El dinero es una puta que nunca duerme.
Y es celosa. Si no le prestas atención,
al despertar quizá te haya abandonado para siempre.

GORDON GEKKO

Sitting on a million, sitting on it everyday
Can’t make no money giving your stuff away
Why don’t you do now, like the millionaires do
Put your stuff on the market and make a million too.

HUGH LAURIE, “The weed smoker’s dream”

Prefacio

Si las historias que aquí se cuentan no tuvieran un final trágico, hasta podría decirse que se basan en una ficción. Hay muertos, varios miles pierden el trabajo con todo y los fondos para su jubilación, llega el empobrecimiento de muchas familias con crisis de las que suelen traer consigo cambios drásticos de vida aunado a la incertidumbre, angustia, divorcios, depresión y otras enfermedades. Curiosas coincidencias que harán pensar a algunos que el cine es mejor que la vida, parafraseando a un viejo crítico, pero también es inevitable suponer que muchas veces éste se queda corto en realidades como las del capitalismo en sus versiones salvaje o de amigotes.

Aun así, algunos fragmentos de estas historias parecen si no extraídos, al menos sí inspirados en la muy conocida Wall Street (1987), película de Oliver Stone donde aparece el emblemático personaje del especulador financiero Gordon Gekko, cuyos principios difundieron internacional y masivamente ideas del tipo “la codicia es buena” o lecturas estratégicas de Sun Tzu y El arte de la guerra. Con muestras sobre la importancia de perseverar como de contar con las adecuadas redes de relaciones para hacer buenos negocios, descripciones irónicas sobre mexicanos que “lo compran todo”, en una escena donde se desmantela una aerolínea pero que bien puede recordar otras adquisiciones de chatarra contaminante como los autobuses de dos pisos comprados a Gran Bretaña para el metrobús de la Ciudad de México durante el (des)gobierno de Miguel Mancera, por ejemplo,¹ lecciones morales tipo El lobo de Wall Street como que “el asunto con el dinero es que te obliga a hacer cosas que no quieres hacer”, y hasta breves pero ilustrativas enseñanzas sobre capitalismo contemporáneo y dinero: no sólo “crea algo en lugar de vender y comprar lo de otros”, sino que esto “no se trata de que sea suficiente. Es un juego. Alguien gana, alguien pierde. El dinero mismo no se hace o se pierde. Simplemente se transfiere de una percepción a otra… como magia”. Hacer la ilusión real, es capitalismo en su máxima expresión. Aunque es discutible si de verdad es o no su máxima expresión, o si en realidad ésta radica en el poder de salirse con la suya después de haber vendido ilusiones, engaños o timos.

A diferencia de esa tradición cinematográfica donde se hace justicia y los responsables pagan por sus delitos, en el capitalismo de amigotes, o al menos en su versión mexicana, la impunidad casi siempre está garantizada y sus protagonistas a salvo de cualquier mandamiento o proceso judicial. El libro trata sobre esto y su origen se remonta a cuando desarrollaba una investigación sobre narcotráfico llamada La maña, publicada en esta misma casa editorial, al ver cómo ciertos delitos económicos tendían a pasar desapercibidos en la opinión pública pese a su gravedad. La relectura de sociólogos como Edwin Sutherland, la escasez de investigaciones al respecto, algunos documentales, películas, más el desfile, personalidad y tipo de millonarios, herederos de grandes fortunas y excéntricos aristócratas que aparecen en las divertidas memorias de un guitarrista de rock tituladas Life, terminaron por despertar el interés sobre el poder del dinero y algunas de las formas que ha cobrado bajo este capitalismo de amigotes. Por ejemplo, la mentalidad que trae consigo con todo y su hedonismo desenfrenado que se alterna con largas jornadas de trabajo, o esa religiosidad que puede ser únicamente imagen pública que proporciona diversos beneficios. También el funcionamiento del aparato penal al respecto, o las destrezas y encantos personales de algunos genios de los negocios —varios con visiones distorsionadas y mentes siniestras, pero todos habilísimos— para acercarse, envolver y obtener el favor de una clase política que cae seducida por estos cortejos y es engatusada, o adquiere diversos beneficios y forma parte de tramas de corrupción a niveles que pueden alcanzar lo presidencial, donde tampoco faltan detalles reveladores sobre este tipo de amistad. Fenómeno que lo mismo aparece en México con el enredo Odebrecht que alcanza a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que en lugares como Rusia, donde las habilidades de publirrelacionista y desparpajo de un inversor español, entre otras cosas dueño de la escudería Renault-Lotus de Fórmula 1, lograron que el entonces presidente Vladimir Putin aceptara su invitación para pilotar uno de sus monoplazas. Lo que hizo durante un par de horas a unos 250 kilómetros por hora con un casco que tenía el águila imperial, dando inicio a una amistad que en otro momento se correspondió con la reveladora frase de Putin: “¿Te ayudaría que la gente supiera que somos amigos?”. No hizo falta más y todas las puertas se abrieron “sin hacer ni una sola llamada” (El País Semanal, núm. 2048, 27 de diciembre de 2015).

Dada la complejidad de abordar todo esto, por sugerencia editorial se comenzó a investigar con detalle la quiebra fraudulenta de Mexicana de Aviación, que es un caso típico de cuello blanco. Pero se continuó con el análisis de otros acontecimientos, redes de relaciones y reacomodos entre empresarios de concesiones gubernamentales y una clase política que no hace mucho fue arrollada con poco más de 30 millones de votos. En este sentido, uno de los retos más complejos que ha traído consigo el pasado proceso electoral y sus grandes expectativas de cambio pasa por reconfigurar la muy compleja relación entre poder, negocios, política y dinero, como pudo verse durante la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, sin sustituir únicamente a un grupo por otro. Viejas mañas que en las últimas décadas, sobre todo a partir de los reacomodos impulsados por Carlos Salinas, no han dejado de multiplicarse y producir todo tipo de escándalos, muchos de carácter penal, donde, además de la impunidad, otro rasgo en común es la corrupción y el hecho de ser planeadas y ejecutadas desde posiciones de poder. Por eso es importante aclarar que la corrupción es multifactorial, afecta tanto lo público como lo privado, y puede adquirir un carácter sistémico. Es “el desvío del criterio que debe orientar la conducta de un tomador de decisiones a cambio de una recompensa no prevista en la ley”, y sus niveles en nuestro país “son propios de una sociedad en la que ni gobernantes ni gobernados gustan del imperio de la ley y en los que la justicia puede comprarse” (Casar, 2016).

Estas historias la incluyen, y algunas van más allá pues violan leyes y suelen incurrir en todas las variantes del fraude, que es “lucro indebido producido por el engaño hecho a alguien o el aprovechamiento del error en que se encuentra éste, es decir, un perjuicio patrimonial sufrido por el sujeto pasivo y el enriquecimiento para sí o para otro, valiéndose el sujeto activo del engaño o error del ofendido”. Y sumados a delitos económicos o financieros, producen pérdidas multimillonarias para el Estado al tiempo que muestran diversos fallos en sus regulaciones, la muy limitada aplicación de las leyes con todo y sus componentes de clase, así como la falta de mecanismos eficaces para recuperar el dinero y reparar los daños causados, que no son pocos, dado que las víctimas siempre se contabilizan por cientos o miles. (De ahí que para su combate, entre otras herramientas, sean útiles las ahora conocidas unidades para la investigación y persecución del delito con elementos de distintas dependencias, los centros de fusión de inteligencia, mapas de redes patrimoniales y la creación de una oficina de recuperación y gestión de activos). Además muestran los efectos desastrosos de la opacidad gubernamental, su discrecionalidad, la falta de políticas públicas como de rendición de cuentas, e ilustran sobre esa suerte de continuum casi histórico en torno al tráfico de influencias e información privilegiada, la interdependencia de poderes públicos y privados, sus enmarañadas y abundantes redes de relaciones, las alianzas, compromisos y esa expansión-naturalización de una mentalidad —con sus consabidas prácticas—, según la cual las ganancias deben ser privadas y las pérdidas, públicas. Con el añadido de que por demasiados años dichas historias mayoritariamente han sido relatadas como hechos aislados, y no como resultado de un sistema donde estas posiciones de poder son las que casi siempre garantizan impunidad o sanciones mínimas.

De hecho, aunque forman parte de uno de los ocho mercados criminales identificados por autoridades,² hay diferencias significativas y en muchas ocasiones se conjuntan varios a la vez, pues en este tipo de casos el delito también se realiza desde las llamadas zonas grises del poder, articulándose con formas de hacer negocios y política, campañas electorales, corrupción, evasión fiscal, desvío de fondos públicos, tráfico de información o conflictos de interés donde lo mismo aparecen banqueros, financieros y empresarios que hombres de Iglesia, líderes sindicales, funcionarios públicos de todos niveles, secretarios de Estado, sus familiares o hasta expresidentes. Redes que se entretejen muy densamente y delitos que comenzaron a ser cada vez más notorios —como a escalar en montos y daños— tras la nacionalización y posterior reprivatización de la banca, el desarrollo de un sistema financiero con algunos componentes culturales y muchas menos regulaciones que ahora, más las fallidas desincorporaciones del salinismo y el error de diciembre provocado por funcionarios públicos que tiempo después terminaron contratados por bancos y fondos de inversión pese a las calamidades que causaron, o por sus rescates, como el tan conocido Fobaproa. Sin embargo, pese a la complejidad, organización y hasta sofisticación desarrollada al paso del tiempo para llevar a cabo esta variedad de delitos económico-financieros entremezclados con corrupción público-privada (sin faltar, por supuesto, casos burdos como el de los popularmente llamados goberladrones amantes del Estado de cohecho), es importante hacer notar que aun con esto y otras ventajas que proporciona la globalización para transferir y ocultar las ganancias millonarias en lugares seguros diseminados por el planeta, en realidad —como lo han indicado especialistas— las técnicas ilícitas de movimiento de capitales son similares sin importar de dónde venga el dinero: la mafia, tráficos de armas, drogas y personas, el erario o las empresas privadas.

Claro que el caso mexicano ofrece además particularidades significativas. Entre otras, su uso selectivo de la justicia, lo mismo instrumento de venganza que apoyo de esos que diluyen y minimizan todo tipo de acusaciones o denuncias; los argumentos de distintos involucrados que intentan justificar fraudes y desvío de recursos por ser destinados a financiar campañas políticas; mecanismos y procedimientos similares para reestructurar empresas desincorporadas, pero también bancos, ingenios azucareros, carreteras y otras concesiones gubernamentales que luego terminaron en quiebras, desfalco, fraude, préstamos bancarios incobrables y otros delitos difíciles de probar jurídicamente y sin muchas herramientas efectivas para llevarlo a cabo, además de omisiones graves o los fallos e indagaciones sospechosamente defectuosas de instituciones regulatorias como las del aparato de administración y procuración de justicia; formas poco transparentes en la relación negocios-poder político que en los últimos sexenios terminaron diluyendo la frontera entre ambas actividades, procurando la discrecionalidad, favoritismo y desarrollo de poderes fácticos a través de redes de relaciones, incluidas las de negocios. Una vez naturalizados todos estos procesos y modos de hacer, tanto en la mentalidad como en sus prácticas, el resultado parece un muy eficaz modelo o patrón delictivo desarrollado al amparo del sistema político-económico y sus complejas redes de relaciones. En este sentido es conveniente señalar que estamos ante una práctica estructurada, con redes cada vez más sofisticadas y no muy diferentes de un crimen organizado tradicional. De ahí la importancia de visibilizar esta criminalidad ejercida desde posiciones de poder, que incluye las ganancias privadas, quebrantos públicos que oscilan entre cientos y miles de millones de pesos o de dólares, y lo que la criminología llama macro o extravictimización, donde una misma conducta puede causar daños jurídicos penalmente relevantes a muchas personas, incluso de distintos países. Pero asimismo porque es importante dar cuenta de algunas de las formas como se volvió natural lo que en realidad es un patrón de tipo delictivo, irónicamente visto por la mayoría hasta no hace mucho como conductas triviales o hasta deseables. Como en el mundo del revés.

En esto influye la historia, no en vano el origen de parte del fenómeno se remonta a la Colonia y sus peculiaridades, pero también a la manera como se reprodujeron las genealogías familiares de quienes han controlado este país antes, durante y todavía mucho tiempo después de la Revolución, así como el tan sui generis modo en que se ha ido desarrollando la versión local del capitalismo que también contribuye a expandir esas zonas grises en las que proliferan historias como las de este libro. Sobre todo con la implementación a la mexicana de su fase neoliberal, la cual incluyó una importante recomposición del campo burocrático con la consolidación de los llamados tecnócratas, por ejemplo, y que se trata de un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la ciudadanía desde arriba.³ Y aunque hoy enfrenta un riesgo considerable nada menos que desde la Casa Blanca (si es que aún no ha procedido algún impeachment en contra de su todavía presidente, el empresario populista Donald Trump), o aunque el presidente López Obrador haya decretado su fin, dicho proyecto es conducido por una nueva clase dirigente global compuesta por directores y ejecutivos de empresas transnacionales, políticos de alto rango, administradores estatales y funcionarios de alto nivel de organizaciones internacionales, y por expertos técnicos y culturales a su disposición (entre los que se destacan economistas, abogados y profesionales de la comunicación con formación y pensamiento similares en los diferentes países).

De acuerdo con Wacquant (2009: 430 y ss.), esta caracterización conlleva no sólo la reafirmación de las prerrogativas del capital y la promoción del mercado, sino la articulación de cuatro lógicas institucionales: 1) Desregulación económica destinada a promover “el mercado” o los mecanismos similares al mercado como dispositivo óptimo tanto para guiar las estrategias corporativas y las transacciones económicas como para organizar la gama de actividades humanas con fundamentos putativos de eficiencia; 2) Descentralización, retracción y recomposición del Estado de bienestar keynesiano; 3) El tropo cultural de la responsabilidad individual, que invade todas las esferas de la vida entre otras cosas para la construcción del yo (sobre el modelo del emprendedor), la difusión de los mercados y la legitimación de la mayor competencia que genera, cuyo homólogo es la evasión de la responsabilidad corporativa y la proclamación de la irresponsabilidad del Estado (o una responsabilidad considerablemente reducida en asuntos sociales y económicos); y 4) Un aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo que penetra en las regiones más bajas del espacio social y el físico para contener los desórdenes y la confusión generados por la difusión de la inseguridad social y la profundización de la desigualdad. Lo que genera un Estado que si bien propugna el laissez-faire en los estratos superiores, aligerando así las restricciones al capital y mejorando las oportunidades de vida de los poderosos del capital económico y cultural, no hace nada en los estratos inferiores. En realidad, ante la turbulencia social generada por la desregulación y la imposición de la disciplina del trabajo precario, el nuevo Leviatán se muestra ferozmente intervencionista, autoritario y costoso. Es la instalación de un Estado penal invasivo, expansivo y caro que no es desviación del neoliberalismo sino uno de sus ingredientes; lo que el sociólogo llama también Estado centauro, liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo, que presenta caras radicalmente diferentes en los dos extremos de la jerarquía social: un rostro bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja (ibid.: 437).

Esta parte más que amable con su dejar hacer a ciertos miembros de la comunidad, combinada con todo lo anterior, en nuestro país dio por resultado lo que técnicamente puede considerarse el típico crony capitalism (como lo nombran algunos premios Nobel de Economía) o capitalismo de amigotes, cuates o compinches según su traducción al español. Mezcla de relaciones de élite y conexiones políticas que explota al máximo esas zonas grises del poder donde no todos respetan la ley, aprovechando cada uno de sus huecos para salirse con la suya o practicando el todo se vale dentro de las reglas pero entre menos haya, mejor. Evidente incluso en la persecución y castigo de esa misma criminalidad realizada desde posiciones de poder que la sociología nombró de cuello blanco (mientras que uno de los abogados a cargo del caso de la ya desaparecida Mexicana de Aviación definió como delincuencia legalmente organizada), frente a otros artegios y formas no exentas de ingenio y todo tipo de habilidades para seducir en la interacción cara a cara sin recurrir siquiera a una grosería o hacer que la ambición y codicia de la propia víctima juegue su papel, por ejemplo; aunque en los últimos tiempos ésta también haya cedido paso a un crimen cada vez más violento y rebosante de rencor social. Por eso, y a modo de contrapunto, se incluyó una historia no exenta de este rostro sombrío del Estado y que ilustra acerca de estas similitudes, diferencias, desigualdades, personalidades y la propia transformación delincuencial del país. El peso de eso que desde el siglo XIX se llamó clase, y que sobre todo a partir de los años veinte del siglo pasado, con el experimento de un capitalismo feroz —como el de Chicago—, multiplicó las áreas de oportunidad, ganancias y negocios no sólo carentes de toda ética sino propios de esa zona gris que muchas veces terminan fundiéndose con una variedad de delitos pocas veces perseguidos y todavía en menos ocasiones castigados. Y cuando llega a darse es algo que puede notarse hasta en la cárcel, donde se siguen distinguiendo de distintas maneras del resto de procesados y sentenciados por otros delitos. Uno de los rasgos más llamativos de esta delincuencia es la falta de omertà, o al menos en el caso brasileño de Odebrecht, donde a decir de un investigador del caso entrevistado,⁴ las delaciones no parecían cargar con la angustia de ser descubiertos sino que mostraban desenfado, cinismo y disposición a confesar o cantar e incriminar a sus colegas con tal de pasar el menor tiempo posible en prisión. Tal como han revelado diversas investigaciones, en el caso mexicano el espacio donde mejor se han expresado todos estos conflictos, tensiones, delitos, corrupción, interrelaciones de poder y acuerdos no escritos de impunidad se encuentra sobre todo en el ámbito de las concesiones. De hecho, para algunos entrevistados del campo financiero y de los negocios, concesión gubernamental si no es sinónimo de corrupción sí es algo que siempre implica problemas y no necesariamente deja utilidades.

El caso de la aviación, por ejemplo. Un negocio con muchos factores a considerar —como sus rutas, aeropuertos, las fluctuaciones en el precio del combustible, el tipo de cambio, o lo que se llama un capital de trabajo riesgoso y muy sensible—, donde cualquier coyuntura puede llevarte a una crisis cuya solución puede requerir de excelentes conexiones políticas, pero que en el campo de las inversiones y los grandes negocios muchos lo consideran de estatus. Esta combinación de concesión gubernamental y estatus al paso del tiempo ha producido serios problemas de quiebras, malos manejos y rescates gubernamentales, dejando ver que las viejas relaciones de clase mantienen su vigencia y que para hacer dinero se requiere de dinero, relaciones e información privilegiada. Que es algo en escala, que los negocios se cultivan al igual que las relaciones, por eso coinciden amigos en consejos de administración de empresas, aunque sus lazos también pasan por la universidad y todavía por alianzas clásicas como el matrimonio y otras redes de relaciones. Asimismo, que la preparación académica no necesariamente garantiza un buen negocio, y eso que en muchas de estas historias sus protagonistas cuentan con estudios o posgrados en escuelas estadounidenses de élite y son miembros de segunda o tercera generación de familias de empresarios. Que para banqueros e inversionistas ciertos negocios también obedecen a modas, y que cuando se tienen buenas conexiones políticas es muy fácil terminar acostumbrándose a que el gobierno entre al rescate cada vez que hay problemas, o volverse un dependiente de sus concesiones, favores y contratos. Además de muchos otros recursos, no pocos de ellos totalmente legales como las sociedades offshore o transferencias de la holding a subsidiarias que ayudan a la propia empresa, su estructura financiera y patrimonio para negociar garantías, como en lo fiscal. Y habilidades personales o atributos sobresalientes lo mismo en matemáticas que para negociar, vender y lograr acuerdos, sin faltar personalidades arrolladoras, encantadoras —algunos son grandes anfitriones—, o las carentes de cualquier empatía (que incluso se traduce en empresas que no se preocupan en lo más mínimo por su personal). Pero en casi todas el referente en común —a veces por una, dos o más generaciones— es el de una abundancia tal que sólo permite ver del hoy para adelante sin mirar atrás. Muy distinto de los miembros de una clase política que encontró en la administración pública esa fuente de riqueza personal donde se ha podido robar a placer porque las sanciones han sido prácticamente inexistentes. El único camino, de hecho, que permitía resolver con bastante holgura la vida propia y la de los descendientes. Donde reinan viejas prácticas como la de favor con favor se paga y se presume al amigo poderoso, pero que entró en decadencia al sustituir la formación político-administrativa que escalaba gradualmente el poder por una turba que intentó ocupar todos los espacios, así como al hacer negocios directamente —o a través de prestanombres— organizando grupos de empresarios, reconfigurando otros o beneficiándose vía los porcentajes por comisión o hasta con acciones de empresas; más recientemente, cabildeando o empleándose al servicio del capital transnacional, pues desde su perspectiva hacer negocios al amparo de su poder es bueno y legítimo.

Así las cosas, estos delitos de cuello blanco o criminalidad del poder con todo y su carga de dinero, estatus y rasgos culturales se han naturalizado o incorporado a la mentalidad cobijados bajo esa peculiar combinación de neoliberalismo descrito por Wacquant (2009) y un capitalismo de amigotes impulsado por todo el país desde las alturas del poder político-económico al menos durante los últimos 30 años; aunque no deja de ser curioso que esta naturalización de una mentalidad asimismo pueda ser interpretada en relación con grados de desviación, pues no conviene olvidar que es la sociedad la que da el valor de lo lícito y lo ilícito. Se trata de un sistema con abundantes reglas institucionales no escritas que reflejan un esquema de prebendas donde se debe recuperar la inversión, y que aplica en política, sindicatos (algunos con usos y costumbres tan torcidos como heredar puestos y plazas de trabajo a sus hijas e hijos) o cúpulas empresariales que piden al presidente en turno todo tipo de beneficios y negocios. Aunque no es la única área de oportunidad, las concesiones otorgadas por el Estado son lo más emblemático del fenómeno y las muy densas redes de relaciones entre poderes políticos y económicos son una madeja cada vez más compleja dado que se suman prestanombres, dos o tres habitualmente, empresas que ya no son personas físicas, y cuentas bancarias en lugares como Andorra o Sudáfrica, pero que antes pasaron por sociedades domiciliadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Malasia. Sin faltar por supuesto los más pedestres, quienes no sólo conciben lo mal habido como algo natural sino que esa mezcla de ambición, desconfianza y miedo los lleva a optar por hacerse de propiedades en Texas o Miami en vez de sociedades offshore en las islas Caimán o Vírgenes Británicas, por lo que suelen ser los más rápidamente detectados y a veces a los únicos que atrapan las autoridades (sobre todo las de otros países). De ahí también la importancia de echar luz sobre esta suerte de enredadera en torno a las redes de relaciones entre poderes político-económicos, como en las de algunos consejos de administración de empresas donde va quedando de manifiesto el grado de imbricación alcanzado entre ambos poderes, pero también los reacomodos, tensiones, presión, compromisos políticos, conflictos de interés, o las difusas fronteras entre política y ciertos modos de hacer negocios.

Dado el tipo de hechos descritos y su cercanía, se optó por privilegiar lo periodístico, pues el tema cumple con algunos de sus preceptos, como la defensa del interés público o el documentar y generar marcos de referencia para entender/comprender mejor un fenómeno. El reto fue intentarlo a partir de principios como los que José Martí planteó para el periodismo: hacerlo con verdad, belleza y probidad. Con el fin de hacer más fluida la lectura de estas historias sobre delitos cometidos en un sistema donde las redes de relaciones de negocios y las conexiones político-familiares han estado profundamente imbricadas, se omitieron los S. A. de C. V., y otras siglas que si bien legalmente son fundamentales para establecer en los negocios límites para las personas físicas o delimitar responsabilidades, pueden llegar a ser tediosas para entender algunas de estas tramas delictivas cometidas por personas respetables, mas no respetadas, y donde, aunque a muchos parezca otra forma mucho más sofisticada de delincuencia organizada, esto no ha sido posible probar jurídicamente por diversas razones que más adelante se explicarán. Asimismo, es frecuente que su impacto se diluya ante la propia complejidad de este tipo de fenómeno delictivo, las dificultades para ser narrado, el inmenso poder de los involucrados y denunciados, la diversidad de historias desperdigadas que salvo los cientos o miles de víctimas directas e indirectas casi nadie recuerda gracias a la propia desmemoria social, las dinámicas noticiosas o la duración y lentitud que toman los procesos judiciales en lo general y los de este tipo en particular. Y esto pese a la voluntad que pudiera tener un nuevo gobierno empeñado en fundar lo que llamó cambio de régimen, y el conocimiento que tiene de varios casos el actual presidente. Un reto enorme pues en su conjunto articulan parte importante de un todavía muy poderoso sistema de interdependencias —no exento de contradicciones, incongruencias, irracionalidades y lagunas legales, pero que tampoco es un desarrollo histórico predeterminado—, en el que como irónicamente refería un financiero entrevistado, por dinero y poder no meto al fuego las manos ni por mí.

Sólo me queda agradecer a quienes hicieron posible este libro. En particular a Enrique Calderón, por haber creído en la viabilidad del proyecto, impulsarlo y ayudarme a acotarlo; Joaquín Ortega, por toda la información proporcionada, hospitalidad y cancerbero por los caminos jurídicos de un caso tan complejo como el de Mexicana de Aviación que produjo varios kilos de documentos. Generosidad que por supuesto incluye a su familia, particularmente a María y a la querida Bety Morfín. A todas y todos mis entrevistados por la confianza y por compartir su conocimiento directo sobre negocios, dinero, finanzas, empresarios, políticos y delincuencia, invaluable para intentar evitar los maniqueísmos o caricaturas sobre esta interconexión de poderes, y a Yoss Arias entre otros apoyos por hacer posible que las grabaciones de varias de estas entrevistas quedaran en internet. A Blanca, Jesús y Gabriela por el soporte invaluable, y muy especialmente a Natalia por su comprensión ante todas las dificultades y ausencias que trae consigo el intento por encontrar buenas historias que contar. Y, por supuesto, a Juan Carlos Ortega por la enorme paciencia frente a los retrasos en las entregas, sus recomendaciones y empeño en la edición de este libro, lo mismo que a Andrés Ramírez, Jessica Muñoz, Cynthya Chávez y todo el equipo de Penguin Random House.

1. Los amos del universo

Tengo los pies en la tierra.
Simplemente no en ésta.

KARL LAGERFELD

¿Dónde cabe un millón de dólares? Contra lo que cualquiera con buena imaginación suponga, el espacio físico requerido no es mucho. Si es efectivo, billetes de 20 con la imagen del expresidente Andrew Jackson y en apretadas fajillas con 100 unidades, tal como dicta la norma bancaria, el millón cabe en la típica caja de cartón para huevo.

Es sólo una de las muchas formas empleadas por organizaciones mayoristas de traficantes de drogas para guardar sus ganancias, en una dinámica donde los ríos de dinero en efectivo organizan la economía criminal o ilegal como la informal, ese enorme mercado gris paralelo a la ley que incluso va más allá de ella, y cuyo peso sigue siendo considerable para el conjunto de la actividad económica de diversos países.¹ Son tantos billetes que los contadores aprenden a calcular su valor por el tamaño de los fajos. Un fajo de cierta altura debe contener determinada cantidad o, más práctico aún, pesan los billetes para determinar el valor: tantos kilos hacen un millón. Por eso no son en vano las analogías con metáfora de ciertos corridos musicales donde refieren que “en Sinaloa el dinero se cosecha en kilo”, o afirmaciones como las del periodista Roberto Saviano (2014: 269) al describir este tipo de fortuna: “Existen dos clases de riqueza. Las que cuentan el dinero y las que lo pesan. Si el tuyo no es el segundo tipo de riqueza, no sabes qué es realmente el poder”.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que esto va a contracorriente de la tendencia mundial que apuesta por un sistema monetario y financiero que elimina el dinero en efectivo, y entre otras cosas ha producido frases reveladoras, como la de no traigo cash del expresidente Ernesto Zedillo a modo de justificación para no dar limosna. Pero aun con todos los peligros que traen consigo los volúmenes millonarios de dinero en efectivo, su extendido uso y flujo que opera con bastante flexibilidad y autonomía, fundamental para actividades de blanqueo o lavado de dinero que permiten ingresarlo en cuentas legales de la economía formal borrando su origen, tampoco es nuevo, e incluso para algunos autores este apoyo significativo en la liquidez hasta es rasgo de identidad casi universal de la gente pobre (Weatherford, 1998: 281). Se paga al contado, como decía Anatole France, no por virtud sino porque se niega el crédito. Lo mismo en el mundo rural, como descubrieron los estudiosos de la cultura de la pobreza, que en diversas ciudades contemporáneas donde parte del comercio se realiza en efectivo y sobre pequeñas porciones a un costo más elevado, tanto en víveres como en mercancías ilícitas. Es el gueto del pago en efectivo, como le llama Weatherford, donde este dinero no sólo es patrimonio de la clase baja sino parte de un sistema mucho más caro de operar que el sistema sin efectivo de las clases medias y altas (ibid.: 282).²

Una minucia cuando el efectivo se maneja por kilo o los millones de dólares se guardan en cajas para huevo, pero muy ilustrativo del funcionamiento del sistema económico y las formas empleadas por diversos actores que mueven el dinero desde sus márgenes, donde los más hábiles van colocándolo en múltiples cuentas bancarias para luego emprender nuevos negocios y, al igual que en la canción de Hugh Laurie —conocido por protagonizar la serie de televisión Dr. House—, hacer otro millón más. Claro que para quienes acumulan grandes cantidades de dinero ilícito casi siempre lo más difícil es poder superar la barrera impuesta a esa liquidez propia del gueto del efectivo y acceder a la economía legal: la que funciona con cheques, tarjetas de plástico colores oro y platino o señales electrónicas. Esto también se dificulta no por falta de ingenio o iniciativas sino debido al control y regulaciones, esto es, la eficacia de los Estados varía de uno a otro, si bien ninguno está exento del problema. Recordemos el escándalo internacional de HSBC, que lavó millones de dólares para narcotraficantes mexicanos y todo se resolvió con una multa; sofisticados fraudes de software como los de Volkswagen; la corrupción de empresas como Odebrecht, Siemens o los ya famosos papeles de Panamá. En algunos lugares gracias a la corrupción e impunidad transformar el efectivo en patrimonio o transferirlo al sistema financiero todavía es relativamente fácil y barato. Es el caso de México, por ejemplo (véase Buscaglia, 2013 y 2015).³

En esto incide también el desarrollo tecnológico, su costo, dificultades técnicas o de infraestructura para el acceso, así como las limitaciones, vacíos y fallos de los propios sistemas bancario y de seguridad, que no han dejado de ser blanco de una delincuencia no violenta que desde hace mucho tiempo lucra alrededor del patrimonio y el dinero: falsificación de papel moneda o documentos bancarios, desfalco, fraude, estafa… Incluso algunos de estos delitos gozan de bonanza cuando se introducen nuevas formas de pago, como pasó con el cheque, tarjetas de crédito y actualmente con transferencias por medios electrónicos y la cibercriminalidad con sus robos de identidad, fraudes, estafa o lavado de dinero, entre otras. Sumado a distintos ilícitos que operan en una dinámica similar como el propio robo a banco, cuentahabiente, secuestro exprés o más recientemente los flujos millonarios de efectivo lavados y puestos a circular en el sistema financiero, que en cierta medida inciden para que la propia banca y las autoridades implementen nuevos mecanismos de seguridad, mayores penalidades o hasta jurisprudencia como la no hace mucho promulgada Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.⁴

La ausencia de violencia y el grado de sofisticación requerido para cometer este tipo de delitos por mucho tiempo tampoco llamó demasiado la atención de la sociedad, los medios de información y la opinión pública, salvo excepciones como el libro Sampietro. Memorias de un falsificador (ediciones Proceso, 1991), acerca del también espía, traficante de joyas, contrabandista y ayudante del sacerdote que bendijo la pistola con la que mataron a Obregón, Enrico Sampietro, quien escapó de Lecumberri en 1937, o la muy recomendable investigación de Humberto Padgett titulada “Vida, fechorías y muerte de El rey del fraude”.⁵ Lo que comenzó a cambiar ante el desbordamiento de escándalos en los últimos sexenios que involucran a empresarios, gobernadores y funcionarios públicos de todos niveles e instituciones, con un seguimiento de los hechos cada vez más puntual, aunque al igual que en la cobertura de otros delitos, básicamente tratando lo relativo a su detención y hasta la imposición de medidas cautelares como la prisión “preventiva”, dando pocas veces seguimiento al resarcimiento de las víctimas o al cumplimiento de la condena. Y es que no es fácil que estas prácticas despierten interés y pasen a formar parte de agendas noticiosas tal como ilustra Michael Moore en el documental Masacre en Columbine (2002), cuando entrevista al productor de un programa estadounidense de infoentretenimiento que reproduce estereotipos sobre el delito, los delincuentes, la clase y la raza —el reality show de persecuciones Cops—, y le propone hacer la teleserie Corporate Cops o Tiras Corporativos, donde una unidad de investigación persiga este tipo de delincuencia. Y aunque en un medio como el televisivo se sabe que emociones y sensaciones son fundamentales para enganchar a quien mira, la respuesta no deja de ser reveladora: como el odio, la ira, la violencia y la espectacularidad funcionan para atraer grandes audiencias, un programa como ése solamente sería factible si el sospechoso se quita la camisa, avienta el teléfono celular a los policías que van a detenerlo y trata de escapar saltando la cerca de su casa o a toda velocidad en el auto deportivo. Lo que no ocurre en la realidad, pues cuando detienen a quien robó millones a pobres o a indigentes recibe un trato parecido al de consejal de ayuntamiento “y eso no da lugar a algo emocionante”.

De ahí parte de la invisibilidad gozada por esta delincuencia en casi todo el espectro mediático, principalmente en el ámbito noticioso, pero también en el campo de las industrias culturales, donde por supuesto hay muchas más excepciones. Es el cruce de la sociología, con sus capitales y estructuras que llegan a determinar gustos, comportamiento esperado o consumos (Bourdieu, 1988), con una concepción emotiva del delito y lo que se supone es el delincuente, la cual suele traducirse en un tratamiento maniqueo y superficial de los hechos donde abundan datos, información e imágenes presentadas sin contexto, fuentes únicas o poco fiables, o se privilegian unas cosas y no otras: ciertas violencias y delitos se hacen visibles o hipervisibles en medios industriales de información, como el narco por ejemplo, mientras las diversas formas de violencia contra mujeres y otros grupos vulnerables son omitidas o carecen de peso ante esa falta de emocionante espectacularidad. Lo que puede dar lugar a confusiones significativas sobre los niveles reales del delito, contribuir a la producción de olas artificiales de criminalidad (Barata, 2006), o peor aún, preservar un sesgo muy importante en la política criminal al mantener un sistema orientado únicamente para alcanzar “la punición de un puñado de marginales” (Aller, 2009: XXVI). Con sus consabidas emociones, estereotipos, estigmas y discriminación que nada tienen que ver con la justicia o reparación de los daños, pero contribuyen a hacer todavía menos visibles tanto a actores como a estos delitos cometidos desde la legalidad y economía formal. En realidad estamos ante eso que Michel Foucault llamó economía de los ilegalismos, reestructurada con el desarrollo de la sociedad capitalista a través de una reforma penal en el siglo XVIII y donde, además del peso que adquieren la propiedad, la acumulación del capital o las relaciones de producción, se separa el ilegalismo de los bienes del de los derechos. Esto es, una redistribución que cubre una oposición de clases en la que se castiga diferenciadamente, pues a unos casi siempre les toca la transferencia violenta de las propiedades mientras que otros se reservan el ilegalismo de los derechos:

La posibilidad de eludir sus propios reglamentos y sus propias leyes; de asegurar todo un inmenso sector de la circulación económica por un juego que se despliega en los márgenes de la legislación, márgenes previstos por sus silencios, o liberados por una tolerancia de hecho. Y esta gran redistribución de los ilegalismos se traducirá incluso por una especialización de los circuitos judiciales: para los ilegalismos de bienes —para el robo—, los tribunales ordinarios y los castigos; para los ilegalismos de derechos —fraudes, evasiones fiscales, operaciones comerciales irregulares—, unas jurisdicciones especiales, con transacciones, componendas, multas atenuadas [2002: 91].

Un ejemplo muy significativo al respecto puede encontrarse en el manejo de leyes como las de delincuencia organizada, las cuales fueron incorporadas recientemente en la legislación.⁶ Señalan que “cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”. Desglosado por fracciones, el listado incluye terrorismo, terrorismo internacional, contra la salud (con todo y su vertiente de narcomenudeo), falsificación, alteración y uso de moneda falsa a sabiendas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, derechos de autor, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, de órganos, corrupción de menores o de personas que no estén en capacidad de comprender, pornografía, turismo sexual, lenocinio, asalto, tráfico de menores, robo de vehículo, trata de personas, secuestro, contrabando, robo de hidrocarburos y daños al ambiente.⁷

En esta lista, cuyas penalidades van de los ocho a los 40 años de prisión y pueden aumentar hasta en 50% si el involucrado es servidor público independientemente de los otros ilícitos cometidos, predominan actividades de alto impacto y marcado sentido parasitario donde la violencia juega un papel relevante. Los delitos de carácter económico, cuyos daños también son multimillonarios y sus víctimas pueden contarse por miles, no pasan de seis, y tampoco escasean los casos judiciales o historias donde son evidentes el sesgo, los vacíos legales, omisiones o hasta complicidades que impiden la detección, investigación y persecución eficaz de una criminalidad tan bien organizada, que ni siquiera es concebida como tal y en buena medida se multiplica gracias a esa discrecionalidad con la que ha funcionado un sistema político-económico que desde hace mucho privilegia el capitalismo de cuates, cuya versión mexicana ha venido naturalizando estas prácticas que cada vez tienen más ceros en los montos de fraudes, quiebras amañadas o desfalcos. Y eso que la ley abarca viejas prácticas como el contrabando, la falsificación, alteración o uso de moneda apócrifa, y actividades más contemporáneas como la protección al derecho de autor. Y aunque prohíbe expresamente la intervención de comunicaciones en materias como lo electoral, fiscal, mercantil o civil, en caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuenta con un amplio espectro de intervención —que al mismo tiempo puede resultar limitante por la propia burocracia o los conflictos interinstitucionales dada la coordinación obligada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, con capacidades como poder ordenar auditorías, obtener información del sistema bancario y financiero o congelar cuentas y decomisar bienes.⁸

Un doble rasero que han sabido utilizar abogados de exgobernadores, líderes sindicales o empresarios acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita como Gastón Azcárraga, quien obtuvo protección judicial pese al desvío de cerca de 198 millones de pesos de un fideicomiso bancario de la ya quebrada Mexicana de Aviación a otras de sus empresas sacando ventaja en relación con los otros accionistas. Lo que forma parte de las lagunas y vacíos legales en torno a tipos, alcances y limitaciones sobre la delincuencia organizada y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, permite lograr amparos o que las denuncias y querellas se desvanezcan o resulten improcedentes. En su caso, el amparo 221/2014 otorgado a Azcárraga Andrade en su exposición de motivos se remonta a la creación del artículo 400 Bis del Código Penal Federal en 1995, que en su origen vincula el lavado de dinero con el fenómeno del narcotráfico, y al transcurrir del tiempo, según el mismo documento judicial, “se observan dos posiciones opuestas respecto de la ubicación en la legislación del tipo penal denominado Lavado de Dinero, la primera de ellas considera que dicho ilícito debe permanecer en la legislación fiscal penal que lo contiene, mientras que la segunda se inclina por desaparecerlo de dicho ordenamiento legal o insertarlo bajo una nueva fórmula en el catálogo de delitos previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común para toda la República en materia de Fuero Federal”. Claro que al ser un delito que trasciende el mero interés del fisco federal, en nuestro país se consideró “conveniente no seguirlo contemplando en el catálogo de delitos fiscales, sino ubicarlo en una legislación de contenido más amplio, como lo es el Código Penal; lo cual también es acorde con una correcta técnica legislativa, en donde el delito subsecuente, en este caso del lavado de dinero, debe estar junto con los delitos principales y originales, que en este supuesto lo constituyen principalmente los delitos graves”. Esto es, una traslación del delito de lavado que pasó del Código Fiscal de la Federación al Código Penal Federal apenas en 1996. Y como el propio amparo refiere en su exposición de motivos, donde se recuerda que el origen del artículo 400 Bis del Código Penal Federal está basado en la Convención de Viena de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes, que México también suscribió para “combatir el tráfico ilícito de drogas en su aspecto económico con la finalidad de buscar su debilitamiento”, aunque la mayoría de los países firmantes de la Convención no incluye “el delito de lavado de dinero dentro del catálogo de ilícitos fiscales o políticos. Así se ha hecho en los casos de España, Colombia, Canadá, Argentina, entre otros”.

En cuanto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo origen igualmente se remonta a 1996 cuando se incorporó al mismo código penal, éstas se configuran “mediante la realización de cualquiera de las conductas siguientes: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita y consecuentemente para que se acredite ese delito basta que se demuestre una o más de las modalidades descritas, por constituir cada una una figura típica autónoma”. Aunque para efectos legales, el mismo artículo indica que “se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”. Lo que viene a cuento porque el juez federal a cargo de la causa consideró que el origen de la conducta delictiva atribuida a Azcárraga “deriva de realizar operaciones financieras con dinero que resultó tener un origen lícito, bajo la consideración de que los recursos con que se creó el fideicomiso número F/589 […] provienen de la reducción del capital social de la empresa Grupo Mexicana de Aviación”, sin embargo, al desviarse esos recursos de su objeto para un fin distinto, “mediante el ocultamiento y autorización de los diversos accionistas”, ello modificó su naturaleza lícita, constituyendo una conducta engañosa y por ende, ello lo tiñe de ilicitud. Y no sólo por el fraude y otras denuncias penales, aunque el juez que le otorgó este amparo consideró que el razonamiento de su colega constituía “una transgresión a la garantía de exacta aplicación de la ley, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 14 constitucional”, según el cual “en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”. Esto se hace con el fin de “proporcionar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades gubernamentales”, así que en este caso existió

una inexacta aplicación de la ley en perjuicio del quejoso, ya que al estimar la responsable que se configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se atribuye de manera probable al aquí quejoso, y que el origen ilícito de los recursos derivan de la probable comisión del delito de fraude, esto equivaldría a crear un nuevo tipo penal, distinto al contemplado por el legislador, dados los antecedentes y motivos advertidos de la exposición de motivos que creó el delito por el que se libró orden de aprehensión, ya que como se vio, dicho tipo penal se creó ante las conductas de delincuencia organizada y narcotráfico; y si en el caso, se insiste, la ilicitud de los recursos materia del delito por el que se libró la citada orden no tienen ese origen, entonces se estima que se contravinieron las garantías de legalidad, defensa y seguridad jurídica. Ya que de considerar, como lo hizo el juez de proceso, que el lucro obtenido de la comisión de un delito de fraude son recursos de procedencia ilícita configurativo del delito que nos ocupa, se llegaría al absurdo de considerar que todos los delitos de naturaleza patrimonial (dentro de los que se encuentra el fraude) tendrían como consecuencia la configuración del diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así que desde el punto de vista jurídico, en este caso

el juez responsable fue omiso en exponer cuáles fueron los indicios que obtuvo de las pruebas existentes en la indagatoria, que lo llevaron a concluir que los recursos, derechos o bienes provienen directamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, de los que dieron origen al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, para que el quejoso en ejercicio de su derecho de defensa, en su momento, esté en aptitud de probar, si así lo es, la legítima procedencia de esos recursos, derechos o bienes y con ello desvanecer la imputación que se le ha formulado.

Por lo que en derecho procedió

declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por [Gastón Azcárraga Andrade] para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión del quince de febrero de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, que podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada, o bien, en sentido diverso si así procediere, siempre y cuando en ella observe las garantías de exacta aplicación de la ley y legalidad, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Claro que hay momentos en los que por sí solo el dinero puede no ser suficiente. Sobre todo para quienes delinquen desde los ilegalismos sin derechos basados en componentes como la clase, los amigos poderosos y las conexiones político-económicas que esto trae consigo y ha quedado evidenciado en casos como el de la profesora Gordillo, Javidú y consorte o el propio Azcárraga. No así en personas como el lavador de dinero que reveló que un millón de dólares cabe en una caja para huevo, por ejemplo. Pues, gracias a sus habilidades contables y conexiones bancarias, en los tiempos en que se le quitaron tres ceros a la moneda transfirió al sistema financiero algunos cientos de millones de dólares cobrándole a su jefe, Amado Carrillo Fuentes, tan sólo 2% de cada movimiento en efectivo que podía realizar sin dejar ningún rastro. Esto es, que sobre una operación de 5 000 millones de pesos se ganaba 100 millones, o 60 000 dólares cuando las transferencias eran en esa divisa y sumaban tres millones. Tras la desaparición del también llamado Señor de los cielos su suerte acabó y terminó detenido por casualidad. Aun con tanto dinero y cooperando con las autoridades, los procesos penales que siguieron prácticamente lo sepultaron en vida en una cárcel mexicana de máxima seguridad, y hasta donde es posible saber el peso de lo judicial más que en el lavado de dinero, cuyo rastreo pudo beneficiar al Estado de formas más tangibles que una persecución puramente penal, recayó en esta última y su apartado de delincuencia organizada con todo y sus implicaciones relacionadas con secretos de interés público, en aquel momento potencialmente explosivos, como la supuesta falsa muerte de Amado Carrillo.

Sin embargo, las historias de este libro ocurren mayoritariamente en el otro capitalismo, el de los cuates y el ilegalismo de los derechos, es decir, en el poder político-económico. Con grandes flujos de dinero ilícito que todo tipo de particulares o grupos de interés transfieren a candidatos y partidos en campaña, delitos conocidos como de cuello blanco y cuyos entramados hoy día suelen ser tan sofisticados que difícilmente una sola persona puede llevarlos a cabo. Aquellos donde aparece lo electoral, el tráfico ilegal de información privilegiada, la malversación de fondos, fraude, sobornos y otros delitos muchas veces combinados entre sí y asociados a la corrupción público-privada, que no pueden ser investigados como delincuencia organizada ni tampoco vinculados a otras causas penales y civiles por delitos patrimoniales, evasión fiscal, lavado de dinero y demás ilícitos donde es factible aplicar la extinción de dominio tal como muestran algunos especialistas (Buscaglia, 2015: 129 y ss.), generando también la falsa impresión de que en algunos ámbitos, como la política o los negocios, este tipo de conductas no existe per se o se trata de algo francamente irrelevante y nada organizado. Como ilustra el mismo caso de la desaparecida Mexicana de Aviación, donde también se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la del D. F. denuncias por “asociación delictuosa o delincuencia organizada” relacionadas con fraudes en la compraventa de la empresa con un sospechoso descuento de 88%, sin notificar a los acreedores ni saberlo los empleados a cuyos fideicomisos para el retiro les debían 265 millones de dólares, o sin garantía de pago para los compradores. Donde además de Azcárraga Andrade y algunos de sus hermanos presuntamente estaban involucrados empresarios como Ángel Losada Moreno o Juan Ignacio Gallardo Thurlow, entre otros, y funcionarios y exfuncionarios como Andrés Conesa Labastida (sobrino del excandidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa), Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda. A decir del abogado que interpuso las demandas en representación de uno de los tres sindicatos relacionados con la compañía, Joaquín Ortega,⁹ la discusión con la representante del Ministerio Público Federal se centró en que ella no encontraba la organización criminal

porque en principio no se trataba de una organización criminal sino de una empresa, Mexicana de Aviación, parte de Nuevo Grupo Aeronáutico, que fueron dedicadas a la actividad criminal de defraudar a sus acreedores. Preguntaba la licenciada: “Y ¿dónde está la organización criminal?” Y yo decía: “En la propia empresa, la empresa y su estructura organizativa y su estructura legal fueron utilizadas para cometer delitos contra 8 620 trabajadores y más de 26 000 acreedores ordinarios.

Se trataba, explica Ortega, de correr el velo corporativo en el que se desarrolla y se cobija lo que llama delincuencia “legalmente organizada”, delincuencia

que ha ascendido a todas las empresas estatales de los últimos gobiernos, a las casas particulares de los gobernantes, a sus relaciones amorosas o perversas, a sus pasiones antihumanas, transitando hasta por la pederastia y la trata de personas. El centro del asunto es que las leyes en México están hechas para establecer privilegios de algunos y la exclusión de las mayorías; que con base en esas leyes se cometen crímenes de lesa humanidad cotidianamente, sin posibilidad legal de culpar ni castigar a nadie porque todo lo que hacen es legal o la justicia del país lo declara legal.

Así que además de la irregular visibilidad mediática, un sistema penal con fuertes componentes de clase sesgado a cierto tipo de delitos/delincuentes y no a otros, aunque estén organizados, o las imbricadas relaciones entre el poder político y económico, se debe considerar la valoración positiva que goza la llamada iniciativa privada y el empresario,¹⁰ cultivada mundialmente durante los últimos 30 años, que dificulta no sólo la persecución de estos delitos sino su propia detección, dado que algunas de estas conductas (no todas criminales aunque sí relacionadas con temas como falta de ética, escrúpulos, responsabilidad social o la inexistencia/limitaciones de regulaciones gubernamentales o de la sociedad civil), se consideran hasta necesarias para poder triunfar en el mundo de los negocios. Por si fuera poco, está el factor respeto, que en ocasiones se confunde con el miedo dado el inmenso poder e impunidad que proporciona el dinero, sobre todo en países como el nuestro donde la demanda judicial es tan sólo una de las muchas herramientas que tienen ciertas personas o grupos de interés para intimidar, censurar, perseguir o desanimar a quienes guiados bajo la premisa del por qué hurguen en busca de información que revele secretos del poder y permita contar historias de interés público.¹¹

Aun así no debe olvidarse que actualmente esto es tendencia mundial, con variantes, pues no en muchos países se asesinan tantos periodistas como en México, por ejemplo. En otros optan por perseguir a las fuentes que filtran los datos, videos o documentos, pero la constante es que por doquier se les trata de meter a la cárcel o terminan en el exilio forzado. Esto incluye a Estados Unidos, donde hasta ahora los peores no han sido los gobiernos conservadores, sino el supuestamente liberal Barack Obama, quien persiguió penalmente a más individuos por filtrar información clasificada, según la centenaria Ley de Espionaje, que todos sus antecesores desde 1917 (ocho de un total de 12) (David Brooks, La Jornada, 22 de mayo de 2017). Frente a este retroceso planetario de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información, las investigaciones sobre poderes públicos, privados o criminales, que en algunos países puede terminar articulándose como si fuera un solo poder, son cada vez más importantes. También porque esta opacidad, invisibilidad y falta de escrutinio dañan seriamente derechos fundamentales e imponen a la ciudadanía sus propios intereses, como el silencio, o tratamientos noticioso-informativos que se parecen más a la propaganda; además de publirrelacionistas, voceros, textoservidores y opinion makers o líderes de opinión, que intentan decidir sobre lo que la gente debe o no saber gracias al pago de no pocos millones.

Parte de los privilegios que en este momento se reacomodan en el país, y por décadas han permitido a unos cuantos elegidos salirse habitualmente con la suya en todo tipo de negocios millonarios lícitos e ilícitos, para prácticamente sepultar el principio —de por sí en desuso— de la igualdad ante la ley, naturalizando de paso aquella vieja frase que unos atribuyen a Juárez y otros a Porfirio Díaz que reza que a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Un buen sostén para cualquier versión del capitalismo de amigotes, aunque tan sólo una prerrogativa más cuando se trata de verdaderos amos del universo que lo mismo están en la realidad como en las artes y la literatura. El caso de Sherman McCoy, por ejemplo, el personaje yuppie asesor financiero estrella de una firma de brokers con el que Tom Wolfe pasó con bastante éxito del nuevo periodismo y sus divertidas crónicas de la contracultura de los años sesenta a la literatura, pues La hoguera de las vanidades y su retrato del mundo de las altas finanzas de Wall Street, restaurantes de moda y exclusivas parties en Park Avenue, como el submundo de la policía, Harlem y los tribunales del Bronx, fue considerada por algunos críticos la novela estadounidense de la década de los ochenta. Cuando además de convertir a la ciudad mundial de Nueva York en protagonista central encontró la mejor forma posible de nombrar a esos nuevos dueños del sistema económico financiero mientras daba cuenta de un flamante tiempo y espacio en el que todo y todos tienen un precio. Algo que muy pronto abandonó la ficción para expandirse rápidamente por el planeta, y en lugares como México alcanzar dimensiones hasta entonces insospechadas.

2. Cuello blanco

Disculpen si les llamo caballeros,
pero es que no los conozco muy bien.

GROUCHO MARX

Uno de los más relevantes sociólogos del delito vivió en el Chicago de los años veinte durante el auge del crimen organizado y la gran depresión. A finales de esa década comenzó a recopilar información sobre un ámbito que consideró “delincuencia mayor”, y así fue construyendo un concepto que finalmente cobró la forma de un libro cuya edición a cargo de la universidad de Indiana y Drydren Press debió resultar conflictiva y frustrante dadas las presiones para quitar los nombres de 70 corporaciones sancionadas judicialmente por diversas infracciones, en forma reiterada la mayoría de ellas, además de un capítulo donde presentaba tres estudios de caso. Como las barreras que protegen a personas o instituciones poderosas eran mucho más fuertes en aquella época, la obra se dio a conocer con estas omisiones en 1949 y sólo hasta 1983, con el apoyo de la universidad de Yale, se publicó por primera vez la versión completa con el título original de White Collar Crime. The Uncut Version.

Edwin Sutherland no pudo verlo editado sin censura, aunque pese a esto o a los casi 100 años transcurridos desde que comenzó su investigación la obra es ampliamente reconocida y varios de sus hallazgos mantienen vigencia, siendo útiles para entender y comprender formas de criminalidad que no han dejado de reproducirse y mutar, entre otras cosas debido a cambios políticos, sociales, económicos, financieros y procesos como la globalización contemporánea. Lapso en el que también se fueron multiplicando y haciéndose del conocimiento público diversos escándalos de quiebras fraudulentas en líneas de ferrocarril, bancos o cadenas comerciales (Davis, 1982), además de corrupción público-privada con tráfico de influencias, conflictos de interés, desvío de recursos y otras prácticas propias de una poderosa delincuencia económica que ha crecido exponencialmente. De hecho, este mismo paso del tiempo ha terminado por ampliar el sentido del concepto al punto que hoy día se aplica a cosas muy diversas y no necesariamente vinculadas con la idea original, como pasa con parte del delito patrimonial o hasta los conocidos como de guante blanco, aunque este concepto en realidad se refiere a que el delito se realiza de modo impecable —“inmaculado”, le dice el criminólogo Germán Aller (2009: XIV) —, que “es la forma de ejecución en cuanto a la precisión de la acción delictiva y va frecuentemente vinculado al profesionalismo de su ejecutor”; lo que en literatura realizaba Arsenio Lupin o la amenaza elegante de Fantomas en la historieta, por ejemplo.¹ Incluso puede causar la impresión de que, como hacía notar una especialista entrevistada, su significado se diluye en algo meramente clasificatorio o casi gremial: el cuello blanco como asociación a delitos de ciertas profesiones, mientras que uno verde o azul puede ser metonimia de la criminalidad de militares, marinos, policías o hasta obreros. De ahí la importancia de precisar que este delito “no se refiere exclusivamente a un único elenco de conductas, pero sí se aglutinan en torno a la delincuencia económica. Vale decir, ésta es una fiel manifestación de los denominados delitos de cuello blanco, pero ha de hacerse la salvedad en cuanto a que no todos los delitos económicos son de ese tipo ni todos los de cuello blanco son ilícitos económicos” (ibid.).

Si bien el concepto no intentaba ser definitivo, “sino apenas llamar la atención sobre los delitos que no se incluyen comúnmente dentro del campo de la criminología”, Sutherland lo definió como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y estatus social alto en el curso de su ocupación” (2009: 9). Puede guardar relación con el dinero y la educación, que por supuesto incluye apariencia, modales y aspecto como cualquier buen estafador debe saber, pero el factor esencial es que se realizan desde una posición de poder que puede ser financiero, político, económico o social. Excluye delitos que también comete la clase alta como el “asesinato, intoxicación o adulterio, ya que éstos no son parte de los procedimientos propios del oficio”, al igual que las estafas de los miembros ricos del bajo mundo, pues no se trata de personas de respetabilidad y estatus social alto. Al no asociarse con la pobreza o con patologías sociales y personales que supuestamente la acompañan (ibid.: 9-10), centró su denuncia en las conductas delictivas recurrentes de corporaciones, sus presidentes o altos ejecutivos, pero también en las de profesionistas como médicos, abogados y contadores. Esto es, como dice Aller (2009: XXVI), ciudadanos respetados —pero no respetables— que abusan de su poder.

En su teoría el delito está vinculado a circunstancias que Sutherland consideraba propias del aprendizaje social, así que el delincuente va cultivando de modo similar al que un novato su profesión: del argot y modus operandi a las técnicas o artegios, los códigos internos y actuación frente a policías y jueces. Planteamiento que ha tenido cuestionamientos, como dejar de lado la personalidad criminal o la falta de teoría marxista en su aparato crítico —el capitalismo como causante y la lucha de clases— por ejemplo, aunque en realidad éste se remonta a Durkheim y donde el delito es un hecho social normal en el sentido de que se da con frecuencia y bajo un umbral de tolerancia admisible o no a determinados comportamientos; una reiteración y normalización que en nuestro país prácticamente es cotidiana y natural desde la Colonia. Además de continuidades significativas, como el hecho de que esta delincuencia no convencional encontró no sólo en Estados Unidos un fértil campo global para este abuso de poder delincuencial legalmente organizado bajo la forma del cuello blanco; sobre todo en “terrenos fiscales, ferrocarriles, seguros, pertrechos, bancos, servicios públicos, actividad bursátil, la industria petrolera, la industria inmobiliaria, sindicaturas, quiebras y la política” (Sutherland, 2009: 10).

Son maniobras deliberadas y planificadas, las cuales toman tiempo, requieren estrategia, colaboración o coadyuvancia según la terminología legal, es decir, que se trata de un delito organizado cometido contra consumidores, competidores, accionistas, inventores, empleados o el propio Estado. Por un lado, con un proceso de macrovictimización, dado que “con una misma conducta realizada en un instante puede ocasionarse el menoscabo a bienes jurídicos penalmente relevantes a multitud de personas, incluso de diferentes países y extremos del orbe”,² y por el otro una organización del delito que puede ser formal o informal. En el formal, los hombres de negocios se organizan para controlar la legislación, seleccionar administradores o restringir apropiaciones para la promulgación de leyes que puedan afectarlos. Hay ejemplos sobre todo en la competencia desleal, acuerdos de patentes comerciales, cárteles, así como en los debates de representantes de corporaciones en proyectos de relaciones laborales. Y si bien “algunas organizaciones han desarrollado códigos de ética en los negocios y muchos representantes han sido sinceros en su formulación, el efecto real de esas reglas no difiere del que habrían tenido si las hubiesen escrito hombres que se burlan de todo” (Sutherland, 2009: 336). El modo informal de organización consiste en

lograr consenso entre los hombres de negocios, quienes, de común acuerdo, defienden en apariencia la libre competencia y la libre empresa, y también con consenso practican la competencia desleal. No están dispuestos a soportar el agobio de la competencia ni a permitir que el sistema económico se autorregule según las leyes de la oferta y la demanda, sino que adoptan el método de la planificación industrial y la manipulación. Mientras las corporaciones rara vez insisten en que sus agencias publicitarias presenten falsa publicidad, premian a las que aumentan las ventas sin reparar en la honestidad de los métodos empleados. Tienen un alto grado de consenso respecto de las leyes de patentes, como restricciones que tienen que ser ignoradas o evadidas [ibid.: 337].

