El libro se basa en más de 14 millones de datos estadísticos que se derivan de los partes de guerra de las guerrillas colombianas, partes de batallas de las fuerzas militares y la Policía Nacional, al igual que de una base de datos de la Fiscalía General de la Nación de la sección de justicia y paz, donde se consignan años de investigación en el marco de la desmovilización paramilitar. Además, se realizaron más de 100 entrevistas a actores que estuvieron en la guerra y analizaron decenas de informes oficiales y de centro de investigación. Por último, se revisaron más de 10.000 notas de prensa en el periodo de estudio. El resultado es el cruce, interpretación y la validación concurrente de las diferentes versiones sobre la estrategia y la táctica militar en la guerra en Colombia.

Ariel Ávila

Detrás de la guerra en Colombia

ePub r1.0

Wilku 01.11.2020

Título original: Detrás de la guerra en Colombia

Ariel Ávila, 2019

Editor digital: Wilku

ePub base r2.1

A Nicolás Agustín, el amor de mi vida,
en su primer cumpleaños.

AGRADECIMIENTOS

El presente libro, al menos en un ochenta por ciento, fue mi tesis de Maestría en Sociología. Agradezco al profesor Yuri Jack Gómez, mi director de tesis. A Fernando Cubides y Martha Nubia Bello, quienes fueron jurados e hicieron comentarios increíbles para complementar el texto. Además, me dieron Mención Meritoria por el trabajo de investigación.

Agradezco a todas las personas que ayudaron a que el proyecto del libro saliera bien: Daniel Abello Clavijo, Andrés Narváez, Sebastián Mora, Lina María Gaitán y, obviamente, a toda la Fundación Paz y Reconciliación.

PRÓLOGO

¿Por qué escribir ahora un libro sobre la guerra en Colombia? No parece una tarea importante y necesaria. Hay ya muchos libros sobre el conflicto armado en nuestro país y hay cierto cansancio con el tema. Desde 1987, cuando el presidente Virgilio Barco Vargas conformó la Comisión de Estudios sobre la Violencia –que produjo el libro Colombia, violencia y democracia–, se desató un afán por describir e interpretar el enfrentamiento bélico que angustiaba a nuestro territorio. A esos comisionados, investigadores todos de la Universidad Nacional, liderados por Gonzalo Sánchez, se los conoció como Los violentólogos. Después, en todos los centros de estudios de ciencias sociales se realizaron investigaciones y se produjeron textos sobre el tema. ¿Cuántos estudiantes de ciencia política, de sociología, de antropología y de otras disciplinas se han graduado con tesis sobre la violencia y la guerra? ¿Quién, que se precie de lector, no tiene un libro sobre el asunto en su biblioteca?

Pero ocurre que en los últimos tres años se han dado dos acontecimientos que ameritan y obligan a volver sobre nuestra guerra: por un lado, se firmó un acuerdo de paz con las Farc, sin lugar a dudas la guerrilla más grande y de mayor impacto en la vida colombiana; por el otro, el uribismo ha regresado al poder y está en una gran cruzada para negar de nuevo la existencia del conflicto armado.

Es la hora de un balance sobre lo que hicieron las Farc en 53 años de existencia como grupo irregular, de ahondar en las motivaciones de su alzamiento armado, de entender la lógica de sus acciones, de saber por qué persistieron en la confrontación durante tantos años y cómo se adaptaron a los enormes cambios que vivió la sociedad colombiana en más de medio siglo. Quizás esto nos lleve a evitar que en el futuro se repita este fenómeno.

La discusión sobre si había o no un conflicto armado en Colombia, parecía saldada. El presidente Santos había reconocido oficialmente la existencia del conflicto armado aún antes de sentarse a negociar con las Farc, con motivo de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Después vendría la larga negociación con esta guerrilla en la que las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano y el propio Estados Unidos, que envió a su secretario de Estado a reunirse con delegados de la insurgencia en La Habana, reconocieron el carácter político de nuestra contienda. Pero ahora, el nuevo gobierno –en la más extraña de las controversias intelectuales– ha vuelto a cuestionar esta premisa analítica y está en la tarea de borrar de las instituciones y de la vida nacional el concepto y las implicaciones que tiene en la construcción de la verdad y la memoria, en las decisiones judiciales y en la comprensión de la historia.

Para los obcecados es este libro. Ariel Ávila acopia un volumen de datos nunca visto. Se esfuerza al máximo por dar cuenta empírica de la confrontación armada, no quiere dejar ningún hueco, ningún vacío sobre los acontecimientos. Tiene la pretensión de mostrar con los hechos el alcance que ha tenido la violencia de las guerrillas y también la vasta respuesta de las Fuerzas Armadas a la amenaza guerrillera.

Alguna vez, el general Jorge Enrique Mora Rangel, ya en su retiro, cuando se aprestaba a asumir el papel de negociador de la paz en La Habana, en una charla en la Escuela Superior de Guerra, se quejaba del tardío reconocimiento de la guerra en Colombia. Decía que desde los años sesenta al estamento político le dio por denominar los episodios de guerra como simples alteraciones del orden público y a las Fuerzas Militares se les impuso la tarea de «controlar el orden público». Pues en estas «alteraciones del orden público» hubo verdaderas batallas en las que murieron decenas de soldados y también decenas de guerrilleros. Era una manera de minimizar el conflicto y también el doloroso papel de las Fuerzas Armadas.

Paradójicamente, también la calificación de «amenaza terrorista» de la que hablan los uribistas tiene el efecto de minusvalorar la enorme tarea que han cumplido las Fuerzas Armadas. Llegó un momento en el que las Fuerzas Militares de Colombia, con enormes limitaciones en equipamiento aéreo y en infraestructura de combate, se vieron abocadas a enfrentar a un ejército irregular de más de 20.000 efectivos, con unidades regulares de combate, con un mando centralizado y un control de territorio en varias zonas del país. La acción de las guerrillas no se suscribió a agresiones a la población civil o a operaciones encubiertas, fue también y principalmente un desafío a la fuerza armada del Estado. Eso lo encontrará con detalle en este libro.

El libro se ocupa de los contendientes, no de las víctimas. También en la literatura sobre la población civil agredida hasta el cansancio por la brutal arremetida de todos los protagonistas de la confrontación hay ya referencias abundantes, multitud de libros, documentos y videos sobre la magnitud del holocausto, sobre las consecuencias humanitarias, sociales, culturales y políticas del conflicto armado. Los hechos, los datos, están saliendo a la luz con mucha fuerza en los últimos años.

Pero empezamos a extrañar libros como Patria, una novela de Fernando Aramburu, un escritor vasco que cuenta la historia de dos familias en un pueblo de su tierra, enfrentadas porque la ETA, donde milita un hijo de una de las familias, ha asesinado al padre de la otra familia. Eran dos familias amigas, dos familias unidas, en un pequeño universo. La alteración de la vida cotidiana del lugar es dramática. La tensión es un animal salvaje latente en cada acto. En el relato resuena la angustia y el dolor lejos de la política, lejos de las ideologías, lejos incluso de los intereses. Se ha quebrado un mundo, se ha roto un mundo, y uno oye como se quiebran los huesos todos, las sonrisas, la amistad. Siente que nada será como antes.

Mientras llegan esos libros tenemos que leer estos grandes relatos sobre el conflicto y sus contendientes. Siento algún rubor al elogiar a Ariel Ávila que ha trabajado conmigo desde siempre, desde cuando dejó la universidad. Pero no puedo terminar este prólogo sin decir que seguramente esta investigación será en el futuro una referencia obligada para los historiadores del país.

León Valencia

INTRODUCCIÓN

Durante los más de 50 años de confrontación armada, entre guerrillas, Estado y paramilitares en Colombia, la cifra de víctimas fue increíble. Cerca de ocho millones de desplazados forzados, alrededor de 230 mil homicidios, 80 mil desapariciones forzadas y cerca de 32 mil secuestros. Pero este baño de sangre no fue homogéneo en el territorio. Lo más crudo de la guerra hizo un recorrido; es como si hubiese establecido una ruta que arrancó en el Magdalena Medio, luego se trasladó hacia el Urabá, pasó a la costa Atlántica donde dejó más de 300 masacres, bajó por la frontera con Venezuela y, en la época más intensa, se concentró en los Llanos Orientales, al suroriente del país. De ahí tomó rumbo al Pacífico, donde actualmente se vive lo más intenso de la violencia colombiana.

Al hacer un recorrido histórico sobre el conflicto armado colombiano quedan algunas ideas claras. Por un lado, si bien fueron más de 50 años de confrontación armada, la intensidad de la guerra, entendida como el número más grande de víctimas que produjo la confrontación, el mayor número de choques militares y estrategias de despliegue militar, ocurrieron en una década que se da entre 1995 y el año 2005. En esa década fue la verdadera guerra.

La segunda idea interesante es que la dificultad para definir el conflicto armado colombiano tiene una explicación sencilla, que parte de una realidad bastante compleja. Muchos académicos han debatido durante años sobre la definición de la confrontación armada en Colombia. Algunos afirman que es un conflicto de baja intensidad, otros utilizan marcos teóricos de los estudios típicos de guerras civiles, otros hablan de un empate técnico negativo, otros de una guerra revolucionaria. Pero al analizar los datos, estrategias y tácticas militares, y en general las dinámicas de la guerra en Colombia, se puede decir que el conflicto armado fue una guerra de coproducción. La coproducción significa que la forma como se desarrolló el conflicto armado colombiano fue una realidad social y política que la construyeron los actores que intervinieron en la guerra, se fue moldeando a medida que las guerrillas, los paramilitares y el Estado se iban adaptando a las estrategias militares del contrario. En otras palabras «… las formas en que conocemos y representamos el mundo (tanto la naturaleza como la sociedad) son inseparables de las formas en que elegimos vivir en ella» (Jasanoff, 2004).

Como se verá en todo el libro, la confrontación armada fue una copia de estrategias militares y evolución táctica. Cuando se crearon las Brigadas Móviles, las Farc crearon las Columnas Móviles. Cuando se creó la Fudra, las Farc crearon la Fuerzas Especiales. Los paramilitares intentaron copiar la estructura de mando de las Farc, Carlos Castaño siempre tuvo una obsesión por lograr una estructura jerárquica y de obediencia como la de las Farc. Esa coproducción moldeó nuestro conflicto armado.

Otra idea interesante, es que si se trata de definir el conflicto armado colombiano, tal vez el concepto que engloba toda la dinámica es el de una Guerra Irregular, pero dentro de esta guerra hubo diferentes escenarios tácticos y estratégicos de confrontación armada. Por ejemplo, durante varios años en los Llanos Orientales hubo una guerra con líneas estables de defensa y movilización de contingentes militares de miles de personas. Entre 1997 y el año 2003 en el norte del país había una guerra de guerrillas típica de escenarios asimétricos de guerra. En el Pacífico se dio una confrontación con movilización de población de unas zonas a otras. No fue un mismo tipo de guerra. Las Fuerzas Militares igualmente lograron construir una serie de estructuras irregulares que les permitieron avanzar en el territorio. Por ello, se utiliza el concepto de Guerra Múltiple. En un mismo periodo se desarrollaron diferentes tipos de guerra.

Pero también es interesante que cada intento de paz en Colombia abre la puerta para una nueva ola de violencia. Se acostumbra para finalizar periodos de alta violencia (Valencia-Villa, 1987), hacer constituciones nuevas. Esto se aplicó nuevamente en 1991. Se pensó, en ese momento, que ello pondría fin a tal vez una de las décadas más violentas que afectaron al país: la de los años ochenta del siglo XX pero, sobre todo, que pondría fin al conflicto armado colombiano que vivía el país desde los años sesentas del siglo XX. Efectivamente, entre 1989 y 1994 se había negociado la paz con el M-19, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Partido Revolucionario de Trabajadores, PRT, una buena parte del Ejército Popular de Liberación, EPL, y se había negociado con el sector más grande del paramilitarismo al mando de Ariel Otero. Además, había caído Escobar; el presidente Gaviria había negociado con un buen sector del narcotráfico. Todo ello trajo una reducción importante de la violencia.

Colombia venía de un aumento importante de la violencia en la década del ochenta del siglo XX. Si bien el modelo del Frente Nacional había logrado frenar la violencia de los años cincuenta, rápidamente entró en un desgaste producto del cierre de la democracia. Así, en la segunda mitad de la década del ochenta del siglo XX, Colombia vio aumentar vertiginosamente la violencia política, la denominada «guerra sucia» cobró la vida de más de 15 mil personas en solo 5 años como lo muestra la siguiente tabla.

Tabla 1. Evolución de la violencia en Colombia (1981-1991)

Fuente: Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (Capítulo V, p. 87 ), por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993. Bogotá.

Igualmente, la violencia contra la población civil aumentó vertiginosamente. En tan solo 4 años se sucedieron más de 250 masacres como lo muestra el siguiente cuadro.

Tabla 2. Masacres entre 1988 y 1991

Fuente: Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (Capítulo VII, p. 123), por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993. Bogotá.

La Constitución de 1991 traía consigo la idea de un nuevo pacto social que terminaría de una vez por todas con los ciclos de violencia. Durante algunos años, luego de la constitución hubo un periodo de apertura, no solo se redujo la violencia, sino que además se abrió una ventana para debatir temas de reforma al Estado. Fue aprobada la Ley 160 de 1994, era una verdadera reforma agraria para un país que siempre había vetado esos temas. Además, sectores alternativos como el M-19 entraron a la arena política y en general, como se ve en el gráfico 1, se redujo la violencia.

Claro está que los fenómenos de violencia política no desaparecieron; a la UP la continuaron masacrando hasta 1995 y las amenazas a líderes sociales no disminuyeron. Pero la violencia en general descendió. Lo dramático del asunto es que desde 1995 los indicadores comenzaron a aumentar nuevamente. Se llegaron a fenómenos de terror únicos, con altos niveles de sevicia: los paramilitares, por ejemplo, utilizaban la motosierra como arma de guerra contra la población civil. Además, se cometieron al menos 1000 masacres entre 1995 y el año 2005, la década más violenta del país. De hecho, por los menos el 60 % de las víctimas del conflicto armado de más de 53 años se produjeron en esa década (Unidad para las víctimas, 2017).

Gráfico 1. Homicidios en Colombia 1990 - 2016

A su vez, las guerrillas desataron la ofensiva militar más increíble que había visto la región. Ni siquiera las revoluciones triunfantes de Nicaragua y Cuba habían logrado tal nivel de poder militar. Decenas de municipios fueron arrasados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-EP, en su estrategia de «vacío de poder»: destruían estaciones de policía, alcaldías, hasta iglesias fueron objeto de su poder militar. En la historia del país se contabilizan algo más de mil tomas y hostigamientos a cabeceras municipales (Aguilera, 2017). Así mismo, decenas de alcaldes y concejales fueron secuestrados, asesinados u obligados a renunciar. Ni que decir de los ataques a la infraestructura petrolera que cometió el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y claro, los niveles de secuestro que ambas guerrillas le impusieron al país son ya míticos.

La situación fue contraría a aquello que se propuso la Constitución de 1991, pues la década del noventa del siglo pasado representó el punto más alto de la intensidad de la confrontación armada, desde 1995 se dijo adiós a la paz y bienvenida la guerra (L. Valencia, 2002): cientos de cabeceras urbanas destruidas por las incursiones de los grupos guerrilleros, secuestros, desplazamientos y masacres a manos de paramilitares trasformaron el mapa político y poblacional del país.

En el libro Y refundaron la patria de 2010, editado por Claudia López, escribí el primer capítulo de una larga investigación. Allí está la versión política del conflicto armado; las estrategias de control social, la forma de influir en el Estado o de crear estructuras paralelas de regulación social y, sobre todo, el largo camino que recorrieron las estructuras criminales y los Grupos Armados Ilegales, GAI, para modificar al Estado colombiano.

Sin embargo, aquella vez no logré dar la versión de la guerra: las estrategias de los GAI; la razón por las que en algunas zonas utilizaban unos métodos de violencia y en otras zonas variaba radicalmente, o lo que se llama actualmente los repertorios de violencia. Tampoco analicé las tácticas militares y menos la geografía del conflicto y los métodos de colonización armada. De todo esto nos ocuparemos a continuación.

El libro se basa en más de 14 millones de datos estadísticos que se derivan de los Partes de Guerra de las guerrillas colombianas, Partes de Batalla de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al igual que una base de datos de la Fiscalía General de la Nación de la sección de Justicia y Paz, donde se consignan años de investigación en el marco de la desmovilización paramilitar. Los datos se discriminan por años, por mes, y municipio a municipio. Además, se realizaron más de cien entrevistas a actores que estuvieron en la guerra y se analizan decenas de informes oficiales y de centros de investigación. Por último, se revisaron más de 10.000 notas de prensa en el periodo de estudio. El resultado es el cruce, interpretación y la validación concurrente de las diferentes versiones sobre la estrategia y táctica militar en la guerra en Colombia. Un texto lleno de gráficos, mapas y cuadros con información militar. Todo el acumulado estadístico y de información mostró resultados llamativos, de hecho, desmontan una serie de versiones sobre la guerra que son de dominio popular.

El libro se divide en cuatro periodos de estudio. En cada uno de ellos se da cuenta de las estrategias y tácticas militares de la fuerza pública colombiana, de los grupos paramilitares y luego los grupos posdesmovilización paramilitar, de las Farc y más recientemente de lo que se denominan disidencias, y por último del ELN. Además, en la introducción se da cuenta de los hallazgos a nivel teórico y empírico, y se propone un marco de análisis novedoso para entender el conflicto armado colombiano.

En el capítulo uno se trabajará el periodo que va desde 1995 al año de 1999, caracterizado por la ofensiva militar de las Farc-EP luego de su octava conferencia en 1993, la pretensión de las Farc-EP de lanzar una guerra de grandes contingentes de tropa con la toma a la base militar de las Delicias en 1996 y finaliza en 1999 con el inicio de la Zona de Distensión y el Plan de restructuración de las Fuerzas Militares; aunque la última vez que las Farc-EP movilizaron grandes cantidades de tropa fue en el año 2001 con la Columna Juan José Rondón en el Guaviare, donde murió Urías Cuéllar su comandante.

También este periodo se caracterizó por la derrota de las Fuerzas Militares en vastas regiones del país, por la intención del ELN de dar un salto cualitativo en su estrategia militar y, además, se dio la segunda expansión paramilitar iniciada en 1997. Esta se concentró, principalmente, en el norte del país: centenares de masacres, incursiones de paramilitares acompañados de miembros de la fuerza pública, la estrategia de campo arrasado, entre otras, produjo lo que se conoció como el proceso de homogenización política que llevaría al famoso escándalo de la parapolítica. El trasfondo de estos años es la presencia de un gobierno que gozaba de una fuerte ilegitimidad y un cierto aislamiento internacional.

Un segundo capítulo abarca desde finales de 1999 hasta el año 2003. En él, ante la ofensiva de las Farc-EP, el Estado se vio obligado a ingresar a un proceso de paz que llevaría a la formación de la Zona de Distensión, lo cual permitió a ese grupo guerrillero un fortalecimiento y el reclutamiento de una buena cantidad de tropa. Por otro lado, las fuerza pública mantenía su plan de fortalecimiento y desde el año 2001 los golpes hacia la insurgencia se incrementaron. La ofensiva paramilitar no se detenía, allí se produjo la tercera ofensiva paramilitar y el debilitamiento del ELN cada vez se hacía más notorio. Si la Política de Seguridad Democrática fue contra las Farc-EP, la ofensiva paramilitar se concentró contra el ELN, o al menos la base social de este grupo.

Por otro lado, desde el 2003 las Farc-EP iniciaron el llamado repliegue táctico y la fuerza pública comenzó la movilización masiva de tropas móviles. La operación Libertad Uno, que desmanteló varios frentes de las Farc-EP en el centro del país (A. Ávila, 2008), se convirtió en la principal victoria militar del Estado y el más grande golpe estratégico a las guerrillas. El periodo termina con un franco declive del ELN, el inicio del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y el intentó de las Farc-EP de lanzar una ofensiva que causó la muerte de algo más de un centenar de miembros de la fuerza pública.

El tercer capítulo abarca el periodo del 2004 al 2008, el cual se caracterizó por el nacimiento de los llamados grupos emergentes, rearmados y disidentes, todos ellos ligados a la desmovilización paramilitar, luego llamados Bacrim por el Estado y, más tarde, desde 2017, denominados Grupos Armados Organizados. Para el año 2008, 246 municipios presentaban algún tipo de presencia de estos grupos, se contabilizaban 101 estructuras. Por otro lado, la fuerza pública asestó grandes golpes a las Farc-EP aunque en 2009 la ofensiva del grupo guerrillero significó la parálisis de varias regiones del país. Comparado con el año 2002 la fuerza pública incrementó su personal en un 36 % y creó unidades nuevas.

El cuarto capítulo abarca el periodo de 2009 hasta 2018. Si bien este periodo pasará a la historia debido a las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP y el inicio de las negociaciones con el ELN, lo cierto es que se consolidó el empate negativo en el conflicto armado. Las guerrillas lograron adaptarse a las asimetrías del conflicto armado; sus principales debilidades fueron la aviación, la inteligencia artificial y el desarrollo de la inteligencia humana. Contrarrestar esto le permitió a las Farc-EP comenzar a copar algunos territorios, al igual que al ELN. Este empate técnico fue lo que le permitió al Estado colombiano consolidar el proceso de paz. Es en este proceso que se desarrollaron estrategias como las operaciones Beta por parte de la fuerza pública y los «Pisa suave» por parte de las Farc-EP. Las estrategias en terreno más especializadas se vieron durante este periodo de estudio.

En cada uno de los capítulos se analizan las estrategias, tácticas militares y consecuencias sobre la población civil de los cuatro actores principales del conflicto armado: la fuerza pública, las Farc-EP, el ELN y los grupos paramilitares y posdesmovilización paramilitar.

HALLAZGOS

Una vez revisados todos los capítulos, es posible llegar a dos tipos de conclusiones. Unas de tipo teórico, que además son el marco conceptual y de referencia para entender todo el universo de datos consignados en el libro, y otras de tipo empírico, las cuales derrumban una serie de mitos populares sobre el conflicto armado colombiano. Además, se recomienda al lector revisar capítulo por capítulo las conclusiones de cada periodo, pues algunas de ellas no quedarán incluidas en las generales o son complementarias de las allí expuestas.

De tipo empírico se podría llegar a diez grandes conclusiones, varias de ellas son increíbles por su carga política. Sin embargo, como se verá, están sustentadas en millones de datos.

1. La primera conclusión, tal vez es una suma de hallazgos, desbarata mitos o narrativas que existen sobre el conflicto armado colombiano. El primer mito desbaratado se encuentra entre el capítulo uno y capítulo dos. Según la percepción de algunos analistas y periodistas, durante el gobierno Andrés Pastrana (1998-2002) y, en concreto, en los diálogos del Caguán, este proceso de paz sirvió para fortalecer a las Farc-EP: básicamente se le entregó el país a esta guerrilla. Pero los datos de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa muestran que si bien las Farc-EP tuvieron un fortalecimiento, este fue relativamente marginal, es una cosecha que traían desde 1994. En cambio, los que sí se fortalecieron estos años y casi que triplicaron su presencia municipal fueros los grupos paramilitares.

Es algo así como concluir que en la vida real los diálogos del Caguán fueron una cortina de humo que se construyó mientras los paramilitares se expandían dejando una estela de masacres, homicidios, desplazamiento y amenazas en varias zonas del país. Evidentemente las Farc-EP salieron fortalecidas de la Zona de Distensión, pero las «Pescas Milagrosas» venían desde 1995, el asesinato de autoridades públicas comenzó en 1994, las grandes incursiones militares en 1996, las tomas a cabeceras municipales en 1994, llegando a su punto más alto en 1998, un año antes de la Zona de Distensión. La resistencia militar que hicieron las Farc-EP una vez termina la Zona de Distensión se deriva del impulso que traían desde 1994. Claramente, los diálogos le dieron a las Farc-EP una ofensiva política, lograron mejorar el reclutamiento y entrenamiento de su tropa, pero no fue un punto de quiebre.

Así las cosas, en 1998 las Farc-EP tuvieron acciones militares en 419 municipios; y en el año 2002, cuando se rompió la Zona de Distensión, golpearon en 452 municipios. Un crecimiento de poco más de una treintena de municipios. En cambio, los paramilitares pasaron de hacer presencia en 109 municipios en 1994, a 343 en 1998 y a 722 en el 2002, todo esto según datos de la Fiscalía General. Todos los ilegales se fortalecieron en estos años, pero si alguien se fortaleció fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en general los grupos paramilitares. Mientras el país se distraía en la Zona de Distensión, los paramilitares lograron el control territorial en centenares de municipios.

El segundo mito que se derrumba con la investigación tiene que ver con el fracaso de los diálogos del Caguán. Para los diferentes gobiernos la gran culpa fue de las Farc-EP. Según este sector, la guerrilla nunca tuvo una intención de conversar y todo se trató de una gran pantomima para ganar tiempo en el fortalecimiento militar. Para las Farc-EP y algunos sectores de izquierda, el Gobierno no quería dialogar, y todo se trató de ganar tiempo para reformar las FF.MM. y echar a andar el Plan Colombia. En general, para la sociedad prima la versión del Gobierno. Sin embargo, a lo largo de la investigación lo que queda claro es que tanto las Farc-EP como el Gobierno tenían un Plan B. Las negociaciones eran un posibilidad entre dos, pero el fortalecimiento militar era la otra. Tal vez se pueda concluir que en diálogos nadie cumplió, ni quería cumplir. Para ese momento todos pensaban que podían ganar y que solo faltaba un impulso.

El tercer mito que se derrumba es sobre el Plan Colombia. Si bien este hecho no se aborda directamente en el texto, se concluye que todo el plan de reforma militar de finales de los años noventa y la primera década del nuevo milenio estuvo enmarcado en el Plan Colombia. Es decir, el Plan Colombia no fue una estrategia de lucha contra las drogas, fue una estrategia contrainsurgente. Esto a su vez significó que discursivamente se unió narcotráfico y guerrilla, y con ello todo lo que el país vivió de intensidad del conflicto armado. A la vez, el discurso de «Lucha contra el terrorismo», que se masificó luego del atentado a las Torres Gemelas ayudó en este proceso.

El cuarto mito que se derrumba es la derrota de las Farc-EP. Esto se verá en el tercer y cuarto capítulo. Durante muchos años se creyó que en los dos gobiernos de Álvaro Uribe las Farc-EP estuvieron a punto de ser derrotadas, para muchos solo faltó un poquito y por ende la negociación de paz de La Habana no era necesaria, o al menos fue inoportuna. Sin embargo, lo que se concluye en los miles de datos analizados y en el trabajo de terreno es que la Política de Seguridad Democrática, PSD, logró que el Estado controlara los grandes centros de producción y comercialización del país y las principales vías de comunicación. Se desalojó a las Farc-EP del centro del país, la altillanura, las zonas alrededor de Medellín y de la costa Atlántica. Esta guerrilla se replegó hacia sus zonas históricas y desde allí comenzaron un proceso de reacomodamiento, pero nunca estuvieron derrotados militarmente. En cambio la PSD en lo que se convirtió fue en una estrategia de contención militar, es decir, blindar las ciudades y zonas pobladas y mantener a raya a las guerrillas. Esto creó el sofisma de la derrota de las Farc-EP y los conceptos de «posvictoria» y «el fin del fin», que se hicieron famosos en la última parte del segundo gobierno de Álvaro Uribe. Lo que sí sucedió es que toda esta estrategia de contención llevó a un empate técnico negativo, donde no se podía derrotar totalmente al contrario. De ahí que la negociación de paz de La Habana fuera la consecuencia lógica.

2. La segunda conclusión es que el conflicto armado no solo es dinámico en estrategia militar, sino también territorialmente o en términos geográficos. A través de los capítulos se puede ver cómo el conflicto armado hizo un recorrido por el país. Comenzó en el Magdalena Medio, luego pasó al Urabá antioqueño y chocoano, de hecho nuestro estudió comenzó en este territorio. De ahí pasó a la costa Atlántica, donde se cometieron más de 300 masacres y fueron desplazadas miles de personas. Luego se trasladó al Catatumbo y los Llanos Orientales, y en los últimos años de confrontación armada se trasladó a la costa Pacífica, donde se vive en la actualidad una verdadera guerra por el control territorial.

Obviamente los Llanos Orientales, desde los años sesenta del siglo pasado, mantuvieron presencia de las Farc-EP y la altillanura de grupos paramilitares, pero lo que fue dinámico fue la intensidad alta territorial de la confrontación armada. Este dinamismo cambió prácticamente todo en estos territorios. Por ejemplo, el mapa de la propiedad rural fue brutalmente modificado en el Urabá, en toda la costa Atlántica y en el Magdalena Medio. También el mapa político fue modificado, el fenómeno de la parapolítica tal vez sea el mejor ejemplo, pero sobre todo el mapa de la organización social cambió. Hubo zonas donde toda la organización social fue destruida. Es algo así como si el conflicto armado hubiese hecho una ruta de la muerte.

Al final se concluye que el mapa político, el mapa económico y el mapa social fue duramente transformado por la confrontación armada. Eso también echa al traste aquella lógica de que la guerra en Colombia no tuvo efecto sobre una parte del país, principalmente su zona urbana. El impacto fue sobre toda Colombia; lo que sucede es que no fue un solo impacto.

3. La tercera conclusión hace referencia a consecuencias esperadas y no esperadas de esta confrontación armada. Por ejemplo, en el tema de la concentración de la tierra y despojo, todo parece indicar que durante un tiempo esto fue una consecuencia no esperada. La gran mayoría de desplazamientos eran masivos, productos de combates, bombardeos, entre otras acciones militares. Mientras que en los últimos tiempos de la expansión paramilitar y, sobre todo durante su consolidación, primó el desplazamiento individual y el despojo dejó de ser algo no esperado a ser una estrategia. Lo ocurrido con alias Cadena o en general en el Bloque Norte de las AUC es muestra de ello. Se quemaron notarías, se capturaron oficinas de registro y notariado y hasta se crearon municipios para apoderarse de rentas. Como se vio, fue de tal magnitud la planeación de la expansión paramilitar que el Bloque Norte recibía el seudónimo de La Empresa.

4. La cuarta conclusión es aún más increíble y es que a través del texto se logra entender la diferencia entre parapolítica y Farcpolítica. Durante muchos años, políticos, analistas, periodistas y líderes de opinión cuestionaban la ausencia de condenas a políticos por relaciones con las Farc-EP. Siempre preguntaban dónde estaban los casos de Farcpolítica, para ellos solo se había juzgado la parapolítica. De hecho, varios políticos fueron investigados por sus relaciones con las Farc-EP y no se encontraba nada. La investigación para escribir el presente texto encontró las razones. No se trató de negligencia de la justicia o corrupción, sino de fenómenos diferentes con un mismo efecto.

En el libro Y refundaron la patria, di algunas pistas sobre las diferencias de estos fenómenos. Para ese año encontré tres grandes ejes de distinción. Por un lado, el carácter pro o antiestatal. Efectivamente las guerrillas tenían un carácter antiestatal y por ende buscaban destruir el Estado y crear algo nuevo. Mientras que los paramilitares buscaban el statu quo y desde allí impulsar su proyecto político.

La segunda diferencia radicaba en los objetivos y estrategias de los actores armados ilegales. Para las Farc-EP la estrategia consistió en hacer inoperante el Estado desde el saboteo armado, por ello las tomas a las cabeceras municipales, la destrucción de puestos de votación y el asesinato, secuestro y amenazas a cientos de funcionarios públicos. El saboteo armado se tradujo en la estrategia de «vacío de poder» y «boicot electoral» que aplicaron tanto las Farc-EP como el ELN en la mayoría de regiones donde operaron.

Por el contrario, la estrategia de los paramilitares fue la de cooptar el Estado, a partir de la influencia en los cargos de elección popular. Se trataba de cooptar desde adentro y las Farc-buscaban cooptar desde afuera. El último factor de distinción era el capital social. Mientras las guerrillas tenían como base social a cocaleros, campesinos pobres y colonos, y en algunas ciudades sectores marginales radicales de izquierda, los paramilitares en sus cuatro oleadas lograron el apoyo de ganaderos, narcotraficantes, clase política regional y local tradicional y sectores de las Fuerzas Militares. Obviamente a simple vista se ven las diferencias de capital y base social.

Estos tres factores marcaron las diferencias entre ambos fenómenos. Sin embargo, el presente escrito nos aporta tres cosas al análisis. Por un lado, el estudio entrega importantes bases de datos oficiales, ya sea de la Policía Nacional o la Fiscalía, en las cuales se validan las tesis anteriores. Así, por ejemplo, fue posible ver desde 1994 cómo el asesinato y secuestro de autoridades electas fue una práctica sistemática de las Farc-EP durante varios años. También se vio cómo las Farc-EP y el ELN aplicaron estrategias para destruir el Estado. Igualmente, los datos de violencia asociada al conflicto permitieron ver cómo el desplazamiento fue utilizado por el paramilitarismo para transformar el mapa político colombiano, entre otras prácticas de violencia. Es decir, el estudio entrega un sustento empírico importante y deja abierto un canal de investigación que debería ser profundizado.

Lo segundo que aportó el estudio, es que logra demostrar cómo la Movilidad o la Estabilidad en el Territorio determina los alcances de las estrategias políticas de los GAI. Así, por ejemplo, las Farc-EP casi siempre fueron una guerrilla móvil, lo cual hacía difícil su influencia política, o mejor, no era estable en el tiempo. Además, en la medida que la estructura armada pesada estaba en zonas apartadas, la base de milicianos era inestable y era una de las primeras en desertar cuando venían arremetidas militares. Esto significa que la distancia geográfica entre componentes de una misma estructura militar influye en la propensión a la defección. En cambio, las estructuras paramilitares eran más estables en el territorio, no eran perseguidos por el Estado y sus bases militares generalmente estaban en zonas urbanas como los corregimientos, lo cual facilitaba su influencia política. Tal vez el departamento del Cauca sea el mejor ejemplo. Allí, las Farc-EP operaron por más de 50 años y nunca lograron modificar el mapa político, siempre ganaban las mismas élites, mientras que los paras en solo 5 años cambiaron el mapa político en varios departamentos.

Lo tercero que agrega el estudio, tiene que ver con el papel de instituciones estatales en el combate a estos grupos. Efectivamente se logró demostrar cómo la fuerza pública combatió muy poco a los paramilitares, además se comprobó cómo en algunas zonas servían de avanzada a la llegada de las AUC. Eso siempre se supo, pero este estudio logra demostrarlo a partir de bases de datos oficiales y con información empírica precisa. Además, se citan informes oficiales, informes de organismos internacionales y datos oficiales. Esto sustenta dicha afirmación.

Vale la pena aclarar que hubo casos en los que las Farc apoyaron políticos y obligaron a votar por ellos. Pero su alcance era menor, solo algunos alcaldes y concejales. Igualmente, hubo casos en que los paramilitares secuestraron políticos y los obligaban a renunciar, pero no fue lo preponderante. Así las cosas, la parapolítica fue la cooptación de los cargos de elección popular y de las instituciones del Estado. La Farcpolítica fue el asesinato de mandatarios, la quema de urnas, e impedir las elecciones. El efecto era el mismo, destruir el Estado, pero los métodos eran diferentes.

5. Otra conclusión interesante tiene que ver con los enfoques de diferentes actores armados ilegales. Se podría decir que la ofensiva paramilitar se concentró contra el ELN y destruyó su base social, mientras que las Farc-EP salieron más o menos bien libradas de esa ofensiva. Por el contrario, la Política de Seguridad Democrática del Estado colombiano se centró en las Farc-EP.

Igualmente, pareciera que la estrategia de «boicot electoral» y «vacío de poder» fue también venganza de las Farc-EP a la denominada guerra sucia de los años ochenta del siglo XX, y no solo una estrategia militar. En últimas, los datos recabados para escribir el documento logran mostrar tanto los énfasis como los repertorios de violencia más utilizados por los actores en el conflicto armado.

Las Farc-EP utilizaban más el secuestro, los paras privilegiaban el desplazamiento y las masacres, y el ELN el saboteo a la infraestructura energética del país. No significa esto que los actores no cometieran todo tipo de acciones, pero se logran determinar preferencias de repertorios de violencia.

6. La sexta conclusión se refiere a una confluencia de hechos que llevaron a lo que se podría denominar internacionalización del conflicto armado. Básicamente desde 1999 el conflicto comenzó a trasladarse del centro del país y la cordillera oriental, a las zonas de frontera. Tanto la estrategia de contención como la de operaciones a profundidad que implementó el Estado, llevó a que el conflicto se trasladará del centro a la periferia y en algunos casos a zonas de frontera. Gran parte del Plan Colombia se desarrolló en Putumayo y Nariño, frontera con el Ecuador, la intensificación del conflicto en el Catatumbo o el Perijá llevaron a tensiones con los vecinos, en este caso Venezuela. El bombardeo a Raúl Reyes, el traslado de testaferros de los paras a países vecinos, o el traslado de la comandancia del ELN hacía Venezuela muestran cómo durante el periodo de estudio el conflicto colombiano pasó de ser un problema más o menos doméstico a ser un problema regional.

La crisis del intercambio humanitario o la captura de jefes paramilitares en Venezuela, fue la evidencia de problemas que habían comenzado al finalizar la década del noventa del siglo XX. El escrito deja ver muy bien este proceso de traslado de la confrontación y las características militares de dicha confrontación en las zonas de frontera.

7. La séptima conclusión corroboró lo expuesto por Marco Palacios hace ya algunos años. El norte fue un país rápidamente dominado por el paramilitarismo y donde las guerrillas se replegaron, allí se exterminó la base social y rápidamente los paramilitares construyeron la suya. En el centro, el Estado más o menos funcionaba y se creó un sistema social bastante moderno, al sur las guerrilleras dominaron por años.

Todo ello llevó a un replanteamiento de las estrategias armadas. Por ejemplo, las Farc-EP consideraron crear un Estado al sur del país y el Plan Caquetanía se dirigía a ese camino en el sur occidente colombiano, y desde allí ir avanzando hasta conquistar el norte. Los paras plantearon la ofensiva desde el norte hacia el sur.

8. Una octava conclusión también divide el país, pero no tanto por el tipo de actor armado, sino por la influencia del mismo en la vida diaria de la población. Efectivamente, en las principales ciudades del país nunca hubo combates o acciones armadas prolongadas, esto llevó a un país con dos realidades. Por un lado, unas zonas rurales que padecían intensamente la confrontación armada y, por otro lado, las principales zonas urbanas que estaban ajenas a la guerra. Eran como realidades paralelas bastante diferentes.

Esto no solo fue producto de la estrategia de contención de la fuerza pública colombiana desde 2006, sino que en general el conflicto armado colombiano tuvo una geografía principalmente rural. Al final, esto llevaría a una apatía de las zonas urbanas frente al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc-EP. Unas zonas urbanas ajenas al conflicto o al menos distantes y una zona rural que se desangraba, en una guerra cada vez más degradada.

En las zonas rurales, las guerrillas mostraron dos caras, una depredadora, que fue la que identificó las zonas urbanas: secuestros, desplazamientos, ataques, entre otras. Pero hubo otra cara de las guerrillas, una que pocos conocen y era que las Farc y el ELN en varias zonas del país crearon un modelo de administración de justicia y regulación de la vida social. En el sur del Tolima al frente 21 de las Farc se le denominaba la Fiscalía 21. Este sistema de regulación social tenía instancias: la primera era el comité de Convivencia de la Junta de Acción Comunal, luego, de no llegarse a un acuerdo entre las partes, la segunda instancia era la Junta de Acción Comunal en pleno. La tercera instancia eran una especie de comité compuestos por guerrilleros. Se resolvían todo tipo de problemas, desde temas de linderos, hasta deudas e incluso infidelidades.

9. Tal vez una de las conclusiones de fondo, y de las más importantes, es que el conflicto armado colombiano se configuró bajo características no típicas al momento de hacer ejercicios de política comparada. Por ejemplo, el conflicto armado colombiano se desarrolló sin retaguardias armadas estables, no hubo zonas liberadas. Toda esa teoría de fronteras tipo Kalyvas es complicada de manejar en las dinámicas de la guerra colombiana. Fue una guerra en constante movimiento. En segundo lugar, mientras todas las guerrillas hacían la paz a principios de los años noventa del siglo XX debido a la caída del muro de Berlín, Colombia vivió la más grande arremetida de las guerrillas, y lo más cruel de su guerra. Esto, producto de la economía de guerra que hizo que nuestro conflicto armado fuera tan largo.

Esta economía de guerra causó una independencia increíble de los GAI colombianos frente a las dinámicas internacionales de la guerra fría. Pero sobre todo fue la causa esencial de que el conflicto armado colombiano fuera tan largo. Una economía de guerra que vive más allá de los actores que la crearon. Así por ejemplo, las guerrillas nunca necesitaron de un apoyo decidido de potencias internacionales, no necesitaban su financiación. Igualmente el paramilitarismo colombiano, si bien tuvo mucha relación con el Estado, nunca dependió financieramente de él. Por ello su independencia frente al Estado. Además, fue un conflicto armado con grados de degradación de la confrontación armada sustancialmente altos: empalamiento, los denominados homicidios ejemplarizantes, entre otros hechos, marcaron la degradación del conflicto.

La importancia de la economía de guerra modificó, por ejemplo, el tipo de paramilitarismo que se creó en Colombia. El siguiente diagrama muestra un balance de los tipos de paramilitares que se crearon en la región.

En una línea que va desde el punto más próximo al Estado hasta el punto más lejano al Estado, se puede establecer cuatro modelos de paramilitares en la región:

a. El primero fue el argentino. En la dictadura, el Estado argentino asumió la represión directa a los opositores. Las tres Fuerzas asumieron la administración del Estado y montaron un aparato de terrorismo de Estado. Se podría decir que no había una fuerza paraestatal o paramilitarismo en sentido estricto. Era un sistema, tal vez, paralegal. Antes de este aparato de terrorismo de Estado, existió La Tiple A Argentina, o Alianza Anticomunista Argentina. Eran exmilitares, expolicías e incluso sindicalistas de derecha que asesinaban a la izquierda peronista. Era un grupo paraestatal. Con el golpe de Estado, la dictadura expandió el aparato de terrorismo estatal y la Triple A dejó de existir. El saldo fue más que terrible, alrededor de 20 mil desaparecidos, la represión desarticuló todo tipo de resistencia y activismo social.

b. Las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, guatemaltecas, eran grupos de civiles armados coordinados por el Ejército. La lógica era que en las zonas de mayor presencia de grupos guerrilleros se pusiera a los civiles a enfrentar a los insurgentes. La batalla era entre vecinos, primos, amigos. Se trababa de involucrar a la población civil en la guerra. Hay una discusión si el ingreso a las diferentes Patrullas fue voluntario o forzoso. Todo el material dependía del Estado: el entrenamiento, las armas iniciales y la estructura de las Patrullas eran monitoreadas por el Ejército. Por ello, en el diagrama están un poco más lejos del punto más cercano al Estado.

c. Las Rondas Campesinas Peruanas, RC. Nacieron en Cajamarca y Piura, el objetivo inicial fue combatir el abigeato o robo de ganado y en general la inseguridad en las zonas rurales. Tenían cierto tinte político, pues decían luchar contra las autoridades corruptas locales, a las cuales acusaban de ser cómplices de la delincuencia y de no hacer nada para proteger el territorio. Nacieron independientes al Estado. De hecho, el Estado peruano las involucró en la estrategia contrainsurgente hacia finales de la década del ochenta del siglo XX, más de una década después del nacimiento de las Rondas. Muchas de estas Rondas no tenían una génesis similar. Algunas pedían que se fuera el Estado y que las comunidades asumieran el papel de reguladores sociales. Otras, como algunas de Piura, pedían más presencia del Estado.
Desde 1988 el Ejército peruano comenzó a organizar y armar a la población rural en Rondas. Desde 1990 se comenzó a entregar armas a los campesinos. Durante los dos primeros años de Fujimori, el Ejército, además de entregar armas, también brindó capacitación militar (Alor, 2001, pp. 1-15). Sin embargo, su legalización y reconocimiento como Comités de Autodefensa Civil, fue el principal apoyo que les dio el Estado peruano. En todo caso, estas estructuras eran bastante autónomas del Estado peruano y no había una relación tan directa y estable de mando de obediencia. Por ello, en el diagrama anterior se ubican en una posición alejada del Estado en términos de dependencia económica y militar.

d. Las Autodefensas Unidas de Colombia están en un punto más alejado del Estado. Esto se deriva de su independencia económica frente al Estado colombiano. Tenían relaciones con políticos y hubo intercambio de información. Durante unos años, algunas de estas estructuras operaron como escuadrones de la muerte. Como se verá, hubo hasta operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y paramilitares. Pero no hubo dependencia económica. Esto en el libro se denomina «autonomía criminal». En algunos casos, los jefes paramilitares parecían jefes de comandantes de Policía y Ejército en varias regiones del país.

El paramilitarismo tuvo cuatro orígenes en Colombia:

a. Desde principios de la década del sesenta del siglo XX, durante el gobierno de Guillermo León Valencia y hasta mediados de la década del ochenta se dio el primer tipo de paramilitarismo en Colombia. Muy parecido al tipo de autodefensa, sin mucha vocación de expansión territorial. En ese momento varios ganaderos lograron formar autodefensas de forma legal, eran entrenadas por el Ejército y servían como guardias pretorianas de algunos latifundistas y élites locales.

b. Un segundo momento se da desde mediados de la década del ochenta. En ese momento algunas guerrillas comienzan una etapa de secuestros a «los nuevos ricos», que eran una serie de narcotraficantes que se habían enriquecido de forma acelerada. Entre las personas secuestradas cae una de las hermanas del Clan Ochoa, miembros del Cartel de Medellín. Esto llevó a Pablo Escobar a crear el MAS o Muerte a Secuestradores. En ese momento el narcotráfico entró directamente a conformar y hacer parte de estructuras paramilitares.

c. Un tercer origen, fue la elección popular de alcaldes y gobernadores. A finales de la década del ochenta del siglo XX, se declaró que alcaldes y gobernadores podrían ser elegidos popularmente. Esta situación, inmediatamente, asustó a la vieja clase política y regional, quienes vieron en una serie de movimientos políticos de base una amenaza a su poder. Entre los partidos que amenazaban su estabilidad política estaba la Unión Patriótica. Desde ese momento se desató un exterminio contra movimientos alternativos. A este periodo se le conoce como «La Guerra Sucia». Centenares de líderes políticos de izquierda murieron en este baño de sangre. Como se verá en el libro, los políticos tradicionales acudieron a los grupos ligados al narcotráfico, a las autodefensas de primera generación y en general a estructuras criminales para asesinar la competencia política.

Para ese momento, década del ochenta y primera parte de la del noventa del siglo XX, no había una sola organización paramilitar, eran decenas. Como se verá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó cerca de 80 estructuras paramilitares en el país. Algunas tenían un alcance municipal, otras cubrían 4 o 5 municipios, y algunas pocas tenían un alcance regional. Por ello, en muchos casos estos grupos eran verdaderos ejércitos privados al mando de ganaderos y políticos, el caso de los 12 Apóstoles es un buen ejemplo.

d. El último origen paramilitar fue la participación abierta de funcionarios públicos en la conformación y promoción de estas estructuras. En medio de la Guerra Fría, los manuales de la Escuela de las Américas y el fantasma de las guerrillas en todo el continente llevaron a que sectores del Estado apoyaron decididamente el paramilitarismo.
Estas cuatro olas de paramilitares le dieron total autonomía criminal, al menos, desde el punto de vista económico. Por ello, cuando el Estado los quiso desmovilizar entre 2003 y 2006, muchos dijeron que no, y siguieron operando. Igualmente, el Estado no financiaba paramilitares, era al revés, los funcionarios públicos hacían parte de una nómina paralela de estas estructuras. Pero, sobre todo, muchas de estas estructuras al funcionar como grupos privados de seguridad, llevaron a que las élites locales y regionales casi que le dieran un golpe de Estado a las élites nacionales y a varios líderes políticos tradicionales.

10. A través del proceso de investigación y a medida que el lector pasa las páginas, surge una última conclusión. Parece simple a primera vista, pero es determinante a la hora de reconstruir la memoria del conflicto. La guerra en Colombia, su estrategia y táctica militar, fue planeada, no es causa del azar o de algunos inadaptados. No se trató de que un comandante fuera más violento que otro, aunque de esos hubo unos pocos. Casi todas las heridas que se abrieron durante la guerra fueron concebidas, planeadas y ordenadas. Los descuartizamientos paramilitares fueron planeados, los secuestros de las Farc o los Falsos Positivos fueron planeados. No fueron casos de «manzanas podridas».

Capítulo 1. Para-estados, campañas militares y derrota de las fuerzas militares en el sur del país.

CAPÍTULO 1

PARA-ESTADOS, CAMPAÑAS MILITARES Y DERROTA DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL SUR DEL PAÍS.

EXPANSIÓN TERRITORIAL Y DELEGACIÓN DEL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA. 1995-1999

LA FUERZA PÚBLICA.
LA DERROTA EN EL SUR DEL PAÍS

Para inicios de la segunda mitad de la década del noventa las Fuerzas Militares no vivían una situación alentadora. La reforma militar de 1991 planteada por el gobierno de Cesar Gaviria y dirigida por el entonces ministro de Defensa, Rafael Pardo, pretendía en 9 meses ponerle fin a los grupos guerrilleros, en ese momento llamados grupos disidentes por no haber entrado al proceso de paz con las diferentes guerrillas.

Por diferentes circunstancias el resultado fue el espectacular crecimiento de las guerrillas de las Farc y el ELN, así como el rearme paramilitar después de una breve desmovilización entre 1991 y 1992. Para ese momento la fuerza pública tenía tres grandes problemas.

Por un lado, buena parte de su tropa no era profesional, la gran mayoría eran bachilleres que cumplían el servicio militar. La siguiente tabla muestra la evolución anual de los miembros del Ejército por año. Para ese momento, era la fuerza de choque contra los grupos guerrilleros. Incluso el pie de fuerza era bastante pequeño para controlar todo el país.

Tabla 3. Evolución personal del Ejército

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la página web del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia. (abril, 2011) Recuperado de: https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa

En segundo lugar, los medios y recursos con los que contaban las Fuerzas Militares eran bastante obsoletos para combatir una guerra irregular y una guerra de guerrillas. La modernización militar que se inició desde 1989 no trajo sobre el terreno una ventaja estratégica. Incluso desde 1996 el Ministerio de la Defensa dispuso una nueva reforma al Ejército Nacional que tampoco dio resultados inmediatos.

El decreto presidencial No. 1422 del 25 de agosto de 1996 dispuso la organización de la Aviación del Ejército. La deposición No. 030 de septiembre de 1996 del Comando General de las FF.MM. aprobó la tablas de organización y equipo de la Brigada No. 25 organizada a tres unidades: BAHEL, BATAV, CIE. La directiva transitoria No. 000119 del Comando del Ejército del 30 de septiembre de 1996 «creación y activación de la Brigada de Aviación del Ejército» en el numeral 3 ejecución, ordinal C, misiones particulares, dispuso que el departamento E-3 elaborara y tramitara las disposiciones activando las Unidades en mención (Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia & Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 1995).

Para finales de 1995 el total de las Fuerzas Militares se distribuía de la siguiente forma.

Tabla 4. Composición de las Fuerzas Militares (octubre de 1995)

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la página web del Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia. (abril, 2011) Recuperado de: https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa

El tercer factor era la ilegitimidad de las Fuerzas Militares. La ilegitimidad no solo se daba por la imposibilidad de controlar el crecimiento guerrillero en la primera mitad de la década del noventa del siglo XX, también por los casos de ejecuciones extrajudiciales y la llamada guerra sucia habían producido una imagen bastante negativa a la fuerza pública. Por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana se dice que:

De acuerdo con diversos organismos de derechos humanos, la autoría de tales hechos correspondería tanto a los agentes estatales (Fuerzas Militares, de Policía y DAS) como a los grupos paramilitares a quienes correspondería la mayor cuota de responsabilidad en la violencia contra la UP, el 73.84 %, o sea 544 casos. Los sicarios, personajes relacionados con el bajo mundo y reiterativamente utilizados como instrumento auxiliar de la violencia política, aparecen vinculados a 155 casos, el 21 %. Entre enero de 1990 y junio de 1992, aunque no se logró contar con datos completos ni segregados, se registraron 292 casos de violación de derechos humanos, especialmente ejecuciones extrajudiciales. En el año electoral de 1990 la UP, ya seriamente disminuida, es nuevamente blanco de la violencia política; se contabilizan 90 casos. En este año (1990), entre el 1o de enero y marzo, en Antioquia, especialmente en la zona de Urabá, y en Meta, se presentan no menos de seis masacres de tres o más militantes. El 22 de marzo es asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, presidente y candidato presidencial de la UP, crimen que cierra momentáneamente el ciclo de la violencia contra la UP, pues este determina una postura abstencionista por parte de la dirección nacional para la elección presidencial de mayo de ese año. La UP, que nace para abrir los espacios de participación política y electoral, temporalmente se retira de la contienda (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, p. 144).

Durante la segunda mitad de la década del noventa la brigada XX fue cerrada luego de escándalos en temas de derechos humanos. El entonces Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (también conocido como Brigada XX), había sido criticado fuertemente por el gobierno estadounidense, lo habían acusado de formar escuadrones de la muerte:

El 8 de noviembre de 1997 el embajador estadounidense Frechette denunció que la Brigada XX del Ejército conformaba escuadrones de la muerte. El ministro Echeverri dijo: No se puede acusar al Ejército sin pruebas. Doce días después hubo poda en la Brigada XX con el retiro de cuatro oficiales (Redacción El Tiempo, 1998).

Para las elecciones de 1994 se reportaban 155 municipios en peligro, producto de la ofensiva de las guerrillas para el saboteo electoral. Renuncia de alcaldes, secuestros, intentos de homicidios de ministros, hacían parte de la ofensiva de las Farc-EP y demostraba los problemas para mantener la seguridad por parte de la fuerza pública. La periodista Clara Elvira Ospina, reportaba lo siguiente los primeros días de enero de 1994:

Esta semana, la guerrilla echó a andar en Bogotá y en otras zonas del país, lo que irónicamente politólogos, expertos militares y agencias de seguridad asimilan a la precampaña terrorista de la subversión ante un año en el que se definen otra vez curules de Cámara y Senado, gobernaciones y alcaldías y nuevo Presidente de la República. Por un lado, el fallido intento de asesinato del ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, coinciden observadores y analistas oficiales, evidencia el afán de los subversivos por presionar a los candidatos presidenciales a abordar el tema de la guerrilla y por autopresentarse como aliado de las reivindicaciones de sectores inconformes con la política económica (C. E. Ospina, 1994).

Las acciones se contaban por decenas cada semana. Un reportaje de El Tiempo, decía que solo para el 21 de febrero se reportaron más de 10 acciones de las Farc-EP. El mapa que publicó El Tiempo, (Ospina, 1994) se reportaba así:

La gran mayoría de acciones se referían a la obstrucción del funcionamiento del Estado, a su destrucción. Nótese el sur y suroriente del país, donde se bloqueaban vías, secuestraban autoridades. Igualmente resulta interesante analizar las acciones alrededor de Bogotá.

La situación siguió siendo la misma, pero a medida que avanzaba la crisis del gobierno Samper y los pocos éxitos sobre el terreno, la situación se fue deteriorando. Todo se complicó en mayo de 1998, cuando en el día 15, el gobierno estadounidense canceló la visa del general Iván Ramírez, que para ese momento era inspector del Ejército y era excomandante de la Brigada XX (Ospina, 1994).

Dicha situación fue percibida como una especie de traición de ese gobierno. El propio Ramírez manifestó en ese momento que; «He combatido el terrorismo y ahora resulta que el terrorista soy yo.» (Redacción El Tiempo, 1998).

Por otro lado, las Fuerzas Militares tenían, para ese momento, lo que se podría denominar una «ilegitimidad política», pues en el ambiente nacional había quedado la sensación de un posible golpe de Estado en 1995 al gobierno Samper. Si bien no se trataba de una defensa de dicho golpe por parte de la clase política, se comenzaban a presentar signos de desconfianza frente a las Fuerzas Militares. Adicionalmente, a pesar del cambio de cúpula la desconfianza entre el Ejecutivo y las Fuerzas Militares era bastante grande. Ello llevó a la descoordinación de las estrategias militares con las políticas.

En relación con la articulación entre estrategia política y planes militares, es claro que no existió en la administración Samper. No hubo una estrategia política que guiara la elaboración de los planes militares y sí se dieron evidentes contradicciones. El planteamiento político del Gobierno giró durante el primer año en torno al proceso de paz y desde un principio se evidenció tensión y descoordinación entre funcionarios civiles y la cúpula militar sobre las prioridades por seguir (Dávila Ladrón de Guevara, Gavina, & Vargas, 2000, p. 158).

Tal vez el principal ejemplo de ello fue la Operación Conquista que se desarrolló entre mayo de 1996 y febrero de 1997. Si bien el propio gobierno Samper la consideró como suya, esta operación mostró grados altos de descoordinación, pues ante los miles de campesinos cocaleros que salieron a marchar, en lo que se conocieron como las marchas cocaleras, el Gobierno de ese entonces optó por el diálogo, mientras que los militares preferían una salida represiva a las mismas. Ya para febrero de 1995 se lanzó la operación Resplandor, cuyo objetivo era que en un plazo de 2 años se debían erradicar definitivamente los cultivos de uso ilícito. Esta primera operación desató las protestas campesinas. Para el 13 de mayo de 1996 se expidió el decreto 0871 por el cual se estableció como zona especial de orden público el área geográfica de la jurisdicción de todos los municipios de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta Vichada y Caquetá (Ramírez, 2001).

Con ello se recrudecieron las protestas y las incoherencias entre el Ejecutivo y las Fuerzas Militares fueron más que evidentes.

El 7 de agosto de 1998, el exgeneral Harold Bedoya Pizarro, en ese momento excomandante de las Fuerzas Militares, acusó al gobierno de no haber respaldado «grandes operaciones contra las Farc-EP como la denominada Conquista»; a continuación señalaba: «Tenemos esta nueva tragedia por el mal gobierno, por la falta de voluntad de tomar las decisiones políticas de liquidar el problema del narcotráfico» (El Espectador, 7 de agosto de 1998: 5A). En esta afirmación es evidente que para el general Bedoya, encargado de dirigir las acciones militares en la zona en el momento de las marchas, el narcotráfico y las Farc-EP son homologables y así, desde su perspectiva, la operación Conquista se dirigía prioritariamente contra la insurgencia o narcoguerrilla, como la llaman los militares. Dentro de esta lógica es que pueden comprenderse sus declaraciones una vez comenzaran las marchas en el Guaviare: «Vamos a recuperar este territorio que está inundado de cultivos ilícitos. El Gobierno y las Fuerzas Armadas van a combatir este flagelo. Esta es una guerra que la vamos a ganar, estamos empezándola, nos vamos a demorar un rato pero la vamos a ganar, completamente.» (Declaraciones en el noticiero AM-PM, 07 de julio de 1996, referido en Ramírez, 2001, p. 48).

De tal forma que para la segunda mitad de la década del noventa del siglo XX, las Fuerzas Militares mantenían una relación complicada con el Ejecutivo, sobre todo después de los rumores de golpe de Estado. Además, de trasfondo se encontraba el asesinato de Álvaro Gómez, quien murió el día que posiblemente se iba a dar el golpe (Revista Semana, 1998b). Las FF.MM. tenían una imagen negativa a nivel internacional y, por si fuera poco, diferentes comunidades rurales cuestionaban el papel de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

Las operaciones Conquista I y Conquista II, adelantadas en el sur del país contra el narcotráfico por la IV División del Ejército y sus brigadas, entre junio de 1996 y febrero de 19997, afirmaron la tendencia de militarización de la lucha antinarcóticos. Así fue posible combinar, y confundir, la represión antisubversiva con la guerra contra las drogas. Ya desde antes el Ejército había realizado operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca del apoyo directo de Estados Unidos a sus actividades antisubversivas. La importancia progresiva que adquirió el Comando Sur de Estados Unidos –ubicado hasta fines de los años noventa en la Zona del Canal de Panamá– para el país tiene que ver no solo con su papel de mediador de la absorbente política militar estadounidense para el área, sino también con esa búsqueda de apoyo por parte del Ejército Nacional (Leal-Buitrago, 2002).

Por otro lado, en términos poblacionales la fuerza pública en general y el Ejército en particular no eran proporcionales ni con el territorio ni con el crecimiento demográfico.

En cuanto al tamaño de las instituciones armadas, en 1981 el promedio mundial presentaba una relación de seis soldados por cada mil habitantes. Para el caso de América Latina, esta cifra pasó de 4,4 soldados por cada mil habitantes en 1981, a 2,7 en 1995. Colombia se encontraba por debajo del promedio mundial y de la región hasta 1987, cuando comenzó a presentar notables aumentos hasta superar la cifra promedio para América Latina e igualar el promedio mundial. Colombia pasó de 2,4 soldados por cada mil habitantes en 1981, a 4 en 1995. El Gasto de la Fuerza Pública, denominado (GFP), como proporción del PIB destinada a la seguridad, presentó en Colombia un promedio de 0,8 %, con un mínimo de 0,6 % y un máximo de 3,6 %. A partir de un análisis histórico de este rubro, la economía realizó sus mayores esfuerzos en 1997, debido a dos factores: los gastos provenientes de la nivelación salarial establecida a partir de la Ley 4 de 1992; y los recursos de inversión provenientes de los Bonos para la Seguridad, los cuales presentaron un agregado de 440 mil millones de pesos que se destinaron a adquisición de equipo (Dávila Ladrón de Guevara et al., 2000, p. 165).

Las estrategias adoptadas por las guerrillas, los grupos paramilitares y la situación de la fuerza pública provocarían una situación de desinstitucionalización generalizada en el país y con ello la creación de para-Estados en siete regiones del país.

En el periodo Samper es factible preguntarse por qué, en condiciones de fortalecimiento de la institución, dado su rol de sostén de un gobierno cuestionado, el balance al culminar el periodo es negativo. Pero igualmente, cabe preguntarse cuáles fueron los rasgos predominantes y si estos implicaron una ruptura o una continuidad con lo existente hasta entonces. A este respecto, es factible recoger una primera respuesta en relación con el esquema de relaciones entre civiles y militares que prevaleció. Tal y como se argumenta en el epílogo de El juego del poder: historia, armas y votos (Dávila, 1998), tanto por su interés y conocimiento del tema, como por la situación de inestabilidad y debilidad que introdujo el Proceso 8.000, el gobierno Samper habría desechado todo lo construido y avanzado en el período Gaviria y habría retornado a esquemas propios del Frente Nacional. Es decir, de poco interés del alto gobierno en los temas de seguridad y propiamente militares, de atención coyuntural producto de las circunstancias de orden público y de carencia de un interlocutor civil reconocido por las instituciones armadas, especialmente tras la obligada renuncia de Fernando Botero al Ministerio de Defensa. Por tanto, la situación quedó sujeta a esquemas muy marcados por las relaciones personales, y no institucionales, pero en un contexto que no hacía sino agravar la situación vigente (Dávila Ladrón de Guevara et al., 2000, p. 154).

Es decir, a pesar de la debilidad del gobierno nacional y la superioridad de las Fuerzas Militares, al final de la administración Samper la debilidad del aparato militar era más que notable, pues los constantes golpes propinados por las Farc-EP habían hecho creer a gran parte de la dirigencia del país que el país no estaba lejos de la toma del poder por el grupo guerrillero. Las Farc-EP desataron la más grande ofensiva en 1996 (A. Ávila, 2011). Aprovechando la debilidad e ilegitimidad institucional del gobierno Samper, el grupo guerrillero inició aceleradamente la movilización de grandes contingentes de tropa con miras, por un lado a desalojar la fuerza pública de las cabeceras urbanas de los municipios, y en segundo lugar a cercar a Bogotá.

En esas circunstancias, las Farc-EP incrementaron su «guerra contra un establecimiento corrupto». El 30 de agosto lanzaron la ofensiva militar de mayores características cualitativas en toda su historia, propiciaron 26 ataques simultáneos en distintas zonas del territorio nacional, y el asalto a la base militar de las Delicias. Luego, siguieron los descalabros de La Carpa, San Juanito, Patascoy y El Billar, para mencionar solo los de mayor impacto, y culminaron con la toma a Mitú, primera vez que asaltaban una capital de departamento, tratando de inaugurar el paso de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones (Velázquez, 2006, p. 169).

Ya antes de esta ofensiva de agosto de 1996, habían asaltado a Puerres en Nariño dejando 31 militares muertos. En la zona del Bloque Oriental, los ataques se incrementaron en un 16 % desde 1996. A la Columna Juan José Rondón

se le atribuye la muerte de 62 militares y el secuestro de otros 42 en El Billar, en jurisdicción del municipio de Cartagena de Chairá, Caquetá, en marzo de 1998. Incursionó con la columna que comandaba en la Base Antinarcóticos de la Policía Nacional en el municipio de Miraflores, Guaviare, en agosto de 1998, mató a 51 miembros de la fuerza pública y secuestró a otros 127. Se le atribuye la muerte de cinco policías antinarcóticos y de dos soldados profesionales que se fugaron, en septiembre de 1998, del lugar de cautiverio en donde estaban secuestrados, en Vichada. Participó luego en acciones guerrilleras contra el municipio de Puerto Inírida, en Guainía; en Mitú, Vaupés, donde secuestró a 71 policías, dando muerte a 16 y destruyendo gran parte de la población. Las autoridades también lo sindican de haber incursionado entre 1999 y este año a las poblaciones de Puerto Rico y Puerto Lleras, Meta, en donde secuestró a 28 policías. Estuvo en los ataques contra los municipios de Santa Rosalía y Primavera, Vichada, Algeciras en Huila, y a la Base Militar de Coreguaje, situada en La Tagua, Putumayo, en donde dio muerte a 22 militares (Caracol.com, 2001b).

Los reveces militares llevaron a que el gobierno de Pastrana se viera obligado a realizar un repliegue político y concediera la Zona de Distensión, situación que analizaremos más adelante. El punto cúlmine de la ofensiva de las Farc-EP se dio con la toma a Mitú, pero a la vez marcó el inicio del plan de restructuración de las Fuerzas Militares, que tuvo en general tres componentes: mejoramiento de la aviación, profesionalización de las Fuerzas Militares y fortalecimiento de la inteligencia militar, todo ello acompañado de un aumento del pie de fuerza.

Esta situación produjo que la tendencia se revirtiera, pues la asimetría aérea causó que la movilización de grandes contingentes de tropa por parte de las Farc-EP se hiciera casi imposible en zonas con poca vegetación. Estas grandes columnas se prolongaron en el suroriente y sur del país; en el resto del país fue casi imposible. Los bombardeos se convirtieron en la principal arma de la fuerza pública contra los grupos guerrilleros. En tan solo un año las Farc-EP perdieron cerca de 200 hombres en acciones de bombardeo. Se podría decir que si bien Mitú fue el punto más alto de la estrategia de las Farc-EP de la Nueva Forma de Operar, también fue el inicio de la contraofensiva de la fuerza pública.

El periódico El Tiempo recogió una serie de acciones que había realizado la fuerza pública en 1999, en particular en el cañón de la Llorona.

En las márgenes del río Chigorodó, en lo profundo del cañón, las tropas daban las últimas puntadas a la Operación Leopardo contra uno de los santuarios de la agrupación insurgente, situado en las puertas de la zona bananera. El balance oficial, hasta ese momento, era de 50 guerrilleros muertos, así como cuatro militares muertos y otros 18 heridos. El general Mora no podía estar más satisfecho. Desde noviembre de 1998, cuando las tropas recuperaron el casco urbano de Mitú, la contraofensiva que ha liderado el Ejército le ha dado buenos resultados. Sobre todo durante el último mes. El 18 febrero, durante la Operación Eclipse Negro, en Arauquita, el Ejército mostró un video en el que aparecían, por primera vez ante la opinión pública, decenas de cuerpos de guerrilleros muertos durante los enfrentamientos ocurridos en los sitios El Oasis y La Esmeralda. Ocho días más tarde, tropas de la Brigada 13 descubrieron entre Pasca y Gachetá, en Cundinamarca, tres caletas con 20.000 cartuchos de los frentes 22 y 53. Y a finales de la semana pasada, Vladimir González Obregón, conocido como Miller Perdomo, líder del frente 51 y gestor de las llamadas pescas milagrosas, murió en una operación en la zona del Guavio (Cundinamarca). Estos golpes están dando la sensación de una nueva actitud del Ejército, que no solo le ha permitido propinar varios golpes, sino contar con un punto a su favor: no haber tenido reveses en el campo de batalla (O. Restrepo, 1999).

Por los lados de la Policía Nacional, ante la estrategia de Vacío de Poder de las Farc-EP, que consistía en sacar la institucionalidad de los municipios de dominio guerrillero, el director de la Policía se ideó el concepto de Comandos Móviles.

El general Rosso José Serrano dijo que la decisión de retirar a los policías de algunos cuarteles de pueblos antioqueños está dirigida a conformar comandos móviles, para enfrentar a la guerrilla en igualdad de condiciones. En su criterio, de esa manera se busca detener la destrucción de los pueblos y proteger la vida de sus ciudadanos y de los propios policías (Redacción El Tiempo, 1999a).

En la vida real, la Policía intentaba justificar su incapacidad de resistir en varias zonas las operaciones de la guerrilla. Sin embargo, este mecanismo con el tiempo sería el embrión de lo que se conoció años más tarde como los Emcar o Escuadrones Móviles de Carabineros.

Estos Comandos Móviles días después del anuncio de la creación serían agrupados en la Primera Brigada Móvil de la Policía.

La primera brigada móvil de la Policía, que reemplazará de ahora en adelante la presencia de los agentes en los cascos urbanos en cinco municipios y tres corregimientos antioqueños, comenzó a operar en Altamira, una pequeña población del suroccidente del departamento (Redacción El Tiempo, 1999b).

Esto sería el inició de la militarización de la Policía Nacional. Antioquia, donde la estrategia de las Farc-EP había sido más fuerte, fue el primer departamento que tuvo este tipo de medidas. Si bien, este mecanismo móvil fue el comienzo de la militarización de la Policía, en el terreno no solucionó los problemas de presencia de la institución en el territorio.

LA ESTRATEGIA DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES

LAS FARC-EP. «VACÍO DE PODER» Y LA NUEVA FORMA DE OPERAR

Durante este periodo se produjo unos de los cambios estratégicos y tácticos militares más importantes por parte de los actores armados ilegales en conflicto. Por un lado, las Farc-EP habían iniciado la aplicación desde 1993 de lo que ellos denominaron «la Nueva Forma de Operar», que marcaría el desarrollo militar durante estos años.

Dicha estrategia fue concebida desde finales de la década del setenta en la sexta conferencia guerrillera, aunque fue desarrollada en su concepción táctica en 1982 con la séptima conferencia guerrillera. En todo caso su aplicación demoraría hasta mediados de los años noventa, debido a los diálogos de paz de la década del ochenta y a todo lo que significó la Guerra Sucia. Esta estrategia en términos estrictos significaba la aplicación del Plan Estratégico para la Toma del Poder concebido en 1982.

En lo militar, el Plan Estratégico traía cinco órdenes militares para lograr tomarse el poder y según dicha concepción, para los primeros años del nuevo milenio se debía dar la estocada final.

En primer lugar, el 50 % del total de la tropa de las Farc-EP debía posicionarse sobre la cordillera oriental con miras a rodear Bogotá. El otro 50 % de la tropa debía ubicarse sobre el resto del país.

En segundo lugar, se debían crear al menos 100 estructuras de combate o fuerza élite. No debe olvidarse que desde principios de los años noventa del siglo XX las Farc-EP decidieron crear Columnas y Compañías Móviles como fuerzas de choque especializadas. Las columnas Teófilo Forero y Jacobo Arenas fueron de las primeras.

La tercera orden militar significó pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movilización de grandes contingentes de tropa, a eso las Farc-EP le llamó Nueva Forma de Operar. La guerrilla agrupó grandes contingentes de tropa y comenzó a avanzar en líneas estables para combatir a la fuerza pública. Algunos analistas dijeron que esto significó una guerra de movimientos, pero en la vida real nunca se llegó a ese punto. No hubo una defensa del territorio, pero obviamente la Nueva Forma de Operar era algo más que una guerra de guerrillas.

Lo primero que hicieron fue combatir a las fuerzas de seguridad del Estado en las zonas de mayor presencia guerrillera y, a partir de allí, comenzar a subir desde el sur del país hacia el centro. La idea fue que cada frente guerrillero debía incrementar la operatividad militar y los que avanzaban hacia adelante eran las fuerzas especiales como las Columnas y Compañías.

Por ejemplo, el 11 de febrero de 1994 el frente 32 de las Farc-EP atacó en el municipio del Valle del Guamuez, allí murieron 4 soldados.

Además, resultaron heridos el cabo segundo Florentino Vergel Molina y los soldados José Sierra Buitrago, Luis Tintinagos, Jorge Eliécer Rosero Pérez, Luis Salcedo Rengifo y Willington Ortiz Serna, recluidos en el hospital de La Hormiga y quienes están fuera de peligro (Redacción El Tiempo, 1994a).

