Javier Ronda — Jorge Muñoz

De juzgado de guardia

Alegato

Hace ya un año y medio que vio la luz la primera edición de De juzgado de guardia. Con esta obra los autores intentábamos recoger las situaciones más simpáticas y sorprendentes acaecidas en la judicatura española: desde la peculiar declaración de un testigo, hasta una resolución judicial sui generis o el testimonio no menos rocambolesco de un acusado. Y aunque muchas anécdotas resultan verdaderas joyas humorísticas de la literatura procesal, y otras parecían diálogos entre sordos o conversaciones de besugos, y a veces asistíamos a estragos gramaticales propios de juzgado de guardia, vaya como primer alegato que en ningún caso tratábamos de mofarnos de la Justicia, institución que nos merece el mayor de los respetos. Nuestro propósito era relatar aquellas situaciones que —presenciadas personalmente o recopiladas gracias al testimonio de terceros— ilustraban el lado más humano y divertido de la relación de los ciudadanos con la Justicia: atestados policiales, actuaciones con un lenguaje jurídico excesivamente hermético, vivencias en los juzgados y pautas jurídicas que favorecían las situaciones más peculiares e inusitadas.

El éxito de la obra nos sorprendió a nosotros mismos. Siete reimpresiones casi continuadas de la obra así lo avalan. Y es que participar en un juicio sigue constituyendo una experiencia que, para los ciudadanos poco familiarizados con la judicatura, adquiere singular relieve y trascendencia. A pesar del empeño de acercar la Justicia a los ciudadanos, para muchos no deja de ser una experiencia a medio camino entre una ceremonia religiosa y una operación quirúrgica. Y no es para menos, sobre todo si alguien se juega en la causa años de su vida o un patrimonio nada desdeñable: bastan una toga y las peculiaridades del lenguaje jurídico para que el ataque de nervios esté servido.

Hace tiempo que veníamos preparando una segunda entrega de De juzgado de guardia. Pero las continuas reediciones, la necesidad de atender las solicitudes de los lectores y recientes acontecimientos de la judicatura española —como la implantación de los juicios rápidos y la consolidación de la institución del Jurado— nos han llevado a ofrecer esta versión corregida y aumentada de De juzgado de guardia. Incluye un nuevo capítulo precisamente dedicado a los juicios rápidos y al Jurado, y nos hacemos eco también de los casos que nos han enviado algunos lectores o que nos refirieron en algunas de la sedes judiciales que tuvieron a bien acoger actos de presentación de esta obra. Con todo ello ofrecemos a los nuevos lectores un juzgado de guardia en permanente guardia y un anticipo de lo que será esa segunda parte íntegramente formada por nuevos casos, en la que seguimos trabajando.

Visto lo visto, y a tenor de los casos que tan amablemente nos han enviado algunos lectores, persistimos en nuestro propósito inicial de concebir esta obra como un «manual de supervivencia en los juzgados», que le muestre al lector, no tanto lo que debe hacer en tales situaciones, como más bien aquello que no debería hacer bajo ninguna circunstancia cuando se acerca a los juzgados. Consecuentes con esta concepción didáctica, al final del libro mantenemos un cuestionario que le permitirá comprobar los conocimientos adquiridos y así descubrir de su propia mano si tiene posibilidades de convertirse en un protagonista de De juzgado de guardia.

Parece inevitable comenzar el relato con esos problemas de entendimiento tan frecuentes, a veces provocados por tomarse la letra de la ley al pie de la letra y otras veces debidos a que la terminología jurídica trae de cabeza a más de uno cuando tiene que comparecer ante su señorita o su majestad, tratamiento que ha recibido más de una magistrada. Para muestra, unos botones, como aquel cliente que le planteaba a su abogado la posibilidad de repelar la sentencia si perdía el juicio —extraño híbrido de recurrir y apelar— o aquel otro preocupado porque le iban a poner una multa de muchos euros:

—Señor letrado, es que yo soy disolvente y no tengo donde caerme muerto.

Una situación en verdad tan acuciante como la del heredero que le dijo al juez que necesitaban un albaicea para repartir la herencia. O aquel acusado que no dejaba de repetirle a su abogado que tenían que aplicarle una inximente en su conducta o que hiciera valer el principio de in dubio o te arreo -por el in dubio pro reo—, aunque no sabemos si lo que el individuo pretendía era pegarle al letrado o simplemente que le absolvieran. Y a pesar de la absolución, menuda cara debió quedársele a nuestro lector Jani Campos, de Oviedo, cuando tras un juicio al que tuvieron que asistir unos familiares, su tía le llamó para decirle que todo había acabado bien, porque absorbieron a su tío. Lo que no sabemos es quien absorbió a su tío ni mediante qué procedimiento, ni tampoco qué le hubiera dicho su tía en el caso de que hubiera sido condenado.

Pero no piensen que sólo es el ajusticiado el que a veces no se entera, sino que también hay ocasiones en que los propios jueces emplean una terminología poco inteligible para describir, pongamos por caso, el atropello de un rebaño de cabras por un tractor. Así lo hizo un magistrado andaluz en una vista oral, al referir literalmente la escena descrita del siguiente modo:

—El artefacto mecánico se proyectó contra el complejo lanar, y perecieron tres de los miembros del mencionado complejo...

Con semejante descripción, no cabe duda de que el agricultor se pondría nervioso en el juicio. Y su mujer le apuntaría desde el banquillo:

—Contesta, Paco, a ese señor tan fino.

La propia dinámica de una vista oral se presta a salidas de tono, si además concurre la tensión propia de indagar a un culpable de asesinato y el fiscal pregunta al acusado:

—Entonces, ¿usted lo mató?

—No, señor. No lo hice.

—¿Y no lo vio minutos antes de morir?

—Sí, señor fiscal: lo vi vivo.

—Ah, ¿usted fue la última persona que vio al difunto con vida?

—No sé si fui el último...

—Porque... ¿usted, dónde lo vio?

—Subiendo la escalera.

—¿Antes de entrar en su casa, o usted entró en su casa y lo vio allí?

Así, hasta que el reo tiene una salida de lo más espontánea y natural, y le responde enérgicamente:

—Usted quiere liarme, señor fiscal. Yo no lo maté.

La insistencia, a veces, lejos de conseguir su propósito, puede resultar contraproducente. En un juicio de faltas contra dos porteros de una discoteca de Santiago de Compostela, acusados de darle una paliza a un cliente que se vio envuelto en una pelea, el fiscal intentaba determinar el alcance de las lesiones de la víctima, un joven de ventipocos años. Así preguntó el representante del Ministerio Público:

—¿Entonces a usted le pisaron la mano y se la fracturaron, y tardó dos meses en curar?

—Sí, señor fiscal.

—¿Y en la nariz sufrió lesiones?

—No, señor, sangré un poco sólo.

—¿Pero no le agredieron y le partieron los huesos propios de la nariz? Aquí hay un parte de lesiones del hospital.

—No, en la nariz no me pasó nada. Yo ya la tenía doblada de antes.

—¿Pero no fue por la agresión?

—Ya le digo que no, señor fiscal. Ya la tenía doblada de antes.

Y remata el fiscal diciendo:

—¿¿¿Así que la tiene como la tiene ahora???

—Sí, señor: doblada.

En contra de lo que se pueda pensar, la presencia en los juzgados de los cuerpos policiales tampoco sirve para aclarar las cosas. En un juicio comparecía un guardia civil como testigo y lucía su uniforme reglamentario. El juez era de los que estaban muy a lo suyo y no levantaban la vista del papel, y además aquel día andaba un poco despistado...

—A ver que pase el siguiente testigo. ¿Nombre?

—Soy el agente... número...

Y atención a la siguiente pregunta de su señoría: —¿Profesión?

El guardia civil, vestido de verde, como manda el Duque de Ahumada, tricornio reluciente y bigote, más recto que una vara, se quedó perplejo. A ver cómo se le queda el cuerpo al guardia. Y cómo queda el Cuerpo.

Además, con los jueces novatos ocurre como suele suceder en otras profesiones, que al principio uno no sabe muy bien de qué va el trabajo o a qué atenerse. A un juzgado que había permanecido durante mucho tiempo sin juez ni secretario, se incorporó por fin una juez que ocupaba su primer destino.

Al poco de tomar posesión, cuando comenzaban un juicio, el fiscal le tuvo que decir:

—Señoría tiene que tomarle juramento al testigo y hacerle las prevenciones legales.

La juez miró extrañada al representante del Ministerio Público y a continuación, dirigiéndose al testigo, le conminó:

—¿Se ha enterado usted de lo que ha dicho el fiscal? Pues eso...

O el caso no menos memorable de una juez a la que le presentaron el mandamiento de devolución de una determinada cantidad de dinero para que lo firmara. Y antes de rubricar el mandamiento, que correspondía a un pleito que llevaba su juzgado, la juez preguntó al funcionario si el documento que le habían puesto para firmar era su sueldo.

Muy al contrario, también hay jueces resolutivos, capaces de salir con bien de cualquier situación por muy enrevesada que sea. Durante una tertulia en una conocida librería de Sevilla, un fiscal contó la siguiente anécdota ocurrida al comienzo de un juicio, cuando se le realizan una serie de preguntas generales a un testigo que va a prestar declaración:

—¿Nombre?

—Antonio Sánchez Jiménez.

—¿Edad?

—50 años.

—¿Estado civil?

—Pues mire usted, señoría: yo estuve viviendo con una señorita hace unos años y tuve un hijo con ella; después conviví con otra mujer pero por poco tiempo, sólo unos meses, porque me pilló con otra; y ahora vivo con otra chica con la que estuve saliendo y está embarazada de seis meses. Se puede decir, señoría, que estoy arrebujao con ella.

El juez miró al secretario y simplemente le dijo:

—¡Señor secretario, ponga usted: estado civil lamentable!

De la misma escuela que el anterior debía ser aquel otro juez evocado en el Colegio de Procuradores de A Coruña, y que trataba de tomar la filiación de un testigo:

—¿Nombre?

—Xosé Rodríguez Iglesias.

—¿Edad?

—47 años.

—¿Profesión?

—Pues mire usted, yo me dedico a la fabricación de cohetes; también hago de vez en cuando castillos de fuegos artificiales, e igualmente he hecho algunas tracas con lanzamiento de bengalas; alguna vez también he preparado pirotecnia especial con pólvora...

Le interrumpe el juez, después de estas largas explicaciones sobre su curriculum, y le dice al secretario:

—Ponga usted, de profesión fogueteiro.

A todo ello debemos añadir el conocimiento del ordenamiento jurídico cada vez más preciso que suelen exhibir los delincuentes habituales. Pero aunque es cierto que los estudios de Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia hacen furor en los centros penitenciarios, siempre hay alumnos más torpones o que sufren algún lapsus. Un detenido en Sevilla le dijo a un atónito policía nacional que le practicaran el corpus christi: en realidad quiso decir el habeas corpus, o derecho del ciudadano detenido a comparecer de forma inmediata y pública ante un juez o tribunal para que éste, una vez oído el detenido, resuelva sobre la legalidad de su arresto. Y por si alguien dudase de que la diversidad territorial del Estado también alcanzaba los gazapos judiciales, nos consta que en Valencia otro detenido pidió a los agentes que le hicieran el mare nostrum, según consta en las diligencias policiales al efecto.

Con tanta diversidad cultural tampoco sorprende lo sucedido en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde había de celebrarse un juicio contra cuatro navarros. La fecha del señalamiento no pudo ser más señalada: el día 7 de julio, San Fermín. Y el magistrado presidente de la Sala comenzó diciendo:

—Pido disculpas a los acusados por el día de la vista oral, pero no sabíamos que eran ustedes navarros...

Como periodistas que cubrimos desde hace años la información de tribunales, algunas de estas anécdotas las hemos llegado a vivir personalmente. En otros casos se trata de historias que contamos tal y como nos las han narrado. Y no faltan, naturalmente, algunos episodios cuyo conocimiento nos ha llegado por el boca a boca —o el boca a oreja, como prefieren los más púdicos—, el tradicional chascarrillo judicial trasmitido generación tras generación, de juzgado a juzgado. En la medida de lo posible hemos comprobado la veracidad de los hechos o rastreado el origen de los mismos, descartando algunos y corrigiendo otros, hasta concluir en esta antología basada en hechos probados, a tenor de la documentación que hemos podido consultar y la solvencia de las fuentes que nos los proporcionaron. Y todo ello, por muy increíble que en algunas ocasiones pueda parecer.

Antes de concluir esta somera introducción, nos parece obligado agradecer a la gran familia judicial —abogados, fiscales, funcionarios de justicia, jueces, magistrados, procuradores, secretarios, forenses y notarios— su inestimable colaboración. Sin ellos nunca hubiera sido posible llevar a cabo esta obra, que también es en buena parte de ellos, porque muchos de ellos han sido sus protagonistas.

Los autores

1. la letra de la ley, al pie de la letra

Uno de los primeros obstáculos con los que suele tropezarse cualquier profano en la materia judicial es la aparentemente enrevesada terminología legal. Dicen que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero lo que muchas veces no recogen los manuales es cómo se sale de aquellas situaciones en las que los ciudadanos toman cualquier indicación estrictamente al pie de la letra.

Algo así debió pensar una mujer de unos cincuenta años que llegaba por primera vez a unas dependencias judiciales. Procedía de un pueblecito y quería ir al juzgado de guardia de Sevilla para realizar una gestión. Allí se tropezó con los servicios de seguridad del edificio judicial.

La mujer ya había pasado el control y cruzado el arco del detector de metales con su bolso en bandolera, provocando el consiguiente estrépito de sirenas y luces rojas. Le requirieron que volviera a salir y pasara por el escáner.

Ni corta ni perezosa, la mujer dio un salto, y ante el asombro de los presentes se colocó a cuatro patas sobre la cinta del artefacto.

Menos mal que la cinta transportadora no se encontraba en movimiento. Los sorprendidos vigilantes advirtieron a tan disciplinada ciudadana que era el bolso —y no ella misma— lo que tenía que pasar por el escáner.

—Perdonen ustedes —repuso—. Es la primera vez que vengo a un juzgado, y nunca había visto una máquina de éstas.

Para que luego digan que los ciudadanos no son obedientes y cumplen las normas, sean las que fueran, al pie de la letra.

Las premisas y términos judiciales al pie de la letra pueden crear situaciones verdaderamente insospechadas en los momentos más críticos. Y cuando, por ejemplo, llega el momento de traer un nuevo hijo al mundo, con la emoción y los nervios propios de la ocasión, un progenitor es capaz de cualquier cosa.

Un padre con la felicidad del nacimiento de su primer hijo en los ojos, recibió en el hospital la documentación del recién nacido.

—Aquí tiene los papeles de su hijo para que los pase por el Registro —le dijo el administrativo del hospital al emocionado papá.

Los atónitos funcionarios del Registro comprobaron cómo el padre novato, que acudía por primera vez a unas dependencias judiciales, después de aguantar una enorme cola y un buen rato de espera, cogía la documentación de su hijo y la deslizaba sobre el mostrador del Registro. Después guardó los impresos en una carpetilla y se marchó dando el trámite judicial por cumplido.

Suponemos que aquel padre primerizo corregiría pronto su error.

Peor lo pasó un joven de etnia gitana que acudió al Registro Civil de Cádiz para solicitar un certificado litoral de nacimiento de un hijo.

Aclarada la minucia del certificado literal, la agente del Registro preguntó al ciudadano:

—¿A qué nombre quiere el certificado?

- Coné Heredia González —respondió el gitano.

La agente insiste:

—Debe de haber algún error. ¿Me puede repetir el nombre?

- Coné Heredia González —reitera.

La funcionaria debió de pensar que se trataba de un nombre en caló. Pero el ciudadano, que se percató de su turbación, le comentó:

—Mire usted: yo pedí en el Registro que le pusieran al niño Duardo Heredia González, pero el funcionario me dijo que ese nombre no se le podía poner, y que tenía que ser Coné...

Claro, que a veces también hay quien se pasa de listo, o quien ha oído campanas aunque sin saber exactamente dónde. Como aquella señora, de avanzada edad y extremadamente gruesa, que acababa de prestar declaración ante un juez también de Cádiz. A su conclusión, se le leyó el acta para que la rubricara si estaba de acuerdo. Como además se daba la circunstancia de que la declarante era analfabeta, la mujer preguntó animosamente al magistrado:

—Señoría, ¿me dejan que la firme con la huella genital?

El juez, que iba a lo suyo tras haber terminado, respondió con un gesto afirmativo y sin levantar siquiera la cabeza de los papeles que ocupaban su atención. Pero el secretario del juzgado, que sí se había percatado de las manifestaciones de la imputada, intervino para advertir al juez:

—Señoría, mucho me temo que esa huella no va a caber en el papel de oficio.

Más peregrina, si cabe, era la pretensión de un hombre de unos setenta años que se presentó en el juzgado ataviado con una faja y provisto de gorra y bastón. Estaba citado porque su mujer le había denunciado por malos tratos y se le había impuesto una medida cautelar de alejamiento de la víctima con carácter previo al juicio.

El anciano se presentó en el juzgado porque quería hablar con el juez, ya que traía pruebas de su inocencia, en concreto, una botella de vino. Quería que se tomaran las huellas esquilares -suponemos que dactilares— al vidrio para demostrar que él no pegó a su compañera, sino que fue ésta, que tiene problemas con el alcohol, la que se golpeó en la cara con la puerta.

En el juzgado le dijeron que el día del juicio podría presentar todas las pruebas que alegara en su defensa, pero el anciano replicó que no podía esperar, y que iba a hablar con un cirujano jubilado de su pueblo, que ahora se dedica a la política, para que se le tomaran inmediatamente las esquilares a la botella.

No sabemos cómo acabó el juicio, o si el día del mismo el acusado volvió a presentarse botella en mano para que tomaran muestras de la misma.

Los esfuerzos de los magistrados por tratar de solucionar este tipo de situaciones tampoco salen mejor parados. En un juzgado granadino el juez intentaba averiguar una muerte ocurrida en un pueblo. Citado uno de los testigos, y ante el temor de que el lenguaje técnico empleado no permitiera la comprensión del testigo, el juez se bajó inteligentemente al ruedo, para estar más cerca del léxico del declarante.

—Entonces, dice usted que al joven le dieron una puñalá en la refriega —preguntó el juez.

La respuesta no pudo ser más precisa, clara y explicativa por parte del testigo presencial de los hechos:

—Bueno, señoría, para ser más exactos, la puñalá fue entre la refriega y el ombligo: ahí se la dieron al muchacho, porque yo lo vi.

En un juzgado extremeño presidía un juez famoso por su notoria religiosidad y proverbial rectitud. Un día le tocó enjuiciar una vista por una de esas peleas típicas de pueblo. Uno de los testigos dijo al comienzo del juicio, contestando a una pregunta del fiscal:

—Sí, señor fiscal: yo vi cómo el acusado le pegó un par de hostias a este otro hombre, y le echó la cara abajo.

El juez salió inmediatamente al paso y le indicó que moderara su lenguaje, invitándole a emplear una metáfora en lugar de recurrir a una blasfemia. Concluida la reprimenda, el testigo no dudó en corregir su declaración y explicó:

—Digo que yo mismo vi cómo el acusado le pegó un par de metáforas a este hombre. Así está mejor dicho, ¿verdad, señoría?

Otro testigo estaba declarando en el juzgado de la localidad sevillana de Utrera. Lo cierto es que no acaba de responder a las preguntas del fiscal y siempre se iba por las ramas. Hasta que el magistrado interrumpió su declaración y le dijo en tono admonitorio:

—Deseo rogarle al testigo que se centre en su declaración.

El testigo se puso las manos en la espalda, juntó los dos pies, y dando diminutos saltitos de bailarina de derecha a izquierda, acabó sentado en el centro geométrico del banquillo. Eso sí que es centrar el testimonio.

En un juzgado de lo Penal de Huelva se celebraba un juicio por un accidente de tráfico. Abogados y peritos deambulan por los pasillos antes de la celebración de la vista. Comenzó el juicio contra un hombre acusado de atropellar a un peatón. El juez y el fiscal se impacientaban, porque el letrado de la compañía de seguros, La Unión y El Fénix, se había demorado en el pasillo y no acababa de llegar a la sala.

El juicio no podía comenzar. Entonces, el juez, sentado en la presidencia, algo enfadado, se dirigió al agente que estaba en la puerta de la sala y le dijo:

—Grite, por favor, La Unión y El Fénix, a ver si podemos empezar de una vez.

Pero el acusado que estaba en el banquillo pensó que su señoría se lo había dicho a él, y en posición de firmes, con la cabeza alta y mirando al frente, gritó:

—¡ ¡La Unióóón y El Fééénix!!

—Usted, no. ¡El agente de la puerta! —le replicó el magistrado, aguantando la risa mientras el fiscal agachaba la cabeza debajo de la mesa.

Luego, durante la vista, cada vez que se repetía el nombre de La Unión y El Fénix, y se repitió varias veces, magistrado y fiscal recordaban el episodio y se aguantaban la risa.

Hace algunos años, un veterano y conocido abogado cordobés del ámbito administrativo se quedó de piedra mientras se dirigía a la celebración de un juicio y se encontró con un amigo en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Allí tenía también su sede el Club Mercantil de Córdoba, y numerosos socios solían sentarse cada día a tomar un café y a leer la prensa.

El letrado iba ataviado como manda el oficio, con corbata negra, camisa blanca, pantalón y chaqueta negra. Y aquel amigo le dijo:

—Don Rafael, siento lo de su familiar. Le acompaño en el sentimiento. Son cosas de la vida.

El abogado, con una media sonrisa, respondió a tan educado y cortés caballero:

—No, si no se me ha muerto nadie. Voy a un juicio. Como sabes, soy abogado.

El abochornado amigo condoliente casi se muere en el acto por el ridículo. En realidad, tampoco hubiera importado, porque su amigo letrado ya iba vestido para la ocasión, si hubiera hecho falta un funeral.

En un lugar de La Mancha, en un despacho de abogados de cuyo nombre ahora no queremos acordarnos, se acercó una tía con sus sobrinitos para saludar a su hermano, también tío de los niños, un letrado penalista. Cuando llegaron al edificio llamó al portero automático y le dijo a su hermano, el abogado:

—Soy tu hermana y vengo a verte con tus sobrinos. Ábrenos la puerta.

El abogado, algo incómodo, le respondió en voz más baja de lo habitual:

—Por favor, venid más tarde, que ahora estoy muy ocupado... Es que hay aquí unos choricillos y no quiero que suban los niños.

—De acuerdo. Nos vemos después —repuso ella.

La tía, con sus sobrinos de corta edad de la mano, dio entonces media vuelta y estuvieron paseando un rato. Más tarde fueron a casa de la abuela para que les pusiera la merienda. La provecta señora, mientras preparaba los bocadillos —suponemos que de embutidos—, preguntó:

—¿Que tal el paseo? ¿Habéis visto a vuestro tío en el despacho?

Y uno de los sobrinos, que se había quedado con la copla, le respondió a su abuela:

—No, abuela. El tío estaba liado con unos jamones y nos dijo que no subiéramos.

A veces el problema no es tanto una interpretación incorrecta, sino simplemente dureza de oído. En la presentación de esta obra en el Colegio de Abogados de Valencia, un letrado nos narró que durante la Guerra Civil —en el breve período en que Valencia fue capital de la República—, el decano del Colegio de Abogados fue a visitar a un preso, recluido en el penal que se hallaba entonces en las Torres de Serranos. Al entrar, le dijo al descamisado miliciano que hacía guardia en la puerta:

—Decano del Colegio de Abogados.

—Yo también. Pasa, compañero —respondió el centinela.

—Oiga: le he dicho que soy el decano del Colegio de Abogados.

—¡Ah! Perdone: le había entendido me cago en el Colegio de Abogados, y pensaba que era la contraseña del día.

Pero que nadie se piense que este desconocimiento de aspectos más o menos fundamentales de la práctica jurídica se limita a ciudadanos que han visto limitada su formación por circunstancias personales o sociales o unos chiquillos inocentes, como en el caso anterior. En un juzgado de lo Penal de Sevilla se celebraba un juicio sobre la comisión de un delito de poca monta, un robo de los muchos que a diario se cometen en el interior de vehículos estacionados en la vía pública. El juez, el fiscal, el abogado de la defensa y el propio acusado se hallaban ya en la Sala: sólo quedaba que se informara al acusado de los cargos que se le imputaban por si quería prestar declaración o se acogía a su derecho constitucional de no hacerlo.

El juez se dirigió al acusado y con voz solemne le dijo:

—¡Levántese el condenado!

Efectivamente, eso fue lo que dijo: el magistrado se había dirigido al acusado como si ya se hubiera producido una sentencia desfavorable.

El abogado defensor, el fiscal y todos cuantos se hallaban en la sala de vistas debieron quedarse estupefactos, pero guardaron un más que prudente silencio, igual que el propio magistrado que había proferido tan inapropiada expresión. Como si allí no hubiera ocurrido nada fuera de lo habitual.

Lógicamente, la sentencia que finalmente recayó en este caso fue condenatoria para el reo, aunque no resultara demasiado dura. Aún hoy algunos se preguntan si realmente el juez en cuestión sufrió un lapsus o le traicionó el subconsciente, o si acaso llegó a pronunciar la palabrita de forma intencionada, ya que, según algunos rumores, ésa no fue la única vez que se dirigió a un acusado como si ya hubiera sido condenado. En cualquier caso, aunque sólo fuera desde el punto de vista léxico, no se hizo un gran favor a la presunción de inocencia, y más bien parecía la crónica de una condena anunciada. A lo mejor, incluso el procesado debiera dar las gracias al magistrado que, al menos subrepticiamente, le anticipó el fallo de su sentencia.

Hay ocasiones en que las fuerzas del orden tampoco van a la zaga. Dos guardias civiles comparecían como testigos para declarar en el proceso contra un compañero acusado de cohecho, que al parecer había tratado de acallar las denuncias de unos ancianos que estaban siendo estafados por el director del asilo. Uno y otro manifestaron en el juicio que los dos acusados, el director de la residencia y el guardia civil implicado, actuaban con ocultismo.

El abogado defensor preguntó a uno de los números por qué había usado esa palabra para designar las reuniones, y el testigo respondió:

—Porque así se reunían.

—¿Usted conoce la definición de ocultismo? -replicó el abogado, que añadió con sorna, aludiendo a una posible actividad esotérica—. ¿O es que los dos acusados realizaban algún tipo de prácticas extrañas en sus reuniones?

En el interrogatorio de otro guardia civil, el mismo letrado llamó la atención sobre el hecho de que también éste había utilizado la palabra ocultismo en una declaración anterior para referirse a las reuniones particulares de los procesados, y en este sentido preguntó al testigo si realmente se había manifestado así:

—¿O acaso aquí pasa como en las coplas, que uno pone la música y el otro la canta? —concluyó su interrogatorio.

Además están los propios funcionarios, que cuando menos se lo esperan le cambian la ley. Ya lo decía la chirigota del carnaval de Cádiz «Los afectados por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil», en una ingeniosa letra que proclamaba:

...la ley que m' han metío,

hace un año la dictaron

y toavía no l'ha he leío.

Hay que ver cómo controlaba

yo los plazos del Ejecutivo

y las costas de los letrados.

Ahora tengo que controlarme

pa' hacer embargos sin pelearme

con las castas de los letrados.

Mis propuestas de providencia

eran casi jurisprudencia

y el Juez nunca las revisaba.

Y aunque embargara,

entre otras, la toga a un fiscal

tú firmabas

y con la guasa de esta nueva Ley

me controla hasta las comas.

Yo ya no pinto aquí ná

pues m'he quedao pa' contar las gomas.

Y para que nadie nos acuse de ver la paja en el ojo ajeno y descuidar la viga en el propio, ¿qué decir de los periodistas que trabajan en la sección de tribunales? Sobre todo en estos últimos años, cuando la información judicial se ha convertido en una de las grandes especialidades del periodismo, que despierta un enorme interés en el público y provoca el inevitable despliegue de los medios de comunicación.

En un juicio de notoria importancia se agolpaban numerosos periodistas y curiosos en la puerta de una sala de vistas en la Audiencia Provincial de Sevilla. Mezclados los plumillas con jubilados, y algún que otro joven estudiante de Derecho, todos esperaban la voz de «¡Audiencia Pública!» del agente para entrar en la sala, despavoridos como el primer día de rebajas en unos grandes almacenes. Allí no cabía ni un alfiler: bancos y traseros apretados en las primeras filas donde los periodistas de diferentes medios, bolígrafo y libreta en mano, tomaban nota, codo con codo, de la declaración del acusado.

Destacaba entre todos los informadores la taquigrafía y la velocidad de una joven y apuesta periodista en sus primeras prácticas como becaria, que instantes antes, en la vorágine de la entrada, había conseguido la pole position para sentarse en el primer banco. La joven, de ventipocos años, no levantaba su cabeza de la libreta donde había tomado nota, una por una, de cada palabra del acusado. Tenía para llenar un periódico entero, pero su ímpetu y ganas de hacer periodismo no le permitían un respiro en la escritura. Algunos de los más veteranos se preguntaban para qué medio de comunicación trabajaría tan aplicada periodista.

Pero de pronto, cuando más interés había despertado su forma de manuscribir, la joven periodista, con la muñeca seguramente dolorida de copiar una decena de folios, frenó en seco y los presentes se temieron lo peor: que se hubiera quedado sin tinta. Pero no era así. La muchacha inclinó la cabeza hacia un lado y le preguntó susurrando a un compañero de profesión:

—¿Quién está preguntando al acusado: el fiscal o el juez? Es que no me aclaro: es la primera vez que vengo a un juicio y no sé quién es el de los puños blancos.

