Santi Vila

De héroes y traidores

El dilema de Cataluña o los diez errores del procés

© del diseño de la portada, Planeta Arte & Diseño

© de la imagen de la portada, Joan Tomás

© Santiago Vila Vicente, 2018

© de esta edición: Grup Editorial, 62, S.L.U., 2018

Ediciones Península

Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

Primera edición en libro electrónico (epub): marzo de 2018

ISBN: 978-84-9942-683-9 (epub)

Conversión a libro electrónico: El Taller del Llibre, S. L.

SINOPSIS

Las relaciones políticas e institucionales entre Cataluña y el Estado español atraviesan, seguramente, su peor momento. Superado, en apariencia, por parte de España el desafío de la liberalización económica, la integración europea y la configuración de la sociedad de bienestar homologable a la de las democracias más avanzadas de Europa, aparecen de nuevo los malos gobiernos y las luchas fratricidas, como si de una fatalidad histórica se tratara. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Más allá de las decisiones tácticas u oportunistas de los diversos actores políticos, Santi Vila analiza en este libro los errores cometidos en el campo soberanista durante los últimos años y también los perpetrados desde el Gobierno español. Pero sobre todo cuenta su experiencia en primera persona en el interior del Gobierno que declaró la independencia, su intervención ante la juez Carmen Lamela, el paso por la cárcel y lo que se siente al ver que los sectores más favorables a las tesis soberanistas te transforman, de un día para otro, de héroe en traidor a la patria.

A Sísifo

A los que no se cansarán nunca de tender puentes

PRÓLOGO

Y ¿de qué va este libro, De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés? «¿Un libro más sobre el procés?», pensará empalagado más de uno, como pensamos el común de los mortales en las cenas navideñas cuando, colapsados ya de tanto comer y beber, el pariente absurdo de turno nos ataca de nuevo con más turrón y polvorones. En lo que va de año, una montaña inacabable de libelos, libros serios y panfletos han inundado las librerías para cantar las grandes gestas del procés o para desmentirlas, para encumbrar hagiográficamente a sus grandes líderes o para desenmascararlos por irresponsables.

Es pronto aún para saber si los vividos han sido momentos estelares o estrellados; si el soberanismo es un tigre peligroso o más bien una mosca cojonera; si la revolución ha sido tranquila o delirante, tragedia o vodevil. No está claro si hay cien motivos para ser independentista o si los hay a favor del entendimiento y en contra de la secesión. Como no es seguro que Cataluña consiga a corto o medio plazo la independencia, ni que dentro de veinte años, los héroes y traidores del momento merezcan una simple entrada en Wikipedia. Después de cinco años de proceso independentista, lo único que queda confirmado es que, a pesar de la recesión, como vio el Quijote, «aquí se imprimen libros», de lo que nos alegramos todos mucho. Este es uno más.

Aun con la temática del libro no resuelta, otros pensarán que esta es una nueva aportación a la larga y tediosa lista de ensayos sobre las relaciones entre Cataluña y el Estado, como es sabido complejas desde el primer día del nacimiento de España, allá por el siglo XV. Catalanista como soy, tengo la impresión de que en lo que a nacionalismo catalán se refiere, después de Prat de la Riba, Francesc Cambó y los de su generación, todo ha quedado dicho. Aun así, muchos españoles gustan de seguir leyendo sobre el tema. Y yo me alegro, aunque este no sea un libro que trate principalmente de ello.

También habrá quien, empapado de romanticismo y ansioso de emociones fuertes, espere hallar en estas páginas una morbosa historia de héroes y villanos, un nuevo episodio de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre lo noble y lo mezquino, como en las mejores y tan balsámicas películas de los tiempos de la guerra fría. Me temo que si esto es lo que buscan, se decepcionarán un poco, porque el libro que están a punto de iniciar es bastante matizado y tintado de grises. Esta es una historia de enredos políticos y regate corto, pero también de momentos elevados y de humanidad rotunda, desbordados de aciertos y errores, de decisiones a veces nobles, a veces tristes, a menudo protagonizadas por la misma persona. Porque en circunstancias extremas, todos somos capaces de ser valientes y timoratos, coherentes y contradictorios, de lo mejor y más sorprendente, y de lo peor y más triste.

Por estas páginas desfilan hombres y mujeres con un fuerte instinto político situados ante el reto de recuperar la esperanza para una ciudadanía catalana sacudida por la crisis y por los efectos de la globalización, desengañada de unas instituciones y unos representantes políticos unas veces corruptos y otras simplemente incapaces. En esas circunstancias fueron muchos los que se apuntaron, como el Calígula de Albert Camus, a intentar dar oportunidad a lo imposible. A la vista de lo vivido, como le replicara Cesonia al dictador después de la matanza arbitraria, intuyo que pronto habrá que dar de nuevo oportunidad a lo posible, que no implica renuncia alguna, pero que exige hacer las cosas bien.

Más que de traidores y héroes, seguramente esta es la historia de un nuevo episodio del enfrentamiento entre idealistas y pragmáticos, maximalistas y posibilistas, convertidos en héroes y traidores en función del momento y de quién los juzga. Héroes desgraciados reunidos en el mismo personaje unas veces, traidores lúcidos las otras, según el caprichoso giro de la rueda de la fortuna. Si como en la Biblia, por traición entendemos ingratitud, la nómina de traidores en el ámbito político ha sido siempre, desde los tiempos de Cicerón hasta nuestros días, inagotable. La cabeza me daría vueltas si me atreviera a contar el sinfín de colaboradores de mi confianza que he tenido durante años que en las horas difíciles y decisivas han preferido el confort del sueldo o el aplauso fácil de quien sigue la corriente antes que la lealtad a unas convicciones profundas, por heterodoxas y díscolas que pudieran resultar en el momento y por mucho que las hubiéramos defendido juntos desde las primeras horas de nuestra vida política. En cambio, si en la idea de traición buscamos la falsedad, la transgresión o el incumplimiento de determinadas promesas, ni rastro habrá de ellas. Mirado así, en las horas extremas del procés, no encuentro actos traidores, sino como máximo decisiones cobardes o temerarias; ni rastro de heroísmo, sino más bien un sinfín de situaciones y personajes trágicos, o simplemente pequeños e indolentes, desbordados por los acontecimientos o, lo que es peor, por el ruido ensordecedor de su impacto mediático.

Justo cuando acaba de iniciarse la escena sexta del tercer acto de la historia de Calígula, el dictador le pregunta a su amigo Quereas si cree que es posible que dos hombres con alma y dignidad del mismo rango puedan, al menos una vez en su vida, decirse las cosas con el corazón en la mano, como si estuviesen desnudos el uno ante el otro, desnudos de los prejuicios, los intereses particulares y las mentiras en las que viven instalados.

—En mi opinión, es posile, Cayo. Pero creo que tú eres incapaz de hacerlo.

—Tienes razón […]. Pongámonos pues , las máscaras.[1]

A lo largo del procés, desde el año 2012 hasta hoy, dos convicciones íntimas inspiraron y tensionaron al Gobierno de la Generalitat y a sus consellers. Para la primera —creo honestamente que mucho más minoritaria de lo que gran parte de la opinión pública considera—, el procés era el camino recto hacia la independencia de Cataluña, imaginada como inminente e indolora, de consecución casi automática e inevitable. La famosa «hoja de ruta». Para la segunda, en cambio, esta era una movilización más, que queríamos vigorosa y respetable, capaz de catalizar una nueva oleada reformista para Cataluña y tal vez para el conjunto de España. La novedad era el nuevo marco mental desde el que se configuraba la reivindicación de mayor autogobierno, que de no ser correspondida en Madrid, situaba su meta en un horizonte desacomplejadamente independentista. Con máscaras o sin ellas, en público y en privado, todos luchamos por imponer nuestro particular cuaderno de bitácora, maximalista o reformista. Tengo la impresión, además, de que algunos fueron capaces de defender sinceramente lo uno o lo otro según el día o la estación del año. No fue este mi caso, comprometido como estuve siempre, en público y en privado, con la idea de Cataluña como nación, con su derecho irrenunciable a decidir, pero también con la necesidad de respetar el ordenamiento constitucional y de confiar de manera incombustible en la vía reformista como único camino transitable para los verdaderos demócratas.

De héroes y traidores es un libro con dos partes claramente diferenciadas. En la primera y más extensa, la que relata la experiencia vivida en Cataluña durante los últimos años del procés, la aproximación es necesariamente memorialística. Para bien o para mal, al menos desde 2012 he estado justo en el centro del escenario político catalán. Unas veces en papeles heroicos y merecedores del aplauso del gran público, las otras en el rol de villano y chivo expiatorio, merecedor de abucheos y críticas. En todo caso, como admitió en su día Maruja Torres, sabedor de que si yo fuera objeto, sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo, la mirada que aporta este libro es parcial y comprometida. Tan cierto como que la honestidad y el rigor han sido los faros que he perseguido en todo momento. Tan solo espero que la desmemoria o los prejuicios más indetectables del fondo de mi pensamiento no hayan conseguido confundirme en exceso, sin apenas haberme dado cuenta.

Siendo como he sido y soy un animal profundamente político, que ha sentido y sigue sintiendo instintivamente un incandescente fuego interior que ilumina todo aquello que afecta al interés general, habiéndome formado durante todos estos últimos años una idea bastante consolidada de lo que le convendría a los catalanes —y quiero pensar que también al conjunto de los españoles—, la segunda parte del libro, más propositiva y necesariamente más concisa, apunta algunos de los caminos de solución, que creo que valdría la pena explorar para intentar salir del desastre que hemos heredado o, quizá mejor, del embrollo en el que nos hemos metido.

Contaba Simón Peres en sus memorias que si en una conversación quieres descubrir rápidamente si te encuentras ante un joven o un viejo, procura eludir el prejuicio de la edad biológica y estar atento a si, cuando este habla, se emociona más relatando sus éxitos, consecuciones y fracasos pasados que al contar sus proyectos e ilusiones de futuro. El que mira al futuro con esperanza, aunque nonagenario, es joven, sin duda. El que tan solo sirve a la nostalgia es más viejo que Matusalén. Confío en que en las páginas que vienen a continuación, aunque escritas a partir de la experiencia de lo vivido, el lector encuentre mucho más de futuro que de pasado; más de esperanza y renovado optimismo que de ajuste de cuentas o resentimiento.

Barcelona, 8 de enero de 2018

PRIMERA PARTE

1

SOY DE AQUÍ, SOY EXTRANJERO

Se miente más de la cuenta

por falta de fantasía:

también la verdad se inventa.

ANTONIO MACHADO

Gabriel Rufián espeta «155 monedas de plata» a las 12.11 horas de la mañana del día 26 de octubre de 2017, temeroso de que Carles Puigdemont convoque elecciones y evite la aplicación del 155. «El abogado de Santi Vila es el que representó a Cristina de Borbón. Todo en orden (el orden del 78)» dispara Francesc de Dalmases, candidato de Junts per Catalunya (JuntsxCat) en las últimas elecciones. «Santi Vila llegó a un acuerdo con el Estado: si dimitía y cargaba contra el Gobierno, lo exculparían. Eso tiene un nombre», escupe Ramir de Porrata, otro de los fichajes estrella de JuntsxCat en las pasadas elecciones.

Los ejemplos, que podrían continuar hasta la saciedad, coinciden siempre en algunos puntos en común: en primer lugar, en la descripción de un panorama maniqueo, emocional y simple, casi infantil, con una divisoria clara entre el bien y el mal, entre españolistas y catalanistas, entre traidores y héroes. Ojo con caer en la más mínima heterodoxia porque las viejas amistades tornan rápido en fría indiferencia. Ojo con dudar, con cuestionar alguno de los dogmas de fe del momento, porque si te atreves a hacerlo, una letal y bien organizada manada de articulistas de partido, opinadores a sueldo y perfiles falsos en las redes sociales caerán sobre ti, implacables, hasta aniquilarte políticamente. Ni heterodoxias ni dudas ni matices. Que el rey va desnudo, todo el mundo lo sabe. Lo que es del todo inadmisible es confesarlo. De nuevo, como en tantas otras ocasiones en la historia contemporánea de España, para los fanáticos, el dilema está claro: ¡o conmigo o contra mí! O aplicado al caso, ¡o con Cataluña o con España!

Otro aspecto no menos importante de la retórica hegemónica en la Cataluña reciente ha sido su tronado sesgo izquierdista. Contando con la sorprendente y callada resignación de parte del catalanismo político representado hasta hace bien poco por Convergència i Unió (CiU), los discursos de los máximos representantes y líderes del procés, con Carme Forcadell, Marta Rovira y Ana Gabriel a la cabeza, siempre coinciden en la idealización de los tiempos de la República y en la demonización de los de la Transición. Menospreciando sin matices las consecuciones en términos de libertades y progreso de los últimos cuarenta años, el orden constitucional actual se describe constantemente como el «régimen del 78», el «orden del 78», etcétera. No en vano, en la sesión probablemente más triste de la historia del parlamentarismo catalán contemporáneo, la del monólogo sobre las leyes de referéndum y transitoriedad del 6 y 7 de septiembre de 2017, Ana Gabriel rindió homenaje a «la gente que luchó contra el régimen del 78 y que fue torturada y encarcelada por hacerlo». Lo más chocante es que todas estas voces revolucionarias consideran del todo compatible su retórica antisistema con formar parte de él, disfrutando sin rubor de sus prebendas, coches oficiales y salarios. Lo más desconcertante es que muchos de los excesos verbales de aquella sesión funesta despertaran aplausos entre algunos de los miembros de la bancada en su día liberal progresista o directamente conservadora.

En el momento de escribir estas páginas, recibo un educado correo electrónico del alcalde de un pequeño municipio de La Garrotxa, una de las comarcas septentrionales de Girona, con el que he mantenido una intensa relación institucional y personal durante muchos años. El buen hombre me cuenta que le va a ser imposible mantener el prólogo que me había encargado hace unos meses para la publicación de un libro sobre la historia de su municipio. Aunque no se olvida de lo mucho que hemos trabajado juntos por su pueblo y por la comarca, ha llegado a la conclusión de que en las actuales circunstancias políticas es mejor prescindir de mi texto. Le respondo escuetamente, disimulando mi tristeza, que ya habrá nuevas y mejores ocasiones. En casa, entre mis libros, ya tranquilo, me viene a la mente el desaire que le hizo el barón de Thunder-ten-tronckh al Cándido de Voltaire cuando después de una vida llena de desastres y penalidades, a pesar de que Cándido aún se mostraba dispuesto a desposar a la hermana del noble, Conegunda —que aunque en su día destacó por su belleza y su carácter, las desgracias y el paso del tiempo la habían convertido en una mujer de dientes renegridos, ojos legañosos, con el cuello lleno de pellejos, las mejillas arrugadas, los brazos secos y escamosos, en definitiva, en una mujer gruñona y más fea que un coco—, dispuesto a pesar de todo a casarse con ella, más por piedad que por amor, tropezó don Cándido con la renovada negativa del barón a autorizar el matrimonio, puesto que a pesar de reconocerle y agradecerle sus buenas intenciones, ¡no podía olvidar que Cándido no era noble! En fin, regresando de nuevo a lo que aquí nos ocupa, que interesante o irrelevante el libro que yo debía prologar, lo importante es que yo (ya) no era independentista…

Antes de empezar este relato sobre héroes y traidores permitan que les hable de mí, a riesgo de parecer inmodesto o de poder ser acusado de escribir una autobiografía disfrazada de postal de historia de Cataluña. Políticamente hablando, quien escribe estas páginas ha sido concejal, alcalde, diputado y conseller de la Generalitat de Cataluña durante los últimos cinco años. Como alcalde de Figueres, capital del Alt Empordà, me gusta presumir de haber sido el único político de la ciudad que consiguió en su día vencer en todos los colegios electorales del municipio, en los barrios más humildes y en los más adinerados, en los de residentes «gatos» de toda la vida, como dirían en Madrid, y en los coloridos y rejuvenecidos por la llegada de la inmigración. Ciudad poco dada a las mayorías, la primera y única mayoría absoluta de la actual democracia la conseguimos con mi equipo en las elecciones municipales de 2011, después de un mandato municipal intenso y lleno de importantes logros para el bien común. También fueron exitosas las campañas políticas en las elecciones autonómicas de 2010 y 2012, cuando bajo mi liderazgo ganamos un importante número de escaños en la circunscripción de Girona, que fueron claves para investir a Artur Mas presidente de la Generalitat y poder derrotar al tripartito del presidente Montilla, Joan Saura y Joan Puigcercós. Después vino el paso por las consejerías de Territorio, de Cultura y, aunque brevemente, de Empresa y Conocimiento. Educado en el seno de una familia sencilla, de payeses y ferroviarios del Empordà, cursé mis estudios primarios y secundarios en una escuela de los Hermanos de La Salle, y llevé a cabo mi formación universitaria en las universidades públicas de Girona y Autónoma de Barcelona, siempre con becas por méritos académicos. No ha sido hasta mucho más tarde cuando me he doctorado en la Universidad Internacional de Cataluña, con una tesis sobre fanáticos integristas, por cierto.

Con este perfil, que si de ponerse a exagerar se tratara, me parecería más propio de la saga de David Copperfield que de la de los duques de Cambridge, no deja de resultar paradójica la construcción interesada por parte de cierto nacionalismo radical de una imagen de mi persona política como representante y albacea de los intereses de los ricos y los poderosos («el abogado de Santi Vila es el que representó a Cristina de Borbón»), como verdadero traidor, quintacolumnista de una España que en el imaginario ultranacionalista sigue siendo autoritaria, predemocrática y ruin.

¿El motivo? En esta ocasión, haber defendido hasta el último minuto la insuficiente legitimidad democrática para llevar a cabo una declaración de independencia de Cataluña tras el 1 de octubre, la necesidad de cesar en la dinámica de hostilidades con el Gobierno de España y de buscar, por fin, el alto el fuego, es decir, el inicio de un diálogo franco y honesto. ¡Ah! Y haber admitido en público que más allá de permitir que se redactaran informes y se organizaran almuerzos de reflexión y análisis, en el Gobierno de la Generalitat no trabajamos en la preparación de una nueva República para el día después de una eventual declaración de independencia de Cataluña. No lo hicimos porque, con alguna excepción, en general estábamos persuadidos de que todas las iniciativas movilizadoras emprendidas, si finalmente resultaban exitosas, en el mejor de los casos servirían para conseguir un referéndum ajustado a derecho o, como mínimo, el inicio de un nuevo período reformista para Cataluña y para el conjunto del resto de España. Así pues, por esas razones, ¿traidor? Chivo expiatorio, a lo sumo, según ha descrito lúcidamente Jordi Amat en su libro La conjura de los irresponsables (Anagrama, 2017).

Siempre al borde de la dimisión o del cese, confieso que nunca he sido un hombre de partido ni de bandos. Como Francesc-Marc Álvaro señaló de Agustí Calvet, también yo he sido siempre un hombre en tierra de nadie, un verso libre y heterodoxo, siempre crítico, pero fiel a mis convicciones más profundas, y quiero pensar que también al presidente de la Generalitat, primero Artur Mas, después Carles Puigdemont. Haber advertido, ya en septiembre de 2013, que el procés debía abandonar comportamientos adolescentes, empoderarse y centrarse en superar la recesión y luchar contra el paro; haber reconocido en el plano teórico al Tribunal Constitucional como árbitro inevitable ante una eventual consulta, un año más tarde, en agosto de 2014; o haber subrayado la influencia de la españolidad en la cultura catalana en otra entrevista para El País, ya siendo conseller de Cultura, en octubre de 2016, fueron algunos de los momentos estelares que más ruido y excitación generaron en mi contra. Recuerdo que en el intermedio de una noche otoñal de ópera en el Liceu, incluso Artur Mas tuvo que salir en mi defensa ante las críticas recurrentes de muchos de mis adversarios, que me acusaban de ser «el nuevo Duran de Convergència». «Nada más falso —apreció Mas, irónico—. En todo caso… ¡Santi Vila es nuestro Pasqual Maragall particular!» Todos los presentes sonrieron condescendientes. En mi opinión, no habría podido recibir mayor elogio.

Volviendo al tema, absolutamente convencido de que el desastre en el que nos hallábamos podía haberse evitado, lo cierto es que trabajé incansablemente, con lealtad al president y con honestidad para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española sobre Cataluña, procurando que el Gobierno de Cataluña y en especial el presidente Puigdemont convocaran elecciones autonómicas, ajustadas a derecho, como la mejor forma de encauzar el conflicto de legitimidades enfrentadas en Cataluña y evitar el precipicio en el que acabamos cayendo. Como es sabido, esta solución no fue posible, y las consecuencias de este error político están ya a la vista: Puigdemont y medio Gobierno catalán, refugiados en Bruselas; el otro medio, encarcelado cautelarmente un mes; Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis aún en la cárcel, miembros de la Mesa del Parlament (y yo mismo) con el pasaporte retirado y penas de prisión eludibles bajo fianza. Autogobierno suspendido, familias rotas, patrimonios comprometidos, carreras políticas interrumpidas son el lienzo del campo de batalla después del enfrentamiento. Y lo que es peor, una fractura social evidente en Cataluña, depresión de la actividad económica a todas las escalas durante aquellas histéricas semanas de octubre, y lesión de la marca Barcelona a ojos del mundo y de la idea de Cataluña en el resto de España.

Identificado el error político con aséptica pero dolorosa frialdad, resulta más complejo e ingrato aún señalar a sus responsables. Porque más allá de las decisiones seguramente equivocadas que se tomaron en Barcelona durante aquellos días difíciles de septiembre y octubre, quedará para la historia de las historias tristes de España el desolador inmovilismo del Gobierno de Mariano Rajoy, quien pudiendo haber tomado la iniciativa, aunque in extremis, prefirió dejar las instituciones y la política catalana a su suerte, seguramente entre resignado y vengativo, en todo caso aguardando poder imponerse sin esfuerzo, como lo hace el leñador perezoso sobre el árbol caído tras una torrencial tormenta de verano.

Escribo este libro, culpable de haber sido crítico con los míos y con el camino seguido, aunque asumiendo corresponsablemente muchos de sus actos, por acción o por omisión. No me asustan lo más mínimo, pues, ni las acusaciones de traidor, ni las de golpista, ni el sinfín de difamaciones maliciosas o ingenuas vertidas sobre mi persona, de uno u otro bando. Quizá algún día los diarios digitales y opinadores que escribieron e insinuaron pactos oscuros con la Fiscalía para eludir responsabilidades o que auguraron transfuguismo al Partido Popular (PP), al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) o a Ciudadanos, desmentidos por la realidad, deban rendir cuentas ante la opinión pública o ante su conciencia deontológica, si es que alguna vez la tuvieron. Dudo que lo hagan, pues es bien sabido que la característica más definitoria del fanático es su absoluto desinterés por la realidad de los hechos. Por el bien social y para su castigo, solo deseo que algún día pierdan lectores y, aún más, que pierdan definitivamente a sus patrocinadores.

Lo que sí queda para mi tormento y remordimiento como demócrata, como la página más negra de mi currículum como ciudadano y como servidor público, es haber presenciado la sesión plenaria del 7 de septiembre de 2017 en el Parlament de Cataluña, la que aprobó la disparatada ley de desconexión, y no haber dimitido al instante. Aunque yo no tuve que votarla por no ser diputado, fracasados los intentos de evitar su tramitación, que dentro del Gobierno los hubo (y no tan solo por mi parte), fue un error grave contemporizar con ella, aunque fuera para ningunearla. No me queda la menor duda de que tampoco Carles Puigdemont se sintió orgulloso en aquellas horas tristes. De hecho, me consta que intentó evitarla. Su incapacidad de frenar aquel pleno y aquella votación tan hiriente seguramente era el preludio trágico de nuevas y más graves impotencias por su parte. En aquellos días fue tan grande la fanatización de los míos que el menosprecio de los que no pensaban como ellos se consideró un mal menor, justificable por el bien superior que se perseguía. De nuevo, como en tantos otros momentos fatales de la historia, el fuego interior en el alma de unos pocos justificó el atropello de los considerados insensibles o sordos a la llamada de la fe redentora.

Sí que me siento orgulloso, en cambio, de haber participado activamente en la movilización política del 1 de octubre. Convencidos de no estar haciendo nada ilícito (recuérdese que, en 2005, el Congreso suprimió como acto punible penalmente la convocatoria de referéndums), millones de ciudadanos catalanes salimos a votar, persuadidos de que este era un derecho individual y colectivo irrenunciable, y que si alguien quería cuestionarlo, era un deber cívico salir en su defensa. Somos muchos los que, aunque sabemos que la nación moderna debe ser un plebiscito diario, también creemos que Cataluña es una nación milenaria, una de las más viejas de Europa, como recordó en su día Pau Casals en su discurso ante las Naciones Unidas. Una lectura abierta y generosa de la Constitución de 1978 así debería reconocerlo. Lamentablemente, como es público y notorio, lo que empezó como un pulso político entre gobiernos acabó con una desproporcionada represión policial, indigna de un país avanzado como España y con un nuevo pretexto para la radicalización y el victimismo. La imagen de niños pequeños llorando, aterrados, al contemplar cómo sus abuelas octogenarias rodaban por los suelos ante la embestida de la policía me temo que es una herida en el corazón de muchos catalanes de buena fe que tardará en borrarse y que contribuye bien poco a la construcción de una idea compartida de España.

Es por todo ello que en las actuales circunstancias me siento un poco como Josep Palau i Fabre al regresar de Francia, es decir, de aquí y a la vez extranjero. De aquí porque siento como el que más la catalanidad, su geografía y sus instituciones, su lengua, sus costumbres, sus virtudes y sus prejuicios. De aquí porque yo no sería yo mismo si borraran de mi memoria las lecturas de Jaume Vicens Vives, Joan Ferrater Mora o Joan Fuster. Extranjero porque me siento al mismo tiempo liberal y universal, y percibo, como Montaigne, Chesterton o Cervantes, que lo esencial en los seres humanos es lo que tienen en común y no lo que los separa, y que de seguir en política, solo desde la más exigente autocrítica y empatía podrá salir un proyecto de sentida reconciliación, renovado, moderno y de progreso, que deje atrás todo lo malo de este último bienio infortunado, capaz de hacer de la diversidad y el pluralismo un valor y no un problema.

Las páginas que vienen a continuación son el relato de mi experiencia como miembro del Gobierno de la Generalitat durante las últimas semanas antes de que se produjera el choque entre la Generalitat y el ordenamiento constitucional, así como el intento de encontrar una explicación racional a tanto despropósito y dolor injustificados. Más allá del valor memorial de la primera parte del libro, he procurado también adentrarme en el análisis de los principales errores cometidos por el soberanismo, así como de los avalados por los sectores más jacobinos de la izquierda española y más nacionalistas en torno al Gobierno de Mariano Rajoy. En todo caso, a lo largo del libro he procurado no apartarme de la convicción de Jaime Gil de Biedma, según la cual, a pesar de los pesares, es inaceptable resignarse a creer que la historia de España deba venir marcada por la fatalidad, que nuestros malos gobiernos respondan a una metafísica y no a un simple mal negocio de los hombres. Que la política catalana abandonara la senda del pactismo y se echara al monte fue una opción, no una obligación. Que, por su parte, el Gobierno de Rajoy se acomodara en el inmovilismo y eludiera sus responsabilidades políticas en beneficio (quizá debiéramos escribir «en perjuicio») de otros poderes del Estado, tampoco estaba escrito en ninguna tabla sagrada como ineludible. Porque a pesar de los pesares, creo que retomar la senda de la concordia y del respeto ajeno, de la convivencia y del progreso para todos es posible. En el último capítulo del libro muestro mi visión sobre cómo deberíamos seguir de ahora en adelante.

2

ELOGIO DE LAS MOTIVACIONES ÍNTIMAS

Granollers, sábado, 17 de junio de 2017. Para mí, ir a Granollers es siempre un planazo. Además de ser la ciudad donde nací y donde me familiaricé por primera vez con las letras, los números y los juegos colectivos, en esta ciudad industriosa y comercial siguen residiendo mis tíos, mis primos hermanos y mi abuela María Teresa. Aunque anecdótico, no deja de ser interesante constatar que mi primer paso por las aulas fue justamente en Granollers, en el Colegio El Cervató, una escuela privada concertada que presume de ser de las primeras que con el restablecimiento de la democracia escolarizó en catalán y por la que, aparte de mí, también pasó Albert Rivera. Lo nombro para tranquilidad de los que viven angustiados imaginando que las escuelas catalanas son fábricas de producción de independentistas. Seguro que por esta escuela han pasado muchos futuros independentistas, como también pasé yo y como también pasó el presidente de Ciudadanos. Sigamos.

En esta ocasión me desplacé a Granollers porque mi abuela había convocado a una comida familiar para celebrar sus noventa años. Sí, nacida el 17 de junio de 1927 en Vilamalla, un pueblecito del Alt Empordà, en el seno de una de las familias acomodadas del pueblo, mi abuela María Teresa es, a pesar de su avanzada edad, una mujer lúcida y fuerte, la única en condiciones de aglutinar todavía de vez en cuando a toda la familia. Sin haberlo leído nunca, mi abuela encarna perfectamente los resortes psicológicos catalanes tan bien descritos por Jaume Vicens Vives en Noticia de Cataluña, esto es, una tozuda voluntad de continuidad, de sentido de pervivencia; una actitud vital juiciosa, que procura siempre actuar de acuerdo con lo que es justo, conveniente y correcto; así como un carácter mesurado, tendente siempre a la consecución de lo concreto, de lo práctico, de lo posible. En último lugar, una saludable combinación de ironía y escepticismo, que la convierten en absolutamente inmune a las pasiones y el fanatismo.

Aunque en las elecciones de septiembre de 2015, mi abuela votó a Junts pel Sí (JxSí), ella es una votante de la Convergència de siempre, por lo que cuando me ve, no desaprovecha nunca la ocasión para recordarme que «¡los de antes sí que eran unos señores, Santi, los de ahora acabarán todos fatal, además de que visten muy mal!». Aburrida de los periódicos convencionales e incómoda con los noticiarios televisivos, al menos desde que el Grupo Godó rescindió el contrato a Josep Cuní, ahora es una fervorosa seguidora de LaSexta, «unos sinvergüenzas y unos insolentes, pero que al menos parece que dan voz a todas las opiniones». Sí, mi abuela nunca deja de sorprenderme.

Como ocurre siempre en este tipo de eventos familiares, no es fácil encontrar algún resquicio de paz para poder conversar de forma mínimamente pausada y de algo sensato con alguno de los presentes. En general, la comida transcurre entre risas, chistes, excesos de comida y alcohol. «Así debe ser —espeta mi abuela—, pues las dificultades se han superado siempre comiendo y bebiendo, en torno a una mesa.» En esta línea, la memoria familiar conserva siempre algunas ocurrencias que no por ser archiconocidas por todos deja de apetecernos repetírnoslas hasta la saciedad en cada reencuentro. Así, nunca falla el recordatorio de que hay que comer pocas patatas porque el abuelo estaba convencido de que comerlas en exceso provocaba sordera, como pasa también con el exceso de quinina; o el recuerdo de un pollino muy hermoso que al parecer tenía nuestro bisabuelo, y al que durante la guerra dedicaron mucho tiempo ¡a enseñarle a no comer! Por lo que parece, justo cuando ya lo había aprendido, ¡el muy burro se murió! Etcétera, etcétera.

Aun en esas circunstancias de fiesta y conversación liviana, finalmente tuve la suerte de conversar unos minutos a solas con mi abuela.

—¿Cómo estás? —me preguntó—. No me gusta mucho que sigas en política, Santi. La mayoría de los políticos de hoy se nota que no tienen oficio ni beneficio y que son unos fanáticos. Además, la gente ha enloquecido, se pasan todo el día hablando de política. —Por si el chorreo no hubiera sido suficiente, mi abuela añadió—: Esto no puede acabar bien de ningún modo. Los de la CUP son unos revolucionarios y los que quieren la República deberían recordar cómo acabaron las cosas en 1936. Además, seguro que Rajoy no se moverá y os aplicará el palo.

—Todo se arreglará, abuela, Puigdemont es noble y quiere a Cataluña. No hará ningún disparate —justifiqué, con más esperanza que fundamento—. Y tú, ¿cómo estás? —me interesé para cambiar de tema.

—Bien, cada día tomo no sé si cuatro o cinco pastillas, una para el corazón, otra para la artrosis, una para no tener tan espesa la sangre y una ya no me acuerdo para qué… Si un día me olvido de tomar alguna, al día siguiente me tomo dos y listos. En fin, un show, pero la cuestión es ir tirando y ¡seguir viva! Ayer por la tarde, por ejemplo, discutí con tu tía. Me ve muy mayor y se preocupa en exceso por mí. La discusión se produjo porque me prohibió terminantemente que saliera de casa a dar un paseo y aún menos que me acercara al cementerio, como había previsto, a ver a tu abuelo, como hago siempre antes de cerrar la casa de Granollers e irme a pasar el verano a Calella. Le preocupaba que pudiera caerme, o recaer en el resfriado que me ha perseguido toda la primavera. Visto que no podría convencerla de que me llevara, le di la razón y le dije que se fuera, que estaba cansada y quería leer un poco, tranquila y sola en casa. Cuando por fin se fue, me vestí rápidamente, cogí el bus y fui a ver a tu abuelo, pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa. Y aquí estoy, tan fresca, no me pasó nada. Después de veros hoy a todos los nietos, de haber celebrado con vosotros mis noventa años y de haber rezado ayer junto a tu abuelo, ya me puedo ir de vacaciones.

Así es mi abuela María Teresa. Una mujer aferrada a la vida y práctica, independiente y descreída, cosa que nada tiene que ver con el desapego a los suyos ni con la falta de convicciones morales sólidas.

Cuando pienso en mi abuela, en sus opiniones políticas y en su visión del mundo, y lo comparo con el proceso de politización y fanatización que hemos sufrido durante los últimos años en Cataluña, me viene a la memoria la conversación que tuvo Amadeu Hurtado con su amigo Lluís Bello en la terraza del palacio de Montjuic, hoy sede del Museo Nacional de Arte de Cataluña, el día en que el Gobierno de Azaña vino a Barcelona a celebrar la aprobación del Estatuto de Autonomía. Con la ciudad de Barcelona a sus pies, cansados y resacosos de tanto debate y discusión estatutaria, señalando la ciudad de punta a punta, Bello, que había presidido la comisión parlamentaria del Estatuto, le dijo a Hurtado: «Sin esta metrópoli, nadie hablaría del Estatuto». Conscientes de ello, ahora que los trabajos legislativos habían terminado, no sin gran desgaste y tensiones políticas, lo propio era hacer «un homenaje a los constructores de la gran capital catalana; aquellos hombres que no sabían del todo si eran catalanistas ni habían dedicado muchas horas a pensar en las doctrinas del nacionalismo, pero que sabían que eran catalanes y que con su trabajo diario hacían Cataluña». Estos eran, son y serán los que han hecho Cataluña, y no los políticos parlanchines que, como advierte mi abuela y tanta otra gente corriente, seguramente han leído a Prat de la Riba, Ferran Soldevila y todo lo que no está escrito sobre procesos de autodeterminación y nacionalismo, pero que, sin otro oficio ni beneficio que la tertulia, la intriga partidista y el filibusterismo parlamentario, creen que las discusiones estatutarias, los procesos independentistas y tantas otras disquisiciones doctrinales tienen valor por sí mismas, más allá de las motivaciones íntimas de la vida real.