Desde ese momento comenzaron a aumentar los ataques. El 24 de febrero atacaron Tota y Aquitania, Boyacá, comenzaron las famosas tomas a cabeceras municipales. El 25 de febrero se atacó a Soacha, dos policías resultaron heridos cuando se dinamitó una estación de policía (Redacción El Tiempo, 1994c). Apenas dos días después se sucedieron ataques en Arauca, Huila y Cundinamarca:

Cuatro militares y por lo menos catorce guerrilleros murieron ayer en La Paz, jurisdicción de Arauquita, donde el Ejército frustró el asalto a esa población. Otros dos subversivos resultaron muertos en el Huila cuando pretendían volar un puente, según las autoridades. En las primeras horas de la madrugada una cuadrilla de las Farc-EP intentó la toma de la localidad rural al norte del departamento de Arauca. Sin embargo, se encontraron con unidades del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército (Redacción El Tiempo, 1994e).

Para el 10 de marzo de 1994 se conoció un informe que indicaba que cada 8 horas había un combate con la guerrilla. La novena Brigada del Ejército emitió la orden de acción 001, denominada operación Estrella que se desarrolló en Nariño. Pero se hacía un balance de la situación de seguridad del país. «Lo más relevante de la Operación Estrella, sin embargo, es que hizo parte y cerró un ciclo de 251 combates que han librado las tropas regulares con los grupos guerrilleros en lo que va corrido del año» (Redacción El Tiempo, 1994h).

La cuarta orden militar fue masificar las milicias populares y bolivarianas. Las Farc-EP con ello buscaron nuevamente una estrategia para las grandes ciudades. Para ello, crearon redes de milicias en Bogotá, con la Red Antonio Nariño; en Medellín, con la Jacobo Arenas; en Cali con la red Manuel Cepeda Vargas y una más en Barranquilla. La última orden fue sacrificar al Estado. El saboteo electoral y la destrucción del aparato institucional civil fue su objetivo.

Estas cinco órdenes militares comenzaron a desarrollarse desde 1994, como se vio antes con los ejemplos. Las Farc-EP decidieron desarrollar el Plan Estratégico para la Toma del Poder. Entre 1993 y 1996 desataron una fuerte ofensiva, basada en un plan piloto del salto cualitativo de sus estructuras militares. Inicialmente se vieron pequeños ataques concentrados, que movilizaban grupos de 50 a 100 guerrilleros.

A medida que lograban éxitos, la calidad de los ataques aumentó. Sobre todo desde 1996, el crecimiento y fortalecimiento militar de las Farc-EP fue notable.

Si bien el número de ataques contra la fuerza pública desciende, se producen acciones de mayor impacto en términos de muertes en las filas de las Fuerzas Militares. Como lo muestra Alfredo Rangel, desde este año y hasta mediados de 1998 la insurgencia comenzó a poner en práctica la ‘nueva forma de operar’, según la cual ‘…dejarían de esperar al enemigo para emboscarlo y que en su lugar irían en pos de él para buscarlo, asediarlo y coparlo’ (Farc-EP, 1993). En este marco se producen una serie de ataques que comienzan con una emboscada del frente 48 de las Farc-EP en Puerres (Nariño), en la cual murieron 31 militares; continúa con lo ocurrido en la base militar de Las Delicias, donde murieron 54 soldados; el ataque a efectivos de la Brigada Móvil No. 2 cerca de la base militar de La Carpa en San José del Guaviare, donde perdieron la vida 30 soldados; el ataque a la base militar ubicada en el cerro Patascoy en el departamento de Nariño, donde ocho militares murieron. Sin embargo el evento de más grandes dimensiones se da el 3 de marzo de 1998, cuando tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 52 de la recién creada Brigada Móvil No. 3, fueron emboscadas cerca de la quebrada El Billar en Caquetá, siendo prácticamente aniquiladas con la muerte de 62 soldados. Luego de esto, el 3 de agosto de 1998, aproximadamente 1.200 insurgentes atacaron simultáneamente a una compañía del Batallón de Infantería No. 19 y a la base de la Policía Antinarcóticos en Miraflores (Guaviare); el saldo de estas acciones fue la muerte de 30 efectivos. Finalmente en noviembre de 1998 las Farc-EP se tomaron Mitú, capital del departamento de Vaupés (Fundación Seguridad y Democracia, 2005, p. 7).

El gráfico 2 muestra la evolución anual del total del número de acciones llevadas a cabo por las Farc-EP desde 1993. Como se ve, estas se incrementan constantemente desde 1993 hasta llegar a su pico en el 2002, para luego nuevamente descender.

Gráfico 2. Número de acciones Farc-EP (1993 - 2009)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2010.

La «Nueva Forma de Operar» y las cinco órdenes militares antes nombradas no tuvieron el mismo impacto sobre la seguridad territorial. Por ejemplo, la creación de un ejército móvil, y con ello el salto estratégico, tuvo efectos en el sur del país. Además, se debe aclarar que en ninguna de las conferencias o Plenos del Estado Mayor Central de la organización armada se dio tal orientación. Pero la conclusión se deduce de una serie de comportamientos de las estructuras armadas de la organización. Este salto estratégico significó que los frentes cercanos se agrupaban para dar golpes grandes, pero no se trató de un crecimiento desbordado de estructuras, más bien de agrupamientos de ellas.

Esta estrategia, las Farc-EP la diseñaron para hacer frente a la maniobra de las Fuerzas Militares y, en particular del Ejército colombiano, que habían creado para la primera mitad de los años noventa la figura de las Brigadas Móviles. La primera Brigada Móvil creada por el Ejército Nacional fue en 1991.

Brigada Móvil Nº1. Esta Unidad Operativa Menor fue agregada operacionalmente desde la creación a la Quinta División, sus inicios se remontan a 1991 donde fue fundada con el propósito de combatir el terrorismo en las diferentes regiones del país. Tiene su puesto de mando en Cáqueza (Cundinamarca) e iniciaron sus operaciones desplegando las tropas al oriente de Cundinamarca y los municipios del Calvario y San Juanito en el Meta. Constituida con los Batallones de Contraguerrillas: Cacique Calima, Cacique Sugamuxi, Lanceros del Llano Arriba y Primero de línea (Quinta división del Ejército de Colombia, n.d.).

Era algo así como una guerra de espejos, se copiaban mutuamente, lo que en la academia se llama coproducción. Luego de este cambio operacional, las Farc-EP intentaron pasar poco a poco de la guerra de guerrillas móviles a un tipo de guerra de líneas defensivas y ampliando las Zonas de Movilidad seguras para el entrenamiento de tropa. Para ello, las Farc-EP crearon las Columnas Móviles, la primera de ellas en 1992. Estas estructuras móviles eran componentes militares especializados en el combate. No tenían ninguna función adicional a esta.

Se podría decir que intentaron aplicar la estrategia maoísta de defensa móvil y ataques móviles, pues la concentración de frentes, de compañías y columnas daba una guerra de grandes contingentes de tropa.

Toda guerra consistente en campañas y combates ofensivos de decisión rápida en líneas exteriores dentro de una guerra defensiva prolongada en líneas interiores en el plano estratégico, toma necesariamente la forma de guerra de movimientos. Esta es una forma de guerra en que los ejércitos regulares efectúan campañas o combates ofensivos de decisión rápida en líneas exteriores a lo largo de amplios frentes y en vastas zonas de guerra. Al mismo tiempo, comprende la «defensa móvil», que se aplica en caso de necesidad para facilitar tales operaciones ofensivas, así como el ataque y la defensa de posiciones, los cuales desempeñan un papel auxiliar. Las características de la guerra de movimientos son: ejércitos regulares, superioridad de fuerzas en campañas y combates, carácter ofensivo y movilidad (Tse-tung, 1968, p. 176).

La guerra de movimientos es vista como una guerra de ejércitos regulares, donde la movilidad amplia de tropa es lo determinante. Sin embargo, en Colombia no se llegó a este tipo de guerra, como se dijo, no se lograron construir retaguardias estables. Con avanzadas y retrocesos, como veremos, las retaguardias duraron apenas meses, luego se combatiría en todo el territorio nacional.

Es de aclarar que esta guerra de líneas ofensivas se acompañó de campañas militares de golpes pequeños y simultáneos, muy parecido a lo que fue la guerra de Vietnam. Las Farc-EP la denominaron la operación «avispa». El 13 de enero de 1996, los medios escribieron lo siguiente: «Una ofensiva terrorista, denominada operación avispa, fue puesta en marcha por la guerrilla durante este fin de semana.» (Redacción El Tiempo, 1996a).

Para el mes de marzo los ataques iban al aumento, tanto la cantidad como el tamaño de los mismos. Para el 14 de marzo se hizo el balance de ese mes.

Además de la masacre de policías en Chalán (Sucre), hubo un feroz ataque contra la sede policial de Miraflores (Guaviare) y los asesinatos del director del DAS en Barrancabermeja (Santander), del comandante de la Policía de Puerto Rico (Caquetá) y de un inspector de Policía en Medina (Cundinamarca). También se registró el secuestro del alcalde de Socorro (Santander). (Redacción El Tiempo, 1996a).

Además, desde 1996 comenzaron los ataques a instalaciones militares. Toda esta escalada terminaría con la toma a Mitú en 1998. El 29 de marzo de 1996 las Farc-EP atacaron la base militar de Chupabe en el Vichada, allí murieron 6 militares. Para abril se produjo el ataque más fuerte de las Farc-EP en su historia hasta ese momento. El ataque ocurrió en Puerres Nariño, fue una emboscada en la que murieron 31 militares y otros 14 resultaron heridos (Sección Agencias, 1996).

El 7 de agosto de 1996, ocurrieron dos tomas a los municipios de Acacías y Guamal, Meta, 16 personas quedaron heridas, entre ellos cinco policías. Era un ataque más, pero lo llamativo de las acciones simultáneas fue la cantidad de guerrilleros que se concentraron para hacerlos. Las Farc-EP habían reunido cerca de 250 guerrilleros para cada ataque.

En ese mismo mes de agosto de 1996 se presentaron ataques simultáneos durante la segunda y tercera semana de ese mes. Los medios referenciaron así estos ataques:

Los ataques guerrilleros se concentraron ayer en Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima y Casanare. La acción subversiva de anoche en el departamento de Cundinamarca se extendió a los municipios de Guayabal de Síquima, Pandi, Medina y La Palma. También hubo hostigamiento en la inspección de Policía de Guaduero (Guaduas) y en el CAI ubicado en la salida a Choachí (Redacción El Tiempo, 1996b).

Sin embargo, el 30 de agosto de 1996 se presentó la acción de más grandes dimensiones de las Farc-EP. El frente 48, con refuerzos del frente 32 y 2 agruparon cerca de 450 guerrilleros y se tomaron la base de las Delicias en Putumayo. Allí murieron cerca de 50 militares y 60 fueron secuestrados. A la vez, en al menos 10 departamentos del país se presentaron ataques simultáneos (Redacción El Tiempo, 1996d). En total 29 ataques guerrilleros en una sola noche. Además de los militares muertos y secuestrados en Las Delicias, otros 30 policías murieron y 42 resultaron heridos (Redacción El Tiempo, 1996e). Entre estos en Mondomó Cauca murieron tres y fueron heridos siete. Una semana después, otros 19 militares murieron, nuevamente ataques simultáneos. El más grave fue el ataque a la base militar de La Carpa en el Guaviare. En dicho corregimiento cerca de 200 guerrilleros atacaron a los militares.

Para la tercera semana de octubre otros 19 militares murieron en la zona del Urabá. Allí, las Farc-EP realizaron ataques simultáneos en Carepa y Apartadó. El ataque se produjo cuando se entregaban 142 guerrilleros del EPL en Chibogadó, en el Urabá Cordobés (Redacción El Tiempo, 1996f). La casi mayoría de ellos pasaron a los grupos paramilitares.

Ahora bien, en cuanto a la orden militar uno y dos, sobre posicionamiento de estructuras con miras a Bogotá y creación de estructuras especializadas de Combate, es interesante ver los mapas de presencia guerrillera. El mapa 1 muestra la presencia de estructuras de las Farc-EP entre 1990 y 1994[1].

Mapa 1. Presencia de las Farc-EP (1990-1994)

Fuente: elaboración propia a partir de información de Fundación Paz y Reconciliación, 2009.

El posicionamiento del 50 % del total de tropas de las Farc-EP sobre la cordillera oriental, buscaba cercar Bogotá, pero sobre todo aislarla del norte, donde la expansión paramilitar se incrementaba. El mapa 2 muestra la presencia después de 1995 y hasta 1996.

La idea de Manuel Marulanda, según varias entrevistas, era tomar Bogotá y el sur del país y de ahí en adelante avanzar hacia el norte. Esto significó el aumento del número de acciones militares para departamentos como Cundinamarca, Huila, Tolima y algunas zonas de Santander. Como se vio antes, las acciones se multiplicaron en el centro del país. Las Farc-EP utilizaron dos tipos de ataques. Por un lado, las tomas a cabeceras municipales y, por otro, ataques tipo comando en zonas urbanas. A continuación se presentan algunos ejemplos:

El 25 de febrero de 1994 las Farc-EP atacaron una subestación de Policía en Soacha, en el hecho murieron dos policías (Redacción El Tiempo, 1994c). El ataque se produjo con explosivos colocados al lado del teléfono público cercano a la subestación. El 20 de febrero del 94 las Farc-EP atacaron el puesto de Policía de La Peña (Cundinamarca). Dos policías muertos fue el saldo. El 26 de febrero le correspondió el turno a Tota, Boyacá. En la región del Sumapaz, los ataques se incrementaron de forma sustancial.

Para el mes de abril ofensivas y contraofensivas se desarrollaban alrededor de Bogotá:

Mientras en la zona del Sumapaz, en el sur de Cundinamarca, el Ejército logró desmantelar cuatro campamentos y dio muerte a cinco guerrilleros del frente Teófilo Forero de las Farc-EP, en el municipio de Medina, al oriente del departamento, insurgentes de ese mismo grupo se tomaron por asalto esa población, atacaron el cuartel de la Policía y saquearon las instalaciones de la Caja Agraria. El ataque fue realizado por un grupo de 150 guerrilleros del frente 31 de las Farc-EP que ingresó a la población en la noche del martes y permaneció allí durante tres horas (El Tiempo, 1994).

Mapa 1. Expansión de las Farc-EP (1995-1996)

Fuente: elaboración propia a partir de información de Fundación Paz y Reconciliación, 2009.

La operación lanzada por la fuerza pública en abril se denominó Tornado con una duración de dos meses, los resultados no fueron nada alentadores. Un reportaje de El Tiempo decía lo siguiente:

Mientras en las horas de la mañana los insurgentes cobraron la vida del segundo general de dos soles que es asesinado en los últimos veinte años en el país por la subversión, al entrar la noche reductos de las Farc-EP atacaron simultáneamente las poblaciones de La Calera, Chuza y Pasca. Así como el cerro Cruz Verde, lugar donde están ubicadas repetidoras de comunicaciones de Telecom, Inravisión y las Fuerzas Militares (Redacción El Tiempo, 1994k).

El reportaje proseguía el listado de hechos:

También se presentaron hostigamientos en la Escuela de Artillería y en los CAI de los barrios Libertadores y Juan Rey, al sur de la capital colombiana, así como un ataque dinamitero a una patrulla policial en el barrio Altamira, al suroriente de la ciudad (Redacción El Tiempo, 1994k).

El militar que había sido asesinado era Carlos Julio Gil en el municipio de Villavicencio. El 23 de septiembre le tocó a San Bernardo, Cundinamarca. Dos días después un hostigamiento en Beltrán, Cundinamarca.

Para el año de 1995 los ataques no dieron tregua. Por ejemplo, en abril de 1995 se dieron combates por dos días, así se reportaba: «Los combates que libran desde el mediodía del lunes dos batallones de contraguerrillas y tres frentes de las Farc-EP dejan un balance parcial de 12 guerrilleros y 3 militares muertos y 8 militares y 8 subversivos heridos» (Clara Elvira Ospina, 1995). Estos enfrentamientos se dieron en zona rural de Guayabetal, Cundinamarca.

En mayo de 1995 fue el turno de Ubaque, de donde salió ileso el comandante de la Policía de Cundinamarca. A finales de ese mes en Choachí fue atacado un helicóptero de la Policía con ametralladoras M-60 (Redacción El Tiempo, 1995a). Al mismo tiempo se combatía en Fómeque y más tarde fue Sueva. Luego en ataques simultáneos «fueron atacadas las poblaciones de Quipile, Cambao, Guataquí y Chinauta. En esta última, resultaron muertos cinco policías.» (González, 1995).

Para 1996 se presentaron ataques seguidos en gran parte del departamento de Cundinamarca. «La ofensiva subversiva comenzó el jueves por la noche en Jerusalén y Viotá, en Cundinamarca, y se extendió ayer a las poblaciones de Pandi, La Palma, Guayabal de Síquima y Choachí, en el mismo departamento.» (Redacción El Tiempo, 1996c).

La Policía Nacional realizó un conteo de acciones guerrilleras por municipios. El mapa 3 muestra la actividad armada de las Farc-EP para 1997.

Para el año de 1998, un año electoral, los ataques se multiplicaron. El mapa 4 muestra la actividad armada de las Farc-EP según la Policía Nacional.

Mapa 3. Municipios atacados por las Farc-EP en 1997

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 4. Municipios atacados por las Farc-EP, 1998

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Al mirar los datos de la Policía Nacional sobre la actividad armada, pero no en mapas municipales sino en mapas de calor o intensidad, se nota aún más la estrategia de las Farc, tal como se ve en el mapa 5. Nótese la actividad armada en las cercanías de Bogotá, Cali y Medellín, así como sobre toda la cordillera oriental. El mapa 6 muestra la presencia armada de las Farc-EP para finales de 1999. Es decir, recién instalados los diálogos del Caguán.

Nótese cómo entre 1997 y 1999 hubo un crecimiento de alrededor de 40 municipios en su actividad armada, ya que 1998 tiene una actividad atípica por ser año electoral. Dicho crecimiento, también significó una fuerte ofensiva contra grupos paramilitares durante 1999. Como se verá en la siguiente sección la ofensiva paramilitar se hizo principalmente contra la población civil y en zonas urbanas. El retroceso de la guerrilla fue significativo en el norte del país.

En el mapa 7 se ve la intensidad de las acciones armadas para 1999. Alrededor de las ciudades principales se ve la intensidad de los ataques, pero al norte la intensidad se refiere a represalias contra la fuerza pública por el avance paramilitar.

La ofensiva de la guerrilla contra el paramilitarismo se concentró en la región del bajo Cauca antioqueño, el nudo de Paramillo y algunos municipios del Urabá antioqueño. Por ejemplo, entre los días del 21, 22, y hasta el 25 de junio de 1999 las Farc-EP lanzaron una ofensiva importante en el sur de Córdoba, en la región del nudo del Paramillo. De la siguiente forma lo reportaba el periódico de El Tiempo.

Esos 14 paramilitares fueron muertos el sábado en un repetido intercambio de balas con la guerrilla de las Farc-EP, que a través de la acción de tres frentes (5, 18 y 13) se tomaron por asalto el corregimiento de Juan José (jurisdicción de Puerto Libertador) y Tierradentro (jurisdicción de Montelíbano)… Los combates se produjeron luego de que las denominadas Autodefensas de Urabá y Córdoba (AUC) trataran de cortarles el avance a los guerrilleros en la vereda de San Mateo (Pulgarin, 1999a).

Mapa 5. Intensidad de la confrontación Farc-EP, 1998.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 6. Municipios atacados por las Farc-EP en 1999

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 7. Intensidad de la confrontación Farc-EP, 1999.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Más adelante, la misma nota reporta la llegada de la fuerza pública a combatir la ofensiva y de las estructuras guerrilleras, y no se menciona nada el combate a grupos paramilitares:

Los combates guerrilla-paramilitares siguieron así hasta el lunes por la tarde, cuando arribó, en helicóptero, un piquete de soldados del Batallón Rifles (adscrito a la División 11) hasta Puerto López, a cuatro kilómetros de Tierradentro. La llegada de los militares ocasionó repetidos enfrentamientos que, en cinco días, dejaron muertos 38 soldados y 30 guerrilleros. Varias de estas muertes se produjeron cuando los soldados intentaron taponar el repliegue de la guerrilla en el río San Jorge. El balance: las autoridades conocieron también que hay un sargento y dos soldados secuestrados por la guerrilla y once civiles heridos, algunos de ellos atendidos en Puerto Libertador y otros en Montelíbano (Pulgarin, 1999a).

Tanto versiones libres de paramilitares e informes académicos corroboran que la fuerza pública no los combatía, más adelante veremos esto. Lo interesante del caso es que no se encontraron reportes de operaciones militares en la zona donde los paramilitares se concentraron luego del ataque de la guerrilla. La misma noticia de El Tiempo describía la situación de la siguiente forma:

Las autodefensas, en estos momentos, están replegadas en los puntos de acceso a la zona de combate, por lo que han instalado retenes, uno de ellos en la vereda La Rica. Todas estas operaciones están dirigidas por el comandante Santander Lozada. El retén de La Rica, donde están por lo menos cien hombres, está bajo la coordinación de los comandantes Cobra y Omega, ambos jóvenes. El segundo de ellos, con rasgos santandereanos. El alcalde de Puerto Libertador, Mario Carrascal Náder, dijo que por un momento llegó a sentir temor porque la guerrilla pudiera llegar a tomarse la cabecera municipal, y declaró en estado de alerta el municipio, pues tan pronto el Ejército tome el control, lo más seguro es que comiencen a desplazarse hasta allá unas 500 familias desde los sitios de combate. Carrascal dijo que la guerrilla lo había declarado a él objetivo de guerra porque dicen que exalta las labores de las autodefensas. Yo lo único que he hecho es cumplir con mis labores de gobernante y atender las necesidades de mi pueblo, dijo (Pulgarin, 1999a).

Al siguiente día El Tiempo seguía reportando los fuertes combates, pero dejaba claro que las Fuerzas Militares combatían a las guerrillas mientras a los paramilitares concentrados en La Rica los dejaban hacer retenes. E incluso todo parece indicar que había buena comunicación entre ellos:

Un punto estratégico para entrar o salir de la zona es la vereda La Rica, a 15 minutos de Juan José. En ese lugar alrededor de cien militantes de las Autodefensas montaron un retén durante toda la mañana del miércoles. La operación estuvo a cargo del comandante Santander Lozada, al ruido de metralla. Mientras esto sucedía en La Rica, la guerra no daba tregua en la zona montañosa de Juan José. El fuego aéreo de los helicópteros artillados se escuchaba en varios kilómetros a la redonda. El ruido de las balas paraba unos minutos, pero luego arreciaba con más fuerza. En las afueras de Juan José unos 30 soldados voluntarios al mando de un sargento viceprimero, adscritos al Batallón Rifles, entregaban un parte de victoria: los cuerpos de tres guerrilleros, con edades entre los 16 y los 17 años, permanecían destrozados sobre la hierba. Tanto el Ejército, como las Autodefensas y la misma población civil reconocieron que esta es una de las incursiones más sangrientas que ha realizado las Farc-EP. Más de 80 muertos entre soldados, guerrilleros, paramilitares y civiles es la última cifra que se conoció en la propia zona del conflicto (Pulgarin, 1999b).

A la vez que se desarrollaba una guerra de líneas en lo rural, y se producían ataques con miras a rodear Bogotá. Las Farc-EP desplegaron una orden militar más y fue el vacío de poder y el boicot electoral.

El «vacío de poder» llevó a las Farc-EP al asesinato, secuestro e intimidaciones a autoridades públicas locales y a la violenta ofensiva de tomas a cabeceras municipales. Para el año 2000 las Farc-EP tenían 5 frentes guerrilleros en Cundinamarca y 3 columnas móviles, para un total de cerca de 700 hombres. En la región de Boyacá iniciaban una fuerte consolidación y en general en todo el sur del país. Sin embargo, hacia 1997 se iniciaban igualmente el periodo denominado de la expansión paramilitar, con lo cual empezó una fuerte confrontación entre ambas organizaciones.

Las Farc-EP no tuvieron la intención, ni la capacidad de influenciar en la vida política nacional, ni siquiera en su mejor momento. Lo que intentaron fue destruir el Estado. La siguiente tabla (Claudia López, 2010) muestra el total de los hechos de violencia contra el sector político durante los periodos electorales.

Tabla 5. Hechos de violencia contra el sector político en Colombia (1997 - 2007)

Fuente: «La refundación de la patria, De la teoría a la evidencia», capítulo 1 en Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano (p. 33), por C. López (Ed), 2010, Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

Hay que aclarar que en el anterior cuadro no se muestran los hostigamientos e intimidaciones que produjeron la renuncia de miles de candidatos a cargos públicos entre 1997 y 2007 (A. Ávila, 2010b). Al momento de discriminar el cuadro anterior y observar la autoría de los hechos, es notorio que son las Farc-EP las que han liderado estas acciones, mientras que los grupos paramilitares en muy pocos casos. Esto se debe a que desde la década del ochenta las relaciones entre las élites políticas y económicas locales y los grupos paramilitares fueron muy estables y estrechas. La siguiente tabla muestra dicha discriminación:

Tabla 6. Autoría de los hechos de violencia contra el sector político en Colombia (1997 - 2007)

Fuente: en «La refundación de la patria, De la teoría a la evidencia», capítulo 1 en Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano (p. 34), por C. López (Ed), 2010, Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

Hay varias interpretaciones sobre esta ofensiva de las Farc-EP contra el Estado y las élites. Pero se podrían mencionar dos. Por un lado, desde lo militar estas estrategias buscaban ir creando las famosas «zonas liberadas», que eran zonas de movilidad seguras, desde la teoría que hemos elaborado en el texto. Es decir, ir sacando al Estado de esas zonas, para que el grupo armado fuera creando su para-Estado. Era fundamental sacar la institucionalidad y aislar a la sociedad.

Sin embargo, a esta interpretación militar se le suma una más compleja, que sale a la luz a medida que se realizaron entrevistas para la investigación. Todo parece indicar que esta ofensiva también fue una venganza a la clase política por la masacre de la Unión Patriótica, UP. En todo caso desde 1993 comenzó la ofensiva.

Entre enero y febrero de 1994 las Farc-EP secuestraron al alcalde de Alejandría, Antioquia, Davisnel Delgado Gutiérrez. También secuestraron al alcalde de Santo Domingo, Antioquia, Jaime Alonso Cano y al presidente del Consejo Municipal John Jairo Duque. Igualmente, al alcalde de Giraldo, Antioquia, José Reynaldo David David. En Puerto Rico, Meta, fue secuestrado el alcalde José Otoniel Lozano. En Granada, Meta, las Farc-EP secuestraron al concejal liberal Marco Linio Gutiérrez y su hermano. Y hasta el alcalde de la localidad del Sumapaz, en Bogotá, Guillermo Leal fue secuestrado.

Para 1994 en todo caso continuaba la guerra sucia a mandos de estructuras paramilitares en complicidad con agentes estatales. Un reportaje de la época decía lo siguiente:

Fuerzas extremistas prosiguieron en las últimas horas en su afán de crear zozobra en la época electoral. A ellas fueron atribuidas dos nuevos hechos de violencia: en el Meta fue asesinado Evaristo Amaya Morales, aspirante a la Alcaldía de La Uribe (Meta) y dirigente de la Unión Patriótica (UP), mientras que en el Huila terroristas activaron, sin consecuencias lamentables, una carga explosiva al paso de una caravana que acompañaba al parlamentario conservador Telésforo Pedraza, candidato al Senado (Redacción El Tiempo, 1994b).

A medida que se acercaban las elecciones de 1994, los ataques de las Farc-EP continuaban. Para finales de febrero en el Magdalena se reportó lo siguiente:

El asedio a las campañas políticas continúa en diferentes partes del país. En el departamento del Magdalena fue asesinado el dirigente liberal Luis Carrión Gómez, en tanto que los senadores Enrique Gómez Hurtado y Alberto Santofimio Botero debieron interrumpir parcialmente sus giras políticas ante la presencia subversiva. En un paraje del corregimiento Punta de Piedras, en el municipio Cerro de San Antonio (Magdalena) apareció asesinado el médico y político liberal Luis Carrión Gómez, de 51 años, oriundo del Ecuador y radicado en el sur de ese departamento. Minutos antes, desconocidos lo habían sacado de su casa para que supuestamente atendiera a un enfermo (Redacción El Tiempo, 1994d).

Un día después de estos hechos, en el Caquetá fueron secuestrados cuatro políticos:

El candidato a la Cámara por el Caquetá, Félix Tovar Zambrano; el alcalde de San Vicente del Caguán, Héctor Durán López; el diputado Antonio Abad Roa; el concejal Genaro Rodríguez y el agente de la Policía Pedro María Ocampo, fueron secuestrados por 70 hombres del Bloque Sur de las Farc-EP, en el norte del Caquetá (Redacción El Tiempo, 1994f).

Dos días después le tocó el turno al Guaviare y al Cesar:

La escalada terrorista de la subversión contra el proceso electoral llegó ayer al Guaviare en donde delincuentes del 44 frente de las Farc-EP secuestraron al representante y aspirante a la Cámara por el partido conservador Óscar López Cadavid, en tanto que los 7.000 habitantes de Fortul (Arauca) se quedaron sin servicio médico como consecuencia de la escalada intimidatoria de la guerrilla. A la vez, en Valledupar, delincuentes dinamitaron la sede del movimiento Convergencia Democrática (Redacción El Tiempo, 1994g).

Algunos días antes de las elecciones de 1994 el resumen fue el siguiente:

Después de vivir no pocas vicisitudes, desde el asesinato de cuatro alcaldes y un aspirante al Congreso de la República hasta el atentado contra un ministro y los secuestros de una docena de dirigentes, el país llega a la fecha de elecciones en una relativa calma, según las autoridades. En los últimos meses se presentaron 42 homicidios, incluida la matanza en Urabá, y 22 secuestros. La inseguridad también afectó a los aspirantes a la Presidencia de la República, como Humberto de La Calle, quien suspendió su recorrido por La Mojana (Sucre) ante la presencia guerrillera, y Antonio Navarro Wolff, que fue advertido sobre un posible atentado en Norte de Santander (Redacción El Tiempo, 1994i).

Con la arremetida de las Farc-EP, el Gobierno nacional comenzó a crear la figura de los alcaldes militares. Para mediados de 1994 Cundinamarca, Huila, Tolima, Boyacá y Casanare tenían alcaldes militares en varios de sus municipios. Por ejemplo, en Casanare el reporte fue el siguiente:

Las autoridades casanareñas vaticinan normalidad en el proceso. En Chamezá, donde fue asesinada la alcaldesa, oficiará en ese despacho un miembro de las Fuerzas Armadas. También hay vigilancia especial en Aguazul, donde fueron asesinados el alcalde Hernando Urrego y un aspirante a ese cargo (Redacción El Tiempo, 1994i).

El resumen que hizo El Tiempo con información oficial fue el siguiente:

(Redacción El Tiempo, 1994i)

El boicot electoral no solo se refería a secuestrar y asesinar candidatos, se trataba también de no dejar hacer elecciones, para 1994, por ejemplo:

En el corregimiento de Travesías, en el municipio de Sucre (Sucre) no se llevaron a cabo las elecciones porque el delegado de la Registraduría recibió de la guerrilla un ultimátum para desalojar la zona. Por el mismo motivo tampoco hubo votación en San Diego (Cesar) (Redacción El Tiempo, 1994j).

Para el año de 1995 la violencia política no se detuvo. «En San Alberto, al sur del Cesar, en el establecimiento público Los Troncos, fue asesinado el concejal liberal César Humberto Almendrales Pabuena, 43 años. En el atentado sufrió una herida Víctor Hugo Tilakui Triana, de 28 años, quien debió ser hospitalizado. Almendrales es el segundo concejal asesinado en esa localidad en los últimos diez días. La primer víctima fue Roberto Ardila, atacado a bala cuando se disponía a ingresar a su residencia.» (Redacción El Tiempo, 1995b).

Un día después,

dos escoltas y un civil muertos, siete heridos y una patrulla motorizada de la Policía desaparecida, era el resultado que se conocía anoche del ataque que el noveno frente de las Farc-EP perpetró a una caravana del gobernador de Caldas, Ricardo Zapata Arias… En la celada resultaron heridos el alcalde de Pensilvania, Carlos Abad Ramírez; su conductor Elías Ramírez, el concejal cívico, Diego Cardona, y los agentes Luis Alonso Lozano, Juan Guillermo Duque, Carlos Yepes Cardona y Jairo González, de la Fiscalía (Redacción El Tiempo, 1995c).

En 1996 asesinaron al alcalde de Valdivia, Antioquia, Jairo Cárdenas, luego atentaron contra el alcalde de Villanueva en La Guajira. A la vez quemaron vehículos, bloquearon carreteras, y en 1997 lanzaron una fuerte ofensiva contra los peajes, se atacaron 12 de ellos de forma simultánea en todo el país.

Para 1997 volvieron los ataques y atentados contra las estructuras políticas tradicionales. El 28 de abril atentaron contra el representante a la cámara por Arauca, Julio Acosta Bernal. De ahí en adelante se presentaron decenas de renuncias de candidatos a concejos municipales, alcaldías y asambleas de departamento. Así se reportaba:

Mientras en Colosó (Sucre) las 14 listas que aspiraban al Concejo presentaron su renuncia por amenazas a la guerrilla, en Cantagallo (sur de Bolívar) un grupo del ELN prendió fuego la sede de la Registraduría Municipal destruyendo la mayor parte de los documentos y de los elementos de apoyo logístico para las próximas elecciones (Redacción El Tiempo, 1997c).

Como se vio en los cuadros de atrás, 1997 fue un año particularmente violento. En gran parte las Farc-EP además de su estrategia, percibía que la clase política quería masificar las denominadas Convivir, o estructuras paramilitares legales. Cada alcaldía que intentaba proponer su creación era víctima de secuestros y atentados. Por ejemplo, el departamento de Nariño fue particularmente violento.

Un reportaje para agosto de 1997 decía lo siguiente:

Luego de que se conociera la disposición de los alcaldes de Nariño de renunciar a sus cargos en rechazo al secuestro de los alcaldes de Ricaurte, Mallama, Ipiales y Cumbal, así como un pronunciamiento oficial de los diferentes estamentos en contra de la creación de las Convivir en la región, ayer en la tarde se esperaba el regreso a casa de los funcionarios (Redacción El Tiempo, 1997b).

La campaña de las Farc-EP para las elecciones locales de 1997, había comenzado a finales de 1996. El balance fue el siguiente, (Redacción El Tiempo, 1997a):

Costa Atlántica, más de 20 municipios sin policía.

Sucre. Alcaldes asesinados Alfredo Munive Vanegas, (Sucre); Jairo Mendoza Martínez, (Sucre).

Municipios sin policía Sucre: Caimito, La Unión, Chalán, Colosó, Morroa, San Juan de Betulia, San Antonio de Palmito y Galeras.

Magdalena sin policía: a principios de 1996, por autorización de la Dirección General el Comando de Policía desmontó los puestos de Guacamayal y Sevilla, zona bananera del Magdalena, y Bella Vista, en jurisdicción del municipio de Fundación, ya que eran blancos fáciles de la guerrilla y la ciudadanía no colaboraba con los agentes del orden.

Bolívar sin policía. En Bolívar hay 42 estaciones de Policía. En once municipios no existen. Cinco tuvieron que ser retiradas por incursiones guerrilleras, entre ellas las de Achí, San Cayetano y El Salado. Los seis restantes no cuentan con estaciones de Policía porque fueron creados como municipios recientemente.

Nariño: cinco alcaldes de Nariño rindieron cuentas de su gestión ante los grupos guerrilleros que operan en el departamento. Dos de ellos fueron obligados a renunciar. En marzo fue secuestrado inicialmente el alcalde de Iscuandé, Manuel De La Cruz Sinisterra. En abril corrió la misma suerte la alcaldesa de Barbacoas, María Lucía Cortés. Posteriormente el turno fue para el alcalde de Policarpa, Miguel Ángel Grajales. En el mes de julio fue secuestrado Juan Legarla alcalde de Ricaurte, quien permaneció en poder de la guerrilla durante 63 días. Fue liberado, pero obligado a renunciar al cargo. Su sucesor fue elegido el pasado 23 de noviembre. A mediados de diciembre también fue secuestrado y obligado a renunciar el alcalde de Samaniego, Óscar Pantoja. Las autoridades departamentales no han definido el calendario para la elección de la persona que lo sucederá en el cargo. Los secuestros fueron atribuidos al 28 frente de las Farc-EP y al movimiento Comuneros del Sur, del ELN, que operan en el suroccidente del departamento. Estas dos organizaciones guerrilleras han proferido amenazas de secuestro y juicios políticos contra otros 12 alcaldes de Nariño, de quienes dicen tener información relacionada con actuaciones irregulares y malos manejos de los dineros destinados a obras de servicio comunitario. Entre los alcaldes amenazados se encuentran los de los municipios de Tumaco, Cumbal, Sapuyes y Túquerres.

Claro está que mientras esta ofensiva de las Farc-EP se desarrollaba, los paramilitares hacían lo propio. Esta ofensiva de las Farc-EP produjo una alianza entre élites legales e ilegales a nivel local y regional, y a su vez estas con la élite nacional. Si bien no se trató de una situación concertada, a medida que los ataques de las Farc-EP se intensificaban estas élites tendieron a ver a las Farc-EP como su principal amenaza. Además, algunas de ellas vieron en esta situación la posibilidad de justificar su alianza con grupos paramilitares. Con estas acciones de las guerrillas, las élites justificaban su relación tradicional con estructuras paramilitares y podían incluso justificarse ante la opinión pública (A. Ávila, 2012).

De hecho, la violenta expansión paramilitar que se produjo entre 1997 y 2004 dejó más de 150 mil homicidios y desapariciones forzadas, además más de 3.5 millones de desplazados forzados. En todo caso, esta ola de violencia se desató mientras el país observaba el fracaso de los diálogos del Caguán y se creaba la imagen de enemigo publicó de la sociedad a la guerrilla de las Farc-EP. Durante años la sociedad vio a las Farc-EP como su principal y única amenaza, y fue este hecho el que causó que la violenta expansión paramilitar y su alianza con políticos tradicionales pasaran desapercibida (Ávila, 2012).

EL PARAMILITARISMO.
EL NACIMIENTO DE LAS AUC Y LA OFENSIVA PARAMILITAR

Ahora bien, los grupos paramilitares habían logrado para este periodo acotarse y en términos generales ponerse de acuerdo en algunos rasgos característicos para llevar la guerra adelante. Se podría decir que Colombia ha vivido cuatro oleadas paramilitares y en todas ellas no solo se transformó el conflicto armado colombiano, sino que además han tenido impactos diferenciados sobre la población civil.

El primer momento lo constituyen las Autodefensas nacidas a mediados del decenio de los 60 y que se prolongaron hasta principios de los 80s, caracterizadas por ser legales y fuertemente apoyadas por la fuerza pública. Un segundo momento –durante todos los años 8– se caracteriza por la fuerte vinculación del narcotráfico, la proliferación del paramilitarismo y su utilización como grupos de seguridad privada, además de la guerra sucia adelantada en complicidad con agentes estatales. La tercera etapa se desarrolla desde principios de los 90s hasta el inicio de los procesos de desmovilización paramilitar, en 2003. Los paramilitares para esas fechas lograron el apoyo de buena parte de la clase política local y regional y se expanden geométricamente después de 1997, con la conformación de las AUC. Legalizadas como Convivir e ilegalizadas luego, durante esos años las AUC lograron hacer, en buena parte del territorio nacional, una reconfiguración cooptada del Estado. Su última fase se caracteriza por una vinculación profunda al narcotráfico, un declive posterior a la Ley de Justicia y Paz y el resurgimiento de decenas de grupos fragmentados en proceso de fortalecimiento. Estas cuatro olas han sido un proceso no lineal, en el que se interpolan unos con otros, y donde las estructuras se transforman (A. Ávila, 2010b, p. 11).

Mientras que las Farc-EP se configuraron en territorios de colonización y en zonas de minifundio que en general eran zonas con bajo nivel per cápita de ingreso, los grupos paramilitares lo hicieron en zonas ricas de grandes plantaciones y zonas ganaderas. Desde allí echaron bases sociales y comenzaron la expansión hacia otras zonas del país.

Entre 1990 y 1994 se da un periodo de pacificación paramilitar. Para ese momento las autodefensas del Magdalena Medio, al mando de Ariel Otero, se desmovilizaron y varias estructuras, en teoría, se entregaron, aunque subsistieron algunas en la altillanura, en la región de Magdalena Medio y en el departamento del Magdalena donde los Rojas y los Giraldo eran amos y señores. Según la Fiscalía General de la nación se muestra la presencia paramilitar para 1994 en el mapa 8.

La Fiscalía luego de información e inteligencia y, sobre todo, del proceso de Justicia y Paz logró elaborar mapas año a año desde 1994 de la presencia de grupos paramilitares. Los resultados son realmente increíbles.

Entre 1993 y 1994 se da un proceso en doble vía. Por un lado, con la caída de Pablo Escobar, tanto los Pepes o Perseguidos por Pablo Escobar, como algunos narcos del Cartel de Cali decidieron legalizarse, el gobierno de Cesar Gaviria les concedió una figura de sometimiento a la justicia. Luego, con las Convivir, una buena cantidad de estos narcotraficantes lograron legalizar sus ejércitos. Los hicieron pasar como civiles con radios de comunicación y en algunos casos como compañías de seguridad. La otra vía fueron estructuras paramilitares que no se desmovilizaron, pero redujeron su exposición criminal, aunque continuaron creciendo.

Mapa 8. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en 1994

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

Para el año de 1995 los paramilitares escogieron la zona del Urabá antioqueño y chocoano para expandirse. Allí, todo parecía indicar que agentes empresariales los llevaron para liquidar y cooptar a los sindicatos de los trabajadores bananeros. El mapa 9 municipal es el de la presencia paramilitar para 1995 según la Fiscalía Nacional.

En términos generales los grupos paramilitares aplicaron tres tácticas de expansión militar y dos estrategias. La primera táctica fue lo que se podría denominar de «campo arrasado». Principalmente esto traía sobre el terreno un control importante para los grupos paramilitares, a la vez la fuerza pública lograba limitar con ello el accionar guerrillero. Desde mediados de los ochenta las operaciones en conjunto de la fuerza pública y los grupos paramilitares se hicieron comunes y poco a poco estos últimos fueron tomando funciones de primera línea.

Las operaciones en conjunto entre autodefensas y miembros del Ejército, si bien fueron en un principio exclusivamente de colaboración de los primeros a los segundos y de protección y defensa, progresivamente fueron tornándose en acciones de agresión y persecución de la guerrilla. Una de las primeras acciones en conjunto que se llevó a cabo entre Ejército y autodefensas fue lo que se conoce como el trabajo de «fumigar» la región, expulsando a los subversivos. Galindo Quevedo consigna la siguiente explicación al hecho: «Ya se había comenzado aquí, el proceso de la ‘vacuna’ al que se le hizo frente con el proceso de la ‘fumigación’; entonces fuerzas paramilitares comenzaron a ‘fumigar’ a todos los elementos que antes estaban vacunando o que ellos consideraban que pertenecían a la política de la vacuna.» Un ejemplo que proporciona una explicación a la manera como esta espiral de violencia fue tomando cuerpo, y que explica la creación de autodefensas, según el punto de vista del presidente de Acdegam, es el siguiente: «aquí hace unos 20 años empezó a regir un movimiento que combatía ladrones y que predicaban la igualdad… que había que combatir a los ricos, que eran los explotadores… Vino la época tormentosa de los secuestros y las cuotas familiares, las vacunas ganaderas, los chantajes, la extorsión, boleteo. Esto aquí se tornó invivible… de esas personas que podían pagar secuestran a muchos y los sacan corriendo… entonces quedamos una gente que sin ser ricos teníamos una finca, con unos ganaditos y entonces esa carga que iba repartida entre los que se habían ido y los que fuimos quedando en turno, fue la carga para esta gente, comenzaron a secuestrar gente que no tenía cómo pagar los rescates… entonces ahí fue cuando la gente abandonó los campos y eso fue ahora hace cuatro años y medio (1981-1982), esa gente estuvo muriéndose de hambre… hasta que resolvieron venir a morirse a manos de un bandido que les pegara un tiro, que morirse de hambre con su familia… entonces la gente se unió y empezaron a entrar a las fincas más cercanas de acá del pueblo, por las que la guerrilla ya estaba secuestrando a menos de 45 minutos del pueblo y a 20 minutos de la Base Militar que se llama Calderón, ahí todos unidos, cierto, y llevaban pues naturalmente sus escopetas, listos para pelear con el que fuera, a esa gente le entró la rebeldía y un deseo de hacerse respetar. Entonces fueron entrando con el Ejército.» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, p. 28).

Mapa 9. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en 1995

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

La estrategia del capo arrasado, como lo dijo Fidel Castaño, en su momento, permitía crear una base social relativamente rápida y confiable. «Nosotros llegábamos a los municipios y matábamos algunas personas, muchas se iban, pues eran colaboradoras de la guerrilla y las que se quedaban era porque no tenían nada que ver y con ellas eran con las que nosotros trabajábamos» (M. Romero, n.d.). Estas zonas se transformaban, en un corto tiempo, de zonas de movilidad relativamente estables de los grupos guerrilleros o del Estado, en territorios en disputa para luego pasar a un territorio hegemónico de grupos paramilitares. Efectivamente durante un tiempo relativamente corto de dos o tres años los índices de violencia se disparaban, para luego caer a niveles de entre 15 y 25 % con respecto a los años de mayor violencia. Ese 15-20 % para el caso del desplazamiento significaba fenómenos de reorganización social y territorial, en una buena proporción de los casos la concentración de la tierra era una característica.

La estrategia de campo arrasado se concentró en el desplazamiento de personas y, sobre todo, en acabar cualquier actividad política de oposición. Miles de militantes de izquierda fueron asesinados por estos grupos. Casi todos los días los medios de comunicación reportaban el asesinato de activistas políticos y sociales. Por ejemplo, en 1994 el diario El Tiempo mencionó el asesinato de Aguedo Calle, miembro del Partido comunista. El Tiempo dijo lo siguiente: “Aunque el nuevo grupo paramilitar, que se hace llamar Hijos del Pueblo, no se ha atribuido este crimen, las autoridades creen que se trata de una de sus acciones (Redacción El Tiempo, 1994). Habrán grupos privados de seguridad ilegal por todo el país, no había una única organización paramilitar. Cada gamonal o político o narco tenía su propio grupo.

Un informe de María Teresa Ronderos en 1994, describe perfectamente la situación: «En efecto, varias investigaciones señalan que la presencia de las guerrillas, autodefensas y paramilitares en el país es amplísima. Un estudio realizado a finales de 1993 por la Procuraduría, en conjunto con los personeros municipales, muestra que en 455 municipios hay presencia guerrillera, en 85 operan paramilitares, en 53 autodefensas, y en 138 otros grupos de justicia privada.» (Ronderos & Cortés, 1994).

La primera oleada paramilitar cubrió la zona del Urabá, allí se destruyó todo. La masacres comenzaron en una seguidilla sincronizada. El 14 de junio de 1994 se presentó una masacre. En la prensa se reportaba así: «A grupos de autodefensa que operan en la región de Urabá atribuyeron ayer las autoridades la masacre de siete personas en la finca La Sebastiana, en el sitio Nueva Esperanza del corregimiento El Mellito, en Necoclí, al norte de Medellín.» (Redacción El Tiempo, 1994).

También la oleada se desató en el departamento del Magdalena, la estrategia fue la misma que la del campo arrasado. En septiembre de 1994 El Tiempo reportó así: “Las muertes selectivas de nueve personas, entre sindicalistas, de maestros y de militantes de izquierda, en los últimos tres meses, dejaron al descubierto la reactivación de los grupos de defensa privada en el Magdalena. La Procuraduría Departamental puso en alerta al Ejército, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre la situación que se presenta en los municipios de Guamal, al sur del Magdalena; El Piñón y Salamina, al centro (Redacción El Tiempo, 1994).

La estrategia de campo arrasado también cubrió el Cesar. Allí una nota de Clara Elvira Ospina, mostraba cómo estos grupos eran ejércitos privados al mando de ganaderos. El sur: los paras. No se trata solo del episodio de Minas o de los muertos de La Carolina. Los paramilitares también han actuado en el corregimiento Norean de Aguachica, en Pelaya y en Pailitas. Ya muchos habitantes de Pailitas empezaron a decir en voz baja que saben que un conocido jefe de grupos de autodefensa compró una de las fincas más grandes de Pelaya y que les mandó decir a los guerrilleros que ahora sí van a tener que pelear. Otros aseguran que un próspero ganadero de los llanos a quien siempre la guerrilla le ha temido, compró otra finca en Pailitas. El mensaje para los guerrilleros parece ser el mismo. Mientras tanto, en los corregimientos tradicionalmente ocupados por la guerrilla en estos cuatro municipios ha empezado a cundir el temor. El primer episodio en Pailitas ocurrió el 18 de julio. Ese día se celebraba en el pueblo la fiesta de la virgen del Carmen. Tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, se fueron recogidos en un campero rojo sin placas. Al día siguiente sus cuerpos aparecieron torturados en las afueras de la ciudad. Hay quienes dicen que ahora el campero rojo se pasea amenazante en las noches por las calles del pueblo (Ospina, 1994).

Para finales de 1994 y durante 1995, le tocó el turno a algunas zonas de los Llanos Orientales. Un reportaje de los primeros días de enero decía lo siguiente: «El día de reyes no fue de fiesta para Medellín del Ariari, una desolada inspección en el corazón del Meta. Hombres y mujeres armados se tomaron el pueblo durante tres horas. Muchos creyeron que era la guerrilla hasta que uno de ellos, el jefe, en medio de la plaza dijo: ustedes creían que Ramírez no iba a volver. Pues aquí estoy. Pocos se atreven a decir si ese hombre es Ramírez, un ganadero que debió irse por la presión de la guerrilla. Otros piensan que es como un símbolo de un grupo denominado Serpiente negra, que lucha contra la subversión en esta zona.» (Gonzáles, 1995).

Para febrero de 1995 asesinaron al excandidato a la alcaldía del Castillo Meta, Horacio Augusto Calderón, el grupo responsable sería La Serpiente Negra (Redacción El Tiempo, 1995). Para 1995, en el Urabá no paraba la estrategia de campo arrasado de los paramilitares, en los primeros tres meses de ese año se habían asesinado 135 personas (Redacción El Tiempo, 1995). La estrategia de campo arrasado iba desplegándose municipio a municipio. En 1996 le tocó el turno a Acandí al norte del Chocó. Así se reportaba en la prensa: «A nadie en este pueblo polvoriento de casas de bahareque y zinc se le sale de la cabeza el 3 de noviembre del año pasado. Ese día asesinaron en Acandí a seis campesinos de la zona, y solo a uno de ellos a tiros. A los otros cinco los torturaron, les quemaron el vientre y los remataron a punta de machete. Antes, el número de muertes violentas llegaba, máximo, a cinco por año, recuerda un funcionario municipal. Ahora, en menos de cuatro meses, van 18 muertos.» (Mogollón, 1996).

También, en el año de 1996 le tocó el turno a los Montes de María; como era ya común la arremetida se hizo contra los líderes sociales y políticos, los combates con las guerrillas fueron bajos. Un reportaje de la fecha mencionaba cómo estas incursiones causaban la salida de decenas de campesinos de la zona: «El éxodo masivo de los habitantes de Chalán (Sucre) se intensificó en las últimas horas tras el crimen de un concejal, su esposa y un agricultor, a manos de un grupo de hombres armados que incursionó el domingo en la población.» (Redacción El Tiempo, 1996).

«En fin, no se combatía la guerrilla, pero se asesinaba la oposición política. Rápidamente la expansión paramilitar transformó el mapa político, de la propiedad de la tierra y el productivo de vastas regiones del país. Hubo zonas que se desocuparon rápidamente. Por ejemplo, Chalán quedó prácticamente abandonado. De las 3.500 personas que vivían allí ya solo permanecen 240, es decir apenas 40 familias.» (Redacción El Tiempo, 1996).

La segunda táctica fue la aplicación de la violencia indiscriminada como método de adhesión política. Las masacres y desplazamientos se convirtieron en la principal herramienta de violencia. Existe un debate académico en Colombia bastante álgido sobre el tema de causas y consecuencias del desplazamiento y, sobre todo, en el tema de la concentración de la tierra. Una primera versión, impulsada por analistas que resaltan la visión política de los actores armados[2], explica el desplazamiento y la violencia indiscriminada en función de la creación de base social y la destrucción de la base social del contrario, lo cual es comprobable en algunos lugares, sobre todo en aquellos donde al paramilitarismo adquirió dimensiones contrainsurgentes. Sin embargo, en una buena parte de las regiones del país, el paramilitarismo no fue contrainsurgente y se dedicó a golpear líderes sociales y políticos. La contrainsurgencia era un objetivo secundario.

Las autodefensas que habían limitado su acción a golpear civiles inermes a través de asesinatos selectivos y masacres, en 2000 comienzan a registrar algunos enfrentamientos directos con los frentes guerrilleros que operan en la región. Estos enfrentamientos se incrementaron hasta 2002, año en el que se produjeron 12. La acción de la fuerza pública contra estas organizaciones, que había sido baja, comienza a ser constante en los últimos tres años, durante los cuales se produjeron 21 combates. En 2003 se observa una reducción significativa de la actividad armada, hecho explicable si se tiene en cuenta que el disidente bloque Metro ante la fuerte ofensiva de las AUC en su contra, tuvo que abandonar el Oriente y replegarse en veredas del nordeste antioqueño (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2004, p. 7).

De hecho, aquí se encuentra una de nuestras hipótesis de trabajo y es que al paramilitarismo, contrarío a lo que cree la gran mayoría de analistas de este país, no fue contrainsurgente en su objetivo misional. En cambio, era una labor secundaria, como sí lo fueron los grupos paramilitares de las PAC en Guatemala, Las Rondas Campesinas en el Perú y los escuadrones de la muerte o Triple A de Argentina.

(…) el indicador de tipo de disputa describe los grupos que se disputan el territorio. En este caso se evalúan tres tipos: disputa entre el gobierno y la guerrilla, disputa entre el gobierno y los paramilitares y disputa entre los paramilitares y la guerrilla. Este indicador solo mide si hay o no disputa entre dos grupos, pero no mide la intensidad de esta disputa. En el Gráfico 3, se observa la evolución de los tres tipos de disputa. En el eje vertical se mide el número de municipios de acuerdo al tipo de disputa que presentan. Ahora bien, sobre el tema de disputa debemos mirar varias cosas. En primer lugar, durante todo el periodo la disputa dominante en la mayoría de municipios del país es la del gobierno y guerrilla. El gráfico muestra que esta aumenta paulatinamente durante la segunda mitad de los noventa. Incluso durante la existencia de la Zona de Distensión para los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc-EP, en el sur del país esta disputa sigue en aumento llegando a su pico en 2001. A pesar de su reducción para 2002 los datos más o menos son estables desde 2002. Se podría decir que las Fuerzas Militares combatieron principalmente a las guerrillas (A. Ávila, 2010b, p. 139).

El gráfico 3 muestra dicha relación.

Gráfico 3. Número de municipios por diadas de conflicto (1997 - 2007)

Fuente: en Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, por Ávila a partir de datos proporcionados por el Cerac, 2010. Bogotá. Editorial Randon House Mondadori.

En el anterior gráfico a nivel nacional se muestra, a partir de las bases de datos de Cerac, la relación entre los niveles de disputa de todos los actores armados ilegales: en él lo que prima es la disputa entre gobierno guerrilla, mientras que la disputa entre gobierno paramilitares fue sustancialmente mínima. Dicha situación se comprueba en todos los departamentos del país. Por ejemplo, a pesar de que los grupos paramilitares lograron controlar más de 450 municipios en todo el país, en 2004 cuando la curva de disputa con el gobierno se incrementa, se llegó a una disputa en tan solo 80 municipios. Como veremos, este incremento más que un cambio en la visión de las Fuerza Militares sobre grupos paramilitares, obedecía a contingencias momentáneas de someter grupos que no quisieron entrar al proceso de desmovilización de Ralito.

Nótese cómo a pesar del incremento sustancial de la violencia en términos de masacres, la persecución de la fuerza pública a los grupos paramilitares era sustancialmente baja. El gráfico 4 muestra la evolución de los eventos de masacres en el país de 1997 a 2008. Por ejemplo, en el año 2000 se dieron 236 masacres la mayoría de ellas producto de la violenta expansión del Bloque Norte y el Bloque Central Bolívar de las AUC. (Datos procesados por el autor extraídos de la base de datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009).

Sin embargo, lo que más llama la atención del gráfico 3 son los niveles de disputa entre guerrilla y paramilitares que eran bastante bajos, llegando apenas a 60 municipios del total del país en el pico más alto. De ahí, y como lo veremos más adelante, los niveles de enfrentamiento entre GAI es bajo comparado con los niveles de presencia. Según las investigaciones realizadas en al menos el 60 % de los eventos en que se presentaron enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, la iniciativa la tuvieron las guerrillas, es decir, iban a buscar el combate, y solo en un 40 % los grupos paramilitares.

Gráfico 4. Número de eventos de masacres en Colombia (1997 - 2008)

Fuente: Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2009.

Una segunda visión de la academia colombiana, basada en la teoría de la codicia de los GAI, enfoca su análisis en determinar que el desplazamiento y la lucha entre los actores armados se explica mucho más por las posibilidades de extraer ganancias de las diferentes regiones del país. Uno de los casos más dramáticos sobre el asunto lo es el departamento del Chocó, donde los niveles de violencia fueron causados para forzar el desplazamiento de la población y lograr la posesión de la tierra para la siembra de palma africana y la explotación minera como se muestra en el gráfico 5. Este fenómeno es mucho más coincidente para los grupos paramilitares que para las guerrillas, pero es mucho más común que el primero (Franco & Restrepo, 2011).

Gráfico 5. Desplazamiento en el departamento del Chocó

Fuente: elaboración propia a partir de información de Corporación Nuevo Arco Iris, 2009.

La operación Génesis lanzada por el Ejército Nacional y en particular la Briaga 17 en 1996 y 1997 causó el desplazamiento de miles de familias del Urabá chocoano, se centró sobre el frente 57 y 5 de las Farc-EP. Sin embargo, los bombardeos y ocupaciones militares se realizaron sobre las regiones más pobladas de la zona y donde no existían campamentos de las Farc-EP. A la postré, para el año 2000 con el retorno de la población se encontraron con que la totalidad del territorio se encontraba sembrado de palma africana. Incluso la Corte Interamericana reconoció este fenómeno.

La Corte, respecto de lo alegado por la Comisión, los representantes y el Estado sobre el cultivo de palma africana (supra Vistos 10, 11 y 12), considera que es necesario que el Estado se ocupe con urgencia de la situación relacionada con la siembre de palma africana en los territorios titulados colectiva o individualmente por parte de terceros ajenos a los miembros de las comunidades, ya que dicha siembra parece ser la principal causa de los desplazamientos y de la imposibilidad de regreso de las familias a las comunidades, lo que pone en grave riesgo la vida e integridad personal de los beneficiarios de las presentes medidas provisionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, párrafo 22).

Además, la Corte constató que estas empresas palmeras se valieron de grupos paramilitares que funcionaron como grupos privados de seguridad para logar dicha concentración de la tierra. “Desde el año 2001 la empresa Urapalma S.A. ha promovido la siembra de palma aceitera en aproximadamente 1.500 hectáreas de la zona del territorio colectivo de estas comunidades, con ayuda de…

La protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas (…) (y como consecuencia de esto) entre enero y octubre de 2001 se produjeron nuevas incursiones armadas que dejaron como resultado 13 muertos; el saqueo del abastecimiento que se tenía para brindar ayuda humanitaria y el desplazamiento de nueve comunidades que habitaban la cuenca del río Curbaradó. Como consecuencia de esto, los poblados de origen fueron abandonados y las comunidades se reagruparon en cinco lugares cercanos al territorio colectivo de Jiguamiandó (Cabrera-Cifuentes, 2009, p. 35).

Una tercera corriente considera que los grupos paramilitares funcionaron como grupos privados de seguridad (L. Valencia, 2007). Y es que otra de las hipótesis de este texto hace referencia a que los grupos paramilitares colombianos se caracterizan, a diferencia de otros países como Guatemala o Argentina, por gozar de una gran autonomía frente al Estado aunque su relación con el mismo era bastante fuerte. Ya explicaremos esta hipótesis más adelante.

La historia de la formación de los actuales grupos paramilitares ya ha sido esbozada. Tal como se anotó anteriormente, algunos de los grupos paramilitares siempre han tenido conexiones importantes con elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque funcionan en muchos casos con gran autonomía. También existen importantes evidencias de vínculos entre grupos paramilitares y el narcotráfico. En los últimos años, los grupos paramilitares han crecido considerablemente en número, poderío y control. Actualmente existen grupos a nivel local, regional y nacional. Por ejemplo, los grupos paramilitares del departamento del Norte de Santander, particularmente en la zona de Ocaña, distribuyen volantes anunciando las actividades de las Autodefensas Campesinas del Nororiente Colombiano. Análogamente, existen grupos paramilitares que actúan en la violenta región del Magdalena Medio, bajo la dirección del conocido Ramón Isaza (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 26).

Según el censo de la Comisión Interamericana en Colombia hacia mediados de la década del noventa habían alrededor de 100 grupos paramilitares en todo el país (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, p. 2):

Algo que resulta interesante del censo es que se comprobaba que los grupos paramilitares eran en la práctica ejércitos privados y no había una única organización. Aparecían y desaparecían grupos por todo el país, en todo caso las tácticas de penetración territorial eran siempre las mismas: masacres, desplazamientos masivos y asesinato selectivos de líderes sociales y políticos. Para 1996, cuando ya la primera expansión paramilitar estaba terminando, las masacres estaban a la orden del día. Antioquia seguía siendo el departamento más afectado. Una nota de prensa de la época informaba lo siguiente: «La masacre de 15 personas en Segovia la noche del pasado lunes marcó el comienzo de las acciones de un grupo armado que se hace llamar Dignidad por Antioquia, según los volantes arrojados desde un helicóptero, días antes de la incursión.» (Redacción El Tiempo, 1996). Semanas después le tocó el turno a Anzá, Antioquia, allí fueron asesinados 10 campesinos y nuevamente se produjo un desplazamiento importante de población (Redacción El Tiempo, 1996). Horas después de lo ocurrido en Anzá, le tocó el turno a Sonsón (Redacción El Tiempo, 1996). Se reportaban masacres por días consecutivos.

Una tercera táctica de los grupos paramilitares fue la utilización y asistencia de la fuerza pública para sus operaciones. Sin bien los grupos paramilitares mantienen autonomía financiera respecto a la fuerza pública y algunas instituciones del Estado, su dependencia operativa fue durante años alta. Tal situación de asistencia de las Fuerzas Militares es producto de varias contingencias. Por un lado, fue producto de condiciones propias de la guerra, la imposibilidad de la fuerza pública de adaptarse plenamente a una guerra irregular y, sobre todo, de combatir eficazmente a los grupos guerrilleros llevó a una delegación implícita de la violencia dirigida a los grupos paramilitares.

De hecho, algunos sectores se han aventurado a decir que el resurgimiento del paramilitarismo en los últimos años se ha llevado a cabo con el beneplácito, o en el peor de los casos, la asistencia de las Fuerzas Militares. Se ha sugerido que las Fuerzas Militares entendieron que podían evitar el costo político de una guerra sin cuartel si se dejaba a los paramilitares hacer el trabajo sucio que implicaba violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y que por su naturaleza atraería la atención tanto del público como de la comunidad internacional. Así, los grupos paramilitares comenzaron a perpetrar acciones prohibidas como mandatorios de las Fuerzas Militares o en calidad de auxiliares de dichas Fuerzas y progresivamente se convirtieron en fuerzas independientes que, de una forma u otra, han reemplazado a las Fuerzas Militares y han llevado su propia lucha en contra de los grupos armados disidentes. Este enfoque del crecimiento del paramilitarismo en Colombia se encuentra fundamentado en las estadísticas que muestran que, en los últimos años, el número de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometido por los paramilitares ha crecido significativamente, mientras que el número de violaciones directamente atribuibles a las Fuerzas Militares ha decrecido a la misma fecha (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 89).

Una segunda circunstancia de la relación entre fuerza pública y paramilitares es la filiación política. Es importante destacar que los grupos paramilitares fueron legales en Colombia desde mediados de la década del sesenta hasta 1989. Durante el entonces gobierno de Virgilio Barco se logró ilegalizar este tipo de agrupaciones, posteriormente nuevamente se legalizaron bajo la figura de las Convivir. La filiación política era de tipo casi que ideológico, efectivamente el temor al comunismo y las revoluciones nicaragüense y cubana causaron un fuerte temor a las Fuerzas Militares y sectores de derecha del país. La Comisión es clara al decir, que:

La Comisión está obligada a concluir que el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los grupos paramilitares y que no ha combatido adecuadamente estos grupos. El Estado es por lo tanto responsable, de manera general, de la existencia de los grupos paramilitares y, por lo consiguiente, se le tendrá como responsable de las acciones llevadas a cabo por estos grupos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 236).

Por último, los grupos paramilitares aplicaron el soborno a las autoridades militares y públicas. Generalmente mantenían una nómina paralela que les permitiera mantener ciertos niveles de impunidad. La relación de las autodefensas con ganaderos, industriales y comerciantes les permitió acceder fácilmente a la cooptación de funcionarios públicos, que fue el sexto método. Efectivamente, el capital social que lograron fue más cualificado que el de las Farc-EP y el ELN, e incluyó a alcaldes, concejales y demás funcionarios públicos del nivel local. El monopolio de la fuerza les permitía incluso administrar justicia y, con ello, lograr aceptación por parte de la población.

Es el caso de ciertos sectores de los grupos económicos más representativos (ganadero, bananero, cafetero y comerciantes), que, sintiéndose afectados por las incursiones guerrilleras en el departamento[3], utilizaron este hecho para justificar la promoción y fortalecimiento de grupos ilegales armados, en nombre de la defensa de la propiedad y la protección de intereses privados, muchos de ellos ilegales (Zúñiga, 2008 citado por Claudia López, 2010, p. 286).

Todo esto los hizo crecer rápidamente, aliados con narcos, políticos y militares su expansión fue increíble.

Ahora bien, las dos estrategias aplicadas por los grupos paramilitares, marcaron su naturaleza en el conflicto durante estos años. Por un lado, los grupos paramilitares lograron combinar un fuerte capital social que les permitió proyectarse como alternativa de poder y a la vez mantener independencia frente a algunos sectores que les apoyaron. Básicamente las cuatro oleadas paramilitares lograron colocar a su servicio a cuatro grandes sectores de la sociedad colombiana: las élites emergentes ligadas al narcotráfico, la clase política regional y local, las Fuerzas Militares y algunos funcionarios estatales.

Las élites económicas tradicionales de tipo regional, huyéndole a la presión del secuestro de la guerrilla, la inseguridad rural y urbana y a su ambición de apropiación de tierras colaboraron en la formación de grupos privados de seguridad. Además, desde la década del ochenta una nueva clase económica emergente, surgida del narcotráfico, se convirtió en una de las principales aliadas, no solo por el tema del secuestro, sino por su necesidad de utilizar ejércitos privados para la expansión y contención territorial.

Durante ese periodo, los grupos paramilitares también establecieron estrechos lazos con las organizaciones de narcotraficantes. Al ampliarse y tornarse más lucrativo el comercio de la droga, muchos de sus protagonistas se transformaron en terratenientes y en dirigentes de otras empresas económicas. Procuraban defender el negocio de la droga y sus intereses económicos frente a los actos violentos de extorsión y expropiación que llevaban a cabo los grupos armados disidentes en contra de sus intereses. Empezaron a financiar y respaldar a los grupos paramilitares. Es así que, por ejemplo, se formó un nuevo grupo en el Magdalena Medio, en 1981, con el nombre de «Muerte a Secuestradores» (MAS). El grupo fue fundado por narcotraficantes en represalia por el secuestro realizado por el M-19 de la hermana de varios miembros del Cartel de Medellín. De manera que una serie de fuerzas e intereses convergían para dar especial fuerza a los grupos paramilitares. Los grupos empezaron a llevar adelante acciones de «limpieza» en varias regiones del país, a eliminar a los grupos armados disidentes y a sus simpatizantes para despejar el camino a los principales terratenientes y a otros hombres de negocios. Finalmente, el fenómeno de los paramilitares adquirió tal grado de violencia y descontrol que el Gobierno colombiano y el Ejército se vieron obligados a actuar para afirmar su control (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 22).

Además, las Fuerzas Militares participaron activamente en la formación de los primeros grupos paramilitares o denominados autodefensas durante la segunda mitad de los años sesentas y todo los setentas y ochentas.

Ya para finales de los años 80 y principios de los 90, los grupos paramilitares y/o de seguridad privada contaban con el apoyo de las élites económicas tradicionales y de la nueva élite que debía sus recursos al narcotráfico, con lo cual gozaban de una financiación estable. Además, gozaban de una buena relación con las Fuerzas Militares. “No obstante, los grupos paramilitares han operado durante años en amplias zonas del territorio nacional. Muchos de estos grupos, especialmente aquellos asociados a las familias Castaño y Carranza, tienen características básicas de milicias: están bien organizadas, tienen una estructura de mando, utilizan armas ofensivamente y son extremadamente móviles. Adicionalmente, parecen estar muy bien financiadas. Estos grupos se han ido involucrando de manera creciente en operaciones relativamente sostenidas contra las Farc-EP, el ELN y otras fuerzas disidentes. De hecho, en ciertas áreas del país han sido mucho más agresivas en desplazar y combatir a la guerrilla que las mismas fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas paramilitares también han sido responsables de ataques cuyo propósito principal ha sido asesinar, aterrorizar y/o forzar el desplazamiento interno de personas civiles, más que destruir o neutralizar objetivos militares legítimos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 50), (Claudia López, 2010, p. 19).

Por último, los grupos paramilitares en algunos pocos casos o las élites políticas locales, regionales y nacionales en la gran mayoría de los casos se apoyaron en GAI para mantener o aumentar su influencia en la distribución del poder en las diferentes regiones del país. «Dichos sectores productivos colaboraron en la formación de estos grupos no solo por defenderse de la guerrilla, aunque tal fue un factor inicial. El apoyo se dio igualmente por la desestabilización del proyecto de estas élites sociales» (López, 2010, p.18). La Constitución de 1991 y sobre todo la reforma de 1986 que permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores causaron grandes traumatismos en la distribución del poder en algunas regiones del país.

El mapa 10 muestra la presencia paramilitar para 1997, año en el que se ilegalizan las Convivir y nacen las Autodefensas Unidas de Colombia.

Claro, además de todo el apoyo de todos estos sectores, los grupos paramilitares lograron tener entrenamiento de extranjeros como mercenarios israelitas. Así las cosas, su crecimiento fue más que espectacular. El mapa 11 muestra la presencia paramilitar para 1999. Compárese con el mapa de 1994 para ver el crecimiento.

En 1997, con la ilegalización de las Convivir, y el nacimiento de las AUC como una federación arrancó la segunda expansión paramilitar. Tal vez fue la más violenta que se hubiera realizado en el país.

Desde finales de 1996 comenzó una arremetida simultánea en varias zonas del país. Por ejemplo, a finales de 1996 los medios de comunicación alarmados reportaban 70 muertos en 19 días producto de la ofensiva. La estela de muerte de los grupos paramilitares de autodefensas en su racha de terror impuesto en el país ha dejado un saldo de 70 muertos entre noviembre y diciembre en Antioquia, Bolívar, Cesar, Magdalena, Sucre y Norte de Santander, principalmente (Redacción El Tiempo, 1996). Desde principio del año en 1997 el país se inauguró con masacre.

Las primeras ocurrieron en Magdalena, de forma simultánea fueron atacados dos municipios: siete personas, entre ellas cinco campesinos, asesinadas a tiros y cinco casas incineradas fue el resultado de dos incursiones perpetradas ayer por grupos armados en los municipios de Ciénaga y Tenerife (Magdalena) (Mier, 1997). Días después le tocó a Vegachí, Antioquia, allí los paramilitares asesinaron 10 campesinos. También las masacres continuaron en el Cesar y se trasladaron a Bolívar. Un reportaje de principios de 1997 manifestaba que nueve personas fueron asesinadas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en tres incursiones realizadas a poblaciones del Cesar y Bolívar el pasado fin de semana (Redacción El Tiempo, 1997).

Mapa 10. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en 1997

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

Mapa 11. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en 1999

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

EL ELN. LA REESTRUCTURACIÓN

En estos mismos años, el ELN se encontraba en una de sus transiciones más fuertes. Por un lado en 1995 se produjo el 14º Pleno de Dirección Nacional, en el que se dijo que existía una estabilización de la organización y sobre ella había que trabajar. Más que plantear una expansión se decidió la consolidación de los diferentes frentes de guerras y frentes en general.

