Juan-Carlos Arias

DETECTIVES.RIP

Cómo el poder y sus tentáculos

ningunean, persiguen y asesinarán a los

investigadores privados

Título Original. Detectives.rip

Juan-Carlos Arias © 2014

Copyright: AGRUPACIÓN DE AGENTES SL, 2014

Prólogo: Fernando Rueda 2014

Fotos: Magdalena Villalón, Agencia Andalucía Viva,

Archivo ADAS y del autor.

ISBN: 978-84-943503-0-6

Obra inscrita en RPI Sevilla nº 760/2013

*El Detective Juan-Carlos Arias (Sevilla, 1960) es Criminó-

logo por la Universidad Complutense de Madrid. En 1982 fundó

Detectives ADAS (www.adaspain.com) que dirige desde entonces.

Embarcado en divulgar su oficio, publicó cientos de artículos y mo-

nografías en medios españoles y foráneos. Fue profesor de su espe-

cialidad en distintas universidades (US, USAL y UPV), dirigió cur-

sos de inteligencia empresarial y antifraude en escuelas de negocios.

Barman ronero e insumiso de la antigua mili logró Medalla de Oro

como Gran Donante tras superar cien extracciones de sangre. Ob-

tuvo beca de UE-AFS en Utrecht (Holanda) y The Rotary Founda-

tion en Boston (USA) y Rosario (Argentina). Es autor de Conexión

Detective (1990) – artículos y ponencias entre 1983 y 1989-, Sevilla

Confidencial (1993) y Confidencias de un Detective (2004) donde su

alter ego, el Detective Reyes, novela casos reales alejados de tópicos

investigando como un reportero.

Índice

Dedicatoria / Máximas/ Prólogo / Gratitudes / Introducción

CAPÍTULO 1

Historia normativa del marcaje al Detective Español ................... 41

1. Antecedentes. Siglos XVIII al XX ...................................... 41

2. Dictadura del General Franco. Órdenes de 1951 y 1972 ....49

3. Gobierno de Adolfo Suárez. Orden de 1981 .......................62

4. Gobierno Felipe González. Ley Seguridad Privada............ 75

5. LSP-Reglamento-RSP 1994 ................................................78

CAPÍTULO 2

Cómo se impaga, ocultan, persiguen y anulan al detective español: ...89

1. GRATIS TOTAL

a)

Tarjeta ‘mágica’ ...................................................................92

b)

Falso cateto .........................................................................93

c)

Faroles ................................................................................. 97

d)

Técnicas rentables ............................................................100

e)

Detectives ‘Plus’ .................................................................101

f)

Intentos ‘ingeniosos ...........................................................116

2. CASOS REALES

a)

Jueza anti-detective ...........................................................125

b)

Joyero atracado y ‘ladrón’ ................................................ 129

c)

Defraudadora ‘lista’ .......................................................... 134

d)

Maltratador contrata ‘a la carta’ ........................................137

e)

Más de ex ‘Cajas de Ahorros’ .............................................141

f)

Perito, Cirujano y ¡falsario! ...............................................145

g)

Claudio versus Claudio (Caso Bahía 2 - Odyssey) ............ 150

h)

El ninguneo pleno ............................................................. 164

i)

Chantajista, morosa y llorona ........................................... 170

j)

Herederos impostores, e impunes .....................................175

k)

Pucherazo y sueldazo ........................................................ 183

l)

Contrainforme ‘gratis’ ....................................................... 188

m)

¿Novio tonto? ¿Cliente ‘listo? ........................................... 193

n)

Engañarse. Y al seguro ...................................................... 198

o)

Matar al mensajero ...........................................................203

CAPÍTULO 3

OPERACIÓN PITIUSA .................................................................206

CAPÍTULO 4

ESPIONAJE DE EX ‘AGENCIA’ MÉTODO 3 .............................. 257

CAPÍTULO 5

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA-LSP- 5/2014 ............................371

1.

Análisis del Proyecto de LSP .............................................371

2.

Realidades y consecuencias..............................................396

3.

Alegaciones de los detectives asociados ........................... 416

APÉNDICE 1

REIVINDICAMOS INVESTIGAR DELITOS ............................... 447

APÉNDICE 2

DETECTIVES: ¿POLICÍAS PLUS?...............................................450

A la memoria de mi padre, José Arias Galán, íntegro Comi-

sario de Policía que huyó del dinero, corruptos, serviles y

resentidos.

A la de mi madre, Doña Rosa, enfermera y emprendedora.

Retó adversidades con coraje y carisma. Pisó fuerte.

Marcó sendas.

“El detective es el médico brujo sagrado capaz de detectar

el mal que corrompe a la sociedad... es el único personaje al que

se permite poseer dotes intelectuales. Con aureola de excéntrico,

pintoresco y de aspecto casi estúpido o pedante posee unos co-

nocimientos en realidad amplios y vastos que, en la práctica, le

harán casi omnisciente.”

Julian Symons

“El detective privado cura la herida social que el crimen

simboliza. Recompone el desorden que el crimen ha desencade-

nado. Su objetivo es el retorno del orden, del orden mental por

medio de la verdad; del orden social por medio de la justicia. El

detective distingue perfectamente entre la justicia de los hombres,

codificada en leyes, y la idea de justicia, que atiende a una noción

ideológico-moral.”

Carta de Raymond Chandler a James Sandoe.

Mayo de 1949

GRATITUDES

Elaborar un libro es una aventura total. Cuando se aborda un

tema palpitante, delicado y estereotipado sobre el que basculan

egos e intereses ocultos surgen inesperados silencios, obstáculos y

cálidas ayudas. Esa colaboración merece gratitud expresa del autor.

Unos y otros contribuyeron a que esta obra sea realidad.

El equipo de SELEER materializó este libro. Acredita que, entre

editores, hay luces que pueden a las sombras. Cristina Sala y Borja

Muñoz merecen especial gratitud. Amparo Lazo, veterana librera,

regaló además al autor sabios consejos.

Fernando Rueda, Doctor y Profesor de Periodismo más prolífi -

co escritor trazó en su prólogo experimentada excelencia que apre-

cia un modesto detective que sólo lucha verdades.

Juan Emilio Ballesteros Macías corrigió los incontables errores

del original enriqueciéndolo de estilo con su acreditado ofi cio. Tra-

bajador nato, trasmite talento en los periódicos y revistas en los que

es y fue alma: Diario 16, Diario de Andalucía, Cambio 16, Cuadernos

para el Diálogo, Cambio Financiero,…

Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, látigo de es-

pías y funcionarios incompatibles, siempre estuvo al tanto de lo oculto.

Josep María Oliver i Codina y Natalia Gili ofrecieron hospitali-

dad sin regatear generosidad y referentes barceloneses.

Sofía y Carlos soportaron apoyando, durante meses, la quietud

vespertina y nocturna que exigió la elaboración de este libro.

17

Los compañeros Juan de Dios Vargas, Daniel Batllés, Antonio

Hernández Gracia, Pepa Hernández, Yolanda, Manuel Navarrete,

Gonzalo Álvarez, Mariano Paradell, Juan Sanahuja, Carolina Ada-

lid, Javier y Francisco Ruiz, Teresa Rueda, David Blanco, Enrique

Arranz, José Rubén Giner, Bernardo Cortijo, José Pimentel, José

Luis León, Eloy de Paco, Rafael Pérez, Juan García-Arbiza y el ge-

nial investigador privado Paco Arcas dieron aliento y compromiso

lejano del desvarío que ensombrece al detective.

El letrado y profesor Josep Jover Padró más el periodista An-

tonio Fernández regalaron al autor parte de su cotizado tiempo y

reveladores testimonios en la universal Barcelona.

El abogado y profesor de Derecho Manuel León González, me-

surado y profundo jurista, revisó el original con la excelencia que le

acompaña.

Otros colaboradores y fuentes, ligados a Operación Pitiusa y

Método 3 sustanciaron esta obra exigieron anonimato. A todos ellos

y ellas, más gratitud por su la valentía y el coraje que acercan la ver-

dad desde intereses, hipocresías y mentiras que nos niegan.

18

UN RETRATO SINCERO PARA

INTENTAR CAMBIAR LAS COSAS

El mundo de los detectives españoles es más conocido por lo

que describen los autores de novela negra que por lo que podemos

conocer a través del periodismo y de sus protagonistas. En mis

treinta años de profesión he investigado, denunciado e informado

en numerosas ocasiones sobre hechos protagonizados por estos in-

vestigadores privados. Sin embargo, pocas han sido las aportacio-

nes directas de los detectives a ese debate necesario sobre su trabajo

diario. Es en este sentido en el que considero de vital importancia el

libro que tienen en sus manos.

A Juan-Carlos Arias le conocí cuando éramos dos jóvenes vein-

teañeros. Nos sobraba ilusión y nos faltaba perspectiva. Él estaba

como loco por contribuir con su trabajo a la resolución de confl ictos

que tantas personas y empresas le encargaban. Actuaban así, él lo

sabía muy bien, porque no había nadie más que pudiera ayudarles.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han estado siempre

sobrecargados de trabajo y no pueden dedicar a algunos casos el

esfuerzo que muchas personas desearían. En otros temas no delic-

tivos, los clientes acudían a Juan Carlos, al igual que a sus compa-

ñeros, porque precisaban investigaciones que les aportaran datos

necesarios para su vida privada o para la buena marcha de sus em-

presas.

Por aquel entonces fue cuando escuché por primera vez el ca-

lifi cativo despectivo dirigido a los detectives, ese que todavía hoy

aparece cuando alguien quiere menospreciarles: huelebraguetas.

19

Un término que pudo tener sentido en España y en el mundo cuan-

do los investigadores se dedicaban principalmente a demostrar que

los hombres eran infi eles a sus mujeres.

Ese terreno se ha superado, aunque siguen siendo muchos los

hombres y mujeres que sumidos en la congoja de ver su matrimonio

en peligro, acuden a ellos en busca de una información que acabe

con sus dudas.

El retrato apasionante que hace Juan Carlos del estado de su

profesión en este libro tiene mucho de realidad y nada de fantasía.

Abre la puerta a la discrepancia sobre sus planteamientos, pero

pone el corazón en probar su tesis: los gobiernos hacen todo lo que

está en su mano para impedirles el ejercicio de su trabajo y hay mu-

chas manzanas podridas que perjudican la imagen que de ellos tiene

la sociedad.

Comparto absolutamente su primera tesis y solo hay que leer

los capítulos en los que describe las leyes que se han aprobado du-

rante la democracia para dejar en evidencia lo que me gusta califi car

como persecución al trabajo de los detectives.

Muchas veces he escrito en contra de las limitaciones que el

Ministerio del Interior pone a su trabajo. Cerrando tantas ventanas

a su ofi cio es imposible que puedan desarrollarlo como la sociedad

necesita. Me atrevería a decir que los funcionarios policiales tienen

la mirada cicatera de quien no quiere compartir espacio con per-

sonas que no llevan una placa y por lo tanto que necesariamente

tienen que saber menos que ellos. Aún más, los consideran intrusos

en un mundo que les pertenece. Se equivocan y mucho.

En una sociedad con tantos delitos, el Ministerio del Interior

español debería aprender de países como Estados Unidos, en los

20

que a cambio de dotarlos de algunas competencias, consiguen que

el trabajo de los detectives se sume al que realizan los policías. Y este

es el quid de la cuestión: sumar y no restar.

Los detectives españoles tienen una formación universitaria y

profesional muy superior a la existente en la mayor parte de los paí-

ses. Son gente capacitada para conseguir información y probar sus

argumentos. Lo demuestran diariamente en salas de Justicia y con

el reconocimiento de particulares y empresas que siguen contratán-

dolos a la vista de sus buenos resultados. Entonces, ¿por qué los que

mandan les ponen tantas trabas para su labor?

Solo veo celos y envidias, donde debería haber sana colabora-

ción y confi anza. La Policía no puede con tantos delitos y los detecti-

ves ayudarían a desahogarles de tanto trabajo. No lo han entendido

nunca y me temo que la visión de Juan Carlos no permite abrigar

cambios en un futuro cercano.

No soy ajeno al principal motivo en el que se sustentan las crí-

ticas de los cuerpos de seguridad. Los escándalos que aparecen pe-

riódicamente en los medios de comunicación ensombrecen la labor

callada y exitosa de centenares de detectives. Esos escándalos que

presentan ante la opinión pública a unos detectives que se saltan la

ley, que corrompen a funcionarios y capaces de cualquier cosa ilegal

a cambio de llenar sus arcas.

Para ilustrar esta realidad, de la que Juan Carlos se aleja con

sentimiento de pena y desprecio, aporta dos casos recientes muy

signifi cativos: la “Operación Pitiusa” y los casos de “Método 3”.

Para mí está claro que la inmensa mayoría de los detectives

son gente seria que trabaja respetando la ley, pero que a veces –una

parte de ellos– tontea con esa línea roja que les han marcado y que

21

les impide conseguir por medios normales la información que ne-

cesitan para sus casos. ¿Por qué no dejarles consultar el archivo de

maltratadas antes de aceptar el encargo de un hombre para buscar a

su esposa? ¿Por qué los políticos contratan continuamente a detec-

tives para obtener información de comportamientos irregulares de

sus oponentes, cuando luego a la hora de hacer leyes se distancian

de su trabajo?

El libro es muy duro con estos comportamientos y a veces he te-

nido algunas discrepancias. Me parece mal que los detectives creen

una red para compra-venta de datos, pero creo que el Estado de-

bería facilitarles el acceso a determinadas informaciones, siempre

estableciendo las necesarias garantías. En este sentido, me ha en-

cantado el caso de Matías Bevilacqua, que hacía trabajos fuera de la

ley en ordenadores ajenos y al que la Policía detuvo en la “Operación

Pitiusa”. Curioso que esas mismas habilidades supuestamente de-

lictivas las empleara al servicio del Centro Nacional de Inteligencia

(CNI).

Creo que los detectives detenidos por casos de corrupción no

eran todos ellos malos profesionales. Seguro que algunos tenían una

explicación para estar allí metidos. Yo he seguido el trabajo de Fran-

cisco Marco, de la extinta Método 3, y he podido comprobar perso-

nalmente el gran trabajo que ha realizado en investigaciones difíci-

les y comprometedoras. Eso sí, si él y el resto de los implicados se

saltaron la ley, respetaré las sanciones que acuerden los tribunales.

Juan-Carlos Arias siempre ha sido un valiente y con este libro

descarnado lo demuestra. Nadie como él para echar luz sobre un

mundo al que acusan injustamente de mal funcionamiento. Com-

parto plenamente sus palabras: “Esta obra, en suma, reivindica un

orgullo profesional y un ofi cio al que se adjudica un plus de mal-

22

dad en los últimos tiempos que resulta injusto y hasta hiriente para

quien vive de ella”.

Pasen y lean. Antes pónganse una gabardina con capucha, pues

el chaparrón que viene es muy grande. Eso sí, les asegura que al

fi nal verán las calles por las que circula el mundo de los detectives

con la esperanza de que algún día todo vaya mejor. Y que muchos

investigadores como Juan-Carlos Arias seguirán siempre ahí para

ayudarles en lo que necesiten.

FERNANDO RUEDA

Periodista y Escritor

23

Introducción

El Gobierno del Partido Popular (PP) arrasó en las urnas de

las elecciones de noviembre de 2011. Obtuvo la mayoría absoluta

más holgada de su historia y un techo electoral más que sufi cien-

te para borrar del mapa político al socialismo Bambi del ahora ex

presidente José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Pues bien,

este gobierno conservador, lastrado por la crisis y sin refl ejos ante

la corrupción del bipartidismo del Partido Socialista Obrero Espa-

ñol (PSOE)-PP, social, sindical y patronal ultimó lo que ningún otro

ejecutivo del mundo se atrevió a consumar: matar ‘legalmente’ a los

detectives privados.

Bajo el pretexto de controlarlos, crear empleo, fi niquitar el de-

nominado intrusismo que padece este colectivo profesional por par-

te de impostores y empresas de seguridad y con el objetivo de ocul-

tar vergüenzas y escándalos de todo tipo que se multiplican en una

sociedad hipócrita en tiempos de crisis, el PP los reintegra en su Ley

de Seguridad Privada (LSP). Tras promulgarse esta norma estamos

invitados al funeral del detective patrio, previa aplicación del nuevo

Reglamento de Seguridad Privada (RSP).

Espías, con y sin licencia, de la controvertida agencia Método

3 investigaron trapicheos del Caso Gürtel y al extesorero del PP y

exsenador Luis Bárcenas fueron auténticos misiles dirigidos a las

entrañas ocultas del corazón del PP. La redada, que se bautizó como

Operación Pitiusa, implica en la compra-venta de datos protegidos a

más de 200 imputados entre funcionarios, policías, guardias civiles,

abogados, detectives y empresarios.

24

Tan discutible caza de brujas la concibió el Ministerio del In-

terior desde sus púlpitos y otros despachos infl uyentes. Método 3

también grabó a Alicia Sánchez Camacho, líder catalana del PP y

parlamentaria, al PSOE y su marca catalana PSC (Partit dels Socia-

listes de Catalunya), CiU (Convergència i Unió), ERC (Esquerra Re-

publicana de Catalunya) y otras formaciones políticas españolas y

foráneas, como el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) turco.

La agencia, ya disuelta desde octubre de 2012, investigó igual-

mente a otros políticos, potentados y empresarios. Compromete,

asimismo, al CNI (antiguo CESID, acrónimo del Centro Nacional de

Inteligencia, servicios secretos españoles).

El escándalo afecta, además, al soberanismo catalán, ya ‘tocado’

por las corruptelas de CiU, los del clan Pujol, desvaríos del tripar-

tito (su segunda edición -2006/2010- convirtió en President a José

Montilla avalado por el PSC, ERC y ICV-EUiV, la formación ecoiz-

quierdista afín a la coalición Izquierda Unida), otras autonomías,

ayuntamientos y hasta una Casa Real que se presentaba ‘intachable’

a los ojos de los convencidos del papel moderador del antiguo Rey

Juan Carlos I.

Los detectives, armados sólo con pruebas y al amparo de su

ética profesional, contribuyen a afl orar algunas verdades que acele-

ran pactos en bufetes o juzgados, sustentan inocencias o consolidan

acusaciones, solventan agravios, fraudes, extorsiones, falsas insol-

vencias, etc.

Con la democracia que disfrutamos desde que se promulgó la

Constitución de 1978 todos los contratan: desde padres preocupa-

dos por hijos difíciles hasta empresarios que padecen el absentismo

laboral de su plantilla. Nadie les reconoce. Nadie les visibiliza. Na-

die les apoya.

25

Pero a todos une el afán por poseer información. El ‘saber más’

suma, el conocer gana enteros. Cuando el detective ‘sabe demasia-

do’, las más de las veces, incomoda o estorba… Es preciso, pues,

‘matarlo’ legalmente.

Así se codifi ca la amenaza a un colectivo ínfi mo si lo compa-

ramos con otros segmentos profesionales españoles. Agrupa unas

3.500 licencias de las que aproximadamente 2.000 están activas.

El gremio detectives genera 10.000 empleos indirectos. Está roto

en su seno por personalismos, envidias y fragmentado por colegios

territoriales en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia donde es

obligatoria la afi liación de los ejercientes.

Arrastran los detectives, además, tópicos y estereotipos fílmi-

co-literarios. Tal y como se vislumbran las perspectivas de trabajo

los investigadores privados están condenados al paro considerando

la crisis que padecen los españolitos, el miedo a contratar al detec-

tives que circula entre abogados, empresarios, autónomos, profe-

sionales y particulares más un mercado a la baja que fusila precios

entre competidores desleales.

La LSP del 2014, como se confi guró, robará a los sabuesos pri-

vados el secreto profesional que los une indisolublemente al cliente

y a proteger la verdad. Ese conjunto de normas [LSP] los castigará

con elevadas fi anzas o multas. Las pagarán, además, a una policía

que siempre les miró por encima del hombro, haciéndolos objeto de

mofa, chanzas y todo tipo de desconsideraciones, como ocurre habi-

tualmente en la fi cción fílmico-literaria de corte anglosajón.

Se quiere, en suma, matar sutilmente al mensajero. De tal cri-

men también entienden bastante los periodistas más otros profesio-

nales de la información y la comunicación.

26

De paso, la nueva LSP establecerá una única verdad ‘ofi cial’, sin

alternativas que la contrasten o complementen. La otra verdad, si se

nos admite, estará escondida… en las catacumbas. O se verbalizará

con media lengua o sobre-escrita en parciales informes ‘a la carta’

del cliente, práctica en la que son expertas las grandes agencias que

dominan el mercado español.

Ahí, en esa turbiedad, se sitúan las mismas cloacas desde don-

de partieron las instrucciones políticas y el mandato imperativo del

poder para ningunear a los detectives españoles. Al tiempo, se les

somete al yugo de una norma que atenta contra sus atributos pro-

fesionales y arremete contra derechos esenciales del individuo que

ampara nuestra Carta Magna de 1978.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz más su equipo

jurídico y legislativo, plasmó lo que podríamos acuñar como una ob-

sesión antidetective en su LSP. Fue jaleado por la totalidad de dipu-

tados y senadores del gobierno; ésta LSP tampoco se replica, desafía

ni cuestiona, por una oposición, por una ‘casta’ parlamentaria, pa-

tronal, sindicatos, actores sociales o intelectuales. Nadie sale al trapo

a favor de los detectives. Sólo algunos reportajes y artículos perio-

dísticos o dictámenes jurídicos privados diseccionan los atropellos y

cautelas que la LSP contiene contra los investigadores privados.

Los detectives, en realidad, son personajes que ubicamos ma-

yormente en fi cciones; en la verdad mejor dejarlos a la deriva de

cada mente, no importa con qué temperatura aborda el mito o icono

cada cual en sus pensamientos o ideas preconcebidas. Los investi-

gadores privados españoles están, literalmente, huérfanos. Así es de

triste la realidad que intenta denunciar este libro.

Serán fi scalizados, los detectives privados, bajo una censura

que ni el franquismo, los norcoreanos o los soviéticos soñaron. Está

27

constatado –igualmente- que Jueces parciales, autoridades hetero-

doxas, abogados sin escrúpulos y empresarios codiciosos no respe-

tan al detective también. La verdad que trasmiten, o acaso la mala

imagen que destilan por actos propios, molesta a esa minoría. Nos

lo preguntamos. En voz alta: ¿Por qué?

Este libro dará algunas respuestas a las incógnitas planteadas.

Su autor conoce de lo que escribe, no sabe tanto como otros cole-

gas que parecen tertulianos mediáticos y que entienden u opinan de

todo. Supera, el fi rmante de la obra, los más 30 años de experiencia

en un ofi cio que a nadie deja indiferente.

Pero el trabajo que el lector tiene entre sus manos, indudable-

mente, se quedará corto. Lo desbordará lo que afl ore –de un lado-

desde Operación Pitiusa en sumario, los análisis forenses de orde-

nadores, móviles y pen-drive incautados. O lo que surja fuera de las

diligencias judiciales o averiguaciones policiales.

De otro lado, nadie sabe hasta dónde llegó el espionaje patro-

cinado por Método 3 (M3) ni a quiénes alcanzó. Apenas se publicó

una lista de casos y clientes que supera el centenar sobre miles de

casos investigados; la historia de M3 registra dos libros ya. Uno es-

crito por su antiguo Director e hijo de la fundadora; otro por dos ex

detectives a los que les deben el despido.

Además la marca M3 da y dará para guiones literarios, de radio

y televisión. Ese monstruo de dossiers, audios y videos ‘a la deriva’

que se visibiliza e imaginamos crecerá hasta no reconocer al panora-

ma que se había dibujado, y asumido, desde un principio por clien-

tes, informados, proveedores y ex colaboradores de una Agencia que

sitúa el noble ofi cio de investigar privadamente bajo mínimos de

neutralidad, profesionalidad y prestigio social.

28

Decenas de informáticos de la Policía llevan trabajando meses

para desencriptar, analizar y diseccionar discos duros de ordenado-

res, bases de datos y teléfonos móviles. Además de revelar secretos

detectivescos, desvelarán más posibles ilícitos de los que sustancian

los sumarios judiciales de Pitiusa y M3.

De momento, el ministro Fernández se ufana confundiendo las

actuaciones de sus policías en sendos operativos (Pitiusa y M3), de-

sarrollados desde 2012 y 2013 respectivamente. Si le preguntan por

una trama de espías (por Método 3) responde que ya hay más de

150 detenidos entre empresarios, detectives y funcionarios (por Pi-

tiusa), según declaraciones que realizó al periodista Manuel Marín

(ABC, 13 de mayo 2013).

Este libro es realidad porque el autor que lo suscribe reivindica

su ofi cio sin ningún complejo, servidumbre o ansias de sobresalir

en una sociedad y un gremio que, hipócritamente, niega y oculta

verdades clamorosas. Máxime en tiempos donde reina el bochorno

ciudadano por la corrupción generalizada provinente del dinero pú-

blico, español y europeo.

No cabe duda que la crisis, agudizada en la primera década

del siglo XXI, es cíclica. Vendrán tiempos más favorables en los

que cada cual aportará necesariamente lo mejor de sí, en los que

sacaremos ese coraje con el que superamos hasta trágicas guerras

de hermanos, familias e ideas no muchas décadas atrás. Arrimar el

hombro es un mandato, no una consigna. Entre todos saldremos

adelante.

Dicho esto, añadimos que no es de recibo que muchos paguen

–paguemos– sinvergonzonerías, codicias e ilicitudes de unos pocos.

Particularizando sobre detectives privados, tampoco es lógico que

los castiguen normativamente por si meten la pata, por si delinquen,

29

por si saben lo que no deben, por si descubren lo que avergüenza o

nos escandalizaría. Hay muchos más ‘por si’ que no detallaremos.

Los lectores más inteligentes fácilmente los averiguarán. La LSP del

PP y su Reglamento ponen el articulado a tanto ‘por si’.

Es poco comprensible, de paso, asumir que trabajar como de-

tective privado per se sea algo execrable, repugnante y peligroso

para el poder. Lo suyo sería ser su aliado privado o cómplice anóni-

mo, sin caer en servilismos unidireccionales. Pero no es así.

Los investigadores privados merecen alerta, control, cautelas y

fi anzas, incluso antes de cometer cualquier fechoría que se les pase

por la cabeza. La LSP testimonia que los detectives son sujetos de

cuidado, usando términos coloquiales.

Consumada la teórica maldad es agraviante que se añadan im-

pagables multas, incautaciones de archivos y soportes comunica-

tivos sobre el imperio de Ley que alcanza al ciudadano en menor

grado. LSP es la clave que descifra el atropello.

A estos, a los detectives que sepan del sentido común, les re-

sultaría impensable, e inimaginable, que le castigaran por varias

vías y le sustrajeran legalmente sus medios de vida hasta que una

burócrata policía o lenta Justicia acuse unos refl ejos que les exigen

sus clientes al detective para procesar casos y cobrar sus legítimos

honorarios. El detective español se mueve y trabaja en la iniciativa

privada. Su velocidad operativa la exige quien le paga, los resultados

van parejos a la verdad que descubre el detective.

Una investigadora privada que trabajó muchos años en Euska-

di y regresó al sur para hacer lo mismo en la tierra que le vio nacer.

Se percató, en 2013, que su ilusión chocaba contra el muro de un

poder que proyecta eliminar, legalmente, a los detectives.

30

A ella, que conoció de cerca y dictaminó sobre violencias, abusos,

acosos y derechos pisoteados del pueblo donde trabajó como detec-

tive, no le permitieron que su vocación se materializara en su tierra.

Ser detective y mujer suma. Tras leer los planes ‘de Ley’ [LSP]

del gobierno sobre los detectives, nuestra investigadora, muy indig-

nada, repartió una carta-desahogo dictada por su corazón a los me-

dios informativos.

La misiva no se la publicaron en ningún soporte: ni periódicos,

revistas, radios, televisiones, digitales…. No mereció interés mediá-

tico el anticipado ‘despido colectivo’ que se vaticina para los investi-

gadores privados. Sólo circuló tan sincero reclamo en foros, chats y

móviles de sus afectos.

Vindicaba, tan osada mujer, seguir trabajando como detective

atada exclusivamente a una norma, a leyes ordinarias, las que alcan-

zan a cualquiera.

De vulnerar las normas pedía ésta detective que le castiguen lo

mismo que a sus iguales. Como a sus vecinos, amigos o familiares.

Quería comer de su esfuerzo, de su talento, de su creatividad, de

su valía, aunque fuera poca o no apreciable… Quería sobrevivir, en

suma, del derecho a la información que tenemos todos para seguir

siendo libres.

Esa carta inédita a los que no son detectives sustancia la razón

inicial de este libro. Estos renglones que siguen continúan una lar-

ga epístola que se dirige al lector para que comprenda la rabia del

detective cuando le coartan su derecho a ejercer la profesión que

eligió, su praxis para obtener el sustento más la impotencia de verse

desbordado por un fuerte Goliat contra el que no podrá luchar un

debilitado, y apabullado, David.

31

Ese David, además, sufre la crisis, carece de apoyo institucional,

sindical y político para una batalla que -de antemano- parece per-

dida frente a los enemigos contra los que tiene que sublevarse. Esos

adversarios son los mismos a los que debe pagarles sus impuestos y

que administran lo que los romanos llamaban la res publica.

Las normas gubernamentales vigentes sobre los detectives es-

pañoles no encuentran parangón en otras actividades en cuanto a

control, vulneraciones de derechos e impagables multas por malas

prácticas que además las instruyen burócratas de despacho.

Además, cualquier detective que violase normas penales, por

ejemplo, tiene castigos suplementarios, administrativos y colegiales,

en los territorios donde estas corporaciones de Derecho Público son

de obligatoria afi liación (Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia).

Al detective catalán, gallego o valenciano acusado por lesiones

en una pelea vecinal – un incidente extra profesional – le puede

castigar un juez con multa, indemnización y cárcel; Interior le pri-

varía de licencia, además de multarle, según la vigente LSP; su ‘cole-

gio ofi cial’ le privará de ejercicio y no podrá trabajar en el territorio

donde reside, donde viven los suyos y donde se ubican sus clientes.

Esa posibilidad que planteamos con ejemplos prosaicos pone

los pelos de punta. Somos ciudadanos de un país desarrollado, de

cultura occidental, de vanguardia y democrático. Somos parte de

una Europa, faro de Occidente, donde habitaron culturas exporta-

das a la humanidad.

Aquí, en la vieja piel de toro, es factible una España que ya va-

ticinaron como entusiasmante, apasionada y penosa escritores tan

inolvidables como Machado, Unamuno, Marañón, Ortega, Brenan y

otros tantos intelectuales que refl exionaron acerca de vicios colecti-

32

vos, cainismo y fi jación por ocultar la incómoda y comprometedora

verdad ante el poderoso a quien les molesta o perjudica.

El legislador, guiado por gobernantes, matará lentamente a es-

tos mensajeros llamados detectives. Lo repetimos. Demostraremos

que no se dramatiza en negativo el presente y futuro del investiga-

dor privado tras una atenta lectura de LSP del PP. Este alegato ofre-

cerá al lector abundantes pruebas a favor de la tesis que se presenta

ante los ojos de cualquier bienpensante.

El detective español conforma un gremio donde convive lo peor

y lo más noble del ser humano. Desde la profesionalidad, humildad,

honradez, minuciosidad y campechanía, por un lado, hasta la posi-

bilidad de encontrar prepotencias chulescas, avaricias infi nitas, me-

diocridades a la carta, egolatría o el delincuente potencial que todos

llevamos dentro cuando el armario penal cruje.

Su tipología abarca mundos, de entrada, difíciles de compren-

der para quien no conoce las entretelas del sabueso hispano. En-

contramos, de una parte, quien se considera fi lántropo inmerso en

casos de guión humanitario. De otra, quien cree que el cliente es un

idiota que, encima, le llenará una cartera de supervivencias sobre

mediocridades.

Una mayoría de investigadores privados hace lo que puede –y

le dejan– para trasmitir la verdad a su cliente, jefe o anónimo co-

municante. Quienes pagan al detective, a veces, son ya un caso. Pero

esta es otra historia.

El perfi l del detective español cambió durante los últimos años.

La paridad entre hombres y mujeres que practican el ofi cio ha su-

mado competitividad al gremio, efi cacia y especialización.

La crisis fi nanciera, recortes presupuestarios ofi ciales, de la

iniciativa privada y subida de impuestos alcanzan al investigador

33

privado español. Las grandes agencias despidieron a profesionales

y diezmaron sus plantillas; las pequeñas se hicieron individuales,

regentadas por autónomos que subcontratan colaboradores cuando

lo demandan necesidades operativas.

Los antaño profesionales independientes sobreviven bajando

precios, intentando cobrar deudas, minutas que amarillean o aho-

rrando gastos por aquello de la subsistencia cotidiana.

Antes de obtener la licencia los profesionales del sector eran

universitarios, en paro o empleados en precario, que soñaban una

salida laboral, entusiastas del mito detectivesco o quienes no hicie-

ron carrera en la abogacía, seguridad privada y pública o la milicia.

Los que se consideran igual que sus vecinos no suelen protago-

nizar incidencias que les conduzcan a comisarías, hospitales o juz-

gados. Quienes no ocultan prisas por desvalijar al cliente son sujetos

que sufren sus propios colegas. Los ‘atípicos’, por llamarlos de algún

modo, son más numerosos que en otros gremios. La tentación vive

cerca de esos egos y jamás dormita.

La mayoría de estos individuos vistieron antes de ser detective

algún uniforme o toga y portaron algún arma de fuego, innecesaria

para buscar verdades entre los investigadores privados que podría-

mos considerar ‘normales’.

De todas formas, los detectives españoles tienen buena fama

entre sus clientes, interlocutores, proveedores, etc. Suelen ser abier-

tos y de verbo fácil. También cercanos. Siempre tienen en mente

algún caso, real o inventado, que ilustre un ofi cio que nada entre lo

que es y lo que parece.

El detective terrenal bucea entre algo que puedes tocar, enten-

der o imaginar en fi cciones de contextos fascinantes o tenebrosos.

34

La gente entiende, poco y mal, al detective cuando le conoce de

cerca. Hace pocas décadas, encontrarse o charlar con un detective

encantaba singularmente a las mujeres. Estaban fascinadas por el

morbo y originalidad que prometían.

Éstas siempre preguntaban por detalles de algún caso de in-

fi delidad por si les apareciera en el relato verbal del sabueso ese

‘príncipe azul’ que algunas buscan, afanosamente, sin encontrarlo a

corto plazo. No obstante, se mostraban esperanzadas.

En su historia, el investigador no suele dar claves, ni pistas, del

icono principesco que acuña hasta un síndrome. Acaban cambiando

el derrotero contando algún fraude; cómo unos hermanos se estafa-

ron repartiéndose una herencia o cómo un empleado engaña al jefe.

La mujer, decepcionada con un tipo de carne y hueso que no

materializaba sus sueños de efebos atléticos con capa de corpiño

consuela secretamente sus expectativas con las escenas tiernas de

Volver a Empezar entre Antonio Ferrandis y Encarna Paso o las pa-

siones impulsivas de Los puentes de Madison, encarnadas –nun-

ca mejor dicho– por unos geniales Clint Eastwood y Meryl Streep

cuando se besan y aman causando envidia ajena.

Ambas películas, por ejemplo, movilizan espacios de realidad y

fi cción que hipotecan al detective de carne y hueso ante los ojos de

determinado público femenino. Las historias que cuentan mujeres

detectives a sus interlocutores son distintas. Obviamente. Su mente

idealiza más. El amor platónico o carnal lo explican las mujeres con

distintas palabras a las de los hombres.

De todas formas, la imagen próxima del detective actual se re-

parte también con el tipo duro, o la de una mujer carente de escrú-

pulos, que desvela defraudadores al seguro, profesionales de la baja,

35

infi eles patológicos o sujetos que hacen hablar a los muertos sin ser

forenses. Investigar verdades en un país latino del sur europeo no

goza del favor –ni del fervor– popular.

Durante la segunda década del siglo XXI el panorama para el

detective que ejerce en la piel de toro ha cambiado demasiado para

los tempos que suele manejar.

En el transcurso de muy pocos años le abandonó su clientela a

precios de mercado entre bufetes, empresas, aseguradoras, mutuas

y particulares. Antiguos empresarios del sector son ahora autóno-

mos. Quienes antes eran independientes, profesionales free lance,

son ahora meros supervivientes.

Para mayor desgracia, el fenómeno del detective virtual cerró

agencias físicas y las abrió, a espuertas, en Internet. Son fácilmente

reconocibles: sólo informan de un móvil y correo de contacto sin

sede física. La parafernalia fotográfi ca del portal y la palabrería del

‘detective’ sabelotodo de turno hacen completar el cuadro. En la red

se obtienen ahora más datos, es verdad. Pero se cometen más atro-

pellos y abusos en nombre de la investigación privada.

Los más expertos en vender humo son unos descarados inco-

rregibles que intentan resucitar tiempos gloriosos o se apuntan a fu-

silar precios y normas ofi ciosas de mercado para captar clientes que

no repetirán si se les maltrata o se les engaña. El fraude de unos po-

cos lo sufre una mayoría. Cualquier detective es el embajador de su

profesión ante el interlocutor, operador jurídico, proveedor o cliente.

Demasiados individuos no se enteran de esta verdad de barquero.

El extenso alegato que se formula en pro del detective no debe

metabolizarse por el lector enmarcado en un victimismo fácil. Tam-

poco se ocultan pecados y tropelías de un gremio que sólo prota-

36

gonizan unos pocos ni se aprovechar las evidentes presiones nor-

mativas para justifi car un fi niquito sectorial que se anuncia como

consecuencia de decisiones gubernamentales.

La defensa del ofi cio se hace desde la realidad y una autocrítica

exenta del recurrente corporativismo que asola bastantes profesiones

dirigidas por minorías que repiten en la directiva de colegios ofi ciales.

Estamos demasiado acostumbrados a que unos pocos bien si-

tuados hablen de problemas ajenos y colectivos. Éstos se erigen has-

ta en portavoz ofi cioso para explicar o conducir una crisis que no

padecen y sufren sólo a quienes dicen representar. Esta canción la

cantan los de siempre.

Debe dejarse nítidamente claro que el autor de este trabajo sólo

es detective. Lleva a gala ser independiente, free lance. No está afi -

liado a ningún colectivo gremial que le hipotequen opiniones, obe-

diencias ideológicas o ejerza como estómago agradecido de inconfe-

sables mecenas u ocultos patrocinadores.

Estas realidades que se denuncian para ser corregidas lastran

algunas verdades que, objetivamente, deben refl ejarse de un colec-

tivo cargado de estereotipos, repetimos, fílmico-literarios anglófi los

ajenos a nuestro cotidiano español, latino y mediterráneo.

Los que aparecen en la palestra como embajadores de los de-

tectives ante quienes no lo son tienden a personalizar obviedades y

lugares comunes. Usan el autobombo del colectivo que representan

como excusa para representar a todos los demás. De paso, hacen

publicidad subliminal de su agencia.

Sólo resta a quien suscribe estas líneas agradecer el interés del

lector por una profesión apasionante y subyugante aunque amplia-

mente desconocida.

37

Su norte exclusivo es buscar y documentar una verdad que pa-

rece tener padrinos, dogmas y familia natural. En tal empeño en-

cuentra demasiados obstáculos en una sureuropea España endeu-

dada, plagada de parados y recortada de recursos, inversión, crédito

y presente que atraviesa momentos bajos. Nuestros políticos dan

otra versión. Todo lo reverdecen, hay esperanzas y lo positivan con

escaso respeto hacia realidades de subsistencia, abuso laboral y mi-

serias que hacen de los ricos más potentados. Hacer desaparecer a la

clase media y empobrecer a la inmensa mayoría es lo peor que lleva

una sociedad, la española, que está cansada de corruptos, charlata-

nes, desempleo, exclusión social y un futuro para las nuevas genera-

ciones con más sombras que luces.

En tan triste contexto, el digno empeño de investigar privada-

mente tiene quien le escriba desde el alma más imperecedera e irre-

denta. Los detectives son necesarios para que sigamos conviviendo

en libertad. Los demandan quienes precisan pruebas para defender-

se, contratar, acusar, invertir, pactar o simplemente saber.

Ser detective para el autor es como tener novia perenne que ja-

más te abandona, siempre te escucha, te comprende y siempre está

ahí. Cuando se avizoran y sufren momentos difíciles anima a vencer

esas barreras que imponen unos humanos contra otros a los que

avergüenza que se sepa demasiado.

Ser detective, como defi nió el sabueso del celuloide Germán

Areta, encarnado por Alfredo Landa en El crack II del cineasta José Luis

Garci, es “trabajar mucho, dormir poco y lo que veo no me gusta”.

Cuando uno aspira a terminar sus días como detective sin jubi-

larse de la licencia no soportará que le priven de esa felicidad laboral

de ayudar a sus semejantes con el efi caz instrumento de la investi-

gación privada. Metiendo verdades en un informe, o en un correo

38

Esta obra, en suma, reivindica un orgullo profesional y un ofi -

cio al que se adjudica un plus de maldad en los últimos tiempos que

resulta injusto y hasta hiriente para quien vive de ella.

Este falso sentimiento nace, fundamentalmente, del descono-

cimiento y la insensibilidad sobre la verdadera y real dimensión del

detective.

Quienes representan el poder hasta su más ínfi mo terminal

pinchan en hueso con este rebelde con causa que evidencia con es-

tas páginas no parar hasta que ciertas películas del género negro no

sean realidad. La policía, el poder, pasó de pisar los talones al de-

tective a cerrarle la agencia y llevarlo a vagar por las calles pidiendo

permiso por trabajar y limosna para sobrevivir.

Debe quedar claro que el detective no siempre es el malo, ni el

delincuente, al que se debe poner a recaudo esposándolo o recluyén-

dolo en alguna celda.

El detective, en suma, se limita a olfatear unas verdades, unas

realidades que incomodan al poder, siempre apabullado por la in-

seguridad ciudadana que las fuerzas del orden de todos los tiempos

nunca han podido paliar, según parte de las acertadas palabras del

maestro del género negro Andreu Martín. Las escribió para este hu-

milde detective que les escribe en el prólogo de Confi dencias de un

Detective Privado (Editorial La Esfera, Madrid 2004).

39

40

Capítulo 1

“El detective privado… ese individuo que resulta fi able

porque no pertenece a los estamentos del poder y que es capaz de

analizar con objetividad los problemas de la sociedad precisa-

mente porque los contempla de lejos…”

Andreu Martín

HISTORIA NORMATIVA DEL MARCAJE AL DETECTIVE

1. ANTECEDENTES (Siglos XVIII, XIX y XX)

Lo que recogemos de la historia contemporánea sobre el detec-

tive español puede resumirse en lo que algunos expertos entienden

sobre esta ciencia. Según tales razonamientos el concepto de histo-

ria implica un 30% de verdad, un 40% de especulación y otro 30%

de mentiras.

Algo parecido pasa con la crónica reciente del investigador pri-

vado español. Las primeras referencias aparecen antes de los con-

siderados detectives pioneros mundiales: Eugène-François Vidocq

durante 1833, cuando París ya guillotinó a la realeza; después el le-

gendario Allan Pinkerton en el Chicago de 1850.

Hay referencias solventes sobre ‘agentes privados’ que entre-

gaban informes durante los primeros años del siglo XIX a Godoy,

41

favorito de la reina María Luisa, sobre rumores y realidades de la

Corte mientras Carlos IV decidía sobre cuestiones más importantes.

Manuel de Godoy fue el más vilipendiado Ministro

de Carlos IV y ‘favorito’ de su esposa María Luisa.

Encargó ‘informes privados’ a agentes leales sobre

cortesanos

Las prácticas de Godoy no fueron desechadas posteriormente

por Fernando VII e Isabel II durante sus reinados. Esos detectives

patrios fueron tan profesionales que desconocemos su identidad,

misiones o el resultado de sus averiguaciones.

Sí se sabe que, en las postrimerías del siglo XIX, germinó una

red de ‘espías privados’ al servicio de la Corona española destacados

en los principales puertos del Mediterráneo (Estambul, Pireo, Alejan-

dría, Túnez, Marsella, Tánger, Génova…), según el titánico trabajo

Servicios Secretos (Plaza & Janés, Barcelona 2000), que fi rman los

periodistas Pilar Cernuda, Joaquín Bardavío y Fernando Jáuregui.

42

No se soslayan las huellas que deja en suelo español la legendaria

Pinkerton Detective Agency a principios del siglo XX. Fueron con-

tratados por Horacio Echevarrieta, dueño del Lloyd Aéreo Español

(después, Iberia LAE; hoy diluida en la británica IAG) para localizar

equipajes ‘perdidos’ tras el primer vuelo Barcelona-Madrid en 1927.

¡Menudo comienzo de nuestra, ya agónica, aerolínea de bandera!

Agentes de ‘Pinkerton Detective Agency’ fueron contratados por Horacio Echeva-

rrieta en Madrid para buscar maletas ‘perdidas’ de Lloyd Aéreo (aerolínea ante-

cesora de Iberia) en 1927

Tampoco se olvidan los disfraces de empresarios de la fi cticia

American Oil Company o de la real Río Tinto Mining Company que

contrataron los servicios de agentes de la Pinkerton en España. En

realidad actuaban como espías del Offi ce of Strategic Services (OSS),

antecesora de Central Intelligence Agency (CIA) durante la guerra

fratricida española (1936-1939) y Segunda Guerra Mundial (2GM,

entre 1941-1945). Los agentes norteamericanos convivieron profe-

sionalmente con los pioneros españoles de la investigación ajenos

a normas y pautas operativas hasta que llegó el régimen del general

Franco (1939-1975).

43

Allan Pinkerton, emigrante escocés en Chicago (USA), fue el detective pionero

norteamericano a mediados del siglo XIX. El lema de su agencia ‘ojo que nunca

duerme’ fue germen del FBI y OSS-CIA

Aunque su origen fue francés, el considerado primer detective

español fue Enrique Cazenevue Cortés. Montó una agencia cerca de

la barcelonesa Plaza de Cataluña sobre 1920 aunque hay referencias

-en 1907- de Agencia ‘Internacional’ y -en 1908- de ‘American Offi -

ce’. Les siguieron a aquellos pioneros barceloneses pupilos y expoli-

cías. Tal es el caso de Antonio Tressols.

Detectivismo Práctico. Libro del de-

tective pionero Enrique Cazenevue

Cortés, un hispano-francés que montó

agencia en Barcelona por 1920.

44

Mientras, en el Madrid de 1913, surgieron un par de agencias:

La Protectora y Ofi cina Internacional de Detectives. El legendario

Instituto Fernández-Luna consolida el gremio, años después, en esa

Villa y Corte. Decenas de detectives privados actuaron en España

durante la Segunda República (1931-1938) aunque fueron mayo-

ritariamente ‘depurados’ de fuerzas policiales (Cuerpo de Investi-

gación, Guardia de Asalto y Carabineros) que el franquismo liqui-

dó por sus fi lias a la legalidad republicana. La casi totalidad de las

agencias se implantaron en Barcelona y Madrid. También hay datos

sobre otras en Valencia, Bilbao y Sevilla.

Muchos Guardias de Asalto ‘depurados’ durante el bienio

negro (1933-35) montaron agencias de detectives en las

principales capitales españolas durante la IIª República. En

la foto una sección motorizada de uniforme en 1932

El general Francisco Franco impuso una dictadura sobre la que

no admitía fi suras en su fi delidad al líder o ‘Generalísimo’ y la auto-

cracia que modeló. Su régimen nació, como decíamos, de una gue-

45

rra fratricida (1936-1939). Desde que terminó infl uían monárquicos

del absolutismo, clérigos vaticanos, falangistas burócratas de la re-

volución pendiente y militares africanistas.

La incipiente ‘clase media’ que posibilitó el desarrollismo asumió

una realidad que alejaba libertades y heterodoxias al dictador y su

amalgamado régimen. Obreros y aristócratas del franquismo vivieron

aquel paréntesis democrático donde lo más cómodo fue ‘no meterse

en política’. Franco tuvo el cinismo de invitar a ello –a no meterse en

política– a los pocos dirigentes mundiales que le visitaron durante su

dilatada autocracia (Perón, Eisenhower, Trujillo, Salazar…).

Así las cosas, en los cuarenta y cincuenta proliferaron tímida-

mente los detectives tras el desastre humano, económico y social

de la guerra entre españoles separados por ideas, odios, envidias

y agravios. Se montaron, no obstante, ‘agencias’ en las principales

capitales españolas.

El régimen miraba con recelo a las denominadas ‘agencias pri-

vadas’ pero los dejaba hacer siempre y cuando no tocaran temas

‘sensibles’ ni conocieran escándalos de obligada circulación y reco-

rrido restringido.

Las entendederas de la dictadura eran restrictivas al máximo.

La mayoría de los que trabajaron entonces eran franquistas, con y

sin convicción de ello, ante la imposibilidad de elegir opciones ‘polí-

ticas’ y afi nidades de facto distintas.

No obstante, se aglutinaban ideológicamente en torno al na-

cionalsindicalismo que propugnó una Falange descafeinada cuan-

do aterrizaron sus líderes en despachos y ostentaron cargos en el

entramado franquista dándoles el color social, sindical, femenino y

juvenil que Franco aceptó fuera de los cuarteles.

46

General Francisco Franco. Bajo su autocracia (1939-1975) se publicaron las dos pri-

meras Órdenes reguladoras, y represoras, de los detectives españoles en 1951 y 1972

Al cabo, la información y la investigación eran patrimonio, ex-

clusivo y excluyente, de las denominadas fuerzas del orden público

(la desaparecida Policía Armada –hoy Cuerpo Nacional de Policía/

CNP– y una Guardia Civil remilitarizada por Franco tras acatar leal-

tades republicanas bajo juramento de gran parte de sus generales,

mandos y guardias), los numerosos servicios de información que

albergaron Falange Española, ejércitos de Tierra, Mar y Aire, minis-

terios de Presidencia, Gobernación y Asuntos Exteriores.

Los detectives que pululaban por organismos, calles, empre-

sas y bufetes interesando datos llegaron a ser incómodos para el

régimen. Algunos casos investigados en Barcelona por la agencia,

fundada en 1944, que lideró durante décadas el manchego Euge-

nio Vélez-Troya, escandalizaron a mandos policiales. Se enteraron,

aquellos burócratas, a posteriori de temas ‘delicados’ en una ciu-

47

dad condal donde élites y dinero necesitan información de primera

mano e inédita para alimentar los círculos del poder. Otras opera-

ciones detectivescas en Madrid, Bilbao, Costa Brava, aeródromo de

Tablada (Sevilla) y el puerto de Málaga colmaron la paciencia de los

secuaces guardianes de la ortodoxia franquista.

La simbiosis existente entre detectives, policías, soplones, con-

fi dentes y espías acusó grietas que el régimen no podía tolerar. Ha-

bía riesgo de que por ahí se resquebrajara un régimen monolítico en

el que unos ‘sabuesos’ que van por libre deben ser puestos a recau-

do y anidarlos en comisarías policiales. Las mejores vías para tapar

esos salideros son la normativa y coercitiva. Corsé y palo.

48

2. DICTADURA DEL GENERAL FRANCO (1939-1975)

a) ORDEN DE 17 DE ENERO 1951

Dictada por el Ministerio de Gobernación, y publicada en BOE

del 11 de Febrero, reglamenta las denominadas ‘Agencias Privadas de

Investigación’, un eufemismo que evitaba usar sólo la palabra detec-

tive. Como sabemos el término tiene origen anglosajón y entraña una

ofi cialidad por el grado policial iniciático y carente de uniforme que se

asocia al mismo. En películas y novelas británicas y norteamericanas,

el detective casi siempre es policía, un agente al que respalda el poder.

En tales contextos el ‘sabueso’ que trabaja por su cuenta para clientes

particulares es el private investigator o private eye.

El espíritu del legislador en esta primera norma reguladora del

detective español es claramente fi scalizador y controlador. Regula

unas ‘ofi cinas’ donde se contemplan colaboradores (auxiliares) que

deberán ser autorizados tras ser investigada su fi delidad al régimen

que instauró el general Franco.

A los titulares de dichas ‘agencias’ les obligan a renovar cada

año la licencia. Para ello es preceptivo un informe policial que po-

dríamos denominar de idoneidad, es decir, de afección al régimen.

También es preceptivo aportar el extinto ‘certifi cado de buena con-

ducta’ y carecer –obviamente– de antecedentes penales.

Renovar la licencia cada año es avalar las pautas del franquis-

mo para unos profesionales que indagan cuestiones privadas o de

empresas. De no respetar lo que se ‘debe hacer’, la licencia vence sin

más trámite. No se genera derecho alguno haberla tenido vigente

algún año, ni se admitieron recursos sobre determinadas revocacio-

nes. Así eran las cosas entonces.

49

Tal realidad hizo que tener amigos o padrinos –más que ‘con-

tactos’– en la policía fuera esencial para sobrevivir como detecti-

ve durante el franquismo. Montar una agencia, acumular clientela,

operar casos e invertir en publicidad no es rentable si en un año de-

bes cerrarla por imperativos legales. La orden no recogía sanciones

o multas específi cas. No hacía falta.

La norma que analizamos prohibía taxativamente que miem-

bros de la ‘fuerzas del orden’ en activo formaran parte de la plantilla

de las ‘agencias’. Ante el conocimiento de cualquier delito o indicios

de su comisión, se obligaba a su denuncia ante las ‘fuerzas del or-

den’. Curiosamente, este deber de obligado cumplimiento no había

que tramitarlo ante el juzgado territorialmente competente. Déca-

das después copian esta práctica los legisladores del felipismo y del

PP liderado por Rajoy, como veremos. En sendas épocas rige un

mismo acrónimo: LSP. Recordemos que la policía del franquismo

era gubernativa, no judicial. ¡Qué cosas aparean PP y PSOE!

El texto de esta Orden, además de irrespetuoso con el personal

afecto a las ‘agencias’, invita a los detectives que por entonces ejer-

cían a buscarse ciertas ‘garantías extras’ de supervivencia, además

de los consabidos contactos policiales.

El falangista Juan García Carrés presidió el Sindicato de Actividades Diversas

donde el franquismo encuadró a los detectives dentro del verticalismo. Fue el úni-

co implicado no militar en el golpe del 23-F de 1981

50

Los avales más efectivos se encontraban en el Sindicato Na-

cional de Actividades Diversas (SNAD). Ahí aparcó el ‘verticalismo

sindical’ ofi cios carentes de colegios profesionales, colectivos gre-

miales o de patronales infl uyentes. De otro lado, era lógico que las

‘agencias’ se encuadraran en el SNAD ante la inclasifi cable praxis

del detective en el entramado corporativo del franquismo.

El régimen se asentaba sobre una implacable policía y un ejér-

cito ‘vencedor’ de una cruzada en pleno siglo XX. Eran las dos fuer-

zas de la autocracia que más se visibilizan ante los súbditos, que no

ciudadanos, de un régimen –el franquista- que contempló normati-

vamente un sucesor ‘a título de Rey’.

Para no levantar sospechas en el SNAD, muchos detectives de

los cincuenta y sesenta tuvieron que comprarse una camisa azul

falangista. Ya tenían que invitar a cafés a policías, cual serviles y

probos, para sobrellevar su negocio, para sobrevivir aquellos días

difíciles donde España fue la reserva espiritual de Occidente.

Con la camisa nueva tuvieron que cantar el ‘Cara al Sol’ dema-

siadas veces para retener la licencia año tras año y asistir a los cón-

claves obligatorios de la ‘Agrupación’, sobrenombre del subgrupo

detectivesco en SNAD.

El foro y trapicheos del SNAD franqueaban muchos informes

policiales ‘de buena conducta y lealtad al régimen’ para renovar la

licencia cada año. Ser además militante del verticalismo sumaba

‘contactos’ que en aquellos tiempos eran una excelente carta de pre-

sentación para obtener asuntos, cierta credibilidad y prestigio.

El régimen, con el detective bajo norma y atado en corto, gana-

ba bastantes ‘soplones’ en dos puntales de su estructura institucio-

nal: la policía y los sindicatos. Además de ser perseguidos muchos

51

detectives hostiles a dicha situación por no practicar la genufl exión

con falangistas y ‘secretas’ (policías no uniformados) afectos, otros

–los más fi delizados por el franquismo– se peleaban con colegas por

presidir la ‘Agrupación’.

Así se conocía coloquialmente la ‘Agrupación Sindical Nacional

de Detectives Privados’, inserta en SNAD. En congresos, asambleas,

cenas de gala y otros actos había competidores por la fi delidad al

régimen y al franquismo en su vis sindical ‘verticalista’. Intrínseca-

mente, la lucha era por ser el más soplón, tener la camisa más azul o

la más veterana entre las ‘nuevas’.

Tal prenda la lucían con más orgullo excombatientes falangis-

tas de la denominada ‘División Azul’, contingente bajo mando nazi

que envió Franco a luchar en Rusia entre 1941 y 1943 para hacer

frente al comunismo soviético que con tanto ardor odiaba Franco.

El Ministro de Gobernación Tomás Garicano avaló en 1972 la

segunda Orden restrictiva sobre detectives del franquismo.

52

Las disputas se multiplicaron en SNAD durante cierto tiempo

entre Agustín Cerezo Garrido y Alfredo Alier Martín. Sendos detec-

tives se disputaban también la infl uencia en el régimen de los detec-

tives más ‘corporativos’, pero el empeño fue vano.

Nunca lograron el soñado colegio profesional que prometían

ni encontraron al patrón gremial (¿San Pepe Carvalho, San Germán

Areta, San Sherlock, San Sam –valga la redundancia– Spade?), des-

pués que la extinta Policía Armada lo hallara en imágenes angelica-

les o la Guardia Civil lo celebre cada 12 de octubre conmemorando

la festividad de la Virgen del Pilar.

Los personalismos irrumpieron en un escenario donde el de-

tective independiente, no sujeto a corsés políticos, sindicales o ideo-

lógicos, era residual. No obstante, conocimos profesionales que so-

brepasaron esos obstáculos. Vayan algunos ejemplos: Sergio Oliver

(Montes-Zaragoza), Jaime Cabanach Orpella y Juan José Mateu

Palou (Baleares), Jesús Gallo (Bilbao), Manuel Martínez (Mono-

pol), Tovar Algorta (Almirante), Alberto Aguilera (Instituto Fernán-

dez-Luna) en Madrid, Onofre Romera, Francisco Garrido (Aaron)

e Isidro Oliveres (Barcelona), Ángel Montalá (Lérida), Juan Rojas

Fernández (Málaga), José Miguel Larrumbide (Larry) y Julio de las

Nieves (Sevilla).

El detective ‘independiente’ era, pues, alguien raro que no gustaba

a sus propios colegas. Muchos profesionales honrados no renovaron li-

cencia y convivieron con su coherencia en otros trabajos o empleos muy

a pesar de desarrollar su vocación o ilusiones profesionales.

Como cabe imaginar, la Orden del año 1951 citó a muchos de-

tectives en despachos policiales. Muy pocas veces lo fue para reno-

var licencia. Normalmente entre ‘policías secretas’ (del desapare-

cido Cuerpo General –después Superior– de Policía; hoy CNP) y

53

militares que optaron por subir estrellas y grado en su guerrera de

la Policía Armada, un detective era simplemente un ‘huelebrague-

tas’ a quien sacar información a cambio de no meterlo en calabozos.

Ese era el alto nivel social y profesional del investigador privado en

épocas del pleno franquismo.

Los profesionales menos éticos vulneraron el secreto profesio-

nal de objetivos o clientes ante la evidencia de perder la libertad y,

de paso, la agencia. Estaba cantado que no le renovarían la licencia.

La subordinación del detective al policía era total en la época del

franquismo. Era una relación carente de jerarquía o de mínimo res-

peto. Sólo una minoría logró marcar terreno en tiempos duros para

el ofi cio de investigar privadamente. La realidad española para el in-

vestigador privado superaba a la fi cción de género. El franquismo

mostró así sus credenciales a los detectives que ‘sabían demasiado’.

b) ORDEN DEL 17 DE MARZO 1972

Publicada también por el Ministerio de la Gobernación en el

BOE de 15 de marzo de 1972, en pleno tardofranquismo (si nos ad-

mite licencia el inolvidable Francisco Umbral) no se extiende poco

más de una página. Su texto, de un lado, concede cierto reconoci-

miento a las ‘Agencias Privadas de Investigación’. Se vuelve a ocul-

tar la palabra detective, el titular que las encabeza.

Su preámbulo relata: “La profesionalidad de estas agencias

(encuadradas en el SNAD) ha experimentado una gran transforma-

ción y sus servicios se han visto particularmente favorecidos por el

público”. El insólito piropo del agónico régimen fue un verso suelto

del legislador.

54

La Orden, rango normativo inferior al Decreto, Real-Decreto o

Ley, añade que “la experiencia ha venido a demostrar que las expre-

sadas Agencias precisan de su reforma que las ajuste a las circuns-

tancias actuales y sobre todo regule clara y sistemáticamente sus

relaciones con los distintos servicios policiales”. El ministro Tomás

Garicano Goñi quería que las ‘Agencias’ fueran controladas por la

policía. Nada nuevo bajo el sol del último franquismo.

Con el Artículo 1 de la Orden se añaden efectos fi scalizadores

del gobierno vía policía junto al –cómo no– SNAD. Ya lo anuncia

el director general de Seguridad en la orden para ‘fi jar el funciona-

miento, competencia, y facultades de las autoridades gubernativas

en orden a las Agencias Privadas de Investigación’.

El SNAD elaborará un informe para constituir una ‘Agencia’

que será tramitado por las comisarías de Policía. El Artículo 2 es-

tablece que los directores de las ‘Agencias’ tendrán que tener más

de 25 años, estar al corriente con el fi sco, tener buena conducta y

‘probidad profesional’ más nuevos requisitos, inexistentes en la or-

den previa:

-Partida de nacimiento

-Título de Bachiller Superior o equivalente

-Certifi cado de carencia de antecedentes penales

-Declaración jurada de no estar sujeto a interdicción civil, ni

ser quebrado o concursado no rehabilitado

-Certifi cado de aptitud expedido por SNAD

Para causar ‘alta’ como Agencia el solicitante debía detallar qué

servicios pretendía prestar al cliente y cobrar los aranceles que, de

facto, establecía el SNAD. El verticalismo jamás abrazó prácticas de

libre mercado (sujeto a los vaivenes de oferta-demanda) ni permitió

55

que unos pocos cobraran más que la mayoría. El afán controlador

llegaba hasta tales cuestiones dinerarias.

Esta Orden que analizamos repetía la prohibición de investigar

delitos públicos. De llegar estos al conocimiento del detective “dará

cuenta inmediatamente a la comisaría de Policía”, y matizaba: “si

no lo hubieran hecho a la autoridad judicial”. El legislador cae en la

paradoja sobre la primicia que debe tener la policía en la exclusiva

sobre la ‘noticia criminis’ que genere el detective.

La prohibición al detective de investigar delitos se extiende, en

el artículo 4, a los denominado delitos ‘privados’. Es decir, los que

sólo se investigan policial y judicialmente si los denuncian las víc-

timas (calumnia, injuria, rapto, aborto, amancebamiento, adulterio

–los tres últimos ilícitos vigentes en el franquismo hace décadas que

se despenalizaron–, etc.).

La excepción de la norma a que el detective indague es que lo

solicite “la parte directamente interesada y consienta en ello el ór-

gano judicial que conozca el hecho”. Para trabajar, el detective tiene

que pasar el fi ltro policial, judicial y de la víctima, suponiéndose que

estaría harto interesada en ello.

El artículo 5 se extiende sobre el libro-registro que incluirá

“cuantos informes orales faciliten y copia literal de los emitidos por

escrito” y estará a disposición de los agentes de la autoridad, que

no se especifi can pero se adivinan: fundamentalmente policías en

destinos ‘gubernativos’.

Los artículos 6 y 7 establecen que el detective puede contratar

‘auxiliares’ entre personas de buena conducta y probidad conocida.

Los mismos estarán tutelados por los titulares de las agencias,

que serán subsidiarias de conductas atípicas. No está permitido que

56

sean auxiliares los empleados de las ‘fuerzas del orden’ en activo.

De estar jubilados o excedentes, no podrán valerse de ser autoridad

previamente para ultimar misiones profesionales.

Aunque la renovación de licencia sigue siendo anual y debe su-

perarse examen en el SNAD antes de obtenerla, a las agencias se las

obliga a ‘guardar riguroso secreto’ de las investigaciones que podrá

ser desvelado, así como a la autoridad, es decir, nuevamente la poli-

cía mete las narices en las agencias.

La vigencia anual de licencia se relativiza si no se incumplen las

razones que la concedieron. Una de ellas es seguir siendo miembro

del SNAD. De causar baja, la caducidad de la licencia es automática.

Curiosamente esta orden habilita al titular de la agencia a pedir

ayuda a la autoridad “en cumplimiento de su misión informativa”

(Artículo 8), pero se prohíbe “revelar directa o indirectamente su

procedencia (de la ayuda solicitada) ni servir de base para transac-

ción alguna”.

La Orden, que refuerza al sindicalismo de Franco en las ‘Agen-

cias’, no rebaja el control y fi scalización policial de titulares y auxi-

liares. El propio SNAD hizo de inquisidor entre sus afi liados. Sus

dirigentes perseguían a los no afectos a sus candidaturas o poco ser-

viles con sus pautas congresuales o de gobierno corporativo.

Numerosos testimonios de detectives que sobrevivieron y su-

frieron intensamente los años de la transición de autocracia a demo-

cracia, de Leyes Fundamentales del Reino a Constitución, ven esta

Orden como una continuación de la dictada en 1951.

Es cierto que en 1972 se le concede cierto respeto institucional

al detective siempre y cuando esté en el seno del verticalismo mili-

tante. Pero la realidad es que poco más de doscientas agencias pu-

57

dieron superar con mínima rentabilidad la desaparición del general

Franco y los albores de la democracia.

No es menos cierto el hecho de que los años de gobierno de

UCD (1977-1982) extendieron hasta el primer gobierno del socia-

lista Felipe González (1982-1986) una sensación de vacío entre los

detectives españoles que generó varios fenómenos.

Uno de los más llamativos lo protagonizaron los ‘auxiliares’.

Normalmente fueron la esencia operativa de agencias en las que el

titular estaba sentado en el despacho todo el día atendiendo a clien-

tes y llamadas. Cuando el titular abandonaba la agencia era para ir

a su casa o a algún restaurante para gastarse lo que no pagaba a los

colaboradores que le hacían rico.

El ‘auxiliar’, mientras tanto, era un currante las 24 horas, todos

los días del año, que llenaba la cartera del jefe con mínimo retorno

en la nómina, en el mejor de los casos y de tener contrato.

Entre la vigencia de esta Orden y la siguiente que reglamentaba

la profesión del detective, en 1981, hubo numerosos casos de ‘in-

trusismo’ que, llamativamente, fueron denunciados por quienes los

indujeron. La palabra ‘intruso’ entre dirigentes y detectives-líderes

es histórica y repetida ad nauseam. Para algunos individuos, este

asunto exige psicoterapia urgente. Denunciaron y gritaron contra

sus pupilos y empleados mal pagados.

En congresos del SNAD y APNPD (acrónimo de Asociación

Profesional Nacional de Detectives Privados), el colectivo que su-

cedió al SNAD en democracia, la palabra ‘intruso’ es la más manida,

aplaudida y vitoreada cuando se gritaba su feroz combate; constitu-

ye el mayor insulto entre profesionales de la investigación privada,

con y sin licencia ‘gubernativa’. ¡Qué tiempos aquellos!

El negocio de los detectives provocó que muchos informado-

res comerciales, mercantiles, ex auxiliares, ‘peritos judiciales’ con

58

el único aval de su caradura o de lo que sea menester o calígrafos

hicieran labores propias de quienes tenían licencia.

Lo que más indignaba a aquellos primeros ‘empresarios’ del

sector eran sus antiguos colaboradores que conocían lo que gana-

ban sus exjefes y sufrían lo poco que les pagaban.

Estamos ante una guerra entre detectives, algunos fabricantes

de intrusos compulsivos por su nula discreción con respecto a in-

gresos y sablazos. La policía actuó al dictado de algunos infl uyentes

del lánguido SNAD con ridículos resultados para combatir a los ex

auxiliares que optaron por independizarse.

El intrusismo y la usurpación son delitos menores en España,

difíciles de demostrar excepto si hay pruebas contundentes y se

acredita un ejercicio profesional evidente. Sólo prosperan en juz-

gados los casos a los que se añade el delito contra la salud pública

(protésicos metidos a dentista, falsos médicos, etc.).

Estamos, pues, ante un nuevo escenario de confrontación des-

carnada entre detectives. Se pelean porque antiguos auxiliares se

establecen por su cuenta, los contrata algún competidor o simple-

mente meten la pata y hay ‘espontáneos’ que aportan datos curricu-

lares del infractor.

Al control y fi scalización de las órdenes del franquismo en 1951

y 1972 se suman egos, algunos dignos –repetimos– de diván psico-

terapéutico, que no soportan que talentosos auxiliares desborden la

mediocridad de jefes que lo único que ven en estos empleados es el

dinero que les hacen ganar.

Si durante la dictadura del General Franco a los detectives se les

prohibió más que permitió, fue más intensa la persecución del inves-

tigador privado que propiciaron unos prepotentes con licencia que

raramente pisaban la calle para solventar algún enigma investigador.

59

La transición, por dichas razones, vio cómo varios cientos de

antiguos auxiliares de detective se movilizaban para obtener licen-

cia sin pasar por el SNAD, la comisaría o el aula.

Este fue el efecto adverso de la guerra detectivesca. Al fi nal,

como suele pasar, los antiguos auxiliares repitieron pautas que cri-

ticaban a sus jefes. Fueron buenos empleados pero ejercieron de

malos patrones.

Uno de los trucos más extendidos entre antiguos auxiliares

para parar golpes y denuncias de sus exjefes fue causar alta como

investigador comercial, mercantil, perito judicial, etc., en Hacienda.

La mera ‘licencia fi scal’ y la laxitud con que policía y juzgados aten-

dieron esta laguna normativa entre la muerte de Franco en 1975 y la

defenestración institucional del franquismo que acometió Unión del

Centro Democrático (UCD) con el inolvidable Adolfo Suárez a la cabeza.

Sucedió que los detectives-denunciantes compitieron con an-

tiguos colaboradores. Esta lucha se saldó con el regalo de licencia a

exauxiliares quienes ahora repiten hasta la saciedad que para obte-

nerla hace falta superar el grado universitario. ¡Y ellos no pasaron

de estudiar primaria, o párvulos, en el mejor de los casos!

Algo que conviene signifi car en sendas órdenes de 1951 y 1972

sobre ‘Agencias Privadas de Investigación’ es la carencia de funcio-

nes o facultades profesionales así como un capítulo de sanciones o

multas que merezcan negligencias o malas prácticas de los detecti-

ves o sus auxiliares.

Sólo se explica esta realidad por la renovación anual de la li-

cencia. Qué mayor castigo para cualquier detective que se le quite

una autorización administrativa por el poder que la concede. Pocos

fueron los que se atrevieron a trabajar como detectives sin licencia

bajo el franquismo.

60

Las excepciones se centraban, y siguen centrándose en el siglo

XXI, en antiguos militares, policías y guardias civiles que compati-

bilizan pensiones de lujo y son codiciosos competidores desleales de

los detectives. ¡Alguien arreglará este persistente fraude! No será la

primera ni la última vez que citaremos a estos individuos, que son

legión y ansían dineros fáciles, por razones obvias.

El recientemente fallecido Presidente Suárez (1976-1981) capitaneó el tránsito de

la dictadura a la democracia española a fi nales del siglo XX

61

3. GOBIERNO DE ADOLFO SUÁREZ-UCD (1977-1981)

Impulsada por el ya democrático Ministerio del Interior fue pu-

blicada en el BOE nº 20, de 23 de enero de 1981. A juicio del autor es

la orden menos criticable en cuanto a la tesis que sustenta esta obra.

El entonces ministro Juan José Rosón dio apellido a una Orden

que aún recuerdan con cariño los detectives españoles por el respe-

to, avance y adecuación a la realidad de un país que estrenó Consti-

tución en 1978. Además, se consensuó un período de transición de

dictadura a democracia que fue modelo para países exsoviéticos y

latinoamericanos aunque subsistan voces que, hoy por hoy, lo cues-

tionan. La transición, indefectiblemente, alojó luces y sombras, re-

nuncias, olvidos, rupturas…

Durante el mandato de Juan José Rosón como Ministro del Interior (1980-1982)

se publicó la primera Orden en democracia que reguló a detectives españoles.

62

Según esta Orden del gobierno de UCD, para ser detective se

reitera poseer el título de bachillerato, ser español y sólo mayor

edad, es decir tener 18 años. No fue preceptivo cumplir los 25 años

que exigía la Orden previa de 1972.

Al certifi cado de ‘conducta ciudadana’ (no de buena conducta)

se unirá la relación de servicios que se pretenden por el solicitante.

Se elimina el carácter anual de la licencia, el certifi cado de no ser

quebrado, ni antecedentes penales, ni pertenencia a fuerzas y cuer-

pos de seguridad, ni incompatible. En los artículos 1 y 2 se detallan

los requisitos que resumimos.

Para completar la solicitud de licencia deberán aprobarse unas

oposiciones, convocadas en 1981 y 1982, cuyo temario se iguala a los

de una diplomatura universitaria, actualmente un grado. Las prue-

bas, oral y escritas, convocaron a varios miles de candidatos.

Llamativamente, aprobaron más legos y diplomados univer-

sitarios que licenciados en derecho. Esta Orden generó unas 300

licencias nuevas en los dos turnos opositores.

Una Orden del Ministerio de Educación, del 30 de enero de

1981, faculta al Instituto de Criminología de la Universidad Com-

plutense de Madrid a regular y diseñar los estudios del diploma de

Detective Privado. Por fi n aparece el nombre del detective que con

tanto celo ocultó, normativamente, el franquismo para el investiga-

dor privado.

Esta Orden de Educación fue impulsada por quien algunos con-

sideran al ‘padrino universitario’ de los detectives españoles. Como

subsecretario ministerial, quien fuera catedrático de Derecho Penal

de la Complutense Manuel Cobo del Rosal arrimó al instituto que

dirigía la formación académica exclusiva del detective.

63

El ahora Catedrático jubilado de Penal en la Complutense Manuel Cobo del Rosal

fue quien logró elevar a diplomatura universitaria los estudios de detective cuan-

do fue subsecretario de universidades con la UCD de Suárez.

A posteriori se delegó en otros institutos homólogos de Crimi-

nología las que acabaron siendo futuras ‘academias’ universitarias

de investigadores patrios. La realidad siguiente confi guró un pano-

rama desolador. Cada universidad ‘legalizaba chiringuitos’ homo-

logados para expedir el título de detective bajo el manto del Título

Propio. Empezó, desde fi nales de los ochenta del siglo XX, una com-

petencia por alumnado de detective con más o menos pedimentos.

Sufre, por tanto, la calidad docente y se niega casi por norma a con-

tratar a detectives en ejercicio como profesores. Tremenda parado-

ja. A los investigadores los forman docentes de Derecho y profesio-

nales de una policía que investiga delitos sobre alumnos que jamás

los investigarán. Casi todos los centros universitarios contemplan

prácticas de tiro a alumnos que jamás concederán licencia de arma

como detective.

Mientras tanto, la etapa ‘política’ en UCD de Cobo del Rosal

concluyó cuando se cansó de defender causas nobles y se entregó al

64

estudio de estrategias exculpatorias de corruptos y criminales de la

peor especie en un bufete actualmente inactivo bajo su liderazgo.

Sobre este ‘padrino’ detectivesco y avezado jurisconsulto con-

viene añadir en su favor que logró la absolución en el Tribunal Su-

premo del exalcalde jerezano Pedro Pacheco después de que éste

pronunciara su histórica frase: “La justicia es un cachondeo: una es

para los pobres; otra para los ricos”. Pacheco volvió, en 2013, a ser

condenado y encarcelado en 2014. Esta vez a 4 años de cárcel por

enchufi smo al contratar a compañeros de su último partido de corte

andalucista. Desconocemos si sigue ‘enorme’ como antes repetía al

frente del consistorio jerezano entre rejas.

Regresando a la ‘Orden de Rosón’ hay que añadir que legali-

za con más pedimentos a los auxiliares. Los considera trabajadores

por cuenta ajena (Artículo 5). A ellos y a sus jefes se les provee de

un carné ofi cial y se les obliga a publicitar el número de licencia en

informes y anuncios (Artículo 6).

Igualmente, los detectives pueden establecer sucursales a cuyo

frente puede estar un auxiliar (Artículo 7), realidad que, como vere-

mos, fue posible hasta fi nales de los noventa.

Aunque se prohíbe investigar delitos de ofi cio a los detectives,

se les autoriza a indagar los perseguibles a instancia de parte, exi-

giéndoles observar el debido secreto profesional (Artículos 8 y 9).

Deberán comunicar los delitos que conozcan a la policía o al juzgado

correspondiente. Los asuntos deberán inscribirse en un libro-regis-

tro (artículos 10 y 11).

En cuanto a los incumplimientos, se ciñen a la suspensión

temporal o revocación de la licencia del detective infractor. Según

referencias contrastadas, sólo se produjo un escasísimo número de

65

estas medidas punitivas por parte de Interior. El concepto de multa,

el castigo dinerario, aparecerá en la próxima norma reguladora del

detective. Nos referimos a las LSP del PSOE (1992) y del PP (2014).

La ‘Orden de Rosón’ amparó la eclosión del detective español

en el panorama de profesionales libres. Se multiplicó la apertura de

agencias y despachos individuales que se consolidaron entre clien-

tes cada vez más proclives a obtener una información alternativa,

pruebas judiciales y testimonios que ayuden a probar inocencias,

culpabilidades, generar pactos o dirimir pleitos de toda índole.

Aunque lo reclaman desde la noche de los tiempos, los detec-

tives acaban investigando ‘ofi ciosamente’ delitos o cubren lagunas

informativas e investigadoras ofi ciales que no alcanzan nuestros po-

deres públicos. Ahí comenzaron a molestar al poder en una sociedad

más abierta en sus relaciones sociales y equilibrios de toda clase.

La posibilidad de abrir sucursales y poner al frente a un auxiliar

multiplicó el tamaño de agencias pequeñas que atendían a clientes

globales en varios puntos de nuestra geografía.

La profesionalización de los investigadores privados va en pa-

ralelo a la apertura de nuevos centros homologados para obtener el

título de detective. Universidades de toda España acogieron en sus

Facultades de derecho Institutos de Criminología donde predomi-

naban alumnos de detective privado.

Poco tiempo, pocos años, duró la tranquilidad que otorgó esta

Orden de 1981 a los detectives patrios. Al año siguiente, en 1982,

arrasó con mayoría absoluta el sevillano Felipe González liderando

un PSOE que se las prometía con un programa revolucionario, de

ansiado cambio, sobre las cenizas del franquismo que pisaron los

fallecidos Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo al frente del go-

bierno español bajo las siglas de UCD.

66

El ‘rodillo socialista’ aventuró ilusiones hasta fi nales de los

ochenta, cuando el PSOE fue un gran negocio para unos pocos y la

Benemérita [Guardia Civil] un descubrimiento, según enfatizaba el

entonces ‘intocable’ ministro del Interior José Barrionuevo.

Las cloacas socialistas tuvieron despachos y medios en ese mi-

nisterio como demostraron los casos GAL, su variante ‘verde’, fon-

dos reservados y el que protagonizó Luis Roldán antes y después de

dirigir una Guardia Civil sufridora de tan conocido incompetente

y confeso impostor de títulos académicos. Las corruptelas se acu-

mulaban antes del mítico 1992. Fue el año de Madrid como capital

europea de la cultura, de Sevilla con su Expo y de Barcelona abande-

rando una de las mejores olimpiadas de la historia.

El terrorismo etarra no cesaba y el ‘todo vale’ parecía dogma

entre algunos iluminados e incapaces como el ex sindicalista José

Luis Corcuera, sucesor de Barrionuevo. El poco humilde ex electri-

cista empeñó su permanencia en el cargo a que se aprobara su Ley

de Seguridad Ciudadana, la misma que pasó a la historia como la ‘de

la patada en la puerta’. El Tribunal Constitucional la tumbó parcial-

mente y Corcuera dimitió. Honró su palabra.

Es difícil explicar ahora el ambiente que reinaba en una Espa-

ña del submundo donde se manejaba información alternativa a la

‘verdad ofi cial’ que imponía un PSOE socialdemócrata alérgico al

comunismo y afecto en sus cúpulas al lujo y despilfarro. El ‘rodillo

socialista’ tumbaba permanentemente iniciativas opositoras duran-

te varias legislaturas.

El ministro Barrionuevo, además de intocable, se creyó reves-

tido del dogma vaticano. Algo parecido le sucedió a su mano dere-

cha, Rafael Vera. El bronceado ex ejecutivo socialista mandaba con

67

autoritarismo parecido al que criticaron los socialistas en relación

al franquismo.

El mandato presidencial del ahora colombiano, aunque nacido en

Sevilla, Felipe González (1982-1996) albergó ilusiones populares

pero acabó lastrado por corruptelas que no quiso ver el entonces

socialista carismático, hoy asesor de millonarios y multinaciona-

les. Los detectives fueron castigados con una primera Ley de Segu-

ridad Privada de 1992 bajo su presidencia.

La prepotencia de los prominentes socialistas en los gobier-

nos de Felipe González la simbolizaba el ex ‘vicetodo’ Alfonso Gue-

rra González. Hizo tándem con su paisano González. Guerra era el

‘malo’. El ‘bueno’, y carismático, fue Felipe. El dúo repartía papeles:

dogmático sobre pragmático. Lucifer y Dios. Recordemos una frase

del personaje: ‘el que se mueva no sale en la foto’ (Guerra, ahora

entregado como memorialista best seller, dice que la frase es de un

mexicano que lo cita a él como su autor: ¿A quién creer?).

Su gracejo mitinero y ocurrencias son manidas. Pero este ex

parlamentario que sobrepasó en lustros la edad de jubilación pro-

tagonizó, por vía fraternal, un escándalo político que le separó de

68

González y entrañó el principio del fi n del PSOE en el poder tras

inaugurarse la democracia después del período franquista.

El ‘caso Juan Guerra’ fue la bomba que hicieron estallar los

propios socialistas. Rivalizaban entre felipistas y guerristas. Juan

Guerra, el hermanísimo, fue auxiliar de detective antes de conocer

despachos y coches ofi ciales.

Juan Guerra (con barbas), hermano de Alfonso, el que fuera todo-

poderoso vicepresidente (1982-1991) de González, fue investigado

por detectives tras impagar pensiones a su fallecida primera espo-

sa e hijos. Protagonizó un escándalo de tráfi co de infl uencias que

hizo dimitir a su hermano ‘oyente’.

Trabajó para José Miguel Iglesias Asuar (Rausa), un detective

que no hizo ascos a los contactos políticos de su exauxiliar. Se le

considera a este investigador jefe de una saga de hermanos detec-

tives e incansable luchador ‘por el ofi cio’; repetía haber elaborado

un ‘Libro Blanco Europeo’ de la profesión. Pero la obra permanece

inédita décadas después de ultimarse supuestamente, si nos fi amos

de las palabras de Iglesias, convencido que es apóstol o paladín de

los detectives patrios.

69

Otros detectives y mercaderes de datos investigaron patrimo-

nio y trapicheos de Juan Guerra tras divorciarse de María Ánge-

les López Rubio. El hermanísimo se negaba a pagar a su exesposa

pensiones alimenticias por hijos habidos del matrimonio. Alegaba

insolvencia y falta de trabajo.

La exmujer de Juan Guerra falleció en 1990 por hemorragia

cerebral en un hospital. Antes se enfrentó a su infl uyente exmarido

luchando por la supervivencia de su prole.

En una Sevilla donde los pícaros no son sólo historia, Anto-

nio Alva Mendaro, abogado de la exesposa de Juan Guerra, usó in-

formes de un detective y excabo antidroga de la guardia civil, José

María Romero Pérez (JM & Asociados), para fi ltrar a la prensa y a

Manuel Fraga (entonces líder de Alianza Popular, opositora al to-

dopoderoso PSOE) un dossier patrimonial tras fracasar un acuerdo

dinerario con Juan Guerra.

La extraña jugada del letrado, de la que no es ajeno el exmiembro

de la Benemérita, la destapó el periodista Fernando Orgambides en un

documentado reportaje que publicó El País el 1 del febrero de 1990.

El escándalo ‘Juan Guerra’ estalló, no obstante, meses antes

porque el hermanísimo disponía de un despacho ofi cial en la Dele-

gación del Gobierno en Andalucía, sin nombramiento ofi cial alguno.

Ahí se trafi caban infl uencias y se hacían favores mil a desheredados

o víctimas de injusticias fl agrantes, todo hay que decirlo. Después se

movieron maletines cargados de fajos de billetes.

Otro escándalo del mismo tenor lo destapó el fallecido y ex-

celente detective zaragozano Pedro Luis Barrachina. El guión del

investigador fue documentar patrimonio e ingresos ocultos de Luis

Roldán, aquel usurpador, falso ingeniero y doctor en Economía que

70

dirigiera la Benemérita entre 1986 y 1993. Su infl uencia y caradura

le permitió hasta postularse para ministro de Interior cuando a José

Luis Barrionuevo le fl aqueaban fuerzas y apoyos.

Su exesposa, Ángeles Cimorra, contrató al citado detective para

instrumentar la demanda en la que reclamaba deudas por impago

de pensiones judicialmente establecidas.

De otro lado, una prestigiosa agencia madrileña ilustró intere-

ses y trapisondas que propiciaron las recalifi caciones de terrenos de

RENFE en la provincia de la Villa y Corte. El caso salpicaba al minis-

tro socialista Julián García Valverde, que dimitió del cargo aunque

inicialmente alegaba desconocer la sustantiva corruptela.

A Luis Roldán (Centro) lo investigó el fallecido detective zaragoza-

no Barrachina por fi ngir insolvencia tras su primer divorcio.

Estos tres escándalos (los protagonizados por Juan Guerra,

Luis Roldán y García Valverde) tocaron la línea de fl otación de un

PSOE que miraba de soslayo la corrupción manteniendo en los car-

gos a los señalados por tales prácticas. Los tres fueron ‘activados’

por detectives, con y sin licencia.

71

A fi nales de los ochenta y principios de los noventa, el mismísi-

mo presidente Felipe González jugaba a prometer arreglar tramas

corruptas, pero acabó recluido en Moncloa cuidando sus famosos

bonsáis y oyendo sólo a sus asesores, no al sentido común y el pál-

pito popular.

Claro estaba que los detectives que se atrevieron a fi rmar do-

cumentos que comprometían gravemente la honorabilidad de di-

rigentes socialistas estaban en el punto de mira. Los que realizaron

aquellos informes fueron investigados y perseguidos. En aquellos

años todo era muy sutil. Las cosas no eran lo que parecían. La caza

de brujas fue silente aunque efectiva.

Vale añadir por el autor que fue perseguido e investigado por

los denominados ’pata negra’, grupo de élite sin funciones precisas

en la Guardia Civil que dirigía Luis Roldán. El motivo fue haber so-

licitado de Roldán una vocalía en el jurado en un concurso de novela

negra que patrocinó ADAS, agencia que titulariza este autor.

El PSOE, poco a poco, se resquebrajaba. El izquierdismo hon-

rado que lo caracterizó, antes de la guerra ‘civil’, encarnado por Pa-

blo Iglesias, Julián Besteiro o Indalecio Prieto, nada tenía que ver

con una minoría corrupta a la que mantuvo demasiados años im-

punes en despachos ofi ciales un Felipe González muerto [viviente]

de éxito.

Además, la directora del BOE, Carmen Salanueva, la de Cruz

Roja Española, Carmen Mestre, el antiterrorismo de Estado (casos

Francisco Paesa, GAL, fondos reservados) y el ‘caso Filesa’ protago-

nizaron otras corruptelas, despilfarros y abusos que hicieron mor-

der el polvo electoral a un González en horas bajas.

Del mago que lleva dentro el político sevillano le brotó un cone-

jo de la chistera. Intentó con el ahora exjuez Baltasar Garzón ‘tomar

72

nota’ colocándolo como su segundo en la lista del PSOE al Congreso

por Madrid. Hasta este ‘fi chaje’, el magistrado, desde la Audiencia

Nacional, fustigaba a los socialistas investigando las cloacas y la

‘guerra sucia’ antiterrorista de Interior, que acabó con el encarcela-

miento de la cúpula ministerial (Barrionuevo, Sancristóbal y Vera)

años después.

El ‘Garzón político’ no consumó sus aspiraciones de ser minis-

tro de Interior y Justicia, como soñó; sí lo logró por el contrario su

colega Juan Alberto Belloch, años después Alcalde de Zaragoza.

A Garzón le aparcaron en una secretaría de Estado, lo que era

poco, muy poco, para un insaciable y ambicioso juzgador. El jiennen-

se, fi nalmente, regresó a la magistratura y abrió sólo algunos cajones.