Por si quien escribe este libro, o sus genes, son aún sospechosos de ser poco idealistas, solo añadiré que la comida en Granollers terminó con la interpretación por parte de unos alumnos de la Escuela Superior de Música de Cataluña de la sardana Somni, del maestro Manuel Saderra y Puigferrer. Por unos minutos, los acordes de la sardana hicieron presentes a los ausentes, que también los había. Todos nos emocionamos. ¿Dónde está escrito que los catalanes no podamos ser soñadores y a la vez sensatos? ¡Tener seny y al mismo tiempo rauxa! Visto lo visto, al menos desde 2012, quizá haya llegado el momento de liberar Cataluña de los que no la han hecho y devolvérsela a los que la hacen cada día. Porque tal vez estos, desde sus motivaciones y vicios privados, son quienes consiguen mejores logros y quienes practican mayores virtudes públicas.

3

LA SEMANA TRÁGICA

Barcelona, lunes, 23 de octubre de 2017, 7.30 horas. La luz de la mañana se cuela entre las persianas. El olor a café invade todos los rincones. A través de la ventana que da al patio interior de la casa oigo cómo mi vecino le prepara la cartera a su hijo para ir al colegio. Por las calles del Eixample, el ruido de los coches y de los autobuses de los Transportes Metropolitanos de Barcelona, llenos a rebosar, confirman que la vida, a pesar de todo, sigue adelante. Y eso que la semana que queda atrás ha sido desgarradora. Había empezado con el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en la tarde del lunes 16 de octubre, acusados de los delitos de rebelión y sedición, y había terminado el sábado con una concentración multitudinaria en el paseo de Gracia para pedir su excarcelación. Sí, la sociedad catalana es una sociedad avanzada, moderna, con altas cotas de bienestar y con una economía dinámica, pero está rota por el dolor, el remordimiento y la incomprensión. «¿Cómo hemos podido llegar a este punto?», me pregunto mientras me anudo la corbata ante el espejo del vestidor.

Soy consciente de que la semana que me viene por delante va a ser decisiva: o convocatoria de elecciones, o declaración de independencia y… ¡quién sabe! Angustiado, el día anterior había pedido al presidente Puigdemont que nos convocara urgentemente a una reunión reducida para poder exponer mis opiniones con libertad y poder tomar así las decisiones oportunas. Accedió gustosamente a ello y nos convocó por la tarde, a algunos miembros de la dirección del partido y a mí. «Quiere conocer nuestra opinión —pensé—. Estoy decidido a apostar fuerte por la convocatoria de las elecciones. Creo, honestamente, que es lo mejor para los catalanes y también para el futuro de sus instituciones y autogobierno. Si no lo consigo, pienso dimitir.»

Entre mis compañeros, aquellos días, la vía del diálogo y la moderación estaba de nuevo muy desacreditada. Nadie imaginaba que los Jordis pudieran acabar presos. Su ingreso en la cárcel fue vivido por muchos como la confirmación de que en el marco de España no había futuro para el catalanismo: «O rendición o Estado propio», pensaron muchos. Así estaban las cosas.

Finalmente, por la tarde, acudo a la reunión en el Palacio de la Generalitat. Además del president, también están citados Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí, presidente y coordinadores generales del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), respectivamente. Con el ingreso en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, les reconozco que la vía del diálogo y la negociación han quedado de nuevo deslegitimadas. Personalmente, mis posiciones están desautorizadas. Siempre he creído que el diálogo, como la moderación, son una actitud, una convicción vital, y no tan solo palabras hermosas. Lamentablemente, pasar de predicarlos a practicarlos no parece factible en estas circunstancias. En Cataluña, el Gobierno de Puigdemont está atrapado por la movilización en las calles y el extremismo de izquierdas en el Parlament, y en Madrid, el Gobierno de Rajoy está confortablemente sitiado por la extrema derecha de siempre. Esto no me lleva a la equidistancia, que quede claro.

A propósito del requerimiento de Rajoy a Puigdemont previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, he vivido en primera persona los enésimos intentos de buscar una salida que evitara el choque y doy fe de que la inflexibilidad del Gobierno central ha resultado hiriente y antipática, nada política. Me cansé infructuosamente de proponerles una solución del tipo Tarradellas: un acuerdo de mínimos, contemporizar con la respuesta precaria, pero finalmente confirmatoria de que en el Parlament no hubo Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y amplificar la confianza en el diálogo como único camino, anunciando buenos propósitos ante la opinión pública. La desproporción de las medidas cautelares con privación de libertad para los Jordis contrasta con la impunidad de la represión practicada el 1 de octubre, fresca en la memoria de la mayoría de los catalanes. Ni una disculpa ni una reprobación política por parte del Gobierno central resultan una humillación en toda regla para centenares de miles de personas, entre las que me cuento, que tienen bien poco de radicales.

Dicho esto, defiendo que es importante hacer una lectura correcta de los hechos acaecidos durante el 1 de octubre. En mi opinión, de aquella jornada histórica quedó clara una idea: Cataluña se encuentra atrapada en un verdadero choque de legitimidades. Más de dos millones de ciudadanos se sienten absolutamente impelidos, movilizados y comprometidos con el discurso soberanista, tan cierto como que otros tantos se sienten únicamente vinculados al orden constitucional. En este sentido, si alguna cosa puso en evidencia aquella convocatoria electoral, es que ninguna de las dos legitimidades parece capaz de poder imponerse sobre la otra sin riesgo de conflicto civil. Y esa es una línea roja que ningún ciudadano sensato está dispuesto a cruzar. Ciertamente, el Gobierno de Rajoy fue incapaz de evitar el referéndum; tan cierto como que los organizadores tampoco pudieron conseguir que la convocatoria se llevara a cabo con garantías, ni que, en consecuencia, contara con ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado ni a nivel internacional. Llegados a este punto, solo cabía una salida: convocar a los ciudadanos a unas elecciones, reconocidas por todos como legítimas y ajustadas a derecho, y medirnos las fuerzas civilizadamente.

Durante la reunión con el president también hice notar a los presentes que, en mi opinión, el propósito de legislatura de ampliar la base del soberanismo tampoco se había cumplido lo suficiente. Como demostraba el barómetro de intención de voto del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), publicado en El Periódico el fin de semana anterior, los soberanistas no eran muchos más, sino que eran prácticamente los mismos, pero más radicalizados. En consecuencia, ni el inmovilismo ni las medidas autoritarias adoptadas para reprimir el 1 de octubre justificaban el camino recto, la vía unilateral. ¡No había suficiente con ser demócratas! Debíamos comportarnos como tales y poner así en evidencia a los que quizá no lo eran tanto.

Finalmente, también procuré argumentar el error político que supondría una DUI por parte del Parlament, por mucho que esta tuviera tan solo un valor simbólico. En primer lugar, por el improbable, pero no imposible, riesgo de conflicto civil. Los disparates que se leían en las redes sociales sobre la constitución de comités de defensa de la República, aunque no merecían ninguna credibilidad, evidentemente resultaban inquietantes para cualquier persona sensata. En este sentido me reconfortó constatar que todos los presentes, incluido el presidente Puigdemont, manifestaron su más absoluta repulsa a cualquier tipo de iniciativa o manifestación incívica, y aún menos violenta o ilegal. Como conseller de Empresa y Conocimiento, también recordé las consecuencias económicas que estábamos sufriendo a causa de la inestabilidad política y del conflicto entre gobiernos, y el riesgo de que con la suspensión fáctica del autogobierno, el catalanismo político saliera de las instituciones catalanas por primera vez en cuarenta años. Todo ello sin contar con la decapitación de los principales actores políticos de las filas catalanistas y el consiguiente aislamiento.

Así las cosas, a mí solo me cabía recordar lo mucho que habíamos conseguido progresar como sociedad en los últimos cuarenta años y lo mucho que podíamos perder, según cómo fueran las cosas. La discusión política no tenía derecho a poner en riesgo todo lo que las generaciones precedentes habían conseguido para los catalanes y para el conjunto de España, en términos de progreso económico y social, de derechos sociales y civiles. La independencia de Cataluña era una aspiración legítima; cómo defenderla debía ser la clave diferenciadora de un proyecto como el del PDeCAT, que se quería heredero de la mejor tradición de CiU. Para los simpatizantes y votantes de este partido, hacerlo manteniéndonos siempre ajustados a derecho debía ser lo fundamental y distintivo respecto de la oferta política de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Me consta que, por aquellos días, también Jordi Pujol sintió la necesidad de trasladarle argumentos similares a Puigdemont, en este caso a través de una carta que fue entregada en mano. Todo podía hacerse, menos poner en riesgo el autogobierno catalán y la convivencia.

Desconozco si la misiva de Pujol tuvo respuesta por parte de Puigdemont. La que se dio a mis planteamientos fue respetuosa pero fría. Pesaba en el ambiente el miedo a decepcionar a centenares de miles de personas absolutamente convencidas de que una declaración de independencia de Cataluña conllevaría la proclamación automática de una República, del todo idealizada, convertida en verdadera arcadia feliz, depositaria y garantía de progreso y bienestar ilimitado para todos. A ello solo podía replicar que el president se había comprometido a llevar a Cataluña a la preindependencia y que, en cierto modo, lo había conseguido. Nunca como en aquellos días posteriores al 1 de octubre, la idea independentista contó con tanta simpatía y adhesiones. Seguir adelante, sin embargo, comprometería la solvencia de esta aspiración y no aportaría nada positivo para nadie.

Porque, ciertamente, el sábado anterior, una manifestación masiva había llenado las calles de Barcelona. Tan cierto como que pocos minutos antes y pocos minutos después, las familias retomaron sus vidas, se fueron de compras, a cenar o a ver el fútbol con los amigos. Prueba de ello, argumenté, es que aquel mismo sábado, yo mismo fui con igual entusiasmo a la manifestación para reclamar la liberación de los Jordis y, un poco más tarde, a un acto solidario organizado por la Fundación Pasqual Maragall para recaudar fondos en su lucha contra el alzhéimer en el castillo de Montjuic. Las calles de Barcelona se habían llenado de tristeza e indignación, reclamando libertad para los presos, igual que el castillo de Montjuic se había abarrotado de alegría solidaria, de fiesta y de música electrónica por una causa radicalmente distinta, pero igualmente noble. Todo había pasado la misma tarde, en la misma ciudad, con ciudadanos igualmente comprometidos, quizá, como máximo, con culturas políticas partidistas distintas.

A partir de entonces, los hechos se precipitaron. Tal y como yo los viví, de entre las múltiples reuniones y contactos de aquellos días, destacan la reunión del Ejecutivo catalán del martes 24 de octubre de 2017, la reunión informal en el Palacio de la Generalitat la noche del miércoles 25, y especialmente los hechos del jueves 26. A partir del jueves 26 a mediodía, como es sabido, todo se echó a perder.

Entender cómo fue posible aquel desenlace tan desastroso exige recordar la dinámica de profunda sentimentalización de la política catalana que se vivía aquellas semanas, y que se ha vivido, de hecho, en los últimos años, así como el pétreo inmovilismo del Gobierno de Rajoy durante toda la legislatura. Sobre la frialdad de las relaciones entre los dos gobiernos es aclaratorio y triste constatar que Puigdemont y Rajoy se intercambiaron por primera vez los números de teléfono móvil personales a propósito de los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. En definitiva, hasta prácticamente dos años después del inicio de una de las legislaturas más complejas de la historia reciente de España, los dos presidentes no habían resuelto cómo poder hablar directa y discretamente, sin intermediarios ni secretarias. En cuanto al imperio de lo emocional en la política catalana, nótese que los argumentos esgrimidos a favor del procés, aunque formalmente apelaban siempre a la razón, finalmente buscaban impactar e ir directos al corazón. Afirmaciones como la ya clásica de «España nos roba», que hizo famosa Alfons López Tena, o menos originales pero también muy extendidas, como la de «España no nos quiere», o el uso continuado de apelaciones a la «dignidad», al «orgullo», hacían el terreno de juego político catalán difícilmente practicable para el reconocimiento del otro, para el inicio del diálogo y para el uso de la razón ilustrada como método para salir del atolladero.

No menos chocante resultaba la continua apelación a la movilización política como muestra de fidelidad a la memoria de los ancestros y de continuidad en la lucha contra el franquismo: «Nuestros abuelos fallecidos en la guerra estarían orgullosos de vernos defender de nuevo la causa republicana», se oía semanalmente en el hemiciclo catalán. Adviértase, en este sentido, que algunos de estos planteamientos hubieran debido resultar ciertamente chocantes en familias como las de muchos ex convergentes, perseguidos en su día por los nacionales por catalanistas, pero igualmente amenazados por su condición de católicos por parte de los extremistas republicanos anticlericales. A muchos de estos catalanes, si alguna cosa les había quedado clara de los tiempos de la República en la memoria familiar, era la aversión a la guerra civil y a los conflictos fratricidas, la repulsa ciertamente a Franco, pero también a la experiencia republicana. En las actuales circunstancias, sin embargo, muchos de ellos no podían dejar de constatar, perplejos, cómo sus nietos participaban del renovado sueño republicano —ciertamente tuneado ahora a la catalana— y despreciaban a su vez sin contemplaciones los logros de los últimos cuarenta años.

Sus nietos idealizaban la República y abominaban de la Transición del mismo modo en que ellos mismos, a menudo tan solo por seguidismo y por no ser aguafiestas, vivían y participaban estresados en un sinfín de ofrendas florales, réquiems in memoriam, cadenas humanas, caceroladas, banderas para arriba y banderas para abajo, hoy por Lluís Companys, mañana por cualquier otro líder libertario o anticlerical del que, afortunadamente, apenas habían sabido su nombre hasta la fecha. Pudiendo hablar de fútbol, de sexo, de negocios o de viajes exóticos… en Cataluña hacía tiempo que ya solo sabíamos hablar de política, del procés y de la lucha imperecedera contra Franco, para la mayoría de los nacidos a partir de los años sesenta un referente tan próximo en sus vidas como Herodes, Napoleón o Felipe V, por cierto.

Otro aspecto no menos importante que cabe tener en cuenta para llegar a comprender cómo pudo ser posible todo aquello es el profundo arraigo en el seno del movimiento soberanista de una idea que en el fondo era sumamente antipolítica. Recuérdese en este sentido que las semanas previas a la convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, Òmnium Cultural defendió públicamente la configuración de una candidatura unitaria sin políticos. Y que por aquellos días fueron tres ciudadanas, la malograda Muriel Casals, la monja Forcades y la activista Carme Forcadell, las heroínas del movimiento. Costó Dios y ayuda evitar que progresara esta propuesta, y aunque en cierto modo se evitó en lo formal, finalmente la candidatura de Junts pel Sí (JxSí) quedó del todo preñada de este argumento populista, incorporando a las listas electorales ciudadanos de la «sociedad civil», esto es, cantantes, académicos y escritores, y marginando en consecuencia a los políticos, considerados despectivamente «profesionales», como fue mi caso, por cierto.

Como se vería durante aquella semana de octubre, llegada la grave hora de tomar decisiones, la sobreabundancia de perfiles idealistas y el déficit de los pragmáticos fueron la combinación perfecta para precipitar el desenlace de la tormenta. Así, por ejemplo, todos estaban ofendidos por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto, aunque difícilmente ninguno de ellos hubiera acertado a señalar una sola consecuencia práctica de aquella amputación tan humillante en la vida de los catalanes. Todos distinguían entre Cambó y Prat de la Riba, o se sabían al dedillo el desenlace de las horas agónicas del 11 de septiembre de 1714, pero ninguno hasta la fecha había oído hablar en su vida del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ni de reglamento parlamentario alguno. Igual de perjudicial fue también el peso excesivo de alcaldes y concejales en el grupo parlamentario, en la medida en que la proximidad física a sus convecinos los hizo incapaces de tomar de decisiones difíciles, por muy acertadas, necesarias y racionales que hubieran podido ser, si estas corrían el riesgo de que las consideraran antipopulares.

Finalmente, pienso que todo lo ocurrido hubiese podido evitarse con un Gobierno de España más proactivo, o mejor dicho, mínimamente proactivo. Entre los cuadros moderados del Gobierno de Cataluña, entre el empresariado y los principales directivos del mundo financiero catalán fue desconcertante, y a la vez desolador, contemplar la frialdad y el inmovilismo del Gobierno de Rajoy, a todas luces decidido a ignorar el sentimiento de agravio de millones de catalanes y absolutamente determinado a contestar cualquier tipo de iniciativa política considerada ilegítima con la fuerza de la ley, y como se acreditó el 1 de octubre, ¡con la ley de la fuerza! Igualmente doloroso fue el discurso televisado de Felipe VI, un hombre al que muchos habíamos ayudado en el pasado a conocer y querer a la sociedad catalana; a posicionarse en Cataluña vinculando su perfil a los valores de modernidad, juventud, talento e innovación, a través de la promoción de la Fundación Príncipe de Girona; que pudo haber tenido palabras reprobatorias, pero también empáticas para con el catalanismo y que, sin embargo, insensible en su discurso a la complejidad de la situación en Cataluña, simplemente dio cobertura a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a la consecuente suspensión del autogobierno.

Es en este contexto en el que, a pesar de todo, y aunque hoy cueste creerlo, durante aquellos días finalmente el presidente Puigdemont se persuadió de la necesidad de convocar elecciones autonómicas. Para conseguirlo, ciertamente, sus aliados éramos pocos; sus adversarios, demasiados. Aun así, en eso trabajamos con honestidad hasta el jueves 26 de octubre a mediodía, cuando al fracasar en su empeño, el president optó, o simplemente se vio abocado a echarse al monte, o quizá debiéramos decir al llano (belga), para mantener viva la voz de su causa.

Lo que pasó en la reunión del Ejecutivo de aquel martes 24 de octubre y en la siguiente del miércoles 25 de octubre por la noche ha sido más o menos relatado y está en las hemerotecas. En mi opinión, quizá la diferencia más notable entre ambas reuniones fue que, así como en la primera los consellers de ERC (con la excepción de Oriol Junqueras, siempre cauto) dieron a conocer sus opiniones y sus dudas sobre si la mejor opción era la DUI o la convocatoria electoral, en la segunda, en cambio, estas dudas y matices desaparecieron y la voz cantante de los republicanos quedó en manos de Marta Rovira, quien, como le afeó Robert Redford a Barbra Streisand en Tal como éramos, es también una mujer intensa, irascible y fanatizada, como se ha podido comprobar más tarde a través de sus contundentes declaraciones públicas, poco dada a las dudas y matices, y menos aún al uso de la moderación como guía. De aquellas horas quedaría nuevamente acreditado también, hay que reconocerlo, el fin de la distinción entre un catalanismo moderado patrimonio de las filas exconvergentes y uno radical propio de los republicanos. Así, perfiles como el del conseller Carles Mundó o el de la consellera Dolors Bassa destacaron por practicar un racionalismo y una ponderación en ningún modo extrapolables sin más al resto de los consellers, algunos de los cuales, paradójicamente, habían disfrutado de su escaño prácticamente desde la adolescencia, gracias al voto de ciudadanos centristas. También destacaron por su talante sensato los consellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs, patriotas de pedra picada, pero que, quizá justamente por esa razón, tuvieron grandes dificultades a la hora de liberarse de la presión de su entorno más personal, muy nacionalista y politizado. Recuérdese, a modo de ejemplo, que el padre de la consellera Borràs fue Jacint Borràs, histórico y muy apreciado dirigente de Convergència y uno de los fundadores del partido, recién fallecido por aquellas fechas. El hecho de no fallar a la memoria de su padre, en el caso de Borràs, así como estar a la altura de las exigencias de sus hijos, muchos de ellos adolescentes en el caso de muchos otros consellers y dirigentes, me temo que influyó notablemente en la asimilación de algunas decisiones, asumidas como si de un destino trágico se tratara, si es que no se quería pasar por traidor o por cobarde.

La reunión de miércoles 25 de octubre fue convocada a las siete de la tarde en el Palacio de la Generalitat. Yo me había pasado la mañana embalando cajas de libros y papeles en mi despacho, consciente de que las posibilidades de que mis propuestas fueran asumidas eran mínimas y de que, en consecuencia, mi dimisión sería inminente. Aun así, asistí a la reunión esperanzado. Una cierta concepción elitista de la acción política, y quizá una confianza excesiva en la fuerza de la ética de la responsabilidad ante un momento tan extremo, me hacía creer que finalmente solo podía ser posible un desenlace razonable. ¿Cómo podía concebirse que no consiguiéramos llevar adelante la convocatoria electoral si Puigdemont, Artur Mas, Marta Pascal, David Bonvehí y yo mismo estábamos convencidos de su necesidad? ¿Tan debilitado estaba ya nuestro liderazgo?

Más allá de las discusiones que se llevaron a cabo durante la reunión, los aspectos formales de la misma confirmaban el momento agónico que vivían las instituciones catalanas por aquellas fechas. El encuentro empezó con más de una hora y media de retraso. Durante la espera, el solemne Patio de los Naranjos no dejó de llenarse de corrillos políticos, asesores, periodistas afines y otros tertulianos y personajillos para mí desconocidos hasta aquella tarde y que, al parecer, formaban parte de la inteligencia del procés. Poco a poco llegaron también los representantes de Òmnium y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), por lo que se vio, también convocados al evento. Pocas corbatas, mucha mochila, jerséis y botellines de agua, ninguna formalidad... y mucho improvisado compadreo fueron el primer desengaño de una noche que se adivinaba decisiva y en un entorno hostil. «¡Prefiero un president resistente en el exilio que un president rendido en Barcelona!», me espetó un diputado de JxSí, que en otros tiempos había tenido por moderado, mientras nos dirigíamos a la sala Torres García. Su deseo fue premonitorio.

Pasadas las ocho y media de la tarde, la reunión comenzó por fin. En primer lugar tomó la palabra el presidente Puigdemont, quien con su exposición lúcida y vehemente dejó helados a los asistentes. Situados ante el dilema de convocar elecciones o llevar a cabo la declaración de independencia, Puigdemont solicitó a los presentes su opinión franca y sincera, dejando clara su preferencia por la convocatoria electoral: «No me veo siendo un presidente virtual, de un país virtual, en una sociedad anímica e institucionalmente devastada». Por si no quedaba claro, y haciendo gala de su infatigable buen humor, Puigdemont se refirió al símil de Freedonia, la república soñada un día por Groucho Marx y que, como es sabido y por razones que son fáciles de imaginar, los mapas aún no han recogido. «Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente», remató. Estaba claro que el análisis de Puigdemont era lúcido y, lo más importante, parecía determinado a actuar de forma consecuente. Que Jordi Sànchez le hubiera transmitido desde la cárcel la necesidad de que, efectivamente, el soberanismo entrara en una nueva etapa, en la que sería imprescindible buscar al máximo la unidad y no prescindir de nadie, así como defender las ideas independentistas con respeto a las leyes, deberían haber resultado argumentos definitivos.

En esa misma dirección, también Artur Mas, menos erudito pero más político, fue claro en su diagnóstico, recordando a los presentes que «no seríamos recordados por la cantidad de críticas que ahora pudiésemos recibir sino por las consecuencias de nuestros actos». Otros nos añadimos a la argumentación con todas las explicaciones imaginables a nuestro genio y alcance. Los representantes de Òmnium y de la ANC, y algún otro personaje siniestro de cuyo nombre prefiero no acordarme, escucharon atónitos aquellos argumentos. Por exacto fue especialmente hiriente el feo que nos hizo el empresario y editor Oriol Soler cuando, dispuesto a contemporizar con la convocatoria electoral, subrayó que «es obvio que el Gobierno ni tiene ningún tipo de complicidad internacional ni ha dispuesto ninguna estructura de Estado que permita que una eventual declaración de independencia tenga ningún tipo de consecuencia práctica. En consecuencia, convocar elecciones puede ser razonable». Ante la acusación, muchos se pusieron a mirar hacia el techo o aprovecharon para ir a hacer pis, un recurso clásico infalible en este tipo de reuniones cínicas y desagradables. A pesar de los lamentos y de las críticas de algunos de los presentes, como Marta Rovira, que entre sollozos, lágrimas y aullidos habló de decepción, desconfianza e incluso de traición, lo cierto es que el sarao acabó con la decisión de convocar elecciones tomada. Seis horas de discusiones habían dejado claro que el catalanismo debía volver a reivindicar la senda del diálogo, eludir a toda costa el ingreso en prisión de cualquiera de sus líderes, buscar una nueva unidad, sin renuncias programáticas pero sin prisas, y reagrupados todos en torno al derecho a decidir. También parecía haber quedado claro que «la calle se cansa, pero las instituciones no se cansan nunca», por lo que era del todo imprescindible no poner en riesgo ni en un solo momento la presencia del catalanismo en la arquitectura institucional catalana.

Eran pasadas las dos de la madrugada cuando por fin se levantó la sesión, no sin escuchar finalmente a Oriol Junqueras sentenciar: «Pues si has de hacerlo, ¡hazlo pronto, president, convoca elecciones ahora mismo!». Seguro que no haber aprovechado este consejo fue lamentado por muchos, semanas después, en Cataluña, en Bélgica y en Estremera. Aquella noche, poco antes de acostarme, escribí al lendakari Urkullu, con quien había conversado constantemente durante aquellos últimos días, en especial a partir del 1 de octubre, cuando su papel como posible mediador pasó a ser cada vez más reconocido por todos: «Acabamos de acordar convocar elecciones autonómicas. Eso debe ser correspondido con la no aplicación del 155. Mañana a primera hora van a intentar contrastar este escenario a través de ti. ¡Madrid esta vez no se puede equivocar! Buenas noches».

A las 6.07 horas de la mañana del jueves 26 de octubre, un whatsapp del lendakari Urkullu me confirmaba que el trabajo estaba hecho. Rajoy y Pedro Sánchez conocían las intenciones del presidente Puigdemont y estaban decididos a formar parte de la solución. En paralelo, Manuel Campo Vidal, buen amigo y mejor conocedor de la realidad catalana, transmitió el mismo mensaje a Albert Rivera y también a Pedro Sánchez. También personas del ámbito profesional y empresarial, así como de la jerarquía eclesiástica catalana, enviaron mensajes aprobatorios y de apoyo a la operación. Todos parecíamos estar conjurados a evitar el choque y nos habíamos jugado el pellejo para conseguirlo. «Creo que lo hemos conseguido —le escribí a Urkullu poco antes del mediodía—. ¡Nunca te agradeceremos suficientemente lo que has hecho por Cataluña! Doy gracias a Dios por tu intermediación.» Su respuesta no fue menos emocionada: «Estoy emocionado por ti, por Marta [Pascal], por Cataluña. Me seguís teniendo a vuestra disposición». Efectivamente, el presidente Puigdemont, a primera hora de la mañana, había convocado una rueda de prensa informativa para las 13.30 horas del mediodía, dispuesto a disolver el Parlament y convocar elecciones ajustadas a derecho, esta cuestión explícitamente acreditada en el decreto de convocatoria, como elemento probatorio ante el Gobierno de Rajoy.

¿Qué pasó durante aquellas horas trágicas, hasta el punto de hacer revertir la decisión tomada de convocar elecciones y lanzar al catalanismo por la pendiente de la declaración de independencia?

4

SOMOS LO QUE DECIDIMOS

«Debo obedecer al pueblo. ¿Acaso no soy su líder?», se preguntó retóricamente Benjamin Disraeli, uno de los más grandes políticos de la Inglaterra victoriana, ministro y primer ministro, pero también el hombre que se cansó de perder elecciones ante su eterno rival William E. Gladstone, quizá precisamente por no obedecer al pueblo. Si hubiera leído los consejos que el experimentado Plutarco le dio a Menémaco, el joven de buena familia que ambicionaba dedicarse a la política allá por los tiempos del emperador Claudio, seguramente sus dudas se habrían esfumado sin titubear.

Así, para el autor de Vidas paralelas, el político no debe imitar el carácter del pueblo, sino que debe conocerlo y utilizar en cada momento los medios más oportunos para atraparlo. Quien emprende los asuntos públicos, convencido de que es la vocación que más se ajusta a su carácter y la más bella, desde la convicción y el razonamiento, por ningún motivo se asusta ni cambia de parecer. Disraeli posiblemente nunca leyó los consejos de Plutarco a Menémaco, como tampoco los siguió Carles Puigdemont, al menos en la mañana del jueves 26 de octubre.

Tal y como se había acordado la noche anterior, a primera hora del jueves 26, el presidente Puigdemont convocó para las 13.30 horas del mediodía una rueda de prensa informativa para anunciar la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Atenazado seguramente por las dudas sobre si Rajoy cumpliría o no con lo acordado a través de la intermediación del lendakari Urkullu, o más aún, preocupado por cómo su nombre pasaría a los libros de historia de Cataluña, a pesar de que el día había empezado con la decisión tomada, las presiones de su entorno más nacionalista le convencieron para convocar una última reunión con el grupo parlamentario de JxSí con el fin de dar a conocer su decisión y poder escuchar la opinión de los diputados.

El encuentro, que se llevó a cabo a partir de las diez y media de la mañana en uno de los auditorios del Palacio de la Generalitat, en la plaza de San Jaime, encarnó la dificultad extrema de un cambio de rumbo tan radical, y más aún de implementarlo en tan poco tiempo. La imagen tentadora que resume el momento es la del capitán Edward Smith, al frente del Titanic, la nave más grande jamás construida hasta entonces, divisando un ciclópeo iceberg, pero consciente de la imposibilidad de corregir a tiempo su fatal rumbo de colisión en la madrugada del 15 de abril de 1912. Con todo su gobierno silente y acomodado en la fila cero para arroparle, el president defendió la necesidad de convocar elecciones y la convicción de que, de no hacerlo, las consecuencias políticas, institucionales y en las calles podrían ser muy negativas y de evolución imprevisible. También advirtió de rumores sobre la presencia de efectivos de las fuerzas armadas del Ejército en Talarn y en Sant Climent Sescebes (como es sabido, semanas más tarde, Marta Rovira aludiría públicamente a este comentario, aunque tergiversando diametralmente su intención). Ante aquella descripción, algunos de los diputados más experimentados, como Irene Rigau o Montserrat Candini, salieron en su defensa, como salió también en defensa de la convocatoria electoral Oriol Amat, que, además de diputado, es uno de los académicos favorables al procés más prestigiosos y solventes. En opinión de Amat, si el Gobierno catalán sabía que el referéndum del 1 de octubre no había contado ni contaría con el reconocimiento del Estado ni de la comunidad internacional, ni tan siquiera para forzar una negociación; si igualmente era obvio que nadie estaba dispuesto a violentar la convivencia para enrocarse en la defensa de la idea independentista, la única salida ordenada y razonable era la convocatoria electoral. Frenar a tiempo salvaguardaría el prestigio de las ideas independentistas, evitaría la colisión institucional y devolvería la serenidad a las calles. Poco antes, la respetada Irene Rigau, dirigiéndose a Puigdemont y Junqueras, había recordado que, aunque no tuviéramos Estado, aquellas circunstancias requerían de verdaderos hombres de Estado y que, en consecuencia, era preciso convocar las elecciones sin más dudas ni dilación. La exhortación explícita de Rigau a Junqueras irritó al vicepresidente, que le afeó estar faltándole al respeto. Para sorpresa de todos, un presidente tenso e irascible cortó a Junqueras en seco: «Lo que es una verdadera falta de respeto son las acusaciones de cobarde y de traidor que algunos divulgan por las calles». De nada sirvieron este y otro rifirrafes y argumentos varios para la inmensa mayoría del resto de los asistentes, sobre todo atentos al ruido de las redes sociales, y aún más aterrorizados ante la posibilidad de tener que regresar a sus municipios, «ante el pueblo», con la convocatoria electoral bajo el brazo. El anuncio de dimisión a través de Twitter de los diputados Albert Batalla y Jordi Cuminal si se convocaban elecciones, así como una intervención muy emotiva del diputado y alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, hicieron tambalear definitivamente la decisión del president.

Mientras tanto, el traslado de la noticia sobre la posible convocatoria electoral a las redes sociales había empezado a congregar estudiantes y personas sin nada mejor que hacer en la plaza de San Jaime, que sin tapujos ni consideración alguna empezaron a gritar «Puigdemont, traidor» con el mismo entusiasmo con que hasta pocas horas antes le habían aclamado como héroe. ERC, por su parte, que en boca de Oriol Junqueras se había limitado la noche anterior a reprobar la decisión con un matizado «respetamos, pero no compartimos la decisión», y que incluso se había mostrado partidaria de precipitar la convocatoria de madrugada, de repente radicalizó su crítica, e intentando capitalizar el descontento en las calles y en las redes sociales, se apresuró a desmarcarse de la decisión electoral y a advertir que, de ser tomada, supondría su salida inmediata del Gobierno. Como recuerdan siempre los socialistas maragallianos, de nuevo, ERC haciendo de ERC.

Así las cosas, el único argumento que consiguió hacer mella en la posición de Puigdemont fue la exigencia de garantías sobre la no aplicación del 155 si finalmente se convocaban elecciones. Aunque en la reunión, el president sostuvo tenerlas, de aquel encuentro salimos todos dubitativos, contrariados y desconcertados. La última tabla a la que agarrarnos era la consecución de garantías públicas por parte del Gobierno de Rajoy. Difícil, muy difícil. Diputados llorando desconsoladamente, recordándonos con amargura —y no sin razón— que incluso el día anterior habían recorrido los pueblos de Cataluña prometiendo llevar a cabo la declaración de independencia, dejaban un margen a la rectificación ciertamente estrecho. En este punto, el presidente Puigdemont me pidió nuevamente que reclamara al Gobierno de Madrid garantías públicas. Y aquí Rajoy permanecería desgarradoramente glacial, en silencio, inanimado.

De nuevo el lendakari Urkullu y yo mismo buscamos un gesto gubernamental que serenara el ánimo y permitiera rematar lo acordado apenas unas horas antes. Intercambiamos mensajes con los ministros más implicados y diputados, con directivos del PP y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y con empresarios influyentes. Pero el gesto no llegó. Por si esto fuera poco, Xavier García Albiol, seguramente desconocedor de los contactos existentes entre Barcelona y Madrid en los últimos días, y en todo caso siempre contrario a cualquier solución política moderada y sensata, incendió las redes sociales con un tuit agresivo e irresponsable en el que advertía de que, hiciera lo que hiciera Puigdemont, el 155 se aplicaría. Para los nacionalistas contrarios a la convocatoria electoral, no eran necesarias más pruebas. Había que seguir adelante.

Efectivamente, el presidente Puigdemont no tuvo en ningún momento la certeza ni las garantías absolutas de que, aunque convocara elecciones, Rajoy no fuera a aplicar el 155. Tan cierto como que de haberlo hecho, como escribió en su día Enric Juliana, este habría sido el mejor de los regalos posibles para el soberanismo. Para Rajoy, además, haber aplicado en esas condiciones el 155 hubiera supuesto la ruptura de la unidad de acción con el PSOE y la pérdida definitiva del apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para el resto de la legislatura. Urkullu y el PNV habían estado demasiado implicados en la intermediación como para no responder con dureza ante tal manifiesto incumplimiento, de haberse producido.

Y así fue como Carles Puigdemont, que había comenzado aquel jueves decidido a convocar elecciones, cambió su rumbo, o más bien, al final, ordenó justamente no cambiarlo, retomando así la testaruda hoja de ruta del procés hacia la declaración de independencia. En el fondo, el dilema de Puigdemont no era nuevo, ni tiene nada de insólito en la historia política de la humanidad. Lo había vivido en sus propias carnes el líder socialdemócrata Víctor Adler cuando a las puertas de la Gran Guerra, en la primavera de 1914, incapaz de convencer a sus compañeros de partido del terrible error que supondría que los austríacos entraran en guerra y abandonaran las tesis pacifistas, finalmente prefirió «equivocarse con los suyos que quedarse solo y tener razón». Avaló las tesis ultranacionalistas y belicistas, y apoyó la agresividad del Imperio austrohúngaro. Las terribles consecuencias de aquella decisión son conocidas.