Al final del mismo año se realizó la Primera Conferencia Militar Nacional en la que se tomaron tres decisiones estratégicas, pero que al final no se convirtieron en los resultados esperados, como veremos. La primera decisión, trató de deslindar las propias raíces del ELN. Se propuso que los frentes debían ser reestructurados, para poder separar el trabajo político del trabajo militar. Es decir, su capacidad y accionar armado no podían depender del trabajo político. Ello buscaba, darle iniciativa a las estructuras militares con el propósito de realizar operaciones de las tropas bajo el esquema de guerra de guerrillas.

Como segundo cambio fundamental se decidió abolir la figura de los frentes de guerra y con ello que los destacamentos militares o frentes y compañías, pasarían a integrar lo que se denominó como la «fuerza militar del área» sin abandonar los territorios que habían consolidado previamente. La creación de las áreas no solo pretendió la reorganización del territorio de acuerdo a las necesidades del ELN, sino sobre todo, pasar de una guerra de guerrillas a un tipo de guerra con líneas estables. Este cambió se planteó desarrollarlo de forma acelerada y, además, se dispuso la creación de retaguardias que posibilitaran la puesta en marcha de modelos de sociedad asociados al ELN.

Si bien se les dio el nombre de retaguardias, lo cierto es que nunca lo fueron. Fueron Zonas de Movilidad donde algunas tenían territorios bastante seguros, sobre todo las ubicadas en zonas de frontera.

De tal forma que las áreas de «retaguardia estratégica» y de «confrontación permanente» o de disputa debían ser claramente demarcadas y establecidas, en cada una de ellas se debía crear un «estado mayor de área», responsable del diseño y la realización de los planes, integrado por el «responsable militar» de la dirección del área, de los primeros mandos de las compañías y de los responsables militares de los frentes.

El mapa 12 muestra la presencia armada del ELN para el año de 1997, según la Policía Nacional.

Ahora bien, el mapa de calor o intensidad es el número 13. Nótese cómo la intensidad se concentraba en sus zonas históricas, como Arauca y el Magdalena Medio.

Por último, se estableció la creación de compañías y batallones. Los batallones agruparían varios frentes y compañías y estas últimas estarían dedicadas al combate militar. Con ello, el ELN no solo pretendía hacer una estrategia de guerra de guerrillas, sino que pretendían pasar a una guerra de movimientos de grandes contingentes de tropa. Así, los denominados «frentes de guerra» desaparecerían paulatinamente en la medida que se consolidaran las áreas y con este planteamiento se buscaba que se estructurara un Ejército Revolucionario con disposición para la toma del poder.

Mapa 12. Municipios atacados por el ELN en 1997 en Colombia

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 13. Intensidad de la confrontación ELN en 1997

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Al igual que las Farc-EP, el ELN se planteó la toma del poder en esta fecha y, por ende, la construcción de zonas de movilidad seguras en todo el país. Con ello las «fuerzas militares de área» tendrían cada vez más la característica de «tropas regulares» y contarían con «unidades de armamento de apoyo», que deberían irse consolidando en las zonas de retaguardia y ampliar la influencia en zonas de disputa. Incluso se pensó que una vez los batallones fueran estables se crearían las «brigadas». Una ambición ya de guerra de ejércitos convencionales.

Estas ambiciones del ELN contrastaban con el debilitamiento que venían sufriendo desde 1993 por la violenta primera expansión paramilitar.

Una de las hipótesis de este capítulo es que el paramilitarismo destruyó la base social del ELN, la volvió añicos. Así, si la política de seguridad democrática fue dedicada a las Farc-EP, la expansión paramilitar se dedicó a aniquilar al ELN. Nótese en el mapa 14 la presencia armada del ELN en 1998.

En el mapa 15 de calor o de intensidad de las acciones armadas del ELN: nótese cómo el Magdalena Medio tenía la mayor intensidad de la confrontación, lo cual coincide con la zona donde el paramilitarismo desató su ofensiva desde 1997.

Cómo se ve, en la Costa es donde más se reduce la actividad armada. En 1996 el ELN parecía adoptar otro tipo de estrategia que aparentemente contradecía aquella adoptada en 1995, pero en realidad se complementaron. Durante el tercer congreso del ELN realizado el 14 de junio de 1996 se adoptó una política consistente en dar predominio a la línea política sobre la militar. Manteniendo su política de trasformación del Estado y las condiciones sociales, pero utilizando como estrategia para su logro «la solución política del conflicto», planearon un modelo de negociación basado en tres ejes:

Con el Gobierno Nacional: negociación

Con la sociedad civil: convención nacional

A nivel internacional: facilitación

Mapa 14. Municipios atacados por el ELN en 1998 en Colombia

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 15. Intensidad de la confrontación ELN, 1998

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Ya para ese momento el ELN notaba el fuerte ascenso paramilitar en sus zonas de influencia. La región del bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio, y el alto Sinú se constituyeron en los ejes centrales del paramilitarismo, sectores donde el ELN había logrado un importante desarrollo y apoyo popular. Al tiempo, las Farc-EP, producto de los negocios derivados del narcotráfico y el secuestro, habían tenido un crecimiento importante en las zonas de influencia tradicional del ELN. De tal forma que al privilegiar el desarrollo político de la organización por encima del militar, tenía como objetivo validar el proyecto político del ELN.

Ahora bien, como una política que parecía estar contradiciendo lo que se había estipulado en el tercer congreso de 1996, durante las elecciones de 1997 el ELN se mostró contrario a la realización de las elecciones en sus zonas de influencia. Lo que significó un grave error estratégico, ya que perdieron mucha influencia social. De ahí en adelante vino un retroceso.

Debe recordarse que entre 1992 y 1995 se registró un incremento importante de los «frentes» y del número de hombres en armas del ELN. En este periodo surgieron once nuevos «frentes» y el promedio de hombres en armas por «frente» aumentó de 75 a 85. Todos los frentes de guerra ampliaron su presencia a través de nuevos «frentes». En efecto, el frente norte creó tres nuevos «frentes», el Francisco Javier Castaño que actuó en Magdalena, el Héroes y Mártires de Santa Rosa con presencia en el sur de Bolívar y el Manuel Fernández que actuaba en Córdoba.

Así mismo, el frente nororiental creó tres nuevos «frentes»: Juan Fernando Porras, Resistencia Yariguies y Guillermo Vásquez (Bonilla, 2008). De otro lado, el frente suroccidental registró una fuerte expansión a través de la creación de tres nuevos «frentes»: Bolcheviques del Líbano, como su nombre lo indica actuaba en el norte del Tolima; Benkos Bioho en el departamento del Chocó; y Comuneros del sur en Nariño.

Dentro del contexto en que se ha trasformado el ELN en los últimos años se deben tener en cuenta tres situaciones. En primer lugar, el ELN maneja una dinámica de tipo Foquista, donde el camino a seguir es la creación de pequeños grupos guerrilleros que operan en zonas de frontera, de marginalidades para luego –mediante una insubordinación general– alcanzar el proceso revolucionario (Echandía-Castilla, 1997), situación que fue parcialmente superada en 1995. De tal forma que en principio la concentración de tropas para una escalada amplia de más de 50 hombres, como lo hacen las Farc-EP, no fue una estrategia del ELN. En cambio se mueven en grupos pequeños y realizan ataques, emboscadas, hostigamientos, evitando los combates. Al momento de realizar la transformación interna desde 1995, los fracasos se desencadenaron y al poco tiempo la limitación militar y económica fue más que evidente.

En segundo lugar, desde su nacimiento el ELN es una organización política en armas. A excepción del Quintín Lame, el ELN se ha diferenciado de las demás guerrillas, incluso del M-19, por su trabajo político con las bases sociales, lo que significa que dedican gran parte de su trabajo a la población de una determinada zona. Los militantes del ELN participan en juntas de acción comunal, organizaciones sociales y sus destacamentos militares se encuentran en zonas cercanas a donde habita la población de determinada zona. Adicionalmente, la formación de la dirigencia del ELN, en gran parte, es urbana. Antonio García, Pablo Beltrán viene de un trabajo urbano previo. Incluso sus líderes iníciales venían de un contexto urbano. De ahí que la presencia urbana del ELN fuera importante en varias ciudades intermedias. Por ello se observa una tendencia a la participación en comicios electorales que aunará en su debilitamiento ante la fortaleza paramilitar, como lo veremos más adelante.

En tercer lugar, el ELN tiene una estructura muy descentralizada y autónoma. Las Farc-EP se dividían en bloques de frentes, el ELN en frentes de guerra. Todas estas estructuras se han mantenido históricamente independientes. De ahí que, para el caso de este grupo armado, las dinámicas regionales de la organización sean muy disimiles entre sí. Hay que aclarar que la dirigencia del grupo armado sigue conservando prestigio en la organización y la mantiene cohesionada, aunque con grandes dificultades.

Para 1999, al final del periodo de estudio, la intensidad del accionar del ELN era el que se muestra en el mapa 16.

Sus acciones se concentraban en el Magdalena Medio y en el resto de regiones iban perdiendo intensidad; ya la ofensiva paramilitar los castigaba fuertemente en varias regiones del país.

Mapa 16. Intensidad de la confrontación ELN, 1999

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

CONCLUSIONES

Tal vez la principal conclusión de este capítulo es que si bien el conflicto armado colombiano lleva más de 50 años, lo cierto es que la guerra y la mayor cantidad de victimización se produjo en una sola década, es decir, la verdadera guerra se dio entre 1995 y el año 2005. Durante el texto se ve cómo los diferentes actores se prepararon y lanzaron las ofensivas militares. Lo que se vivió esos años fue una verdadera guerra.

Otra conclusión interesante, tal vez la más importante en política comparada, es que Colombia pareciera que siempre va en la vía contraria a la historia. En el hemisferio occidental prácticamente todas las guerrillas de corte revolucionario comenzaron a realizar procesos de paz y a integrarse a los diferentes sistemas democráticos liberales en la década del noventa del siglo XX. La caída del muro de Berlín fue la causa principal de este fenómeno. Parecía que la toma del poder por la vía armada y después de una guerra prolongada era cuestión del pasado. Sin embargo, en Colombia la caída del comunismo real trajo fue una ofensiva guerrillera sin precedentes, que llevó, incluso, a la derrota militar del Estado en algunas regiones del país. El conflicto creó una economía de guerra que le dio lo necesario para que la violencia siguiera.

Una tercera conclusión es que esta carrera por la vía contraria de la historia en gran parte se derivó de una independencia material o económica de los GAI en Colombia. Ni las Farc-EP ni el ELN necesitaron de la financiación internacional. Igualmente, el paramilitarismo adquirió unas dimensiones impresionantes en cobertura y tropa sin la financiación directa del Estado. La economía de guerra al parecer es la gran responsable del escalamiento militar de estos años.

Una cuarta conclusión se refiere al despliegue de los actores armados ilegales. Nótese cómo las Farc-EP comienzan a avanzar desde sus zonas seguras hacia el centro del país, consolidando sus territorios históricos como el Caquetá, Guaviare y Putumayo y, luego, hacia las zonas más pobladas. Las estructuras paramilitares hicieron lo propio desde el norte del país, aplicando la estrategia de campo arrasado. La idea era homogenizar el territorio y consolidar zonas seguras.

Por último, la otra conclusión, más que obvia, es que la guerra en Colombia no fue una situación de coincidencias y azares. Tampoco fue la confluencia en un momento de la historia de factores. Fue una guerra de estrategias militares increíbles, escalonada y, sobre todo, fue una guerra de espejos, unos a otros se copiaban. El escalamiento militar fue producto de planeaciones estratégicas que buscaban el poder, ya sea para derrocarlo o para mantenerlo, pero no fueron coincidencias no esperadas o golpes de cola.

Capítulo 2. La territorialidad e intensidad del conflicto. 2000-2003. La victoria de las FARC-EP y la expansión paramilitar.

CAPÍTULO 2

LA TERRITORIALIDAD E INTENSIDAD DEL CONFLICTO.
2000-2003

LA VICTORIA DE LAS FARC-EP Y LA EXPANSIÓN PARAMILITAR.

LA REFORMA A LAS FUERZAS MILITARES

Para los años 1999 y 2000, las Fuerzas Militares habían iniciado la contraofensiva: siete golpes habían causado la muerte de algo más de un centenar de guerrilleros. Además, varios comandantes de frente y de columnas de las Farc-EP habían muerto durante estos dos años. El 12 de marzo murió Miller, comandante del frente 51; el 26 de mayo murió Esteban González; y el 21 de febrero murió Franklin del frente 54, todos ellos operaban sobre el centro del país, de tal forma que se comenzaba a ver la prioridad que representaba Cundinamarca para la operatividad de las Fuerzas Militares.

Con todo, a pesar de estos avances, en varias regiones del país los golpes a las Fuerzas Militares continuaban siendo altos por parte de los grupos guerrilleros. Seguían presentándose fuertes retrocesos militares en el suroriente y suroccidente. Para 1999 se podría decir, que si bien la reforma de la fuerza pública en 1991 creó las brigadas móviles y en general dio un marco nuevo de operatividad que logró dilucidar un nuevo camino en el combate a los GAI, sobre el terreno los cambios operados fueron pocos. Las Brigadas Móviles no se transformaron en unidades de despliegue rápido, por el contrario terminaron operando de forma similar a las brigadas tradicionales. El Ejército se consolidó, entre 1994 y 1998, como un actor más de la violencia al perder parcialmente su rol protagónico como encargado del monopolio del uso de la fuerza. En varias zonas del país y momentos de ese periodo se substrajo del conflicto entre grupos armados irregulares (guerrillas y paramilitares). Esta situación contrasta con el aumento de hombres y recursos que había sido la tendencia de la última década y que en el periodo Samper pareció mantenerse (Dávila Ladrón de Guevara et al., 2000, p. 1).

Otra situación que se presentó durante este periodo fue la imposibilidad de la fuerza pública, y en particular el Ejército, de controlar algunas zonas del país. Esto, sumado a la fortaleza de las Farc-EP que para ese momento habían adquirido, impidió contener el avance guerrillero y algunas zonas sufrieron golpes contundentes. Por último, el debilitamiento manifiesto, aunque no estratégico de las Fuerzas Militares, llevó a que poco a poco su papel de controlar el orden público fuera asumido por otro tipo de actores armados ilegales, para este caso los grupos paramilitares. Las relaciones que se establecieron entre algunas estructuras de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares no fue coincidencia y básicamente giraron en tres hechos. El primero era la imposibilidad de controlar el orden público y la ilegitimidad en la que estaba sumido el Ejército por sus continuas represiones a la población civil.

En segundo lugar, tanto el narcotráfico como los grupos de autodefensa lograron penetrar las Fuerzas Militares mediante el soborno y el tráfico de influencias. Fue una cooptación a militares para capturar sus funciones y, sobre todo, para garantizar el paso de productos ilícitos y garantizar la impunidad. Con el paso del tiempo la corrupción se hizo más fuerte y en algunas zonas se dio colaboración directa.

El considerable desarrollo de las autodefensas, la transformación de muchas de estas en verdaderos ejércitos de paramilitares, el rebasamiento a todo control efectivo por parte del Ejército, los constantes desmanes y hechos atroces que de una u otra manera se atribuían a las Fuerzas Armadas de Colombia y, además, el constante desafío de la agresión guerrillera, obligaron al Gobierno de Colombia a optar por aumentar el poderío del Ejército. La lucha antisubversiva condujo, casi inevitablemente, a la militarización del país y de hecho esta se fue convirtiendo gradualmente más en un asunto militar que político, lo que condujo a dejar en manos de los militares la definición de las estrategias de esta guerra. La autonomía militar condujo a debilitar progresivamente el respeto de sus miembros por las normas legales vigentes y fue imponiendo un clima de tolerancia hacia la violencia contra los guerrilleros y contra la población civil presuntamente vinculada a ellos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, p. 52).

En tercer lugar, se presentó la coincidencia o afinidad política de estos grupos ilegales con las Fuerzas Militares, aupadas por el entorno internacional, con la Guerra Fría, la revolución nicaragüense, la existencia de Cuba y la ofensiva de noviembre de 1989 del FMLN en El Salvador, que hizo temer el avance de las guerrillas colombianas. Poco a poco los grupos paramilitares fueron asumiendo funciones de las Fuerzas Militares.

La Comisión ha recibido información de fuentes fidedignas indicando que, mientras las violaciones cometidas por las Fuerzas Militares han disminuido en número, los abusos cometidos por los paramilitares han aumentado en los últimos años. La Comisión recibió información concreta, consistente y fidedigna de numerosas fuentes, indicando que el Ejército actúa en ciertos casos conjuntamente con grupos paramilitares para realizar ataques directos e indiscriminados contra la población civil, y para provocar el desplazamiento forzado de la misma (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 46).

Así, para 1999 se puso en marcha una reestructuración de las Fuerzas Militares y en general de toda la fuerza pública, dicha trasformación fue denominada «La Nueva Estrategia Militar».

La Nueva Estrategia culminaría en el año 2005 y se basó en 6 objetivos globales, pero que en el fondo se proponían tres cambios sustanciales en la operatividad militar. Los objetivos de «La Nueva Estrategia Militar» parecían algo ceremoniales, es decir, nada nuevo, pero contenían importantes cambios en la estrategia militar que hasta el momento dirigía las Fuerzas Militares. El primer objetivo establecido en el proceso de reestructuración buscaba «Elevar el desempeño institucional a través del fortalecimiento de la gestión humana, con el fin de formar líderes comprometidos e identificados con sus hombres y demás miembros del pueblo colombiano, de manera que podemos afirmar, que hoy tenemos más líderes que comandantes».

Para ello, se actualizaron los criterios académicos en las Escuelas de Formación táctica, tanto de oficiales, como de suboficiales y soldados, ajustando su preparación a los requerimientos del siglo XXI.

A partir de diciembre de 1999 se retiraron todos los menores de edad de las filas del Ejército y al finalizar el 2000, 42.000 soldados bachilleres y regulares fueron reemplazados por profesionales. Para el año 2005 eran más de 60.000 los soldados profesionales.

El segundo objetivo tenía como meta elevar la efectividad operacional a través de la reestructuración y modernización de la inteligencia militar, especializando al máximo el personal encargado de esta labor, retirándolos de todo tipo de acción armada y trabajando en la implementación de modernos equipos electrónicos que permitieran complementar su labor estratégica.

El tercer objetivo buscaba reestructurar la organización, instrucción y operaciones del Ejército, a través de la implementación de la nueva estrategia militar que ha facilitado el accionar conjunto del Ejército con la Fuerza Área, la Armada y la Policía, en el marco de una nueva organización operacional más funcional y orientada a los procesos propios de la guerra, en la que se fortalece la gestión humana, la cultura institucional, el empoderamiento y la descentralización de funciones.

Para ello, se activó la Brigada Contra el Narcotráfico y la Fuerza de Despliegue Rápido, se fortaleció la aviación del Ejército, se creó la Jefatura de Educación y Doctrina y se diseñaron sistemas defensivos y disuasivos en las bases fijas y móviles del Ejército. El tema definitivo aquí fueron los comandos conjuntos de las tres fuerzas bajo un solo mando. Esto fue definitivo en la guerra contra las Farc.

El cuarto objetivo quería garantizar el apoyo oportuno a las operaciones, a través de una adecuada función logística. Esto permitió fortalecer el Estado Mayor del Planeamiento y coordinación, descentralizar las funciones logísticas de las unidades operacionales, modernizar la sanidad de campaña y la redistribución de equipos de socorro en el combate.

Se acondicionaron unidades de apoyo logístico móvil, se puso en marcha el sistema de confirmación financiera de planeación logística, se logró la sistematización y actualización de los inventarios y se desarrolló el Plan Identidad para comprometer al personal en el proceso de cambio.

El quinto objetivo fue denominado «Fortalecimiento de los niveles de compromiso con la institución interna y externamente», en su desarrollo se diseñó la Estrategia Integral de Comunicaciones que permitió implementar la Agencia de noticias del Ejército, crear una campaña institucional educativa con proyección sostenida, la página web[4], la Cadena Radial con 22 emisoras en todo el país, la Revista Ejército, el periódico En Guardia, el sistema de seguimiento a la violación de los derechos humanos y el DIH y la producción de cuatro programas de televisión que se emiten a través de los canales nacionales y regionales: Comandos, en RCN; ¡Vamos Colombia!, en Canal UNO; En contacto, Canal A y Hombres de honor en el Canal UNO.

La campaña institucional educativa con proyección sostenida tuvo una primera etapa que se denominó «Nuestro Compromiso en Colombia». La segunda, conocida como «Colombia Exige Respeto», busca fortalecer los valores de los colombianos y la unidad nacional. El sexto objetivo buscaba definir el Ejército que necesita la Colombia del siglo XXI, las acciones que debe cumplir cuando se logre la paz y su papel en el proceso de reconstrucción del tejido social (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 2000).

Uno de los cambios fundamentales en esta nueva estrategia militar fue la creación de nuevas unidades operacionales. Tal vez la más importante fue la Fuerza de Despliegue Rápido creada en 1999, con sede en Tolemaida, que contó inicialmente con tres Brigadas Móviles (1, 2, 3), una Brigada de Fuerzas Especiales y una Brigada de aviación del Ejército. Su principal objetivo era darle movilidad a la tropa en zonas de combate, especialmente en el suroriente. Esta movilidad en el transporte de tropa debía garantizar, según esta nueva directriz, actuar sobre objetivos estratégicos. Para ello, fue dotada de helicópteros Black Hawk y algunos rusos. En esencia, la fuerza pública entendía que uno de sus puntos débiles era la capacidad de reacción, por eso debía fortalecerla. Esta Fudra sería la base del denominado Plan Patriota puesto en marcha en 2005.

Un año antes se había puesto en marcha a gran escala la «estrategia de Comando», que consistía en la conjugación de la inteligencia y operación del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, e incluso, la Policía (Revista Ejército, 1999a). Esta Fuerza de Despliegue Rápido dependía de la Jefatura de Operaciones del Ejército.

Cabe señalar que este Proyecto de Reestructuración de la fuerza pública también trajo la creación del Batallón Número Uno contra el narcotráfico (Revista Ejército, 1999b), que básicamente se enfocó en los objetivos del recién instalado Plan Colombia, el cual contó con importante asistencia estadounidense.

Otro de los cambios fundamentales en la nueva estrategia militar fue el mejoramiento del sistema de inteligencia, y el aparato propagandístico de las Fuerzas Militares. Para ello se crearon 22 enlaces departamentales a la emisora del Ejército, que comenzó a ser una de las más escuchadas en las diferentes regiones del país. El Sistema de Inteligencia se basó en el intercambio de conocimientos con contratistas militares estadounidenses, y si bien sus resultados no fueron determinantes en este periodo de estudio, como veremos será la principal razón que explica el fuerte avance militar en el cuarto periodo de estudio, es decir, desde el año 2006 y 2007.

El «Sistema Integral de Comunicaciones del Ejército» (Revista Ejército, 1999c), comenzó a coordinar la cadena radial del Ejército, programas de televisión como Hombres de Honor y Cinco Mano, además de la revista y el periódico En Guardia. Con ello, se puso en marcha el gran sistema propagandístico del Ejército que dio importantes resultados dos o tres años después de su inicio y, sobre todo, sería útil para la promoción de las deserciones en las filas de los grupos guerrilleros.

El último cambio de trascendencia fue el incremento del pie de fuerza y su profesionalización. El Plan 10 mil, buscó en su momento reemplazar a diez mil soldados bachilleres por 9.996 soldados voluntarios y 4.359 soldados regulares, que debían operar en 21 batallones de infantería. Estos cambios se dieron con relativo éxito. Lo cierto es que desde 1999, el pie de fuerza comenzó a incrementarse aceleradamente y constantemente. El gráfico 6 muestra la composición de soldados para finales del año 2000.

La situación de profesionalización de la fuerza pública era bastante compleja para finales de la década del noventa, pues la falta de oficiales y suboficiales en terreno llevó a que se crearan los cabos terceros, algo atípico que demostraba la ausencia de mandos en la fuerza pública durante este periodo. El gráfico 7 muestra la composición de suboficiales para el año 2002, cuando ya se había puesto en marcha la reforma.

Gráfico 6. Composición de soldados en el 2000

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 2009.

Gráfico 7. Composición de suboficiales para el año 2002

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 2009.

Es de aclarar, que esta reforma no fue fácil para las Fuerzas Militares, adaptarse a estos cambios militares no fue una tarea rápida y, en todo caso, como ha sido históricamente, este cambio se basó mirando a los enemigos. Una particularidad en las Farc-EP y la fuerza pública es que sus adaptaciones militares han sido copiando a su contrario. El entonces coronel Alberto Bravo hizo una valoración interesante para 1999.

Las noticias de los pasados insucesos operacionales, extensamente publicitados y comentados, parecieran haber disparado la caída incalculada de teorizantes violentólogos, tácticos y estrategas, para juzgar sin un análisis de contexto, las variadas causales que motivaron tales reveces, donde el interés por hacer presencia hasta en el último rincón de nuestra geografía para enfrentar la creciente agresión interna, hizo perder el concepto de su poder en determinadas regiones; sobrevalorara la capacidad de las tropas; subestimar los altos niveles de movilidad y capacidad de concentración de las cuadrillas; sumado esto a algunas fallas de conducción y la creciente limitación de medios aéreos para apoyar situaciones de envergadura y combates prolongados, donde la subversión explotó con acierto esas debilidades, las cuales por su carácter puntual, no se presentan en la generalidad de la institución, ni permiten deducir un equilibrio de fuerzas, que facilite el paso a otros estadios de conflicto (Bravo, 1998, p. 26).

Era claro para las Fuerzas Militares que había retrocesos, pero cuestionaban la reforma militar bajo el argumento que los reveses militares eran más bien provocados por la falta de medios y pie de fuerza, y no por fallas estructurales de las Fuerza Armadas. Aun así, los cambios fueron bien recibidos por la mayoría de la tropa, y en particular la profesionalización de las Fuerzas Militares se encaminó a estudiar, copiar y adaptarse a la forma de operar que traían las Farc-EP.

Una vez puesta en marcha la Fuerza de Despliegue Rápido, la unidad de Fuerzas Especiales comenzó a dar resultados positivos sobre el terreno de combate. En la edición 170 de la revista de las Fuerzas Armadas se logró leer cómo estas fuerzas especiales se hicieron con el fin de contrarrestar la ofensiva que años antes habían lanzado las Farc-EP. El documento titulado «Las Fuerzas Especiales y el nuevo modo de operar del cartel de las Farc-EP», hace un análisis sobre esta Nueva Forma de Operar que llevó a las Farc-EP a lanzar una ofensiva a mediados de la década del noventa y puntualiza en el papel que deben cumplir las Fuerzas Especiales del Ejército. Este se resumía en que debían adoptar una estrategia de guerra irregular para combatir a los grupos guerrilleros. Respondiendo a la Cartilla de 1989 de las Farc-EP sobre la Nueva Forma de Operar, en 1999 se decía por parte de las Fuerzas Militares que:

En este campo táctico, las unidades de Fuerzas Especiales bien empleadas en coordinación con unidades de contra guerrilla, adquieren, teniendo en cuenta esta nueva doctrina, una gran importancia, pues en desarrollo de una de sus más resaltantes capacidades, el reconocimiento especial, pueden evitarse y evitando ser detectadas, efectuar penetraciones nocturnas de gran profundidad, con equipo reducido y gran movilidad y flexibilidad, determinando la ubicación exacta de la cuadrilla, sin comprometerse en combates decisivos y comunicando por medios seguros, con ayuda de los geoposicionadores, la información necesaria para el desarrollo de asalto aeroterrestre por parte de las unidades de contraguerrillas (Bahamón, 1998, p. 43).

Así, lo que se planteaba eran unas Fuerzas Especiales de inteligencia y penetración y los batallones de contraguerrilla para el choque y la ocupación, estas últimas unidades evitarían las emboscadas y, en general, operaciones sorpresa por parte de las Farc-EP. Ante la denominada Nueva Forma de Operar de las Farc-EP, se basaba igualmente en la flexibilidad, movilidad y, sobre todo, en la sorpresa en el combate, así que las Fuerzas Militares veían a las Fuerzas Especiales como una fuerza de apoyo y reacción inmediata, que debía causar un desequilibrio en el terreno en las dinámicas del conflicto armado. Básicamente se pedía una fuerza de dispersión con capacidad alta de disgregación.

Ahora bien, lo que más llama la atención es que esta nueva estrategia contenía una reevaluación o transformación de la llamada guerra psicosocial, además de una fuerte irregularización de la tropa. Al respecto algunos miembros de las Fuerzas Militares decían que:

La labor de las Fuerzas Especiales en este nivel es en apoyo de los planes estratégicos, las Fuerzas Especiales pueden desempeñar acciones del orden de las operaciones psicológicas sobre el enemigo y especialmente sobre la población civil, dentro del contexto de sus normales operaciones de combate, de esta manera se lograría reducir la publicitada supuesta acción negativa que dejan las operaciones sobre la población civil, limitando, al menos en este caso, la acción coordinada de los representantes de los campos de poder dominados indirecta o inconscientemente por las narco Farc-EP (Bahamón, 1998, p. 47).

Esta nueva estrategia de las Fuerzas Militares también contemplaba lo que se denomina la «estrategia de acción indirecta», que se definía como:

Aquella que busca alcanzar un objetivo decisivo en un conflicto, mediante el empleo de medios diferentes al militar, en forma complementaria, tales como la acción psicológica, económica y diplomática en un tablero de dos campos: el externo y el interno, donde existe un margen limitado de libertad de acción y en donde el campo militar realiza un esfuerzo complementario o coadyuvante (Santos, 1999, p. 18).

Esta acción indirecta sobre todo comenzó a ser bastante aplicada luego del fin de los diálogos del Caguán.

Luego de todas estas reformas se comenzaron a ver resultados operacionales. El 13 de enero de 2000, el avión fantasma de la Fuerza Aérea y helicópteros del Ejército, bombardearon una columna en Buenaventura (Redacción El Tiempo, 2000). Apenas días después, cerca de 40 guerrilleros fueron abatidos en Cundinamarca: … durante las 18 horas que duraron los combates, los cuales dejaron un saldo, de acuerdo con el reporte oficial del Ejército, de 44 guerrilleros muertos (21 cadáveres ya fueron recuperados, 15 están siendo evacuados y 8 aún se encuentran en la zona del enfrentamiento) (Herrera, 2000). En los combates murieron cinco militares y media docena resultaron heridos. Lo interesante es que el comandante del Ejército, el general Mora Rangel, resaltó la labor de la Fudra y calificó la operación como un asalto sorpresa. Semanas después, en marzo del año 2000, murieron 9 guerrilleros en combate en el Valle del Cauca, el reporte de la prensa decía lo siguiente: «Tres menores de edad y una mujer, harían parte del grupo de nueve insurgentes muertos ayer en enfrentamientos con tropas de la Tercera Brigada del Ejército, ocurridos en el sur del Valle.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Las Farc seguían en su arremetida militar, pero la fuerza pública se concentraba en el centro del país y en las vías de comunicación. En el resto del país sufrían fuertes golpes. Para mayo del año 2000, las Fuerzas Militares volvieron a darle un golpe a las Farc en Cundinamarca, esta vez en Caparrapí. Este ataque logró comprobar que desde enero de ese año, el objetivo era sacar a las Farc de Cundinamarca. Así reportaban los medios: «La muerte de 10 guerrilleros, entre ellos dos menores de edad, la captura de otros tres, el desmantelamiento de un campamento y el hallazgo de una fosa común, el pasado sábado en el sector Alto de la Punta, jurisdicción de Caparrapí (Cundinamarca), no es un hecho aislado ni otra operación de rigor de la Decimotercera Brigada del Ejército. Los patrullajes en esa zona comenzaron en enero, pero se intensificaron hace un mes, el pasado 13 de abril, cuando más de 200 habitantes de la inspección El Dindal, inspección de Caparrapí, tuvieron que salir corriendo esa mañana luego de un enfrentamiento entre subversivos del frente 22 de las Farc y un grupo de paramilitares al mando de Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila.» (Barreto, 2000).

Luego, en junio los operativos se concentraron en Boyacá, nuevamente el objetivo era recuperar el centro del país. Para ello la fuerza pública intentaba posicionarse en las cabeceras urbanas y de ahí en adelante avanzar. Los informes decían que: «La Primera y la Decimosexta Brigadas del Ejército y la Fuerza de Despliegue Rápido recuperaron el municipio de Labranzagrande, población del oriente boyacense que desde 1997 estaba bajo el dominio de los frentes 38 de las Farc y del José David Suárez del ELN, desde donde controlaban la vía entre Sogamoso y Yopal. En la acción murieron cuatro guerrilleros de las Farc y cuatro del ELN.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Una vez aseguradas las cabeceras urbanas, se procedía a asegurar las vías de comunicación. Obviamente lo primero fue salvaguardar las vías que llevaban a Bogotá. Un reportaje de la época decía lo siguiente: «La situación neurálgica de la capital del país en materia de seguridad quedará superada con la reubicación de siete batallones del Ejército en todas las vías de acceso a Bogotá. Cada unidad militar táctica cuenta con más de mil hombres que, cuando lo requieran, recibirán el apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, agregó. A La Calera, al oriente, trasladaron el batallón Tequendama que estaba en la Escuela de Caballería y en dos meses se iniciará la construcción de la respectiva sede militar. La seguridad por el norte la garantizará el Grupo Rincón Quiñónez, que temporalmente fue ubicado en Zipaquirá. La sede definitiva estará en Cogua. Por el occidente, el guardián será el batallón Miguel Antonio Caro que se ubicará en Villeta. Los riesgos de seguridad en el sur, se bloquearán con el Batallón Sumapaz cuya sede se construye entre Fusagasugá y Arbeláez. Esta vía tendrá, en el alto de Rosas, un nuevo batallón de Policía Militar que reaccionará también frente a manifestaciones en los barrios de Soacha y Bosa.» (Sánchez, 2000).

Los combates y acciones armadas continuaron con esta tendencia durante el periodo de estudio. Las Farc seguían con sus ataques y secuestros, mientras que las Fuerzas Militares iban incrementando de poco la eficacia de su actividad armada. Por ejemplo, para el segundo semestre del año 2002, cuando se estaba posesionando Álvaro Uribe como presidente, el reporte de las Fuerzas Militares era el siguiente: «En los siete primeros meses de este año, el Ejército ha dado de baja 975 guerrilleros en operaciones adelantadas en diferentes regiones del país. De este total, 783 guerrilleros pertenecían a las Farc mientras que 192 eran miembros del ELN. El Ejército también informó que en combates con las tropas regulares han sido abatidos 114 hombres de las Autodefensas.» (Redacción El Tiempo, 2002).

Por último, para el final del periodo los planes de infraestructura militares ya se estaban materializando. En mayo de 2003 se activó el Batallón de Alta Montaña de El Espino en Boyacá. En mayo de 2003 se activó la Brigada Móvil número cinco en Arauca. Pero también fue el año 2003 cuando se lanzó la nueva estrategia de las Fuerzas Militares para combatir en las Zonas Seguras de las Farc. Este fue el inicio de la irregularización de las tropas de la fuerza pública. Una nota de la época manifestaba lo siguiente: «El Gobierno se alista para una fase hasta ahora desconocida de la guerra contra las Farc: la de selectos y reducidos escuadrones especializados de selva que abrirán el camino a operaciones contundentes de la Fuerza Aérea y las flotillas de combate del Ejército.» (Redacción El Tiempo, 2003).

LA VICTORIA DE LAS FARC-EP Y LA ZONA DE DISTENSIÓN

Como se mencionó en la introducción del texto una de las características de las guerras modernas es la lucha por el control local del Estado y la expansión de un tipo determinado de control militar territorial. Por un lado, las Farc-EP iniciaron desde 1994, y sobre todo desde 1995, una increíble expansión militar. Las Farc-EP pasaron de 16 frentes en 1981 (Santrich & Almeida, 2008), a 27 en 1984 y 53 en 1993.

Desde la octava conferencia guerrilla en 1993, las Farc-EP realizaron tres cambios estratégicos que lograrían mostrar su eficacia ante los logros conseguidos. En primer lugar, determinaron que en las zonas controladas por ellos, donde hubiera relativa tranquilidad, se establecerían las primeras bases estables de entrenamiento militar. Las zonas seguras serían el punto de lance de la ofensiva que llevarían a cabo las Farc-EP.

En segundo lugar, las Farc-EP, copiando el sistema de divisiones que creó el Ejército colombiano, crearon los denominados Bloques de Frentes, entre otras, se desplazó el frente 2 al departamento de Cauca y Nariño, el frente 1 pasó del Huila al Guaviare y el frente 3 al sur del Caquetá.

En busca de formar la línea que conectara al Secretariado con Bogotá, las Farc-EP crearon 9 frentes guerrilleros entre 1984 y 1992. Sobre el río Duda se creó el frente 26 de un desdoblamiento del frente 7 y 16. Al sur de la Uribe se creó el frente 40 en 1988, que conectara con Caquetá. Se tomó la decisión de trasladar el frente 17 a los límites entre Meta y Huila, sirviendo como puerta de entrada hacia el páramo del Sumapaz. Posteriormente se creó el frente 31, producto de un desdoblamiento del 17 y 26 para que fuera la puerta del páramo pero desde el departamento del Meta. Pero sería entre 1990 y 1993 cuando se logra concretar la expansión sobre Cundinamarca. Posterior a la toma de Casa Verde en el gobierno de Gaviria, una buena cantidad de tropa ubicada en el Meta en el proceso de repliegue llega al páramo del Sumapaz. Allí, crea en solo dos años tres frentes guerrilleros (A. Ávila, 2011, p. 202).

Por último, las Farc-EP dedicaron sus esfuerzos a desplazar la fuerza pública de sus zonas seguras o aquellas de disputa y así instaurarse como poder político en las mismas.

En 1993 ya se vislumbran los primeros ensayos por dar un salto cualitativo en la guerra, como con el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá, acción en la que participan más de 500 hombres del Bloque José María Córdoba. Pero es solo hasta la toma a la Base de Las Delicias en 1996, que se establece el punto de partida de una serie de éxitos militares indicativos de una mayor y contundente capacidad operativa (Fundación Seguridad y Democracia, 2005, p. 10).

Cómo se vio en el primer capítulo, la estrategia de vacío de poder y boicot electoral llevaron a las Farc-EP a consolidarse en amplias zonas rurales del sur del país y a paralizar la institucionalidad casi por completo en varios departamentos del país. Los alcaldes despachaban desde las capitales departamentales, se destruyeron estaciones de Policía, bases militares y se impedían las elecciones.

Por otro lado, la búsqueda del desalojo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Militares de las diferentes zonas se realizó mediante las tomas guerrilleras a las cabeceras municipales de diferentes regiones del país. Las tomas guerrilleras desde 1995 se convirtieron en uno de los emblemas de la confrontación armada en Colombia. El gráfico 8 muestra la evolución anual del total de tomas guerrilleras ocurridas en Colombia. Como se observa, desde el año de 1996 se incrementaron hasta llegar a su pico máximo en 1998.

Gráfico 8. Tomas guerrilleras en Colombia (1985 - 2009)

Fuente: revista Arcanos (16), (p, 32), a partir de información de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2011.

Durante el periodo de estudio, entre el año 2000 y el 2003, las Farc continuaron con la estrategia de «vacío de poder», si bien la fuerza pública había comenzado su restructuración y a dar golpes en varias zonas del país. Lo cierto es que las Farc traían un impulso muy grande de su ofensiva de 1995 y había zonas, como en los Llanos Orientales, donde la restructuración de la fuerza pública no había comenzado a dar resultados. El Estado colombiano se concentró en el centro del país y en cercanías a zonas urbanas, pero en el resto del país –principalmente en el sur– las Farc seguían con sus planes.

Entre el 20 de diciembre de 1999 y hasta el 10 de enero del año 2000, las Farc declararon un cese al fuego. Desde el 11 de enero se reactivó la guerra. Entre las razones que dieron las Farc para reactivar sus operaciones ofensivas, estuvo que durante los 20 días de tregua no hubo una actitud semejante de parte de las fuerzas del Estado (Redacción El Tiempo, 2000).

El 11 de enero arrancó la arremetida. Un reportaje de la fecha decía que: «Las Farc atacaron anoche de manera simultánea varias poblaciones del departamento de Nariño, localizadas en proximidades con Ecuador. Las autoridades, incluso, confirmaron que se presentaban combates en cercanías al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas. Los combates se iniciaron pasadas las siete de la noche en Puérres, Potosí, Córdoba y Las Lajas, de unos 12.000 habitantes en promedio cada localidad.» (Redacción El Tiempo, 2000). Días después de este ataque le tocó el turno a Cundinamarca, en la vía al Llano. «Después de los ataques a tres municipios de Nariño el pasado miércoles, las Farc emprendieron una arremetida a solo 20 minutos de Bogotá, por la vía al Llano, dejando como saldo dos soldados, dos policías y cuatro civiles muertos, y ocho uniformados heridos.» (Redacción El Tiempo, 2000). Horas después atacaron a Cundinamarca, entre ellas la periferia de la capital: «Todo indica que las Farc intentan trasladar su guerra a las goteras de Bogotá. En el solo fin de semana trataron de incomunicar a la capital del país con el Llano. Luego volaron cuatro Comandos de Atención Inmediata (CAI), en el sur de la ciudad. Y horas más tarde atacaron en Mesitas del Colegio y activaron un carro bomba en las calles de Anapoima.» (Redacción El Tiempo, 2000).

La arremetida de las Farc no daba tregua, para febrero del año 2000 todo el sur del país sufría los ataques a las cabeceras urbanas de esta guerrilla. El 1 de febrero atacaron tres poblaciones: «Con cilindros de gas, un numeroso grupo de insurgentes del sexto frente de las Farc atacaban anoche la estación de Policía de Suárez, municipio del noroccidente del Cauca. También anoche las Farc hostigaron en Restrepo (Meta), a donde llegaron hacia las ocho de la noche. Intentaron atacar el puesto de la Policía, pero rápidamente fueron repelidos por tropas de la Séptima Brigada del Ejército, que tomaron el control de la situación. Mientras tanto, las autoridades de Mitú (Vaupés), dieron cuenta de otro hostigamiento de las Farc contra el barrio San José.» (Redacción El Tiempo, 2000). El 7 de febrero, prácticamente la mitad del municipio de Argelia, Cauca, quedó destruido: «Cerca de 30 viviendas, la estación de la Policía y la sede del Banco Agrario quedaron destruidas en un asalto de tres frentes de las Farc a la población de Argelia, en el sur del departamento del Cauca.» (Redacción El Tiempo, 2000). «El 16 de febrero arrasaron con el Castillo, Meta. El terror para los dos mil habitantes del casco urbano se prolongó durante siete horas, tiempo en el cual los guerrilleros atacaron con cilindros de gas, además del puesto de Policía, el hospital, la escuela, la iglesia, la alcaldía, el Banco Agrario, la Registraduría y la Casa de la Cultura.» (Redacción El Tiempo, 2000). El 29 de febrero, nuevamente se hostigó a Mitú por más de 10 horas: «Los primeros cilindros de gas propano estallaron el viernes en la noche en los alrededores del casco urbano de Mitú (Vaupés). Ayer a las 8 de la mañana los ataques se reanudaron por espacio de 10 horas.» (Redacción El Tiempo, 2000).

La arremetida fue tan grande que el 27 de febrero del año 2000, las Farc asesinaron en La Vega, Cundinamarca, al general Crispiniano Quiñones Quiñones. Días después, el 16 de marzo las Farc atacaron la caravana militar del comandante de la Tercera División del Ejército, general Carlos Alberto Méndez Nieto, en el Valle del Cauca. El 27 de marzo atacaron de forma simultánea localidades de 6 departamentos del país. Así lo reportaba la prensa: «Un hombre de 75 años y un ingeniero que estaban en poder de la guerrilla resultaron heridos luego de que miembros de las Farc sostuvieron un combate y trataron de huir de la arremetida del Ejército, en Pensilvania (Caldas). El ingeniero murió a causa de las heridas, y también una guerrillera de 15 años. Este es el resultado de una de las siete acciones realizadas el fin de semana por la guerrilla en los departamentos de Caldas, Cauca, Nariño, Chocó, Valle y Antioquia que dejaban, hasta anoche, cinco policías heridos, un puesto de Policía destruido, 20 viviendas afectadas y el robo de tres carros oficiales.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Sin embargo, esos días de finales de marzo del año 2000, las Farc hicieron de forma simultánea ataques en varias zonas del país. Es hasta ese año que las Fuerzas Armadas entendieron la reestructuración del andamiaje jerárquico de las Farc. En lo fundamental cada Bloque tenía autonomía para desarrollar acciones armadas, al igual que los frentes: «La arremetida guerrillera de las últimas 48 horas que deja más de 50 personas muertas, más que el fruto de una estrategia podría ser el resultado de la estructura organizativa de las Farc, que deja en manos de los mandos de cada bloque las decisiones sobre sus acciones armadas. Las Farc tienen siete bloques, cada uno con autonomía para desarrollar su estrategia militar dentro de lineamientos generales del secretariado.» (Unidad de Paz, 2000).

Todo esto ocurría mientras avanzaban los diálogos del Caguán. En todo caso ante el crecimiento acelerado de las Farc, se decidió, en temas militares, colocar una serie de coordinadores de bloques a cargo de miembros del secretariado: «Le corresponde a Alfonso Cano mandar el comando central, el occidental y el bloque móvil. El móvil número uno a Marulanda (Tirofijo). Ahí está también el bloque sur y está asesorando el bloque oriental.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Durante el año 2000 las acciones continuaron, pero las Farc cada vez se debilitaban más en Cundinamarca. En el resto del país seguían los ataques. Para el año 2001 la situación no varió de forma sustancial. En el mes de enero, siete municipios quedaron sin luz en Antioquia: «Un nuevo apagón tuvieron que soportar desde ayer los 120 mil habitantes de los municipios de Frontino, Dadeiba, Cañasgordas, Abriaqui, Giraldo, Buriticá y Uramita, en el occidente de Antioquia, luego del derribamiento de la torre 31 de conducción de energía entre Sana Fe de Antioquia y Frontino. Es el cuarto atentado de las Farc, en menos de un mes, según la Empresa Antioqueña de Energía (Eade).» (Redacción El Tiempo, 2001). «Unos días, después en varias zonas del país, donde los paramilitares habían avanzado de forma sustancial, las Farc y el ELN realizaron operaciones conjuntas para tomar bases paramilitares, estos últimos luego de los asaltos recibían apoyo de las Fuerzas Militares. En el último número del semanario Voz se revela un hecho hasta ahora inédito ocurrido en el sur de Bolívar. En una crónica que da cuenta de una operación conjunta entre las Farc y el ELN para destruir cinco campamentos de los paramilitares, el 20 de enero pasado. El relato está acompañado de varias fotografías que muestran incluso a los guerrilleros de ambas agrupaciones dirigidos por Pastor, de las Farc, y Gallero, del ELN. En la incursión guerrillera habría muerto una veintena de paramilitares.» (Redacción El Tiempo, 2001).

Días después de lo ocurrido en el sur de Bolívar, las Farc incursionaron por tercera vez en el campamento de Carlos Castaño, esto fue en febrero de 2001. Todo parece indicar que recibieron apoyo del ELN. Así lo reportaba la prensa: «Fuertes combates se registraban ayer entre guerrilleros de las Farc y miembros de las autodefensas en el nudo de Paramillo, según informaron voceros militares. Al parecer, se trata de un ataque del grupo subversivo contra los hombres que se encargan de la seguridad del máximo jefe paramilitar, Carlos Castaño. En los enfrentamientos no ha intervenido la fuerza pública, por lo que hasta anoche no se conocían balances de los combates.» (Redacción El Tiempo, 2004). Horas después las Farc atacaron campamentos paramilitares en Ituango, en la región del norte de Antioquia. La prensa no dejaba de reportar decenas de muertos en la ofensiva de las Farc contra los paramilitares: «Cerca de 30 muertos habrían dejado los combates que desde el lunes pasado libran guerrilleros de las Farc y grupos de autodefensas en la zona rural del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. El año pasado, las Farc atacaron un campamento paramilitar en Santa Rita donde murieron 19 paramilitares y dos civiles y posteriormente, fueron las autodefensas las que atacaron cinco veredas dejando cerca de 100 casas quemadas.» (Redacción El Tiempo, 2001). «Horas después de lo de Ituango, las Farc atacaron un campamento paramilitar en Andalucía en el valle del Cauca.» (Redacción El Tiempo, 2001).

Una semana después las Farc y los paramilitares se enfrentaron en San Luis en el oriente antioqueño, pero en varias zonas del país los enfrentamientos se producían con una gran cantidad de muertos. Este era uno de los resúmenes de los primeros dos meses de 2001: «Guerrilleros de las Farc y paramilitares volvieron a combatir, esta vez en el corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, en el oriente antioqueño. Hace 15 días, los dos grupos se enfrentaron en el corregimiento de Santa Rita de Ituango, en el norte de Antioquia, donde murieron 33 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por una llamada telefónica hecha al vecino municipio de Puerto Nare, labriegos de El Prodigio contaron que en el enfrentamiento de ayer, ocurrido en límites del oriente antioqueño y la región del Magdalena Medio, murieron cinco habitantes de la zona, siete paramilitares y ocho guerrilleros.» (Redacción El Tiempo, 2001).

Para finales de marzo de 2001, las Farc asestaron uno de los golpes más fuertes a los paramilitares: «Cinco civiles, el comandante del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y dos de sus escoltas y siete guerrilleros muertos es el saldo que dejaban hasta anoche los enfrentamientos que en los últimos días han sostenido en Nariño y Valle del Cauca miembros de las autodefensas y las Farc. Aunque las autoridades no confirman el asesinato del jefe paramilitar, se indicó que su muerte ocurrió a las 2 de la tarde de ayer en hechos confusos en el corregimiento La Marina, a 13 kilómetros al oriente de Tuluá. Al parecer, alias González, quien se encontraba en compañía de un grupo de sus escoltas, se enfrentó con una cuadrilla de las Farc. Junto a él murieron Óscar Alberto Uribe Hernández, de 28 años, oriundo de Cartago y Mauricio Gálvez Alzate, de 29 años, del corregimiento La Iberia (Tuluá).» (Redacción El Tiempo, 2001). «Ya para el mes de abril de 2001, Pablo Beltrán, uno de los dirigentes del ELN confirmó la alianza con las Farc para combatir los grupos paramilitares.» (Redacción El Tiempo, 2001).

En algunos casos las Farc y el ELN hacían operaciones conjuntas, en otros casos cada estructura guerrilla organizaba operaciones militares simultáneas. Los ejemplos de operaciones simultáneas se dieron en el bajo Cauca antioqueño. Así lo reportaba la prensa: «Lo que comenzó como un ataque de guerrilleros de las Farc contra un grupo de paramilitares terminó en una incursión de los insurgentes al corregimiento La Caucana, jurisdicción del municipio de Tarazá (Antioquia), sobre la troncal a la costa Caribe. Anoche el número de combatientes y civiles muertos era incierto. Las primeras versiones entregadas por los pobladores indican que hacia las 7:00 de la mañana de ayer los guerrilleros de las Farc atacaron a un grupo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se encontraban en las cercanías de esa localidad. Debido a la contundencia del ataque, los miembros de las AUC tuvieron que replegarse, situación que aprovecharon los guerrilleros para atacar a la población. Varias edificaciones del corregimiento, ubicado a 24 kilómetros de la cabecera municipal, resultaron destruidos en el ataque y decenas de civiles habrían muerto.» (Redacción El Tiempo, 2001).

Las Farc acusaban al Gobierno de no combatir a los paras y ello llevó a que esta guerrilla lanzara diferentes operativos militares en diferentes zonas del país. Así las cosas, una de las hipótesis centrales de este acápite es que las Farc-EP ganaron la guerra en 1998, al menos en el sur del país, una victoria militar que, sin embargo, no se tradujo en una victoria política. Esta victoria llevó a que el Gobierno nacional debiera aceptar la Zona de Distensión y realizar un repliegue militar en el suroriente del país. Incluso, las Farc-EP llegaron a patrullar en algo más de 50 cabeceras municipales y administrar justicia en por lo menos la misma cantidad de municipios del país. El gráfico 9 muestra comparativamente el número de municipios con presencia de la Policía en sus cabeceras municipales. Como se ve, para 2002 algo más de 100 municipios no mantenían presencia de la policía.

Gráfico 9. Presencia de la Policía Nacional en cabeceras municipales (2002 - 2006)

Fuente: Revista Arcanos (14), (p, 12), a partir de información de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

El mapa 17 muestra la actividad militar de las Farc-EP para el año 2000, cuando ya funcionaba la Zona de Distensión del Caguán. Al hacerse la comparación entre 1999 y el 2000, la diferencia entre ambos años es de 12 municipios más que registraron actividad en el 2000.

Nótese en el mapa 18, de calor o de intensidad, cómo se combatía en los tres tipos de territorios. Por un lado, en los centros de producción y comercialización donde los paras habían lanzado la ofensiva, alrededor en Bogotá, en las cercanías de los Montes de María, en la Sierra Nevada, o en las zonas más pobladas de Antioquia.

En segundo lugar, nótese el caso de Cundinamarca, donde el Estado había tomado la decisión de controlar este departamento y, por último, alrededor de la Zona de Distensión. Las Farc buscaban hacer una ampliación militar de esta zona.

En el periodo de estudio y con el impulso militar que traían las Farc-EP desde 1994, para los primeros años del nuevo milenio las Farc-EP desarrollaron el modelo de la consolidación de áreas seguras en cuatro regiones del país e intentaron crear áreas inseguras para el Estado en otras tres. Como se dijo antes, si bien las Farc-EP tuvieron éxitos militares en muchas zonas del país, nunca lograron establecer zonas liberadas, ni desarrollar la guerra de movimientos.

Mapa 17. Municipios atacados por las Farc-EP en el 2000

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 18. Intensidad de la confrontación Farc, 2000

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

En total, las Farc-EP llegaron a tener siete Bloques de frentes cada uno compuesto por frentes, columnas y compañías. En cada uno de los frentes era necesario la creación de zonas seguras y debían, todo ellos, iniciar el cumplimiento del Plan Estratégico para la Toma del poder.

Aunque hay que aclarar que sobre el terreno el número de combatientes variaba de acuerdo a determinadas zonas. Era común ver contingentes de las Farc-EP en el suroriente de algo más de 400 combatientes, mientras que en la costa Atlántica el número no iba más allá de los 120.

La explicación nuevamente de la diferencia de capacidad militar, bélica y en la composición de la tropa, obedecía, como se dijo en la introducción, a dinámicas propias regionales de la confrontación armada. En el norte del país, los paramilitares habían logrado consolidar su presencia desde mediados de la década del ochenta, zonas conformadas por ganaderos, zonas urbanizadas donde ni el discurso, ni los mecanismos de trabajo político de las Farc-EP lograban penetrar. No tanto por la no existencia de población, que en principio podrían ser más proclives a su discurso y propósitos políticos, sino por la inexistencia de mecanismos y medios para la rebelión. Las Farc-EP durante este periodo lanzaron una fuerte ofensiva sobre cuatro zonas del país.

La primera fue en el suroccidente del país. El despliegue en esta zona significó sobre el terreno la destrucción de gran parte de las cabeceras municipales de los municipios de Cauca y Nariño. Allí, el frente 29 de las Farc-EP en Nariño y sur del Cauca, junto al frente 8 y 6 en Cauca desplegaron la más grande ofensiva en tomas a cabeceras municipales. Cuando se observan sobre un mapa las fechas de tomas a estas cabeceras municipales pareciera que tal ofensiva fue un avance casi de ir liberando zonas sistemáticamente, aunque fue una ficción.

El gráfico 10 muestra las dinámicas de tomas a cabeceras municipales por departamentos. Y como se ve, Cauca y Nariño son de los departamentos con mayor nivel de afectación.

En el Pleno del Estado Mayor Central del año 2000, las Farc-EP crearon el Plan Caquetanía. En Dicho Pleno, el Estado Mayor Central evaluó el Plan Estratégico. Allí la guerrilla concluyó que ellos ya eran una fuerza beligerante con reconocimiento internacional, además se concluyó que había «cierto grado de control territorial» en el sur y suroriente del país. Nótese cómo no hablaban de zonas liberadas ni de retaguardias estables, sino de cierto control territorial. Por tanto, según la comandancia guerrillera, para lograr un control total del sur del país se debía hacer un esfuerzo por ganar política y militarmente el suroccidente, procurar reconocimiento sobre esos territorios y a partir de allí desarrollar una fuerte ofensiva sobre el resto del territorio. Así se concibió el Plan Caquetanía cuyo eje principal fue el municipio de Jambaló, por eso trasladaron una fuerza militar con el Bloque Móvil y la columna móvil Jacobo Arenas.

Gráfico 10. Total de acciones por actor (1985 - 2009)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2011.

El mapa 19 muestra la actividad militar de las Farc-EP para el año 2001, la reducción de municipios obedecería a la zona del Caguán donde las Farc-EP dominaban y no había actividad armada. Pero también es interesante observar cómo el suroccidente iba tomando cada vez más importancia para las Farc-EP.

El mapa de calor permite ver mejor esta situación. En el mapa 20 se ve la intensidad de los ataques de las Farc según los datos de la Policía Nacional. Nótese el suroccidente y la línea casi perfecta de actividad armada sobre la vía panamericana.

La segunda zona donde las Farc-EP desplegaron la ofensiva fue sobre el suroriente del país, allí las Farc-EP aplicaron la estrategia de movilización de grandes destacamentos militares armados que combatían casi líneas de choque contra las fuerzas estatales.

Urías Rondón se hizo famoso como comandante de las Farc-EP, pues comandaba contingentes de más de 500 guerrilleros y propinó múltiples golpes militares a la fuerza pública. Y es que en la zona del Bloque Oriental no solo se encontraba el corazón de las Farc-EP, sino lo que se podría considerar su zona de movilidad más confiable a nivel nacional y la zona más segura con que contaron las Farc-EP.

Mapa 19. Municipios atacados por las Farc-EP en el 2001

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 20. Intensidad de la guerra Farc, 2001

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Para muchos analistas fue su retaguardia estratégica, aunque el control de esas zonas nunca fue estable, ni siquiera en las mejores épocas del grupo guerrillero. Su crecimiento militar fue muy fuerte en estas zonas durante los ochenta y noventa del siglo XX. A propósito del asunto, un informe de la Vicepresidencia de la República manifiesta que:

Paralelamente a las negociaciones políticas, el crecimiento militar de las Farc-EP a partir de 1982 fue bastante notable. Si bien a juicio de algunos el acuerdo de tregua y la ley de amnistía firmados en la administración Betancur incidieron en el rápido crecimiento de las Farc-EP, hay que tener en cuenta el enorme peso que paulatinamente fue adquiriendo el narcotráfico en las finanzas de la organización y que hizo posible cumplir en buena medida con los objetivos planteados en la Séptima Conferencia.

En mayo de 1984, mes en que se protocolizaron los acuerdos en el municipio de Uribe, firmaron los comandantes de 27 frentes, 11 más que los 16 que existían dos años antes. En 1987, año en que se rompió el cese al fuego, ya habían nacido al menos una docena más para completar 39. En el Meta y su entorno, a los frentes 1, 2, 3 y 7, se les sumaron los frentes 26, 27, 31 y 39, así como los frentes 13, 14 y 15 en el Caquetá. Se buscaba, en particular en el Meta, estabilizar al Secretariado suministrándole una importante protección militar que era posible gracias a la enorme cantidad de recursos que se derivaba de la economía de la coca (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2002b, p. 353).

La ofensiva de las Farc-EP en el suroriente se llevó a cabo desde 1995 hasta 1998, para luego reducirse en cerca de un 50 % debido a la creación en la Zona de Distensión.

La información estadística representada en los gráficos y mapas da cuenta de la evolución del accionar armado de la insurgencia en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare entre 1990 y el año 2000. Durante estos años, las acciones armadas fueron realizadas en lo fundamental por las Farc-EP, que en la región conformada por los tres departamentos concentraron 16 % de los hechos que se registraron a nivel nacional. Se pudo establecer también que de las 1.175 acciones armadas registradas en esta región del suroriente colombiano, 56 % se produjeron en Meta, 26 % en Caquetá y 18 % en Guaviare (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001d).

En términos generales, la ofensiva en esta región del país buscó prácticamente poner en marcha para el caso de las Farc-EP, la construcción de un para-Estado en los cuatro departamentos, que son Meta, Guaviare, Caquetá y Vaupés. Un informe de la época manifestaba que:

En Meta, donde el conflicto armado ha sido más intenso en los últimos once años, el 50 % de las acciones más recurrentes se concentró en seis de los 29 municipios del departamento: Mesetas, Uribe, El Castillo, Acacías, Vista Hermosa y Villavicencio. Si a las acciones registradas en estos municipios se suman las acaecidas en Puerto Lleras, San Juan de Arama, Puerto Rico, San Martín y La Macarena, se alcanza una concentración de 75 % del accionar armado en 11 municipios. En Caquetá la concentración de las hostilidades es también muy elevada; 70 % de las acciones armadas se realizó en cinco de los quince municipios del departamento: San Vicente del Caguán, Florencia, Puerto Rico, Montañita y Cartagena del Chairá. En Guaviare, el municipio con mayor actividad armada es San José del Guaviare, seguido por Miraflores y El Retorno (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001d, p. 6).

En esta región del país las Farc lograron instaurar un modelo de desarrollo y modelo social que se parecía mucho a un Estado en formación.

(Prácticamente) en el suroriente del país las Farc-EP asumen la administración de justicia, el monopolio de la seguridad, regulan el comercio y en general la vida social. Su proyecto político de constituirse en un contra-Estado y promover un nuevo gobierno en esa región comienza a desarrollarse (A. Ávila, 2010b, p. 164).

El término de para-Estado y, sobre todo para el caso de las Farc-EP de Construcción de Estados Alternativos, no es una categoría sustancial en sí misma. Teófilo Vásquez propone la categoría de Construcción social del Estado en las zonas de colonización. Sin embargo, en todo el territorio existe un mínima presencia institucional y cohesión política. De ahí que propongamos la existencia de Estados Alternativos. Este concepto no hace referencia a un desplazamiento de una institucionalidad por otra o la superposición de diferentes instituciones y mucho menos a un marco jurídico estable alternativo, en ocasiones ni siquiera de una territorialidad definida. Por el contrario, nos referimos a dos formas de ejercicio de la política y de visión de la cohesión social.

Por un lado, un mecanismo de administración de justicia que sirve como cohesionador social. Los famosos manuales de convivencia son el mejor ejemplo. Las Farc creaban dentro de un municipio un sistema de regulación social que funcionaba en zonas rurales. Sencillamente los habitantes iban de un lugar a otro y cambiaban las reglas de comportamiento. Las Farc llegaron a regular hasta temas de infidelidad. Por otro lado, poco a poco las Farc, por medio de las Juntas de Acción Comunal, establecieron liderazgos locales y muchos de ellos comenzaron a participar en política. Por ende, las Farc desde el 2006 comenzaron a moderar el tema de impedir elecciones.

La medición del conflicto a partir de un modelo de control político, se basa en la hipótesis que el éxito de los Grupos Armados Ilegales depende de su capacidad de apropiarse del Estado en el nivel local. Es así que en muchos municipios de Colombia quien ejerce el monopolio de la violencia, imparte justicia, extrae tributos, y en ocasiones organiza la prestación de servicios sociales, no son actores leales al gobierno central, sino a guerrillas y autodefensas. Las Fuerzas Armadas pueden contar con un ejército más poderoso, pero esto dista de ser definitivo en cuanto a los resultados estratégicos del conflicto. Mientras los GML han sabido desplegar su fortaleza militar y su producción de violencia para maximizar su influencia política, el Gobierno ha visto reducida su hegemonía como Estado a lo largo del territorio nacional. Como consecuencia de la imposición de un orden autónomo sobre las comunidades, guerrillas y autodefensas han potenciado sus finanzas, su base social, su dominio del terreno, y sus recursos para expandir temporal y espacialmente el conflicto (Duncan, 2005). Dicha complejidad hace que si bien nuestro periodo de estudio se encuentra entre 1997-2007, en todos los casos tendremos un apartado para hacer una visión histórica que nos permita entender el desarrollo posterior del periodo de estudio (A. Ávila, 2010a, p. 8).

Una tercera zona que sufrió la ofensiva de las Farc-EP fue la región centro del país, los departamentos de Cundinamarca y Tolima sufrieron violentas incursiones de las Farc-EP, nuevamente lideradas por las tomas a cabeceras municipales, cuyo objetivo fue el de rodear Bogotá para buscar la toma del poder en cumplimiento del Plan Estratégico. Cundinamarca, Meta y Tolima se encuentran entre los 6 departamentos con mayor número de tomas guerrilleras por parte de las Farc-EP. Esta tercera zona no se trata de una consolidación de sus zonas seguras en pro de crear algún tipo de zona segura, en cambio se trató de un tipo de colonización armada de zonas semiurbanas. Eran zonas de minifundio y densamente pobladas, donde el control territorial, entendido como presencia permanente, era un concepto gaseoso. En Cundinamarca y Tolima las Farc-EP históricamente hicieron presencia en zonas rurales y tenían varios fortines como en el Sumapaz o sur del Tolima.

Una última zona donde incrementaron su accionar fue la región del Magdalena Medio, en particular Santander y sur de Santander. Allí, las Farc-EP intentaban resistir la violenta expansión paramilitar. Sin embargo, dicho tipo de ofensiva fue sustancialmente diferente a los demás.

El crecimiento de las Farc-EP y su expansión territorial se financió tanto por la incursión en el negocio del narcotráfico, como por el aumento del secuestro. De hecho, los ingresos de las Farc-EP históricamente fueron más grandes por secuestros y extorsiones que derivados del narcotráfico. El informe de la comisión interamericana de derechos humanos al referirse a las Farc-EP y ELN como grupos armados disidentes por no entrar en la negociación de paz de principios de los noventa manifestó que:

La policía judicial reportó 839 secuestros en 1995. Como se anotó en el Capítulo I de este Informe, la Oficina de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional reportó 1.436 secuestros en 1996. El número de secuestros aparentemente se incrementó en 1997 a aproximadamente 1.693. La mayoría de las fuentes están de acuerdo en que los grupos armados disidentes cometen al menos el 40 % de estos secuestros. Así por ejemplo, 392 secuestros fueron atribuidos a este tipo de agrupaciones en 1995. Durante 1996 y 1997, se cree que los grupos armados disidentes fueron responsables de 583 y 867 secuestros respectivamente. Conforme a las estadísticas proporcionadas por el Estado, los grupos armados disidentes fueron responsables de 846 del total de 1.512 secuestros extorsivos que se verificaron en 1998. El Estado también ha atribuido responsabilidad a los grupos armados disidentes por el secuestro de un total de 4.853 civiles entre 1985 y 1996 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 64).

La zona del Magdalena Medio fue una de las más afectadas por estas prácticas, y allí rápidamente el paramilitarismo echó bases fuertes. Por ello, con la creación de las AUC, 1997 marcaría no un recrudecimiento del conflicto armado colombiano sino el inicio de una verdadera guerra. Por un lado, se desarrolló la gran expansión paramilitar que abarcó la mitad del país, para 1996 236 municipios contaban con presencia de estos grupos, cuatro años más tarde serían 556 municipios. Tal expansión paramilitar se acompañó de un incremento sustancial del desplazamiento, el homicidio y las masacres. Por otro lado, la ofensiva paramilitar golpeó fuertemente las zonas más urbanas del país y particularmente el Magdalena Medio.

Así como se puede decir que para el año 2000 las Farc-EP ganaron en el sur del país, también se puede decir que en el norte perdieron la guerra. En todo caso en el sur las Farc-EP intentaron crear su propio modelo de Estado. Documentos secretos de las Farc-EP dan cuenta de ello. En las conclusiones del Pleno del Estado Mayor central en 1997 se dijo que:

9. En las condiciones políticas del país, la orientación de abstención electoral es justa y revolucionaria. A nivel local, continuaremos estimulando el desarrollo de mecanismos extrainstitucionales que vinculen democráticamente la comunidad a la gestión administrativa, de acuerdo a las particularidades de cada lugar. Adelantaremos una intensa campaña propagandística llamando a la abstención para las elecciones parlamentarias y presidenciales, y planteando como alternativa la convocatoria de una Asamblea Constituyente con la plena participación de la insurgencia. En estas campañas, impediremos el proselitismo electoral de los candidatos de los partidos tradicionales, en áreas de nuestra influencia (Farc-EP-EP, 1997, p. 7).

Más adelante se planteó la creación de una nueva forma de gobierno que se instauró durante los diálogos del Caguán y que en principio arrojó resultados positivos, aunque complicados cuando son apoyados por actores armados ilegales. Al respecto en el Pleno se dijo que:

10. Intensificaremos trabajo para concretar y desarrollar formas de poder local, donde se ejerza autoridad, sustentados en la organización de las masas. Siendo inoperante la actividad de los inspectores de policía en muchos lugares, propiciaremos su retiro y el cumplimiento de esas funciones por parte de la guerrilla, en la perspectiva que sea la misma comunidad, organizada, la que las tome en sus manos. Los frentes deben exigir que los proyectos para la ejecución de los presupuestos municipales correspondan a la voluntad mayoritaria de la comunidad y que sean públicos, para que sea ella la que planifique y fiscalice el gasto público local. Los bloques y comandos trabajarán de igual manera a nivel departamental. Centralizar y organizar las orientaciones que hemos impartido en las distintas áreas en torno a temas como la conservación de los bosques, de la fauna, de las aguas, del transporte, de la actividad económica, tierras, etc., elaboradas a partir de asambleas o mecanismos que han recogido el querer mayoritario de la población, para ir dando cuerpo a una amplia legislación revolucionaria y estimular la promulgación de otras donde exista la necesidad, que contribuyendo a la convivencia, sean elaboradas democráticamente dentro de claros parámetros de equidad y de justicia (Farc-EP, 1997, p. 8).

La combinación de estrategias de las Farc-EP era: boicot electoral, vacío de poder, administración de justicia, creación de zonas seguras, y todo ello se consolidó con la Zona de Distensión del Caguán. En una buena parte de las regiones las Farc-EP intentaron posicionarse como alternativa de poder y en varias regiones del país modificaron las relaciones de poder. Así, las Farc-EP en algunos casos iniciaron negociaciones con la clase política tradicional de estas zonas y en otros intentaron modificar las relaciones de poder en estas mismas regiones.

Por esas mismas fechas los paramilitares llevaron a cabo una estrategia, ya no de destrucción del Estado, sino de copamiento y alianza, que llevaría al fenómeno de la parapolítica. Así comenzó Colombia a convertirse a nivel nacional en un régimen más o menos democrático, con elecciones regulares y autoridades constantes. Sin embargo, en las regiones –aunque la institucionalidad fue estable– se presentaron dictaduras y autoritarismos subnacionales.

Una mirada, incluso casual, a la política nacional de casi cualquier democracia en el mundo revelaría que la distribución territorial de las prácticas e instituciones de la democracia al interior del estadonación son desiguales. Esta desigualdad puede ser sutil, con no más que unas diferencias menores de una jurisdicción a otra respecto de la transparencia de los procedimientos electorales o del imperio de la ley. Sin embargo, también puede ser dramática, con regímenes completamente autoritarios que privan a los habitantes de regiones enteras de los derechos y las libertades que disfrutan libremente habitantes de otras regiones en el mismo estado-nación. Las demarcaciones entre áreas democráticas y no democráticas pueden ser borrosas, como es frecuentemente el caso en estados unitarios, en donde el alcance de centros de poder autoritarios varía a lo largo del territorio. Esos centros pueden estar claramente definidos como en muchos países federales en donde un viajero que cruza la línea imaginaria que separa una provincia de otra, puede ingresar a un universo enteramente diferente de gobernanza política (Gibson, 2006).

El abstencionismo promovido por las Farc-EP llegó a ser tan fuerte que en municipios con más de 50 mil habitantes solo votaban 200 personas; los ejemplos más claros fueron en el Putumayo, el Guaviare y algunas zonas del Caquetá. Donde las Farc-EP construyeron verdaderos modelos de poder local. La tabla 7 muestra la votación total de cada uno de los municipios del Guaviare y Putumayo y la diferencia con la que se impuso cada candidato.

Para las elecciones locales de 1997 renunciaron un total de 1.118 candidatos a cargos públicos, entre, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Además, el total de acciones de las Farc-EP dirigido a afectar los comicios electorales según el informe de la Policía fue de 749, como lo muestra el gráfico 11.

Gráfico 11. Tipo de acción en medio de las elecciones regionales 1997

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2009.

Tabla 7. Votación total de municipios del Guaviare y Putumayo (1998)

Fuente: base de datos Fundación Paz y Reconciliación (2016). Datos extraídos de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia. https://www.registraduria.gov.co/

Si a las 749 acciones dirigidas contra los comicios electorales se le suman las 714 acciones del conflicto armado, tendríamos cerca de 1.500 acciones de las Farc-EP durante ese año, convirtiéndolo en uno de los años más violentos del país.

