En las aguas del estrecho de Gibraltar, la desigualdad se convierte en miles de toneladas de resina de cannabis cultivadas en las montañas de Marruecos llegan hasta las costas andaluzas en forma de fardos de hachís, y desde aquí son distribuidas por las calles de toda Europa. La red de tráfico se ha ido extendiendo por la costa andaluza y por Ceuta y Melilla, ha sumado nuevas mercancías como la cocaína, ha expandido sus contactos a los cárteles colombianos y mexicanos, y a bandas europeas, se ha intentado introducir en las instituciones y se ha vuelto más violenta e impenetrable. En las comarcas con más paro de la Unión Europea el narco es una industria que emplea a miles de trabajadores. Andros Lozano acompaña a los toxicómanos que peregrinan a Sanlúcar de Barrameda a por papelinas de rebujito (un cóctel de heroína y cocaína), escucha a los padres de los jóvenes asesinados en ajustes de cuentas, señala a los policías corruptos a sueldo del narco, acompaña a los agentes de los Grupos de Acción Rápida en sus operaciones de asalto, se embarca en lanchas que cruzan el Estrecho de noche cargadas de costo, habla con jueces, políticos y vecinos. Con estas piezas, construye un testimonio demoledor sobre las mafias que crecen en la frontera sur de Europa.

Andros Lozano

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Titivillus 24-10-2023

Andros Lozano, 2023

Corrección: Melina Grinberg y María Campos

Diseño de cubierta: Artur Galocha

Editor digital: Titivillus

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A mi mujer y a mis hijos, mi germen diario

A mi madre y a mis tíos, por criarme en manada

A Paqui y a Luis, por darme cobijo

Breve vocabulario del narco andaluz

BRIGADILLA. Agente de la Policía Nacional o de la Guardia Civil —en especial, de este segundo cuerpo—.

BUSQUIMANO. Persona —joven, en la mayoría de ocasiones— que recorre la playa a pie o en moto en busca de fardos de hachís perdidos debido a que una lancha se ha ido a pique por un temporal o porque las personas que iban a bordo han lanzado la mercancía al mar durante una persecución policial.

CARGADOR. Persona que, a pie de playa, trasvasa los fardos de hachís hasta vehículos todoterreno.

COLLA. Grupo de personas que trabajan para un clan del hachís durante un alijo.

GOMA. Embarcación semirrígida de doce a dieciséis metros de eslora, dotada de potentes motores fueraborda, con la que se transporta el hachís desde las costas de Marruecos hasta las del sur de España. Alcanzan velocidades de hasta 60 y 70 nudos (entre 110 y 130 kilómetros por hora).

GUARDERÍA. Almacén, nave o vivienda donde se guardan los fardos de hachís durante varias horas o días, tras alijar la mercancía en la costa.

GUARRO. En el argot policial, narcotraficante.

MATUTERO. Persona que contrabandea con tabaco a través de la frontera entre Gibraltar y La Línea de la Concepción (Cádiz).

MOVIDA. Alijo.

PÁJARO. Helicóptero de Vigilancia Aduanera o de Policía Nacional que acude a alta mar para tratar de abortar un alijo.

PATERISTA. Piloto de lancha del hachís. Toma su nombre de los primeros pescadores que abandonaron el oficio para traficar con costo en pequeños barcos de madera.

PETAQUERO. Persona que acude, por lo general en una embarcación de seis u ocho metros de eslora, a varias millas de distancia de la costa para surtir de combustible a las embarcaciones que transportan el hachís y de víveres a su tripulación.

PUNTO. Encargado de vigilar una zona concreta de una playa donde se va a producir un alijo para alertar al resto de su banda de la posible llegada de agentes policiales.

REBUJAO O REBUJITO. Mezcla de heroína y cocaína que se fuma.

VUELCO. Robo de droga cometido por una banda organizada a un clan de traficantes de hachís.

INTRODUCCIÓN

Una mañana de finales de 1897, al dueño del rancho Berlanga, en Jerez de la Frontera (Cádiz), le robaron un hermoso y corpulento perro mastín, adiestrado con esmero durante tres años. No era un caso aislado: los propietarios de numerosos cortijos de las provincias de Cádiz y Málaga habían denunciado desde hacía meses la desaparición de varios perros. Todos coincidían en que los ladrones elegían a los más grandes y resistentes. Cuando ya casi se había olvidado de su mastín, al que daba por muerto, el dueño del rancho Berlanga se sorprendió al verlo reaparecer por su finca el primer martes de marzo de 1899. El animal llevaba adherida al lomo una albarda con dieciséis libras de tabaco, algo más de siete kilos de peso. El hombre ató cabos y lo comprendió todo. Los contrabandistas de La Línea de la Concepción, a setenta kilómetros de Jerez, habían usado su perro para sacar alijos de tabaco de Gibraltar durante las noches. El mastín se había escapado y había vuelto a casa en un viaje de varios días. La anécdota viene recogida en las páginas de la revista Progreso Agrícola. Lo que no se contaba en la noticia era si el dueño del perro celebró más la vuelta del animal o el regalo que llevaba sobre su lomo. El ranchero fumó gratis durante un buen tiempo.

Un siglo después, en el sur de España los perros ya no llevan tabaco en sus lomos ni nadan hambrientos hasta la costa.

Un siglo después, en 2019, en una playa de Isla Cristina, en Huelva, la Guardia Civil se incautó de una lancha con 1280 kilos de cocaína. Era la primera vez que se podía constatar el rumor que corría por Andalucía desde hacía unos años: los narcotraficantes estaban explotando la conocida como ruta africana y el transporte usado en el tráfico de hachís para introducir dama blanca por el sur de España.

En marzo de 2020 fui testigo de cómo se desarticulaba una banda que usaba el cauce del río Guadalquivir para sacar al mar sus embarcaciones. Acompañé a la Guardia Civil hasta un chalet con piscina y cuadra a las afueras de Trebujena, en Cádiz, un pueblo pegado a la margen izquierda del río.

—Cuando nos bajemos, mucho silencio, por favor. No cierres la puerta del coche. Ese simple sonido podría alertarlos. Llevamos más de medio año detrás de esta gente —me dijo uno de los investigadores antes de llegar. El agente estaba tenso pero confiado. Había hecho esto decenas de veces. Yo iba en el asiento trasero de un todoterreno que formaba parte de una comitiva de una veintena de vehículos. El operativo estaba formado por trescientos agentes armados hasta las cejas.

Salimos de Sevilla y llegamos al alba, con el canto de los gallos de las fincas cercanas. Cuatro traficantes dormían en distintas habitaciones cuando los uniformados irrumpieron en la vivienda. Dos eran de La Línea. Otro, marroquí. El dueño del inmueble era trebujenero. Había metido en su casa, junto a su mujer y a su hijo, a esos otros tres hombres.

—¡No os mováis, coño!, —gritó un agente mientras engrilletaba a uno de los dos linenses.

—No hemos hecho nada, jefe. No hemos hecho nada.

Los narcos tenían previsto subirse a bordo de una goma o narcolancha y lanzarse al agua esa misma mañana: en el garaje, junto a un macuto con varios GPS y neoprenos, encontraron tres bolsas llenas de víveres. En su interior había pan de molde, envases de mortadela, naranjas, galletas con chocolate, botellas de agua y latas de refrescos. Los traficantes estaban preparados para pasar varios días en el mar.

A mitad de mañana fuimos a las marismas que rodean Lebrija, otro pueblo ribereño del Guadalquivir, a once kilómetros de Trebujena. Las marismas, una vasta extensión de 2000 kilómetros cuadrados de tierras húmedas, se extienden por tres provincias (Sevilla, Cádiz y Huelva) y son terreno llano y fértil para el cultivo agrícola. Están plagadas de canales de riego que desembocan en el río. En una nave de aperos del campo los agentes se incautaron de 5975 litros de gasolina que estaban repartidos en 239 bidones apilados sobre las paredes de la instalación. Era el combustible para la lancha que iban a usar los narcos detenidos. De la goma no había ni rastro, pero del techo de aquella nave colgaban unas poleas listas para ser usadas. El comandante al frente de la operación dijo: «La goma no ha de estar muy lejos. La habrán escondido por alguno de estos canales».

En el imaginario colectivo el sur se relaciona con la pobreza y la falta de desarrollo. El norte del planeta es más rico que el sur. El norte de Europa o de América es más rico que el sur de sendos continentes. El norte de Italia alberga la industria pesada del país. Las ciudades septentrionales de España son más prósperas que las meridionales.

Cádiz está en el sur más al sur de la península ibérica. Solo las islas Canarias, en el Atlántico, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios de la Unión Europea en suelo continental africano, se encuentran en latitudes más meridionales. De los 886 kilómetros de costa que tiene Andalucía, Cádiz cuenta con casi un tercio (252 kilómetros). La provincia tiene el mar Mediterráneo al este y el océano Atlántico al oeste. El cruce de ambas aguas alberga el estrecho de Gibraltar, convertido en un coladero de droga desde los años ochenta del siglo pasado y en autopista de los narcos. Algunos lo utilizan para compensar la pobreza. El resto de los vecinos salen adelante como pueden.

El estrecho de Gibraltar es la franja marítima que separa Europa de África. Se trata de la frontera natural más desigual del mundo. En ningún otro rincón del planeta hay tanta diferencia de desarrollo socioeconómico como la que se da entre España, el país europeo más al sur del continente, y Marruecos, el más al norte de África. El tramo más angosto del Estrecho lo forman los 14.4 kilómetros de distancia en línea recta que separan Punta de Oliveros, en Tarifa, de Punta Cires, un islote marroquí al oeste de Ceuta. Los antiguos griegos lo llamaban las Columnas de Hércules, el final del mundo conocido. Ubicaban su lado norte en el peñón de Gibraltar (a 426 metros de altura) y el sur en el monte Hacho (204 m) de Ceuta —aunque también hay quien lo sitúa en el monte Musa (581 m), en Marruecos—.

Desde hace cuatro décadas, miles de toneladas de resina de cannabis cultivada en las montañas de Marruecos han llegado hasta las costas andaluzas en forma de fardos de hachís. Luego, convertida en porros, recorre las calles de toda Europa. Primero, lo hizo en barcos y en botes pesqueros. Después, en pequeñas lanchas. Incluso hay quien se ha atrevido a mandar la mercancía en avionetas y en helicópteros. Ahora, el transporte de mercancía se realiza en potentísimas embarcaciones semirrígidas de catorce y dieciséis metros de eslora con hasta tres y cuatro motores de 250 caballos. Si alguna vez usted es testigo de cómo opera una de ellas, pensará que ha divisado un rayo deslizándose sobre las olas en mitad de una tormenta.

En el negocio del hachís, como en el de la cocaína, siempre hubo gente osada. En una ocasión conocí a un narco ceutí que servía toneladas de hachís a unos clientes en la isla de Mallorca. Para ahorrarse manos intermediarias en la Península, él y sus compañeros de lancha hacían el trayecto directamente, sin necesidad de alijar en las playas andaluzas. Al llegar a Mallorca, después de horas o incluso días de saltos y miedo en el mar por si el helicóptero de Vigilancia Aduanera los perseguía, se iban de fiesta a una discoteca de la isla. Allí, rodeados de prostitutas, se ponían ciegos de alcohol y de coca. Aquellos traficantes, en mitad del gentío, coincidían casi siempre con los mismos rostros. Pero nada despertaba sus sospechas. Gente de la noche, pensaban. Al terminar uno de aquellos traslados de mercancía, aquellas gentes con las que los narcos compartían noches de farra, con las que hablaban de vez en cuando y a las que llegaron a contar algunas de sus hazañas, sacaron sus placas. Eran policías nacionales especializados en la lucha contra el narcotráfico. Llevaban meses siguiéndoles. Aquel narco de Ceuta, tras salir de prisión años más tarde, me dijo delante de un té en un cafetín de su ciudad natal: «Lo mejor en este negocio es no salirse de Cái, pisha». Lo decía la voz de la experiencia.

Desde los años ochenta, los narcos andaluces, eficaces intermediarios entre los productores marroquíes y las mafias de distribución que trafican por toda Europa, han utilizado las infinitas playas del litoral gaditano para alijar sus mercancías. Conil, Barbate, Vejer, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, La Línea, Tarifa… Andalucía, y en especial la provincia de Cádiz por su proximidad al país norteafricano —y, aún más en concreto, las playas de la comarca del Campo de Gibraltar—, es donde mayor actividad se ha registrado desde que el «chocolate del moro» comenzó a llegar por vía marítima a España. En 2002, el Ministerio del Interior activó en Algeciras el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) para tratar de disuadir a las mafias de la droga y a las de la inmigración. Se trata de un sistema de radares y cámaras térmicas que detecta la presencia de gomas en alta mar. Con el paso de los años, su implantación se amplió a todo el litoral andaluz, desde Ayamonte, el pueblo costero onubense fronterizo con Portugal, hasta el cabo de Gata, en Almería. Pese a todo, los traficantes consiguen regatear la presión policial. Algunos despliegan mantas térmicas sobre las cubiertas de sus embarcaciones para tratar de camuflarse como barcos de pesca o de recreo a ojos de los helicópteros de patrulla o de las precisas cámaras de vigilancia nocturna. Otros, más rudimentarios, tirotean dichas cámaras, como sucedió en Huelva en diciembre de 2022, cuando unos narcos dispararon contra dos de ellas en Lepe y Punta Umbría.

Hecho el trabajo, el traficante marroquí paga. En 2022, la tarifa media se situaba entre los 300 y los 350 euros por kilo transportado, incluyendo los costes asociados a toda la infraestructura a este lado del Estrecho: gomas, guarderías, paterista, tripulación, cargadores, puntos… Si han traído dos toneladas y media, rondarán los 750 000 euros; si son tres, los 900 000. Pero, como en todo comercio, en este también se pactan los términos del acuerdo. Ese precio medio por kilo varía en función de las complicaciones que el narco del sur tiene para colar la droga en la Península y ponerla luego en manos de los compradores, ya sean distribuidores españoles o de países como Francia, Italia, Bélgica o Suecia: si la presión policial lo dificulta, podrá pedir una cifra superior al mayorista marroquí; si son tiempos de facilidades, le exigirán que baje sus emolumentos con la promesa de que no le van a faltar mercancías que mover. Porque el costo nunca escasea. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas, con sede en Viena, estima en 40 000 toneladas la producción anual del reino alauita.

De los que van a bordo de la lancha, quien más gana es el piloto. En junio de 2016 conocí al por entonces paterista de mayor prestigio y caché. Nos citamos en un restaurante del puerto de Málaga. Se apodaba Didí. Era un marroquí que hablaba un perfecto castellano. Era delgadísimo y alto, medía metro ochenta y no pesaba más de 65 kilos. Vestía polo de Hugo Boss, zapatos esparteños de Tommy Hilfiger, bolso de Emporio Armani. En la muñeca izquierda lucía un Rolex de 7000 euros. Su figura era mítica por su efectividad. Ni tiraba droga al mar cuando le perseguían los helicópteros de la Agencia Tributaria o las lanchas de la Guardia Civil, ni tampoco robaba a nadie que le hacía encargos. Pero él, quizás con pose humilde, me dijo que solo estaba entre los cuatro o cinco mejores. «Competimos entre nosotros, como en la Fórmula 1», explicó.

Didí nació en Tetuán en el seno de una familia acomodada. No necesitaba traficar para vivir sin estrecheces, pero una adolescencia conflictiva lo llevó a convertirse en un adicto a las lanchas y a volar con ellas sobre el mar del estrecho de Gibraltar. Cuando me cité con él era un treintañero casado y con hijos que llevaba media vida en el negocio del tráfico de drogas. Con más de un centenar de viajes a su espalda y dos pasos por prisión, había alcanzado ya un estatus que le permitía elegir a conciencia cada trabajo que hacía. Si le llamaban a cualquiera de sus tres móviles para pilotar una lancha, cobraba 30 000 euros por viaje. «Como mínimo», dijo. La primera vez que cayó preso lo detuvieron con 1200 kilos de hachís en una playa de Málaga. Aunque le cayeron tres años y medio de condena, salió poco antes de cumplir dos por buen comportamiento. La segunda fue en 2012. Quedó libre unos meses antes de verse conmigo. Desde entonces, estaba de nuevo en activo.

—¿Es posible este negocio sin la connivencia de las autoridades marroquíes?, —le pregunté.

—Sería posible, pero no a este nivel de producción y de tráfico. En Marruecos no hay ningún problema para sacar el hachís: compramos a los productores de las montañas, a los policías que hay por las carreteras, a los militares de las playas y hasta a la Marina Real, que vigila la costa. Todo el mundo cobra, y por adelantado. Reducimos el riesgo a cero. No hay posibilidad de pérdida. ¡Si hasta los propios militares nos custodian cuando cargamos las gomas!

Didí desveló cifras. Un teniente o un capitán del Ejército marroquí cobraba en ese momento 12 000 euros a repartir entre sus subalternos. Un alto cargo de la Marina solía embolsarse en torno a 15 000 euros. Los policías de las carreteras que van desde la montaña hasta la costa, unos 8000.

—¿Cómo fueron tus inicios en el negocio del narcotráfico?

—Me subí a una lancha como copiloto a los dieciséis años. Me encargaba de los radares para señalarle al piloto nuestra ubicación exacta y la zona de la playa en la que debíamos hacer la entrega.

—¿Cuánto cobrabas?

—Era a finales de los años noventa y principios del nuevo siglo. El negocio entonces era más sencillo y se pagaba bien. De media, cobraba unos dos millones de pesetas. Cuando llegó el euro, entre diez y doce mil euros.

—¿Y cuándo diste el salto a piloto de goma?

—Fue a finales de 2005, cuando salí de la cárcel por primera vez. A los pocos días de quedar en libertad piloté una lancha por primera vez. Como sabía usar los radares, no necesitaba copiloto. Solo llevaba a dos tíos para que me fuesen echando la gasolina en el depósito. Cobré 30 000 euros.

—¿Cuántos viajes has hecho ya?

—Más de cien. Al principio los contaba, pero ya no. He perdido la cuenta.

—¿Qué se siente a bordo de una de esas lanchas?

—Mucha adrenalina. A mí me encanta este mundo, necesito la acción. Se trata de sentirme más veloz que nadie. No te pueden atrapar las lanchas de la Guardia Civil ni de la Agencia Tributaria.

—¿Has sufrido muchas persecuciones?

—Tres o cuatro veces, pero nunca me cogieron, gracias a Dios. Siempre logré huir a aguas internacionales, donde no me pueden seguir. Cuando se hartan de esperar, vuelvo yo, a través de esa ruta o de otra. Además, si por algo confían en mí es porque no tiro la droga al mar. Hay que tener huevos para no hacerlo cuando tienes un pájaro en el cogote.

—¿Siempre has trabajado para los demás?

—No. He trabajado mucho para los mayores narcotraficantes de mi país, quienes me llamaban para llevar hasta la Península su mercancía. Saben que es complicado que falle. Pero he tenido dos lanchas propias. Con ellas, el negocio es mayor. Varias veces cargué 3000 kilos. Si el kilo de hachís estaba a 2000 euros, son 6 millones de euros de facturación. Tras pagar a todo el mundo, me gané unos 2.5 millones.

—¿Hiciste muchos viajes con tus propias lanchas?

—Seis, pero no siempre con esas cantidades. Tenían dos motores de 300 caballos. Eran flechas en el mar. Llegaba a costa a 60 nudos de velocidad [en torno a los 110 km/h].

—¿Y ya no las tienes?

—No. Una la tuve que rajar y que quemar en mitad del mar, a unas quince millas de la costa marroquí. Nos avisaron de que se aproximaba un buque de la Marina de mi país con altísimos cargos del Ejército. Los militares nos dieron la alerta. Es mejor que mi rey [Mohamed VI] no vea nada de esto. Aunque es consciente de lo que pasa en el Estrecho, solo actúa con dureza cada siete u ocho años. Quema plantaciones, detiene a narcos… Pero es por pura propaganda de cara a Europa, para que se sepa que actúa contra nosotros. La otra la vendí en 2012 a un conocido de Ceuta.

—Tendrás un patrimonio inmenso.

—En Marruecos tengo tres casas, tierras, dos taxis trabajando legalmente para mí, tres coches… Pero no tengo todo lo que he generado ni todo lo que he ido comprando. No sé cuántos coches he tenido exactamente. Cuando era un veinteañero me gastaba seis o siete mil euros durante una noche en alcohol, mujeres y discotecas. Igual que me llegaba el dinero, lo quemaba.

Didí me contó también que tenía dos motos de agua que le reportaban miles de euros. Contrataba a chavales sin empleo de pueblos gaditanos como Vejer, Barbate o Conil para que fueran desde el río Palmones (en el Campo de Gibraltar) hasta Marruecos. De allí se traían entre 160 y 200 kilos de hachís. Les pagaba 10 000 a cada uno. Él, sin apenas arriesgar, se embolsaba en torno a 100 000 euros limpios.

—¿Por menos de 30 000 euros no trabajas?

—No, no merece la pena arriesgar mi libertad por menos dinero. Otros trabajan por kilo, porque a veces las lanchas llevan mucho peso y sale más rentable. Pero yo les doy seguridad. Por eso pongo precio fijo.

—¿Puedes meter tu propio hachís a bordo, aunque no sea tu lancha?

—Sí, pero en pequeñas cantidades. Al dueño le interesa que tú lleves mercancía a bordo para que la cuides como si fuera tu vida.

—¿Te llaman con mucha frecuencia para trabajar?

—Todos los días. Si no es para pilotar, es para organizar traslados. Pero ahora, con mi mujer y mis hijos, solo trabajo cuando quiero. Tengo dinero suficiente para vivir varias vidas en Marruecos y muy bien en España.

Una vez la droga llega a la Península gracias a personajes como Didí, los narcos españoles la ponen en manos de bandas irlandesas, suecas, holandesas o francesas. En su mayoría están integradas por descendientes de ciudadanos argelinos y marroquíes que un día emigraron a Europa en busca de una vida mejor, y crecieron en guetos de Marsella o de Estocolmo, donde emprendieron el camino de la delincuencia organizada y el tráfico internacional de estupefacientes.

Algunos acaban presos. Otros, muertos. Pero muy pocos se hacen ricos.

Sé de abogados que los defienden que manejan fortunas mayores que las suyas. La mayoría tiene sus bufetes en la cosmopolita Costa del Sol malagueña.

1. GIBRALTAR: LA CUNA DEL CONTRABANDO Y DE TODO LO QUE VINO DESPUÉS

Para muchos andaluces, la comarca del Campo de Gibraltar, donde se enclava La Línea de la Concepción, es ese lugar de paso por el que van en coche desde Cádiz hacia la provincia de Málaga, o viceversa. Durante décadas, políticos y colectivos locales han reivindicado para el Campo de Gibraltar la condición de novena provincia de Andalucía. En ella, a buen seguro La Línea y Algeciras se disputarían su capitalidad y sus principales instituciones. Ese proyecto nunca ha prosperado. En 2022, La Línea, con 63 000 habitantes, ni siquiera cuenta con una estación de tren. La más cercana está en San Roque, un pueblo vecino a ocho kilómetros de distancia y con la mitad de población que ella.

La comarca debe su nombre a la colonia vecina, Gibraltar, el territorio que España cedió a Reino Unido mediante la firma del Tratado de Utrecht, en 1713. El acuerdo puso fin a la guerra de Sucesión española, la contienda que impuso la dinastía de los Borbones en el trono de España. En 1704, el almirante británico sir George Rooke había conquistado Gibraltar para el archiduque Carlos, de la casa de Austria y pretendiente al trono durante la guerra. Tras la victoria borbónica, los británicos no renunciaron a Gibraltar. España, a cambio de la paz, decidió entregar a Reino Unido la Roca, como se le conoce por tratarse de un macizo rocoso unido por una lengua de arena a la Península. Desde entonces es un territorio británico de ultramar.