El personaje que se inventó a posteriori en libros y conferencias

no para de lustrar su propio ego. Ahora se transformó en eterno

candidato a presidir el gobierno y abogado de individuos cuestiona-

bles (al australiano Julian Assange, refugiado en la embajada ecua-

toriana de Londres –caso WikiLeaks–, al estafador dominicano Luis

Álvarez Renta, condenado a 10 años en el penal de Najayo –caso Ba-

ninter– o al lenguaraz premier gibraltareño Fabián Picardo) o ase-

sorar a la viuda de Nestor Kirchner, mala copia de Evita que preside

la República Argentina.

El legendario año 1992 de Olimpiadas en Barcelona, Expo en

Sevilla y capitalidad cultural europea en Madrid fue la ocasión de los

socialistas para ajustar cuentas con los detectives.

Aquel mítico año los investigadores privados entraron por de-

recho propio en la galería de demonios que incitaron las adversi-

dades de popularidad, fuga del voto y falta de refl ejos a demandas

ciudadanas o confl ictos institucionales graves.

73

El proceder del gobierno socialista que encabezó Felipe Gon-

zález repetía pauta ante las incontables incidencias que sufrieron:

jamás dimitía el cargo cuestionado, jamás se reconocía responsabi-

lidad o culpa alguna (a lo sumo, meses después, se dimitía por ‘ra-

zones personales’) y se ‘ajustaban cuentas’ ipso-facto o a posteriori.

Mientras fue vicepresidente, Alfonso Guerra, perito industrial

y escritor de memoria selectiva, el PSOE era su cortijo en el que

nada sucedía sin su conocimiento, ni se hacía sin su consentimiento.

Al abandonar el gobierno en 1991, tras confesar cínicamente

que allí ‘estaba de oyente’, acosado por el escándalo que protago-

nizó su hermano Juan, las batallas por heredar su poderío tuvieron

ganadores y vencidos.

El PSOE se había fragmentado entre supuestos ortodoxos de la

izquierda y los oportunistas que entendían el poder como ocasión

perfecta para hacer negocios, despilfarrar, robar y crear empleo en-

tre amigos, familiares y vecinos.

En lo que afecta a los detectives privados, estaba cantado que la

‘Orden de Rosón’ era arqueología y le seguiría alguna norma más es-

pecífi ca por la proliferación de agencias, auxiliares y sucursales más

clientes y jurisprudencia que otorgaba a los investigadores privados

validez probatoria y el ofi cioso estatus de testigos-perito. El minis-

tro del Interior José Luis Corcuera (1988-1993) fue quien orquestó

la norma durante el ejecutivo de Felipe González.

74

4. GOBIERNO DE FELIPE GONZÁLEZ-PSOE (1982-1996)

En el apartado precedente se concretaron bastantes circuns-

tancias que afectaban al ejecutivo de González ligadas a los detecti-

ves privados. La razón estriba en que pocos meses después de pro-

mulgarse la ‘Orden de Rosón’ accedieron al poder los socialistas,

arrasando en las urnas gracias a las ansias de cambio popularmente

demandadas.

También fl otaba en aquel ambiente el rechazo al golpismo mi-

litar que quiso subvertir –el 23 de febrero de 1981– la Constitución

de 1978. Por ello, la ‘Orden de Rosón’ se aplicó mayoritariamente

durante parte del primer mandato de los socialistas tras la dictadura

franquista.

El ex sindicalista y electricista José Luis Corcuera fue Ministro del

Interior (1988-1993) con González cuando publicó la Ley de Segu-

ridad Privada donde encuadraron a los detectives ‘por razones de

urgencia’. Dimitió tras tumbar el Constitucional la primera Ley de

Seguridad Ciudadana conocida como ‘de la patada en la puerta’.

75

El ambiente que había en el sector de los detectives era opti-

mista por la expansión que experimentó la profesión, por un lado,

y su reconocimiento social, jurisprudencial y empresarial, por otro.

Una parte signifi cativa de ciudadanos y dirigentes no dejó de mirar

de reojo, no obstante, a unos tipos –los detectives– que acaban bus-

cando una ruina, destapan mentiras o documentan verdades.

El omnímodo poder de los socialistas durante sus dos primeros

mandatos alcanzó a las autonomías (excepto Euskadi y Cataluña),

ayuntamientos y diputaciones. Su infl uencia era destacable en me-

dios informativos, jueces y fi scales, sindicatos y patronal.

Felipe González tenía entonces un carisma que superó al de

Adolfo Suárez. Si imán sedujo a líderes latinoamericanos y euro-

peos. Incluso a políticos conservadores europeos como Helmut Köhl

o Margaret Thatcher tenían excelentes relaciones con este socialista

con magnetismo personal, actualmente asesor de magnates, terra-

teniente y dueño de fi ncas o palacios.

El socialista belga-fl amenco Louis Tobback inspiró

la primera LSP española en 1992. Renunció como

Ministro del Interior por corruptelas y asfi xiar sus

policías a una deportada nigeriana.

76

Encerrarse en su rol de estadista cuidando bonsáis, inadvertir

los peligros de no atajar la corrupción hizo que un extemporáneo

autoritarismo irrumpiera para perpetuarse en el poder, costase lo

que costase. Citábamos la fallida aventura que emprendió con el

exjuez Garzón. Las promesas de charlatán creído de estadista no le

valieron con el magistrado ególatra.

En ésas aterriza en el Ministerio del Interior un exsindicalis-

ta con modos cuestionables. A José Luis Corcuera le poseyeron sus

prontos y ciertos tics impulsivos. No era tan político como José Luis

Barrionuevo, ni tuvo la talla de Juan José Rosón.

Esos antecesores tuvieron poco que ver con una verborrea ca-

rente por completo de la rotundidad que se exige al primer garante

de la seguridad ciudadana, la represión e investigación criminal en-

tre otros cometidos de un ministerio clave en cualquier gobierno.

La baja talla de Corcuera como ministro ni siquiera concretó

nada sobre el tema seguridad privada a cuyo sector llevó meses,

años, prometiendo una Ley que lo regulase a fi nales del siglo XX.

La sorpresa para los detectives vino al verse enjaulados legalmente

junto a profesionales de un sector que nada tiene que con su prácti-

ca profesional.

77

5. LEY DE SEGURIDAD PRIVADA-1992 (LSP)

El 30 de julio se fecha la primera Ley que regula a un sector pu-

jante, la seguridad privada, en España. Días después, el 4 de agosto,

se publica en el BOE número 186 una Ley por la que venía clamando

esta profesión del sector servicios que ya tenía un poderoso lobby

dentro y fuera del Ministerio del Interior.

Baste decir que las principales empresas tienen entre su cúpula

y mandos intermedios a exmiembros de la seguridad pública y a mi-

litares. Los que aún tienen despacho en Interior o visten guerreras

ansían duplicar sueldos sin perder pensiones en la ‘privada’.

El Catedrático Víctor Moreno Catena oculta en su currículum car-

gos en la cúpula de Interior con Corcuera o Barrionuevo y sus co-

laboraciones en Ley de Seguridad Privada y Ciudadana, ambas

publicadas en 1992

Los vasos comunicantes o puertas giratorias entre lo público y

el ganapán que garantiza una honrosa jubilación o la facultad de ‘co-

locar’ a excompañeros de ministerio están funcionando desde que

tenemos democracia.

78

Lamentablemente, el fenómeno se extiende con descaro entre

los detectives, protagonizando una injusta e intolerable competen-

cia desleal quienes antes de tener licencia cuentan con paga asegu-

rada, contactos, pistolas, placas o datos privilegiados. Nos referimos

a policías, guardias civiles y militares que disfrutan de sus privile-

gios de prejubilados mientras explotan licencia de detective.

Centrándonos en la primera LSP española, vale decir que se cal-

ca de la norma belga, según admitió a este detective en un congreso

de la World Association of Detectives (WAD) en Bruselas durante

1992 el exministro belga de Interior Louis Tobback. Su preámbulo

especifi ca que la seguridad privada es ‘complementaria y subordi-

nada’ a la pública.

Los detectives merecen el apartado 5 del punto 3 de la exposi-

ción de motivos: “Se detectan múltiples problemas, entre los cuales

los más importantes son los de insufi ciencia de la normativa vigente,

de los controles o intervenciones de la administración y de sistemá-

tica legislativa (sic) que plantea la alternativa de su incorporación

a las disposiciones de seguridad privada o de mantenimiento de la

autonomía del bloque normativo”.

El legislador anuncia que hay que regular y controlar el sector

de los detectives privados y admite que lo debe insertar en la LSP o

bien singularizar al colectivo en una norma específi ca.

En ese mismo punto se admite la insufi ciencia de la ‘Orden de

Rosón’ porque el Tribunal Constitucional declaró su artículo 12 en

Sentencia 61/1990 fechada el 29 de marzo.

Llamativamente dicho artículo es el único que sanciona la ‘Or-

den de Rosón’ el incumplimiento de dicha norma con suspensión

o revocación de la licencia al detective infractor previa audiencia y

con pruebas que estimase pertinentes. El legislador admite sobre

79

los detectives que han merecido “estudios y deliberaciones”, corro-

borando que su “especifi cidad es evidente”.

Pero por la única pauta de los hechos consumados el legisla-

dor invoca exclusivamente “razones de urgencia” –supuestamente–

“para resolver los problemas normativos de la profesión de los que

devienen otros, también graves, por derivación, como los de intru-

sismo”. Una razón suplementaria para insertar a los detectives en

una LSP es que su “actuación es parcialmente común con la de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

Ya que el Constitucional tumbó el laxo castigo a los detectives

incumplidores de la ‘Orden de Rosón’ de suspensión o revocación

de licencia, quedando por ello libres de castigo excepto el que les

otorgue el imperio de leyes penales o civiles que alcanzan a todos

los ciudadanos, los socialistas, en plena canícula de 1992, declaran

“urgente y necesaria la dotación del rango normativo sufi ciente al

desarrollo del régimen sancionador”.

Nadie sabe por qué, pero a los detectives hay que castigarlos

‘extra’ si incumplen normas según la óptica de ésta LSP.

En ésta LSP el detective español sólo merece dos artículos re-

guladores, el 19 y 20. En el primero se detallan facultades “a instan-

cia de personas físicas y jurídicas”:

-Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o

hechos privados

-Investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte

por los legitimados en el proceso penal

-Vigilancia (no uniformada) de ferias, hoteles, eventos y ámbi-

tos análogos

Posteriormente, se prohíbe a los detectives realizar funciones

de seguridad privada, investigar delitos perseguibles de ofi cio obli-

80

gándose a la denuncia ante la autoridad competente. Por último, se

hace hincapié en no utilizar medios materiales o técnicos que aten-

ten contra el derecho al honor, intimidad personal o familiar y la

propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

La LSP se traduce en estrechar al detective dentro de la jaula de

la seguridad privada que, repetimos, poco o nada tienen que ver con

la investigación privada.

Si la ‘Orden de Rosón’ invitaba al detective a relacionar los ser-

vicios que pretende prestar, particular sobre el que podíamos hablar

de estándares aceptados en el gremio, es en ésta LSP donde en tres

apartados se ciñe el limitadísimo campo operativo.

Sólo operaría de facto el punto ‘1’. La investigación de delitos

privados (calumnia, injuria, rapto, estupro, etc...) representa una

demanda nula. La vigilancia no uniformada la centra el mercado

en vigilantes de empresas autorizados como tales. Las tarifas más

elevadas del detective impiden al mercado que hay ser contratados.

Muy pocos detectives se dedican a ello.

Es decir, la LSP quiere acabar con el ‘intrusismo’ y casi lo lega-

liza con esta norma. Más paradojas. Les prohíbe a los detectives ser

vigilantes pero la realidad hace que los últimos actúen en funcio-

nes genuinas e históricas de los detectives. Un claro ejemplo son los

profesionales que actúan en los hoteles donde se registran hurtos,

acosos, infi delidades laborales….

El ‘detective de hotel’ es un personaje que evita denuncias po-

liciales y la mala imagen que cosecharía un establecimiento donde

hay incidencias que afectan a su seguridad interna.

Pues bien, debe decirse que por poco más que les pagan a los

vigilantes uniformados sus empresas tienen al espabilado de turno

81

que hace ‘informes especiales’ o investiga un ‘asunto integral’ eufe-

mismo que esconde un claro intrusismo sobre funciones ofi cialmen-

te otorgadas a los detectives en esta LSP.

El capítulo IV se dedica, en exclusiva, a las sanciones que con-

templa la LSP para quienes la violen. Divididas entre muy graves,

graves y leves, se sancionan a empresas que tienen en plantilla a

cientos, miles de empleados, con las mismas que a los detectives,

mayoritariamente profesionales independientes que sobreviven en

un mercado a la baja, competitivo y lleno de desleales con placa,

pistola y pensionazos en su cuenta a primero de mes.

La LSP contempla multas desde 50.000 pesetas (sobre 301€)

hasta 100.000.000 pesetas (aproximadamente 601.000€) más

apercibimiento, suspensión o revocación de la licencia.

Obviamente, este régimen punitivo no tiene otra misión que

amedrentar a quienes osen violar la norma.

Incontables sentencias de Audiencia Nacional anularon y mini-

mizaron las multas de Interior a los detectives desde que se comen-

zaron a imponer. Por lo visto, sale más barato pagar abogados que

pleiteen contenciosos que desorbitadas y ruinosas multas a unos

profesionales que, hoy por hoy, sobreviven a pesar de esta LSP.

En 1994 el Ministerio del Interior publica el Reglamento que

desarrolla la LSP en el Real-Decreto 2.364 de 9 de diciembre. Ya

había dimitido José Luis Corcuera y le sustituyó el magistrado Juan

Alberto Belloch (el único ministro de Interior y Justicia de nuestra

historia entre 1993 y 1996) tras el fugaz paso de Antoni Asunción

(dimitió al escaparse Luis Roldán, ‘aparecido’ en Laos meses des-

pués gracias a los engaños del polémico espía ‘muerto y resucitado’

Francisco Paesa. El mismo que acabó ‘localizado’ en Luxemburgo

por Método 3 cuando vivía entre París y Suiza (ver capítulo dedica-

82

do a dicha Agencia).

El único ‘biministro’ de Interior y Justicia español alentó una

norma que consideramos instrumental sobre las credenciales de la

LSP. Su carácter es técnico.

Curiosamente, este Reglamento genera un sinfín de problemas

que avizora la LSP. Uno de ellos es sobre el libro-registro que debe

insertar los casos contratados e investigados por los detectives.

No se suelen inspeccionar y, cada año, hay que mandar memo-

rias con números estadísticos, no con datos personales, como pro-

híbe nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 (LOPD),

que además vulnera el secreto profesional al que obliga, paradójica-

mente, la LSP.

Otro tema que concita infi nitos pleitos, extraños exámenes y

convalidaciones son los antiguos auxiliares que ‘borra’ esta LSP. De-

cíamos que muchos se instalaron por su cuenta. Fundamentalmente

sus antiguos jefes les denunciaron y persiguieron. Pero fi nalmen-

te hubo un ‘apaño’ regalándoles la licencia sin jamás haber pisado

universidades o aulas donde, a posteriori, dicen haber curtido su

profesionalidad.

La confl ictividad que ha suscitado la LSP entre los detectives

generó héroes quijotescos, como el valenciano Juan de Dios Vargas

Ramos (Distrito 46), que han luchado con denuedo contra los atro-

pellos y sanciones que ampara la LSP.

Vargas ha ganado innumerables contenciosos por multas al con-

tratar chóferes y agentes evitando multas por incidencias operativas.

Su batalla por portar licencia de arma corta como detective la ha per-

dido ante Audiencia Nacional. Investigar verdades no exige pistola

sería el mensaje subliminal de nuestra Justicia a tan elevado nivel.

El barcelonés Josep María Oliver i Codina (Oliver Detectius)

83

llevó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estras-

burgo (Francia) el legítimo derecho que entiende asiste al detective

para investigar delitos si lo contrata el afectado y consiente el juz-

gador a cargo del sumario correspondiente. Inscribió en 1994, ante

el Departament del Treball de la Generalitat de Cataluña, la Asocia-

ción de Detectives Privados de Cataluña para el Reconocimiento de

la Investigación Criminal en su Ejercicio Profesional. El nombre del

colectivo es tan extenso como las ansias de sus integrantes de mate-

rializar tan legítimas intenciones.

Otro barcelonés, Juan Sanahuja (OVIEquip), no pagará una

multa de Interior de 3.000 euros. De un lado, dicha autoridad no al-

canza el territorio donde la Generalitat tiene transferidas del Estado

determinadas competencias policiales.

De otro, Sanahuja permitió en una inspección rutinaria que se

cotejara el libro-registro donde anota los casos, pero no admitió a

los inspectores de policía que le visitaron que verifi caran expedien-

tes donde se albergaban datos de las investigaciones de su despacho.

Algún Torrente, detective cutre que encarna Santiago Segura, quiere

Licencia para fantasear. La realidad suele decepcionar.

84

Evidentemente, estos expedientes son de carácter secreto. La

mayoría de los detectives acepta estas revisiones complementarias

que no se recogen en ninguna norma (sólo es obligatorio, normati-

vamente, exhibir el libro-registro) para evitar actas, multas y con-

tenciosos cuyos precios son elevados y plazos de resolución de años.

Debe recordarse que pleitear contra la administración exige el

concurso de un abogado y de un procurador, más el previo pago de

una tasa en metálico (RDL 3/2013) que no devuelven las arcas pú-

blicas si el resultado del pleito es adverso para Interior.

Esa penosa realidad hace que recurrir en contencioso una mul-

ta de Interior sea algo prohibitivo pues resulta intimidante la reali-

dad que imponen las tasas judiciales, recurridas por inconstitucio-

nales aunque presuma de su aplicación el ex Ministro de Justicia y

antiguo alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón.

En cuanto a la formación del detective, es un asunto no exento

de cierta dosis de surrealismo del que se aprovechan ciertos empre-

sarios, profesores y universidades. La ‘Orden de Rosón’ ubica en el

Instituto de Criminología de la Universidad Complutense el germen

docente de los ‘detectives mejores formados de Europa’, como repi-

ten sin parar dirigentes gremiales y de colegios.

Interior homologó centros públicos y privados donde cursar es-

tudios precisos para obtener la licencia. En total son 1.800 horas lec-

tivas repartidas en 3 y 4 años académicos. Las asignaturas tienen un

elevadísimo perfi l criminológico y jurídico. Las prácticas son residua-

les y raramente se contrata a detectives en ejercicio como docentes.

Numerosas universidades, gracias a LSP y a su Reglamento,

instalaron ‘academias privadas’ para repartir diplomas sin validez

académica en otra universidad al ser título propio.

85

En el negocio hay catedráticos y profesores de Derecho Penal,

policías y guardias civiles. Becarios y doctorandos de Derecho que

acaban dando clases que se cobran en platino y se pagan como cha-

tarra a estos estudiantes infi nitos.

Paradójicamente, y porque hay mucho Mortadelo, variante To-

rrente, soñando casos detectivescos, existen -como decíamos- prác-

ticas de tiro, de laboratorio dactiloscópico y de policía científi ca.

Recordemos que la historia normativa sobre detectives prohíbe ta-

xativamente investigar delitos a los detectives privados con licencia.

Existen muchas reclamaciones de exalumnos de Criminología

porque cursaron disciplinas jurídicas en Institutos de Criminología

para formarse como detective y después no le convalidaron en la

facultad de Derecho de la misma universidad. ¡Y las clases se las

dieron sus mismos docentes!… Vivir para creer. Este autor, lego en

temas jurídicos, no sabe si esta realidad entraña posible, o evidente,

fraude. El colmo se ha dado en la Universidad de Vigo, donde un co-

lectivo de estudiantes activó denuncias y demandas contra docentes

por presunta estafa al no poder convalidar estudios académicos las

enseñanzas propias de detective.

En el negocio que comentamos hay una oferta muy popular.

Hay miles de entusiastas españoles del género-profesión que gira

sobre los detectives privados.

Curiosamente no hay detectives en plantilla docente y ningu-

no en las universidades que imparten los grados convenientemente

homologados. Las últimas variantes del ‘negocio’ (los que pivotan

sobre salud, cultura y educación lo parecen menos por la esenciali-

dad que entrañan) las protagonizan academias privadas que homo-

logaron estudios y ‘venden’ sin recato el título.

86

Empresarios de formación de seguridad privada también pacta-

ron con universidades unos extraños ‘cursos-puente’ que en un año

otorgan el título de detective, cuando el resto de universidades exige

la carga académica de 1.800 horas. Se tardan 3 cursos académicos y

4 en los de grado. Y esto último no lo logran demasiadas universida-

des por irregularidades sobre enseñanzas, profesorado, matrículas y

otras denuncias que se acumulan en el Ministerio de Educación.

No obstante, con la actual crisis y los elevadísimos costes por

matrícula, libros de los profesores y seminarios ‘obligatorios’ hicie-

ron naufragar un ‘negociete’ que hacía aguas por todos lados. Ya,

felizmente, hay pocos idiotas que pagan lo que no se merecen unos

espabilados. Los tontos murieron todos los pasados años, supervi-

vientes de los que fallecieron en el siglo XX.

El Reglamento que desarrolla la LSP está mutilado en casi su

totalidad por los pleitos de los que ha sido objeto, al igual que la LSP

del PSOE. Se generaron incontables sentencias revocatorias del Tri-

bunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Por estas circunstancias, recordemos que los ‘juristas’ de la LSP

fueron los mismos que concibieron la Ley de Seguridad Ciudadana

tumbada por el Constitucional.

El actual gobierno del PP, a cuyo frente se encuentra el registra-

dor de la propiedad en excedencia Mariano Rajoy Brey, concibió en

tiempo récord una nueva LSP.

A juicio del autor esta nueva iniciativa legal supera en desafue-

ros y desvaríos a las que nos regalaron los ‘iluminados’ que parieron

la primera LSP del socialismo gobernante durante los ochenta y no-

venta del pasado siglo.

Hay datos para pensar que aquella norma fue bendecida en lo-

gias interconectadas, según le aseguraron en su momento al profano

87

que escribe estas líneas. Este tema, la LSP de 2014, merecerá un capí-

tulo en exclusiva en esta obra por razones de singularidad y vigencia.

88

Capítulo 2

“Es mejor fi gurar entre los perseguidos que entre los

perseguidores”

Mishná (Talmud, tradición oral judía)

“Donde hay poca justicia es grave tener razón”

Francisco de Quevedo

CÓMO SE IMPAGA, OCULTA, PERSIGUEN Y ANULAN

AL DETECTIVE

Escribíamos anteriormente que al detective español se le cono-

ce en realidad poco a nivel popular. Su concepto se difumina sobre

las fi cciones fílmico-literarias que persiguen e hipotecan al profesio-

nal de carne y hueso.

En realidad, además de la ignorancia existente sobre estos pro-

fesionales, los distintos regímenes políticos de las últimas décadas

lo han limitado operativamente y prohibido, más que permitido,

trabajar en ciertos temas. Sobre los que se consideran ‘delicados’

no se permiten aventuras bajo decisión humana lejana al interés del

89

poder. Es el Estado el que se reserva en exclusiva funciones de in-

vestigación que, paradójicamente, desatiende a la exigencia ciuda-

dana de una seguridad y bienestar social.

Vía normas el poder envía un mensaje de obligado cumplimien-

to. En caso de vulneración hay persecución, difamación pública de

un colectivo (algunas veces hay notas y ruedas de prensa policiales

descalifi catorias, como ocurrió sobre Operación Pitiusa) y castigo

con multas impagables para unos profesionales que actualmente

sufren la crisis con más crudeza.

Si lo detallado no fuera sufi ciente, hay incontables prácticas

nacidas de la picaresca individual, pautas de ciertos empresarios y

consignas de bufetes que intentan ganar y ahorrar dinero gracias al

detective que les sale gratis. Los usan, les sirven para evitar engo-

rros y pagos. Finalmente, no le dan ni las gracias. Además refuerzan

su invisibilidad negando hasta su existencia.

Mezclando casos reales debidamente disfrazados con lugares e

identidades fi cticias y otros que saltaron a la prensa o Internet, ilus-

traremos al lector sobre una modalidad muy sutil que refl eja cómo

se aprovechan de los detectives determinados espabilados, cómo los

ningunean y, fi nalmente, hasta cómo les acosan por incómodos al

‘saber demasiado’.

Es práctica demasiado común entre abogados con el agua al

cuello que desafían inocencias, culpas o les compromete a ellos

mismos amagar con querellas criminales. Da igual si por injurias,

calumnias, acoso y revelación de secretos. Sólo basta la mera exis-

tencia de algún informe que no conviene a su tesis, descubre su me-

diocridad jurídica o destapa a su cliente.

Entre investigados es praxis, en número signifi cativo, amena-

zar personal y telefónicamente al detective que le va a desvelar su

90

fraude, engaño o caradura dentro y fuera de bufetes, empresas y

juzgados.

Estas tristes realidades que intentan relativizar la verdad cau-

san, de un lado, una práctica profesional a la defensiva y más escru-

pulosa para evitar pleitos y gastos. De otro lado, a ciertos detectives

les ‘pone’ ser desafi ados en su praxis más o menos ética.

Les convierte a esta minoría de detectives en prepotentes que

pierden el norte de la realidad. Es pues aconsejable en estos casos la

ayuda de la psicoterapia. Algunos individuos que sufren estos aco-

sos devienen en conductas atípicas, por usar palabras amables.

Aguantar el tipo o el chaparrón del que hablamos, no violar

el secreto profesional y esa paciencia que debe caracterizar a todo

buen detective contribuye a que estas prácticas se silencien. Pero

pasa como con la meigas, “haberlas haylas”.

Este capítulo aborda distancias más cortas entre detective-

cliente-proveedor. Cuando se anuncia que al investigador privado

se le anula demostraremos cómo, por qué y por quiénes.

La razón última de las realidades que se desvelan las cantó una

copla (referida al maldito parné) y las escribió un clásico, Queve-

do (‘poderoso caballero, don dinero’). La lectura inteligente adivina

muchas más cosas entre líneas.

GRATIS TOTAL

Aunque parezca increíble o poco verosímil, el detective debe

reforzar su coraza personal y profesional ante ciertas propuestas la-

borales.

Suele tener un ‘sexto sentido’ para advertir manipulaciones,

medias verdades, ocultaciones negligentes y mentiras de clientes,

91

objetivos e intermediarios en su función llamémosle natural (pro-

veedores, profesionales del derecho, clientes…).

La imaginación, la supervivencia, la codicia o el perfi l fi lo-de-

lictivo del interlocutor del detective le deja a veces desbordado en su

capacidad de asombro. Relatamos varios casos que superan hasta el

sentido común.

a) Tarjeta ‘mágica’

Una señora recién divorciada de un marido bombero, de casi

dos metros de altura y musculado como Tarzán, llama al detective

angustiada. Se la había recomendado un conocido. Relata que su ex,

al recoger a dos menores que ella custodia para atender un régimen

de visitas establecido judicialmente, le amenaza, agrede y hasta le

patalea en la más absoluta impunidad.

Ésta posible cliente manifi esta la imposibilidad de acudir a la

agencia del detective porque sus hijos son muy pequeños y uno de

ellos padece salud delicada. El detective atiende el pedido de la divor-

ciada y accede a visitarla en su domicilio. Allí corrobora su historia.

La ‘naturaliza’ con lloriqueos. El detective le indica que sólo la

puede ayudar personándose en el exterior del domicilio y, tras oír

gritos o visualizar agresiones, llamaría a la policía.

Le hace ver a la buena señora que esperar al bombero dentro de

la casa para confi rmar lo que la señora le denuncia es arriesgado, in-

útil y preconcebido, lo que le invalida legalmente por si se precisase

un informe que contemple la problemática que afecta a dicha dama.

La misma se muestra conforme con la estrategia, le pide una

tarjeta al detective que, gustosamente, le da y se citan para contratar el

asunto al día siguiente, uno de los asignados en el régimen de visitas.

92

Pasan los días y la señora tan angustiada no llama al detecti-

ve. Pasan dos, tres, cuatro semanas y la dama parecía haberse esfu-

mado. El detective, guiado sólo por conocer si a esta dama se le ha

complicado la existencia, llama a quien la recomendó y le pregunta

cómo le va a la divorciada. Responde que todo se solucionó y que

no se explica la efectividad del detective en tan poco tiempo para un

problema que subsistía durante meses.

Sorprendido, el investigador responde: ¡Pero si no me ha contratado!

La verdad del asunto afl oró días después cuando fue interroga-

da por quien la recomendó al detective. Se lo había exigido el inves-

tigador: al día siguiente de la visita del detective, el bombero siguió

con su rutina agresora para con su ex.

Ella, cuando estaba sufriendo el acoso, le dijo rotunda: “He

contratado a unos detectives que te esperan en la puerta en varios

coches y te van a dar una paliza. Cuidado, porque si me sigues apa-

leando será peor para ti”.

El bombero no se creía tamaña historia, pero ella le mostró la

tarjeta del detective.

El bombero se quedó paralizado. Cesó de agredirla y salió corrien-

do. Hasta pasados unos meses no fue a buscar a sus hijos. Y la señora

resolvió su problema sin pagar un duro. Y sin dar las gracias. Esta ro-

cambolesca pero signifi cativa historia sucedió en Linares (Jaén).

b) Falso cateto

La imaginación de algunos para no pagar al detective, prácti-

ca extendida en ocasiones al abogado, procurador, peritos, etc., les

hace creerse papeles a representar en los que el dramatismo per-

93

sonal y una situación urgente y desgraciada gana enteros para el

consumado actor.

Comúnmente, imaginamos que estos personajes ensayan las

historias, pero ésta es la de un tipo que iba de cateto, pueblerino,

iletrado, maloliente, faltón…

El sujeto acabó destapándose como un listo que supera al más

inteligente y, además, consiguió su objetivo: no entrar en la cárcel.

Y con el regalo del ‘gratis total’, no pagó a nadie de los que obtuvo,

a la desesperada, una impagada aunque circunstancial ayuda que se

le brindó.

El hombre parecía, llorando, un desgraciado sobre el que se

cebaría una injusticia que acabaría con su libertad durante años y

años. Estaba acusado de duros cargos por violencia de género, sus-

tentados con partes de lesiones, informes médicos y testigos. Fue

detenido y le esperaban casi diez años de cárcel en un juicio dema-

siado rápido para el que no tenía buen abogado.

Su expareja era una ucraniana que llegó al condado onuben-

se para trabajar recolectando fresas y arándanos. La mujer estuvo

liada con varios en un pueblo de la comarca; en otro era conocida

como demasiado liberal para el conservadurismo y marujeo local.

Quería ‘papeles’ porque descubrió, casualmente, que España se-

ría su hogar presente y futuro. Se inscribió en el registro de parejas de

hecho al comenzar a convivir con el ‘cateto’ que centra esta historia.

En realidad fue un apaño para tener donde dormir y corres-

ponder carnalmente con una bestia que conocía la higiene de oídas.

Estaba harta del tipo, del cateto, hasta que un día a éste le tocó en la

lotería una suma para dejar de trabajar y vivir intensamente a todo

trapo lo que restaba de existencia.

Cometió la imprudencia de celebrarlo con su pareja y ésta de-

cidió que le correspondía la mitad de casi un millón de euros. Pero

94

la esbelta exsoviética no conocía bien la racanería de ‘su cateto’.

Llegaba al paroxismo.

Aunque decidió despedirse de la empresa donde trabajaba y

hacer gastos extras con sus ahorros esperando la lluvia de euros, el

cateto le dijo que le daría apenas un ‘regalito’. Varios miles de euros

en el mejor de los casos.

Nuestra inmigrante, presa de la ira, ideó un plan para chan-

tajearle a cambio del botín soñado. Empezó a provocar a su cateto

saliendo y entrando con hombres en actitudes comprometidas.

En unos días de ausencia de su pareja metió en su cama a varios

amantes en distintos horarios. La vecindad se escandalizó tanto que

llamaron al ‘cateto’. El hombre llegó en pocas horas y comprobó la

veracidad de las llamadas vecinales.

Se armó de cordura y aguantó estoico las agresiones verbales

y físicas de su rubia compañera. Él apenas se defendió, lo mínimo

para causarle apenas unas erosiones y pequeños cortes.

Tuvo que ser ingresado en el hospital con politraumatismos.

Fue pataleado por su pareja en el suelo mientras que parecía poner

la otra mejilla.

Las diligencias policiales y judiciales tenían numerosas incóg-

nitas sobre la pelea de pareja. Había testigos que sólo oyeron gritos,

otros vieron cómo le pegaba él a ella; muchos más, ella a él. Pero

los exclusivos y sólidos argumentos de lo ‘políticamente correcto’

imputaron al cateto.

Con este panorama, acude el hombre al detective, urge contra-

tarle para desvelar la conducta de simulación delictiva y de fraude

procesal de su expareja. El detective, afanado en ayudar primero

a un desvalido, herido y pobre víctima, cobraría su trabajo mucho

después.

95

Investigó la trama urdida por una dama singular. El informe

recogía testimonios de sus antiguos compañeros de empresa, testi-

gos de la pelea, vecinos de la pareja. También la afi ción querulan-

te, como afi cionada a pleitear y denunciar convulsivamente, de esta

buena señora. Sedes de colectivos de derechos humanos, asistencia

a inmigrantes y defensores de la mujer eran bien conocidos por la

ucraniana.

Denunció a otras exparejas siempre por dinero. Incluso unas

examigas relataron que en Ucrania ya tuvo problemas con su primer

marido por maltrato y alcoholismo. Todo derivó en divorcio.

El cateto salió indemne del sumario que le señalaba con el dedo

acusador. No pagó ni un euro al detective. Éste le demandó su minuta

pero se esconde apoyado por familiares que le soportan como pueden.

Sólo posee los derechos de habitación en la casa que un familiar

heredó de su madre. Ni quien le parió se fi aba del personaje dándole

una propiedad en la herencia.

El cateto de tonto no tiene un pelo. Le persiguen judicialmente

incontables acreedores, pero a él le divierte reírse de quienes le ayu-

dan. El detective le salvó de la cárcel y ni gracias. C’est la vie!

La historia concluye con el cateto muy nervioso, y desencajado,

en sus planes del moroso que se ríe demasiado de sus incontables

deudas. Le embargan los cobros pendientes de la administración

pública por su impago al detective.

Saliéndonos de la fi cción que ha perseguido las precedentes lí-

neas la cruda realidad para que el detective cobre parte de sus legí-

timos honorarios se ha obrado gracias al coraje y tenacidad jurídica

de un abogado que mejor dejaremos en su bufete refl exionando so-

bre el derecho.

96

Este, el investigador, había demandado judicialmente el cobro

de su minuta impagada. Llevaba años intentando cobrarla. Años de

paciencia franciscana que pusieron fi n al ‘gratis total’ a favor del ca-

teto. Esta, la paciencia, es una de las virtudes que debe caracterizar

a todo buen investigador privado.

c) Faroles

Algunos juegos de azar se basan en la credibilidad de ciertas

apuestas. Jugar ‘de farol’ entraña riesgos. Jugar con un inexistente

detective es muy rentable. Varios ‘casos’ avalan lo que escribimos.

Vayamos con ciertos ejemplos bastante ilustrativos.

Un camarero de un reputado restaurante se quedaba, desde

hacía años, con monedas de uno y dos euros. Antaño, sus preferi-

das eran las de cien y quinientas pesetas. Para el empeño cosió dos

bolsillos interiores donde almacenaba el dinero hurtado. Su técni-

ca jugaba con las manos al ingresar o sacar efectivo de la caja. La

empresa no tenía tiempo material para abrir y cerrar cuentas de la

barra de clientes, especialmente los que no almorzaban o cenaban

en el restaurante.

El dueño, encargado y compañeros del ladrón estaban hartos

del tipo pero despedirlo era complejo. Se descartó instalar cámaras

que violasen intimidades laborales o testimoniar hurtos ínfi mos que

fácilmente se defendían en juzgados laborales.

Un habilidoso abogado pensó en una pícara solución del pro-

blema. Un detective habría grabado numerosos CDs fechados en di-

ferentes días y con el nombre del camarero. En una reunión donde

se hablaría de los hurtos, el autor de los mismos sería acusado de

falta de confi anza por tan grave práctica.

97

El detective se sumaba a la reunión como actor. Llevaba car-

peta de informe y los CDs, realmente en blanco, sin archivos que le

dieran soporte audiovisual. El abogado le señaló como vigía de sus

fechorías. El camarero se derrotó y fi rmó un despido pactado con

cero euros de indemnización para que pudiera cobrar prestaciones

por desempleo.

El detective trabajó unos minutos y fue recompensado con una

caña y tapa. El abogado ganó miles de euros y la empresa se ahorró

casi treinta millones de las antiguas pesetas. ¡Vaya negocio!

Algo parecido hizo una desesperada divorciada que llevaba

años sin cobrar pensión de su exmarido. Llamó al detective alegan-

do que el padre de sus dos hijos estaba con una nueva pareja (al pa-

recer, lo que más le dolía), y trabajaba como profesor de autoescue-

la sin estar contratado. Ingresaba aquel mal padre en la economía

sumergida con todos los honores. La interlocutora pidió al detective

antes de pagar que le explicase cómo haría la investigación.

Consistía –le explicó el detective– en grabar en espacios públi-

cos las clases que daba el profesor, describiendo matrículas de autos,

recorridos y otras circunstancias sobre estos hechos. Inocentemen-

te, el detective cavó la tumba de una clienta que acabó resultando

imposible. Ella, días después, le mostró un CD donde decía tenerle

grabado en plena faena de docente de conducción vial. Añadió que

lo grabó un detective y que le iba a denunciar ante la autoridad ju-

dicial, laboral y fi scal por trabajar, además, ajeno a legalidades so-

ciales y tributarias. El exmarido accedió judicialmente a todo lo que

pidió por esa boca, una lista a la que debe un detalle, una llamada,

al detective. Pero, al cabo, son gajes del ofi cio. Qué le vamos a hacer.

En otras ocasiones abogados o litigantes ‘contratan’ al detective

para pasear por pasillos judiciales en determinadas vistas. No le di-

98

cen la verdad. Buscan al detective por el efecto sorpresa que acelere

acuerdos antes de entrar en la sala donde se celebrará el juicio.

Los detectives, por estos ‘favores’, suelen así fi delizarse en ciertos

bufetes o son invitados, cómo no, a cerveza y tapa. Los más rácanos ale-

gan tener la agenda llena para evitar inclusive tan suntuaria invitación.

Un empresario que tiene varios empleados de baja se queja

de que dos de ellos son ‘profesionales’. Decidido a acabar con tal

hiriente absentismo, llama a un detective para investigar posibles

actividades incompatibles de estos trabajadores poco solidarios con

sus compañeros.

El detective llega a la empresa, un concesionario de automo-

ción. Una secretaria le invita a subir unas escaleras que conducen al

despacho del dueño del negocio. Como buen sabueso, se percata de

que, a su paso, hay codazos, risitas y miradas torvas. Una indiscreta

comercial cuchichea: ¡es él! ¡Es el detective!…

Una vez en el despacho del empresario, éste repite la historia

que anunció telefónicamente sin mucho interés. Ni siquiera pidió

presupuesto, sólo una tarjeta. Quizá para justifi car la visita. El de-

tective, muy mosca con aquel tipo, preguntó antes de abandonar el

concesionario a un mozo de almacén si había oído que el jefe había

contratado algún detective.

Respondió: “Lleva un mes con este cuento”. El empresario no

pagó nada por solventar su problema. Los absentistas se dieron ‘de

alta’ alertados por sus compañeros de la visita del detective. Este

profesional no fue contratado.

Vivir para conocer ciertas tretas que basculan sobre un detective

ajeno a manejos y trapicheos de empresarios demasiado ‘inteligentes’.

99

d) Técnicas rentables

Entre ciertas empresas, mutuas, aseguradoras y bufetes –clien-

tes naturales de cualquier agencia– predominan pautas de buen go-

bierno y prácticas profesionales.

Una minoría, avalada por concursos internos de ‘productivi-

dad’ o antifraude, empleados superfi eles –aquellos que creen que

heredarán la empresa– o sinvergüenzas que estadísticamente se

ubican en despachos de la iniciativa privada.

Estos personajes hacen lo imposible para colgarse medallas y

ahorrar lo que sea cueste lo que cueste; al decir de un político habla-

ríamos de optimizar costes.

Estos individuos engañan a los detectives en benefi cio propio

(los más obtusos los piden como favores personales o en nombre de

incontables y anónimos cuñados o íntimos del detective para el gratis

total) o del empleador que sustenta su nómina. Daremos ejemplos.

El que podía ser el ‘timo del informe inútil’ consiste en encargar

un informe con ínfi ma provisión o esquivar contratos bajo promesa

de futuros encargos que pagarían la jubilación hasta de los nietos

del detective. Una vez que el investigador entiende que llegó a los

objetivos probatorios del cliente, éste se adelanta y relata carencias

sustantivas, inutilidad del preinforme, etc…

Entonces se invita al detective a olvidarse del tema. El ‘cliente’

oculta que el borrador o las pruebas suministradas le hicieron ne-

gociar algo muy rentable. ¡Y el detective engañado como vil tonto!

Al fi nal, como siempre, se sabe todo. Estos listillos suelen estar

los primeros en expedientes de regulaciones laborales, prejubilacio-

nes o son rechazados por compañeros menos serviles y repugnantes.

100

Las mutuas, hace años, contrataban a mansalva a detectives

para no hacer lo que debían en orden a atajar el fraude absentista,

investigar accidentes laborales fraudulentos, enfermedades fi cticias

o secuelas exageradas.

Algunos empleados de las mutuas ahorraban muchos miles de

euros a sus arcas ‘contratando’ verifi caciones de actividades incom-

patibles pagadas a precio de saldo que hacían valer médicos o po-

licías en consultas con tono imperativo para que los defraudadores

fi rmasen ‘altas’ y así evitasen supuestas denuncias por estafa, plei-

tos, demandas.

En demasiados casos asuntos ‘a prueba’ que no se facturaban por

el detective resultaron ‘éxitos’ que se ocultaban al investigador. Como

siempre, el buscador y localizador de verdades invisible ¡Y baratísimo!

e) Detectives ‘plus’

En este apartado del ‘gratis total’ no podían faltar los propios

detectives, especialmente quienes logran ser más ‘inteligentes’, per-

dón listillos, que sus colegas. En tal empeño hay innumerables mo-

dalidades y perfi les personales.

Empezaremos por tres: los que se creen más listos y disfrutan

de dureza facial, quienes ‘inventan’ historias para no pagar y, fi nal-

mente, los que usan ‘cargos’ en su benefi cio.

En anterior obra del autor, Confi dencias de un Detective Priva-

do (2004), los casos más graves del antidetective se aglutinaron en

dos perfi les: ‘Contra-detectives’ y ‘Pseudo-detectives’ (páginas 71-

79), con y sin licencia.

Los investigadores ‘jetas’, los que practican el ‘gratis total’ son

individuos más veniales que los implicados en Operación Pitiusa o

los detectives-espías de Método 3.

101

En Operación Pitiusa la justicia ordena al CNP que investigue

y depure una trama de compra-venta de datos protegidos de la que

emergen ciertos detectives que viven de sus colegas en el mejor de los

casos sin el menor recato. Este asunto merecerá el próximo capítulo.

La economía textual exige no caer en más reiteraciones sobre

este tema y sobre los ‘casos’ de Método 3 en los que no se docu-

mentó toda o parte de la verdad pese a conocerla o se manipularon

tantas cosas que nadie sabe dónde estaba lo verosímil.

Eva Grueso. Presidente y anterior Tesorera de APDPE.

102

Ejemplos de estos investigadores, los ‘gratis total’ englobados

con ese ‘plus’ que les caracteriza, los tenemos en casi todos los pre-

sidentes y directivos de colectivos gremiales.

Comencemos con el madrileño Julio Gutiez Cuevas. Fue Presi-

dente de APDPE (acrónimo de Asociación Profesional de Detectives

Privados de España) entre 2006 y 2009. Quiso que su primer con-

greso al frente de dicho colectivo fuera a lo grande.

Organizó en Gran Canaria un cónclave difícil de olvidar aunque

las asistencia de afi liados fue decepcionante, apenas unas decenas

contando acompañantes. Se celebraron cenas de gala regadas con

excelentes caldos y en las que no faltaron suculentos solomillos,

fi estas, jacuzzi, paseos en catamarán…

Una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia nº 55

de Madrid reclamó por la celebración de esta reunión un total de

68.031 euros más costas e intereses (aproximadamente un 35% más

de la suma demandada) por la empresa organizadora de los eventos

congresuales.

Un reportaje, ‘Detectives Morosos’, de Ramón Arroyo publica-

do por Interviú el 27 de abril 2009, detalla la conducta de Gutiez

para esquivar el legítimo cobro de quienes organizaron el congre-

so, aderezándola de picaresca sobresaliente y que repetiría, desde

entonces y en años sucesivos, según sus víctimas que serían legión.

Al fi nal la justicia reembolsó a los demandantes el importe de

su trabajo. Gutiez dejó, en 2009, la asociación que presidía en ‘ban-

carrota’, según reconoció –al ser reelegida en 2013– su sucesora,

Eva Grueso.

La nueva Presidente de APDPE mantiene en su directiva a Da-

vid Sanmartín –imputado en Operación Pitiusa– tras aceptar la

103

‘baja’ de su vicepresidenta Elisenda Villena –detenida e imputada

en sumarios de Operación Pitiusa y Método 3–. Dicha dama cursó

tal decisión ‘para no dañar a la APDPE’ cuando llevaba casi un año

en el cargo tras ser encausada.

Grueso, muy preocupada por el ‘machismo profesional’ según

sus noveles irrupciones mediáticas fue, llamativamente, extesorera

de Gutiez cuando éste presidía la APDPE.

Además, es ‘profesora universitaria’ en virtud de jugosos con-

venios que ella misma impulsó al frente de APDPE nada más llegar

al cargo. Gutiez y Grueso tenían, y tienen, muchas cosas en común.

¡Entre bobos anda el juego!... ¡Menudos bobos!…

Otro perfi l detectivesco de más nivel y estilo es el de Manuel

Rosa Ruiz. Curtido en los ‘informes comerciales’, vende datos de

Registros, empresarios y morosos. Tiene verbo subyugante y vuela

muy alto. Alentó incontables sociedades instrumentales y creó mar-

cas: Confi denservice, BDI e Interpres (con apellidos y nombres so-

cietarios mil). BDI Data, regada por subvenciones europeas, le situó

en el podio sectorial desde el Parque Tecnológico de su Málaga natal

durante los noventa; hasta le costeó caprichos marbellíes sin desfa-

llecer como perfecto anfi trión de sonrisa contagiosa.

La colosal base de datos fue multada por la Agencia Española

de Protección de Datos (AEPD) justo cuando Rosa concebía el ‘pelo-

tazo’ de su vida: la tenía ‘vendida’ a la banca por millones de euros.

Después del fi asco conoció horas bajas con demandas, despidos y

deudas mil…

Rosa, lustros después, renació cual ave fénix impulsando nue-

vas marcas: ‘Detectys’ y ‘Corporación Detectives’. Las sitúa como

mayor red europea, según una publicidad no contrastada. Ahora

104

sufren los efectos de la grave crisis con nuevos despidos, deudas,

impagos…

Pero Rosa es polifacético y válido: conferencia sobre delin-

cuencia fi nanciera, alienta el nonato colegio andaluz de detectives

(sufragó, con tesón y comilonas, un cuarto intento), busca fórmulas

anticáncer para ser recordado por futuras generaciones de humanos

o pontifi ca sobre cómo ser magnate sin riesgo y sin poner dinero.

A este genio que no es mudo no le igualan ni vástagos viajeros,

ni su plantilla de ‘autónomos’, ni un equipo interdisciplinar del que

presume con legítimo orgullo.

Otro detective, este ‘de saga’ familiar, tras perder unas eleccio-

nes a una presidencia colegial, no pagó anuncios de su agencia en

‘páginas amarillas’. El truco estaba en hacer que el coste impagado

se prorrateara entre los anunciantes afi liados al colegio que sí paga-

ban los anuncios en directorios telefónicos.

Al personaje, además de su exdirectiva, le costó meses soltar

móviles corporativos de alta gama dejando una ristra de facturas

que testimoniaban los excesos de un malcriado prepotente.

Un ejemplo más, detective también ‘de saga’, repartió en un

congreso medallas al camarero que le ponía los cafés todas las ma-

ñanas, su quiosquero, el abogado de su agencia, su primo zumosol

y hasta el que asó la manteca. Pagaron aquel desvarío los detectives

que aplaudían, encima, a tanto laureado cuyo único mérito fue ser

amigote, compadre o proveedor del ‘presidente’.

Hay más casos de ‘gratis total’ detectivescos. Este es de la época

del SNAD. Colocaba facturas por regalos navideños a sus clientes a

la asociación que presidía.

Cuando fue cuestionado por tamaña caradura gritó, viéndosele

la carótida a su paso por el cuello, ‘traidores’ y amenazó con la exco-

105

munión ‘extramuros’ a quienes exigían legítimamente auditorías de

tan cuestionable contabilidad.

En la cadena de hoteles donde siempre celebraban congresos

bajo la presidencia de este personaje, ya fallecido, jamás pagaban ca-

mas y comidas sus empleados durante todo el año. ¡Qué casualidad!

Pero los peores detectives ‘gratis total’ son los que juegan con

ilusiones laborales, formativas o de prácticas captando en universi-

dades, Internet o anuncios a agentes y colaboradores.

Les prometen contratos, pago de gastos y futuros sueldos que

permiten hasta soñar en el ‘futuro’ cuando al novel nadie le conoce,

ni tiene despacho.

Pero las ‘víctimas’ acaban como eternos alumnos de prácticas

que no cobran más allá de alguna cerveza o son invitados al menú de

mediodía en restaurantes de polígono.

Es un clásico entre muchos detectives de esta tendencia ca-

radura echarle la culpa al supuesto o teórico cliente para no pagar

alguna colaboración al compañero novato. Al intentar cobrar, el in-

genuo se encuentra con excusas de toda clase que resultan clásicas

entre estos individuos.

A tan manido truco se suman con desigual dramatismo giros

que nunca llegan, transferencias que jamás se imponen, cheques

que no conocieron sobre o pagos ínfi mos que salvan el consuma-

do ‘gratis total’ sobre ofertas económicas muy superiores al ínfi mo

pago obtenido.

Un conocido detective barcelonés del ‘gratis total’ es harto in-

genioso para no pagar a sus colaboradores. Mejor dicho, abona lo

que les corresponde euro a euro cada viernes por la tarde. Después,

toman unos canapés.

106

Tras matar el hambre de la cuadrilla colaboradora y en fran-

cachela de camaradas corren copas, sobre todo combinados en la

agencia hasta celebrar con euforia alcohólica anticipadamente el fi n

de semana.

Cuando el personal está contento y se relatan los casos de la

semana con empatía el detective saca una baraja de póker. Todos se

sientan en una mesa circular, comidos, bebidos y fumados…

El jefe, el ‘detective plus’, va ganando las apuestas una tras otra

y prácticamente recupera lo que ha pagado en mano un par de horas

antes a casi todos sus colaboradores.

El investigador sale de rositas en sus cuentas semanales con

la plantilla. Son imaginables las semanas que le duran los colabo-

radores a este detective a quien, además, le posee la codicia para

ser el más rico del cementerio cuando contrata asuntos, paga mal a

proveedores y jamás come en casa ni en restaurantes de menú. Los

bocatas de mortadela harán mella en su organismo.

Mejor situado en la liga del ‘gratis total’, sospechando que es

de primera al menos, está un ex abogado que se hizo detective. Nos

referimos al madrileño José María Alonso.

Junto a su colega y esposa recondujo su trayectoria profesional

creando en 2005 Zenit. Es una de las muchas agencias que intentan

encontrar hueco en la jungla del mercado. Para sobresalir y hacerla

‘famosa’, Alonso contrató a la publicista Irene Lozano (Artmarketing).

Mediante comunicados –como hiciera Método 3 en sus ini-

cios– intentan difundir estadísticas sin créditos que las avalen o

contrasten y generalidades obvias sobre los detectives ‘de empresa’.

La táctica no les funciona. Entonces, se dedican a creerse noti-

cia sin nada que lo respalde o avale. Irene Lozano, muy en su papel,

107

oferta a los medios impresos y audiovisuales que han publicado re-

portajes sobre detectives con ocasión de la Operación Pitiusa, espio-

najes de Método 3 y la nueva Ley de Seguridad Privada, entrevistas

de su cliente, José María Alonso.

Presenta a Alonso a los medios con el rimbombante cargo de

‘Director Operativo’ de Zenit. Es decir, aprovechan el interés mediá-

tico que ha generado el sector de detectives para hacer publicidad

‘de agencia’ sin pasar por la caja del departamento publicitario de

cualquier medio.

Lo más cutre de la publicista es usar comunicados de refrito,

perfi les ‘corporativos’ de Alonso y Zenit para un supuesto scoop o

primicia de portada que no coló como noticia meses o años antes.

Al autor no le queda más remedio que felicitar el ingenio del

tándem Lozano & Alonso. Sólo resta, a tan inteligente pareja, re-

mitir una sugerente foto a la prensa. Se lanza una idea: Alonso de

cuerpo entero en plena misión a lo James Bond.

El exabogado se sinceró en prensa desvariando. Confesó algo

llamativo: “cotilla he sido siempre…” y “soy un detective atípico. El

sector es bastante casposo” . La fortuna de tal exclusiva la detentó

un periodista de El País, Emilio de Benito, experto en temática cien-

tífi ca y de salud en una entrevista que publicó dicho rotativo el 16

de junio 2013.

Este ‘famoso’ investigador chupa cámara de reportajes sobre

detectives que elaboraron periodistas, escritores y colaboradores de

medios empleando tiempo, contactos más el sudado esfuerzo perso-

nal y profesional.

Este ‘gratis total’ supera cualquier parámetro. Alonso merece

medalla al ‘mérito profesional’. Es acreedor del Zenit que ya ilustra

108

la marca de su agencia. Es obvio que la crisis actual concibe algunas

prácticas con verdadera originalidad. Pero a este proceder le sobran

más comentarios.

Hay otro caso destacable de ‘gratis total’ detectivesco, éste es

a la inversa. Es decir, al detective no le pagan a cambio de recibir

futuros encargos de un bufete. En este asunto encontramos el que

regenta Manuel Pérez Peña.

Oferta, dicho letrado, en Internet ‘divorcios sin trauma’ y una

contundente defensa a mujeres maltratadas aunque saca tajada

también de afectados por las preferentes, cláusulas-suelo hipoteca-

rias en otras marcas que vende en la red.

Pues bien, en un desdichado asunto de custodia de menores el

exjuez de Familia Francisco Serrano (condenado a 10 años de inha-

bilitación por prevaricación culposa) otorgó la custodia compartida

a un padre de nula humildad que endosaba sus hijos a una amiga

enfermera los días y semanas que le correspondía cuidarlos y tener-

los bajo su custodia.

El autor acreditó esa realidad en un informe con abundantes

pruebas documentales y gráfi cas acordes a la normativa vigente.

Pero aquel ‘dossier’ perjudicaba el reclamo extra y millonario del

padre, patrocinado por Pérez.

El buen hombre aspiraba a recibir la mitad en efectivo (casi dos

millones de euros) de un próspero negocio de su exesposa y madre

de dos hijos. El padre soñaba con retirarse de trabajar si prospera-

ban sus desajustadas aspiraciones dinerarias con sus hijos de excu-

sa instrumental.

Ella, la madre de los menores, en el pleito sólo pretendía recu-

perar la custodia normal (la adecuada en este caso; el autor apoya la

109

compartida entre progenitores por razón de la igualdad) acorde a la

realidad de sus hijos, uno de ellos discapacitado.

Cuando se acerca la celebración del juicio, el letrado con el agua

al cuello tras años de pleitear estérilmente y protagonizar excesos

histéricos de difícil tolerancia, encarga a la detective Manuela Mar-

tín Salinas (Manel) un ‘contrainforme’ al del autor tan impresenta-

ble que ella no osa ni ratifi carlo en el juzgado.

Como dicta el sentido común una jueza con refl ejos, Antonia

Roncero García (avalada por Fiscalía de Menores y una psicóloga

forense), que sustituyó al ahora abogado Serrano, advirtió tan cutre

jugada. La magistrada, además, había nombrado perito conductual

al autor tras conocer su informe en el procedimiento que nos ocupa.

Finalmente, se sentenció a favor de la madre para que recu-

perara a sus hijos en el antiguo hogar conyugal alejándolos de un

mal padre que sólo los usó para intentar sacar tajada millonaria,

en euros, con el único argumento de inscribirse ofi cialmente como

padre de dos menores. Al menos así consta en el Registro Civil tal

paternidad.

La historia, en su vis negativa, concluye con un retrato preo-

cupante: menores traumatizados y padre desentendido de sus hijos

al esfumarse su soñado negocio. En la positiva, halló a una madre

valerosa que sacará adelante a sus hijos desafi ando la injusticia y al

ex que padecía.

La detective indicada, sospechamos, lo haría ‘todo gratis’ para

mantener a tan ilustre cliente que sigue, erre que erre, resolviendo

divorcios sin trauma. Así se escriben algunas historias en Sevilla, la

de la lunita plateada y su color especial.

En el extranjero los ‘detectives plus’ que practican el rentable

‘gratis total’ para enriquecer su cuenta bancaria son incontables. Y

110

se reparten por los cinco continentes. Comencemos por uno de los

más ubicuos.

Drakonx, Agencia del cubano afi ncado en California Fer-

nando Álvarez que suministró temarios a los detenidos en

Algeciras por vender insignias y títulos falsos de detective

Es cubano de Matanzas. Fernando Álvarez fue agente de la in-

teligencia castrista hasta el siglo XXI. Abandonó aquel ‘paraíso’ in-

vestigador y aterrizó en Argentina para cobrar a morosos armado

con métodos imaginables.

Tanto éxito en el país austral le llevó a multiplicarse entre Los

Ángeles y Miami, donde acabaría ubicando Drakonx Academy. Sin

aulas y mucha labia, Álvarez vende temarios y títulos de detective a

cualquier iluso que lo compra en la creencia de su ofi cialidad pana-

mericana, europea y del mundo mundial.

En España, Álvarez tuvo embajada en una pareja algecireña que

regentaba ALPUSEPROT. Tras detenerlos la policía, les incautaron

títulos, carnés y placas de la inexistente AAIP (Asociación Andaluza

de Investigadores Privados) y temarios de Drakonx. El autor detalla

111

la redada y el proceder de Álvarez en el reportaje ‘Falsos detectives’

(Cambio16, nº 2.100, 2 abril de 2012).

El cubano no descansa, resurge con nuevos aliados. Ya ligó a su

cursito el aval de la inexistente Federación Española de Asociacio-

nes de Investigadores y Controladores de Acceso, según denuncias

que acumula un personaje que parece impune en la piel de toro ven-

diendo usurpaciones y fabricando intrusos.

Antes de ‘vender’ docencia este esbirro estalinista intentó lide-

rar con un posado de estudio una red mundial de detectives y ven-

der a sus clientes bases de datos con coste cero. El ‘cuento largo’ era

pedir pruebas a los proveedores que a priori eran informes que tenía

contratados.

Sólo los más codiciosos y ‘vanguardistas’ picaron en este timo

de la estampita versión detective.

No menos sofi sticados son otros vendedores de placas, títulos y

carnés que albergan emblemas ofi ciales, bandera del estado español

y autonomías.

Quienes compran esa parafernalia se creen además autoridad,

evitan largas carreras universitarias y duras oposiciones selectivas.

Rafael Arroyo Andrino, un viejo conocido de jueces y policías, creó

hace años en Alicante una asociación que aglutina a impostores de

todo pelaje en la modalidad de expertos al servicio de nuestra justicia.

El invento de Arroyo tiene un nombre largo y un corto reco-

rrido: Asociación Nacional de Peritos Judiciales de Investigación

(ANPJI). Su único fi n es vender emblemas que parecen ofi ciales.

Insinúan al comprador que ‘trabajan’ como policía al servicio de la

Administración de Justicia.

112

Una redada que realizó el Grupo Operativo del CNP Sevilla-Centro

incautó placas-cartera, títulos y carnés de falsos funcionarios más infor-

mes y material de espionaje en la sede de INVESAN-EUROCOBROS.

Actuaban como delegación andaluza de ANPJI. Otro reportaje

del autor, ‘Impostores con placa’ (Cambio 16, nº 2.098, fechado el

19 de marzo 2012), desveló la trama andaluza de Arroyo.

Nadie sabe cómo y por qué estos usurpadores aún no están a

buen recaudo de una Justicia que, ante sus narices, observa impo-

tente cómo falsean emblemas y atropellan facultades. Estos vende-

dores de placas y ‘licencias’ falsas de detectives usan credenciales

idénticas a las de jueces, fi scales y policías.

Volvamos al extranjero para describir más pícaros militantes

del ‘detective plus’. En el país líder de Europa, Alemania, encontra-

mos a una singular detective-fi lóloga jubilada con la agencia en su

casa. La ubica en un pueblo perdido a orillas del Rhin. Para multi-

plicar su pensión, M. E. E. creó un ‘gratis total’ ingenioso.

Con su apellido, cuelga un portal que se oferta como ‘euro detec-

tives’. Además, modera un foro mundial de investigadores privados.

Desde esas atalayas en Internet ‘pesca’ casos o actúa de comisionis-

ta. El ocio lucrado de M. lo emplea pidiendo ayuda a afi liados de las

redes que controla para resolver casos, ¡qué casualidad!, siempre

humanitarios (búsquedas de menores, testigos, herederos, entrega

de documentos, localizaciones de morosos, etc.).

Para tales encargos raramente hay presupuesto o no se pagan

por quien los pide, un misterio sin resolver para el lila que pica el an-

zuelo. M., que se presenta en Internet como la Miss Marple germa-

na, continúa su ofi cio vendiendo un libro autoeditado de título How

to be a highly succesfi ul private investigator (‘Cómo convertirse en

113

investigador de éxito’) de apenas 180 páginas aunque reza como toda

una ‘Master Tesis’. En realidad es una obra de refrito sobre obvieda-

des operativas del detective cuyo índice ya tiene varias páginas.

El PI Museum californiano va sobre ruedas. Un espabilado lo

conduce allá donde le paguen o regalen.

Cruzando el Atlántico, tenemos al ‘detective plus’ californiano

B. H. Su historia es la de un investigador jubilado que se pasea por

Estados Unidos con una furgoneta vacía aunque rotulada de patroci-

nadores para llenar el ‘PI Museum’ (Museo del Investigador Privado).

El chiringuito está en un local suyo que así revaloriza en el cen-

tro de San Diego. Tras obtener material gratis para su museo en

congresos gremiales, policiales y sedes corporativas invita encima a

los donantes a hacerse miembros del ‘patronato’ del museo, pagan-

do hasta mil dólares de vellón a cambio de un título o carné con tal

‘privilegio’.

Este museo privado cobra, además, el acceso. Además, los in-

terminables viajes de B. se los cotizan patrocinadores ajenos al pa-

tronato que creó. El ‘gratis total’ de B. se redondea con palabras per-

114

suasivas y una estética barbuda canosa a lo Ernest Hemingway que

llena su furgoneta de cachivaches para su negocio-museo. Algunos

jubilados, en Alemania y USA, se la montan bien. No cabe duda.

El timo del macro-encargo es el guión de numerosas ‘agencias’

con sedes reales y fi cticias en Singapur, Delhi, Bombay, Calcuta,

Dubai y Qatar principalmente.

El modus operandi es proponer a detectives españoles, euro-

peos y norteamericanos sustantivos contratos para realizar informes

sobre empresas y particulares con negocios en la emergente Asia.

Para tramitar las ofertas les piden ‘pruebas’ de informes sobre

objetivos reales. A la postre son encargos en fi rme a estas agencias

asiáticas, regentadas generalmente por hindúes y pakistaníes.

El timo se ultima, como cabe imaginar, con la excusa de que la

‘prueba’ siempre es insufi ciente, adolece de errores, es muy cara o

se difumina con el silencio tras no contestarse llamadas telefónicas

o mensajes por Internet.

El detective engañado no tiene dónde reclamar. Su ‘cliente’ ya

ha cobrado el encargo y el que lo documentó no recibe ni unas mí-

seras ‘gracias’.

La variante ‘china’ del timo suele comenzar en ‘agencias’ esta-

blecidas en Hong Kong, Shangai o Beijing, nadie sabe si son reales o

virtuales. Es más de lo mismo.

Le cuentan al detective europeo o norteamericano que precisan

informes de clientes y proveedores para negocios de empresas de

otros continentes en el gigante asiático.

Antes del ‘súper encargo’ necesitan pruebas para contrastar la

profesionalidad y datos ofertados del detective víctima. Tras enviar-

115

se los informes y para el gratis total sólo resta el silencio o excusas

ya sabidas.

A los detectives plus de dentro y fuera de España que retrata-

mos en las líneas y páginas precedentes les viene al pelo un deseo

del imperecedero fi lósofo José Ortega y Gasset: “allá cada uno con

sus cadaunadas”.

f) Intentos ‘ingeniosos’

Para que el detective salga gratis total, no cueste nada o se sien-

ta subordinado al poder de tal modo que le cueste o ruborice cobrar

sus legítimos honorarios hay más técnicas que se quedan en el in-

tento, en el ‘por si cuela’.

En estos casos el detective, con la frialdad, neutralidad y dis-

tancia que deben caracterizar los primeros contactos con el poten-

cial cliente, sale airoso si se percata del invento fabricado por su in-

terlocutor en la agencia, consultante telefónico, por la red vía correo

electrónico o remitente de alguna misiva postal.

El autor, seguidamente, destacará algunos ejemplos que co-

noce, de primera mano, por vivirlos profesionalmente. Por razones

obvias, y muy lejos de su intención, sólo se escriben estas historias

porque quien lo intenta despliega más ingenio que cualquier mortal.

Para el buen investigador privado deben extraerse de estas

situaciones efectos pedagógicos con los que aprender. Y, de paso,

vacunarse. Los detectives no gestionan programas de benefi cen-

cia, carecen de subvenciones públicas, no tienen sueldo ni están en

plantilla de ningún organismo ni empresa.

La inmensa mayoría vive del esfuerzo personal, talento profe-

sional, mínimos recursos operativos y ubicua capacidad de improvi-

sación ante las adversidades que siempre halla.

116

En una ocasión se presentó en la agencia una pareja. Ambos ve-

nían de un pueblo de la España profunda pero nada tonta. Él ponía

cara de circunstancias, de estar afectado por un caso grave, durante

la entrevista con el detective.

Ella, estilizada, teñida de rubio su larga cabellera y vestida con

un chirriante uniforme de Protección Civil, alegó ser el portavoz del

hombre y relataba el caso de un niño ‘secuestrado’ que era hijo de

quien tenía al lado. Se vestía, se deslizaba la posible intervención

del detective como un asunto ‘ofi cial’ por el que sería recompensado

espléndidamente y condecorado por las autoridades.

El ‘secuestro’ del menor parecía un asunto de Estado en el pue-

blo de donde procedía la pareja. Las dudas del detective sobre la

pena y presunta ofi cialidad que se le otorgaba a aquella consulta

crecieron cuando les pidió copia de la denuncia por secuestro que

debería haber activado el padre de la criatura. No la llevaban. Tam-

poco, por los gestos faciales de complicidad que constató el detective

entre sus interlocutores, descartó que fueran pareja. Es decir, se es-

taba vendiendo un tema particular como ‘ofi cial’ de Protección Civil.

Las interrogantes crecieron cuando al fi nal los visitantes de la

agencia tuvieron que desembolsar una provisión de fondos para ini-

ciar el caso. Trabajito les costó. El ‘caso’ terminó bien. Pero la ver-

dad fue muy distinta de la historia que contaron inicialmente.

El padre del niño ‘secuestrado’ era en realidad un denunciado

por maltrato, posteriormente absuelto por los juzgados, que pug-

naba por la custodia del menor. La madre abandonó a su hijo en el

domicilio familiar y se fue a la capital para liberarse de localismos.

Regresó meses después al hogar y exigió, antes de irse de nuevo,

una pensión mensual para sustentar su libertad capitalina y ‘amoral’

vida disipada. El padre del menor al negarse fue provocado y agredió

117

a la que fuera su amada esposa. Le quitaron la custodia que realmen-

te ostentaba e ingresaron al hijo en un centro de menores.

La madre se desentendió del hijo hasta que lo reclamó del cen-

tro cuando sus juergas interminables concluyeron en una relación

de pareja con un empresario que la convirtió en amante, con casa,

coche y trabajo de ‘secretaria’ para todo. Negó el paradero de su hijo

al padre cuando salió del centro y el padre representó un ‘secuestro’

ante el detective junto a su nueva pareja.

El investigador no tardó ni cinco días en concretar el estado y

las historias de la madre del menor. Fue localizada gracias al ingenio

del investigador, menor que el de sus posteriores clientes intentan-

do esquivar la factura de sus honorarios. Hoy día el padre recuperó

a su hijo en el hogar tras años de pleitos. Fue absuelto de todos los

cargos como teórico maltratador.

Su pareja lleva tiempo, años, sin usar ‘ofi cialmente’ su unifor-

me como voluntaria de Protección Civil. Sólo resta una pregunta:

¿Lo vestirá más?

Situémonos en la década de los ochenta. Las Cajas de Ahorros

abrieron la veda para que gestores políticos decidieran sus destinos.

Ellos (los políticos), en pleno ‘rodillo’ de mayoría absoluta socialista

pensaron en el café ‘para todos’ del entramado corporativo que se

concibió en la época del presidente Felipe González.

Hicieron vicepresidente de una caja de ahorros española cuyas

únicas credenciales para el cargo fueron un cargo en el sindicato

prosocialista UGT. Al voluntarioso sujeto le fueron encomendadas

gestiones, entre otras elevadas misiones, sobre recuperación de ac-

tivos. Es decir, cobro de morosos o resucitar activos.

Sus primeras pesquisas en el cargo le llevaron a ser asesorado

para gestionar, con expertos ajenos a esa caja que vicepresidía, sus

118

misiones corporativas. Entonces ejerció el cargo para, de un lado,

colgarse una medalla.

De otro, que no le costara un céntimo a la caja para ponerlo

en valor sobre su valía ante el resto de consejeros y directivos de

la entidad. El individuo quería pisar fuerte en su recién estrenado

cargo. Debe añadirse que el buen hombre necesitaba resolver un

importante impago millonario en los actuales euros a la caja que

protagonizaba una persona de la que apenas se sabía su paradero.

Sólo constaba que pululaba por la provincia de Cádiz y que su

residencia estaba en un lugar que empezaba por ‘Chi…’. Al detective

se le puso este enigma a resolver a cambio de investigar la cartera de

impagados de la caja.

La tajada resolvería la óptima facturación de la agencia durante

años. El vicepresidente de la caja daba a entender en la entrevis-

ta con el detective que si este tema salía bien él apoyaría encargos

sustantivos. Esa era la aduana. La ‘prueba’ consistía en localizar al

moroso millonario en deudas a la caja.

Pues bien, por ‘Chi’ en la provincia gaditana sólo existían dos

localidades: Chipiona y Chiclana. La paciencia del detective se des-

bordó en sendos pueblos porque nadie sabía del sujeto por localizar

en persona y bienes.

Un dato ‘extra’ por fuente muy discreta condujo al detective a

identifi car una fi nca, La Chicharra, en el término de Algeciras. Allí

vivía plácidamente el moroso. Allí tenía todo su patrimonio en explo-

taciones agroganaderas que funcionaban en la economía sumergida.

El informe del detective fue documentado con evidencias gráfi -

cas, documentales, de cifras de negocio, subvenciones, etc. Feliz por

los hallazgos y aquel mandato de ‘misión cumplida’, se presentó el

119

detective semanas después de recibir el encargo del vicepresidente

de la caja.

El cargo no se contagió de la felicidad profesional del sabueso.

Lo despachó con formalismos y sonrisa, artifi cial, de azafata de ae-

rolínea o de recepcionista de hotel. Pasaron las semanas, los meses,

y el detective jamás tuvo llamada, ni encargos del directivo.

Ofi ciosamente, se enteró de que ‘se puso las medallas’ corres-

pondientes en un consejo directivo y hasta pasó un cargo por unos

informes que no pagó la caja ni a él le costaron nada. El quedar bien

a este hombre lo fue sobre el esfuerzo ajeno, quizá la profesionali-

dad y legítimo trabajo de un detective que nunca cobró. Se lo pro-

metieron para que un desalmado quedara bien donde no sabe por

qué entró a ‘trabajar’.

Una mañana llama al detective la voz telefónica de un joven que

no alcanzaba los treinta años. Se presentó al otro lado del hilo tele-

fónico como ‘asistente’ del coronel Martínez, por apellidar de alguna

forma a un jefe de la Benemérita destinado en el levante español.

Refi rió, el del tricornio, que le habían recomendado los ser-

vicios del detective en el juzgado. Además, por aquello de halagar

el ego y obtener mayor receptividad, añadió que le habían hablado

muy bien del detective que tenía al oído con su voz.

Le agradeció el gesto tan conmovido investigador que, en otros

tiempos, estaría saludando y fi rme ante tan ilustre autoridad. La

historia que relató el uniformado mezclaba lo público y lo privado

dando a entender que, si el tema salía bien, el detective sería ‘reco-

mendado’ ofi cialmente y hasta propuesto ‘para medalla’, argumen-

tos que sin duda calan en un número de la guardia civil o un deva-

luado soplón.

120

Su relato situaba a su hija como madre de un bebé que cus-

todiaba cerca de Marruecos. Ella y su pareja, un vecino de Nador,

vivían en un barrio ‘indecente, indigno y cochambroso’ (según el

coronel) de Melilla.

La misión del detective era acreditar que en la vivienda donde

vivía su amor ‘libertino e inmoral’ (repetía el cabreado coronel) la

pareja carecía de toda condición de habitabilidad, era cochambrosa

e insalubre.

Remató el coronel sobre el perfi l ‘del individuo’ que ofi ciaba

como pareja de su hija que era un ‘trafi cante’, con antecedentes,

maltratador, vago, integrista y con adicciones ‘al porro’ y la coca. El

hombre, según su ‘suegro’ era una prenda.

El coronel, por ello, exigía el concurso del detective para hacer

un informe. Ofertaba casa y comida gratis en el cuartel de Melilla,

la ayuda-escolta de un guardia civil de Melilla que conocía el paño,

llamado Tarik.

Cuando el detective le pidió dinero para gastos del avión o bar-

co hasta Melilla y una simbólica provisión de fondos para iniciar el

asunto, el coronel aseguró con imperio: “no hay problema”. Prome-

tió pagar al término del informe.

El asunto jamás se hizo, el coronel no pagó nada. Encima, se

sintió ofendido. Se quedó sin informe. Terminó su perorata pregun-

tándose ¿pero ustedes (los detectives) no sois funcionarios? ¿No os

pagan las dietas en la ‘Dirección’ (de Guardia Civil, Policía o vaya

usted a saber)?

El detective fue escueto en su respuesta: “No, señor, nosotros

somos profesionales libres, sin nómina o jefes como usted cree que

lo es de este modesto investigador privado”.

121

Cuando el detective colgó el cabreo que, sin duda, tendría un

simple funcionario que seguramente mira a sus coetáneos por en-

cima de sus hombros y por debajo de sus estrellas pensó en aquella

verdad del inolvidable Antonio Machado: “sólo los necios confun-

den valor con precio”.

Se desconoce si la hija (imaginamos a la famosa Ligia Elena,

que centra una famosa canción de Rubén Blades) del coronel sigue

en su amor norteafricano con ‘su trompetista’… viviendo felices.

Esta consulta al detective de un ecuatoriano desde Guayaquil

es por correo electrónico. Como divorciado de una ‘mala mujer’

(empezamos bien, neutrales y adjetivando) interesaba localizar el

paradero de su hijo en las afueras de Madrid.

La dama tenía, cómo no, una vida libertina; merodeaba el deli-

to con narcos y bandas latinas; además, según el anónimo comuni-

cante, se prostituía en jolgorios salseros.

El detective, cuando lee tantas cosas seguidas de gente tan

mala, malísima, sin aportarse ninguna evidencia, suele subir alertas

que garanticen su neutralidad.

La propuesta del guayaco, si era verdad que residía en la ca-

pital económica del Ecuador, era que el detective trabajase gratis a

cambio de miles de dólares que le lloverían en su cuenta bancaria

desde el país hermano. Además, para ‘convencer’ al investigador, el

desesperado padre añadió que le regalaría un viaje hasta Guayaquil

con alojamiento en el lujoso Grand Hotel que linda con la catedral y

‘Plaza de las Iguanas’.

En el viaje sería recibido como héroe y conferenciante en una

universidad donde, según el comunicante, era profesor. Le entre-

vistaría la prensa local y sería condecorado por el gobernador del

Guayas, región cuya capital es Guayaquil.

122

El detective, ante tanto honor, estaba desbordado. Su comuni-

cante decía, además, que era el presidente de una colectivo de divor-

ciados ecuatorianos alejados de sus hijos.

Por supuesto, de aquel supuesto ente sería nombrado ‘socio de

honor’ y ‘asesor internacional’. La película que rodaba aquel guaya-

co tenía fl ojo el guión.

Cuando el detective, como siempre y por mínima prueba de

compromiso del cliente, exigió mínima suma para que no le cuesten

los gastos se terminó la búsqueda de un menor que nunca empezó.

El ecuatoriano se sumió en el silencio. No coló tanto pago de

minuta a posteriori sin dar el mínimo paso ‘para despistar’. Así son

algunos ‘casos’ que no se investigan.

En las intentonas del ‘gratis total’ hay también numerosos em-

presarios, abogados, directivos y ricachones que se creen impunes,

y piensan que el resto de la humanidad es tonta. A la postre, siguen

las mismas técnicas. Idénticas pautas.

En ciertos bufetes, cuando se trata de que salga algún tema gra-

tis, se cita al detective y se le convoca en una sala llena de carpetas y

archivadores con incontables demandas.

Se le plantea al detective que quieren cambiar de ‘agencia’ ale-

gando haber tenido supuestos problemas operativos (los letrados

son afi cionados a incontables buenas palabras que evitan, mero-

dean y esquivan la gráfi ca ‘chapuza’) y de pésimos resultados.

Como el interviniente, al tener estudiada su escenografía, se

muestra relativista sobre la nueva ‘agencia’ con la que colaborar y

‘ganar mucho dinero’ ambas partes pide un par de asuntos ‘a prue-

ba’ que no se cobrarán por el detective y servirán para evaluar la

profesionalidad de la ‘nueva agencia’. Sólo los investigadores más

‘listos’ pican con este clásico timo.

123

El letrado que ‘encarga’ desaparece cuando llegan los informes

‘gratis’. El bufete ahorra miles de euros en detectives prometiendo

encargar lo que jamás pensaron pagar. Estas prácticas de tanta ca-

radura las repiten entidades fi nancieras buscando deudores, asegu-

radoras atenazadas por el fraude, mutuas con afi liados absentistas,

empresarios sobrepasados de impagos o empleados infi eles.

Aunque son minoría los espabilados de turno invocan un gran nú-

mero de asuntos exigiendo los primeros encargos ‘a prueba’ y gratis.

Desde USA, Canadá, Australia y casi toda Europa llegan las

mismas propuestas a los detectives españoles y el autor fue víctima

de alguno muchos años atrás. Sólo los que se creen más ‘cosmo-

politas’ profesionalmente hablando pican con el timo porque no se

actualizan en foros, chats y asociaciones donde son perfectamente

conocidos estos jetas más allá de nuestras fronteras. Spain is not

different con estos personajes.

Proliferan en cualquier continente. Hay demasiados investiga-

dores que corroboran que el primer caso para investigar es al propio

cliente. Algunos nunca pensaron pagar por la legítima investigación

privada. De no olfatear el timo que se le avecina, al detective se le

nubla su presente.

CASOS REALES

Seguidamente se expondrán relatos sobre asuntos investigados

por el autor y compañeros que se los refi rieron. Están debidamente

disfrazados en identidades y lugares que regalan historias en las que

el lector se dará de bruces con una realidad que parece increíble.

Estas narraciones refl ejan crudas situaciones de cómo se ataca

o esconde al detective de la forma más miserable y desconsiderada.

124

Exclusivamente, la denuncia que enfrenta aún a dos Claudios

(Caso Bahía 2-Odyssey) en los tribunales, así como la disputa por

una marca de las cerveceras Alhambra y Heineken España (El nin-

guneo pleno), ampliamente recogidos en la red y por los medios in-

sertan nombres y lugares reales.

Los demás capítulos, y con el exclusivo ánimo de no herir sen-

sibilidades o cuestionar honras, se refi eren a personas y lugares dis-

tintos a los que la realidad reserva a un detective invisible, negado y

atacado por trabajar lo mejor posible.

Esta sería la única explicación a tanto desvarío con que se distin-

gue al detective que persigue verdades a las que se les cierra la puerta.

Pero éstas acaban entrando por muchas, demasiadas, ventanas.

a) Jueza anti-detective

María Flores Laguardia fue una brillante estudiante de bachi-

llerato en Soria hasta que intensas vivencias en la Facultad de Dere-

cho de la Complutense transformaron su vida. Tuvo varios ‘novios’

–clásicos- y parejas –cuando modernizó su conducta-. Tras superar

la licenciatura con buena nota, decidió hacerse jueza.

Superar las oposiciones para acceder a la judicatura no le privó

a María de divertirse, emborracharse de viernes a lunes y no pagar

la renta del piso que alquiló y subarrendaba a sus compañeras.

La plaza de jueza, al fi nal, le esperó impaciente. Meses antes de

vestir la toga y lucir puñetas, fue investigada por un detective que

contrató la dueña del piso que alquiló y no pagó durante años.

Su insolvencia la convirtió en ‘rebelde’ en el juzgado y la de-

mandante, su casera, no pudo cobrar nada. El detective hizo el favor

a la dueña del piso localizando a los padres de la jueza.

125

Una copia de su informe detallando el subarriendo, molestas

juergas nocturnas sin fi n y algunas opiniones de vecinos hartos de

la vida disipada de tal dama fue remitida por la dueña del piso a los

progenitores de la juzgadora.

Estaba desesperada por no haber cobrado nada invirtiendo al

mismo tiempo muchos euros en abogado, procurador y un detective

que agrandaron la deuda. La carta llegó hasta una casa de una Cas-

tilla profunda. Causó gran disgusto para unos jubilados que jamás

sospecharon de la ‘doble vida’ de una hija por la que sólo sentían

legítimo orgullo de juzgar a los demás sin que a ella la hubiesen juz-

gado jamás.

Ningún magistrado debe tener prejuicios contra el/la justiciable.

Una jueza anti-detective deshonra la toga y su papel social

La ya jueza se cabreó mucho por la iniciativa de su antigua ca-

sera. Mentalmente se juraría venganza contra ella y el jodido sabue-

so que desveló sus ocultas fechorías. Pero esta buena señora estaba

en su derecho por aquel intento de cobranza.

Años después, ya ‘su señoría’ e ilustrísima señora María Flores

126

alcanzó el grado de magistrada. Logró titularidad en un juzgado de

primera instancia de Almería.

Hasta allí llegó una demanda de nulidad civil matrimonial que

instaba una dama, tan desesperada como la antigua casera de la

juzgadora. Matrimonió la demandante, tras corto noviazgo, con un

‘compi’ de gimnasio: los dos tenían un excelente aspecto físico atlé-

tico. Convivieron unas semanas y la relación se apasionó.

Velada por el amor, la dama demandante se casó en un juzgado

sin público ni celebración. Ambos eran cincuentones, él divorciado

con hijos y -¬según decía– tenía practicada una vasectomía.

Pero, a las pocas semanas de contraer matrimonio, sólo le pide

el marido a su esposa posturas sodomitas para practicar el sexo.

Ella, además, descubre en un armario del baño que compartían

lubricantes, relajantes musculares y preservativos. También su ma-

rido recibía extrañas llamadas y saludos en la calle de hombres, con

y sin pluma gay.

El único testigo del pleito por nulidad matrimonial era un de-

tective que habló con antiguos compañeros y parejas femeninas del

marido y demandado de nulidad matrimonial civil.

Obviamente, la atribuida homosexualidad es una opción libre

de hombres y mujeres que difícilmente es comprobable por un de-

tective. No es de recibo pensar que están, como en algunas fi cciones,

debajo de la cama certifi cando con la vela que así alumbran el sexo.

Se vulnerarían además intocables intimidades si se traspasasen de-

terminadas líneas.

La sentencia de la ‘Ilustrísima’ jueza fue un exagerado monó-

logo escrito anti-detective de los que hacen afi ción. Acusó al inves-

tigador de los peores pecados profesionales en varios folios lo que

127

acredita que el papel es sufrido y que algunos juzgadores no son

ecuánimes el cien por cien de las veces que deciden sobre confl ictos.

No era normal aquella sentencia a tenor de sentencias de temá-

tica idéntica en nulidad de contratos. El matrimonial, al cabo, es un

contrato civil de obligado cumplimiento para las partes que lo sus-

criben. Además, la jueza invitó al marido a demandar o denunciar al

investigador por injuriador.

En el Informe, no obstante, el detective no insinúa nada sexual.

Se limita a transcribir relatos de damas y caballeros que lo retratan

como un caradura y moroso de deudas de toda clase.

La atípica jueza vio su refl ejo en el demandado y en el detective

que años atrás la investigó patrocinado por su antigua casera. El pa-

sado que arrastraba la ‘jurista’ era incompatible con ese personaje

reinventado que dictaba a los demás lo que ella incumplió y bajo

ningún concepto nadie debería saber.

Fue tanto el desvarío de esta jueza que invitó descaradamente

en su sentencia a proceder judicialmente por injurias graves contra

el detective al que fuera marido de una inocente dama que de saber

la ‘doble vida’ de su pareja jamás se hubiera casado.

El hombre, un codicioso individuo, tardó meses en intentar ob-

tener una desorbitada indemnización gracias a un bufete que prac-

tica ‘cuota litis’ (si no ganamos, no se paga nada; si ganamos cobra-

mos un porcentaje, importado del ‘no win, no fee’ anglosajón).

El detective, acostumbrado a superar adversidades con inge-

nio, aprovechó una llamada extorsionadora del bufete para grabarla

y ponerla a disposición de un juez que, con más sentido común que

la juzgadora anti-detective, archivó las pretensiones chantajistas de

un posible homosexual obsesionado con casarse con un bellezón fe-

menino mientras vivan sus padres por aquello del qué dirán.

128

Este sujeto no sabe que los armarios llevan abiertos muchos años

y que las cerraduras de estos ya no tienen llaves o están al alcance de

cualquiera. También obvia que la diversidad sexual es algo acepta-

do por los españoles, que mayoritariamente respaldan que se casen

personas del mismo sexo. Son realidades que algunos entienden en

exclusivo benefi cio propio o conveniencia particular. Sobran más co-

mentarios por aquello de no caer en lo ‘políticamente incorrecto’.

Ningún detective, por último, niega la diversidad que atesora

nuestra sociedad. Lo constata a diario con clientes, contactos, obje-

tivos y proveedores. Pero chirría que una persona con poder ajuste

cuentas por heridas del pasado a un inocente que lo único que inten-

ta es trasmitir verdades a quienes se lo piden.

b) Joyero atracado y ‘ladrón’

Manuel Pellicer Solís es un valenciano que, décadas atrás, acu-

dió un verano a la Costa del Sol para ganarse unos duros como ca-

marero de hotel.

Con 19 años, se comía el mundo. Aquel verano le fue todo muy

bien. Ligó con unas turistas, conoció a una chica que después sería

su esposa y echó raíces en Mijas-Costa. Allí montó un bar que se

quedó pequeño para sus aspiraciones. Lo traspasó y, con menos de

30 años, montó una joyería. Merodeó el éxito.

La joyería de ‘Pellicer’ fue ‘atracada’ en la casa de su dueño.

129

El olfato de negocio de Pellicer husmeó tajada. Hizo una clien-

tela que se multiplicaba por días gracias a vender más barato que

sus competidores. El pequeño margen hacía su negocio más atrac-

tivo y con precios más bajos. Plantó una red de joyerías en toda la

costa, ubicándose fundamentalmente en centros comerciales.

Piezas pequeñas de plata, medallones y grandes anillos de oro

macizo eran sus ganchos ante jóvenes que lucían poderío. Entre los

compradores había ‘blanqueo’ de dinero con oscuros orígenes. La

cadena de Pellicer llamó la atención de aluniceros. Le ‘reventaron’

dos locales.

La adversidad le hizo blindar todas sus joyerías con más medi-

das de seguridad. Posteriormente, construyó en su inmensa man-

sión a las afueras de Mijas un búnker en la parte alta de la casa,

donde estaban los dormitorios. Este domicilio, además, vivía todo

el clan familiar: sus tres hijos pequeños, la esposa, la cuñada, los

padres de Pellicer y la madre de su esposa, tres abuelos adorables.

La casa de Pellicer estaba llena de vida, pero también fue visi-

tada por gente ‘extraña’ equivocándose, haciendo preguntas raras.

La cosa pintaba mal. Dotó el inmueble y zona ajardinada de alarmas

perimétricas de alta sensibilidad, las conectó a una central y adqui-

rió armas que depositó en el búnker por si fueran precisas.