En este sentido, aunque no necesariamente se cuente con una estructura preestablecida que otorgue soporte tanto al que delinque como a la reiteración de los delitos, tal como ocurre en la delincuencia organizada convencional de tipo mafioso o en países con problemas endémicos de corrupción, de cualquier modo conlleva un mínimo de organización constituida por encubridores, partícipes, funcionarios públicos venales, que a fin de cuentas pueden generar cierta estructura que resulte funcional al delito y a sus agentes. Un sistema organizado —formal o informalmente— para delinquir porque tiene estructura, método y lógica operante para ello (Aller, 2009: XLVII).

Lo que aplica muy bien décadas después a distintos lugares y momentos, como la tragicomedia mexicana con su peculiar capitalismo de amigotes donde abundan casos por el estilo, aunque funcionarios de las distintas procuradurías no hayan querido o podido probarlo jurídicamente; entre otras razones debido a su sumisión ante el poder político. Así que tampoco es extraño que muchas personas ni siquiera los consideren delitos, y menos parte de una criminalización selectiva. De ahí que sea útil recordar el paralelismo establecido por el sociólogo estadounidense que aún hoy día resulta ilustrativo y molesto para muchos:

El tipo ideal de hombre adinerado se asemeja al tipo ideal de delincuente por su utilización sin escrúpulos de cosas y personas para sus propios fines y por su desprecio duro de los sentimientos y deseos de los demás y carencia de preocupaciones por los efectos remotos de sus actos; pero se diferencia de él porque posee un sentido más agudo del “status” y porque trabaja de modo más consistente en la persecución de un fin más remoto, contemplado en virtud de una visión de mayor alcance. […] El tipo ideal de hombre adinerado muestra también un parentesco curioso con el delincuente en una de las variaciones concomitantes de la naturaleza humana depredadora [Aller, 2009: XLV].

Sin embargo, la diferencia más significativa reside en la idea que tienen de sí mismos y en el concepto que tiene el público de ellos. Es decir, que “el ladrón profesional se ve como un delincuente, y el público en general comparte esa idea, así como también el ladrón, que no anhela una reputación pública favorable, se enorgullece de su fama. Por el contrario, el hombre de negocios se precia de ser un ciudadano respetable y, por lo general, así lo considera el público”. Y algo importante. Aclara que el concepto de sí mismo como delincuente está basado en una caracterización general y en un tipo ideal. Dos de los factores para identificarse con el tipo ideal son:

Ser tratado oficialmente como delincuente y asociarse personalmente, en forma cercana, con quienes se consideran delincuentes. El delincuente de cuello blanco no se considera delincuente porque con él no se emplean los mismos procedimientos oficiales que con los demás, y porque, debido a su estatus de clase, no tiene asociaciones personales cercanas con aquellos que se autodefinen como delincuentes. […] Los delincuentes de cuello blanco consideran que no responden al estereotipo de “delincuente”, se ven generalmente a sí mismos como “infractores de la ley” [Sutherland, 2009: 337-339].

Al margen de cómo se vean a sí mismos unos y otros, también es importante considerar que a regulaciones o una persecución muy rezagada con vacíos legales e incompetencias institucionales, se les oponen habilidades, conocimientos, sofisticación y relaciones de clase y poder para actuar en empresas y negocios que requieren especialización, asimismo detectados desde el siglo pasado en el terreno fiscal, medios de transporte y comunicación, seguros, pertrechos, banca, servicios públicos, actividad bursátil, industria petrolera e inmobiliaria, sindicatos, quiebras y política. Además de las áreas de oportunidad que se presentan dependiendo del momento, coyuntura o contexto, como aeropuertos internacionales, constructoras, y negocios de venta o concesión de bienes de una nación que pueden terminar en quiebra pero el gobierno rescata y luego vuelve a vender o a concesionar a otros particulares o a los mismos cuates que de nuevo los quiebran y así sucesivamente.

El impoluto cuello blanco es la imagen de todo esto, y suele acompañarse de accesorios como un relojote digno de todo amo del universo (algunas veces conservado como símbolo de una carrera en ascenso en el mundo de los grandes negocios, donde la marca Rolex es lo más conocido aunque tampoco falta el gusto por los relojes de “máxima complicación”), o detalles y signos que van del almidón, las iniciales bordadas, corbatas finas o mancuernillas, a yates y el coleccionismo de autos clásicos o deportivos, obras de arte y mansiones blindadas en distintos lugares del planeta con no menos de 18 personas por residencia para el servicio personal, si se toma en cuenta que es lo que utiliza apenas un exgobernador mexiquense (que obviamente hasta hace poco pagaba el erario estatal). Aprovechan las zonas grises del poder, donde tampoco escasean los otros procesos mediante los cuales el dinero ilícito se convierte en lícito, se oculta del fisco o por razones de corrupción y crimen transferido a paraísos fiscales de forma cada vez más globalizada y sofisticada auxiliados por todo tipo de avances tecnológicos. Esto ha dado lugar a una variedad de tipos penales donde han sido frecuentes el conflicto de interés, los sobornos, cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada, los financiamientos ilegales de campañas políticas, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos públicos y lo que Edgardo Buscaglia (2015: 24) llama su “derivación directa y predilecta por las clases políticas sucias: el lavado de dinero”.³ Éste suele ser realizado a través de redes de intereses que articulan poderes políticos, económicos y criminales, y en los últimos años esta actividad se ha convertido en un fenómeno que mueve al menos entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial,⁴ aunque impacta de modo diferenciado a cada país, es decir, que “el crecimiento de una significativa parte de la riqueza patrimonial en países con un Estado de derecho avanzado como Estados Unidos o Francia proviene de delitos económicos cometidos por una descontrolada delincuencia organizada que se expande a la par de la sangre de sus víctimas en países con Estados débiles” (ibid.: 31).

No es fácil determinar qué proporción del blanqueo de capitales corresponde a la corrupción de alto nivel, aunque no faltan las estimaciones. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), por ejemplo, más de 50% de los recursos sucios proviene de fraudes fiscales y de fugas de capitales ligadas a delitos menos graves que el tráfico de drogas, el cual acumula en promedio 20% del total del lavado a nivel mundial.⁵ Otro estimado refiere que los recursos generados por la delincuencia organizada en Estados Unidos actualmente oscilan entre 7 y 8% del PIB, pero si se incluyen los flujos derivados de fraudes financieros y fiscales (los cuales representan los delitos económicos más voluminosos en ese país), el total de recursos patrimoniales ilícitos llegaría a 49% (ibid.: 54-55). La Unión Europea pierde 1 000 millones de euros cada año a consecuencia del fraude fiscal y la evasión de impuestos (Obermaier y Obermayer, 2016: 383), y en 2012 en México el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró que los impuestos no pagados por evasión fiscal sumaron 483 000 millones de pesos, el equivalente a 3.1% del PIB (Expansión, 13 de abril de 2015).

En cuanto a la corrupción privada, cabe señalar que en México los esquemas de corrupción más frecuentes por parte de empresas son los pagos indirectos por medio de socios comerciales, pagos indebidos a través de nómina, regalos, viajes y entretenimientos “indebidos”, proveedores ficticios, facturas falsas, deficiencias en los controles de tesorería para monitorear el destino final de los fondos (Casar, 2016). A ello se suman escándalos corporativos o quiebras fraudulentas que vuelven a evidenciar que algunas problemáticas siguen sin resolverse a pesar del tiempo, y generan preguntas como hasta dónde debe llegar la responsabilidad penal corporativa. Si se limita a un control administrativo o se imputa a las personas físicas que están detrás, si bastan los mecanismos que sancionan a la persona jurídica y cuál es la eficacia real de los aparatos civil, laboral, mercantil y administrativo para procurar justicia, o si la responsabilidad corporativa se hace más una pena simbólica o económica. Entre muchos otros casos, cabe recordar el del CEO de Nissan Carlos Ghosn, detenido en Japón acusado de usar bienes de la empresa para su beneficio personal y declarar a las autoridades menos ingresos de los que ganó, por ejemplo.⁶ Tema que si bien pertenece al campo del derecho penal económico, ha logrado despertar el interés de contadores de historias como cineastas y periodistas que cuentan sobre personas que se enfrentan a todo tipo de corporaciones y tramas de corrupción privada. Entre otras, casos como el de Siemens, donde uno de los miembros del entramado, director ejecutivo de esa compañía en México, gestionó millones de euros a través de una empresa offshore por fuera de los canales oficiales (Obermaier y Obermayer, 2016: 174). El banco HSBC lavando dinero del narcotráfico (Buscaglia, 2015: 52-53), la constructora brasileña Odebrecht y su departamento de sobornos (Olmos, 2018), o el de esa poderosísima empresa conocida como Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) (Kistner, 2015). Sin olvidar que en estas persecuciones jurídicas en Latinoamérica se ha priorizado la aplicación de los principios rectores del derecho penal clásico y liberal que conducen a restringir la responsabilidad penal única y exclusivamente al individuo, sin que el Estado lo utilice tampoco como una estupenda manera de obtener —multas mediante— una fuente importante de ingresos económicos.

Una amplia corrupción que por momentos causa la impresión de ser omnipresente, y donde entre los flujos de dinero también se libran luchas de diversos actores, grupos e instituciones que intentan reformar tal o cual sector o prerrogativa del Estado de acuerdo con sus intereses. En este sentido, un ejemplo paradigmático de estos poderes y sus redes de relaciones, que al mismo tiempo muestra algunas de sus limitaciones, son los conocidos papeles de Panamá. Hasta ahora la mayor revelación de datos que movilizó alrededor de 400 periodistas de más de 80 países y 100 organizaciones de medios noticiosos, quienes encontraron secretos de muy diversas y poderosas personas que utilizan la industria de los servicios financieros para mover dinero y activos alrededor del mundo de forma secreta. Algo completamente legal, en ello participan bancos y grandes entidades financieras, bufetes de abogados, asesores de patrimonio y empresas de auditorías de cuentas, que son los principales actores de la llamada industria de compañías extraterritoriales offshore, que literalmente significa “fuera de la costa” o en el mar y en el ámbito financiero se refiere a las cuentas y empresas que se abren en paraísos fiscales alejados para ocultar la identidad del inversionista; sociedades a las que también recurren lavadores de dinero o evasores de impuestos (Olmos, 2015: 108). Para ello crean vehículos financieros como las compañías internacionales de negocios (IBC), sociedades anónimas (SA), fideicomisos, fundaciones de interés privado, fondos de inversión y compañías de seguros cautivas (Bronstein y Vásquez, 2017: 19), y existen empresas especializadas en hacerlo como el ahora célebre bufete Mossak Fonseca o Mossfon. La base del modelo de negocio consiste en que un intermediario, ya sea banco, abogado o gestor de patrimonio, facilita el contacto con este bufete panameño. Ese intermediario es el verdadero “cliente”, quien realiza el pedido del producto (que la mayoría de las veces es una sociedad offshore estándar), asesora y administra, se comunica con el distribuidor de sociedades pantalla que puede ofrecer empresas en diferentes jurisdicciones: Mossfon ofrecía 20 lugares diferentes para hacerlo, desde los típicos paraísos fiscales como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas o las Bahamas, hasta lugares más remotos como Samoa, Dubái, Malasia, Nueva Zelanda o Hong Kong, e incluso en los paraísos y refugios fiscales donde el secreto bancario se conoce con el eufemismo “protección de la confidencialidad” como Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, la calvinista banca Suiza (creada en el siglo XVIII a partir de acoger a miles de protestantes ricos que huyeron de la Contrarreforma), Nevada, Wyoming, Delaware o Florida (Obermaier y Obermayer, 2016: 24). Y por supuesto, el intermediario es quien paga las facturas.

Hay múltiples razones para mover dinero y activos por todo el mundo de forma secreta. De la planificación patrimonial o las transferencias relacionadas con negocios millonarios, a la necesidad de ocultárselo a exesposas, familiares incómodos, ciertos socios, el fisco, la policía o la a veces entrometida opinión pública… Así que el gran éxito de las empresas offshore es que crean anonimato, y los proveedores de estas sociedades (offshore providers), como Mossfon, se encargan de crear una barrera de protección alrededor de los verdaderos propietarios. Según los periodistas alemanes que recibieron la filtración de 2.6 terabytes de información, equivalente a más de 11 millones de documentos, esto se hizo designando como directivos de dichas sociedades a unas personas que en realidad no actuaban como tales. Lo que popularmente se conoce como prestanombres, testaferro, hombre de paja; término que en sí mismo es interesante, cuyo nombre debe cambiar según la cultura de cada país, y seguramente con tendencia a ser codificado para preservar secretos en un sentido que no deja de recordar el argot criminal a la vez que oculta ciertas emociones y sentimientos que la actividad produce. Por ejemplo, el director de la ya desaparecida firma de inversiones estadounidense Stratton Oakmont, mundialmente conocido como el Lobo de Wall Street gracias a la película que Martin Scorsese realizó sobre sus memorias, les llamaba “ratoneras” y tener tan sólo una es mucho más difícil de lo que parece. A finales de la década de 1980 del siglo pasado el empleo de un testaferro era habitual en Wall Street, y los grandes jugadores lo utilizaban para hacerse de acciones de una compañía sin alertar a la competencia. Una fachada perfectamente legal mientras no se adquiriera más de 5% de una empresa, se pagaran los impuestos del caso y el acuerdo no violara las leyes financieras; leyes que, por cierto, en ese entonces tenían más agujeros que un queso suizo, al grado de permitir que esto se convirtiera en una práctica generalizada. El verdadero problema, explica Jordan Belfort, nombre del auténtico lobo de Wall Street, es que

confiarle dinero a la gente es menos fácil de lo que parece […] Se trata más bien de administrar las expectativas a futuro de tu ratonera que de cuánto le hiciste ganar en el pasado. La ganancia de ayer es agua pasada, y, si de algo sirve, es para poner al beneficiado en tu contra. A la gente no le gusta sentirse en deuda, menos aún si es con un amigo. Y al cabo de un tiempo, las ratoneras terminan por resentirse. Ya perdí algunos amigos así. También te ocurrirá a ti, sólo es cuestión de tiempo. Como sea, lo que te estoy tratando de decir es que las amistades compradas con dinero no duran mucho, y lo mismo puede decirse de la lealtad [Belfort, 2014: 71].

Una relación nada fácil que entremezcla la confianza-desconfianza entre el dueño del dinero y su testaferro, pero también la ambición con el miedo, dado que el dinero lleva a las personas a hacer cosas inesperadas y en no pocas ocasiones los conflictos que produce han contribuido a volver públicas algunas cuentas, depósitos y transferencias de fondos hechas por funcionarios públicos, políticos, empresarios o millonarios que buscan ocultar dinero muchas veces mal habido. De ahí que tampoco falten quienes ante el miedo de que ese posible prestanombres les robe, o que por las turbulencias nacionales se descubra el ilícito y en una de malas hasta puedan terminar en la cárcel, personalmente se arriesgan a poner bienes y cuentas bancarias a su nombre (o lo llevan a cabo mediante parientes directos como su cónyuge o hijos), y por eso después a las autoridades y periodistas no les resulta difícil dar con el dinero de ese fondito —o fondote.

Por razones de este tipo compañías como Mossfon, una de las cinco firmas más grandes del mundo especializadas en offshore, nombraban personas con el cargo de directores fiduciarios (nominees o nominee directors), cuyo trabajo consiste en firmar distintos documentos como cuando el verdadero titular quiere abrir una cuenta bancaria a nombre de su empresa pantalla, pero también contratos y préstamos por cantidades millonarias. O para comprar departamentos, yates, casas o cuadros en representación de su sociedad. Esto es, que figuran como representantes oficiales de la empresa mientras el verdadero propietario se oculta bajo esta fachada, suponiendo que sea tan imprudente como para poner su nombre y no el de su abogado o algún otro prestanombres de confianza. Y con ello pueden expedirle un poder que le permite acceder a las cuentas y demás recursos. Lo habitual es que “sólo el banco, los directores fiduciarios y Mossfon estén al tanto de este poder. Un acuerdo secreto, aunque, en principio, totalmente legal, que da a estas empresas su verdadero sentido” (Obermaier y Obermayer, 2016: 27): un anonimato que las hace muy difíciles de rastrear y crea una barrera de protección a su verdadero dueño. Por si esto no le bastara, podía recurrir a una segunda barrera a través de encargarle a Mossfon accionistas fiduciarios (nominee shareholders), es decir, personas o empresas pantalla que mantienen acciones de compañías, lo cual es muy útil para hacer negocios que no dejen huella pues echaban mano del sistema de acciones anónimas al portador (bearer shares),⁷ según el cual la persona que tenga en papel, físicamente, todas las acciones al portador de una empresa es el dueño de la misma. Su compraventa era tan simple como intercambiar dinero por estas acciones al portador. Con todo esto, la empresa adquiere una estructura demasiado lejana del alcance de acreedores, socios estafados, el fisco, la policía, periodistas, investigadores y otros curiosos profesionales, e incluso de exparejas e hijos, y en cualquier caso hacia afuera la compañía es una black box, caja negra u opaca (ibid.: 29). Y de nueva cuenta, tener sociedades fantasma —cuyos nombres casi siempre dicen poco— no es punible en sí mismo, pero la filtración de datos con las posteriores historias que todo esto arrojó hicieron evidente que el anonimato también es muy útil para inversionistas que no quieren dar a conocer su verdadera identidad e intenciones, lo mismo que redes de pedófilos, traficantes de armas, drogas, diamantes de sangre o personas, servicios de inteligencia de diferentes gobiernos,⁸ bandas del crimen organizado, empresas que transfieren dinero destinado a sobornos, evasores y defraudadores fiscales, dictadores, políticos o sus parientes que desean sacar del país un patrimonio mal habido o esconder su participación en otras empresas, acciones o todo tipo de valores. Lo que abundó entre la información divulgada que incluyó a unas 140 personalidades de 50 países que aparecen como titulares o vinculados con cuentas bancarias en paraísos fiscales.⁹

Esta gigantesca filtración de datos hizo visibles a nivel planetario mecanismos habitualmente invisibles detrás de las sociedades offshore, poniendo nombres y apellidos a intermediarios, directores, accionistas fiduciarios y clientes o sus testaferros, personas demasiado poderosas que más allá del silencio, la negación o en algunos países ejerciendo vil censura o hasta el asesinato, no pudieron hacer mucho para evitar la filtración y divulgación de información; aunque, como suele pasar en el gremio, para algunos periodistas involucrados en el proyecto —entrevistados por quien escribe— los enfoques no siempre fueron los óptimos. Aun así aparecieron implicados 12 jefes de Estado de todos los signos ideológicos, si es que a estas alturas de algo sirve el referente para intentar entender al actual poder político, un primer ministro de Islandia destituido, y el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue extraditado de Estados Unidos a su país donde enfrenta una decena de procesos judiciales, la mayoría por corrupción. Tampoco la cobertura mediática del tema fue homogénea, de hecho en Estados Unidos fue menor (The New York Times y The Washington Post no estuvieron entre los primeros medios en participar con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para difundir el caso, por ejemplo), y algunas de sus agencias gubernamentales mostraron poco interés por participar más activamente en un rastreo, entre otras razones porque la implementación de ciertas medidas de control como las impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tras la filtración resultaría contraproducente para sus propios paraísos fiscales; algo parecido a Gran Bretaña con las Islas Vírgenes Británicas (Bronstein y Vásquez, 2017). Enredos extraños, como los del propio Panamá, Manuel Antonio Noriega y Francia, que en 1987 lo condecoró con la Legión de Honor y años después le decomisó casi tres millones de euros y lo encarceló a él y a la esposa por lavado de dinero. Sin embargo, también se produjeron algunas transformaciones importantes, como mayores controles a este tipo de sociedades, o al menos hasta cierto punto, pero ante todo los cambios se registraron en el campo del periodismo donde una filtración de datos de tal magnitud impuso un trabajo colaborativo internacional con nuevas herramientas y al parecer más horizontal (aunque con riesgos diferenciados pues no es lo mismo indagar a los involucrados en este tipo de delitos en Europa que en México o Centroamérica donde la posición de poder se presta al abuso y no faltó el caso de un regulador financiero que investigaba una sociedad ligada a un presidente y simplemente desapareció), pero también muy conectado con el desarrollo de otros proyectos de filtración de datos de interés público relacionados con los Leaks (filtración en español) como Wikileaks, pero sobre todo Offshore Leaks, Offshore Leaks China, Lux Leaks, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Singapur Leaks y los que vengan.

En los papeles apareció el nombre de 289 mexicanos, 68 entidades offshore y 38 despachos que fungieron como intermediarios entre Mossak Fonseca y clientes de la talla de Rafael Caro Quintero (de quien uno de los dueños del bufete, Jürgen Mossack, llegó a decir que hacía que Pablo Escobar “pareciera un bebé”), y otros nombres menos conocidos de traficantes de drogas de Sinaloa, Jalisco y Colombia. También un hijo de Miguel Ángel Yunes, el ex(des)gobernador de Veracruz, quien negó la propiedad de un fideicomiso en Nueva Zelanda aunque el periodista Álvaro Delgado lo desmintió.¹⁰ Personas ligadas a la Arquidiócesis primada de México y a los Legionarios de Cristo, como Héctor Fernández Rousselon, o a medios de comunicación como el dueño del periódico La Razón, José Ramiro Garza Cantú, vinculado a empresas fantasma dueñas de plataformas petroleras para exploración en aguas profundas rentadas a Pemex,¹¹ Guillermo Cañedo White y Alfonso de Angoitia, de Televisa, o el dueño de Tv Azteca, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que a través de la directora de prensa de su grupo empresarial calificó como “amarillismo”, “medias verdades” y “grandes mentiras” lo publicado. Sin embargo, no negó ni admitió la contratación de la sociedad Felicitas Holding Limited en las Islas Vírgenes que sirvió para abrir una cuenta de subastas de obras de arte en Londres y Nueva York, o si utilizó Mossack Fonseca para abrir una compañía con tres nombres diferentes —Hatrick Group Services, Donby Limited y Aquid Limited— para “poseer activos de un barco” que se llamaría Azteca II.

O casos como el de la empresa Oceanografía, que pasó de consentida gubernamental durante el panismo a acusada de fraude por más de 500 millones de dólares, cuyo entramado offshore pasaba por Miami, Panamá, Islas Vírgenes y Suiza, donde las autoridades iniciaron una investigación por lavado de dinero en contra de dos socios de Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez (sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz), ya aclarada según su abogado, mientras que en México el SAT no podía cobrar los cerca de 18 000 millones de pesos que Oceanografía adeuda al fisco; oficialmente debido al retraso de la autoridad para reclamar y considerarse acreedor en el juicio mercantil seguido a esta empresa.¹² No en vano el SAT como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han sido bastante amigables con los grandes empresarios y tan sólo entre 2000 y 2011 les devolvieron 1 641 472 836 pesos de impuestos.¹³ En este caso, el nombre de Martín Díaz es buen ejemplo de unas redes que entremezclan familia, negocios y poder. Ingeniero industrial de la Universidad Panamericana, es experto en ingeniería financiera. Inició en la banca privada y de ahí pasó al sector energético donde, se dijo, fue buscado por los hijos de Martha Sahagún para hacer sus incursiones en este negocio, aunque no se ha podido comprobar que fuera su prestanombres y, según un columnista político, tiene sofisticación, talento e inteligencia financiera, de la que carecen los hijastros del expresidente Fox.¹⁴ Asimismo, fue yerno de uno de los políticos veracruzanos de mayor alcurnia, Dionisio Pérez Jácome, estuvo casado con la exconductora de TV Azteca, Gloria, fue cuñado de Dionisio, secretario de Comunicaciones en la administración de Felipe Calderón y luego representante de México en la OCDE. Así que en su estilo de vida no faltan “casas en la Ciudad de México, Acapulco, Miami y Sevilla; rancho en Huixquilucan. Ferraris —le encantan los autos de lujo—, viajero permanente en jets y helicópteros privados que usaba para sus negocios y relaciones públicas. Su logística causaba tanta envidia como suspicacia. Invitaba siempre a peleas de box de pugilistas patrocinados por sus empresas en Las Vegas, y su enjambre empresarial incluía políticos, personalidades y algunos sujetos de proceder sospechoso”. Su principal negocio y motivo de su relativa caída fue Oceanografía, la empresa petrolera donde contaba con 15% de las acciones pues el principal era Amado Yáñez, a quien gustan los relojes de lujo de marcas como Audemars Piguet. Este último, a través de una red de relaciones políticas edificadas durante los gobiernos del PAN, convirtió una situación financiera incómoda en negocio espectacular en la primera parte de este siglo, durante el cual armó la principal flota petrolera en el mundo para terminar defraudando, entre otros, a Banamex por al menos 400 millones de dólares (ibid.); aunque hay quienes estiman el monto de lo defraudado en alrededor de 580 millones de dólares, y una bonanza en parte derivada de al menos 160 licitaciones que le produjeron ingresos por cerca de 3 000 millones de dólares. Martín Díaz estuvo prófugo dos años hasta que en 2016 lo detuvo en Miami el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, fue liberado y la orden de aprehensión en su contra por el desfalco fue cancelada en mayo de 2016 por un tribunal colegiado, dado que la PGR no fue capaz de acreditar el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, además de no tener cargo en la empresa ni haber firmado ningún documento empleado para tramitar algún crédito fraudulento, con lo que desde entonces se desestimó el testimonio inicial de Yáñez Osuna de responsabilizar en todo a Díaz.¹⁵

Se cuenta que el vínculo entre ambos inició cuando el familiar del secretario de Hacienda ofreció incrementar sustancialmente sus líneas de crédito con Banamex, y a cambio Osuna le pagó con acciones. Yáñez se refería a Martín Díaz como el Loco, pues quienes lo conocen o han tratado, escribe el mismo Riva Palacio, dicen sin dudar que sí está loco. Lo describen como alguien impredecible, explosivo y violento. Mencionan siempre un trato arrogante, presuntuoso y déspota. Ni siquiera cuando cayeron en desgracia y entraron al laberinto judicial acusados de fraude tuvo humildad.¹⁶ Que tampoco le resultaba muy necesaria dado que tras ser acusado y aun solicitándose su extradición no le pasó absolutamente nada. Entre otros desplantes conocidos, estuvieron las amenazas “con meter a la cárcel” a una reportera la víspera de que publicara sobre las irregularidades en la entrega de la primera concesión aduanal para operar un recinto dentro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, justo 72 horas antes de que el gobierno de Carlos Salinas —cuyo subsecretario de Hacienda era Gil Díaz— propusiera pasar los recintos aduanales a la iniciativa privada. Que es otra rama de negocios en la que desde hace tiempo participan familiares del ahora exsecretario de Hacienda quien, por cierto, se rumoró fue recomendado para el cargo por el banquero Roberto Hernández, quien ese sexenio consumó la venta de Banamex a Citigroup, del que era el principal accionista, en 12 000 millones de dólares sin pagar un peso de impuestos. Su red de relaciones fue tan importante que el propio Manlio Fabio Beltrones, en ese momento líder de su bancada en el Senado, afirmó que “no le entregaremos otra vez las aduanas al pícaro de Francisco Gil Díaz”, e incluye a familiares como su hermano Alfonso, su tío Rodolfo, su prima María Cristina, el esposo de su hermana Alicia, Leonicio Fernández, quien desarrolló cuatro empresas transnacionales, o el amigo de buena parte de su vida, Luis Roberto Patrón Arregui, y su primo José Alfredo.¹⁷ Una vez abandonado el servicio público, Gil Díaz pasó a dirigir en México a la empresa española Telefónica, que a costa de otro pésimo negocio para el Estado obtuvo algunos beneficios interesantes como la concesión para utilizar una red de fibra óptica por 20 años tan sólo por una contraprestación de 850 millones de pesos, aun cuando los 21 000 kilómetros de fibra óptica construidos durante el periodo en que fue secretario de Hacienda costaron 30 000 millones de pesos. También fue denunciado penalmente por conflicto de interés al ser invitado a formar parte del consejo de HSBC poco después de haber dejado la SHCP, y aunque la demanda fue interpuesta por un miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la achaca al hecho de vulnerar intereses de personas muy poderosas. Felipe Calderón medió, fue defendido gratuitamente por un abogado cuyo nombre se reserva de revelar y el caso judicial no llegó a nada.

El fenómeno es sistémico y obviamente trascendió la alternancia partidista PRI-PAN-PRI, pues la filtración mostró beneficiados tanto por gobiernos panistas como al consentido del siguiente presidente de la República: Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista donador de la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto valuada en siete millones de dólares (cuyo reportaje derivó en el despido de sus autores y demandas contra la periodista Carmen Aristegui que prologó el libro resultado de la investigación),¹⁸ y a quien entre Mossfon y un despacho con oficinas en la Ciudad de México y Miami elaboraron una red offshore para gestionarle más de 100 millones de dólares en activos financieros a través de sociedades británicas integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses, lo que confirma las dificultades para hallar al prestanombres adecuado sin dejar rastro, y —otra vez— el problema de vencer la desconfianza que produce dejar el dinero y otros bienes a personas ajenas al vínculo familiar. En este caso, por motivos de “protección de bienes”, “planeación de sucesión patrimonial” y “confidencialidad y privacidad” se utilizó la clásica red de parentesco familiar por vínculo sanguíneo y político, esto es, que el empresario y su esposa donaron millones de dólares provenientes de “ahorros” que guardaron en bancos internacionales a través de empresas fantasmas (a su vez establecidas en paraísos fiscales), a su mamá y a su suegra, señoras de 85 y 82 años, respectivamente, y luego se recuperaban a través de un sistema de “reestructuración patrimonial”.¹⁹ Y eso que se trataba de un cliente UHNWI —Ultra high net worth individual o individuo de fortuna neta ultra elevada según las siglas en inglés utilizadas en el sector financiero—, una persona cuyos activos líquidos rebasan los 30 millones de dólares, sin incluir bienes personales, residencia principal ni las piezas de colección.

Tras el escándalo por la Casa Blanca, seguramente sumado al descubrimiento de otra residencia de descanso en un club de golf vendida por el mismo Hinojosa con muy generosas facilidades al después canciller Luis Videgaray, quien por supuesto negó cualquier conflicto de interés y luego fue exonerado junto con el presidente por la Secretaría de la Función Pública, a cargo de un excompañero suyo de universidad que según algunos le debía el nombramiento, Mossfon Nueva Zelanda solicitó al despacho en Miami que fungió como intermediario más información de este cliente, dado que “los resultados de cumplimiento arrojan información adversa del Sr. Hinojosa relacionados con posibles vínculos y beneficios que recibe del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto”; lo que en ese medio se conoce como una persona políticamente expuesta o PEP, por sus siglas en inglés, la cual requiere un seguimiento más cuidadoso. Y si bien ya se había explicado que “es uno de los hombres de negocios más prominentes de México. Desafortunadamente, debido a su éxito y su alto perfil, cierto número de personas le tiene aversión y por desgracia hay muchísima publicidad negativa alrededor del cliente”, la respuesta del mismo despacho a Mossfon reconoció que “existe efectivamente información adversa con relación al beneficiario en periódicos”, pero “mucho [sic] de esos periódicos son propiedad de algunos rivales de negocio como es el caso del New York Times de [Carlos] Slim”. Lo que tampoco era del todo cierto, además de mostrar un revelador desconocimiento de la forma en que la familia fundadora del periódico, los Sulzberger, logró separar la parte editorial del diario de las posibles intervenciones de sus accionistas. Y añadió que “todas las acusaciones respecto a cualquier conflicto de interés fueran [sic] investigadas y en el mes pasado [Hinojosa Cantú] fue exonerado por el secretario de la Función Pública de todas esas acusaciones” (ibid.). Al parecer la operación continuó y tanto el despacho intermediario, D’Orleans, Bourbon & Associates, como el propio empresario, guardaron silencio.

Un detalle muy significativo que se presenta con cierta frecuencia en empresas de este tipo es que al cambiar las administraciones gubernamentales, y con ello las redes de relaciones que suelen garantizar contratos, concesiones y prebendas, muchas de las habilidades para hacer negocios no resultan suficientes y la empresa termina por naufragar, como parece ser el caso de la misma Oceanografía tras su bonanza de 12 años de panismo, por ejemplo. Está por verse el futuro del contratista consentido del sexenio de Peña, y la consolidación —de ser el caso— de un nuevo contratista preferido. Hasta el momento de cerrar la edición de este libro, el ingeniero José María Riobóo es considerado como ese posible beneficiado en el gobierno de López Obrador, no sólo por su participación en el escándalo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco sino porque en su administración, como en la de Marcelo Ebrard, Riobóo recibió adjudicaciones directas por más de 170 millones de pesos, según publicó el periodista de negocios Mario Maldonado (El Universal, 17 de octubre de 2018). No sólo eso. El también dueño y rector de la universidad Westhill, cuya fachada en Santa Fe recordará a más de uno el Partenón de Arturo Durazo, recibió un predio de más de 14 000 metros cuadrados otorgado por Ebrard, y su actual esposa fue nombrada magistrada de la sala superior de lo contencioso administrativo de la Ciudad de México. Desde esa posición, frenó un juicio de nulidad contra la construcción de la supervía poniente interpuesto por los vecinos afectados. Actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dado el tema del conflicto de interés, cosa que le molesta a Riobóo que le pregunten, popularmente le dicen la ministra contratista.

Tampoco faltan quienes se mantienen vigentes pese a cambios de administraciones, o hasta de régimen. En ocasiones familias de empresarios con dos, tres o más generaciones a cuestas, otras articuladas por lazos étnicos o parecidas a clanes, o los herederos de los herederos de la Revolución mexicana, y quienes tuvieron la habilidad de naturalizar la relación política-negocios que fue tomando la forma de frases tan simbólicas como la de un político pobre es un pobre político. Así que no es de extrañar que el apellido Hank aparezca en varias filtraciones de datos, como cuando se hizo público a través de Swiss leaks que uno de los financieros de la familia tuvo una cuenta bancaria de 157 946 000 dólares en la filial de HSBC en Ginebra, Suiza, sino porque sorprendentemente Mossfon se negó a hacer negocios con ese mismo hijo del político mexiquense Carlos Hank González, a quien se atribuye la paternidad del dicho sobre el político pobre; uno de los más populares de la picaresca priista y, por ende, de la cultura política nacional. Según la investigación del semanario Proceso, tras aplicar su programa de revisión al ser una persona políticamente expuesta, hijo de un exsecretario de Estado, el despacho panameño de plano sugirió a una de sus filiales abstenerse de hacer negocios con Carlos Hank Rhon.

Llama la atención que entre las referencias de este informe destaquen viejas notas y artículos de la prensa estadounidense, como la información del Washington Post del 2 de junio de 1999 que, con base en un supuesto informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señala que el profesor y sus hijos “lavaron dinero de manera masiva, apoyaron organizaciones narcotraficantes en transportar cargamentos de droga y se involucraron en corrupción pública a gran escala”, y por ello la familia, “muchas veces descrita como los Rockefellers de México […] representa una amenaza criminal significativa para Estados Unidos”. Lo que tras una investigación denominada Tigre Blanco a mediados de los años noventa del siglo pasado, derivó en la expulsión de Hank Rhon del sistema bancario estadounidense donde era dueño del ya desaparecido Laredo National Bank.²⁰ También el hecho de que si bien ellos no pudieron hacer tratos con Mossfon para transferir dinero a Panamá y paraísos fiscales cercanos como las Bahamas, algunos de sus socios sí lo lograron. Los casos de Carlos Rojo Macedo, presidente del grupo financiero Interacciones (entre cuyos accionistas destacan miembros de la familia Hank), Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Grupo Mexicano de Desarrollo, quien además de dirigir la empresa familiar de construcción participaba en el consejo de administración de Interacciones,²¹ y el de Máximo Haddad Abed. De hecho, algunas de las empresas que constituyen parte de su grupo Haddad, al margen de su participación en el mismo grupo Interaciones, aparecieron en la filtración del bufete panameño, mientras que otras compañías, como Pycsa, hicieron multimillonarios y cuestionados negocios en aquella nación donde obtuvo la concesión para diseñar, construir, dar mantenimiento, operar y explotar cada uno de los tramos de la autopista Panamá-Colón y del Corredor Norte;²² entre otras cosas, este empresario de profesión ingeniero civil fue acusado de manejarse a través de conexiones políticas de alto nivel (quizá siguiendo los modos y formas del propio sistema mexicano), pues hasta adquirió la nacionalidad y fue nombrado vicecónsul de Panamá en Tampa, Florida.²³

No deja de llamar la atención que además de haber emprendido en Estados Unidos negocios en el ámbito de la construcción, al igual que a sus socios mexiquenses, en la relación con banqueros no le fue del todo bien pues en el año 2002 el Hamilton Bank de Miami fue clausurado por las autoridades. Aparecieron pistas que condujeron tanto a servicios de espionaje, israelí y estadounidense, como a lavado de dinero, corrupción y traficantes de armas y drogas. En la primera quincena de marzo de ese mismo año The Miami Herald publicó sobre el dinero de políticos latinoamericanos depositado cotidianamente en este banco, y durante las investigaciones en las que se supone también participó la agencia estadounidense antidrogas, la tres letras como algunos la nombran en argot mañoso, apareció el nombre de este ingeniero mexicano (quien para entonces ya tenía dos empresas offshore registradas en la nación centroamericana, Perpetual International Holdings y Alderly Management), relacionándolo además con un “préstamo dudoso”, lo mismo que a buena parte de la clase empresarial y política panameña (incluida la presidenta Mireya Moscoso quien, por cierto, en su momento sacó de la cárcel al terrorista de la CIA Luis Posada Carriles), con los que hacía negocios de infraestructura y tampoco terminó bien dada la cantidad de conflictos legales en contra suya; incluida la petición de un diputado para una detención preventiva que le impidiera abandonar ese país, pero donde volvió a evidenciarse lo de las buenas conexiones pues su apoderada legal era hermana de un magistrado del Poder Judicial.²⁴

En México una empresa de su grupo compró a precio de gran remate la conocida Torre Mexicana y su edificio anexo en avenida Xola número 535. Diseñada por Pedro Ramírez Vázquez, su venta fue celebrada como gran negocio aunque no todos los afectados se creyeron la historia y un par de sindicatos de trabajadores de la aerolínea presentaron denuncias penales por un posible fraude en contra de acreedores debido a que ninguna propiedad se enajena al valor catastral, salvo en casos de expropiación por utilidad pública. Y un segundo fraude, sintetizado por Alberto Barranco (El Universal, 27 de julio de 2011), que involucraba a funcionarios del gobierno del Distrito Federal dirigido entonces por Marcelo Ebrard. Comenzaba con el hecho de que la operación de compraventa fue exenta del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), alegando la obtención de una extensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no se justificaba, pues según la cláusula quinta del contrato de compraventa de los inmuebles el comprador, Fibramex, obtuvo de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos y de la Dirección General de Administración Urbana y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal la exención o reducción fiscal del gravamen. Este beneficio se basaba en un artículo del Código Financiero del Distrito Federal, después abrogado, bajo cuyo marco los inmuebles que se sometieran a una restauración o remodelación tenían derecho a una reducción equivalente a 100%. El pequeño detalle es que no hubo indicio alguno de que esto se haya realizado, como tampoco de que las autoridades procedieran en consecuencia.

Éstas y otras evidencias se hicieron públicas años después durante un juicio mercantil, aunque en su momento el doctor Andrés Conesa Labastida, director de Cintra (corporación que tras la venta de Mexicana cambió su nombre por el de Consorcio Aeroméxico), defendiera dichas ventas incluso en el Senado de la República, donde recurrió al argumento de que

no hay ningún tema de conflicto de interés. Yo como le señalaba, yo no soy empleado público, yo no soy funcionario público, soy empleado […] Soy empleado de una empresa y en cualquiera de estas transacciones, no nada más a un servidor, hay toda una lista de gente a nivel de Mexicana y de Aeroméxico que por desempeño, no nada más por una cuestión de venta, una parte de la compensación es fija y una parte de la compensación es variable.

Y esto es muy importante, ya que justificaba o no recibir un bono económico por la venta del edificio, pues un funcionario público lo tiene prohibido y podría ser procesado judicialmente por ello; de hecho se presentó una denuncia penal al respecto, que en su momento el propio Conesa calificó de “absurdo”, “calumnias y difamaciones” de gente “que no es trabajadora de Mexicana” (El Financiero, 11 de agosto de 2011). Claro que aun en nuestro sui generis sistema, es algo que por lo menos puede considerarse una práctica nada ética, tal como señaló el senador del PAN Luis Alberto Rico Samaniego el 28 de febrero de 2006, durante la misma comparecencia:

Normalmente las prácticas comerciales buenas se encargan de una agencia que coloque, que promueva ventas, que es ampliamente usado. Cuando uno de los empleados, alto ejecutivo de una empresa se encarga de hacerla de agente vendedor, hay conflicto grave de intereses. Se ha mencionado que serían 18 pagos mensuales los que usted recibiría por la venta, es una cantidad muy considerable y eso es una práctica antiética.

Entonces intervino el licenciado Mario Beauregard, secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), quien atribuyó al mercado propiedades prácticamente mágicas al tener poder para diluir por sí mismo todo tipo de conflictos de interés, intentando explicar que

se contrató incluso a una empresa que se dedica exactamente a hacer estas evaluaciones y estas propuestas y ahí se puede corroborar cómo ésta es una práctica totalmente de mercado en donde no existe absolutamente ningún conflicto de interés y que precisamente lo que se busca es alinear los incentivos de las personas que están en el proceso de venta hacia un proceso que finalmente sea exitoso. Y esto es una práctica que sucede en México y en muchas partes del mundo.²⁵

A decir de la columna Oficio de papel, del periodista Miguel Badillo,²⁶ Conesa Labastida percibía “un sueldo mensual superior a los 60 mil dólares, además de haber pactado un bono adicional por entre 18 y 24 meses de sus ingresos si logra vender las dos aerolíneas antes de que concluya la administración actual”. Esto es, 1 080 000 dólares de entonces, mínimo. Entonces, salvo para los bonificados que cobraron independientemente de los resultados, esto es, funcionarios y ejecutivos, las agencias intermediarias, abogados o el comprador, el negocio resultó pésimo para el interés público. Aun así, el doctor Conesa (director general de Aeroméxico desde 2005) planteó la posibilidad de interponer acciones legales contra sus detractores sin aclarar detalles sobre el porqué de tan mal negocio para el Estado, y funcionarios de la SHCP al mando de Francisco Gil Díaz al parecer tampoco hicieron mucho pese a las denuncias penales por estos y otros hechos como descuentos todavía más generosos, pues tan sólo, como mencionó el senador panista Rico Samaniego (quien además hizo notar la falta de interés institucional por difundir públicamente este tipo de asuntos), “al momento de su rescate, el IPAB pagó por Cintra 517 millones de dólares. Y eso es lo que valía por estar casi en bancarrota. Ahora, que ya fue saneada y reporta utilidades, se vende por 165.5 millones de dólares”.²⁷ O la forma como se manejó el esquema para esta venta que, según resumió el mismo Badillo,

provocó el enojo de la comunidad bursátil, pues durante los últimos meses inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores se dedicaron a adquirir acciones de Cintra —la controladora de Aeroméxico— en espera de que la venta sí fuera un éxito y sus títulos subieran de precio. La sorpresa, sin embargo, fue que Conesa decidió vender en menos de 4 pesos las acciones de Mexicana de Aviación, cuando hace tres meses las acciones de Cintra llegaron a niveles de 8 pesos.

En lo que quizá hasta hubo tráfico de información privilegiada pues una parte accionaria de Mexicana pertenecía a Bancomer, 13.49% de acuerdo con información del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), así que seguramente su grupo financiero e intereses estaban bien representados en el consejo de administración de Cintra, y después resultó que vendieron sus acciones cuatro meses antes y a mejor precio (a 7.80 cada una frente al 1.88 en que vendió el IPAB y Cintra); claro que, como mencionó el senador Rico, para Beauregard y Conesa Labastida “se trata simplemente de buena suerte y quizá de inteligencia en el manejo de los negocios”. Al respecto también hubo denuncia penal en la Procuraduría del Distrito Federal a cargo de Miguel Ángel Mancera, aunque su Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Financieros simplemente llegó a nada. Y no deja de ser extraño, pues se trata de no poco dinero y personas muy preparadas en su manejo como para que a tantos se les fueran este tipo de detalles. Según Badillo,

al parecer, los analistas de casas de bolsa como Vector, Monex, Santander y Banorte, entre otras intermediarias bursátiles, no tomaron en cuenta para las valuaciones sobre Mexicana de Aviación el cargo como pasivo de casi mil millones de dólares por arrendamiento de aviones. Para ellos, Conesa y su agente vendedor, la correduría europea Credit Suisse (First Boston LLC, representada por Jaime Martínez Negrete), cometieron una grave e intencionada equivocación al convertir un costo de operación en pasivo.

O incluso la aparente insignificancia de contratar como asesor jurídico mediante el procedimiento de invitación restringida al despacho Creel, García-Cuéllar y Müggenburg, S. C., uno de cuyos socios, Carlos A. Creel Carrera, presuntamente es pariente de Santiago Creel Miranda, que en ese entonces era secretario de Gobernación y también involucrado en la trama para quedarse con una parte de la aerolínea.

Dicen que en política los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad, así que es factible que la animadversión que debe tenerle Felipe Calderón incidiera para que esto no fuera posible. Así que además de la política y la consultoría legal, como todo político-empresario (de alcance binacional y con estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México —ITAM—, la Universidad Nacional Autónoma de México —UNAM— y la universidad de Georgetown), Santiago Creel tampoco ha abandonado los negocios y desde 2014 incursionó en Ezcorp Inc., donde es director con una compensación anual estimada por Standard & Poor’s de alrededor de 240 000 dólares. Se trata de una compañía del sector financiero, cuyas acciones cotizan en Nasdaq con la clave EZPW, fundada en Austin, Texas, con un importante crecimiento sostenido desde la década de los noventa según su página web,²⁸ que desembarcó en México en 2007, primero en la frontera con Texas y luego con 20 tiendas distribuidas por el país. Tropicalizó su marca comercial EZMoney por la más familiar Empeño Fácil (en Canadá se dieron a conocer como CashMax), y en 2012 adquirieron el grupo FinMart que opera comercialmente en nuestro país bajo los nombres de Crediamigo y Tuyo. Servicios de empeño, financieros y venta de artículos seminuevos en tres países, aunque al menos en México ha tenido el vergonzoso honor de ser la tercera casa de empeño con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por diversas irregularidades que suelen perjudicar a los clientes.²⁹

3. Comerse el mundo de un mordisco

Caballeros, estos son mis principios,
y si no les gustan tengo otros.

GROUCHO MARX

Como pasa con otras de sus películas, la intención del director fue únicamente contar una historia. “Es la historia de una locura, de la obscena mentalidad de un negocio podrido, y así lo quise mostrar. Sin prebendas, con toda la libertad que necesitaba para dejar clara la impunidad con que se movían mis sujetos.” En este sentido, prefiere “que sean los demás quienes hablen del estado de nuestro sistema jurídico a la vista de lo que muestro. De nuestros valores como sociedad. Yo no soy juez, sólo hago cine”.¹ Una mentalidad que, como dice este maestro contador de historias, deja ver la locura que produce el dinero en los negocios multimillonarios y los valores sociales ya imperantes desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando un joven llamado Jordan Belfort se hizo obscenamente rico y de paso obtuvo el sobrenombre de El lobo de Wall Street.

Hoy tiene 55 años y no se parece a Leonardo DiCaprio, quien lo interpretó en el cine y cuya productora participó en la elaboración de un filme que tardó seis años en desarrollarse, donde no faltaron la reticencia de los estudios cinematográficos para invertir en una película sobre las memorias de un financiero como éste, la demanda de un exsocio de Belfort, quien consideró que su imagen representada no era acorde con la realidad (pues quizá es más depravado en esta última), o la aparición de un sospechoso fondo de inversión proveniente de Malasia que a través de la desconocida Red Granite Pictures aportó más de 100 millones de dólares a la producción.² Como ha pasado en otras ocasiones, los vaticinios de la industria fallaron y la película se convirtió en éxito mundial que el verdadero Lobo de Wall Street (como ahora se autopromociona) aprovecha puntualmente, ya que tan sólo la asociación mental DiCaprio-Lobo parece suficiente para atraer multitudes que pagaron entre 800 y 2 800 pesos por verlo en un seminario de ventas titulado Sell, Trade & Earn, además de gastar en comprar costosas gorras o playeras deportivas del recuerdo con las iniciales de Jordan Belfort, o alusiones del ahora famoso sobrenombre; algunas incluso divertidas, como el impreso “Uno más de la manada” que se presta a varias interpretaciones. Y por sólo 13 000 pesos, 10 000 si se cuenta con la membresía de uno de los patrocinadores, se pudo tener una cena “privada” con el exfinanciero que incluía litografía o película para un autógrafo, esa firma que cambia la naturaleza simbólica de las cosas.

El rango de edad del público es amplio, de 20 a 60 años por lo menos. Hay hombres, mujeres y jóvenes en una variedad que va de fresitas a hípsters sin faltar estudiantes o los de estilo ejecutivo chiricuto. En pareja o pequeños grupos, mixtos algunos además del típico conjunto estudiantil, el de oficinistas, jefe con su secretaria, empleados de las patrocinadoras del evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 25 de mayo del 2017, o quienes se dedican a los negocios y venta de cosas tan en boga como la moneda virtual o bitcoin. Todos recibieron un par de delgados blocs en una bolsa con diseño y tipografía que remiten a la película, y el detalle de una pluma azul hecha en China pero con las iniciales JB y la frase “¡Véndeme esta pluma!” (Sell me this pen!), que también es relevante en la historia pues a través suyo muestra tanto el funcionamiento del mercado y sus oportunidades para llevar a cabo una compraventa exitosa, que es la esencia del capitalismo según él, como sus propias habilidades para hacer dinero por medio de la persuasión en su faceta de conferencista. Que no debe ser mal negocio dado el precio del boletaje, los alrededor de 4 000 asistentes, el merchandising y extras como el servicio de traducción simultánea, la obtención de datos y correos electrónicos o una cafetería que resultó insuficiente, más esos pequeños ahorros de los organizadores como prometer un certificado de participación que no se entregó. El inicio se retrasa una hora, en la que suena música ambiental grabada y no falta la melodía de Madonna, “Chica material”, aunque jazzeada y con toque de sax. La gente sigue llegando y no todos parecen estar ahí sólo por esa suerte de asociación cinematográfico-mental entre DiCaprio y el Lobo, aunque no faltará el despistado que así lo habrá pensado tras ver la publicidad. Y es que por sí mismo el personaje Lobo de Wall Street resulta muy atractivo, pues encarna los valores sociales imperantes referidos por Scorsese, quien durante el rodaje dijo apenas haber tratado con Belfort. Es el poderoso imán del dinero en exceso, el estilo tipo mafioso para hacer negocios, la cocaína, el sexo con rubias y la colección de mujeres-trofeo, las fiestas salvajes, orgías y una vida rebosante de hedonismo. Y su mantra corporativo, como el mismo Lobo le llamaba: “aprovecha el momento” (Belfort, 2014: 56). Ganancias de entre uno y tres millones de dólares al tercer año en la empresa para que la riqueza fluya hacia abajo y entonces poder vivir la Vida, con mayúsculas; esto es, mansión con muebles caros, autos Mercedes, Porsche, Ferrari o Lamborghini, y poseer todos los bienes materiales o servicios imaginables. Aunque en perspectiva esto sea algo más parecido a un sistema que un exbanquero alemán llama de prostituta o gallina ponedora de dinero, pues si bien es cierto que tras darle a la institución tiempo, lealtad y ganancias, ésta puede recompensar con generosidad, la exigencia entonces cada vez será mayor en una dinámica que genera una enorme presión nada fácil de sobrellevar.³ Claro que visto desde afuera esto parece irrelevante ante el mantra de aprovechar el momento y poder vivir esa Vida, sin que importe estar preparado para ello o no. Embriagarse de ambición y dejarse llevar por el sonido de la codicia, pues como el mismo Lobo pregonaba: “Que todos estafen a todos es la naturaleza del capitalismo del siglo XX, y el que estafaba a más gente era, en última instancia, el que ganaba el juego” (ibid.: 38).

Quieren dinero rápido, como resumía un entrevistado que trabaja en ligas mayores del sistema financiero. Sí, y también comerse el mundo de un mordisco. Así que tampoco puede descartarse el interés de muchos por, según sea su expectativa, escuchar o aprender algo de un auténtico amo del universo que en su tiempo (donde había muchas menos regulaciones gubernamentales que hoy día), como buen tiburón de las finanzas, se hizo obscenamente millonario prácticamente viniendo de la nada… Por fin aparece en el escenario para impartir durante hora y media una mezcla de seminario, conferencia y clase donde alterna anécdotas, confidencias (como que la única droga que hoy emplea es el energizante Red Bull), consejos y explicaciones acerca de cómo persuadir, lo que sin duda es su especialidad, para ganar mucho dinero. No es muy alto, mide 1.62, ojos azules, saco que luego se quitará y camisa sin corbata; se ve fuerte. Lo primero que hace es preguntar si conocen la película, y prácticamente toda la audiencia levanta la mano. Complacido, revela que para ganar dinero hay que divertirse y que él diseñó un modelo que llamó straight line, el cual cobró la forma de un libro que puede ser de mucha utilidad al respecto. Aclara que dice muchas groserías, lo cual aprendió en Wall Street, y acto seguido establece relaciones entre producto, confianza y certezas como las claves para “vender lo que sea”; es decir, las ventas como una transferencia de emociones, y el dinero como resultado de nuestra capacidad para convencer a los demás de que digan sí y firmen un contrato o paguen de contado. También es básico aprender a detectar al cliente potencial, pues “no se pierde el tiempo con quien no tiene interés”, y lo más importante: “tener seguridad en las propias habilidades”. De hecho, para el Lobo Belfort la diferencia entre quien tiene éxito y dinero y quienes no, radica en tomar acciones, que pueden ser una idea o una oportunidad. Éstas “no se dejan pasar. No hay que esperar ni dejar que el miedo guíe nuestras decisiones”. Y para eso tiene otro mantra: “Yo tomo acciones. Soy una persona de acción”, que pide al público decirlo fuerte tres veces y luego brindarse un aplauso.

En este mundo de acción las oportunidades se aprovechan, y para ello deben aprenderse estrategias, es decir, un “conjunto de pasos comprobados para hacer algo que les dé resultados siempre”. Para esto sirve la creación de modelos, como el suyo, que permite “asegurarse de saber qué hacer antes de salir a hacerlo”, pues no se trata de realizar “acciones simples sino acciones con estrategias”. La comunicación es fundamental, así que debemos pensar que los otros, empresarios o inversionistas, reciban las palabras y el tono correcto, pues sonar seguro, sincero o confidente exige distintas tonalidades; hay que parecer espontáneo, aunque atrás debe haber mucho trabajo y una estrategia por fases. Lo cual funciona tanto individual como colectivamente, y lo ejemplifica con sus primeros empleados, que por supuesto salen en la película como en sus memorias, y donde,

contrariamente a lo que se suponía hasta entonces, es posible enseñarles a jóvenes hombres y mujeres que en conjunto tienen la habilidad social de una manada de búfalos de agua en celo y un coeficiente de inteligencia semejante al de Forrest Gump bajo triple dosis de ácido (lisérgico), a sonar como magos de Wall Street. Se trata de escribir cada una de las palabras que deben decir y metérselas en la cabeza una y otra vez, todos los días, dos veces al día, durante un año entero [2014: 58].

Porque el problema, explica, es que padres, maestros y medios de comunicación condicionan nuestra grandeza y no nos enseñan a prosperar. La estrategia también funciona en lo individual, y horas después, cuando reaparece para cerrar el evento, como muestra remite nuevamente a la película cuando exitosamente vende por teléfono acciones de un modo que parece espontáneo, cuando en realidad le tomó cinco horas preparar cada palabra y tono de su guion, pues dice que es importante tener uno antes de hacer la venta, es algo que no sale a la primera, además de que existen 29 tonos diferentes de voz, aunque para vender los básicos son la certeza y la seguridad en las palabras. En este sentido, “no se trata de lo que dices sino cómo lo dices”.

Para el señor Lobo el mundo es dual, yin yang y dos lados de una situación. Pone ejemplos, aunque en ninguno refiere que bajo esta lógica para que uno gane otros deben perder, tal como sucedió con los inversionistas a quienes defraudó (dejando a algunos literalmente en la calle), entre otras cosas porque no tenían mucha idea sobre el funcionamiento del mercado de valores. Así que tras advertir la importancia de “mantener la ética e integridad [pues] es un error hacer dinero y maltratar a las personas, eso es un error”, se apoya en un pequeño pizarrón portátil para trazar con marcador la fórmula general del éxito y la fortuna: trabajar el mundo interno más el mundo externo más un buen autoanálisis. El mundo externo es un ciclo y lo primero que se requiere es conocer las reglas y estrategias de los negocios, luego desarrollar marketing, es decir, saber cómo se encuentra a los prospectos adecuados y cómo se les atrae de modo rentable. Con eso puede aplicarse la influencia/persuasión, transfiriendo las emociones y certezas necesarias, para que una venta exitosa cierre el ciclo. El autoanálisis es fundamental para entrar al mundo interno y desarrollar esa mentalidad de éxito que padres, maestros y medios de comunicación se niegan a enseñarnos. Así que lo primero es desarrollar la habilidad de gestionar nuestro estado mental según el momento, limitar la incertidumbre, preocupación y miedo, para dar paso a la certidumbre, claridad, valentía y confianza; lo que llama a aprender a manejarse en estado positivo. También debemos autoanalizar nuestras capacidades, limitaciones y sistema de creencias, pues en realidad, reflexiona el Lobo en voz alta, “el dinero es como el alcohol, te hace más, da potencia. El dinero te amplifica. Si se es codicioso, se será más”. Asimismo, hay que reemplazar todas nuestras creencias limitadoras que impiden aprovechar las oportunidades y pasar a la acción. Y pensar en nuestros estándares personales, ese termostato o nivel de éxito y dinero deseado, donde millonario deja de ser una palabra tan grande: “Su estándar para el dinero son, ¿más de 50 mil dólares? ¿Un mínimo de diez millones al año?”, pregunta Belfort. Que pueden ser poco si recordamos que el Lobo Jordan se hizo millonario en cuatro meses.