La disputa territorial por esta colonia continúa en la actualidad. La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en 1946 que señalaba que Gibraltar era «un territorio no autónomo» que debía ser objeto de un proceso de descolonización paulatino por parte de Reino Unido. Desde aquel año España reclama ese territorio con mayor o menor interés político, dependiendo del partido que gobierne el país. El 8 de junio de 1969, el dictador Francisco Franco, molesto porque unos aviones de guerra británicos habían hostigado a los vecinos de La Línea de la Concepción, ordenó cerrar la frontera con Gibraltar. La decisión incluía la eliminación de las conexiones terrestres para peatones y vehículos, las conexiones aéreas con territorio español, y la conexión marítima mediante el transbordador que unía Gibraltar con la vecina Algeciras. 4800 españoles perdieron su empleo. Se produjo una inmediata depresión económica entre los campogibraltareños. El Gibraltar Evening Post tiró de ironía británica para titular «Franco, podremos soportarlo».

El 14 de diciembre de 1982, siete años después de la muerte del dictador español, se puso fin al bloqueo del tránsito de peatones. Coincidió con el inicio de la presidencia del Gobierno del socialista Felipe González. La Verja, como se conoce popularmente a la frontera, se reabrió al tráfico rodado el 5 de febrero de 1985. Era una de las condiciones que la Comunidad Económica Europea impuso a España para su incorporación a la Unión. Un informe del Real Instituto Elcano publicado en 2013, con motivo del tricentenario de la firma del Tratado de Utrecht, señala que esa medida tenía el doble objetivo «de desarrollar el conjunto de la región e intentar atraer a los gibraltareños a posiciones más favorables a España». La medida reactivó la economía en la comarca vecina a Gibraltar, pero los gibraltareños no comenzaron a sentirse menos británicos ni más españoles. El 7 de noviembre de 2002, Gibraltar celebró un referendo entre sus poco más de 30 000 habitantes. La pregunta fue: ¿aprueba el principio de que el Reino Unido y España deben compartir la soberanía sobre Gibraltar? El 98.48 % de los votantes rechazó esa posibilidad. Para convencerse solo tenían que mirar al otro lado de la valla fronteriza que les separa de La Línea de la Concepción y comprobar que bajo el paraguas de la corona británica viven mejor. En febrero de 2020 la tasa de paro de la Roca rozaba el 0 %. La cifra de desempleados no llegaba al medio centenar de personas. Daba trabajo a 15 000 españoles que cada día cruzaban la frontera. En La Línea, a dos minutos a pie, el porcentaje de población desempleada era del 36.03 % en aquel momento. En Algeciras, a veinte kilómetros de distancia de Gibraltar, del 31.63 %. En 2019 el PIB per cápita de cada gibraltareño superaba las 70 000 libras (los 79 000 euros). El de cualquier campogibraltareño no alcanzaba los 30 000 euros.

Gibraltar, con un territorio de 6.8 kilómetros cuadrados, tiene más sedes fiscales de empresas que habitantes. Uno de los incentivos y razón del éxito del paraguas británico es su baja presión fiscal. El impuesto de sociedades es de un 10 %. España dejó de considerarlo paraíso fiscal en marzo de 2021, tras alcanzar dos años antes un acuerdo con Reino Unido durante las negociaciones del Brexit. Lo mantenía en su lista negra desde 1991. Se sumaron los 37 países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pero ni Gibraltar se entiende sin La Línea ni La Línea sin Gibraltar. De esa relación fronteriza y sumamente desigual nació una tradición contrabandista que llega hasta nuestros días. A un lado, la ciudad pobre que necesita a su vecina pudiente. Al otro, la colonia rica que alberga miles de empresas de todo el mundo y tira de trabajadores campogibraltareños para surtirse de barrenderos, mecánicos, limpiadoras o enfermeras. A finales del siglo XIX y principios del XX, los perros y las mujeres se convirtieron en los primeros peones del contrabando de tabaco, mucho más barato en Gibraltar por sus bajos impuestos. La hemeroteca —y el arranque de este libro— cuenta que los contrabandistas cruzaban a última hora del día a Gibraltar con sus perros. Con el cañonazo de la tarde, los linenses y algecireños salían de la Roca, pero dejaban a los canes con sus socios gibraltareños, que los tenían hambrientos y molidos a palos. Una vez se hacía noche cerrada, a los perros se les cargaba de tabaco las enjalmas que llevaban anudadas al lomo mediante cuerdas. Cuando se les soltaba, corrían desbocados al otro lado de la frontera, hasta llegar a los refugios de sus amos. Allí se les recompensaba con algo de comer. Pan duro y huesos secos, no más. A los perros primerizos se les enviaba sin lastre, solo para que aprendieran de los más experimentados. Se estima que entre 5000 y 6000 perros morían cada año en la zona. Muchos de ellos eran tiroteados en los controles fronterizos. La mayoría habían sido robados en pueblos de los alrededores.

En 1908, el Ejército británico levantó una valla metálica entre ambos lugares. Durante los siguientes años, los contrabandistas buscaron por el mar una vía de acceso para sus animales. Usaban pequeños barcos pesqueros de madera para aproximarse a aguas británicas. En el silencio de la noche, los hombres echaban al mar a sus perros, que antes habían sido seleccionados por su sigilo a la hora de nadar. Con los primeros rayos del sol, los contrabandistas, haciéndose pasar por meros pescadores, desembarcaban en puerto y recogían a sus animales forrados en tabaco. El periódico La Vanguardia informaba en su edición del lunes 1 de febrero de 1909 que en la «zona de Algeciras» las autoridades policiales, tanto de tierra como marítimas, habían decomisado en enero de ese año 1332 kilos de tabaco, 310 puros y tres embarcaciones. También se mandó a prisión a 13 contrabandistas y se sacrificó a 88 perros. Las mujeres, en cambio, todavía pasaban desapercibidas. Cruzaban por delante de los agentes gibraltareños y españoles sin que nadie reparara en que también formaban parte del negocio. Algunas se enfajaban el cuerpo con cajetillas de tabaco para ganarse unas cuantas monedas que les pagaban en las tiendas de La Línea, donde luego se revendían los cigarrillos a un precio inferior al del curso legal en España.

A principios del siglo XX se produjo un notable incremento de los viajes entre Gibraltar y el puerto de Algeciras mediante embarcaciones de vapor. El misionero escocés Alexander Stewart viajó en 1912 en uno de los barcos de la Compañía de Vapores del Sur de España. Describió así la experiencia en una cita recogida por Diario de Cádiz:

Durante los treinta y cinco minutos que tarda la travesía se podía contemplar a estos hombres y mujeres afanosamente ocupados en repartir, escondiéndolos por todo el cuerpo, artículos y paquetes de tabaco, usando para ello, además de bolsillos secretos, los lugares más inverosímiles, tales como las botas, las gorras, los sombreros. Y las mujeres incluso las medias, los pañuelos y las mantillas. En el momento de tocar el puerto de Algeciras, algunas mujeres […] se notaban tan pesadas que muy dificultosamente podían descender por las escalerillas del vapor.

Ese método de contrabando ha llegado hasta nuestros días. Gibraltar sigue siendo el gran estanco del que se nutren los contrabandistas de tabaco en Andalucía. A quienes se dedican a este negocio se les conoce como matuteros. Se calcula que casi cuatro de cada diez cajetillas de cigarrillos que se consumen hoy en la región son adquiridas en el mercado negro. En 2017, a Gibraltar entraron 72 millones de cajetillas de tabaco. Su Gobierno obtuvo 180 millones de euros en derechos de importación. Supuso el 26 % de su presupuesto anual. Con esos ingresos tuvo suficiente dinero para sufragar su sanidad durante un año (168 millones). La mayoría de ese tabaco importado acabó vendiéndose en España en el circuito ilegal controlado por las mafias. Ese año, la Agencia Tributaria se incautó de 4.5 millones de cajetillas y de setenta toneladas de tabaco de picadura (que hubiesen reportado al Estado unos 4.24 millones de euros en recaudación de IVA). En 2019, el 51.9 % del tabaco consumido en Cádiz capital era de contrabando. Jerez de la Frontera, en la misma provincia, arrojaba una cifra aún mayor, el 52.2 %.

Ahora los contrabandistas se han abierto a otras vías de negocio. El hachís y la cocaína les resultan mucho más lucrativos. Los últimos reyes de la industria del tráfico de drogas en el sur de España han mamado el oficio desde críos. Para amasar fortuna no han buscado al vecino de Gibraltar. Sus contactos están más al sur, hablan árabe, beben té y comen cordero.

Pero antes que ellos hubo otros.

2. BARBATE, DE PESCADORES A PATERISTAS

El pueblo de Barbate se relaciona con la almadraba —el arte milenario de la pesca del atún—, con mariscadores furtivos y con laboriosos pescadores con la piel del rostro curtida por años bajo el sol y la sal del mar. Pero también con el narcotráfico. En este pueblo blanco de la costa de Cádiz, enclavado en la comarca de la Janda, un paraje natural protegido de la especulación inmobiliaria y donde las vacas se pasean por la orilla de la playa durante los inviernos, se perdió la primera generación de jóvenes del narco. Derrocharon su vida entre alcohol y heroína con el dinero que ganaron traficando con hachís. Sucedió en las décadas de los ochenta y los noventa. En sus paradisíacas playas, que van desde Zahora a Zahara de los Atunes —dos pequeñas pedanías de Barbate cuyos habitantes viven durante gran parte del año del dinero que dejan los turistas en primavera y verano—, se han alijado cientos de toneladas de hachís. El narcotráfico ha continuado, pero quienes traen los paquetes desde Marruecos ya no son solo los barbateños.

Los Osuna contra los Palete con Tere en medio

En Barbate cuentan que Lolo el Canario y su hermano José fueron los dos primeros pateristas que metieron una embarcación cargada de hachís por las playas de los alrededores. Lolo, apremiado por José, abandonó la pesca, el oficio de toda su vida, y se apeó del barco en el que salía a faenar cada madrugada. Desde entonces, se dedicó a pilotar pequeñas embarcaciones de madera. Los productores marroquíes, sabedores de que los barbateños eran hombres de mar, contactaron con los hermanos para suministrarles mercancía. Lolo patroneaba. José lo acompañaba como parte de la tripulación. Hoy, más de tres décadas después, el Canario es un toxicómano que recoge chatarra para costearse los chutes de caballo. Tiene varias mellas en la dentadura y su cabeza ya no funciona con fluidez. Vive en Carrero Blanco, el barrio de Barbate más castigado por la droga. Un día soleado de mediados de marzo de 2018, el Canario me contó su historia.

—Aquellos eran otros tiempos. Ahora los narcos lo hacen todo por dinero. Yo lo hacía porque era un enganchao. Lo que ganaba en una noche, uno, dos, tres millones de pesetas, lo que fuera, me lo comía en droga, putas y alcohol.

En el tráfico de drogas en España participan infinidad de bandas criminales locales y extranjeras. Con una excepción: el negocio del caballo fue y sigue siendo un coto privado en manos de, a lo sumo, una decena de familias de etnia gitana. Repartidas por toda la geografía española, disponen de los contactos y los canales de distribución necesarios para llenar de heroína las calles de las grandes capitales del país. Son fiables en el pago, constantes en los pedidos, que suelen ser de veinte, treinta o cuarenta kilos cada tres o cuatro semanas, y tienen hilo directo con los grandes distribuidores de Turquía, la gran vía de entrada a Europa de la heroína que procede del triángulo de Oriente Medio formado por Afganistán, Pakistán e Irán. Cada una de estas familias puede introducir al año entre doscientos y cuatrocientos kilos. La mayoría de los envíos se hacen por carretera mediante coches, caravanas o camiones. Apenas se usa el transporte en barco. El trayecto entre Turquía y España se deja en manos de mafias especializadas, normalmente originarias de Albania o de Bulgaria. Desde hace una década, la heroína que llega a España también entra vía Lisboa. Los grandes narcos turcos disponen de enlaces en la capital portuguesa por si en España la presión policial es muy intensa. Una vez en el país luso, resulta sencillo el acceso por carretera a través de Galicia, Extremadura o Andalucía. También disponen de una red de clientes (a su vez, convertidos en otros intermediarios) que fraccionan sus pedidos y los transportan en menores cantidades. Pese a que manejan cifras millonarias, los importadores españoles siguen viviendo y moviéndose en barrios deprimidos como las Tres Mil Viviendas de Sevilla, a los que apenas accede la Policía y donde se sienten tranquilos al contar con un ejército de soplones. «Esos traficantes ya estaban cuando en la década de los ochenta llegó a España el boom de la heroína. Fueron quienes la introdujeron en el país y dieron pie a que una generación de jóvenes se convirtiese en yonquis del caballo», explica un inspector de Policía Nacional con más de diez años de experiencia en la lucha contra las drogas. Hoy, casi cuatro décadas después y con un repunte del consumo del jaco, este agente asegura que «siguen siendo ellos quienes todavía controlan la mayor parte de la heroína que entra a la Península».

Los Casiano, originarios de Madrid pero afincados en Dos Hermanas (Sevilla), importan la heroína que la gente se fuma o se inyecta en Badajoz, Mérida, Huelva, Cádiz, Almería, Alicante, Valencia… Su mercado se expande por el Levante español, el sur y el oeste del país. Los Gordos la suelen mover por la capital de España y el norte de la Península. El resto de grupos dedicados al «gran tráfico» suelen cohabitar entre sí en todo el territorio español. No hay constancia de encontronazos, ajustes de cuentas ni roces entre los clanes principales. La cohabitación es pacífica. «Los problemas vienen en escalafones inferiores, cuando se disputan pequeños territorios como barrios de ciudades o pueblos con los puntos de venta».

Ese escenario de lucha por el menudeo local es el que se vivía en el Barbate de la niñez de Tere, sobrina de Lolo el Canario. Su padre fue uno de los primeros muertos que dejó el caballo en Barbate. Murió cuando Tere tenía nueve años. No le quedaban venas en el cuerpo para pincharse. En el fin de su decadencia acabó inyectándose la heroína en los genitales. Tere creció en Carrero Blanco, de donde salieron muchos de los narcos que, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se montaban en las gomas del hachís. Hoy sigue siendo un pequeño gueto donde la Guardia Civil, si puede, evita entrar.

La madre de Tere, que se llama como ella, pertenecía a la familia de los Osuna. Su padre, Miguel, a la de los Palete. Ambas familias se habían jurado la muerte. Los Osuna rivalizaban con los Palete por el control del tráfico de costo y por los puntos de venta de heroína y cocaína en el pueblo. A la lucha por controlar el mercado minorista de la heroína se sumaba ahora el mayorista del hachís.

Cuando la niña nació, en 1984, se encontró en medio de una guerra de clanes. Los hermanos de su madre no le permitían ver a su padre, de la banda rival. Y el entorno de su padre la trataba como una proscrita por el hecho de haber nacido de una relación imposible. Las peleas en el barrio eran continuas. Los hombres se mataban con navajas y machetes. A la niña Tere, pese a querer ver a su padre, la mantenían alejada de él para evitar conflictos.

Cuando era un bebé, a Tere le daban biberones de café con leche. Vivía en casa de su abuela materna, la única mujer que la cuidó porque su madre había caído en la heroína. Sus tíos, como Lolo el Canario, solían fumar droga delante de ella. Cuando iban con el mono y no tenían dinero, pegaban a su propia madre y a su sobrina. La chiquilla, para tranquilizarlos, tenía que engrasarles las pistolas. Hasta los trece años no hubo constancia de la existencia de Tere en el Registro Civil. Era un fantasma. Aunque estaba matriculada en el colegio, la mayoría de los días no la llevaban a las clases.

Conocí a Teresa la Osuna cuando ya era una mujer. Su voz estaba rota y seca. Era un manojo de nervios, fibrosa y delgada como un pincel. Tenía muy marcados los huesos de las muñecas y llevaba en el cuello un cordón de oro con una cruz. Sus pómulos estaban llenos de pecas claras. Sus primeros años de vida fueron paralelos a los inicios del tráfico de hachís por el Estrecho.

De cría, Tere se fugaba de casa para evitar las palizas de sus tíos. Dormía en portales, en la playa y en mitad de los montes que rodean Barbate. Si se quedaba en casa, dormía en un sofá, ni siquiera en un colchón en el suelo. Tras una descarga de hachís, los tíos llevaban a casa a sus compañeros de movida. Aquellos hombres llegaban a la residencia de Tere en mitad de la madrugada con las ropas empapadas de agua salada y oliendo a gasolina. La niña se levantaba del sofá en el que dormía para servir café a esos rostros extraños. Les daba toallas nuevas y los veía vestirse con prendas secas. Tere tenía siete u ocho años, los ojos oscuros, el pelo negro azabache y la mirada descreída. Casi adormilada, Tere se los encontraba eufóricos. La chiquilla no entendía nada de lo que decían algunos de ellos cuando hablaban entre sí. Años más tarde, cuando creció y entendió a qué se dedicaba su tío, Tere los conoció como «los moros». Eran los marroquíes que participaban en el alijo. Aquel grupo de hombres, casi siempre cuatro o cinco, y con ellos Lolo el Canario, acababan de meter por las playas de Barbate un par de toneladas de hachís. Todo había vuelto a salir bien. La pareja de la Guardia Civil a la que le tocaba patrullar por los alrededores del pueblo había vuelto a mirar hacia otro sitio a cambio de una mordida. Eran los comienzos del tráfico del chocolate procedente de Marruecos. Los jóvenes sabían que subirse a una lancha, trabajar de noche unas cuantas horas y acabar empapados les reportaría dos o tres millones de pesetas por cabeza (12 000 o 18 000 euros). Sin trabajo en la calle y con muchos de ellos enganchados ya a la coca y al caballo, esa otra faena venida del mar les daba dinero, fiestas, chutes, rayas, prostitutas y una libertad que los acabaría haciendo presos o, directamente, cadáveres. Tere recibió ofertas de dinero a cambio de sexo durante las madrugadas que tuvo que servir café a su tío y a sus compinches. Algún narco llegó a ofrecerle dos toneladas de hachís si se acostaba con él. Siempre lo rechazó.

Una de esas noches de café y toallas secas, a Tere la Osuna, una obediente niña de ocho años, le encomendaron otra tarea. Había que distribuir la droga y ella pasó a convertirse en un peón más del negocio. Le entregaron diez o quince kilos de hachís para que los trasladase a la casa de algún camello del pueblo. Las mafias internacionales todavía no habían aterrizado en el negocio. Tere se ganaba así algunas pesetas. Poco a poco, aquel dinero fue convirtiéndose en su único sustento. La niña, además de mover hachís, vendía rebujao (una mezcla de heroína y cocaína). Lo hacía por las calles de Barbate y también en su casa, convertida en fumadero de yonquis. «Fui una niña de la droga», me dice delante de una taza de café con leche.

La abuela de Tere, Manuela del Pozo, a la que apodaban la Osuna y dio nombre a la familia, murió de cáncer de mama cuando su nieta tenía quince años. Tere se quedó sola. Su abuela era la única persona que se había preocupado de ella desde que nació. A Tere nunca se le olvidará el recuerdo de las palizas que sus tíos le daban a su yaya cuando querían dinero para droga. Tras la muerte de Manuela, Tere sintió que tenía que irse de Barbate y abandonar un barrio que la asfixiaba. Sin abuelo materno —también fallecido— y con su madre en prisión condenada por menudeo de drogas para financiar su propio consumo, conoció a un portuario de Algeciras. Mantuvo una relación sentimental con él durante tres años y medio. Pero aquel chico también consumía heroína. Tere decidió dejarlo y retornar a su pueblo. Buscaba otra realidad para ella. Sabía lo que no quería en su vida de tanto verlo a su alrededor. Solo estuvo un año y medio más en Barbate. Volvió a conocer a otro chico. Era de Vejer de la Frontera, un pueblo vecino con el mismo problema que Barbate: el hachís. Aquel hombre se llamaba Jesús Berdejo. Tere se marchó con él a los diecinueve años. Hoy siguen juntos. Tienen una hija en común. Tere cobra una pensión no contributiva de 364 euros por una minusvalía del 65 %. Sufre escoliosis (desviación de columna), fibromialgia, un trastorno de doble personalidad y tiene cuatro hernias discales. Los médicos le dicen que todo viene de su dura infancia. «De noche se despierta llorando por su abuela o dando gritos», cuenta su novio.

De aquellos años de palizas y noches en vela han pasado ya dos décadas. Pese a marcharse de Carrero Blanco, Tere es una mujer a la que quieren y respetan en el barrio donde creció. Vuelve allí cada poco tiempo.

—Yo no he consumido heroína ni cocaína en mi vida. Nacer en Carrero Blanco es nacer con déficits en la vida. A mí me cuesta leer y escribir, aunque no soy analfabeta. Esto —dice mirando a su alrededor— es lo que ha traído el puto hachís a Barbate: mierda, muerte y pobreza.

Los bosquimanos y la muerte de un policía

Pasados los años de pioneros como Lolo el Canario, el hachís siguió llegando hasta las playas de Barbate. El negocio del tráfico de drogas dejó de ser un sustento para cuatro pescadores. Los pequeños grupos mafiosos se multiplicaron por el pueblo. En Barbate, y también en otras localidades vecinas como Vejer o Tarifa, cuando los chavales se enteraban de que la noche anterior había habido temporal y una goma había volcado, cogían sus motillos y se recorrían las playas a esperar a que las corrientes escupieran los fardos. Lo mismo hacían cuando los tripulantes de la lancha tenían que deshacerse de la droga durante una persecución policial.

A aquellos chicos se les bautizó como bosquimanos, rastreadores de alijos perdidos. Primero lo tomaron casi como un juego lucrativo: el fardo recuperado se pagaba bien. Luego, la tarea se fue organizando. Al principio trabajaron para las mafias locales. Después, para los marroquíes, quienes los llamaban para recuperar su mercancía. La palabra bosquimano, contracción de buscar a mano, también servía para referirse a los jóvenes que trabajaban en el transporte de la droga. Iban a la playa, cargaban varios fardos en el ciclomotor —un par a lo sumo— y los depositaban en el punto convenido. Muchos de esos chicos comenzaron a dejar la tierra y a mojarse con el agua: algunos se subían a las lanchas y otros formaban parte de las collas que descargaban los fardos al llegar a las playas gaditanas. Trabajo fácil y bien remunerado. En una noche ganaban hasta medio millón de pesetas.

En el año 2000, una crónica de El País firmada por el periodista Luis Gómez contaba que el hachís entraba por las playas de Barbate «con total impunidad». Los bosquimanos se sentían intocables. En vez de ser ellos los vigilados por la Guardia Civil, se paseaban en motos detrás de los vehículos policiales para saber dónde patrullaban los agentes en todo momento. De los treinta hombres destinados en el cuartel de Barbate, catorce habían solicitado el traslado. Los narcos les rajaban las ruedas de sus coches particulares y les dejaban notas amenazantes en las lunas. Lanzaban miradas desafiantes a las parejas y a los hijos de los agentes cuando se cruzaban con ellos por la calle. Alguno recibió una nota en el cristal con un mensaje escueto y claro: «Dejadnos en paz. Por vuestro bien». Con ese acoso a los uniformados, los peones del narcotráfico conseguían mover el hachís de un sitio a otro del pueblo o sacarlo a localidades vecinas, donde a su vez otros narcos, con la ayuda de otros narcos de más allá, se encargaban de repartirlos por Sevilla, Málaga o más al norte, en Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona… El costo era la droga del pueblo: barata y no muy dañina para la salud. Traficar con ella estaba poco castigado por la ley. Días antes de ese texto de El País, Barbate fue testigo de cómo medio centenar de adolescentes asaltaba las dependencias de la Policía Local para rescatar a un joven detenido por circular sin carné. El ambiente en el pueblo era tenso entre las autoridades policiales y los cachorros del narco. En septiembre de ese año falleció un policía local, Diego Pérez, quien estaba próximo a jubilarse. Se atrevió a hacer un control en el casco urbano. Rápidamente fue rodeado y golpeado. La causa última de su muerte fue un infarto, pero la autopsia desveló que tenía el bazo roto y el hígado afectado de los golpes que había recibido. Su hijo José Luis, también agente policial de Barbate, estaba de servicio aquel día. Llevaba un par de años en el cuerpo. Perdió a un compañero y a su propio padre.