Lo había vivido también Lluís Companys en el verano de 1934, cuando en un clima político profundamente degradado, fue incapaz de aceptar cualquier fórmula transaccional que permitiera superar el litigio con el Gobierno de Madrid con respecto a la ley de contratos de cultivo y se dejó arrastrar hacia el terreno de la confrontación, como lamentó y dejó escrito Amadeu Hurtado, por aquel entonces comisionado por la Generalitat para defender la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Han sido muchos los líderes políticos que a lo largo de la historia, y frente al dilema de erigirse como líder incomprendido ante su pueblo o como uno más entre ellos, finalmente han optado por lo segundo. Y es que ciertamente, este es uno de los dilemas morales más difíciles de resolver para el político, y en especial para la política democrática. Así, ¿debe ser el político únicamente fiel seguidor y brazo ejecutor de la voluntad popular o, por el contrario, debe ser capaz de persuadir al pueblo de lo más conveniente, según la evolución y los cambios en las circunstancias? ¿Deben ser los programas electorales sacralizados como verdaderas tablas de Moisés, tal y como durante toda la crisis defendieron inflexibles Marta Rovira y Lluís Corominas, o deben ser más bien compendios de compromisos generales con una nítida visión y misión, con unos valores claros, pero con un programa de acción adaptable y permeable a los cambios acelerados propios de nuestros tiempos posmodernos?

Desde otra perspectiva, Arcadi Oliveres afrontó hace unos años el mismo problema con la metáfora del navegante que para marcar su ruta sigue tan solo el consejo del radar, que le advierte de los obstáculos a sortear, o del que, al contrario, sigue la orientación de la brújula, útil para quien conoce su norte, a pesar de las adversidades. Es necesario estar atento al radar, es decir, a los informes demoscópicos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a los sondeos sobre valoración de líderes e intención de voto. Sin embargo, es un grave error adecuar la conducta estrictamente a la lectura e interpretación que de ellos se desprende y no tener en cuenta el punto final de destino que justificaba el viaje. Porque si el viaje a Ítaca, esto es, el camino a la constitución de un Estado propio para Cataluña, había llegado más lejos y con más prestigio que nunca, era obvio que tomar determinadas decisiones, al calor de los gritos de la calle o de las amenazas en Twitter, era enviar las naves y su tripulación contra las rocas. Eso sí, con su capitán heroicamente al frente.

Sí, somos lo que decidimos. Aquel jueves 26 de octubre, el presidente Puigdemont estuvo ante el dilema de ser un héroe o un traidor para los independentistas. Fraternidad o muerte, había resumido cínicamente Chamfort, un siglo antes, para subrayar la pírrica distancia que en contextos políticos tan emocionales y radicalizados separan el amor del odio. Así de simple se lo plantearon descarnada e irresponsablemente los Turull, Rull y tantos otros alcaldes y opinadores independentistas radicalizados. Puigdemont optó por lo primero, y es humano que fuera así. Mi consejo político, como es sabido, era que optara por lo segundo. Era el momento de procurar ser el presidente de todos y no tan solo de los independentistas. Y de hacerlo por Cataluña, por los catalanes, y seguramente en beneficio de la idea independentista a la que tanto había querido servir desde su adolescencia.

Mi día había empezado a las 6.21 horas de la mañana, esperanzado, conversando con el lendakari Urkullu. Pero terminó desolado, con mi dimisión irrevocable presentada al president en uno de los días más tristes de mi vida, para muchos el final de mi carrera.

La mañana del viernes 27 de octubre a primera hora, el Diari Oficial de la Generalitat dio publicidad a mi renuncia. Pocas horas después, un Parlamento desarbolado declaraba la independencia de Cataluña. Las gráficas y desencajadas caras de sus protagonistas conmovieron a la opinión pública y dejaron claros los límites de aquel gesto. Por la tarde, el Gobierno de Mariano Rajoy cesaba al president y al Gobierno de la Generalitat, convocaba elecciones autonómicas para el 21 de diciembre y asumía temporalmente el control del autogobierno catalán. A pesar de la humillación, todos los partidos catalanes, sin distinción, acudieron a la cita. Además, por si fuera poco, algunos de ellos pasaron sin rubor del unilateralismo, la declaración de independencia y la promesa republicana al juego partidista en el marco de la Constitución, sin tan solo sentirse en la necesidad de llevar a cabo la más mínima retractación o autocrítica, ni cambiar sus caras protagonistas. ¡Y tan panchos! Una más de las paradojas del procés.

5

EL GOBIERNO A LA CÁRCEL

Barcelona, martes, 31 de octubre de 2017. Aparece en los medios de comunicación la noticia del auto del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional por el que se convoca al presidente Carles Puigdemont, a su Gobierno y a mí, a pesar de haber dimitido poco antes de la DUI, a prestar declaración como investigados por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Como pasan las horas y no recibo comunicación alguna, me decido a tomar la iniciativa y llamo al inspector de la comisaría de Mossos d’Esquadra de Figueras para confirmar la información periodística. Efectivamente, al parecer, la Policía no conseguía localizarme y tenían pendiente trasladarme la citación.

Finalmente, la mañana del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, sobre las diez, recibí la convocatoria a declarar de manos de un subinspector que amablemente se personó en mi domicilio en Barcelona y cumplió con su obligación. Dos horas más tarde mantuve mi primera reunión con Pau Molins, abogado, y poco más tarde me monté en un AVE a Madrid. Por el camino, reservé alojamiento para dos noches en un hotel cercano a la Audiencia Nacional. Aquella noche dormiría al amparo de la Policía Nacional, que tuvo que proteger el hotel de los insultos y gritos de los ultranacionalistas concentrados en la puerta. Alojados en la primera planta del hotel, cerca de la calle, nos acostamos bajo los gritos de «polacos de mierda» y «golpistas a la cárcel». Queda claro que las noches de Madrid, en noviembre, son frías y desagradables.

«¡Hombre, si es Santi Vila!» Eran poco más de las ocho de la mañana del día 2 de noviembre cuando, al cruzar la acera de la calle Santa Engracia, un señor de mediana edad, pulcro y bien vestido, auguró con sus comentarios la que nos venía encima. Sorprendidos los dos en medio del paso de cebra, aquel ciudadano manifestó su sorpresa de verme por la calle extendiendo un poco el brazo hacia mí, gesto que, para un político como yo, se interpreta —erróneamente, pronto quedó claro— como una muestra de afecto, lo que de forma espontánea me llevó a estrecharle la mano y saludarle afectuosamente. Quedó el hombre tan sorprendido que instintivamente correspondió al saludo y calló, hasta que pocos segundos más tarde, ya a unos metros de distancia, pudo recuperar el aliento y la iniciativa para gritarme: «Confío en que lleve usted el cepillo de dientes porque hoy va a dormir en la cárcel, ¡golpista! ¡Viva España!». Mi pareja, Javier, de familia españolísima, católica y conservadora, que el día antes había decidido acompañarme a Madrid, viendo más claro que yo mismo que aquello sería todo un viacrucis, clavó sus ojos negros en los míos con una expresión resignada de tristeza que recordaré siempre: «¡Amor, estoy a tu lado, todo irá bien!».

Pocos minutos más tarde, bajando ya por la calle Génova, las cámaras de televisión advirtieron al público curioso de mi llegada. Sin quererlo, al venir a mi encuentro, alertaron también de mi presencia a un grupo de manifestantes ultras que rápidamente se abalanzaron sobre nosotros, entre patadas, zancadillas y golpes con banderas de España y franquistas. Gritos de «golpista», «traidor», «maricón» y «te vas a pudrir en la cárcel» me acompañaron hasta la puerta del tribunal. Poco antes de llegar a la plaza de la Villa de París, unos pocos catalanes congregados también a las puertas de la Audiencia me recibieron con un silencio sepulcral, casi más amargo que los insultos españolistas. A sus ojos, según la interpretación oficial difundida por mis adversarios políticos a través de sus opinadores a sueldo, yo ya era un traidor.

Ponía los pies en la Audiencia Nacional sobre las 8.40 horas de la mañana y saldría unas diez horas más tarde, esposado en dirección al Penal de Aranjuez. Las horas en la Audiencia, a la espera de poder declarar, pasaron rápido, a pesar de que la frialdad y disfuncionalidad del edificio justifica rigurosamente las críticas que recibió el día de su inauguración, en 2015. Absolutamente bunkerizado y construido en plantas subterráneas bajo la plaza de la Villa de París, la reforma de más de 26 millones de euros y tres años de obras parece ser que no alcanzó para poder disponer de salas de espera, ni de salas de reuniones, y que solo dio para poder habilitar pequeñas e indiscretas salas de vistas, donde, literalmente acopiados, magistrados, fiscales y abogados danzan con la libertad y la hacienda de los acusados en cuestión de minutos, como si de un juego macabro se tratara, como en una ruleta rusa. Anexas a las salas de vistas, un frío pasillo pintado de blanco y blindado herméticamente con una puerta metálica concentra a los citados a declarar, a los abogados y a los agentes de policía encargados de asegurar el orden. En estas circunstancias, el vicepresidente Oriol Junqueras, los consellers Mundó, Romeva, Turull, Rull, Borràs, Bassa y yo mismo aguardamos nuestro turno para declarar.

Que los dioses juegan con nosotros, a veces no sin cierto cinismo, lo confirma la llamada que recibí a media mañana del magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Bandrés, muy querido en Cataluña por sentencias como la que hizo posible salvar el paraje natural de la playa de Castell, en Palamós. Justamente en aquellas penosas circunstancias me llamó para invitarme a participar la semana siguiente en un coloquio del Club Siglo XXI sobre Cataluña, moderado por Xavier Vidal-Folch. «Nada me gustaría tanto como poder asistir», le respondí con cierta sorna ampurdanesa. Aquella noche dormí en la cárcel.

Las declaraciones ante la jueza Carmen Lamela han sido puntualmente filtradas y dadas a conocer por los medios de comunicación. Como es sabido, en aquella ocasión, ninguno de mis excompañeros de Gobierno se avino a responder a las preguntas de la jueza ni de la acusación. No fue esta mi decisión, pues estaba convencido de que aquello en lo que siempre había creído y defendido en público y en privado también lo podría sostener dignamente en la Audiencia: que ni yo ni mis compañeros habíamos autorizado el gasto de un solo euro del erario público para la organización del referéndum del 1 de octubre; que personalmente defendí y negocié con dirigentes políticos del PP y de dos de los principales partidos de la oposición la no aplicación del artículo 155 de la Constitución a cambio de la convocatoria de elecciones autonómicas, una senda que, implícita y explícitamente reconocía que el catalanismo, también en su variante soberanista, debía defender sus posiciones en el marco constitucional. Y que, ciertamente, desde que era un adolescente había sido socio de Òmnium Cultural, una organización de la que justamente empecé a distanciarme cuando en 2012 propusieron que los partidos políticos concurrieran a las elecciones sin políticos. Como es sabido, estas posiciones, en aquellos días consideradas impropias de un buen patriota catalán, han sido progresivamente asumidas, sin complejos, por todos los partidos soberanistas, con ERC a la cabeza. Queda claro, como advierte el refrán, que avanzarte a tu tiempo es una forma como cualquier otra de equivocarte.

El traslado primero a la prisión de Aranjuez, y más tarde a la de Estremera, en mi caso forma parte de lo anecdótico. No en vano, el dicho popular reza que «¡una noche, en la cárcel se pasa!». Bien distinto es el caso de mis excompañeros de gobierno, sometidos desde aquel día de comparecencia ante la Audiencia a medidas cautelares de privación de libertad, que se prolongaron un mes en el caso de Romeva, Turull, Rull, Mundó, Borràs y Bassa, y que han durado hasta el momento de redactar este libro, en el caso de Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Aun así, aquella también fue una experiencia triste y traumática para mí.

Para todos los citados a declarar aquel 2 de noviembre de 2017, haber empezado el día como ciudadanos honorables, con trayectorias cívicas, profesionales y políticas impecables, y haberlo terminado vagando por Castilla en furgonetas judiciales con destino a la cárcel había de resultar una experiencia imborrable. Aunque el trato recibido fue, al menos en mi caso, siempre correcto, muy profesional e incluso considerado —recuerdo que el agente de policía que me cacheó poco antes de meterme en un calabozo de la Audiencia me susurró al oído, mientras me liberaba de las esposas, que pocas noches antes me había visto en LaSexta y que, en su opinión, ¡había estado muy bien!—, resultaba del todo incomprensible constatar lo lejos que habían llegado las cosas. En las horas que pasé solo en el calabozo, ya despojado de todos mis objetos personales y esperando conocer mi destino penitenciario, no pude dejar de pensar, desolado, lo triste que era de nuevo la historia de España, al parecer decidida una vez más a ponerse en manos de fanáticos intransigentes y a poner en riesgo la senda de progreso y libertades con tanto esfuerzo conseguida. Eso sí, catalanistas y españolistas, independentistas y españolistas, rojos y blancos, convencidos todos de tener la razón de su parte, y lo peor, decididos a no conceder la más mínima al otro. Típico español, en política, como en el fútbol y en los toros, lo de utilizar la cabeza más para embestir que para pensar.

El traslado a prisión fue seguramente el momento más brusco de todos los que viví durante aquellas horas difíciles. Afortunadamente, pude hacerlo en compañía de Carles Mundó, uno de los consellers con quien mejor me había llevado durante la legislatura; en mi opinión, uno de los miembros del Gobierno más lúcido en sus análisis y más moderado en sus propuestas. No tengo ningún tipo de duda de que de haber seguido sus opiniones, que eran también las mías, nunca hubiéramos llegado a aquella situación tan penosa. En el terreno de la acción política, recuérdese también que el conseller Mundó será recordado por haber gestionado eficazmente y sin conflictos sindicales ni vecinales el cierre de la Modelo, una de las cárceles históricas de Cataluña más emblemáticas de los tiempos de la dictadura.

—No sé cómo siendo tan sensato puedes ser de Esquerra —le afeaba siempre que nos veíamos.

—Lo mismo digo —me replicaba a menudo en el Parlament ante las intervenciones de algunos de los míos, ¡a menudo de traca!, que nos sonrojaban a los dos.

El caso es que con las manos esposadas a la espalda, agarrados como podíamos a una rejilla de la ventana del vehículo y sentados en un banco metálico sin cinturón y sin nada, Mundó y yo fuimos trasladados primero a Aranjuez y luego a Estremera, un viaje que recordaremos el resto de nuestras vidas, aunque solo sea por los frenazos bruscos y las rotondas, que nos disparaban continuamente el uno contra el otro. De aquellas horas, el único momento —o intento de momento— vejatorio vivido fue a las puertas del Penal de Aranjuez, cuando, mientras esperábamos la orden para apearnos del furgón, unos agentes nos pusieron tres veces el himno nacional desde su teléfono móvil.

—¡Uf! ¡Cómo puede ser que en pleno siglo XXI aún queden tantos nacionalistas! —le dije con sorna a Mundó.

—Que haya gente con el himno nacional en su teléfono es impensable en nuestra civilizada Cataluña —me respondió irónico.

Y así ingresamos en la cárcel.

Tanto en Aranjuez como en Estremera, donde nos reagruparon a todos los consellers, el recibimiento y el trato fueron correctos. En ambos casos nos vinieron a saludar las autoridades máximas de la prisión, advirtiéndonos que, aunque evidentemente, en una cárcel todos los reclusos éramos iguales, a nadie se le olvidaban las circunstancias extraordinarias que habían ocasionado nuestro ingreso. Revisión médica y visita con el educador, con la asistenta social y con funcionarios son algunos de los trámites que realizamos durante aquellas primeras horas, vividas con una combinación de curiosidad, resignación y profunda tristeza. A diferencia de mis excompañeros, que pudieron ser alojados entre ellos por parejas, a mí me tocó compartir celda con un recluso de unos sesenta años, corpulento y de apariencia reposada, que cumplía creo que ocho años por sentencia firme. Aunque al inicio aquella noticia me inquietó bastante —iba a pasar la noche encerrado en una celda con un perfecto desconocido, condenado a saber por qué—, lo cierto es que su compañía me resultó amistosa y reconfortante.

En circunstancias tan extremas, privados de libertad, despojados de honores, ornatos y vestimentas, es evidente que los hombres perdemos las máscaras y los artificios que nos diferencian y recuperamos todo lo que nos une y resulta más esencial, esto es, nuestra humanidad, el recuerdo de que vinimos al mundo desnudos y de que saldremos de igual modo, de que somos todos hijos de Dios y de que, en consecuencia, deberíamos procurar vivir una vida buena, fraternalmente. Justo en esas condiciones tan penosas, encerrados en una habitación de unos ocho o diez metros cuadrados, con una litera, dos sillas, una ducha y un baño sin puertas, y un váter sin ningún tipo de intimidad, justo cuando más a ras de suelo y vinculado a lo físico te encuentras, es cuando experimentas de un modo más intenso tu sentido de la trascendencia, aquello que te distingue del resto de los animales. En esas circunstancias extremadamente sensibles, el más mínimo gesto de afecto y de consideración adquiere un valor extraordinario y el hecho aparentemente más insignificante es toda una invitación a la reflexión moral. Así es como un recluso que poco antes me había servido la cena se sintió en la necesidad de advertirme: «¡Aquí, en la cárcel, solo te queda la sangre! Cuando ingresé en prisión, mi mujer me abandonó. Desde entonces, solo me han venido a visitar mi madre y mis hijos. Ahora sabrá quiénes son los suyos de verdad». O como otro presidiario, curioso ante el revuelo que se había organizado por nuestra llegada, que se acercó a estrecharme la mano y me invitó a incorporarme al equipo de rugby de la cárcel: «Porque ¡aquí va usted a hacer amigos! ¡Hay que distraerse y no pensar mucho!», sentenció.

En la celda, viéndome mi compañero realmente atribulado y perdido entre mis pensamientos, supongo que para romper el hielo y hablar de cosas prácticas, lo primero que hizo fue indicarme cuál sería mi cama, haciéndome notar que estaba de suerte, pues iba a estrenar colchón, manta y sábanas. Además, parece ser que, por cortesía de la dirección, se habían instalado televisores en todas las celdas de los consellers. «¡No se apure usted, señor Vila, que de aquí salimos todos! ¡Es del cementerio de donde nadie sale! —me advirtió, filósofo y socarrón—. Póngase usted cómodo y si quiere, yo le ayudo a hacer la cama.» Y así lo hicimos. Y así fue como pasé mi noche en Estremera, conversando y viéndome en la tele con un buen hombre, que en aquellas circunstancias seguramente sintió más pena y piedad por mí que la que en un inicio yo había sentido por él, y en todo caso, infinitamente más persona que los que, por la mañana, hacía tan solo unas horas, me habían castigado con insultos por golpista o con su silencio por traidor.

En la cárcel, el día empieza a las ocho con el recuento. A las ocho y media, desayuno y tiempo para hacer una llamada. Despojado de mi teléfono móvil, el problema fue recordar de memoria algún teléfono con el que poder comunicarme. En mi memoria recordaba únicamente el teléfono fijo de casa de mis padres, el de casa de mi abuela, el del colegio de la infancia, así como el del Ayuntamiento y el del Hospital de Figueres. Así las cosas, pude finalmente contactar con mi abuela María Teresa, quien a sus noventa años fue la encargada de trasmitir a mi madre y a Javier que estaba bien, que había podido dormir unas horas, que no sufrieran por mí. Para mi desconsuelo, la pobre mujer no tenía ni la más remota idea de si las gestiones realizadas con amigos para conseguir los cincuenta mil euros de fianza para eludir la prisión habían fructificado o no. Fue por ello por lo que a media mañana decidí quitarme el traje y ponerme la ropa de recluso, resignado a pasar el fin de semana en la cárcel. Afortunadamente para mí, sobre la una de la tarde, un funcionario abrió la celda y vino a buscarme: «Venga, señor Vila, ¡nos vamos! Parece ser que su familia ha pagado la fianza y puede irse». La noticia me sorprendió en la litera, sentado, leyendo a Oscar Wilde.

6

ATRAPADO ENTRE DOS FUEGOS

Madrid, viernes, 3 de noviembre de 2017. Finalmente, sobre las tres de la tarde dejé atrás la prisión de Estremera. A la puerta de la cárcel, como en las películas de perdedores, me esperaban tan solo Javier, mi novio, y Leticia, abogada del despacho de Pau Molins. A pocos metros, un alud de periodistas aguardaba ansioso mis declaraciones. Nadie de Òmnium Cultural ni de la ANC sintieron durante aquellas primeras horas la necesidad de acompañarme con su afecto, ni hasta el día de hoy han sentido la necesidad de interesarse por mi estado de ánimo o de salud. Menos aún de ofrecerme recursos de la caja de solidaridad para afrontar los costes del proceso, y en concreto el pago de la fianza para eludir la cárcel, que conseguí reunir con recursos de amigos y familiares. Fraternidad o muerte, reza el axioma de los extremistas. Con mi oposición a la vía unilateral, yo había dejado de ser fraterno. Tampoco en mi partido las muestras públicas de afecto se prodigaron demasiado.

Ante la mirada triste y exhausta de Javier, reacio a que atendiera a los medios y ansioso por llegar a Madrid y dejar atrás aquella pesadilla, me dirigí a los periodistas tan solo para certificar que mis compañeros estaban bien, que nuestra situación era terrible e injusta, pero que habíamos recibido un trato correcto. Parece ser que algún disparatado abogado con ansias de notoriedad, mejor conocedor del embrollo periodístico que del derecho penal, la noche anterior había hecho circular por las redes y en los medios justo lo contrario, que habíamos sido tratados como en una prisión mexicana o tailandesa. Alterado aún por lo recién vivido, no pude dejar de aprovechar la ocasión para hacer una apelación a las principales autoridades del Estado, al presidente del Senado y a la presidenta del Congreso, además de al presidente Rajoy, para que tomaran por fin cartas en el asunto, con sentido institucional, radicalmente democrático, humanista y alejado del cálculo partidista. Me parecía inconcebible, y aún me lo parece, que personas honestas y rectas del PP y del PSOE con quienes me unía —y me une a día de hoy— una buena amistad, pudieran contemplar pasivamente aquel nuevo despropósito en la historia de España.

Montados en un lujoso vehículo de Cabify, en poco menos de una hora llegamos a Madrid, donde decidimos pasar el fin de semana, recogidos en el apartamento de unas amigas, aprovechar para ir al notario y descansar. Finalmente, a las ocho de la mañana del domingo, una hora discreta elegida para nuestra seguridad, regresamos en AVE a Barcelona escoltados por la Policía Nacional. Yo, un exmiembro del Gobierno de Cataluña, llegué a mi domicilio de Barcelona protegido de los ultras en Madrid y de los hiperventilados en Barcelona por un cuerpo de seguridad del Estado. La humillación personal e institucional no pudo ser mayor.

Las semanas siguientes en Barcelona también fueron extrañas. Muestras de afecto y de reprobación se mezclaban del modo más absurdo en el momento más inesperado. Una tarde, por ejemplo, mientras cruzaba por un paso de cebra de la calle Rafael Casanova, una señora de unos cincuenta años largos, vestida reglamentariamente con su bufanda y su lazo amarillos, empezó a increparme desde su vehículo, parado ante el semáforo en rojo: «¡Botifler, traidor, vete a España, aquí no te queremos!», fueron algunos de los sorpresivos rebuznos que me dispensó la señora, rápida y excitada como una metralleta. Por si la escena no fuera ya de por sí lo suficientemente chocante, en pocos segundos se paró a su lado un motorista, que por lo visto también estaba dispuesto a la bronca y la disputa callejeras. Cuál no fue mi sorpresa cuando el buen hombre, lejos de encararse conmigo, empezó a insultar a la señora con frases del tipo: «Y vosotros ¿qué?, pandilla de locos, ¡adónde nos habéis llevado, a la ruina! ¡Bravo, señor Vila! ¡Haga usted un partido, que somos muchos los que estamos con usted!». Seguí mi camino consternado, pensando, como seguramente hubiera hecho Obélix en sus historias contra sus opresores italianos: «¡están locos estos romanos!».

Otro día me fui a comer a Sarrià con un amigo recién llegado de Nueva York. Aprovechando un inesperado sol otoñal, decidí subir con tiempo y pasear un poco por la plaza de Sarriá, darme algún capricho en la Pastelería Foix, en el paseo de la Bonanova, y callejear un poco por ese vecindario barcelonés que parece tan poco propio de Barcelona. El paseo fue un verdadero baño de masas: peticiones de selfis, muestras de afecto e invitaciones a formar un nuevo partido que recuperara los valores de la antigua Convergència. Recuerdo, con indisimulable satisfacción, que una señora incluso me aplaudió desde su balcón. Por la tarde, sin embargo, decidí regresar en los Ferrocarriles de la Generalitat y las cosas cambiaron. Desde niño adoro el mundo ferroviario y, para mí, cualquier excusa es buena para coger un tren. Todo fue fantástico hasta llegar a la estación de Provenza-La Pedrera, cuando en los andenes de la estación, ya de salida, tropecé con una pandilla de estudiantes adolescentes. Impactados al verme salir del tren tan tranquilamente y sin escolta, aquellos jóvenes permanecieron en silencio los primeros instantes, que aproveché para pasar discretamente entre ellos. Al poco de habernos separado a una mínima distancia, sin embargo, empezaron los gritos y los insultos: «¡Vete a España, hijo de puta, aquí no hay sitio para los cobardes y traidores!». Salí sin más hacia la calle, más desorientado que Don Quijote el día en que doce desdichados a quienes él mismo acababa de liberar lo cosieron a pedradas y casi le despojaron de sus medias calzas, no sin lamentar cómo entre todos —algunos ciertamente más que otros— habíamos sido capaces de convertir una ciudad como Barcelona, famosa por su liberalidad, su talante abierto y cosmopolita, en un hervidero de crispación, bronca y odio. Jóvenes que deberían ambicionar convertirse en los mejores médicos o ingenieros, en hacer de su ciudad la capital del Mediterráneo y la envidia del mundo, vivían excitados jugando a una revolución decimonónica que incluía, eso sí, sus héroes y sus traidores.

Pero no todo en aquellos días fue amargo. Centenares de correos y whatsapps llenos de afecto reconfortaron mi orgullo herido y compensaron tanta incomprensión. De entre ellos destacan los que recibí durante las horas en que permanecí recluido y en los que incluso personas que me resultaban del todo desconocidas ofrecían donativos para hacer frente al pago de la fianza impuesta para poder salir de la cárcel. Así, me emocionó especialmente el correo electrónico de un viejo amigo al que hacía más de diez años que no veía y que, al verme encerrado, escribió: «Ya sabes que donde trabajo gano poco, pero un par de mil eurillos te los puedo enviar inmediatamente». Lo mismo ocurrió con antiguas amistades de los tiempos de estudiante, e incluso —esto me alegró especialmente— con algún antiguo ligue de mis tiempos de conquistador. Al final, como me recordaron en la cárcel, solo te queda la sangre, solo te quedan los tuyos.

«¿Y por qué no se presenta usted, señor Vila?», fue una de las preguntas más recurrentes de aquellos días. Mi respuesta fue en todo momento tajante, clara y meridiana. Por dos razones: en primer lugar, por razones éticas. Discrepando como discrepo de algunas de las decisiones tomadas por el presidente Puigdemont a partir del 1 de octubre y de la forma en que mi partido había contemporizado con ellas, hubiera sido bien legítimo intentar concurrir a las elecciones desde otro partido creado ex novo, si no fuera porque tenía excompañeros en la cárcel, con sus familias y amigos sufriendo injustamente. Sin ellos no me veía capaz de participar en aquella campaña electoral, y aún menos de criticar algunos de los actos que en su día protagonizamos. En mi opinión, en Cataluña, con políticos en la cárcel o con el presidente de la Generalitat refugiado en Bélgica, el terreno de juego político resultaba (y como se está viendo, resulta todavía hoy) impracticable. Además, esta circunstancia tan extrema excitaba a la opinión pública como si de una hinchada futbolera se tratara, y en la esfera pública impedía el contraste de pareceres de una forma serena y constructiva.

En segundo lugar, aún con remordimiento por todo lo acaecido durante el último trimestre, me sentía incapaz de pedir el voto a los ciudadanos de un país a quienes creía haber fallado y, por tanto, perjudicado objetivamente. «Con la que han liado ustedes, señor Vila, ¿aún van a tener el valor de presentarse de nuevo?», me espetó una mañana de sábado un matrimonio que paseaba con su hijo recién nacido en brazos por la calle Mallorca. No supe qué responderle.

Más allá de las decisiones y declaraciones políticas más o menos acertadas por mi parte, lo cierto es que, por aquellos días, el divorcio emocional entre algunos de los principales cuadros de mi partido y yo era total. Con la excepción de los políticos de Girona, mi histórica circunscripción electoral, con los que he seguido manteniendo lazos afectivos sólidos; de Xavier Trias, siempre un señor de Barcelona, de Artur Mas, Marta Pascal y David Bonvehí, conocedores precisos de cómo se habían desarrollado los acontecimientos y, por tanto, empáticos con mis decisiones, y de amigos personales contados, lo cierto es que, en general, el distanciamiento con muchos de mis antiguos colaboradores y compañeros fue ensordecedor y triste. En consecuencia, si no quería guerrear con gente a la que apreciaba desde hacía años, solo podía irme a casa.

Cierto es que, como se vio durante las semanas inmediatamente siguientes, el criterio con que se juzga la traición es dinámico e inestable como las dunas del desierto. Acusado en las redes sociales de haber pactado con la fiscalía y con el Gobierno mi salida de la cárcel a cambio de prestar declaración en contra de mis compañeros («Santi Vila llegó a un acuerdo con el Estado: si dimitía y cargaba contra el Gobierno, le exculparían. Eso tiene un nombre», escribió un tal Porrata, candidato a las elecciones en la candidatura de JuntsxCat), poco importó que cuando llegó la vista en la Audiencia, también me encarcelaran a mí. Y menos aún importó que pocos días más tarde, también Carme Forcadell y el resto de los exconsellers detenidos siguieran los mismos pasos que yo y —a no ser que se demuestre lo contrario, también sin pactar con nadie— pudieran eludir la prisión con el pago de una fianza, reconociendo la vigencia y el respeto al ordenamiento legal y constitucional.

Como es sabido, los términos de mi declaración ante la juez Lamela, hoy ya publicados, no contienen ni rastro de críticas o acusaciones a mis excompañeros de Gobierno y se limitan únicamente a defender mi honorabilidad y mi comportamiento ajustado a derecho durante todo el proceso. En cuanto al acatamiento de la Constitución, nada de lo que yo asumiera dejó de ser asumido también por el resto de los exconsellers del Gobierno y de la Mesa del Parlament. Y yo me alegro de ello. A pesar de todo, me temo que como ocurre en las mejores tragedias de Shakespeare, los cuentistas del procés también necesitaban que su relato fuera realmente excitante y motivador, y para conseguirlo, había que contar una historia de buenos y malos, con momentos de indignación y de llanto, de compasión, de sonrisas y lágrimas, con presencia de héroes y de traidores. ¿Quién mejor para el papel de Judas que uno de sus principales adversarios políticos, liberal, moderado y pactista, valores todos ellos a erradicar de la nueva República soñada?

7

ESPAÑA, DE NUEVO, CON MÁS FE QUE PIEDAD

Madrid, lunes, 13 de noviembre de 2017. Diálogos sobre Cataluña en el Club Siglo XXI. Poder atender la invitación que el magistrado Bandrés me había hecho llegar unos días antes, estando yo en los pasillos de la Audiencia Nacional a punto de declarar (y de ser encarcelado), y participar en un foro sobre Cataluña fue un compromiso inesperado que me llenó de satisfacción y de esperanza.

Como es sabido, el club madrileño Siglo XXI, presidido actualmente por don Inocencio Arias, es desde los años setenta un punto de encuentro de prestigio, tolerante y liberal, que a lo largo de su historia ha invitado a conferenciar y debatir a personalidades de todo el espectro ideológico y cultural, nacional e internacional, desde Mario Vargas Llosa y Octavio Paz hasta Gabriel García Márquez; desde Santiago Carrillo, presentado por Manuel Fraga, hasta Juan José Ibarretxe, Jordi Pujol o Artur Mas; desde los presidentes del Gobierno de España hasta Michel Rocard, Jacques Delors o el dalái lama. Recuérdese que fue en este auditorio donde hace ya más de veinte años, Jordi Pujol había conferenciado sobre los riesgos que supondría una eventual reforma constitucional o el impulso de un nuevo estatuto para Cataluña sin la consecución de consensos básicos previos. En esta ocasión se me invitaba a participar en un debate sobre Cataluña, moderado por Xavier Vidal-Folch, y que contaba también con la participación de Josep Piqué, Francesc de Carreras, Juan Carlos Girauta y Meritxell Batet. Pocas invitaciones me podían resultar más estimulantes y oportunas.

Que en las actuales circunstancias, un foro de estas características se interesara, entre otras cosas, también por mis opiniones, me pareció toda una oportunidad inesperada para recordar en Madrid lo frustrante que había resultado defender durante los últimos años las ideas de la tercera vía en un contexto de permanente diálogo de sordos entre gobiernos y partidos; lo extremadamente decepcionante que había resultado procurar mantener viva la «buena tradición», una expresión del canónigo Carles Cardó, o propiamente la sensibilidad y cosmovisión de «la tercera España». Este último concepto, acuñado inicialmente por Salvador de Madariaga en los años cincuenta, desarrollado historiográficamente por Paul Preston en Las tres Españas del 36, y que remite a tantos y tantos ciudadanos catalanes y del resto de España que durante la guerra no se sintieron interpelados ni por los militares golpistas ni por los excesos republicanos, se aplica hoy a quienes, ante el conflicto político en Cataluña, no están dispuestos a tener que definir su propia identidad en clave binaria o a fijar su adscripción política desde el fanatismo, como si de la pertenencia a una hinchada futbolera se tratara.

Había que aprovechar también la ocasión para poner el auditorio ante el espejo y, apelando a su propia autorrepresentación liberal, poder interpelarles sobre cómo había sido posible, en su opinión, que tantos catalanes, yo el primero, a partir de 2012 hubiéramos acabado secundando las tesis independentistas después de toda una vida cívica y política inspirada en los valores del pactismo y la moderación. ¿Era solo una cuestión de abducción ante la propaganda hipnotizante de TV3 o de debilidad mental ante la manipulación de resabiados maestros de pueblo o de sermones radiofónicos? Si tan mala y sectaria era la programación de la televisión y la radio autonómicas, y si tan rudo, provinciano y fanatizado era el sistema escolar catalán, ¿cómo había podido ser tan eficaz en la consecución de sus objetivos manipuladores? ¿Lo nuestro era finalmente una cuestión de simple borrachera en un contexto social saturado de emociones y sentimentalismos? ¿Nos habíamos vuelto todos locos?

