordia y, no pocas veces, violencia.

A menudo, los independentistas vascos y catalanes sostienen que el resto de los españoles no sabemos respetar la diversidad, y que eso justifica su deseo de separarse de España. Como en otras ocasiones, se trata de un mecanismo de proyección, por el cual se proyecta sobre otro las faltas de uno. Porque lo cierto es que desde 1978 España vive en paz con su diversidad interna. No conozco a nadie de mi generación que, como mínimo, no tolere la diversidad del país, y conozco a muchos que la abrazan sin reservas. Pero no es lo mismo querer una diversidad promiscua y abigarrada que buscar que cada mancha de color no se toque con la otra. No es lo mismo un gran país diverso que unos pocos países pequeños, uniformes y yuxtapuestos.

Hay gente que desea cultivar especial o primordialmente un único estrato de su identidad. No hay razón para no respetarlo. Nadie debe ser perturbado en el cultivo de su parcela originaria, así se trate de un monocultivo. Pero quienes hoy defienden que la diversidad es una riqueza no son los catalanes independentistas, sino los catalanes españoles que están abiertos a correr por todas las estancias de esa gran casa española de la que son legítimos legatarios y a contribuir a su mejora; aquellos que están dispuestos a susurrar y soñar en las dos lenguas que, fruto de una tradición plurisecular, han heredado; y a sumar a sus tradiciones catalana y española, la europea y la americana, puesto que ser español trae el sustancial beneficio de poder conjugar, al menos, esos cuatro niveles de pertenencia.

Decimos que la diversidad es una riqueza como una banalidad cualquiera, cuando en realidad es un órdago para valientes. Porque, si uno se lo cree de verdad, supone abrirse a la posibilidad de terminar siendo una persona distinta de aquella que se era antes del contacto con lo diferente.

“Hace falta tender puentes”

Acaso la muletilla más socorrida en los últimos años en relación con la crisis catalana es la que da en creer necesario tender puentes. (Los ingenieros construyen puentes, los políticos los tienden). «Puentes de diálogo» se dice a veces, para adornarlo un poco.

Nadie puede quedar mal diciendo esto. Los puentes nos gustan a todos, los grandes y los pequeños, los de hierro y los de madera, con arcos y con tirantes, sobre ríos y sobre cañones, los que cruzan arroyos y los que atraviesan bahías. El puente es una construcción por defecto útil y, si está hecho con gracia, suele embellecer un paisaje.

Pero lo imagen tiene sus limitaciones. Cuando se dice que debemos volver a construir puentes «entre Catalunya y España» (nos ocuparemos de este falso binomio más adelante) se da a entender que había un puente que ya no existe, porque se ha caído o porque alguien lo ha destruido. Ciertamente, si tal es el caso, lo primero que haría un ingeniero responsable antes de volver a levantarlo es preguntarse si el puente estaba bien hecho: si el terreno donde se asentaba era adecuado y si los materiales eran capaces de soportar la carga. Mal negocio haríamos si volvemos a construir el mismo puente con los mismos defectos de construcción que propiciaron su derrumbe.

Los que hablan de «tender puentes entre Catalunya y España» nunca consideran la posibilidad de que el puente ya no existe porque estaba mal hecho; de otro modo: que todo el edificio que la cultura política del 78 erigió para «conllevar» la cuestión catalana —en esencia, el pacto con unas élites nacionalistas que nunca tuvieron el bien del Estado entre sus preocupaciones o directamente admitían que su objetivo era desmantelarlo— estaba diseñado para no durar y derrumbarse tarde o temprano. En las próximas páginas seguiremos hablando de esto. Quedémonos por ahora con la necesidad de nuevos puentes, sí, pero no sin antes contratar nuevos ingenieros. Si les intentan vender «puentes», pidan que les enseñen los planos.

“El origen del problema está en la sentencia del Estatut”

Tópico máximamente repetido, y por lo mismo, máximamente cansino, es el que sitúa el origen de la crisis territorial en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña. No sólo hay motivos para pensar que esto es falso. También hay motivos para pensar que es una falsedad interesada, pregonada por quienes desean encubrir su propia culpa en el gigantesco desbarajuste de la vida pública española que trajo el psicodrama del Estatut. En la propagación del mantra confluye también el tradicional deseo de la izquierda de disculpar de sus culpas al nacionalismo. Como ha escrito David Mejía: «La persistencia del bulo del Estatut no responde a una bienintencionada voluntad conciliadora, ni a un exceso de magnanimidad, sino al pavor que una parte de la izquierda tiene a encararse con el nacionalismo catalán».[2]

Tal y como lo recordamos muchos, la secuencia de hechos es la siguiente: Pascual Maragall, aún candidato socialista a la Generalitat, promete un nuevo Estatuto de autonomía como principal reclamo electoral. Un flamante Estatut por estrenar se convierte así en la principal apuesta del PSC para Cataluña. Sabemos que el Estatuto es una apuesta personal de Maragall porque la CiU de Pujol no lo veía necesario: era preferible la vieja y probada táctica del «peix al cove» bajo el viejo marco estatutario. Sabemos también que José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE y pronto presidente del Gobierno, asumió sin reservas ni cautelas el proyecto de Maragall sin pararse a pensar dónde estaba metiendo a su partido y al país. Según parece, la famosa frase, pronunciada en un mitin, «aprobaré el Estatuto que salga del Parlament», no estaba en el borrador del discurso que sus colaboradores le habían preparado: fue una improvisación, propia o inducida por otros.

Como era por entero previsible, el proyecto estatutario se salió de cualquier margen legal durante su tramitación parlamentaria. Hubo varias oportunidades de parar máquinas, y todas desaprovechadas. Se pudo haber subordinado toda la operación a obtener un consenso con el PP, pero aquélla fue la época en la que la izquierda adoptó la nociva estrategia de potenciar al máximo su antagonismo con la derecha democrática española, sellada en el pacto del Tinell en 2003. También pudo finiquitarse la aventura cuando ni siquiera los partidos catalanes se ponían de acuerdo para sacar adelante el proyecto en Barcelona. Se hizo lo contrario: el presidente Zapatero quiso pactar el contenido del Estatut por su cuenta con la CiU de Mas, entonces líder de la oposición en Cataluña. Por último, en su paso por las Cortes, la coalición parlamentaria que impulsaba el trámite pudo haber encauzado la situación podando el texto de todos sus aspectos constitucionales (y no sólo de algunos).

Nada de esto ocurrió. Por primera vez, una norma del llamado bloque constitucional (CE, Estatutos, Leyes del 150) se aprobaba sin el consenso de los dos grandes partidos españoles. La mayoría socialista rompía así uno de los entendimientos tácitos de la Transición, que estipulaba que, si bien eran lícitos los acuerdos con los nacionalismos subestatales, éstos no podían hacerse sin contar con un gran consenso ni tampoco violentar las costuras legales del sistema. Para complicar más las cosas, se permitía que un texto que contenía aspectos inconstitucionales (algo reconocido en privado por algunos de los juristas que lo inspiraron) se sometiera a referendo popular (salió adelante con una pírrica participación, inferior al 50 por ciento, y un apoyo que cifró apenas el 36 por ciento del censo). Uno de los partidos que más se quejaría después del recorte, Esquerra, pidió el voto en contra. Tot plegat, la frivolidad no pudo ser mayor.

El recurso del Partido Popular era esperable. Era, de hecho, obligado. Un partido de oposición que intuye la inconstitucionalidad de un texto tiene la obligación de recurrirlo. Aunque éste es buen momento para empezar a hablar de las imprudencias del PP. Si bien su recurso era inexcusable (de hecho, no fue el único: se promovieron hasta siete, incluido uno del Defensor del Pueblo) éste pudo haberse hecho de forma discreta y ceñida. En cambio, los populares interpusieron un recurso exorbitante que calentó todavía más los ánimos. Peor: impulsó una estúpida campaña de firmas por todo el país. Que las firmas se pidieran para tramitar el Estatuto como reforma constitucional importa poco: el nacionalismo catalán pudo vender sin dificultad el marco que se estaba firmando «contra Catalunya». Tampoco se privaron los populares de proceder a dudosas recusaciones de miembros del Tribunal, añadiendo unas gotas más de nitroglicerina al cóctel. El PP, que tenía razón en el fondo —el Estatut era una reforma encubierta de la Constitución, como más tarde admitió Maragall— la perdió a ojos de buena parte de la opinión pública gastando formas sobreactuadas y mostrencas.

El Tribunal Constitucional hizo lo que buenamente pudo, aunque tampoco está exento de culpa. Tardó hasta cuatro años en dictar sentencia, un tiempo desmedido e injustificado. En lugar de dictar una sentencia clara y limpia, el Tribunal recurrió en exceso a la técnica de la interpretación conforme (una especie de cortesía federal del tribunal con el legislador autonómico), con la buena intención de salvar la mayor parte del texto, pero abriendo así la puerta a recursos futuros e incumplimientos.

Los políticos aún tuvieron tiempo de estropearlo todavía más. Los socialistas catalanes podían haber aceptado la sentencia, tan benévola como podía ser, y hacer así de cortafuegos de la indignación popular. No es verdad que fuera una situación inédita: todas las democracias maduras aceptan sentencias de sus altos tribunales contra normas apoyadas por la mayoría parlamentaria, incluso si han sido refrendadas popularmente. Pero el socialismo catalán, liderado por José Montilla, entonces presidente de la Generalitat, hizo lo contrario: lideró desde el gobierno autonómico la campaña de deslegitimación del tribunal, como si algo terrible hubiera ocurrido, cuando lo cierto es que el Estatuto importaba a muy pocos catalanes y no incidía en nada material en su bienestar. No dejemos de recordarlo: el Estatut nunca fue la respuesta a una demanda popular, sino el empeño caprichoso de una clase política frívola. No me crean a mí, crean a una voz tan respetada como Josep Ramoneda: «La reforma del Estatuto y de la Constitución no están ni de lejos entre las principales preocupaciones de los catalanes, quienes, como es de sentido común, están mucho más preocupados por el trabajo o las pensiones».[3]

Era «de sentido común» no preocuparse en absoluto por el Estatut, pero el complejo político-mediático del catalanismo induciría a los catalanes a pensar (con desgarrador y farisaico editorial conjunto de por medio) que lo que era de sentido común era sentirse insultado por una sentencia que muy pocos leyeron, como muy pocos habían leído el Estatuto de la discordia («un tostón» me reconoció un exalcalde de Barcelona, sorprendido de que yo sí lo hubiera, al menos, ojeado). En un viaje no inédito en la historia de la política, media sociedad catalana pasó de la indiferencia a afectar un gran desgarro, soliviantada por su clase política y medios afines. Ejemplo claro, en palabras de Adolf Tobeña, de «inoculación de un falso recuerdo»[4] en la psique de la ciudadanía catalana. Aunque también el «clamor» popular se exageró. Tras una primera nutrida manifestación de repulsa, la Diada de aquel año, primera tras la sentencia, solo congregó a 15.000 personas. Y CiU, ganadora de las elecciones, no se recataría de pactar los dos presupuestos sucesivos con el PP. Es decir, que tanto no le importaría el Estatut al principal partido del nacionalismo catalán si no tuvo reparo luego en dejarse ver con el partido mataestatutos. De modo que quienes pregonan el tópico de que el origen del problema catalán es la sentencia del Tribunal Constitucional lo que hacen es caer en una elemental confusión entre pretexto y causa. La sentencia fue lo primero, nunca lo segundo.

En resumen, y como concluye Jordi Amat en La conjura de los irresponsables: «Todo empezó mal. Y terminó peor. Todos los actores, casi todos, actuaron de manera irresponsable porque en lugar de ordenar una nueva situación, diseminaron las semillas del caos». Es cierto: en el psicodrama estatutario confluyen muchos pecados y pecadores. Pero no menos cierto es que hubo un pecado original: el de intentar encajar a martillazos un Estatuto confederal en la Constitución, sin consenso y sin necesidad. Es una lástima que la en otros aspectos estimable obra del gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero, así como el legado del maravilloso alcalde de Barcelona que fue Pascual Maragall, hayan quedado empañados por este fracaso.

Aunque damos la impresión de no haber aprendido nada. Lo muestra que no salten todas las alarmas cada vez que se habla de «votar otro Estatuto». En las circunstancias actuales es claro que volveríamos a rehacer el penoso camino hasta aquí descrito. Hay una lección que no queremos dar por sabida: los intentos de zanjar querellas territoriales basados en torturadas ingenierías jurídico-políticas naufragan siempre. (No sólo en España: véase lo ocurrido en Canadá con los Acuerdos de Charlottetown y del Lago Meech). Son acuerdos que no gustan a nadie y que inevitablemente fracasan en su propósito de contentar a las fuerzas nacionalistas; al fracasar, extienden las llamas de un incendio que tampoco habrían apagado en el caso de que todo hubiera salido bien.

Porque los catalanes no nacionalistas no quieren un nuevo Estatut —y si lo quisieran sería un estatuto de cariz constitucionalista, para corregir lo que no les gustaba del recurrido— y los catalanes nacionalistas tampoco lo quieren o lo quieren sólo como un fugaz estadio hasta lograr la separación. No hay tangencia posible entre ambas posturas. Algún día los catalanes tendrán que votar una nueva norma de autogobierno, moderna, pluralista y avanzada. Pero no podrá ser a corto o medio plazo. Encarezco al conjetural líder político que me esté leyendo: por favor, no nos vuelva a meter en el lío de otro Estatut. No saldrá bien y lo único que conseguiremos será debilitar más al Estado. Si hay algo peor que repetir nuestro pasado, es repetir nuestro presente.

“Podemos rescatar los artículos anulados de la sentencia del Estatut”

Aquellos que —sospecho que inducidos por la mala conciencia— aún niegan que el Estatut de 2006 fue un error desde su mero proyecto, sugieren a veces que una posible solución a nuestros males pasa por recuperar los artículos anulados por la sentencia de 2010. Si se recuperan, argumentan, entonces la dignidad herida de los catalanes —como si todos ellos tuvieran un recuerdo equivalente de lo ocurrido— quedará satisfecha y todos podremos pasar página.

De los doscientos veintisiete artículos del Estatut —cifra desmedida, propia de un Estatuto-Reglamento que pretendía regimentar la vida social de los catalanes— el Tribunal Constitucional anuló total o parcialmente catorce —en algunos casos se trató sólo de una palabra— y dictó la manera de interpretar otros veintiséis (más cuatro de las nueve disposiciones adicionales). Veamos qué hay de valioso en los catorce artículos afectados como para que debamos proceder a su resurrección, ya veríamos con qué sinuosa magia jurídico-política:

Art. 6 sobre lengua y nombres cooficiales.

Art. 76 sobre el carácter vinculante de los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias.

Art. 78 sobre algunas funciones del Síndic de Greuges de Cataluña.

Art. 95.5 sobre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Art. 97, 98, 99, 100 y 101 sobre el Consejo de Justicia de Cataluña.

Art. 111 sobre competencias compartidas entre el Estado y la Generalitat.

Art. 120.2 sobre competencias de la Generalitat en cajas de ahorro.

Art. 126.2 sobre competencia compartida en materia de crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social.

Art. 206.3 sobre el nivel y cálculo de la participación de Cataluña en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismo de nivelación y solidaridad.

Art. 218.2 sobre autonomía y competencias financieras.

Y bien, ¿hay algo en estos artículos que sea deseable constitucionalizar?

El recurrido artículo 111 atribuía el ejercicio de competencias compartidas a la comunidad autónoma, negando o restringiendo la capacidad del Estado para dictar normas básicas. Los artículos 120 y 126 aplicaban este principio a las cajas de ahorro. El Tribunal, con buen criterio, deja claro que las competencias compartidas, como su nombre indica, son compartidas, y que un Estatuto, por definición una norma especial, no puede imponerle al Estado con carácter general limitaciones a su capacidad de sentar bases. Si el Estado se extralimita a veces a través de las leyes de bases, es una cosa. Para eso están los conflictos de competencia. Pero negar por principio que el Estado pueda intervenir para dictar mínimos normativos en determinadas áreas no es algo deseable, tampoco desde un punto de vista federal, como veremos más tarde.

Veamos lo que pasa con los artículos 97, 98, 99, 100 y 101. Al enmendarlos, la sentencia anula la creación del Consejo de Justicia de Cataluña. No lo hace porque la existencia de dicho órgano sea inconstitucional por razón de materia, sino por razones de forma: el Estatuto no puede, unilateralmente, dictar el contenido o la estructura del Consejo General del Poder Judicial. Como en otras ocasiones, el legislador autonómico usurpa algo que es de todos, e impone cómo debe ser. Éstos son, en realidad, los únicos artículos que sería fácil constitucionalizar: bastaría con que fuera una ley de rango estatal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que creara y regulara el Consejo de Justicia de Cataluña. Las preguntas son: ¿hace falta?, ¿es deseable? La respuesta es no y no. La administración de la justicia en Cataluña no estaría mejor gobernada (tan sólo se habría introducido un nivel adicional de burocracia) y sobre todo, sería más susceptible de ser cooptada por los partidos nacionalistas. Pensar en crear un órgano de gobierno judicial autonomizado justo después de un intento de golpe de Estado ante el cual sólo el poder judicial central se ha mostrado como un dique eficaz parece, cuando menos, precipitado.

El rectificado artículo 6 dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán. Dice además que es lengua de uso «normal y preferente». Lo aconsejable en un artículo de este tipo es que ambas lenguas, catalán y castellano, fueran declaradas cooficiales de manera sobria y limpia. Eso no ocurre, claro. El tribunal pasa por alto lo que pueda significar el muy impropio concepto de lengua «propia». También tolera que sea la lengua «normal» (quedando establecido de manera implícita que el castellano, lengua materna de la mitad de los catalanes, es impropia y anormal). Pero el legislador nacionalista, siempre avaricioso, quiere además que el catalán sea preferente, y ahí ya el Tribunal se planta. La palabra «preferente» se declara inconstitucional. En un impecable razonamiento sostiene: «Considerar el catalán como “lengua propia” no debe suponer un desequilibrio en el régimen de cooficialidad», pues declarar preferencias «implica la primacía de una lengua sobre otra». No entiendo cómo nadie que no mira las cosas bajo una óptica nacionalista puede querer volver a declarar «preferente» una de las dos lenguas y torcer de nuevo lo que con un elemental sentido de la equidad el tribunal enderezó.

Es aún más incomprensible que haya quien proponga rescatar el anulado artículo 78. En él se establecía que el Síndic de Greuges tenía carácter exclusivo en el examen de las denuncias contra actos de la administración autonómica catalana. Es decir, el Defensor del Pueblo, el órgano competente para todas las administraciones, no podría examinar quejas recibidas contra la administración catalana. De otra manera: donde antes los catalanes tenían dos medios de defensa posible ante arbitrariedades administrativas, el Estatut les quitaba de modo arbitrario uno de ellos, conservando además el que más sospecha de parcialidad ha demostrado estos años. Es puramente sorprendente que ahora haya quien sugiera la bondad y justicia de recuperar una norma que desprotege al ciudadano y que el tribunal hizo bien en anular.

El artículo 206 era peculiar. Establecía que si otras comunidades querían beneficiarse de los mecanismos de solidaridad interterritorial entonces debían realizar «un esfuerzo fiscal similar» al catalán. De nuevo, desde el autogobierno de uno se dictan los límites del autogobierno de otro. El artículo 218 se atribuía la capacidad de regular tributos cedidos, lo que claramente era contrario a la Constitución.

Quedan todavía veintisiete artículos y cuatro disposiciones adicionales que son declarados constitucionales sólo si eran intepretados de cierto modo. Entre ellos el artículo relativo a los «derechos históricos» (concepto medievalizante de difícil engarce en un ordenamiento moderno) y la disposición que dictaba al Estado su política de inversiones en Cataluña. Sería tedioso comentarlo aquí todo y existen exégesis jurídicas muy competentes. Para nuestros propósitos basta con haber comprobado que absolutamente nada de lo anulado supuso una merma en el bienestar de los catalanes. Nadie que se diga de izquierdas o federalista puede pensar que fuera una desgracia que esos artículos no pasaran el corte.

Aprovechemos para decir que el problema era precisamente ése: el Estatuto no era federalista ni estaba inspirado por una filosofía federal. Tras su aprobación, su principal inspirador declaró satisfecho que la nueva norma hacía «residual la presencia del Estado en Cataluña».[5] Tal puede ser el deseo de un nacionalista, pero no el de un federalista, que, si lo es, estará preocupado porque el gobierno federal no pierda la posibilidad de intervenir en la vida de los ciudadanos. Como veremos más adelante, tan importante para el federalismo es el gobierno común (shared rule) como el autónomo (self rule).

Ah, tampoco conviene dejarse marear por las similitudes con artículos de otros estatutos, como el andaluz. Que esos artículos no fueran recurridos es otro grave borrón en la cuenta del Partido Popular. Pero no eran tan idénticos como se pregonan (algún matiz los sujetaba a la Constitución) y en todo caso lo que el Tribunal declaró inconstitucional en un caso, también lo declaró para el otro. De resultas, Andalucía no tiene Consejo de Justicia propio, ni un trato financiero aparte.

Otro artículo irrecuperable es el 76: establecía el carácter vinculante de los informes del Consejo de Garantías Estatutarias. Es irrecuperable porque atenta contra el monopolio de la interpretación de la constitucionalidad de las leyes del Tribunal Constitucional. Además, el tribunal entendió que limitaba indebidamente la capacidad del parlamento catalán para debatir asuntos. Es irónico pensar que, si hubiera estado en vigor, quizá los días 7 y 8 de septiembre los independentistas catalanes no se habrían saltado el Estatuto en el que con tanto desgarro de vestiduras habían cifrado la dignidad de Cataluña: el propio Consejo de Garantías Estatutarias había dictaminado que la votación era ilegal. Pero lo más seguro es que hubieran seguido adelante, en nueva muestra de que, en el fondo, el Estatut nunca les importó demasiado.

“No se puede judicializar la política”

Sin duda el mantra más nocivo de los analizados en este libro. Tomárselo en serio equivale a retrasar el reloj tres siglos y volver al Estado absolutista. ¡Por supuesto que se debe judicializar la política! Porque allí donde la política no se judicializa vuelve a cobrar vigencia la máxima princeps legisbus solutus, según la cual el poder está exento de cumplir el derecho positivo: el gobierno de las leyes decae y vuelve el gobierno de los hombres; la democracia cede el paso a la demagogia. No por nada sostiene Pierre Rosanvallon que todos los populismos tienen en común su odio a los contrapoderes,[6] el primero de los cuales son los tribunales, y en concreto, los tribunales constitucionales.

Judicializar la política significa, por tanto, vivir en un Estado de derecho. Y vivir en un Estado de derecho significa no vivir bajo el arbitrio de nadie. Pretender que la política es una actividad privilegiada, extramuros de la jurisdicción de la justicia, con venia para desplegarse al margen de las leyes, es tanto como liquidar el pluralismo político, que sólo puede darse bajo un marco legal común y vinculante para todos. No poder judicializar la política significa que la justicia está politizada y es de parte: queda destruida la confianza del ciudadano en su Estado, basada en la certeza de que éste tiene límites que no puede desconocer sin castigo. La judicialización de la política es lo que obliga a los políticos a actuar con transparencia, lo que permite detectar los abusos del poder y atajar la corrupción; lo que protege los derechos del ciudadano ante quien se excede en sus atribuciones; lo que garantiza, en suma, la convivencia.