Uno de los revisores de la alarma de Pellicer fue un viernes por

la mañana a su casa. Inspeccionó los sensores, cableado, conexio-

nes, etc. La madre de Pellicer, amablemente, le invitó a un refresco.

Aquella confi anza le hizo comentarle que aquella tarde se ausenta-

rían de Mijas con destino a Valencia en avión para regresar al lunes

siguiente. Iría toda la familia. La casa, pues, se quedaría vacía.

El empleado se lo comentó a su jefe inocentemente. Al parecer, la in-

usual noticia de la ausencia colectiva era algo esperado por indeseables.

130

La noche del sábado, Pellicer recibe en su móvil varias alarmas

de intrusiones en su casa. Llama ipso facto a la central y le dicen que

son falsas. Un motorista, tras desplazarse a la casa de Pellicer, con-

fi rma que un gato se saltó al jardín y activó los sensores.

Pellicer, a cientos de kilómetros de su casa y en plenas fi estas de

su pueblo natal, se quedó intranquilo pero confi ado.

Al regresar a su casa con la familia el panorama era desolador.

La casa parecía arrasada por el mismísimo Atila. Al búnker los la-

drones no accedieron pero destrozaron el blindaje de la puerta.

Dos horas después, Pellicer y familiares ordenan la casa y lla-

man a la policía, que acude rápido. Le piden que vaya a comisaría

con una lista de lo que le han robado los ladrones.

Al día siguiente, Pellicer acude con la lista que le solicitaron.

Mayormente eran aparatos electrónicos y efectos personales de es-

caso valor. El mismo Pellicer valoró lo sustraído en más de 3.000

euros. Más costaba reparar la puerta blindada del búnker, la de la

cocina y unos cristales fracturados.

Cuando abandonó la comisaría, Pellicer olía algo raro. Siempre

hay alguien en su casa y para una vez que falta unos días tras años

sin vacaciones le revientan la casa. Aquella incógnita le perseguía.

Dos días después de formalizar la denuncia, se presentan en la

casa de Pellicer dos inspectores de policía con una orden de deten-

ción. Se queda frío. No se lo explica.

– ¿Qué pasa? –inquiere–. ¿En vez de apresar a los ladrones

me detienen a mí? –Pregunta con rabia–.

Acepta ir a comisaría. Una vez allí le indican que es sospechoso

de simulación de delito e intento de estafa al seguro.

131

Pellicer alucina. Piensa que el mundo está al revés. Asume la

papeleta. Llama a un abogado que le recomienda declarar la verdad.

No tiene nada que ver con tan disparatados cargos.

La declaración cae en manos del comisario, que llega indignado

ante Pellicer.

– ¿Pero dónde crees que estás? –le pregunta–.

Aquel policía, con mala pinta aunque investido de poder, le

pregunta más cosas que sus subordinados. Entre ellas, reitera la

ubicación de la ‘caja fuerte’ de Pellicer y sus joyerías.

Pellicer sigue alucinando:

– ¿Qué caja fuerte?…

Aclara que no tiene ninguna en la casa, ni siquiera dentro del búnker.

Aquella vehemencia le hace sospechar aún más a Pellicer de

aquellos policías. Se preguntaba si se había metido en un feo asunto

en el que nada tenía que ver.

Pasaron los días, semanas, y la humillación de verse detenido

y acusado quedó en la mente de Pellicer. Tipo frío con refl ejos sabía

que tendría su momento.

Contrata a un detective para averiguar quién robó en su casa. El

hilo comenzaba en el empleado de la central de alarmas que supo de

la ausencia familiar. Eran las únicas piezas del rompecabezas para

el sabueso.

El detective, pocas semanas después del robo a Pellicer, foto-

grafi ó un poste de telefonía donde aún se veían seccionados hilos

que desconectaron la alarma.

Cámaras interiores visualizaron a tipos fornidos que accedie-

ron con paraguas a la casa de Pellicer; abriéndolos y cubriéndoles la

cabeza esquivaban identidades ante cámaras y alarmas. Los delin-

132

cuentes estaban perfectamente adiestrados para reventar domici-

lios. La machota con la que intentaron partir el blindaje de la puerta

del búnker no fue sufi ciente.

A los pocos minutos de iniciarse el robo desecharon la parte

alta de la casa y se dedicaron a ‘amortizar’ el robo con el menudeo

que encontraron.

En la central de alarmas el inspector fue interrogado por el

detective bajo excusa de ser inspector de siniestros del seguro. El

individuo estaba nervioso y se remitía a su jefe, a quien le confi ó

la indiscreción que verbalizó la madre de Pellicer al anunciarle la

ausencia de la familia.

El nerviosismo en esa empresa era palpable. El jefe del revisor

negó toda colaboración al detective, quien averiguó que era íntimo

de algunos policías que tramitaron la ‘denuncia’ contra Pellicer.

Un soplo solvente al detective fue la guinda del informe. Sos-

pechando que Pellicer albergara una caja fuerte donde atesorara

millones de euros en billetes de sus joyerías se creyó que la tendría

dentro del búnker. Pero era todo incierto. Pellicer no tenía caja fuer-

te. Guardaba sus dineros en el garaje de su casa, dentro de una caja

de herramientas.

El robo fue encargado por unos policías corruptos a unos exmi-

litares albano-kosovares que, al ver que el búnker les resultó inex-

pugnable, aligeraron el tema arrasando lo que tuvieran a mano. El

dato les venía de la central de alarmas. Los albano-kosovares irían

a medias con el botín. Pero no lo hubo.

El informe de detective se aportó al juzgado aunque se cuidó

el investigador de nombrar a los sospechosos. La historia criminal

carecía de nombres y apellidos.

133

Una copia del informe se remitió a un despacho de la división

policial de ‘asuntos internos’. Jamás se obtuvo respuesta.

El juzgado, mientras, archivó las increíbles diligencias policia-

les que calumniaban a Pellicer. Su aseguradora le repuso lo robado

y pagó las reparaciones.

Años después, una noticia en un periódico costasoleño de esca-

sa circulación recogía un teletipo de agencia: “El inspector del Gru-

po de Atracos acusado de organizar robos acepta una pena de dos

años de cárcel a cambio de no ingresar en prisión”.

Al corrupto le denunciaron unos compinches narcos. La Policía

se libró del garbanzo negro. El informe del detective no valió de mu-

cho. Sus verdades no interesaron indagarlas.

c) Defraudadora ‘lista’

Angustias Moreno Narváez rozaba los sesenta y era divorciada.

Se casó muy joven con un apuesto capitán de Infantería que, según

ella, le maltrataba. Logró quedarse en un piso para militares y una

pensión vitalicia. Cuando su único hijo creció, decidió hacerse abo-

gado. El hombre era cortito pero voluntarioso.

Angus, como la conocían sus vecinas y amigas de toda la vida,

era avariciosa y rácana. Pero le gustaba vivir bien. Cuando disfruta-

ba de su divorcio eligiendo hombres les sacaba tajada.

El tiempo libre lo aprovechaba vendiendo seguros. Aquel gana-

pán le puso en contacto con tramitadores de siniestros, otros comer-

ciales, ejecutivos e inspectores de la compañía con la que colaboraba.

Ese conocimiento le llevó a desarrollar una ‘doble vida’ en la

que era experta para engañar al seguro en falsos accidentes. Tenía

134

desviada una vértebra que era platino en radiografías para convertir

‘partes’ de accidentes e informes forenses. Su especialidad era lite-

ralmente tirarse contra vehículos que arrancaban tras lucir verde el

semáforo para los conductores.

Angus vestía bien y representaba su fructífera comedia con

maestría. Se tiraba al coche y después se revolcaba de dolor por el

asfalto. El conductor de turno no salía de su asombro creyéndose

culpable. La llevaba al hospital y ahí comenzaba el ‘negocio’ de esta

dama impresentable. Después, era cosa de acumular bajas, infor-

mes médicos o actualizar los que ya tenía.

Una aseguradora contrata entonces a un detective para inves-

tigar a Angus. Se aproximaba un juicio y quería constatar si traba-

jaba como vendedora de seguros y si había ‘algo’ raro’ en torno a su

persona.

El detective hizo un corto informe negativo en cuanto al trabajo

de Angus. Fue aleccionada por su letrado para que no se comprome-

tiera vendiendo pólizas semanas antes de la vista judicial. No obs-

tante, el detective descubrió el proceder de Angus en otras asegura-

doras en expedientes de años atrás.

Ya en el juicio, el detective informó al magistrado que Angus no

trabajaba aunque las comisiones se las apuntaba su hijo, estudiante

de Derecho y sin trabajo conocido. Aunque el detective detalló los

antecedentes de la defraudadora, el juzgador no los tuvo en cuenta

considerándolo ajenos al pleito.

Pero Angus montó en cólera y, al verse descubierta por aquel

personaje tan revelador, fi ngió un desmayo.

Días después, para parar el golpe que pudiera venirle, denunció

que había sido amenazada por el detective para elaborar su informe.

También denunció a su propio abogado porque convino con el de

135

la aseguradora el pleito para que ella cobrara lo mínimo. En la de-

nuncia aportó una foto que obtuvo en Internet de los dos letrados

cenando juntos en la celebración del aniversario de su promoción.

Con la instantánea pretendía acreditar que al ser amigos y compa-

ñeros el enjuague parecía normal.

La denuncia adquirió cuerpo en los juzgados. Parecía verosímil

porque añadió sobre el detective que habló con una vecina a la que

le sacó un carné de inspector de Trabajo. Y la vecina ratifi có que

el investigador lucía bigote, usaba gafas graduadas y era regordete,

algo ajeno a la realidad. La fantasía estaba a pleno rendimiento.

Diligencias policiales inmediatas citaron al detective en la co-

misaría de los juzgados advirtiéndole que debería llevar copia del

informe. El original lo obtuvieron en la aseguradora horas antes.

Un duro interrogatorio no llevó a nada. La mentira no tenía

rendija por donde colarse. Otro interrogatorio más duro tuvo lu-

gar delante de un magistrado. Le pidió disculpas al detective por el

tiempo que Angus hacía perder a todos.

En la aseguradora se decidió fi niquitar la colaboración del de-

tective. Sencillamente dejaron de encargarle decenas de temas al

mes sin explicación ofi cial alguna. Angus y sus mentiras les causó

mala imagen. Despidieron al abogado que no tuvo ni culpa ni trato

de favor con el de Angus. El detective tuvo que despedir a ocho cola-

boradores, malvender seis autos y otros tantos ordenadores.

El detective denunció a Angus por falsa imputación cuando se

archivó su causa, pero meses después recibió una carta de la fi scalía

archivando esa denuncia. La fi rmaba un tipo que ahora defi ende a

los delincuentes de la peor especie tras lograr una excedencia que

giró la puerta rotatoria de las incompatibilidades.

136

Nadie jamás pidió perdón ni ha dado las gracias a un detecti-

ve por sus colaboraciones con la aseguradora. Angus seguirá en lo

suyo. Y aquí no ha pasado nada. ¿Son gajes del ofi cio?

d) Maltratador contrata ‘a la carta’

Fernando Pueyes Pantrigo es una bola de sebo con patas. De-

vorar hamburguesas grasientas, pasteles cremosos, churrascos cru-

dos y beber vinos y licores hasta el delirio es normal para su dieta

cotidiana. Incluye practicar el sexo humillando a su pareja a la que

regala algo, si se porta bien. Fernando es muy inteligente también.

Devorador también de libros y fórmulas obtuvo el doctorado en

farmacia con 25 años, pongamos que en alguna universidad madrile-

ña. El cum laude lo oyó siendo plantilla de un departamento univer-

sitario donde poco después obtuvo plaza de las que ofi cialmente pre-

cisan concurso público de méritos pero salen con nombre y apellidos.

Con ahorros y privaciones, modernizó la farmacia familiar de

la que acabó siendo titular sin rechistarle nadie en su entorno. Se

comportaba como un primogénito o heredero poco humilde.

No sabía cuánto ganaba al mes, pero su racanería codiciosa

sólo alcanzaba para contar posiciones en plazos, fondos, letras del

Tesoro y releer las escrituras que atesoraba en un despacho. Cada

pocos minutos visionaba en Internet cómo iban sus cuentas.

Los números rojos por pagos le daban dolor de estómago los

primeros días de cada mes. Pueyes era alérgico a pagar, era adicto a

cobrar compulsivamente.

Además, Fernando estaba atento a todas las ayudas y subven-

ciones para crear empresas ‘gratis total’ con contratos a priori en

la propia universidad donde trabajaba. Esas empresas las llenaba,

137

don Fernando, de becarios y doctorandos a los que jamás contrata-

ba aunque lo prometía una y otra vez.

Esas empresas y laboratorios los visitaba a diario por las tardes.

Pedía más producción, extras horarios y de vez en cuando confra-

ternizaba invitando a cafés y copas al anochecer. Con las chicas era

especialmente atento, todas esperaban contrato, todas eran ‘exa-

lumnas’ fi ltradas por ojos malvados de depravado sexual. Algunas

pasaron por su cama.

Fernando se divorció y tenía dos hijos mayores. Aunque eran

su debilidad de padre, los mantenía a raya cuando pedían una moto,

un coche o unas vacaciones en Ibiza…

Su ex fue muy discreta en cuanto a las humillaciones que su-

frió por parte de Fernando. Se basaba aquel silencio en la ‘generosa’

pensión que recibía para ella y sus hijos.

Además, tenía empleo como adjunta en la farmacia de Fernan-

do. Elena Leal Mendizábal aún sentía asco del padre de sus hijos.

Aunque mantenía el tipo ante todos se repetía una frase que su ma-

dre le dijo: “Besarás manos que quisieras ver cortadas…”

Fernando, con ese panorama, se consideraba un triunfador. Su

obesidad quería aplacarla andando por una avenida arbolada una

hora al día, pero no lo conseguía. Sabía que su físico era un obstácu-

lo para llevarse nuevas alumnas, becarias y doctorandos a la cama.

La barriga creciente no paraba de deformar su morfología sebosa.

Una dama-diez, simpática, inteligente, bella donde las haya

y ocurrente se cruzó en la vida Fernando. Se enamoró del intelec-

to científi co, del profesor-doctor-boticario-empresario. Eso fue al

principio, repetían sus amigas.

138

Después, todo era interés, dinero, joyas, ropa de marca y una

casa de ensueño. Era una caraqueña que apuntaba alto. Demasiado

elevado ponía el listón la sudamericana.

Liliana Vázques Urdaneta, la doctorando venezolana, huía de

Hugo Chávez hacia esa España europea y acogedora que muchos

latinos ven en la piel de toro.

Fernando fue su diana. Rápidamente se quedó embarazada y

más rápido se hizo dueña de la casa que compró su ‘maestro’, como

ella repetía a quienes les visitaban en tan dulce hogar al que acom-

pañaba el sinuoso hablar de Liliana.

El retoño de Liliana vino al mundo con la residencia en España

legalizada de su madre. Fernando, desde que regresó a la paterni-

dad en edad madura, era otra persona. Sus hijos mayores se sintie-

ron celosos del bebé.

Liliana, de su parte, conocía que tenía un papel secundario en

la familia. Al tiempo recibía insultos, descalifi caciones y desengaños

de Fernando en la intimidad del hogar. Todo era metabolizado por

una foránea que aguantaba lo que fuera por aquello de la supervi-

vencia en un país alejado del que le vio nacer.

El desamor lógico se transformó en una pesadilla para la vene-

zolana hasta que una noche fue brutalmente agredida no sólo con

palabras por el gordinfl ón. Al día siguiente ella no le denunció por-

que restaba liquidar su empleo en la empresa de Fernando. Ella era

Directora Técnica del laboratorio tras concluir el doctorado.

Liliana ideó una venganza para resolver su vida, harta del tipo

que la hizo madre. Extrajo de un ordenador información sensible

de la empresa y se llevó una torre con el disco duro a su coche. Fer-

nando fue avisado de la maniobra y rápido se personó para pedirle

explicaciones, rogándole devolviera lo que se había llevado.

139

La prepotencia del sujeto le traiciona y apalea a la venezolana

a la que causa sólo leves lesiones. Horas después, Fernando es de-

tenido por presunto delito de la violencia de género. Declara que

fue provocado por la que fuera su empleada y pareja y que, además,

sustrajo material que no le pertenecía.

Muy distinta fue la historia que cuenta al detective que contrata

para defenderse de una acusación que podía conducirle a la cárcel

y ya le había alejado judicialmente de su hijo pequeño y del hogar

con Liliana.

El detective elabora un informe que hace énfasis en la estrata-

gema de Liliana para, probablemente, chantajear a Fernando. La

excusa serían pésimas relaciones de pareja.

El detective es citado por Fernando para reelaborar el informe

introduciendo testigos falsos (empleados de otras empresas de Fer-

nando), datos inexactos y rumores sin confi rmar. El buen hombre

pretendía un penoso apaño que olía fatal.

El avaro y miserable Fernando aparece ante el detective inves-

tido de prepotencia infantil: ¡Pues entonces no te pago! Esa fue su

única razón para intentar ‘comprar’ al detective, tras adelantarle

una ínfi ma parte de la minuta concertada bajo contrato.

El investigador esperó unos días confi ando que el tema se re-

solvería cuando aquel energúmeno entrara en razón. No fue así.

Un abogado que decía representar a Fernando le pidió lo mismo:

falsear el informe para ‘defender’ al maltratador. El detective respon-

de, harto del sinvergüenza que tenía por cliente, que iría al juzgado

para relatar aquellas amenazas que intentaban faltar a la verdad.

Fernando, muy a su pesar, pagó hasta el último céntimo. No

quería perder su libertad. Ni quería dejar de abusar, o intentarlo, de

quien le rodeara.

Sigue este sujeto tan particular coleccionando empresas, escri-

turas y amantes abusando de su cargo y forzando su intelecto para

140

maldades. Cree tener una familia. Pero es pobre, muy pobre. Es un

mendigo en la vida: sólo tiene dinero.

e) Más de ex ‘Cajas de Ahorros’

El mejor ‘sistema fi nanciero’ del mundo que creímos tener en

palabras del expresidente Rodríguez Zapatero hizo aguas por la

bancarrota bancaria, la carencia crediticia, morosidad, ejecución hi-

potecaria y la desastrosa gestión de las principales Cajas de Ahorros

españolas cuando cayeron en manos de políticos y sindicalistas.

Esa banca cercana eran las huchas donde los ciudadanos guar-

daban ilusiones. Sus obras sociales les retornaban cultura y ayuda

desinteresada a los colectivos vulnerables.

Meter en sus consejos políticos a profesionales, sindicalistas

con despacho y empresarios de salón anulando de esta manera a

los compromisarios democráticamente elegidos por los impositores

o alejar a técnicos del proceso de toma de decisiones está costando

quebraderos de cabeza a la clientela de las antiguas cajas.

El panorama no sobrepasa las veinte sobre las casi cien que te-

níamos hace un lustro.

Las desaparecidas Cajas de Ahorros generan demasiados casos al

detective. Políticos y sindicalistas invadieron sus cúpulas quebrán-

dolas tras despilfarros y corruptelas infi nitas

141

Antes del desastre, las Cajas tuvieron que forzar alianzas para

ser ‘más competitivas’ en teoría. A la postre unían sus ruinas pero

antes sus antiguos directivos repartían el pastel de cargos, auto-cré-

ditos, dietas y ‘colocación de equipos’ que respondían a mandatos

de órganos del partido que tuviera el poder en tal o cual territorio.

El tema causa vergüenza ajena. Sonroja. Escandaliza.

Una Caja con el agua al cuello contrata a un detective para in-

ventariar en lo posible sus participaciones societarias en industrias.

Inicialmente el encargo parecía puro trámite en el Registro Mercan-

til correspondiente.

El detective se encontró opacidad absoluta en dichos organis-

mos. No había huella de los millones invertidos por esa Caja en in-

dustrias quebradas, concursadas, desaparecidas, etc.

Las compras de acciones se instrumentaron pocas veces en es-

critura, las más de las veces por transferencias de las que habían

desaparecido rastros en la contabilidad ofi cial de aquella agónica

Caja. Todo era llamativo, por no pensar en una estafa de indetermi-

nadas dimensiones.

El responsable del escándalo, Manuel Ballesta, había sido des-

pedido meses antes de contratarse al detective. Le descubrieron

abusos de una tarjeta ‘oro’ corporativa, pasó facturas de empresas

de amigos, cuñados y compadres de francachela y tuvo un lío tor-

mentoso con su secretaria en el no faltaron ingredientes clásicos y

heterodoxos (regalos de joyas, auto de alta gama, pisitos, agresiones

del marido de la amada, rupturas matrimoniales, etc.).

Ballesta tenía aliados dentro de la Caja aún estando despedi-

do. Sabía todo lo que se decía de él. Se permitía incluso llamar a su

sucesor, Pepe Morató, advirtiéndole de lo que sabía y que estaba

142

pendiente de ventilarse su demanda en un juzgado laboral que re-

solvería un contrato de ‘alta dirección’.

El detective también fue contratado para barrer de micrófonos

ciertos despachos de la Caja. ¡Bingo! Halló varios. El tema se volvía

complejo. Ballesta tenía aún fi eles en la plantilla.

Repartió mucho dinero a familiares de empleados de la Caja

que les facturaron millones por trabajos fi cticios. Y Ballesta les pe-

día que le devolvieran favores avisándole de qué iban a hacer con él.

Temía querella por estafa, apropiación indebida, delito societa-

rio y falsedad. Ballesta sabía que vivió en el lomo del Código Penal

mientras dirigía las ‘participaciones industriales’ de una Caja que-

brada que se maquillaba de cara a una pretendida fusión, pero aca-

bó en absorción.

El detective buscaba y buscaba y comenzó a encontrarse empre-

sas donde Ballesta era conocido, convocado a consejos y espléndida-

mente remunerado con dietas de asistencia a cónclaves directivos.

Muchas de esas empresas alojaron a Ballesta opacamente porque

las compra-ventas de acciones en sociedades anónimas no es preci-

so inscribirlas en el Registro Mercantil.

Nadie supo cómo pero el detective elaboró un voluminoso in-

forme que detallaba dónde seguía Ballesta sentado en consejos y

todas las ‘participaciones’ societarias de la Caja de Ahorros en in-

dustrias de dudosa viabilidad.

Más de las deseables estaban integradas por amigos, familiares

y ‘personajes’, comisionistas y testaferros enviados por el partido

que acaparaba cargos en esa Caja de Ahorros.

El voluminoso Informe del detective llegó a la mesa de Pepe

Morató. Pasaron los días, las semanas y el cliente del investigador

estaba callado. La factura se liquidó sin que fueran precisas llama-

143

das o mensajes del detective. Aquel silencio se rompió una mañana

con una llamada de un jefe de Morató al detective.

Le confesó que su situación en la Caja era muy difícil desde que el

informe llegó a su despacho. Le culpaban, al jefe de Morató, del escán-

dalo surgido por los micrófonos que descubrió y por el informe tan es-

clarecedor y documentado. Para colmo, este tipo culpaba, encima y con

aquellas palabras, al detective de su tenebroso futuro laboral.

El proceso de absorción silenció el escándalo que se saldó con

cientos de millones de euros ofi cialmente contabilizados como pér-

didas. Los pocos activos de las ‘participaciones industriales’ se so-

bredimensionaron en la cuenta de resultados.

La ‘contabilidad creativa’ ofi ció de las suyas en una auditora de

largo nombre anglosajón que al cabo maquilla lo que no admite el

mínimo análisis.

Morató logró salvaguardar su empleo. Su talento, honradez y

valía no deparaban otra cosa. Años después de imprimirse y copiar-

se las verdades que nadie quería conocer ni saber ni leer le causaron

problemas a un ser decente en medio de sinvergüenzas.

Morató, años después, apareció por sus iniciales en una noti-

cia de prensa en la que junto a otros directivos fueron acusados de

vender activos tóxicos a una empresa quebrada. Le metieron en un

embolado y tuvo que fi rmar ‘por órdenes superiores’ aquella teórica

inculpación.

Morató saldrá de la calumnia. No se la merece. Pero el detective

fue, nuevamente, ninguneado y difamado. De sus verdades viven, a

veces, desalmados que mandan sobre honrados profesionales. No es

excusa la supervivencia. No estamos en una guerra con armas letales.

144

f) Perito, cirujano y ¡falsario!

Aunque son admisibles las opiniones contrarias, el tema de los

‘peritos judiciales’ en España tiene mucha tela que cortar. Un detec-

tive suele conocerlos en los pasillos, esperando a declarar o sentado

en la sala viendo cómo exponen sus tesis delante del juez, fi scalía,

funcionarios, público y litigantes.

Cuando cada parte lleva perito cuya postura es irreconciliable

con la otra, nuestra justicia nombra un tercero que es pagado por

quien pierda el pleito. Así es en litigios civiles, donde se ventilan la

mayoría de asuntos donde acuden los peritos.

El caso que llevó al detective a un espinoso tema civil fi nalmen-

te criminalizado fue de los que difícilmente se olvidan.

Todo sucedió en Bilbao. Una familia cuyo líder fue protésico

dental quiso que sus vástagos se hicieran odontólogos. Sabía cuánto

ganaban de más los populares dentistas sobre miserias que perci-

bían los antiguos mecánicos-dentales. Así creía cerrar el patriarca el

círculo del negocio casero.

Cinco de los seis hijos del líder familiar se hicieron dentistas

sin cursar Medicina ni la antigua especialidad de Estomatología o

especialidad médica de cirugía maxilo-facial.

Dos de los odontólogos fueron a República Dominicana a cur-

sar Odontología en tres años. Convalidaron el título antes de crearse

las facultades de dicha especialidad en España.

Uno de los hijos del protésico, además, es un hábil emprende-

dor que negoció fi nanciaciones atractivas para los pacientes de la

cadena de clínicas dentales que había sembrado en Euskadi, Canta-

bria y Asturias.

El negocio iba viento en popa pero en el Colegio de Médicos

algunos rivales no perdonaban el éxito de los competidores en un

mercado que, para las mentes corporativistas, no es libre del todo.

145

Así las cosas, Josu Eizcaray, talentoso odontólogo curtido por las

noches sin fi n dominicanas, ganó enteros para ser víctima de un ‘mon-

taje’ tramado por rivales tan rancios como listos, que no inteligentes.

Un extraño colectivo de ‘defensa de pacientes’ que repetía en

Internet que ‘protegía a los consumidores’ fue instrumental para ca-

nalizar la queja de un paciente de Eizcaray en una clínica cántabra.

El ‘perito judicial’ cirujano maxilofacial que no vio

prótesis en su dictamen debe ir al Oftalmólogo.

Ese colectivo consumerista le pagó abogado, perito y procu-

rador a una víctima de una ‘negligencia’ de Eizcaray que se había

archivado ya en la ‘comisión deontológica’ del colegio profesional.

Años después resucitó el tema en juzgados.

El expaciente de Eizcaray llevó un perito al juzgado que era ci-

rujano maxilo-facial. Había sido nombrado por su colegio profesio-

nal sin que el juzgado lo insaculara (lo eligiera previo sorteo, para

evitar favoritismos, corruptelas o parcialidades) de una lista.

En la vista judicial, la víctima de Eizcaray mantuvo un discurso

muy hostil reivindicando una indemnización sobre la mala coloca-

ción de un implante que ocasionó secuelas mil e infi nitos perjuicios

(parálisis facial, cefaleas, ingesta defi ciente, problemas digestivos,

146

cardiacos…). Eizcaray no tuvo refl ejos con el perito que llevó. Era un

amiguete al que pidió el favor de esquivar el golpe. Salvar demandas

ayudado de amigos, y no por profesionales, causa estragos.

El que la ‘víctima’ de Eizcaray conociera al ver por primera vez

al perito judicial que supuestamente le había explorado y analizado

minuciosamente su caso alertó a Eizcaray. Especialmente cuando

una jueza estimó la demanda del paciente. En juego andaban casi

20.000 euros más costas (un 30% más) e intereses.

Eizcaray vio que alguien le había metido un gol, desconocía los

actores ocultos de aquel teatro y adivinaba algo, muy poco sobresa-

lía de aquella oscura trama.

Antes que la sentencia fuera fi rme decidió recurrirla. Y contrató

a un detective para indagar el oscuro affaire.

El investigador descubre cosas en el colectivo ‘consumerista’

que, además de defender selectivamente a ciertos pacientes, lo que

sea menester. Todo lo sustancia en convenios donde se ocultan in-

tercambios dinerarios para ‘denunciar’ a la carta.

Ese es el negocio de una asociación que, además, recibe subven-

ciones públicas y sus directivos están permanentemente en la prensa.

La defensa del expaciente de Eizcaray fue pagada por este co-

lectivo. Pero había conexiones del colegio médico. El ‘perito’ era el

experto veterano que hacía trabajitos para ‘defender’ siempre a la

cúpula colegial, no para depurar negligencias o abusos de galenos.

Además, el juzgado fue obligado a nombrar a ese perito porque

a quien enviaron antes estaba jubilado. Quien facilitó el listado al

juzgado de peritos médicos había colocado en las primeras posicio-

nes a ancianos incapaces e incompatibles ‘peritos’.

147

El detective descubre que el perito era ‘teledirigido’. Más ca-

sualidades: era el mismo que había dictaminado archivar esa misma

causa en una ‘comisión deontológica’ que raramente condenaba a

médico bien conectado en el colegio.

Lo más escandaloso del ‘perito judicial’ es que jamás exploró al

paciente sobre el que dictamina con toda clase de argumentos y se

permita citar en su dictamen supuesta bibliografía consultada amén

de citar un rosario de títulos, habilidades y cargos.

Su informe se basó en informes médicos que repartió en una

mesa antes de redactar varios folios en los que abundaban títulos,

publicaciones, afi liaciones a sociedades y academias científi cas mas

una bibliografía que nada tenía que ver con el tema que centrada su

supuesta pericia.

Aquel churro lo copió un juez engañado por la teórica sabiduría

del ‘experto’. Ese cirujano maxilo-facial además era directivo en un

hospital público, profesor universitario y prestigioso ‘académico’ en

la medicina institucional. El gol judicial fue por toda la escuadra.

Por último, el detective descubre que el ‘perito’ llevaba décadas

haciendo de las suyas. Incontables sentencias judiciales estaban, por

tanto, contaminadas. Para más inri, este cirujano-‘perito’ jamás re-

nunció a los cientos de euros mensuales que cobraba del erario públi-

co por su ‘exclusiva’ funcionarial. El tipo, encima ¡era incompatible!

Eizcaray no daba crédito a lo que leían sus ojos. El informe del detec-

tive le hizo ver que había perdido por culpa de un sinvergüenza y falsario.

Tuvo refl ejos Eizcaray ante la que se le avecinaba. Recurrió la

sentencia por la vía civil el último día de plazo aportando el informe

del detective.

148

Por la senda penal activó una querella contra el cirujano men-

tiroso y descarado. Por muy poco se había librado de que el colegio

médico, el colectivo consumerista y hasta el paciente lanzaran a los

medios informativos notas que evidentemente difamarían las clíni-

cas de Eizcaray. La jugada se chafó por pocas horas.

La querella criminal no registró menos incidencias. Al cirujano

le ‘jubilaron’ en su hospital años antes que a otros. En el colegio

médico le organizaron un homenaje muy discreto. Consistió en un

almuerzo a cuyos postres se le dio una placa de plata por los ‘servi-

cios prestados’.

Cuando vio el cirujano que sus antiguos conmilitones le deja-

ron sólo reivindicó con gritos e indignación que le pagaran el aboga-

do y procurador. La vehemencia dio nombres y apellidos del mejor

penalista de la zona y el más caro.

Esa circunstancia hizo que en los juzgados se archivara nada

menos que tres veces su causa, reabierta por una Audiencia con sen-

tido común. La única prueba de peso de Eizcaray contra el cirujano

era el informe del detective.

Por esa razón y no otra el tema navega a la deriva en la vía pe-

nal. La civil se resolvió a favor de Eizcaray al anularse el dictamen

pericial del cirujano mentiroso.

Tras casi ocho años, el procedimiento contra el cirujano está

en el limbo del juzgado. El detective jamás fue llamado a ratifi car su

informe, algo insólito.

La jueza que ahora instruye el sumario contempla hasta la no

imputabilidad del cirujano pues alega estar enfermo grave y no go-

bernarse adecuadamente para soportar un juicio.

149

Como siempre, las verdades del detective difícilmente salen airo-

sas si apelamos al sentido común. No obstante, en la realidad de esta

historia juega a favor de que el asunto no se archive gracias al tesón

y coraje jurídico de un letrado que tiene por nombre de pila José M.

g) Claudio versus Claudio (Caso Bahía 2-Odyssey Explorer)

Claudio Bonifacio es un italiano nacido en Trieste, antigua ‘zona

libre’ entre la república transalpina y el antiguo imperio austro-hún-

garo tras 2GM. Es un hombre viajado, culto, educado… Maneja con

soltura varios idiomas. A sus sesenta y tantos años, su privilegiada

mente está llena de proyectos, lógica, coherencia y sentido común.

Bonifacio vive de su reivindicado estatus de corsario en pleno

siglo XXI. Estos, los corsarios, fueron navegantes licenciados por

reyes y emperadores para capturar tesoros.

Bonifacio vive en Sevilla y conoce al dedillo los legajos del Ar-

chivo de Indias. Se siente, por la historia que padece los últimos

años, como Cristóbal Colón o Alessandro Malaspina, dos compa-

triotas de Bonifacio que siglos atrás los castigó la Corona española a

la que sirvieron lealmente.

Cuando en los ochenta vivía en Gran Canaria felizmente casa-

do, su suegro le despertó su interés por los galeones hundidos en

aquellas islas. Las rutas de los navíos las olfateó en Sevilla.

El tiempo le desplegó su capacidad analítica hasta convertir-

se en un cotizado cazatesoros teniendo ubicados cientos de pecios

hundidos.

Bonifacio publicó un documentado libro, ‘Galeones con teso-

ros’ (Muñoz Moya & Montraveta, 2007), donde suelta poca prenda

de sus hallazgos.

150

Pero la obra se cita y usan con delectación docentes e investiga-

dores universitarios, abogados en pleitos por tesoros submarinos y

una legión de fascinados por la arqueología subacuática.

El empeño que transformó su vida llevó a Bonifacio a navegar

por el Estrecho de Gibraltar, el litoral portugués, gallego y sobre todo

por el de América. Tierra adentro tiene localizados tesoros en Para-

guay, Bolivia y Panamá, enterrados tras guerras y asonadas militares.

Como historiador de naufragios medievales y contemporáneos

fue contratado por universidades europeas y americanas, empresas

petrolíferas que buscan yacimientos marinos y estados, como Cuba

o Italia, para tender cables o recuperar patrimonios sumergidos en

aguas soberanas.

El libro de Claudio Bonifacio, un corsario que

reivindica patente en el siglo XXI, se agotó en-

tre los cazatesoros.

151

De Bonifacio debe añadirse que, sólo al principio, genera dudas

por si esconde tras su patente de corso el uniforme pirata que asoma

parche ocular, pata de palo y pañuelo.

Superadas las sospechas iniciales con nota le crece su aureola al

personaje que creó un ser humilde y honrado hasta donde le deja la su-

pervivencia. Un periodista con buen ojo le bautizó como naufrólogo.

De otro, Arturo Pérez Reverte, periodista reconvertido en autor de

best-sellers, dicen que concibió un personaje sobre la trayectoria de Bo-

nifacio en su novela La Carta Esférica. La narración delata similitudes

que entierra su autor con un silencio que jamás le roba gloria.

Pero Claudio Bonifacio arrastra una pesada carga desde 2006.

Es el peor hachazo que puede sufrir quien vive de su honra y pres-

tigio, el único patrimonio de un free lance que colecciona encargos

basados en su credibilidad y profesionalidad.

Odyssey expolió, impunemente, durante años tesoros de navíos hundidos en

aguas españolas. El ’Caso Bahía 2’ fue sutil maniobra de despiste mientras estos

piratas del siglo XXI trabajaban en lo suyo.

Un día fue detenido, tras otros muchos en los que Bonifacio

sospechaba sobre tipos raros merodeaban su domicilio trianero y

152

controlaban su buzón en el bloque donde vive. Resultaron ser guar-

dias civiles adscritos a Unidad Central Operativa (UCO) desplaza-

dos desde Madrid que investigaban el denominado ‘Caso Bahía 2’.

Del hogar de Bonifacio fueron incautados archivos manuales

e informáticos, una mochila y cartas marinas por orden judicial. El

trabajo de décadas estaba camino de dependencias de la Benemérita

en el cuartel sevillano de Montequinto. Allí fue interrogado exqui-

sitamente cuando advirtieron los agentes y mandos que no era un

delincuente cualquiera.

La humillación que supone para cualquiera que jamás tuvo

problemas con la policía o judiciales la privación de libertad es un

trauma que difícilmente reconduce cualquier psicoterapeuta.

Posteriormente, el ‘Caso Bahía 2’ exigió una puesta en escena

para vender el operativo policial con más detenciones, incautacio-

nes y repartir por una mesa lo que convenza al ciudadano de lo se-

guro que se siente con nuestras fuerzas de seguridad, presididas por

la excelencia operativa. Suponemos.

Pero parece que la presunción de inocencia no cuenta en actos

que respaldan uniformados con medallas y emblemas de sus cuer-

pos de grandes dimensiones por aquello del autobombo y presencia

mediática.

Una multitudinaria rueda de prensa presenta a Bonifacio y

otros ‘compinches’ como expoliadores de galeones hundidos en el

litoral gaditano. Como había que revestir de credibilidad la acción

publicitaria de la Benemérita en la mesa que ilustraba lo incautado

en ‘Bahía 2’ colocaron una mochila de Bonifacio con un letrero: ‘kit

del expoliador’.

Más lógico hubiera sido una bombona de buzo, una escafandra

o un traje de neopreno. Para mayor abundamiento, y como Bonifa-

153

cio conserva su nacionalidad italiana –su patriotismo español es in-

cuestionable como veremos–, los portavoces con tricornio hablaron

de una trama ‘internacional’ que unía a Bonifacio con los tripulantes

norteamericanos y húngaros del buque nodriza ‘Louisa’ y el auxiliar

‘Gémini’ que justifi caron el ‘Caso Bahía 2’ meses antes.

El 1 de febrero de 2006 el ‘Louisa’ fue abordado en el Puerto

de Santa María (Cádiz) por guardias civiles de UCO que no lograron

incautar los tesoros que se sospechaba estarían a bordo. Sólo se re-

señaron cuatro fusiles que todo buque lleva a bordo para defender-

se, precisamente, de piratas, motines y polizones.

Las ‘tramas internacionales’, ‘organizaciones criminales’ y los

‘ajustes de cuentas’ constituyen socorridos argumentos para portavo-

ces policiales justifi cando operativos espectaculares. La realidad in-

forma de que son causas delictivas inconcretas por desconocidas o no

sufi cientemente investigadas. Es parecido al diagnóstico médico de

un inconcreto ‘virus’ cuando el doctor no sabe qué le pasa al enfermo.

La prensa se hizo eco de la vinculación de Bonifacio al ‘Caso

Bahía 2’ y ello supuso una ruina que se prolonga durante diez años

a fecha de 2015. Su criminalización en el ‘Caso Bahía 2’ canceló con-

tratos, se le cayeron proyectos avanzados que cocinaba con univer-

sidades norteamericanas.

Sufre, Bonifacio, la soledad y paranoias propias de cualquier

imputado injustamente. Padece la rabia y clama por una justicia que

es lenta y tiene sacos donde suele meter a los mismos o a quienes

estuvieron en lugar inapropiado en momento inoportuno.

Se sabía que el ‘Louisa’, abanderado por Saint Vincent & Gre-

nadines –archipiélago caribeño conocido por ser país de convenien-

cia para navíos– donde los dueños de buques ahorran millones en

impuestos y obligaciones legales, lo fl etó el texano John Foster. Este

154

empresario posee JBF Holdings Inc dedicada, entre otros negocios,

a la explotación de yacimientos petrolíferos y de gas.

Foster, a través de su fi lial Sage Maritime Scientifi c Research,

contrató con TUPET y, posteriormente, con la empresa PLANGAS

SL. La primera fue representada por Luis Valero; la segunda por

Aníbal Beteta.

El objeto contractual fue el muestreo de fondos marinos en

búsqueda de yacimientos fósiles de combustibles debidamente au-

torizados por autoridades españolas.

Vía intermediarios, Valero y Beteta subcontrataron a expertos

en tesoros sumergidos como Bonifacio, tripulantes, buzos y técnicos.

El abordaje policial del ‘Louisa’ fue un desastre para las expec-

tativas de los mandos de UCO y unidades de Guardia Civil del Mar

que apoyaron la operación desde el agua.

El ‘Louisa’ se pudre en un muelle portuense mientras el ‘caso Bahía 2’

duerme, años y años, en un sumario judicial

Como no encontraron lo que se sospechaba, tesoros extraídos

del lecho marino, mandos y agentes de la Benemérita telefonearon

desde el buque a sus confi dentes que les condujeron a las armas lo

único que justifi có mínimamente tan espectacular operativo.

155

El ‘Caso Bahía 2’ se saldó con casi treinta imputados, algunos

pertenecientes a la Benemérita por revelación de secretos gracias a

aquellas llamadas a bordo del ‘Louisa’. En 2015 a ningún encausa-

do le dictaron medida cautelar alguna, ni se consideró que pagaran

fi anzas impuestas.

Los jueces y fi scales que conocen el sumario, que contiene mi-

les de folios, en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Cádiz, no saben

qué hacer ni deciden nada contundente porque a los diez años de la

instrucción no alberga ilícitos evidentes. Al menos esta es la opinión

de un lego jurista.

Bonifacio, desde 2006, es otra persona. Le persigue una calum-

nia que nubló su trabajo y subsistencia. Como buen investigador tie-

ne dudas, sospechas.

Ha escrito y hablado con cientos de personas para conocer las

entretelas del asunto que condiciona su libertad y honra. Unos pro-

fesores universitarios le trasladaron rumores sobre el origen del

‘Caso Bahía 2’.

La confi dencia acusa al primer denunciante de ser un hombre a

sueldo de ‘Odyssey Maritime Exploration’, una empresa norteame-

ricana cazatesoros con base en Tampa (Florida) y condenada a de-

volver en 2012 al Estado español 500 millones de dólares en tesoros

expoliados a galeones españoles.

Odyssey cotiza en bolsa y vende ‘picos’ cuando localiza un pe-

cio. Su presidente, Greg Stemm, es competidor de Foster y otros

empresarios en la búsqueda de tesoros en aguas españolas.

La pista que conocía Bonifacio sobre el ‘hombre a sueldo’ de

Odyssey de confi rmarla podía desnaturalizar el ‘Caso Bahía 2’ trans-

formándolo en una guerra de piratas por botines.

Mientras Odyssey salió impune tras casi diez años de expoliar en

aguas españolas lo que le vino en gana, el ‘Caso Bahía 2’ anulaba moles-

156

tos competidores, criminalizaba a técnicos y elevaba una efi caz cortina

de humo que desviaba la atención sobre las fechorías de Odyssey.

Esta empresa llegó a destacar siete buques para sus impropios

empeños y los atracó, según les convino, en Sotogrande (Cádiz), Gi-

braltar, Faro (Portugal) y Tánger (Marruecos).

Además de las sospechas de Bonifacio, a España le surgía un

callo en el ITLOS (Tribunal Internacional del Derecho del Mar, por

sus siglas en inglés), cuya sede está en Hamburgo (Alemania), a

cuenta del ‘Caso Bahía 2’.

En 2010 el estado que abandera el ‘Louisa’ (Saint Vincent & Gre-

nadines) demanda al Reino de España por casi treinta millones de

dólares para indemnizar el abordaje ilegal del buque, no devolverlo

en plazo a su armador, lucro cesante y recuperar su navegabilidad.

Era la primera vez que un país fi rmante del Convenio sobre De-

rechos del Mar de la ONU reclamaba al Estado español, que tam-

bién suscribió dicho pacto internacional.

El asunto pintaba muy mal. La defensa de los demandantes la

encabezaba el prestigioso maritimista norteamericano S. Cass Wei-

land y su equipo. España designó a la jurista Concepción Escobar

Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la UNED y ase-

sora de la ONU.

También a Mariano Aznar, otro catedrático y abogado experto

en confl ictos marítimos internacionales que lidera un bufete espe-

cializado en tales cuestiones.

En mayo de 2013 el ITLOS sentenció, tras intensos debates de

sus jueces, no acceder a las peticiones del país de bandera del ‘Loui-

sa’ por no tener competencia para ello.

157

La decisión del ITLOS condena a los litigantes a pagar, cada

parte, medio millón de dólares por los gastos que originó el pleito.

Sospechamos que a España, además, le habrán costado un pico las

minutas de Escobar y Aznar, sus incontables desplazamientos, gas-

tos en hoteles, dietas y manutención en Hamburgo más los de sus

respectivos equipos jurídicos.

Además, circularon dictámenes que precisaron para esquivar

el golpe que vendría, seguramente, de un indignado Foster. El nor-

teamericano lo consideró todo un atropello a las licencias españolas

que tenía para su aventura empresarial en aguas gaditanas.

Lo acontecido en Hamburgo es uno de los peldaños de un plei-

to (sumario del ‘Caso Bahía 2’) que algunas defensas de imputados

consideran ‘muy técnico’.

A ojos de cualquier cronista de sucesos o analista lego sería

un procedimiento que se extiende demasiado en el tiempo –casi 10

años– sobre la deriva de no celebrar vista oral, localizar aún a algu-

no de los imputados, descartar a encartados tras admitirse fallos e

irregularidades que hacen que una justicia lenta lo sea aún más. Así

se lo parece a los que están dentro y fuera del sumario.

Bonifacio, guiado quizá por su intuición y sospechas que le

trasmitieron amigos y expertos, no paraba de darle vueltas a inves-

tigar al denunciante del ‘Caso Bahía 2’. Sólo sabía del mismo que

era un singular y joven arqueólogo subacuático que trabajaba por

su cuenta, que aparecía y desaparecía de foros especializados y del

territorio español.

El ‘hombre de Odyssey’ se llamaba como Bonifacio, Claudio.

Decía ser historiador por la Universidad de Huelva, doctor, más-

ter, profesor universitario y ubicuo explorador internacional de

pecios…

158

El otro Claudio, según un perfi l que se colgaba en la red, tenía

muy pocos años para tantas aventuras de un émulo de Indiana Jo-

nes submarino con el bagaje académico que seduciría a inversores,

cadenas de televisión, universidades, instituciones y fundaciones

culturales.

Claudio Bonifacio decidió contratar al autor para establecer los

sospechados vínculos entre aquel denunciante y Odyssey, piratas

del siglo XXI que expoliaron pecios en aguas españolas gracias a

turbias complicidades ofi ciales y foráneas.

Odyssey fue denunciada antaño por Bonifacio y otros expertos

por sus ilegales actividades.

El detective indagó sobre el Claudio ‘onubense’. Sus apellidos

eran poco comunes y se unían con guión para redondear posibles

orígenes aristocráticos. La provincia de Huelva fue el primer esce-

nario donde se investigó a este Claudio.

Antes de los 30 años activó varias empresas pequeñas ligadas

al buceo e intervenciones arqueológicas, las pasiones privadas de

aquel personaje. Sus actuales responsables no hablaban ni bien ni

mal del individuo.

En otra empresa entró por razones femeninas, según deslen-

guados y expertos en recursos humanos. Fue recomendado como

gerente y su gestión no mereció la renovación del contrato al co-

leccionar incidencias del que tiene prisa por hacer dinero, coloca a

amigos en paro y carece la valía y humildad necesaria para el cargo.

La empresa terminó quebrada, sus cientos de trabajadores en

la calle y este Claudio tuvo la suerte de escapar del fi asco días antes

de sustanciarse.

159

Días después de su etapa gerencial al otro Claudio el detective

le pierde la pista porque se aleja de España a bordo de buques caza-

tesoros que navegan por el Caribe.

La base de la empresa estaba en Tampa (Florida). ¡Qué casualidad!

Es la misma guarida de los preciados cazatesoros y la de Odyssey.

Sin muchos detalles que identifi caran sus huellas, estas son las aventu-

ras que contaba este Claudio a los suyos cuando regresaba a Huelva.

Hacía distingos entre familiares, a unos les contaba eso y a

otros que investigaba en archivos y museos europeos y se alojaba en

hoteles de lujo.

Era un misterio quién pagaba tanto viaje y ostentaciones. Su

pequeña casa de una playa onubense se caía a trozos soportando

una hipoteca e impuestos que puntualmente se pagaban con dinero

procedente de los Estados Unidos.

Claudio, el onubense, cometió un fallo que aprovechó el detec-

tive para desvelarlo ante Bonifacio. Un examigo del onubense acla-

ró sus mentiras al investigador: había colaborado con el SEPRO-

NA (unidad de Guardia Civil experta en delitos medioambientales

y urbanísticos) documentando denuncias sobre temas históricos a

cambio de ciertos favores que favorecían sus extrañas actividades y

negocios turbios.

Además, aquel examigo facilitó unas señas en Tampa que re-

sultaron ser la sede empresarial de Odyssey. Al fi nal del informe

del detective se incluyó otro dato revelador: ‘blanqueaba’ con aquel

exagerado currículum académico del que presumía la recuperación

de los tesoros de una nave española que, al parecer y siglos atrás,

naufragó en los cayos de Florida.

Su nombre fi guraba junto al del dueño de Odyssey, su esposa, un

buzo que usa esta empresa más una profesora de un ‘college’ de Florida.

160

El trabajo se difundía en una publicación corporativa de Odys-

sey que se distribuye entre sus inversores, accionistas, clientes,

prensa, universidades e instituciones norteamericanas y foráneas.

Este Claudio era el ‘hombre de Odyssey’. No había duda alguna.

El detective sustanció su trabajo, además, sobre la inconcreta

ratifi cación judicial de este Claudio en 2010. Cuatro años antes, en

2006, denunció al SEPRONA que un buque llamado ‘Louisa’, atra-

cado en el Puerto de Santa María, expoliaba patrimonio arqueológi-

co en la bahía de Cádiz.

Aquella parquedad exigía más datos sobre el interés del denun-

ciante y las graves consecuencias de su denuncia por el sumario que

originó y lo rápido que UCO-Guardia Civil desde Madrid activó sus

alertas investigadoras.

Del Claudio onubense merece que casi se le reproduzca la ratifi ca-

ción judicial de su denuncia: “En una conversación casual en un bar

en el puerto de Mazagón ante un grupo de conocidos y otros que no lo

eran surgió el tema de la existencia de numerosos pecios con tesoros

hundidos en la costa española. Uno de los individuos que estaban ha-

ciendo extracción de patrimonio subacuático por la zona del Puerto

de Santa María. Que desconoce el nombre del citado individuo. Que el

declarante manifi esta que dada la extrañeza por lo revelado y sin mo-

verle ningún interés propio se lo comunicó al SEPRONA. Que el citado

individuo no dio más detalles que los trasmitidos por el declarante.

Que habló de una fl ota hundida denominada del Condestable, de la

que desconocía más datos. Que citó al buque (Louisa). Que aunque

es arqueólogo de profesión no era versado en la materia. Que no le

citaron nombre de ningún individuo en concreto”.

El resumen de la misma es que ‘cuento lo que he oído a alguien

anónimo’. Si hubiera rankings de memorias selectivas, olvidadizos y

amnésicos este Claudio ganaría por goleada.

161

El detective dedujo que el denunciante tiraba la piedra y escon-

día la mano. Sus vínculos norteamericanos y evidencias con Odys-

sey le retrataban como ‘su hombre’ en el ‘Caso Bahía 2’.

Otros datos que refrescó el detective en su informe fueron que

Odyssey tuvo complicidades y extrañas ‘licencias’ que le vacunaron

del Ministerio de Asuntos Exteriores español ante diligencias judi-

ciales, denuncias de arqueólogos, de la Junta de Andalucía, Marina

y el Ministerio de Cultura mientras duró su impunidad expoliadora

en aguas españolas entre 1998 y 2009.

La ‘clave diplomática’ que les otorgó tal crédito fue las difíciles

negociaciones sobre la cosoberanía de Gibraltar entre España y Rei-

no Unido. Otra excusa que usó Odyssey para ‘despistar’ a los espa-

ñoles fue una licencia del Almirantazgo británico para localizar los

restos del HMS Sussex, hundido cerca de la colonia tres siglos atrás.

Así las cosas, el ‘Caso Bahía 2’ parecía una efectiva cortina de

humo lanzada por Odyssey para eliminar a competidores, criminali-

zar a expertos (entre ellos Claudio Bonifacio) y solapar sus expolios

sobre derechos de otros cazatesoros licenciados por autoridades es-

pañolas, cual es el caso de ‘Sea Hunt’ que preside Peter Knollenberg.

El ‘triplete’ que lograba Odyssey con el ‘Caso Bahía 2’ era ma-

gistral. Un detective de provincias había olfateado hasta vínculos

amistosos entre dos mallorquines que habrían actuado a favor del

lobby que radicó en Madrid y que emergía desde un bufete de fuste

que paró todos los golpes que el sentido común afl oró fuera de Espa-

ña, concretamente en los juzgados de Tampa donde fi nalmente fue

condenada Odyssey a devolver lo que no era suyo.

El ninguneo sobre el informe del detective es de nota. Por esta

razón aparece esta historia aquí. Ilustra que lo obvio, cierto, lógico

162

o cargado de sentido común no interesa a la burocracia del poder.

El juzgado de Cádiz que instruye el ‘Caso Bahía 2’ sobre el in-

forme del detective decidió aplazar cualquier decisión. Apela al mo-

mento procesal oportuno para valorar la evidente contaminación de

la denuncia que originó el sumario.

Este profano jurídico desconoce si estamos ante un posible de-

lito que protagonizaría su denunciante por presunto falso testimo-

nio y estafa procesal. Los millones de euros que costaron a la carte-

ra de todos los españoles las actuaciones y diligencias del sumario

durante diez años (incluyendo pagos de imputados a sus defensas,

procuradores, expertos y dictámenes ofi ciales) siguen a la deriva

buscando quién pagará este pato o desvarío, según se mire.

A ello debe añadirse casi otro millón de euros que ha costado al

Reino de España la demanda ante el ITLOS por las costas judiciales

y los gastos de su defensa.

Nuestra justicia, tan rápida para encarcelar a delincuentes po-

bres, decretar según convenga alarmas sociales o relativizar delitos

de ‘cuello blanco’, esquiva admitir que le han colado un gol desde el

primer minuto.

Y todo se debe a un corsario honrado que contrata a un detective

cuya única misión fue descubrir verdades ocultas a demasiados ojos.

Más historias sobre las andanzas y manejos de Odyssey en tie-

rras y aguas españolas merece la pena leerlas en el documentado

trabajo del patrón de yate y abogado maritimista Lorenzo Pipe Sar-

miento titulado Expediente Odyssey (Cultiva, 2012).

El ‘Caso Bahía 2’ aún tiene capítulos por escribir. Está pendien-

te el juicio, que se celebrará casi a los diez años de abordarse en

puerto el ‘Louisa’ en el mejor de los casos. Están al caer archivos y

sobreseimientos a los pocos imputados que quedan sobre los casi

treinta encausados iniciales.

A Claudio Bonifacio le defi ende un letrado, Servando Meana Pé-

163

rez, que además de conocer los entresijos del Derecho sabe colocarse

como portero de su patrocinado para que no le metan un nuevo gol.

En 2015 o más allá, muchos años después de germinar el ‘Caso

Bahía 2’, comenzará la guerra de los Claudios en pleno siglo XXI. El

corsario contra el lacayo de los piratas. La pelea será en estrados, no a

bordo de ningún galeón ni pecio sumergido a la caza de nuevos tesoros.

No puede concluirse este relato de cazatesoros, piratas y cor-

sarios sin constatar que los mejores reportajes sobre la historia que

protagonizan los Claudios fueron elaborados por Isabel Laguna

(Agencia EFE) y Agustín Rivera (elconfi dencial.com).

h) Chantajista, morosa y llorona

Amén de forjarse sobre la dureza de los temas que investigan,

los detectives son ciudadanos, vecinos, contribuyentes, padres, ma-

dres, parejas, hermanos y, además, tienen su corazón.

Casi todos los que conoce el autor reservan casos que no co-

bran al principio, rebajan de precio o simplemente regalan al cliente

porque es víctima de una injusticia, lo pasa mal o carece de dinero

fundamentalmente.

La caja de caudales de Llopis permaneció llena de billetes e intacta al

chantaje de su ex mujer.

164

Si el posible cliente plantea un tema con muchos gastos, horas

de trabajo y el uso de colaboradores en lugares muy separados de la

agencia, es el detective quien plasma su ayuda en una frase: “no se

preocupe, pagará cuando cobre”.

Esta historia, además, la protagoniza una mujer que represen-

ta el coraje femenino por sacar adelante a cinco hijos, dos de ellos

discapacitados.

Antes de ser cliente del detective una abogada de confi anza

del último le había llamado adelantándole que ella tampoco cobra-

rá hasta que no resuelva sus problemas económicos una dama que

conoce el detective en el bufete de la abogada. Situémonos en una

importante ciudad de litoral mediterráneo español.

El cliente llega al despacho desprovisto de cautelas. Cree todo

lo que le cuenta la que será su clienta. Ella sufre el impago de pen-

siones alimenticias para sus cinco hijos, otra compensatoria acorda-

da judicialmente. Ella dejó de trabajar como enfermera para cuidar

a sus dos vástagos discapacitados.

Además, el exmarido de la dama dejó de pagar la hipoteca del

domicilio familiar por lo que el banco que la otorgó nubla el futuro

de un hogar donde sólo hay problemas.

La historia de Elena, llamémosle así, era sobrecogedora. La trufó

con unos llantos rabiosos que pusieron los pelos de punta al detective

y a la letrada que testimoniaba asintiendo la historia de Elena.

El detective tenía por misión investigar los ingresos, patrimo-

nio real y oculto de Manuel Llopis Igartua, un empresario de repa-

ración naval que atendía yates y embarcaciones deportivas en varios

puertos levantinos. Como la pareja terminó fatal, Elena verbalizaba

que su ex se vengaba de sus cinco hijos, no de ella, remitiéndolos a

la miseria.

165

El matrimonio, hasta su divorcio, era una feliz pareja que se codea-

ba con propietarios de yates, empresarios, millonarios y autoridades.

Elena, decía, llevaba tiempo llorando su tragedia familiar. Pero

su tesón impedía que pasaran hambre como afi rmó al detective re-

vistiéndose de ese coraje que toda madre tiene para sacar adelante

a sus hijos.

El detective ‘tomó nota’ del encargo. El ‘objetivo Llopis’ no pa-

raba de generar datos positivos. Poseía embarcaciones, una nave,

varios vehículos de alta gama, dos casas, manejaba mucho dinero en

efectivo y declaraba al fi sco lo mínimo.

La empresa por la que facturaba sólo una parte de lo que cobra-

ba tenía fi scalidad opaca y patrocinaba, entre otros gastos extraños,

regatas en las que competía gran parte de su clientela y agasajaba

con cenas de gala y trofeos en interminables noches estivales.

Llopis, además, tenía don de gentes. Contaba con amigos en

las élites de Madrid, Barcelona y Valencia. Presumía de tener hilo

directo con autoridades y clientes en todo el Mediterráneo.

Aunque Elena insinuó que podía ser bisexual, para esconder la

palabra ‘gay’ que le avergonzaba, enfatizó esa opción sexual cuando

el detective ‘supo demasiado’ sobre el encargo que gestionaba.

El dossier sobre Llopis era comprometedor. Tenía casi un 60%

de ingresos ajeno a la fi scalidad. Su patrimonio lo repartía a su nom-

bre y en sociedades instrumentales, algunas con sede en Andorra,

Mónaco y Gibraltar.

Como era alérgico a pagar tributos, Llopis declaraba ingresos

profesionales bajos, pues gran parte lo movía en metálico. Una caja

fuerte escondida en la casa de su anciana madre viuda atesoraba

millones de euros en billetes de quinientos. La clave de su apertura

166

sólo la conocía Llopis. Como era hijo único, sólo él tenía llave de la

casa. Llopis tenía todo a buen recaudo.

El detective, orgulloso de haber realizado un minucioso trabajo

sobre un personaje que se consideraba ‘triunfador’ pero parecía un

maltratador por vía dineraria de exesposa e hijos, entregó el infor-

me a Elena.

Hizo tres originales, uno para el juzgado que pudiera ventilar

una modifi cación de medidas para elevar y reclamar el pago de las

pensiones, otro para la Agencia Tributaria y un tercero para la Ins-

pección de Trabajo.

Llopis tenía al personal contratado a ‘tiempo parcial’, con sa-

larios de miseria, exigiéndoles inacabables jornadas en las que fi -

nalmente había gratifi caciones en efectivo si los encargos a Llopis

se entregaban a tiempo a impacientes dueños de yates y veleros de

todo tamaño.

La entrega de los informes se hizo en el despacho de la abo-

gada, llamémosle Nuria. Elena acudió a la cita muy bien vestida,

luciendo una belleza que en la anterior cita pasó desapercibida para

el detective. El detective dio a leer los informes a sendas damas.

A Elena le pasó dos originales de contrato por el que se com-

prometía a pagar el informe en el plazo de un año sin intereses. Este

era el tiempo en el que se consideraba que se prolongaría el trámite

de la demanda que concebía Nuria para ayudar a Elena.

La abogada tampoco le cobraba nada a Elena hasta que no se

pagaran las pensiones y plazos hipotecarios atrasados y, de paso, se

elevaran las cuantías acorde al nivel de ingresos y activos de Llopis.

La cita terminó bien excepto por un detalle. Elena le pidió a

Nuria que ella sería la que guardara dos ejemplares del informe del

167

detective, el que iba en su caso a inspección tributaria y laboral. Nu-

ria no se opuso pero miró al detective corroborando su extrañeza

por esa jugada de última hora de Elena.

Pasaron semanas y meses y Elena llamó al detective. Estaba

nerviosa al otro lado del teléfono. Decía que estaba confi rmado que

su marido era ‘maricón’. Usó tan despectivo término cual despecha-

da mujer.

Le habían comentado varias personas que se había liado con el

comandante de una aerolínea residente en Madrid. Los dos juntos

pasaban fi nes de semanas en hoteles del Levante y fueron vistos a

bordo de yates que poseía o le dejaban a Llopis.

El detective se negó a investigar esta nueva faceta del exmarido

de Elena. No había cobrado nada, le parecía aquel pedido fuera de

lógica y ajeno al foco económico de la disputa entre Elena y Llopis.

El nerviosismo de Elena y sus malos modos levantaron interro-

gantes al detective. Había olvidado investigar a su cliente. Grave fallo.

Años atrás tuvo una mala experiencia que le costó disgustos, com-

parecencias policiales y judiciales por hacer ‘un favor’ a quien parecía

estar sumida en la agonía vital. Elena le encendió todas las alarmas.

Un colaborador del detective de máxima confi anza despejó

una primera incógnita sobre Elena. Indagó en persona varias cosas

sobre Llopis. Elena había mostrado el informe del detective sobre

Llopis a la anciana madre de su exmarido. El dato llegó al oído del

padre de sus hijos. Se molestó bastante.

Un buen día la llamó, era lo que ella buscaba. Quedaron citados

y el informe del detective no causó ningún rubor a sus ojos. Como

168

sabía que su exmujer le planteaba un clásico chantaje oculto a su

abogada y al detective les dijo que si tenía que llevar el informe a

Hacienda e Inspección de Trabajo sabía cómo defenderse y explicar

lo que fuera necesario.

Como se veía veterano en no aceptar ni pagar chantajes, Llopis

dejó a su ex peor de lo que acudió a la cita. Además, le advirtió que

sería discreto sobre aquel mal paso de Elena hasta que ella lo man-

tuviera en secreto.

Indignada porque el chantaje le salió mal, Elena ‘inventó’ la ho-

mosexualidad de su ex para vengarse del padre de sus hijos de tan

anormal modo.

Cuando pasó el plazo de pago del informe, Elena no abonó un cénti-

mo. El detective le demandó la totalidad de sus honorarios judicialmente.

Nuria, a quien acudió a priori por si se podía evitar el pleito, se

desentendió de todo lo concerniente a Elena alegando que ‘ya arre-

gló lo suyo’ refi riéndose a un acuerdo sobre demanda ratifi cado ante

el juzgador.

En el juicio sobre la impagada factura del detective Elena no

apareció, ni se molestó en contratar abogado o procurador para de-

fenderse. O pagar parte de lo que debía.

El detective lleva años persiguiendo a una morosa que inten-

tó ser chantajista y que sigue llorando cada vez que el detective

intentar cobrar lo que nunca le pagará una individua que engaña

y logra lo peor jugando con su drama personal y familiar. Sus hi-

jos no tienen a buena madre. La enfermería no ha perdido ningún

referente.

169

Elena usó al detective para el peor empeño y fracasó; llora ‘des-

consolada’ ante el espejo pues ya no le cree nadie. Estas cosas sólo

les ocurren a las malas personas.

i) El ninguneo pleno

Los detectives es lógico que sean ‘invisibles’ ante los clientes,

investigados, fuentes, etc. La discreción, reserva y contraste de da-

tos para acercarse el máximo a la verdad es la única senda que cual-

quier investigador privado debe seguir.

A veces, confl ictos cliente-detective frecuentan decisiones des-

acertadas que perjudican, paradójicamente, a quien las adopta. Lo

más primario es negar al detective cualquier cliente en cualquier

trifulca judicial pues algún sabio pontifi có que usar al detective sólo

es benefi ciarse, no admitir esa realidad.

El autor sufrió el mayor ninguneo, o una excomunión si de cues-

tiones clericales habláramos, de un cliente que lo fue durante casi

quince años en los que hubo éxito investigador y suerte, necesaria

y esencial en algunos temas por mucho ofi cio que tenga cualquiera.

Nos referimos a la desaparecida cervecera sevillana Cruzcam-

po, de la que aún se mantiene en el podio de los consumidores una

marca con su mismo nombre. Ahora, y desde el año 2000, dicha

cervecera es propiedad de Heineken España SA.

Y esa negación de lo obvio no provino formalmente del órgano

colegiado de una empresa, llegó de un individuo que veía fantasmas,

gabardinas, tópicos, lupas y adversarios en cualquier persona que

advirtiera su mediocridad y cobardía compulsiva.

170

El ninguneo extremo al detective se produjo con ocasión de la

pugna entre las cerveceras Heineken-Alhambra que se libró entre

los años 2000 y 2002.

Todo aconteció sobre las infundadas acusaciones de espionaje

industrial que lanzó Alhambra contra la entonces líder española del

sector, fi lial de la conocida multinacional holandesa que invita a ‘pen-

sar en verde’ en sus eslóganes publicitarios. En este tema de teórico

espionaje industrial no obstante se quedó ‘en blanco’, como veremos.

Una marca de Alhambra, ‘Águila Negra’, no se comercializó du-

rante años. El autor lo investigó convenientemente. Heineken de-

mandó la caducidad de la marca, de origen asturiano, por desuso en

los últimos lustros.

Alhambra replicó con una querella por espionaje, revelación de

secretos y allanamiento de morada industrial.

El Juzgado de Instrucción nº 4 y la Audiencia de Granada so-

breseyeron esta querella que se instrumentó por Cervezas Alham-

bra bajo la modalidad ‘catalana’ (hace ruido, da publicidad y cuesta

poco) por tan singulares cerveceros de la capital del Generalife.

Lo llamativo en la conducta de Heineken España SA es que, en

plena vorágine mediática de acusaciones planteadas en contexto del

David acosado por Goliat, lanza un comunicado que recoge la revis-

ta Muy Interesante en el número 251, de abril de 2002 (página 7).

El secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Ber-

mudo Valero, replica el poco documentado reportaje Ladrones de

marca de esa revista (número 249, febrero de 2002 (páginas 82-87)

fi rmado por Lola Delgado.

La rectifi cación alejaba, cual apestado, al detective de la multi-

nacional: “(Heineken) simplemente acudió, por recomendación de

nuestros asesores externos, a los servicios de un detective”.

171

Es decir, la entonces líder cervecera española (ahora lo es Grupo

Mahou San Miguel con una cuota de producción y ventas del 37%)

usa detectives a los que contrata y paga directamente desde lustros

atrás. Cuando hay problemas aparecen “nuestros asesores externos”

que nos recomiendan a determinados investigadores privados.

La inopia de algunas empresas y corporaciones negando obvie-

dades les impide no presumir de excelencias que tanto pregonan en

su publicidad corporativa, responsabilidad social y éticas institucio-

nales. A Heineken, en este caso, le pareció dar vergüenza un triunfo

judicial sobre esta querella de Alhambra que se sobreseyó tras des-

cubrirse en las diligencias preliminares cuestiones llamativas.

Miguel Bermudo, antiguo Secretario del Consejo de

HEINEKEN ESPAÑA, ‘desapareció’ al autor en co-

municado a ‘Muy Interesante’ replicando un caso

de espionaje industrial, fi nalmente archivado por

la Justicia, tras 15 años de provechosa colaboración

profesional.

Directivos de los querellantes colaboraron sin saberlo, aunque

voluntariamente, con el detective en su misión preguntándonos si

actuó ingeniosamente el sabueso.

172

El investigador, autor de estas líneas, aportó crónicas en revis-

tas de coleccionistas cerveceros en las que se fotografi aba con ejecu-

tivos de Alhambra en los mismos momentos y lugares en que estaría

espiando, usurpando privacidad, con pasamontañas y nocturnidad,

según verbalizó denunciando el entonces gerente de Alhambra Anto-

nio Perera a informativos de varias televisiones, radios y periódicos.

El ridículo de los granadinos hizo que la bomba que lanzaron a

los medios confi ando ser compadecidos por las presuntas e impro-

pias prácticas de una poderosa multinacional les explotara en sus

propias manos.

Difícilmente un ‘ladrón de marcas’ es invitado por el dueño de

las mismas a su casa, es homenajeado por el anfi trión y fi nalmente le

denuncia como amigo de lo ajeno sin saber nada de una película que

hasta patrocina con mediocres que le dejan al pie de los caballos.

A Antonio Perera, ex Gerente de Cervezas Al-

hambra y empleado de Cruzcampo, le estalló

en las manos la ‘querella catalana’ que impul-

só contra el entonces líder Heineken

173

Aquella querella costó a Alhambra varios ceses fulminantes. El

bochorno, lejos de acapararlo Antonio Perera Cantero (gerente en el

año 2000 de Alhambra y exdirectivo de Cruzcampo, marca propie-

dad de Heineken España SA) derivó a cabezas de turco su empeño

de hostilizar a su antiguo empleador que, antes de ser adquirida por

Heineken, era líder cervecera española.

Este ejecutivo, Antonio Perera, se escandalizó por el hecho de

que Heineken contratase detectives para investigar cuestiones de

propiedad industrial que legítimamente le competían, según repi-

tió ‘encantado de conocerse’ ante numerosos medios informativos

españoles y foráneos.

Sin embargo, consideraba normal que su empresa, Cervezas

Alhambra, contratara investigadores privados para acreditar el ab-

sentismo de sindicalistas en su plantilla. O esa fue la excusa para

librarse de molestos preguntones sobre extraños manejos de direc-

tivos de la cervecera granadina.

Ésta empresa recibió sustantivas subvenciones y apoyos públi-

cos no concedidos a sus competidores que silenció cuando aireaba

virtuales espionajes de una poderosa multinacional que no le dejaba

hueco en el mercado que querían poseer los granadinos.

Hipocresía y doble moral se suman sobre el concepto ‘detecti-

ve’, al menos para las entendederas de Antonio Perera, más la nula

valentía y sinceridad de Bermudo Valero. El último regenta un bu-

fete junto a su esposa cuando deja de ‘pensar – ¿soñar?– en verde’,

de no padecer algún daltonismo onírico.

Pero, fi nalmente, Heineken España SA parece incorregible con

respecto a los detectives que contrata ahora, y no por el ‘ninguneo

pleno’ que sufrió de la misma quien suscribe.

174

Desde el año 2000 utiliza los servicios de la agencia de un ex-

guardia civil que tiene fama de hacer ‘doblete’ (¿triplete?) con los

encargos de la multinacional holandesa.

Para entendernos, y como veremos, fechorías similares a las

que aprendió y usó Marita en el capítulo que dedicaremos a los es-

pionajes de la exagencia Método 3.

Un buen día la imagen que tanto preocupa a los antiguos líde-

res cerveceros españoles quedará por los suelos. Pagarán, a precio

de platino, dónde esconderse o a quién echar culpas. Sólo el tiempo

dará y quitará razones aquí expuestas.

j) Herederos impostores e impunes

Este asunto es de los que pone los vellos de punta. Lo protago-

niza un tipo de los que hacen hablar a los muertos sin ser forense.

El pelotazo de su vida lo consumó sobre una tía limpiadora jubilada

y mileurista a la que simularon una incapacidad gracias a que no

sabía ni fi rmar. Su huella era el único rubro de la dama.

La historia comienza en Asturias y viaja hasta Sydney (Austra-

lia). En los cuarenta y cincuenta del siglo XX las cuencas mineras

astures repartían duro trabajo, hollín, hambre, heridas y miserias de

la posguerra. Manuela era la más pequeña de una familia numerosa.

Sus hermanos eran picadores de una mina, ofi cio que hereda-

ron del padre. Entre todos malvivían. Olivia, la hermana de Manue-

la, era más vivaracha. Leía la prensa y viajaba hasta Gijón, Avilés,

Oviedo, urbes asturianas desde donde quería escapar de una aislada

España pobre.

Nadie sabe cómo se enteró de que en Australia buscaban matri-

monios para repoblar su extenso territorio a los que daban tierras y

pasajes a cambio de cultivarlas y residenciarse en el país-continente.

175

Nadie sabe cómo fue que Olivia se embarcó hasta las antípo-

das con un contrato de asistenta doméstica. Nadie sabe cómo Olivia

aprendió inglés en pocos meses y se labró un presente en los que se

sucedieron varios trabajos que cotizaron al alza su currículum.

Cuando rozaba los cuarenta años Olivia, no muy agraciada

aunque muy lista, se casó con un emigrante polaco que regaló a la

feliz pareja una casa a las afueras de Sydney.

Olivia jamás soñó con tal realidad a mediados de los setenta.

Era una mujer feliz aunque su esterilidad no la convirtió en madre.

Sus padres y hermanos seguían con la admiración del éxito per-

sonal desde Asturias. Para Olivia, Manuela, la ‘pequeñita’ como la

tildaba en sus interminables cartas, era su debilidad.

No logró trabajo nunca hasta que tuvo que sobrevivir como

limpiadora en un colegio cuando fallecieron sus padres. Sus her-

manos no le hicieron hueco en casa porque tenía un carácter difícil

provinente de una soltería ganada a pulso.

La felicidad australiana de Olivia se torció poco a poco. Su es-

poso enfermó de leucemia y la muerte lenta le acechaba en el lecho

de la alcoba matrimonial.

Olivia actuó como mejor pudo y supo en los meses fi nales de un

polaco cuya única realidad fue el duro trabajo.

Tras fallecer aquel hombre, Olivia recibió una noticia inespe-

rada. Era millonaria. No tendría que trabajar para subsistir, ni para

nadie, hasta el fi n de sus días.

Transcurrido el ‘dolor de viuda’ (intenso pero corto) Olivia es-

cribió a su hermana Manuela, su confi dente. Le detalló su riqueza.

Grave fallo.

El dato fue leído a Manuela por la única sobrina que la aguantaba

más de cinco minutos seguidos. Los casi quince millones de dólares aus-

tralianos que se legaron a Olivia estaban constituidos en un fi deicomiso.

176

Era un fondo con un administrador al que se deberán justifi car

cualquier pago legándose a los herederos de Olivia tras su incapaci-

dad o muerte.

Además del administrador, el fi deicomiso estaba supervisado

por una vecina de Olivia que intimó con su fallecido esposo más allá

de convencionalismos. Alison era su nombre.

La sobrina de Olivia, Cristina, concibió un malvado plan junto a

un hermano, Manolo (apodado el ‘Tigre de la cuenca’ por su poten-

cial sexual) que ejercía de director de una sucursal bancaria.

El personaje era divorciado, listo más que inteligente, despil-

farraba gomina en su cabellera y vivía en un BMW donde impre-

sionaba a las mozas del pueblo y alrededores. Manolo convencía a

cualquiera con palabrería de charlatán de feria o vendedor de lo que

fuera preciso.

El plan fue trazado en una notaría y consumado en un bufete de

Sydney que contrató Manolo gracias a su inglés telegráfi co de indio

alejado de la reserva.

Como Manuela recibió una carta, pocos meses después, de Oli-

via en la que le comunicaba que le habían diagnosticado un cáncer,

Cristina decidió acompañar a su tía Manuela hasta Australia para

estar cerca de Olivia y sus millones. Cristina aprovechó la estancia

para compilar datos para Manolo, su socio en una empresa que les

haría millonarios.

A fi nales de 2010 Olivia fallece tras ser cuidada por Alison a pie

de cama y visitada esporádicamente por Manuela y su sobrina ‘lis-

ta’. El entierro fue discreto. No hubo misa, ni acto fúnebre, ni nadie

quería que se supiera.

Alison esperaba, impaciente, alguna tajada dineraria por sus

cuidados y desde Asturias se esperaba mucho más. Los dólares aus-

tralianos eran bienvenidos.

177

El testamento de Olivia era claro. Manuela era su heredera uni-

versal y quedaba obligada a repartir la mitad del fi deicomiso a sus

hermanos y sobrinos ‘sin trabajo’. La mujer desde las antípodas sa-

bía bien lo sufrido del desempleo.

Semanas antes y después de recibir el testamento legalizado

en el consulado español de Sydney, Manuela tenía como una lapa a

Cristina. Sus recursos dramáticos le hacían aguantar las continuas

impertinencias de su tía rara y caprichosa por aquello de que me

hará millonaria y entonces le daré una patada donde más le duela.

Iba a medias con Manolo, capaz de cualquier cosa por obtener dine-

ro y mujeres fáciles.

El plan del tándem Cristina & Manolo se materializó. Hablaron

con demasiado cariño familiar a Manuela. Le hicieron ver que la

herencia era venenosa por lo del fi deicomiso.

Le sacaron poderes en una notaría de pueblo regentada por una

fedataria íntima de Manolo y recién aprobada las oposiciones para

repatriar la jugosa herencia de Olivia: los millones de dólares y una

casa en un barrio caro de Sydney eran sus ejes.

Como Manuela hacía muchas preguntas, sospechaba de aque-

llos dos sobrinos ‘listos’ y estaba convencida de que se quedarían

con todo en vez de repartirlo entre las decenas de herederos detalla-

dos en el fi deicomiso fue objeto de su anulación total.

Tras consultar con la notaria, jurista ambiciosa y capaz de todo

por minutar, concibieron ‘incapacitar’ a Manuela. La notaria con-

feccionó un affi dávit (declaración jurada) en perfecto inglés que se

basaba en un certifi cado médico falso.

Se describía en el mismo una demencia severa y artrosis degenera-

tiva de Manuela que le impedía tomar decisiones, comunicarse y deam-

bular autónomamente. Manolo, cómo no, fue nombrado su tutor.

178

El affi dávit dio la vuelta al mundo y aterrizó en un bufete de

Sydney que contrató Manolo para trincar lo antes posible la millo-

nada de Olivia. Era preciso pleitear. Pero había un problema.

Alison, la supervisora del fi deicomiso, junto al administrador

del mismo sospechaba también de Manolo en la distancia.

Ambos deciden contratar al autor de este libro para cerciorarse

de las patologías de Manuela y del destino de algunas sumas, que

totalizaban casi un millón de dólares australianos.

El dineral se había adelantado a una cuenta de Manuela donde,

cómo no, en la que Manolo estaba autorizado. La cuenta, qué ca-

sualidad, estaba en la misma sucursal bancaria que Manolo dirigía.

Una visita del detective a la destartalada vivienda de Manuela

puso frente a sus ojos a una anciana rara, pero que andaba perfecta-

mente al abrir la puerta del hogar individual. Bajo excusas que sólo

los investigadores saben Manuela habló sin parar de cosas suyas.

No sólo entendía las preguntas. Sus respuestas eran coheren-

tes. Sus gafas bifocales le permitían leer las revistas del corazón que

se amontonaban en su sofá. La artrosis era para llamar la atención

de la familia y la demencia era fi cticia, más falsa que un político en

campaña.

La siguiente visita del detective permitió advertir que Manuela

era absolutamente desconocida en la sucursal que Manolo dirigía.

Es decir, las disposiciones en su cuenta sólo pudo ordenarlas el au-

torizado, cómo no, Manolo.

Otra visita reveladora fue viajar hasta la notaría de la ambiciosa

fedataria. Un fax pidiendo confi rmar el affi dávit ya registró silencio

por respuesta. La notaria ante el detective estaba nerviosa, displi-

cente y esquiva al principio.

179

Cuando fue advertida de la grave responsabilidad que entraña-

ba un documento protocolizado que faltaba a la verdad clamorosa-

mente se percató que un complejo problema se le acercaba y debía

parar el golpe.

La Notaria del ‘Caso real’ sabe de todo. Hasta de medicina.

Su defensa fue la prepotencia del ‘primus inter pares’ y hasta

amenazó por acoso al detective. Suma y sigue.

El investigador abandonó silente aquella guarida que estaba

presidida por el teórico lema de los notarios españoles ‘nihil prius

fi de’ (nada delante de la fe –pública–). El sabueso pensó para sus

adentros que esto de la fe va por barrios. Y es cuestión de más fe.

En su deontología íntima, menos infl uyente y más coherente

que la fe notarial, pensaba más en otra máxima latina: ‘vincit omnia

veritas’ (la verdad lo conquista todo). Desconoce si debería haberla

escrito en futuro.

Varios hermanos y sobrinos de Manuela a los que había ade-

lantado ‘teóricamente’ casi medio millón de dólares australianos se

quedaron de piedra cuando el detective les contactó.

180

La batalla familiar se activó contra Manolo y Cristina sin que el

detective proveyera el armamento y la munición. En esta historia lo

mejor y lo que la justifi ca su aparición en este libro está casi al fi nal.

El detective, obligado por imperativo legal y ético, redactó en

un folio una denuncia que no faltaba a su secreto profesional. La

dirigió a una comandancia de Guardia Civil en la que le contaron

que había un ofi cial ‘de la judicial’ muy competente y que además

conocía el idioma de Shakespeare.

Aquí, cuando la denuncia llega en un abultado sobre con el affi -

dávit, las referencias de Manuela, las anotaciones bancarias y de sus

familiares de supuestas transferencias, comienza el ninguneo y ata-

que al detective.

Con mal tono se le piden explicaciones telefónicas al investi-

gador de por qué ha dirigido la denuncia por un tema que ‘no es

competencia’ de la Benemérita. Se alegaba por un burócrata (su-

bordinado del ofi cial ‘competente’) que no veía más allá de cómo

quitarse trabajo que los testamentos y herencias eran temas ‘civiles’.

Pero el detective responde con hechos tipifi cados en el Código

Penal: falsedad en documento público (affi dávit ante notario), estafa

(engaño sufi ciente para vaciar la herencia engañando a la heredera),

usurpación e intrusismo (certifi cado médico inveraz), apropiación

indebida (la de Manolo que no reparte con otros herederos).

El tono del funcionario se indigna sencillamente porque repli-

can su mediocridad y analfabetismo legal. Amenaza al detective por

meterse en terrenos genuinos del tricornio y opinar más allá del li-

mitado universo mental de aquel hombre.

Por terceras personas el detective sabe que sólo se le toma declara-

ción a Manolo quien habla de un complot planetario contra su persona,

justifi cando tanto dinero en su cuenta en que estaba compartida con su

181

tía. Sobre el affi dávit lo derivó a su signataria, a la que jamás tomaron

declaración.

El informe de los herederos corporativos del Duque de Ahu-

mada iba sobrado para que una jueza, también recién aprobada las

oposiciones, archivara las actuaciones que interesó un detective que

creyó alguna vez que un espabilado y su socia manejaban dinero

ajeno como aperitivo de la millonada que depararía el pleito por la

herencia de Olivia.

Como es fácil de imaginar, en nuestras antípodas dos personas

permanecieron atónitas un tiempo con lo relatado por su detective:

el administrador del fi deicomiso y Alison, la persona que cuidó con

ternura y cariño los últimos meses vitales de Olivia.

Manolo y Cristina no se sabe si ya serán millonarios de dólares.

En Australia un pleito aún mantiene las espadas muy altas. Nadie

en su familia les habla, ni aprueba la impropia conducta de Manolo

y Cristina. Las pesquisas del detective en la cuenca minera son co-

midilla aún por rastrear las verdades que ocultan dos pillos sobre un

analfabeta ‘incapacitada’. La historia es vox populi.

Y en Australia se resisten a admitir que Manuela esté incapaci-

tada para luchar contra el expolio que se perpetra contra ella y sus

relativas facultades mentales y motrices.

El maldito parné obra esta historia untado de codicia sin fi nal.

Moraleja: si la verdad legal no llega se debe buscar. Si la abandera

un detective parece menos verdad. En este tema una notaria novata

y un bancario sin escrúpulos con socia ganaron la impunidad terre-

nal. Pero perdieron la conciencia, si la tienen.

182

k) Pucherazo y sueldazo

Los colectivos profesionales atesoran la condición humana con

todas sus luces y sombras. Entre quienes comparten ofi cio hay egos,

orgullos, complejos, rebaños, líderes, vacas sagradas, acomodados,

oportunistas, antecedentes, pleitos, envidias, celos, burócratas… la

lista es tan infi nita como el espacio o la estupidez, como pronostica-

ra Einstein.

Las elecciones acaban en ’pucherazo’ a veces. No todas, sin

embargo, resuelven el desempleo de uno de los candidatos

Si el colectivo es de periodistas y reparte emprendedores, pode-

rosos, intocables, profesionales, sinvergüenzas, vanidosos y escrito-

res frustrados, todas las patologías conductuales crecen cuando hay

elecciones reñidas entre dos candidaturas. El guión es prosaico. Es

archisabido.

Lo protagonizan dos individuos: un presidente de lustros en

la poltrona quiere permanecer para benefi ciar su cartera y la de su

directiva. Tiene don de gentes, cargo matutino proveído del erario

público y agenda vespertina trufada de conferencias, foros, clases

183

magistrales, canapés, recepciones y cenas donde su esposa luce pal-

mito, celulitis y repite tonterías.

El otro candidato roza la cuarentena. Cuenta con el voto y equi-

po de quienes están hartos del mangoneo de un ‘presidente’ que

parece vitalicio. Entusiasmo, programa-programa-programa y poco

más son las credenciales para quitar del sillón a quien lo luchará

hasta el fi nal. Lo defenderá como gato panza arriba.

El día de las elecciones todo parece normal pero las urnas reco-

gen una abstención inusitada. El votante no gusta de comicios con-

fl ictivos como parecía aquel llamado a la polémica.

Era la primera vez en aquella asociación de la prensa medite-

rránea una candidatura osaba desafi ar el poderío profesional e ins-

titucional de un ‘presidente’, don Manuel, que parecía eterno.

Gerardo, el candidato ilusionado, repartía su voluntad el día D

electoral cerca de las dos urnas que repartían votos de presentes y

ausentes por correo. Estaba pegado al móvil intentando que algunos

indecisos que le prometieron el voto acudieran a depositarlo. Algo

caería a cambio: una cerveza como mínimo.

El resultado de las elecciones no lo creyó nadie de los respon-

sables del conteo de votos. Había empate entre los dos candidatos.

Entre los que apoyaron a don Manuel y al ilusionado Gerardo. Se

recontaron tres veces, la última tuvo por testigo a un notario que

levantó acta del indiscutible empate.

El conejo que siempre saca de la chistera todo desvergonzado

hizo que don Manuel reclamara una segunda acta donde se recogie-

ran posibles votos por correo que llegasen después del día electoral

aunque el matasellos diera fe que fueron cursados en plazo.

Entonces se obró un milagro que ni el santoral completo sería

capaz de ingeniarlo. Dos días después del día D llegaron al buzón

184

de la asociación de la prensa cinco cartas con cinco votos de asocia-

dos que cumplían los requisitos para ejercer tal derecho: estaban al

día en cuotas y lo habían cursado en un documento corporativo que

previamente había remitido el comité electoral.

¿A quién votaban las cinco cartas? Fácil respuesta. A don Ma-

nuel. El resultado global no es el imaginable: fue un 4 a 1, en vez de

un ‘descarado’ 5 a 0.

La cara de Gerardo cuando el notario levantaba la segunda acta

que pidió don Manuel era para retratar su p.p.p (primer primerí-

simo plano) cinematográfi co. Sabía que perdía por la mínima pero

había amplio hueco para la más admisible sospecha.

Gerardo y los suyos, armados con el acta que certifi caba la pérdida

de tan reñidas elecciones, se reunieron hasta la madrugada de aquel in-

terminable día que avizoraba un reto y un sospechado pucherazo.

Tras muchos debates apasionados entre partidarios y detracto-

res por violar intimidades y usar técnicas de malos perdedores decidie-

ron contratar a un detective. El consenso se apoderó de la tensa reunión.

Reunieron dinero también para contratar a un abogado ‘amigo’ con

precio especial por si el pleito fuera preciso tras el informe detectivesco.