Para intentar apaciguar los ánimos y establecer cierto orden en el pueblo, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, envió a dieciocho agentes especiales de la Guardia Civil. Se encontraron con una población asustada por otro conflicto: el secuestro de tres muchachos por la mafia marroquí. Los jóvenes, que habían ido a Marruecos a por mercancía, se habían quedado los fardos. Aparecieron a las pocas horas con algunas magulladuras y el miedo metido hasta el tuétano. Aquel año (2000), Barbate tenía unos 22 000 vecinos. Unos trescientos chicos trabajaban en el narcotráfico. Se estima que unas 1500 familias vivían directamente del hachís. Las cifras pueden parecer pequeñas, pero adquieren relevancia si pensamos que había otros 660 barbateños cobrando el subsidio pesquero. El pueblo tenía tres opciones principales: el paro, la pesca —un sector en retroceso por las cuotas que imponía Marruecos— o los fardos de costo.

En apariencia, Barbate era un pueblo tranquilo. Apenas había robos de bolsos o atracos en comercios. El dinero corría por sus calles. Las motos de 50 y 125 centímetros cúbicos se vendían como churros. Por supuesto, se pagaban al contado. Nada de entidades financieras ni nóminas de por medio. La vecina Conil de la Frontera, con una población muy similar, a solo veinticinco kilómetros de distancia, tenía la mitad de sucursales bancarias, menos gente en las listas del paro, más hoteles y urbanizaciones, pero también menos dinero en los bolsillos.

Comenzaba el siglo XXI y en Barbate costaba que los chicos siguieran estudiando al alcanzar la adolescencia. Cien familias del pueblo decidieron censar a sus hijos en Vejer de la Frontera, a once kilómetros por carretera, para que estudiaran allí y no se contaminaran del ambiente de desapego hacia la enseñanza que reinaba en Barbate. Un profesor de Vejer empadronó en su propio domicilio a siete muchachos barbateños. En las fiestas de los jóvenes se disparaban tiros al aire, corrían ríos de coca. Hubo chicas de quince y dieciséis años que cayeron en la prostitución después de hacerlo en las drogas. Los pequeños narcos las enganchaban a la coca o a la heroína y, de repente, les cortaban el suministro. Cuando las chicas les suplicaban más, las obligaban a mantener sexo con ellos y sus amigos.

El narco, único INEM que funciona en Barbate

En junio de 2011, Ildefonso Olmedo, jefe de Crónica, suplemento dominical de El Mundo, me envió a Barbate. «Date un paseo por allí», me dijo. «Algo traerás». Conocí a los herederos de aquellos primeros narcos que convirtieron el pueblo en un lugar sin apenas futuro. Muchos de esos chicos con los que hablé no tenían empleo por la crisis económica que se había desatado en 2008 con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y el estallido de la burbuja del ladrillo en España. De nuevo, otra generación de jóvenes casi imberbes, algunos sin el graduado escolar, se entregaba a las mafias del hachís, como en los inicios de Lolo el Canario. Al llegar a Barbate, varios policías locales me contaron que desde 2009 no funcionaban el pantalán de hierro y la cámara de visión nocturna que impedían la entrada de gomas en el río Barbate. Me recomendaron no subir a la parte alta del pueblo: «Cuanto más arriba, peor, aunque más te podrán contar de ese mundo».

Tras hablar con los agentes me presenté en la zona alta del pueblo. Me acerqué a una plaza donde unos chicos ociosos, de entre catorce y veintipocos años, se reunían en torno a unos cuantos coches. Tenían los maleteros abiertos para escuchar la música de los potentes altavoces que habían instalado dentro. Era media mañana. Hora de estar en clase o trabajando. Aunque reticentes al principio —llegaron a registrarme la mochila porque pensaban que era un brigadilla de paisano—, me acabaron tratando con cercanía, se abrieron a mí y me permitieron pasar un par de horas con ellos. Uno de los chicos dijo que en un rato se iba al gimnasio. Otro, que quería cambiarle pronto las llantas a su BMW azul.

—¿En qué trabajáis?, —pregunté.

—No trabajamos —respondieron.

Mientras charlábamos sonó el móvil de uno de ellos, Manuel. Era corpulento. Tenía la tez aniñada. El chico se distanció unos metros y habló durante unos minutos. Tras colgar, volvió sonriendo. El joven, de veintiún años, acababa de recibir una oferta de trabajo. Iban a ser solo unas horas, pero cobraría 1500 euros. Su jefe, dijo Manuel, «uno de los grandes traficantes» de droga de Barbate en ese momento, le acababa de encomendar su próxima tarea: mantener bien vigilados a los agentes de la Guardia Civil. Había una movida en los próximos días y era necesario atarlos en corto.

La provincia de Cádiz había superado el 25 % de paro. Barbate era la segunda población de España con mayor porcentaje de personas sin trabajo (29.06 %). Los únicos que al parecer ofrecían empleo eran los narcos. Aquel trasvase laboral hacia la delincuencia tuvo consecuencias: si antes de la crisis había 160 barbateños en la cárcel por casos de droga, la cifra en junio de 2011 era de 300. Casi el doble en apenas tres años. Y en ese registro no se incluían muchos otros casos a la espera de sentencia.

Manuel era uno de esos chicos que habían caído en el tráfico del hachís. Sin decir qué día se iba a hacer la movida, sí me reveló con qué categoría había sido contratado. Haría de punto. Es decir, vigilante de la Guardia Civil o de algún lugar clave por el que iba a pasar la mercancía. Él debía situarse en un lugar estratégico de la costa gaditana para alertar con un walkie o un teléfono móvil si una embarcación policial salía a la caza de la lancha neumática que transportaba el hachís desde Marruecos o si veía la llegada de un vehículo extraño. Si daba la alarma, los pateristas tendrían que dar marcha atrás o lanzar la droga al mar para quedar limpios, y el resto de miembros de su colla salir echando leches. «No he estudiado. Tampoco he aprendido un oficio. No tengo nada que perder. Haciendo esto no corro riesgos. Nadie me puede decir nada por estar sentado en la playa», decía. En realidad, se le podía acusar de pertenencia a banda organizada, aunque él lo desconocía o, sencillamente, lo obviaba. «Y si no lo hago yo, lo hará otro. Además, aquí no tengo más futuro». En 2011, alrededor de un 10 % de los barbateños —cifra no oficial—, según fuentes policiales, seguía relacionado en mayor o menor medida con el pujante mercado de estupefacientes. Manuel se quedó charlando con su grupo de amigos.

—Cuídate —me dijo al despedirse.

—Tú también —respondí.

A los pocos días supe que Manuel había tenido suerte. Me escribió un mensaje al móvil diciéndome que el alijo se había producido sin contratiempos y que él había estado vigilando un camino que desembocaba en una playa de Zahara. «Todo fue sobre ruedas», me dijo. «Ni un susto de los brigadillas. Sacamos la droga por donde yo estaba y luego toda la colla nos fuimos de juerga». Un par de meses después intenté hablar de nuevo con él para ver cómo estaba y si me podía ayudar facilitándome un par de contactos para otro reportaje. Al llamarle, una voz grabada dijo: «El teléfono al que llama no…». Desde entonces no he sabido nada más de él.

Al día siguiente le pedí a mi amigo Dani que me acompañase a Barbate. Dani no tenía trabajo en ese momento y accedió a venir conmigo. Por el camino le conté que tenía pensado contar cuáles eran los oficios del narcotráfico en un texto que se iba a publicar el domingo siguiente. «Pero me falta la foto», le expliqué. Aquella segunda visita fue más provechosa que la primera, si cabe. Nada más llegar a Barbate, en la rotonda de entrada al pueblo y sin apearnos del coche, vimos a un chico que había parado su motillo cerca de unos pinares. El joven hablaba por teléfono. Lucía gafas oscuras de aviador, una camiseta blanca de tirantes y un pantalón vaquero. Cuando acabó la llamada le expliqué que era periodista y que estaba haciendo un reportaje sobre narcotráfico. El chico me dijo que me podía ayudar. Se llamaba Salva. Tenía veintinueve años y acababa de salir de prisión. Un mes antes de conocernos todavía dormía en el camastro de la celda. Había estado entre rejas los últimos tres años y medio. La Guardia Civil lo detuvo trabajando en una movida para Antón, el mayor narcotraficante de Barbate entre finales de los años noventa y la primera década del siglo XXI. Al chico lo cogieron descargando la mercancía en la playa.

Salva estaba desempleado cuando lo conocí. Buscaba un trabajo como loco. Pocos días antes había acudido a darse de alta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Mientras esperaba una oferta laboral se mantenía con los poco más de 400 euros que cobraba del paro por su condición de antiguo presidiario. Solo la letra de su Volkswagen Golf se llevaba 320 euros.

—Es normal que los chavales se vayan al mundo de las drogas. Aquí no hay trabajo y supone una salida fácil. Aunque sea duro decirlo, Barbate no tiene otra cosa —se lamentó.

—¿Volverás a caer en el narcotráfico?

No me contestó. Solo levantó los hombros en un gesto de duda: ni él mismo lo sabía.

No lo volví a ver.

El domingo siguiente publiqué en Crónica un reportaje titulado «El narco, único INEM que funciona en Barbate». Iba ilustrado con una foto de Salva delante de su escúter y mostrando el cartón de demandante de empleo.

Dentro del gremio, además de hacer de punto o de piloto de lancha, el mundo coral del narco ofrece otros trabajos. Están los cargadores, que meten en el coche los paquetes con los fardos de hachís cuando llegan a la costa. Son pocos minutos, pero el riesgo es alto. Te pueden imputar por pertenencia a banda organizada y por receptación de drogas. Como sueldo, unos 5000 euros por cada alijo, aunque los salarios fluctúan por numerosas razones: estar en nómina de una banda, ser primerizo o descargar un alijo pequeño.

Después, la droga se traslada a un almacén. Al que haya robado el vehículo se le paga alrededor de 3000 euros. Incluso más si se trata de un todoterreno, «los mejores para moverse por las arenas», me habían explicado los miembros del grupo en el que se encontraba Manuel. Una vez llega la carga a la guardería (una nave, un garaje o un cuarto de una casa vacía), se dividen los fardos. Parte del material se queda en la zona, en pueblos como Vejer o Conil. El grueso del alijo se desplaza en coches particulares, camiones o autocaravanas de alquiler, a ciudades europeas como París, Londres o Ámsterdam. Las mafias internacionales se encargan de recibir la mercancía de manos de los narcos andaluces y trasladarla por carretera a sus respectivos dominios.

Otro de los peones del tráfico de hachís que conocí en Barbate fue Adán, un chico de voz y mirada tímidas que se metió en el narco por pura necesidad. Había hecho de cargador una vez, un par de meses antes de mi visita a su pueblo. Le pagaron 3000 euros por sacar fardos de la goma y meterlos a la carrera en el maletero y en los asientos traseros de un todoterreno. Adán sintió miedo. A sus veintiséis años, parado desde hacía casi tres y con una niña a la que mantener, decidió lanzarse. Se lo propuso un traficante a través de un amigo en común. Este joven padre era uno más de ese pelotón interminable de jóvenes que durante la crisis se agarraron al hachís como el náufrago a una tabla. «No voy a tratar de convencerte de nada. Ni a ti ni a nadie. Pero en pueblos como el mío el mañana es ahora y mi hija tiene que comer esta noche», me explicó Adán.

El que fuera alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, se negó a hablar conmigo sobre la gran lacra de su localidad. «Yo no voy a hablar mal de mi pueblo». No entendí que no quisiera comentar nada acerca de una realidad de la localidad que gobernaba. Era como negarse a hablar del paro, de los problemas del sector pesquero o de cómo iba a intentar evitar que los chicos dejaran los estudios. Quirós solo quería hablar de futuro, de proyectos. Pero días antes le había dicho a The New York Times: «Un joven [de Barbate] tiene cero oportunidades hoy en día de conseguir un buen trabajo». Supuse que se había arrepentido de sus palabras y no quería insistir en el asunto.

Antón, el rey gitano de Barbate

Durante una década, ente 1995 y 2005, Antonio Vázquez Gutiérrez se convirtió en uno de los narcos del hachís más poderosos de la provincia de Cádiz. Criado en la barriada de Carrero Blanco, Antón, como le conocían los barbateños, llegó a ser un «icono» entre los traficantes, cuenta el alto mando de la Guardia Civil que consiguió desarticular su organización por primera vez. Quienes lo conocen aseguran que es carismático y valiente, y que tiene —o más bien tenía, porque se encuentra en prisión mientras escribo estas líneas— la soberbia del que consigue dinero fácil.

La operación Espejo supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en el sur de España. Hasta ese momento se efectuaban seguimientos en playas y se incautaban fardos, pero apenas se intervenían comunicaciones o se luchaba contra el blanqueo de capitales. Los líderes de las bandas parecían invulnerables. Y con ellos sus fortunas. Caían sus peones mientras ellos seguían en pie porque rara vez tocaban la droga, se subían en gomas o los cogían en reuniones con los traficantes marroquíes. Espejo nutrió de agentes y de equipos tecnológicos al Grupo de Investigación Fiscal Antidroga (GIFA) en Cádiz, predecesor del actual Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil. Bien equipados y con nuevos efectivos, ya no valía con realizar aprehensiones de fardos, inmovilizar lanchas o meter a chavales en la cárcel durante unos meses para que después salieran con las mismas ganas, o incluso más, de traficar que antes. El teniente que estaba al frente del GIFA a finales de 1998 se puso como objetivo detener a Antón, desarticular su organización, incautarse de su patrimonio y sentar un precedente: quería hacer ver a los narcos que de ahí en adelante ya no lo iban a tener tan fácil como hasta el momento. Hubo compañeros del cuerpo que lo tomaron por un temerario. En cambio, el fiscal antidroga de Cádiz en aquel tiempo, Lorenzo Sacaluga, confió en ese teniente y en sus agentes, y respaldó sus pesquisas coordinándose con el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate.

«Me sorprendió que aquel teniente viniera a verme a mi despacho porque hasta ese momento el trabajo policial en temas así siempre iba de la mano del juez instructor», me explicó el fiscal Sacaluga en junio de 2020. «Cuando tuvo la investigación bastante avanzada y quiso que se judicializara, me pidió ayuda. Lo tenía todo muy bien atado. Me solicitó intervenir una quincena o una veintena de teléfonos, no recuerdo con exactitud. Accedí sin dudarlo. Aquel agente me transmitió seguridad y firmeza».

El reto era mayúsculo. Antón —chaparro, ancho de espaldas, cabello negro azabache y primo de Tere la Osuna—, sin apenas saber leer ni escribir porque dejó de crío el colegio Generalísimo Franco, había levantado un imperio de la droga desde la localidad donde nació. Las fuerzas policiales estimaban que conseguía alijar entre treinta y cuarenta toneladas de hachís al año. Las noches en las que metía pelotazos por las playas de alrededor de su pueblo y por el río Barbate era capaz de ganar hasta 30 millones de pesetas (unos 180 000 euros). Él fue de los primeros en trabajar a comisión por cada kilo de droga que transportaba. No quería el hachís para luego revenderlo, lo que implica mayor riesgo. Prefería trasladar los fardos a la Península y luego, en cuestión de horas, entregarlos a un cliente en cualquier punto del país o de Europa que previamente se había puesto en contacto con el suministrador marroquí. Su padre, Antón Viejo, un antiguo contrabandista de tabaco metido al negocio del costo, era quien disponía de los contactos en Marruecos. Su hijo se encargaba de la organización y la ejecución de los alijos. Durante esa década, Antón llegó a sentirse intocable. Se paseaba por su pueblo con una cría de león, conducía coches de alta gama sin carnet ni seguro, vacilaba a los agentes policiales mostrándoles fajos de dinero si lo detenían en un control de tráfico y concedía entrevistas a revistas y televisiones mientras estaba en busca y captura. En una de ellas alardeó de haber generado él solo más puestos de trabajo en su pueblo que todo el Gobierno andaluz.

«¡Enga ya! ¿Por esto me vas a denunciar? ¿Por ir sin seguro? Píllame con hachís, pero no por esto», les decía a los agentes de la Guardia Civil que lo conocieron y a los que años después entrevisté. «Cuando tú me pilles con hachís, ese día te doy un abrazo».

Dos décadas después de la operación Espejo, el 1 de junio de 2020, el teniente que pilotó la investigación contra Antón me atendió en su despacho de Sevilla.

La gente estaba acostumbrada a trabajar de una manera en la que solo conseguíamos el alijo o llevarnos alguna patera, pero ni nos acercábamos a quien lideraba la organización. En el cuerpo había una resistencia al cambio importantísima. Dejamos de lado el trabajo con confidentes, que era como se solía trabajar, y pasamos a la investigación pura y dura. Seguimientos y escuchas, seguimientos y escuchas. Así, hasta que obtuvimos los frutos. Yo prefería que detuviésemos a Antón con treinta kilos de hachís a apresar a toda su organización con tres toneladas. A día de hoy, lo sigo manteniendo y pienso que fue un acierto.

No fue fácil llegar a detener al mayor narcotraficante de Barbate. Antón seguía pautas muy estrictas en su negocio. A su padre, el patriarca de la familia, al que se le solía ver sentado en la puerta de su casa empuñando un bastón, nunca lo llamaba por teléfono. Si lo hacía, era para contarle nimiedades. Lo visitaba en la vivienda familiar si necesitaba hablar de negocios con él. Tomaba muchísimas precauciones. A veces, cuando tenía que desplazarse por carretera para mantener una reunión con algún marroquí con el que iba a cerrar un acuerdo, era capaz de ir hasta el punto de encuentro —daba igual que estuviera a cincuenta o sesenta kilómetros—, volver a Barbate y, de nuevo, viajar hasta donde había quedado con su contacto. Lo hacía para revisar el trayecto y saber si alguien lo seguía. En ocasiones también usaba a José Luis, Selu, el pequeño de sus dos hermanos varones y su mano derecha, para que le hiciera de lanzadera circulando en otro coche delante de él unos kilómetros o yendo detrás como retaguardia. A los investigadores les costó sudores saber la playa en la que alijaba el narcotraficante barbateño. En las escuchas apenas les daba pistas. Era más corriente oírle hablar con Vanesa, su novia, que con cualquiera de los miembros de su banda, a quienes reclutaba en las calles de su pueblo, pero también en Vejer de la Frontera o en La Muela, una pedanía de Conil. Selu, el hermano de Antón, era el jefe de colla: él se encargaba de organizar los alijos y de distribuir a los puntos, a los cargadores y a los coches con los que trasladaban la mercancía hasta la guardería.

Durante sus primeros años, Antón tuvo un paterista de confianza. Se llamaba Esteban Malia. Ambos se conocían desde críos. La noche del 19 de octubre de 2000, Malia tenía que conducir una lancha con más de una tonelada de hachís desde algún punto de la costa marroquí hasta la playa de El Palmar, en Vejer. Era una travesía de apenas media hora, pero Malia, que se conocía el Estrecho como pocos, nunca volvió a casa. La embarcación en la que viajaba apareció a la deriva cerca de Ceuta. A Esteban Malia lo había contratado un narco gallego —Javier Pena Padín, el Loco, de treinta y nueve años y vecino de A Illa de Arousa— que quería abrir negocio en el sur y que viajaba con él esa noche en la goma. La principal hipótesis que se barajó es que las mafias marroquíes los secuestraron para tratar de cobrar deudas contraídas por otros clanes gallegos. También se habló de que pudieron caer a las aguas del Estrecho a causa de un temporal. Pero todo son conjeturas.

Meses antes de la operación Espejo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz había condenado a Antón a tres años y medio de cárcel tras una operación policial en la que le pillaron in fraganti supervisando un alijo de droga. Pero el narco tenía recurrida la sentencia y seguía en la calle tras pagar una fianza. Desde entonces, hizo menos vida en su pueblo, delegó responsabilidad en su hermano pequeño y se mudó a un chalet de lujo en Los Caños de Meca, un poblado costero perteneciente a Barbate. Tenía la playa, de un azul cristalino, a un salto de su mansión. Vivía solo, aunque su madre y su hermana de vez en cuando pasaban temporadas con él. Los agentes le habían pinchado el teléfono. Escuchaban las conversaciones con su novia. Raro era que Antón se despertara antes del mediodía. Pese a que amasaba grandes cantidades de dinero solía ir al Burger King a comerse un par de hamburguesas. Era una de sus perdiciones. A Antón no le gustaba estar gordo —solía ir al gimnasio cada tarde—, pero tampoco era capaz de resistirse a ellas. Tras machacarse con las pesas, el narco acostumbraba a acabar el día en algún prostíbulo acompañado por varios amigos y miembros de su clan. Esnifaban cocaína y fumaban hachís juntos, rodeados de prostitutas.

Gracias a unos eucaliptos, la Guardia Civil logró dar con la playa del alijo. Habían seguido a Antón hasta un camino rural cerca de una enorme extensión de pinares entre Conil y Chiclana, donde perdieron de vista el coche del narco. La zona tenía fácil acceso y salida por carretera, y estaba conectada con una autovía en apenas unos minutos. En una de las escuchas de los días posteriores, uno de los interlocutores de Antón le dijo que la playa estaba próxima a un cruce en el que había varios ejemplares de eucalipto, una especie poco común en la zona. Un par de agentes que conocían muy bien el entorno supo de qué árboles hablaban. Cuando visitaron el lugar, cerca de la Torre del Puerco, en la costa este de Chiclana, confirmaron sus sospechas: «Antón alija en esta playa, no hay duda», comentó con su equipo el teniente al mando del GIFA. Era cuestión de esperar a la siguiente movida.

La operación Espejo: el mono de la madre y las películas del hijo

A mediados de marzo de 2000, la Guardia Civil detuvo a dieciocho personas, entre ellas, a Antón Viejo. También a un testaferro portugués afincado en Cádiz que blanqueaba el dinero de Antón hijo. Los investigadores aprehendieron 1500 kilos de resina de cannabis en aquella playa, durante el alijo. Luego, en los registros de las casas de los miembros del clan de Antón, se incautaron de veintitrés vehículos de lujo, dinero, joyas y otros objetos de valor, cuyo montante ascendía a 90 millones de pesetas (540 000 euros). Entre el material decomisado había varias catanas, un rifle y tres carabinas. También un mono tití de apenas un palmo de altura. El animal pertenecía a la madre de Antón, Teresa la Piticló. La mujer lloró desconsolada cuando le quitaron a su mono, que acabó en el zoo de Jerez de la Frontera. La Guardia Civil también se llevó 1500 películas. No es que Antón fuera un cinéfilo empedernido. Había abierto un videoclub para blanquear dinero.

Las autoridades políticas y policiales ofrecieron una rueda de prensa para explicar los logros del operativo, en el que participaron cien agentes. Revelaron un dato clave: Antón, al que se le perseguía por pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, se había fugado. Algunos dijeron que estaba en Marruecos. Otros, que no había salido de la Península. Su huida duró poco tiempo. Un mes después del operativo, Antón se entregó en los juzgados de Chiclana de la Frontera. Su abogado de toda la vida, Antonio Navas, negoció la entrega de su cliente a cambio de que se retirara la acusación de blanqueo de capitales que pesaba sobre su madre y su hermana. Antón Viejo y su hijo se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cádiz. Se les condenó a seis años y nueve meses de cárcel.

En julio de 2003, con Antón y su padre presos, por el pueblo corría el rumor de que el patriarca y su heredero saldrían de la cárcel en libertad provisional en cuestión de días. Así fue. Su abogado, Antonio Navas, tenía recurrida la sentencia de la Audiencia gaditana ante el Tribunal Supremo. Como el Supremo dilató su fallo y ambos habían cumplido ya más de la mitad de su condena, la Audiencia Provincial de Cádiz se vio obligada a dejarlos en libertad a la espera de la respuesta del Alto Tribunal. La Coordinadora Antidroga de Barbate, los partidos políticos, la Junta de Andalucía, asociaciones de guardias civiles y el propio Ayuntamiento del pueblo expresaron su indignación por la lentitud de la justicia. A finales de julio Antón Viejo dejó la prisión. Un mes después, el 25 de agosto, lo hacía el mayor de sus tres hijos. Salió de la cárcel de Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz), y volvió a su nido frente a la playa. Seis días después, el domingo 31 de agosto de 2003, Antón se saltó un control de tráfico en Los Caños de Meca, donde tenía su chalet. La Guardia Civil lo detuvo unos minutos más tarde. No llevaba carnet de conducir, no tenía seguro del BMW 300 de color rojo que conducía y doblaba la tasa de alcohol permitida. Tras prestar declaración, se le dejó en libertad con cargos acusado de conducción temeraria y desobediencia a la autoridad. Dos días más tarde, el martes 2 de septiembre de 2003, se sometió a un juicio rápido en los juzgados de Barbate. Se le condenó a ocho meses de prisión. No ingresó en la cárcel porque la jueza consideró que no era reincidente en ese tipo de delitos. Sí lo obligó a personarse en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) dijo que aquella decisión judicial permitía que los narcos pudieran pasearse por la calle con tranquilidad.