Cierto: un juez puede extralimitarse. Afortunadamente, en un Estado de derecho también la justicia está judicializada. De modo que, si un juez abusa de su poder y se comporta de forma arbitraria, estará incurriendo en el delito de prevaricación y también él será castigado. Pero nadie ha demostrado que los jueces españoles hayan prevaricado en la crisis catalana. Si el poder judicial ha intervenido en la querella catalana no ha sido como consecuencia de ninguna deliberada «estrategia de judicialización» sino porque no han tenido más remedio, obligados por la soberbia de los políticos que decidieron no sentirse atados a la ley democrática y vigente.

Haciendo política se puede delinquir y si alguien cree que hay delincuentes que no deben recibir la pena prescrita para su delito, debe decirlo así, y no lamentarse de la «intransigencia jurídica» del Estado, como si un Estado pudiera ser otra cosa que intransigente ante la inobservancia de sus leyes. (Y como si parte del problema no hubiera sido, precisamente, la transigencia pasada con los abusos de las élites del nacionalismo catalán, lo que les dio motivo para pensar que no corrían riesgo alguno al transgredir las leyes). Y es que la vida (y su inevitable compañera, la literatura) está llena de historias que narran la experiencia de que no hay crimen sin castigo. ¿Por qué para los líderes soberanistas habría de ser distinto? Sobre todo, cuando se les dieron numerosas ocasiones de rectificar.

En realidad, nadie cree que los políticos puedan hacer lo que les plazca. De hecho, en la mayoría de casos los españoles están satisfechos de que se judicialice la política cuando su ejercicio deriva en la comisión de ciertos delitos: notoriamente, los que se consideran corrupción. Si en el caso de los delitos cometidos por los líderes del independentismo, que tienen un equivalente en los códigos penales de todas las democracias, la frase «no se puede judicializar la política» no es detenida en la aduana de muchos cerebros es por el peculiar significado que en España tiene la expresión «hacer política» cuando se refiere a la cuestión territorial. Lo veremos ahora después de esta coda: «Una democracia que tuviese miedo de aplicar su código penal, no sería capaz de sobrevivir». Oscar Luigi Scalfaro, presidente de la república italiana (1992-1999).

“Es un problema político que requiere una solución política”

«El problema catalán es un problema político que necesita una solución política.» De esta forma o con ligeras variaciones, se trata de una frase prodigadísima en mítines, tertulias, entrevistas a medios, o careos parlamentarios. ¿Qué se nos intenta transmitir con esto?

En primer lugar, que es un problema donde los jueces no deberían entrar. Pero esto, lo acabamos de ver, es imposible e indeseable en un Estado de derecho, desde el momento en que la politica vulnera el ordenamiento jurídico, como de hecho ha sucedido en Cataluña.

Dicho esto, no hay ningún reparo en conceder que el problema catalán es, en efecto, un problema político. ¡Y tanto que lo es! Es, de hecho, el problema político por excelencia, pues ya comenta Aristóteles que el principal problema de la política es cómo mantener unida la polis, es decir, la comunidad política; en nuestro caso, España. Siendo así, resulta patente que la solución también habrá de ser política; vale decir: un nuevo estado de cosas político, más estable, más sólido, menos frágil y menos proclive a la división.

Pero ¿qué significa «hacer política» en el contexto español? Básicamente, hacer un tipo muy particular de política: la que lleva haciéndose desde la Transición. Este hacer política es muy sencillo de explicar: consiste en una negociación entre élites. De un lado, las élites en el gobierno del Estado. De otro lado, las élites del nacionalismo catalán y vasco. En la operación, las élites de Madrid conceden, a cambio de fugaces apoyos parlamentarios, crecientes cuotas de poder a las élites nacionalistas, que se traducen en una retirada del Estado en Cataluña y el País Vasco y un reforzamiento de las herramientas con que el nacionalismo construye en esos lugares su hegemonía. Porque el autogobierno al nacionalismo le interesa sobre todo para construir hegemonía. Lo que a cambio consiguen las élites estatales es bien poco: sacar los presupuestos generales del año en curso. Uno podría pensar que los grandes partidos españoles hasta la fecha, el PP y el PSOE, no han tenido más remedio que seguir esa política; de lo contrario el Estado se hubiera visto paralizado. Pero es falso. Para no depender de partidos que, de manera confesa, en la mayoría de casos no miran por el interés general del país, hubiera bastado con que socialistas y populares se prestaran apoyos negociados y recíprocos cuando fuera necesario. La condición que los partidos nacionalistas han tenido de bisagra hasta ahora no es así una consecuencia de la ley electoral, sino de una cultura política que se priva voluntariamente de grandes acuerdos interpartidistas. En breve: el nacionalismo catalán y vasco han tenido el poder y la influencia en la vida colectiva que PP y PSOE han querido que tuvieran. Ni siquiera en el crítico año 2016, en pleno pulso al Estado por parte del soberanismo, fue posible que socialistas y conservadores pudieran acordar la formación de un gobierno. He aquí el rasgo invariable de la cultura política española desde los años ochenta: preferir poner en almoneda el Estado, subastado por lotes a bajo precio, que labrar grandes consensos a izquierda y derecha. Es algo peor que sectarismo: es falta de instinto de supervivencia.

Esta manera de proceder —generador de otro discutible lugar común: el de «la contribución de los nacionalismos a la gobernabilidad de España»— la he llamado, de manera quizá innecesariamente pedante, «paradigma Ortega-Cambó». De Ortega toma la derrotista idea de que el problema catalán carece de solución: sólo puede conllevarse (cfr. pág. 165); de Cambó toma el modelo de nacionalista moderado que se estima necesario esté al frente del gobierno siempre en Barcelona: las élites capitalinas no se imaginan una Cataluña (o un País Vasco) no gobernados por fideicomisarios nacionalistas: lo único que se les pide es que no rompan con España todavía o no lo hagan de manera rápida o vistosa; hacerlo despacio y discretamente es tolerable.

Durante toda la crisis catalana ha sido expectativa generalizada que el viejo guion se repetiría. ¡Hay que hacer política! Las élites de Madrid pactarían en el reservado de algún hotel «dar algo» a las élites nacionalistas a cambio de prorrogar la conllevanza cinco años más (ya nadie se atreve a asegurar un acuerdo estable «para una generación»).

La política de la transacción, que es la política del «dar algo», y que también podemos llamar política de la cesión continuada y sin contrapartidas (porque nada obtiene el Estado salvo prórrogas) es la política que se tiene en mente cuando se dice que «hay que hacer política». Es, por supuesto, un error que no resuelve nada y agrava el problema. Lo explica muy bien el federalista canadiense Stéphane Dion, que sabe de lo que habla. En una conferencia en Barcelona en marzo de 2010 alerta de los riesgos de una estrategia que él llama de contentamiento (término preferible al de apaciguamiento, por las connotaciones que éste tiene) y que describe así:

Puesto que los secesionistas quieren todos los poderes, se les concederá una parte deseando que los menos radicales queden satisfechos. Si no se contentan, quiere decir que no se han transferido todavía suficientes poderes. Por tanto, es preciso agregar otros.[7]

La pormenorizada crítica que hace de este tipo de estrategia —y quien la hace, recordemos, es un federalista convencido— es tan lúcida, que merece la pena citarla por extenso. Son seis los peligros de intentar «contentar» a un partido nacionalista a base de concesiones cada vez más onerosas para el Estado:

El primer peligro es el creciente distanciamiento psicológico entre la región tentada por la secesión y el resto de la federación. Cada nueva concesión hecha para calmar a los secesionistas (la transferencia de poderes y competencias) corre el riesgo de llevar a los habitantes de esta región a desinteresarse por la federación. [...]

El segundo peligro vinculado a la estrategia del contentamiento es que se corre el riesgo de perder de vista el interés público como elemento de motivación de las reformas y de los cambios. Ya no se modifican las políticas con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino con la esperanza de contentar a la región tentada por la secesión. [...]

El tercer peligro es que el reto de la secesión sea banalizado. La estrategia del contentamiento puede crear la impresión de que lo que distingue de la secesión a una federación que se descentraliza cada vez más es sólo una cuestión de grado, un pequeño paso a franquear y no un desgarro traumatizante. [...]

Cuarto peligro: al mismo tiempo que banaliza este gesto extremo que constituye la secesión, la estrategia del contentamiento puede dramatizar los desacuerdos totalmente normales que surgen en toda federación. En efecto, esta estrategia empuja a cada uno a presentar la resolución a sus quejas como el medio para salvar el país: «denme lo que quiero, que de lo contrario el país va a dividirse». [...]

Quinto peligro: la estrategia del contentamiento corre el riesgo de exacerbar las tensiones entre las regiones. [...] En una federación, es preciso tener cuidado de no romper el equilibrio y la equidad entre las regiones, bajo pena de que aquellas que no amenacen con separarse teman no recibir su parte justa de los recursos prestados por el gobierno federal y que se concedan a expensas suyas cada vez más privilegios a la región secesionista. [Los ciudadanos] llegan a percibir su país como un lugar de perpetuas disputas. Algunos deducen que la separación es el medio para obtener la paz [...]

Por último, el sexto riesgo a evitar es que la estrategia del contentamiento corre el riesgo de liberar a los líderes secesionistas de la carga de la prueba en cuanto a la oportunidad y a la viabilidad de su proyecto, y de transferir toda esta carga a los defensores de la unidad nacional. Éstos tienen que asumir la responsabilidad de llevar a cabo las grandes reformas que solucionarán todos los problemas, así como la carga de la prueba. Se elude toda reflexión y toda discusión sobre el porqué y el cómo de la secesión. [Los líderes secesionistas] pueden contentarse al repetir: «puesto que los federalistas no han llevado a cabo la gran reforma, nos marchamos».[8]

Recomiendo leer la conferencia entera. ¿Hay alguien que no vea reflejado en las brillantes palabras de Dion lo que ha ocurrido en España, punto por punto? La política del contentamiento, la única practicada hasta ahora, no es la que «hay que hacer». Entre nosotros, lo sintetizó con acierto Julián Marías: «No se puede contentar a quien no quiere contentarse». Pero tampoco estamos abocados al «inmovilismo» (que no es tal, en realidad, sino más bien falta de imaginación de los líderes ante el agotamiento de la fórmula «Ortega-Cambó» que les permitió ir tirando tantos años). Afortunadamente, hay otras políticas. Las comentaremos en el epílogo.

Mientras escribo, el gobierno de España fía su estrategia a «hacer política» que, como he intentado explicar, consiste en hacer un tipo de política muy determinado. Uno siempre desea que su gobierno acierte, aunque debo confesar mi escepticismo ante esta estrategia. En todo caso, como ha escrito Manuel Arias Maldonado: «Serán los votantes quienes juzguen si con el nacionalismo se puede seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, conllevarlo mediante concesiones, o si el procés ha dejado una huella más honda de lo que parece en nuestra conciencia pública».[9]

“Es necesaria una solución que los catalanes puedan votar”

Digamos también algo de esto. Para empezar: los catalanes votan a menudo. Periódicamente son citados para valorar y escoger entre programas de gobierno municipales, generales y europeos. Ciertamente, sería deseable que en algún momento la sociedad catalana volviese a votar una norma de autogobierno, ratificando así un pacto previo. Pero no podrá ser pronto. Por la sencilla razón de que un nuevo Estatut, a camino entre el de 2006 y la independencia, sería todavía más divisivo que el anterior. Sólo cuando se genere un genuino consenso en el interior de la sociedad catalana, que incluya a su parte no nacionalista y no fuerce las costuras del marco legal general, será prudente volver a votar.

Por lo demás, cuando se sugiere que es de todo punto necesario votar algo, se asumen dos premisas erróneas. La primera: que el actual Estatuto carece de legitimación democrática o, peor todavía, que «no ha sido votado». No es así: el Estatuto fue votado, y ello con independencia de que, como en cualquier democracia constitucional, el tribunal con competencia para ello lo recortara en ciertos aspectos. Por lo demás, sólo los Estatutos de Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía son «votados»: el resto de Estatutos autonómicos no han sido «votados» —es decir, se aprobaron sin refrendo popular—, sin que parezca que eso sea un problema. Es más, el caso catalán ni siquiera es único en el contexto español: el Tribunal Constitucional también anuló el artículo 51 del popularmente refrendado Estatuto andaluz, nada menos que en su aspecto más simbólico: las competencias en exclusiva de las aguas de la cuenca del río Guadalquivir a su paso por la Comunidad. ¿Hay alguien que diga que los andaluces tienen un «Estatuto que no han votado»?

La segunda premisa errónea ya la conocemos: pensar, equivocadamente, que el problema catalán deriva de un supuesto trauma relacionado con el Estatut. No es cierto. Como dijimos páginas atrás (cfr. pág. 34) la sentencia no ha sido causa sino pretexto.

Por supuesto, todo lo anterior vale para el caso en que lo que se pretenda votar sea algo distinto a la independencia. Si lo que se propone es someter a voto la pura y dura separación, entonces el análisis debe ser otro. Veámoslo.

“El referéndum pactado es la única salida al conflicto”

«Estando en Catalunya, te das cuenta. El referéndum es la única salida al conflicto.» Lo acabo de ver publicado en Twitter. Lo dice un influencer con decenas de miles de seguidores. Intentaré convencerle de que se equivoca.

De celebrarse, el referéndum sería una expresión del conflicto, no su solución, por mucho que se pactase. Significaría, de hecho, que no hemos encontrado una solución. Poner a votación la separación sería el pico máximo de la fiebre, no el remedio o la cura. No sería la salida de un conflicto, sino la antesala de uno mayor.

Además de resultar un episodio sumamente desagradable (en los referendos todos nos comportamos como energúmenos), nada se ganaría fuera cual fuese el resultado. De triunfar la opción desmembradora, el conflicto se habría resuelto en el sentido trivial de que uno de los bandos habría ganado, pero de ningún modo en el sentido de que los problemas de convivencia hubiesen concluido (de hecho, es probable que se agravaran, tanto en el nuevo como en el viejo Estado, abocados ambos a fricciones durante décadas). Si, por el contrario, triunfara la opción de la permanencia en España, el «problema político» tampoco hallaría clausura. La parte independentista querría realizar otro referéndum y luego otro y todavía otro más, hasta ganarlo, pues sólo su victoria se tendría por resultado aceptable e irreversible. Tenemos el ejemplo de Canadá y de Reino Unido: allí se han celebrado referendos y los problemas territoriales no se han disuelto.

Por lo demás, como bien saben los nacionalistas, celebrar un referéndum de independencia, con independencia de lo que opine el resto de los españoles, ya es, en cierto modo, la independencia. Supone admitir que Cataluña tiene, en efecto, derecho a la autodeterminación.

¿Lo tiene?

No, no lo tiene. El derecho de autodeterminación de Cataluña es contrario a los tres ordenamientos legales que rigen nuestra convivencia: el español, que deposita la soberanía nacional en el pueblo español y apuesta, como la mayoría de países democráticos, por la indivisibilidad de su territorio; al europeo, que impone el respeto a la integridad territorial y al orden constitucional de los Estados miembros de la Unión, y el internacional, que reserva el derecho de autodeterminación a supuestos de dominación colonial o grave vulneración de los derechos fundamentales. Pretender que Cataluña es una colonia o es un pueblo que sufre graves violaciones de su libertad y derechos es algo peor que una mentira. Es un insulto hacia aquellos pueblos en otras partes del mundo que sí sufren estas penosas circunstancias.

Pero ha sido un error del gobierno español negar la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia con argumentos meramente legales. La ley es un buen argumento, pero nunca definitivo ni necesariamente el más persuasivo, porque siempre se puede pedir su modificación (y de hecho, nuestra Constitución no contiene cláusulas de intangibilidad que la hagan irreformable). Por tanto, invocar rutinaria y machaconamente la ley no es la mejor idea; hay que hacer un esfuerzo adicional por explicar que, además de ilegal, un referéndum de independencia es algo inmoral, poco democrático y nada progresista. Porque lo que se plantea es si una región rica tiene derecho a desvincularse del cuidado solidario del Estado que comparte con regiones en su mayoría más pobres y si tiene el derecho de convertir en extranjeros al resto de los ciudadanos del Estado. Intentaré explicar por qué creo que secesión y democracia son difícilmente compatibles.

A lo largo de la historia, el programa ideológico de la democracia ha consistido en ir deshaciendo situaciones de subalternidad. De una originaria situación en la que sólo eran ciudadanos, es decir, sólo tenían derechos políticos, los adultos varones de renta alta, el partido democrático ha sido siempre aquel que ha defendido la ampliación del cuerpo ciudadano: la ciudadanía plena de todos los varones, de todas las mujeres, y de todas las etnias, credos y orientaciones sexuales, lograda en el curso de revoluciones políticas, hitos sucesivos de ese proceso. De modo que podemos definir la democracia así: el programa ideológico que en cada momento histórico promueve la extensión de la ciudadanía a quien todavía no goza de ella.

Vistas así las cosas, es fácil ver hasta qué punto el secesionismo dentro de un Estado democrático es antidemocrático: porque aspira a revertir el proceso; a contraer, en lugar de ampliar, el cuerpo ciudadano. La secesión no sirve para dar derechos sino para quitárselos a la parte de la ciudadanía que se rebana como si fuera un peso muerto. Si esto ya es suficiente para cancelar las credenciales progresistas de cualquier secesionista en democracia, consideremos además que, junto con los derechos de ciudadanía, el independentismo priva a las personas de lo más querido para cualquiera que se considere de izquierdas: oportunidades; puesto que éstas se dan en mayor abundancia en colectividades grandes que en pequeñas.

Por todo ello ha podido decir Michael Ignatieff que «la secesión en democracia es el peor de los pecados».[10] Y recurro también a las luminosas palabras de otro canadiense ya citado en estas páginas, nuestro querido federalista Stéphane Dion, que nos explica con lucidez cómo secesión y democracia son ideales difícilmente compatibles:

El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. En cambio, la secesión pide a los ciudadanos que rompan este lazo de solidaridad que los une y que procedan así, casi siempre, sobre la base de pertenencias específicas a una lengua o a una etnia. La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el cual se elige a los conciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros.

Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse y acercarse. La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión cuando se solicite invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteen las primeras dificultades, según divergencias que podrían crearse en función de atributos colectivos, como la religión, la lengua o la etnia.[11]

Clar i catalá. La democracia invita a vivir juntos, la secesión a darse la espalda. Por eso la desmembración sólo está moralmente justificada cuando no se vive bajo auténticos parámetros democráticos. Pero España es una democracia plena (imperfecta, como por definición lo es una democracia, pero a la altura de las mejores) y romper un país democrático amparándose en el mero deseo de hacerlo, sin ninguna razón de peso, por pura coquetería, no puede ser ni democrático ni progresista.

Como ha escrito Pau Luque, lo que se pide en «en Cataluña no puede ser, por razones conceptuales y empíricas, el derecho a la autodeterminación. Lo que se pide es el derecho a la secesión».[12] Gracias a este cambio de vocabulario se percibe mejor hasta qué punto representa un ideal antidemocrático. Porque míralo así, lector: ¿tienen los ricos derecho a secesionarse de los pobres?, ¿los hombres de las mujeres?, ¿los blancos de los negros?, ¿los heterosexuales del colectivo LGTB? No. El programa democrático nos anuda en una única ciudadanía, común e igual en derechos y obligaciones, y nos parecería reac-cionario que un colectivo aventajado concibiera el presuntuoso proyecto de desvincularse de sus obligaciones con el resto.

Si un confundido progresismo piensa que la situación de los catalanes con respecto al resto de los españoles es distinta es por la extraña perduración del ideal romántico que sostiene que cada lengua corresponde a una nación y cada nación ha de tener su Estado. Por razones que exceden el objeto de este libro, la discriminación por motivos lingüísticos es vista con benevolencia y comprensión, al contrario de la que se practica por motivos étnicos o racionales, que hoy es objeto de repulsa. Pero no hay razón para sostener que una comunidad lingüística diferenciada tiene derechos políticos específicos que no dudaríamos en negar a una comunidad religiosa o racial. Tampoco sería practicable. Como se ha repetido muchas veces, hay más de 6.000 lenguas en el mundo, y sólo unos 200 Estados. Y un Estado monolingüe no es mejor que uno plurilingüe.

En suma: autodeterminarse en democracia no es más que autosegregarse. Los que defendemos la unidad de España no estamos defendiendo un trozo de mapa, ni tampoco la «sacrosanta unidad de la nación española», otra frase tonta que busca parodiar, al desfigurarla, nuestra zozobra. Defendemos la unidad de la ciudadanía, cuya radicalización y ampliación, que es lo contrario de su desmembración, es núcleo de todo programa democrático y —huelga decirlo, pero no en España— de todo proyecto político igualitarista y solidario, es decir, de la izquierda. Derivada: si usted es de izquierdas, querido lector, deje de considerar un referéndum como un remedio democrático y, sobre todo, deje de apoyar la secesión.

“Catalunya tiene derecho a decidir”

Todos sabemos que el «derecho a decidir» es el eufemismo con el que el nacionalismo catalán empaquetó, con notable éxito de ventas, el derecho de autodeterminación. Si éste era un concepto conocido por la ley y la doctrina, y, precisamente por conocido, inaplicable a Cataluña, aquél era un sintagma indeterminado, vendible a la opinión pública y acaso también negociable con el Estado.

Por tanto, la glosa de este tópico podría quedar subsumida en el comentario que acabamos de hacer a «la única solución es un referéndum pactado» (cfr. pag. 160). Allí se explicó que ni Cataluña tiene, en buena ley, derecho a la autodeterminación, ni ese derecho es cohonestable con el ideal democrático, incompatible como resulta con la idea nuclear de una ciudadanía común. Allí donde hay autodeterminación, es porque no hay democracia; allí donde sí la hay, autodeterminarse es autosegregarse.

Pero decido incluir el sintagma «derecho a decidir» en el elenco de mantras, porque, más allá de su uso estratégico, creo que es muy interesante en lo que revela de síntoma del zeitgeist, de la atmósfera moral del siglo. No querría ponerme cascarrabias, pero creo que el «derecho a decidir» no habría resultado tan vendible si no rimara en consonante con el que parece el ideal cultural dominante. Me refiero a ese ser-sin-vínculos, descargado de toda responsabilidad con su pasado y deberes hacia terceros, libre para decidir a cada instante, sin ataduras, cómo quiere que sea su vida, como el niño que, compungido por un borrón, corre a comprarse un bloc nuevo por estrenar, tirando el viejo a la papelera. Naturalmente, el mundo adulto no funciona así. En nuestra vida no tenemos derecho a desvincularnos de compromisos pasados por antojo o coquetería, tampoco por mero cansancio o fastidio. Vamos al trabajo y nos esmeramos en hacerlo bien, aunque nos apetezca poco hacerlo; tampoco abandonamos a la primera dificultad o sin motivo a las personas a quienes nos liga un lazo, por elección o nacimiento. El individuo adulto se hace cargo de su pasado, sabe que sus opciones no son infinitas y que sus pretensiones, incluso las más laudables o comprensibles, no son fuente de derecho. Entiende, en una palabra, que la vida no es formateable a voluntad y que, junto a nuestro cuidado, se nos impone el cuidado de otros y de una parcela del mundo que muchas veces no elegimos. Esto no significa que no se tenga derecho, a veces el puro deber, de escapar de situaciones tóxicas, estériles o puramente destructivas. Empezar de nuevo es algo que no precisa ser disculpado, siempre que responda a un motivo real: a un egoísmo psicológicamente sano y no al mero egocentrismo.