2. Problemas de personalidad

Existe un principio jurídico universal —en el que también se basa el derecho penal español— que habla de la personalidad de las penas, y en virtud del cual cada quien responde por sus hechos. Pero a veces se pueden plantear algunos problemas de personalidad que amenazan los fundamentos del derecho y que ni el tratadista más avezado sería capaz de solucionar. Por ejemplo, lo que le ocurrió a un juez de Tarragona que se marchó a pasar un fin de semana fuera de Cataluña. El magistrado se alojó en un hotel y entregó el DNI en la recepción, como cualquier otro cliente. Al rato, cuando bajaba de la habitación para salir a cenar, se encontró con un par de policías que inmediatamente le abordaron:

—Perdone, ¿es usted don...?

—Sí —contestó el juez—. ¿Ocurre algo, señores agentes?

—Le comunicamos que hay una orden de busca y captura contra usted, cursada por el juzgado... de Tarragona. Y ahora, por favor, acompáñenos a la Comisaría.

—¡Eso es imposible! —exclamó el juez—. ¡Yo soy el juez de ese juzgado de Tarragona! Tiene que haber un error.

«Sí, y yo soy un ministro», debió de pensar aquel policía.

Por fin, el magistrado pudo sacar su documentación judicial y consiguió aclarar tan dramático error. En un juzgado se firma todo tipo de documentos: ingresos en prisión, libertad de presos, citaciones, etcétera. Y este juez había firmado por confusión una orden de busca y captura contra él mismo: había escrito en el lugar destinado al nombre del reo su propio nombre y apellidos, y así lo había rubricado. Como dicen tan a menudo los abogados, hay que leer bien lo que se firma, incluso la letra pequeña.

Y si la abultada documentación que tienen que firmar los jueces no fuera suficiente para crear confusiones de esta índole, ahí está el azar para hacer también de las suyas. A buen seguro que el juez Manuel Varillas Pérez, presidente por aquel entonces de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, nunca pensó que llegaría a firmar una sentencia en la que se condenaba a sí mismo a cumplir doce años de prisión por un delito de homicidio, pero así fue.

Tras una amplia y dilatada carrera profesional, a este magistrado le tocó enjuiciar una mañana de mayo de 1997 a Manuel Varillas Pérez, un ciudadano con su mismo nombre y apellidos: estaba acusado de haber apuñalado mortalmente a un hombre que, en estado de embriaguez, había molestado a su mujer mientras telefoneaba desde una cabina pública.

Entre el público asistente al juicio, conocedor de las sustantivas coincidencias entre el juez y el acusado, se advertían tímidos susurros. La vista oral concluyó con una sentencia clónica en la que Manuel Varillas Pérez, que además era el ponente de la causa, condenaba al acusado, Manuel Varillas Pérez, a doce años de cárcel y al pago de una indemnización de veinte millones de pesetas a los familiares de la víctima, como autor de un delito de homicidio.

El juicio adquirió una gran relevancia en la prensa local, tanto por la gravedad de los hechos enjuiciados, como por tratarse de uno de los pocos casos, probablemente el único en el mundo de la judicatura, en el que un magistrado juzgaba a un individuo que se llamaba igual que él. Incluso hubo un diario que, en el más puro estilo pugilístico, llegó a publicar la información encabezada por unas fotos enfrentadas del magistrado y del acusado, bajo un llamativo titular: «Varillas versus Varillas».

Como puede observarse, nadie está a salvo de estas bromas de la casualidad. Ni siquiera el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá Polo, que nos refirió durante la presentación de De juzgado de guardia en Madrid cómo en una ocasión su departamento indultó parcialmente a una persona que, curiosamente, tenía sus mismos apellidos: un ciudadano condenado por un juzgado de Tarragona a tres años y seis meses de prisión por un delito de robo con intimidación, y para el que se había propuesto rebajar la pena a dos años, siempre y cuando abonara las indemnizaciones oportunas.

El secretario de Estado de Justicia comentó que nunca se había visto en otra igual: tener que informar sobre el indulto a una persona con sus mismos apellidos, y bromeó al decir que incluso llegó a preguntar a su madre para cerciorarse de que esta persona no guardaba ninguna relación con su propia familia.

Finalmente, a propuesta del Ministerio de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, el señor Catalá Polo —el ciudadano residente en Tarragona, claro está— fue indultado parcialmente.

Cuando no es el azar, la propia naturaleza se encarga de confundir a los participantes en la vista. En el caso que nos ocupa el juez y el fiscal se parecían como dos gotas de agua, el mismo cabello corto y canoso, y el mismo bigote recortado del que hacían gala. Un día, juez y fiscal coincidieron en un juzgado en el ejercicio de sus funciones, uno para juzgar y el otro como acusación pública, en un caso por un delito de robo.

El fiscal había mantenido los cargos contra el reo y el juicio se desarrolló con toda normalidad. Al final, como es preceptivo, el magistrado dio al acusado la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra, para añadir cuanto considerara necesario para su defensa.

—¿Tiene usted algo más que decir? —le preguntó el juez antes de proceder a dejar visto para sentencia el caso.

—Sí, señoría. Quiero decir que todo lo que ha dicho su hermano es mentira —en alusión al representante del Ministerio Público.

El acusado había pensado que la Justicia era cuestión de hermanos, y que tanto el juez como el fiscal estaban emparentados.

«Más difícil, imposible», podría pensar alguien. Pero el mecanismo de la Justicia es muy complejo, y en lo tocante a errores siempre tiene muchas posibilidades de superarse a sí mismo. Un juzgado de lo Penal citó como testigo para el juicio por homicidio imprudente en un polígono industrial al propio fallecido. Los padres de un joven que murió en un accidente laboral se quedaron de piedra cuando, días antes de la vista oral, recibieron en el domicilio una notificación judicial a nombre de la propia víctima, citándole para el juicio en calidad de testigo: «Se cita a don... para que comparezca el día..., a las... horas, en el juzgado de lo Penal..., sito en el edificio..., como testigo».

Este fallo judicial ha creado una situación irresoluble: citar para que declare como testigo del delito que se enjuicia —homicidio imprudente— a la propia víctima, que había fallecido en un accidente en el trabajo. Verdadero ocultismo el de este tribunal, donde sólo faltaba el perito médium, que ouija en ristre se encargara de tomar declaración a este tipo de testigos.

Aunque en lo tocante a defunciones, mejor dejar las cosas como estaban, porque a veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Tras un terrible accidente de tráfico, en que un viandante resultó atropellado por un autobús, existían serios problemas para la identificación del cadáver. El cuerpo de la víctima había quedado destrozado por la violencia del impacto, pero el médico forense arregló como pudo sus facciones y le dijo al juez:

—No se preocupe, que le he recompuesto la cara y creo que ahora será perfectamente reconocible por sus familiares cercanos. Un trabajo fino, señoría...

La viuda y los hijos del difunto se presentaron en el anatómico para proceder al reconocimiento del cadáver. Y cuando salieron de las cámaras les preguntó el forense:

—¿Es su padre?

—Se le parece algo, sí, pero no estamos seguros. Mi padre tenía la cara redonda, y el señor que hemos visto en el depósito, sin embargo, la tiene bastante chupada.

—Eso es normal en los difuntos —repuso el forense.

—También parece más joven que mi padre —terció otro de los hijos.

—Bueno, ya sabe... El frío de la cámara, el rigor mortis... —el forense no sabía qué explicaciones darles.

—Pero el colmo, señor forense —concluyó la viuda—, es que mi marido era calvo... Vamos, que no tenía ni un pelo. Y el que hemos visto ahí dentro lleva hasta flequillo.

El forense tragó saliva y se le puso la cara color morgue. Un trabajo fino, con cirugía estética y reimplantación capilar incluidas.

Más claro lo tuvo otro testigo que compareció en un juzgado granadino donde el juez intentaba esclarecer un asesinato ocurrido entre dos familias gitanas. Después de pesquisas, investigaciones y decenas de declaraciones, nadie había visto nada, ni sabía nada del crimen. Había sólo un acusado y poco más.

Lo tenía muy complicado su señoría para averiguar las circunstancias en las que se había producido aquella muerte. Por fin, se localizó a un testigo que podía haber estado presente en los hechos.

—¿Entonces dice usted que estuvo allí, donde ocurrió el crimen? —le preguntó el juez al testigo.

—¿Usted cree que, si yo hubiera estado allí, el que está sentado ahí delante estaría vivo? —le respondió el testigo al juez.

Pocos testigos dicen la verdad de forma tan clara y contundente. Quedaban pocos visos de una declaración falsa ante semejante confesión de intenciones, aunque ignoramos si el testigo acabó esta historia siendo un imputado en el caso.

Aunque para sentido común —ya se sabe, el menos común de los sentidos—, lo que le ocurrió a un fiscal granadino famoso por su rectitud, rigidez y particular forma de intervenir en los juicios de esta provincia.

Comienza el fiscal el interrogatorio a un testigo:

—Responda usted a la preguntas. ¿Está usted casado? —inquiere el fiscal.

—Sí, señoría —afirma el testigo.

—¿Con quién está usted casado? —vuelve a preguntar el fiscal.

—Con una mujer, señoría.

El fiscal se altera y le dice al testigo:

—¡Con una mujer...! ¿Es que usted conoce a alguien que esté casado con un hombre?

El testigo no dudó en satisfacer la curiosidad del representante del Ministerio Público y respondió:

—Sí, señoría: a mi hermana.

Los datos de filiación del testigo con esta respuesta se dieron por terminados ante la mirada perpleja del fiscal y las caras que habían puesto los presentes en la sala de vistas.

Y es que hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen a los testigos, porque hay algunos que aprovechan la más mínima oportunidad para convertirse en los verdaderos protagonistas de la vista:

—¿Conoce usted al acusado? ¿Tiene algún parentesco con él, amistad o enemistad?

Responde el testigo, después de girar la cabeza y mirar al banquillo donde estaba sentado el procesado:

—No lo conozco de nada, señoría, y si le digo la verdad, me importa un carajo.

Sincero, aunque un poco exacerbado.

Confusión de antología la que se produjo en un juicio de faltas entre dos mujeres de etnia gitana que habían sostenido una trifulca, y a la que asistía como testigo la hermana de una de las acusadas, que mostraba un comprensible y familiar interés en la causa. Como nos recuerda el juez José Jurado Saldaña, en aquella época todos los estrados estaban presididos por un crucifijo sobre la mesa, y en la pared, en lugar bien visible, solía colocarse un cuadro con el retrato del Jefe del Estado, Francisco Franco.

La mujer, de edad avanzada, entró en la sala con la inquietud propia de quien acude a un juicio, pero al mismo tiempo descompuesta de ira, clavando en su enemiga una persistente mirada, con la que se diría que pretendía fulminarla y dejar caer sobre ella todas las maldiciones gitanas.

En su nerviosismo y aturdimiento, la testigo no acertó con el lugar en el que se hallaba el crucifijo, y al preguntarle su señoría si juraba decir la verdad, en nombre de Dios, la mujer respondió llevándose los dedos en forma de cruz hacia la boca y señalando al retrato de Franco:

—Sí, señor juez. Por ese que está ahí clavado.

Al darse cuenta de su equivocación, la gitana añadió sonriendo:

—¡Bueno, lo mismo da!

Semejante afirmación no se hubiera atrevido a hacerla ni el más exaltado seguidor del Caudillo.

Al menos aquella mujer superó el desliz con un sonrisa en los labios. Peor semblante debió quedársele al cliente de una notaría que por aquellas mismas fechas llegó para firmar unas escrituras. Cuando terminaron de leérselas, repuso muy tranquilo:

—Gracias, señorita, por su paciente lectura. Y ahora dígale al notario que venga a leérmelas y firmaré la hipoteca.

—Disculpe, señor Pérez, pero no va a venir nadie más, porque la notaria soy yo.

Eran, como decimos, los tiempos en que la mujer empezaba a incorporarse al ejercicio profesional de la Justicia. Y su protagonista aún no lo ha olvidado.

Finalmente se puede llegar al extremo de que el fiscal decida en el propio juicio y sobre la marcha dejar de ser fiscal. En la década de los ochenta —cuando los sueldos de la carrera judicial permanecían notoriamente congelados, entre las protestas de los profesionales y las organizaciones sindicales—, se celebró en Granada un juicio en el que se debatía la indemnización que debía cobrar un trabajador del campo que acababa de sufrir un accidente.

El fiscal, para calcular la indemnización diaria, le había preguntado a la víctima:

—Entonces... ¿cuánto gana usted al día en el campo con su trabajo?

La respuesta del accidentado fue:

—Pues unas 3.000 pesetas, por lo menos —inflando de forma intencionada sus honorarios.

El fiscal debió calcular mentalmente su sueldo de entonces y en pesetas de 1980. A continuación se dirigió enojado al lugar donde permanecía sentada la víctima, se despojó ostensiblemente de la toga y exclamó:

—¡A ver, dónde están los aperos de labranza, que el que se va ahora mismo al campo soy yo!

3. Con las manos en la masa

La ley establece que los ciudadanos que comparecen ante un tribunal como imputados pueden alegar todo lo que les convenga al ejercicio de su derecho de defensa, incluso les está permitido, a diferencia de los testigos, no decir la verdad en sus declaraciones. Tal vez esa disposición sirva para explicar el caso de un muchacho menor de edad —diecisiete años— que había acudido al juicio como testigo, pero con la oculta intención de exculpar a sus dos hermanos, para los que el fiscal pedía nueve años de cárcel por haber disparado contra otro individuo después de que les hubieran incendiado el coche.

El chico se acercó al estrado y el presidente de tribunal trató de identificarle convenientemente. No llevaba consigo DNI ni ningún otro documento que acreditase su filiación, pero se admitió su identidad atendiendo a lo declarado por uno de los abogados, que testimonió su presencia en una declaración anterior.

El juez le preguntó cuándo había nacido, y el joven respondió que no lo recordaba. Le preguntó dónde vivía, y el testigo respondió: «En mi casa». Entonces el magistrado le explicó que podía no declarar contra sus hermanos, y le advirtió que si lo hacía, debía decir la verdad.

El fiscal inició al punto el interrogatorio del testigo, y nada más comenzar las preguntas, el joven declaró:

—Yo fui quien disparó la escopeta y la carabina. Me volví loco y disparé al aire.

Más adelantado el interrogatorio, explicó que además había sido él quien cargó las escopetas con su correspondiente munición. Pero al requerirle el fiscal para que explicara al tribunal cómo se cargaban, contestó que no recordaba cómo se hacía.

Y así hasta el final de su declaración, de la que se podía deducir que su propósito era exculpar a sus dos hermanos, presumiendo que, por su condición de menor, los tribunales de Justicia serían más benévolos con él, al amparo de la controvertida Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Tan lamentable fue su declaración y tan feas se pusieron las cosas, que al término del juicio la propia defensa tuvo que reconocer la invalidez de dicha declaración. Al final, fueron sus dos hermanos los que se comieron el marrón y resultaron condenados por el tribunal, como no podía ser de otra manera.

La imaginación de los inculpados no conoce límites, pero nunca antes se había alegado en la Audiencia de Sevilla un argumento tan peculiar para tratar de revocar una condena de dos años de cárcel por robo. Dos ladrones que se habían apoderado de diversos objetos en una guardería infantil de la localidad de Écija presentaron un recurso en el que expresamente aseguraban que no habían entrado allí para robar, sino para «hacer de vientre». Menudo vuelco al caso.

En el robo habían participado dos jóvenes, ambos con antecedentes penales por delitos similares, y que fueron sorprendidos por la Policía Nacional en el interior de la guardería, con una bolsa que contenía alimentos congelados y distintos objetos procedentes de otras dependencias, todos ellos valorados en unas doce mil pesetas. Notoria contradicción, por cierto, la de llevarse tanta comida cuando el propósito que les había llevado a penetrar en el recinto educativo, forzando las rejas de una ventana con un gato hidráulico, era justamente el contrario.

Condenados en primera instancia a dos años de cárcel, los acusados presentaron un recurso de apelación en la Audiencia Provincial, en el que alegaron un supuesto error en la valoración de la prueba de cargo, por cuanto habían accedido a la guardería porque uno de ellos tenía «ganas de hacer de vientre».

Sin embargo, el tribunal, como era previsible, rechazó el recurso y el retortijón en una sentencia en la que criticó los argumentos de los dos ladrones, al poner de manifiesto las complicaciones que habían buscado para simplemente hacer sus necesidades, teniendo incluso que emplear un gato para forzar la ventana, lo que carece de cualquier justificación racional.

Quizá la próxima vez que estos ladrones sean sorprendidos con las manos en la masa en otros domicilios aleguen que sólo entraron a saludar a los inquilinos, o a dar de comer al perro, o cualquier otra excusa más o menos ingeniosa que se les pueda ocurrir: por ejemplo, que pasaban por allí y decidieron servirse un vaso de agua porque tenían sed.

Y siempre queda la confianza en que los tribunales de Justicia actúen con una lógica aplastante respecto a estas absurdas alegaciones para eludir una condena inevitable, porque había algo en este caso que olía mal. Y es que coger un gato hidráulico, romper una reja, entrar en una guardería con inodoros pequeñitos para niños, todo ello por un apretón, tiene faena, y no es modo de obrar. Dicho de otra forma, que una cosa es el estado de extrema necesidad, y otra muy distinta que una necesidad extrema lo justifique todo.

No menos increíbles fueron las alegaciones de un hombre de mediana edad juzgado después de que se le intervinieran un total de sesenta y siete papelinas de heroína y cocaína, ya dispuestas para su distribución a terceras personas.

Llegado el juicio, el acusado reconoció la posesión de todas las papelinas, cosa que no podía negar dado que fue sorprendido con las manos en la masa blanca, pero aseguró que su propósito no era destinarlas a la venta. En este punto, el presunto traficante ofreció una insólita versión: aseguró que había adquirido tal cantidad de papelinas para consumo propio en un viaje que iba a realizar próximamente con la edificante intención de deshabituarse de su adicción a estas sustancias. O el viaje era en camello, o pensaba ir hasta Tailandia andando, y así se aseguraba el suministro.

Sin embargo, ni siquiera fue capaz de demostrar que era consumidor de drogas ante los médicos forenses que le examinaron, y en su contra tuvo el testimonio de varios policías que le habían observado realizar distintas transacciones con estupefacientes, así como el elevado número de papelinas que le fueron aprehendidas y el hecho de que éstas fueran localizadas en distintos escondrijos, incluyendo un bolsillo, la ropa interior y el coche. Un camello muy avispado.

Todo ello convenció al tribunal, más allá de cualquier duda razonable, de que el acusado traficaba con estas sustancias, lo que se tradujo en una condena de tres años de cárcel y en una multa de 300.000 pesetas.

Mientras cumple esta condena, el camello tendrá tiempo para reflexionar, y tal vez, cuando decida realizar otro viaje de desintoxicación, prefiera llevar menos papelinas.

De viajes y de cocaína versaban también las desventuras de un joven que fue sorprendido cuando pretendía subirse a un avión en Sevilla, transportando un paquete con dos kilos de cocaína ocultos en una faja.

Y para lograr con éxito su propósito, aquel individuo no tuvo mejor idea que llevar la droga envuelta en papel plata, lo que motivó que se dispararan todas las alarmas a su paso por el control de segundad del aeropuerto de San Pablo. El detector de metales parecía una atracción de feria, y empezaron a sonar sirenas y a encenderse luces por todas partes. Por muy corto de entendederas que uno pueda ser, es evidente que el papel plata, aunque sea papel, no deja de tener las características del metal.

En el juicio, el joven explicó que pensaba que la droga que transportaba era realmente hachís, y no cocaína, pero el tribunal que le juzgó tampoco dio crédito a esta versión, porque —según él mismo reconoció— le iban a pagar cierta cantidad por hacer de correo, y resultaba que este dinero era muy superior al valor de dos kilos de hachís en el mercado negro.

La verdad es que al final el joven no resultó tan mal parado, porque los jueces le impusieron la mitad de la condena, al estimar su arrepentimiento y el hecho de que tras su detención colaboró en el desmantelamiento de una red de traficantes. Dadas las circunstancias que rodearon su detención, debió pensar que lo mejor era colaborar con la Justicia.

Sin embargo, hay otras situaciones en las que las apariencias engañan. Un ladrón entró a robar en una vivienda de Barcelona y se llevó todo lo que le pareció de valor: algunas joyas, menaje del hogar y una chaqueta de caballero. Meses más tarde, en la localidad de Sabadell, la señora fiscal entró en un juicio por un asunto de robo. La fiscal se quedó de piedra cuando observó que el acusado, vestido con apariencia de persona respetable, llevaba la misma chaqueta que meses antes le habían robado en casa a su marido. La chaqueta, de marca y adquirida en París, debía de valer un potosí. Se lo hizo saber en el acto al juez que estaba juzgando al ladronzuelo por otro asunto. Y le cuchicheó el juez a la fiscal:

—¿Está usted segura que es la chaqueta de su marido?

—Completamente. Incluso tiene una mancha en el brazo derecho que no consiguieron eliminar en la tintorería.

Y cuando concluyó el juicio, el juez le anunció al acusado:

—Y ahora queda usted detenido por un robo el día... en un domicilio de Barcelona, de donde sustrajo, entre otros efectos, la chaqueta que lleva puesta. Este tribunal tiene pruebas...

El acusado respondió airado:

—Imposible, señor juez. Yo no actuó en Barcelona, la capital no es mi zona. Además, el día que usted me dice yo estaba en el talego, cumpliendo condena en la celda 231 de la Modelo. ¡Estaba en el trullo, señor juez!

Tras comprobarse la veracidad de los datos, el acusado explicó al tribunal que la chaqueta se la había proporcionado un compañero de celda. Menudo susto para el ladrón, que quizás no sabía lo que era el delito de receptación y se libró por los pelos. La chaqueta del marido de la fiscal volvió a sus hombros gracias a una gran casualidad judicial.

Susto comparable al del testigo del siguiente caso, ocurrido a finales de la década de los setenta en Bilbao y que nos fue relatado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo.

Un ciudadano de edad avanzada, que recientemente había sufrido un percance y llevaba una pierna escayolada, tenía que declarar como testigo ante el tribunal. Ante el estado en que se encontraba, el presidente le dijo al testigo que podía sentarse para que estuviera más cómodo, y así lo hizo el testigo, que se acomodó en el banquillo destinado a los reos, al lado del acusado.

En ese momento, el juez alzó la voz y exclamó:

—¡No, ahí no, buen hombre! ¡Ahí no se siente nunca, que nos podemos confundir!

El testigo enmudeció y, tras atender los requerimientos del tribunal, cambió de asiento. Debió pensar qué clase de Justicia es esa, que condenaba a una u otra persona dependiendo del lugar donde se hubiera sentado.

También hay quien se toma con deportividad eso de ser sorprendido con las manos en la masa. En un juicio contra un delincuente acusado de robar en una vivienda, el fiscal comenzó el interrogatorio con una exposición concienzuda:

—Entonces usted entró en la casa forzando la puerta del garaje, situada en la parte trasera del chalé, una puerta verde de hierro. Subió las escaleras y se dirigió hacia la primera planta de la vivienda. Cuando llegó a la primera planta, en el pasillo de la zona de dormitorios, abrió la puerta de la habitación de matrimonio, la segunda a la derecha, y penetró en el mismo. Allí abrió el segundo cajón de una cómoda de color marrón con cinco cajones, situada a la izquierda de la cama. Después rebuscó entre la ropa interior y sacó de una pequeña caja de piel negra varias joyas, entre ellas una pulsera, dos anillos y una gargantilla, además de 32.000 pesetas, en tres billetes de 10.000 y un billete de 2.000. ¿Es cierto que usted hizo todo esto?

—¡Ay, mi madre! ¡Pues no parece que estaba usted allí, señor fiscal! —repuso el ladronzuelo con una indisimulada cara de asombro, y sin percatarse de que con esa respuesta estaba reconociendo su participación en el robo.

La misma cara de asombro que debió quedársele a un abogado donostiarra cuando contempló la actuación de su defendido ante el tribunal. En un juzgado de lo Social de San Sebastián se debatía la invalidez e incapacidad permanente de un trabajador que había sufrido un accidente laboral. El letrado ya había hablado con su cliente y le había recordado asimismo que le iban a preguntar en el juicio por los movimientos de sus extremidades superiores e inferiores. Le insistió mucho en que no moviera los brazos en exceso, porque lo que se debatía era precisamente la movilidad de los miembros.

Y como el movimiento se demuestra andando, el ingenuo trabajador llegó a la sala de vistas con los brazos caídos y a la espera de las preguntas que le hicieran los abogados de la Seguridad Social o el juez de la sala. E intervino primero el magistrado, para resolver cuanto antes si el trabajador merecía una pensión por invalidez:

—Entonces, usted que ahora no puede casi ni moverse, indíquenos gráficamente hasta dónde levantaba los brazos antes del accidente.

El empleado no se lo pensó dos veces, y ante la mirada atenta y atónita de su abogado, levantó el brazo por encima de la cabeza y dijo:

—Hasta aquí arriba, señor. Hasta aquí los levantaba antes sin problemas.

El juicio quedó visto para sentencia, y el trabajador lógicamente perdió el pleito. Se quedó sin pensión, pero recuperó milagrosamente la movilidad de sus extremidades.

En cualquier caso, no siempre resulta tan fácil pillar a alguien con las manos en la masa. Bien lo saben los funcionarios de la Policía Judicial de Sevilla, encargados de investigar lo que en principio parecía un gran escándalo de corrupción, el denominado caso Ollero sobre el presunto pago de comisiones en las obras públicas andaluzas. La investigación se inició a raíz de un anónimo denunciando los hechos que llegó a los juzgados sevillanos, y que motivó la consiguiente orden judicial para pinchar los teléfonos de los principales implicados.

Aquí es donde se conjugan la chapuza y la falta de medios con la que en muchas ocasiones trabaja la Policía. Para empezar, no hubo otro sitio para colocar los magnetofones donde se grababan las conversaciones telefónicas que un váter de los juzgados, y es que hay ejemplos que cunden.

Los magnetofones iban provistos de unos arrancadores que permitían la conexión automática de los aparatos cuando se producía una llamada. Sin embargo, como confesaron los propios policías durante el interminable juicio, estos arrancadores sufrían frecuentes fallos, lo que unido a que en otras ocasiones se terminaba la cinta, impidió la grabación de numerosas conversaciones. Los policías denunciaron además que no disponían del número de cintas suficientes, y de hecho así se lo comunicaron a sus superiores durante los cinco meses que duraron las escuchas, dado que muchas conversaciones no se pudieron grabar por falta de cintas.

Pero la cosa no acababa ahí, porque los agentes tampoco disponían de vehículos aptos para sus labores de seguimiento. En este sentido, relataron ante los jueces cómo en una ocasión el principal sospechoso, posteriormente detenido con un maletín que contenía 22 millones de pesetas, pudo zafarse de la vigilancia a la que estaba sometido porque circulaba en un Jeep Cherokee, y los agentes no le alcanzaban con el Citroen AX que tenían asignado. No es extraño que el caso terminara con una leve condena de alguno de los acusados.

4. Todo sobre ruedas

Las faltas y delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor constituyen —por su número y por las circunstancias que a veces concurren en los mismos— todo un capítulo aparte en los procedimientos judiciales. Para terminar de complicar las cosas, desde fuentes jurídicas se ha criticado la redacción del actualmente vigente artículo 244 del Código Penal, sobre hurto y robo de uso de vehículos de motor, por las posibilidades que ofrece la literalidad del precepto para que los delincuentes queden impunes.

Sin embargo, hay ocasiones en que el delincuente deja pocos resquicios para la duda. En Asturias, un patrullero de la Guardia Civil dio el alto a un Seat Ronda que circulaba a gran velocidad y en zigzag por la carretera de Langreo a Mieres, donde se había dispuesto un dispositivo especial ante los frecuentes rallies ilegales que tenían lugar en la zona. El conductor del vehículo se fugó tras intentar atropellar a los agentes, y éstos alertaron a una segunda patrulla, ante la que el conductor también ignoró las señales de alto y trató de atropellar a otro agente. Finalmente, una tercera patrulla logró adelantar al automóvil y lo obligó a detenerse. En ese momento, el conductor ensayó una maniobra evasiva y acabó empotrado contra el coche de la Guardia Civil, poniendo fin a una persecución de más de cinco kilómetros.

De esta forma, el conductor, que inicialmente había incurrido en circulación temeraria, acabó siendo detenido por un delito de atentado contra la autoridad. Pero no contento con ello, facilitó en el momento de su detención una identidad falsa. Luego se comprobaría que el carné de conducir le había sido retirado por orden judicial y obviamente carecía del seguro obligatorio para su vehículo. Además, dio positivo en las pruebas de alcoholemia que le realizaron los agentes y se descubrió que se encontraba en situación de busca y captura para su ingreso en prisión. Ignoramos si la Guardia Civil le informaría en ese momento de todos los delitos por los que estaba siendo detenido o, para abreviar, simplemente le enumeraría aquéllos que no había cometido. El caso es que iba sin papeles y... acabó empapelado. Menudo papelón.

Repasando los anales del anecdotario judicial, los papeles del coche adquieren un innegable protagonismo. La Policía Local de Madrid interceptó en cierta ocasión un vehículo en el que viajaban dos ciudadanos chinos por la Glorieta de Atocha. Cuando los agentes pidieron al conductor el preceptivo permiso, el chino contestó que no lo tenía. Sin embargo, en la guantera del vehículo fue hallado un permiso de conducir con su fotografía, expedido en Bangladesh, pero que evidentemente era falso, por lo que procedieron a comunicarle que quedaba detenido.

Fue entonces cuando el ingenuo conductor sacó 20.000 pesetas y trató de entregárselas a uno de los agentes para que hiciera la vista gorda y les dejara marchar como si no hubiera ocurrido nada. Pero el policía, lejos de acceder a sus pretensiones, le denunció además por intento de soborno, y el ciudadano chino fue juzgado y condenado por un jurado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 50.000 pesetas por un delito de cohecho, sentencia que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo.

