Uno de los ensayos más importantes del siglo XX y un clásico para comprender el Perú actual. La tesis de Matos Mar es apasionante: «Uno de los procesos fundamentales que configuran la situación del Perú en la década de 1980 es la creciente aceleración de una dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y cultural. Se trata de un desborde, en toda dimensión, de las pautas institucionales que encausaron la sociedad nacional y sobre la cuales giró desde su constitución como república. Esta dinámica procede de la movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando a la autoridad del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando las reglas de juego establecidas y cambiando el rostro del Perú».

José Matos Mar

Desborde popular y crisis del Estado

El nuevo rostro del Perú en la década de 1980

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jugaor 17.08.15

José Matos Mar, 1984

Editor digital: jugaor [www.epublibre.org]

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Al ideal que nutrió la fundación del IEP en 1964

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

AGOTADA en menos de cinco meses la primera edición de Desborde popular y crisis del Estado, el proceso social que se analizaba en este libro continúa afirmándose, acelerando la transformación política peruana y delineando el nuevo rostro nacional con rasgos cada vez más nítidos.

Las circunstancias de su primera aparición, a fines de 1984, fueron las de un desborde incontrolado de los sectores populares que, irrumpiendo a través de las barreras impuestas por un Estado y una economía nacional en crisis, parecía por momentos precipitar los signos de la bancarrota económica y el caos. Concluíamos con una advertencia dirigida a los responsables de los destinos del país:

El Perú oficial no podrá imponer otra vez sus condiciones. Deberá entrar en diálogo con las masas en desborde, para favorecer la verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que surge. Pero, para esto, deberá aceptar los términos de la nueva formalidad que las masas tienen en proceso de elaboración espontánea. Sólo en estas condiciones podrá constituirse la futura legitimidad del Estado y la autoridad de la Nación.

En unos pocos meses la crisis se abre paso hacia nuevos horizontes. Hoy, después de unas elecciones democráticas que culminan con la expresión abrumadora de la voluntad de esas mismas masas desbordantes, el diálogo entre el pueblo y el Estado, que demandábamos entonces, parece a punto de iniciarse, abriendo nuevos cauces a las energías creadoras del Perú tan largo tiempo reprimidas.

Al ofrecer al lector esta segunda edición queremos reiterar con nuevas esperanzas el mismo llamado a la reflexión que formulamos en la introducción de la primera:

El nuevo rostro que pugna por emerger de la actual confusión de la vida nacional nos obliga a meditar muy seriamente sobre nuestro futuro destino, tomar conciencia de su significado y encontrar las estrategias que la historia nos enseña en función de lo que somos y podemos como sociedad de múltiples legados. ¿Construimos nuestro destino o aceptamos un futuro incierto? El Perú, sociedad del Tercer Mundo, puede y debe encontrar la manera de liberarse de su condición internacional subordinada. Abrir su propio camino al socialismo. Recogiendo selectivamente lo positivo que ha surgido en las últimas décadas y aprendiendo de la historia, es posible encontrar el camino de construcción innovadora que, a través de una autocrítica fecunda, nos permita forjar una sociedad de bienestar común, pluralista, justa y solidaria. Pensar y actuar con estrategia audaz y firme. Construir una unidad nacional que supere los fracasos de la República Criolla y abra las puertas al Perú del año dos mil.

INTRODUCCIÓN

UNO de los procesos fundamentales que configuran la situación actual del Perú es la creciente aceleración de una dinámica insólita que afecta toda su estructura social, política, económica y cultural. Se trata de un desborde, en toda dimensión, de las pautas institucionales que encauzaron la sociedad nacional y sobre las cuales giró desde su constitución como República. Esta dinámica procede de la movilización espontánea de los sectores populares que, cuestionando la autoridad del Estado y recurriendo a múltiples estrategias y mecanismos paralelos, están alterando las reglas de juego establecidas y cambiando el rostro del Perú.

El desborde en marcha altera la sociedad, la cultura y la política del país creando incesante y sutilmente nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas, creencias y estilos de vida, que se traducen en múltiples y variadas formas de organización social, económica y educativa lo cual significa uno de los mayores cambios de toda nuestra historia.

Estamos frente a un conjunto de situaciones novedosas, aceleradas en los dos o tres últimos años, que afectan todo el espacio nacional dondequiera que lo observemos, analicemos y estudiemos. Como consecuencia de esto, el Perú está sufriendo serias alteraciones estructurales, que conducirán en la presente década a una profunda transformación de la sociedad.

Es cierto que siempre ha habido cambios dentro de la sociedad peruana, más intensos o menos, pero ellos, si bien fueron provocados en determinados períodos o coyunturas por la movilización popular, se produjeron dentro de límites que las clases dominantes y sus segmentos controlaron. Lo novedoso de la situación actual es que el impulso para el cambio no sólo ha surgido mayoritariamente de los sectores populares, sino que genera un poderoso ascenso de masas, a escala nacional, sin respetar los límites del orden instituido oficialmente. Cabe también destacar, como peculiar, que este desborde ocurre en el contexto de la más importante crisis económica sufrida por el Estado Republicano en lo que va del siglo. En el manejo de esta crisis la clase gobernante limita sus aspiraciones al uso de la institucionalidad en su propio beneficio y a la consolidación del statu quo, sin plantearse un proyecto nacional que responda al proceso de transformación social en marcha. Todos estos hechos aparecen como factores que evidencian la contradicción en que se desenvuelve esa transformación: el ascenso de masas frente al desconcierto de las clases dominantes y la incapacidad del Estado para «poner las cosas en orden» y encauzar la vida del país dentro de un legítimo marco consensual que satisfaga las nuevas aspiraciones nacionales.

En estas condiciones, la crisis actual no es coyuntural sino estructural. Estamos frente a un insólito y espontáneo proceso de modernización. Un cambio producido por combinación entre el intenso crecimiento demográfico, la explosión de las expectativas, el mayor acceso de las masas a la información, la urbanización sin industrialización y una crisis económica sin precedentes. Un Estado en crisis, sin capacidad para responder a la presión de necesidades de las masas, casi sin interlocutor, con un serio vacío de poder y débil legitimidad; que enfrenta a un pueblo que cuestiona y desarrolla creativamente múltiples estrategias de supervivencia y acomodo, contestando y rebasando el orden establecido, la norma, lo legal, lo oficial, lo formal.

Esta presión de mayorías sobre la estructura del Estado, para obtener una mayor participación en los asuntos nacionales y en los beneficios de la modernidad, se opone a la rigidez excluyente del aparato institucional y su ordenamiento jurídico, y a la inadecuación del sistema a las nuevas circunstancias. En este enfrentamiento las estructuras de la cultura, la sociedad y el Estado resultan desbordadas y se revelan obsoletas. El desborde generalizado se expresa así bajo la forma de una implícita desobediencia civil de las masas en ascenso, que se limitan, por ahora, al cuestionamiento pacífico de la ley en los vacíos de poder generados por la crisis económica y la debilidad gubernamental, y que derivan a la violencia cada vez que el Estado y la institucionalidad intentan recuperar el control mediante el uso de la fuerza.

Una situación de la magnitud descrita no se resuelve, obviamente, con meras medidas de carácter administrativo, sino reformulando las bases políticas, económicas, sociales y culturales del Estado. De lo contrario, el orden social continuará deteriorándose año a año y la presión de los vastos sectores populares irá incrementándose. El reto ahora es lograr que el Estado asuma el insólito proceso de transformación que vive la sociedad peruana, sin olvidar que detrás de ese ascenso de masas está la historia del Perú. Ello implica un esfuerzo enorme de integración de las minorías marginadoras con las mayorías marginadas. Integración entendida como proceso que pasa necesariamente por la democratización del sistema de representación del aparato de gobierno, la transformación de la estructura jurídica y económica del actual Estado y el giro hacia un audaz proyecto de construcción social de un Perú más auténtico.

El presente ensayo se propone ofrecer un panorama de la situación del Perú, destacando los más importantes aspectos culturales y sociales de la crisis del país, y llamando la atención sobre los antecedentes, modos y tendencias del actual desborde del orden institucional y deterioro de la estructura del Estado. La ciudad de Lima, convertida por el vertiginoso crecimiento migratorio de las últimas décadas en foco privilegiado de la nueva conciencia nacional, aparece como protagónica ilustración del cambio estructural en marcha. El Perú presenta, al promediar la década de 1980, un rostro nuevo cuyos rasgos se perfilan con creciente nitidez en el mundo popular de la barriada y que es obligación del antropólogo comenzar a describir.

El nuevo rostro que pugna por emerger de la actual confusión de la vida nacional nos obliga a meditar muy seriamente sobre nuestro futuro destino, tomar conciencia de su significado y encontrar las estrategias que la historia nos enseña en función de lo que somos y podemos como sociedad de múltiples legados. O construimos nuestro destino o aceptamos pasivamente un futuro incierto. El Perú, sociedad del Tercer Mundo, puede y debe encontrar la manera de liberarse de su condición internacional subordinada. Abrir su camino propio al socialismo. Recogiendo selectivamente lo positivo que ha surgido en las últimas décadas y aprendiendo de la historia, es posible encontrar el camino de construcción innovador a que, a través de una autocrítica fecunda, nos permita forjar una sociedad de bienestar común, pluralista, justa y solidaria. Pensar y actuar con estrategia audaz y firme. Construir una unidad nacional que supere los fracasos de la República Criolla y abra las puertas al Perú del año dos mil.

Al entregar al lector las páginas que siguen, el autor desea expresar su reconocimiento al cuerpo de investigadores del Instituto de Estudios Peruanos y a la estimulante atmósfera intelectual que han sabido crear en el curso de estos veinte años de trabajo. En especial desea hacer mención a la colaboración proporcionada por Fernando Fuenzalida en las diferentes fases de preparación de este ensayo.

Lima, 19 de agosto de 1984

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LEGADO ANDINO Y PATRIA CRIOLLA:
una nación inconclusa

NUESTRA historia es el resultado de un largo proceso en el que se distinguen etapas definidas. El siglo XVI significó su mayor cambio estructural y representa un verdadero hito en esta trayectoria. El encuentro entre la Sociedad Andina y los conquistadores españoles estableció una relación de dominación-subordinación entre dos culturas, dos pueblos y dos economías diferentes. La colonización generó para el espacio andino la necesidad de síntesis y formación de una nación e identidad peruana, ya no exclusivamente «indígena». Se inició así la gestación de una Patria Criolla. Era indispensable que ésta integrara dos legados: el andino y el hispánico, para dar paso al surgimiento de una sociedad y cultura unitarias. Por la índole misma de la conquista la herencia andina resultó marginada. Problema crucial que, desde el 16 de noviembre de 1532, constituye la causa fundamental de una crisis continuada y que está aún por resolverse.

Alterada la organización andina indígena y reorganizada la población nativa, en sus localidades y regiones bajo formas nuevas, se perdió la coherencia del mundo prehispánico. Los nativos procuraron defender su lengua y creencias, sus normas y costumbres, sus artesanías, dieta, música y, sobre todo, sus estilos económicos, mientras eran sometidos a los términos impuestos por la metrópoli extranjera. Los conquistadores toleraron esta resistencia cultural en tanto no representara una amenaza para su sistema de gobierno. Fue algo así como un pacto mudo y una sorda oposición.

La conquista desplazó a la alta cultura indígena y andina hacia el polo subordinado de la nueva formación social, en tanto que lo hispano y europeo adquirió carácter dominante. El virreinato nos ubicó en una situación colonial y consiguió definir una estructura social y política que sometió al mundo conquistado y lo integró en la periferia de metrópolis lejanas. Desde entonces la oposición entre lo indígena y lo alienígena, entre lo andino y lo hispano, entre lo nativo y lo europeo, abrieron una grieta en la conciencia nacional.

Se gestó, así, una persistente discriminación entre serrano y costeño, indio y criollo, entre lo rural y lo urbano. Oposición y contraste a toda escala que dio paso a una red arborescente de dominación interna, con base en la distancia cultural, social, política y económica mantenida entre el Estado colonial y el resto de la sociedad. Un pequeño grupo de españoles peninsulares y criollos, frente al vasto conjunto nativo desarticulado y explotado.

El régimen colonial promovió sin embargo, dentro de la contradicción, una unidad que la República posterior fue incapaz de reforzar. Organizada en función de demandas externas, la economía colonial supo crear a través del ejercicio de la actividad minera, constituida en el principal renglón exportador, un conjunto de eslabonamientos que articularon las distintas regiones del vasto territorio e integraron el mundo indígena y el hispánico dentro de la asimetría de sus relaciones. El Estado colonial no era un gobierno legítimo pero era un ente omnipresente que cumplía su rol director y organizador de la sociedad, a tal punto que durante el siglo XVIII se convirtió en una de las fuerzas modernizantes más notables de la formación colonial.

La lucha por hacer del Perú un país independiente y republicano fue conducida por criollos, quienes asumieron el sistema de subordinación de lo indígena, en su propio beneficio. No se buscó constituir a la República sobre la base de la integración complementaria de dos pueblos o legados de nuestra nacionalidad, a fin de enfrentar el reto o desafío de construir una sociedad nueva en el espacio andino. Por el contrario, esta República otorgó a los criollos el nuevo monopolio del dominio, en el contexto de una renovada y poderosa dependencia ideológica, política y económica, frente al mundo europeo. Las consecuencias de este hecho, esbozado a grandes rasgos y que han sido tratadas con detalle en los múltiples libros y ensayos que el Instituto de Estudios Peruanos ha publicado, siguen siendo una de las causas fundamentales de la crisis del Perú Republicano: la ausencia de nación, de identidad. Al no haberse encontrado una fórmula de síntesis ecuánime que forjase un continuo entre la herencia andina y la herencia colonial, la deuda histórica del siglo XIX deviene en tarea prioritaria para el Perú del siglo XXI.

La década final del siglo XIX anuncia por primera vez el Estado moderno, al abrir posibilidades de robustecimiento del poder central por préstamos y capitales que multiplicaron su capacidad operativa. Se pusieron así los cimientos del Perú contemporáneo. El aparato del Estado comenzó progresivamente a institucionalizarse, mientras se fortalecían los grupos capitalistas urbanos y, en grado restringido, algunos rurales, basados en la minería y agricultura con vínculos en el comercio y las finanzas.

Los empréstitos y las inversiones inglesas permitieron desarrollar en la costa norte y central los enclaves del azúcar y el petróleo. Fue el momento del auge del algodón y de las finanzas urbanas limeñas, con la aparición de bancos como el de Perú y Londres y de sociedades anónimas para la explotación minera, agrícola y comercial. También el momento del boom del caucho en la región amazónica que, aunque efímero, tuvo importancia para esa región y para el desarrollo de todo el país. Comenzó así una expansión comercial externa e interna, que hizo posible la emergencia de nuevos grupos sociales de poder político y económico.

Es por entonces, más o menos entre 1885 y 1920, que la propiedad monopólica se extiende abusivamente en el agro, la minería y la industria urbana. Aparecen en las ciudades de la costa los obreros asalariados y en las áreas ocupadas por el capital monopólico los campesinos indígenas son arrancados, por el enganche, de sus comunidades y expuestos a una nueva relación social y cultural. Mientras que los indígenas son arrinconados hasta crear la sensación de su desaparición en estos nuevos enclaves, o empujados a migrar por efecto de la concentración de la propiedad de la tierra; los obreros urbanos, influidos por el sindicalismo europeo, empiezan a beber de fuentes ideológicas anarquistas rebeldes al orden impuesto. De esta manera se empieza a gestar en los sectores populares una respuesta que demandará cambios importantes. Se tratará del primer gran momento de influencia popular en las transformaciones del Estado.

El ascenso del movimiento popular se encuentra dominado en esta época por la dinámica de los nuevos sectores medios y obreros urbanos, cuyo crecimiento había sido estimulado por la economía de posguerra. Nuevos contrastes ideológicos, hasta entonces germinales, se desarrollan y cobran intensa vigencia histórica. Los sectores medios y obreros, de origen criollo-mestizo, orientan todavía su mirada hacia Europa, pero asumen un impulso «modernizador» que abona el terreno para la implantación de las doctrinas revolucionarias. Sus segmentos más «progresistas» buscan legitimar su «popularidad», apelando al Perú campesino y rastreando raíces en el pasado indígena. Es la era de la arqueología y la etnografía románticas. Del otro lado, el campesinado, ligado a las formas hispano-indígenas de la cultura colonial, se mostró poco receptivo a este indigenismo idealizado. Los emergentes movimientos populares tuvieron poco éxito en el sector rural serrano.