Pero la suerte del traficante pronto iba a cambiar. El 19 de septiembre de 2003, el Supremo dictó una orden de busca y captura contra él tras ratificar la primera sentencia de tres años y medio de prisión previa a la operación Espejo. El traficante llevaba un mes sin pasarse por el juzgado a fichar. Cuatro días después de la decisión del TS, el martes 23 de septiembre, el narco tenía que personarse en los juzgados de Barbate por otro arresto anterior por conducir sin carnet en vigor. Esa vez solo se enfrentaba a una sanción administrativa. Tampoco se presentó. Se había fugado de nuevo.

Seis meses después, Antón reapareció en una entrevista grabada en el programa No es lo mismo, de Telecinco. A cara descubierta, con una pared blanca de fondo, Antonio Vázquez Gutiérrez se mostró molesto por la «escasa» recompensa, unos 3000 euros, que ofrecían a quien ayudara a encontrarlo. Antón aseguró que tenía guardias civiles a sueldo, a quienes pagaba 12 000 euros por cabeza para dejar pasar la mercancía, y contó que en una sola noche había sido capaz de ganar hasta 30 y 40 millones de pesetas (entre 180 y 240 000 euros). También dijo que pueblos como Barbate subsistían gracias a personas como él. Se dibujó como un hombre generoso: «Yo he creado más trabajo en Barbate que la Junta».

Tres semanas después, sobre las diez de la noche del sábado 24 de abril de 2004, detuvieron a Antón en su localidad natal. Había permanecido oculto en Marruecos tres meses. Y otros dos en Alcora, Castellón. Durante el período que estuvo en el país norteafricano cruzó el Estrecho en goma o en moto náutica para ver a sus padres. Pero desde los últimos carnavales, en torno a un mes antes, los agentes lo tenían en su radar. Sabían que había vuelto a Barbate. Varios confidentes les contaron que el traficante se había dejado ver por bares y restaurantes del pueblo. No pudieron apresarlo antes por las medidas extremas de seguridad que tomaban sus subalternos, quienes vigilaban el entorno y el recorrido que Antón hacía en todo momento. El lunes siguiente, tras prestar declaración en sede judicial durante tres horas y media, una jueza ordenó su reingreso en prisión. El narco volvió al penal de Puerto II. Doce agentes de la Guardia Civil tuvieron que custodiar los juzgados de Barbate, donde se concentraron numerosos amigos, familiares y colaboradores cercanos. Mientras lo conducían al furgón policial, su hermano Selu profería vítores y gritos en favor del narcotraficante. «¡Eres el mejor! ¡El que más huevos tiene de todo Barbate!». Ese mismo día, la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cádiz mandaba una nota a los medios de comunicación en la que pedía a la sociedad «desconfiar del dinero fácil y de los héroes de pacotilla que se enriquecen con la desgracia ajena». El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vílchez, reconoció que durante el medio año que Antón estuvo prófugo de la justicia se le permitió huir en varias ocasiones «para no poner en peligro la vida de nadie».

Tras su detención, Antón cumplió las penas de cárcel que tenía pendientes. De nuevo en libertad, volvió a aparecer en escena. El martes 22 de septiembre de 2014, la Guardia Civil lo detuvo de nuevo en un chalet de Zahora, pedanía de Barbate. Dos días después, se le dejaba en libertad con cargos y la causa quedaba bajo secreto de sumario. Se trataba de un turbio asunto de menudeo de cocaína. Los agentes que lo detuvieron conducían un Toyota Land Cruiser. Era uno de los catorce vehículos que le habían incautado en la operación Espejo. Tras esposarlo y terminar el registro del chalet, lo subieron al todoterreno. «Me salió bueno este coche, ¿eh?», dijo con su personal fanfarronería a los agentes que le llevaban hacia el calabozo. «Llego a saber que os hace falta y compro uno pa’ mí y otro pa’ vosotros». Aquello acabó en nada.

Pero Antón volvió a caer el 17 de noviembre de 2015. Sin un ejército de hombres ya a su disposición, el que fuera rey gitano de Barbate se subió a una pequeña lancha semirrígida con un motor de 75 caballos, a la que había puesto el nombre de su mujer. Lo acompañaba su hijo, de diecisiete años. A unas seis millas de la costa española frente a las playas de Roche, en Conil de la Frontera, las cámaras térmicas del SIVE detectaron una embarcación sospechosa. Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil la interceptó en alta mar. Los agentes encontraron ocho fardos de hachís atados unos con otros y, a su vez, anudados a unas bolsas cargadas de piedras. Padre e hijo querían fondearlos cerca de la playa si los cazaban. Llevaban 243 kilos de resina de cannabis. Se les intervino 300 euros, un teléfono móvil, un número de abonado y un bolso con un papel en su interior que tenía escritas unas coordenadas geográficas, probablemente el lugar donde recogieron la mercancía. Una vez en tierra, al hijo de Antón le sonó otro teléfono en la chaqueta que llevaba puesta. Un agente se percató y cogió la llamada. «Ya tenemos todo preparado», afirmó una voz de varón. Era Selu, el hermano pequeño de Antón. El guardia civil dijo: «Venid para acá que tenemos problemas». Y colgó. A Selu se le pudo vincular con aquel alijo gracias a las conexiones telefónicas. La Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz condenó en marzo de 2018 a seis años de prisión a Antón, a su hijo y a su hermano. También les impuso una multa de casi dos millones de euros. En aquella movida, Antón tenía cuarenta y cuatro años. Atrás había quedado su época dorada. Ahora ya era un simple traficante desesperado que era capaz de poner en juego la vida de su hijo adolescente. Cuando Antón salga de prisión nada será como en aquellos felices años noventa. Barbate no será su reino ni su padre, muerto por un cáncer de pulmón, le pondrá en contacto con los grandes traficantes marroquíes. De los Antones solo quedará el mote. Y la leyenda.

3. CEUTA, LAS LEYES MAFIOSAS DE LOS NARCOS

La mitología griega cuenta que Europa y África estuvieron unidas por una cordillera hasta que Heracles abrió con su mazo una brecha por el estrecho de Gibraltar. Las Columnas de Hércules (Gibraltar y Ceuta, conocidas como Calpe y Abila) marcaban el fin del mundo: «Non terrae plus ultra», no existe tierra más allá. Esa referencia, usada por el imperialismo español como guiño al primer viaje de Colón a América, ha llegado hasta el escudo oficial de España, en donde aparecen dos columnas con las palabras Plus y Ultra. En 1581, la monarquía hispánica arrebató la soberanía de Ceuta a Portugal (que la había conquistado, a su vez, en 1415).

Ceuta, la vecina mora del norte de África —a su manera, bella; a su manera, cosmopolita— ha sido otro nexo tradicional entre los productores marroquíes y sus clientes al otro lado del Estrecho. Desde hace cuatro décadas, los traficantes ceutíes han competido con los gaditanos por ser los mejores intermediarios, los amos de las aguas que separan Europa de África. Los traficantes de Cádiz han decantado la balanza a su favor.

El centro urbano próximo al puerto deportivo, de mayoría cristiana, goza de calles luminosas, limpias, llenas de comercios. Muy cerca del puerto deportivo está el conjunto monumental de las murallas bizantinas que Justiniano I ordenó construir en el año 534. Hoy son un reclamo turístico para el visitante. Desde ellas se divisa el norte de Marruecos, las aguas del Estrecho y el sur de la península ibérica cuando hay día claro.

Anudada por la valla fronteriza de Marruecos, se extiende la periferia empobrecida de la ciudad, de población musulmana. En este cinturón se incrusta El Príncipe, donde los grupos criminales ejercen su mayor actividad. Un breve paseo a pie por sus calles permite ver que numerosas paredes y fachadas tienen muescas de balazos. Allí, y en otras barriadas como Los Rosales, los movimientos de los pandilleros parecen obedecer a una realidad ajena al bullicio de las terrazas, negocios y calles peatonales del centro de la urbe, situado a menos de cuatro kilómetros pero a una distancia sideral —vital, social y culturalmente— de las zonas por las que se mueven los delincuentes.

A diferencia de Melilla, Ceuta no tiene aeropuerto. A ella se llega en ferry o en helicóptero desde la Península. A vista de pájaro, en el extremo oriental de Ceuta se encuentra el monte Hacho. Sobre él se asienta el faro blanco que guía a los barcos que cruzan por esa lengua de mar que separa Ceuta de la Europa continental. En el centro está el istmo de la península de La Almina, limitado por las murallas, sobre el que se despliega el casco urbano. Más allá se observan las nuevas construcciones, los barrios periféricos y, detrás de la valla, el país vecino.

Ceuta (al igual que Melilla) está rodeada por Marruecos. Ambas ciudades autónomas viven esencialmente del sector servicios, de la actividad mercantil de sus puertos francos y de las nóminas del nutrido cuerpo funcionarial que el Estado español ha ido creando allí con el paso de los años (Judicatura, Administración, Ejército, Policía y Guardia Civil). Desde los años setenta, el Gobierno de Marruecos ha reivindicado la inclusión en su territorio de Ceuta, Melilla y algunas islas frente a la costa norte de África. Entre ellas, las islas Chafarinas o Perejil, el islote deshabitado que durante nueve días de junio de 2002 mantuvo enfrentados a España y Marruecos tras su ocupación por parte de un grupo de gendarmes marroquíes. Aquel conflicto diplomático entre Madrid y Rabat apenas tenía precedentes recientes. Habría que remontarse al 6 de noviembre de 1975, cuando España perdió sus territorios en el Sáhara Occidental durante la Marcha Verde, para encontrar otro episodio que estuviese tan cerca de desembocar en un conflicto bélico entre ambos países. El estatus legal de Ceuta y Melilla ha suscitado por parte de medios británicos y marroquíes, y por el mismo Gobierno de Marruecos, comparaciones con el reclamo territorial que España hace de Gibraltar.

La gran mayoría de los musulmanes ceutíes[1] entiende y habla el dariya marroquí, el dialecto del árabe que se utiliza en Marruecos y que en Ceuta se llena de expresiones y palabras castellanas. Esa parte de la población ceutí que habla dariya estuvo al margen de la oficialidad hasta los años ochenta del siglo XX. Sus familias vivían en Ceuta desde que la ciudad es española, pero su estatus legal estaba en suspenso. Con el socialista Felipe González al frente del Gobierno se regularizó su situación y se les dotó de documento nacional de identidad. Pero algunos vecinos ignoraron la burocracia y siguieron siendo ciudadanos invisibles. Los perjudicados fueron sus hijos, por lo que todavía hay personas nacidas en Ceuta que no tienen reconocida la nacionalidad española.

Ceuta es un hervidero de bandas de traficantes de hachís desde los años noventa. Los productores marroquíes y los narcos ceutíes hablan el mismo idioma: los primeros confían en los segundos para trasladar hasta las costas andaluzas sus fardos de chocolate. Al puerto deportivo de Ceuta lo llamaban «Puerto Condón» por la gran cantidad de gomas allí amarradas.

En mayo de 2003, el Gobierno español desplegó un dispositivo conjunto entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria. Los días 20, 21 y 22 de mayo de 2003 —tres jornadas frenéticas— se incautaron de 56 lanchas semirrígidas, 7 motos acuáticas, 54 remolques y 10 motores fueraborda, según contó el periódico El Faro de Ceuta. Fue un duro golpe para los narcos locales, que se quedaron sin base de operaciones. Algunos tuvieron que trasladarse a Marruecos para seguir traficando.

Hasta ese momento, el barrio de El Príncipe era el principal refugio de los traficantes de hachís ceutíes. Se trata de un enorme arrabal formado por dos barriadas (Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso). La serie televisiva El Príncipe, emitida en Telecinco en 2014 y protagonizada por el actor José Coronado, apuntaló la mala fama y el estereotipo violento del barrio. El Príncipe está encaramado en unas lomas cercanas a la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos. Es un hormiguero de callejuelas sin salida, túneles subterráneos y chabolas que se entremezclan con mansiones que parecen trasvasadas desde la lujosa Costa del Sol malagueña. Es el lugar más conflictivo en Ceuta, que durante años ha sido la ciudad con mayor índice de delincuencia del país. Si la Policía Nacional decide ir a El Príncipe, sus agentes deben hacerlo pertrechados de material antidisturbios ya que algunos grupos de delincuentes reciben a los agentes con palos, piedras o cubos de basura ardiendo. Ese tipo de vandalismo, aunque mucho más atemperado, sigue produciéndose en la actualidad. Muchos ceutíes no han puesto jamás un pie en El Príncipe. Lo consideran un gueto apartado del resto de la ciudad sin más normas que las impuestas por el hampa. En él viven 12 000 vecinos censados y alrededor de otros 8000 sin censar, aunque la cifra es imposible de conocer con certeza. Sus calles están repletas de vida, de niños que corren, de casas de fachadas coloridas y de puestos ambulantes de pescado o de fruta salpicando las esquinas. De él han salido médicos, enfermeros, abogados, empresarios. Hace unos años nació un movimiento social que busca cambiar la imagen de la barriada.

Tras aquel golpe policial de 2003 en «Puerto Condón», muchos de los jóvenes ceutíes que trabajaban para el narco tuvieron que reciclarse. Sin lanchas a las que subirse para cruzar el Estrecho, algunos se pasaron al negocio de la inmigración irregular de personas, el otro oficio oscuro que ha albergado Ceuta de manera intermitente. Solo unos meses antes, un grupo de policías entró en el número 219 de la calle Este del barrio de Príncipe Alfonso. Los agentes detuvieron a catorce marroquíes que se encontraban en situación irregular. Un chico menor de edad se hallaba al cargo de la vivienda. Alegó que los arrestados eran músicos. El chaval tenía preparado el argumentario por si le preguntaban. Dijo que se habían desplazado hasta Ceuta para tocar en una boda. Mostró diversos instrumentos musicales. Los policías, que no se creyeron nada, trasladaron a comisaría a los miembros de aquella supuesta banda, les entregaron los instrumentos y les pidieron que tocaran algo. Todo era una farsa. Ninguno sabía interpretar ni una sola nota musical. Aquella gente, desesperada, solo quería lanzarse al Estrecho en una patera de madera o en una lancha en busca de una vida mejor.

Cada narco, su propio feudo

Entre 1995 y 2003, en Ceuta reinó la ley de la mafia. Fue un tiempo siniestro y de luto. Los tiroteos eran frecuentes y los asesinatos por encargo una costumbre demasiado habitual. Solo en la barriada de El Príncipe, entre 1995 y 1999 se registraron 54 tiroteos. Algunos abogados procedentes de la Península llegaban en ferry a Ceuta para celebrar un juicio, asistir a un detenido en el juzgado o visitar a un cliente en prisión, pero acababan prolongando su estancia en la ciudad durante días, incluso semanas, por la violencia desatada entre los distintos clanes: se producían más detenciones, había que calmar a las familias de los arrestados o era necesario una mediación de los propios letrados para tratar de relajar la tensión entre las bandas. Ceuta estaba dividida en feudos de los llamados señores del narcotráfico. Eran líderes de clanes tribales. La barriada El Príncipe estaba dominada por la banda de Mustafa Ahmed Abdeselam, apodado Tafa Sodia. El Kimbi era el jefe en Los Rosales. El centro y el barrio de Hadú eran terreno del Nene y Abdelilah. Había otros narcos, por supuesto, pero ninguno hacía sombra a estos cuatro. Cualquier fricción entre ellos podía desatar una guerra. Para evitarlas, algo que no siempre ocurría, los líderes tenían contacto directo entre sí: solo tenían que levantar un teléfono o reunirse en torno a una mesa con vasos de té moruno para tratar sus asuntos, desde enfrentamientos hasta posibles alianzas momentáneas. Pese a esa rivalidad, si uno quería matar a alguien que viviera en el barrio del otro, antes tenía que pedir permiso al señor de ese lugar. Si este daba su aprobación, a las pocas horas se producía un baño de sangre.

En una de las ocasiones en que pasó por un juzgado, Mohamed Mohamed Sedik, alias el Kimbi, a punto estuvo de herir de gravedad a un juez. Ocurrió a principios de los años noventa. Pese a llevar puestas las esposas en las muñecas, Kimbi, un hombre primitivo, fibroso y corpulento, con una mandíbula prominente, casi rectangular, lanzó al magistrado que tenía delante una máquina de escribir que había en la sala. Kimbi, un narco que en ocasiones se aliaba con el Nene, era un hombre que coqueteaba con la muerte. A principios de los noventa recibió cinco tiros en mitad de una movida en el mar. Sus agresores, que querían robarle el cargamento, pensaron que lo habían matado y lo arrojaron al agua. Pero Kimbi sobrevivió, consiguió llegar a nado a la orilla de la playa e ingresó en un hospital. Al salir, se vengó. A uno de sus atacantes lo mató. Al otro le disparó a la altura de las rodillas para que no volviera a caminar. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999, el Kimbi murió asesinado. Viajaba en un Audi A3 acompañado de su amigo Piti cuando fue acribillado a balazos al pasar por la calle Rafael Orozco de la barriada de Príncipe Alfonso. Tafa Sodia, el rival tanto de Kimbi como de su aliado, el Nene, decidió acabar con él. La sentencia del caso dice que lo hizo para «vengarse por actuaciones anteriores» o para «eliminarlo como un posible competidor». Lo condenaron a veinte años y medio de prisión. El tribunal dio por probado que durante el proceso Tafa Sodia trató de comprar el silencio de la hermana de Kimbi y también de Piti, que compareció como testigo. A Piti le hicieron decidir entre coger el dinero que Tafa le ofrecía, 100 millones de pesetas de aquel entonces —600 000 euros—, o la muerte. Tuvo el arrojo de declarar en contra de Tafa Sodia y quedarse sin aquella recompensa.

El Nene, el señor de Ceuta

Mohamed Taieb, el Nene —astuto, grueso, alto, comilón y juerguista—, sufrió una emboscada por parte de un grupo de sicarios marselleses en 2014 mientras disfrutaba de un día de farra en su yate. Se cuenta que su cadáver se lo comieron los peces. O no. Tal vez todo lo anterior sea mentira.

Sus restos nunca han aparecido.

Sobre la desaparición de Mohamed Taieb, cuando estaba cerca de cumplir los treinta y nueve años, corren varias leyendas. La primera sostiene que el Nene, atosigado por una tropa de enemigos, quería quitarse de en medio para llevar una vida más tranquila y vivir de las rentas. Él mismo habría hecho correr el bulo de aquel tiroteo en el mar. Ahora luciría un rostro nuevo tras pasar por las manos de un cirujano plástico. Suena a ficción, pero quién sabe: siendo un treintañero, Taieb solía alardear de que tenía más millones de euros escondidos que años cumplidos. La segunda teoría que circula por Ceuta afirma que el Nene sobrevivió milagrosamente a aquel ataque, que se escondió por un tiempo en Marruecos y que habría jurado venganza a quien atentó contra él. Pero la hipótesis de su asesinato es la que mayor fuerza ha cobrado durante estos años entre la Policía, la Guardia Civil y los propios mercaderes de la droga, que lo dan por muerto. Hasta tres fuentes policiales distintas, dos abogados y dos personas próximas al desaparecido señalan que el hombre que habría mandado ejecutar al Nene sería el ceutí Sofian Mohamed, alias Zokato. Ambos se odiaban a muerte pese a que eran cuñados. Zokato habría enviado en una lancha a un grupo de cuatro o cinco marselleses hasta las aguas de Marruecos donde el Nene tenía fondeado su yate. Al llegar, lo habrían acribillado hasta la muerte con sus AK-47. Luego, habrían introducido su cuerpo en una bolsa de plástico rellena de piedras y lo habrían lanzado al mar. La lancha en la que iban a bordo los marselleses apareció horas después parcialmente quemada con gasolina. En días posteriores se produjeron varias detenciones, pero nunca se condenó a nadie. El 21 de septiembre de 2020, el periodista Daniel Montero publicó en niusdiario.es, con información policial privilegiada, que el asesino del Nene sería otro traficante rival, Llalal Mohamed Dris, nacido en abril de 1983 en Ceuta, apodado Yalal el Loco y con antecedentes policiales por delitos de secuestro en 2006 y homicidio en 2014.

El 20 de agosto de 2018, Zokato, afincado en la Costa del Sol y convertido ya en uno de los mayores narcos del Estrecho a juicio de los cuerpos policiales, sufrió la misma suerte que su antiguo enemigo —o amigo, según a quien se le pregunte—. A sus treinta y cuatro años, residía en un chalet de dos plantas y jardín con piscina en una elitista urbanización de Estepona (Málaga), rodeado de ricos de medio mundo, algunos de ellos también dedicados al crimen organizado. Aquel día, a las 03:33 horas de la madrugada, las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble grabaron cómo salía a la calle. Vestía pantalón corto, camiseta de manga corta, zapatillas de deporte. Caminaba con nervio. Llevaba en las manos el teléfono móvil y las llaves de un coche que tenía aparcado en la calle pese a que disponía de un amplio garaje en la entrada de su casa, justo debajo de la piscina. Esa noche había vuelto a casa en taxi. Su Bentley lo dejó en Puerto Banús, la zona de restaurantes y comercios más exclusiva de Marbella, localidad vecina. Allí había tenido antes una reunión con Ammir Mekky. También se citó con unos holandeses. Al instante de poner un pie en la acera, un hombre salió de detrás de unos cubos de basura y le disparó a quemarropa. Nueve disparos. Murió en el acto. El asesino huyó en una bicicleta que había dejado apoyada en un contenedor.

La Fiscalía y el abogado de la familia de Zokato sostienen que el ideólogo del atentado mortal es Amir Mekky, un joven sicario de pasaporte danés pero de origen iraní nacido el 6 de mayo de 1997. Fue detenido el 5 de junio de 2020 en Dubái. En su huida había pasado por Tailandia, Marruecos, Suecia, Turquía y Qatar. A Mekky se le acusó de liderar un comando de la muerte integrado por ciudadanos del norte de Europa. Uno de ellos era Fakhry Mekky, su hermano, dos años mayor que él. Se llamaba la banda de los Suecos. Su organización había sido desarticulada a finales de 2018, cuando la Policía española, en colaboración con la sueca, detuvo a nueve de sus miembros. Los Suecos tenían otra víctima en España en su expediente. A David Ávila Ramos, alias Maradona, lo acribillaron a tiros en su coche tras salir de la comunión de su hijo. Ocurrió la mañana del 12 de mayo de 2018. Maradona traficaba con cocaína. El pistolero huyó en una moto Yamaha TMAX con matrícula falsificada. El crío fue testigo del asesinato de su padre. También su hermana. Desconsolados, ambos niños corrieron hacia donde estaban sus familiares. Contaron lo ocurrido como pudieron. El cadáver de su padre quedó semitendido sobre los asientos delanteros del coche, un Audi A3, mientras que sus sillitas de viaje, en los traseros, quedaron vacías.

En ambos casos se señaló como pistolero a un secuaz de los Mekky, el sueco Ahmed Abdul Karim. El fiscal y el letrado de la familia de Zokato pidieron que se condenara a prisión permanente revisable a cuatro miembros del clan de los Suecos, incluido el propio Mekky y al autor material de los disparos. En noviembre de 2022, cuando todavía no se había celebrado el juicio pese a que ya habían pasado cuatro años desde las primeras detenciones, Hannah Abdelazis, la viuda de Zokato, me atendió en su casa de Estepona. La mujer, de treinta y seis años, alta, atractiva, corpulenta, madre de cuatro hijos, me contó que desde el asesinato de su marido ella era incapaz de montarse en una bici, de ver una película de acción en la que hubiera disparos o de escuchar la palabra «papá» en boca de sus sobrinos. Segundos antes de que muriera tiroteado, Hannah recibió un mensaje de su marido: «Te quiero, loca». Ella estaba en Ceuta tras haber cruzado en ferry el Estrecho unas horas antes. Él viajaría al día siguiente para celebrar junto a su familia la Fiesta del Cordero. Pasaba media hora de las tres de la madrugada del 20 de agosto de 2018. Tras escribir el mensaje, Zokato se convirtió en un cadáver tendido sobre el asfalto con la cabeza agujereada por disparos de bala. «El siguiente año lo pasé encerrada en una habitación. Me fui a Marruecos, donde tenemos una casa. No salía ni para comer. No quería ver a nadie. Solo quería llorar», me contó Hannah. Por ese tiempo se había aferrado a su religión, el islam, y se pasaba las horas leyendo el Corán y rezando con su misbaha (rosario musulmán). Era su cobijo, me explicó. «Si no, no sé qué haría… A veces me pregunto qué hago aquí».