Durante el juicio, el ciudadano chino alegó que había sacado el dinero, no con la intención de comprar al agente, sino para pagarle la multa que creía le iba a poner por una posible infracción de tráfico. Según la legislación actualmente vigente, la sanción por conducir sin permiso equivale a unas 50.000 pesetas, así que le salió cara la multa: 50.000 pesetas... y dos años de prisión.

No sabemos si el carnet de Bangladesh exhibido por el conductor chino era de uno de esos que tanto proliferaron en los últimos años de la década de los noventa, cuando se produjeron en España varios casos de estafas relacionadas con la venta de falsos carnés de conducir extranjeros, que algunas personas adquirían con la finalidad de convalidarlos en nuestro país y por los que llegaban a pagar en algunos casos cantidades desorbitadas, todo ello para obtener el ansiado permiso sin necesidad de someterse a los exámenes reglamentarios.

Por aquella época fueron juzgadas en Sevilla seis personas acusadas de delitos de falsedad documental en relación con la falsificación de carnés de conducir británicos, por los que habían pagado hasta 250.000 pesetas. El juez los absolvió porque entendió que habían encargado de buena fe un permiso sin conocer que otros dos individuos —que sí fueron condenados a dos años de cárcel— los habían falsificado. De otra forma no hubiera tenido sentido que algunos de estos individuos acudieran ellos mismos a presentar los carnés en la Jefatura de Tráfico con la intención de canjearlos por los de verdad, o que uno de los imputados incluso enviara a su propio hermano al cuartelillo de la Guardia Civil para consultar la validez del permiso.

Los acusados habían pensado que el procedimiento era del todo legal, máxime cuando la persona que les había ofrecido la posibilidad de obtener dichos carnés era además de su confianza, al que conocían por su profesión de asesor fiscal. Al final, como suele decirse, no hay recompensa sin sacrificio, por lo que estas personas deberán pasar por los exámenes para obtener el carné, como cualquier hijo de vecino. Lo que sorprende realmente es que de vez en cuando alguien se siga dejando embaucar con este timo.

La Audiencia de Sevilla también condenó a otro individuo a casi tres años de cárcel, en este caso un ex guardia civil, que mediante engaños y una supuesta influencia en la Jefatura Provincial de Tráfico estafó diversas cantidades de dinero a numerosas personas, a las que prometía la gestión de trámites relacionados con la concesión de permisos de conducir, de circulación del vehículo o la realización de la ITV.

A una de las víctimas le ofreció la posibilidad de sacar el carné sin necesidad de exámenes, y haciendo el estafador gala de su condición de guardia civil, consiguió hasta 200.000 pesetas para resolver diversas gestiones.

En otra ocasión le confiaron un teléfono móvil para que hiciera diversas llamadas destinadas a facilitar el cambio de matrícula de un turismo, y el estafador realizó llamadas por un importe de 71.000 pesetas que luego no abonó. Quizás estuviera llamando al falsificador de Bangladesh para que le apañara la matrícula.

Incluso a veces se hacía pasar por funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico para igualmente engañar a las víctimas, a las que convenció de que le entregaran un vehículo con matrículas provisionales para tramitar la documentación: efectivamente, cambió las placas de matrícula, pero con el único objeto de apropiarse del vehículo.

Menos mal que en el momento de cometer estos delitos el individuo ya no pertenecía a la Guardia Civil porque si no, menudo ejemplo para el Benemérito Instituto.

A veces la intervención de la Administración resulta providencial y hasta muy de agradecer. Un delincuente habitual, reincidente en delitos menores, acudió al juzgado para que le devolvieran la licencia de conducir ciclomotores. Cuando por fin se la entregaron, el individuo comenzó a agradecer fervorosamente a la administración que le hubiesen cambiado la fotografía del carné, porque la que él había entregado era de cuando tenía dieciséis años, se había vuelto borrosa y apenas se le distinguían los rasgos de la cara. Ahora, con la nueva fotografía que le habían colocado a la licencia, él se veía muy bien y además se trataba de una fotografía reciente. Para que luego digan que la Administración no vela por los intereses de los ciudadanos.

En Galicia, una funcionaria que estaba recogiendo documentación para un juicio, le preguntó al testigo si había traído el carné y si lo tenía en vigor. La respuesta del acusado no pudo ser más ocurrente:

- En Vigo, no. Lo tengo en casa.

No de Bangladesh, donde los falsos carnés, pero sí de Hong Kong nos llegó el siguiente caso: una mujer se negó a indemnizar al dueño de un coche al que produjo diversos daños tras en un intento fallido de suicidio. Pero no es que la mujer, de nombre Lee, precipitara su automóvil contra el del demandante, un tal Chung Kai Chiu: ella se arrojó desde el tejado del edificio donde vivía y acabó empotrada contra el techo del turismo, al que causó importantes daños pero que a la postre le salvó la vida.

Según informaba la prensa local de Hong Kong, la demandada le dijo al juez en la vista preliminar que, antes de tirarse al vacío, se aseguró en todo momento de que no había nadie en la calle, porque su intención no era la de provocar daños. Alegó que llevaba viviendo desde hacía años en el bloque de casas desde donde se arrojó al vacío —aunque en ese momento el vacío no estuviera tan vacío, sino ocupado por un coche—, y que allí no existía ningún aparcamiento, por lo que deducía que el vehículo sobre el que se precipitó se hallaba indebidamente estacionado.

A pesar de la terrible historia que acompañaba a la ex suicida, con varios hijos a su cargo y escasos recursos económicos, el querellante no desistió de que la mujer debía pagarle una indemnización por los daños que provocó en su coche, que quedó —ya se pueden imaginar— algo abollado tras el impacto. Lo que no sabemos es si el demandante tendrá a su vez que pagar una multa por estacionamiento indebido en la vía pública.

Por todo ello, hay quien prefiere medios de locomoción más modestos. En Sevilla, un joven delincuente, con algo más de veinte años y seis detenciones anteriores en su haber por diversos delitos, cogió una mañana su bicicleta y salió a la calle con el propósito de perpetrar una nueva fechoría. En este caso se trataba de una modalidad delictiva del clásico tirón, y que consistía en apoderarse por la fuerza de un teléfono móvil mientras la víctima estaba hablando o lo llevaba a la cintura sujeto con una pinza.

El joven se dirigió a una barriada sevillana y allí seleccionó a su próxima víctima, un hombre de avanzada edad, que superaba ya los setenta años. Se le acercó por la espalda con la bicicleta, le pegó un fuerte tirón del móvil, y trató de huir tan rápido como sus piernas alcanzaban a pedalear. Sin embargo, esa apresurada huida terminó tan sólo unos metros más allá, porque el desdichado delincuente no se percató de la presencia de una furgoneta contra la que literalmente se estampó.

Fue entonces conducido a un hospital, donde quedó ingresado bajo custodia policial. Pero sus desdichas no acababan aquí, porque el desafortunado delincuente nunca hubiera alcanzado a imaginar —como así ocurrió— que la víctima no era otro que su propio suegro.

«Valiente golpe», pensaría: le roba a su suegro, es detenido y además resulta herido tras el choque con la furgoneta. Y lo peor de todo es que encima tendría que aguantar a una parienta indignada, y con razón, porque entre el millón y medio de habitantes del área metropolitana de Sevilla acabó robándole a su suegro. Tal vez estos caprichos del destino hagan que el joven recapacite y abandone el camino de la delincuencia, sobre todo por el bien de su propia familia.

De manera que tampoco una bicicleta es garantía de nada... sobre todo cuando alguien se equivoca de bicicleta. En una vista oral el magistrado indicó al secretario que procediera a la lectura de los hechos:

—Entonces, usted, el día 23 de enero de 1997, a las siete de la tarde, iba por el parque con una bicicleta y, cuando se cruzó con una chica que hacía deporte, se abalanzó sobre ella y comenzó a desnudarla...

Al acusado se le salían los ojos de las órbitas, y no dejaba de mover la cabeza, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como repitiendo: «que no, que no».

El abogado defensor interrumpió la sorpresiva lectura y argumentó:

—Estos hechos no son los que se imputan a mi cliente, señoría.

El magistrado miró entre los papeles de su mesa en el estrado y exclamó:

—Ah, es verdad... Esta carpetilla no es la correcta. Aquí está. Lea de nuevo los cargos que se le imputan, señor secretario...

—Entonces, usted iba caminando, el 12 de enero a las cinco de la tarde, por la Avenida de la Estación y, cuando pasó junto a un portal a la altura del número 25, sacó unas tenazas, rompió las cadenas de una bicicleta y se la llevó...

Interrumpe el acusado, que a voz en grito se dirige al juez:

—Eso sí... Eso sí que lo hice yo, señoría. ¡La bicicleta! ¡Yo robé la bicicleta, señoría! ¡Me declaro culpable!

Así pues, volvamos a los coches. Se celebraba un juicio contra un joven acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, y estaba declarando una testigo: concretamente, la novia del acusado.

Pregunta el fiscal:

—Señorita, ¿no sabe usted cuantas copas se pudo tomar el acusado?

—Un par de ellas como mucho, señor fiscal.

—¿Conducía mal, sin precisión ni atención?

—No, señor. Iba bien, más o menos.

—¿No le notó el aliento cargado, con halitosis?

—Con halitosis, eso sí que no —respondió muy convencida la joven testigo.

—La última pregunta que le hago —concluyó el fiscal—. ¿Notó en su novio una actitud vacilante?

Responde la novia del acusado mirando a los ojos de su prometido y sin cortarse un pelo:

—Eso sí que es verdad, señor fiscal. Un poco vacilón sí que es el muchacho.

En resumen: visto lo visto, mejor utilizar el transporte público, aunque adoptando todas las precauciones oportunas. Una señora de unos setenta y tantos años, con pañuelo negro en la cabeza y cesta de mimbre al brazo, deambulaba por la segunda planta de los juzgados de Sevilla. Su semblante desconcertado llamaba la atención entre los corrillos de abogados, imputados, testigos y policías que aguardaban su turno de juicio. El atento fiscal que nos ha contado lo sucedido se acercó a la anciana y le dijo:

—¿Señora, le puedo ayudar? ¿Le sucede algo?

—Sí, caballero. Estoy esperando el autobús para volver al pueblo y me han dicho que en la segunda planta...

El sorprendido fiscal apenas podía disimular la sonrisa:

—Ejem, señora... Le habrán dicho que en el segundo andén... de la estación de autobuses, en el edificio de aquí al lado.

—Pues eso digo yo, porque no veo el autobús por ninguna parte. Y mire toda la gente que hay aquí, esperando, como yo...

5. Abusos de confianza

El Código Penal especifica entre las circunstancias que agravan la responsabilidad el actuar con abuso de confianza. Pero para confianza, la que se tomó la encargada de una finca sevillana con su amiga y propietaria, nieta del magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst, el mismo que inspiró a Orson Welles el protagonista de su renombrada película Ciudadano Kane. La que fuera amiga de la nieta de Hearst y administradora de su finca en la localidad sevillana de Gerena, aprovechando la confianza que la propietaria había depositado en ella, se dedicó a transferir diversas cantidades de dinero a su cuenta particular, así como a la de algunos de sus hijos, y había pagado también los recibos correspondientes a la compra de varios vehículos. En otras ocasiones había realizado diversas compras en unos grandes almacenes utilizando la tarjeta de su amiga y falsificando su firma.

La acusada también se apoderó de enseres propiedad de la multimillonaria, entre ellos un abrigo de visón, ocho ponchos nepalíes, una mesa de escritorio, una mesa de ping-pong plegable, ocho libros de sainetes de los Álvarez Quintero o un maletín de maquillaje de Vuitton. Vamos, que arrambló con todo lo que pudo, porque de hecho la sentencia de la Audiencia de Sevilla tenía una extensión de ¡noventa y siete folios!, lo que demuestra la magnitud del caso y el ajuar que le pudo montar gratis a su hija.

Además, la nieta del magnate de la prensa estadounidense había denunciado a su ex administradora por otras tantas irregularidades, como fraude al PER y solicitud indebida de subvenciones a la Unión Europea para unos inexistentes cultivos de girasol, entre otros. La ex administradora fue finalmente condenada a dos años de cárcel por apropiarse de más de catorce millones de la multimillonaria.

Sin llegar a tales extremos, también es digno de mención el caso de aquel juez gallego de los tiempos de María Castaña que observaba cómo del cajón de la mesa de su despacho le desaparecían unos puros que guardaba con sumo celo, y que reservaba para fumárselos pausadamente en el casino del pueblo al término de cada jornada, entre sorbo y sorbo de café.

Desde el principio, el sorprendido magistrado no dudó en atribuir el hurto a alguno de los funcionarios que frecuentaban el juzgado, así que empezó cambiando la cerradura del cajón, pero ni por ésas logró poner coto a la sangría de puros. Luego reforzó el mismo cajón con un candado, colocó trampas e incluso dejó una nota en la que decía: «Te conozco, no seas ladrón». A pesar de todas las precauciones, la provisión de habanos siguió mermando.

En el transcurso de un viaje a la capital, pasó por delante de un establecimiento de artículos de broma y se le ocurrió comprar media docena de puros de pega, con petardo incorporado. Luego les colocó la vitola de los auténticos y los mezcló.

Estaba una tarde el juez tomando su café de costumbre, jugando una partidita de cartas y fumando su consabido puro cuando, al darle una profunda calada, le explotó en pleno rostro entre las risas de los parroquianos. ¡Él mismo se había equivocado de puro! Pero cuando aún se limpiaba el rostro y el chaleco de los restos del estallido, observó con el rabillo del ojo cómo el secretario del juzgado, que hasta ese momento tomaba café en una mesa contigua, trataba apresuradamente de apagar otro puro en un cenicero, con tan mala fortuna que en ese preciso momento también explotó. Nueva carcajada del respetable y mirada severa del juez a un secretario completamente abochornado. Todos creyeron que algún justiciable había querido, mediante aquella broma, vengarse del magistrado por una resolución adversa.

A la mañana siguiente, el juez se dirigió a su secretario y le preguntó:

—Ya sospechaba que era usted, pero por lo que más quiera, dígame: ¿cómo hacía para abrir el cajón?

El secretario, en completo silencio, se dirigió a la mesa del juez, y sin esfuerzo alguno levantó limpiamente la tapa de la misma, porque la mesa no estaba sujeta a las patas.

Exceso de confianza, aunque en otro orden de cosas, el que demostró un reo que acudió a la Audiencia Provincial de Sevilla para recoger una sentencia y, debió de hacerlo convencido de que le sería favorable, porque en caso contrario no puede entenderse que le ocurriera lo que le ocurrió.

Como quiera que se iba a decretar su ingreso en prisión, en las dependencias judiciales estaban aguardando su llegada, y el secretario había puesto en alerta a los agentes del orden para que estuvieran pendientes cuando se acercara el acusado, y conjurar así cualquier riesgo de fuga.

El joven dejó aparcada su bicicleta frente al Palacio de Justicia y subió para que le notificaran el fallo. ¡Qué cara debió poner cuando, tras recibir la sentencia, le comunicaron su inmediato ingreso en prisión!

—No puede ser —dijo el recién condenado—. No puedo ingresar en prisión todavía... Vengo de mi casa, he dejado la olla exprés con la comida al fuego y podría explotar... —advirtió.

El secretario, tras recriminarle que hubiera dejado la olla en el fuego para ir a recoger una sentencia, propuso que entre todos trataran de buscar una solución. El acusado insistía en que la olla iba a explotar y propuso que le trasladaran a su domicilio, pero finalmente se optó por avisar a un vecino, que al cabo de media hora se presentó en el juzgado, recogió las llaves de la casa y la bicicleta del condenado, y regresó al domicilio, donde apartó la comida del fuego.

Cuentan los que presenciaron tan insólita situación que el reo estuvo en todo momento más preocupado por la olla exprés que por su próximo ingreso en la cárcel. Tal vez se tratara de un magnífico cocinero, y el guiso que estaba preparando era, sin duda, mucho mejor que los que a partir de ese momento iba a degustar en prisión.

En lo concerniente a la confianza, unos se pasan y otros no llegan. En un juzgado de Huelva tenía lugar la vista oral de unos graves sucesos, en los que un individuo había matado a un vecino porque le había puesto los cuernos con su mujer, y no contento con ello —según declaró— cada vez que se cruzaban por la calle le hacía gestos ostensibles con los que recalcaba su condición de marido burlado.

Llegado el día del juicio, el fiscal pretendía mostrarse implacable y hacer un minucioso relato a través de la declaración de los testigos, para de esta forma profundizar en la violenta reacción del acusado, que había aguardado a su vecino y lo mató a tiros cerca de su casa.

Cuando comenzó el interrogatorio de los testigos, el fiscal preguntó en primer lugar a la esposa del fallecido:

—¿Escuchó usted los disparos?

—Así es —repuso la mujer.

—Y entonces, ¿qué hizo usted?

—Bajé a la calle para ver lo ocurrido.

—Al encontrar a su esposo tendido en el suelo, ¿qué fue lo primero que hizo?

Ante esta pregunta del Ministerio Público, la mujer no vaciló en su respuesta, rápida y clara:

—¡Quitarle el reloj y la cartera, porque en Comisaría ya se sabe lo que ocurre con estas cosas! —exclamó la esposa de la víctima.

El fiscal y los demás abogados que asistían a la sesión se quedaron atónitos, pero como dice el refrán: el muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Tan poca confianza tenía aquella señora en los agentes del orden como un ciudadano de etnia gitana en el ilustre penalista que se le ofreció como abogado. El tribunal no podía celebrar el juicio porque faltaba el letrado de la defensa, que debía representar a un caló acusado de un pequeño robo. Sin embargo, aprovechando la presencia allí del penalista Francisco Baena Bocanegra, que debía asistir a otro procesado, los magistrados le plantearon la posibilidad de que, para evitar la suspensión del juicio, representara al procesado, dado que los hechos no revestían una especial gravedad y un leve vistazo del abogado a la causa bastaría para plantear la defensa.

El letrado accedió a la petición de la Sala, y sólo puso como condición que se le comunicara al procesado, para que éste manifestara si estaba conforme con el cambio de abogado. Dicho y hecho. El agente judicial se dirigió al procesado para ofrecerle los servicios del letrado, convencido de que aceptaría de inmediato:

—¡Hoy estás de suerte! Aunque tu abogado no ha venido, te puede defender uno de los mejores letrados de España. Se llama Bocanegra, ¿lo conoces? —dijo el agente.

En ese momento, el gitano se revolvió súbitamente y le espetó:

—¿Defenderme a mí un abogado que se llama Bocanegra? Ni mijita —y haciéndose de cruces, rumiaba—. Maera, maera...

De esta forma, el acusado se negó a que le representara el célebre abogado, a quien no obstante se acercó posteriormente para manifestarle:

—Discúlpeme, señor abogado. Yo no tengo nada contra usted, pero es que ese apellido... ¡tiene un vahío y un mal fario!

Pero la falta de confianza llega incluso al propio cónyuge, no se crean. En el Colegio de Abogados de Córdoba un juez recordó el celebrado caso de un señor que se presentó en el Registro Civil y le dijo al funcionario de turno sin contarse un pelo:

—Buenos días. ¿Me puede dar un certificado de defunción?

- ¿A nombre de quién? —le pregunta rutinariamente el funcionario.

—Al mío, por supuesto.

—¿Para usted? —repuso muy extrañado el funcionario del registro.

—Sí, mire usted, es que mi mujer es un desastre con todo esto del papeleo, así que yo se lo estoy arreglando todo. Déjeme en blanco el día y la hora, que los demás datos se los relleno yo ahora mismo.

Mucha previsión y muy poca confianza.

6. las prisas son malas consejeras

«Despacito y buena letra», asegura el dicho popular. O «las prisas son malas consejeras», que la fraseología popular es sabia. Que se lo digan si no a un joven con problemas de toxicomanía, que acababa de ser puesto en libertad tras haber cometido un pequeño robo. Ese mismo día, nada más salir a la calle, se acercó a un transeúnte y le pidió con muy malos modos cien pesetas.

El hombre se negó a entregarle el dinero, y el joven, sin pensárselo dos veces, tardó sólo unos instantes en esgrimir una navaja con la que le amenazó, diciéndole:

—Pues ahora me vas a dar todo lo que lleves encima.

Para sorpresa del incauto atracador, la supuesta víctima se identificó entonces como agente de la Guardia Civil, sacó su arma reglamentaria y le obligó a soltar la navaja, procediendo a su detención.

Aunque el joven ni siquiera llegó a imaginar que su víctima pudiera tratarse de un guardia civil de paisano, lo que no olvidará la próxima vez que intente dar un golpe es alejarse de la Benemérita, porque no se le había ocurrido mejor escenario para su fechoría que la puerta de un cuartel de la Guardia Civil. Que Dios le conserve el oído, porque lo que es la vista...

Otra joven, de aspecto desaliñado y descuidada vestimenta, pensó que aquellas oficinas eran un buen sitio para hacerse con un bolso. No tenía que pegar ningún tirón ni utilizar arma alguna, sólo esperar un descuido e introducirse en un despacho.

Sin embargo, eligió el sitio equivocado, al penetrar en la secretaría de la mismísima Audiencia Provincial de Sevilla. Vamos, como meterse en la boca del lobo. La secretaria del presidente, que resultó en este caso la víctima, alertó rápidamente a las fuerzas de seguridad sobre la desaparición de su monedero. Además, explicó a los funcionarios policiales que sólo se había ausentado un segundo del despacho, por lo que el ladrón podía aún continuar en las dependencias judiciales.

Dicho y hecho, varios agentes de la Policía se pusieron manos a la obra y detuvieron a la joven delincuente justo antes de que saliera del edificio. No cabe duda de que su puesta a disposición judicial fue rapidísima, ya que el delito se cometió en la misma sede y a escasos metros de donde se encuentran los calabozos.

Para que luego digan que la Justicia es lenta. Sólo faltó que se celebrara el juicio al cuarto de hora, porque salas de vistas no iban a faltar.

Pero —insistimos— las prisas no son buenas consejeras y todo lleva su tiempo, como le sucedió a un intérprete que solía trabajar en los juzgados melillenses traduciendo los testimonios en cherja, la lengua que se habla en las ciudades marroquíes de la zona del Rif, próximas a la frontera española de Melilla.

Esa mañana, el traductor le preguntó al juez que si se podía marchar sobre las once de la mañana, porque tenía que resolver unos asuntos de cierta importancia. El juez le dijo que intentaría terminar lo antes posible.

Comenzaron los juicios, uno, otro y otro más. Eran ya más de las once de la mañana y el intérprete reiteró su solicitud al juez, quien le contestó que de allí no se movía hasta que no terminara la última vista. Y por fin, a la una de la tarde, cuando el traductor estaba a punto de subirse por las paredes de la sala de vistas, comenzó el último juicio, contra un acusado por tráfico de drogas que se enfrentaba a cinco años de cárcel.

—Entonces Mohamed... fue sorprendido por la Guardia Civil con los estupefacientes en el interior de un turismo. El fiscal le pide cinco años de prisión. ¿Está usted conforme con los hechos y con la pena? Haga el favor de traducírselo al acusado —le indicó el juez al traductor.

—Sí, señoría —respondió el intérprete.

Comenzó entonces a hablar en cherja, mientras el acusado empezó a levantar las dos manos hacia el techo y prorrumpió en gritos y voces con el rostro lleno de ira. Y le preguntó el juez al traductor:

—¿Qué sucede? ¿Qué ha contestado el acusado?

—Dice que está de acuerdo con todo, y que no hace falta celebrar el juicio —tradujo el acelerado intérprete.

El fiscal y el juez, que tras la escenificación del acusado no estaban demasiado convencidos de la traducción, comprobaron la cara atónita del reo y del traductor, y decidieron comenzar la vista.

Sin duda, el intérprete aprendió que las prisas son muy malas consejeras. Al final se fue a las tantas, y casi lo detienen por acelerarse en la traducción. Pero como nadie sabía el idioma del acusado, salvo el traductor, nunca se supo qué le había dicho al procesado.

Una monja perteneciente a la congregación fundada por el Papa Clemente, de El Palmar de Troya, se vio en cierta ocasión envuelta en un proceso que se tramitó en un juzgado municipal de Utrera, en Sevilla, al parecer por no pagar la renta de la vivienda. Sin embargo, todos los esfuerzos por conseguir que la monja prestara declaración judicial resultaron infructuosos: la religiosa era de nacionalidad alemana, y sólo entendía esta lengua y algunos latinajos de Clemente.

Así que buscaron como intérprete a uno de los emigrantes retornados a la población que había trabajado en Alemania. Comenzada la vista oral y después de verificar previamente que monja e intérprete se entendían a la perfección, a juzgar por la breve conversación que mantuvieron, el juez dijo al intérprete que preguntara a la monja si juraba en nombre de Dios decir la verdad.

El intérprete hizo su trabajo y la monja respondió, y a continuación el traductor no pudo disimular cierta sonrisa sin llegar a traducir la contestación de la religiosa. No debía de tener tantas prisas como el intérprete de cherja, y ante su tardanza, el juez le instó a que tradujera:

—Señor juez, ha dicho que «según lo que usted le pregunte».

Se ve que para la monja de El Palmar el juramento era cosa de poco compromiso.

Como supondrá el lector, la intervención de un intérprete puede hacer más enrevesado lo que por sí ya era suficientemente complicado. Un letrado del Colegio de Abogados de Badajoz nos proporcionó este testimonio que aún no hemos podido descifrar. Si usted es capaz de entenderlo y descifrarlo ayúdenos por favor...

«En un juicio de faltas estaban denunciados los cuatro hermanos Chum Ping. Los dos mayores —Chum Ping varón y Chum Ping hembra— tenían permiso de residencia y trabajo y, por tanto, disponían de papeles en regla. Los dos pequeños, que también trabajaban en el restaurante, eran menores de edad y carecían de permiso de trabajo, por lo que no asistieron al juicio, siguiendo mi consejo, para no correr el riesgo de ser detenidos y repatriados. Las diligencias se incoan por denuncia de Aiju-Ye, esposa de Chum Ping Wang, dueño del restaurante. La denuncia era por agresiones e insultos de los cuatro hermanos Chum Ping a Aiju-Ye, cometidas en el restaurante en ausencia de Chum Ping Wang, quien no estaba presente porque había ido a operarse del estómago a su país.

»El día del juicio, finalmente comparecen sólo los dos mayores. Nos acompaña el hermano mayor y jefe, Chum Ping Wang, para hacer de intérprete, pues es el único de los hermanos que habla español. Al juicio tampoco asiste Aiju-Ye (denunciante), que después de las supuestas agresiones se había marchado a Algeciras con su hermana mayor, llevándose los artículos más valiosos existentes en el restaurante y el coche recién comprado por el matrimonio, un Renault 21.

»El acto del juicio fue aproximadamente de la siguiente manera: la juez, el secretario del juzgado, y el fiscal estaban dentro, anteriormente ya habían celebrado otra vista. Entro y me siento en el lugar de la defensa. La juez le dice a la agente judicial:

»—Vamos a celebrar el juicio de faltas 7/90; que pasen los acusados.

»Mientras la agente judicial sale a la puerta de la sala de vistas y comienza a llamar en voz alta a los acusados —los cuatro hermanos Chum Ping—, me dirijo a la juez diciéndole:

»—Con la venia, señoría, dos de los acusados se encuentran fuera de la ciudad y sólo comparecen los dos hermanos mayores. Los denunciados, por otra parte, no hablan nada de español y viene el hermano mayor, que no es denunciado, como intérprete.

»La juez asiente, al tiempo que se oye de fondo un murmullo. La agente judicial, que no sabe que no comparecen los dos hermanos menores, ha salido a la puerta, ha visto en el pasillo a tres chinos y ha comenzado a leer la lista de acusados.

»—¡Chum Ping! ¡Chum Ping!

»La hermana y el hermano Chum Ping denunciados miran desconcertados y asustados a su hermano mayor, pues la agente no lee bien los nombres y no saben qué hacer. Chum Ping Wang les dice que entren en la Sala, y lo hacen, pero se quedan en el pasillo sin saber dónde sentarse. La agente judicial le pregunta a Chum Ping Wang que por qué no entra. Contesta que a él no le han llamado. La agente judicial mira la lista de acusados y le pregunta:

»—¿Cómo se llama?

»Chum Ping Wang, responde. La agente, comprueba en la lista que todos los acusados se llaman Chum Ping, le dice que ya le ha nombrado y le invita a entrar en la Sala. Chum Ping trata de explicarle que él es el intérprete. Mientras resuelven el malentendido entre la agente y Chum Ping Wang, la juez, al ver que los dos hermanos denunciados se quedaban en el pasillo sin saber dónde sentarse, se dirige a ellos:

»—¡Siéntense en el primer banco! —los chinos se miran sonrojados, pues no entienden ni una palabra.

»Le vuelvo a decir a la juez que uno de los hermanos está en la puerta porque es el único que habla español en el momento que entra en la sala Chum Ping Wang. Mientras, el Secretario y el Fiscal han logrado hacer entender a los dos denunciados que se sienten en el primer banco. Le hago señas a Chum Ping Wang de que se siente en el segundo, destinado al intérprete. La juez, que estaba leyendo la denuncia, levanta los ojos y al ver a un chino sentado en el segundo banco, se dirige a él y le dice:

»—¿Cómo se llama usted?

»Chum Ping Wang, contesta. La juez mira la denuncia para cerciorarse, y le dice muy resuelta:

»—Chum Ping Wang, ¡pues siéntese en el primer banco!