Con esto quiero decir que si la autodeterminación colectiva ha prendido con tanta fuerza ha sido porque primero hemos abrazado un ideal de autodeterminación individual sin limitaciones (en lugar de uno donde el ejercicio de la autodeterminación, el único responsable, fuera precisamente el de ponerse límites a uno mismo). Lo explica bien el profesor Giovanni Orsina, estudioso del populismo contemporáneo:

La democracia promete a quienes la habitan un espacio tendencialmente ilimitado de autodeterminación subjetiva: «Podrás ser y hacer lo que desees». Pero esta promesa es demasiado ambiciosa y la democracia sólo puede cumplir en parte. Para que funcione necesita ciudadanos de un cierto tipo: aquellos capaces de encontrar dentro de sí la disciplina, la capacidad de autolimitarse, que no puede venir de fuera. Sin embargo, la democracia no es capaz de crear ese tipo de personas. Al contrario: justamente en virtud de esa promesa de autodeterminación termina generando la formación de seres humanos diametralmente opuestos. Y con el tiempo, al hacerlo, erosiona sus propios fundamentos.[13]

Ese tipo de ser humano es lo que yo llamo el ser-sin-vínculos, que traviste sus deseos de derechos e interpreta el mundo, como dice Orsina, a la luz de sus propias necesidades psicológicas. De ahí, el fascinante espectáculo de ver a personas que abrazan el independentismo en Cataluña no porque lo necesiten o vaya a mejorar materialmente sus vidas, sino porque les hace ilusión. Y es que si una situación no es óptima, entonces es terrible y rechazable. Sin esta deriva narcisista de la personalidad (que nos afecta en mayor o medida a todos, porque es un rasgo epocal) no creo que el sintagma «derecho a decidir» hubiera tenido el mismo éxito en Cataluña. Empasta con el humus del siglo: presentista, frívolo y desconsiderado.

Coda: «El nuevo populismo está perfectamente adaptado a sociedades donde los ciudadanos son, sobre todo, consumidores, y esperan de sus líderes que sean como camareros que les sirvan rápidamente sus deseos». Krastev, Ivan, After Europe, University of Pennsylvania Press, Pensilvania, 2017.

“El café para todos negó los hechos singulares”

Ciertos comentaristas atribuyen la culpa de nuestra crisis territorial al «café para todos», simpática expresión con que en España se conoce el pacto autonómico en virtud del cual todas las comunidades tendrían una planta institucional y un suelo competencial parecido (ojo, parecido, no idéntico, ni simétrico). Al contrario, las únicas comunidades con derecho al genuino autogobierno habrían debido ser Cataluña, País Vasco y Galicia, las consideradas «nacionalidades históricas». El independentismo crece, según esta línea de pensamiento, porque La Rioja o Murcia también tienen parlamento.

Cuando escucho o leo esto, me pregunto en qué país viven los que suscriben esta tesis. Porque cuando se conoce España no cabe dudar de que el hecho regional —su diversidad interna— excede con mucho la existencia de País Vasco, Cataluña y Galicia.

Mi perplejidad ante esta opinión tan extendida me llevó a publicar hace unos años un artículo en El País bajo el título de «¿Café para cuántos»?[14] En él recordaba algo evidente para quien tenga un conocimiento cabal de la realidad española: que las regiones con idiosincrasia propia en España son muchas. La Constitución republicana de 1873 preveía ya quince estados federados (diecisiete si incluimos Cuba y Puerto Rico). Y de haber sobrevivido, el Estado integral de la Segunda República las regiones autónomas se habrían generalizado: Valencia, Aragón y Castilla discutían el proyecto de sus Estatutos cuando Cataluña, Euskadi y Galicia ya los tenían (el gallego no llegó a entrar en vigor, si mal no recuerdo se aprobaría por las cortes republicanas exiliadas en México en 1945). Existen —escribía entonces— «dos o tres autonomías de las actuales diecisiete de las que quizá se podría prescindir sin excesivo trastorno, pero no mucho más. Contra lo que se dice, el mapa autonómico no es irracional y el haber desarrollado una vivencia nacionalista de la identidad no autoriza a calificar de “ficticia” la identidad local de quien vive lo propio con sosiego y de manera compatible con su identidad española».

Por lo demás, y prescindiendo de consideraciones históricas o sentimentales, un Estado con sólo tres autonomías habría desembocado en desigualdades y agravios inconciliables con el principio de igualdad ciudadana, del cual ningún Estado democrático, tampoco uno federal, puede privar de un contenido normativo mínimo. El café para todos es un desarrollo lógico de la descentralización, no una argucia política para disolver o disimular la singularidad catalana. En todo caso: ¿qué habría de importar a un catalán o un vasco que Cantabria o Extremadura tengan instituciones propias? Recordemos, en fin, que no es cierto que haya una total simetría: allí donde hay hechos diferenciales indubitados —lengua o derecho civil propio—, las nacionalidades históricas y en particular el País Vasco, y Cataluña, tienen competencias propias y que las singularizan suficientemente por encima del conjunto (disponer de una policía autonómica es el ejemplo más descollante).

En resumen, la idea de que la singularidad de Cataluña no está reconocida es puramente falsa. Sobre este cansino mantra, el de la falta de reconocimiento, diremos algo en las páginas siguientes.

“Hay que reconocer la singularidad de Cataluña”

Un sencillo principio: Una Constitución moderna, abierta y pluralista, no está para reconocer singularidades, sino para permitir que las singularidades, allí donde se den, afloren en libertad y de manera espontánea.

Eso, de entrada. Después cabría preguntarse: ¿qué singularidad catalana no está reconocida hoy en el marco político de la democracia española? ¿Qué rasgo de la idiosincrasia catalana es negado? No lo están, sin duda, las manifestaciones mas visibles de la tradición popular, desde las sardanas hasta los castellers, los calçots, las monas de Pascua o los canelones por San Esteban. Y con la misma certeza sabemos que la lengua catalana, y la alta cultura que en ella se expresa, núcleo íntimo e irrevocable de la singularidad del país, se habla, se estudia, y se transmite de generación en generación en plena libertad. Ni la tradición, ni la lengua, ni el derecho civil: no hay nada en Cataluña que sea singular respecto del conjunto de España que hoy no esté reconocido y amparado.

Pero ya intuimos lo que esconde el mantra del reconocimiento de la singularidad. Se aspira, no a reconocer lo propio, sino a desreconocer lo común, tenido por ajeno. La singularidad de Cataluña, según el nacionalismo, es no ser España: el Estado tendría que entenderlo de una vez, grabarlo en las tablas de la ley y ayudar a remover los elementos de identidad compartida. Si el Estado se hace cómplice de ese proceso, tengo para mí que lo que estará haciendo es precisamente eliminar aquello que en realidad singulariza a Cataluña, en su pasado y presente, de la mayoría de países o regiones del mundo: el de tratarse, no ya de un lugar de mezcla de culturas (de esos hay bastantes) sino de un territorio de un raro equilibrio dual, legatario de dos tradiciones expresadas en dos lenguas de cultura. En una palabra, su perfecto bilingüismo. Lo abundante, lo normal y lo vulgar en este mundo es el monolingüismo: hablar sólo una lengua, o una con preferencia sobre otra; lo interesante, lo raro y singular es lo que sucede en Cataluña: esa pasmosa facilidad con la que un catalán es capaz de hacer bailar, saltar y entrelazarse, como una pareja entrenada de delfines, dos lenguas con un solo chasquido de su voluntad.

“Hay que reconocer el pluralismo lingüístico del Estado”

Seguimos con el tropo del reconocimiento. Esta vez lo que parece que hay que reconocer es el pluralismo lingüístico del Estado. De nuevo nos topamos con una fórmula tan taumatúrgica como tautológica: «Hay que hacer lo que ya está hecho». Porque lo cierto es que nuestro ordenamiento legal ya reconoce el pluralismo lingüístico del Estado, y lo hace, además, en un grado que conoce pocos parangones en la Unión Europea.

El artículo 3 de la Constitución española dice:

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Es un buen artículo. Permitió liberar al catalán, al vasco y al gallego del estrecho reducto familiar donde injustamente el franquismo había querido confinarlos y a sus hablantes recuperar la autoestima y la alegría de usar una lengua, que desde 1978 hablan, estudian y transmiten en toda libertad. Sería injusto, por lo demás, atribuir en exclusiva a las comunidades autónomas esa tarea de rehabilitación. He aquí una lista de buenas prácticas atribuibles al Estado:

Prestación de servicios en sus órganos periféricos en lengua cooficial. (Orden Ministerial de 20-6-1990 sobre conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas en la provisión de puestos de trabajo en la Administración Periférica del Estado).

Traducción de largas secciones del BOE a las otras lenguas españolas.

Versión de las páginas web de los ministerios en catalán, vasco y gallego, lenguas que las cuentas institucionales del Estado empiezan a usar en las redes sociales.

Mantenimiento de un circuito de televisión en catalán (estudios de Sant Cugat) y una emisora de radio en catalán (Radio 4), dependientes de RTVE.

Apoyo a través de subvenciones de las industrias culturales en otras lenguas españolas.

Reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua en la que trabajen a través de Premios Nacionales y otros galardones.

Inclusión en la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) de una cláusula de financiación adicional de las comunidades bilingües por el gasto extra que puede acarrear prestar servicios es más de un idioma.

Acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.

En el exterior, oferta de cursos de catalán, vasco y gallego en la red de Institutos Cervantes, y financiación de actividades en esas lenguas a través de las consejerías de cultura de las Embajadas.

Se podrá decir que sigue habiendo lagunas en ciertos aspectos (como en la Administración de Justicia) o que algunas prácticas tienen margen de mejora (las versiones de las páginas de los Ministerios en lenguas cooficiales dejan que desear); bien: lo importante, lo sustantivo, es que nadie informado puede pensar que el Estado no reconoce o ampara la diversidad lingüística de la sociedad española. Lo demuestra el hecho de que el Estado supere con holgura los exámenes periódicos que lo examinan del cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, cuyo texto fue firmado por un gobierno socialista en 1993 y ratificado por uno popular en 2002, lo que avala que la política de reconocimiento de la diversidad lingüística es ya política de Estado y no depende de los partidos políticos.

Por eso sobran los anuncios políticos y las propuestas legislativas que siguen teniendo como propósito amparar, proteger o reconocer el pluralismo lingüístico, porque el pluralismo lingüístico en España ya está amparado, protegido y reconocido; no es buena idea dar a entender que también aquí el Estado ha fallado a los catalanes.

Por eso también, cuando algunos defendemos aprobar una Ley de Lenguas Oficiales (la profesora Mercè Vilarrubias está a punto de sacar un libro importante al respecto) no es desde el enfoque victimista acostumbrado, sino precisamente para sistematizar, visibilizar y colmar las lagunas, por un lado, y por otro, para sentar de una vez, con criterios de justicia y razonabilidad, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las obligaciones lingüísticas de las administraciones.

En suma: España será plurilingüe o no será, pero ese respeto de su pluralidad lingüística debe ser cierto tanto en el nivel del Estado como en el de las Comunidades y eso sólo puede asegurarse con un marco legal concernido primariamente por los derechos de los hablantes. Transitar desde un enfoque victimista basado en la protección de las lenguas por encima de los derechos de las personas, a uno equitativo basado en los derechos del hablante y en la inclusión de los colectivos lingüísticos, es la solución justa, viable e inspirada en las best practices de otras democracias plurilingües. Si persistimos en el enfoque victimista que sólo tiene en cuenta los derechos y sentimientos de los hablantes de las lenguas cooficiales, con menosprecio de las aspiraciones de los castellanohablantes, la querella de las lenguas seguirá corroyendo la convivencia y alimentando el mal humor de quienes empiezan a ver en el plurilingüismo un sinónimo de abuso y arbitrariedad. Cualquier iniciativa que no se enfrente de cara al hecho de que, hoy por hoy, los problemas de convivencia lingüística traen causa de políticas autonómicas intransigentes y dogmáticas, está abocada al fracaso. Ponerle deberes al Estado y mirar a otro lado en las Comunidades no funcionará.

“Hay que reconocer la plurinacionalidad del Estado”

Siempre me he manifestado en contra de oficializar la plurinacionalidad del Estado. Al mismo tiempo, entiendo que no es asunto que despachar con ligereza. Intentaré explicarme.

Desde un punto de vista sociológico, no hay ningún inconveniente en admitir que en los últimos doscientos años ha arraigado en España más de una conciencia nacional. La primera fue la española, en el tránsito revolucionario del Antiguo Régimen al Estado liberal. Lo cierto es que esa conciencia no fue tan débil como ha pregonado cierta escuela historiográfica cada vez más rebatida: España se nacionalizó en tiempo y forma, en consonancia con el fenómeno general europeo, y por obra de los liberales progresistas (entre los que no faltaron vascos egregios y catalanes ilustres). La prueba es que esa conciencia nacional ha perdurado hasta hoy, aunque sin duda más débil que en sus primeros compases. Tras la española, cristalizaron en el último tercio del siglo XIX conciencias nacionales alternativas en Cataluña, País Vasco y en menor medida en Galicia. Ya no fueron estas naciones obra de la ingeniería social del liberalismo, sino fruto de la revolución romántica que identifica lengua con nación. También en esto se aconsonantaba España al fenómeno europeo: por toda Europa estaban surgiendo naciones pequeñas ignoradas en el primer tramo de la centuria. Pero tampoco, atención, estas conciencias nacionales alternativas a la española son tan sólidas como se hace creer: no son unánimes en los territorios donde nacieron, donde conviven en mezcla inestable con la conciencia nacional española, a veces en la misma persona.

Pero de la existencia en España de varias conciencias nacionales no se sigue la consecuencia normativa de que su Estado deba declararse plurinacional. Eso es algo que traería muchos problemas. Algunos de tipo técnico: nadie sabe, en realidad, cuántas naciones hay en España ni dónde termina su linde. Otros escollos son políticos: mientras que, para ciertos dirigentes españoles, la palabra nación es meramente retórica y no obliga a nada particular, para los políticos nacionalistas a los que se intenta sobornar con esta concesión, la nación es un ente orgánico dotado de derechos irrevocables, y el primero el de constituirse en un Estado. Por último, la plurinacionalidad traería consecuencias sociales deletéreas y corrosivas. Toda nación en su fase formativa es excluyente. Si los nacionalistas ven reconocido en el duro mármol de la ley la existencia de su nación, se sentirán avalados en sus políticas identitarias y terminaríamos con un Estado no plurinacional, sino plurinacionalista; uno donde las elites autonómicas aspirarían al grado máximo de diferenciación intergrupal y al grado máximo de homogeneización intragrupal. En lugar de identidades híbridas, abiertas a la mezcla, tendríamos una serie de uniformidades yuxtapuestas. En definitiva: la plurinacionalidad se convertiría en el peor enemigo del pluralismo, que el valor a preservar a toda costa. ¿Alguien puede de verdad creer que ésa sería la solución a los problemas de unidad territorial y no un factor agravante?

Tampoco arregla la cosa la confusa fórmula de «nación de naciones». Bajo este marco, España es vista como una especie de supranación jurídica, abarcadora de las auténticas naciones, las etnolingüísticas: éstas, y no aquélla, son las que tendrían derecho a hacer políticas de identidad hasta hacer inevitable la separación. Quien mejor ha expresado este riesgo es el constitucionalista vasco Josu de Miguel: la plurinacionalidad supone que se puede ser español de varias maneras, pero vasco, catalán o gallego de una sola: nacionalista.

Ésa es, por cierto, la ventaja de la nación española frente a las otras: su fase formativa y excluyente queda ya lejos; como ha dicho Arcadi Espada, sus mentiras fueron contadas hace tiempo, han marchitado a la luz del estudio y nadie con sentido del ridículo insiste en propagarlas. En 1978, España dio el salto de la nación étnica a la cívica, y es por eso que es la única que está en condiciones de ser lo suficientemente inclusiva como para formar la base comunitaria del Estado español. No significa esto que la nación española no necesite ser trabajada como el proyecto modulable que es. He defendido que España necesita configurarse todavía mejor como una nación plurilingüe (España tiene una lengua común, pero no una lengua nacional). Pero que sea la única mencionada por su nombre en la Carta Magna (la Constitución no dice que España sea una nación: lo presume, haciéndose los constituyentes de 1978 legatarios de los liberales de Cádiz) no se traduce en ninguna amenaza uniformizadora, porque nuestra nación ya no es ni pretende ser de carácter cultural: en 1978 quedó cerrado su ciclo étnico. No se puede decir lo mismo de las otras, aun basadas cuasi exclusivamente en una lengua que se quiere única, y cargadas de leyendas, victimismos y patrióticos deberes. En el texto de 1978 encontramos, en fin, la simiente de un refrescante Estado nación posnacionalista, donde cada cual puede vivir su identidad libre de coacciones.

Si mis razonamientos no convencen, considérese al menos las ventajas de mantener la ambigüedad actual. Quienes crean que España es plurinacional lo pueden seguir creyendo sin ser perturbados en esa creencia. Deshacer esa situación de ambigüedad —integrada en el eficaz artículo 2 la Constitución, que en la práctica ha permitido desarrollar el sentimiento dual de identidad de muchos españoles— sólo puede tener contraindicaciones. Son poquísimas las constituciones en el panorama comparado que oficializan la plurinacionalidad de sus estados y ninguna es un modelo interesante para España. Países como Canadá o Suiza se las apañan para no mencionar en sus cartas magnas la palabra nación, y en el Reino Unido convive la calificación de Escocia, Gales e Irlanda del Norte como las «home nations» con la consideración ordinaria del conjunto del país como nación también. Ningún beneficio se extrae para el pluralismo de fijar una taxonomía rígida en un campo donde conviene la laxitud. Meter naciones políticas en un mismo Estado es como meter escorpiones en una botella: garantía de riña y autodestrucción.

“El Estado autonómico ya es asimétrico”

«El Estado autonómico ya es asimétrico», leemos a menudo. El subtexto tranquilizador es «No pasa nada porque lo sea un poco más». Pero el fallo en el razonamiento es patente. Siendo cierto que la asimetría ya existe (y no en cuestiones banales, sino de sustancia, como es, por ejemplo, la existencia de un cuerpo autonómico de policía catalán del que no disponen el resto de comunidades salvo el País Vasco o Navarra, o de un vasto corpus de derecho civil privativo), ¿qué hace pensar que profundizar en la asimetría puede solucionar el problema en lugar de agravarlo? A la vista está que el diseño de un federalismo asimétrico —no otra cosa es el autonomismo— no ha calmado las ansias secesionistas y sólo ha traído un ciclo infinitamente elástico de reclamaciones. ¿Acaso la existencia del concierto económico ha hecho desparecer el secesionismo en el País Vasco y Navarra, lugares donde el independentismo sólo espera su momento? De nuevo, nos hallamos ante un ejemplo de taumaturgia política, de claro cuño madrileño, que sugiere que haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, obtendremos resultados distintos. La «estrategia del contentamiento» tan bien explicada por Dion: el único truco que el viejo sabueso de nuestra clase política sabe ejecutar. Hora es de renovar el repertorio.

“Se ha impuesto una visión uniformizadora de España”

A menudo se lee en la prensa de Barcelona, con deje melancólico, que ninguno de los males que nos aflige hubiera ocurrido si no se hubiera impuesto «una visión uniformizadora de España». Como únicos detalles adicionales, a veces se indica que tal visión uniformizadora es la propia del Partido Popular, y que arranca en la segunda legislatura de Aznar (2000-2004). La receta es clara: hoy en el periódico una catedrática de sociología nos exhorta con la misma letanía: «España necesita aceptar de una vez su pluralismo interno».[15]

Es difícil saber a qué visión uniformizadora se hace referencia. Tampoco hay ninguna prueba de que España no acepte su pluralismo interno. Porque si fuera cierto que rige el uniformismo y la falta de pluralidad, sería esperable encontrar un momento en las últimas décadas en que el gobierno español hubiera prohibido o limitado la enseñanza en lenguas cooficiales, o desfavorecido o privado de financiación a las manifestaciones culturales propias de ciertas comunidades autónomas. Al menos, sería esperable, para llenar de razón el reproche, que algún partido político español o alguna fundación asociada (FAES es la sospechosa habitual) propugnara alguna de estas medidas. Pero nada de eso ocurre ni ha ocurrido. Tampoco bajo el gobierno de Aznar, cuyo acto de afirmación españolista uniformizadora más audaz fue imponer por decreto que las nuevas matrículas de circulación, que un reglamento comunitario (ni siquiera fue idea de Moncloa) hacía necesario renovar, incorporaran, junto al número, sólo la letra E, como sigla inicial de España (siguiendo el patrón del resto de estados europeos). Me parecería exagerado que alguien dijera que no poder llevar el CAT en la matrícula, so pena de multa, es un signo de uniformismo cultural.

España no es un país uniforme. Para empezar, su geografía física no lo es. Son celebrados sus cambios de paisaje, y conocidos los de clima. Su geografía humana no es en absoluto homogénea, pero tampoco tan diversa como se pregona. El Índice de Fragmentación Etnolinguística (o Índice de Greenberg), que mide la probabilidad de que dos personas elegidas al azar dentro de un mismo Estado tengan lenguas maternas diferentes, pone las cosas en su justa medida: en el año 2017 sitúa a España en el puesto 144, en el entorno de Francia, Alemania o Italia. Si nos comparamos con países que conocen tensiones territoriales de parecida índole a las nuestras, descubrimos que Canadá (74) o Bélgica (57) son países más diversos que el nuestro. (El índice, interesantísimo, se puede consultar en la página web de la revista Etnologue; para los curiosos, Papúa Nueva Guinea parece ser el país más diverso del mundo y Corea del Norte el más homogéneo; entre las democracias más uniformes de cierto tamaño se encuentran Islandia, Japón o Hungría).

Pero conocer la cantidad empíricamente demostrable de diversidad en España, más allá de poner en cuestión algunos mitos, no nos lleva muy lejos en la comprensión de la singularidad española, que para mí es otra: tratarse de un país donde una lengua común, una koiné que lo es desde hace siglos, convive con otras lenguas, de gran arraigo, notable tradición literaria e importante proyección política. Que estas lenguas no sean tantas como en otros países da un poco lo mismo. De hecho, cabe sospechar que uno de los factores de discordia proviene del hecho de ser pocas las lenguas en España; si hubiera cientos, como en Nigeria o India, la lengua franca se impondría como única lengua nacional sin disputa posible.