Así las cosas, aunque el encuentro transcurrió en un clima frío y de tensión pero extremadamente educado, lo cierto es que algunos de los argumentos de los presentes y, en especial, la complicidad del auditorio para con ellos me resultaron bastante desconcertantes. Era cierto que con nuestro desentendimiento respecto a España, el catalanismo político había herido el alma de muchos ciudadanos españoles. Con el abandono de las virtudes históricamente consideradas intrínsecas de lo catalán, la moderación y el pragmatismo como actitud, y el pactismo como método para obtener resultados políticos positivos, habíamos dañado seriamente nuestra imagen en términos de credibilidad y de solvencia. Era cierto también que romper las reglas del juego constitucional era reprobable. Aun así, ¿la posición de férreo inmovilismo exhibida por Rajoy durante todo el período no merecía ninguna crítica? Desde el aumento de las tensiones entre los dos gobiernos, a partir de septiembre de 2012, fecha de la primera manifestación masiva proindependentista, ¿no fue posible encauzar el más mínimo espacio para el diálogo y la negociación? El no a todo, primero a la reforma fiscal y, a continuación, al rechazo del traspaso de competencias para una consulta por parte del Congreso el 8 de abril de 2014; después el sainete en torno al proceso participativo del 9 de noviembre de aquel mismo año, que pasó de ser ninguneado como un proceso de «costillada campestre», en palabras del ministro Rafael Catalá, a ser prohibido y perseguido judicialmente de forma implacable hasta nuestros días. Desde entonces y hasta la convocatoria de elecciones del 27 de septiembre de 2015, que dio inicio a la última y desbocada legislatura en Cataluña, ¿en ningún momento el Gobierno de España tuvo nada que decir, nada que ofrecer a Cataluña, más allá del recordatorio de que se es español por imperativo legal? ¿Alguien en España llegó a saber cuál era el contenido de la «propuesta para Cataluña» con la que el Gobierno inició el año 2017 y que, a pesar de todo, fue recibida con expectación en Barcelona?

Y qué decir de la deriva nacionalista de Ciudadanos, reconvertido en un tiempo récord de abanderado del reformismo liberal a guardián de las esencias patrias e implacable vigilante de improbables veleidades moderadas del PP. ¿Pasaría también sin reproches este travestismo ciudadano, de liberales a nacionalistas, en un auditorio tan ilustrado como el del Club Siglo XXI? Y qué decir también de la frivolidad con la que Rodríguez Zapatero prometió a los catalanes respetar el Estatuto que se aprobara en el Parlament, en contraste con las correcciones que el texto sufrió en su trámite parlamentario en las Cortes, o peor aún, la laminación competencial aplicada por parte del Tribunal Constitucional después de haber sido incluso refrendado por la ciudadanía. ¿Nada que decir al respecto? ¿Ningún reconocimiento de culpa ni autocrítica?

Poco sensibles a mis argumentos —más de uno debió de pensar que si yo era el moderado, estábamos todos listos—, tampoco Meritxell Batet tuvo mejor suerte, siendo abucheada por el público por defender que la escuela catalana no adoctrina a los niños; Francesc de Carreras y Juan Carlos Girauta, en cambio, contaron desde el primer minuto con el calor y el aplauso del auditorio. Especialmente hiriente fue el momento en que, Girauta más rudamente y Carreras de una forma más refinada pero igualmente despiadada, confesaron sin rubor que se sentían muy felices de que por fin los exconsellers del Gobierno estuvieran en la cárcel. Los aplausos en la sala helaron mi alma. Mientras los escuchaba, me vinieron a la memoria, como tantas otras veces me ha ocurrido a lo largo de mi carrera cuando he estado ante posiciones extremistas, la reflexión de Pío X sobre los males de España durante el siglo XIX y hasta la guerra civil. «En general —dijo suspirando el papa—, a los españoles les ha sobrado fe y les ha faltado piedad.»

Cuál no fue mi sorpresa cuando, pocos días más tarde, comentando la experiencia vivida con un buen amigo juez de Barcelona, este, tras escucharme atentamente, sentenció: «No te olvides, Santi, que la piedad no es una virtud, es una debilidad». Desolador. De nuevo, como si de una fatalidad histórica se tratara, los españoles tenían muchas más convicciones a defender que capacidades empáticas por desarrollar; muchas más razones para justificar el uso de la violencia —aunque en manos del Estado, y en consecuencia legal, la privación a alguien de libertad es sin duda un acto violento— que para reconocer en el otro a un ciudadano dotado de su parte de razón. Porque, como demuestra la tradición democrática anglosajona, las constituciones y los ordenamientos jurídicos no solo se sostienen por el imperio de las leyes escritas. Se necesita también una serie de mínimos consensos y complicidades políticas, e incluso éticas, para hacer posible, rica y perdurable la convivencia.

Ante tal desgarrador testimonio y, peor aún, ante tan despiadado y vengativo aplauso, yo tan solo pude añadir que justamente por encontrarse mis excompañeros del Gobierno en la cárcel, a mí me resultaba impensable participar como candidato en las elecciones. «Nulla estetica sine etica, ergo apaga y vámonos», lamentó el catedrático de Estética de la Universidad de Barcelona, José María Valverde, en 1965, solidarizándose con la expulsión de los profesores Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo por su oposición al régimen de Franco. Pues eso, ¡apaga y vámonos!

En el terreno de las réplicas a mis posiciones destacó la intervención de Josep Piqué, que aunque estaba desengañado y ya muy distanciado de los enredos y las pasiones políticas, seguía rápido, mordaz e inteligente como siempre. Así, el político que un día se puso al frente del PP en Cataluña justamente para contribuir a su viaje al centro y a catalanizarlo, no pudo evitar ridiculizar mi cantinela sobre que todo empezó con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, desafiando al auditorio a irse a Cataluña y encontrar un solo catalán capaz de explicar en qué aspectos concretos había perjudicado su vida real aquella tan terrible resolución constitucional. En su opinión, en definitiva, el problema catalán no existía, era una invención de sus élites, por llamarlas de algún modo, que habían decidido marginar las agendas políticas vinculadas a lo concreto en beneficio del relato abstracto del procés. «Nada nuevo bajo el sol», pensé.

Visto que incluso en un foro educado e ilustrado como el del Club Siglo XXI, en las actuales circunstancias, las posiciones moderadas obtenían un reconocimiento tan raquítico y triste, me temo que hay que reconocer, una vez más, que es cierto lo que dice Javier Tusell de que para bien o para mal, en España no ha habido una tradición liberal sólida, o cuando menos mínimamente representativa e influyente. Más allá de figuras puntuales que brillan con luz propia, que las ha habido y que en ningún caso son menores, los liberales en España han acabado en general siempre en la hoguera, en el ostracismo o en el exilio. Así, incluso marginando de esta reflexión a la derecha reaccionaria y antidemocrática, no creo que resulte demasiado difícil acreditar que la derecha española razonable ha basculado entre el bonapartismo, tradición que se considera heredera del mundo liberal-democrático y con voluntad social, pero que es autoritaria y a menudo nacionalista, y lo que podríamos llamar la derecha católica, para la cual lo de las instituciones y los valores liberales finalmente es un «mal menor» que hay que aprender a conllevar pacientemente. En esta segunda tradición, como es sabido, me temo que la identificación entre religión y nación ha sido total y absoluta, con algunas honrosas excepciones.

Todo eso es tan cierto como que, en mi experiencia personal como político, uno aprende a poner nombre y rostro a las decisiones políticas, siendo cada vez menor el peso que concedo a lo ideológico y mayor, en mi opinión, lo que se deriva del carácter personal de cada uno. Así lo advirtió también Henry Kissinger en 1974, cuando en el curso de una rueda de prensa en uno de sus viajes a Oriente Medio declaró que cuando enseñaba, tenía tendencia a pensar que la historia estaba regida por fuerzas impersonales, pero que, vista en la práctica, uno se daba cuenta de cómo cambia todo a causa de la personalidad de sus participantes. Así, el desenlace del proceso soberanista en Cataluña es inexplicable al margen de la personalidad y las circunstancias de hombres como Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, por citar tan solo los más destacados con los que durante estos últimos años he tenido una relación más intensa. O al margen de la figura de Mariano Rajoy, un político con quien más allá de encuentros protocolarios, solo he coincidido en la medida en que sus colaboradores lo citaban como fuente de autoridad («el jefe») con quien había que ratificar los compromisos o contrastar las impresiones compartidas, pero que justo por eso ha estado virtualmente presente en todas mis reuniones y pensamientos políticos recientes.

De mi experiencia con todos ellos queda claro que los más propiamente políticos son Mas y Rajoy. Afortunados o desdichados, al menos ambos han estado donde querían estar. Sin embargo, después de esta última breve pero intensa legislatura, no acabo de estar seguro de que ni Puigdemont ni Junqueras estuvieran del todo a gusto con la responsabilidad ni con el contexto que les había tocado vivir, asumiéndolos más bien como una carga, como un accidente de la historia, que como la culminación de una carrera, de una aspiración política y personal. Artur Mas, que ha sido descrito acertadamente como un perfil tímido y de moral espartana, es un hombre asqueado del filibusterismo político clásico, de las promesas incumplidas por parte de los ejecutivos socialista y popular, con un resquemor evidente ante una carrera política para él sin duda agridulce y llena de momentos dolorosos (accede a la Presidencia de la Generalitat solo después de haber ganado tres veces consecutivas las elecciones, y lo hace justo en el momento de mayor recesión y sobreendeudamiento de la Generalitat). «Todo gira alrededor de un cierto aire de martirio», escribió sobre él Pilar Rahola en La máscara del rey Arturo. Y ciertamente, haber sacado a Cataluña del lío del Estatuto prometido por Rodríguez Zapatero y chapuceado por tantos, haber evitado junto a Andreu Mas-Colell el colapso financiero de la Generalitat, o haber acabado dando un paso atrás y abandonando su carrera política ante la presión de la CUP, «para salvar el procés», conllevan explícitamente este acento martirial, solo imaginable en alguien con una altísima motivación política, convencido de que aquel es su lugar en el mundo y aquella, su misión.

Carles Puigdemont, por su parte, me ha parecido siempre un buen hombre de Amer (Girona), tozudo, honesto e independentista de serie, que pasaba por allí y al que los acontecimientos se llevaron por delante. Recuerdo que en más de una ocasión extrema, cuando los sectores más moderados del partido le atizábamos procurando llevarle hacia nuestras tesis, él se defendía, no sin parte de razón, arguyendo: «¿Por qué me vinisteis a buscar? ¡Todos sabíais quién soy y cómo pienso!». Aun la noche en la que le presenté mi dimisión en su despacho del Parlament, estando ya los dos como estábamos, agotados por tantas horas de tensiones y desconcierto, recuerdo que leyó con paciencia mi carta de renuncia, corrigió paternalmente una falta de ortografía y suspiró:

—Esta carta es dura, Santi. Si me la entregas, algún día habrá quien la utilice en mi contra.

—Me la quedo conmigo, Carles; lo último que quiero es perjudicarte. Te ruego tan solo que hagas efectiva mi renuncia de inmediato. No aguanto más a toda esta tropa.

—¿Crees que yo sí? —respondió cabizbajo.

Salimos juntos y en silencio de su despacho, emocionados, plenamente conscientes de que el caprichoso y desbordante destino nos separaba, en el fondo sin saber del todo ni él ni yo cómo habíamos podido llegar a aquel despropósito tan triste. Es desde esta lógica que siempre creí sinceras sus reiteradas declaraciones en las que se comprometía a ser president tan solo por una legislatura, la que debía situar a Cataluña a las puertas de la independencia, para una vez cumplida la misión, regresar pitando a casa con los suyos.

Disciplinado y con sentido de la responsabilidad, como los carlistas de antaño, Puigdemont cumplió con su misión de jefe del Ejecutivo con seriedad, compatible con que hubiera preferido mil veces más estar en su residencia leyendo o jugando con sus hijas que escuchando el despacho ordinario de los colaboradores sobre esto o aquello. Algunos consellers le aburrían profundamente; otros, con sus extravagantes proyectos de supresión de los peajes el día en que se proclamara la República, le sacaban de sus casillas. Puigdemont no soportaba las reuniones de partido ni empatizó nunca demasiado con la mayoría de los dirigentes del PDeCAT. Creo, además, que le abrumaban profundamente la mayoría de los compromisos sociales que se derivaban de su cargo. Aun así, acudió a más de los que hubieran sido necesarios, dadas las circunstancias. Como los hombres de negro hicieron un día con Michael Ignatieff, también a él le fueron a buscar una mañana de invierno mientras firmaba tediosos decretos de alcaldía en Girona. Y aceptó, por responsabilidad y por independentista, más que por gusto o por ambición.

Extraño caso es, en cambio, el del doctor Oriol Junqueras, casi tanto como el del doctor londinense de Robert Stevenson. Entre el empresariado soberanista catalán aún no se ha llegado a comprender cómo fue posible que el mismo hombre que se paseó por los principales despachos financieros y empresariales de la ciudad, atribuyéndose la representatividad del nuevo centrismo destinado a sustituir a la corrupta CiU; el político que les imploraba que ejercieran su influencia moderadora sobre Carles Puigdemont, al que desde ERC describían como un radical descontrolado de su partido y del resto del Gobierno; el líder que incluso en las últimas horas previas a la declaración de independencia pidió ayuda a empresarios independentistas para «hacer entrar en razón a Puigdemont»; ese hombre, llegada la hora grave, llegado el momento de arrimar el hombro y ayudar al president a persuadir a los suyos sobre la necesidad de convocar elecciones y no proseguir el camino unilateral, pudiera fallarle de un modo tan estrepitoso. Días y días de conversaciones con él mantienen aún hoy en mí la duda de quién es realmente Oriol Junqueras y cuál es su proyecto personal y político para Cataluña. Que esta confusión sobre el personaje no me resulte exclusiva lo corrobora también la desorientación existente en los más influyentes despachos políticos y empresariales de Barcelona y Madrid, donde Junqueras pasó de ser su esperanza blanca, aún en primavera, a un pobre diablo más de la causa independentista en tan solo unos meses.

De entre las muchas conversaciones, creo que francas, que mantuve a lo largo de la legislatura con Oriol Junqueras, recuerdo especialmente una que sostuvimos a instancias suyas, el martes 24 de octubre de 2017, al salir de la sesión de Gobierno, en un banco de la capilla del Palacio de la Generalitat, como si de una ceremoniosa y matinal escena entre Giulio Andreotti y De Gasperi se tratara.

—¿Adónde vamos, Santi? —me preguntó con cara de visible preocupación.

—Oriol, si no hacemos algo, esto será un desastre. Debes ayudar al president a convocar elecciones —le respondí tajante—. Si todo va como parece y Carles confirma su intención de no presentarse a la reelección, lo más probable es que yo sea elegido candidato a la presidencia por el PDeCAT. Si eso ocurre, tal y como han ido las cosas, aunque intentaré ponértelo difícil, parece bastante inevitable que ganéis las elecciones. Aunque yo deberé asumir los costes políticos de regresar mi partido al centro, creo que tendré la fuerza suficiente para conseguirlo y obtener un resultado razonable, al menos tanto como para poder salvar el cuello. Ayuda ahora a Puigdemont, hagamos luego una campaña limpia y honesta, y si ganas, aunque no te aseguro que el PDeCAT pueda entrar a gobernar, sí que te aseguro que tendrás nuestro voto favorable para la investidura.

Aquella capilla roja aterciopelada contemplaba, silente e incombustible, como si de una intemporal iglesia vaticana se tratara, un posible pacto entre la izquierda nacionalista y el centrismo para evitar el colapso de las instituciones catalanas y la implosión del catalanismo, y garantizar a un tiempo la viabilidad de una nueva legislatura.

—Oriol, si no hacemos el burro, ¡en tres meses serás presidente! La opinión pública cree que es tu momento. Solo depende de nosotros que el tren no descarrile. Capitalicemos cada uno tanto como nos sea posible los logros de la legislatura y, tras las elecciones, consensuemos una nueva estrategia, más realista, para satisfacer las aspiraciones ciudadanas.

Junqueras me escuchaba atentamente. Sonrió, creo que con complicidad sincera, pero no se comprometió a nada conmigo. Quizá imaginó que de haber llegado el momento, no habría cumplido mi palabra. Tal vez consideró que yo no llegaría nunca a ser candidato. O esto, o en el fondo tampoco él se sentía con fuerzas para intentar convencer a los suyos de la necesidad y urgencia de rectificar. Lo cierto es que entre los míos, tampoco ninguno llegó a creer nunca que Junqueras estuviera realmente dispuesto a ayudarnos a evitar el colapso.

¡Y qué decir de Mariano Rajoy que no sea, en mi experiencia, la confirmación del tópico que lo describe como un hombre pícaro y afable en la distancia corta, del todo alérgico a la proactividad política si esta implica el más mínimo riesgo! Recuerdo el día en que siendo yo conseller de Territorio y Sostenibilidad, coincidí con él en la inauguración del Aeropuerto de Andorra-La Seu. Contrariado por haber tenido que viajar en un rudo avión-bodega del ejército, las primeras palabras que me dirigió tuvieron bien poco de políticas: «Estos gabinetes un día nos van a matar. Creo que mi avión incluso tenía goteras», me espetó socarrón y por sorpresa. Llegado el momento del tradicional besamanos, Oriol Puig, uno de mis directivos del Servicio Meteorológico de Cataluña, independentista convencido y resabiado como pocos, que llevaba meses litigando con la Agencia Estatal de Meteorología por cuestiones relacionadas con la seguridad aérea de la instalación, consiguió colarse entre las autoridades, aparentemente para poder saludar al presidente, en realidad determinado a afearle su particular memorial de agravios. Cuando llegó su turno y le tuvo con la mano apretada, lo miró a los ojos fijamente y le dijo con voz altiva, para que todos le oyéramos:

—Usted nos quiere matar, presidente, pero no va a conseguirlo.

—Yo no he hecho nunca daño a nadie, señor, no sé por qué dice usted estas cosas tan horribles —se defendió Rajoy estupefacto.

Cuando me quedé a solas con Rajoy, le aclaré que mi directivo había hablado en términos metafóricos, en referencia a las tensiones competenciales entre la Agencia Estatal de Meteorología y el Servicio Meteorológico de Cataluña, derivadas de la aplicación de la ARSAL, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aplicada en Cataluña en clave recentralizadora. Rajoy se limitó a suspirar:

—¡Hay que ver cómo está el mundo, Vila!

También fue sorpresiva su reacción en el marco de los premios de Foment del Treball Nacional, en Barcelona, el 22 de noviembre de 2017, cuando después de su discurso institucional, y viéndome casualmente en una de las mesas del evento, rompió el protocolo y vino a saludarme. Yo que había aceptado asistir al acto tan solo para honrar a Miquel Martí, uno de los empresarios distinguidos con el premio Carles Ferrer Salat, y que había insistido en que no quería fotos ni saludos que me resultaran comprometedores, me encontré ante todas las cámaras de televisión con la mano extendida de Rajoy.

—Sé que lo estás pasando mal, Santi. La experiencia me dice que todo pasa. Además, los dos sabemos lo que intentamos honestamente y no pudo ser. En fin… muchos ánimos —me dijo ante una mesa de ejecutivos y empresarios casi tan estupefactos como yo.

—¡Esto hay que arreglarlo, presidente! Me alegro de saludarle, bienvenido a Barcelona —fue mi respuesta improvisada y escueta.

Treinta segundos de conversación fueron suficientes para que al día siguiente, de nuevo las redes sociales y los digitales independentistas me lincharan hasta la saciedad. Con exmiembros del Gobierno catalán en la cárcel, Santi Vila había dado la mano al enemigo Rajoy. Aquella semana yo me quedé en Barcelona aguantando con deportividad la cantinela de «traidor» por parte de los hiperventilados activistas en las redes; Rajoy se fue tan ricamente a Madrid, con baño de masas del empresariado catalán, y después de haber discurseado sobre la necesidad de recuperar la confianza y la seguridad jurídica en la economía catalana, sin comprometerse a nada concreto, evidentemente. Quiero pensar que Rajoy y yo nos fuimos de Foment del Treball con un punto de autoengaño: él convencido de que la sociedad catalana sensata estaba de su lado, yo resignado a que a corto plazo no había espacio para la moderación en Cataluña.

En resumen, poca tradición democrática liberal, líderes políticos poco o nada empáticos con respecto a sus adversarios, algunos de ellos con la mirada puesta tan solo en las inmediatas elecciones siguientes, y una acumulación de accidentes, discursos y movilizaciones que apelaban mucho más a la emoción que a la razón fueron la combinación perfecta para el desastre.

Y cuando la política se empapa de emoción y sentimiento, incluso las personas aparentemente más racionales y formadas se convierten en verdaderos ogros, tristes y peligrosas caricaturas de sí mismos. ¿Cómo justificar si no los ataques homófobos que infligió el profesor Jordi Hernández Borrell, director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de Barcelona, a Miquel Iceta en plena campaña electoral? ¿Cómo es concebible que por muy firmes que sean tus convicciones, por muy en desacuerdo que estés con las de tus adversarios, puedas permitirte tildar a alguien de «impostor», «ignorante», «demagogo» o de «tener los esfínteres dilatados», y poder llegar a calificar a tu adversario de «ser repugnante», culpable según el dictado inquisidor «de bailar al son de ciudadanos y el PP»? ¿O cómo alguien como Núria de Gispert, una dama de prestigio profesional y político, que ha presidido el Parlament de Cataluña y ha desarrollado una larga carrera institucional, puede espetarle a Inés Arrimadas que lo que debe hacer es irse de Cataluña simplemente porque no es de aquí, porque no es nacionalista (catalana)? Rebasando todos los límites de lo razonable, ¿cómo no sienten remordimiento los ciudadanos que dicen soñar con una democracia mejor para sus hijos y que hicieron escraches en los domicilios particulares de alcaldes socialistas que se negaron a colaborar en la organización del 1 de octubre? ¿O los que en Lleida, concentrados ante el Museo Diocesano y Comarcal, insultaron al alcalde Àngel Ros hasta obligarle a salir corriendo en la madrugada en que la Guardia Civil se llevó las obras de Sijena a Aragón por orden judicial? ¡Qué humillante! ¡Qué indigno de una sociedad madura y democrática! ¿Cómo personas educadas y sensatas hemos podido perder tanto la cabeza? Se me dirá, con razón, por parte de muchos amigos independentistas, que «lo de España es peor», que «ellos sí que tienen todos los instrumentos propios de un Estado para imponer coercitivamente sus posiciones», como demuestra que personas buenas como los Jordis, Junqueras o Joaquim Forn hayan pasado las Navidades en la cárcel cautelarmente, incluso a pesar de llevar, como es el caso de este último, apenas unos meses en el Gobierno y, como se demostrará, de haber trabajado tenazmente durante todo aquel intenso mes de octubre para evitar disparates. Se me recordará que en España la Fundación Nacional Francisco Franco sigue siendo legal, como lo sigue siendo la Falange. Se me afearán el asalto violento por parte de extremistas ultranacionalistas a la Librería Blanquerna de la Generalitat en Madrid, el 11 de septiembre de 2013, y la impunidad con que en muchas manifestaciones españolistas ondean banderas fascistas o predemocráticas. Se me recordará también la insensibilidad con la que el exministro Fernández Díaz ha seguido su carrera política sin ni tan siquiera dar la más mínima explicación por las calumnias cocinadas desde despachos ministeriales para difamar a un hombre honorable como Xavier Trias en plena campaña para las elecciones municipales. Etcétera, etcétera. Aunque todo ello sea cierto, que lo es, no es excusa, debo replicar, pues nunca el comportamiento reprobable de alguien puede justificar el comportamiento indebido de uno mismo.

Porque en el fondo de estos comportamientos violentos en defensa de las propias convicciones, de la propia fe, subyace el virus del fanatismo integrista, que ahora y siempre se ha creído autorizado a combatir no las ideas discrepantes sino a quienes las defienden, hasta exterminarlos política o incluso físicamente si es necesario. Así lo escribió el sacerdote e integrista Félix Sardá y Salvany en su libro más conocido, El liberalismo es pecado, publicado allá a mediados de la década de 1880, traducido a todas las lenguas, editado hasta nuestros días y, durante años, objeto de mis investigaciones académicas. Para Sardá, «las ideas malas han de ser combatidas y desautorizadas, se las ha de hacer aborrecibles y despreciables, y detestables a la multitud, a la que intentan embaucar y seducir. Mas da la casualidad de que las ideas no se sostienen por sí propias en el aire, ni por sí propias se difunden y propagan, ni por sí propias hacen todo el daño a la sociedad. Son como las flechas y las balas, que a nadie herirían si no hubiese quien las disparase con el arco o el fusil». En consecuencia, señalaba Sardá que «al arquero y al fusilero se deben dirigir, pues, primariamente los tiros del que desee destruir su mortal puntería, y todo otro modo de hacer la guerra sería tan liberal como se quisiese, pero no tendría sentido común. Soldados con armas de envenenados proyectiles son los autores y propagandistas de heréticas doctrinas; sus armas son el libro, el periódico, la arenga pública, la influencia personal. No basta, pues, ladearse para evitar el tiro, no; lo primero y más eficaz es dejar inhabilitado al tirador».

Para que no quedara sombra de dudas sobre cómo proseguir el combate al adversario, convertido en enemigo, Sardá añadía: «Así, conviene desautorizar y desacreditar su libro, periódico o discurso; y no solo esto, sino desautorizar y desacreditar su persona. Sí, su persona, que este es el elemento principal de la artillería, no la bomba, ni la pólvora, ni el cañón. Se le pueden, pues, en ciertos casos sacar al público sus infamias, ridiculizar sus costumbres, cubrir de ignominia su nombre y apellido». Etcétera, etcétera, así hasta la misma justificación de su eliminación física.

En el triste siglo XIX español, y también en nuestros días, muchos de entre nosotros siguen dispuestos a vivir su religión con más fe que piedad, o quizá, paradójicamente, a considerar tan frágiles sus propias convicciones que presienten necesario erradicar sin contemplaciones las de los demás, no sea que estas resulten mejores que las suyas.

En todo caso, me temo que, como ha señalado recientemente Jordi Amat en su ensayo La conjura de los irresponsables, la premonición que Jordi Pujol había tenido hacía veinte años en aquellas mismas paredes del Hotel Eurobuilding donde se congrega aún hoy el Club Siglo XXI, y en el que yo en ese momento había participado gustoso, era acertada. Según conferenció el ex president el 1 de julio de 1996: «Quiero subrayar que a menudo oímos hablar de una posible reforma de la Constitución o de los estatutos, y nosotros, que tenemos serias quejas sobre su interpretación y aplicación, no lo hemos pedido nunca porque sabemos que, si llegáramos a plantearlo —si un día lo hiciésemos—, abriríamos un proceso de consecuencias inciertas». Y llegó el día en que la planteamos. Y aquí estamos. El fracaso de la reforma del Estatuto, la mutación del catalanismo al independentismo sacaba nuevamente la bestia de la caverna, agitaba de nuevo el nacionalismo español y despertaba lo peor de cada uno de nosotros, desde la alegría por la encarcelación del adversario político de los unos hasta la difamación, el insulto y la agresión al que no comparte las convicciones de fondo o simplemente el modo de defenderlas de los otros.

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ANTE LA CONVOCATORIA ELECTORAL

Quienes pensaron que la crisis catalana iba a resolverse con el resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y la aplicación del 155 de la Constitución se equivocaban. A pesar de todo, la convocatoria electoral tuvo, ciertamente, aspectos destacables. En primer lugar, una participación histórica del 79,04 por ciento de los electores y, lo más importante, desarrollada en convivencia, ya que unionistas y separatistas expresaron libremente sus opiniones y discrepancias a través del ejercicio del voto, como debe ser. Con el recuerdo aún fresco de la violencia del 1 de octubre, el dato no es menor, pues el desarrollo pacífico de la campaña y de la cita electoral confirmaron que la descripción de Cataluña como una sociedad violenta y tumultuosa era una invención más propia del fragor de la batalla política que del análisis sereno y responsable de lo que está pasando en Cataluña.

Un segundo aspecto muy remarcable fue el magnífico resultado del independentismo. A pesar de los pesares, y aún con las objetivas derrotas que habían supuesto la inútil declaración de independencia y, aún más, la suspensión del autogobierno con la aplicación del 155, el independentismo no solo resistió, sino que superó los dos millones de votos, desmintiendo así, una vez más, el tópico que sigue empeñado en presentar el proceso secesionista como un suflé pasajero. Con los candidatos con las manos esposadas a la espalda o privados de la posibilidad de poder moverse por el territorio libremente, a riesgo de ser detenidos, Carles Puigdemont obtuvo un meritorio segundo puesto que, de la mano de ERC y de la CUP, revalidaba la mayoría independentista en el Parlament.

En tercer lugar, no por anunciada fue menos sorpresiva la victoria de Inés Arrimadas, en votos y en escaños: 1.102.990 votos, el 25,43 por ciento de los emitidos, que se tradujeron en 36 diputados, dos más que la candidatura de Carles Puigdemont y cuatro más que ERC, según la propaganda oficialista, el partido llamado a ganar las elecciones. De la mano de Ciudadanos, Inés Arrimadas se convirtió así en la primera candidata no nacionalista a la Presidencia de la Generalitat de la historia que ganaba las elecciones. Una victoria urbana y agridulce, en la medida en que su contundente victoria fue insuficiente para desbancar al independentismo del Gobierno catalán. Su victoria inequívoca en las diez ciudades más importantes de Cataluña, en las provincias de Barcelona y de Tarragona, confirmaba ciertamente que la base del independentismo es rural y comarcal, pero también que en los contextos metropolitanos, tradicionalmente feudos socialistas, los partidos convencionales siguen teniendo un problema de relevo generacional y de falta de credibilidad ante los ciudadanos nacidos a partir de los años setenta. La victoria del 21-D de Arrimadas fue una humillación en toda regla para el soberanismo, pero también lo fue para el Partido Socialista y el Popular.

A las puertas de las elecciones, Joan Botella, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, lamentaba en una entrevista en La Vanguardia que «la tercera vía ya no se encuentra en la política, pero sí en la sociedad». La reflexión es inexacta. Efectivamente, con la excepción quizá del Partido Socialista, que aunque manchado por su apoyo a la aplicación del 155, procuró autorrepresentarse como el partido de la moderación y del retorno a la convivencia, lo cierto es que ninguna de las ofertas electorales respondía a los valores propios del pactismo y de lo que se ha dado en llamar «la tercera vía». Tan cierto como que, retórica electoral al margen, la viabilidad de la legislatura tendrá que ver única y exclusivamente con la capacidad de implementar un programa realista y pragmático que permita superar la polarización y el enfrentamiento. La legislatura surgida de las elecciones del 21-D no debe ser la de la ratificación, sino la de la rectificación. Rectificación urgente del inmovilismo del PP, pero también de cualquier tentación unilateralista del soberanismo. Visto así, quizá podríamos enmendar la entrevista del doctor Botella, concediéndole que, efectivamente, el programa de la tercera vía no se encontraba en la campaña, pero que su semilla ya estaba plantada en el corazón de todos los candidatos sensatos, como se podrá comprobar en el desarrollo de la legislatura. O al menos así lo espero yo.

Será una rectificación, y esta es solo aparentemente una paradoja, que la ciudadanía decidió que, aplicado el correctivo al PP, en el caso del soberanismo fuera llevada a cabo por los mismos que en la legislatura anterior habían comandado la nave con rumbo de colisión. Se trata de una paradoja aparente y no real, porque es sabido que en el comportamiento electoral, como en el comportamiento humano en general, el ciudadano no acostumbra a reconocer nunca sus errores, lo cual no quiere decir que no aspire a que estos se corrijan. Quiero pensar que el ciudadano catalanista que apoyó a Puigdemont en las elecciones del 21-D no necesariamente comparte los excesos unilateralistas ni de tono de los días de campaña, un hecho compatible con que no está dispuesto a fallar a su presidente cuando este ha sido obligado a salir corriendo de Cataluña, a abandonar su ciudad, su familia y las instituciones bajo amenaza de cárcel. La humillación que supuso la suspensión del autogobierno y la ostentación con la que Soraya Sáenz de Santamaría presumió en un mitin electoral de haber «decapitado» a los líderes del independentismo ofendieron a lo más profundo del sentimiento catalanista y a su dignidad ciudadana y colectiva.

El PP sufrió una derrota humillante en todas las circunscripciones electorales. Se quedó sin representación, esto es, con cero diputados en las provincias de Girona y Lleida, salvó un escaño por el voto exterior en Tarragona y obtuvo apenas el 5 por ciento de los votos en Barcelona. Más allá del cansino inmovilismo de Rajoy a lo largo de toda la legislatura para unos, o de hacer demasiado poco y llegar demasiado tarde para otros, lo cierto es que unas pésimas candidaturas en todas las demarcaciones, así como los informes de la Guardia Civil sugiriendo la imputación de media Cataluña y del propio Pep Guardiola (el exfutbolista, hoy entrenador, que todas las suegras de lazo amarillo de Cataluña querrían como yerno) justo el mismo día de las elecciones, o para acabar de rematar, la injusta y del todo inoportuna resolución del conflicto de Sijena, en plena campaña, fueron sin duda argumentos letales que están en la base de su hundimiento electoral.

Durante aquellos días de campaña, de la que yo me mantuve resignadamente al margen, recuerdo que recibí la llamada afectuosa de muchos amigos y empresarios interesados en conocer mi opinión sobre a quién había que votar en las elecciones. De entre todas, quisiera destacar las palabras que me escribió un prestigioso pediatra y filántropo de la provincia de Girona, hoy jubilado y buen amigo, prototipo del antiguo votante convergente y con el que a lo largo de los años he cultivado muchas complicidades filantrópicas, culturales y catalanistas. Entre muchas otras palabras amables dedicadas a interesarse por mi futuro político, el núcleo central de su carta electrónica iba destinado a preguntarme sobre a quién debíamos votar: «Honorable, muy buenos días… Nadie mejor que usted puede augurar el camino hacia el futuro en un momento tan difícil como este. Porque Convergència se ha esfumado… el PDeCAT ha sido como un pecado y Unió ha buscado refugio en el PSC. Sin hablar de la maniobra absorbente, drástica y dictatorial del 155, un verdadero dogal para nuestro futuro político. Por eso, ciertamente desconcertado, le ruego que me indique a quién debemos votar, que no sea un voto “hacia la nube”. Voy a esperar ansioso a conocer su opinión, seguro que lúcida y precisa». Aunque escueta, mi respuesta procuró ser sincera y empática: «Estimado E., es una pregunta bien difícil de responder la que me formula. Guiados por la razón, seguramente lo más lógico sería castigar a todos los partidos con un voto en blanco. Guiados por el sentimiento, a mí me cuesta olvidar que un pobre hombre, casado y con dos hijas, está en Bruselas, pendiente de ser detenido cuando regrese a Cataluña. Usted ha hecho una carrera sólida y honorable, reconocida por muchísima gente. Seguro que sabrá medir bien lo más conveniente […]». No tenía nada más que decir, pero se me entendía todo. Su respuesta fue inmediata: «Su insinuación es válida… la seguiré, como harán también mis hijos, que se han desplazado a Bruselas para animarle. A mí me duele». Había desconcierto, remordimiento por lo vivido durante el pasado bienio si se daba rienda suelta a la razón, pero finalmente embridado por la intuición emocional.

SEGUNDA PARTE

La diferencia no hace a nadie

más importante y no genera privilegios.

La diferencia simplemente sirve

para respetar al diferente.

MIQUEL ROCA I JUNYENT

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¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTE PUNTO?

En 1997, los profesores Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox publicaron un interesante ensayo titulado España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Desmarcándose de las teorías fatalistas y pesimistas sobre la excepcionalidad española, los autores defendían una historia contemporánea española basada en la normalidad, esto es, con los mismos retos y dificultades que sus vecinos para construir un Estado liberal y eficaz y una economía próspera y estable. Desde esta perspectiva, los españoles llegaban al final del siglo XX con las características, anhelos, miedos y problemas de cualquier sociedad urbana y moderna, con niveles relativamente altos de seguridad y bienestar. Especialmente a lo largo de las tres décadas anteriores, España había afianzado una economía de mercado razonablemente próspera, abierta y sin distorsiones regulatorias decimonónicas; había consolidado una sólida sociedad del bienestar, se había abierto e integrado de una vez en Europa y parecía haber resuelto por fin el encaje de su diversidad territorial.