Si hasta 1920 la modernización del Estado fue obligada por conflictos y contradicciones en el seno de los sectores dominantes y aceptada pasivamente por los indígenas, campesinos y sectores urbanos artesanales y obreros incipientes, en esta década del siglo XX los cambios fueron obligados por la vasta movilización popular urbana. Los obreros encabezan huelgas, paros y desplazamientos callejeros demandando la jornada de ocho horas, protestando por el alza del costo de vida y reclamando mejoras salariales, protección al artesano, vigencia de las libertades públicas, etc. Los indígenas a su vez desplegaron fuerzas para recuperar tierras o para defenderse de los gamonales que invadían y ocupaban sus propiedades comunales. Los intelectuales, en busca de una ideología, procuraban movilizar a la opinión pública de las ciudades en favor del indigenismo y en defensa de los obreros. Si bien esta movilización no llega a desafiar la naturaleza misma del Estado Criollo, al desbordar sus límites legales aceleró su adaptación formal a las nuevas circunstancias.

Este movimiento, comandado por núcleos de capas medias, representó hacia 1919 el primer esfuerzo por dar autenticidad y racionalidad al Perú, proyectándose a forjar una nación. La década de 1920 es un momento de estabilidad de ideologías, de análisis de la realidad nacional, de modernización del país, del camino en búsqueda de un Estado-Nación.

La Constitución de 1920 consagró, entre otros asuntos, la jornada de ocho horas, el respeto a las tierras comunales y a la «raza indígena», promovió gobiernos locales mediante los Congresos Regionales con capacidades legislativas. Estas disposiciones requerían mayor fuerza administrativa del Estado y esas nuevas capacidades suponían un Estado más moderno. La creación de instituciones estatales como el Banco de Reserva, el Banco Hipotecario, la política de endeudamiento público, los impuestos a los agroexportadores, la construcción de caminos y carreteras, etc., son la manifestación de esa voluntad, cuyo impulso original procedía del movimiento popular y sus demandas.

No obstante, se mantuvo intacto el poder terrateniente, puesto que el Estado no pudo adquirir la solidez que se requería para subordinar al bien común los intereses particulares de las clases que se oponían a la formación de la nación. Los campesinos indígenas siguieron sometidos a la ley del hacendado o al apacible mundo andino de las comunidades libres y, desde entonces, reconocidas. Representaban más de las tres cuartas partes de la población peruana, pero no tenían ni voz ni voto en las instancias del Estado. La política proindigenista tuvo pretensiones de tutelaje, mas no de realización democrática de la nación. Su formulación fue más el resultado de una beneficente simpatía del criollo urbano progresista hacia el «indígena», que de conquistas conscientes del propio campesinado en función de sus específicos intereses y programas.

Entre 1930 y 1933 este movimiento culminó con el surgimiento y expansión de partidos radicales de izquierda y de derecha (APRA, PCP, PSP Y DR, Unión Revolucionaria) y en la expansión acelerada de los gremios obreros. Había nacido el populismo. La incorporación de masas a los nuevos partidos fue un fenómeno importante, pero no dejó de manifestarse como exclusivo de los medios costeños y urbanos. Salvo en el caso del APRA, ninguno de ellos llegó a captar bases rurales serranas. El APRA, el Partido Comunista (PCP) y el Partido Socialista (PSP), pretendiendo transformar el Estado, para darle un carácter popular con base en acción planificada, provocaron respuestas represivas y antipopulares de parte de las clases dominantes. Se recortó las libertades públicas y sindicales y se persiguió a los partidos considerados subversivos o fuera del orden.

Con la ampliación de la red vial y las modificaciones económicas, que ensancharon el mercado interno en la década de 1940, se inició la migración provinciana masiva a Lima, entró en crisis la sociedad rural serrana y tuvo su gran apogeo el latifundio costeño.

A pesar del impulso transformador de la década de 1920 la dinámica social, económica y política se desenvolvió, hasta 1950, bajo ciertos patrones característicos. En el plano social coexistían un mundo de costumbres hispanas coloniales y europeo-norteamericanas y otro de costumbres andinas tradicionales. Si bien se había iniciado un proceso migratorio desde el campo hacia las ciudades, el peso mayor de la población rural era indiscutible. De acuerdo al censo de 1940 el 17% de la población total vivía en ciudades de más de 20 000 habitantes y en 1961, según el censo del mismo año, era el 23%. Es decir, en 21 años, más de las tres cuartas partes de la población vivía o estaba francamente adscrita al campo o en centros poblados de muy estrecha relación con el mundo rural. Más aún, si se observa la distribución de la población, según su ubicación en las regiones naturales, se encuentra que la sierra albergaba en 1940 al 65% de la población y en 1961 al 53%. Esto nos hace pensar en la relativa quietud que caracterizaba esta sociedad que algunos llamaron «dual».

El ingreso de nuevas ideas y costumbres a la zona rural serrana fue lento. A la débil estructura de comunicaciones, se sumaba un pobre avance en el desarrollo de los medios masivos de información. Los hacendados andinos conducían grandes feudos. Las comunidades reproducían su lengua, cultura y formas de vida sin graves interferencias. En las ciudades las clases dominantes imponían un estilo aristocrático a sus pretensiones burguesas. El paternalismo en la fábrica, en la orientación a la opinión pública y en el discurso y la conversación, expresaban resumidamente el clima social. Desde la ciudad, se veía al campesino como serrano o como indio: era el «pueblo» al que había que culturizar. La cultura indígena era menospreciada o se la ponderaba paternalistamente. Y al obrero se le trataba con benevolencia aristocrática.

En el plano económico el Perú se había consolidado en su estructura productiva exportadora. Se pretendió impulsar la producción algodonera, azucarera y minera. Estas industrias pronto fueron conducidas por un núcleo pequeño de grandes propietarios extranjeros y nacionales. El sometimiento, dependencia y subordinación de nuestra economía a los intereses del capital internacional se hicieron más notorios aún. Los intentos industrializadores de las capas medias provincianas, ansiosas por llevar el progreso y el desarrollo a sus regiones, fracasaron estrepitosamente. En esas circunstancias no sólo se impuso un centralismo administrativo-político contra el que se alzaron los descentralistas de los años 30, sino que este fenómeno se hizo integral, es decir, administrativo, político y económico.

En el plano político, se procuró mantener fuera del escenario nacional a todas aquellas fuerzas que propugnaban un cambio en el orden. Se aceptaba la idea de una democracia pero restringida, cercenada y aristocrática. La representación política en el Estado privilegió siempre a los sectores dominantes y a los centros de mayor desarrollo capitalista. El Estado era ese ente oligárquico frente al que luego, y con gran empuje, se levantaron los sectores populares.

En todo caso el Estado con las ideas y proyectos, peregrinos o no, que tenían los sectores dominantes, mantenía un orden y era rígido en el cumplimiento de éste con relación a los sectores populares. El Estado aceptaba, de hecho, la existencia del mundo indígena aparte, al que trataba, con desgano, de asimilar. El circuito oficial de la economía no estaba interferido por los del mundo andino, puesto que éstos operaban con escaso dinamismo y no pretendían expandirse sino mantener a la población que de ellos dependía. Los instrumentos de política económica podían ser manejados con cierta eficacia.

Fue la década de 1950 la que dio paso a la configuración de los elementos centrales que caracterizan a la sociedad actual. La urbanización adquirió, entonces, el carácter preponderante que tiene hoy en el proceso peruano. Significó el inicio de la concentración de grandes contingentes de migrantes en Lima, en un nuevo tipo de asentamiento urbano denominado barriada. Éste llegará después a ser el estilo dominante de crecimiento en todas las ciudades del Perú.

En esta década el auge económico, derivado de la guerra de Corea y la expansión industrial internacional, y la política modernizadora promovida por el gobierno militar de Odría, comenzaron a alterar los rasgos de la estructura oligárquica tradicional. Es también el comienzo de nuevos movimientos y partidos políticos como el Social Progresista, el de la Democracia Cristiana y el de Acción Popular; de un crecimiento explosivo de la educación popular a nivel nacional con proliferación de escuelas, colegios y universidades; de la finalización de grandes vías asfaltadas como las Panamericanas Norte y Sur, que atraviesan toda la costa peruana y de construcción de las rutas de penetración a la sierra y ceja de selva, que abren nuevas perspectivas para la comunicación entre Lima y las provincias. La radio se difunde. Se acelera la intercomunicación de pueblos, caseríos y comunidades, con las ciudades provincianas y las capitales de departamento.

El país entra en efervescencia con la ampliación de la presencia del Estado en nuevas áreas del territorio y la mayor participación de los sectores regionales en la vida nacional. Pero desde entonces, hasta la década de 1960, se va a producir un repliegue de la movilización popular. Es un tiempo de contradicciones. Mientras el Estado busca consolidar las reformas que introdujo la movilización de los años 1920-1930, avanza el desenvolvimiento capitalista sin reestructurarse el sistema de propiedad en el campo. A la economía y sociedad andina caracterizadas por la fuerza terrateniente y comunal, se superpone la economía y sociedad urbano-costeña, más desarrollada. En medio de ese repliegue popular se van organizando nuevas contradicciones provenientes del patrón exportador que organiza el desarrollo económico nacional.

El crecimiento de las comunicaciones, la aceleración del movimiento industrial y comercial de Lima, la aparición y desarrollo de nuevos enclaves exportadores, desplazaron la actividad agropecuaria a un segundo plano en el producto bruto. En la sierra, la decadencia económica del agro resta poder a la clase terrateniente, colocándola gradualmente fuera del juego político e incapacitándola para defender sus intereses. En la costa, se acelera la modernización del agro: el campesinado se convierte en un proletariado rural. Aumenta la concentración. Antiguos propietarios rurales de la costa se trasladan a Lima. Propietarios serranos empobrecidos hacen lo mismo y, juntos, pasan a engrosar las nuevas clases urbanas. Se produce un incremento notable en los procesos migratorios, sobre todo de la sierra a la costa, mientras que las distintas tradiciones del Perú inician un contacto y una interacción cuya intensidad irá, a partir de entonces, en constante crecimiento, al ritmo mismo de la explosión demográfica.

Surge un nuevo contingente urbano de propietarios, empresarios, obreros y subocupados, producto de las migraciones campo-ciudad. La expansión rural de la influencia de la radio hace de vehículo a la introducción de valores y modas no andinos. Se exacerba la contradicción entre lo nativo y lo extraño. Se agudizan los conflictos laborales y se acelera la actividad organizativa en el campo sindical, mientras que una primera radicalización de las clases medias adelanta intentos guerrilleros y una primera agitación del agro serrano.

El primer gobierno de Belaúnde, 1963, aceleró la emergencia de la economía capitalista. Los sectores medios urbanos evolucionan hacia el surgimiento de un nuevo empresariado y tecnocracia, estimulado por el auge de la industria pesquera, de la minería, de la industria de la construcción. Al tiempo que se acentúa la dependencia frente a los capitales internacionales, el desarrollo expansivo de la exportación consolida y promueve sectores modernizadores.

Se produce entonces un primer desborde. En el agro el campesinado se incorpora masivamente al proceso popular. A las huelgas de las haciendas algodoneras y azucareras se suman los intentos de recuperación de tierras y enfrentamientos con los grandes terratenientes en Cusco, Puno y Cerro de Pasco. Los nuevos sectores urbanos, progresistas y no progresistas, compiten por el voto y el apoyo político de las masas citadinas de origen rural. Esta vez, a diferencia de los años 20, el eco que recoge el grito de reforma agraria es mayor. Hasta los partidos conservadores declaran su adhesión a esa medida. De esta forma, la movilización por la recuperación de tierras llega a remecer al Estado, creando temor entre los terratenientes. Más aún, las propias Fuerzas Armadas en 1961 llegan a proponer y vigilar una suerte de Reforma Agraria en el valle de La Convención.

En las ciudades la nueva población migrante, de origen campesino, desarrolla luchas paralelas. A las invasiones de tierras en la sierra, acompañan grandes invasiones de predios urbanos en la capital y ciudades principales, dando lugar al crecimiento desmesurado de barriadas y asociaciones vecinales. Sus pobladores reclaman viviendas, títulos y servicios básicos. Las asociaciones distritales proliferan en la capital. Se empieza a evidenciar la organización de un nuevo movimiento obrero, cuya dirección tiende a alejarse de la influencia de las dirigencias políticas tradicionales renuentes a enfrentarse con el sistema social y económico imperante.

Las acciones guerrilleras de 1962, 1963 y 1965 conmocionaron la institucionalidad política más aún, al reclamar transformaciones que el sentimiento popular reconocía como necesarias. La estructura tradicional del Estado Criollo, inmutada en lo sustantivo desde el siglo XIX, mostraba ya su debilidad e inadecuación ante las circunstancias cambiantes de la sociedad y la cultura nacional, con el fracaso del vigilante progresismo del primer gobierno acciopopulista y su incapacidad para mantener el equilibrio entre las fuerzas contradictorias en ascenso.

Profundizando las conquistas, los sectores emergentes demandan insistentemente innovaciones en la estructura misma de la economía nacional; cambios en la tenencia de la tierra; participación de los obreros en la gestión, propiedad y dirección de las empresas; nacionalización y estatización de la actividad productiva minera y petrolera; participación popular en el gobierno. De otro lado, ante la inalterada centralización del capital en Lima, los sectores empresariales y medios de provincias reclaman la acción descentralizada del Estado.

Desde 1968, el gobierno de Velasco y las Fuerzas Armadas buscaron satisfacer estas demandas, respondiendo a la crisis del Estado Criollo con instrumentos ideológicos y lenguaje tecnocrático, puestos al servicio de un intento de Proyecto Nacional de orientaciones progresistas. Esta vez no serán los núcleos políticos de las capas medias los que asumirán el liderazgo, sino los representantes de las Fuerzas Armadas, ese instrumento del Estado del cual se habían valido las clases dominantes para mantener el orden durante varias décadas. Las avanzadas de la nueva tecnocracia les proporcionarán fuerza de apoyo.

La aplicación de la Reforma Agraria, el reconocimiento de la diversidad cultural y la oficialización del quechua, la reforma de la empresa, la estatización del petróleo y de las más importantes empresas mineras, así como la difusión de un planteamiento ideológico nacionalista, fueron el resultado de toda aquella movilización. El régimen de las Fuerzas Armadas puso, sin embargo, de manifiesto, en forma dramática y catastrófica, las profundas contradicciones e inconsecuencias del progresismo criollo, habituado desde la década de 1920 a traducir la dualidad hispano-indígena en términos de una alternativa de identificación alienizante con lo extranjero o de romanticismo incásico; o peor, aún, en la ambigüedad de una falsa síntesis paternalista. En el poder, los militares temieron una verdadera participación popular en el gobierno y terminaron por acrecentar la distancia entre ellos y las masas, haciendo de su revolución un proceso vertical, autoritario y burocrático. En la crisis económica que desencadenó su manejo arbitrario de la política fiscal, naufragó su Proyecto Nacional y el gobierno se vio obligado a regresar a posiciones más conservadoras en busca de una nueva estabilidad.

Luego de la destitución de Velasco, en 1975, comenzó un movimiento oficial que apuntaba al desmantelamiento de las reformas aplicadas. La llegada de Acción Popular al gobierno, en 1980, aceleró todavía más el camino de regreso. El saldo de los años militares había sido un nuevo balance de fuerzas económicas en el agro, la expansión masiva del alfabetismo y la educación y el incremento de las presiones populares. En la atmósfera de ilusión por un pronto retorno a la democracia, que acompañó el tránsito de Morales Bermúdez y la Constituyente, se incrementó la deuda externa, mientras que la banca, sobre todo la privada, reconcentraba su poder y convergía con las transnacionales. En la crisis económica agudizada, a partir de 1977, la izquierda, fortalecida al amparo del régimen de Velasco, adquirió por vez primera un papel nacional significativo, disputando al Partido Aprista su clientela urbana.