Los secuestros con fines políticos se hicieron cada vez más comunes por parte de las Farc-EP y diferentes instituciones internacionales se preocupaban ante el avance del grupo guerrillero. La comisión en su punto 126 manifestaba que:

Grupos armados disidentes en Colombia también han capturado con frecuencia candidatos a puestos de elección. El número de detenciones de esta naturaleza se incrementó significativamente en 1997, después de que estos grupos anunciaron que boicotearían las elecciones municipales a llevarse a cabo en el mes de octubre de ese año. La Comisión recibió información que indica que estos grupos capturaron por lo menos 128 personas que eran funcionarios electos o estaban buscando ser elegidos durante el último trimestre de 1997. Estos grupos por lo general usaban los secuestros para amenazar a los candidatos a los puestos públicos a que se retiraran de las elecciones. Algunos candidatos también eran enviados por los grupos armados disidentes con mensajes a la población para que se abstuvieran de votar. Como resultado de estos actos, en 132 de los 1,071 municipios del país, candidatos para elección renunciaron antes de que se llevaran a cabo las elecciones. Después de efectuadas las elecciones, los grupos continuaron con la captura de funcionarios electos con el propósito de prevenirlos sobre lo bien vigilados que iban a estar y avisarles que sufrirían las consecuencias de sus acciones (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 66).

Como se vio en el anterior capítulo, el boicot electoral demostró su poderío en las elecciones del año de 1997, pero en el periodo de estudio, entre el año 2000 y 2003, la situación fue verdaderamente dramática. A continuación se hará un resumen de la forma como la prensa colombiana narró el saboteo electoral de las Farc:

Una vez finalizada la tregua que declaró las Farc entre finales de 1999 y principios del 2000, se sabía que las Farc intentarían influir en las elecciones mediante el saboteo. Parecía que esta guerrilla se estaba preparando para las elecciones que ocurrirían algunos meses después. Hubo dos hechos impresionantes a principio del año. Por un lado, en medio de las negociaciones de paz de la Zona de Distensión, las Farc dijeron que dejarían hacer las elecciones de octubre de 2000, que eran las locales y regionales, pero manifestaron que los candidatos debían ser escogidos mediante asambleas populares y con las Juntas de Acción Comunal. Las Farc anunciaron ayer que no se opondrán a la celebración de las elecciones regionales del 29 octubre, pero advirtieron que quienes aspiren a concejos y alcaldías deberán contar con el apoyo de asambleas populares. Este anuncio representa un viraje respecto de la política trazada en las pasadas elecciones de 1997, durante las cuales las Farc impidieron la celebración normal de los comicios en al menos una tercera parte del país. Las Farc no mencionaron en todo caso a los candidatos a gobernaciones y asambleas departamentales quienes también serán elegidos el 29 de octubre. Según Raúl Reyes, vocero para los diálogos y la negociación, los candidatos serán cívicos, previamente elegidos por las juntas comunales donde la población será la encargada de fiscalizar las gestiones administrativas. Con esta opción se evitará que los corruptos sigan utilizando las campañas políticas para ocupar esos cargos, dijo (Redacción El Tiempo, 2000).

Además, las Farc, comenzaron a citar a los acaldes en funciones de varios departamentos del país, con ello mandaban el mensaje de que los mandatarios debía cogobernar con ellos, pedían un impuesto a las alcaldías, influían en qué obras se realizaban y cuáles no, y hasta resolvían acusaciones de corrupción. «Un mensaje corto y directo, por parte de Romaña, comandante del frente 53 de las Farc, ha puesto a los alcaldes de Cundinamarca a cumplir una cita en el infierno. El jefe guerrillero, a través de llamadas telefónicas o con mensajes que envía con campesinos de la zona, obliga a los alcaldes a ir a sitios apartados que obligan a un viaje de casi tres días y, en un encuentro que dura cinco minutos, les exige el 10 por ciento del presupuesto municipal. Ahí empieza la pesadilla.» (Redacción El Tiempo, 2000).

En abril comenzaron a secuestrar alcaldes para obligarlos a seguir los lineamientos de las Farc. A mediados de abril del año 2000 fueron secuestrados el alcalde de Cunday, Carlos Alberto Trujillo, y los concejales Yofre Fandiño Córdoba, Luis Cardozo, Juan Ernesto Rojas, Jorge Alberto Godoy y Eladio García. Días después le tocó el turno al alcalde encargado de Vigía del Fuerte, en el Atrato medio antioqueño, John Alveiro Chaverra, quien fue secuestrado el sábado pasado por tres hombres armados que se lo llevaron cuando hablaba con la comunidad en esa población (Redacción El Tiempo, 2000). Los secuestros políticos del año 2000 mandaban mensajes a las élites políticas del país, pero no fueron tan sangrientos como en el año de 1997. La mayoría de los secuestrados políticos eran liberados días después.

Por esas mismas fechas fue secuestrado Antonio José Bejarano, alcalde de Ubalá, semanas después fue liberado. A finales del mes de mayo del 2000, las Farc anunciaron la Ley 003, que según ellos era contra la corrupción y esta fue la disculpa para aumentar los secuestros políticos (Redacción El Tiempo, 2000). En junio del 2000, esta guerrilla impidió en al menos 40 municipios la inscripción de cédulas. Así lo reportó la prensa: «Aunque las Farc anunciaron que no iban a interferir en el proceso electoral de este año, lo cierto es que al despacho del registrador nacional, Iván Duque Escobar, han llegado durante los últimos días decenas de reportes de sus delegados en los que se denuncia que esa agrupación y otros movimientos subversivos han impedido las inscripciones de cédulas en 40 municipios y corregimientos del país.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Ya con el auge de la campaña, las Farc desataron la violencia política. Un reporte de esas fechas decía que: «La campaña de candidatos a las alcaldías a realizarse en octubre, se calienta. El candidato al cargo en San Juan Nepomuceno, Bolívar, Emilio Osorio, fue asesinado al parecer por guerrilleros del frente 35 de las Farc. A Osorio, según versión oficial, los subversivos pretendían secuestrarlo. En lo que va corrido del año 9 alcaldes han perdido la vida en hechos violentos, denunció la Federación Colombiana de Municipios.» (Redacción El Tiempo, 2000). Unos días después renunció el alcalde de Fortul, Arauca, Jorge Eliécer Navarro, quien meses antes había sufrido un atentado de las Farc. En ese mismo departamento, pero con algunos días de diferencia, fue secuestrado el alcalde de Tame, Ramón Márquez. Para el mes de agosto secuestraron a Óscar Tulio Lizcano González en Riosucio, Caldas, uno de los congresistas que duró años secuestrado. A mediados de agosto secuestraron a James Cañas, alcalde de Puerto Rico, Caquetá. Más tarde fue asesinado, Milciades Ruiz Galicia, secretario de gobierno de San Antonio, Tolima.

Ya para el mes de septiembre del año 2002 las acciones de violencia política se incrementaron. Iniciando el mes fue secuestrado el exalcalde de Garzón, Huila, Guillermo Manrique Bonilla. Con horas de diferencia las Farc secuestraron al candidato, Cruz Ociel Gathner Restrepo, quien para ese momento competía por la Alcaldía de Riosucio, Caldas. Luego, el alcalde de Solita, Caquetá, Norberto Valencia, abandonó el municipio por la presión de las Farc. También fue secuestrado Guillermo Mendoza Machado, candidato a la Alcaldía de Florida en el Valle del Cauca.

También renunciaron a su candidatura por la presión de la guerrilla los titulares de las 11 listas inscritas para el concejo de San Juan de Arama, límites de la Zona de Distensión (Redacción El Tiempo, 2000).

La renuncias y secuestro se dieron en diferentes zonas del país, a esto se le sumaban ataques a cabeceras urbanas, paros armados en varios departamentos e intimidaciones a la población para que no salieran a votar. Apenas a días de las elecciones fue secuestrado, Jorge Enrique Pechené, candidato a la Alcaldía de Morales, Cauca. En Vistahermosa, Meta, las Farc retuvieron los tarjetones y una población no pudo votar.

En 2001 y 2002 las acciones continuaron: secuestros, atentados y homicidios. Para las elecciones de 2003, la receta se repitió. Todo arrancó en los días previos a la posesión del presidente electo Álvaro Uribe, en agosto de 2002. A continuación un resumen: en Agosto de 2002, 6 de 11 concejales renunciaron en Mistrató, Risaralda, el alcalde de entonces, Hernán de J. Rivera, despachaba desde Pereira. Horas después el frente 22 de las Farc asesinó a dos concejales de la Peña, Cundinamarca, Salatiel Flores y Luis Antonio Hernández. Con días de diferencia se presentó la renuncia del alcalde de Teorama, Norte de Santander, Eulalio Camargo Angarita. También amenazaron a los alcaldes de Villavicencio, Almaguer Cauca.

Para octubre de 2002, a un año de las elecciones de 2003, los ataques se incrementaron. Además, ya no había Zona de Distensión, y la confrontación armada se había desatado. El 6 de octubre las Farc asesinaron al concejal de San Luis, Antioquia, José Daniel Ceballos Aristizábal, días después asesinaron al alcalde de Campoalegre, Luis Antonio Motta Falla, a dos concejales y a un sobrino del mandatario (Redacción El Tiempo, 2002). Con horas de diferencia se presentó la renuncia del alcalde de Arauquita, Orlando Ardila Torres. También todo el equipo de la Alcaldía renunció. En medio del incremento de las hostilidades, las Farc asesinaron el hijo del alcalde de Vistahermosa, Meta. La prensa lo reportó así: «El alcalde de Vistahermosa, José Leonel Castaño, confirmó ayer el asesinato de su hijo, Omar Castaño, a manos del frente 27 de las Farc, por la supuesta negativa que había sostenido el mandatario local a dejar su cargo.» (Moreno, 2002). Con horas de diferencia las Farc asesinaron al concejal de taraza Antioquia, Abraham Miguel Vides. El 1 de noviembre, las Farc secuestraron a tres concejales de Curumaní, departamento del Cesar: «Se trata de Darío Sandoval, presidente de la mesa directiva del Concejo, Saúl Meneses y Vicente Suárez, quienes fueron interceptados en la vía Curumaní-Pailitas.» (Redacción El Tiempo, 2002). Uno de los últimos hechos de la violencia política en el 2002, fue el asesinato de Antonio Serrano Duarte, quien era padre de Luis Antonio Serrano Morales, quien para esa fecha era representante a la Cámara y había sido gobernador. También fue asesinado el alcalde de Puerto Rondón, Arauca, Héctor Yesid Gutiérrez Vigoth.

Para la primera semana de octubre de 2003, a 20 días de las elecciones locales y regionales de ese año, el balance era desolador: «El caso de Juvencio Ortega, presidente del Concejo de San Pablo (Nariño) y candidato a una curul en la actual campaña asesinado el jueves pasado, aparentemente por un comando de las Farc, es el más reciente de las 25 muertes violentas de aspirantes a ser elegidos el próximo 26 de octubre… Además, 48 de los candidatos que se inscribieron para las elecciones de alcaldes, concejales, ediles, diputados y gobernadores han decidido salir de la contienda electoral por problemas de orden público, de acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otros 88 renunciaron por motivos personales.» (Redacción Nacional, 2003). Las últimas dos semanas de campaña estuvieron manchadas de sangre.

En todo caso la violencia política tuvo su máxima expresión por parte de las Farc, con el asesinato de la familia Turbay Cote. Para los últimos días del mes de diciembre del año 2000, las Farc montaron un retén a 15 minutos de Puerto Rico, Caquetá. Allí asesinaron al congresista Diego Turbay Cote y a su madre, Inés Cote de Turbay. Así lo narró la prensa:

Quince minutos antes de llegar al municipio de Puerto Rico (Caquetá), la caravana en la que viajaba el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote, de 31 años, se encontró con un retén armado. Eran las 10:30 de la mañana. El político iba con su madre, Inés Cote de Turbay, líder política del departamento, y sus escoltas a la posesión del alcalde de esa población, José Lisardo Rojas… En el lugar quedaron además de los cuerpos de Diego Turbay e Inés Cote, los del arquitecto Jaime Peña; el conductor del vehículo Rafael Ocasiones y los escoltas Edwin Angarita, de la Policía; Hamil Bejarano, del DAS, y Dagoberto Samboní. En el ataque resultaron heridos el inspector de Policía de Puerto Rico, Fernando Loaiza, y un profesor, que no fue identificado (Redacción El Tiempo, 2000).

Muchos años después las Farc reconocerían el asesinato. Acusaron al político conservador Luis Fernando Almario de haberlos instigado, aunque ya para ese momento la justicia había avanzado sustancialmente en las investigaciones contra Almario.

Toda esta violencia política se acompañó de ofensivas militares, que incluían todo tipo de acciones. Debe tenerse en cuenta que cuando ya estaba instalada la Zona de Distensión, las Farc-EP lanzaron ofensivas militares en cinco departamentos. El primero fue en Antioquia, particularmente en el occidente antioqueño, donde las Farc-EP incrementaron sus acciones en algo más del 120 %.

El periodo 1996-2000 se caracteriza por el crecimiento sostenido de las acciones de la guerrilla y la intensificación de la violencia producida en el marco del proceso de expansión de los grupos de autodefensa. La guerrilla alcanza el mayor protagonismo armado en 2000, siendo las Farc-EP la organización más activa. En este periodo, la guerrilla lleva a cabo 127 acciones armadas, con lo cual duplica la capacidad de acción desplegada en el periodo anterior; las Farc-EP son responsables de la ejecución de 85 acciones y el ELN de 42, mostrando que ambas guerrillas se encuentran en pleno proceso de ampliación de su poder de fuego. Los años más álgidos corresponden a 1998 y 2000. Por su parte, los grupos de autodefensa, mediante la realización de 16 acciones, hacen manifiesta su presencia activa en la región (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006b, p. 16).

Particularmente el frente 36 y parcialmente el frente 5 realizan este tipo de acciones, cuyo objetivo no solo se manifestó en el cumplimiento del plan estratégico, sino que además buscaban detener el avance paramilitar. La tabla 8 muestra las acciones armadas en las nueve regiones del departamento de Antioquia.

La segunda zona de la ofensiva fue en el departamento de Nariño. Allí las Farc-EP desataron una fuerte arremetida sobre el sur y la costa Pacífica del departamento. En el municipio de Potosí, el frente 32 tendió una emboscada al Ejército en 1996 donde murieron 35 militares, la cual marcó el inicio de la fuerte ofensiva de las Farc-EP. Para 1997, las Farc-EP comenzaron los ataques a cabeceras municipales y la guerra comenzó.

El primer ataque de las Farc-EP a una población en Nariño se produjo en junio de 1997 cuando incursionaron en Barbacoas, destruyendo las instalaciones del puesto de Policía y matando a cuatro agentes. El segundo asalto se llevó a cabo en diciembre de 1998 contra San Pablo donde destruyeron el puesto de Policía, incineraron las instalaciones de la Casa Cural y la Caja Agraria. En 1999 se produjeron dos nuevos ataques: en agosto Albán, donde fue destruido el puesto de Policía y saqueada la sede del Banco Agrario; en noviembre La Cruz, donde después de ocasionar daños materiales a las instalaciones del Banco Agrario y a las viviendas aledañas, la Policía repelió el ataque (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2002a, p. 6).

Tabla 8. Comparación de las acciones armadas desarrolladas durante 1996 y 1997 en cada una de las nueve regiones del departamento de Antioquia[5]

Fuente: Dinámicas que caracterizan el conflicto político armado en Antioquia, (p. 7), por Instituto Popular de Capacitación IPC, 1999. Medellín: IPC.[6]

En 1985 se había creado el frente 29 de las Farc-EP producto de un desdoblamiento del frente 8 que actuaba en el sur del Cauca. Además, en 1993, la octava conferencia decidió trasladar el frente 2 del sur del Huila a Nariño, en un intento por crear algún tipo de zona segura en ese departamento, con lo cual el primer objetivo fue desalojar la policía de los municipios donde esta mantuviera presencia.

Para el año 2000, 15 municipios no contaban con la presencia del Ejército o la Policía, mientras que eran patrullados por los grupos guerrilleros o por los recién llegados grupos paramilitares. En el caso del ELN, el incremento de sus acciones militares era concordante con su viraje estratégico, que pretendía crear compañías. La presión de las Farc-EP y del ELN llegó a ser tan fuerte que llegaron a mantener secuestrados a 15 alcaldes de Nariño para 1997.

La tercera zona de ofensiva se dio en el departamento de Cundinamarca. La ciudad de Bogotá para 1999 se encontraba rodeada por 9 frentes guerrilleros, ellos eran los frentes 53, 55, 22, 42, 54 y el frente 65 creado en 1997. Además se encontraban los frentes móviles Policarpa Salavarrieta, Abelardo Romero y Manuel Beltrán y las Columnas Joaquín Ballén y Che Guevara creadas en 1999. En el año 2000 se creó la columna Vladimir Steven.

La guerrilla en Cundinamarca, particularmente las Farc-EP, ha tenido presencia desde su inicio mismo como grupo guerrillero. Sin embargo, la expansión reciente, tiene un particular interés en términos de lo que se conoce como la «urbanización del conflicto armado». El avance de la guerrilla hacia las ciudades, en el caso de las Farc-EP, puede entenderse como el seguimiento del mandato de la VII Conferencia Nacional Guerrillera del movimiento llevada a cabo en 1982 (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001b, p. 15).

La cuarta zona de la ofensiva desatada por las Farc-EP fue el Putumayo, donde luego de las marchas cocaleras del 1995, 1996 y parte de 1997 las Farc-EP iniciaron una fuerte confrontación con la fuerza pública y con algunas estructuras paramilitares que comenzaron la penetración al departamento luego de estas marchas. En la siguiente página mostraremos un gráfico elaborado por Cerac.

En esta sección se analiza tanto el nivel que ha tenido la violencia en la población afectada, así como la evolución en el tiempo y la distribución espacial de la violencia. Este análisis se logra mediante el uso de gráficos de dispersión y la comparación de dos variables: una en niveles y la otra en tasa de cambio. Los gráficos tienen como punto de comparación el promedio nacional para cada tipo de afectación; con esto, se pueden encontrar cuatro posibles resultados en el gráfico de acuerdo al tipo de afectación que se esté analizando. Generalmente los cuadrantes del gráfico tienen los siguientes escenarios (J. Restrepo & Aponte, 2009, p. 42).

El cuadrante superior izquierdo muestra una alta tasa o número de muertes asociadas directamente a eventos de conflicto que está mejorando; el cuadrante inferior izquierdo muestra los municipios o departamentos con una tasa o número de muertos en eventos de conflicto que se encuentran baja y mejorando. Caso contrario ocurre en los otros dos cuadrantes; el superior derecho es el peor estadio, una tasa o número alto empeorando; y el cuadrante derecho inferior es una baja tasa o número bajo, pero está empeorando.

Para el caso del Putumayo, como lo muestra el gráfico 12, en una buena proporción de municipios la tasa era baja aunque comenzó a empeorar desde 1997. La baja tasa no significaba ausencia de conflicto, por el contrario, las zonas rurales en su mayoría eran dominadas por las Farc-EP y en las cabeceras urbanas se encontraban miembros de la fuerza pública. Desde 1997 se desató la fuerte ofensiva de las Farc-EP que se tradujo en el aumento del número de muertes en eventos de conflicto armado.

Obsérvese cómo el municipio de Villagarzón mantenía un número bajo de muertes asociadas a eventos de conflictos y empeoró en la tasa de cambio, además era un municipio que se encontraba en disputa. Desde 1999 todos los municipios del Putumayo estaban en disputa por diferentes actores armados.

Gráfico 12. Número de muertos en eventos relacionados con el conflicto armado en municipios del Putumayo (1997)

Fuente: Cerac a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2009.

La ofensiva de las Farc-EP sí significó un aumento en el número de secuestros en el departamento como lo muestra el gráfico 13, que cubre el mismo periodo que la anterior. Sin embargo, la casi totalidad de los municipios se encontraban por debajo del promedio nacional y solo tres de ellos muy por encima del promedio nacional y departamental.

Para 1998 la situación era mucho más compleja, las Farc-EP continuaron asestando duros golpes a la fuerza pública. De hecho, lograron la victoria militar más importante: la toma a Mitú, capital del departamento del Vaupés y la victoria en el Billar, Caquetá. La revista Semana narró cómo se vivió día tras día la situación.

Gráfico 13. Número de secuestros en municipios del Putumayo (1997)

Fuente: Cerac a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2009.

Eran las cinco de la tarde del martes 3 de marzo. El presidente Ernesto Samper había convocado a un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño. La cúpula de las Fuerzas Armadas y los directores de los servicios de inteligencia fueron ocupando sus puestos. El objetivo era evaluar el ‘plan democracia’ para el domingo de elecciones. Tras la intervención de algunos de los participantes, el jefe del Estado interrogó al comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, sobre los enfrentamientos con las Farc-EP en la región del Caguán. En tono serio, el alto oficial le respondió que desde hacía varios días soldados profesionales de la Brigada Móvil No. 3 sostenían un duro combate con ese grupo subversivo. Galán, sin embargo, tranquilizó a Samper. Le dijo que las noticias eran buenas y que todo indicaba que el Ejército se iba a apuntar un éxito frente a la guerrilla. Hacia las ocho de la noche de ese mismo día, los servicios de inteligencia militar interceptaron una comunicación radiotelefónica que los dejó paralizados: la batalla en el Caquetá no solo se estaba perdiendo, sino que adquiría ribetes de catástrofe. Los radio-operadores militares habían escuchado con nitidez a Fabián Ramírez, segundo comandante del Bloque Sur de las Farc-EP, cuando entregaba un parte de guerra a su jefe inmediato, Milton de Jesús Toncel, alias Usuriaga. En tono categórico, Ramírez le informaba que hasta ese momento sus hombres habían dado de baja a 50 soldados, que 35 más estaban heridos, y que habían recuperado numeroso material de guerra y destruido los sistemas de comunicación de las tropas. Los militares que interceptaron la comunicación inicialmente no la creyeron. Era tan inverosímil que parecía más bien desinformación. Lamentablemente no lo era. Lo que ocurrió a partir de esa noche no le había sucedido al Ejército desde hacía 45 años, cuando Guadalupe Salcedo y sus guerrillas liberales de los Llanos emboscaron y mataron a 99 soldados, y solo dejaron a uno con vida para que contara la historia. Entonces también fue evidente la impotencia de los militares. En los cinco días siguientes al combate en El Billar, fue imposible saber con exactitud qué había pasado. A pesar del enorme despliegue de helicópteros, aviones y tropas, ninguna patrulla de reconocimiento logró penetrar a la zona del conflicto. Tampoco fue posible establecer el balance de muertos, heridos y desaparecidos. Y, lo que es peor, la información de lo que había sucedido solo se conocía por las intercepciones hechas a la guerrilla, cuyo sofisticado sistema de comunicaciones funcionaba a la perfección. Hasta Usuriaga se dio el lujo de sostener una larga entrevista con periodistas de la red O Globo del Brasil, que lo localizaron vía satélite en medio de las selvas del Caquetá. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? El jueves 26 de febrero, el comando de la Brigada Móvil No. 3 del Ejército, que opera en el medio y bajo Caguán, recibió información confiable sobre desplazamientos masivos de las Farc-EP en la zona. Según ese reporte, el propósito de la guerrilla era tomarse la población de Cartagena del Chairá, la misma que sirvió de escenario para la liberación de los 60 soldados de Las Delicias en junio del año pasado. De inmediato, los comandantes de la Brigada Móvil dispusieron un operativo militar para impedir la llegada de cerca de 600 subversivos al pueblo. Los informantes del Ejército también daban cuenta de que entre las filas guerrilleras figuraban dos hombres del secretariado general de las Farc-EP, entre ellos, Jorge Suárez Briceño, el ya legendario Mono Jojoy. Entre el sábado 28 de febrero y el domingo primero de marzo, muy cerca de la quebrada de El Billar en el bajo Caguán, se dieron los primeros enfrentamientos. El batallón contraguerrilla No. 52 de la Brigada Móvil No. 3, conformado por 153 hombres, fue el encargado de combatir a los frentes 14 y 15 y a la columna Teófilo Forero de las Farc-EP. Las Brigadas Móviles del Ejército son cuerpos élite, conformados por soldados profesionales, cuyo salario mensual es de 350.000 pesos y quienes tienen a su disposición el mejor armamento, los mejores equipos de comunicaciones y han sido exclusivamente entrenados para combatir a la guerrilla. El enfrentamiento se prolongó tres días. El martes cesó el fuego. Esa misma noche los subversivos entregaron un balance a sus jefes. Pero el Ejército había perdido comunicación con sus tropas. Eso explica por qué razón cuando el general Galán le reportó al presidente, no tenía información exacta de lo que realmente había ocurrido en las selvas del Caguán. Fueron precisamente esos soldados profesionales los que se llevaron la gran sorpresa: el enfrentamiento no se produjo contra las columnas regulares de las Farc-EP, sino con las fuerzas especiales del grupo, que son las que tienen a su cargo la custodia de los desplazamientos de los miembros del secretariado general. En otras palabras, los soldados que pretendieron sorprender a la guerrilla, terminaron sorprendidos. Las Farc-EP se desplazaban con cinco anillos de seguridad. Todo parece indicar que, al comenzar los combates, los guerrilleros abrieron paso a los soldados para dejarlos penetrar los dos primeros anillos de seguridad. Así los llevaron a la boca del lobo. Una vez logrado el objetivo, les cerraron el cerco y los atacaron por todos los flancos (Revista Semana, 1998a).

Las Farc-EP lograron colocar en marcha la llamada «Nueva Forma de Operar» que habían concebido durante el pleno del Estado Mayor de 1997.

Si hasta hace unos años las Farc-EP se limitaban a emboscadas y ataques sorpresa y luego retirada, como lo hacían las guerrillas de los años 50, desde hace tres años, gracias entre otras cosas al asesoramiento que han recibido de expertos salvadoreños, ese grupo guerrillero ha venido actuando como la semana pasada: en unidades de más de 300 hombres. Mientras tanto el Ejército sigue disperso y continúa atacando con pequeñas unidades como lo hizo el batallón de 153 hombres que fue aniquilado la semana pasada en el Caquetá. La guerrilla parece estar ganándole la partida al Ejército como lo demuestra la cadena de desastres de los últimos dos años. Sin embargo, tampoco se ha llegado al punto en que pueda afirmarse que hay un equilibrio de fuerzas, pues el Ejército presenta una evidente superioridad frente a los grupos armados en número de hombres, recursos y logística. El gran aliado de los subversivos es, entonces, el factor sorpresa. Es claro que los guerrilleros tienen en este punto una enorme ventaja. No obstante la diferencia es que el Ejército, como lo asegura el politólogo Eduardo Pizarro, «ha perdido totalmente la iniciativa táctica en el campo de batalla». (Revista Semana, 1998a).

Nótese cómo en el Caquetá entre 1997 y 2001 y, sobre todo en la tasa de cambio, el número de muertos en acciones de conflicto tendía a aumentar drásticamente, todo ello enmarcado en la denominada Nueva Forma de Operar, la gran mayoría de muertos eran militares o guerrilleros, mientras que la proporción de civiles era baja (ver gráfico 14).

En todo caso es notorio cómo en municipios como Valparaíso, Paujil y Milán el índice de muertos en conflicto comenzaba a aumentar debido a la fuerte penetración paramilitar, en el gráfico de homicidios se produce el mismo fenómeno.

Gráfico 14. Número de muertos en eventos relacionados con el conflicto armado en municipios de Caquetá (1997)

Fuente: Cerac a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2009.

El gráfico 15 muestra el comportamiento del homicidio para el Caquetá. Nótese cómo son los municipios del sur de departamento, es decir, aquellos de dominio paramilitar los que presentan mayor número de homicidios. El Caquetá siempre fue considerado un departamento de dominio guerrillero, pero en realidad fue el norte del Caquetá el que estuvo bajo dominio guerrillero, mientras que el sur –desde la década del ochenta del siglo XX– ha mantenido presencia paramilitar. El gráfico permite ver una de las hipótesis de este estudio, que la abordaremos más adelante, y es que mayoritariamente los grupos guerrilleros se dedicaron al secuestro, la instalación de minas antipersona y el combate con otras estructuras ilegales, mientras que los grupos paramilitares actuaron más mediante el homicidio, el desplazamiento y las masacres. Lo que se denominan repertorios de violencia.

Gráfico 15. Número de homicidios en municipios de Caquetá (1997)

Fuente: Cerac a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2009.

En el anterior gráfico se observa cómo son los municipios del sur de Caquetá los que mayormente presentan un alto número de homicidios, incluso nótese cómo según los datos de la Policía, Albania y Belén de los Andaquíes, bastión de paramilitares, registraban como municipios sin presencia de actores armados ilegales.

Para finales del año 2002, cuando la Zona de Distensión ya había fracasado, la actividad armada de la guerrilla llegó a darse en 456 municipios. Para 1998, antes de la Zona de Distensión, la actividad armada de las Farc-EP fue en 419 municipios. Es decir, una diferencia de 37 municipios. El mapa 21 muestra la actividad armada para el 2002.

Ahora bien, el mapa 22 muestra la intensidad de estas acciones armadas. Nótese cómo la batalla se encontraba alrededor de las zonas urbanas, véanse las cercanías de Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali.

Con la ruptura de las negociaciones las Farc-EP desataron una nueva ofensiva, pero en los mismos municipios de siempre no hubo como tal un crecimiento territorial entre 1998 y 2002. Esto se corrobora con los datos de 2003, año en el que la actividad armada llegó a 334 municipios como se ve en el mapa 23.

El mapa 24 muestra la intensidad de las operaciones en 2003. Es la misma tendencia del 2002.

En 2003 la actividad se reduce casi a los niveles de 1998. Compárense los mapas entre estos años. Esto significa una importante conclusión, como lo veremos al final del capítulo.

Mapa 21. Municipios atacados por las Farc-EP en 2002

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 22. Intensidad de la confrontación Farc, 2002.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 23. Municipios atacados por las Farc-EP en 2003.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 24. Intensidad de la confrontación Farc, 2003.

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

LA SEGUNDA EXPANSIÓN PARAMILITAR

Al mismo tiempo que las Farc-EP desplegaban su ofensiva principalmente en el sur del país, en 1995 se dio la primera expansión paramilitar de la década del noventa.

(…) en 1994, después de la muerte de Escobar, las Autodefensas llevan a cabo su primera cumbre en Cimitarra creando las Autodefensas Campesinas, desde este año los grupos dispersos nacidos en los ochenta comienzan a expandir su influencia territorial, principalmente sobre zonas donde se encontraban cultivos de uso ilícito. Aunque sería hasta 1997 con la creación de las AUC que iniciarían una estrategia para desplegarse en todo el país, principalmente en el sur (A. Ávila, 2010a).

Durante los años de 1993 y 1997 los grupos paramilitares prepararon lo que sería su gran ofensiva por todo el país y lo que sería su modelo de actuación. Mayoritariamente este sistema y su creación se dieron en Córdoba, Antioquia y el sur de Santander durante los ochenta, el cual se perfeccionó durante la segunda mitad de la década del noventa. Antes de entrar a la etapa paramilitar de las AUC se debe hablar del tema de las Convivir (A. Ávila, 2010b, p. 99).

La hipótesis en este punto es que no solo durante años el modelo paramilitar fue legal en Colombia e impulsado en gran parte por entes oficiales, sino que además su legalización durante la década del noventa fue un premio a los criminales que colaboraron en la muerte de Escobar. El camino que se siguió fue el siguiente: en la década del sesenta la legalización de formación de grupos de autodefensa estuvo acompañada de una fuerte participación y promoción de estos grupos por parte de las Fuerzas Militares. Al mismo tiempo, desde 1983 el narcotráfico comenzó activamente a participar en la promoción y asistencia de estos grupos, y ante la «guerra sucia» desatada contra líderes sociales y de izquierda fueron ilegalizados bajo la presidencia de Virgilio Barco.

Inicialmente la ofensiva paramilitar recurrió al asesinato selectivo de dirigentes sociales y políticos, al tiempo que hicieron masacres indiscriminadas contra la población civil. Cualquier persona con alguna tendencia de izquierda podía caer. La primera arremetida de esta violencia indiscriminada se produjo en Antioquia, Meta y el norte del país, aunque se extendió a todo el país, con modalidades que parecían seguir un patrón común, contra «personas y grupos no necesariamente guerrilleros, pero sí vinculados con la izquierda, como es el caso de dirigentes políticos de la UP y líderes campesinos y sindicales en regiones como el Meta, Córdoba, Santander y Caquetá. Según las últimas estadísticas, en el mes de febrero se han duplicado los asesinatos de líderes políticos y se ha generalizado la guerra sucia, que respondería a un plan desestabilizador para perturbar, si no impedir, la elección popular de alcaldes» (Revista Semana, 1998a). La resistencia contra la primera reforma en pro de la apertura y competencia política plural, no exclusivamente bipartidista, fue pues a bala (A. Ávila, 2010b, p. 93).

El Urabá antioqueño fue una de las zonas más afectadas y puso en evidencia el papel que jugaron las Fuerzas Militares. La prensa de la época manifestó que:

Lo que no queda muy claro es por qué en Urabá, donde hoy por hoy hay una gran concentración de efectivos militares –es la sede de la X Brigada con cerca de cinco batallones de cerca de mil hombres cada uno– no se ha logrado el control de la zona y la violencia aumenta día tras día. En varias oportunidades, los dirigentes de la UP han denunciado la complicidad de militares con los asesinatos de trabajadores y líderes del movimiento, y aunque nada se ha podido comprobar, lo cierto es que, o el ejército es ineficiente para garantizar la vida, honra y bienes de los habitantes de Urabá o se está haciendo el de la vista gorda” (Revista Semana, 1998a) […] La guerra sucia, amparada por la justificación y connivencia estatal, fue el método diferencial paramilitar que acompañó su expansión territorial y consolidación política (A. Ávila, 2010b, pp. 93-95).

Con el inicio de la persecución de Escobar, y en particular con la creación de los Pepes y los 12 del patíbulo, se instauró un fenómeno bastante recurrente en el establecimiento, que en términos esenciales significó que sectores del Estado se apoyaron en la ilegalidad para mantener e incrementar el poder político y económico. La alianza entre la institucionalidad y este segundo grupo de los perseguidos por Escobar potenció el poder de estos últimos, les permitió acrecentar su negoció con la anuencia de la institucionalidad, adquirir fortaleza, pero lo más importante les permitió abrir las puertas del Estado, y la Cooptación del Estado, CdE, y la Reconfiguración Cooptada del Estado, RCdE, se incrementó y llegó incluso a estancias nacionales. Este tipo de captura sería lo que más tarde se conocería como el Proceso 8000, que llegaría incluso a influir en las elecciones presidenciales de 1994. Cesar Gaviria dijo sobre este tipo de acuerdos que:

Nosotros no hicimos ningunas alianzas. Los organismos de seguridad buscarían información para tratar de dar con Escobar y seguramente se apoyaron en enemigos de Escobar, pero eso es completamente legítimo. Yo no creo que a estas alturas estemos como están en la Casa de Nariño llorando la muerte de Pablo Escobar, puntualizó el jefe del liberalismo (Redacción El Tiempo, 2008).

Así, una vez muerto Escobar, el premio a los Pepes fue la legalización de sus ejércitos, mediante las Convivir. Personajes como Mikey Ramírez logró ser jefe de las Convivir en el Carmen de Bolívar. Castaño, Mancuso, todos ellos expepes, legalizaron sus ejércitos y reinsertaron sus vidas en lo que se creía era la legalidad:

(…) el Estado respondió con el Bloque de Búsqueda –creado bajo el gobierno Barco– se fortaleció con un fuerte apoyo estadounidense; y con ofertas de beneficios a los narcotraficantes que colaboraran con la justicia y con la persecución contra Escobar. El Gobierno emitió el 5 de febrero de 1993 el polémico Decreto 264, que beneficiaba a sectores de la criminalidad. «En 14 artículos, Gaviria y el pleno de sus ministros (todos firmaron) expidieron normas que otorgaban beneficios a quien colaborara con la justicia. Su expedición fue justificada en el hecho de que la situación de orden público se había agravado por una seguidilla de atentados terroristas, que había obligado a declarar el estado de conmoción interior. Además, en el hecho de que ‘mediante la colaboración con la justicia es posible prevenir la comisión de hechos punibles, desarticular organizaciones y deducir responsabilidad penal de quienes las conforman.» (A. Ávila, 2010b, p. 56).

Además, con la muerte de Escobar el país pensó que el narcotráfico y las consecuencias de este desaparecerían, creyeron que habían logrado la victoria sobre los carteles, que solo quedaba uno de ellos y que era el siguiente en la lista. «En 1993, y sobre todo desde 1994, el país giró su atención hacia el escándalo de la financiación electoral de Ernesto Samper por el Cartel de Cali. Mientras, durante los cuatro años de ese gobierno, los grupos paramilitares se fortalecieron y arremetieron con aún más violencia que a finales de los ochenta, contando ya con el total patrocinio de algunos gobiernos departamentales e incluso, se podría decir, del gobierno nacional. La creación de las Convivir legalizó gran parte de estos grupos y permitió a narcotraficantes administrar el paramilitarismo a su antojo. A pesar de la desmovilización de Los Tangueros, al mando de Fidel Castaño, y de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, al mando de Ariel Otero, el fenómeno paramilitar se incrementó. Fidel Castaño retomó las armas y Otero murió en enero de 1992, a manos de paramilitares del Magdalena Medio que le disputaban control territorial». Mientras el país pensaba en el Cartel de Cali, al suroccidente, en el norte se fundaba la parapolítica y se consolidaban los más estrechos lazos entre militares y paramilitares.

(En) la administración de Cesar Gaviria (1990-1994) las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y en varias regiones hicieron entrega de armas, acogiéndose a un proceso de desmovilización en 1991, que contemplaban reducción de penas de la mano con una confesión voluntaria. En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho (Cundinamarca), el que actuó en Puerto Boyacá al mando de Ariel Otero, con cerca de 400 integrantes, y el de Fidel Castaño, que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá (Verdad Abierta, 2011).

Las organizaciones paramilitares mantenían una nómina paralela de agentes del Estado. Los cooptados colaboraban sin retribución. Las Convivir, una vez legalizadas, iniciaron los patrullajes conjuntos con la fuerza pública y aquellos grupos paramilitares que no negociaron o que no se transformaron en las Convivir desplegaron ofensivas en tres regiones del país. Así, los niveles de violencia se incrementaron en varios departamentos colombianos.

La mayor parte de las fuentes concuerdan en concluir que los grupos paramilitares han sido responsables en los últimos años del mayor número de desapariciones forzadas y del mayor número de violaciones al derecho a la vida ocurridas en Colombia. De acuerdo con las estadísticas dadas por varias organizaciones, el porcentaje de las muertes atribuibles a los paramilitares ha crecido constantemente en el curso de los años hasta alcanzar casi el 60 % del total de las muertes y desapariciones, en las cuales se conoce el autor del crimen, llevadas a cabo por razones socio-políticas fuera de las actividades propias del combate. En 1995, los grupos paramilitares asesinaron o desaparecieron aproximadamente a 452 individuos por fuera del combate, mientras que el número total de individuos que resultaron asesinados como resultado de la violencia socio-política, sin relación con el combate mismo, donde el autor es conocido, fue de 982. En 1996, los grupos paramilitares asesinaron o desaparecieron aproximadamente a 751 individuos fuera de combate mientras que el número de individuos asesinados como resultado de la violencia socio-política no relacionada directamente con el combate, cuyo autor es conocido, fue de 1.198. En 1997, los grupos paramilitares fueron responsables de aproximadamente 1.152 muertes sociopolíticas fuera de combate (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 97).

Esta primera ofensiva paramilitar lanzada entre 1994 y 1995 igualmente se presentó en varias regiones del país. La primera región en sufrir la ofensiva de los grupos paramilitares y de algunas Convivir en asocio con la fuerza pública fue el departamento del Cesar. Allí, los grupos paramilitares habían incursionado hacia finales de la década del ochenta y se fortalecieron sobre todo en el sur del Cesar. Sin embargo, desde 1995 iniciaron su incursión en la parte media y norte del departamento.

Uno de los casos más nombrados fue el de Aguachica donde:

En febrero de 1995, el comandante de la policía en Aguachica afirmó que el grupo paramilitar que presuntamente era responsable de la masacre estaba directamente patrocinado por las Fuerzas Militares y, en particular, por el comandante de la base militar local, mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel. De acuerdo con el comandante de la policía, el mayor Lázaro le había dicho, en presencia de un oficial del DAS, que él tenía una lista de sospechosos que debían ser localizados y dados de baja por fuerzas paramilitares. Una investigación de la Policía Judicial concluyó que grupos paramilitares que operaban en el área funcionaban bajo el comando del mayor Lázaro. El informe de la Policía Judicial también concluyó que militares trabajaban con grupos paramilitares en operaciones conjuntas bajo la coordinación del comandante militar. Una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General para Barranquilla también determinó que el oficial del Ejército patrocinaba a los grupos paramilitares responsables de la masacre de Puerto Patiño y que había estado involucrado en la masacre. La Fiscalía General ordenó su arresto. Sin embargo, el mayor Lázaro fue subsiguientemente excarcelado, pues no fue llamado a juicio dentro del tiempo establecido por la legislación colombiana (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 77).

El método más utilizado por los grupos paramilitares, como ya era costumbre, fueron las masacres. Con ello no solo aplicaban la estrategia de campo arrasado e intentaban crear bases de apoyo, sino que además producían grandes desplazamientos de población de estas zonas, que más tarde serían dedicadas a la palmicultura, ganadería y explotación minera. Por ejemplo, el 15 de octubre de 1996 fueron asesinadas 28 personas en San Diego, Cesar. El 22 de enero de 1994 fueron asesinadas 5 personas en Becerril y dichos hechos se produjeron por todo el país. En la versión libre de alias Jorge 40, este reconoce que los primeros grupos paramilitares que llegaron a Valledupar se produjeron en 1995.

Año 1995, durante la versión del postulado RODRIGO TOVAR PUPO, este manifestó que el primer grupo armado de autodefensas llegó a Valledupar en julio de 1995, procedente de Pailitas, a quienes señala como pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, grupo que se considera dependiente de la Casa Castaño directamente (Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2008, p. 1).

Dicho proceso de crecimiento y expansión paramilitar se hizo en los mismos momentos en que los autores de tales circunstancias estaban en la vida legal gracias a las Convivir, así por ejemplo:

Año 1996: En versión SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, entregó una gráfica en donde georreferencia los grupos que se encontraban bajo su mando en los departamentos de SUCRE, BOLÍVAR, MAGDALENA Y CESAR. En igual sentido, el postulado TOVAR PUPO ubica en el Cesar y Magdalena los grupos de autodefensas que continuaron ingresando bajo el mando de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ (Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2008, p. 2).

Cuando se comparan el número de sitios donde operaban las Convivir y los jefes de las mismas, las coincidencias son bastante dicientes. Uno de los casos es la Convivir de papagayo que se ubicaba en la parte posterior de la Brigada XVII del Ejército en el Urabá antioqueño.

Para 1997, solo en Antioquia había 82 grupos Convivir con 4.118 efectivos. «Las estadísticas en relación con el número exacto de grupos e integrantes de las Convivir son difíciles de obtener y dependen de qué grupo de seguridad privada sea tomado, o no, como Convivir. Sin embargo, varias fuentes indican que existen aproximadamente 414 asociaciones de Convivir. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Convivir, Carlos Alberto Díaz, indicó a la prensa en diciembre de 1997 que él creía que las Convivir tenían más de 120.000 miembros.» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 108). En sus confesiones a la justicia antes de ser extraditado, alias H.H. afirmó que «todas las Convivir eran nuestras.» (A. Ávila, 2010b, p. 101).

La tabla 9 muestra la relación entre antiguos jefes narcotraficantes y paramilitares como jefes de las Convivir que luego estarían sentados en la mesa de negociación de Ralito.

La segunda zona de expansión fue el departamento de Antioquia, allí además de las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de seguridad privada. Este proyecto se fortaleció en Antioquia y desde allí fue impulsado por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, desde 1996.

Creadas en 1994 con el Decreto 356 del 11 de febrero, estos grupos llegaron a ser algo más de 400 en todo el país.

Tabla 9. Relación entre antiguos jefes narcotraficantes como jefes de las Convivir que estarían sentados en la mesa de negociación de Ralito

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Las Convivir fueron originalmente creadas por el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, aunque dicho decreto no las llamó por este nombre. El decreto que las constituyó estableció las normas y regulaciones por las que los diferentes «servicios de vigilancia y seguridad privada» se regirían a partir de la fecha. Estas normas establecieron los «servicios especiales de vigilancia y seguridad privada» que consistirían en grupos de civiles a los que se les permitiría portar armas y que trabajarían con las Fuerzas Militares colombianas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue autorizada para regular y supervisar los varios servicios de seguridad que estableció el Decreto 356. El 27 de abril de 1995, la Superintendencia expidió una resolución que establecía que los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se denominarían «Convivir». En una resolución posterior, fechada el 22 de octubre de 1997, la Superintendencia determinó que no se debería usar más el nombre Convivir. La Comisión hace notar que continuará refiriéndose a dichos servicios como Convivir, pues este es el término que el público y estos mismos grupos usan. La Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 356, y de las Convivir, el 14 de febrero de 1997. El 7 de noviembre de este mismo año, la Corte decidió a favor de la constitucionalidad del Decreto 356 y de las Convivir. La Corte, sin embargo, le puso ciertas restricciones a la funcionalidad de las Convivir y declaró inconstitucional la provisión que permitía a estos grupos cargar armas de porte restringido. Miembros de las Convivir pueden entonces portar solamente armas de uso personal y no les está permitido el uso de armas de porte restringido o de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Después de la declaratoria de constitucionalidad, el Gobierno expidió varios decretos en relación con la operación y creación de las Convivir. Entre estos, el Gobierno estableció que no autorizaría la creación de nuevas Convivir en zonas de conflicto, además de requerir el análisis de los antecedentes judiciales de las personas que deseen ingresar a cualquiera de las Convivir. Por último, el Gobierno requeriría de cada Convivir la clara delimitación del área en la cual pretende operar (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 107).

Es de anotar, que la ofensiva paramilitar en Antioquia durante esta primera etapa se centró contra la población civil y no contra los grupos guerrilleros, en términos esenciales se abonó el camino para lo que sería la ofensiva de 1997. Los desplazamientos comenzaron a ser comunes en todo el país productos de las diferentes incursiones paramilitares y de las Convivir. A propósito de ello la Comisión Interamericana manifiesta que «Fuentes vinculadas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan esencialmente con desplazados consideran que si bien los desplazamientos en las regiones del norte han aumentado, el año 1997 también fue un año clave en cuanto a la aparición de nuevas tendencias de desplazamiento en la región suroriental. Estas poblaciones habrían sido víctimas de masacres y amenazas tras su participación en marchas campesinas durante el paro cocalero de 1996 y de acciones de retaliación tras la retención de soldados por las Farc-EP en Las Delicias, Putumayo, en las acciones de “recuperación de zonas» iniciadas por grupos paramilitares. La Red Nacional de Información, organismo dependiente de la Consejería Presidencial para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia del Gobierno, publicó en agosto de 1997:

«El Primer informe consolidado sobre volumen y distribución geográfica de la población desplazada durante los años 1996 hasta junio de 1997». Dicho informe, que no incluye a todos los municipios ni tampoco a las capitales de departamentos.

Por último, la tercera zona de la ofensiva paramilitar durante estos años, fue la expansión que se dio entre el sur de Córdoba y el norte del Chocó, es decir, el nudo de Paramillo y el Urabá chocoano y antioqueño. De hecho, el modelo paramilitar del Magdalena Medio fue exportado y perfeccionado en esta región del Urabá y, más tarde, este sería el modelo exportado a los Llanos Orientales.

En febrero de 1997, la Fuerza Aérea Colombiana junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército dio inicio a la «Operación Génesis», con el fin de atacar al frente 57 de las Farc-EP que hacía presencia en la zona. Según testimonios de los pobladores de la región, en este operativo fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente quince mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias incluso llegaron hasta Cartagena (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2002, p. 4).

Sin embargo, esta primera expansión paramilitar no sería, ni siquiera, la sombra de aquello que ocurrió durante la segunda ola de expansión en 1997. Tanto en Antioquia como en Bolívar, y en general en las zonas donde el paramilitarismo se expandió en 1997, coincidían en ser regiones de alta riqueza extractiva y productiva. En la región del bajo Cauca antioqueño los grupos paramilitares comenzaron a emerger desde 1995. Más tarde se aliarían con las AUC y en especial con el Bloque Metro. Los dueños de las diferentes minas, primero crearon grupos privados de seguridad que según ellos les servían para enfrentarse a los grupos guerrilleros que ejercían bastante presión en la zona, y además garantizaban el control poblacional sobre los mineros, evitando que estos se organizaran (Verdad Abierta, 2009b).

Los grupos paramilitares agrupados en las AUC iniciaron una fuerte ofensiva militar en siete regiones del país en 1997 y la ofensiva se extendió hasta principios del año 2000. El 18 de abril de 1997 nacieron las AUC, para ese momento hacían parte de la organización: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU; las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto Boyacá. Un año más tarde se unirían las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, las Autodefensas del Casanare y las Autodefensas de Cundinamarca. El siguiente diagrama muestra la composición de las AUC para finales de 1998.

Mientras el país se dedicaba a entender el escándalo del Proceso 8000 y más tarde la Zona de Distensión con las Farc-EP, en Antioquia y Córdoba se gestaba el más grande laboratorio de guerra de grupos paramilitares.

Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Farc-EP, la presencia territorial de las autodefensas experimentó un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinaron a 40 personas e incineraron alrededor de 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada (Verdad Abierta, 2008).

Composición de las AUC (1998)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2009.

El mapa 25 muestra la presencia paramilitar para 1999, cuando se acababa de instalar la Zona de Distensión. Entre 1997 y 1999 hay más de 100 municipios de diferencia.

Algo que llama la atención es que los paramilitares no desataron su ofensiva en combates con las guerrillas, más bien fue contra la población civil y sectores sociales que los paras consideraban como cercanos a las guerrillas. Por ello la cantidad de masacres y asesinatos.

En todo caso los grupos paramilitares tenían tres formas de actuar. Las masacres, los desplazamientos y asesinatos selectivos. Estos fueron sus repertorios de violencia más comunes. Además, la presencia paramilitar se hizo fuerte allí donde existía algún tipo de renta pública o privada. De ahí que los territorios mineros, petroleros y ganaderos fueron los focos de su desarrollo.

Mapa 25. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en 1999

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

En Antioquia las AUC con las AUCC no entraron directamente a combatir a la guerrilla, aunque lo hicieron en mayor medida que en el resto del país. Particularmente se dedicaron al castigo sistemático de la población civil. En la tabla 10, realizada por el IPC, se muestra cómo existe un incremento en más de un 100 % de las muertes de civiles adjudicadas a los grupos paramilitares. Para el caso de los grupos guerrilleros el incremento es igualmente sustancial, aunque en número se mantiene por debajo de los asesinatos adjudicables a los grupos paramilitares.

Tabla 10. Presuntos responsables de los muertos civiles (1996 - 1997 )

Fuente: Dinámicas que caracterizan el conflicto político armado en Antioquia, (p. 8), por Instituto Popular de Capacitación IPC, 1999. Medellín: IPC.

Es de aclarar que en Antioquia igualmente las ACCU escogieron diferentes zonas para la penetración militar. Por un lado, en el nudo de Paramillo se dio la ofensiva más grande, así mismo se dio una nueva ofensiva en el Urabá, que complementaba la que se había realizado en 1995.

En efecto, con ocasión de la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, a los ejes bananero y ganadero de Urabá en 1995 y 1996, estas estructuras intentaron debilitar a las Farc-EP en las zonas montañosas del sur de Córdoba así como en algunos municipios de Antioquia, entre los que se tiene a Ituango, Peque y Dabeiba. La presión fue especialmente intensa en 1997 en el nudo de Paramillo, afectando a la población civil, pero desde 1998 las Farc-EP desataron una contraofensiva contra las ACCU, principalmente en Tierralta, y en 1999 se produjo una intensa confrontación entre estas dos organizaciones en Dabeiba, Puerto Libertador y Montelíbano. En la actualidad (2000-2001) se puede concebir el Paramillo como una zona de frontera en la que las ACCU y las Farc-EP pugnan no solamente para expandir su radio de acción sino que luchan para evitar perder espacios a costa de la contraparte. Hablando concretamente de los municipios que tienen jurisdicción en el Paramillo, las Farc-EP son fuertes y predominantes en Dabeiba, Peque e Ituango, en el departamento de Antioquia, así como en la parte montañosa de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, en el departamento de Córdoba. La presencia del ELN es marginal y en todo caso no tiene el predominio en ninguno de los municipios estudiados (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2002c, p. 3).

Por último, en el occidente antiqueño, las ACCU basándose en grupos pequeños de paramilitares que aglutinaron en 1994, desplegaron una fuerte ofensiva que tenía como objetivo preservar la influencia del narcotráfico en la zona.

(De hecho) a partir de los años ochenta, el narcotráfico irrumpió en toda la zona norte y con especial énfasis en Dabeiba, Frontino y Peque, mediante la inversión en la adquisición de grandes predios rurales. Paralelamente al proceso de ampliación del dominio territorial del narcotráfico, crecieron los cultivos de coca. Así mismo, las propiedades del narcotráfico se incrementaron en otros escenarios, tales como el municipio de Heliconia, donde la familia Ochoa realizó importantes inversiones en tierras. En 1998, se comenzó a rumorar que don Berna y miembros del Cartel de Envigado habían adquirido tierras, para lo cual recurrieron a grupos armados para neutralizar la acción de la guerrilla en la zona (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006b, p. 14).

Incluso, en el sur del occidente antioqueño, la situación fue bastante similar, donde

(…) también resulta clara la influencia de sectores locales en la conformación de grupos anteriores a la aparición de las ACCU. Durante la primera mitad de la década del noventa, la presencia de grupos de autodefensa se manifiesta en municipios como Andes, Jardín, Caramanta, Venecia y Urrao, a través de la amenaza, la desaparición forzada de personas y el asesinato de campesinos, líderes cívicos e indígenas, acusados de pertenecer o simpatizar con la subversión. Corroborando lo anterior, la primera cumbre de las autodefensas celebrada en 1994, da cuenta de la presencia de estructuras armadas bajo denominaciones muy variadas en Betania (Los Racumines), en Andes, Támesis, Caramanta y Valparaíso (La Escopeta), en Jardín (Jardín sin guerrilla) y en Angelópolis, Hispania, Concordia y Titiribí, (Autodefensas del pueblo). A partir de 1994, estos grupos locales reciben el apoyo de las ACCU, con lo cual lograron ampliar su radio de acción (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006b, p. 11).

Antioquia durante años ostentó el título del departamento con mayor número de masacres (…) en consecuencia, de un total de 193 masacres en 1997, Antioquia registró 75 masacres, seguido por 19 en el Cesar, 15 en Magdalena y 13 en Bolívar. En 1996 hubo en Antioquia 55 masacres, de las cuales 25 fueron en Urabá y ocho en el occidente del departamento (Angarita, 1998, pp. 179-180).

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las masacres del Aro e Ituango es reveladora respecto de las circunstancias de connivencia e impunidad que reinaron en esta época en Antioquia:

En su demanda, la Comisión se refirió a los hechos ocurridos en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, Colombia. La Comisión alegó que la ‘responsabilidad del […] Estado […] se deriva[ba] de los [presuntos] actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública apostados en el municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que [presuntamente] perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese municipio asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento’. Asimismo, la Comisión señaló que ‘transcurridos más de ocho años desde la incursión en el corregimiento de La Granja y más de seis años desde la incursión armada en el corregimiento de El Aro, el Estado colombiano no había cumplido a[ú]n en forma sustancial con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y reparar adecuadamente a las [presuntas] víctimas y sus familiares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, p. 2).

Durante esta expansión militar en Antioquia, se echaron las bases de lo que sería el Bloque Minero, el Bloque Calima y el Bloque Metro, este último más tarde sería subsumido por el Bloque Cacique Nutibara al mando de don Berna en la cruenta guerra entre el año 2001 y 2002. Sin embargo, fueron dos estructuras las que permitieron el gran avance de las ACCU en todo el noroccidente del país. Por un lado, el Bloque Suroeste que operó en esta región del departamento de Antioquia y permitió la expansión de las ACCU, esta zona se convirtió en una de las zonas seguras del paramilitarismo. El Bloque Suroeste comenzó a conformarse desde la década del ochenta, pero aparecería para 1995 como una estructura de las ACCU. La otra estructura que permitió la expansión fue el Bloque Sinú y San Jorge ubicado en Córdoba.

Uno de los rasgos característicos, en todo el país, fue la baja operatividad militar de la fuerza pública para con estas estructuras, la siguiente tabla muestra dicha relación por actor armado ilegal. Como se observa a pesar de la fuerte confrontación, el aumento del homicidio, las masacres y el desplazamiento que provocó la expansión paramilitar la persecución de la fuerza pública fue bastante baja.

Tabla 11. Combates entre actores armados (1996 - 1997)

Fuente: Dinámicas que caracterizan el conflicto político armado en Antioquia, (p. 6), por Instituto Popular de Capacitación IPC, 1999. Medellín: IPC.

Los municipios del bajo Cauca antioqueño, norte de Antioquia, occidente antioqueño y algunos municipios del suroeste, desde 1997 comenzaron a aumentar el número y tasa de homicidios. Incluso, en los municipios de presencia guerrillera donde la tasa de homicidio era baja, debido a cierto control histórico, estos comenzaron a aumentar con la penetración paramilitar, casi todos ellos con una tasa baja pero empeorando en el aumento de los homicidios. San Carlos e Ituango hacen parte de dicha expansión.

A la vez, los municipios del Urabá antioqueño comenzaron a descender en la tasa de homicidio, luego de la violenta guerra que se había vivido los años anteriores. Aunque, aún faltaba bastante violencia por ocurrir en esta región del país. Es decir, para el año 2000 y 2001 la expansión paramilitar se había detenido; ya comenzaba el proceso de consolidación.

(Para el año 2000 se pensó que) el enorme poderío con que contaban las ACCU en 1996 las llevó a considerar la posibilidad de aniquilar al bloque José María Córdoba de las Farc-EP, ampliando los escenarios de disputa y apoyándose en nuevos aliados, tales como el frente Pedro León Arboleda, una disidencia del EPL, que operó en Frontino, principalmente entre los años 1993 y 1996. A través de esta disidencia, a la que se sumó un antiguo cabecilla del EPL, Conrado Pérez, se logró establecer el Bloque Noroccidente de las AUC. Desde sus inicios, la estructura abarcó los municipios de Uramita, Giraldo, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí, y luego se fue extendiendo hacia Urrao. Cabe recalcar que esta zona se había constituido para la guerrilla en un corredor natural entre el occidente antioqueño y Panamá, conocido como el corredor de Frontino, el cual abarca los poblados y las zonas de Murrí y Nutibara. En razón a su importancia estratégica, en este escenario acaecieron numerosas masacres entre 1996 y 1997, las cuales coincidieron con la expansión de las Autodefensas sobre Dabeiba, Ituango, Peque y Urrao, en desarrollo de una acción envolvente (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006b, p. 11).

El mapa 26 muestra la presencia de las AUC para el año 2000, cuando ya la segunda expansión paramilitar había terminado.

Como se venía presentando hubo un aumento de la presencia paramilitar de más de 100 municipios entre 1999 y el año 2000.

La segunda zona en ser objeto de la ofensiva paramilitar fue la costa Atlántica. Allí el Bloque Norte ya mantenía fuertes grupos de presión, pero aún faltaba organización para considerarse como frentes. Años después se formarían los frentes en esta misma zona.

Composición de la estructura del Bloque Norte (1999)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Corporación Nuevo Arco Iris, información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2009.

Mapa 26. Presencia paramilitar en Colombia a nivel municipal en el 2000

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

El diagrama anterior muestra la composición de esta estructura para 1999.

Tal vez en esta estructura es donde más se nota el crecimiento de las AUC en este periodo. El mapa 27 muestra los municipios con presencia del Bloque Norte para 1997 cuando apenas comenzaba la segunda expansión paramilitar.

Ahora bien, el mapa 28 muestra la presencia de esta misma estructura para el año 2001, momento en el que estaba terminando la ofensiva en esta región del país.

Ahora bien, debe decirse que los paramilitares también secuestraron políticos, los asesinaron, pero hubo prácticas que caracterizaron los diferentes GAI. A continuación se hará un resumen de cómo los medios de comunicación cubrieron esta oleada de violencia descrita anteriormente.

«El año 2000 arrancó con la violencia política selectiva: Víctor Senén González, del Partido Liberal, fue asesinado ayer por presuntos miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Los familiares dijeron que Senén no había recibido amenazas de muerte.» (Redacción El Tiempo, 2000). "También por esas fechas, era tal el dominio paramilitar, que la casa Castaño movilizó 1.000 paramilitares a principios del año 2000 al sur de Bolívar, para evitar un posible despeje en esa zona, ante los rumores de una posible negociación con el ELN.

El presidente de la Asociación de Municipios de Bolívar, Loer Díaz Díaz, denunció que por lo menos 1.000 hombres de las autodefensas de Carlos Castaño han llegado al sur del departamento para evitar un posible despeje militar de varios municipios para la realización de la convención nacional con el ELN." (Redacción El Tiempo, 2000).

Mapa 27. Área de injerencia de las AUC (1997)

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

Mapa 28. Área de injerencia de las AUC (2001)

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, 2016.

Igualmente, en el mes de enero del 2000 los paramilitares asesinaron una veintena de personas en Antioquia en dos incursiones armadas. La prensa de la época manifestó que: «En Yarumal, norte de Antioquia, todavía no terminan las novenas por los 16 muertos de la masacre paramilitar del pasado martes y ya el grupo armado volvió a incursionar en otro pueblo de esa región del departamento… El nuevo ataque se presentó en las veredas El Caney, Salamina y Remolino, del corregimiento San Pablo, en el municipio de Santa Rosa de Osos. Hasta allí llegaron los hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la madrugada de ayer, y ordenaron salir de sus casas a Libardo Ruiz, tendero de El Caney, Ernesto Gómez, Lisandro Álvarez, Lubín Ríos, Fabio Castaño y a Diego Gaviria. Al igual que lo ocurrido en Yarumal, los hombres de las autodefensas preguntaron por los comerciantes de las veredas y le anunciaron al resto de los pobladores la orden de no volver a llevar víveres, tanto para consumo, como para la venta (Redacción El Tiempo, 2000). Horas después se presentó una nueva masacre en Tibú, Norte de Santander. Y ese mismo día, el 24 de enero del 2000, los paramilitares masacraron 7 personas, pero esta vez en Barrancabermeja (De la Redacción Nacional, 2000). Horas después se presentó una nueva masacre en el Cesar. Los hechos quedaron registrados así: “El manto de la muerte se posó ayer sobre el corregimiento de Santa Cecilia, jurisdicción de Astrea, norte del Cesar. Presuntos integrantes de las autodefensas llegaron a las tres de la tarde a la población y con lista en mano seleccionaron a 11 personas y luego las asesinaron. Las víctimas respondían a los nombres de Néstor Ortega, inspector de la localidad; su hijo Néstor, Ulises Coronado y su primogénito Ulises, el profesor Darwin Salcedo, su esposa Rosa Elvira, Humberto Marín y su hija Luz Aída, Luis Lafaurie Peñalosa y otras dos personas que hasta anoche no habían sido identificadas.» (Redacción El Tiempo, 2000).

En el mes de febrero le tocó al turno al departamento de Magdalena, allí fueron asesinados 7 pescadores: «Siete pescadores muertos, tres personas secuestradas y posteriormente liberadas, el hurto de varios motores fuera de borda, y la orden de desocupar la población en las 24 horas siguientes, dejó ayer una incursión paramilitar en el pueblo palafítico de Trojas de Aracataca, jurisdicción de Puebloviejo, en la ciénaga grande de Santa Marta, según reportó el Comando del Batallón Córdova.» (Redacción El Tiempo, 2000). Horas más tarde el turno fue para un corregimiento de Tierra Alta, Córdoba, donde fueron asesinados 5 campesinos: «Cinco personas fueron asesinadas en dos veredas del corregimiento de Batatas, jurisdicción de Tierralta, en Córdoba, por presuntos paramilitares que incursionaron el fin de semana en este corregimiento del sur del departamento, en límites con Antioquia. Ramiro Miguel Pastrana Hernández y Ubaldo Martínez, fueron muertos en la vereda Sierpes, mientras que Abel Martínez, Antonio Martínez y Wilson Olaya, en la vereda El Gurullo, en jurisdicción del corregimiento de Batata, municipio de Tierralta.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Horas después, 20 campesinos fueron asesinados y arrojados al río Magdalena, los medios reportaron el hecho de forma detallada: «Por lo menos 20 campesinos del municipio de Remolino (Magdalena), donde en días pasados se registró una incursión paramilitar, habrían sido asesinados y arrojados al río Magdalena.» (Redacción El Tiempo, 2000). Días más tarde le tocó a Yondó, Antioquia, allí fueron asesinados 8 campesinos, exactamente el 5 de marzo del año 2000.

Ante esta violencia indiscriminada, los medios de comunicación comenzaron a hacer reportajes sobre el modus operandi: rodeaban un caserío o pueblo, ubicaban personas que habían identificado previamente, reunían a la comunidad y los amenazaban y luego procedían a matar un grupo determinado de pobladores. La prensa lo describía de la siguiente forma:

"Eran las 4 y 30 de la tarde del viernes 11 de febrero cuando llegaron a Cataca varias embarcaciones repletas de hombres con rifles. Vestían uniformes camuflados y sin distintivos. Se identificaron como miembros de las autodefensas, se repartieron por el pueblo y sacaron a la gente de sus casas, obligando a todos los hombres a apiñarse en el interior de la iglesia aseguró Manuela Manjarrés, un ama de casa que huyó de Cataca el fin de semana pasado, con sus dos hijos pequeños. A algunos hombres los separaban de los demás, les ataban las manos a la espalda y se los llevaban en dirección a la inspección del corregimiento. No tenían una lista con nombres ni nada de eso, miraban a todos a la cara y al que no les gustaba, se lo llevaban, aseguró Luis Pacheco, de 53 años. Antes de que lo encerraran con otros 200 hombres, Luis pudo ver cómo ataban a su hermano menor, Pedro Pacheco Camargo, y a su sobrino, Arturo Pacheco Niebles (hijo de Pedro). Fue la última vez que les vio con vida. Cuando las puertas de la iglesia estuvieron cerradas, se escucharon los gritos de uno de los uniformados que pedía gasolina, para quemar el templo. Vamos a matar a todos estos h. p. por ser amigos de la guerrilla, decían los agresores, pero no cumplieron esta amenaza. Unos minutos después comenzaron los tiros en la inspección. Allí fueron fusilados siete pescadores de este humilde corregimiento de las orillas de la Ciénaga Grande, al que todos los pescadores y campesinos de la región llaman Cataca o Trojas de

Cataca, aunque en los mapas figura como Bocas de Aracataca. Esto ocurrió en el mes de febrero del año 2000".

A finales de ese mes, se presentó el típico comportamiento de campo arrasado, pero esta vez en El Tarra, Norte de Santander; así se reportó: “El viernes, unos 400 hombres del grupo Dragones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incendiaron más de diez casas y saquearon otro tanto, partiendo hacia la zona rural de El Tarra. El domingo, unos 200 hombres del Ejército llegaron con el fin de patrullar el área para brindar seguridad a este poblado, que fue desocupado por sus habitantes desde enero, cuando 116 familias huyeron del caserío. Los pobladores dejaron la zona luego de unas 26 masacres cometidas por las autodefensas, que a su paso anunciaban la llegada al Filo. En diciembre de 1999, los paramilitares asesinaron a cuatro personas en la vereda Las Lajas, Tibú, y volvieron a sentenciar a este pueblo, distante de El Tarra, una hora. Ayer, las cenizas de las ocho casas destruidas completamente y las otras 16 afectadas de forma parcial, avivaron el miedo de los pocos habitantes que regresaron para llevarse lo poco que se salvó. Los comentarios eran que los paramilitares llegaban aquí y que iban a acabar con lo que vieran, que todos éramos guerrilleros, comentó Rosa León que, con su esposo y seis hijos menores, conforman la única familia capaz de quedarse a pesar de las amenazas. Pese a que por casi dos décadas el ELN se enseñoreó en estas tierras del Catatumbo, la única resistencia que se opuso el viernes pasado a la devastación fue una tenue lluvia al final de la tarde (López, 2000).

Un tercer ejemplo, fue lo ocurrido en Peque, Antioquia, allí los paras impedían el ingreso de alimentos y solo autorizaban a unos campesinos a comprar un mercado por familia: “Día por medio, una volqueta oficial sale de Peque, un municipio pobre y perdido en las estribaciones de la cordillera occidental, con 30 campesinos que van al pueblo más próximo a comprar alimentos. El viaje dura un día y cada uno de los ocupantes del vehículo solo puede hacer un mercado para su familia. Para aliviar un poco lo que pasa en su población, al secretario de Gobierno de Peque, Carlos Bolívar, se le ocurrió la idea de la volqueta, y contó para ello con la autorización de las mismas Autodefensas de Carlos Castaño, que tienen sitiado el pueblo desde hace cuatro meses con el argumento de evitar el ingreso de alimentos para la guerrilla (García, 2000).

Todo esto pasaba en las narices de la fuerza pública, con su complacencia. Fue tal su control que llegaron a montar una especie de peaje donde controlaban el trasporte público. En los Montes de María o en El Tambo, Cauca, todos los trasportadores debían ser requisados en el mismo punto. En El Tambo se hacía en la zona del pedregal a 15 minutos de la cabecera y al lado del batallón del Ejército. De ese nivel era la complacencia institucional.

A medida que esta situación se conocía a nivel nacional. Los paramilitares optaron por silenciar las voces críticas: asesinaron, secuestraron y amenazaron a periodistas, analistas y políticos. En el periodo de estudio, uno de los casos más dramáticos fue el secuestro y tortura de Yineth Bedoya Lima, en el año 2000. Por esas mismas fechas 5 periodistas fueron amenazados y una salió del país. También, como parte de su estrategia de expansión, el paso que siguió fue la destrucción del movimiento estudiantil y la cooptación de las universidades regionales. La idea era utilizar las universidades para el desvío de recursos públicos y acallar las protestas estudiantiles. La prensa reportaba la situación de la siguiente forma:

El 23 de mayo, Marlin María de la Ossa, estudiante de la Universidad de Córdoba, fue asesinada antes de llegar a su casa. Su nombre se encontraba en una lista divulgada por las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), que anunciaron el 18 de abril ante una comisión humanitaria que intervendrían directamente el centro educativo. El asesinato de Marlin, quien tenía cuatro meses de embarazo, se suma al de los estudiantes de la misma universidad: Sheila Olascoaga (17 de mayo); Eduardo Enrique Hernán (31 de marzo); Pedro Manotas (17 de marzo); y al del profesor Antonio Pérez (23 de marzo), quien aparecía en otra lista de las ACCU. Además de estas acciones también está el secuestro del rector de la Universidad Eduardo González, por parte del mismo grupo, plagio que duró un día (1 de mayo) (Unidad de Paz, 2000).

Para mediados del año 2000, la Defensoría del Pueblo emitió un informe que decía lo siguiente: «La Defensoría del Pueblo entregó su balance de masacres en los últimos seis meses. Hay un promedio de seis muertos y más de una masacre cada día. En los últimos seis meses ha habido más de una masacre diaria. Y de la última década, este año es el de mayor número de matanzas. En este semestre se cometieron 235 masacres, el mismo número que en todo 1998 y más de la mitad del año pasado, según el último informe de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo informó también que el mayor número de masacres de este año se presentaron en Antioquia, donde en 73 matanzas fueron asesinadas 300 personas. Y le siguen el Valle del Cauca, con 28 matanzas y 120 muertos en ellas. Continúan los departamentos de Cesar (20), Bolívar (13), Magdalena (12) y Santander (con 10 casos). Autores de masacres: este año, según la Defensoría, los paramilitares son los responsables del mayor número de matanzas (93), con 512 personas asesinadas. Y les sigue la guerrilla que perpetró 31 masacres, dejando 120 muertos.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Fue tanta la barbarie paramilitar, que en septiembre del año 2000 los paramilitares incendiaron más de 75 casas en cinco veredas de Ituango, Antioquia. La prensa informó que: «Entre 70 y 100 casas, de cinco veredas del municipio de Ituango, norte de Antioquia, fueron quemadas en una incursión de un grupo de autodefensas, según denunció el alcalde de la población, Jaime Montoya Londoño. El violento ataque ocurrió durante la noche del pasado jueves y la madrugada de ayer en el sector conocido como cañón de San Pablo-Riosucio que comprende las veredas San Pablo, La Flecha, La Canturrona, La Esmeralda y Maritú. Los pobladores de estos lugares, cerca de 800 personas, fueron obligados a abandonar las tierras y desplazarse hacia el casco urbano de la localidad. Ayer en la tarde, eran esperadas las primeras familias.» (Redacción El Tiempo, 2000).

Los paramilitares se sentían tan amos y señores, que desde el año 2000 comenzaron a dar entrevistas en las cuales manifestaban que los financiaban ganaderos y políticos. Un reportaje de El Tiempo decía que:

Hace unos días, el jefe paramilitar del Magdalena Medio, Ramón Isaza, comentó que la financiación de los grupos de autodefensa se hacía con la venta de empanadas y rifas. Luis Eduardo Cifuentes, el Águila, comandante paramilitar, habló con el semanario Cundinamarca acerca de dónde proceden los dineros… ¿Cómo se financian las autodefensas de Cundinamarca? Recibimos recursos de los ganaderos y comerciantes de las zonas donde hacemos presencia. También, nosotros mismos nos financiamos con el producto de nuestras fincas y no necesitamos que venga plata de otro lado (Redacción El Tiempo, 2000). Toda la avanzada paramilitar fue un río de sangre, que el país no vio por el sofisma de la Zona de Distensión.