Durante aquel encuentro conmigo, Hannah defendió la honorabilidad de su marido y lo desvinculó del tráfico de drogas pese a que la Policía Nacional y la Guardia Civil llevaban años señalándolo como uno de los mayores capos del hachís en Ceuta. Pese a todo, su historial no tenía mácula. Hacía una década había pasado seis meses en prisión acusado de tráfico de drogas, pero resultó absuelto.

Toda mi familia se dedica a la compra de coches de alta gama en Alemania y a la venta después en España y Marruecos. Mi marido no temía a nadie ni que le hicieran nada malo. El día antes de morir estuvimos en la feria de Málaga dieciséis personas de mi familia, mis hijos incluidos. La noche que lo mataron dejó el coche en la calle, cuando tenía un garaje donde cabían dos o tres vehículos. Así no actúa nadie que tema por su vida ni por la de los suyos.

Le expuse que varias investigaciones policiales señalaban a Zokato como sucesor de Mohamed Taieb, el Nene, y que habría sido su marido quien ordenó matarlo. «La mujer del Nene y yo somos vecinas en Ceuta. Nos llevamos muy bien. Es otra mentira más que intenta ensuciar a Sofian», dijo para zanjar la conversación.

El Nene fue un narco precoz. De ahí su apodo. A los catorce años, en 1989, fue detenido por primera vez cuando movía unos cuantos kilos de hachís para una banda local de la ciudad. A los dieciséis ya alquilaba a su nombre motores fueraborda para las lanchas de los traficantes, lo que le facilitó el contacto directo con los altos mandatarios del negocio. De vez en cuando también se subía a su moto de agua y llevaba un par de fardos a la Península. Poco después compró su primera lancha y levantó su propia organización. En 1998, la Unidad Central de Estupefacientes de la Policía Nacional lo detuvo rodeado de fardos de resina de cannabis. Los investigadores lo definieron como «uno de los exportadores de hachís más importantes del norte de África». Tenía solo veintidós años y ya era un capo del tráfico internacional de costo. Su ascenso en la escala social del negocio de la droga había sido meteórico. Empezaba a construir un imperio de la droga desde su Ceuta natal.

El Nene nació en el barrio ceutí Poblado de Sanidad, uno de los lugares más tranquilos donde podía criarse un musulmán en la Ceuta de 1975. Creció en una familia de clase media junto a sus dos hermanos. Su padre murió cuando él era un crío. Su abuelo, de origen marroquí, fue un sargento de las Tropas Indígenas de Regulares, conocidas como la Guardia Mora del dictador Francisco Franco. Su nieto Mohamed no bebió de la rectitud marcial y dejó el colegio en cuanto pudo.

A principios de los años noventa el negocio vivió su propia revolución industrial. De los rudimentarios y lentos barcos de madera cargados de fardos y pilotados por pescadores se pasó a las zódiacs de seis metros heredadas del contrabando de tabaco con Gibraltar. Y luego, casi de inmediato, a las veloces Phantom, que tenían motores de 250 caballos. Se trataba de unas planeadoras que quizás usted —si ya tiene una edad— recuerde de la serie televisiva Corrupción en Miami. Los narcos gallegos también las usaban para trasladar hasta la costa la cocaína procedente de Latinoamérica que les descargaban en alta mar desde buques y veleros. Poco después de las Phantom llegaron las lanchas semirrígidas de fibra, que llevaban instalado un potro con hasta cuatro asientos dispuestos en fila india. La clave estaba en la rapidez y en la capacidad de carga de estos nuevos vehículos marítimos. Fue cuando se acuñó el término gomas, que ha llegado hasta nuestros días. Con esas embarcaciones en una sola noche se podían hacer varios viajes con dos toneladas de hachís. A la mañana siguiente, los vecinos de cualquier localidad del litoral gaditano amanecían con la noticia de que una banda había metido hasta seis o siete mil kilos de chocolate horas antes. Por aquella época los pateristas barbateños ya no eran imprescindibles: aquellos primeros pescadores sabían navegar con destreza con barcos, no con gomas, y las organizaciones andaluzas buscaron a otros patrones.

Con la llegada de las lanchas semirrígidas dos pilotos gibraltareños se abrieron hueco en el mercado. Acostumbrados al contrabando de tabaco entre la Roca y La Línea, Allan Parker y Alberto Parodi empezaron a trabajar a destajo para las bandas gaditanas, que los subcontrataban para realizar los portes. Eran los mejores. Rápidos, astutos y experimentados. Llegaban a cobrar hasta cuatro y cinco millones de pesetas por viaje. Pero los productores marroquíes pensaron que esos intermediarios llanitos encarecían demasiado el producto hasta llegar al otro lado del Estrecho. Además, preferían controlarlo ellos mismos. En ese contexto ganó relevancia la figura del Nene, un piloto que llegó a tener contacto directo con los jefes de cerca de setenta bandas exportadoras y con una treintena de capos de localidades españolas del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol, el tramo costero entre Cádiz y Málaga en que solía desembarcar la mercancía. Taieb los conectaba y con ello se enriquecía.

Además de temerario, el Nene hablaba árabe y entraba a Marruecos y retornaba a Ceuta como le venía en gana por disponer de la nacionalidad española. En una sola noche era capaz de llevar a cabo con éxito hasta tres y cuatro trabajos. Le daba igual que el viento de Levante soplara con fuerza en el Estrecho y que levantara enormes olas. Él se la jugaba.

Nadie sabe decir con certeza cuándo se independizó, pero a los veintidós años ya controlaba su propia organización: con el dinero que iba ganando compró lanchas y reclutó a jóvenes de El Príncipe y de otras barriadas de Ceuta. Alto, corpulento, casi siempre risueño, ayudaba a familias necesitadas y regaba de dinero a los suyos, incluso cuando no trabajaban. Los quería leales, y en el mundo del narcotráfico la lealtad se traduce en llenar con billetes la cartera de tu gente. Su filantropía casi nunca era gratuita.

A finales de los noventa pensaba que nunca caería detenido ni pisaría una cárcel. Le gustaba sentirse importante y temido, pero también querido por una parte de la sociedad ceutí. Era habitual verlo bajarse de su Lexus y pasear por el centro de la ciudad acompañado de varios guardaespaldas. Cuando se cruzaba con algún guardia civil o policía a los que había corrompido y que se llevaban mordidas, estos se hacían los distraídos y dirigían la mirada hacia otro lado para no cruzarse con la del narcotraficante.

Un policía que lo conoció muy de cerca me contó que el Nene era «listo como el hambre». En ocasiones simulaba la pérdida de la carga para quedársela él y venderla directamente a las bandas que operaban al otro lado del Estrecho. A los dueños marroquíes les decía que había sufrido una persecución en alta mar por parte de las fuerzas policiales y que había tenido que lanzar la carga al agua para ganar velocidad y evitar que le dieran caza. «Lo prometo por Alá», les decía. Y ellos se tragaban el sapo. Era tan bueno en lo suyo y les había hecho ganar tanto dinero que se lo creían. O, al menos, eso aparentaban.

El Nene también coqueteaba con los investigadores policiales dándoles chivatazos de movimientos de bandas rivales. Se cuenta que, cuando amasó suficiente fortuna, ideó el método de las gomas-cebo. La noche de movida lanzaba a la mar hasta cuatro embarcaciones. Solo una iba cargada. Las otras dos o tres eran simples señuelos para captar la atención de las autoridades policiales. Cuando estas las interceptaban, las llevaban a «Puerto Condón». Al día siguiente se presentaba allí el propio Mohamed Taieb para pagar las multas por infringir unas cuantas normas administrativas. A los pilotos que llevaban las lanchas vacías también les pagaba, aunque menos que al que iba cargado. Con aquellos cebos lograba reducir los riesgos un 75 %. El método ha llegado hasta nuestros días.

Siendo apenas un veinteañero, al Nene le gustaba tanto tener contentos a sus subalternos que en ocasiones mandaba comprar una partida de cinco, diez o quince coches. A veces, del mismo modelo. Solo se distinguían entre sí por la matrícula o el color. Una vez se encaprichó del Volkswagen New Beetle. En una de sus tantas detenciones, varias decenas de este tipo de vehículos estuvieron circulando durante horas por los alrededores de la comisaría de Ceuta. Era la forma que tenían sus secuaces de hacerles ver a los policías que a su jefe no se le tocaba.

Pese a su perfil bondadoso y caritativo en la calle, era agresivo con policías y guardias civiles. Llegó a atropellar a varios de ellos y a pegarles en público. Incluso se atrevió a ponerle un cuchillo en el cuello a un agente que lo paró en un control de tráfico rutinario. Ceuta, por momentos, era una ciudad en la que costaba imponer la ley. En ese contexto, el Nene se sentía su sultán.

Es difícil precisar dónde comienza y dónde termina la fabulación respecto a un hombre del que se narran anécdotas memorables. Una persona muy próxima a él me contó que una mañana el Nene se despertó con ganas de comer «arroz hecho en Valencia». En torno al mediodía se subió a una lancha con unos cuantos amigos y cruzó el Estrecho. Un BMW con un chófer le esperaba en Marbella. Esa noche cenó paella de marisco junto a sus acompañantes en un restaurante de la Albufera, entre arrozales y barracas de hortelanos. La fiesta posterior transcurrió en un reservado de una discoteca de la ciudad del Turia. El Nene y los suyos pasaron la noche consumiendo cocaína rodeados de prostitutas de lujo contratadas para la ocasión.

Su vida transcurría sin freno, como sus lanchas y el crecimiento de su clan. Si lo perseguían en alta mar, a veces rajaba un fardo, sacaba una tableta de un kilo de chocolate y se la lanzaba a los agentes que iban en el helicóptero o a bordo de otra embarcación. Su prepotencia parecía no tener límites. De acuerdo a distintos atestados policiales y a algún sumario se sabe que el Nene disponía de una caravana para celebrar orgías en pueblos de la Costa del Sol como Benahavís o San Pedro de Alcántara. Le gustaba pasearse por las tiendas de Puerto Banús, donde era capaz de gastarse varios millones de pesetas en relojes para él y en regalos para sus amantes. Tenía predilección por las casadas. Le generaba morbo saber que eran infieles a sus maridos. Entre las excentricidades que podía permitirse con el dinero procedente del narcotráfico estaba la de pagar anualmente una suite presidencial del antiguo hotel Meliá del centro de Ceuta. El Nene hospedaba allí a quien él deseaba. La habitación tenía jacuzzi y una inmensa cama. Un exempleado del hotel me contó que uno de los principales huéspedes de aquella suite fue su abogado de mayor confianza, Ricardo Álvarez-Ossorio, con quien Mohamed Taieb estuvo vinculado hasta su desaparición. El letrado, con residencia en la Península pero que viajaba con frecuencia a Ceuta, hizo tanto uso de aquella habitación que llegó un momento en que ni siquiera le pedían que se registrara. Simplemente se le recibía con amabilidad y cortesía. «Aquí tiene su llave, señor Ricardo. Que tenga una estancia agradable». En mayo de 2020 me puse en contacto con el citado abogado para conocer más detalles de la vida del Nene y de su propio paso por aquel hotel. Álvarez-Ossorio reconoció haber hecho uso de aquella suite pero rechazó entrevistarse conmigo por respeto a la familia del desaparecido.

El gran amor del Nene fue Munia, la hija de un barón marroquí de la droga que tuvo problemas con el rey Mohamed V, padre del actual monarca. A raíz de la intervención de un cargamento de armas en aguas del Atlántico, se le acusó de estar relacionado con el comunismo, con Fidel Castro y con el Frente Polisario. Munia es hermana de la viuda de Zokato, el hombre que habría mandado matar al Nene en 2014. Taieb tuvo al menos tres hijos. Ninguno de ellos con Munia.

El Nene era un hombre de gatillo fácil. A veces, cuando se metía en líos y hería a alguien de un disparo, intentaba salir del entuerto de la manera en la que lo suelen hacer los mafiosos: mediante la extorsión. Tenía una fórmula que le sacó de un apuro más de una vez. Si el hombre al que había disparado lo denunciaba —normalmente, también se trataba de una persona del hampa— obligaba a uno de sus chicos a pegarse un tiro en un pie, una rodilla o un brazo para que se provocara una herida superficial. Luego, ese peón del gran narco acudía a comisaría a denunciar que había sido herido por el hombre al que el Nene había disparado. Para terminar de convencer a la otra parte de que retirara la denuncia, ofrecía una cantidad notable de dinero a través del hermano o el padre del herido. El suceso, casi siempre, se resolvía fuera de los juzgados.

Tras casi una década de desenfreno, las autoridades policiales y los sucesivos ministros del Interior asumieron que tenían que poner coto a los narcos de Ceuta. El Nene, que tenía varias causas judiciales abiertas por narcotráfico e intento de homicidio, era su principal objetivo. Su apodo llevaba meses apareciendo en informes internos de Interior, pero también en periódicos, revistas y telediarios. Era la primera vez que un traficante del sur adquiría la notoriedad de personaje público. En el país casi todo el mundo sabía quiénes eran los narcos gallegos Sito Miñanco o Laureano Oubiña, pero comenzaba a sonar con fuerza el nombre de Mohamed Taieb.

El Nene ingresó por primera vez en la cárcel de Ceuta en el año 2000. Tenía que cumplir una condena de cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública. Su gente quiso cuidarlo desde fuera. Le hacían llegar marisco y pizzas hasta la celda. También mantenía vis a vis con prostitutas. Interior ordenó el traslado del Nene a Madrid, pero Mohamed Taieb consiguió que se suspendiera ese viaje un par de veces. Antes de que lo enviaran a la Península, se puso enfermo e ingresó en el hospital de Ceuta. El Gobierno, que ya no toleró más aquella pantomima, envió hasta allí un helicóptero medicalizado para que lo trasladara a la capital de España.

En otoño de 2001 obtuvo el tercer grado. Había mantenido una inmejorable actitud en prisión y su abogado presentó un contrato de trabajo en una empresa de compraventa de coches. Era una sociedad tapadera domiciliada en la calle Sagasta de Madrid, registrada poco antes a nombre de un testaferro. Esa rebaja de grado penitenciario se la concedió el ahora juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro. Por presiones del Gobierno, que no quería ver al narco en la calle, se dilató su ejecución. Cuando finalmente se le permitió salir en régimen de semilibertad, Mohamed Taieb tan solo tenía que acudir a dormir al centro de inserción social Victoria Kent de Madrid, dependiente de Instituciones Penitenciarias. El resto del día lo podía pasar en la calle. La jueza que se encargaba de los presos del Victoria Kent le revocó el tercer grado. Sin embargo, antes de que se hiciera efectivo, la noticia, inexplicablemente, llegó a oídos de Mohamed Taieb, que decidió fugarse. El Nene no volvió nunca a aquel centro. Se marchó a Marruecos en octubre de 2001. El Estado español de nuevo tenía un problema de cara a la sociedad: el mayor narco del sur del país era un prófugo de la justicia.

Mohamed Taieb se refugió durante un tiempo en Marruecos, desde donde siguió dirigiendo su organización. Se instaló en una lujosa residencia de la urbanización Marina Smir, en Tetuán, a un paso de la frontera con Ceuta. Desde allí continuó pilotando lanchas y protagonizó algunos ajustes de cuentas. Tras su fuga, España solicitó a Marruecos su extradición. Pero las autoridades alauitas la denegaron bajo el argumento de que el prófugo no era español sino marroquí, y que este se llamaba Mohamed el Ouazzani. Según la ley de Marruecos, un descendiente de un marroquí adquiere también la nacionalidad de su padre.

Una noche del verano de 2003, a la salida de una discoteca en la localidad de Emarrach, se produjo un tiroteo entre bandas rivales que afectó a varios guardaespaldas del rey Mohamed VI, de visita en el palacio real que tiene en Tetuán. El rey ordenó detener a los implicados, entre quienes estaba el Nene, que fue condenado a ocho años de prisión por aquellos altercados y por un caso de tráfico de drogas. Mohamed Taieb ingresó en la prisión de Kaki, en Salé, una localidad de la periferia de Rabat. Nada más entrar a la cárcel compró a los funcionarios que necesitó para llevar una vida placentera entre rejas. Disponía de tres celdas para él, donde contaba con televisión de plasma, antena parabólica y un teléfono móvil con conexión a internet. El periodista Alí Lmrabet (detenido por sus críticas a Mohamed VI, condenado y luego indultado) describió en un artículo cómo conoció en la cárcel a Mohamed Taieb y qué tipo de comodidades le rodeaban: «Vivía como un pachá. Trataba a los guardias como criados y cada día se hacía servir del exterior platos combinados de todo tipo, postres refinados y el café que uniformados funcionarios de prisiones traían corriendo por los pasillos de la cárcel antes de que se enfriara. De vez en cuando solía salir discretamente a la calle». En una de esas salidas, el 20 de septiembre de 2005, se produjo un motín en la cárcel. El diario El País contó que los presos aprovecharon la visita de un miembro de la Fundación Mohamed VI para quejarse del comportamiento violento y abusivo del Nene, que actuaba como si fuera el verdadero director de la prisión. Un recluso se quejó de haber sido agredido por no acceder a participar en una carrera a cuatro patas para entretener al traficante. Estas protestas a la espalda del narco provocaron su traslado a la prisión de Kenitra ocho días después. Allí continuó gozando de favores: sus secuaces le llevaban langostas de un kilo, cocaína y mujeres. El 7 de diciembre de 2005, tres meses después de llegar a la prisión de Kenitra, el Nene se fugó con un permiso irregular que consiguió merced a su compadreo con las autoridades de la penitenciaría.

Durante el tiempo que el Nene estuvo en ambas cárceles, el abogado Ricardo Álvarez-Ossorio trabajó para limpiar su expediente judicial en España. Mohamed Taieb acumulaba en diversos juzgados españoles al menos una docena de causas entre condenas, juicios pendientes y citaciones a las que nunca asistió. Nada más conocer la prescripción de su última sentencia condenatoria en España, pagó a varios empleados de la cárcel para disfrutar del que iba a ser el enésimo permiso que había comprado para salir a la calle durante unas horas. A diferencia de las anteriores, esta vez no tenía pensado volver. Se marchó de la cárcel por una puerta trasera. Afuera le esperaban varios de sus lugartenientes. Volvió a Ceuta a bordo de una moto de agua que le pusieron a pie de playa, eludiendo cualquier tipo de control fronterizo y vigilancia policial marítima. El Nene pisaba por primera vez en muchos años su ciudad natal con una hoja penal, en apariencia, impoluta. Realizó la travesía sin portar la documentación marroquí encima. Pensaba que, si se emitía una orden internacional de detención, la Policía española no lo asociaría al nombre que el narco usaba en Marruecos.

La noticia de la fuga del narcotraficante cayó como una bomba en aquel país. El propio rey Mohamed VI y los más altos cargos de la seguridad nacional se ocuparon de depurar responsabilidades de manera rotunda entre los funcionarios que permitieron su evasión. Se condenó a ocho miembros de la seguridad del penal a entre dos y cuatro años de reclusión por haber recibido dinero, coches y motos de manos del Nene. Alguno incluso había acompañado al narco a las fiestas durante sus salidas de prisión. A los dos o tres días de su fuga de Kenitra, sobre las diez de la mañana de una jornada de diciembre de 2005, el Nene sorprendió a las autoridades policiales presentándose en la comisaría provincial de Málaga acompañado de su abogado. Había cruzado el Estrecho a bordo de una lancha semirrígida. «Vengo a renovar el pasaporte», le dijo Mohamed Taieb sin el menor atisbo de sonrojo a uno de los agentes que le atendió a su llegada. Cuando los funcionarios introdujeron los datos saltaron todas las alarmas de los sistemas informáticos. Tenían allí al narco más buscado. ¿Qué narices estaba haciendo? ¿Se burlaba de ellos?

De repente, numerosos agentes descendieron por las escaleras de la comisaría empuñando sus armas. Ante la despreocupada sonrisa del Nene, los uniformados entraron en la sala de renovaciones del DNI como un grupo de asalto. Los agentes, que llegaron a encañonar al fugitivo, insistían en la vigencia de la orden de detención contra él. A su vez, el abogado del traficante les repetía que la orden seguía activa en el sistema interno de la Policía Nacional porque no habían transcurrido ni 48 horas desde la prescripción efectiva de la última busca y captura que pesaba sobre su cliente. Mohamed Taieb, con gesto cortés, invitó al grupo de policías que lo custodiaban a telefonear al tribunal para cerciorarse de que las palabras de su letrado eran ciertas. Treinta minutos después el Nene caminaba libre por Málaga con su pasaporte renovado.

De vuelta a Ceuta, Taieb se subía a veces a una colina que hay junto al paso fronterizo del Tarajal. Desde allí insultaba a los policías marroquíes del otro lado mientras entre risas les mostraba su trasero desnudo. Mohamed Taieb se había burlado de los sistemas judiciales, policiales y penitenciarios de España y Marruecos. Ambos países contemplaban con aparente impotencia sus exhibiciones de arrogancia. Altos funcionarios de ambos Estados confirman que, en el primer trimestre de 2006, se celebró una reunión entre el procurador del rey de Marruecos y destacados responsables del Ministerio del Interior español para que el traficante de las dos identidades volviera a estar entre rejas.

La solución llegó merced a un acuerdo político entre ambos Estados. Rabat y Madrid acordaron que el registro civil de Ceuta iniciara un expediente a instancias de la Fiscalía para promover la retirada de la nacionalidad española del Nene, al considerarla como adquirida y no de origen. En el instante en que se abrió tal expediente, Marruecos libró a Interpol la orden internacional de detención por extradición. Ese movimiento diplomático-policial dio lugar a la inmediata detención de Mohamed Taieb el 24 de abril de 2006, cuando circulaba por la calle Fuente Caballo de Ceuta con un BMW a nombre de su hermano. Interior trasladó inmediatamente al Nene desde Ceuta a Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno fue el magistrado encargado de recibir a uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional en medio de una tormenta mediática. Mohamed Taieb solicitó los servicios de otro conocido penalista español, Marcos García Montes, abogado de famosos como Carmen Sevilla, Ana Obregón o Bertín Osborne. Entre el narcotraficante y su letrado de confianza, Ricardo Álvarez-Ossorio, habían surgido discrepancias. Este le había aconsejado no regresar a Ceuta tras su fuga de la prisión marroquí y mantener una actitud más discreta.

El juez decretó prisión incondicional sin fianza para el narco ceutí, pero Marruecos seguía reclamando el cobro de su pieza. Un mes después de su detención, Taieb volvió a contratar a Álvarez-Ossorio. En pocas semanas, la Audiencia Nacional acordó la entrega de Mohamed Taieb a Marruecos para continuar con el cumplimiento de su condena a ocho años de prisión. La extradición se llevó a cabo a pesar de que en aquel momento seguía vigente su nacionalidad española. Ricardo Álvarez-Ossorio presentó un recurso contra el auto de entrega a Marruecos. Lo dirigió al pleno de la Sala de la Audiencia Nacional. En el sorteo correspondiente se asignó el turno de ponencia al magistrado José Ricardo de Prada, quien vio en la entrega del Nene a Marruecos una violación de los acuerdos internacionales de extradición y del propio derecho nacional español. La presión del Gobierno activó toda una serie de mecanismos internos para relegar de la ponencia al magistrado. Desde Interior se reconocía que «nadie» iba a reprocharle al Gobierno español que mandara a Marruecos «a un delincuente por muy español de origen que sea, máxime si además es un moro», contó El País. La votación se resolvió a favor de la entrega del narco por cinco votos contra cuatro. Pero el Nene no estaba dispuesto a rendirse: al recurso del pleno le siguieron otros ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El traficante temía un sangriento recibimiento en Marruecos. Todos sus intentos por permanecer bajo el sistema legal español fueron en vano. España acabó entregando a Mohamed Taieb a Marruecos. A su vez, Marruecos recibió a Mohamed el Ouazzani.