Como no podía ser de otro modo, la aparición del libro de Fusi y Palafox coincidía con un ciclo económico de bonanza, descrito académicamente como la década prodigiosa (1995-2005) y con un gobierno de José María Aznar (1996-2004) que, sin complejos, fumándose un puro y con los pies sobre la mesa con el presidente de Estados Unidos (junio de 2001), intentó posicionar a España entre las grandes naciones del mundo, de la mano del presidente George W. Bush y del primer ministro Tony Blair. En el plano estrictamente local, es bueno recordar que Aznar, que por aquel entonces gustaba de presentarse como «heredero de la tradición liberal española», había conseguido su primera investidura, en primera y única votación, en 1996, con el apoyo de CiU, del PNV y de Coalición Canaria. De aquel pacto, incorporado a los manuales de historia como «el pacto del Majestic», en referencia al centenario hotel del paseo de Gracia donde se llevaron a cabo las negociaciones de investidura, salieron mejoras en la financiación y traspasos de nuevas competencias en materia de tráfico para Cataluña. También salió un premio electoral en forma de mayoría absoluta para Aznar y un castigo electoral en las siguientes elecciones autonómicas para Jordi Pujol.

Radicalmente distinta fue la segunda legislatura del presidente Aznar (2000-2004). De explicar a la ciudadanía que hablaba catalán en la intimidad, Aznar pasó a ver que en los mítines y celebraciones del PP se gritaba «¡Pujol, enano, habla castellano!». ¿Qué había pasado entre medias? Una legislatura intensa y bronca, con escándalos como el del accidente del buque petrolero Prestige, que causó el mayor daño de la historia a la costa gallega; el impulso del polémico Plan Hidrológico Nacional, que contaría con la rabiosa movilización ciudadana de catalanes y aragoneses, y además con la oposición de toda la izquierda; así como el apoyo de España a la invasión de Iraq, en busca de unas presuntas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a acreditarse y que tuvieron en las semanas de marzo y abril de 2003 los días más tensos, dieron al traste con todas las complicidades entre Pujol y Aznar, desgastaron a ambos gobiernos hasta llegar a las elecciones de 2003 el primero y de 2004 el segundo, exhaustos y con las encuestas de intención de voto por los suelos. Una victoria en escaños, que no en votos, del tripartito (PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya Verds, puso fin a veintitrés años de pujolismo en Cataluña, y una pírrica victoria del pacifista y republicano socialista Rodríguez Zapatero sobre el PP, facilitada por la pésima gestión gubernamental del atentado del 11 de marzo de 2004, permitió también el cambio político en España. No les fue mejor a los nacionalistas vascos, que tras haber apoyado también la primera investidura de Aznar en 1996, vieron cómo su proyecto de nuevo estatuto de libre asociación con el Estado español, tramitado a finales de 2003, era recurrido ante el Tribunal Constitucional y finalmente tumbado en las Cortes en 2005. Aunque Ibarretxe conseguiría mantener el Gobierno vasco bajo signo nacionalista aún unos años más, el cambio en Euskadi llegaría en 2009 con Patxi López, convertido en el primer lendakari no nacionalista de la historia. Por lo que tiene de similitud con el caso catalán, nótese que también este intento reformista de Ibarretxe contó con la negativa implacable de los grandes partidos estatales, a pesar de que algunas voces como la de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución de 1978, cuestionaron la constitucionalidad de la propuesta y llegaron a proponer infructuosamente modificaciones puntuales que dieran viabilidad al texto y que evitaran la confrontación.

A partir de 2007, ya con los vientos económicos en proa, la agenda política española se deterioró rápidamente. Recesión, primeros recortes y, en Cataluña, sainete del Estatuto, finalmente una promesa de Rodríguez Zapatero a los catalanes y en especial a Pasqual Maragall, marcaron un nuevo clima de tensión y confrontación social, política y territorial. Tras una década de progreso, y como si de una fatalidad histórica se tratara, los españoles volvían a divergir de la senda de crecimiento y bienestar con la que habían cambiado de siglo y se enzarzaban en renovadas viejas disputas. Con la cifra récord de cinco millones de parados, graves escándalos de corrupción en los periódicos y el fracaso de la reforma estatutaria en Cataluña, enmendada por el Tribunal Constitucional en 2010 a pesar de haber sido revisada por las Cortes y refrendada por el pueblo, un nuevo período de crisis, indignación y enfrentamientos inundaría España.

Dejando a un lado su incapacidad para diagnosticar la magnitud de la crisis económica que se avecinaba sobre España más allá del primer bienio recesivo, los anales de la historia han destacado del paso de Rodríguez Zapatero por la presidencia del Gobierno el innegable avance español en materia de derechos sociales y civiles, con la aprobación de importantes iniciativas como la ley del matrimonio homosexual (octubre de 2004), la ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas con dependencia (2006), o la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (2007). En este sentido, para lo que aquí nos interesa, no deja de resultar paradójico el contraste entre la capacidad de la sociedad española de asumir importantes reformas de signo claramente avanzado en materia de derechos sociales y civiles, y su incapacidad, en cambio, a la hora de asumir la diversidad cultural y nacional en su proyecto de Estado como un valor y no como un problema. La Francia republicana, por ejemplo, se enzarzaría en 2013 en una agria discusión entre partidarios y detractores del matrimonio homosexual que sorprendió a Europa por su amplitud y virulencia, a pesar de ser el noveno país de la Unión en incorporar esta norma y de que España lo había asumido sin apenas discusiones una década antes. Mientras que, durante los años de recesión, en las democracias más maduras de media Europa florecieron partidos xenófobos y abiertamente racistas, España siguió legislando y protegiendo sin demasiadas dificultades un modelo de sociedad integrador, intercultural e interreligioso. El único plato indigesto para la mayoría de los españoles diestros y siniestros, en definitiva, continuaría siendo el envite a reconocer España como una gran nación de naciones, en palabras de José María Jover, y en llegar a sentir lo catalán, lo vasco y lo gallego como identidades distintas pero propias, motivo de orgullo en vez de carga resignada o de obligada conllevancia.

En todo caso, es en estas circunstancias de profunda crisis económica, social e institucional a escala occidental, española y estrictamente catalana donde hay que enmarcar el proceso soberanista iniciado formalmente a partir de 2012 y que ha llegado hasta nuestros días.

Antes de que en agosto de 2012, Artur Mas y su equipo de principales colaboradores (conocido entonces con el sobrenombre de el pinyol, «el hueso», y compuesto por Quico Homs, Germà Gordó y Oriol Pujol) se decidieran a soltar las amarras del autonomismo, a izar las velas independentistas y a lanzarse al mar a la conquista de su nueva Ítaca, no les hubiera ido mal leerse las memorias de juventud de Winston Churchill, en las que, entre otros muchos consejos audaces, el viejo primer ministro británico advertía de que «nunca, nunca, nunca crean que la guerra será algo fácil o sin complicaciones, o que nadie que se embarque en este extraño viaje puede medir las mareas y los huracanes con los que se tropezará. El estadista que se deja vencer por la fiebre de la guerra debe ser consciente de que, una vez dada la señal, deja de ser el amo de la política y se convierte en el esclavo de acontecimientos imprevisibles e incontrolables».

Embarcados en las peores circunstancias sociales y económicas, además de contar con un grupo parlamentario insuficiente, en aquellos días de agosto, Artur Mas seguramente prefirió leer el prólogo que el profesor Gregorio Marañón había escrito en los años cincuenta a una lujosa reedición del Diario de Colón, en el que, para realzar las virtudes del almirante, don Gregorio señaló que «el prodigio de Cristóbal no fue llegar hasta las tierras del confín oscuro, casi a tientas, en la soledad inmedible; ni en volver a España en aquel invierno “que jamás los hubo de tantas tormentas”. El prodigio fue conducir, a través de sus sueños, durante tantos meses, a hombres incapaces de soñar». Justo cuando más arreciaba la recesión, el paro y el endeudamiento; cuando mayor era el descrédito de la Administración ante la ciudadanía por la pérdida de eficacia derivada de los recortes y por el desprestigio que conllevaban los problemas de corrupción, Artur Mas se decidió a dar solvencia a un sueño hasta entonces marginal, y a contribuir a hacerlo mayoritario. Cinco años más tarde, el sueño se ha tornado para muchos ciudadanos pesadilla y, ante millones de catalanes, lo político ha vuelto a formar parte, de nuevo, más del ámbito de lo inquietante que de la esfera de las seguridades.

Por el camino, Mas tropezaría con el inmovilismo o la indiferencia de Rajoy y, peor aún, si cabe, con la virulencia del extremismo cupero, quienes, como no se cansarían de recordarle, al lado de la agenda de «liberación nacional» mantendrían también su propia vigorosa agenda social, que en definitiva no era sino la de una tronada revolución social de signo populista, con la previsible eliminación de la «casta convergente», que según su diccionario era por definición corrupta y burguesa. Que sus amenazas no eran retóricas quedó claro después de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, cuando la cabeza de Artur Mas rodó sin contemplaciones, con lágrimas de cocodrilo de sus socios republicanos y de alguno de sus compañeros de partido, especialmente entre los de la conocida como «generación escogida», ansiosos de poder y convencidos de que ahora sí había llegado, por fin, su momento.

En mi opinión, y antes de abordar cómo podemos enderezar el desastre que hemos heredado, es importante señalar, como si de una colección de frescos rápidos se tratara, una decena de errores cometidos por las élites políticas, económicas y financieras madrileñas y catalanas durante estos últimos cinco años, del todo impropios de esa sociedad avanzada y moderna que, tal vez a su pesar, o a pesar de ellos, es hoy Cataluña y el conjunto de España.

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LOS CINCO ERRORES DEL GOBIERNO DE RAJOY

PRIMERO: DE MINISTROS DE CULTURA A MINISTROS DEL CULTO

Barcelona, Fundación Miró, 23 de marzo de 2017. Arropados por la fundación de arte contemporáneo que históricamente ha promovido la superación del conformismo y de las convenciones heredadas de los tiempos novecentistas y burgueses, con la llegada de la primavera, desde el Departamento de Cultura de la Generalitat promovimos unas jornadas de reflexión sobre el presente y el futuro de la cultura. Entre los invitados impactó especialmente el testimonio de la investigadora y filósofa Marie-José Mondzain quien, ante un foro repleto de autoridades y personalidades del mundo cultural, advirtió del gran riesgo que supondría que las grandes instituciones culturales de Occidente, con los ministerios y museos nacionales a la cabeza, sin apenas darse cuenta, transmutaran de ministerios e instituciones de la cultura en ministerios y organismos del culto, en clara alusión a la tendencia a la sacralización e idealización del pasado. En la medida en que esta justifica y fomenta la preservación del statu quo, las instituciones culturales oficiales tienden sin darse cuenta a la petrificación, al inmovilismo. «¡Nada sería más anticultural!», espetó Mondzain, pues si algo justifica los presupuestos públicos destinados a la cultura es su capacidad para estimular el espíritu crítico, la creatividad y la innovación, puestos siempre al servicio del progreso y las libertades ciudadanas. «Si de custodiar el patrimonio artístico tan solo se trata, contraten ustedes a guardias de seguridad y no a técnicos culturales.» Los muros de la vanguardista Fundación Miró hincharon sus ladrillos, reconfortados ante aquel explícito tirón de orejas a los guardianes oficiales de la cultura.

Aplicado a lo político, no deja de resultar paradójico que la Constitución Española de 1978, considerada una de las más avanzadas y garantistas de las de su generación, haya pasado de ser fuente y garantía de derechos a una especie de tabla de Moisés, progresivamente sacralizada hasta la petrificación. Que, además, sus máximos veladores en la actualidad sean, curiosamente, algunos de los que más la combatieron en los tiempos de su redacción no deja de ser la evidencia más incuestionable de su manifiesto secuestro por parte de los sectores más conservadores de España. Y es una pena porque, en definitiva, la convivencia de los pueblos debe mucho a su ordenamiento constitucional y legal, pero más debe aún a las consuetudes y complicidades con que este se interpreta y se adapta a la evolución de los tiempos, siendo así fuente inagotable de soluciones y no obstáculo para ellas. Parafraseando a Mondzain, bien podríamos decir que, si de custodiar el patrimonio constitucional se trata, contrátense buenos abogados del Estado, dotados de gruesas lentes administrativistas y reglamentistas, o simplemente una cuadrilla de guardias civiles, y prescíndase luego de los políticos, ya que estos, por definición, deberían vincular su trabajo más a los desafíos del presente y del futuro que a la custodia sacralizada del pasado.

Con su negativa a la reforma constitucional, o lo que es peor, con su reiterada interpretación unívoca e involucionista (recuérdense las continuas acusaciones de descontrol del gasto a las autonomías por parte del ministro Montoro y de la expresidenta Aguirre, especialmente a partir de 2012), el PP empujó al monte al soberanismo, desacreditó a los que, como yo mismo, suspirábamos por una solución acordada y dio alas a los sectores más radicalizados y fanáticos. Sin duda una pena porque, en este ámbito, la regresión es clara y, además, perjudicial para el futuro de todos.

Como muestra del retroceso incluso en el ámbito conceptual, véase por ejemplo la crónica del NODO que la Corporación de Radio y Televisión Española publicó a propósito de la manifestación del 11 de septiembre de 1977 en Barcelona. En ella, Cataluña es reconocida sin rubor y con admiración como una nación que perdió sus fueros y constituciones históricas con la derrota de 1714 ante el rey Felipe V, que los recuperó en los tiempos en que el conjunto de España recobró también sus libertades y que ahora iba, de nuevo, a recuperarlos. Lo narraba así el locutor: «Paradójicamente, la Diada evoca una fecha triste: fue también un once de septiembre, hace doscientos sesenta y tres años, cuando Cataluña perdía una guerra y con ella el autogobierno y sus libertades. A partir de entonces, Felipe V les obligó a depender rígidamente del poder central». El reportaje del NODO de 1977 hacía propia una interpretación historicista de la nación catalana que los soberanistas actuales incluso podemos llegar a considerar exagerada o viciada de anacronismo. Acertada o no en su análisis histórico, el testimonio confirmaba, en todo caso, un inequívoco compromiso político con el reconocimiento de Cataluña como nación y con el deseo de contribuir a su adecuado encaje con España.

Y es que a finales de los años setenta, como en tiempos de la Segunda República, la recuperación de las libertades individuales, civiles y políticas del conjunto de los españoles llevaba asociado, indefectiblemente, el reconocimiento de los derechos y las libertades nacionales también para Cataluña, Euskadi y Galicia. En este sentido, sería inteligente aprender del espíritu de la Transición española a la democracia, que hizo posible la superación de la dictadura y las mejores cuatro décadas de libertades y progreso jamás conocidas en la historia de la península Ibérica. Sería sensato recuperar el espíritu constitucional, más allá de su letra, de deliberada ambigüedad en el momento de su redacción, justamente para facilitar su desarrollo desde la lealtad, solidaridad y generosidad mutuas. Sería justo que las generaciones más conservadoras y reacias a los cambios miraran el futuro con esperanza, sin miedo, con la cara al viento, con el corazón al viento, con las manos al viento, con los ojos al viento, al viento que es la vida, según compuso Raimon en 1959, en pleno franquismo. Sería honesto que la canción del grupo Jarcha, que inundó todas las casas de España en las Navidades de 1976 al grito de «libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá», nos resultara de nuevo inspiradora. También en aquella canción y, por tanto, en aquellos años, aparecieron las tensiones intergeneracionales que hoy nos acechan: «Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura». Los jóvenes de entonces no estaban de acuerdo con el revanchismo, ni con el palo largo y la mano dura. Tampoco los jóvenes demócratas de hoy. Así lo ha estudiado Jaime Miquel, analizando cómo el miedo a una reforma constitucional o simplemente a su despliegue con sensibilidad plurinacional no causa ningún tipo de estrés entre las generaciones nacidas más allá de 1973 y, sin embargo, se considera una amenaza entre los mayores. Si en su momento los actuales ancianos, quizá por entonces incluso autoritarios, supieron transaccionar con el futuro que les aguardaba en democracia, ¿por qué deberían hoy negar a sus nietos la oportunidad de renovar su compromiso reformista con la reconciliación, el progreso y la convivencia?

Ya desde mis tiempos como alcalde en Figueres, he tenido la inmensa fortuna de forjar una buena amistad con Miquel Roca i Junyent, hijo adoptivo del Empordà. Escuchando sus reflexiones, atento a sus recuerdos y consejos, no ha dejado de sorprenderme que tanto en su caso como en el de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca —los tres padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos—, aunque la posibilidad de la reforma constitucional no los asuste a ninguno de los tres, tampoco nunca les ha parecido la gran panacea, la solución a todos los males de España. «Si hay que hacerla, se hace —ha admitido siempre Roca—, pero con consenso.» En todo caso, más importante que su reforma es el consenso sobre su futura interpretación y su despliegue, que debería ser sensible a la idea de la diversidad española como valor y no como problema. Porque como recordó Roca en la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico, celebrada en el Congreso de los Diputados el 10 de enero de 2018, «la diferencia no hace a nadie más importante y no genera privilegios; la diferencia simplemente sirve para respetar al diferente», una frase que ya había pronunciado, idéntica, cuarenta años atrás, en 1978, en el Congreso de los Diputados. Habló el político maduro y el abogado sensible a los derechos de las minorías, recuperando y haciendo suyas las mismas palabras que él mismo había pronunciado hacía cuarenta años. Similar ha sido siempre la opinión de Herrero, para quien «el problema no está en la Constitución, sino en su desarrollo». Revisión del sistema fiscal, reforma del Senado como verdadera cámara territorial y nueva sensibilidad con respecto a la diferencia fueron las recetas de los padres de la Constitución, aplaudidas por PP y PSOE, por cierto. Veremos.

Sea por la vía de la reforma o por su interpretación inclusiva, la clave parece estar en recuperar el consenso perdido. Porque, sí, efectivamente es tiempo de diálogo, de reconciliación y de pacto. Los políticos que hemos protagonizado el desaguisado del último bienio deberíamos revisitar urgentemente las mejores páginas y logros de nuestra historia, no para sacralizarlas, sino para aprender de ellas y aspirar a encarnar una nueva generación, la mitad de la mitad de útil que la de los Roca, Herrero de Miñón, Pérez Llorca, Leopoldo Rodés, Joan Antoni Samaranch, Pere Duran Farell y tantos otros, hoy demonizados por el populismo ignorante, soberanista o izquierdista. O eso, o dejar paso.

SEGUNDO: LA CATALANOFOBIA, UN VALOR SEGURO

Nonaspe, Zaragoza, un día cualquiera de verano en los años ochenta. «Catalans i freds tardans, la perdició de la Terra!» («¡catalanes y fríos tardíos, la perdición del mundo!»), así nos recibía mi adorable abuela Eugenia a mí y a su yerno, mi padre, cuando cada verano íbamos a pasar las fiestas de san Bartolomé a su casa, en Nonaspe, un pueblecito del Bajo Aragón de poco más de mil habitantes, situado entre los ríos Algars y Matarraña. Aunque la buena mujer apenas sabía encadenar tres frases seguidas en correcto castellano (hablaba lo que ella misma describía como «chapurreau»), iba al médico a Reus y se compraba la ropa en Barcelona, el proceso de nacionalización al que había sido sometida durante el franquismo había resultado sumamente eficaz a la hora de configurar su identidad nacional. En su opinión, bastante generalizada entre el vecindario, los catalanes eran un pueblo arrogante, interesado y egoísta. Que cuando su hija única se fue a estudiar a Girona conociera a mi padre, un catalán ampurdanés, abandonara definitivamente Nonaspe y se fuera a vivir a Cataluña tampoco debió de contribuir a mitigar su pasión anticatalana, hay que reconocerlo.

No es este el lugar para recuperar las raíces históricas de la catalanofobia en España, ni es necesario citar a Quevedo, Felipe V o Jiménez Losantos para acreditar su longevidad y pervivencia. Lo cierto es que, al menos a partir del siglo XVI, siempre que el Estado español (ya sea en su forma primigenia de monarquía hispánica o de Estado liberal) ha tenido dificultades financieras o de cohesión social, el recurso a la catalanofobia ha resultado un valor seguro. Y es una lástima porque, como escribió Javier Marías, «no hay nada más antiespañol que el intento de reducir la personalidad española». O, como estudió Francesc Ferrer i Gironès, seguramente en el odio a lo catalán descubriremos el origen del catalanismo. Una ecuación, esta última, bien visible en el contexto de la última reforma del Estatuto de Autonomía.

Que la apuesta por la reforma del Estatuto de Cataluña fuera un acto irresponsable es un dato objetivo. Que su trámite fuera groseramente aprovechado por el PP para movilizar a su electorado en contra de los socialistas también parece bastante incontestable e igual de irresponsable. Recuérdese en este sentido la ponderada y objetiva consulta a los ciudadanos españoles que impulsó el partido de Mariano Rajoy a partir de enero de 2006: «¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?». Confieso que quizá no he prestado demasiada atención a los resultados de aquella encuesta, aunque parecen predecibles sin tener que ser demasiado audaz. La pregunta del PP a los ciudadanos conllevaba implícita la consideración de España como «única nación», y acusaba, sin decirlo, a los catalanistas de querer romper la unidad de derechos y obligaciones de todos los españoles. Más allá de su justificación por razones históricas, que la campaña se presentara en Cádiz, en Andalucía, una de las comunidades más sensibles a este tipo de debates, era el terreno de juego perfecto para alimentar la confrontación interregional, el mito de una Cataluña egoísta y poco solidaria. Como es sabido, la campaña finalizó en el Congreso de los Diputados, en noviembre de 2006, con la entrega por parte Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, Alicia Sánchez-Camacho, Jorge Moragas y Josep Piqué de cuatro millones de firmas contra el Estatuto. Años más tarde, en la campaña a las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, el PP reconocería el error de aquella iniciativa. Este no es sino el enésimo episodio de un recurso sistemáticamente utilizado por el nacionalismo español para movilizar al respectivo electorado, sin tener que pensar ni trabajar demasiado, dicho sea de paso.

En un mundo globalizado y urbanita, donde las identidades nacionales serán cada vez más complejas y matizadas, en el que conviven el lugar y la familia de origen con la extracción social, el bagaje incorporado durante la formación, las complicidades añadidas por las inquietudes culturales, de ocio o de orientación sexual, configurar una identidad colectiva nacional por oposición a otra, la dominada o dominadora, la vecina o imaginada, suena bastante decimonónico y pobre. Recuérdese, además, que como advirtió Joan Fuster, «en realidad, un nacionalismo solo se crispa y arbola frente a otro nacionalismo que lo amenaza. O mejor: una nación solo tiene necesidad (a veces necesidad biológica, de instinto de conservación) de exaltarse en nacionalismo cuando se ve en peligro ante las ambiciones de otra nación. Somos muchos los hombres del mundo (y ¡uy! incluso en la misma Europa) que nos sentimos nacionalistas porque los otros no nos permiten dejar de serlo».

Contemplando las calles, plazas y rotondas de Cataluña inundadas de banderas catalanas durante todos estos últimos años, como si nos encontráramos en pleno siglo de libertadores, o paseando estas últimas semanas por Madrid, que ha respondido al envite secesionista con el despliegue simétrico de banderas rojigualdas por doquier, no puedo dejar de pensar, como los roqueros de Extremoduro, que «las banderas de mi casa son la ropa tendía», las mismas que ondean en el Trastevere romano y en los balcones de la Barceloneta, banderas, esas sí realmente motivadoras, símbolo inequívoco y universal de humanidad, de vida. Lo demás son burdos pretextos para políticos de tercera, incapaces de movilizar razones, sentimientos y emociones por causas realmente nobles.

TERCERO: LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Con su sentencia modificatoria del Estatuto del 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional tropezaba con una de las piedras que ya Antonio Pedrol Rius, un abogado y hombre de negocios nombrado senador por designación real por el rey Juan Carlos, había vaticinado en 1978, en pleno debate constituyente, según recupera magistralmente Jordi Amat en La conjura de los irresponsables. Así, para Pedrol, reconocido el Tribunal Constitucional como árbitro del sistema, había dos problemas en su definición que era necesario superar. En primer lugar, la dificultad de legitimar una resolución de calado político a puerta cerrada y sin debate público que enmendara una decisión política asumida previamente por el poder legislativo e incluso refrendada por la soberanía popular a través del ejercicio del voto. La responsabilidad y el compromiso de tal arbitraje serían tan grandes que solo una incuestionable garantía de independencia respecto del poder ejecutivo mantendría una mínima autoridad ante el conjunto de la ciudadanía. Y este era el segundo de los problemas que resolver. El modelo podía resultar congénitamente viciado si «para arbitrar conflictos entre políticos se adjudica casi íntegramente a los políticos el derecho a nombrar esos árbitros», sentenció Pedrol.

Que el augurio de Pedrol no era una prevención meramente intelectual o técnica lo constaté en mis propias carnes cuando, en una entrevista televisiva el 27 de agosto de 2014, simplemente reconocí al Tribunal Constitucional como «árbitro» en la previsible discusión sobre la legalidad de convocar la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014. Situados ante el seguro recurso en contra de la Ley de Consultas Populares no Referendarias, que iba a iniciar su trámite con el nuevo curso parlamentario, había que asegurar que desde el Gobierno haríamos lo posible y lo imposible para que los ciudadanos pudieran votar el 9 de noviembre, pero había que hacerlo en todo momento ajustando nuestro comportamiento a derecho. La alternativa a no respetar la ley es la inseguridad y la incertidumbre: «Es importante que enviemos a los ciudadanos el mensaje de que es responsabilidad de la Generalitat tomar todas las iniciativas que se tengan que tomar, pero siempre ajustadas a la ley, porque esto nos da seguridad y garantías a todos». Que por aquel entonces la autoridad del Tribunal Constitucional estaba ya muy erosionada entre los nacionalistas catalanes lo confirmó el alud de críticas y solicitudes de cese que recibí por aquellas declaraciones. La recusación de Pablo Pérez Tremps como magistrado en 2007 y la presidencia de Francisco Pérez de los Cobos a partir de junio de 2013, habiéndose dado a conocer sus años de militancia en el PP, habían minado claramente la credibilidad de un tribunal visto como un arma más al servicio del Ejecutivo y, en todo caso, en el corazón de las luchas y el tacticismo de los partidos.

CUARTO: LA PERSECUCIÓN JUDICIAL DEL 9-N

Madrid, 13 de diciembre de 2017. El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de la vivienda de Artur Mas para que haya frente al pago de parte de la fianza impuesta de 5,27 millones de euros por el presunto mal uso de fondos públicos en la organización de la consulta ciudadana del 9 de noviembre de 2014. También se aplican embargos sobre propiedades a Francesc Homs, Irene Rigau, Joana Ortega y Jordi Vilajoana. Artur Mas y los tres exconsellers cumplen ya penas de inhabilitación por organizar aquella consulta. La acusación del delito de malversación redactada por la Fiscalía Superior de Cataluña fue retirada en su momento por Emilio Sánchez Ulled, fiscal designado especialmente para la investigación del 9-N que fue también fiscal en el caso del Palau de la Música y es actualmente miembro de la representación permanente de España ante la UE. A pesar de ello, el Tribunal de Cuentas decidió estudiar el caso e imponer fuertes medidas cautelares.

Los meses previos a la celebración de la consulta del 9-N yo frecuentaba a menudo los despachos del Ministerio de Fomento. Nombrado conseller de Territorio a finales de diciembre de 2012, desde el primer momento situé los principales retos sectoriales de la legislatura en Madrid, pues la lista de retrasos e incumplimientos en materia de infraestructuras era inacabable. Procuraba así dejar atrás unos años en los que las continuas incidencias, retrasos y averías en el servicio de cercanías de Barcelona habían roto todos los puentes de diálogo entre la Consejería y el Ministerio. «Presunción de bondad», habían sido mis primeras palabras con respecto a Ana Pastor, titular de Fomento, y el resto de su equipo, el día de mi toma de posesión. Empezaba así una legislatura de complicidad, diálogo, negociación y acuerdos, algunos de los cuales, como la ampliación del servicio de cercanías hasta el aeropuerto o el desdoblamiento de la Carretera Nacional II a su paso por Girona, aún siguen implementándose en nuestros días. De ahí seguramente el tópico, bien real por otro lado, de «Santi Vila, el amigo de Ana Pastor». Ciertamente, en un contexto de tanta tensión entre los dos gobiernos como el de aquel 2014, poco gustaron a algunos de los míos importantes acuerdos conseguidos en materia de seguridad viaria y de renovación de infraestructuras, que desmentían justamente que el diálogo con Madrid era imposible, o que, como admití en una entrevista ante Mònica Terribas, una de las periodistas más militantes de la causa independentista, yo no tenía ninguna garantía de que si el titular de Fomento fuera un nacionalista y no Ana Pastor, las cosas fueran a ir mejor para Cataluña. Por todas estas razones, el caso es que durante aquella legislatura, mi equipo y yo frecuentamos muy a menudo los despachos ministeriales, en los que además de Ana Pastor como titular, también desarrollaba su labor Rafael Catalá, entonces como secretario de Estado. Meses de trabajo intenso forjaron una complicidad y amistad sincera con ambos, que ciertamente no tengo en igual modo con todos mis compañeros de partido.

Contextualizo tan subjetivamente los hechos del 9 de noviembre de 2014 porque hay que reconocer que el clima técnico y político previo al 9-N en Madrid no era ni mucho menos hostil, y aún menos partidario de su judicialización. «Esto será una gran butifarrada», «esto será un súper Arenys de Munt» eran algunos de los calificativos frecuentes que servían para describir la consulta que se avecinaba cuando conversábamos entre pasillos.

Recuérdese en ese sentido que, ya siendo ministro de Justicia, Rafael Catalá, el 6 de noviembre de 2014, a pocas horas de la celebración del 9-N declaró: «Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional, ni a los jueces y los tribunales porque no hay infracción». La noche del 9 de noviembre, el ministro aún calificó la consulta de «simulacro inútil y estéril», y de «un acto de pura propaganda que carece de efectos jurídicos», recordando a los que durante aquellas semanas habían intentado tergiversar la imagen del Estado que «España es un régimen democrático consolidado en el que existe libertad de expresión y libertad de manifestación».

Así las cosas, ¿qué fue lo que acabó llevando a un cambio de criterio político y mutó la consideración de la consulta como una butifarrada sin consecuencias políticas, y aún menos jurídicas, en un acto presumiblemente constitutivo de delito? Aunque aquí las versiones difieren según quién las cuenta, parece ser que la comparecencia de Artur Mas ante los centenares de medios de comunicación congregados en Barcelona para evaluar el resultado y atribuirse el éxito, la tarde del 9 de noviembre, fue el detonante del cambio de actitud gubernamental.

Mirado con perspectiva, ¿había para tanto? Poco más de dos millones de ciudadanos participaron en aquella «movilización ciudadana», en palabras de Joan Herrera, uno de sus máximos avaladores. Lo que también supone que más de cuatro millones de catalanes no se sintieron interpelados por aquella consulta. Ciertamente, más de 900 alcaldes habían aprobado mociones de apoyo a su celebración. Y más de 40.000 ciudadanos se prestaron como voluntarios para su organización. Aun así, ¿era necesaria una respuesta política en términos de judicialización y a cara de perro?

De nuevo, la torpeza política de aquellos meses previos y posteriores al 9-N en Madrid daba alas a los radicales de Barcelona: David Fernández y la CUP denunciaban la «demofobia del Estado»; Carme Forcadell martirizaba a Artur Mas con su cansino «ponga las urnas, president», y Oriol Junqueras calculaba cómo podía presionar más a Artur Mas a no hacer un nuevo Arenys de Munt sino un 6 de octubre, según ha señalado lúcidamente Lluís Bassets.

Con un año de intensa exaltación del ánimo nacionalista, con la Consejería de Presidencia y sus secuaces congregados en el templo del Born, conmemorando a diestro y siniestro el tricentenario del 11 de septiembre de 1714; así como, lo más importante, con el recuerdo en la memoria reciente de todos los catalanes soberanistas del referéndum celebrado en Escocia el 18 de septiembre de 2014, la negativa española a autorizar el más mínimo proceso participativo resultaba incomprensible e hiriente. Porque tan cierto como que contemplar la erección de mástiles gigantes en el mercado del Born, o asistir a desfiles de recreaciones bélicas entre batallones austracistas y borbónicos nos sonrojaba a la mayoría, la comparación entre cómo Cameron había tratado las reivindicaciones escocesas y cómo lo hacía Rajoy respecto a las catalanas resultaba desconcertante e indigesta. Si en Escocia —no una república cualquiera de la órbita de la antigua Unión Soviética, sino un territorio desarrollado y plenamente partícipe de los valores democráticos de Occidente— se podía celebrar un referéndum, ¿por qué no en Cataluña? ¿Ni tan siquiera a un proceso participativo para expresar su opinión política sobre el futuro tenían derecho los catalanes?

Sea por una cosa u otra, el caso es que, al final, el 9-N se judicializó penalmente, y en la actualidad el proceso sigue abierto. Algunos de los protagonistas han pagado cuantiosas multas y siguen cumpliendo penas de inhabilitación. Ante tal panorama, yo solo digo que, con muertos políticos sobre la mesa, siempre ha sido más difícil llegar al armisticio y retomar la senda de la reconciliación, del diálogo y la negociación, único camino que nos puede ayudar a retornar al progreso y la convivencia.

QUINTO: ESPAÑA NO ES COOL

Barcelona, Teatre Lliure de Gràcia, 5 de mayo de 2017. Lectura dramatizada de Las personas del verbo, de Jaime Gil de Biedma. Un auditorio atento, casi abducido por la emoción que condensaba el aire, escuchamos una vez más los versos desgarrados de Jaime Gil, esta vez en boca de Pep Munné:

Y ¿qué decir de nuestra madre España,

este país de todos los demonios

en donde el mal gobierno, la pobreza

no son, sin más, pobreza y mal gobierno

sino un estado místico del hombre,

la absolución final de nuestra historia?

De todas las historias de la Historia

sin duda la más triste es la de España,

porque termina mal. Como si el hombre,

harto ya de luchar con sus demonios,

decidiese encargarles el gobierno

y la administración de su pobreza.

Nuestra famosa e inmemorial pobreza,

cuyo origen se pierde en las historias

que dicen que no es culpa del gobierno

sino terrible maldición de España,

triste precio pagado por los demonios

con hambre y con trabajo de sus hombres.

A menudo he pensado en esos hombres,

a menudo he pensado en la pobreza

de este país de todos los demonios.

Y a menudo he pensado en otra historia

distinta y menos simple, en otra España

en donde sí que importa un mal gobierno.

Quiero creer que nuestro mal gobierno

es un vulgar negocio de los hombres

y no una metafísica, que España

debe y puede salir de la pobreza,

que es tiempo aún para cambiar la historia

antes de que se la lleven los demonios.

Porque quiero creer que no hay demonios.

Son hombres los que pagan al gobierno,

los empresarios de la falsa historia,

son hombres quienes han vendido al hombre,

los que le han convertido a la pobreza

y secuestrado la salud de España.

Pido que España expulse a esos demonios.

Que la pobreza suba hasta el gobierno.

Que sea el hombre el dueño de su historia.

Como si de una fatalidad endiablada se tratara, ¿está la historia de España condenada a repetir cíclicamente sus errores, a reiterar sus luchas fratricidas y terminar mal? No debería ser así si nos atenemos a su realidad económica y social, al desarrollo de sus ciudades y al progreso cultural y empresarial de su lugar en el mundo, al menos durante los últimos cuarenta años. Y la evolución de su renta, educación, longevidad, salud infantil o libertades no justifica caer de nuevo en el pesimismo.