Con todo esto se podrán enfocar en la visión, que son los objetivos hacia el futuro: “¿Por qué hacerse ricos? ¿Dónde estaré en cinco años? ¿Por qué me importa?” Algo que le sirvió mucho los dos años que estuvo en la cárcel, cuando un prisionero famoso le sugirió escribir un libro, y de este modo supo por qué hacerlo: para regresar a ver a sus hijos. Los aplausos interrumpen su relato, así que tras la pausa cuenta que eso mismo se los dijo a otros 50 presos, pero él se lo tomó tan en serio que escribió dos: el método de venta y sus memorias (que entre otras cosas muestran la forma en que el lenguaje cinematográfico adapta y traduce la narrativa literaria, o cómo el policía del cine se parece más al Javert de Victor Hugo que a esa realidad burocrática que en Estados Unidos tardó casi dos años en poder meterlo a la cárcel). Cuya estrategia —nos revela— fue diseñada a partir de la célebre novela de Tom Wolfe, la de los amos del universo. Así pues, el conjunto de estos elementos configura una mentalidad de éxito, que sumada al mundo externo y a un buen autoanálisis nos permitirá acumular riqueza y entonces ésta comenzará a trabajar para ti. La clave son acciones pequeñas, tener ingreso de diferentes fuentes y obtener el dinero de muchas maneras, “no trabajar por un cheque” sino que el dinero trabaje para uno. “De hecho, el error más grande es pensar que las diferentes fuentes de ingreso son sólo para gente rica”, así que pueden invertir en “acciones, bienes raíces o bitcoin”, una de cuyas empresas promotoras patrocina el evento, por cierto.

El Lobo se autodefine como empresario desde el nacimiento, y su relato al respecto es muy revelador sobre el contexto y la organización social, económica, cultural y educativa que posibilita o no hacerse millonario y además mostrarlo, dilapidarlo o bien, ocultarlo. Dice que a los ocho años hacía y vendía pasteles, quitaba por tres dólares la nieve de las casas de sus vecinos, cosa que hizo durante dos años, y a los 14 puso un anuncio de mago sin tener idea sólo porque había visto a David Copperfield en televisión. Sin embargo, su primer gran golpe lo dio en 1978, en la playa Jones de la ciudad de Nueva York, cuando el salario mínimo por hora era de un dólar y aprovechó la oportunidad que estaba a la vista de todos pero nadie tomó: se puso a vender helados en la playa, cuando no había quien lo hiciera, y de una hielera obtuvo 120 dólares. Lo que le permitió volver al día siguiente con cuatro hieleras y algunos amigos para obtener 400 dólares y algunas lecciones sobre lo que él llama mentalidad de éxito aunque tiene mucho que ver con naturaleza y condición humana: tres de ellos se conformaron con vender una sola hielera por día, pues eran personas a quienes basta un pequeño ingreso para despreocuparse, y el otro se aplicó lo suficiente como para ser competencia. El negocio le dejó ganancias por 26 000 dólares, con los que pagó su estancia en la universidad, misma que abandonó cuando un profesor les dijo que en la carrera de odontología (que pretendió estudiar a instancias de su madre) no iban a hacerse ricos. Así que regresó a la playa el año siguiente y en vez de amigos contrató teenagers con los que multiplicó todavía más el dinero. Y si bien la audiencia se muestra entusiasmada, no debió faltar quien al intentar trasladar la situación a México de inmediato se da el encontronazo con una realidad totalmente diferente que en principio castiga la iniciativa ciudadana o empresarial: de la camioneta de alcaldía o municipio que te lleva detenido y decomisa las paletas por falta de permiso, o no estar afiliado a la organización de vendedores ambulantes dependiente de un partido político, a los otros malandros que cobran derecho de piso. Esto es, de los vacíos que no ocupó o ha ido dejando el Estado, que dan lugar a fenómenos como el piso y otras variantes de la extorsión, a un marco legal que impide, restringe o hasta castiga éstas y otras iniciativas. Incluso para economistas como el exsecretario de Hacienda Francisco Gil, este problema en el fondo se remonta a la Colonia y es el centralismo de nuestra organización administrativa, política y tributaria. Y a pesar de que desde el siglo XIX políticos liberales, conservadores o administradores científicos, que ahora les dicen tecnócratas, admiraban a Estados Unidos y pocas generaciones después hasta se formaron académicamente en ese país, nunca intentaron copiar o adaptar su estructura político-administrativa descentralizada desde abajo (en este caso a partir de lo municipal y sus equivalentes, para hacer un marco legal y organizacional que fomenta y desarrolla iniciativas empresariales como las del conferencista y de otros tipos), y mucho menos otorgarle a la población facultades para autogobernarse.

Sobre mentalidades y condición humana, este último tema reflexionado por autores como André Malraux, por ejemplo, el Lobo Jordan aprendió tanto que según él existen dos tipos de personas: los racionales, que son como patos en un estanque, sin tomar acciones y puro cuac cuac cuac. Y los de resultados, sin historias de por qué no tienen las cosas. Son águilas, vuelan y hacen estrategia. No son alas de pato pues éste sólo se queja y sus creencias le impiden aprovechar las oportunidades, o dejarse defraudar, según se vea. El águila, explica, invierte en sí mismo para obtener conocimiento pues un buen negocio también es el pequeño gran detalle de “lo que sabes y a quién conoces”. Las águilas con alas atoradas comienzan a pensar como patos, por eso la clave es recuperar sus alas. Al margen de que nuevamente volviera a pedir a la audiencia darse un fuerte aplauso porque al haber asistido a este seminario comenzamos a cambiar nuestras creencias limitadoras que impiden pasar a la acción y alejan oportunidades, la riqueza y fortuna, o que en su discurso no falten los componentes motivacionales o las interacciones a mano levantada, sus analogías con el reino animal también son reveladoras para entender algunas diferencias significativas entre este capitalismo, caótico y de estafadores como él mismo lo define (2014: 38 y 74), de la versión mexicana donde imperan los cuates y amigotes. Claro que como la etología se ha encargado de demostrar, algunas de estas analogías tienen límites considerables pues muchas veces su única base son los imaginarios sociales o estereotipos. Como pasa con el lobo mismo, sobre todo lo concerniente a la idea del macho Alfa dominante, controlador, agresivo y malhumorado, pues los lobos verdaderos en realidad ejercen un “efecto tranquilizador” sobre su manada, saben lo que tienen que hacer, dan ejemplo y poseen “una discreta confianza y seguridad” en sí mismos como han encontrado algunos investigadores (El País, 15 de mayo de 2016). Y con similitudes sorprendentes a nuestra especie, no en vano los indios norteamericanos consideraban a los lobos como almas gemelas. Por ejemplo, su capacidad de adaptación, flexibilidad, defensa del grupo familiar e incluso su violencia para responder a las amenazas o cazar. Un conjunto de atributos donde de acuerdo con especialistas el más fiable obviamente no es el humano: el lobo cumple mejor sus obligaciones, ayudan a criar a sus cachorros y a las hembras a sobrevivir con una lealtad y devoción modélicas.

Aunque suele utilizarse la imagen de este animal por sus cualidades, imaginarios y las asociaciones mentales que produce, como la del macho Alfa que no concuerda con la realidad, o la ferocidad y malicia que se desplaza por la cultura popular (en ocasiones bajo la forma de refranes del tipo el que anda con lobos a aullar se enseña), o en la literatura infantil y sus industrias culturales que tienden a exagerar la bestialidad (como en la Caperucita y su abuela merendada o versiones Disney donde tampoco falta la redención del mismo lobo vía su pequeño lobito que trata de enmendarlo). Esto es, el sentido predatorio y carente de piedad con el que se manejan por la vida, que el propio apodo de Lobo de Wall Street puede connotar;⁴ aunque también ha sido empleado en otros ámbitos para referirse a fenómenos como el terrorismo, con los nombrados lobos solitarios, un lobo estepario, o a ciertos rasgos de la criminalidad contemporánea que en ocasiones se traslapan con trastornos de personalidad donde existe una carencia absoluta ya no de empatía sino de conciencia y sentimientos por los demás, abunda el engaño y la manipulación, no hay respeto por la norma social ni rastro alguno de arrepentimiento o piedad.⁵ No siempre un síndrome, conjunto de síntomas relacionados según su definición; a veces rasgos, habilidades y conductas características que dejan a su paso todo tipo de acciones a fin de cuentas devastadoras para sus víctimas. Y es que la psicopatía, salvo en literatura, cine, series de televisión o el horror mexicano reciente, tiene menos de crímenes brutales y es más frecuente encontrarlo en entornos propicios para cometer delitos de cuello blanco como en las finanzas, la política o los negocios. No que en automático quienes se dedican a estas actividades tengan el trastorno clínico, pues unos rasgos no hacen el síndrome, por más frecuente que sea su empleo como descalificativo entre candidatos en campañas a puestos de elección popular.⁶

Para Robert D. Hare (2016), los síntomas clave de la psicopatía se manifiestan en rasgos emocionales e interpersonales como en la forma o estilo de vida inestable y antisocial. Aunque menos esquemático, esto se traduce en una mente simple y superficial, personalidad egocéntrica y presuntuosa, falta de remordimientos o culpa, falta de empatía, persona manipuladora y mentirosa, portadora de emociones superficiales, banales. Características que parecen lejanas de lo que el imaginario social supone son los hombres de negocios, o las personas de empresa y política, aunque según este autor no debe confundirse con la sociopatía, y hay al menos tres tipos de psicopatía de cuello blanco: quienes llevan una vida de timo y engaño, los predelincuentes y el psicópata de empresa. Socialmente, entre otros rasgos destacables cuentan con gran encanto, educación, engañan, mienten, tienen habilidades sociales, relaciones familiares y manipulan para obtener la confianza de sus víctimas que luego traicionan con asombrosa insensibilidad. Sólo que a diferencia de lo que Hare llama delincuentes de cuello blanco “ordinarios” (ibid.: 139), los psicópatas con ansias emprendedoras despojan de su dinero no sólo a estas víctimas sino a sus propios amigos, familia y al sistema judicial. Hay un impulso imparable de acumular riqueza, utilizar a la gente para obtener sus fines y abandonar toda emoción que no fuese el amor narcisista. Como en general tienden a distorsionar la realidad fácilmente, consideran sus delitos una respuesta lógica a la frustración y a la presión, o como errores de la víctima y no suyos (ibid.: 142). En esto ayuda la idea generalizada de que cierta clase de personas son de fiar sólo por sus credenciales sociales y profesionales, esto es, la posición social y el simbolismo que produce: abogados, médicos, políticos, sacerdotes, asesores financieros, psicólogos y, durante algún tiempo, periodistas y profesores. Por eso no es raro que algunos de estos psicópatas o personas con rasgos, trastornos o síndrome en su comportamiento y personalidad sean grandes impostores que falsifican documentos, adoptan papeles y hasta suplantan identidades profesionales con todo y jerga gremial, currículum, apariencia, modales o títulos profesionales con una facilidad que asombraría al propio Zelig de Woody Allen. Y tampoco que muchas veces sus acciones y delitos se facilitan gracias a esta misma credulidad, que si bien ha disminuido considerablemente en nuestro país a causa de la violencia e inseguridad de los últimos tiempos, todavía hay quienes confían demasiado en la bondad humana. O quienes caen debido a su ambición y codicia. En todo caso, lo significativo es que la confianza ciega produce un efecto que tiende a inhibir la denuncia y persecución de muchas de estas acciones y delitos, pues el o los timados en vez de alertar a las autoridades y condenar públicamente las mentiras y defraudación de la que fueron víctimas, optan por guardar silencio o hasta defienden al timador en su intento por salvar las apariencias ante la dificultad para aceptar que alguien pudo engañarlos de tal modo.

A diferencia de este tipo de psicopatía, donde muchos se pasan la vida entrando y saliendo de la cárcel, el psicópata predelincuente parece funcionar razonablemente bien y nunca van a dar a la cárcel. Son, dice Hare, “abogados, médicos, psiquiatras, mercenarios, oficiales de policía, líderes religiosos, militares, hombres de negocios, escritores, artistas y demás” (ibid.: 149-150), tan egocéntricos, insensibles y manipuladores como el resto de los psicópatas. Sin embargo “su inteligencia, su familia, sus habilidades sociales y sus circunstancias les permiten construir una fachada de normalidad y obtener lo que desean con relativa impunidad”. De hecho, aclara, “su conducta, aunque técnicamente no ilegal, viola los criterios éticos que tenemos la mayoría y se coloca en esa zona gris de la ley. Los psicópatas predelincuentes exhiben la misma conducta y actitud en todas las áreas de su vida, a diferencia de la gente que conscientemente adopta una actitud egoísta y sin escrúpulos en sus negocios, pero que son razonablemente honestos en otras áreas de su vida”. Claro que al manejarse en las zonas grises de la ley, este tipo de personalidades tiene muchas probabilidades de que las cosas se les salgan de control y entonces el delito se vuelve una consecuencia natural. Dan para muchos libros y películas, sobre todo por ese componente de la doble vida —ejemplar de un lado y criminal del otro—, familia protectora, sus buenas tapaderas, y porque en sus interacciones hay una buena cantidad de abuso emocional, traiciones amorosas, doble juego y en general una conducta mezquina.

Cuando se trata de comerse el mundo de un mordisco, la empresa y los círculos financieros son tan buena oportunidad que para Hare no resulta difícil entender por qué los psicópatas se sienten atraídos por el mundo de la delincuencia de cuello blanco y tienen tanto éxito en él. Se les presentan demasiadas oportunidades y poseen lo que se requiere para defraudar y timar a los demás: “Facilidad de palabra, encanto, seguridad en sí mismos, control sobre las situaciones sociales, frialdad bajo presión, no les asusta la posibilidad de que los descubran y no tienen piedad. Incluso cuando quedan expuestos a la luz pública, pueden seguir como si nada hubiese pasado y muchas veces dejan a sus acusadores desconcertados y dudando acerca de sus sospechas” (ibid.: 158). Y lo más importante, se trata de un delito muy lucrativo, con posibilidades mínimas de que los atrapen y de recibir sanciones triviales. Sobre todo porque en muchos casos

las reglas del juego delictivo a gran escala no son las mismas que las del delito ordinario [quienes usan información privilegiada, por ejemplo], suelen formar parte del mismo estrato social y las mismas escuelas, pertenecen a los mismos clubes e incluso tienen un papel decisivo en el establecimiento de las reglas de control gubernamental. Un ladrón de bancos puede ser condenado a veinte años de prisión, mientras que un abogado, un hombre de negocios o un político que defrauda millones de dólares puede recibir sólo una multa o una sentencia [luego suspendida], después de un juicio ampliamente demorado y nada claro. Condenamos al ladrón de bancos, pero le pedimos al desfalcador que invierta nuestro dinero o se apunte a nuestro club de tenis [ibid.: 159].

Lo que saben bien los psicópatas de clase alta, aunque no sólo ellos, pues es necesario tomar en cuenta que por más atractivos que resulten algunos de estos rasgos de personalidad, habilidades y conductas para calificarlos como tales, de acuerdo con especialistas una psicopatía no se diagnostica a la ligera pues en ocasiones los mismos estudios aplicados por distintos profesionales arrojan resultados diferentes; al margen también de otras opciones teórico-clínicas desde donde puedan hacerse este tipo de diagnósticos. Además, en las cárceles mexicanas muchas veces las herramientas o condiciones existentes para aplicar este y otros estudios suelen ser limitadas o demasiado burocratizadas, sumado al poder de los involucrados en estos delitos y el manejo discrecional de las leyes, hacen muy difícil acceder a expedientes criminológicos de la delincuencia de cuello blanco de clase alta; en el remoto caso de que lleguen a prisión. Aun así, es muy importante considerar el aporte de estos elementos biológicos, psicológicos y genéticos de la psicopatía, tanto los rasgos como un cuadro psicopático de personalidad, pues permiten ampliar el sentido de esta criminalidad de poder propuesto por Sutherland. Ya no sólo se delinque desde posiciones de poder económico, social o político, o al amparo del simbolismo que traen consigo ciertos cargos y profesiones, también se desarrolla interactuando a través del poder de convencimiento, las habilidades sociales y relaciones familiares o políticas, su facilidad de palabra, frialdad, control sobre todo tipo de situaciones y otros tantos encantos, habilidades y rasgos de una personalidad que en algunos casos pueden acercarlos poco, o mucho, a este síndrome. Con reservas, pues la mayoría de la delincuencia no tiene este trastorno y algunas de sus características, como la inestabilidad, no siempre compaginan con los otros rasgos, habilidades y capacidades requeridas para dirigir grandes empresas, consejos de administración o negocios de ligas mayores. Sin olvidar tampoco que desde la literatura esto ha sido abordado, y el universo yuppie con todo y su cocaína, marcas de lujo, consumismo y almuerzos en Wall Street, fueron llevados por Bret Easton Ellis en 1991 mucho más lejos que La hoguera de las vanidades: Psicópata americano, interpretada por algunos como novela satírica sobre el universo yuppie y sus excesos, donde Patrick Bateman es la versión Mr. Hyde del Sherman McCoy de Tom Wolfe y nada mejor que matar para sentirse más o menos vivo, también logró dar cuenta de hechos más complejos como la soledad, alienación y frustración de vivir en una sociedad tan atractiva como repulsiva a finales del milenio pasado (El País, 6 de marzo de 2016). Puro american way of death que por supuesto tuvo su versión cinematográfica, con Christian Bale en el protagónico, y hasta un musical en Broadway.

EL REY DE LA FIRMA

Pero aquí no es así. De hecho, todavía falta por escribirse la historia completa de la criminalidad nacional. Cuando se haga, eso sí, habrá que dedicar un apartado significativo a Mario Alberto Chávez Traconi, conocido por policías y reporteros de nota roja como El rey del fraude. “Uno de los tres principales estafadores del mundo”, según la Interpol, y reconocido entre exinternos del reclusorio Norte de la Ciudad de México como El rey de la firma. Existen razones suficientes para ello, algunas de las cuales no sólo ilustran la complejidad de una personalidad, sus rasgos o trastornos (y a veces también lo ridículo de ciertos calificativos o la inutilidad de emplearlos), además de los matices, caminos y especialidades que la criminalidad ha tomado en nuestro país. Porque para empezar, en argot canero (de la cárcel) la acción de engañar o defraudar se llama patrañar (Franco, 2014), y un patrañero no sólo cuenta o inventa patrañas sino que defrauda profesionalmente. Claro que también está el paquero, quien genera una situación fraudulenta dejando en el piso una paca de billetes que en realidad es papel periódico cortado a la medida y billetes verdaderos en las caras para hacer creer que es mucho dinero (ibid.: 79), o el que provoca la tiradita, es decir, que sólo a través de un cómplice tira accidentalmente la cartera con su buena paca de efectivo. Y en estos casos, al igual que otras variantes o artegios, un billete falso de lotería o la esclava y cadena dizque de oro, como también hacía de chavito el ahora célebre Carrizo que aparece en el documental de los Ladrones viejos (2007), lo más revelador es que el fraude se consuma gracias a la ambición de la propia víctima y en ocasiones pareciera casi como una suerte de fábula moral.

Pero Chávez Traconi, o David García Guzmán o Alberto Tello Bustalacci, nombres con los que también timó, era de otra clase. En la escala social de las cárceles perteneció a la clase alta, y dentro de ésta a la de “los intelectuales”, escribió Humberto Padgett, autor de una muy recomendable investigación sobre el personaje; delgadísimo, cara alargada, mezcla de David Bowie y Roberto Cobo.⁷ Nació en noviembre de 1950, en Monterrey, y tenía el don o “habilidad extraordinaria” para imitar firmas, al punto de que para los grafólogos era un problema determinar si eran auténticas o no. Sus antecedentes como defraudador y falsificador se remontan a 1976, y hasta pasados los 31 años de edad, en 1982, se registró su primera caída en la cárcel. A partir de entonces, en los diversos estudios que le practicaron a través de su paso por las prisiones donde estuvo recluido, dijo haber sido sobrecargo, agente de ventas, cajero de banco, empleado en la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Gobernación, y abogado con “especialidad en Ciencias de la Comunicación”. Y aunque no se encontraron testimoniales documentales que avalaran dichos estudios, era experto en persuadir y tan eficaz para litigar que asesoraba gratuitamente a toda la población penitenciaria para generar lluvias de amparos perfectamente redactados que bloqueaban cualquier acto de autoridad, convencía a sus víctimas de otorgarle el perdón, o él mismo llevaba su defensa librándose de múltiples procesos, tal como describe una carpeta informativa elaborada por las autoridades penitenciarias del Distrito Federal: “… ha acumulado una sentencia de 55 años 1 mes 15 días misma que debía cumplir a partir del 10 de julio de 1982. Sin embargo, es un erudito del derecho y desde su reclusión ha librado la acción de la justicia en por lo menos 60 procesos en los cuales él ha ejercido su defensa y ha resultado absuelto. Posee una memoria fotográfica, lo cual le permite registrar hasta el más mínimo detalle de documentos o firmas, las cuales reproduce con asombrosa similitud”.

Como buen narcisista él mismo contribuía a la difusión de su propia leyenda, presumiendo a la madre italiana o su facilidad para los idiomas, pues “hablaba italiano, francés, alemán y, por alguna razón difícil siquiera de sospechar, también tailandés”. O los nombres de artistas y políticos (incluido el expresidente José López Portillo) a quienes había falsificado las firmas. La primera vez que fue a prisión lo detuvieron agentes de la terrible Dirección para la Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD) cuando tenía todo listo para abrir una agencia de viajes en la colonia Roma del Distrito Federal; lo que incluía un par de autos del año adquiridos fraudulentamente, lo mismo que parte del mobiliario, 12 500 dólares en cheques de viajero comprados con cheques de hule a American Express, a quienes además timó con una tarjeta de crédito ilimitado. Y alrededor de 2 580 boletos de avión de Mexicana, Aeroméxico y media docena de aerolíneas internacionales, junto con 33 placas de validación necesarias en ese tiempo. Una vez recluido comenzó el negocio de comprar chequeras robadas que luego certificaba y llenaba con máquina de escribir y sellos que las autoridades le permitieron conservar. Para 1985, cuando los millonarios traficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo llegaron al ReNo acusados de asesinar a un agente de la DEA, pronto descubrieron sus habilidades y lo nombraron su administrador. Entonces pasó a negociar directamente con el director del penal, el capitán Jesús Miyazawa Álvarez (exmiembro de la Brigada Blanca y tiempo después exjefe de las policías judiciales del Distrito Federal y Morelos, de donde salió acusado de secuestrar y asesinar secuestradores que no delinquieran de común acuerdo con él), y con el jefe de seguridad Alberto Pliego Fuentes (luego conocido por detener al secuestrador Daniel Arizmendi y más tarde procesado por supuestos vínculos con este tipo de organizaciones criminales). Su negocio creció y Traconi continuó defraudando, estafando y falsificando, hasta lo dejaban salir a trabajar con la condición de regresar y pagar tributo; esto es, compartir el botín.

Un exinterno del ReNo comentó a quien escribe que en el mes de diciembre Traconi, quien “era padrino, no mamá”, y también “era cabrón”, pagaba comidas y conjuntos musicales para toda la banda del reclu(sorio), y el hecho llama la atención porque en uno de los apéndices del texto Beso negro (1992), publicado por Gilberto Flores Alavez, preso 11 años por el homicidio a machetazos de sus abuelos en 1978 y cuyo caso derivó en la obra Asesinato, de Vicente Leñero, hay un testimonio rendido ante notario público de un expreso que acusa de múltiples delitos a Miyazawa, en ese entonces director del reclusorio pero que antes estuvo oficialmente a cargo de la investigación del homicidio del matrimonio Flores Muñoz. Además de describir robos y tráfico de drogas bajo las órdenes del capitán, cuenta que para promover “una imagen popular” del director, entre los presos había un interno encargado de las relaciones públicas para los eventos artísticos del penal. Y aunque le llama Traconis, y no Traconi, resulta el mismo Rey de la firma que pagaba el servicio de “exquisitas viandas y el alquiler de manteles y vajillas” (tenía debilidad por las setas y los pasteles navideños de Estados Unidos) con “cheques falsos certificados”; además, en caso de surgir algún problema, Miyazawa “impedía el paso a los representantes de las compañías que reclamaban el pago”.⁸ El detalle significativo, sobre todo por el juego de poder entre autoridad, padrino y población penitenciaria, a la que pertenecía quien habló sobre los regalos hechos a la banda, es cómo entre ésta el que en realidad gozaba de una “imagen popular” de generosidad era el Rey del fraude y no el director del penal, que supuestamente lo buscaba y promovía a expensas del propio Traconi como de las compañías defraudadas.⁹

Fue por la época cuando era administrador de los señores de la droga sinaloenses, cuando dio un golpe sorprendente —esas cosas que están a medio paso entre la anécdota de un mitómano y la construcción de los hechos reales, explica Padgett—,¹⁰ pues en realidad esto parece sacado de una caricatura de Don Gato y su pandilla, lo que en este caso ya es suficiente para alimentar fama y leyenda; de paso, también ilustra que más que una administración de los ilegalismos, en México desde hace décadas se consolidó un sistema delincuencial institucionalizado. Traconi no se disfrazó del marajá de Pocajú sino de jeque árabe y, “con el apoyo de la autoridad, rentó varias habitaciones del hotel María Isabel Sheraton y se citó con joyeros judíos, quienes a las citas importantes no llevan catálogos impresos de sus joyas, sino piezas reales. Lo dejaron salir y volvió con las muestras. Repartió las joyas con la dirección y luego se fue de vacaciones a Tijuana. Siempre le gustó Tijuana”. No fue lo único. Años después, cuando lo encarcelaron en un penal del estado de Morelos acusado de un delito fabricado por su conocido Miyazawa, se fugó de ahí falsificando todos los documentos necesarios —oficios, firmas, boleta de compurgamiento y sellos incluidos—, además de contratar un actuario para la notificación oficial y seducir al director de la cárcel de Jonacatepec. De hecho, él mismo lo aclaró: “Me fugué porque me acusaron de abrir y robar un carro. ¡Si quiero, yo voy y saco diez de la agencia de un chingadazo! Miyazawa me puso ese relajo, porque quería que le regalara todo mi trabajo. Y estaba pendejo”. O aquella ocasión cuando se le ocurrió, al poco tiempo de haber llegado a la penitenciaría de Santa Martha con todo y tanga color rosa eléctrico, llevar un tráiler de la Coca Cola con refrescos para toda la banda. La escena, según un funcionario presente que la relató, tuvo un diálogo por demás revelador cuando el director de la prisión mandó llamar a Traconi para averiguar qué sucedía. “Llegó con su cara de risa, como siempre. Era un tipo que irradiaba cierta bonhomía”, y cuando el director le preguntó sobre el tráiler esperando afuera de la prisión, respondió:

—Ay, padre, es un regalito para toda la banda, hombre. Usted no se preocupe, ya está todo listo, dijo sonriente Traconi y remarcó su tono afeminado.

—¿Tú lo compraste?

—Sí, yo lo compré, patrón, pues ya sabe…

—¿Y cómo lo pagaste?

—Pues usted ya sabe cómo pago yo las cosas.

—¿Y no tienes miedo, cabrón? —empezó a divertirse el funcionario.

—¿Miedo de qué? ¡Que me manden a la cárcel! —rio—. Usted no se preocupe. La institución, para nada. Ya sabe que yo siempre he sido muy sospechoso. ¡Dele chance a la banda, hombre!… Pobres.

Lo convenció, él mismo organizó al lumpen carcelario o mostros para que descargaran el camión, y una tarde de viernes toda la banda literalmente se sumergió en una orgía de Coca-Cola. Cuando aparecieron los judiciales el lunes siguiente para averiguar sobre el fraude Traconi ya no reía, se carcajeaba (al final fue absuelto del fraude por el que ya estaba preso, y nunca fue juzgado por el asunto de las cocas). Y éste es, en realidad, uno de sus rasgos más destacables que literalmente lo convierten en personaje de excepción, pues muchas de estas cosas las hacía para divertirse y echar desmadre, “sin buscar ganarse el favor de nadie”. Lo que evidentemente no pasó desapercibido para algunos funcionarios que lo trataron, pues aunque podía ganar millones de pesos con el fraude y la falsificación “en el fondo disfrutaba lo que hacía. Disfrutaba burlarse de las personas, disfrutaba imaginar que al día siguiente la gente se iba a encontrar con que todo lo que tenían enfrente era de mentiras. Muchas de las cosas que hizo eran para su divertimento”.

En este sentido, y de acuerdo con la explicación del autor de la investigación,¹¹ en realidad Traconi es un personaje singular en el momento inmediato anterior a la explosión reciente de violencias que todavía azotan al país, y eso que éste nunca ha sido un lugar pacífico. No recurría a estrategias de violencia sino a su don para persuadir o falsificar; a la audacia, creatividad, experiencia, inteligencia y otras capacidades intelectuales o físicas, como el garbo y la apariencia. Lo que prácticamente ha desaparecido o se ha reducido a expresiones mínimas, pues para empezar la impunidad abarató el costo del ejercicio de la violencia. La simulación también ha contribuido a un vacío de instituciones que igualmente la promueven, con complicidades políticas a nivel municipal, estatal y federal, e incluso en términos delictivos ésta no exige mayores capacidades. No en vano tanta brutalidad, que el mismo Padgett define como la reunión de violencia y estupidez, que en un periodo de relativamente pocos años, alrededor de 30, produce situaciones inauditas con violencias fuera de todo límite. Nuestra sociedad ha admitido la convencionalidad de la violencia, tanto en medios de comunicación como en su vida cotidiana, y Traconi se sustrae a ello. De ahí que hasta podría parecer nostálgico de un tiempo donde muchos delitos exigían habilidades verbales y otros encantos, como saber generar situaciones fraudulentas. Otro rasgo único es que se trata de un personaje completamente de la cárcel, que evitaba más su libertad que la prisión. La celda era su elemento y los otros internos su familia, aunque afuera tuvo “siete hijos distantes, excepto una particularmente enigmática a la que convertiría en su cómplice y principal enlace con el mundo exterior”, al que de cuando en cuando volvía, como cuando se fugó del penal morelense que en los hechos controlaba para irse a Tijuana y sumergirse “en su marea de dealers, prostitutas, niños gringos y yonquis”, pues como lo mencionó el especialista Alfredo Ornelas, quien lo conoció, de haberlo deseado Traconi sin duda hubiera vivido en libertad.

Al mismo tiempo tuvo una existencia triste, la adicción que desarrolló a la piedra o cocaína fumada le tumbó hasta los dientes y durante su última estancia en Santa Martha vivió en el dormitorio 10, que es donde están los más vulnerables de toda la penitenciaria: ancianos y enfermos de sida, “con toda la carga simbólica que eso representaba”. Y luego muere, cuando a fin de cuentas no logra engarzarse con el mundo criminal que vendrá a sucederlo, por un lado el de la ambición, codicia y violencia extrema (se dice que lo mandan matar los Beltrán Leyva durante un traslado en la camioneta para internos del penal de Jonacatepec), que irá subordinando a poderes políticos, económicos o sociales; y por el otro, el de una criminalidad de poder igualmente codiciosa y multiplicándose de forma vertiginosa. Pero un poder muy distinto al desplegado por un personaje como Traconi, sin violencia, con encantos, habilidad mental, audacia, facilidad de palabra para persuadir o hasta sentido del humor… sino únicamente desde una posición de poder, de modo organizado y echando mano de redes de relaciones que sugieren acuerdos políticos y cuates beneficiados: una criminalidad que pareciera trasladarse a situaciones de gobierno donde muchos gobernadores y personas de su calaña, secretarios de finanzas o tesoreros por ejemplo, serán los nuevos protagonistas. Algo totalmente diferente a Traconi. Con el añadido de la incongruencia y la simulación, a la que ha sido tan dada la clase política mexicana. Por eso, de acuerdo con el autor entrevistado, resultan más auténticos, legítimos e interesantes los criminales llanos, como Traconi con su espíritu lúdico y sin los gestos propios del rencor social que después parecieran haberse generalizado, que los criminales políticos.

Quizá ésta sea la diferencia más significativa entre ambas formas delincuenciales, e incluso con un personaje como el Lobo de Wall Street cuyas habilidades y rasgos aun en otro contexto tan diferente al nuestro guardan mucho parecido con ciertos mecanismos para persuadir o defraudar. Eso que el mismo Sutherland detectó hace tanto tiempo: la manera de asumirse de unos y otros independientemente de que cometan los mismos delitos, o muy similares. Las evidencias muestran que Traconi era un personaje completamente de la cárcel con la capacidad para hacer creer y convencer de que era otra persona, como un jeque árabe, buscando el reconocimiento permanente si se quiere, pero parece que sin asumirse como otra cosa que no fuera un pillo que en el fondo gozaba, tanto como con el dinero o más, engañando y desplegando toda una trama de habilidades y mentiras para divertirse o echar desmadre. Nada que ver con el financiero cuya ambición y codicia resultan su motor para defraudar a cientos o miles de incautos, o con políticos que simulan que salvarán a la patria mientras se coluden para saquear sus recursos y al ser descubiertos todavía se dicen víctimas de conjuras y difamaciones, o empresarios que evaden al fisco, engañan a socios, accionistas o acreedores, y ante un enorme desfalco alegan que ese dinero en realidad estaba destinado al financiamiento de campañas políticas.

Esta historia también resulta un contrapunto significativo que permite entender la transformación de la sociedad como de su criminalidad en las últimas décadas. Mayoritariamente se suplió el ingenio y la inteligencia por armas de fuego y violencia que dan rienda suelta al rencor social, que gracias a la impunidad y vacíos institucionales se convirtió en un poder con la capacidad de subordinar a otros poderes ilegales y legales. Y paralelo a este proceso, comenzó a acelerarse y volverse cada vez más pública esa otra forma de criminalidad no exenta de componentes de clase y desarrollada en forma de corrupción, desfalco o fraude, pero cometida al amparo de poderes institucionales y redes de relaciones. O cómo esta suerte de subcampos delictivos del propio cuello blanco no necesariamente se conectan entre sí, por más similitudes existentes en algunos delitos, lo cual no sólo incide en la autopercepción de unos y otros sino hace que quienes se sitúan en ámbitos como los que Hare (2016) denomina de empresa o predelincuencia, todavía tengan menos posibilidades ya no de ser detenidos sino detectados o siquiera concebidos como delincuentes. De paso revela el valor social de las profesiones según el país del que se trate, pues a diferencia de Estados Unidos donde la falta de títulos no impidió que Belfort se convirtiera en el Lobo de Wall Street, aquí el de licenciado con “especialidad en Ciencias de la Comunicación” como el de Traconi, aunque no sea legal, gozaba de peso simbólico. Y se confirma también la profundidad que alcanzó lo que constituye todo un sistema delincuencial institucionalizado, que si bien fue administrado mucho tiempo por funcionarios públicos como el capitán Miyazawa, éstos terminaron coludidos o hasta subordinados a quienes se supone debían combatir.

Más allá de hacerse a sí mismos y tener el don de la palabra, la persuasión, iniciativa, y ciertos encantos de personalidad que les generaban posiciones de poder durante sus interacciones, la base fundamental para defraudar al prójimo sin ser funcionario público, no parece haber muchas otras similitudes entre el Lobo Jordan y Chávez Traconi, pues hasta donde se sabe este último no incursionó en la bolsa de valores. Lo que tampoco significa que en México no existieran escándalos financieros como los que mandaron al Lobo a la cárcel. Según las autoridades que investigaron a las 25 casas de bolsa que operaban en el mercado mexicano, procediendo contra la que más acusaciones registró en el crac bursátil de 1987, entre los ilícitos cometidos encontraron manipulación de la oferta y la demanda de títulos, franco jineteo del dinero de los inversionistas, ya sea registrando días después la operación o cobrando intereses indebidos por este ingreso tardío en los registros, uso de fondos de los inversionistas para fines distintos a los contratados, beneficios fiscales indebidos, simulación de operaciones y falseo de registros contables, así como violaciones a la Ley del Mercado de Valores, la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, al Código Penal del Fuero Común para el Distrito Federal, al Código de Comercio, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores y diversas circulares de la Secretaría de Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entre las formas detectadas se encontraron préstamos de Cetes, captación de dinero, falsificación de firmas y alteración de documentos, adjudicación de créditos sin las debidas garantías, operación de acciones fuera de bolsa, retención de garantías superiores a las de ley, congelamiento de cuentas, cobro ilegal de intereses, retención de documentos, asignación de acciones —forzosa y a precio más elevado que el de mercado—, abuso de información privilegiada, disposición arbitraria de las acciones en prenda, impedimento a la clientela para disponer libremente de sus carteras, manipulación de órdenes de compraventa, retiro de acciones de cuentas de clientes para asignárselas a funcionarios de la casa, además de registros contables fuera de la norma.¹²

Según documentos de la época enviados por el entonces procurador de la República al secretario de Hacienda,¹³ antes de que finalizara el sexenio de Miguel de la Madrid la investigación produjo ocho averiguaciones previas y quedaron 27 por concluir. En ese primer bloque de averiguaciones hubo cinco contra Operadora de Bolsa, de Eduardo Legorreta Chauvet, una contra Casa de Bolsa México, de la familia Autrey, otra contra la Casa Mexicana de Inversiones y Valores, de Isidoro Rodríguez (empresario del transporte, arrendador de barcos a Pemex y cuyo hijo, autonombrado El divino, poco después dueño de Banpaís sería acusado de llevar a cabo préstamos sin garantía por 400 millones de dólares que finalmente terminó absorbiendo el gobierno), y otra más contra un particular del que no se menciona su nombre. Y en el segundo paquete de denuncias se acumularon otras nueve contra la misma Operadora de Bolsa, tres más contra la compañía de la familia Autrey, dos contra Inversora Bursátil de Carlos Slim, dos más contra Abaco, cuyos principales socios eran Jorge Lankenau Rocha y los hermanos Canales Clariond. Luego, con una contra cada una, las casas Acciones Bursátiles, Inverméxico, Fimsa, CBI, Prime e Inverlat, y el resto fueron de casas de bolsa contra particulares. Cuando las autoridades inspeccionaron las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), se encontró con que la clientela de las casas de bolsa tenía asignado un número de papeles mucho mayor que los existentes realmente en el mercado, esto es, que se compraban y vendían acciones que en su mayor parte nunca existieron físicamente. Y en la investigación aparecieron la alteración de contratos de préstamos de Cetes, compra de valores no ordenada, congelación y bloqueo de cuentas, firma en blanco de contratos de préstamo y prenda, alteración de los registros contables para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones de préstamos de Cetes (financiamiento ilícito a particulares), retiro de fondos sin autorización de los propios clientes, traspasos de valores sin que mediara instrucción alguna, imposición de préstamos de Cetes para pagar créditos y para la adquisición de acciones de la propia casa en un precio inflado que luego caería, operaciones no registradas en bolsa, asignación de acciones en forma discrecional mediante préstamos no solicitados, pérdidas en las cuentas por operaciones sin autorización o realizadas sin mediar los contratos correspondientes, y venta de valores que se encontraban en prenda con el fin de que la casa se asignara comisiones detectadas.

Una avalancha de anomalías y delitos que dejó unos cuantos beneficiados, miles en la ruina y aun así fue contenida durante casi año y medio. Primero por secretarios de Estado como el de Hacienda, Gustavo Petricioli, quien en su ideológico afán de “proteger al mercado” desestimó los argumentos de la PGR pese a que personal de la propia secretaría a su cargo participó en las investigaciones.¹⁴ Luego vino el polémico proceso electoral de 1988 que hasta hoy muchos consideran fraudulento, donde uno de los principales acusados por el crac bursátil participó incluso como miembro de la comisión de financiamiento del PRI logrando recolectar entre el empresariado unos 18 000 millones de pesos de aquel tiempo para la campaña. Poco antes, cuando la bolsa llegó a su apogeo antes de desplomarse en octubre de 1987 y todavía gozaba aquello que él mismo predicaba, de que “la bolsa sirve para distribuir el capital”, se mandó hacer en una isleta del apenas desarrollado Nuevo Vallarta una residencia de descanso conocida como la casa de los troncos, levantada en una superficie de 8 898 metros cuadrados y con valor estimado de poco más de 4 000 millones de pesos, calificada como construcción ostentosa con alardes arquitectónicos:15 cancha de tenis, espejo de agua rectangular de 163 metros cuadrados, alberca de forma irregular con cinco niveles y la entonces novedosa idea del yate a la puerta. De hecho al suyo, marca Bertram, le puso el significativo nombre de Questor (magistrado romano encargado de los asuntos financieros), lo equipó gastándose poco más de un millón de dólares y mandó llevarlo desde Miami con el fin de disfrutar algunas de sus aficiones como navegación, pesca y buceo además de estrenar una lancha rápida, Andrea, por la que sólo pagó 36 millones.

Aunque no siempre, estas relaciones entre política y negocios en el fondo pueden hacer la diferencia. Administrador de empresas por la Universidad de las Américas, Eduardo Legorreta Chauvet era miembro de la Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial del Distrito Federal del PRI, un recolector de dinero para el partido durante la campaña presidencial de Carlos Salinas en la que hubo otros donantes del sector bursátil, como Carlos Slim (Inbursa), José Carral (CBI) o Antonio Ariza (Inverlat).¹⁶ También accionista mayoritario de la casa de bolsa más importante del país entre cuyos accionistas estaban Claudio X. González, Gastón Azcárraga Andrade o Antonio Madero Bracho,¹⁷ contaba con el respaldo —finalmente relativo— de otros hombres de negocios apoyados por su empresa bursátil, además era amigo personal del presidente Miguel de la Madrid y de su secretario de Hacienda, y pertenecía a la familia dueña de una de las instituciones bancarias más importante del país, desde la Revolución hasta su nacionalización en 1982, con una de las mejores colecciones de arte mexicano y un patrimonio que incluía edificios coloniales. De hecho, al inicio del sexenio su hermano Agustín fungió como dirigente del organismo más relevante del empresariado nacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de accionista mayoritario del grupo financiero Inverlat y más tarde del ya desaparecido banco Comermex que, con la siguiente gran crisis económica, terminaría en el luego muy conocido rescate bancario llamado Fobaproa.

Un poder económico y redes de relaciones muy importantes que no bastaron, pues desde el poder político y sus redes de compromisos las cosas se irían configurando de distinta manera. Y eso que el financiero también fue invitado a la toma de posesión, donde hubo saludos efusivos, “los secretarios Ernesto Zedillo y Jaime Serra le hicieron a Legorreta una inclinación casi oriental”,¹⁸ así como a la cena privada de celebración. Sin embargo, pese a que en abril de 1988 hubo declaraciones del propio Carlos Salinas en el sentido de que no se permitirían más abusos o escándalos como el crac bursátil que dejó al menos 200 000 defraudados,¹⁹ o comentarios del nuevo secretario de Hacienda, Pedro Aspe, y el de la Comisión Nacional de Valores Óscar Espinosa Villarreal,²⁰ lo que quizá provocó su detención fue la utilidad como golpe de efecto que contribuía a legitimar a la tan increpada nueva administración acusada de fraude electoral mediante una narrativa que colocaba a Salinas como un combatiente contra la corrupción, pues además acababa de meter a la cárcel al líder del sindicato petrolero apodado la Quina en una operación policiaco-militar diseñada por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Pero también porque le permitía recomponer las relaciones de fuerza y hasta cierto punto reconfigurar a esta suerte de aristocracia financiera. No tanto transformando el modelo de capitalismo de cuates por otro de oportunidades para cualquiera dispuesto y con suficiente ambición para comerse al mundo, pero al menos sí reacomodando a los beneficiarios de los grandes negocios que vendrían durante su sexenio con la privatización de empresas estatales, donde lo mismo se permitió que algunos acusados por el crac bursátil siguieran haciendo de las suyas, como Jorge Lankenau Rocha, quien luego defraudó a Banca Confía con 170 millones de pesos, o que otros pudieran despegar lo suficiente para luego caer estrepitosamente; el caso de Carlos Cabal Peniche, presidente de Banca Cremi-Unión luego denunciado por fraude, quebranto y defraudación fiscal. Más unos cuantos elegidos como los nuevos grandes jugadores cuyas fortunas pronto serían cuestionadas tachándolos de prestanombres, quienes comenzaron además a figurar en las listas de millonarios de la revista Forbes.

Treinta años después es imposible no pensar en su némesis y en esta nueva recomposición de relaciones de fuerza con el empresariado. Al momento de cerrar la edición de este libro, las primeras jugadas estuvieron dirigidas hacia la banca, para que ceda en algunos temas a cambio de mantener algunos de sus privilegios, aunque intercambios telefónicos entre el presidente electo y el presidente del grupo financiero español con mayor presencia en nuestro país hicieron que López Obrador decidiera posponer cualquier acción o decisión que modifique las reglas y normas que rigen la operación del sistema financiero,²¹ como en contra de uno de sus detractores políticos más importante a quienes incluso calificó como “traficantes de influencias”: el Consejo Mexicano de Negocios, que tal vez por aquello de lo políticamente correcto no hace mucho quitó lo de hombres de, pues en realidad la presencia de mujeres en el campo de los grandes negocios sigue siendo muy reducida en el país.²² El organismo al que López Obrador adjudica responsabilidad por aquello del peligro para México se fundó en 1962 por 12 empresarios con la intención de incidir en la política económica de Adolfo López Mateos y en la sucesión presidencial, de modo que sus intereses se mantuvieran a salvo a través de una relación casi simbiótica de favores y beneficios mutuos con el poder presidencial, y no ha estado exento de cuestionamientos como el apoyo a Díaz Ordaz tras el 2 de octubre de 1968, o la censura a periodistas incómodos a través del boicot publicitario. Esta agrupación, que no pocos asociarán como un club de Tobi o variante del ahora famoso club Bilderberg, fue ganando cada vez más visibilidad tanto por sus anuncios sobre las inversiones que llevan a cabo en el país (aseguran que sus empresas aportan entre 27 y 30% de la riqueza producida cada año en México),²³ como por sus desavenencias y pleitos contra quienes consideran atentan contra las sagradas cuentas bancarias. Y entre ellos mismos, como ilustran la salida de Alfonso Romo o las críticas contra Gastón Azcárraga al tomar protesta como presidente de lo que constituye el típico grupo de cabildeo y presión política al más alto nivel en defensa de sus intereses, durante una reunión en casa de Rómulo O’Farrill hijo a la que asistió el presidente Fox, quien, por cierto, recompensó los favores recibidos entre otras formas con viajes como la invitación a Ucrania y Rusia para Azcárraga y otros 30 empresarios en avión de la Fuerza Aérea con el supuesto fin de promover entre naciones las relaciones comerciales y empresariales. Lo que en realidad significaba continuar una práctica instaurada tiempo atrás. De hecho, cabe recordar que Luis Echeverría, antes de convertirse en el archienemigo en turno del Consejo, también se llevó a varios de paseo a la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En aquella ocasión, entre los invitados iba el tío de Gastón, Emilio, quien según contó al que escribe una persona de su comitiva en ese viaje, al pasar con el oficial de migración en el aeropuerto de Moscú y preguntarle cuál era su profesión simplemente dijo: rico.

Se ha dicho que a principios de 2017 mientras algunos miembros como Germán Larrea, Claudio X. González o Alberto Baillères peleaban con el futuro presidente, diversos empresarios se fueron acercando a López Obrador o mandando emisarios ante las crecientes probabilidades de un triunfo suyo. Les correspondió y ese mismo año durante una entrevista mencionó a varios como honestos: además de Romo, se refirió a Asunción Aramburuzabala, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean, Olegario Vázquez Aldir y Miguel Rincón; su futuro compadre. Otros más fueron sumándose o se hicieron públicos nombres como el del suegro de Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht, Esteban Moctezuma Barragán, de la Fundación Azteca y fugaz secretario de Gobernación con Zedillo, el consuegro de Slim, Miguel Torruco, el cuñado de Pascual Gutiérrez del grupo Idesa, Javier Jiménez Espriú, o Jaime Bonilla, el empresario de Tijuana que invitó a López Obrador a un juego de beisbol en San Diego; un gusto revelador por cierto, sin menos potencial político de pan y circo que el futbol, pero con mucha más estrategia de por medio. No en vano entre sus aficionados, además de algunos políticos, también hay empresarios que hasta equipos tienen, como Alfredo Harp Helú, o es utilizado para hablar de estadística y matemáticas en caricaturas como Los Simpson. Los que quisieron escucharlo pasaron después a formar parte de un Consejo Asesor Empresarial anunciado poco antes de llegar a la presidencia, leído por columnistas de negocios como un nuevo CMN con mayor influencia,²⁴ y parte de un reacomodo de grupos donde también participan empresarios de familias ultrapriistas, como el nieto del profesor Carlos Hank González, en cuyo favor jugó el peso que tiene una de sus empresas para la política agroalimentaria, o Miguel Alemán Magnani, que apoya al gobierno en la opción de reactivar pistas en Toluca-Santa Lucía. Además, el presidente de Interjet será la contraparte de Aeroméxico, cuyos accionistas, encabezados por Eduardo Tricio, de leche Lala, son viejos adversarios de López Obrador; de hecho, cuando todavía era opositor afirmó que como pago por las donaciones a su campaña política Felipe Calderón permitió a Tricio quedarse con la aerolínea. Lo mismo que hizo Vicente Fox con Mexicana:

Gastón Azcárraga, quien ayudó a Fox durante su campaña en 2000, fue recompensado por éste con la empresa pública Mexicana de Aviación, en forma parecida a como Calderón premió “vendiendo” Aeroméxico a su apoyador, José Luis Barraza, y a otros que le ayudaron en el fraude electoral desde los organismos de cúpula del sector empresarial. Barraza apareció el año pasado como candidato “independiente” a la gubernatura de Chihuahua. En suma, los presidentes panistas usaron para pagar favores políticos las dos líneas aéreas del sector público, las remataron y, en el caso de Mexicana, la desaparecieron [López Obrador, 2017: 76].

Tampoco está de más recordar que algunos tienen intereses en el aeropuerto de Texcoco, como el mismo Tricio pero también Olegario Vázquez Aldir o Carlos Hank cuyo Banorte prestó más de 6 000 millones a los contratistas del proyecto. Sin embargo, durante el escándalo mediático tras el anuncio de cancelación luego de una polémica consulta, guardaron silencio a diferencia de los dirigentes de organismos empresariales e incluso varios fueron a comer con el presidente electo a un restaurante de Polanco en lo que el columnista Salvador Camarena denominó el Pacto de la Alcachofa. Ahí, López Obrador señaló que se trataba de una reunión “con los contratistas. Voy a platicar con ellos sobre la decisión que tomó la gente en la consulta”, mientras que la directora de una importante constructora que tuvo la mayor crisis financiera de su historia en el sexenio de Peña Nieto dijo que iban a “respaldar la decisión y a trabajar con el nuevo gobierno para ver cómo se le da un trámite ordenado a esta salida”. Declaraciones cordiales sin dejar de medir las relaciones de fuerza y poder, quizá en el viejo entendido de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Sobre todo por las implicaciones que esto puede traer para los futuros negocios y concesiones gubernamentales en un sexenio que apenas inicia, y el costo-beneficio de convertirse en contrapesos críticos o alinearse con el nuevo gobierno; lo que ya han hecho en otras situaciones, como volveremos a ver, aunque a decir de algunos enterados, el papel crítico podría jugarlo el grupo Monterrey dada su poca dependencia de las concesiones gubernamentales para hacer negocios. En ese momento, además, acababa de hacerse público que por descuido o exceso de confianza en una continuidad transexenal, los abogados dejaron huecos en cláusulas de los contratos que podían darse por terminados cuando “existan causas de interés general” o “daños y perjuicios al Estado”,²⁵ así que el nuevo gobierno podría negociar o hacer entrar el conflicto al laberinto de lo legal donde las resoluciones suelen tardar demasiados años.

Aun así, el enredo continúa al menos hasta el cierre de la presente edición, pues si bien la idea anunciada fue que los contratistas trabajaran en el proyecto de ampliar Santa Lucía en vez del aeropuerto de Texcoco, aunque tampoco se había abandonado del todo esta construcción, en una compleja mezcla de empoderamiento, estrategias y confusiones (pues se dice que en política no hay casualidades), se les dio otro golpe a estos empresarios cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó a construir en la base militar de Santa Lucía. Lo que no deja de llamar la atención, pues pareciera que ahora la seguridad nacional también se entremezcla con las construcciones o lo inmobiliario. En este sentido, cabe recordar que desde el sexenio anterior la barda perimetral fue encargada a la misma Sedena, que encareció la obra en 89% (tras cuatro convenios modificatorios el costo ascendió a 2 930 millones de pesos cuando originalmente era de 1 547 millones), que iniciaron sin proyecto ejecutivo, con contratos y facturas relacionadas con la construcción que no están en los archivos de la secretaría o del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no comprobaron gastos por casi 390 millones (de poco más de 1 611 millones revisados), y fue el proveedor que más cobró en 2016. Además, la Sedena se amparó en resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para no hacer públicos diversos datos relacionados con la obra, y pese a estar bajo un esquema de “administración directa” que obligaba a realizar la obra sin ayuda de compañías contratistas, únicamente destinó a tres militares al proyecto y a la vez subcontrató la ejecución a un par de empresas fantasma descubiertas tras una investigación periodística de Aristegui Noticias: la constructora Camino Real del Valle y Los 4 Príncipes, creadas en Puebla con cuatro minutos de diferencia cada una, cuyos socios visibles eran dos jóvenes de 20 y 21 años de edad residentes en Oaxaca, que por supuesto negaron cualquier relación con la compañía. Según la periodista Isabel Arvide, la construcción está a cargo de un yerno del ahora exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, un civil a quien se menciona como el Teniente. En cuanto a lo inmobiliario, también se hizo público que la Sedena podría destinar alrededor de 30 hectáreas de un terreno que posee ubicado en la costosa Santa Fe para hacer un desarrollo urbano que les permitiera obtener recursos para construir instalaciones del proyecto policiaco-militar denominado Guardia Nacional.

Mucho más complejo todavía es el frente externo, donde hasta el cierre de la edición no ha terminado de resolverse el asunto de los tenedores de bonos y las negociaciones sobre los más de 6 000 millones de dólares que se emitieron para financiar el aeropuerto, más cuota de cancelación y un crédito bancario, donde lo mismo aparecen el mexicano David Martínez, el fondo Black Rock de Larry Fink o Mr. Fix-it, el principal inversionista en la BMV, un despacho estadounidense especializado en pleitos legales, y fondos buitre siempre ávidos de más dinero. Un enredo de varios miles de millones donde tampoco han faltado exageraciones como la de equiparar el costo económico de esta cancelación con el Fobaproa, y eso que el Bancomer dirigido por Jaime Serra Puche lo estimó en unos 200 000 millones. López Obrador lo redujo a 100 000 millones y es obvio que entre los porqués de intentar cancelar la obra a cualquier precio está el reacomodo de esta relación entre el poder político y el empresarial, no exenta de simbolismos y este último mucho más globalizado que en tiempos de Carlos Salinas, pues tampoco es casual que el gran negocio no sea en sí el nuevo aeropuerto sino el desarrollo inmobiliario, comercial y otras oportunidades de negocios que todo esto trae consigo. Una planeación que oficialmente arrancó en tiempos de Vicente Fox como presidente, Arturo Montiel era gobernador del Estado de México, y donde no pocas personas con información privilegiada fueron comprando terrenos a precio de ganga seguramente pensando en el futuro. Luego vino la torpeza política del gobierno foxista que derivó en el movimiento de Atenco con sus machetes y la cancelación temporal del proyecto de un nuevo aeropuerto, hasta que Enrique Peña Nieto fue gobernador y decidió asumir el costo político de reprimir salvajemente y encarcelar a los ejidatarios opositores.

Ya como presidente convirtió el proyecto en la obra de su sexenio, con todo y el diseño de un premio Pritzkel y del despacho con oficinas en Nueva York y Londres de Fernando Romero, con obra arquitectónica hasta en un yate en Mónaco, principado a donde Carlos Slim llegaba a vacacionar con su amigo el arzobispo de la iglesia ortodoxa de México Antonio Chedraui. El ingeniero Slim, al igual que otros empresarios, promovió el proyecto como una magnífica oportunidad de desarrollo, algunas de sus empresas obtuvieron contratos y proporcionaron financiamiento, y la obra dio inicio. Todo marchaba hasta que en la campaña electoral el todavía candidato López Obrador comenzó a cuestionar la viabilidad del aeropuerto de Texcoco, aunado a evidencias periodísticas como de la propia ASF, de opacidad y sobrecostos que suelen ser frecuentes en esas zonas grises del poder que favorecen esquemas de corrupción público-privada tal como ilustra la trama de la constructora brasileña Odebrecht, por ejemplo. En este caso, además de la barda perimetral supuestamente a cargo de un yerno teniente, no hubo total transparencia en las licitaciones y la ASF encontró un sobrecosto de más de 46% alcanzando los poco más de 2 692 millones de pesos. Tampoco se acreditó evidencia de investigación de mercado previa para adjudicar contratos, y se detectaron irregularidades en costos y sueldo de arquitectos y mano de obra contratados para el desarrollo arquitectónico y de ingeniería. En columnas periodísticas fueron apareciendo otros detalles significativos como “el verdadero negocio del grupo Atlacomulco”, según un “colaborador cercano de uno de los jefes del grupo político mexiquense”: planearon toda una ciudad y un corredor logístico y de servicios que, junto con el nuevo puerto de Veracruz, “les dará la posibilidad de negocios e inversiones por los próximos 50 o 100 años”.²⁶ Y si bien personas bien enteradas podrán dudar de lo compacto del grupo Atlacomulco y sus beneficiarios, sobre todo porque el propio impulsor de la carrera política de Peña Nieto, su tío Arturo Montiel, sufrió un desaire de su sobrino, el gobierno de Enrique Peña “fue cuidadoso y repartió las licitaciones entre los grandes empresarios del país como Carlos Slim, Carlos Hank Rhon, Lorenzo Zambrano y a constructoras como ICA, Pinfra, Cicsa, entre otras beneficiadas”. Los negocios para el grupo vendrían en el proyecto urbano y logístico en torno a la terminal que el columnista llamó Aerotrópolis, aunque seguramente comenzaron desde la adquisición de terrenos. No en vano el exprocurador fiscal de la federación, Gabriel Reyes Orona, llamó al gobierno entrante a hacer un análisis sobre los dueños de los terrenos colindantes al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pues “el negocio quien lo puede hacer es quien haya adquirido terrenos colindantes. Si los intereses, si las relaciones gubernamentales te llevan a que tiene que ser ahí porque ahí es donde mis amigos compraron, tiene que ser a fuerza donde la plusvalía se va a generar”.²⁷

Como todo animal político, y quizá como en su momento hizo su propia némesis para reacomodar los intereses y grupos empresariales de su sexenio, López Obrador planeó sus jugadas con antelación. A finales de 2015 en una conferencia de prensa planteó la propuesta alterna al nuevo aeropuerto y hasta nombró una comisión para el proyecto alterno donde participaron personas que al paso del tiempo irían ganando (o recuperando) más peso político y poder. Por ejemplo, la después secretaria de Energía Rocío Nahle, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, el luego secretario de Comunicaciones blanco de la ira por la cancelación del proyecto aeroportuario, Javier Jiménez Espriú, Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena y más tarde una suerte de supervisora federal para la entidad. E Higinio Martínez, el actual presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado cuyo control político incluye Texcoco, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, San Salvador Atenco y los límites de Ecatepec. Un reajuste y redistribución de poderes que muestra el paso de minorías a mayoría, el peso de los partidos políticos y sus facciones incluso regionales, las habilidades o incompetencias para formar y mantener coaliciones, el ascenso de una nueva clase política y lo que esto trae consigo —en este caso para el grupo Atlacomulco, sus socios y negocios—, o las grandes limitaciones que después enfrentarán para convertir votos en poder para tomar decisiones como las relacionadas con esta recomposición político-empresarial que pasa por el aeropuerto de Texcoco.