LA DERROTA ESTRATÉGICA DEL ELN

El último grupo armado ilegal a analizar, sobre la intensidad del conflicto y su territorialidad, es el ELN. Para este periodo, el ELN no había desatado una ofensiva, pero se dedicó a consolidar zonas de presencia histórica, o al menos esa era su intención. Al final sufriría una derrota estratégica increíble, al perder sus zonas históricas.

Sin embargo, como se vio antes, la ofensiva paramilitar debilitó y echó al traste los objetivos militares del ELN. En gran parte de estas zonas fue donde los grupos paramilitares realizaron su incursión. El ELN se fortaleció en los territorios de explotación minera y petrolera que se caracterizaron por algún grado de cualificación política de estas comunidades, incluso, las comunidades campesinas en las cuales el ELN ejercía influencia mantenían algún tipo de organización social estable, por encima de aquellas de colonización del suroriente del país.

(Si bien) no hay pruebas que apoyen la opinión de que si no fuera por agitadores del exterior el campesinado estaría tranquilo. Por el contrario los campesinos se levantan en armas para corregir males; pero las injusticias contra las que se revelan son, a su vez, manifestaciones locales de grandes perturbaciones sociales. De este modo la rebelión se convierte con facilidad en revolución y movimientos de masas transforman la estructura social como un todo (Wolf, 1972, p. 409).

Para mediados de la década del noventa y hasta los primeros años del nuevo milenio, el ELN pasó de operar en centenares de municipios a concentrase en algunas zonas del país. El ELN mantenía cuatro zonas donde ejercía una fuerte influencia. La primera era Arauca, donde el ELN aglutinó un importante crecimiento alrededor de la explotación petrolera.

(Allí) el Frente de Guerra Nororiental logró un enorme crecimiento en los años 80 y sobre todo en los 90. La consolidación de los frentes Camilo Torres y Domingo Laín permitió la creación de otros frentes alrededor del oleoducto Caño Limón-Coveñas, bajo la tutoría del Laín, al tiempo que en el sur del Cesar el ELN se fortalecía a partir del trabajo de masas. La obtención de finanzas a partir de la construcción de oleoductos fue determinante en la conformación, entre 1985 y 1989, del Frente Efraín Pabón Pabón (sur de Norte de Santander y norte de Boyacá), que más tarde estuvo a cargo de afirmar el llamado Corredor ABC[7]; también el petróleo estuvo en el origen del Frente Armando Cacua Guerrero (región del Catatumbo), que terminaría de concretar la presencia del ELN alrededor del oleoducto en Norte de Santander. Producto de un desdoblamiento del Laín surgieron los frentes Capitán Parmenio y José David Suárez (límites de Casanare y Boyacá), y la denominada Regional Diego Cristóbal Uribe (que rodeaban Barrancabermeja y Bucaramanga), más dedicada a las funciones de una estructura urbana.

Entre 1989 y 1991 surgieron los frentes Manuel Gustavo Chacón (área de Barrancabermeja y sur del Cesar), Claudia Isabel Escobar Jerez (Norte de Santander en límites con Cesar y Santander) y Adonaí Ardila Pinilla (límites de Boyacá y Santander). Entre 1992 y 1995 surgieron cuatro nuevos frentes: el Juan Fernando Porras (sur de Norte de Santander), el Resistencia Yariguíes (zona urbana de Barrancabermeja) y el Guillermo Vásquez (serranía de los Yariguíes con prolongación hacia Boyacá). De este Frente de Guerra se originó en 1987 la denominada Compañía Simacota, una estructura móvil que reforzaba la actividad militar de los frentes existentes y que debía servir de base para constituirse en una fuerza militar de mayor peso, dentro de la idea de crear los llamados pelotones y batallones. Por último, en esta región histórica del ELN se crearon unidades denominadas Tropas Especiales con la Compañía T. E. Elacio Barón, igualmente derivada del Laín (A. Ávila-Martínez & Celis, 2008, p. 27).

Para 1995 su influencia era estable y sin señales de debilitamiento en Arauca, aunque en las demás zonas como en Santander y Cesar la situación se encontraba en franco declive, debido al crecimiento de las Farc-EP y sobre todo a la expansión paramilitar. Ya para el año 2000, el ELN había perdido el Magdalena Medio, varias de sus estructuras habían desaparecido y las que sobrevivieron se concentraron en tres subzonas. En Arauca, el Domingo Laín agrupó siete estructuras, donde resistieron y vencieron a los grupos paramilitares. El Bloque Vencedores de Arauca de las AUC fue derrotado sistemáticamente por el ELN. A cambio, el ELN perdió el corredor del ABC, el sur de Santander y casi el 90 % de las tropas en Casanare.

Un caso particular fue Barrancabermeja que vivió tres ofensivas paramilitares. La primera de ellas en 1996.

En la segunda mitad de los años 1990, las condiciones para apoderarse del puerto petrolero ya estaban dadas. La mayoría de los municipios del entorno de Barrancabermeja estaba, sobre todo en lo que se refiere a las zonas planas, en manos de organizaciones de autodefensas y la influencia de los frentes rurales de las guerrillas era cada vez menor. Aprovechando esas condiciones, las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, protagonizaron a partir de 1998 una ofensiva sin precedentes en el puerto petrolero, que a diferencia de los años anteriores, en los que se buscaba golpear apoyos de las guerrillas y dirigentes populares y sindicales, tenía como propósito disputarles a estas el control de una buena cantidad de los barrios populares. En efecto, como lo veremos más adelante, en 1998 se inició una ofensiva que tuvo como escenario los principales barrios y que tuvo su punto más álgido en el primer trimestre de 2001 (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001a, p. 7).

La segunda zona en que el ELN mantuvo una fortaleza importante era el departamento de Antioquia. Allí, para mediados de los noventa, hacían presencia 7 estructuras permanentes y dos más de asistencia.

El Frente de Guerra Noroccidental se componía del Frente José Antonio Galán, formado en 1985 (Magdalena Medio antioqueño y bajo Cauca antioqueño). Este generó otras cuatro estructuras que tuvieron como centro de operaciones la región aurífera del mismo departamento, así como Medellín, aunque su presencia urbana fue marginal durante el periodo. El José Antonio Galán nació en 1975 y se asentó en torno a las economías del oro y el petróleo, mientras la Regional Urbana Luis Fernando Giraldo Builes se consolidó en Medellín entre 1983 y 1987. Se les sumaron en 1986 los frentes Carlos Alirio Buitrago (Magdalena Medio) y en 1988 el Compañero Tomás (nororiente antioqueño), este último duramente golpeado durante la avanzada paramilitar un decenio después. En 1987 nacieron los frentes Che Guevara (suroriente de Antioquia en límites con Chocó) y Hernán Jaramillo (suroccidente del Chocó); entre 1989 y 1991 se conformaron los frentes María Cano y Bernardo López Arroyabe (Magdalena Medio antioqueño); a partir de 1992 hicieron su aparición los frentes Héroes y Mártires de Anorí –este último existía como Comisión desde 1990– y el Capitán Mauricio (nororiente de Antioquia). Este Frente de Guerra desarrolló varias compañías móviles, entre ellas las denominadas Anorí, Cimarrón, Mariscal Sucre, José María Córdoba y Rómulo Carbalo, esta última derivada del Capitán Mauricio. Todas apoyaron militarmente las zonas auríferas, el nororiente y el occidente antioqueño. Además, eran el paso para consolidarse como Área. Más tarde, hacia 1998, se estableció el Frente Jorge Eliécer Gaitán en el bajo Cauca (A. Ávila-Martínez & Celis, 2008, p. 30).

Sin embargo, la ofensiva paramilitar aniquiló, entre 1999 y el año 2002, el 80 % de las estructuras del ELN, como lo veremos más adelante. Una de las zonas fuertes de este frente de guerra fue el nordeste y el bajo Cauca.

La primera organización guerrillera que actuó en la zona es el ELN hacia finales de los años sesenta, a través del frente Camilo Torres, al que se le encomienda no solo esta área sino el territorio contiguo del nordeste antioqueño, ambas zonas productoras de oro y por tanto de las preferencias de esta organización, dedicada a hacer presencia en todos los centros mineros del país. Más tarde, su presencia armada se amplió a través de los frentes José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás y la Compañía Anorí (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006a, p. 8).

Algunas estructuras se concentraron en la parte alta de la zona del bajo Cauca antioqueño y norte de Antioquia y comenzaron un proceso de resistencia pasiva. Otras estructuras se replegaron hacia el Chocó, donde años más tarde construirían sus estructuras más poderosas militarmente, pero perdieron toda la zona del sur de Córdoba. Otras pocas se fueron al sur de Bolívar donde resistirían hasta el año 2014.

La tercera zona en la que el ELN mantenía cierta fortaleza era el suroccidente colombiano, allí nunca fue fuerte, pero mantenía una importante presencia en Nariño y parte del Cauca. De hecho, el crecimiento de las Farc-EP en la segunda mitad de la década del noventa significó el retroceso del ELN y no tanto la incursión paramilitar que fue tardía en estos territorios.

El Frente de Guerra Suroccidental, uno de los más jóvenes del ELN, y con profusión de compañías y columnas, opera en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Huila, aunque su presencia es casi inexistente en los dos últimos departamentos. La estructura se centró en las economías de extracción minera de Cauca y Nariño, además del área del Oleoducto Transandino (Putumayo y Nariño), y se mantiene en sectores urbanos de Cali, Popayán, Armenia, Pasto, Ibagué, Pereira, Manizales, y centros urbanos secundarios. El Suroccidental surgió con el Frente Manuel Vásquez Castaño (Bota Caucana), y de él se desdobló el Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez (norte del Valle del Cauca). En 1988 ya se habían conformado la Regional Urbana Omaira Montoya Henao –que a la postre consolidó estructuras en Cali, Popayán y Pasto– y el núcleo urbano Marta Elena Barón (Pereira, Armenia y Manizales). Comenzando los años 90 surgió en el Huila el Núcleo La Gaitana, y a partir de 1992 se crearon los frentes Bolcheviques del Líbano (norte del Tolima), Comuneros del Sur (Nariño), Benkos Biohó (sur del Chocó), el Frente Suburbano José María Becerra (con influencia en Cali), el Núcleo Urbano Gilberto Guarín (Ibagué) y el Frente Cacique Calarcá (Risaralda y Caldas, con prolongación hacia el Chocó). (A. Ávila-Martínez & Celis, 2008, p. 30).

En esta zona del país el ELN perdió el Valle del Cauca y la zona de los farallones de Cali. El secuestro en la iglesia La María el 30 de mayo de 1999, marcó el principio del fin del ELN. La ofensiva paramilitar del Bloque Calima, así como la presión de las Fuerzas Militares destruyeron el Frente José María Becerra.

La última zona de importante presencia era la zona centro y particularmente el Tolima. El Frente Bolcheviques del Líbano lograba aglutinar la presencia del ELN en el centro del país. Para el año 2000, existían otros dos frentes de guerra del ELN en el norte y centro del país. El Frente de Guerra Norte fue el primero en ser víctima de la expansión paramilitar de finales de los ochenta y principios de la década del noventa, además se vio fuertemente golpeado por el proceso de paz que inició una fracción de este grupo conocido como la Corriente de Renovación Socialista. Por otro lado, el Frente de Guerra Central nunca logró ser fuerte. Ya para 1995 se encontraban en franco declive.

El Frente de Guerra Norte, con eje urbano en la ciudad de Barranquilla, fue el tercero en importancia, pero el primero en ser desmantelado por la presión paramilitar. Hoy está reducido al Perijá y el sur de Bolívar. Abarcó los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, centro y norte del Cesar y Guajira. Aunque inicialmente los frentes surgidos en este Frente de Guerra se ubicaron sobre los tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas que no alcanzaba a cubrir el Frente Nororiental, no se presentó un gran número de acciones contra la infraestructura energética de esa región. En cambio, las minas de oro nutrieron los frentes del sur de Bolívar, mientras el carbón del Cerrejón, en La Guajira, financió el resto de frentes, que además se ubicaron sobre la línea férrea.

El Frente de Guerra Norte surgió en 1984 con el Frente José Solano Sepúlveda (Magdalena Medio a la altura del sur de Bolívar, incluida la serranía de San Lucas). Desde allí se expandió a la costa Caribe. En 1987 se conformó el Frente Seis de Diciembre (norte del Cesar hasta la Sierra Nevada), y en 1988 el José Manuel Martínez Quiroz (serranía del Perijá, en los límites de Cesar y Guajira, zona fronteriza con Venezuela). Más tarde se crearon el Jaime Bateman Cayón (límites de norte de Bolívar con Sucre) y el Astolfo González (en Córdoba). En la primera mitad de los años 90 iniciaron los frentes Héroes de Santa Rosa (sur de Bolívar) y el Francisco Javier Castaño (zona bananera del departamento del Magdalena), y posteriormente los frentes Compañero Ricardo (norte de Bolívar), Luis Fernando Vásquez Ariza (sur del mismo departamento), la Regional Kaled Gómez Pardo (Barranquilla y todo el Atlántico), el Manuel ‘el Boche’ Hernández (Urabá antioqueño y chocoano) –frente que más tarde sería eje del Frente de Guerra Occidental–, así como el Luciano Ariza (zona carbonífera de La Guajira). Se conformaron igualmente algunas compañías móviles, entre ellas la Simón Bolívar y la Mariscal Sucre, (sur de Bolívar), pero a la postre fracasaron (A. Ávila-Martínez & Celis, 2008).

Por su parte, el frente de guerra central solo logró cierta fortaleza en Boyacá. Lo cual, no fue un desarrollo propio de este frente de guerra, más bien fue la irradiación del Domingo Laín lo que permitió dicho desarrollo. Desde 1995 el crecimiento de las Farc-EP y, sobre todo, las incisiones paramilitares en zonas mineras y urbanas, donde mayor presencia tenía el ELN, impidió al grupo guerrillero desarrollar las Áreas militares y los Batallones.

En todo caso, las confrontaciones más altas se vivieron en el sur de Bolívar y en Santander, dos de los bastiones históricos del grupo guerrillero.

Según cifras de organizaciones sociales de la zona, entre 1997 y 2002, el grupo de ‘Julián Bolívar’ fue responsable de 556 homicidios en el sur de Bolívar, algunos de ellos en complicidad con miembros del Ejército. Según la Fiscalía, entre 1996 y 2005 más de 2.000 personas fueron asesinadas como consecuencia del conflicto armado. Fue tan cruel esta incursión, que el mismo Bolívar, en una de sus primeras versiones libres, reconoció que en Santa Rosa del Sur, Bolívar, las AUC compraron 685 ataúdes entre 1999 y 2005 para sepultar a sus combatientes (Jefes victimarios de las AUC, 2009).

Por otro lado, el gráfico 16 permite comparar las dinámicas del nivel de secuestrados y del nivel de desplazados en el departamento de Santander entre 1997-2007. En este gráfico hay dos temas que vale la pena mencionar. En primer lugar, lo inverso de la relación entre la disminución del número de secuestros y el aumento de desplazados. Como se observa en el gráfico, el nivel de secuestros tuvo un aumento sostenido entre 1997 y 2000; siendo este último, el año en el cual se registró el mayor nivel de secuestros (305) en el departamento. Posterior a 2000, el nivel de secuestros se redujo significativamente, mientras que el número de desplazados continuó en aumento hasta el año 2001, año en el que alcanzó su máximo, 12.915 desplazados, decreció a cerca de 4.000 en 2003 y volvió a duplicarse al 2007 cuando se registraron cerca de 8.000 desplazados.

Gráfico 16. Desplazados y secuestrados en Santander (1997 - 2007)

Fuente: Monografía político electoral departamental de Santander 1997 a 2007, (p. 11), en CD adjunto del libro Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, por C. López (Ed). 2010. Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

En la región del Magdalena Medio y en general en todo el departamento, el secuestro fue una herramienta que aplicaron los grupos guerrilleros de forma generalizada. Entre 1992 y el 2000 se realizaron 1.669 secuestros en el Magdalena Medio, de los cuales 1.048 fueron adjudicados a las guerrillas.

El ELN ha sido el grupo más activo pues de los 1.048 secuestros de las guerrillas entre 1992 y el 2000 le han sido adjudicados 784 que representan el 74.8 %; las Farc-EP, de su lado, cometieron 205 que significaron el 19.6 % y el resto fueron atribuidos al ERP y al EPL. Hasta 1996, cuando predominaba la modalidad del secuestro extorsivo individualizado, la mayor cantidad de secuestros se concentró en el sur del Cesar y el Magdalena Medio santandereano; a partir de 1997, con el auge de los secuestros masivos, a las dos anteriores se le sumaron el sur de Bolívar, región en la que el ELN concentró a los secuestrados del avión de Avianca, y el Magdalena Medio antioqueño (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2001c).

En segundo lugar, vale la pena observar que el aumento en el número de desplazados que se da durante 1997-2001 coincide a su vez con la llegada de la expansión paramilitar al departamento, la cual se evidencia con el aumento del número de municipios en disputa durante 1997-200. El Bloque Central Bolívar y las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar aplicaron en esta región del país el desplazamiento masivo de población civil, con parámetros sistemáticos, como una estrategia de intimidación social, control territorial y acaparamiento de tierras. Por lo cual, en dos años, de 1999 al 2001, el nivel de desplazamiento en el departamento se multiplicó por 6, pasando de 2.000 a más de 12.000.

En Antioquia aconteció una situación similar. Es decir, como lo vimos anteriormente, las ofensivas de los grupos paramilitares en las diferentes zonas del país se dieron sobre los territorios donde había alguna emergencia del ELN.

Hacia la segunda mitad de los noventa, el ELN protagonizó una cruenta disputa con las AUC, que terminó debilitando de manera crítica a la organización guerrillera en antiguos territorios bajo su influencia: Piamonte-Puerto Colombia, vía Cáceres-Zaragoza, vía Caucasia-Zaragoza.

De otra parte, en octubre de 1998 se produjo el hecho que acarreó mayores costos para esta guerrilla, cuando integrantes de la compañía Cimarrón del frente José Antonio Galán dinamitaron un tramo del leoducto Central de Colombia, ubicado a 34 kilómetros de Segovia, ocasionando el derrame de petróleo por el río Pocuné, muy cerca de la población de Machuca. Al paso del caudal, una chispa originó una explosión que causó la muerte en medio del fuego de 84 personas, la mitad de ellas niños. Otras 30 quedaron heridas. En un principio, el ELN culpó al Ejército de prender el fuego, pero ante la presión nacional e internacional, finalmente admitió a regañadientes su responsabilidad. “Lo ocurrido en Machuca no es la política del ELN. Lo sucedido fue un accidente, en el cual el mando que dirigió la operación no midió las consecuencias, así como existen razones por las que no debería haberse construido (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario & Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006b, p. 9).

Si en algo fue contrainsurgente la ofensiva paramilitar, fue sobre las zonas del ELN. El mapa 29 muestra la actividad armada del ELN para el año 2000, cuando la ofensiva paramilitar estaba por terminar. En cuanto a la intensidad de la guerra, el mapa 30, muestra las zonas con mayor número de choques según la Policía Nacional. Para el año 2003 su actividad militar fue como se muestra en el mapa 31.

El ELN no se puede medir únicamente de forma militar, como si se podía hacer con las Farc-EP. Desde el año 2003, el ELN comenzó un proceso que denominó resistencia pasiva. Con el objetivo de preservar el aparato armado e incrementar el trabajo político.

En todo caso hay que aclarar que el ELN, al igual que las Farc-EP, en 1997 coincidió con la estrategia de boicot electoral. Como parte de la misma estrategia, el 23 de octubre de 1997, el ELN retuvo a dos observadores electorales enviados por la OEA y a un nacional colombiano. Los observadores de la OEA estaban en Colombia para proveer asistencia durante el periodo electoral y habían llegado por invitación del Gobierno colombiano. La Comisión repudió este acto del ELN en un comunicado de prensa fechado el 24 de octubre de 1997. Los observadores electorales fueron dejados en libertad, solo después de que las elecciones se llevaron a cabo el 26 de octubre de 1997 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 66).

La estrategia de boicot electoral, en el caso del ELN, asestó un duro golpe a sus bases sociales, pues las bases de esta guerrilla tenían formación política con aspiración electoral. Por ende, su decisión llevó a un desencanto con la guerrilla, y sumado a la arremetida paramilitar, rápidamente el ELN perdió zonas urbanas importantes. Al final del periodo de estudio, en el 2003, este grupo guerrillero había salido de sus zonas históricas y había perdido influencia en organizaciones sociales.

Mapa 29. Municipios atacados por el ELN en el 2000

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 30. Intensidad de la confrontación ELN, 2000

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 31. Municipios atacados por el ELN en 2003

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por la Policía Nacional de Colombia, 2016.

CONCLUSIONES

Al menos, se pueden sacar cinco grandes conclusiones. En todo caso se pide al lector tener en cuenta los datos del capítulo 1 y 2. Es decir, hacer un análisis acumulativo. La principal conclusión es que se desbarata un mito popular. Generalmente se piensa que en la administración de Andrés Pastrana y particularmente con los diálogos del Caguán, el país le fue entregado a las Farc-EP y, sobre todo, que esta guerrilla aprovechó la Zona de Distensión para expandirse en otras zonas del país. Pero los datos son los siguientes.

Para 1999 el año en que comenzó la Zona de Distensión, las Farc-EP hicieron presencia armada en 384 municipios. Para el año 2001, la presencia armada fue en 340 municipios y para el año 2002, cuando terminó la Zona de Distensión, la presencia armada fue en 456 municipios. Entre 1999 y 2002 el incremento fue de 70 municipios. Para el caso de los paramilitares su presencia, según la Fiscalía General de la Nación, fue la siguiente: en 1999 se dio en 443 municipios, para el año 2002 las AUC estaban en 671 municipios. Es decir, el incremento fue superior a los 200 municipios.

Durante todo el proceso de investigación se concluye que mientras el país pensaba y debatía sobre los diálogos del Caguán, sobre el terreno, el paramilitarismo se expandió. Es decir, si de algo se debe acusar a Pastrana no es de entregarle el país a las Farc-EP sino al paramilitarismo. En el capítulo se analizaron informes oficiales, como los de la Vicepresidencia de la República, también se hizo un barrido de prensa de centenares de noticias y las decenas de entrevistas confirmaron esta situación. Pero los datos estadísticos de la fuerza pública y la Fiscalía también corroboran la información.

La segunda conclusión es que, si la Política de Seguridad Democrática fue contra las Farc-EP, la ofensiva paramilitar castigó al ELN, lo derrotó de forma estratégica. Pero no fue una derrota en campo de batalla, el paramilitarismo destruyó toda base social organizada en grandes zonas del país. La guerra del paramilitarismo no fue contra las guerrillas, sino contra la sociedad. Sindicalistas, líderes agrarios, defensores de derechos humanos, cayeron en esas masacres. A esto es lo que se llama homogenización política: la oposición y el disenso eran castigados con la muerte. Con esto, además, estaban listas las bases para lo que más tarde se conocería como la parapolítica.

En tercer lugar, con el Plan Caquetanía las Farc-EP iban aceptando que el norte y centro del país lo tenían perdido. Su victoria solo era posible en el sur, por ello la modificación al Plan estratégico y su intención de fortalecer el suroccidente.

La cuarta conclusión deja ver una relación complicada e histórica de las guerrillas del ELN y las Farc. Durante el periodo de estudio, en el año 2000, se presentaron choques entre ambas guerrillas. Por ejemplo, en la primera semana de enero las Farc asesinaron a 5 comandantes del ELN, entre ellos los del frente Carlos Alirio Buitrago, uno de los históricos del ELN. El hecho se presentó en el oriente Antioqueño. Luego los combates se expandieron por el control de la autopista Medellín-Bogotá. Para mediados del año 2000, los enfrentamientos se trasladaron a la costa Atlántica, allí se presentaron choques sobre la serranía del Perijá y la Sierra Nevada, las Farc retuvieron decenas de guerrilleros del ELN. También en estos choques habían guerrilleros del EPL. Igualmente, hubo enfrentamientos en el Cauca y Boyacá, sobre los municipios Chita, Güicán de la Sierra y en general las provincias del norte de Boyacá. La guerra fue tan cruenta, que las Farc prácticamente desaparecieron al Frente Carlos Alirio Buitrago.

Sin embargo, para el año 2001, la situación cambió. Las Farc y el ELN debieron unirse y hacer operaciones militares conjuntas para atacar las bases paramilitares, dos de ellas sobre el campamento general de las AUC, donde se encontraba Carlos Castaño. Las operaciones eran de dos tipos, por un lado, destacamentos de ambas guerrillas atacaban un mismo punto. Esta clase de ataques eran menos frecuentes. El otro tipo de operaciones eran ataques coordinados, pero las Farc atacaban un punto y el ELN otro. Estas alianzas se dieron en el Naya, sur de Bolívar, Antioquia, principalmente en el bajo Cauca.

En cuarto lugar, como se vio en el capítulo, la estrategia paramilitar para copar el territorio era siempre la misma y con grados altos de sevicia. Era la estrategia de campo arrasado. Lo primero que hacían, cuando llegaban a un territorio, era hacer una masacre. Centenares se hicieron en el periodo de estudio. Ahí causaban el primer desplazamiento, que generalmente era masivo y desocupaban veredas o corregimientos completos. Luego, hacían una segunda incursión, con lista en mano, y se cometían asesinatos selectivos de líderes de las comunidades. La mayoría de esas ejecuciones eran públicas. En tercer lugar, quemaban viviendas, obligaban a la gente a desplazarse y montaban retenes para controlar la movilidad. Todo esto se hizo ante los ojos de la fuerza pública colombiana.

En quinto lugar, el secuestro. Como se ha visto en los primeros dos capítulos, fue una práctica que al final de la guerra dejó más de 30 mil secuestros. Todos los actores de la guerra secuestraron, pero las guerrillas tuvieron la cuota más importante. Además, fueron los que inauguraron las famosas pescas milagrosas, que fue la práctica más degradada del secuestro.

Al intentar hacer un ejercicio de abstracción, se puede hablar de tres tipos de secuestro, o mejor, dos tipos de secuestro y las retenciones:

1. SECUESTRO POLÍTICO:

Boicot electoral: se enfocó en la estrategia política de paralizar al Estado y se dirigió particularmente contra mandatarios y funcionarios públicos elegidos. Estos secuestros políticos fueron de dos tipos: momentáneos, que duraban de tres días a dos semanas. Los otros, eran los permanentes, los cuales podían durar meses.

Secuestro de venganza: el secuestro y asesinato de autoridades públicas, no solo tuvo una motivación de cálculo militar y político, también fue una venganza política. Poco más de una década antes de que comenzaran estas prácticas por parte de las Farc se había presentado la guerra sucia y miles de militantes de izquierda habían sido asesinados, la mayoría con la complacencia de las élites políticas y funcionarios estatales.
Con las entrevistas que se realizaron quedaba claro que durante un tiempo del proceso de paz de La Uribe, las Farc pensaron que sí se podía hacer la paz y creyeron en esa posibilidad. Por ello, varios de sus cuadros fueron a hacer política y a la gran mayoría los asesinaron. Una década después, en los años noventa del siglo XX, las Farc desataron la venganza.

Secuestro de intercambio humanitario: este fue un tipo de secuestro permanente y de alto valor.

2. SECUESTRO EXTORSIVO

Este tipo de secuestro se realizó con el fin de financiar el crecimiento y desdoblamiento de frentes de las Farc. Los hubo de tres tipos:

Secuestro extorsivo selectivo: se trató de un tipo de secuestro basado en cierta inteligencia en terreno y se pedía determinado monto de dinero a cambio de la liberación.

Pescas milagrosas: la práctica más degradada del secuestro. Se hacían retenes en vías principales del país, allí las diferentes estructuras de las Farc se llevaban 30 o 40 personas y aspiraban a que un rico cayera en esos retenes. Por ello, le llamaban pesca milagrosa. Al final el secuestro se concentró en la clase media.

Secuestro extorsivo de compra-venta: después de 2007, las Farc comenzaron a disminuir el número de secuestrados. El costo político y material comenzó a ser muy fuerte, principalmente luego de la famosa marcha contra el secuestro al final de la primera década del siglo XXI. Desde esa fecha grupos de delincuencia común secuestraban y las Farc, en algunos casos, compraban esos secuestrados.

3. RETENCIONES DE MILITARES Y REDES

Las Farc, también en diferentes operativos militares, capturaron miembros de la fuerza pública, muchos de ellos duraron años retenidos, otros días o meses. En diferentes medios de comunicación se han calificando estas retenciones como secuestros, pero desde el DIH, es decir desde un punto de vista técnico, son capturas en combate.

Capítulo 3. Parapolítica y política de seguridad democrática. 2004-2008. De la ofensiva al repliegue de las Farc-EP y la consolidación paramilitar.

CAPÍTULO 3

PARAPOLÍTICA Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
2004-2008

DE LA OFENSIVA AL REPLIEGUE DE LAS FARC-EP Y LA CONSOLIDACIÓN PARAMILITAR.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La entonces administración Uribe (2002-2006, 2006-2010) bajo el modelo de guerra contra el terrorismo, asimilado por gran parte del mundo occidental luego de los ataques de septiembre de 2001 a los EE.UU., desarrolló una estrategia basada en cuatro líneas de acción. La primera, se trataba de recuperar el control del país y sobre todo los centros de producción y comercialización de Colombia. Para ello se utilizó la Estrategia de contención: es decir, sacar a las Farc del centro del país, de los principales centros de producción y comercialización, y luego contener para que no regresaran. La operación Libertad I, es el mejor ejemplo.

Para ello se crearon batallones de alta montaña, el Plan meteoro, los batallones minero-energéticos, entre otros. La idea era crear zonas seguras, sin guerrilla en las ciudades y en las partes centrales del país. Y en la periferia hacer una guerra permanente de desgaste, esa guerra de desgaste fue la parte complementaria o la otra cara de la contención.

La segunda línea fue una estrategia integral de recuperación del Estado, denominado Plan Consolidación. Se trataba de llevar el Estado a las regiones dominadas por los GAI y por la ilegalidad, aunque en la vida real se concentró en las zonas de las Farc-EP y ni siquiera se tocaron las zonas de paramilitares y luego de las Bacrim. Se podría decir que fue la estrategia más ambiciosa para recuperar el territorio.

La tercera línea consistía en una gestión de cifras. Se trataba de dar golpes a los GAI que fuesen de tipo acumulativo, hasta llevar a su desintegración. Así, por ejemplo, se colocaba unidades militares en unas zonas y a partir de allí se les medía por los resultados operacionales con indicadores. Además, se les daba incentivos por esos resultados.

De tal forma, que si se daban de baja dos guerrilleros en un mes, al mes siguiente debían ser tres y así sucesivamente. Obviamente como se sabe esto llevó a los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.

Por último, debía emprenderse una «guerra mediática» encaminada a quitarle la legitimidad a las guerrillas. Se llegó incluso a hablar de una guerra contra el terrorismo y se negó el concepto de conflicto armado. Además, se buscaba crear una imagen de las guerrillas, principalmente de las Farc-EP, basada en eliminar cualquier idea positiva en el exterior.

Por ello, se realizaron acciones tendientes a cortar lo que se denominaba la red internacional de las Farc-EP, sus redes políticas, entre otras. A la vez, dicha estrategia le permitía a Uribe controlar y neutralizar la oposición democrática a su gobierno. Categorías como «Terrorista de corbata», «Frente Intelectual de las Farc-EP», le permitieron un proceso de polarización de gran parte de la sociedad colombiana, logrando categorizar a todo aquel que no lo apoyara como posible «terrorista».

Sobre el papel la Política de la Seguridad Democrática se basaba en los principios de la cohesión social, confianza inversionista y la seguridad en general. Esta estrategia en lo operativo se tradujo en una gran máquina de propaganda y polarización social. Las propias Fuerzas Armadas en 1999 contemplaban esta estrategia en lo operativo:

En el campo de la estrategia operativa y en la táctica, los medios psicológicos desarrollos por la propaganda como el adoctrinamiento, la noticia sensacional, la prensa, los seminarios y otros, habrán de crear todo un ambiente ideológico de apoyo a la idea central que pretende alcanzarse, contraría a la propuesta violenta de los subversivos o insurgentes. Esta idea debe estar acompañada de hechos para que sea creíble, de otra manera, el conflicto se prolongará por falta de convicción de una población desorientada (Santos, 1999, p. 20).

La creación de hechos violentos o la creación de miedos generalizados estaban a la orden del día bajo la administración Uribe. A ello se le sumaba la acción operativa en el campo económico y otra acción operativa en el campo diplomático. Lo cierto es que gran parte de esta nueva estrategia se encaminaba a la irregularización de las Fuerzas Armadas colombianas, al menos en gran parte del campo operativo.

Para ello, entre los primeros años del nuevo milenio de las tres brigadas móviles se pasaron a siete, la gran mayoría de ellas se concentraron en el suroriente del país. Sin embargo, sería desde el 2003 cuando la creación de estas unidades se incrementaría sustancialmente. La siguiente tabla muestra la creación de Brigadas Móviles durante el periodo de estudio.

Tabla 12. Creación de brigadas móviles

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2007.

Junto a la creación de las Brigadas Móviles se crearon masivamente Batallones de Contraguerrilla, más tarde llamados Batallones de Combate Terrestre. Por ejemplo, la Brigada Móvil No. 8 la conformaban los Batallones de Contraguerrillas No. 66 VALENTÍN GARCÍA, No. 67 GENERAL ANTONIO MORALES GALAVIS, No. 68 GENERAL JOSÉ MARÍA AYALA y No. 69 GENERAL MARIANO BARRENECHE ESCOBAR y la Compañía de Apoyo y Servicios para el Combate No. 30. Esta brigada inicialmente quedó adscrita a la V División del Ejército.

Así mismo, se crearon unidades como las Brigadas de Selva. Una de las más importantes fue la 22, con jurisdicción de actuación en el Guaviare en los municipios de San José, El Retorno, Calamar, río Unilla, río Vaupés y Miraflores, los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el departamento del Meta.

A esta Brigada de selva le fueron asignados los:

Batallón de Infantería de Selva No. 19 «Gr. José Joaquín París Ricaurte»

Batallón de Infantería de Selva No. 24 «Gr. Luis Carlos Camacho Leyva»

Batallón de Infantería de Selva No. 30 «Gr. Alberto Vásquez Cobo»

Batallón de Contraguerrillas No. 32 «Libertadores de la Uribe»

Más tarde le serían agregados:

Batallón de Contra Guerrillas No. 86 «Soldado Profesional Humberto de Jesús Rojas»

Batallón de Contraguerrillas No. 120 «Sargento Viceprimero Uberney Echavarría»

Así las cosas, para principios de 2007, es decir, cuando comenzaba el segundo periodo de Álvaro Uribe, el dispositivo Militar y del Ejército en particular era el siguiente.

Tabla 13. Dispositivo militar (2007)

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2009.

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

La administración Uribe comenzó su mandato en lo que el general Álvaro Valencia Tovar denominó la «Guerra Total»: las acciones armadas de las Farc-EP se incrementaron en más de un 200 % con respecto al año 2001. De hecho, en 2002 las Farc-EP realizaron más de 2000 acciones armadas, el frente con mayor actividad fue el 10 con 121 acciones concentradas mayoritariamente en Arauca. Por tanto, la idea del Gobierno era combatir del centro a la periferia e ir ampliando las zonas seguras desde el centro del país.

El Comando General de las Fuerzas Militares comenzó a llevar conteo de todas las acciones armadas con las Farc desde el 2004. Para cuando arrancó el periodo de estudio, el mapa 32 era el mapa de choques militares por municipio. En el apartado de las Farc y el ELN, se colocan los mapas de acciones que reportaba la Policía Nacional.

Mapa 32. Mapa municipal de confrontación Farc-Ejército, 2004

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

En cuanto a la guerrilla del ELN, el reporte del Ejército Nacional era el siguiente: nótese el caso del Magdalena Medio santandereano, casi que el ELN no tenía capacidad de combate. También en las zonas planas de la costa Atlántica la situación era compleja (ver mapa 33).

En Colombia ha existido un debate, aunque parece simple, entorno al origen de la Política de Seguridad Democrática. Por un lado, el expresidente Pastrana ha manifestado que los logros alcanzados durante las dos administraciones de Álvaro Uribe se deben en gran parte al proceso de modernización y trasformación que él inició en 1999, aunque otros opinan que estos logros se deben exclusivamente a la administración Uribe. Aquí la respuesta es que fue un proceso de transformación del aparato militar que si bien inició en 1999, hubo estrategias que se deben abonar al gobierno Uribe. En todo caso, este debate difícilmente se cerrará, aunque para los libros de historia será Uribe quien se lleve los mayores réditos.

Este debate también nos lleva a una pregunta más pertinente y es determinar qué fue lo que agregó la era Álvaro Uribe a la estrategia de transformación y modernización militar. La respuesta es simple y es que por primera vez involucró todo el aparato estatal, y no solo la fuerza pública, al combate de los GAI, en particular a los grupos guerrilleros.

Este factor, si bien trajo consecuencias desastrosas en términos de derechos humanos, política interna, garantías para la oposición, logró limitar en varias zonas del país el accionar de los grupos guerrilleros. La Política de Seguridad Democrática, PSD, lanzada en 2003 manifestaba claramente esta situación. Al respecto el documento decía que:

Mapa 33. Mapa municipal de confrontación ELN-Ejército, 2004

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Este es un cambio radical frente al pasado. Los colombianos por mucho tiempo pensaron que la seguridad era problema y responsabilidad de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Durante años hubo un gran vacío en la acción del resto del Estado en algunas áreas críticas de nuestra democracia y en algunas regiones de Colombia. Es justamente ese vacío el que explica el crecimiento sin precedentes del narcotráfico y consecuentemente de las organizaciones terroristas en grandes regiones de nuestro territorio. De allí que el eje de esta política sea precisamente lograr el completo control del territorio por parte del Estado para asegurar el pleno imperio de la ley, la gobernabilidad y por ende el fortalecimiento del Estado de Derecho (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia & Presidencia de la República de Colombia, 2003, p. 9).

La presidencia de Álvaro Uribe centró su atención en «recuperar el control territorial del Estado en las zonas conflictivas», para ello se desarrollaron cinco estrategias en el campo operativo militar.

1. En el primer cuatrienio de Uribe se produjo un incremento acelerado del pie de fuerza de las fuerzas públicas en un 32 %, así que la creación de nuevas unidades militares permitió controlar una mayor cantidad de territorio. Inicialmente, el objetivo consistió en mantener presencia de policías en todas las cabeceras municipales, a la vez que el Ejército y la Armada se concentraban en controlar lo que se denominaron puntos críticos.

El principio de la economía de las fuerzas obliga a proteger puntos críticos cuya destrucción por el terrorismo representa un daño muy grave para la población civil y la economía nacional… Esta fijación de fuerzas en blancos fijos sustrae elementos a la maniobra, preconizada como línea de acción general de las Fuerzas Militares. Tal limitante se podrá equilibrar si las fracciones ancladas a puntos críticos se comportan como bases de patrullaje móviles, en forma tal que dentro de un radio de acción prudente se constituye una cobertura amplia del objetivo, con capacidad de inteligencia de combate (Á. Valencia, 2002, p. 14).

Se partió del principio que a medida que más puntos críticos lograran cubrir la fuerza pública, los GAI se irían desplazando cada vez más hacia zonas de periferia, con lo que al menos en las partes más pobladas la intensidad del conflicto se iría reduciendo. Esto significa que el objetivo de la PSD no era destruir las guerrillas, aunque así se vendió públicamente, sino tirarlos hacia zonas apartadas y desde allí desarrollar una estrategia de contención.

De hecho, en 2002 se puso en marcha el Plan de Seguridad Vial que buscaba complementar dicho objetivo. Al analizar la evolución de cabeceras municipales con presencia de la Policía Nacional nos damos cuenta cómo más de 100 municipios no tenían presencia estable de la Policía, en gran parte esto se derivó de la estrategia de vacío de poder aplicada por las Farc-EP. El documento emitido por el Ministerio de Defensa en 2003 manifestó al respecto que:

La primera condición para cumplir con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho es la consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio. Sin control territorial por parte del Estado no es posible garantizar el buen funcionamiento de la justicia, entorpecida en muchas regiones del país por la intimidación de la que son víctimas fiscales, jueces y demás autoridades; y sin la plena vigencia de la ley, la población, expuesta a las amenazas y al dominio arbitrario de las organizaciones armadas ilegales, pierde el ejercicio de sus derechos y su libertad (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia & Presidencia de la República de Colombia, 2003, p. 13).

Nótese en los siguientes mapas, cómo la estrategia de concentrarse desde el centro a la periferia deja ver claramente la estrategia de contención. El mapa 34 es el de intensidad de la guerra con las Farc en el año 2005, cuando se desarrolló la operación Libertad I.

Ahora bien, el mapa 35 muestra la intensidad de la guerra para el año siguiente, el 2006. Nótese cómo la intensidad era sustancialmente alta en los alrededores de Bogotá y Cundinamarca. Se trataba de crear una especie de cinturón que protegiera el centro y crear la imagen de que la guerra se estaba ganando.

2. La siguiente estrategia fue la acelerada profesionalización de la fuerza pública, que se desarrolló bajo cuatro factores rectores descritos en el documento de lanzamiento de la PSD.

A. Se asignarán mayores recursos para aumentar, recomponer y dar un mejor entrenamiento y movilidad al pie de fuerza. B. Se destinarán los fondos necesarios para desarrollar el talento humano y la calidad, el alistamiento y mantenimiento de los equipos. C. Se mejorarán los sistemas de recolección, análisis y difusión de la inteligencia y se buscará lograr un mejor nivel de coordinación, de manera que se opere con inteligencia adecuada y que, cuando se cuente con inteligencia, haya la capacidad de operar oportunamente. D. Se optimizará el material estratégico de las Fuerzas, para mantener la capacidad disuasiva y garantizar la defensa de la soberanía. (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia & Presidencia de la República de Colombia, 2003).

Mapa 34. Intensidad de la confrontación Farc-Ejército, 2005

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 35. Intensidad de la confrontación Farc-Ejército, 2006

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

El gráfico 17 muestra la evolución de soldados profesionales en el Ejército colombiano comparado con el de soldados bachilleres. Nótese el incremento acelerado de la profesionalización de la tropa.

3. El tercer paso fue el fortalecimiento de la Policía Nacional. Para ello se desarrollaron 17 estrategias que buscaban, al igual que en el Ejército, el incremento del pie de fuerza, el mejoramiento de la inteligencia y la profesionalización de la tropa. (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia & Presidencia de la República de Colombia, 2003).

Las prioridades para el fortalecimiento de la Policía Nacional son:

Llevar la Policía Nacional de manera programada y ordenada a los municipios donde en la actualidad no tiene presencia.

Ampliar el patrullaje de las zonas rurales mediante la creación de 62 nuevos Escuadrones Móviles de Carabineros, estructuras de combate.

Construir estaciones rurales fortificadas.

Fortalecer la policía de carreteras.

Fortalecer la capacidad técnica de la Policía Judicial.

Coordinar planes de seguridad en las ciudades y reforzar los cuerpos de policía con 10.000 nuevos patrulleros efectivos y 10.000 auxiliares regulares.

Elaborar planes de seguridad local participativos y ampliar los Frentes de Seguridad Local.

Promover el trabajo y la colaboración de la Policía Cívica.

Construir redes de cooperación ciudadana para prevenir el terrorismo, a través de un trabajo de acercamiento a la comunidad, a las empresas, al comercio y a las demás instituciones del Estado.

Gráfico 17. Evolución de soldados profesionales en el Ejército colombiano (1998 - 2006)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2007.

Llama la atención en el anterior listado la creación de los Escuadrones Móviles de Carabineros que intentaban dar movilidad en el accionar de la Policía. Básicamente en toda la fuerza pública se dieron órdenes de mejoramiento en la capacidad y agilidad de la movilidad de la tropa, así como en el entrenamiento.

Esto significó que la totalidad de las fuerzas crearon unidades aéreas, y se les dotó de alta capacidad bélica en el aire. Para 2005 la Fuerza Aérea y las diferentes estructuras aéreas de las demás fuerzas habían logrado una importante capacidad bélica. Se adquirió una flota de 25 aviones Súper Tucano, que se han convertido en la mayor asimetría aérea frente a las Farc-EP. Así se adquirieron:

Adquisición 25 nuevos aviones Súper Tucano.

Adquisición 12 Helicópteros de instrucción Bell 206 Ranger.

Adquisición 8 Helicópteros Black Hawk.

Adquisición 4 Helicópteros MI.

Adquisición 3 Helicópteros Comando y Control.

Adquisición 2 Aviones Gran Caravan Comando y Control.

Adquisición 1 Plataforma de Inteligencia.

Construcción 5 buques de apoyo tipo nodriza.

4. Red de cooperantes. La PSD se acompañó de la creación de una amplia red de cooperantes, que sobre el terreno significó el involucramiento de la población civil en el conflicto armado colombiano. Ya Álvaro Uribe durante la gobernación de Antioquia había creado el llamado principio de neutralidad activa, que dejó como consecuencia cientos de muertos en una verdadera cacería de brujas. Para él, esta neutralidad es:

Una propuesta que aclara que la neutralidad no es indiferencia, sino una neutralidad con dientes, donde cada ciudadano cumpla con sus obligaciones para alejarse del conflicto, exigir protección del Estado, rodear las instituciones y denunciar a los actores violentos que violan los derechos humanos (Archivo, 1997).

La nueva versión de la neutralidad activa bajo el nombre de red de cooperantes llegó a agrupar en el primer cuatrienio de Uribe algo más de cien mil personas, ello se tradujo en los territorios en todo tipo de arbitrariedades a la población civil.

Adicional a la red de cooperantes, el punto de quiebre en el territorio fueron los «Soldados de mi pueblo». Bajo la idea de las PAC guatemalteca, la idea era poner en guerra a vecinos, familiares y paisanos. Se reclutaron en las zonas guerrilleras centenares de soldados y se les puso a operar en los territorios donde habían nacido. Cada 15 días se les regalaban mercados para las familias y de ahí en adelante se trataba de poner en contra a la comunidad de las guerrillas. Los efectos rápidamente se vieron sobre el terreno.

5. Coordinación de la inteligencia. La última estrategia fue el mejoramiento de la inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública, además de la coordinación entre las diferentes fuerzas. Esto será analizado más adelante.

Adicionalmente, la nueva estrategia puso en marcha los denominados Teatros de Operaciones, que luego serían remplazados por las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Los teatros de operaciones que se habían concebido hacia finales de 2001, luego de la aprobación de la Ley de Defensa y Seguridad nacional, terminaron siendo los mismos de las zonas de rehabilitación y consolidación.

Estas zonas de rehabilitación y consolidación significaban el establecimiento de verdaderos Estados de Excepción en las zonas donde rigieran. Ello, sumado a la red de cooperantes, se convirtió en una verdadera tragedia humanitaria en varias regiones del país. En el caso del departamento de Arauca se habilitó el estadio de fútbol para albergar los presos que se capturaban bajo esta figura, un año más tarde el 90 % quedaban libres por falta de pruebas. El daño que se hizo al movimiento social fue increíble.

A continuación, algunos detalles de las fechas de creación de unidades militares. Por cuestión de espacio se da información parcial.

Tabla 14. Unidades creadas

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2009.

Para el año 2007, cuando comienzan a morir algunos jefes de las Farc y la estrategia de contención se había desarrollado, el mapa 36 muestra la confrontación para el caso de las Farc. Nótese cómo los choques sobre Cundinamarca, Boyacá y Santander eran ya bastante bajos. Sin embargo, eran intensos en los territorios históricos de las Farc. También en la costa Caribe eran bastante bajos. En cuanto al ELN la situación era como se aprecia en el mapa 37.

Mapa 36. Municipal de la confrontación Farc-Ejército, 2007

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 37. Municipal de la confrontación ELN-Ejército, 2007

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

LAS ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES

LAS FARC-EP

Entre 1999-2005, se podría decir que las Farc-EP vivieron dos momentos drásticamente diferentes; para cada uno de ellos adaptaron estrategias disímiles. En todo caso, al revisar el periodo como un todo se observan continuidades a nivel general, aunque en lo regional se verán verdaderas transformaciones operacionales.

El primer momento se podría denominar el de resistencia al cambio. Básicamente esta guerrilla tardó en entender la reestructuración de las Fuerzas Armadas, entre 2003 y 2005 mantuvo la intención de continuar y plantear una guerra con líneas de defensa y protección de zonas seguras. Luego, desde finales de 2004 y principios de 2005, con la operación de la fuerza pública en la serranía de La Macarena, las Farc comenzaron a cambiar la forma de operar aunque algunas estructuras empezaron la adaptación desde 2003, sobre todo las urbanas.

Una vez se rompieron los diálogos del Caguán, la confrontación militar aumentó drásticamente. Las Farc-EP adoptaron una posición defensiva, pero con líneas estables de confrontación. Plantearon combates con armamento pesado y tropas uniformadas.

El relato de un guerrillero sobre una confrontación en el 2003 deja ver el tipo de guerra que planteó las Farc. El relato se llama De viaje a la isla del muerto. El relato comienza diciendo:

Los guerrilleros, mujeres y hombres jóvenes vestidos todos con uniformes de tela camuflada, terminaron de acomodar sus equipos y demás bagaje en las tarimas sobrepuestas en el suelo de las lanchas, y luego, siguiendo siempre las instrucciones de motoristas y ayudantes, se acomodaron en forma ordenada en los lugares asignados, conservando los fusiles entre sus manos con las trompetillas hacia lo alto… Con expresión precavida, los rostros de algunos guerrilleros inspeccionaban en el firmamento el movimiento de cualquier cosa parecida a una aeronave. «Un ametrallamiento o un bombardeo en medio de este mar de agua debe ponerlo a uno en apuros», comentó en voz baja Patricia a Daniel, el guerrillero que viajaba sentado a su lado. «Así es», respondió él. Pero no hay que olvidar que Colombia es muy grande. «Por muchos aparatos que tengan explorando, jamás lograrían cubrir tanta extensión». Patricia volvió los ojos hacia el grupo de guerrilleros que viajaban en la parte trasera del bote. Portaban la ametralladora, y junto a varios fusiles, conformaban el grupo de reacción inmediata en caso de aparición del enemigo. Enseguida sentenció con voz más tranquila. «Lo importante es contar con tiempo suficiente para arrimar a una orilla. Se les perdería de vista bajo la maleza, y se podrá saltar a tierra si es necesario». Su interlocutor asintió al tiempo que afirmaba de buen humor, «Claro, lo mejor es que no aparezca nada. De todas esas carreras no deja de lamentarse algo». Los dos rieron animados durante unos instantes (Gabriel Ángel, 2006).

Las Farc antes, durante y después de la Zona de Distensión se acostumbraron a mover grandes contingentes de tropa, en una sola marcha podían mover hasta mil guerrilleros, como en ese momento lo hicieron en varias lanchas. De hecho, durante los meses que siguieron a la Zona de Distensión las Farc-EP llegaron a contar con lanchas rápidas. El relato deja ver esta situación:

A eso de las siete, una lancha rápida alcanzó y sobrepasó a gran velocidad la canoa de vanguardia. Los guerrilleros, que mantuvieron la vista clavada en ella durante su rápida aparición, exclamaron con entusiasmo y casi en coro al reconocer su principal ocupante, «¡El Mono!» En efecto, con las manos en el timón y los ojos clavados hacia adelante, Jorge Suárez Briceño en persona conducía la veloz embarcación. Su piel blanca y el escaso cabello que lucía en la cabeza, resaltaban sobre su corpulenta humanidad. A su lado viajaba sentado Diomedes, su inseparable asistente, destellando sus enormes ojos verdes que le habían ganado el apodo de el Gato. Dos muchachas completaban el cupo de la lancha. El Mono y sus acompañantes sonrieron con simpatía y agitaron sus manos en gesto de adiós, hasta que el deslizador se fue perdiendo a la distancia dejando tras de sí una poderosa estela de espumas brillantes. «Bueno, ya se nos adelantó el Camarada, pueda ser que no vaya a pasarle nada», murmuró Patricia procurando que Daniel la escuchara. Este, animado también por la reciente visión, le respondió con tono optimista, «Es un gran capitán. Basta con ver la seguridad con que conduce su nave, para saber que nunca va a pasarle nada» (Gabriel Ángel, 2006).

El relato sobre lo que ocurrió por esas fechas, deja ver que las Farc-EP aun después del operativo de recuperación de la Zona de Distensión, continuaron ampliando la «cultura campamentaria», como la definió un jefe guerrillero:

Tras recorrer de manera lenta otro trecho aguas arriba, se presentó ante la vista de los viajeros, sobre la margen derecha, un campamento guerrillero. No cabía duda. Amplios escalones construidos en el barranco facilitaban el ascenso a la parte alta, y sobre ellos permanecían de pie varios combatientes de los que habían partido el día anterior. El puerto al que arrimó la lancha estaba bien cubierto por las ramas de los árboles. En unos cuantos minutos, los recién llegados, así como sus equipos, remolques, armamentos y bártulos estuvieron en tierra firme. Desde la orilla hubo que trasladarlo todo arriba, lo cual realizaron con la ayuda de quienes ya estaban allí. Para los recién llegados fue una novedad reconocer a varios guerrilleros del Bloque Sur entre el grupo que esperaba. Estaban vestidos con sudaderas, pero portaban su armamento con aire marcial. «Deben ser los guías por aquí», murmuró Nelly en voz baja (Gabriel Ángel, 2006).

Luego de este recuento viene la parte más importante del relato. Allí, aunque manifiesta que las Farc-EP son una estructura móvil, reconoce la guerra de líneas con acciones de comando:

Con su habitual sencillez y claridad, Fabián fue trazando a grandes rasgos el panorama de la operación enemiga. Desde un comienzo, el Ejército había elegido a Cartagena del Chairá como base principal de operaciones. Podría decirse que su propósito era desmantelar la infraestructura principal del Bloque Sur, para lo cual realizaba un barrido en la selva comprendida entre los ríos Caguán y Yarí, desplegándose en forma triangular desde un vértice ubicado en el caserío de Peñas Coloradas, en el Caguán, hasta ocupar las bocas de los caños Lobos y La Riña que caían al Yarí. En ese empeño llevaba muchos meses, enfrentando sin tregua la férrea resistencia guerrillera. En sus comienzos, esta se había llevado a cabo casi al estilo de una guerra regular, con líneas de combate que impedían el avance enemigo. Estaba claro que las Farc-EP no íbamos a apegarnos a un terreno, nuestra táctica siempre sería la de guerrillas móviles, pero bien valía la pena cobrar un alto precio por la ocupación de algunos viejos campamentos. Por eso la guerra de trincheras, que sería reemplazada luego por la guerra de comandos. El enemigo no podía contar con un momento de tranquilidad. Los bombardeos de la fuerza aérea y el cañoneo constante de la artillería pesada, empleados por la tropa para abrirse paso, carecían de efectividad ante una guerrilla que hoy estaba aquí y mañana lejos, pero que en cambio hostigaba y se emboscaba del modo más inesperado ocasionando numerosas bajas (Gabriel Ángel, 2006).

A la vez que las Farc-EP mantenían la intención de tener líneas de combate y hacer resistencia a las operaciones ofensivas de la fuerza pública, las Fuerzas Militares, con el Plan Patriota, diseñaron las famosas operaciones de profundidad, que no significaba otra cosa que descargar tropas detrás de las líneas del frente de batalla de las guerrillas. Es decir, se pasó de las operaciones rastrillo o tijeras a operaciones de profundidad.

Las operaciones rastrillo o de tijera eran básicamente tácticas de operaciones territoriales en las que se identificaba un territorio y, luego, en los márgenes del mismo se disponía tropa para que comenzaran a avanzar hacia el centro. Al final, la tropa que avanzaba por los diferentes flancos se encontraba en el centro. Inicialmente las Farc-EP adoptaron la guerra de trincheras, que en la vida real eran estrategias temporales para emboscar al enemigo. No obstante, no fue nada parecido a la Primera Guerra Mundial.

Igualmente, para la fuerza pública había mucha exposición a las bajas militares. Si bien el objetivo se conseguía, la cantidad de muertos y heridos podía ser alto. Además, después de las ofensivas militares de las Farc, como en Mitú o Miraflores, se debía buscar el menor número de bajas o al menos muy pocas bajas en una misma operación, ya que el daño mediático sería muy complicado.

Desde la operación del Plan Patriota las Fuerzas Militares comenzaron a desarrollar las famosas operaciones de profundidad, que significaban descargar tropas detrás de las líneas de combate de la guerrilla y desde allí formar bases móviles para armar operaciones. Es decir, ya no se ataca de afuera hacia dentro, sino de adentro hacia afuera. Las ilustraciones 1 y 2 muestran dicha situación.

El relato del guerrillero de las Farc-EP deja ver desde 2003, esta nueva forma de operar:

Por eso el empleo de los helicópteros para descargar tropas en las profundidades de la selva. Un grupo especializado de soldados era desembarcado desde el aire con la misión de construir helipuertos. Armados de motosierras, se encargaban de derribar las hectáreas necesarias de montaña. Después, en la noche, volando a muy baja altura para producir menos ruido, venían los helicópteros a desembarcar los batallones de la contraguerrilla, que luego tratarían de sorprender las unidades guerrilleras. Esta modalidad de desembarco, por regla general, era empleada para misiones específicas, cuando el enemigo creía contar con información suficiente sobre la presencia de mandos rebeldes importantes y se proponía su eliminación. Hasta ahora jamás habían tenido éxito. Podía suceder que tropezaran con otras unidades guerrilleras cuya presencia desconocían, o que no hallaran el objetivo perseguido, o que éste no se dejara sorprender gracias a sus medidas de prevención. En cualquier caso, emprendían la retirada a marchas forzadas, rumbo a otro helipuerto clandestino, donde los recogían y trasladaban a su base (Gabriel Ángel, 2006).

Ilustración 1. Modelo operación rastrillo o tijera

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2016.

Ilustración 2. Operaciones a profundidad o detrás de las líneas enemigas

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2016.

El Plan Patriota puso en marcha esta nueva forma de operar de la fuerza pública, pero sobre todo llevó la confrontación armada a zonas donde nunca se había producido un combate: eran zonas de presencia guerrillera, pero lo suficientemente lejana como para garantizar una zona segura para las Farc-EP. Aunque las Farc-EP manifestaron que esta nueva forma de operar no les propinó golpes importantes, lo cierto es que sí los puso en muchos aprietos. Estas acciones de las Fuerzas Armadas llevaron el combate más allá de las líneas defensivas de las Farc-EP. El siguiente fragmento del relato así lo indica:

La reflexión fue igual a la de los dos primeros, ninguno se imaginó que iban a tropezar con el Ejército antes de llegar al río, se suponía que el terreno estaba asegurado. Además, una hora antes había partido el grupo de los tres guerrilleros que salieron primero. O el Ejército no estaba todavía emboscado o los había dejado pasar, porque no se había escuchado un solo disparo. Enseguida se sobrevinieron las especulaciones de todo orden sobre ese asunto. Alguno murmuró que tal vez los hubieran capturado vivos, pero la mayoría se inclinó por rechazar esa posibilidad. Tres guerreros armados no iban a dejarse atrapar por el enemigo sin quemar un tiro.

El grupo se disolvió a terminar de alistarlo todo. Una media hora después se escuchó el sonido familiar de un motor pesado que venía caño arriba. Diomedes impartió las instrucciones pertinentes acerca de qué cosas se embarcarían primero y cuál personal sería evacuado en el primer viaje. Patricia y Daniel hicieron parte de ese grupo. Todos fueron a traer sus equipos hasta las escalas del puerto (Gabriel Ángel, 2006).

En todo caso las Farc-EP siempre reaccionaban formando líneas de confrontación, lo cual les trajo sustanciales bajas en sus filas. Así lo narró un guerrillero de las Farc-EP.

El ambiente se llenó de tensión. La avanzada dependía de otra compañía que tenía la misión de cubrir el flanco por el que se iba al río. Los enviados de ella comunicaron que el mando ya había ordenado reforzarla, y que toda su gente estaba formando una línea para esperar la aparición del Ejército. Se les envió la razón de que por ningún motivo podían aflojar. Mientras no fuera evacuado este campamento, había que impedir el paso al enemigo (Gabriel Ángel, 2006).

Para finales del año 2002, solo algunos meses después del fin de la Zona de Distensión la presencia de las Farc-EP era como se ve en el mapa 38, según la distribución de frentes.

En cuanto a las estructuras móviles, la situación era como se aprecia en el mapa 39.

De los mapas, al menos surgen tres conclusiones. Primero, efectivamente como se lo habían propuesto las Farc en el año de 1993, en la Octava Conferencia guerrillera, habían logrado posicionar el 50 % de las estructuras militares sobre la cordillera oriental, con miras a tomarse Bogotá. Sin embargo, las Farc-EP nunca lograron un quiebre político, su presencia urbana nunca dejó de ser marginal. De hecho, en entrevistas con guerrilleros manifiestan que Iván Márquez en varias ocasiones dijo «Nos falta el perro muerto en la plaza de Bolívar», es decir, que faltaba solo un pequeño detonante para lograr la revolución. Una conclusión a la que llegaban algunos miembros de las Farc-EP, pero que desconocía la realidad política del país.

Mapa 38. Distribución de los frentes de las Farc-EP (2002)

Fuente: «Farc: dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p.10 ), elaborado por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Mapa 39. Distribución de las estructuras móviles de las Farc-EP (2002)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

La segunda conclusión es que el suroccidente del país se estaba convirtiendo en una zona de concentración amplia de las Farc-EP, cumpliendo lo que se vio en el capítulo anterior del Plan Caquetanía. Todo parece indicar que luego de la Zona de Distensión, hacia esas zonas fueron enviadas varias unidades guerrilleras. Años más tarde se conocerían las consecuencias de estos traslados de tropa.

La tercera conclusión es que las estructuras móviles de las Farc-EP, que en otras palabras eran estructuras dedicadas exclusivamente al combate, tenían como centro de operaciones los Llanos Orientales. El Bloque Oriental de las Farc-EP logró desarrollar la mayor fuerza de combate de esta guerrilla.

Durante estos años las Farc-EP mantenía fuertes enfrentamientos, principalmente contra la fuerza pública, y en pocas ocasiones contra grupos paramilitares. Esta guerrilla se concentraba en fortalecerse en sus zonas de influencia. Por otro lado, las autodefensas privilegiaban el asesinato selectivo contra sindicalistas, periodistas y líderes sociales y una fuerte política de castigo indiscriminado contra la población, como el caso de las masacres[8].

Lo relevante de este periodo es que las Farc-EP intentaron consolidar sus territorios de influencia tradicional y a la vez llegar al centro del país, aunque en el norte de Colombia tuvieron retrocesos constantes frente al paramilitarismo. Tal capacidad operativa de las Farc-EP en lo militar la lograron moviendo grandes contingentes de hombres. En cada operación revisada anteriormente, el número de hombres no descendió de 500 unidades. Los frentes, sobre todo del sur del país, contaban en promedio con 200 hombres, de hecho los más pequeños. A nivel general, para el año 2000 los frentes de las Farc-EP llegaban a 69 y algunas columnas y compañías móviles.

Lo que se debe anotar en este punto es que los niveles de enfrentamiento contra la fuerza pública le daba una superioridad terrestre al grupo armado ilegal, la posibilidad de control efectivo en algunas zonas periféricas, al igual que la posibilidad de control de prisioneros militares en un número importante.

La zona del Caguán le permitió a las Farc-EP en lo militar, el entrenamiento de sus reclutados, la consolidación de una zona segura más o menos estable y, sobre todo, el ingreso casi masivo de personas a sus filas. De tal forma que al final de la Zona de Distensión se crearon cerca de 4 frentes, y 17 estructuras móviles en todo el país. A la postre, estos reclutados que entraron en medio de la efervescencia del poderío que demostró las Farc-EP en el Caguán, serían los primeros en desertar una vez iniciada la ofensiva de la fuerza pública (ver gráfico 18).

La concentración de tropas fue posible debido a la movilidad de las Farc-EP. Para 1993 se había creado ya la Columna Teófilo Forero y la Compañía Hernando Gonzáles Acosta, entre otras estructuras móviles. Con lo cual, el traslado de tropa garantizaba la posibilidad de que los frentes guerrilleros se dedicaran más a un trabajo administrativo y político sobre un control territorial allá donde fue posible, y el tema militar era dejado a las estructuras móviles.

Las Farc-EP habían creado siete Bloques de Frentes como unidades de dirección. Sin embargo, en algunos territorios donde no tuvieron la capacidad para hacerlo crearon lo que se denominó Comandos Conjuntos, los cuales cumplían las mismas tareas pero no tenían las estructuras suficientes para ser bloques. Lo que hicieron las Farc-EP fue crear una división territorial similar a la que había creado el Ejército Nacional. Con ello podría garantizar la realización de los objetivos propuestos en todas las regiones del país.

Gráfico 18. Número de efectivos de las Farc-EP (1998 - 2008)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, LPSD, 2007.

Tal iniciativa fue el primer paso de lo que se podría llamar la descentralización en los mandos de las Farc-EP. En aquel momento se dijo que:

Como es posible que en todos los frentes no esté bien claro el desarrollo del Plan estratégico, es necesario ubicar a un camarada del secretariado en cada uno de los Bloques para que trabaje en función del Plan y resuelva oportunamente los problemas que se presentan en el Área (Farc-EP, 1993).

De tal forma que no solo la dirección del secretariado se incrementó, sino que la autonomía de las diferentes estructuras fue mucho mayor. La descentralización de las estructuras de las Farc-EP debe analizarse en tres sentidos. En primer lugar, en términos de política comparada con el caso peruano, por ejemplo. En segundo lugar, sobre las consecuencias en la unidad de la estructura y, por último, en la capacidad de asimilación de golpes a sus dirigentes.

La descentralización de las Farc-EP les permitió asimilar los golpes que en principio parecieron demoledores. Dicha capacidad para asimilar venía dada porque sus mandos se encontraban no solo disgregados por todo el territorio nacional, sino que –debido a la existencia de órganos como los bloques y frentes que tenían una comandancia colegiada– la cantidad que se necesitaban para cubrir esas estructuras hacía que fueran igualmente amplios en número. Por ello, en la octava conferencia se dijo que debían hacerse escuelas constantes de mandos para que todos se enfocaran en los objetivos planteados. Ya para 2011 y 2012 se produjo una crisis de mandos, pero hasta esos años habían logrado salir, más o menos bien librados, debido a la masificación de esos mandos.

Por ejemplo, para el caso peruano, una vez Abimael Guzmán fue capturado en 1992, ya para 1995 la estructura de Sendero Luminoso estaba casi desarticulada en su totalidad. Guzmán concentraba en sus manos todo el dominio del grupo y los demás mandos caerían unos tras otros después de la captura de su líder. El nivel de centralización de Sendero fue tan grande que los grupos que se encontraban más apartados en la sierra no tardaron más de dos años en desarticularse, ya fuera por disputas internas, deserciones o capturas que se daban una vez quedaban sin mando y comenzaban a comunicarse con todos los demás compañeros, en ese momento la inteligencia los detectó fácilmente. Sin embargo, para el momento de la captura el efecto de las Rondas Campesinas y la modernización de las Fuerzas Militares habían debilitado al grupo armado. Lo cierto es que Sendero Luminoso no tardó más de dos años en desbaratarse después de la captura de Guzmán.

Ahora bien, a medida que los diferentes grupos armados van aplicando una mayor descentralización se pueden dar dos caminos. O bien el grupo armado en cuestión termina centralizado después de un tiempo o, por el contrario, la mayor descentralización puede generar desórdenes de las estructuras más bajas de la organización. Esto último ocurre en aquellas estructuras donde factores externos a la confrontación no son muy fuertes, como la religión o los niveles de ideología, probabilidad que se va incrementando a medida que el ritmo de la confrontación sube o las ofensivas militares del contrario aumentan. Más adelante observaremos cómo las Farc lidiaron con este problema.

LA SALIDA DEL CENTRO DEL PAÍS

Para el año 2003 la Policía Nacional registró los siguientes municipios con actividad militar de las Farc-EP (ver mapa 40).

Nótese cómo la actividad militar se concentraba sobre la cordillera oriental y sobre Bogotá se notaba prácticamente un círculo que rodeaba la ciudad. En el mapa 41 de calor se nota mejor la intensidad de la confrontación en Cundinamarca para el año 2003.

Ante esta situación las Fuerzas Militares lanzaron la operación Libertad I, que cubría las zonas del centro del país, particularmente los departamentos de Cundinamarca y Tolima, y algunas zonas de Boyacá.

Desde la posesión del presidente Uribe hasta julio de 2003, la fuerza pública realizó una serie de operaciones que lograron incrementar el compás de la confrontación. Una de las más importantes fue la operación Marcial, llevada a cabo desde el mes de marzo de ese año bajo la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, utilizando tropas de las Brigadas IV, VIII y XIV, con el apoyo constante de la Fuerza Aérea y la aviación del Ejército. Esta operación cubrió los municipios de San Francisco, San Luis, Argelia, Cocorná, Sonsón, La Unión y El Carmén de Viboral en el oriente antioqueño, obteniendo importantes resultados.

Además, en los últimos meses de este periodo, especialmente desde junio, se puso en marcha la operación «Libertad Uno» desarrollada por 1.000 hombres de la Primera, Sexta y Decimo tercera Brigadas del Ejército, la Brigada Móvil No. 8, el Comando Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres Brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, y produjo la baja de algunos comandantes de las Farc-EP, el debilitamiento de la estructura militar, logística y financiera de la organización subversiva así como impactó en los mandos de los frentes Esteban Ramírez, Policarpa Salavarrieta y Reinaldo Cuéllar (Fundación Seguridad y Democracia, 2004, p. 20).

Mapa 40. Municipios atacados por las Farc-EP (2003)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, a partir de datos de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 41. Intensidad de la confrontación Farc, 2003

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, a partir de datos de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

La operación Liberta I llegó 5 años después de las operaciones Destructor I y Destructor II, que fueron un absoluto fracaso para la fuerza pública. Sin embargo, la operación Libertad I tuvo importantes impactos en la operatividad de las Farc-EP. La estrategia de las Fuerzas Militares consistió en llenar de militares las vías de acceso a las zonas rurales y a partir de allí ir cerrando el cerco. La ocupación militar fue simultánea en horas de la noche, de tal forma que al amanecer, cuando la guerrilla despertó, se dio cuenta de la encerrona.

Una vez se coparon las carreteras, se lanzaron al menos 12 operativos por aire y desde el páramo del Sumapaz se realizaron penetraciones por parte de unidades militares. En menos de 48 horas las Farc-EP se vieron acorraladas. Ya para

el 30 de octubre (2003) el Fudra había dado de baja a Buendía, el guerrillero que comandó la avanzada de las Farc-EP sobre Cundinamarca. La misma semana otra brigada móvil de la misma fuerza de combate del Ejército había matado a Luis Alexis Castellanos, Manguera, el hermano de Romaña que dirigía la columna Manuela Beltrán por el oriente del departamento, y a alias Rumba, que manejaba la Reynaldo Cuéllar. Y también mataron a Javier, jefe del frente Esteban Ramírez, autor del cruel asesinato de los esposos Bickenbach. Con la muerte de estos jefes guerrilleros las Farc-EP quedaron casi acéfalas y muy debilitadas en Cundinamarca (Sección Conflicto, 2003).

El cálculo de la fuerza pública fue que las Farc-EP se replegarían a lo alto de la montaña, y allí esperarían la retirada del Ejército. Hasta ese momento los operativos militares sostenidos no pasaban de tres meses. Para ello, la fuerza pública planeó un operativo para quedarse y no salir de las zonas. Las Farc-EP tardaron seis meses en un juego del gato y el ratón hasta que decidieron retirarse. Las Fuerzas Militares se refieren de la siguiente forma a la operación Libertad I.

La ofensiva militar desarrollada en el departamento de Cundinamarca, desde el 6 de junio hasta el 31 de diciembre del 2003, permitió neutralizar el denominado «Plan Estratégico» de las Farc-EP, que consistía en tomarse el centro del país, bloqueando a Bogotá. El objetivo del Ejército era llegar al corazón de las Farc-EP en Cundinamarca, atacar sus campamentos base, sus redes de apoyo y neutralizar a los cabecillas. Con la operación Libertad I, en la que participaron tropas de la Quinta División y la Brigada Móvil No. 3, se logró neutralizar cuatro frentes y sus cabecillas y se desterraron las células terroristas del parque natural del Sumapaz, epicentro del accionar terrorista del grupo armado y desde donde se coordinaban todas las acciones armadas contra la población civil del centro del país. En el marco de la operación quedaron fuera de combate más de 600 delincuentes, se incautaron más de seis mil kilos de explosivos, armas, equipos de comunicación y material de intendencia (Ejército Nacional de Colombia, 2015).