Las dudas me invaden, sin embargo, si contemplo la corrupción, los excesos verbales y la falta de sentido de Estado de algunas de sus élites, el anquilosamiento de algunas de sus instituciones, que persisten en una visión patrimonialista del Gobierno y del Estado, gestionado como si de su cortijo o de un mero negocio privado se tratara, y del todo resistentes a la más mínima reforma o empatía para con el díscolo.

Además, y como en el resto de Occidente, las dudas sobre si la nuestra es una sociedad en la que realmente vale la pena vivir también aumentan por una razón sistémica. Como ha descrito lúcidamente Johan Norberg —autor de Progreso (Deusto, 2017)—, los ciudadanos occidentales, también los españoles (y los catalanes), somos ciertamente más críticos y menos tolerantes con los errores, corruptelas e injusticias del sistema. Lo somos porque somos tan listos como nuestros abuelos, pero estamos infinitamente más informados que ellos. Aun así, la información casi instantánea sobre casos afortunadamente en manos de la justicia, como el caso Gürtel, el caso Ciempozuelos o el caso Palau, ¿hacen de la España actual un país más corrupto que ayer o más enfermo moralmente que sus vecinos? Las tarjetas black de Bankia, por grotescas que resulten, una banda de ultras fanatizados irrumpiendo en la librería Blanquerna de Madrid, por bárbaros que sean, o el tuit del presidente Rajoy lamentando la muerte de Chiquito de la Calzada, por muy populista que parezca, ¿hacen de España un país de charanga y pandereta, de rezos y bostezos, movido tan solo por impulsos espurios y viscerales, como si estuviéramos aún en los años treinta del siglo pasado?

Finalmente, es un hecho que amplios sectores de las clases medias viven con irritación el desafío de la modernidad y suspiran, nostálgicos, por un tiempo de seguridades que no ha de volver, además de que nunca existió como ellos lo recuerdan. En su imaginario, cada día que pasa, su expectativa de progreso disminuye y, en consecuencia, creen amenazado el futuro de sus hijos. El 81 por ciento de los votantes de Donald Trump estaban convencidos de que hace cincuenta años se vivía mejor. Las recientes campañas políticas en Europa o el brexit británico han tenido también su tinte nostálgico y la consecuente manipulación por el siempre atento oportunismo político. Nótese, en este sentido, cómo gran parte de los argumentos esgrimidos por el soberanismo en su intento por justificar racionalmente la independencia tienen que ver con el compromiso generacional para un progreso mayor para los suyos. Imposible no simpatizar con quien promete un futuro mejor o el regreso a una arcadia feliz de la que algún desalmado enemigo externo algún día nos arrancó.

Por todo ello, como comparten amplios sectores ciudadanos en Cataluña, y como también reiteran hasta la saciedad los líderes de Podemos, ¿España no es cool? ¿Puede España empezar una buena época, mejor que la anterior? España es «un sistema de tensiones y cortocircuitos», ha escrito Gabriel Magalhães. Según como se gestione el ajetreo español, estas tensiones pueden ser bien vividas, contribuir a la riqueza, que abunda en la diversidad cultural del país, o por el contrario, convertirse en tragedia y ahondar en las diferencias que nos separan.

Resulta realmente paradójico que esta nación capaz de ser admirada por tantos, que Salvador de Madariaga describió como una «Europa en miniatura», capaz de hacer de su diversidad una de sus mayores riquezas y un rasgo distintivo, que Magalhães imagina como «el espejo en el que se mire Europa», sea también la que ha pasado sus últimas Navidades con políticos encarcelados, acusados de rebelión y sedición, palabras en sí mismas más propias de los tiempos coloniales y de las gestas de los libertadores que de una sociedad globalizada, tecnológica, talentosa y tolerante como la nuestra. La libertad, la diversidad y la tolerancia están en la entraña de la España buena. La represión, el uniformismo y la intransigencia son el germen de la restauración de nuestros viejos demonios y de la periódica renovación de la riña a garrotazos entre hermanos de Goya.

Creo que nada tiene que ver la España actual con la que desgarraba el alma a la generación de los cincuenta, o con la que hizo llorar a Machado y, antes, a la generación del 98. Aquella España que tan poco tenía que enseñar y que tanto debía esconder. Pero el futuro de España, como el futuro del resto de las naciones del mundo, es dinámico, no estático ni ahistórico. Dependerá de todas y cada una de nuestras decisiones conseguir que España sea una opción o una obligación, un proyecto cool y generador de adhesiones y compromiso ciudadano, o una jaula con barrotes dorados de la que hoy los catalanes, y mañana los rojos o los violetas, intenten poder salir.

Si esto es así, si el problema está en los políticos y no en las gentes, en la arquitectura institucional y no en los genes españoles; si los gobiernos hemos sido incapaces de dar respuestas sensatas y reformistas a los desafíos y anhelos de reforma de la sociedad actual, como lo han hecho nuestros conciudadanos evolucionando en sus creencias y costumbres; igual que lo han hecho los empresarios competitivos ante el reto de la globalización, o las ciudades ante la llegada masiva de inmigrantes, al final, ¿no ha sido esta una gran conjura de políticos irresponsables, según expresa Jordi Amat? ¿Pueden seguir todos al frente de sus gobiernos como si nada hubiera pasado? Creo honestamente que no nos lo merecemos.

Ante la crisis catalana, ¿la única respuesta del Estado, que no ya solo del Gobierno, había de ser más nacionalismo, la aplicación del artículo coactivo del 155 y la declinación de responsabilidades desde la política a la justicia? Como señaló acertadamente José María Lassalle, al nacionalismo no se lo combate con uno mayor. Se lo desactiva desde la fortaleza de saber sumar constitucionalmente las diferencias. De saber pasar del nacionalismo al patriotismo constitucional. Tampoco la aplicación del 155 debe ser un pretexto para la recentralización o la renacionalización de Cataluña en clave española, sino un mero instrumento para encauzar nuevamente la discusión política hacia el marco constitucional.

Julián Marías lo ha descrito con lirismo: «El español a quien le importe Cataluña quiere su perfección, quiere su plenitud, quiere que sea fiel a su destino, y que lo tenga henchido y lleno de futuro. Y, además, está dispuesto a todo menos a una cosa: a renunciar a ella, a despedirse con indiferencia de lo que siente como su propia carne, fundida en un milenio de altas empresas y crueles fracasos, de amistad y desvío, de ternura e injusticia, de admiración y rivalidad, de amor y dolor». Es la versión culta de lo que, a ras de suelo, un amigo ingeniero de origen italiano, pero afincado en Barcelona desde hace años, me hizo notar a propósito de los tortazos que nos regalamos unos y otros durante la consulta del 9-N: «¿A estos españoles tanto les cuesta decir “queremos que os quedéis” en vez de “¡no os podéis ir!”?».

11

LOS CINCO ERRORES DEL SOBERANISMO

PRIMERO: LA MARGINACIÓN DE LA POLÍTICA PROFESIONAL

Barcelona, agosto de 2012. El presidente Artur Mas interrumpe sus vacaciones y convoca una reunión de urgencia con la dirección del partido y algunos alcaldes de su confianza, entre los que me encuentro. Hay que decidir si CiU debe participar o no en la manifestación convocada por la recién constituida ANC bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa», un lema nítidamente independentista. Por primera vez en décadas, la iniciativa política en Cataluña no surge del Gobierno, ni de los partidos, sino de un grupo de ciudadanos activistas, determinados a iniciar un proceso independentista en Cataluña.

Algunos de los presentes en la reunión, exconsellers de gobiernos de Pujol, no daban crédito a sus oídos. ¿El partido del Gobierno debía acudir a una manifestación convocada por activistas independentistas? Recuerdo que uno de ellos, Josep Maria Cullell, siempre ocurrente, conciliador y por aquel entonces representante de los sénior del partido, decidido a empatizar y familiarizarse rápidamente con la batería de nuevas siglas y acrónimos que empezaban a circular aquellas semanas en torno al nuevo catalanismo (AMI, ANC, DUI, etcétera), tomó la palabra, reclamando que al menos se llamaran las cosas por su nombre, pues para él, la referencia a la DUI le remitía más al DIU, el histórico dispositivo intrauterino anticonceptivo, que a reto autonomista alguno. El despiste entre los dirigentes de CiU era total. Clarificados los conceptos por Quico Homs —hombre de confianza de Artur Mas y uno de los más firmes neófitos de aquel procés aún incipiente—, aun así, Cullell y otros alcaldes acabaron cuestionando la conveniencia de participar en aquella manifestación. Tras un acalorado debate, la reunión finalizó sin acuerdo.

Pocos días más tarde, CiU y también Unió Democràtica de Catalunya (UDC) confirmaron su participación en la manifestación. ¡Había que salir en la foto! Tras un bienio ingrato, lleno de broncas y recortes, el Gobierno catalán necesitaba regenerar su imagen pública y empoderarse de nuevo ante un presidente Rajoy inmóvil ante las reiteradas peticiones de diálogo de Artur Mas. El propio Josep Antoni Duran i Lleida, aunque también reacio hasta el último momento a participar, finalmente no solo asistió a la manifestación, sino que lo hizo incluso en muletas.

A partir de ese momento, y sin apenas resistencia, la política catalana iría abandonando progresivamente los despachos y la tribuna parlamentaria para ceder el protagonismo a la calle. Desde entonces se asistiría también a la progresiva erosión de la idea transversal de Cataluña como «un solo pueblo» para adentrarse en una nueva fase de polarización en torno a los partidarios y detractores de la ruptura con España y de la respectiva adscripción identitaria. Los reiterados fracasos de las diversas iniciativas convencionales (reclamación de un nuevo pacto fiscal, reclamación de cambios legislativos a favor del derecho a decidir, etcétera), en contraste con el éxito de participación y estético de las movilizaciones independentistas, hicieron el resto.

Un presidente Mas acosado por las manifestaciones contrarias a la reducción de gastos y salarios decidió así buscar la reconciliación de su Gobierno con la ciudadanía a través del apoyo a la versión independentista de las manifestaciones indignadas surgidas a partir del 15-M. Las recién constituidas ANC y Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) encabezaron y organizaron desde entonces las marchas. Con su apoyo a la manifestación, Artur Mas consiguió superar una dinámica de fuerte tensión e incluso enfrentamiento violento entre una nueva ciudadanía, joven y movilizada —recuérdense las acampadas en la plaza de Cataluña o el asedio al Parlament de Cataluña del 15 de junio de 2011—, y su Gobierno. Y procuró también reforzar su posición ante la reclamación de un nuevo pacto fiscal para Cataluña, por aquel entonces la alternativa programática de CiU al independentismo. Pero pagó un precio: la progresiva y acelerada pérdida del control de la agenda política. Una jugada tan audaz solo hubiera podido salir bien de haber contado con una mínima complicidad del Gobierno de Rajoy, que nunca se produjo.

Dotado de un gran sentido institucional, es importante señalar que Artur Mas, aunque dio siempre su apoyo a la convocatoria de las manifestaciones, durante su presidencia nunca participó físicamente en ellas: «Iría a la manifestación del once de septiembre, pero soy el president. La Diada no es solo de los nacionalistas», declaró a propósito de su convocatoria en 2012. Para el catalanismo político tradicional, conservar la idea de «Cataluña, un solo pueblo» era fundamental y, para ello era imprescindible la preservación de la figura presidencial como el máximo representante de todos los catalanes, no solo de los independentistas. Como es sabido, a partir de las elecciones de 2015, esta fue también una sensibilidad progresivamente abandonada o superada por la polarización, por el clamor de las movilizaciones digitales y en las calles. Como escribió Antoni Puigverd, se fueron desgarrando paso a paso los consensos básicos tejidos durante décadas en una sociedad tan plural y emocionalmente compleja como la catalana.

Explicar la mutación del catalanismo de corbata y despacho en el soberanismo callejero requiere no olvidar las tensiones y el contexto de guerra sucia partidista que marcaron los meses transcurridos desde la Diada de 2012 hasta la convocatoria electoral. Requiere no olvidar también que la última iniciativa «convencional» tomada por la política profesional, esto es, la reunión entre Mas y Rajoy para negociar un nuevo pacto fiscal, llevada a cabo el 20 de septiembre de 2012, acabó con un estrepitoso fracaso. El revés electoral de CiU en las siguientes elecciones (con la pérdida de doce diputados, traspasados casi en su totalidad a ERC, así como la entrada de la CUP en el Parlament) dejó el terreno de juego abonado para la aceleración, infantilización y progresiva sentimentalización de la política en Cataluña. El autonomismo y CiU, su máximo exponente, quedaban desautorizados. La configuración de la candidatura de JxSí dos años más tarde, ya sin políticos profesionales y con el máximo protagonismo para la «sociedad civil», fueron la sublimación máxima de esta reconversión. Expresiones como «todo está por hacer y todo es posible», «tenemos prisa, president» o, para describir el camino hacia Ítaca, la extensión del oxímoron «la revolución de las sonrisas» fueron algunos de los hits puestos en boga desde entonces. Poco a poco, quizá sin apenas darnos cuenta, los políticos convencionales perdimos el control de la agenda política y, por miedo a disgustar a nuestro teórico electorado, nos fuimos desfigurando.

SEGUNDO: EL PROBLEMA DE LA HERENCIA

Barcelona, 25 de julio de 2014. «Expongo todo esto con mucho dolor, por lo que significa para mi familia y para mí mismo, pero sobre todo por lo que puede significar para tanta gente de buena voluntad que puede sentirse defraudada en su confianza, a la que pido perdón. Y también les pido que sepan discernir los fallos de una persona, por muy significativa que haya sido, y que esta declaración sea reparadora en lo posible del mal y de expiación para mí mismo.» Es Jordi Pujol i Soley quien habla.

Después de meses acosado por la oposición, por Hacienda y por los medios de comunicación, el expresidente de la Generalitat confesaba poseer en Andorra una importante cantidad de dinero, heredada de su padre, y explicaba que nunca supo encontrar el momento de regularizarla fiscalmente. Pocas horas después, Jordi Pujol renunciaba a la presidencia honorífica de CiU; el presidente Artur Mas, su delfín, le retiraba la Medalla de Oro de la Generalitat, así como todos los honores y privilegios propios de su condición de expresidente. El escándalo estaba servido.

Aquella noche de verano de 2014, el Festival de Peralada estrenó una nueva versión de Andrea Chénier, de Umberto Giordano. La crema de la sociedad barcelonesa y catalana, el tejido empresarial, social y político catalán se congregaron, una vez más, en la inauguración de la nueva producción operística del festival de la familia Suqué Mateu, sin duda el evento veraniego más glamuroso y prestigioso de Cataluña. Nadie hablaba de otra cosa. «¿Y ahora qué pasará? ¡Es el final de CiU! ¡Esto sí que es final del procés!», sentenciaba un destacado empresario de Barcelona. El estreno de una obra como la de Giordano, sobre la decadencia política y moral de las élites del Antiguo Régimen a las puertas de la Revolución francesa, parecía aquella noche del 25 de julio de 2014 el augurio sarcástico del final de toda una época, también en Cataluña.

De entre los muchos políticos presentes en el festival recuerdo a Xavier Soy i Soler, por aquel entonces alcalde de Bescanó, un pequeño municipio de la provincia de Girona, y diputado en la Diputación provincial. Dotado de la astucia de los hombres de pueblo, este político sensato, rechoncho y bonachón, que llevaba a sus espaldas casi treinta años de alcaldía, que había vivido las legislaturas omnipotentes de los nacionalistas, pero que también había probado el sabor amargo de los años del tripartito, estaba desolado. Nacido en 1950, Soy había crecido como persona y como político con Jordi Pujol. De aprendiz de carnicero en su pueblo a asesor en la Diputación, luego alcalde, delegado provincial del Gobierno, diputado y dirigente del partido. Pocos como él habían gozado de la confianza del president durante sus veintitrés años de mandato, y menos aún le habían servido tan fielmente como él lo había hecho. «¿Y ahora qué, Santi? La gente no nos lo perdonará. ¡Esto es el final!», fueron sus palabras. Recordé muchos meses la conversación afligida de aquel buen hombre, para quien Jordi Pujol era mucho más que un político; era todo un referente moral.

Recuerdo que yo había intimado con Soy en la campaña de las elecciones de 2010, cuando él fue uno de los primeros en apostar por mí como candidato. De visita a su municipio, me sorprendió el entusiasmo con el que presumía de los logros conseguidos en las últimas décadas. ¡Dime un equipamiento, Santi, el que quieras, dime uno, seguro que en Bescanó lo tenemos! Y efectivamente, ese pequeño pueblo de apenas poco de más de cuatro mil habitantes encarnaba como ninguno el éxito de veintitrés años de gobiernos Pujol (y quizá debiéramos añadir también de los últimos cuarenta años de democracia). Bescanó tenía biblioteca y nuevo ayuntamiento, instalaciones deportivas, equipamientos sociales para niños y para ancianos. El pueblo había crecido en instalaciones, servicios y número de habitantes. Tampoco tenía ya nada que ver el perfil de los vecinos residentes en aquellos tiempos en el municipio con el que tuvieron sus ancestros, no los de hacía mil años, sino los de apenas hace cincuenta. Los jóvenes de Bescanó de 2014, como los de todos los pueblos y ciudades de España, han completado estudios universitarios; aunque sea con mochila y montados en Ryanair, han recorrido medio mundo; hablan idiomas y gozan de calefacción, internet y smart TV en casa. Sus padres, seguramente pensionistas desde hace décadas, son expertos conocedores de todos los salones de baile de domingo para ancianos y, más divertido aún, de todos los rincones pintorescos de España gracias al Imserso.

Así las cosas, por grave que fuera el desengaño por la confesión de Pujol, por serias que hayan sido las acusaciones de corrupción del proyecto liderado por CiU en Cataluña y para el conjunto de España, ¿no hay en la lista de los haberes motivos suficientes como para no renunciar, despechados, a la herencia recibida? ¿Tanto pesan las deudas? ¿No es la trayectoria de progreso y consecución de las mayores cotas de libertades y seguridades de toda la historia motivo suficiente como para sacar de su desconsuelo a Xavier Soy y a tantos como él, que con su dolor quizá olvidaban que habían sido ellos quienes, con su determinación, con la combinación adecuada de idealismo y pragmatismo, protagonizaron el verdadero despegue de sus municipios, de Cataluña, de España?

Creo sinceramente que la opinión pública y publicada en Cataluña ha sido injusta y desproporcionada con Jordi Pujol y con sus errores. Su ensañamiento no se corresponde con todo lo positivo de lo que disfrutamos de su legado. También creo que mi partido se equivocó profundamente renunciando a su nombre, Convergència, a la marca con la que tantos centenares de miles de ciudadanos identificaban sus valores y su cosmovisión, liberal, meritocrática y pactista, para caer en brazos de un discurso libertador y electrizante, pero del todo insípido desde el punto de vista ideológico y de sus consecuciones. Y derivado de estos desaciertos, creo que gran parte de la sociedad vive confundida con la gestión de su memoria colectiva, amplificando la magnitud de los desengaños, que son muchos, y minimizando en exceso los logros conseguidos desde la Transición hasta nuestros días. Que los políticos y partidos artífices de estos éxitos hayan sido los primeros en dejar de reivindicarlos no deja de resultar paradójico. En todo caso, así les ha ido. Su desmemoria, por si fuera poco, ha comportado el tercero de los grandes errores cometidos: la deriva a la izquierda.

TERCERO: LA DERIVA HACIA POSTULADOS DE LA IZQUIERDA POPULISTA

Como Mel en Desmontando a Harry, de Woody Allen, confieso que en esta pasada legislatura yo también he estado muy desenfocado. «He dicho varias veces que, si viviera en Valladolid, votaría a Podemos», confesó Lluís Llach, líder de JxSí en la provincia de Girona. Lo confesó y se quedó tan ancho. Nada que decir si no fuera porque por haber sugerido algo similar, pero en el sentido contrario, a mí me cosieron a palos: «En Euskadi, en Galicia, el electorado premia los perfiles centristas. ¿Comienza un ciclo nuevo? Ojalá. Feliz semana», escribí el 26 de septiembre de 2016, justo después de las victorias electorales de Urkullu y Feijóo en Euskadi y Galicia, respectivamente. Nótese que en mi tuit, por no admitir, no admitía ni que de haber vivido en Bilbao hubiera votado a Urkullu, que sin duda lo hubiera hecho, ni que de vivir en Santiago hubiera votado a Feijóo, ¡a quien vete tú a saber si le hubiera votado! No importaba. La bronca de los guardianes del procés fue monumental. Y es que, sin apenas darnos cuenta, el soberanismo catalán, aún más el independentismo, quedaba claro que sería de izquierdas o que no sería.

Anécdotas al margen, es un hecho que, en aras de la unidad de acción y del consenso, a lo largo de todo el procés independentista, el espacio político históricamente representado por CiU no solo se fue achicando, sino que también perdió la hegemonía del relato sobre Cataluña. Así es como el catalanismo político pasó del liberal y meritocrático «salud y trabajo» pujoliano y de la reivindicación de un modelo catalán sanitario o educativo —con vocación de accesibilidad universal y gratuita pero con prestadores no necesariamente públicos— a una agenda marcada por la lucha contra la pobreza energética, la emergencia habitacional o la implementación de una renta básica de ciudadanía. Y es que, como admitía Lluís Llach en esa misma entrevista, «ningún partido catalán cuenta con gente más de izquierdas que Junts pel Sí». La configuración de la candidatura electoral, así como la agenda política desarrollada y, aún peor, los socios parlamentarios manifiestamente revolucionarios que posibilitaron la investidura así lo confirmaron. En el relato independentista de ERC y de la CUP de los últimos meses de 2015 y durante todo el año 2016, Artur Mas había sido inhabilitado como candidato por ser corrupto y de derechas y, en consecuencia, el nuevo Gobierno vendría dispuesto a revertir los recortes y las presuntas privatizaciones de la legislatura anterior, a combatir la corrupción y mejorar la transparencia.

Es en este marco conceptual en el que, más allá de las consecuciones o cambios reales, hay que situar las primeras entrevistas del conseller de Salud, Antoni Comín, que se comprometía a revertir las privatizaciones llevadas a cabo, según él, por el conseller Boi Ruiz, o a garantizar que el sistema sanitario integral de utilización pública funcionaría en el futuro con operadores sin ánimo de lucro. Y también las iniciativas parlamentarias que cuestionaban la terciarización en la prestación de servicios públicos de suministro de aguas comprometían la nacionalización de las autopistas o votaban pomposamente por la persecución de la corrupción en el Palacio de la Música.

Que, contra pronóstico, Ada Colau hubiera ganado las elecciones municipales en Barcelona tampoco ayudaba a la reflexión técnica y política rigurosa. Así, como demostró la tramitación de la Ley 24/2015 de Emergencia Habitacional —una iniciativa civil promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética, aprobada a las puertas de las elecciones del 27 de septiembre—, el trámite legislativo se convirtió a menudo en un verdadero mercado de Calaf, donde los partidos competían por ser… ¡quién daba más! En esta ocasión, como en muchas otras durante la legislatura, las leyes aprobadas finalmente fueron severamente corregidas e incluso suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En la lista de los haberes de la legislatura, el Gobierno destacó la implementación de una renta garantizada de ciudadanía, procuró luchar contra la pobreza energética y desplegó la ley de la transparencia. También mantuvo un comprometido discurso político a favor de la acogida de refugiados y de la rehabilitación de la memoria de los ciudadanos represaliados por la dictadura del general Franco. La muerte, en diciembre de 2016, de una mujer de Reus que en teoría estaba cubierta por la ley catalana de pobreza energética, pero que tenía la luz cortada, avivó el debate sobre la eficacia de las medidas aprobadas. Para sorpresa de todos, el propio presidente Puigdemont señaló directamente a Gas Natural como máximo responsable de lo ocurrido.

Desde el punto de vista fiscal, el Parlament aprobó nuevos impuestos sobre las bebidas con exceso de azúcares, se comprometió a diseñar un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, así como nuevas tasas ambientales. Los diputados convergentes consiguieron bloquear el intento republicano y de la CUP de subir el tramo autonómico del IRPF a las clases medias, medida debatida durante la tramitación de los presupuestos de 2017.

Es pronto para calibrar el alcance real de las iniciativas aprobadas. Lo que resulta innegable es que, en su mayoría, estas se han situado en el ámbito de la izquierda. Cuando no ha sido así, su visibilidad pública ha sido mínima. El 26 de septiembre de 2016, Pilar Rahola, a través de las redes sociales, me preguntó si añoraba CiU. ¿Cabe alguna duda?

CUARTO: LA LECTURA ERRÓNEA DEL RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Las «elecciones de tu vida», según la propaganda del bando soberanista, obtienen una victoria clara, pero insuficiente para el propósito que se habían marcado. Por si fuera poco, tras haber quedado a seis escaños de la mayoría buscada y haber obtenido un escaño menos con la fórmula de lista unitaria que en los comicios anteriores concurriendo por separado, el incremento espectacular del voto a los radicales permitió a la CUP pasar de tres a diez diputados y ganarse la llave de la (in)gobernabilidad. Si se hizo evidente desde el primer momento que la configuración de un Gobierno estable sería casi misión imposible, aún más clara fue la respuesta negativa al intento de convertir las elecciones en un plebiscito aprobatorio de la hoja de ruta independentista. El proyecto de independencia era legítimo y contaba con más apoyos que nunca. Tan cierto como que no contaba ni con el respaldo mayoritario de la ciudadanía catalana ni con los apoyos políticos y sociales suficientes para pretender llevarlo a cabo.

Que el electorado infligiera un severo correctivo al PP, encumbrando a Ciudadanos como primer partido de la oposición, debería haber sido interpretado por Rajoy como una primera señal de alarma, al menos para sus intereses partidistas. No fue así. Rajoy se mantuvo hierático, insensible y sin nada que ofertar al desafío catalán.

Por su parte, el fracaso estrepitoso de Duran i Lleida, que dejó UDC fuera del Parlament, llevó a algunos a la convicción de que, en Cataluña, el centro se había desplazado a la izquierda y al independentismo radical, de que la ciudadanía se había echado al monte. «Tenim pressa!» («¡Tenemos prisa!») pasó a ser la expresión de moda.

De todo aquel proceso electoral, seguramente lo más enfermizo fue la propia dinámica antipolítica y específicamente anticonvergente instalada en el ambiente. Humillados los políticos en general por las entidades sociales soberanistas, que llegaron a expresar la necesidad de su marginación del proceso electoral para dar así solvencia y credibilidad a la candidatura de JxSí, el propio Artur Mas fue relegado a una cuarta posición en las listas electorales, por detrás del discreto Raül Romeva —según la versión oficial, un candidato no político y menos aún partidista—. Carme Forcadell, Muriel Casals y Oriol Junqueras completaron el cuarteto de cabeza. En Tarragona, el alcalde de Valls, Albert Batet, cedió el liderazgo al profesor Germà Bel; en Lleida, el alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, lo traspasó al escritor Josep Maria Forner, y en Girona, yo pasé el testigo al cantautor Lluís Llach. El resto de lo sucedido en los primeros meses después de las elecciones y durante la legislatura finalmente iniciada con Carles Puigdemont como presidente es conocido.

«Cuánto más rápido rectifiquemos, menor será el daño que reparar», explicó Andreu Mas-Colell inmediatamente después de los comicios, en los días convulsos de octubre de 2015. El grado de adhesión a su consejo es conocido, lamentablemente.

QUINTO: IDUS DE MARZO EN NAVIDADES

Figueres. Viernes 8 de enero de 2015. Noche fría de invierno. Calles vacías, vecinos con cara de pocos amigos, todos conscientes de que la fiesta ha terminado. Es la hora de la resaca y de la dura cuesta de enero. Sobre las ocho de la tarde recibo la sorprendente llamada del director de uno de los diarios digitales de la causa independentista.

—Buenas noches, conseller, ¿cómo estás?

—Bien, aquí en casa, en Figueres, desmontando el árbol de Navidad.

—Ya me habían dicho que eras un escéptico. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en Figueres, desmontando adornos y ornamentos navideños con lo que está ocurriendo?

—En algún momento habrá que hacerlo, ¿no?

—Te llamo porque estoy muy preocupado por lo que está pasando en Cataluña, por el futuro de vuestro partido.

—Haces bien en preocuparte, cualquier persona sensata en Cataluña debería estar muy preocupada por lo que pasa en Cataluña desde hace tiempo —respondí cínico y con frialdad.

—El caso es que te he llamado porque veo al presidente Mas muy afectado por las circunstancias que está viviendo. Sé que te aprecia y he pensado que quizá una llamada tuya le ayude a convencerse de que dar un paso al lado y ceder la presidencia es lo más adecuado para Cataluña, para el partido y para el futuro de su propia carrera política. Otros lo están haciendo y seguro que a Artur le reconfortará sentirse arropado también por ti en estos momentos. Si se retira ahora, todos ganáis tiempo, podéis redefinir estrategias, refundar el partido y recomponer liderazgos.

—Lo siento, no puedo hacer esta llamada —corté en seco—. Es más, ayer por la tarde me reuní con él y le propuse justo lo contrario, que disolviera el Parlamento y convocara elecciones. Si tan importante es mantener la hoja de ruta, que se acuerde con Junqueras concurrir a las elecciones cada uno por su lado, con el compromiso de que el que gane las elecciones pueda contar con el apoyo del que quede segundo sin apenas tener que negociar programa.

—¡Eso sería un error, conseller! Si de nuevo hay elecciones, no descartes un revés electoral y la constitución de un tripartito en Cataluña. Además, vuestro partido, en la oposición y sin cargos a repartir, caerá en el caos y en la lucha cainita. Sacad a Mas de en medio y abriros paso los jóvenes. A corto plazo, si es necesario, poned de presidente a la «cabra de la Legión», eso es lo menos importante. La cuestión es ganar tiempo y no perder la Generalitat.

La conversación duró algunos minutos más, aunque los argumentos de ambos habían sido claramente expuestos. Dejé el teléfono contrariado y triste. La llamada confirmaba que la conspiración estaba en marcha y que, de nuevo, los moderados habíamos sido unos ingenuos sobredimensionando la fuerza del interés general a la hora de imponerse naturalmente al filibusterismo de los intereses concretos.

A la mañana siguiente recibí un mensaje escueto de Pilar Rahola, que insistía en la necesidad de apoyar a Mas, fuera cual fuera su decisión. Vi claro que la suerte estaba echada, que los acontecimientos eran imparables. Entre el grupo parlamentario y los alcaldes más politizados comenzaron a correr rumores sobre quién sería la «cabra de la Legión», dejando rápidamente atrás la discusión sobre la bondad o inconveniencia de liquidar a Mas. Así es la política: como en las tragedias de Shakespeare, pasar de «¡el rey ha muerto!» a «¡viva el nuevo rey!» es una cuestión mecánica, que no admite razones ni sentimientos nobles, dudas ni demoras. Expresión ritual en la sucesión de las monarquías francesa, británica y danesa, personalmente prefiero su versión castellana, más prosaica y sobre todo menos hipócrita: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así las cosas, solo quedaba conocer el nombre del escogido, una cuestión que, vista la incertidumbre, rudeza y dificultad del momento que vivía Cataluña, cobraba especial relevancia. A primera hora de la tarde del sábado 9 de enero de 2016 me confirmaron que el elegido era Carles Puigdemont, alcalde de Girona, presidente de la AMI e independentista desde los tiempos en que al Fossar de les Moreres iban cuatro gatos. Al conocer la noticia, me vino a la memoria la conversación que tuve con David Madí durante el pregón de ferias de Girona, hacía unos meses, el 23 de octubre de 2015: «¿Y este qué tal? ¿No crees que podría ser president?», me señaló, refiriéndose a Puigdemont, mientras escuchábamos el pregón de Jordi Bosch i Moliner, periodista y amigo común, invitado por el alcalde a inaugurar las fiestas de Sant Narcís.

Muerto. El rey estaba muerto. Así pues, ¡a rey muerto, rey puesto!

Como ocurrió con el asesinato de Julio César, también el paso a un lado del presidente Mas se reveló más grande que los que lo habían confabulado, e infinitamente más, si cabe, que los que estaban llamados a beneficiarse del Gobierno de la nueva etapa. Consumado el crimen político, todos sus perpetradores eran conscientes de que en el fondo nada les unía y de que menos aún que nada tenían que ofrecer a la cosa pública o al interés general. La abnegada camarilla de los conjurados facilitó al nuevo president la lista con los consellers y altos cargos a nombrar, el programa de gobierno y los compromisos a implementar, y lo más importante, la determinación a seguir adelante con el procés.

El resto es conocido. A pesar de haber comprometido sus votos en la investidura de Puigdemont, pocos meses después, la CUP negó su apoyo a los presupuestos de 2016 y provocó la convocatoria de una cuestión de confianza por parte de Puigdemont. «¡Bendito infortunio! —pensé para mí—. Quizá de esta salgamos con la convocatoria de elecciones.» Aunque la cuestión se saldó sin apenas rasguños ni demasiadas humillaciones, de la chistera del mago salió un nuevo conejo, no previsto en ningún programa electoral, pero que a algunos se nos antojó como una buena oportunidad para rectificar una hoja de ruta unilateral que llevaba Cataluña de cabeza al precipicio: «¡O referéndum o referéndum!», espetó por sorpresa el presidente de la Generalitat. A pesar del bandazo, los fieles asumieron sin rechistar el cambio. Pocos días más tarde, el Parlament votaba mayoritariamente su compromiso con la convocatoria de un referéndum. En el ecuador de una legislatura que había de durar dieciocho meses, aparecía una nueva oportunidad para el diálogo con Madrid: acordar algún tipo de consulta sobre el futuro de Cataluña.

Recuerdo que el primer día después de que Carles Puigdemont hubiera sido investido, el lunes 11 de enero de 2016, el ya presidente y yo almorzamos juntos en un discreto hotel cercano al Portal del Ángel. Abrumados por los cambios tan bruscos e inesperados del fin de semana, y superado con inusitada solvencia el debate de investidura, el president debía configurar rápidamente su Gobierno y dar inicio a la actividad ejecutiva.

—Carles, llevo tres años de conseller aquí en Barcelona. Como puedes intuir, aquí hay muchos que están acostumbrados a gobernar sin haber tenido que molestarse nunca en pisar un despacho oficial, y menos aún en concurrir a unas elecciones como candidatos. Si quieres, nómbrame tu jefe de gabinete y deja que yo configure un equipo en Presidencia que nos permita, al menos, intentar gobernar con cierta autonomía, según nuestro propio criterio. Ya que, por lo que parece, ha sido imposible que yo siga como titular en el departamento de Territorio, puestos a cambiar, debo ocupar la posición política más útil para todos. Para mí no será nada humillante dejar de ser conseller.

—No puede ser, Santi. Debes seguir siendo conseller. Sospechoso de radical, mi primera decisión no puede ser cargarme al único conseller que en la legislatura anterior ha tenido buenas relaciones y resultados positivos con Madrid.

El president tenía razón, pero, como se vería, yo también.

12

VENTANAS DE OPORTUNIDAD PERDIDAS

Cuenta Stefan Zweig en su irrepetible Momentos estelares de la humanidad (Acantilado, 2013) que la historia del mundo nos muestra cómo han de transcurrir millones de horas inútiles antes de que se produzca un momento estelar y transcendente para la comunidad humana. Estelar o estrellado, el caso es que durante el bienio infortunado que queda atrás, tan lleno, según la retórica oficialista catalana, de momentos y decisiones históricas, y tan desbordado de disparates y tumultos, según la versión gubernativa, hubo un sinfín de oportunidades para evitar el colapso institucional y político del 27 de octubre de 2017 (cuando, entre caras largas y aunque mirándose de reojo los unos a los otros, el Parlament declaró la independencia, y cuando, implacable, Rajoy tomó las primeras medidas de suspensión de la autonomía amparadas por el artículo 155, con la aprobación del Senado).