El detective se puso manos a la obra. Las copias de las cartas, en

su anverso y reverso, desvelaron datos llamativos. Los remitentes

de los votos eran desconocidos para los miembros más activos de la

asociación. Uno de ellos vivía en Canarias, otro en Barcelona y otro

en Lugo. El detective los localizó a todos y concluyó que eran votan-

tes ‘por pasiva’ de don Manuel.

El matasellos del mismo día D electoral en la misma ofi cina

principal de correos ‘cantaba’ algo más. Era más que sospechoso

que remitentes tan dispersos en la geografía española depositaran

185

los sobres en el mismo buzón de la misma capital donde tenía sede

la asociación de la prensa.

Unas confi dencias ‘ofi ciosas’ redondearon el pucherazo para el

detective de unos fi eles de don Manuel hartos de sus manejos y tra-

picheos. Un amigo de don Manuel era directivo de Correos.

En persona le dio el mismo día de las elecciones, al saberse

empatada su candidatura con la rival, los cinco sobres. Perro viejo

‘puso’ un voto de los cinco tardíos a Gerardo para evitar la mayoría

búlgara a posteriori del empate.

Aunque no tenía pruebas materiales ni el testimonio del em-

pleado de Correos a quien su jefe le dio los sobres con el matasellos

del día anterior para ser cursados, el detective describió el modus

operandi de don Manuel en su documentado informe que rezumaba

irregularidades.

Las mismas irregularidades las advirtió un magistrado cuando

fue puesta a la vista de sus ojos una demanda instada por la candi-

datura de Gerardo pidiendo la nulidad del proceso electoral y, con-

secuentemente, la revocación presidencial de don Manuel.

Menudo cabreo y rebote alcanzaba al todopoderoso periodista-

líder. A Don Manuel no sólo osaron desafi ar su mando en plaza.

También discutían el trapicheo habiéndole pillado con las manos

en la masa.

Don Manuel, en su pataleta, hasta alejó a los más fi eles de su

fi el directiva sabedores de que la cosa fue demasiado lejos. La san-

gre que chorreaba el tema exigía sutura, desinfectantes, vendas y

mucho reposo.

186

La chistera de don Manuel anuló al detective, el auto judicial

que reproducía las averiguaciones del investigador y a todo aquel se

moviera desde su dogma de dios terrenal. Tuvo una salida maestra.

Ofreció a Gerardo un ‘pacto secreto’ en el que don Manuel cedía

la presidencia a favor de un sumiso directivo que haría lo que don

Manuel ordenase.

A cambio Gerardo pasaba a ser empleado público de plantilla y

retiraba la demanda que desvelaba el último trapicheo de tan inge-

nioso falsifi cador pillado en plena faena.

Gerardo, fi el al pacto que fi rmó con don Manuel acechado por

el desempleo, sucumbió a la miseria de ser comprado por muy poco

y el detective, una vez más, dejó un escándalo en la puerta de una

casa que nadie vive, ni quiere comprar, ni desea visitar.

Semanas después de archivarse la demanda de Gerardo, de re-

chazar sus propios compañeros de candidatura tan mezquina ‘venta’

de su líder, el detective coincidió con don Manuel y Gerardo juntos.

Hablaban como amigos y venían de tomar un café.

Don Manuel era el jefe de Gerardo desde hacía muchos meses.

Le habían subido el sueldo al recién llegado laureando su silencio.

Iban tan contentos charlando cuando el detective saludó a Gerardo,

su antiguo cliente.

– ¿Cómo te va, qué alegría verte? ¡Cuánto tiempo! – dijo el

detective–.

– ¡Ah! Me alegro verte. Mira te presento a mi jefe, don Manuel…

–Sí, sí. Ya lo conozco –contestó del detective con sorna–. Lo

conozco de verlo en prensa –remató el investigador–.

187

Obviamente, el detective zanjó el encuentro con su excliente

por la incomodidad que le suponía a Gerardo seguir charlando.

El investigador pensó que a don Manuel lo conocía de mucho

más. De sus afi ciones postales, entre otras cosas. Sabía que al ‘presi-

dente’ Gerardo le desvelaría su ofi cio de investigador.

El sueldazo de Gerardo le vino de un pucherazo. ¡Qué cosas ‘ve’ y

‘vive’ un detective! Qué sorpresas tiene la vida. Y qué bajo caen algunos

que después conferencian sobre éticas, divinidades y humanidades.

Gerardo hasta da clases en la universidad sobre la excelencia

periodística. Ni escribe hace años, ni reporta noticias, ni quiere de-

jar de ser el burócrata que repugna hasta a los que un día creyeron

en su carisma.

l) Contrainforme ‘gratis’

Al abogado de quien notifi caron demanda de casi un millón de

euros se le exige una respuesta contundente en el plazo de apenas

semanas.

Debe convencer a su patrocinado de cierta capacidad para salir

airoso del trance. También debe replicar a la contraparte con tan-

tas pruebas, argumentos, testigos y evidencias que o bien desista el

demandante de tan importante reclamo o bien se llegue a juicio con

ciertas garantías de triunfo en sentencia. Hasta aquí escribimos so-

bre generalidades. El caso que nos ocupa es anormal desde el prin-

cipio. Vamos a los detalles.

188

El Informe médico que desmontó el detective lo rentabilizó un letra-

do más truhán que hábil. Al fi nal pagó una caradura de principiante.

El abogado es un esperpento con toga. El hombre no da más de

sí. Aprobó Derecho porque hincó codos. No tiene habilidades sociales

y disfraza su escasa valía y talento representando el papel de un tipo

‘ocupado’. La técnica le tiene siempre ‘reunido’, ‘hablando con clien-

tes’, en la capilla de un juicio en el pasillo o de interminables viajes.

Este individuo con toga alegaba al que después fuera su detective

que estaba en notarías asesorando a clientes sobre escrituras en las

que bailaban los millones de euros tantos como los dedos de los ofi -

ciales del fedatario introduciendo datos en el teclado del ordenador.

Para mayor abundamiento, los clientes del abogado eran dos

primos, de los de familia, que iban de ‘primos’ por tener a tal abo-

gado. En realidad eran unos listos a los que siempre toca pagar la

fi esta. Eso pasa por no gastarse dinero en profesionales expertos en

lo que se precisa.

A una semana para contestar la demanda, el abogado ‘ocupado’

había dado vueltas y vueltas en su sapiencia jurídica tras lo que no

tenía nada entre manos.

189

En su desesperación, llamó a un detective. Estaba esperanzado

de que éste haría un contrainforme al que se aportó en la demanda

que intentaba desmontar una doctora exagerando unos perjuicios

importantes, daños corporales y secuelas tras caerle vigas en un lo-

cal con ocasión de unas obras sin licencia que hacían sus primos en

el piso de arriba. Todo había sucedido en la provincia de Tarragona

Al detective sólo le anticipó escaneado este abogado el informe

médico por cuestionar. Le prometió una suma importante de ganar-

se el pleito, pero el detective estaba acostumbrado, y harto, de tan

subyugantes ofertas de difícil cumplimiento. Quería algún medio de

pago del adelanto y fi rmar un contrato para liquidar en determinado

plazo el resto por pagar.

El abogado, que siempre estaba ocupado en notarías, esperán-

dole algún cliente o tenía un pie en alguna reunión, le mandó por

mensajería un cheque postdatado que supuestamente estaba fi rma-

do por sus primos. El documento vencía a los diez días.

En una titánica labor y afán de ayudar al abogado y sus clientes

el detective se desdobló para desnaturalizar el informe médico so-

bre el que se basaba la denuncia.

Como decíamos, lo fi rmaba una doctora que compilaba partes,

certifi cados e informes de colegas galenos. Llamativamente la parte

donde supuestamente esta médico exploraba en persona a la deman-

dante no aparecía. Resultó que jamás la vio, algo que desmonta el dic-

tamen pericial como se encabezaba el informe supuestamente clínico.

El detective descubre, además, que la patología que aduce su

informe ya la tenía la demandante y supuesta paciente antes del ac-

cidente, por lo que el tema olía peor. Metidos en faena, se descubre

por el detective que la doctora es funcionaria en activo incompatible

con la elaboración de peritajes privados.

190

Además, los redacta en horario laboral pues hace guardias en

un lugar donde ningún ‘enfermo’ se queja o precisa ayuda médica. Es

forense en una provincia distinta de la que sitúa su pericia escrita y

hace autopsias casi en exclusiva.

El ‘contrainforme’ elaborado por el detective descubre, suple-

mentariamente, que esta doctora cobra estas pericias ajenas a la lega-

lidad social y tributaria. Es decir, ni jamás causó ‘alta’ como autóno-

ma o en el preceptivo IAE (Impuesto de Actividades Económicas), ni

declaró en su vida IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), retencio-

nes a cuenta del IRPF (Impuesto sobre Renta de Personas Físicas).

Fidedignamente, el detective advierte que cobra ‘en negro’ las

pericias privadas y, además, las trabaja por decenas al mes para va-

rios bufetes que se dedican a pleitear y que practican ‘cuota litis’.

Este es un sistema importado de países anglosajones basado en el

‘no win, no fee’ (si no ganamos, no pagas).

O sea, la demandante no pagaba nada al bufete ni por abogado,

procurador o perito médico. Item más. La demandante era una per-

fecta insolvente. Si perdía la demanda millonaria en euros quienes

se defendían de ella jamás cobrarían las costas procesales en caso de

ser condenados a pagarlas los perdedores del pleito.

En los pleitos civiles esta partida, la de costas, entraña aproxi-

madamente un 30% de la suma demandada.

El informe del detective se adelanta al abogado por correo elec-

trónico. Es tan contundente que el letrado esperpéntico se transfor-

ma en ‘listo’ o sinvergüenza para no pagar nada y desviar el foco.

Replica al detective en el sentido de que ya conocía gran parte

de lo obrado por el investigador privado (coletilla, hiriente, de malos

pagadores con especial virulencia hacia los sabuesos privados) y que

necesita, para que sus primos paguen el informe, un informe médico

191

que rebaje la gravedad de las patologías y secuelas que se manifesta-

ban en el que insertaba la demanda que se intentaba replicar.

El plazo para obtener este ‘contrainforme médico’ era tan corto

que resultaba mero justifi cante para no pagar: tres días.

El lenguaje del abogado en sus textos era tan apocalíptico que

su jugada parecía coherente. En realidad, como después se demos-

tró, el abogado ya tenía de sobra con el primer informe del detective.

Estos trágalas que inventó a posteriori no eran más que los re-

siduos de su mediocridad para ganar tiempo y desesperar al detecti-

ve en los intentos de cobrar su legítimo trabajo.

El fi nal de la historia es que replicó la demanda en plazo y con

tantos argumentos que la contraparte desistió. Este letrado, un

mozo malcriado y cobarde, fue demandado en las personas de sus

primos. El demandante esta vez era el detective que le regaló ganar

un pleito. El ‘gratis total’ que pretendía le salió con demanda esti-

mada íntegramente y condena al pago de costas e intereses.

En la misma sala judicial los primos casi se pelearon físicamen-

te cuando vieron de cerca la chapuza de un familiar a quien la toga

no disfraza ni disimula su medianía y mezquindad.

Jamás se valoró en positivo el ventilar una demanda importan-

te por el trabajo preciso y contrarreloj del detective.

En esta historia, hasta se intentó impagar la factura total del

investigador y lo único que sirvió todo es para que unos primos de-

jaran de serlo con un abogado tan imbécil como ‘listo’, que sólo se

mira el ombligo creyéndose jurista o ‘tonto’ que cuenta chistes de

los que nadie se ríe.

Nadie sabe en qué notarías hace escrituras este pobre hombre,

ni qué clientes le reclaman tanto. La madre del letrado vive engañada

sobre el orgullo que toda progenitora debería sentir de su vástago.

192

m) ¿Novio tonto? ¿Cliente ‘listo’?

Los asuntos que llegan a la agencia por Internet comienzan con

meras preguntas o un par de líneas que resumen el interés investi-

gador del potencial cliente.

Cuando el correo originario tiene señas confi guradas sobre

macroportales (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) y no están adscritos a

empresas, dominios privativos o corporativos suben las dudas, de-

crecen las garantías y se activan todas las alertas.

Pero un correo pasa los teóricos fi ltros del detective para con-

testarlo. Lo fi rmaba un sujeto que decía llamarse Patrick O’Brien.

Afi rmaba que residía en el profundo Estados Unidos (USA). In-

teresaba la confi rmación de algunos datos sobre su novia cibernéti-

ca que resultó ser una británica cuyas fotos certifi caban una belleza

incontestable.

La chica era enfermera, trabajaba para una ONG que atendía a

niños centroafricanos en un hospital valenciano.

El Informe que pretendía el comunicante era de carácter pre-

matrimonial. Indicaba que esta chica tuvo problemas con inmigra-

ción de USA al verse rechazado su visado para matrimoniar con el

novio que quería más informes de su ‘novia’ virtual.

El hombre ni había ido al sur de Londres, donde ella residía

hasta su aterrizaje valenciano, ni ella, repetimos, pudo entrar en los

USA pues tenía sombras en su pasado al parecer por una vieja esta-

fa. El tema chirriaba desde un principio.

Varios intercambios de correo con el que dejó de ser potencial

cliente para serlo de facto anticiparon un dinero para gastos que cu-

brieran la estancia en Valencia de unos días para confi rmar el traba-

jo hospitalario de la enfermera, su lugar de residencia que se situaba

en el centro de la capital del Turia.

193

La enfermera mentirosa del caso no es como la mayoría de sus compañeras.

Además, la enfermera frecuentaba una iglesia que el norteame-

ricano decía que se llamaba Madonna María.

Patrick, el novio, escribía correos compulsivamente. Pedía par-

tes operativos cada dos horas y con el adelanto para gastos creía

haber contratado esclavos en vez de detectives pacientes que en días

elaborarían un jugoso informe que le serviría para seguir apostando

por un matrimonio sobre el que se cernían algunas nubarrones se-

gún las entendederas del detective

A Patrick el detective le paró los pies por tanta impaciencia y se

le justifi caron toda clase de gastos efectuados en la capital de Turia.

Se le respondió con archivos que justifi caban los gastos en Valencia

(billete de avión, auto alquilado, reserva de hotel en pensión com-

pleta, etc.).

También se le anticipó que el informe se enviaría tras una se-

mana del regreso de Valencia, pues resultaba preciso ratifi car mu-

chos datos captados in situ.

El hombre parecía tranquilo por sus mensajes, pero el detective

tras sus primeras horas en Valencia comenzó a alucinar con Kate, la

194

novia maciza de Patrick. La chica mentía más que el novio de Falete

(famoso cantante) en comisaría.

Aunque su morada valenciana la sitúa en ‘Carrer del Quart’ el

detective se la trabajó casi entera por los números anteriores y pos-

teriores del que dijo que vivía. Justamente ese no existía. Varias re-

numeraciones de la calle lo despejaron.

Kate ‘vivía’ para Patrick en una casa que no existía. El dato los

ratifi caron vecinos, el cartero de la calle y algunos guardias urbanos

consultados.

El primer golpe para Patrick traería más. La calle era de las de

marcha nocturna y desparrame de todos los extranjeros que recala-

ban en Valencia.

En varios pisos donde se alojan mochileros, pensiones y otros

alojamientos similares las fotos mostradas de Kate no supusieron

ninguna mirada aprobatoria sobre si la conocían. Nadie sabía del

paso de Kate por aquellos lares.

Algo parecido resultó en todos los hospitales y clínicas valen-

cianas. Se los repasó, uno por uno, el detective. Ningún centro sani-

tario de la capital y alrededores tenía programas asistenciales para

niños centroafricanos. Nadie conocía tan rara y extraña ONG para

la que decía trabajar Kate.

Vayamos a las iglesias. Como ‘Madonna María’ no había nin-

guna en la capital de la comunidad valenciana. El dato estaba

corroborado con todos los centros de culto que compilan varios

buscadores y llamadas que se hicieron hasta al consulado italiano,

por si algún transalpino supiera del tema dado el nombre de tan

supuesta iglesia.

195

El detective aprovechó su estancia valenciana para disfrutar del

Oceanografi c, Ciutat de las Artes y Ciencias, arroces en El Palmar…

También pasear y correr por el antiguo cauce del Turia, un espacio

lleno de vida y actividades.

Era un trago para el detective elaborar su ‘informe valenciano’

sobre Kate. Como a muchos investigadores les sucede, le daban ga-

nas de llamarla de disponer de su móvil y preguntarle de qué iba.

Para sus adentros profesionales el detective pensó que ella ten-

dría perfi l de una chica muy cotizada que quería librarse del moscón

de Patrick. Otra explicación no tendría tanta mentira.

Preguntarle por qué lo hacía sobraba tras ver que los datos ‘va-

lencianos’ que le dio a quien se autoproclamaba en correos electró-

nicos su novio. En la balanza mental de qué y quién gana o pierde

con lo que se investiga, cualquier detective tendría crudo dónde po-

ner a Kate. A Patrick se le situaba en la mente en el pedestal de los

idiotas quietos, quietecitos, que mejor no se muevan.

El detective mandó a Patrick su informe en el plazo compro-

metido. Sabía que podía pasar cualquier cosa: la verdad constatada

le haría no cobrar nada, recibir insultos, ser guión para más pedi-

dos en el mismo precio cuando todo estaba claro y un largo etcétera

imaginable.

Imaginaba el detective a Patrick como alguien perteneciente a

una secta ultraconservadora que paró el mundo en el siglo XIX. A

Kate la situaba como una chica de su tiempo que difícilmente se ex-

plicaría cómo y por qué tenía vínculos con aquel personaje.

El misterio se despejó al día siguiente de mandar el Informe

el detective y en la pantalla del ordenador. Patrick era una furia. Se

consideraba víctima de una estafa en toda regla.

196

El engaño de Kate, su querida novia, lo encarnaba el detective

que simplemente le verifi có una por una las mentiras de una chica

que nadie sabe qué ganaba con ellas.

Su correo, además de insultante y difamante, dudaba de que se

hubiera realizado la investigación en la misma capital valenciana.

Dudaba incluso, aquel miserable, que el detective se hubiera des-

plazado hasta la capital del Turia pues las pruebas que aportó (fotos

de números previos y posteriores al indicado del Carrer del Quart,

listas de hospitales, clínicas e iglesias, etc…) decía que se obtenían

fácilmente en cualquier buscador o satélite que mostraba fotos en la

red de redes.

Es más, aportaba en su réplica Patrick dos datos que le conso-

lidaban y otro que le destrozaba. El primero era de Google Street

sobre un número idéntico al de Valencia pero en otra localidad de

la provincia.

Ahí decía, a posteriori, que vivía Kate el tal Patrick. El otro dato

‘estrella’ era que habría logrado ubicar la iglesia de Madonna María

en Valencia, California.

Es decir, Patrick se había equivocado geográfi camente miles de

kilómetros. Pasó de cliente ‘listo’ para no pagar a novio tonto. El

error se lo hizo ver el detective y hubiera ahorrado muchas horas de

investigación en vano.

Kate engañó a Patrick desde el principio. No cabía duda. El

hombre, al pedir datos del comportamiento de Kate en la iglesia y

trasladar su obsesión persecutoria al detective, se comportaba como

un novio celoso. Además, lejos de reconocer el engaño lo proyectaba

a quien se lo demostraba con pruebas más que evidentes.

Como todas las historias que se retratan aquí, el ninguneo, la

falta de confi anza, el impago y acreditar un mínimo de humildad

197

para reconocer errores son carencias para un individuo que dice lla-

marse Patrick y se oculta en un correo confi gurado a golpes de un

teclado en un lugar virtual. Sin hogar cibernético que lo respalde.

La desvergüenza de este sectario siguió con un archivo en el

que decía haber realizado una transferencia que nunca llegó. Usó

el viejo truco de dar pantallazo al último paso de la operación sin

ordenar el pago. De haber realizado la transferencia, en el plazo de

tres días máximo está en la cuenta destinataria.

Reclamada a la semana la transferencia, el silencio se hizo

dueño del correo de Patrick. Este novio lo tendrá muy difícil para

encontrar una pareja devota de iglesias y con tan buen corazón de

enfermera que sólo ayude a desvalidos, más que a enfermos.

Kate se estará riendo de Patrick desde algún rincón del mundo.

Y el detective le resta sólo conocerla para echar otras risas. En el

Carrer del Quart…

n) Engañarse. Y al seguro

En el mundo real engañar al seguro es una profesión. Esa es la

trama que plasmó en la gran pantalla Billy Wilder con su trilogía Per-

dición (1944), El apartamento (1960) y En bandeja de plata (1966).

O la que se deduce en Memento (2000) de Christopher Nolan.

Para determinados españoles es hasta un deporte popular, de

ámbito estatal si aceptamos las palabras que repetía un directivo

de aseguradora al autor cuando conversábamos sobre informes de

dicha temática.

Pero no es tal deporte con la crisis de crédito, impagos, falta de

circulante, despidos y recortes presupuestarios que jamás alcanzan

198

a colegas de quienes los ofi cian desde el poder o despachos funcio-

nariales. Es supervivencia y picaresca patria.

Defraudar al seguro es la vía rápida de ‘cerrar’ negocios o liqui-

dar stocks no vendidos. También, librarse de plantillas o decretar

cierres patronales gracias a incendios o robos supuestamente fortui-

tos o dolosos de delincuentes a los que jamás se les das caza.

En nuestra sociedad latina y mediterránea está lamentable-

mente aceptado que cobrar un dinero fácil sin acompañarse de es-

fuerzo, talento, sudor o trabajo es bienvenido.

La historia que se intenta resumir es la de unos tipos que se en-

gañan y acuerdan engañar al seguro cada uno por su cuenta. Desde

que el detective olfatea la verdad no pasa nada, nadie cobra y hasta

nuestra esforzada Guardia Civil no atrapa al malo que siempre pu-

lula en toda buena historia ‘negra’.

Todo bascula sobre un manantial de aguas declaradas ‘minero-

medicinales’ situado en Galicia, por situar el lugar donde tuvieron

lugar los hechos reales.

La fuente estaba en la parte media de un macizo montañoso

que antecedía un valle y se arrodillaba a unos picos bajos y redon-

deados por el viento y los siglos.

El dueño del manantial, Manuel Reis, era un lugareño que he-

redó de sus padres las tierras. Su hijo, Paquiño Reis, era el típico

emprendedor que ve negocio hasta en su propia respiración.

El progenitor estuvo emigrado de joven en Brasil y ya no quería

nuevas aventuras laborales ni empresariales. En el país sudamericano

tuvo problemas con la policía por unas estafas inmobiliarias que hizo

dándoselas de listo. Digamos que fue a robar a la mismísima cárcel.

199

Unos sobornos a las personas adecuadas le libraron de males

mayores. A sus casi setenta años se entregó al criterio de su hijo

que ya expuso empresas al cierre. Dejó deudas y su emprendimiento

acaba no pasando de mariscadas, chupitos plus, café y francachelas

con la cuadrilla de amigotes.

Paquiño era el personaje a quien le proponen crear en las tierras

del valle de su padre un complejo de golf, hoteles y campos deportivos.

La idea se dejó querer, se plasmó en un informe de un estudio

de arquitectura que daba las bendiciones al proyecto.

Quien proponía el negocio aseguraba subvenciones para el alo-

jamiento rural y los accesos. Lo del golf y otros excesos urbanísticos

formaba parte del faraonismo con que se reviste cualquier maqueta

y proyecto de salón.

Había un problema para el proyecto. La fábrica envasadora de

agua mineral que captaba su materia prima del manantial estaba

alquilada a un empresario, Federico Ponte, que comercializaba bo-

tellas en el canal hostelero.

Tenía la fábrica a plena producción y, tras adquirir mediante

alquiler fi nanciero con opción de compra una nueva embotelladora,

pensaba triplicar la producción del envasado. La marca del agua mi-

neral era conocida y se vendía bien.

La crisis de fi nales de la primera década del siglo XXI bajó ven-

tas y paró pedidos. Mientras, el proyecto hotelero rural se levantaba

gracias a créditos y subvenciones concedidas aunque no cobradas.

La fábrica hacía aguas (nunca mejor dicho) y el hotel rural languide-

cía a la espera de subvenciones tardías en cobro.

Los presupuestos iniciales de obra se quintuplicaron de precio y

las subvenciones no se pagaron en el tiempo esperado por los promo-

200

tores. Se retrasaron, repetimos, más de lo que aconseja la paciencia.

Paquiño y Federico Ponte tuvieron muchas reuniones para

arreglar sus respectivos problemas arrimándose el hombro el uno al

otro. Manuel Reis asesoraba en la sombra a su hijo, en ocasiones pa-

sado de rosca con algunas soberbias que le anulaban el criterio que

la mesura exige. Ponte era el típico lobo que esperaba el momento

del paso del rebaño. Algo caería, pensaba para sí.

La crisis de Paquiño y su padre arruinaba el proyecto y Ponte

dejó de pagar la renta por el manantial al descender sus ventas y ver-

se obligado a atender pagos a fi nancieras para la nueva envasadora.

Hicieron alianza y Ponte vendía su fábrica a los Reis en contra-

to privado valorándose en un precio irreal. Unos y otros concertaron

seguros sobre lo suyo. Sobre los activos materiales.

Lo que ocurrió después fue que los Reis no querían cumplir el

contrato y no hicieron frente a los primeros plazos. Ser dueños de lo

alquilado les hizo acreedores del dogma y la verdad en todo lo que

pasó después.

Una noche de verano la fábrica de aguas y su envasadora quedó

arrasada por un incendio ‘intencionado’. Los focos fueron activados

por acelerantes de hidrocarburo convenientemente desplegados en

varios puntos externos de la fábrica. Unos palés de madera ardieron

hasta destrozar la embotelladora y unos almacenes.

La Guardia Civil mandó desde Santiago a su equipo de crimina-

lística. Además, varios subofi ciales y agentes de la judicial recabaron

testimonios entre los bomberos que apagaron el fuego, a quienes

habían llamado al advertir las primeras llamas empleados de Ponte

y los Reis y vecinos del lugar poblado más cercano. Todo concurría

en que la intencionalidad tenía nombres y apellidos por escribir.

201

El detective aparece tras el pedido del perito de la aseguradora.

Representando papeles de fotógrafo, pagador de indemnizaciones

inconcretas, perito ‘indefi nido’, comprador de tierras, gestor de ho-

teles y lo que sea menester para descubrir la verdad olfateó por los

lugares próximos a la envasadora verdades huidizas.

Descubre, el detective, un contrato entre los Reis y Ponte. El úl-

timo reclama a la aseguradora algo que tiene vendido meses antes.

Con este dato el informe del detective está amortizado por no ser

legítima la reclamación de Ponte y no estar sujeta, por tanto, a pago

de nada por parte de la aseguradora.

Los Reis, no obstante, son los principales sospechosos del incendio

para la Benemérita. Les interrogan varias veces pero no sueltan prenda.

Amenazas e incidentes con Ponte antes del fuego les señalaban.

Los antecedentes de estafa de Reis padre en Brasil se repiten

en Sanxenxo, el Marbella gallego donde se presume más de lo que

se tiene. No lo sabía ni su hijo Paquiño. El detective lo sabe por un

lugareño que supo el proceder de este anciano supuestamente ve-

nerable.

La historia de la fábrica incendiada por la mano humana prosi-

gue para el detective al descubrir un contrato privado entre los Reis

y un inversor gallego emigrado y millonario que pretende explotar

con dinero fresco el complejo hotelero edifi cando una nueva embo-

telladora de agua. Es decir, los Reis tenían vendido aquello y el que

estorbaba era Ponte.

Finalmente nadie supo quién prendió la cerilla, pero la asegu-

radora no pagó ni un céntimo. Un impulsivo y engreído mando de

la Guardia Civil cuando vio que un detective investigó algunas cues-

tiones hizo saber al sabueso vía subordinados que cuidadín porque

podría ser detenido por ‘investigar delitos’.

202

Este mando no estaba lejos del pelotazo; era amigo del millonario

gallego que sabía de la ruina de los Reis, que vendían a la baja. Desco-

nocían que el gallego ‘inversor’ era en realidad un intermediario de otro

cazachollos que vivía en Coruña y se ‘enteraba’ antes que nadie cuando

una hipoteca se iba a ejecutar y ofertaba a precios de ganga.

Lo del millonario emigrante era mentira. Las verdades del

detective fueron traspasadas a su cliente, una aseguradora que

aguanta el chaparrón de notifi caciones reclamando pagos que

nunca hará.

Nadie sabe qué demonios hace un detective entre tanto sin-

vergüenza. El ‘comprador’ de los Reis se dedicada a la extorsión de

arruinados. El coronel que amenazó al sabueso estaba para jubilarse

y compilaba la fortunita que todos acarician para disfrutar del júbilo

sin temblores. País. La historia quedó así.

o) Matar al mensajero

Los precedentes sucedidos tienen base real. Han sido cono-

cidos profesionalmente por el autor. Excepto en el apartado pre-

cedente que enfrenta a los Claudios, se disfrazaron identidades y

lugares para no herir a nadie ni perjudicar honras personales. Se

ha preferido no instrumentar fi cciones con técnicas literarias para

evadir al lector de lo que podamos tocar o sentir cercano.

En esta obra el detective Reyes no va a trabajar ningún caso en

el que le ayude Güito o Elena. Esos personajes están presentes en el

blog de www.adaspain.com Se actualiza con sucedidos reales en su

agencia imaginaria debidamente fi ccionados.

Lo que se pretende trasmitir en este capítulo es que no es sólo

el poder el que obvia, ataca, persigue o se benefi cia ‘gratis total’ del

perfi l social y profesional del detective patrio.

203

No sólo quienes tienen despachos ofi ciales se perjudican. Hay par-

ticulares, empresas y profesionales que desconsideran a unos servido-

res de la verdad sin ninguna otra que su paciencia, dignidad, ética.

Tras superar infi nitos obstáculos para conocer lo que realmen-

te ha pasado, o aportar verosimilitud a historias interesadas o de

parte el detective es asesinado por todos o lo ultiman concediéndo-

le nada, lo ejecutan sin preguntarle, hurtando demasiadas veces su

punto de vista.

Y el detective tiene alma, corazón, más respuestas varias. Quie-

nes ofi cian matar al mensajero deben asumir sus responsabilidades.

Quien suscribe repite en numerosos soportes que al detective

se le otorga un plus de maldad que por investigar verdades no se le

concede a policías, periodistas y escritores. Muchos investigadores

no se percatan de que ya se les acabó el crédito de simpatía y popu-

laridad que les venía del emblema novelesco-fílmico de sus colegas

inventados.

La realidad del detective español es que asume la insensibili-

dad e ignorancia que existe sobre su trabajo pero lleva muy mal que

se le ataque sin motivo, se le quiera matar profesionalmente o bien

pague por culpas de colegas, que no compañeros, que lo hacen mal

porque son delincuentes agraciados de impunidad. A las claras.

Matar al mensajero personifi cado en el detective que intenta

atender al cliente que le contrata es acabar con esa verdad ofi cial,

dogma de obligado cumplimiento o ‘pensamiento’ único que nos

imponen quienes ni piensan respetar lo que pontifi can.

Esa alternativa, o una parte ínfi ma de la misma, muchos la en-

204

cuentran y la hallarán en el buen detective, no en el que engaña con

licencia y en vez de agencia regenta una guarida.

Esa minoría de desalmados se conoce en casos como el centra-

do en la exagencia Método 3 o los listillos que en vez de investigar

en la calle y trabajar el ofi cio mercadean con datos protegidos. Nos

referimos a Operación Pitiusa, sumario judicial que se profundiza-

rá en el siguiente Capítulo. También, lo merecerán las andanzas de

Método 3. Por derecho propio.

205

Capítulo 3

A un pícaro, otro mayor

Refrán español

OPERACIÓN PITIUSA

Sergio Córcoles Brualla es un joven con inquietudes y una es-

posa, Sonia, que le acompaña en todo, antes y después de casarse.

Tiene ambiciones y prisas por ganar dinero fácil.

Estudió Criminología porque pensaba que lo suyo son las emo-

ciones fuertes de luchar contra el delito. Tras obtener licencia de

Detective no pudo montar la agencia y aterrizó en Cybex, una em-

presa barcelonesa especializada en seguridad informática.

Allí coincidió con personajes también muy ambiciosos: Sara

Dionisio, Juan Manuel Olivera y un ingeniero informático llamado

Matías Bevilacqua-Brechbuhler Trabado, formado en la Universi-

dad Politécnica de Barcelona.

Matías es, además, un argentino con raíces centroeuropeas que

se mueve mejor que nadie entre cables, conexiones, discos duros,

torres y pantallas.

Quienes le conocen le tildan de hacker, pero él prefi ere otros

apelativos a su sabiduría informática. Su agenda, y privilegiada

mente, está llena de clientes, datos y técnicas para sacar lo que sea

de un ordenador, servidor o lo que pida un cliente que pague bien.

206

Como todos los porteños expatriados soporta difícilmente a los

jefes y las órdenes ajenas; es un ‘free lance’ con excelentes contac-

tos. Barcelona es un nido donde echó raíces. Matías, tras salir de

Cybex, montó CF Labs, especializada en identifi car a suplantadores

de identidad digital, accesos no autorizados a bases de datos confi -

denciales y contraespionaje.

Fue elegido por su estrecha relación con policías e inteligencia

patria (CNI) para impulsar el Centro de Ciberseguridad español.

Además, ha colaborado con el gobierno de Venezuela para la

construcción de sus laboratorios forenses y equipar el Servicio Na-

cional de Incidentes Telemáticos.

Ahí, en esa dependencia del gobierno bolivariano, trabajan ha-

ckers para espiar a la oposición al chavismo y evitar ataques de otros

servicios extranjeros, especialmente de la CIA, siempre atenta a los

movimientos del fallecido Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro

y las andanzas del opositor Henrique Capriles, a pesar de ser teórico

aliado de los norteamericanos.

Bevilacqua jamás desatiende ninguna petición. Le encanta ser

considerado el mejor en lo suyo. Además, y con menos de 40 años,

ya hizo una fortuna con sus ‘trabajitos’. Una de sus tarifas es de

1.800 euros por ordenador o móvil más gastos de viaje y dietas.

A veces emplea más en los desplazamientos que las horas que

dedica a su experto trabajo. Y raras veces trabaja sobre un mínimo

de decenas de ordenadores.

Córcoles, de su parte, estaba cansado de lo provisional, de im-

pagos. Tuvo una mala experiencia como fugaz detective sin agencia.

Quería un sueldo. Logró, con grandes esfuerzos, ser policía local en

un pueblo cercano a Barcelona, Santa María de Palautordera.

207

Allí todos le veían casi siempre colgado de su móvil. Cuando se

desprendía del uniforme se pegaba a la pantalla del ordenador o sus

periféricos. Como Bevilacqua.

Córcoles hizo mucho dinero en poco tiempo. Multiplicó su pa-

trimonio en pocos años y mereció que se añadieran cargos por pre-

sunto blanqueo cuando su nombre irrumpió en el operativo Pitiusa.

Sus contactos con detectives y empresarios multiplicaron una clien-

tela que derivaba a colegas.

El ‘silencio’ del hacker argentino Matías Bevilacqua tras ser detenido

en Operación Pitiusa tapa demasiadas vergüenzas. Las custodian en

juzgados. Las analizan, aún, policías.

Vendió muchos informes a través de un portal (www.evdnc.

com) que controlaba y con el concurso de un socio, el detective Juan

de la Torre (Intelligence Bureau). Su cuenta subió más de lo espera-

do para un policía local que no alcanza los 2.000 euros netos al mes

de sueldo. Muy poco para un ambicioso sin límites.

Pero Sergio ganaba mucho más. Tenía contactos. En la ciudad con-

dal se pagan a buen precio muchos más datos protegidos y albergados en

bases policiales, Hacienda, Seguridad Social, INEM, catastro, etc.

El guardia urbano usaba su empleo como atalaya, una plataforma

para invadir normas y protocolos, extraer datos y venderlos al mejor

208

postor. Además trabaja, cual ‘incompatible’, como detective ‘en b’ a

pesar de no poder ejercer como tal por su cargo de guardia urbano.

La fortunita que hizo Córcoles le condujo a comprarse un lujo-

so apartamento en la cala ibicenca de Portinatx. Como frecuentaba

la isla logró encargos de empresas y bufetes para investigar lo que

fuera menester y estuviera bien pagado en esa isla de noches sin fi n.

Con base en su apartamento, Córcoles hizo más billetes como

detective ‘incompatible’ que con ser empleado público al servicio de

la policía local en la provincia de Barcelona.

La codicia de Córcoles le llevó a tocar asuntos muy sensibles

en Ibiza, muy delicados en Baleares. Merodeó y captó datos sobre

cuentas suizas del dirigente de un Consell Insular al que perseguía

un empresario que no logró concesiones, subvenciones ni contratos

ventajosos. Un corrupto despechado.

Esa codicia también le llevó a que, por su cuenta, otros detecti-

ves en activo de Baleares le investigaran y le tendieron una trampa

para evidenciar su intrusismo y manifi esta incompatibilidad, mar-

cando así un terreno profesional donde no son bienvenidos los ‘co-

legas’ peninsulares.

La operación usó faldas y pantalones, aparecieron fajos de bi-

lletes y falsas sonrisas subyugantes. Córcoles salía y entraba de su

lujoso apartamento aunque penetraba, poco a poco, en un callejón

sin salida.

Dos chicas exuberantes le grabaron con cámara oculta tras pro-

poner un falso encargo. Eran falsas clientes. Córcoles picó el anzue-

lo. La codicia pudo a un Córcoles demasiado ingenuo con respecto a

quien se enfrentaba.

209

Un Informe muy detallado sobre las misiones ibicencas incom-

patibles y presuntamente ilícitas del policía local llegó hasta Bar-

celona y aterrizó en el despacho conveniente. Había una mano que

mecía aquella cuna.

Una funcionaria bien contactada del CNP barcelonés movió hi-

los para su hermana, la detective balear que alimentó el anzuelo que

picó Córcoles. De esta manera, la incipiente y embrionaria ‘Pitiusa’

llega a Barcelona.

A inspectores de la Unidad de Seguridad Privada barcelonesa

(USPB) les encomendaron profundizar sobre el proceder irregular

de Córcoles en la capital catalana.

Lo suyo de Ibiza parecían simples ‘extras’. La longa mano, al

parecer sustanciada sobre nexos familiares que llegaron hasta man-

dos en Madrid del CNP, posibilitó que se practicaran las primeras

escuchas, vigilancias y se cruzaran datos. A la postre empezaron a

tirar del hilo de una gran madeja.

Una clave fueron sus movimientos bancarios. Salió mucha ba-

sura por otras sentinas del barco de Córcoles. Afl oraron ‘brokers’ de

datos, otros detectives, funcionarios sobornables de distintos orga-

nismos, empresarios y abogados.

La ‘Operación Pitiusa’ había comenzado. De Ibiza navegó a

Barcelona. En la capital mallorquina, a primeros de 2012, fue con-

vocado por una alta autoridad del Estado un agente del CNI cuya

clave es ‘H’. Tuvo que dar explicaciones ‘ofi ciales’ por ciertas an-

danzas profesionales de Córcoles de las que no estaba muy alejado,

según fuentes solventes.

El policía local jamás supo que sus averiguaciones en Ibiza le-

vantaron más ampollas de lo debido. Además, tuvo la mala suerte

210

de estropearle relativamente el teórico monopolio profesional que

creía tener en Ibiza una detective muy celosa de la licencia, de su

espacio y mercado isleño. Se creía la dueña, profesional, del lugar

En la ciudad condal el cotidiano de inspecciones, controlar y

sancionar empresas de seguridad se rompió cuando llegó el tema

del policía local trafi cante de datos en un voluminoso dossier. El

mamotreto acumulaba cientos de páginas.

Varias llamadas de otros departamentos de la ‘central’ en Ma-

drid conmocionaron a los inspectores de USPB. El asunto tenía to-

das las bendiciones de ‘la central’. El asunto pedía más diligencias

de toda clase y sin límite.

Sobre Córcoles recayeron las primeras actuaciones policiales

extras gracias al Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona, que

autorizó escuchas telefónicas y vigilancias para identifi car la trama

que él encabezaba. Corrían las primeras semanas de 2011.

Además del tema procedente de Ibiza cayó en la USPB la de-

nuncia de una secretaria que hace poco honor a su ofi cio, el de guar-

dar ‘secretos’.

Había estado varios años trabajando para una detective, Cris-

tina Potau Llavería, y fue despedida de mala forma y sin percibir el

fi niquito al que ella creía tener derecho. La poco celosa ‘secretaria’

entregó un pen-drive con millones de datos que vendía, presunta-

mente, su antigua jefa al mejor postor.

La historia que llega de Ibiza se consolida en la capital catalana.

Los inspectores de la USPB tenían sufi ciente material para trabajar

durante meses. Al oído de algunos que estuvieron cerca de las pri-

meras diligencias de la ‘Pitiusa’ llegaron comentarios sobre el nivel

de vida que se gastaban los actores y benefi ciarios de esta red de

compra-venta de datos protegidos.

211

Había más ‘trafi cantes’ de datos en el punto de mira policial

desde hacía tiempo. Uno se llamaba Tomás, otro Vicente –operaba

por la zona levantina– y un tal ‘Juanito’.

Todos frecuentaban y se conectaban con despachos de detec-

tives, bufetes, empresas, bancos, fi nancieras y quien pagara bien

datos que les vendían funcionarios policiales de todos los cuerpos

españoles, empleados del INEM, catastro, Seguridad Social, Tráfi co,

operadoras telefónicas, bancos y Hacienda. La hidra tenía muchas

ramas. La trama de la incipiente Operación Pitiusa se dispersaba.

Sara Dionisio, la antigua compañera de Córcoles en Cybex y

una de sus mejores clientes junto a los detectives Juan Manuel Oli-

vera, Vanesa Peñaranda y Aureli Vilagrán Reberte, fue poco discreta

con las ganancias de sus impropios mercadeos.

Los captaba con su agencia Strategia en Sabadell. Lucía ropa de

marca, joyas de metales preciosos y conducía un auto de alta gama

(Porsche Cayenne) sin ‘investigar’ demasiado en la calle. Para estas

misiones subcontrataba a colegas en toda España.

En Madrid, a jóvenes sin licencia o los servicios Credinsa-In-

vestigare de la detective Rebeca Conejo. En Sevilla a un tal ‘Chema’

que la policía identifi có como José María Carande Pedrero, detecti-

ve autónomo aunque rodeado de colaboradores sin licencia por lo

que se conoció después.

Le subcontrató Olivera. Carande actuó acorde a su ámbito pro-

fesional, pero subcontrató, según la policía, a la pareja formada por

Daniel Mendoza y Dolores Castro, carentes de licencia como detec-

tives para gestionar vigilancias.

También Dionisio usaba a sus casi veinte empleadas, con o sin

licencia. Sara, que iba de rompedora ‘superwoman’, tenía una vida

cómoda y desahogada.

212

Pero familia y amigos eran sagrados. Sus ganchos dialécticos le

hacían, encima, ser una magnífi ca comercial de unos servicios que

facturaba a precio de platino.

Las escuchas policiales sobre el teléfono móvil y fi jo habitual

de Córcoles identifi caron a Dionisio, Olivera, ‘Juande’ (el detective

Juan de Dios Extremera), Matías y otros personajes sin relevancia

en la investigación policial.

Las intervenciones telefónicas sobre Sara Dionisio, además de

acreditar frecuentes contactos con clientes y Córcoles, Oliveras o

Matías, desvelaron algo que la propia policía califi ca como ‘infi de-

lidad’ en sus partes diarios. A los pocos meses de ser madre tele-

foneaba a un íntimo con el que intercambiaba palabras cariñosas

y –posibles– citas.

Su marido, Antonio, también aparece en las transcripciones

policiales de las charlas telefónicas de Sara. Consideran estas escu-

chas ‘conversación personal sin interés’ sus charlas, si exceptuamos

las que mantiene con su madre y un tío que le ayudaban con in-

gresos bancarios en cash, siempre de 2.000 euros. ¡Qué casualidad!

Fueron, siempre, pagos a colaboradores y ‘contactos’.

Los inspectores de USPB compilaron otros indicios sobre tra-

fi cantes de datos. Pidieron al juzgado más órdenes de intervención

telefónica, colaboración de Unidades de Delincuencia Económica/Fi-

nanciera (UDEF-UDYCO), de la Brigada de Delitos Telemáticos, Poli-

cía Judicial de Barcelona y efectivos de otras 20 provincias españolas.

Una de ellas de los ‘capos’ que centraron los esfuerzos policiales

para desentrañar la telaraña de trafi cantes de datos era un tal ‘Jua-

nito’ que se repetía en las intervenciones telefónicas a los primeros

investigados.

213

El mismo resultó ser un cántabro que residía en una aldea de

apenas 100 habitantes. Desde Terruezo, a dos kilómetros de Laredo,

Juan Antonio Rama gestionaba una red que movía casi cincuenta

‘contactos’ (entre ellos Juan Antonio Ferreiro, Beatriz Fernández,

Christian Ortiz, Francisco Javier del Río, Fernando Intxaustegi, Ra-

fael, Carmen y Óscar Ascariz, éste último ya fue detenido en 2010

por cargos parecidos a los de la Operación Pitiusa) y cientos de

clientes en toda España.

Rama, ‘Juanito’, no tenía ofi cina, ni estructura empresarial

para mercadear con datos protegidos. Sólo móviles, correos electró-

nicos y cuentas bancarias donde le ingresaban pagos por los datos

que vendía. Ofi cialmente, Rama usaba un portal en Internet que co-

mercializaba ‘informes comerciales’.

En realidad, todo se asociaba al despacho del detective bilbaíno

Luis García, situado en el número 31 de la calle Recalde. Esa ‘tapa-

dera’ le servía a Rama también para facturar cuando su presunto e

ilícito empeño exigía cargar el IVA a los ‘informes’ que vendía.

‘Juanito’ raramente declaró sus elevados ingresos al fi sco, lo

que le ha ocasionado estar procesado suplementariamente por su-

puesto blanqueo de dinero.

Los primeros sospechosos en el operativo policial lo eran por

presunto cohecho e infi delidad en la custodia de documentos (los

empleados públicos exclusivamente), mas revelación de secretos y

blanqueo de capitales.

Rama era uno de los más ubicuos trafi cantes españoles de da-

tos. El buen hombre no supo ser discreto y su campechanía cánta-

bra le hizo caer en su ruina ‘profesional’. Se ufanaba ante clientes y

amigos estar cerca de obtener Licencia de detective tras completar

créditos en una universidad.

214

Hasta que recibió el soplo de que estaba siendo investigado po-

licialmente, metió muchas patas con quienes le acabaron delatando

para eximirse de culpas.

Lo que ofrecía Rama a su clientela era de alto nivel y absoluta fi a-

bilidad: datos catastrales, movimientos y activos bancarios, historia-

les laborales, declaraciones tributarias, antecedentes policiales, trá-

fi co y titularidades de móviles, informes médicos hospitalarios, etc.

Según el sumario judicial, sus ‘clientes’ detectives barceloneses

(Ramón Cot, Antonio García Agudo, Sebastiá Sacrest, Raymon Do-

menech, Enrique Valero, Cristina Potau, Carles Bosch, Jorge Luis

Colomar –reputado investigador de delitos ‘archivados’ policial

y judicialmente e inspirador del libro Gota del Mercurio de Elena

Pradas– y José María Castro, entre otros muchos) agrandaron su

clientela en Cataluña.

En Salamanca contaba con Estíbaliz Piriz; en Madrid, con Car-

los Farelo; en Asturias, con José Miguel Huerta (interrogado tras

ser detenido este gijonés que regenta la Agencia Asín y que es de

los pocos que declara ante la policía. Pero no recuerda nada, ni si-

quiera conocer a Rama); en Granada, con Luis Sanchís; en Coruña,

con Roberto Rodríguez y Carlos Díaz-Chirón (Investya); en Bilbao,

con Jon Moragues (documentó unas cefaleas cuando fue detenido;

su hermana Heidi gerencia Abando detectives; además, es abogada

de imputados en el sumario de Pitiusa), y María Concepción Núñez

–Dhys–; en Valencia, con Vicente Pérez y Dolores Gómez; en Al-

coy, con Mireia Brotons; en Alicante, con Alberto Garrido Resta;

en Almería, con José Fernández; en Murcia, con Almudena de los

Ríos; en Albacete, con Domingo Martínez; en Zaragoza, con Alber-

to Chueca, y en Sevilla, con Manuel Escalona Jiménez (este militar

215

en la reserva declaró, para exculparse, pagar a Rama por identifi car

a propietarios de matrículas de autos, datos públicos previo pago

de tasa en Tráfi co. Aportó ¿para despistar? folleto de INVESTEL,

empresa que vende guías inversas telefónicas. Necesitará, pues,

abogado de vivos; le asistió –ante sorprendidos policías– Fernando

Osuna, reconocido jurista especializado en ‘remover tumbas’ para

vindicar herencias y paternidades).

Además a Rama se le intervinieron conversaciones con delega-

dos (Juan Antonio Sáez, de Madrid y Aítor Gómez Sanjosé, de Bil-

bao) de una macroagencia, Winterman Solvimar, fundada y dirigida

por José María Vilamajó Rosell desde su central en Barcelona.

A Rama le pedían y vendían datos protegidos para revenderlos a

su clientela. Sáez y Gómez también tenían fuentes propias y policial-

mente les consideran ‘intermediarios’ además de clientes de Rama.

En Cantabria Rama tenía una colaboradora, María José Bolívar

Berrocal, que fi nalmente fue desechada al verse acorralado por el

acoso policial. Otro cántabro imputado en este sumario es el vetera-

no detective Juan García-Arbiza.

Años antes, el famoso ‘Galton’ fue detenido y acusado de trafi -

car con datos públicos de la Seguridad Social en un proceso de años

que lo absolvió, fi nalmente, de todo cargo. Hay tipos con imán hacia

problemas ajenos siendo inocentes.

Además de Rama y Córcoles, fueron apareciendo ante los ojos

policiales identidades de otros mercaderes de datos que tenían bue-

nos contactos y clientes.

Uno de ellos, Tomás Ripoll Espiau, era experto en compra-ven-

ta de datos con excelentes contactos entre funcionarios, telefónicas

y bancos. Sus tentáculos alcanzaban todo lo que fuera facturable.

216

Le ayudaba, a Tomás, en tan impropios empeños su hijo Marc.

Su especialidad era vender datos a detectives a los que acabó com-

prometiendo penalmente.

Ripoll lleva décadas pagando y vendiendo datos protegidos.

Cobra el paro aunque posee propiedades y activos millonarios. Vive

a lo grande. Veranea en el Maresme y frecuenta un bar de élite a las

faldas del Tibidabo donde es socio.

El sobrenombre con el que es conocido en el gremio de investi-

gadores barceloneses (el más nutrido de toda España) es el acróni-

mo de su nombre y primer apellido: ‘TR’.

Ripoll fue seguido discretamente por la policía y grabadas sus

interminables conversaciones telefónicas. Usaba un móvil a nombre

de un extranjero y tenía claves (excursión/viaje largo/corto, toda

Roma, Italia, etc., fueron algunos eufemismos que usaron) con sus

interlocutores para vender su mercancía informativa. De nada le va-

lieron tales argucias tras repetirse entre interlocutores y codifi car

las escuchas policiales el trapicheo de datos.

El cotidiano de Ripoll era entrevistarse con empleados del ca-

tastro, Seguridad Social, bancos, telefónicas a los que compraba da-

tos para revenderlos fundamentalmente a detectives catalanes, sus

principales clientes.

Entre ellos, la policía identifi ca, mediante intervenciones tele-

fónicas, encontró a David Sanmartín Olivier, Rafael Esteve, Cari-

na Villena Barjau, Carlos Vives Serra, Santiago Fernández Palafoll

(Affi nis) y Maite Francés Urmeneta.

En Madrid, Ripoll tiene también clientela: Rafael Emilio Palen-

cia Mochales, empleado del veterano investigador Jesús Martínez

Campos (ADIP) al que comprometía intermediando en la compra-

venta de datos de operadoras telefónicas.

217

Otro cliente de Ripoll era Xavier Bassa. Años atrás saltó a la

palestra profusamente. Fue detenido, implicado, absuelto e indem-

nizado por calumnias en el secuestro de la farmacéutica de Olot (Gi-

rona) María Angels Feliú.

Aquel mal trago, aquel secuestro con fi nal feliz, lo soportó junto

a otros exdetectives de HAS, agencia que fundó el hispano-argenti-

no Hugo Alberto Sanmartín, fundador de HAS. María Angels tra-

bajó para el quebrado –en 1983– Banco de los Pirineos, donde fue

directivo el padre de la secuestrada.

Las escuchas policiales de intermediarios y vendedores de da-

tos evidencian también a la detective zaragozana Isabel Sesma (In-

tercol). Otra proveedora de Rama se identifi ca como Carmen Ro-

mera (madre de Ramón Cot e hija de Onofre Romera, un detective

pionero barcelonés).

La última desvela vínculos con el condecorado detective y no-

velista Vicente Corachán Salinas (Agencia Business World, Sant

Boi), un ex guardia civil con excelentes contactos.

Igualmente aparece ligado a Ripoll Josep Corominas, adminis-

trador de DEFENSCON SL-Tot Espies, que comercializa equipos de

seguridad y espionaje y al que suministraría datos laborales y mé-

dicos junto al funcionario Alfonso Gómez y el detective Jordi Agustí

Alamany.

El último es un experto en fi ngir identidades médicas para ob-

tener datos clínicos de ‘colegas’ que usa para sus informes o para

revenderlos a terceros. Sus recursos teatrales y dramáticos son los

que, a la postre, le criminalizaron en Pitiusa. Pero Agustí fue pillado

claramente por las escuchas policiales. El problema es cuando se

usurpa la ofi cialidad de autoridades. Bajo este manto ilícito obten-

dría muchos datos Agustí.

218

Más conversaciones telefónicas intervenidas policialmente de

Ripoll les vinculan a las detectives Elisenda y Carina Villena Barjau.

La primera es empleada de su colega María Fernández Lado (‘Mari-

ta’), titular de Método 3.

Más intervenciones telefónicas de la policía, a fi nales de 2011,

ya sitúan a decenas de proveedores de los principales intermedia-

rios en organismos, cuerpos policiales, bancos y telefónicas.

Los detectives que aparecen en las transcripciones de las escu-

chas policiales judicialmente decretadas son clientes de los interme-

diarios, Rama y Ripoll, más activos y ubicuos.

En diciembre de 2011, clientes, proveedores e intermediarios

que aparecen en la ‘Operación Pitiusa’ se pasan mensajes en los que

se avisan de una redada masiva al estar pinchados más de cien telé-

fonos, muchos más correos y haberse realizado numerosas vigilan-

cias por agentes de la USPB y colegas de otras provincias sobre los

principales cabecillas de la ‘trama horizontal’ que entraña la red de

compra-venta de datos protegidos.

Una de las medidas que toman los partícipes de la red es co-

municarse mediante mensajes cortos de Whatsapp al entender que

estos contactos no serían objeto de intervención.

Rama avisa al cliente e intermediario valenciano Vicente Marí

(VMC Gestión y Servicios SL) el 13 de diciembre de la ‘movida’ que

se avecina, invitándolo a ‘deshacerse de todo’ lo que pudiera com-

prometerle. Marí ya estuvo detenido por revelar secretos en 2010

junto a otros vendedores de datos de la zona levantina.

El matrimonio badalonés integrado por Eduard Ferrer y Ana

María Xicola, dedicado a vender informes comerciales que, en reali-

dad, elevaría tarifas con datos protegidos que insertan en los mismos.

219

Además esta pareja vendería esos datos a INDAGA INFORMES

COMERCIALES de Vigo, cuyo responsable, el detective Marcelino

Camesselle del Río, descartó estar inmerso en cualquier irregulari-

dad cuando fue preguntado por efectivos policiales que le detuvie-

ron y precintaron su agencia ante el asombro de varios empleados

que creyeron estar trabajando en algo absolutamente legal al servi-

cio del desaparecido Banesto (hoy Banco de Santander).

Uno de los principales ‘contactos’ de Ripoll es Francisco Gar-

cía (apodado ‘Paco’ o el sobrenombre más gráfi co de ‘conseguidor’),

que mueve en organismos públicos miles de consultas mensuales

sobre datos protegidos de Hacienda, INEM y Seguridad Social.

García contactaba habitualmente con empleados del INEM:

Montserrat Furio, Mercedes Gómez Angelats, excuñada del minis-

tro del Interior Jorge Fernández Díaz, David Vitales y María del

Carmen Huelves.

El matrimonio Ferrer-Xicola aparece en las últimas escuchas

policiales ligadas a la Operación Pitiusa realizadas a mediados de

diciembre de 2011 y durante las primeras semanas de 2012. En el

mismo empeño aparece Diego Viudes Gil, que vende datos median-

te Informes ALCARL SL, con sede en Valencia.

Las escuchas telefónicas alcanzan datos que superan su com-

pra-venta más o menos prosaica. Una charla entre el delegado vasco

de Winterman, Aitor Gómez San José, con un curtido colaborador

gallego apodado ‘Tino’ desvela reuniones sensibles sobre una opera-

ción de la macroagencia catalana.

Interesaría, tal operativo, a la Guardia Civil y el mismísimo

CNI, aunque en las grabaciones se refi eren a la inteligencia española

con su antiguo acrónimo hasta el año 2000: CESID.

220

A Winterman les habrían contratado, al parecer, Philips Mo-

rris, una conocida multinacional tabaquera estadounidense. El ob-

jetivo sería concretar rutas, almacenes y puntos de distribución de

contenedores de tabaco de contrabando que importaba un empresa-

rio africano llamado Songa, asentado en España y que ‘colocaba’ en

el mercado del norte español a bajo precio.

El tema no era baladí, la trama investigada por los detectives

movería hasta treinta contenedores mensuales de tabaco por el nor-

te español. Había sospechas que las ganancias de Songa podrían parar

en paraísos fi scales, redes de trata de blanca o del crimen organizado.

Podría, además, Songa usar contactos con funcionarios co-

rruptos y medios para mover suplementariamente alijos de droga.

Planearía sobre el delicado tema una posible fi nanciación de redes

islamistas ligadas al yihadismo radical.

Tan abultado número de tabaco al margen de la legalidad tri-

butaria pasaría de la falta administrativa por impago de impuestos

al delito fi scal.

El que se desvelaran estos hechos, en el que no había ‘papel

operativo’ para el CNP, cuyos funcionarios oían las charlas, sobre-

dimensionaba a otros contextos una ‘Operación Pitiusa’ que veía ya

extrañas operaciones en el informático Matías Bevilacqua.

Ya estaba constatado el soborno que se hacía de servidores de

la ley como fuentes de intermediarios, abogados, empresarios y de-

tectives a un sinfín de posibles delitos que excedían los iniciales de

revelación de secreto, intrusismo (aplicable a los que trabajan como

detectives sin tener licencia), blanqueo de capitales, usurpación, co-

hecho activo y pasivo.

El olfato investigador de Winterman, sus contactos con altos

funcionarios y los asuntos que se traía entre manos Bevilacqua, más

221

los pedidos de Elisenda Villena en nombre de Método 3, añadían

mucha pólvora a priori a la Pitiusa como operativo, un tema que

ya excedía de lo sospechado inicialmente. Pitiusa prometía algo im-

portante si nos atenemos al contexto policial en el que andaban las

diligencias oportunas.

Antes de 2012, en el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona,

esta operación (diligencias previas 2179/2011) acumulaba miles de

folios que alojaban transcripciones de escuchas y vigilancias, certi-

fi cados de Hacienda, telefónicas, bancos, registros y documentados

ofi cios policiales que extendían el número de encartados en el su-

mario hasta los más de 200 que existen ahora.

Otro dato llamativo y ‘explosivo’ en las escuchas son las conver-

saciones entre el detective Juan Manuel Olivera y un cliente, Marcos

de Pedro (Neoris).

El último pide grabar un almuerzo en el restaurante barcelonés

Ten con Ten al que asistirán ejecutivos de empresas. En la comida

se podría decidir la compra ‘hostil’ por una multinacional de una

empresa implantada en España.

En una de ellas se vincula como directivo a Ignacio López del

Hierro, marido de la secretaria general del PP, diputada y presiden-

ta castellano-manchega María Dolores de Cospedal.

Las primeras semanas de 2012 las diligencias policiales se cen-

tran en los proveedores de datos a Rama, Ripoll y otros tantos sa-

bedores de que la ‘trama horizontal’ estaba avisada desde fi nales de

2011 y de que casi una decena de policías de la USPB estaban tras las

primeras puntas del iceberg de lo que se llama ‘Operación Pitiusa’

por estos tiempos.

222

En marzo de 2012, diversos grupos policiales encabezados por

la USPB elaboran un largo informe para el Juzgado de Instrucción

nº 17 en el que relatan el resultado de sus averiguaciones, vigilan-

cias, escuchas, documentos, etc…

El dossier incluye legítimas actuaciones ofi ciales que exigen las

leyes pero carga tintas con las prácticas de los detectives encartados

en el sumario, aunque ya son minoría pues aparecieron docenas de

proveedores, intermediarios y vendedores de datos que nada tenían

que ver los investigadores privados. Hablamos de informadores co-

merciales, funcionarios y comerciales a los que piden rescatar deu-

das o cobrar morosos.

Concluye el primer informe policial hasta el primer trimestre

de 2012 que es una auténtica lacra la comercialización de datos, el

ánimo de lucro de los trafi cantes y se tildan de corrupción las prác-

ticas advertidas por los investigadores policiales.

El lenguaje del dossier mezcla el paternalismo policial con los

ciudadanos. También marida y hace compatible a unas autoridades

que criminalizan a unas víctimas más que a otras sobre criminales

cuyo delito es más grave que el de otros delincuentes.

Se encartan de igual modo en los primeros miles de folios del

sumario, al que vive ex profeso de vender datos, Rama, Ripoll, agen-

cias de informes, funcionarios-‘proveedores’ junto al detective o

particular que pide ocasionalmente, y no acaban sirviendo informes

porque los precios son desorbitados.

El lucro que obtienen los trafi cantes de datos llama la atención de

una policía que difícilmente puede cotejar el ‘blanqueo de capitales’ con

las sumas de los encartados en sus cuentas y las que posteriormente

incautan en las sedes de agencias, despachos y domicilios privados.

223

El texto de este informe exagera un problema para el que inclu-

sive se permiten dar recetas singulares para los superiores o autori-

dades que estén llamadas a solucionarlos.

El ‘mapa delictivo’ que dibuja la policía en este informe em-

pieza ubicar un totum revolutum pleno de palabras que intentan

convencer al juez para que siga visualizando ‘tramas’, ‘redes, y ‘orga-

nizaciones’. El concepto del crimen tramado resulta una constante

en la literatura policial.

A ello nos invita a pensar lo que es recurrente en los textos po-

liciales. Se escribe para servir al poder, no al Estado, que les paga

las nóminas. En esa ensalada de investigados la policía diferencia

cinco ‘núcleos’ desde la base: clientes, detectives, intermediarios,

funcionarios corruptos y, por último, sus colaboradores. Entre los

empleados públicos añaden al informático Bevilacqua que bascula

en varios núcleos.

Como veremos, el argentino navega en muchos mares, tiene

buenas embarcaciones y generosos armadores, si se aceptan térmi-

nos navales al tema Pitiusa.

En cuanto a las responsabilidades que alcanzan a los inves-

tigados por Pitiusa son penales (revelación y violación de secreto,

cohecho activo y pasivo, intrusismo, organización criminal) y admi-

nistrativas (sanciones que contempla el nuevo Reglamento y LSP

5/14, LOPD y por incompatibilidad con Estatuto Básico de Función

Pública 7/07-EBFP).

Según la policía, las tarifas de la red se multiplican desde su

origen ofi cial. Obviamente el lucro alcanza en mayor medida a los

intermediarios. Esa realidad no ha generado, sin embargo los mi-

224

llones o cientos de miles de euros que caracterizan el delito fi scal o

blanqueo de capitales.

Como ejemplo se da el dato de que Rama movió en 9 meses

100.000 euros y Ripoll unos 25.000 euros, tras cotejarse sus movi-

mientos bancarios. En cuanto a Córcoles, se citan ingresos injusti-

fi cados de casi 40.000 euros sin precisar el período en que fueron

obtenidos.

Las sumas que se mueven entre los dos ‘núcleos’ principales de

la trama y el policía local no acompañan la atribución delictiva que

se hace del todo por un parte, como veremos.

Este informe de 2012, fechado en marzo, anticipa lo que se en-

tendería como desvaríos policiales en la instrucción a pesar de la

legitimidad que alcanza a los agentes policiales. En cuanto a ‘orga-

nización criminal’ se habla de estructura organizada aunque se ad-

mite que es ‘horizontal’ avalándose tal complejo exclusivamente en

documentos policiales internacionales sobre estos colectivos. Esta

‘literatura’ procede de arriba de los Pirineos pero no se materializa

en la piel de toro.

Por todo ello, se proponen las actuaciones que posteriormente

conocería el gran público como Operación Pitiusa: detenciones ma-

sivas de encartados mayoritariamente citados en precedentes pági-

nas, incautación de ordenadores portátiles y discos duros, termina-

les telefónicas, archivos manuales y digitales más distintas sumas

de dinero.

Desde el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona se decreta-

ron órdenes de registro y detención para casi 200 personas en dis-

tintas capitales y autonomías. De ellos apenas unos 60 tenían licen-

cia de detective vigente siendo su mayoría ejerciente en Barcelona

y provincia.

225

Más detenidos eran informadores comerciales, empresarios,

abogados, funcionarios del INEM y las distintas policías, catastro,

Hacienda Foral, Agencia Tributaria, empleados de operadoras tele-

fónicas, personal de seguridad privada, transportistas y los denomi-

nados ‘intrusos’ por los documentos policiales que alberga el suma-

rio ‘Operación Pitiusa’. Se refi eren a particulares que ejercen como

detectives careciendo de habilitación ofi cial.

La redada

El 7 de mayo fue el día D señalado por el juzgado y autoridades

en el que se dio a conocer este macro operativo judicial. Participa-

ron casi 400 efectivos de distintos cuerpos policiales en Cataluña,

Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla La Mancha, Galicia, Can-

tabria, Andalucía y Euskadi.

Imagen del registro policial de una ofi cina de empleo catala-

na durante ‘Operación Pitiusa’ en mayo de 2012.

Los más de 100 registros ordenados en despachos, empresas y

bufetes incautaron menos de 380.000 euros a casi las primeras 135

personas imputadas.

Los poseedores de las distintas sumas intervenidas alegaron

que era dinero de caja para atender pequeños gastos, algo que pare-

226

cía lógico si consideramos el volumen económico de ciertos hogares

familiares y despachos profesionales allanados.

Uno de los ‘núcleos’ de la ‘trama horizontal’, Juan Antonio

Rama, fue detenido en su domicilio cántabro que estaba en obras

aquel 7 de mayo.

Los euros que encontraron los policías en su casa eran para pa-

gar a los operarios que ultimaban las reformas. Esa causa no impi-

dió la incautación que dejó sin sueldo aquellas semanas a los em-

pleados de una constructora.

La puesta en escena de la ‘Operación Pitiusa’ tuvo una pompo-

sa puesta de largo. La encarnó el mismísimo ministro del Interior,

Jorge Fernández Díaz.

Cuando el 7 de mayo de 2012 visitaba por primera vez la Es-

cuela de Policía de Ávila, donde se forman y reciclan inspectores y

mandos del CNP español y de otros países africanos, americanos,

europeos y asiáticos, convocó a los periodistas que le acompañaban

a un petit comité.

Junto al exparlamentario y director del CNP Ignacio Cosidó,

Fernández detalla -con elevado conocimiento de datos- la Opera-

ción Pitiusa.

La primicia expone a los informadores que es una trama ‘ho-

rizontal’ que ha detenido a más de cien personas, incautado casi

400.000 euros y registradas 45 empresas, bufetes, domicilios y

agencias de detectives.

Llamativamente el ministro repite varias veces que la mayoría

de los implicados en la trama son detectives que usan el mercadeo

de datos protegidos para consumar chantajes.

El operativo policial está respaldado por el Juzgado de Instruc-

ción nº 17 de Barcelona, que había librado las pertinentes órdenes que

227

ejecutaron casi 300 policías en distintas autonomías (Valencia, Ma-

drid, Andalucía, Galicia, Euskadi, Murcia y Cataluña principalmente).

El ministro habló de una primera fase de Pitiusa, lo que aven-

turaba otras posteriores. Al tiempo que Fernández concluía su breve

comparecencia ante los medios, el CNP lanzaba un comunicado gene-

rosamente ilustrado: ‘Amplia operación contra una organización dedi-

cada al mercadeo de información y datos personales y empresariales’.

Lo que parecía una operación policial más donde alguna tra-

ma ‘internacional’ o ‘ajuste de cuentas’ estarían subordinados a una

rueda de prensa en la que los mandos lucían uniformes y medallas,

mesas con cuerpos del delito y algún portavoz de buena presencia

detallaría que el éxito policial.

No hubo rueda de prensa en la Operación Pitiusa. Sólo breves

declaraciones del ministro en presencia de Cosidó que remitieron

a un comunicado aséptico que cronológicamente se lanzó minutos

después de que el ministro verbalizara lo concerniente a Pitiusa.

Extrañaba el énfasis de Fernández sobre los detectives deteni-

dos, a los que criminalizaba en los peores empeños de revelar se-

cretos, extorsionar, blanquear capitales, mercadear con datos, etc…

Pero todo en Pitiusa tiene explicación. No se admiten, ni se

conciben, las casualidades. El 7 de mayo de 2012 fueron detenidos

casi 50 detectives que se amontonaban en calabozos policiales de

Barcelona.

Testimonios de implicados en Pitiusa concurren en que recibie-

ron un trato irrespetuoso con profesionales que venían colaborando

con el CNP y hasta fueron condecorados por ‘regalar’ casos crimina-

les a este cuerpo policial.

Entre el 8 y 10 de mayo todos los detenidos fueron puestos en

libertad con cargos. Sólo en algunos casos se decretaron obligacio-

nes de visita periódica a sede judicial.

228

Las fi anzas impuestas a los imputados son bajas: varían entre

cientos y miles de euros. El secreto del sumario se levanta, por de-

creto judicial, el 4 de junio de 2012.

En Operación Pitiusa se requisaron casi 100 equipos in-

formáticos que aún analizan técnicos policiales.

Tras incautarse ordenadores y soportes comunicativos, las que-

jas de los detenidos fueron contantes por la recuperación de sus va-

liosos elementos laborales. Como decíamos, las sumas incautadas

no alcanzaron los 400.000 euros entre todos los domicilios, ofi ci-

nas, bufetes y agencias allanadas por orden judicial.

Pitiusa era ya patrimonio del gran público tras el sigilo y profe-

sionalidad con que el CNP había actuado antes aunque desde enero

de 2012 Rama, Ripoll y sus compinches sabían que algún día su ne-

gocio sería desbaratado, como así fue.

Las noticias sobre la Operación Pitiusa colmaron las primeras

páginas de periódicos y minutos de informativos de radio y TV des-

de el 7 de mayo hasta semanas después.

229

Incuestionablemente era noticia que numerosos detectives es-

tuvieran implicados en la comisión de delitos. Algunas fi cciones de

género se hacían realidad: la policía detiene al sabueso que ‘sabe

demasiado’, en este caso que mercadea con datos.

Los detectives no implicados en la Operación Pitiusa, tras supe-

rar atónitos las desafortunadas e innecesarias declaraciones mediá-

ticas del ministro Jorge Fernández sobre el caso, en las que se cri-

minalizaba al sector sobre los posibles ilícitos de unos pocos, vieron

cómo sus agencias se vaciaron de clientes por el miedo a contratar

determinados temas. El pánico clientelar tuvo su primera fase; la

segunda se liga a la marca Método 3.

El Collegi de Detectius Privats catalán fue el único colectivo

sectorial que se enfrentó a los métodos policiales en defensa de al-

gunos de sus colegiados encartados en el sumario.

Decidió retirar su colaboración y presencia, en 2012, de los ac-

tos que conmemoran el denominado Día de Seguridad Privada. La

medida que adoptó su presidente, Enrique Arranz, fue la más va-

liente en un gremio donde nadie reivindica nada con energía y se

venden éxitos propios gracias al esfuerzo ajeno. La sumisión ‘cor-

porativa’ del detective al policía encima da miedo por el histórico

miedo a ‘perder la licencia’ gracias a las garras policiales.

La APDPE tenía en su directiva a dos detenidos en Pitiusa.

Otros colegios y colectivos mantuvieron una postura silente excepto

cuando, meses después de publicitarse la Operación Pitiusa, lanza-

ron un comunicado conjunto en el que acentuaban que los cabecillas

de la red (Córcoles, Rama y Ripoll) no eran detectives con licencia

vigente, lo cual es rigurosamente cierto, pero demasiado superfi cial

con respecto a la cantidad de investigadores privados encausados

en la trama.

230

En junio de 2012, un reportaje del autor, P P+Policía versus De-

tectives, publicado en revista Cambio16 nº 2.109, fue muy celebra-

do por los lectores del semanario decano español.

Fue el único, acorde a los testimonios obtenidos, que se difun-

dió sobre la Operación Pitiusa desde una óptica no hostil y con pre-

juicios hacia el gremio detectivesco. Otros medios informativos no

pueden presumir de lo mismo.

Los principales despachos de detectives implicados en la trama

acudieron a abogados de prestigio para defender a sus investigadores.

La ‘horizontalidad’ de Pitiusa pivotaba sobre bases ofi ciales

protegidas, funcionarios sobornados por los intermediarios, vende-

dores y compradores de datos. La mayoría de los detectives encau-

sados en Pitiusa eran clientes de la red, no habían pagado a ningún

funcionario corrupto directamente.

Matías Bevilacqua fue uno de los implicados que más dolores

de cabeza causaron a los funcionarios del CNP que le interrogaron

tras ser detenido.

Preguntado entre otras muchas cuestiones por los 140.000 eu-

ros que se le encontraron en efectivo, respondió que eran producto

de trabajos ligados al Ministerio de Defensa con el que estaba traba-

jando durante aquellos momentos.

Un silencio que exigía mayores explicaciones tuvo otra inquie-

tante respuesta en el argentino. Facilitó a los policías un teléfono ‘de

seguridad’ que atendería un tal don Aquiles. Matías dijo que quien

contestase ese número era su enlace en el CNI.

Nadie contestó la llamada policial a ‘don Aquiles’. Pero desde

el 7 de mayo mandos policiales barceloneses recibieron llamadas de

superiores ratifi cando que Bevilacqua es o había sido proveedor in-

231

formático del CNI, aunque con educación dijo inicialmente que era

del Ministerio de Defensa.

El CNI está adscrito a Presidencia del Gobierno, lleva años des-

ligado de los militares, siendo estos ahora una pequeña parte de su

plantilla. No era lejano a la verdad lo que afi rmaba Matías. Sus dis-

cos duros fueron de interés, y ansiados para su disección, dentro y

fuera del CNP.

No sólo los trabajos forenses de ‘búsqueda a ciegas’ y ‘volcados’

en las entrañas y correos de los ordenadores portátiles de dos direc-

tivos de UNILEVER, uno de DU PONT IBÉRICA y otro de EMET

(Minas de Río Tinto).

La clientela de CF Labs, de la que Matías declaró ser propieta-

rio de su 33%, además, abarcaba lo inimaginable. No sólo hacía ‘tra-

bajitos’ para Sara Dionisio. Ella fue una de sus incontables clientes

añadiendo, según declaraciones de Bevilacqua, funciones comercia-

les junto a Oliveras, pero éste en Madrid.

El día 8 de mayo se produjo en dependencias policiales una de

las declaraciones de imputados más singulares. Los interrogadores

tenían delante a Jordi Agustí Alamany, un detective con agencia en

Vic, que sobrepasó en sus confesiones a otros imputados que ne-

garon su colaboración informativa ante agentes policiales pues se

remitieron a la judicial presencia.

Agustí fue detenido porque en intervenciones telefónicas con-

versaba con Josep Corominas sobre compra-venta de historiales clí-

nicos y datos médicos.

Tras admitir el negocio que le unía con su interlocutor, añadió

que fi ngía voces e identidades de médicos que interesaban datos clí-

nicos de hospitales y centros de salud.

232

La excusa que ofreció Agustí era para ‘corroborar datos’, admi-

tiendo –sospechamos que apesadumbrado– que con ‘esa conducta

está vulnerando uno de los principios más elementales y sensibles

sobre la intimidad de una persona’. El abogado que asistía a Agustí

repreguntó sobre si tal proceder era cotidiano o singular para rela-

tivizar culpas.

El imputado aunque prometió que no pensaba “volverlo a ha-

cer”, añadió algo difícil de creer: “que en muchas ocasiones (Agustí)

al hablar con los doctores (el detenido) se identifi caba como profe-

sional de la investigación privada y le daban datos”.

Agustí fue puesto en libertad, pocas horas después de su decla-

ración, con evidentes cargos.

Fuentes poco ortodoxas

Otro detective detenido en Cantabria, Juan García-Arbiza (Gal-

ton), es un veterano del ofi cio que protagoniza, ante los policías bar-

celoneses que le interrogan, uno de los alegatos más valientes sobre

el vacío legal, publicidad de datos personales, la hipocresía norma-

tiva y social, más las paradojas que sufren los detectives.

El motivo de la detención fue haber intercambiado datos de una

sola persona con su paisano Juan Antonio Rama –principal provee-

dor de datos en sumario Pitiusa– según correos y conversaciones

telefónicas intervenidas.

El famoso Galton fue detenido, como indicábamos, en 1991 por ‘re-

velación de secretos’ aunque absuelto por la justicia tras comercializar

datos públicos de Seguridad Social, reivindicó que a los detectives les

llaman, envían correos y preguntan muchos mediante consultas. Muy

diferente, aclaraba, sería el encargo en fi rme. Es decir, una cosa es pedir

presupuesto a un detective y otra muy diferente contratar el asunto.

233

García-Arbiza, reprendido policialmente porque “podría estar

transgrediendo las normas de protección de datos e intimidad de

las personas” , replica contundente que no transgrede (LOPD) la in-

timidad de las personas pues en su mayoría las informaciones pro-

ceden de fuentes accesibles públicas.

Tras negar que posea el censo español de residentes, añade que

en varias bases en Internet previo pago de sumas ínfi mas se acceden

a los datos censales por parte de cualquier navegante en la red (data.

es, dateas.com, saberlotodo.com…) o inclusive de países como Italia

o Argentina.

El Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach avaló ‘Operación Pitiusa’.

Con la ex Infanta Cristina se le difumina el delito

En otros portales estos datos, más los de antecedentes judicia-

les y policiales, deudas y contratantes de teléfonos, se pueden obte-

ner previo abono o pago directo, toda la información de ciudadanos

norteamericanos, canadienses, sudafricanos, australianos, neoze-

landeses o británicos, por poner varios ejemplos de hasta qué punto

se han transparentado datos personales en infl uyentes e importan-

tes países angloparlantes previamente citados.

234

Todo ello en España entraña delito y multas de infarto por ob-

tenerlos y usarlos. Reivindica García-Arbiza que, en cuarenta años

de profesión, jamás tuvo denuncia por mala práctica y que los de-

tectives a escala nacional usan fuentes poco ortodoxas pues no hay

más remedio que usarlas: ‘O eso, o la desaparición de la profesión’

remataba.

Sospechamos que el abogado de Galton no tendrá mucho tra-

bajo por la venialidad de los cargos que le imputan a su patrocinado

tras esta redada policial bajo orden judicial que, sin lugar a dudas,

busca diferentes núcleos a los que entrañaría el de un detective in-

dependiente encartado por pedir, una vez sólo, un dato que precisa

para completar una investigación.

Galton anunció, apesadumbrado, al autor que este trance de

estar encartado en Pitiusa le jubilará de un ofi cio que ama, amó y

amará hasta el fi n de sus días. Ese vacío confi emos que se cubra con

una justicia iluminada.

Conviene añadir que las ‘fuentes poco ortodoxas’ a las que alu-

de el cántabro García-Arbiza son las mismas –y fácilmente imagi-

nables– a las que acuden los periodistas para elaborar reportajes,

escritores para documentar obras, policías para redondear opera-

tivos e informes, abogados para ultimar defensas o acusaciones de

todo tipo.

Así se ejemplifi ca al lector los obstáculos y ese plus de maldad

que deben superar solos, sin ayuda de nadie, los detectives españoles.

También conviene indicar que acudir a trucos, contactos, fuen-

tes o atajos para desvelar verdades no es barra libre para mercadear

con lo prohibido, ilegal, acosar, usurpar, engañar o estafar.

La primera fase de la Pitiusa se ha consumado con los miles de

euros que pagaron sus imputados en fi anzas, repetimos de cuantías

235

mínimas. Todas se comprenden entre casi mil y los cinco mil euros.

Lo incautado, repetimos, no sobrepasa los 400.000 euros, conside-

rándose que la cifra suma lo incautado en más de cien despachos y

domicilios privados.

Lo que más problemas está generando por la paralización de

las agencias, la pérdida de datos y el empezar de cero son los orde-

nadores, discos duros, móviles y demás material incautado durante

las distintas fases de este operativo policial.

Sobre lo incautado de las dependencias CF Labs de Matías Be-

vilacqua hubo numerosas pesquisas extrapoliciales para retirarlo de

la investigación judicial por su elevada e imaginable ‘sensibilidad’.

Sobre el particular sólo añadir que habrían ‘almacenados’ nu-

merosos datos del investigado Instituto Nóos y miles de correos que

ha entregado al juez instructor José Castro en Mallorca el exsocio de

Iñaki Undargarin.

Nos referimos a un Diego Torres que difícilmente admite que

su esposa esté imputada en el sumario mientras que la Infanta Cris-

tina, esposa de Undargarin, no lo esté durante meses y meses.

Otros muchos datos ‘inesperados’ también se hallaron en otros

ordenadores de detectives, empresas e intermediarios. Las defensas

y representantes legales personados en el sumario calculan que aún

se tardarán bastantes meses en descifrar, ordenar y ponderar los da-

tos informáticos intervenidos por Pitiusa. Cuatro técnicos informá-

ticos policiales están en ello y no paran. Y fueron pedidos refuerzos.

Organismos como Generalitat, instituciones estatales y el mis-

mísimo CNI se han interesado por el contenido de las diligencias

de Pitiusa y el resultado de este operativo policial que incuestiona-

236

blemente saca de contexto incontables datos que comprometen a la

base desde donde se extrajeron, a quien los gestionó y el destino que

se le dio a los mismos.

Los clientes e investigados de los detectives imputados se trans-

parentan y circulan donde no deben dentro y fuera del sumario, lo que

hace fl agrante una segunda revelación de secretos ya criminalizada

por la prensa y las autoridades que decretado determinadas órdenes.

No es de recibo que se le descubran a un profesional obligado a

guardar secreto clientela y objetivos durante años ante otros impu-

tados en el sumario. Es decir, para investigar determinados delitos

podrían haberse cometido muchos más, según el modesto juicio de

un lego jurista como es el caso del autor de éstas líneas.

Segunda y tercera fase

Vistos los modos del CNP al airear por boca del ministro Fer-

nández tan exitoso operativo sobre ‘trama horizontal’, desde el juz-

gado que investiga se aprueba una ‘segunda y tercera fase’ de Pitiusa

con un proceder mucho más mesurado y respetuoso con los que re-

sultaron nuevos imputados en dicho sumario.

Se ejecutó el miércoles 24 de abril de 2013. La misma fue super-

visada, además del juzgado que la decretó, por los fi scales anticorrup-

ción Fernando Bermejo y Pedro Horrach. Todo lo obrado este día por

las autoridades se habría generado desde la primera fase de Pitiusa.

Agentes de USPB y otros del CNP en distintos puntos de Cata-

luña, Madrid, Cantabria, Aragón, Euskadi y Andalucía detuvieron a

casi 30 personas, mayormente en la provincia barcelonesa, como ya

ocurriera en la primera fase del operativo Pitiusa.

El presidente de Unilever, Jaime Aguilera y exgerente de Mu-

tua Universal (investigada tras defraudar 219 millones de euros

237

a Seguridad Social) Eduard Garriga, fueron las detenciones más

mediáticas.

El primero fue acusado de usar métodos impropios para despedir

a directivos a lo que se alegó que todo fue avalado por sentencia judicial.

Unilever fue cliente de Sara Dionisio y participó Bevilacqua en

el ‘volcado’ de los ordenadores de los directivos investigados y des-

pedidos. Tres directivos de DU PONT también fueron interrogados

por la policía tras contratar a detectives implicados en Pitiusa.

Varios miembros del CNP, guardias civiles, funcionarios y el

hijo del detective Jorge Colomar (Investigator), cuyo padre fue im-

putado en la primera fase de Pitiusa ultimaron la nómina de nuevos

encartados.

Si en la primera fase de Pitiusa se acentuó, difamándolos, a una

mayoría de detectives implicados, en las fases posteriores de la Ope-

ración se concretan responsabilidades de empresarios, funcionarios

y clientes de los detectives que pudieran haber inducido o cometido

delitos que se etiquetaron en los investigadores privados.

Fuentes que conocen bien el sumario indicaron al autor que

en Pitiusa vale más la ‘inteligencia’ que ha generado que los delitos

sobre lo que sustenta una mayoría de implicados.

Baste recordar que hay imputados exclusivamente por llamar a

Rama, Ripoll, relacionarse con Córcoles o Dionisio, por poner ejem-

plos. Esa realidad aventura penas mínimas o descartes penales a la

hora de ultimarse la fase instructora o sustanciarse acusaciones de

la Fiscalía.

Refl exiones, realidades y paradojas

La Operación Pitiusa, relatada con la pena de constatar cómo

muchos detectives sinvergüenzas juegan con ventaja, hacen trampas

238

y compiten deslealmente en su gremio, los pone bajo la lupa judicial

en un proceso que esperemos reparta a cada cual lo que corresponde.

Nos tememos que nuestra Justicia hará distingos entre unos

y otros, entre los detectives respaldados por grandes agencias y

los ‘independientes’ que sobreviven como pueden a la crisis y les

ha ‘despedido’ del mercado estar implicado en este sumario. Entre

quienes son defendidos por abogados de fuste y los que apenas so-

breviven para pagar su cuota de autónomos.

En esta ‘trama horizontal’ que defi nió el ministro Fernández al

airear el operativo policial contemplamos a unos ‘vende datos’ sin

licencia de detective que repiten fechoría por las que fueron deteni-

dos hace años.

Otros se apuntan al concepto del ‘detective de salón’ pues les da

alergia investigar sobre el terreno y les resulta más rentable hacer

negocio vendiendo datos a empresas, bufetes y colegas.

También vemos cómo grandes agencias entran al trapo de ges-

tionar sus temas apoyándose en datos solventes pagados con sobor-

nos que abonan a intermediarios o los captan directamente desde

el organismo público o empresa comercializadora de datos ilegales

acorde a normativa vigente.

En otros casos, los intermediarios venden a su clientela en

el gremio de detectives datos que los revenden a otros colegas y

clientes o directamente a usuarios fi nales (bancos, aseguradoras,

bufetes….).

El tema, tras analizar las circunstancias expuestas en los miles

de folios de sumario, los perfi les de los casi 200 imputados y los be-

nefi ciados de la ‘trama horizontal’, nos hace preguntarnos también

sobre la doble moral y vara de medir e hipocresía existente. Es dig-

no de analizarse algunas cuestiones y el desafuero que protagoniza

239

nuestra LOPD, la más contundente en el ámbito europeo en cuanto

a multas a sus vulneradores.

En Caso Pitiusa el delito de revelación de secretos a ojos de un

lego jurista es relativo, sobre todo si se le imputa a un detective que

compra a un particular el dato y lo usa en sus informes sin divulgar-

los ex profeso.

Ese particular es quien sustancia el cohecho, prevaricación o

negociaciones prohibidas al empleado público. El detective lo que

hace es revelar un dato protegido, que no es jurídicamente lo mismo

que un secreto, que ha extraído, comprado y vendido un tercero.

Algunos detectives que aparecen en la ‘Operación Pitiusa’ son

sospechosos de revelar secretos, lucrándose con el negocio blan-

quean capitales al no integrarlo en la ortodoxia tributaria. Eso que-

da claro. Y por ese presunto ilícito confi emos les caiga el peso de las

leyes aplicables.

Otros son clientes de los intermediarios o clientes de sus pro-

pios colegas. Pocas llamadas e ínfi mas evidencias los criminaliza-

rían. Simplemente, estuvieron en el lugar inapropiado en el mo-

mento inoportuno.

Pero surgen muchas preguntas al respecto de qué es y no es un

secreto y un dato protegido. Precisamente ahora que nos regirá una

Ley de Transparencia por la que muestran recelos sindicatos, casa

real, empresas públicas y partidos políticos. Se discute qué organis-

mos deben o no alcanzar el imperio de la visibilidad al público del

dato ofi cial.

Desconocemos que será opaco tras promulgarse tan intrincada

Ley en un país donde el Tribunal de Cuentas tarda cinco años en

auditar los órganos de la administración en todos sus niveles. La

240

prescripción del delito fi scal y sanción tributaria bascula entre los

cuatro y los cinco años. ¿Qué será y qué no transparente? Nos lo

preguntamos vivamente.