»Me cuesta trabajo aguantar la risa y le digo a la juez que se trata del intérprete. Su señoría intenta mantener su habitual tono agrio y autoritario, pero se le escapa alguna sonrisa. Le ordena mostrar su documentación al secretario y comienza a leer los nombres de los denunciados para que así se compruebe si es acusado o no lo es. El secretario no se aclara con los nombres y se pone incómodo. La juez me mira, y ante las dudas del secretario ordena a Chum Ping Wan que vuelva al segundo banco.

Comienza el interrogatorio. El fiscal le pregunta a uno de los acusados:

»—Con la venia de su señoría, ¿Es cierto que usted, Chum Ping, en compañía de sus hermanos agredieron a Aiju-Ye en el restaurante propiedad de su hermano Chum Ping Wang?

»Ella responde que no es cierto. El fiscal se dirige a la juez:

»—No hay más preguntas, señoría.

»La juez se dirige a la defensa:

»—Ninguna pregunta, señoría.

»Se interroga al hermano denunciado en los mismos términos que a su hermana y con los mismos resultados. La juez entonces se dirige nuevamente al fiscal, quien pasa a informar sobre sus conclusiones definitivas. Hay cierto ambiente en la Sala de vistas en el que todos, incluso los tres hermanos Chum Ping, se sonríen, aunque un poco avergonzados.

»El fiscal, ante la falta de pruebas, retira la acusación. La defensa solicita, por falta de pruebas, la absolución de los denunciados. Y la juez, riéndose, dice:

»—Visto para sentencia, ¡desalojen la Sala!»

Nadie escarmienta en cabeza ajena, y bien lo sabe aquella agente judicial, una mujer joven y probablemente recién llegada al cargo, que sólo pretendía desarrollar su trabajo de la forma más diligente posible. Sin embargo, el excesivo celo profesional de esta diligente agente le hizo meter la pata. Se encontraba sustituyendo a una compañera que había sido reclamada para otros menesteres, no había asistido al juicio desde su inicio y desconocía por tanto las peculiaridades del mismo.

Nada más entrar en la sala, se percató de que en el banquillo de los acusados dos individuos se estaban cuchicheando algo al oído. Ni corta ni perezosa, trató de poner orden y les increpó en tono imperativo:

—Guarden silencio, y no hablen el uno con el otro durante la vista.

En ese momento, el presidente del tribunal se vio obligado a amonestar a la diligente funcionaria, advirtiéndole que el autor de los cuchicheos no era otro acusado, sino un intérprete que cumplía con su misión. Se estaba juzgando a un ciudadano extranjero que no hablaba muy bien el español y por eso se había requerido la ayuda de un intérprete, que garantizara así su derecho a la defensa. Vaya resbalón... por entrar tan atropelladamente en una sala de vistas.

Pocos se libran de un mal resbalón. Un juez de Ceuta nos refirió la anécdota de un fiscal que tenía un problema en un pie, y que coincidió en un juicio con un abogado que había sufrido un accidente y también caminaba mal; además, se encontraba con ellos otro letrado que tenía una prótesis en una pierna.

El juez, mientras se debatían las cuestiones previas, dado que había bastante desconcierto con las pruebas, exclamó, tal vez sin pensar en la literalidad de su desafortunada expresión:

—Señorías, me parece que este juicio cojea por todas partes...

Aunque algo así le puede pasar a cualquiera. Había en Sevilla un juez que tenía por costumbre anticipar de viva voz sus sentencias, al término de los juicios que celebraba. Tras examinar el caso, y antes de que el imputado se retirase, ya le anunciaba cuál sería la sentencia. Por ejemplo: «Está usted condenado a la siguiente pena, de conformidad a lo solicitado por el Ministerio Fiscal».

Pero aquel día su señoría exclamó: «Señor... está usted condenado a una pena de...». El secretario se quedó estupefacto, y sin que nadie lo advirtiera le tiró al juez de la toga y murmuró: «Señoría... que se ha confundido usted con los nombres, que acaba de condenar al forense».

Entonces su señoría tuvo una reacción tan rápida como precipitada para tratar de salvar la situación: «Señor..., tiene usted veinticuatro horas para recurrir». El forense debió pensar que nunca antes un peritaje había sido tan cuestionado como éste, habida cuenta de la condena que le impuso su señoría. Al final, como suele ocurrir en estos casos, el error material fue posteriormente subsanado con diligente rapidez.

En definitiva, que las prisas son malas consejeras, aunque —ya se sabe— tampoco hay que exagerar. Más de tres años: ese fue el tiempo que un tribunal tardó en enjuiciar a un joven acusado de un robo con intimidación porque no se le había localizado, y al cabo de los tres años se comprobó que el individuo en cuestión llevaba todo ese tiempo cumpliendo condena en prisión.

La falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, y las administraciones de Justicia y Penitenciaria, había permitido que el joven delincuente estuviera más de tres años reclamado por el tribunal, aunque en realidad se encontraba en la cárcel. De libro Guiness.

Pese al tiempo transcurrido, la sentencia no consideró que se produjeran dilaciones indebidas en el proceso, en contra de lo que mantenía su defensa, ya que los magistrados entendían que el acusado había sido detenido el mismo día que debía comparecer a juicio, y durante los tres años siguientes no comunicó al tribunal la situación en la que se encontraba, y que obviamente le había impedido acudir al llamamiento judicial.

Al final, fue condenado a un año de cárcel por haber robado a punta de navaja mil pesetas, y se le aplicó como atenuante la drogadicción que padecía.

Sin embargo, a otro individuo juzgado por la Audiencia de Sevilla sí que se le rebajó la condena porque el juicio había tardado tres años en celebrarse, después de cinco suspensiones motivadas en su mayor parte por la incomparecencia del denunciante, que debía declarar como testigo.

El caso hacía referencia al robo de dos papelinas de droga y, salvo la primera ocasión, en que se señaló fecha para la celebración del juicio, al que no acudió el acusado, el resto de los aplazamientos se produjeron por la ausencia de la víctima.

El tribunal valoró los hechos, y en este caso sí le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, condenándole a un año de cárcel por robo.

7. Cosas con las que no se debe jugar

Podía haber ocurrido en cualquier ciudad, pero pasó en Sevilla, en un mercadillo de venta de animales que se instala todos los domingos en la Plaza de la Alfalfa. En este lugar se suelen dar cita numerosas personas interesadas en comprar y vender todo tipo de animales de compañía: perros, gatos, canarios... Sin embargo, existen severas restricciones para la venta de otras especies de animales silvestres: por ejemplo, las perdices.

Una mañana, alguien trató de gastarle una broma a un policía local que un año antes le había intervenido un pájaro de plumas. Para ello, el bromista se presentó en esta plaza portando una jaula de perdiz cubierta con una tela.

El agente, al percatarse de su presencia, le pidió que le mostrara el contenido de la jaula, a lo que el singular bromista se negó, aduciendo que no había ningún pájaro en su interior. Ante la insistencia del policía, por fin descubrió la jaula, que contenía un pene de plástico de gran tamaño en el lugar donde el agente esperaba encontrar otra especie bien diferente de pájaro.

El policía, que se quedó estupefacto ante el hallazgo, identificó al bromista, y a continuación le denunció por una falta de ofensas a la autoridad, porque habían intentado ridiculizarle en público. Incluso aseguró que un compinche del bromista merodeaba por allí, dispuesto a tomarle una fotografía en el momento de descubrir la singular perdiz.

El caso acabó en un juzgado de Instrucción de Sevilla, con la pieza fálica de convicción incluida, y se celebró un divertido y peculiar juicio, en el que tanto el ofendido como supuesto ofensor y demás testigos prestaron declaración. Los términos parecían una clase de ornitología sexual o el diálogo de una película pornográfica. Aunque el asunto iba de pájaros, no se habló ni de alpiste ni de plumaje:

—Entonces, ¿usted le enseñó el pene de plástico, o la jaula del pájaro con la funda?

El asunto culminó con una sentencia absolutoria para el bromista, a quien se había reclamado una multa de 30.000 pesetas. El juez consideró en su sentencia que el acusado no había tenido intención de menospreciar o lesionar el principio de autoridad que encarnaba el agente, y en este sentido recordó que le había mostrado el contenido de la jaula a requerimientos del policía.

En la vista oral tampoco se pudo acreditar que realmente llegara a hacerse aquella fotografía destinada a inmortalizar tan esperpéntica escena, aunque hoy todavía muchos de los asiduos del mercadillo recuerdan el día en que un pájaro de plástico suplantó a una perdiz.

Imaginamos que el agente implicado, a partir de entonces, cada vez que volviera a prestar servicio en el mercadillo de la Alfalfa, se lo pensaría dos veces antes de pedirle a un ciudadano que le enseñara el pájaro que llevase o el contenido de la jaula que transportara —que no es necesariamente lo mismo—, con el riesgo de exponerse a un nuevo sobresalto ocular.

Ignoramos si el tan traído y llevado pájaro de la sevillana plaza de la Alfalfa, fuese perdiz o canario, es el mismo al que aludió el exasperado fiscal de un juicio por una violación que se celebraba en Extremadura. El fiscal estaba interpelando a varios acusados:

—¿Usted violó a la señorita?

—Yo no fui.

—Sus dos compañeros han dicho anteriormente que ellos tampoco fueron, porque uno estaba en el coche, camino de su casa, y el otro, al parecer, fuera de la habitación.

—Pues yo tampoco fui —insistía el tercero en el banquillo.

El fiscal muy enojado y viendo que se le ponía el juicio cuesta arriba, salió por peteneras:

—A ver si ahora ha violado a la señorita un pene teledirigido.

El 2 de marzo de 1993, en la sección de sucesos del diario Levante de Valencia, se publicó el siguiente titular: Condenan a dos años a una prostituta que abusó de un taxista. No, no han leído mal, ni se trataba tampoco de una broma de los duendes de la imprenta. Una prostituta fue condenada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a dos años de prisión menor como autora de una agresión sexual a un taxista. El tribunal revocó una sentencia absolutoria de un juzgado de lo Penal y consideró probado que en julio de 1992 Inés C. obligó al taxista a detenerse en un descampado, y tras desnudarse, abusó del conductor. Posteriormente, le mostró un cuchillo y le obligó a entregarle las once mil pesetas de la recaudación.

La víctima pidió ayuda a otros compañeros a través de la emisora, consiguiendo así detener a la condenada, que viajaba en otro taxi y a la que se le ocuparon en el bolso las once mil pesetas, un cuchillo y unas bragas negras. El tribunal afirmó en los fundamentos de derecho que esta «historia casi bocacciana es posible y creíble», ya que «la víctima y la acusada no se conocen».

Ya lo hemos advertido: hay cosas con las que no se debe jugar. Así lo entendieron los jueces brasileños, conocidos en el mundo del Derecho por las peculiares sentencias que dictan; concretamente, un juez del Tribunal Civil de Río de Janeiro, que falló en contra de las hijas del ídolo de fútbol del país, Manuel dos Santos, más conocido como Garrincha.

Las herederas del astro habían demandado a un periodista, al que reclamaban una indemnización por los daños morales ocasionados en una biografía en la que se mencionaba la legendaria potencia sexual del deportista.

En contra de las demandantes, el juez valoró que, lejos de ofender la memoria del jugador, el libro suponía un elogio, por cuanto «las afirmaciones de poseer un órgano genital de veinticinco centímetros y ser una verdadera máquina de practicar sexo, más que resultar ofensivas, son elogiosas», rezaba la sentencia.

De la misma forma, el juez sentenció en su resolución que «es necesario anotar aquí que tener un miembro sexual grande, por lo menos en este país, es motivo de orgullo, puesto que es símbolo de masculinidad». Y lo mismo podía aplicarse a nuestro país, donde una demanda de similar calibre probablemente tendría el mismo destino que en Brasil.

En Alemania, sin embargo, las cosas son diferentes, a tenor de la curiosa sentencia de un tribunal de Berlín que condenó a un joven de veintisiete años que se dedicaba a robar gafas a ancianos por el placer sexual que le producían estos objetos.

El joven fue condenado a dos años de cárcel después de haber robado en plena calle las gafas a sus víctimas, con la única finalidad de poder utilizarlas posteriormente como un estímulo sexual. El individuo declaró que estaba obsesionado con las gafas desde su infancia, y que un irrefrenable deseo de satisfacción sexual le empujaba a robar las lentes a las personas mayores.

Su mujer corroboró las aficiones del marido, y aseguró que tenía especial predilección por las gafas caras y de montura metálica, y a ello añadió que su esposo «se volvía como un niño» cuando regresaba a casa con un nuevo par de gafas. Los psicólogos consideraron que una terapia con el acusado no obtendría resultados, puesto que no había mostrado intención de enmendar su conducta. El condenado aseguró, no obstante, que a partir de entonces compraría las ansiadas gafas en los mercadillos, para así poder seguir satisfaciendo sus instintos fetichistas.

La experiencia judicial demuestra que en asuntos de esta índole hay que tener mucho cuidado con los extranjeros. En un pueblo gaditano, en el transcurso de un verano algo más que caluroso, un grupo de jóvenes extranjeros celebraban una fiesta en una de las casas de alquiler de la localidad. Nadie podía pegar ojo en el barrio por los gritos y la música, nada sorprendente en una gran fiesta juvenil.

Algún vecino decidió llamar al cuartelillo para que se personaran allí los civiles.

El atestado de la pareja de la Guardia Civil fue tan verídico como esclarecedor: «A las cuatro de la madrugada del dos de agosto, estando varias parejas desnudas y otra semidesnudas, en el domicilio sito en la calle...». Y llegado este punto, los agentes de la autoridad se veían obligados a especificar: «Todas las parejas desnudas, menos la que suscribe el atestado». Por si a algún malintencionado quería entender más de la cuenta.

Aunque para extranjeros con calores estivales, los veraneantes de Benidorm, que provocaron la mayor conmoción erótico-veraniega conocida en la ciudad desde la llegada de las primeras suecas. Como el asunto más bien parecía una noticia del 28 de diciembre o un gazapo periodístico, contactamos personalmente con nuestro compañero Jorge Fauró, del diario Información de Alicante, quien no sólo nos confirmó que la noticia era totalmente cierta, sino que también nos confirmó sus pormenores.

El titular rezaba de esta guisa: Cinco jóvenes montan una orgía en la playa ante los vítores de doscientas personas. Dos de los detenidos continuaron con su «fiesta» dentro del furgón policial. Al parecer, sobre las tres y media de la madrugada, un honrado ciudadano acababa de comunicar a la Policía Local de Benidorm que un grupo de hombres estaba violando a una mujer en la playa de Levante. Cuatro agentes se presentaron inmediatamente en el lugar donde presumiblemente ocurría el delito, incluso con sus armas reglamentarias desenfundadas, ante la presunción de una flagrante violación. Pero nada más llegar, se empaparon de lo que realmente estaba sucediendo.

El parte policial no tiene desperdicio y puede considerarse una obra maestra de la narrativa policial mundial, en buena medida atribuible al estupor y perplejidad de los agentes. Relata el atestado que «personados en el lugar (Playa de Levante a la altura de la calle Mallorca, zona inglesa) se comprueba la congregación de unas doscientas personas que vitoreaban a otro grupo de cinco personas, una señorita y cuatro hombres». El atestado policial llega a especificar incluso las prácticas sexuales simultáneas en las que se afanaban tan fogoso grupo de amigos. Y sigue diciendo que «se pudo constatar que los gritos proferidos por la mujer no eran en demanda de auxilio o socorro, sino producto de su gran excitación».

Los actores de esta escena más propia de película X fueron una «británica de 31 años, otro súbdito británico, novio de la anterior, de 40 años, un francés, de 22; un suizo, 32 años, y por último otro suizo, de 26 años». Y sobre este último, la Policía precisaba: «en espera y masturbándose».

Tras la lógica intervención de la policía y la interrupción de los hechos, los agentes ofrecieron al respetable público la posibilidad de presentar una denuncia por lo que parecía a todas luces un claro delito de exhibicionismo. Ninguno de los presentes, y eran al menos doscientos —la mayoría de ellos ocupados afanosamente en sus cámaras fotográficas y de vídeo— quiso acompañar a los agentes, y nadie pareció interesado en denunciar los hechos.

Se comprobó que no había menores en los alrededores del corrillo, y como los protagonistas de la monumental orgía carecían de documentación, los agentes decidieron llevárselos a la Comisaría en el furgón policial para proceder a su identificación. «A los implicados se les indica la prohibición de realizar este tipo de acto en público, al objeto de no herir la sensibilidad de otras personas», explicaron los agentes a los cinco protagonistas.

Y bien que tomó nota aquel fogoso grupo de amigos de aquella advertencia. Así lo contó el atónito agente en su informe: «Al llegar a las dependencias policiales y abrir las puertas del furgón, pudo observarse cómo la joven reseñada se estaba calzando al último de los reseñados, dando así por finalizada su brillante actuación».

Punto y final a la historia, a la noticia y al parte policial. Esta noticia corrió como un reguero de pólvora y llegó hasta la mismísima Gran Bretaña, de donde eran naturales algunos de los protagonistas, e incluso el diario británico The Sun se hizo eco de este episodio playero.

Es fácil relacionar estos desafueros hormonales con los fuertes calores estivales, a los que los visitantes foráneos no estarían muy acostumbrados. Pero en la memoria judicial hay documentados casos de este tipo hasta un seis de enero, festividad de los Reyes Magos. Y el remoto visitante venía nada menos que de Oriente: el propio rey Melchor. Los letrados que se encontraban ese señalado día en un juzgado andaluz, e incluso el fiscal que tenía guardia de detenidos, pensaron que se había organizado algún evento en las dependencias judiciales, al tropezarse en el juzgado de guardia con uno de los reyes de Oriente, con capa, barba y demás atavíos.

Aquel rey Melchor acababa de ser detenido por exhibicionista en la cabalgata de Reyes de un pueblecito, y puesto luego a disposición judicial. Y su mujer no dejaba de repetir cuando fue a verle con el abogado:

—Mi Pepe es muy buena persona, sabe usted, pero cuando se toma un par de copas, pierde los papeles y no sabe lo que hace...

Menudo cuadro. Como el que se montó en un juicio por lesiones, durante una bronca en la que estaban implicados dos hombres y una mujer. Cuando llegó el turno de la declaración de los acusados, uno de ellos de mediana edad, con el pelo corto, peinado hacia atrás, pantalón blanco y polo ceñido, fue el primero en ponerse de pie para contar lo que había ocurrido en la trifulca.

—¿Qué pasó allí el día de autos? —preguntó el juez.

Responde el primer acusado:

—Nada, señoría. Esta mujer y yo estábamos montando un cuadro para el cliente y después empezó el follón.

—¡Ah! ¿Son ustedes pintores? —dijo el juez.

Y contestó el acusado:

—Pintores no, señoría. Yo soy maricón, y estábamos montando un número con la puta para el cliente, que por cierto nos pagó muy bien. ¿Lo entiende usted ahora, señoría?

Tras esa explicación, el juez comprendió perfectamente la escena de los hechos de forma gráfica y con todo lujo de colores.

Otro lector, Jaume Bover, nos contó un caso ocurrido en Manacor (Mallorca) en la década de los cuarenta, cuando la madame de un prostíbulo fue citada para comparecer ante el juez por cierto asunto relacionado con el local.

La mujer se atavió con sus mejores y más llamativas galas para acudir a tan solemne y digno lugar. Tan espectacular resultó su indumentaria, que el juez, al verla, no pudo por menos que decirle:

—Señora, ¿cómo viene usted vestida de este modo?

—No querrá su señoría que venga vestida con la ropa de trabajo... —respondió la mujer.

Porque hay preguntas que se las traen. Así le sucedió a una juez en prácticas que acompañaba a la titular en el juzgado de guardia. Aquel día habían detenido a una chica por una estafa. La joven era atractiva, de unos treinta años y vestía de forma muy elegante.

La juez novata no perdía detalle en el juzgado de guardia sobre su declaración, y junto a ella permanecían también el fiscal, el abogado de la defensa y el secretario.

—¿Nombre? —le preguntó la juez titular a la detenida.

—Ana López López.

—¿Edad?

—Treinta años.

—¿Profesión?

La guapa y esbelta joven acusada de estafa bajó entonces el tono de la voz, y contestó de forma tímida y retraída:

—Soy de la carrera, señoría.

En ese momento, ante la mirada estupefacta de todos los presentes, replicó la juez novata:

—¿Ah, sí? ¿Y de qué promoción eres?

En estos asuntos, como aprendió rápidamente la juez novata, hay que tener mucho cuidado con las preguntas que se hacen... casi tanto como con las respuestas. Jamás una pregunta de un fiscal a un testigo en un juicio había tenido tanta repercusión simpática en una sala de vistas. Varias personas acusadas de añadir clembuterol a la alimentación del ganado se sentaban en el banquillo. La sala estaba repleta de público, entre periodistas y empleados de la finca ganadera donde se había cometido la práctica ilegal. Un testigo fornido, alto y con cara algo tostada por el sol, ataviado con camisa de cuadros, comparecía en el estrado para declarar ante el tribunal, con las dos manos en la espalda. Lo que se debatía era si los dueños de la empresa le habían suministrado clembuterol a las vacas para que engordaran de forma rápida.

El fiscal tenía la venia de la juez y comenzaba el turno de preguntas al testigo, un trabajador de la finca ganadera, un auténtico vaquero. En el banquillo se sentaban varias personas, los dueños y algunos empleados, los de mayor responsabilidad.

El fiscal fue muy explícito:

—Entonces, ¿la señorita era la encargada de echar los polvos?

El testigo enmudeció, mientras al fiscal le aparecía el color rojo de alarma en su rostro. La sala se vio envuelta en un silencio sepulcral. Pasaron unos segundos hasta que el fiscal, la juez, los abogados, comprendieron cómo se había formulado la pregunta. Las sonrisas empezaron a aflorar en los presentes, menos el testigo que permanecía inmóvil y mudo.

Nunca respondió a la curiosidad del fiscal por saber quien echaba los polvos, porque salieron algunas risas contenidas, incluida la del representante del Ministerio Público, que no sabía si hacer la pregunta de otra manera o bajar la cabeza y meterla en el estrado, para así disimular su sonrisa contagiosa que llegó a todos los presentes.

Y nada mejor para terminar este repertorio de cosas con las que no se debe jugar que un desahucio. Ya se sabe que cuando alguien no puede pagar su casa y lo desahucian —esto es, lo ponen de patitas a la calle— por no abonar el recibo del banco o del casero, se inicia un proceso en que, tras numerosas cartas del juzgado, el inquilino ya se espera lo peor y ha preparado los muebles y los cuatro enseres para que cuando lleguen los del juzgado no haya mucha demora.

En un desahucio se pueden ver lágrimas, gritos, portazos, escenas de dolor, también evidentemente de amor, y muchas más cosas...

Completamente pasmados se quedaron un agente judicial, un procurador y el cerrajero que procedieron a forzar la puerta de un domicilio, después de requerir infructuosamente la atención de los moradores. El procedimiento habitual, si los inquilinos no franquean el acceso, es entrar por la fuerza en la casa para comunicarles que abandonen el domicilio por mandato judicial. Los inquilinos, que habitualmente ya saben que los van a echar, y que además es cuestión de poco tiempo, aprovechan para despedirse —cada uno a su manera— del que ha sido su domicilio conyugal.

En este caso, la pareja eligió manifestarse mutuamente su amor, de tal manera que fueron sorprendidos por agente, procurador y cerrajero en pleno acto sexual. Nunca una comisión judicial había sido recibida de forma tan amorosa: así da gusto un desahucio. Sin embargo, y según reveló un miembro de dicha comisión judicial, ni siquiera eso impidió que tan efusivos amantes tuvieran que abandonar el lecho conyugal... antes del momento culmen, por mucha pasión que le pusieran en los últimos instantes.

8. Condenas ejemplares

En la década de los ochenta un horrendo crimen conmocionó a toda la sociedad malagueña. Un hombre acababa de matar a varios miembros de su familia. Después de los brutales asesinatos se dio a la fuga, llegó hasta la costa y prosiguió la huida en un hidropedal. Un pesquero lo recogió extenuado en alta mar.

Los pescadores dieron parte a las autoridades y fue detenido. Ya en el juzgado de guardia, se evidenció su estado mental: dijo que había tratado de escapar en hidropedal hasta Argelia y que oía voces en su cabeza.

El forense decidió entonces practicarle un electroencefalograma. Una vez conectado al electroencefalógrafo, lleno de cables por todas partes el presunto homicida y en presencia de las autoridades judiciales, se iba a proceder al examen. La máquina en cuestión no se empleaba mucho y, además, el ayudante del médico forense era nuevo. Tan novato era que preguntó al forense:

—Señor forense, ¿como lo hacemos? ¿A ciento veinticinco o a doscientos veinte?

Pero antes de que respondiera el atareado galeno, se escuchó la vocecilla entrecortada del acusado que balbuceaba:

—¿Pero así, ya está, sin juicio ni nada? —preguntó el detenido, convencido de que le iban a ajusticiar por el método americano.

Precisamente fue un juez de San José (Estados Unidos) quien impuso tres años de cárcel a un técnico de telefonía por matar a un perro, de nombre Leo, después de que el can le mordiera, tras haber sufrido un accidente de tráfico con el vehículo de su dueña en las inmediaciones del aeropuerto californiano.

El joven condenado había sacado al perro del automóvil de su propietaria y lo había arrojado a la autopista, por donde circulaban numerosos vehículos a gran velocidad.

Según su versión de los hechos, la muerte del perro fue accidental, después de que le mordiera en una mano y el joven reaccionara instintivamente, pero eso no evitó que el juez le impusiera la máxima sanción por un delito de crueldad con los animales.

La Constitución española habla de la publicidad de las sentencias: «Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública».

Así lo debió de entender un ciudadano en un pequeño pueblecito de la isla de Las Palmas. Un acusado por robo se despertó un día por la mañana con todo el pueblo empapelado con la sentencia que había dictado un juzgado contra él.

No se sabe cómo, pero en paredes, muros, y fachadas de la pequeña localidad aparecía el fallo judicial por todas partes. Tampoco se supo quién había dado tanta publicidad a la resolución del juzgado, pero quien quiera que fuese, además de querer cumplir con la norma, no se llevaría muy bien con el procesado, y le hizo flaco favor en su pueblo.

En su última sentencia como juez de instrucción en Málaga le tocó juzgar a un delincuente habitual a quien su señoría había condenado una y otra vez por la comisión de diversos delitos.

Para celebrar su marcha del cargo, el juez redactó una peculiar sentencia en la que condenaba al acusado, un toxicómano, a una pena mínima de 6.000 pesetas por haberle intentado robar los cupones a una vendedora de la ONCE.

Aunque la exigua pena podía ser discutible, no tendría que haber pasado a mayores de no ser por el lenguaje coloquial que el juez empleó al redactar la sentencia, ya que justificaba la condena impuesta en que había cogido cariño al reo tras muchos años «arreándole hostias».

Los fundamentos de derecho del fallo quedarán para los anales de la judicatura, y en ellos manifestaba el juez que el acusado estaba «muy acabado», al tiempo que afirmaba que la Ley impone «menos pena a los chotis si les trincan y se comen el marrón».

El juez proseguía confesando que le hubiera gustado absolver al procesado, pero «no me deja el juez que llevo dentro», y además señalaba que el fiscal «que es muy buena gente, pero es fiscal, se va a cabrear y con razón».

El fallo de su señoría iba incluso más allá, y al definir el delito que se imputaba al acusado comenta que «intentar mangarle los cupones a una ciega es ya lo último; aunque sea una ciega con un par de..., como en este caso». Y añadía: «Aunque bien es cierto que casi todos los vendedores de cupones los tienen bien puestos y es difícil dársela con queso», explicaba con relación a la resistencia que opuso la víctima al robo.

Más adelante, la sentencia ponía de manifiesto que «habría que darle caña» al acusado, pero el juez sentía pena por él porque «el hombre te sale con lo de la droga, el síndrome y el mono, y estaba muy colgao».

En cuanto a la pena de multa que le imponía al acusado, el juez afirmaba que «si no tiene un duro el hombre, pues qué le vamos a poner, la mínima, doscientas pesetillas por día, como el del anuncio del giliflautas ese de la ilusión (hombre, qué casualidad, ese abominable anuncio es de la ONCE, me parece)».

La redacción final de la sentencia no agradó mucho a sus superiores y al final el que se llevó la bofetada fue el propio juez, ya que el Consejo General del Poder Judicial le condenó a pagar una multa de 150.000 pesetas por una falta disciplinaria grave, por desconsideración hacia los ciudadanos. Para que luego digan que las sentencias de los jueces tienen un lenguaje incomprensible para la población.

En realidad, jueces más o menos peculiares los ha habido siempre, como aquel juez de instrucción que, hace ya algunos años, tenía que tomar declaración a una joven gitana detenida por un delito menor. Su señoría comenzó el interrogatorio:

—¿Su nombre?

—No voy a decir ná -respondió la gitana con tono resabiado.

—¿Dónde vive? —insistió el juez.

—Que no digo ná.

—¿Usted sabe de qué se le acusa?

—Ya le digo que no voy a decir ná, pero ná.

El juez, ante las reiteradas negativas de la joven, dijo en tono solemne:

—Avisen al médico forense para que le corten a la detenida el dedo índice y lo lleven de inmediato a dactiloscopia para su identificación.

Nada más oír el comentario del magistrado, la joven cambió de actitud y empezó a cantar de lo lindo, mostrándose absolutamente colaboradora con el juez.

La broma del juez permitió que al final la joven declarara, aunque en este caso influyó la ingenuidad de la detenida. Hoy en día, ya se sabe, es difícil que se produzcan situaciones como la descrita, porque hay delincuentes que conocen sus derechos mejor incluso que algunos letrados del turno de oficio, y llegan a calcular con exactitud meridiana el tiempo que aún les queda de prisión, en aquellos casos en los que han refundido varias condenas.