Por una cosa o por la otra, la verdad es que ni en Madrid ni en Barcelona supimos o quisimos aprovechar esas oportunidades. Es aquello tan viejo de que entre todos la mataron y ella sola se murió. A título tan solo de inventario, y para confirmar a los unos sus convicciones fatalistas con respecto a la historia de España y para ahondar en los otros —los que creemos que finalmente somos los hombres quienes con nuestras decisiones marcamos el destino de nuestros conciudadanos— el remordimiento, señalo algunas de las situaciones disyuntivas vividas en primera persona durante aquellos dos años, finalmente infructuosas. Aquí las llamo «ventanas de oportunidad», término prestado al mundo del engagement marketing por el sector de la nutrición y el deporte, referido a la situación fisiológica que se da después del entrenamiento ante un estímulo suficiente como para que el cuerpo se vea capaz de experimentar una rápida mejora. Aplicado al proceso soberanista, las ventanas de oportunidad fueron la decena de ocasiones en las que, por razones excepcionales, sobrevenidas o buscadas, las posiciones moderadas pudieron haber tomado ventaja o simplemente sacado provecho de una situación inesperada e irrepetible, que les hubiera permitido reponerse de su posición de extrema debilidad ante los planteamientos maximalistas. Las ventanas de oportunidad se sucedieron, y correspondió a los políticos de la Generalitat y de Madrid la audacia de haber sabido aprovecharlas o no.

En todos los casos, defiendo que tomar un camino u otro no estaba escrito ni predeterminado en ninguna parte; es más, aunque lo estuviera en paparruchadas y hojas de ruta más o menos fantasiosas escritas en cenáculos al margen de la política reglada, nada de lo predeterminado podía dejar de haber sido revisado a la luz de la realidad y con un liderazgo determinado a devolver la política catalana al terreno de lo posible, de lo razonable. Como si contáramos con un ángel de la guarda infatigable, ni una, ni dos, ni tres, sino hasta diez ocasiones tuvimos para poder reconducir las cosas sin llegar a caer en el precipicio. Ingenuo o irresponsable, el caso es que ante cada ocasión frustrada creí encontrar una justificación para posponer mi dimisión y seguir convenciéndome de que era más sensato, útil e inteligente intentar seguir influyendo en el gobierno catalán y especialmente en el president, que abandonarlo. A la luz de lo vivido, no es seguro que acertara en mis decisiones.

Lo más triste es que, como ha señalado con audacia Eduardo Mendoza en su ensayo Qué está pasando en Cataluña (Seix Barral, 2017) , «a la vista de los acontecimientos recientes, uno se pregunta si lo sucedido responde a un plan rigurosamente concebido y llevado a término, o a una alocada improvisación, o a una combinación de lo uno y lo otro». Mi experiencia como servidor público me confirma, sin lugar a dudas, que en general, el ciudadano tiene una opinión inmensamente más considerada y amable sobre la racionalidad de sus políticos de lo que debiera. Y mejor dejarlo aquí. Sea como sea, el encadenado de ventanas de oportunidad perdidas durante el procés nos ha llevado al actual panorama sombrío.

PRIMERA VENTANA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El soberanismo pierde con claridad las elecciones convocadas en forma de plebiscito, en búsqueda del «mandato democrático». Figuras preclaras y honestas como Andreu Mas-Colell o destacados activistas de la izquierda revolucionaria como Antonio Baños así lo reconocen públicamente y sin matices. A pesar de ello, los estrategas del procés piden a Raül Romeva, Oriol Junqueras y Artur Mas que confirmen la victoria y prosigan con la «hoja de ruta». Y así lo hacen.

Nada importaba que, por el camino, el soberanismo en su conjunto hubiera perdido dos diputados o que el plebiscito, en cuanto a cómputo de votos absolutos, finalmente se hubiera quedado corto aunque hubiera obtenido un gran resultado. Muchas voces reclamaron mantener la aspiración legítima de la independencia, pero sin autoimponerse plazos, ni tener que conformarse con mayorías pírricas para su impulso. Que la simple reforma estatutaria requiriera una mayoría cualificada de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales por medio de una ley orgánica y el referéndum positivo de los electores debería haber hecho reflexionar a los partidarios de una independencia exprés, factible en su opinión con una escuálida mayoría simple y, en resumen, imparable solo por las ganas de quererla. La rectificación hacia posiciones realistas podía haber sido una opción. Pero se optó por seguir adelante.

SEGUNDA VENTANA: 9 DE ENERO DE 2016

Artur Mas decide definitivamente dar un paso al lado: «Si me hubiera quedado, me habrían acusado de traidor, de querer aferrarme a la silla y de haber dinamitado el proceso», me justifica, no sin parte de razón, muchos meses más tarde. Con su retirada, JxSí cierra un pacto de legislatura con la extrema izquierda. El Gobierno queda así en manos de la CUP, un partido de corte revolucionario y anticapitalista convencido de que cuanto peor, mejor. En las elecciones del 27 de septiembre de 2015, la CUP había obtenido poco más de 337.000 votos, el 8,21 por ciento del total de los sufragios emitidos. Ni las pintadas en el Bages amenazando de muerte al conseller de Interior Jordi Jané, acusado de colaboracionismo con la justicia española; ni el bloqueo de los presupuestos de 2016, o la enmienda desleal y masiva a los presupuestos de 2017; ni la votación con el resto de la oposición para reprobar a consellers y directivos del Gobierno o, quizá la más escandalosa de sus acciones, el ataque de miembros de sus juventudes, encapuchados y cuchillo en mano, a un autobús de Transports Metropolitans de Barcelona en la avenida Joan XXIII, en la zona del Camp Nou, a finales de julio, fueron razones suficientes para alterar el pacto de legislatura.

Queda para mi honor y descargo de conciencia ser el conseller al que la CUP solicitó más veces su cese; la última vez cuando ordené denunciar ante el juez su enésimo acto contra el turismo y contra la imagen de Barcelona y de Cataluña. La rectificación hacia posiciones razonables podía haber sido una opción. Pero se optó por seguir adelante y mantener el pacto con la CUP hasta el final abrupto de la legislatura.

TERCERA VENTANA: 5 DE OCTUBRE DE 2016

Bloqueados los presupuestos por parte de la CUP, el president decide someterse a una cuestión de confianza para pasar la responsabilidad de la convocatoria electoral a sus socios parlamentarios. O presupuestos o final de la legislatura. Finalmente, Puigdemont supera la cuestión de confianza con 72 votos a favor, los 62 de JuntsxSí y los 10 de la CUP, y los 63 en contra del resto de los grupos parlamentarios. A pesar de haber dejado Cataluña de nuevo sin presupuestos ordinarios y de que todas las encuestas confirmaran hasta qué punto el exvotante de CiU se sentía humillado con la colaboración del Gobierno con la CUP, el rumbo seguía firme y se hicieron todos los esfuerzos necesarios para salvar el debate. El president podía haber convocado elecciones, pero prefirió seguir adelante. En palabras de Freddie Mercury, «the show must go on!», es decir, ¡el espectáculo debe continuar!

CUARTA VENTANA: 11 DE ENERO DE 2017

Reunión secreta de Rajoy y Puigdemont en la Moncloa. Puigdemont intenta por enésima vez agrietar el inmovilismo de Rajoy y acordar algún tipo de consulta para Cataluña. «Ni puedo ni quiero», fue la respuesta pública del presidente del Gobierno cuando finalmente trascendió el encuentro a la opinión pública. El desfiladero independentista veía estrecharse los muros que le abocaban hacia el precipicio. Rajoy, implacable, se mantuvo firme y determinado a no plantear vía de salida alguna al soberanismo catalán. Fue su opción, no su obligación.

QUINTA VENTANA: 17 DE JULIO DE 2017

Crisis de gobierno. La guerra abierta entre Puigdemont y Junqueras, los nervios y acusaciones cruzadas de poco compromiso con el referéndum entre PDeCAT y ERC, así como el deterioro de las relaciones entre Puigdemont y el PDeCAT, que recela de un presidente que no esconde sus mayores complicidades con la CUP y con los dirigentes de Òmnium y de la ANC que con su propio partido, hacen la situación insostenible. A todo ello, diversos consellers manifiestan en público y en privado que no piensan asumir riesgos políticos que puedan comprometer su vida personal o su patrimonio, y menos aún si no forman parte de la toma de decisiones que al final afectan al Gobierno.

—Carles, si te dimiten uno o dos consellers, puedes aguantar. Si cesan tres o más, tienes de nuevo la oportunidad magnífica para convocar elecciones —le aconsejé. Presuponiendo que el futuro del partido le importaba, me ofrecí a dar un paso al frente, llegado el caso—. Si lo haces, yo me comprometo a presentarme, a dar la cara ante los sectores más extremistas y a jugármela para llevar de nuevo el partido y Cataluña al centro. Seguir con esto va a llevarnos al desastre.

—Pensaré en ello, Santi, pero hay que intentar aguantar hasta el referéndum. No le podemos fallar a la gente —fue su respuesta.

Pocas horas más tarde, por la noche, conocía a través de La Vanguardia que los consellers Munté, Jané y Ruiz, así como Joan Vidal de Ciurana, secretario del Gobierno, presentaban su dimisión irrevocable. Hasta cuatro consellers y el secretario del Gobierno habían cesado en un mes.

—Santi, sal pitando de este Gobierno —me reclamó Javier, mi pareja, al conocer el nuevo desaguisado gubernamental.

—¡No puedo dejar a este hombre en la estacada! Llegaremos como podamos al referéndum y le convenceré para que convoque elecciones inmediatamente después —justifiqué.

En aquellas circunstancias, Puigdemont podía haber interpretado que el crédito de la legislatura y de su mandato se había agotado. Pero decidió seguir adelante.

SEXTA VENTANA: 17 DE AGOSTO DE 2017

Atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils. El paseo más transitado y conocido de Cataluña se inunda de dolor, desconcierto e indignación. Quince personas pierden la vida y más de cien resultan heridas. Los gobiernos de Cataluña y España interrumpimos de inmediato las vacaciones de agosto y nos desplazamos rápidamente al lugar de los hechos. La noticia del atentado coge al president en Cadaqués. A mí, a pocos kilómetros de Figueres, en un almuerzo con amigos en la playa de Sant Pere Pescador. Convocado inmediatamente un gabinete de crisis, sobre las siete de la tarde nos personamos todos en el Palacio de la Generalitat, evaluando la reacción de los cuerpos de seguridad, de los servicios de emergencia y, más importante, la reacción ciudadana, de nuevo ejemplar. El gremio de hoteleros de Barcelona pone de inmediato a disposición del Gobierno sus plazas disponibles, los comerciantes de las Ramblas acogen generosamente a los transeúntes y turistas desconcertados, las muestras de solidaridad locales e internacionales se multiplican en pocos minutos. En paralelo, el Gobierno de España confirma también que se desplaza de inmediato a Barcelona, un movimiento que les permitirá atender a los medios de comunicación pasada la medianoche en la delegación del Gobierno, en la calle Mallorca. Dotados en aquellas circunstancias extremas de un marcado sentido institucional, Rajoy y Puigdemont acuerdan que al día siguiente se convocará una reunión mixta de seguimiento, conformada por ministros y consellers, así como por los máximos responsables de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y demás servicios implicados en la gestión del atentado.

Tanto la reunión como la concentración de apoyo a las víctimas y de condena al terrorismo convocada en la plaza de Cataluña minutos antes son un éxito, y la imagen de unidad proyectada es rotunda y reconfortante. De aquellas horas extremas sale el intercambio del número de teléfono móvil entre ambos presidentes. Los reyes de España, así como representantes del Gobierno y de la oposición, que han asistido a la concentración de repulsa en el centro de la ciudad, no dejan de transmitir muestras de afecto y solidaridad con el pueblo de Cataluña. «Hoy todos somos catalanes, Santi», insiste una ministra del Gobierno mientras me aprieta la mano entre las suyas. «Estamos con vosotros —insiste por su parte Pedro Sánchez—. Superaremos esto y saldremos adelante con vuestras reivindicaciones, que muchos respetamos y comprendemos.»

Desde el día del atentado hasta el sábado 26 de agosto, las autoridades españolas se vuelcan con Cataluña. Todo el mundo es consciente del horror del atentado, así como de la gravedad del momento en que este se ha producido. Mostrar la imagen, especialmente a través de la Corona, pero también a través del Gobierno, de la oposición y de las distintas autoridades regionales, de que España entera está con los catalanes es un objetivo casi obsesivo durante aquellos días tristes. En el acto de condolencia más inesperado, de perfil más bajo, aparecía súbitamente un ministro o un secretario de Estado y se integraba entre la gente. Fue un espejismo.

Subyacentes a toda la oleada de solidaridad fraternal propia de quien se encara con la muerte inesperada de inocentes, las tensiones y los recelos intergubernamentales se mantienen intactos, del todo impermeables a rebajar sus pretensiones. Especialmente delicada es la confirmación, por parte de la Corona, de la intención del rey de asistir a la manifestación convocada para el día 26 de agosto. Frustrados los intentos de persuadir a Felipe VI de que no asista a la concentración, que los hay por parte del Gobierno de la Generalitat y de la ciudad de Barcelona, finalmente su presencia provoca nuevamente el enfrentamiento entre instituciones e irrita a los líderes soberanistas. Insultos recriminatorios de hipocresía, pitidos y pancartas acusando al rey de vender armas a Arabia Saudí, aunque minoritarios, empañan una manifestación que debía haber sido unitaria y que de nuevo queda condicionada por la lucha partidista. Desconfiado ante cómo se desarrollarían los acontecimientos, el presidente Puigdemont había intentado que el rey no asistiera a la manifestación, seguro de que los sectores más radicalizados le abuchearían, y de que esto resultaría perjudicial para la imagen de Cataluña, y especialmente inoportuno en el momento de alta tensión que vivíamos. Pero su opinión no se tiene en cuenta. En cambio, sí se tiene en cuenta la del delegado del Gobierno, Enric Millo, quien se muestra convencido de que la figura del rey estará por encima del conflicto soberanista y de las luchas políticas y que, en consecuencia, debe venir a Barcelona. El rey, Rajoy y una amplia representación institucional copan la concentración y cosechan un sonoro reproche ciudadano. Aunque el lema de la manifestación es «no tenemos miedo», se oyen gritos de «¡no tenéis vergüenza!». El espectáculo poco edificante de la manifestación es un eslabón más de la cadena de rifirrafes, primero entre la Casa Real y el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales por la visita de sus majestades a los Hospitales del Mar y Sant Pau, y su consiguiente utilización mediática; después por el enzarzamiento sobre qué cuerpos de seguridad habían sido más resolutivos y eficaces durante el atentado, si los autonómicos o los estatales.

Conmovidos aún por el asesinato terrorista, pronto queda claro que las horas de solidaridad y empatía entre gobiernos han durado lo que dura el arco iris tras una tormenta de verano. En pocos días, el tórrido y asfixiante ambiente de confrontación se impone de nuevo.

El atentado pudo haber sido una nueva oportunidad para descubrir en el otro un adversario y no un enemigo; para recomponer sensatamente la lista de lo importante y discriminarlo respecto a lo fútil y perecedero. Para reiniciar el diálogo y recomponer la concordia. Pero no fue así. El partidismo y el regate corto institucional no se correspondieron en ningún momento con la nobleza y serenidad de miles y miles de ciudadanos, movilizados de forma silente y comprometida, que al grito de «no tenemos miedo» plantaron cara a los fanáticos sin dejarse llevar por el maniqueísmo.

Quede para el recuerdo de todos, como antídoto contra el extremismo y la fanatización, el discurso emocionado que hizo Mafida Oukabir, hermana del terrorista abatido en Cambrils por la policía, lleno de autocrítica, de concordia y de empatía: «Que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas […] démosles motivos para amar y no para odiar esta tierra que deben sentir como propia», dijo entre sollozos y aplausos ante una plaza del Ayuntamiento llena a rebosar, en Ripoll. Una niña adolescente, musulmana y de origen marroquí, aún llorando la muerte de su hermano, nos dio toda una lección de humanismo y de valores liberales, en Ripoll, en el corazón de la Cataluña profunda, en un catalán perfecto, evidentemente.

SÉPTIMA VENTANA: 1 DE OCTUBRE DE 2017, POR LA NOCHE

Cumplido el objetivo de convocar el referéndum del 1 de octubre, y culminado como una gran y exitosa movilización ciudadana y cívica, que gracias a la represión policial será recordada épicamente como un nuevo hito en la historia del catalanismo, es el momento de rentabilizar políticamente el resultado. «Has cumplido tu promesa de llevar Cataluña a la preindependencia. El Gobierno de Rajoy ha sufrido una importante derrota política que debemos capitalizar inmediatamente. Si nos sale bien, después de las elecciones, a Rajoy no le quedará más remedio que acordar un referéndum, este sí, ajustado a Derecho, reconocido por el Estado y por la comunidad internacional», aconsejo de nuevo. Mi reflexión no es gratuita. Todos mis contactos periodísticos y políticos que desde el exterior siguen atentos e imparciales la evolución de los hechos en Cataluña coinciden en el diagnóstico.

«Creo que, pasado el día de hoy, muchos dirán que el diálogo debe ser parte de la solución. Pero antes tiene que restablecerse el orden jurídico constitucional. Las imágenes que periódicos y redes sociales han publicado han creado un clima de simpatía. Pero cuidado, va a durar poco. Así que tenéis una ventana muy pequeña para pasar de la “desobediencia civil” al diálogo. Si decidís ir por la DUI, no tendréis mucho apoyo», es el consejo de un experimentado diplomático europeo, buen amigo de Barcelona y de los catalanes, afincado hoy en Madrid.

Transmito los mensajes al presidente. Quiero pensar que en esta ocasión, Puigdemont sí que valora sinceramente mi opinión. Los días siguientes me reúno con él casi a diario, aunque me temo que no soy el único. De nuevo, todo sea dicho de paso, tampoco en Madrid la lectura del 1 de octubre es la adecuada. «Lo de hoy ha sido muy triste. Sigo sin ver qué estrategia tenéis para los próximos días, más allá del palo. Algunos intentaremos desactivar la DUI, pero no va a ser fácil… sin un camino alternativo solvente», escribo esa noche, desolado, a un ministro amigo. La respuesta es amable; las consecuencias prácticas de ella… conocidas.

OCTAVA VENTANA: 11 DE OCTUBRE DE 2017

El Consejo de Ministros requiere «formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno que puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia» es la respuesta de Rajoy al discurso del presidente Puigdemont, el día anterior, en el Parlament, según el cual «con los resultados del uno de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente».

Tras asumir el mandato popular de que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente en forma de República, a pesar de ello, Puigdemont dejó clara la necesidad de que los efectos de la declaración quedaran suspendidos «para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». Por si su intervención no hubiera resultado lo suficientemente clara, el president ordenó que ninguna declaración de independencia fuera sometida a consideración, y menos aún a votación en sede parlamentaria. Y así se hizo. Que en aquella sesión no hubo declaración de independencia alguna lo corrobora el disgusto generalizado de los miles de seguidores concentrados en calles y plazas de Cataluña para seguir televisivamente el pleno, que regresaron cabizbajos a sus casas.

Para mí, el día también había sido intenso. Poco antes de las diez de la mañana, y de acuerdo con el president, intenté hacer notar a un ministro del entorno próximo a Rajoy la raquítica ventana de oportunidad que se nos abriría aquel día: «¡Buenos días! Estado de la cuestión: empieza el día con mucha tensión. En estos momentos el president nos ha asegurado que no se va a votar nada en el Pleno. Más allá del discurso que haga […] sus declaraciones no pretenden tener ningún efecto jurídico. También apelará reiteradamente al diálogo como solución al conflicto. Es la [pequeña] ventana de oportunidad que tendremos… haced lo que podáis, de buena fe. Abrazo». Pocas horas más tarde, insistía: «La ventana de oportunidad será muy pequeña, pero debéis aprovecharla. Tal y como pedíais, para iniciar el diálogo no habrá DUI». Durante aquellas horas de máxima tensión, se sucedió un intenso cruce de llamadas telefónicas con ministros y gestiones de empresarios y financieros catalanes con ascendencia en Madrid que intentaban zurcir un nuevo manto de consenso al que agarrarse. A mediodía, la respuesta pública del ministro Íñigo Méndez de Vigo en nombre del Gobierno fue conciliadora, aunque extremadamente prudente. Más llamadas y whatsapps. Por la noche, finalizado el Pleno en el Parlament, visto lo visto, me sentí en la necesidad de añadir a mi interlocutor madrileño: «Hay que hacer de Tarradellas: decir que las cosas están mejor de lo que están realmente». Al poco rato recibía una nueva respuesta, en esta ocasión escueta: «Este documento que estáis firmando no ayuda nada». Mi réplica fue inmediata: «¡Estoy desesperado! Una estúpida concesión a la CUP, que quería que se votara un texto en el Parlament… es realmente chocante… una declaración no aprobada por nadie, que firman los diputados en un salón anexo… y donde se explicita que nada entra en vigor… Si vosotros no le dais categoría, el documento no ayuda en nada, pero tampoco significa nada».

Al día siguiente prosiguieron las conversaciones. Sobre las doce de la mañana, un nuevo mensaje ministerial me advirtió de que «el requerimiento va a tener un lenguaje conciliador y esta tarde, en el debate en el Congreso, el presidente añadirá una salida para hacer efectivo el diálogo». Mi respuesta fue optimista: «Suficiente, creo. Debéis liderar el relato y aprovechar la ventana […]», advirtiéndole de la gran desconfianza con que en Barcelona se interpretaban todos los movimientos de Rajoy, quien a pesar de que la DUI no se había hecho, no había desactivado la aprobación del despliegue del 155. Acabamos aquella conversación coincidiendo en que «andamos por un desfiladero estrecho, estrecho… con muchos a ambos lados con ganas de que caigamos». Creo, honestamente, que el presidente Puigdemont confió en aquellas horas en que el acuerdo sería posible. Aunque en una situación extrema, nos sentíamos optimistas.

Con más o menos fortuna retórica, durante los días que siguieron, Puigdemont respondió en dos ocasiones a los requerimientos aclaratorios de Rajoy. Mientras que en Madrid se reclamaba una respuesta binaria y clara sobre si se había declarado o no la independencia en Cataluña, en Barcelona se redactaban respuestas matizadas que intentaban desmentir la declaración de independencia, sin ofender a los miles de ciudadanos que después del 1 de octubre la esperaban ansiosamente.

Así, en la primera de las misivas de respuesta, Puigdemont insistía reiteradamente en la voluntad de diálogo de su Gobierno: «No entiendo otra forma de resolver el conflicto que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo», escribió en el primer párrafo. Más adelante añadía: «La prioridad de mi Gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen la mayoría de democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán, que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo». Como muestra de buena voluntad, Puigdemont subrayaba que «la suspensión del mandato político surgido de las urnas el uno de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento. Nuestra intención es recorrer el camino de forma acordada tanto en el tiempo como en las formas. Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta». Poco consciente, seguramente, de la debilidad de su posición, el presidente de la Generalitat insinuó que, implícita en la oferta de diálogo, aparecería también ante la opinión pública quién era realmente la parte que lo bloqueaba: «Por todo ello, durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. Comprobaremos de esta manera el compromiso de cada una de las partes en hallar una solución acordada». Por si la insinuación fuera poco, Puigdemont finalizaba su carta de respuesta reclamando el final de la represión contra el pueblo de Cataluña y contra su Gobierno, repasando la, en su opinión, larga lista de agravios del Estado a Cataluña, así como solicitando la convocatoria de una reunión exploratoria de los posibles primeros acuerdos.

Entre los reproches, a modo de traca final, el president denunció «la vulneración de los derechos fundamentales; la intervención y congelación de las cuentas bancarias que impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más necesitadas; la censura de internet y de medios de comunicación; la violación del secreto postal; las detenciones de servidores públicos y la brutal violencia policial ejercida contra la población civil pacífica el día 1 de octubre».

Como escribió Stefan Zweig a propósito de la biografía de Cicerón, lo más prudente que puede hacer un hombre sensato y no muy intrépido cuando se encuentra con otro más fuerte que él es evitarlo y, sin avergonzarse, aguardar un cambio, hasta que el camino vuelva a quedar libre. Así lo hizo el político y orador republicano cuando en su camino tropezó con Julio César, convertido gracias a la razón de la fuerza en dueño y señor de Italia. No fue esta la reacción de Puigdemont ante Rajoy, seguro de que sus palabras y sus argumentos serían más fuertes que las leyes y resortes de poder del Estado.

Requerido nuevamente por Rajoy a aclarar su posición antes del jueves 19 de octubre («No era muy difícil decir sí o no», le afeó Soraya Sáenz de Santamaría), a primera hora del día 19, Puigdemont envió una segunda misiva aclaratoria, insistiendo en la necesidad de afrontar el problema a través del diálogo y en la urgencia de revertir la represión. Por si no había quedado claro que el Parlament no había hecho declaración de independencia alguna, la carta terminaba explicando que «finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y mantener la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10 de octubre». Difícilmente el Parlament podía votar ninguna resolución o declaración de haber sido votada ya la semana anterior. Pero de nada sirvió aquella carta. Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario para el sábado 23 de octubre, decidido a precisar las medidas a tomar por su Gobierno, amparadas en el artículo 155 de la Constitución. Por si podía servir de algo, el domingo de aquella semana, 16 de octubre, en el marco de la noche de los Premios Planeta, y de acuerdo con el president, yo mismo declaré en una entrevista televisiva en LaSexta que el Parlament no había hecho en ningún momento una declaración de independencia. Pero no sirvió de nada. Bueno, sí, sirvió para que los fanáticos del soberanismo me atizaran de nuevo en las redes.

NOVENA VENTANA: 17 DE OCTUBRE DE 2017

Los Jordis van a la cárcel. Si los moderados pintamos poco en Barcelona, me temo que en Madrid aún pintan menos. A pesar del momento extremadamente excepcional que se vive en Cataluña, la juez ordena prisión provisional y sin fianza para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC, respectivamente, por considerarlos «los principales promotores y directores» de las protestas de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Jarro de agua fría para las expectativas conciliadoras.

Las vías de diálogo entre los dos gobiernos, las complicidades personales entre ministros y consellers quedan de nuevo en evidencia ante los sectores extremistas en ambas ciudades. Activada por la Fiscalía General del Estado la vía judicial, los gobiernos pierden definitivamente el control de la agenda política en Cataluña. «Sabes que lo de los Jordis es imposible. Ni el fiscal ni la juez van a actuar al dictado de los políticos. No nos pidáis cosas imposibles», me escribió un destacado político del PP en aquellas horas difíciles. Cierto, pero la judicialización del conflicto político en Cataluña fue una opción de Rajoy, no su obligación.

DÉCIMA VENTANA: 26 DE OCTUBRE DE 2017

Lo escribe asépticamente Jordi Amat en su libro: «El presidente no tiene autoridad. No la tiene y es cautivo de la atracción del proceso por el abismo. Es un relato que no permite rectificar […] es la conjura de los irresponsables». Así las cosas, con pancartas con la palabra «traidor» y acusaciones de cobarde en la plaza de Sant Jaume, y de nuevo sin el menor gesto auxiliatorio por parte de Madrid, Puigdemont se deja llevar por la corriente y desactiva la convocatoria electoral que le reclamábamos los moderados. La suerte está echada.

Como reconoció Carme Forcadell a posteriori, era sabido que la declaración de independencia no comportaría ninguna consecuencia práctica, ni aún menos positiva para los catalanes: «Era una declaración política» (sic). Entonces, ¿por qué llevarla a cabo? ¿Por qué dejar la potestad de la convocatoria electoral en las manos inciertas de Rajoy pudiendo preservarla en el marco competencial de la presidencia de la Generalitat? Por lo que se vio, incluso los independentistas más fanatizados prefirieron la humillación de las instituciones catalanas y que fuera Rajoy quien convocara elecciones, confiando quizá en que la intervención del Gobierno provocaría finalmente la rebelión de los catalanes.

La represión gubernamental llegó en forma de «descabezamiento de la Generalitat», según las hirientes palabras de la vicepresidenta del Gobierno, y en forma también de un nuevo apretón de tuercas sobre el autogobierno catalán, definitivamente intervenido. Críticas altisonantes y airadas de los radicales, que tildaron las elecciones de «ilegítimas» y la aplicación del 155 de «golpe de Estado», fueron compatibles, eso sí, con su participación en una contienda electoral del todo anómala y cargada de resentimiento. Paradójicamente, algunos de los perfiles más excitados tan solo unas semanas antes de la suspensión del autogobierno catalán consiguieron pasar sin rubor, y sin la menor justificación, de defender la proclamación de la República y de presionar a los consellers para que no aflojáramos a colaborar desde los despachos oficiales con la aplicación del 155. Tal comportamiento ejemplar mereció con justicia la felicitación de Soraya Sáenz de Santamaría desde la tribuna del Senado el lunes 18 de diciembre, convencida como estaba, aquellos días preelectorales, de poder vencer e incluso regodearse en las contradicciones del soberanismo.

Hubo hasta diez ventanas de oportunidad para que la moderación sacara ventaja al maximalismo. Pero no se aprovechó ninguna de ellas. Al final, nuestro ángel de la guarda, exhausto, solicitó un cambio de destino. Y todo se perdió. Bueno, todo no. La victoria electoral en votos y en escaños de Arrimadas arrió de nuevo la bandera de la Cataluña que se quiere diversa, que no es monocorde. Por su parte, la victoria moral de Puigdemont desde Bruselas, con su meritorio segundo puesto, suficiente para revalidar la mayoría independentista con el apoyo de ERC y de la CUP, salvó la dignidad del espacio soberanista, irritado y movilizado de nuevo ante tanta humillación gratuita.

13

¿Y AHORA QUÉ? LA HORA DE LAS SOLUCIONES

«Para curar a Cataluña, no piense nadie, pues, que sea posible ni indicada la cirugía de urgencia, ni tampoco esa otra clase de expediente que consiste en recurrir a la ortopedia […] Por esos procedimientos solo se obtendría la extensión incalculable del malestar actual, porque a las grandes zonas sanas del organismo, que son aún la mayoría, los cortes quirúrgicos les harían el efecto de tremendas heridas, y el aparato ortopédico se les antojaría una camisa de fuerza», escribe Agustí Calvet, Gaziel, en La Vanguardia un 26 de octubre de 1934.

Enderezar el desastre que hemos heredado, o el desaguisado en el que nos hemos metido el uno por el otro, no requiere soluciones traumáticas ni ortopédicas, sino más bien, siguiendo la receta de Agustí Calvet, el «empleo de las autovacunas, buscando y extrayendo en el propio organismo catalán las antitoxinas capaces de renovarlo». Así pues, cualquier atisbo de solución, en primer lugar, requiere un compromiso responsable y sincero con la reconciliación y la recuperación del consenso en torno a los valores constitutivos de nuestra vida en común, más allá de las coincidencias o discrepancias. Una reflexión, igualmente válida para el Gobierno y los principales partidos de España, es que de lo vivido también deberían extraer que ¡no solo de leyes vive el Estado!, pues el consenso en torno a su actualidad, utilidad e interpretación es igualmente necesario para poder vivir en paz.

Desde esta perspectiva, 2018 debería ser para ambas partes el año de la rectificación, no el de la ratificación de las respectivas posiciones. Los principales actores políticos españoles deben rectificar y abandonar cualquier tentación asimilacionista o recentralizadora sobre Cataluña. «El pensamiento catalán rebrota y siempre sobrevive a sus ilusos enterradores», sentenció Francesc Pujols en pleno siglo XX. Por su parte, también el soberanismo debe ser autocrítico y saber rectificar. ¡Nunca más, en democracia, apoyo a caminos rectos o vías unilaterales para dar respuesta a las aspiraciones de la ciudadanía, por muy mayoritarias, legítimas, desatendidas en el corto plazo y no sé cuántas cosas más que estas puedan ser! Conseguirlo no estará exento de dificultades, pues son muchas las heridas y el sufrimiento ocasionados durante el último bienio en Cataluña, y muchos también los actores políticos que, tanto en Barcelona como en Madrid, se mantendrán radicalmente opuestos a la rectificación, vivida desde su perspectiva como renuncia o, peor aún, como admisión de culpabilidad.

Intentarlo requerirá el reconocimiento del otro como un sujeto político, potencialmente dotado en parte de razón y, en cualquier caso, de dignidad; exigirá capacidad para acordar de un modo civilizado cómo deben dirimirse de una forma democrática las discrepancias y, finalmente, deberán explorarse nuevos caminos para abrir paso a reformas. Porque del pasado reciente —que, por fortuna, queda atrás— será tan bochornoso recordarles a los unos que un día se refirieron a España como una dictadura atroz como poder afearles a los otros la rudeza de sus análisis con respecto al conflicto en Cataluña, que durante mucho tiempo liquidó la movilización sostenida en el tiempo por parte de más de dos millones de personas en términos de suflé, de simple delirio identitario fruto de la manipulación, la alucinación o el fanatismo religioso.

Durante las semanas previas a la declaración de independencia y la intervención de la autonomía por parte del Gobierno, el lendakari Urkullu planteó una posible metodología para superar el enfrentamiento articulando un plan de acción en tres fases: una primera fase de distensión o «alto el fuego», una segunda fase de configuración de un equipo negociador y, finalmente, una tercera propiamente de puesta en marcha del diálogo, la negociación y la persecución del acuerdo. Personalmente, hice míos sus planteamientos a través de un artículo publicado en el diario Ara el 5 de octubre de 2017, en plena tormenta sobre la interpretación de los resultados del referéndum del 1 de octubre (algún ministro todavía hoy se pregunta cómo no fui cesado aquel mismo día).

En la primera fase, de distensión, las dos partes debían comprometerse a no emprender ningún tipo de iniciativa con carácter unilateral. En resumen, «ni DUI ni 155». A la vista de los acontecimientos, en los próximos meses va a ser necesario que el Gobierno de Rajoy y el de la Generalitat inicien una aproximación basada en la retirada inmediata de la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en el cese de la intervención de las cuentas, así como en el compromiso explícito del Gobierno catalán de encauzar toda su actuación política en el marco constitucional. Convencido de que, con políticos presos en la cárcel, el terreno de juego político es impracticable (y en una sociedad como la nuestra debería ser también inaceptable), es urgente revertir la judicialización del proceso soberanista y devolver el conflicto al cauce de la discusión estrictamente política, para tranquilidad ciudadana y, acaso también para mayor sosiego de la justicia y en especial del Tribunal Constitucional, durante los últimos tiempos insólitamente interpelado casi a diario para que tomara un protagonismo con el que no creo que esté muy cómodo.

En su momento, ante el choque inminente entre los gobiernos de España y de la Generalitat, algunas voces, entre las que se encontraba también el lendakari Urkullu, sugirieron la configuración de un equipo negociador, reconocido como solvente y representativo por las dos partes, pero al margen de la configuración partidista, de los personalismos y tacticismos del momento. Más allá del debido respeto a los cauces y a los depositarios de las funciones ejecutivas gubernamentales, las actuales circunstancias requieren la configuración de una mesa de políticos, empresarios, académicos o profesionales, de reconocido prestigio y poco sospechosos de sectarismo, capaces de configurar un diagnóstico de mínimos y un guion de arranque que sirva de punto de partida para las negociaciones que impulsen un nuevo momento fundacional en Cataluña y en el conjunto de España. Un guion que permita superar las dinámicas frentistas y excluyentes de los últimos tiempos. Porque fanáticos (y moderados) los hay en Barcelona y en Madrid. Y al revés, sensatos (y radicales) los hay en Madrid y en Barcelona. También entre los independentistas y los españolistas. Visto el desastre del liderazgo radical, creo que la moderación se ha ganado el derecho a tener también su propia oportunidad a ambos lados de la meseta, con caras nuevas, miradas distintas y aire fresco.