La Izquierda, el APRA y Acción Popular cortejaron a las masas, tratando de influirlas y organizarlas políticamente. Pero, la ausencia de planes de gobierno y el clima de caos y confusión generado por la creciente crisis aceleraron el desencantamiento de los sectores populares, disponiéndolos a desarrollar nuevas y propias estrategias que escapan a los canales ya institucionalizados. Para entonces, los censos declaraban que la población urbana alcanzaba ya el 65% del total de la nación.

El problema de los dos legados y las cuestiones de nación e identidad se revelaron, a partir de 1980, más apremiantes que nunca. La sociedad y el Estado nunca habían logrado superar la brecha que los distanció desde un comienzo. Las reformas de Velasco no consiguieron iniciar la integración, pero habían creado las condiciones para una poderosa liberación de las energías retenidas en el mundo andino y en los sectores populares urbanos. El aparato del Estado, heredero de la estrechez y vicios de la vieja República Criolla, no pudo ser sometido oportunamente a las reformas que le hubieran permitido canalizar este desborde. Reformas administrativas y legales, tímidas e incoherentes, se mostraron insuficientes para articular dentro de marcos jurídicos realistas la inmensa complejidad de las normas y costumbres heredadas por la población emergente. La crisis económica provocó una inesperada retracción de los instrumentos del control oficial. El vacío de legislación y de gobierno que creció al mismo ritmo del desborde popular, hubo de ser llenado en forma acelerada por la actividad espontáneamente creadora de las masas. El desborde se convirtió en inundación. Lima y el Perú comenzaron a revelar un nuevo rostro.

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EL NUEVO ROSTRO DEL PERÚ

COMO consecuencia de lo ocurrido en la década de 1970, el Perú en 1984 se encuentra frente a una realidad cambiada. Un agro sin haciendas ni grandes propietarios, con prevalencia del sector asociativo y de las comunidades campesinas. Una cultura andina más consciente de sí misma, a la que una década de nacionalismo dejó el regusto de la glorificación oficial. El tránsito eufórico de un régimen dictatorial a una democracia convencional y el saldo de una atmósfera de crisis y desesperanza después del entusiasmo del primer momento.

La geografía humana del país ha sufrido alteraciones sustantivas: la población nacional se ha triplicado en menos de cuatro décadas; mientras que un activo proceso de urbanización tiende a concentrar en las ciudades a más del 65% de la población total del país. El escenario en el que se juega el drama nacional ha pasado del campo a las ciudades.

Estos cambios internos de la sociedad peruana se han producido y están ocurriendo en medio de un reordenamiento mundial en las relaciones de poder, una crisis económica internacional y un acercamiento en las comunicaciones entre todas las naciones del mundo debido al avance tecnológico y científico. En la medida en que el Perú pertenece al mundo subdesarrollado y se encuentra subordinado a la trama de relaciones internacionales, conviene hacer, antes que nada, un señalamiento de lo nuevo en el concierto universal.

En la década de 1970, y como secuela del conflicto de Vietnam, se produjo mundialmente una marea de movimientos nacionalistas de las sociedades pobres y dependientes contra el dominio norteamericano, soviético y europeo. La consecuente intensificación de la pugna política entre las dos potencias imperiales, Estados Unidos de Norte América y Unión Soviética, provocada por el esfuerzo de no perder posiciones, trajo consigo primero el debilitamiento y luego la neutralización del bloque tercermundista. Con el incremento de la crisis económica, en la década pasada, se agudizó la competencia dentro del bloque capitalista complicando la pugna, estimulando un especial y extraordinario avance científico y tecnológico, y expandiendo la brecha tecnológica y económica entre países desarrollados y subdesarrollados. El nuevo sistema de poder bipolarizado, en la década de 1980, se muestra más complejo que nunca. En medio de esta pugna las sociedades pobres subordinadas, afectadas por la bancarrota y la miseria, encuentran frustrados sus modelos de desarrollo y enfrentan el reto de replantear su modo de articulación en el sistema político de la nueva hegemonía ecuménica.

Este nuevo ordenamiento político está acompañado de un cambio en las relaciones económicas mundiales. La concentración de la mayor parte de la producción petrolera en países del Medio Oriente, y su toma de conciencia en la capacidad de concertación internacional, llevó a que éstos decidieran, en conjunto, alzar los precios vertiginosamente en dos momentos, 1973 y 1979. De esta manera se encareció el consumo energético de los países industriales y subdesarrollados, incrementándose, de otro lado, los precios internos y produciéndose trastornos en las relaciones comerciales mundiales. Además, los déficits de balanza de pagos en los Estados Unidos y el manejo de su economía en la década de 1960 dieron pie a la formación de un mercado internacional de capitales que aparece por primera vez, desde la crisis del 30, con características completamente diferentes. Muchos países, toda la América Latina con excepción de Colombia, enfrentaron la década de 1970 expandiendo su endeudamiento externo, lo que junto con el incremento del movimiento de capitales desde el Medio Oriente (producto de la vorágine petrolera) hacia los bancos transnacionales de Europa y Estados Unidos de Norte América, creó una estructura de relaciones internacionales explosiva. En 1971 se produce la ruptura del Convenio de Bretton Woods y Estados Unidos despega la paridad dólar/oro permitiendo la expansión de ingentes millones de dólares en un mercado internacional de capitales profundamente transformado. Hasta entonces la dominación se realizaba por intermedio de inversiones directas de empresas transnacionales. Para la década de 1970 se abrió paso una nueva forma de expansión de capitales a través de la banca privada internacional. Lo cual devino en una crisis generalizada con la multiplicación de las tasas de interés y la depresión de los precios de las materias primas. Sin excepción, la América Latina resultó imposibilitada de pagar sus deudas. Así, los países endeudados tuvieron que recurrir a la banca internacional y someterse a la fiscalización del Fondo Monetario Internacional y a los rígidos esquemas de ajuste económico impuesto por esa institución. En esta última situación se vio envuelto también el Perú, sumergido en la más profunda crisis económica de su historia, ahondándose aún más su vulnerabilidad ante el nuevo juego económico mundial.

Así como se reestructuraron los sistemas políticos y económicos mundiales, también lo fueron los referidos a la cultura y educación por el crecimiento de la comunicación. La expansión y difusión de la televisión y la extensión de las comunicaciones vía satélite no sólo han acercado a los países, sino que hacen posible que, a través de la concentración del control hegemónico ejercido por algunas potencias, se promueva una mayor homogeneidad cultural basada en la transferencia de valores orientados a reforzar la dominación. La intensa penetración de contenidos y valores, procedentes de la sociedad posindustrial cosmopolita, ahonda las distancias ya existentes entre la cultura de la élite y la de masas, llevando las estructuras tradicionales a una grave crisis de recomposición y poniendo en tela de juicio las referencias de identidad de las culturas nacionales.

Internamente el Perú ingresa a la década de 1980 enfrentando situaciones absolutamente nuevas. Si bien la población que tuvo al producirse la conquista se fue deteriorando, pasando de unos seis millones en el siglo XVI a unos dos millones a fines del siglo XVIII, en el siglo XX ha dado un salto espectacular. En 1940 se había recuperado ya esos seis millones. Entre 1940 y 1981 la población peruana se ha triplicado y, en 1984, está sobrepasando los 20 millones. Más aún, el Perú de hoy tiene una población eminentemente urbana. De acuerdo a los últimos resultados censales más del 65% de su población habita en zonas definidas como urbanas, lo que contrasta con el 47% de 1961.

Este desplazamiento desde el campo hacia las ciudades ha venido acompañado de una expansión del área metropolitana de Lima. En la actualidad, más del 30% de la población nacional vive en la capital.

La nueva distribución territorial de la población viene aparejada con una inmensa diversidad de problemas. El estancamiento relativo de la población rural no procede de una mayor tecnificación capitalista del área agrícola sino que, más bien, trae consigo un debilitamiento de la producción del campo que obliga a recurrir, en mayor medida, a la importación de alimentos con apoyo cada vez mayor de la exportación no agraria. Por otra parte, los contingentes urbanos nuevos no son absorbidos por industrias que capturen fuerza de trabajo excedente. Por el contrario la tendencia de las actividades productivas urbanas es a ahorrar mano de obra, dejando un gran margen de desocupación y de traslado de la población al sector servicios. Mientras tanto, en las zonas rurales la tendencia vigente es una sostenida crisis de producción y rentabilidad. La devastación producida en 1983 en amplias regiones del país, por causa de inundaciones y sequías de escala cataclísmica, no ha hecho sino agravar la situación. La predominancia urbana de la población viene también asociada a una creciente distorsión en la explotación de nuestros recursos naturales y a un uso abusivo y depredador, tal como ocurrió, por ejemplo, con la pesca.

De esta manera la producción interna depende cada vez más de la importación de ciertas materias primas y medios de producción, y de la demanda de los mercados externos, mientras a nivel mundial ocurre una retracción del mercado, señalada por un creciente proteccionismo, la baja en los precios de nuestros productos y la reducción de los volúmenes comprados. Observando el proceso industrial de los últimos 50 años se puede comprobar que, mientras en 1955 la industria sólo importaba el 23% de sus insumos, en 1975 compraba en el exterior un 50%.

Visto desde el ángulo de la exportación, hasta la década de 1960 solamente se exportaba materias primas y aunque a partir de 1970 se inició la exportación de productos manufacturados; desde 1980 se observa ya una retracción de los ingresos al país por exportación de cualquier género. La estructura industrial eslabonándose hacia afuera acentuó su dependencia de los mercados extranjeros, en tanto que no fortalecía su integración interna con la agricultura.

El hecho mismo de que la población haya ocupado, de manera eminente, las áreas urbano-costeñas ha generado una presión estructural sobre la política de asignación de recursos del Estado y de los capitales privados movidos por la ley de la ganancia. El fenómeno del subdesarrollo mundial se reproduce internamente, provocándose un desarrollo desigual más pronunciado. La expresión más clara es Lima, que aún sin haber resuelto sus problemas, acapara y concentra la vitalidad del mercado interno. Los recursos del Estado y las inversiones del capital privado, salvo las áreas de productos de exportación tradicional, la han favorecido. En cambio las zonas tradicionalmente deprimidas del interior recibieron atención marginal y trato despectivo.

A estos problemas de estructura se sumaron las políticas que se aplicaron con pretensión de dotar al Estado de nuevos recursos para impulsar su desarrollo. El endeudamiento externo fue tan voluminoso que en 1978 llegó a representar más del 60% de las exportaciones, lo que hubiera sido el íntegro si no fuera por la reprogramación de pagos. Situación que se agravó en los años que siguieron. En la medida en que los préstamos se volvieron más costosos y los plazos cada vez más perentorios, esas colocaciones, en lugar de apoyar a la estructura productiva, reforzaron los patrones tradicionales de dependencia y subordinación al mercado mundial. Una muestra del extremo a que se llegó es el Presupuesto de la República para 1983 que destinó alrededor del 40% para cumplir con las deudas contraídas y la balanza de comercio que asignó más del 50% de las exportaciones a ese mismo fin.

De lo anteriormente señalado se puede comprender algunos otros hechos. Si se restringe la producción agropecuaria; si se incentiva la producción exportadora; si se hace cada vez más importante la población urbana que reclama con más fuerza por su bienestar; si se devalúa permanentemente; y si la industria utiliza materias primas importadas en elevada proporción; entonces, las condiciones para generar una inflación imparable están ya dadas. Más aún la estructura de la propiedad de las grandes empresas se hace cada vez más monopólica, pues este tipo de empresas puede manejar con mayor libertad el mercado y trasladar el incremento de sus costos hacia los consumidores. Son así los empresarios parte de los responsables directos de una inflación nunca antes conocida.

En los últimos dos o tres años, el capital monopólico ha adquirido más fuerza aún, puesto que la evidente retracción del Estado en el control del comercio ha dejado más libertad para que los precios finales de los bienes sean manejados con absoluta arbitrariedad. Habría que agregar que se suma a estos hechos de orden estructural la deliberada política de levantamiento indiscriminado de barreras arancelarias para hacer ingresar productos extranjeros muchos de los cuales son producidos ya internamente. Ello también influye en la inflación. Los esfuerzos desarrollados por el Estado para evitar que ésta se complique con un fenómeno recesivo han fracasado hasta el momento debido a la falta de un proyecto coherente. El impacto sobre la conformación de la Población Económicamente Activa es evidente: se ha incrementado la proporción de trabajadores eventuales y desocupados, y comprimido el área de asalariados en general y obreros en particular.

En el contexto de este reacomodo económico los medios masivos de comunicación expandieron los aparatos ideológicos. De acuerdo a los resultados censales de 1981 el 70% de las viviendas del país tenía un aparato de radio y el 30% un televisor. Si, como se sabe, el ámbito de influencia de estos medios es superior al de cada vivienda, fácilmente se puede concluir que más del 90% de la población peruana está conectada por la radio y recibe la propaganda y contenido de sus programas. Del mismo modo, cerca del 55% de la población está influida por la televisión. Estos hechos dan cuenta de los grandes cambios producidos en la estructura de pensamiento de los peruanos en los últimos 10 años.

Tomando como referencia el departamento de Lima encontraremos grandes alteraciones entre 1972 y 1981. Mientras que en 1972 el 49% de las viviendas limeñas poseía un artefacto de radio, en 1981 aumentó al 82%; es decir, ya para entonces se había casi duplicado el porcentaje. Un salto más significativo aún se ha producido con la televisión. Si en 1972 sólo el 18% de las viviendas poseía uno de estos artefactos, en 1981 llega al 62%. Hoy se estima en 90%. La difusión del videocasete abre todavía nuevas perspectivas a la comunicación en el futuro. La radio ha llegado a ser un instrumento informativo omnipresente, mientras que la televisión continúa expandiendo sus redes en todo el territorio del país. Todo esto nos sugiere que, mientras la estructura productiva entra en crisis y se somete al capital internacional, se acentúa la presión ideológica y surgen condiciones para la transformación cultural del país. Hay que añadir que es la televisión el medio que se encuentra más estrechamente ligado por ahora a la comunicación mundial, y que los contenidos que transmite orientan una cada vez más fuerte dependencia ideológico-cultural del exterior.

Del incremento de la presión cultural ejercida por los medios masivos de comunicación no debe esperarse necesariamente una efectiva homogenización ideológica de la población peruana. El distanciamiento creciente entre las ideas o imágenes de bienestar que difunde la radio y la TV y la realidad miserable en la que viven enormes sectores contribuye reactivamente a generar una mayor conciencia crítica y, en todo caso, sólo garantiza una relativa homogenización ideológico-cultural en áreas geográficas y sectores sociales limitados y alrededor de unos pocos valores generales. La conciencia de la población se nutre de las discrepancias. Los valores que transmite la radio o la TV son aceptados sólo a medias. Más aún, se inaugura una actitud cínica y pragmática: se acepta lo que conviene.

A la acción de los medios masivos, se agrega la difusión de diarios, revistas y cientos de publicaciones de diversos tipos y calidad, editadas por grupos, federaciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales, que compitiendo por el dominio del mercado proyectan imágenes, ideas y valores de gran heterogeneidad sobre la población. Miles de centros de instrucción particulares crecen, en tanto, día a día, compitiendo con el sistema de educación nacional que avanzaba en 1984 hacia los 6 millones de matriculados, recibiendo la influencia de contenidos y programas de una inmensa y contradictoria variedad.

La respuesta de los sectores populares a esta inmensa diversidad de estímulos culturales no es mecánica sino creativa. Las migraciones han logrado traer a las ciudades elementos culturales y sociales de sus lugares de origen, incluido el idioma que se expresan de muy variadas formas. Asistimos a la manifestación de nuevas combinaciones, ajenas a las expectativas de los agentes del Estado y de los operadores de los medios de masa y marcadas reciamente por el sello popular.