Inevitablemente, hay quien no se entera de cuestiones tan básicas como los derechos fundamentales. Y en todos los sentidos. Los tribunales de Valencia condenaron a un policía local de la provincia por un gorrazo. Literalmente. Cuando estaba de uniforme, le propinó un gorrazo a un niño —con su gorra reglamentaria, se entiende— porque creyó que le había insultado. Según la sentencia, el menor recibió el gorrazo cuando llamó capullo a un compañero que acababa de pisarle en mitad de la calle durante una excursión.

La fatalidad quiso que el policía local estuviera al lado de ellos y creyera que el niño se refería a él, y así acabó esta historia de críos en el juzgado. El agente de policía local se dio por aludido y le soltó un gorrazo, «quizás con el canto duro de esta prenda de uniforme, con la intención de golpear», según recoge la sentencia. Parece que el niño sufrió un pequeño hematoma en la cara.

El policía local concluyó su inopinada intervención con la frase: «Capullo será tu padre», y fue condenado por una falta de lesiones a treinta mil pesetas. Condenado por ser demasiado susceptible, un poco duro de oído... y algo ligero de gorro.

Sospechamos que aquel policía local no había oído hablar de Emilio Calatayud, a quien parece obligado referirse en este capítulo, a pesar de que sus particulares sentencias no sean de juzgado de guardia sino, más bien al contrario, muy celebradas desde bastantes sectores de la sociedad y la judicatura española.

Emilio Calatayud es desde 1988 juez de menores en Granada, donde también ha sido juez decano. Su figura y personalidad se han hecho populares en los ambientes judiciales y en la opinión pública a través de los medios de comunicación y gracias a sus famosas sentencias, esas medidas que a más de uno se le ocurren alguna vez para alguien que se ha portado mal y no suelen ser aplicadas por la mayoría de los jueces. Él sí lo hace, pensando ante todo en la reinserción y en la reeducación de los menores. Dicta unas trescientas sentencias al año como media, pero aquí sólo recogemos las más interesantes de las cuatro mil que ha dictado hasta ahora para jóvenes menores que van desde los catorce a los dieciocho años.

Quizás las pintorescas sentencias sean fruto del primer castigo que recibió este juez cuando tenía tan sólo catorce años y no aprobó el curso. Su padre le condenó a trabajar todo el verano en un taller mecánico a medio kilómetro de su casa. «O estudias, o trabajas», le dijo el padre. Emilio Calatayud lo tuvo claro desde entonces, y acaso este primer castigo le sirvió de inspiración para unas sentencias en las que lo importante que es aplicar una buena medida a tiempo.

Así, un chico de una familia bien, que entró en casa del vecino en la urbanización de verano para llevarse lo que no era suyo, tuvo que pedir perdón públicamente a sus vecinos por lo que había hecho. Otro joven que disparó con una escopetilla de plomos contra su vecino también tuvo que pedir perdón a sus vecinos por haberse portado mal con ellos.

Una estudiante, pillada in fraganti llevándose artículos de tres tiendas de una cadena de ropa femenina, se pasó cuarenta horas empaquetando juguetes para los niños más necesitados. Hoy estudia primero de Derecho. Idéntica pena le impuso a dos jóvenes que atracaron a un menor y le quitaron el poco dinero que llevaba encima.

Si algo parece obsesionar a Emilio Calatayud cuando impone una condena es la educación. Un chico de quince años que intentó robar una carretilla de una empresa de construcción se tuvo que aprender la cartilla de la a a la zeta. Meses después el propio juez le hizo un examen para comprobar cómo había evolucionado, porque el joven, que no sabía ni leer ni escribir, tampoco era muy avispado, y el día del robo incluso intentó sacar la carretilla por un agujero que era más pequeño que el botín. Tras varios meses de estudios y Palau, debió aprender algo, además de una buena lección para el resto de su vida.

Incluso las propias víctimas de estos delincuentes juveniles se han unido a las iniciativas de Emilio Calatayud. Un padre y su hijo menor de edad dieron un tirón a una turista extranjera y le robaron joyas por valor de cincuenta y cuatro millones de pesetas. La víctima, que recuperó sus joyas tras las investigaciones policiales, ha accedido a pagar al joven los estudios, abandonados por éste hacía unos años. Y como la tele engancha y quita horas de lectura, un joven que robó un video tuvo que pasarse leyendo y escribiendo varios fines de semana. Una imagen no vale más que mil palabras.

También son llamativas las penas impuestas ante las infracciones de tráfico. Por conducir un ciclomotor sin seguro o no llevar el casco, varios jóvenes han tenido que hacer un curso completo de seguridad vial. Un chico, que dio positivo en un control de alcoholemia de la Policía cuando conducía un ciclomotor, pudo comprobar las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol: se pasó veinticuatro horas acompañando a un joven tetrapléjico, que había sufrido un accidente de tráfico. Además tuvo que ir al hospital y ver una intervención quirúrgica de un accidentado. Por último, para hacer balance, escribió a mano veinticinco folios sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico.

Idéntico espíritu educativo tuvo la pena impuesta a un joven de diecisiete años detenido con unas treinta pastillas de éxtasis, que tuvo que cumplir un mes visitando un centro de drogodependientes para comprobar lo duro que era la reinserción de los chicos adictos a las drogas. Otro joven que fue localizado en la puerta de un instituto con varias pastillas y bolas de hachís destinadas a las fiestas de la movida tendrá que colaborar tres fines de semanas a primera hora de la mañana con los servicios de limpieza municipal de Granada: así conocerá las consecuencias de la movida. Y otro que se dedicaba a quemar las papeleras que se encontraba a su paso debió pasarse varios fines de semana con un equipo de extinción de incendios, para que supiera lo que costaba apagar un fuego.

Son las suyas sentencias académicas, que limpian, fijan y dan esplendor, como la impuesta a un chico de quince años que le dio una paliza a un compañero de clase cuando salieron del instituto porque «lo había mirado mal»: doce horas durante varios fines de semana limpiando cristales para que sepa cómo se «refleja la mirada y quede limpio su rostro en los cristales». Por pintar en un vagón de ferrocarril grafitis y pinturas no autorizadas, otro muchacho tuvo que trabajar en una estación de tren granadina un fin de semana con los operarios de RENFE, pintando un vagón entero que necesitaba una mano de pintura.

Estos jóvenes —como se observa— se han ganado la redención con el sudor de su frente, como un joven que fue sorprendido colocando un cable en una vía del tren, y se pasó un fin de semana trabajando con los operarios de ferrocarril de la estación de Albolote, en Granada, ayudando a reparar averías y desperfectos. O aquel otro que cedió a la tentación de unos amigos para robar en una tienda de informática de Motril y ha cumplido parte de su deuda con la ley trasladando ordenadores en la mudanza del juzgado de menores a su nueva sede. Para que no se diga que, en casa del herrero, cuchillo de palo.

9. Beatus ille

El poeta latino Horacio —obligado por su padre a estudiar Leyes para hacerle desistir de su vocación poética— elogiaba en su famoso poema Beatus Ille la vida retirada en el campo, frente a la tumultuosa vida en la ciudad y el desasosiego de la actividad forense. Tal vez sus versos hubieran sido muy distintos de haber intervenido en alguno de los casos que reseñamos a continuación.

Las disputas en el ámbito agropecuario pueden llegar a los límites más insospechados y estrambóticos. Un pastor denunció a otro porque las cabras del primero entraban en su finca y se comían la hierba ajena. Al final acabaron en el juzgado, que habida cuenta de otros casos similares, resueltos de forma más expeditiva, no es mala forma de acabar.

La abogada de la acusación particular había aceptado el caso del pastor perjudicado y todos sus comentarios: «Hay que ver a mi vecino, que se le escapan siempre las cabras y pastan en mi finca. No puede ser, señorita letrada, quiero Justicia, porque me está dejando sin hierba».

La letrada conocía el caso con todo lujo de detalles: dónde estaban las dos fincas colindantes, cuándo entraba el rebaño, por dónde lo hacía... por saber, casi se sabía el nombre de las cabras de los dos rebaños, una por una. Pero el pastor denunciante había ocultado un dato fundamental a su abogada, que resultaría decisivo el día del juicio.

—Que entre el acusado —dijo el juez.

Entró entonces en la sala un hombre con su mujer del brazo. La abogada de la acusación intervino rápidamente y manifiesto que sólo había un acusado, no dos. Pero la mujer del acusado replicó:

—Mi marido es ciego, señoría.

La letrada de la acusación se quedó inmóvil, ante la mirada fija del juez y del fiscal, mientras que el abogado de la defensa esgrimía una indisimulada sonrisa.

—¿Pero usted nunca ha visto nada, señor? —insistía en su interrogatorio la abogada para intentar demostrar que, efectivamente, dejaba entrar sus cabras en la finca del vecino.

—No, soy ciego de nacimiento.

Como las cabras tiran al monte y todo el monte no es orégano, la abogada acusadora decidió retirar la acusación, porque la Justicia no es ciega aunque lleve una venda en los ojos. Se ve que las cabras del vecino tenían muy buena vista y comían donde les placía.

Pero no todo van a ser bucólicos rebaños pastando en los campos, por muy ajenos que sean. Las diligencias previas del siguiente caso tuvieron que ser sobreseídas porque nunca se supo quién fue el presunto autor de tan brutal carnicería, por más esfuerzos que hizo el cabo de la Guardia Civil.

No hay duda de que el autor o los autores se ensañaron con la víctima, porque el atestado del cabo era textualmente el siguiente: «En cuanto a los indicios del robo, ha de hacerse constar que el becerro en cuestión se lo han llevado sacrificado, puesto que en el lugar donde se hallaba han aparecido las tripas y las cuatro patas, por lo que piensa, y está seguro, que al autor o autores del hecho les interesaba la carne del becerro que se llevaron, y también la piel del mismo, ya que el animal había sido desguazado y antes le habían dado muerte.» Y es que el cabo estaba en lo cierto, ¿quién iba a sacar las tripas al becerro y cortarle las cuatro patas —como los buenos toreros— sin haberlo matado antes?

Se trataba de pura lógica y el cabo dio evidentes pruebas en su atestado de que sabía razonar y usar las neuronas, aunque su redacción no resultara la más adecuada.

Aunque menos truculento, tampoco tiene desperdicio el caso por el que un juzgado de la comarca sevillana del Aljarafe condenó a un joven a dos años de cárcel por robar el pavo de su vecino. El ladronzuelo de pavos actuó movido por una apuesta ante sus amigos y después de tomar unas copas. Se apoderó del ave, de tres meses de edad, después de entrar en la vivienda del vecino por la azotea. Al día siguiente se presentó la pareja de la Guardia Civil en la casa del ladrón, y la madre de éste devolvió el pavo sano y salvo.

Y añade el juzgado competente del caso del pavo: «El pavo pasa a su propietario quedando bajo su custodia y depósito a disposición judicial a la espera de ser tasado para determinar la responsabilidad civil por el delito».

Los hechos ocurrieron en abril de 2000 y a la hora de escribir estas letras no sabemos:

—Si el pavo está vivo o muerto.

—Cuánto pesa el pavo.

—Cómo se llama el pavo.

—Dónde está el pavo.

—Si se empleó el susodicho pavo como manjar de Navidad.

Por lo demás, el pavo que robó el pavo de momento no ha ingresado en prisión... Échenle guindas al pavo.

No hay nada como cogerle cariño a los animales. Así quedó demostrado en una comarca de La Mancha, en el transcurso de una de esas tormentas de las que encogen el ánimo, sobre todo en una zona donde casi todos los años un rayo fulminaba a alguien.

Los labradores, ante aquellos nubarrones y unos truenos tan estremecedores, se apresuraban a regresar al pueblo, y por todos los caminos marchaba una riada de campesinos. Entre ellos, un hombre de unos sesenta años subido a un borrico, y tras él, a tan sólo unos pasos, su esposa.

Y la desgracia volvió a ocurrir: el hombre cayó fulminado junto al burro.

Al llegar la comisión judicial al lugar del suceso, no sin cierto temor pues todavía se oían truenos lejanos, el espectáculo resultaba desolador. Los gritos y lamentos de la pobre viuda eran dignos de amparo y compasión. La mujer, augurando su triste y difícil futuro, no sólo lamentaba la muerte de su esposo, sino también la pérdida del animal. Y en su desesperación repetía incansablemente:

—¡Y también el borrico! ¡Y también el borrico!

Al juez se lo habían advertido antes de marcharse: «Ten cuidado en los pueblos de Galicia, porque allí hay mucho cacique. Cuida tus amistades». Ante ese consejo, el juez procuró desde el primer día que todas sus relaciones de amistad fueran las mínimas y lo más asépticas posibles.

Claro que había algunas excepciones, las llamadas por entonces fuerzas vivas del pueblo, lejos de toda sospecha, como el alcalde, el boticario, el vista de la Aduana, el médico y el comisario de Policía del puesto fronterizo. Con ellos podía relajarse y no había la menor preocupación, o eso pensaba el juez en su ingenuidad.

Don Ruperto era el alcalde de la localidad, y el jefe local del Movimiento: en aquella época, casi el amo de la comarca. Un hombre afable, servicial, inquieto y listo como él solo. A pesar de su pequeña estatura, debía de albergar un gran corazón, a juzgar por el interés con que atendía a todo el mundo.

Era costumbre en toda Galicia que se celebrara el mercado una vez a la semana, y ese mismo día tenían lugar los juicios, para evitar a los lugareños incómodos desplazamientos. La plaza se llenaba de personas que acudían a vender sus productos y algún que otro a sentarse en el banquillo de los acusados.

Era digno de ver con qué empaque atravesaba don Ruperto la plaza camino del Ayuntamiento, entre pollos, vaquiñas, frutas y verduras. Le paraban los vecinos, saludándole y haciéndole mil reverencias, y en ocasiones cuchicheándole algo al oído. El alcalde tomaba unas notas, daba unas palmaditas en la espalda al paisano de turno y le decía:

—Déjalo de mi cuenta.

Al terminar de cruzar la plaza, el alcalde entraba en el juzgado, ubicado en la planta baja del Ayuntamiento, y charlaba con el juez de asuntos intrascendentes, antes de que dieran comienzo los juicios. Su señoría no advertía que en esas visitas era donde estaba la madre del cordero.

Un día, mientras don Ruperto charlaba con los paisanos y tomaba sus notas, el secretario le dijo al juez:

—Asómese usted a la ventana y fíjese en las personas que hablan con el alcalde.

Efectivamente, eran las mismas que luego se sentarían en el banquillo de los acusados. Sin duda aquella tarde dejarían en casa del alcalde algún que otro jamón, una pareja de pollos o un buen queso. Y el juez, sin probarlos, por más que a los ojos de los paisanos pasaba por poner las sentencias al dictado del alcalde.

Claro, que en más de una ocasión, don Ruperto tendría que decir a su recomendado:

- Non pudo ser, filliño.

Huelga decir que la señora del alcalde no iba nunca a hacer compras al mercado, habida cuenta de las prebendas que recibían.

Luis era el agente del juzgado de Salvatierra, fuerte como un roble, vivo como una ardilla y listo como un zorro. Raro era el día en que, subido en su flamante bicicleta, no tuviera que recorrer muchos kilómetros para llevar alguna citación o asistir, como delegado del juez, a la celebración de un matrimonio.

No se lo tomaba a mal el agente, porque a cuenta de tales viajes aumentaban sus ingresos. Entre dietas, locomociones, invitaciones más o menos forzadas, regalos y otras gabelas, sacaba adelante a su numerosa prole.

Una mañana, se presentó en el juzgado un ciudadano con gran interés en saludar al juez, y el agente hizo todo lo posible por impedírselo, indicándole que su señoría estaba muy ocupado. Insistió el recién llegado, y tras varias excusas y dilaciones, desistió de verle. Pero Luis no sabía que el paisano era paciente y esperó a que el juez terminara su jornada, abordándole a la salida del juzgado. El hombre le habló de un asunto en el que había sido demandado, pero también le preguntó si le había gustado el vino de su cosecha, pues le había enviado con Luis media docena de botellas al conocer por éste la afición que el juez sentía por o viño da terra. Y es que el astuto agente sólo le había entregado una botella del preciado vino, reservándose para sí las demás...

En definitiva, hay que concluir en que los jueces rurales —y lo mismo que sucede con los médicos y los carteros— están hechos de una pasta especial, como reivindicara aquel corredor de fincas con pocos escrúpulos que declaraba en relación con una estafa: había vendido reiteradamente la misma propiedad a diferentes personas y con distintos precios.

—Entonces, ¿no es verdad que usted vendió la finca a esta persona y por este dinero? —preguntó el instructor aportándole datos sobre la venta de la propiedad.

—Correcto —respondió el imputado.

—Más tarde, ¿no volvió a vender la misma propiedad a otra persona y por tal importe?

—Así es, señoría —respondió de nuevo.

—¿Es cierto que posteriormente vendió nuevamente la finca a otra persona por este otro importe?

—Sí —dijo el declarante.

—¡Pues usted me dirá como arreglamos esta situación...! —interpeló vehemente el juez.

—¡Eso mismo digo yo, señoría! A ver si encontramos un juez con dos cojones que nos diga cómo arreglamos esto —aseveró con total espontaneidad y gracia el declarante.

Porque, bien pensado, ¿qué necesidad hay de complicar inútilmente las cosas, sobre todo cuando ya están de por sí suficientemente complicadas? Algo parecido se le ocurriría un buen aldeano de la localidad cacereña de Torrejoncillo que comparecía como testigo. Existía un problema de lindes entre varios comuneros, y se habían desplazado hasta el lugar de la disputa varios abogados, los propietarios y la juez. Tras pasar varias horas dando vueltas por la finca, tomando notas y observando cada parte la situación, todos fueron citados al día siguiente para el juicio.

En el juicio fue llamado a declarar uno de los vecinos más ancianos de pueblo. Tenía más de ochenta años y una boina. Su testimonio resultaba de capital importancia porque era el único que conocía cómo eran las lindes originariamente, de manera que todos los abogados lo abrumaban constantemente con sus preguntas.

—¿Entonces cree usted que la linde estaba donde se encuentra ahora?

—¿Pasaban las canalizaciones por donde discurren ahora?

—Usted lo puede asegurar porque lo recuerda por sí mismo, o porque se lo contaron hace años...

El testigo estaba tan harto que, ante la enésima pregunta, respondió señalando a la juez:

—¡Pregúntenle a ésa, que lo ha visto todo, y déjenme a mí tranquilo, hombre!

Y es que hay cada preguntita que... a veces no se quedan sin la oportuna respuesta. Se estaba celebrando un juicio por la muerte de un joven cuyo cuerpo apareció en mitad del campo y fue encontrando por un agricultor. El fiscal comenzó con la declaración del hortelano que se encontró el cadáver en sus tierras.

—Entonces, señor..., ha declarado que usted iba con su tractor por la finca.

—Sí, señor fiscal.

—¿Y qué vio?

—Un cuerpo tirado en el suelo que no se movía.

—¿Cómo estaba el cuerpo?

—Ya le digo: tumbado y sin moverse, boca arriba y descompuesto. Había, ¿sabe usted?, muchas moscas... y también muy mal olor alrededor.

—¿Y cómo sabía usted que estaba muerto? —insistió el fiscal.

El testigo se puso las manos en jarras, se volvió hacia el público y, golpeando con un pie en el suelo, dijo en tono algo subido:

—Mira que los cojones del fiscal, las preguntas que hace...

Pues eso.

10. Desacatos y cohechos

Que no es fácil la vida de juez, por muy elevada consideración social que se le pueda atribuir a la profesión, es algo que quedará claro al concluir la siguiente colección de desacatos y cohechos. Algo de eso sabía aquel abogado, persistente e incluso contumaz, que se dirigía por enésima ocasión al magistrado para interesarse sobre cómo iba la tramitación de un asunto.

El letrado entró en el despacho y tras preguntar nuevamente sobre el estado de la causa al juez, éste tuvo una salida que podría entenderse como algo fuera de tono. En concreto, el magistrado exclamó:

—Señor letrado, ¿otra vez está aquí? ¡Parece usted una mosca mojonera!

El abogado, ni corto ni perezoso, le replicó:

—Tiene usted toda la razón, señoría: todo el día revoloteando en torno a la mierda.

Menudo planchazo. El juez no sabía qué decir, porque era él precisamente quien había motivado la expresiva respuesta; y es que, como dice el refrán, donde las dan, las toman. Para ocasiones futuras, seguro que tratará de evitar referencias como la que por desgracia pronunció aquel día, porque al final podría salir salpicado, valga también la expresión.

En un juzgado onubense, hace años, el juez de guardia, muy serio y de pocas palabras, accedió a que entrara la mujer de un detenido que iba camino de la cárcel. Seguían a la mujer una prole incontable, toda una guardería de niños, y el más pequeño, un lactante de unos meses, aún iba entre sus brazos. A la desventurada señora sólo le quedaba pedir clemencia para que su marido no entrara en el talego:

—Señor juez, por favor, que tengo muchas bocas que alimentar y un montón de chiquillos... Mi marido no ha sido. ¿Quién va a dar de comer a esta criaturita que tengo en brazos? Por favor, señor juez...

El juez respondió:

—Mire, señora: llevo muchos años de juez y ya me sé estas historias. ¡No puede ser! Además, ni el niño que usted lleva ahí, en el regazo, es suyo, ni nada de nada.

La mujer, enojada, se volvió, y cuando todo parecía indicar que se marcharía por el camino por donde había llegado, se sacó uno de sus voluminosos senos y le roció el rostro al juez con un chorro de leche materna:

—¿Y esto qué es, señor juez? Dígame ahora que no es verdad.

Una joven gitana había sido conducida ante su señoría para declarar después de que la Policía la sorprendiera in fraganti cuando se dedicaba a la venta de papelinas de droga, hechos que habían ocurrido en la localidad sevillana de Utrera.

Al término de su declaración, y cuando la juez debía decidir sobre la situación procesal de la detenida —es decir, mandarla al trullo o ponerla en la calle—, la gitana, conociendo el proceso y lo que le podía ocurrir, se dirigió a su señoría con tono de lamento y le suplicó:

—¡Ay, señoría, déjeme usted en libertad, que tiene usté unos ojos mu bonitos!

La magistrada no se dejó agasajar por el comentario de la acusada, y dirigiéndose a ella le replicó:

—Déjese de zalamerías, porque usted ha cometido un delito y debe ir a prisión.

A lo que la gitana respondió:

—¡Ay, señoría, tiene unos ojos mu bonitos... pero qué trato más tonto tiene!

Caso sin duda extremo y desaforado el de un individuo que contaba con numerosos antecedentes penales, y que había sido conducido ante el juez de Vélez-Málaga para responder de un delito de robo con intimidación. Cuando terminó de declarar, el juez ordenó el ingreso en prisión del delincuente, quien de repente comenzó a dar grandes voces y a proferir frases insultantes contra el juez, al que amenazó con que «se iba a follar a su mujer, y a toda su familia, y a él mismo».

El energúmeno añadió que le iba a matar cuando le viese en la calle, «juez de mierda», e incluso intentó agredirle físicamente, lo que fue impedido por los agentes que en aquel momento lo custodiaban en las dependencias judiciales.

El caso fue visto por la Audiencia de Málaga, que condenó a semejante sujeto a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, sentencia que posteriormente confirmó el Tribunal Supremo al considerar que el intento de agresión al magistrado constituyó un delito. Además, el alto tribunal rechazó que en la conducta del acusado concurriera una circunstancia atenuante de arrebato y obcecación porque, según sostuvo, el hecho de dictar una orden de prisión contra un detenido en modo alguno puede considerarse como una causa desencadenante de esa conducta.

Cuando se frecuentan los tribunales de Justicia, hay que prestar mucha atención a la figura delictiva del cohecho, capaz de revestir múltiples formas. Tal vez sea por eso que hay quien no se aclara, como le pasó a aquel policía local que estaba redactando un atestado y escribió: «los hechos pueden ser constitutivos, según la investigación, de un posible delito de coito», cuando en realidad lo que pretendía describir era un delito de cohecho.

Corría la década de los setenta en un pueblo de la sierra gaditana. El juez no tenía mucho trabajo: se trataba un partido judicial muy tranquilo. Un día, cuando ya había cerrado el despacho, se le acercó un vecino que había llegado del pueblo de al lado. Eran las dos y cuarto, pero había cerrado a las dos.

—¿Qué quiere usted? —le preguntó el juez.

—Quiero una partida de nacimiento.

—Ya hemos cerrado, venga usted mañana.

—El autobús, el único que hay, no llega hasta esta hora.

Cuando el pobre ciudadano se iba del despacho judicial, se vuelve y mirando al juez, le dice:

—Tome usted este duro, para que se tome un vino.

Y se fue. El juez cogió el duro y se fue a hablar con el secretario. «Mira lo que ha pasado.» Y le contó lo sucedido. Rápidamente el secretario supo cómo solucionar la difícil situación:

—Sacamos la partida de nacimiento, que son dos pesetas. Dos pesetas y media cuesta mandársela por correo al pueblo de al lado, más el sobre, y asunto resuelto.

Y el juez, con tono irónico y simpático, repuso:

—Pero son cuatro pesetas y media todo el proceso para que el buen hombre tenga su partida de nacimiento. Aún me sobra media peseta del duro que me dio. ¡Jolines! He prevaricado por media peseta, ¿no?

Antonio y Manuela eran un matrimonio, también gitano, de Cerro Blanco, más respetuosos y ceremoniosos que un velatorio. Rondaban los setenta años. Él llevaba un bastoncillo de bambú y sombrero andaluz, y anudado al cuello un pañuelo blanco tan reluciente como sus botas. La mujer lucía pañuelo sobre la cabeza, mantón negro y muy pocos dientes.

Ambos tenían un problemilla y acudieron al juez para solventarlo. Al entrar en el despacho hicieron mil reverencias y dijeron «señoría ilustrísima» a cada paso que dieron.

Al juez le costó gran trabajo averiguar sus pretensiones, y al final supo que habían contraído matrimonio hacía unos meses —aunque ya estuvieran casados por el rito gitano desde que eran unos críos—, y se había cometido el error de consignar en la inscripción de matrimonio como segundo apellido del marido uno que no era el suyo. Y la desgracia estribaba en que, al no coincidir el nombre, no le pagaban el sorsidio, o sea, el subsidio.

Su señoría, en lugar de enviarlos a un abogado que les hiciera el correspondiente escrito para iniciar el expediente que subsanaría el error, decidió deshacer el entuerto por sí mismo.

A los pocos días el matrimonio se presentó nuevamente ante el juez, con las mismas reverencias y zalamerías de costumbre, y Antonio, metiéndose la mano en el bolsillo, sacó y puso sobre la mesa una cajetilla de picadura de tabaco, un librito de papel de fumar y una caja de cerillas.

El juez pretendía rechazar el obsequio diciéndoles que no fumaba, y que lo que había hecho por ellos no tenía la menor importancia. Al coger el librito de papel de fumar, observó que en su interior había un billete de cien pesetas. Con más motivos, su señoría hizo un nuevo intento de rechazar el regalo y la gitana le dijo:

—Señor juez, no nos desaire usted.

El juez aceptó el obsequio, le dio las gracias y se le ofreció para lo que necesitasen. Ya en la puerta el gitano se dirigió nuevamente al juez y le dijo:

—Y ahí en el bar tiene usted pagado un café, señoría.

Y es que el antiguo Código Penal recogía que incurría en delito de cohecho el juez que admitiera regalos para la consecución de un acto justo que no debiera ser retribuido. Pero hoy, como entonces, hay regalos y regalos.

11. A Dios lo que es de Dios

El Código de derecho canónico, que promulgado por el Papa Juan Pablo II, establece que la violación del secreto de confesión implica la excomunión latae sententiae -en sentencia latente—, lo que significa que hasta que no se aclaren los pormenores del asunto, el presunto violador del secreto debe permanecer excomulgado. Igualmente, los artículos 983 y 984 de este mismo código hacen referencia al «sigilo sacramental» de la confesión a la vez que lo declara «inviolable». «Está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo», recoge al pie de la letra el mencionado Código de Derecho Canónigo.

Un sacerdote del barrio del Bronx en Nueva York, rompió el secreto de confesión ante la Justicia norteamericana en un intento por salvar la vida de dos inocentes acusados de asesinato, que permanecían en prisión desde 1988. El cura norteamericano declaró ante un tribunal federal que ambos eran inocentes del asesinato de un joven, integrante de una pandilla callejera, y que el verdadero criminal era otro muchacho que había fallecido varios años antes.

El religioso contó que el autor le había confesado el crimen, y por ello le pidió el joven que así se lo manifestara al abogado de los dos inculpados, los cuales llevaban ya más de un año en la cárcel.

Curiosamente, fue la oficina del fiscal del distrito, y no la propia Iglesia Católica, la que argumentó que las declaraciones del cura eran inadmisibles, porque la ley del estado de Nueva York prohíbe a un miembro del clero revelar confidencias sin autorización de la persona confesada, y había solicitado al juez que negase la fianza a uno de los acusados inocentes, argumentando que las declaraciones del autor del crimen no eran dignas de confianza.

Ahora bien, ni el más reputado especialista en derecho canónico hubiera sido capaz de resolver la cuestión que aquellos clientes plantearon a aquel letrado:

—Señor abogado: nosotros no somos católicos, y por eso preferimos que nuestro hijo haga la comunión por lo civil.

Lo que le quedaba por ver a la Iglesia. Aún nos preguntamos que día pudo celebrarse finalmente esa comunión por lo civil, probablemente en el mes de mayo.

Otra de juramentos. Sucedió en Andalucía, durante una vista que se celebraba en un pueblo. A uno de los testigos había que tomarle juramento antes de la declaración.