Dos fuentes policiales marroquíes, así como varias personas que mantuvieron contacto directo durante años con el traficante, explican que a su llegada a Marruecos el Nene fue trasladado a dependencias extraoficiales de un cuerpo policial. Una vez allí, colgado de los tobillos y maniatado con alambres, se le sometió a apaleamientos y descargas eléctricas durante interminables sesiones de tortura. Desde aquel lugar que ninguna fuente sabe ubicar, lo trasladaron a una prisión subterránea sin ventilación ni luz exterior, donde permaneció durante varios meses. El Nene se granjeó de nuevo la confianza de los funcionarios más cercanos y luego de los mandos intermedios y de las altas autoridades de aquel macabro penal. Pero cuando recobró la libertad ya no era el mismo. Por el camino se había dejado parte de su personalidad. «Su violencia y su paranoia se multiplicaron hasta acercarlo al personaje malvado que los medios más sensacionalistas dibujaron», se queja un amigo íntimo del traficante desaparecido. «Cuando murió, ya era otro. Aquel Nene que yo conocí de joven no era al que se comieron los peces».

La última gran guerra del narco en Ceuta

—¿Por qué no abandonas esa vida y ese mundo?

Un par de meses antes de morir, una de sus cinco hermanas le planteó esa posibilidad a Hicham. Él, al que apodaban Cuchillo, respondió entre lágrimas y con las piernas temblorosas.

—Ya no puedo. Sé demasiado. No viviría en paz. Irían a por mí.

Una pregunta casi calcada le hizo su hermana a Mohamed el Caniche. El chico vino a responder lo mismo que su amigo Cuchillo: «Ahora es imposible. Me matarían».

Ambos, Cuchillo y Caniche, formaban parte de la misma banda ceutí de narcotraficantes. Los dos también querían salirse de ella y buscar una nueva vida. Pero no pudieron hacerlo. Si alguien está demasiado involucrado en el mundo del narco solo puede abandonar el negocio de dos formas: la muerte o el exilio. Y Hicham Cuchillo y Mohamed el Caniche murieron a manos de sicarios.

A Cuchillo, que movía dinero y hachís desde Algeciras para el capo ceutí Hassan Mohamed, apodado Chakor (hacha, en árabe), lo mataron el 28 de julio de 2014. Su asesino, o sus asesinos, hicieron desaparecer su cuerpo. Los investigadores policiales siempre han sospechado que lo enterraron en algún lugar perdido o que lo lanzaron a las aguas que bañan Ceuta.

A Mohamed el Caniche, un traficante a sueldo de Hassan Chakor, le pegaron un tiro en la nuca, lo metieron en el interior del Audi A6 de su padre y rociaron el coche con gasolina. Añadieron un acelerante químico para que prendiera rápido. Fue el 15 de diciembre de 2014, el mismo año. Mohamed el Caniche vivía en El Príncipe. Siempre se movía en coche blindado y con chaleco antibalas. Por aquel entonces, en la ciudad autónoma se libraba desde hacía años —la Policía Nacional tenía constancia desde 2009— una guerra entre dos bandas para hacerse con el control del mercado del costo que cruzaba el Estrecho hacia Europa. La contienda prosigue hoy, aunque con un perfil más discreto y sin el estruendo continuo de las balas. Hizo falta que el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional en la Costa del Sol se desplazara hasta Ceuta para imponer cierta paz.

En febrero de 2016 me cité con varias personas del círculo íntimo de Hicham Enfedal Cuchillo y Mohamed Aziz el Caniche. Por miedo a represalias, accedieron a hablar conmigo siempre y cuando no revelara nunca sus identidades.

«Aquí todos los asesinatos son por encargo. También el de Hicham». Hicham era un tipo de fiar entre quienes conocen el mundo del narco. «Nunca se quedó un solo euro de ninguno de los dos», me dijo un amigo suyo. Luego, una vez hecha la movida, trasladaba hasta Ceuta el dinero que le cobraba a las bandas distribuidoras europeas que habían recibido la mercancía. Lo ocultaba en dobles fondos de coches que montaba en el ferry que une Ceuta con Algeciras a través del Estrecho. «Tenía sus trucos para que no se lo detectaran. Nunca supe cómo lo hacía».

Aquel 28 de julio de 2014, siguiendo el relato de un amigo de Cuchillo refrendado por fuentes policiales, Hicham abandonó una caseta de la feria de Algeciras, donde gastaba sin freno en gambas blancas, vino fino y jamón, para viajar hasta Ceuta, donde lo reclamaba su jefe, Hassan Chakor. Por la mañana visitó a un hermano y a un cuñado. Por la tarde, acudió a casa de Chakor. Nunca más se supo de él. La familia de Cuchillo está segura de que fue asesinado. El entorno de Hicham, padre de cuatro hijos a sus treinta y cinco años, siempre ha sostenido que Hassan Chakor y otras dos personas (dos sicarios, Anuar Mohamed Grana y su hermano Fathi) lo trasladaron a casa del Nene, un chalet con zulo de torturas, donde lo habrían asesinado. El porqué sigue siendo una incógnita. El amigo de Hicham apuntaba a que Abdellah el Haj, alias Messi, un poderosísimo narco marroquí nacido en Tánger, pero afincado en Algeciras desde la adolescencia y con buena relación con el Nene, les habría pagado a este y a su banda para que «lo quitaran de en medio». Cuchillo y Messi estaban enfrentados desde hacía años por una misma mujer. En febrero de 2016, cuando viajé a Ceuta para conocer más detalles de la historia, la madre de Hicham Cuchillo sufría una severa dolencia cardíaca y su padre ya no albergaba esperanzas de hallar el cadáver de su hijo. «Ha pedido a sus allegados que dejen ya el tema», me explicó el amigo de Cuchillo. «Pero no podemos dejar que un asesinato se cierre así, sin más, por mucho que Hicham se dedicara a lo que se dedicaba».

Cuando perdió la vida, Mohamed Aziz el Caniche estaba a punto de cumplir treinta y cinco años.

El 15 de diciembre de 2014, su mujer, Saida Mustafá, le convenció para que fuese a casa de Hassan Chakor. El Caniche pensaba irse a vivir a Ceuta con su amante y Saida, por su parte, mantenía una relación amorosa con Anuar Grana. Este último fue quien le descerrajó al Caniche un disparo en la nuca. La investigación policial apuntó a que el propio Grana, tras matarlo, con la colaboración de su hermano y de otras tres personas que le facilitaron el combustible —entre ellas, un menor—, lo metió en el coche de su padre y roció el vehículo con gasolina y con un acelerante químico.

A primera vista nadie diría que un lugar tan pequeño como Ceuta y tomado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (con en torno a 1200 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional) pueda ser uno de los dos ejes vertebradores de la principal ruta mundial del hachís.

Dos grandes bandas de traficantes han operado en Ceuta durante este siglo. Una de esas dos grandes organizaciones la lideraba Tafa Sodia, quien extendió su reinado en la conflictiva barriada El Príncipe. La otra, liderada por Hassan Chakor desde la desaparición del Nene en 2014.

Tafa fue asesinado en 2013, en pleno Ramadán, a manos de un sicario de la banda rival (la que encabezó el Nene hasta su muerte). Lo acribillaron en presencia de su mujer en pleno centro de Ceuta, en la avenida Marina Española. De los siete disparos que recibió, seis eran mortales. Tres tiros en la cabeza por la espalda y cuatro en el tórax. La prueba pericial de balística detalló que hubo dos armas en el asesinato. Una pistola y un revólver. Una nueve milímetros y un 357 Magnum. En junio de 2016, Anuar Mohamed Hamedi, alias Rambo, un conocido delincuente local, fue condenado a veintidós años de cárcel por el asesinato de Tafa. La sentencia de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta recoge que hubo otra persona, un segundo pistolero que disparó de frente al narco. Aunque en mayo de 2018 se juzgó a un posible compinche, Mohamed Said H. M., un jurado popular lo declaró inocente. Recibió la absolución después de haberse pasado dos años en prisión preventiva. Nunca se ha sabido quién acompañó a Rambo aquel día.

Desde 2009, inmersas en ese cruce de balas, en Ceuta habían muerto al menos nueve personas y otras ocho resultaron heridas de gravedad. 2014 había sido un año sangriento, concentrando siete de esas víctimas mortales en solo siete meses. En junio murieron un chico llamado Sufian y también Hicham Cuchillo. En agosto, en El Príncipe, perdió la vida Mohamed Ennakra. En ese mes desapareció también Mohamed Taieb, el Nene. También un marroquí, Said. Dos meses después, en octubre, asesinaron al peluquero Juan. A finales de año, en diciembre, le llegó el turno a Mohamed el Caniche. En enero de 2015, el GRECO de la Costa del Sol —comandado por una aguerrida inspectora jefe, Vanesa Roncero— se desplazó hasta Ceuta para intentar detener el enfrentamiento entre clanes.

La operación Hacha se saldó con once detenidos, entre ellos Hassan Chakor; los hermanos Anuar Grana y Fathi; Saida Mustafá —mujer de Mohamed el Caniche—, y también Chorok Mustafá, la hermana de esta, quien habría colaborado en el asesinato de su cuñado. Se intervinieron varios chalecos y protectores antibalas, cinco vehículos de alta gama y veintiséis teléfonos móviles. El sicario ingresó en la cárcel de El Puerto de Santa María. Meses antes del juicio se le puso en libertad provisional porque no estaba justificado que se extendiera durante más tiempo los dos años de prisión preventiva que ya había cumplido. Lo recogieron su hermano y otros miembros de su banda. En Algeciras se subió a un ferry y cruzó el Estrecho hasta Ceuta. Durante el tiempo que estuvo en la calle fichó a diario en el juzgado, donde antes había entregado el pasaporte.

En marzo de 2019, un tribunal condenó a Anuar Mohamed Grana a once años de prisión por un delito de homicidio. A Saida Mustafá y a la cuñada, Chorok Mustafá, se les condenó a cinco años de prisión. Hassan Chakor fue absuelto. Grana le temía a dos cosas, a la muerte y a la cárcel, y ambas confluían en una sola idea: le daba miedo que lo mataran estando entre rejas. El 3 de mayo de 2019, mes y medio después de ser condenado, debía presentarse en la cárcel de Ceuta para cumplir con la pena. Pero ese día Grana ya no estaba. Se había fugado. Las autoridades policiales lo pusieron en busca y captura. «Pensamos que está en la Península, pero no sabemos dónde», me contó entonces una fuente policial de la comisaría de Ceuta. El hecho de haber admitido durante el juicio la autoría de la muerte del Caniche había puesto en la diana a Grana. «Aquí no puede estar, sería un secreto a voces dónde se cobija. Y en la cárcel teme por su vida. Grana ha puesto un mar de por medio entre él y quienes quieren su cabeza. Tiene cuentas pendientes y eso en su mundo se paga con la vida», me explicaba esa misma fuente.

Su huida duró unos meses. En agosto de 2019, la Policía Nacional lo detuvo en una vivienda de Casares (Málaga), cerca de la playa. A las pocas horas ingresaba en una penitenciaría. La ciudad de Ceuta se despojaba así de uno de sus peores criminales.

Las 72 horas en las que Chino llenó de sangre El Príncipe

El silbido de las balas ya no causa tanto estruendo ni dolor por las calles de Ceuta, pero todavía hay sucesos puntuales que hielan la sangre de los vecinos. Durante tres días, Mohamed Lahsen, alias Chino, atiborrado de coca y hachís, se paseó pistola en mano por las laberínticas callejuelas de El Príncipe sembrando el pánico a base de sangre y balas. Mató a su jefe de un tiro en la cabeza y trató de asesinar al camello que le pasó unos gramos de cocaína que no le gustaron y al chico con el que había tenido varios roces con anterioridad. «Estaba poseído», me aseguraron algunos vecinos de El Príncipe en mayo de 2016. La Policía ya lo buscaba por tentativa de homicidio tras cortarle el brazo a un hombre. Tenía una ristra de delitos a sus espaldas. Para detenerlo se organizó un operativo con veinte policías. Tres horas después de amotinarse en la casa de su madre y de quedarse sin munición, salió de su trinchera. «Nos recibió a tiro limpio», me explicó Manuel Barroso, en ese momento el inspector jefe de la Policía Nacional en Ceuta.

La locura de Chino comenzó en torno al mediodía del sábado 14 de mayo de 2016, y terminó a las 08:10 horas del martes 17. La noche del viernes la pasó con Himad Mohamed, alias Mape, fumando hachís, bebiendo alcohol y consumiendo cocaína. Aunque no eran amigos, trabajaban codo con codo como «matones a sueldo» de los dos capos que en ese momento lideraban la banda de narcos que controlaba el barrio, Nadi Salchicha y Yalal el Loco, el presunto asesino del Nene según el periodista de investigación Daniel Montero.

Chino y Mape nunca se llevaron bien, aunque Mape sabía que Chino tenía la sangre fría suficiente como para matar a quien él le pidiera. Con esta cualidad, quiso tenerlo entre los suyos. Por eso lo reclutó. Fue su último fichaje. Lo que no imaginó es que acabaría siendo su verdugo. Aquella noche de fiesta terminó con un encontronazo entre ambos, una mezcla de insultos y amenazas.

A la mañana siguiente, en torno a las doce del mediodía del sábado, Chino, preso de un estado de locura y subido a un todoterreno prestado por un amigo, embistió la moto que conducía Karim el Diablillo, el camello que le había suministrado coca un día antes, que entre tiros logró escapar por un terraplén próximo al colegio Príncipe Felipe. Poco después, hacia las 13:30, Chino fue en busca de Mape. En un callejón a solo cincuenta metros de la principal mezquita de El Príncipe —el mismo escenario de dos asesinatos anteriores— Chino, a cara descubierta, sin apenas mediar palabra y ante decenas de personas, se plantó delante de Mape y lo acribilló a balazos. Uno de ellos le reventó el cráneo. Resultó en vano que algunos vecinos trataran de salvar a Mape llevándolo al hospital de la ciudad, a solo tres minutos del lugar del suceso.

El peón se había comido a su rey.

Durante las 48 horas que consiguió mantenerse prófugo, Mohamed Lahsen Chino continuó drogándose y recorriendo las calles de El Príncipe. Envalentonado, eufórico y fuera de sí, disparaba al aire y amenazaba a cualquiera que se atrevía a sostenerle la mirada. Pese a que la Policía Nacional ya andaba tras su rastro gracias al aviso dado por varios testigos, Chino contó con la ayuda de un amigo para moverse por la barriada sin ser detenido. Tuvo tiempo de intentar acabar con la vida de otra persona más. A las cuatro de la madrugada del lunes, Chino disparó contra Morad, alias Canty, a quien acorraló también en un callejón. Canty recibió un disparo en la pierna derecha a la altura de la rodilla. Pese a la herida, a los pocos días fue dado de alta.

En Ceuta la madre de Chino me abrió la puerta de la casa donde su hijo se amotinó tras cometer un asesinato e intentar matar a otras dos personas. Era una vivienda de techos altos, con un patio central que separaba las distintas estancias del inmueble. Allí llegó Chino a las cinco de la madrugada del martes. Fátima Abdelkader es una mujer gruesa de cuarenta y nueve años, madre de cuatro hijos. Se le notaba que le costaba dormir. Las ojeras, amoratadas, se le extendían casi hasta los pómulos. La vivienda de Fati la Bizca, como se le conoce en Ceuta, está en la calle Argentina, en la barriada Cuesta Parisina, a cinco minutos a pie de la frontera del Tarajal. Cuando llegué, la mujer desayunaba café y pan tostado mientras unos operarios se afanaban en cambiar la puerta de entrada de su vivienda. «La destrozaron los policías al entrar para capturar a mi hijo», me explicó. Tras atravesar un amplio patio repleto de flores, la mujer me invitó a sentarme en una sala de estar contigua a la cocina. Me ofreció unos dátiles y un té antes de sentarnos a hablar. Al principio me miraba recelosa. Luego, con el transcurso de la conversación, se fue relajando. En este lugar, dijo señalando Fátima hacia la estancia, se atrincheró su hijo. Lo sabe porque cuando volvió a entrar, al día siguiente de su detención, se encontró la señal del impacto de hasta ocho balazos en el portón de acceso y un charco de sangre seca, producto de un golpe que el joven se dio en la cabeza. La madre me explicó que Chino nació en Barcelona en agosto de 1984 y que desde pequeño siempre fue su quebradero de cabeza. Siendo un niño, le pegó a su madre un tiro con una escopeta de balines en el ojo derecho. Desde entonces, tiene un problema de visión, de ahí el apodo. Fátima me contó que era padre de una niña, y que su pareja se encontraba embarazada de nuevo. La mujer contó otro detalle más: el chaval esperaba otro hijo de una de sus amantes.

Hasta veinte agentes policiales pertrechados con escudos y chalecos antibalas se desplazaron hasta esa casa en un operativo que mantuvo en vilo a los vecinos del barrio. Chino solo se rindió cuando los agentes irrumpieron por la fuerza y tras un cruce de disparos. Se vio acorralado después de vaciar la munición de su pistola Glock de nueve milímetros y de un revólver 38 especial. Al menos realizó quince disparos. «¡Quieto o te reviento!», le gritó uno de los uniformados desde la puerta. «¡Arriba las manos, arriba las manos!». Tras registrar la casa durante dos horas, la Policía lo sacó ocultando su rostro con un trapo oscuro. «Estoy segura de que pensaba que querían matarlo, que quien estaba en la puerta era la gente de Mape», dijo su madre. «Por eso disparó». Ya con los grilletes apretando sus muñecas, Chino seguía pensado que le había vendido su madre. Todo lo contrario: la Bizca había mentido a los agentes cada vez que la llamaban preguntando por el paradero de su hijo. Para cazarlo, la Policía, que conocía la vida personal del fugitivo, fijó dispositivos de vigilancia en las casas de las «tres mujeres de su vida»: su madre, su pareja y su amante. La Bizca, que sabía lo que había hecho su hijo, quería que Chino huyera a Marruecos, junto a su padre, como hacía siempre que tenía problemas con la justicia española. Defendía que su hijo mató a Mape porque llevaba semanas amenazándole. «Mi niño no es un criminal —me dijo con lágrimas en los ojos—. No obró bien, claro está, pero era tal la impotencia y el miedo que sentía que supongo que se vio obligado a matarlo antes de que lo mataran a él».

Los padres del fallecido Mape viven a solo 150 metros de la casa de la madre de Chino. Tienen su vivienda en la tercera planta de un antiguo edificio junto a la playa. Después de tocar el timbre, me abre la puerta un hombre de mirada triste y voz apagada. Era el progenitor del chico muerto a los veintiocho años de un disparo en la cabeza. «No tenemos fuerzas ni estamos en condiciones de atender a nadie», me contó aquel hombre con tono y gestos educados. El señor negó que su hijo, enterrado en el cementerio musulmán de Ceuta, perteneciera a una banda de narcotraficantes. Pese a que tanto los padres de Chino y Mape desvinculaban a sus hijos del negocio del tráfico de drogas, ambos pertenecían a la única banda de narcos que por ese tiempo dominaba ya El Príncipe.

En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenó a Chino a diez años, nueve meses y tres días de prisión por los delitos de tenencia ilícita de armas, atentado y hasta once tentativas de homicidio cometidos el día que se atrincheró ante la Policía Nacional. «Estaba drogado, no sabía lo que hacía», dijo durante el juicio. Seis meses después, en noviembre de ese año, un jurado popular lo declaró culpable de asesinar a Mape. En diciembre conoció la sentencia: veinte años más de prisión.

Narcodrones durante la pandemia

El chico ha cortocircuitado el tendido eléctrico en el barrio de El Príncipe: no se produce un gran apagón, pero sí ha conseguido cortar la luz en algunas de las laberínticas callejuelas próximas al paso fronterizo del Tarajal. En el cielo atruena un zumbido que recuerda al vuelo de una abeja colosal. Un joven que espera en la azotea de una vivienda observa cómo un dron desciende hacia su cabeza. El aparato ha partido de Marruecos, justo al otro lado de la frontera que se divisa desde El Príncipe y que se cerró a cal y canto el 13 de marzo de 2020 a causa de la pandemia. Del artefacto pende una gruesa cuerda de un par de metros con un mosquetón en su parte inferior. De este, a su vez, cuelga un extraño bulto. Pero antes de que la persona que espera en la azotea alcance a recoger el paquete, un agente de la Policía Nacional que divisa la escena con cámaras de vigilancia nocturna y agazapado a un centenar de metros señala hacia el dron con un rifle inhibidor. El arma dispone de gatillo pero no de balas. El especialista policial, que ha llegado desde la Península hace unos días, apunta al dron y dispara: la antena en forma de parrilla emite una señal que interfiere entre el piloto y el dron. El aparato pierde el control a los pocos segundos y se aleja hasta precipitarse contra el asfalto de la calle. El envío contiene alrededor de medio kilo de hachís.

En septiembre 2021 se llevaban contabilizados una treintena de drones caídos en Ceuta. Ese rifle inhibidor, con un alcance máximo de dos kilómetros —resulta muy efectivo hasta los 1200-1300 metros de distancia— emite una señal en forma de cono invertido. A mayor distancia, mayor amplitud de acción pero menor efectividad. «Es como disparar al estilo vaquero de las películas, sin necesidad de afinar el tiro», dice un policía.

«Los narcos se reinventan. El negocio es el negocio», me explicó por esas fechas el inspector y jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) en Ceuta. «Si no pueden por tierra, les vale el aire. Probaron, vieron que funcionaba y han seguido. Reducen riesgos porque saben que, salvo que llevemos a cabo una dura investigación que nos puede llevar meses, no les vamos a pillar. Perderán la mercancía pero tendrán la oportunidad de probar otra vez adquiriendo otro dron».

Escenas similares se vivieron con frecuencia en Ceuta desde que Marruecos decidió sellar la frontera a causa del covid. Las zonas aledañas a la valla perimetral y las viviendas más cercanas al paso fronterizo se convirtieron en zona de aterrizaje de los narcodrones del hachís. Si hacía buen tiempo, volaban casi a diario. Hacia la ciudad autónoma traían chocolate. De vuelta llevaban dinero para realizar el pago a los proveedores o fármacos como el clonazepam. Con ellos componen nuevas drogas. Las mafias marroquíes los mezclan con hachís espolvoreado, harina y colorante rojo en gotas. Obtienen karkubi, un psicotrópico que circula por los barrios pobres. Produce excitación y alucinaciones en el consumidor.

Se trataba de un fenómeno idéntico al que se da con la cocaína o las metanfetaminas entre el norte de México y el sur de EE. UU. La tecnología al servicio de los traficantes. El hachís que antes entraba en Ceuta a través de coches con dobles fondos, con personas enfajadas o gracias a los culeros que se jugaban la vida si los envoltorios les estallaban en el estómago, ahora cruzaba mediante el vuelo de sofisticados artefactos.

Como en todo nuevo negocio siempre hubo visionarios. En este caso fue Yalal el Loco, que acabó muerto a tiros la tarde del 21 de diciembre de 2020, en otro ajuste de cuentas. Durante las primeras semanas del cierre de la frontera, el kilo de esta droga llegó a tener un precio superior en Ceuta que en Madrid. Perro viejo en el negocio, Yalal pensó que la valla fronteriza con Marruecos no era impedimento para seguir traficando, aunque fuera a pequeña escala. Activó a los chicos de su organización, tiró de chequera y empezó a realizar vuelos de prueba. El narco decidió comprar varios drones, baterías de sobra y puso a alguna de su gente a aprender a pilotarlos. Así estuvo un tiempo. Hasta que decidió dar el salto.

«Ese año hizo una fuerte inversión para surtir al mercado local de la droga que ya no entraba por el Tarajal. Compró un dron de 12 000 euros. Luego, uno de más de 20 000 que le permitía meter en Ceuta veinticinco kilos de hachís por cada viaje. Si se pasaba la noche volando, imagina lo que su dueño conseguía de rentabilidad», sostenían en UDYCO. Las fuerzas policiales calculaban que en el otoño de 2021 había entre diez y doce de estos aparatos sobrevolando el cielo ceutí. Hacían viajes continuos.