Las transformaciones en lo económico y en lo ideológico-cultural marchan paralelas al cambio de composición de los sectores sociales. En el campo el campesino parcelario, comuneros y pequeños propietarios, se ha mantenido como el conjunto más importante de la sociedad rural, por su volumen y potencialidad. En ellos reposan la herencia andina y la herencia colonial. Se destaca la comunidad indígena, que cuenta con más de tres millones de habitantes agrupados en alrededor de 5000 comunidades. En las áreas en las que tuvo preeminencia la hacienda, tradicional o capitalista, han surgido formas asociativas, como son las cooperativas y SAIS.

Las clases dominantes ya no son las mismas. Los terratenientes serranos de antaño y los agroexportadores de la costa norte ya no tienen presencia directa en el campo. Los empresarios pesqueros han sido reducidos a su mínima expresión. Se mantienen propietarios de minas, nacionales y extranjeros dedicados a la exportación y empresarios traumatizados por la experiencia de la comunidad industrial. La vieja oligarquía se ha desintegrado y el vacío de poder que ha dejado no ha sido ocupado por ningún grupo consistente. Sólo intermediarios y operadores financieros han logrado prosperar.

Un sector de la clase dominante, el más ligado al capital internacional, pretende accionar los instrumentos del Estado para favorecer su propia estrategia de desarrollo. Pacta con el Fondo Monetario Internacional acuerdos y políticas. Pero su pretensión encuentra resistencia en la actual estructura del país que hace que estas políticas sean absolutamente ineficaces. La otra parte de la clase dominante no sólo sabotea la política emanada oficialmente, sino que por el tipo de privilegios que demanda y por el peso que ejerce sobre la economía no oficial, lo hace sin proyecto alguno para la construcción de un Estado-Nación.

Se ha hecho cada vez más notoria la presencia de núcleos vinculados de manera evidente al capital internacional. Se trata de representantes burocráticos de la banca internacional y de las empresas transnacionales, que desempeñan funciones de alto rango dentro del gobierno. Representan intereses diferentes a los de nuestro país. Alientan una ideología y un proyecto de desarrollo orientados a incorporar al Perú en condición subordinada a la división internacional del trabajo. Su proyecto debilita la fuerza nacional y es opuesto al sentir popular.

Los restos de la clase dominante antigua, como son los industriales y los mineros de mediano volumen, han perdido fuerza y capacidad de influencia sobre el Estado. Las demandas de gremios como la Sociedad de Industrias no afectan la política actualmente en funcionamiento, puesto que su peso específico ha disminuido.

Los estratos provincianos de las antiguas clases dominantes también han perdido peso económico, social y político. Ya no son ellos, como en las décadas de 1930, 1940 y 1950, quienes conducen las movilizaciones urbano-regionales en contra del Estado central. Reducidos a su mínima expresión, sus generaciones jóvenes se radicalizan o resultan absorbidas por la clase media urbana.

La nueva clase dominante, cuya hegemonía es disputada por sus tres segmentos: el narcotráfico, el capital privado asociado al Estado y el capital transnacional, es indiferente a toda visión nacional de nuestro desarrollo. Sólo pretende usar al Estado, o para acrecentar fortunas familiares o para satisfacer las exigencias y pretensiones del capital internacional. Su sentido pragmático la lleva a desbordar permanentemente el orden establecido. Tal vez, su proyecto está más ligado al de un gobierno dictatorial, arbitrario, permeable a sus necesidades, como ocurrió en Bolivia entre las décadas de 1970 y 1980.

Con el crecimiento del Estado en el manejo de la economía se expandió también un sector privado que vive a expensas de las obras y gastos públicos, atento a las licitaciones sobre comercio, construcción de viviendas, carreteras y otros. La institución de las licitaciones, creada originalmente para impedir favoritismos, se ha convertido en el pretexto para sobornar, corromper y trasgredir el orden. El deseo de lucrar a costa del Estado es tan fuerte que la competencia empresarial lleva a producir argollas y grupos de control, que convierten el peculado y el soborno en formas corrientes de gestión.

En tanto ha adquirido fuerte presencia el narcotráfico, grupo gris, que produce, transforma y comercializa la coca en pasta en función de los mercados clandestinos del exterior. La producción y comercio de la coca, salvo que sea por acción del Estado, son actividades ilegales. Sin embargo, han dado origen a un nuevo grupo económico trasgresor, que a pesar de ello, se desenvuelve sin dificultad, acumulando poder. Aunque la coca se cultiva fundamentalmente sólo en los departamentos de Huánuco, Cusco, Ayacucho, San Martín, La Libertad y Cajamarca, genera ingresos por encima de aquellos que proporcionan los productos tradicionales de exportación. La pasta básica de cocaína en su comercialización, de acuerdo a expertos y técnicos, rinde no menos de 500 millones de dólares anuales, pero según cifras extraoficiales, difundidas por la prensa, llega hasta los 6000 millones. El desacuerdo entre ambos estimados es sintomático de la desinformación y desorientación que reinan al respecto. Estos recursos se canalizan hacia Lima (colaborando a la inflación) o hacia el exterior. El impacto que este movimiento económico viene produciendo, sobre las estructuras de la sociedad rural, no se encuentra entre sus efectos de menor importancia.

Los cultivos de coca alcanzan hoy el más alto renglón de la exportación agrícola peruana. El hecho de que el tráfico de la coca esté generando ingresos tan elevados, y que éstos no puedan ser controlados por el Estado, contribuye a acelerar los desajustes del aparato productivo y comercial del Perú.

El narcotráfico ha desarrollado una infraestructura propia, clandestina y libre de la acción policial. En el pasado los agroexportadores estuvieron imbuidos de una ideología liberal en lo económico y autoritaria en lo político y se agruparon gremialmente para combatir las políticas que les resultaban incómodas, apareciendo públicamente en defensa de sus postulados. Los nuevos grupos ligados al narcotráfico utilizan el chantaje, la corrupción y la presión violenta, no cuentan con una ideología organizada para justificarse, puesto que la opinión pública no les interesa, y muestran un pragmatismo exagerado, con ejercicio de poder pero sin visión de nación. Cuando el Estado ha tratado de imponer sanciones, el narcotráfico ha respondido comprando funcionarios. De este modo, se trata de un grupo de poder que no sólo carece de un proyecto nacional, sino que deja de lado al Estado como base de estrategia para efectuar sus propios negocios. Representan una visión del mundo ultraindividualista.

Un sector intermedio, en el que se aglomeran en forma confusa representantes de las antiguas clases altas en declinación, profesionales en vías de absorción por empresas mayores o por la burocracia pública, comerciantes y empresarios medianos afectados por la crisis y miembros de las clases populares en ascenso, pugna por emular los altos niveles de ostentación y de consumo definidos por las nuevas clases altas, acentuando cada vez más su condición de alienación y dependencia. Este sector se debate, de modo apremiante, entre la presión que sufre por absorberlo en condición de clientela del nuevo poder y la que lo empuja a buscar estrategias de supervivencia en la coima, la corrupción y la deshonestidad. La recomposición de clases iniciada en la década de 1970 no consigue definir por el momento una nueva clase media coherente ni proporciona a este confuso aglomerado referencias de identidad, orígenes o problemáticas comunes en que puedan descubrir intereses colectivos. Las potencialidades contenidas por este sector medio, de configuración y tendencias todavía indefinidas, tendrán la posibilidad de comenzar a manifestarse apenas en la segunda mitad de la actual década. Las orientaciones que termine definiendo dependerán en gran medida del éxito o fracaso que obtengan los sectores altos para asociarlo a su destino o en la medida en que alcancen a superar miedos atávicos y tomando conciencia de sus verdaderos intereses, adopten el proyecto de los sectores populares.

La nueva situación peruana se caracteriza en lo económico por la crisis más profunda de los últimos cien años y por una avanzada subordinación al sistema internacional. En lo administrativo, por una creciente centralización formal de los servicios del Estado, acompañada por la contracción del alcance efectivo de los mismos, debida a la insuficiencia de las finanzas públicas. En lo social, por un incremento vertiginoso de las expectativas, cada vez más frustradas por causa de la incapacidad del sistema para satisfacerlas. En lo político, por un crecimiento masivo del caudal electoral de los partidos populares, tal como lo demostraron los resultados de las elecciones municipales de 1983.

La respuesta del Estado ha sido aumentar el peso del sistema tributario hasta niveles insostenibles y, al mismo tiempo, incrementar el control burocrático sobre la industria, comercio y trabajo, por el desarrollo hipertrófico de una confusa y contradictoria reglamentación que somete las actividades económicas a una sofocante e incoherente maquinaria de control. La misma crisis que genera estas respuestas del Estado las hace, sin embargo, inoperantes. La incapacidad del aparato administrativo para asegurar la recaudación de los impuestos aprobados y bloquear los caminos de evasión, o para garantizar la satisfacción de los casi infinitos trámites y procedimientos que condicionan toda actividad, ha seguido creciendo con la misma crisis. A la centralización, reglamentación y burocratización responde la dificultad cada vez mayor para el ejercicio del control. En la medida en que la industria, el comercio y el trabajo quedan sometidos a las trabas que sufre la economía y al aparato de gobierno en crisis, sectores cada vez más amplios exploran nuevos cauces, escapando hacia los márgenes de la legalidad o resultan desplazados en esa misma dirección. Se produce el crecimiento de una economía popular contestataria a la que la opinión pública ha dado en llamar como «informal». La importancia de los grupos populares, especialmente de la población migrante, en la manifestación de este fenómeno es fundamental.

Se han ido formando dos circuitos económicos: uno, oficial, constituido por el universo registrado de personas que operan en el comercio, la producción, transporte y servicios al amparo de las leyes civiles; y otro, contestatario y popular en el que opera un universo de empresas y actividades no registradas, que se mueven fuera de la legalidad o en sus fronteras, frecuentemente adaptando al nuevo medio las estrategias, normas y costumbres inmemoriales de la sociedad andina o desarrollando creativamente sus propias reglas de juego. Es fundamental reconocer que la estructura propia de poder que este ámbito genera da lugar a alteraciones sustantivas en el orden establecido.

Los instrumentos de política económica del Estado sólo operan dentro del circuito oficial. Sin embargo, el circuito alternativo representa una importante proporción de la real vida económica del país, lo que hace aún más evidentes las limitaciones en la acción del Estado y el permanente desborde del mismo.

Hemos dicho más arriba que el desarrollo del mercado nacional se hizo sobre la base de la centralización administrativa, productiva e industrial en Lima. Las estadísticas oficiales demuestran que en 1975 el 71% del número de establecimientos industriales se concentraba en la Capital de la República. Más aún, cerca del 75% del valor bruto de la producción y el 70% de los puestos de trabajo de esa actividad se generaban en el departamento de Lima. A pesar de la gran importancia económica de esta región, su desenvolvimiento no absorbió mano de obra al ritmo que exigía su crecimiento urbano. En 1972 la industria empleaba 210 000 trabajadores, equivalentes al 19,1% del total de la PEA limeña; y en 1981 esa proporción se redujo representando sólo el 16,9% de la PEA, lo que en número absoluto significaba 255 000 trabajadores. Esta tendencia es fruto del creciente desempleo y subempleo derivados de la crisis en que estamos inmersos.

Los resultados censales revelan un incremento de la PEA. Esta información también sugiere que el peso del sector que representa la economía contestataria es mayor desde hace más de una década. En otras palabras, Lima ha ido perdiendo su fisonomía de ciudad industrial y de administración gubernamental, para convertirse en una ciudad-bazar desbordada por actividades precarias, informales o fuera del circuito oficial. La actividad de comercio y la de servicios representaron en 1940 el 26% de la PEA de la capital, cifra muy inferior al 48% de 1972 y al 62% de 1981. En la medida en que la crisis se ahonda, se acentúa la terciarización y ello nutre todavía más la crisis y debilita al aparato del Estado.

Conviene hacer resaltar algunas de las características de este sector contestatario en crecimiento: uso intensivo de la mano de obra, utilización del trabajo familiar, baja relación capital-trabajo, alta flexibilidad, sentido agudo de la creatividad. De otro lado, el empresario «informal» se desempeña cumpliendo varios roles: jefe de producción, obrero capacitador, tramitador, encargado de la compra de insumos, vendedor. Es un hombre múltiple que día a día tiene que hacer frente a todos los problemas, haciendo gala de su ingenio y creatividad.

La inflación se ha acelerado en el curso de los últimos 10 años. A partir de 1979 el índice de alza del costo de vida ha llegado a superar el 100% anual. Las estructuras familiares se han tenido que adaptar para poder enfrentar la nueva situación, alterándose en este proceso actitudes, valores, expectativas. Hasta hace unos 30 años, la familia podía sostenerse con el ingreso exclusivo de su jefe. Hoy, esto no es posible, puesto que los ingresos provenientes de los trabajos estables son muy bajos. Ahora es toda la familia la que sale a enfrentar el problema de supervivencia. Más aún, en la medida en que los trabajos estables se hacen cada vez más escasos, ha resultado necesario seguir reorientando el patrón de valores: es necesario ganarse la vida a como dé lugar. Ya no importa si la actividad es lícita o no. La moral desaparece o se transforma bajo el impulso de la crisis económica.

Las empresas del sector contestatario tienen carácter predominantemente familiar, lo que les da una identidad muy particular. En ellas participan no sólo la familia nuclear sino también la extensa (hermanos, tíos, cuñados, primos). Ligada al carácter familiar de la organización del trabajo es importante destacar la fuerte participación femenina, explicable por su mayor compatibilidad con la responsabilidad de amas de casa: horarios flexibles, trabajos realizados en el hogar o en lugares donde pueden llevar a los hijos menores, como en el comercio ambulatorio.

La creciente dificultad del régimen actual para imponer el cumplimiento de leyes y reglamentos ha facilitado también el desarrollo espontáneo y rápido de este sector, al abrir paso a que muchas pequeñas empresas formalmente constituidas, dadas las ventajas comparativas (evasión de impuestos, tributación) y los efectos de la crisis, se hayan plegado al proceso contestatario en los últimos años. Se han creado también las condiciones para una mayor vinculación, en cierto tipo de rubros, entre sector oficial y contestatario: como productores de insumos para las empresas formales, pues éstas abaratan sus costos adquiriéndolos de las empresas informales, como mercado para algunos productos, como vehículo de comercialización de la producción formal. Por otro lado, la incapacidad oficial para estimular directamente el empleo ha dado lugar a pasividad y licencia frente al sector contestatario, en cuanto éste ofrece un desfogue para la oferta paralela de trabajo generado por la crisis y la desocupación. No obstante, las tendencias pueden tener avances y retrocesos dependiendo del acceso al crédito clandestino que existe y que llega a superar la tasa de interés del 10% diario.

Con el objeto de precisar más aún las condiciones estructurales del fenómeno, hemos recurrido a información proporcionada por la Dirección General del Empleo del Ministerio de Trabajo. Si se excluye de la PEA a los profesionales, técnicos, gerentes, administradores, empleados y vendedores asalariados, el volumen de la fuerza laboral de Lima se reduce en un 32,6%. Ello significa que los sectores populares de Lima, entre los que consideramos a obreros, trabajadores asalariados en servicios, vendedores ambulantes, artesanos, desocupados, meritorios y trabajadores del hogar, representan el 67,4% de la PEA total limeña. Aproximadamente el 40% de este volumen son trabajadores subocupados o precarios, es decir, personas cuyo empleo no ofrece estabilidad, ni ingreso regular, además de ser resultado de una iniciativa independiente.

Estos trabajadores se encuentran distribuidos principalmente en las zonas populares constituidas por distritos con alto porcentaje de población viviendo en barriadas, tugurios y urbanizaciones populares. Según la información obtenida por el Instituto de Estudios Peruanos para fines de 1983, se ha encontrado que para 15 distritos de Lima Metropolitana la población en barriadas oscila entre el 50% y 100% del total de sus habitantes. Cuatro de ellos con más del 90% (Villa El Salvador 100%, Villa María del Triunfo 99%, Ventanilla 93% y Carmen de la Legua-Reinoso 92,4%). En estos distritos se concentra el 28,22% de la PEA de 15 años y más. Son estos sectores no asalariados de ocupación precaria los que constituyen la base principal de lo que denominamos el circuito contestatario o no oficial de la economía. Las ocupaciones precarias se abren en un amplio abanico de actividades comerciales, de servicios, industria, vivienda y construcción, transporte y otras diversas.