España: Diversa, sí, pero no tanto. Desde luego, no uniforme. Lo importante es que, sea la pluralidad mayor o menor, después de la Constitución de 1978, los españoles viven en paz con la diversidad cultural de su país, incluso cuando ésta es más percibida que real. Para muchos ciudadanos es parte inextricable de su biografía. Ningún gobierno de la democracia ha trabajado porque la diversidad española sea menos aparente o apreciada. Tanto el PP como el PSOE han mantenido la práctica de conceder premios nacionales a escritores de toda España, sin importar la lengua en la que trabajan: Kirme Uribe, Suso del Toro o Joan Margarit no me dejarán mentir a este respecto. Fue un gobierno del PSOE, en 1993, el que firmó en nombre de España la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias, y uno del PP, en 2002, el que la ratificó. El Instituto Cervantes, financiado por el Estado, imparte clases de estos idiomas en el extranjero. Lo hace gobierne quien gobierne. Igual que las Embajadas de España por el mundo, que ayudan con sus presupuestos culturales a que actividades en lenguas cooficiales o relacionadas con la cultura de las comunidades bilingües se puedan estrenar en el extranjero. Lo sé por experiencia propia, de la que me honro.

Hay españoles que querrían que los políticos mostraran algo de cariño por una de las culturas que hay en nuestro país: la cultura en común. Pero no conozco a nadie que crea que esa cultura común deba ser una cultura única. Es sencillamente falso que desde la Transición a esta parte el Estado se haya vuelto más uniformista. Ninguna identidad cultural, ninguna idiosincrasia, ninguna tradición está reprimida. En ese compromiso entre lo común y lo propio que es España, es acaso lo común lo que hoy tiende a ser objeto de menosprecio.

“Se ha impuesto una lectura centralista de la Constitución”

Variante del tópico anterior es que se ha impuesto una lectura centralista de la Constitución. De nuevo, no hay pruebas para afirmarlo.

España es un país descentralizado. Los expertos, tanto los propios como los especialistas en derecho comparado de otros países, así lo creen. Se trata de una descentralización consagrada en la Constitución, pactada con las fuerzas nacionalistas. La realidad es que, en cuarenta años de desarrollo legislativo de la Carta Magna, los poderes constituidos no han hecho sino profundizar en la descentralización del país. Todos los gobiernos de la democracia han pactado sucesivas rondas de reforzamiento del autogobierno. Ninguna competencia transferida ha sido revocada, ni siquiera cuando ha habido serios motivos para hacerlo. La pregonada lectura centralista de la Constitución no existe, la tantas veces presagiada amenaza recentralizadora no llega nunca, y si alguien tiene motivos para estar frustrado es el 30 por 100 aproximado de españoles que desean, según los datos del CIS, un Estado sin comunidades autónomas, o con comunidades autónomas con menos poderes que los actuales.

En realidad, sólo una vez el gobierno central —y fue un ejecutivo socialista— intentó frenar el proceso descentralizador. Fue a través de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, aprobada por las Cortes en 1982. La historia es conocida: el Tribunal Constitucional la anuló al año siguiente en sus aspectos nucleares, estimando el recurso previo interpuesto por los partidos nacionalistas. No llegó a entrar en vigor nunca en su parte declarada inconstitucional. Tal victoria judicial debería servir para poner en entredicho otro de los tópicos difundidos ad nauseam: que la lectura centralista se ha hecho judicialmente. No es cierto. El Tribunal Constitucional, en su papel de formalizador y garante del Estado autonómico, ha dado la razón en muchas ocasiones a las Comunidades Autónomas en sus pleitos con el Estado. Por poner un ejemplo elocuente, la actividad exterior de la Generalitat es fruto de la jurisprudencia del Tribunal (iniciada en la STC 165/1994 de 26 de mayo).

El constitucionalista de la Universidad Autónoma de Barcelona Josu de Miguel ha explicado que el Tribunal Constitucional cristalizó en su labor una especie de «pacto interno» entre las Comunidades y el Estado. Al Estado le puso coto: no sólo frenó el intento centralizador de la LOAPA; también le negó el poder de aplicar derecho supletorio en las áreas en las que la Constitución no le confería título competencial propio. Pero a cambio, el Tribunal entregó una herramienta alternativa al Estado: las bases. Cierto: muchas veces se arguye que es precisamente esta legislación básica la que desvirtúa el carácter descentralizado del Estado. Pero el marco básico español no es algo distinto de la legislación concurrente alemana o de la llamada cláusula de comercio en Estados Unidos. Es decir, algo típico en los regímenes federales.

Cierto también: en los últimos años se ha verificado en España un mayor uso de las bases, con la intención de embridar los efectos de la crisis económica. Pero de nuevo, es un fenómeno habitual en los Estados federales que, durante las fases de recesión económica, el centro atraiga hacía sí competencias. Ocurrió en Estados Unidos tras el crac de 1929, con el New Deal de Roosevelt, y de nuevo a partir de las turbulencias económicas desatadas en 2009. También en España el gobierno ha tenido que centralizar poderes para navegar la crisis, pero esa moderada centralización se ha dado en competencias financieras y económicas (no en las culturales o educativas, las que más preocupan al nacionalismo). El federalismo es un proceso, las competencias no están fijas para siempre, y se someten, como el corazón de un organismo vivo, a un doble impulso de sístole y diástole. Cuando la crisis arrecia, sístole centrípeta; cuando los problemas se dejan atrás, diástole descentralizadora. En definitiva, el mayor uso de las bases en los últimos años en España no se debe a ninguna conspiración, sino a las circunstancias de la crisis.

Otro de los mantras de uso intensivo sostiene que la descentralización ha sido administrativa pero no política. No se entiende bien lo que se quiere decir con esto. Desde el momento en que una Comunidad Autónoma incluye una planta institucional propia y celebra elecciones para elegir representantes que se presentan con programas ideológicos alternativos podemos ya hablar de descentralización política. Máxime cuando las Comunidades tienen en España capacidad para tomar decisiones en materias relevantes: tributos cedidos, educación, sanidad, modelo social, televisión, etc.

Durante los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, se pudo ver que policía, hospitales, servicios sociales y medios públicos, es decir, todo cuanto un Estado activa en la gestión inmediata de un atentado así, estaba en manos de la Generalitat catalana. La mera ostensión de esos poderes prueba que es falso el relato según el cual la descentralización es ficticia en España. Al revés, el autogobierno catalán es real y profundo. Que se haya impuesto en España una «lectura centralista de la Constitución» es otro de los tópicos gastados que necesitan descansar.

“Hay que dialogar”

¿Cómo estar en desacuerdo? Hablar, conversar, dialogar es un ejercicio sano siempre. Pero, como ya sabemos, la reiteración de lo obvio induce a la sospecha. ¿Diálogo entre quiénes? ¿Diálogo sobre qué?

Veamos. En primer lugar, el diálogo debe realizarse en el marco de la ley. Aunque esto es normalmente aceptado, rara vez se repara en por qué esto debe ser así: porque la ley, como explica Fernando Savater, es lo previamente dialogado. Cuando honramos la ley, honramos diálogos previos de los que no es legítimo desvincularse si no es por los medios establecidos al efecto.

En segundo lugar, hay que establecer los sujetos que van a dialogar. Existen al menos tres niveles: el diálogo entre catalanes, el diálogo entre catalanes y el resto de españoles y el diálogo entre los gobiernos autonómico y central.

De los tres niveles, el más importante es el primero: aquel que se produce en el seno de una sociedad catalana profundamente dividida. Es de celebrar que los comentaristas menos perezosos ya admitan que el problema es menos uno entre Cataluña y España que uno entre catalanes. Sin embargo, una poderosa inercia hace que se sigan depositando todas las esperanzas en los arreglos entre élites nacionalistas en Barcelona y élites capitalinas en Madrid, lo que resulta incongruente con la afirmación de que el conflicto se da entre catalanes.

Es decir, si nos creemos verdaderamente que el diálogo ha de ser en primer lugar diálogo entre catalanes, el diálogo que tendríamos que estar viendo y celebrando no es entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, ni entre el gobierno autonómico y el central en las comisiones bilaterales, sino entre los líderes de los partidos catalanes del PP, Ciudadanos, PSC, ERC y PDCAT y CUP. Si tal cosa no fuera posible, entonces el presidente del Gobierno debería incorporar a sus cálculos, ideas, consultas y propuestas a la oposición constitucionalista en Cataluña. Sólo así hay posibilidades de dar con una solución duradera al problema. Hay que deshacer la perniciosa idea según la cual sentarse a una mesa con el líder de los independentistas es sentarse con «Cataluña».

Sería deseable, por último, que el diálogo se pareciera más a una deliberación (donde los actores intentan pactar algo mirando a un bien común y un interés general) que a una negociación (donde los actores regatean y se contentan con obtener ventajas privadas a cambio de cesiones). A lo que no debe parecerse el diálogo es a una cesión sin contrapartidas: esta vez la parte nacionalista tiene que comprometerse a algo más que a demorar la siguiente ocasión en que vuelvan a traicionar el diálogo previo.

“Hay que blindar las competencias identitarias”

Blindar las competencias: otro celebrado error. Tanto más irritante cuanto suele oírse en boca de personas que se presentan como federalistas, cuando lo que se expresa con esta frase es un ideal antifederal. Vamos a analizarla.

El verbo «blindar» es uno de los estilemas más usuales de la política catalana. Existen áreas del llamado consenso catalanista que se saben controvertidas (si no, no haría falta blindarlas) y al mismo tiempo se juzgan importantísimas y neurálgicas para la «identidad catalana», entendida al modo nacionalista. Dado que el nacionalismo sabe que el consenso es más pregonado que real —se encargan de recordarlo periódicamente molestos opositores—, su gran aspiración es «blindarlas» legalmente de toda disidencia.

Lo que ha querido blindarse siempre es, cómo no, la educación, y más en concreto la lengua en la que obligatoriamente y de manera uniforme debe impartirse la enseñanza; esto es: la educación monolingüe en catalán. Cuando se plantea blindar este peculiar «modelo catalán», se desplaza el foco: el malestar de «los catalanes» no provendría tanto de la sentencia del Estatut sino de las intromisiones del Estado, que, durante años, ha sugerido tímidamente y sin éxito que la educación en Cataluña debería ser bilingüe en catalán y castellano.

En materia de blindajes, existe un primer problema técnico. Cataluña ya ostenta la competencia de educación. Las Cortes Generales no intervienen salvo para dictar un marco básico que, hasta la fecha, no ha cuestionado «la inmersión». Tampoco a través de las facultades retenidas de expedición de títulos o de la alta inspección: sencillamente, el Estado no se ha atrevido a controlar en lo más mínimo a la Generalitat. En la práctica, por tanto, la competencia ya está blindada de injerencias del gobierno central. De modo que, al predicar el blindaje, se sugiere que hace falta algo más que la titularidad y el ejercicio de la competencia. Lo que se insinúa —pero no se explicita— es que los tribunales no deberían poder pronunciarse sobre el asunto. Sucede que cuando los tribunales han entrado en la cuestión de la lengua en la escuela lo han hecho atendiendo demandas de ciudadanos catalanes. Esto es: lo que los partidarios del blindaje parecen pretender es que los propios ciudadanos catalanes no puedan recurrir en determinadas áreas leyes que les parecen injustas. Porque sólo así, la «inmersión» estaría verdaderamente blindada. (Si no fuera esto, no se entiende qué se quiere decir por blindaje).

Pero el federalismo no crea áreas de excepción jurisdiccional: una suerte de zona de exclusión aérea que los tribunales de la federación no puedan sobrevolar. Por más que el gobierno de la federación (en nuestro caso el central) no tenga título para entrar en determinados temas que no son de su competencia, los jueces siempre podrán, a instancia de los ciudadanos, examinar las políticas de todos los niveles de gobierno y ver si son acordes con la tabla de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna. Así es como los tribunales supremos de Canadá o Estados Unidos han anulado normativas provinciales o estatales en las que el gobierno federal de Ottawa o Washington no tiene competencia.

La idea de «blindar competencias» expresa así un ideal antifederal. Se pretende cercar una parcela en la que vivir completamente de espaldas al resto del país, de manera que ninguna autoridad común pueda decir nada sobre algo que, en la medida que la ciudadanía siga siendo común, afecta potencialmente a todos. Pero lo que ya raya en lo siniestro es pretender blindar «competencias identitarias». En lugar de abrirse a lo múltiple, poroso y mestizo, se pretenden «identidades blindadas» de todo contacto con el exterior. Probablemente quien habla de blindaje no quiera decir esto, pero es lo que están diciendo. Por lo demás, si incluimos la cultura en el área de competencias blindadas, ¿qué significaría? ¿Que el gobierno central no puede participar en la celebración de un aniversario de un gran artista o escritor catalán? ¿Que no puede financiar o participar en empresas, museos o teatros en Cataluña?

En resumen: «blindar competencias identitarias» o no significa nada nuevo, o no significa nada bueno.

“El federalismo es la solución”

Quien esto escribe es un federalista convencido. Creo, de hecho, que el federalismo es la forma natural de comunidad política en España. Por eso me duele tener que incluir en la lista de tópicos el que se empeña en hablar del federalismo como la solución perentoria del mal territorial. Es el uso espurio de esta valiosa doctrina lo que me obliga a incluirlo en el retablo de los lugares comunes del palique catalán.

Hablemos, pues, con la seriedad debida, de lo que es y no es federalismo. Como es sabido, debemos al genio de los framers —los delegados norteamericanos que alumbraron en 1787 la Constitución de Estados Unidos— la creación de la forma política federal. La nueva planta que allí se pensó para la naciente república —en esencia, una técnica de separación y de distribución del poder— estaba llamada a inspirar a los constituyentes de otras naciones, al ofrecer una alternativa fecunda al modelo centralizado de Estado.

Me cuento entre los que piensan que el federalismo es una buena opción para España. Pienso también que el Estado autonómico de 1978 tiene ya las trazas de un Estado federal, pero discrepo de quienes creen que, siendo esto así, no procede hablar de federalismo, puesto que nuestro modelo de Estado ya sería federal. Lo cierto es que la variante autonómica de federalismo es imperfecta y disfuncional: no cuenta con los mecanismos de cooperación y participación adecuados (el Senado, teórica cámara territorial, no cumple esa función) y tampoco el reparto de competencias (núcleo de toda Constitución federal) es tan nítido como cabría desear. Esa falta de precisión desemboca en un número excesivo de conflictos de competencia que nos podríamos ahorrar. Cuando me declaro federalista, lo que estoy diciendo es que es conveniente (aunque no urgente) perfeccionar el esquema federal de nuestro Estado para remediar esos defectos de diseño.

Pero discrepo también de quienes han hecho del federalismo la fórmula taumatúrgica que nos sacará del lío territorial. O por decirlo mejor: aunque pueda participar de la idea de la reforma federal como parte de la solución, nunca he creído que la falta de federalismo sea el verdadero problema. Esto es: la existencia de proyectos comunitarios alternativos al español no es fruto de discrepancias en torno a la planta organizacional del Estado, sino de la asunción de un ideario nacionalista por parte de comunidades lingüísticas diferenciadas. El problema es, nos guste o no, de tipo etnocultural, y no de técnica jurídica. Lo que está en disputa es el demos, el cuerpo de la ciudadanía; no el reparto de competencias, de dinero o ni siquiera eso que redondamente llamamos «el poder».

Sucede algo peor: cunde la sospecha de que el federalismo de nuestros autoproclamados federalistas no es sincero. En plata: que su federalismo es una forma de encubrimiento de tendencias filonacionalistas o nacionalistas tout court. Existe una manera sencilla de confirmar esa sospecha, una especie de prueba del algodón para saber si alguien que dice serlo es federalista de verdad: comprobar si en su discurso aparecen alguna vez los poderes que según ellos habría que reservar al nivel federal del gobierno. Lo cierto es que nuestros «federalistas» —singularmente los socialistas catalanes— no pasan la prueba, porque sólo hablan de las competencias que tendrían que ostentar los entes federados, pero nunca de los poderes de la federación, como si eso no les importara ni siquiera un poco.

Es decir: sabemos que la teoría del federalismo propone que en un país haya shared y self rule, esto es, una parte de poderes en común y otra parte de poderes particulares. Pero en España quien insiste en llamarse federalista nada tiene que decir acerca del shared, solo del self. Interesa el autogobierno de lo propio, no el autogobierno de lo común. La manera en la que el gobierno federal deba intervenir en la vida de los ciudadanos —asunto crucial— no suscita la reflexión de nuestros federalistas, legitimando la pesarosa sospecha de lo anémico de su espíritu federal. (Ya hemos recordado páginas atrás las palabras con las que Pascual Maragall celebró la aprobación del Estatut de 2006: con la nueva norma «la presencia del Estado pasaba a ser residual en Cataluña». ¿Es ésta la reflexión de un federalista o de un nacionalista? ¿Qué tipo de federalista querría que el Estado federal no tenga ningún tipo de peso en la vida de los ciudadanos?). Contra ese tipo de federalismo mal entendido, alertó el canadiense Pierre Trudeau, federalista de una pieza, que no quería que, a base de arreglos que restasen cada vez más poderes al gobierno común, Canadá se convirtiese en una mera «confederación de centros comerciales».

Lo cierto es que un esquema federal para España no supondría necesariamente mayor autogobierno para las Comunidades. Posiblemente, en algunas parcelas el autogobierno (self rule) aumentaría, si bien otros poderes podrían volver a la federación, es decir, al gobierno común (shared rule). Esto es así porque algunas cosas se gestionan con más provecho para el ciudadano en la cercanía, y otras en la distancia. Nuestro federalismo podría ser competitivo en algunos aspectos y cooperativo en otros, pero sería deseable que fuera racional y lo menos identitario posible. No es necesario ni deseable que los Estatutos divaguen durante páginas y páginas sobre aspectos relacionados con la identidad de sus territorios.

El historiador catalán Joaquim Coll —federalista sincero (y por lo mismo, un combativo antinacionalista)— ha sintetizado con acierto el malentendido: no es lo mismo federalizar España que federar España a Cataluña. Lo primero equivale a delimitar espacios comunes y propios, con reglas de convivencia claras; cada identidad es respetada, pero es expuesta a la mezcla, la porosidad, el roce, la hibridación voluntaria y el mutuo enriquecimiento. Lo segundo supone generar dos espacios yuxtapuestos y uniformes, dos contenedores identitarios con algún órgano de gobierno compartido, pero en permanente recelo y tirantez. Es decir, no un Estado federal, sino uno confederal, abocado a la desintegración, pues todas las confederaciones que la historia registra sólo conocen dos destinos: el estrechamiento del vínculo hasta el pacto federal, o su desvanecimiento del nexo de unión, demasiado tenue para ser duradero, para dar lugar a dos Estados separados.

Es sencillo: el federalismo federa. Es decir, une. Muchos de los políticos que se presentan como federalistas en España dan la impresión de proponer, en lugar de levantar un muro, conformarse con levantar una verja. Ni es una solución ni resulta muy federal.

“Hay que caminar hacia las soberanías múltiples”

En su afán por convencernos de que el problema territorial trae causa de un deficiente diseño territorial, ciertos comentaristas han teorizado un curioso concepto: el de las soberanías múltiples. Si adoptamos una filosofía basada en la soberanía múltiple, el problema se arregla en un periquete.

Por desgracia, el concepto de soberanías múltiples es un desatino teórico y un imposible político. No es éste lugar para una extensa disquisición académica, pero sí hay algo que todos los ciudadanos deberían tener claro: soberanía por definición sólo puede haber una en cada Estado. Porque, ¿qué es la soberanía? No he encontrado todavía mejor definición que la que me ofreció mi profesor de derecho constitucional en primero de carrera: «La soberanía es el poder que no admite poder igual en el interior ni superior en el exterior». Ahí está todo.

Soberano es por tanto un poder que se reconoce como único e indivisible. Si pudiera trocearse, entonces, por gemación, habría dos entidades soberanas, es decir, independientes. Y si cediera una parte de su soberanía hacia dentro, hacia un subconjunto, entonces ya no habría un único conjunto sino dos. Lo que sí puede pasar es que, aun indivisible la titularidad, el ejercicio de la soberanía pueda delegarse mediante tratado (como hace España con la Unión Europea en determinados aspectos) y también puede ser que su titular no sea una persona, como en el Antiguo Régimen, sino un colectivo, como sucede en los países democráticos como el nuestro, donde todos los españoles son depositarios de la soberanía. (Recordemos el trueno de Cádiz: «La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser propiedad de ninguna persona o familia»). Por último: que la soberanía sea única no impide que los poderes domésticos se repartan y distribuyan, como hace nuestra Constitución al diseñar un Estado descentralizado y en régimen de separación de poderes. La unicidad de la soberanía es algo que se percibe, sobre todo, ad extra, es decir, mirado desde fuera.

Por tanto, las triquiñuelas argumentativas que intentan hacer posible disgregar la soberanía sin desvirtuar el concepto son eso, triquiñuelas para hacer pasar de contrabando la independencia sin que se note.

Cabe decir algo más. La insistencia en ser titular de la soberanía es algo que debe despertar nuestro recelo. Precisamente, uno de los logros civilizatorios europeos ha sido domesticar la cuestión de la soberanía, destronándola del centro del sistema político en favor de la ley. No otra cosa es lo que pretendía Kelsen, padre del constitucionalismo moderno: integrar la soberanía en el ordenamiento jurídico y de algún modo hacerla desaparecer en él. ¿Qué puede hacer el poder soberano? Lo que dice la Constitución. (Obsérvese, para el caso español, la traducción de este principio: los poderes excepcionales del artículo 155 se han tenido que ejercer de manera jurídica). Es decir, nada en una democracia liberal debe escapar a la influencia del derecho, ni siquiera la soberanía, de la que hemos aprendido que posee un lado tenebroso. No por nada el gran rival de Kelsen, Carl Schmidt, creía que la soberanía de un Estado debía permanecer aislada y concentrada, como una bestia fiera y orgullosa, merodeando altiva fuera del ordenamiento legal. Schmidt es, por supuesto, el gran teórico de la dictadura. Toda preferencia obsesiva por la soberanía al margen de la ley es indicio de propensión al autoritarismo.

“Hay que recuperar el consenso transversal del catalanismo”

Esta glosa me produce cierto embarazo y duda. El catalanismo es una doctrina política de larga tradición, dotada de un corpus teórico que no conozco en su integridad y suficientemente proteica como para no resultar unívoca en sus acepciones y usos. Es también un componente importante en la biografía de muchos amigos catalanes que no son independentistas. Al contrario que otros lugares comunes de este libro, el del catalanismo merece un respeto. También necesita, sin embargo, una crítica, pues temo que muchas veces el catalanismo se invoca de manera rutinaria sin saber muy bien qué conlleva, o sabiéndolo, pero sin querer admitirlo abiertamente.

Partamos de un dato: existe en Cataluña la creencia convencional de que el catalanismo es algo distinto del nacionalismo catalán, y que, por tanto, puede ser el lugar de encuentro de catalanes nacionalistas y no nacionalistas. Es además algo deseable. Cito a un líder socialista catalán no independentista, y todavía en activo, en una entrevista concedida hace ya unos años a Catalunya Ràdio:

«Necesitamos a los medios públicos para fabricar catalanistas. Es decir, hay gente que puede pensar que los medios públicos han de radicalizar a los que ya son catalanistas para hacerlos nacionalistas o independentistas y algunos pensamos que éste es un objetivo legítimo, pero no lo compartimos, aunque querríamos que fuese catalanista gente que no lo es».[16]

La frase es muy reveladora. Si las declaraciones están bien transcritas por el periódico que las recogió, a nuestro socialista no le parece muy mal que los medios públicos sean usados para adoctrinar a la ciudadanía en ciertas ideas, incluso si es para radicalizarlos. Le parece, además, legítimo que estas ideas sean las independentistas. Eso no lo objeta nuestro socialista catalán y uno se pregunta dónde quedan entonces las credenciales federalistas de las que presume. (Para mejor apreciar la carga del mensaje imaginemos nuestra reacción si un político español declarara campanudamente que el objetivo de la televisión pública española es fabricar españolistas).