Los drones también se usaban para seguir los pasos de los coches policiales. «Un día, en mitad de la investigación, me topé de frente con uno que volaba encima del cristal delantero de nuestro coche. El piloto no se cortó un pelo. Lo teníamos a un par de metros. Te lo acercan tanto que pueden ver tu cara», me explicó el responsable de UDYCO en Ceuta.

Las mafias al otro lado del Estrecho ven en los drones una manera eficaz de saltarse a los intermediarios andaluces y sus potentes lanchas. El 13 de julio de 2021, la Policía Nacional de Málaga expuso un enorme dron de cuatro metros y medio de envergadura con capacidad para transportar hasta 150 kilos de carga, incautado a una banda de narcotraficantes franceses que buscaba asentarse en la Costa del Sol. El aparato tenía una autonomía de siete horas y podía alcanzar los 170 km/h. «Jamás habíamos visto un dron de este tamaño para esta utilidad. Había algún precedente, pero nunca como este», dijo Pedro Luis Bardón, jefe de Medios Aéreos de la Policía Nacional. La colaboración entre España y Francia permitió saber que los miembros de esta banda compraban hachís y marihuana en Marruecos que luego trasladaban a Málaga. Una vez en la Península, lo enviaban a Francia por paquetería postal o en coches de alta gama robados. El dron intervenido en Málaga, pintado de un blanco níveo, era de fabricación china. Tenía cinco motores. Cuatro de ellos eran eléctricos, lo que le permitía ascender y descender en vertical. Un quinto, de combustión, es el que lo impulsaba en horizontal durante el vuelo. Podía alcanzar los 7000 pies, unos 2000 metros de altura. Los narcos podían introducirle las coordenadas exactas para el despegue y aterrizaje. Se puede adquirir por entre 30 000 y 150 000 euros.

Los drones de Ceuta y la aeronave de Málaga no son las últimas novedades incorporadas por el narco del sur a su negocio. En la primavera de 2021, la Policía Nacional mostró en Algeciras el primer semisumergible incautado fuera de Galicia. La embarcación estaba escondida en una nave de Monda, otro pequeño pueblo malagueño. Tenía una capacidad de carga de dos toneladas. Buscaban introducir cocaína a través de la conocida como ruta africana y subirla a Europa por el Estrecho. El semisumergible incautado costó alrededor del millón de euros. Visto desde el cielo tenía forma de barco.

4. LOS RÍOS, ALIADOS NATURALES DEL NARCO

«Una cosa como esa no la había visto en mi vida. Había estado en situaciones similares otras veces, pero jamás tan extremas», asegura Javier Collado. Se refiere al asalto que sufrió el 28 de noviembre de 2012, sobre las 20:00. El comandante Collado pilotaba un helicóptero de Vigilancia Aduanera, acompañado de dos agentes, persiguiendo una lancha cargada de hachís desde la distancia, sin que lo detectasen. La goma, procedente de Marruecos, se dirigía por mar hacia el noroeste, alejándose de las aguas del estrecho de Gibraltar. Al aproximarse a la costa, el piloto enfiló la proa de la embarcación hacia la inmensidad de la desembocadura del río Guadalquivir, que se derrama en el océano Atlántico al llegar a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. El río es la frontera natural que divide las provincias andaluzas de Cádiz y Huelva. Pero la lancha no se detuvo en ninguna playa. El piloto que la manejaba se adentró río arriba. Lo remontó casi tres kilómetros. Detuvo la embarcación muy cerca del poblado marinero de Bonanza, una zona de casas bajas de pescaderos donde el estuario del Guadalquivir empieza a convertirse en puro río salvaje. Allí se hizo el trasbordo de la mercancía a varios botes de menores dimensiones para acercar la droga a tierra. Bonanza está más allá del casco urbano de Sanlúcar y de las playas de Bajo de Guía, desde las que se divisa el Coto de Doñana y por las que las carretas que provienen de la Andalucía oriental cruzan al otro lado con motivo de la romería anual a El Rocío, la mayor peregrinación católica de España.

Los narcos salieron corriendo cuando el helicóptero les enfocó con su potente chorro de luz. Un agente de Vigilancia Aduanera descendió para proteger la mercancía hasta la llegada de los refuerzos policiales. Contó entre setenta y ochenta fardos de hachís. Se habían incautado de alrededor de dos toneladas y media de chocolate. Pero, de repente, sucedió lo impensable. Un centenar de personas envalentonadas, entre ellas niños y mujeres, salieron de sus casas en dirección al cargamento. Aquella turba arrinconó e insultó al agente de Vigilancia Aduanera. Intentaron agredirle, pero Collado se echó la mano a la cintura para empuñar su arma.

El agente que había bajado del helicóptero tuvo que refugiarse de nuevo en el aparato con la ayuda de sus dos compañeros. Una vez juntos, despegaron con las puertas de la aeronave todavía abiertas. Temían sufrir una avería por el impacto de los objetos que les arrojaban. Acosaron con vuelo raso a los vecinos que seguían cargando los pesados fardos. Al aproximarse, de nuevo les lanzaron piedras y hierros. Había familias enteras llevándose parte del alijo. Los efectivos de Vigilancia Aduanera tuvieron que volver a recular. Cuando llegaron los refuerzos, pasada la media hora, la droga se había esfumado. Al día siguiente los investigadores de la Guardia Civil regresaron. Se impuso la omertá: la tarde anterior todo el mundo había estado metido en su casa al calor de una estufa. Antes de marcharse, los agentes escucharon las ironías de los vecinos de Bonanza: «Este año seguro que tengo para los Reyes de mi niño».

El gran río andaluz: el Negro, Ginés y medio cuartel corrupto

Las lanchas procedentes de Marruecos encuentran en el Guadalquivir (y en el Guadarranque) infinidad de caños por los que colarse con sigilo y vastas extensiones de tierras despobladas donde descargar la mercancía. Algunas bandas incluso han llegado a alijar cerca de Sevilla capital, a ochenta kilómetros de distancia de su desembocadura. En la mayoría de ocasiones solo los caballos, las aves y el resto de animales salvajes que viven a ambos lados del cauce, alejados del hombre, son testigos del trasvase de la droga de las lanchas a los potentes todoterrenos o furgonetas, y de estos a las naves de apero de las marismas, donde se almacena la mercancía durante horas o días enteros.

La mañana del martes 25 de junio de 2019, dio comienzo la operación Vegano. La Guardia Civil, en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 1 de Coria del Río (Sevilla), una localidad bañada por el río, irrumpió en el chalet de Ginés González Rodríguez. Tras un exhaustivo registro, uno de los uniformados sacó de la vivienda a un hombre corpulento que llevaba una camiseta sobre su cabeza para ocultar el rostro. El detenido vestía una camiseta azul de la marca Hugo Boss, bañador y chanclas. Su indumentaria dejaba ver sus múltiples tatuajes de pistolas y caras de diablos. Las autoridades policiales dijeron que la banda de Ginés introducía 50 000 kilos al año de hachís a través del Guadalquivir. Ginés, un sevillano del barrio de la Macarena, está casado con una mujer que pertenece al clan de los Mikhailovich, una familia de origen húngaro relacionada históricamente con el narcotráfico en la barriada hispalense de las Tres Mil Viviendas. Cuando consiguió que el juez le pusiera fianza, el narco la pagó y recobró la libertad con cargos. Volvió al negocio en cuanto puso un pie en la calle. El 9 de febrero de 2022, a Ginés de nuevo se le detuvo en su chalet. Pese a encontrarse a la espera de juicio, seguía traficando. Al Señor del Guadalquivir, como lo conocen las fuerzas policiales, se le incautaron diez toneladas de hachís. Los agentes detuvieron a treinta y nueve miembros de su organización e intervinieron nueve gomas, veintinueve coches, 170 000 euros en efectivo y dos armas.

Al año siguiente, el Tribunal Supremo confirmó la condena de catorce años de cárcel a Francisco Javier Cáceres Borrero, sargento de la Guardia Civil al frente del cuartel de Isla Mayor, una localidad también ribereña del Guadalquivir y vecina de Coria. Había sido arrestado junto a tres compañeros en la Nochevieja de 2016. Era la mitad de la plantilla de aquel puesto. La Audiencia Nacional había condenado a los cuatro, el 5 de abril de 2019, a penas de prisión que iban de los cuatro años y medio a los catorce y tres meses. La sentencia de los magistrados relata en sus hechos probados que en abril de 2016 el sargento mantuvo contacto con el jefe de una organización de narcos, Francisco Antonio Rodríguez Cordero, apodado el Negro.

El fallo judicial sostiene como hecho probado que el sargento Cáceres se reunió con el Negro el 7 y el 10 de abril de 2016. Las citas tuvieron lugar en el polígono industrial La Estrella, de Coria del Río, a bordo del coche particular del sargento, un Opel Insignia. Cáceres y el narco pactaron que varios agentes de la comandancia darían protección a los alijos facilitando al narco datos sobre los recorridos de las patrullas de la Guardia Civil. Según el sumario, «los guardias civiles le informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podían vigilar en sus transportes o descargas, y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias».

Los agentes entregaron también al traficante la llave de la cancela de la llamada Bomba del Quini, en la zona de Matochal, una zona restringida del parque natural de Doñana, donde el narco podría realizar desembarcos de droga con mayor seguridad. Para facilitar la comunicación, el Negro entregó tres teléfonos móviles a los agentes.

Los guardias civiles involucrados en la trama recibían 6000 euros, y otros 20 000 en caso de que el alijo fuese exitoso.

En una de las conversaciones grabadas con autorización judicial, el guardia civil Luciano Martínez le dice a su sargento: «Yo no me jubilo mientras esta gente siga ahí, cobro 3000 pavos, más que media Comandancia junta».

Tan jugoso era el negocio que en algún momento los propios agentes empezaron a puentearse entre ellos para sacar mayor tajada. Según relata el sumario judicial: «A partir de 2016 es el guardia civil Luciano Martínez el que se ocupa de mantener los contactos con Rodríguez Cordero, desplazando al propio sargento, que comienza a sospechar que le ocultan información sobre los alijos, para evitar tener que pagarle su comisión».

La urbanización de los narcoembarcaderos

El río Guadarranque, mucho más estrecho y corto —tiene 43 kilómetros de longitud frente a los 657 del Guadalquivir—, está ubicado en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Nace en Cortes de la Frontera, en el parque natural de los Alcornocales, y desemboca en la Bahía de Algeciras, en aguas del Mediterráneo. A pesar de estar catalogado como «no apto para la navegación» por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, los traficantes de Algeciras, La Línea de la Concepción y localidades cercanas han construido narcoembarcaderos en los jardines de algunos chalets de lujo con salida trasera al río. Llegaban a pagar hasta 6000 euros de alquiler al mes para que sus propietarios se marchasen. Una vez instalados allí, conseguían salir a mar abierto a través de la desembocadura, situada entre los términos municipales de Los Barrios y San Roque. Era una forma ágil y discreta de evitar el uso de tractores para mover las lanchas hasta la orilla de la playa. En el Guadarranque han crecido poderosas organizaciones criminales de narcotraficantes. Una de ellas es la de Abdellah el Haj Sadek el Membri, alias Messi, prófugo de la justicia desde 2018.

A finales de mayo de 2015, fui testigo de la botadura de una goma desde uno de los doce narcoembarcaderos que en ese momento había en la zona. Fue como ver nacer un rayo. Al correrse un portón metálico similar al de un garaje de coche se asomó al río la proa de una lancha de una docena de metros de eslora. La embarcación se deslizó por la rampa construida sobre uno de los bordes de la piscina que había en el jardín trasero de un chalet. Con la marea alta, la goma se posó de manera ágil sobre las aguas del río. Eran las cinco de la tarde. A plena luz del día. A bordo de ella iban cuatro individuos con el rostro cubierto con pasamontañas, uno detrás de otro, dispuestos encima de un potro con respaldo, agarraderas de hierro y el mismo número de asientos. Vestían con neoprenos y chaquetones impermeables. Dos de ellos llevaban puesto un casco. A lo lejos, les intuí jóvenes. Cuando la embarcación enfiló la proa hacia el Mediterráneo, los tres motores de 250 caballos comenzaron a rugir. El piloto empujó a fondo con su mano derecha la palanca del acelerador, y la lancha inició su travesía hacia Marruecos en busca de cientos de kilos de hachís que suministraban barcos nodriza a pocas millas de la costa de Marruecos o, directamente, en playas controladas por las organizaciones de proveedores locales. La embarcación tenía tanta fuerza que en los primeros cincuenta metros de su recorrido tomó una inclinación próxima a los 45 grados. A los pocos segundos le perdí el rastro a ese caballo neumático desbocado que se adentró en las aguas del Estrecho. Alguien ya había accionado el mecanismo de cierre de la compuerta cuando volvimos a mirar hacia el narcoembarcadero del que salió.

Apagado el bramido de los motores de la lancha, volvió el canturreo de los pajarillos a la elitista urbanización Guadacorte, en Los Barrios, con Gibraltar al sureste y a un paso de la aún más exclusiva Sotogrande, donde la periodista Ana Rosa Quintana o la familia del poderoso empresario Juan Miguel Villar Mir tienen lujosas viviendas.

Aquella tarde vimos zarpar cinco gomas más a lo largo de una hora. Cada día lo hacían entre siete y ocho, afirmaron algunos lugareños. De madrugada o bajo la luz del sol. No importaba. «Ya no se cortan», explicaron los atemorizados vecinos que vivían en la zona. Para poder navegar por el río los narcos solo necesitaban que la marea estuviera alta y que la barcaza de la Guardia Civil no vigilara el Guadarranque. Para cerciorarse de lo segundo, los líderes de las organizaciones de traficantes distribuían puntos de manera estratégica en las playas cercanas. Si los chicos no divisaban brigadillas en la costa, daban el visto bueno a sus jefes por walkie o por teléfonos baratos de usar y tirar.

«La particularidad del Guadarranque es que las bandas de narcotraficantes han instalado allí una base logística de entrada y salida de embarcaciones», me explicó aquel mayo de 2015 el exfiscal jefe antidroga de Algeciras Emilio Miró, trasladado después a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en Madrid. «Los chalés les sirven para guardarlas, ponerlas en el agua y almacenar bidones de gasolina con los que repostar antes y durante la travesía. En caso de volver cargados también les permite distribuir la droga sin tener que alijar en una playa o en otro punto similar. Pero no es lo común. El río está pensado como disparadero».

Con un poco de imaginación, el negocio de los narcoembarcaderos podía estirarse en bucle: algunos subarrendaban sus instalaciones a narcos de otros clanes. «Como en una especie de renting», me explicó el teniente Pablo Tosco, por entonces jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en Algeciras. «Eso sí, les sale carísimo». Por el servicio de facilitarles la botadura de una lancha neumática les cobraban hasta 5000 euros. Y el doble por recibirla vacía tras una descarga en otro punto del litoral. «Lo normal es que al Guadarranque vuelvan sin mercancía tras alijar en carreteras cercanas o en otros puntos de la costa. No les interesa que el río esté manchado con droga».

El Gobierno se vio obligado a cerrar el río Guadarranque en el otoño de 2016. El Ministerio del Interior destinó 231 000 euros a la instalación de una barrera antinarcos para evitar que las gomas salieran a mar abierto por su cauce. Desde entonces, hay dispuestos veinticinco pilotes verticales de acero de ochenta centímetros de diámetro con un borde de 1.2 centímetros de grosor. Cada uno de ellos se rellenó de hormigón y está fijado sobre el lecho del río a una profundidad de 15.1 metros. Guardan una separación entre sí de 2.4 metros. A su vez, los pilotes están unidos por brazos de acero horizontales que impiden el paso de embarcaciones, aunque suba o baje la marea. Los narcos realizaron cuatro sabotajes a la instalación durante sus dos primeros años de vida. Cortaron varios brazos de hierro horizontales para pasar con sus lanchas, a las que antes les habían quitado presión en los neumáticos para reducir su anchura. Las autoridades mandaron arreglar los desperfectos. Medidas similares contra el narco se extendieron a otras localidades cercanas. En febrero de 2017, el Ayuntamiento de Los Barrios instaló decenas de barreras de hormigón de un metro de altura en la playa de Palmones. La decisión se tomó para bloquear los accesos de vehículos a la orilla a través de las calles que desembocan en ella, donde las bandas de traficantes disponían de chalets para ocultar sus gomas o los usaban como guarderías de droga tras un alijo. Interior mostró sus quejas porque no se le consultó antes. La ciudadanía aplaudió la decisión.

Ese tipo de medidas solo consiguen desviar el negocio hacia otros puntos del litoral gaditano. Por eso el narco nunca se marchó del todo del Guadalquivir. Allí, el tráfico de drogas siempre ha estado presente, fluctuando según mandan las leyes del gato y el ratón establecidas entre ellos y las fuerzas policiales. Si la Policía Nacional o la Guardia Civil aprietan en el Campo de Gibraltar, la zona más próxima a Marruecos, o ponen barreras físicas en el Guadarranque, los traficantes se desplazan hacia otro punto, aunque ello implique tejer nuevas alianzas con otros clanes, trasladar su estructura logística o una reducción de los beneficios.

Ocho minutos con el Niño

El sonido de un teléfono móvil que hay encima de una mesa redonda con un mantel bordado rompe el silencio espeso del comedor de la casa de Carmen Rodríguez, una jubilada que reside en Sanlúcar de Barrameda. Son las once de la mañana de un día de mediados de mayo de 2020. Un ventilador remueve el aire caliente de la estancia, llena de fotos de familia en las estanterías de los muebles y colgadas en las paredes. Un gato de pelo blanco se sube por los sofás. La señora, de sesenta y nueve años, mira la pantalla de su móvil. Sabe que quien llama es su hijo Iván Odero, al que apodan el Niño, como a su padre. Está a punto de cumplir cuarenta años. El chico cayó en la mala vida de adolescente. Fue tan bueno pilotando lanchas que tenía cola de clientes en Marruecos para que trajera su hachís hasta la Península. Ahora cumple otra condena, en la prisión de Murcia. Llama desde la cárcel de Campos del Río.

El marido de Carmen, Antonio, calla. Solo escucha. El hombre, sentado en una silla, se mira constantemente la cicatriz de la palma de su mano derecha. También jubilado, Antonio vendió pescado desde niño. El frío de los hielos y tanto cortar y pelar el género le han dejado inmóviles los dedos anular y meñique de ambas manos. Hace unos años se operó de una de ellas. Le dijo al médico que ni soñara con intervenirle la otra. Él no está de acuerdo en que su mujer hable conmigo. Preferiría, me dice con franqueza, que yo no estuviera aquí.

—Toma, mi hijo quiere hablar contigo —dice Carmen, que me entrega el teléfono—. Cada llamada desde la cárcel son ocho minutos. Ni un segundo más. Él te avisará antes de colgar.

—Hola, Iván.

La voz que salta al otro lado del teléfono es cadenciosa. Sus primeras palabras son:

—Cualquier día aquí me meten una puñalada y me quitan de en medio. O yo mismo me voy.

Es la segunda vez que Iván pasa una larga temporada en prisión, donde en varias ocasiones se ha autolesionado. En una ocasión se cosió la boca. La familia se enteró días después, durante una visita. Carmen le preguntó por la costra que todavía tenía dibujada en la comisura de los labios. Su hijo le confesó que él mismo se había cosido. Fue un gesto de rebelión del Niño ante el sistema penitenciario español, aunque hubo quien lo interpretó como otro desbarajuste mental del preso.

Cuando llama, Iván explica que se le están negando sus derechos a permisos penitenciarios y a estar más cerca de su casa. Se queja de que la prisión en la que cumple condena está a seiscientos kilómetros de su pueblo natal. Sus padres llevan catorce meses sin poder ir a verlo. Son mayores y no tienen dinero para los gastos de gasolina, hotel y comida. En los últimos tres años solo han podido ir un par de veces. El abogado de Iván Odero es en ese momento el sevillano Manuel Bizcocho. Reclama desde 2018 que trasladen al reo a alguna prisión próxima a la residencia de su madre. «No tiene sentido mantenerlo tan lejos. Sus padres ya son muy mayores y su salud y su economía no son las mejores», me dijo en mayo de 2020. Bizcocho solicitó el traslado de Iván Odero en repetidas ocasiones, pero nunca se lo concedieron, algo que por ese tiempo el Gobierno ya estaba haciendo con los presos de ETA que acataban la ley y se mostraban arrepentidos de sus actos terroristas. Ambas medidas eran legales, pero a juicio del letrado con una de ellas se estaba «haciendo política olvidando la sangre derramada» y con la otra «se estaba impidiendo a unos padres tener algo de consuelo».

—Necesito que me trasladen cerca de mi madre. Lo ruego. No aguanto sin verla. A ella y a mi padre. Voy a volverme loco aquí dentro. Soy un traficante, no un criminal sanguinario.

Iván Odero es el narco que, para muchos, inspiró el guion de la película El Niño (2014), dirigida por Daniel Monzón. El director del film lo negó. El Niño narra la historia de dos amigos que se introducen en las redes de las mafias que operan en el Estrecho. A uno de ellos, figura que encarna el actor Jesús Castro, le apodan el Niño, y se enamora de la joven marroquí que le entrega pequeños fardos en la playa cada vez que él viaja en moto de agua hasta Marruecos.

—Todo eso que se cuenta ahí no tiene nada que ver con mi vida. Yo nunca he ido en moto de agua a Marruecos a por una mujer ni en la vida he movido un fardo en una motillo de esas. Me gustan las motos de agua, eso sí. Pero yo empecé con pateras y luego me pasé a las gomas, cada vez más rápidas y con mayor capacidad de carga. Es cierto que tuve una novia marroquí. Pero iba en ferry a verla desde Algeciras.

Aquella chica se llama Hana. Se conocieron en 1995. Él se enamoró tanto de ella y de la cultura de su país que se convirtió al islam. El verdadero Niño se queja de que entre rejas no recibe comida halal (cocinada según los preceptos musulmanes), a pesar de que Instituciones Penitenciarias había aceptado su petición.

Iván tiene prisa. Le quedan unos segundos para terminar la llamada de hoy, y no ha podido hablar con su madre.

—Tengo la columna destrozada de tanto salto en el mar. Y tengo un bulto en un testículo que ni siquiera me miran los mé… Oye, que esto se corta. Hasta otra. Dale un beso a mi madre. Dile que mañana la llamo.

«Mañana su hijo le llama de nuevo, señora», le digo a Carmen mientras le devuelvo su teléfono. Carmen es una mujer de rostro apagado. Sus dos hijos varones, Iván y David, son narcotraficantes. Sobre la falsa historia de uno se creó un mito. El otro, David Odero, también condenado por tráfico de hachís, salió de la cárcel de Zaragoza el 9 de febrero de 2020. «Si me traen a mi Iván aquí cerca, al menos podré tocarlo como a este», dice la mujer. La mala vida de los hijos de Carmen está minando la suya. Nos despedimos en la puerta de su casa. Su marido sigue ahí, en silencio, sentado a la mesa del comedor, mirándose la cicatriz de la mano.

En Sanlúcar de Barrameda, la ciudad natal de Iván Odero, se crio toda una generación histórica de traficantes. El Cagalera, su hijo el Diarrea, el Galopa, el Tomate… No todos usaron potentes lanchas semirrígidas. También utilizaron embarcaciones de recreo y de pesca que camuflaban entre otras que salían al mar desde las playas de Bajo de Guía en busca de un paseo agradable bajo el sol. Francisco Javier Vargas, Paquito el Diarrea, ha pasado tantas veces por un juzgado que ya ha perdido la cuenta. Allí ha vivido situaciones inverosímiles. El 13 de septiembre de 2006 se le juzgaba en una sala de la Audiencia Provincial de Cádiz por un delito contra la salud pública. En los pasillos de los juzgados se cruzó con Juan Antonio Sarmiento Agudo, un homicida condenado en 1991 a veintidós años de cárcel y que ahora estaba procesado por violar a una mujer. Vargas se abalanzó sobre él y lo amenazó de muerte. Los policías tuvieron que intervenir para contener el altercado.