El surgimiento espontáneo de estas actividades, el carácter individual o familiar de las mismas, su marginalidad legal, podrían llevar a concluir que esta forma de enfrentar la vida cotidiana refuerza el individualismo y disuelve los lazos comunales tradicionales. Sin embargo, y a pesar de no existir, como es el caso de los obreros de taller, condiciones adecuadas para llevar adelante reivindicaciones salariales, los subocupados se unifican en la precariedad y en su enfrentamiento a ella. En Lima surgen nuevos tipos de organismos gremiales de defensa como los de los vendedores ambulantes. Sirven no sólo para lograr reivindicaciones susceptibles de ser obtenidas en la legalidad, sino para defenderse de la agresión que pudiera significar la aplicación de la ley contra sus miembros. En cierto modo se organizan para defender su derecho al trabajo contra un sistema económico que limita mercados en la esfera oficial y favorece en forma exclusiva los intereses de las grandes inversiones. De otro lado, a nivel del barrio, también se han gestado organismos para defender el derecho a mejores condiciones de vida.

Convergen en la necesidad de organización, además del carácter inestable de su actividad, el proceder de espacios urbanos con infraestructura precaria, el poseer viviendas sin servicios adecuados y el ser en gran proporción migrantes. De esta forma, el desborde de hecho que se produce por la creación independiente de una actividad, se complementa con la organización que defiende ese desborde. El Estado se encuentra maniatado porque reprimir estas actividades significaría fomentar formas más violentas de obtención de recursos o ingresos (robo, prostitución, tráfico ilícito de drogas). No le queda otra alternativa que tolerar ese desborde, a pesar de que esto significa el socavamiento de su propia autoridad.

Al haberse vuelto más rígido el mercado oficial de trabajo, los sectores populares tienden a crear el suyo fuera de ese ámbito. El grado de vinculación con el circuito contestatario de la economía puede ser mayor o menor, según sea el caso, pero la tendencia general es a desvincularse de la normatividad formal. Para los sectores obreros y empleados existe una convivencia económica entre lo oficial y lo informal. Su capacidad de vínculo con lo informal está limitada sólo por el tiempo de trabajo que demanda una actividad estable.

Con el crecimiento de la burocratización del Estado y la agudización del centralismo limeño, se han creado paralelamente condiciones para respuestas regionales populares en protesta por la ineptitud estatal. En medio de la depresión económica se ha ido suscitando un sentimiento regional contra el Estado, que se ha ido plasmando en acciones y luchas como las de los pueblos de la selva entre 1978 y 1979; el Paro Regional del Norte en 1982; los paros y movilizaciones en Ilo, Moquegua, Arequipa y Cusco entre 1978 y 1984. Y a esa lucha convergen tanto los sectores vinculados al circuito oficial de la economía como aquellos ligados al circuito contestatario. La pasividad inicial de la población ayacuchana ante el enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y las de Sendero Luminoso no fue ajena a este estado de ánimo.

Si bien dentro de los sectores populares tienden a producirse dos tipos de respuestas frente a la situación económica, una pragmática de cabal adecuación al circuito contestatario de la economía y otra organizada regional y sectorialmente que exige soluciones dentro del circuito económico oficial, el desborde no puede ser más evidente. Y ese desborde es resultado de la ineficacia del Estado y del sistema legal impuesto. La crisis inflacionaria que soporta el Perú desde hace unos diez años ha contribuido a que las respuestas populares se produzcan con una mayor dosis de radicalidad: paros, huelgas, toma de locales, toma de tierra, invasiones, desplazamientos callejeros, enfrentamientos directos con las fuerzas policiales. Todas estas acciones desafían al Estado y cuestionan su vigencia. Si antes el Estado era para el movimiento popular una realidad lejana, y sus luchas lo enfrentaban contra los hacendados o los propietarios de negocios, hoy el movimiento popular se enfrenta directamente a ese mismo Estado. En efecto, este último se proyecta más que nunca sobre la vida cotidiana y pretende limitarla, sin satisfacer las condiciones de una legítima representación, ni poder ejercer la fuerza necesaria para imponer su esquema de control.

El divorcio entre el Estado y la Sociedad, que comenzó a hacerse patente en la década de 1950, ha dado lugar al crecimiento de un sistema de relaciones que se opone a la formalidad, amplio y masivo, organizando a las grandes mayorías de la sociedad cada vez más definidamente fuera de las normas oficiales y de las pautas sobre las cuales se estableció la sociedad peruana desde el siglo XIX. Dos sistemas interpenetrados, con metas de débil convergencia, se antagonizan sordamente. Por una parte, el Estado sin planes ni Proyecto, absorbido en la solución de problemas económicos y políticos que se generan en su relación con las fuerzas que juegan en el orden internacional. Por la otra, la contestación de los sectores populares, en expansión pujante, proyectándose hacia toda la estructura y espectro de la sociedad y cultura nacionales. Entre los dos sistemas, una creciente brecha y la ausencia de una opción clara para el desarrollo interno. El Estado peruano ha perdido una vez más la ocasión de que las masas sean sus interlocutores.

La ausencia de un proceso adecuado de industrialización que acompañara la urbanización acelerada del país, iniciada hace dos décadas, ha precipitado la descomposición de las estructuras económicas, sociales y culturales desde largo tiempo atrás establecidas en regiones, microrregiones y ciudades. Se abre paso una nueva estratificación social que recompone las fuerzas e intereses que determinan la dinámica profunda de la vida nacional. Nuevos modos de contestación, que escapan al ámbito de las definiciones de los economistas y que se infiltran poderosamente en los campos de la cultura, la política, la educación, la religión y la moral, preparan o provocan estallidos que hacen cada vez más densa la atmósfera de crisis.

Sendero Luminoso se ofrece como una muestra concreta y evidente de la informalidad política. Se aleja en ideología y estrategia, y repudia abiertamente la formalidad de los partidos revolucionarios existentes. Cuestiona todo el orden establecido y los mismos códigos semánticos en los que se expresa el debate ideológico formal. Su acción guerrillera se carga en forma explícita de típicos mensajes de informalidad. La singularidad de sus acciones puede entenderse solamente en el marco de referencia que propone la nueva sociedad en turbulento crecimiento.

La Iglesia Católica, establecimiento religioso monopólico, de rasgos coloniales supervivientes en la libertad formal de cultos de la República Criolla, se enfrenta también al desborde de nuevas formas de la devoción popular que irrumpen desde el mundo de las masas en ascenso. Sectas religiosas de todo tipo, muchas de ellas desgajamientos espontáneos de las misiones protestantes, otras segregándose del catolicismo tradicional ante el estímulo de las nuevas ideologías y, aun algunas naciendo originales del mismo suelo autóctono, proliferan, echan raíces y multiplican sus salas de asamblea en barriadas y en comunidades. Como en los tiempos de la Reforma, el crecimiento del alfabetismo y la Biblia, puesta en manos de las masas populares, inflama una nueva religiosidad, intransigente en el evangelismo de los pobres y se enfrenta a las estructuras formales de la Iglesia, identificadas con el aparato del Estado.

Los medios de socialización acusan también el impacto demoledor de las masas en desborde. La presencia del transistor en cada casa, la revolución de los casetes y la amenazadora explosión informativa del videotape, la expansión constante de las redes de comunicación televisiva y la multiplicación de los órganos de la prensa escrita, someten a las multitudes a un bombardeo implacable de mensajes contradictorios e irreales, y estimulan una inflación de aspiraciones materiales y espirituales que las viejas estructuras del Perú oficial se encuentran incapacitadas para satisfacer. Los modelos de conducta, valores, ideas y actitudes promovidos sufren una readaptación constante, se asimilan a los estilos populares y desarrollan estrategias insólitas en el comportamiento de las masas, alimentando la autonomía de la nueva cultura de las masas. El estallido de las aspiraciones, buscando canalizarse a través del sistema educativo, ha terminado por desbordar la formalidad de la escuela, el colegio, la universidad y los institutos especializados. La contestación cunde también en este campo. Las nuevas formas y sistemas que se expresan en miles de centros educativos, operando al margen del control ministerial, captan cada vez más población, acrecientan cada día más su fuerza y no dejan de multiplicarse en todas las ciudades, particularmente en los barrios populares.

Éste es el cuadro que presenta el Perú al promediar la década de 1980.

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EL NUEVO ROSTRO URBANO:
la forja de una identidad

ESTIMAMOS que en 1954 Lima Metropolitana avanza hacia los 6 000 000. Población distribuida en 47 distritos y dos provincias: Lima y Callao. Su expansión urbana está conectando tres valles costeros: Rímac, Chillón y Lurín. Su población, según su extracción social y económica, está polarizada. Por un lado, cerca del 80% vive en asentamientos urbanos populares. Y, por otro lado, más del 20% se concentra en barrios residenciales de los sectores medios y opulentos.

Del 80% de la población considerada como sectores populares, casi el 37% radica en barriadas (encuesta IEP), un 23% en urbanizaciones populares (censo 1951) y un 20% en tugurios, callejones y corralones (Plandemet 1980). Esto significa que la barriada, en lo urbano, constituye el asentamiento mayoritario de los sectores populares.

En los últimos 28 años, período que va de 1956 a 1984, su crecimiento ha sido sorprendente. Así en 1956, en que realizamos el primer censo general, con los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se registró un total de 56 que concentraban 119 886 habitantes, 9,5% del total de la población de Lima Metropolitana, estimada en ese entonces en 1 260 729 habitantes. Prácticamente se duplicó a 316 829 habitantes en 1961 (17,2%). En 1972 lograron concentrar 805 117 habitantes (24,4%). El último censo de 1981 dio un total de 408 que albergaban a 1 460 471 habitantes (32,5%). A fines de 1983, cuando aplicamos, con un equipo del Instituto de Estudios Peruanos, una encuesta a dirigentes y pobladores antiguos de las barriadas de Lima, reveló que el número de pueblos jóvenes había llegado a 598, con 2 184 000 habitantes que constituían el 36,4% de la población total de Lima Metropolitana. En menos de treinta años la barriada, antes inexistente, se ha convertido en el personaje principal de una Lima transformada.

En los últimos 44 años, que van entre 1940 y 1984, la capital del Perú aumentó su población en casi diez veces. En efecto, según el censo de 1940 Lima albergaba 645 172 habitantes; 21 años después (censo 1961) la cifra se había triplicado con 1 652 000 habitantes; según el censo, en 1972 llegó a quintuplicarse con 3 302 523, para luego alcanzar, en 1981 (censo), un volumen siete veces mayor, 4 492 260 y avanzar en 1984 hacia los seis millones, igualando casi la población que tuvo el Perú todo en 1940. Este tremendo salto demográfico constituye uno de los mayores cambios en el proceso peruano. La geografía física y humana de la capital ha sufrido una seria alteración, acompañando al gran cambio del país que en 1940 era rural (65%) y ahora urbano (65%). El ritmo del crecimiento de la población de la capital es superior al nacional. Mientras la primera tuvo una tasa de crecimiento medio-anual de 3,7% en el período intercensal 1972-81, la segunda sólo tuvo 2,5% en el mismo lapso.

Lo cual significó que Lima Metropolitana albergó al 41% de la población urbana del país y al 27% de su población total. A julio de 1984 se puede afirmar que cerca del 50% de la población urbana nacional, así como más del 30% de la población total del Perú, vive en la gran Lima. El centralismo limeño, iniciado en el siglo XVI, adquiere ahora un nuevo carácter y dinámica. Esta concentración masiva somete las estructuras espaciales y sociales del mundo urbano a tensiones nunca vistas en el pasado del país.

La gran Lima absorbe una de las más altas proporciones de los migrantes del país, de los que abandonan su lugar de origen y hartos de la estrechez de la provincia buscan la oportunidad de un porvenir mejor. Según el censo nacional de 1981, el 41% de su población, que representa en términos absolutos a 1 901 697 habitantes, era migrante; de los cuales el 54% provenía de la sierra. De la población inmigrante que afluyó de los 24 departamentos del país, correspondía la más alta proporción a Ancash (10,6%), Ayacucho (8,38%), Junín (8,11%) y la más baja a Madre de Dios con 0,13%. Cabe destacar que más del 10% de estos inmigrantes provenían de las otras provincias del departamento de Lima, especialmente de distritos serranos. En 1984, Lima es ciudad de forasteros. Las multitudes de origen provinciano, desbordadas en el espacio urbano, determinan profundas alteraciones en el estilo de vida de la capital y dan un nuevo rostro a la ciudad.

La expansión urbana, que ha incorporado al área metropolitana los valles de Chillón y Lurín, tiende a urbanizar en su extremo norte el espacio rural desde el borde del valle del Rímac hasta Ancón, en el sur hasta Pucusana, en el este incursiona hasta Ricardo Palma y en el noreste abre el bolsón de San Juan de Lurigancho. Esta tendencia demuestra que el gran porcentaje de la población migrante ha ocupado nuevas áreas, y buena parte de la nativa ha tendido a salir del área central (casco urbano concentrado). La presión ejercida por la nueva población no solamente ha provocado el desplazamiento de los antiguos ocupantes, sino que ha dado lugar a un estallido espectacular de los antiguos límites del área metropolitana.

El crecimiento de la población discurre paralelamente a la expansión del área ocupada. Así, mientras la superficie urbana de Lima creció en 800 has entre 1920 y 1940 (de 3166 a 3966 has); entre 1940 y 1961 se expandió en otras 4711 has (de 3966 a 8677 has); para luego mostrar un crecimiento explosivo de 19 716 has en el período 1961-1981 (de 8766 a 28 393 has) y ampliarse en 2862 has más, en los tres años siguientes (de 28 393 a 31 255 has). Acompañando esta expansión se ha producido una seria transformación de la composición física, social y cultural del casco urbano concentrado, mientras gran parte de los distritos tradicionales como Jesús María, Breña, Lince, La Victoria, San Miguel, Rímac, Barranco, Surquillo, Chorrillos, Chucuito y Callao, decaen y tienden a convertirse en zonas deprimidas.

En el período intercensal 1972 a 1981, ha crecido significativamente la población de 24 distritos, la mayoría de los cuales corresponden a los sectores más pobres, ellos son: San Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte, Santiago de Surco, San Luis, La Molina, Santa María del Mar, San Bartolo, Carabayllo, Cieneguilla, San Juan de Miraflores, San Martín de Porras, Comas, Bellavista, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Carmen de la Legua, Chaclacayo, El Agustino, San Miguel, Chorrillos, Surquillo, La Perla, Callao e Independencia. En cambio, en 9 distritos, caracterizados por su composición social de capas medias como Barranco, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, Breña, Punta Negra, Santa Rosa, Pachacamac y La Punta, la tasa de crecimiento medio-anual ha sido negativa. Otros 5 distritos del área tradicional o central, como Lima (Cercado), Rímac, La Victoria, Pueblo Libre y Miraflores han tenido crecimiento muy bajo y, algunos, altas tasas de tugurización; igual fenómeno ocurre en 4 distritos balnearios como Ancón, Ventanilla, Punta Hermosa y Pucusana, así como en dos distritos alejados del área central, Lurín y Lurigancho. En tanto, San Isidro ha tenido crecimiento lento. Los distritos caracterizados como pobres están incluidos entre aquellos de crecimiento acelerado. La Molina, Santa María del Mar, San Bartolo, Cieneguilla y Chaclacayo con altas tasas de crecimiento demográfico y combinando zonas pobres con zonas de alto lujo pueden no tener impacto en el reacomodo de la población puesto que sólo cuentan con 14 530, 88, 2681, 4369 y 34 192 habitantes, respectivamente. Pero casos como éstos muestran que, paralela o simultáneamente al empobrecimiento de sectores medios, también ocurre el enriquecimiento de un núcleo pequeño, que contribuye a agravar los contrastes sociales y económicos.