Entre sus protagonistas está el ingeniero Slim, quien durante la campaña presidencial 2018 dijo a López Obrador que “es un error cancelarlo” y en “mi vida he visto un proyecto que pueda tener tanto impacto económico y detonador”, cuando el entonces candidato afirmó que no se realizaría este nuevo puerto aéreo porque era una obra “faraónica” que entrañaba corrupción. Y horas después le soltó al empresario que “si como dice él, [es] un buen negocio, pues que lo haga con su dinero… se le puede dar la concesión, pero que el dinero del pueblo no se malgaste”. No hubo concesión y aplicó algo parecido al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a quien propuso mesas técnicas que luego pasaron a un encargo al Colegio de Ingenieros para evaluar la viabilidad. El dictamen que favorecía la ya para entonces opción Texcoco fue ignorado y luego vino la consulta de donde, entre otras cosas, salió lo del “pueblo sabio”. Luego esa suerte de operación cicatriz, con la mediación del ahora político-empresario Alfonso Romo en el restaurante Corazón de Alcachofa, donde asistieron los referidos consejeros de su nuevo Consejo Asesor Empresarial, Carlos Hank y Olegario Vázquez Aldir, pero también el pariente político de Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard de (GIA+A), Guadalupe Phillips, CEO de ICA, Héctor Ovalle (Coconal), y Juan Diego Gutiérrez Cortina (Epcor). Se dijo que los contratos por cerca de 100 000 millones de pesos se trasladarían a la opción Santa Lucía, pero como poco después los ingenieros militares comenzaron la obra en la base militar, hasta el momento de cerrar este trabajo todavía no hay nada claro para ellos y tal vez participen en otros proyectos, como carreteros o petroleros. Lo que no pocos calificaron como engaño, traición, y un columnista de negocios llamó también darles “atole con el dedo”.²⁸

El traicionar es constante en el tema del poder, en su historia e imaginarios, así que en la recomposición político-empresarial no suele faltar. No sólo como opinión más o menos informada o fobia ideológica, sino también como acusación y medio de defensa de las propias víctimas, señalados y hasta procesados penalmente, tal como ocurrió con el financiero Eduardo Legorreta detenido al inicio del sexenio de Carlos Salinas como parte de los golpes de efecto y reacomodos del poder no exentos de simbolismo como ambos políticos saben, no en vano López Obrador en uno de sus mensajes apareció acompañado por el libro ¿Quién manda aquí? Así que conviene recordar la forma en que el gobierno del, también llamado por López Obrador, innombrable o jefe de la mafia del poder informó y utilizó este caso de cuello blanco donde tampoco faltaron las quejas por traición. Para la opinión pública servía como golpe de efecto y en realidad no hubo interés por hacer justicia ya que las acusaciones terminaron diluyéndose, esto incluyó arreglos extrajudiciales, y así pudo obtener una estancia relativamente breve en prisión para los daños que se supone produjo.

Los entonces funcionarios Óscar Espinosa, Pedro Aspe, y el procurador de la República, Enrique Álvarez del Castillo, hicieron declaraciones en el sentido de que se encontraría a los responsables el día que se hizo pública la detención del financiero en febrero de 1989. No faltaron los calificativos, sobre todo condenando aunque ni siquiera había comenzado el proceso judicial, y omitiendo cualquier referencia a la presunción de inocencia; lo que en realidad no ha cambiado mucho. En este sentido, cabe recordar que el tratamiento periodístico de los delitos tiene limitaciones importantes y suele concentrarse en la detención-exhibición-escarnio público, lo que algunos llaman picota electrónica en la que actualmente incide el desarrollo vertiginoso de internet y sus redes virtuales. En aquel momento, según reportajes de la época,²⁹ a diferencia del trato que recibieron empresarios detenidos por la PGR en ese lapso, sobre todo por razones de tipo fiscal (con engaños, violencia, sin orden de aprehensión, privados de su libertad por varios días antes de ponerlos a disposición de un juez), a Legorreta le permitieron terminar de comer en sus oficinas recién estrenadas “y como si fueran sus choferes”, “con mucho comedimiento, casi pidiéndole favor, lo invitaron a que los acompañara” a las oficinas de la procuraduría. Ni pensar en la típica presentación de un detenido, y la prensa atestiguó hasta que ya declaró en el reclusorio ante un juez donde todavía apareció sin el obligado uniforme color beige que después usaría, pero con “conjuntos y suéteres de angora”.³⁰ Entonces sólo dijo ganar 20 millones de pesos mensuales, se reservó su derecho a declarar y ante el acoso de la prensa se rompió su aparente tranquilidad. Algunas respuestas breves, se disculpó, “porque estoy muy cansado”, y prometió hacer declaraciones otro día.³¹

Al margen de esta suerte de narrativa de carácter carcelario en el plano de lo público, más o menos útil como propaganda para el gobierno salinista que tendió a derivar en circo, ahora mediático y acompañado-cuestionado por el humor feroz de los memes,³² en realidad lo importante ocurrió detrás del histrionismo declarativo y la exhibición pública, es decir, en el plano de lo jurídico. Así que en este como en muchísimos otros casos donde hay componentes de clase, las procuradurías hacen consignaciones técnicamente defectuosas, prescritas, por menos delitos de los que acusan públicamente o reducen los cargos. Con Legorreta Chauvet, a un cúmulo de irregularidades que la retórica oficial sintetizó como “graves daños patrimoniales” contra particulares y defraudación fiscal por 11 000 millones de viejos pesos, la consignación de la PGR sólo se hizo por cuatro delitos: no registrar las operaciones con Cetes; hacer movimientos bursátiles no autorizados por los clientes, en su perjuicio; fraude por administración, y falsificación de documentos. El proceso duró un año cuatro meses y por el primer delito recibió una sentencia de tres años de prisión, multa de 13 500 000 pesos y el “beneficio” de sustituir la pena carcelaria por un “tratamiento de readaptación en libertad”.³³ El segundo fue por la denuncia de un inversionista, quien se desistió con una indemnización del financiero por 3 000 millones de pesos, mientras que los dos delitos restantes fueron eliminados por el Primer Tribunal Unitario ya que no estaban debidamente acreditados. En palabras del juez que llevó el caso,

la PGR dijo: ‘yo veo todos estos delitos y por ellos consigno a Legorreta’. Sin embargo, yo soy el que califica los supuestos delitos y al revisar la consignación me doy cuenta que no estaban acreditados, la consignación no estaba legitimada, no había querella alguna. No se veía por ningún lado a los ofendidos. Es como si una maestra me dice que un niño golpeó a 20 alumnos y no presenta ni al papá ni al alumno, a pesar de que existen.³⁴

Además de que el fraude bursátil fue presentado por la SHCP de manera extemporánea, un año después de tener conocimiento del mismo y justo cuando había prescrito.

Aun así, en problemas como éste sigue aplicando aquella frase de la picaresca priista atribuida al capitán Gutiérrez Barrios (a quien algunos subordinados llamaban la Muñeca por su elegante manera de vestir), de que lo que se compra con dinero sale barato. Permite hacer mucho más llevadera la cárcel, aunque ésta es dura para cualquiera. Legorreta vivió en el dormitorio 9 del Reclusorio Oriente, destinado a “personalidades” según reportajes de la época,³⁵ que a su vez estaba bardeado y tenía su propia seguridad. De hecho, en vez de un comedor de cárcel en esa área hay restaurante donde cada interno tiene asignada una mesa y además de jugos, café o refrescos, hay bebidas alcohólicas, equipo modular de sonido que ameniza el ambiente y unos diez presos sirven como meseros, llevan mensajes y vigilan. Entre sus vecinos estaban el exjefe de la policía Arturo Durazo, los ex(policías) “jaguares” de la DIPD involucrados en la masacre del río Tula y el multimillonario Sergio Bolaños, acusado de evasión fiscal y de ser prestanombres del también defenestrado líder sindical de Pemex Joaquín Hernández, la Quina, protagonista del otro escándalo que buscaba el referido golpe de efecto en una supuesta lucha contra la corrupción que una vez más fracasaría hacia el final del mismo sexenio cuando comenzaron a hacerse públicas las acusaciones contra el llamado hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari. El reportaje citado describe que Legorreta, entonces de 46 años y fama pública de altanero y déspota, tuvo todas las comodidades posibles tan sólo a precios del mejor hotel del mundo: colchón de agua, televisor de color, videograbadora “y algunos dicen que también una computadora”. Por supuesto, teléfono celular, celda individual alfombrada, con recámara y baño personal, paredes con tirol y un pequeño recibidor. Con cierta frecuencia comía en la sala 6 del reclusorio, donde se encuentra el mejor restaurante del penal y que obviamente sólo es para gente adinerada. Sus privilegios se extendían a la unidad de visitas íntimas, donde “se sabe que el Bayo”, como le llamaban los muy cercanos o periodistas irreverentes, “tiene una suite en el segundo piso, formada por una lujosa recámara y un recibidor, donde ha tratado asuntos de negocios relacionados con la venta de Operadora de Bolsa al grupo regiomontano Valores Industriales (VISA), que preside Eugenio Garza Lagüera”. Un detalle significativo, y por eso mismo bastante revelador, que arroja luz sobre esa condición del ser emprendedor aun en condiciones tan adversas como las del encierro. Que no se limitó sólo a seguir al tanto de sus propios negocios, pues él, igual que el multimillonario Sergio Bolaños, se hicieron de concesiones para hacer empresas. Seguramente minucias para los niveles en que ambos se manejaban, pero ilustrativas sobre este rasgo peculiar de una mentalidad que buena parte del tiempo debe pensar en emprender algún negocio, y que junto a los favores o préstamos que podían otorgar, para pagar una fianza o deuda por ejemplo, reforzaban todavía más su posición de poder; lo que en argot canero se conoce como padrino³⁶ (aunque en un estilo diferente al de un personaje como Chávez Traconi). El financiero dio clases y al parecer tuvo la concesión de la fundición donde se producían estructuras metálicas, sillas y sombrillas, mientras que Bolaños “buscó, unos meses después de su ingreso, la concesión, primero, de una zapatería, luego de un taller de serigrafía para, finalmente, conseguir la de la panadería, donde emplea a unos doce reclusos, a los que paga el salario mínimo por producir el pan que no sólo se distribuye internamente, pues una parte es colocada en establecimientos y restaurantes fuera del penal”.

El proceso legal no terminó cuando Legorreta salió de prisión, tras una sentencia que si bien inconformó a algunos periodistas o al propio Ministerio Público Federal, no así al juez que consideró su actuación “responsable y profesional” pues “hubo muchas declaraciones oficiales y versiones sobre el número de damnificados por el crac bursátil, pero a mí no me mandaron ningún hecho concreto. Mi sentencia se apegó a lo que había y a la ley”.³⁷ Así que tal vez convencido de que tras las acusaciones no sólo hubo traiciones sino un golpe de efecto político a costa suya, de hecho se dijo inocente cuando la prensa se lo preguntó el día que rindió su declaración preparatoria,³⁸ el financiero buscó a través de sus abogados el reconocimiento legal de su inocencia y el caso terminó en la SCJN, cuya resolución ilustra cosas interesantes sobre esos caminos tan particulares que toma lo jurídico con sus procesos, enredos, vacíos, limitaciones y verdades. Se puede confirmar legalmente que la estridencia declarativa no corresponde con el plano de lo jurídico, donde tampoco es extraño que los delitos sean sobreseídos, es decir, suspendidos dada la falta de motivos para proseguir la causa o que no existen pruebas suficientes. Éste no fue el caso, y como la inconformidad con la sentencia en primera instancia fue general, multaron a Legorreta con 3 500 000 pesos pero fue puesto en libertad y levantaron el embargo precautorio de sus bienes y valores (que por eso, y junto al temor de una confiscación, es una de las razones importantes para tener las referidas offshore que mantienen alejadas a las autoridades de la fortuna personal y otras posesiones); vino entonces un recurso de apelación que tampoco resultó favorable a él ni a su coacusado Jaime Ceballos Cervantes, director adjunto de Operadora de Bolsa. Así que este último, por su cuenta, emprendió un juicio de amparo directo donde le fue concedida la protección federal que solicitaba, lo que en términos jurídicos se tradujo en que quedó insubsistente la sentencia en contra suya, es decir, que ésta se revocó y él fue absuelto del delito contra la Ley del Mercado de Valores.³⁹

Y es que como ilustra el resolutivo de la SCJN, hubo procedimientos si no hilarantes y con abundantes tecnicismos jurídicos, al menos sospechosos, pues con la perspectiva del tiempo ilustran esa naturalización en el actuar de autoridades para, según sea el caso, defender o encarcelar a discreción en una dinámica que irremediablemente recuerda aquello de a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley. Por ejemplo, el entonces procurador fiscal de la SHCP, Roberto Hoyo D’Addona, formuló una querella contra directivos, funcionarios, empleados o apoderados involucrados en omisiones a la Ley del Mercado de Valores, y sin embargo “no existe acreditado en la indagatoria que la querella haya sido ratificada ante la autoridad investigadora”. O fallos que después terminarán en algo más parecido a una suerte de patrón conductual, como que el agente del Ministerio Público Federal se basó en la querella formulada por el procurador fiscal de la federación, donde se describieron los hechos supuestamente delictivos, pero luego resultó que “dicha querella no satisface los requisitos de formalidad exigidos por los artículos 118 y 119 del Código Federal de Procedimientos Penales”. De hecho, la resolución de la Corte precisa que “el órgano encargado de la averiguación ante una notoria falta de técnica jurídica incumplió” con deberes, y “desde el principio no se satisficieron los requisitos de formalidad”. Debió “consignar los hechos una vez integrada la indagatoria y no hacerlo de manera deficiente”, pues dicha irregularidad le restó eficacia probatoria a la querella e hicieron “que los elementos de prueba existentes en autos no puedan ser considerados para tener por acreditado el cuerpo del delito previsto y sancionado en el artículo 52 Bis 1, fracción I, segunda hipótesis de la Ley del Mercado de Valores, ya que por tratarse de un ilícito que sólo puede perseguirse por querella, al no existir legalmente ésta, no puede procederse penalmente en contra del acusado de que se trata”.⁴⁰

Los abogados del financiero no lograron obtener el reconocimiento de su inocencia jurídica, pues dada su urgencia por abandonar la cárcel se omitió un pequeño detalle legal que permite darle la vuelta a la ley para ganarle en su propio terreno y salirse con la suya, como han hecho otros, y aceptaba expresamente la sentencia impuesta en primera instancia. Pero esto en absoluto interfirió para que continuara en el mundo empresarial con puestos de dirección en distintas compañías como Grupo Bajo Cero, Servicios Aéreos Corporativos, Organización Cultiba, dedicada a la industria de las bebidas, o como director del consejo de administración de Opequimar, un astillero ubicado en Bahía de Banderas, con las instalaciones más completas de las costas del Pacífico mexicano según anuncia su página de internet, que alberga a más de 200 embarcaciones e ilustra cómo de un gusto, por el mar y la navegación en su caso, también se pueden hacer negocios. Y conservar sus excelentes redes de relaciones, tanto personales como las que proporcionan los distintos consejos de administración de empresas en los que ha participado, cuyas conexiones incluyen empresarios como Fernando Gerardo Chico Pardo, Juan Ignacio Gallardo Thurlow, o financieros como Héctor Lagos Dondé, el dueño de la polémica casa Monex que lo mismo ha sido denunciada por llevar a cabo operaciones relacionadas con el PRI para procesos electorales que por transferencias vinculadas al tráfico de drogas ilícitas.

Sobre esta casa de bolsa y las acusaciones al respecto, hay un reportaje del mismo Padgett,⁴¹ donde se muestran las relaciones entre Legorreta y Lagos Dondé, así como entre éste y Luis Téllez. Lo que de paso ilustra el desarrollo de esta versión de un capitalismo que por tres décadas repartió oportunidades a los cuates, pues “Lagos Dondé y Luis Téllez son de la misma línea, ambos del ITAM y ambos beneficiarios de Salinas de Gortari. Carstens es de la misma generación, aunque él siempre apostó al Fondo Monetario Internacional […] En el mismo círculo, con mayor o menor cercanía, participaban Aspe Armella y José Ángel Gurría, también cuatísimos de Héctor Lagos Dondé”. Otra muestra de un sistema articulado a través de redes de relaciones que no sólo han conformado poderosos grupos de interés, como se verá en el siguiente capítulo, sino que además en este lapso los enredos políticos, no exentos de traiciones, los tecnicismos jurídicos y la organización político-administrativa que privilegia a parientes y amigos, o a amigos de los amigos, todavía contribuyen a dificultar que al menos aquí un cualquiera tenga posibilidades de hacer fortuna de la nada. Con excepciones, por supuesto. Y sin faltar quienes traten de mantenerse en el campo de los negocios a través de charlas que promueven la mentalidad de emprendedor capitalista, mezclando el pensamiento estratégico con la venta y lo motivacional. Lo que, como se vio, hace el ahora mundialmente conocido Lobo de Wall Street en su faceta de conferencista que se publicita con la película de Martin Scorsese, por ejemplo.

Durante su seminario en México, donde tras hablar hora y media y terminar con la historia de su primer gran golpe en la playa Jones de la ciudad de Nueva York, aclara que no le gusta compartir su escenario pero hará una excepción por tratarse de un amigo, de profesión veterinario, que cuando entró al mercado de divisas y fondos de cobertura, como el peor pagado de la oficina a los 26 años, ganó 2.6 millones de libras esterlinas, 48 millones antes de los 30, y actualmente es capaz de ganar 4.1 millones de libras al día. De nueva cuenta resulta que millonario no es una palabra tan grande, que lo importante es “colocar el pez en la pecera adecuada”, hacerse una buena revisión psicológica que te permita alcanzar “control emocional” para tranquilizar la “mente reactiva” además de interrumpir esa autopercepción que no deja tomar decisiones y asumirse como alguien con vida de riqueza y futuro de abundancia, e invertir en herramientas adecuadas como el conocimiento y la “información privilegiada” que nos permite anticiparnos; ya sea invirtiendo tiempo con personas capaces de cambiar sus creencias, como el amigo mismo del señor Lobo, o bien transfiriendo este conocimiento por medio de herramientas y métodos, como el sistema Forex que él mismo desarrolló para incursionar exitosamente en el mercado de la compraventa de divisas. Pero antes de explicar su funcionamiento, con ejemplos que producen aplausos de la audiencia, habla de su fundación y la importancia de la filantropía y muestra imágenes de algunas de sus propiedades que incluyen la fachada de su casa de Inglaterra o el Aston Martin que obsequió a su padre. Luego viene una pequeña demostración con su computadora proyectada en grandes pantallas que aun así no permiten ver con claridad los indicadores que soportan sus estrategias de inversión que producen las ganancias millonarias. Un detalle por demás significativo pues pese a las fallas en la señal de internet del Centro de Convenciones Banamex en los cuatro minutos que duró esta parte de su exposición, al tiempo que explicaba los pasos para realizar estas operaciones de forma cotidiana y la importancia que tiene saber cuándo parar, tanto en ganancias como pérdidas, dijo producir 20 000 libras de utilidad. Que por supuesto sólo pudimos ver en lo que parece haberse convertido en signo de esta nueva economía: la pantalla.⁴²

No es exactamente como la ruleta de cualquier casino, donde se sueña con hacer volar la banca pues literalmente TODO se decide a un solo golpe como magistralmente describió Dostoievski en El jugador, y la casa siempre gana, sino más bien una representación del triunfo de la economía financiera, que trae consigo su maldición del interés, y el paso de un modelo basado en la producción de bienes tangibles a otro basado en lo intangible. Como el dinero mismo, que deja lo físico y se convierte en algo virtual a través del clic de computadoras, aunque como plantean algunos críticos, éste en realidad dejó de ser mercancía cuando Richard Nixon abandonó el patrón oro y en 1971 comenzó el experimento de una moneda no sostenida por ningún elemento físico del planeta. Derivó en lo que también se conoce como dinero Fiat (que en latín significa hágase), donde lo que subyace es una mera convención o declaración de reglas del juego: “Pongamos que el dinero es una mercancía; pongamos que lo asignamos a un mercado, el mercado de dinero, el mercado financiero; pongamos que el respaldo del gobierno es suficiente para los billetes, monedas y anotaciones en cuenta que constituyen la masa monetaria de un país; imaginemos que no hace falta oro ni ninguna otra mercancía para respaldarlo” (Martín Belmonte, 2011: 11). Un sistema donde se han acelerado las contradicciones y crisis enunciadas desde el siglo XIX por Karl Marx, la supuesta tendencia del capitalismo al colapso, y también se multiplican por todo el mundo en las últimas décadas rescates bancarios (francos o encubiertos) que dejan ver un proceso claro de conversión de deuda privada en deuda pública,⁴³ con un sui generis modelo de distribución de deuda exigible y no exigible a través del cual “las instituciones financieras emiten dinero según los criterios de los bancos centrales, y adquieren a cambio deuda no exigible. Simultáneamente prestan dicho dinero a los ciudadanos y empresas productivas, quienes adquieren frente a dicho banco una deuda exigible”. De la misma manera, grandes multinacionales obtienen financiamiento en el mercado de valores y adquieren una deuda con sus accionistas no exigibles, “puesto que tal es la naturaleza del capital en una empresa”. Y con ese dinero compran otras empresas cuyos clientes adquieren frente a esas multinacionales deudas exigibles por el consumo de bienes y servicios que producen. Si no el crimen perfecto, es parte del juego para obtener el control del poder económico contemporáneo donde la clave radica en endeudarse con deuda no exigible realizando actividades que hacen a los demás contraer deudas exigibles y que, por sorprendente que pueda resultar, tampoco es nuevo. De hecho la idea se remonta al siglo XVIII, cuando el banquero Mayer Amschel Rothschild afirmaba: “Permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierne” (ibid.: 30-31).

Sobre estas contradicciones, crisis, conversión de deuda y “rescates” gubernamentales con dinero público, algunos hechos bajo la premisa del too big to fail o demasiado grande para caer por las implicaciones de ciertas quiebras para el sistema bancario o financiero de un país, además de la crisis mexicana de 1995, sofocada con la intervención del gobierno estadounidense y un préstamo de urgencia por alrededor de 50 000 millones de dólares que de paso contribuían a mostrar la solidez del sistema financiero y el modelo instaurado a partir de la (contra)revolución conservadora del dúo Tatcher-Reagan con sus mercados desregulados, capitales en movimiento constante y actores abusando del apalancamiento,⁴⁴ bien cabe recordar la crisis asiática de los dragones en 1997-1998, el estallido de la burbuja de internet en marzo de 2000 cuando tres cuartas partes de las empresas de la llamada nueva economía desaparecieron ante otro espejismo de enriquecimiento rápido, sin trabajo ni esfuerzo. También el escándalo por la quiebra de la texana Enron en el otoño de 2001, elegida por la revista Fortune por seis años consecutivos como la “empresa más innovadora” que llegó a convertirse en la séptima empresa estadounidense en términos de capitalización bursátil y en la número 16 del planeta por su volumen de negocios en el campo de la energía, aunque en realidad su éxito se debió a métodos mucho más convencionales como exagerar artificialmente sus ganancias ocultando sus déficits por medio de sociedades pantalla y falsificación de cuentas con el objetivo de inflar su valor bursátil. Y la combinación de negocios con política, pues invirtieron más de 10 millones de dólares en actividades de lobbying político, generosas donaciones que incluyeron a George baby Bush, diversos secretarios de Estado en esa administración, como el procurador de justicia John Ashcroft, y a más de 100 miembros del Congreso. En su derrumbe llevó consigo a una de las auditoras más reconocidas entre las admitidas por la Securities and Exchange Comission (la famosa SEC) de la Bolsa de Nueva York, Arthur Andersen, cuyos directivos no dudaron en destruir la mayor cantidad posible de documentos comprometedores dada la existencia de un vínculo directo entre el valor de cada acción de Enron y la confianza que Andersen inspiraba a los pequeños ahorradores. Alrededor de 20 000 empleados perdieron el trabajo, y además sus ahorros, pues los reglamentos internos les prohibían vender sus acciones; mientras que los altos ejecutivos sí pudieron hacerlo en el momento indicado y a buen precio poco antes de que llegara la catástrofe. Lo mismo les pasó a muchos otros ahorradores dado que alrededor de dos tercios de los activos bursátiles de la firma eran detentados por fondos de pensión cuyo monto de retiro (otros 2 000 millones) desapareció para nunca más volver. De hecho, algunos estimados calcularon pérdidas por 68 000 millones de dólares para los accionistas aunque en este caso cabe mencionar que los directivos de Enron sí fueron llevados a juicio y varios terminaron en la cárcel.⁴⁵ La magnitud del escándalo dio origen a nuevas disposiciones para controlar mejor a ejecutivos, garantizar mayor transparencia en las cuentas y proteger a los inversores (Ramonet, 2009: 62).

Esto no impidió que seis años después, en 2008, la formación de la burbuja inmobiliaria de las subprimes o hipotecas basura (llamadas así pues fueron concedidas a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés) reventara. Claro que antes estalló el caso Parmalat, el de la pequeña firma familiar de distribución de leche oriunda de la región de Parma, en Italia, que se convierte en marca global pero cuya peculiar historia de éxito terminó en 2003 calificada como “el mayor engaño financiero en Europa desde 1945”. A partir del descubrimiento de una burda falsificación con escáner para intentar probar la existencia de 3 950 millones de euros, se derrumban sus acciones y muy pronto más de 115 000 inversores y pequeños ahorradores resultan estafados, algunos quedan arruinados y alrededor de 37 000 empleados en más de 30 países pierden el trabajo. Se hace pública la existencia de una deuda por 11 000 millones de euros disimulada por años a través de “un sistema fraudulento basado en malversaciones contables, balances maquillados, documentos trucados, ganancias ficticias y complejas pirámides de sociedades offshore encajadas unas dentro de otras, de manera que resultara imposible determinar el origen del dinero ni proceder a la verificación de las cuentas”. Y el caso pronto adquiere amplitud planetaria pues lo mismo hubo víctimas como el Deutsche Bank, que recién se había hecho del 5.1% del capital de Parmalat, que acusaciones de complicidad a grandes auditoras internacionales y bancos como el Citigroup. Por si fuera poco, y pese a que con las crisis referidas el crecimiento mundial se recuperó a toda velocidad, la desregulación impulsada por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Robert Rubin, anulando la llamada Banking Act que hacía incompatibles las funciones de los bancos de depósito y de los bancos de inversión, abrirá aún más la puerta a toda suerte de excesos por parte de financieros ávidos de ganancias máximas. Así que, como resume el mismo Ramonet (ibid.: 68), “se desencadena una especulación aún más frenética, cuya sofisticación va de la mano con una falta, cada vez más flagrante, de transparencia. Inflados por las ganancias fáciles, dos categorías nuevas de fondos buitres van a prosperar: las private equities y los LBO (leverage buy-out),⁴⁶ fondos de inversión rapaces con apetito de ogro que disponen de capitales colosales y cuyos ejecutivos se convirtieron, en pocos años, en verdaderos dueños del universo”. La combinación de desregulación, crédito barato e instrumentos financieros cada vez más sofisticados, permitió que el fenómeno proliferara globalmente bajo el principio de que un grupo de inversores adinerados compra empresas que después administrará de forma privada a través de dichos fondos, esto es, lejos de la bolsa con sus reglas y sin tener que rendirles cuentas a accionistas quisquillosos. Bajo ese mismo principio, los ejecutivos ganan salarios y bonos exorbitantes mientras aplican una “racionalización” empresarial que reduce el empleo, comprime salarios, combate sindicatos y todo atisbo de organización de sus empleados, aumenta los ritmos de producción y la deslocaliza.

Hasta que las contradicciones se agudizan, la actividad económica se frena y se multiplican los pronósticos sobre un descenso en el crecimiento mundial. En ese momento, a instancias de George Bush, quien lo apremia a estimular el crecimiento por todos los medios, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, invita a intermediarios financieros e inmobiliarios a participar en ello y éstos desarrollan créditos hipotecarios de alto riesgo otorgados a los hogares de menos recursos (las referidas hipotecas subprime). Y no por un extraño ataque de capitalismo social o filantropía empresarial, sino porque este sistema de ganar-ganar les permitía cobrar durante varios años las cuotas del crédito y, en caso de una incapacidad de pago por parte de los compradores, recuperar un inmueble cuyo valor se habría duplicado en un lapso de siete años. Así, hasta que la Reserva Federal aumentó el tipo de cambio de referencia del dinero desencadenando otra enorme crisis, pues vinculado a estas tasas el coste del crédito inmobiliario se dispara y poco más de tres millones de hogares terminan por devolver a los bancos las llaves de su casa.⁴⁷ Una dinámica de la que sin duda estaría orgulloso quien dijo aquello de que “la codicia es buena”, pues gracias a la propia especulación muchos bancos terminaron recuperando los riesgos de créditos inmobiliarios que creían haber desviado hacia los mercados, hasta que durante el verano de 2007 se fue a pique el banco de inversiones Bear Stearns, el quinto del planeta, amenazado por el secretario del Tesoro con declararlo en quiebra si no firmaban un acuerdo con JP Morgan. Luego cayeron Merrill Lynch, Citigroup, el banco francés BNA Paribas, la más grande aseguradora del mundo, AIG, y en septiembre de 2008 el quinto banco de inversiones más importante del planeta, Lehman Brothers. Entonces los bancos centrales y gobiernos de diversos países debieron inyectarle al sistema cientos de miles de millones para evitar una catástrofe todavía mayor, como la depresión de 1929. Y aunque volvió a repetirse el fenómeno de los salarios astronómicos con indemnizaciones y bonos millonarios para directivos que además se deshicieron de sus acciones a tiempo, no en todos lados se protege tanto a los amigos como en México, así que gobiernos como el de Estados Unidos condicionaron dichos rescates cuya escasez de liquidez terminó encareciendo el crédito a empresas, al consumo y a la actividad inmobiliaria, y aplicaron multas por alrededor de 325 000 millones de dólares.⁴⁸ Sumado a la crisis petrolera que desplomó los precios internacionales, la recuperación económica mundial ha sido muy lenta pues en estas tres últimas décadas las contradicciones y crisis del sistema económico-financiero han sido cada vez más frecuentes y profundas.

En este resumen de otros casos y mecanismos a través de los cuales opera el capitalismo en su versión salvaje y de amigotes, se muestran algunas dificultades para que un cualquiera pueda ganarles a especuladores profesionales, pero también la metamorfosis misma del dinero, de su flujo y formas, como la transferencia electrónica cuyo mercado, el de divisas, según Weatherford (1998: 339), es el más puro de todos en tanto sólo hay transacciones que se desplazan instantáneamente por el mundo ya que no es necesario plantar, sembrar, cosechar, embarcar, fabricar o cambiar bienes del modo que sea. Y sobre cómo ahora el poder lo tiene

una nueva casta de financistas que posee o solamente controla grandes sumas de dinero a través de las firmas de corredores de los bancos, los planes previsionales, las compañías de seguros o las administradoras de fondos mutuos. [Y] controlan su conversión de una divisa en otra, su transformación de acciones en bonos municipales, de certificados de depósitos en opciones de compra, de hipotecas en fondos mutuos, o su derivación del mercado de futuros a “bonos basura” [ibid.: 353].

Incluso en algunos fondos de alto riesgo, sobre los que volveremos después dado que se prestan bien a la especulación, despiertan la codicia y no a pocos hace recordar la ruleta de un casino. Claro que a estas alturas del seminario del autonombrado verdadero Lobo de Wall Street es el tipo de asuntos que no resultan importantes para nadie, y el poder de regular el dinero en beneficio propio y a corto plazo otra vez se queda en la interacción cara a cara donde resultan más atractivas las habilidades comunicativas para convencer, o los detalles de tipo motivacional; aunque estos resulten extraños, por decir lo menos, sobre todo si los referentes de ambientes financieros de alto nivel provienen de Tom Wolfe, Gordon Gekko, Patrick Bateman o del mismísimo señor Lobo. Incluso de algún banquero arrepentido, como el del documental de Marc Bauder (2013). Pero no. El amigo financiero aunque habló de la importancia de trabajar la parte mental para saber anticiparse, tener autocontrol emocional y pasar de una autopercepción limitadora a otra de abundancia y riqueza merecida, a diferencia del autoanálisis recomendado por el Lobo Jordan, él sugiere leer una novela de Paulo Coelho que lo influyó tanto que hasta llamó a su hijo como el personaje principal: Santiago.

Por si fuera poco reitera la importancia de asumirse como rico, aun sin serlo, establecer metas como el tipo de viaje deseado y su costo, o la casa de nuestros sueños que primero debemos dibujar, tal como él hizo (las pantallas proyectan alternadamente el dibujo y la fotografía de cómo quedó), porque saber de precios también nos acerca a la realidad. Recomienda “hacer el bien, diviértanse y el dinero llega”, además de proporcionar consejos para invertir en el mercado de divisas que en otro contexto sonarían más a la vieja y fraudulenta pirámide, pero aquí emociona a más de uno pues en tanto aprendiz de inversionista no está mal obtener comisiones a partir de lo que en inglés se conoce como las tres f (amigos, familiares y tontos), convencerlos y jalar a otros más para una inversión en cadena. Que por supuesto no es nada comparado con su sistema, diseñado para que cualquiera pueda incursionar exitosamente en el mercado de divisas. A estas alturas el entusiasmo cunde y se materializa en una estampida de al menos 200 personas corriendo cuando finalmente anuncia que aunque no suele compartir sus secretos para hacerse millonario en esta ocasión lo hará, y de los 160 000 pesos que cuesta el sistema, los primeros 100 podrán llevárselo por tan sólo 35 997 pesos, más IVA. En realidad una ganga en caso de hacer realidad lo de comerse el mundo de un mordisco, que hasta podía pagarse con tarjeta de crédito.

4. Redes de relaciones

El poder sólo se habla con el poder.

J. M. COETZEE

Como pasa con tantas otras cosas que oscilan entre el sentido común, el estereotipo y la sabiduría popular, cuyo origen tampoco es fácil de situar en el tiempo, en nuestro país es frecuente escuchar algunas frases o proverbios atribuidos a los chinos. La fortuna no es excepción, y de ella se dice que una primera generación la produce, la segunda la disfruta y la tercera se la acaba. Lo que en ocasiones es cierto, como el hecho de que en caso de que la paternidad del dicho en realidad sea atribuible a chinos, entonces podremos también encontrar ciertas equivalencias en diferentes culturas y sociedades, como la española por ejemplo, de donde parece sacada la idea del abuelo labrador, hijo caballero y nieto limosnero. Expresiones y refranes que ponen luz, o al menos eso deben pretender, sobre la ya no tan célebre condición humana y el modo como las fortunas pasan de una generación a otra —algunas con todo y maldiciones, secretos (que abarcan los que son a voces), o serias disputas entre familiares.

Este transcurrir generacional de la riqueza se relaciona incluso con el perfil industrial de un país. O al menos así parece confirmarlo la descripción hecha por Alfonso Romo Garza, el empresario sobrino-nieto de Francisco I. Madero y por un tiempo miembro político de una familia que por generaciones ha sido muy poderosa:

Si tú analizas el perfil industrial de México —explica—, los grandes grupos hoy son industrias que hace 100 años fundaron sus abuelos o bisabuelos. La cervecería, no había cerveza, se aventaron. No había siderúrgicas, nos aventamos. Las mineras siempre han existido. Los refrescos… Los grandes grupos de México siguen siendo las industrias del pasado: somos conservadores, hasta pa’ los negocios […] No les gusta el cambio, ni en lo político, ni en los negocios, por eso el perfil industrial de México es el mismo, si tú analizas las 20 compañías de Estados Unidos hace 50 años y las comparas con las de hoy, son otras. Y aquí son las mismas, refresqueras, comerciales y concesiones de gobierno. No tengo nada en contra de ellas, pero no hemos reinventado a México.¹

Lo que resulta revelador, no sólo por quien lo dice o por la dinámica político-económica que en un breve lapso histórico las hizo pasar de innovadoras a “industrias del pasado” (como él las llama), y lo mismo da para compararse con otras economías, como la estadounidense (donde este perfil sí cambió significativamente), pero también para pensar en ese rasgo de conservadurismo y las formas de generar fortunas o al menos administrarlas. Por ejemplo, el peso que en la distribución de la riqueza del famoso 1% más rico de la población tiene la herencia, o el “interés tras interés acumulándose para viudas e hijos idiotas” como sarcásticamente refería el quizá más famoso financiero cinematográfico Gordon Gekko, personaje en parte inspirado en el llamado Rey de los bonos basura (de los lejanos años ochenta), Michael Milken. A estos dos tercios de la riqueza, otro más corresponde con el trabajo arduo, últimamente relacionado con invenciones tecnológicas y de software como ilustran los conocidos casos de Steve Jobs, Bill Gates o Mark Zuckerberg. Y el resto, sentenciaba Gekko, se genera a través de acciones y especulación en bienes raíces.

Este conservadurismo frente a la innovación se evidencia en la misma descripción del polémico empresario mexicano: una parte considerable de nuestro perfil industrial lo constituyen concesiones de gobierno, que en sí mismo no es el problema. El pequeño gran detalle es que en México desde la Colonia, periodo que va de 1535 a 1821 y en el que hubo 63 virreyes, estos y muchos otros consentimientos quedaron organizados de modo peculiar, por llamarle de algún modo, bajo principios como el del particularismo indiano o el sistema conciliar. Esto es, otorgarles amplísimas facultades a los virreyes —por ejemplo— para la exacción de todas las riquezas recaudadas con el fin de enviarlas a España, pero también para mantener a las propias autoridades coloniales con todos sus gastos incluidos. O los ordenamientos de carácter general, dada la enorme ignorancia de la Corona española respecto de las Indias, que asimismo otorgaban amplia discrecionalidad a los funcionarios españoles y al paso del tiempo trajo consigo auténticas joyas como el ahora famoso acátese, pero no se cumpla. Un régimen medieval del que todavía conservamos muchas cosas, y en el que, por ejemplo, de 1690 a 1700, según una investigación del criminólogo mexicano Martín Barrón,² se documenta que en la Ciudad de México se vendían cargos públicos y los llamados oficios de cabildo. Como desde entonces muchos puestos podían comprarse y heredarse, ahora no debería sorprendernos que esto terminara convirtiéndose en unos muy torcidos usos y costumbres o, mejor dicho, un sistema político con reglas institucionales no escritas y un esquema de prebendas para recuperar la inversión hecha al comprar un cargo o concesión estatal. De hecho, este diseño de la administración pública al parecer se convirtió si no en franca política pública sí en toda una mentalidad que, entre otros rasgos, incluso cobró la forma de dichos populares más propios de la picaresca como el que no transa no avanza, el silencio vale oro, perro no come perro, a mi pónganme donde hay, o los priistas (de antes) robaban pero dejaban robar. En este sentido, es importante considerar que estas formas también configuraron a la impunidad como problema estructural tras la restauración de la República en 1867, y sobre todo a partir de 1880 con las reelecciones de Porfirio Díaz, conformando reglas de gobierno paralelas o bien un sistema formal, basado en la Constitución de 1857 con división de poderes y todas las garantías individuales y libertades propias de un Estado moderno (laico, democrático y federal, por ejemplo), pero al mismo tiempo una estructura informal consolidada alrededor de su dictadura que controló a la prensa y subordinó a jueces, Congreso, gobernadores o municipios, administrando además los conflictos locales a través de jefaturas políticas (lo que el historiador Lorenzo Meyer llama su alianza con las oligarquías regionales y nacional),³ los cuerpos de rurales y el ejército. Y con estrechos límites para la acción política pues únicamente se les permitía a personajes o grupos afines. Así que el sistema formal simplemente era un velo para cubrir una forma autoritaria y personalista de gobernar, concesionar o castigar; ni la primera ni la última.

Sin embargo, en las tres últimas décadas el manejo de concesiones gubernamentales a través de redes de relaciones de poderes político-empresariales (capitalismo de cuates y para los cuates) no sólo se hizo cada vez más evidente sino multiplicó la tendencia a generar riquezas particulares y pérdidas públicas. En este sentido, cabe mencionar que dicho lapso no es arbitrario pues incluye tanto la gestación e implementación del no hace mucho renegociado Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) a pedido del gobierno estadounidense, cuya política ahora intenta reducir sustancialmente el hasta hace poco promovido libre comercio, como con lo que en su momento pretenciosamente se llamó modernización del país, la cual produjo la oleada más reciente de concesiones y negocios que ilustran esta discrecionalidad que suele incluir escándalos de cuello blanco. También, que no obstante en ese nivel quizá la diferencia no parezca tan marcada dada la cantidad de negocios y consejos de administración en los que participan algunos de estos concesionarios de bienes de la nación, quizá sea conveniente distinguir entre administradores de riqueza, heredada o acumulada generacionalmente, del empresario en el sentido de aquella persona que toma riesgos, emprende e innova sin estafar a los demás; un matiz importante en el que debe influir el hecho de que se tiende a ser conservador con el dinero propio, pues el riesgo implica la posibilidad de perderlo. De ahí que haya mucho sentido en aquello de que los mejores negocios son los que se hacen con dinero ajeno. Y que este conservadurismo tiene algunas peculiaridades en las que conviene detenerse, pues no sólo pasa por elegir industrias del pasado o tener una severa resistencia al cambio en lo político, los negocios o sus modos de llevarlos a cabo, sino que además inciden la cultura o lo religioso como hace mucho mostró Max Weber con La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1979), que también se reacomoda en estos tiempos.

EN EL NOMBRE DE DIOS

El ámbito financiero proporciona algunos ejemplos no exentos de contradicciones reveladoras, lo mismo en el Vaticano con casos como el de monseñor Nunzio Scarano, acusado de fraude y corrupción, llamado Don 500 porque en su cartera únicamente había billetes de esa denominación, o el de conocidos directivos del famoso Banco de Dios como Roberto Calvi, quien apareció ahorcado bajo un puente de Londres. En México, uno de las personas más conocidas que ha encarnado esta relación entre finanzas y religión es el ahora obispo emérito de Ecatepec. Aunque cueste imaginarlo, sobre todo si se piensa en sus declaraciones o escándalos de los últimos años, que incluyen averiguaciones penales por fraude, en su juventud intentó ser torero y cantante (se dice que de rock). Finalmente estudió derecho y comenzó a trabajar en la banca, Banco de México y luego en el Banco de Londres donde alcanzó la gerencia de valores que él mismo pidió cambiar para dirigir las operaciones de la bolsa. Hizo asesorías para Banamex e ICA y en 1964, cuando trabajaban prácticamente “solos” en la Bolsa Mexicana de Valores, ubicada entonces en la calle de Uruguay en el Centro Histórico del Distrito Federal, conoció a otro joven empresario con el que unió fuerzas para obtener mejores clientes. Se asociaron y fundaron Inversora Bursátil, que años después se convertiría en Grupo Financiero Inbursa. Así se fue haciendo la amistad entre Onésimo Cepeda Silva y Carlos Slim Helú, quien décadas más tarde se volverá, o al menos por un tiempo, el hombre más rico del planeta. Claro que como en otras historias de religiosidad, no faltó el hecho que cambió el destino de Onésimo, o Millonésimo, como le dicen algunos de sus no pocos detractores dada su afición al golf, los gustos caros y el lujo: tras un accidente en el que unos “inditos” lo socorrieron y compartieron con él “la tortilla, el chile y la sal”, encontró su vocación y decidió “hablar por ellos”. Vendió sus acciones a Slim al mismo precio en el que las pusieron al mercado con la condición de que si no la hacía como cura regresaría para que se las devolviera, y se hizo seminarista.⁴ Fue ordenado sacerdote en octubre de 1970 en la diócesis de Cuernavaca, y para entonces el cambio parecía radical pues quedó bajo el cobijo de Sergio Méndez Arceo y su opción pastoral por los pobres. Aunque sólo fueron apariencias, pues a decir de especialistas en religión como Bernardo Barranco, Cepeda Silva “siempre procuró colocarse al lado de los poderosos. Es un obispo cortesano obsesionado enfermizamente por el poder, el dinero y los reflectores”.⁵ Para marzo de 1983 ya estaba enemistado con Méndez Arceo, y entonces encabezó la bienvenida al sucesor encargado de echar abajo todo lo relacionado con teología de la liberación, Juan Jesús Posadas Ocampo (asesinado tiempo después en Guadalajara tras una supuesta confusión entre dos bandos de narcotraficantes),⁶ quien llegó acompañado por el delegado apostólico Girolamo Prigione, el mismo que años más tarde recibió con nerviosismo a uno de los hermanos Arellano Félix y a sus emisarios supuestamente involucrados en la confusión que terminó con la vida del cardenal, quienes deseaban hacer una donación económica (que aceptó en un maletín de médico) y aclararle al representante del Vaticano en México que ellos no habían tenido que ver en ese homicidio.

Tras aquella recepción comenzó la carrera ascendente de Onésimo hasta el punto de ser nombrado por el papa Juan Pablo II, en la inspiración del Espíritu Santo, obispo de Ecatepec. Claro que antes escaló posiciones en el estado de Morelos y fue dirigente nacional del Movimiento de Renovación Carismática, una organización utilizada por Posadas para desmantelar la labor de su antecesor según investigaciones periodísticas, que además refieren una autobiografía escrita por el todavía joven religioso, titulada Quiero que me suceda también a mí, donde relata que el Espíritu Santo lo salvó del socialismo al que se encaminaba, como de los prodigios y milagros que él mismo comenzó a realizar por toda la diócesis. Así que una vez situado en el camino correcto, y bajo la protección del delegado Prigione (con quien terminó peleándose hasta por la ubicación de un templete en la ceremonia de investidura), se dirigió al llamado Club de Roma donde también participó el polémico Norberto Rivera y finalmente al nuevo obispado de Ecatepec, en el Estado de México (convertido por el Vaticano en diócesis independiente de la de Texcoco ante el crecimiento de su población), desde donde aumentó considerablemente su influencia y protagonismo político ejerciendo un estilo considerado como de bravucón. Que por supuesto alternaba con buenas maneras, fiestas y excelentes relaciones, las cuales permitieron obtener el terreno y parte de la construcción de la catedral en forma gratuita mediante donaciones gubernamentales y de diversas empresas, pero también gozar beneficios como usar el helicóptero municipal para llevarlo al campo de golf (lo que años después se naturalizó según ilustran casos del tipo senador Emilio Gamboa Patrón que así llegó a jugar con el presidente Peña), y otros más lucrativos como apoyar candidatos del PRI y participar en negocios: interceder para la construcción del fraccionamiento Las Américas, encargarse de la compra del parque vehicular municipal o hasta asignar proveedores; por ejemplo, el de los seguros para los bienes y funcionarios de todo el municipio (Padgett, 2017).

Y otros que en su momento fueron escándalo, como el del Grupo Certificados Integrales Funcionales (Grupo CIF), una intermediaria de servicios funerarios cuya propiedad se le atribuyó aunque la manejaran un primo político y su sobrino, pues el cargo de obispo prohíbe realizar actividades mercantiles, con una cartera de clientes que lo mismo incluía universidades como la UNAM, UAM y UPN, que gobiernos estatales, dependencias federales y hasta la Presidencia de la República. Fue acusada de desviar 4.5 millones de pesos de un fideicomiso donde se depositaban las aportaciones de su clientela. Denuncia hecha por la afianzadora que llevaba el fideicomiso (Fiducia), que también detectó irregularidades en el manejo de contratos, pólizas de seguros y cálculo actuarial que ponían en riesgo los servicios ofertados a su clientela (incluyendo un probable fraude). Era dirigida por un primo político del propio obispo emérito con quien no mantenía relación, y acusó a Cepeda Silva de mover todas sus influencias para meterlo a la cárcel acusándolo de fraude procesal (Proceso núm. 1753, 6 de junio de 2010), que no eran pocas, dado que en distintos momentos sus amistades han incluido a los banqueros Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú (primo de su viejo amigo Carlos Slim), priistas como Francisco Labastida, Arturo Montiel, Eruviel Ávila, Jorge Hank Rhon o Ernesto Zedillo cuando era presidente, y (neo)panistas como Martha Sahagún y su esposo Vicente Fox, de quien Cepeda llegó a decir que lo único que le faltaba para ser burro eran las orejas. Además de otros líos financieros hechos públicos que evidenciaban su gusto por lo empresarial, y para algunos contribuyó a que el Vaticano terminara aceptándole la renuncia para mandarlo prácticamente al ostracismo, fue denunciado penalmente por apropiarse de modo fraudulento de una colección de arte que incluía obra de Francisco de Goya, Picasso, Chagall, Dalí, Modigliani, Diego Rivera, Frida Kahlo, Leonora Carrington y Rufino Tamayo, entre otros. El periodista Rodrigo Vera documentó el caso (Proceso núms. 1677 y 1809), y lo más llamativo no sólo es que el obispo Onésimo en compañía de Jaime Matute Labrador se introdujeran a una residencia en las Lomas de Chapultepec para llevarse los cuadros aprovechando que la dueña y coleccionista acababa de morir, o que posteriormente falsificaran un pagaré por 130 millones de dólares según el cual la mujer (ya mayor, entregada a la Iglesia, a la que solía hacer aportaciones económicas) le debía esa cantidad al obispo de Ecatepec, quien dijo haberla obtenido de los “padres pobres” de su diócesis y luego endosó el documento a Matute, que por cierto era sobrino político de la señora, sino que las 44 obras sustraídas —en su mayoría óleos— eran propiedad y único activo de la empresa Arthinia Internacional, S. A., fundada en la ciudad de Panamá en 1976, cuya directora y presidenta se llamaba Olga Azcárraga de Roblesleón. Hermana de Rogerio Azcárraga, presidente de grupo Fórmula, prima del más conocido coleccionista de arte de su familia, Emilio Azcárraga Milmo, y tía del hasta hace poco presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, como del expresidente del grupo Posadas, Gastón Azcárraga Andrade.

Gracias a diversos recursos Onésimo incluso libró una orden de aprehensión, y según los abogados demandantes su red de protección llegaba hasta el ministro de la SCJN Sergio Valls. Y eso que se trataba sólo de un obispo en un país supuestamente laico. Claro que las redes pueden ser todavía más complejas cuando se trata de personas involucradas de forma organizada, tal como muestra la recomendable investigación del periodista Raúl Olmos sobre los Legionarios de Cristo (2015: 25 y ss.), la polémica congregación religiosa cuyas redes de relaciones articulan poderes económico-políticos e invierte sus donaciones y ganancias millonarias en acciones triple A de empresas como UTC, fabricante de armas y del conocido helicóptero militar Black Hawk. En Comcast, Liberty Media y Private Media Group, destacadas compañías productoras de pornografía, y algunos de sus fondos de retiro han sido destinados al negocio de los cruceros con casinos flotantes como Carnival Corporation, el mayor operador en el mundo, máquinas tragamonedas —invirtiendo en el principal fabricante de Estados Unidos—, o relacionadas con el alcohol, como la comercializadora Diageo, entre cuyas marcas globales están las conocidas Smirnoff, Johnnie Walker y Bailey’s. Farmacéuticas como Endo y Cephalon, fabricantes del famoso opiáceo Oxycodone, y el Fentanyl, que suele emplearse como sustituto de la heroína, pero también en Johnson & Johnson que produce anticonceptivos de diversos tipos, y Pfizer, algunos de cuyos medicamentos son utilizados como abortivos. Dado que negocios son negocios y el rendimiento del dinero fundamental, la ideología es lo de menos y suele entrar en franca contradicción con el discurso público manejado por congregaciones religiosas en temas como éstos o el del preservativo, por ejemplo, dada la compra de acciones en otros laboratorios que comercializan la llamada “píldora del día siguiente” o incluso porque en su amplia cartera de inversiones no ha faltado Reckitt Benckiser, el productor de una cuarta parte de todos los condones fabricados en el mundo (mil millones de piezas anuales) a través de las marcas Durex y Sico.

Sólo les faltó invertir en alguna discográfica de rock para estar en sintonía con la tríada sesentera complementada con sexo y drogas, aunque optaron por alcohol, armas, juego y otras redituables empresas triple A. Inversiones que se complementan con las alrededor de 200 escuelas que van de preescolar a posgrado, fundaciones, más de 100 inmobiliarias, una agencia de viajes, una constructora, una agencia internacional de noticias, estaciones de radio, librerías, clubes deportivos y su propia promotora de espectáculos y conferencias, entre otras empresas, que tan sólo en México generan unos 500 millones de dólares anuales (ibid.: 42), gestionadas por cercanos al forjador de la orden y entre quienes destacó el vicario general Luis Garza Medina (“creador de una de las redes financiero-empresariales más redituables que jamás se hayan conocido dentro de la Iglesia católica”), quien, por cierto, pertenece a una de las familias fundadoras del poderoso grupo Monterrey, los Garza Sada. Todo esto se mezcló en una trama criminal encabezada por el propio fundador de los Legionarios, donde los asuntos de cuello blanco como evasión fiscal, despojar de su fortuna a ancianas, y delitos relacionados con la creación de compañías fantasma o blanqueo de dinero, se minimizan frente a la pederastia y su encubrimiento. Lo que entre otras cosas hace que en realidad tipos como el Lobo de Wall Street y sus fechorías resulten de colegial. Y es que si bien tiene lo que algunos llaman personalidad, en sus interacciones públicas es bastante seductor como se mostró, es obvio que sus habilidades no le alcanzaron para convencer a la cantidad de multimillonarios, sus familiares, así como a funcionarios públicos, privados y eclesiales del más alto nivel en distintos países, como a todos los que engatusó Marcial Maciel mientras creaba empresas y una organización internacional tan poderosa que pudo garantizar su impunidad, fortuna y hasta mantener un legado institucional. De hecho, una persona que lo trató un poco se lo describió a quien escribe como un seductor y gran conversador.

Con dos esposas, cuatro hijos, fachadas de ejecutivo petrolero, empresario y director de una exitosa congregación religiosa, abusador sexual de menores y una adicción a los opiáceos que no debería extrañar tanto dado el nivel de tensión con el que debía vivir; seguramente mucho mayor que el de los actuales aficionados al popular tranquilizante-ansiolítico comercialmente conocido como Rivotril, entre quienes sobresalen ejecutivos, empresarios, artistas, políticos y amas de casa con altos ingresos que buscan un relajante discreto, de fácil acceso y sin ninguno de los riesgos de un mercado ilegal como a los que Maciel llegó a exponer a sus subordinados. Aun así entendió como pocos la vieja relación entre fe y negocios explotándola mientras articulaba beneficiosas redes de relaciones con las élites económicas, religiosas y políticas de múltiples países. De forma destacada en México, donde las relaciones fueron imbricando lo personal con lo familiar, lo ideológico, negocios y lo institucional, pues —entre otras cosas— en algunas de las escuelas relacionadas con los Legionarios se han formado empresarios conocidos, o sus hijos, como el ingeniero Gastón Azcárraga Andrade o el licenciado Patrick Slim Domit, por ejemplo, quienes recibieron en 2006 la medalla Generación Anáhuac “por su contribución al desarrollo y proyección” de su alma máter, aunque en sus actividades públicas no falten polémicas relacionadas con el ámbito de las creencias personales o lo religioso.⁷ Incluso parientes de ambos, como Emilio Azcárraga o Carlos Slim, recibieron homenajes en Nueva York encabezados por Marcial Maciel. El tipo de cosas que trae consigo más relaciones que lo mismo permiten nuevas oportunidades, transacciones o hasta donaciones de personas a veces interesadas en los mismos negocios como ilustran las dos ramas de la familia Azcárraga o la del ingeniero Slim. En el caso de Gastón Azcárraga cabe recordar que presidió el Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac, que su padre patrocinó la construcción de la Unidad de Posgrado y su abuelo, Gastón Azcárraga Vidaurreta, auspició en 1954, junto con el empresario Santiago Galas, la construcción de la Escuela Apostólica en Tlalpan (Olmos: 123). Por razones obvias ha sido más visible la alianza con la empresa de su primo, a través de la fundación México Unido y el hijo de un exgobernador priista de Aguascalientes también formado en escuelas de legionarios, pues dio lugar al Teletón (ibid.: 199 y ss.). Menos mediáticos pero igualmente millonarios, están los negocios inmobiliarios, de construcción y educación emprendidos con empresas asociadas a Carlos Slim (ibid.: 166 y ss.), quien además fue relacionado con el caso de la donación-gran negocio de esa suerte de mall religioso-comercial llamado Plaza Mariana, aledaña a la basílica de Guadalupe, protagonizado por el cardenal Norberto Rivera y en el que también aparece el entonces peje de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.⁸

Como se podrá inferir, estamos ante un conservadurismo peculiar que si bien pasa por elegir aquello de las industrias del pasado y mantener una severa resistencia al cambio en política, sociedad, los negocios o sus modos de llevarlos a cabo, entre sus representantes también es posible encontrar distinguidos jerarcas católicos tan feroces para los negocios como cualquiera de la contraparte protestante, que bien podrían hacer palidecer al propio Weber (1979) con su ética rebosante de contradicciones y doble moral que no sólo se acerca peligrosamente a la simonía o al capitalismo de aventureros referido por este mismo sociólogo alemán, invirtiendo en la bolsa por ejemplo, sino que hasta encubre actividades criminales como abusar sexualmente de menores de edad; algo de lo que han sido acusados, entre muchos otros, el fundador de los Legionarios de Cristo y el obispo emérito de Ecatepec Onésimo Cepeda, quien supuestamente hasta lo hacía en fiestas de las que estaba enterado el entonces gobernador Eruviel Ávila (Padgett, 2017).⁹ Cabe añadir que pese a los mecanismos psicológicos de negación que suelen desplegarse al ser timado, mencionados por especialistas como Hare (2016), no resulta fácil creer que funcionarios públicos de primer nivel como buena parte de la élite empresarial, el famoso 1% que concentra casi toda la riqueza de la nación, no hayan podido o querido ver los engaños y su confianza traicionada y optaran por defenderlo en bloque cuando comenzaron a hacerse públicos sus delitos. Lo que por supuesto incluyó al empresario crítico del modelo mexicano de negocios y concesiones, el ahora tan conocido Alfonso Romo, que también participó en un boicot publicitario contra uno de los noticieros que divulgaron esta información sobre Marcial Maciel.¹⁰

Es importante aclarar que todo esto tampoco significa que empresario sea sinónimo de corrupto, delincuente y caricaturas simplificadoras del estilo, o que todos sean lo que popularmente se conoce como mochos, ultramochos, o millonarios antiaborto, como calificó El País a Patrick Slim. Sólo que el personaje-relación sacerdote/hombre de negocios deja ver con claridad la imbricación y contradicciones de la ideología con el negocio (que pasa por lo familiar y sus redes de relaciones y asimismo por instituciones educativas como las universidades de la legión, igual que por organizaciones religiosas como el Opus Dei, vinculado con el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas [IPADE], considerada la mejor escuela de negocios del país),¹¹ así como los alcances y eficacia de estas mismas redes no sólo para garantizar impunidad sino para realizar alianzas, mayores negocios, nuevas concesiones, crear monopolios de facto y llegar a arreglos informales con el poder institucional. Parte del viejo problema que se supone la Revolución terminaría, aunque no pudo lograrlo, donde se compran o heredan cargos y existe una reproducción de vínculos de estilo casi feudal que sin grandes variaciones mantiene vigencia pese a que en ciertos momentos algunos sujetos se han logrado colar conectándose con estos poderes empresariales y políticos; no pocos como prestanombres. En dicho sistema, cuyas contradicciones se prestan bien a la simulación y doble moral, se privilegia la reproducción de estas redes de relaciones más que en generar condiciones para producir o multiplicar iniciativas empresariales. Y aunque algunos empresarios puedan ser tan eficaces y feroces como los de su contraparte protestante, el peso de estas relaciones y vínculos contribuye a que al menos aquí las cosas les hayan fluido de modo más cómodo o hasta impune, con exenciones fiscales y rescates incluidos, que no son poca cosa en el ámbito de los grandes negocios, y donde las concesiones gubernamentales con su histórica opacidad son ejemplo recurrente en esta versión mexicana del también llamado capitalismo de amigotes que a cambio de ciertas conexiones, omisiones, complicidades y comisiones ha hecho posible y reproducido un sistema como éste. Aun así, y quizá como cierto consuelo para los partidarios de una visión ético-religiosa en el capitalismo salvaje o de cuates donde se han implementado términos más propios de la mercadotecnia como el de responsabilidad social, a veces sólo como eufemismo, al menos hasta hace unos 30 años esta dimensión cultural todavía pesaba, y si bien no parece haber convertido a muchos millonarios en grandes filántropos, hasta cierto punto resultaban más discretos con la exhibición-ostentación pública de su riqueza.¹²

Así que no hay una sola forma de ser empresario, y por eso tampoco un solo animal-metáfora da cuenta de su variedad. El lobo financiero con su aura cinematográfica atrae multitudes, pero como ya vimos en este país no necesariamente funciona. En el caso de nuestro país hay una particularmente significativa, aunque primero es importante entender que en los altos niveles del mundo empresarial y de los grandes negocios las exigencias son muchas y el riesgo de perder el costoso tren de vida es alto. Se requiere de buenas relaciones y atributos como las capacidades para orientar acciones, lograr acuerdos y negociar, que si además se acompañan de habilidades como no dar problemas, saber trabajar en equipo, guardar secretos corporativos, así como encontrar soluciones prácticas, ingeniosas y de bajo costo a asuntos operativos complejos, incluso en México es posible hacer realidad aquello de ser albañil en la infancia y estudiar para después llamar la atención de uno de los hombres más ricos del planeta y ser empleado por él aun siendo “un pinche contador de universidad pública”. Sin embargo, una vez encumbrado no será común recibir elogios o reconocimiento por los aciertos, pues para algunos multimillonarios esto podría llevar a sus ejecutivos a bajar la guardia pese a las ganancias y beneficios producidos. Es lo que muestra, por ejemplo, la recomendable historia titulada “Vida y muerte de un ejecutivo de Slim”, publicada por Proceso el 11 de octubre de 2015,13 la cual, pese a tener ciertas similitudes con prácticas de personajes como el tan referido Lobo de Wall Street, sobre todo en el hedonismo desenfrenado del alcohol, sexo y cocaína, va mucho más allá, y pese a que este ejecutivo llegó a codearse con la élite político-empresarial colombiana es triste y carece de un final con redención. Tampoco es posible pasar por alto que se trata de un campo bastante elitista, y no sólo por las aficiones de algunos de sus ejecutivos y CEO que incluyen natación, tenis, golf, equitación y otras actividades que el sociólogo Bourdieu estudió en su famosa obra La Distinción. Y esto es lo que explica el ejecutivo chihuahuense de Slim, justamente a través de esas metáforas con forma de zoología:

En las empresas, como en la vida, los orígenes sociales son definitorios. Decía que los gerentes de apellidos aristocráticos acaban creando burocracias para mantener el poder en detrimento de las empresas […] los definía como “los patitos amarillos”. Él, en cambio, se consideraba un “patito negro” por su procedencia humilde y por ser producto de la educación pública. Pensaba, además, que los “patitos negros” eran más creativos e innovadores. Los “patitos amarillos” no dejan pasar a los “patitos negros” y se inquietan cuando los “patitos negros” comenzamos a hacer cosas que los ponen en evidencia.