Los detectives soportan silentes, subordinados, muchas incon-

gruencias de la sociedad y del Estado al que sirven pagando impues-

tos y respetando sus normas.

Hay incontables paradojas entre lo que es ‘secreto’ y no lo es,

lo es ahora y no era antes, y por qué unos deben guardarlo y otros

no. Y, sobre todo, por qué la vara de su ‘revelado’ de secretos fustiga

más a unos que a otros ciudadanos españoles.

Vayamos por partes. Criticamos con la contundencia que el es-

cándalo exige cómo y por qué técnicos, políticos, militares, policías,

guardias civiles y altos funcionarios se pasan vía ‘excedencias’ sin-

gulares o situaciones incompatibles clamorosas a la empresa privada

en edad laboral y muchos años, lustros, décadas antes de la edad de

jubilación para el común de los cotizantes, ahora fi jada en los 67 años.

En otros casos se instrumentan increíbles ‘reservas activas’,

‘segunda actividad’, extraños ‘accidentes en acto de servicio’ que

asombran a quienes pagamos inalcanzables cuota de autónomos o

les descuentan barbaridades de su nómina. ¿Son secretos los datos,

infl uencias, ‘líneas directas’ con antiguos compañeros? ¿Por qué los

fi chan las empresas privadas, bufetes, multinacionales?

Las numerosísimas sanciones que canaliza LOPD a organismos

públicos por registrar datos personales ilegales, usarlos y cederlos

indebidamente o hacerlos valer ante el ciudadano nos interroga so-

bre la ejemplaridad de los poderes públicos. ¿Por qué, entonces, se

criminaliza a los particulares?

Ítem más. En nuestro entorno europeo hay datos que son pú-

blicos y aquí, en España, es delito revelarlos, cederlos o plasmarlos

241

en cualquier documento no ofi cial, o por quien no está legitimado.

Nos explicamos.

En Inglaterra es lícito que un técnico o particular se informe

en su ayuntamiento por una licencia de obras o urbanística, datos

catastrales, de las licencias, su vigencia y titulares de un negocio

abierto al público.

En Francia es lícito, por ejemplo y entre otras muchas cues-

tiones, que un empleador se informe del historial absentista de un

candidato a directivo de su empresa. En Suecia es lícito acceder a la

declaración tributaria de un vecino.

Aquí se castiga hasta con la cárcel algo que es lícito en nuestro

entorno europeo. Hemos visto que obtener ‘historiales laborales’

ofi ciales que manejan empresas de formación, selección, cazatalen-

tos, bufetes, empresas era algo legal hace años ¿Por qué ahora es

delito invocarlo en cualquier documento por quien no es la persona

que centra el historial laboral?

Cualquier usuario de la sanidad pública española puede acce-

der limitadamente a su propio historial médico. Excepto a datos que

algunos profesionales incluyen en los expedientes personales que se

lo reserva nuestra administración.

Nos preguntamos sencillamente: ¿por qué se le hurta esos da-

tos a su dueño, al paciente? Se pregunta esta nada retórica cuestión

porque, en ocasiones, aparecen detalles difamantes del paciente

que, según un criterio personal, fi ngiría patologías o exageraría el

uso o pedido de fármacos, por ejemplo.

Las distintas fuerzas de seguridad españolas comparten archivos

sobre antecedentes policiales. Son datos personales secretos, están

protegidos. Pero no se entiende que cualquier empresario, alguien

242

que quiera casarse, arrendador, emprendedor que busque socio no

pueda obtenerlos para verifi car si alguien tiene o no ‘antecedentes’.

Si son tan secretos estos datos que afectan a derechos indivi-

duales por qué los airean CNP, Policía Local, Guardia Civil, Mossos,

Ertzaintza, etc., cuando detienen a alguien y le calumnian (registrar

denuncias o antecedentes policiales no entraña tener historiales ju-

diciales sin contar con sentencias fi rmes) con la tenencia de esos

antecedentes ¿Por qué es secreto lo que, cuando conviene, se airea

nada menos que a la prensa?

Ejemplos para rematar noticias o justifi car espectaculares rue-

das de prensa los tenemos cuando hay encartados en violencia de gé-

nero, delitos económicos, pederastas, atracadores, narcotrafi cantes…

Para hacer creíbles cargos o sospechas policiales se endilga al de-

tenido o tramas ‘antecedentes’ que hasta se detallan para mayor infa-

mia de quienes pueden salir absueltos judicialmente, o decretar la ma-

gistratura el sobreseimiento de los casos que han calumniado a priori.

Hay ya numerosas sentencias que condenan a portavoces y

mandos policiales por estas dudosas prácticas que relativizan, re-

petimos, el ya muy relativo ‘secreto’ de los antecedentes policiales.

También, se constatan muchos ‘traslados’ de jóvenes voceros poli-

ciales por sus apariciones mediáticas o difundir notas en las que se re-

lacionan ‘antecedentes’ a individuos o grupos que no resultaron ciertos.

Más esperpéntico es considerar el censo poblacional, el padrón

municipal, como ‘dato protegido’. Los datos censales ofi cialmente

sólo pueden facilitarse a los organismos públicos, juzgados previa

orden y al legitimado o su representante debidamente autorizado.

Paradójicamente, el censo electoral –el padrón, pero sólo de

mayores de edad– se les ‘regala’ a los partidos en cada proceso elec-

243

toral. Las formaciones políticas suelen ‘revender’ estos millones de

datos personales a empresas de marketing directo, entre otras, a

precio de platino. Hasta hace poco había partidos que sólo se cons-

tituían para obtener el censo y hacer negocios sobre el mismo.

Pero hay más, el padrón municipal (constan datos de menores

de 18 años) se expone en los tablones públicos de los ayuntamientos

cada cinco años y cualquiera lo puede fotografi ar, copiar, procesar, etc.

Entonces nos preguntamos: ¿por qué se castiga a quien usa

datos censales en su legítimo trabajo? Las multas de AEPD por el

cumplimiento de la LOPD por usar estos datos son de infarto, de

hasta 600.000 euros.

Otro ejemplo sería que las operadoras telefónicas publican da-

tos en Internet y en papel datos personales más domicilios de los

titulares de líneas fi jas.

Sin embargo, vemos que en la ‘Operación Pitiusa’ muchos de

los datos que piden los clientes son titularidades de terminales mó-

viles. ¿Por qué no publican las telefónicas listas de titulares de estos

terminales?

Tiene difícil explicación que sean públicos unos datos y ‘priva-

dos’ otros de algo idéntico: titulares de líneas telefónicas. Revelar

y trafi car con movimientos de llamadas y mensajes es atentatorio

contra la intimidad y libertad de las comunicaciones.

Este tema es distinto, pero está en la misma línea de relativismo

sobre lo que es y no ‘secreto’ cuando un familiar, amigo o expareja ac-

cede a datos ‘privados’ armado con claves cedidas, robadas o hurtadas.

Más exótico resulta el concepto de ‘dato privado’ o íntimo’ para

los administradores de nuestra res pública. En los certifi cados ‘lite-

rales’ de defunción que da a quien lo pida cualquier Registro Civil

244

español se omite, desde que es vigente la LOPD, la causa del óbito.

La razón: viola la intimidad del fallecido.

Pone a huevo esta realidad una pregunta: ¿los muertos tienen

intimidad? Creíamos que este concepto era patrimonio de los vivos,

y de los tutores si nos referimos a menores e incapacitados.

Suma y sigue. En los certifi cados de vehículos sobre peticio-

nes basadas en la matrícula que expiden las Jefaturas de Tráfi co se

omite el número de NIF/NIE de las personas físicas y del CIF de

las jurídicas. ¿Por qué? ¿Este es un dato ‘personal’? Hablamos de

una combinación alfanumérica, como es sabido no discrimina datos

identifi cativos nominales o de otra clase.

El paso por el Ministerio del Interior de Antonio Ca-

macho fue vivifi cante para Método 3.

El NIE, NIF o CIF constituyen nexo de personas físicas y jurí-

dicas con la administración. Para el Estado somos números por los

que se llega al ciudadano o persona jurídica.

Esos números se publican en boletines ofi ciales estatales, mi-

nisteriales, de ayuntamientos, autonomías, cabildos, consells o di-

putaciones al lado de la identidad del código alfanumérico.

245

En ocasiones hay señas, edades, nacionalidades y otros datos

privativos. ¿Por qué es legal y público en soportes ofi ciales y delito o

sanción en informes de detective, por poner un ejemplo?

Aprovechando el debate parlamentario de la primera Ley de

Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno se

constata que ya quedarán al descubierto para cualquier ciudadano

sin previa solicitud cualquier dato personal o corporativo del Con-

greso, Senado, partidos, sindicatos, patronales, Consejo de Estado,

Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, Casa Real,

Banco de España, Tribunal de Cuentas y cualquier órgano público o

privado que reciba dinero del presupuesto ofi cial.

Tal ley ya vigente sienta principios éticos y de actuación que

deben conducir el proceder de cualquier empleado público u orga-

nismo que reciba ayuda de la administración. Dicha Ley inserta un

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuyos miembros serán

de extracción parlamentaria por mayoría absoluta.

La fi losofía que inspira esa Ley, vigente en parecidos formatos

desde hace lustros en países europeos, americanos y asiáticos, pon-

drá sobre el tapete qué debe saber sin justifi cación alguna y no de

sus gestores públicos y los lugares donde va a parar el dinero que

nace de los tributos del contribuyente.

Esa Ley esperemos que haga público lo que ahora es un muro

para cualquier detective en cuanto a obtener información que le de-

manda su cliente y el legítimo derecho a la información.

Se desconoce si, aun siendo vigente, hará públicos datos por lo

que ahora están encartadas casi doscientas personas en el sumario

de Pitiusa.

246

Como decíamos esta iniciativa, Pitiusa, es una discutible pero

legítima actuación policial y judicial que sospechamos tarde años en

resolverse con sentencia fi rme.

Dudamos que los actuales imputados por el sumario sean el

mismo número de los que sienten en el banquillo, cuando llegue el

momento, si llega.

Al gremio de los detectives le ha causado un daño de imposible

reparación todo lo concerniente a Pitiusa. Tanto ciertos medios in-

formativos como las autoridades que legítimamente actuaron.

Las últimas impulsaron el operativo que hizo tabla rasa al juicio

popular por una minoría de detectives llamémosle poco ortodoxos.

Los encartados en Pitiusa hacen competencia desleal a sus co-

legas con una mayoría que realiza una función social investigando

verdades para que divorciadas cobren pensiones por sus hijos, se

localicen herederos, se desvelen defraudadores y se destape a co-

rruptos, incompatibles, infi eles laborales y personales.

La ‘Operación Pitiusa’ justifi có al ministro Jorge Fernández

para que se regule y tilde a los detectives como malos, malísimos si

se admiten estos coloquialismos de fácil comprensión popular. En

la ensalada se mezclan detectives que sobornan, actores, clientes e

intermediarios.

Los argumentos que repiten en sus informes los investigadores

policiales no son tan ciertos como los invisibles ‘confi dentes’ que

ellos necesitan para celebrar éxitos operativos.

Hay diferencias entre ‘chivatazos anónimos’ y ‘confi dentes en

nómina’. Quienes se mueven en las entretelas sociales de cazar ver-

dades que se escurren o niegan saben que la suerte hay que buscar-

la. Pocas veces llama a la puerta.

247

Las dimensiones de Pitiusa aún están por determinar. Quedan

meses – ¿años quizás?– para que se analicen todos los datos en dis-

cos duros, pen-drives, portátiles, móviles y archivos incautados e

intervenidos por orden judicial.

Lamentablemente los protocolos de muchos detectives son vox

pópuli, revelan más secretos, gracias a compartirse pruebas de car-

go entre los operadores jurídicos que son parte en el sumario.

Repetimos, podrían cometerse más delitos sobre los que se

pretende investigar y sentenciar por la justicia. Y debemos recordar

que este país de cotillas, de confi dencias de armario parroquial, de

morbosos y de ciudadanos que saben de todo hace más peligroso ese

mercadeo de datos sobre el que se investiga ofi cialmente.

Prueba de que el sumario Pitiusa es una bomba es que, a su vez,

estallará en diversos lugares. Una certeza la tenemos en el cierre y

liquidación de Método 3 a fi nales de 2012 tras ‘arruinarse’ sus pro-

pietarios con la huida de clientela y las deudas contraídas hacia sus

trabajadores y proveedores.

No es la única agencia que sufrió esa liquidación por lo que se

aireó en prensa pero si es el nexo con el próximo capítulo, centrado

en el espionaje de una agencia que ha logrado escandalizar a más

de uno dentro y fuera de nuestro país, dentro y fuera de un ofi cio

tocado ya.

Elisenda Villena Barjau fue la ‘Jefa de Servicio’ en Método 3,

agencia en la que entró a colaborar en 2006, tras fracasar instalan-

do su propia agencia. Junto a su hermana Carina, que regenta otra

agencia en Barcelona, fueron imputadas en Pitiusa por comprarle

datos a Tomás Ripoll.

Elisenda también fue detenida e imputada en los sumarios en

los que Método 3 centra actuaciones ofi ciales. Este libro que el lec-

248

tor tiene en sus manos no abarcará ni de lejos lo que da de sí tanto

Pitiusa como Método 3.

En mayo de 2012 los responsables de Método 3 se negaron a

entregar el Libro-Registro donde anotan los casos investigados por

imperativo legal (LSP y RSP) ante la insistencia de la Policía.

La directora de la agencia y madre de Francisco Marco, María

Fernández Lado (Marita), presentó a los responsables policiales un

escrito en el que alegaba que dicha documentación se había perdido

en una inundación que habían sufrido las ofi cinas de la agencia “de

principio (sic) de octubre y mediados de noviembre de 2011”. Marita

detalló entonces que se “inundó el almacén de Método 3 en Avenida

Diagonal, 520, destruyéndose multitud de información…”

Como prueba de ello, Marita incorporaba “información ofi cial

de la comunidad de propietarios”. Un informe policial adjuntado al

sumario de Operación Pitiusa ya califi caba entonces dicha excusa

como una “maniobra para destruir pruebas” y califi caba la actitud

de los responsables de la agencia como de “falta de colaboración”.

Aquel Libro-Registro estaba considerado como necesario y de-

terminante para concluir la investigación sobre Pitiusa.

Finalmente, y como había ocurrido en mayo de 2011, no se ac-

tuó policialmente contra Método 3. Entonces se habrían paralizado

el expediente de cierre de la agencia y una multa de 30.000 euros

gracias a los ofi cios de Marita ante la cúpula del Ministerio del Inte-

rior cuando lo encabezaba Alfredo Pérez Rubalcaba y su breve suce-

sor Antonio Camacho.

Estos detalles sobre Método 3 sólo proyectan ciertas primicias

sobre lo publicado en prensa, adverado en informes policiales y di-

ligencias judiciales.

249

También justifi can que Método 3 centre el próximo capítulo,

donde se disecciona qué clan familiar regentó la agencia y cómo un

cúmulo de complacencias empresariales y ofi ciales han construido

una madeja que se tardará tiempo en desenmarañar.

Por último debe añadirse sobre el nombre prestado de Pitiusa

al sumario que encarta a más de doscientas personas y empresas

que será nombrado en la primera reunión del Consejo de Seguridad

Nacional (CSN) español.

Aunque el antiguo Rey Juan Carlos I, debilitado en su salud y

crédito popular, presidió el pasado julio de 2013 junto a su hijo el

actual Rey Felipe VI, la primera reunión de un órgano calcado de

países anglosajones que copiaron otros latinoamericanos, la Pitiusa

apareció en los previos de ese cónclave secreto.

El CSN fue presentado en la Comisión Constitucional del Con-

greso de Diputados y su secretario es Jorge Moragas, diplomático

adscrito como Jefe de Gabinete al presidente Rajoy.

El CSN velará por una Estrategia planifi cada y fundamentada

en que la “seguridad es un pilar de la conservación, la estabilidad y

la continuidad del Estado”. Aprobará este órgano estatal un informe

anual que se debatirá en Cortes. Una Ley Orgánica cuyo proyecto ya

está en sede parlamentaria confi gurará el CSN.

Sus funciones son gestionar situaciones de crisis y otros aspec-

tos que afecten a la seguridad española y sustituirá a una comisión

delegada de varios ministerios, mandos militares y policiales que

hasta ahora venían solventando situaciones puntuales o límite.

Desconocemos si Método 3, además de Pitiusa, será otro nom-

bre que constará en alguna carpeta de las venideras reuniones del

CSN. Ingredientes no faltan por lo que se relata en el próximo capí-

250

tulo, ni los que se han detallado en este que fi naliza sobre la mayor

redada española contra mercaderes de datos protegidos.

Vaticinar que Operación Pitiusa en su vertiente policial no

puede ni debe darse por concluida hasta 2016. Faltan muchos me-

ses para procesar la información incautada y depurar los posibles

delitos presentes en cualquier soporte cibernético, digital o audio-

visual.

El ‘fallecido’ cántabro Juan Antonio Rama fue uno de los capos de Operación Pi-

tiusa según informes policiales. En la imagen advierte a ‘clientes’ de la red de

inminente operativo policial.

Las defensas de los imputados prometen un proceso largo por

la no concurrencia de posibles acusaciones, cargos, intereses y es-

trategias, algo manifi esto a lo largo de lo que va de instrucción y las

últimas fases del operativo.

Quienes están cerca del sumario indican que Fiscalía se ha

mostrado muy contundente con las diligencias practicadas y por ge-

nerarse. La idea del instructor es ampliar cargos a quienes se han

benefi ciado de las prácticas de los intermediarios y detectives que

251

comerciaron con datos protegidos. Por esta cuestión están por apa-

recer nuevos imputados.

Debe añadirse que los expertos vaticinan un reducido número

de condenas cuando se inicie la futurible vista oral y se debatan las

previsibles acusaciones del Ministerio Público.

En 2014, el jueves 12 de Enero, fallece Juan Antonio Rama ‘Jua-

nito’ en su tierra cántabra a los 54 años. El hermetismo de su familia

y amigos no concreta cómo, dónde y por qué murió. Se barajan como

causas del óbito infección por virus hospitalario o una intoxicación.

Rama murió, llamativamente, pocos días antes de acudir al juz-

gado barcelonés que instruye el sumario ‘Pitiusa’ como imputado

para declarar. Estaban previstas muchas preguntas del juzgador,

acusación y defensas más medidas cautelares. A la cita jamás acudi-

rá Rama. Corren rumores sobre tanta casualidad, sobre la oportuna

muerte de éste factótum de la ‘Pitiusa’.

A la persona afable que le faltaban pocos créditos académicos

para ser Detective jamás se le añadirá licencia en su currículum.

Desapareció antes de obtenerla. Al sumario de Operación Pitiusa

se le desvanece uno de los puntales sobre el que se sustentan gran

parte de las acusaciones policiales y diligencias judiciales.

Las futuribles condenas, previsiblemente, recaerían sobre los

funcionarios sobornados y de quienes se acreditase que han cobra-

do por la extracción de datos ofi ciales y protegidos por la LOPD o

por la normativa que regula los secretos. También podrían recaer

condenas contra los detectives que hicieron lo propio con funciona-

rios públicos.

Resulta difícil pensar que el banquillo del caso no sentará a más

de una o dos decenas de acusados. Se caerán, pues, las acusaciones

sobre la mayoría de los encartados inicialmente. Rama era su prin-

cipal testimonio adverso.

252

A la vista del sumario muchos encartados lo están por meros

contactos o pagos únicos por datos a intermediarios o funcionarios.

Otro nivel debe destacarse en los profesionales de la intermediación

de datos, siendo especialmente grave los detectives que se dedican a

ello sin molestarse en investigar los casos que su ofi cio les adjudica

en la realidad.

En las películas del género, basado en moldes anglosajones, el

privilegio de los datos se basa en contactos que el cotidiano español no

ha desmerecido superando incluso hasta la más imaginativa fi cción.

Pero queda claro en Operación Pitiusa y el sumario judicial de

decenas de miles de folios que ha generado, el dedo del poder que

señala, calumnia, interroga y acusa a los detectives privados sigue

fi rme en su propósito.

Ese dedo dirige su línea contra una minoría de sabuesos que

buscan datos haciendo trampas y sobornando a la autoridad pero

difamará durante años a una mayoría que usa ese dato como parte

de lo que investiga y les conduce a esas hacia verdades, personas y

entes que representan a una sociedad en crisis y engañada por el

poder para justifi car sus causas.

El varapalo al gremio de detectives es grande, intenso y ha cau-

sado estragos. Pitiusa será con el tiempo una anécdota si la sensatez

regula de una vez a unos profesionales, los investigadores privados,

que sólo reclaman seguir consolidando su vocación y el sustento.

Reclaman una Ley donde se les marque su terreno. Vindican estar

más cerca de una lenta pero efectiva Justicia que de una Policía sal-

picada por el poder y sus más oscuros vericuetos.

Como se venía insinuando en páginas previas, ésta redada po-

licial que detuvo y procesó a decenas de detectives se ha desinfl ado

en el sumario judicial. De una parte, la incomparecencia de uno de

253

los cabecillas de la red de tráfi co de datos Juan Antonio Rama por

fallecimiento ha desinfl ado las principales acusaciones.

De otro lado, los cargos penales se relativizan entre quienes

apenas contactaron con integrantes de la red de mercadeo de infor-

mación protegida. Un Auto del Juzgado de Instrucción nº 17 barce-

lonés que tramita el procedimiento centrado en ‘Operación Pitiusa’

fechado el 9 de febrero en 2015 corrobra la sospechas del autor y

que afecta a la pieza separada nº 5 del sumario 2179/2011-B. Tal

Auto concluye la fase instructora.

El magistrado Fernando Luis Criado Navamuel induce con su

Auto a pensar que el caso por él instruido fl aquea, cojea y procede

soltar unas amarras que difaman a los detectives en general por los

investigadores privados encartados en particular.

La decisión judicial se justifi ca porque algunas defensas de los

inicialmente detenidos pidieron su sobreseimiento. El juez, sin em-

bargo, ordena que sigan diligencias y se comuniquen a fi scalía en

cuanto Genaro Jesús Simón Díaz, Francisco Javier Armijo Torres,

Beatriz Fernández Rodríguez y Rafael Emilio Palencia Mochales.

Sustantivamente el juzgador le atribuye a los citados el papel de in-

termediarios o revendedores de datos protegidos. La mayoría liga-

dos a titularidades telefónicas y tráfi co de llamadas entre particula-

res y directivos empresariales.

Sin embargo, el Auto judicial que nos ocupa decreta el sobresei-

miento provisional de cargos Cristián Ibán Ortiz Hurtado, Yolanda

Hernández Campos, Cristina Barreno Sauleda, José Luis Pérez Ca-

samayor, Jesús Abio Robles, Enrique Valero López, Sebastián Sa-

crest Mir, Carlos Farelo Ferrer, César Llama Gómez, Juan García-

Arbiza, Ángel Calderón Martínez, Carlos Díaz-Chirón Suárez, Jon

Moragues Zubiri, Mireia Brotons Gispert, Isabel Sesma Corchete,

254

Ángel Benítez López [sigue imputado en pieza nº 1 del sumario ‘Pi-

tusa’], Manuel Escalona Jiménez, Domingo Martínez Martínez, Ma-

nuela Torres Herena, Alberto Garrido Resta, Carlos Augusto Recio

Martín, Jorge Luis Colomar Pueyo, Juan Sanahuja García, Gabriel

Fernández Ferrer, José María Castro Cabana y Luis García Díez.

La razón del juzgador para desimputar a los citados en prece-

dente párrafo se comparte en varios hechos derivados de pinchazos

telefónicos y declaraciones policiales: preguntaron, pidieron presu-

puesto o contactaron con ‘Juanito’ muchas veces sin respuesta del

mismo, compraron datos pero no lo cedieron ni revelaron a terceros

o simplemente desconocían el origen ilícito de los datos cual com-

pradores de buena fe de algo poco inocente.

El armazón legal del sobreseimiento provisional lo sustenta el

juzgador en el ‘habeas data’ o libertad informática y el artículo 18.4º

de nuestra Constitución (‘La Ley limitará el uso de la informática

para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos

y el pleno ejerció de sus derechos’)

La extinción de responsabilidad penal por fallecimiento de Juan

Antonio Rama marca un antes y un después en el sumario ‘Pitiusa’.

Desconocemos si su desaparición es eterna. Pero, indiscutiblemen-

te, ha librado de cargos y ahorrado miles de euros a prestigiosos

detectives como Jorge Luis Colomar Pueyo (Investigator), el mismo

que sonroja a ciertos jueces y policías resucitando -con pruebas y

argumentos serios- crímenes archivados o imputa a delincuentes

impunes. También, al entrañable cántabro Juan García-Arbiza ‘Gal-

ton’ que disfrutará de jubilación más que merecida y al ‘Carvalho’

–otro gallego en la jungla barcelonesa- Castro Cabana que jugó a no

perder y que gana tranquilidades.

En el caso del barcelonés Juan Sanahuja nos encontramos con

un detective de olfato ilimitado que persigue verdades intentando

255

huir de los líos que la alejan de las mentiras. En páginas previas

referíamos que al ex militar Manuel Escalona Jiménez le haría falta

un abogado de vivos. Este Auto, pues, aleja tal posibilidad. No pre-

cisará abogado para el tema ‘Pitusa’. Su inocencia se avala en un

sumario que, parcialmente, se derrumba.

256

Capítulo 4

“El que no quiera vivir entre justos, que viva en el desierto”

Lucio Anneo Séneca

ESPIONAJE DE EX AGENCIA MÉTODO 3

María Fernández Lado es una dama que no pasa desapercibida.

Se prometió, desde muy pequeña, sobresalir sea como sea, cueste lo

que cueste.

Consumar aquel ‘primus inter pares’ que nos legaron los roma-

nos de su época imperial. Su pauta es: armas de mujer, ambición sin

límite, inteligencia natural y tesón infi nito para conducir y resucitar

ante las adversidades.

Lo que ella considera un éxito lo celebra en privado; lo demues-

tra con gestos sordos e invisibles; lo ratifi ca el incremento de su pa-

trimonio material.

María, a sus sesenta y tantos años, es una rubia de buen aspecto

que saca partido de hombres y mujeres hasta límites que otras no

alcanzan.

Es avispada para captar fi delidades y clarividente para otear a

personas que no bailan en su fi esta. De inmediato las saca a mover

el esqueleto.

Su espíritu de supervivencia lo confi guró en una aldea gallega

en el término municipal de Mazaricos, lugar de O Fieiro, parroquia

257

de Arcos, situado en A Coruña. Allí nació en abril de 1949. Aún con-

serva la casa donde nació y parte de su de familia.

Sus casi 70 años los disimula con cremas, cosméticos, cabello

siempre libre y tintes que le dan un distinguido tono platino. Su as-

pecto, hablar sinuoso y presencia la asemeja físicamente a la inol-

vidable locutora Encarna Sánchez. Otra que no pasó desapercibida

en vida, ni tras desaparecer de la jungla humana en la que se movió.

Correteando por las calles y caminos de su aldea, próxima a la

Costa da Morte coruñesa, la pequeña María ya pastoreaba vacas con

apenas 9 años. Decidió imaginarse un futuro distinto de los días lluvio-

sos, oscuros y cargados de rutinas de una Galicia demasiado profunda.

Los años de la posguerra fueron duros en la zona. El pequeño

mundo de María se le estaba quedando demasiado estrecho para

sus infi nitas ambiciones.

Siguiendo la senda de millones de gallegos, María embarcó al

fi n del mundo, a la zona más austral del planeta. Días de navegación

enmarcaron su viaje hasta Argentina. Recaló en La Plata, provincia

de Buenos Aires, una capital trazada en cuadrícula por los arqui-

tectos que la urbanizaron. Allí estuvo más de diez años, hasta que

cumplió los 19.

Según personas de su entorno más cercano, durante los meses

anteriores o posteriores de su mayoría de edad podría haberse casado

con un varón argentino por el que encendió todas las velas del amor.

Los mismos cirios se habrían apagado a las pocas semanas de

desposarse. La boda nadie sabe dónde fue, ni con quién se casó. Ni

María Fernández da, ni dio, pistas sobre tan emotiva etapa de su vida.

Ella y los suyos, no obstante, no hicieron las Américas como

sueñan tantos emigrantes gallegos perseguidos por la morriña. Esa

258

etapa de su vida raramente la cuenta a los íntimos María. La sitúa

como un paso cosmopolita y entrañable por la gente querida que

aún le queda al otro lado del charco atlántico. Argentina tampoco

fue su Meca.

La ambición de María no cejó de inventar nuevos retos, nuevas

metas. Desde que regresó del país austral asumió un dogma: lo im-

portante es intentarlo.

El fracaso y el éxito van y vienen por circunstancias sobreveni-

das, pero siempre hay que moverse. La codicia de María se consoli-

dó en la Barcelona de los sesenta. Hasta allí navegó la vida de esta

gallega que pisa fuerte el terreno que elige para moverse.

Probó fortuna en el mundo de la moda como comercial, redac-

tora y editora de publicaciones especializadas. Aquellos años, fi na-

les de los sesenta, el textil catalán de la moda, de las vanguardias, se

proyectaba en privado. En los show-rooms barceloneses.

En la capital catalana se encontró, entre otros tantos hombres,

con un maño que tenía 12 años más que la gallega. Haciendo honor

a su tierra era tozudo, bonachón y voyeur de la realidad hasta que

murió en el año 2011. Francisco Marco Puyuelo es otra persona que

no pasó desapercibida.

Luchador sui generis contra la injusticia, era un abogado bus-

cavidas y todoterreno en aquella Barcelona de los sesenta. Más que

aceptar asuntos o decidir defensas ‘pillaba temas’.

La cosa, pues, era minutar. Y cobrar. Si se puede, más que me-

nos. Tal codicia, en la que igualaba a su esposa, le causó, como vere-

mos, algunos problemas.

Volvamos a Marita. Este es el sobrenombre del personaje que

se inventó María Fernández Lado en esa Barcelona donde todo es

259

posible. Donde hay que buscar la suerte. Donde conviven almas y

culturas.

Marita, durante los años de la transición, comenzó a frecuentar

élites y la pomada social de la capital catalana. Lo hacía en locales de

moda. Antes adquiría la más exclusiva lencería en tiendas de La Per-

la Gris. Después le gustaba bailar, las copas y las charlas prosaicas.

Concebía una estrategia que le acercaba objetivos. Merodeó

también círculos empresariales, cercanos al Opus Dei y a la ‘gauche

divine’ (podríamos traducirlo como la izquierda integradora) que

pululaba por los locales de la calle Tuset. Aquella Barcelona que re-

vivía una Belle Époque con menos glamour se afrancesaba para dis-

tinguirse de otras clases y ambientes menos exclusivos.

Con estos mimbres montó un chiringuito en el que vendía

moda gracias a modelos espectaculares, se servían copas y allí plan-

tó su cuartel general para consolidar su agenda.

Llegó, Marita, a tener hilo directo con el entorno del fallecido

Laureano López Rodó, ministro y padre del ‘desarrollismo’ fran-

quista. Fue uno de los tecnócratas opusdeístas que socializó el régi-

men de Franco.

En aquellos años, entrado el tardofranquismo bautizado –re-

petimos- por el escritor Francisco Umbral, Marita comenzó a co-

leccionar llaves de pisos y locales. Quienes la han conocido de cerca

indican que parecía que trabajaba para una inmobiliaria o era car-

celera de un pabellón, por los juegos de llaves que siempre llevaba

en el bolso.

Dicen que le encanta, además, saber dónde las puede usar

sola o acompañada, sin molestos testigos. Marita cambió demasia-

das veces de casa, de hogar y de despacho durante su intensa vida.

260

Varios desengaños e ingratitudes los retiene entre sus bambalinas

mentales desde donde todo se observa con nitidez y la distancia que

el tiempo exige.

Todos los ‘contactos’, amistades y conocidos de Marita y Paco

Marco no le sirvieron para hacer una fortuna rápida. Para vivir con

el desahogo que distinguía a los círculos por donde se movía la pa-

reja, o Marita por su cuenta. En los setenta, Marita y Paco Marco no

logran consumar sus elevadas ambiciones.

Ella tiene que trabajar para terceros porque algunos fracasos

limitan la economía familiar. Logra empleo como secretaria en el

despacho de Hugo Alberto Sanmartín Cotti. En poco tiempo eleva el

cargo hasta el de directora comercial.

Así, sólo por su nombre, este argentino que hizo el viaje inverso

de Marita desde Costa da Morte es uno de los muchos inmigran-

tes del país hermano que recalaron en Barcelona buscando mejores

perspectivas de futuro.

Hugo montó, en la década de los sesenta, una agencia de detec-

tives que siempre se ha unido a noticias, polémicas y éxitos que sólo

celebra el ego de su ‘inmarcesible’ fundador. La marca del despacho

son las tres primeras iniciales del hispano-argentino: HAS.

Sanmartín había trabajado, a su vez, para Francisco de Asís

García Garrido, un andaluz que creó escuela con Aarón, marca y

nombre hebreo que introdujo en su propia identidad y prestó a la

agencia para salir el primero en todos los soportes publicitarios de

la época. Los más veteranos aún recuerdan carteles que repetían Aa-

rón Detectives en carreteras que conducían a una Barcelona provin-

ciana y pacata. Esta fue, durante décadas, la agencia más famosa de

una Barcelona franquista por imperativos políticos.

261

Marita en HAS hizo lo mismo que su antiguo jefe le hizo a Paco

Garrido, recientemente fallecido. Durante los años de colaboración

con Hugo y su equipo se interesó por la investigación privada como

negocio. Pensó que sus dotes comerciales y un físico que entonces era

llamativo serían indispensables para atraer clientes, dinero y poder.

Mientras tanto, Marita leía con fruición novelas policíacas, es-

pecialmente aquellas en las que los detectives investigaban casos

imposibles. Así documentaba esta dama su soñada excelencia pro-

fesional. Como forma de enriquecerse jugaría Marita, además, con

la información que manejase.

Algo parecido le había pasado a Sanmartín en Aarón. Hugo cre-

yó que, además de ganar dinero vendiendo informes, podía rentabi-

lizar la información trasmitida.

Cuentan viejas glorias detectivescas barcelonesas que a Hugo le

envió Paco Garrido a Alicante para cobrar una minuta a un empre-

sario al que le retornaron un hijo rebelde.

Le entregaron un sobre con cientos de miles de pesetas de los

sesenta. Entonces se percató que esto de ser detective era perfecto

para hacerse millonario.

Montó, poco después, su agencia. HAS nació porque investigar

privadamente era más un asunto de ganar dinero que de buscar ver-

dades con ética para atender encargos profesionales. Desconocemos

qué vía usó Hugo, pero la imaginamos.

Marita, pues, sospechamos utilizaría parecida metodología.

Tras ver cómo, por qué y cuánto cobraba Hugo Sanmartín decidió

‘independizarse’. No dio portazo en aquel empleo de secretaria en el

más pleno sentido de la palabra. Los secretos que conoció Marita en

HAS suponemos que los guardaría. Habría sido perfecta secretaria

262

Nace la agencia, se alumbran ‘métodos’

Marita siempre soñó con una agencia a lo grande: “no quiero

investigar líos de un marido o sospechas de una esposa”, repetía a

quienes le oían aquellos años.

También, que su agencia era la boutique de la investiga-

ción aunque, casi treinta años después, todo aparecería convertido

en una guarida de malhechores a tenor de las informaciones perio-

dísticas que leímos sobre su operativa.

Apoyada por su inseparable marido Paco Marco Puyuelo, Ma-

rita monta Método 3 a fi nales de 1985. La licencia la pone su marido

inicialmente. Después aparecen más titularidades, la de ella, la del

hijo de ambos y posterior Director General, Francisco Marco Fer-

nández, Doctor en Derecho y prolífi co autor de libros.

Otro hijo de Marita es Fernando Gabriel Fernández Lado, pos-

terior ejecutivo de Método 3 al que no le gustan demasiado los re-

lumbrones mediáticos de su hermanastro.

Durante los últimos años ha trabajado en un empleo que nada

tiene que ver con la exagencia aunque participa en algunas de las

sociedades instrumentales ligadas a la marca ‘Método 3’.

Es mayor que Francisco Marco hijo y tan discreto que práctica-

mente no hay declaraciones suyas en prensa. Tampoco hay fotogra-

fías suyas en los medios.

Según quienes le conocen tiene el perfi l de un ejecutivo empre-

sarial cuyo padre es uno de los secretos que Marita guarda celosa-

mente al otorgarle exclusivamente sus apellidos.

Método 3 nace de la mano de Marita Fernández Lado. Su fi lo-

sofía fundacional se sustancia, según su portal en Internet colgado

263

hasta principios de 2013, “para romper las estructuras, formas y

modos que habían enturbiado la confi anza en el detective”.

Los pocos años de actividad –hasta 2012–, su bancarrota, cie-

rre, incautación, imputación y detención de sus principales respon-

sables desmentirían tan nobles intenciones.

En el gremio, los detectives acusan sin recato y afi rman que

son ellos, Método 3, los que han ‘enturbiado’ la confi anza hacia los

detectives. Evidencias no faltan a los colegas de Marita y su clan

familiar.

Los investigadores, abogados, empresarios y exclientes más

deslenguados de Barcelona y otros lugares dentro y fuera de Espa-

ña se desatan sobre Marita. Es un personaje en el que el ‘todo vale’

sustanciaría su quehacer.

Cuentan al autor los primeros socios de Método 3 que los mue-

bles de la primera ofi cina se podrían haber pagado gracias a la in-

demnización de una aseguradora que reembolsaba el robo de unos

abrigos de piel.

Otras referencias hablan de un exdirectivo de HAS, de origen

gallego y llamado Santiago como el primer socio capitalista de Mari-

ta. La alianza duró el tiempo en que se gastó el dinero invertido por

este incauto que antes se paseó por toda España intentando montar

agencia alegando sus contactos provinentes de HAS.

El guión del alma de Método 3 fue hacer famosa la agencia, no

importa cómo. Mover la marca en despachos gerenciales, palacios

de potentados, banqueros, aseguradoras y bufetes de fuste fueron

el eje donde se activaron esas legítimas intenciones que cualquier

emprendedor se exige cuando se piensa a lo grande al frente de una

agencia de detectives.

264

Paco Marco, el marido de Marita, mientras estaba defendiendo

causas penales de poca monta. Desde los ochenta tuvo problemas

con su colegio profesional por denuncias de patrocinados, contra-

rios y colegas. Todas pivotaban sobre provisiones de fondos, ausen-

cias en vistas, vencimiento de plazos…

El hombre sobrevivía a los reclamos con verborrea de charla-

tán, según testimonios fi ables. Pero los más cabreados denunciaban

sus atribuidas y posibles informalidades o supuestas negligencias.

Marita tenía amistades y una capacidad de supervivencia ex-

trema. Un personaje cercano a Marita fue el desaparecido actor Fer-

nando Guillén, que siempre contactaba con ella cuando disfrutaba o

trabajaba en Barcelona. Esa amistad perduró el tiempo.

Los clientes de Método 3 al principio iban y venían. Su auto-

bombo no les ayudaba, por lo que pensaron lanzar comunicados a la

prensa cuando daban algún golpe con proyección mediática. Aque-

llas notas de prensa apenas alcanzaron hueco.

No obstante, los desvelos y armas de mujer de una comercial

llamada Maite lograron numerosos encargos que garantizaron la

supervivencia y ciertos benefi cios de Método 3 en los difíciles co-

mienzos de cualquier negocio.

La alta competitividad de los detectives en Barcelona, cuna de

la profesión en la península ibérica, hacía que Método 3 no facturara

conforme a los planes de Marita.

Ella no admite cercanía al podio, ni plata, ni bronce, ni conso-

lación, ni participar. Ella se considera una ‘número uno’, la única

ganadora. Sólo le vale el oro. Para tan elevada misión valen medios

maquiavélicos, según el pragmático proceder de esta dama.

265

Por entonces idearon para Método 3, a principios de los noven-

ta, un acercamiento a mandos policiales, empresarios, abogados y

políticos infl uyentes. La forma de hacerlo era frecuentar sus hábi-

tats, conocer sus amistades y lugares donde están alejados del estrés

urbanita.

De otro lado, Método 3 difundió entre las aseguradoras boleti-

nes con noticias del sector entre las que colaban notas publicitarias,

invitaban a cenas y hacían regalos navideños a esposas de clientes

que allanaban el cobro de facturas y multiplicaban encargos.

La técnica de autopublicitarse y regalar para aprovecharse la

aprendieron de HAS. Esta agencia llegó a publicar un ‘Manual de

Autoprotección’ destinado a obsequiar a la clientela para fi delizarla

y lanzaron boletines. Método 3 hasta impulsó una ONG, Fundación

Maia, para humanizar la empresa. De paso, sospechamos se mini-

mizan pagos tributarios. En dicha Fundación integró su patronato,

además del clan familiar liderado por ‘Marita’ la exsenadora del PSC

María José Elices Marco.

Algo parecido hizo el provinciano Adolfo Suárez en el Madrid

de los cincuenta cuando trepó por el edifi cio institucional del fran-

quismo hasta que se fi jaron en su valía, buena presencia y verbo

fácil. Luego actuó acorde a sus pretensiones e infi nitas aspiraciones

políticas.

Marita, dicen, frecuentaba locales ‘liberales’ con su marido tras

saciar vanidades y otras urgencias en el Vía Véneto. En estos luga-

res se hacen amistades, se captan confi dencias y se consolidan com-

plicidades. Una Barcelona de élites no acepta gente reaccionaria o

poco cosmopolita.

266

También advirtieron los estrategas de Método 3, es decir Mari-

ta, que si no salen informes por vías naturales luchando en el mer-

cado había que ‘propiciarlos’ mediante sutiles técnicas que sólo ella

era capaz de desarrollar. Por eso quienes trabajaron con Marita y la

conocen durante los principios de los noventa clasifi can los infor-

mes que hacía su agencia en tres tipos:

• Investigaciones clásicas, normales: desvelan fraudes al se-

guro, bajas fi ngidas, infi delidades laborales y familiares,

pruebas judiciales… Los precios compiten con los ‘de mer-

cado’. Siempre aparecerían ‘extras’ que multiplican las fac-

turas inicialmente pactadas en precios más o menos estan-

darizados por hora/gastos.

• Informes ‘a la carta’: cuando Marita y su hijo Francisco cap-

tan necesidades y vulnerabilidades del cliente ofertan datos

‘de diseño’. Suele haber barra libre en la factura. Esta suele

entregarse en restaurantes, pisos u hoteles. Todo lo demás

importa poco.

• Informes ‘de antena’: Estos supuestos informes, al manejar

información sensible, en la nevera jamás pierden vigencia.

Parte de tales ‘Infórmenes’ (si admitimos el neologismo que

acuñó Manuel Ruiz de Lopera, imputado expresidente del

Real Betis Balompié) son los que aún circularían tras el cie-

rre de Método 3, son difíciles de controlar y favorecen la

multiplicación de un monstruo que se creó con la exagen-

cia, difícilmente abatible. Nadie sabe dónde están inconta-

bles ‘infórmenes’ de Método 3. Se desconoce si los guarda

Marita, algunos de sus hijos, exempleados, exclientes, pro-

veedores o quien tuvo algún contacto con la desaparecida

agencia.

267

Mientras tanto, Paco Marco Puyuelo, curtido penalista, sube pel-

daños en el foro barcelonés cuando hace migas con el que fuera todo-

poderoso Luis Pascual Estevill, abogado tramposo con ego palpitante.

Accedió a la judicatura sin aprobar oposiciones (por el denomi-

nado ‘tercer turno’ reservado a supuestos ‘juristas de prestigio’) sólo

para ajustar cuentas a las élites de Barcelona.

Aterrizó como magistrado penal en una ciudad condal que ya

entraba en los noventa. Sus polémicas órdenes de prisión a empre-

sarios y aristócratas, instrucciones de sumarios polémicos y con-

ducta lejana a la ortodoxia jurídica le hizo amado y odiado por el

poder, según a qué bando le tocara sufrir sus iras. En 1994 fue ele-

gido miembro del Consejo General del Poder Judicial en Madrid a

propuesta de CiU, avalado por el ex president y Molt Honorable Jor-

di Pujol, titular de una fortuna de dudosa procedencia

Años después comenzaron a tramitarse querellas por sus ac-

tuaciones negligentes, prevaricaciones y chantajes.

La alianza de Estivill y Marco le salvó al primero de un proce-

samiento en un sumario por facturas falsas de IVA. Habían desa-

parecido, misteriosamente, en dependencias policiales numerosas

carpetas con documentación comprometedora. Marco se inculpó en

esa trama y no le pasó nada, ni a él ni a Estevill, a quien aligeró el

golpe. Eso se llama tener un buen amigo.

Pillados espiando

Un ‘golpe bajo’ que sufrió Método 3 a juicio de sus responsables

sucedió en 1995, cuando la sede de la agencia se ubicó en la barce-

lonesa calle Rosselló. Fue detenido el clan familiar (Marco Puyuelo,

Marita y sus dos hijos) más tres empleados de Telefónica por escu-

chas ilegales.

268

Marita Fernández Lado fue la fundadora de Método 3 en 1985. Fue de-

tenida en 1995 y absuelta posteriormente tras vincularla un operativo

policial a comercializar grabaciones de una central telefónica.

Habían cazado ‘in fraganti’ a Marita unos inspectores de policía

entregándole una cinta con escuchas ilegales a un cliente que en rea-

lidad era un cebo. Nos referimos al empresario Joan M.

El espinoso tema se activó por una denuncia de la propia Te-

lefónica al sospechar de intervenciones de líneas ajenas al mandato

judicial que solían ejecutar empleados de la operadora supervisados

por inspectores de policía.

Un documentado y preciso informe de la agencia barcelonesa

Cross-word descubrió el fraude cometido. Vulneraba incontables

normas y protocolos operativos de Telefónica que deben seguir

agentes policiales y autoridades judiciales.

A la ‘plantilla’ detenida de Método 3 se sumaba un expolicía

que trabajó para el CESID (hoy CNI) apellidado con la T. y que logró

hacer negocio vendiendo cintas con escuchas ilegales de personajes.

269

La prensa se hizo eco de la detención de Marita, sus familiares y

empleados de Telefónica.

El escándalo comprometía a la multinacional española por los ‘pin-

chazos’ que, ofi cialmente, decretaban los juzgados y los ‘favores’ que ha-

cían quienes los ejecutaban, policías y empleados de la compañía.

Estos se repartían cinco millones de pesetas de entonces (hoy,

aproximadamente, 30.100 euros) por teléfono y semana de inter-

venciones ilegales.

Como en tantas ocasiones, al manejarse y colocar ‘información

sensible’ (uno de los presuntos espiados por Método 3 fue el falleci-

do gobernador del Banco de España Mariano Rubio y su esposa, la

acreditada escritora hispano-uruguaya Carmen Posadas) la hicieron

valer estos detectives ‘de élite’ ante sus contactos.

Desde entonces, el asunto navegó a la deriva por los juzgados

hasta que fi nalmente se archivaron las actuaciones judiciales. Las

inició, concienzudamente, el Grupo de Delincuencia Organizada de

la policía barcelonesa.

Marita, meses después de ser detenida y ‘humillada’ ante todos

los que la conocían bien, desató su ira activando su contraataque

con querellas a troche y moche cuando el delicado tema en el que se

implicaba fue archivado judicialmente.

Las querellas y demandas civiles reclamando elevadísimas in-

demnizaciones por mancillar el honor del clan nucleado por Marita,

las dirigió a los medios informativos, uno por uno, que recogieron

las noticias de su imputación y la de sus familiares.

Una por una fueron desestimadas las demandas y archivadas

las querellas que activó esta gallega de rompe y rasga. Sentencias de

la Audiencia de Barcelona y del Tribunal Supremo confi rmaron la

270

desestimación de absolutamente todas las demandas y querellas que

sufragó una airada Marita con el impagable concurso de su marido.

A los medios informativos destinatarios de dichas acciones le-

gales les costó cobrar las costas procesales a las que fue repetida-

mente condenada a pagar la gallega como regente de la agencia.

¿Somos, ya, famosos?

La agencia Método 3, no obstante, se había hecho famosa ya.

Marita tenía que pulir el diamante en bruto que acariciaba con su

iniciativa empresarial. La táctica de enviar a su clientela boletines

donde recalcaban sus éxitos y se informaba de noticias se nutrió con

esta polémica hasta que se hizo el silencio al registrarse la adver-

sidad judicial de estar involucrados en una oscura trama ligada a

Telefónica. En aquellos boletines repetían ser los ‘números uno’ con

miles de casos cerrados al año.

Despreciaban a sus competidores ofi ciosamente tildándoles

igual que la policía durante el franquismo. En 1998 abrieron delega-

ción en Madrid a cuyo frente pusieron a Antonio Tamarit.

Ese mismo año la publicidad corporativa de Método 3 presu-

mía de ser la ‘primera agencia europea’ en obtener el certifi cado de

Calidad ISO 9002. El dato es absolutamente incierto, según corro-

boraron al autor empresarios españoles del sector de detectives.

Tampoco es verdad porque agencias francesas, británicas, ho-

landesas, italianas y alemanas obtuvieron similares credenciales

años antes para proveer informes a empresas que cotizan en bolsa.

El mismo certifi cado de calidad se exige a sus proveedores mul-

tinacionales extranjeras y españolas antes de contratar tan delica-

271

dos servicios donde se manejan datos personales y procesos opera-

tivos de elevado riesgo.

La plantilla total de Método 3 se acercaba a la decena de emplea-

dos en la década de los noventa. Jamás subió de tal cantidad aunque

se infl ara el dato cuantas veces conviniera a sus responsables.

Poco se sabe, creyéndose que es una de las muchas invenciones

publicitarias de Marita y su hijo Francisco, de la red internacional

de ofi cinas de Método 3.

Aunque se ufanaba que la central americana radicaba en Bue-

nos Aires desde 2003, nadie conoció la sede de tal embajada de Mé-

todo 3. Parece que su estancia argentina condicionó que muchos

asuntos de la agencia tuvieran como destino o encargo Argentina.

Poco probable parece que se llegara a contar con plantilla, fl ota de

autos y sede en la capital porteña.

Muy otro es el obsesivo autobombo por el que hacían creer a

clientes, proveedores, colegas y medios informativos que disponían

de centenares de agentes investigando casos dentro y fuera de Es-

paña. Según quienes trabajaron durante años en esta agencia la in-

mensa mayoría de contratados lo eran como administrativos.

Detectives en plantilla estaba el clan familiar exclusivamente,

hasta que años después se incorporó Elisenda Villena Barjau tras no

cuajar como empresaria autónoma del sector.

La agencia de comunicación contratada por Método 3 no ‘co-

locaba’ comunicados sobre noticias que generaba –o inducía Marco

hijo con Marita– la agencia.

Una vez se inauguraba la división ‘mystery shoppers’ (cliente mis-

terioso) para las emergentes franquicias, otra vez se anuncia un depar-

tamento de ‘hackers blancos’, o se difundían casos que conveniente-

mente se fi ltraban a medios amigos, destacando, desde los noventa, los

272

rotativos El Mundo y E l Periódico barcelonés más la revista Interviú.

Era desconocido por los destinatarios de estos mensajes publi-

citarios que gran parte de su contenido era literalmente lejano a la

verdad. Inventarse miles de informes a clientes dentro y fuera de

España, crear departamentos virtuales en la agencia o asumir éxitos

de esfuerzos ajenos era algo normal para una maquiavélica Marita:

sólo importan los fi nes, no los medios.

No obstante el Marco Jr. que esconde a Marita repetía, desde

fi nales de los noventa, en apariciones mediáticas que Método 3 era

ajena al sector de detectives tradicional al estar especializada en el

mundo de la empresa.

Hacía énfasis sobre los cinco departamentos que decía que es-

tructuraban la operativa de la agencia: Propiedad Industrial e In-

telectual; Fraude Corporativo; Aseguradoras; Franquicias y Nuevas

Tecnologías.

Posteriormente, añadían nombres a dichos departamento para

hacer refrito de su propia publicidad corporativa. Como veremos,

rebautizaron las nuevas tecnologías como ‘Eprobatio’. Otro con el

enigmático ‘Paradigma’.

Para multiplicar clientes y oportunidades de negocio ‘sembra-

ron’ entre los contactos que le suministraban información. Algunos

fueron mandos y agentes del CNP, mossos y guardias civiles, em-

pleados de telefónicas, funcionarios de Hacienda y Seguridad So-

cial, bancos y cajas. Sus contactos eran similares fuera de España,

especialmente en toda Europa, Rusia, algunos países árabes y toda

América.

Marita, su clan familiar, testaferros y colaboradores más cerca-

nos, se ligaban a sociedades instrumentales y patrimoniales (Maríti-

mo 15 SL, M3 Consultoría SL, Soporte en Litigio, Paradigma Global

273

SL, Sistema y Acción SA, Gnomon System SL, Dealing Business SL,

Método 3 SA, Informes y Encuestas SL, Clarte Business Consulting

SL –operó como Tecnologic Gratis SL hasta 2011–, Paradigma Glo-

bal SL y M3 Consultoría Antifraude & Seguridad SL –con sede en c/

Aribau barcelonesa, fue fundada el 27 de Julio de 2012 días antes de

liquidarse ‘Método 3 SA’).

La última mercantil citada la administra el Sr. Marco desde

el 8 de Noviembre del 2012; sería la precedente instrumental de

la exagencia aunque recaen sobre la misma incontables deudas y

reclamos.

Todas las empresas citadas tenían vínculos por sus socios y ad-

ministradores. Se facturaban entre sí o se usaban como pantallas

ante clientes a los que no convenía que se contemplara el concepto

detective, investigación o seguimiento que pudiera comprometer al

cliente o al emisor de la facturas por tan delicados ‘servicios presta-

dos’ y sensibilidades de los temas por cobrar.

Además, Método 3 como marca canalizaba informes y facturas

mediante otras empresas instrumentales dentro y fuera de España.

En Panamá usaron los impagables servicios de unas colaboradoras

de pago que ponían su nombre para esquivar identidades del clan

familiar de ‘Marita’. Nos referimos a Magalys Castaño y Rosy Agus-

tín Cedeño. Ellas fi guraban al frente de las instrumentales Investi-

gaciones Globales SA y Consultoría Global de Negocios SA.

En República Dominicana Método 3 se valía de Facsaint SA

a cuyo frente estaba Francisco Alberto Carela Castro, un tiempo

encarcelado en la prisión de Najayo, sita al interior de la isla. Esta

sociedad se usaba por los ex responsables de Método 3 para sobre

facturar a la propia Método 3 SA, a la que acabaron vaciando de

274

dinero así. Desde Panamá y la antigua isla Española se cocinó la

insolvencia que llevó a liquidarse Método 3 a fi nales de 2012 que

sufren especialmente los antiguos empleados Antonio Tamarit y Ju-

lián Peribáñez, a quienes se les adeudan casi 600.000 euros entre

los dos por fi niquitos laborales.

Varias sedes virtuales o reales apoyaban, además, esos empe-

ños operativos y tributarios de Método 3 SA, matriz en su día cuan-

do el esplendor iluminaba la antigua agencia. Para que algunos in-

formes perdieran el rastro de quién los encarga en realidad o sobre

quién versa contaban en Método 3 con algunos bufetes de abogados,

con sede en Madrid y Barcelona.

Al ‘remitir’ el encargo al abogado que supuestamente pedía la

investigación el secreto profesional tapaba todo lo que pudiera com-

prometer a quien pagaba la factura. Si la cosa se complicaba por

algún mandato judicial contra Método 3, volvía al bufete el encargo

que jamás salió de la agencia.

Los encargos llamémosle clásicos a una agencia de detectives

eran noticia en Método 3 desde principios del siglo XXI. La van-

guardia a la que se abonó Marita no permitía medianías, mediocri-

dades, rutinas o usos gremiales.

Para visibilizar tales menesteres delegó el refl ejo mediático,

ante clientes importantes y operativos de envergadura en la persona

de su hijo Francisco Horacio, a quien antes le apodamos en la obra

bajo el sobrenombre de Paco Marco Jr.

Marco Jr. esconde a Marita

A fi nales de los noventa quien ‘da la cara’ en Método 3 es exclusi-

vamente este Doctor en Derecho que fi rmó libros pero siempre con es-

critores, docentes universitarios o periodistas capacitados y solventes.

275

Uno de sus libros, Código de Seguridad Privada (Aranzadi), lo

elaboró conjuntamente con su maestro, padrino jurídico e íntimo

hasta hace poco de Marco Jr. Hablamos del Catedrático de Derecho

Penal en Universidad Autónoma de Barcelona Fermín Morales Prats.

El profesor es un fascinado por el tema de los detectives, afín

a Método 3 y a las juergas en una Barcelona noctámbula que no

duerme. La alianza era tal entre Marco y Morales que asesoraría la

defensa de imputados en el sumario de Operación Pitiusa y otras

demandas ligadas a Método 3.

Otro tanto parece que sucedió con una edición comentada del

Código Penal que publicó Aranzadi donde Marco Fernández apare-

ce gracias a sus vínculos, supuestamente académicos, con Morales.

El perfi l poco modesto de Paco Marco Jr. y sus desvelos al fren-

te de Método 3 le hacen fi rmar otros libros (Detectives SA, Control

de Empresa y Objetivo Intervida). Los suscribió con David Escami-

lla y Javier Chicote.

Ante incontables personas, entre las que se cuenta el autor de

éstas líneas, Francisco Marco presume de ‘vivir en un avión’ y viajar

por el mundo investigando casos de ‘alto nivel’. Ha verbalizado a

quien oyó sus presunciones y alardes que República Dominicana,

Argentina, toda Europa y Rusia son lugares donde le reciben autori-

dades a pie de avión y es habitual de las salas VIP aeroportuarias de

todo el globo: ¿Será todo esto cierto?

Su modestia suma y sigue: dice dormir en hoteles de lujo, co-

mería sólo en restaurantes con cocina de autor, conduce siempre

vehículos de alta gama, viste de marca y cuidaría su físico hasta el

paroxismo. Prueba de ello son sus vaivenes en el volumen de su cin-

tura y adelgazamiento.

276

Una entrevista que concedió en 2012 a Vanity Fair hace sospe-

char que las fotos del personaje entrañaban un después del quirófa-

no. Desconocemos si, por entonces, el divorcio que sufrió le expri-

mió la fi gura, le estiró la cara y le sepultó las gafas. Algunas veces

las separaciones conyugales son milagrosas para la regeneración

personal.

Además, en la publicidad corporativa que difunde y pronuncia

en persona Marco Jr. reitera anglicismos con pedantería para elevar

el nivel de su ‘valía detectivesca’. Aunque sus colegas españoles más

internacionales y cosmopolitas llevan décadas practicando estas ac-

tuaciones, él se considera pionero en tales empeños.

Ya en los noventa entraba en foros de detectives norteamerica-

nos, australianos y británicos ofertando temas para investigarlos en

España o Portugal.

Cuando se inaugura el siglo XXI el volumen de Método 3 no le

permitió, ni licenciándola, a su lengua hablar de investigar o aportar

pruebas como cualquier colega suyo hispanoparlante. Él verbaliza-

ba ‘litigation support’. Estaba en su cielo profesional.

En vez de admitir que trabajaba para empresas hablaba de ‘cor-

porate investigations’. Si se trataba de analizar una compañía él se

adelantaba muy british con el socorrido ‘due dilligence’ que queda

fenomenal entre algunos pijos con licencia que se creen inventores

de la rueda.

El problema de este descubridor del Mediterráneo, o formula-

dor de la sopa de ajo, es que todo de lo que presume como primicia

está inventado desde hace décadas. Los antecedentes de ello están

en los arcanos, y los reiteran en sus portales incontables agencias de

detectives españolas, europeas y americanas de renombre y presti-

gio acreditado.

277

Explicamos esta forma de vender sus servicios para intentar

perfi lar al personaje del que comentan sus íntimos que alcanzó el

doctorado en derecho para superar a su padre, que no pasó de la

licenciatura. Tan legítima ambición merece aplauso.

Paco Marco Jr. quería ‘torear’ mejor que hasta su propia ma-

dre, pero la tarea se presentaba ardua. Se sabe que los evidentes

contactos de alto nivel que alcanzó Método 3 provenían de las rela-

ciones de Marita con amigos en altas esferas y clientes de abultados

bolsillos.

SGAE y los topos policiales

Uno de los clientes de Método 3 más sustantivos y que les

generó mayor facturación, durante lustros y desde fi nales de los

noventa, fue la Sociedad General de Autores de España (SGAE)

mientras su presidencia la encarnó el músico canario Teddy Bau-

tista (1995-2011).

El 11 de julio de 2011 Bautista fue detenido y procesado por

presunta apropiación indebida, falsifi cación documental y desvío de

fondos, junto a otros directivos de SGAE en una operación bajo el

control de Fiscalía Anticorrupción.

La fi losofía que alentó SGAE contra las copias piratas en todos

los soportes, imposición del canon digital, exigencia del pago de de-

rechos de autor bajo medios poco ortodoxos degeneró en un gran

escándalo que descabalgó a Bautista de la poltrona aunque le quedó

una más que generosa pensión vitalicia de 26.269 euros netos men-

suales. Los desvelos en pro de los creadores españoles tienen alta

recompensa.

Faltan por concretarse el destino de casi 500 millones de euros

que se habrían pagado a sociedades instrumentales de directivos de

278

SGAE y gastos faraónicos mientras Bautista ejerció su autocrática y

cuestionada presidencia.

Fue encausado justo cuando obtuvo la última reelección al car-

go, aunque jamás pudo ejercerla por la refundación de este organis-

mo que se hizo precisa tras sus despilfarros y desajustes contables

que encontraron sus sucesores en la directiva de SGAE.

Quien sustituyó a Bautista al frente de SGAE, Anton Reixa, no

duró en el cargo ni un año al intentar transparentar las cuentas, in-

tereses y pagos pendientes de SGAE.

La presidencia de Teddy Bautista en SGAE supuso a Método 3 un

cliente que siempre tenía razón. Pero a Bautista lo imputan delitos y

cobra pensión millonaria. Pagan los creadores…

Para Método 3, SGAE era un cliente para satisfacer al completo

y que siempre ‘tenía razón’. Y si no la tenía, ellos se la daban avalán-

dola con pruebas veraces o lo que hiciera falta. Qué importaba. Lo

importante es facturar, cueste lo que cueste.

El ‘Proyecto Toalla’ representa lo que afi rmamos. Consistía en

infi ltrarse, reventar y vigilar a colectivos hostiles, bufetes y activistas

279

contrarios a las directrices recaudatorias de SGAE. Método 3 fue la

‘inteligencia’ y el brazo ejecutor de tan discutible operativo.

Josep Jover Padró, abogado experto en protección de datos y

profesor de Masters y Deontología de los mossos, confesó al autor

en una entrevista el 15 de julio 2013 que fue seguido e investigado

por Método 3. Le había alertado de la vigilancia un periodista.

Jover había impulsado, entre otros, la campaña cívica ‘todos

contra el canon’ que registró un apoyo de dos millones de fi rmas. Este

fue el principio del fi n de Teddy Bautista en su poltrona de la SGAE.

Jover apadrina y asesora otras causas de tintes sociales. Tam-

bién ayuda a APEMIT, colectivo que aglutina tiendas de informáti-

ca que apuestan por el software libre. Al mismo, cual topos cutres,

intentaron afi liarse Francisco Marco Fernández con su identidad

dando como señas las de la agencia en calle Aragón. Otro intento se

hizo por Método 3 en una sede fi cticia para la que usaron el nombre

empresarial de Tecnologic Gratis SL, una de las muchas instrumen-

tales de la antigua agencia.

Otro asunto que comenta Jover Padró atañe a un sindicalista

catalán que fue requerido por SGAE tras descargarse en su ordena-

dor privado material porno plagiado desde un portal alemán. Los

archivos eran originales de Private, una multinacional catalana que

tuvo sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Un agresivo burofax al sindicalista citó en el bufete de Fermín

Morales al ‘violador de derechos’ que habría sido identifi cado por Mé-

todo 3 sin orden judicial ni denuncia policial preceptiva. Raro, raro.

En el despacho de Morales fue invitado a un pacto para evitar

demanda y denuncia policial a cambio de miles de euros que fue

rechazado por tan pillín erotómano.

280

Se calcula que por el despacho de Morales y sede de Método 3

habrían pasado incontables personas por las mismas y comprome-

tedoras razones.

La mayoría habría pagado sumas importantes para evitar es-

cándalos familiares, laborales o presumibles líos con la policía o ci-

tas judiciales donde a nadie le llega la camisa al cuello.

Método 3 manejaría para tales actuaciones datos tan precisos

como atípicos en la forma de cómo sospechamos se habrían obteni-

do. La exagencia desarrolló toda clase de estratagemas y pillinerías

para detectar a piratas audiovisuales y a demasiados inocentes que

alojaban archivos musicales.

La impunidad de la que gozaron durante una época en esa lucha

generó que bufetes en toda España replicaran los ‘métodos’ (valga la

redundancia) de Método 3.

Otro ejemplo lo tenemos en cómo identifi caron al promotor de

un portal, www.alasbarricadas.org, donde se insultaba a un exdi-

rectivo de SGAE, el famoso cantante Ramoncín. El que se hiciera

famoso con el tema ‘El Rey del Pollo Frito’ fi nalmente ganó el pleito

que cuestionaba su honor.

En la vista oral de un procedimiento judicial Paco Marco Jr. no

fue sufi cientemente indagado sobre cómo identifi có a quién estaba

detrás del portal y sus méritos o experiencia como informático fo-

rense. La inconcreta ‘universidad americana’ donde obtuvo esa sa-

biduría tampoco fue aclarada.

Como veremos, Método 3 sacaba datos de ‘centros’ a las que

sólo se accede exclusivamente bajo mandato judicial. Al respecto

sospechamos que tendrían ‘topos’ en centros ofi ciales. Vale la pena

leer un enlace brasileño que acredita la ‘prueba’ que invoca este

Doctor en Derecho:

281

http://joana-morais.blogspot.com/2009/01/metodo-3-fran-

cisco-marco-in-court.html

Otro caso que le hizo ganar decenas de miles de euros: entre

2008 y 2009 Método 3 fue contratada por los abogados del que

fuera presidente de club de fútbol de primera división. Interesaba

investigar un delicado asunto privado. El cliente de los abogados

recibía amenazas, mensajes comprometedores y toda clase de im-

pertinencias a través del correo privado en el ordenador que tenía

en su domicilio y desde donde manejaba sus importantes negocios.

El tema llegó a ser inquietante cuando el anónimo comunicante

intentó chantajear al empresario haciendo valer datos que vincula-

ban a su familia.

Método 3 averiguó la ubicación exacta del ordenador e identi-

dad del usuario que lanzaba tan impropios mensajes.

El informe era tan preciso sobre su objetivo que hacía sospechar

del uso de medios telemáticos sólo al alcance de medios policiales

validados cuando estaban respaldados por un mandato judicial.

Es decir, se podrían haber usado medios ofi ciales por una agen-

cia privada para un asunto íntimo que exige orden judicial previa

denuncia ofi cial ante las autoridades. Ni una cosa ni la otra habrían

barajado los detectives de Método 3. Esta es la hipótesis que podría

lanzar el autor

Este tema devino en confl icto entre los detectives y los aboga-

dos que los contrataron. Además, la minuta del asunto fue de vérti-

go. No se podía hacer un uso judicial, igualmente, del dossier por-

que incriminaba a priori a los denunciantes.

282

Para mayor desgracia nadie sabe cómo el informe de los detec-

tives cayó en manos de la contraparte. El acosador chantajista en

grado de tentativa era hijo de un potentado que, aunque escandali-

zado ante las andanzas del vástago, intentó parar el golpe penal que

podía caerle. El ‘método’ fue retar a activar una denuncia que jamás

se ha puesto.

El asunto, como cabe imaginar, terminó muy mal. La víctima

de los ataques perdió bastantes miles de euros, sus abogados se que-

daron sin pleito y el atacante-chantajista se quedó impune.

Tanto en el tema de SGAE como el sufrido por un exdirigente de-

portivo se evidenciaba que Método 3 podría tener topos en la policía.

Aunque no está confi rmado como alguno de los ‘topos’ infor-

máticos policiales a los que nos referimos resultó muy llamativo el

‘fi chaje’, en mayo de 2010, por Método 3 de Juan Carlos Ruiloba.

Para no defraudar ansias de sobresalir de Marco Jr. y su madre la

agencia lanzó un comunicado que recogieron importantes medios.

Reproducimos sus titulares: “M étodo 3 crea un laboratorio

tecnológico para perseguir el fraude empresarial”. Se apoyó en el

subsiguiente autobombo: “La mayor agencia de detectives españo-

la incorpora a un experto de la Policía en delitos tecnológicos”.

El ‘fi chaje’ de Ruiloba, del que se incorpora en el comunica-

do su denso currículum profesional, se le destina al departamento

‘Eprobatio’ de Método que investigará irregularidades empresaria-

les y casos de pornografía infantil.

El comunicado corporativo de Método 3 se centra no obstante

en su director, a quien es difícil restarle gloria: Francisco Marco se

mostró “más que satisfecho y muy ilusionado” de poder contar con

“probablemente el mayor cerebro en la persecución de delitos tec-

nológicos que hay en España” . “La única vertiente de la investiga-

283

ción que nos quedaba por implantar y desarrollar era la digital”, se-

ñaló Marco. “Hasta la fecha no la habíamos creado porque creemos

en las personas y después de dos años intentando tentar al mejor

especialista en la materia por fi n lo hemos conseguido”, añadió el di-

rector general de Método 3, que concluyó afi rmando que “sin Juan

Carlos nunca hubiéramos puesto en marcha el proyecto”.

La incorporación de Ruiloba a Método 3 constataba las exce-

lentes relaciones de esa agencia con mandos policiales siendo lla-

mativa la favorable y temprana ‘excedencia’ o baja incentivada otor-

gada a Ruiloba, quien causó ese temporal cese del CNP con todas las

bendiciones de sus superiores.

Otros datos más o menos fi ables apuntan a que en realidad

Ruiloba era un ‘topo’ que se habría dejado querer durante años por

Método 3 antes de ser ‘fi chado’.

La palabra ‘topo’ se extendería hacia su probable colaboración

con el CNI, según comentan expertos en esta clase de operaciones

en virtud de los temas sensibles que por entonces y desde hacía años

manejaban en Método 3.

La agencia, durante la primera década del siglo XXI, había re-

cibido importantes encargos que inducían a pensar en ‘padrinos’ en

las altas esferas.

Habían realizado, con fecha de 2010, sustantivos informes en-

cargados por y sobre partidos políticos, importantes equipos depor-

tivos, sindicatos, personajes, magnates, príncipes saudíes y sonados

escándalos (Forum Filatélico, Operación Malaya, niños ‘robados’,

ONG Intervida, Bárcenas, Díaz Ferrán, Paesa).

Esa longa mano algunos expertos en temas de espionaje la si-

túan en el padrinazgo de algunos exmandos policiales y militares a

cargo de la seguridad de empresas cotizadas en el selectivo índice

284

bursátil empresarial IBEX 35, en activo o pertenecientes a los ser-

vicios secretos.

En 1995 ya se advirtió la colaboración atípica de un agente del

extinto CESID que comercializaba, a cinco millones de pesetas cada

número, grabaciones telefónicas comprometedoras de famosos, au-

toridades y empresarios. La propia Telefónica destapó la trama en

la que fueron detenidos aunque posteriormente absueltos los inte-

grantes de la cúpula de Método 3.

Cuando Método 3 fue allanado y sus directivos detenidos en

febrero de 2013 Ruiloba fue de los pocos exdirectivos de la agencia

que ha colaborado en positivo con las autoridades.

En 2012 fue despedido tras no cobrar gran parte del salario que

tuvo contratado desde 2010. Aquella carencia le hizo aliado para

investigar temas informáticos con otro ex colaborador de la agen-

cia. Según su linkedin, Ruiloba tras ser despedido de Método 3 creó

Scientifi c Intelligence Team 1 SL y es profesor de la Universidad de

Barcelona.

¿Dónde está Paesa?

En 2004 Método 3 sacó sus mejores galas mediáticas tras lo-

calizar a un muerto vivo. Nos explicamos. Francisco Paesa Sánchez

es un escurridizo agente secreto español que estuvo cerca de trapi-

cheos y corruptelas del felipismo que se alojó en el Ministerio del

Interior.

Aunque fue ‘intocable’ durante décadas por sus acreditados

servicios al estado español, estafó a muchos magnates e inversores.

La localización en 1995 del huido Luis Roldán (ex Director General

285

de la Guardia Civil) en Laos fue el caso que situó las formas de un

personaje oscuro y vidrioso.

Paesa era perseguido por muchos dentro y fuera de España. Un

encargo a Método 3 interesó su paradero. Paesa habría orquestado

una presunta estafa de 20 millones de dólares al exagente secreto

ruso y magnate Alexandr Lebedev, según publicó el acreditado pe-

riodista José María Irujo en El País el 11 de julio de 2013.

La excusa de Paesa para obtener el dinero del ruso fue fundar

un banco en Bahrein, reino del Golfo Pérsico donde no acaba de

cuajar la primavera árabe.

La trama, en la que aparecía su sobrina Beatriz García Paesa y

un hermano de ésta llamado Fernando, estaba investigada por los

servicios secretos luxemburgueses. El tema llevó a los investigado-

res privados hasta el país centroeuropeo, un conocido paraíso fi scal

en las entrañas del viejo continente.

En otra ‘operación extraña’ de 1998 Beatriz, la sobrina de Paesa,

transfi rió 1.800 millones de pesetas (casi 11 millones de euros) desde

una cuenta de Luxembourg Balloon Company SA y First Target SA

hasta una sucursal de Aresbank madrileña a otra cita en Singapur.

En el pequeño país asiático se borró la huella del dinero entre

diferentes bancos de la excolonia británica hacia donde fue a parar

el dinero ‘perdido’.

En 1998 Paesa había ‘muerto’. La farsa se orquestó al publicar

una esquela su hermana (documentalista de las Cortes en Madrid)

que daba fe que el exagente había fallecido en Bangkok (Tailandia)

tras un tiroteo en la frontera vietnamita y su cuerpo fue incinerado.

Se rogaba a los lectores rezos que también se dejaron pagados en un

monasterio benedictino español.

286

Años después, este personaje ‘falleció’ de nuevo víctima de un

infarto de miocardio según un certifi cado médico falso que aportó

a los juzgados que interesaban su detención, el ‘padrino’ de los de-

tectives Manuel Cobo del Rosal, ex catedrático de Derecho Penal

de la Universidad Complutense y abogado de la cúpula corrupta de

Interior mientras Felipe González presidía el gobierno.

La investigación de Método 3 llegó a Paesa por la vía de su so-

brina, supuestamente. Él vivía con una dama espectacular y mucho

más joven que este adinerado setentón en el número 45 del Boule-

vard Petrusse de la capital luxemburguesa.

Al escurridizo espía Francisco Paesa lo ‘resucitó’ Método 3 en Lu-

xemburgo aunque charlaba en París con periodistas. Antes, ‘murió’

en Bangkok. Ahora pulularía por Suiza: ¿Dónde está?

Según Marco Jr. declaró a Vanity Fair en junio de 2012, sema-

nas antes de quebrar su agencia ofi cialmente, aquella investigación

287

fue ‘divertidísima’. Explicó a Eva Lamarca, una excelente periodista,

que “fuimos a esperarle”. “El día que salió por la puerta le grita-

mos: ¡Eh, Paco!… Ya lo teníamos”. También reconoce este exde-

tective que es un “personaje vital a quien le pone aparecer en los

medios”, matizando que “cuando mis clientes lo autorizan”.

La realidad del supuesto ‘éxito’ de localizar a Paesa en Luxem-

burgo por Método 3 pocos la conocen. Quienes se apuntan el tanto

al dar varias versiones confunden y relativizan el autoproclamado

mérito investigador.

Si es verdad que Marco Jr. a la cabeza de su equipo saludó a

Paesa en Luxemburgo corroborando que había pillado al objetivo en

su madriguera no se entiende por qué Interviú, gracias a las habili-

dades investigadoras del periodista Manuel Cerdán junto a Luis Itu-

rriaga y Manuel Montero, logran hablar con él en París los mismos

días en los que Método 3 decía que se refugiaba el fugitivo en Luxem-

burgo o habría huido a Suiza. Lo periodistas, junto a la agencia bri-

tánica CIS, logran dar con el paradero de Paesa y le fotografían allí.

Pero lo que se cuenta después por el portavoz permanente de

Método 3 hace que surjan interrogantes. Este es el cotidiano sobre

lo que es verdad y lo que se ‘vende’ como tal a personas e institucio-

nes ajenas al dueño de la información.

Es poco verosímil que el cliente de Método 3 les autorizara a

revelar el destino de un objetivo a un medio periodístico que hace

gala, lógicamente, de la primicia ocultando o no la fuente que le pro-

porciona esa portada.

Paesa es un personaje que vale más por lo que calla. Jamás con-

tó detalles de sus fi nanzas pues sólo se conoce el rastro de sus vícti-

mas cuando quieren dejar de serlo.

288

En el tema de Paesa que publicita Método 3 como éxito propio

y cede a los medios para que lo jaleen cuesta creer que alguien des-

cubierto en Luxemburgo escondido de mafi osos y matones huya a

Suiza y recale en París al mismo tiempo, los mismos días. ¿Quién

confunde a quién? ¿Quién huye o quién persigue?

En la capital del Sena es donde le entrevistan estos periodis-

tas que siguen el olfato de Método 3, que se activó en Luxembur-

go. Lo mejor de la historia es que hay excolaboradores, periodistas,

empresarios y abogados infl uyentes que relatan sobre Marco Jr. las

muchas luces y sombras que confi guran su capacidad investigadora.

Un exagente de Método 3 declaró: “Paquito es capaz de lo me-

jor y peor” a El País el 20 de febrero de 2013. En amplio reportaje

sobre la exagencia añade: “Aunque cobraba precios astronómicos,

podía encontrarte a un defraudador escondido en algún país cen-

troamericano. Pero a veces, sobre todo cuando se metía en temas

políticos, sus informes dejaban mucho que desear”.

El éxito de localizar a Paesa sin duda usado en los contextos

que los rentabiliza Marco Jr. y su madre no cabe duda que es mar-

keting puro. Y del bueno. Por eso no hay más remedio que aplaudir

el ingenio con tantas servidumbres que no deben dejar de ponderar-

se para situarnos debidamente.

En casi todos los cargos que detentó Xavier Martorell contrató a Mé-

todo 3. ¿Hubo retornos?.

289

Algo parecido hicieron en Método 3 con un caso que, al pare-

cer, ejecutaron en 2007. Siguiendo, cómo no, el rastro del dinero

negro la exagencia localizó, presunta y supuestamente, a una hija

en Chile del buscado médico nazi Aribert Heim, conocido como

el Doctor Muerte, que ejerció en el campo de concentración de

Mauthausen-Gusen.

Nadie sabe por qué ni quién encargó este tema a Método 3. La

descendiente del genocida en sí no es noticia ni el dinero que pudie-

ra blanquear.

Sin embargo, ligarla al padre fallecido en 1992 en El Cairo bajo

la identidad falsa de Tarek Farid Hussein da juego para salir en los

medios. Y justifi ca que repita Paco Marco Jr. a quien quiera oírlo:

“Ese trabajo lo hicimos gratis, porque disponíamos de tiempo”.

Difícil de creer conociendo el amor al dinero de un personaje que

jamás da un euro por perdido y le cuesta pagar.

La táctica publicitaria de Método 3 está clara. Presumen de ha-

zañas profesionales que no pueden explicar para que sean analiza-

das seriamente. Si les desmienten callan. Si les falla el juego acuden

al autobombo no contrastado pues, como veremos en el siguiente

epígrafe una cosa es predicar y otra dar trigo.

Barça, nido de espías

Uno de los clientes que ingresó en la nómina de Método 3 y so-

ciedades instrumentales millones de euros aunque su contabilidad

ofi cial no lo refl ejase en el mítico Barça. Este club de fútbol barcelo-

nés vivió uno de los mayores éxtasis deportivos bajo la presidencia

del ahora político independentista Joan Laporta (2003-2010), el

mismo que aspira a regresar a la presidencia del Club.

290

También Laporta generó incontables polémicas que aún persi-

guen las fi nanzas barcelonistas, créditos heterodoxos y sin garantes,

presuntas malversaciones, excesos personales o corporativos de un

tipo singular. Impuso un modus operandi ajustado al ‘todo vale’,

máxime si va parejo a la gloria personal o corporativa de un club de

fútbol que trasciende más allá de sus andanzas deportivas.

Las relaciones de Método 3 con el Barça no se entienden sin el

aval del vicepresidente económico del club Ferrán Soriano (2003-

2008) –actual Director General del Manchester City FC–, el Director

General Joan Oliver (2009-2010). Pero sobre todo el que fuera Jefe

de Seguridad Xavier Martorell –exdirigente de CiU, posterior jefe de

los mossos y recién dimitido Director de Prisiones de Generalitat–.

El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona investiga una que-

rella del Barça por haber dilapidado casi 3 millones de euros sin la

debida justifi cación de las arcas del club. Gran parte del dinero fue

a parar al bolso de Marita o a la cartera de Marco Jr, como máximos

responsables de Método 3.

‘Espiar’ a jugadores, técnicos y directivos por los que se pagan

una millonada y se quieren verifi car conductas, antecedentes, ac-

tividades, incompatibilidades o absentismo puede estar justifi cado

si el marco legal es el norte profesional de quienes ejecuten tales

actuaciones.

Debe decirse alto y claro que la investigación privada es legí-

tima. Sin embargo el espionaje está contemplado en varios artícu-

los del Código Penal que describen el allanamiento, revelación de

secreto, interceptación del correo y llamadas, captación de intimi-

dades…

291

Desde las presidencias de Agustí Montal (1969-1977) hasta las

de José Luis Núñez (1978-2000) o de Joan Gaspart (2000-2003) se

han verifi cado por detectives en el Barça ciertos detalles que intere-

san a los directivos sobre la plantilla, empleados y aspectos estraté-

gicos del club.

Hasta la llegada de Xavier Martorell a la jefatura de Seguridad

del Barça el proveedor de informática forense, investigación y se-

guridad personal habría sido Intelligence Bureau y Cybex, ambas

ligadas al detective Juan de la Torre.

Martorell impuso a Método 3 como único proveedor de ‘inteli-

gencia’ y comenzaron las polémicas que, en gran parte, motivaron la

querella del club contra Laporta y parte de sus directivos. La prensa,

desde hacía tiempo se hizo eco de los extraños trabajos que prestó

Método 3 al Barça.

Uno de los encargos tuvo que ver con una supuesta ‘auditoría

de seguridad’ de cuatro directivos de Laporta: Rafael Yuste, Joan

Franquesa, Joan Boix y Jaume Ferrer. En realidad eran dirigentes

que pugnaban por la presidencia del club en 2010.

Los rivales esconderían vulnerabilidades que Laporta no desa-

provecharía para usar en benefi cio propio. Pero la factura la pagó el

club que presidía.

De la ‘inteligencia’ que se desprendió de dichos informes el

que peor parado resultó fue Jaume Ferrer. Según Método 3 su

suegro, Josep Bauliues, le habría acusado de ‘competencia desleal’

tras montar una consultoría de igual actividad que la de Baulies

con uno de los hijos del expresident de Generalitat Jordi Pujol lla-

mado Josep.

292

El probable despecho que graba Método 3 de Baulies proviene

del divorcio de su hija con Ferrer. El confl icto se regó de pleitos por

impago de pensiones a los hijos del extinto matrimonio (nietos de

Baulies) y demandas mercantiles contra Ferrer de Baulies.

En 2009, no se sabe si Laporta, o Martorell, encargaron otros

informes sobre potenciales riesgos para un ente que se comporta

como ‘mès que un club’ de fútbol. El objeto en esta ocasión fue un

compañero de juergas nocturnas de Laporta llamado Fermín G. M.

Era copropietario de un restaurante barcelonés que frecuentó

Laporta y viajó con el séquito del Barça en incontables ocasiones por

todo el mundo.

Al presumir de dicha cercanía con el antiguo presidente repre-

sentó un evidente riesgo para la seguridad del Barça. Esa probable

obsesión pudo ir de la mano de la desorbitada facturación al club de

Método 3.

Los ‘métodos’ de los detectives esta vez se desplegaron hasta

la indiscreción: sondearon amistades de Fermín, se hicieron fi jos

en su restaurante y hasta le contactaron directamente pretendiendo

ser sus amigos.

El sesudo dictamen de los investigadores, tras comprobar que

Fermín no era socio del Barça ni tenía negocios con el club, se resu-

me en que es un riesgo claro para el presidente.

En 2010 Laporta cede la presidencia del Barça a Sandro Rosell.

El dimitido presidente del club fue espiado, por activa y pasiva, por

Laporta antes de acceder a sucederle y con posterioridad. De Rosell

aún se aguardan sus explicaciones a los culés por los dineros perdi-

dos tras el fi chaje del brasileño Neymar.

293

Pocos días después de aterrizar Rosell en el cargo se descubrie-

ron micrófonos en diversas dependencias del Barça y motocicletas

con maletines aparcadas en determinados accesos del club. Esta-

ban ‘vigiladas’ las motocicletas desde furgonetas cuyas matrículas

se asociaban a empresas instrumentales de Método 3.

Método 3, desde 2010, habría adquirido sofi sticados sistemas

de espionaje que usaba para saber, entre otros muchos cometidos,

determinados movimientos de Rosell contra actuaciones de Laporta

mientras ejerció la presidencia del ente culé. Esa cruda guerra aún

registra algo más que escaramuzas.

Lo más curioso de Método 3 con relación al Barça es que con el

club camufl aría y facturaría otras investigaciones de carácter político.

Un ejemplo sería un informe pagado sobre Joan Carretero, lí-

der de Reagrupament. Otro fue sobre el patrimonio de Felip Puig,

cuestionado ex Conseller d’Interior en Generalitat por CiU.

Bajo la etiqueta de ‘actividad de jugador’ hay incontables in-

formes de prácticamente toda la plantilla de jugadores, técnicos y

directivos del club en diferentes categorías y deportes.

Se sabe que, aunque pedidos por el ahora entrenador del Ba-

yern de Münich Pep Guardiola, las actividades nocturnas y extrade-

portivas de los jugadores resultaron básicas para valorar el rendi-

miento de algunos profesionales de la plantilla.

Se sabe que Guardiola fue muy estricto sobre retrasos en los

entrenamientos, juergas y cualquier incidencia que afectase espe-

cialmente a los cracks que acumulaba una plantilla que coleccionó

copas, ligas y medallas en casi todas las categorías donde competía.

Las millonarias fi chas, seguros sobre jugadores, rendimientos,

contratos publicitarios e intereses que recaen sobre el gran negocio

294

que se cuece alrededor del Barça tienen mucho que ver con la prác-

tica de investigar lo que pudiera ser relevante.

Gerard Piqué, uno de los muchos jugadores espiados, confesó

sentirse seguido mucho antes de comenzar su relación con la can-

tante colombiana Shakira.

Los agentes de Método 3 lo hicieron tan mal que fueron descu-

biertos por el propio jugador cuando seguían sus pasos tras un con-

cierto de Alejandro Sanz en Barcelona. Piqué denunció a la policía a

sus perseguidores.

Tras corroborarse la denuncia del jugador fueron detenidos

dos detectives de Método 3. Piqué consideró el incidente ‘algo del

pasado’ como lo justifi ca con una generosidad inusual pues sus pa-

labras jamás reprobaron tal práctica.

Añade que nada tiene que esconder el padre de Milán. El dic-

tamen de los detectives sobre este jugador fue que llevaba una vida

absolutamente normal.

Laporta, obsesionado quizá por su seguridad, pidió informes

a Método 3 sobre quién fi ltró lúdicas y comprometidas imágenes

de la plantilla de Barça celebrando la consecución de una liga a una

televisión en las que él mismo aparecía bebido y desvariando.

Otra vez Laporta instruyó investigar a Método 3 las andanzas

en Andorra (Hotel Roc Blanc y alrededores) de su expareja, la brasi-

leña Flavia Massoli. Fue contratada como responsable de protocolo

del club por razones imaginables. Pero desempeñó el cargo con ab-

soluta profesionalidad digna del mejor experto.

La investigación la ejecutó una centroeuropea y se clasifi có

como ‘informe de riesgos’. Massoli acabó perdiendo una demanda

295

laboral contra el Barça al ser despedida en fechas próximas al cese

de su relación personal con Laporta.

Aunque algunos analistas sitúan los vínculos del Barça con Mé-

todo 3 desde la llegada de Martorell a la jefatura de Seguridad en

2009, se constatan informes desde 2004 que sumarían una factura-

ción millonaria, ofi cial y la pagada en mano a las diferentes socieda-

des instrumentales y virtuales de Método 3.