Dividiendo Lima en dos zonas, la primera correspondiente a los distritos surgidos de barriadas y urbanizaciones populares, como San Martín de Porras, Comas, Carabayllo, Independencia, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Carmen de la Legua, San Juan de Lurigancho y El Agustino; y la segunda que incluye a los distritos tradicionales y modernos, constituidos fundamentalmente por urbanización formal, podremos percibir la tendencia del cambio. En el censo de 1972 la primera zona albergaba al 24,4% de la población de Lima y la segunda al 75,6%. En 1981, según el censo, la primera aumentó a 32,5%, mientras que la segunda disminuyó a 67,5%. De acuerdo a las encuestas y trabajos realizados por el Instituto de Estudios Peruanos a fines de 1983, la primera zona alcanzó el 36,4% y la segunda el 63,6%, lo cual significa un incremento sustancial, en 14 años, del 12% para los distritos surgidos por invasión y urbanización popular y una disminución en igual proporción para los distritos constituidos por urbanización tradicional y legal. El desborde espacial y demográfico del considerable sector de población de bajo ingreso se perfila como el fenómeno más importante de la presente década.

La invasión de nuevas áreas como el lecho y márgenes del río Rímac, las faldas de los cerros y los arenales y la captura del casco tradicional de la ciudad han reducido a los sectores medios y opulentos a una situación de insularidad en sus barrios residenciales. El enorme desplazamiento de las masas provincianas a la capital ha venido convirtiendo a la ciudad en el crisol y muestra de todos los procesos en marcha en el Perú. Esta mayoritaria concentración migrante en barriadas y urbanizaciones populares ha terminado por constituirlas en factor determinante de la nueva dinámica social metropolitana.

Hasta la década de 1950, el crecimiento urbano de Lima se desarrolló principalmente siguiendo los patrones y normas oficiales, orientándose de acuerdo a las previsiones técnicas existentes dentro de los marcos oficiales de los planes de expansión municipal. Las migraciones masivas tropezaron, desde sus comienzos, con la rigidez impuesta por un régimen urbano concebido como reducto de la vida criolla y nunca pensado como hábitat para poblaciones provincianas. El encuentro de la poderosa corriente migratoria con esta barrera produjo ya en la década de 1950 las primeras rupturas de la legalidad tradicional. Enfrentadas a un problema de vivienda, sin solución dentro de los términos impuestos por el desarrollo normal de la estructura urbana de la propiedad, iniciaron la ocupación de facto de terrenos y predios, públicos y privados, imponiendo, por vía de la protesta popular y la violencia, el reconocimiento de su derecho a un lugar para vivir.

El migrante tuvo que adaptarse al contexto que le ofrecía la ciudad y encontrar soluciones dentro de las posibilidades dadas por su experiencia previa. Tenía dos opciones: someterse al sistema legal imperante aceptando la falta de techo o violentar los límites del sistema establecido. Su origen, así como su situación frente a la estructura social urbana y los mecanismos existentes en la «Ciudad Legal», que están ligados a un sistema de poder que se expresa a nivel político, social y económico, determinó que decidiera por la segunda opción, es decir, la invasión de áreas marginales posibles de ser urbanizadas. A partir de esta decisión, tanto los migrantes como los nativos que conforman los sectores populares urbanos se convirtieron en invasores de terrenos, llegando con frecuencia a apropiarlos por la fuerza. En la mayoría de los casos aumentaron su eficacia recurriendo al patrón campesino de clientelaje y acogiéndose al paternalismo de las autoridades: se usó así el nombre de personajes públicos influyentes del momento y se emplearon nombres de santos, símbolos religiosos o emblemas patrios como las banderas rojiblancas del Perú que pudieran invocar respaldo real o psicológico. Pero el mejor aliado de los invasores fue el tiempo, puesto que lograron a base de su tenacidad que las fuerzas del orden se cansaran, y aunque la posesión del suelo no estuviera asegurada legalmente, emprendieron la construcción de sus viviendas, las mismas que irían paulatinamente complicándose desde la estera hasta el ladrillo. Alcanzaron finalmente el reconocimiento legal de sus conquistas y con ello los ansiados títulos de propiedad. Al final la barriada se hizo un barrio como todos.

La invasión, fenómeno social, primero urbano y más tarde rural, aparece desde entonces como antesala de una nueva legalidad en emergencia. Los acontecimientos mostrarían al paso del tiempo que las situaciones de facto generadas por las masas podían llegar a ser una fuente de derecho, en tanto la presión ejercida fuera suficiente para forzar el reconocimiento por parte del Estado o, al menos, alcanzar de las autoridades una actitud de conveniente indiferencia. Con las invasiones de predios urbanos y rurales el Perú inauguró la era de la nueva contestación de masas.

La Lima modernizante y desarrollista, de las décadas de 1950 y 1960, quiso definir su propio crecimiento dentro de los marcos de una industrialización acelerada que ofrecía ocupación y oportunidad ilimitada a las masas que acudían. Si pudo aceptar con relativa indiferencia la inmensa explosión demográfica y las rupturas de la legalidad provocadas por las invasiones, fue por su confianza en que una expansión continua de los recursos económicos estatales y privados conseguiría con el tiempo una adecuada integración de los nuevos contingentes a las estructuras institucionales normadas por el Perú oficial. La crisis económica de finales de la década de 1970 y comienzos de la actual disipó la ilusión desarrollista y mientras el aparato del Estado se veía rebasado en su capacidad de control, planificación y ordenamiento por la penuria de los fondos públicos y la empresa privada limitaba cada vez más su absorción de mano de obra, la nueva masa urbana quedó abandonada a media integración ante una insuperable barrera económica, social y cultural. Los elevados índices de desocupación, la reducción de las opciones laborales, el crecimiento vertiginoso de las tasas de inflación, los bajos niveles salariales, pusieron, en el curso de unos pocos años, fuera del alcance del nuevo limeño, los estilos cosmopolitas en que las clases dirigentes aspiraban a enmarcar el desarrollo de la nueva Lima.

Ante el bloqueo de su integración en el mundo criollo y cosmopolita del Perú oficial, que determinan los altos costos de incorporación y la incapacidad promocional de las instituciones del Estado, la mayoritaria masa urbana de migrantes se hace cargo, al promediar la década de 1980, de su propia dinámica económica, social y cultural. Las barriadas y los barrios populosos, convertidos en crisoles que fusionan las distintas tradiciones regionales, se convierten en focos poderosos de un nuevo mestizaje de predominante colorido andino, generando estilos de cultura, opciones económicas, sistemas de organización y creando las bases de una nueva institucionalidad que se expande, encontrando escasas resistencias, entre los resquicios de las estructuras oficiales, desbordando sin pudores los límites de la legalidad cada vez que éstos se oponen como obstáculos.

Para 1984 la inmensa corriente migratoria de las décadas pasadas ha reducido su volumen y el fenómeno de desplazamiento demográfico comienza a perder importancia como tal. Las consecuencias de este proceso para la vida de la capital empiezan, sin embargo, a manifestarse, en forma dramática. Lima se ha convertido en escenario de un masivo desborde popular. Este desborde lleva el sello de la composición dominante andina de su nueva población que proyecta sus estilos. Lima muestra ya un nuevo rostro y comienza a perfilar una nueva identidad.

El Centro de Lima, la llamada Lima cuadrada virreinal, ha venido cristalizando ese nuevo rostro desde la década de 1960. Se ha hecho ajeno, por vez primera en nuestro proceso histórico, a los sectores opulentos y medios. Sus calles adquieren el aspecto de ferias provincianas por el discurrir de multitudes que las copan. Sus múltiples servicios son mayoritariamente utilizados por estos nuevos personajes populares y el sector de economía contestataria tiene en ella su núcleo de acción más importante. La presencia de los principales centros de poder de la élite tradicional, como el Palacio de Gobierno, la Municipalidad, la Catedral, los Bancos y centros comerciales, queda como fondo de contraste con el estilo que imponen estas multitudes populares. La irradiación de este nuevo rostro del corazón de Lima, que está ahora más teñido de andino que nunca y que borra la faz hispánica, comienza a expandirse segmentariamente a distritos como San Borja, La Victoria, Breña, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y aun San Isidro y Miraflores.

Nuevos fenómenos concurren a alterar no sólo el rostro de la vieja y tradicional ciudad, sino de toda el área metropolitana. Hay nuevos centros de gravedad como los representados por los grandes bazares callejeros que distribuyen mercaderías y productos en Polvos Azules y Amazonas, Emancipación-Abancay, la Avenida Grau, el Mercado Central, el Jirón Gamarra, la Avenida Aviación, Tacora, la Diagonal de Miraflores; los mercados y paraditas de Ciudad de Dios y Comas, La Parada, Caquetá y otros muchos desparramados por doquier; los parques y áreas verdes inundados de sectores populares los días festivos; los calvarios y apachetas en las encrucijadas, que organizan el espacio andino trasladado a Lima; los santuarios y cementerios clandestinos en barriadas; los múltiples lugares dominicales de reunión de las asociaciones de provincianos.

La inmensa gravitación adquirida en Lima por lo andino, por causa de la migración, afecta y modifica no solamente al aspecto físico de la capital, sino también sus formas de cultura y su sociabilidad.

En la construcción de casas y servicios vecinales, al tiempo que se extienden rasgos arquitectónicos que derivan de modelos más serranos que europeos, como el techo a dos aguas y la teja, se practica en forma creciente sistemas de reciprocidad como la minka. Ceremonias asociadas a la construcción andina de viviendas se difunden y adoptan forma urbana: el techado de casas y edificios se celebra agasajando a los que participaron del trabajo. La nueva vivienda es bautizada con la tinka andina y la cruz de flores corona la parte más elevada de la construcción. Talismanes y amuletos, especialmente vegetales, para proteger la casa del mal y los ladrones han pasado a formar parte corriente de la religiosidad popular urbana.

La vida social de la ciudad acepta hoy y difunde, como parte de sus estrategias de supervivencia, la organización colectiva con base en vínculos familiares extendidos y la pone en uso sobre todo en la actividad artesanal y ambulatoria o para el reclutamiento laboral y la busca de trabajo.

Particularmente importantes, entre las formas nuevas de organización social urbana que surgen del aporte serrano, son las asociaciones de migrantes, que combinan formas de organización gremial con sistemas andinos comunales de reciprocidad y agrupación. El migrante, en Lima, participa intensamente y despliega gran actividad en torno a estas asociaciones. Semana a semana, sus locales son centros de atracción familiar. Se festejan bautizos y bodas, cumpleaños y aniversarios. Los jóvenes juegan al fútbol o encuentran, en la intimidad de ese segundo ambiente natural, una paisana casadera que les permite formar un hogar sin romper ni debilitar los vínculos de parentesco e identidad con el pueblo de origen. Los mayores conciertan negocios, consiguen trabajo y obtienen favores de los paisanos en mejor condición económica.

Como en el pueblo de origen, la vida de la asociación provinciana gira en torno a la fiesta folklórica. La conmemoración del santo patrono del pueblo da lugar a la urbanización del viejo sistema de cargos con sus alferazgos y mayordomías que ofrecen una referencia continua de prestigio y estatus. Innumerables migrantes en Lima siguen usando la fiesta como eje importante de organización e identidad. Aún más, la fiesta, en el ámbito urbano, adquiere más vida, se transforma y explora nuevas posibilidades dinámicas, ya que absorbe funciones integradoras que otras actividades colectivas del pueblo de origen han dejado vacantes en el mundo industrial. Y si bien la vida de la capital presiona y disuelve muchos de los vínculos y acciones que dotaban de cohesión al grupo social en el pequeño pueblo, la asociación y la fiesta instituyen y encauzan los lazos sociales en el nuevo medio, haciéndose centros de las nuevas formas de la solidaridad.

Las asociaciones y clubes que agrupan migrantes de aldeas, de pueblos y de ciudades serranas han proliferado en Lima y llegan hoy día a casi seis mil, con afiliación muy variada, según el tamaño del pueblo de origen. Algunas, pequeñas, no son más que círculos de parentesco más o menos extenso, otras llegan, a veces, a superar el millar de miembros. Su constitución enfatiza intereses sociales, culturales, económicos, políticos, religiosos o deportivos. Pero en todas ellas hay algo en común: congregan y ofrecen al migrante, que de otro modo se vería aislado, una base de vida social y una capacidad institucional de representación frente a las autoridades, los partidos y, sobre todo, el Estado. Refuerzan la capacidad del nuevo limeño para transferir el vínculo orgánico andino y defender su identidad cultural. El baile y la música forman parte integral del sistema cultural transferido y constituyen un núcleo importante de la nueva cultura adaptiva con que el migrante transforma la vida de Lima.

La música andina, en sus múltiples géneros y estilos regionales, se impone hoy con fuerza en la capital. Su presencia en la urbe no constituye ya un fenómeno exótico. En Lima residen ahora los mejores compositores, los mejores conjuntos y los mejores fabricantes de instrumentos serranos. Se dirigen a un público urbano más vasto que el que pudieron tener en sus pueblos. Un público que agrupa, también, los mejores tejedores, artesanos y orfebres. En su nuevo ambiente, la música andina evoluciona y se urbaniza también. Adopta la tecnología moderna y se vale de ella como de un propio instrumento que recoge las formas variadas del folklore localista, las fusiona, recrea y difunde, devolviendo a la sierra un nuevo folklore nacional. El acceso creciente del migrante andino a la radio y la televisión y la diversificación y multiplicación de locales han terminado por superar el coliseo folklórico, que ha dejado de ser la expresión principal de la cultura provinciana en Lima.

El número y la diversidad de programaciones folklóricas en las radioemisoras de Lima no han dejado de incrementarse desde comienzos de la década de 1950, que vio aparecer los primeros. Nuevas estaciones de radio eligen establecer sus locales, ahora, en los mismos pueblos jóvenes. Algunas transmiten en lengua quechua en forma continua. Se estima que existen, hoy día, no menos de cien programas diarios de música andina. Cuatro emisoras radiales limeñas, cada una con cerca de veinte horas diarias, están cubriendo más de la mitad de esta línea. En su gran mayoría, esta programación va orientada a los migrantes urbanos de distintas regiones serranas. El avisaje y la orientación cultural del programa hablado apuntan al mismo contexto.

La importancia de este fenómeno se hace aún más notoria si se compara este gran crecimiento con el desarrollo sufrido por otros espacios radiales de contenido cultural nacional definido, como los de música costeña popular y criolla, que no han alcanzado a superar un total de emisión de doce a quince horas diarias. El programa radial no se limita a difundir un estilo de música, sino que incluye mensajes personales e institucionales y proporciona un vehículo de propaganda comercial frecuentemente orientada en el circuito contestatario. El enorme vigor y presencia alcanzados por lo andino en el medio radial nos ofrece un ejemplo importante de la dinámica activa con que el nuevo limeño redefine su identidad en el contexto urbano, para luego proyectarla en forma agresiva, como factor importante en la formación de una nueva cultura.

Con la multiplicación de los programas folklóricos, la industria disquera ha sufrido también transformaciones. Esto se debe tanto a la ampliación de la demanda de música andina en un mercado cambiado por la población migrante como al aumento del número de músicos y compositores populares serranos que residen en la capital. Han aparecido muchas empresas disqueras medianas y pequeñas que se dedican exclusivamente a grabar esta música. También se multiplican los casetes «pirateados», que consisten en selecciones de las piezas musicales que más gustan al pueblo y que se producen en pequeña escala, de modo artesanal y clandestino. Éstos se venden a vista y paciencia de todos, dondequiera que se concentre un mercadillo «ambulante». Su producción y comercio forman parte del mundo de la economía contestataria.

La popularización de la música andina promueve una fusión de culturas que opera en dos direcciones opuestas. Por una, introduce en la juventud de sectores medios y altos un nuevo interés por instrumentos y estilos que en otros tiempos aparecían exóticos. Se genera la afición por la quena, la zampoña, el charango y otros instrumentos serranos. Se los incorpora en conjuntos que interpretan música pop, rock, salsa y otros ritmos modernos, con sonoridades andinas. Algunos los convierten en modo de vida.