Y tan pueden llegar a acumular poder que en la última conversación que tuvo por teléfono con su exjefe, advirtió a quien en ese momento ocupaba el tercer sitio en la lista de las personas más ricas del mundo de la revista Forbes: “Si usted me chinga, yo lo chingo a usted. Tengo toda la información de Comcel. El ingeniero le colgó de inmediato. Y América Móvil [lo] liquidó con 5 millones de dólares […] por sus 17 años y 11 meses de labores en las empresas de Slim, los últimos ocho años como presidente de Comcel”, la telefónica que representó exitosamente en Colombia. Cabe añadir que según la investigación del reportaje, nadie en los círculos empresariales dudó de que los factores determinantes en esa negociación fueron el temor de Comcel al costo en imagen que podría tener un escándalo mediático y la preservación de los secretos corporativos acopiados.

Existen otras igualmente poderosas como los simbólicos tiburones que pueden cobrar distintas formas, sin faltar la del arte que incluye a creadores como Demian Hirst (criticado por lo mediático de su obra o porque ésta parece más concebida para ricos y famosos), y los ejemplares que lucen en una casa de Las Lomas donde despachaba el otrora cuarteto al mando de Televisa (Osorno, 2015: 230). De nuevo brota la antigua voluntad humana por parecer o encarnar, desdoblamiento donde sin renunciar a sí mismo quiere ser como y se remonta al mundo de los arquetipos o al jardín zoológico que va de las mitologías a la realidad. Mezcla de elementos donde las posibilidades del arte combinatorio lindan con lo infinito, tal como refiere Borges en su Manual de zoología fantástica (2006) y donde es posible encontrar criaturas con rasgos que representan detalles sobre algunas formas de ser empresario de concesiones gubernamentales. Como ese animal soñado por Kafka, con gran cola de muchos metros de largo similar a la de un zorro, que le producía la impresión de querer amaestrarlo pues le retiraba la cola cada que quería agarrarla y luego esperaba tranquilamente hasta que volvía a atraerlo para de nuevo saltar. Quizá algo del hijo de Leviatán, la serpiente de agua de poder descomunal en la que se inspiró Hobbes para sus reflexiones sobre el poder con sus pasiones, impulsos, placeres y deseos materiales que se sintetizan en ese par de frases que resultaron casi un eslogan: Guerra de todos contra todos y Homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre. O las poco metafóricas rémoras, que en latín es demora y según Borges se aplicó figuradamente a la echeneis por su facultad de detener los barcos hasta que en español se invirtió el proceso y en sentido propio la rémora es el pez de un color ceniciento cuya placa oval en cabeza y nuca le sirven para adherirse a los demás cuerpos submarinos, barcos, o incluso a una nación a la que pueden demorar su desarrollo. Sin embargo, más allá de criaturas híbridas, monstruos o animales-metáfora de este capitalismo crony, históricamente la identificación más estereotipada entre sujeto y dinero asocia los rasgos del rostro (y la forma de otros órganos) con características y disposiciones morales —lo cual dio lugar hasta a la seudociencia de la fisiognómica allá por el siglo XVI, con supuestos vínculos entre los temperamentos y el alma, y más tarde a la frenología de Franz Joseph Gall. Sin faltar por supuesto la identificación entre fealdad y maldad que a lo largo de los siglos ha alcanzado niveles inconcebibles en torno al judío y al antisemitismo, por ejemplo.¹⁴ Fragmentos que si bien dan cuenta de algunas características que pudieran representar a una criatura típica de este capitalismo de cuates y para cuates, están lejos de ser definitivos. Así que para encontrar una forma y rasgos más locales de una metáfora de este tipo, se le pregunta a uno de los biógrafos de quien ha sido el mexicano más rico del mundo: sería muy grande pero lento, con doble moral, conservador, católico, se esconde y no se exhibe, respondió Diego Enrique Osorno.¹⁵

De nueva cuenta la hipocresía tiene mucho peso, así que es pertinente aclarar que esta doble moral obviamente no se limita a lo sexual, pues como describía un entrevistado del sistema financiero, hay etapas de la vida donde la ambición por el dinero es desmedida, entre otras causas porque su posición en el campo no está consolidada. Así que la contradicción es frecuente, y aparece también en forma de casos como el de un hombre joven tan religioso que hasta pertenecía al Opus Dei, pero era “tan cabrón, que hasta se chingaba a la muchacha que hacía el aseo de su casa”. No sexualmente, sino con el dinero del sueldo.

ES BUENO SER REY

It’s good to be king and have your own world
It helps to make friends, it’s good to meet girls
A sweet little queen who can’t run away
It’s good to be king, whatever it pays.

Tom Petty

Hace poco más de tres décadas arrancó lo que en su momento se llamó modernización del país, aunque no fue la primera vez en nuestra turbulenta tragicomedia nacional que el término se empleó. En dicha ocasión los reacomodos en la élite de los negocios fueron descritos por la revista estadounidense Business Week, en su número del 29 de julio de 1991, como “una plutocracia protegida de los competidores de clase mundial”. Tal vez porque ahí también se gestó esa gran oleada de concesiones gubernamentales, muchas de las cuales prácticamente terminaron en remates de bienes de la nación, fraudes y crímenes de cuello blanco. Entonces la novedad, además del calificativo “plutocracia protegida” que en ese momento estaba conformada por siete empresarios o familias de superricos (Emilio Azcárraga Milmo, los hermanos Arango, la familia Zambrano, Carlos Slim Helú, la familia Garza Sada, Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú, secuestrado a finales de ese sexenio), fue negociar e implementar el entonces polémico TLCAN que no hace mucho se modificó de nuevo con la amenaza latente de ser cancelado y generar repercusiones más allá de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, dados los intentos por reducir drásticamente un libre comercio que hasta hace muy poco era promovido por todo el mundo incluso como ideología. Y si bien puede que todavía no sea el fin de un ciclo en este proceso de globalización económico-financiera, dado que no es el primer intento al respecto, como muestra eso que Moisés Naím (2014) llama la degradación del poder,¹⁶ este esfuerzo trasciende la retórica dado que es promovido nada menos que por el todavía presidente Payaso Loco como sardónicamente definió el corresponsal de la revista Rolling Stone en Washington al magnate populista Donald Trump.

Poco antes de los felices noventa, que es la etapa cuando se expandió este proceso de globalización económico-financiera por buena parte del planeta con todo y su información asimétrica y fundamentalistas del mercado, que también contribuyeron a la posterior crisis económica, en México y otros países comenzaron a implementarse estas políticas para desarrollar la pretendida modernización que incluyó la venta de empresas y bienes del Estado como aerolíneas, fundidoras y uno que otro monopolio público como la telefonía.¹⁷ El argumento general para estos programas de redimensionamiento del Estado fue el supuesto de que para alcanzar un desarrollo más integral de la economía era necesario crear empresas públicas y esto “condujo eventualmente a dispersar los escasos recursos disponibles y, en muchos casos, a subsidiar y mantener entidades improductivas e ineficientes, limitando así la capacidad estatal para dedicarse más amplia y selectivamente a aquellas actividades consideradas como prioritarias que garantizaran un desarrollo social y económico más balanceado” (Rogozinski, 1993: 11-12). En nuestro caso, a estas ventas que fueron acompañadas de otras desregulaciones comerciales, fiscales y financieras, pomposamente se les llamó reforma del Estado y se dijo que la desincorporación de paraestatales era “un instrumento de política económica y no un fin en sí mismo” (ibid.: 39). Y que esto no significaba debilitarse sino adquirir nuevo perfil: el de un gobierno promotor de la participación de la iniciativa privada, que entonces podría dedicarse con mayor énfasis a las áreas económicas que consideraba estratégicas y prioritarias.

En los hechos esto implicó por lo menos dos grandes rupturas, la primera relativa al propio proceso político. Esto es, el principio del fin de esa suerte de carrera hacia el poder donde el ascenso era gradual y en la medida en que se desarrollaban las habilidades en administración pública como en política, que terminó en una turba que ocupó todos los espacios de poder con la llegada de Enrique Peña Nieto; la resaca del grupo Atlacomulco, a decir de dos conocedores del más visible grupo político de interés que hasta cuenta con sus propios religiosos. O la juniorcracia, según el exfiscal echado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto. El final del político profesional sustituido por tecnócratas, que serían los científicos de antaño, y quienes tampoco podrán conectar con el México real. Sin olvidar que el ritmo de la danza de los intereses e interdependencia entre empresarios y poder presidencial se aceleró y despertó muchas más ambiciones que terminaron por diluir los valores y códigos de respeto entre política y empresa dando lugar a un capitalismo de amigotes recargado o reloaded. La segunda, con las políticas desarrolladas bajo el esquema del nacionalismo revolucionario, donde la empresa pública jugó un papel relevante pues entre otras cosas “su existencia y desarrollo debe depender no sólo de criterios de rentabilidad, sino también de los alcances y límites que determinen la política económica así como los requerimientos de la población” (ibid.: 26). En este sentido, Jacques Rogozinski, el mismo actor en estos procesos de privatización, distingue cuatro etapas en el desarrollo del sector paraestatal en México: la primera, de 1920 a 1940, donde el naciente Estado posrevolucionario crea infraestructura institucional que va del sistema financiero al campo, la industria y el comercio. Se establecen y nacionalizan empresas estratégicas, como la generación de energía eléctrica o la expropiación petrolera. La segunda va de 1941 a 1954 y tuvo como contexto la Segunda Guerra Mundial, por ello el impulso a la expansión industrial donde la sustitución de importaciones se hizo política. Como esto se fueron transformando las condiciones de vida, dando peso a lo urbano e incrementando la necesidad de servicios públicos. En este lapso, “una gran parte de la inversión pública se destinó al sector transportes y comunicaciones. Es importante recordar que las inversiones en este tipo de áreas de actividad eran cuantiosas, de escasa rentabilidad y de periodos de maduración muy prolongados, por lo cual no existían grupos privados que estuvieran dispuestos a invertir en estos rubros” (ibid.: 29); lo que décadas después cambiaría sustancialmente, por cierto. La tercera etapa, de 1955 a 1969, sobre todo se enfocó en la inversión al área de energéticos como la petroquímica básica y se fundaron otras empresas paraestatales con el objeto de asegurar el abastecimiento de productos y servicios como energía eléctrica, acero y bienes intermedios distintos a las comunicaciones y transportes del periodo anterior; aunque cabe recordar que en 1965 se creó Aeropuertos y Servicios Auxiliares. La cuarta abarca de 1970 a 1982 y, según este autor, el Estado profundiza su crecimiento “no planeado”. De hecho, “participa en la producción de un amplio número de bienes y servicios a consecuencia de la creación de empresas y organismos pero, principalmente, por la absorción de compañías del sector privado con problemas financieros y de eficiencia. El Estado emprendió la tarea de rescatar compañías al borde de la quiebra con el fin de evitar que su desaparición provocara desempleo y desajustes en la planta productiva” (ibid.: 31). Y añade que a partir de los años sesenta, pero con mayor énfasis en los setenta, el Estado absorbió alrededor de 350 empresas en condiciones financieras desfavorables, y también que esta política de “rescate” de empresas privadas no ha sido exclusiva de México o países subdesarrollados, sino que se ha empleado incluso en Estados Unidos en casos recientes como la automotriz Chrysler o las instituciones de ahorro.¹⁸

Lo que siguió comenzó en 1983, con gran énfasis en el sexenio 1989-1994, y fue la desincorporación de muchas de estas empresas paraestatales que hasta hace poco continuó con lo que aún quedaba, como el caso de Petróleos Mexicanos, por ejemplo. Ahora bien, la idea de que un Estado emplee razonadamente los recursos, conserve empresas y áreas estratégicas de su economía, en sí misma no es mala. Los problemas comienzan cuando los gobernantes en turno tienen poco interés o ideas limitadas sobre qué es lo estratégico como para elaborar políticas públicas que incluyan herramientas de prospectiva para crear escenarios y anticiparse a hechos futuros, cuando estas mismas ideas son contrarias al interés público, o incluso cuando se combinan antipatías personales con celos por supuestas invasiones en áreas de competencia. Ha sido el caso de las actividades aeronáuticas y de telecomunicaciones, aunque no exclusivamente, donde abundan evidencias sobre cómo la visión gubernamental ha sido muy limitada en todo esto, con no pocas contradicciones y tensiones frecuentes entre gobierno y concesionarios, sobre todo en concesiones políticamente estratégicas, como la televisión, donde no ha faltado mandar literalmente “a la chingada” a un secretario, Andrés Caso Lombardo, por negarse a otorgar unas concesiones que permitirían a Televisa crear una cuarta cadena nacional. Además de recurrir al entonces presidente Salinas para obtenerlas, quien las otorgó, el mismo Tigre Azcárraga ilustrativamente decía que “los transportes (lo que camina por la tierra, los barcos en el mar, los autobuses) son lo que los políticos ven como los medios de comunicación” (Fernández y Paxman, 2013: 44). Y eso que entonces todavía no llegaba el “rescate” carretero de Ernesto Zedillo, la sociedad de la empresa transportista Estrella Blanca con Fernando Bribiesca donde las ganancias se transferían a una cuenta manejada por su mamá, la en ese tiempo primera dama Martha Sahagún (Olmos, 2017: 20 y ss.), los contratos para operar autopistas y segundos pisos con la española OHL —llegada al Estado de México de la mano de Arturo Montiel al que debieron ayudar para hacerse de una residencia en Cádiz con jardines y hermosa fuente valuada en 69 millones de pesos a nombre de las empresas Avenstar Limited y Sotoestrella 2003 SL y donde aparece como directora su exesposa francesa—,¹⁹ investigada en su país por corrupción y en el nuestro multada por inflar los costos en el circuito exterior mexiquense,²⁰ o los socavones que producen accidentes trágicos en autopistas a cargo de la SCT que ni inmutaron al secretario Ruiz Esparza.

Cabe hacer notar que de este tipo de casos donde abundan irregularidades, desfalcos, fraudes, tráfico de influencias, información privilegiada, corrupción, colusión de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, peculado y otros delitos relacionados, han salido más testimonios, documentos e investigaciones periodísticas que procesos, sentencias judiciales, verdades jurídicas y mucho menos la recuperación del dinero. Algo similar a lo ocurrido con la absorción, “rescate”, administración y compraventa de paraestatales y otras empresas del Estado. De hecho, perseguir a discreción funcionarios públicos o empresarios relacionados con este catálogo de delitos hasta antes de un cambio de régimen no hace mucho anunciado, ha sido parte de las reglas no escritas del sistema político; casi como la facultad de un Rey, y si no con mayúscula, al menos sí uno chiquito parecido al del caricaturista Trino. En la era priista se utilizó como medio para llevar a cabo ajustes de cuentas y deslindes con el sexenio anterior: Raúl Salinas fue encarcelado por Ernesto Zedillo. Eduardo Legorreta y el dirigente sindical Joaquín Hernández con Carlos Salinas y Arturo Durazo, Jorge Díaz Serrano y Everardo Espino con Miguel de la Madrid.²¹ También al secretario de Comunicaciones de Luis Echeverría, Eugenio Méndez Docurro, acusado de fraude y peculado en tiempos de López Portillo, cuyo gobierno además procesó al exsecretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García (el primer secretario de Estado en ser aprehendido, el 23 de septiembre de 1977, por extorsión y fraude), a Alfredo Ríos Camarena por fraude en perjuicio del Fideicomiso Bahía de Banderas, y al director del Instituto Mexicano del Café, Fausto Cantú Peña, por evasión fiscal y contrabando. El entonces fiscal especial del gobierno, Javier Coello Trejo, también señaló que “en los últimos cinco años se habían recuperado unos 11 000 millones de pesos, pero que dicha cantidad no representaba ‘ni el uno por ciento de lo que se han robado’ 700 funcionarios y exfuncionarios de la actual y anterior administración, así como 500 empresarios del sector privado”.²²

Se actuaba con una discrecionalidad más propia de Tlatoani donde la dramaturgia del poder, las antipatías personales y la propia política pesaban más que el interés por combatir sistemáticamente la corrupción público-privada. De hecho, solía ser el mismo presidente quien llamaba a la calma con frases curiosas como las de Miguel de la Madrid: “No queremos que la renovación moral de la sociedad pueda convertirse en muro de lamentaciones o en una cacería de brujas”. O crípticas y grandilocuentes, como “no levantemos el dedo flamígero de la condena para adquirir prestigio apostólico y neguemos la mano para el esfuerzo solidario. Diagnósticos críticos, sí; pero, también, remedios y trapitos. No le ladremos a la caravana, incorporémonos a ella”, de José López Portillo, que incluso trató el tema en sus memorias: a decir suyo,

lo dramático, es mi caso como presidente, que me empeñé en luchar contra ella: hice conciencia del fenómeno: rompí la caja de Pandora y como un boomerang (riesgo que admití, por cierto) los monstruos que de ahí salieron, me regresaron, además, en forma escandalosa. Pagué mi determinación y arrojo. Ahora me acusan sin clemencia y me imputan todo cuanto ocurrió en mi régimen y le suman cuanto ocurrió antes y multiplican lo que aconteció después. Mis imprecadores, al leer la nota, pensarán sin duda que, además de todo, soy un hipócrita que habla, plantea y escribe. Y como por mi determinación salió a la luz lo que oculto estaba, mi régimen está pasando a la historia como uno de los más corruptos, condición que hasta mí llega injustamente. Es ése uno de mis asombros contemporáneos: tener las manos limpias de dinero mal habido y estar difamado y calumniado como nunca ningún expresidente lo había sido […]. Por lo pronto, afirmo la limpieza con que actué como presidente: fui honrado. En fin, jueces juzgan a mis colaboradores. A muchos los creo inocentes. La historia me juzgará [1988: 770].

Y no le fue nada bien.

Hay unas concesiones políticamente más estratégicas que otras, y en los enredos de telecomunicaciones y su desincorporación es imposible olvidar el papel de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente y conocido como el Señor diez por ciento por el monto de la comisión que supuestamente cobraba en sus mediaciones para los grandes negocios. Entre otras andanzas, fue quien prestó unos cuantos millones de dólares, tan sólo 30, al empresario que obtuvo la concesión de lo que pasó a llamarse Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Una privatización en la que si bien hubo formas y funcionarios de por medio, no faltaron las suspicacias e incluso se violaron términos de la propia licitación como tener una “probada experiencia en el medio”. Hecho que todas las autoridades y competidores pasaron por alto, y más bien entraron a dinámicas propias de intriga palaciega que pasaban por interpretar las inclinaciones del presidente Salinas que incluían comentarios como “¿por qué no le entras a la televisión?”, hechos en corto a algún empresario que sin dudarlo se apuntaba a la puja creyéndose favorecido, resistir las presiones del entonces concesionario monopólico Emilio Azcárraga, y participar en las reuniones que Raúl Salinas, con una actitud proyectada de “yo no me quedo fuera de esto” (Fernández y Paxman, 2013: 487), tuvo con varios de los postores interesados como el regiomontano Adrián Sada, presidente de Banca Serfín y del consejo de administración de la empresa fabricante de vidrio más importante del país (Vitro), el banquero y camionero Raymundo Gómez Flores, o la familia dueña de Multivisión, a quienes incluso visitó en su casa, donde le explicaron qué harían en caso de ganar. Encuentros que llegaron a contar con la presencia de secretarios de Estado que se prestaban a la simulación insinuando que determinado empresario era el candidato del presidente, lo que provocaba que quienes escuchaban lo que suponían era mensaje presidencial trataran de asociarse con el supuesto candidato ignorando que se estaba usando la misma estrategia con los demás grupos participantes.

Un viernes de julio de 1993 se entregaron las posturas de compra por el paquete de medios, y el domingo por la mañana el secretario de Hacienda Pedro Aspe llamó por teléfono a Salinas Pliego para notificárselo. Entonces las sospechas se orientaron hacia un posible tráfico de información o de influencias sobre el que no hay pruebas documentales, sólo declaraciones como las que años después hizo uno de los participantes en el sentido de que “si uno tiene acceso a la información de por dónde andan los procesos, pues es muy fácil transmitirle información a tu favorito: ‘Mira, ofrece lo que sea pero te quedas con esto’ ”. O el reporte de ejecutivos estadounidenses preguntando poco antes de la privatización sobre “un tal Ricardo Salinas Pliego que decía que ya estaba amarrado con el hermano del presidente”. En 1996, con Raúl Salinas en la cárcel acusado de mandar matar al excuñado y Carlos peleando contra el gobierno de Zedillo, se hizo del conocimiento público lo del préstamo millonario mediante un fondo de inversiones encabezado por el ya entonces llamado hermano incómodo, donde si bien se dijo que dicha inversión era de carácter privado, nunca se precisó si el préstamo de Salinas se había hecho antes o después de la revelación del ganador (ibid.: 486-487). El escándalo público terminó en nada luego de que legisladores de los cuatro principales partidos políticos que integraban la Comisión Permanente del Congreso determinaron que todo estaba en orden. Y eso que la revelación pública de una sociedad, real o figurada, entre Salinas & Salinas a través de un préstamo resultaba factible dados los antecedentes en la relación gobierno-concesionarios-empresarios de medios, con casos como los de Echeverría, Mario Vázquez Raña y la cadena de periódicos del coronel José García Valseca. O las sociedades entre Rómulo O’Farrill y el expresidente Miguel Alemán, por ejemplo. Sin faltar las versiones que acusaban a Televisa y su dueño de difundir la supuesta sociedad de ambos Salinas. En este sentido, el recurso del desprestigio público a través de lo que popularmente es conocido como periodicazo o tormenta de mierda no se utilizaría por última vez para dar golpes bajos a oponentes y rivales en los negocios, tal como la misma Televisa ha sido acusada de darlos pero también de recibirlos en el pleito de telecomunicaciones que sostiene con un exsocio, iniciado a raíz de la llamada convergencia digital, que incluyó escándalo de narcotráfico con supuestas camionetas de la empresa viajando por Centroamérica (Osorno, 2015: 227 y ss.). Y una reveladora concepción del poder expresada por el ahora presidente ejecutivo de la empresa, Bernardo Gómez: “Fíjate en lo que controla este hombre —Slim—. A él nadie lo toca y a Televisa, si tú abres una síntesis informativa, todos los días critican a Televisa. ¿Eso es poder? Me rindo. Si es poder, me rindo. ¿Poder? Carlos Slim. ¿Quién lo toca con el pétalo de una rosa? Eso es poder […]. Cuando realmente tienes poder no te tocan, como sucede con Carlos Slim” (ibid.: 229 y 240).

En cuanto a Salinas Pliego, cabe añadir que además de llegar al top five de millonarios mexicanos de Forbes, hacer algunos negocios y alianzas con Azcárraga Jean, fundar un banco, expandir el negocio familiar de venta de electrodomésticos y desarrollar una carrera filantrópica no muy común entre los magnates mexicanos, resultó un firme aliado de administraciones priistas y panistas que correspondieron con más concesiones y hasta permitieron que una de sus empresas se hiciera por la fuerza de otra televisora en la conocida toma del Chiquihuite por el nombre del cerro donde están ubicadas unas antenas para transmitir. Defiende el libre mercado sin restricciones, con un gobierno acotado a la seguridad,²³ y hace tiempo la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) interpuso en su contra una demanda por fraude de 109 millones de dólares que terminó en una multa de nueve millones. En una entrevista con la revista Newsweek 24 negó categóricamente dicho fraude y dijo que “lo que en realidad ocurrió fue un error por no revelar información”; que es justamente uno de los problemas centrales del libre mercado, la información asimétrica que refieren economistas como el Nobel Joseph Stiglitz. También pidió la renuncia del jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas por el asesinato de Paco Stanley, ha escrito carta al semanario Proceso, el 3 de marzo de 2019, que incluye la respuesta del reportero; asimismo ha dicho no creer en la democracia sino en el autoritarismo ilustrado, ni en la igualdad de género, pues ubicaba a la mujer en casa y al cuidado de los niños (Fernández y Paxman, 2013: 490), aunque su hija Ninfa ha sido directora de mercadotecnia y publicidad de grupo Salinas y senadora de la República; momento en el que fue llamada tv diputada por obvias razones de parentesco y negocios de interés público, como las concesiones gubernamentales. En el campo de lo político se ha sabido relacionar empleando a un exministro de la Suprema Corte o al exsecretario de Gobernación que hizo presidente de su fundación y luego sirvió de puente con López Obrador que lo nombró parte de su nuevo Consejo Asesor Empresarial. Su relación ha sido tan buena como en el prianismo, y quizá un poco más, pues Esteban Moctezuma pasó a ser secretario de Educación y el hijo de su vicepresidente del Comité Ejecutivo de Tv Azteca fue escogido como director general de Banobras.

Un reacomodo hasta el momento beneficioso, salvo el incidente de la explotación minera denegada en Baja California y sus críticas por la cancelación del aeropuerto, que es deseable sirva para mejorar temas como el poco abordado asunto de las políticas laxas en bancos como Azteca que en los hechos dificultan el rastreo de la identidad de los titulares de sus cuentas, contribuyendo a que una parte considerable de extorsiones telefónicas en todo el país sean exitosas. O la propia normatividad, con instituciones reguladoras que propician zonas grises aprovechadas por bandas de extorsionadores para garantizar su impunidad. Al menos es lo que se desprende de testimonios de autoridades, los cuales indican que dichos grupos utilizan mayoritariamente este banco para exigir los depósitos, seguidos excepcionalmente por Soriana-Banamex y BanCoppel. De hecho, “rastrear una línea telefónica de prepago o la cuenta bancaria de una cadena comercial puede ser tan complicado, lento y burocrático que hay autoridades investigadoras que prefieren concentrarse en políticas de prevención, obviando la persecución del delito” (Lara Klahr, 2013). Redes donde tampoco faltan vendedores de teléfonos móviles, tiempo-aire y tarjetas de prepago, y que como cuenta la investigación citada, en concreto el capítulo “El que llama no paga”, incluye a distintas empresas de comunicación celular.

Otra privatización de telecomunicaciones polémica fue Teléfonos de México, donde tampoco escasearon las notas, rumores y chistes acerca de una sociedad Carlos (Slim) & Charlie (Salinas de Gortari) que si bien ha sido desmentida a través del tiempo, el ánimo social todavía no parece dispuesto a creerlo pese a las evidencias o formas establecidas para operar dicha desincorporación. Como en el caso anterior, aquí también hubo opacidad, juegos de poder, mensajes ambiguos y señales no muy propias de una administración que supuestamente modernizaba el país. No sólo por la relación de cercanía de Slim con Salinas desde que éste fue secretario de Programación, o porque fuese un empresario simpatizante del PRI que aportó millones y en algún momento formó parte de su Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial (aunque él dice que nunca se reunieron). También por el uso de columnas políticas para avisar sobre las decisiones que tomaría la jerarquía gubernamental o el presidente, el viaje con Salinas y su secretario Pedro Aspe durante su gira por Japón, o la comida posterior con Rogozinski para convencerlo de participar en una licitación sobre la que él mismo tenía reservas y debió buscar coinversionistas. Con los años la relación se tensó y aunque el ahora expresidente ha cuestionado públicamente el poder dominante de Telmex en el mercado y su falta de regulación como monopolio privado, sigue defendiendo esta venta y descarta motivos ideológicos en ello; claro que cuando lo hace curiosamente recurre a ejemplos como el británico y el chileno, que son casos emblemáticos en la discusión sobre privatizaciones motivadas por razones ideológicas dada la participación de Margaret Tatcher y de los auténticos Chicago boys de Milton Friedman. De tal forma que los responsables o culpables de lo que vino posteriormente, al igual que en casos que derivaron en fraudes multimillonarios o desvíos de dinero para campañas políticas, son todos menos él. Una motivación personal que le describe muy claramente el propio Carlos Slim a Osorno (2015: 76): “Decir que es un chingón, que él lo hizo todo limpio y que los demás son unos pendejos y sucios, y que Telmex es una mierda”.

Lo que también puede verse en su defensa de la desincorporación bancaria donde aduce errores de aprendizaje de los nuevos banqueros, y dice que en cinco de los seis bancos más importantes sí participaron exbanqueros. De la evaluación de propuestas y candidatos responsabiliza al entonces subsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, quien encabezó el comité gubernamental al respecto, escribió un libro defendiendo lo realizado, y con la arrogancia típica de cualquier servidor público poco afecto a la autocrítica llegó a decir que lo hecho era un ejemplo a seguir que pondría a México en la vanguardia a nivel mundial. Claro que al terminar el sexenio y emplearse con su, según Salinas (2001: 448), “amigo personal” y “aliado” Ernesto Zedillo (primero al frente de la Secretaría de Comunicaciones y tras el error de diciembre como secretario de Hacienda), uno de los principales responsables de la privatización de la banca reculó, comenzó a renegar y se sumó a las críticas contra esta desincorporación. En 1997 incluso reconoció errores, como “haber asignado bancos a personas que resultaron no sólo malos banqueros, sino gente deshonesta” (ibid.: 451), y llevó hasta la nacionalización de 1982 la culpa por la crisis bancaria omitiendo su parte de responsabilidad como funcionario, tanto de Salinas como de Zedillo. Tiempo después, como algunos otros de sus colegas que fueron secretarios de Estado, dejó la función pública para irse a trabajar a la iniciativa privada, no sólo en la ya reprivatizada (por él mismo) banca y sistema financiero, con puestos ejecutivos en Banorte, sino también en empresas como Vitro, Chedraui, Grupo Aeroportuario del Sureste y, más recientemente (2016), en la corporación First Reserve, un fondo privado especializado en la inversión energética que utiliza la red de relaciones público-privadas del exsecretario de Estado e incluye a personas como Eugenio S. Clariond Reyes Retana, Alfonso de Angoitia Noriega y Ricardo Guajardo Touché.

Sobre los fraudes y otros delitos económicos generados durante la venta bancaria, el expresidente Salinas dice que de los 18 bancos privatizados, sólo en tres hubo fraude. No los menciona por su nombre como tampoco a Carlos Cabal Peniche, aunque igual descalifica que le atribuyeran llamarlo el banquero del sexenio (Salinas, 2000: 456-457), y considera que lo defraudado apenas representaba 7% del valor total de los bancos privatizados (ibid.: 450), una cifra que de todos modos ascendía a unos cuantos miles de millones. Según él, al igual que entonces dijo su subordinado Guillermo Ortiz, se trató de algo más bien aislado, pese a que en los días del escándalo de Cabal Peniche (agosto de 1994) Julio Scherer escuchó decir a Pedro Aspe sentir “asco. ¿Seguirías en Hacienda? Creo que no” (1995: 30). Según investigaciones periodísticas fue el mismo Aspe quien apoyó y promovió al empresario tabasqueño de origen yucateco. Quizá por eso se lanzó en contra del grupo financiero de Cabal Peniche, aunque el exbanquero se fugó y se dio el lujo de dar una entrevista radiofónica “desde el extranjero” y publicar una carta abierta en diarios de la capital donde se declaró inocente y amenazó con descubrir los “poderosos intereses personales que se han sentido agraviados”.

Si bien desde el periodo colonial han existido concesiones, empezando por la minería,²⁵ en su otorgamiento nunca han faltado polémicas, pues algunas se han vuelto monopólicas de facto pese a las propias leyes antimonopolio o regulaciones gubernamentales. Ya sea por sus huecos, zonas grises, o porque no se aplican. Desde la Constitución de 1917, artículo 28, quedaron prohibidos los monopolios aunque hasta 1992 se expidió la Ley Federal de Competencia Económica y poco después apareció el primer organismo regulador que apenas obtuvo autonomía en 2013. Pero además de acusaciones de parcialidad, como ocurrió con la reforma de telecomunicaciones que derivó en la llamada Ley Televisa, o polémicas como cuando se mandó vender por separado Mexicana de Aviación de Aeroméxico, la Comisión Federal de Competencia Económica ha logrado pocos avances. Así que en estas zonas grises se ha tejido una relación entre presidentes y magnates de interdependencia, favores y beneficios mutuos que varían según el sector o su importancia estratégica para el régimen, como bien ilustra el caso de la televisión cuyo apoyo ha ido de la propaganda y el trato amigable en noticieros y entrevistas a donaciones millonarias para campañas políticas. Este soporte, muchas veces desmedido, les reditúa favores como alguna llamada que ayuda a conseguir un préstamo, o intervenciones que les permiten hacerse de más concesiones que contribuyen a multiplicar sus ganancias o realizar nuevos negocios en este y en otros países. Un exsecretario de Hacienda, orgulloso de ser tecnócrata, se refería a estos apoyos como muletas que les da el gobierno. Otra variante, además de aportaciones directas a campañas políticas o pago de propaganda, son los sindicatos blancos que no causan problemas a empresa y gobierno mientras sus líderes se enriquecen, o las reiterativas presiones más o menos burdas a los varios miles de empleados de una corporación para que voten por determinado partido político.

Esta interdependencia magnates-presidencia sobrevivió a la alternancia partidista de 2000, y cabe recordar que en aquella transición de gobierno se terminó negociando el asunto del financiamiento ilícito de la asociación Amigos de Fox con el otro escándalo conocido como Pemexgate donde sus rivales priistas triangularon dinero a través de Pemex y su sindicato para la campaña de Francisco Labastida. A cargo de Jonathan Davis Arzac, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores jugó un papel significativo y él fue señalado como pieza clave para encubrir y negar la información sobre los movimientos de fondos durante las campañas de Fox y Labastida, a pesar de la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “Davis encubrió finalmente el escándalo de 421 delitos cometidos en al menos 15 bancos, como Anáhuac, Banpaís, Confía, Cremi, Industrial, Interestatal, Obrero, Banorte, Promotor del Norte, Unión y el Banco del Sureste, institución en la que los accionistas mayoritarios eran los hermanos Creel Cobián, primos del secretario de Gobernación de Vicente Fox, Santiago Creel” (Villamil, 2018: 101).

Durante 12 años los magnates transfirieron o expresaron su lealtad al PAN, lo cual incluyó donaciones de empresarios como Gastón Azcárraga y sus hermanos, con un millón de pesos cada uno que luego fueron recompensados con la venta de Mexicana de Aviación por ejemplo. Una suerte de código, en tanto activa sentimientos de obligación moral donde favor con favor se paga. Así que además de las donaciones a título individual, no podían faltar los otros detalles como que en el grupo Posadas trabajara Rodolfo Elizondo del Palacio, era subdirector de canales de distribución en Mexicana de Aviación, cuyo padre del mismo nombre y apodado el Negro fue parte del equipo de transición en el área política del presidente electo Vicente Fox, y posteriormente secretario de Turismo. Cuando tuvo este cargo su hijo contrajo matrimonio, y como revelaron las invitaciones a la fiesta en Huatulco, información publicada por el columnista Paco Rodríguez, hubo tarifas especiales en avión y descuentos en hospedaje que no cualquiera podría obtener y apuntaban a conflictos de interés o tráfico de influencias. Ya sea bajo la forma de guiños y amabilidades para con quien se supone debía regular y supervisar a prestadores de servicios turísticos, como las familias Azcárraga Andrade o Vázquez Raña (en uno de cuyos hoteles se celebró la fiesta), o bien como parte de un pago por compromisos y favores obtenidos, que en el caso de Gastón después se tradujo en declaraciones públicas del secretario de Turismo favoreciendo la compra de Aeroméxico que para entonces el empresario intentaba realizar. Denuncias que si bien trascendieron lo periodístico y llegaron al Órgano Interno de Control de la propia secretaría como a la Función Pública, expediente EXP.DE-37/2007 ratificado en diciembre del mismo año, las autoridades correspondientes no hicieron absolutamente nada más allá de simular y encubrir los hechos (lo que ha sido típico de muchos de estos órganos internos de control). Y lo mismo pasó con Vicente Fox, quien tuvo a su disposición un piso completo del hotel Fiesta Palace en la glorieta de Colón cortesía del grupo Posadas de la misma familia Azcárraga Andrade. Se trata de relaciones menos ideológicas que pragmáticas donde donar o prestar resulta una inversión, pues como las concesiones en sí mismas no necesariamente son un gran negocio y pueden llegar a fracasar, ciertos empresarios son tan hábiles (o pícaros, según se quiera ver) que evaden su responsabilidad y hasta le vuelven a vender al Estado la empresa quebrada o inservible; de hecho, algunos parecen casi acostumbrados a que el gobierno los rescate cuando enfrentan problemas en sus negocios.

Un caso ilustrativo al respecto es el de Fabio Covarrubias Piffer, quien fue consejero y vicepresidente de Banco Unión en tiempos de Cabal Peniche y no tuvo los problemas penales de éste ni su cobertura mediática. Además de banquero, según la periodista Ana Lilia Pérez (2017: 217 y ss.), “con problemas financieros desde 1999 y adeudos con Pemex y con la banca de desarrollo (Bancomext), el IPAB entró al rescate con 47% de las acciones”. Pese a ello, en 2015 la recién creada subsidiaria Pemex Fertilizantes compró la empresa Fertinal y sus accionistas, entre quienes estaba Covarrubias, hicieron un gran negocio pues la compañía estaba en quiebra por lo menos desde 2000. De hecho, una investigación posterior de la ASF encontró que ésta tenía adeudos millonarios y contingencias fiscales, además de cuantificar las contingencias legales en casi 12 millones de dólares, que incluían 6 400 000 dólares por costos de remediación y 551 600 dólares por litigios laborales (ibid.: 221). Además, algunas calificadoras internacionales realizaron el análisis de la misma, donde destacaron un desempeño operativo muy débil así como problemas de liquidez. Lo que no vieron ni el director de Pemex, Emilio Lozoya, sus asesores o ningún otro funcionario de la subsidiaria que finalmente compraron “chatarra” y por si fuera poco se quedaron con una millonaria deuda con bancos. Un rescate de “cuates”, como dice la periodista, donde se “compraban fierros a precio de oro”, y no fue la única relación de este tipo pues, como también documenta, el ahora exdirector de Pemex, investigado como parte del escándalo de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht, llevó como titular de la dirección encargada de concentrar prácticamente los contratos más cuantiosos referentes a bienes y servicios para Pemex al economista por la universidad de Boston, Arturo Francisco Henríquez Autrey, de quien posteriormente se hicieron públicas fotografías departiendo con Amado Yáñez, el de la conocida Oceanografía encarcelado por un fraude con falsificación de facturas y otros documentos contra Banamex por 580 millones de dólares. Lo relevante es que su tío Xavier Autrey Maza, según la prensa financiera, fue el vendedor operador de una transición comercial triangulada para Pemex con la empresa Agro Nitrogenados, una de cuyas plantas estaba prácticamente inservible pues tenía 14 años sin operar y adeudos millonarios nunca pagados. Fue propiedad gubernamental y desmantelada durante el gobierno de Salinas que en 1992 la vendió a una empresa de los hermanos Montemayor Seguy, uno de los cuales después llegó a ser director de Pemex, que luego transfirieron el negocio a una subsidiaria de Altos Hornos de México, del empresario Alonso Ancira y la familia Autrey (ibid.: 212 y ss.). La misma familia que a mediados de los años ochenta fue dueña de la casa de bolsa México, contra la que hubo investigaciones penales derivadas del ya referido crac bursátil de 1987.26

Por eso las conexiones políticas son fundamentales, y en este sentido quizá hasta ahora la imagen más reveladora de esta interdependencia de favores y beneficios mutuos sea la tan conocida cena con entrada de salmón ahumado, medallones de filete, helado, vinos de mesa y sin champaña, donde se reunió Carlos Salinas con los principales hombres de negocios del país para un pase de charola (que junto a términos como la pasarela ilustran algunos modos de ritualizar el financiamiento económico de la política), destinado a la campaña presidencial del PRI y en el que después de ofrecer donar millones de dólares en un acto propio de aquel personaje del Rico McPato, la mayoría se acercó al presidente para hacerle alguna petición: franquicias, facilidades, su bienestar, sus negocios. Es decir, su rendición al poder con la mente puesta en sus cuentas bancarias, que es lo que está en el fondo de las motivaciones de la gran mayoría según el —por más de 40 años— líder empresarial Juan Sánchez Navarro (Scherer, 1995: 30). De hecho, este mismo ideólogo del empresariado nacional consideraba que

en México, tradicionalmente, y supongo que en otros países también, hay un grupo de empresarios que en razón de su función empresarial, su tipo de negocios, el servicio que prestan, están muy ligados con el Estado. Tengo la impresión de que la mayor parte —no conozco la lista (de invitados a la cena)— es gente que ha estado muy estrechamente ligada con el gobierno. Pongo el caso de Televisa, que es una concesión. Y los banqueros, que estaban ahí; y Teléfonos, institución muy especial, etcétera. Todos son empresarios que tienen fuertes intereses vinculados a la función política […]. Estamos asistiendo en México a un intento de cambio muy importante y quizás a una clarificación de estas leyes o principios reglamentarios de la relación poder político con poder económico. La tesis vigente entre los intelectuales de izquierda, de que las oligarquías tienen un peso decisivo en la vida de las democracias occidentales, se pone de relieve como un hecho evidente. Claro que si usted aporta al fideicomiso para financiar al partido político que está en el gobierno, usted tiene una relación muy estrecha con el poder político y, evidentemente, aunque se diga lo contrario, podría usted tener influencia en ciertas decisiones fundamentales.

No tan burdo (o al menos entonces) como para que

uno presente una instancia escrita y que le digan que sí, porque uno aportó, no. Claro que no, pero que lo van a tomar en cuenta, que lo van a considerar, que lo van a recibir para que sean escuchados sus puntos de vista, por supuesto que sí. De hecho, ya ocurría así, no es una novedad, pero ahora queda de manifiesto que tiene que hacerse a la luz pública […] Los empresarios más o menos somos los mismos. Mantuvimos una política y una filosofía que batalló mucho con las filosofías y las políticas de la gente que gobernaba el país, pero ahora hay una gran cercanía, porque gran parte de las tesis que sustentaban los empresarios, para poner un ejemplo muy sencillo, libertad económica, etcétera, están siendo puestas en marcha; entonces, ese hecho es más significativo casi que el que den dinero: la cercanía de los puntos, de la filosofía, que hay detrás de los conceptos empresariales y detrás de las fórmulas políticas.²⁷

Aquella cena representó ese cambio fundamental en la relación del poder político con el poder económico que actualmente se pretende acotar. Se está reacomodando, y al momento de escribir estas líneas sigue sin clarificarse por medio de leyes o principios reglamentarios, tal como vaticinó en esa entrevista Juan Sánchez Navarro. Tampoco puede dejar de llamar la atención que este ideólogo empresarial echara mano de un término ¡marxista! para referirse al “peso decisivo que las oligarquías tienen en la vida de las democracias occidentales”, lo que deja ver cómo algunos hechos analizados y combatidos desde el siglo XIX no han tenido grandes cambios, o al menos en nuestro país, cuya tragicomedia parece acercarnos más a Groucho Marx y sus hermanos que a Carlos, Engels & Compañía. Y eso que tuvimos una revolución y otros efectos del nacionalismo revolucionario como de la Guerra Fría. No en vano su afirmación de que “los empresarios somos más o menos los mismos”, pues los funcionarios de gobierno van y vienen, sólo están de paso. Por eso también en relaciones de interdependencia se es pragmático al punto de llegar al videoescándalo, como el que dio a conocer Televisa con todo y complot, donde participaron el expresidente Carlos Salinas y el empresario argentino Carlos Ahumada, quien finalmente aclaró que “mucho se ha elucubrado sobre mis tratos con Salinas de Gortari. Entre otras cosas se llegó a afirmar que yo era su prestanombres […] Nunca lo fui. Se trató simplemente de una relación de conveniencia para ambos” (Osorno, 2018). Finalmente, cabe recordar que entre los empresarios convocados a cenar estuvieron Jorge Martínez Huitrón, Raymundo Flores, Alonso de Garay, Ángel Losada, José Madariaga, Carlos Hank Rhon, Claudio X. González, Carlos Slim, Eloy Vallina, Aurelio López Rocha, Carlos Abedrop, Jerónimo Arango, Emilio Azcárraga, Alberto Baillères, Antonio del Valle, Manuel Espinosa Yglesias, Bernardo Garza Sada, Diego Gutiérrez Cortina, Jorge Larrea, Gilberto Borja, Roberto Hernández, Adrián Sada y Lorenzo Zambrano (Salinas en Proceso, 2012: 151).

Las relaciones a este nivel deben proporcionar información realmente privilegiada, como pasó menos de dos años después durante el llamado error de diciembre que casi lleva al país a la ruina, y donde se actuó con “ineptitud e irresponsabilidad” a decir del propio Salinas de Gortari (2000: 1121), pues el presidente y su gabinete económico no sólo estaban desarticulados sino que la idea de mover la banda de flotación del peso (que también se conoce como devaluación aunque el recién nombrado secretario de Hacienda Jaime Serra Puche prohibió usar el término por sus peligrosas asociaciones), se presentó en una reunión por separado con dirigentes obreros, campesinos y empresariales firmantes de un pacto económico, como una opción y no postura de gobierno. Entonces, “ante la debilidad de la propuesta gubernamental, los intereses empresariales operaron a sus anchas”. Algunos preguntaron qué sucedería si la apertura de la banda resultaba insuficiente y no resistía, así que la representación gubernamental respondió proporcionando uno de esos pequeños detalles que constituyen la esencia de la información: que “el tipo de cambio ya no tendría límites, se dejaría a su libre flotación”. Es decir, que “los funcionarios aceptaron ante ese pequeño grupo de empresarios que el gobierno estaba dispuesto a operar una devaluación mayúscula. Esta información resultó letal, pues los empresarios la utilizaron para cubrir sus deudas en dólares. Aquellos dirigentes empresariales supieron en ese momento que el gobierno estaba dispuesto a devaluar más allá de lo permitido” (ibid.: 1123), obtuvieron grandes beneficios y el Estado fuertes pérdidas, pues tan sólo entre el 20 y el 21 de diciembre de 1994 “unos cuantos mexicanos vaciaron 4 633 millones de dólares de las reservas internacionales”, prácticamente la mitad de éstas, y el resto es historia. Años más tarde el fugaz secretario de Hacienda Jaime Serra Puche señaló que el “error” consistió en “asegurar que no habría devaluación y luego tener que declararla. Y el haber confiado a los empresarios, los hombres del dinero, la medida que estaba por tomarse, aceptar su sugerencia de que no se hablase de devaluar sino de ampliar la banda de flotación, y durante la misma reunión, no sospechar que cuando ellos abandonaban unos minutos el salón, era para realizar llamadas, para dar tips, para ordenar operaciones de traslados de fondos: una sangría” (ibid.: 1125).²⁸ Declaración que no sólo deja ver ingenuidad frente al dinero y sus representantes, sino poco creíble cuando se trata de funcionarios públicos familiarizados con el dinero, sus conexiones, académicamente preparados con posgrados en prestigiadas universidades extranjeras, y cuando el poder político todavía era tan fuerte que daba para acuñar frases del tipo la dictadura perfecta del escritor Mario Vargas Llosa, apenas en 1990, como para que de forma literal hayan sido lo que popularmente se conoce como chamaqueados.

Historia que también muestra que en la interdependencia magnates-presidencia no han faltado conflictos, tensiones y desconfianza mutua, pero cuando hay buenas relaciones favor con favor se paga. En lo que podrían llamarse sus días de vino y rosas con estos poderes, el gobierno fue generoso si se mide a través de listas como las de Forbes, donde al inicio del sexenio únicamente aparecía la familia Garza Sada, cuyo emporio antecedía al salinismo, y hacia el final se habían incorporado a la lista 24 mexicanos más. Y es que al margen de las propias habilidades para hacer negocios exitosos, de las oportunidades para que sus empresas cotizaran en la bolsa de Nueva York accediendo a capitales importantes en condiciones convenientes, de la apertura de mercados internacionales a estas empresas o de las horas dedicadas al trabajo, que no son pocas contra lo que suponen ciertos imaginarios sociales sobre los multimillonarios,²⁹ en la recomposición de esta interdependencia de favores y beneficios mutuos rápidamente se desincorporaron bancos y empresas “no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, a decir del gobierno, pues a las 18 instituciones de crédito referidas y vendidas con un promedio de 20 días hábiles por banco, se sumaron 251 empresas de todo tipo, incluidas Imevisión y Telmex, además de autopistas, aerolíneas, puertos y aeropuertos, minas, fábricas de cemento, acero, fertilizantes, así como un aumento en el margen de negocios para nacionales y extranjeros en industrias como la petrolera o la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco supervisaron adecuadamente a los aspirantes ganadores ni se percataron de las diversas omisiones, ineficiencias, infracciones o violaciones a las leyes en la materia cometidas por los entonces conocidos como neobanqueros, por ejemplo, e incluso cosas más serias como las atribuidas a Antonio del Valle, quien también obtuvo un rescate del Fobaproa pese a haber realizado operaciones de créditos cruzados con otras instituciones bancarias para financiar negocios familiares. Ni de los riesgos que muchos tomaron, más parecidos a jugadores en la ruleta de un casino que a directivos de instituciones bancarias, o que para cuando estalló la crisis no había sustento legal para muchas de las decisiones tomadas; hubo también cambio de reglas sobre la marcha, apoyos irregulares y una pésima estrategia de comunicación gubernamental para al menos informar a la población que se intentaba asegurar disponibilidad de liquidez para que el sistema financiero no se hundiera.

Falta de supervisión, regulación y control de autoridades como el Comité de Desincorporación Bancaria, donde participaban Óscar Espinosa Villarreal, Carlos Ruiz Sacristán, Miguel Mancera Aguayo y Guillermo Ortiz Martínez,³⁰ entre otros, complementada con el hecho de que los bancos tampoco cumplieron con su obligación de rendir cuentas a las autoridades sin mayores consecuencias, dio lugar a ilícitos más o menos sofisticados como el otorgamiento de autopréstamos o créditos cruzados, créditos quirografarios o sin garantías e incluso créditos por consigna e influyentismo, como algunos de los empleados durante la campaña del PRI a la presidencia de la República en 1994. Lo que contribuyó a producir suspicacias y sospechas sobre la discrecionalidad, favoritismo y opacidad en la selección de beneficiarios y el otorgamiento de estos bienes públicos, pese a las licitaciones, formas, funcionarios involucrados o libros blancos elaborados al respecto. Por ende, a suponer omisiones y complicidades entre banqueros o concesionarios con autoridades financieras y hacendarias dado que, como ya se dijo, sólo unos cuantos fueron molestados o procesados judicialmente, mientras que a los consentidos hasta se les rescató con dinero público cuando lo necesitaron.³¹ Una dinámica en absoluto nueva, pero que continuó durante los siguientes sexenios al punto de volverse algo natural. Es decir, una conducta ordinaria, normal y frecuente que terminó por provocar hartazgo social. En este sentido, lo más delirante de quienes ven con naturalidad este tipo de negocios a la sombra del poder, donde abundan delitos de cuello blanco con víctimas múltiples, no es su consideración de que “es legal” mucho de lo realizado, sino que olviden que, tal como refiere uno de los periodistas que participó en la investigación sobre la Casa Blanca de Peña Nieto, existe un marco jurídico a la medida donde hay reglamentos y normas con hoyos negros, márgenes discrecionales que, precisamente, legalizan la corrupción. Un marco jurídico hecho a la medida de quienes toman ventaja de las posiciones de gobierno obtenidas mediante el voto y de los empresarios dispuestos a sobornar para ganar contratos (Olmos y Durán, 2017: XI).

Sin embargo, los concesionarios que se beneficiaron no necesariamente lo respaldaron cuando el siguiente gobierno decidió culparlo de todos los males, incluido el error de diciembre. Pese a los favores, interdependencia y beneficios en común, la desconfianza es mutua, como deja ver uno de los responsables de desarrollar la privatización y desincorporación en dicho sexenio, Pedro Aspe, al decirle a Julio Scherer que “sólo por unos cuantos empresarios metería la mano en el fuego. Tres, para ser preciso. Uno, tu amigo Juan [Sánchez Navarro]” (1995: 30). Y aunque no dice el nombre de los otros dos, o el periodista no lo publica, son demasiado pocos si se piensa en la treintena de empresarios convocados por Salinas a la cena de recaudación, donde “una notable mayoría aprovechó para hacerle alguna petición” relacionada con sus negocios, según confirmó el secretario de Finanzas del PRI, Miguel Alemán Velasco, testigo de la escena (ibid.: 30). También cabe recordar que antes de terminar tan mal tras la nacionalización de la banca, José López Portillo también tuvo su luna de miel con el empresariado, o al menos benefició a ciertos amigos. En 1982 ordenó que Banobras entregara al entonces mandamás del grupo Alfa, Bernardo Garza Sada, a decir de algunos columnistas en ese tiempo íntimo de López Portillo, un “crédito” por 17 000 millones de viejos pesos para así evitar la quiebra de la empresa, con lo que violó flagrantemente la ley de la propia institución, pues su función como organismo del Estado es financiar obra pública en beneficio de estados y municipios, más no de intereses particulares. Una práctica que continuó durante el sexenio de Miguel de la Madrid con el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), presidido por Ernesto Zedillo, por ejemplo, que mediante generosos subsidios cambiarios rescató entre muchas otras empresas la voluminosa deuda externa del mismo grupo Alfa.³² Siguieron durante el panismo, de forma un tanto irónica en el caso de Felipe Calderón, pues como director de Banobras hizo maniobras a través de un amigo para acceder a un préstamo de tres millones de pesos para comprar o remodelar su casa. Lo curioso es que la institución, a decir de Luis Calderón Vega, padre de Felipe y uno de los fundadores del PAN, fue creada por “el maestro Gómez Morín […] con el objetivo de ayudar a los municipios pobres en la construcción de obras públicas. ¡Caray!, qué hubiera dicho cuando algunos diputados del PAN defendieron la proposición de López Portillo para prestarle no sé cuántos miles de millones de pesos al Grupo Alfa. Un préstamo para salvar a los millonarios. Imagínese, se hubiera muerto si hubiera visto eso”.³³ No fue la última vez que Calderón Hinojosa privilegió los intereses particulares pues, como López Portillo ordenó, en su caso al Banco Nacional de Comercio Exterior, por ley no dedicado al rescate de empresas privadas, otorgar un crédito a grupo Alfa para evitar la quiebra tras su aventura fallida en el mercado de derivados. O al grupo Posadas, ya dueños de Mexicana de Aviación, para tratar de sortear la crisis derivada de la influenza pero que terminó en denuncias penales contra algunos funcionarios del propio banco políticamente relacionados con Calderón y su esposa.