La ingente documentación incautada a Método 3 sobre el Barça

merece una investigación ofi cial singular que diligencia el Juzgado de

Instrucción nº 24 de Barcelona. Su titular, Josep Majó, ya tiene impu-

tados a los exdirectivos Ferrán Soriano y Joan Oliver, prevé imputar

más delitos a los exresponsables de la agencia y Xavier Martorell.

Está acreditado que el Barça le supuso una facturación millo-

naria en euros a Método 3 por supuestos o reales seguimientos de

directivos, jugadores, técnicos del club.

Además, Método 3 habría facturado por instalar equipos de gra-

bación y elaboración de ‘perfi les’ o ‘auditorías de seguridad’ bajo otros

conceptos en la etapa en que Laporta estuvo al frente de los culés.

¿Buscando? a Maddie McCann

Uno de los casos que más proyección mediática e internacional

dio a Método 3 fue la infructuosa búsqueda de la desdichada menor

Maddie McCann.

La pequeña desapareció una noche de mayo de 2007 en la habi-

tación de un hotel de Praia da Luz del Algarve portugués. La Policía

Judiciaria lusa dictaminó que la menor dormía sin la supervisión de

un adulto junto a sus dos hermanos mellizos.

296

A Maddie Mc Cann nunca la encontraron. Pero Método 3 prometió

devolverla a sus padres. ¿Esperamos el milagro?

Sus padres, Gerry –cardiólogo, hijo de un parlamentario cercano

al ex premier británico Tony Blair– y Kate –médico de familia– habrían

suministrado fármacos a sus hijos para que no interrumpieran una fi esta

con amigos donde se descorcharon decenas de botellas de vino.

Autoridades policiales portuguesas consideraron a los padres

de Maddie ‘argüidos’, que podríamos traducir como ‘sospechosos’

tras caer en varios interrogatorios de horas en contradicciones.

Gracias a sus contactos e infl uencias con famosos y magnates,

los padres de la desaparecida emprendieron una campaña mundial

para localizar a su hija y contrataron a Método 3 durante seis meses

desde 2007. También contrataron otras agencias, seis en total, en

Inglaterra, Israel y Estados Unidos.

El ‘contrato’ entre Método 3 y, supuestamente, la fundación

que crearon los padres de Maddie para sufragar los costes en pro de

su localización es un misterio.

297

Inicialmente no se conoció el contrato (que aloja cláusulas de

confi dencialidad) hasta dos meses de ser fi rmado por las partes.

Tras no obtenerse por los McCann evidencia o pista fi able a la que

Método 3 se comprometió contractualmente, comenzaron a elevar-

se dudas sobre la profesionalidad de esta agencia.

Método 3 para investigar y localizar el paradero del Maddie

McCann se vistió de largo. Francisco Marco Jr. fue portada en los

principales medios informativos de todo el mundo.

Accedió a entrevistas con rotativos, revistas, radios y televisio-

nes. Sus poses estaban cuidadosamente estudiadas y permitió que se

ilustrasen dichos reportajes en su despacho y el ‘call-center’ que alquiló

dentro de la agencia para atender miles de llamadas recogiendo pistas y

confi dencias sobre el supuesto paradero de la desdichada niña.

Medios europeos, asiáticos y americanos se hicieron eco de que

una ‘agencia familiar’ española fuese capaz, por razones operativas

y estratégicas, de hallar con vida a la menor.

De encontrarla con vida sería un incontestable éxito que causa-

ría envidia en el sector y pondría en ridículo a la policía portuguesa,

británica y a la mismísima Interpol, que habían activado todos sus

terminales para encontrar e imputar a los incontables sospechosos

que fueron desfi lando por comisarías y los medios informativos más

sensacionalistas.

Otros tantos ‘espontáneos’ aportaron datos falsos sobre el teó-

rico paradero de la pequeña. Suele pasar en casos muy mediáticos.

Ciertos miserables (videntes, adivinos, chantajistas y otros indivi-

duos de la peor especie) aprovechan el refl ejo de la prensa para ha-

cerse publicidad sin escrúpulos.

298

Como las indagaciones de Método 3 no daban resultados a los

tres meses de fi rmarse el contrato, y el entorno de los McCann su-

fragaba cincuenta mil libras mensuales, algunas interrogantes co-

menzaron a plantearse sobre la prestigiosa marca de Método 3 y su

proceder profesional en este caso.

Semanas antes de las navidades de 2007 Francisco Marco Jr.,

acosado por esa realidad y para seguir en su línea de sacar tajada

mediática de cualquier adversidad, declara a importantes medios

que ‘están muy cerca’ de devolver a Maddie ‘viva’, a sus padres en

fechas navideñas.

Las dudas, transitoriamente, se iban disipando sobre el éxito

de los detectives. La credibilidad de Método 3 tenía la fe que otorgó

el entorno de los McCann a los avalistas de la agencia que, según

conocedores del tema, ocupan despachos ofi ciales con importantes

cargos diplomáticos y de seguridad nacional en el Estado español y

fuera de su territorio.

Pero Maddie McCann no apareció aquella navidad. Los infor-

mes periódicos que Método 3 mandaba a sus clientes, el entorno de

los McCann, se extendían sobre operaciones y pistas que no condu-

cían a nada tangible, y creíble.

Una periodista de investigación británica fue enviada, en febre-

ro de 2008, a Barcelona. Su misión era despejar las incógnitas que

se amontonaban sobre Método 3, las poses y los faroles de Francisco

Marco Jr. más la inteligencia profesional de su madre, omnipresen-

tes en fotos y reportajes en la prensa británica desde meses atrás.

El reportaje ‘ Madeleine Mc Cann and Método 3: private eyes

and public lies’ (Maddie y Método 3: ojos –investigadores– privados,

públicas mentiras) que difundió The Sunday Times fue revelador.

299

A Marco le describe la informadora como un nervioso charlatán

que no le llega la camisa al cuello al abordar ciertas preguntas com-

prometidas. Sus respuestas le comprometen a él mismo mucho más.

Se había metido con este asunto en un delicado entuerto. Este

caso tenía ya un efecto perverso en cuanto a publicidad negativa que

poco antes glorifi caba a Método 3.

Entrevistas de la periodista con colegas de Marco barceloneses

acentúan el posible engaño del que sería víctima la familia McCann

y millones de personas sensibilizadas sobre la insólita desaparición

de la pequeña.

Todos los detectives barceloneses y españoles consultados por la

periodista investigadora dudaron de las ‘decenas’ de investigadores

que habían contratado en Método 3 para buscarla por todo el mundo.

Se hacía énfasis en el reportaje que el asunto excusaba los

afanes mediáticos de Marco y su madre. Para tal asunto permitió

que su figura apareciera en los medios por la fama que a ella le

generaría.

Más datos sobre el proceder de Método 3 llegaban desde Ma-

rruecos. El que comandaba las búsquedas internacionales de Mad-

die se había desplazado hasta el país alauí para concretar varios tes-

timonios y posibles pistas que situaban allí a la pequeña.

El ‘jefe’ de Método 3 para tan importantes menesteres profe-

sionales no era detective. Fue Antonio J., antiguo Inspector-Jefe de

UDYCO-CNP de baja y relacionado a la pérdida de un alijo de cocaí-

na en el puerto barcelonés, asunto del que sería absuelto.

El expolicía habría viajado a Marruecos acompañado; antes lo

hizo a Portugal y otros países dándose la circunstancia de que no

300

habla idiomas. La única razón para comandar la búsqueda de la des-

dichada Maddie fue su amistad con Marita y Paco Marco Jr.

En Marruecos, como no tendría datos serios sobre testigos de

haber visto a la pequeña desaparecida ofreció miles de euros a per-

sonas que nada tenían que ver con haber visualizado a alguien pare-

cido a la menor. Esto es una hipótesis pues hay varias versiones más

o menos fi ables al respecto.

Tras ser interrogados por la policía marroquí tales ‘testigos’

destaparon los ‘métodos’ de A. J. Al parecer, tuvo que anticipar su

salida del país magrebí por razones obvias. La policía norteafrica-

na seguía los pasos de este expolicía que hacía muchas preguntas y

ofrecía dinero a supuestos testigos.

Mandos policiales españoles, portugueses y británicos descali-

fi can a la agencia que fundó Marita, quizá obsesionada ‘para romper

las estructuras, formas y modos que habían enturbiado la confi anza

en el detective’, como rezaba su lema fundacional.

Otras muchas justifi caciones y explicaciones sobre el ‘método’

con el que jamás encontraron a Maddie a Marco Jr. y su madre na-

die en su sano juicio las creería. Personas que estuvieron cerca de

este asunto no desmienten lo que comprobó la periodista británica

en su sede ni lo que corroboró la policía marroquí de las técnicas del

expolicía.

Como era de esperar sobre el relumbrón que supuso para Méto-

do 3 ser contratados por los McCann crecieron las sombras. Las noti-

cias más críticas de cómo gestionaron la búsqueda basculaban sobre

algo ya conocido en esta agencia: se rinden al cliente creando posi-

bles fi cciones o lo que fuera menester para satisfacer sus exigencias.

301

No importa si es o no verdad. Lo importante, según tan cuestio-

nable fi losofía, es cobrar facturas desorbitadas cueste lo que cueste y

obtener, de paso, benefi cios publicitarios. El negocio es más impor-

tante que investigar. Esta parece ser la máxima operativa.

No podían Marco Jr. y su madre dejar impunes las críticas que

se amontonaron frente a su ‘metodología profesional’. Anunciaron

querellas y demandas para defender su honor cuyo desenlace judi-

cial desconoce este autor. Pero se imaginan muchas cosas. Hay pre-

cedentes en lo que les pasó tras estar vinculados a un oscuro asunto

ligado a Telefónica en 1995.

Método 3 y el poder

Los casos Paesa, los informes para SGAE y la infructuosa bús-

queda de Maddie McCann evidencian que, a fi nales de siglo XX, los

contactos de Marita y la visibilidad de su hijo Francisco son de alto

nivel y siempre cercanos al poder, que los mima y tutela.

Nadie niega que los ‘informes de diseño’ que se hicieron para

SGAE están avalados por la impunidad de décadas y dejar hacer de

organismos y poderosos.

Se sabe que SGAE usó otros detectives y peritos a la carta (la

mayoría de ellos catedráticos incompatibles con plaza en Universi-

dad Politécnica de Madrid) que avalaron a los investigadores priva-

dos en toda España.

Pero las ‘minutas’ más importantes y mejor pagadas se las en-

cargó a Método 3, que hasta centró el misterioso ‘Proyecto Toalla’

de SGAE como escribíamos. En todo caso, se sabe que la agencia

facturó a SGAE millones de euros durante lustros.

302

Sobre Paesa la pregunta de quién les contrató es un interrogan-

te que se resiste a ser desvelado, al igual que quiénes les recomen-

daron al infl uyente entorno de los McCann. Nadie ha negado que en

uno y otro asunto están las conveniencias sugeridas por políticos,

mandos policiales y del CESID-CNI.

Las relaciones de Marita y su hijo con el poder son de ida y

vuelta, como los cantes fl amencos que se han generado a un lado y

otro del Atlántico.

La técnica que imaginamos es fácil de entender. Inicialmente,

logran tras acercamiento vía intermediarios y ‘posibilitadores’, con-

tactar con el poder.

Después, a sabiendas que lo tienen cerca, y a favor por activa

o pasiva, hacen negocio jugando con posibles impunidades, contac-

tos. El hecho sería saberse ‘intocables’.

Antonio Tamarit, delegado de Método 3 en Madrid, confesó

a unos periodistas de Intereconomía que le grabaron con cámara

oculta en 2008 lo que jamás airearían Marita o Paco Marco Jr. ha-

ciendo gala del mínimo sentido común: “A nivel político, los que

mejores contactos tenemos somos nosotros”. Asimismo, señala en

la conversación que “tienen acceso a los 347 (modelo de Hacienda

que recoge clientes y proveedores de empresas) y a esa información

no tienen acceso otras agencias”. También indica que “tenemos con-

tactos en algunos bancos”.

Método 3 podría hacerse con los movimientos bancarios de cual-

quier persona. Además, “tenemos acceso al listado de llamadas telefó-

nicas, los sacamos de un contacto en Telefónica o en Vodafone o donde

sea”. Añade que “esto que cuento, se puede extrapolar a 40 países”.

303

La incontinencia verbal del ahora exempleado y pertinaz de-

mandante de Método 3 explica que “cuando es un tema muy confi -

dencial, nosotros tenemos tres o cuatro despachos de abogados de

gente de mucha valía. Abrimos el expediente y ponemos por ejem-

plo: Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal (padrino jurídi-

co ‘ofi cioso’ de Paco Marco Jr.). Y ahí se ha acabado todo. Llegarían

a nosotros, y nosotros nos negaríamos a dar el nombre de abogado,

pero es que además el abogado también tiene secreto profesional”.

Las estrechas relaciones personales de Marita con Alejandro,

hermano del que fuera ministro del Interior (2006-2011) Alfredo

Pérez Rubalcaba, habrían ofi ciado supuestamente la paralización de

expedientes administrativos que recaían sobre Método 3 y que po-

drían haber derivado en importantes multas y hasta en el cierre de

la agencia en 2011. También se vincula el hermano del ex Ministro y

líder opositor del PSOE con viajes y estancias a República Domini-

cana ligado a intereses de Método 3.

En la operación de ‘anular’ sanciones quien materializaría dejar

sin efecto tales expedientes sería Antonio Camacho Vizcaíno, breve

sucesor de Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior (julio-di-

ciembre de 2011) y secretario de Estado de Seguridad (2004-2011)

parte del mandato del veterano político socialista cántabro que aho-

ra regresó a su Cátedra de Física tras fracasar en su oposición al

Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, los sucesores de Rubalcaba y Camacho en Interior

podrían haber sido espiados en el famoso restaurante La Camarga

en una comida que se celebró el 30 de abril de 2012, días antes de

publicitarse la Operación Pitiusa, el principio del fi n para Método 3.

Este dato resulta llamativamente profético y paradójico.

304

Aunque no aparece la grabación, hay datos de que los comen-

sales serían el ministro Fernández Díaz, el secretario de Estado de

Seguridad, Ignacio Ulloa (dimitió el 11 de enero de 2013 por motivos

personales, aunque se achaca su cese a la fi ltración a la prensa de

informes policiales), el Director General del CNP, Ignacio Cosidó,

junto a los máximos responsables del CNP y Guardia Civil en Cata-

luña, Agustín Castro y Ángel Gonzalo, respectivamente.

La hermana de una directiva de Método 3, Elisenda Villena

Barjau, de nombre Anna, al frente del área legal del PSC (coaligado

con el PSOE, e integrante –junto a ERC y EUV– entre 2003 y 2010

de la Generalitat, presidida por Pasqual Maragall y José Montilla,

ambos del PSC) habría facilitado importantes ingresos ‘ofi ciales’

para facturar informes de dudosa pertinencia y realidad de estos in-

vestigadores privados.

Los sucesores en Presidencia de Generalitat del tripartito que

integraron las citadas formaciones izquierdistas alucinaron con las

facturas que globalizaban 68.017 euros a favor de sociedades instru-

mentales de Método 3.

Fueron pagadas por diferentes departamentos de la Generali-

tat (Agricultura, Industria, Empleo…). Uno de los informes, el más

caro, fue un ‘copia y pega’ sobre el cultivo de la avellana. En realidad

se pagaría un dossier sobre un líder agrario catalán que molestaba

al segundo Tripartito.

El dato evidencia que los encargos tenían servidumbres políti-

cas. Los pagos responderían a otros fi nes que los virtuales sobre los

que giran los conceptos de las facturas. Las incógnitas y sospechas

se acumulan en este tema.

Cuando estalló el escándalo Método 3, durante febrero de 2013,

aparecieron en su sede fi chas de clientes nominadas al PSC en las

que fi guraba como ‘contacto’ el diputado al Congreso José Zaragoza.

305

Del mismo se negaron vínculos con la agencia por dirigentes

socialistas catalanes. Pero, días después, Zaragoza dimitió de los

cargos que ostentaba en el PSC, tras acreditarse que habría orde-

nado espiar el domicilio barcelonés del Alcalde de Badalona, Xavier

García Albiol, a Método 3.

El partido sufre de lucha intestina por el soberanismo, suceder

al frente del PSOE a Pérez Rubalcaba y corruptelas que arrastran

desde que integraron el tripartito con ERC e ICV.

Es obvio, al acreditarse que el PSC pagó por ‘barridos’ de posi-

bles micrófonos en alguna de sus sedes e investigaciones sobre otras

formaciones políticas, dentro y fuera del tripartito catalán, y que los

pagos de informes virtuales fueron para cubrir otros reales, quizá

para informarse de las cuitas de adversarios del PSC.

El que Método 3 haga, pues, ‘favores gratis’, como justifi can

dirigentes políticos comprometidos con el proceder de la exagencia

resulta difícil de creer.

Xavier Martorell, amigo personal de Paco Marco Jr., fue conce-

jal en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), directivo de los mossos, en

Generalitat, su departamento de Prisiones y el Barça. De su último

destino tuvo que dimitir en junio de 2013 alcanzado por el escánda-

lo y sus amistades peligrosas en Método 3 tras una penosa compa-

recencia en el Parlament.

Sus avales en CiU, la información que acumula y contactos en

el todo Barcelona han valido, de momento, para no registrarse su

nombre en los juzgados 14 y 21 de la ciudad condal, donde se instru-

yen diligencias y sumario contra esta agencia que activó en primicia

Alicia Sánchez Camacho. Ello merecerá más detalle en otro epígrafe

de este capítulo.

306

Martorell siempre ha acariciado la creación de los nonatos ‘servi-

cios secretos’ catalanes avalado por dirigentes del nacionalismo con-

servador. Siempre apostó por aquello de que ‘información es poder’.

Al mismo se le vincula con la creación de un grupo de mossos

‘no adscrito’ al organigrama ofi cial que podría asociarse con el nú-

mero ‘16’. Desde la central en Sabadell se habrían elaborado incon-

tables informes de particulares, empresarios, autoridades y políti-

cos que tuvieran relación con los dirigentes nacionalistas ubicados

en el Palau de Sant Jordi.

Otras referencias fi ables apuntan a que los mossos usarían un

sistema de escuchas telefónicas parecido al cuestionado SITEL que

usa el CNP.

Se habría catalanizado bajo el nombre de SILTEC y existen

ciertas demandas ciudadanas sobre este posible ‘gran hermano’ que

carece de registro ante AEPD. También unos cuatrocientos teléfo-

nos móviles de alta gama que usan ejecutivos de la Generalitat po-

drían estar ‘clonados’.

Martorell habría ‘recomendado’, al parecer, el encargo de cua-

tro mossos a Método 3 en el denominado ‘caso Lucien’ que fi nal-

mente contrataron individualmente. Una chilena, Ana María M. P.,

fue grabada tras hacerse amiga suya un vecino que en realidad era

agente de Método 3.

Ella aceptó 500 euros, inducida por tan fi cticio vecino, por de-

clarar en falso para desmontar acusaciones de torturas a los mossos,

fi nalmente condenados, que confundieron a un rumano, llamado

como el caso que da nombre a tan turbio affaire, con un atracador.

En el juicio se desveló que el video de Método 3 estaba manipulado.

Más de lo mismo.

307

Esta circunstancia motivó que la testigo denunciara al Colegio

de Abogados barcelonés la cuestionable conducta ‘profesional’ del

director de Método 3. Su Comisión de Deontología, en Expediente

171/10, expulsó y suspendió de ejercicio como letrado a Francisco

Marco por un año, no siendo viable su rehabilitación colegial hasta

un plazo de 3 años más, según informa Antonio Fernández el elcon-

fi dencial.com en su edición del pasado 17 de Octubre 2013.

Tan insigne Doctor en Derecho Penal sigue los pasos de su fa-

llecido padre, abogado que habría registrado el dudoso mérito de

ostentar record de expulsiones de su colegio por sus permanentes

trapicheos y posibles malas prácticas, según corroboran al autor va-

rios letrados barceloneses que sufrieron su práctica forense.

Además de los encargos como directivo de la Generalitat, cuan-

do ocupó la jefatura de Seguridad del Barça, Martorell interesó in-

contables informes que fueron detallados en previo epígrafe de éste

capítulo.

Algo que no está debidamente comprobado aunque sí habría

indicios que lo corroboran son los vínculos de Martorell con la ad-

quisición por Método 3 de sofi sticado material de espionaje para la

interceptación de conversaciones telefónicas focalizadas en termi-

nales sobre estación base para grabar conversaciones.

En La Camarga se sabe que se podría haber usado dicha tec-

nología para grabar desde la vía pública [no singularmente la con-

versación entre Alicia Sánchez y Victoria Álvarez], según atestiguan

agentes de los servicios secretos españoles que habrían conocido o

vigilado algunas operaciones de Método 3.

Ellos, agentes de la inteligencia española, han validado a me-

dios informativos avalarían la tesis de que Método 3 poseería tec-

308

nología punta similar a la que ellos suelen utilizar en sus operativos

ofi ciales. Habría pagado, Método 3, entre uno y dos millones de eu-

ros por dichos equipos.

La empresa suministradora podría ser una fi rma rusa, fabri-

cante especializado en tecnología de la guerra electrónica sustenta-

da por antiguos ingenieros militares soviéticos y con clientela fun-

damentalmente en Hong Kong, Singapur y Australia.

Más equipos de esta empresa habrían sido adquiridos por los

mossos cuando Xavier Martorell estaba infl uyendo en la cúpula y

ciertos mandos de dicho cuerpo policial.

Otro dato nada sorprendente sobre los nexos de Método 3 con

el poder y el manejo de información son las declaraciones que hizo

sobre Paco Marco Jr. el Director del CNI, y exgeneral, Félix Sanz Rol-

dán el pasado mes de marzo de 2013 en el Congreso de los Diputados.

Ante preguntas de parlamentarios del PSOE admitió conocer la

lista de clientes e investigados en los 169 informes ‘fi ltrados’ de Mé-

todo 3, que se detallarán en el próximo capítulo. Negó que el CNI les

contratara, aunque sí reconoció que lo hicieron con el informático

Matías Bevilacqua. El dato era evidente tras las fi ltraciones y decla-

raciones del sumario Pitiusa y los contratos que el informático tuvo

con el Ministerio de Defensa.

Preguntado el exmilitar por si conocía al director de Método

3, lo negó aunque admitió que el ahora exdetective había pedido

entrevista con él y su antecesor, Alberto Sáiz Cortés (2004-2009).

Pero ninguno de tales directivos de la inteligencia admitió haberlo

recibido por evidentes razones.

Tan triste realidad para el doctor en Derecho Paco Marco Jr.

no va pareja a posibles manifestaciones verbales de tan importante

309

jurista a quien quiera oírle y creerle en sus delirios de grandeza. El

famoso impostor ‘pequeño Nicolás’, con 19 años entonces, fue más

lejos que Marco. Se reunió, en la mismísima sede del CNI, con el

gabinete de su actual Director para proponerle participar en un de-

sayuno informativo como garante de los mecenas del acto.

Por todo ello, resulta fácil pensar lo que Marco habría ver-

balizado de tales intentos de entrevistarse. Habría pensado quizá

hasta en fotografi arse con los máximos responsables del CNI espa-

ñoles y colgar las instantáneas en algún medio o portal de la ahora

ex agencia.

Desconocemos si Marco también ha hecho lo propio, es decir pe-

dir entrevista, con los directores de CIA, NSA y FBI norteamericanos,

el MI5 británico, el BND germano o el mismísimo Mossad israelí.

Félix Sanz Roldán respondió a los parlamentarios que le repli-

caban por negar relaciones del CNI y Método 3, según crónica de

Miguel González para El País del 20 de marzo de 2013, con otra pre-

gunta: “¿Para qué contratar un ATS si puedes tener a un cirujano?”.

Sobran más comentarios al respecto.

Pero no podían obviarse en esta obra unas estrechas relacio-

nes personales de Marita con Jesús del Olmo, exgeneral del Cuerpo

Jurídico. Fue el último Secretario General del CESID y primero del

CNI, tras fundarse en 2002.

Como se evidenció por los ‘169 informes’ fi ltrados tras incau-

tarse en sedes de Método 3, una buena parte de ellos los encargó

una multinacional de explosivos de origen ruso llamada MAXAN

que absorbió a Unión Española de Explosivos, proveedora del Mi-

nisterio de Defensa español.

En la misma trabajó, después de abandonar despachos ofi cia-

les, el exgeneral Del Olmo y podría ser la persona que habría for-

310

mulado tales encargos. Sus importes son millonarios según fuentes

fi dedignas. El interés de Maxam por Método 3 lo desconocemos.

En ese contexto hay que situar el obvio interés de la inteligencia

española por lo que suceda en Cataluña tras ilustrarse una entrevis-

ta, fi ltrada al ABC por el CNI, en enero de 2004 en Perpignan (Fran-

cia) entre el vicepresidente de la Generalitat Josep Lluis Carod-Ro-

vira más los etarras Josu Ternera y Mikel Antza para negociar un

efectivo ‘cese de violencia’ localizado exclusivamente en Cataluña.

Evidentemente, este y otros temas que afectan al Estado (fo-

cos de terrorismo islámico, narco-ciber-delincuencia, blanqueo de

capitales, espías de otras potencias y aliados, plataforma portuaria

europea de los chinos en Barcelona y radicales antisistema) y el CNI

multiplicó el número de agentes y analistas en suelo catalán. Ello

explicaría también que se subcontraten otras cuestiones como ates-

tigua los cobros del informático Bevilacqua.

Esta realidad, sin embargo, se victimiza por formaciones so-

beranistas catalanas para justifi car obstáculos al proceso iniciado

obviándose que el nepotismo, fi nanciaciones irregulares y la corrup-

ción generalizada nada tiene que ver con todo ello. Hablamos del

origen de la fortuna de los Pujol, de los encargos a familiares de

Artur Más, los Sumarroca, Caso Palau y un largo etcétera que tiene,

por ejemplo, embargada la mismísima sede del CiU barcelonesa tras

una orden judicial.

Los 169 Informes fi ltrados

La incautación en no todas las sedes de Método 3, domicilios de

directivos y colaboradores durante febrero de 2013 de archivos, or-

denadores, discos duros y toda clase de material exigió el concurso

de decenas de expertos policiales para inventariarlo y seleccionarlo.

311

Francisco Marco Fernández, Doctor en De-

recho y Escritor, fue detenido cuando ejer-

cía como ultimo Director de Método 3

El Sr. Marco Fernández acota a ‘tres carpetas’ lo incautado por

la policía y personaliza como injusticia planetaria su detención por

decenas de agentes policiales.

Además, explica que la lista de estos informes sensibles ha-

brían sido ‘falsifi cada’ por sus exempleados Antonio Tamarit y Ju-

lián Peribáñez antes de ‘fi ltrarlos’ a medios. Pero resulta de difícil

creencia esa derivación por las excelentes relaciones y afi nidades

personales de Marco con periodistas infl uyentes. El primer medio

que publicó la lista de Informes realizados desde 200 por Método 3

fue EL TRIANGLE, medio sobre el que llovieron llamadas, burofax

y presiones, pero fi nalmente la lista está en la red siendo pública sin

que registrasen incidencias judiciales. Detallamos algunos enlaces:

312

• http://www.vozbcn.com/2013/02/23/138386/lista-

169-informes-metodo3/

• http://www.economiadigital.es/es/notices/2013/02/la_lis-

ta_de_los_politicos_empresarios_y_famosos_investigados_

por_metodo_3_38481.php

• http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/

confi denciales/1697-los-169-dosieres-calientes-de-meto-

do-3-mas-problemas-para-el-ministro-fernandez-diaz

• http://m.elperiodico.com/es/noticias/politica/las-169-in-

vestigaciones-los-detectives-metodo-2324742

Sobre los trabajos que más le comprometen añade Marco Fer-

nández que son viles manipulaciones ajenas a su gerencia en Méto-

do 3, al carecer de su fi rma autógrafa, holograma con el logo de la

agencia y un registro codifi cado. Estamos ante otra excusa.

Nadie creería tan infantiles excusas de una agencia que se vin-

culó y controló sociedades instrumentales para emitir informes y

facturar aparte de la otrora conocida marca ‘Método 3’.

El interés investigador policial se centra en diseccionar los mi-

les de expedientes de la exagencia. Una fi ltración selectiva e intere-

sada de la que nadie se responsabiliza ha anticipado una lista de 169

expedientes que, llamativamente, han sido publicados por la prensa

al poco de ser analizados en profundidad por policías y funciona-

rios judiciales. Quien fuera Director de Método 3 personaliza en su

exdelegado en Madrid, Antonio Tamarit, el amaño del listado. El

acusado y Peribáñez se defi enden de culpas ajenas, como veremos.

Es llamativo, igualmente, que a los pocos días de airearse el

listado de 169 informes que se vinculan a Método 3 el Sr. Marco

313

Fernández activara una querella por presunta revelación de secretos

que imputaría posteriormente a algunos periodistas que difundie-

ron la lista de clientes e investigados y un ex empleado de Método 3.

La iniciativa legal no es nada inocente. Sabiendo quien la patrocina

podría constituirse una ‘vacuna’ del querellante para relativizar los

cargos que le recayeran en otros sumarios penales en los que está

inmerso.

No hay quien resta credibilidad a la hipótesis de que quien ‘fi l-

tra’ los informes sería alguien del entorno de Marco para, inmedia-

tamente, echar la culpa a terceros, en cuyo cajón de sastre también

cabrían policías ajenos a su deber de custodia.

El móvil de todo ello es el clásico: dinero. O acudió al pago de

‘exclusivas periodísticas’, o eleva el valor del archivo de Método 3

para ‘revenderlo’ al mejor postor. O se conjuga la venganza de anti-

guos empleados maltratados por los antiguos empleadores de Mé-

todo 3.

Meses después de activar querellas a diestro y siniestro tras la

liquidación de Método 3 y el escándalo que protagoniza dicha ex

agencia el Sr. Marco Fernández no ha cesado de llamar y escribir

a periodistas, también al fi rmante de éstas líneas, policías y ex em-

pleados anunciándoles más querellas.

La sospechosa y posible conducta coercitiva no logra más que

el efecto boomerang. Al Sr. Marco y su madre, tras la liquidación de

Método 3, les crecieron los frentes judiciales en varias provincias

españolas más las citas que se derivan de informes realizados hasta

octubre de 2012 como responsable de Método 3.

De la lista de los 169 haremos un somero análisis de algunos

nombres, empresas y tramas que entraña su existencia. Debe decir-

314

se que Método 3 presumía en su publicidad corporativa de haber ul-

timado nada menos que cien mil informes. Increíble ¿Cierto? Estos

169, no obstante, podemos resumirlos como representativos de su

‘portfolio’ profesional y evidencian el nivel de contactos.

Jacinto Rosselló, impostor de royals, fue otro objetivo

de Método 3. Engañó a bancos con falsas inversiones.

El ‘pequeño Nicolás’ le daría risa: ‘Sinto’ is a broker

only for VIPs. Dará que hablar.

En el campo de la política esta agencia investigó prácticamente

todo el arco ideológico parlamentario e independiente catalán, de

toda España, extranjero (existe un líder nacionalista turco entre los

investigados) y formaciones independentistas que obstaculizan in-

tereses de partidos mayoritarios dentro y fuera de Cataluña.

Los informes son, sobre todo, patrimoniales, de negocios atípi-

cos y vínculos de cargos públicos con empresarios. Incluso existen

relatos de vigilancias, transcripción de escuchas telefónicas (la más

conocida es la charla que mantienen en el restaurante barcelonés

315

La Camarga Alicia Sánchez Camacho –líder y parlamentaria del PP

catalán– y Victoria Álvarez –exnovia de Jordi Pujol Jr. –) que han

escandalizado enormemente y han generado una incuestionable

alarma social.

Al productor corso-venezolano Espartaco Santoni (qepd)

y su ex esposa, hoy Baronesa Thyssen (foto de 1975 aún

enamorada de Santoni) los investigó Método 3 según se

fi ltró a la prensa en 2013

Vemos, en el listado, nombres como el de Ignacio González (ac-

tual presidente de la Comunidad de Madrid tras dimitir Esperanza

Aguirre, ambos del PP); Joaquín Almunia (Comisario Europeo de la

Competencia y antiguo ministro del PSOE, el informe fue contrata-

do por The Arkin Group neoyorquino que dirige Jack Devine, exjefe

operativo de la CIA); Joana Ortega y Felip Puig (Unió Democráti-

316

ca de Cataluña-UDC, coaligada con Convergencia Democrática de

Cataluña-CDC para presidir la Generalitat en varios períodos); José

Montilla (expresidente de la Generalitat por el PSOE); Joaquim Lle-

na, Ángel Ros –alcalde de Lleida– y Xavier Sabaté (PSC); Alonso

Luque y Manel Gernica (PSOE andaluz); José María Barreda (ex-

presidente castellanomanchego por el PSOE); Martínez Castellano

(PSOE de Peñíscola); María Antonia Munar (expresidenta del Par-

lament Balear por la intervenida y desaparecida Unió Mallorquina-

UM); Acuerdo Municipal Catalán; Reagrupament Independentista;

Joan Puig y Carod-Rovira (ERC), más Hasan Cuneyp (AKP turco).

Un informe signifi cativo lo es sobre el diputado de ERC Joan

Puig. El mismo había asaltado, con su DNI en la boca y acompa-

ñado de ecologistas locales, durante el verano de 2005, la piscina

de la casa de Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, en

las Baleares. El trabajo de Método 3 parece ingenioso en cuanto a

la desinformación, táctica por cierto muy habitual de los servicios

secretos para descalifi car a fuentes fi ables que sustentan verdades.

Fue literalmente, el Informe sobre Puig, volcado en las páginas

del rotativo, pero contenía mentiras de toda especie que no advir-

tieron, sospechamos, los profesionales del medio. Señalaba al pecu-

liar parlamentario como artífi ce en recalifi caciones de terrenos de

Blanes, donde vivía. Favorecieron a una empresa familiar de Puig.

También indica el informe que regaló a un cuñado una licencia para

montar un restaurante adosado a un monumento catalogado.

El secretario municipal de Blanes fi rmó un desmentido que de-

jaba el trabajo de Método 3 a la altura del betún del zapato. Sería un

informe ‘de diseño’ de los muchos que acumularon en su corta aun-

que fructífera trayectoria estos detectives en venta al mejor postor.

317

Más calidad investigadora concitó el capital ‘perdido’ del que

fuera todopoderoso factótum marbellí Juan Antonio Roca. Método

3 olfateó en paraísos fi scales el rastro del dinero que se movilizó

hasta la isla de Man a través de las empresas Pelbo Limited y Fortis

Intertrust.

En la ‘trama Malaya’ también indagó con éxito Método 3 gra-

cias a contactos internacionales. Sus archivos hablan del informe

Embajador. El amplio dossier tomaría su nombre de un lujoso hotel

de Santo Domingo (frecuentado por ‘Marita’) y documenta transac-

ciones inmobiliarias en República Dominicana por cientos de millo-

nes de euros ejecutadas por los implicados en el saqueo de Marbella.

Figuran los promotores andaluces Tomás Olivo, José Ávila Rojas y

el encarcelado Juan Antonio Roca, antaño todopoderoso en el ayun-

tamiento marbellí.

La verdad judicial de ‘Malaya’ impuso, en octubre de 2013, pe-

nas muy leves para todos los encartados en un macro sumario que

entraña el mayor caso de corrupción española que atracó un impor-

tante Ayuntamiento. Hablamos de casi 3.000 millones de euros.

También aparecen en listado que nos ocupa Jesús Barderas y

Abraham Hazouri, empresarios caribeños que multiplicaron nego-

cios bajo el mandato del presidente Hipólito Mejía (2000-2004), que

intentó repetir sin éxito el pasado 2012 nuevo mandato como candi-

dato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Por los asuntos ‘dominicanos’ de Método 3 un excliente que

exige anonimato felicitó a la exagencia 3 por tan excelente infor-

me, lo que ha ratifi cado en declaraciones en prensa el informador

Javier Chicote. Este periodista fi rmó con Francisco Marco Jr. el

libro ‘Objetivo Intervida’ centrado sobre esa ONG incautada judi-

cialmente.

318

Sus directivos son amigos y clientes de Método 3. Chicote rati-

fi có la valía investigadora del que fuera Director General de la exa-

gencia. Jamás negó la generosidad del exdetective. Cada uno habla

bien de la feria según le va. El libro citado no es más que un intento

de blanqueo de imagen para una ONG que languidece desde que se

descubrieron incontables irregularidades.

Otro caso que llegó a la primera plana fue la monumental es-

tafa de Forum Filatélico (caso 117). Método 3 indagó relaciones de

Carlos Llorca –también implicado en Operación Malaya marbellí–

prófugo de la justicia y sospechoso de ser un capo en el blanqueo de

dinero en la España de la burbuja inmobiliaria.

Las pesquisas de Método 3 llegaron hasta un testaferro de

Llorca, Philip Mark Croshaw, investigado en varios países por esta-

fa, fraude y lavado de dinero negro.

Además de la política y el urbanismo salvaje y especulador, los

dossiers de Método 3 tocaron a impostores como Jacinto Rosse-

lló Solivellas, mallorquín que hace negocios internacionales desde

Londres y New York como broker (intermediario) alegando ser pri-

mo del Rey Felipe VI, compañero de Jaime de Marichalar en Credit

Suisse, asesor fi nanciero de Rosario Nadal, Isak Andic o Valenti-

no, entre otros muchos. Al parecer, esta investigación la encargó un

banco extranjero mediante un bufete madrileño al que estafó el ba-

lear una millonada con la argucia de trasladarles importante cartera

patrimonial e inversora de magnates y ‘royals’.

Otro cuentista investigado por Método 3 fue Francisco Javier Ri-

gau, especialista en seducir a millonarias maduritas. Una de sus pre-

sas fue la ya octogenaria diva italiana Gina Lollobrígida. Al parecer,

se desposó en una notaría por poderes con este ‘galán’ barcelonés,

lustros más joven que la decrépita estrella aunque inolvidable actriz.

319

El marido de la tenista Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santa-

cana, fue el objetivo en otro informe. Es fácil de imaginar quién en-

cargó y pagó el informe a tenor de los graves confl ictos que separan

a la campeona de sus padres y hermanos a cuenta de la fortuna que

se dilapidó y los reclamos fi scales de los que sería objeto la exdepor-

tista de élite.

Tita Cervera (la baronesa Thyssen), su nuera Blanca Cuesta y

el fallecido Espartaco Santoni que, curiosamente, en vida fue su es-

poso, fueron investigados también por Método 3, según este listado

de informes.

Los extraños movimientos dinerarios y deudas del encarcelado

expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que estuvo al frente de

la patronal española más infl uyente, supuso otra investigación para

Método 3 instada por sus incontables acreedores.

Algunos medios informativos y la periodista Cecile Kohr estu-

vieron bajo la lupa de Método 3. Destacan dos en la lista que anali-

zamos: prnoticias y e-noticies. Máximo González Jurado, presiden-

te de los enfermeros indujo al parecer alguna averiguación sobre

medios y rivales en la cúpula de los enfermeros. González también

aparece en el sumario del ‘caso Gürtel’ sobre corruptelas en el PP.

Incontables jueces en toda España también fueron investigados,

presuntamente, por Método 3. La hipótesis que los sitúa en objetivo

de la ex agencia es que tras obtenerse datos ‘comprometedores’ se

sospecharía de un posterior chantaje, el que se haría patente a través

de intermediarios. Las variables de resultados admiten pocas apues-

tas: archivos de causas, activaciones de acusaciones, determinados

resultados en sentencia, etc. Tan impropias prácticas, de conseguirse

los fi nes, será imposible o muy complejo poder desentrañarlas.

320

Las empresas que aparecen en el listado público de informes de

Método 3 son numerosísimas: Maxam, Dico, La Seda, Vitti Market,

Grupo Vestas, Tur Gmbh, BPC Banking, Prorma, Maersk, Sendeco,

Cementera Española, Thesan Capital, Ezentis, Progrosa, Banco

Rendimiento, Gas Natural Fenosa, Acciona, Inversiones Aeronáu-

ticas, Padre Solé, Equidosa, Fersa, AISA, Soldosa, Aérea Inversio-

nes, Grupo Batalla, Nueva Rumasa, Paes, Zabalgarri, Seven Eko,

Urbanización Palacio Sacosta, Copcisa, Ros Roca, Gaesco Pensio-

nes, Acedos Trading, Vicsan, KLisis Capital, BT Ignite, Landsberg,

Senoble, Abengoa, SEAT y Ecovidrio.

Los nombres llamativos también aparecen en el listado. El

príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, acusado de

presunta violación en aguas ibicencas por una modelo, protagoniza

un informe que avalaría tan duros cargos por los que fue absuelto

este aristócrata por juzgados de Baleares. El archivo judicial fue ce-

lebrado por su amigo el anterior Rey Juan Carlos I. Otro noble del

Golfo Pérsico, Sar Saad Bin Abdul Aziz Al Saud, también fue investi-

gado. Igualmente, Shaid Khelid y la ONG alemana Retorna.

En el listado que comentamos aparece un personaje conocido

en los submundos fi nancieros catalanes. Método 3 lo clasifi caba

como subastero cercano a la Casa Real española. Se trata de Alfonso

Cereza Santasusana.

Otros nombres apuntan a pugnas por herencias, localizaciones

patrimoniales, irregularidades urbanísticas, absentismo, estafas,

confl ictos de socios, usurpaciones y seguimientos: Rafael Mora, José

María Casas, Maxim Karlova, Juan José Montoro, Pedro Aparicio,

Carlos Alba, José María Freixenet, Jaume Ferrer, Manuel Portolés,

Juan Salvador Nacher, Isabel López, Rafael Español, David Manent,

321

José Mariné, Jaume Huguet, Juan Bautista Recasens, Francisco

Martín, Pablo Amador, Asunción Echegaray, Antonio Fuentes, fa-

milias Segarra y Mir, Albert Batet, Arnaldo Alonso, Mario Armero,

Francisco Hernández, Marco Fuentes, José María Matas, José Luis

Bermúdez, Juan Mas, Joan Puig, Pedro Gimeno, José María Gines-

ta, Oriol Puig, Juan Fuentes, José Miguel García, Juan Unda, Anto-

nio Díaz de Mera, Adolfo Verde, Jesús Banegas, José Carlos Lorca,

Carlos Palacios, Luis José Basagoiti, José Jomani, Javier Melgarejo,

Juan Manuel Ruiseco, Anton Iraculis, Anand Sukhmeet Singh, Víc-

tor Luis de la Oliva, Luis García Cerecedo, Laila Tikambas, Manuel

Ignacio García Durán de Bayo, Roberto Dieren, Álvaro Llompart,

Jorge Juan Flor, Raúl Esteban, Ángel Toledo, Javad Mozzafari, An-

tonio Fournier, José María Entrecanales y José María Fernández

del Río, entre otros.

Algunos de los citados, clientes u objetivos, fueron antes o des-

pués de ser investigados por Método 3 llamados por si podrían man-

tener alguna posible negociación de lo descubierto.

Extraños acuerdos y turbios pactos se cocieron tras aparecer

la lupa de esta agencia sobre algunos, sólo algunos, de los citados.

Como cabe imaginarse el desvelarse tantos nombres de empresas y

personas ha conmovido el secreto profesional que toda agencia de

detectives debe guardar.

También se habrían podido confi rmar algunos chantajes, o in-

tentos de ello, que se habrían cocinado tras destaparse el escándalo

de Método 3. De igual modo se habrían sustanciado nuevos precios

sobre los miles de informes que no se conocen habría elaborado Mé-

todo 3 mientras estuvo activa.

Como decíamos, Alicia Sánchez Camacho, líder del PP cata-

lán, y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Jr., aparecen en esta

322

lista de objetivos de Método 3 por ser grabadas en una conversa-

ción privada.

Llamativamente un audio que recoge parcialmente la charla

entre sendas damas fue ‘fi ltrado’ a la prensa para explotar un es-

cándalo que salpica dinero, a partidos, personas y autoridades. El

archivo de la cinta fue ‘cortado’ y extraído de un ordenador ‘borrado’

tras cerrarse Método 3 en Octubre de 2012.

Como comentaremos sobre esta realidad se generaron inicia-

tivas legales, civiles y penales, parte de las cuales fueron objeto de

pacto entre las espiadas y sus espías. El acuerdo merecerá mayor

análisis en otro epígrafe del presente capítulo. La fi ltración del au-

dio a un medio ha multiplicado el escándalo del espionaje que pro-

tagoniza Método 3.

Más curioso es que en la lista a la que nos referimos aparezcan

otros detectives investigados por Método 3. Uno de ellos, el bar-

celonés Juan de la Torre (Intelligence Bureau) fue competidor por

gestionar asuntos del Barça con Método 3. El resultado de la inves-

tigación es imaginable, pues De la Torre fue apartado del Barça tras

llegar Método 3.

El madrileño Julio Gutiez Cuevas (Mira), expresidente de APD-

PE, habría sido espiado en sus conversaciones telefónicas. Se habría

manejado una lista de llamadas salientes desde su móvil.

Gutiez, sorprendentemente, ha defendido siempre -incluso en

buscadas apariciones televisivas-, a su ahora examigo Paco Marco

Jr y a Marita. Al parecer, a posteriori hubo un divorcio profesional

de conocidas consecuencias.

Al parecer, fueron socios en una alianza que duró poco y ten-

dría como epicentro ciertos fl ecos del caso Gürtel que afectan al

PP y al presidente de Madrid, Ignacio González, enemigo político

323

de un exconsejero madrileño íntimo de Gutiez que pasó semanas

en la cárcel.

Este detective, que durante lustros, fue auxiliar de Antonio Ma-

rín Lozano, anunció querellas contra Método 3 por el espionaje que

sufrió, al igual que su colega Javier Iglesias Asuar (Rausa). Nada sa-

bemos sobre si dichas acciones legales se llevaron a cabo aunque es

fácilmente imaginable que se activara alguna ‘querella a la catalana’

(hacen ruido, cuestan poco y se archivan).

En efecto, en el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid se imputa,

tras sendos archivos, a Francisco Marco Jr. por espiar al presidente

de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en su patrimonio,

conexiones y un viaje a Cartagena de Indias (Colombia) que habría

sido sufragado por un empresario que contrataría obra pública con

dicha comunidad.

En el sumario aparece también Julio Gutiez (su agencia Mira

tuvo en nómina al exdiputado del PP Alfredo Bosch, salpicado por la

trama Gürtel) y otro detective levantino que viajó hasta el país suda-

mericano para grabar las andanzas de González. El dossier de Méto-

do 3 tiene 69 páginas y fue publicado en parte por el diario Público.

Su expediente, increíblemente, albergó informes ofi ciales de la

policía y de sumarios judiciales –datos sobre Special Events, Correa,

Crespo y Sepúlveda, partícipes de Gürtel– que nadie sabe cómo lle-

garon hasta esta agencia privada de investigación. Contra el desapa-

recido periódico impreso se querelló Ignacio González aunque las

demandas fueron desestimadas.

La factura de Método 3 aunque la pagaría un empresario de la

construcción que estuvo encarcelado se cree que sería en realidad

un interpuesto que fi nanciaría una guerra interna del PP visibilizán-

324

dose el exconsejero y ahora ex senador Francisco Granados como el

más probable inspirador del tema.

Granados luchaba por ser el ‘segundo’ de Esperanza Aguirre

antes y después de una grave enfermedad que, sólo, durante un cor-

to período de tiempo apartó del foco a tan incansable dama a la que

encanta ser noticia diaria y permanente. La batalla la ganó González

sobre un Granados que conoce calabozos y rejas carcelarias tras di-

mitir del sillón senatorial y repartirse dando lecciones de moralidad

en tertulias televisivas de ínfi ma audiencia.

Alicia en el país de las escuchas

El verdadero escándalo que vinculó a Método 3 con el gran pú-

blico fue la grabación de una charla entre Alicia Sánchez Camacho,

líder del PP catalán y parlamentaria, con María Victoria Álvarez, ex-

pareja de Jordi Pujol Jr.

Las atípicas misiones de la exagencia ya eran conocidas y su-

fridas de sobra por sus colegas, dentro y fuera de España. También

eran conocidas por potentados, bufetes, empresas y aseguradoras,

que supieron lo que era pagar sumas desorbitadas por ‘copiar y pe-

gar’ obviedades, excusar el no alcanzar el objetivo con palabrería

vana y vacua u obtener datos precisos, ilustrados y documentados.

Lo último fue gracias a fuentes privilegiadas que resultaron

ser topos que Método 3 habría tenido, hipotéticamente, en bancos,

operadoras telefónicas, funcionarios, policías y agentes secretos. La

impunidad con que actuaron durante años ante la inopia, desidia,

ineptitud o infl uencias merece profundo y sesudo análisis.

El mediodía de un 7 de julio de 2010 en un reservado del res-

taurante barcelonés La Camarga comenzó el principio del fi n para

325

Método 3. Todo se sitúa en el 117 de la calle Aribau, a pocos metros

de la sede de la exagencia.

Está acreditado en juzgados que Alex Borreguero, un becario

de Método 3, visitó el día antes el Restaurante para adelantar cien

euros de la comida. Se presentó, al parecer, como ‘asistente de Ali-

cia’ aunque ella, ofi cialmente, carece de tales subalternos en planti-

lla del PP, formación para la que trabaja en exclusiva.

Almorzaban dos mujeres. Tenían conocidos en común que pro-

piciaron el encuentro. No obstante, Jorge Moragas, diplomático y jefe

de gabinete del presidente Mariano Rajoy, fue a quien se señala como

promotor del almuerzo. Era amigo de confi anza y compañero escolar

de Victoria. Sólo quedaban meses para las elecciones catalanas.

En el restaurante barcelonés La Camarga se grabaron por Mé-

todo 3 a comensales. Ahí comenzó el escándalo de la desapare-

cida agencia.

Del almuerzo se esperaría que la exnovia de un Pujol millonario

por el apellido revelase o probase un posible blanqueo de capitales

en Andorra e Inglaterra de la estirpe familiar.

326

María Victoria acompañó a su expareja advirtiendo que llevaba

fajos de billetes de quinientos euros en el equipaje de su vehículo.

Los ingresaría posteriormente en bancos británicos o andorranos

que no preguntan demasiado sobre el origen de la millonada.

Ya se sabe que Alicia podría conocer que podría ser grabada,

no cómo, ni que existieran copias y más clientes de la cinta. Cróni-

cas periodísticas dispares sugieren que su limitada agudeza auditiva

habría exigido copia del audio del almuerzo después de celebrarse el

almuerzo con la locuaz Victoria. Pero no es menos cierto que el PSC

pagó aquella grabación y no se sabe si también el entorno de los Pu-

jol (verdaderos interesados en desactivar a Victoria). A posteriori,

la cinta se colocó en el mercado y se fi ltró a prensa, amén de dejarla

en una papelera para que fuera recogida por algún efectivo policial

previa llamada delatoria.

No obstante, un potente micrófono que instaló Método 3 en el

fl orero de la mesa existió. Eso queda claro, al igual que las fotos de

Victoria saliendo del restaurante tras fi nalizar el almuerzo, al que

Alicia llegó con bastante retraso.

Del contenido de la charla entre las dos amigas a posteriori

hay numerosas versiones y circulan en la red incontables transcrip-

ciones, todas parciales, hasta la que ‘fi ltraron’ alguien, no sabemos

quién o quiénes, de Método 3 a la prensa y autoridades.

Se sabe que Alicia habló con escasa modestia, además de escu-

char intimidades de María Victoria, de sus contactos políticos, judi-

ciales y policiales. Oyó a su compañera de mesa cosas que le pasaron

antes y después de conocer a Jordi Pujol Ferrusola.

Los posibles detalles de las dos mujeres comentando sus hábi-

tos sexuales y los que verbalizaron sobre sus parejas anteriores pare-

ce lo más escabroso, al igual que determinados juicios de Alicia sobre

327

compañeros de partido (entre ellos los hermanos Fernández Díaz:

Jorge, ministro del Interior, y Alberto, concejal barcelonés) y suge-

rencias sobre locales de moda y compras barceloneses. Queda claro

en toda la charla lo que le gustan los bolsos a la política catalana de

incierto futuro tras los errados pasos que dio tan indignarse por ser

espiada. El PP catalán con su liderato conoce más fondo que techo.

Habría datos en uno de los audios que conocemos sobre ha-

bladurías que refi eren posibles maltratos, acoso e infi delidades de

dirigentes populares en 2010 que ahora son ministros o altos cargos

de la administración tras arrasar Mariano Rajoy en las urnas con

mayoría absoluta en noviembre de 2011.

También constarían explicaciones de Alicia a Victoria sobre

su cara, pues muchos señalan a la talentosa política catalana como

operada de estética. Pero ella –justifi cándose– habría superado,

mediante intervención quirúrgica, una deformidad del maxilar que

antaño le hizo acreedora de injustas burlas al llamarla compañeros

escolares y conocidos ‘caracaballo’. En tal contexto han de situarse

ciertas confi dencias de ámbito privado e íntimo y las hipótesis que

circulan sobre el contenido del audio que comentamos.

No obstante, los principales temas de conversación serían los

trapos sucios de los Pujol y sus confl ictos en inversiones del clan

fuera de España, el caso Pretoria (corruptelas urbanísticas en la

provincia de Barcelona que alcanzan a dirigentes del PSC y CiU),

Montserrat Nebrera (exdirigente del PP catalán, brillante articulista

y profesora universitaria enfrentada a Alicia Sánchez Camacho) y

Josep Piqué (exministro de José María Aznar e infl uyente empresa-

rio catalán bien visto en Madrid).

Quienes dicen haber oído la cinta ‘completa’ que obtuvo Mé-

todo 3 del almuerzo acentúan que las interlocutoras usaron un len-

328

guaje coloquial propio de amigas y cómplices que se profesaban mu-

tua confi anza.

Precisamente éstas son las circunstancias que habrían desata-

do en Alicia Sánchez Camacho una catarata de actuaciones legales

para impedir a cualquier precio que se divulgase el contenido de la

cinta. A posteriori se han relativizado tales iras. Como decíamos el

talento de Alicia se diluyó por avisos a navegantes que recibió y cier-

tas fi rmas que estampó en sufridos papeles.

Alicia Sánchez, líder del PP catalán, perdonó el espionaje a

Método 3 tras querellarse. Espera la indemnicen ‘sine die’. Posa

con Manuel Pimentel, padre de su hijo y ex ministro de Aznar

También, la parlamentaria del PP repitió, desde febrero de 2013,

que haría todo lo posible porque se llegue ‘hasta el fi nal’ por el pro-

ceder de Método 3 al, presuntamente, grabar y divulgar una conver-

sación íntima en lugar privado sin autorización de las participantes.

La vehemencia inicial de Sánchez Camacho habría jugado en

su contra. Ver su nombre entre los primeros informes fi ltrados de

Método 3 fue un mazazo para una mujer con coraje que ha sabido

levantar el PP en Cataluña en dos procesos electorales. Haber leído

329

detalles de su charla con Victoria Álvarez en las páginas de El Mun-

do fue otro mazazo. Este rotativo siempre tiene primicias cuando

Método 3 juega en algún lado.

De otro lado, el PP centra más actuaciones de Método 3. Lo que

se desvela del famoso listado sobre la exigencia alcanza al partido

casi al completo y por la parte más delicada. Método 3 habría graba-

do al imputado ex tesorero Luis Bárcenas en su móvil corporativo.

Quedarían al desnudo las charlas con diputados, senadores y

antecesores de Bárcenas (Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís). Fran-

cisco Álvarez Cascos, exministro del PP y diputado asturiano, fue

investigado por posibles corruptelas según las averiguaciones de

Método 3.

Pero las vehementes e impulsivas declaraciones de Alicia Sán-

chez Camacho anunciando querellas y demandas hacen que se mue-

van ciertos personajes del PP a los que pudieran alcanzar los espio-

najes y trapicheos de Método 3.

Se fi ltra que la grabación es real. La gestionaron el becario Alex

Borreguero y el agente Julián Peribáñez de Método 3. Uno de ellos

habría pagado a priori el almuerzo tras fi rmar Alicia la cuenta del

mismo. Elisenda Villena había ordenado el servicio. No Marco Jr. El

que fuera Director apareció sobre el audio mucho después.

De la antigua ‘jefe de servicio’ de la exagencia no debemos

obviar su cercanía personal con José Zaragoza, diputado del PSC.

Este parlamentario trabaja, además, codo con codo con su hermana

Anna Villena, asesora legal de dicho partido.

En declaración judicial el exdirector de Método 3 aseguró que

el encargo de grabar la conversación entre Alicia y Victoria provino

del ‘entorno del Partido Popular’ que no llegó a concretar ante el

330

juzgador. Pero la realidad parece muy diferente. Obviamente el PSC

y el entorno de Pujol tienen más potencial interés en lo que ‘largue’

Victoria a Alicia a pocas fechas de comicios catalanes si nos retro-

traemos al 2010.

Versiones más fi ables indican que el micrófono habría sido co-

locado por orden de José Zaragoza, diputado del PSC. Su Gerente,

Luisa Bruguera, está imputada tras advertirse que el PSC pagó 1.750

Euros por la transcripción de la cinta de tan afamado almuerzo. Esa

tesis, no obstante, se desmiente aún con crudeza en dicho partido a

pesar de las evidencias policiales al respecto.

Otras versiones más deslenguadas atribuyen una cercanía per-

sonal, que obviamente no alcanza la ideológica, entre Zaragoza y la

política del PP que, cuando fi naliza el 2013, se abriría paso. La lucha

política no quita la cercanía personal.

Podría iluminarse también el que el PP estaría detrás del es-

pionaje por las incongruencias que aloja el pacto ‘secreto’ aunque

convalidado por la Justicia que suscriben las espiadas y la represen-

tación legal de Método 3 de la exigencia para paralizar determina-

das actuaciones judiciales a cambio de 130.000 euros (80.000 para

Alicia; 50.000 para Victoria).

Otro pacto que guarda un bufete barcelonés en su caja de cau-

dales obligaría tanto a Alicia como a Victoria a guardar secreto del

contenido de su charla bajo multa de nada menos que Dos Millones

de Euros si lo incumple cualquiera de las intervinientes.

Pero de otro lado, Paco Marco Jr. comienza, desde febrero de

2013, a sufrir de amnesia al diseccionar su memoria selectiva, un

ejercicio que fascinaría a cualquier analista de la mente humana.

Desconocemos si le es rentable acordarse de ciertas cosas con ma-

yor nitidez que de otras.

331

En febrero de 2013, Alicia Sánchez Camacho, que fue jueza in-

terina, junto a María Victoria Álvarez demanda ante el Juzgado de

Primera Instancia nº 21 de Barcelona una indemnización por vulne-

rarse su honor y proteger su imagen. Piden, como medida cautelar,

que se impida la difusión y transcripción de la cinta que alojaba la

ilegal grabación.

Otro juzgado, el de Instrucción nº 14 de Barcelona y bajo se-

creto de sumario que se ha mantenido durante meses, investiga la

posible variante penal de la escucha.

Paco Marco Jr., que sería detenido junto a Elisenda Villena, Bo-

rreguero y Peribáñez la noche del 18 de febrero de 2013, viéndose

la que se le avecina hace una jugada auto exculpatoria propia de un

doctor en Derecho que merece aplauso o bochorno, según se vea.

A las 21:15 horas del 15 de febrero acude a una comisaría barce-

lonesa. Comparece voluntariamente junto al abogado Álvaro Amigó

Bengoechea. Manifi esta que Método 3, donde ejerció como Apode-

rado y Director General, se liquidó seis meses atrás.

Añade que ni ordenó ni realizó la grabación sobre Alicia y Vic-

toria indicando que, meses atrás, tuvo un juicio laboral con su an-

tiguo delegado en Madrid, Antonio Tamarit, a quien previamente

despidió por cometer y asumir judicialmente un ilícito penal y le

amenaza con que o le paga 200.000 euros o se inventará informa-

ción sobre Método 3.

El chantaje que dice sufrir Marco de Tamarit se generó tras per-

der otro juicio laboral el último. Desde entonces “comenzó a apare-

cer en prensa la vinculación de Método 3 con una investigación del

actual presidente de la Comunidad de Madrid (Ignacio González)”.

332

Marco insinúa en su extensa declaración policial que Tamarit le

extorsionaría más y más junto a exempleados por lo que no se hace

responsable de noticias que aparezcan en medios sobre su gestión

en Método 3.

Marco fi naliza su alegato afi rmando sobre Método 3 que “hace

meses ha sido destruida físicamente y borrada de forma segura toda la

información digital que contenían los ordenadores”, concluyendo que

los equipos fueron facilitados a los empleados acreedores de nóminas.

Admitió que tuvo pleitos laborales con Elisenda Villena y una

secretaria de la que no recordaba su identidad completa (?). Final-

mente, Marco Jr. admite que las facturas del Barça publicadas por la

prensa son reales, insinuando manipulación en la fi cha que nomina

a ‘J. Zaragoza’ (diputado del PSC a Cortes) como cliente el PSC de

Método 3.

La declaración policial de Marco Jr. niega que las fotos publi-

cadas por la prensa en las que se ve a Victoria entrando y saliendo

de La Camarga en julio de 2010 sean de su agencia. La única razón

que sustenta tal teórica verdad es que las instantáneas no llevan el

logotipo corporativo de Método 3. Seguimos para bingo.

Días después, lo declarado ante policías por Marco Jr. se evi-

denció como no acorde a la realidad. Esta se demostró distinta al

situar sólo en Tamarit la diana de las fi ltraciones de dossiers elabo-

rados por Método 3.

Este doctor en Derecho desde aquella noche que visitó comisa-

ría se habría desprendido, al parecer voluntariamente, de su licencia

de detective. La habría entregado ante unos sorprendidos efectivos

policiales. Sus particulares técnicas de exculpación sólo habrían co-

333

menzado a desplegarse. Ya aventuraban que su horizonte en juzga-

dos y comisarías sería intenso.

El recorrido judicial de la demanda civil de Alicia Sánchez Ca-

macho contra Método 3 da un vuelco el pasado mes de junio de 2013

cuando se publicita un supuesto pacto entre la exagencia y la sena-

dora al que se une Victoria Álvarez. La vista judicial de la demanda

la fi jó el juzgado para el día 16 de julio.

Por el pacto suscrito con Alicia y su compañera de mesa en el

restaurante no le interesó a ambas arriesgarse a un juicio público

donde el honor e intimidad parecían tener precio, como así sucedió

antes de suspenderse defi nitivamente la vista judicial.

El pacto, aireado el 18 de junio de 2013, sustantivamente re-

chaza que se investigue civilmente quién espió el almuerzo. Afi rma

que dos extrabajadores de Método 3 se responsabilizan de la escu-

cha, cuya difusión causó un daño a Alicia Sánchez que con el reem-

bolso de 80.000 euros se solventaría. El infl igido a Victoria Álvarez

se ventilaría con algo menos: 50.000 euros.

A cambio, la agencia Método 3, virtual pues es una fi rma inexis-

tente por estar en liquidación en 2013, admite falta de diligencia en

la custodia de la cinta que recoge la escucha de las comensales com-

prometiéndose a impedir su difusión, algo que podría obsesionar a

una política que con este pacto cavaría su tumba. Por la vía penal las

comensales, según el pacto con Método 3, conceden el ‘perdón del

ofendido’ interesando el archivo de la causa.

El extraño pacto cocinado entre una política de rompe y rasga

más su sumisa amiga que no le desmiente, le pone al pie de los ca-

ballos al sospecharse que la escucha sería la probable punta del ice-

berg de una trama de espionaje que alcanza a toda la clase política

334

catalana y en la que hay complacencias entre cargos y poderosos. Se

desconocía, pues, qué clase de individuos e intereses inconfesables

estaban tras Método 3.

El acuerdo se habría formalizado a espaldas del PP catalán y

sin el conocimiento de la Moncloa, donde Alicia Sánchez tuvo hilo

directo hasta que se desveló tan inusual pacto que sólo sirve para

defenderse a la exagencia con pruebas que, a buen seguro, usarán en

su benefi cio. Alicia siguió contado con el apoyo de su partido meses

y años después ante el peligro de soberanismo y la imposibilidad de

‘fabricar’ un nuevo líder catalán con tanto embrollo.

Para ello, quienes están cerca del sumario no descartarían ciertas

presiones a través de terceros para que Alicia recuerde detalles que ex

responsables de Método 3 podrían olvidar sólo momentáneamente.

Las reacciones adversas al pacto de Alicia y Victoria con los res-

coldos de Método 3 no se hicieron esperar. Se recrudecen los tes-

timonios en los que la senadora ‘estaba al tanto’ y su entorno del

PP de lo que se grabase a Álvarez por el incuestionable interés del

partido español gobernante para desentrañar corruptelas del nacio-

nalismo catalán en un palpitante proceso soberanista que desafía al

Estado español.

El PP catalán ha difundido notas, con posterioridad al airearse

el pacto entre su líder y Método 3, en las que anuncia activar más

denuncias por espionaje a otros dirigentes y en otros restaurantes

barceloneses.

Alega que tiene informes técnicos de micrófonos descubiertos

en un restaurante próximo a su sede barcelonesa que frecuentan

parlamentarios conservadores. Estas denuncias han sido archiva-

das porque no existen evidencias de las grabaciones obtenidas.

335

La defensa de Borreguero, uno de los ejecutores confesos de la

grabación en La Camarga, recuerda permanentemente que Alicia no

pagó en el restaurante. Pagó su patrocinado. Esta posible realidad

multiplica las incógnitas de lo acaecido en tan famoso restaurante

donde el PP tendría cuenta, según otras informaciones contrasta-

das. Además, era un restaurante frecuentado por dirigentes y ahora

ministros del PP en sus visitas a Barcelona.

Preguntada por tal detalle, Alicia ‘no recuerda’ si pagó o no y se

siente comprometida por ello. Aclaró, cuestionada por el contenido

de su charla con Victoria, que la misma giró sobre los menores de

ambas. El dato último es inverosímil dado el interés en impedir la

difusión de la escucha por tierra, mar y aire que ha protagonizado la

senadora y política catalana.

Otro fuego de artifi cio ideado por Método 3 cuando estaba ca-

liente el pacto que fi rmó con Alicia y Victoria se divulgó el 20 de

junio de 2013. Negando que haya hecho nada ilegal en La Camarga,

anuncia acciones penales contra sus extrabajadores por difundir la

charla entre Victoria y Alicia. La traca sigue.

El desistimiento civil en su demanda contra Método 3 no en-

contró el ansiado archivo penal inicial que pretendían Método 3 y

las ‘espiadas’. La fi scalía en tropel niega que vaya a interesar el so-

breseimiento de la causa por razones que se antojan evidentes. Pero

fi nalmente este sumario hizo aguas penales al caerse perdonando

las afectadas por el presumible delito.

Curioso resulta que uno de los que fueran acusadores públi-

cos del caso, Emilio Sánchez-Ulled, adscrito a la Fiscalía Antico-

rrupción junto a Fernando Bermejo, fuese nombrado en parte de

la charla por Alicia aduciendo ella una cercanía e infl uencia que un

comunicado de la fi scalía barcelonesa relativizaría a posteriori.

336

La senadora habría presumido en vano, y en demasía, de sus

contactos en una justicia que jamás puede ni debe aceptar conve-

niencias personales, parcialidades o apaños dinerarios que intentan

burlar la verdad y el delito sobre el interés particular.

El informe de la fi scalía sobre el archivo interesado tras pac-

tarse indemnizaciones sustantivas entre Método 3 y las expresadas

comensales es demoledor para quienes pretenden una justicia selec-

tiva que no debe ir por barrios. El ‘interés público’ de una trama de

espías va más allá que las conveniencias privadas.

Además, Elisabet Castelló, instructora del sumario en el Juzga-

do nº 14 barcelonés, dictó un auto en el mes de julio de 2013 que re-

chaza el archivo solicitado por Alicia Sánchez y Mª Victoria Álvarez

tras pactar sendas indemnizaciones el mes anterior corroborando

que ‘no extingue la acción penal’ tras analizar los citados informes

del ministerio público dicha magistrada.

El enredo en el que se habría metido, sin ayuda de nadie, Alicia

Sánchez Camacho la ha llevado a personarse de nuevo en la causa

penal del espionaje que sufrió pocas semanas después de desistir-

se. Los vaivenes procesales de Sánchez Camacho le pasarán factura

política. El tema del espionaje que dijo sufrir no recaló en ningún

artículo del Código Penal.

Esperpéntico resulta el pacto que obtuvo Método 3 de sus ‘gra-

badas’ es que el pago de las indemnizaciones de 80.000 y 50.000

euros a Alicia y Victoria, respectivamente, lo asumen dos asegura-

doras de la exagencia que cubren contingencias sobre deslealtades

de empleados.

Pues bien, una de las aseguradoras, WR Berkley España, que

debería pagar lo pactado a las víctimas del espionaje se descolgó tras

337

conocer el pacto a través de Ignacio Mejía, su responsable de sinies-

tros y asesoría legal, recordando que la póliza recoge numerosas ex-

clusiones y que aún no recibieron notifi cación siquiera del pacto que

tan rápido se aprestaron quienes lo suscribieron a difundirlo en los

medios informativos. La otra aseguradora tenía vencida en póliza la

vigencia de las coberturas.

Lo que queda claro de lo que activó Alicia Sánchez Camacho es

adelantarse en su denuncia contra una verdadera trama que parece

un pozo sin fondo de titulares de prensa, diligencias policiales, judi-

ciales e incontables confl ictos competenciales entre mossos y CNP

por la investigación de lo concerniente a Método 3.

La tenacidad de una magistrada, Jueza Castelló, y el Fiscal Sán-

chez-Ulled para airear la única verdad del almuerzo de dos damas

en La Camarga trajo numerosas sorpresas que no se obviarán que

ya intentaron paralizar sus mismas instigadoras, Alicia Sánchez y

Victoria Álvarez.

Informes policiales y diligencias practicadas afl oran verdades

que incomodan a varios partidos y comprometen a las tramas que

surgieron para defender a los encausados de Método 3.

Pocas líneas ha merecido de la Jueza, Fiscalías, abogados y pe-

riodistas el interés objetivo de grabar esta charla de Alicia y Victoria

por parte del entorno de la todopoderosa familia Pujol, cuyos nego-

cios al margen de la legalidad tributaria centraron bastantes confe-

siones de Victoria a Alicia.

El verano de 2010, a escasos días de los comicios catalanes, a

nadie se le escapa que ciertos datos de los trapicheos de Jordi Pujol

Jr. dan juego en mítines, exclusivas periodísticas o dossieres com-

prometedores.

338

Se sabe que el primogénito del ex President no ha trabajado

mucho para lograr el capital millonario que manejaría en nombre de

su familia, cuya herencia en política se cerró en vano con la dimisión

de Oriol Pujol Ferrusola de la primera plana política al destaparse

sus negocios al amparo de su apellido y conexiones.

El Lunes 9 de Diciembre de 2013 la Audiencia de Barcelona

resuelve archivar penalmente el ‘caso ‘Camarga’ que grabó y divulgó

un almuerzo entre Alicia Sánchez y Victoria Álvarez. El perdón de

las ofendidas fue sustantivo para los magistrados.

Las denunciantes al haber aceptado ser indemnizadas y alla-

narse en la vía civil de sendas demandas que vulneraban un honor

que tenía cifras en euros aceptaron la decisión judicial. La senadora

y líder del PP catalán no encontró palabras para explicar las parado-

jas que protagonizó al escandalizarse por ser espiada para después

pactar con quienes vulneraron, presuntamente, su intimidad.

Se sabe, de otro lado, que hay diez informáticos del CNP des-

entrañando las memorias digitales ‘borradas’ por Francisco Marco

Jr. según su declaración voluntaria ante el CNP de febrero de 2013.

También se sabe que hay mucho nerviosismo entre ciertos ex-

clientes de la exagencia, confl ictos graves entre excolaboradores

demandando nóminas impagadas y planteando ‘chantajes’ (según

Marco Jr.) como es el caso del exdelegado madrileño de Método 3

en Madrid.

El cierre de Método 3 en octubre de 2012 tras liquidarse en fal-

so por Joaquín Dillet (en paradero desconocido e inhabilitado tras

protagonizar irregularidades mil y demandarlo Decenas de empresa

concursadas) especialista en tales menesteres, resucitó una telaraña

de empresas insolventes, endeudadas e instrumentales. No ha cesa-

339

do el número de demandas y denuncias contra los antiguos respon-

sables de la agencia.

Las más llamativas son las de sus exempleados a quienes no

les pagaron ni sueldos, ni despidos. Para ilustrar de esta deuda vale

la demanda del exdelegado madrileño de Método 3 Antonio Tama-

rit. Obtuvo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

(TSJC), que condena al pago de 236.969 Euros más intereses de la

liquidada Método 3 SA. Borreguero, Peribáñez, Villena y Ruiloba

aún esperan que Francisco Marco o su madre les paguen deudas que

alcanzan casi el Millón de euros. Desconocemos si la marca Método

3 podría haber incurrido en presunta insolvencia punible pues sus

antiguos directivos viven a todo trapo sin privaciones. Ex trabaja-

dores, proveedores y clientes afectados no están en las mismas cir-

cunstancias.

Misterios M3

El silencio de Marita, desde que Alicia destapó el escándalo que

asesinó su agencia, ante la opinión pública es llamativo. Su cierre, a

fi nales de 2012, no mereció comentario en prensa destacable. ‘Marita’

perdió su sueño profesional más acariciado. Su hijo es quien sigue de-

fendiéndola de los frentes abiertos tras la desaparición de la agencia.

Crecida ante las adversidades está esperando su momento. Ini-

cialmente su mensaje protector lo encarna su hijo al declarar en la po-

licía (en febrero de 2013) ciertas incidencias que intentan exculparle.

Más adelante, se difunde un extraño pacto (en junio de 2013)

entre las indicadas comensales de La Camarga y una agencia que

está ‘enterrada’ ofi cialmente. Conocemos varios comunicados a la

prensa de Marco Jr. negando todo lo que fuera menester desde el

340

verano de 2013. Cada vez tienen menos eco, porque están calados

los personajes. Es duro para Marco Jr. estar lejos de la publicidad

mediática y sentirse el centro de todo.

Se sabe que otros pactos se están instrumentando a medida que

crecen ciertas presiones policiales y judiciales sobre los residuos de

Método 3. No se conoce el destino de determinados informes cuya

valía informativa compromete en la cúpula y ni con dinero se tapa-

rían mayores escándalos, según han confesado al autor conocedores

del proceder de Método 3 mientras estuvo activa. Circulan muchas

hipótesis sobre los rescoldos de Método 3.

El patio y foro donde convergen comentarios sobre M3 ubican,

al parecer, en un piso ‘secreto’ de Barcelona y una nave de su provin-

cia los sofi sticados equipos, fi cheros y archivos con los que se hicie-

ron grabaciones aleatorias de conversaciones a través de telefonía

fi ja y móvil. Parece un disparate pero podría ser.

Ese posible y atribuido cuerpo del delito espera ser descubierto por

alguien. Mientras, tanto sólo existen ocasionales visitas de los guardia-

nes del secreto. Esas sombras pululan sobre el fantasma de Método 3.

El silencio de personas que han sido clientes importantes de la

exagencia, amistades personales de Marita y de su hijo Francisco

que les encargaron volumen de trabajo u otros clientes menos cer-

canos es algo que nadie sabe hasta cuándo persistirá.

En una Barcelona ‘detectivesca’ hay grandes interrogantes so-

bre el destino de millones de euros que habrían ingresado especial-

mente entre 2000 y 2010, época dorada de la agencia sin registrar

apenas gastos. Las propiedades inmobiliarias españolas de Marita

y su entorno familiar son un bluff al igual que las atribuidas sedes

de Método 3, fl ota y equipos de investigación, muchos prestados o

alquilados. En la bonanza hasta alquilaron un auto de alta gama a

341

Xavier Martorell durante meses, lo que evidencia la afi nidad entre

este expolítico catalán y la antigua agencia cuyos caudales daban

hasta para asumir esas facturas.

El ‘todo por la pasta’ que parece haberse practicado sin recato

alguno por estos exdetectives sitúa el grueso del capital en posibles

paraísos fi scales donde no llegará el olfato policial ni judicial espa-

ñol, al menos en una primera panorámica.

Hay noticias fi ables sobre propiedades rústicas e inmobiliarias

de Marita e hijos a través de terceros (testaferros o sociedades ins-

trumentales) en República Dominicana y Argentina, países a los que

viajan con frecuencia.

María Dolores de Cospedal, presidente manchega y

secretaria del PP, contrató a Método 3. Su marido (centro)

Ignacio López del Hierro fue espiado por otra agencia

mientras almorzaba.

En la isla caribeña Francisco Marco contrató a Julio Ortega

Tous (OBS Advisory Services) y se relaciona con el antiguo ministro

de Industria dominicano José Ramón Fandul.

Junto a Xavier Martorell, el que fuera Director General de Mé-

todo 3 habría gestionado domiciliar capitales opacos al fi sco español

342

y europeo. La concesión de una ‘zona franca’ dineraria la adjudicó el

gobierno dominicano a la familia Vicini, terratenientes y poderosos

cafeteros locales con importantes lazos entre empresarios europeos.

El elevado nivel de vida y gastos de Francisco Marco Fernández y

su madre se mantiene intacto transcurridos tres años de la bancarro-

ta ‘ofi cial’ de Método 3. Han cambiado, durante los últimos meses, de

residencia por cuestiones de seguridad personal. Acumulan inconta-

bles agraviados, facturas y nóminas impagadas de la plantilla.

Los caprichos y caros hábitos familiares se pagarían a través de

tarjetas de crédito emitidas sobre cuentas residenciadas en el Banco

Credicorp de Panamá, un conocido off-shore (paraíso fi scal) donde

este clan familiar tendría, presuntamente, millones de euros ocultos

de la Hacienda española. Un miembro del clan ‘Marita’, José Luis

Marco Llavina sería quien atesoraría los caudales fuera de España

del clan. Antes ejercía como contable ‘desde siempre’.

Quienes conocen los últimos pasos, incluso durante 2015, del

Dr. Marco Fernández le sitúan entrevistándose con antiguos y posi-

bles nuevos clientes. Hasta ha sido visto desayunando en compañía

del ex presidiario Javier de la Rosa. Poco más se sabe de los tratos

que pudiera tener con el que fuera considerado ‘empresario ejem-

plar’ por el ex President de Generalitat Jordi Pujol.

El contacto del Dr. Marco con el gremio de detectives no lo ha-

bría perdido al estar emparejado, tras divorciarse de su primera mu-

jer, con la que fuera pareja de un investigador imputado en Opera-

ción Pitiusa. Su nueva conquista no regatearía contactos personales

con su primer marido. Al parecer, quedaron cuestiones pendientes

de resolver ahora que el detective atraviesa momentos bajos.

343

Las diferencias sobre lo facturado y cobrado por Método 3 al

Barça, Generalitat, la SGAE, Maxam e incontables clientes que pa-

garían ‘en mano’, transfi rieron al extranjero o sencillamente no qui-

sieron informe -ni factura- escrito de lo grabado o escuchado, hará

complejo seguir el rastro de lo que ‘trabajó’ Método 3 sencillamente

porque no hay nada tangible que lo sustente.

Los negocios de Marita y de su hijo Francisco han sido distintos

aunque concurrentes. Eran independientes aunque no pueden en-

tenderse sin el concurso de los dos para resultar viables.

El autor publicó en las revistas Cambio 16 nº 2153 – de 20 de mayo

de 2013– y Cambio Financiero nº 54 del mismo mes y año un amplio y

documentado reportaje titulado Gran Hermano de la seguridad.

En estas publicaciones se informaba con abundante ilustración y

tono crítico sobre los efectos de la LSP patrocinada por el PP y antece-

dentes que la habrían fundamentado a juicio de nuestros gobernantes.

Sobre la exagencia Método 3 se hicieron afi rmaciones que has-

ta la fecha de publicación de este libro no han sido desmentidas,

replicadas o corregidas por los posibles afectados. Citamos un pa-

saje del trabajo por su vigencia: “en paralelo a ello hay una trama,

de excolaboradores de Método 3 y chantajistas ‘espontáneos’, que

contacta con exclientes, infl uyentes profesionales más poderosos

empresarios españoles y foráneos. Algunos no dormirían desde que

ciertas grabaciones en pisos de Barcelona tienen precio sobre lo ya

pagado. En tan turbio tema se mascan divorcios, demandas y mu-

cho miedo. Habría, entre modelos de ambos sexos, una veinteañera

exuberante recién ‘viajada’ al extranjero. La chica confi rmaría los

correos de Diego Torres (exsocio de Iñaki Undargarin en el Instituto

Noos, ONGs y otras sociedades instrumentales) sobre infi delidades.

Marita y Marco Jr. no ‘saben nada’ de un affaire que explotará”…

344

Con posterioridad a la publicación del expresado reportaje se

han constatado determinados movimientos cercanos a sumarios

donde están presentes personas ligadas al Clan que lidera ‘Marita’

desde la sombra contra Método 3.

Existirían, según hipótesis creíbles, probables presiones sobre

sus antiguos responsables, sobre quienes les defi enden y les paran

golpes en diferentes frentes abiertos para localizar a tan misteriosa

dama (‘Marita’) y una serie de grabaciones audiovisuales que ten-

drían altísimo precio por lo que pudieran comprometen a quienes

aparecen en sus fotogramas. Estas teorías no tienen desperdicio.

El pozo sin fondo que signifi ca Método 3 en cuanto a investiga-

ciones realizadas, declaradas, cobradas, pagadas, facturadas, desa-

parecidas, borradas, o ‘aparecidas’ es un misterio que este libro no

podrá desvelar por mucho que pueda aplicarse su autor y quienes

colaboraron para confi gurar el presente capítulo del trabajo.

Siguiendo con los misterios que genera Método 3 no debe ob-

viarse, como decíamos, que el pasado abril de 2013 Francisco Marco

Fernández presentó una querella más en los juzgados barceloneses.

La destina contra exempleados de la agencia que dirigía.

Tan evidente maniobra ‘vacuna’ y le defendería de futuras im-

putaciones que recaigan en su persona. Todo ello debe sumarse al

pacto que alcanzó con la senadora y líder catalana del PP Alicia Sán-

chez Camacho y su interlocutora en La Camarga Victoria Álvarez.

En esa querella riza el rizo Marco afi rmando que habría sido

espiado por Antonio Tamarit (exdelegado en Madrid de Método 3), el

agente Julián Peribáñez y su excuñado Rafael Riera. Todos estarían pa-

trocinados por el empresario Javier Tallada, según informa el delegado

catalán del digital más leído elconfi dencial.com Antonio Fernández.

345

En su crónica del 19 de julio 2013 Fernández afi rma que la que-

rella no aporta prueba alguna de tan graves acusaciones que se sus-

tanciarían sobre un dispositivo conocido como eblaster incorporado

al ordenador que Marco usó cuando era Director General de Método

3 y que fue descubierto cuando la Policía registró la sede principal

de la exagencia.

Este mecanismo copiaría los correos hacia otro predetermina-

do. Las sospechas de Marco en su querella hablan de correos fecha-

dos en el año 2010, algo llamativo pues coincide en el tiempo con el

despido de Tamarit y la grabación en La Camarga tantas veces citada.

La exagencia resucitó desde 2013 con varios nombres. Uno es

M3 Consultoría Antifraude SL. Ésta sería una de las ‘marcas’ ins-

trumentales de sus creadores aunque sería desechada para cobros

y activos desde principios de 2015 pues dicha sociedad acumularía

deudas y reclamos al considerarse por algunos acreedores sucesora

de Método 3 SA.

Bunker Detect sería la marca y sociedad que usarían ante an-

tiguos clientes de Método 3, Julián Peribáñez, Antonio Tamarit y

Gerard Acereda.

Juan Carlos Ruiloba Castilla, además de continuar su labor do-

cente universitaria, como decíamos, estaría ligado a Scientifi c Inte-

lligence Team 1. Otra ‘marca’ que surgiría de los rescoldos tecnológi-

cos de Método 3 aunque no la nombra en su publicidad ‘corporativa’

el socio Diego Trinidad Prieto.

Los exempleados de Método 3 sufrieron la liquidación de la

exagencia sin cobrar nada. Apenas se les compensó con ordenado-

res, periféricos y útiles de ofi mática al desmontarse la agencia en

octubre de 2012 y ser ‘liquidada’ por el experto Joaquín Dillet.

346

Las deudas laborales no fueron satisfechas por lo que se plan-

tearon demandas ante juzgados de lo Social. Llamativamente fue

el propio Marco quien respondió ante tan legítimas demandas con

otra por deslealtad hacia todos ellos, además de ser espiado su mó-

vil -de última generación, of course- mientras estuvo detenido tres

días en Febrero de 2013.

Esta y otras iniciativas legales sólo buscan minimizar posibles

acusaciones penales por el material investigador que sería ‘reven-

dido’ entre clientes y afectados por Método 3. La táctica de Marco

no parece obedecer a una consigna lejana de derivar culpas propias

hacia terceros que estuvieron dentro de Método 3 o tuvieran alguna

ligazón con la antigua agencia.

Según el periodista Antonio Fernández los pasos de Marco

Fernández serían seguidos por agentes del CNI para advertir sus

últimos movimientos durante 2014 y 2015 y “para tratar de conse-

guir información de una joven sobre la que Método 3 pudo haber

realizado algún informe en los últimos años y que podría aportar

información clave sobre el caso Nóos”, según Fernández publicó en

elconfi dencial.com su delegado catalán.

Circulan más misterios sobre Método 3. Hay testimonios de ex-

pertos policiales sobre lo incautado en las sedes de Método 3. Indi-

can que parte del material intervenido entraría de lleno en el Código

Penal por varios de sus artículos a cuenta de actuaciones de la exa-

gencia en Castilla La Mancha mientras fue presidida por José Bono

(1983-2004), José María Barreda (2004-2011) y María Dolores de

Cospedal (desde 2011).

Se teme que esta confi dencia se quede en eso. Los actuales regen-

tes del PP saldrían más perjudicados que benefi ciados de airearse lo

que se habría incautado en Método 3 sobre esta autonomía española.

347

Algo más comprometedor centraría el interés del celo policial.

Se estarían buscando posibles soportes audiovisuales que ligarían al

actual ministro del Interior antes de acceder al cargo acompañado

de una tercera persona, al parecer, en un balneario.

Este rumor, carente de algo tangible, confi rmaría determinados

movimientos dentro y fuera de sumarios judiciales donde aparece

Método 3. Mucho interés hay entre otros políticos del PP y mandos

policiales que actuarían a su servicio. No descartamos, llegados a

este punto, de otras muchas personas en las mismas circunstancias.

El veterano periodista Antonio Fernández contó su impresión

una mañana, el martes 16 de julio de 2013 al autor. Como confesara

Josep Jover, Fernández corroboró haber sido espiado y seguido por

agentes de Método 3.

La razón no es otra que haber publicado exclusivas que dejan

en cutre a nivel operativo lo obrado por la exagencia. Tal insolen-

cia contra los autonombrados ‘líderes mundiales de la investigación

privada’ no quedaría impune jamás es coherente con el proceder de

los ex líderes de Método 3.

Refi ere Fernández que quienes han visto informes sobre su per-

sona de Método 3 indican que están cargados de errores y falseda-

des sobre él mismo, su familia y supuestos contactos profesionales

que habría tenido con Juan de la Torre (antiguo detective del Barça

y también espiado por Método 3) y Luis Rendueles (periodista de

Interviú) a los que Fernández no habría conocido en la fecha en la

que se atribuyen tales contactos telefónicos y personales.

Lo más llamativo de lo testimoniado por Fernández es sobre

Francisco Marco. Refi ere Fernández haber sido notifi cado de cita

para un acto de conciliación judicial en la que el exdirector de Méto-

348

do 3 le exigía que revelara las fuentes en la que basaba sus acredita-

das informaciones periodísticas.

Lógicamente, la conciliación resultó ‘sin avenencia’ por razones

obvias y de mínima lógica. Pensamos que Marco contestaría igual a

cualquier investigado que le revelase quién contrató el encargo.

Quien se creía ‘Gran Hermano’ sufrió uno de los muchos chas-

cos que acusa su escasa humildad. Fernández, lógicamente indig-

nado, espera conocer el resultado de lo espiado contra su persona y

familia pues hay menores implicados.

El Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona acordó citarle ya

como perjudicado en unas diligencias secretas sobre Método 3 que

gestionan los mossos. El curtido olfato periodístico de Fernández no

descarta que estos ‘espías’ cercanos al poder que ahora nadie conoce

ni los ha visto nunca le desvelen más exclusivas y primicias de las

que jalonan su fecunda trayectoria periodística.

Pero lo sufrido por Fernández forma parte del misterio y la in-

cógnita ya que los principales medios informativos españoles han

sido ‘tocados’ por Método 3. Para ello han seguido varias técnicas.

Una consiste en regalar algún informe a algún periodista que les

interese a cambio de crónicas favorables.

Otra es amenazar con revelar algún asunto turbio y preservar el

buen nombre de la exagencia ante cualquier hostilidad. Una última

consistiría en fraguar alianza con el medio o periodista elegido para

publicitar investigaciones que les hagan más famosos.

Lo más llamativo de lo indicado es que la inmensa mayoría de

los periodistas afi nes de Método 3, los que les han hecho héroes socia-

les por encima de los innumerables trapicheos en los que estuvieron

inmersos, están ahora, muchos de ellos, sordos, mudos o ciegos cuan-

do les preguntan por Método 3 desde las primeras semanas de 2013.