Por la otra, surgen géneros nuevos que hibridan culturas. De ellos, la chicha, cumbia peruana o guaracha andina, es el más importante y ha llegado a ser el segundo ritmo musical popular, después de la salsa, desde su nacimiento en 1968. Es una fusión musical de la cumbia colombiana, la guaracha cubana y el huaino serrano, tropicalizando la música andina y ejecutándola con instrumental electrónico (guitarra, batería y órgano). Es una creación urbana y actual de los barrios populosos y de las barriadas. Surge del patrimonio traído por el migrante andino, pero se arraiga en el residente ya antiguo y en las segundas y terceras generaciones urbanas. Es un ritmo de juventudes que homogeneiza su estilo a nivel nacional y supera los regionalismos tradicionales del arte peruano. Un solo conjunto ha logrado vender, en tres años, algo más de un millón de discos del «Aguajal», un huaino en ritmo de chicha. Los chichódromos y salsódromos, locales donde se baila y se vende legalmente cerveza y gaseosas, y drogas de modo ilegal, han terminado por ocupar, para la segunda generación de los nuevos limeños, el mismo nivel de importancia que tuvo, para la primera generación de migrantes, el coliseo folklórico de la década de mil novecientos sesenta.

Desde el punto de vista de un indigenismo purista, la chicha puede significar un cierto empobrecimiento de la rica vertiente musical andina sometida al influjo de los medios modernos. Es, sin embargo, indudable que expresa un nuevo patrón cultural en ascenso. Su presencia y avance constituyen una muestra notable del peso que han llegado a tener los migrantes y la cultura que portan, en la decisión de la dinámica viva de la cultura metropolitana y en la formación de una conciencia nacional unitaria.

También con relación a la música, es preciso notar el ascenso de nuevas figuras de referencia, que operan como articuladores de esa conciencia unitaria. Personas como Ernesto Sánchez Fajardo, llamado El Jilguero del Huascarán, cuya popularidad lo llevó a ocupar un escaño en la Asamblea Constituyente. O como María Alvarado Trujillo, Pastorita Huaracina, que sin trayectoria sindical o política, fue candidata al Parlamento en 1980.

Lima, hasta hace muy poco la ciudad más criolla del Perú, reunió, en 1975, un impresionante cortejo de más de cien mil personas, rindiendo homenaje a Víctor Alberto Gil, El Picaflor de los Andes, recién fallecido. Semejante tributo no pudieron lograrlo ni Chabuca Granda, representante del folklore costeño culto, ni la conocida Lucha Reyes, La Morena de Oro, más popular en su género.

Al tiempo que crece y se expande la presencia andina, el crecimiento inorgánico de los centros urbanos y la ineficiencia del sistema municipal han generalizado la crisis del sistema de los servicios públicos. Así, tanto la falta de recursos financieros y materiales como el escaso apoyo que reciben los gobiernos locales de parte del gobierno central han llevado a la ciudad a enfrentar los más serios problemas de higiene y salubridad en toda su historia. La acumulación de basura, la escasez de agua potable, la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado y el deterioro creciente en el abastecimiento de fluido eléctrico y en la red de comunicaciones afectan como nunca la vida de las mayorías urbanas.

Un nuevo personaje caracteriza la alambicada circulación: el microbús. Las rutas se alargan, se complican y terminan en un laberinto interminable. Las calles y avenidas se estrangulan por la fuerte congestión en los momentos de ingreso y salida de la desmesurada burocracia pública y privada. La dispersión irracional de los locales escolares caotiza aún más el transporte. Las pistas se deterioran por el abandono y el exceso de uso, y vastos sectores de Lima regresan al afirmado y el encalaminado preasfálticos.

Tampoco el descanso y el ocio encuentran un espacio adecuado en la urbe. Las multitudes se posesionan del cine, decidiendo el estilo y la calidad de espectáculos. Las colas se alargan y la reventa se convierte en un floreciente negocio. Las clases medias y altas buscan refugio en la televisión y en el videocasete. Solamente el deporte vuelve a establecer una cierta unidad en los gustos. Cuando la televisión transmite un campeonato de fútbol, la ciudad se queda desierta.

La ausencia de estadios y canchas agrava el problema. Son pocos los parques de Lima que no se han reducido a terrales al ser empleados como canchas de fútbol. Los pocos que quedan se retiran del uso del público, rodeados de rejas. En verano, la metrópoli se vuelca a la playa. La multitud de migrantes la busca por su acceso fácil y el bajo costo en transporte. El circuito limeño de playas es otro de los centros de masas que definen el nuevo rostro de Lima. Hubo domingos, en la temporada de verano de 1984, en que atrajo más de millón y medio de bañistas. Han comenzado a producirse encuentros violentos entre grupos de distinta procedencia social, por el control de esas playas. La tabla hawaiana, en otros tiempos deporte de élite, se convierte en pasatiempo de moda para sectores más amplios, y clubes que en otro tiempo señorearon su ambiente se ven reducidos a islas en un mar populoso. Gradualmente, las clases pudientes van cediendo terreno y se alejan buscando otras playas distantes a Lima.

Las condiciones de seguridad de la urbe se deterioran aceleradamente, al mismo ritmo en que la lucha por la supervivencia se va haciendo implacable y se agravan la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales. En asentamientos populares y residenciales proliferan los mercadillos de drogas y la prostitución clandestina. Los asesinatos, los asaltos domiciliarios y callejeros, el robo de locales comerciales, industriales y bancarios, ya ni siquiera hacen noticia de primera plana en los diarios, a pesar de su frecuencia y escala. La violencia se convierte en un estilo de vida que se termina aceptando resignadamente. La respuesta del pueblo se expresa en la organización de sistemas autónomos de vigilancia barrial y, en casos extremos, en los tribunales populares y ejecuciones sumarias.

Muy buena parte de todos estos fenómenos constituyen aspectos variados de una masiva respuesta del sector popular a la presión e insuficiencia del medio. Desborde de masas, informalidad y andinización son todos parte de la misma respuesta. En ellos se deja notar la continuidad de un proceso que nace como migración, toma su forma en las invasiones de terrenos y predios, encuentra sus modos en las tradiciones de adaptabilidad ecológica y ayuda mutua andina y termina irrumpiendo a través de la costra formal de la sociedad tradicional criolla. Desde la extensión de la faena serrana al enfrentamiento común de problemas de asfalto, alumbrado o agua y desagüe en barriadas, hasta el empleo de estrategias de relación familiar en la economía contestataria. Desde la organización de clubes provincianos y asociaciones de vecinos, hasta las rondas vecinales, los juicios populares y los linchamientos que llenan los vacíos dejados por la policía y el poder judicial. En todos los rasgos que asume el nuevo rostro de Lima, observamos la huella del estilo migrante.

Esta presencia andina en el medio urbano constituye parte del nuevo rostro no sólo de la metrópoli limeña, sino también del país en conjunto. La inorganicidad en que se expande, la espontaneidad, creatividad y acomodo de lo serrano se imponen como los signos dominantes de un intento masivo de los sectores populares por conquistar un espacio social, más acorde con auténticos valores que hasta ahora no pudieron imprimir una tónica de identidad peruana.

La consolidación y avance de la nueva cultura panperuana, en formación en los sectores populares de la capital, ofrece el contexto para un proceso de alcance mayor. Las masas migrantes de las décadas de 1950 y 1960 conservaban aún la pasividad campesina. Quisieron seguir dependiendo de la benevolencia asistencial y paternalista. Animados por la euforia del crecimiento económico, el Estado y el establecimiento político asumieron un rol protector, mostrando interés a veces sincero, a veces meramente manipulatorio, por el bienestar y promoción de la población de barriadas. La ideología participacionista de los años velasquistas y las masivas campañas de concientización generaron una movilización que fue tolerada, sólo en la medida en que aceptó el control de la cúpula. La concientización no alcanzó a promover una nueva estructura pero introdujo patrones para una nueva orientación de conducta.

La crisis del Estado, precipitada desde los comienzos del segundo gobierno populista, provocó una retracción acelerada de la presencia de las instituciones de gobierno en las barriadas y barrios populares. La gradual suspensión de obras públicas, el deterioro de servicios, el derrumbe del proyecto de sistema asistencial, la desocupación, la debilidad y corrupción de las fuerzas policiales, la ineficacia del sistema judicial, los altos costos de la educación, generaron un vacío, que las multitudes movilizadas, orientadas por los valores de la cultura provinciana trasplantada, han tratado de llenar por su propia cuenta. Los canales abiertos por la primera crisis metropolitana, la invasión y captura de nuevos espacios han comenzado a abrir el paso a una nueva marea económica y social. Del mismo modo que antes se trataba de obtener un pedazo de terreno y una casa, proyectando y adaptando las estrategias de la lucha comunitaria y sin reparo por leyes y formalidades ajenas al propio mundo, ahora se trata de sobrevivir y alcanzar seguridad por vías de la propia iniciativa, individual o colectiva, sin tomar en cuenta los límites impuestos por las leyes y normas oficiales.

Sin graves conflictos con el sistema de administración de obras y servicios, las poblaciones se organizan espontáneamente para la solución de sus problemas de agua, alumbrado, asfaltado o locales públicos. Entrando en la penumbra de la legalidad compensan el alto costo e ineficacia de los servicios médicos y de la salubridad, acudiendo en número cada vez mayor a los consultorios de curanderos y herbolarios. Trasgrediendo los límites de la religiosidad tradicional encuentran formas de liberarse de la tutela de las autoridades eclesiásticas, multiplicando los grupos católicos pentecostales en los que desaparece la distinción entre clérigo y laico o constituyendo iglesias evangélicas de fórmula propia, en todas las cuales la estructura asambleísta y solidaria ofrece un sustituto de la intensa calidad relacional de las comunidades campesinas. Violando las normas del sector Educación, multiplican escuelas, academias y cenecapes clandestinos que ofrecen instrucción variada a bajo precio. Rompiendo con los límites legales impuestos por las normas comerciales, industriales, municipales y tributarias multiplican las industrias, los comercios y servicios clandestinos, invadiendo las calles con productos y ofertas informales. Enfrentándose con las ineficientes estructuras policiales y judiciales organizan sus propias guardias vecinales y multiplican los juicios populares y las ejecuciones sumarias de delincuentes que amenazan su seguridad.

La ilegalidad, la alegalidad, la clandestinidad y la semiclandestinidad se convierten en un estilo dominante e invasor en el que cristaliza institucionalmente la nueva cultura y ante cuya universalidad y omnipresencia el Perú Oficial sólo puede responder con el escándalo, la indiferencia o intentos esporádicos y violentos para hacer sentir que continúa existiendo más allá de los límites de la inmensa casbah limeña. Hasta en el terreno de la organización política se hace sentir la presión del nuevo estilo: formas inéditas de lucha popular se manifiestan e imponen su presencia fuera del juego oficial de las izquierdas y derechas. Contra ellas todas las tácticas y estrategias de represión convencionales se siguen mostrando inadecuadas. El proceso y crecimiento de la contestación económica de masas, que en estos años ha dado lugar a la atención de gobernantes y estudiosos, no se muestra sino como la forma más visible de un proceso de desborde popular, de mucho más amplia envergadura, sin el cual resulta incomprensible.

La marea de la contestación cultural, económica y social aparece ahora como dotada, también, de una capacidad especial para rebasar sus propias bases. Así como en décadas pasadas la multitud migrante invadió y tomó en posesión las zonas periféricas de la vieja capital, ahora el estilo contestatario gestado en esas zonas avanza y toma posesión de territorios físicos, culturales, sociales y económicos, otrora reservados a las clases medias y altas. Ante este avance, ellas se retiran y encierran en reductos nuevos y cada vez más exclusivos, pero también ceden terreno, se dejan penetrar y, en casos, terminan asumiendo activamente los nuevos patrones de conducta.

Las transformaciones sufridas por el Perú desde 1950 se combinan, pues, ahora, treinta años más tarde para dar lugar a un proceso de gran envergadura cuyos factores desencadenantes deben ser identificados en los cambios demográficos que desplazaron el peso de la población de la Lima Metropolitana hacia los sectores provincianos; en la rigidez de las estructuras jurídicas e institucionales, que diseñadas desde una metrópoli criolla no han tenido capacidad ni voluntad de adaptación; en la crisis económica y la recesión generalizada; y, en la quiebra y deterioro del sistema de controles institucionales y estatales, carente de los medios y recursos adecuados para hacerse cargo eficazmente de la nueva urbe.

La multitud, hasta hace algunos años clientela del poder, se encuentra ahora abandonada a su propia suerte y dinamizada por la intensa propaganda concientizadora de los años setenta, toma gradualmente por su cuenta la solución de sus problemas.

Integrada sólo a medias dentro del viejo vivir capitalino, halla, como punto de partida de esta dinámica de adaptación espontánea, la experiencia provinciana y, de modo especial, la del mundo andino. Incapaz de asumir los costos de una plena operación dentro de los parámetros de la legalidad tradicional, desborda —en un esfuerzo de supervivencia— los límites impuestos por los códigos, reglamentos y procedimientos. La magnitud de este desborde supera ampliamente toda capacidad de control de los órganos gubernamentales. Y lo que, en un primer momento, tuvo un cauce, definido estrictamente por la crisis de vivienda, se universaliza ahora, abriendo paso a nuevas «invasiones» de la cultura, la economía, la educación, el gobierno y la política. Este proceso, a diferencia de sus antecedentes en la formación de las barriadas, no parece limitarse solamente a incorporar a la nueva población. Sectores medios y altos de la sociedad, la banca y la industria, afectados por la crisis económica, han venido descubriendo, en unos cuantos años, las ventajas de los nuevos modelos contestatarios introducidos y desarrollados originalmente por los sectores pobres. Hoy ya no se puede hablar solamente de una informalidad de la miseria. La informalización de la economía y de las instituciones comienza a incorporar un número creciente de representantes de la industria y el comercio formales, amenazados por la quiebra, mientras que la complementación de ingresos de origen formal, por medio de actividades informales paralelas, alegales o ilegales, se generaliza en los sectores medios. Lima se convierte así en el crisol en que se crea, al margen del mundo oficial, un nuevo sistema de formas inéditas en el pasado nacional y con una poderosa tendencia a la expansión geográfica y social que le da características de proyección nacional.

Lima comienza a esbozar el nuevo rostro peruano, que pugna por lograr una forma definida y que tratará de legitimarse jurídicamente venciendo toda resistencia opuesta por la ya debilitada maquinaria de la vieja República Criolla. Algunos de los rasgos de este rostro novedoso son ya suficientemente claros como para que podamos imaginarnos su contenido final: se trata de una fusión interregional de culturas, tradiciones e instituciones, con fuerte componente andino y dotada de un sentido propio de la ley y la moral, que depende más de los usos, costumbres y decisiones colectivos y de las necesidades del vivir cotidiano, que de las fuentes teóricas de derecho que fundamentaron las constituciones y códigos del Perú Republicano.

El nuevo estilo aparece en un contexto de crisis. Sus manifestaciones se tiñen de la agresividad que impone al esfuerzo por sobrevivir en un medio hostil. La reivindicación, la fragmentación y el desorden le imprimen un fuerte matiz de emergencia y apremio. Su desborde del molde legal no encuentra los límites entre la clandestinidad, la ilegalidad y el delito, mientras que la organización partidaria no alcanza a entender el fenómeno y el sindicalismo tradicional no llega a absorberlo. Su nacimiento está preñado de escándalo y suscita el temor en los representantes del mundo oficial. Aun así, podemos reconocer instituciones que nacen y modos en germen de la nueva representatividad popular. Negar la potencialidad y el valor positivo del estilo nuevo de la cultura urbana sería negar el poder creativo del hombre peruano. Intentar reprimirlos sería suicida. Al Perú se le impone una nueva tarea política de importancia primaria. Canalizar constructivamente las fuerzas en marcha y orientarlas hacia un objetivo común: la construcción de un orden social más justo y más nuestro.