—Como testigo tiene la obligación de decir la verdad, si no, podrá incurrir en delito de falso testimonio. ¿Jura o promete? —le pregunta el juez al testigo.

—¡Por la Virgen! —responde el testigo.

—Disculpe señor: no está prevista esa fórmula. Debe jurar o prometer. ¿Jura o promete? —le pregunta de nuevo el juez al testigo. Y éste vuelve a responderle:

—¡Por la Virgen!

El juramento o promesa del testigo se estaba poniendo testarudo. A veces, llevados por el nerviosismo, los testigos acaban por contestar: «Juro o prometo». Eso tiene un pase. Pero el declarante había ido demasiado lejos y el juez se estaba empezando a enfadar:

—Le advierto, señor, que debe jurar o prometer: ¿jura o promete?

—¡Por la Virgen!

El juez suspendió el juicio durante cinco minutos y le advirtió al fiscal que su testigo debía jurar o prometer.

—No se preocupe, señoría. Ahora se lo digo y no habrá problemas.

Se reanudó el juicio tras varios minutos y después de hablar el fiscal con el testigo, explicándole detalladamente lo que tenía que decir, y que en caso contrario no se tendría en cuenta su testimonio, el magistrado volvió a la preguntita de marras:

—¿Jura o promete?

—¡Por la Virgen!

—Bueno, pues seguimos con la vista, porque no hay forma... —concluyó el juez ante tan devoto testigo.

O el caso de aquella otra mujer que tenía alrededor de sesenta años y lo más cerca que había estado de un juzgado debió ser al lado de la pequeña pantalla, viendo la serie del genial Perry Mason.

Sin embargo, aquella mañana estaba dispuesta a convertirse ella misma en la protagonista: acababa de ser citada como denunciante en un juicio de faltas, como consecuencia de una riña de poca monta que había sostenido con su vecina. Al llegar a las puertas de los juzgados, y como quiera que la mujer no conocía muy bien el lugar donde se adentraba, se dirigió a uno de los policías que habitualmente prestaban servicio en la sede de los juzgados.

—Agente, vengo a un juicio, ¿podría indicarme usted dónde es?

El policía le preguntó rutinariamente si venía a declarar en un juicio. Y ella instintivamente se puso a la defensiva.

—No, vengo sólo a verlo... —acto seguido y tras algún que otro titubeo, reconoció—. Bueno, es verdad, denuncié una pelea con mi vecina y ahora me han citado.

El agente le explicó entonces que no debía preocuparse y que sólo tendría que responder a las preguntas que durante el juicio le hicieran el fiscal y los abogados. Pero la mujer, que ya había superado el momento de inicial vergüenza, le replicó:

—Oiga y cuando esté ante el juez, ¿qué libro me pondrán en la mano para que jure, la Biblia...?

El policía no pudo menos que echarse a reír y a continuación le explicó que eso sólo ocurría en las películas. Al final, y tras su primer contacto con la Justicia, la mujer debió pensar que, como ocurre tantas veces, el mundo que nos presentan las series de televisión resulta más atractivo que la propia realidad.

Las propiedades inmobiliarias de la Iglesia Católica han provocado numerosos pleitos. Que se lo digan si no al ex sacristán de una iglesia de la localidad sevillana de Écija, condenado por una sentencia de la Audiencia Provincial a que abandone la casa anexa a la parroquia que ha venido ocupando durante los últimos treinta años, mientras prestaba sus servicios como trabajador de la Iglesia, porque ya no le unía ningún contrato laboral con la parroquia.

El que fuera sacristán del templo de momento se ha hecho fuerte en la vivienda y parece que no se marcha. Pero se tendrá que encomendar a todos los santos porque una sentencia le condena a que abandone la casa que es propiedad de la Iglesia y de la que ya debería haberse marchado —según la resolución— al terminar su contrato.

El ex sacristán no entiende de limosnas y cepillos, y también ha pedido a la curia que le pague cuanto antes los arreglos que ha hecho él en la casa durante esos treinta años. Pero la Iglesia tampoco se ha apiadado del sacristán y quiere que le abone el alquiler de la casa que ocupa desde hace un lustro, cuando dejó de ser trabajador al servicio eclesiástico.

De momento, ni sentencias judiciales, ni leyes de los hombres, ni acuerdos humanos han podido arreglar este conflicto. Cabría la mediación divina para que se arregle finalmente el contencioso terrenal.

Así las cosas, no es de extrañar la medida adoptada por una juez de Moguer (Huelva) a la que tocó instruir un pleito entre el Ayuntamiento de la localidad y el Obispado onubense, en relación con la titularidad de un claustro y el archivo de la iglesia Nuestra Señora de la Granada.

Esta juez de Huelva remitió un oficio al Congreso de los Diputados en el que interpelaba a las atareadas señorías sobre la vigencia actual de la célebre Desamortización que Mendizábal llevó a cabo con los bienes de la Iglesia en el año de Nuestro Señor de 1835.

El escrito solicitaba además que se especificara cuando comenzó el proceso de desamortización, así como los bienes que la Santa Sede disponía en las provincias de Huelva y Sevilla.

El Obispado onubense y el Ayuntamiento de Moguer —entidad que había invertido más de cien millones de pesetas en la rehabilitación del claustro y del edificio que albergaba el archivo objeto de la disputa— siempre habían mantenido ciertas desavenencias respecto a la utilización del mencionado inmueble.

El consistorio y su equipo jurídico entendieron que, tras la desamortización de Mendizábal, dichos bienes habían pasado a titularidad pública y no dudaron en llevar el caso a los tribunales, con unas reivindicaciones basadas en leyes que fueron promulgadas hace más de un siglo.

Por todos es conocida la devoción cofrade en Andalucía, que se salta en algunas ocasiones hasta las rejas, y no siempre las de la ermita de El Rocío. Pero fugarse de la cárcel para ir a ver a las procesiones de Semana Santa, aunque sea la mismísima Virgen Macarena, es un delito terrenal sin posible dispensa religiosa.

Dos jóvenes de que se hallaban cumpliendo sendas condenas en régimen abierto en la prisión sevillana se fugaron en la conocida Madrugá del Viernes Santo del año del Señor de 1997 para —según dijeron ante los jueces— presenciar el recorrido procesional de la Esperanza Macarena por las calles de la capital.

Ambos presos se confesaron «muy devotos» de la citada imagen, tan devotos que decidieron fugarse de la prisión y dirigirse hasta el barrio periférico de Torreblanca, donde estuvieron consumiendo algunas sustancias estupefacientes, no sabemos si para entrar en éxtasis místico.

Tras varias horas fugados de la prisión, los dos presos macarenos fueron detenidos por la Guardia Civil cuando, al parecer, trataban de regresar a la cárcel por el mismo sitio que habían empleado para su fuga.

Al final, fueron juzgados en la Audiencia Provincial de Sevilla, y el fiscal solicitó penas de dieciocho meses y tres años de prisión por un delito de quebrantamiento de condena. El tribunal los absolvió al considerar que realmente no tuvieron la voluntad de «sustraerse definitivamente a la pena», es decir, que sólo se fugaron por un tiempo.

Lo que nunca pudieron pensar ambos reclusos, que cumplían condenas por delitos de robo, es que sobre ellos llegaría a preocuparse hasta la alta curia. El mismo arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, había solicitado clemencia a los jueces, y una vez conocida la absolución felicitó a los magistrados por «saber ser justos y ecuánimes».

Sin embargo, la Fiscalía de Sevilla recurrió la absolución y el Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Provincial, condenando a los reclusos a las penas de prisión solicitadas por el Ministerio Público, al entender que «eran conscientes de que cumplían una pena de prisión y no podían escaparse, y pese a ello, quebrantaron su condena».

Tras conocer esta nueva sentencia, el arzobispo de Sevilla aplaudió de nuevo la devoción de los internos y se mostró él mismo dispuesto a solicitar al Gobierno el indulto para los dos presos si así se lo pedían los reclusos, cosa que no se produjo finalmente, por lo que ambos cumplieron las penas impuestas.

Pocos días después de producirse la primera sentencia de la Audiencia Provincial que absolvía a los acusados, el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, gran conocedor y partícipe de la Semana Santa sevillana, coincidió con varios periodistas a los que, en tono irónico, y sin necesidad de un plano de turismo en la mano, manifestó: «¿Desde cuando pasa la Macarena por la barriada de Torreblanca?», en referencia a que esta barriada de la periferia dista enormemente del itinerario procesional de la conocida imagen, y jamás la Macarena pasó en procesión por este lugar. O los dos reclusos macarenos se habían equivocado de Hermandad, o de día de procesión, o de itinerario, o de ciudad, o estaban pidiendo un milagro a la misma Virgen Macarena tras la fuga.

Otro preso, al menos tan devoto como los anteriores, intentó algo parecido, aunque trató de hacerlo con todas las de la ley. Los jueces de vigilancia penitenciaria reciben numerosas peticiones de reclusos que solicitan permisos extraordinarios, en su mayoría, por circunstancias como el fallecimiento de un familiar o enfermedad grave, aspectos contemplados en el Reglamento Penitenciario. Pero lo que no prevé esta normativa es la posibilidad de conceder un permiso con la finalidad de salir de costalero en una cofradía en Semana Santa, aunque el reo sea hermano penitente y pueda acreditarlo.

La petición fue formulada por un hombre condenado a seis años de cárcel por haber lesionado gravemente al jefe de su mujer, al que asestó cuatro puñaladas en un momento que se hallaba ofuscado por los celos que sentía, al observar a su mujer y al jefe tomando café en un bar, tras un almuerzo de Navidad de la empresa. El propio acusado había declarado en el juicio que en todo el barrio corrían rumores de que el jefe de su esposa había destrozado algún que otro matrimonio, e incluso había sido objeto de las burlas de algunos camareros, que habían afirmado que «no les gustaban los clientes con cuernos».

Cuando el acusado, ya condenado por estos hechos, se hallaba cumpliendo condena, sólo le quedaba el camino de la penitencia y solicitó al tribunal la concesión de un permiso extraordinario para poder salir como costalero en la hermandad de El Baratillo, que procesiona el Miércoles Santo en Sevilla. Pero la Audiencia Provincial rechazó su petición al considerar que no constituye un motivo «importante y análogo a las causas que recoge el Reglamento Penitenciario», por mucha penitencia que el reo quisiera imponerse a sí mismo aquella Semana Santa.

12. La difícil vida entre rejas

Son comprensibles los esfuerzos de los internos por salir de prisión, aunque sea para ver un desfile de Semana Santa, porque la vida entre rejas no es fácil, por más que algunos disfruten de televisión. Que se lo pregunten a aquel interno que había acabado finalmente en una prisión andaluza, pero que antes había permanecido algún tiempo en la prisión salmantina de Topas. Fue en este centro donde le comunicaron que no podía desplazarse con su televisor en el transporte penitenciario que le llevaría a Andalucía, aunque con el compromiso de que le enviarían su aparato de televisión.

Sin embargo, el televisor llegó prácticamente destrozado, con la carcasa por un lado y las tripas de cables por otro. Indignado ante lo sucedido, el recluso remitió una reclamación al juez de vigilancia penitenciaria, en la que con cierta gracia demandaba una solución para su caso.

Solución que, según el interno, no pasaba por otro aspecto que no fuera el arreglo de su televisión o que le comprasen un nuevo receptor, porque, según alegaba, «era una persona indigente», que no disponía de recursos económicos para hacer frente a la pérdida del aparato.

Aunque para reclamación sorprendente, la que presentó un interno al juez de vigilancia penitenciaria, solicitando un desayuno especial para el día de Año Nuevo, compuesto por chocolate con churros y repostería fina.

Este desayuno fue solicitado por un interno de Sevilla-II que, según sus propias palabras, estaba harto de que en tan señalada fecha se le sirviera el «desayuno miserable» de todos los días, esto es, café, galletas, mermelada y chusco de pan. Pedía que en el día de Año Nuevo le sirvieran chocolate con churros o, en su defecto, un croissant relleno de nata y de gran tamaño.

Como puede suponerse, la inusual reclamación del interno fue rechazada en primera instancia por el juez de vigilancia penitenciaria, pero el preso, en su afán por lograr una alimentación más apetitosa, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que celebró una vista oral a la que asistió el Ministerio Público y el abogado designado de oficio para representar los intereses del recluso.

El abogado tenía una papeleta difícil que defender ante los magistrados y por ello se le ocurrió recurrir a la «costumbre no escrita» —según dijo— de dispensar en las cárceles desayunos especiales en las fechas de Navidad, así como a la función socializadora de los internos, por cuanto entendía que esa festividad también debería celebrarse en las prisiones con una alimentación distinta.

El fiscal se opuso a estas pretensiones al considerar que no se había vulnerado ningún derecho fundamental del interno, y la Audiencia desestimó el recurso porque las prisiones no tienen la obligación de suministrar menús especiales.

El tribunal también cuestionó que, como había sostenido la defensa del preso, fuese una costumbre mínimamente generalizada comenzar el año con un desayuno especialmente apetitoso o abundante.

De no haber sido rechazada tal petición, eso podría haber motivado un aluvión de reclamaciones de internos que, por ejemplo, exigieran tener televisión de pago, conexión a internet desde sus celdas, o simplemente un papel higiénico de mayor calidad.

Más seria, sin embargo, parecía la reclamación de un recluso condenado a cadena perpetua en California, que deseaba ser padre gracias a la inseminación artificial. La historia se inició cuando el preso, condenado a más de cien años de cárcel, solicitó que se le permitiera enviar por correo una muestra de semen a un laboratorio con la finalidad de fecundar a su esposa.

Sin embargo, el sistema penitenciario californiano no permite que los condenados a cadena perpetua reciban visitas conyugales, ni el uso del correo para enviar muestras de semen fuera de prisión.

El condenado entendía que esa norma penitenciaria violaba sus derechos fundamentales y así lo estimó un tribunal de apelaciones, que determinó que el derecho a procrear supera la encarcelación. Tras dos años de pleitos con el departamento correccional, el recluso pudo ver satisfecha su petición de ser padre mediante inseminación artificial.

Dicha normativa del sistema penitenciario norteamericano no tiene nada que ver con el suceso que se produjo en un centro penitenciario español, y que llevó a un recluso ante los tribunales. El fiscal pedía en su escrito de calificación provisional varios años de cárcel por un delito de agresión sexual que, para colmo, había tenido lugar durante un vis a vis en el centro penitenciario.

En su declaración, el acusado negó haber agredido sexualmente a su compañera sentimental, y el fiscal aguardaba al testimonio de la víctima, que en estos delitos siempre es vital al tratarse de hechos en los que generalmente no hay testigos.

La mujer explicó que llegado el momento íntimo se produjo una discusión de pareja, en el transcurso de la cual recibió una bofetada, pero al ser preguntada por si su compañero intentó obligarla a mantener relaciones sexuales, se mostró contundente al afirmar que el acusado la respetó cuando mostró su negativa a dichas relaciones.

El Ministerio Público tuvo que variar su calificación de los hechos, y al final pidió una multa por una falta de lesiones en relación con la bofetada que propinó a su compañera.

Corporativismo lo hay en todos los ámbitos profesionales y en todos los estamentos. Así lo comprobaron quienes asistieron a la detención de un grupo de universitarios sevillanos, tras el asalto al Rectorado de la Universidad Hispalense, en el que causaron diversos destrozos, dentro de las protestas contra la Ley de Orgánica de Universidades. Tras su detención, fueron conducidos a los calabozos de los juzgados, a la espera de su puesta a disposición judicial, donde mantuvieron un enfrentamiento verbal con un grupo de delincuentes comunes.

Cuentan quienes presenciaron la escena que todo comenzó cuando los universitarios, alentados por numerosos manifestantes que proferían gritos de ánimo a las puertas de los juzgados, comenzaron a gritar con insistencia: «Somos estudiantes, no delincuentes».

Por su parte, los delincuentes comunes, que igualmente se hallaban allí para comparecer ante el juez de guardia, aprovecharon las pausas que hacían los estudiantes, para replicarles: «Somos delincuentes, no estudiantes».

Los gritos de uno y otro grupo de detenidos continuaron durante algún tiempo, y en el transcurso del incidente, los delincuentes recriminaron a los estudiantes, en tono de burla, que vaya estudiantes, que habían acabado en el talego, mientras que ellos estaban allí por sus propios méritos. Eso sí que es pundonor profesional.

13. Faenas memorables

No es una exageración afirmar que pocas actividades lúdicas se hallan tan reglamentadas y legisladas como los espectáculos taurinos, como bien sabe algún que otro diestro que, en una tarde de escasa destreza, ha acabado dando con sus huesos en el cuartelillo, situación no del todo desafortunada —imaginamos— ante el temor de terminar la faena en la enfermería.

Sin embargo, no parecía ser el caso de aquel individuo, un indigente de aspecto zarrapastroso y que andaba casi descalzo, con unas chanclas que a duras penas impedían el contacto de sus pies con el suelo. Lucía una poblada barba y bastante pelaje, y de esa guisa fue conducido ante el juez de guardia de Sevilla, tras ser detenido por sustraer cables de teléfono.

El juez inició entonces la toma de declaración del detenido, comenzando por los datos de su filiación.

—¿Su nombre, por favor? —preguntó el juez.

—Me llamo Juan Sierra «Sierrita», de profesión matador de toros y reses bravas —respondió de forma contundente.

Al preguntarle por dónde residía, el detenido explicó al juez que había tenido varios domicilios, pero que solía vivir en una finca que había comprado a unos insignes ganaderos.

Continuando con su asombroso testimonio, que estaba dejando perplejos tanto al juez como al fiscal y al abogado del turno de oficio que había acudido para asistirle, el detenido prosiguió su relato asegurando que había toreado con diversos matadores de renombre.

En un determinado momento, y cuando todos los asistentes le requirieron para que dejara de decir tonterías, «Sierrita», para demostrar que no mentía, tomó la chaqueta del fiscal, que estaba sobre una silla del despacho, y a modo de capote realizó varias verónicas y otros pases taurinos ante la atónita mirada de los asistentes, que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo durante la declaración de un detenido.

Quizá esa fue la única ocasión en la que un juzgado de guardia de Sevilla se haya convertido en una improvisada plaza de toros, aunque en esta ocasión la fiesta no terminó con ovación y salida por la puerta grande del maestro.

Lo curioso del caso es que, con posterioridad, el forense que examinó al detenido no halló ningún tipo de alteración psicológica en el individuo, en contra de lo que había pensado más de uno.

Hasta la fecha, y que sepamos, Juan Sierra «Sierrita», no ha debutado en la Maestranza. Tal vez haya preferido una corrida sin picadores en el centro penitenciario Sevilla-II.

Hay mucha afición en Andalucía, no cabe duda, pero difícilmente podía pensar el conductor de una empresa afincada en Camas (Sevilla) que su afición por los toros y su admiración exacerbada por el diestro Curro Romero le costaría su despido, pero así fue.

Ocurrió una tarde en la que varios clientes del establecimiento comercial, conociendo los gustos taurinos del conductor, realizaron un comentario jocoso respecto al escaso número de corridas que ese año lidiaría El Faraón de Camas.

Para el empleado esas frases fueron como haber profanado lo más sagrado, como si alguien hubiera atacado sus creencias más arraigadas, y así, dolido y ofendido por el comentario, reaccionó volviéndose hacia los autores del ultraje, a los que espetó castizamente:

—¡El que tenga cojones, que me diga eso a la cara!

El incidente no pasó a mayores, pero el empleado fue despedido a los pocos días, mediante una carta en la que la empresa alegó que había provocado una violenta discusión con los clientes tras el comentario taurino.

Sin embargo, el conductor despedido acudió a los tribunales de Justicia, ante los que ganó en dos ocasiones el pleito, siendo convenientemente indemnizado por despido improcedente. Incluso logró que la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le diera completamente la razón, al establecer en la sentencia que el currismo es una forma de entender la vida, que exige el máximo respeto de quienes no profesan tal sentimiento.

Los magistrados fueron mucho más allá al asegurar que, cuando se falta a ese sentimiento, resulta previsible una reacción ardorosamente defensiva como la que tuvo el empleado, que no fue ofensor sino ofendido.

Y es que el toreo de Curro Romero, aunque ya retirado, ha levantado pasiones en numerosos ámbitos sociales, entre los que no podía faltar el judicial, como se puede comprobar. Basta con recordar cómo califica la sentencia el sentimiento currista: «un sentimiento indudable y notoriamente altruista, arraigado y profundo como el que más, creador de una ilusión permanente, de una esperanza incondicional y de una forma de entender la vida».

De afeitado sin precedentes, aunque poco taurino, el que nos relató un abogado de Melilla, que en cierta ocasión fue designado por el turno de oficio para representar a un presunto incapaz y a su tía, en una demanda de menor cuantía promovida por el Ministerio Fiscal y en la que solicitaba la incapacidad del defendido, un hombre de unos treinta años, de aspecto saludable y que lucía una hermosa y larga cabellera.

Una vez contestada la demanda y abierto el periodo probatorio, se señaló fecha y hora para la práctica de la prueba de exploración judicial del incapaz y reconocimiento por el médico forense. Tres días antes, tía y sobrino se presentan en el despacho del abogado, con la citación, y éste les explico que ese día el señor juez le haría unas preguntas y que iba a ser reconocido por el médico del juzgado para examinar sus aptitudes mentales.

Llegado el día de la prueba y la hora indicada, el letrado sale del despacho de la secretaria y en el pasillo se encuentra ya sentados a la tía y al sobrino. Cuál fue su sorpresa y extrañeza al comprobar que la tía había pelado al cero al sobrino. Un día antes, lo llevó a la peluquería e hizo que le cortaran la mata tan hermosa de pelo que tenía, dejándole al cero, casi al rape.

Por curiosidad, el letrado preguntó a la tía el por qué de haberle cortado el pelo de tal manera, creyendo que había sido cosa de su sobrino al no estar en su pleno juicio.

La tía, muy convencida, le contestó espontáneamente:

—Usted me dijo que el médico del Juzgado iba a ver si estaba bien o mal de la cabeza y yo lo he traído pelado para que se la pueda ver bien.

El día de la comparecencia judicial no hizo falta que su señoría le hiciera muchas preguntas, pues al verlo de tal guisa, al instante comprendió que en cabeza rapada hasta las palabras más sencillas resbalan. Tía y sobrino se marcharon contentos, y su ingenuidad, sencillez y bondad contagió a todos y les hizo ver que no por mucho pelo que se tenga se es más feliz.

A pesar de todo, en estos tiempos que corren ningún espectáculo de masas es comparable a la televisión, sea cual sea la faena que se lidie. Y aunque en España, a diferencia de Estados Unidos, no se retransmiten los juicios como si de Curro Romero encerrado con seis miuras se tratase, hay quien no pierde la oportunidad de un minuto de fama.

Se celebraba un juicio contra un hombre con problemas de alcoholismo y que estaba acusado de haber provocado un pequeño incendio en la vivienda de su ex mujer, cuando ésta y una hija de ambos se hallaban en su interior.

El acusado había arrojado algunos papeles ardiendo dentro de la casa a través de una ventana entreabierta. Sin embargo, tanto su ex cónyuge como su hija se percataron de la acción y lograron apagar el fuego rápidamente.

Por estos hechos, el acusado se enfrentaba a varios años de cárcel pero, como ocurre a veces en este tipo de situaciones, la mujer, aunque ya no tenía relación con su ex marido, no quería ningún mal para él. Se mostró vacilante en la declaración, y con numerosas dudas a la hora de identificar a su ex marido como la persona que provocó el fuego, si bien reconoció ante sus señorías que había sido indemnizada por su marido por los daños producidos en la vivienda.

A la salida del juicio, aguardaban a la testigo varios periodistas de televisión que trabajan para un conocido programa de sucesos. Ante ellos, la mujer no dudó en reconocer que el fuego lo había provocado efectivamente su ex marido. También desmintió que le hubiera indemnizado por los daños en la vivienda.

Menos mal que los magistrados no suelen ver este tipo de programas porque, en caso contrario, la buena mujer que no quería causar perjuicios al padre de su hija podía haberse visto acusada por falso testimonio.

En esta ocasión, los periodistas de televisión, que desarrollan su trabajo en los juzgados en condiciones harto difíciles al no estar permitida la entrada de cámaras en los juicios, sí que obtuvieron una jugosa declaración de la víctima, incluso mejor que la que ésta prestó ante los magistrados.

De dos orejas y rabo —y algún que otro cuerno— la faena protagonizada por un hombre separado que ocupaba el hogar conyugal con su nueva pareja. Según resolución judicial, la vivienda iba a pasar a la primera mujer del matrimonio y los dos hijos habidos en la anterior relación.

En la casa se dieron cita, además de la primera y segunda mujer y varios hijos del marido que iba a ser desahuciado, la madre de éste. La tensión subía poco a poco, y como se temía, llegaron los insultos, y casi las agresiones, con un vocabulario pródigo en la más variada y representativa palabrotería castellana.

Cuando terminó aquel tenso trámite que había durado varias horas, la mujer y sus dos hijos ocuparon la vivienda donde vivía el ex marido, que con su madre y su nueva familia fue puesto de patitas en la calle. Todo bajo la mirada atenta de algunos agentes de la Policía Local que se habían personado ante tan monumental escándalo.

Una de las procuradoras que intervino en esta acción judicial, después de presenciar el lamentable espectáculo y comprobar cómo donde había existido amor sólo quedaba un odio malsonante, se quedó de piedra al cabo de varias semanas. Llegó a su casa y cuando estaba haciendo zapping con el mando de la televisión, se encontró con unas caras que le eran familiares. Fijó la mirada a la pequeña pantalla: «No es posible», pensaría mientras se frotaba varias veces los ojos. Y le explicó a su marido:

—¡Pero si son los del desahucio del otro día!

El marido y su ex mujer, que casi se liquidan uno al otro, compartían en un plató caras simpáticas y manos entrelazadas, como una parejita de recién enamorados. Acababan de reconciliarse ante las cámaras en un programa de testimonios, Lo que necesitas es amor. Con tanto afán de protagonismo, ¿quién necesita de retransmisiones judiciales?

Ningún juicio tan televisivo como el célebre caso Arny, un proceso sobre prostitución de menores que sentaba en el banquillo a medio centenar de acusados, algunos de ellos personajes habituales del mundo del espectáculo y la televisión —finalmente absueltos de todos los cargos—, que provocó el consiguiente despliegue informativo y no pocos titulares.

Se trataba, lógicamente, de un juicio a puerta cerrada, en el que no estaba permitida la entrada de los medios de comunicación. En aquel ambiente, su señoría ordenó el inicio de la vista oral y Julio, el agente judicial, algo dicharachero e imbuido en aquel ambiente de expectación y famoseo, alzó la voz para exclamar:

—¡Que pasen los señores acusados!

El magistrado requirió entonces de inmediato al agente y le preguntó que «qué era eso de señores acusados», ordenándole que a partir de ese momento se dirigiera a los mismos simplemente como «los acusados». El primer día y la primera en la frente, debió pensar aquel agente judicial con vocación de presentador de concursos.

Según cuentan algunos de los letrados asistentes a la vista oral, que se desarrolló por espacio de varios meses a puerta cerrada, tras estas primeras sesiones llenas de seriedad y solemnidad, el ambiente entre los acusados se fue relajando poco a poco, y llegado un momento comenzó a surgir hasta cierta camaradería, como ocurre entre los reclutas con el sargento chusquero, o entre los escolares con su profesor.

Tanto se relajó el ambiente que algunos imputados incluso aflojaron sus modales, y un buen día uno de los acusados dejó escapar un sonoro cuesco. El hecho no dejaba de resultar gracioso para el resto de los procesados, entre los que el estruendo había sentado como una broma más dentro de ese buen clima que existía en las varias filas de bancos que ocupaban.

Sin embargo, aquel individuo continuó sus andanzas en días sucesivos, y el ambiente debió volverse tan irrespirable que algunos acusados optaron por poner el flagrante hecho en conocimiento del presidente del tribunal; eso sí, a través de uno de los letrados, y con objeto de que se hiciera una llamada de atención al acusado que no dejaba de incomodar a sus compañeros de banquillo.

El presidente del tribunal se dirigió entonces al abogado del presunto autor de tales tropelías, al que manifestó que «las ventosidades de su cliente causan hilaridad a esta Sala, pero haga usted el favor de decirle que se comporte».

Pero para espectáculos televisivos, los que le gustaba montar a uno de los acusados, que acudió a los juzgados la mayoría de las veces disfrazado de una especie de monje o ninja, cubriendo su rostro con unas grotescas narices y gafas, y llegando a culminar su esperpento cuando fue a recoger la sentencia condenatoria en un carro que simulaba la quema en la hoguera por la Inquisición.

También contrató en algunas ocasiones una avioneta que sobrevoló los juzgados con leyendas que hablaban de persecución a la homosexualidad y en una ocasión atacó a la Prensa culpándola de la muerte de Lady Di. Además, durante muchas sesiones del juicio se rumoreó entre los acusados que este procesado tenía previsto acudir a los juzgados montado en un elefante, que ya tenía incluso apalabrado en un circo que se hallaba entonces en Sevilla. Finalmente parece que no obtuvo la autorización del Ayuntamiento. Menos mal, porque... cualquiera lidia ese toro.

14. Prescripciones facultativas

Parecen existir unas notables y evidentes concomitancias entre la labor jurídica y el ejercicio de la medicina. Se trata en ambos casos de profesiones antiguas, que a menudo comportan, no ya un medio de vida, sino incluso todo un modo de vivir y concebir la existencia. Tanto a unos como a otros profesionales, se les suele preferir lejos —cuanto más lejos mejor—, pero llegado el caso, es preferible tener cerca —cuanto más cerca mejor— un jurista de prestigio o un médico de reconocida solvencia. Y nadie duda de que, llegado ese momento en que unos y otros entran en acción, una buena parte de nuestra vida queda en sus manos.