Pero si la frase interesa es por otros dos aspectos: que su autor desee que el mayor número posible de catalanes profese la fe catalanista y que, al mismo tiempo, considere verosímil la idea de que desde el catalanismo se pueda acceder al independentismo, como si se tratara de una evolución natural.

El diccionario del Institut d’Estudis Catalans define así el catalanismo:

Forma de expressió catalana usada en una altra llengua.

Devoció a les característiques i als interessos nacionals catalans.

Moviment que defensa el reconeixement de la personalitat política de Catalunya o dels Països Catalans.

Dejemos de lado la primera acepción, puramente lingüística. De las otras dos sólo la primera parte de la tercera es compatible con no ser nacionalista: la personalidad política de Cataluña no es necesariamente la de una Cataluña independiente. Pero, al fin y al cabo, ese objetivo está logrado. Al constituirse en Comunidad Autónoma, la personalidad política de Cataluña fue reconocida. ¿Terminó entonces el catalanismo? No. Es necesario seguir captando adeptos, seguir «fabricando» catalanistas, como sabemos por nuestro líder socialista. ¿Para qué? Nadie lo sabe muy bien o nadie lo quiere decir.

Pongamos que el catalanismo significa esto: el rechazo a una concepción centralista de España, pero también a la ruptura de la unidad española. Al fin y al cabo, ninguno de los tres teóricos fundadores del catalanismo político (Valentí Almirall, Josep Torras i Bages y Enric Prat de la Riba) abogaban por la ruptura total con España —ni siquiera Prat, el más nacionalista de los tres— sino por la creación de una suerte de confederación de pueblos hispánicos. Pero la objeción se mantiene: el catalanismo, que contó con dos ponentes de siete en la ponencia constitucional, ya logró ese objetivo en 1978. Podemos discutir el grado de descentralización, pero lo cierto es que España no es un Estado centralizado. Por cuanto toca a los esquemas confederales, son irrealizables, pues sólo conocen dos destinos: bien la evolución en sentido centralizador hacia la federación, bien la relajación del vínculo hasta su desaparición y disolución. ¿Qué sentido tiene seguir militando en una causa cuando ya se ha vencido y obtenido lo que se quería?

En el fondo, el catalanismo político está atrapado por un dilema señalado por Richard Rorty, pensador que en uno de sus ensayos hace una interesante distinción entre «campaña» y «movimiento»[17]. Una campaña tiene un objetivo claro. Cuando es un objetivo justo además de razonable, es fácil que concite consensos transversales. Así ocurrió con las campañas del catalanismo a favor del autogobierno y de la lengua a la salida de la dictadura. Mucha gente en España, y casi todos los catalanes, estuvieron a favor. Pero ¿qué ocurre si la campaña es exitosa, como lo fue en aquel caso? El activista tiene la tentación de convertir su campaña en un movimiento, a la busca siempre de objetivos cada vez más difusos: un bucle, un perpetuum mobile del que no se sale nunca, porque el movimiento, por definición, es incapaz de trazar el horizonte de su propia desaparición. Se recalienta y se radicaliza.

Eso puede ser una explicación de lo que ha ocurrido con el catalanismo. Ha sido incapaz de asumir que los objetivos se lograron y, como una sociedad, proceder a la autodisolución por cumplimiento de su objeto social. El propio Artur Mas, en una de sus conferencias que sirvieron de prolegómeno a su conversión en independentista dejó dicho que:

«El catalanisme, nascut a mitjans del segle XIX, desenvolupat en el primer terç del segle XX i intensificat en el darrer quart del mateix segle, ha estat una història d’èxit. L’èxit es mesura sempre en funció de la consecució d’uns propòsits inicials. El catalanisme, en gran mesura, ha aconseguit el que es va proposar fa 100 o 150 anys».[18]

La pregunta es clara. Si los objetivos del catalanismo ya se han conseguido, ¿por qué sigue siendo necesario militar en el catalanismo? La respuesta sólo puede ser que el catalanismo es en el fondo un nacionalismo, que siempre lo ha sido, y que por tanto no puede descansar hasta lograr su Estado.

Ello sería consistente con la práctica observada de los partidos catalanistas en el poder. A modo de experimento crucial, la llegada del PSC al poder en 2003 tras los largos años de dominio pujolista, permitiría comprobar hasta qué punto se verificaba en la realidad la idea de que era posible gobernar bajo un ideario catalanista no nacionalista. Si el llamado catalanismo progresista sería distinto del pujolista. La duda se resolvió: no lo era. La praxis de gobierno de los tripartitos en nada se quiso distinguir de la praxis nacionalista ortodoxa y en algunos casos la agravó. Bajo la presidencia de Maragall y de Montilla el gobierno catalán no se apartó del discurso de Pujol: presentar a Cataluña como una sociedad esencialmente distinta de la española y secularmente agraviada. Multas lingüísticas y escuela monolingüe; balanzas fiscales y victimismo económico; pervivencia del léxico nacionalista en la televisión y radio pública. En palabras de Daniel Guerra, un experto en el pensamiento territorial de la izquierda española, el PSC mostró que no era la versión catalana del socialismo español, sino la versión más o menos socialista del nacionalismo catalán.

La cuestión, seguramente, es que el catalanismo reposa en paradojas que no son sostenibles: estar en España, sin ser España; hacer construcción nacional, sin aspirar a la independencia. El trato que ofrece al Estado no es demasiado equitativo: ser casi independientes, pero seguir enviando diputados a Madrid. En suma: la independencia dentro de España. Buen material para los aficionados a la cuadratura del círculo, como detectó precozmente el político republicano Alcalá-Zamora, que famosamente reprochaba a Cambó intentar ser a la vez Bismarck de España y Bolívar de Cataluña. Otro absurdo lógico: pretender calificar al catalanismo como un proyecto regeneracionista español, cuando en su propio nombre se indica que el radio de acción del movimiento abarca sólo Cataluña: catalanismo, no españolismo.

Huelga decirlo: los círculos no se pueden cuadrar y sobre un oxímoron no se puede construir una doctrina política clara. En el fondo, lo razonable es suponer que el catalanismo no es otra cosa que un nacionalismo pragmático, que, al considerar la independencia muy difícil, renuncia a ella, pero no de corazón, sino por mera prudencia. Es normal que la jeunesse dorée e hiperventilada del pujolismo, educada en el desprecio de lo español y en el narcisismo de lo propio, haya preferido dar por acabada la fase de errar por el desierto y asaltar la tierra prometida. En esto debo comprender y hasta disculpar al independentismo: ¿qué sentido tiene seguir peregrinando, con La Meca ya a la vista? Como ha escrito Martín Alonso, todo el Proceso puede verse así, como el paso del catalanismo del éxito al éxtasis.[19] Si todo nacionalismo inculca, como dijo Pierre Trudeau de su Quebec, una mentalidad de ciudadela asediada, el catalanismo inyecta además una dosis de melancolía de exiliado: se predica un encaje en España al tiempo que nunca se permite pensar que el encaje ya se haya producido. Las demandas de más autogobierno siempre han de estar vivas, como en el pebetero ha de arder perenne la llama del agravio y la incomprensión. Ulises no ha de llegar a Ítaca; Penélope debe seguir tejiendo.

Como poco, podríamos ponernos de acuerdo en que el catalanismo es una militancia en la identidad catalana. Militancia que ciertamente fue necesaria en el pasado, cuando la catalanidad fue objeto de un brutal intento de asfixia por una dictadura antiliberal y antipluralista. Pero lo que fue justo y necesario en el ayer bien puede ser prescindible o contraproducente hoy, recuperada la autoestima y la libertad plena para cultivar las tradiciones culturales propias de Cataluña. Al animar a los catalanes a seguir militando en su catalanidad, en lugar de vivirla de forma espontánea y sin énfasis innecesarios, el catalanismo hace creer a los catalanes que el Estado español del que son ciudadanos aún plantea algún tipo de amenaza o riesgo a su identidad más íntima. Genera así en no pocos una actitud refunfuñona, quejumbrosa, autorreferencial, por momentos paranoide: emprenyada, por decirlo con una palabra del gusto de un famoso periodista catalán. A través de su educación en el catalanismo, el catalán vive su identidad española como algo problemático y necesitado de permanente revisión. Por lo demás: como algo accesorio y de valor residual. En definitiva, el catalanismo, ejemplo cabal de discurso performativo, genera el mal que profetiza y tras inocular el virus de la desafección se presenta luego como su cura y remedio. Como los tipos de trastornos que los médicos llaman facticios, donde los síntomas son reales pero la enfermedad no, el catalanismo instala a los catalanes en una frustración colectiva autoinducida: la insatisfacción eterna de ser y no ser españoles, en lugar de gozar al máximo y sin trauma su doble identidad catalana y española (como parecen hacer sin problema, por ejemplo, la mayoría de gallegos). Al catalán, en cambio, se le socializa desde la cuna en este triste binomio: o bien España nos odia o bien España no nos comprende. Ninguna es una forma sana de vivir la propia identidad y uno puede entender las razones por las cuales tanto catalanes independentistas como no independentistas, coincidan, por razones opuestas, en querer salir del hospital identitario del catalanismo: ser españoles y catalanes, o ser sólo catalanes, pero sin desazones ni conciencias divididas. Porque puede que el catalanismo no sea un nacionalismo, pero sin duda es una hipocondría. «¿Seré yo español?», se preguntaba el legendario Gaziel durante la dictadura de Primo de Rivera. El catalanismo pretende tener a los catalanes haciéndose esa misma pregunta en la España democrática de 2018, un país reconciliado con su diversidad interna. Un morbo innecesario que retiene a Cataluña en su fase introspectiva y melancólica y en conflicto con España.

Algunas definiciones más literarias y recientes del catalanismo inciden en la idea del pacto o del encuentro: «Una tradición que nace, más que para unir, para reunir: para congregar catalanes de diversas y de orígenes variados en una sola comunidad cívica»[20] decía hace poco un columnista de La Vanguardia. La clave se da al final: una sola comunidad cívica. Pero de nuevo, el catalanismo extiende cheques con fondos inciertos. La comunidad nunca ha sido cívica —es decir, una que quisiera hacerse cargo del pluralismo identitario y visualizarlo, por ejemplo, en una educación bilingüe— sino nacional o étnica —de ahí esa insistencia en la escuela monolingüe y la prioridad oficial del catalán sobre el castellano—. Tampoco hubo pacto, ni implícito ni explícito, entre catalanes autóctonos y catalanes con raíces familiares en el resto de España: la hegemonía del catalanismo no era fruto del consenso sino de la apatía (los ciudadanos de menor renta, en este caso los catalanes inmigrados, participan siempre menos en política) o de la indiferencia (porque la coexistencia de un ecosistema político español y uno catalán les permitía reflejarse en aquél y no en éste: de ahí el famoso diferencial de abstención que durante muchos años tuvieron los votantes socialistas en las elecciones generales y autonómicas). Por último, no está claro que el catalanismo haya integrado tanto como pregona: la desigualdad socioeconómica entre catalanes castellanohablantes y catalanes catalanohablantes atestigua la pervivencia de barreras culturales, que se traducen, entre otros ámbitos, a la hora de acceder a posiciones de relevancia política, donde los catalanes con raíces familiares en el resto de España parecen estár en minoría.[21]

El primer catalanismo político, de preguerra, fue fruto de la eclosión tardía de las ideas nacionalistas de filiación romántica en España. Un proyecto político, más regionalista o más nacionalista en función de la persona que lo encarnara, que extrajo parte de su predicamento de la crisis de prestigio de la España de entresiglos, una potencia que perdía los restos de un imperio cuando otros países europeos adquirían el suyo. El segundo catalanismo, el de posguerra que nos llega hasta hoy, ha sido principalmente un proyecto de asimilación cultural. Un proyecto que tuvo en sus orígenes, digámoslo rápido, mucho de comprensible y hasta de razonable. A causa de la transformación económica de España durante el franquismo, Cataluña y en concreto la ciudad de Barcelona, se convirtió en uno de los focos de atracción migratoria más importante de Europa. Las cifras son elocuentes. Si en Cataluña había en 1950 3.218.593 almas, en 1975 esa cifra casi se había doblado, llegando a 5.660.393 habitantes. Ese año, un 48 por ciento de la población catalana mayor de veinte años había nacido fuera de Cataluña, porcentaje que era mucho mayor en ciudades industriales. El temor a que se produjera una ruptura perdurable de la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas separadas estaba justificado. Era necesario inculcar en los catalanes llegados de fuera un cierto aprecio por la cultura vernácula de manera que ésta no fuera arrinconada. Hay razones para pensar que fue una operación exitosa. Aunque todos los catalanes, sea cual sea su genealogía, tienen historias de menosprecios cruzados, cada una de las comunidades mostró, en general, un talante abierto y moderado: con las excepciones que se quieran, los inmigrantes del resto de España llamaron a sus hijos Jordi o Manel, y quisieron que aprendieran catalán; los autóctonos no incurrieron en graves desprecios o humillaciones o, al menos, ésta no fue la tónica dominante. Primó la convivencia y la deferencia mutua.

Pero de nuevo, cabe la misma objeción: si el flujo de las migraciones internas ya se detuvo, si las oleadas precedentes ya se integraron, si hoy también la oposición a la independencia se expresa en pulcro catalán, ¿por qué el catalanismo habría de seguir siendo necesario? Tanta insistencia en ser un sol poble sólo puede deberse a que el proyecto ya no es de asimilación, sino de sustitución: el recuerdo de la identidad española debe olvidarse. Y es que subsiste en el catalanismo un cierto miedo al pluralismo, bien expresado en la expresión del pal de paller, al que habría de agarrarse con fuerza so pena de desmembración, como si el paso de la gemeinschaft a la gesellschaft, de la comunidad a la sociedad, se fueran a perder lenguas y culturas cuya vitalidad sólo depende de la voluntad de sus legatarios, y no de la imposición. Éste es un miedo, por otro lado, que recorre toda Europa: el que está provocando un movimiento de sístole identitaria en el corazón del continente.

Por ello discrepo de quienes creen que el procés independentista es una herejía del catalanismo, cuya senda, si es retomada, nos conducirá a las tranquilas praderas donde los consensos son transversales. Al contrario, creo que la explosión independentista es la consecuencia natural y esperable del programa catalanista, de haber querido recorrer la senda hasta el final. Los supuestos consensos no eran tales, sino sencillamente la expresión de la hegemonía nacionalista inobjetada, porque los partidos que hubieran debido representar a la parte disconforme o sencillamente indiferente a la construcción nacional catalana —los estratos mas humildes de la población catalana— renunciaron a hacerlo y prefirieron ingresar en el selecto establishment del catalanismo. Si alguna vez fue posible articular un catalanismo no nacionalista, la apuesta no cuajó y tiendo a estar de acuerdo con Francesc de Carreras cuando sostiene que, en adelante, «el catalanismo es un término que debe reservarse a quien se lo ha apropiado, el nacionalismo identitario».[22] Entre otras cosas porque federalismo y catalanismo son difícilmente compatibles si se insiste en definir el catalanismo como lo hacía Laia Bonet en un reciente artículo: «La voluntad de autogobierno del pueblo de construir una comunidad política diferenciada que adopta sus decisiones por sí misma sobre los aspectos clave de su identidad colectiva».[23] ¡Parece una buena definición de independencia! La praxis, en todo caso, la conocemos: unilateralidad a la hora de definir los rasgos de la catalanidad y voluntad de vivir de espaldas al resto. De nuevo, el imposible melancólico: ser independientes dentro de España.

La revolución independentista ha conseguido sacar de su letargo a muchos ciudadanos que ahora están dispuestos a expresar en voz alta su discrepancia de un pacto catalanista e impugnar su carácter transversal. El complejo político-mediático del nacionalismo reacciona airadamente a estas señales del mal humor y protesta. No están acostumbrados a que se visualice un disenso que durante décadas el sistema mediático, cooptado en su casi totalidad por el nacionalismo, ha sofocado. Se tacha a los disidentes de conflictivos. Pero no lo son. Tampoco quieren partir por la mitad Cataluña ni replicar las políticas identitarias del catalanismo, ahora sobre un eje españolista. Aspiran, sin más, a verse mejor representados en la escuela, en la televisión, en el parlamento. Se quieren catalanes y españoles y desean renegociar los términos de una convivencia en que todo el valor estaba en ser lo primero y todo el desvalor en ser lo segundo. Si consiguen equilibrar la ecuación, y que la Cataluña oficial se parezca más a la Cataluña real, entonces, quién sabe, quizá sean esos partidos, supuestamente anticatalanistas, los que hagan verdad la promesa de que el catalanismo no es un nacionalismo: habrán salvado a Cataluña de ser mutilada en su tradición mestiza y de ser privada de su verdadera singularidad, que es la de ser una sociedad compleja en la que confluyen dos grandes tradiciones políticas y culturales. Habrán retomado la bandera de un catalanismo que, si ha de seguir siendo útil después del procés, solo puede ser definido, con luminosas palabras de Joaquim Coll, como un movimiento capaz de tomarse tan en serio el lugar de España en Cataluña como el de Cataluña en España. Un catalanismo que entendiera que también Cataluña debe esforzarse por mirar de comprendre i estimar les raons y les parles diversas del seus fills.

Aunque entonces cabe preguntarse si no sería bueno dejar de militar en la identidad. Porque si buscamos una solución para el problema territorial es precisamente para que se pueda ser catalán y español sin engorrosos énfasis ni militancias a tiempo completo: es decir, sin catalanismos ni españolismos. Acaso nos podamos permitir entonces ser europeístas, en tanto la europea, y no otra, sería la única de nuestras identidades concurrentes, que quedaría inacabada y por construir.

“Hay que reforzar el autogobierno”

Como en tantas ocasiones, se supone que hay un fondo de verdad en las reclamaciones de los nacionalistas. El conflicto ha estallado porque no se han cedido suficientes competencias. Si transferimos un poco más de poder y dinero, seguro que lo arreglamos.

Ya lo hemos dicho: el autogobierno de Cataluña es real y profundo. Como dice Cesar Colino: «Cataluña disfruta en su Estatuto de competencias típicamente atribuidas a las entidades subestatales como agricultura, medioambiente, educación, sanidad, cultura, vivienda, turismo, planificación territorial, gobierno local, funcionarios o radio y televisión. Sin embargo, ejerce también competencias típicas de los gobiernos centrales en otros países como derecho civil, policía, seguridad, tráfico, prisiones, administración de justicia, inmigración, crédito y banca, propiedad intelectual, protección de datos, u otras relacionadas con los derechos políticos como las consultas ciudadanas, políticas de género o las relaciones con entidades religiosas, además de una potente acción exterior».[24]

Existen, por tanto, numerosas políticas dentro de sus competencias que la Generalitat puede usar para mejorar la vida de los catalanes. Pero la realidad es que el autogobierno interesa de manera principal al nacionalismo como púlpito de predicación ideológica y palanca para la progresiva colonización de la sociedad civil, a través de un poderoso presupuesto (la Generalitat gestiona unos 38.000 millones de euros al año). Tras la aplicación del artículo 155 tuvimos la comprobación de que la gestión de los servicios públicos tiene para los independentistas una importancia relativa. La formación del nuevo gobierno que pondría fin a la suspensión de la autonomía se demoró cinco meses porque los partidos independentistas no se ponían de acuerdo en quién controlaría lo que de verdad les preocupaba: la televisión pública, punta de lanza de su estrategia de hegemonización.

Esto no significa que el autogobierno deba ser limitado: existen numerosos servidores públicos catalanes que hacen un excelente trabajo pensando en el bien de la ciudadanía. Pero ésa no es la mentalidad que preside la conducta del líder independentista. Para él, cada nueva parcela de poder conquistada es una ocasión para poner en práctica su plan B. Si el plan A era sacar a Cataluña de España, el plan B es sacar a España de Cataluña.

Durante los años del Procés hemos visto cómo una Generalitat controlada por el nacionalismo no ha dudado en emplear los poderes públicos de los que era titular contra una parte de la ciudadanía catalana. Las escuelas se han usado como focos de irradiación de propaganda política, con duros momentos de crueldad hacia alumnos de padres no nacionalistas; la policía autonómica ha espiado a ciudadanos disidentes y opositores, y ha desobedecido en momentos cruciales mandatos judiciales; las oficinas de la Generalitat en el exterior se han dedicado a mentir sin recato sobre la realidad de España con el objeto de minar el prestigio de la democracia española; el gobierno catalán ha desviado cuantiosas sumas de dinero para financiar fines no compartidos por una mayoría clara de sus ciudadanos; en fin, el poder legislativo catalán ha usado su facultad de hacer leyes para derogar, fuera de los cauces establecidos, las leyes vigentes y democráticas que los catalanes se habían dado: la Constitución y el Estatuto.

Muchos ciudadanos catalanes saben que cada parcela adicional de poder que se concede a la Generalitat en detrimento del Estado es puesta al servicio de un proyecto de coacción identitaria: se reduce el margen del que dispone el Estado para intervenir en la vida de los catalanes, hasta el punto de que éstos lo ven como algo ajeno y prescindible. Por lo mismo, ahora la solución para el problema catalán no pasa a medio plazo por menos Estado, sino más Estado en Cataluña. Es necesario visualizar que existe una identidad federal compartida, poderes públicos en común con el resto de los españoles con la capacidad de intervenir en beneficio del bienestar de los ciudadanos y de hacer de contrapeso de los abusos de las autoridades locales y más próximas. Por tanto, no es éste el momento de «reforzar el autogobierno»: no sólo premiaría la deslealtad, lo cual es injusto; también pondría en manos de los nacionalistas más herramientas para ejecutar, con menos diques y cortapisas, su proyecto de separación. Si lo que se quiere es llevar a cabo una política de gestos hacia la sociedad catalana, algo que es inteligente, también tiene que ser inteligente la forma en que se haga: estos gestos deben ser de tal naturaleza que no debiliten al Estado; si lo debilitan, son gestos para con los líderes independentistas, que no es lo mismo.

Cataluña no necesita necesariamente más autogobierno. Lo necesita mejor. Mejor significa en estos momentos más tutelado, no menos, de manera que se ejerza con más garantías hacia la ciudadanía. En el futuro, una vez se haya restaurado la lealtad y confianza mutua, mejor puede significar más autogobierno en algunas áreas, pero quizá menos en otras, porque algunas funciones públicas se administran mejor en la cercanía y otras en la distancia. Tampoco es políticamente deseable que el nivel de gobierno compartido desaparezca. Ningún federalista debería querer que el peso del Estado en su comunidad sea mínimo o invisible. Me permito insistir: importa lo mismo el autogobierno de lo propio como el de lo común, el self y el shared rule. A lo mejor el autogobierno que hay que reforzar una temporada es el que se tiene en común.