A diferencia de éste, López Portillo terminó metiéndose con lo que cualquier buen capitalista considera sagrado: la propiedad privada que, junto a las garantías para su inversión, han sido motivo de todo tipo de disputas, discusiones y base de la desconfianza hacia mucho de lo que es gobierno y a todo lo que huela a izquierda, con un rechazo casi fóbico a palabras como estatización, comunismo o nacionalización. De hecho, una persona que trabajó para un miembro del hasta hace no mucho llamado Consejo Mexicano de Hombres de Negocios contó a quien escribe que a su jefe la palabra nacionalizar no le daba miedo, sino pánico. Y eso que en no pocos casos literalmente se trata de bienes propiedad de la nación concesionados a particulares, cosa que algunos beneficiarios no parecen querer entender. Desde su punto de vista no debe ser para menos, ya que con López Portillo y Luis Echeverría no les faltaron sustos, disgustos, presiones o amenazas más o menos veladas de expropiaciones que ponían en riesgo el trabajo de una vida o de una o dos generaciones de miembros de la familia, de paso entrampándose en el conflicto permanente de una supervivencia supeditada a los caprichos o intereses del gobernante en turno, los cuales sin duda agudizaron una desconfianza expresada de distintas formas a través del tiempo. Entre otras, el boicot comercial, la creación de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, no en vano fundado en 1976 para frenar el “comunismo” de Luis Echeverría, aunque más tarde desclasificaciones de documentos de la inteligencia estadounidense en realidad lo situaban como colaborador de una red de la CIA bajo el criptónimo de Litempo-8.34 También las declaraciones, algunas producto del enojo y otras parecidas a un lapsus, amenazas, presiones, chantajes, propaganda o acciones políticas. Sobre todo cuando se afectan —o consideran que cabe la posibilidad— sus intereses económicos o ideológicos, como ocurre en procesos electorales descalificando candidatos que consideran pueden llevarnos de vuelta a un pasado poco probable de nacionalismo revolucionario, o en temas como el aborto, la educación y más recientemente, al colocarse como tema destacado en la agenda pública del país la corrupción y sus efectos, con iniciativas no exentas de polémica como la interesante Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.³⁵

En esta desconfiada interdependencia de favores y beneficios no sólo hay tensiones y desencuentros sino hasta reveladoras ridiculeces que suelen ser cometidas por funcionarios gubernamentales, como la exdirectora del Conaculta Sari Bermúdez, por ejemplo, quien dedicaba unos minutos de su agenda para solicitar al director de la Organización Ramírez, dueños de la cadena Cinépolis, que le renovara una membresía a su sobrino de Metepec. Lo que no sólo pasa por tacañería o mentalidades parasitarias que desean obtener todo gratis aun pudiendo pagar por ello, sino por los mecanismos del propio poder y sus relaciones públicas, ya que si bien el mismo Alejandro Ramírez difundió la anécdota (Pérez-Espino, 2007), es probable que igualmente ordenara que le dieran su tarjeta de descuentos para entrar al cine. También incide el hecho de que los referentes son distintos, como hizo notar una entrevistada que conoce de primera mano los poderes político y empresarial. Para un millonario como Ramírez su referente es la abundancia, y en ese tipo de fortunas es común preparar a sus herederos para los inevitables relevos generacionales, que muchos ya ejercen y en su momento incluyeron tutores particulares políglotas o educación en universidades estadounidenses y europeas de élite. Fueron ciudadanos del mundo antes de que el término globalización se pusiera en boga; en algunos casos esto incluyó etapas de refinamiento o sofisticación, y en otros no fue necesario dado que su único referente es el de una abundancia tal que sólo se puede ver del hoy para adelante y no voltear atrás. Sin faltar actitudes como las del célebre júnior, que antes de los ahora llamados mirreyes parecía más una actitud ante la vida que una manera de preservar el linaje del nombre y apellido paterno, quienes hicieron del abuso de poder o el desmadre un hobby o pasatiempo a la altura de las depredaciones y destrozos de cualquier aristócrata atípico o heredero de fortuna descomunal. Mientras que el referente de los políticos —en la medida que van adquiriendo poder— es el miedo a perder lo que tienen, así que independientemente del signo partidista rápidamente desarrollan mañas que en México popularmente se conocen como de gorrones; un término con implicaciones tan amplias que hasta se hizo canción gracias al talento de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Un vivir parasitario que floreció en las últimas décadas con la multiplicación de políticos cínicos de personalidad autoritaria y estructuras corruptas en una compleja mezcla de continuidad, decadencia, ignorancia y mucha simulación. Que lo mismo se expresa en la compra de cortinas de mal gusto con cargo al erario, o detalles sorprendentes como el de un poderoso político mexicano que llegó a ser suspirante presidencial y suele traer consigo un portafolio el cual, contra lo que el imaginario social dicta, no va lleno de papel moneda, drogas o incluso la típica revista con fotos de mujeres desnudas, sino ¡vacío! O con apenas dos tarjetas preparadas por alguno de sus asesores.

Otra variante significativa aparece en prácticas de cierta simulación naturalizada socialmente. El típico decirse licenciado siendo pasante, por ejemplo, que puede alcanzar incluso a primeras damas como ocurrió, al parecer, con Nilda Patricia Velasco Núñez, esposa de Ernesto Zedillo, quien no tiene cédula profesional; ya sea porque no la tramitó o nunca se tituló como economista, lo que puede constatarse en el Registro Nacional de Profesionistas,³⁶ aunque así se le reconociera públicamente. Al menos en este caso, no funciona el argumento de la discreción requerida debido al cargo (por haber sido primera dama), ya que en el rastreo de información (que puede corroborarse oficialmente mediante un trámite de búsqueda de antecedentes profesionales ante la misma SEP) sí aparece su esposo (cédula 0392870 expedida en 1976 por el IPN), o hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, quien llama la atención, no por su cédula número 1629426 de la Universidad Panamericana como licenciado en derecho de 1991, sino porque, salvo que se trate de un homónimo o haya hecho el trámite recientemente, en 2017 aparece el registro de una cédula (número 10390826) a su nombre con grado de maestría en Administración expedida por el Tecnológico de Monterrey. De ser él, y haber realizado los estudios durante su propia gestión, constituiría además un caso interesante sobre cómo se puede gobernar y estudiar; o los desastrosos resultados de hacer ambas cosas al mismo tiempo. También acerca del tipo de favores o relaciones políticas establecidas con esa casa de estudios, quizá desde sus tiempos como gobernador en el Estado de México.

En todo esto no pueden faltar historias más propias de tragedia de Shakespeare, donde las deudas o un préstamo no saldado se pagan con tu propia carne o la vida en la típica venganza de sangre, como pareció indicar aquella narcomanta atribuida a uno de los líderes del grupo criminal los Zetas, con el mensaje escrito para el gobernador de Coahuila de “sobrino por sobrino”, tras mandar asesinar al hijo de su hermano (Cedillo, 2018). O aquellas donde además de una costosa pero beneficiosa relación de intercambios y favores, se puede ver un poco de la mentalidad y modos de hacer relaciones y negocios de algunos empresarios. Ejemplo, lo dicho por Olegario Vázquez Raña a Carmen Aristegui: “Tuve una relación cercana con Echeverría pero de saludarlo y de que nos costaba dinero, y nos costaba dinero fuerte […] por todo lo que pedían, pedían cosas, pedían a Hermanos Vázquez [su empresa de muebles] y bueno iban de regalo en regalo, pero bueno, en fin”. Y ante la pregunta de por qué Echeverría se sentía con derecho a pedir, su respuesta es todavía más reveladora:

Mmm, yo ya no me quiero meter más hondo, si no, voy a buscar problemas muy serios [risas] porque nosotros, cuando se compró la Editorial Mexicana, en realidad creo que ahí se recibió una cierta, no me estoy contradiciendo, pero creo que ahí recibimos una cierta ayuda del gobierno del Presidente… pero al año don Mario Vázquez Raña dijo “el poder no se comparte y ustedes van pa’ fuera” y nos liquidó nuestras participaciones como quiso, cuando quiso y los tres hermanos fuimos para afuera y él se quedó adentro. Entonces si alguien recibió una ayuda, pues nosotros no fuimos, desde luego queda clarísimo, ¿o no?” [Rodríguez Munguía, 2013: 173].

Además de esta rendición al poder “con la mente en sus cuentas bancarias”, como dijo Juan Sánchez Navarro a Julio Scherer, es importante saber lo que piensan realmente los hombres de negocios sobre la ley, el gobierno y sus funcionarios, pues en esto intervienen sus propios códigos y capitales. Donde entre otras cosas el estatus, respeto o prestigio social juegan un papel relevante que suele permitirles mantener su posición aun con el desprecio de ciertos miembros de su gremio, pues otros en cambio los admiran, cuando violan las leyes dictadas para regular los negocios, o incluso si cometen delitos que no rompan el propio código y terminen en sentencia judicial; o en ocasiones ni con eso, y vuelven a las andadas. Por eso no está de más recordar la investigación sobre el delito de cuello blanco en el capitalismo feroz de Estados Unidos para darnos cuenta de que algunas cosas tal vez no hayan cambiado demasiado:

Por lo general consideran al personal del gobierno como políticos y burócratas, y como entrometidos a los autorizados a investigar las prácticas comerciales. Los hombres de negocios creen, generalmente, que cuanto menos gobierno haya mejor será, salvo que necesiten favores especiales de él; y muchas veces consideran que promulgar una ley es un delito, en lugar de serlo su violación. El desprecio del hombre de negocios por la ley, al igual que el del ladrón profesional, surge del hecho de que la ley obstruye su comportamiento. [Y como para la organización informal de este tipo de delitos es necesario lograr consenso, estas personas], de común acuerdo, defienden en apariencia la libre competencia y la libre empresa, y también con consenso practican la competencia desleal. No están dispuestos a soportar el agobio de la competencia ni a permitir que el sistema económico se autorregule según las leyes de la oferta y la demanda [Sutherland, 2009: 336-337].

Otro ejemplo todavía más ilustrativo sobre lo que algunos piensan de los políticos lo proporciona a su biógrafo Rupert Murdoch, el magnate australiano-estadounidense de los medios, antes del escándalo de escuchas telefónicas ilegales de su periódico sensacionalista News of the World: “Basta con decirles a los imbéciles de los políticos lo que quieren oír, y una vez que has llegado a un acuerdo con ellos, te olvidas. No te van a perseguir después si descubren que lo que dices más tarde no vuelve a ser lo que quieren oír. Porque en ese caso quedarían mal ante el público, y eso no lo soportan. Así que se meten la cabeza en el culo y esperan a que la tormenta pase”.³⁷ Es importante insistir que por lo general no es sinónimo de que todos los empresarios sean así, tampoco son un bloque precisamente homogéneo y en el interior de su campo no faltan rivalidades, envidia o encontronazos que dejan atrás a los “amigables competidores” para hacerse de adversarios y hasta enemigos a causa del protagonismo, personalidad o modos de hacer negocios a base de transar a quien se pueda. Un entrevistado en el documental sobre el banquero arrepentido Master of the universe explicaba que se trata de personalidades “tipo A”, afectos a los riesgos e impulsivos al punto que en ocasiones pareciera que las cosas se reducen a un concurso de orinar para ver quién llega más lejos, pero con suficiente dinero en juego como para desplegar todos los recursos que el poder otorga. Esto incluye filtraciones a los medios, acusaciones anónimas como las realizadas por algunos empresarios durante aquél error de diciembre de 1994, en el sentido de que empresas de telecomunicaciones recibieron información privilegiada para cambiar sus deudas en dólares antes de que se anunciara la devaluación del peso, o la insistencia en su condición de empresas monopolistas que Slim explica como un problema “100% político” y de una regulación que no se aplicó aunque existe (pues “Telmex será dominante en algunos lugares y en otros será monopólico, pero no porque quiera, sino porque por obligación Telmex tiene que ir ahí” [Osorno, 2015: 78-79],³⁸ mientras que con su peculiar estilo el Tigre Azcárraga llegó a decir que “la única gente a la que no le gustan los monopolios es aquella que no tiene uno. En lo personal, ¡los amo!” (Fernández y Paxman, 2013: 438).

Y cómo no amarlos si parte importante del negocio pasa entonces a la persuasión y relaciones políticas. De hecho, el capitalismo de cuates parece haberles garantizado la tan anhelada garantía a la propiedad y a su inversión, un margen amplísimo de beneficios que lo mismo incluyen escasa competencia que significativas condonaciones fiscales, así como impunidad y pagos por favores que más bien parecen extraídos de la picaresca y sus principios, como el de que aquella amistad que no se refleja en la nómina no es amistad, o donde el tráfico de influencias y los conflictos de interés florecieron. No en vano durante los últimos años, sin mucho ruido, altos funcionarios pasaron del sector público al privado aun tras cometer omisiones, pifias, ineptitudes aparentes o errores que le produjeron al país, a su población y economía daños muy graves. Tal como pasó con algunos de los responsables del conocido en el mundo como efecto tequila, aunque por razones de esa retórica que busca diluir responsabilidades y por lo mismo gusta tanto a muchos políticos, aquí fue llamado error de diciembre. Sin importar que su exjefe, el presidente Salinas, criticara su desempeño, los responsabilizara por el desastre decembrino y acusara de deslealtad, exsecretarios de Estado con información privilegiada terminaron con excelentes trabajos en la iniciativa privada. El caso del doctor por la universidad de Stanford Guillermo Ortiz, o el de Jaime Serra Puche, doctor por Yale y cofundador de SAI Consultores, quien está conectado con 11 consejos de administración en 13 industrias. Ha tenido puestos ejecutivos en Bancomer y su división financiera, además de Vitro, Rotoplas o grupo Modelo, y en su red de relaciones destacan empresarios como Alberto Baillères González, María Asunción Aramburuzabala, Valentín Díez Morodo, Claudio X. González, Joaquín Vargas Guajardo y Álvaro Fernández Garza. Sin faltar su excolega de gabinete Guillermo Ortiz, otro exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, o Alfredo Elías Ayub, quien fue subsecretario de Minas durante el gobierno de Salinas, lapso en el que se otorgaron grandes extensiones de territorio para explotar a Peñoles, Grupo México y Carso, y convenció a Gil Díaz —éste era subsecretario de Ingresos— para derogar las cargas fiscales “excesivas” aplicadas en el sector. También fue director de la Comisión Federal de Electricidad en los dos sexenios panistas, y en el año 2015 mencionado en una lista de mexicanos con cuentas en HSBC de Suiza. Hecho que confirmó, aunque negó haber evadido impuestos y dijo que dicha cuenta fue producto de la sucesión testamentaria de su padre, quien falleció hace más de 20 años.³⁹ Obviamente su propia red de relaciones en consejos de administración de empresas incluye conocidos empresarios, financieros o exfuncionarios de la talla de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Aunque no exclusivo del país, aquí el fenómeno alcanzó la Presidencia de la República al punto de que la balanza en esta interdependencia presidencia-magnates comenzó a inclinarse a favor de estos últimos, logrando incluso que expresidentes se convirtieran en sus empleados. El primero fue Ernesto Zedillo, y en la decisión debieron incidir factores psicológicos si se toman en cuenta las anotaciones del creador del Cisen y más tarde defenestrado gobernador del estado de Morelos, coronel Jorge Carrillo Olea:

Cualquier observador atento es capaz de descubrir que su arrogancia radica en la vergüenza que siente por su origen humilde. También su resentimiento social se alimenta por los años que pasó de joven en el Politécnico, de ahí su adhesión anímica a la que se considera como su verdadera “alma máter”, la Universidad de Yale. Sus arrebatos de carácter se derivan de la inseguridad, que disimula frecuentemente con un trato insolente y un profundo desprecio por todo lo que pueda ser gobierno, partido y clase social popular; es decir, a todo lo que en un momento perteneció; particularmente, esta actitud negativa se expresa a través de su desprecio por la ley [2011: 225-226].

Un perfil bastante revelador en el que debió pesar el hecho de que por instrucciones del propio Zedillo, desde la Oficina de la Presidencia (a cargo de Luis Téllez, quien después siguió una trayectoria transexenal que incluye puestos ejecutivos en la iniciativa privada), se filtró al corresponsal de The New York Times, Sam Dillon, que tanto Carrillo Olea como Manlio Fabio Beltrones estaban involucrados en actividades de narcotráfico. Aseveración que incluso corroboró el periódico El Universal el 27 de septiembre de 2000 (ibid.: 230-231).

Ernesto Zedillo continuó con la política de desincorporación de bienes públicos y en lo que resultó otra muestra de inexistente política de comunicaciones más allá de negocios entre particulares con todo tipo de funcionarios de gobierno, prácticamente remató lo que quedaba del sistema ferroviario. Dejó de considerarse estratégico y lo abandonó, su sindicato se corrompió,⁴⁰ y al quedar prácticamente en ruinas fue vendido a cuatro grandes compañías: Kansas City Southern de México, Union Pacific Railroad, Transportación Marítima Mexicana y Grupo México de Germán Larrea. En 2001, y sin mayor escándalo, el expresidente Zedillo se integró a la corporación Union Pacific, hasta mayo de 2006 como director, una de cuyas divisiones es precisamente la de los ferrocarriles, vendidos durante su sexenio. Y en lo que pareciera casi un premio por la venta-remate de este y otros bienes públicos, inició una exitosa carrera al servicio de empresas como Alcoa, Coca-Cola, Closure Systems International, HP Enterprise Services, Kenmar-Nihon Venture Capital, Stonebridge International LLC, Procter & Gamble, Rolls Royce y Citigroup, con ingresos tan considerables como para renunciar a la nada miserable pensión presidencial antes de que por fin se decidiera acabar con ellas,⁴¹ y lograr conexiones con 99 miembros de consejos de administración en ocho diferentes organizaciones a lo largo de 13 industrias diferentes. Una variedad que en su red incluye personas como Terry J. Lundgren (de Macy’s Inc.), Michael S. Dell (Dell Technologies), Sanford I. Weill (Citigroup), Diana L. Taylor (Wolfensohn Fund Managment), Kenneth I. Chenault (American Express Company), y Juan Luis Cebrián Echarri de la española Promotora de Informaciones S. A., mejor conocida como Prisa, en la que Zedillo es director independiente externo desde noviembre de 2010.

Menos sofisticados ni tan preparados, aunque no por ello exentos de posibles conflictos de interés o tráficos de información privilegiada dado el puesto ocupado, los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón intentan seguir un camino parecido. En el primer caso, según la investigación de Raúl Olmos y Valeria Durán (2017), además de salvar a sus propias empresas de la quiebra y garantizar su patrimonio desde la presidencia, se ha desempeñado como accionista y cabildero en el sector energético, pero también de empresas más polémicas (quizá disparatadas para no pocos de sus correligionarios partidarios de la guerra contra las drogas), como apoyar la comercialización de marihuana a través de Diego Pellicer, marca cuya imagen es la de un mariguano bigotón. Mientras Calderón, además de su frustrado intento por seguir en política tratando de convertirse en cónyuge presidencial (lo que parece una suerte de síndrome entre cierto tipo de gobernantes), es posible que de tiempo atrás imaginara un futuro alterno como alto ejecutivo, CEO de petrolera o algo parecido, pues desde que fue secretario de Energía bajo el mandato de Fox, y ya luego como presidente, otorgó beneficios millonarios a Iberdrola, pese a que la ASF determinó que los contratos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica eran ilegales. Esto se hizo mediante gente de su confianza, como César Nava, Juan Camilo Mouriño y Dionisio Pérez Jácome, incluyó permisos para vender electricidad a importantes corporativos mexicanos, y los beneficios para esta compañía aumentaron tanto que se vieron reflejados en sus estados financieros: “De acuerdo con información del corporativo en España, su subsidiaria en el país latinoamericano representó en 2007 ganancias netas de 54.7 millones de euros, 64.3 por ciento más que en 2006. En ese año, que fue el primero de la presidencia del panista, se le adjudicaron al corporativo hispano 2 669 millones de euros”. Y eso que sus prácticas empresariales no han sido precisamente éticas e incluyen el llamado coyotaje con el gas natural (lo compran en menos de 50 centavos de dólar a Perú y lo introducen al país a 14 dólares por unidad, precio que paga la CFE a través de los contribuyentes y usuarios), y demandas por negarse a finiquitar alrededor de 100 millones de pesos a distintas compañías nacionales subcontratadas para ejecutar las obras. No se conformaron con México y autoridades estadounidenses descubrieron que la filial en ese país obtuvo ganancias de 330 millones de euros por alterar la cotización de la luz en el mercado mayorista, lo que trajo su encarecimiento e incremento de tarifas.⁴²

Sólo que en vez de investigaciones, demandas, procesos judiciales, multas y mejora en las regulaciones, aquí resultó más barato contratar a Calderón Hinojosa por los beneficios a la empresa durante su gestión como secretario de Estado y presidente, los contactos y conexiones nacionales o regionales que facilitan gestiones o cabildeos, además de la información privilegiada muchas veces reservada por razones de Estado, que pudo poner al servicio de su nuevo gran amo o motivación que ya no sólo sería el poder político sino el dinero. Tal como apunta la investigación judicial del caso Odebrecht, empresa que en el año 2010 comenzó a dar sobornos millonarios en nuestro país relacionados con la obra de Etileno XXI, donde no sólo hubo probables beneficios para el conocido (des)gobernador de Veracruz Javier Duarte, de los que judicialmente no se ha dicho casi nada, sino que la misma administración de Calderón incluyó una cláusula respecto a un arancel al polietileno que perjudicaba a Pemex y favoreció a la compañía brasileña, que además recibió otros beneficios por 1 055 millones de dólares empleando un esquema de incremento de sobrecostos y pagos adicionales en las obras realizadas. Enrique Peña Nieto ratificó lo suscrito por Calderón, y en esta red de relaciones y conexiones político-económicas tampoco se ha investigado a la entonces embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, quien vinculó al también priista Enrique Jackson (Olmos, 2018).

Así las cosas, Felipe Calderón optó por la industria eléctrica y desde julio de 2016 fue contratado como director independiente de la filial estadounidense de Iberdrola, la corporación Avangrid, cuya sede está en New Haven, Connecticut. Anticipándose a las críticas con el cambio de gobierno renunció en diciembre de 2018, y si bien su red de relaciones en el mundo de los grandes negocios fue limitada, pues apenas se conectó con 14 miembros de consejo en una sola organización e industria, su ingreso estimado alcanzó los 65 000 dólares, cuando las compensaciones en puestos similares de la competencia van de los 477 000 a 1.1 millones de dólares anuales.⁴³ Según información de Standard & Poor, en su red de relaciones se encontraban personas como John H. Lahey (de la Universidad Quinnipiac), Santiago Matías Martínez Garrido (Iberdrola), James P. Torgenson (Avangrid) y Alan D. Solomont (Avangrid Inc), aunque su conexión más importante era el exdirector de CFE y ahora director independiente en el Grupo financiero Banorte, Alfredo Elías Ayub, en cuya red también aparecen exsecretarios de Estado como Guillermo Ortiz Martínez (Arrendadora y Factor Banorte, Grupo financiero Banorte), y Jaime Serra Puche (SAI Consultores), a quien estos temas de empresa debieron interesarle desde joven si se toma en cuenta que su tesis para obtener el grado de licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM se tituló “Las corporaciones transnacionales y los grupos de poder”. Pero también el de Javier Molinar Horcasitas (Ventura Capital Privado), hermano del fallecido exsecretario de Comunicaciones Juan Francisco, denunciados penalmente por el caso de Mexicana de Aviación. También se le recuerda porque cuando Felipe Calderón fue director de Banobras y se hizo público que se autoasignó un crédito para comprar una casa, Javier le ayudó para trasladar el préstamo a Inverlat (López Obrador, 2017: 84).

Si bien es cierto que lleva más tiempo haciéndolo y también relacionándose con universidades de una Ivy league a la que no pertenece la de Quinnipiac, llama la atención cómo Zedillo ha llegado bastante lejos pese a carecer familiarmente de las poderosas conexiones de lo que algunos llaman el PRIAN, esas redes de parentesco consanguíneo y adquirido que han hecho que los herederos de los herederos de la revolución, como los de cierta oposición, pese a los primeros reacomodos institucionales recientes, sigan disfrutando los beneficios del poder (todavía ejercido en algunas partes de modo caciquil y en otras de forma casi feudal), y de su capitalismo de cuates. Con alianzas muy parecidas a las clásicas de teorías antropológicas con matrimonio, familia extendida y compadrazgos,⁴⁴ por la vía política o económica y, más recientemente, las dos juntas como muestra parte de la recomendable investigación de Arturo Rodríguez (2015), donde aparecen las redes de relaciones familiares del muy conocido grupo Atlacomulco, o Atracomucho según la picaresca popular, el núcleo del poder y la riqueza del régimen priista de Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Las relaciones matrimoniales entre familiares de los expresidentes López Portillo, Díaz Ordaz y Salinas de Gortari (ibid.: anexos), cuya familia además contó en el sexenio pasado con una secretaria de Estado, su sobrina, que luego paso a dirigente del PRI, el concuño José Antonio González Anaya por el IMSS, Pemex y Hacienda, y a decir de un adversario político de Salinas, su cuñado Jerónimo Gerard Rivero fue beneficiado del negocio petrolero vendiendo un fondo de inversiones (López Obrador, 2017: 61). El mismo del pacto de la Alcachofa, pues funge como director independiente del Grupo Mexicano de Desarrollo, además de consejero Senior de Lazard LTD, una firma de consejería financiera y manejo de activos. Entre las relaciones destacadas de su red llama la atención el exsecretario de Hacienda de 1977 a 1982, David Antonio Ibarra Muñoz, quien entre otras cosas se desempeña como director independiente en América Móvil, banca Inbursa, Grupo Carso y el propio GMD.

Por el lado del PAN el caso de Felipe Calderón es interesante. Hijo de un fundador del partido que renunció a su militancia por desacuerdos con la dirigencia nacional poco después de que sus vástagos ingresaran formalmente,⁴⁵ en algunos perfiles suyos destacan esta relación al igual que la que mantuvo con quien fue considerado su padre político, el ya fallecido Carlos Castillo Peraza.⁴⁶ Relaciones quizá tan complicadas, y en el caso de Castillo con elementos suficientes como para que no pocos comentócratas de la política nacional entonces consideraran una traición el modo como terminó la relación con su mentor —el psicoanálisis le llama la muerte del padre—, como para que el mismo Felipe expresara en diversas ocasiones su gusto por el tema musical de “El hijo desobediente”. Entre sus gestos de amistad cabe recordar la protección que dio a Camilo Mouriño como a César Nava, acusados de conflictos de interés y este último, según investigaciones de Ana Lilia Pérez (2008, 2017), como abogado general de Pemex, además de sus disposiciones para dejar fuera a la petrolera mexicana del negocio de la petroquímica y favorecer empresas como la conocida Odebrecht, tampoco defendió los intereses de la compañía y mediante “conciliaciones”, “convenios” o litigios mal llevados, dinero del patrimonio de Pemex invariablemente fue a parar a los bolsillos de contratistas que mantenían querellas, demandas e inconformidades (2017: 95).

O los privilegios para el mucho menos conocido pero igualmente protegido cuate por más de 25 años, Héctor Velázquez Corona, a quien sostuvo como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez pese a hechos como el apagón eléctrico en octubre de 2011, donde ya se habían gastado tres millones para la planta de luz, un llamado a cuentas de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para informar de las inconsistencias en el manejo de 700 millones de pesos durante los trabajos de remodelación y ampliación de la terminal aérea, sin que se informara del resultado, escándalos con narcotraficantes de grandes ligas que incluyeron asesinatos dentro y en los alrededores del aeropuerto, deficiencias técnicas, malos servicios, prepotencia, conflictos con taxistas, maleteros y aerolíneas, además de demandas en su contra, incluidas de tipo penal, por irregularidades en el caso Mexicana como por desobedecer mandatos judiciales. Claro que para entonces ya habían recorrido un largo trecho en la función pública, pues la relación inició durante el tiempo en que Calderón hizo su servicio social en Inverlat y Velázquez era director general adjunto de Recursos humanos. Coincidencias o no, cuando Felipe fue líder de la bancada en la Cámara de Diputados Héctor trabajó como secretario de Servicios administrativos y financieros en la misma cámara, y se volvieron casos públicos la construcción de un spa para diputados panistas con baños de lujo y gimnasio, sus bonos trimestrales por más de 200 000 pesos, así como la adquisición de 60 vehículos cuyas condiciones eran tales que la compra finalmente fue desechada tras la denuncia periodística publicada el 19 de junio de 2003. Luego, cuando Calderón fue nombrado director de Banobras llevó consigo a su amigo, al que sitúa como director de administración. Poco después, en una sesión del consejo directivo del banco se analizó la solicitud de dispensa de antigüedad tanto de su director general, Felipe Calderón, como del director de Administración, Héctor Velázquez Corona, y “con base en el reconocimiento de los servicios prestados” pudieron tener acceso a las prestaciones económicas de la institución a su cargo. En concreto, préstamos por tres millones y 300 000 pesos, respectivamente.⁴⁷

Su hermana Cocoa, la consentida del padre, llegó a senadora en la LXII Legislatura donde no faltaron las declaraciones disparatadas,⁴⁸ ni enredos que dejan ver la tendencia de muchos políticos de vivir de favores, tal como contó su excompañero Diego Fernández de Cevallos (Proceso 2152, 29 de enero de 2018). Al tiempo que la senadora impulsaba una iniciativa en 2003 para combatir el conflicto de intereses que llamó “ley Diego”, en franca alusión a su colega que cobraba como senador mientras su despacho litigaba contra el propio Estado, fue a solicitarle defensa jurídica a propósito de un departamento que le estaban robando. Tras resolverle el problema, se la encontró y ella le dijo que no se lo agradecía porque “ésa es la forma que tú tienes para dominar a los demás”. De ser cierto, y con su peculiar estilo, Cevallos afirma que se lo puede decir en su cara; la dinámica de vivir de favores se complementa con otras como la de qué favor quieres que te haga para que me dejes de hablar, pues según el mismo Fernández de Cevallos legisladores del PRI, PRD y PAN que apoyaban la iniciativa antiDiego, también le solicitaban defensa legal en otros asuntos familiares y personales. En cambio, su hermano Juan Luis mantiene un perfil bajo y ha sido jefe de unidad en la Comisión Nacional del Agua, diputado federal, local, y más tarde director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), cuerpo público desconcentrado del gobierno municipal (de enero de 2005 a agosto de 2011). Aun así, fue acusado tanto de desfalco como de promover negocios de plantas tratadoras de agua.⁴⁹

Y un primo suyo menos conocido, Alfonso Reyes Hinojosa, al parecer tuvo mucho que ver con el inicio de las operaciones en la llamada guerra contra las drogas en Michoacán. Claro que como otras historias de su tipo está en fragmentos, pero en esencia refiere que a finales de octubre de 2006 el grupo autodenominado La Familia se involucró en el tema de un adeudo de 30 millones de pesos que Reyes Hinojosa tenía con unos empresarios, quienes solicitaron el apoyo de la organización criminal para poder cobrarle con el compromiso de pagar 10% de lo recuperado. El consejo de esta banda, conformado por 12 personas a quienes denominaban apóstoles, instruyó al profesor Servando Gómez, también conocido como la Tuta, para que atendiera el caso, que se resolvió satisfactoriamente para todos los involucrados aun cuando se estableció un peligroso juego entre el cártel y la familia de Felipe Calderón.⁵⁰ La historia asimismo fue confirmada por el profesor Tuta en un video en YouTube, donde dice que este empresario debía y se negaba a pagar “porque era primo del electo”. Que a través de un tercero intervino la hermana del muy próximo presidente para que lo liberaran, se pagó y “ahí empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros, La Familia Michoacana y ahora Los Caballeros Templarios. El motivo realmente fue que nosotros retuvimos a un familiar de él”, y lo soltaron a través de un Carlos Mejía Villaseñor que supuestamente era muy cercano a Cocoa Calderón, como le llaman en su entorno familiar. En el video añade que mediante otro intermediario la senadora volvió a buscarlos en 2011 por razones de tipo electoral (cosa que por supuesto ella negó).⁵¹

Sin embargo, donde se hizo más evidente el alcance de esta red de relaciones basada en el parentesco es en su alianza matrimonial (en el sentido más antropológico del término), que brindó excelentes oportunidades a distintos familiares, sobre todo de su esposa, sobrina de Salvador Nava, el demócrata potosino. El más visible es Hildebrando, por su empresa de software que supuestamente incidió en las elecciones que favorecieron al esposo de su hermana, entre cuyos inversionistas durante ese sexenio estuvieron empresas de la familia Slim,⁵² además de que cuando su cuñado fue secretario de Energía recibió por adjudicación directa 10 contratos de Pemex, lo que él mismo terminó reconociendo a medias.⁵³ Más discreto, su hermano Juan Ignacio fue vocero del PAN, ejecutivo del grupo español Prisa, y estuvo en comunicación social de la PGR durante uno de los casos más patéticos en la historia de la institución, cuando un fiscal y el entonces procurador Antonio Lozano recurrieron a una vidente para encontrar el cadáver de uno de los supuestos implicados en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu; según el expresidente Salinas, los medios identificaban a Zavala como el “filtrador oficial de información confidencial” (2000: 1223).⁵⁴ Le sigue la prima Marcia Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la guardería ABC en Sonora donde fallecieron 49 menores y absuelta de toda responsabilidad,⁵⁵ y con un perfil mucho más bajo destacan funcionarios en la SFP (Teresa Gómez del Campo), un director del SAT (Antonio Gómez del Campo),⁵⁶ otro director de Prevención de Operaciones Ilícitas en la Comisión Nacional Bancaria (Pablo Gómez del Campo Gurza), en el IMSS un director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Carlos Castañeda Gómez del Campo), que en tiempos de Molinar Horcasitas fue encargado de sancionar y justificar una licitación multimillonaria a una empresa hindú (Tata Consulting Services), que de un día para otro se convirtió en el principal outsourcing informático del seguro social, uno más tiene una notaría en el Estado de México (José Manuel Gómez del Campo), otra fue senadora durante el periodo 2012-2018 (Mariana Gómez del Campo Gurza), y como dirigente del PAN del Distrito Federal en el sexenio de su primo político incluso fue acusada penalmente por corrupción en adjudicaciones directas que otorgó su hermana Teresa en el Instituto Mexicano de la Juventud.⁵⁷ Como en el parentesco y sus intercambios las familias pueden ser extensas, hay otro primo que ha ocupado un papel muy destacado en banca y finanzas: Javier Arrigunaga Gómez del Campo, que en octubre de 2014 renunció como CEO de Grupo Financiero Banamex luego de 10 años de trabajo y meses después de que se hiciera público el fraude que cometió Oceanografía contra la institución.⁵⁸ También ha sido consejero de Aeroméxico desde 2007 (a partir de 2015 presidente de su consejo de administración), presidente de la Asociación de Bancos de México, embajador de México ante la OCDE y el primer director del IPAB, que tiempo después derivó en el famoso Fobaproa y volvió a mostrar una vez más aquella premisa de los beneficios privados y las pérdidas públicas.

En este tipo de sociedades tampoco faltan las estirpes fundacionales partidistas (Rodríguez, 2015), esto es, “los descendientes de aquellos caudillos que crearon el PRI y el PAN”, que incluyen personajes como Plutarco Elías Calles, Francisco J. Mújica o Manuel Gómez Morín, aunque hay casos donde este abolengo se remonta a Agustín de Iturbide y descendientes como Miguel Estrada Iturbide, otro de los fundadores del PAN, que se reproducen a nivel regional o estatal muchas veces en forma de cacicazgo típico, de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí a Rubén Figueroa en Guerrero, por ejemplo, pero también con abuelos, hijos, o nietos como gobernadores de algún estado en distintos momentos, como los Moreno Valle en Puebla o los Velasco en Chiapas, cuyo gobernador Manuel es fan del programa televisivo La familia Peluche y gusta de presumir sus influencias con preguntas como “¿sabes que tu jefa es mi amiga?” o “¿sabes que es mi tía?” “Arrogante, ruin, ordinario, simplón”, lo describe el ahora director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto (2019: 53). O los Del Mazo en el Estado de México y Murat en Oaxaca, entre muchos otros.⁵⁹ Una variante significativa es lo que el mismo autor llama clanes caciquiles por la vía empresarial, con casos como el de Pedro Joaquín Coldwell en Quintana Roo, Enrique Martínez de Coahuila, o el abolengo transexenal que permitió a algunos descendientes de la “familia revolucionaria” sobrevivir a la alternancia, como Enrique de la Madrid, quien ha pasado por gobiernos de PRI, PAN y PRI, o Humberto Castillejos Cervantes, que fue asesor del procurador Eduardo Medina-Mora durante el gobierno de Fox y años después consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, en un sexenio en el que además dos primos suyos ocuparon los puestos de procurador de la República, uno, y el otro como una suerte de virrey de Michoacán y después comisionado del deporte.

Otra, importantísima por sus implicaciones aunque sin la atención debida, es la fusión de lo político con lo económico. En este sentido, explica Arturo Rodríguez,⁶⁰ uno de los personajes más representativos es Carlos Hank González, el profesor-político conocido como cabeza del grupo Atlacomulco, quien se convirtió en un empresario importante al mismo tiempo de ser “hombre del sistema”, como les decían en el pasado. Su hijo, Carlos Hank Rhon, se dedicó a incrementar esta fortuna y luego se casó con la hija de Roberto González Barrera, el dueño de Maseca y Banorte, de tal suerte que ahora hay un joven Carlos Hank González, igual que el abuelo, y es el presidente de Grupo Banorte. Una relación del sector empresarial con el sector político que, por vía matrimonial, conjunta dos de las más grandes fortunas de México, las dos en listas de Forbes. Tan previsores, que no sólo hasta pasaron a formar parte del nuevo Consejo Asesor Empresarial de AMLO, sino que se anticiparon. En el sexenio pasado obtuvieron contratos por más de 32 000 millones de pesos, y en octubre de 2017 anunciaron la fusión de Banorte e Interacciones para crear el segundo banco más grande del país: el ya clásico too big to fail. Clanes de poder que a veces se ensanchan un poco pero que normalmente van manteniendo la misma estructura de relaciones familiares. Esto por supuesto llega a traer conflictos, pues en ocasiones la repartición del poder no alcanza para todos, así que desde la antigüedad los pleitos familiares por éste o por el dinero son tormentosos, no exentos de violencia y a través del tiempo se han gestionado de distinta manera, incluidas tanto las alianzas como la guerra o el asesinato. En la clase política mexicana además es común pelearse por candidaturas que, al no ser concedidas, se traducen en abandonar el partido postulándose por otro, o bien mantener el poder o la lucha por éste únicamente en familia utilizando a los distintos partidos políticos para contender entre primos, compadres y demás parentela, tal como ocurrió —por citar sólo un caso— en Veracruz con los Yunes durante procesos electorales de 2012, 2016 y 2018 con diputaciones federales y en dos ocasiones por una gubernatura finalmente perdida frente a Morena.⁶¹

Por eso cabe mencionar que estos y muchos otros gobernadores forman parte de eso que en el recuento de Jorge Zepeda (2011: 226 y ss.) se llamó la República corrompida, y que en sí misma da para otro libro. Una disfunción del federalismo mezclada con la costumbre colonial de pagar por los puestos y hasta heredarlos, que en las últimas décadas se multiplicó y trajo consigo todo tipo de abusos y una enorme lista de gobernantes, donde además de abundante megalomanía y comportamientos típicos de delincuencia organizada de cuello blanco, en tanto se llevan a cabo desde posiciones de poder gozando enormes márgenes de discrecionalidad, opacidad e impunidad, “parecen competir entre sí en ocurrencias, deslices, felonías y capacidad para salirse con la suya”. Así que por doquier se reprodujo buena parte de esta dinámica que en uno de sus momentos culminantes José López Portillo llamó “orgullo de mi nepotismo”: como en Yucatán, con Patricio Patrón salvando de la cárcel en varias ocasiones a hermanos acusados de diversos delitos (a uno de ellos el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa “por sus posibles vínculos” con actividades de crimen organizado). Morelos, no sólo con Graco Ramírez intentando heredarle el poder a su hijastro, sino Marco Adame Castillo sacando a sus hijos de problemas derivados por beber del valiente, pero también a su hermano y sobrino acusados de robar automóviles. Tabasco, con Andrés Granier y su hijo Fabián, quien al menos hasta antes de ser apresado negaba que fuera nepotismo el hecho de tramitar desde la residencia oficial del gobernador todo tipo de apoyos, incluidas resoluciones con los diferentes secretarios del gabinete: “No es nepotismo, porque no estoy en nómina del gobierno, simplemente agilizo trámites, pues si me llega una petición sé a dónde mandarla para que se la tome en cuenta” (ibid.: 231). Su padre ya fue sentenciado en primera instancia a 10 años 10 meses de prisión por peculado, lo cual incluye la reparación al erario local por casi 197 millones de pesos, y hasta el momento acumula cinco procesos penales (tres federales por defraudación fiscal y dos locales por peculado, uno ganado y otro perdido pero en apelación). Baja California Sur, con buena parte de la familia de Leonel Cota Montaño en la nómina del gobierno, lo mismo que en Tlaxcala con Héctor Ortiz Ortiz y parentela. Tampoco faltan casos que en términos jurídicos se plantean en términos de asociación delictuosa o enriquecimiento inexplicable aunque en realidad sus formas y métodos sean bastante explicables, en ocasiones relacionados con tráfico de drogas, como el de Mario Villanueva en Quintana Roo, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández de Tamaulipas, o Rodrigo, el hijo mayor del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, o al menos serias sospechas dadas las detenciones en otros países de colaboradores cercanos (su tesorero, por ejemplo), acusados de lavado de dinero y crimen organizado, o del mismo exfuncionario, tal como pasó a Humberto Moreira con su detención y rápida liberación en España. A veces también es resultado de la combinación entre política y negocios, como los casos de Arturo Montiel en el Estado de México divulgados por su exesposa francesa, o Roberto Madrazo, quien nunca desmintió las acusaciones periodísticas sobre transferencias por 46 millones de dólares a bancos de Alemania y Estados Unidos a nombre suyo y de su cónyuge.

Zepeda también hace notar el hecho de que apoyarse en la propia familia para minimizar los riesgos maximizando los beneficios y control sobre las ganancias es uno de los recursos más socorridos, aunque el empleo de hermanos, hijos o primos es mucho más fácil de detectar y, por ende, de proceder penalmente contra ellos. De ahí que una variante sea recurrir a parientes cercanos pero que no pertenezcan a la administración, pues el tráfico de influencias es más difícil de probar que el fraude, desvío de recursos o malversación de fondos, lo que prácticamente los hace invulnerables y según el autor hay al menos una docena de entidades federativas que cuentan con este tipo de “hermanos incómodos”, cuya riqueza crece desmedidamente durante el mandato de su pariente. Con casos que van de lo burdo a lo sofisticado y lo mismo abarcan Nuevo León, con el hermano de Natividad González Parás señalado como bróker de un controvertido proyecto para fraccionar la Huasteca neoleonesa, Quintana Roo de Joaquín Hendricks, quien regaló a dos de sus hermanos unos cuantos cientos de hectáreas en la Riviera Maya que valen una fortuna, según información de la Secretaría de la Reforma Agraria, o Eduardo Bours en Sonora, colocando a su hermano durante tres años como vicepresidente ejecutivo de un fideicomiso público-privado para detonar inversiones que supuestamente alcanzarían los 124 000 millones de pesos. En el consejo del mismo estuvo un cuñado y un directivo de la empresa familiar, Bachoco, y el fideicomiso produjo diversos escándalos por la compra y enajenación de tierras que eventualmente fueron a parar a la iniciativa privada como a la propia familia Bours. Este ingeniero egresado del Tecnológico de Monterrey puede actuar de manera sofisticada, como cuando en 1994 organizó la licitación de una empresa rescatada que se convirtió en la comercializadora de mariscos más grande del mundo. O al hacerse cargo, al año siguiente, de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE), llamada por sus críticos el “Barzón de los ricos”, pues fue creado por empresarios deudores para gestionar la liquidación de sus compromisos con el Fobaproa, lo que trajo consigo el agradecimiento de emprendedores tan importantes que sólo dos años después fue electo presidente del organismo cupular de la iniciativa privada nacional, el Consejo Coordinador Empresarial, generando la figura del empresario metido a político, que más tarde incluyó convertirse en recaudador de aportaciones económicas para el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida. Pero con la misma facilidad pudo recurrir al influyentismo autoritario, como cuando después de tomar posesión decidió cambiar todo el parque vehicular del gobierno estatal convirtiendo ciertas concesionarias en negocios prósperos, pues todas las patrullas del estado pasaron a ser de esa marca.

Tampoco podían faltar quienes acuden a formas menos expuestas, según ellos, como echar mano al presupuesto del gobierno del Estado o a los recursos federales, en una variedad de modus operandi que buscaba dejar muy atrás y en el menor tiempo posible cualquier rastro de pobreza, que puede comenzar en aumentos estratosféricos del propio sueldo y terminar en peculado y uso indebido de recursos, como hizo Luis Armando Reynoso Femat en Aguascalientes, sentenciado a dos años 10 meses por ello y posteriormente absuelto. O tender redes con subalternos, prestanombres y distintos colaboradores que literalmente saquean recursos públicos, casos como los Duarte, César en Chihuahua y Javier de Veracruz, uno prófugo y el otro preso, que siguen en tribunales pero con evidencias de que terminarán libres a mediano plazo y el Estado no recuperará el dinero faltante pese al cambio de gobierno. O el manejo de partidas ocultas que puede alcanzar niveles millonarios, por medio del alquiler de edificios históricos para eventos sociales o las ganancias del Montepío, como en su momento denunciaron a Ulises Ruiz en Oaxaca. Más recientemente, triangulaciones de dinero detectadas por la ASF a través de contratos de investigación simulados para burlar licitaciones entre universidades y secretarías como Desarrollo Social o Reforma Agraria bajo la dirección de Rosario Robles y José Calzada, respectivamente, y alrededor de 10 000 millones de pesos desaparecidos.⁶² O casos que parecen sacados de un surrealista teatro del absurdo, no exentos de regresiones para un país supuestamente laico, lo mismo el llamado Góber piadoso Emilio González, de Jalisco, quien gastó 226 millones de pesos en apoyos y transferencias a la iglesia de su devoción mandando literalmente “a la chingada” a quien se opusiera, el activismo religioso con recursos públicos de Juan Manuel Oliva en Guanajuato, viaje al Vaticano incluido, o la complicidad y sumisión de gobernadores y congresistas ante empresarios como Kamel Nacif, no sólo para violar la ley encarcelando a quien denunció una red de pederastas conectada con políticos, tal como hizo el Góber (nada) precioso, Mario Marín en Puebla, sino para hacer leyes a modo como el senador Emilio Gamboa con sus frases del tipo “papito, dónde andas, cabrón” o “entonces lo que tú digas, cabrón, por allí vamos”, que de paso echan luz sobre esos modos que tiene el poder cuando habla en la sombra.⁶³ O el mismo Nacif tras cometer en el estado de Chiapas prácticas de negocios poco éticas como recibir del gobierno estatal unas bodegas sin pago alguno de renta, cubriéndole además el salario de los trabajadores para montar fábricas de maquila, y desmantelarlas en cuanto terminó el plazo de los incentivos, no mucho tiempo después contar con el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía (el mismo que fue a dar a la cárcel por desvío de recursos federales que finalmente se diluyó gracias a un acuerdo político con el gobernante siguiente), jugando el papel de su gestor de negocios en el estado.

Una lista que abarca todo el país, en la mayoría de los casos con gobernantes a quienes popularmente se conoce como goberladrones, parecidos al señor feudal, pues al igual que éste no rinden cuentas a nadie. (Y cuando parece llegarles la hora recurren al fuero protector, como parece hicieron Eruviel Ávila y Miguel Mancera y a quienes sólo alcanzó la revancha social en forma de humor popular llamándoles Chapitas y Mensera.) En parte por eso algunos están enfrentados actualmente con el gobierno federal, aunque todavía cuentan con poder y recursos suficientes para negociar con el empresariado local, someter tribunales, comisiones estatales, congreso o periodistas incómodos, y llevan a cabo prácticas que también dejan ver que consideran al Estado como a la administración pública algo de su propiedad y parte de su patrimonio.⁶⁴ Un fenómeno acentuado también con la recomposición del poder presidencial y sus limitaciones para deshacerse de mandatarios problemáticos (hasta ahora tampoco sustituido por controles y contrapesos eficaces y transparentes que limiten el poder de cualquier institución, incluida la presidencia, gobiernos estales así como la independencia y vigilancia del Poder Judicial, más allá de los llamados delegados o vicegobernadores en el actual gobierno), lo que Zepeda llama “el botón expulsor” (ibid.: 265): un recurso de deposición discrecional empleado desde la posrevolución hasta Salinas de Gortari que, junto con el general Lázaro Cárdenas, fueron quienes más lo emplearon echando del puesto a 17 gobernadores cada uno. En ambos casos “arrasaron estructuras vigentes para fundar el principio de un nuevo ciclo” (ibid.: 266). Este fin o redistribución del poder político (expresado por medio de fuerza, códigos, mensaje y recompensas), que por doquier ha traído consigo la “‘nube’ de actores, cada uno con cierto grado de poder para influir en resultados políticos o de gobierno, pero ninguno con el poder suficiente para determinarlos de manera dominante y unilateral” (Naím, 2014: 47, 126), ha sido muy desigual en el caso mexicano. Aun así, hasta hace no mucho coincidieron entornos electorales dispersos y fragmentados donde las coaliciones y partidos políticos pequeños con más poder de lo que justifica su número de votos iba en aumento, o situaciones como la obstrucción sistemática, paralización o demora en la toma de decisiones, deterioro en la calidad de las políticas públicas y la capacidad de los gobiernos para satisfacer las expectativas de los votantes o resolver problemas urgentes; lo que puede volver a ocurrir (ibid.: 126). Por el momento, algunas de las barreras que hasta hace no mucho protegían a estos políticos continúan cayendo, aunque muy lentamente. De ahí que sean tan altas las expectativas ciudadanas en la llamada cuarta transformación del país, o transformación de cuarta, como le dicen sus críticos. Al cierre de esta edición, la actual política del amor y paz todavía no procesa simbólica ni penalmente a ningún funcionario o exfuncionario público relacionado con delitos de cuello blanco o corrupción, y bajo las leyes que serían juzgados los prospectos pueden librar el problema sin demasiadas complicaciones. Hasta ahora, unos cuantos han pasado una temporada en prisión tras tortuosos procesos legales que todavía suelen acabar en sobreseimiento, o han resultado inocentes jurídicamente como Raúl Salinas. Otros llevan sus procesos en libertad, como Rodrigo Medina de Nuevo León, aunque no falta quien por confiado o mal asesorado acaba apresado como en el caso del sonorense Guillermo Padrés y su júnior, detenidos por evasión fiscal, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Cuando llega a ocurrir, que no es con frecuencia, las condenas son bastante ligeras. Aunque no en lo social o el ciberespacio, pues el internet y hasta cierto punto sus redes sociales⁶⁵ contribuyen a hacer cada vez más visibles estas fechorías, abusos, complicidades y redes de relaciones tal como ilustra la divulgación de conversaciones grabadas de Kamel Nacif con Mario Marín, Emilio Gamboa o Pablo Salazar, que pueden encontrarse en YouTube, por ejemplo.

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler es otro caso significativo en estas convergencias de poderes, relaciones, favores y alianzas (no siempre matrimoniales), que dieron como resultado el llamado abolengo transexenal como la aparición de la indisoluble figura del político-empresario-administrador público; no en vano el profesor Hank, descrito por una persona entrevistada que lo trató como “un seductor al que era imposible decirle que no”, aportó a la picaresca nacional aquello de que un político pobre es un pobre político. Así que tan sólo en el Registro Público de la Propiedad y el comercio del Distrito Federal existen 96 distintos folios mercantiles que relacionan a Téllez con decenas de empresas, incluida Monex, la casa de bolsa acusada por la oposición política de lavar dinero para las campañas recientes del PRI.⁶⁶ Cuenta con una red internacional de relaciones que atraviesa al menos 13 industrias y conecta con 54 miembros de consejos de administración, consejero Senior en Sempra, compañía energética estadounidense con un contrato para suministrar gas natural por 16 000 millones de pesos, así como en la firma japonesa de investigación e información para inversiones KKK & Co., y mantiene afiliaciones con el grupo Carlyle, la Southern Copper Corporation, Grupo Kuo, Fomento Económico Mexicano (Femsa), Grupo México, organización Cultiba, Pemex, Banco Interacciones, Grupo Aeroportuario del Pacífico y Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V., entre otras. Esto es, relaciones con miembros de consejo de la Wec Energy Group, corporación Advent, o los mexicanos Fernando Gerardo Chico Pardo (grupo Posadas), Juan Ignacio Gallardo Thurlow (organización Cultiba y denunciado penalmente por el caso Mexicana), Carlos Hank Rhon (Grupo Hermes), Graciela Hank González (Grupo financiero Interacciones), o el ya conocido Eduardo Legorreta Chauvet (Cultiba). Sin olvidar que fue consejero propietario de Banobras, la entidad gubernamental que financia la obra pública en México por la que también pasó Felipe Calderón y el ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en su momento conocido popularmente como el primazo del presidente.

La trayectoria empresarial de Téllez ha estado muy relacionada con Desc, entre cuyas subsidiarias están Kuo y Dine, el poderoso grupo empresarial de Fernando Senderos Mestre, quien, por cierto, conoce a Carlos Salinas desde que competían en el mismo equipo ecuestre que ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 1971. El vínculo es tan relevante que en los 96 folios del Registro Público de la propiedad aparece la fórmula Senderos Mestre/Téllez Kuenzler. En la administración pública, el nieto del diplomático y político Manuel C. Téllez (embajador de México en Washington y secretario de Gobernación con Pascual Ortiz Rubio, entre otras carteras), inició su carrera en Hacienda y luego trabajó con el profesor Hank González en la Secretaría de Agricultura, tiempos de Salinas y en lo relacionado con la modificación al artículo 27 constitucional. De ahí se fue como coordinador de la campaña del candidato emergente Ernesto Zedillo, quien posteriormente lo nombró jefe de la Oficina de la Presidencia, desde donde se dieron los encontronazos con el creador del Cisen. Descrito como “habilísimo”, de ahí pasó a la Secretaría de Energía, y en su semblanza de la página web de la Presidencia de la República dice que “promovió la ampliación de la infraestructura de generación y transmisión eléctrica del país, y la explotación del mega-campo de hidrocarburos de Cantarel. También estableció las condiciones y fomentó la construcción privada para la conducción y distribución de gas natural en México, lo que ha sido fundamental para el desarrollo de la economía”.⁶⁷ La fusión entre política y empresa privada se hace evidente, y durante el foxismo tuvo diversos puestos ejecutivos en empresas como la minera Peñoles, Desc o la corporación Carlyle, reapareciendo al final del sexenio para sumarse a la campaña de Calderón, quien después lo colocó al frente de la SCT, donde tuvo un papel importante en la liquidación de Mexicana. No está de más decir que en su caso tampoco han faltado acusaciones por conflictos de interés, lavado de dinero, fraude fiscal o tráfico de influencias, algunas de las cuales han sido respondidas ya sea por la empresa en la que labora o por él mismo,⁶⁸ y conviene no olvidar que en el llamado abolengo transexenal se han venido articulando redes de relaciones tanto familiares como de clase y escolares. En esto último, además de posgrados en prestigiadas universidades estadounidenses, el MIT en su caso, coincidieron en egresar del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que es de donde provienen los que dirigieron la política económica desde tiempos de Miguel de la Madrid, conocidos popularmente como tecnócratas.⁶⁹ Estos son: Gustavo Petriccioli, Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Ernesto Cordero, José Antonio Meade y Luis Videgaray, entre otros, así como el propio Luis Téllez a cuyo grupo estudiantil apodaban los “niños sabios”, o el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin; los tres últimos cursaron simultáneamente la carrera de derecho en la UNAM.⁷⁰ Como muchas otras universidades, el ITAM es un proyecto ideológico-económico. Fue fundado en 1946 por el empresario Raúl Baillères, preocupado por la supuesta radicalización de la facultad de Economía de la UNAM que formaba a sus estudiantes en el marxismo-leninismo, mientras él consideraba que el empresariado necesitaba cuadros con formación técnica sólida. La intención era formar profesionistas “capaces de impulsar y generar, en los ámbitos económico, técnico y administrativo, un nuevo modelo de desarrollo para México”. Crear sus propios cuadros, parecido al Tecnológico de Monterrey y con el que comparte, a diferencia de iniciativas igualmente efectivas como las de Marcial Maciel, los jesuitas y otras órdenes religiosas dedicadas a la educación, el propósito expreso de ser una institución no confesional (Petrich, 2007: 131).⁷¹

La variante más llamativa de este abolengo transexenal es la que podría llamarse de prianistas, es decir, resultado de intercambios y alianzas en comunidad (en el sentido de unidad política) que están sobre el eje del parentesco (Clastres, 2004: 43), las cuales se encarnan o materializan en una persona. Hasta hoy, el caso más acabado es el de José Antonio Meade Kuribreña, que suele ir a misa los domingos y cuyo tío abuelo Daniel, por el lado materno, fue fundador del PAN en 1939, mientras que su padre Dionisio Alfredo fue funcionario de Hacienda, diputado del PRI de 1997 a 2000, después subsecretario de Gobernación con Vicente Fox y finalmente funcionario del Banco de México a las órdenes de Agustín Carstens; también le atribuyen ser uno de los autores del Fobaproa. Un abolengo transexenal que, como desde hace mucho tiempo, parece posible traspasarse de una generación a otra (en este como en muchos otros casos, los hijos están vinculados de algún modo al servicio público aunque uno de ellos, secretario ejecutivo del IPAB, renunció para evitar un posible conflicto de intereses con el hermano en Hacienda). Así que Pepe Toño, como le dicen sus cercanos, logró ser secretario de Energía y de Hacienda con Calderón, luego el siguiente sexenio secretario de Relaciones Exteriores, Sedesol, Hacienda y, como cereza del pastel, candidato presidencial por el PRI.⁷² No será el único, y aun con el nuevo escenario político no es descartable que en el futuro surjan otros prianistas distinguidos que puedan llegar a ocupar posiciones relevantes. Quizá algún hijo del excanciller Luis Videgaray, por ejemplo, casado con Virginia Gómez del Campo, prima hermana de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, que aun anda en busca de recuperar el poder perdido.

En estas redes de relaciones vale la pena no olvidar la existencia de empresarios emparentados con políticos, como el caso de Guillermo Francisco Vogel Hinojosa, abogado accionista de Tenaris y grupo Collado dedicado al negocio del acero, pariente cercano de la primera esposa del exgobernador de Oaxaca José Murat, quien volvió a casarse y entre su nueva familia política ahora se encuentra el empresario del transporte y director general de grupo Toluca, accionista en la compañía Prisa como de la aerolínea con más quejas en el país, Viva Aerobús, Roberto Alcántara Rojas, cuyo nombre también apareció durante la filtración de los papeles de Panamá, relacionándolo asimismo con otra familia de empresarios (apellidados Doporto) a través de la vía matrimonial, como de fideicomisos registrados en Nueva Zelanda y una empresa domiciliada en Hong Kong.⁷³

Tampoco hay que olvidar a las generaciones más jóvenes de estas familias, pues nos confirman que el llamado ser joven, la condición misma de ese rango de edad de 14 a 24 años según Naciones Unidas que muchas personas quisieran prolongar indefinidamente, va más allá de la reducida imagen del revoltoso, estudiante o pandillero (últimamente sustituida por la de sicario adolescente o la más patética de niño sicario), con las que habitualmente el mundo adulto, las autoridades y medios de información suelen presentarlos. Los jóvenes también pueden ser racistas, altaneros o prepotentes. En ocasiones calca de sus padres, en otras por falta de atención y control. En realidad, nada nuevo. Sólo que con la irrupción del internet se hizo polvo la privacidad e intimidad, desde entonces Facebook y Twitter fungen como la nueva picota mediática con rasgos de ojo orwelliano donde se burla y ridiculiza sin piedad con las extrañas ironías de ladys y lords. Sin ánimo abarcativo, pues habrá que ir sumando lo que realice la nueva clase política en el poder y sus vástagos, como el hospedaje de lujo en España de uno los hijos del actual presidente, destacan casos como los de Andrea Benítez, Lady Profeco, los retuiteos con mensajes clasistas respecto a la prole de Paulina Peña, o la forma de evadir sin responder sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa de Sofía Castro Rivera. Tampoco falta la violencia contra las mujeres, problema que abarca a toda la sociedad, como el caso denunciado en Twitter por una hija del exdirector del Cisen Eugenio Imaz, atacada por su exnovio, nieto del exprocurador asociado con la más que cuestionable “verdad histórica” de la PGR, Jesús Murillo Karam, que brincó la barda de su casa y entró a agredirla.