349

En esa nómina, pues hubo quienes hasta cobraron en metálico

sus favores, encontramos a pesos pesados de la pluma, vacas sagra-

das del periodismo, locutores ‘líderes’ desde la plata con millones de

oyentes y presentadoras televisivas que revientan audiencias.

No obstante, sólo resta confi ar en una policía profesional que

ilumine a una autoridad judicial competente para desechar lo acce-

sorio y abordar lo sustantivo en los sumarios que deben separar el

espionaje de la legítima investigación privada.

Debe añadirse que los que manejaban Método 3, fundamen-

talmente Marita y su hijo Francisco, estarían convencidos de que

existe una conspiración galáctica de las fuerzas del mal contra su

poderío investigador e informativo.

Nótese que Marita no aparece, por el momento, en sumarios pe-

nales como imputada excepto en los que se tramitan en Madrid por

espionaje al actual presidente de aquella comunidad. También está el

hecho de que en 1995 salieron indemnes –el clan familiar al completo

de Método 3– de un grave affaire de espionaje telefónico masivo.

Marita y su hijo Francisco apuestan por repetir aquel éxito que

encima les permitió querellarse contra todos los medios informati-

vos que informaron sobre el caso. Aunque esta vez todo parece dis-

tinto demuestran con una catarata de acciones legales una ingeniosa

defensa de lo que se antoja como perfectamente infantil y primaria,

según convienen con el autor varios juristas consultados al respecto.

Francisco Horacio Marco Fernández, tras concertar con Alicia

Sánchez Camacho y Victoria Álvarez un singular pacto que acepta

el perdón de la agencia y señala a antiguos colaboradores de la

misma, se ‘salvaría’ de ese sumario penal como tiempo demostró

después.

350

Invocará incuestionablemente el contrato, validado en juzga-

dos en la jurisdicción civil, entre la exagencia y las espiadas para

minimizar las repercusiones penales que salpiquen a los exgestores

de la agencia en plazo corto.

Las culpas las derivarán a quienes dicen chantajearles para co-

brar nóminas impagadas tras quebrar la agencia gracias al ofi cio de

un profesional en falsear quiebras y amañar bancarrotas.

Nos tememos por tanto que los sumarios penales donde apare-

cen personas ligadas a Método 3 sólo descubran parte de una ver-

dad operativa cuestionable de quienes en vez de buscar clientes en

el mercado libre habrían conocido de antemano quiénes podrían ser

sus clientes. Es raro, pero factible.

Quienes estaban detrás del dinero que recaudó Método 3 son

expertos en salir airosos de situaciones complejas y sopesar decisio-

nes bajo situaciones límite.

Hoy por hoy este sería el cotidiano para Marita y su hijo Fran-

cisco. La tranquilidad con la que ven pasar los días sólo es enturbia-

da porque no son lo famosos que pensaron ser ni tener ese poderío

que alguna vez creyeron detentar entre sus manos.

También debe quedar claro al lector qué es buscar la verdad y

documentarla y por qué unos personajes sólo la excusan, la verdad,

para cobrar por humo.

Al órgano o personas que diluciden qué es delito y no en el pro-

ceder de Método 3 se invita a diseccionar si es justo que por las gol-

fadas de unos pocos paguen muchos. La mayoría de detectives sólo

trabaja para servir a sus clientes, a la verdad y la sociedad donde

viven en armonía con otros ciudadanos.

351

‘El Método’

Ese es el rimbombante título de un libro de de 586 páginas que

publicó la editorial LA ESFERA el 14 de octubre de 2013. Lo fi rma

Francisco Marco. El volumen aloja, de entrada, aspectos llamativos

que comienzan por la solapa que extracta la trayectoria de su fi rmante.

Su autor ofi cial exageraría méritos académicos. La primicia de

un libro sobre Método 3 fue compleja para LA ESFERA, editorial del

Grupo UNEDISA, al que pertenece –entre otros medios- el rotativo

EL MUNDO.

Desde la caída de ventas y publicidad la matriz mediática de

UNEDISA despidió gran parte de su plantilla, tras prejubilar a mu-

chos y recortar sueldos de los supervivientes laborales, excepto una

cúpula de directivos que conserva sueldos de ‘elegidos’. Ha sido des-

pedido hasta el fundador, Pedro J. Ramírez, quien patalea su salida

de la cabecera.

A la sonriente Elisenda Villena la detuvieron

‘Operación Pitiusa’ y el escándalo de Método 3.

Dimitió como Vicepresidente de APDPE. Ahora

se oferta como ‘compliance’ según su Linkedin.

352

Tras saltar el escándalo ‘Método 3’ a medios y opinión públi-

ca se encargó un libro a un reputado periodista -despedido de EL

MUNDO- en Marzo de 2013. El excelente informador aceptó el reto,

pero desconocía que no habría presupuesto editorial para consumar

su edición y por ende su trabajo.

Sus primeros trabajos ‘de campo’ duraron semanas. Se las pro-

metía para profundizar sobre las luces y sombras de Método 3 sabe-

dor que Francisco Marco, Marita, exempleados, clientes y acreedo-

res de la ex agencia eran huesos duros de roer para sacarles jugo que

materializara un libro ‘vendible’. La idea sería profundizar en las

misiones de la agencia para sustentar el escándalo que la rodeaba

entonces. En el mundo editorial el tiempo y la oportunidad se pagan

como platino.

El ex informador pidió a la editorial un contrato y un adelanto

para sobrellevar su situación de desempleo y los esfuerzos profesio-

nales para ultimar el volumen. Pero recibió el silencio por respuesta.

Se le sugirió, además, que no había dinero para ese proyecto a priori.

El encargo se redirigió, en Abril de 2013, entre escritores y pe-

riodistas barceloneses no cuajando al saberse que sería difícilmente

cobrable. Los ‘adelantos’ a autores en 2013 eran una sombra de lo

que fueron.

Además en el mundillo de autores y periodistas de la capital ca-

talana corría una historia que no dejaba bien a ‘Marita’ intentando

pasar a la posteridad con una ‘biografía autorizada’.

A fi nales de 2009 LA ESFERA recibe el primer capítulo de la

inédita trayectoria vital y profesional de ‘Marita’ Fernández Lado.

El enfoque sería el de la verdadera ‘Mata-Hari ibérica’. El talentoso

olfato de Ymelda Navajo, presidente de la editorial, rechazó publicar

353

la futurible obra al no verle ventas, ni ganchos, ni argumentos al

personaje por biografi ar.

Al autor del capítulo que trabajó, semanas y semanas, entrevis-

tando a la gallega le habría prometido Marita miles de euros por su

trabajo. Al rechazarse la publicación el autor de la nonata biografía no

cobró nada; ni de Marita, ni -por supuesto- de la expresada editorial.

Marita vio chafada así una operación de imagen con sus andan-

zas vitales en papel y fotos que acreditan su poderío tras el fi asco

que supuso para Método 3 no encontrar a Maddie Mc Cann aunque

lo prometió su hijo Francisco incontables veces.

Algo parecido le sucedió al inolvidable José Luis de Vilallonga.

No cobró un céntimo de la ex Miss España Tita Cervera por intentar

biografi ar ‘amablemente’ al fallecido barón Thyssen tras meses de

trabajo. ‘Heini’ arrastraba sombras germanas de la época nazi que

Vilallonga no ocultó en sus primeras páginas.

Francisco Marco, durante 2012, habría enviado un manuscrito

que novelaba casos de la agencia se cerró por quiebra aquel año a

una importante editorial con sede en Barcelona.

El texto no superó el primer fi ltro de un comité de lectura por

su nula calidad aunque fue apoyado por ‘recomendaciones’ de un

ejecutivo que conocía profesionalmente a Marco a nivel particular.

Aquella adversidad no detuvo al Doctor en Derecho tras cerrar la

agencia que hasta entonces dirigía para que el mundo supiera de sus

‘métodos’ detectivescos.

El 18 de Julio de 2013 Mónica Liberman Isod –Directora Li-

teraria de LA ESFERA- rechaza publicar este trabajo al autor. Ob-

viamente, incluye sombras y ‘heterodoxia’ de Método 3 según su

354

índice. Liberman alegó escuetamente al fi rmante que ‘…el mercado

sigue muy complicado…’.

Para esa fecha habría concertado LA ESFERA un libro pro Mé-

todo 3, no sobre la exagencia, con Francisco Marco como autor fi -

gurando así en los créditos de la obra. Liberman habría salido más

airosa de la propuesta de este autor descartando el proyecto invocan-

do, por ejemplo, que la temática del libro ya estaba contratada. No

es nada difícil ser elegante sin mentir. Un sueldo no obliga a tanto.

Explicamos estos pormenores porque El Método parece un li-

bro patrocinado (una pista: es llamativo que portada y contraporta-

da reiteran logos de Método 3), sin fotos que habitúa dicha editora y

no ser presentado en sociedad con canapé y copas para homenajear

a la concurrencia.

Apenas convocó la editora, para la presentación de El Método,

con una restringida rueda de prensa en Casa del Llibre barcelonesa

a las 11 horas del jueves 17 de octubre de 2013. A su conclusión na-

die aplaudió, ni pidió dedicatoria personal al autor de los libros que

regalaron entre los pocos periodistas que asistieron y preguntaron

sin leer la obra. Autor, familiares y editorial no obstante estaban

exultantes. Marco y los suyos regresaron a casa con el mismo chófer

que les condujo al acto.

Días después hicieron ronda de medios amigos para ‘vender’ el

libro aunque Francisco Marco no pudo evitar comprometedoras pre-

guntas de tertulianos que respondió con evasivas bajando la cabeza.

En octubre de 2013 LA ESFERA publicó ‘Cal Viva’ del subcomi-

sario José Amedo; otro con subtítulo ‘In dubio pro rico’ de la abo-

gada ‘televisiva’ Montse Suárez. En sendos volúmenes se atiza a la

355

cúpula de Interior del felipismo y jueces o Manos Limpias, Ausbanc

y el BBVA respectivamente. De esos organismos salieron mal para-

dos Amedo y Suárez. Su venganza está en librerías. Lo que empeña a

Marco publicando El Método con LA ESFERA es un evidente ‘blan-

queo de imagen’ tras ser detenido y clausurada su agencia en medio

de un gran escándalo.

‘El Método’ está, no obstante, plagado de errores, inexactitu-

des y medias verdades por usar eufemismos o buenas palabras. Esta

obra es parte de su estrategia de defensa ante los sumarios penales

en los que está implicado su autor.

El guión es manido y recurrente: se siente víctima de un com-

plot político-policial cocinado por cúpulas del PSOE y PP catalanes

(página 20). Previamente, las sedes de Método 3 en Madrid y Bar-

celona fueron visitadas para inspecciones policiales exigiendo copiar

el libro-registro donde anotaban los casos. Ello evidencia, objetiva-

mente, una vulneración del secreto que une a cliente con el detective.

Las quejas de Marco y Marita ante sus incontables amigos co-

misarios por los supuestos excesos policiales ocultaban que bastan-

tes inspecciones lo fueron por denuncias de clientes e inexactitudes

en informes; otras fueron rutinarias.

Aunque se sitúa, inicialmente, la asonada contra Método 3 en

Moncloa (página 19), Marco localiza ese supuesto delirio en Barce-

lona. No detalla si tal contubernio lo supervisaron en Washington,

el Kremlim, en el 10 de Downing Street, el plenario de ONU o ce-

náculos del Club Billdelberg, sospechado gobierno planetario en la

sombra. El faraonismo y grandilocuencia delatan al personaje en las

páginas de El Método.

La poca humildad del autor de El Método y confesa ‘autosufi -

ciencia’ le relaciona, en las páginas del libro que comentamos, sólo

356

con abogados de fuste, ejecutivos del IBEX 35, magnates, directivos

policiales, del CNI y del periodismo patrio.

La singularidad textual en formato papel intercala charlas con

su madre, hijo y pareja actual a su autor. Las posibles fantasías más

clamorosas del volumen se sitúan en operaciones de espionaje den-

tro y fuera de España sin cejar en recordarle al lector que la encerro-

na contra Método 3 privó al mundo de la ‘mejor agencia’ que llegó a

tener 150 empleados y elaboró casi 23.000 informes.

Sospechamos que el autor de El Método tendrá un Libro-Re-

gistro acorde a RSP con tantos miles de casos anotados; otro de

Matrícula visado por autoridades laborales donde se registran los

movimientos de plantilla.

Tales datos, no obstante, en el gremio de los detectives españo-

les resultarían inverosímiles. Los más deslenguados confesaron al

autor que este libro es parte de la petulancia de Marco, quien siem-

pre se consideró superior a sus colegas.

La última sede de Método 3 se allanó por orden judicial en 2013.

Se incautaron equipos y archivos que analizan aún policías.

Resultan sorprendentes, en la obra que se analiza, varios capítu-

los sin relación cronológica, diálogos con anónimos personajes más

357

la presunta revelación del secreto profesional. Se identifi can -con

nombres, apellidos y cargos- clientes, investigados y datos que un

buen detective no debe revelar por muy famoso que quiera sentirse.

Sonrojante resulta que Francisco Marco, además de revelar in-

timidades de su exagencia, se permita opinar, adjetivar y realizar

juicios de valor sobre clientes e investigados. La atalaya que usa,

pues, intentaría encima moralizar en bastantes páginas. Un detec-

tive debe llevar sus secretos a la tumba y se debe a la confi anza que

jamás defraudará de clientes y objetivos.

Otra cosa es que novele casos reales sin ser reconocibles para

el lector. Ahí tenemos los ejemplos de Raymond Chandler, Dashiell

Hammet o Joe Gores, antiguos agentes de la Pinkerton Detective

Agency. Unos y otros fi ccionaron vivencias profesionales irrecono-

cibles en la realidad tras curtirse años en tan legendaria agencia de

detectives norteamericana.

Curiosamente, advierte al lector Francisco Marco en ‘El Méto-

do’ que guarda con celo el archivo y secretos de Método 3. Cual pelí-

cula de espías, estaría a ‘…cuatrocientos kilómetros de Barcelona…’.

Sólo accede, tan exótico guardián del tesoro, en auto de alquiler para

despistar a los satélites, policías y espías que siempre –dice dicho

escritor- le persiguen. Paradójicamente, se afi rma en El Método que

destruyó sus archivos para proteger el sagrado secreto profesional.

Leer para creer. Ha denunciado en sede policial justo lo contrario.

Las citas de noticias periodísticas en ‘El Método’ las saca de

contexto su autor errando fechas. Un ejemplo: Un reportaje sobre

Operación Pitusa lo publicó este autor en Cambio 16 nº 2109 del 31

de mayo de 2012. En El Método se fecha el 2 de Junio de 2010 (Pá-

gina 137), cuando Jorge Fernández, el Ministro que aireó y aprobó

la redada, ni portaba la cartera de Interior. La incidencia la cuenta

358

Marco para presumir de su amistad con Alberto, un hermano caria-

contecido y menos religioso que Jorge.

La detención de Marco junto a los últimos empleados de Mé-

todo 3 (Villena, Borreguero y Peribáñez) lo considera un tema de

estado y de injusticia planetaria.

Se tramó, según se argumenta, entre policías y políticos que

‘odian’ a Método 3. Las probables fi jaciones de Marco tienen amplio

hueco en su obra pro Método 3: Alicia Sánchez, el policía-espía y

falso detective Villarejo, el exguardia civil-periodista José Luis Cer-

vero más sus colegas de La Vanguardia y Antonio Fernández, em-

presarios catalanistas y quienes ‘abandonaron’ la mejor agencia de

la historia de España, según da a entender su último director.

Las iras textuales de Marco se dirigen contra los diablos indi-

cados más la familia Pujol y entorno empresarial, profesionales e

inversores que pululan por la multimedia Intereconomía (Javier Ta-

llada, Expósito, Horcajo…).

Curiosamente, días antes de lanzarse El Método una detective,

Maite Francés (imputada en Operación Pitiusa), denunció en una

TV de Intereconomía, programa ‘El Gato al agua’, las detenciones

del caso Método 3 aunque remató que a Marco Fernández le consi-

dera un ‘garbanzo negro’ del ofi cio.

La extraña comparecencia televisiva de la veterana detective

dejó estupefactos a los tertulianos del programa. Boquiabiertos, no

sabían qué vindicaba esa dama ni a quién benefi ciaba.

Las páginas de El Método discurren entre visitas del Dr. Mar-

co a hoteles y restaurantes de lujo, abraza y come con potentados,

abogados, periodistas y altos funcionarios. NO esperábamos menos

algunos lectores.

359

Parece molestarle, a Marco, no ser reconocido por la extenista

Arantxa Sánchez Vicario (página 426) a cuyo marido investigó por

cuenta de sus padres, según impropias revelaciones de un secreto que

todo profesional debe proteger. La –probable- razón: ‘…mi imagen

siempre ha sido la cara visible de método 3’… Algo parecido le sucedió

a este ‘líder social’ con el expresidente de Barça Joan Laporta.

La cosa se compensa para Marco cerca de los intelectuales que

germinaron Ciutadans, compartir mantel con Soraya Sáenz de San-

tamaría en época previa a ser Vicepresidente, Federico Trillo (ex

ministro, presidente del congreso y embajador del PP).Y fuera de

España, con supuestos y teóricos ex mandos de la CIA y KGB que,

según Marco, le introdujeron en ‘The Team’.

Al escribir de Marco es una élite de espías contra mafi as in-

ternacionales. Todas esas mieles y contactos celestiales se fueron

al traste con su fatídica detención que debería lamentar el género

humano si seguimos las entendederas imaginables en ‘El Método’

de la mano de su autor.

Como tantos que se creen ombligo mundial Marco cita nexos

con la masonería (patético resulta su relato investigando una logia

cual ‘iniciado’ para identifi car a un miembro; preferimos relatos de

su iniciación a la ‘fraternidad’ del escritor Antonio Machado y los

políticos Manuel Azaña o Diego Martínez Barrio), servicios secretos

y otros delicados asuntos a sabiendas que jamás le desmentirá la

contraparte por obvias razones. La técnica es similar a la de relatar

testimonios de fallecidos sin hijos o sobrinos. Jamás los replicarán.

El viernes 18 de octubre 2013 recoge el rotativo El Mundo una

noticia de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta que relacionamos a la

publicación de El Método. Entre El Mundo y Método 3 los vínculos

fueron comerciales, profesionales y de fi ltración.

360

Sintéticamente, la noticia explica que el hijo de Alicia Sánchez

Camacho, que presumió de ser madre soltera en declaraciones me-

diáticas, al igual que la presidente castellanomanchega María Dolo-

res de Cospedal, tiene un padre. Se llama Manuel Pimentel y fue un

fugaz Ministro de José María Aznar, amén de reputado ingeniero,

empresario y editor.

El día siguiente un extenso reportaje en El Mundo de Beatriz

Miranda y Silvia Taulés detalla por qué reveló su secreto íntimo la

política catalana. Leyendo entre líneas imaginamos cosas en tan ex-

celente pieza, pero a las claras se afi rma ‘…Paco Marco hace res-

ponsable a Sánchez-Camacho de la detención de él y su equipo y de

la quiebra de su agencia ya que fue la propia Alicia quien les de-

nunció por espionaje…’. Se añade que ‘…Alicia decidió contarlo [su

evidente intimidad de mujer y madre] ante el temor de que Método

3 fi ltrara esa información sensible para perjudicarla…’.

Propio de un detective engreído es la carta de Marco al Jefe

policial catalán del 2 de Julio 2012 quejándose de fi ltraciones que

le afectan en Operación Pitiusa tras reiterar que no le pillaron apro-

vechando para ‘ ….expresarte mi más expreso deseo de conocerte

personalmente tal y como siempre he hecho con sus predecesores

en el cargo y así poder felicitarle por su labor de forma directa…’.

La misiva se une al apéndice del libro que comentamos.

El comisario, como no podía ser de otra manera y educadamen-

te, agradece la misiva del Doctor en Derecho, lamenta molestias y le

remite a actuaciones judiciales lo concerniente a la Pitiusa. Es decir,

manda a hacer gárgaras la entrevista personal que solicita un indi-

viduo de escasa modestia.

Como El Método ofi cia de ofi cioso manual de memoria selecti-

va, hechos contados según óptica particular y probable paroxismo

361

de la arrogancia conviene constatar que Elisenda Villena, Jefe de

servicios de Método 3, fue detenida y aparece imputada en sumario

de Operación Pitiusa al ser cliente de Tomás Ripoll.

Sospechamos que su relación con esa trama criminalizada lo era

para obtener datos en benefi cio de Método 3. Por ello, reiterar que

Método 3 nada tiene que ver con Pitiusa es brindar al sol. Villena pe-

diría datos protegidos para clientes de la agencia donde era directiva.

Según convienen exempleados y directivos de Método 3, esta

redada y la crisis que arrastra España desde fi nales de la primera

década de los 2000 entrañaron el principio del fi n de Método 3, y

no cuando Alicia Sánchez optó denunciar una grabación en la que

aparece como interlocutora a principios de 2013.

Otro Apéndice de El Método incluye el Informe policial sobre

fi nanciación de CDC (Caso Palau) que se aireó antes de las últimas

elecciones catalanas en prensa. La función de rellenar páginas se

confi rma con otros documentos que impulsa el ahora presidente

madrileño Ignacio González, otra ‘bestia negra’ de Marco Fernández.

La razón estribaría en que a Marco le persigue judicialmente

González y esta obra que comentamos supone una respuesta similar

a la que endilga a la líder del PP catalán. Otro demonio del ex detec-

tive se aparecería en esta obra.

Lo último que merece la pena destacar de El Método es lo que

no encontramos en sus páginas. Esa ‘inteligencia’ es más signifi cati-

va que lo escrito en la obra que analizamos.

Sólo se cita un artículo de 1995 en el que aparece Joaquín T.,

antiguo e infl uyente agente del CESID (hoy CNI) cuya colaboración

con una red de escuchas ilegales llevó a calabozos a la entonces cú-

pula de Método 3. Joaquín T., aunque no fue imputado en la trama,

362

podría no haber estado lejos del negocio que organizaron Marita y

los suyos con cintas de audio.

Antonio J., un ex policía antidroga barcelonés, es otro persona-

je que brilla por su ausencia en El Método. Colaboró durante años

con la exagencia mientras fue apartado por vincularse al robo de

un contenedor con 500 kilos de cocaína en la zona franca. De tales

hechos fue fi nalmente absuelto.

Mucho más llamativo es que no cite Francisco Marco en El Mé-

todo a Juan Carlos Ruiloba Castilla. Fichado, como escribíamos en

párrafos previos, a bombo y platillo en 2010 por Método 3 para di-

rigir E-Probatio, uno de los distintivos de la ex agencia. Ruiloba es

un acreditado informático policial cuya prematura baja en el cuerpo

causó comentarios. Conocía a Marco de antes y ha colaborado, como

probo justiciable, con la policía y juzgados en el ‘caso Método 3’.

Marco le adeudaría nóminas pero habría un pacto de silencio en-

tre ambas personas por lo que pudiera ‘saber de más’ este expolicía.

El Lunes 18 de Noviembre de 2013 en la página 61 del nº 2174

del semanario Cambio 16 publica el autor una reseña sobre ‘El Mé-

todo’ que titula ¡Qué método! Una primicia del artículo fue enviada

el viernes anterior a la editorial LA ESFERA y el Sr. Marco. De in-

mediato, como acostumbra este Doctor en Derecho para lustrar su

condición académica, envió al autor un correo amenazante: ‘…He

enviado el artículo, junto con los anteriores, a los abogados para

que inicien los trámites para interponerte una querella por un de-

lito continuado de injurias y calumnias… Y esperaré a leer el libro

y querellarme nuevamente, si vuelves a mentir…’.

Es decir, dos querellas se barajan en el texto del Dr. Marco.

Hasta 2015 no registra requerimiento judicial de Barcelona el au-

363

tor ni ningún otro instado o denunciado por el Dr. Marco. Añadir

que desapareció casualmente una carpeta del ordenador del autor a

fi nales de 2013 cuando intercambió correos electrónicos con el Dr.

Marco; copias de seguridad solventaron el tema sin más.

El único afán que movió a quien escribe éstas líneas no fue otro

que recabar la versión del que fuera Director de Método 3 sobre un

cuestionario del que le pidió respuesta previa revisión por su ‘equi-

po de abogados’, según condicionó.

Esta obra, consecuentemente, se alumbra ‘contaminada’ por el

Dr. Marco Fernández. Sabedor que sus recursos dramáticos y reite-

radas estrategias de legítima defensa que difuminan responsabilida-

des propias endilgándosela a terceros. Es llamativo que los correos

previos y posteriores del Sr. Marco al autor de estas líneas reiteran

una ‘inquina’ que todos le profesan para explicar las adversidades

que no ponderan su ego superlativo.

El fi rmante ha concretado que estos correos más llamadas, en

igual tono coercitivo, lo han recibido incontables personas que aún

no salen de su perplejidad por tan rechazable política ‘defensiva’.

Parte de la misma incluye dar por imputados personas que le

han perjudicado (difusores de lista de Informes de Método 3, ex

empleados, clientes, proveedores y policías adversos, etc…) que ni

fueron denunciados, ni querellados siquiera.

El periodista Jaume Reixach, director de EL TRIANGLE (publi-

cación que dio la primicia del listado de 169 informes de Método 3 en

febrero de 2013) respondió, por ejemplo, al autor, que no le fue notifi ca-

da una querella o denuncia patrocinada por el Sr. Marco.

Sin embargo el expresado Doctor en Derecho afi rma tenerlo

imputado en procedimiento penal por presunta revelación de secre-

364

tos. Rememoraremos una máxima cierta: la mentira tiene las patas

muy cortas. Joseph Goebbels acuñó que, [la mentira] repetida mil

veces, se transforma en una verdad.

La Cortina de Humo

Portada del libro ‘Cortina de Humo’ que escribieron dos despedidos de Mé-

todo 3. En noviembre de 2014 la obra fue secuestrada judicialmente y a sus

autores se les prohibió divulgar su contenido.

365

La Ley de Murphy no está publicada en ninguna Gaceta ofi cial

del globo terráqueo. Nadie, pues, conoce su articulado. Pero el decir

popular le endilga textos y frases que explican los infortunios.

En esta obra intentamos demostrar la orfandad de los detecti-

ves españoles con palabras de un escritor, mejor un juntaletras, no

profesional. Se detallan –sobre los detectives- otras carencias, obs-

táculos, maldades, ninguneos y demás tópicos negativos que recaen

sobre los investigadores patrios.

También se explican, sustentándose en normas represoras -de

1951 al 2014-, casos vívidos, redadas (Operación Pitiusa) y escánda-

los (Método 3) que entrañan mala praxis y cómo la desgracia más la

crisis global atenazan al detective.

Pensaba, pues, este autor que lo sombrío aparcaría, cesaría.

Desistiría de cebarse más con el detective español. Pero los duendes

son infi nitos, como la estupidez humana en palabras de Albert Eins-

tein igualándola con el fi rmamento.

Tras ‘El Método’, de Francisco Horacio Marco Fernández,

irrumpe otro libro, ‘La Cortina de Humo’, que fi rman dos ex directi-

vos de Método 3. La improcedencia de difundir lo secreto subiéndo-

se al podio del ego superlativo para esquivar imputaciones explica

‘El Método’; jamás debió publicarse.

Francisco Marco es veterano, y experto, en tapar vergüenzas

dentro y fuera de juzgados. El resultado se conoce: gana, ingenio-

samente, batallas pero sus colegas, él y su familia pierden todas las

guerras. El problema es que el hombre, con tantos títulos académi-

cos, libros, artículos doctrinales publicados y contactos en la cúpula

del mundo no avizora el ridículo que hace.

366

Ley de Murphy, coloquialmente, formula que lo que va mal

puede ir peor. ‘La Cortina de Humo’ es de peor factura que ‘El Mé-

todo’. Sus autores son Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, Director

del Departamento Internacional y Delegado en Madrid de Método 3

hasta su desaparición en 2012 y 2010 respectivamente.

El Lunes 3 de noviembre de 2014 varios digitales españoles y

portales de librerías anunciaban la distribución de tal obra. Su sub-

título merece mención: ‘las explosivas investigaciones de los detec-

tives Peribáñez y Tamarit (desvinculados de Método 3) sobre la im-

pune corrupción en España’.

La portada del libro incluye aureola de humo sobre fi gura hu-

mana que porta maletín. Ahí se anticipa el índice del volumen:

• La interesada fi ltración a los medios de la grabación de La

Camarga

• Novedades en el caso Gürtel

• El expolio de la caja del F.C. Barcelona

• La infame estafa a la Fundación Madeleine Mc. Cann

• Jordi Pujol Ferrusola

• Los Hermanos Puig

• Los Mortadelos

• Espionaje en la Comunidad de Madrid

• Pactos de silencio. Auge y Caída de Método 3

Lógicamente, este autor, para enriquecer el Capítulo se intere-

só por el volumen. Sabía que sus autores son acreedores de la liqui-

dada Método 3 SA por casi 600.000 euros y ser despedidos.

367

Pero el martes 4 de Noviembre 2014 se ejecuta Auto del Juzgado

de Primera Instancia nº 39 de Barcelona fechado el 30 de Octubre.

Ordena la retirada de ejemplares en librerías del volumen. Cómo no,

Francisco Marco habría interesado en vano dos veces que no se dis-

tribuyera la obra meses atrás. La adversidad no le amilanó. Le sospe-

chamos de los nervios. Dos de sus demonios le fastidian su tesis sobre

dogmas de Método 3 que él aireó en ’El Método’ justo un año antes.

En los créditos de ‘La Cortina de Humo’ (página 2) se indica

que la obra se imprimió en Agosto 2014 por la editorial barcelonesa

Corre la Voz-Star Price. La orden judicial se ejecutó el 4 de Noviem-

bre cuando ya se distribuyó por toda España e Internet.

Marco obtuvo aquel Auto instándolo su abogado Francisco Ja-

vier Márquez, pero tendría que depositar o avalar 20.000 euros su

demanda de prohibir la lectura de ‘La Cortina de Humo’ tras el se-

cuestro judicial. La razón: Peribáñez y Tamarit difunden datos que

conocieron mientras trabajaron para Método 3 cuando les alcanza-

ba un contrato de confi dencialidad. El secreto profesional es exigi-

ble y está regulado por Artículo 50.1 de LSP.

Pero la venganza, dicen, juega fuerte y en frío. Francisco

Marco hizo caja exculpándose en el ‘El Método’. Tamarit y Peribá-

ñez calcan tan impropio proceder divulgando secretos de detectives.

Estamos, pues, ante una guerra total.

Volvamos a la Ley de Murphy. Tras ‘El Método’ el más cocham-

broso ventilador de la investigación privada española esparce ‘La

Cortina de Humo’. Este autor no sabe si viola leyes comprando en

una librería esta obra. Tampoco sabe, por lego en temas jurídicos, si

está prohibido o es delito leer una obra sobre la que hay decretado

un cautelar secuestro judicial decretado por un juez civil en pleno

siglo XXI.

368

Márquez, Letrado de Marco, no paró la segunda semana de no-

viembre de 2014 de requerir a medios informativos que divulgar el

contenido de ‘Cortina de Humo’ podría entrañar quebrantamiento

de la resolución judicial. Tal Abogado, que podría estar entre los

cien que ha usado Marco en su fecunda vida, amenaza a los medios.

Pero la historia suena a una conducta coercitiva pues la medida

judicial es provisional y supeditada al pago de 20.000 euros y de

costas procesales por si Marco pierde este pleito, repetimos civil,

donde se ventila la posible vulneración de una ley administrativa.

No nos enfrentamos a un sumario penal por revelación de secretos,

calumnias o injurias graves con publicidad.

No obstante aclarar que la versión del dúo Tamarit & Peribáñez

sobre la ‘…impune corrupción en España…’ es patética. Sonroja leer

un índice que nada tiene que ver con la portada-gancho. Un editor,

anónimo, prologa la obra e inducen sus palabras a pensar que no la

leyó. La lectura de la obra promete.

El Dr. Marco no tiene nada que temer. ‘La Cortina de Humo’ no

revela nada que no se sepa, ni se imagine, ni conmueve los cimien-

tos insondables del alma de Método 3. Nos tememos que los 20.000

euros que depositaría como caución el Dr. Marco para materializar

el Auto de secuestrar provisionarán deudas laborales de Método 3

SA sobre Tamarit y Peribáñez. El genio de jurista de Marco le explo-

tó en las manos. Callar, como sea, al ingrato sirviente que denuncia

tropelías del amo tiene riesgos.

Escribir de ‘La Cortina de Humo’ es surrealista. Creíamos que

la censura franquista desapareció. Pero baste decir que si tan mal

se hacía en Método 3 por qué se denuncia mala praxis años des-

pués de su desvinculación. Resulta más valiente hacerlo dentro de

la agencia. Pasa igual con altos cargos o militares que al jubilarse de-

369

nuncian atropellos que aprobaron cuando trabajaban. Al cabo, éste

dúo quiere vacunarse también ante sumarios que les vinculan con lo

más sombrío de la investigación privada.

Vayamos al grano. Tamarit y Peribáñez desvelan secretos de

agencia como si se pasaran un micrófono ante un inminente Apoca-

lipsis y excesos de su ex jefe. Ellos merecen reverencia, respeto. El

resto de la humanidad viviría, pues, en la inopia.

Resumimos el cotilleo de estos sujetos: Tamarit y Peribáñez son

abanderados anticorrupción que la abren en canal, en La Camarga

nada pasó como se ha contado, diseccionan cómo engañó Método 3

al abogado de los Mc Cann y cómo fueron impunes otros imitadores

hurtándose la salvífi ca receta de Peribáñez & Tamarit, EL MUNDO

–en la era Pedro J.- era cliente y fi ltrador de mentiras originadas

en Método 3, Martorell era ‘de la casa’ con coche puesto. Se ultima

todo detallando maniobras de Marco Fernández para exculparse

derivando todo al dúo citado.

Más que impropio es que Tamarit y Peribáñez publiquen docu-

mentos ajenos, relaten parcialidades clamorosas que, al parecer, no

encontraron postor antes de decidirse a publicar ‘La Cortina de Humo’.

Aunque sorprendente pero cierto el libro oculta más que cuen-

ta. Decepciona a quien quiera profundizar en las entretelas de Mé-

todo 3 desde el prisma de dos antiguos directivos infi eles a la marca

fusilada. Para descalifi car a Marco se inmolan como segundones,

visibilizándose un despecho que envidia a cornudos.

Este autor sospecha que las actuaciones judiciales (civiles, ad-

ministrativas y penales) no se ceñirán a las que se crucen los au-

tores de este libro con el Dr. Marco Fernández, a quien Tamarit y

Peribáñez tildan como autor de las ingeniosas ‘Paquitadas’ (endilgar

culpas propias; o presumir de actos ajenos).

370

Capítulo 5

Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en or-

den. Poner las cosas en orden siempre signifi ca

poner las cosas bajo su control

Denis Diderot

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA 5/2014

1º. ANÁLISIS DEL ARTICULADO SOBRE DETECTIVES

El 12 de abril de 2013, tras ofi ciosos anuncios previos, el minis-

tro del Interior Jorge Fernández Díaz presenta la norma tras concluir

el Consejo de Ministros de ese viernes en el complejo de Moncloa.

Le acompañan, en la tribuna, la vicepresidente del Gobierno, So-

raya Sáez de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Mon-

toro. Este político es diputado ‘cunero’ por Sevilla y perceptor, entre

otros emolumentos ofi ciales de mayor cuantía, de 1.826.86 Euros/

mes netos como complemento por ‘teóricos’ desplazamientos hasta

Madrid, capital donde vive y posee nada menos que 3 inmuebles.

La nota ofi cial de Interior recalca en titulares sobre el ante-

proyecto que “la nueva Ley de Seguridad Privada será más estricta

y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios”. Las

palabras del ministro acentuaron que intenta –dicha norma– crear

empleo, recolocar escoltas e “incorporar el principio de complemen-

tariedad entre la seguridad privada y la pública”.

371

La confesa aversión a los investigadores privados del ministro

Fernández añade que la nueva LSP “aumenta los controles sobre

los detectives”. Verbaliza, para justifi car actuaciones legales contra

los investigadores privados, que se trata de evitar casos como los

desvelados tras la Operación Pitiusa y el espionaje que protagoniza

la agencia Método 3.

En cuanto a la seguridad privada, fuentes ministeriales lanzan

un dossier en el que apuestan por regular “uno de los sectores con

mayor auge” que facturó 3.600 millones de euros y sus 1.500 empre-

sas emplearon a casi 90.000 personas en 2011 (colectivos de seguri-

dad privada hablan, sin embargo, de 207.212 vigilantes habilitados.

Algunos menos de los 243.580 efectivos de la seguridad pública).

La Ley de Seguridad Privada de 2014 impulsada por el

PP favorece a los empresarios otorgándoles más potes-

tades a los vigilantes

En Interior, donde hay incontables expertos de estadísticas y

números de los que se obvian fuentes o metodología, para justifi car

la nueva LSP indican que las ratios policía-ciudadano españoles por

372

cada 100.000 habitantes son de los porcentajes más altos de Euro-

pa: 528. La media en la UE es de 385.

Todo ello conduce a excusar que la ratio española de vigilan-

tes privados en Europa es de las más bajas: 200 por cada 100.000

habitantes. En Europa es de 271. Otro objetivo es actualizar la LSP

de 1992 y crear un nuevo Registro de personal al servicio de la se-

guridad privada que, llamativamente, existe aunque disgregado en

diferentes órganos del Ministerio de Interior.

Al difundirse el texto entre medios, sindicatos, patronales y de-

tectives las reacciones al anteproyecto de ésta LSP no se hicieron

esperar. Las más adversas provienen del CSIF (acrónimo de Confe-

deración Sindical Independiente de Funcionarios), sindicato mayo-

ritario entre empleados públicos, que critican específi camente que

se privaticen servicios de vigilancia y custodia en establecimientos

penitenciarios.

El resto de sindicatos (UGT, CCOO, USO, ELA-STV) coinciden

en que esta Ley confi rma la precariedad laboral de los trabajadores

de la seguridad privada. No cabe pensar otra cosa de su texto tal y

como está aprobado.

Los guardas jurados, además de protestar por el irrespetuoso

tratamiento que tienen sus funciones, alegan contundentemente

contra la nueva LSP. El silencio de la patronal del sector ante su

nuevo marco legal es todo un mensaje. El texto acoge todas sus

propuestas al poder, visibilizado por la mayoría absoluta del PP en

Congreso y Senado.

Evidentemente ese rodillo evitará contratiempos a los empren-

dedores del empleo eventual y mal pagado. Portavoces en la Gene-

ralitat catalana, por su parte, piden que una nueva LSP que no inva-

373

da competencias tras los confl ictos existentes entre mossos y el CNP

más Guardia Civil destinados en aquella comunidad.

Los foros en la red de empleados de la seguridad pública y pri-

vada arden con comentarios en contra de la norma que presentó el

ministro. Pero son brindis al sol que hasta tiene prevista la potente

patronal de la seguridad privada española.

En cuanto a los detectives privados, sabida la posible fi jación

con que les distingue el ministro Jorge Fernández, esta LSP entra-

ñaría el nicho que se excava para su futuro funeral. No caben otras

interpretaciones. Y las explicaremos convenientemente.

Las protestas, puesto que una huelga u otras medidas reivindi-

cativas serían ‘impensables’ en un colectivo fragmentado por perso-

nalismos, colectivos minoritarios y colegios territoriales en Catalu-

ña, Comunidad de Valencia y Galicia logran la unanimidad que ni

sus sucesivos líderes a lo largo de la historia soñaron.

Los detectives presentan alegaciones a esta LSP unidos, sin fi -

suras que maticen posturas, ideologías y provincianismos. Tan gra-

ta noticia la suscriben dos colectivos estatales (APNDP y APDPE),

los Colegios Ofi ciales de Galicia, Valencia y Cataluña más el princi-

pal grupo empresarial (AEDP).

El autor entiende que merecen capítulos y comentarios separa-

dos el texto del anteproyecto de LSP de 2013 y las alegaciones que

presentan los detectives.

Los 75 folios de su texto merecieron varios meses de reuniones

y deliberaciones de altos funcionarios de Interior. Las Comisiones

Mixtas con colectivos de seguridad privada recogieron algunas, sólo

algunas, propuestas del sector.

374

Las de los detectives fueron también recibidas pero ninguna

palabra del Anteproyecto recoge tales alegaciones. Finalmente se

puede decir que no fueron ni oídas las vindicaciones de los investi-

gadores privados.

La realidad es que tampoco fueron respetados los detectives en

un texto que nos atrevemos a escribir que no lo fi rmaría ni el mis-

mísimo Torquemada por lo inquisidor de su articulado, ni los más

rancios del franquismo por la censura a priori que se establece al

sabueso patrio.

Comenzaremos a desmenuzar esta Ley por su exposición de

motivos que la justifi ca a juicio de los dirigentes del PP en el Minis-

terio del Interior.

Entiende el legislador que la seguridad es un valor social, ade-

más de jurídico, político y normativo. Este valor centra la base de

la libertad e igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los indivi-

duos. Empezamos bien.

Al menos con muy buenas palabras emblemáticas en las que el

ejecutivo pondera el bien común -teórico- sobre el interés empresa-

rial de la seguridad privada.

Según el anteproyecto, los “últimos años se han producido con-

siderables avances en la consideración ciudadana” de la seguridad

privada. Prosigue afi rmándose que la LSP vigente desde 1992 es dis-

persa, caduca, de “orientación preconstitucional” (sic) –la concibie-

ron legisladores ‘progresistas’ socialistas–.

Llegados a este punto recordemos un dato. Uno de los juristas

de LSP del PSOE, el Prof. Moreno Catena -Catedrático de Derecho

Procesal en Madrid- oculta en el portal de su bufete su paso por In-

terior siendo Ministro Corcuera.

375

Pues bien, el PSOE de mayorías absolutas no desactivó el rodi-

llo aplastando disensos, a opositores y minorías parlamentarias. Su

LSP careció de la incorporación tecnológica y sugerencias autonó-

micas y comunitarias. Insinuó en su LSP el PSOE que la seguridad

privada pasa de subordinada a complementaria de la seguridad pú-

blica. Esa es la tesis que acoge el PP en 2014.

En cuanto a los detectives aparecen tímidamente en el texto,

casi siempre para ser actores de los peores empeños que merecen

cautelas, duros castigos y en un contexto legal, la seguridad privada,

en el que nadie sabe por qué les metieron nuestros legisladores des-

de 1992 con la primera LSP y se reitera en 2014.

El artículo 2, que defi ne los conceptos sobre los que bascula esta

LSP, considera los despachos de detectives privados en el apartado

11, el antepenúltimo del artículo, como “las ofi cinas constituidas por

detectives privados que prestan servicios de investigación privada”.

El apellido ‘privado’ se repite demasiado en una Ley que suscri-

ben servidores públicos o juristas contratados al efecto. El artículo 5

vuelve a dejar en último lugar a los detectives, apartado ‘h’, en epí-

grafe de actividades de seguridad privada ‘la investigación privada

en relación apersonas, hechos y delitos sólo perseguibles a instancia

de parte’.

Unos artículos posteriores, en el 9, epígrafe 3 se obliga a los de-

tectives a ‘…la comunicación de contratos de servicios de investigación

privada contendrá exclusivamente los datos necesarios para identifi -

car a las partes contratantes excluidos los de carácter personal...’.

No hace falta extenderse demasiado para pensar que cualquier

interesado en contratar a un detective lo deseche ipso facto. Una de

las premisas operativas del detective es el secreto de su función, la

376

confi dencialidad de sus relaciones con el cliente y el deber de no re-

velar secretos a los que en otras normas y en la misma LSP se obliga

a su guarda.

De confesarse antes de ser elaborado un informe o una investi-

gación quién es el cliente aunque sea con datos extra personales, y

que este lo supiera, nadie en su sano juicio contrataría a un detecti-

ve. Revelar secreto antes de deber guardarse es, encima, chirriante.

Un ejemplo ilustrativo podríamos sintetizarlo en el hecho de

que si antes de contarle un secretillo a un niño lo pregonamos al

vecindario nos preguntamos, a continuación: ¿qué obligación tiene

de guardarlo el menor?

El artículo 11 es muy extenso pero se centra en la creación del

Registro Nacional de Seguridad Privada, sin perjuicio de los que se

creen a nivel autonómico. Baste decir que serán públicos los datos

de empresas y detectives, sedes, nombres completos y un largo etcé-

tera que comprende sanciones de Interior, habilitaciones vigentes,

etc… en caso de incumplimiento.

Sólo comentar que esta paradoja es de las que nos hace pre-

guntarnos en manos de quién estamos. Si la seguridad pública la

prestan empleados a los que se identifi ca en documentos ofi ciales,

juzgados, les ocultan sus teléfonos y matrículas bajo unas claves al-

fanuméricas, por qué a los detectives y demás personal de seguridad

privada les exponen su identidad en tablones públicos. ¿Tendrá al-

guna incompatibilidad nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos

(LOPD) o actuar de ofi cio una AEPD (Agencia Española de Protec-

ción de datos) a veces ciega, muda y sorda complaciendo al poder

que paga las nóminas de sus empleados y directivos?

377

De consumarse este desafuero de compleja tolerancia se ponen

en peligro no sólo la integridad física del detective por los nume-

rosos contrincantes y hostilidades que entraña su profesión en los

últimos tiempos.

También sirve este Registro Nacional para ubicar dianas donde

dirigir dardos. Nos preguntamos por qué no se hace otro Registro

Nacional expuesto al público de políticos corruptos, de economistas

que arruinan a inversores, de médicos negligentes, de fontaneros

atracadores o de abogados desvergonzados, por citar sólo algunos

ejemplos. Parece paradójico que tanta repetición del concepto segu-

ridad haga aguas sobre corsés que intentan sustentarlo lógicamente.

El tema de registrar para Interior es normal, guardar y exponer

información es un tesoro, pero los riesgos que entrañan sus custo-

dios los padecemos todos.

Las competencias del Estado y de las autonomías, poder san-

cionador, facultades ofi ciales agotan el Capítulo II del Título Preli-

minar en la nueva LSP.

El artículo 14 (Título I) que escribe sobre colaboración profe-

sional nada relata sobre la realidad que afecta a los detectives. Se les

pide y regalan casos a la seguridad pública. El retorno tiene inconta-

bles obstáculos. Esa colaboración no es correspondida.

La LSP lo ratifi ca excusándose en preceptos legales o norma-

tivas vigentes. En el fondo se ningunea al detective a quien se le

considera subordinado y servil de la seguridad pública, con la que,

no nos engañemos, nada tiene que ver operativamente.

Con respecto al intercambio de información (artículo 15) es

más de lo mismo. El detective acaba trabajando de buscavidas a be-

nefi cio ajeno en este sentido. Ningún estatus de reciprocidad le am-

378

para tras colaborar gratis pensando en la mutualidad que emanaría

de la mínima lógica aplicable.

Que les expliquen todo esto a los numerosos investigadores

encartados por Operación Pitiusa. Muchos, sorprendentemente,

fueron condecorados por Interior tras cederles ‘gratis total’ dossiers

que investigaron y documentaron ilícitos o tramas. En el operativo

indicado fueron tratados como vulgares delincuentes en calabozos,

calumniados en interrogatorios y en declaraciones públicas del mi-

nistro o mandos policiales.

El Capítulo II del Título II se dedica a los despachos de detecti-

ves privados. El artículo 24 indica que los detectives pueden operar

individualmente o mediante sociedades participadas íntegramente

por titulares de licencia.

Sin embargo, a las empresas de seguridad se le admiten todas

las fórmulas societarias no siendo indispensable que la integren ex-

clusivamente personal de seguridad habilitado. Los agravios entre

detectives y sus colegas de la seguridad privada existen dentro de la

misma Ley.

El apartado 2 del mencionado artículo merece detenimiento.

Obliga a inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada don-

de nuevamente se vulnerará la intimidad del detective ante el público.

Deberán desarrollar actividades singulares ya asumidas por la

LSP de 1992 para los investigadores privados que no reiteramos y

que podrán operar también las empresas de seguridad.

Es decir, se lucha con el intrusismo ofi cialmente en esta LSP

y se regulariza legalmente en la misma norma. Se exige grado o di-

plomatura universitaria para obtener habilitación de detective (más

otros requisitos similares de acceso a la función pública) Más agra-

379

vios para los castigados y sufridos detectives en esta norma que les

sepulta en vida y contra su voluntad.

No todo serán críticas de esta LSP por tan humilde autor. El

apartado tercero del artículo 24-‘c‘ obliga a “fi jar un domicilio como

sede física del despacho…” de detective. Ahí “se llevará el Libro-Re-

gistro (se anotan clientes y objetivos desde la orden de 1951) y se en-

contrará el archivo de expedientes de contratación y de los informes

de investigación y vigilancia”.

Está muy bien esta determinación. Haremos autocrítica por-

que ser detective no es sinónimo de tener patente de corso. Ojalá

ese precepto ponga a buen recaudo a los detectives virtuales que

pululan en Internet, pujan en lugares publicitarios de adwords de

Google por estar los primeros, reparten tarjetas donde sólo aparece

un correo, un móvil, un portal y un nombre de agencia.

Estos detectives virtuales amontonan reclamaciones, denun-

cias y quejas de colegas y clientes por su vergonzante operativa. Sue-

len ser detectives novatos, arruinados, veteranos jubilados y ociosos

que impropiamente matan así el gusanillo de unos extras siempre

bienvenidos.

Su operativa la reiteran con una impunidad escandalosa y que

nos interroga sobre los llamados ofi cialmente a proteger a los con-

sumidores de servicios profesionales.

Estos detectives virtuales suelen citar al cliente en un bar, el

hall de un hotel o la cafetería de un centro comercial. Tras conven-

cerlo con verborrea de charlatán le sacan un dinero a cambio de un

recibo en papel o también virtual en el mejor de los casos que no

suele identifi car señas físicas.

Los asuntos que les encargan siempre tienen un fi nal incomple-

to, no hay informe, ni ratifi cación judicial ni lugar donde reclamar.

380

El móvil que facilita el detective virtual al día siguiente de cobrar el

adelanto suele estar desconectado o fuera de cobertura.

Cuando algún cliente demasiado cabreado usa a un tercero

(amigo, abogado, etc.) para hablar con el teléfono por donde capta

clientela el detective virtual, no se da por pillado. Suele fi ngir la voz

y excusar algún terrible accidente, ingreso hospitalario, desgracia

familiar, etc., buscando la misericordia del estafado.

Estos sinvergüenzas con licencia, puesto que no merecen otro

nombre, esquivan la obligación, expresa en RSP, de ubicarse físi-

camente en algún despacho, piso o local para garantizar al cliente,

autoridades, proveedores y colegas la exigible seguridad jurídica y

un mínimo de decencia profesional.

Lo que ahorran en alquileres, hipotecas, gastos de manteni-

miento y suministros lo invierten en publicidad que reparten en di-

versos soportes. Alegan, cuando el cliente le pregunta por su despa-

cho, estar de obras o sufrir humedades del vecino o local de arriba;

al sentirse acosados explican que carecen de despacho por inconcre-

tas razones de seguridad cuya excusa consolida la charlatanería que

regalan al oído de sus presas, es decir, clientes.

Esto, evidentemente, es competencia desleal. De unos detecti-

ves hacia otros que pagan impuestos, publicidad, personal colabora-

dor, fl ota de autos, medios operativos y sufragan los interminables

gastos de un despacho.

Añadir sobre los detectives virtuales, por último, que además de

replicar con mentiras sus carencias personales y profesionales sue-

len ser prepotentes, arrogantes y malas personas. Vivir para creer.

El apartado e del artículo 24-‘f’ obliga a los detectives a ‘…cons-

tituir el aval o seguro de caución que se determine……para atender

381

exclusivamente las responsabilidades administrativas por infrac-

ciones a la normativa de seguridad privada….’. El legislador aquí

peca de escrupuloso, por usar un eufemismo.

No se conoce ni jurisprudencia, ni sentencias signifi cativas que

deriven responsabilidades civiles del detective. A otros profesiona-

les (abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, etc.) sus colegios

profesionales les incluyen en cuotas colegiales primas de pólizas co-

lectivas de responsabilidad civil.

En caso de cirujanos u oftalmólogos tener estos seguros es pri-

mordial. Las incidencias de los detectives apenas alcanzan errores

en objetivos, en la transcripción de datos. Esos fallos normalmente

se solventan en las vistas orales judiciales.

Las dolosas falsedades, extorsiones o vulneraciones de la inti-

midad se circunscriben a una minoría de detectives que se han re-

tratados en capítulos precedentes de Operación Pitiusa y operativa

de Método 3.

Obligar, pues, a los detectives a gastarse dinero en seguros

para cubrir incidencias remotas es vaciar un bolsillo ya muy corto

de capital.

El apartado ‘f’ remata la faena de Interior sobre la responsabili-

dad civil. Pero no es de recibo, y quien suscribe lo proclama desde su

desconocimiento del Derecho, es que se obligue al detective a avalar

posibles multas que les imponga Interior por vulnerar LSP y/o RSP.

Si ya los investigadores privados son malos, malísimos porque

operan lo turbio, difamante, vergonzante y sacan los colores a los

que parecían intachables, este epígrafe demuestra la obsesión an-

tidetective que campa en Interior, el ministro Fernández y toda la

corte del PP que le rodea.

382

Partiendo de la base de que el despacho de detective violará

ésta LSP y sospechando que no pagará la multa que se le endilgue,

pidámosle un aval para que cobremos por anticipado sin sobresalto

alguno. No importa que haga recurso, que no lleve razón Interior.

No importa si el detective estafa al cliente o viola el Código Pe-

nal o colecciona multas de tráfi co. Para estos menesteres están las

farragosas leyes, vías de apremio y los lentos juzgados.

En ese imaginario diálogo los jerifaltes de Interior se dirán:

“Nosotros vamos a lo nuestro”. A garantizarnos el cobro de los mul-

tazos que les cascaremos a estos peligrosos detectives. Esto será el

espíritu legal, pensamos. Este autor pide perdón por tanto coloquia-

lismo. Es harto llamativo que esa fi anza exclusiva para detectives

que sean multados por Interior debe ampliarse a las cuotas de con-

sumos por suministros en su despacho, sanciones tributarias o im-

pagos a proveedores. Lo ilustraremos con otros ejemplos.

Cualquiera que use un automóvil deberá tener caución o cons-

tituido aval que garantice el pago de las multas que recaigan sobre

su licencia de conductor. Antes o después de comprar un auto el

conductor vulnerará las normas de tráfi co y debe estar a recaudo su

cartera ante las multas por imponer.

Es decir, al usuario del auto o moto se le obligará, siguiendo la

pauta de Interior con los detectives, a tener garantizado el pago de

multas viales porque es un infractor en potencia o un consumado

temerario atropellador o violador de velocidades máximas.

Desconocemos cuál es el estatus de cualquiera al volante según

Interior, pero los detectives seguro que cometerán faltas sanciona-

bles. Este sería el pensamiento que aplican en Interior a los detectives.

Más ejemplos. Recordemos el canon digital que, en época de

Presidente de José Luis Rodríguez Zapatero (1996-2004), gravaba

383

la compra de soportes de reproducción (DVD, CD, MP3, discos du-

ros…). Lo impulsó la SGAE –Sociedad General de Autores de Espa-

ña– para defenderse del pirateo y colmatar sus arcas.

En 2011 un tribunal europeo y nuestra Audiencia Nacional

anularon la vigencia del canon. Nadie sabe nada de lo cobrado por

SGAE ni si ha devuelto los millones de euros recaudados indebida e

ilegítimamente.

Como órganos jurisdiccionales reproducirán fallos como el que

recayó el canon digital quien suscribe confía que se subsane el ex-

ceso de legislador. Habrá juzgadores con sentido común, o a priori

legisladores que subsanen esta obligación absolutamente despro-

porcionada, difamante y desaforada.

El artículo 25 obliga a los detectives, y a las empresas de seguri-

dad de antiguo, a contratar los asuntos y someterlos a autorización

policial. La misma obligación alcanza a los contratos entre detecti-

ves que se subcontraten entre sí.

O sea, el ministerio controla así los movimientos profesionales

externos e internos de los despachos. Se violan secretos al cliente y

entre titulares de licencia. Nos toca el bingo seguro…

Un informe anual donde consten casos, objetivos, medios usa-

dos, más las responsabilidades civiles del despacho de los colabora-

dores con licencia se establece en este artículo.

El artículo 29 apartado ‘c’ consagra, en cuanto a la formación

que deberán tener quienes accedan a licencia, la obtención del tí-

tulo universitario ofi cial de grado en el ámbito de la investigación

privada que acredite la adquisición de las competencias que se de-

terminen o en la superación de las pruebas que reglamentariamente

384

se establezcan. También se admite la formación en centros homolo-

gados por Interior

El artículo 37 reitera las funciones del detective de LSP de 1992,

por lo que no las reproducimos. La vigilancia no uniformada de ho-

teles, ferias y eventos se deja en laguna para las empresas del ramo

por lo que esta Ley de 2014 no cortará un intrusismo que no hace

rentable para detectives con licencia vigilar lo que hacen otros por

la mitad de tarifa, si alguna barata no la bajaron ya. Traducimos lo

escrito a números.

Ningún detective hará vigilancias no uniformadas en ferias, por

ejemplo, entre seis/diez euros brutos la hora. Las empresas de se-

guridad sí las hacen a esos precios y hasta se pelean por quién los

pone más bajos.

Cómo no, el apartado 4 de dicho artículo prohíbe taxativamen-

te investigar delitos al detective. Añade sobre la previa LSP que pon-

drá a disposición de ‘autoridad competente’ sin concretarlo en la

policía como hacían normas previas concernientes a los detectives.

La práctica informa que los detectives que conocen delitos cola-

boran con la Ley. El investigador difícilmente halla la frontera entre

un tema privado que investigándolo se criminaliza.

El intrusismo del detective con el policía es meramente de pe-

lícula, pues el problema radica en el celo que los servidores de la

ley tienen de su terreno profesional. Y esa exclusiva que le dan las

normas la impusieron los legisladores. Pero no obviemos el apoyo

ofi cioso de la magistratura a los detectives cuando describen ilícitos

en sus informes que los esclarecen y documentan.

En las novelas el detective no se suele meter en líos, sólo quie-

re descubrir la verdad y satisfacer legítimamente a su cliente. Otra

385

cosa es la obsesión por acaparar éxitos en la lucha contra el mal de

los mandos de la seguridad pública. Este es el quid de la cuestión.

El artículo 49 se refi ere a los servicios que pueden prestar los

detectives:

a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, fi nan-

ciero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada

la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.

b) La obtención de información tendente a garantizar el normal

desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, ex-

posiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes super-

fi cies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos

análogos.

c) La realización de averiguaciones y la obtención de informa-

ción y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de

parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despa-

chos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación,

por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo

que se dejará constancia en el expediente de contratación e investi-

gación que se abra.

3. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las per-

sonas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados,

ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales,

materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al

honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al

secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.

4. En la prestación de los servicios de investigación, los detec-

tives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o

386

distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad.

5. En todo caso, los despachos de detectives y los detectives pri-

vados encargados de las investigaciones velarán por los derechos de

sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados.

6. Los servicios de investigación privada se ejecutarán con res-

peto a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y pro-

porcionalidad.

El legislador concreta al detective lo que inconcreta para em-

presas de seguridad dándose la circunstancia de que el intrusismo

que pretende laminar lo disemina y se multiplica en esta LSP.

Es histórica la aspiración de las empresas de seguridad de rea-

lizar vigilancias no uniformadas en eventos, ferias y hoteles, faculta-

des concedidas en exclusiva a los detectives en la previa LSP de 1992.

De hecho, repetimos que las tendencias del mercado hacen

poco rentable para los investigadores privados prestar estos servi-

cios por los bajos precios que ofertan las empresas de seguridad al

hacer un pack de uniformados con controladores sin porras y espo-

sas a la vista del público.

La realidad es que las hacen de tapadillo vigilantes de confi anza

que pasan los partes a los que sí lo llevan haciéndolos testigos de

hechos delictivos previa llamada para estar en el lugar indicado a la

hora precisa. Qué casualidad, nos preguntamos.

En otros países son clásicos los detectives de hotel, cuya plan-

tilla enriquecen cadenas multinacionales con profesionales capaci-

tados en la investigación criminal, deslealtad de empleados y extor-

siones de clientela. Para ello usan las únicas armas de buen trato

387

con el huésped, discreción e invisibilidad para proveedores, emplea-

dos, directivos, etc.

Estos empleos se devalúan en España tradicionalmente porque

las grandes cadenas los contratan bajo eufemismos de empleo (di-

rectores de seguridad, jefes de auditorías, departamento de control,

asuntos corporativos…) a expolicías, guardias civiles y militares que

supervisan a los vigilantes uniformados. El entrañable detective de

hotel es algo, para los españoles, que reservaremos sólo para pelícu-

las o novelas de género.

Nótese que el reinado absoluto de políticas de imagen y exce-

lencia ante el cliente, consumidor o ciudadano no admite fi suras en

cuanto a noticias e incidencias desfavorables en hoteles, ferias, con-

gresos por denuncias de hurtos, infi delidades laborales, protestas

sindicales, etc.

Es más barato y efectivo, pues, contratar a un exmilitar o exem-

pleado de la seguridad pública bien contactado con policías en acti-

vo para minimizar incidencias negativas que contratar a un inves-

tigador privado que encuentre razones, una relación causa-efecto o

esclarecer las verdades que ocultan ciertas cuestiones en hoteles, re-

sorts, urbanizaciones, ferias, eventos, congresos, etc. Esto es lo que

hay en España en una seguridad privada donde el negocio puede a la

naturaleza sustantiva de determinadas pautas operativas.

El apartado 2 del artículo 49 recalca obviedades que dosifi can

mensajes imperativos de Interior a los detectives tras aceptar servi-

cios y contrastar el interés legítimo del contratante.

Retamos al lector, desde estas líneas, a que encuentre algu-

na otra actividad que se desarrolle en el seno de nuestra sociedad

en la que el poder sugiera cómo hacerla. ¿Existe un código ofi cial

388

para fontaneros, vendedores, abogados, médicos… donde se escriba

cómo deben asumir su trabajo? Nos tememos que no.

Ítem más. El apartado 3 del mismo artículo, además de haber-

se prohibido al detective investigar delitos de ofi cio se le conmina,

puesto que los detectives son malísimos, a que ‘...en ningún caso

podrán utilizar medios materiales, técnicos (sic) de tal forma que

atenten contra el honor, a la intimidad personal o familiar o a la

propia imagen o al secreto de las comunicaciones”.

Obviamente se legisla ofi cialmente contra el detective infractor

pretendiéndose alcanzar a la totalidad que no tiene porque vulnerar

per se las normas que nos obligan y logran la convivencia pacífi ca de

los ciudadanos.

Nuevamente nos preguntamos si hay alguna profesión donde

se avise a quien la practica de lo que no tiene ni debe hacer. ¿A los

abogados se les previene ofi cialmente sobre no usar técnicas ilegales

o intimidatorias? ¿A los cirujanos se les ordena que no deben dejar-

se olvidadas gasas tras coser la piel del anestesiado? ¿A los albañiles

se les advierte que no deben poner ladrillos sin mezcla?…

Como nos volvemos a temer que nada de eso existe publicado

en el BOE, nuevamente los detectives son dianas de mensajes coer-

citivos de quienes nos mandan a todos. El dardo, lamentablemente,

sólo se dirige hacia los detectives, un colectivo ínfi mo donde sólo

una minoría mete la pata, como ocurre en otros tantos.

Seguimos para podio. El apartado 1 del artículo 49 nuevamente

da consignas de obligado cumplimiento a los detectives, inexisten-

tes –repetimos– para otros ofi cios: “por cada servicio que les sea

contratado (...) deberán elaborar un informe en el que refl ejarán

el número de registro (…) los datos de la persona que encarga y

389

contrata y el servicio, el objeto de la contratación, los medios, los

resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realiza-

das”. Se añade que “dicho informe estará a disposición del cliente

entregándoselo a la fi nalización del servicio – ¡faltaría más!–, así

como de las autoridades policiales competentes para la inspección”.

El pisoteo de la confi dencialidad entre cliente-detective, el se-

creto profesional consagrado para estos profesionales y la más mí-

nima garantía de reserva quedan conculcadas en este apartado. El

detective, a la postre, entregará su informe al cliente, dueño y paga-

dor del mismo. Lógico.

Pero revelar la identidad de colaboradores, fuentes y medios

usados por el detective es absolutamente inconcebible. Más grave y

peligroso es tenerlo a disposición de la policía que podrá husmear

en todo lo que hace el detective sin garantía, ni siquiera sospecha, de

que esté conspirando, planeando o consumando algún delito.

Es obvio el talante controlador y fi scalizador de intimidades y

secretos de Interior para con los detectives. Lo que dicta la lógica, si

hay denuncia de algún afectado y legitimado, es que la justicia actúe

contra el detective ordenándole revelar de su archivo el expediente

que se cuestione.

Pero dejar al albedrío de la policía sin justifi cación ni orden ofi -

cial fi sgonear secretos de un profesional acarrea graves consecuen-

cias al detective, sus clientes y objetivos investigadores.

La primera es la denuncia del propio cliente al detective por

revelar secretos que le confi ó. El atropello no puede ser más eviden-

te. Tradicionalmente, los policías realizan inspecciones rutinarias

en el Libro-Registro de informes y cotejan, al azar, expedientes por

si coinciden sus datos con los que fi guran en dicho Libro.

390

Jamás hubo problema. Pero revelar el informe tal cual al pri-

mer mando policial que esté aburrido y desee cotillear entre agen-

cias si a un familiar le investigó alguien no es de recibo. Supera el

peor esperpento.

Los informes, imágenes y sonidos se destruirán a los 3 años,

salvo que “estén relacionadas con un procedimiento judicial, poli-

cial o expediente”. Finalmente se está a lo dispuestos en materia de

protección de datos personales (Ley Orgánica 15/99, LOPD).

Parece que los legisladores al servicio de Interior no viven en el

mismo país que los detectives españoles. Obligar a conservar archi-

vos al menos hasta 3 años desde su emisión y destruir, sí destruir,

no conservar los soportes audiovisuales es sencillamente un capri-

cho no sujeto a parámetro. Resulta patético.

El autor ha ido a juicios como testigo a los seis, ocho y diez

años de emitirse el informe. Y declarado en procedimientos penales

como perito con material audiovisual a los cuatro años de obtener

imágenes. Si el juzgador de turno pregunta por el informe o sopor-

tes y le responde, el detective, que Interior le obliga a destruirlo a los

3 años y no obliga a conservarlo roza lo surrealista. Penetra lo que

escribió sobre lo inconcebible Valle-Inclán.

Por ello este nuevo desvarío lo sufre el detective que puede ser

reo contra la administración de justicia, obstrucción, falsedad etc…

Medio Código Penal le cae al investigador privado que cumpla con

este exótico mandato de Interior sustanciado en una LSP manifi es-

tamente mejorable.

Además, registrar acorde a LOPD informes y material audio-

visual con datos personales es optativo. Muchos detectives se des-

391

prenden de ese material y se lo entregan al cliente, a quienes se

les cede el cumplimiento de las obligaciones que entraña nuestra

LOPD.

AEPD, la que hace cumplir LOPD, ha reiterado resoluciones

(E-00128/2004 y E-00778/2005, entre otras) que releva al detec-

tive de comunicar al investigado de su presencia en un informe. En

AEPD reina el sentido común, al menos en estas actuaciones.

Pero el espíritu del legislador es que no se debe conservar archi-

vos en un lustro y destruir soportes audiovisuales en un año porque

se le asigna aquel plus de maldad que se disimula contra el detective

en esta norma. Merece no sólo crítica, además insumisión por injus-

ta y de imposible cumplimiento.

El Ex Ministro socialista Javier Gómez Navarro preside ESYS, Fun-

dación que adelantó una LSP del PP pro patronal. La ‘coherencia’

subsiste si el poder paga lealtades.

El Título VI se refi ere al régimen sancionador. Su Capítulo 1 en

el primer artículo, el 56, clasifi ca las infracciones a la LSP en “leves,

392

graves y muy graves”. Las mismas prescriben a los seis meses, al año

y dos años respectivamente.

El artículo 58 se refi ere a las infracciones en sí y las unifi ca para

personal de seguridad, donde se integran los despachos de detecti-

ves privados. .

Para no extendernos demasiado, este artículo relaciona los su-

puestos de iniciación de expediente. El artículo 62 individualiza en

el personal de seguridad privada, distinguiéndose en su preámbulo

a los ingenieros y técnicos, algo curioso que agravia distinguiendo

clases y títulos.

Las ‘amistades peligrosas’ del hermano del Ministro del Interior fue-

ron investigadas por detectives barceloneses.

Las infracciones se clasifi can para el personal de seguridad en

‘leves, graves y muy graves’ y se relacionan. El artículo 62 se refi ere

393

al personal de seguridad privada. Los detectives pueden ser sancio-

nados con hasta 30.001 euros por falta ‘muy grave’ e inhabilitación

entre 1 y 2 años. Con multa de hasta 6.001 euros e inhabilitación

entre 6 meses y 1 año para las ‘graves. Las ‘leves’ se sancionan con

apercibimiento y multas de hasta 1.001 euros.

Se calcula que el 85% de los detectives regentan agencias inde-

pendientes donde sólo trabaja un titular. Cuando hay picos de tra-

bajo se subcontratan otros detectives autónomos, dependientes o a

cargo de sucursales.

No podemos soslayar que las sanciones y expedientes contra

los detectives son un arma del poder para cercenar libertades profe-

sionales y derechos de los ciudadanos para probar inocencias, acre-

ditar culpabilidades, defenderse ante defraudadores, usurpadores,

obtener pensiones para hijos o laminar el absentismo laboral.

A tales menesteres se dedican los investigadores no a ver cómo

viola la norma una mayoría honrada que practica su ofi cio lo mejor

que puede, y le dejan. Lo último será noticia si esta LSP consuma el

grave castigo hacia los detectives españoles.

Algo más insólito es lo que leemos en el artículo 71 sobre la

publicidad de las sanciones. De ser fi rmes se publicarán nombres y

apellidos del detective infractor.

Suma y sigue. Ya tenemos el bingo en puertas: además de pagar

sumas inalcanzables el detective será expuesto a una humillación

innecesaria. ¿Publican con nombres y apellidos los colegios profe-

sionales las sanciones a sus afi liados? ¿Publica Sanidad la identidad

de médicos sancionados? ¿Publica Hacienda su millonaria lista de

defraudares o multados? Estas preguntas no son retóricas. Tienen

394

respuestas negativas y se prefi ere no formular más porque resulta

clamoroso el tema.

El único patrimonio de un profesional libre, cual es el caso de

la absoluta mayoría de los detectives, es su honra, su prestigio, su

imagen. Pues bien, publicar su nombre cual infractor podría tener

justifi caciones ejemplarizantes.

Pero también vemos efectos negativos por la arbitrariedad que

han venido caracterizando ciertas actuaciones de Interior, sobre

todo de matiz política, donde predominaría el tráfi co de favores o

porque la información que maneje el detective levanta ampollas a

alguien bien conectado con el poder.

Ignacio Cosidó dirige la policía del Presidente Rajoy. ¿Será recom-

pensado tras colocar la ‘Ley Mordaza’ y LSP?

Y este no distingue partidos ni aparatos. Simplemente ejecuta

directrices, sugiere pautas y crea ‘estilos’, no talantes a los que tanto

se refería el expresidente Rodríguez Zapatero.

395

2º. REALIDADES Y CONSECUENCIAS

Esta LSP de 2014 representa la primera gran norma que pre-

senta a Cortes el ministro del Interior Jorge Fernández. Quienes tie-

nen o tuvieron cartera en los gobiernos españoles podrían compartir

un código no escrito para pasar a la historia con una Ley aprobada

en el BOE. Fernández sigue la senda de Corcuera. Tras la seguridad

Privada publicó la de Seguridad Ciudadana, ésta última ampliamen-

te más contestada que la Privada y que está recurrida ante órganos

parlamentarios y judiciales. Nos preguntamos si el Ministro Fer-

nández dimitirá si le tumban alguna de sus leyes.

El Ingeniero e Inspector de Trabajo Jorge Fernández

Díaz impulsó las leyes de Seguridad Privada y Ciudada-

na del PP en 2014 como Ministro del Interior tras con-

decorar a una Virgen.

Algo parecido les pasa a los alcaldes que, para perpetuarse ante

sus vecinos, hijos y nietos suelen impulsar algún monumento abso-

lutamente prescindible para dejar huella.

Según la confesa política del gobierno del Partido Popular en

cuanto a la seguridad privada, más los tics antidetectives del minis-

396

tro del ramo, su concepción normativa de este sector empresarial va

en paralelo con los intereses de su patronal.

Este autor desconoce hasta qué punto tuvo infl uencia llamé-

mosle ‘ofi ciosa’ de APROSER, colectivo que aglutina a las principales

empresas del sector, sobre todo las que acaparan el mercado español.

Parece que no es azarosa la relación causa-efecto cronológica

entre la publicación, a fi nales de 2012, de un informe sectorial sobre

seguridad privada y ofi cial que publicó la Fundación ESYS.

Estamos ante un conocido think-thank (laboratorio de ideas)

presidido por Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio

(1993-1996) con Felipe González y presidente del Consejo de Cáma-

ras de Comercio hasta 2011, año en el que el presidente José Luis

Rodríguez Zapatero decretó que la afi liación a estas corporaciones

de Derecho Público fuera voluntaria con lo que el desastre se ha cer-

nido contra entes que la chispa empresarial no sujeta a patronales

denomina de ‘comercio y bebercio’ por sus comilonas, ágapes y me-

dallas que se reparten sus directivos.

El Informe de ESYS, ente que patrocinan las multinacionales

españolas Telefónica, Fenosa, Indra, Gas Natural y Securitas (repre-

senta casi el 25% de facturación y plantilla de la seguridad privada

española), casualmente recoge en su estudio prácticamente los pos-

tulados, estudios y directrices de la patronal de seguridad privada

APROSER.

Estas evaluaciones, también casualmente, las recoge la LSP que

concibió el PP y presentó pocos meses después en sede parlamentaria.

ESYS acentúa la dispersión conceptual sobre la seguridad, re-

calcando que las ratios entre policías-ciudadanos en España son ele-

vadas y muy bajas en cuanto a las de vigilante-ciudadano. Esa fun-

dación acentúa las carencias que cubren los negocios de sus socios.

397

El contexto estadístico, como siempre, se sitúa en la realidad

paneuropea, pero se usan ciertos datos sobre delitos de forma ses-

gada que invitan a dotar a nuestro Estado de mayor ‘ayuda’ de la se-

guridad privada para consumar los fi nes de bienestar y convivencia

ciudadana.

ESYS, como reitera APROSER en muchos foros, llama la aten-

ción sobre las lagunas legales existentes acerca de la seguridad in-

formática. Sospechamos que este tema deberá regularse a favor de

la patronal de seguridad, no de la concerniente a la informática.

La mención del informe ESYS a los detectives es sólo numérica,

no le concede esa fundación lugar alguno en la seguridad privada

española. El ninguneo es inabarcable.

Sólo refi ere de los detectives ESYS, debajo de un gráfi co que es

un sector ‘atomizado’ por la única razón de sus 2.451 habilitaciones

que analiza.

Sólo los investigadores privados representan el 0,9% del capi-

tal humano de la seguridad privada. Registra el gremio un 12% de

incremento de licencias en 2012, cuyo número globaliza 1.099 en

activo sobre las casi 2.451 otorgadas por Interior.

Si en la LSP socialista de 1992 el legislador admitía una especi-

fi cidad del detective que resistía y revelaba su inserción en aquella

norma, en 2014 esta LSP del Gobierno conservador se dedican mu-

chas más palabras al investigador privado que nunca, desde luego

más que la Fundación ESYS les dedica en su informe de 2012.

Lamentablemente, en esa LSP del PP es para limitarlo, pro-

hibirle, intimidarlo, castigarlo y hasta indicarle sendas operativas

como escribíamos de su articulado.

398

El detective, no obstante, es un grano de arena en el desierto de

la seguridad privada. Nuestros gobernantes están con las palabras

mayores; a los acentos les dedican apenas unas minúsculas.

El poder está con esos empresarios a los que se debe respetar pues

dicen, y piden, crear empleo. Esta sería la excusa para ejercer un mono-

polio compartido repartiéndose el pastel entre las grandes del sector.

Ha verbalizado el ministro Fernández sobre su LSP que pre-

tende regular el sector, controlar a los detectives, crear empleo y

recolocar a escoltas desempleados tras el cese de la violencia de

ETA.

Lo que ocultó el ministro a la opinión pública son las razones

que le llevaron a acentuar el control y castigo legal de los detectives

españoles como ningún otro Ejecutivo se atrevió desde su atalaya de

poder y potestades normativas.

Algo atisbó Jorge Fernández cuando anunció nada menos que

Operación Pitiusa a mediados de mayo de 2012. Entonces, se aso-

ció la espectacularidad de un dispositivo policial con los detectives

detenidos, agencias allanadas y material cibernético, ofi mático y de

telecomunicaciones incautado.

Apenas alcanzaba el número de investigadores implicados el

50% de los encartados en la primera fase de la ‘Pitiusa’. En la se-

gunda, que suma casi 200 imputados al affaire, no sobrepasa la cin-

cuentena de detectives en activo implicados. ¿Por qué ese acento

negativo que criminaliza a los detectives del ministro?

Esa pregunta tendría fácil respuesta si nos atenemos a los in-

formes que detectives barceloneses habrían realizado sobre su her-

mano Alberto, portavoz del PP en el Ayuntamiento barcelonés y ex-

vicepresidente de la Diputación provincial.

399

Sus amistades peligrosas centrarían informes conductuales

que quemarían de mano en mano. Alberto tendría dos frentes. En

uno torearía a una abogada y chantajista argentina, L. M. C., hija de

un exmilico ahora proxeneta en Cancún (México).

En otro se situaría Fernando Martínez, secretario de Organi-

zación del PP catalán cuando lo presidía Alberto. Martínez asesora

a la patronal de clubes de alterne catalana y se ligaría a los ‘escan-

dalazos’ del Saratoga y Riviera, puntas de un iceberg del que sólo

asoma una parte ínfi ma que alcanzó los estrados judiciales a fi nales

de 2013.

En una Barcelona de las cloacas se sabe que un hermano del

actual ministro del Interior habría estado trabajando en uno de los

macro prostíbulos citados como cajero actuando de hombre de con-

fi anza de los dueños del local.

Jorge Fernández, antes y después de ser ministro, además fre-

cuentó La Camarga. El restaurante barcelonés donde dejarían, pre-

suntamente, ‘antenas’ los agentes de Método 3 fue testigo de delica-

das reuniones de Fernández con íntimos del partido y de la cúpula

de Interior desde que detenta la cartera este voluntarioso político,

ingeniero industrial, brillante orador y efi caz exinspector de Trabajo

que se consolida en el núcleo duro de Mariano Rajoy. Es un mérito

la supervivencia ahí, tras la impensable caída de Ruiz Gallardón al

frente de Justicia y soñando en monclovita las 24 horas del día.

La posible y teórica indignación del Ministro Fernández y el

poderío que despliega tras conocer que su hermano Alberto habría

sido investigado por detectives explicaría su hipotética hostilidad

hacia este colectivo. Otro rumor que sustentaría otra tesis sobre Fer-

nández es que Método 3 o alguna otra agencia barcelonesa podría

400

difundir –en audio o en video- parte de sus intimidades de almuerzo

o tras un baño placentero.

La hipotética tesis del autor no se limita a un Fernández sólo

ante el gobierno fustigando a los detectives con LSP y Reglamento

que la desarrolla. Parte de esa animadversión antidetective guber-

namental la aportaría María Dolores de Cospedal, primera espada

del PP español y presidenta castellano-manchega. Con ella Fernán-

dez tiene una relación muy estrecha y antigua; además, se profesan

mutua confi anza.

Cospedal sería más silente. Iría más allá en contra de los detec-

tives. En su entorno no niegan, según avalan declaraciones y noticias

periodísticas, que ella se indignó mucho cuando fueron investigados

y documentados los incrementos patrimoniales de sus principales

apoyos y amigos personales manchegos en el PP.

La veterana agencia Almirante elaboró informes, entre otros,

sobre sus íntimos Rosa Romero y Francisco Cañizares, alcaldesa y

portavoz municipal de Ciudad Real respectivamente.

Cospedal acusó de aquel ‘espionaje’ a subordinados de su ante-

cesor en la presidencia castellano manchega, el socialista José Ma-

ría Barreda. Lo hizo sin aportar prueba alguna, el 27 de enero de

2011, al concluir un Comité Ejecutivo del PP regional.

El PSOE castellano-manchego, aunque anunció querellas por

tan graves palabras de Cospedal, no sustanció acción legal alguna.

Quien sí demando amparo a su honor, cifrándolo en 100.000 euros,

fue el regente de Almirante detectives Isidro Álvarez.

El trámite judicial estableció que los detectives documentaron

un caso de acoso laboral a un arquitecto municipal en el que preci-

401

saron añadir datos patrimoniales de sus jefes en el Ayuntamiento de

Ciudad Real, entre ellos Rosa Romero, la Alcaldesa.

La demanda contra Cospedal de los detectives fue fi nalmen-

te desestimada por el Tribunal Superior de justicia de Castilla-La

Mancha (TSJCLM). Condenó al pago de costas (unos 30.000 euros

aproximadamente) a quien ahora usa el nombre de una legendaria

agencia madrileña tantos años ubicada en la calle de la que toma el

nombre. Fue fundada en los cuarenta por José Antonio Tovar Algor-

ta y regentada durante muchos años por Julián Rodríguez, uno de

los investigadores privados más bien contactados y profesionales en

Madrid hasta su jubilación en los ochenta.

Pero lo que más fortaleció el sentimiento negativo de Cospedal

contra los detectives y toda su familia es cuando la Operación Pi-

tiusa desveló que fue espiado su marido, Ignacio López del Hierro,

por una agencia de detectives barcelonesa. Llamativamente, este

ejecutivo contrató a Método 3 cuando presidía Thesan Capital, fi lial

española del banco japonés Nomura.

Su esposa, Cospedal, habría sufrido gran decepción de esta exa-

gencia barcelonesa cuando les contrató para recuperar datos de dis-

cos duros del gobierno castellano-manchego al aterrizar en el cargo.

Sus antecesores del PSOE habían vaciado, al parecer, demasiadas

bases de datos. Finalmente no se logró recuperar información alguna

aunque la factura le costó a esa autonomía un pico de miles de euros

que sirvieron a los técnicos de Método 3 para profundizar en los atrac-

tivos turísticos de Toledo y disfrutar de su acreditada gastronomía.

López del Hierro, el marido de Cospedal, es un empresario que

se liga a muchos consejos empresariales que le hicieron ganar en

402

2013 casi Dos millones de euros por sus sustantivos dictámenes so-

bre cuestiones inmobiliarias.

Algunos analistas le asociarían hipotéticamente a la fi nancia-

ción del PP. Salir a la palestra siendo su esposa líder del PP y pre-

sidenta de una autonomía importante descubriéndose intimidades

del matrimonio y los fructíferos vínculos de López del Hierro debi-

lita a su esposa y a un PP sobre el que recaen muchas sospechas en

cuanto a su fi nanciación al margen de las normas. Bárcenas, San-

chís, Naseiro, Lapuerta son pistas por apellidos y fortunas en lo que

comentamos. Lo que llueve estos días de la ira popular contra los

corruptos alimenta el desencanto del bipartidismo PSOE-PP y hace

descreído al ciudadano de los políticos.

Todo el panorama descrito hace que la consignas del PP po-

drían haber sido defi nitorias sobre regulación de los detectives tal y

como los sitúa el texto de LSP que patrocina el PP.

Fernández, su equipo y Cospedal podrían haber infl uido para

que esta Ley sea tan contraria a los derechos de los detectives priva-

dos españoles como su articulado acredita.

Nadie puede negar además que, desde la llegada de Ignacio Co-

sidó al frentes de la todopoderosa Dirección General de Policía las

cosas cambiaron en esa casa.

En los mentideros políticos madrileños no entienden ese ‘des-

censo’ a una dirección general de un infl uyente diputado con mando

en el grupo parlamentario del PP cuando éste domina el Congreso

y el Senado con sobrada mayoría y gobierna con tranquilidad Ma-

riano Rajoy.

Cosidó ejerce de director general con mando en una plantilla

importante. Habría sido el ‘técnico’ que apuntaló las pautas de una

403

LSP controladora de un sector considerado fi lial de la seguridad pú-

blica por muchos eufemismos con que se quieran revestir a la segu-

ridad privada.

Los antiguos comisarios, mandos militares y directivos del CNI

que se ‘colocan’ al frente de la seguridad bancaria, empresas que

cotizan en el IBEX 35, transportes, operadoras telefónicas, hiper-

mercados, hoteleras, distribuidoras… son ahora ‘despertados’ de su

bien pagada siesta laboral por funcionarios del gabinete de Cosidó

en reclamo de ayuda ofi ciosa que sirva al CNP y Guardia Civil en sus

incontables frente informativos e investigadores, dentro y fuera de

nuestras fronteras.

Los pretextos para ejecutar esas órdenes (contravenirlas entra-

ñaría jubilación ipso facto o ‘demasiado’ anticipada) serían un con-

texto de secuelas del terrorismo etarra, radicalismo islámico, redes

criminales, mafi as, narcos, redes de prostitución…

Estos exfuncionarios con antecesores de Fernández al frente de

Interior vivían plácidamente su prejubilación dorada. Con Cosidó

no paran de trabajar como ‘activos’ informadores ofi ciales desde sus

empleos pagados por la iniciativa privada. Las puertas giratorias

hay que franquearlas dentro y fuera del carguete.

Este dato refuerza el afán de mando, poder y control que im-

pera ahora en el CNP que nutre altos terminales informativos de

Interior. Lo propicia, al entender de quienes lo sustentan, el imperio

del Estado sobre las leyes que debe hacer cumplir.

La seguridad privada para estos nuevos esquemas de informa-

ción e investigación ofi cial es el cuarto trasero de estas misiones ofi -

ciales. Pero la dependencia menor debe estar en alerta permanente,

subordinada a mayores empeños.

404

Ésta, la seguridad privada, controlada, fi scalizada y anulada

cuando lo demanden unos supuestos intereses ‘de Estado’ que aho-

ra encarnan unos políticos que empiezan a encontrar réplicas por

tan heterodoxa conducta.

Los detectives son los hijos menores que deben ser reprendidos

casi siempre. La LSP articula los tormentos que le esperan a los más

desviados de la fi la. Así son las cosas con el PP de Rajoy en el virrei-

nato de Interior.

Tras lo explicado anteriormente, introducidos los matices polí-

ticos que deben considerarse, se puede colegir fácilmente que la lec-

tura de esta LSP del PP logró publicar en el Boletín Ofi cial del estado

(BOE), además, los efectos contrarios a su espíritu y fi losofía.

Si se cree que dicha Ley laminará el intrusismo entre empresas,

detectives y centros formativos, con su excesivo y desproporciona-

do régimen sancionatorio, controles y prohibiciones propiciará su

expansión y multiplicará un mercado ‘paralelo’, en la actualidad en

fase embrionaria.

Los inquietantes porcentajes de desempleo, que se aproximan

al 30% de la población, más intolerables números de los menores

de 35 años que, en algunas comunidades españolas, superan el 50%

de desocupados, no son excusa para crear empleo bajo norma sin

liberalizar sectores y dejar que la libertad profesional alcance la ins-

talación y operatividad de los detectives.

Regular para controlar está bien. Bienvenidos sean los esfuer-

zos gubernamentales en tal misión. Pero legislar para castigar, pro-

hibir -y humillar singularmente- al detective no es de recibo.

Aunque son minoría en nuestra sociedad, merecen respeto nor-

mativo y social. Ellos corresponden mayoritariamente a priori como

405

probos ciudadanos, contribuyentes al fi sco y merecedores de dere-

chos y obligaciones.

Decíamos que la creación de empleo es una de las consignas

de nuestros actuales mandatarios para impulsar esta e incontables

leyes. Esa ‘obsesión’ la tuvo también el ejecutivo de un Rodríguez

Zapatero (2004-2011) que condujo al desastre económico de exce-

sos presupuestarios, multiplicación del défi cit y sin mínimos refl e-

jos para prevenir, proteger y combatir la crisis global en España aún

advertida por expertos de aquel gobierno (Jordi Sevilla y Pedro Sol-

bes) e independientes.

No podemos estar viendo cómo unos y otros políticos se pelean

mientras el trabajador pierde empleo y la sociedad se empobrece

mientras sólo se visibiliza la confrontación partidista y el enfren-

tamiento de sus dirigentes, un ejercicio antidemocrático en el que

echarse las culpas es el único argumento.

Centrándonos en la seguridad privada se presenta como em-

pleo-refugio tras estallar la burbuja inmobiliaria. La baja cualifi ca-

ción que exigen sus profesionales y la necesidad de encarnar recur-

sos intimidantes ante el ascendente delito ha propiciado el ‘auge’

de este sector, la seguridad privada, que el actual gobierno del PP

ratifi ca para excusar su singular LSP.