“... entre España y Catalunya”

Los nacionalistas catalanes han tenido un gran éxito al enmarcar la conversación pública española e internacional sobre la crisis catalana. Su mayor triunfo ha sido lograr que nos refiramos a la crisis como un «conflicto entre España y Catalunya». No reprocho tal manera de hablar a los nacionalistas: en su boca, es una forma coherente de discurso, porque ciertamente para ellos España y Cataluña son dos universos opuestos y discontinuos. Pero resulta absolutamente impropio en quien no es o dice no ser nacionalista hablar de «Cataluña y España». Si uno está convencido de que la realidad de Cataluña forma parte, por razones históricas, culturales, sociales, políticas y morales, de la realidad de España, entonces debe hablar de «Cataluña y el resto de España» o «Cataluña y el conjunto de España». Cierto: intuyo que en muchas ocasiones pesa más el deseo de aligerar el verbo que la obsecuencia con el nacionalismo. A menudo en nuestra forma de hablar sacrificamos la precisión en aras de la economía. Pero no es ésta una ocasión para ser perezosos.

De manera análoga, no debemos caer en el error de hablar de «Cataluña» y «los catalanes» cuando nos referimos a su amplio sector independentista. Hoy mismo, leo en el periódico el confundido titular: «el gobierno ofrecerá diálogo a Cataluña», cuando lo cierto es que la propuesta de dialogar se ha lanzado sólo a los líderes independentistas, que no pueden ser tomados como símbolos del entero conjunto de los catalanes, como si catalanes no lo fueran también los catalanes no independentistas (con quienes, me atrevo a sugerir, «Madrid» debería dialogar también de vez en cuando, sólo sea por variar). Un ejemplo: durante décadas se consintió en dar al grupo de diputados nacionalistas catalanes en el Congreso el nombre de «Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana», eclipsando así el hecho de que el número de diputados catalanes repartidos entre los demás partidos españoles siempre ha sido mayor que el de diputados nacionalistas. La figura en teoría literaria se llama sinécdoque y consiste en tomar la parte de todo. De nuevo, es normal que un nacionalista catalán pretenda arrogarse la representación del conjunto de catalanes, fideicomisario único y legítimo como se cree de la nación catalana, pero nadie que no sea nacionalista debería pasar por el embudo de la sinécdoque y, al contrario, habría de estar alerta siempre para denunciarla. Por desgracia, rara vez medios y políticos se cuidan de no pisar la trampa.

Recuerdo como, durante una entrevista televisiva, el presidente Mas dijo que el gobierno español tendría que tomar ejemplo del británico, que acababa de autorizar un referendo de independencia en Escocia. «Mire cómo son las cosas, que los escoceses han perdido», dijo Mas, dando a entender que los vencedores de aquel referéndum en el que ganó la opción de permanecer en el Reino Unido no eran genuinos escoceses. Habría estado bien que la famosa entrevistadora se lo reprochara; pero calló: la sinécdoque fraudulenta pasó la aduana.

“La lengua española no está perseguida”

La lengua española no está perseguida en Cataluña. Eso es absolutamente cierto. Ni en Cataluña ni en ninguna otra parte del mundo. Pero quien nos tranquiliza de ese modo está refutando lo que no se ha dicho. El reproche habitual dirigido a las élites del nacionalismo catalán no es el de que persigan el uso de la lengua castellana, sino el de que la hayan excluido del ámbito de los servicios públicos, y muy particularmente en el de la enseñanza, donde el español, lengua materna de más de la mitad de los catalanes y sentida (también) como propia seguramente por más, tiene un papel marginal y vergonzante. Excluir no es tan brutal como perseguir, pero no es una práctica admirable.

La historia ha hecho de Cataluña una sociedad bilingüe. Una parte pequeña de esa historia responde a medidas legales y administrativas autoritarias que tenían por objeto implantar el español o castellano como lengua oficial en territorio catalán. Pero ninguna lengua arraiga a golpe de decreto. El español es una koiné, una lengua franca, acuñada en zona vascohablante para uso de centropeninsulares y que se expande en todas direcciones a partir de la Baja Edad Media y el Renacimiento.[25] Su uso por parte de las élites cultas catalanas viene de antiguo y data de una época en la que los monarcas no se preocupaban de la lengua que hablaban sus súbditos (ellos mismos podían tener querencia por otra, juzgada más culta o elegante). Más tarde, a finales del siglo XVIII, la lengua española se expande decisivamente en Cataluña gracias a la creación en Barcelona de un emporio comercial transoceánico. La prosperidad, la bonanza y la ambición comercial hicieron por la expansión del español en Cataluña mucho más que ninguna medida administrativa dictada desde la capital. Joan Lluís Marfany[26] ha documentado de manera abrumadora que la diglosia que desplaza al catalán a favor del castellano tiene su inicio durante los primeros compases de la Renaixença, cuando la burguesía catalana acepta de grado el español como vehículo de comunicación comercial predilecto.

Nada de esto importa mucho. Tampoco niega o impugna el hecho cierto de que la lengua catalana, «generoso brote del tronco latino» en palabras de Menéndez Pelayo, fuera objeto de menosprecio secular entre las élites del Estado y que, especialmente durante la dictadura, fue cercenada injustamente en sus posibilidades de uso y confinada con desprecio al ámbito familiar.

Lo que importa, como decíamos, es que Cataluña es una sociedad bilingüe. Una gran parte de la cultura catalana está escrita en catalán. (Sergio Vila Sanjuán acaba de publicar un importante libro al respecto.)[27] Sólo al oneroso precio de privarse de autores tan importantes como Boscà, Capmany o Marsé, por citar tres ejemplos de tres siglos distintos, se puede negar la evidencia de que otra buena parte de la cultura catalana está escrita en español.

Las autoridades autonómicas controladas por partidos nacionalistas no han sido tan bestias como para perseguir el uso del castellano en las comunidades que gobiernan. Hubiera sido, en todo caso, un empeño fútil, como fue fútil el intento en ciertos momentos de la historia de que los catalanes dejaran de hablar catalán por las bravas. Pero sí han hecho todo lo que ha estado en su mano para trasladar el mensaje a los catalanes de que el español es algo impropio o extraño en Cataluña. La co-oficialidad del castellano ha sido vaciada de contenido, quedando excluida de la escuela, de los medios y de los premios o subvenciones que concede la Generalitat. Esta exclusión —de nuevo, incomprensiblemente apoyada por partidos federalistas— tiene el propósito antifederal de adelgazar esa parte de su identidad cultural que los catalanes tienen con el resto de los españoles.

Es cierto que la lengua española no está perseguida en Cataluña. Pero está excluida de la mayoría de espacios y ambientes oficiales, y no por descuido, sino con método e intención política. Es decir, hay un problema serio que no se resuelve silbando y mirando al techo.

“La inmersión lingüística es un modelo de éxito”

Tópico repetido setenta y cuatro millones, ochocientas noventa y siete mil quinientas cincuenta y tres veces —y la cifra habrá aumentado, lector, al terminar de leer esta frase— es que la inmersión lingüística —el modelo según el cual la enseñanza pública en español queda proscrita en Cataluña— es un modelo de éxito, indiscutido, avalado internacionalmente, y que garantiza, al final del ciclo escolar, el dominio de las dos lenguas, catalán y castellano.

Es mentira.

A tal punto es mentira que sólo un ejercicio de autohipnosis —la otra opción es el cinismo— puede llevar a afirmar que hay algo cierto en la empalizada argumental con el que protege el mito de la inmersión lingüística, convertida hoy de manera simultánea en el tótem y el tabú de la sociedad catalana.

De la «inmersión lingüística» es falso hasta que sea inmersión lingüística. Lo que el nacionalismo ha implantado en Cataluña es un sistema de educación monolingüe y uniforme, al menos para todo alumno cuyos padres no puedan costear una educación privada. Para un alumno de lengua materna catalana la educación que recibe no es inmersiva, porque en casa ya habla el catalán. Para un alumno de lengua materna castellana, la educación es inmersiva, pero bajo una modalidad inédita, porque los esquemas de inmersión en el resto del mundo suelen ser voluntarios.

La inmersión lingüística no es un modelo de éxito: los resultados académicos de la escuela catalana son mediocres, tal y como sugieren los informes PISA y particularmente malos entre los alumnos de lengua materna castellana. No es, como se dice, un modelo vigente desde hace décadas: su implantación ha sido gradual y se ha endurecido conforme el nacionalismo penetraba en la escuela. No está avalada internacionalmente: Cataluña es el único territorio autogobernado y bilingüe del que se tenga noticia, junto a Groenlandia, que excluye la posibilidad de que una lengua cooficial y con arraigo en el territorio —en este caso, el español o castellano— sea vehículo de enseñanza. No concita un consenso universal: resulta objetada en privado por muchos padres y en público por no pocos, una minoría de los cuales emprende penosas batallas legales con gran coste personal para ver reconocidos sus derechos (por lo demás, no baja del millón la suma de votos a partidos que la cuestionan). Con todo, quizá la mentira más atrevida —versión actualizada del medieval credo quia absurdum— es que la inmersión lingüística garantice el dominio del registro culto de ambas lenguas al termino del ciclo. Y es que no hay —porque no interesa que las haya— pruebas homogéneas recientes que lo demuestren y sí hay, en cambio, creciente evidencia anecdótica de cómo los jóvenes catalanes hablan cada vez peor español en determinadas zonas de Cataluña. Evidencia anecdótica recogida, entre otros, por el hoy muy indepe Ernest Maragall, cuando era Consejero de Educación (negritas mías):

Efectivament, hi ha una discussió de quin és el millor moment per començar, hi ha una discussió perfectament legítima. Jo crec que estem en condicions d’aplicar la nostra norma de forma que resolgui bé aquesta qüestió. Vosté parlava d’uns nens de Banyoles abans; jo li parlaré d’uns nens de molt a prop dels de Banyoles, d’uns nois d’Olot que el diumenge els seus directius em demostraven les dificultats que tenien per fer una presentació pública en castellá en un concurs internacional al Museu de la Ciència. Aquesta es la realitat que hem d’estudiar i que hem de combatre. (Rumor de veus). I ho farem, pel bé dels nostres ciutadans. N’estigui segura, senyora diputada.[28]

Por supuesto, es también una tosca mentira que los críticos de la inmersión lingüística deseen la fragmentación de la sociedad catalana y la creación de guetos monolingües. Porque la opción preferida por los críticos no sería la creación de una doble línea escolar, una en cada idioma (como sucede, por otro lado, en muchas democracias plurilingües) sino la oferta de una red de escuelas bilingües donde no se separarían los alumnos sino las materias: tantas en una lengua, tantas en otra. Entre los críticos de la inmersión no hay nada parecido a un odio o rechazo a la lengua catalana, como muestra el hecho de que muchos de ellos estarían dispuestos a aceptar que tan sólo el 25 por ciento de las clases, como ha dictado la jurisprudencia, se diera en español o castellano. En la práctica, tal objetivo se cumpliría simplemente dando una asignatura en español. Dice mucho del nivel de ofuscación que el nacionalismo ha inducido en la sociedad catalana que hasta contemplar esa humilde medida ponga cerca del aneurisma a los representantes del catalanismo.

A veces se oye decir a catalanes que han alcanzado una posición de prestigio en Cataluña que, proviniendo ellos de hogares castellanohablantes, deben el éxito profesional de sus vidas a la inmersión lingüística. Tal afirmación mezcla una verdad con una mentira. La verdad es que nadie que desee prosperar en Cataluña puede permitirse carecer de competencia lingüística en lengua catalana. Si existen todavía personas que creen que el catalán es un adorno prescindible, se equivocan de pleno. La mentira reside en considerar que sólo la inmersión lingüística les hubiera garantizado ese dominio de la lengua que tan útil les ha sido después. No hay ningún objetivo pedagógico que cumpla la inmersión que no lo pueda cumplir también un sistema de conjunción lingüística o de bilingüismo escolar. Sin embargo, sí hay un objetivo ideológico que la inmersión cumple y el bilingüismo no: adelgazar esa parte de su vida cultural que los catalanes tienen en común con los españoles, y en esa misma medida generar un distanciamiento afectivo con el Estado que se comparte. Una lengua se sentimentaliza; la otra se problematiza y queda marcada con el estigma de lo ajeno. Los nacionalistas saben muy bien que, si de manera diaria los escolares catalanes dieran una o dos clases en lengua española, de manera natural, se sentirían también parte de una comunidad política que tiene en el español su lengua común, su koiné. Por eso se resisten con ira de basilisco a aceptar tal posibilidad. Por su parte, los federalistas deberían apostar por el bilingüismo escolar, y no sólo por razones pedagógicas, sino también —no nos engañemos— análogas razones políticas de signo contrario: para potenciar el sentimiento de identidad dual, una identidad federal compartida que también se trenza con materiales culturales.

La ceguera voluntaria de la izquierda federalista ante el objetivo último de la inmersión lingüística —una más de las herramientas de separación puestas por obra del nacionalismo en Cataluña— se vuelve más dolorosa cuando se piensa que, con su aval acrítico a la inmersión, el federalismo está echando a perder no sólo un elemento de identidad en común, sino lo que habría de resultar más caro y valioso a una persona de izquierdas: las oportunidades. Tan cierto es que la ignorancia de la lengua catalana sustrae oportunidades a quien desee ganarse la vida en Cataluña o cualquier otro territorio de habla catalana, como que carecer de un buen dominio de la lengua española contrae significativamente el horizonte profesional de un chaval de Vic o de Berga. O del «nen de Olot» del que hablaba, ¿recuerdan?, Ernest Maragall.

Si el actual estado de cosas en Cataluña parece absurdo, es porque lo es. Pero añadamos al absurdo la guinda hiriente de la hipocresía: la primera plana del nacionalismo catalán no quiere para sus hijos el tipo de escuela que defiende con uñas, dientes y granadas verbales para el resto de los catalanes. Es conocido que los hijos de Artur Mas, Oriol Junqueras o José Montilla acuden a liceos extranjeros o prestigiosos colegios de élite donde no rigen los limitantes rigores de la inmersión. Los catalanes tendrían que empezar a bajar su umbral de tolerancia con el nivel de fariseísmo que soportan en sus líderes.

En suma: la inmersión lingüística no es ningún modelo de éxito. No es ningún modelo razonable. Es una anomalía puesta al servicio de un proyecto de separación y tengo la sensación de que los catalanes, que ya han empezado a rasgar el tabú, también pronto derribarán el tótem. Al final todo se resume en la sencilla ecuación que nos vuelve a ofrecer Joaquim Coll: lo normal en una sociedad bilingüe es una escuela bilingüe.

Coda: «Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia... Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán». (Ramón Trías Fargas, dirigente histórico de CiU, en 1978, durante la Comisión Constitucional que debatía el Art. 3 de la Constitución.)

“Los dos lados”

El estilema por excelencia del lenguaje estándar sobre Cataluña es el que obliga, al condenar un aspecto de la táctica o el discurso del nacionalismo catalán, a realizar otra condena equivalente del nacionalismo español, en el mismo acto de discurso y aunque no venga a cuento. Es decir, para quitar hierro a la conducta de los independentistas, y ponerse a cubierto de una posible mirada reprobadora, se postula la existencia de dos nacionalismos equipotentes, equimalvados y equicensurables, causantes a la par (aunque más el español) de la penosa circunstancia en la que nos encontramos, echando mano de locuciones tan útiles como «los extremistas de ambos lados», «unos y otros», «dos nacionalismos que se retroalimentan», «separatistas y separadores», etcétera.

Ciertamente, ante un problema social complejo y enquistado en el tiempo, es probable que un análisis intelectualmente sincero conduzca a un reparto de culpas. Pero casi nunca será honesto repartirlas en la misma proporción, señal de haberse deslizado por la fácil pendiente que lleva a confundir la ecuanimidad con la equidistancia. En el tema que nos ocupa, la clave estriba en que mientras las muestras de nacionalismo catalán —y no precisamente de la variedad cívica— pueden multiplicarse a voluntad, las que debieran ser manifestaciones observables de nacionalismo español —que rutinariamente se asignan a PP, Cs y en menor medida al PSOE— no abundan en la misma medida. Ni de lejos.

También yo anticipo los cejos fruncidos, así que me esforzaré en probar lo que digo. Empecemos con lo más fácil de registrar y recordar, que son las declaraciones (queda entendido que me estoy refiriendo sólo a los años recientes):

«España nos roba» (López Tena, Solidaritat per l’Independencia), «El Estado nos veja» (Forcadell, Asamblea Nacional Catalana, luego presidenta del Parlamento Catalán), «La España subsidiada vive a costa de la Catalunya productiva» (Turull, CiU, luego Conseller), «En Andalucía no paga impuestos ni Dios» (Puigcercós, ERC, diputado), «La corrupción en Cataluña es una consecuencia de la españolización del país en las últimas décadas» (Cardús, Consell Nacional per a la Transició Nacional), «Esos padres [que desean una educación bilingüe] están maltratando a sus hijos» (Casals, Omnium Cultural), «Los españoles son españoles, y por el hecho de ser españoles, son unos chorizos» (Oliver, exdirector de TV3), «Muera el Borbón» (Tardà, diputado de ERC), «Cataluña sufre un genocidio cultural» (Terricabras, eurodiputado de ERC), «España es una anomalía histórica, de espíritu autoritario» (Mascarell, PSC, Delegado de la Generalitat en Madrid); «Apadrina a un niño extremeño; un 8,7 por ciento del PIB catalán no le es suficiente» (Sunyé, ICV), «El PP y Ciutadans quieren liquidar Cataluña con mentalidad imperialista» (Homs, CiU, diputado), «Nuestro gran aliado es el ADN español, porque ellos no pueden evitar pues... esa actitud dictatorial, impositora, de mala leche, de guardia civil..., no lo pueden evitar y por tanto eran incapaces de negociar nada» (Sala i Martí, economista y tertuliano); «Los castellanos llevan en sus genes la aceptación natural de ser unos mandados: eso no ha cambiado y nunca cambiará» (Ximenis, candidato de la CUP a la alcaldía de Arenys de Munt), «Arrimadas, vete a Cádiz» (De Gispert, presidenta del Parlamento); «Animar a los padres a reclamar bilingüismo es un acto de guerra» (Marc-Álvaro, columnista de La Vanguardia y tertuliano); «Están matando a Cataluña y tenemos que reaccionar (Joan Laporta, expresidente del Fútbol Club Barcelona), «La caza del catalán está bien vista en el coto español y da réditos a estos bocazas» (Pilar Rahola, columnista en La Vanguardia y tertuliana), «Nos quieren romper las piernas» (Artur Mas, presidente de la Generalitat) «Los invasores serán expulsados de Cataluña» (Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat), «Los españoles sólo saben expoliar» (Quim Torra, presidente de la Generalitat).

Dejemos de lado el hecho notable de que esta epidemia de odio antiespañol haya podido circular sin consecuencias para nadie en los medios en España.[29] Lo que nos interesa aquí es saber si es posible compilar una lista pareja de exabruptos procedentes de un conjetural y simétrico «nacionalismo español». Cierto: infundios y estupideces también se profieren desde «España». Puedo asegurar que en mi presencia no quedan impunes. Pero en toda discusión honesta las proporciones importan. Me resulta difícil creer que un investigador imparcial pudiera reunir pruebas análogas de etnicismo y violencia verbal en personas con similar representatividad en la sociedad o los partidos de ámbito español, y probar así que, frente a la parafernalia discursiva y simbólica del nacionalismo catalán, está vigente y activa otra «españolista» de signo opuesto, pero tan dañina e intransigente como la primera.

En realidad, el trabajo de campo del investigador que quisiera confirmar o refutar el tópico de los dos nacionalismos, debería desbordar el campo de las declaraciones. Para verificar la equivalencia entre nacionalismos habría que localizar en el gobierno central español el deseo declarado de su contraparte de saltarse las leyes; constatar la existencia de una televisión pública española que, de forma mansa y obediente, irradiara propaganda sectaria como la de TV3 —e impusiera en su libro de estilo decir cosas ortopédicas como «la Comunidad Autónoma Catalana» para evitar decir «Cataluña», suprimiera sus programas en catalán para retransmitir sólo en castellano, y no perdiera ocasión de mostrar en un mapa el territorio irredento de Gibraltar—; haría falta también estudiar si las efemérides se celebran a un lado y otro con igual parafernalia (y no parece que, por señalado ejemplo, el bicentenario del 2 de mayo de 1808 —teórico punto álgido del nacionalismo español y fecha cuya celebración el Estado no impone— se celebrara con la loca mitomanía con que se celebró en 2014 el tricentenario de 1714). Por descender al terreno deportivo (algo pertinente por cuanto en Cataluña la política no es otra cosa que la continuación de la pasión deportiva por otros medios) habría que comprobar si el Real Madrid tiene también la pretensión de ser algo más que un club de fútbol y si su directiva prodiga opiniones políticas como las del Barcelona; y mírese de paso si la prensa deportiva castiza (que no hay que creer vacunada contra la paranoia) es tan cicatera refiriendo las gestas culés como lo es la catalana con las merengues. En el terreno del arte, bastaría, si la equivalencia fuera cierta, con encontrar a Joaquín Sabina metido en política como Lluís Llach. Pruébese también que en los carnavales andaluces se simulan ejecuciones o se quema en efigie a políticos catalanes; examínese, en fin, si en Madrid hay cada año marchas nocturnas con teas ardientes, si la pasión vexilológica ha arrasado por igual la estética de los pueblos de Castilla y Cataluña o si existe algo en Burgos equivalente a las consignas políticas voceadas por megafonía desde los campanarios de Vic.

Y si resultara que mi análisis fuera erróneo, y de todo ello hubiera muestras en ambos bandos y fuera así posible identificar la vigencia operativa entre nosotros de un nacionalismo español excluyente, entonces aún sería posible denunciar la existencia de un deshonesto doble rasero: el que envía al purgatorio a un ministro que habla de «españolizar» pero aplaude a una consejera que quiere «catalanizar»; el que exige la pronta y necesaria condena del asalto de unos ultras a un lugar tan querido para mí como Blanquerna en Madrid, pero deja sin condena los ataques a las sedes de los partidos constitucionalistas en Cataluña.

En suma: cuando en la conversación sobre la crisis territorial recurrimos al expediente de sacudir a «los dos lados», adoptamos una postura fotogénica al caro precio de faltar a la verdad. No es cierto que haya en España un proyecto nacionalista español de raigambre etnolingüística equivalente al catalán o al vasco. Por fortuna, la fase excluyente y delirante del nacionalismo español quedó atrás hace tiempo y fue superada por la Constitución de 1978. Y no deja de tener gracia que a veces se objete que lo que impone el Estado es un «nacionalismo banal» (en el sentido que da a esta expresión Michael Billig) como si no fuera ese nacionalismo banal español de «los unos», del tipo que conlleva ver banderas colgando de balcones oficiales, algo mucho más inocuo y llevadero que la variante romántica, coactiva y excluyente de «los otros».

“El PP es una fábrica de independentistas”

Lo que fabrica independentistas es darles la razón. Dársela, queda entendido, cuando mienten, exageran o se equivocan, que es un número que en tiempos recientes se aproxima al 100 por 100 de las veces. ¿Qué incentivo podría tener un votante independentista en cambiar de ideas si ve que los políticos españoles, por puro partidismo, le dan la razón en su lista de agravios en lugar de refutarlos o devolverlos a su justa medida?