La investigación realizada para escribir este texto permite llegar a una conclusión: en el mes de octubre, cuando los frentes del occidente de Cundinamarca, el 22 y el 42, fueron destruidos casi en su totalidad, los paramilitares de alias el Águila lanzaron operativos contra estas dos estructuras de manera simultánea. Es decir, todo parece indicar que hubo acciones coordinadas entre las AUC y las Fuerzas Militares.

La desarticulación del frente 22 de las Farc-EP y el debilitamiento del frente 42 fueron presentados dentro de los resultados principales de la denominada operación Libertad I. Sin embargo, hay que decir claramente que la ofensiva sobre estas estructuras estuvo antecedida por el ataque a las redes de la insurgencia por parte de los grupos paramilitares y seguida por la consolidación de estructuras de autodefensa en la zona. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que el grupo liderado por el Águila jugó un papel activo en la confrontación sostenida contra la subversión, provocando su repliegue (Fundación Seguridad y Democracia, 2004b).

El mapa 42 muestra la actividad militar de las Farc-EP para el año 2004. Nótese cómo Cundinamarca había dejado de tener actividades de confrontación.

Generalmente la retirada de los GAI se hace con grandes acciones armadas, ya sea para hacer alto el costo de la retirada o para distraer a la fuerza contraria mientras se saca el mayor número de efectivos de las zonas. Sin embargo, la retirada de las Farc-EP del centro del país fue bastante pacífica. La pregunta es por qué ocurrió dicha situación.

La respuesta es sencilla, al menos de seis entrevistas a guerrilleros que operaron en la zona, se puede deducir que la retirada de las Farc-EP hacia el departamento del Meta fue producto de una orden de repliegue que dio el Mono Jojoy, para ese entonces comandante del Bloque Oriental, para llevar lo que quedaba de las estructuras hacia el cañón del río Duda.

Las Farc-EP esperaban volver unos meses después, pues aspiraban a que las Fuerzas Militares se retiraran en no más de seis meses. Sin embargo, el cálculo falló y los militares nunca se fueron.

El fracaso en el centro del país significó un golpe estratégico militar importante para este grupo guerrillero, pero no táctico. Parece paradójica esta conclusión, ya que militarmente las Farc-EP lograron mantener el ritmo de la confrontación armada del Plan Patriota y del Plan Colombia. El mapa 43 muestra la actividad militar de las Farc-EP para 2006.

Mapa 42. Municipios atacados por las Farc-EP (2004)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, a partir de datos de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Mapa 43. Municipios atacados por las Farc-EP (2006)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, a partir de datos de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Como se ve en el mapa 44 de intensidad o de calor para ese mismo año, la actividad militar en el centro del país se había reducido drásticamente.

La Política de Seguridad Democrática logró controlar los centros de producción y comercialización legales del país y las vías principales de comunicación. Pero no hubo derrota militar y tampoco resquebrajamiento de las Farc-EP. Desde 2005 esta guerrilla comenzó a recomponer su forma de operar. Tal vez el mejor ejemplo de la guerra de líneas sostenidas fue la columna móvil Urías Rondón.

Esta fue creada en el marco del plan estratégico. El Bloque Oriental creó siete columnas móviles entre 1991 y 1999 para cumplir con el cometido de afianzar el cerco en los alrededores de la capital del país; entre ellas estuvo la Columna Móvil Juan José Rondón en 1993 que fue puesta al mando de Urías Salamanca, mejor conocido como Urías Cuéllar.

Por tal razón, podría decirse que esa estructura armada cobró gran relevancia a partir de 1996 hasta la muerte de Urías Cuéllar en el 2001, en la operación 7 de agosto. A Cuéllar se le encomendó la colonización del Vichada y Guanía, además del aseguramiento de un corredor que condujera a Bogotá; es así como este comandante dirigió exitosas arremetidas contra la fuerza pública en municipios de Caquetá, Guaviare, Vichada, Guanía, Vaupés, Huila, Meta y Putumayo (A. Ávila-Martínez, 2011; Caracol.com, 2001a). Otra de las funciones de la Columna Juan José Rondón fue brindar seguridad a los miembros del Estado Mayor del Bloque Oriental, entre los que se encontraba Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy.

A Urías Cuéllar se le recuerda como un gran líder que llegó a comandar aproximadamente 1.200 combatientes, «nadie en las Farc-EP dirigía tanto personal en combate como él. Su nombre se ligaba a las más resonantes derrotas del Ejército de Colombia. La furia de los combatientes revolucionarios se multiplicaba por cien a una señal suya.» (Gabriel Ángel, 2004).

Mapa 44. Intensidad confrontación Farc, 2006.

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, a partir de datos de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

En el marco del desarrollo de la operación militar Isaías Carvajal de las Farc-EP y la operación Siete de agosto de la fuerza pública [9], cayó muerto Urías Cuéllar en Puerto Siare, jurisdicción del municipio de Mapiripán, el 18 de agosto del 2001 en medio de bombardeos y de un intenso combate (Estado Mayor del Bloque Oriental, 2001; Vásquez, 2001). Urías también fue reconocido como hombre de confianza y posible sucesor del líder militar Jorge Briceño. Desde el 2002, esa columna adoptó el nombre de Urías Rondón hasta su posterior desaparición.

LOS REPLIEGUES DE LAS FARC-EP

Así las cosas, las Farc-EP se apostaron en sus zonas históricas y no recibieron golpes importantes. Sin embargo, fueron desalojados de los centros de comercialización y producción. Se podría hablar que entre 2003 y 2008 perdieron cuatro territorios estratégicos.

Por un lado, Cundinamarca, Boyacá y el norte del departamento del Tolima. Allí las Farc-EP retiraron al menos seis estructuras y le fueron destruidas otras cuatro. Los frentes 55, 54, 53 y 52 que operaban en el Sumapaz y el oriente del departamento fueron retirados hacía el Duda con bajas ostensibles, a excepción del frente 53 que salió bien librado. También lograron retirar parte del frente 25 y el frente urbano Antonio Nariño. Por otra parte, desaparecieron los frentes 22 y 42 que operaban al occidente de Cundinamarca, al igual que los frentes Policarpa Salavarrieta y Manuela Beltrán que operaban hacia el centro norte del departamento. Por los lados del Tolima el frente 50 fue diezmado, y el Tulio Varón quedó reducido a la mitad, viéndose obligado a retirarse hacia el centro del departamento. Este proceso se dio entre 2003 y 2005.

Igualmente fueron debilitados los frentes de las Farc-EP en el departamento de Santander. Este proceso se dio entre 2005 y 2008. Allí los frentes 11 y 12 que operaban en el Magdalena Medio santandereano fueron prácticamente destruidos. Igualmente el frente 24 que operó en las cercanías de Barranbermeja se replegó hacia el sur de Bolívar, y el frente 23 que operó en la cordillera sur santandereana fue el que más resistió, pero ya para finales de 2008 era irrelevante (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos & DIH de la Vicepresidencia de la República de Colombia, 2006).

En todo caso, este retroceso de las Farc-EP fue más producto de la ofensiva paramilitar que tuvo un apoyo importante de las Fuerzas Militares y no tanto de las operaciones exclusivamente militares.

El tercer golpe se dio en los alrededores de Medellín. Allí, el frente urbano Jacobo Arenas fue prácticamente desmantelado con la operación Orión que coordinó el jefe paramilitar alias don Berna y las Fuerzas Militares, en una de las historias más oscuras sobre las operaciones militares. Igualmente el frente 47 y el 34 fueron debilitados.

Sin embargo, el golpe más duro se propinó en la costa Atlántica, al igual que lo ocurrido en los santanderes, la parte más dura fue realizada por los grupos paramilitares. En el año 2007 se lanzó la operación Aromo contra Martín Caballero o Gustavo Rueda Díaz, quien comandaba los frentes 35 y 37 en los Montes de María.

Las Fuerzas Militares, apoyadas por el ERP o Ejército Revolucionario del Pueblo, una escisión del ELN, lograron dar con Martín Caballero, quien se encontraba en un sitio conocido como Aromoras Sur a ocho kilómetros del Carmen de Bolívar. Esto significó que las Farc-EP salieran de las zonas de colonización armada reciente, de donde no tenían base social estable políticamente, y se replegaran hacia sus bases sociales.

Todo parece indicar que desde inicios del año 2004 las Farc-EP emitieron la orden del repliegue táctico. Esto sobre el terreno significó que las unidades guerrilleras se alejaron de los cascos urbanos y se replegaron hacia zonas rurales lejanas. En algunos casos, como en Cundinamarca, desocuparon en solo semanas más de 15 zonas rurales de diferentes municipios. Igualmente, se plantearon la necesidad de dejar unidades milicianas estables en las zonas de donde se retiraban.

Al igual que lo habían hecho en años anteriores, dejaron guerrilleros que pasaron a ser pobladores rurales. En algunos casos funcionó más que en otros. Por último la orden fue clara, el desgaste debía correr por cuenta de la fuerza pública, mientras que las Farc-EP se dedicarían a una resistencia pasiva, es decir, campos minados, francotiradores, entre otras acciones armadas. Todo esto se evidenció en el Pleno del Estado Mayor en 2003, en ese año se creó el Bloque Móvil Arturo Ruiz y el Frente Manuel Cepeda Vargas, uno de los más activos hasta 2011.

Se podría afirmar que dicho Pleno dio directrices equivalentes a las de una Conferencia Nacional Guerrillera. Reformó la comandancia de las Farc-EP y ordenó formar más estructuras móviles, 18 compañías y columnas en total. Dispuso que se intentara mantener la cosecha del Caguán, en el plano de relaciones con organismos, instituciones internacionales y gobiernos. Entre ello se planteó la guerra de rehenes[10]. Por último, se abrió a una mayor autonomía operativa de sus estructuras, para afrontar el embate de la fuerza pública (A. Ávila, 2008, p. 7).

La retirada fue lenta en algunos casos, en otros fue apresurada como en Cundinamarca, pero la lógica era sencilla: las Farc-EP cedían territorio a cambio de lograr tiempo para reacomodarse.

Una de las preguntas que ha inquietado a analistas y expertos en guerras internas, ha sido por qué el repliegue de las Farc-EP de zonas centrales, de cascos urbanos y de vías de comunicación se hizo sin mayores niveles de violencia. Por ejemplo, en Vietnam se lanzó en 1968 la llamada Ofensiva del Têt:

Se basó en una seguidilla de ataques a objetivos urbanos en medio del repliegue del Vietcong. Al final la guerrilla del Vietcong se replegó y la ofensiva, a pesar de su fuerte impacto mediático y sus altos niveles de violencia, no logró contener el repliegue de esta guerrilla, aunque el impacto político al final cambió el curso de la guerra. Por el contrario en Colombia, las Farc-EP se replegaron sin altos niveles de violencia. Por ejemplo, de San Bernardo, Cundinamarca, el frente 55 salió en el 2004 de la parte alta del municipio en silencio, no hubo campos minados, ni explosivos a la orilla de la carretera, tampoco asesinatos selectivos (Last, 2018).

Vale la pena aclarar que el repliegue comenzó en algunas zonas desde el año 2003 y en el 2005 se dio uno nuevo, ya que fue en ese año cuando se lanzó la operación militar en La Macarena, Meta. Es decir, en 2005 el grupo guerrillero comenzó a realizar lo que se conoce como un repliegue táctico, que lo llevó a dejar libre una buena cantidad de centros urbanos. En general se replegaron de las zonas más pobladas: salieron de cabeceras urbanas, cabeceras de corregimientos y vías de comunicación, de allí se trasladaron hacia sus zonas históricas y zonas de frontera. Esta situación generó la percepción, en la mayoría de la población urbana del país, de que las Farc-EP estaban ante una derrota inminente. Sin embargo, al analizar las diferentes regiones donde operó el grupo guerrillero se podría concluir que las Farc-EP nunca estuvieron tan debilitadas como se dijo en el segundo mandato de Álvaro Uribe, pero su salida del centro causó un impacto en la percepción.

Así, desde el año 2005 comenzó, en términos militares, un proceso en el que el Estado colombiano inició una estrategia de contención del grupo guerrillero, blindando las principales ciudades, la infraestructura energética y las principales vías de comunicación. Para ello, creó los denominados Batallones Minero-Energéticos, el Plan Meteoro, los EMCAR de la Policía, además de la brigada aérea para el Ejército, Pirañas para la Armada y en general equipamiento bélico. Se instalaron batallones minero energéticos sobre tramos del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Toda esta estrategia militar se enmarcó en la denominada política de la confianza inversionista (A. Ávila, 2008).

Ahora bien, luego de años de investigación, la respuesta a la pregunta sobre el repliegue silencioso de las Farc-EP y en algunas zonas casi que pacífico se puede dividir en dos. Por un lado, y según la información recopilada en diferentes archivos que fueron incautados en operaciones contra el grupo guerrillero, el repliegue de estas estructuras fue ordenado por la comandancia y se debía desarrollar de forma organizada. Según estos archivos, este repliegue debía ser momentáneo. Las Farc-EP nunca creyeron que esta ofensiva lograría ser sostenida en el tiempo. Para ellos, no debía pasar de 6 meses, pero duró más de una década. Esto significa que en las Farc-EP hubo un error táctico.

La segunda respuesta es un poco más compleja, y es que las estructuras urbanas de las Farc-EP se desbarataron muy rápido. Apenas iniciada la ofensiva de la fuerza pública, estas hicieron agua. Además, a medida que las estructuras rurales retrocedían, la capacidad de control hacia las estructuras urbanas era más difícil y los niveles de lealtad tendían a descender. Esto llevó a que las Farc-EP rápidamente perdieran capacidad operativa. De hecho, en el Pleno del Estado Mayor Central del año 2003, las Farc-EP ordenaron a sus frentes urbanos crear retaguardias rurales, además ordenaron a los mandos de estas estructuras trasladarse a zonas rurales. El Frente Antonio Nariño que operaba en Bogotá se trasladó hacia la zona del sur del Meta, el frente Jacobo Arenas que operaba en Medellín se trasladó hacia el oriente antioqueño, y el Manuel Cepeda Vargas que operaba en Cali se trasladó hacia la costa Pacífica vallecaucana.

Incluso se podría dar una explicación adicional, y es que hubo una decisión política por parte de la comandancia de las Farc-EP: no se quería generar una serie de ataques que podían deteriorar la imagen de las Farc-EP en centros urbanos, aunque al final el secuestro lograría que esta población tuviera un rechazo alto hacia las Farc-EP.

El gráfico 19 muestra la distribución anual de acciones bélicas de las Farc-EP. 2002 es el año de mayor número de acciones, debido a la feroz resistencia guerrillera inicial ante los primeros operativos militares tras el fin de la zona del Caguán. Además, para ese año llegó lo que se denominó como nueva fase de la confrontación, en la que las Farc-EP se volcaron a recuperar las áreas de los frentes sacrificados con la avanzada paramilitar. Para ese momento, las Farc-EP pensaron que habían pasado a una fase operacional y se crearon columnas y compañías móviles para todo el país. De ahí su resistencia hasta el año 2005. Al final gran parte de eso fracasó.

Gráfico 19. Acciones de las Farc-EP (1997 - julio de 2008)

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p. 13), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

La mayor autonomía operativa para sobrellevar el ataque de las fuerzas oficiales llevó a las Farc-EP a su alejamiento hacia zonas sin presencia estatal, con altos índices de NBI, donde subsistían economías ilegales y donde la guerrilla, en general, podía perdurar sin mayor problema. Para 2008, el mapa 45 muestra como era la ubicación de los frentes de las Farc-EP.

Así las cosas entre 2005 y 2008, en términos militares las Farc-EP realizaron cuatro trasformaciones. Primero, se crearon de forma masiva las Unidades Tácticas de Combate (UTC). Las UTC ya existían desde el nacimiento de la guerrilla, era algo así como comisiones de reconocimiento o de exploración. El cambio significativo que se dio desde 2005, es que estas UTC comenzaron a ser el parámetro normal de movilidad de todas las estructuras guerrilleras. Eran entre 6 y 10 guerrilleros, muy bien preparados en materia de explosivos y en tiros de alta precisión.

Se dedicaban a dar golpes de mano y a la siembra de minados, o eran francotiradores. Funcionaban como comandos especializados en áreas de guerra. Surgieron en el Bloque Oriental en 2006 y se extendieron al resto de bloques desde comienzos de 2008. Con las UTC, las Farc-EP mantuvieron el número de acciones e intentaron cansar a las Fuerzas Militares, a la vez que buscaron mantener seguras las zonas históricas (A. Ávila, 2008).

Segundo, se promovió la creación de unidades móviles. Es decir, hubo necesidad de reforzar la movilidad en todas las estructuras guerrilleras. Tal vez los Llanos Orientales fueron el mejor ejemplo.

Allí, con el Plan Patriota, se presentaron combates a diario, y las unidades guerrilleras se rotaron para afrontar a las Fuerzas Militares y mantuvieron una movilidad constante. Esto a su vez llevó años después a acabar con lo que las Farc-EP denominaron la cultura campamentaria.

Mapa 45. Ubicación frentes de las Farc-EP (2008)

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p.14), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Tercero, se procedió a una descentralización progresiva de las estructuras. Se crearon las figuras de los minibloques. Es decir, las grandes estructuras de las Farc-EP se dividieron en algunas más pequeñas para garantizar la comunicación entre mandos y evitar que cualquier operativo militar las castigará duramente. Por último, tal vez de forma no planeada, se especializaron estructuras en diferentes tareas militares. Se podría caracterizar el frente guerrillero como una unidad político-administrativa con jurisdicción sobre un territorio concreto, en el que cumple tareas militares, políticas, económicas y administrativas. No resulta adecuado medirlo por el número de enfrentamientos que haya tenido durante un periodo determinado, pues muchas veces lo militar no es su labor primordial. Cosa contraria ocurría con las compañías y columnas móviles, estructuras de movilización «rápida» que se envían a donde es necesario y están dedicadas a combates y otras categorías de enfrentamientos (Ávila, 2008).

Lo anterior se puede ver en algunas cifras. Por ejemplo, si bien entre 2002 y 2004 las Farc-EP continuaron creando columnas y compañías móviles, ante la asimetría aérea la masificación de UTC llegó desde 2005. Esto llevó directamente a un cambio en el tipo de acción que hacían las Farc-EP.

Para el año de 1998 la actividad principal eran los combates y las acciones tipo comandos eran no solo pocas, sino planeadas estratégicamente en actividades ofensivas. El gráfico 20 discrimina por tipo de acción las actividades de las Farc-EP.

Durante la primera década del nuevo milenio los combates comenzaron a reducirse y aumentaron las acciones tipo comando. A medida que se combate menos, no se concentran tropas y se recurre mucho más a la guerra de guerrillas móviles, disminuyen los guerrilleros fuera de combate, como lo muestra el gráfico 21.

Gráfico 20. Acciones bélicas de las Farc-EP (1998)

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p. 15), elaborado por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Obviamente a medida que se reducían las acciones de alta exposición, el número de bajas en las filas de las Farc-EP comenzó a disminuir fuertemente. Aunque la reducción en el número de abatidos y capturados no se debe únicamente al cambio de táctica militar. El gráfico 22 muestra dicha evolución.

Ahora bien, en cuanto a las estructuras móviles, el aumento de la movilidad de las Farc-EP no significó un aumento en la creación de columnas y compañías, ya para 2003 la gran mayoría existía. El objetivo fue darle más movilidad a la tropa y garantizar una estabilización en el mando. Para ello, se creó una figura de los Comandos Conjuntos de Área, también llamados interfrentes o minibloques.

Para el año 2007 se habían creado tres interfrentes. El primero fue el Yesit Ortiz, en el noroccidente del Caquetá, que agrupó a los frentes 14, 15, 3 y parte de la Columna Móvil Teófilo Forero. En este caso los frentes 3 y 14, debilitados por los operativos militares y los malos manejos de los comandantes, se agruparon con el frente 15 y parte de la Teófilo, y se constituyó un único mando.

Gráfico 21. Acciones bélicas de las Farc-EP (2008)*

*C combates, E emboscadas, H hostigamientos, AIE ataques a infraestructura energética, TCM toma de cabeceras municipales, CM campo minado, ABP ataques a bien particulares, AI ataques a infraestructura.

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p. 16), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Gráfico 22. Miembros capturados y abatidos de las Farc-EP (2005 - 2008)

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p. 16), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

El segundo CCA recibió el nombre de Fuerzas de Tareas Especiales del Ariari y se conformó en el departamento del Meta, uno de los estadios operativos de la fuerza pública a finales de 2008. Debido al nivel de la confrontación, las Farc-EP agruparon y profesionalizaron sus tropas, unieron a los frentes que actuaron en Cundinamarca y otros frentes tradicionales de la zona (55, 51, 53, 42, 26 y el Urías Rondón), además de las fuerzas especiales del Estado Mayor del Bloque Oriental, Embo (Ávila, 2008).

El tercer CCA cubrió el departamento de Arauca y combinó los frentes 10, 45 y 28, la Columna Alfonso Castellanos y la Compañía Reinel Méndez. Estas estructuras fueron diezmadas por la confrontación con la fuerza pública, pero también por el enfrentamiento con el ELN entre los años 2006 a 2010.

Sobre el tema de la especialización de estructuras se pueden dar dos ejemplos. Por un lado, la Compañía Móvil Alfredo González que operó en el sur del Tolima se dedicó únicamente a la fabricación de explosivos y a la siembra de minas antipersonal. Durante la operación «Fuerte» de las Fuerzas Militares (febrero y marzo de 2008) se encargó de sembrar cerca de dos toneladas de explosivos. Se componía únicamente de 50 personas y según entrevista realizada a comandantes de las Farc-EP llegaron a sembrar cerca de diez mil minas. Tanto los dineros, como insumos y alimentación eran provistos por el frente 21 y 50 que también operaban en el sur del Tolima.

Otro de los ejemplos clásicos fue el frente 16 que operó en el departamento del Vichada. Este era la caja del Bloque Oriental, mientras que el frente 44 y 39 tenían una vocación más amplia de combate.

La creación de unidades pequeñas trajo inevitablemente la necesidad de promover mucho personal para asumir esta conducción, es decir aumentar los mandos medios. Con la fuerte presión militar, la captura o muerte en combate de estos mandos medios se incrementó. Además, ante la presión constante, muchos mandos medios promovidos rápidamente en los años del crecimiento exorbitante de la organización guerrillera (entre 1995 y 2002, con algunos baches en 1997) presentaron deserciones y fenómenos de corrupción.

Entre 2002-2008 las deserciones se caracterizaron por ser protagonizadas por recién reclutados, que llevaban entre tres y seis meses en la guerrilla. Según el estudio del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, de cada 10 personas que se catalogan como desertores solo 3 eran combatientes en armas y 7 son colaboradores o simpatizantes o, en el mejor de los casos, milicianos. En 2007, hasta septiembre, 2 de cada 10 desertores eran combatientes armados. La tendencia se incrementó a 3 de 10 en 2008, y se produjo no solo entre recién reclutados: las deserciones de mandos medios y miembros de las Farc-EP con más de 10 años de antigüedad tienden a aumentar constantemente.

DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR Y RECONFIGURACIÓN

Para el año 2003 la expansión paramilitar había terminado y comenzaba un proceso de consolidación territorial. Desde la posesión del presidente Uribe se comenzó a ver un cierto acercamiento entre el Gobierno colombiano y las AUC. Vale la pena recordar que a finales de 2002 los niveles de violencia habían comenzado a descender, pues los paramilitares eran hegemónicos. Por ejemplo, el siguiente mapa es producto de las investigaciones de la Fiscalía Nacional derivado de la Ley de Justicia y Paz. El mapa 46 georreferencia la presencia del Bloque Norte para el año 2003.

Sin embargo, cuando se hace un análisis estadístico sobre la presencia de GAI y los niveles de violencia con los datos oficiales, se constata que la mayoría de estos municipios no registraban presencia activa de ningún actor armado ilegal. No habían combates con la guerrilla ya que habían prácticamente desaparecido, no los combatía el Estado y los niveles de violencia eran bajos.

Mapa 46. Área de influencia del Bloque Norte (2003)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos de la Fiscalía General de la Nación, 2016.

Para el año 2003 no se registraba presencia de conflicto armado y afectación de civiles en el marco del conflicto armado en varias zonas de la costa Atlántica; ya la violencia paramilitar había pasado. Por tanto, la violencia masiva había bajado y se privilegiaba la violencia selectiva. Por ejemplo, durante el proceso de expansión paramilitar uno de los principales focos de agresiones fueron los sindicatos. Como se ve en la tabla 15, desde 2003 se redujo la violencia homicida contra sindicalistas y comenzaron a aumentar las amenazas.

Otro ejemplo es el departamento del Cesar. En el periodo 1997-2001, municipios como Valledupar, Aguachica o Becerril tenían una alta tasa de homicidios, pero mostraban mejoría en el periodo. En gran parte porque la ofensiva paramilitar había comenzado en 1996.

Por otro lado, la mayoría de homicidios tenían alta tasa empeorando o baja tasa empeorando. No debe olvidarse que en 1997, como se vio antes, comenzó la ofensiva paramilitar. El promedio departamental estuvo por encima del promedio nacional y la gran mayoría de municipios estuvo por encima del promedio departamental.

Tabla 15. Homicidios y violencia no letal contra sindicalistas colombianos
(1986 - 2009)

Fuente: Sindicalismo Asesinado, (p., 26 ), por Valencia y Celis, 2013 a partir de la base de datos de Derechos ENS y OPPDHDIH.

Para el periodo 2002-2007, prácticamente todos los municipios iban en mejoría, tal como se ve en el gráfico 23. No había ninguno con alta tasa y empeorando.

Un ejemplo adicional es el departamento del Magdalena. Como se vio antes, fue uno de los centros que consolidó la violencia paramilitar y al igual que en todo el país, la violencia se centró contra la población civil y no contra los grupos guerrilleros. El gráfico 24 permite ver el nivel promedio de desplazamiento entre 1997-2001. Como se ve, casi el 100 % de los municipios mostraban una tasa de cambio empeorando.

Ahora bien, cuando se mira el periodo 2002-2007 la situación es totalmente contraria, prácticamente todos los municipios mostraban una tasa alta de desplazamiento pero mejorando. Para ese momento, la violencia paramilitar ya comenzaba a descender producto de su consolidación (ver gráfico 25).

Todo parece indicar que esta reducción de la violencia fue producto de al menos tres cosas:

La victoria del paramilitarismo en el norte del país, la altillanura y en general los centros poblados. La guerrilla se quedó con las zonas rurales en zonas de frontera y en el sur del país.

Una situación de racionalización de la violencia que había llegado a fuertes grados de degradación y esto acarreaba situaciones complicadas ante la justicia internacional. Los asesores de las autodefensas recomendaron bajar la sevicia de la violencia.

Una petición del nuevo gobierno de Álvaro Uribe que condicionó la apertura de una negociación a cambio de la reducción de la violencia.

Tal vez, el último punto es uno de los centrales:

Gráfico 23. Homicidios en municipios del departamento del César (2002)

Fuente: en «Otros gráficos y documentos», Gráficos de dispersión-conflicto, periodo 1 1997-2001, Homicidios 9701, Cesar en Cd adjunto del libro Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, por C. López (Ed), 2010. Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

Gráfico 24. Desplazados municipios del Magdalena (1997)

Fuente: en «Otros gráficos y documentos», Gráficos de dispersión-conflicto, periodo 1 1997-2001, Desplazados 9701, Magdalena, en Cd adjunto del libro Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, por C. López (Ed), 2010. Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

Gráfico 25. Desplazados municipios del Magdalena (2002)

Fuente: en «Otros gráficos y documentos», Gráficos de dispersión-conflicto, periodo 2 2002-2007, Desplazados 2007, Magdalena, en Cd adjunto del libro Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, por C. López (Ed), 2010. Bogotá: Editorial Random House Mondadori.

El 23 de diciembre de 2002 el presidente Álvaro Uribe sancionó una ley mediante la cual quedó facultado para iniciar negociaciones de paz con cualquier grupo armado, así careciera de estatus político, abriendo la compuerta para una negociación con los paramilitares, grupos de autodefensa de extrema derecha creados en los años 80 y que han sufrido una rápida evolución desde cuando se agruparon bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 (Revista Semana, 2005).

El 29 de noviembre de 2002 los paramilitares hicieron la primera declaración de cese unilateral al fuego, que fue la única condición que puso el gobierno Uribe para comenzar los diálogos que permitieran la desmovilización paramilitar. Unos meses después, el 15 de julio de 2003, se firmó el acuerdo de Santafé de Ralito, que no era otra cosa que una desmovilización gradual que duraría hasta 2006.

Sin embargo, el cese significó una reducción de la violencia masiva, pero las acciones contra la población civil, organizaciones sociales y sindicales continuaron, pero de forma selectiva. Además, disputas internas entre los paramilitares incrementaron fuertemente la violencia en varias regiones del país, como en Meta y Casanare.

En febrero del 2004, las AUC mataron a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios que auspiciaban los paramilitares allí. Frente al asesinato, la mesa de Ralito guardó silencio. En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió como si nada. La prensa denunció que se trataba de una conspiración de los narcos para adueñarse del proceso. Luego mataron a Doble Cero, Miguel Arroyave, Rodrigo Cadena… y del lado del Gobierno, nadie se paró de la mesa.

En julio de ese mismo año se encontró una avioneta con cocaína, atribuida a Ernesto Báez. Durante todo el cese hubo evidencia abundante de que las AUC seguían en el negocio del narcotráfico. Y nadie se levantó de la mesa. En septiembre del 2004, las AUC acribillaron en Barranquilla al ilustre profesor Alfredo Correa de Andreis. Por supuesto, no hubo conmoción en la mesa. En febrero del 2005, paramilitares de Urabá y miembros del Ejército masacraron a dos familias en La Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, degollaron a los niños. Pero nadie se levantó de la mesa (Ruiz, 2013).

Según la comisión colombiana de juristas, las AUC cometieron más de 2.500 homicidios y desapariciones forzadas durante el cese unilateral. Además, según la vicepresidencia estos grupos cometieron poco más de 40 masacres. Pero los hechos significativos durante estos años fueron los pactos que realizaron con políticos. Eligieron cerca del 40 % del Congreso de la República en 2002, centenares de alcaldes, concejales y gobernadores.

Si bien la presente tesis se refiere a las estrategias de la guerra, todo parece indicar que la cooptación del Estado fue un estadio superior de un proceso que tenía a la violencia como estrategia primera.

HOMOGENIZACIÓN POLÍTICA Y PARAPOLÍTICA

Edward Gibson escribió hace algunos años uno de los textos más relevantes para entender los efectos políticos de estructuras armadas y políticas en un territorio. Una de las conclusiones más destacadas es que logra demostrar cómo en medio de democracias estables pueden sobrevivir autoritarismos nacionales y locales. En casos de existencia de estructuras criminales y grupos armados organizados se pueden transformar en verdaderas dictaduras locales.

Los autoritarismos regionales (Gibson, 2006) son enclaves autoritarios que pueden ser locales o regionales, que se desarrollan con algunas condiciones en diferentes territorios de una nación. Las condiciones principales se refieren al papel que cumplen las élites locales y regionales. Los enclaves se desarrollan cuando se producen tres estrategias por parte de las élites.

En primer lugar, el control de los vínculos entre lo nacional y lo regional, como el control de las instituciones que regulan y se encargan de la comunicación entre los diferentes niveles de gobierno. Así, existen instituciones que desde el orden nacional se encargan de intervenir en los niveles regionales y locales, tal vez el mejor ejemplo sea la Procuraduría Nacional, con sus diferentes procuradores regionales. Una segunda estrategia es la nacionalización de la influencia; es decir, estas élites locales deben buscar «jugar» un papel importante en lo nacional (A. Ávila, 2012).

Ellos pueden ser discretos actores nacionales que ocupan o controlan importantes arenas nacionales con el único propósito de defender su control a nivel provincial (Gibson, 2006, p. 216).

Tal vez, la principal institución que aspiran a controlar estos líderes políticos es el Congreso de la República. La tercera estrategia es la parroquialización del poder, lo que en esencia significa aislar los debates regionales y locales del orden nacional. Para ello, los líderes políticos desarrollan «estrategias de frontera» (Gibson, 2006), que les permita evitar la intervención de terceros. A su vez, la oposición busca que sus demandas y debates se conozcan a nivel nacional (A. Ávila, 2012).

En Colombia estos autoritarismos se desarrollaron antes de la violencia paramilitar, cuando municipios se dividían entre liberales y conservadores en los años de la Violencia. Sin embargo, tres factores hicieron que en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI se crearan nuevamente. El primer factor se refiere a la existen de GAI con capacidad de interferir en el funcionamiento de entidades estatales de orden nacional y regional. Se podría decir que en varias regiones los grupos armados sirvieron como guardias pretorianas, para líderes políticos y económicos.

Lo que se conoce como la parapolítica hace referencia a las relaciones que se establecieron entre la clase política, mayoritariamente local y regional, con grupos paramilitares cuyo objetivo fue capturar la representación política y las funciones públicas por medio del posicionamiento de agentes políticos y funcionarios públicos en instituciones nacionales, locales y regionales (López & Sevillano, 2008).

Esta alianza trajo una serie de atipicidades electorales. Por ejemplo, en las elecciones a Congreso de la República hubo figuras políticas que lograron el 70 % o más de los votos válidos en una circunscripción donde competían con decenas de candidatos: en las elecciones locales de 2003, días antes de elecciones, candidatos a gobernaciones como en el Cesar o Magdalena renunciaron y dejaron candidatos únicos (L. Valencia, 2007). El mapa político mostró comportamientos atípicos.

En todo caso, la alianza entre políticos y paramilitares no trajo un recambio de élites. Es decir, a excepción de algunos casos puntuales, no surgieron figuras públicas nuevas. De lo que se trató fue de la consolidación de élites viejas, que aprovecharon esta unión con paramilitares para destruir la oposición política.

Esta alianza, aunque tuvo diferentes explicaciones, tiene como principal factor de comprensión la declaración de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Este proceso democratizador, establecido al finalizar la década del ochenta del siglo pasado, permitió la creación de espacios políticos para terceras fuerzas, movimientos sociales y políticos y nuevos liderazgos sociales. La resistencia a la democratización local llevó a que sectores políticos tradicionales pidieran ayuda a grupos paramilitares para eliminar la oposición. Así, bajo el contexto de presencia de actores armados ilegales, o fragmentación del monopolio de la violencia, se crearon Estados mafiosos, además de autoritarios, donde las acciones institucionales no se diferencian claramente de las acciones del crimen organizado (A. Ávila, 2012).

El segundo factor fue la debilidad de la organización social a nivel local. El proceso de descentralización administrativa derivada de la Constitución de 1991, no logró crear una organización social estable y fuerte. Además, gran parte de esta organización había sido eliminada durante la década del setenta y ochenta, debido a la persecución por parte de algunos agentes estatales y grupos paramilitares. Más tarde, esta ausencia se tradujo en dos situaciones: por un lado, en la desaparición de veeduría y control ciudadano en los gastos de los gobiernos municipales y regionales, en su gestión y sobre todo en sus acciones frente a la interlocución con la ciudadanía; por otro lado, la ausencia de organización no permitió una apertura dentro de la élite dominante.

El tercer factor fue producto de la existencia de economías ilegales que no solo servían de sustento para los GAI, sino que además eran el mecanismo de vida de centenares de familias. No debemos olvidar que para finales de los años noventa del siglo pasado había en Colombia más de cien mil hectáreas de hoja de coca. Además, había departamentos como Putumayo o Caquetá en los cuales varios de sus municipios dependían de esta economía ilegal para ese momento.

Ahora bien, la relación entre paramilitares y élites locales tuvo dos orígenes. En primer lugar, como ya se mencionó, los intentos de democratización a nivel local y regional llevaron a que las élites regionales acudieran a los grupos paramilitares para evitar perder el control estatal. El principal ejemplo fue la masacre de la Unión Patriótica:

Las elecciones de alcaldes el 13 de marzo de 1988 confirmaron la llegada de nuevas figuras políticas. A pesar de la guerra sucia, la UP logró 16 alcaldías directas y otras tantas por coalición, así como 256 concejales. Las consecuencias de la guerra sucia ya se sentían y la acción justificadora de ese baño de sangre por parte de dirigentes estatales también (A. Ávila, 2010b, p. 92).

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que:

Casi todos los miembros de este partido que fueron elegidos para ocupar escaños parlamentarios y otros cargos importantes han sido asesinados. El asesinato del senador Manuel Cepeda es uno de los más conocidos de miembros de la Unión Patriótica. Otros se vieron obligados a abandonar sus cargos políticos y a huir del país para vivir en el exilio. Por ejemplo, Aída Avella, presidenta de la UP y exintegrante del Concejo de la Ciudad de Bogotá, casi pereció a raíz de un ataque en abril de 1996 y se vio obligada a huir a Suiza. En octubre de 1997, el senador Hernán Motta, de la UP, se vio obligado a dejar su banca en el Senado y a abandonar el país debido a las amenazas contra él y su familia (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, punto 53).

El segundo origen fue el gran botín que significaba controlar la administración pública, tanto para las élites locales como para los GAI. La participación en la distribución de los recursos públicos llevó a que la disputa por el control de administraciones locales significará uno de los principales objetivos por parte de los grupos paramilitares. El proceso de descentralización del país permitió la llegada de una buena cantidad de dineros que eran canalizados o desviados de forma ilegal. Llegó a ser tan rentable el control de la administración pública que durante la consolidación paramilitar, 1998-2003 se crearon una serie de municipios como Sabanas de San Ángel y Coveñas en Sucre, entre otros.

También, la red de corrupción logró ser tan grande entre políticos y paramilitares que el Bloque Norte de las AUC creó un sistema de repartición de recursos públicos, denominado la red anticorrupción, la cual funcionaba de la siguiente forma:

Además de las reuniones que sostenía periódicamente el «tesorero de la empresa» (las AUC), con los comandantes de frentes, estos también organizaban reuniones con los alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes y gobernadores. En esas reuniones se repartían las utilidades concertadas de la siguiente manera sobre el 10 por ciento del valor total de un contrato: 3.33 por ciento para el frente que la reporta; 3.33 por ciento para el alcalde, gobernador, parlamentario, diputado o concejal que así lo exigiera; 1 por ciento para los tesoreros municipales, departamentales o de la entidad territorial (llámese hospital, organismo descentralizado, corporaciones ambientales, etc.) que les colaboraban, pues gracias a la información que suministraban los tesoreros se sabía qué contratos se iban a pagar; y el 2.33 por ciento para la Red de Contratación, que a su vez la reportaba a la organización. En total, el 5.6 por ciento del impuesto se quedaba en manos de las autodefensas (T. Martínez, 2008).

Con estos temas de fondo para 2002 y 2003, los paramilitares ya habían logrado expulsar gran parte de la población que les podía hacer resistencia y con el pacto con políticos se consolidaron los autoritarismos. Por ejemplo, en el Cesar, bajo la administración de Hernando Molina: allí el paramilitarismo obligó a renunciar a los contendores de Molina que competían por la Gobernación, e igual situación se presentó en varias alcaldías. Durante este periodo, Jorge 40 creó los llamados distritos electorales (Arias & Acevedo, 2010a). La concentración del voto llegó a cerca del 90 %, pero a nivel nacional no fue notorio o no se cuestionó dicha situación, en parte porque los ganadores eran élites regionales reconocidas en lo nacional y también por los niveles de intimidación que ejerció el paramilitarismo.

Cualquier estudio de los resultados políticos nacionales vistos a través de los lentes de la política territorial, deben hacer un énfasis particular en los vínculos entre niveles de gobierno, y entre actores organizados territorialmente. La forma en que estos vínculos están organizados y cómo los actores en diferentes niveles del sistema territorial los manipulan, es crucial para la forma en que el poder está organizado y distribuido espacialmente dentro de un Estado (Gibson, 2006, p. 5).

Esta alianza con élites tradicionales llevó a que el mapa político no cambiara. Es decir, para la población en general, en la medida que gobernaban los mismos, no fue notorio todo ese proceso de homogenización política.

Tradicionalmente la literatura italiana nos enseñó que las interferencias de las mafias al sistema y régimen político de un país se presentaban como una situación exógena al propio sistema. Se parte del principio que son agentes externos que vienen a distorsionar el funcionamiento de la democracia y la institucionalidad de un país.

Sin embargo, bajo la evidencia recogida en 6 años de investigación (Romero, 2003), se ha logrado determinar que se presentó una situación diferente en Colombia, pues fueron agentes legales, la clase política tradicional en las regiones, quienes buscaron estructuras armadas ilegales para mantener su influencia en la distribución del poder local, regional y nacional. Fueron actores legales y agentes estatales los que utilizaron la violencia para maximizar diferentes intereses (A. Ávila, 2012, p. 10).

La destrucción de la oposición, la eliminación de la competencia política y la creación de los autoritarismos regionales crearon lo que se podría denominar la homogenización política. Esta hace referencia a situaciones en las que los espacios de participación política son cooptados por una estructura política y donde cualquier disenso es castigado con el destierro o la muerte. Pero sobre todo son situaciones en las que se establece una relación de clientelas entre esa estructura política dominante y la población, de tal forma que la persona que disiente es castigada moralmente, vista como una traidora por el resto de la población.

Los distritos electorales en el departamento del Cesar son un buen ejemplo.

Lo que había sucedido era que el Bloque Norte de las AUC había creado la figura de «distritos electorales», en los que solo era permitida la votación por determinas fórmulas «Senado-Cámara», en ese momento se crearon por ejemplo el G-9 y G-11, donde 9 municipios votaban por determinado candidato o fórmula y los 11 restantes de una zona lo hacían por otra. El inicio de este proceso se da el 28 de noviembre de 2006, fecha en la cual se comienza a investigar a los senadores Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Mauricio Pimiento y Álvaro Araújo Castro y a los representantes a la Cámara Jorge Luis Caballero y Alfonso Campo Escobar, ambos del Magdalena (Arias & Acevedo, 2010b, pp. 52–53).

Álvaro Araujo y Luis Eduardo Vives pertenecían a familias prestantes y tradicionales de la costa Caribe. Araujo pertenecía a la familia que durante años había gobernado el Cesar.

Según el testimonio de García, tomado como prueba en la sentencia condenatoria contra Luis Eduardo Vives por la Corte Suprema de Justicia, de dichas reuniones surgió la repartición del departamento en tres grandes grupos de municipios (centro, sur y los municipios ribereños del Magdalena), los llamados distritos electorales, con la ayuda de la información del censo electoral de cada uno de los entes territoriales, que fue otorgado por Enrique Osorio, un funcionario de la Registraduría Municipal. Esos tres grupos de municipios fueron asignados a las fórmulas creadas en la lógica senador-representante, en la cual, a partir de un aporte de 800 millones de pesos por senador y 400 millones de pesos por representante, las autodefensas garantizarían el triunfo con base en una votación muy alta por «fórmula». Esto, ayudado de varios elementos, como constreñimiento al elector y fraude electoral, el cual, según García, se solidificó en una reunión en el restaurante La Gran Muralla de la ciudad de Santa Marta, a la que acudieron Enrique Osorio y los registradores de casi todos los municipios, Osorio les pidió designar como jurados a las personas sugeridas por los candidatos, quienes a su vez estarían capacitados para sustituir los votos depositados por candidatos distintos a los definidos por el Bloque Norte.

Al sumar los votos de las personas que se encuentran investigadas por los delitos de la parapolítica, se logra determinar que fueron 3.5 millones de votos los que tendrían vicio de ilegalidad de un total de 10 millones de votos aproximadamente que se emitieron en las elecciones parlamentarias de 2002. Para el año 2006 la situación no cambió, las estructuras que se habían visto fortalecidas por los acuerdos con los grupos paramilitares se consolidaron en el 2006 (A. Ávila, 2012).

De fondo hay dos conclusiones hasta este punto. Por un lado, no hay una relación proporcional entre violencia y presencia de organizaciones ilegales. El sentido común diría que donde había alta violencia y luego disminuye abruptamente es porque la situación institucional mejora y, por ende, hay un éxito de las políticas de seguridad del Estado. Mientras que donde la violencia es alta, todo va mal. Pero lo que nos enseñó el fenómeno paramilitar es que las caídas abruptas en la violencia son producto de la dominación de una sola organización criminal. Es decir, en la medida que la disputa se acabó entre organizaciones criminales, la violencia bajó, producto del dominio criminal.

La segunda conclusión es aún más dramática para nuestros efectos y es que el territorio es una renta que vincula lo legal y lo ilegal, donde en diferentes zonas pueden convivir regímenes de regulación social, uno legal y otro ilegal, pero ambos con grados altos de aceptabilidad a la población. Por ejemplo:

Semanas antes de ser extraditado, Nodier Giraldo, alias el Cabezón, comandante de finanzas del Resistencia Tayrona, había dicho que entre el 2002 y el 2005 las fincas y el comercio rural del Magdalena habían pagado 1.450 millones de pesos; el comercio de Santa Marta había aportado 13.250 millones de pesos; los contrabandistas de gasolina e insumos químicos habían aportado en diez años (1995-2005), 23.640 millones y por el impuesto de embarque de más de 170 toneladas de cocaína entre 2005 y 2006, la suma de 17 mil millones de pesos, el 60 por ciento de los cuales fueron entregados por el Frente Resistencia Tayrona a Jorge 40, comandante del Bloque Norte. Entre Salomón y el Resistencia Tayrona, recaudaron en tres años por concepto del impuesto del embarque de narcotráfico aproximadamente 47 mil millones de pesos; esto es alrededor de una quinta parte de los impuestos legales que se recaudan anualmente en una ciudad como Barranquilla (T. Martínez, 2008).

Las siguientes tablas dejan ver el número de senadores y representantes a la Cámara involucrada en parapolítica. Aclarando que si bien el Senado en Colombia es de circunscripción nacional, la gran mayoría de ellos mantienen anclados sus votos en no más de dos departamentos.

Así, en la tabla 15 y 16 se muestran los departamentos de mayor participación en la parapolítica y los partidos políticos, de Senado y Cámara respectivamente.

Tabla 15. Senadores participantes en parapolítica (2006)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Efectivamente las zonas de mayor control paramilitar muestran una concentración alta de partidos investigados, la tabla anterior aplica para las elecciones de 2006. Pero, cuando se analiza la Cámara de representantes la coincidencia es aún mayor.

Tabla 16. Representantes Cámara participantes en parapolítica (2006)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Para finalizar el presente apartado se debe decir que el proceso de la parapolítica no fue lineal. En el interior de las AUC y en la propia clase política los debates sobre las relaciones que debían establecer con la otra parte fueron acalorados y no todos estuvieron de acuerdo con lo que se produjo. Se podrían distinguir tres tipos de políticos que se consolidaron mediante las relaciones con las AUC.

A. Los sectores más ideologizados del paramilitarismo optaron por la creación y posicionamiento de figuras propias nacidas de las entrañas de las AUC. Congresistas como Rocío Arias, Eleonora Pineda son muestra de ello. Eleonora Pineda era estilista en un municipio en el departamento de Córdoba. “Según estableció la diligencia judicial, Eleonora Pineda obtuvo 748 votos en su elección al Concejo de Tierralta, en 2000, mientras que en las elecciones del año 2002 pasó a obtener 16.233 sufragios en este mismo municipio, incrementando su poder electoral en 2.170 %. Pineda consiguió no solo la votación más alta del departamento, 82.082 votos, sino la mayor votación del país en Cámara de Representantes… Se puede observar que los mayores niveles de dominio de la votación de Eleonora Pineda estuvieron en Valencia (79 %), Tierralta (82 %), Montelíbano (43 %) y San Antero (63 %) (Arias & Acevedo, 2010a, p. 82).

El gráfico 26 muestra la votación de Eleonora Pineda por concentración y dominio para el año 2002. Los municipios se discriminan por presencia armada de GAI. Resulta notorio cómo cinco de los municipios donde se presentó una votación alta tipifican como localidad sin presencia armada, es decir, que ningún grupo armado realizó acciones armadas. Esto no obedecía a la ausencia de control por parte de un grupo armado ilegal. Por el contrario, no había presencia armada porque un grupo armado ilegal era hegemónico en el territorio, es decir, se había consolidado y por ende las acciones armadas no eran necesarias. De ahí que no exista una relación proporcional entre violencia e ilegalidad.

Los municipios representados con un triángulo, es decir, que muestran disputa, entran en esta categoría porque en las zonas rurales algunas estructuras de las Farc-EP presentaban hostilidades contra la fuerza pública, pero, en general, las cabeceras urbanas eran controladas por el paramilitarismo. Esta situación se presentó en todo el país: las guerrillas en las zonas rurales y las cabeceras urbanas controladas por las AUC.

Gráfico 26. Concentración y dominio electoral Eleonora Pineda

Fuente: Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, (p, 79), por C. López, 2010. Bogotá: Editorial Randon House Mondadori.

Nótese cómo en Valencia y Tierralta Eleonora Pineda sacó cerca del 80 % de los votos, en una circunscripción donde competía con decenas de candidatos y donde ella no contaba con mayor tradición política. Estas dos congresistas Pineda y Arias fueron las primeras en ir a la cárcel, obviamente por ser recién llegadas al mundo político no tenían redes de protección.

B. Otros líderes paramilitares, entre ellos Ernesto Báez o Jorge 40, prefirieron la alianza con políticos tradicionales. Este es el segundo tipo de parapolíticos. Particularmente la vieja clase política local y regional se alió con paramilitares para prolongar su posición en los cargos públicos de las regiones del país (A. Ávila, 2012). Además, Jorge 40 era de la élite del Cesar, se conocía de infancia con todos los políticos tradicionales.

Esta es una de las razones que explica por qué la magnitud de la violencia en Colombia con tanto silencio y poco conocimiento en sectores urbanos. Mientras que las dictaduras argentina y chilena se dedicaron a perseguir a la clase media-alta educada, en Colombia se persiguió, asesinó y masacró los sectores más excluidos. Las víctimas del cono sur llegaron a cerca de 30 mil, en Colombia entre asesinatos y desapariciones la cifra rondaría los 400 mil, más ocho millones de desplazados forzados; una verdadera tragedia humanitaria. Además, esta fue una violencia mayoritariamente rural que no tocó las grandes ciudades del país, donde aún hoy se desconoce la magnitud de la tragedia.

También es interesante decir, que según la Fiscalía Nacional, la relación entre políticos y paramilitares no fue asimétrica. Es decir, no se trató de que los paramilitares obligaran a los políticos a aliarse. Por el contrario, se detectó que fueron los políticos los que buscaron a las AUC (Panamá América, 2009).

Salvatore Mancuso habló del tema a mediados de 2007, revelando a la Fiscalía que en la época de elección de gobernadores del 2003, seis congresistas conformaron un grupo denominado «El sindicato» y lo buscaron a él con el objetivo de proponerle que apoyara a un candidato de ellos en Córdoba y así acabar con el dominio tradicional de la familia López Cabrales, cuyo candidato era Libardo López. Mancuso afirmó que los seis congresistas que integraban «El sindicato» eran Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda (Sevillano, 2009, p. 15).

C. La tercera clase de políticos que se aliaron con paramilitares no fueron miembros de las AUC, ni miembros de la clase dirigente local y regional. Fueron una serie de outsider, sobre todo, nuevos ricos emergentes que se habían beneficiado con el proceso de privatización del Estado y la economía ilegal del narcotráfico.

Ellos lograron posicionarse como agentes determinantes y líderes emergentes por fuera de las viejas estructuras partidistas, algunos inicialmente fueron financiadores de campañas políticas. Con un discurso populista contra las élites nacionales y los políticos tradicionales de sus regiones, se posicionaron como políticos emergentes y rápidamente fueron creando un espacio público en lo local. Estas personas fueron los que primero se aliaron rápidamente con los paramilitares. Un ejemplo es Dieb Nicolás Maloof.

Maloof inició su carrera siendo médico en una clínica en el departamento de Magdalena, colindante con el pie de monte en la sierra nevada de Santa Marta, que era paso obligado para los heridos que bajaban las guerrillas de las Farc-EP y sobre todo del ELN. Rápidamente se convirtió en un informante de los grupos paramilitares sobre el paso de guerrilleros por la zona. Con la privatización del Seguro Social, logró posicionarse como uno de los empresarios más importantes en el sector de la salud en la región de la costa Atlántica. En 2002 logró una votación alta, con dominio en 6 municipios, donde obtuvo más del 80 % de los votos. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años de prisión por concierto para delinquir comprobándose su relación con el Bloque Norte de las AUC.

Cuando el poder político de estas élites estaba consolidado se dio la desmovilización paramilitar. Es algo así como si la violencia hubiera jugado un papel, pero cuando no fue necesaria se le aisló.

Tras una serie de acercamientos de la Iglesia Católica con las Autodefensas Unidas de Colombia, avalados por el Estado colombiano desde el gobierno de Andrés Pastrana y continuada por Álvaro Uribe, en el mes de octubre de 2002 el grupo armado ilegal manifestó su interés por realizar un cese de hostilidades como muestra de voluntad para iniciar un proceso de paz. En consecuencia, el alto comisionado para la Paz de ese entonces, Luis Carlos Restrepo, adelantó los primeros encuentros con las AUC en noviembre de 2002 (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006).

Para el mes de diciembre de 2002, las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente (Compuesta por las Autodefensas Campesinas de Casanare y las Autodefensas de Meta y Vichada) declararon un supuesto cese de hostilidades con el fin de dar inicio a un proceso de paz con el Gobierno colombiano. Durante ese mismo mes, el Gobierno nacional constituyó una Comisión Exploratoria de Paz que funcionaría de la mano con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

A inicios del año 2003,fueron instaladas cuatro mesas paralelas de negociación, una con las AUC, dos con el Bloque Central Bolívar, BCB, y la otra con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, estos últimos se negaron a compartir la mesa con el BCB, lo que ya, desde el principio del proceso, evidenciaba fuertes tensiones entre los grupos federados de las AUC. Por su parte, el Bloque Elmer Cárdenas, que operaba en el Urabá, decidió distanciarse del proceso desde el mes de enero del mismo año (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2006).

Como resultado de las negociaciones, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comisión Exploratoria de Paz, representantes de la Iglesia y las AUC se reunieron el 14 y el 15 de julio en Tierralta, Córdoba, y suscribieron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, documento en el cual el grupo armado ilegal se comprometía a desmovilizarse paulatinamente hasta el 31 de diciembre de 2005.

El primer bloque de las autodefensas en desmovilizarse fue el Cacique Nutibara, al mando de alias don Berna, el 25 de noviembre de 2003. Asimismo, según el informe de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se llegó a acuerdos de desmovilización con el Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca y con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, durante diciembre de 2003.

En enero de 2004, el presidente Álvaro Uribe y el secretario general de la OEA y expresidente del país, César Gaviria, firmaron un convenio en el cual se definió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP/OEA, que tenía como objetivo hacer veeduría al proceso de desmovilización paramilitar. Durante el mes de marzo de 2004, en el marco del desarrollo de una mesa de diálogo unificada con las AUC y con el BCB, se llegó a la firma del Acuerdo de Fátima, en el cual se disponía la puesta en marcha a partir del 15 de junio, una Zona de Ubicación Temporal, ZUT, en el municipio de Tierralta, Córdoba, en donde se concentrarían las AUC para facilitar el proceso de desmovilización.

Aunque las AUC, el Bloque Central Bolívar, el Bloque Vencedores de Arauca, y el grupo de Autodefensas de Alianza Oriente, bajo la dirección de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, José Vicente Castaño y Ramón Isaza, declararon un cese de hostilidades, distintos organismos de control y entidades de carácter público y privado dieron a conocer la preocupante situación de derechos humanos que estaba sucediendo en las regiones de Colombia por cuenta de los paramilitares.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de septiembre de 2004, en el departamento de Antioquia se registró la ocupación de bienes civiles protegidos por el DIH, especialmente en los cascos urbanos de los municipios y de la ciudad de Medellín (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2002).

En Arauca, el mismo informe señala la perpetración de masacres y desplazamientos forzados por cuenta de las AUC y dirigidas a la población civil. En Cauca, se conoció de homicidios selectivos y actos de pillaje cometidos por paramilitares y también dirigidos hacia la población civil.

En Cesar, en el municipio de Pailitas, se conoció de una masacre cometida el 31 de agosto de 2004 por las AUC donde torturaron y asesinaron a cuatro campesinos cuyos cadáveres no habían sido recuperados por orden de los paramilitares. También siete personas se registraron desaparecidas en esta acción paramilitar, una de ellas era menor de edad (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2004).

En el departamento de La Guajira, según información de la Policía Nacional recolectada por la Defensoría del Pueblo, los homicidios por cuenta de las AUC se habían incrementado:

(…) para el año 2003 se registraron 447 muertes violentas, selectivas y con arma de fuego, de las cuales el 16 % fueron atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia. Para julio 30 de 2004, las muertes violentas, selectivas y con arma de fuego ascienden a 272, de las cuales se atribuye un 18.75 % a las Autodefensas Unidas de Colombia. Cifras que demuestran que las autodefensas en proceso de negociación con el Gobierno nacional han incrementado, del año 2003 a 2004, sus acciones contra miembros de la población civil (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2004, p. 11).

En La Guajira también se registraron masacres, desplazamientos forzados y violaciones sexuales a menores de edad pertenecientes a la etnia wayuu. Los pueblos indígenas kogui y wiwa también fueron víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos por parte de las AUC. Las comunidades indígenas de la Sierra Nevada y los indígenas kankuamo también fueron azotados durante el supuesto «cese de hostilidades». Según la Defensoría del Pueblo, los paramilitares cometieron homicidios selectivos contra estos grupos étnicos y los obligaron a desplazarse. El homicidio de un líder kankuamo en Valledupar el 03 de agosto de 2004 fue atribuido a las AUC al mando de Jorge 40. Esta situación se extendió a los departamentos del Putumayo, el Magdalena y Valle del Cauca.

Por otra parte, las profundas grietas existentes en el interior de las AUC evidenciaban ya una imposibilidad de control de estructuras por parte de los líderes negociadores, lo que demuestra que la unidad con la cual las AUC quisieron presentarse para legitimar su negociación no era más que una ilusión estratégica para acceder a la impunidad ofrecida por el Gobierno.

GUERRA ENTRE ESTRUCTURAS PARAMILITARES

Tal vez una de las situaciones más complejas y que evidenció de manera más profunda las divisiones en el interior de las AUC, fue la cruenta guerra entre estructuras paramilitares a partir del final del gobierno de Andrés Pastrana. Una guerra en los Llanos Orientales, otra en Medellín y una más en la sierra nevada de Santa Marta.

En los Llanos Orientales, Miguel Arroyave o Arcángel ganó la guerra y desterró a Martín Llanos, quien estuvo prófugo de la justicia hasta que fue capturado. Las versiones en terreno indican que Arroyabe tuvo el apoyo de las Fuerzas Militares para que Castaño lograra doblegar a Martín Llanos.

La llegada de las autodefensas de Castaño al norte de Casanare amenazó el poder regional de los Buitragueños y en especial de Martín Llanos[11]. Según algunos desmovilizados «La paranoia de Llanos lo llevó a asesinar a personas cercanas a él como Víctor Feliciano Alfonso, su esposa Martha Nelly Chávez y Juan Manuel Feliciano Chaves y cuatro personas más el 28 de febrero de 2000. Únicamente quedó vivo Víctor Francisco Feliciano, quien negó los nexos de su familia con el narcotráfico.» (Verdad Abierta, 2009a).

Los dos grupos presentes en el Casanare estaban cobrando extorsiones al tiempo. Esto generó que la empresa de gas de Yopal cerrara sus puertas al no aguantar la presión de los grupos y que se desatara una ola de asesinatos que se convirtió en una guerra abierta. Según la Defensoría del Pueblo, citada en el portal Verdad Abierta, de 1997 a los tres primeros meses de 2001 se presentaron 31 masacres, de las cuales 12 sucedieron en Yopal durante los primeros tres meses de 2001 (Verdad Abierta, 2009).

En el marco de estas confrontaciones, Miguel Arroyave compró el Bloque Centauros a Carlos y Vicente Castaño a finales del año 2002. Tras una serie de combates entre estas estructuras paramilitares, que dio lugar a una victoria parcial de Martín Llanos, la casa Castaño Gil envió a Mapiripán refuerzos del Bloque Centauros, del BCB y de San Martín para apoyar la lucha contra los Buitragueños. Adicionalmente, Arroyave pidió apoyo de un alto oficial del Ejército quien desplegó un operativo de la Fuerza Aérea en contra de las Autodefensas Campesinas de Casanare. En esta confrontación, el apoyo de la fuerza pública fue clave para la victoria de Arroyave.

La otra confrontación fue en la sierra nevada de Santa Marta, entre el grupo armado dirigido por Hernán y las autodefensas de Carlos Castaño, en cabeza del Bloque Norte de las AUC. La disputa tenía nombre propio: el corredor de actividades económicas ilegales de la ciudad de Santa Marta. Esta guerra tuvo como resultado desplazamientos masivos, homicidios y, finalmente, el sometimiento de Hernán Giraldo al Bloque Norte que comandaba Jorge 40.

Otra guerra fue la que vivió Medellín. El Bloque Metro, que no había participado del proceso de negociación, al mando de Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble cero, se tranzó en una guerra contra el Bloque Cacique Nutibara del BCB al mando de Diego Fernando Murillo, alias don Berna, debido, en principio, a que Doble Cero consideraba de manera negativa la supuesta infiltración del narcotráfico a las autodefensas, mientras que la principal actividad económica de don Berna era el narcotráfico. Finalmente, después del derramamiento de sangre, don Berna se hizo al control del territorio. Por su parte, Doble Cero se replegó hacia el oriente antioqueño y terminó siendo asesinado en la costa Atlántica.

Ejemplos de estas rupturas entre grupos paramilitares hay muchos. Sin embargo, otro de los hitos que marcaría la historia del paramilitarismo y del narcotráfico del país, fue el asesinato de Carlos Castaño. Al parecer fue ordenado por su hermano Vicente Castaño el 16 de abril de 2004, es decir en plenas negociaciones entre paras y Gobierno. Este homicidio fue perpetrado por alias móvil 5 en un operativo dirigido por alias Monoleche, y se dio luego de una serie de denuncias públicas acerca de la cooptación del paramilitarismo por parte del narcotráfico. En este sentido, la tensión entre las facciones de los paramilitares por el negocio del narcotráfico terminó con la muerte de Carlos Castaño, histórico vocero de la ultraderecha armada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

La heterogeneidad de las estructuras paramilitares evidenció la fuerte ruptura con la cual se presentaron a negociar con el Gobierno. De manera paralela, las múltiples violaciones al cese de hostilidades –que realmente nunca existió– y las abiertas confrontaciones por el poder territorial, minaron la confianza en el proceso de desmovilización por parte de la comunidad internacional y de un amplio sector de la sociedad colombiana, que incluso llegó a cuestionar la legitimidad de una mesa de negociación entre un Estado patrocinador del paramilitarismo y los paramilitares. Es decir, una mesa de negociación entre iguales.

DESMOVILIZACIÓN DE LAS AUC

Según el reporte de MAPP/OEA, esta fue la síntesis del proceso de desmovilización:

Durante todo el proceso que se inició el 25 de noviembre de 2003 con la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y que terminó el 15 de agosto de 2006, se dieron 38 actos de desmovilización de los cuales hicieron parte 31.689 miembros de este grupo armado irregular. Se destacaron por el mayor número de integrantes el Bloque Central Bolívar con 6.348, el Bloque Norte con 4.760, el Bloque Mineros con 2.780, el Bloque Héroes de Granada con 2.033 y el Bloque Elmer Cárdenas con 1.538 integrantes. Es de resaltar que nueve estructuras agrupaban 22.962 integrantes que corresponde al 72,4 % del total de los desmovilizados (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA, 2007b, p. 4).

Aunque las cifras de este proceso son optimistas, hubo preocupantes irregularidades que acompañaron al mismo. Una parte importante de esa gran cifra de desmovilizados se rearmaron en los territorios en los que habían delinquido y se unieron a quienes no se habían desmovilizado. Por otra parte, solo se entregaron 18.002 armas, siendo la relación de armas combatientes de 0.56. Es decir, por cada dos paramilitares «desmovilizados» se entregó un arma (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, MAPP/OEA, 2007b).

Por otra parte, la cifra de desmovilizados dista de manera significativa de lo que los paramilitares afirmaban tener al principio del proceso. En una entrevista realizada por Semana a Vicente Castaño el 6 de junio de 2005, el jefe paramilitar afirmó que unos 4.000 hombres de las AUC eran exguerrilleros. Es decir, alrededor del 40 % del pie de fuerza total, esto indica que el jefe paramilitar estimaba que las AUC estaban compuestas por 10.000 hombres.

Por su parte, Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, afirmó el3 de julio de 2011, en audiencia ante el Tribunal Superior, divulgada por la Revista Semana, que los miembros de las AUC llegaban máximo a 16.000 y que la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, primer bloque desmovilizado, había sido una farsa debido a que la mitad de desmovilizados no eran paramilitares. El Alemán afirmó que esta falsa desmovilización benefició al entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez (S. N. Revista Semana, 2011).

La propia Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) que tuvo como función acompañar y realizar veeduría sobre el desarme, desmovilización y reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia, criticó duramente el proceso de desmovilización.

En este sentido, una de las principales críticas a este proceso de desmovilización, iniciado el 25 de noviembre de 2003 con la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, fue la pronta reconfiguración de estructuras armadas en los territorios en los cuales operaban. Según el VIII Informe presentado por MAPP/ OEA en febrero de 2007, fueron identificadas serias violaciones a los compromisos de desmovilización por parte de las AUC, entre las que se cuentan rearmes de estructuras, reductos no desmovilizados y nuevos reclutamientos, especialmente en la zona en donde operaba el desmovilizado Bloque Norte al mando de Jorge 40 y en algunos departamentos de influencia del Bloque Central Bolívar.

Como resultado de las labores de verificación, la Misión ha identificado 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente tres mil integrantes, de los cuales una parte fueron miembros de las autodefensas. Sobre 8 de estas estructuras se tienen indicios de un posible fenómeno de rearme, constituyéndose estos casos como alertas. Los restantes 14 casos han sido plenamente verificados por la Misión. Es relevante destacar que la MAPP/OEA ha observado que las agrupaciones que han surgido luego de las desmovilizaciones de las AUC y los reductos que no se desarticularon, han reclutado personas que se encuentran en el proceso de reinserción; no obstante, solo una parte de sus miembros son desmovilizados (MAPP/ OEA, 2007a, pág. 6).

El pronto rearme al que hace alusión MAPP/OEA evidencia lo que en realidad sucedió con el proceso de desmovilización paramilitar, esto es, que nunca existió una coordinación unificada de las AUC que pudiera negociar con el Gobierno. También, es claro que el Gobierno se empecinó en mostrar resultados que no existían a través de elevadas cifras de desmovilizados que, al parecer, contenían delincuentes comunes, pequeños narcotraficantes y personas en busca de mejores condiciones de vida. Es decir, o el gobierno de Álvaro Uribe, en su ingenuidad, dejó pasar por su puerta un fraude de dimensiones enormes que se aprovechó de su «voluntad de paz» o existía una suerte de complicidad entre los altos mandos del gobierno debido a la estrecha relación entre el paramilitarismo, la política, la acumulación de tierra y el narcotráfico.

Por otra parte, las regiones vivieron un proceso continuo de violencia, incluso más álgido durante el periodo de negociación con el Gobierno, como lo muestra el caso de Yopal durante la guerra del Casanare entre Arroyabe y Llanos. A nivel local, el fenómeno paramilitar nunca terminó, las innegables continuidades de los repertorios de acción violenta, sumada a la permanencia de castas familiares en el accionar delictivo herederas del paramilitarismo con fuertes enclaves en las élites regionales, ha perpetuado –aunque con algunas transformaciones– el orden paraestatal hasta nuestros días.

En conclusión, el proceso de desmovilización paramilitar fue fallido y plagado de irregularidades de todo tipo. Pero sin lugar a dudas redujo los índices de violencia.

DISIDENTES, REARMADOS Y EMERGENTES

Como se vio antes, las desmovilizaciones comenzaron en el 2003 con el desmonte del Bloque Cacique Nutibara que operaba en Antioquia, principalmente Medellín, donde se desmovilizaron 873 combatientes. La última entrega a nivel nacional fue en abril de 2006, con la desmovilización de los frentes Pavarandó y Dabeida pertenecientes al Bloque Élmer Cárdenas de los departamentos de Antioquia y Córdoba (Arias, 2007).

En todo caso, la última de las desmovilizaciones en 2006 no trajo el fin de las acciones paramilitares. De hecho, diferentes instituciones oficiales siguieron registrando el accionar de organizaciones paramilitares. Efectivamente, varias estructuras quedaron al margen del proceso y decidieron no desmovilizarse. Sin embargo, desde 2006 las fuentes oficiales comenzaron a rastrear y contabilizar estructuras criminales que llamaron organizaciones al servicio del narcotráfico, siendo este uno de los actores con mayor actividad en relación a las acciones bélicas desarrolladas. En estas se observa un impresionante aumento en el 2005, en medio del proceso de desmovilización (ver gráfico 27).

Gráfico 27. Número de acciones realizadas por paramilitares (2004 - 2008)

Fuente: Ministerio de Defensa, 2009.

Mauricio Romero, realizó tal vez el primer informe sobre lo ocurrido en las zonas donde operaron grupos paramilitares. Allí se identificaron tres tipos de grupos que surgieron luego de la desmovilización paramilitar. Unos grupos disidentes, es decir, que nunca entraron al proceso de desmovilización, como las Autodefensas Campesinas del Casanare o Buitragueños. Unos grupos rearmados, como lo ocurrido en los Llanos Orientales con el rearme de alias Cuchillo que más tarde dio nacimiento al Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, ERPAC. También, aquí cabe la Organización Nueva Generación surgida en Nariño producto de un rearme. O estructuras emergentes, es decir, que surgieron donde operaban grupos paramilitares pero que su operatividad y composición no era exclusivamente de las antiguas redes paramilitares.

Así las cosas, estos grupos emergentes podían dividirse en dos. Estructuras pequeñas de alcance local que habían trabajado para los paramilitares y con su desmovilización lograron aumentar su capacidad criminal. Y estructuras que eran relativamente nuevas, que podían componerse de paramilitares, pero que su naturaleza operativa y sus redes eran diversas.

El informe alertaba sobre una serie de zonas donde seguían las amenazas y extorsiones y donde la población no sentía ningún cambio luego de la desmovilización.

Las zonas más críticas en términos de esos GAI, sean estos rearmados, disientes o emergentes, se ubican en el sur y occidente del país –Nariño, Chocó, Cauca, Valle y Putumayo–, en la costa Caribe en general, en los Llanos Orientales –Meta, Vichada y Casanare–, en el bajo Cauca y en Norte de Santander. En menor medida existen manifestaciones de hechos similares en algunos municipios de los departamentos del Caquetá, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. El número estimado de personas que conformarían esos grupos oscila entre los tres mil y los cinco mil, dependiendo de la fuente consultada. De la misma forma, la proporción de desmovilizados de las AUC que hacen parte de estos grupos podría estar cercana al 17 %, de acuerdo con el número de desmovilizados dentro del total de miembros capturados o muertos en acciones criminales pertenecientes a esos grupos, es decir, un 2 % del total de desmovilizados de las AUC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 98).

El último dato era interesante. Ernesto Báez, uno de los jefes del Bloque Central Bolívar, le había dicho a Luis Carlos Restrepo, en ese momento alto comisionado de Paz, que cerca del 80 % de los mandos medios habían quedado por fuera del proceso. Tal vez Nariño fue donde más se vivió esta situación. Allí, a inicios de 2006, nacieron en la costa Pacífica nariñense las denominadas Águilas Negras, operando en los municipios de esta subregión, sobre todo en El Charco. Aunque al inicio se cuestionó oficialmente la existencia de este grupo armado y la fuerza pública manifestó que se trataba de delincuentes comunes, los reportes iniciales de diferentes organismos y las acciones que realizaban contra la población civil constataron su existencia con cerca de 300 hombres en el departamento y con fuerte capacidad militar.

Al respecto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, MAPP/OEA,

(…) ratifica la expansión de una estructura armada ilegal denominada «Nueva Generación» (ONG) (sic) tal como se informó en el VI y VII Informe del Secretario General al Consejo Permanente. Dicha estructura ha consolidado su control sobre las comunidades donde tenía influencia el Bloque Libertadores del Sur (BLS) del BCB, en municipios como Andes Sotomayor, Cumbitara, Policarpo, Leyva y El Rosario. Las informaciones dan cuenta que el grupo podría tener unos 300 hombres operando en esta región (…) La estructura la componen mandos medios del BLS no desmovilizados, desmovilizados, y personas reclutadas.

En los cascos urbanos cuentan con informantes de civil, controlan la circulación de la población por medio de retenes en las carreteras, cobrando sumas de dinero a los transportistas, amedrentándolos con armas largas y cortas. En el área rural visten de camuflado, portan brazaletes con la insignia ONG, y patrullan con armas largas.” (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/ OEA), 2007b, p. 9).