No se justifi ca que haya menos ratio de vigilantes españoles que

europeos porque lo diga el Gobierno. La realidad sería que el Estado

quiere ahorrar gastos en policías y contrata a vigilantes para ese recorte.

Otros expertos ven en el fenómeno una dejación de funciones

ofi ciales en manos de empresas cuyos gestores sólo tienen el man-

dato de repartir dividendos entre sus accionistas, no generar seguri-

dad al ciudadano, ni prevenir el delito, ni fustigarlo.

406

Algo inquietante es privatizar la vigilancia de cárceles por los

antiguos escoltas que generó el terrorismo. El ministro Fernández

corroboró así esa bolsa de empleo.

Los 68.726 internos que se contabilizan ofi cialmente, en 2013,

en nuestras prisiones se ofertan como un éxito político al descender

su globalidad si contemplamos anteriores períodos que alcanzaban

casi los 100.000.

La realidad es muy otra. El descenso de internos no españoles y,

sobre todo, la reforma en 2010 del Código Penal que suavizó las penas

para los pequeños trafi cantes han ‘vaciado’ relativamente las cárceles.

En este contexto nos venden, justifi cándose y porque quizá nos

toman por tontos, nuestros políticos la privatización de servicios tan

esenciales para la sociedad como la vigilancia penitenciaria.

Se oculta el injustifi cable e increíble mercadeo de droga tras las

rejas, la masifi cación, la desmotivación, recortes del funcionariado

y corruptelas dentro de los recintos penitenciarios.

Con tal panorama se quitará a expertos de la Guardia Civil de

estas garantías que no sabemos si harán igual vigilantes carentes

de la profesionalidad, cualifi cación y veteranía de los efectivos de la

Benemérita que fundara el Duque de Ahumada para batir la lacra

del bandolerismo.

La demagogia que antecede el texto de esta LSP reitera el casti-

go y control que merecen los detectives que deshonran sus licencias

por las prisas en obtener dinero fácil. Se ponen como ejemplos lo

desvelado en Operación Pitiusa y prácticas de Método 3. Pero todo

ello es parte de un gran todo.

Esta LSP es la excusa perfecta para atar en corto a los inves-

tigadores que manejan información alternativa a la ‘ofi cial’ en juz-

407

gados, verdades ofi ciosas y datos que, de difundirse, escandalizan,

comprometen o avergüenzan. No es culpa del sabueso, repetimos, la

conducta y datos ajenos que investiga.

El panorama, pues, que presenta esta LSP es desolador. Se apli-

cará sobre un país en bancarrota, endeudado, con políticos cerca

del voto cuando hay comicios y demasiado lejos del sentir popular.

Además el rechazo popular a las prácticas corruptas traerá conse-

cuencias infi nitas.

Este es un país donde los ricos lo son cada vez más y los pobres

ya se cuentan por millones. La clase media, mientras tanto, la que

pagaba los despilfarros, sobrevive empobreciéndose.

Está muy contestada esta LSP de 2014, en plazo, por los colecti-

vos que pretende regular mediante alegaciones, excepto la patronal

del sector que aspira a monopolios pues no cabe otra interpretación

a su sospechoso silencio tras aprobarse LSP.

El trámite parlamentario de LSP alcanza, además de la mayo-

ría absoluta del PP, consenso de CiU a cambio de acotar el terreno

‘mossos’ que vindica Catalunya. Este es la único apoyo encontrado

por una norma que hará más ruido al concebirse y aprobarse defi -

nitivamente por nuestras Cortes y un Senado que se ha convertido

en un refugio de dinosaurios en vez de estar destinado a ser cámara

territorial de autonomías españolas.

Estas cosas suceden cuando las protestas que registra la LSP,

cuando no se oyen ni asumen reivindicaciones dictadas por el senti-

do común, ni el sentir de quienes hacen grande a un sector: su factor

humano.

La realidad de la seguridad privada en cuanto al intrusismo es

tremenda. Una Ley difícilmente lo evitará. Nos tememos que se mul-

tiplicará cuando las intenciones de legislador son contrarias a ello.

408

Los regentes de Interior no aprenden lecciones de otros minis-

terios dictadas meses atrás. La subida tributaria, la del IVA al 21%

desde el 18% previo y la voracidad recaudatoria, incrementó la eco-

nomía sumergida y descenso de ingresos a las arcas públicas.

Con esta LSP se atisba un fenómeno de concentración empre-

sarial sobre las casi 1.500 existentes. Al igual que las cajas de aho-

rros, bancos y aseguradoras, las empresas de seguridad españolas

no pasarán de 100 en el mejor de los casos en la segunda década del

siglo XXI.

Los recortes y despidos despejaron el panorama para las gran-

des del sector cuyos dividendos se usarán para adquirir o absorber

cuotas de mercado en otras provincias o sectores donde no tengan

metida la cuchara de la facturación.

Las Pymes del sector tendrán cruda su supervivencia, no di-

gamos los autónomos y empresarios individuales. Los residuos del

fenómeno entre empresas y agencias pulularán en mercados alter-

nativos, secundarios y marginales de obligaciones sociales y tributa-

rias. Es decir, habrá más intrusismo y economía sumergida del que

hay hoy en día.

El Gobierno del PP presentó en junio de 2013 a Cortes un Pro-

yecto de LSP en el que se caían las funciones investigadoras a los

vigilantes. Este brindis al sol que intentaría contentar al ‘sector cor-

porativo’ de los detectives ha concitado una pugna soterrada sobre

quién fue el artífi ce de tal éxito. Candidatos hay para ese ‘medalleo’

que tanto gusta a los líderes-detectives.

A nadie que conozca el mundo de la seguridad privada se le

escapa que hace décadas que en el seno de las mismas hay deter-

minados empleados de confi anza y pagados con extras que hacen

409

lo mismo que los detectives bajo palabras bien sonantes: ‘informes

integrales’, ‘servicios especiales’, ‘incidencias de servicio’.

Hasta hoy, si se precisaba que algún informe ‘interno’ saliera de

la empresa de seguridad, se solía contratar a algún detective que lo

‘blanqueara’. En tales empeños hay hasta investigadores que pudie-

ran considerarse en plantilla ofi ciosa de estas empresas de seguridad.

Lo que pretendía el lobby de la seguridad privada española era

no tener que ‘contratar’ nada fuera de la propia empresa. La cosa

era facturar el doble: horas de vigilancia y honorarios de investiga-

ción. Además, y probablemente, manejar información sensible que

siempre es válida poseerla, congelarla o revenderla al mejor postor.

La marca ‘Método 3’ habría servido de referente para tan impropios

menesteres.

Hoy por hoy, un vigilante, escolta, guarda-jurado, de caza, ape-

nas es mileurista en bruto, en el mejor de los casos. Más veces que

menos soporta a mandos y jefes cuyas credenciales para ordenar no

están avaladas con la debida profesionalidad o exige terapia su con-

ducta para conducir prepotencias o añorar la autoridad, con mando

en plaza, que algún día tuvo o le negaron jefes con criterio para evi-

tar tragedias.

Además, ese empleado de la seguridad privada para mantener

el empleo y nivel de vida, pagar deudas, divorcios, herencias y gas-

tos caseros se obliga a hacer más guardias que al lucero del alba.

Ya sabe que está mal pagado, ya sabe que todo está mal. Ya sabe

que es afortunado trabajando cuando familiares, amigos y vecinos

sufren el paro o agotan ayudas sociales.

Pues bien, a este trabajador honrado le sacudirá esta LSP para

que cobre aún menos. Ya se sabe, repetimos, que las prisas del PP

410

por sacar adelante su LSP tienen bastante que ver con emplear, pre-

carizar y malpagar el segmento de empleados de la seguridad pri-

vada. Los rectores de nuestra política de empleo miran de reojo los

minijobs germanos.

Fátima Báñez, ministra del ramo, hace juegos malabares con

sus palabras. A la penosa emigración de licenciados le llama ‘movi-

lidad exterior’. Pide por el empleo a la Virgen del Rocío y afi rma que

ganar menos es moderar ‘subidas de sueldo’. Sólo le falta prometer

pensión a la viuda del soldado desconocido [como reprochó el inol-

vidable Diputado Gómez de las Roces a Felipe González tras sentir-

se engañado en la no construcción de una presa en el bajo Aragón].

Los minijobs germanos son una fórmula (trabajar menos, ga-

nar menos, pero se crea empleo) que resistieron al desempleo gra-

cias al presidente Gerard Schröeder (1998-2005) y su sucesora des-

de 2005, la enérgica Angela Merkel.

Estos minijobs también los acarician para su sector los insacia-

bles empresarios de la seguridad privada para su fuerza laboral. De

hecho ya los practican a media jornada cuando en realidad es com-

pleta, y completa sin sumar interminables guardias, dobles turnos,

fi nes de semana, etc.

Si ese es el panorama para los obreros de la seguridad priva-

da, sigue pintando igual de bien para los servidores de la seguridad

pública y militares que son ‘fi chados’ por empresarios de la privada

muchos años antes de jubilarse.

Es sabido que estos funcionarios de Interior y Defensa disfrutan

de privilegios negados al resto de empleados públicos prejubilándo-

se con su paga casi íntegra, más placa, pistola, pisos subvenciona-

dos, economatos, vacaciones a precio de risa, desde los 40 años con

411

fórmulas bien sonantes (reserva activa, ‘accidente/incidencia’ en

acto de servicio, segunda actividad, disponible ‘eterno’) que al cabo

son situaciones agraviantes para trabajadores y funcionarios que se

jubilarán a los 67 años, pase lo que pase.

Aterrizan estos señores en empresas de seguridad, gracias a sus

contactos con antiguos compañeros de armas, y siguen haciendo

‘fortunita’ con tan sustantivo ganapán. Nadie cuestiona este escán-

dalo que el autor viene denunciando desde hace años cada vez que

tiene ocasión, en los medios y soportes que le dan oportunidad de

expresarse.

Las puertas giratorias entre el empleo público y el negocio pri-

vado generan ingresos a estos personajes que nunca dejan secos

esos vasos comunicantes. Finalmente dan sensación de ofi cialidad

a actividades empresariales lucrativas de las que sacan pingües be-

nefi cios accionistas y ejecutivos de estas empresas, la mayoría de

tamaño medio y alto.

Para cerrar el círculo del tentador minijob para codicosos em-

presarios mandó ‘adelantados’ a España el empresario judío-nor-

teamericano Sheldon Adelson. Es un magnate de los que pone 10

euros y reparte así: 4 son prestados por bancos y especuladores;

otros 4 subvencionados y los 2 que restan los pone él de su bolsillo.

Las plusvalías y retornos inversores los reparte el que pone menos:

¿Nos fi aremos del tipo?

Oyó, Adelson, que en España se subvenciona todo lo que sea

‘crear empleo’. Y raudo acude al festín. El hombre al menos se ve

que lo intenta con cierto ofi cio. Registra incontables casinos y re-

sorts anexos en Las Vegas (USA), países exsoviéticos y del sureste

asiático.

412

Los planes empresariales de Adelson para las afueras de Ma-

drid, y cerca de las terminales en Barajas, fueron crear ‘Eurovegas’,

un complejo de casinos, hoteles, campos de golf, restaurantes y has-

ta ‘humanitarios’ centros de rehabilitación para ludópatas, recupe-

ración de borrachos y de higiene para prostitutas. La inversión que

se estima hará Adelson y sus socios vía Las Vegas Sands Inc se acer-

caría, teóricamente, a los 15.000 millones de euros.

El proyecto contempla la contratación de hasta 35.000 emplea-

dos en la seguridad privada (escoltas, guardias, técnicos, controla-

dores, fi sonomistas…). La pelea por el pastel entre empresarios ya

está planteada y aún no se ha movido una máquina para remover

tierras donde se hará el complejo. Es más, como es sabido, todo se

quedó en agua de borrajas. Pero conviene refrescarlos movimientos

de determinados lobbies a la caza de tajada sin salir de restaurantes,

terminales GSM y regalitos.

Lógicamente, Adelson cederá a empresas instrumentales y

locales la gestión de esa seguridad que tanto importa para evitar

testigos incómodos de cómo se acabaría convirtiendo la comunidad

madrileña y por extensión española en el Sodoma y Gomorra del

siglo XXI, en una Europa decadente a favor de una emergente Asia,

América y África.

Adelson estaba tan entusiasmado con sus ‘inversiones’ espa-

ñolas que apostó también por gestionar el arruinado y endeudado

IFEMA (acrónimo de Institución Ferial de Madrid), que mueve mi-

llones de personas al año en congresos y eventos que gestionan po-

líticos del PP y que la arrastrarán a la bancarrota si un milagro no lo

remedia a cortísimo plazo.

413

Finalmente, el ‘viernes 13’ de Diciembre 2013 se desvelaron in-

cógnitas sobre ‘Eurovegas’. Un escueto comunicado de ‘Las Vegas

Sands Inc’, el holding empresarial de Adelson, siguió a declaracio-

nes de Ignacio González, presidente madrileño. El macroproyecto

español y europeo de Adelson se caía a favor de otros proyectos que

acaricia el hebreo en Japón y Corea del Sur.

La realidad es que las condiciones de última hora que intentó

imponer Adelson a las autoridades españolas fueron inasumibles.

Resultó inaceptable, amén de exenciones fi scales, regalo de suelo,

subvenciones a fondo perdido y un largo etcétera, que la previsible

y teórica inversión de Adelson tuviera retorno en caso de pérdida de

benefi cio, cambios normativos o de gobierno.

El concepto de ‘empresario’, que entraña ineludiblemente el de

riesgo, le queda ancho a este emprendedor que comenzó su trayec-

toria voceando periódicos. Más ‘trapicheos’ y planes de empresarios

españoles sobre los de Adelson basculando sobre ‘Eurovegas’ enca-

jarían difícilmente en estas páginas.

Otro escenario fallido fueron las no otorgadas Olimpiadas para

Madrid en 2020, un parque lúdico en zona catalana y la creciente

demanda de estos servicios, los de seguridad privada, que va en pa-

ralelo al incremento de la criminalidad.

Llegados a tal punto conviene añadir algo curioso. Un jefe po-

licial en un discurso de fi nales de 2013 tuvo que leer con detalle al

auditorio que le oía atentamente un descenso estadístico delictivo

que ni él mismo creía. Su lenguaje no verbal le delató ante cientos

de oyentes. Achacó a expertos sin identifi car su incredulidad. Fuera

de guión, claro es.

414

El espacio normativo del detective español concierne

más al derecho que a la seguridad privada, pública

o ciudadana.

Según las estadísticas ofi ciales, resultan especialmente preocu-

pantes los números de hurtos, robos con violencia, delitos contra la

propiedad y contra las personas.

No obstante, la LSP del PP, antes de su promulgación, superó

fases de debate parlamentario en las que se introdujeron y votaron

enmiendas y modifi caciones. Está ‘cantado’ que la mayoría absoluta

del PP en las cámaras legislativas (Congreso y Senado) no obstacu-

lizará la esencialidad de su LSP.

Tras pasar los fi ltros de Comisión Nacional de Competencia,

Ministerios de Hacienda, Trabajo e Industria y de AEPD, el Consejo

de Estado dictaminó a favor del Proyecto de LSP sin objetarlo sus-

tantivamente. Apenas se han corregido algunos puntos no sustan-

ciales y se obvia el que las empresas de seguridad puedan investigar

como les faculta a los detectives.

415

Sobre lo dictaminado acerca de LSP nuestra AEPD se añade

que su informe puede considerarse superfi cial. Tras publicarse en

BOE esta LSP esperaremos para que se perfeccione la doctrina ju-

risprudencial sobre lo que este modesto observador de las paradojas

que inserta LOPD darán de sí en cuanto a denuncias y sus singula-

res resoluciones.

Baste decir al respecto que si existió Operación Pitiusa que in-

vestiga mercadeo de datos protegidos en LOPD fue porque las ofer-

tas provienen ‘desde dentro’ de Interior.

Aunque el CNP y Guardia Civil tienen planes de colaboración e

invitaciones mil para que los detectives les regalen casos y datos de

interés delictivo el retorno, ofi cial y ofi cioso, con las fuerzas del or-

den no es correspondido desde la noche de los tiempos. La máxima

sería: ‘Tú me das y yo ya veré si te doy…’.

Los planes del ejecutivo del PP en cuanto a la seguridad priva-

da son respetables, pero con los detectives entiende el autor se han

sobrepasado muchas más rayas de las que unos pocos con licencia

se saltaron previamente.

3º. ALEGACIONES DE LOS DETECTIVES ASOCIADOS

Decíamos que, por primera vez, en la fecunda historia de los de-

tectives españoles estos unifi caron su voz en un tema que les compete,

afecta, castiga, controlará más y sugiere cánticos funerarios al sector.

Aunque una mayoría de sabuesos españoles no está afi liado a

ningún colectivo por diversas razones (personalismo, corruptelas

e imputaciones entre ‘dirigentes’, individualismo del profesional,

mensajes demagógicos y de autobombo, etc.) la nueva LSP ha mere-

cido una réplica, llamémosle protesta, unánime del gremio.

416

Si bien las alegaciones la sustentan algunos colectivos es paten-

te el apoyo popular del resto de los profesionales. Nunca un desva-

río publicado en el BOE [Anteproyecto de LSP] ha registrado una

protesta tan aceptada desde que los detectives españoles tienen nor-

mas que les controlen y castiguen, desde los turbios tiempos de la

posguerra española.

Además de los detectives asociados en el clamor contra el ante-

proyecto de LSP que impulsó el PP ha de añadirse la autorizada voz

de un colectivo, Sociedad Española para el Desarrollo y Difusión de

Investigación Privada (SEDDIP). Se expresó el pasado mes de mayo

2013 a través de su presidente Eduardo Navasquillo.

En rueda de prensa, SEDDIP difundió un comunicado que re-

cogieron los principales medios escritos, digitales y audiovisuales

españoles. Se acusa al Gobierno de “favorecer a las empresas de

seguridad privada y aceptar su presión para que en la nueva Ley

que prepara Interior las compañías del sector puedan ejercer la-

bores de investigación hasta ahora reservadas a los detectives”.

La nueva LSP, según Navasquillo, supondrá “el cierre de muchos

despachos de detectives que no podrán competir con las compa-

ñías”. Añade que “la nueva Ley perjudica a los detectives ya de por

sí bastante afectados por la crisis económica, por el intrusismo de

policías y guardias civiles o por el trabajo sin darse de alta en la

Seguridad Social de algunos profesionales”.

Vaticina Navasquillo que “la situación empeorará toda vez

que, además, se requerirá un aval económico para su actividad del

que no podrán disponer y tendrán que competir en desigualdad de

condiciones con las empresas (de seguridad)”.

En opinión de Navasquillo, “los detectives no están de acuer-

do con estas medidas, están ya sufi cientemente controlados con las

417

inspecciones de la Policía y los libros de registro obligatorios y ase-

guran que entregar datos a la administración invade la intimidad”.

En resumen, SEDDIP se queja de la fi scalización y mayor con-

trol de los detectives que pretende Interior y la rapidez con la que

hay que destruir archivos y evidencias audiovisuales. La SEDDIP

anunció que contactó con grupos parlamentarios para presentarles

sus propuestas, incluyendo las históricas aspiraciones gremiales de

tener una regulación singular.

Escribíamos en el Capítulo 1 que la ‘Orden Rosón’ de 1981 pue-

de considerarse la más favorecedora para el detective: se sube su

nivel formativo a diplomatura universitaria se consolidan los auxi-

liares y sólo se castiga con suspensión o revocación de licencia en

caso de infracción del profesional heterodoxo o infractor.

Colaborar con la Justicia y el esclarecimiento

de la verdad es la legítima aspiración de un

detective como el autor del libro.

418

En la época de Franco (Órdenes de 1951 y 1972, ver capítulo 1)

la presión gubernamental a las agencias de investigación privada

era sucintamente la no renovación de la licencia. Si se mete la pata

os cerramos el despacho. Ese era el mensaje.

Los socialistas, en 1992, materializaron su malestar y doloroso

cabreo con los detectives que les descubrieron escándalos, docu-

mentaron corruptelas y denunciaron silentes desviaciones de poder.

No estuvieron a la altura quienes detentaron un ‘rodillo’ con el que

aplastaron cualquier iniciativa disidente, dentro y fuera del PSOE,

dentro y fuera del monopolio de poder que instrumentaron durante

el largo mandato de Felipe González (1982-1996).

Pues bien, en el año 2013 estamos ante una insólita y plausible

unanimidad de los detectives ante las garras e intenciones de un poder

que no les perdona que husmearan el Caso Gürtel a caballo entre la Co-

munidad Valenciana y la de Madrid, detectaran patrimonio oculto del

encarcelado expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán,

con cuyo affaire tanto se tapa en la élites, y conocieran algunos misiles

que alberga el extesorero Bárcenas. Esto es parte de lo que toca al PP.

Lo que menos perdona el PP, a tenor de lo que conocemos, es

que salgan demasiados datos que perjudiquen a sus empresarios,

dirigentes y votantes ‘cualifi cados’. Nos referimos de los que amena-

zan a quien ejerce temporalmente el poder con un imperativo ‘hasta

aquí hemos llegado’ quejándose de alguna inconveniencia judicial,

policial o destape de vergüenzas por algún incómodo detective.

Operación Pitiusa coge velocidad cuando se debate discreta-

mente LSP, especialmente en su segunda y extraña fase, ultimada el

pasado mes de abril de 2013.

Menos aún perdonan en el PP y otros partidos que se les es-

piara a mansalva por una impropia agencia, Método 3, que des-

cubre intimidades de su líder catalana, Alicia Sánchez Camacho, y

419

compromete a las entrañas del Estado con las derivaciones al CNI

(servicios secretos españoles), dirigentes ministeriales, empresarios

infl uyentes y políticos del arco parlamentario, el Barça y un largo

etcétera que desbordará la actualidad del presente libro.

Los archivos inéditos de Método 3 no defraudarán al público ni

a los morbosos de turno que son legión, aunque desconocemos qué

es verdad, mentira, autobombo o cobrar varias veces por lo mismo.

El conocimiento de las alegaciones llamémosle ‘corporativas’

de los detectives españoles merece, pues, detallado análisis. Ade-

lantamos que ya se han mayoritariamente sustanciado en puntos

de vista personales del autor, detective en ejercicio, pero haremos

esfuerzo de síntesis para evitar innecesarias reiteraciones.

Las alegaciones de los detectives asociados están suscritas, en-

tre otros, por el colectivo heredero del verticalismo aunque renova-

do en personas y dirigentes. Su sede, en la madrileña calle Montera,

conserva las esencias gremiales.

El detective español del siglo XXI sobrevivirá

respetando normas e intimidades si el poder

y sus terminales cesan en su infi nito acoso y

límites que invisibilizan su utilidad social

420

Nos referimos a Asociación Profesional Nacional de Detecti-

ves Privados de España (APNDP). Se unen los colegios ofi ciales de

detectives privados de Galicia (CODEGA), Comunidad Valenciana

(CODPCV) y Cataluña (CDPC), el ente que presume de concentrar

la mayor afi liación española gremial, Asociación Profesional de De-

tectives Privados de España (APDPE) y, por último, el colectivo que

aglutina a los empresarios del sector, Asociación de Empresas de

Detectives Privados (AEDP).

En plazo pertinente presentaron, en Mayo de 2013 un recurso

de alzada al anteproyecto de la LSP gubernamental. Sus alegaciones

pueden califi carse como muy contundentes y aplaudidas dentro y

fuera de los colectivos que representan los alegantes.

Se inicia el reclamo anticipando que “el anteproyecto propues-

to por el Ministerio del Interior supone un ataque frontal a los prin-

cipios que han ordenado la profesión desde que se aprobara la LSP

de 1992”.

Previamente se había diferenciado “la necesidad en la separa-

ción de las funciones de investigación privada (reguladas singular-

mente en Órdenes de 1951, 1972 y 1981) de las de seguridad priva-

da”. La LSP de 1992 sancionó la separación desde su exposición de

motivos. Alegan los colectivos de detectives sindicados que al luchar

contra el intrusismo este anteproyecto “aumentaría sus posibilida-

des al incrementar notablemente el número de personas a las que se

autorizaría la realización de estas funciones”.

No entienden estos alegantes “qué ha cambiado en la sociedad

española para intentar una modifi cación tan sustancial en la re-

gulación de la materia, tal como se pretende en el Anteproyecto.

Y es que el mismo obvia la histórica, recurrente y positiva colabo-

421

ración que siempre ha existido, en la práctica, entre los despachos

de detectives privados, el poder judicial y las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado” . Se asombran quienes suscriben esta alzada

porque “no se colige qué tiene que ver la investigación privada con

la seguridad privada”.

Un epígrafe, el segundo, de estas alegaciones, corrobora la

“creación por Ley de una situación de clara competencia desleal”.

Se añade que “en la práctica y gracias a la magnitud lograda en

base a la exclusividad en la función, las empresas de seguridad

mantienen estrechos contactos con las empresas, lo que las sitúa en

una posición de dominio evidente… En estas condiciones, permitir

que las empresas de seguridad irrumpan en el sector de la inves-

tigación privada supone crear, ex lege, una ventaja competitiva

injusta a favor de las empresas de seguridad. De mantenerse el

texto del Anteproyecto, el sector de los detectives privados se verá

condenado a la extinción o a la atención de asuntos exclusivamente

particulares y de escasa entidad”.

El tercer epígrafe pronostica que esta LSP supone una modifi -

cación innecesaria.

El cuarto se extiende sobre “incompatibilidad de funciones y,

especialmente, de la obligación de reserva respecto de los hechos

de clientes, conocidos como consecuencia del ejercicio de funciones

de seguridad”. Se explica así: “Tanto la vigente Ley (artículo 3.3)

como el Anteproyecto (artículo 8.5.c) establecen la obligación del

personal y empresas de guardar reserva de los datos conocidos de

clientes durante el ejercicio de sus servicios y funciones. Esto nece-

sariamente quiebra con la atribución de funciones de investigación

a las empresas de seguridad”.

422

El quinto acentúa la contradicción existente con la aplicación

de la Ley 2/2007 sobre sociedades profesionales. Indican que el de-

tective es una función regulada y reconocida legalmente, por lo que

puede integrar en mayoría accionarial una sociedad de tal tipo, no

aplicable a los habilitados por Interior a ejercer en la seguridad pri-

vada, abriéndose la puerta a entrar socios, intereses y organismos fo-

ráneos, no habilitados por España o con grandes interrogantes delic-

tivas lo que resulta especialmente llamativo en el sector que presume

de avalar la seguridad privada en complementariedad con la pública.

El epígrafe sexto incide en lo anticipado. El Estado español re-

nuncia con esta LSP a saber quién es el titular material de las em-

presas de detectives al integrarlas en las de seguridad, algo que aho-

ra goza de la transparencia debida.

Los detectives asociados se pronuncian por la supresión del ar-

ticulado que disipe la investigación en la seguridad privada otorgán-

doles la vigente exclusividad funcional.

Acerca de los mayores controles que concreta la LSP de 2013

sobre detectives estos deben circunscribirse al ámbito privado, ade-

más se muestran en contra de una intromisión desproporcionada en

la intimidad de los ciudadanos.

En efecto pone a la vista de la policía, no de los jueces, datos

privados de clientes, informados, medios usados y resultados ope-

rativos sin el debido mandato y control jurisdiccional y sin justifi ca-

ción alguna y destruir archivos en plazo de cinco años, más soportes

audiovisuales en uno.

Los profesionales fi rmantes de las citadas alegaciones “no lle-

gan a colegir qué necesidad, en los términos delimitados por el Tri-

bunal Constitucional, hay de los controles que el Anteproyecto pre-

423

tende establecer, cuando, como se ha dicho, la actividad reservada a

los detectives privados nada tiene que ver con la seguridad pública”.

Además, se cuestionan varias interrogantes que nacen del sen-

tido común: “¿Qué necesidad hay de que la Policía sepa y tenga

registrado que una persona ha contratado a un detective privado

porque sospecha que su cónyuge le es infi el? ¿Qué necesidad hay de

que la Policía sepa y tenga registrado que una empresa sospecha

que uno de sus trabajadores trabaja menos de lo que debe? ¿Qué

necesidad hay de que la Policía sepa y tenga registrado que una

determinada entidad de crédito ha solicitado una investigación

porque un ciudadano ha dejado de pagar un recibo? ¿Qué necesi-

dad hay de que la Policía sepa y tenga registrado que una deter-

minada entidad aseguradora ha solicitado una investigación sobre un

ciudadano porque sospecha que alega daños inexistentes en su coche?”

Esas preguntas que se hacen tantos detectives a través de sus

colectivos concuerdan en afi rmar que “cualquier injerencia en la

intimidad de las personas debe perseguir un bien jurídico protegi-

do superior (en términos del propio Tribunal Constitucional) que

nunca estará representado en un interés genérico sino particular.

Es por ello que está fuera de toda lógica y derecho el que la intimi-

dad concreta de las personas se condicione a un deber genérico de

información a las autoridades ya que, de manera preventiva, se

desvelarán situaciones que nada tendrán que ver con la seguridad.

Debe señalarse por tanto la presunta inconstitucionalidad de los

preceptos de la ley relacionados con el derecho a la intimidad”.

Más adelante los detectives ponen de manifi esto el evidente

choque normativo que entraña esta LSP con la LOPD a cuenta de

los datos personales, sometidos a reserva y protegidos que deben

airear los detectives de seguir adelante dicha Ley.

424

Esa colisión se extiende, a juicio de estos detectives, con lo dis-

puesto en los artículos 261 y 263 de la vigente Ley de Enjuiciamiento

Criminal.

Si el detective debe denunciar delito conocido en el contexto de

su ofi cio, algo que le singulariza pero que alcanza a cualquier residente

en España, esa obligación puede desvelar secretos que debe mantener.

Sobre los requisitos para habilitarse como detective, esta LSP

abre las puertas de pruebas inconcretas para obtener licencia nos

tememos que sin pasar por la universidad, obtener un grado o las

1.800 horas lectivas que ahora se exigen para ello.

Las alegaciones van contra esa puerta que parece abrirse para

legalizar a los actuales intrusos en claro agravio con los ejercientes

suprimiéndose las contempladas pruebas físicas de la nueva LSP.

Sobre la prohibición de investigar delitos a los detectives se

verbaliza una vieja aspiración sobre la realidad de esta injustifi cada,

paradójica e histórica prohibición.

Se recuerda a Interior y al legislador el artículo 24 de la Cons-

titución que entraña el derecho formal a obtener pruebas. Los recu-

rrentes proponen adecuar la realidad judicial, donde hay inconta-

bles procedimientos y sumarios penales iluminados por las pruebas

detectivescas, a la real que demandan los ciudadanos.

Se mantienen las contradicciones entre la función del detective

de obtener pruebas y la negativa a que éstas se conduzcan en deter-

minados procedimientos que afectan sensiblemente al ciudadano y

la sociedad.

Sobre los despachos de detectives, los alegantes se muestran

contrarios a los controles extras que contempla esta LSP sobre las

actividades privadas por parte y cuenta de la policía pública.

425

Por último, en cuanto a las incompatibilidades singulares que

alcanza el anteproyecto de LSP, los detectives rechazan que éstas

se singularicen en los detectives, profesionales libres sin estatus de

empleado público, ni uniforme, negándose a la publicidad que con-

templa el Registro Nacional de Seguridad Privada, el aporte de un

aval que se justifi ca presumiéndose la maldad del detective por las

multas de Interior de las que puede se acreedor a priori.

En cuanto a sanciones a los detectives se niega la suspensión

provisional por la mera detención “por su implicación en la comi-

sión de hechos delictivos” lo que resulta inadmisible e injustifi cable

para los alegantes.

Tampoco consideran de recibo la graduación económica de las

sanciones previstas en LSP y que igualan a detectives y empresas de

seguridad.

Los detectives asociados fi nalizan su corto pero contundente

alegato “con la oportunidad de elaborar una Ley exclusiva en mate-

ria de servicios de investigación privada”.

El autor considera muy interesante, e histórica, esta propuesta

más los refl ejos que advierte entre los redactores e impulsores de

esa Ley no nata. Ello lo reivindica quien suscribe desde principios

de los ochenta.

Por ello reproducirá su texto aunque debería a priori ser dirigi-

da más a los ojos de quienes imparten justicia, o regulan su aplica-

ción en España, que a los miopes y fi scalizadora vista de funciona-

rios de Interior.

Tan respetables y dignos servidores públicos tienen más ore-

jas y ojos para el terrorismo, criminalidad, prevalencia de seguridad

ciudadana.

También, las competencias de sus responsables no les impidió

ver más allá en los detectives que un objeto de fi scalización, perse-

426

cución, multa y reo de comisaría y, eventualmente, banquillo judi-

cial. Como en las películas.

La propuesta de los detectives asociados debemos enmarcar-

la en un contexto de aportar ideas para juristas y legisladores que

aprecien las sensibilidades diferentes que entraña el detective a los

ojos del poder que representan tan elevados dignatarios del Estado

de Derecho.

Si en la LSP socialista el legislador apreció una especifi cidad de

los detectives sobre el personal de la seguridad privada, en la que se

concibe en los primeros años del siglo XXI debe ser el anticipo de

una norma que controle derechos y obligaciones, no que fi scalice o

multe a los investigadores privados.

Seguidamente reproducimos la propuesta de Ley de los detec-

tives asociados al Ministerio del Interior a sabiendas que no será

aprobada. Guiados por el sentido común esta proposición debería

ser dirigida al Ministerio de Justicia o Consejo general del Poder

Judicial (CGPJ) pues la énfasis operativa del detective español se

circunscribe más al calor de prueba y pericia judicial que al frío de

la seguridad privada. Es decir, está más cerca de la toga y la puñetas

(donde siempre pueden mandarte hacerlas) que de las placas, pisto-

las y uniformes verdes o azules.

PROYECTO DE LEY REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE

INVESTIGACIÓN PRIVADA

Exposición de motivos.

Las actividades de los detectives privados en España fueron

reguladas en 1951. Tras utilizar varias Órdenes Ministeriales exclu-

427

sivas para la regulación positiva y régimen sancionador, en 1992 la

regulación pasa a integrarse en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada

(LSP), incorporándose el detective privado como una fi gura más en-

tre el llamado personal de seguridad privada.

Ya con ocasión de la redacción de la LSP se señaló en su ex-

posición de motivos la especifi cidad de la fi gura y funciones de los

detectives privados, alegándose razones de urgencia (derivadas de

la insufi ciencia del rango normativo derivado de la sentencia del

Tribunal Constitucional 61/19902) para su inclusión. Se alegaba,

también, que su “ámbito de actuación es parcialmente común con

el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”, justifi cando así un marco

común de mecanismos de coordinación subordinada y de interven-

ción de los servicios policiales.

Los detectives españoles tienen una Tarjeta de Identidad

Profesional (TIP) que expide el Ministerio del Interior.

Eso les diferencia de impostores.

No obstante, las diferencias con el resto del personal de segu-

ridad privada siguen siendo evidentes, tanto en materia de forma-

428

ción como de funciones. Por otra parte, la práctica profesional de

los detectives privados parece desmentir ese ámbito de actuación

parcialmente común con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-

tado. Los detectives privados centran su actividad investigadora en

cuestiones relacionadas con la averiguación de hechos y conductas

por cuenta de aquellos legítimamente interesados, frente a la actua-

ción de la Policía, que defi ende los intereses generales del Estado.

Además, un simple análisis de las sentencias de asuntos en los

cuales han intervenido los detectives privados demuestra que la

práctica totalidad de su actuación se dirige a la aportación de infor-

mación y pruebas en procedimientos civiles, laborales y mercantiles.

Una lectura de las diferentes normas que han regulado los ser-

vicios y la actuación de los detectives privados muestra una actitud

recelosa hacia su labor, tanto por la limitación de sus áreas de inter-

vención como por los controles a los que se han vistos sometidos.

Esta actitud parecía razonable en 1951 y prudente en las órdenes

ministeriales posteriores. Hoy la situación es radicalmente distinta.

El detective privado es un profesional formado en las univer-

sidades españolas y su labor, como profesional de la investigación

por cuenta de terceros, es esencial en muchos procedimientos ju-

diciales. Ya en 1990, el Tribunal Supremo califi caba sus servicios

como “medio de prueba, de habitual utilización ya, y, en ocasiones,

instrumento dotado de exclusividad para el efi caz control por el em-

presario de los deberes exigibles al trabajador”, indicando también

que “lógicamente, el testimonio emitido por los detectives privados

tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad

exigible y en principio también presumible, en una profesión regla-

mentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable,

429

proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior

testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráfi cas o

sonoras de que suele ir acompañada” (sentencia del Tribunal Supre-

mo, sala 4ª, de 6 de noviembre de 1990).

Otra prueba de su especial vinculación con la justicia civil fue

la inclusión de la fi gura en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año

2000, en los artículos 265.1º. Apartado 5 y el 380.

En la actualidad se está llevando a cabo el estudio para la modi-

fi cación de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada. Mantener a los de-

tectives privados en la misma supondría perpetuar una situación de

urgencia. Por el contrario, estos trabajos de modifi cación de la LSP

suponen una ocasión para replantear la ubicación de las actividades

de investigación privada en el ámbito en el cual, materialmente, se

están desenvolviendo.

Supone también una ocasión para reforzar los derechos de los

ciudadanos cuando acuden a los servicios de investigación privada,

garantizando que la obligación de secreto que ya la actual normativa

impone, se traduzca en un derecho efectivo de los mismos, y de las

personas objeto de investigación, no salgan de la esfera civil, laboral

y mercantil, en las cuales tienen su sede natural.

A la vez, la evolución de la sociedad obliga a replantearse las

limitaciones que tradicionalmente se han impuesto a los detectives

privados, específi camente en la prohibición de investigar, por cuen-

ta de los legítimamente interesados, delitos en general.

Pese a que, como se ha señalado, pocas son las ocasiones en

que los detectives privados han sido llamados a la investigación de

hechos delictivos, en todas ellas nuestra Jurisprudencia ha sido re-

iteradamente coincidente en considerar que el resultado de dicha

investigación ha de tener cabida como prueba en el proceso penal,

430

en la medida en que permite una mejor administración de justicia,

todo ello en atención al artículo 24 de nuestra Constitución y al de-

recho de aportar al proceso las pruebas oportunas.

La presente Ley pretende superar posiciones más propias del

siglo pasado que del actual y confi gurar los servicios de investiga-

ción privada como un instrumento más en la administración de jus-

ticia. Sin dejar de regular la actuación de los detectives privados y el

régimen disciplinario aplicable a éstos, la Ley se centra en la regula-

ción de los servicios de investigación privada.

Art. 1. Ámbito

La presente Ley regulará los servicios de investigación privada

y la actuación de los detectives privados.

Art. 2. Actividades de investigación privada

1. Por investigación privada se entenderá la obtención, por

cuenta de terceros, de información y pruebas sobre hechos y con-

ductas, sus circunstancias y la determinación del modo y autoría en

que dichos hechos y conductas se produjeron.

2. Se entenderán, en todo caso, como actividades de investiga-

ción privada, la investigación y acreditación de hechos y conductas

relativas a:

a) La identidad, hábitos, conducta, movimientos, paradero,

asociaciones, transacciones, estado civil, reputación o carácter de

personas físicas, jurídicas o cualesquiera entes con o sin personali-

dad jurídica.

b) La reputación comercial, fi nanciera, laboral y mercantil de

cualesquiera personas físicas o jurídicas, así como la determinación

de su solvencia más allá de lo que conste en registros públicos.

431

c) Cualesquiera hechos que puedan dar lugar a responsabilidad

civil, penal, laboral o administrativa.

d) La vigilancia y observación de personas en el interior de ho-

teles, ferias y cualesquiera establecimientos.

e) El paradero de personas desaparecidas, dueños de propie-

dad abandonada o de bienes sujetos a medidas cautelares, o de titu-

lares de derechos de herencia sobre caudales hereditarios.

f) La localización de bienes perdidos, sustraídos, escondidos o

desaparecidos.

g) Cualesquiera hechos o circunstancias cuya materialización

suponga la efi cacia o la exigibilidad de obligaciones previstas en

contratos o necesarios para dicha exigibilidad.

h) La actividad de las empresas respecto de la investigación y

prueba de la competencia desleal o de la realización de actividades

limitativas del derecho a la libre competencia.

i) El cumplimiento efectivo por parte de trabajadores respecto

de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

j) La utilización ilegítima de marcas o signos distintivos y, en

general, cualesquiera hechos relacionados con la propiedad intelec-

tual e industrial o el know how de empresas.

k) La ocupación de inmuebles y la forma y circunstancias en

que esta se realiza con el objeto a acreditar el incumplimiento de

contratos de arrendamientos rústicos, urbanos o especiales.

l) La localización personas, testigos, bienes y la obtención de prue-

bas con relación a procedimientos, administrativos, arbitrales, comités

de investigación o similares, o a la preparación de los mismos.

3. Los detectives privados no podrán investigar la vida íntima de las

personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados.

432

Art. 3. Detectives Privados

1. Sólo los detectives privados podrán realizar funciones de in-

vestigación privada.

2. Podrán acreditarse como detectives privados aquellas perso-

nas que acrediten los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad de uno de los estados miembros de la

Unión Europea o el Espacio Económico Europeo.

b) Tener la mayoría de edad y capacidad de obrar.

c) Tener aptitud psíquica.

d) Carecer de antecedentes penales en el momento de la solicitud.

e) Estar en posesión del título de bachiller o superior o equivalente.

f) Estar en posesión del título o diploma, expedido por una

universidad, instituto universitario u otro centro habilitado, acre-

ditativo de haber superado los estudios, de un mínimo de 3 años de

duración y 1.800 horas lectivas, conforme al programa que regla-

mentariamente se determine por el Ministerio del Interior.

Art. 4. Habilitación y registro de detectives privados

1. Para el inicio de sus actividades, los detectives privados de-

berán estar inscritos en un registro dependiente del Ministerio del

Interior. La inscripción se acreditará mediante la correspondiente

tarjeta de identidad profesional, que se extenderá una vez practica-

da la inscripción. El número de orden de la inscripción en el registro

de detectives privados deberá constar en los informes emitidos por

los detectives privados.

2. Los detectives privados podrán prestar sus servicios a títu-

lo individual, como dependientes por cuenta de otros detectives o

433

a través de sociedades de detectives. Los detectives dependientes

constarán como tales en el registro previsto en el párrafo anterior,

con indicación del detective o sociedad para la cual prestan servicios.

3. Los detectives privados deberán comunicar al Ministerio

del Interior, en la forma que se determine, cualquier cambio que se

produzca en sus circunstancias, para la actualización del correspon-

diente registro.

4. La baja del registro de detectives privados se producirá por

solicitud del interesado, por fallecimiento o como consecuencia de

expediente sancionador.

Art. 5. Sociedades de detectives

1. Los detectives privados podrán prestar sus servicios a través

de sociedades de detectives, que podrán adoptar cualquier forma

permitida en derecho.

2. Las sociedades de detectives deberán estar integradas y go-

bernadas exclusivamente por detectives privados. Sus estatutos de-

berán prever la transmisión de acciones en caso de que un socio

pierda la condición de detective privado, así como en transmisiones

mortis causa, cuando los herederos no ostenten esta condición.

3. Toda sociedad de detectives designará un director técnico,

que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de regis-

tro y de comunicar al mismo las modificaciones que se produzcan,

así como las altas y bajas de los detectives dependientes.

4. En lo no previsto en este artículo, las sociedades de detecti-

ves se regularán por lo dispuesto para las sociedades profesionales.

Art. 6. Legitimidad del encargo.

1. Podrán solicitar servicios de investigación privada las per-

sonas físicas, jurídicas o cualesquiera entes, en los cuales concurra

interés legítimo en la averiguación de los hechos cuya investigación

se solicita.

2. Se entenderá que concurre interés legítimo, en todo caso:

a) Cuando la Ley otorgue al solicitante facultades de control

sobre el investigado o sobre la actuación de éste.

b) Cuando la Ley imponga al solicitante determinadas obligacio-

nes, para las cuales precisa la averiguación de los hechos o conductas.

c) Cuando solicitante e investigado estén unidos por una relación

jurídica o asimilada, respecto de aquellos hechos relevantes para el

nacimiento de obligaciones o derechos derivados de dicha relación.

d) Cuando el solicitante tenga acción contra el investigado en

función de la ocurrencia de determinados hechos o la existencia de

determinadas circunstancias, o pueda oponerse en base a éstas a la

acción del segundo.

e) Cuando el solicitante deba adoptar una decisión legítima,

respecto de aquellos hechos y circunstancias necesarias para la

adopción de dicha decisión.

f) Cuando el solicitante sea el perjudicado por un hecho, res-

pecto de la autoría y circunstancias del mismo y de su autor.

g) Cuando el solicitante pueda ejercer la acción penal en condi-

ción de acusación particular.

h) Cuando el solicitante sea imputado por un delito o falta, o en

un procedimiento administrativo.

435

Art. 7. Legalidad de la actuación

1. Los detectives privados, en sus investigaciones, deberán ob-

servar lo dispuesto en la presente Ley.

2. Igualmente, las actividades de los detectives privados se con-

ducirán dentro del marco de los derechos reconocidos a los ciudada-

nos en la Constitución Española.

Art. 8. Secreto profesional

1. Los detectives privados están obligados a guardar absoluta

reserva sobre las investigaciones que realicen, no pudiendo dar in-

formación de las mismas más que a las personas que se las enco-

mendaron, salvo autorización o petición de éstas.

2. Sólo mediante resolución judicial se podrá acceder al con-

tenido de las investigaciones realizadas por los detectives privados.

Art. 9. Actuación judicial

La actuación en juicio de los detectives privados se realizará

conforme a lo que dispongan las leyes. En todo caso, los detectives

privados están obligados a atender las citaciones que realicen los

juzgados y tribunales a los cuales sus informes hayan sido aporta-

dos, para la ratifi cación y testimonio derivado de los mismos.

Art. 10. Condición de interesado.

1. Los detectives privados ostentarán la condición de interesa-

do en sus consultas a registros públicos. No podrá solicitarse a los

detectives privados que identifi quen a la persona o ente por cuyo

interés se realicen las peticiones de información registral.

436

2. Los detectives privados podrán ser cesionarios de datos que

consten en registros administrativos, en la forma que reglamenta-

riamente se determine, atendiendo a criterios de razonabilidad, ne-

cesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta.

Art. 11. Infracciones

1. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán califi cadas

como muy graves, graves y leves.

2. Serán infracciones muy graves:

a. La contratación a sabiendas de servicios de investigación pri-

vada a personas o empresas carentes de la habilitación legal como

detective privado.

b. La prestación de servicios de investigación privada sin estar

inscrito en el registro correspondiente.

c. La violación de derechos fundamentales de los investigados

durante las investigaciones.

d. La violación de la obligación de secreto respecto de las investigaciones.

e. La comisión de una tercera infracción grave en el periodo de un año.

3. Serán infracciones graves:

a. La realización, a sabiendas, de investigaciones a favor de so-

licitantes en los cuales no concurra un interés legítimo.

b. La contratación de personas no habilitadas para el ejercicio

de funciones de investigación privada.

c. No comunicar en los plazos previstos, las modifi caciones al

registro de detectives privados.

d. La comisión de una tercera infracción leve en el periodo de un año.

4. Serán infracciones leves los incumplimientos a lo dispuesto

en la presente Ley, no previstas en los párrafos anteriores.

437

Art. 12. Sanciones

El órgano competente podrá imponer las siguientes sanciones:

1. Por infracciones muy graves.

a. Multa, de 3.001 a 30.000 euros.

b. Suspensión temporal, por periodo superior a un año e infe-

rior a 3 años, de la habilitación para ejercer como detective privado.

c. Retirada defi nitiva de la habilitación para ejercer como de-

tective privado.

2. Por infracciones graves:

a. Multa, de 301 a 3.000 euros

b. Suspensión temporal, por periodo no superior a 1 año, de la

habilitación para ejercer como detective privado.

3. Por infracciones leves:

a. Apercibimiento por escrito.

b. Multa, hasta 300 euros.

4. Podrá imponerse la sanción inmediatamente inferior en gra-

do cuando, a criterio del órgano sancionador, la infracción cometi-

da revista circunstancias especiales que moderen la responsabilidad

del responsable.

Art. 13. Órgano competente

Serán competentes para la instrucción e imposición de las san-

ciones previstas en la presente Ley los órganos que, dependientes de

éste, determine el Ministerio del Interior.

Art. 14. Procedimiento sancionador

Para el procedimiento sancionador por infracciones a la pre-

sente Ley se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de no-

438

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional única.

El Ministerio del Interior podrá dictar las disposiciones regla-

mentarias oportunas en desarrollo de lo previsto en la presente Ley.

Disposición transitoria única.

Los detectives privados acreditados como tales en el momento

de entrada en vigor de la presente Ley podrán solicitar directamente

su inscripción en el registro de detectives privados previsto en el art.

4. Para ello, deberán acreditar estar en posesión de la correspon-

diente Tarjeta de Identidad Profesional, emitida conforme a la Ley

23/1992 de Seguridad Privada.

Los Informes de los detectives son efi caz herramienta para

defensas, acusaciones o pactar acuerdos antes imposibles. El

Tribunal Supremo los considera periciales en asuntos conduc-

tuales según reiterada jurisprudencia. En la imagen carpeta de

Informe de Agencia del autor.

439

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas leyes se opongan a lo dispuesto en

la presente Ley. En especial, quedan derogadas las referencias a los

detectives privados en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y su

normativa de desarrollo.

Además de alegar en plazo y ante el Ministerio del Interior lo

que consideraron conveniente los colectivos que agrupan a los de-

tectives ya citados ciertos ‘dirigentes’ activaron otras vías ofi ciosas

que son legítimas aunque cuestionables por las personas que es-

tarían fomentando estas actividades propias de lobby sin haberlo

constituido en el momento más oportuno.

Es decir, años antes de consumarse el fi asco legal contra los de-

tectives que representa una LSP del PP que fi ja la fecha de defunción

de los detectives españoles salvo un milagro que lo evite.

Escribíamos que al reformado anteproyecto de LSP se le avizo-

ra la plasmación de intereses patronales del sector de la seguridad

privada.

No es descabellado pensar que el Gobierno, de perfi l neocon-

servador, del Partido Popular que arrasó con mayoría absoluta con-

trolando Congreso y Senado, órganos de gobierno judicial y Ejecuti-

vo, fue extremadamente sensible a los intereses empresariales.

La ideología del PP está más próxima a ello si apelamos al senti-

do común y los antecedentes que acumula dicha formación política.

Según tal argumentación, la patronal de seguridad privada habría

instrumentado a priori un lobby próximo a APROSER que desplegó

todos sus encantos ante responsables de Interior y que una Funda-

440

ción, ESYS, plasmó en varios epígrafes un informe que casi calca la

fi losofía del proyecto gubernamental de LSP.

Pues bien, estos ‘dirigentes’ detectivescos promueven, cuando

se consumó el fi asco contra los detectives plasmado en los previos

de LSP, otro lobby que sería personalizado por un bufete madrileño

que oferta infl uenciar al mismísimo ministro del Interior, su gabi-

nete y otros dirigentes del grupo parlamentario popular.

Lo inquietante del asunto es que algunos de los valedores de

este lobby fueron detenidos y están imputados en Operación Pitiu-

sa. Es obvio que la redada dejó a algunas agencias sin trabajo y que,

ahora, reinventan supervivencias personales engañando a sus com-

pañeros con promesas vacuas.

Conviene recordar que en los ochenta un detective-líder, el

mismo que llegó a auto proponerse para obtener Medalla de Oro al

Trabajo, prometía congreso tras congreso crear un colegio profesio-

nal español de detectives.

Sus únicos argumentos fueron que coincidió laboralmente en el

Ayuntamiento de Madrid con el que después fuera ministro del In-

terior José Barrionuevo. Otro activo fue que, gracias a tal y supuesta

amistad, la propuesta colegial ‘estaba aprobada’ pendiente sólo de

fi rma en Consejo de Ministros.

El colegio estatal de detectives no existe, jamás se concedió por

el poder. Nuestro Estado de las autonomías, el del café para todos

como lo dibujó el que fuera ministro de las Regiones de UCD Ma-

nuel Clavero Arévalo, sólo aprobó los colegios de detectives de Cata-

luña, Comunidad Valenciana y Galicia.

441

Andalucía, Murcia y Madrid se quedaron en el intento de tener

colegio profesional. El nonato colegio andaluz registró nada menos

que cuatro negativas de su Junta autonómica.

El proyecto del madrileño hizo aguas mientras se discutía quién

sería su presidente y el murciano lo concedió su Parlamento regio-

nal aunque se le pasó el plazo de constitución al pelearse, también,

dos directivas por presidirlo.

Da vergüenza ajena y causan bochorno estos personajes, en-

cartados en turbios asuntos de Pitiusa, salpicados por Método 3 o

paladines de la profesión de la que intentan vivir como dirigentes,

no trabajando en la investigación privada o curtiéndose en la calle.

Lamentablemente, la historia de las mentiras se repite en 2013

sobre lo que se cacareó en los ochenta. Algunos detectives ‘ilumina-

dos’ son incorregibles.

El 14 de junio de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Pro-

yecto de LSP cuyo boceto inicial ha sido ampliamente comentado en

esta obra. Sufrió mínimas correcciones. Apenas que el personal de

seguridad no podrá ejercitar labores de investigación.

Reproducimos parte del resumen del cónclave ministerial que

se hizo público: “El Proyecto de Ley aprobado presenta una serie de

novedades respecto al anteproyecto que se presentó en Consejo de

Ministros el 12 de abril, fruto de las observaciones realizadas por

varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio

de joyeros, así como de la Federación Española de Municipios y

Provincias y de la Generalitat de Cataluña. Además, se ha contado

con los informes de la Agencia Española de Protección de Datos,

442

Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda

y Administraciones Públicas”.

“Las aportaciones al Proyecto han dado lugar a una serie de

novedades, entre las que cabe citar que se liberaliza la actividad

de consultoría de seguridad, se da rango legal y se sistematiza la

actividad de los detectives privados, se reserva la investigación

privada a las agencias de detectives y se adoptan medidas para

luchar contra el intrusismo empresarial y persona”.

El Martes 10 de Diciembre 2013, el Boletín Ofi cial del Congreso

de los Diputados publica las 47 páginas que contienen la LSP del PP.

El texto apenas recoge enmiendas de grupos parlamentarios opo-

sitores del gobierno ‘popular’. Fue avalado, llamativamente, por el

PNV y CiU. Dichas formaciones nacionalistas, que propugnan la se-

cesión del estado español de sus territorios, apoyan el ‘nuevo orden’

que contagia la mayoría absoluta del PP. Ese ‘rodillo’ hará pasear

ésta LSP por el Senado, una cámara poblada de viejas glorias políti-

cas aparcadas por aparatos partidarios.

Las reacciones de la oposición, en especial del PSOE e Izquier-

da Plural, a la LSP del PP fueron contrarias a su texto que consagra

el concepto de seguridad el negocio sobre el derecho ciudadano.

Signifi cativos fueron los titulares de prensa durante los días

posteriores a la aprobación en Cortes de ésta LSP del 2013. Al apro-

barse nuevas funciones para los vigilantes de patrullar calles, iden-

tifi car, cachear y detener a cualquiera ante la sospecha de delito

fl agrante se despiertan incógnitas sobre el atropello de derechos

individuales y cívicos.

443

El magnate Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente

de CEOE, engañó a todos quebrando empresas. Su

impunidad se acotó tras investigarlo varias agencias

de detectives en Madrid y Barcelona.

Expertos alzan voces sobre tales potestades para personas sin

preparación sufi ciente y el ancho margen de arbitrariedad que con-

vierte en autoridad a quienes carecen de mínimos aceptables. Que

LSP admita la custodia de recintos penitenciarios se otorgue a vigi-

lantes causó reacciones adversas en políticos, analistas y colectivos

funcionariales que advierten del abandono de funciones ofi ciales

que serán ejecutadas por empleados sin la debida formación.

No es papel del autor convertirse en adivino, pero ésta LSP cau-

sará penalidades al ciudadano por el celo y escasa humildad con que

se emplearán vigilantes infl ados de funciones. También incontables

incidencias en comisarías y juzgados.

Empresarios de la seguridad privada, no obstante, se frotarán las

manos tras alcanzar sus más codiciados objetivos al consagrar su LSP

una ‘policía paralela’ al servicio de una minoría de poderosos y em-

presas que podrán pagársela en detrimento de los derechos populares

444

y una mayoría que no tendrá empacho en igualar LSP con el perso-

naje cinematográfi co de Torrente pero con porra, esposas y pistola.

La fi cción fílmico-literaria anglosajona creó un personaje sobre el

detective real que aclara crímenes. Al investigador español las au-

toridades le hurtan una Ley singular y prohíben investigar delitos.

LSP aprobada en Cortes y Senado, por último, incluye nume-

rosos postulados a desarrollar en Reglamento. Confi emos que en

cuanto a los detectives los singularice a la baja en capítulo de sancio-

nes, cautelas sobre su sugerido perfi l ‘peligroso’ y se rebajen fi anzas,

seguros de responsabilidad civil, así como requisitos para inscribir-

se en registro que prevé ésta LSP.

Asumiremos como buenas las palabras de quienes profetizan

que ‘otro futuro es posible’ refi riéndonos lo que entraña ésta LSP a

los detectives españoles. Proclamaremos, por último, que ‘sí se pue-

de’ cambiar la tantas veces citada LSP del PP para que los detectives

protagonicen una Ley y ésta lo sea bajo el amparo del Ministerio de

Justicia.

445

Su imaginable y ansiada ubicación, al menos, sugiere más equi-

dad e igualitarismo. Pero todo parece un sueño tal y como se las

gastan nuestros gobernantes.

Apéndice

1. Reivindicamos investigar delitos1

Las sociedades occidentales, sumidas por lo general en una

grave crisis económica y volteadas por profundos cambios cultu-

rales y axiológicos, han visto desbordadas en los últimos años sus

tasas habituales de delincuencia.

Es por ello que planteamos aquí la posible aportación que el

investigador privado podría hacer para una mayor seguridad ciuda-

dana, que se traduce -al tiempo- en mayor dosis de libertad para la

generalidad de los ciudadanos.

En estos momentos, las autoridades policiales han de desdo-

blarse para cumplir sus tareas de prevención, represión e investi-

gación del delito. Quizá en esta última faceta podrá ser factible en

España (ya lo es en países de nuestro entorno, como es el caso de

Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y USA) la colaboración del

detective privado.

Dicha colaboración, realizada con el previo conocimiento de la

autoridad judicial, se haría a petición y cargo –claro está– del agra-

viado por la comisión del delito público (perseguible de ofi cio).

1 Ponencia aprobada del autor al Congreso de Seguridad Ciudadana (1985) patrocinado por

Junta de Andalucía. Su incuestionable vigencia, transcurridos 30 años de su elaboración, hizo

que la publicaran El Correo de Andalucía (el autor tuvo en dicho periódico, entre 1990 y 1991,

la primera sección de Criminología en la prensa española que publicó 96 Capítulos), PI Maga-

zine (USA) y otras revistas temáticas españolas e hispanoamericanas.

447

El detective se vería obligado a dar cuenta inmediata a la justicia no

sólo de sus actuaciones sino también del resultado de las mismas, para

que la magistratura y la fi scalía obraran en consecuencia, de acuerdo

con las misiones que le asigne, en su caso, la legislación vigente.

La intervención del detective privado será particularmente efi -

caz y útil en aquellos delitos que suponen, además de daños físicos y

alarma social, un grave perjuicio económico para la víctima: robos,

hurtos, estafas, etc…., serían ejemplos de ello.

De otro lado, con dichas actuaciones se conseguirá una mayor

disposición de los efectivos policiales para la prevención y represión

de la delincuencia, sin que ello supusiera, ni de lejos, preterición de

labores investigadoras ofi ciales.

Se produciría, igualmente, una mejor satisfacción de las deman-

das sociales de los ciudadanos de mayor seguridad física y jurídica.

De este modo, se conseguiría una aportación de pruebas y tes-

timonios que enriquecen los indicios con los que la autoridad judi-

cial debe contar para incriminar o exculpar al presunto delincuente.

Además, se lograría una efectiva realización de las normas conteni-

das en nuestro ordenamiento jurídico-penal.

Creemos, al menos, que estas razones ayudan y motivan la ne-

cesidad de estudiar el asunto y abordar sin inhibiciones ni prejuicios

una alternativa a la situación normativa española que, de momento,

imposibilita al detective privado el poder investigar delitos públicos.

448

En prólogo de anterior obra del autor Andreu Martín

fi nalizaba: ‘…Asistí a la resurrección de ese hombre que

nunca existió…’

Al entender de quien suscribe, existe prácticamente un derecho

del ciudadano a iniciar la investigación privada de cualquier delito

que le afecte en sus intereses, derechos o en su persona.

No siempre se ha de estar conforme con las versiones más o

menos ofi ciales de muchos actos delictivos.

Con todo lo expuesto no se pretende de ninguna manera volver

al antiguo sistema de ‘venganzas privadas’. Se trata, simplemente, de

extender el campo de actuación de una actividad profesional que vie-

449

ne mostrando con pruebas sufi cientes una objetividad en los informes

que expiden bajo su amparo los que se enorgullecen de practicarla.

En suma, la verdad es la que guía todos los pasos de estos pro-

fesionales de la investigación privada que no pretenden más que sa-

tisfacer legítimas demandas sociales.

2. Detectives: ¿Policías plus?2

El Caso Díaz Ferrán detuvo los pasos impunes del expresiden-

te de la patronal española CEOE. También, los del ‘liquidador’ de

Marsans, Air Comet y Seguros Mercurio Ángel de Cabo, junto a sus

colaboradores.

Estas empresas despidieron a cientos de trabajadores y dejaron

casi 800 millones de euros impagados. El juez de la Audiencia Na-

cional Eloy Velasco fi jó fi anzas récords: 30 millones de euros para

Díaz Ferrán y 50 millones para De Cabo. Una querella de operado-

res turísticos (Orizonia, AC Hotels, Barceló, Meliá…), acreedores de

Gerardo Díaz Ferrán y su fallecido socio Gonzalo Pascual, llevaba

casi tres años en despachos judiciales.

Los trucos de De Cabo, también ‘refl otador’ de Nueva Rumasa

–el invento de los Ruiz Mateos que estafó a inversores, dejó deudas

y despidió a miles de trabajadores– no resultaron.

La habilidad para cobrar lo adeudado incluyó que un detecti-

ve olfateara patrimonio oculto. Emerge en el caso el informe de un

2 Artículo publicado en ’Ojo Avizor’ por el autor en Cambio16 nº 2.132 del 21 de diciembre

2012. Tal columna se publica desde 2005. Otros artículos, de los casi 508 publicados hasta

2014, obtuvieron el 1º Premio ANEFA (patronal española de áridos) de Periodismo en 2009 y

VI Premio Internacional Sol de Oro en 2011, por el Ayuntamiento de Torremolinos. También el

autor obtuvo Placa de Plata y 2º Premio de Periodismo de Unión de Consumidores Andalucía-

UCE en 2006 y 2012 por 2 reportajes, uno sobre el monopolio de farmacias españolas y plagio

de marcas.

450

prestigioso investigador y criminólogo barcelonés, Antonio Her-

nández Gracia (Cross Word) y su efi caz equipo más otro que elaboró

la agencia JPM madrileña.

Sendos trabajos fueron clave para que una justicia, por lo gene-

ral lenta y burócrata, actuase con la exigible determinación.

En particular, el dossier de Cross Word de más de 400 páginas,

detalla con anexos documentales y audiovisuales la trama societaria

que tejieron Díaz Ferrán, Pascual y De Cabo para no pagar a los em-

pleados y acreedores, conservar bienes y engañar a todos.

Un lenguaje preciso y sesudas pruebas iluminaron a la justicia

para situar y trabar bienes de Díaz Ferrán. Como tantos, este em-

presario echó la culpa al muerto, Gonzalo Pascual, del cúmulo de

delitos que le imputan y lo encarcelaron.

El personaje, según crónicas fi ables, además es un caradura.

Jamás devolvió a amigos y bancos millones de euros que captó con

la excusa de salvar de la crisis a las decenas de empresas en las que

fi guraba como ejecutivo, propietario o administrador.

Mediante testaferros, empresas en paraísos fi scales y trampas

para confundir a sus acreedores, Díaz Ferrán escurrió yates, lujosos

apartamentos en Nueva York, lingotes de oro, propiedades en toda

España y otros países.

Los agentes de Cross Word detallaron los bienes. Ello sirvió

para que magistrados y policías hicieran caso de unos detectives que

probaron su profesionalidad. Sobre tan legendario ofi cio recaen tó-

picos y realidades. Ofi cialmente no pueden investigar delitos, hasta

se lo prohíben taxativamente por una ley (23/92 de Seguridad Pri-

vada y Reglamento 2364/94) obsoleta y parcheada.

451

Ofi ciosamente demuestran profesionalidad afl orando verdades

sobre delitos, pensiones para hijos y divorciadas, hallando bienes,

herederos y testigos, investigando bajas o falsas ‘crisis empresaria-

les’ y fraudes al seguro. Muchos de sus informes los usan bufetes,

empresas, juzgados, comisarías, inspección de Trabajo o de Ha-

cienda. Son creíbles dependiendo, eso sí, del anagrama de agencia y

pruebas tangibles que los arropen. Tener licencia tras diplomatura

universitaria no es patente de corso.

Una minoría de detectives españoles se considera autoridad

parapolicial, vive del mito novelesco-literario o vende datos sin pa-

tear la calle. Lo último generó la mayor redada policial contra detec-

tives patrios, Operación Pitiusa. Justifi cable aunque cuestionable en

sus formas revivió al paradójico Torrente de uniforme.

El ejemplo de Cross Word merece aplauso porque a nuestra

justicia le sirven alternativas legales para probar el delito.

En la fi cción, la policía pisa los talones al detective que sabe dema-

siado. Con Díaz Ferrán es el sabueso quien da pruebas judiciales adelan-

tándose a los agentes de la ley. Unos acreedores invirtieron contratando

investigadores privados. Lo están rentabilizando con creces.

Poco se pondera la utilidad social y efi cacia de nuestros detec-

tives. El plus de maldad que se les adjudica es un estereotipo más,

unido a dirigentes y portavoces de minorías gremiales. Antonio

Hernández Gracia trabajó y calla. El silencio consolida su lex artis.

452

453

454

ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Acereda, Gerard ..................... 346

Adalid, Carolina ..................... 18

Adelson, Sheldon ................... 412, 413

Aguilera, Alberto .................... 53

Aguilera, Jaime ...................... 237

Aguirre, Esperanza ................ 316, 325

Agustí Alamany, Jordi ........... 218, 232

Agustín Cedeño, Rosy ............ 274

Ahumada, Duque de .............. 182, 407

Alba, Carlos ............................ 321

Alier Martín, Alfredo ............. 53

Almunia, Joaquín .................. 316

Alonso, Arnaldo ..................... 322

Alonso, José María ................ 107

Alva Mendaro, Antonio ......... 70

Álvarez, Fernando ................. 111

Álvarez, Isidro ........................ 397

Álvarez, Gonzalo .................... 18

Álvarez, Victoria .................... 308, 316, 330

Álvarez Renta, Luis ................ 73

Amador, Pablo ....................... 322

Amedo, José ........................... 355

455

Amigó Bengoechea, Álvaro .... 332

Andic, Isak ............................. 319

Antza, Mikel ........................... 311

Aparicio, Pedro ...................... 321

Arcas, Paco ............................. 18

Areta, Germán ....................... 38, 53

Arias, Juan-Carlos ................. 19, 22, 23

Arias Galán, José ................... 13

Armero, Mario ....................... 322

Arroyo, Ramón ...................... 103

Arroyo Andrino, Rafael ......... 112

Arranz, Enrique ..................... 18, 230

Ascáriz, Rafael, Carmen y Óscar .. 214

Assange, Julian ...................... 73

Ávila Rojas, José .................... 318

Azaña, Manuel ....................... 360

Aznar, José María .................. 328, 361

Aznar, Mariano ...................... 157

B

Ballesteros Macías, Juan Emilio .. 17

Ballesta, Manuel .................... 142, 143

Banegas, Jesús ....................... 322

Báñez, Fátima ........................ 411

Bassa, Xavier.......................... 218

456

Bárcenas, Luis ........................ 24, 284, 330, 403, 419

Bardavío, Joaquín .................. 42

Barderas, Jesús ...................... 318

Barrachina, Pedro Luis .......... 70

Barreda, José María............... 317, 347, 401

Barrionuevo, José .................. 67, 71, 73, 77, 441

Basagoiti, Luis José ............... 322

Batet, Albert ........................... 322

Batllés, Daniel ........................ 18

Bauliues, Josep ...................... 292

Bautista, Teddy ...................... 278

Belloch, Juan Alberto ............ 73, 82

Benito, Emilio de ................... 108

Bermejo, Fernando ................ 237, 336

Bermúdez, José Luis .............. 322

Bermudo Valero, Miguel Ángel ... 171, 174

Beteta, Aníbal ........................ 155

Betis Balompié, Real .............. 267

Bevilacqua, Matías ................. 22, 206, 207, 208, 221, 224, 231, 232,

236, 238, 309, 311

Besteiro, Julián ...................... 72

Bin Abdulaziz Alsaud, Bin Talal ... 321

Bin Abdulaziz Alsaud, Sar Saad ... 321

Blades, Rubén ........................ 122

Blair, Tony ............................. 297

457

Blanco, David ......................... 18

Bonifacio, Claudio ................. 150

Bono, José .............................. 347

Bolívar Berrocal, María José .. 216

Boix, Joan .............................. 292

Borreguero, Alex .................... 326, 330, 332, 336

Bosch, Alfredo ........................ 324

Bosch, Carles .......................... 215

Brenan, Gerald ....................... 32

Brotons, Mireia ...................... 215

C

Cabanach Orpella, Jaime....... 53

Cabo, Ángel de ....................... 450

Calvo-Sotelo, Leopoldo.......... 66

Camacho, Antonio ................. 249

Camacho Vizcaíno, Antonio ... 304

Camesselle del Río, Marcelino .. .220

Cañizares, Francisco .............. 401

Capriles, Henrique ................. 207

Carande Pedrero, José María .. 212

Carela Castro, Francisco Alberto ... 274

Carlos IV, Rey ........................ 42

Carretero, Joan ...................... 294

Carod-Rovira, Josep Lluis ..... 311, 317

458

Carvalho, Pepe ....................... 53

Casas, José María .................. 321

Castaño, Magalys ................... 274

Castelló, Elisabet ................... 337

Castro, Agustín ...................... 305

Castro, José ............................ 236

Castro, José María ................. 215

Castro, Dolores ...................... 212

Cazenevue Cortés, Enrique ... 44

Cerdán, Manuel ..................... 288

Cereza Santasusana, Alfonso ... 321

Cerezo Garrido, Agustín ........ 53

Cernuda, Pilar ........................ 42

Cervera, Tita (Baronesa Thyseen) ...320

Cervero, José Luis.................. 359

Chandler, Raymond ............... 358

Chávez, Hugo ......................... 139, 207

Chicote, Javier ....................... 276, 318, 319

Chueca, Alberto ..................... 215

Cimorra, Ángeles ................... 71

Clavero Arévalo, Manuel ....... 441

Cobo del Rosa, Manuel .......... 63, 64, 287

Colomar, Jorge Luis .............. 215, 238

Conejo, Rebeca ...................... 212

Cosidó, Ignacio ...................... 227, 228, 305, 403, 404

459

Cospedal, María Dolores de .. 222, 347

Corachán Salinas, Vicente ..... 218

Corominas, Josep .................. 218, 232

Córcoles Brualla, Sergio ....... 206

Cortijo, Bernardo ................... 18

Cristina, Infanta ..................... 236

Corcuera, José Luis ............... 67, 74, 75, 78, 82

Cot, Ramón ............................ 215, 218

Croshaw, Philip Mark ............ 319

Cuesta, Blanca ....................... 320

Cuneyp, Hasán ....................... 317

D

Delgado, Lola ......................... 171

Devine, Jack ........................... 316

Díaz-Chirón, Carlos ............... 215

Díaz de Mera, Antonio ........... 322

Díaz Ferrán, Gerardo ............. 284, 320, 419, 437, 450, 451, 452

Diderot, Denis ........................ 371

Dieren, Roberto ..................... 322

Dillet, Joaquín ....................... 339, 346

Dionisio, Sara ........................ 206, 212, 213, 232, 238

Domenech, Raymon .............. 215

460

E

Eastwood, Clint ...................... 35

Echegaray, Asunción ............. 322

Echevarrieta, Horacio ............ 43

Eisenhower, Dwight .............. 46

Eizcaray, Josu ........................ 146, 147, 148, 149, 150

Elices Marco, María José ....... 266

Entrecanales, José María ...... 322

Escalona Jiménez, Manuel .... 215

Escamilla, David .................... 276

Escobar Hernández, Concepción ....157

Español, Rafael ...................... 321

Esteban, Raúl ......................... 322

Esteve, Rafael ........................ 217

Extremera, Juan de Dios ....... 213

F

Fandul, José Ramón .............. 342

Farelo, Carlos ......................... 215

Farid Hussein, Tarek ............. 290

Felipe VI, Rey......................... 319, 250

Feliú, María Angels ................ 218

Fernando VII, Rey ................. 42

Fernández, Antonio ............... 308

Fernández, Beatriz ................. 214, 254

461

Fernández, José ..................... 215

Fernández Lado, María ......... 219

Fernández Lado, Marita ........ 263

Fernández del Río, José María .... 316

Fernández Díaz, Alberto ........ 322

Fernández Díaz, Jorge ........... 365, 27, 220, 227

Fernández-Palafoll, Santiago ... 217

Fernández-Luna, Instituto .... 45, 53

Ferrandis, Antonio ................ 35

Ferreiro, Juan Antonio .......... 214

Ferrer, Eduard ....................... 219

Ferrer, Jaume ........................ 292

Flor, Jorge Juan ..................... 322

Flores Laguardia, María ........ 125

Foster, John ........................... 154, 155, 156

Fournier, Antonio .................. 322

Freixenet, José María ............ 321

Fraga, Manuel ........................ 70

Francés Urmeneta, Maite ...... 217

Franco, Francisco .................. 45, 47

Franco, General ..................... 43, 49, 58, 59,

Franquesa, Joan .................... 292

Fuentes, Antonio ................... 322

Fuentes, Juan......................... 322

Fuentes, Marco ...................... 322

Furio, Montserrat .................. 220

462

G

Gallardo Ortiz, Miguel Ángel .. 17

Gallo, Jesús ............................ 53

Garci, José Luis...................... 38

García-Arbiza, Juan ............... 18, 216, 233, 234

García, Francisco ................... 220

García Agudo, Antonio .......... 215

García Albiol, Xavier ............. 306

García Cereceda, Luis ............ 316

García, José Miguel ............... 322

García Carrés, Juan ............... 50

García Durán del Bayo, Manuel Ignacio ....... 322

García Garrido, Francisco de Asís ....261

García Paesa, Beatriz ............. 286

García Valverde, Julián ......... 71

Garicano Goñi, Tomás ........... 55

Garrido, Francisco ................. 53

Garrido, Paco ......................... 262

Garrido Resta, Alberto ........... 215

Garriga, Eduard ..................... 238

Garzón, Baltasar .................... 72

Gaspart, Joan ......................... 292

Gernica, Manel ...................... 317

Gili, Natalia ............................ 17

Gimeno, Pedro ....................... 322

463

Ginesta, José María ............... 322

Giner, José Rubén ................. 18

Godoy, Manuel de .................. 41

Goebbels, Joseph ................... 365

Gómez, Alfonso ...................... 218

Gómez, Dolores ..................... 215

Gómez Angelats, Mercedes ... 220

Gómez Navarro, Javier .......... 392

Gómez de las Roces (Hipólito) .. ... 411

Gómez San José, Aítor ........... 220

González, Ignacio ................... 414

González, Felipe ..................... 58, 66, 68, 72, 74, 397, 411, 419

González Jurado, Máximo ..... 320

Gonzalo, Ángel ....................... 305

Granados, Francisco .............. 325

Grueso, Eva ............................ 103

Guardiola, Pep ....................... 294

Guerra, Alfonso ...................... 68, 74

Guerra, Juan .......................... 69, 70, 71

Guillén, Fernando .................. 265

Gutiez Cuevas, Julio .............. 323

H

Hazouri, Abraham ................. 318

Heim, Aribert ......................... 290

464

Hernández Gracia, Antonio ... 451

Hernández, Francisco ............ 322

Hernández, Pepa ................... 18

Horrach, Pedro ...................... 237

Huerta, José Miguel .............. 215

Huelves, María del Carmen ... 220

Huguet, Jaume ...................... 322

I

Iglesias Asuar, José Miguel ... 69

Iglesias Asuar, Javier ............. 324

Iglesias, Pablo ........................ 72

Inda, Eduardo ........................ 360

Intxaustegui, Fernando ......... 212

Iraculis, Antón ....................... 322

Irujo, José María ................... 286

Isabel II, Reina ...................... 42

Iturriaga, Luis ........................ 288

J

Jaúregui, Fernando ............... 42

Jomani, José .......................... 322

Jover Padró, Josep ................ 18

Juan Carlos I, Rey .................. 25, 250

465

K

Karlova, Maxim ..................... 321

Khelid, Shaid.......................... 321

Kirchner, Néstor .................... 73

Knollenberg, Peter ................. 162

Kohr, Cecile ............................ 320

Kölh, Helmut ......................... 76

L

Laguna, Isabel ........................ 164

Lamarca, Eva ......................... 288

Landa, Alfredo ....................... 38

Laporta, Joan ......................... 290

Larrumbide, José Miguel ...... 53

Lazo, Amparo ......................... 17

Leal Mendizábal, Elena ......... 138

LEBEDEV, ALEXANDR ........ 286

León, José Luis ...................... 18

LEÓN GONZÁLEZ, MANUEL . 18

LÍBERMAN ISOD, MÓNICA ...354

LLENA, JOAQUIM ................ 317

LOLLOBRÍGIDA, GINA ........ 319

LLOMPART, ÁLVARO .......... 322

Llopis Igartua, Manuel .......... 165

Llorca, Carlos ......................... 319

466

López del Hierro, Ignacio ...... 222, 402, 403,

López, Isabel .......................... 321

López Rodó, Laureano ........... 260

López Rubio, María Ángeles .. 70

Lorca, José Carlos .................. 322

Lozano, Irene ......................... 107

Luque, Alonso ........................ 317

M

Machado, Antonio ................. 360

Maduro, Nicolás .................... 207

Majó, Josep ............................ 296

Manent, David ....................... 321

Maragall, Pasqual .................. 305

Marañón, Gregorio ................ 32

Marco, Francisco ................... 249, 259, 263, 276, 280, 283

Marco Fernández, Francisco Horacio 312

Marco Llavina, José Luis ....... 343

Marco Puyuelo, Francisco ..... 259

Marco Puyuelo, Paco ............. 263

Marí, Vicente ......................... 219

María Luisa, Reina ................ 42

Marichalar, Jaime de ............. 319

Mariné, José .......................... 322

Marple, Miss .......................... 113

467

Márquez, Francisco Javier .... 368

Martín, Andreu ...................... 39, 41

Martín, Francisco .................. 322

Marín, Manuel ....................... 29

Martín Salinas, Manuela ....... 110

Martínez, Domingo ................ 215

Martínez, Fernando ............... 400

Martínez, Manuel .................. 53

Martínez Barrios, Diego ........ 360

Martínez Campos, Jesús ........ 217

Martínez Castellano ............... 317

Martorell, Xavier ................... 342

Mas, Artur .............................. 311

Mas, Juan ............................... 322

Massoli, Flavia ....................... 295

Matas, José María .................. 322

Mateu Palou, Juan José ......... 53

Mc Cann, Maddie................... 299

Meana Pérez, Servando ......... 163

Mejía, Hipólito ....................... 318

Mejía, Ignacio ........................ 338

Melgarejo, Javier ................... 322

Mendoza, Daniel .................... 212

Merkel, Ángela ....................... 411

Mestre, Carmen ..................... 72

468

Miranda, Beatriz .................... 361

Montal, Agustí ....................... 292

Montalá, Ángel ...................... 53

Montero, Manuel ................... 288

Montilla, José ........................ 305

Montoro, Cristóbal ................ 371

Montoro, Juan José ............... 321

Mora, Rafael .......................... 321

Moragas, Jorge ...................... 326

Moragues, Jon ....................... 215

Morales Prats, Fermín ........... 276

Morató, Pepe .......................... 142

Moreno Catena, Víctor .......... 375

Moreno Narváez, Angustias .. 134

Mozzafari, Javad .................... 322

Munar, María Antonia ........... 317

Muñoz, Borja ......................... 17

N

Nacher, Juan Salvador .......... 321

Nadal, Rosario ....................... 319

Naseiro, Rosendo ................... 403

Navajo, Ymelda ...................... 353

Navarrete, Manuel ................. 18

Navasquillo, Eduardo ............ 417

469

Nebrera, Montserrat .............. 328

Nieves, Julio de las ................ 53

Nolan, Christopher ................ 198

Núñez, María Concepción ..... 215

O

O’Brien, Patrick ..................... 193

Oliva, Víctor Luis de la .......... 322

Oliver i Codina, Josep María ... 17

Oliver, Joan ............................ 291

Olivera, Juan Manuel ............ 206, 212

Oliver, Sergio ......................... 53

Oliveres, Isidro ...................... 53

Olivo, Tomás .......................... 318

Olmo, Jesús del ...................... 310

Orgambides, Fernando .......... 70

Ortega, Joana ......................... 316

Ortega y Gasset, José ............. 116

Ortega Tous, Julio ................. 342

Ortiz, Christian ...................... 214

P

Paesa, Francisco .................... 284, 286

Paco, Eloy de .......................... 18

Palacios, Carlos ...................... 322

470

Palencia Mochales, Rafael Emilio ... 217

Paradell, Mariano .................. 18

Pascual, Gonzalo .................... 450

Pascual Estevill, Luis ............. 268

Paso, Encarna ........................ 35

Pellicer Solís, Manuel ............ 129

Peñaranda, Vanesa ................ 212

Perera Cantero, Antonio ........ 174

Pérez, Rafael .......................... 18

Pérez, Vicente ........................ 215

Pérez Peña, Manuel ............... 109

Pérez Reverte, Arturo ............ 152

Pérez Rubalcaba, Alfredo ...... 249

Pérez Rubalcaba, Alejandro .. 300

Peribáñez, Julián ................... 312

Perón, Juan ............................ 46,

Picardo, Fabián ...................... 73

Pimentel, José ........................ 18, 323, 361

Pinkerton, Allan ..................... 41, 43, 44, 358

Pipe Sarmiento, Lorenzo ....... 163

Piqué, Gerard ......................... 295

Piqué, Josep ........................... 328

Píriz, Estíbaliz ........................ 215

Ponte, Federico ...................... 200, 201, 202

Portolés, Manuel .................... 321

471

Posadas, Carmen ................... 270

Potau Llavería, Cristina ......... 211

Pradas, Elena ......................... 215

Prieto, Indalecio .................... 72

Pueyes Pantrigo, Fernando ... 137

Puig, Felip .............................. 294, 316

Puig, Joan .............................. 317, 322

Puig, Oriol .............................. 322

Pujol, Jordi ............................ 268, 292, 316, 322

Pujol Jordi, Molt Honorable .... 268

Pujol Ferrusola, Jordi ............ 327, 339, 367

Q

Quevedo, Francisco de........... 89, 91

R

Rajoy Brey, Mariano .............. 87

Rama, Juan Antonio .............. 214, 227, 233, 252

Ramírez, Pedro J. ................. 352, 317

Recasens, Juan Bautista ........ 322

Reis, Paquiño ......................... 199

Reixach, Jaume ...................... 364

Riera, Rafael .......................... 345

Rigau, Francisco Javier ......... 319

Río, Francisco Javier del ....... 214

472

Ríos, Almudena de los ........... 215

Ripoll Espiau, Tomás ............. 216

Rivera, Agustín ...................... 164

Roca, Juan Antonio ............... 318

Rodríguez, Julián ................... 402

Rodríguez, Roberto ................ 215

Rodríguez Zapatero, José Luis ... 383

Rojas Fernández, Juan .......... 53

Roldán, Luis ........................... 67

Romera, Carmen .................... 218

Romera, Onofre ..................... 218

Romero, Rosa ........................ 401

Romero Pérez, José María ..... 70

Roncero García, Antonia ....... 110

Ros, Ángel .............................. 317

Rosa, Doña ............................. 13

Rosa, Javier de la ................... 343

Rosa Ruiz, Manuel ................. 104

Rosell, Sandro ........................ 293

Rosselló, Jacinto .................... 319

Rosón, Juan José ................... 62, 77

Rubio, Mariano ...................... 270

Rueda, Fernando ................... 17, 23

Rueda, Teresa ........................ 18

Ruiloba, Juan Carlos ............. 283, 346, 363

473

Ruiseco, Juan Manuel ........... 322

Ruiz, Francisco ...................... 18

Ruiz de Lopera, Manuel ........ 267

Ruiz Gallardón, Alberto ......... 400

Ruiz Mateos, José María ....... 450

S

Sabaté, Xavier ........................ 317

Sacrest, Sebastiá .................... 215

Sáenz de Santamaría, Soraya ... 360

Sáez, Juan Antonio ................ 216

Sáiz Cortés, Alberto .............. 309

Sala, Cristina .......................... 17

Salanueva, Carmen ................ 72

Sanahuja, Juan ...................... 18, 84

Sánchez Camacho, Alicia ....... 25, 306, 316, 322, 325, 329, 330, 332,

334, 337, 338, 332, 339, 345, 350, 419

Sánchez-Ulled, Emilio ........... 336, 338

Sánchez Vicario, Arantxa....... 320, 360

Sanchís, Luis .......................... 215

Sancristóbal, Julián .............. 73

Sandoe, James ....................... 15

Sanmartín Olivier, David....... 217

Sanmartín Cotti, Hugo .......... 261

Santacana, Josep ................... 320

474

Sanz, Alejandro ...................... 295

Sanz Roldán, Félix ................. 309, 310

Salazar, Oliveira ..................... 46

Santoni, Espartaco ................. 316, 320

Schröeder, Gerard ................. 411

Séneca, Lucio Anneo.............. 257

Serrano, Francisco ................. 109

Sesma, Isabel ......................... 218

Sevilla, Jordi .......................... 406

Sherlock ................................. 53

Solbes, Pedro ......................... 406

Soriano, Ferrán ...................... 291, 296

Spade, Sam ............................ 53

Streep, Meryl ......................... 35

Suárez, Adolfo ........................ 60, 61, 66, 76, 266

Suárez, Montse ...................... 355

Sukmeet Singh, Anand .......... 316

Symons, Julian ...................... 15

T

Tallada, Javier ....................... 345, 359

Tamarit, Antonio ................... 339, 340, 361, 362, 363, 364, 267,

271, 297, 306, 307, 326, 327, 334

Taulés, Silvia .......................... 361

Ternera, Josu ......................... 311

475

Thatcher, Margaret ................ 76

Thyssen, Barón (‘Heini’) ........ 354

Thyssen, Baronesa ................. 320

Tikambas, Laila ..................... 322

Tobback, Louis ....................... 76, 79

Torre, Juan de la .................... 208, 292, 323, 348

Torres, Diego ......................... 236, 344

Tressols, Antonio ................... 44

Trinidad Prieto, Diego ........... 346

Toledo, Ángel ......................... 322

Tovar Algorta ......................... 53, 402

Trillo, Federico ...................... 360

Trujillo, Leónidas .................. 46,

U

Ulloa, Ignacio ......................... 305

Umbral, Francisco ................. 54, 260

Unamuno, Miguel de ............. 32

Unda, Juan............................. 322

Undargarín, Iñaki .................. 236, 344

Urreiztieta, Esteban ............... 360

V

Valero, Enrique ...................... 215, 254

Valero, Luis ............................ 155

476

Valle-Inclán, Ramón del ........ 391

Vargas, Juan de Dios ............. 18, 83

Vázques Urdaneta, Liliana .... 139

Velasco, Eloy .......................... 450

Vélez-Troya, Eugenio ............ 47

Vera, Rafael ............................ 67

Verde, Adolfo ......................... 322

Vicini, Familia ........................ 343

Vidocq, Eugène-Francois ...... 41

Vilagrán Reberte, Aureli ........ 212

Vilallonga, José Luis de ......... 354

Vilamajó Rosell, José María .. 216

Villena, Elisenda .................... 222, 248, 272, 305, 330

Villena, Anna ......................... 330

Villena Barjau, Carina ........... 217, 219

Vitales, David ......................... 220

Viudes Gil, Diego ................... 220

Vives Serra, Carlos ................. 216

W

Weissland, Cass S. ................. 156

Wilder, Billy ........................... 198

X

Xicola, Ana María .................. 219

477

Y

Yuste, Rafael .......................... 292

Z

Zaragoza, José ....................... 305, 330, 331

478