La especie de que «el PP es una fábrica de independentistas», repetida ad nauseam en los primeros compases de la crisis independentista, es algo peor que una consigna banal. Es un error estratégico de calado en la causa de la unidad, al reforzar el marco cognitivo que busca dar cobertura a la secesión: el independentismo como reacción entendible a la agresión injustificable de la derecha española, travestida de «derecha extrema» para redondear el cuento de terror.

Cualquier observador ecuánime entiende que no hay más fábrica de independentistas que la operada día y noche por los propios independentistas. Su cadena de montaje se basa en la vieja y probada táctica de la inducción paranoica, en acertada síntesis de Albert Boadella: la creación de un enemigo tan amenazante como imaginario, ante el cual hay que defenderse. Cada vez que un político de la izquierda ha dicho estos años que «el PP fabrica independentistas» o ha dado pábulo a su supuesta «catalanofobia» (y habrán sido unos millones de veces) ha hecho un flaco favor al constitucionalismo: certificando la existencia del monstruo, justificaba la opción del votante independentista, autorizado a ver en la secesión no un proyecto insolidario fundado en la vanidad, sino un plan de huida de un país donde puede gobernar un partido terrible de «derecha extrema», aupado por millones de votos cavernícolas que desean aniquilar la cultura catalana.

Ciertamente, aunque los responsables de la fábrica de independentistas sean los independentistas (¡no les quitemos ese mérito!), no es menos cierto que ellos saben usar cualquier pretexto como combustible para sus altos hornos. En esta categoría entran las torpezas del Partido Popular como la recogida de firmas contra la tramitación del Estatut de 2006. Pero pensar que esa campaña tuvo el poder calorífico suficiente para fundir el hierro que daría lugar a toda una generación de independentistas es una tontería. La fábrica funcionaba desde mucho tiempo antes y ha seguido a toda máquina después.[30] Aprovecha todo tipo de materiales, y no sólo se alimenta de equivocaciones del PP. Me atrevería a decir que no es menos la energía que ha extraído de la acción política de partidos como el PSC, Iniciativa per Catalunya o Podemos. Debemos recordar que no fue un partido independentista, sino el PSC, el que introdujo en el debate catalán, por obra de su conseller de Economía Antoni Castells, el asunto de las balanzas fiscales y el agravio económico. Recordemos también que fue este partido, de la mano del expresident Montilla, el que encabezó la deslegitimación del Tribunal Constitucional e indujo a sus votantes a pensar que habían sido víctimas de una grave afrenta. En cada ocasión en la que los líderes del socialismo catalán pudieron haber frenado el suministro de carbón para la famosa fábrica de independentistas, optaron por llevar una brazada más.

En general, y esto es lo que me gustaría remarcar, la certeza que me gustaría trasladar, la estrategia de demonización de la derecha democrática emprendida por la izquierda española durante la última década ha sido viento en las alas de la nave independentista. Si el nacionalismo necesita un enemigo para funcionar, el PSOE insiste en la extraña estrategia de proporcionárselo en la figura del PP y de Cs. No sólo ha ocurrido en España. Hace poco en unas jornadas barcelonesas un asesor escocés del gobierno laborista de Tony Blair confesaba que su mayor error en Escocia fue practicar la demonización del partido tory. El salto lógico para los electores escoceses fue identificar al Reino Unido con el Partido Conservador y pasarse en masa al independentismo. Se abrió una crisis constitucional en el Reino Unido y por el camino desapareció el laborismo de Escocia. ¿No es acaso lo mismo que ha sucedido en España?

Aunque la frase sobre la fábrica de independentistas ha caído en desuso, todavía es frecuente escuchar a personas de izquierda, sobre todo en sus careos con independentistas, fruto de una incapacidad que parece congénita de enfrentarse dialécticamente al nacionalismo, echar la culpa de todo a la derecha española. No sólo es una falsedad, es un error para los intereses de todos los que ansían que Cataluña siga en España. El reto de partidos como el PSOE o Podemos debe consistir en convencer a los catalanes de que España es un gran país en el que vivir y del que formar parte, también si lo gobierna el centro o la derecha.

“El independentismo es una opción legítima”

La palabra «legitimidad» vagabundea en la conversación pública española envuelta en una espesa niebla. No está muy claro qué se quiere decir con ella. En ciencia política, la legitimidad es la fuente de autoridad de la que se deriva la validez del ejercicio del poder. En sociedades democráticas, esa fuente es siempre el consentimiento de los gobernados, que se entiende conferido al respetarse los procedimientos legales previstos por el poder constituyente. No hay mucha diferencia en una democracia entre lo legal y legítimo, o, por decirlo más atinada y cuidadosamente: bajo un régimen democrático, del que podemos presumir la justicia de las leyes, lo ilegal es ilegítimo. La discusión, en cualquier caso, puede derivar en logomaquia.

Pero no necesitamos entrar en tecnicismos, puesto que en España «legítimo» no suele usarse en ese sentido técnico. Aunque nadie lo aclara, legítimo parece emplearse como sinónimo de «razonable» o «aceptable» o «digno de respeto». Como una especie de premio de consolación, al independentista se le dice que su opción es legítima siempre que respete los procedimientos. No es éste un uso que haya que rechazar necesariamente. Pero yo no diría que el independentismo es una opción legítima; diría que es una opción ideológica legal y allí me detendría porque no dudo en considerarla, en democracia, una reivindicación irrazonable, frívola y poco ética. Nada de eso cambiaría si un día al independentismo le da por cumplir con los procedimientos. Es decir, el problema con la locución «el independentismo es una opción legítima» es que rebaja el reproche a una mera cuestión de forma, en lugar de impugnar el fondo, como, si de atenerse al trámite establecido, la secesión pasara a ser un objetivo perfectamente aceptable.

Temo no estar de acuerdo. El asunto es nuevo indicio del miedo de muchos sectores de la sociedad española a plantar cara dialéctica a los nacionalismos subestatales. En nuestro ordenamiento constitucional pueden imaginarse propuestas ideológicas que teóricamente podrían ser perseguidas por partidos políticos legales que se presentaran a las elecciones, pero que pocos creerían opciones legítimas. Cuesta imaginarse un editorial de un periódico ponderando la legitimidad de una opción política que quisiera, qué sé yo, bajar al mínimo los impuestos a las rentas altas o prohibir la entrada a inmigrantes de determinados países, conminándole, eso sí, a no intentarlo por la vía unilateral. Nadie tiene la respuesta definitiva sobre la legitimidad del independentismo, pero por mi parte prefiero abstenerme de considerar legítimo un proyecto basado en el antagonismo social, la destrucción de los vínculos ciudadanos y el uso masivo de la mentira como arma de persuasión política.

“Soy independentista, no nacionalista”

La posibilidad de ser un independentista sin ser al mismo tiempo un nacionalista merece ser considerada. Teóricamente, si uno es partidario de las sociedades abiertas, libres de coacciones identitarias, pluralistas y basadas en el respeto a la diversidad cultural, se podría querer la independencia y trabajar para lograrla si la dependencia de un poder lejano y opresivo impidiera el surgimiento de una sociedad con esas características en el lugar donde vive o ha nacido. Es decir, es concebible que uno sea independentista y al mismo tiempo no profese ideas nacionalistas, pero tal cosa solo puede suceder en ausencia de libertad.

Pero si estamos de acuerdo en que España es un país libre, que no sofoca ninguna identidad cultural, entonces el deseo de independencia sólo puede originarse en la socialización en un ideario nacionalista. En otras palabras, nadie se hace en España independentista vasco o catalán sin pasar antes por la aceptación del ideario nacionalista: la interiorización de la condición de víctima o afrentado que no se condice con las condiciones objetivas en las que se vive, la desvalorización, a través de la mentira y la leyenda, de la comunidad política ampliada que se vive como una cárcel, y la creencia de que la libertad plena sólo puede lograrse en un Estado mononacional propio.

No, no se puede ser en España independentista y no ser nacionalista. Ambos conceptos se coimplican. Aunque entiendo que haya quien prefiera creerse en esa tesitura: el nacionalismo arrastra una pésima fama entre personas educadas y nadie quiere para sí esa etiqueta. La coquetería es entendible, pero las cosas son como son: si tu máxima preocupación es la homogeneidad lingüística de la comunidad, y si las fronteras de esa comunidad lingüística coinciden, no por casualidad, con las fronteras del nuevo Estado que quieres para ti —es decir, si el demos coincide sospechosamente con el etnos— entonces, no le des más vueltas: es más que probable que seas un nacionalista.

“Un nacionalismo no se combate con otro”

Ha sido una constante del antinacionalismo español ilustrado insistir en que uno no debe mancharse de nacionalismo para combatir el nacionalismo. Comparto la cautela. El problema es que una versión ingenua e hipo-condríaca de esa creencia da en pensar que deshacerse del nacionalismo, en este caso, del español, obliga a tirar también al cesto de la ropa sucia elementos que son irrenunciables para la constitución de cualquier comunidad política, como son los símbolos, el cultivo de la memoria de los mejores y una emoción civil de pertenencia moderadamente administrada.

El tema es complicado y yo mismo ando peleando conmigo mismo por la cuestión. Intentemos devanar la madeja.

Un Estado puede ser posnacionalista. Me refiero a un Estado cuyas élites hayan abandonado la pretensión de que su población concuerde, total o mayoritariamente, con una comunidad natural prejurídica, unida por lazos raciales, étnicos, lingüísticos o religiosos. Pero difícilmente puede un Estado prescindir de inculcar en sus ciudadanos un sentimiento comunitario que les haga sentirse comprometidos en una ciudadanía común, y del que brote un deber de cuidado y de lealtad, no sólo hacia las instituciones compartidas, sino también de unos hacia otros. A ese sentimiento la teoría política lo llama patriotismo republicano o constitucional y lo vincula a la supervivencia de toda república o Estado libre. Pero al hablar de patriotismo constitucional como una alternativa saludable al nacionalismo étnico hay que entender que el patriotismo constitucional no es un mero patriotismo administrativo: un tenue y aséptico asentimiento racional a un conjunto de leyes. La fidelidad a la Constitución, emblema de la libertad en común y núcleo del patriotismo, no puede prescindir ni de los símbolos de esa Constitución —el más elocuente de los cuales es la bandera—, ni de la memoria de la tradición constitucional. Es decir, al patriota no le hacen falta las leyendas milenarias del nacionalista, pero sí la historia cierta de los hombres y mujeres que nos antecedieron en la lucha por una patria libre; no el Cid Campeador, Santiago Matamoros o el Gran Capitán; sino Jose María Torrijos, Clara Campoamor o Adolfo Suárez. Si junto a la bandera y la memoria, germina en nosotros una emoción de pertenencia civil, no debemos avergonzarnos, como si nos hubiera entrado la ponzoña del nacionalismo, porque sólo de esa emoción de pertenencia puede brotar del deber de cuidado de nuestro Estado libre: el dolernos de sus defectos, el trabajar duro para su reforma y el evitar que lo tiremos por la borda.

Ciertamente, la dosis de patriotismo que los individuos modernos podemos soportar no es muy elevada. El patriotismo es algo a lo que el ambiente cultural de nuestra época es refractario; es normal y deseable que así sea: en la mayoría de los casos, los Estados democráticos son maquinarias administrativas que funcionan por inercia, y eso nos permite quedar absortos en los problemas y placeres de la vida privada, de los que es difícil sacarnos. El nacionalista, que no puede dejar de sentir su nación en peligro, lo es a tiempo completo; el patriota, sólo en momentos extraordinarios, cuando la libertad en común se ve amenazada. Vivimos en España uno de esos momentos extraordinarios: la existencia de la comunidad libre peligra y creemos que lo que vendrá tras su ruptura es algo peor y menos deseable que lo que tenemos. No hay ninguna razón para no hacer de ello una preocupación, usar, en la ocasión requerida, la bandera constitucional —que es, por cierto, la única bandera federal que tenemos— y tomar ánimo prestado de un sentimiento comunitario de unidad. No todas las banderas significan lo mismo, y así como hay emociones de odio y egoísmo étnico, hay emociones civiles que apelan a ideales democráticos y liberales. Un nacionalismo no se combate con otro, pero una de las dos ideas de nación o de patria, la civil o la étnica, ha de prevalecer. Proclamarse abstemio (Savater dixit)[31] en materia de comunidades nacionales es de nuevo una postura muy fotogénica que casi todos tenemos la tentación de adoptar, pero ni nos defiende de los viciosos de la identidad ni sirve para preservar el Estado libre al que pertenecemos.

“Hay partidos que viven del conflicto”

Hay partidos que viven del conflicto, claro: son los partidos independentistas. En tanto que partidos nacionalistas, su principal objetivo es mantener siempre viva la llama del agravio, no permitir jamás que un día la sociedad catalana dé por terminada la fase de su historia en conflicto con España. Para perpetuar la tensión, el nacionalismo no duda en hacer un uso industrial de la mentira, colonizar el espacio público, prescribir el ostracismo al disidente y, si se siente fuerte e impune, transgredir la ley. Por el camino, y dado que controla los resortes del poder y el presupuesto, la intelligentsia independentista vive literalmente del conflicto, extrayendo de él rumbosas rentas: canonjías, subvenciones, donativos y prebendas convierten su pasión en una industria.

Pero cuando se dice que hay «partidos que viven de conflicto» se intenta incluir en el lote a los partidos que con mas brío y coraje han plantado cara a los abusos del nacionalismo. Aquellos que, a menudo con considerable coste personal para sus miembros, asumieron la carga y tarea de acabar con la era de silencio estupefaciente y servil impuesta por la hegemonía nacionalista. Ha sido su actitud batalladora la que ha permitido recuperar posiciones en el espacio público, restañar la autoestima de los catalanes que se sienten españoles y despertar al resto de España y al mundo a la pluralidad catalana. Lo han hecho con escrupuloso respeto de la legalidad, con orgullo y valentía, y sin apenas caer en provocaciones. Con todo motivo, ahora velan para que no se produzca una salida en falso del conflicto, que restaure la ortodoxia nacionalista y su voz, preferencias y sentimientos vuelvan a ser preteridos en nombre de una supremacía travestida de consenso. Es mezquino —y ésta es la manera amable de decirlo— que la izquierda acuse a PP o Ciudadanos de ser partidos «que viven del conflicto»; no señor: son los partidos que se baten el cobre en una guerra cultural que no escogieron ni desataron.

La reciente liza del lazo amarillo es buena muestra. Si nadie en Cataluña hubiera salido a las calles a retirar del espacio público unos símbolos que, por ser de parte, no pueden aspirar a patrimonializar lo que es de todos, entonces se hablaría de un nuevo «consenso transversal» en Cataluña a favor de la liberación de «los presos políticos». Así se han impuesto los falsos consensos en Cataluña durante décadas: con el silencio de aquellos catalanes a los que se reservaba papel de meros figurantes en su comunidad. Ni puedo ni quiero tachar de conflictivos a quienes se rebelan sin violencia contra esa condición y se niegan a ser avasallados de nuevo.

“No hay que levantar muros”

En algunos desangelados manifiestos se alerta de la necesidad de no levantar muros entre ciudadanos. El muro ejerce de contrafigura del puente que debe ser tendido. No podemos estar más de acuerdo con el deseo de no alzar muros, murallas o barbacanas entre españoles (tampoco entre europeos). Pero me pregunto entonces porque parece que la solución para algunos sea levantar verjas de hierro forjado a través de competencias blindadas, límites a la solidaridad y laxos esquemas confederales: como si para evitar un desgarro, la solución fuera mantener las cosas unidas por un hilo.

“No existen las identidades colectivas”

He explorado hasta ahora tópicos del pensamiento superficial y consignista sobre Cataluña. Conviene también decir algo sobre un tropo habitual en el pensamiento del antinacionalismo: el que afirma que las identidades colectivas no existen.

En realidad, estoy de acuerdo. Como a Tony Judt, me cuesta creer que la palabra identidad conserve hoy por hoy algún significado político respetable. Sería interesante trazar el itinerario que hizo que la identidad se escapara del ámbito semántico que le es propio, el de la ontología, la lógica y la matemática, para ingresar en el universo de las ideas políticas.

Desde un punto de visto ontológico, la identidad es la relación de igualdad entre dos cosas, que resultan ser, por obra de la identidad, la misma cosa. El principio de identidad, una de las tres leyes de la lógica clásica, indica que toda entidad es idéntica a sí misma: a = a. Leibniz lo reformuló como principio de indiscernibilidad de los idénticos: si x es idéntico a y, entonces, todo lo que es cierto de x es cierto de y. No hace falta ir más allá: la lógica es disciplina filosófica que recuerdo con pavor.

Lo importante es que, así las cosas, se echa de ver que es difícil hablar incluso de identidad personal: conlleva suponer que entre nuestros yoes sucesivos en el tiempo media una relación de igualdad: que somos tal y como fuimos y tal como seremos, algo que nuestra biografía desmiente con rotundidad. Pero tal uso verbal podría darse por válido si entendemos por identidad personal la manera en que nos describimos a nosotros mismos: la serie de palabras que usamos para fijar nuestra autoimagen en un momento concreto, imagen que a partir de cierta edad puede estabilizarse.

Lo que resulta abusivo es pensar que esa igualdad pueda predicarse también de la relación entre nosotros y un colectivo de personas con las que quizá compartamos algún rasgo cultural o fisonómico, pero sin duda no el conjunto de nuestros atributos, o —por decirlo de manera quizá menos exagerada— con los que tengamos en común el participar de un arquetipo ideal, cuya esencia atraviesa los siglos sin censura, y que no puede ser más que una construcción ideológica artificial. El concepto de identidad colectiva (o cultural o nacional) se vuelve aún más estrafalario si pensamos que esa relación de identidad espacial se da también en el eje temporal: los catalanes de hoy estarían en relación de identidad con los catalanes de 1714, etcétera.

Todas estas objeciones se intentan salvar con componendas verbales. Se dice que la identidad es abierta o plural o múltiple o que evoluciona con el tiempo, o cosas así. Lo cierto es que ningún oxímoron es capaz de salvar el hecho de que su carga lógica hace que la identidad pida ser excluyente y exclusiva, inalterada e inalterable. Se es lo que se es. Todo ello convierte al concepto de identidad en un yugo que nos unce a un solo modo de ser, como si sólo pudiéramos calzar un tipo de zapato y no disponer de un armario lleno de ellos.

El concepto de identidad es tanto más inapto en sociedades modernas y pluralistas, donde, por obra de la comunicación y la imposibilidad del aislamiento, las filiaciones, las hebras de las que se teje nuestra personalidad, se acumulan y entrecruzan en una urdimbre cada vez más heterogénea. Los seres humanos somos una-cosa-y-la-otra, cuando el principio de identidad, cultural o nacional, nos obliga a ser una-cosa-o-la-otra. Cuando le pedimos al término «identidad» que signifique todo-lo-que-soy le estamos pidiendo algo que no puede darnos. Al contrario: al someternos a su férula, todo aquello que no entra en la horma ha de quedar fuera, porque no hay modo de que la identidad no fije su definición, o, cuanto menos, la prioridad ontológica de una cosa sobre la otra. Nos enfeuda y hace vasallos de una sola cosa, que para resultar más pura y sólida, ha de ser manipulada en el laboratorio de la ideología. El principio de identidad y sus dos inseparables compañeros —la no contradicción y el tercio excluso— crean un cerco entre lo que somos y no somos. Ser catalán y español al mismo tiempo, o español y vasco, algo biográfica e históricamente sencillo, se vuelve un problemático ejercicio de esquizofrenia que es explotado por los nacionalismos.

Se impone un cambio de vocabulario. He sugerido que donde solemos decir «identidad» podríamos decir con ganancia «tradición». Tradición proviene del verbo latino tradere, es decir, entregar. Tradición es algo que se da de generación en generación. La tradición no genera problemas identitarios: uno puede tener varias tradiciones, legadas de distintas ramas del árbol familiar o aprendidas en los diversos lugares donde vivió, que pueden, a su vez, ser venero de tradiciones diversas (en España, por ejemplo, se aprende también la tradición europea y la americana). La tradición puede ser aprendida, pero también rechazada: nosotros no pertenecemos a una tradición, sino que la tradición nos pertenece a nosotros, y podemos hacer uso de ella o no.

Sin embargo, la tradición tiene inconvenientes: se asocia al tradicionalismo, que no se conforma con hacer un uso selectivo y libre del pasado, y pretende venerarlo in toto, como un nuevo altar ante el que orar. Por eso me parece mejor la propuesta del filósofo francés François Jullien, que en su interesante libro La identidad cultural no existe propone hablar de «recursos culturales» o «fecundidades», que «aunque nacen en el seno de una tradición y de una lengua, en un medio determinado y en un paisaje concreto, después quedan a disposición de todo el mundo y no le pertenecen a nadie. No son exclusivos, como ciertos “valores”; no se preconizan, tampoco se predican. Más bien se despliegan, o quedan como están, se activan o se dejan caer en desuso, según la responsabilidad de cada uno». Como quería Wittgenstein, cambiar de palabras disuelve el problema: nada más fácil y menos traumático que sumar a los recursos culturales de una lengua los recursos que te trae otra: catalán y castellano, por ejemplo.

Precisamente porque las identidades colectivas se quieren siempre únicas no debemos permitir que nos las impongan. Cuando aparecen en la retórica de los políticos, solo puede ser indicio y preludio de violencia, sentimental o física.

Pero insistir en que las identidades colectivas no existen no debe hacernos pensar que tampoco existen las comunidades: éstas existen, y como hemos dicho antes, ningún Estado puede sobrevivir sin procurarse una cierta base comunitaria, lo que a su vez conlleva símbolos, historia y emoción civil de pertenencia. Los Estados que basan su ley en la ciudadanía —las naciones cívicas— no son Estados de individuos aislados: precisamente para mantener la urdimbre ciudadana se necesita cierto ethos comunitario. Quiero decir que, al arrojar el agua sucia de la identidad colectiva, se nos va por el desagüe más veces de las necesarias la idea de España como comunidad afectiva enraizada en la historia. Éste ha sido uno de los fallos en nuestra estrategia contra la desintegración.

“El problema sólo se puede conllevar”

Famosa tontería de Ortega y Gasset.

Adoro a Ortega. Un filósofo deslumbrante y un escritor maravilloso que puso el pensamiento en español a la altura de las cumbres europeas. El problema con Ortega, en realidad, es que escribe demasiado bien. Llevado por su exuberante talento verbal a menudo acuña frases más redondas que certeras, cercanas a la boutade. Se impone entonces el phraseur al pensador. Ocurrió cuando de manera célebre dijo que el problema catalán sólo podía conllevarse: Ortega solo estaba dándose el capricho de lanzarnos una vistosa palabra, «conllevanza», para que los españoles pudiéramos hacernos los interesantes en las tertulias durante décadas. Pero no tenía razón.