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LA CRISIS DEL ESTADO Y EL DESBORDE POPULAR

LA EXISTENCIA de dos Perúes paralelos no es un fenómeno reciente. Por un lado el Perú Oficial de las instituciones del Estado, los partidos, la banca y las empresas, los sindicatos, las universidades y colegios, las Fuerzas Armadas y la Iglesia; de los tribunales, la burocracia y el papel sellado; de la cultura exocéntrica. Y, por el otro, el Perú Marginado: plural y multiforme; del campesinado y la masa urbana, de las asociaciones de vecinos, los cabildos tradicionales, las rondas y los varayoc; de los talleres clandestinos, los ambulantes y las economías de trueque, de reciprocidad y de mera subsistencia; de los cultos de los cerros, la espera de Inkarrí y la devoción a las santas y beatas no canonizadas; el Perú que conserva, adapta y fusiona innumerables tradiciones locales y regionales; bilingüe, analfabeto y a veces monolingüe quechua, aimara o amazónico. Este contraste, gestado desde los primeros tiempos de la Colonia, se prolonga hasta avanzado el Perú Republicano.

Los centros coloniales de concentración del Perú Oficial, privilegiado por ser el representante de la cultura del conquistador, fueron las ciudades. En ellas, residencia de españoles, criollos y mestizos, se constituyeron las bases de un mundo político, económico, religioso y cultural que, articulado desde la metrópoli, creó una imagen de unidad. Con una presencia insignificante de los representantes del pueblo conquistado y manteniendo con el Perú rural, plural y multiforme de los campesinos, apenas relaciones de explotación y dependencia señorial, el mundo de las ciudades pudo durante largo tiempo incubar la ilusión de ser el depositario de la identidad y del poder. Lima, en oposición al Cusco del Tahuantinsuyo, se constituyó desde esa época en corazón y símbolo de esa ilusión de identidad.

El Perú Republicano heredó esta tradición centralista del Perú Oficial. El Estado Criollo, surgido de las guerras de la Independencia, sin realizar mayores intentos de incorporarse al resto del país definió su propia identidad como Estado Nacional, sobre la base del supuesto implícito de que la nación era el mundo oficial de las ciudades; de que su relativa unidad cultural e institucional era la misma unidad de la nación y de que el ajeno universo de las mayorías que persistía más allá de las ciudades representaba apenas una marginalidad intrascendente, a la que tarde o temprano el desarrollo de la civilización haría desaparecer. La existencia de una estructura real que concentraba los poderes y las participaciones en el monopolio exclusivista de las clases urbanas daba visos de realidad a esta ilusión.

El derrumbe de la economía oficial del país, como consecuencia de la derrota de 1879, dio comienzo al resquebrajamiento ideológico de la ilusión de identidad. La participación decisiva del campesinado en la Campaña de la Breña trajo a primer plano la existencia de un Perú que, ajeno al mundo urbano, se reclamaba tan peruano como éste. El desarrollo de las plantaciones azucareras y algodoneras de la costa convirtió a parte de ese campesinado marginal en actor protagonista de la economía oficial, al tiempo que lo proletarizaba desplazándolo hacia una condición urbana y semiurbana. Los ideólogos de la época redescubrieron el «Perú Indígena» y sacaron a la luz una identidad alternativa: se hicieron los portavoces de una «nación incásica». Pero aunque sus reflexiones reclamaron al Perú Oficial a la conciencia de que su monopolio se encontraba amenazado, no llegaron a cristalizar acciones eficientes de transformación. El Perú había cambiado poco desde los tiempos de la colonia. Las ciudades seguían siendo reductos privilegiados de criollos y mestizos viviendo una cultura de casi exclusiva raíz europea y concentrando los instrumentos del poder. Las masas rurales marginadas seguían siendo ajenas a toda verdadera participación.

Sin embargo, dos problemas comenzaban a aflorar. La incongruencia de un Estado-Nación que no representaba ni expresaba las aspiraciones de la gran mayoría de sus súbditos, extraños a esa específica definición de nacionalidad. Y el problema de una identidad nacional que no se expresaba en la cultura formal, frente a una cultura formal que se proponía como identidad, pero que desconocía la multiplicidad de las tradiciones populares y se desarraigaba cada día más. Estos problemas no llegaron a hacer crisis y el horizonte de las ideologías de la época no pudo formularlos en su verdadera dimensión.

El ingreso y difusión de las doctrinas revolucionarias europeas, a partir de los comienzos de este siglo, no hizo sino reforzar las estructuras heredadas desde los tiempos coloniales. Las utopías proveídas por socialistas y anarquistas carecían de raíces en el suelo autóctono y contribuyeron frecuentemente a desfigurar, en la conciencia de los intelectuales y de la masa urbana en expansión, las imágenes del pasado andino y de su realidad vigente. La aspiración del artesanado y el proletariado de la naciente izquierda era, no la transformación de los términos y relaciones entre lo Oficial y la nación plural de las mayorías, sino la mera captura y aprovechamiento de las estructuras de poder del Estado Oficial. Las mayorías nacionales se mantuvieron, durante largo tiempo, ajenas a una revolución que les resultaba tan extraña como la de la Independencia. En tanto las instituciones del Perú Oficial se expandían y consolidaban, poderosas presiones demográficas se gestaban en el medio campesino, preparando, de manera silenciosa, la explosión del medio siglo.

Las transformaciones sufridas por el Perú desde la década de 1950 han repercutido recién en forma poderosa sobre el balance y equilibrio de las relaciones entre el mundo de la oficialidad y el de las mayorías, abriendo cauces a un nuevo estilo de revolución. El desarrollo acelerado de la infraestructura de comunicaciones, los cambios en la economía, la reforma agraria y la modificación en la estructura de la tenencia de la tierra, la expansión del mercado interno, la explosión migratoria a las ciudades, han terminado no solamente por conformar la imagen de un nuevo Perú, sino por generar una nueva problemática.

Irrumpen así, críticamente, las tensiones, ambigüedades e indecisiones acumuladas por más de cuatrocientos años. Las invasiones de tierras y de predios urbanos que caracterizaron la década del cincuenta se mostraron, en el curso de los años, como precursoras de más importantes y poderosas invasiones: la de los predios urbanos de la cultura oficial por la cultura andina y la de los ámbitos de la economía, la política, la educación, el mundo jurídico y la religión por los nuevos estilos impuestos por las masas en constante desborde y expansión.

En el confrontamiento inevitable de los mundos de la oficialidad y el de las mayorías que trajo la multiplicación de los contactos, el mundo de lo formal, de la vieja identidad urbana criolla, dispone todavía de los instrumentos más potentes y masivos del Estado y del control de los canales oficiales de la economía, la sociedad y la cultura. Pero ha debido someterse a la infatigable y multitudinaria labor de zapa de millones de participantes en la otra sociedad. El programa implícito de asimilación por el Desarrollo ha resultado imprevisiblemente sometido a alteración por el desarrollo espontáneo de los sectores populares, que intenta con fuerza de masas imponer sus propias condiciones.

El Perú contemporáneo ya no se presenta como un archipiélago territorial de enclaves urbanos de la oficialidad, más o menos aislados en un inmenso hinterland de marginalidad rural. Lima ya no es exclusivamente la capital reducto de lo criollo y lo mestizo monopolizando el poder y la identidad. Hoy día ha venido a convertirse en un microcosmos del macrocosmos nacional. En un espacio mayoritariamente dominado por la presencia migrante de representantes de toda la pluralidad y multiplicidad de situaciones que configuran el país, donde los reductos de la vieja dominancia se retraen, ocupando un espacio cada vez más disminuido. El nuevo espacio se expresa en la turbulenta confluencia de esa multiplicidad hacia una nueva cultura y sociedad unitarias en formación, así como también en el rebalse e invasión de los estilos populares dentro de la Capital. La fuerza creciente manifestada por los modos contestatarios de la economía, la política y el gobierno, la religión y la cultura, se encuentra todavía balanceada por el poder que conservan los estilos del Perú Oficial que retiene las riendas del Estado y que controla aún la economía nacional. Los dos Perúes se interpenetran en Lima, exhibiendo en primer plano y a escala magnificada los encuentros, antagonismos e interpretaciones que se producen a escala nacional.

Los espacios físico y social de la capital se presentan en la nueva Lima, por primera vez en la historia del país colonial y republicano, como verídicas imágenes de los espacios físico y social de la totalidad peruana. En una extensión dominada por las barriadas en constante expansión, los tugurios, barrios decadentes y urbanizaciones populares, se presentan islotes residenciales que contrastan, por su lujo y bienestar, con la casi total carencia de servicios y la precariedad del hábitat popular urbano. En un espacio social dominado por las masas que confluyen de todas las provincias aportando y combinando toda la multiplicidad de las tradiciones culturales del Perú provinciano, afloran los islotes culturales de la élite, que antes representaron la continuidad de las tradiciones criollas y mestizas coloniales, pero ahora se rinden a patrones europeos o norteamericanos de la sociedad posindustrial. También las relaciones y dinámicas de la nueva Lima son, por vez primera, fiel reflejo de las relaciones y dinámicas de la totalidad peruana.

La población de los barrios residenciales, cada vez más extranjerizante, mantiene el control del aparato del Estado y de la institucionalidad legal. Concentra las dirigencias de partidos, la dirección de la banca y las empresas, el liderazgo cultural, las jerarquías eclesiásticas. Monopoliza los instrumentos del poder oficial en los campos de la política, la economía, la cultura y la religión. Desarrolla esfuerzos poderosos por preservar y expandir el orden formal que encarna, «incorporando» o «integrando» a éste al resto del país.

Establecido en su hereditaria condición de intermediario, el Perú Oficial sufre, sin embargo, el debilitamiento provocado por la doble crisis, nacional e internacional. La crisis económica y política mundial socava sus esfuerzos de «integración» y debilita su capacidad expansiva. La Lima Metropolitana y el Perú persisten en su marginalidad urbana, económica, social y cultural, por causa de la incapacidad del Estado y los organismos públicos para financiar una expansión de servicios y un Programa Nacional de Desarrollo, a la medida de las necesidades generadas por el crecimiento de la población y los cambios de las décadas recientes. Se enfrenta, en estas condiciones, al desborde multitudinario de las masas, que se organizan y rebasan toda capacidad de control por parte de los mecanismos oficiales, creando las bases de una emergente estructura paralela.

Su respuesta a esta crisis del control social no hace sino agravar la situación. La complicación, la rigidez de las reglamentaciones y los procedimientos burocráticos, la obsesión de una cada vez más minuciosa normatividad legal y administrativa, sofocan y estrangulan la vida nacional y dan lugar a la aparición de incoherencias y cuellos de botella que reducen aún más la eficiencia de los aparatos de gobierno. La respuesta cultural complementaria, representada por la creciente especialización tecnocrática de las élites y su aumento de sofisticación en el empleo de los códigos culturales especializados de la sociedad posindustrial, ha tenido la agravante consecuencia de ahondar y abrir cada vez más la brecha que separa la cultura de las clases gobernantes, de la cultura de las masas.

La insuficiencia del aparato de gobierno para asegurar y garantizar la vigencia universal de su legalidad se pone de manifiesto en el fenómeno de la «informalización» del Perú. Disipada su autoridad y mermado su poder, el aparato del Estado comienza a girar en el vacío. Ausente la autoridad y bloqueados los canales institucionales, las masas generan bolsones semiautónomos de poder, basados en patrones asimétricos de reciprocidad rural adaptados a la situación urbana. Prescinden del Estado y se oponen a él. Éste se ve, gradualmente obligado a oscilar, de manera arbitraria, entre resignarse a un papel nominal o responder con una descontrolada reacción represiva.

Los términos de interacción entre el Perú Oficial y la otra sociedad que emerge se modifican en beneficio de esta última y sus representantes. De mala gana, gradualmente y como de soslayo, el Estado, sus instituciones y los miembros de las élites gobernantes se ven obligados a aceptar la existencia de ámbitos de autogobierno en expansión: ambulantes y comercio extralegal; industrias que no pagan impuestos ni patentes; guardias y rondas vecinales y campesinas, «ajusticiamiento» por tribunales comunales; cultos populares y profetas vagabundos; droga y prostitución; amplios mercados de reducidores de objetos robados; guerrilleros, terrorismo y «zonas liberadas»; coimas y tramitadores. Los esfuerzos del Estado para restaurar el orden legal en este ámbito invasor se dan en un contexto de triunfalismo público, que consigue ocultar a duras penas el privado desaliento. El rechazo contra el orden que caduca se hace penetrante e invade el campo mismo de la oficialidad: las empresas más serias evaden los impuestos; grupos de profesionales y técnicos se asocian y operan en forma extralegal; los vecinos de los barrios residenciales prescinden de la Policía y se organizan para su autodefensa contra la delincuencia; los nuevos cultos encuentran adherentes entre los miembros de las clases dirigentes; las drogas y la prostitución arrastran a la juventud de clases medias y altas; las coimas y las «comisiones» corrompen a los altos funcionarios; mientras que el terrorismo conforma dirigencia con profesores y estudiantes universitarios.

En el campo de la cultura el proceso es paralelo. A la sofisticación de la cultura cosmopolita de minorías tecnocráticas formadas en Europa y en los Estados Unidos, responden nuevos modos de adaptación y creación de la cultura popular en el contacto intenso de las tradiciones regionales y en su diálogo dinámico con los contenidos de la comunicación de masas. Aquí también la cultura de la élite se encuentra en retroceso o resulta penetrada. El huaino y la chicha entran en los barrios residenciales a través de nuevas clases medias de origen provinciano, las programaciones del cine, la radio y la televisión se modifican para satisfacer los gustos de la mayoría. Sectores de élite hacen también esfuerzos para adaptarse o se encierran en cenáculos y pequeños círculos. Se abre paso una nueva cultura peruana en formación. Sufre evidentemente la influencia de los contenidos de la cultura oficial, pero escapa ya de su control y gravita fuertemente hacia lo andino. Sus portadores son la masa urbana.

El proceso en marcha corroe y disuelve la vieja ilusión criolla de la identidad nacional y pone en tela de juicio las estructuras institucionales del Estado-Nación. Por vez primera, estos dos problemas, soterrados desde la Conquista en los sótanos de la conciencia nacional, no pueden dejar de ser planteados. El espectáculo de un Estado cuya autoridad, ya cuestionada, se reduce y cuyas instituciones se ven desertadas por las masas; y el de una cultura oficial que desconoce la lengua y la tradición mayoritaria, mientras que se expresa en lenguajes y formas de origen extranjero; abren interrogantes sobre la legitimidad del Estado y la definición de la nacionalidad. La acción creciente de las masas emergentes y la gradual cristalización de sus estilos organizativos, económicos, culturales y políticos, así como la creciente paralización del aparato del Estado por causa de la crisis económica, son indicadores de que la situación se seguirá agravando y la cuestión se planteará con más urgencia en el curso de los próximos años. La respuesta no podrá formularse eficazmente en otros términos que los de una reforma profunda de la estructura del Estado y una redefinición de la identidad nacional peruana en la cultura.

El Perú Oficial no podrá imponer otra vez sus condiciones. Deberá entrar en diálogo con las masas en desborde, para favorecer la verdadera integración de sus instituciones emergentes en el Perú que surge. Pero, para esto, deberá aceptar los términos de la nueva formalidad que las masas tienen en proceso de elaboración espontánea. Sólo en esas condiciones podrá constituirse la futura legitimidad del Estado y la autoridad de la Nación.

JOSÉ MATOS MAR (Ayacucho, 1921 - Lima, 2015). Destacado antropólogo y docente peruano. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego en la Universidad de París. Fue fundador y director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 1964-1984), donde publicó una amplia variedad de libros esenciales para conocer la realidad peruana. Posteriormente viajó a México, país en el que ejerció los cargos de director del Instituto Indigenista Interamericano (1985-1995), asesor de UNICEF para formular estrategias de combate a la pobreza (1995-1997) y consultor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH, 1999-2003). A su regreso al Perú fue nombrado asesor del Consejo Nacional de Descentralización y, luego, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad Ricardo Palma. El 5 de agosto de 2015, dos días antes de su fallecimiento, fue distinguido por el Ministerio de Cultura con la Orden del Sol del Perú.

Entre sus principales publicaciones se cuentan Perú problema: cinco ensayos (compilador, 1968), Las barriadas de Lima 1957 (1977), La reforma agraria en el Perú (con la colaboración de José Manuel Mejía, 1980), Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980 (1984), Taquile en Lima. Siete familias cuentan… (1986), Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después (2004) y Estado desbordado y sociedad nacional emergente (2012).