O la larga lista de conocidos como júniors de la política, que va de Jorge Emilio González Torres el Niño verde o Niño muerde (por un escándalo de venta de terrenos en Cancún donde unos audios filtrados lo exhibieron pidiendo burdamente su tajada de dos millones de dólares por hacer unos trámites),⁷⁴ cuya familia es prácticamente propietaria del Partido Verde de México, a los procesados por delitos económicos como los hijos de exgobernadores de Sonora y Tabasco, o los tragos y asociación delictuosa con el crimen organizado de Rodrigo Vallejo, el Gerber le decían algunos de sus múltiples detractores en Michoacán, hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo, sospechosamente diluidas por la PGR y autoridades estatales. Los hijos de líderes sindicales, con los del sindicato petrolero al frente, que exhiben sus derroches en las mismas redes sociales, al igual que hijos de gobernadores, o filtraciones a medios sobre lunas de miel con duración de un año, como la de un hijo del exdirigente panista Gustavo Madero. A estos jóvenes también se les encuentra en revistas de sociales, las cuales pueden llegar a constituir una fuente interesante de información tal como mostró el reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto cuyo origen fue exhibido precisamente en una revista de este tipo gracias a una imprudencia de Angélica Rivera. Pero también en hechos como que Azcárraga Jean decidiera hacer su propia revista cuando la que existía mostró detalles de su vida privada que no le gustaron, o que uno de los colaboradores más cercano al entonces presidente electo López Obrador cometiera la imprudencia de anunciar su boda con fotos, reportaje y portada en la revista Hola! Nada que ver respecto a finales de los años sesenta del siglo y milenio pasado, cuando una de las preocupaciones del poder era precisamente que en estas secciones se exhibieran las riquezas de manera ofensiva para un país que en su mayoría era y sigue siendo de pobres. Así lo informó Mario Moya Palencia al secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a través de una tarjeta informativa el 5 de noviembre de 1968, que ahora reposa en el Archivo General de la Nación: “En alusión directa a la de El Sol y El Heraldo, en donde a todo color se hace gala todos los días de las actitudes exageradamente burguesas y hasta pretendidamente nobiliarias de ciertos sectores de la sociedad mexicana y de las colonias extranjeras. Ratificando lo que en otra ocasión me permití expresarle a Usted, opino que esas secciones le hacen mucho daño a la imagen real de la sociedad mexicana, pues sólo amplifican los ocios y las diversiones deslumbrantes de un sector minoritario que piensa en términos anacrónicamente plutocráticos. Si en el mismo espacio se publicara todos los días el Manifiesto Comunista, haría menos daño” (Rodríguez Munguía, 2013: 112).

En los hechos esta clase política ha tenido una visión limitada y reticente a dejar las construcciones o carreteras para incursionar en algo más moderno, ya no digamos el internet que exige competencias tecnológicas, académicas, empresariales y político-administrativas que el Estado mexicano no parece haber desarrollado aún. Lo que para muchos, curiosamente, incluirá al actual gobierno y su postura respecto al aeropuerto de Texcoco o el también cuestionado tren Maya. Aun en tiempos donde si niñas y niños los conocen, tal vez a través de Google, pero en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se siguen considerando áreas estratégicas telégrafos y radiografía, mientras que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles (aun después de que Zedillo prácticamente los rematara) son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.⁷⁵ Y eso que este párrafo del texto constitucional se reformó en 1993, 1995 y 2013, año en el que apenas se incorporaron las telecomunicaciones dejando insatisfechos a casi todos los actores del entramado, y en el proceso fue exhibido públicamente el secretario de Comunicaciones Luis Téllez con una grabación filtrada a los medios donde dice que la fortuna de Carlos Salinas viene de robarse la mitad de la cuenta secreta del gobierno, por cierto.⁷⁶ Los del voto del cambio y el para que vivamos mejor no hicieron modificaciones, y llama la atención que el conjunto no quisiera ver la importancia estratégica que tiene si no la aviación, sí aeropuertos, servicios conexos o espacio aéreo. No sólo por los negocios del entorno y el supuesto polo de desarrollo, que es parte del jaloneo del actual gobierno con el grupo político recién desplazado y el reacomodo de grupos empresariales para este sexenio y uno de sus escenarios es el aeropuerto de Texcoco, sino en cuestiones relacionadas con seguridad nacional y delincuencia organizada. No pareció haber prospectiva alguna en el caso de modernizadores priistas, o aprendizaje de panistas respecto a hechos como el 11 de septiembre neoyorquino o algo mucho más cercano como la caída del avión donde viajaba Juan Camilo Mouriño. Lo anterior, sumado a accidentes aéreos que se prestan a teorías de complot, es algo que el actual gobierno debería tomar en cuenta. Sobre todo cuando en la prédica de la austeridad el presidente decidió viajar por aerolíneas comerciales.

Esta visión de la clase política que ha privilegiado carreteras, constructoras y negocios relacionados no es precisamente moderna. No deja de ser irónico que en buena medida todavía correspondan con las primeras etapas en el desarrollo del sector paraestatal referidas por Rogozinski (1993), aunque es probable que así lo sea pues entre sus porqués destacan premisas como la de que el político pobre es un pobre político, o que sin obras no hay sobras, lo cual da lugar a construcciones inconclusas aunque inauguradas con todo y escenografía para que el mandatario en turno al menos pueda cortar el listón y decir algunas palabras, o incluso el negocio fraudulento de nunca acabarlas, como sucede en países como Italia, según relata el periodista Roberto Saviano. Lo que implica tener propiedades, crear empresas, socios, administradores, gerentes, e incluso contar con hombres de paja o testaferros, entre otras cosas. Y desarrollar una mentalidad según la cual vivir fuera del presupuesto es un error, en consecuencia aprovechar las dinámicas del propio sistema que solía premiar o compensar algún sacrificio ofreciendo desde la típica embajada (que también podía funcionar como una suerte de cómodo exilio o destierro) a concesiones, dádivas, o las oportunidades para emprender más negocios y así hasta desarrollar una próspera carrera empresarial, lo que terminó produciendo a este híbrido del políticoempresario.

Un ejemplo al respecto es el de Arturo Montiel Rojas, exgobernador mexiquense del grupo Atlacomulco y tío del ya expresidente Peña Nieto, quien desarrolló parte de esta faceta empresarial durante su impasse político en los años ochenta, cuando López Portillo optó por que el mandamás estatal fuera Alfredo del Mazo González (hijo del exgobernador del Mazo Vélez y padre del actual gobernador, el primazo del Mazo Maza), y no el favorito en el PRI, Juan Monroy Pérez, que a su vez impulsaba la carrera política del años más tarde conocido popularmente como Raturo o el Señor de las ratas (por el spot de su campaña para la gubernatura, y luego al conocerse públicamente propiedades suyas en lugares como Francia; de castillos según los rumores, a sólo un departamento en exclusiva zona de París, según su exesposa francesa). Así que a los negocios familiares de distribución de cerveza y refresco, Montiel Rojas (quien estudió contaduría y luego administración de empresas),⁷⁷ sumó un lavado de autos y más tarde industrias Quetzal, fabricante de cocinas y muebles institucionales. Cuando se vio interrumpida su trayectoria política por primera vez, adquirió una empresa concesionaria para la explotación de minas de materiales utilizados para el revestimiento de carreteras y caminos, el transporte de fertilizante agrícola y de materiales para construcción a todo el país. Luego abrió otra empresa dedicada al recocido de alambre para la construcción, pero antes, invitado por su padrino político Juan Monroy, de quien fue secretario particular y al no ser designado candidato a gobernador dijo “hacer negocios Arturo”, como respuesta a ese ¡qué hacemos! por no ser el ungido y no lanzarse al madruguete, e incursionaron en el desarrollo de fraccionamientos en Toluca y Metepec, y luego la empresa construyó el primer centro comercial de Toluca que hoy se conoce como plaza Las Américas; una sociedad en la que también intervino la conocida organización Ramírez. No hubo ascenso y gubernatura pero a cambio, como deja ver Montiel en su testimonio titulado Arturo Montiel Desde Atlacomulco… (Meraz, 2011), tuvieron todas las facilidades para que esta empresa fuera “pionera en el desarrollo urbano de Metepec, donde tiró las primeras anclas comerciales para habilitar y convertir a ese municipio en uno de los más prósperos del país”.

Sin olvidar que el régimen asimismo ha empleado a una suerte de constructores oficiales por lapsos variables y con finales no siempre felices que incluyen quiebras o inhabilitaciones. Una lista larga, que abarca personas y empresas como las de Aarón Saénz, Crescencio Ballesteros, Bernardo Quintana, o Juan Diego Gutiérrez Cortina, cuya Gutsa fue inhabilitada por la Función Pública debido a incumplimiento y mala calidad en el caso de la obra Estela de luz (también conocida como la Suavicrema, por su forma), aunque empresas de sus hijos (y donde él mismo figura como accionista) recibieron contratos de la SCT que argumentaba que esto se hizo conforme a la ley.⁷⁸ Con la alternancia partidista se incorporó el ahora retirado consorcio español OHL (que a inicios de 2018 vendió 100% de su filial a un fondo australiano), uno de cuyos directores fue secretario de Patrimonio Nacional con López Portillo, José Andrés de Oteyza, y por su consejo de administración también pasó el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin. Entre otras evidencias de irregularidades, hay grabaciones que en un capitalismo menos amigable podrían haber derivado en acusaciones penales por asociación delictuosa o hasta delincuencia organizada, pues incluso se habla de los alcances del ser “gandalla” y los límites legales sobre lo que es o no un fraude, que ellos mismos parecen terminar por reconocer.⁷⁹ Y formas más o menos sutiles de sobornar para obtener contratos, como las relaciones públicas mezcladas con favores y reembolsos a funcionarios, pagándole lujosas vacaciones al secretario mexiquense de Comunicaciones con todo y su familia, por ejemplo.⁸⁰ A decir del entonces opositor político López Obrador, el “modus operandi” de esta empresa consiste “en recibir subsidio del erario y, al mismo tiempo, concesiones para cobrar por el uso o servicio de las obras”. Puso como ejemplo el segundo piso de la carretera México-Puebla, con un costo de 650 millones de pesos por kilómetro, y eso que el gobierno había aportado 5 000 millones de pesos (2017: 34-35). Así que tampoco debe ignorar la relación entre su conocido, el constructor José María Riobóo y OHL México, a la que algún tiempo estuvo ligado y su trayectoria incluso fue reconocida por Andrés de Oteyza. Ni que otros constructores, como la tercera generación de los Quintana, también conocidos de Alfonso Romo y con su propio centro de investigación, volverían a las grandes ligas con los contratos del nuevo aeropuerto.

El más conocido en el sexenio pasado fue grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que despegó con Arturo Montiel, aunque su boom económico llegó bajo el mandato de su sobrino Enrique. Quienes lo conocen, en el reportaje sobre la Casa Blanca (2015: 168 y ss.) lo califican de “soberbio y buen negociador, de tener labia y ser un gran anfitrión, de haber sido un pequeño empresario para convertirse en el millonario que es ahora”. Y el presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado lo recuerda “como cualquier emprendedor, en su camionetita y sus buenas relaciones […] lo que le ayuda es que él es una especie como de bufón, hace pasar ratos muy amenos, muy agradable, tiene mucha labia y sabe ganarse a la gente”. Su crecimiento fue tan significativo que algunos hasta le decían el compadre del presidente, y para no dudar del peso del parentesco, las relaciones o compadrazgos que vinculan lo político con lo económico, se dijo que Hinojosa Cantú por un tiempo fue consuegro del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien no simpatizaba en nada con él. Y al igual que ha pasado con otros, puede que se le cierren las puertas durante un sexenio. Como pasó con el favorito de los panistas, Federico Martínez, que hasta le inhabilitaron su compañía Tradeco. O sacarlo del juego, como en este sexenio al ingeniero y abogado Alonso Ancira, socio mayoritario de Altos Hornos de México y protagonista de uno de los conflictos más conocidos entre una empresa y el sector bancario-financiero, con una deuda de 2 300 millones de dólares y 3 000 acreedores dentro y fuera de México. Acusado de defraudación fiscal, huyó y se asentó en Israel, donde al poco tiempo comenzó a hacer negocios en una mina de cobre logrando que el gobierno de ese país aportara capital; claro que primero dio generosos donativos al gobierno local, tal como había hecho en México. Sus acreedores lo consideraran un “empresario hábil, un minero talentoso, muy ‘pagado de sí mismo’, poco ético, inteligente… Alonso todo lo sabe: es de los que quiere ir a un bautizo y ser el niño”.⁸¹

Claro que esta suerte de veto tiene más que ver con la venta a Pemex de una empresa chatarra de fertilizantes por 475 millones de dólares durante la gestión de Emilio Lozoya. No la protagonizada por Fabio Covarrubias Piffer, sino la de Agro Nitrogenados, que se remonta a las desincorporaciones de Carlos Salinas, cuyo gobierno desmanteló Fertimex y la vendió a una empresa propiedad de los hermanos Montemayor Seguy, uno de los cuales —Rogelio— llegó a ser director de Pemex años después y terminó inmiscuido en el escándalo del Pemexgate que desvió recursos a la campaña presidencial de Francisco Labastida. Los Montemayor transfirieron el negocio a Alonso Ancira, que estaba asociado con Xavier Autrey, y estos últimos no pagaron con recursos propios sino con deuda. Años más tarde, cuando se deshicieron de Agro ocurrió que uno de los miembros de su familia, Arturo Henríquez Autrey, trabajaba directamente con Lozoya Austin (Pérez, 2017: 213 y ss.).

Así las cosas, negocios con esquemas fraudulentos y falsa inversión, muchas veces encubiertos bajo modelos matemáticos y mecanismos financieros más o menos sofisticados de financiamiento público-privado,⁸² tampoco son nuevos y otros ejemplos muy significativos pueden encontrarse en el conocido “rescate” carretero de mediados de los noventa del siglo pasado, uno de los grandes momentos en la versión mexicana del capitalismo de amigotes con Ernesto Zedillo como presidente, cuando tras la severa caída de la economía, fuga de capitales y devaluación, el gobierno decidió rescatar con recursos públicos a los más grandes e influyentes deudores, esto es, banqueros y empresarios que no necesariamente se habían conducido con honestidad. En 1996 el gobierno federal creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), a cargo del empresario y exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, que se utilizó para reestructurar créditos a favor de las empresas de los cuates con justificaciones no muy sólidas sobre la utilidad pública para hacerlo, al tiempo que se causaban pérdidas millonarias al erario. Y de la misma forma volvió a utilizarse el Fobaproa, o Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que convirtió deudas privadas en deuda pública. Desde ahí se compró deuda incobrable, chatarra, cartera quebrada y muchas irregularidades con evidencia de fraudes y otros delitos económicos que no fueron auditados e investigados antes o después de que diversos funcionarios públicos suscribieran pagarés que obligaban al Estado a absorber el costo de un rescate que, según datos oficiales, en septiembre de 2016 la deuda neta del IPAB o Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, heredero del Fobaproa, era de 855 118 millones de pesos, equivalente a 4.46% del PIB.⁸³

Por si no fuera suficiente gesto de amistad, el “rescate” se hizo aun en contra de lo que indica el sentido común, o incluso de lo que han hecho en este tipo de situaciones gobiernos para nada comunistas (y hasta hace no mucho alejados del populismo) como el de Estados Unidos, esto es, a fondo perdido y sin dar acciones al gobierno, tal como exigió Barack Obama para garantizarse el pago por rescatar bancos. Cuando tocó el turno de salvar carreteras (23 de 52 privatizadas), y relacionadas con el mismo Fobaproa, el costo osciló entre los 157 000 y 167 000 millones de pesos. Las explicaciones incluyeron hechos como que los concesionarios no necesariamente hicieron bien los cálculos y al enfrentar incrementos en costos por la crisis de 1995 tuvieron problemas de operación, mantenimiento y amortización de sus créditos con la banca, o que los créditos que ésta otorgó y que en ese tiempo estaban en manos del gobierno, fueron dados asumiendo riesgos excesivos; aunque cuando ésta volvió a ser privada, se condicionó su aportación a eliminar la cartera de carreteras.⁸⁴ Analistas del Banco Mundial fueron más específicos y destacaron cuestiones como que: 1) En los cálculos originales, se estimó que la inversión por kilómetro sería de 17 millones de dólares, pero su costo real fue de 26 a 28 millones de dólares; esto es, que el costo total se disparó a más de 13 000 millones de dólares. 2) La crisis de 1994 agravó la situación de las empresas concesionarias y volvió aún más incosteable para los usuarios el uso de las carreteras de cuota, “de las más caras del mundo”. 3) “Grandes errores de cálculo de lo que serían los costos de inversión y los ingresos por la operación llevaron a que las circunstancias de la operación financiera fueran insostenibles”. Entre los errores identificados destacan “procesos inadecuados de otorgamiento de concesiones”, “falta de disciplina financiera de bancos comerciales propiedad del gobierno”, “mercados financieros subdesarrollados”, “incapacidad institucional”. Asimismo refiere dos versiones que explican el fracaso del programa iniciado durante el gobierno de Salinas, quien concesionó 52 autopistas para administrar y mantener casi 5 000 kilómetros de la red federal de carreteras hasta por 60 años, aunque pese a su ubicación estratégica no fueron el negocio que se esperaba. La primera, que lo veía como un “esfuerzo apresurado y pobremente diseñado para desarrollar la infraestructura que el país necesita para competir libremente en la era del libre comercio”, y la de quienes “simplemente lo califican como un mecanismo para sacar a la industria de la construcción de la crisis económica de los ochenta”,⁸⁵ que el entonces senador Adolfo Aguilar Zínzer ilustrativamente describió como la típica pillería de cuello blanco, pues “los niveles de incompetencia y de improvisación descritos por el estudio no ocurren de manera inocente; son generalmente las secuelas de los grandes arreglos de corrupción, de abuso del poder, de tráfico de influencias y de impunidad, en cuyo marco se toman esas decisiones administrativas y se llevan a cabo esos programas de inversiones”.

El programa fue objetado pues los proyectos se ejecutaron con deficiencias, algunas graves, y según se encontró “en la mayoría de los casos el costo de las obras propuesto por las constructoras era superior, en rangos que van de 20 a 100%, al estimado por la SCT; y que se les autorizaban ampliaciones en los tiempos de la concesión y en los costos mediante Adendums, otorgados sobre todo en tiempos de Andrés Caso Lombardo como secretario de Comunicaciones”. Las irregularidades incluyeron documentación incompleta de la propia SCT sobre las concesiones carreteras, detectada por la Contaduría Mayor de Hacienda, y fueron de tal nivel que el secretario de Comunicaciones, Carlos Ruiz Sacristán (el mismo que tiempo después pasó a dirigir la empresa Infraestructura Energética Nova (Ienova), filial de la corporación estadounidense Sempra Energy que actualmente tiene un contrato por más de 10 millones de dólares para construir un gasoducto a la CFE),⁸⁶ optó por ocultar los resultados de al menos 23 auditorías efectuadas a los concesionarios. Y de nueva cuenta, por si todavía fueran pocos los gestos de amistad, estas concesiones fueron otorgadas casi en exclusiva a tres grupos:ICA, Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), encabezados respectivamente por Bernardo Quintana, David Peñaloza y Crescencio Ballesteros, todos cercanos en su momento al presidente Carlos Salinas. Además en el caso de los principales accionistas de GMD, según documentos del Subcomité de Recuperaciones del Fobaproa, los hermanos José Luis y Jorge Ballesteros (y otros cinco accionistas de su grupo) fueron indemnizados con 723 millones de dólares por la quiebra del sistema carretero y de paso hasta les reestructuraron sus créditos personales: “Crescencio tenía un adeudo total de 7 475 millones de pesos, y el Fobaproa se hizo cargo de 6 808 millones; José Luis debía 10 444 millones, y 8 442 millones los absorbió el fideicomiso; a Jorge, con un total de 8 382 millones, se le redujo la deuda en 6 555 millones” (ibid.). Deudas como para quitarle el sueño a muchos, pero no siempre cuando se es millonario. Y ya durante el sexenio de Felipe Calderón, éste decidió devolver otra vez las autopistas a los concesionarios que las habían quebrado y luego rescatados mediante el Fobaproa a un costo para el erario de 160 000 millones de pesos. La razón, según uno de sus opositores, fue porque estos empresarios aportaron fondos a su campaña política (López Obrador, 2017: 86).

Algo parecido sucedió con los ingenios azucareros. El gobierno de Salinas los vendió a diversos empresarios entre quienes destaca Enrique Molina Sobrino, que llegó a controlar hasta 30% de la producción nacional con su Consorcio Azucarero Escorpión, además de tener la segunda embotelladora más grande de Pepsi fuera de Estados Unidos, ser accionista de los privatizados Banpaís, Grupo Financiero Banamex, dueño de hoteles y aseguradoras. Terminó huyendo tras ser acusado de defraudación fiscal. La entrada en vigor del TLC trajo entre otras cosas la sustitución de azúcar por un barato jarabe de maíz de alta fructuosa, importado de Estados Unidos y de mucho mayor contenido calórico, para elaborar refrescos y bebidas similares, que se sumó al endeudamiento excesivo de no pocos empresarios y malos manejos en los propios ingenios; tampoco investigados a profundidad y el Estado sin garantías para recuperar algo más que chatarra o deudas incobrables. De todos modos el gobierno decidió rescatar 27 ingenios con adeudos por unos 3 000 millones de dólares, lo mismo al fisco e IMSS que a Banrural, Bancomext y banca comercial, y prácticamente los estatizó a un costo fiscal de 19 000 millones de pesos. Término que en esta ocasión no causó el escalofrío que debe producir la palabra a cualquier magnate de concesiones, pues si bien se expropió lo que Salinas había privatizado, 14 de estos ingenios fueron devueltos a sus antiguos dueños por el mismo expropiador, no un comunista, sino quien prometió un gobierno de empresarios para empresarios y su sucesor, es decir, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y que con esto sobre todo fueron beneficiadas las embotelladoras y ciertos empresarios de un sector al que, por cierto, hasta hacía no mucho había pertenecido el mismo Fox como ejecutivo de Coca-Cola.⁸⁷ El argumento entonces fue evitar una crisis social y económica, aunque no pocos afectados lo tomaron como una medida motivada por razones personales, de Francisco Gil Díaz entre otros.

Casos como estos no dejan de mostrar que como en otras obras o programas de beneficios, para los amigos las ganancias son en grande. Lo que sucedió por ejemplo con el empresario-banquero-financiero Roberto Hernández Ramírez, en su momento autoasumido como el “villano favorito” de López Obrador y rival de negocios de Carlos Slim, quien alguna vez describió a Hernández como “el mejor vendedor que he conocido en mi vida”. Y cómo no, si primero logró que Carlos Salinas le permitiera comprar su banco. Luego Zedillo le destinó miles de millones de dólares para salvarlo de la crisis, y finalmente Vicente Fox le permitió venderlo sin pagar impuestos (Páez, 2007). Pero cuando intentó comprar otro banco, tal como hizo Gastón Azcárraga que tras hacerse de Mexicana trató de comprar Aeroméxico, el mismo Slim calificó como “una vergüenza y un cinismo que Banamex, en lugar de vender sus activos para pagar sus quebrantos, los use para comprar Bancomer. Con la crisis bancaria Banamex fue el único banco en el que no se diluyeron los accionistas ni aportaron capital fresco, nunca. Los quebrantos ya los pagó el Fobaproa y los va a cubrir la sociedad”.⁸⁸ La mención del ingeniero es muy relevante, no sólo por lo del Fobaproa, su costo social o cómo la aportación de capital fresco llega a quedar en promesas, sino por el too big to fail y otros modos de hacer negocios como llevarlos a cabo con capital que no se tiene, o el desmantelamiento absurdo de la compañía fusionada: “¿Para qué juega con el capital que no tiene? […] Se crearía un riesgo sistémico muy importante. Una institución tan grande no se puede dejar caer. Si concentra 70% del crédito al menudeo, con una decisión de suspender, de repente, la política de crédito por algún motivo, se para el crédito del consumo general. Banamex quiere a Bancomer para desmantelarlo, porque están oficina con oficina. Entonces, un desmantelamiento de la infraestructura que se tardó tanto es un absurdo. El público va a perder una opción para solicitar un crédito o financiar un proyecto”.

Claro que aún en esos niveles no todos son cuates, o tan cuates, como también mostró el caso de los hermanos Pablo e Israel Brener (fundadores de la empresa de cárnicos Fud, que en 1980 vendieron a grupo Alfa y esa misma década cuadruplicaron la fortuna familiar de inmigrantes lituanos), a quienes parece que su incursión en tres ingenios azucareros ubicados en Veracruz, como en el negocio de las aerolíneas, no fue la esperada sino hasta contraproducente. Tras una donación a la campaña de Carlos Salinas y una vez embarcados en ambos negocios, el gobierno simplemente cambió las reglas del juego: abrió las puertas a la importación de azúcar, forzando a los nuevos azucareros a fusionarse o desaparecer, mientras que con las aerolíneas pasó a aplicar una política de “cielos abiertos” que “despedazó hasta a la entonces eficiente Aeroméxico”. Invirtieron 47.5 millones de dólares para obtener prácticamente 33% de las acciones de Mexicana, y luego se hicieron de la paraestatal que fabricaba y reparaba turbinas de avión. Perdieron unos cuantos miles de millones de pesos en la aventura y se enemistaron “a muerte” con sus socios de Real Turismo, empresa que incluía a los hoteles Camino Real, Calinda y Las Hadas, quienes consideraron la inversión un mal negocio.⁸⁹ El pleito no sólo llegó a tribunales sino a la prensa, y mostró algunos otros modos de hacer negocios como el mantener un bajo perfil que no gusta de publicidad y ni siquiera usa autos premium, el caso de sus socios, los hermanos Cosío, dueños de la Plaza de Toros México, entre muchas otras cosas, aunque uno de ellos se trasladaba en Volkswagen sedán y el otro en un Topaz. O salir en reportajes de la revista Forbes, como el mayor de los Brener, y dar a conocer lujos como una isla privada con animales exóticos, residencia en Houston con pinturas de Chagall, esculturas de Zúñiga y ranchos en diversos estados del país. Entre los mediadores del conflicto incluso estuvo Carlos Slim, Claudio X. González o el ya conocido Óscar Espinosa Villarreal, y en éste también se ventilaron algunas prácticas empresariales como el uso ilícito de swaps, o no reportar compra de deuda a las autoridades hacendarias.⁹⁰ Terminaron soltando Mexicana a su competidor, Gerardo de Prevoisin Legorreta, que tiempo después escapó del país acusado de administración fraudulenta, y cuando se deshicieron de lo que les quedó de Real Turismo, el empresario Álvaro López Castro, quien les ofreció casi el doble que su más cercano competidor, luego les pidió prestados 50 millones de dólares y también salió huyendo al ser implicado en el escandaloso fraude de Carlos Cabal Peniche.

Dada la interdependencia alcanzada en las últimas décadas entre el poder político institucional y los poderes económicos, expresada con desaires y favores, concesiones, amigos, compadrazgos y parentescos cada vez más evidentes, en no pocas ocasiones se ha llegado al nepotismo burdo en un viaje que va del orgullo de López Portillo a los intentos recientes por mantener el poder a través del cónyuge y que parecen versión para la región 4 de series de televisión como House of Cards. Pero también en sociedades de negocios, prestanombres, densas redes de relaciones en consejos de administración y otras interconexiones de las que suelen generar sospechas al menos por tráficos de información privilegiada, las cuales han sustentado nuestra versión local del capitalismo de amigotes que tienden a encubrir todo tipo de crímenes de cuello blanco así como otros negocios que traen consigo pérdidas considerables al Estado, a los propios mercados, la sociedad o al medio ambiente, y que en los últimos tiempos asimismo produjo una delincuencia institucionalizada y organizada desde el poder, cleptocracia para algunos, tal como ilustran las historias recientes de exgobernadores prófugos o procesados penalmente.

La corrupción privada ha sido menos escandalosa y visible, pero existe y también daña los mercados como al propio Estado. Nada nueva aunque en un contexto de globalización y con la ahora tan en boga llamada sociedad líquida, donde entre otras cosas tienden a diluirse las responsabilidades, los códigos del poder o la frontera entre lo público y lo privado, se han propagado exponencialmente esas zonas grises propicias para la corrupción, delincuencia organizada y toda clase de amigotes (en no pocas ocasiones casi un eufemismo de cómplices), donde no siempre resulta fácil traducir comportamientos inaceptables desde el punto de vista ético, y censurables desde el moral en hechos penalmente perseguibles. Lo que de paso refleja “el fenómeno que hay en México, ya muy antiguo, de empresarios ricos y empresas pobres. Son empresarios que únicamente se han beneficiado y lucrado con las empresas, sin la menor visión ni la menor regulación por parte del Estado”. Que debe regular “porque, al final, cedió la concesión de un negocio para que lo operaran, lo hicieran crecer y ofrecieran un buen servicio”, lo que nunca ocurrió. El único afán fue enriquecerse, no hacer crecer a la industria, ni al sector. Y como nunca les exigieron cuentas, simplemente anunciaron: “Me voy”, tal como sintetizó uno de los diputados de la comisión legislativa encargada de investigar la fraudulenta quiebra de Mexicana, por ejemplo. Lo que también se evidencia en aquellos otros casos donde no faltan las redes de relaciones, interdependencia y correlaciones de fuerza entre poderes políticos y económicos, así como en las historias de bienes propiedad de la nación concesionados a particulares con opacidad y sin transparencia alguna, o únicamente simulándola a cambio de beneficios mutuos. En los contratos a discreción y rescates a empresas de socios y donantes de campaña, familiares, compadres, testaferros o amigos, ya sea porque el negocio o aventura empresarial falló, o por ese catálogo de delitos cometidos desde posiciones de poder que garantizan su impunidad y de ahí que técnicamente se consideran de cuello blanco. Reforzada asimismo por una enorme cantidad de capitales, además de relaciones y dinero de sobra para contratar a los más talentosos abogados de este y cualquier otro país. Lo que no hace mucho sintetizó en una frase más que ilustrativa el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a raíz de una denuncia en contra suya por el caso de corrupción público-privada Odebrecht: “Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”.⁹¹

Así las cosas, no son pocas las dificultades para poder generar investigaciones sobre delitos económicos y financieros como delincuencia organizada, ni para intentar procesar de este modo a funcionarios y empresarios por asuntos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias e información privilegiada. También hay vacíos de legislación e implementación de sanciones penales para personas jurídicas, esto es, “empresas privadas y organizaciones de todo tipo para que su disolución sea mucho más ágil y frecuente”, como propone Edgardo Buscaglia (2015: 158), dado que si bien cada caso puede tener sus particularidades, no debe pasarse por alto que en realidad muchos de estos crímenes de cuello blanco “representan variaciones del mismo mecanismo que se ha observado durante décadas en otros escándalos financieros: sistemas de lavado y fraudes fiscales al servicio de los poderosos y de la compra de votos, ya sea para obtener privilegios individuales, para elegir a un presidente, para conseguir contratos o para adquirir derechos de transmisión de un evento global”. Lo mismo el Fifagate, el caso Falciani (donde jugó un papel fundamental la filtración del informático así apellidado que era analista de HSBC en Suiza), el conocido Monex en México o el Petrobras en Brasil, entre muchos otros. Porque de hecho, “como el Fifagate deja ver claramente, las técnicas ilícitas de movimiento de capitales son similares sin importar de dónde venga el dinero: las arcas de los gobiernos, el narcotráfico o las empresas privadas. Es por ello que tiene que expandirse enormemente la tipología de delitos a los cuales se les impulsan causas por crimen organizado y lavado de dinero” (ibid.: 155).

En este sentido, una de las expectativas más importantes del anunciado cambio de régimen pasa precisamente por acotar esas zonas grises que propician la corrupción, impunidad y delitos de poder. Muy complejo porque entre otras cosas también atraviesa lo legislativo y judicial, así como un arraigado capitalismo de amigos y extensas redes de relaciones político-económicas. El estira y afloja en torno al NAIM, cuya corrupción comienza a aflorar como en el caso del desvío de 17 000 millones destinados a su construcción detectados y cuyo informe señalaba la necesidad de investigar al exgobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto,⁹² es parte de ello. Y de los reacomodos entre un poder político que tiende a centralizar, donde frenar una obra con la típica opacidad y sobrecostos cueste lo que cueste es parte del precio a pagar, con grupos de interés económico y otros tantos desplazados o damnificados políticos, muchos de los cuales siguen sin querer aceptar la pérdida del poder y soledad que esto trae consigo. Sin que en el nuevo gobierno y sus funcionarios tampoco falten los abolengos y continuidades transexenales, como el actual canciller Marcelo Ebrard o Manuel Bartlett y algunos otros de la veta pri-perredista, sin faltar panistas o izquierdistas de diversos tipos.

Pero como el mismo aeropuerto fallido y otros casos muestran, es todavía más difícil desmantelar redes de poder político-económico y cambiar las reglas de un capitalismo en fase amigos. Desde antes de las elecciones algunos comenzaron su alineamiento con el nuevo poder presidencial para transitar a la llamada cuarta transformación sin perder sus beneficios. La jugada del nuevo Consejo de Negocios es parte de lo mismo, y en el reacomodo de poderes como en la investigación periodística se han hecho públicos los nombres de empresarios relacionados con López Obrador y donde no faltan señalamientos de probables conflictos de interés. El caso de Alfonso Romo y su papel en el actual gobierno, o el constructor-asesor presidencial José María Riobóo y su esposa en la Suprema Corte, por ejemplo. O la exministra Olga Sánchez Cordero, su cónyuge, la notaría 182, y los vínculos con Banorte, de cuyo grupo financiero fue consejera. Asimismo, hay fortunas conocidas como las de Ricardo Salinas Pliego, Miguel Torruco, consuegro de Carlos Slim, Marcos Fastlicht, suegro de Emilio Azcárraga Jean, y otras de segunda o tercera generación en los casos de Carlos Hank González, Olegario Vázquez Aldir y Miguel Alemán Magnani. Unos menos conocidos como Daniel Chávez, Sergio Gutiérrez, Raúl Elenes Angulo, Jaime Bonilla, Adrián Rodríguez e Isaac Masri; este último dedicado a los espectáculos. Y hasta un compadre formal, Miguel Rincón, en cuya celebración bautismal —como detalle significativo— también participó el ahora arzobispo emérito Norberto Rivera. Algo tan sensible que hasta el presidente en una de sus conferencias argumentó que “no por tener una relación de amistad o familiar yo voy a torcer mi camino o voy a cometer un acto de corrupción o voy a permitir que haya influyentismo”.

Hasta ahora, nuestra versión del capitalismo de amigotes con su impunidad, dinastías, compadrazgos, redes de relaciones, complicidades, testaferros, paraísos fiscales y sociedades offshore, ha cobijado el fraude organizado, la corrupción público-privada en ocasiones institucionalizada y otros delitos económicos bien organizados pero que jurídicamente no son juzgados como delincuencia organizada. Y que cuando se asocian a tipos penales similares, como las operaciones con recursos de procedencia ilícita, suelen desvanecerse o perderse en tribunales. En este momento sólo el tiempo puede decir qué viene para el fenómeno, pues casos emblemáticos siguen legalmente abiertos. Ya sea internacionales, Odebrecht por ejemplo, cuyos tentáculos alcanzan a expresidentes de los dos sexenios anteriores, o nacionales como Mexicana de Aviación, donde luego de ocho años en lo jurídico Gastón Azcárraga Andrade ya casi libra todas las acusaciones en su contra. También los procesos a varios goberladrones, así como el tema de las propias leyes con todo y aparato de administración y procuración de justicia, sus nada casuales vacíos y omisiones que han contribuido a la impunidad y corrupción que posibilitan diversos delitos. Reacomodándose ahora las posiciones de poder, con todo y sus disputas que involucran a no pocos actores e instituciones que buscan mantener o reformar sectores o prerrogativas del Estado, y que también es desde donde se realizan los crímenes de cuello blanco. Sin compasión o mirar atrás, y prácticamente sin justicia para víctimas todavía poco visibles pero que siempre se cuentan por miles.

Notas

PREFACIO

1 Tan burdo que incluso provocó que la Comisión Permanente del Senado pidiera a las autoridades un informe sobre esta compra que alcanzará los 990 millones de pesos. Véase http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/comision-permanente/boletines-permanente/38314-metrobuses-adquiridos-por-cdmx-son-chatarra-del-reino-unido-permanente-solicita-informe.html.

2 Para la recién desaparecida Procuraduría General de la República estos mercados son: 1) el narcotráfico, 2) lo económico-financiero, 3) lavado de activos, 4) tráfico de armas, 5) crimen organizado, 6) delitos ambientales, 7) contrabando y 8) corrupción. La nota, en https://www.jornada.com.mx/2018/07/11/politica/018n1pol.

3 La definición es de Loïc Wacquant (2009: 430) en lo que llama su “caracterización sociológica minimalista”. Y explica que el neoliberalismo es “una noción elusiva y cuestionada, un término híbrido torpemente suspendido entre el lenguaje llano del debate político y la terminología técnica de la ciencia social, que además suele ser citado sin referencias claras. Para algunos, designa una realidad muy arraigada a la que uno no tiene más remedio que adaptarse (a menudo equiparada a la globalización), mientras que otros la ven como una doctrina que aún debe ser realizada y también resistida. Se describe alternativamente como un conjunto estrecho, fijo y monolítico de principios y programas que tienden a homogeneizar a las sociedades, o como una constelación flexible, móvil y plástica de conceptos e instituciones adaptables a diversas corrientes del capitalismo. Sea singular o polimorfa, evolutiva o revolucionaria, la concepción prevaleciente del neoliberalismo es esencialmente económica: hace hincapié en una serie de políticas favorables al mercado, como la desregulación laboral, la movilidad del capital, la privatización, un programa monetario de deflación y autonomía financiera, la liberalización del comercio, la competencia entre zonas y la reducción de la tributación y los gastos públicos. Pero esa concepción es acotada e incompleta, y está demasiado atada al discurso sermoneante de los defensores del neoliberalismo”.

4 Véase https://www.youtube.com/watch?v=ZmPDF1Du3OU.

1. LOS AMOS DEL UNIVERSO

1 Según los resultados del estudio Medición de la economía informal 2015 Preliminar. Año base 2008, del INEGI, en el periodo que va del año 2003 a 2015, en México la economía informal contribuyó anualmente en promedio con 25.6% del valor de los bienes y servicios del país, esto es, una cuarta parte del PIB. Véase http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal.

2 Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, en nuestro país a pesar de que casi la mitad de la población (44%) tiene algún tipo de cuenta bancaria, 92% prefiere realizar sus transacciones en efectivo. Las razones por las que se utiliza son: 24% porque el monto de sus transacciones es muy bajo; 23% porque pagan comisiones al usar las tarjetas; 16% desconfía de las tarjetas y 15% mencionó que lo hace para evitar pagar impuestos. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 24 de febrero de 2017.

3 Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, citado por este autor (2015: 48-49), existen tres etapas para lavar recursos de procedencia ilícita. La primera es introducir o colocar de alguna manera las ganancias ilegales dentro de un sistema económico legal formal. Después, la segunda etapa intenta diversificar la colocación inicial en diferentes activos para así poder esconder el rastro que conecta al delito con el recurso económico, y el ejemplo típico es el uso de los primeros depósitos bancarios para comprar acciones o bonos de empresas pantalla generalmente ubicados en lugares con vacíos regulatorios conocidos como paraísos fiscales. Finalmente, en la tercera etapa del blanqueo se integran y asignan recursos de procedencia ilícita a la compra final de bienes de inversión directa a largo plazo en los mercados más desarrollados.

4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf.

5 Véase http://www.m-x.com.mx/2012-08-26/vida-y-muerte-de-el-rey-del-fraude/.

6 Primero con un decreto del 2 de septiembre de 1993 que reformó tres artículos constitucionales, y luego con la promulgación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada el 7 de noviembre de 1996, donde se retomaron la definición y características establecidas en los artículos 16, 17 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para después delimitar el universo criminal a combatir. Véase http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4905021&fecha=07/11/1996.

7 Véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf.

8 Además de otras facultades establecidas en el Código Penal Federal, artículos 400 Bis y 401 Bis, como prisión “de cinco a 15 años y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, o aquel que “oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”. Asimismo, la penalidad aumentará “desde un tercio hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis de este Código tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos”. Véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_070417.pdf.

9 Entrevista con el autor, 15 de febrero de 2018.

10 No así banqueros y banca en general. Un indicador al respecto de la citada Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 es que la mayoría de los mexicanos no deposita sus ahorros en instituciones bancarias, ya sea por desconfianza, falta de cultura o porque perciben bajos ingresos. También consideran que los productos y servicios bancarios son costosos y complejos, además de haber tenido malas experiencias debido al cobro de altas comisiones por el uso de estos servicios. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 24 de febrero de 2017.

11 En la reciente tragicomedia nacional se han documentado casos que dan para cubrir prácticamente toda la gama de agresiones posibles, sobre todo a periodistas. En su documento “M.I.E.D.O. (Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad) Informe 2015” de Artículo 19 y que abarca de 2009 a 2015, por ejemplo, la organización reportó 1 832 incidentes, siendo los más comunes el ataque físico/material (718 casos), la amenaza (313), intimidación (238), privación a la libertad (195), ataque a medio de comunicación (140), violencia institucional (61), asesinato (55), hostigamiento y acoso (49), desplazamiento forzado (38), desaparición forzada (16), e intrusión no autorizada (9). Véase https://articulo19.org/m-i-e-d-o-informe-2015-sobre-violencia-contra-la-prensa/.

2. CUELLO BLANCO

1 Una combinación muy interesante de ambos géneros, y que además guarda relación significativa con el tema del delito de cuello blanco, puede encontrarse en el relato Fantomas contra los vampiros multinacionales. Una utopía realizable narrada por Julio Cortázar, editado por Libros de Excélsior, en junio de 1975, cuyos derechos de autor fueron cedidos al Tribunal Russell.

2 Así la definen Raúl Cervini y Luiz Flávio Gomes, Crime organizado, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1997, citados por Germán Aller (2009: XLVII). Y algo muy importante sobre la debilidad y vulnerabilidad de estas víctimas masivas: que están desperdigadas, desorganizadas y sin información, lo cual dificulta ya no desquitarse o tomar medidas legales, sino darse cuenta y tener conciencia de la situación antes de que sea demasiado tarde.

3 Esto es importante, pues, como explica Buscaglia, el tipo penal de legitimar capitales, activos o recursos de procedencia ilícita para integrarlos a la economía legal, lo que se conoce como lavado o blanqueo, tiene por condición la existencia previa de un delito, “aunque el lavado pueda ser un delito autónomo que no requiere para sancionarse una sentencia judicial anterior por la actividad delictiva de la cual derivan los recursos materiales que se pretende legalizar” (ibid.: 33).

4 El dato es de 1998, cuando el director del FMI, Michel Camdessus, durante un discurso estableció que las transacciones con dinero sucio en el mundo iban “más allá de la imaginación” pues representaban este porcentaje que, según el mismo Buscaglia (2015: 34), a precios de 1996 era de entre 600 000 millones y un billón y medio de dólares. Y añade que “todos los estudios señalan que estas cifras realmente se quedan cortas, pues la tasa de interceptación y congelamiento de estos capitales permanece aún muy baja y ni siquiera llega a 1% del flujo anual de dinero sucio”.

5 Véase https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.pdf.

6 Para profundizar en la historia, véase https://www.alvolante.info/internacionales/carlos-ghosn-o-la-codicia-corporativa/.

7 Al que Panamá debió renunciar tras el escándalo y la presión que detonó la publicación mundial de la filtración, aunque sigue siendo utilizado en otros paraísos fiscales.

8 Véase http://aristeguinoticias.com/0704/mundo/panama-papers-tambien-espias-y-ex-agentes-de-la-cia-se-beneficiaron/.

9 Sobre estos lugares, además de ser países o territorios con sistemas tributarios que favorecen a sus no residentes y con poca fiscalización, desde 1998 la OCDE identificó cuatro características de estos sitios: 1) que la jurisdicción no imponga impuestos o éstos sean sólo nominales, es decir, que no haya impuestos directos; 2) que exista falta de transparencia en sus sistemas; 3) que las leyes o prácticas administrativas no permitan el intercambio de información fiscal con otros países; y 4) que los no residentes tengan beneficios impositivos aunque no desarrollen ninguna actividad productiva en el país (Buscaglia, 2015: 122).

10 Véase http://www.proceso.com.mx/437226/panamapapers-secretos-mentiras-omar-yunes-padre.

11 Véase http://www.proceso.com.mx/437454/laberinto-empresas-fantasma-exprimir-a-pemex.

12 Véase http://www.proceso.com.mx/435745/oceanografia-la-empresa-predilecta-fox-calderon-enganchada-a-los-paraisos-fiscales.

13 Véase http://www.m-x.com.mx/2013-03-31/1641473000000_int/.

14 Véase http://diario.mx/Opinion/2014-03-16_8fd53fc2/un-jet_setter-en-picada/.

15 Véase https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/05/05/cancelan-orden-de-aprehension-contra-empresario-ligado-a-desfalco-de-oceanografia.

16 Véase http://diario.mx/Opinion/2014-09-06_d71eec2b/la-suerte-de-el-loco/.

17 Véase https://www.reporteindigo.com/reporte/la-relacion-aduanera-de-los-hermanos-gil-diaz/.

18 Daniel Lizárraga et al., La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, Grijalbo, México, 2015. Sobre algunos de los beneficios recibidos por el contratista, además de este libro, vale la pena consultar el trabajo del periodista Arturo Rodríguez García (Proceso núms. 1984, 1985 y 1986), quien documenta que durante la administración de Peña Nieto, tanto de gobernador como en la presidencia, las empresas de Hinojosa Cantú recibieron 60 000 millones de pesos en contratos de obra pública.

19 Véase http://www.proceso.com.mx/435567/hinojosa-cantu-el-donador-de-la-casa-blanca-esconde-100-mdd-en-negocios-fantasmas.

20 Véase http://www.proceso.com.mx/435746/panama-papers-indeseable-dinero-carlos-hank-rhon.

21 Cabe mencionar que el corporativo GMD, concesionario de la polémica Autopista del Sol dado su estado tantas veces desastroso, fue uno de los grandes beneficiarios de la política de “salvamento” implementada por Ernesto Zedillo con recursos públicos tras la crisis de 1995, pues a la empresa el gobierno le “salvó” alrededor de 1 500 millones de dólares al tipo de cambio de la época (unos 10 500 millones de pesos), así como los créditos personales de los hermanos Ballesteros Franco que ascendían a 2 800 millones de pesos. Asimismo, en 2013 GMD se acogió al programa fiscal Ponte al corriente logrando un descuento de 80%, esto es, que “libró el pago de 653 millones” de pesos. Más detalles, lo que incluye las actas del subcomité de recuperación del Fobaproa (sobre el que más adelante se volverá) de donde se extrajeron las cantidades citadas, así como los nombres de los miembros del consejo de administración en http://www.jornada.unam.mx/2013/06/06/opinion/030o1eco.

22 Con beneficios añadidos en el contrato, como especificaciones de que el gobierno “se compromete a no realizar mejoras a la carretera Panamá-Colón a niveles que representen competencia AL CONCESIONARIO”, tal como muestra la Addenda No. 2 al Contrato No. 98 (del 29 de diciembre de 1994) celebrado entre el ministro de Obras Públicas y el empresario mexicano, por ejemplo.

23 Véase https://impresa.prensa.com/Revelan-nexos-PYCSA-gobierno_0_1151135033.html.

24 Véanse https://impresa.prensa.com/economia/Investigacion-alcanza-firmas-panamenas_0_605189559.html y http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/blogs.dir/8/files/2009/libros/rj2008-05.pdf.

25 El punto de acuerdo tomado en el senado tras esta comparecencia que incluye las consideraciones del senador Rico Samaniego, puede encontrarse en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=8006. Como podrá inferirse, este asunto es de esos pequeños detalles que en la realidad terminan por evitar el procesamiento judicial de personas cuyo estatus legal no necesariamente es el de funcionario público, y que además se presenta de modo recurrente a través del tiempo. Así que para evitar molestias de este tipo, para casos todavía más relevantes (entiéndase negocios multimillonarios), incluso se puso expresamente en la ley. El columnista Mario Maldonado cuenta que a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, en agosto de 2014, de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, las empresas productivas del Estado fueron liberadas de las limitaciones que les imponía la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Así que “en materia jurídica, la autonomía obtenida por las anteriores paraestatales permitió a sus directivos fungir bajo una figura diferente a la de funcionario, por lo que, en los hechos, no existiría la posibilidad de imputarles los delitos que contempla el Código Penal Federal para los Servidores Públicos, tales como el cohecho por el cual se buscaría consignar al exdirector general de Pemex”, Emilio Lozoya Austin. Por más que se empeñe la secretaria de Energía Rocío Nahle, quien intentó abrirle juicio político por lo que consideraba malos manejos en Pemex, y por un tema personal: “a su esposo, José Luis Peña, Lozoya lo despidió de la empresa productiva del Estado por no haber presentado su declaración patrimonial”. Los detalles, en http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/los-dias-aciagos-de-emilio-lozoya.

26 Véase https://oficiodepapel.com.mx/contenido/2005/12/05/lunes-05-de-diciembre-de-2005/.

27 Véase http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn= 2&sm=2&id=8006.

28 Véase https://www.ezcorp.com/about/who-we-are/history/. Ahí mismo citan la revista Fortune, que los ha incluido dos años en su lista de las 100 compañías de mayor crecimiento, y en el año 2013 reportaron ingresos por poco más de un billón de dólares. Su consejo de administración puede consultarse en http://www.ezcorp.com/about/who-we-are/board-directors/.

29 Las quejas más comunes contra ésta y otras casas de empeño, a decir de la Profeco, son: “El porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda inducía a error o confusión al consumidor, no exhibían por ningún medio o forma el precio por gramo para el empeño de metales preciosos y en los contratos para la prestación del servicio ostentaban un domicilio diferente en el que realmente se encuentra
el establecimiento […] no exhibían el monto total a pagar en intereses, cargos y comisiones pues los presentaban sin el 16 por ciento de IVA; no exhibían los requisitos y condiciones del procedimiento para la comercialización de la prenda; el contrato usado para las transacciones comerciales no correspondía con el registrado ante la Profeco, y no exhibían los requisitos para el desempeño de la prenda, requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda, entre otros”. Véase http://www.elfinanciero.com.mx/economia/prendamex-first-cash-empena-facil-sancionadas-profeco-casas-empeno.

3. COMERSE EL MUNDO DE UN MORDISCO

1 La entrevista con Martin Scorsese en http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/11/actualidad/1389456312_696790.html.

2 Véase https://www.wsj.com/articles/malaysias-1mdb-the-secret-money-behind-the-wolf-of-wall-street-1459531987 y https://www.fernandatapia.com/opinion/el-fraude-del-siglo/.

3 Al respecto, véase el recomendable documental titulado como estos personajes descritos por el recién desaparecido Tom Wolfe, Master of the Universe. Confessions of a Global Investment Banker, de Marc Bauder (2014). En este sentido, también cabe mencionar a un experto en finanzas que durante la crisis posterior a la bancarrota de la banca Wegelin, la más antigua de Suiza, comentaba que “los empleados de muchos bancos pequeños funcionan con Prozac para aguantar la tensión”. Véase “Paraísos fiscales”, El País Semanal, núm. 1943, 22 de diciembre de 2013. Sin embargo, la oferta puede ser tan atractiva que en el famoso Goldman Sachs, el banco fundado en 1869 y descrito en un conocido trabajo periodístico de la revista Rolling Stone de 2009 como “un gran calamar vampiro envuelto en la cara de la humanidad, metiendo inexorablemente su embudo de sangre en cualquier cosa que huela a dinero”, donde según su director “la mayor parte [de sus ejecutivos] se va a los 48 o 50 años, para entonces ya has ganado bastante […], y la expectativa es que te vuelques en la filantropía o en servir a la administración”. Lo que consideran un acto de servicio a la sociedad, empleándose tanto en gobiernos demócratas como republicanos y aun con Donald Trump pese a todas sus críticas durante su campaña electoral. Para más detalles sobre este banco, véase El País, 5 de febrero de 2017.

4 El lobo de Wall Street era el apodo preferido de Jordan Belfort, aunque tenía otros como don Corleone, Gordon Gekko, Káiser Soze o el Rey. Pero el primero “me sentaba a la perfección. Yo era un perfecto lobo con piel de cordero. Parecía un niño, actuaba como un niño, pero no era un niño. Tenía treinta y un años, e iba camino a cumplir sesenta, porque, como un perro, envejecía siete años por año” (Belfort, 2014: 28).

5 Sin embargo, y aunque se trata de una cuestión técnica, es fundamental precisar que la mayoría de la delincuencia cumple los criterios de lo que los especialistas del DSM III y IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, por sus siglas en inglés, una suerte de biblia del diagnóstico de las enfermedades mentales) denominan trastorno de personalidad antisocial. En cambio, la psicopatía “se define por un conjunto de rasgos de la personalidad y conductas socialmente desviadas. La mayoría de los criminales no son psicópatas y muchos de los sujetos que consiguen vivir al margen de la ley evitando la cárcel sí lo son” (Hare, 2016: 45).

6 Como pasó no hace mucho durante un proceso electoral en el estado de Coahuila donde el candidato del PAN, Guillermo Anaya, declaró al periódico español El País (29 de mayo de 2017) que el exgobernador “Humberto Moreira es un psicópata. Está enfermo mentalmente. El peor castigo será que irá a la cárcel y que voy a recuperar lo robado”, en alusión al endeudamiento del estado por alrededor de 1 800 millones de dólares, y la detención en Estados Unidos del extesorero de Moreira y el exgobernador interino que dejó al frente del gobierno. Días atrás Humberto Moreira, aprehendido en España por delitos relacionados con lavado de dinero proveniente de una organización criminal y sospechosamente liberado en ese mismo país poco tiempo después, dijo en entrevista que Anaya era narcotraficante y presunto asesino. Sobre las relaciones de este político panista con traficantes de drogas, concretamente con un operador de los hermanos Beltrán Leyva, puede verse el testimonio del ya extraditado Sergio Villarreal en el libro de Jesús Lemus, Los malditos 2. El último infierno, Grijalbo, México, 2016.

7 La versión electrónica en http://www.m-x.com.mx/2012-08-26/vida-y-muerte-de-el-rey-del-fraude/.

8 Una reseña periodística sobre el libro y estas acusaciones puede encontrarse en el semanario Proceso del 7 de noviembre de 1992. Véase http://www.proceso.com.mx/160440/relatos-de-flores-alavez-en-su-libro-beso-negro-jesus-miyazawa-corrupto-represor-narcotraficante.

9 Esta búsqueda de una imagen popular obvio trasciende el ámbito penitenciario y su uso se ha ido ampliando a todo tipo de funcionarios públicos, entre los que destacaban gobernadores con los suficientes recursos (no suyos por supuesto) como para invertir en un equipo de futbol profesional y así ganarse la simpatía de una parte considerable del electorado, y además sin tener que rendir cuentas por uso de dinero público empleado para beneficiar tanto a particulares como diversos negocios relacionados con este deporte-espectáculo cuestionables para el interés público más allá de la vieja premisa romana del pan y circo (en los últimos tiempos reducida únicamente a la segunda), y algunos hasta fraudulentos. Entre quienes han aprovechado la pasión futbolera en su beneficio político, además de tomar en cuenta que el futbol en algunos países puede llegar a ser razón de Estado, cabe recordar a Félix González y el Atlante con su sede en Quintana Roo, Pablo Salazar Mendiguchía en Chiapas con los Jaguares, los beneficios recíprocos entre el Santos de Torreón y Humberto Moreira, o Jesús Murillo Karam (el de la fallida verdad histórica) y Manuel Ángel Núñez Soto con los Tuzos del Pachuca, los Tiburones Rojos de Veracruz con Fidel Herrera, y Armando Reynoso en Aguascalientes con el Necaxa (Zepeda, 2008). Más fraudulento, y eso que en algunos de estos casos ha habido donaciones de terrenos para construir estadios o la casa del club, inversiones millonarias con cargo al erario que van de la adquisición de la franquicia a generosos premios, malversación de fondos y transferencias de recursos públicos, tampoco faltan historias relacionadas con lavado de dinero o evasión fiscal como las de los conocidos empresarios Carlos Ahumada Kurtz, dueño de los equipos León y Santos en México y otros en Argentina (véase http://laaficion.milenio.com/futbol/Carlos_Ahumada-corrupcion-futbol_mexicano-Mexico-Liga_MX-Leon-Veracruz-Rene_Bejarano-Rosario_Robles_0_257974472.html), o el del dueño de Oceanografía Amado Yáñez Osuna con los Gallos Blancos de Querétaro entre otros clubes (véase http://laaficion.milenio.com/futbol/Amado_Yanez-Historia-Futbol-Perfil-Oceanografia-Delfines-Queretaro-Empresario-Futbol_Mexicano_0_307769392.html). Que por supuesto no es sólo problema nacional, de ahí también conviene recordar a la FIFA y su negociación simultánea con Visa y American Express donde, según la investigación de Kistner (2015: 180), no sólo se mostró el descaro con el que la Federación opera, la sumisión de las propias compañías patrocinadoras, o que “todos los actores juegan al límite de lo aceptable con las emociones de la gente”, sino que “el mundo empresarial que rodea al futbol es una parte esencial de todo el problema. Son facilitadores de dinero que aguantan callados todos los manejos de los directivos deportivos. Mientras eso no cambie, se seguirá alentando a los amos de la FIFA a seguir haciendo lo que hacen […] En caso de duda, un patrocinador preferirá seguir acostándose con el socio corrupto antes de cargarse un negocio estupendo. Si Coca-Cola algún día llegara a arrugar la nariz, la FIFA se pondría a coquetear tranquilamente con Pepsi. Si Adidas o Sony amenazaran con rescindir los contratos, Nike y Samsung ya estarían preparados”. Finalmente, cabe hacer notar la descripción que el periodista hace de las formas de comunicación empleadas por el exmandamás de la FIFA, Joseph Blatter, que harán recordar las estrategias para la interacción de tipos como el Lobo. En el caso de Blatter, que es políglota, lo aprovecha para cambiar de un idioma a otro y cuando se le pregunta en el idioma en el que acaba de decir algo él responde que no es eso lo que quiso decir, sino otra cosa. “Escurridizo como una anguila”, dice otro de sus críticos, aunque “la astuta técnica oratoria de Blatter crea permanentes malentendidos alrededor de este hombre cándido. Un buen ejemplo de tal estrategia de comunicación es la frase: “Gano un millón. Quizás un poco más”. Ese poco más podrían ser tres, ocho, 12 millones, o sólo un millón. Qué más da cuántos millones son: él nunca mentiría (ibid.: 195). Aunque nada ética, otra forma eficaz, sobre todo durante litigios legales, es la empleada por el ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien se la enseñó el abogado con Rolls Royce color verde dólar Roy Cohn, que trabajó para el senador Joseph McCarthy y luego para las familias mafiosas de Nueva York Gambino y Genovese: “Golpear, golpear y golpear”, no ceder, no cooperar, llamar como sea la atención y ganar los casos en los medios (El País, 11 de marzo de 2017).