Pero entre batas blancas y togas negras, hay quien se empeña en no hacer distinciones. Como aquella señora que se presentó muy sofocada en un juzgado madrileño, diciendo que necesitaba urgentemente un médico forense. Ante tanta insistencia, uno de los agentes se interesó por la angustiada mujer y le preguntó:

—¿Y para qué quiere ver con tantas prisas al médico forense?

—Porque vengo del ginecólogo y me ha dicho que me hagan cuanto antes una biopsia. Y como una vecina me ha dicho que las biopsias las hace el forense, aquí estoy, para que me haga una ahora mismo.

Biopsias, no: autopsias, eso es lo que hace el médico forense.

Aunque hay quien se empeña en cambiarle el nombre. En un juicio por violación en el entorno familiar declaraba la madre de la víctima, que se basaba en el testimonio del especialista para corroborar la violación de su hija:

—Como ha dicho el florense... -aseguró la testigo.

Y no digamos nada cuando se requieren al mismo tiempo los servicios de un médico y de un abogado. El juicio por el caso Arny, sobre el que ya hemos referido alguna que otra anécdota, ocurrió que uno de los procesados se puso enfermo durante el transcurso de una de las maratonianas sesiones de mañana y tarde que se celebraban. Se alertó incluso al servicio sanitario del 061, que se trasladó de inmediato para atender al acusado y prescribió su evacuación a un hospital.

Cuentan quienes presenciaron la escena que el enfermo le preguntó a los médicos por el mal que le afectaba, a lo que los facultativos respondieron que había sufrido una angina de pecho, lo que le apartaría irremediablemente del juicio hasta que en el futuro mejorara su salud. El acusado sorprendió entonces a los médicos porque lejos de seguir preguntando por su estado de salud, exclamó:

—¡Qué disgusto se va a llevar el presidente! —en alusión al magistrado que presidía el tribunal.

No obstante, los profesionales de la medicina lamentan que cada vez se sienten más coaccionados por parte de los pacientes, que al primer revés en su evolución amenazan con demandarles ante los tribunales, al más genuino estilo americano, acusándoles de negligencia. Y hay reclamaciones y reclamaciones... Hace un par de décadas, en un afamado bufete de Córdoba, se presentó por la tarde un cliente que había llegado desde Jaén con un cabreo monumental. Quería hablar con un abogado como fuera. No tenía cita, pero su caso parecía tan grave que la secretaria le dejó pasar inmediatamente al despacho del abogado.

—¿Qué le pasa, buen hombre? ¿Por qué ha venido usted desde Jaén hasta mi despacho de Córdoba, con tanta urgencia?

—Mire, señor abogado, vengo porque quiero poner urgentemente en el juzgado de guardia un interdicto.

—¿Un interdicto? ¿Pero para qué quiere poner un interdicto, caballero? —preguntó el sorprendido abogado.

—Pues quiero poner un interdicto, señor letrado, para recobrar uno de mis testículos, porque me lo han extirpado en un hospital y no me lo quieren dar. A ver si con el interdicto me lo devuelven, porque el testículo es mío y no quiero que se lo queden los médicos.

Esta es una reclamación por...

Pero unos clientes demandan por lo que les falta y otros, inevitablemente, por lo que les sobra. Los tribunales de Justicia están recibiendo en los últimos tiempos multitud de demandas de ciudadanos que reclaman ser indemnizados como consecuencia de una negligente actuación médica.

Eso es lo que le ocurrió a una mujer de una localidad próxima a Sevilla, que demandó al facultativo que le había practicado una liposucción y que le había ocasionado diversas secuelas en los glúteos, como cicatrices y hoyuelos, perdiendo de esta forma la uniformidad de la piel en la zona. El juzgado falló a favor de la mujer y condenó al facultativo a indemnizarla con más de un millón de pesetas en concepto de daños y perjuicios porque, según escribió el juez, el hecho de que la paciente hubiera firmado antes de la operación un documento en el que no se garantizaban los resultados, no podía exonerar al médico de su responsabilidad por la intervención practicada.

La sentencia distinguía que, en estos casos de cirugía estética, el facultativo se compromete a la obtención de un resultado concreto, a diferencia de las otras prácticas médicas en las que se intenta curar una enfermedad o, en su defecto, no agravarla.

Aunque el dinero no ayudará a recuperar el aspecto prometido a los glúteos de la señora, por lo menos ésta tendrá para darse algún que otro caprichito, pero esperemos que esta vez no decida pasar por el quirófano porque, como suele decirse, al quirófano sólo hay que ir por necesidad.

Bien distinto fue el resultado del juicio en el que se sentaron en el banquillo el administrador y un médico de una clínica, acusados ambos de una estafa a un grupo de veinticinco mujeres y un hombre a los que prometieron adelgazar sin esfuerzos ni sacrificios y, sobre todo, sin hacer ningún tipo de dieta, porque, como les habían dicho a algunos pacientes cuando preguntaban por la dieta que debían seguir, «lo de la alimentación es lo de menos».

Por el estrado fueron pasando una tras otra todas las víctimas, en su mayor parte personas con muchos kilos de más, quienes fueron relatando cómo se sintieron atraídas por la llamativa publicidad de la clínica, que prometía aligerar su sobrecarga aplicándole técnicas a partir de geles fríos y gimnasia pasiva en camillas tonificadoras.

Vamos, que, aunque no adelgazaran, en realidad estas personas podían disfrutar de unos momentos de relax, eso sí, tras haber llegado a pagar en algunos casos más de doscientas cincuenta mil pesetas por un tratamiento que en principio resultaba absolutamente ineficaz.

El centro expedía un certificado de garantía que expedía a los clientes, y en el que se hacía constar el compromiso del adelgazamiento, y el médico les entregaba una dieta no personalizada y que obtenía de un programa de ordenador. En otros casos, se establecía otro tipo de régimen para combatir la celulitis, que consistía en el consumo diario de un único producto: por ejemplo, el primer día sólo verduras, el segundo carne, huevos y queso el tercero, al siguiente yogur y leche descremada, y así sucesivamente.

Un juzgado de lo Penal de Sevilla condenó a ambos acusados a seis meses de prisión, pero la Audiencia Provincial puso el dedo en la llaga al afirmar que resultaba inimaginable que los denunciantes hubiesen creído que podían adelgazar sin seguir un completo tratamiento, que incluía lógicamente una dieta alimenticia.

La Audiencia, que absolvió a los dos procesados, hizo hincapié en que, si bien la publicidad de la clínica era espectacular y muy atractiva, ello no basta para configurar el engaño que requiere el delito de estafa.

Señalaba además que muchas pacientes no siguieron el tratamiento de forma regular y apropiada, considerando, en contra del juez de instancia, que la utilización de la crioterapia y la gimnasia pasiva producían un efecto que coadyuvaba en el adelgazamiento de obesos y personas sedentarias incapaces de hacer ejercicio activo.

Al final, lo mejor es estar contento consigo mismo, y con la figura que a cada uno le ha tocado.

Más complejo era el caso en el que se acusaba a un acupuntor chino de imprudencia grave, por haber provocado graves quemaduras a un paciente que sufría arteriosclerosis y al que trató con una lámpara electromagnética, denominada TDP.

En el juzgado de lo Penal de Sevilla todo estaba dispuesto para el inicio del juicio, incluido un intérprete chino para asistir al acusado, que se enfrentaba a una petición de varios fines de semana de arresto y a tres años de inhabilitación profesional.

El fiscal basaba principalmente su acusación en que, según los manuales de empleo de la lámpara mágica, como era conocida en Hong-Kong, su utilización estaba contraindicada para tratar la patología que sufría el enfermo. Durante el juicio, el fiscal se refirió irónicamente y en más de una ocasión a la lámpara maravillosa y sus poderes curativos, lo que motivó las sonrisas del público asistente, al que en algunos momentos le parecía presenciar el juicio de Aladino.

El acusado, que pasaba consulta en España desde hacía siete años, aportó entonces una carta certificada del inventor de la TDP en la que informaba de un error en la traducción inglesa de los manuales, ya que la lámpara podía ser empleada para el tratamiento de dicha enfermedad.

A pesar de estar celebrándose el juicio en Sevilla, sonaba a chino, porque el acusado tuvo que corregir varias veces al intérprete que le asistía, empleando para ello el castellano, idioma que conocía perfectamente. En su declaración, el acusado alabó la medicina tradicional china y afirmó que el tratamiento que había aplicado era el adecuado para curarlo, aunque al terminar el tratamiento el enfermo acabara algo quemado.

Tal vez el médico de la lámpara mágica hubiera podido echarle una mano a un juez de guardia de la Costa del Sol, mientras asistía al levantamiento del cadáver de un ciudadano chino que había muerto en un desafortunado accidente de tráfico aplastado por un camión. Tras una rigurosa búsqueda de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del médico forense que duró varias horas por el lugar del siniestro, la pierna del difunto no aparecía.

Se procedió al levantamiento del cadáver y al día siguiente a primera hora de la mañana cuando el juez estaba saliendo de la guardia, se presentó en las dependencias judiciales el director de una oficina bancaria que quería hablar de forma urgentísima con su señoría.

—Señoría, en la puerta hay un director de banco que quiere hablar con usted, sea como sea —le dijo el agente judicial al juez.

—Que pase, a ver qué es lo quiere —apuntó el juez.

—Señoría —le explicó el director de la sucursal cuando pasó al despacho—, vengo estremecido porque esta mañana, cuando hemos ido a abrir la oficina bancaria, en la zona de la entrada que está vallada junto a la puerta nos hemos encontrado una pierna colgando.

Casi tan siniestra como el caso anterior era la afición de un funcionario de un juzgado de Málaga a grabar con su cámara doméstica las autopsias que se practicaban en el anatómico. Un juez interesado en tan rara afición le preguntó un día al agente judicial:

—Y eso de grabar tantas autopsias, ¿para qué lo hace? ¿Estudia usted acaso criminología?

El funcionario algo risueño repuso al juez:

—No, ni estudio criminología, ni tampoco medicina, ni soy un vicioso. Nada de eso... Resulta que mi suegra está casi siempre en mi casa, a todas horas, y no sé cómo hacer que se marche. Pero cuando llego a mediodía, si está la suegra, meto la cinta de la autopsia en el vídeo del salón cuando mi suegra está viendo la telenovela y le digo: «Lo siento, pero tengo que trabajar. Es un asunto del juzgado que he grabado en esta cinta...» Mi suegra, señoría, sale corriendo que se las pela. ¿Lo entiende usted ahora?

Peor que la suegra del agente judicial, lo pasó un ginecólogo que debía explorar a una mujer en avanzado estado de gestación. Pero al descubrir a la paciente y aproximarse a sus intimidades, comprobó que el olor que desprendía era nauseabundo.

Solicitó entonces a las auxiliares de clínica que procedieran a asear exhaustivamente a la paciente, para así examinarla sin ningún tipo de problema.

O al menos eso creyó el facultativo, porque por la tarde se presentó en el servicio de urgencias el marido de la embarazada, que, muy enojado, preguntó quién era el médico que había atendido a su esposa.

Una vez que lo localizó, la emprendió a golpes con el ginecólogo, a quien reprochaba que «le hubiera quitado el olor a hembra» a su esposa. Tan verídico, como que el facultativo sufrió importantes lesiones a causa de los numerosos golpes que le propino el ofuscado marido.

De psiquiatra, y no de ginecólogo, fue el caso de la celebre actriz norteamericana Pamela Anderson, que sorprendió a una joven francesa durmiendo en su habitación de invitados en su casa de Malibú.

La forzada inquilina compareció ante el juez y se declaró culpable de entrada ilegal en propiedad ajena, delito por el que se le impuso la prohibición de no acercarse a menos de cuatrocientos cincuenta metros de la que fuera actriz de la serie Los vigilantes de la playa, y también le ordenó que regresara a Francia donde tendrá que recibir tratamiento psicológico.

Según el testimonio de una persona que conocía a la joven, sólo trataba de darle unos bombones a Pamela Anderson, tras haber viajado desde París a Los Ángeles para conocerla. Antes de ser deportada, la joven pasó cinco días detenida y se le impuso una fianza de 50.000 dólares.

Aunque para raros, el hombre que fue despedido de una empresa de transportes de Barcelona y culpaba a su antiguo jefe de mandarlo al paro. Por ello, y debido a un trastorno paranoico que sufría, se presentó en la oficina de su ex jefe una mañana fría de comienzos de febrero y, tras sacar una bandera del Che Guevara, le dijo que iba a matarle y a cubrirle con la bandera, mostrándole a continuación una escopeta de caza que ocultaba en un maletín.

Jefe y empleado estuvieron hablando en tan incómoda situación por espacio de unos diez minutos hasta que el primero hizo ademán de abandonar el despacho, momento en que el acusado le disparó, advirtiéndole: «No corras que te voy a rematar». A continuación salió del edificio, y después de que se lo solicitara un empleado arrojó el arma al suelo, mientras aguardaba la llegada de la Policía.

La Audiencia de Barcelona le aplicó en su sentencia la eximente incompleta de trastorno mental, si bien le impuso seis años de internamiento en un psiquiátrico, habida cuenta de su peligrosidad criminal, ya que el tribunal consideraba necesario que el individuo estuviera bajo tratamiento porque su ausencia podría suponer la aparición de un nuevo cuadro psicótico y un riesgo elevado de reincidencia en conductas lesivas.

15. El maravilloso mundo animal

Aunque el ejercicio de la justicia es una actividad inequívocamente humana, no ha dejado de sorprendernos el elevado número de casos donde algún animal se convierte en el protagonista del suceso. Y no nos referimos con ello a los bípedos implumes capaces de cualquier animalada, sino a bichos con todas las de la ley, que pueden dar en cualquier momento un giro inusitado a una vista oral.

En un juicio que se celebraba en Córdoba en los primeros años setenta por un accidente de tráfico —sitúese el lector en el contexto social de la época— se hallaba declarando un policía local. El juez era conocido en la ciudad por sus rectas maneras y correctísimo proceder. En esto comenzaron las preguntas del fiscal:

—Entonces, ¿usted afirma que el accidente de circulación se produjo cuando chocó la moto con el coche que estaba estacionado?

—Sí, señor fiscal. Así fue.

—¿Y sabe usted qué causa lo produjo y así lo reflejó en el pertinente atestado?

—Sí, porque el conductor de la motocicleta estaba distraído.

—¿Cómo se distrajo?

—Se distrajo porque había unos perros...

—Ya, unos perros... ¿Y puede saberse qué pasaba con ellos?

—Pues nada... —el policía local parecía azorado—. Estaban allí los perros, y además los miraba mucha gente, y... —y bruscamente se quedó callado.

El policía local no encontraba las palabras ni los términos apropiados, hasta que de pronto dijo mirando al tribunal:

—Sí, señoría. El conductor de la moto chocó con el automóvil porque se distrajo mirando a unos perros que estaban haciendo el matrimonio en la vía pública... Eso es lo que quería decir, que no me salía.

Poco se hubieran sorprendido ante el espectáculo de dos perros copulando en plena calle los protagonistas del siguiente caso. Hace medio siglo en Cádiz unos trabajadores que habían llegado del norte se alojaban en un hostal del centro de la ciudad. Las habitaciones tenían accesos a un patio de luces donde el propietario del hostal había improvisado una pequeña granja con unos pavos y pavas.

Como quiera que el trabajo era duro y los trabajados emigrantes estaban a dos velas, decidieron aliviarse con una de las hembras avícolas. El espectáculo zoofílico fue avistado por un par de vecinas cincuentonas desde la ventana de su casa colindante al hostal, y aterrorizadas ante la escena, denunciaron el acto ante la Policía. Eran otros años y todo terminó con los trabajadores en el juzgado, denunciados en el juicio por escándalo.

Cuando comparecieron las dos sorprendidas testigos el abogado de la defensa tuvo una intervención poco afortunada y empezó preguntando a las dos denunciantes:

—¿Tal vez no estaban envidiosas de la suerte que corrían las pavas?

Cualquier cosa mejor que aquel abogado que defendía a un hombre al que se pedía la pena capital por haber matado a su amante en Houston (Texas), y que se quedó dormido varias veces durante el juicio, como aseveraron los testigos. Lo que se dice una marmota.

Una comisión independiente integrada por tres magistrados condenó a muerte al acusado, en una sentencia que ponía de manifiesto que el abogado había aprovechado instantes del juicio no muy relevantes para echar una siestecilla.

Sin embargo, el condenado recurrió y el tribunal federal de apelaciones le dio la razón, al señalar que un abogado que es sorprendido reiteradamente en estado inconsciente en fases no anodinas de un proceso con pena capital desestima los derechos del acusado. Por ello, ordenó la repetición de la vista oral. Habrá que confiar en que, esta vez, el letrado sepa estar a la altura de las circunstancias, o por lo menos, se tome un par de cafés bien cargados —americanos, por supuesto— antes del inicio de las sesiones.

A veces no es menos cierto que, por mucho que se afane el abogado, su esfuerzo no deja de ser infructuoso. En Zaragoza nos refirieron el caso de un letrado que debutaba en un juicio por un delito de tráfico de drogas, y que se esforzó todo lo que pudo en resultar convincente y defender con todas las armas legales a los acusados ante el tribunal, en una Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Al terminar el juicio, el letrado se acercó a los magistrados al estrado para preguntar qué les había parecido la defensa, y uno de ellos le dijo:

—No nos cabe la más mínima duda de que ha trabajado a fondo el asunto, pero por desgracia el micrófono no funcionaba y no nos hemos enterado de nada de lo que ha dicho en defensa de su cliente.

De todo ello deducimos que además de esforzarse en la defensa de un cliente, en ocasiones también hay que desgañitarse para ser oído por los magistrados.

Y otra de abogados. A finales de los setenta, en la zona centro de Madrid, un abogado se presentó desesperado en la Comisaría de Policía de la zona para denunciar que en su casa, una vivienda ubicada en un ático, había culebras.

Los agentes dijeron que poco podrían hacer ellos, pero llamaron al Zoológico de Madrid, que envió al edificio a un biólogo alemán. Poco a poco, la calle se fue llenando de coches oficiales, la Policía, llegaron también los bomberos, el vehículo del zoológico y hasta una ambulancia. El edificio colindaba con una casa abandonada y creyeron que ahí podría estar el origen del problema, el nido donde se criaban las culebras que había en casa del señor letrado. Se pidió también autorización al juez para entrar en la vivienda abandonada.

Menudo revuelo se había formado ya en el barrio. El biólogo y unos agentes de Policía, junto a los bomberos llegaron a la casa del abogado en el ático, y tras examinar el lugar, se comprobó que había unos restos largos y oscuros en el suelo, serpenteantes, y tras una primera inspección, dijo el experto germano en biología:

—Efectivamente, se trata de culebras.

La situación empezaba a complicarse tras el aval científico. Había que tomar una decisión. Bajaron los agentes de Policía y en el descansillo del edificio tropezaron con el portero, que le preguntó a los agentes:

—¿Pero qué pasa aquí, por qué tanto revuelo?

Uno de los policías le contestó:

—Nada, señor, que hay culebras en la vivienda del ático.

Y respondió el portero con media sonrisa:

—Culebras, culebras, venga ya. Eso son los restos de los trabajos de alquitranado que se han hecho esta mañana en el azotea del edificio. ¿Por qué no me preguntaron antes?

Como sabrán ustedes, queridos lectores, lo que el portero no sepa, no lo sabe nadie. Por nuestra parte, hemos intentado contactar con el biólogo, pero se desconoce en la actualidad a qué se dedica y en que zoológico, reserva natural o parque nacional puede estar trabajando, si es que se dedica a la biología. Acaso montó una empresa de productos de piel de serpiente.

Cualquiera que se haya aventurado a adquirir una vivienda sabe que en algunas ocasiones los constructores no son trigo limpio. Que se lo digan, por ejemplo, al eurodiputado socialista Fernando Pérez Royo y al adjunto al defensor del Pueblo Andaluz, Sebastián de la Obra, ilusionados con sendas viviendas en una casa rehabilitada del centro de Sevilla que al final resultó un mal negocio.

Ambos adquirieron sendos pisos en la calle Francos de la capital hispalense, en un edificio que databa de 1904, pero que había sido sometida a un proceso de rehabilitación o, al menos, eso es lo que les aseguró el constructor, que les entregó una memoria de calidades en las que hacía constar que la estructura del inmueble era metálica.

Sin embargo, al poco tiempo de ser entregadas las viviendas, en las que se habían empleado «maderas viejas y carcomidas», una colonia de termitas atacó el inmueble y además se cayó el falso techo de una cocina.

Los propietarios emprendieron un pleito contra el constructor, que fue finalmente condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a dos años de cárcel y a indemnizar a los propietarios con 33 millones de pesetas, importe de las reparaciones que debieron efectuar en sus viviendas.

En el juicio, el fiscal acusó al empresario de haber realizado una auténtica chapuza y de haber estafado a los compradores, porque conocía el mal estado de la estructura del inmueble y se limitó a efectuar un adecentamiento exterior.

Ante el tribunal también declararon los compradores, entre ellos Fernando Pérez Royo y Sebastián de la Obra, quienes aseguraron que se vieron obligados a vender las viviendas, perdiendo dinero, al detectar las deficiencias del edificio.

Al escuchar las declaraciones de los propietarios, parecía más bien que se estaba en una oficina de reclamación de consumidores que en un tribunal de Justicia. Pero el momento cumbre que hizo sonreír tanto a magistrados como al público asistente a las sesiones fue cuando uno de los testigos manifestó que vivió muy de cerca el problema de los xilófagos, ya que, según dijo, llegó incluso a ver volar a las termitas.

Un ciudadano paseaba con su perro por una barriada residencial de Sevilla cuando, al observar algo que había llamado la atención del can, divisó un recién nacido medio enterrado en el suelo. Llamó rápidamente a la Policía Local, que se presentó en el lugar de los hechos. Ante la apariencia humana de los restos encontrados, la Policía Local optó por comunicarlo al juez de guardia. Era algo novato su señoría, y para curarse en salud, procedió al levantamiento del cadáver de los restos encontrados.

Cuando llegaron las pruebas de Toxicología se comprobó que habían levantado el cadáver de un aborto de cerdo. Al parecer, ya lo había advertido previamente el médico forense, pero el concienzudo juez se había empeñado en proceder al levantamiento.

Cosas peores se han visto. La pregunta que aún no han conseguido responderse los que intervinieron en el caso es qué hacía un cerdo en mitad de una zona residencial.

Otro caso sin desperdicio, y esta vez no fue un feto de cerdo, podemos asegurárselo de antemano. Aquellos otros restos habían aparecido en una calle del municipio granadino de Armilla y fueron localizado por una vecina que, rápidamente, lo llevó al centro de salud de la localidad al temerse lo peor.

En el ambulatorio, los médicos locales, con un simple examen visual, determinaron que se trataba de un feto humano; y ante la posibilidad de que procediera de un aborto, dieron el preceptivo aviso a la Guardia Civil y al propio juzgado de guardia, que inició la instrucción de las correspondientes diligencias por tan siniestro hallazgo.

Los agentes de la Benemérita buscaron durante varios días a la supuesta madre, mientras que el feto fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, para la realización de un minucioso análisis.

Tras varios días introducido en un bote de alcohol para permitir una mejor conservación, los forenses comenzaron a practicarle la autopsia —o biopsia, como dirían algunos de los protagonistas de este libro— y fue entonces cuando se descubrió lo insospechado: el feto era en realidad un muñeco de silicona.

Seguro que a más de uno le hubiera gustado ver la cara de los médicos cuando practicaron la primera incisión sobre el cuerpo del delito. Y es que hacerle la autopsia a un muñeco tiene delito, a menos, claro está, que se trate de Chucky, el muñeco diabólico, en cuyo caso estaría hasta justificado. No crean.

El insólito caso motivó incluso la apertura de una investigación por parte de las autoridades sanitarias andaluzas y el hecho de que hubieran aparecido fetos de similares características en localidades como Córdoba o Pontevedra hizo sospechar sobre la intencionalidad de los autores de tan macabra broma.

16. Juicios exprés

Dos acontecimientos de indudable trascendencia han hecho presencia recientemente en el panorama judicial español, y además ambos tienen muchas papeletas para protagonizar ediciones sucesivas de De juzgado de guardia: nos referimos a la institución del Jurado (prevista en el artículo 125 de la Constitución) y a los llamados juicios rápidos. Cada uno de ellos representa, a su manera, una modalidad de lo que hemos denominado juicios exprés. En el caso de los juicios rápidos —con los que se encausan, por ejemplo, las faltas— porque son precisamente eso: procedimientos ágiles y rápidos con los que se pretende acelerar el enjuiciamiento de una gran parte de los asuntos que llegan a los juzgados y que no requieren una instrucción compleja. Y en el caso de los juicios con Jurado, porque —parafraseando la película— nueve ciudadanos sin piedad son recluidos, desde que comienza el juicio y hasta que el Jurado emite su sentencia con una mayoría cualificada, a salvo de cualquier injerencia externa, y en un ambiente que puede volverse tan tenso y opresivo como una olla exprés.

Bien saben de este ambiente tenso y opresivo los miembros del jurado popular que debía emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia sobre un macabro crimen, en el que un vecino había matado a otro empleando para ello un hacha. El juicio había resultado intenso y se había prolongado durante varios días, con el consiguiente cansancio de los ciudadanos que debían mandar a la cárcel o absolver al acusado. La vista oral había terminado y le llegaba precisamente el turno de participar a los miembros del jurado, que deliberaban en una sala aneja. En la mesa, a disposición de los ciudadanos, se hallaba —cómo no— la pieza de convicción: el hacha utilizada en el crimen.

La deliberación se tornaba cada vez más enrevesada y como parecía que los jurados no llegaban a ningún veredicto, uno de los ciudadanos, visiblemente alterado y nervioso, cogió el hacha y comenzó a blandirla contra los otros miembros del jurado, a los que conminaba impetuosamente para que hallaran el veredicto, insistiéndoles en que había que acabar cuanto antes con la deliberación.

—¡Esto se va a acabar ya de una vez, o si no no sé lo que va a pasar! —exclamaba insistentemente mientras movía la pieza de convicción.

Entre los restantes miembros del jurado, y con la ayuda de los abogados y del secretario, se hizo entrar en razón al hombre, y el jurado pudo finalmente emitir su veredicto, pero la situación que se vivió pudo haber derivado en otro suceso que, afortunadamente, no se produjo.

Pese a estos incidentes aislados, hay otros jurados que concluyen su labor con mejor cara. Así le pasó a un joven de pueblo que había sido convocado para ser miembro de un jurado. El muchacho estaba muy preocupado, circunstancia que fue observada por un policía que prestaba servicio en los juzgados y que se acercó para interesarse sobre qué le ocurría.

—Estoy en el paro y no entiendo nada de juicios. Vivo en un pueblo apartado de la provincia y no tengo ni siquiera dónde quedarme —dijo el candidato a jurado popular.

—Hombre, no te preocupes por eso, que te pagarán un hotel para que puedas alojarte —repuso el agente.

—¡Qué ilusión, nunca he salido de mi pueblo y además nunca he estado en un hotel! —comentó algo más alegre el joven.

—Pues además te van a pagar sesenta euros por cada día que dure el juicio —concluyó el policía.

A veces, colaborar con la Justicia conlleva algún que otro beneficio particular, como pudo comprobar este joven que, además de salir de su localidad natal, iba a percibir unos euros en un momento en que además se encontraba desempleado.

El caso anterior demuestra que cualquier ciudadano, de acuerdo con la Ley del Jurado, puede ser seleccionado para formar parte de un tribunal popular, encargado de juzgar delitos de tal gravedad como los homicidios o asesinatos o los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Los que a veces no lo tienen tan claro son los ciudadanos llamados a formar parte de esa institución. Un joven había sido elegido para formar parte de un jurado popular, por lo que tendría la difícil misión de emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia en un caso además de bastante gravedad. El juicio no había hecho nada más que comenzar y tras los alegatos previos del fiscal y las demás partes, se acordó un pequeño receso antes de proceder a la declaración del acusado. El joven jurado se dirigió entonces a la presidencia del tribunal y amablemente preguntó:

—¿Perdone, usted quién es?

—Soy el secretario del tribunal —respondió el funcionario.

A continuación, el jurado volvió a preguntar:

—¿Y esa señora que está ahí sentada?

—Es la magistrada —respondió de nuevo el secretario.

—¿Y aquel señor de allí?

—Es el fiscal.

—¿Y el que está a su lado?

—El abogado de la acusación particular.

—¿Y el otro señor? —inquirió nuevamente el jurado.

—Es el abogado de la defensa —respondió el secretario.

Tras este interrogatorio, el joven volvió a hacer una nueva pregunta al secretario, y exclamó sorprendido:

—Y entonces, ¿dónde están los jueces?

El secretario no tuvo más remedio que replicarle:

—¿Los jueces? ¡Los jueces son ustedes! —repuso el funcionario judicial señalando a los nueve ciudadanos, incluido su interlocutor, que componían el jurado popular.

Con un jurado así, mejor no preguntar qué pasó con el veredicto.

En otro juicio con jurado, un hombre se había presentado elegantemente vestido al proceso de selección tras haber sido elegido inicialmente en el sorteo. El ciudadano, acaso recordando Doce hombres sin piedad, no desmerecía para un desfile en una pasarela de Milán: elegante corbata, traje cruzado, zapatos de cordones...

Cuando el fiscal y los abogados procedieron a formular las preguntas habituales para elegir o recusar a los miembros del jurado, el caballero se mostró quizás excesivamente cauto.

Le preguntaron qué opinión le merecían las penas que acompañaban a determinados delitos y el candidato respondió:

—Mejor que sean los jueces quienes respondan.