Y es que la superación del conflicto entre Cataluña y España no pasa por la reapertura de una nueva negociación de mercadeo a la clásica de nuevas competencias y recursos financieros, sino que debe articularse en torno al reto de querer protagonizar un nuevo momento fundacional para los catalanes y para el conjunto de los españoles, en el que todos puedan encontrar su acomodo. Mirada así, la crisis catalana debe vivirse como una oportunidad reformista y regeneradora para el conjunto de la arquitectura institucional española, que puede y debe recuperar el terreno perdido con respecto a su sociedad, su economía y sus gentes, mucho más del siglo XXI que ella misma. Una cuestión sobre la que, por cierto, ya publiqué en 2016 un libro: Un moment fundacional. Visions des del reformisme modern. La crisis catalana debe verse, pues, como oportunidad y no como amenaza. El malestar de millones de ciudadanos en Cataluña con respecto a España debería ser el catalizador de un nuevo proyecto español integrador y estimulante, solidario pero incentivador para los territorios más innovadores y creativos, capaz de recuperar la diversidad, también identitaria, como un valor y no como un problema, para dejar así definitivamente atrás las viejas banderas nacionalistas. Es el mito de Sísifo, se dirá. Sí, pero es también la grandeza de los que no se resignan y se muestran siempre, de nuevo, dispuestos a volverlo a intentar.

¿Y por qué si el problema está en Cataluña, el conjunto de España debe reformarse?, se preguntarán los más perezosos. El propio presidente Rajoy así lo expresó, aunque a su manera, en plena campaña electoral e incluso en una sesión de control parlamentario, ante el Senado. Acosado por los periodistas y por el PSOE ante sus evasivas a la hora de emprender reformas, la respuesta de Rajoy fue, una vez más, llana y transparente: «Con la que han liado, ¡encima no les vamos a premiar!». Pienso diametralmente lo contrario: creo que emprender reformas en Cataluña es urgente y necesario por el bien de todos al menos por dos razones. En primer lugar, por el peso y el valor relativo que tiene Cataluña con respecto al conjunto de España. Si Cataluña enferma y el conflicto se cronifica, España enferma. En este sentido, no está de más recordar que, en 2017, la economía catalana supuso el 20,1 por ciento del PIB español, el 23,8 por ciento de su PIB industrial. Cataluña lidera las exportaciones del Estado, tanto en volumen (representan más del 25 por ciento del conjunto) como en número de empresas exportadoras totales. Con más de 3.152 empresas establecidas en el extranjero, que a su vez tienen más de 8.346 filiales en 128 países, la catalana es hoy una economía abierta al mundo, como lo es también a las inversiones extranjeras, que en 2016 alcanzaron la cifra récord de más de 5.000 millones de euros. Si un gobierno responsable debe preocuparse por el progreso y bienestar de todas sus partes, aún más debe hacerlo con respecto a las que le resultan claramente impulsoras del crecimiento económico y del progreso social. En segundo lugar, y si cabe más importante aún que la razón de tipo económico, porque —como se ha visto a lo largo de este libro—, de romperse la definición de España como una Europa en miniatura, como un mosaico de diversidad cultural, lingüística e identitaria, la ruptura supondría inevitablemente la vulgarización y el empobrecimiento hasta la irrelevancia del conjunto.

Acreditada, pues, la urgencia y necesidad del impulso reformista, hay otro aspecto no menos espinoso e igualmente sustantivo que debe poder abordarse, serenamente, en el futuro inmediato. Y no es otro que el derecho de los catalanes a poder votar. Concretadas las iniciativas de reforma, los catalanes deben poder votar libremente su adhesión o rechazo a estas. Sin este reconocimiento explícito del derecho a votar —que conlleva el reconocimiento de Cataluña como nacionalidad— y, en consecuencia, sin la aceptación del derecho de los catalanes a decidir si participan o no de este nuevo momento constituyente, me temo que el conflicto catalán seguirá enquistado por mucho tiempo. Puede parecer un reto imposible, inaceptable o incluso ingenuo, pero ¿acaso no fue más difícil encauzar una transición de la dictadura a la democracia? ¿No debió de resultar más difícil, e incluso moralmente más violento, compartir mesa de diálogo con negociadores con las manos manchadas de sangre a ambos lados que hacerlo, como ahora, con opositores políticos simplemente discrepantes en su concepción sobre la soberanía o la idea de Estado? Si, aun así, en los años setenta pudo conseguirse el acuerdo, ¿dónde está escrito que no pueda perseguirse ahora, aún más cuando las dos partes dicen estar inquebrantablemente adheridas a los valores democráticos y convivenciales?

España debe lanzarse a vivir un nuevo momento fundacional. Los catalanes deben poder votar su disposición a participar en él y, de aceptarlo, deben implicarse en el proyecto español, dejando atrás, por fin, los viejos complejos pujolistas. Y si, como ha señalado con honestidad Antón Costas en El final del desconcierto (Península, 2017) —nada sospechoso de independentista, pero sí de radical demócrata, el proyecto reformista es, a pesar de todo, rechazado por los catalanes, el principio democrático de la Constitución de 1978 obligará a los poderes públicos a buscar vías legales para poder dar satisfacción a tal demanda. No queda otra.

Conseguir que España sea de nuevo una empresa atractiva para la mayoría de la ciudadanía pasa por revisar la organización y el reparto del poder político. Cómo y dónde se encarna el poder del Estado e, igual de importante, qué papel reserva el Gobierno a Barcelona, que, junto con Madrid, es una ciudad llamada a poder brillar con luz propia entre las principales urbes del planeta. Participar de nuevo en el proyecto de España debe ser compatible con el reconocimiento de Cataluña como nación —con la consecuente renovación de la corresponsabilidad catalana para con el Gobierno y las instituciones de España— y con una profunda revisión de la carta de derechos y obligaciones ciudadanas (el pacto fiscal al servicio de la revisión de las desigualdades y la solidaridad, pero también del impulso de la iniciativa económica).

BARCELONA Y MADRID, APUESTAS ESTRATÉGICAS DEL ESTADO

Aunque el debate político tiende a confundirlo, el problema entre Madrid y Barcelona no es que las dos ciudades compitan entre sí o que el crecimiento de la una deba producirse a costa de la otra. El estrés se produce porque las dos ciudades saben que deben competir en un mundo globalizado y que para ganar necesitan del apoyo del Estado. La impresión en amplios sectores de la sociedad catalana es que, desde hace tiempo, las élites políticas, económicas y financieras de Madrid comparten el sueño de hacer de su ciudad una gran metrópoli global y que, en cambio, han dejado Barcelona a su suerte. No le ha ido mal, pero es sabido que cualquier gran ciudad que aspire seriamente a competir en el marco de la globalización necesita de la continua innovación tecnológica, de la capacidad de captar y retener talento, y de un marco institucional, cultural y social seguro y estimulante. Y necesita también del apoyo de su respectivo Estado.

El caso es que, con más de seis millones y medio de habitantes en su área metropolitana, Madrid se abre camino sin ningún tipo de dudas en el grupo de las primeras ciudades de Europa, junto a Londres y París. Con casi cinco millones, Barcelona aspira también a conseguir estar en los primeros puestos. En mi opinión, diseñar un proyecto ambicioso, competitivo y motivador para Madrid, pero también para Barcelona, y que ambos lleven el sello y la complicidad del Estado es condición sine qua non para conseguir retomar el camino de la convergencia y la adhesión a un proyecto español compartido por todos, también por los catalanes. Resuelto el agravio de Barcelona, no tengo ninguna duda de que se habrá dado un paso importante para la resolución del agravio con Cataluña. Cronificado el malestar, la ciudad se verá abocada a la decadencia y a quedar en manos de gobiernos municipales populistas e izquierdistas, poco preocupados por la generación de riqueza y mucho por su reparto, o igualmente nocivo, a un liderazgo provinciano y crónicamente victimista, que dejará el campo abierto a que arraigue la indignación, el agravio y el desapego.

Que aún en 2018 la conexión ferroviaria entre Barcelona y Valencia, la segunda y tercera ciudades de España, respectivamente, continúe teniendo un tramo de treinta kilómetros en vía única no parece razonable. Como no parece justificable tampoco que después del descomunal esfuerzo presupuestario que ha hecho España en materia ferroviaria a través de la extensión de la red de AVE, el Gobierno no haya sido capaz de dar prioridad a la culminación del Corredor Mediterráneo o a la modernización de las cercanías en el área de Barcelona. Estos planes de inversiones en materia de infraestructuras que han antepuesto los objetivos políticos vinculados a la cohesión o al equilibrio territorial deben ser corregidos y superados por otros que tengan en cuenta la competitividad económica y la realidad preexistente de los mercados.

De mi etapa como conseller de Cultura, recuerdo que elaboramos análisis comparados del apoyo presupuestario del Estado al Teatro Real con respecto al Liceo, o del Museo del Prado con respecto al MNAC, o del Reina Sofía con respecto al MACBA. Más allá de que en casi todos los casos la proporción —o mejor habría que decir la desproporción— era de tres a uno, lo importante es señalar que si realmente estamos todos decididos a evitar la provincianización de Barcelona o, dicho en positivo, si estamos todos realmente comprometidos a impulsar Madrid y Barcelona como verdaderas ciudades globales, es urgente abandonar la vieja lógica de los presupuestos discriminadores a favor de la capitalidad política y administrativa y favorecer entornos sociales y culturales ricos en aquellas ciudades más predispuestas a responder rápida y positivamente a tales estímulos.

En materia patrimonial, reconocida la plurinacionalidad del Estado, la Biblioteca o el Archivo Nacional de Cataluña y sus respectivos sistemas de extensión territorial deberían contar con el apoyo decidido de las autoridades del Estado, mostrándose así igual de comprometidas con la protección y conservación de la tradición lingüística, literaria y memorial catalana que con la castellana.

Sentir la herencia de la tradición catalana como propia es urgente en España. Como lo es comprometerse de nuevo con hacer de Barcelona una capital cultural de primera, atractiva y competitiva. Recuérdese, en ese sentido, que —como escribió hace unos años Andreu Mas-Colell en un brillante artículo sobre estrategias para la retención y captación de talento— Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, decidió vivir con su esposa en Nueva York y no en Boston simplemente porque la temporada de ópera era mejor en Manhattan y porque Nueva York era el centro mundial del arte.

Así como Madrid ha definido progresivamente su rol como ciudad abierta, financiera y de negocios, verdadera capital continental y de referencia para Latinoamérica, Barcelona debe mantener y reavivar su vocación de ciudad liberal, comercial y de servicios, capital euromediterránea, creativa, universitaria e innovadora en lo cultural, social y tecnológico. Fiel a su tradición industrial, el estímulo de la actividad vinculada a la automoción y la agroalimentaria, la química y el sector editorial deben seguir siendo apuestas estratégicas. Ciudades abiertas y cosmopolitas, Madrid y Barcelona deben reafirmar sin complejos su apuesta por el turismo y el ocio, fuente inagotable de riqueza material y espiritual.

Dejar Barcelona a su suerte conlleva el riesgo de castigar severamente su competitividad a escala global y, en consecuencia, gripar uno de los motores tractores más importantes para el progreso de todos. Además, como se ha visto durante estos últimos años, unas élites intelectuales, empresariales y financieras catalanas desairadas y con un objetivo sentimiento de agravio pueden llegar a la conclusión de que el único camino para preservar sus intereses y sus ambiciones legítimas es contemporizar con el independentismo o incluso apoyarlo económicamente. Por su parte, unas clases medias y populares a quienes la globalización ha situado a corto plazo como perdedores, que viven los procesos de liberalización como una amenaza a su estatus, pueden sentir también la tentación de buscar refugio en lo identitario y abandonar la senda de la convergencia e integración mundiales.

EL ESTADO ESPAÑOL, COSA DE TODOS

En 1986, el diario ABC reconocía a Jordi Pujol i Soley como «español del año». Líder nacionalista por excelencia, Pujol encarnaba también en la España de los años ochenta al hombre capaz de derrotar incansablemente a los socialistas y de representar a la perfección el catalanismo político heredero de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó y de Enric Prat de la Riba, para quienes la nación era Cataluña, y el Estado, España.

Colaboraciones y complicidades personales y políticas al margen, lo cierto es que durante los veintitrés años de gobiernos pujolistas en Cataluña, la relación del catalanismo político, primero con el PSOE de Felipe González y, a partir de 1996, con el PP de José María Aznar, fue siempre interesada, la propia en Europa de un partido bisagra, con agenda vocacionalmente territorial, aunque comprometido responsablemente con la gobernabilidad del conjunto del Estado. Una corresponsabilidad que tuvo siempre en la posibilidad de incorporarse al Gobierno de España su propia línea roja, su tabú inquebrantable.

Mirado en perspectiva, seguramente en la construcción cultural de esta relación bilateral entre los dos gobiernos, el autonómico y el de España, encontramos la base del éxito del catalanismo político de Pujol, pero también su talón de Aquiles. Su reiterada negativa a asumir carteras ministeriales en gobiernos conservadores o socialistas le permitió erigirse como el líder puro e indiscutible de la nación catalana en Cataluña y ante el mundo. Pero comportó también el progresivo deterioro de su imagen pública en el conjunto de España, progresivamente identificada con el chantajismo oportunista, y peor aún, supuso la pérdida de poder efectivo y real para liderar en primera persona las políticas para Cataluña y para el conjunto de los españoles. Comportándose como una verdadera minoría nacional, con su exclusión espontánea o forzosa de las responsabilidades políticas importantes, el catalanismo político condenó nuevamente a los catalanes más ambiciosos y emprendedores a dedicarse al mundo privado de los negocios, si es que querían satisfacer su ambición y autorrealización personales. Conseguirlo como servidores públicos, en cambio, les resultaba de este modo inalcanzable, más allá de la posibilidad que brindaba la participación en el entramado de la autonomía, por definición insuficiente y limitado.

Así las cosas, en el subconsciente de miles de catalanes, negada la posibilidad de participar de la gobernabilidad de España, tan solo quedaba la opción de dedicarse a ganar dinero, hacer carrera académica o, si se sentía realmente el fuego de la vocación política, cultivar tenazmente la aspiración de conseguir para Cataluña un Estado propio. Este último sentimiento está en la base de buena parte de los cachorros de las juventudes nacionalistas de Cataluña, adiestrados en la cosmovisión pujoliana en los ochenta y noventa, hoy gerifaltes cuarentones del sistema autonómico y protagonistas máximos del envite de la última legislatura.

El comportamiento de Jordi Pujol con respecto a la gobernabilidad de España no tenía nada de excéntrico ni de innovador. Al contrario, se inscribía perfectamente en la tradición del catalanismo político moderno y contemporáneo, para el que la participación en el poder público español fue siempre un plato prohibido, amargo o envenenado. Como señaló Jordi Nadal en Sabadell, en una conferencia pronunciada a propósito del 450 aniversario del Gremio de Fabricantes, el 20 de mayo de 2009, y recientemente rememorada por Antón Costas desde las páginas de La Vanguardia, la propensión al trabajo de los catalanes no es congénita, sino fruto de los desengaños y frustraciones de nuestra historia política. Cansados de malgastar energía en la reivindicación colectiva, los catalanes habrían optado finalmente por buscar el éxito en el trabajo y los propios negocios.

Habiendo tropezado ahora los catalanes de nuevo con la misma piedra que en 1934, que en 1714, o incluso que en los tiempos de la guerra de los Segadores, ¿deberíamos volver a nuestro tradicional retraimiento político y orientar nuestro talento y capacidades de nuevo tan solo a ganar dinero? ¿Deberíamos dedicarnos a gestionar con disimulo y discretamente la derrota infligida con la aplicación del 155? No era esta la respuesta que sugirió Jordi Nadal en su conferencia ante los empresarios industriales, pues en una democracia liberal madura y sana, a lo largo de una larga vida ciudadana, las ambiciones materiales privadas y las políticas no deberían ser en ningún caso excluyentes ni contradictorias, sino todo lo contrario, compatibles y complementarias. El malogrado Ernest Lluch lo predicaba a propósito de su máxima jansenista preferida: hacer virtudes públicas de los vicios privados. Así pues, o ministros en Barcelona o ministros en Madrid, ese debería ser el reto del catalanismo que ha de venir.

Aceptando, pues, con José María Jover, Gabriel Magalhães y tantos otros que España bien puede ser leída como nación de naciones, que es mucho y bueno lo heredado, pero también que son muchas las perversiones y degeneraciones a corregir, una vez serenados los ánimos en Cataluña y en el conjunto de España, será el momento de emprender y concretar por fin las reformas de calado y formales necesarias que permitan retomar el camino del progreso para todos. Así se lo planteamos muchos políticos y empresarios catalanistas al gobierno de Madrid durante todo 2016 y como mínimo hasta la primavera de 2017, cuando constatamos, con frustración y desasosiego, que «la operación diálogo con Cataluña» anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría había sido un fraude y que también el Gobierno central prefería la colisión segura antes que el riesgo de una negociación llena de dificultades.

Más allá de los contactos que el presidente Puigdemont pudiera haber hecho directa o indirectamente a través de terceros sin que yo tuviera constancia de ellos, mi último viaje, discreto pero prospectivo, para conversar con un miembro del Gobierno central tuvo lugar en marzo de 2017. Entonces, como hoy, nuestra propuesta fue clara: los catalanes debían poder votar. Otra cosa era la discusión sobre qué contenidos podrían someterse a votación, que no necesariamente debían formularse en términos binarios, maniqueos y frentistas. Así, antes de plantear la convocatoria de un referéndum acordado sobre la independencia (último e inevitable recurso democrático si finalmente todo fracasaba), podía someterse a la consideración del pueblo de Cataluña el grado de cumplimiento de las reformas acordadas previamente con el Estado: esto es, la reforma o pacto sobre cómo interpretar la Constitución; la reforma del Senado y su conversión en verdadera cámara de representación territorial; la garantía de respeto al modelo educativo y lingüístico catalán; la reforma del sistema de financiación autonómico y la resolución de agravios e incumplimientos en materia de inversiones en infraestructuras. Acordados los términos de las reformas a emprender, dándoles un plazo razonable para su implementación, que en la propuesta concretamos en un lustro, la ciudadanía de Cataluña debía ser convocada para evaluar su grado de cumplimiento. En caso afirmativo, tema resuelto. En caso negativo, vuelta a la casilla de salida. «Si España no sabe aprovechar esta enésima oportunidad que se le brinda, es que se merece que Cataluña se marche», reproché a mi última y enésima interlocutora. Como en tantas otras ocasiones, la propuesta no tuvo respuesta formal, más allá de la amable consideración de que «es interesante, aunque ahora no se dan las condiciones de confianza necesarias para intentarlo». Recuerdo que aquel día, a mi llegada a Barcelona, analicé mi reunión inmediatamente con el presidente Puigdemont y con Artur Mas. «No hay nada que hacer, Santi. Estos de Madrid no cambian», fue la conclusión de Mas. Confieso que, a día de hoy, ningún hecho ha desmentido su escepticismo.

En honor a la verdad, hay que precisar finalmente que el origen de la propuesta expuesta en marzo no había sido gubernamental. Aunque autorizado a explorar su recorrido, su gestación correspondió a la inquietud y al compromiso de diversos próceres exconvergentes, con el ya fallecido Joaquim Molins a la cabeza, todos profundamente preocupados por la deriva de los acontecimientos y del todo decididos a generar propuestas positivas, aún a riesgo de ser tildados de ingenuos, entrometidos o incluso de traidores. En todo caso, de nuevo, el inmovilismo de Rajoy permitió a los unilateralistas de Barcelona mantenerse en su posición de confort y evitar tener que pronunciarse sobre ningún tipo de propuesta reformista. Como decían con sorna en el gabinete del presidente Puigdemont, por muy mal que lo haga el independentismo, ¡el Gobierno central nunca nos falla!

No quiero acabar este capítulo propositivo sin una mínima referencia a la tan reclamada reforma fiscal. Recuérdese, en este sentido, que todo empezó con la negativa del presidente Rajoy a negociar un nuevo pacto fiscal para Cataluña en septiembre de 2012, así como con el despliegue del conocido como «pacto de estabilidad», destinado a la reducción del déficit y la deuda que, a efectos prácticos, ha supuesto un instrumento eficaz de intervención sobre el autogobierno catalán, tanto o más que el propio 155.

Téngase en cuenta, además, que aunque la crisis política catalana no tiene que ver únicamente con el agravio fiscal, como sostienen algunos, esta es necesariamente la piedra angular sobre la que descansa el argumentario independentista, en la medida en que una infrafinanciación del sistema acredita de una forma objetiva las limitaciones de la Administración a la hora de garantizar la protección social de los ciudadanos, e igual o más importante, a la hora de poder acompañar y estimular la competitividad de la economía.

En sus análisis, todos los expertos han coincidido en destacar que, con independencia del criterio de reparto, el sistema de financiación autonómico, para ser sostenible, reclama más dinero. Si no queremos recortar una generosa cartera de servicios y derechos en materia sanitaria, educativa y social, actualmente equiparable a las democracias sociales más avanzadas del mundo, debemos comprometer una mejor y mayor financiación. Como no parece probable que los mayores recursos para las autonomías provengan de un ajuste de los recursos destinados a la Administración central, a corto plazo va a ser ineludible gastar mejor e ingresar más. Incorporar exigentes instrumentos de evaluación de la rentabilidad social del gasto público que pongan fin a tanto gasto discrecional y, en definitiva, arbitrario; revisar el recorrido de posibles fórmulas de copago y corresponsabilidad, al menos con perspectiva comparada respecto a países similares de nuestro entorno; fortalecer la lucha contra el fraude fiscal, así como ordenar y revisar a fondo todos los beneficios y exenciones fiscales acumulados en España son algunas de las medidas urgentes que hay que adoptar si se quiere evitar el colapso y el regreso del déficit y del incremento de la deuda. En clave territorial, es imprescindible garantizar la unidad de derechos en el acceso a las prestaciones básicas para el conjunto de la ciudadanía y dejar margen a la creación de nuevos servicios tan solo a aquellas comunidades que se los puedan pagar. Una mayor participación en la recaudación del IVA y de los impuestos especiales, así como en el tramo autonómico del IRPF, son caminos que explorar.

Finalmente, en el caso estrictamente catalán, en los últimos años, la aspiración de mayor autogobierno en materia fiscal y económica ha comportado básicamente tres reivindicaciones, aún hoy plenamente vigentes: que la Generalitat pueda asumir la responsabilidad plena sobre la recaudación tributaria en Cataluña; que se afronte urgentemente la reducción del déficit fiscal y que se desencallen las inversiones en materia de infraestructuras acordadas en el Estatuto de 2006, a través de su disposición adicional tercera. En 2009, la diferencia entre los ingresos de la Administración central en Cataluña y los gastos del Estado en territorio catalán fue de más de 11.261 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto autonómico de educación, salud y asuntos sociales. La disposición de la norma estatutaria solo se aplicó en su primer año de vigencia, en 2007.

Más allá de la frialdad de los datos objetivos, en el terreno de las percepciones y valoraciones políticas subjetivas, seguramente uno de los motivos de mayor fricción entre Cataluña y el Gobierno central, ya sea popular o socialista, tiene que ver con el modelo de sociedad que inspira el modelo fiscal o los consecutivos proyectos de presupuestos del Estado. Así, para el catalanismo político hasta hace poco mayoritario, la libertad de empresa y el compromiso con la creación de riqueza deben ser una prioridad estratégica, mucho más transcendente que la simple ampliación acumulativa de la cartera de prestaciones sociales. Porque tan solo con una economía competitiva y con índices de crecimiento sostenidos en el tiempo, el modelo de protección y de promoción social vigentes serán sostenibles a medio plazo. En general, no ha sido este el criterio inspirador de la acción de los distintos gobiernos centrales a la hora de diseñar presupuestos, que han dado siempre prioridad a los criterios de cohesión y equilibrio territorial (en definitiva, criterios políticos) por encima de las razones estrictamente económicas. Para muestra, la ambiciosa extensión de la red ferroviaria de alta velocidad, decidida a conectar todas las capitales provinciales, al margen de su número de habitantes o de su actividad económica, discriminando inevitablemente para ello inversiones en infraestructuras reclamadas por el empresariado, como son el eje mediterráneo, la mejora de los accesos viarios y ferroviarios a las instalaciones portuarias o la modernización del servicio de cercanías en el área metropolitana de Barcelona. También distante ha sido el modelo en relación con la prestación de servicios públicos o la gestión de infraestructuras, mucho más liberal y confiado en la iniciativa privada, empresarial o social en las filas catalanistas que en los despachos ministeriales, confortablemente instalados en modelos centralizados y estatales, que solo a regañadientes han afrontado tímidos procesos de externalización o privatización. Esta discrepancia de fondo explica los encontronazos recurrentes entre la Generalitat y el Gobierno central a la hora de gestionar el puerto de Barcelona o los aeropuertos de Barcelona, Reus y Girona, por citar tan solo algunos de los ejemplos más relevantes.

UN MODERADO EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN

A mediados del siglo XVII, la pintura holandesa experimenta un giro temático copernicano. Cansados de representar grandes personajes históricos, mitológicos o religiosos, los pintores vuelven su mirada hacia temas de la vida cotidiana: una madre despiojando a sus hijos, unos amigos riendo y jugando a cartas, una mujer pelando una manzana. Parece como si, cansados de las evocaciones ejemplarizantes e idealizadas, una nueva sensibilidad buscara abrirse camino entre lo real, lo más prosaico.

Históricamente, los catalanes, como los holandeses, hemos sido un pueblo pragmático y meritocrático poco dado a las ensoñaciones y menos aún a los delirios maximalistas. En la creación del imaginario colectivo catalán —que, como todas las construcciones culturales de identidades siempre busca o inventa su contrario para poder diferenciarse aún más y mejor del otro—, la reivindicación de este espíritu fenicio, comercial y muy apegado al valor de lo cotidiano (la casita y el huerto soñados por Francesc Macià) justamente se ha contrapuesto al carácter idealista, de rancio abolengo y soñador propio de lo castellano. Cierto es que las generalizaciones son siempre odiosas y que, como señaló Eduardo Mendoza en su recepción del premio Cervantes en 2016, ni siquiera es seguro que el propio don Quijote estuviera loco; quizá simplemente lo aparentaba para poder hacer lo que le viniera en gana. En todo caso, lo que resulta a todas luces paradójico es que, en Cataluña, justo cuando más se ha querido resaltar lo que nos separaba del resto de los españoles, es precisamente cuando más nos hemos parecido a ellos, o al tópico difundido sobre ellos.

Abandonando cualquier atisbo de pragmatismo político, la reivindicación y movilización ciudadanas en Cataluña se han situado insólitamente en el terreno maximalista, en el campo del todo o nada, de la consecución de la independencia o de la asunción de la derrota y la inexorable asimilación, despreciando sin rubor cualquier término medio, el más mínimo esfuerzo por el compromiso y la transacción. En su justificación podríamos acreditar sin dificultades ni demasiado esfuerzo el inmovilismo de Rajoy, la incapacidad de su gobierno de liberarse de una visión administrativista y antipolítica del «problema catalán», etcétera, etcétera. Tan cierto como que, a partir de septiembre de 2012, exhaustos de seguir por el camino del seny, optamos por el de la rauxa, ¡como si este hubiera de resultarnos más fácil o favorable!

El resultado de esta política está a la vista, y no es necesario que nos recreemos nuevamente en las heridas que provocó. Procurando mirar hacia adelante, son muchos los que, en Cataluña, aun a riesgo de ser considerados tibios, mestizos o directamente traidores, han procurado contribuir con su testimonio, con sus artículos en los periódicos, con sus libros y sus conferencias a recomponer las luces de guía para emprender de nuevo el despegue hacia el progreso y la convivencia. Así, el 28 de noviembre de 2017, en plena precampaña electoral, Fèlix Riera imaginó desde las páginas de La Vanguardia el día en que por fin en Cataluña ya no todos hablaran siempre de lo mismo, en que lo normal volviera a ser protagonista. Suspiró, en definitiva, por el retorno a «una jornada normal, diríamos incluso tediosa, nada original. Una jornada de pequeñas cosas, pequeños detalles. Una vida de superaciones personales, de ambiciones posibles. Una vida de sobresaltos cotidianos para ver crecer las cosas sin que nos desborden». Para Riera, «las grandes gestas históricas nos parecen poca cosa al lado de las pequeñas historias que nos estamos perdiendo. En las elecciones convocadas también se vota por el retorno a las motivaciones íntimas».

Los indicios de una ciudadanía e incluso de unos partidos políticos cansados de tensiones y enfrentamientos están por doquier. Enric Ucelay-Da Cal ha escrito sobre un conocido suyo que siempre que le ve, le para y le reclama ¡que todo se acabe! Asegura que le es indiferente cómo. Pero que se acabe. No lo puede aguantar más. «Necesitamos una legislatura larga, conseller, necesitamos dejar atrás tanto sufrimiento estéril. ¡Ojalá los del exilio sean conscientes de ello!», suspiró entre corrillos un importante directivo del Departamento de Empresa y Conocimiento, del que fui su último titular, el día del funeral del conseller Antoni Subirà, en la abarrotada parroquia de San Cristóbal, en Premià de Mar. «Usted es político, ¿no? Pues solo les pedimos una cosa: déjennos ustedes ganarnos la vida en paz», me espetó el empleado de una cafetería de barrio, en el corazón del Eixample. Como ha visto Mendoza, hemos llegado a un punto en el que «ambas partes desearían poner fin a una tensión que ya no beneficia a nadie, que desgasta a sus protagonistas, desacredita al conjunto del país y causa unas pérdidas económicas reales, visibles y muy difíciles de corregir a corto plazo». Abandono de la bronca, reconciliación, retorno a las motivaciones íntimas.

Sí, porque banderas para arriba y banderas para abajo, bien pudiera habernos pasado que durante estos últimos años reivindicando el derecho a la vida nos hubiéramos olvidado de vivir; que exigiendo libertades colectivas, hubiéramos acabado lesionando las individuales; que soñando como don Quijote o Tirant lo Blanc con escribir nuevas y grandes páginas de la historia, los unos se hubieran olvidado del valor de ver crecer a sus hijos, y los otros, del de envejecer junto a los suyos. Triste, muy triste, y lo que es peor... del todo inútil, innecesario y desconcertante en una sociedad madura y avanzada como la nuestra. Porque al final se trata de vivir en paz y en libertad. Y todos deberíamos comprometernos con hacerlo posible.

Mirado así, el año 2018 tiene un aspecto resacoso, enfermizo. Meses de conflicto y tensiones proyectan aún sobre nuestros días sombras alargadas y días lúgubres. Ante ellos solo podemos confiar y, como sugirió en su momento Gaziel, «dejar obrar a la naturaleza». Porque más allá de escuelas y doctrinarismos convencidos de ser, ellos sí, los poseedores de la solución al problema catalán, las sociedades catalana y española hallarán naturalmente la manera de restablecer las libertades para todos y el autogobierno y, lo más importante, de restaurar las complicidades ciudadanas. Porque, efectivamente, «la vida nunca falla. Solo se necesita, en ciertos casos, que se le dé la mano para que ella misma pueda reincorporarse».

Y EN LO PERSONAL, ¿AHORA QUÉ?

Conocedor, como Churchill, de que la historia nos juzgará a todos y de que, en consecuencia, es importante formar parte de los que la escriben, he dedicado las primeras semanas desde que abandoné el Gobierno de la Generalitat a escribir este libro, que confío en que sea terapéutico, reparador y justificativo para mí, y útil para la interpretación de lo ocurrido y lo que ha de venir en los próximos años para el conjunto de la ciudadanía. Me gustaría que el lector no hubiera encontrado en él rencor ni ajuste de cuentas alguno, ni con los míos ni con mis adversarios. Mi propósito ha sido única y exclusivamente aportar un testimonio sincero, verídico y honesto que pueda resultar provechoso y estimulante para la conciencia crítica de la ciudadanía, única garantía efectiva para poder disfrutar de una democracia madura y responsable en tiempos de la posverdad y de una eficaz manipulación informativa.

Abrasado por la crítica más fanatizada, e incomprendido por muchos antiguos compañeros de militancia política, he dado necesariamente un paso a un lado, tan molido a palos como don Quijote después de tropezarse con un grupo de comerciantes al final de su primer viaje; y no menos dolorido que Tirant lo Blanc después de guerrear infatigable a favor de sus convicciones y contra los turcos. Como el Cándido de Voltaire, todo parece conducirme al retiro, que comporta el cultivo de mi huerto, arropado por mi gente, mis libros y mis modestas, aunque para mí motivadoras, inquietudes y curiosidades intelectuales. Devoto de Jaime Gil, tal vez no me quede otra que seguir sus propios pasos, descritos en su «De vita beata»:

En un viejo país ineficiente,

algo así como España entre dos guerras

civiles, en un pueblo junto al mar,

poseer una casa y poca hacienda

y memoria ninguna. No leer,

no sufrir, no escribir, no pagar cuentas,

y vivir como un noble arruinado

entre las ruinas de mi inteligencia.

Claro que, leído y releído el poema, contrastado con la realidad actual de Barcelona, de Cataluña y de sus gentes, caer en el pesimismo de la España gris de los cincuenta sería una insensatez. ¡Ni los malos gobiernos pueden ya comprometer seriamente una sociedad moderna y abierta, competitiva y fraterna como la nuestra, y menos aún deprimir nuestro estado de ánimo!

Así las cosas, aún con el pasaporte retirado y debiendo personarme quincenalmente en los juzgados para acreditar que no tengo tentación alguna de eludir mis responsabilidades políticas pasadas, después de las vacaciones navideñas me he reincorporado a la actividad profesional en el ámbito privado, pendiente de juicio ante el Tribunal Supremo y atento al devenir de los acontecimientos. Políticamente hablando, a pesar de lo vivido, me resisto a dar por definitiva, y menos aún por buena, «la caída del imperio del centro en Cataluña», según ha descrito Carles Castro. Sigo convencido, como tanta y tanta gente hoy sin voz que la represente, que el centro es una actitud, de empatía y moderación, no una adscripción ideológica ni partidista concreta, y que, en consecuencia, es en su seno y no en los grandes proyectos maximalistas donde residen los intereses realmente vinculados a lo humano, que son los únicos capaces de acercarnos mínimamente a la felicidad terrena.

Mientras tanto, he emprendido una vida buena, como gerente en una empresa centenaria, solvente y socialmente responsable, junto al lago de Banyoles, en la arcádica provincia de Girona. He retomado mis clases como profesor de Historia en la universidad, en Barcelona, y como los perros heridos después de una intensa cacería, me recupero, entre los míos, en paz, lejos de la cansina notoriedad que imponían mis antiguas responsabilidades. A veces, por la noche, en casa, mi mirada se pierde y se deja atrapar por la nostalgia del que un día fue guerrero. ¡Quién, habiendo pilotado un reactor, gobernado un país o una ciudad, dirigido una gran empresa o un negocio exclusivo, no echa de menos la descarga acelerada de adrenalina que exige la toma continua de decisiones arriesgadas! Entonces aparece Javier y me recuerda que el plato está en la mesa y que Netflix cuenta ya con una nueva temporada de The Crown en su catálogo. Que mañana es sábado y podremos ir al mercado, a comprar flores, frutas y pescado, porque vienen nuestros amigos a comer a casa, los de verdad, los que en su día me ayudaron a pagar la fianza y salir de la cárcel. ¡Y ahora sí que pueden contar conmigo! Amén.

NOTA

[1]. Albert Camus, Calígula, Alianza, Madrid, 2013.