Lo anterior es concordante con la idea de que en Nariño la desmovilización tuvo un efecto muy limitado, pues cerca del 50 % de los desmovilizados del Frente Libertadores del Sur retomaron las armas. Algunos días después de la desmovilización, la MAPP/ OEA declaró que:

(…) en otras regiones la dinámica ha estado determinada por la alianza entre antiguos paramilitares, especialmente del Bloque Central Bolívar (BCB) y narcotraficantes del norte del Valle. Esta situación se puede observar en el sur del país en departamentos como Nariño y Putumayo. Grupos como los Rastrojos, Mano Negra y Organización Nueva Generación Colombia, en el departamento de Nariño, sur del Cauca y Putumayo, son los que en mejor forma describen esta dinámica. El narcotráfico adquiere un papel determinante, permitiendo a estas estructuras expandirse y fortalecerse militarmente con el objetivo de obtener o preservar un control social y económico (Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/ OEA), 2007b, p. 5).

Es decir, hubo zonas donde no se sintió un cambio con este proceso de desmovilización. Los informes 7, 8 y 9 de la MAPP/OEA, organismo encargado de la verificación del proceso de desmovilización paramilitar así lo dejaron ver.

Se podría decir que entre 2006 y 2008 se produjo lo que en ciencia política se llama proceso de recomposición criminal. Es decir, un periodo de tiempo que dura entre 2 y 3 años, en el que se presenta una disputa criminal por el control de rentas locales y regionales, ya sean legales o ilegales. Estas disputas se realizan entre aparatos criminales con similar capacidad y, por ende, esta anarquía termina cuando unos grupos comienzan a imponerse a otros.

Para el año 2008 había 27 departamentos y 246 municipios con presencia de estos nuevos grupos. Los departamentos más afectados eran: Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle, Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar, Santander y Magdalena; los cuales presentaban un número alrededor de 32 a 10 municipios en los diferentes departamentos nombrados[12].

Se encontraron cerca de 110 tipos de nombres que utilizaban estas nuevas organizaciones. El poder de estas estructuras era variado, había desde grupos con apenas 20 personas, hasta más grandes con centenares. Una de las chapas o nombres más utilizados era el de Águilas Negras[13], quienes se ubicaban en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Valle. Mientras que organizaciones como la de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, hacían presencia en cuatro departamentos fundamentales: Córdoba, Antioquia, Bolívar y Magdalena que favorecen el encuentro de la frontera con Panamá. Sin embargo, esta última estructura era la más poderosa de todas.

El Gobierno nacional agrupó estas estructuras bajo el nombre de Bandas Criminales y Emergentes o Bacrim. No se sabía bien el significado de este nombre, allí cabía desde una banda de apartamenteros en cualquier ciudad del país, hasta estructuras con pesados aparatos militares.

Tanto en municipios como en departamentos se presentaban simultáneamente la presencia de varias estructuras, lo que llevó a un proceso de confrontación, bastante horizontal por cierto. Por ejemplo, en el departamento de Atlántico se ubicaban organizaciones como Águilas Negras, Los Cuarenta, Los Rastrojos y Los Arhuacos. La Organización Nueva Generación, ONG, compartió territorios del departamento de Nariño con la banda emergente Nueva Generación, Los Rastrojos y las Águilas Negras especialmente en los municipios de Cumbitara, Pasto, Policarpa, Samaniego y Tumaco.

En los Llanos Orientales al antiguo Bloque Centauros lo remplazó el ERPAC, llamado para ese momento Libertadores del Llano al mando de alias Cuchillo o Pedro Guerrero.

En Norte de Santander, sobre todo en el aérea metropolitana, el Bloque Catatumbo y el Bloque Fronteras fue reemplazado por las Águilas Negras, que en la vida real eran los paramilitares rearmados.

En Antioquia, particularmente en el Urabá y sur del departamento de Córdoba, se instaló la organización más fuerte, conocida como la Gente de Don Mario, más tarde recibirían el nombre de Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Los hermanos Mejía Múnera, luego del fracaso de Arauca, compraron una franquicia y crearon un grupo llamado Los Mellizos, que operaba en el departamento del Magdalena. Luego, le darían el nombre de Los Nevados. Allí mismo en la sierra nevada de Santa Marta una parte de la familia de Hernán Giraldo creó un grupo llamado Los Giraldo, que se disputaba la sierra con Los Nevados.

En el Valle del Cauca y producto de la guerra interna en el cartel del norte del Valle habían surgido dos grupos. Los Rastrojos al mando de alias Varela o el Cabo, y luego de la muerte de este lo controlarían los hermanos Comba. El grupo con el que se disputaban eran Los Machos al mando de don Diego.

Dos grupos armados vinculados con el cartel del norte del Valle corresponden a este caso: Los Rastrojos y Los Machos, que también han usado los nombres paramilitares de Autodefensas Unidas Campesinas del Norte del Valle (AUCNV) y Rondas Populares Campesinas, respectivamente (International Crisis Group, 2007, p. 7).

En el caso de Medellín, y particularmente con la Oficina de Envigado, se creó un brazo rural denominado Los Paisas. Se expandieron por algunos municipios del bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba. Por ejemplo, en 2007, disputas entre los GAI en otras regiones reafirmaron la complejidad de este fenómeno, con el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Tierralta, Córdoba, en donde se generó un conflicto interno entre Los Paisas y Los Traquetos.

Se realizó un Consejo Departamental de Paz con el fin de tratar el tema concerniente a la delicada situación de orden público en el municipio de Tierralta, originada por un conflicto armado interno entre tres bandas. Mientras tanto, en 2008 Los Paisas y Los Traquetos se unieron en Valencia y Córdoba en contra de la banda Héroes de Castaño[14], para dar inicio a una nueva guerra. En el gráfico 28 se muestra la evolución del homicidio en el departamento de Córdoba entre 2003 y 2008.

Gráfico 28. Homicidios en Córdoba (2003 - 2008)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, información suministrada por el Instituto de Medicina Legal de Colombia, 2017.

Obviamente esto trajo el aumento de una serie de indicadores de violencia. Nariño fue otro de los departamentos más afectados. El gráfico 29 muestra el número de desplazamientos en este departamento después de la desmovilización paramilitar, la cual es mayor si se compara con las cifras desde 1997. Nuevamente, se constató que el despojo de tierras fue uno de los hechos más denunciados por las víctimas.

Además de las Águilas Negras, Los Rastrojos, las Autodefensas Campesinas Nueva Generación y la Organización Autodefensas Nueva Generación, se crearon otra serie de grupos como: Mano Negra, que operaron en el municipio de Rosario; las Autodefensas Campesinas de Nariño, que operan en la zona limítrofe con Ecuador y las recién llegadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Este último grupo, según los datos oficiales, estaba bajo las órdenes del recién capturado alias don Mario.

Gráfico 29. Desplazamiento en Nariño (2005 - 2007)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Fundación Paz y Reconciliación, información suministrada por UARIF, 2017.

En este punto es interesante hacer un ejercicio. Vamos a tomar la capital de Nariño: Pasto, que tiene unas dinámicas de seguridad típicas de cualquier urbe grande y que no sentía los efectos de la recomposición paramilitar ni de la presencia guerrillera. Igualmente, tomamos un municipio típico de presencia guerrillera en Nariño como lo es Samaniego; y un municipio que era de dominio paramilitar y que entró en disputa luego de la desmovilización paramilitar. El gráfico 30 muestra la evolución entre 2004 y 2007 de homicidio común para tres municipios representativos del departamento.

Gráfico 30. Homicidio común en tres municipios de Nariño (2004 - 2007)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, información suministrada por el Instituto de Medicina Legal de Colombia, 2017.

Nótese cómo Pasto muestra un descenso importante para 2007, pero con comportamientos homogéneos en los tres años anteriores. El municipio con presencia guerrillera presenta cifras casi iguales en los tres años. Mientras que Tumaco, sí presenta un incremento de la violencia homicida producto de la disputa entre estas estructuras emergentes.

Un aspecto relevante, es que para ese momento los grupos emergentes, a excepción de Los Rastrojos, funcionaban como grupos paramilitares, manteniendo un discurso contrainsurgente y declarando objetivo militar a la población civil proveniente de zonas de presencia guerrillera. Sin embargo, esta excepción se desdibuja desde principios del año 2008 cuando Los Rastrojos comenzaron con las mismas acciones de los otros grupos emergentes. Lo anterior explica que en Nariño la población no haya percibido cambios, y siga refiriéndose a estos grupos como paramilitares:

Luego de siete meses de finalizado el proceso de desarme y desmovilización, la MAPP/OEA, en el marco de las labores de verificación del desmantelamiento de la estructura militar de las AUC y el seguimiento del orden público, identifica un complejo escenario en algunas regiones de Colombia (Nariño, Chocó, Putumayo). En estos territorios, la población no parece percibir un cambio sustancial en las condiciones de seguridad, debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales, ligadas a economías ilícitas, con capacidad armada de intimidación y control (Misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, 2007a, p. 3).

La expresión utilizada por la MAPP/OEA es concluyente y lapidaria, básicamente hubo zonas donde prácticamente no pasó nada. Así las cosas, los siguientes cuadros resumen dicha situación.

Cuadro 1. Grupos ubicados en la clasificación de paramilitares y sus reductos, disidentes y desmovilizados

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Cuadro 2. Grupos ubicados en la clasificación de bandas emergentes y nuevos grupos

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Cuadro 3. Algunas de las bandas clasificadas en el grupo de organizaciones al servicio del narcotráfico

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

Se podría decir que «… la designación gubernamental –Bacrim– tiene cierta remembranza a la de “bandoleros», utilizada por los gobiernos del Frente Nacional para nombrar a los grupos de levantados en armas que no se desmovilizaron hacia finales de los años 50 del siglo pasado.

De acuerdo con esa experiencia, las Bacrim desaparecerían bajo el peso de la persecución estatal, tal y como sucedió en los años 60, luego de la muerte a manos de las fuerzas oficiales de los principales jefes de los grupos que mantuvieron las armas. Esto correspondió a lo que en la jerga militar actual se llama ‘objetivos de alto valor estratégico’”. (M Romero & Arias, 2012).

El nombre de Bacrim tenía más una connotación política, que una intención de describir la realidad. El Gobierno buscaba destruir el concepto de paramilitarismo y, sobre todo, borrar a cualquier costo todo posible indicio de relaciones entre agentes estatales y estos grupos.

Además, esperaba no darle una connotación política a estos grupos. Es decir, no darles estatus de beligerancia y, ante todo, borrar la imagen de grupos ilegales de dimensión nacional. Entre 2006 y 2008 lo que se dio fue un proceso de reconfiguración criminal en las zonas.

ELN. LA RESISTENCIA PASIVA

Como se vio antes, la ofensiva paramilitar se concentró en las zonas donde hacia presencia el ELN. Las razones principales de esto, son al menos cuatro. Por un lado, las estructuras del ELN y su trabajo político se concentraron en zonas donde el movimiento obrero y social era fuerte, zonas donde además, también era fuerte el empresariado rural y empresarios de tipo semiurbano regionales, los mismos que en gran parte apoyaron el paramilitarismo. De tal forma que estas fueron las zonas pedidas por parte de este mundo legal que financia a grupos paramilitares. Por ejemplo, la zona del Magdalena Medio o los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia.

La segunda razón es que el trabajo político urbano es mucho más visible y esto causó pánico en la clase política tradicional. Por ejemplo, en el departamento del Cesar el movimiento A Luchar fue barrido previo a la expansión paramilitar de 1997.

La tercera razón es que la zona donde nació el ELN en el departamento de Santander, fue rápidamente copada por los nuevos ricos. Es decir, narcos que habían logrado la riqueza hacia finales de los años ochenta del siglo XX y principios de la última década de ese siglo. El acaparamiento de tierra fue una práctica común en esas zonas y la presencia del ELN resultaba incómoda para estas estructuras nacientes.

Y, por último, obviamente el ELN al resistirse a la economía del narcotráfico vivía del secuestro y las extorsiones, lo que significó que varios ganaderos llevaran paramilitares a estas zonas para combatir al ELN.

A medida que estos factores confluían, la arremetida paramilitar no se concentró contra el ELN sino contra la base social de este grupo y las organizaciones sociales que enmarcaban la izquierda. Miles de personas fueron asesinadas y desplazadas. Barrancabermeja fue el bastión del ELN hasta 1998, luego pasó a ser el bastión del Bloque Central Bolívar. En cosa solamente de meses se dio dicho cambio.

En las zonas de influencia del ELN, la estrategia paramilitar se basó en tres aspectos. Por un lado, la utilización de amenazas, asesinatos selectivos y masacres contra la población donde existía influencia guerrillera.

En segundo lugar, la utilización del desplazamiento, tanto para desterrar lo que en principio los grupos paramilitares creían que era la base social de los grupos guerrilleros, como para la adquisición de tierras de forma ilegal. La apropiación ilegal durante los años de la expansión paramilitar se manifestó en el crecimiento de la gran propiedad.

El siguiente cuadro muestra el crecimiento de la propiedad según una clasificación en pequeña, mediana y gran propiedad. Aunque a largo plazo el crecimiento de la pequeña propiedad es amplio, se debe tener en cuenta la evolución de la gran propiedad entre 1996 y el año 2002 periodo de expansión paramilitar. A la vez, es notorio el hecho que en esos mismos años la cantidad de cultivos ilícitos en estas regiones registró una tendencia de aumento constante:

Cuadro 4. Crecimiento de la propiedad según clasificación (1996 - 2002)

Fuente: elaboración propia a partir de la información del libro De la estructura agraria al sistema agroindustrial, A. Machado, 2002. Bogotá: editorial Universidad Nacional de Colombia, 2009.

Por último, se trataba de la captación de los recursos públicos para su financiación, lo cual se vio en el acápite anterior. Ello se tradujo en el control político sobre candidatos a cargos de elección popular con lo cual la destrucción de la base social del ELN se garantizaba, ya que se le quitaba toda posibilidad de espacio político y social (A. Ávila-Martínez & Celis, 2008).

Igualmente, se puede decir que en este periodo la resistencia del ELN a los cultivos de coca trajo cierto descontento por parte de los colonos, quienes veían en la coca una posibilidad de subsistencia. De hecho, una vez el ELN salió de varias zonas de Antioquia, los cultivos de uso ilícito se incrementaron.

Así sucedió en municipios como Valdivia y Taraza, que fueron lugares de influencia del Frente Jorge Eliécer Gaitán, Héroes de Taraza y Héroes de Anorí del ELN, y años después fueron los centros donde operaba Cuco Vanoy con el Bloque Mineros de las AUC.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los cultivos de hoja de coca en los dos municipios por hectárea cultivada.

Cuadro 5. Evolución de cultivos de hoja de coca en Tarazá y Valdivia (1999 – 2007)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa de Colombia. LPSD, 2007.

De hecho, los frentes Jorge Eliécer Gaitán y Héroes de Taraza se crearon hacia 1998, momento en que estaba consolidando fuerza el ELN y que iniciaba la penetración del paramilitarismo en la zona. Ya para el año 2003 ambos frentes desaparecieron y se funcionaron con el Frente Héroes de Anorí.

La negativa del ELN, durante este periodo o hasta el 2012, de permitir cultivos ilícitos y alejarse del negocio del narcotráfico lo llevó al marginamiento militar y económico, cosa contraria a lo que sucedió con las Farc-EP y los grupos paramilitares. Esto, a la vez, socavó su base social.

El marginamiento militar se refiere a la imposibilidad de adquirir armamento de punta, necesarios en periodos de escalamiento militar. Y en términos económicos, los problemas financieros de varios frentes les impedía crecer en términos de reclutamiento y mantener la actividad política en zonas urbanas.

Ahora bien, en términos generales no solo se trató de un marginamiento económico y militar, sino también político, ya que la siembra de coca no siempre fue obligada por los grupos armados. En muchas zonas los campesinos libremente decidían sembrarla y se asociaban con aquellos que cuidaban sus cultivos y colaboraban en la comercialización. En la década del noventa, el campesino cocalero se convirtió en la base social de los grupos armados que se involucraron en el tema.

Se podría decir que la historia del ELN como grupo armado ilegal se divide en cinco periodos. En primer lugar, el nacimiento y desarrollo marginal, que va de 1964 hasta 1973 cuando se dio la operación Anorí y la casi destrucción de la estructura. El segundo periodo se dio entre 1983 y 1995, denominado de la expansión, ya que no solo hubo un crecimiento en frentes de guerra y en estructuras militares, sino también un crecimiento político y de su base social. Luego se dio la etapa entre 1995 y 2005 caracterizada por su debilitamiento continuo. Entre 2005 y 2008 fue el periodo denominado de marginamiento y la resistencia pasiva. Y el último se dio luego de 2008, que se podría denominar de estabilización y crecimiento marginal.

El gráfico 31 muestra la distribución anual de acciones bélicas del ELN. Tres consideraciones deben tenerse en cuenta. En primer lugar, las acciones bélicas del ELN disminuyeron de forma vertiginosa en los mismos años de la consolidación territorial paramilitar. En segundo lugar, las acciones bélicas en su mayoría son o fueron por iniciativa de la fuerza pública[15], pocas por parte del ELN.

Con lo cual la debilidad progresiva de la agrupación guerrillera fue notable, ya que la falta de iniciativa muestra esta debilidad. Por último, las acciones del ELN en lo referente a sabotaje superaron las acciones por iniciativa, a la vez que esas acciones de sabotaje tendieron a disminuir.

Gráfico 31. Acciones del ELN (1997 - 2008)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2008.

El mapa 47 muestra la presencia del ELN para finales del año 2002. Hacia el año 2005 el ELN inició lo que se podría denominar la resistencia pasiva. Es decir, que evitaron combatir al máximo y su accionar se dedicó solo al sabotaje y golpes de mano o acciones comando. La excepción era el frente Domingo Laín que operaba en Arauca. Adicionalmente, intentaron una reforma a su estructura armada creando el Frente de Guerra de Mártires, Héroes del ABC y el Frente de Guerra José Solano Sepúlveda para complementar los ya existentes. Esto se debió a problemas de movilidad y traslado de los mandos, y así se le dio una mayor descentralización.

En la región del ABC o Arauca, Boyacá y Casanare, las estructuras tuvieron un fuerte decrecimiento y su proyecto elaborado en 1995 fracasó. En él se pretendía desarrollar la Compañía Simacota como una «fuerza militar de área», pero este proyecto no culminó satisfactoriamente. El proyecto suponía unir la fuerza del frente Domingo Laín, del tradicional «frente de guerra nororiental», con la de los frentes José David Suárez y Adonay Ardila que se originaron en el «frente de guerra central».

Mapa 47. Presencia del ELN (2002)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2008. La Resistencia Pasiva del ELN.

Adicionalmente, su fuerza del Casanare fracasó y quedó casi extinta, al tiempo que el Domingo Laín, tradicionalmente el frente más rico y fuerte de la organización, era el único que mantenía su capacidad para sabotear el transporte de crudo atentando contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, viendo de esta manera reducida su fuerza militar en Arauca a expensas de las Farc-EP y los grupos emergentes. La Compañía Simacota no logró dar el salto a batallón y se mantuvo para esas fechas con no más de 30 efectivos.

En el área del Magdalena Medio la situación para el ELN era muy complicada, ya con la finalización de la expansión paramilitar, sus unidades más fuertes se habían concentrado en el sur de Bolívar. Las otras se replegaron y se fortalecieron en la región del Catatumbo.

La iniciativa de unir en un pelotón a los frentes Manuel Gustavo Chacón, Resistencia Yariguíes, Capitán Parmenio y Guillermo Antonio Vásquez fracasó, y en su mayoría redujeron su cantidad de unidades en un 50 %. La muestra de ello fue la pérdida de su territorio histórico como San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja, que fueron escenario del surgimiento de la organización guerrillera a mediados de los años sesenta. El mapa 48 muestra la actividad militar del ELN para el año 2005. Al comparar los mapas con aquellos del capítulo dos es notoria la reducción de la actividad militar.

En la costa Norte las estructuras que sobrevivieron se concentraron –como se vio antes– en un aérea denominada «Área de Frontera», en el sur del Cesar y el departamento de Norte de Santander, también perteneciente al tradicional «frente de guerra» nororiental. Allí el poderío del ELN era amplio y gozaban de fortaleza militar. En el sur del Cesar los paramilitares arremetieron fuertemente desde la segunda mitad de los noventa en la parte plana, caracterizada por las economías de la palma y la ganadería, replegando al frente Camilo Torres en la serranía del Perijá. Con esto se frustró el proyecto de desarrollar militarmente su compañía Capitán Francisco Bossio. De su lado, el frente Cacua Guerrero fue duramente golpeado en el periodo de análisis en la zona petrolera del Catatumbo y en La Gabarra donde había cultivos de coca, sin que su compañía Héroes del Catatumbo hubiera logrado contener la presión de los grupos paramilitares. El frente rural Juan Fernando Porras y el frente urbano Carlos Germán Velasco desaparecieron en ese periodo.

Mapa 48. Municipios atacados por el ELN (2005)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, información de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

El frente de guerra noroccidental se recostó en Chocó y el frente de guerra norte desapareció. Únicamente en la zona del Chocó el ELN comenzó a fortalecerse con el Frente Benkos Biohó, la cual sería la estructura más fuerte en el último periodo de estudio, que se verá en el próximo capítulo. El mapa 49 muestra la presencia del ELN para el año 2008 y el mapa 50 muestra la actividad militar del ELN para el año 2007.

GUERRA FARC-EP/ELN

Hacia el año 2005, estallaba en el departamento del Cauca, así como en los departamentos de Nariño y Arauca, una de las guerras más violentas que se hubieran vivido entre las guerrillas de las Farc-EP y el ELN. La disputa se derivó del control de 12 municipios ubicados entre el norte de Nariño y sur y occidente del departamento del Cauca. La llegada del ELN a este territorio se dio con un beneplácito de las Farc-EP hacia finales de la década del noventa del siglo pasado. Así, para finales del año 2002, cuando las negociaciones de paz del Caguán llegaron a su fin y las Farc-EP desplazaron cantidades importantes de tropa a esos departamentos, inmediatamente se produjo una petición por parte de las Farc-EP de los territorios ocupados por el ELN. Estos últimos no accedieron y desde ese momento comenzaron los roces. Al final esto terminaría en una guerra que estallaría en 2005.

Mapa 49. Estructuras militares activas del ELN (2008)

Fuente: «Farc: Dinámica reciente de la guerra» por A. Ávila, 2008, Revista Arcanos (14), (p. 40), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Mapa 50. Municipios atacados por el ELN (2007)

Fuente: elaboración propia, Fundación Paz y Reconciliación, información de la Policía Nacional de Colombia, 2016.

Por el mismo periodo Los Rastrojos, estructura ligada al cartel del norte del Valle, lanzaron una fuerte operación militar sobre las estructuras de las Farc-EP que operaban en los municipios de Argelia y Bolívar en el Cauca. A la vez que se daba la fuerte ofensiva del ELN y Los Rastrojos, la fuerza pública inició operaciones militares contra los frentes 8, 60, y 29 de las Farc-EP en los municipios de Argelia, Balboa, Bolívar, El Tambo, Patía, entre otros.

Los operativos militares conocidos como Operaciones Espada I, II, y III, obligaron a las Farc-EP a desplazarse hacia la costa Pacífica, territorio controlado por el ELN y que no había querido regresar, con lo cual se produjeron fuertes operativos por parte del ELN desde la costa, Los Rastrojos desde el sur y la Fuerza pública desde el oriente. Sobre el terreno, la consecuencia para las Farc-EP fue el desmantelamiento de dos de sus estructuras y el debilitamiento de otra.

Hasta el año 2005 el ELN mantenía presencia en el departamento del Cauca con el Frente Manuel Vásquez Castaño. Sin embargo, una vez iniciada la confrontación militar con las Farc-EP, el ELN buscó hacer una especie de pacto de no agresión con Los Rastrojos y con la fuerza pública, lo cual le permitió concentrar tropa y dedicarla a combatir a las Farc-EP. Los acuerdos, además le permitieron a esta guerrilla acceder a recursos del narcotráfico, a una buena cantidad de armas de largo alcance y, por supuesto, al aumentar los recursos financieros crecieron los reclutamientos.

Es importante aclarar que la alianza inicialmente se dio a manera de convivencia pacífica, lo que se verifica hasta medidos de 2007. A partir de esta fecha, la convivencia pacífica se transformó en alianza estratégica, lo que se ha visto por la presencia conjunta del ELN y Los Rastrojos en diferentes regiones.

Este incremento del reclutamiento significó un aumento de sus estructuras. Para el año 2006 el ELN creó la Columna Móvil Lucho Quintero, revivió la columna móvil Camilo Cienfuegos y el Frente José María Becerra que había desaparecido en el Valle del Cauca desde el año 2002.

Una vez terminada la guerra con las Farc-EP, luego de un pacto de no agresión en febrero de 2010, la guerrilla del ELN comenzó un «proceso de depuración interna» que se prolongó hasta el 2012. El narcotráfico había logrado penetrar varios de sus mandos y a medida que la presión militar se incrementaba por parte de la fuerza pública las desmovilizaciones de insurgentes del ELN aumentaron, muchos combatientes que ingresaron durante la bonanza de la coca no aguantaron la vida de guerrilleros y comenzaron a desmovilizarse.

Igualmente, ante la penetración del narcotráfico el ELN fortaleció la disciplina interna de sus estructuras, lo que asimismo causó un incremento en las desmovilizaciones.

La entrega de algunos combatientes de la Columna Camilo Cienfuegos hace parte de este proceso de depuración. Es decir, en el suroccidente del país el ELN estaba regresando al tamaño y forma que tenía en el año 2005. Aún en el Cauca y Nariño el ELN mantenía un poco más de 600 combatientes y conservaba una fortaleza militar relativa, por tanto este no fue el fin de esta guerrilla en el Cauca.

En el departamento de Arauca el ELN prácticamente derrotó a las Farc-EP, pero la guerra entre ambas guerrillas no solo fue con sus estructuras militares, sino que se asesinaron y desplazaron sus bases sociales. El gráfico 32 muestra el desplazamiento para el departamento de Arauca. Nótese cómo la violencia contra la población civil llegó a ser más intensa en la guerra entre las dos guerrillas que con la ofensiva paramilitar.

Si se revisa la historia contada o narrada por las guerrillas, la guerra inició con la muerte de mandos de las Farc-EP a manos de tropas del ELN.

Gráfico 32. Desplazamiento forzado en Arauca (2005 - 2011)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Fundación Paz y Reconciliación, información obtenida por el Registro Único de Víctimas, 2013.

En diciembre de 2005 el ELN asesinó a Ramírez comandante del frente octavo de las Farc-EP, murió a manos de Óscar comandante del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN en Cauca. Ya para principios de 2006 se vivía un enfrentamiento entre ambas agrupaciones guerrilleras en Arauca cuando el líder del Domingo Laín, alias la Ñeca, asesinó a uno de los comandantes de las Farc-EP del frente 45 alias el Che (A. F. Ávila-Martínez, 2009, p. 34).

Lo cierto es que las tensiones eran históricas y la muerte de estos dos mandos fue como el florero de Llorente, pero la realidad era mucho más compleja.

La guerra llegó a ser pública con acusaciones sobre relaciones con paramilitares y alianzas con la fuerza pública. El siguiente es un comunicado del ELN dirigido a las Farc-EP:

CARTA ABIERTA AL DÉCIMO FRENTE DE LAS FARC-EP.
COMANDO CENTRAL

Compañeros: recibimos sus dos últimos comunicados, con fecha de mayo de este año, con gran preocupación, dado que semanas atrás habíamos dirigido una carta pública a su dirección superior, en la que insistíamos, en que ellos y nosotros, diéramos la orden de suspender los enfrentamientos entre las dos guerrillas.

Nos resistimos a considerar que los dos comunicados de Ustedes, sean la respuesta oficial de las FARC-EP, a nuestra propuesta de parar la disputa fratricida; más sin embargo, consideramos que así sea por medio de comunicados, sigamos adelantando el análisis de esta grave problemática que afecta al pueblo y a las dos organizaciones.

Reconocemos que en sus dos comunicados, sientan un fundamento de principios, indispensables para la actuación correcta de los revolucionarios, a los cuales nos queremos referir en esta carta.

Ustedes dicen que son principios fundacionales «el respeto y defensa del pueblo y de los trabajadores», y «el respeto y apoyo al pueblo y al gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela». Ambos los compartimos plenamente.

Ahora bien, de manera autocrítica hay que reconocer que ambas guerrillas en esa zona fronteriza de Arauca, no hemos cumplido cabalmente con dichos principios; incumplimiento que cada vez amenaza con ser mayor, como consecuencia del desgraciado conflicto intestino que nos desgasta.

Esta situación de incumplimiento cubre a ambas guerrillas y testigos de ello son las comunidades que viven en esa zona fronteriza; ellas nos exigen decir la verdad y nos reclamarán siempre si en nuestros pronunciamientos, dejáramos de ser veraces.

Nosotros como Comando Central del ELN, somos responsables de lo que hagan o dejen de hacer nuestros Frentes guerrilleros. Atendiendo a tal deber, desde siempre hemos exigido y seguiremos exigiendo que se actúe de manera correcta y no hemos dudado un momento, cuando se trata de rechazar y sancionar actuaciones desviadas ocurridas dentro de esta absurda disputa.

El actual acaloramiento de los ánimos, con facilidad nos puede llevar a perder la memoria, pero es indispensable deshacer el conflicto entre las organizaciones guerrilleras, por la misma vía que se acumuló y que estalló; debido a esto es que es necesario rememorar y racionalizar hechos pasados, para aproximarnos a la solución de este estéril enfrentamiento.

Para no extendernos, sólo queremos recordar 5 fechas críticas de este conflicto

1. El 14 de septiembre de 1980 surgió públicamente el Frente Domingo Laín Sanz y por esos días también surgieron Ustedes, el Décimo Frente de las FARC-EP. Ambos nacieron como resultado de la movilización del pueblo araucano, que urgía de organizaciones guerrilleras para profundizar la lucha por su liberación; a la vez se inició una emulación entre dos formas de ver y hacer la revolución, que desde entonces muchas veces hemos logrado que confluyan, pero otras no lo hemos logrado y se han producido desgastes y problemas, como los actuales.

2. Estas problemáticas se han tratado varias veces entre el Secretariado y el COCE, obteniendo soluciones momentáneas, pero debido al poco valor y al cuestionamiento que hizo la Novena Conferencia de las FARC-EP de 1993, sobre los niveles de unidad guerrillera logrados entonces, se crearon las condiciones para que el choque entre las dos guerrillas se recrudeciera en Arauca y en varias partes del país. Los enfrentamientos han estado precedidos de una campaña de desprestigio, en que Frentes de las FARC-EP han llegado a calificar irresponsablemente a miembros y estructuras del ELN, como paramilitares al servicio de la oligarquía, en una práctica encaminada a justificar agresiones violentas.

3. En diciembre de 2005, tras 12 años de choques y muertos de ambas partes, un militante nuestro le quitó la vida al comandante del Frente 45, el compañero Che, crimen que repudiamos y condenamos de inmediato, que no obedeció a órdenes de ningún organismo de conducción y que estuvo mediado por el consumo de licor. Y que motivó una carta con esta postura autocrítica, del comandante Nicolás, al Comandante Marulanda.

4. En marzo de 2006, Ustedes el Décimo Frente, en comunicado público declararon la guerra al Frente Laín. Declaratoria que rechazamos, a la vez que llamamos a aplicar un principio básico, como es el de tratar las diferencias políticas por medio del diálogo entre los revolucionarios.

5. En mayo de 2009, Ustedes nos sorprenden de nuevo, ahora declarando como objetivo militar a organizaciones sociales de Arauca, a las que sindican de ser auxiliadoras del Frente Laín. En este delicado asunto, en particular en los últimos tres años, hemos insistido que es un crimen atacar a población no combatiente y que además es doblemente grave atentar contra líderes comunitarios, lo que no tiene justificación de ninguna clase.

En este orden de ideas, es que estamos altamente preocupados por sus comunicados de mayo pasado, porque evidencian una seria degradación de este inútil enfrentamiento, que se deterioró por el uso de las armas en contra de revolucionarios; luego se extravió el norte al considerar a la otra guerrilla como el enemigo principal, lo que lo hundió en el abismo de usar medios repudiables en contra del otro… y ahora, lo que faltaba: tratar de justificar el uso de las armas en contra de la población no combatiente.

Los llamamos a que reconsideren sus declaratorias de guerra, a que tratemos las controversias políticas con el debate, a que condenemos las faltas y crímenes de nuestros militantes como tales… porque una cosa es que una persona desviada cometa un crimen y otra cosa, es que en respuesta, se vuelva política oficial la retaliación criminal… por esta vía se desangraría al pueblo araucano, se evaporarían sus sueños de un futuro mejor para sus hijos y las transnacionales petroleras terminarían de saquear sus suelos, sin que nadie se les oponga.

En esta hora, cuando la República Bolivariana de Venezuela es estigmatizada por el imperialismo yanqui y que éste acerca el dispositivo militar de ataque a sus puertas, por medio del aumento masivo de tropas y medios de guerra de Estados Unidos en Bases colombianas, hay que sumar fuerzas en contra de la invasión imperialista. Por tanto, es irresponsable trasladar problemas adicionales a su territorio, con lo que terminaríamos siendo funcionales a la intervención gringa.

En otras oportunidades, hemos planteado públicamente, nuestra posición sobre el absurdo conflicto que enfrenta a las FARC-EP y al ELN en Arauca, hoy declaramos:

Hemos reiterado públicamente y de manera particular al Secretariado de las FARC-EP, la urgencia de buscar una salida al enfrentamiento fratricida, que las dos fuerzas guerrilleras padecen en el departamento de Arauca. Esa absurda confrontación, ha traspasado todos los límites, causando graves daños a las dos organizaciones y principalmente al pueblo araucano, dándose en ella extremos utilizados por las dos fuerzas, que se han salido de las manos de la conducción estratégica de las FARC-EP y del ELN.

Pese a ello, aliarse con el enemigo, así sea en un acto, por muy graves que sean las situaciones que se presenten, no es una conducta propia de los revolucionarios y la opinión nacional e internacional puede tener la seguridad que la Conducción Nacional del ELN, no orienta ni permite estos absurdos procedimientos. Dentro de este contexto y por fuera de la política nacional del ELN, exintegrantes e integrantes del ELN en ese departamento, coordinaron con el ejército gubernamental, algunas actividades contra las FARC-EP.

Este hecho aberrante y vergonzoso, una vez fue de nuestro conocimiento lo condenamos con toda energía, ha tenido un primer tratamiento disciplinario con los implicados y sigue su curso conforme a nuestros códigos y reglamentos.

Llamamos de nuevo al Secretariado de las FARC-EP para que usemos los mecanismos existentes, que nos permitan acordar un final definitivo a esta fratricida confrontación de la que ya hemos dicho, el único beneficiado es el enemigo.

Comando Central del Ejército de Liberación Nacional

Montañas de Colombia

Julio de 2009 (Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ELN, 2009)

Al final la guerra se zanjó con un acuerdo en el año 2010, que en la vida real significó la división territorial de las zonas donde operaban ambas estructuras, unos acuerdos sobre corredores de movilidad y abastecimiento y como era de esperarse una división de rentas económicas.

En medio del debacle del ELN, la victoria contra las Farc-EP y sus pactos de no agresión con el Ejército y Los Rastrojos, les permitió crecer en algunas regiones y reacomodar su tropa en otras. En Arauca, por ejemplo, lograron el control de prácticamente todos los pasos fronterizos a excepción de dos que quedaron en manos de las Farc-EP.

Para el oriente colombiano en 2008, cuando ya la guerra estaba ganada por el Domingo Laín del ELN, el esquema organizacional de esta guerrilla tenía como cabeza principal el Bloque Nororiental de Guerra. Este, coordinaba las acciones de los siguientes frentes: Efraín Pabón, José D. Suárez, Eduardo Cacua Guerrero, Domingo Laín Sáenz. Este último hizo presencia en Arauca a través de siete (7) comisiones: Rafael Villamizar, Camilo Cienfuegos, Ernesto ‘Che’ Guevara, Barquiley, Compañero Tomás, Omaira Montoya Henao, Martha Elena Barón. También existe un Batallón denominado Héroes y Mártires conformado por las compañías: Capitán Pomares, Simacota, Elacio Barón, Marcial. También existe un grupo de fuerzas denominadas especiales: Comando Uriel Martínez, Fuerza Élite Ramiro Mora Maya, Comando Gabriel Angarita.

Llegó a ser tan imponente el dominio del ELN en Arauca, que uno de sus máximos comandantes fue capturado por la fuerza pública, y luego en un operativo de película fue liberado de la cárcel por parte de las fuerzas especiales del ELN. De allí fue llevado en moto durante unos 20 minutos y trasladado a la población fronteriza de El Amparo, Estado de Apure, Venezuela, por un comando especial del frente de guerra nororiental.

CONCLUSIONES

Luego de analizar este periodo se podrían hacer seis conclusiones. Primero, la estrategia del Estado colombiano fue ir ampliando las zonas seguras desde el centro hacia la periferia y con ello montar toda la estrategia de contención en los Llanos Orientales y en general en las zonas de frontera. Por su parte, las Farc-EP plantearon ampliar sus zonas seguras en el sur e incrementar el combate al centro. Nótese que no se trató de crear retaguardias, el combate se dio en todas las zonas. Ese concepto de guerra total significó enfrentamiento a lo largo y ancho del territorio.

En segundo lugar, con la evidencia empírica recogida se puede afirmar que los grupos paramilitares más que ejércitos contrainsurgentes, se conformaron como grupos de castigo colectivo hacia la población civil y grupos privados de seguridad al mando de políticos y empresarios. Se comprobó además, con los datos, el proceso de homogenización política que vivieron varias regiones del país: al final la violencia paramilitar transformó el mapa político, el mapa de la propiedad y de la producción en grandes regiones del país.

Si bien el paramilitarismo cumplía labores contrainsurgentes, los enfrentamientos con los grupos guerrilleros fueron bastante bajos comparados con los índices de violencia ejercidos contra la población. Es decir, las funciones de contrainsurgencia eran una labor secundaria. Por el contrario, el paramilitarismo se expandió en las zonas de economías extractivas y ganaderas, donde con el aparente objetivo de combatir a los grupos guerrilleros realizaron un verdadero proceso de homogenización política.

La principal hipótesis de este capítulo, en lo referente a la confrontación armada entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros, es que mientras las Farc-EP avanzaban (nunca lo lograron) hacia la creación de un ejército típico de una guerra regular, con movilización de grandes contingentes de tropa, ocupación de cabeceras municipales, etc., la fuerza pública desde 1999 con el plan de restructuración –que si bien se encaminó a fortalecer algunos puntos esenciales de asimetría en la confrontación como la aviación típico de la guerra regular–, avanzó rápidamente hacia la conformación de un ejército que servía para guerra irregular. Las Fuerzas Especiales, la Fuerza de Despliegue Rápido son el mejor ejemplo.

Cuarto, la Política de Seguridad Democrática logró controlar los grandes centros de producción y comercialización legales del país y sus vías de comunicación. Efectivamente, de allí las Farc-EP fueron duramente golpeadas al igual que el ELN, pero en el resto del país, es decir, la periferia la situación era bastante diferente, ya que la capacidad militar de los grupos guerrilleros seguía siendo importante. Por ejemplo, para el año 2002 siete estructuras del grupo guerrillero rodeaban Bogotá, e incluso para ese mismo año se presentaron acciones armadas en el municipio de La Calera, pero una vez se dio la operación Libertad I en 2003 y la II en 2005, las 7 estructuras de las Farc-EP en Cundinamarca fueron prácticamente desmanteladas y aquellas unidades que lograron salir de estas dos operaciones con vida se vieron obligadas a refugiarse en el sur del Meta. Desde ese momento la fuerza pública comenzó un proceso de contención.

Quinto, la guerrilla de las Farc-EP intentó, entre el año 2000 y el 2004, mantener una confrontación armada con la fuerza pública de líneas estables de choque. Sin embargo, posterior a esta confrontación el grupo guerrillero se vio obligado a realizar un repliegue táctico, lo cual lo llevó a mover sus zonas de movilidad del centro del país hacia zonas de periferia. En estas últimas zonas, las Farc-EP mantuvieron, en todo caso, una fuerte capacidad bélica que llevaron a detener incluso el avance por tierra de varios destacamentos de las Fuerzas Militares.

Por último, la guerrilla del ELN asumió una posición de resistencia pasiva, evitando al máximo cualquier tipo de confrontación militar con la fuerza pública. Para este momento, en gran parte la debilidad ya era manifiesta debido a que sobre sus zonas de operación se dio mayoritariamente la expansión paramilitar. Durante este periodo el ELN fue derrotado estratégicamente.

Capítulo 4. El fin de una guerra y la reconfiguración de otra. 2009-2018

CAPÍTULO 4

EL FIN DE UNA GUERRA Y LA RECONFIGURACIÓN DE OTRA.
2009-2018

La última etapa de análisis mostrará no solo las transformaciones territoriales de la violencia luego del proceso de paz con las Farc-EP, que obviamente es uno de los hechos más trascendentales del estudio. También será interesante analizar las evoluciones de las Bacrim, que desde 2016 comenzaron a ser llamados Grupos Armados Organizados. Se concluye cómo la disminución de la violencia en varias zonas del país dependió de un proceso de racionalización de la violencia y no de un efecto de las políticas públicas aplicadas por el Gobierno nacional o por entes territoriales.

Pero tal vez lo que se observa a lo largo del texto es que el conflicto logró sobrevivir con una escalada de violencia sin precedentes, gracias a los inmensos recursos de las economías ilegales. Los datos que dejó la confrontación y que serán los retos del posconflicto son los siguientes. Las Farc-EP y el ELN operaron hasta el 2016 en 281 municipios de un total de 1.122 que tiene el país, es decir, cerca del 25 % de las municipalidades. Las Farc-EP en 242 municipios y el ELN en 99, en la medida que algunos se cruzan el total son 281 municipios. Se debe aclarar que la intensidad de la presencia no es homogénea, existen zonas donde la presencia urbana es casi que nula, como en Buenaventura, pero a nivel rural era muy fuerte por parte de las Farc-EP (A. F. Ávila, 2017) o en zona rural de Tumaco donde las Farc-EP lo controlaban prácticamente todo.

Igualmente, en 190 de los 281 municipios hay presencia de economías de guerra, ya sean cultivos de coca, laboratorios de clorhidrato de cocaína, minería criminal o contrabando. Es decir, con la salida de las Farc-EP se está presentando, como se verá más adelante, una ocupación de los territorios donde operaba esta guerrilla por parte de otros actores criminales. La negociación de paz con las Farc-EP significó un importante paso para el fin de la violencia política, pero los retos en materia de seguridad seguirán siendo altos.

De ahí que los modelos de seguridad planteados por la institución estatal son centrales para contener nuevas olas de violencia. El mapa 51 muestra estos 242 municipios donde hacían presencia las Farc-EP, cruzados con aquellos que tienen presencia de economías ilegales.

Además el mapa 52 muestra, previo al proceso de dejación de armas de las Farc-EP, la ubicación en estos 281 municipios de los diferentes actores armados ilegales y las organizaciones criminales.Obviamente los municipios donde operaban solas las Farc-EP el modelo de seguridad será mucho más fácil de construir, pero allí donde operaban hasta tres actores criminales, la ocupación fue casi que inmediata. Para 2018 habían zonas que ya estaban descontrolados. Estas zonas podrían sufrir una nueva ola de violencia.

A lo largo del capítulo se verá cómo se adaptó el Estado a esta nueva realidad y qué movimientos se dan en los diferentes actores criminales.

Mapa 51. 242 municipios con presencia de las Farc-EP y economías ilegales

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Fundación Paz y Reconciliación, 2015.

Mapa 52. 242 municipios con presencia de las Farc-EP, ELN y Bacrim

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Fundación Paz y Reconciliación, 2015.

LAS FUERZAS MILITARES Y LAS FARC: DEL CONFLICTO AL POSCONFLICTO

El periodo de estudio comienza con las consecuencias de la Operación Jaque. Esta significó la liberación de los secuestrados canjeables o del intercambio humanitario, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. El 2 de julio de 2008 las Fuerzas Militares colombianas en una operación de engaño, que no dejó un solo muerto, liberaron a 15 secuestrados en poder de las Farc.

Meses después de la operación surgieron versiones, entrevistas y testimonios sobre que la operación no había sido una gran estrategia de engaño, sino un negocio que se había hecho con alias Cesar, en ese momento comandante del frente 1 de las Farc y quien tenía a su cargo la custodia de los secuestrados. Sin embargo, más allá del debate que existe sobre si esta operación fue o no un montaje, lo cierto es que fue un golpe estratégico increíble por parte de las Fuerzas Militares hacia las Farc.

Desde finales de 2008 y durante el primer semestre de 2009, las Fuerzas Militares comenzaron a hablar del «fin del fin» o la «posvictoria». Desde ese momento el gobierno de Álvaro Uribe intentó vender la idea de que la guerra ya había sido ganada y solo faltaba un pequeño empujón. Efectivamente, la muerte de dos comandantes de las Farc, la estrategia de contención y la Operación Jaque, habían creado la idea de que la derrota de las Farc era posible. En la vida real no era cierto, las Farc habían comenzado un proceso de adaptación, en sus zonas históricas comenzaban a hacer ofensivas, pero a nivel urbano se creía en la derrota de la guerrilla.

Cómo se vio en el capítulo anterior, las Fuerzas Armadas pasaron de las operaciones rastrillo o de movimientos de pinza o tijera, denominada tácticamente como guerra de envolvimiento, a operaciones de profundidad, también llamada guerra de despliegue rápido. El objetivo era llevar el combate a la retaguardia de las guerrillas a la vez que los hacían retroceder del centro del país. Es decir, les aplicaron dos tipos de guerra.

Una era la de operaciones a profundidad de despliegue rápido, lo cual llevó a que los combates en zonas de retaguardia de las Farc-EP como Barranquillita, en Guaviare, se volvieran comunes. A la vez se instalaron grandes puestos militares para evitar que las Farc-EP volvieran al centro del país.

Así, por ejemplo, la fuerza pública mantuvo durante el 2010 una estrategia similar al 2009. Por un lado, la consolidación de los territorios del centro del país. Para ello, en 2010 creó la Fuerza de Tarea del Sumapaz con 1.500 hombres, una unidad de Infantería, una brigada móvil, cuatro batallones de contraguerrilla, un batallón de alta montaña, un batallón de contraguerrillas divisionario y una unidad de Infantería de Marina agregada operacionalmente.

De hecho, como se verá más adelante, las Farc-EP intentaron en 11 ocasiones volver al centro del país y las 11 veces fracasaron. En la vida real las Fuerzas Militares, con las operaciones a profundidad, mantenía a las Farc-EP ocupadas, a la vez que las iban debilitando lentamente con las operaciones de alta precisión. Y con las barreras al centro del país mantenían una imagen de que todo iba bien, y que la guerra se iba a ganar.

La guerra de estrategia de contención creó el Plan Candado para Bogotá. Se instalaron los batallones de alta montaña, como el del Sumapaz y los Farallones de Cali. Así mismo se creó el Plan Meteoro para custodiar las principales vías de comunicación y se blindó la infraestructura energética del país. Se crearon cerca de una veintena de batallones minero-energéticos en todo el país, al igual que brigadas móviles que fueron encargadas de la protección a la infraestructura energética del país.

El mapa 53 muestra la ubicación de los batallones mineroenergéticos para 2012.

El objetivo era preservar el capital privado, y mantener a las Farc-EP como en una frontera, alejados de los centros de producción, que no fueran visibles para nadie. De hecho, luego de las operaciones contra Raúl Reyes e Iván Ríos, los generales Padilla de León y el general Montoya comenzaron a hablar del «fin del fin» o la posvictoria. En la vida real, las Farc-EP no habían sido derrotadas militarmente, pero perder el centro del país era una derrota estratégica importante, de la cual no se recuperarían.

En términos generales, entre 2003 y 2010 la estrategia militar fue muy similar. Si bien hubo reajustes, algunas transformaciones, planes anuales, la idea de cómo operar en el terreno era bastante similar. Algunos cambios se consolidarían en 2010, pero se iban viendo ajuste parciales. El Plan Patriota y Consolidación siguieron siendo el eje de la estrategia militar.

El Plan Patriota también llamado Campaña Militar JM no fue homogéneo, se iba adaptando a medida que avanzaba. Como se vio antes, el Plan Patriota fue el nombre que recibió la creación de algunas unidades militares y las operaciones en los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Pero secretamente se manejaba el nombre de campaña JM, ya que se tenían previstas más de mil operaciones menores con objetivos específicos en todo el oriente y sur del país, es decir, en cerca de 300.000 kilómetros cuadrados (Bedoya, 2005).

A medida que la campaña fue avanzando se fueron creando nueva unidades, como consecuencia de los resultados operacionales, lo que a la postre llevaría a su trasformación. Esta transformación fue en doble vía. Por un lado, por medio de la creación de comandos conjuntos, como el Comando Conjunto No. 1 del Caribe, que permitiría la existencia de organismos conjuntos que no dependían operacionalmente de los comandantes de las Fuerzas; y paralelamente se daría lugar a la posibilidad de crear una serie de unidades conjuntas transitorias que tienen su razón de ser en el logro de un objetivo específico, entre las que se encontraría la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la cual sería la punta de lanza en la ofensiva dirigida a la retaguardia estratégica de las Farc-EP en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

Mapa 53. Ubicación de los batallones especiales energéticos y viales (2012)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2012.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega sería, desde el 2004 hasta el 2006, la encargada de ejecutar el Plan Patriota en el sur del país, en la que se plantearían tres objetivos estratégicos dentro de sus 75.000 km² de teatro de operaciones, donde el comandante de la Fuerza de Tarea, podría de manera directa, planificar acciones de profundidad estratégica con autoridades locales de los municipios que hacían parte de toda esta parte del territorio. Tales objetivos son: el dominio sobre el área estratégica compuesta por el departamento de Caquetá, Meta y Guaviare; bloquear los corredores de movilidad y comunicación entre los Bloques Sur y Oriental; y ejecutar operaciones ofensivas conjuntas sobre los corredores de movilidad para desarticular la capacidad logística de las Farc-EP en la zona de interés.

La Fuerza de Tarea Conjunta Omega se plantearía cuatro momentos estratégicos, que cumplirían con diferentes objetivos. Estos son: (2004-2005) la fase de recuperación estratégica del sur del país con la toma de los puntos nodales, es decir sus centros poblados; la fase centrífuga de recuperación (2006-2007), cuando la fuerza de tarea partiría desde los puntos nodales hacia las zonas de presencia guerrillera alrededor de estos, ello mediante el uso de operaciones de profundidad que se concentrarían en copar las bases campamentarias de la región; la fase de interinstitucionalidad (2007-2010), que ya correspondería al Plan Consolidación, el cual será analizado posteriormente. Allí se debía, según este plan, consolidar el Estado más allá de la presencia militar; y por último, la fase de reacomodamiento (2010-2011), donde la fuerza pública analizaría y haría las transformaciones y movimientos estratégicos necesarios de cara al llamado Plan Renacer, gestado por las Farc-EP (Flórez-Henao, 2012). Inicialmente los objetivos se cumplieron, pero a la postre la guerra se trasformó en una guerra entre el gato y el ratón.

Las operaciones más importantes dentro del periodo de estudio se resumen a continuación:

En función del denominado Plan 2010 de las Farc-EP, el grupo guerrillero planteó una serie de operaciones dentro de Cundinamarca con el fin de desestabilizar el centro del país y lograr recuperar su dominio dentro del departamento y así continuar con la implementación del Plan Estratégico para la Toma del Poder. Como se verá más adelante, esto terminó siendo un fracaso para las Farc-EP.

Rápidamente las Fuerzas Militares lograron interceptar los documentos del Plan y comenzaron un gran operativo en el sur del Tolima y norte del departamento del Huila. A esta operación se le denominó Operación Fuerte. Se desarrolló entre el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2009 por parte del Ejército Nacional, haciendo uso de unidades de la V División del Ejército Nacional, la aviación del Ejército y la Fuerza Aérea. El objetivo no solo fue detener el avance de las Farc-EP hacia el centro del país, sino dar con Alfonso Cano.

La operación fuerte trajo una lógica de guerra particularmente interesante. Haciendo uso de la información de inteligencia decidieron desarrollar una operación en la que se arrojaran unidades terrestres a las áreas de operaciones donde no tendrían que golpear directamente los anillos de seguridad de los comandantes de las Farc-EP, sino que por medio de helicópteros Black Hawk se ubicarían unidades en los puntos críticos donde se lograran neutralizar a estos jefes guerrilleros lo más rápido posible.

Por ejemplo, en una de estas operaciones se utilizaron cerca de 57 hombres en el área de operaciones, dos helicópteros Black Hawk, un Arpía y un MI. Debido a las condiciones climáticas y a que se encontraban a 4000 metros sobre el nivel del mar, la movilidad de los helicópteros era sumamente limitada y no lograban transportar más de tres soldados en cada uno de ellos y sin escolta del helicóptero Arpía, ya que este no contaba con la capacidad de maniobra para entrar en el área de operaciones. Frente a estas condiciones, el comandante a cargo de la operación ordenó la realización de varias tandas hasta ubicar a los 57 hombres en el área de operaciones. Una vez allí, hasta el 1 de marzo de 2009 lograron penetrar la seguridad de dos jefes de las Farc-EP y dieron de baja a alias Gaitán, alias Mariana Páez y se capturó a alias Negro Antonio, uno de los más importantes jefes del Frente Antonio Nariño. Adicionalmente capturaron a 12 guerrilleros, 11 dados de baja y un secuestrado liberado.

Algo que trajo las Fuerzas de Tarea y los Comandos Conjuntos, fue la posibilidad de integrar diferentes especialidades y utilizarlas sin pasarlas por diferentes filtros de mando. Así, desde 2005 se crearon las Operaciones de respuesta reactiva conjunta.

Un ejemplo se dio con la Operación en Milán, Caquetá (Martínez, 2003). El 8 de agosto, este municipio fue tomado por las Farc-EP. Frente a ello, el Ejército no pudo mover sus unidades de manera inmediata, ya que se encontraban brindando la seguridad del presidente que se encontraba visitando Florencia. Así que la Fuerza Aérea desplegó un avión fantasma y dos Black Hawks con francotiradores para mantener controlada la zona. Horas más tarde se movilizaron cuatro helicópteros de transporte de tropa y dos artillados, dos Tucano y el avión fantasma tomó el papel de controlador aéreo. Este último tuvo el rol de identificar las zonas de desembarco seguras y, por medio de bengalas de visión nocturna, señaló las zonas adecuadas.

Este tipo de acciones, sumado a la tecnificación aérea, llevó a que las Fuerzas Armadas tardaran no más de 3 horas en responder a un ataque de las guerrillas. Antes podían pasar días, como en la Operación en Bagadó (Sánchez & Sánchez, 2006). Otro ejemplo: las Farc-EP se tomaron el corregimiento de San Marino, el 17 de diciembre del 2005. Dos horas y media después de la toma, el avión fantasma hizo presencia en el lugar y la CACOM-5 de la Fuerza Aérea envió un helicóptero UH-60 al municipio de los Andes, Antioquia, donde abordaron unidades del Batallón de Infantería No. 11 para llevarlas a San Marino. Mientras, en la zona dos helicópteros de la Fuerza Aérea extraían a un grupo de policías en una cancha del corregimiento.

El siguiente punto de inflexión se dio en el 2007 con el Plan Consolidación (Mora, 2010). Sobre el papel este plan buscaba redireccionar los esfuerzos del Estado hacia una transformación de las zonas intervenidas, de manera que no solo las Fuerzas Armadas llegasen allí con un planteamiento estratégico de desmantelamiento de la logística de los grupos armados, sino que permitiesen la entrada de diferentes instituciones en favor de generar la sinergia necesaria para la solución de las insuficiencias sociales de las poblaciones allí presentes.

La idea era crear Estado en las zonas de presencia guerrillera, y el eje articulador era la coordinación institucional. En los primeros años los resultados del plan eran importantes, pero luego se produjo un bajonazo, en gran parte porque los militares siempre administraron este plan y la parte civil nunca tomó el liderazgo, ni la iniciativa con las comunidades. En la vida real el Plan fue un fracaso en poco tiempo. El Plan consolidación tuvo la siguiente lógica (gráfico 33):

Gráfico 33. Fases de intervención del Plan Consolidación

Fuente: Centro de Coordinación de Acción Integral, Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, (p. 7), 2009, extraída de: http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=988

Se comenzaba con un esfuerzo grande en materia de seguridad. Para ello se debía sacar a los GAI de la zona y crear perímetros de protección. Como se vio antes, a esto se le llamó la estrategia de contención. Una vez los perímetros estuvieran seguros se pasaba a la consolidación estatal, que tenía dos objetivos: llevar unos servicios mínimos del Estado, como justicia, educación e infraestructura y, por otro, mejorar la confianza de la población en las instituciones de seguridad del Estado. Por último, se consolidaba la institucionalidad como un todo. El anterior diagrama muestra la evolución que se tenía planeada.

Inicialmente el Plan Consolidación recibió el nombre de Centro para la Coordinación de la Acción Integral, CCAI. Estas oficinas tenían unos recursos mínimos para contratar obras básicas con las comunidades, como arreglo de puentes, arreglo de vías terciarias, entre otras. La contratación se hacía con las Juntas de Acción Comunal de las zonas rurales y se buscaba mostrar a estas comunidades que el Estado cumplía.

Las obras y servicios de larga duración se debían coordinar con las demás instituciones del Estado. Por eso, las oficinas de consolidación en las zonas priorizadas se convirtieron en instituciones articuladoras.

La labor de articular instituciones estatales es como un sueño que nunca se cumple, era una tarea titánica. En el gráfico 34 se muestran las acciones institucionales diferentes a la seguridad que se debían dar en la fase dos del plan, es decir, cuando el esfuerzo militar ya estuviera consolidado.

La llegada de Plan Consolidación trajo en lo militar cuatro grandes temas. La estrategia de expansión nodal, desde zonas urbanas rurales como corregimiento o cabeceras urbanas, hacía las zonas rurales apartadas. La estrategia de los objetivos de alto valor, la red de cooperantes y la inteligencia artificial.

Gráfico 34. Componentes de la intervención del Plan Consolidación

Fuente: Centro de Coordinación de Acción Integral, Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, (p. 7). 2009; extraído de: http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=988

Los objetivos de alto valor, eran una estrategia copiada de las Fuerzas Militares israelitas, que dieron con Ahmed Yasin, líder de Hamas. La idea es que «la culebra se mata por la cabeza», por ello los objetivos de alto valor eran dar con los comandantes guerrilleros. Así, se crearon grupos en la Policía y el Ejército especializados con el único fin de dar con estos líderes. Cada jefe de las Farc-EP tenía un comando que solo se encargaba de darles seguimiento. El primer golpe se dio en 2008 con la llamada Operación Fénix.

El día 1 de marzo del 2008 por medio de un ataque aéreo de dos súper Tucanos a las 2:05, en el que se utilizaron bombas que cuentan con capacidad de vuelo autónomo por varios kilómetros antes de impactar, se destruyó el campamento de Raúl Reyes, segundo hombre más importante de las Farc-EP para ese momento. Posteriormente, cuatro helicópteros Black Hawk, que llevaban tropas élite y 44 policías judiciales, llegaron a la zona de desembarco donde ocurrió el ataque y con soga rápida los hombres se adentraron en el área del extinto campamento para recopilar la información necesaria y confirmar la muerte de Reyes. Este fue uno de los operativos más polémicos debido a la ubicación del campamento en territorio ecuatoriano. Además, fue el que mostró el poder de las nuevas máquinas de combate que son los Súper Tucano.

La estrategia de objetivos de alto valor, también recibió el nombre de Plan Burbuja: encontrar a cada jefe del estado mayor de las Farc-EP (31) y darlos de baja con grupos especiales. Ya para ese entonces las Fuerzas Militares eran conscientes de la adaptación de las Farc-EP y este plan Burbuja tenía de fondo el concepto de victoria diluida:

La muerte de los miembros del secretariado de las Farc-EP así como de las personas miembros del Estado Mayor Central causaría una victoria sobre el grupo guerrillero bajo el modelo de victoria diluida, es decir, la muerte paulatina de los mandos llevará a una fragmentación y bandolerización de los diferentes frentes guerrilleros, y con ello la amenaza nacional de las Farc-EP quedará destruida y se crearan pequeñas amenazas locales (A. F. Ávila, 2010, p. 6).

La fuerza pública era consiente que la derrota de las Farc-EP era ya para 2008 y 2009 una situación difícil de lograr.

Casi la totalidad de la inteligencia militar se encontraba dirigida al Plan Burbuja, basado en una división del trabajo de inteligencia para cada uno de los jefes de las Farc-EP. Así, por ejemplo, para el caso de la operación Sodoma fue la Policía la que lideró y condujo todo el proceso de inteligencia que dio con la muerte del Mono Jojoy; el Ejército era el encargado de dar con Alfonso Cano. Es decir, las diferentes fuerzas se dividen los mandos de las Farc-EP para hacerles el seguimiento (A. F. Ávila, 2010, p. 6).

La estrategia de expansión nodal consistía en la expansión del control territorial a partir del efecto onda. Para ello, desde la primera década del nuevo milenio y, sobre todo, desde 2007 se crearon siete batallones de operaciones especiales que se entrenan en las ciudades de Duitama y Sogamoso en Boyacá. Se crearon 66 batallones de contraguerrilla, ahora llamados de combate terrestre, seis batallones de alta montaña, 18 brigadas móviles, 15 territoriales y 43 destacamentos de tiradores de alta precisión.

Igualmente, la profesionalización de la fuerza pública mejoró sustancialmente. Para 2010 se contaban con 89.918 soldados profesionales. En 2002 había 21.908.

El gráfico 35 muestra la evolución del total de miembros de la fuerza pública para Colombia.

Dentro de esta lógica de expansión nodal, desde 2009 se puso en marcha la estrategia Salto Estratégico, la cual significaba reasignar la fuerza militar a las zonas más duras de combate y reducir la presencia militar allí donde ya se había consolidado el territorio, así lo manifestó el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Un ejemplo, es el batallón de Alta Montaña del Espino, Boyacá, donde buena parte de la tropa fue trasladada a los Llanos Orientales para el 2012.

Gráfico 35. Aumento de pie de fuerza (1998 - 2012)

Fuente: elaboración propia a partir de la información presentada en Logros de la política de consolidación de la seguridad democrática, por Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, 2012.

Además, el salto estratégico significó perfeccionar la inteligencia militar:

Con este fin, la fuerza pública desplegó una estrategia que denominó triangulación de la información: uniendo la red de cooperantes, los sistemas de seguimiento de las diferentes instituciones como el SAT de la Defensoría del Pueblo y los resultados operacionales de la fuerza pública en los diferentes territorios. Con ello la ubicación de campamentos, ubicación de comandantes y corredores de movilidad se agilizaron (A. F. Ávila, 2010, p. 8).

Lo otro que se trató de mejorar fue la judicialización, lo lógico era mostrar acciones «ejemplares» para afectar la «moral guerrillera». Esto significó la militarización del aparato judicial en el terreno. Igualmente se utilizaron recursos judiciales, como la extradición de Simón Trinidad, lo cual sepultaba cualquier posibilidad de iniciar diálogos de paz, al menos hasta esa fecha.

La extradición ha servido como herramienta para cumplir este objetivo, así como la judicialización de los miembros de la guerrilla por el delito de terrorismo y no por rebelión. Adicionalmente, se fortaleció el programa de desmovilización como complemento del esfuerzo jurídico. Al tiempo se pretendió generar mecanismos jurídicos de protección a los efectivos de las Fuerzas Militares, para así evitar la desmoralización de la tropa con condenas por casos de violaciones a los derechos humanos (A. F. Ávila, 2010).

Esto, sumado a la presión por resultados, llevó a las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, cosa que no era nueva para la época. De hecho, los tres informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se han realizado para Colombia denuncian este tipo de comportamientos. Para el informe de 1999 la Comisión en su punto 196 dice que:

De acuerdo con información recibida por la Comisión, agentes estatales, especialmente miembros de la Policía Nacional y el Ejército, han cometido numerosas ejecuciones extrajudiciales en los últimos años, en abuso de su autoridad. Estas ejecuciones extrajudiciales, por lo general, apuntan a líderes de organizaciones sociales y otras personas acusadas de ayudar o apoyar a los grupos armados disidentes (Farc-EP, ELN). 197. Estas ejecuciones extrajudiciales son frecuentemente selectivas. Por ejemplo: miembros de las fuerzas de seguridad buscan la víctima, aún por su nombre, antes de matarla. La Comisión ha recibido información veraz y específica que indica que las Fuerzas Militares han llevado a cabo actividades de inteligencia para identificar a las personas que supuestamente proveen ayuda a la guerrilla para este propósito.198. La Comisión ha revisado, por ejemplo, material de inteligencia entregado por las Fuerzas Militares al Fiscal Regional para Bogotá en el proceso 9668. Estos informes de inteligencia incluyen los nombres específicos de individuos supuestamente implicados en redes de apoyo a grupos armados disidentes.

Al menos un informe específicamente recomienda que la información allí contenida debe ser usada para llevar a cabo operaciones militares, «tomando como base el conocimiento de identidad y denominación de los aparatos con que cuenta la organización [de disidentes armados] para su sostenimiento». Los informes explican que los individuos listados proveen de alimentos y medicina a los grupos de disidencia armada. Otros individuos se describen simplemente como emparentados con miembros de grupos armados disidentes, como autoridades locales de elección popular o como trabajadores con el periódico comunista. Los informes establecen, al referirse a una localidad, que «la totalidad de la población apoya a la organización.» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, p. 82).

Para 2009 las investigaciones eran como se aprecia en la tabla número 17.

Por otro lado, resultan aún más asombrosas las fechas en que estas situaciones de ejecuciones extrajudiciales se cometieron. La tabla 18 muestra su evolución anual.

Tabla 17. Investigaciones (2009)

Fuente: «La guerra contra las Farc y la guerra de las Farc», por A. Ávila-Martínez, 2010, Revista Arcanos (15), (p. 15), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Tabla 18. Ejecuciones extrajudiciales (1985 - 2009)

Fuente: «La guerra contra las Farc y la guerra de las Farc», por A. Ávila-Martínez, 2010, Revista Arcanos (15), (p. 16), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Igualmente el salto estratégico contemplaba radicalizar la lucha contra los cultivos de uso ilícito e incrementar el pie de fuerza en las zonas de frontera. La Brigada XXIII en Nariño y la creación de la Brigada de selva en la frontera con Brasil son ejemplo de esto. La Operación Jaque (Revista Ejército, 2011) es un buen ejemplo de este salto estratégico.

Bajo esta misma lógica en agosto de 2009 se creó la División No. 8 con sede en Yopal, Casanare, y con centro de operaciones en Arauca, Guainía, Vichada y los municipios boyacenses de Cubará, Pisba, Paya, Labranza Grande y Pajarito. Para el resto de los Llanos Orientales se puede decir que la Fuerza de Despliegue Rápido igualmente ha sido reforzada constantemente, creada en 1999 contaba para 2010 con la Brigada Móvil No. 1, la Brigada Móvil No. 2 con sede en La Uribe, Meta, la Brigada Móvil No. 3 con sede en La Macarena, Meta, y la Brigada Móvil No. 7 (A. F. Ávila-Martínez, 2011, p. 15).

Con el cambio de gobierno en 2010, la Política de Seguridad no sufrió ninguna transformación radical. Obviamente el gobierno Santos optó por la salida negociada, pero en táctica y estrategia militar la tendencia fue exactamente la misma.

Así que desde 2012 en adelante las Farc-EP consolidaron tres desventajas militares. Por un lado, la aviación con los aviones Tucano y Súper Tucano. Por ejemplo, a continuación se comparan los principales golpes de las Fuerzas Militares y de las Farc-EP durante el 2012. Cómo se verá, las denominadas Operaciones Beta o de alta precisión, fueron las que permitieron estos golpes, ya que por tierra aún las Fuerzas Militares tenían bastantes problemas para combatir a las Farc-EP.

A principios de 2012, en Arauca y Meta murieron cerca de 70 guerrilleros en dos bombardeos, entre ellos varios mandos, luego al final del año murió el comandante del frente 33 en Norte de Santander. La cifra de guerrilleros muertos en bombardeos llega a cerca de 200 en todo el año (A. F. Ávila-Martínez, 2012).

Cuadro 6. Acciones del ejército y las Farc-EP

Fuente: elaboración propia a partir de información de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2016.

Las operaciones quirúrgicas o Beta se consolidaron, al igual que la estrategia de golpes de mano por parte de las Farc-EP. La segunda asimetría tiene que ver con la inteligencia tanto humana como artificial. Y claro la red de cooperantes y el programa de desmovilización les propinaron otro duro golpe a las Farc-EP.

Todo esto llevó, por un lado a que las capturas a los GAI comenzaran a aumentar desde 2011, aunque se da una ruptura en 2013, mientras que las desmovilizaciones y los guerrilleros dados de baja fueron descendiendo. Es decir, la mayor movilidad de las Farc-EP y el andar en grupos pequeños les permitió reducir los daños. A la vez que las acciones de inteligencia y las operaciones Beta le permitían a la fuerza pública dar golpes contundentes.

El gráfico 36 muestra la evolución de las capturas de miembros de las Farc-EP. Nótese cómo venían en descenso, aunque en 2011 y 2012 la tendencia se rompió.

Gráfico 36. Miembros de grupos armados ilegales capturados (2003 - 2012)

Fuente: elaboración propia a parir de información del Ministerio de Defensa Nacional, 2012.

Para 2013 la tendencia se rompió como lo muestra el gráfico 37. Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 2.529 capturas, en ese mismo periodo de 2013 la cifra cayó a 1.927 capturas (Fundación Paz y Reconciliación, 2016).

Las muertes de guerrilleros en combate pasaron de 330 entre enero y septiembre de 2012 a 361 en ese mismo periodo para el año 2013. Una variación menor.

En cambio, se presentó un aumento significativo en el número de miembros de la fuerza pública heridos en combate. La cifra comparativa entre enero y septiembre aumenta para el año 2013. El gráfico 38 muestra el histórico de miembros de la fuerza pública heridos en actos del servicio. Nótese cómo desde la puesta en marcha del Plan 2010 o Renacer de las Farc-EP, los heridos en combate comenzaron a aumentar de forma significativa.

Gráfico 37. Comparativo de la evolución mensual de capturas miembros de grupos armados ilegales (2012 - 2013)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional, 2013.

Gráfico 38. Miembros de la fuerza pública heridos en actos del servicio (2003 - 2012)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional, 2012.

Entre enero y septiembre de 2012 se presentaron 1.868 heridos, para el mismo periodo de 2013 la cifra fue de 1.991. El gráfico 39 muestra dicha variación (Fundación Paz y Reconciliación, 2016).

Los miembros de la fuerza pública muertos en actos del servicio disminuyeron, pasando de 311 entre enero y septiembre de 2011 ha 288 en el mismo periodo del 2013. Todos estos datos producto de los cambios operativos de las Farc-EP, la siembra de minas y los francotiradores eran el dolor de cabeza de las Fuerzas Militares.

El último cambio importante dentro de las estrategias de las Fuerzas Militares se dio desde 2012 con el Plan Espada de Honor, que en la vida real comenzó a aplicarse entre 2013 y 2014, el mismo se mantuvo hasta 2016.

En sentido estricto este plan traía como novedad una focalización muy bien hecha de las zonas de operatividad de las Farc-EP principalmente y en menor medida del ELN y de las Bandas Criminales.

Gráfico 39. Comparativo miembros de la fuerza pública heridos en acto del servicio (enero - septiembre 2012 - 2013)

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional, 2013.

El Plan de campaña Espada de Honor (Ejército Nacional, 2011), plantearía el objetivo de finalizar el conflicto por medio de la acción armada sincronizada y coordinada entre las fuerzas que concentrarían sus acciones en los centros de gravedad de las estructuras armadas ilegales. Bajo la idea de centro de gravedad priorizaron 160 municipios del país.

El aparato militar es exactamente el mismo de años anteriores. Las Fuerzas de Tarea Conjunta, debían concentrar sus operaciones en zonas como el nudo de Paramillo, Catatumbo, Arauca, Cauca-Valle, Nariño, sur del Tolima, Putumayo, Caquetá y La Guajira, entre otras estructuras que desmantelarían las bases logísticas del rival y, al mismo tiempo, aislaría a la insurgencia de la población civil.

Se crearon cuatro fuerzas de tarea; 30 Batallones de combate terrestre; 11 Brigadas Móviles; 8 Batallones Especiales Energéticos Viales; 2 Batallones de Reserva; 2 Batallones de Abastecimiento; 1 Batallón de Alta Montaña; 1 Batallón de Policía Militar y un Batallón de Infantería. Por ejemplo, para los límites de Huila y Caquetá se creó una sola Fuerza de Tarea para dar con el jefe de la columna Teófilo Forero, alias el Paisa. Se le dio el Nombre de Fuerza de Tarea Júpiter.

La unidad militar cuenta con más de 9.600 hombres de la Décimo Segunda Brigada, el Comando operativo 06 y las Brigadas Móviles 27, 26 y 36, que le han dado permanentes y contundentes golpes a las Farc-EP, las bandas criminales y la criminalidad en general (El Espectador, 2013).