Y así, en varias ocasiones, replicó con evasivas hasta que le interpelaron sobre por qué quería formar parte del jurado popular. En ese momento, el hombre, con voz decidida y contundente, aseveró:

—Porque soy una persona honesta y cabal.

Automáticamente el fiscal le recusó, dejándole fuera del juicio a pesar del gran interés que había mostrado el candidato por pertenecer al jurado.

Sin embargo, la ley aprobada en 1995 también determina una serie de supuestos en los que los candidatos pueden ser excusados de esta obligación ciudadana, como por ejemplo desempeñar un trabajo de relevante interés general en el que su sustitución origine importantes perjuicios.

Esto es precisamente lo que alegó el diseñador José Luis Medina, de Victorio & Lucchino, cuando fue seleccionado como candidato a jurado. El modisto acudió a la Audiencia de Sevilla, acompañado de su abogado, Joaquín Moeckel, para exponer a los jueces, el fiscal y los letrados de las otras partes los motivos que le impedían participar en el jurado y que resumió en las catorce líneas de trabajo que su firma tenía en el mercado, con una plantilla de setenta empleos directos, y la obligación de asistir a diversas presentaciones de productos de su marca.

Lucchino reconoció que la figura del jurado sólo la conocía a través de las películas y al ser preguntado sobre si haría algún cambio en la uniformidad de jueces y abogados, el diseñador declaró que el negro es un color «muy fashion», porque transmite «vigor, severidad, austeridad y seriedad». De la misma forma, admitió que la toga de un abogado podía ser «motivo de inspiración» para un diseñador e incluso dijo que las puñetas daban mucho juego. Quien sabe, a lo mejor algún día su firma lanza una colección inspirada en los atuendos judiciales: posibles clientes no le iban a faltar.

Menos tensión y menos nervios debe haber —suponemos— en los juicios rápidos, pero por muy rápidos que sean, eso no quiere decir que haya que tomarse las cosas a la ligera. Como le sucedió a un ciudadano contra el que se iba a celebrar uno de estos nuevos procedimientos por injurias continuadas contra un vecino. Antes del inicio de la vista oral, el abogado le comentó a su cliente que no se preocupara, que el caso pintaba bien porque, como los insultos siempre se habían producido cuando ambos estaban a solas, sin la presencia de testigos, no debía haber más problemas. Vamos, que iba a quedar absuelto por falta de pruebas, dado que era la palabra de la víctima u ofendido contra la del acusado, por lo que ante la ausencia de otras personas que pudieran acreditar lo realmente ocurrido, simplemente debía limitarse a negar los cargos cuando declarase.

Se inició el juicio y el primero en intervenir fue el fiscal, que interrogó al procesado:

—¿No es más cierto que usted ha insultado en reiteradas ocasiones a su vecino? —le interpeló el representante del Ministerio Público.

—Sí —respondió el ciudadano en tono burlón—. Le llamé hijo de puta, cabrón y me cagué en sus muertos... ¡Pero como no hay testigos...! —replicó con cierta entonación musical que dejó atónitos a todos los presentes.

El abogado quizá no había calibrado que su cliente, una persona algo brusca, podía dar al traste con su planteamiento del juicio, y no sabía cómo reaccionar. Lógicamente, la condena fue rotunda. Pocas veces un fiscal tuvo tan poco que hacer para lograr una sentencia condenatoria tan fácil. Lo peor fue el enojo con el que se marchó el acusado, que pensaba que le habían tomado el pelo, sobre todo, porque su abogado prácticamente le había garantizado una sentencia favorable por la ausencia de testigos. Y además, al tratarse de un juicio rápido, el reo se llevó la sentencia a casa en el mismo acto.

En realidad, estos personajes chuletas son muy característicos de los juicios de faltas. En otro juzgado se celebraba un juicio a uno de estos personajes singulares, que había sido denunciado también por unas injurias, y el fiscal le estaba interrogando sobre si es verdad que había insultado a su vecino. El acusado se mostraba despectivo y sarcástico, respondiendo toscamente a las preguntas del fiscal, mientras su señoría, un juez muy alto y al que además la toga le quedaba un poco grande, parecía que estaba a lo suyo, mirando los autos y prácticamente sin darse cuenta de lo que ocurría en la sala.

Llegó un momento en que el fiscal no pudo más ante los desaires del denunciado, que le pidió al juez que llamara al orden a tan hostil testigo. El juez hizo ademán de levantarse, y remangándose la toga hasta la cintura mientras mantenía su cuerpo en una posición semierguida, le dijo:

—Oiga, usted: haga el favor de contestar de forma educada y con cortesía a las preguntas del señor fiscal...

Y el acusado, siguiendo con su actitud, replicó al juez:

—¡Coño, si parece Batman!

La verdad es que el juez, con esa toga tan grande, alto como era y en esa actitud, se parecía bastante al conocido superhéroe, según la anécdota que nos trasladó Julio Coca, abogado y director de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Junta de Andalucía.

Y nada mejor para concluir este capítulo exprés con sendos juicios rápidos contra taxistas, porque a veces el hábito hace al monje, y después de todo el día corriendo de un lado para otro, es comprensible que los encuentros con la Justicia sean de esta guisa.

Dos taxistas estaban acusados de haber insultado a varios policías locales, a los que habían llamado «embusteros» y «chulos», y contra los que habían manifestado además que «sólo venís aquí a putearnos», según nos recuerda Sebastián Torres, otro avezado lector. Todo había comenzado porque uno de los acusados había dejado estacionado su vehículo en la parada y al cargo de un compañero mientras iba a los lavabos. Mientras tanto, se personó en el lugar una pareja de la Policía Local, que se dispuso a multar el vehículo porque impedía avanzar a los otros taxistas situados en la parada. Cuando por fin regresó el taxista del lavabo, se produjo el enfrentamiento verbal. Otro compañero increpó a los agentes diciéndoles, según consta en el atestado policial: «De estos personajillos, qué vamos a esperar».

El incidente acabó en un juicio de faltas, en el que los dos taxistas negaron los insultos a los agentes. Sólo quedaba que los funcionarios policiales ratificaran su atestado y, con toda seguridad, los taxistas serían condenados. Lo que nadie podía suponer es que ambos saldrían absueltos por un motivo meramente formal.

Los policías acudieron al juicio perfectamente uniformados. Y cuando el juez les pidió que se identificaran, estos mostraron sus respectivas placas profesionales. Pero su señoría les llamó la atención diciéndoles que, como agentes de la autoridad, deberían saber que en el juzgado hay que identificarse correctamente, con el DNI o documento similar. El juez intentó salvar la cuestión asegurando que la única posibilidad de que se aceptara su declaración consistía en que alguno de los acusados los identificaran como los policías que participaron en el altercado. En ese momento, uno de los procesados estuvo a punto de contestar afirmativamente, lo que hubiera dado validez al testimonio, pero su abogado defensor, avispado y también rápido donde los haya, se apresuró a lanzar un sonoro «noooooooo». El magistrado llamó la atención del letrado de la defensa y a continuación interpeló al testigo sobre si era capaz de identificar al policía. Lógicamente, la respuesta del acusado corroboró el «no» de su abogado, explicando que no lo recordaba porque habían transcurrido ya varios meses. Al final, los dos policías no pudieron declarar y el fiscal no tuvo más remedio que pedir la absolución de los dos taxistas procesados.

Suponemos que los policías aprendieron una gran lección aquel día, y es que, ya puedes ir vestido de hombre de Harrelson, legionario, guardia civil o bombero que, como no lleves el DNI, no tienes nada que hacer en un juzgado.

También en otro juicio rápido —debe de darlo la profesión— fueron juzgados siete taxistas Sevillanos acusados de injurias al concejal delegado de Tráfico, con el que mantenían una agria disputa por el turno rotatorio implantado en el aeropuerto de Sevilla. La defensa pretendía evidenciar ante la juez que los taxistas acusados no habían insultado al responsable municipal y para ello llegó a preguntar a uno de los taxistas por la relación que tenía con él.

—¿No es verdad que usted mantenía frecuentes reuniones con el delegado?

A su contestación afirmativa, agregó la siguiente pregunta:

—¿Y no es verdad que tenían una buena relación y que incluso usted le gustaba al señor delegado?

El taxista se quedó unos segundos callado, como meditando la respuesta que iba a dar, y entonces respondió:

—¡Hombre, tanto como que yo le gustaba...!

En ese momento, todo el público asistente al juicio, en su mayoría compañeros de los taxistas acusados que abarrotaban la Sala, comenzó a reír; también se rieron la juez, el fiscal y los abogados, incluso el que había formulado la pregunta de una manera tan equívoca. Ese juicio acabó igualmente con una sentencia absolutoria, que fue dictada in voce por la juez, al estimar que no había quedado acreditado que los acusados hubiesen sido realmente los autores de los insultos.

Los apodos

Una de las quejas que más frecuentemente se oyen al común de los ciudadanos contra la Justicia es la de no llamar a las cosas por su nombre, o al menos, la de buscar denominaciones excesivamente complicadas. El delincuente sorprendido en plena faena con las manos en la masa es, hasta el mismo momento del juicio, presunto; lo que para cualquier honrado contribuyente no deja de ser un robo, por ninguna fuerza que se haga contra las personas o las cosas, pasa a ser un hurto; quien es considerado por casi todos como un asesino puede ser, en el lenguaje jurídico, un homicida, y así sucesivamente. Y por si todo ello no fuera suficiente, en los propios ambientes delictivos es práctica común la implantación de alias o apodos con los que se conocen entre sí los delincuentes, y que incluso son los nombres con los que la Policía les identifica en muchas ocasiones, llegando incluso a figurar en los atestados policiales o en la instrucción de las causas.

En el célebre caso Arny sobre prostitución de menores, juzgado en la Audiencia de Sevilla en 1997, se dio un caso singular y es que se generalizó entre el medio centenar de acusados, los abogados, los funcionarios judiciales y la prensa que cubría el caso la utilización —entre pasillos— de los alias para referirse a otros procesados, y hasta para nombrar a algunos de los abogados, que también habían sido rebautizados con peculiares adjetivos.

Así, uno de los acusados, el relaciones públicas del local, era conocido como Arny y de ahí el nombre del pub; otro era un transformista conocido como la Biscúter, y a uno de los encargados del local le llamaban el Tiburón Blanco.

De la misma forma, uno de los cincuenta letrados defensores, que acudía a las sesiones elegantemente vestido y con el cabello embadurnado con industriales cantidades de gomina, fue denominado por uno de los acusados como Herman o el Niño de los Monsters, haciendo referencia a la popular serie televisiva.

El testigo Número 1 del caso, que dio origen al proceso y posteriormente se retractó en el juicio de todo cuanto había dicho, era conocido con un nombre falso, y a él mismo le gustaba denominarse como el Number One del caso Arny. Otro de los testigos protegidos del caso, un menor que llegó a imputar a trece de los acusados, entre ellos algunos famosos, tenía numerosos antecedentes policiales en los que era conocido como el Caqui.

También durante el denominado proceso por el caso Ollero, en el que se juzgaban presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas andaluzas, se escucharon algunos apodos en las numerosas cintas con las intervenciones telefónicas practicadas en la instrucción de la causa y a las que ya nos hemos referido.

En esos pinchazos era frecuente que se escuchara cómo se mencionaba el Cacerolo o el Número Uno, presumiblemente aludiendo a importantes cargos de la Consejería de Obras Públicas, aunque también abundaban los comentarios sobre el Willy, apelativo con el que los interlocutores de esas conversaciones llamaban a un insigne constructor que optaba al concurso para la adjudicación de una determinada carretera.

En Cádiz, la Policía detuvo en innumerables ocasiones a un joven, conocido como el Hombre Araña, y que contaba con numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad. Este spyderman gaditano acabó siendo apodado de esta singular forma debido a su habilidad para perpetrar robos por el procedimiento del escalo.

Y es que el delincuente era un especialista a la hora de trepar por las fachadas de los edificios e introducirse en las viviendas, con la ayuda simplemente de sus manos y de su gran habilidad para la escalada. Para el Hombre Araña no había fachada donde pusiera el ojo que se le resistiera, por muy dificultoso que resultara el ascenso.

Si eres contrabandista de tabaco y encima te apodas Franco, el asunto no empieza bien, y ya se sabe que lo que mal empieza... Francisco F., alias Franco, fue detenido por la Policía de Sevilla en compañía de otro individuo cuando transportaban en un vehículo nada más y nada menos que casi dos mil cartones de tabaco Marlboro de contrabando, o sea, unas 20.000 cajetillas.

La Policía tenía localizado al tal Franco, que contaba con antecedentes por los mismos delitos y que residía en Mairena del Aljarafe. Durante varios días fue sometido a distintas vigilancias policiales y así se pudo comprobar que, en compañía del otro individuo se dirigieron hacia el poblado de Castellar de la provincia de Barcelona, donde efectuaron la carga del tabaco.

Al final, como no podía ser de otra manera, fueron interceptados en las inmediaciones del aeropuerto San Pablo de Sevilla, donde la Policía les detuvo y se incautó del tabaco de contrabando.

En algunas ocasiones, los apodos que identifican a los delincuentes tienen su origen en gentilicios, como cuando en el ya derogado servicio militar los compañeros utilizaban la localidad de origen del mozo para denominarlo, y así son frecuentes apodos como el Sevillano, el Madriles, el Catalán o el Vasco. La tan traída y llevada globalización también se ha dejado sentir en el mundo de los alias, y así tenemos el Indio o el Africano.

En otras ocasiones, los alias guardan relación con la naturaleza, como el caso de un individuo apodado el Bicho o de otro llamado el Bichomalo. También nos encontramos con la Mosca, el Piraña, el Rata, el Pulga, el Chinche, el Ciempiés, el Sapo, el Sarna, el Simio, el Vampiro, el Gorila, el Pantera, el Lobo, el Rano y el Zorro.

También los hay que hacen referencia a alimentos, por ejemplo el Galleta, que fue detenido por su presunta participación en varios tirones. También aparecen el Huevo, el Bollo, el Colín, e incluso otro denominado con el sabroso apodo de el Cabeza de los Rabanitos. Y para que no falte de nada, con buen sabor andaluz, en Málaga tenemos el Gazpachuelo y la Pimentona.

Hay algunos alias que pasan de padres a hijos, como el Majara, que fue juzgado por una tentativa de homicidio tras apuñalar a otro individuo en una localidad sevillana. En estos casos, el apodo, como el apellido, no se elige, y viene impuesto por inexorable herencia familiar: el Chapi recibía su apodo de su padre, que era chapista de coches, y no hay que confundirlo con el Chapa, un chapero. Peor debía llevarlo otro delincuente apodado el Cagón, que era hijo de la Cagona.

En lo que se refiere a actividades delictivas, podemos señalar atracadores como el Peíto, el Tapia o el Caco. En la especialidad de sirleros y tironeros nos encontramos con el Nini, el Putamadre, el Guana, el Bombita, el Latero, el Maguila, el Pureta, el Tarugo o el Algarrobo. Entre los carteristas estarían el Lápiz, el Negrillo, el Jarillo, el Falollo, el Risita y la Franca. En el timo del tocomocho sobresalen el Poli, el Antoñito, el Quiqui, el Ronco, y el Capitán. Otro timador es conocido por el Dabuten.

Hay quien no se conforma con un solo apodo y se sirve de varios, como un delincuente habitual valenciano que utilizaba los de el Barrabás, el Cabezón y el Fumanchú. En Málaga destacan alias tan sonoros y rimbombantes como el Kerekeke, el Poyanca, la Tonguelele, el Tontopillo, el Tragalaspapas, el Tututu y el Yuyu. El Fe de Merda era el apodo de un delincuente gallego.

El aspecto físico también sirve para ganarse un alias: el Caracortada, el Cejas, el Cuatroculos, el Conejo, el Pecas, el Chato, el Chinín, de ojos achinados, el Barriguita, el Dientes, el Grasas, el Pelón, el Labios, el Manos, el Enano, el Cachas y el Melenas.

Y cuando el sujeto se parece a algún personaje famoso, el apodo está servido, como el Camarón, el Iríbar, el Boris o el Drácula. El cine es notable fuente de inspiración, con el Cantinflas, el Masa, el Fugitivo o el Kung Fu. Algunos remiten a la época de la cándida infancia, como el Pinocho, el Petete, el Dumbo, el Kabuto, el Fofito o el Popeye. Y hasta los hay de inspiración mitológica, como la Calíope, o incluso matemática, como el Ocho y la Triple. El Caritas era conocido por su cara de niña, así como el Chiqui lo era por su aspecto de niño, mientras que a otro con maneras algo alocadas al volante le apodan el Fitipaldi.

Un delincuente poco amigo de la higiene era conocido por el Porqui, y otro que no resultaba muy legal ni a ojos de los propios delincuentes, recibía el apodo de el Judas.

El Lunarejos tenía muchos lunares, y a uno que era muy moreno le llamaban el Negro. El Rata resultaba especialmente escurridizo, capaz de meterse por cualquier sitio. Por su parte, parece que el Boli era muy mentiroso. El Polvos o el Caliente no necesitan ningún comentario.

Otros eran conocidos como el Puñalada, el Bienhecho, el Bultaco, el Love, el Litri, el Pocapena, el Lutillo o el Butano. Para cerrar esta lista de apodos que podrían resultar interminable citaremos a el Cachorreño, el Cagadilla de la Paloma, el Calambres, el Caldibache, el Carapapa, el Chupete, el Chorrohormiga, el Chusma, el Lique, el Panchi y el Peneque.

Cuestionario

Finalmente, proponemos el siguiente cuestionario al lector, que permitirá evaluar el aprovechamiento con el que ha leído los casos precedentes. Al final del mismo encontrará las tablas con los resultados correctos y una valoración de sus conocimientos jurídicos adquiridos tras la lectura de De juzgado de guardia.

Arbitraje:

Cuando interviene un árbitro de primera división de fútbol en un conflicto deportivo judicial.

A. Institución regulada legalmente, por la que quienes tienen entre si un pleito, deciden resolverlo sometiéndose a la decisión de un tercero (árbitro).

Audiencia pública:

Es la voz que se da por la mañana temprano cuando se abren las puertas de los juzgados para que entre todo el personal. De esta forma se evitan las colas, las aglomeraciones, y los empujones en la entrada.

Es el momento en que se inicia la vista oral y el público puede acceder a la sala para seguir el desarrollo del juicio.

Auto:

El vehículo oficial que utilizan el personal de Justicia para realizar los desplazamientos cuando están de servicio.

Resolución judicial, de menor importancia que la sentencia, y de mayor importancia que la providencia. Mediante esta resolución se da término a la causa, cuando termina sin juicio, se autoriza una diligencia de investigación que afecte a derechos fundamentales, se acuerda la prisión preventiva o el procesamiento de alguien.

Autopsia:

Prueba patológica para determinar la enfermedad de una víctima.

Examen médico-forense al que se somete un cadáver para determinar las causas del fallecimiento y cualquier otro dato de interés.

Bienes muebles:

Es un día muy importante para los juzgados. Han llegado los muebles nuevos (sillas, mesas, sillones). Se cambia el mobiliario y la decoración.

Aquel que puede ser trasladado sin alteración o deterioro.

Blanqueo de capitales:

Delito que consiste en echarle cal o pintura plástica de color blanca a los billetes sin importar la marca de pintura.

Delito consistente en adquirir, convertir o transmitir bienes o dinero, a sabiendas de que proceden de un delito con la intención de encubrir su origen y ayudar a las personas que hayan participado a eludir las consecuencias de sus actos.

Cargas:

Se trata de la documentación muy pesada que necesita de estanterías especiales para colocarlas.

En el derecho procesal es la atribución a una de las partes de la necesidad de actuar para obtener algún efecto procesal que de quedar inactivo no se produce.

Civil:

A. Nombre abreviado de un miembro del Instituto Armado (guardia civil). En los pueblos se suele emplear el término en plural (civiles).

Que pertenece a relaciones o intereses privados, o referidos al estado civil o a las relaciones familiares.

Concurso de delitos:

Se trata de una competición no oficial donde los delincuentes cuentan en la cárcel sus fechorías. El ganador se queda sin permiso de fin de semana cuando le toque.

Cuando se imputan a una misma persona varios delitos.

Concurso ideal:

Es la final del concurso anterior. Sólo pasan los finalistas.

Si de un solo acto se derivan varios delitos.

Condonación:

Nuevo delito relacionado con los anticonceptivos. Se demanda a una casa de preservativos porque el artilugio venía con un agujero de fábrica.

Modo de extinción de una obligación por el perdón del acreedor.

Costas:

Lugar geográfico en el litoral donde se ha producido un delito y no se quiere decir el nombre de la playa para que no cunda la alarma.

Gastos derivados de la realización de un proceso.

Defecto de forma:

Las secuelas que suelen sufrir las víctimas de los accidentes laborales, profesionales o de tráfico que afectan a las extremidades o la cara.

Incumplimiento de las normas que rigen el modo de realizar un acto, que puede motivar la ineficacia del mismo. Cuando se planteara en el ámbito penal, suele estar relacionada con el modo por el que se han obtenido determinadas pruebas, de cuya validez dependa la posibilidad de condenar a alguien.

Disfraz:

Atuendo empleado por los delincuentes en las ciudades cuando celebran los carnavales y que sustituye a la ropa tradicional. Hay varias modalidades con careta, maquillaje, peluca...

Instrumento utilizado para desfigurar u ocultar la identidad, que si es utilizado por el autor del delito, en la medida que supone una mayor preparación del delito, da lugar a una circunstancia agravante, prevista en el artículo 22.2 del Código Penal.

Fallo:

Cuando los jueces aciertan al final y sale todo el mundo contento con su decisión aunque sea un fallo para unos y un acierto para otros.

Parte final de la sentencia que concreta su decisión.

Foliar:

Piensen lo que quieran en esta definición, pero no extremen...

Numerar los folios de una causa judicial o un procedimiento administrativo.

Frutos:

Son las cosechas que se obtienen de los árboles que rodean los juzgados, audiencias o tribunales. Suelen ser naranjas o limones.

Utilidades o rendimientos económicos de una cosa obtenidos sin modificarla.

Gracia:

Cuando un testigo se pone a contar chistes y todo el mundo se ríe en un momento de tensión de un juicio. También se aplica si alguien hace reír a otro en unas dependencias judiciales.

Beneficio otorgado sin contraprestación.

Infidelidad de documentos públicos:

«Cuando se pierden los papeles.» No aparece ni un folio.

Conducta del funcionario público que sustrajere, destruyere o inutilizare, documentos cuya custodia le ha sido confiada, prevista como delito en el artículo 413 del Código Penal junto con otras modalidades en los artículos siguientes.

In fraganti:

Te han pillao con las manos en la masa. No lo salva ni un abogado de pago.

Sinónimo de flagrante. Que se puede percibir directamente por los sentidos.

Juzgado de menores:

Lugar habilitado en las dependencias judiciales para dejar a los niños por si tenemos que acudir para realizar algún trámite y no tenemos niñera o canguro.

Órgano judicial encargado de tramitar y juzgar asuntos relacionados con menores de edad.

Lanzamiento:

Cuando un imputado solicita permiso al juez para salir del país y participar en los juegos olímpicos en la modalidad de lanzamiento de martillo o jabalina, dependiendo de la práctica y manejo del mismo.

Ejecución de una sentencia de desahucio que se realiza si el demandado no desaloja la casa de forma voluntaria.

Levantamiento del cadáver:

A. Cuando le cae el muerto al juzgado de guardia. Suelen ser muy pesados los trámites del levantamiento del fallecido.

Diligencia prevista en la ley de enjuiciamiento criminal, que consiste en la inspección del lugar en donde es hallado un cadáver por el juez acompañado de la comisión judicial y que concluye con su autorización para que sea retirado.

Malicia:

Conjunto musical que ganó un festival de música.

Intención de actuar ilícitamente.

Mandamiento:

Lo que manda la Santa Iglesia Católica para que no haya malos, y que todo el mundo sea bueno. Le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí.

Orden judicial.

Masa:

El secreto está en ella. Es conveniente que no se pase y que se quede doradita antes de servir. A veces es mejor que no te cojan con ella en las manos.

Conjunto de cosas. Bienes o personas.

Miedo insuperable:

Cuando ponen una película de terror, llega el momento de máximo horror, el espectador es capaz de cualquier cosa.

Circunstancia que exime de responsabilidad penal, prevista en el artículo 20.6 del Código Penal.

Morada:

Cuando una fémina se pasa con el alcohol y la guardia civil la trinca. También puede ser el color de la cara de una mujer si se atraganta cuando está comiendo.

Domicilio, lugar cerrado en donde se desarrolla la vida doméstica. Trascendente penalmente, eleva la pena en el robo y, su invasión sin autorización del titular constituye el delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal.

Ocultación de un menor:

Cuando se mete un niño pequeño debajo de la mesa y llega la madre preguntado por él y no aparece. «¿Donde está mi chiquitín?» Todo el mundo se ríe en el salón y entonces Joselito asoma diciendo: «¡Aquí estoy!».

Delito previsto en el Código Penal que consiste en entregar a una tercera persona un recién nacido para ocultar su verdadera filiación (padres, madres).

Pasante:

Cuando alguien quiere esquivar a la Justicia o va de listo y lo cogen.

Término empleado para los abogados jóvenes, con poca experiencia que aprenden en un despacho de letrados.

Pensión:

Donde se esconden algunas veces los autores de un delito para huir de la Policía.

Cantidad que debe abonarse de acuerdo a lo pactado, a lo ordenado judicialmente o a lo establecido por la ley. Se habla de pensión provisional, compensatoria o de alimentos.

Plica:

A. El nombre en clave que dan las bandas orientales de mañosos cuando quieren atracar un supermercado o superficie comercial (vamos al plica).

Sobre cerrado en el que se contiene un documento y que sólo debe ser abierto en determinado momento procesal.

Posesión:

Estado anímico y casi diabólico que padece un ajusticiado después de semanas, meses y años de espera a una decisión judicial.

Relación fáctica de alguien con una cosa.

Prenda:

La indumentaria que llevan las víctimas de un delito. También puede ser el calificativo de un delincuente: «está hecho un prenda».

Derecho de garantía que recae sobre una cosa que se entrega al acreedor, para asegurar el cumplimiento de la obligación.

Puñetas:

Es el único taco permitido en el mundo judicial sin que te condene el fiscal, porque él sabe de qué va la cosa y tiene buena mano en este asunto.

Encaje que se pone al final de las mangas de la toga y que acredita la pertenencia a la segunda categoría de la carrera judicial o fiscal.

Reformatio in peius:

Nombre de una película italiana donde la protagonista se hace la cirugía estética. También puede ser el que joroba para que no recurra.

Principio de la prohibición de la reformatio in peius. Es aquel que prohíbe empeorar la posición del recurrente en la segunda instancia, relativo al propio recurso.

Remate:

Es el momento en el que un miembro de la administración de Justicia tira un papel a la papelera, no encesta y pasa un compañero y acierta en el primer intento a encestarlo. En estos casos sólo vale un punto.

Adjudicación al mejor postor de un bien tras una subasta pública.

Rollo:

Declaración que ofrece en un juicio un acusado y que no se cree ni él mismo.

Legajos unidos en una causa ante la audiencia.

Rueda de detenidos:

Cuando los delincuentes tienen que pasar dando vueltas por la rueda de un camión sin salirse del camino.

Diligencia de investigación prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal encaminada a determinar la autoría de un hecho. Su realización consiste en comprobar si el testigo reconoce al autor, situado tras un cristal opaco en sentido inverso, junto con otras personas de similares características.

Sedición:

Delito cometido cuando del autor tiene mucha sed. Es una circunstancia atenuante si lo capturan.

Delito que consiste en el propósito de subvertir el orden legítimamente constituido.

Señalamiento:

Es el momento en el juicio en el que el acusado apunta con el dedo índice al acusado que está sentado en el banquillo.

Determinación del día y la hora del comienzo de un juicio.

Vista oral:

La prueba judicial más importante porque se hace con la boca y con la vista. La realiza el forense, porque para eso es el médico de la familia judicial.

Momento procesal en que tiene lugar el juicio propiamente dicho, con la presentación de cargos y la práctica de pruebas testificales y documentales.

Tabla orientativa de comprensión de vocabulario judicial

Las respuestas correctas —como cualquier lector avispado ya habrá intuido— son las correspondientes a la letra B. Por lo tanto, sume 1 punto por cada respuesta B y 0 puntos por cada respuesta A.

Menos de 10 aciertos

Tiene muchas posibilidades de convertirse en un protagonista de De juzgado de guardia. Si algún día, por alguna circunstancia, tiene que acudir a algún tribunal, por favor, no deje de avisarnos.

Entre 10 y 20 aciertos

Si continúa intentándolo, llegará a convertirse en protagonista de De juzgado de guardia. ¡No abandone, puede conseguirlo si persevera!

Entre 20 y 30 aciertos

Ha leído con aprovechamiento este libro. Ya sólo le queda recomendarlo con fruición a familiares y amigos. Y no olvide que la legislación actualmente vigente establece penas de prisión y/o multas a quien comunicare en todo o en parte el contenido de una obra literaria. Así pues, nada de contarlo por ahí para hacerse el gracioso: que pasen por la librería.

Más de 40 aciertos

Lo suyo es el derecho, no lo piense más porque puede vivir de esto. Podría plantearse preparar una oposiciones para fiscal o juez. Y con un poco de esfuerzo, incluso convertirse un periodista especializado en información judicial.

Y cualquiera que haya sido el resultado, no se desanimen. Los autores de De juzgado de guardia confesamos abundantes lagunas en nuestra formación jurídica, pero a base de sentencias, condenas y fallos nos estamos especializando a golpe de juzgado.

Digitalizado por kamparina para Biblioteca-irc en Junio de 2.004

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31/08/2011