Azaña caló bien a Ortega y sus bellos discursos. Con ocasión del debate sobre el Estatuto de Cataluña en mayo de 1932, Ortega se había gustado con esta tirada (la recoge José María Ridao, que ha estudiado a fondo la rivalidad entre los dos intelectuales, en Ortega y Azaña: Dos visiones de la república):

A un lado y a otro de ese pueblo infusible se van formando las grandes concentraciones; quiera o no, comprende que no tiene más remedio que sumirse en alguna de ellas: Francia, España, Italia. Y así ese pueblo queda en su ruta apresado por la atracción histórica de alguna de esas concentraciones, como, según la actual astronomía, la luna no es un pedazo de tierra que se escapó al cielo, sino al revés, un cuerpo solitario que transcurría arisco por los espacios y al acercarse a la esfera de atracción de nuestro planeta fue capturado por éste y gira desde entonces en su torno acercándose cada vez más a él, hasta que un día acabe por caer en el regazo cálido de la tierra y abrazarse con ella.[32]

Pomposo desatino: Ortega estaba convirtiendo un problema político en uno metafísico, invocando no se sabe bien qué ley de la gravitación histórica de las naciones, haciendo de España y Cataluña dos entes esenciales condenados a orbitar uno alrededor del otro, en melancólica procesión hasta el final de los tiempos. Azaña se lo reprochó desde la tribuna. Ortega convertía a Cataluña en el sujeto colectivo de un «destino trágico», un «personaje peregrino por las rutas de la historia en busca de un Canaán que él sólo se ha prometido a sí mismo y nunca ha de encontrar».

Que el problema catalán sea secular, no significa que sea eterno. Que se haya enquistado, no significa que sea irresoluble. Aunque es cierto que su historia es ya vieja, su aguda fase actual no era fruto de la necesidad y trae causa de una serie de errores evitables. Como ha recordado con elocuencia también José María Ridao, «esta crisis no es el resultado de un destino, sino de una política»[33]. Ningún determinismo nos ha arrastrado hasta aquí, y no tenemos que resignarnos a poner un parche «para los próximos veinte años». Podemos aspirar a algo mejor que a conllevarnos. El problema se puede solucionar —o por mejor decir, se puede superar— a condición, claro, que probemos a poner por obra una política diferente de la acostumbrada. Podemos legar a nuestros hijos un país y no una maldición.

“Hay que seducir a los catalanes”

Yo no tengo ningún inconveniente en desplegar mis dotes de galán, pero si mi adolescencia es indicativa de algo, las probabilidades de fracaso son altas. Bromas aparte, esta frase vuelve a marrar el tiro. Sugiere implícitamente que los catalanes están maltratados o faltos de cariño —lo que no es verdad— y al sugerirlo, da la razón a los independentistas y libera al nacionalismo catalán de todas sus culpas y responsabilidades. Justo lo que no hay que hacer.

Notemos, por lo demás, el perezoso y fraudulento uso de la sinécdoque (cfr. pag. 127): decir «catalanes» donde se tendría que decir «independentistas», como si lo que podría seducir a los indepes no pudiera espantar a los catalanes que no lo son. Pero incluso en el supuesto de que seducir fuese la tarea, mi pregunta es la de siempre: ¿cómo podría un Estado seducir a los catalanes si desaparece de Cataluña, como puede resultar atractivo un gobierno español sin margen para intervenir en la vida de los catalanes, y cómo podría hacerse digna de respeto y fuente de autoridad reconocida una administración estatal que tolera el incumplimiento de la ley?

La tarea no es seducir. La tarea es persuadir, sin ofensa y sin zalamerías, de que el ideal de la separación de España es uno equivocado.

“No se ha estimado lo suficiente a Catalunya”

Puede que a los independentistas les dé la risa, pero si todo esto es tan triste, tan doloroso, es precisamente porque la mayoría de españoles, a pesar de los pesares, tenemos en alta estima a Cataluña. Nos importa que se vayan porque nos importan. Y es que nadie pelea por conservar lo que no se estima.

A mí, por lo menos, me pasa.

Conclusión

Comprar o persuadir,
o también:
Transformación o transacción en la salida a la crisis catalana

Al terminar estas páginas, que han sido eminentemente de crítica y contradicción de argumentos de otros, el lector puede legítimamente preguntar: Y, usted, resabiado y cascarrabias autor, ¿qué propone? ¿Cómo hacemos para que dos millones de españoles que no desean serlo recuperen su estima por España? ¿Cómo lograr que los votantes de opciones independentistas pasen de un 47 por ciento a un cómodo 20 o 25 por ciento?

Son preguntas habituales y comprensibles. Yo también me las hago a menudo. Pero antes de hacer la terapia, y a riesgo de hacerme sumamente pesado, debo insistir en la necesidad de acertar con el diagnóstico. Este libro, de hecho, puede leerse así: como una sesión de diagnóstico diferencial, del tipo que el desabrido doctor House obliga a hacer a sus ayudantes en la serie de televisión. Un ejercicio que consiste en, dados los síntomas, excluir una a una las posibles causas hasta dar con la verdadera. Si he sido mínimamente persuasivo, espero haber convencido al lector de que la eclosión del independentismo no trae causa ni de la sentencia del Estatut, ni de una lectura uniformizadora de la Constitución, ni de la acción del Partido Popular, ni de la falta de cariño de la sociedad española hacia Cataluña...

¿Y entonces? Entonces el nacionalismo.

Lo que ha pasado en Cataluña es grave y es desgarrador, pero no es difícil de explicar. Se trata de un típico problema de convivencia etnocultural, de los que los países ricos no están vacunados. Un sector de la población de un país con rasgos etnolinguísticos propios —una comunidad lingüística diferenciada pero no separada— es socializada en el ideario nacionalista que le suministran unas élites que poco a poco logran inocular en las conciencias un perdurable sentimiento de agravio, a menudo imaginario, sobre bases afectivas propicias. No tiene más misterio, me temo. En otras palabras —y tengo la sensación de que el futuro de España depende de que esto sea entendido por las élites del Estado—, la eclosión del sentimiento independentista en Cataluña no responde a causas exógenas (una agresión o agravio frente al que se reacciona) sino endógenas (una creencia inculcada a conciencia que induce un curso de acción).

Como he sugerido en la introducción, todo el aparato discursivo que usamos para hablar de Cataluña y que he glosado aquí está pensado para oscurecer esta sencilla realidad, de la cual, para percatarse, tan sólo hace falta tener la voluntad de no engañarse. Cuando empecé a frecuentar Cataluña hará unos doce años no tuve ninguna duda de que pronto el independentismo iniciaría su escalada. Era una predicción muy fácil de hacer viendo cómo funcionaba el subsistema político y mediático catalán: una continua sobrepuja identitaria, en la que una y otra vez se inducía la creencia en la sociedad catalana de que el mayor de sus problemas era un encaje en España que no se había producido. En vano buscaba debates en la prensa y televisión catalana que no tuvieran que ver con el problema de la relación con España. En el peor de los casos, el mensaje era hispanofóbico: España como una vieja haraposa y ladrona. En el mejor, el mensaje era de desconfianza e hipocondría: el Estado como una amenaza, incapaz de dar con la tecla que daría al fin satisfacción a las demandas catalanas. Sencillamente, el catalán no tenía ningún partido autonómico al que votar que no hiciera de la relación con la difícil España su principal eje programático. El victimismo era la única oferta, y tal y como sucede en economía, conforme a la ley de los mercados de Say, en política la oferta termina por generar su propia demanda: si nacionalismo es lo único que ofreces, tus votantes se dejarán llevar por ahí, sobre todo, siendo el agravio y el sentimiento de superioridad un dulce tan goloso.

Esto es lo fundamental: que todos situemos el problema donde existe, es decir, en el interior de la morbosa cultura política acuñada por el pujolismo (y ya hemos visto que, cuando llegó su momento, el catalanismo progresista demostró no ser nada distinto) que impuso el nacionalismo como única forma posible de hacer política en Cataluña. Una cultura política, la del catalanismo, que por su mera esencia niega la posibilidad a los catalanes de sentirse a gusto en su españolidad, al problematizarla y convertirla en objeto de perpetuo reconcomio melancólico, cualquiera que sea el marco objetivo y real de sus condiciones de vida. Porque el catalanismo es esto: la problematización del hecho de que Cataluña esté en España, y eso con independencia de si hay un problema o no lo hay. Necesario en el pasado, hoy por hoy es tan sólo una psicología de la aflicción incompatible con el desarrollo de un robusto espíritu federal.

Mientras las élites del Estado sigan sin darse cuenta de que el problema es la manera de hacer política en Cataluña, la crisis seguirá siendo intratable. Porque —y me siento en el deber de machacar esta idea— es la propia cultura política catalana la que produce independentismo como independencia de lo bien o lo mal que lo haga el gobierno central.

Lo que se pretende es lo contrario: que la cultura política que ha generado el problema, que es la del catalanismo, permanezca inalterable, y sea el Estado el que se adapte a la crisis y haga viable restaurar el equilibrio añorado: la independencia dentro de España. Para ello, las élites de Madrid usan dos expedientes: el del halago y el del soborno. Pero ni una cosa ni la otra son eficaces a la hora de incitar a nadie a cambiar de opinión y hacer que quien es independentista deje de serlo. Si le halagamos, si le decimos al indepe que su malestar tiene razones atendibles —esto es, que no exagera ni hay ficción en lo que dice— entonces ningún incentivo tendrá para cambiar de postura; al contrario, se sentirá reafirmado en sus creencias. Y si optamos por el soborno, con hacerle una oferta, ofreciéndole algo de lo que queda en tienda, aunque la despensa esté vacía, sucederá lo mismo: el independentista pensará que su actitud irrazonable es la correcta, puesto que rinde beneficios. Y es que como ya sabemos por el federalista canadiense Stéphane Dion (cfr. pag 54) la política del contentamiento o de la cesión surte efectos contrarios a la unidad: distanciamiento psicológico por una federación con cada vez menos margen para actuar en la vida de uno; pérdida de vista del interés general como motivación de las reformas; banalización de la secesión, convertida una mera cuestión de grado; dramatización de los desacuerdos; exacerbación de la tensión entre las regiones; e inversión de la carga de la prueba: los líderes secesionistas ya no tienen que justificar la viabilidad de su proyecto, sino que corresponde a los defensores de la unidad nacional hacer todas las reformas que solucionen todos los problemas.

Sin embargo, éste es el escenario en que las élites del Estado se colocan a sí mismas una y otra vez, y ésta es la política que creen resignadamente que hay que hacer cuando dicen que «hay que hacer política». Lo llamo «paradigma Ortega-Cambó», porque de Ortega toma el derrotismo (el problema sólo se puede conllevar) y de Cambó el arquetipo de nacionalista moderado al que necesariamente hay que arrendar los asuntos catalanes. De manera más sencilla y de aplicación general a todos los países con problemas parecidos, Dion la llama política del contentamiento y yo aquí la llamaré política de la transacción, para poder oponerla a una política que creo más adecuada, que es la política de la transformación.

¿En qué podría consistir, en el contexto de la cuestión catalana, una política transformadora? Una política trasformadora, por ejemplo, no se plantearía ceder más competencias a las Comunidades y seguir descentralizando el Estado (movimiento típico de la política transaccional) pero sí valoraría la posibilidad de desconcentrar las sedes del poder central (llevar el Senado a Barcelona, o hacer de la capital de Cataluña una auténtica cocapital política). Una política transformadora no se plantearía en ningún caso, como sí haría una política transaccional, la posibilidad de blindar políticas autonómicas en materia de lengua intransigentes e injustas, como la inmersión, pero sí exploraría la posibilidad de aprobar una Ley de Lenguas Oficiales que hiciera de España una ejemplar democracia plurilingüe, donde los derechos de todos los hablantes se respetaran. Una política transformadora, no transigiría con el cumplimiento de la ley, porque lo mismo el votante independentista y su líder han de saber que en el juego al que juega puede también perder, no sólo ganar o empatar, y que ningún beneficio extraerá de perseverar en esa línea de conducta. Pero lejos de ser una política meramente represiva, una política transformadora procedería a un programa intensivo de reformas de nuestro país, porque cualquier reforma acertada para todos, es ya una reforma para los catalanes.

Atención: Tampoco una política transformacional es una política mesiánica. Hay que saber que existen limitaciones congénitas al ejercicio de la política y que parte del aprendizaje moral del ciudadano consiste en entrenar su tolerancia a la frustración. Para muchos votantes independentistas no hay más salida que ésta: la de aceptar que sus deseos de plenitud no se harán realidad. En su frustración no estarán solos: los acompañarán los ciudadanos españoles que querrían que España fuera un Estado centralizado con una única lengua nacional.

Una política transformacional entendería al menos dos cosas: la primera, que nuestro país, España, tiene una lengua común, pero no una lengua nacional. La única posibilidad de mantener unida la comunidad política es que el Estado culmine el aprendizaje del plurilingüismo iniciado en 1978 y sea capaz de absorber la dimensión simbólica de todas las lenguas españolas, comprometiéndose en su gestión, pero cambiando el enfoque: proteger los derechos lingüísticos para proteger las lenguas, y no proteger las lenguas con menosprecio de los derechos. La segunda, que no hay salida al problema catalán que no pase por dar por cerrado el ciclo del catalanismo político, que, si es cierto que no es un nacionalismo, ya habría cumplido con creces sus objetivos: amplio autogobierno y rehabilitación de la lengua catalana, y si es un nacionalismo, es parte del problema y no de la solución. También Cataluña debe iniciar el aprendizaje de su irrevocable diversidad y abandonar la pretensión de conformarse como una comunidad nacional homogénea. Porque Cataluña podrá ser un sol poble, pero no puede —so pena de traicionar el ideal pluralista de la democracia— hablar en una sola llengua.

Una política transformacional requiere, en fin, un liderazgo transformacional. Y no hay liderazgo sin retórica. Con razón un sabio con varias patrias ha constatado la torpeza de un Estado que

no solamente ha ido siempre detrás de los acontecimientos, sino que se muestra incapaz de desarrollar un discurso retórico y simbólico que pueda enfrentarse al discurso independentista. Parece carecer de recursos ideológicos para hacerlo, quizás porque lo que llaman «régimen del 78» los hijos mimados del mismo, solo supo desarrollar un argumento absurdo para desmontar ideológicamente el nacionalismos vasco y catalán: criticar el nacionalismo.[34]

Lo que nos está diciendo Gregorio Luri es que un relato sólo puede combatirse con otro relato, no con cifras y legalismos, y tampoco con esclarecimiento teórico. España tiene ese relato, el de un país que superó un siglo de guerras civiles para convertirse en una democracia ejemplar, el de un país que dejó atrás una pobreza secular para convertirse, a pesar de los retrocesos traídos por la crisis, en uno de los lugares de mejor calidad de vida del planeta, y el de un país que derrotó a un movimiento terrorista con las desnudas armas de la ley y que si quiere superar un intento de secesión etnocultural deberá seguir profundizando en su proyecto de transformación. El tipo de retórica que usamos para abordar este desafío territorial es banal y partidista. Muy otra es la que se necesita: una capaz de convocar a todas las personas con pasaporte español y proponerles el ideal difícil de seguir siendo ese venerable experimento de comunidad inclusiva que es España, cuyo ejemplo es hoy más necesario que nunca. Porque si el experimento español fracasa estaremos enviando olas de escepticismo al mundo con este triste mensaje: que personas de diversas culturas no pueden vivir juntas y que el eterno retorno del nacionalismo es el destino ineluctable de la humanidad. A los catalanes independentistas ya no les interesa entrar en un regateo para averiguar el precio que piden por demorar la ruptura. Es un precio, en todo caso, que el Estado ya no puede permitirse pagar sin dejar de existir. Lo que debemos hacer es persuadirles de que la existencia de España como un luminoso ejemplo para Europa y para el mundo de unidad en la diversidad es un ideal superior al de la independencia: la propagación del mensaje de que es posible y mejor ser una cosa-y-la-otra y no una-cosa-o-la-otra. Los españoles siguen esperando a que la triste letanía de la conllevanza ceda el paso a esa clase de liderazgo transformacional, interpartidista y, sobre todo, inspirador, que haga que, cuarenta años después, España, el país que tenemos en común, vuelva a asombrar al mundo.

Agradecimientos

Este libro, bueno o malo, sería mucho peor sin la inteligente lectura previa de mis amigos. Gracias, por tanto (por esto y lo demás) a Roger, a Joan, a Joaquim, a Dani, a Nacho, a Josu, a Ignacio, a Manuel, a Josep Maria, a Nuria, a Pepe, a Sylvia, a Juan Claudio el Viejo, y com sempre, a Magda.

Notas

[1] El rumor de los desarraigados: conflicto de lenguas en la península ibérica, Anagrama, Barcelona, 1985.

[2] Mejía, David, «¿Por qué persiste el bulo del Estatut?», The Objective, 21 de junio de 2018. <http://theobjective.com/elsubjetivo/david-mejia/por-que-persiste-el-bulo-del-estatut/>.

[3] Ramoneda, Josep, «De la imagen y de la proximidad», El País, 17 de diciembre de 2002. <https://elpais.com/diario/2002/12/17/catalunya/1040090843_850215.html>.

[4] Tobeña. Adolf, La pasión secesionista, ED Libros, Barcelona, 2017.

[5] <https://www.diariosur.es/prensa/20060810/espana/maragall-dice-nuevo-estatut_20060810_amp.html>.

[6] Pierre Rosanvallon en «L'invité de 8h20: le grand entrétien», France Inter Radio, 31 de agosto de 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=YXviHTJAXL4>.

[7] Texto íntegro de la conferencia de Stéphane Dion pronunciada en Barcelona por invitación de Federalistes d'Esquerres en marzo de 2014, <https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/texto-integro-de-la-conferencia-de-stephane-dion-pronunciada-en-barcelona-por-invitacion-de-federalistes-d-esquerres_5688_102.html>.

[8] Ibídem.

[9] Arias Maldonado, Manuel, «Soluciones», El Mundo Opinión. 4 de agosto de 2018. <http://www.elmundo.es/opinion/2018/08/04/5b6451e3e2704eb3078b4632.html>.

[10] Entrevista de David Blázquez y Pablo Pardo a Michael Ignatieff para El Mundo el 27 de septiembre de 2015. <http://www.elmundo.es/cronica/2015/09/27/5605803746163feb208b459f.html>.

[11] Dion, Stéphane, «Secesión y democracia: una perspectiva canadiense», 11 de abril de 2013, <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/stephane-dion-secesion-democracia-secession-democracy-canada>.

[12] Luque, Pau, «A las cosas por su nombre», El País, 13 de agosto de 2018. <https://elpais.com/ccaa/2018/08/12/catalunya/1534091675_947601.html>.

[13] Orsina, Giovanni, «Enfermedad democrática y populismo», El Mundo, 7 de septiembre de 2018. <http://www.elmundo.es/opinion/2018/09/07/5b911c6dca4741bb528b4595.html>.

[14] De Ramón, Juan Claudio, «¿Café para cuántos?», El País, 18 de agosto de 2013, <https://elpais.com/elpais/2013/08/16/opinion/1376668845_905651.html>.

[15] Subirats, Marina, «Aprovechemos la oportunidad», El País, 7 de septiembre de 2018. <https://elpais.com/elpais/2018/09/06/opinion/1536232555_196606.html>.

[16] Iceta, Miquel, Catalunya Ràdio, 26 de diciembre de 2007. <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/27/barcelona/1198779577.html>.

[17] Rorty, Richard, Forjar nuestro país, Paidós, 1999.

[18] «El catalanismo, nacido a mediados del siglo XIX, desarrollado en el primer tercio del siglo XX e intensificado en el último cuarto del mismo siglo, ha sido una historia de éxito. El éxito se mide siempre en función de la consecución de unos propósitos iniciales. El catalanismo, en gran medida, ha logrado lo que se propuso hace 100 o 150 años».

Artículo de Artur Mas, «El catalanisme, energia i esperança per a un país millor», 20 de noviembre de 2007

[19] Alonso, Martín, El catalanismo, del éxito al éxtasis, El Viejo Topo, 2015.

[20] Puigverd, Antoni, «La espiga del reencuentro», La Vanguardia, 17 de junio de 2018. <https://www.lavanguardia.com/politica/20180627/45428156880/la-espiga-del-reencuentro.html>.

[21] Véanse los datos aportados por Pau Marí-Klose en «Cataluña deshilachada» en Anatomía del Procés (Debate, 2008). Se cita ahí el valiente estudio de Maia Güell, Sevi Rodríguez-Mora y Christopher Telmer donde se usa la «catalanidad de los apellidos» para estudiar la movilidad social en Cataluña

[22] De Carreras, Francesc, Escucha, Cataluña. Escucha, España, Península, Barcelona, 2017.

[23] Bonet, Laia, «Catalanismo y autogobierno en un mundo globalizado», La Vanguardia, 10 de septiembre de 2018. <https://www.lavanguardia.com/politica/el-mundo-de-manana/20180910/451685060228/catalanismo-y-autogobierno-en-un-mundo-globalizado.html>.

[24] Colino, César, «¿Ha fracasado la experiencia autonómica?», La Vanguardia, 10 de septiembre de 2018. <https://www.lavanguardia.com/politica/el-mundo-de-manana/20180910/451685268775/ha-fracasado-la-experiencia-autonomica.html>.

[25] García López, Ángel, El rumor de los desarraigados, Anagrama, 1996.

[26] Marfany, Joan Lluís, Nacionalisme espanyol i catalanitat. Cap a una revisió de la Renaixença, Edicions 62, 2017.

[27] Vila-Sanjuán, Sergio, Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano, Ediciones Destino, 2018.

[28] «Efectivamente, existe una discusión sobre cuál es el mejor momento para empezar, existe una discusión perfectamente legítima. Yo creo que estamos en condiciones de aplicar nuestra norma de forma que resuelva bien esta cuestión. Usted hablaba antes de unos niños de Banyoles; yo le hablaré de unos niños de muy cerca de los de Banyoles, de unos chicos de Olot que el domingo sus directivos me demostraban las dificultades que tenían para hacer una presentación pública en castellano en un concurso internacional en el Museo de la Ciencia. Ésta es la realidad que debemos estudiar y que debemos combatir. (Rumor de voces). Y lo haremos, por el bien de nuestros ciudadanos. Esté segura, señora diputada.» Sesiones núm. 4 y 5 del Pleno del Parlamento. 21 de diciembre de 2006.

[29] Como punto de comparación, que nadie se moleste si recuerdo que hasta en pleno franquismo, Luis de Galinsoga, el director designado por el régimen de La Vanguardia, tuvo que dimitir por decir que «todos los catalanes son una mierda».

[30] Recuérdese esta noticia, tan significativa por su contenido como por quien la firma: José Antich: El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. <https://elpais.com/diario/1990/10/28/espana/657068405_850215.html>.

[31] Savater, Fernando, «Los abstemios», El País, 13 de agosto de 2017.

[32] Ridao, José María, Ortega y Azaña, dos visiones de la República, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2017. <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchm7b0>.

[33] Ridao, José María, «Gigantomaquia nacional», El País, 26 de septiembre de 2012. <https://elpais.com/elpais/2012/09/24/opinion/1348481429_546638.html>.

[34] Luri, Gregorio, «Choque de trenes», The Objective, 21 de septiembre de 2017. <http://theobjective.com/elsubjetivo/gregorio-luri/choque-de-trenes/>.

Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña

Juan Claudio de Ramón

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