Dentro de este plan hubo dos operaciones importantes. La Operación Salomón (Revista Ejército, 2012b) que se llevó a cabo por parte de miembros del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina, el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación y la Dijín de la Policía Nacional, junto con la escolta aérea de unidades de la Fuerza Aérea, y dos helicópteros ubicados en Tuluá y en Buga para alcanzar el Objetivo Militar de Alto Valor Estratégico, que sería la neutralización de alias Tomate, cabecilla de la columna móvil Alirio Torres.

El relato de las Fuerzas Militares dice que la ejecución de esta operación se realizó en tres pasos. Primero, se ubicaron los helicópteros en poblaciones cercanas a la zona de interés con la excusa de necesitar reparaciones, de forma que la columna no se alertará por la presencia de las aeronaves; segundo, a las 9 de la mañana las aeronaves recogerían a las unidades especiales terrestres que serían utilizadas en la operación y serían transportadas e internadas con sogas rápidas alrededor del objetivo que estaba dentro de una casa; tercero, al llegar a la zona se capturaron 9 miembros de la Columna móvil pero el Omave se movió hacia la parte baja, lo que complicaría su ubicación.

En razón de ello, se requirió provocar el fuego reacción para ubicarle. Una vez ubicado las unidades de Fuerzas Especiales lo neutralizaron en tierra.

La otra fue la Operación Atlas (Revista Ejército, 2012a). Según las Fuerzas Militares en la frontera de Colombia con Venezuela organizó un grupo compuesto por los mejores hombres del Batallón Cartagena de la X Brigada Blindada, el Batallón de Artillería No. 2, el Batallón Santa Bárbara y el Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 de Cartagena, denominado como el pelotón Atila Uno, que serían introducidas a la serranía del Perijá para neutralizar a alias Silfredo, cabecilla de la cuadrilla 59 de las Farc-EP, el cual sería el objetivo de la operación, con el fin de desarticular a la cuadrilla.

De 2014 en adelante la situación cambió sustancialmente, como lo veremos a continuación, los ceses unilaterales de las Farc-EP y el avance y consolidación del proceso de paz modificaron el número de víctimas producto del conflicto armado. Pero las estrategias fueron más o menos las mismas. Tal vez la conclusión inicial es que todo el cambio en el aparato militar se enfocó contra las Farc-EP, muy poco contra el ELN y menos contra los herederos del paramilitarismo.

En los mapas 53 y 54 se ven mejor estas dinámicas de la confrontación armada. A continuación están los mapas de la actividad militar del Ejército contra las Farc para el año 2010. Un total de 188 municipios afectados.

Mapa 53. Confrontación municipal Farc-Ejército, 2010

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 54. Intensidad de la confrontación Farc-Ejército, 2010

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FFMM de Colombia, 2018.

En el mapa de calor o de intensidad se observa cómo las Farc habían puesto en aprietos al Ejército desde el 2010.

Nótese el norte del departamento del Cauca, allí las Farc lanzaron fuertes operativos militares desde ese año. Pero en los centros de producción grandes, las acciones de las Farc eran casi que nulas.

A continuación se muestran para el año 2013 (mapas 55 y 56). Se toma esta fecha, pues desde el 2014, se generan cambios importantes ya que las Farc comienzan a declarar ceses unilaterales y las estadísticas se modificaron. Para 2013 hubo un total de 201 municipios afectados por acciones de las Farc contra el Ejército.

El mapa de intensidad o de calor confirma la tendencia, una guerra intensa en regiones apartadas y un centro sin mayores problemas. Tal como se ve a continuación.

Así mismo en el mapa 57 se ve la presencia de las FARC previo a la dejación de armas que se dio en el marco del proceso de paz.

Mapa 55. Confrontación municipal Farc-Ejército, 2013

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 56. Intensidad de la confrontación Farc-Ejército, 2013

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 57. Presencia de las FARC-EP, 2013

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Así las cosas para 2015, previo a la declaración del cese bilateral al fuego, se podría decir que las Farc-EP operaron en 17 subregiones y 242 municipios. Es decir, cerca del 22 % del total de municipios del país. Como se vio en el capítulo anterior, para 2002 las Farc-EP operaban en algo más de 330 municipios y 20 regiones. Los cambios más importantes se presentaron en el centro del país, la costa Atlántica y la altillanura. El mapa 77 muestra la presencia para 2013.

BACRIM. LA ÚLTIMA GENERACIÓN Y LA NUEVA RECONFIGURACIÓN

Entre el 2008 y el 2009, la presencia de los grupos posdesmovilización paramilitar, o denominados Bacrim por el Estado, siguió un proceso en doble vía. Por un lado, un proceso de expansión y cooptación criminal. El mejor ejemplo de esto es lo sucedido en la sierra nevada de Santa Marta. Allí, Hernán Giraldo se desmovilizó en 2006 y a los pocos meses ya había dos fracciones de sus mandos medios rearmados. Por un lado las Águilas Negras y por otro el Bloque Cacique Arhuaco, este último en alianza con la banda de Los 40 que operó en Magdalena y que comandaba don Antonio, lugarteniente de Jorge 40. Ante la guerra desatada y la imposibilidad de lograr un control total. Giraldo vendió su franquicia a los hermanos Mejía Múnera, o los Mellizos, quienes habían perdido la guerra en Arauca con el ELN y las Farc-EP y habían salido de la zona. Los Mellizos se unieron con un hijo de Giraldo y crearon Los Nevados.

Cuando en 2008 Giraldo fue extraditado hacia los Estados Unidos, su familia entró en una fuerte disputa para combatir a Los Nevados: una fracción de esa familia llevó a Los Paisas, que eran el brazo rural de La Oficina o antiguamente conocida como la Oficina de Envigado y que se habían dividido de esta en 2008. Otra fracción de la familia llevó a La Oficina directamente y los Mejía Múnera a Los Rastrojos. En la disputa fueron derrotados Los Paisas y esa fracción de la familia Giraldo llevó los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Y ya en 2010 se dieron dos divisiones: los Pachenca, que eran el brazo armado de la Oficina y Los Urabeños, dirigidos por los hijos mayores de Giraldo.

Después de varias capturas entre 2011 y 2014, Los Urabeños fueron debilitados y Los Pachenca quedaron como estructura dominante, aunque quedó un pequeño grupo denominado Leales a los Urabeños. En 2015, Los Pachenca sacaron este pequeño grupo y dominaron hasta finales de 2016. En la actualidad están de nuevo Los Urabeños en la parte plana y Los Pachenca como brazo armado de la Oficina del Caribe, están en la parte alta.

Así las cosas, entre 2008 y 2009 lo que se dio fue este proceso de anarquía criminal con una gran multiplicidad de grupos y denominaciones.

La otra vía que tomaron estos grupos es un proceso de racionalización de la violencia. La violencia masiva descendió de forma importante desde 2007, aunque la violencia selectiva y no letal se convirtieron en las más utilizadas. El gráfico 40 muestra la modalidad del uso de la fuerza por parte de grupos paramilitares y luego de sus herederos.

Para el segundo periodo las amenazas representaron más del 50 % de las acciones y las masacres se redujeron en un 300 %, de un periodo a otro. Por ejemplo, entre 2007 y 2009 el asedio a líderes sociales que incluso llegó a ser letal: 59 asesinados en solo 27 meses.

Un informe de la época denominado ¿Garantía de no repetición de hechos violentos? (Romero y Arias, 2011), trae una conclusión impresionante: en muchas zonas del país la población no sentía cambio alguno. La presión, la intimidación era igual, la diferencia era que mataban un poco menos.

A continuación se muestra la situación de líderes asesinados por departamento, entre 2007 y primer semestre de 2009.

Gráfico 40. Modalidades del uso de la fuerza por parte de grupos paramilitares y sus herederos

Fuente: Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones, ¿qué dice el gobierno?, por M. Romero y A. Arias, 2010, Revista Arcanos (15), (p. 38), información de la base de datos del Conflicto Armado Colombiano, Cerac.

Tabla 19. Líderes asesinados (2007, primer semestre del 2009)

Fuente: La guerra contra las Farc y la guerra de las Farc por A. Ávila-Martínez, 2010, Revista Arcanos (15), (p. 41), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

Igualmente, nótese cómo las acciones de secuestro típicas de las guerrillas descendieron de forma increíble desde 1999. Mientras que los desplazamientos disminuyeron desde 2004 y aumentaron nuevamente dos años después. Tal como se ve en el gráfico 41.

Todo parecía indicar que estas bandas no solo se disputaban el control de las economías ilegales, sino que a nivel local contaban con complacencia de agentes, supuestamente legales y agentes estatales del orden local y regional.

El mantenimiento de la capacidad de coerción le permite a los testaferros y patrocinadores de las AUC mantener lo ganado y controlar territorio para los negocios del narcotráfico. Además, hay que reconocer que la población no solo es víctima de las Bacrim, sino que también hay sectores dentro de ella que se benefician y las apoyan. Ante semejante red de conexiones y efectos el calificativo dado por las autoridades parece más una mala caricatura que una guía para la acción (Mauricio Romero & Arias, 2011).

Gráfico 41. Evolución del secuestro y del desplazamiento (1998 - 2008)

Fuente: Sobre paramilitares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones, ¿qué dice el gobierno?, por M. Romero y A. Arias, 2010, Revista Arcanos (15), (p. 40), información de la base de datos del Conflicto Armado Colombiano, Cerac.

Para el Gobierno nacional no era una prioridad combatir a estos grupos, seguían tratándolos como delincuentes comunes.

Lo interesante de este proceso de cooptación criminal es que no elevó los indicadores de violencia en algunas zonas. Por ejemplo, en Medellín, La Oficina tuvo una fuerte división luego de la extradición de alias don Berna. El gráfico 42 muestra la evolución de la tasa de homicidios para las cuatro principales ciudades del país. Nótese para el caso de Medellín, cómo la tasa de homicidios comienza a cambiar desde 2008 y llega a su punto más alto en 2009. En todo caso, los homicidios nunca llegaron a ser tan altos como los ocurridos en 2002 con la arremetida paramilitar:

Gráfico 42. Tasa de homicidios para las 4 principales ciudades del país (1990 - 2016)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2016.

La Oficina, luego de la extradición de don Berna, entró en una fuerte disputa entre dos fracciones, que tuvieron diferentes liderazgos, los más famosos fueron Sebastián y Valenciano, quienes desangraron la ciudad por cerca de tres años.

Ante la violencia, y debido a la presión de las autoridades, se dio el famoso pacto de los fusiles. En 2013, La Oficina y Los Urabeños llegaron a un acuerdo para reducir la violencia. Las autoridades sabiendo esto, fueron cómplices de este acuerdo.

Ya no se escuchan las ráfagas de fusil en los barrios de Medellín. Los sonidos de la guerra mafiosa se callaron desde hace un mes, cuando las bandas criminales empezaron a hacer pactos para no agredirse más. La primera tregua fue el 15 de julio en Belén Rincón, al occidente de Medellín, uno de los barrios donde hay más balaceras (Sección Seguridad, 2013).

Lo impresionante de este caso en Medellín fue la increíble capacidad de racionalización de la violencia por parte de las organizaciones criminales. Era evidente, entonces, que estos grupos eran más que delincuencia común como lo decía el Ministerio de Defensa.

(…) hay cuatro factores que hacen dudar de la posición del Ministerio de Defensa. Uno, la persistencia del narcotráfico y las relaciones estrechas que tuvieron narcotraficantes con las AUC, y que continúan ahora con las llamadas Bacrim, lo cual asegura su financiación. Dos, la continuidad entre los mandos medios y bajos de los frentes de las AUC y los ahora jefes de los grupos reorganizados, quienes han reconstruido parte de las relaciones institucionales que funcionaron efectivamente en el pasado. Tres, la necesaria corrupción en las agencias estatales y la representación política local, resultado de la persistencia del narcotráfico y las posibilidades de extracción fraudulenta de nuevas rentas. Esto es latente en los territorios con actividades extractivas y en zonas rurales y urbanas en donde la venta de protección es rentable. Y cuarto, las fisuras entre los contextos políticos locales de las zonas de influencia de las antiguas AUC y la coalición de fuerzas políticas que jalonan al gobierno nacional. Los quiebres entre centro y región son el resultado de la política anticorrupción y de restitución de tierras a las familias despojadas por las AUC. La evolución de la política regional está creando incentivos altos para mantener grupos ilegales armados por parte de los beneficiarios y testaferros de los antiguos paramilitares, o para demandar sus servicios. Por esto, las elecciones locales de octubre del año en curso se están convirtiendo en un pulso entre los vientos renovadores de tendencias de la coalición de gobierno y el status quo defendido por los testaferros y beneficiarios de las AUC y el narcotráfico (Mauricio Romero & Arias, 2011, p. 7).

Ya para 2010 la situación comenzó a preocupar a las autoridades, si bien la disputa comenzaba a menguar, lo cierto es que las denuncias de amedrentamiento continuaban y acciones de gran calado se producían en varias zonas del país. “El detonante ocurrió en el departamento de Córdoba cuando fueron asesinados dos estudiantes universitarios de la capital del país al inicio del 2011. El hecho abrió los ojos frente a la situación de la costa Caribe en general, en donde la parapolítica tuvo el mayor arraigo. De hecho, en el departamento donde los dos estudiantes de la Universidad de los Andes fueron asesinados, desde el año 2007 los reportes de prensa sobre la presencia de grupos con capacidad de perturbar la seguridad eran continuos. Por ejemplo, en 2008, el diario El Tiempo decía lo siguiente:

La aparición de un supuesto nuevo grupo armado que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), obligó a los comerciantes de los municipios de Puerto Libertador y Tierralta, en el sur de Córdoba, a cerrar sus negocios ante las amenazas que les hicieron por medio de panfletos y llamadas telefónicas (…) El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Óscar Atehortúa Duque, desestimó la existencia del nuevo grupo paramilitar, y aseguró que se trata de una estrategia del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias don Mario (Archivo El Tiempo, 2008).

Ya para 2011 era claro que estos grupos surgidos luego de la desmovilización paramilitar tenían relaciones con autoridades locales y de la fuerza pública, además cuidaban testaferros y claro estaban detrás de los negocios ilícitos.

En las regiones en donde existen corredores del narcotráfico el eje de la interacción entre fuerza pública y neoparamilitares oscila entre dos extremos: corrupción y persecución. En medio de los dos, caben todo tipo de arreglos, los cuales son circunstanciales y volátiles, entre todos los actores del conflicto: fuerzas armadas, guerrillas y neoparamilitares. En Arauca las Fuerzas Militares facilitaron la acción del ELN en su enfrentamiento con las Farc-EP en la segunda parte de la década pasada; en el sur de Córdoba las Farc-EP se han aliado con Los Urabeños para enfrentar a Los Rastrojos desde el 2008; en el Cauca el ELN, con el auspicio de las unidades militares regionales, se ha aliado con Los Rastrojos para enfrentar a las Farc-EP entre el 2008 y el 2010; y en el Meta las Farc-EP y el Erpac han realizado acuerdos de no agresión para negocios del narcotráfico, en las narices de la Fuerza de Tarea Omega, fuerza élite del Ejército colombiano (Mauricio Romero & Arias, 2011, p. 9).

La Fundación Ideas para la Paz, en 2010, publicó un informe en el que señaló que «en al menos diez departamentos hay policías y militares vinculados a bandas emergentes» (Fundación Ideas para La Paz, 2010). Los departamentos mencionados en el reporte son: Córdoba, Sucre, Antioquia, Chocó, Cesar, Bolívar, Caquetá, Meta, Vichada y Guaviare. Había unos niveles de concentración en el noroccidente y los Llanos Orientales.

En estos años la fuerza pública, en gran parte debido a la presión mediática y de organizaciones sociales, intensificó la persecución a estas estructuras. Sin embargo, más que operativos de choque, lo que se producían eran capturas. A continuación se muestra el total de registro de acciones de estos grupos y lo que hizo la fuerza pública.

Tabla 20. Registro de acciones fuerza pública contra neoparas y acciones unilaterales de neoparas (2007 - 2008, 2009 -2010)

Fuente: De la guerra de Jojoy a la guerra de Cano, por A. Ávila-Martínez, 2011, Revista Arcanos (16), (p. 12), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

Así las cosas, era una guerra silenciosa pero cruel. El asesinato de dos estudiantes en Córdoba, los informes de organizaciones sociales e internacionales y un paro armado declarado en 2012, que paralizó ciudades como Santa Marta, obligaron al Gobierno a pronunciarse y a crear estrategias para combatir estos grupos.

Frente a reiterados hechos de violencia a lo largo del territorio en los cuales han sido responsables los grupos que desde el gobierno del presidente Uribe (2002-2010) las autoridades llaman Bacrim –bandas criminales–, la administración Santos reaccionó y anunció una nueva estrategia para enfrentarlas. El director de la Policía Nacional, general Naranjo, anunció que son la mayor amenaza para la seguridad, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, reconoció que fueron responsables del 47 % de los homicidios ocurridos en el 2010, es decir, algo más de siete mil, cifra escalofriante (Mauricio Romero & Arias, 2011, p. 5).

Obviamente, el aumento de la persecución y la guerra interna había demandado muchos recursos económicos a estos grupos. Tal situación imponía al menos dos cosas; la necesidad de algún tipo de coordinación entre las estructuras que iban quedando vencedoras. Y dos, la utilización de la institucionalidad para hacerle la guerra al contrario.

Así, para 2011 se habían establecido tres grandes alianzas entre estos grupos:

Por un lado, Los Rastrojos y sus aliados. Varela o Jabón y más tarde los hermanos Comba habían creado una poderosa organización que operaba en el Pacífico colombiano y que se había apoderado de gran parte de la frontera entre Colombia y Venezuela. La alianza entre Los Rastrojos, Los Paisas y algunos grupos pequeños en la costa Caribe se denominó La Confederación o Los Confederados. A continuación se muestra el mapa 58 realizado por la Corporación Nuevo Arco iris.

El segundo grupo de organizaciones estaba liderado por Los Urabeños y tenían una serie de filiales que se autodenominaban Águilas Negras. Además, contaban con el apoyo de Valenciano, quien mantenía en Medellín y su área metropolitana una guerra a muerte con Sebastián por el control de La Oficina.

El tercer grupo se ve en el mapa anterior y se ubica en los Llanos Orientales. El Erpac y sus aliados. Estos últimos en la vida real eran narcos con ejércitos privados.

Mapa 58. Evolución del alcance territorial de Los Rastrojos y aliados (2007 - 2008, 2009 - 2010)

Fuente: De la guerra de Jojoy a la guerra de Cano, por A. Ávila-Martínez, 2011, Revista Arcanos (16), (p. 17), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

Mapa 59. Alcance territorial del ejército revolucionario popular anticomunista, Erpac, y aliados (2010)

Fuente: De la guerra de Jojoy a la guerra de Cano, por A. Ávila-Martínez, 2011, Revista Arcanos (16), (p. 18), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

La situación fue visible al país el 5 de enero de 2012, en ese momento Los Urabeños lanzaron un paro armado que paralizó al menos 26 municipios y 6 departamentos. Lograron prácticamente paralizar la séptima ciudad del país, el distrito de Santa Marta. No debe olvidarse que el 1 de enero se habían posesionado los nuevos alcaldes y gobernadores. Nadie esperaba esto, las autoridades no supieron qué hacer y el papel del Ministerio de Defensa fue bastante cuestionable.

Ante la presión, el Ministerio de Defensa creó una estrategia para combatir a estas organizaciones criminales. La denominó la D-6: desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. Para cumplir con esta estrategia se desarrollaron tres tipos de operaciones. En primer lugar las operaciones Troya. En ellas la Troya Caribe (con énfasis en Urabá, sur de Córdoba y Sucre) y Troya Pacífico (Cauca y Nariño). Estas operaciones se basaban en la coordinación entre las diferentes fuerzas y en crear una capacidad de despliegue en terreno. Lo cual no era novedoso, lo interesante es que se buscaba una coordinación importante con las instituciones de la justicia colombiana, principalmente la Fiscalía. Obviamente se trataba de que los miembros de estos grupos no fueran liberados una vez se procediera a la captura. El objetivo era la judicialización.

El ministro de Defensa del momento afirmó que:

(…) planes de acción desarrollados por el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de la Policía con el Ministerio de Defensa, que tienen como punta de lanza la judicialización de los integrantes de las Bacrim. En el marco de dichos planes y de la directiva que regula el tema, las capacidades de inteligencia, policía judicial y los componentes operativos y operacionales de la fuerza pública se dirigen a la labor de judicialización de los delincuentes (Roldán, 1890, p. 47).

El otro tipo de operaciones fue el mismo que se aplicó a las Farc-EP, y era la persecución de los objetivos de alto valor. Cada jefe de Bacrim tenía un comando especializado en su búsqueda. Al final el resultado no modificó la presencia criminal. Cada captura llevó a una disputa en el grupo por el control del mismo, pero el negocio no se afectaba. Un estudio de la época concluía que:

(…) se ha visto que la captura de los principales jefes o de los mandos medios de los distintos grupos no ha funcionado para desarticular y parar la actividad de las organizaciones. Finalmente, iremos observando que los planes gubernamentales han sido insuficientes a nivel local y el contraste, entre los logros expuestos por la fuerza pública y la realidad soportada por la población civil ante las acciones violentas y de control ejercidas por los diferentes grupos presentes en la actualidad (Arias-Ortíz, 2012, p. 4).

Los datos sobre presencia de estas estructuras corroboraban lo anterior. A comienzos de 2011, el entonces director de la Policía, Óscar Naranjo, afirmó en el conversatorio «Desafíos criminales y acción del Estado» que las Bacrim se encontraban en 152 municipios. A finales de 2011 Indepaz presentó su informe (González-Posso, 2011) y el registro de actividades de estos grupos se presentaba en 347 municipios.

Indepaz contabilizaba amenazas vía panfletos y versiones de prensa nacional que dejaban dudas. La Corporación Nuevo Arco Iris hizo un estudio con evidencia en terreno y tomó las fuentes oficiales. El resultado para finales de 2011 fue el siguiente.

Tabla 21. Municipios con actividades de grupos neoparamilitares según el departamento y la subregión (2010 - septiembre 2011)

Fuente: Las Bacrim retan a Santos, por A. Arias, 2012, Revista Arcanos (17), (p. 11), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.[16]

Hubo zonas donde estos grupos causaban la mayoría de las victimizaciones contra la población civil. Para 2011, en Córdoba fueron responsables del 70 % del total de desplazados. A continuación se muestra dicha relación.

Tabla 22. Desplazamiento individual por subregiones y por Bacrim (2010 - julio 2011)

Fuente: Las Bacrim retan a Santos, por A. Arias, 2012, Revista Arcanos (17), (p. 14), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

Los desplazamientos masivos se habían reducido sustancialmente. Se hacían, en cambio, desplazamientos individuales, lo cual permite hacer hipótesis sobre las motivaciones de dicha acción. Las autoridades manejaban la idea de que este desplazamiento se hacía a las personas o familias que no pagaban extorsiones o quienes participaban –o al menos colaborarán– con el bando contrario. Para las organizaciones sociales, por el contrario, esta victimización se realizaba para seguir acaparando tierras, reprimir las denuncias sobre despojo o violencia en la época paramilitar o contra liderazgos sociales.

De hecho, la mayoría de municipios con desplazamiento individual eran zonas donde los paramilitares habían dominado en los años noventa del siglo XX y primeros años del siglo XXI. Tal como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 23. Municipios con mayores desplazamientos individuales (2010 - julio 2011)

Fuente: Las Bacrim retan a Santos, por A. Arias, 2012, Revista Arcanos (17), (p. 15), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

Si bien este desplazamiento individual podía ser producto de las disputas entre las nacientes organizaciones, en el tema de líderes sociales el tema era más complicado, ya que la sistematicidad de estos homicidios era más que evidente. La siguiente tabla muestra la intensidad de los homicidios contra estos liderazgos.

Tabla 24. Número de líderes de Derechos Humanos asesinados (2007 - agosto 2011)

Fuente: Las Bacrim retan a Santos, por A. Arias, 2012, Revista Arcanos (17), (p. 16), información suministrada por Corporación Nuevo Arco Iris.

En cinco años 126 líderes sociales fueron asesinados, es decir, poco más de 2 por mes. Una cifra casi que igual a la que ejercieron los paramilitares años antes.

Para finales de 2011, el Erpac se sometió a la justicia. Luego de la muerte de alias Cuchillo, jefe del Erpac en 2010, esta organización entró en una profunda división y alias Caracho, uno de los sucesores, entró en conversaciones con la Fiscalía y en 2011 sometieron más de 200 combatientes. Muchos habían sido paramilitares.

En el sometimiento realizado por el Erpac, se entregaron José Eberto López, alias Caracho, y Germán Ramírez, alias Vaca Fiada, los jefes más reconocidos de la organización junto a 270 miembros del grupo neoparamilitar que se encontraban ubicados en Meta, Guaviare y Vichada. El acontecimiento causó sorpresa desde que alias Caracho otorgó las primeras entrevistas en los meses de octubre y noviembre, en los que expresó la voluntad de sus subalternos y la suya propia de abandonar las armas. El asombro se dio porque tanto Caracho como Vaca Fiada tienen una fuerte trayectoria criminal en la región, combinada con el narcotráfico, lo cual hacía dudar sobre la veracidad de sus intenciones. También se sospechó entorno a la propuesta, pues con la muerte de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, las actividades de dicho grupo no cesaron y tal como ha sucedido con otras capturas y decesos solamente se produjo el cambio en el mando, pero las redes y acciones permanecieron intactas (Arias-Ortíz, 2012, p. 17).

Se podría decir que 2012 fue el punto de quiebre. Para esa fecha todos los grandes jefes de las Bacrim habían muerto, o habían sido capturados y en algunos casos extraditados. Igualmente, para ese momento de los más de cien grupos que surgieron luego de la desmovilización paramilitar se contabilizaban siete grandes estructuras para 2012, agrupadas en tres grandes grupos criminales.

Los Rastrojos y sus aliados, Los Urabeños y sus aliados y La Gente de los Llanos Orientales. La guerra entre las dos primeras casas, había dejado como ganador a Los Urabeños, que se habían hecho al control de casi todo el Pacífico colombiano y la región que va desde Riosucio, Chocó, hasta el Catatumbo norte santandereano.

La reducción a siete estructuras no significó una disminución de la presencia de estos grupos a nivel municipal. Para ese momento se calculó que estas organizaciones hacían presencia en 337 municipios. Para finales de 2011 la presencia llegó a 209 municipios. La estrategia de la fuerza pública en esos años siguió siendo exactamente la misma: objetivos de alto valor y capturas masivas en la base de estas organizaciones.

El gráfico 43 muestra el total de organizaciones criminales surgidas luego de la desmovilización paramilitar según la Policía Nacional.

Según cifras del Ministerio de Defensa del momento, a lo largo de 2012 aumentó el número de capturas a miembros de Bacrim. Pasaron de 2.959 en 2011 a 3.292 en 2012, lo cual, aunque es necesario, ha mostrado ser insuficiente para frenar la escalada de violencia relacionada con estos grupos posdesmovilización paramilitar, que han hecho gala de una enorme capacidad de recuperación frente a capturas y bajas producidas por enfrentamientos con la fuerza pública o con otros GAI, por la facilidad con que construyen y modifican las alianzas estratégicas que establecen y por los medios y procedimientos ágiles con los que reemplazan a sus bajas.

Gráfico 43. Número de bandas criminales identificadas por la Policía Nacional

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Corporación Nuevo Arco Iris, información obtenida de Policía Nacional de Colombia, 2011.

El gráfico 44 muestra los resultados operacionales contra estos grupos entre 2011 y 2012. Nótese el número de capturas y de muertos en operativos de la fuerza pública.

En 2013 estalló una nueva guerra en la ciudad de Buenaventura. Los Urabeños diseñaron una estrategia para tomarse el puerto. Allí operaba la banda criminal La Empresa, que había estado ligada a Los Rastrojos. La confrontación entre estas dos organizaciones reveló tres grandes trasformaciones dentro del crimen organizado en el país: 1. La subcontratación criminal; 2. La autonomía criminal; y 3. Los homicidios ejemplarizantes.

Por un lado, surgió la denominada subcontratación criminal. Es decir, las grandes organizaciones criminales ya no emprendían grandes campañas para conquistar un territorio. Por el contrario, lo que hacían era que subcontrataban pequeñas estructuras locales delincuenciales o grupos juveniles violentos. Asesinaban a algunos líderes de estos grupos y sometían el resto de la organización o sencillamente les pagaban sumas de dinero importante y los ponían a trabajar para estos grupos.

Gráfico 44. Miembros de Bacrim neutralizados por la fuerza pública (2011 - 2012)

Fuente: Logros de la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, PISDP, por Dirección de Estudios Estratégicos Grupo de Información Estadística, Ministerio de Defensa Nacional de Colombia, octubre 2012.

Por esto es que en cuestión de semanas Los Urabeños pasaron de tener un pequeño comando especializado a controlar comunas enteras. Situación similar hizo La Empresa y Los Rastrojos que para ese momento controlaban una parte del Valle del Cauca y hacían lo propio desde años anteriores. Para la guerra de 2013 que cobijó a Buenaventura y Cali los grupos subcontratados más importantes fueron los siguientes (gráfico 45):

La subcontratación criminal traería cuatro grandes impactos en el funcionamiento del crimen: A. el control territorial no era lo fundamental para las grandes organizaciones criminales, lo importante era el control del mercado. La disputa territorial se la dejaban a bandas locales o grupos juveniles violentos que se disputaban metro a metro los expendidos de droga barriales. En estas disputas locales ya no entraban directamente las grandes organizaciones criminales.

Gráfico 45. Grupos subcontratados en Buenaventura y Cali (2013)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Seguridad, 2013.

B. La subcontratación criminal no ponía en riesgo a las grandes estructuras criminales, no sacrificaban sus comandantes, ni sus contactos, ni sus sicarios. La fuerza pública se concentraba en capturar a estos jóvenes que eran subcontratados, pero no tocaban la organización. El crimen contaba con un ejército de reserva que era repuesto fácilmente a medida que se capturaba.

C. Al subcontratar crimen local y organizaciones juveniles se producían competencias horizontales entre estos grupos locales, es decir, la guerra además de darse con el crimen de base de la organización contraria se daba de forma interna. Las pandillas competían unas con otras. A su vez cuando eran subcontratados se producía un fuerte proceso de escalada armamentista a nivel de base. Así, anteriormente las pandillas contaban con dos o tres pistolas y los demás portaban armas blancas. Pero con la subcontratación casi todos los miembros de las pandillas tenían pistolas y al menos contaban con dos o tres motos. Este fenómeno trajo un fuerte proceso de vinculación de jóvenes a mercados ilegales y las estrategias de reclutamiento se desarrollaron por toda la costa Pacífica del país.

D. Pero tal vez el efecto más importante de la subcontratación criminal es que la presencia de una organización criminal no se hacía vía conquista de un territorio, sino a través de la cooptación de agentes criminales locales, lo cual a su vez llevaba a que el copamiento se diera sin grandes brotes de violencia. O al menos la intensidad de la violencia subía, pero nunca llegó a ser igual a la que se produjo con la expansión paramilitar del año de 1997.

La autonomía criminal significó que las organizaciones criminales de base que eran subcontratadas gozaran de cierta autonomía para operar en las zonas a las que eran asignadas. Así, por ejemplo, debían encargarse del negocio de la droga y contribuir con cierta protección a las zonas, pero eran libres de recaudar más fondos para su organización o de emprender otros negocios. En Medellín muchas de estas estructuras manejaban la prostitución prepago o tenían el negocio del paga-diario, solo respondían por algunas cosas a las grandes organizaciones criminales. Se actuaba como un holding empresarial.

Ahora bien, la política pública en materia de seguridad se había concentrado en la reducción de indicadores de violencia. Por tanto, las organizaciones criminales aprendieron a racionalizar la violencia. En Buenaventura se inauguró un fenómeno que se le denominó Homicidios Ejemplarizantes. Es decir, se mataba menos, pero la poca violencia homicida que había se hacía con grados altos de sevicia. La comunidad del puerto de Buenaventura hablaba de las «casas de pique», que eran sitios en los cuales se descuartizaban a las personas, y luego cada parte de su cuerpo era enviado a sus familias y amigos o dejados en sitios públicos como advertencia.

Era un tipo de violencia selectiva que causaba verdadero pánico en las comunidades del puerto. El diario El Espectador tituló de la siguiente forma: «El Espectador conoció cómo el clan Úsuga la desmembró por pertenecer a La Empresa». Más adelante la noticia narraba lo siguiente:

“El Espectador pudo conocer los pormenores de la investigación por el asesinato de Parra, un caso atroz que, además, evidencia la forma en la que funcionaban estas ‘casas de pique’ en Buenaventura. Parra, mejor conocida como Sol, fue torturada, ahorcada y desmembrada en el barrio Alfonso López Pumarejo. Según indicó el testigo principal de este crimen, uno de los tres menores de edad implicados —hasta el momento van siete capturados de los 11 sospechosos—, a Parra la mataron el pasado 23 abril porque, al parecer, colaboraba con La Empresa y había participado en el homicidio de alias Soldado, uno de sus compañeros (S. Martínez, 2014).

El reportaje recordaba el inicio de la guerra:

Una oleada de asesinatos se empezaron a vivir en Cali y Buenaventura. Uno de los episodios más recordados fue la masacre de 10 personas ocurrida en los primeros días de enero de 2013 en la vía al mar. Según las autoridades, los asesinatos de miembros de La Empresa habrían sido ordenados por los jefes de Los Urabeños. Quince días después de ocurridos los hechos empezaron a caer varios de estos jefes, y el primero fue Chicho Urdinola. El siguiente fue el Negro Orlando, quien fue capturado en Cali el 3 de mayo de 2013. El último, Martín Bala, fue arrestado días después en Bogotá, mientras compraba una moto Harley Davidson y se recuperaba de un atentado del que había sido víctima (S. Martínez, 2014).

El gráfico 46 muestra el número de homicidios para Buenaventura. Nótese cómo la guerra que estalló entre 2013 y 2015 trajo un leve aumento del homicidio, pero nunca llegó al nivel de años anteriores.

Gráfico 46. Homicidios en Buenaventura (1999 - 2016)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2016.

Para 2015 la guerra no había terminado, pero los indicadores de violencia estaban abajo. Ya Los Urabeños tenían gran parte del puerto. Un líder social narró lo siguiente:

Acá todo lo ven, todo lo saben. Si usted sigue hasta El Progreso, ahí lo paran. Le preguntan por qué está allí. Si me ven hablando con usted me tildan de sapo. Lo único que le puedo decir es que esto está duro –suspira–. Allá donde ve ese techo verde, el del colegio si sigue derecho, luego del caño, llega al sitio de la fosa, donde picaron la gente (Sección Judicial, 2015).

ELN. UN TENUE RESURGIMIENTO

Para 2008 se podía decir que el ELN había perdido la guerra: había cedido sus territorios históricos, había perdido gran parte de las estructuras del Magdalena Medio; se habían concentrado en el sur de Bolívar; también habían perdido toda la costa Atlántica, solo les quedaban pequeños focos en el Perijá y en el centro del país habían quedado solo con el frente Bolcheviques del Líbano al norte del Tolima. También para 2008 habían logrado ganarle la guerra a las Farc-EP en Arauca y comenzaban a crecer fuertemente en el Chocó.

Mapa 60. Presencia ELN (2006)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Vale la pena aclarar que las zonas donde operaba el ELN y donde se produjo la avanzada paramilitar no desmantelaron sus estructuras en su totalidad. Los frentes, compañías y comisiones perdieron cerca del 90 % de sus efectivos, pero sobre todo perdieron su base social. Al final, en varias zonas, las compañías seguían operando con apenas 10 o 15 personas y sin base social. El mapa 60 muestra la presencia por estructura del ELN para 2006 cuando había terminado la desmovilización paramilitar. Si se compara con el mapa del anterior capítulo de la presencia armada, se llega a la conclusión que sencillamente el trabajo se concentró en recuperar algo de base social, pero las estructuras quedaron aisladas.

Por ello fue que en 2006 cuando hicieron el IV Congreso del ELN, las estructuras fueron dedicadas a mantener una resistencia pasiva, es decir, sin hacer acciones armadas y en proceso de conservación de la fuerza. Ese mismo Congreso dedicó sus estructuras a énfasis en sus labores. El mapa 61 muestra estos énfasis.

Lo político había quedado sobre todo el centro del país donde necesitaban reconstruir sus bases sociales. Lo militar se concentró en lo fundamental en Arauca, donde el Domingo Laín era amo y señor. En el sur de Bolívar se habían replegado casi la totalidad de las estructuras del Magdalena Medio y en el Chocó y Nariño se recostaron el resto de estructuras.

Mapa 61. Accionar del ELN (2006)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2007.

Entre 2008 y 2009 el ELN comenzó a recuperar cierta capacidad de reclutamiento en tres zonas. Por un lado, en Arauca, donde lograron ganar la guerra a las Farc-EP, pudieron controlar la mayoría de las extorsiones y las zonas más importantes de contrabando de Venezuela a Colombia y con ello incrementaron el cobro de extorsiones por el paso de mercancías. Allí, como se vio en el capítulo anterior, el ELN pactó con la fuerza pública el combate a las Farc-EP y ello les permitió cierto relajamiento en el territorio.

La otra zona fue la región entre Cauca y Nariño, sobre los municipios de El Tambo, Argelia y la costa Pacífica. Por el pacto implícito de no agresión con la fuerza pública y la alianza con Los Rastrojos, el ELN logró tener dinero para la compra de armas y capacidad de reclutamiento (A. F. Ávila-Martínez & Núñez-Gantiva, 2010). La otra zona fue Chocó, donde el crecimiento se explica por una acumulación histórica desde 1994.

Este periodo de análisis comienza con el acuerdo entre las Farc-EP y el ELN en las zonas de guerra.

El 13 de diciembre de 2009, luego de tres años de enfrentamientos, las direcciones nacionales del ELN y las Farc-EP acordaron el cese de las confrontaciones en los tres departamentos en los cuales se desarrollaban: Nariño, Cauca y Arauca. En los departamentos de Nariño y Cauca, el acuerdo se empezó a aplicar desde el momento en que las direcciones de las dos guerrillas lo pactaron, sin embargo la disputa continúo en Arauca (A. F. Ávila-Martínez & Núñez-Gantiva, 2010).

Luego de la guerra, el ELN no optó por una confrontación con la fuerza pública, entró en ese proceso de invernadero para reconstruir la base social y prepararse en lo militar. Al final no lo lograrían, pero sí tuvieron una recuperación militar. En todo caso, alianzas con Los Rastrojos, pactos con la fuerza pública, y el ingreso a la economía del narcotráfico hicieron que se comenzara a hablar de tres premisas en la opinión pública. En primer lugar, que era y es una agrupación guerrillera que está al borde de desaparecer, se le mide militarmente al igual que a las Farc-EP; en segundo lugar, que los mandos del Comando Central no logran controlar las diferentes estructuras regionales y que, por tanto, los grados de independencia son bastante altos, o lo que es lo mismo una imposibilidad de controlar sus estructuras. De hecho, se dice que estructuras como el Frente de Guerra Occidental no aceptaría una futura paz que acordara el mando de la organización guerrillera. Por último, se dice que su proyecto nacional ha perdido vigencia y su debilidad militar es bastante visible, es decir, que más que una amenaza nacional, son amenazas pequeñas regionales.

Mapa 62. Presencia del ELN y las Farc-EP en Arauca (2011)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Corporación Nuevo Arco Iris, 2011.

Ninguna de estas tres percepciones lograba descifrar la estrategia del ELN, si bien aunque intentó desde 2009 recuperar su fuerza y no lo logró, sí pudo crear una estructura madre o base para desde allí intentar recomponerse. La primera zona fue Arauca. Allí, durante el 2011, el ELN ejerció presencia por medio de siete compañías: Rafael Villamizar, Camilo Cienfuegos, Ernesto ‘Che’ Guevara, Berquiley, Compañero Tomás, Omaira Montoya Henao, Martha Elena Barón y grupos de acción adscritos al Domingo Laín, que contrario a lo que se pensaba en el 2009, se encuentra cohesionado a la estructura político-militar del ELN bajo las órdenes del Comando Central, Coce (Núñez-Gantiva, 2011).

El mapa 62 muestra la presencia para 2011. El ELN, se había quedado con toda la frontera. Solo las Farc-EP controlaban el paso de Elorza.

Para el año 2011, en el departamento del Cauca el ELN hacía presencia con: el frente Manuel Vásquez Castaño, el histórico de la región en los municipios del macizo Colombiano: Rosas, La Sierra, La Vega, Almaguer, San Sebastián, Santa Rosa, Bolívar, Sucre, Mercaderes, Florencia. Además, en el departamento operaba la compañía Camilo Cienfuegos en los límites entre Argelia, Patía y Balboa. También estaba la compañía Lucho Quintero y, como se mencionó antes, el refundado frente José María Becerra en el corredor entre Buenos Aires, Suárez y límites con el Valle del Cauca.

Vale la pena aclarar que el ELN para 2011 comenzó una guerra con sus socios de Los Rastrojos. Si bien la disputa se dio por territorios entre Argelia y Balboa al sur del departamento del Cauca, lo cierto es que la comandancia del ELN habría evaluado como negativo el acuerdo con este grupo para combatir a las Farc-EP. Algunos militantes del ELN habían entrado en proceso de descomposición y ello provocó la decisión de alejarse de Los Rastrojos.

Este proceso de alejamiento significó no solo una guerra con sus antiguos aliados, sino distanciarse del narcotráfico y el inicio de rencillas internas. Además, muchos cuestionaban el pacto con las Farc-EP; la guerra entre ambas guerrillas había dejado muchas heridas.

Al final, en el año 2013 producto de estos desencuentros se produjo una de las más grandes desmovilizaciones del ELN. Prácticamente la totalidad de la columna móvil Lucho Quintero se desmovilizó en julio de 2013. Al respecto un reportaje decía:

Esta es la más grande desmovilización en la historia del ELN, dijo el presidente Santos en Cali, el pasado 16 de julio, al estrechar la mano uno a uno a 30 guerrilleros que acababan de entregarse al Ejército. Como todos vestían uniformes, botas y hasta pañoletas privativas de las Fuerzas Armadas completamente nuevas y como se trataba de un número sin precedentes de guerrilleros que se desmovilizaban de un solo golpe, la operación despertó algunas dudas. Sin embargo, Semana encontró amplia evidencia que confirma la versión oficial (Revista Semana, 2013).

El ELN desmintió la versión, sin embargo las investigaciones develaban que efectivamente la desmovilización fue real. Las discusiones internas habían llevado a la desmovilización y no la presión militar, como lo dijeron las Fuerzas Militares.

En Nariño sucedió lo mismo, el ELN tomó la decisión de cortar cualquier relación con Los Rastrojos. Además, estos últimos tenían su base en el municipio de Policarpa y habían cometido todo tipo de desmanes contra la población civil, entre ellas varias violaciones a niñas. Si bien no hubo denuncias formales, durante el proceso de investigación para escribir el presente documento, se conocieron al menos tres casos. Estas zonas donde operaban Los Rastrojos habían sido del ELN y las bases sociales comenzaban a presionar a esta guerrilla. Al final, la guerra estalló y ante la situación de guerra y la presión de las Fuerzas Militares, comenzó un proceso de desmovilizaciones individuales desgranado, uno o dos por semana. En un año hubo más de 100. Todo lo que había crecido en la alianza con Los Rastrojos se redujo durante la guerra.

El ELN tuvo presencia en el departamento de Nariño en los municipios de Samaniego, la Llanada, Guachavez, Leyva con el frente Comuneros del Sur, el histórico de la región. En Pizarro y Tumaco con la Compañía Héroes de Sindagua. En Barbacoas con el frente Comuneros del Sur, el frente héroes y mártires de Barbacoas (A. F. Ávila-Martínez & Núñez-Gantiva, 2010). También como estructura móvil al norte de la costa Pacífica nariñense operaba la columna José Luis Cabrera.

En el Chocó, el Frente de Guerra Occidental operaba en los departamentos de Córdoba, Chocó y Urabá antioqueño y chocoano. La presión paramilitar los tiró al Chocó y allí comenzaron a crecer sin mucha actividad militar. Su fortaleza se vendría a conocer el 2016. Para el año 2013 y 2014 el ELN tenía presencia en 99 municipios de Colombia siendo la segunda guerrilla del país. Estos municipios se agrupan en siete regiones del país. No había ningún cambio con las mencionadas en los capítulos anteriores. El mapa 63 muestra la presencia de esta guerrilla para 2014.

Para ese mismo año 2014, el Ejército colombiano reportó choques en poco más de 60 municipios, tal como se ve en el mapa 64.

Mapa 63. Presencia del ELN (2014)

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Fundación Paz y Reconciliación, 2013.

Mapa 64. Confrontación municipal ELN-Ejército, 2014

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

Mapa 65. Intensidad de la confrontación ELN-Ejército, 2014

Fuente: elaborado por Fundación Paz y Reconciliación a partir de datos suministrados por el Comando General de las FF.MM. de Colombia, 2018.

El mapa 65 de intensidad o de calor deja ver mejor la intensidad de la confrontación. Nótese cómo Arauca y el Catatumbo eran las dos regiones donde se mantenía una actividad militar importante.

Con el repliegue de las Farc-EP, el ELN comenzó a crecer de forma lenta, copando espacios y aprovechando vacíos territoriales que dejaban las Farc-EP. Ello provocó un aumento de las acciones armadas como se ve en el gráfico 47.

Para el año 2014 el ELN había comenzado a hacer alguna actividad militar en zonas donde habían salido desde la ofensiva paramilitar. Un par de acciones armadas en Caldas, otras en Boyacá y unas más en el Huila. En este último departamento fue sorprendente, ya que allí no se presentaban acciones armadas desde hacía una década. Las pocas acciones armadas se acompañaron de algunas actividades de carácter político. Sin embargo, no eran más que algunas acciones, no significaba ninguna retoma en el territorio. Era más bien la intención de mostrar cierta fortaleza.

Gráfico 47. Acciones del ELN (1997 - 2013)

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos Fundación Paz y Reconciliación, 2014.

No se debe olvidar que para 2014 ya se sabía de los acercamientos secretos entre esta guerrilla y el Gobierno nacional con la intención de abrir una mesa pública de negociación. Los acercamientos entre las partes se dieron desde 2013.

Para el año 2014 ocurrieron tres hechos de gran trascendencia. Por un lado a fines del año se realizó el V Congreso de esta organización guerrillera. Fue tal vez el Congreso mediático más importante de esta guerrilla, derivado de las discusiones públicas de algunos expertos sobre la supuesta división del ELN frente al tema de paz. Al final alias Pablito Arauca ascendió al Comando Central, en representación del Frente Domingo Laín, que para muchos era la estructura con mayor autonomía dentro de la guerrilla.

El ingreso de Pablo también fue señal de cohesión en el mando, lo que se habría reafirmado a través de la asignación de nuevas tareas en este órgano de dirección, quedando Antonio García al frente de la negociación con el Gobierno, siendo remplazado por Pablo como segundo comandante y jefe militar del grupo insurgente (Núñez & Vargas, 2015). Más tarde a García lo reemplazó Pablo Beltrán en la fase pública de las negociaciones.

Durante todo el año 2014 el ELN ejecutó un total de 386 acciones, lo cual es un incremento cercano al 10 % en relación a las acciones realizadas por este grupo armado durante el año 2013 cuando ejecutó 349. Las acciones durante el 2014 se concentraron en los departamentos de Arauca (128) y Chocó (113), y en menor medida en Norte de Santander (55). El gráfico 48 muestra dicha relación.

Hasta aquí, analizando el poder territorial del ELN y los datos mostrados en el gráfico llaman la atención algunos hechos. Por un lado, el departamento de Bolívar pasó de tener 58 acciones de esta guerrilla en 2013 a 4 en 2014. Esta reducción de la actividad militar no se debió a una consolidación del ELN, sino a un debilitamiento constante por los operativos de la fuerza pública.

Gráfico 48. Acciones ELN comparativo por departamento (2013 - 2014)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Seguridad, 2015.

Igualmente, los niveles de la actividad militar en el Chocó son casi que iguales a los del Domingo Laín, significa que el poder de ambos sectores les permite una actividad militar constante. A su vez, el aumento de las acciones en Norte de Santander mostraba un ELN fuerte en tres subregiones, pero débil en el centro.

El segundo hecho de 2014: se dio el cese unilateral de esta guerrilla para las elecciones a Congreso; para ese momento la situación era complicada. El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, buscó ganar las elecciones de 2014 con Óscar Iván Zuluaga, a partir del rechazo al proceso de paz y al aumento del miedo a la población sobre lo que ellos denominaban la entrega del país a la guerrilla. Así que lo que necesitaba el CD era una bomba o una acción militar y con ello echar al piso la política de los procesos de paz. Las Farc-EP declararon un cese unilateral y el ELN, también lo hizo. Dicho cese unilateral permitía al ELN, además, mostrar que sus estructuras estaban cohesionadas y alejaban las dudas sobre las divisiones. Efectivamente, todas las estructuras acataron la orden y no hubo acciones armadas.

En tercer lugar, el ELN, incrementó sus acciones de saboteo, al igual que las Farc-EP lo hicieron para la época. Atacaron la infraestructura energética del país y evitaron los choques prolongados con la fuerza pública. El gráfico 49 muestra la actividad militar para el ELN en el año 2014.

Nótese cómo se evita el choque directo con la fuerza pública, los combates solo llegaron a 28, mientras que acciones de tipo comando o golpe de mano como hostigamientos, emboscadas, ataques a la infraestructura petrolera representan el mayor número de acciones armadas.

Gráfico 49. Acciones del ELN (2014)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos Fundación Paz y Seguridad, 2015.

En todo caso, vale la pena aclarar que el cese unilateral fue durante la primera vuelta presidencial. Para las elecciones a Congreso y segunda vuelta no hubo cese unilateral, pero tampoco una actividad armada ofensiva; se produjeron los famosos paros armados. Durante ese año se realizaron tres paros armados con impacto local, ninguno tuvo un impacto regional. El primero se dio durante la segunda vuelta presidencial. Durante los días 14 y 15 de junio de 2014, en los municipios de bajo Baudó, medio San Juan, Sipí, Tadó, río Iró, alto Baudó se realizó el paro armado. No hubo acciones militares, más bien retención y prohibición de circulación de civiles.

El segundo paro armado se dio en julio, como parte de la conmemoración de los 50 años de este grupo armado. Este paro fue decretado por los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental, teniendo efecto en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá, durante los días 3, 4, 5 y 6 de julio. En Norte de Santander el paro se extendió a los municipios de San Calixto, El Tarra, Convención, Teorama y Hacarí. En Arauca, el paro tuvo lugar en los municipios de Fortul, Tame y Saravena. En Boyacá en los municipios de Pajarito, Cubará, Labranzagrande, Pisba y Paya a través del Frente Efraín Pabón Pabón, estructura que evidenció un fortalecimiento durante los últimos dos años.

El tercer paro armado se realizó entre el 24 y el 25 de noviembre en el departamento de Chocó durante las operaciones que realizaba la fuerza pública para liberar al general del Ejército Rubén Darío Álzate, retenido el 16 de noviembre por el frente 34 de las Farc-EP. El propósito del paro era aprovechar la atención mediática que se dirigía hacia el departamento para visibilizar el control territorial que tiene el ELN en varias zonas del departamento de Chocó (Núñez & Vargas, 2015).

Para 2015 y 2016 la situación no fue diferente, el ELN continúo fortaleciéndose en Chocó, Arauca y Norte de Santander, en este último departamento en la región del Catatumbo. Por el contrario, desapareció en Tolima, a pesar de intentar refundar el frente Bolcheviques del Líbano en 2016. También muy disminuido, casi que a punto de desaparecer, en el sur de Bolívar. Y en general debilitado en las zonas del centro del país.

Carl von Clausewitz utilizó el concepto de centro de gravedad para nombrar el punto o el eje sobre el cuál se construye toda la estrategia de acción política y militar (Clausewitz, 2005). Desde la ofensiva paramilitar y años después con el repliegue de las Farc-EP producto de las negociaciones de paz, se puede decir que el ELN desde el año 2008 y, sobre todo desde 2015, tomó como centro de gravedad los territorios y a partir de ese eje articulador intentó recomponerse. Esto le permitió proteger a la tropa y volver a entablar una relación con las comunidades. Su trabajo central no fue la actividad miliar, sino la recomposición de su base social.

Entre 2006 y 2010, a pesar de la guerra con las Farc-EP, el ELN aprovechó que la fuerza pública estaba ocupada y se expandió; la exploración de una salida política con el gobierno Uribe le permitió hablarle nuevamente al país; el fortalecimiento de su economía le permitió crecer cuantitativamente y recomponer el ejército. Finalmente, logró establecer contacto con comunidades y ejercer una labor de regulación social, aunque no con la legitimidad que alguna vez lo hizo.

De hecho, en zonas como el Cauca agruparon a su vieja militancia urbana que había sido descuidada durante los años más duros de la guerra. Así las cosas, el ELN entró en una fase de acumulación de fuerzas, pero aún estaba lejos de alcanzar los niveles de las Farc-EP. Es decir, si bien había crecido bastante en términos militares y sociales no llegaba ni siquiera a los niveles de los años noventa del siglo pasado. Y mucho menos a los niveles de fuerza social y militar a la que llegaron las Farc-EP antes de la dejación de armas.

Por tanto, a pesar lo que podría ser su éxito derivado de su recuperación parcial, se podría decir que hay cinco elementos que develan la fragilidad de la estrategia y su derrota estratégica.

La comandancia del ELN nunca aceptó la vinculación de sus estructuras con la economía del narcotráfico. El discurso estaba nuevamente cargado de esa moralidad histórica, pero los hechos demostraban que quizá el ELN no era tan coherente, o al menos las estructuras del Catatumbo (Frente de Guerra Nororiental), Nariño, Cauca, (Frente de Guerra Suroccidental) Chocó (Frente de Guerra Occidental); Antioquia y sur de Bolívar (Frente de Guerra Darío Ramírez Castro). No es gratuito que sean estas las estructuras más fuertes del ELN, con excepción del Darío Ramírez Castro, donde se ha concentrado la operatividad de la fuerza pública y el Clan del Golfo se consolidó como actor dominante.

Los Frentes de Guerra crecieron a su manera; este no era un elemento nuevo para el ELN, pues como es sabido su modelo federal contempla esa lógica. Sin embargo, sí resulta un obstáculo para la definición de la táctica guerrillera, en tanto que cada estructura contemplaba un plan diferente, según sus propios desarrollos. Esto se reflejará particularmente en el apoyo de los Frentes al proceso de paz y las definiciones del V Congreso, pues aquellos que se consideran en crecimiento y fortalecimiento piensan que aún no es el momento para una negociación, mientras que si buscan un proceso más adelante, con estructuras aún más sólidas, van a contar con una mejor correlación de fuerzas.

Detrás de la idea de recuperar territorios, el ELN mantiene una frágil opción política. Además de su recomposición militar, en esos años el ELN también se dedicó a fortalecer su base social e incluso a organizarla en un referente socio-político, que pueda dar desarrollo a su propuesta de país. Su ideal ha sido siempre el autogobierno, y aunque en el IV Congreso contempló vincularse a la contienda política, la mayoría de frentes no estuvieron de acuerdo. Así las cosas, el centro de gravedad se encontró con su propio límite: la recuperación de territorios carece de sentido si no se comienza a implementar una estrategia política sólida, pues actualmente el autogobierno no es lo posible ni lo deseado por las comunidades. Todo esto significa participación electoral.

Los factores que permitieron al ELN crecer los dio el contexto, es decir, variables independientes a su accionar, con excepción de la decisión de vincularse a la economía del narcotráfico, que le permitió recomponer sus estructuras. No dependió de un éxito de su estrategia, sino de unos factores que coincidieron entre ellos, por ejemplo, el repliegue de las Farc-EP y los vacíos de poder en algunas zonas que aprovecharon las estructuras del ELN.

Los ingresos le permitieron tener un cuerpo armado que aprovechara el hecho de que la fuerza pública estaba concentrada en combatir a las Farc-EP, lo que permitió acceder y recuperar algunos de sus territorios. Además, el Gobierno se concentró en desprestigiar a las Farc-EP, de tal manera que la matriz de opinión que se construyó para deslegitimar a la guerrilla poco le afectó. El costo real de esto fue dejar de ser un tema de interés para la opinión pública nacional e internacional. Es curioso, pero aunque en la actualidad el expresidente Uribe culpa al gobierno Santos de la expansión del ELN, fue en su gobierno que este grupo logró recomponerse.

Lo que comenzó el ELN desde 2010 y que se mantiene hasta la fecha, es la táctica militar de demostración de fuerza, lo cual no significa ocupar y copar un territorio, sino más bien maximizar los recursos militares para proyectar una imagen de fuerza militar.

Durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, y con ellos su política de seguridad y su intención de buscar la salida política, se configuró un nuevo escenario, un nuevo teatro de guerra, que le favorecía al ELN en el sentido de que la atención aún estaba en las Farc-EP, por lo cual pudo mantener su plan de expansión territorial, especialmente cuando el proceso de paz no tenía reversa y el desescalamiento del conflicto le facilitó comenzar a copar las zonas que las Farc-EP comenzaban a abandonar (Fundación Paz y Reconciliación, 2016).

Vale la pena aclarar que el ELN no se ha trasladado a nuevos departamentos, lo que da cuenta de que aún no se arriesga a dar un salto cualitativo en materia de lo militar porque prevé que la ofensiva militar no será menor, pero sí ha ampliado su radio de acción a municipios aledaños a sus zonas históricas de control y ha fortalecido su nivel de control territorial: en 2014 tenía presencia en 99 municipios, para 2016 se extendió a 18 municipios más en las regiones de Norte de Santander, costa Pacífica y otras regiones de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Magdalena Medio.

Sin embargo, en el ámbito socio político, se configuró una narrativa, un discurso, que clasificaba a los diferentes actores del país entre «amigos y enemigos de la paz».

Este nuevo elemento acorraló al ELN contra las cuerdas y le dejó dos posibilidades en las cuales, tanto el Coce como las estructuras oscilan: (i) Posicionar su ideario político y someterse al juicio de la opinión pública, lo que le obliga a buscar un acuerdo político para poner fin al conflicto armado, pues está claro que lo que hasta ahora ha expuesto a manera de propuesta política es claramente lograble en una democracia; o (ii) mantenerse en la guerra, vincularse a economías y actores armados ilegales para soportar una nueva guerra.

Las definiciones del ELN para su V Congreso dan cuenta de que se prefiere transitar por la primera opción que la segunda, en tanto que definieron como objetivo táctico:

Construir un consenso de nación dinamizando y cohesionando el movimiento político y social, junto a la insurgencia popular, adelantando un diálogo nacional y un accionar integral, legitimados para generar crisis de gobernabilidad, hacia un gobierno democrático, para construir una Nueva nación en paz y equidad, que apunten a las transformaciones estructurales de la sociedad (ELN, 2016).

Es evidente que ninguno de estos elementos se logra con la lucha armada, y parece que pone en el centro la dimensión política de su estrategia. Si el ELN ha decidido poner en su centro de gravedad la propuesta política, es muy probable que logre una salida política al conflicto; pero si en cambio regresa 30 años atrás y define que su centro de gravedad es la legitimación de su causa, es probable que acabe como anteriores intentos de negociación, en tanto es usada como ventana política y alivio militar, pero no como oportunidad para la realización de un proyecto político.

En la actualidad el ELN tiene siete Frentes de Guerra: el Oriental, que en teoría cubre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare (Área ABC), y su máximo jefe es Gustavo Aníbal Giraldo alias Pablito; sobre el terreno su poder se concentra en Arauca, sobre Boyacá operan en 5 municipios y en Casanare hacen incursiones con tropa desde Arauca.

También está el frente de Guerra Nororiental presente, en la actualidad, en algunos municipios de Santander y Norte de Santander, principalmente en la región del Catatumbo, donde controlan de forma estable zonas rurales de 7 municipios, bajo el mando de Carlos Martínez, alias Alexander.

En el sur de Bolívar y bajo Cauca antioqueño está el Darío Ramírez Castro; el cual durante años fue la estructura más poderosa del ELN y ahora está a punto de desaparecer. Ha sido fuertemente golpeado por la fuerza pública desde 2014.

El Frente de Guerra Occidental presente en el Chocó, comandado por alias Fabián. Como se vio en toda la sección, tal vez el más fuerte militarmente y cuenta con los recursos suficientes para aumentar la tropa y la calidad de las armas. En la actualidad está el Frente Cimarrón, Manuel el Boche, el Che Guevara y el frente Cacique Calarcá. También, las estructuras móviles o compañías Omar Silgado y Néstor Tulio Durán.

Por su lado el frente de Guerra Norte, que se está reconstruyendo luego de haber desaparecido casi en su totalidad, y que tiene presencia en el Cesar y La Guajira bajo el mando de Pedro Cabarcas. Sin embargo, será difícil que se reconstruya.

El frente de Guerra Suroccidental tiene presencia en Nariño y Cauca, fuertemente golpeado durante la guerra con las Farc-EP entre 2008-2010 y que perdió legitimidad en la zona por sus alianzas con bandas criminales. Ha dedicado en los últimos años sus esfuerzos al fortalecimiento de su base social. El Frente de Guerra Urbano, creado por primera vez en el 2006 con presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y con menos fuerza en Cúcuta y Bucaramanga. Sin embargo, la fortaleza de este último frente es marginal.

El Comando Central, Coce, es la máxima instancia de este grupo guerrillero, centralizando las decisiones militares y políticas, tiene la misma conformación desde el último congreso. Está compuesto por el máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino); el responsable militar Eliécer Chamorro (Antonio García); Israel Ramírez (Pablo Beltrán); Rafael Sierra (Ramiro Vargas) y otra persona que es responsable del trabajo políticourbano cuya identidad se desconoce.

EL POSCONFLICTO EN EL 2018

Para el año 2018, la panorámica de la confrontación armada y de la seguridad podría resumirse en dos grandes caras de una misma moneda. Por un lado, la mayoría de los indicadores de seguridad asociados al conflicto armado venían disminuyendo desde el inicio de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. El impacto positivo del Acuerdo de Paz sobre los indicadores era más que evidente. Entre 2012 y 2018 los homicidios se venían reduciendo, en cerca de 10 puntos porcentuales, el desplazamiento forzado era apenas del 10 % de lo que fue esta victimización en las épocas más álgidas de la guerra. La desaparición forzada igualmente había caído, el secuestro estaba a punto de desaparecer; en fin los resultados eran evidentes.

En el gráfico 50 se ve la evolución de los homicidios a nivel nacional. Nótese la reducción entre 2012 y 2017. Los datos de 2018 están hasta septiembre 30.

Luego, en el gráfico 51 se ven los datos de secuestro. En el peor año de la guerra, hacia finales de la década del noventa del siglo XX, se presentaban más de 3000 casos de secuestro al año, en 2017 fueron 193 y en 2018 estuvieron alrededor de los 160 casos. Los datos de 2018 están hasta el 30 de julio de 2018.

Pero a la vez que estos indicadores mejoraban, en 2018, comparado con 2017, se presentó un deterioro de la seguridad en algunas zonas del país. Principalmente en zonas donde antes habían operado las Farc. Como se vio antes, se catalogan como municipios del posconflicto a las zonas donde operaron las Farc y opera el ELN. El mapa 66 muestra la dinámica de la violencia homicida en estos municipios.

En lo fundamental, se nota cómo la zona de la cordillera oriental como Tolima, Huila, la zona norte del Meta, Boyacá, Santander muestran una mejoría importante y consolidada. Allí donde se da un incremento en los homicidios los números son bajos. Sin embargo, se presentan aumentos importantes en cuatro subregiones: la zona del norte, nordeste y bajo Cauca antioqueño; la región del Catatumbo; la costa Pacífica nariñense y caucana y el sur del Meta y norte del Caquetá.

Efectivamente en estas cuatro subregiones, una vez las Farc salieron del territorio, se produjo un copamiento criminal. A continuación se ve el listado de los municipios con mayor aumento del homicidio entre 2017 y 2018.

Gráfico 50. Evolución del homicidio nacional, Colombia.

Fuente: elaborado por la Fundación paz y Reconciliación. Datos Policía Nacional. 2018.

Gráfico 51. Secuestro en Colombia.

Fuente: elaborado por la Fundación paz y Reconciliación. Datos Policía Nacional. 2018.

Mapa 66. Diferencia entre tasas de homicidio 2017-2018, 281 municipios del posconflicto

Fuente: elaborado por la Fundación paz y Reconciliación. Datos Policía Nacional. 2018.

Tabla 25. Los treinta municipios pos-Farc con mayor aumento de homicidios 2017-2018

Fuente: elaborado por la Fundación paz y Reconciliación. Datos Policía Nacional. 2018.

Ahora bien, al hacer un análisis pormenorizado de los municipios donde se incrementó el homicidio, surgen dos grupos o tipos de municipalidades. El primer grupo son 76 municipios, en los cuales hubo un copamiento por parte de organizaciones criminales pesadas y GAI. El segundo grupo, son los municipios con el fenómeno de Anarquía Criminal. Este fenómeno hace referencia al deterioro de algunos indicadores de seguridad producto de la salida de las Farc, pero este deterioro no se deriva de la presencia de Estructuras Ilegales pesadas, sino de la presencia de delincuencia común, o también se debe a conflictos horizontales o entre pares, es decir, las comunidades al no tener quién les regule la vida social, se toman la justicia por sus manos.

En cuanto al primer grupo de municipios, se puede decir que luego de la salida de las Farc de los 242 municipios donde operaban, 58, en la actualidad, tienen presencia de grupos pos-Farc o erróneamente llamadas disidencias. A continuación se puede ver el mapa 67. Un total de 21 de estas estructuras, algunas grandes o tras pequeñas, que la componen cerca de 1.600 personas, de las cuales al menos 1.400 fueron guerrilleros.

En este punto se debe decir, que estos 21 grupos no son homogéneos, y tampoco están unidos, aunque varios de ellos están buscando agruparse en una nueva guerrilla. Así, las cosas hay dos alternativas con estos grupos. O bien, algunos de ellos se unen y forman una nueva guerrilla, lo cual dependerá de la cantidad de mandos medios que reincidan. O la otra alternativa es que se dé un proceso de bandolerización similar a lo que se produjo en la década del cincuenta y sesenta del siglo XX.

Por otro lado, en 19 municipios donde antes hacían presencia las Farc llegó el ELN o tomó lo que quedaba de sus municipios. A continuación se ve el mapa 68: nótese cómo la costa Pacífica es la zona más afectada por esta expansión.

Por último, en otros 18 municipios se expandieron los Grupos Armados Organizados, además, previo a la dejación de las armas de la Farc en algunos municipios había presencia de Farc y de otro actor armado, ya sea el ELN o algún GAO (ver mapa 69).

Hubo zonas del país donde surgieron o llegaron hasta 11 organizaciones criminales y GAI, como en el municipio de Tumaco. Igual sucedió en el bajo Cauca, donde en cuestión de días ejércitos del narcotráfico coparon las zonas que eran de las Farc, producto de la venta de franquicias del Clan del Golfo. El mapa 70 resume la ubicación de los 76 municipios.

En cuanto al fenómeno denominado Anarquía Criminal, el mapa 71 muestra la presencia de municipios con este fenómeno.

Mapa 67. Presencia grupos pos-Farc, 2018

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación, 2018.

Mapa 68. Presencia ELN, zonas del posconflicto

Fuente: elaborado por la Fundación paz y Reconciliación.

Mapa 69. Presencia GAO, zonas del posconflicto

Fuente: elaboración Fundación Paz y Reconciliación.

Mapa 70. 76 municipios con expansión criminal y de Grupos Armados Ilegales

Fuente: elaboración Fundación Paz y Reconciliación.

Mapa 71. Municipios anarquía criminal

Fuente: elaboración Fundación Paz y Reconciliación.

CONCLUSIONES

Tal vez en este último capítulo se pueden hacer cuatro conclusiones. La principal, tiene que ver con las economías de guerra. Los conflictos armados prolongados tienden a generar economías y sistemas de ingreso que los alimentan. Todo parece indicar que este sistema hace que la violencia se recicle, pero la motivación y características de la misma sufre modificaciones. Motivos y medios son caras de la misma moneda. Sin plata no se hace la guerra, y el hecho de estar en medio de economías ilegales no desnaturaliza, en principio, el carácter político de un conflicto.

El copamiento de las antiguas zonas pos-Farc por el ELN, el Clan del Golfo, mezclan este tipo de aspiraciones, ya sea para fortalecer la base social o controlar las economías ilegales. Tanto analistas, expertos y académicos, sabían que habían zonas que una vez las desocuparan las Farc serían copadas, pues su riqueza estratégica con estas economías de guerra las hace apetecidas para organizaciones criminales.

La segunda conclusión se refiere a la guerrillarización del conflicto desde 2008 con el Plan Renacer de las Farc y la estrategia del ELN. En este capítulo es donde se comprueban con fuerza las hipótesis iniciales de la introducción general. Efectivamente la movilidad de la tropa se radicaliza, no hay defensa de territorio, no se defiende a la población, y en todas las zonas se combate. Las Farc-EP logran sobrevivir en sus zonas históricas, mientras que en las de colonización reciente armada perdieron rápidamente su presencia. Es decir, su base de apoyo fue lo que les permitió sobrevivir.

La otra conclusión central del capítulo se refiere a la constatación de una guerra dinámica, entre lo regular e irregular, pero de adaptaciones constantes. Siempre, en todo caso, pareció constatarse una imposibilidad de la victoria de un bando sobre otro. El concepto de empate negativo tal vez es el que mejor explica estas dinámicas de la guerra y la obvia conclusión, de que la salida política era la alternativa más lógica en una guerra de desgaste. La otra era un derramamiento de sangre lento y doloroso.

La última conclusión se refiere a las estrategias militares que crearon la ficción de unas guerrillas derrotadas y llevaron el conflicto lejos de los centros urbanos y los principales centros de votación en el país. Una ruralidad lejana en guerra y unas zonas urbanas sin consecuencias militares del conflicto armado. Ese proceso al final llevaría a la apatía de estos sectores urbanos frente al proceso de paz. Era como ver dos países con dos dinámicas diferentes.

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Notas

[1] Este trabajo se hizo a partir de entrevistas a miembros de las Farc-EP y revisión de prensa. <<

[2] Ver: Romero, M. J. (2003). Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogotá, Colombia: Planeta, y Medina, C. (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Bogotá, Colombia: Rodríguez Quito Editores. <<

[3] Se refiere al Magdalena, pero se puede aplicar a toda la costa Atlántica. <<

[4] Dirección página web del ejército: www.ejercito.mil.co <<

[5] Se suma una (1) acción global armada en el departamento, derivada de un paro armado ocurrido el 26 de octubre de 1997. <<

[6] Se suman tres (3) acciones globales armadas en el departamento derivadas de paros armados ocurridos el 17 y 24 de abril y el 19 de octubre de 1996. <<

[7] El Corredor ABC pretendía cubrir los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, por eso sus siglas. <<

[8] Los datos suministrados por el observatorio de la Vicepresidencia muestran un predominio de las acciones de asesinato selectivo, masacres y desplazamientos por parte de los grupos armados paramilitares. <<

[9] https://www.farc-ep.co/opinion/bloque-y-frentes/muere-en-combate-el-comandate-urias-rondon.html <<

[10] La llamada «guerra de rehenes», donde la captura de civiles y uniformados es utilizada como mecanismo de presión política, trajo una fuerte visibilidad a las Farc-EP, pero a la vez fue fuente de la mayor deslegitimación de su historia ante la opinión pública. Para las Farc-EP este es un mecanismo de presión para lograr la liberación de combatientes presos, al tiempo que un dispositivo para relanzar un proceso de paz. Equivale a un trampolín político. La evolución de los hechos dirá si la «guerra de rehenes» también implicó desandar lo andado en el Caguán, en materia de contactos diplomáticos de la insurgencia. Asimismo, está por verse si las Farc-EP aceptan abandonar la captura de civiles, como adelantaron a lo largo del año fuentes en contacto con ellas. <<

[11] En noviembre de 2009, el exjefe paramilitar Daniel Herrera, alias don Mario se refirió a este hecho en una versión libre. Según este hombre, el responsable de esta confrontación fue el «comerciante» de esmeraldas Víctor Carranza, quien había indispuesto a Martín Llanos y al Arcángel, cada uno por aparte, para que se enfrentaran y así dejaran el camino libre para sus actividades económicas (Verdad Abierta, 2009). <<

[12] Número de municipios estimados según datos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, realizado a partir de las bitácoras del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, ver en: http://www.derechoshumanos.gov.co <<

[13] Agrupadas en este único nombre, pues en un principio se tenía conocimiento de Águilas Azules, Doradas y Plateadas. <<

[14] «La guerra entre ex AUC ha dejado, según cifras de la Policía, al menos 100 muertos en el 2008. Los Traquetos y Los Paisas se pelean cultivos, laboratorios y rutas con los Héroes de Castaño, la banda que comanda Daniel Rendón Herrera, don Mario, el hermano de Fredy Rendón, el Alemán.» Ver en El Tiempo: «Fue capturado comandante de Batallón de Junín por supuesto apoyo a bandas emergentes», abril 17 de 2008. <<

[15] Datos de la Corporación Nuevo Arcoíris. <<

[16] Estos municipios corresponden a aquellos que aparecen tanto en un año como en otro. <<