10 Entrevista con el autor, 10 de julio de 2017. Aunque sintetizada, se puede encontrar una versión electrónica de la misma en http://www.fernandatapia.mx/opinion/traconi-rey-de-la-firma-rey-del-fraude-humberto-padgett/.

11 Entrevista con el autor, 10 de julio de 2017, op. cit.

12 Véase http://www.proceso.com.mx/151158/eduardo-legorreta-no-dejo-ley-financiera-sin-violar-pero-su-dinero-y-sus-relaciones-lo-hacen-intocable También, http://www.proceso.com.mx/155275/eduardo-legorreta-sergio-bolanos-luis-g-aguilar.

13 Véase http://www.proceso.com.mx/152162/eduardo-legorreta-isidoro-rodriguez-slim-canales-clariond-entre-los-implicados.

14 Idem.

15 Véase http://www.proceso.com.mx/151157/en-el-aniversario-del-crac-de-la-bolsa.

16 Véase http://www.proceso.com.mx/151158/eduardo-legorreta-no-dejo-ley-financiera-sin-violar-pero-su-dinero-y-sus-relaciones-lo-hacen-intocable.

17 Idem.

18 Véase http://www.proceso.com.mx/153772/once-meses-de-carrera-en-afan-de-legitimidad.

19 Idem.

20 Véase http://www.proceso.com.mx/152162/eduardo-legorreta-isidoro-rodriguez-slim-canales-clariond-entre-los-implicados. Espinosa Villarreal después fue designado regente del DF, el último de la era priista, y luego terminó acusado de peculado por 45 millones de dólares. Huyó a Nicaragua donde lo aprehendieron, y el arzobispo Norberto Rivera intercedió por él ante autoridades de aquel país para que tuviera un arresto domiciliario. Sobre esto último puede revisarse el trabajo de Rodrigo Vera titulado “El Chato”, en el libro coordinado por Bernardo Barranco, Norberto Rivera. El pastor del poder, Grijalbo, México, 2017.

21 Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/la-llamada-de-espana-y-la-gracia-los-bancos.

22 De hecho, según el ranking de la publicación especializada Expansión, entre los 100 empresarios más importantes de México solamente hay tres mujeres en la lista. En el lugar 19, la más conocida es María Asunción Aramburuzabala, de quien puede encontrarse un perfil interesante en el texto de Rita Varela (2007), y que además se considera a sí misma “más inversionista que empresaria” pues el centro de sus negocios es el fondo Tresalia, con el que opera firmas como Abilia, la tecnológica KIO Networks y los centros educativos de Red Universalia. Todavía es accionista en el grupo Modelo. Le sigue, hasta la posición 61, Laura Zapata de la compañía Envases universales que fabrican botes de aluminio, acero y plástico para compañías de bebidas, alimentos y otras industrias, con 45 plantas en por lo menos nueve países diferentes. De perfil muy bajo, no concede entrevistas y hay muy pocas fotografías suyas. Y finalmente Blanca Treviño, que con Softtek ha desarrollado una de las principales empresas mexicanas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, con 30 oficinas en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Cabe añadir que en los consejos de administración en empresas del país apenas 6.1% de los asientos está ocupado por mujeres, según la organización Corporate Women Directors International. En Colombia, ese porcentaje supera 16%, por ejemplo. Esto es, que en México apenas hay dueñas o presidentas de compañías, y el país reprueba en casi todos los estudios que analizan las opciones para la mujer en la vida laboral. Los detalles en https://expansion.mx/empresas/2018/03/07/estas-son-las-unicas-mujeres-entre-los-100-empresarios-mas-grandes-del-pais. También véase https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/Gobierno-Corporativo/2017/Mujeres-en-Consejos-Administracion-2017.pdf. Asimismo, una investigación del capítulo México del Woman Corporate Directives, reporta que de 2 182 personas registradas en diversos consejos de administración, sólo 162 son mujeres; sólo cuatro de 172 emisoras en la Bolsa Mexicana de Valores tienen 30% de representación femenina en sus órganos de decisión. En tal escenario, sólo 24 tiene 18% en las sillas, e incluso hay 58 compañías que no tienen ninguna mujer en su consejo de administración. Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/alberto-barranco/cartera/pensiones-la-gran-pesadilla.

23 Véase http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/que-sabemos-del-consejo-mexicano-de-negocios-el-grupo-que-amlo-confronto. Asimismo, el semanario Proceso (núm. 2167, 13 de mayo de 2018), donde aparece un dato del Informe del Observatorio de Salarios 2018 de la Universidad Iberoamericana, según el cual este club empresarial (clasificado entre las “empresas de más de 500 trabajadores”) genera 1.4 de cada 10 empleos, es decir, que en realidad ocupa 14% de los 38 millones de asalariados del país. Y dos rasgos relevantes: “La mayoría de los empleos consisten en labores de subordinación, no son altos puestos. Al 20% de sus trabajadores no les pagan en su totalidad vacaciones y aguinaldo, ni cotizan para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que son las tres prestaciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo”. Esto es, que únicamente pagan todas las prestaciones a 80% de sus empleados, de los cuales 60% se ve beneficiado con lo “mínimo y algo más”, como bonos y otras prestaciones. El restante 5.2% no tiene ninguna prestación y 14.8% tiene sólo alguna de las tres prestaciones que por ley debe dar cualquier empresa generadora de empleos formales en México. Y un detalle revelador: 68% de los trabajadores de las empresas del CMN no alcanza el “salario mínimo constitucional”, que debería pagarse para poder vivir dignamente, establecido por el Observatorio en 638 pesos diarios. Lo que produce una diferencia abismal respecto a las percepciones de los directivos o accionistas y las de un empleado común. Por ejemplo, el accionista de una empresa minera gana alrededor de 13 millones de pesos al mes mientras que pagan un promedio de 25 000 pesos a sus trabajadores, claro que en este promedio se incluye a gerentes.

24 Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/el-consejo-mexicano-de-negocios-de-amlo.

25 Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/el-interes-general-y-los-contratos-del-naim.

26 Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/aerotropolis-el-gran-negocio-del-aeropuerto.

27 Idem.

28 Véase https://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/la-traicion-de-amlo-los-empresarios.

29 Véase http://www.proceso.com.mx/155275/eduardo-legorreta-sergio-bolanos-luis-g-aguilar.

30 Véase http://www.proceso.com.mx/153772/once-meses-de-carrera-en-afan-de-legitimidad.

31 Véase http://www.proceso.com.mx/152282/legorreta-sabia-de-las-irregularidades-en-operadora-de-bolsa-pero-se-dice-inocente.

32 Es un “neologismo que significa originalmente ‘idea, comportamiento, moda o uso que se extiende de persona a persona dentro de una cultura’, pero ahora se refiere a una imagen o texto de contenido gracioso que se viraliza en las redes sociales”. En Jenaro Villamil, La rebelión de las audiencias. De la televisión a la era del trending topic y el like, Grijalbo, México, 2017.

33 Véase http://www.proceso.com.mx/155274/se-redujeron-los-cargos-hubo-arreglos-y-si-sale-legorreta-se-cierra-el-caso-del-crac-del-87.

34 Idem.

35 Véase http://www.proceso.com.mx/155275/eduardo-legorreta-sergio-bolanos-luis-g-aguilar.

36 Según el Canerouse o diccionario de la cárcel (2014: 77), el padrino es un hombre que tiene mucho dinero y muchas influencias dentro de prisión.

37 Véase http://www.proceso.com.mx/155274/se-redujeron-los-cargos-hubo-arreglos-y-si-sale-legorreta-se-cierra-el-caso-del-crac-del-87.

38 Véase http://www.proceso.com.mx/152282/legorreta-sabia-de-las-irregularidades-en-operadora-de-bolsa-pero-se-dice-inocente.

39 Fueron acusados por un delito previsto y sancionado por el artículo 52 Bis, fracción I, segunda hipótesis, de esta ley. Véase https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-mercado-valores-42592359.

40 La resolución puede encontrarse en https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/ejecutoria-reconocimiento-inocencia-29072057.

41 Véase http://www.sinembargo.mx/11-02-2013/523174.

42 Cabe precisar que si bien no fue el caso, ésta también puede ir acompañada de otros signos que tienden a minimizar los desastres tal como refiere Mark Singer (2016: 39) en su perfil sobre Donald Trump en su faceta de empresario neoyorquino dispuesto a convertirse en amo del universo. Cuando tuvo su “roce con la bancarrota”, según lo describió el New York Times y a principios de la década de los noventa del siglo pasado se vio obligado a reestructurar su deuda, un proceso que duró varios años y donde estuvieron en riesgo algunas de sus propiedades en Atlantic City, como tres casinos, además de que entre 600 y 800 millones de dólares “de sus acreedores se esfumaron y terminaron en dondequiera que vaya a dar el dinero perdido”, en vez de “inestabilidad financiera” o “quiebra prenegociada” Trump “prefiere usar la palabra blip”, que literalmente significa a la vez “irregularidad”, “incidencia breve” y “fugaz destello de luz” (sobre todo en el radar), “parpadeo”. Término que a decir del traductor de la obra “expresa cómo, incluso silábicamente, Trump busca minimizar ese hecho monumental” (ibid.: 110). Por ejemplo, con frases como “y el mercado, como bien sabes, se puso mal y vino ese blip”.

43 Este proceso hace que “los ciudadanos de a pie tengan que pagar, mediante sus impuestos, las pérdidas de instituciones financieras, si es que esto es posible considerando los volúmenes grandiosos de deuda privada existentes. Por otro lado, se están produciendo también rescates encubiertos de bancos centrales como la Reserva Federal. En junio de 2011 una auditoría reveló que la Reserva Federal había empleado 16 billones [16 millones de millones] de dólares en préstamos a interés de 0% para rescatar bancos de todo el mundo. Estos rescates no se han cargado directamente a los contribuyentes americanos [sic], pero suponen un acceso privilegiado a los recursos por parte de entidades financieras para cubrir los desastres de la pésima asignación de recursos que hicieron en el pasado. Si a esto unimos el poder de emitir deuda pública y la capacidad de emitir dinero de gobiernos y bancos centrales sin limitación alguna (también denominada quantitative easing), nos encontramos en una situación en que el dinero ‘ganado’, el ahorro de particulares y las reservas de empresas productivas, tienen el mismo poder de acceso a la producción y a los recursos que el dinero creado de la nada, en volúmenes irreales, con el único objetivo posible de sostener un sistema monetario y financiero insostenible”, en (Martín Belmonte, 2011: 19-20).

44 Según el Glosario financiero Reuters (2001: 12) esta es la relación entre el endeudamiento de una empresa y sus recursos propios. Es “un indicador de la capacidad de una empresa para pagar su coste financiero. Cuanto mayor es la proporción del endeudamiento en relación con los recursos propios, mayor se dice que es el apalancamiento. Una empresa con alto apalancamiento es más vulnerable a las fluctuaciones en la actividad del negocio, y por lo tanto representa un riesgo mayor para sus accionistas. En los mercados de derivados, apalancamiento es la medida de la cantidad comparado con el valor actual de la posición subyacente”.

45 Sobre esta quiebra incluso se han hecho hasta documentales como Enron, The smartest guys in the room (2005), traducida al español como Enron: los tipos que estafaron a América, que puede encontrarse en internet: véase https://www.youtube.com/watch?v=ikzju1GIpgk. Sin embargo, hasta el año siguiente de su lanzamiento, mayo de 2006, un jurado declaró culpables al fundador (Ken Lay) y al expresidente de la compañía (Jeffrey Skilling), quienes respectivamente enfrentaron seis y 28 cargos de conspiración, fraude y maniobras financieras para ocultar las pérdidas y exagerar los beneficios obtenidos. Para una reseña sobre el juicio, véase https://elpais.com/economia/2006/05/25/actualidad/1148542378_850215.html. Lay murió de un infarto poco después de la sentencia, por lo que no fue a prisión, mientras que el exCEO Skilling fue sentenciado a 24 años de cárcel por 19 cargos. Una versión suya, que incluye algunas muestras de herramientas empleadas por el sistema judicial estadounidense para procesar estos crímenes de cuello blanco, en https://expansion.mx/negocios/2010/06/14/enron-ceo-ex-fraude-skilling-expansion. Finalmente, el caso terminó en la Suprema Corte de Justicia de ese país que favoreció a Skilling, aunque por diversas razones legales éste no ha podido todavía salir de prisión. Al respecto también puede verse https://expansion.mx/economia/2010/06/25/enron-skilling-cuello-blanco-expansion?internal_source=PLAYLIST.

46 Que se traducen como “capital no cotizado en Bolsa” y “adquisición mediante préstamo” o “nueva compra por apalancamiento” (ibid.: 68).

47 Para no perder de vista la dimensión humana de ésta y otras tragedias, como las que también producen los crímenes de cuello blanco, que dejan tras de sí miles de víctimas, es muy recomendable la lectura de El problema son los bancos. Cartas a Wall Street (2013), una selección de 150 cartas escritas por estadounidenses, y un canadiense, que enviaron a los directores y ejecutivos de cinco importantes bancos durante el otoño de 2011. Cabe hacer notar que no se trata de un vili pendio de la banca ni de los banqueros, pues como señalan sus editores en el prefacio: “En el sector bancario hay buenas personas. De ahí el valor de estas cartas. Afectan la conciencia individual, los principios compartidos y los valores éticos. Si alguien conoce la extensión del mal ocasionado por los bancos, son precisamente quienes trabajan en ellos, y quienes habrán de levantarse y exigir las medidas necesarias para frenarlo. Con estos banqueros in mente, los autores de las cartas denuncian la irresponsabilidad de Wall Street al proclamar su inocencia: La culpa no es mía, sino del sistema. Yo cumplo con mi papel. El capitalismo es así. Si mi comportamiento no fuese equivocado, otros lo harían en mi lugar. Y los accionistas me cortarían la cabeza. En última instancia, será el mercado quien decida. Puesto que los autores de todas las cartas son ciudadanos corrientes, se trata de un intercambio de tú a tú, entre iguales. Lo que se denuncia son conductas vergonzantes que perjudican al país. Lo que se dice es: Basta, señor banquero. Usted es un ser humano como los demás. Piense por su cuenta. Sea una persona responsable. Despierte de una vez”. Un documental interesante, y además bastante premiado, que aborda lo que aconteció durante la crisis de 2008 y su costo de alrededor de 20 trillones de dólares, por la diferencia en la forma de contar en Estados Unidos la cifra de 20 000 000 000 000 millones, es Inside Job de Charles Ferguson (2011). Con su peculiar estilo, Michael Moore también hizo un documental al respecto titulado Capitalismo: una historia de amor (2009).

48 Véase https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html. Sin embargo, es conveniente recordar que en estos casos —también conocido como el fin de semana Lehman y donde unos 10 millones de estadounidenses perdieron su empleo— la persecución no pasó por lo penal. De hecho, “después de 10 años y cientos de miles de millones en multas a bancos, quizá el mayor legado de la crisis es que nadie fue juzgado o enviado a la cárcel, denuncia Phil Angelides, quien presidió una comisión que investigó la crisis de 2008”. Al respecto, véase La Jornada del 15 de septiembre de 2018, p. 25.

4. REDES DE RELACIONES

1 Véase https://www.forbes.com.mx/asi-conocio-andres-manuel-al-multimillonario-que-lo-respalda/.

2 Entrevista con el autor, 8 de junio de 2017. La investigación sobre esta venta de oficios de cabildo en la Ciudad de México, 1690-1700, puede encontrarse como tesis de licenciatura en la biblioteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

3 Véase http://www.eluniversal.com.mx/columna/lorenzo-meyer/nacion/no-es-pacto-es-sistema.

4 Lo cuenta el propio Cepeda en una entrevista. Véase http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/onesimo-de-socio-de-slim-a-obispo-emerito.html.

5 Véase http://www.proceso.com.mx/307782/el-vaticano-se-libra-de-onesimo-2.

6 Además de la versión oficial, que hasta incluye un libro del exprocurador Jorge Carpizo quien defendió la idea del asesinato por confusión, hay testimonios como los de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, destacadamente Juan Sandoval Íñiguez y su abogado Rafael Ortega (por cierto, señalado como concuño del dirigente de la organización antiaborto Provida, Jorge Serrano Limón, popularmente conocido como El señor de las tangas gracias a un escándalo que su organización protagonizó por un típico caso de desvío de recursos públicos empleados en ese caso para comprar plumas de marca Mont Blanc y ropa interior femenina), que apuntan a un homicidio premeditado. Dada su rareza, por las condiciones en las que fue obtenido y que además por sí mismo contribuye a alimentar todavía más aquella confusión, pues en ésta Posadas Ocampo incluso parece tener simpatía por movimientos inspirados en la teología de la liberación, lo que se supone fue a desmontar a Morelos menos de 10 años atrás, es pertinente revisar la historia de quien comandó al grupo que asesinó al para entonces cardenal, obtenida por el periodista Jesús Lemus y registrada en su libro Los Malditos 2. El último infierno, Grijalbo, México, 2016.

7 La distinción, llevada a cabo en la Universidad Anáhuac del norte, fue reseñada por la revista Actual (mayo de 2006, p. 74), de la editorial Contenido, titulada “VIII entrega de las medallas Generación Anáhuac: a cinco prominentes egresados de la institución”. Sobre expresiones o acciones que dejan ver estas imbricaciones de negocios con lo ideológico y religioso, cabe recordar el caso del hijo menor del ingeniero Slim Helú, de quien el periódico español El País (18 de febrero de 2017, p. 12) dice que combina su fe con la labor empresarial y su interés político, pues lo mismo es relacionado con el lobby antiaborto que llevó a 18 estados del país a criminalizar la interrupción del embarazo (textualmente lo describe como “pieza clave del ‘lobby’ que endurece las penas” por dicha interrupción), y refieren testimonios que también lo vinculan al proyecto de fundar una organización política, el partido Solidaridad, nutrido por grupos de ultraderecha como la Unión Nacional Sinarquista y el Yunque. Por su parte, el periodista Diego Enrique Osorno (2015: 185 y ss.) relata que durante los tiempos más difíciles de una enfermedad, Slim Domit realizó algunas peregrinaciones y vivió diversas experiencias místicas. Es devoto de la virgen de Cleveland y participó para tratar de revertir la despenalización del aborto en el Distrito Federal y otras reformas consideradas demasiado liberales, tanto por él como por algunos panistas y sinarquistas. De ahí la historia del partido político Solidaridad, y de cómo esta cruzada preocupó más a la residencia oficial de Los Pinos que al PRD del Distrito Federal, pues el gobierno federal terminó bloqueando esta iniciativa al punto que un político panista celebró con la frase “¡nos los chingamos!”, al saberse que no pudieron obtener el registro ante las autoridades electorales. Osorno le pregunta al ingeniero Slim por la historia, y éste “responde con cierto tono de molestia: No le he preguntado. No creo. Es bastante sensato. Le voy a preguntar. A lo mejor lo invitaron. No tengo idea, pero yo lo he dicho muchas veces: la vocación política es muy distinta a la vocación empresarial y yo veo en mis hijos que tienen vocación empresarial. Entonces no los veo metidos de políticos. Los tres están trabajando, y mis hijas, también. Ahora, que te invite alguien a participar en algo, no sé”.

8 Documentado, entre otros, por Rodrigo Vera, y puede encontrarse en su investigación titulada “El chato” (2017).

9 En este último caso ya hubo una reacción ante lo publicado, con demanda legal incluida por presuntas afectaciones a la reputación y otras artimañas típicas para reprimir desde el poder al periodista o a sus fuentes de información. Se presentó en mayo de 2018 en un juzgado del municipio de Ecatepec, dónde más, y lo sorprendente es que no fue hecha por quien supuestamente llevaba menores a sus fiestas sino por el ahora exgobernador del Estado, exvicecoordinador de la fallida campaña electoral de José Antonio Meade, y senador plurinominal por el recién vapuleado PRI, el doctor Eruviel Ávila Villegas. Para más detalles, lo que incluye una carta del periodista demandado en la que entre otras cosas pide al exgobernador Eruviel pelear limpiamente al tiempo que expone otros casos de litigios y persecución, además de recordar al lector que mientras estuvo al frente de la administración mexiquense Ávila Villegas se relacionaba con la prensa rifando un automóvil entre reporteros, véase http://www.sinembargo.mx/01-05-2018/3412704. En realidad bastante barato pues como gobernador, esto es, que no las pagaba de su bolsillo, obsequiaba a esposas de altos funcionarios y políticos mexiquenses carísimas bolsas Louis Vuitton. Sobre estas fiestas, además de las cinco fuentes en las que se basó el reportero demandado para documentar su investigación, quien escribe tuvo oportunidad de preguntar a una persona que asistió a algunas sobre lo más relevante y el tema de los menores. A decir suyo, destacaba la presencia de “pirujas de las que se quitan la ropa a la menor provocación”.

10 Cinco años después, en abril de 2002, el programa Círculo rojo de Televisa retomó las investigaciones sobre abuso sexual presentadas por CNI Canal 40 y La Jornada. Para entonces, lo más interesante fue la supuesta reacción del dueño de la televisora al enterarse del contenido del programa: “Me vale madre Maciel, lo he visto tres veces en mi vida”, cuenta Javier Solórzano que dijo Emilio Azcárraga Jean. Según Carlos Fazio, esto formaba parte de un enredo mayor donde incluso hubo presiones de Martha Sahagún para que estas depredaciones se difundieran y así escarmentar a Maciel, quien supuestamente tenía más preferencia por la primera esposa de Vicente Fox. Véase https://www.proceso.com.mx/235320/la-venganza-de-marta.

11 Aunque todavía no figura en el Top 100 de escuelas de negocios elaborado por el Financial Times, donde las mejores cinco calificadas en 2018 fueron: 1) Stanford Graduate School of Business, 2) Insead, 3) University of Pennsylvania: Wharton, 4) London Business School, y, 5) Harvard Business School. Véase http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings. Lo que también puede servir como un indicador del poco interés en el país y en sus grupos empresariales por desarrollar y profesionalizar el ámbito de los negocios en tiempos de globalización.

12 Quizá el caso más conocido al respecto sea el de Carlos Slim, como puede apreciarse en su biografía política escrita por Diego Enrique Osorno (2015), donde sus modos de ser y hacer contrastan notoriamente con los imaginarios sociales atribuidos a la forma de vida de los multimillonarios. Así que además de los talentos personales para administrar y multiplicar el dinero, la biografía deja ver el peso formativo que tuvieron la educación, familia y comunidad, con su peculiar manera de hacer negocios, para forjar algo así como el estilo Slim, que es austero, bastante hermético, informado, feroz y con redes muy cerradas. A diferencia de otros millonarios, el ingeniero egresado de una universidad pública, la UNAM, no sólo no ostenta su riqueza (maneja sus propios autos que cambia cada 10 años), sino que la disimula al punto que a muchos parecerá tacaño; y no únicamente a sus colegas de la lista de la revista Forbes. Los biógrafos del Tigre Azcárraga (2013: 502), por ejemplo, mencionan que éste veía hacia abajo a Slim porque lo consideraba un arribista. Claro que en un país donde el dinero y riquezas tendieron exhibirse de manera grotesca, sobre todo en los últimos años donde debió incidir esta popularización de listados como los de Forbes al tiempo que el ingreso promedio encalló en niveles de hace más de 20 años (El País, 22 de junio de 2017, p. 37), este bajo perfil y austeridad también debe generarle simpatías.

13 Véase https://www.proceso.com.mx/418362/vida-y-muerte-de-un-ejecutivo-de-slim-primera-parte y https://www.proceso.com.mx/418363/vida-y-muerte-de-un-ejecutivo-de-slim-segunda-parte.

14 Sobre esta fealdad y sus rostros múltiples véase Umberto Eco (2007), mientras que para comprender parte del proceso mediante el cual se asoció-caricaturizó la relación dinero y judíos es recomendable el libro de Richard Sennett Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental (1997), específicamente su capítulo siete, “El miedo a tocar. El gueto judío en la Venecia renacentista”.

15 Entrevista con el autor, 24 de mayo de 2017.

16 Lo que desde perspectivas diferentes también plantean autores como Zygmunt Bauman (2010), Joseph Stiglitz (2006) o el sugerente ensayo de Rudiger Safransky, “¿Cuánta globalización podemos soportar?” (2013).

17 En el caso de nuestro país estas reformas se tradujeron en la desincorporación, privatización o venta, según el término que prefiera quien lea, de más de 1 000 empresas, la eliminación de licencias de importación, la puesta en marcha del acuerdo para la eliminación de aranceles con Estados Unidos y Canadá en 15 años, y el establecimiento de los precios de bienes y servicios según las normas del mercado. Lo que trajo consigo, entre otras cosas, impactos en la industria nacional y salarios comprimidos para mantener en orden la economía. Véase Salinas en Proceso (2012: 666).

18 Claro que como ya se vio, a diferencia de los “rescates” a la mexicana, allá no suelen condonarles la deuda o incluso volver a prestarles para nuevas aventuras empresariales, también los multan con mayor rigor o hasta encarcelan.

19 Véase https://www.sinembargo.mx/26-11-2018/3501863.

20 Véase http://expansion.mx/empresas/2017/04/24/el-dueno-de-ohl-y-un-exministro-son-investigados-por-corrupcion-en-espana. También http://www.proceso.com.mx/485640/la-corrupcion-ohl-los-vinculos-pena-nieto-eruviel-avila. En abril de 2017 fue detenido en Madrid, cuando llegó procedente de Londres, el consejero delegado de la compañía OHL y yerno del dueño de la constructora, Javier López Madrid, uno de los hijos del empresario fundador de Volvo España, amigo de adolescencia del actual rey, aficionado al esquí y la navegación, acusado de estar implicado en un presunto pago de una comisión de 1.4 millones de euros al expresidente de la comunidad de Madrid, aunque también ha sido imputado por financiamiento ilícito al PP y uso irregular de una tarjeta cuando fue consejero de Caja Madrid. Y amigo de algunos poderosos mexicanos. Véase El País, 22 de abril de 2017, p. 18.

21 Sobre Jorge Díaz Serrano, ascenso, caída y acusaciones penales, vale la pena revisar el trabajo de Ana Lilia Pérez Pemex rip (2017). Sobre todo porque algunas prácticas y conflictos de interés que lo llevaron a prisión volvieron a repetirse en el sexenio de Felipe Calderón sin consecuencia alguna para sus directivos. El caso de Everardo Espino llama la atención pues el banco también fungía como la caja chica de la presidencia, y de ahí salían los pagos a periodistas conocidos como chayote o embute. Véase Julio Scherer, El poder. Historias de familia (1990). De Miguel de la Madrid, una persona que lo trató como secretario de Estado y candidato a la presidencia refirió a quien escribe que era muy inseguro y por eso la arrogancia era su escudo.

22 Véase http://www.proceso.com.mx/136045/lopez-portillo-ejecutor-de-los-corruptos-del-echeverrismo-concluyo-solapando-a-los-suyos.

23 Véase http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salinas-pliego-prefiere-gobiernos-acotados.html.

24 Véase http://www.ricardosalinas.com/News/PDF.aspx?idPdf=214&lang=es.

25 Según datos de la Secretaría de Economía obtenidos por Jesús Lemus para su recomendable investigación sobre minería y los efectos que produce, en México se han otorgado 25 425 permisos de exploración o explotación de minas, lo que ha generado 1 488 conflictos sociales. Explica que “a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa se les atribuye la entrega de concesiones que abarcan una extensión de más de 8 346 890 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Si se suma Michoacán, la cuenta llega a 9 721 432 hectáreas, cedidas gracias a 4 952 permisos entregados por la federación entre 2000 y 2011” (2018: 83). Felipe Calderón les concedió la exención fiscal a mineras extranjeras a través de un convenio “entre los gobiernos de México y Canadá para evitar la doble tributación de las empresas canadienses asentadas en nuestro país. Eso hizo posible que a esas compañías les baste pagar impuestos en su país de origen para recibir la condonación del gobierno mexicano, aun cuando extraen sus riquezas de nuestro suelo” (ibid.: 86). Además de las alrededor de 267 empresas de capital estadounidense, canadiense, chino, indio, australiano, argentino e italiano, pues quedaron atrás los tiempos de la hegemonía española sobre las colonias del nuevo mundo para la extracción de riquezas minerales, los otros beneficiados sobre todo han sido compañías de cuatro empresarios mexicanos (Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco —cuya compañía es responsable de uno de los peores desastres ecológicos del país como de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, Coahuila—, Alberto Baillères González y Ricardo Salinas Pliego al que recientemente le denegaron el permiso para explotar un yacimiento de oro en Baja California), así como el crimen organizado, que también se ha incorporado a la explotación minera en la misma dinámica de un capitalismo salvaje y depredador de la naturaleza. De ahí que incluso establezcan alianzas con empleados de estas empresas —sus subsidiarias o las subcontratadas que también sirven para producir confusión sobre su responsabilidad o hasta complicidades— y hacerles trabajo sucio como matar opositores a estos proyectos o a defensores del medio ambiente, por ejemplo. Algo menos riesgoso que tráficos como los de armas o drogas.

26 Véase http://www.proceso.com.mx/152162/eduardo-legorreta-isidoro-rodriguez-slim-canales-clariond-entre-los-implicados. Cabe añadir que la relación del exdirector de Pemex Lozoya Austin con la familia Autrey debe remontarse unas dos generaciones atrás y pasa por negocios en la industria farmacéutica.

27 Véase Proceso, núm. 853, marzo de 1993, y el número 2167, del 13 de mayo de 2018.

28 Otro testigo parcial de aquellos acontecimientos dado su papel como funcionario del Banco de México, el después secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, si bien reconoce la historia de quienes usaron el teléfono para ordenar la compra de dólares considera imposible comprobar chismes. Según él, las decisiones de devaluar las tomó Zedillo un domingo por la tarde con los mercados de dinero y de cambios cerrados.

29 Un ejemplo es la hora en la que suelen comenzar su jornada, pues el dinero nunca duerme como decía Gordon Gekko, y aunque lleguen en helicóptero al trabajo no pocos están en alguna de sus oficinas a las siete de la mañana. Sobre empresarios mexicanos pueden encontrarse algunas muestras en los perfiles biográficos coordinados por Zepeda (2007). O en la entrevista concedida a Diego Enrique Osorno (2015), Bernardo Gómez cuenta todo lo que debieron trabajar para poder hacerse de la empresa tras la muerte de Azcárraga Milmo; compañía que, por cierto, también trató de comprar el ahora conocido empresario-político Alfonso Romo. También en Estados Unidos, entre muchos otros, el todavía peligroso presidente Donald Trump, desde su faceta de empresario se despierta a las cinco y media de la mañana para estar en el escritorio de su Trump Tower entre siete y siete y media de la mañana (Singer, 2006: 19).

30 Sobre el ahora exfuncionario público cabe mencionar que debió jugar un papel fundamental en todo el entramado, pues presidió este comité que desincorporó la banca y al mismo tiempo estuvo encargado de la supervisión. Cuando llegó a secretario de Hacienda, luego de ser subsecretario, instrumentó el rescate del Fobaproa, y como director del Banco de México, su puesto siguiente, mantuvo su influencia en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) o Fobaproa 2 según sus críticos.

31 Aun así, el exsecretario Francisco Gil considera que el desplome económico fue provocado por una cartera bancaria maltrecha y que sin la política tal vez la banca no hubiera hecho crac, pues esto más bien fue consecuencia de una acumulación inédita de crisis políticas y no de una economía en desequilibrio. Reconoce decisiones imprudentes, riesgo excesivo de los nuevos banqueros y falta de marco jurídico para enfrentar una crisis financiera sistémica, pero tal vez debido a su institucionalidad no refiere las omisiones e ineptitudes sospechosas de los reguladores gubernamentales financieros que sí ha expresado en el caso de las telecomunicaciones, o que el gobierno ni siquiera les cobró y sólo a una minoría (quizá demasiado escandalosa) se le persiguió penalmente. De hecho, considera que algunos interpretan con malicia las acciones correctivas como rescate de bancos y banqueros, lo que según él es falso pues la mayor parte de estos perdieron la totalidad de su capital y un gran número de bancos desapareció.

32 Véase http://www.jornada.unam.mx/2014/08/23/index.php?section=economia&article=026o1eco&addcomment=true&id_comentario=537304.

33 Véase https://www.proceso.com.mx/221009/la-mano-negra-de-luis-calderon-vega.

34 Véase https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB204/index2.htm.

35 El problema es tan grave que el gobierno federal mismo incluyó el tema de la corrupción público/privada en documentos reservados por su agencia de seguridad nacional, a partir del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2014 apareció en el punto número nueve de la Agenda Nacional de Riesgos elaborada por el Cisen, y en 2015 escaló hasta el sexto sitio en las preocupaciones de seguridad nacional. Véase http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/09/11/corrupcion-e-impunidad-generalizadas-asunto-de-seguridad-nacional/. Este abuso de la función pública para beneficio personal se ha vuelto cada vez más sofisticado en las últimas décadas, “con efectos devastadores para el bienestar y la dignidad de infinidad de ciudadanos inocentes”. Perjudica las perspectivas de crecimiento de las naciones, impacta en los sentimientos de frustración y enojo de la población, que a decir del exjefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mike Mullen, “pueden conducir a un malestar civil y a un conflicto violento”, además de considerarla una amenaza a la seguridad global. En buena medida la eficacia en su combate radica en estrategias para cada caso específico mejorando el análisis como la recopilación de inteligencia y datos, pues se trata de “una práctica estructurada. Es el trabajo de redes sofisticadas, no muy diferentes del crimen organizado (a las que suelen integrarse funcionarios corruptos). Los gobiernos deben estudiar estas actividades y sus consecuencias de la misma manera que estudian a las organizaciones criminales o terroristas transnacionales”. Entre otras medidas para un combate eficaz, el cual pasa por acciones locales como internacionales, se requiere tanto la presión diplomática como la incorporación de innovaciones tecnológicas, reformas legales y políticas, así como programas diseñados de tal forma que aseguren que los fondos no caigan en manos “de élites cleptocráticas”. Los detalles en William J. Burns y Mike Mullen, “¿Por qué la corrupción importa?”, El País, 15 de mayo de 2016.

36 Véase https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.

37 Véase El País Semanal, núm. 1861, 27 de mayo de 2012.

38 Un crítico significativo de este y otros argumentos, dada su condición de exsecretario de Hacienda como de alto funcionario en dos empresas de la competencia, es Francisco Gil Díaz. Ha dicho que nada ha cambiado desde la administración de Zedillo con sus reglas y postura gubernamental anticompetitiva que les proporciona diversos beneficios como una SCT extralimitada en sus funciones, como cuando blindó los ingresos de Telmex con la regla del Retorno Proporcional por ejemplo, medidas mal diseñadas (por incompetencia o intencionadamente), inconsistencias técnicas del Ifetel, tribunales especializados que no lo son tanto o que reconocen los mismos perjuicios 20 años después, entre otras tantas que favorecen a una compañía que en realidad es más que un monopolio pues además es proveedor y adquiriente. Y aunque Gil Díaz aplica únicamente a las telecomunicaciones lo de que un regulador debe impedir al preponderante depredar, por obvias razones, esto es algo válido para muchas otras actividades económico-financieras. Hay otros críticos del monopolio que dice no serlo, como el senador Gerardo Flores (El Economista, 2 de agosto de 2016 y 19 de julio 2017), o el abogado Gerardo Soria (El Economista, 31 de julio 2016).

39 Véase http://expansion.mx/economia/2015/02/10/alfredo-y-arturo-elias-ayub-se-desmarcan-de-hsbc-suiza.

40 Cabe mencionar que en contra del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y su dirigente Víctor Flores hay cerca de 14 000 demandas por la quiebra de un fondo de jubilación y de un seguro de vida que ascienden a poco más de 14 000 millones de pesos, además de otros desfalcos, cobros ilegales de cuotas sindicales a jubilados o administración de otro fideicomiso inexistente. Un catálogo de demandas que va de lo laboral a lo penal y pasado por las más diversas instituciones que incluyen a la PGR, SCJN, comisiones de derechos humanos del DF y Nacional así como al Congreso, sin que prácticamente ocurra nada. De ahí que, con toda naturalidad, Víctor Flores diga a sus disidentes que a él le “pelan los dientes”. Véase http://www.jornada.unam.mx/2018/01/29/politica/015n2pol.

41 Un estimado de la agencia S&P Global Market Intelligence, una división de Standard & Poor, en el perfil de sus redes de relaciones calcula que tan sólo como director independiente en Procter & Gamble percibe anualmente una compensación de unos 285 000 dólares, que obvio no son su única fuente de ingresos. Los sueldos estimados de algunos puestos equivalentes en corporaciones como Coca-Cola, Pfizer o LVMH Möet Hennessy en 2016 fueron de los 923 000 dólares a los 3.4 millones de euros. Sobre los privilegios del sistema mexicano y la manera como jubilaba a sus expresidentes, véase Ernesto Villanueva e Hilda Nucci (2016), Los parásitos del poder. Cuánto cuesta a los mexicanos mantener los privilegios de los expresidentes, ediciones Proceso, México.

42 Véase https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/07/24/favor-con-favor-se-paga-iberdrola-y-felipe-calderon.

43 Aunque éste no es su único ingreso. En 2015 declaró tener un ingreso neto por ocho millones, 267 515 pesos, según se dio a conocer durante el arranque de las campañas electorales de 2018, el 4 de abril. Véase http://www.jornada.unam.mx/2018/04/04/opinion/010o1eco.

44 De acuerdo con Pierre Clastres (2004: 43), sobre el eje del parentesco podemos encontrar familias elementales, extendidas, linajes, clanes, fracciones; pero también, por ejemplo, sociedades militares, confraternidades ceremoniales, clases etarias, y esto se conecta en una comunidad en tanto ésta es un conjunto que las integra en una totalidad e incluye lo político.

45 Véase https://www.proceso.com.mx/221009/la-mano-negra-de-luis-calderon-vega.

46 Véase. http://www.letraslibres.com/mexico-espana/felipe-calderon-las-tribulaciones-la-fe.

47 Véase http://www.m-x.com.mx/2012-06-26/quien-es-el-responsable-del-aicm-hector-velazquez-corona/.

48 Véase http://www.eluniversal.com.mx/columna/ricardo-raphael/nacion/las-barbaridades-de-cocoa-calderon.

49 Véase http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/exigen-investigar-a-hermano-de-calderon-por-desfalco-en-sistema-de-agua-en-morelia-608.

50 Para esta referencia, como para entender con mayor profundidad el problema de la criminalidad y sus complicidades políticas, el desgobierno y las autodefensas en el estado de Michoacán, es recomendable el trabajo de Jesús Lemus (2015: 67).

51 Véase https://www.youtube.com/watch?v=hncq7Wz7Cpo. La historia no termina ahí, pues al parecer hubo otro secuestro y posterior liberación del mismo Reyes Hinojosa, quien según el procurador del estado era “una persona modesta que tiene su casa de cambio frente al Cereso de Morelia, desde hace unos 17 años. Es un localito pequeño donde compra y vende dólares”. También dijo que todo fue una confusión, véase http://www.proceso.com.mx/195783/confirman-secuestro-y-liberacion-de-un-primo-de-calderon.

52 Véase https://www.reporteindigo.com/reporte/la-sociedad-slim-zavala/.

53 Véase. http://www.jornada.unam.mx/2006/06/09/index.php?section=politica&article=003n1pol. Para conocer más a fondo la historia de cómo Hildebrando recibió del PAN un cheque por poco menos de 10 millones y medio de pesos para realizar este trabajo informático, que incluyó factura y comprobante de la transferencia bancaria, véase Julio Scherer, Calderón de cuerpo entero (2012).

54 Otro detalle significativo de estas redes de relaciones es aquello de los extraños compañeros que produce la política. Su pareja es periodista, hija del fundador del semanario crítico más conocido del sistema político mexicano.

55 Véase http://www.proceso.com.mx/294541/exoneran-a-prima-de-margarita-zavala-por-muerte-de-49-ninos-en-la-guarderia-abc.

56 Cuyo hermano Luis fue director financiero de grupo Andrade, un consorcio beneficiado por el programa de renovación de la flota vehicular de dependencias como Sedesol, Pemex, Sedena, CFE, Secretaría del Trabajo, Diconsa y Liconsa. El caso mediático más conocido fue cuando obtuvo tres licitaciones para renovar la flota de Pemex Refinación con un pedido por 1 300 millones de pesos. Coincidencia o no, Antonio compró camionetas a una filial de este grupo empresarial, Autoangar, por cerca de 11 millones de pesos, y con fondos de un fideicomiso público, vehículos por poco más de 153 millones de pesos.

57 Véase http://www.jornada.unam.mx/2010/01/25/politica/005n1pol. También http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/541108.html. Asimismo, cabe recordar que debido a las relaciones con su hermana Mariana, en mayo de 2007 recibió un contrato por adjudicación directa de varios cientos de miles para llevar a cabo “un análisis temático y compilación de documentos de la agenda legislativa federal”.

58 Véase http://www.elfinanciero.com.mx/economia/renuncia-ceo-de-banamex-javier-arrigunaga-citigroup.html. A propósito del pleito legal que aún continúa, casi al cierre de la edición de este libro se hizo público que la empresa Oceanografía de Amado Yáñez fue beneficiada durante 2007-2012 con modificaciones a montos y plazos de entrega de trabajos en la industria petrolera en al menos 10 contratos que le permitieron obtener 11,382,572 dólares adicionales a los originalmente presupuestados. Asimismo, “de acuerdo con datos derivados de la solicitud 1857500097115 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante el sexenio de Felipe Calderón Oceanografía modificó diversos costos y plazos de contratos que le representaron ingresos extraordinarios por 2,152 millones de pesos al tipo de cambio del día: 19.3”. Véase https://www.jornada.com.mx/2018/08/21/economia/018n1eco.

59 Sobre este último cabe mencionar lo dicho por un empresario de tercera generación que ha multiplicado e internacionalizado el éxito de la empresa familiar que dirige, en el sentido de que uno de los hijos del entonces gobernador José, el mismo cuya fortuna inmobiliaria ha sido exhibida por el New York Times (véase https://www.nytimes.com/2015/02/11/nyregion/jose-murat-casab-mexico-pri-luxury-condos-us.html), practicaba la corrupción bajo su forma de influencias pues “tenía inversiones con otro grupo y para no enfrentar la competencia nos bloqueó todo lo que pudo para no dejarnos operar en el estado”. Véase José Pérez-Espino, “Los Ramírez, una vida de película”, en Jorge Zepeda Patterson (2007: 374). En cuanto a las empresas familiares y sus ciclos de vida, un dato interesante aportado por el mismo empresario: se estima que 80% de este tipo de negocios fracasa en la transición de la primera a la segunda generación y del 20% restante son pocos las que sobreviven a la tercera generación (ibid.: 381-382).

60 Entrevista con el autor, 12 de junio de 2017. Una versión resumida, pero que incluye otros ejemplos significativos de estas redes de relaciones puede hallarse en https://www.youtube.com/watch?v=Jmt-QNATUIQ.

61 Para encontrar nombres y algunas relaciones de parentesco de los Yunes véase http://www.jornada.unam.mx/2012/06/24/estados/034n1est, que además ilustra con los parentescos de diversos candidatos esta tendencia que ya permeó a nivel federal, estatal y municipal, donde la lucha por el poder debe quedar en familia (elemental, extendida, e inevitablemente asociada en el imaginario colectivo a un cierto sentido mafioso).

62 Véase http://www.eluniversal.com.mx/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/mala-cosecha-la-nueva-estafa.

63 Para profundizar en la relación entre habla y poder político cuando se lleva a cabo fuera del ámbito público, así como la conformación de una comunidad mafiosa, es recomendable la lectura de Abilio Vergara, El resplandor de la sombra (2006). Sobre Emilio Gamboa Patrón es recomendable también el perfil elaborado por Jenaro Villamil titulado El bróker (2008), donde, entre otras cosas, refiere el término cabroñol (acuñado por Carlos Monsiváis), para referirse a la incorporación al argot político de las fórmulas de confianza e impunidad que denotaban la certeza de ser “intocables” e impunes.

64 El problema ha llegado a tal punto que hay quienes recuperan incluso el término cleptocracia o gobierno de ladrones (tanto etimológica como explícitamente), para dar cuenta de cómo durante el sexenio de Peña Nieto esta corrupción que siempre fue algo común y normal, regla no escrita le dicen, rebasó todos los límites y terminó en seria crisis el modelo de “sindicato de virreyes”, que en realidad se trataba de una red de gobernadores que primero impulsaron la candidatura del exgobernador del Estado de México a la presidencia de México (presentados algunos como el nuevo rostro del PRI con todo y emblemática fotografía de estos gobernadores rodeando al presidente que ha circulado profusamente en redes sociales del internet), y posteriormente la mayoría terminó huyendo de procesos penales por peculado, desfalco o desempeño irregular en la función pública, entre otras acusaciones, perdiendo elecciones intermedias incluso en estados donde el partido tricolor nunca había sido derrotado, y aunque todavía no parece importarles mucho, con profundo desprestigio y malestar ciudadano. Sobre esta cleptocracia y su más reciente generación de ambiciosos goberladrones, o de cómo el peñismo es la versión degenerada del hankismo por su incapacidad hasta para simular el robo, mucho menos encubrir redes de peculado, tráfico de influencias, triangulaciones financieras, donaciones “en especie” o en dinero y todo el complejo entramado de la corrupción, véase Jenaro Villamil (2018).

65 Para una reflexión sugerente sobre los alcances y límites de estas tecnologías y redes sociales, que incluye el paso de la picota electrónica a la picota digital, lo cual genera entusiasmo, reacciones llamativas y muchos lo consideran como avance democrático aunque esté condicionado por factores técnicos (conectividad), económicos (precios), ideológicos (propaganda encubierta y noticias falsas o fake news), así como por la desmemoria social, y la sobreinformación. Esto es, la democracia reducida a un clic, ideal para una sociedad de flojos donde el pretendido activista lo más que hace ahora es darle compartir en Facebook. Véase César Rendueles (2015). Sin olvidar tampoco la irresponsabilidad, el odio, arrogancia y la imbecilidad simple y llana que en su momento hizo decir al semiólogo italiano Umberto Eco que “las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”. Véase https://verne.elpais.com/verne/2016/02/20/articulo/1455960987_547168.html.

66 Sobre la relación Luis Téllez, el conglomerado Monex de Héctor Lagos Dondé, el PRI y Luis Videgaray es recomendable el reportaje “Monex y el PRI: Las vidas paralelas (y las redes convergentes) entre dos jóvenes viejos: Téllez y Videgaray”, de Humberto Padgett, publicado en Sin embargo el 11 de febrero de 2013, y de donde se extrae este dato. Y como aporte a esa suerte de zoología fantástica, Padgett clasifica al indisoluble político-empresario-administrador público como seres perfectamente híbridos: “Economistas audaces, brillantes, conservadores, neoliberales y, varios de ellos, al menos acusados de corruptos”. La versión electrónica en http://www.sinembargo.mx/11-02-2013/523174.

67 Véase http://lauratena.blogspot.mx/2008/08/luis-tllez-kuenzler.html.

68 Son los casos de la compañía Sempra México y Energía Costa Azul que polemizan con Jaime Martínez Veloz sobre las concesiones para operar un puerto en el Pacífico otorgadas por Luis Téllez antes de trabajar para la empresa. Véase http://www.jornada.unam.mx/2011/07/13/correo o el derecho de réplica que Téllez solicitó al mismo periódico negando conflictos de interés entre sus actividades como consejero de empresas y el papel que tiene en el Fondo Mexicano del Petróleo. Véase http://www.jornada.unam.mx/2017/06/20/correo.

69 Para entender la relación histórica entre políticos y tecnócratas dentro del gobierno mexicano es recomendable la investigación de Juan Lindau (1993).

70 Lozoya Austin ahí presentó la tesis titulada “Antinomia de los valores: pluralidad ideológica y legitimidad del poder caso concreto: ‘ballotage’ o segunda vuelta electoral”, mientras que tanto Luis Videgaray como su tocayo Téllez Kuenzler no hicieron tesis, no se titularon como abogados o lo hicieron con alguna otra opción dado que sus nombres no aparecen como sustentantes en el sistema bibliotecario de la UNAM o TESIUNAM. Videgaray Caso sí se tituló del ITAM en 1995 como licenciado en economía con la cédula profesional 2093483, mientras que la cédula profesional de Luis Téllez como licenciado en economía por el mismo ITAM fue expedida en el año 2014 con el número 088006414, tal como puede consultarse en https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action.

71 Para cuando Baillères percibe el “peligro” del marxismo en la UNAM éste todavía no llegaba a las aulas, y la especialidad en la Facultad de Economía era dirigida por Jesús Silva Herzog, padre de quien después fue secretario de Hacienda durante la administración de López Portillo; el último secretario, a decir de exfuncionarios de esa secretaría, capaz de bajar a la tierra. Esto es, de integrar a funcionarios con jerarquía menor a la de director general en comparecencias ante el congreso, por ejemplo, o incluso promocionarlos a puestos (basándose en talento y méritos) que posteriormente quedaron reservados para la elite del ITAM. En la versión del director de la escuela de Economía y del departamento académico de Economía, posterior secretario de Hacienda, Francisco Gil, que ocupó dichos cargos poco después de su estancia doctoral en la Universidad de Chicago (en tiempo de los auténticos Chicago boys), además de diseñar el plan de estudios contrató a un cuadro de economistas recién graduados de prestigiadas universidades estadounidenses como Yale, MIT, Columbia o Michigan, e implementó cosas aprendidas durante su estancia, como el rigor en el método de calificar para que luego sus egresados pudieran ingresar a posgrados en universidades de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Según Gil Díaz, este rigor contribuyó a mejorar el nivel académico y se logró una reputación que atrae a prospectos talentosos y un mercado de trabajo que reconoció el “sello de calidad”. Además de su alumno Pedro Aspe, calificado por el mismo Gil como “brillante”, entre otros egresados conocidos están Andrés Conesa, Jerónimo Gerard, Ana Paula Gerard, Juan José Suárez Coppel, Jesús Reyes Heroles González-Garza, Enrique Ochoa y Salomón Chertorivski.

72 Tras el tsunami electoral de 2018 se incorporó al consejo de administración de Alfa donde percibe como emolumentos el simbólico detalle de ocho centenarios por año, más cinco centenarios por cada junta de consejo y cuatro de estas monedas de 50 pesos oro por cada junta de comité a la que asista o, en su defecto, los valores equivalentes respectivos en moneda nacional. Y cada centenario vale alrededor de 32 mil 250 pesos. Más las redes de relaciones con un importante conglomerado que esto trae consigo. Véase https://expansion.mx/empresas/2019/02/28/jose-antonio-meade-se-suma-al-consejo-de-alfa-le-pagaran-con-centenarios.

73 Véase https://www.proceso.com.mx/435970/poderosas-familias-cercanas-a-pena-nieto-en-panamapapers.

74 Véase https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/75454.acepta-nino-verde-veracidad-de-video.html.

75 Véase http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf.

76 Véase https://www.youtube.com/watch?v=Xjm12Znovts. No fue la única ocasión en que al exsecretario de Comunicaciones le intervinieron las suyas, y en otro momento fue filtrada una conversación con el abogado Juan Velázquez para incidir en César Nava (quien fue alumno de Velázquez, hablaba constantemente con él y es “muy amigo” suyo), respecto a un mandato judicial, y en contra de Héctor Osuna de la Comisión Federal de Competencia: “Unos pinches traidores”, con “falta de disciplina”, aunque “no va a pasar a mayores”, según Téllez. Véase https://www.youtube.com/watch?v=z7DNrvSCwVk. Y en https://www.youtube.com/watch?v=7DMMw6T-OOE.

77 En los registros de tesis de la UNAM únicamente aparece una titulada Arrendamiento financiero, de 87 páginas, 1972, de la Facultad de Contaduría. En el Registro Nacional de Profesiones, https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action, tampoco se encontró ninguna cédula profesional con su nombre.

78 Véase http://www.animalpolitico.com/2015/04/sct-dio-contrato-millonario-a-los-hijos-del-dueno-de-empresa-inhabilitada-por-la-estela-de-luz/.

79 Véase https://www.youtube.com/watch?v=_nLKxFvcAOg.

80 Véase https://www.youtube.com/watch?v=RRM0tARI_fM.

81 Véase https://expansion.mx/negocios/2008/09/17/la-caida-y-el-ascenso-de-alonso-ancira. Cabe mencionar el caso de un director general de la siderúrgica Altos Hornos, pues también muestra las interconexiones entre delincuencia de cuello blanco, crimen organizado, economía legal, funcionarios públicos y políticos, según las declaraciones vertidas durante un juicio en Texas contra uno de los líderes de la banda criminal de los Zetas. Así las cosas, en la ciudad de Monclova el ya fallecido jefe Zeta Heriberto Lazcano supuestamente estaba relacionado con el director de AHMSA, Luis Zamudio Miechielsen, y según publicaron medios tamaulipecos, esto le permitió comprar tajos, minas y acaparar el carbón de los pocitos para venderlo a la Comisión Federal de Electricidad por medio del Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), creado por la administración de Humberto Moreira y en ese entonces administrado por su hermano Rubén, con quien después se peleó. Véase Cedillo (2018: 119 y ss.). Ya casi para cerrar la edición de este libro, una investigación de Quinto Elemento Lab hizo público que AHMSA “transfirió más de 3.7 millones de dólares a una empresa supuestamente creada por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos […] realizó tres transferencias a cuentas de la firma semanas después de que anunció la controvertida venta en 2014 de una planta de fertilizantes que llevaba años en desuso a Petróleos Mexicanos”. Véase https://www.jornada.com.mx/2018/08/21/economia/018n2eco y https://www.quintoelab.org/las-transferencias-millonarias-de-altos-hornos-de-mexico-a-odebrecht/.

82 El protagonista en el documental sobre un banquero arrepentido, Master of the Universe, explica que algunos de estos modelos de financiamiento con elaboradas fórmulas matemáticas en el papel son productos que tienen mucho sentido, pero aplicados incorrectamente pueden causar un desastre. Y esto es lo que suele encubrir operaciones deliberadamente criminales para defraudar y multiplicar las ganancias. Lo que no es fácil de detectar y mucho menos de combatir legalmente o incluso de regular, lo cual contribuye a garantizar la impunidad de este tipo de delitos.

83 El semanario Proceso (núm. 2167, 13 de mayo de 2018) estima la deuda en un billón siete mil millones de pesos, y entre algunos socios de empresas rescatadas por el Fobaproa están Valentín Díez Morodo, Pablo Escandón Cusi, Claudio X. González Laporte, Agustín Legorreta Chauvet, Fernando Senderos Mestre, Antonio Chedraui, Gastón Azcárraga Andrade, Bernardo Quintana Isaac, Emilio Carrillo Gamboa, Roberto Hernández Ramírez, Carlos Slim Helú, Fernando Ponce García, Enrique Robinson Bours Amada, Eugenio Clariond Reyes Retana y Alberto Baillères.

84 Véase http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/148863.html. También http://www.contralinea.com.mx/c7/html/capital/rescate.html.

85 Citado en http://www.proceso.com.mx/179393/el-fobaproa-inunda-el-sistema-de-autopistas-concesionadas.

86 Véase http://www.proceso.com.mx/439253/ienova-carlos-ruiz-sacristan-obtiene-nuevo-megaproyecto-energetico.

87 Véase https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/06/18/problemas-de-la-industria-azucarera-y-los-intereses-de-vicente-fox.

88 Véase https://www.proceso.com.mx/183308/carlos-slim-abre-otra-vertiente-del-fobaproa. Asimismo, conviene no olvidar que estableció una relación cercana con Vicente Fox, al que invitó a vacacionar en un hotel exclusivo de su isla caribeña de Punta Pájaros en julio del año 2000. Según información del semanario Proceso (núm. 2167, 13 de mayo de 2018), ahí Fox vacacionó junto con Ernesto Zedillo. Esta relación obviamente incluyó financiamiento para la campaña presidencial del año 2000, que después cobró también la forma de escándalo cuando el entonces llamado Instituto Federal Electoral reveló que esta recaudación, llevada a cabo por la asociación Amigos de Fox, fue ilegal. Además de Roberto Hernández participaron empresas de donantes destacados como Lorenzo Zambrano, de Cemex; Eugenio López, de Jumex; Pablo Escandón Cusi, de Nadro, y Carlos Slim, entre otros. Véase Proceso (núm. 1334, 26 de mayo de 2002, y el núm. 1335, 2 de junio de 2002). Según cheques y estados de cuenta, “los recursos se manejaron sobre todo en los bancos Bancomer, Bital e Ixe y la casa de bolsa Vector. Las transferencias extranjeras documentadas pasaron por Citibank de Nueva York, Bank of the West (en El Paso, Texas) y la casa de cambio Puebla (en esa ciudad)”. Institución involucrada también en algunos otros conocidos escándalos de lavado de dinero, sin faltar los de narcotráfico. Obvio que pese a las indagatorias abiertas por violación de leyes electorales no se procedió en contra de ninguno de estos donantes, algunos miembros del CMN. Véase https://www.proceso.com.mx/254917/amigos-de-fox-la-historia-de-un-dictamen-anunciado.

89 Véase https://expansion.mx/expansion/2011/09/14/pablo-e-israel-brener-brener.

90 Véase http://www.proceso.com.mx/154404/bailleres-brener-cosio. También http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/10/1_reportaje_de%20mecenas_rodriguez.pdf.

91 Véase https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/10/27/tengo-tiempo-y-recursos-para-romperles-la-madre-emilio-lozoya-sobre-odebrecht.

92 Véase https://www.eluniversal.com.mx/nacion/policia-federal-detecta-corrupcion-por-17-mmdp-en-naim.

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LA MAFIA DEL PODER SIGUE VIVA... Y LUCRANDO

Este es un libro sobre delitos cometidos por ciudadanos respetados, pero no respetables. Delitos que evidencian la existencia de pactos políticos y de impunidad a gran escala. Este es un libro sobre los crímenes de cuello blanco.

Hoy, de hecho, la política y la alta empresa mexicana no se entienden sin este “capitalismo de amigotes”, basado en favores, lazos de sangre, desigualdades y protección gubernamental.

Y el daño financiero de esos crímenes es mucho más grande que el de toda la delincuencia “clásica”.

En esta obra, con nombres y apellidos, se muestra quiénes integran esas redes de privilegio, en qué negocios están metidos y qué historias arrastran.

¿Lo más impresionante? Que esa “mafia del poder” sigue operando, y algunos de sus integrantes tratan de incorporarse a las actuales esferas gubernamentales.

EDGAR MORÍN MARTÍNEZ es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Durante más de una década ha impartido clases en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. También ha participado en coloquios, diplomados y seminarios sobre diversos temas de investigación: la juventud, música, cultura urbana, tatuajes, drogas ilícitas y violencia. Es autor de La maña (Debate, 2015) y coautor de La ciudad desde sus lugares (Conaculta/ Porrúa/UAM, 2001) y Jóvenes, cultura e identidades urbanas (UAM/Porrúa, 2002). Editó y coordinó el libro Tinta y carne. Tatuajes y piercings en sociedades contemporáneas (Cultura contra Cultura, 2009).

Crímenes de cuello blanco

El capitalismo de amigotes y las redes en la mafia del poder

Primera edición digital: agosto, 2019

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