Justo quince años antes de aquel encontronazo ese mismo violador había matado a su madre. Fue el 1 de abril de 1991. Le asestó veinticinco puñaladas.

El escuadrón de la muerte

Por el río Guadalquivir merodean bandas italianas, francesas, británicas o del norte del continente que confían en clanes andaluces para que ejerzan de intermediarios entre ellas y los traficantes marroquíes de hachís. A veces, la confianza se quiebra y la sangre se derrama. Así sucedió el 22 de septiembre de 2019, cuando los ocupantes de una furgoneta Ford Transit de color blanco lanzaron a la cuneta a tres hombres en el kilómetro 4.5 de la autovía A-480, en el término municipal de Chipiona, una localidad de la costa noroeste de Cádiz a diez kilómetros de Sanlúcar. Abrieron la puerta trasera del vehículo, los tiraron al asfalto sin llegar a detener el coche y emprendieron la huida en dirección a Sevilla. Los hechos ocurrieron un domingo a las cinco y diez de la tarde, cuando la gente volvía a casa tras pasar el día o el fin de semana en la playa. Algunos testigos llamaron a la Guardia Civil para alertar de lo ocurrido y ofrecer datos del vehículo en el que viajaban los sospechosos.

Uno de los tres varones murió allí mismo. Se llamaba Manuel, un chipionero de treinta y nueve años. Vestía pantalón vaquero pirata y una camiseta de manga corta. Presentaba quemaduras en distintos puntos del cuerpo por el roce con el asfalto. Alejandra A. O., médico, paró su coche en el arcén cuando lo vio tendido en la cuneta. Pensaba que se trataba de un accidente de tráfico. Manuel todavía estaba consciente. «Tengo una puñalada en el costado», le dijo. Según la autopsia, falleció por un shock hipovolémico por una hemorragia intratorácica masiva a causa de una cuchillada «penetrante en el tórax y con afectación del pulmón derecho». Presentaba numerosos golpes y heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y una brecha profunda en la frente, junto a la ceja superior izquierda.

Los otros dos aparecieron amordazados y maniatados con cinta marrón. Pasaron varias semanas hospitalizados hasta recuperarse de las graves lesiones que presentaban.

Una hora después del hallazgo de los tres hombres, la Policía Local de Sevilla detuvo a Mourad T. en el barrio de Los Remedios, a unos 120 kilómetros de distancia por carretera de Chipiona: intentaba huir a la carrera tras haber abandonado la furgoneta blanca desde la que habían arrojado los cuerpos. Esa misma tarde, se detuvo a tres franceses y un camerunés que circulaban a gran velocidad por la autovía A-66 en dirección a Mérida. Este arresto se produjo gracias a un guardia civil fuera de servicio que había recibido la llamada de un familiar que le contó que varios individuos se habían apeado de una furgoneta blanca en un punto de la carretera A-471 con dirección a Sevilla, y se habían subido a la carrera en un turismo de color azul con matrícula extranjera. Poco después, ese mismo coche adelantaba al agente, que llamó a la comandancia de Cádiz, con la que mantuvo contacto telefónico constante para facilitar la ubicación del coche sospechoso. Aquel guardia civil lo siguió por carretera a una distancia prudencial para evitar ser detectado.

Los investigadores de la Guardia Civil hallaron en la Ford Transit blanca 7056 euros en metálico, en su mayoría en billetes de 50 euros, y cuatro teléfonos móviles, en uno de los cuales se encontró un vídeo grabado en el interior de un chalet en Chipiona. En las imágenes se veía a un grupo de hombres corpulentos y armados, cubiertos con pasamontañas, participando en una sesión de torturas. Entre las víctimas se encontraban los tres hombres lanzados a la carretera. También aparecía Jesús Pérez, un delincuente de cuarenta años vinculado al narcotráfico y con pasado carcelario.

Jesús Pérez desapareció durante los cuatro días posteriores al hallazgo de los tres varones tirados en la cuneta. El 26 de septiembre de 2019, acompañado de su abogado y preso de un nerviosismo que le mordía el pecho, se presentó ante la Guardia Civil para dar su versión de los hechos. Contó que el día 16 de ese mes, Abdellah M., «un traficante marroquí que solía trabajar con narcos de La Línea y de Algeciras», le encargó introducir setenta fardos de hachís por las costas de Chipiona, a bordo de una lancha semirrígida que sería entregada a una banda de Madrid. Jesús aseguró que abortaron el alijo porque una patrullera de Vigilancia Aduanera comenzó a perseguir a los ocupantes de la goma cuando la embarcación se encontraba cerca de la costa gaditana. Añadió que la furgoneta en la que iba «la cuadrilla» que sacaría la droga de la embarcación sufrió un asalto a punta de pistola por los ocupantes de un todoterreno que se les cruzó en su camino cuando iban al punto acordado para el trasvase de la mercancía. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 2019, Abdellah M. le encargó el trabajo a otra organización distinta de la de Jesús, pero este segundo intento de alijo también fracasó porque alguien robó la mercancía.

Jesús contó a los investigadores que en su casa aparecieron «cinco o seis encapuchados con armas». Eran los sicarios contratados por la organización de Madrid, encabezados por Mourad T., que nunca recibió la droga. También acudió Abdellah M., que obligó a Jesús a que convocara a la colla que había participado en el primer alijo frustrado. Pensaba que ellos habían orquestado el robo. Los encapuchados, que llegaron a ser hasta quince, les dieron culatazos de pistola, patadas, puñetazos y pinchazos con cuchillos mientras les apuntaban con armas. A Manuel, uno de los dos supervivientes que fueron lanzados desde la Ford Transit, lo encerraron en una habitación y lo torturaron durante veinte minutos.

Mourad grabó y envío el vídeo a sus jefes en Madrid.

El súper de la droga

Lunes 9 de abril de 2018. El chico ronda el metro noventa y no alcanza los setenta kilos. Está escuálido. De cerca, se le ven los pómulos marcados, la picadura de los dientes saliendo de las encías y los ojos llenos de finísimos ríos de sangre. Tiene treinta años y varias mellas en la dentadura. Dice que se fumó su primer porro de hachís a los ocho. Luego vinieron las rayas de coca, la heroína fumada, el rebujito… Son las 23:55. Cádiz capital. Llovizna y sopla el viento. La noche es fría. Por las calles apenas circulan coches. Solo algunas sombras deambulan por las aceras. La mayoría son esqueletos andantes que apenas comen o duermen. Solo consumen. El joven, vecino del Cerro del Moro, una deprimida barriada de la capital gaditana, está impaciente. En los siguientes tres minutos entra y sale varias veces de un cajero de La Caixa ubicado en la avenida Segunda Aguada. Introduce su libreta de ahorros, mira si el Estado le ha ingresado ya los 430 euros de la ayuda social y la vuelve a sacar. Los días 10 de cada mes son días de cobro. Y al reloj solo le restan unos segundos para dar las doce de la noche.

—Nada todavía. Hay veces que el dinero llega unos minutos antes del cambio de día. Hoy parece que no.

Una pareja se acerca caminando a ese mismo cajero. El chico lleva una litrona de cerveza en la mano. Ella, pelo oscuro, se la agarra y le da un sorbo. Tienen poco más de treinta años.

—¿Podemos pasar?, —preguntan.

—Sí, sí, pero todavía no hay nada —les responde el chico espigado, que sabe a lo que viene la pareja.

Los novios entran en la sucursal y meten su libreta por la ranura del cajero. Prueba ella. No hay suerte. Prueba él. Tampoco.

En la última década, Sanlúcar siempre ocupó las primeras posiciones entre las poblaciones de más de veinte mil habitantes con mayor tasa de paro. El desempleo, la falta de oportunidades laborales para toda una generación y la ubicación geográfica juegan a favor de los clanes de la droga. En 2019, cuando España ya vivía una incipiente recuperación económica, la localidad todavía promediaba un 29 % de desempleados al mes. En septiembre de 2020, a los seis meses del inicio de la pandemia, la cifra creció hasta el 33.75 %.

Las 00:02. Las arcas del Estado parece que siguen dormidas. Habrá que seguir esperando unos minutos más. A unos quinientos metros de este cajero hay otra oficina de La Caixa que tiene dos máquinas para sacar dinero en la misma acera de esta misma avenida. Ya hay cola cuando llego. Dos toxicómanos han venido en bici. Otro, a pie. Un cuarto, en coche. Luego llega, también caminando, una mujer que presumo que no está enganchada a nada. Son las 00:18. Parece que ya hay liquidez. Cuando uno saca dinero, le releva el siguiente. Cuando uno se va, llega otro. Los adictos a la droga ya disponen de efectivo. Uno de los toxicómanos se llama David. Apenas le quedan dientes en la boca. Tiene cuarenta y seis años. Aparenta más de setenta. Ha venido en bici junto a su novia. Ella no está tan deteriorada por los efectos de la droga como él.

—¿Por qué estas colas?, —le pregunto a David.

—Yo necesito el dinero para consumir. Otros se van esta misma noche o mañana a Sanlúcar. Súbete mañana en el bus que lleva hasta allí.

—¿Por qué?

—Ya lo verás.

En Sanlúcar de Barrameda, los camellos atraen con sus bajos precios a los toxicómanos foráneos. Con una inversión de 90 euros les entregan 15 papelinas de rebujito (un cóctel de heroína y cocaína) y les dan otra de regalo. Cada una les sale a 6 euros. En Cádiz cuesta 10. Pero el negocio no está ahí. Los días 10 de cada mes, recién cobrados los 430 euros de la ayuda estatal a los parados de larga duración, decenas de toxicómanos viajan por carretera hasta Sanlúcar para pillar papelinas. Algunos, simplemente, lo hacen para consumir más barato y estirar su dinero. Pero otros muchos también invierten 90, 180, 270, 360 y hasta 450 euros. Luego, se traen de vuelta 16, 32, 48, 64, 80 papelinas… Esa droga, que suelen introducirse en el ano en pequeñas bolsas de plástico para burlar a la Policía, en Cádiz la venden a 10 euros la dosis, cuando a ellos les ha costado seis. De esta forma, logran consumir y a la vez revender para volver a financiarse. «Es sencillo», me explica un policía del grupo de pequeño tráfico de la UDYCO de la Policía Nacional en Cádiz. «Con una inversión de 90 euros en Sanlúcar, ellos obtienen 160 en la capital. Así consiguen 70 de beneficio. Por eso los días 10 de cada mes el autobús que une ambos sitios va repleto de zombis».

Pese a que la coca y la heroína no tienen entrada por Sanlúcar salvo si se hace por mar, los camellos locales tienen acceso a esos productos de una manera más ágil que en la capital de la provincia, donde la presencia policial es mayor y donde es más difícil habilitar puntos de venta estables. En Sanlúcar hay varias familias que distribuyen a nivel local el hachís y que, gracias a esa tradición de traficantes por su vecindad con el Guadalquivir, han podido estrechar lazos con distribuidores de la mercancía que se mezcla en el rebujito.

El rebujito lleva en torno a veinticinco años en España, aunque hasta hace una década su consumo se restringía a los toxicómanos más deteriorados, principalmente a los consumidores de heroína: era una forma de combatir el mono y de mantenerse despierto. Se cree que el rebujao, como también se le conoce, llegó desde Londres bajo el nombre de speedball. En la Península y, principalmente, en el sur, adoptó el nombre de ese otro rebujito, un cóctel que mezcla vino manzanilla y refresco gaseoso con sabor a lima-limón, y que se consume a mansalva durante la Feria de Abril de Sevilla y todas las ferias locales que recorren Andalucía desde primavera hasta otoño. Una vez en España, el consumo de esta mezcla de heroína y cocaína se focalizó en las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla). Ese mismo policía que trabajaba en Cádiz me cuenta que su aterrizaje se produjo de la mano de los clanes gitanos que operan en el barrio malagueño de Palma-Palmilla, conectados a su vez con los narcotraficantes sevillanos de heroína. Ellos fueron quienes lo extendieron por el resto del país.

Entre 2013 y 2018, la Policía detuvo a 350 proveedores —casi todos ellos también consumidores— de rebujito, la mayoría en la capital gaditana. «Los traficantes lo han socializado. [En Sanlúcar] venden una papelina de una décima de gramo a seis euros. El enganchado, en cuanto los consigue, acude allí. Y sin darse cuenta sigue creciendo aún más su dependencia».

Martes 10 de abril de 2018. 09:55 de la mañana. Estación de autobuses de Cádiz. En cinco minutos parte uno de los vehículos colectivos que hace el trayecto entre la capital y Sanlúcar de Barrameda. El billete de ida y vuelta cuesta 10,40 euros. Una decena de turistas pagan su ticket y suben a bordo. «Hay veces que [los drogadictos] se suben en las paradas que hacemos por la ciudad, así despistan a los policías, que aquí ya los tienen vigilados», dice el conductor del autobús. «Siempre se suben unos cuantos. Los fines de semana, cuando hay menor frecuencia de paso, cada vez que vamos a Sanlúcar viajan entre ocho y doce. Un día normal son cuatro o cinco». El autobús sale a las 10 en punto. Tres paradas más adelante un hombre con sudadera roja, cabeza rapada y rostro afilado le paga al conductor y se acomoda en un sillón a mitad de vehículo. Es uno de los zombis que van a Sanlúcar. El autobús recorre en tres cuartos de hora los poco más de cuarenta kilómetros que la separan de Cádiz. Agustín, el hombre de la sudadera roja, va tranquilo. Sabré su nombre horas más tarde. Apoya la cabeza en el cristal, se recuesta.

Al llegar a Sanlúcar, el autobús se detiene en una parada que hay junto al estadio de fútbol. A ambos lados de la carretera hay dos ventas donde la gente desayuna. De una de ellas procede la música flamenca que se escucha desde la calle. Un hombre sentado a una mesa echa un vistazo al Diario de Cádiz y se lamenta por una noticia que lee sobre política. «Mancha de cabrones, viven a cuerpo de rey y encima se lo llevan calentito». La mañana se ha levantado con un cielo plomizo. Agustín desciende del autobús junto a un amigo y caminan juntos por las calles del pueblo; Agustín siempre por delante, su acompañante a unos metros. Tras quince minutos a pie, llegan a un punto de venta de la calle La Siembra, en la barriada Cruz de Mayo. Se trata de un conjunto de edificios avejentados, de apenas dos o tres alturas, con los ventanales enrejados. Varios chicos veinteañeros se beben una lata de cerveza en el banco de una plaza. Miran con recelo a toda cara extraña que se deja ver por allí. Es territorio controlado por el clan de Dolores la Pinilla, una matriarca que tiene la costumbre de cerrar las bolsitas de droga con hilos de colores. Ella y su gente se conocen los cambios de turnos policiales y han instalado un sistema de videovigilancia a lo largo de varias calles para controlar quién merodea la zona. Los dos hombres acceden a un portal y se adentran en un narcopiso. Poco después doy con otro punto de venta en esta misma barriada. Cerca de allí, frente a un quiosco en el que venden golosinas y tabaco, hay otra sucursal. Afuera la cola de yonquis no se acaba nunca. Siempre hay una o dos personas esperando a que alguien les atienda a través de un ventanuco abierto a la altura de los ojos en un portón verde enrejado, similar al de una cárcel. «Así, las 24 horas del día, los 365 días del año», me dice un vecino. Una máquina de hacer dinero. En los siguientes quince minutos pasan por ese ventanuco un anciano octogenario, una treintañera, una joven de unos veinte años, un hombre que no tiene más de cincuenta, un par de chavales que no superan los treinta. Algunos de ellos se marchan a los baños de un bar cercano y ocultan la droga entre sus ropas o se la introducen por el ano. Después, retornan a Cádiz.

Sobre las 13:15 horas, Agustín y su amigo se suben al autobús rumbo a Cádiz. 45 minutos después, descienden del autobús frente al hospital Puerta del Mar. Ambos acceden a hablar conmigo durante unos minutos. Agustín tiene cuarenta y cinco años. Cuenta que empezó a fumar a los ocho o nueve, no recuerda con exactitud. Diez años más tarde se enganchó a la heroína. Todos sus intentos de desintoxicación han fracasado después de unos meses limpio. Pasó tres años en prisión porque tenía un punto de venta de heroína. Ahora consume rebujito en plata. Asegura que ya no trapichea. El hombre dice que solo ha ido a Sanlúcar a comprar cuatro papelinas de rebujito. «Nada más. Me he fumado dos allí y dos que me he traído». A 6 euros la dosis, más los 10.4 euros que cuesta el autobús, se ha gastado 34.4 euros. Si llega a comprar esas cuatro dosis en Cádiz habría pagado 40 euros, pero se hubiera ahorrado desplazarse hasta Sanlúcar. «Yo no trafico ya. El narcomenudeo, como se suele decir, ya no lo toco desde que salí de prisión».

—¿Dónde has comprado hoy?

—En un piso. He subido una escalerita, la puerta estaba abierta. Entra quien quiere. Allí parecía que estaban vendiendo caramelos.

Jacinto, el amigo de Agustín, tiene cuarenta y nueve años. También es de Cádiz. Y, como él, ha pasado tres años en prisión por tener un punto de venta de droga en la ciudad. Jacinto se enganchó a la heroína a los veintisiete. Está divorciado. Tiene tres hijos. Vive con una de sus hijas y con su nieta. Saben que consume. Jacinto dice que ha comprado cuatro papelas. También niega que trafique a pequeña escala. Cuenta que ha ido a Sanlúcar porque ha cobrado esta misma mañana.

—¿Nunca vais en cunda?

—No, sale caro. El conductor nos pide diez euros y dos papelas.

—¿Cada cuántos días vas a Sanlúcar?

—Los días 10 de todos los meses. Siempre igual. Es muy difícil si te has enganchado a algo que lleva heroína. Está Proyecto Hombre, hay programas de servicios sociales que te ayudan… Pero luego, ¿qué? Sin trabajo y con esta salud de mierda que tengo, ¿qué hago? Aquí no hay trabajo para casi nadie, imagina para tipos como yo o como Agustín. Si te desintoxicas, muy bien, pero la reinserción social es prácticamente imposible.

Mientras hablo con Jacinto, su amigo Agustín se fuma una papela de rebujito. Saca la dosis y la calienta con un mechero. Luego, inhala el humo con la punta de un pitillo de papel de plata. «Adiós», dicen los dos amigos, que se pierden entre el bullicio de la ciudad.

5. LA LÍNEA Y ALGECIRAS, EL TERRENO MÁS DISPUTADO

Abril de 2018. Imagine una pequeña ciudad española al sur de la península ibérica con una extensión de 19 kilómetros cuadrados, 63 000 habitantes, una tasa de paro superior al 30 % y Gibraltar como vecino. Imagine que tiene una inmensa bahía a su alrededor y que las playas de Marruecos están a 18 millas de distancia.

Imagine que por sus calles, gracias a la protección continua de medio centenar de jóvenes, se mueve un hombre en busca y captura al que las autoridades policiales consideran en ese momento, el mayor traficante de hachís de Europa. Perseguido por la ley, el fugitivo se traslada en escúter y lleva casco para no ser reconocido. Antes de salir a la calle sus chicos se coordinan mediante walkies y chats de teléfonos encriptados para supervisar el recorrido y el lugar de destino de su jefe.

Imagine que su clan de narcos la emprende a tiros contra la Policía Nacional o contra las bandas de ladrones rivales. O que cobra un impuesto a quienes quieren introducir hachís por sus playas. O que mantiene económicamente a las mujeres e hijos de sus empleados presos y que, cuando uno de sus chicos, sobrino carnal de su mujer, cae detenido y los policías lo llevan al hospital porque está herido, otros subalternos suyos acuden a rescatarlo a la fuerza.

Imagine que algunos traficantes de esa ciudad llevan tatuada en su antebrazo la imagen de la persecución de una lancha del hachís por el helicóptero de la Policía Nacional o que en los cumpleaños de sus hijos se soplan velas sobre tartas que muestran la imagen de una goma cargada de costo. O que saben en todo momento dónde está cada efectivo de la Guardia Civil porque tienen un miniejército de chavales a los que pagan por perseguirlos. O que se estima que unas seiscientas familias trabajan directamente para el narco. Imagine que un famoso narco se cobija en Gibraltar, al otro lado de la frontera con La Línea, sin que nadie lo moleste. Imagine que los operarios de los tractores del Ayuntamiento de La Línea están amenazados de muerte: si colaboras a la hora de retirar una lancha, te pegamos un tiro en la cabeza.

O imagine que un día cualquiera, debajo de una ducha con tuberías y desagüe de un garaje vacío, hay escondidos 6000 kilos de costo. Y que solo se puede acceder hasta ellos con un mando a distancia que acciona el mecanismo elevador del suelo de la ducha hasta un metro de altura.

Imagine que al fiscal jefe le pinchan las ruedas del coche a plena luz del día, enfrente del despacho en el que trabaja.

Imagine a cuatro traficantes atrincherados durante dos horas en un chalet enfrentándose a balazos con la Policía Nacional.

En realidad, no hace falta que imagine nada. Esa ciudad ya existía en 2018 y se llamaba La Línea.

«Los narcos que operan aquí usan la misma estructura piramidal que los cárteles mexicanos y colombianos», me dijo un alto cargo de la Guardia Civil que luchaba contra el tráfico de drogas en la zona. «Ahora mismo ya funcionan como cooperativa. Les falta un solo paso para convertirse en un cártel: introducirse en las instituciones. Y lo peor es que ya hay signos de que están empeñados en conseguirlo. Están envalentonados, es cierto. Llevan meses, si no años, siendo muy violentos», afirmó el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros. «El incidente del hospital con uno de ellos fue el hecho diferenciador. No hablaría de cártel, pero sí de clanes muy poderosos».

En la última década, desde que existe el negocio del chocolate, la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, al sur más al sur de la península ibérica, ha concentrado a los mayores narcotraficantes de hachís. Los líderes de los grandes clanes de la droga han tratado de expandir sus dominios desde La Línea de la Concepción y Algeciras hasta el resto de la costa andaluza. Querían ser los grandes dominadores del narcotráfico en aguas del Estrecho. Pero también al este y al oeste, desde la zona fronteriza con el Algarve hasta las aguas que bañan Almería. Y lo consiguieron. Llegaron a tener tanto poder y dinero que instalaron una plataforma junto a las islas Chafarinas para que pudieran atracar hasta diez embarcaciones a la vez. Las lanchas se iban anclando unas a otras a una especie de puerto refugio flotante. Les servía como guardería y como zona de avituallamiento. Los traficantes disponían hasta de tiendas de campaña para poder descansar durante horas. Allí, los trasvases de droga, el repostaje de las embarcaciones y la entrega de víveres para los ocupantes resultaban más sencillos. Su ubicación variaba entre la isla del Congreso y la del Rey Francisco, en función de los vientos. Los militares del Ejército de Tierra destacados en la Isabel II —la única isla habitada de las tres que componen el archipiélago de las Chafarinas— fueron los primeros en advertir la presencia de esta plataforma. La Guardia Civil la desmontó el 13 de julio de 2019.

Durante ese tiempo de bonanza en el Campo de Gibraltar, los hermanos Antonio y Francisco Tejón, apodados los Castaña, concentraron la mayoría de investigaciones policiales. En Algeciras, a diez minutos en coche de La Línea, el traficante más poderoso ha sido el marroquí Abdellah el Haj Sadek el Membri, apodado Messi. Alcanzó tal grado de osadía que no le importó que quienes les suministraban la mercancía señalaran sus placas de costo con su apodo y el número 10 como sello. Eran la cara más visible, pero no la única, de un avispero de subclanes campogibraltareños cuya actividad delictiva ha generado cientos de millones de euros: el clan del Titi, el de los Pantoja, el de los Futbolistas, la banda del Tinte, la de Kiko el Fuerte o la familia del Potito. Rodeados de lujos, hasta hace solo unos años se sentían tan ricos y poderosos que algunos ofrecieron estampas únicas: como la de Juan Manuel Reyes Macías, el Potito, llevando del brazo hasta el altar a su hermana Ana, que llegó a la iglesia en carroza, con corte de acompañantes y luciendo un casi interminable velo blanco para dar el «sí quiero» en una celebración que duró dieciocho horas, en la que hubo carros de marisco y limusinas, y cuyas imágenes dieron el salto a varios periódicos y programas de televisión de toda España gracias a los vídeos subidos a las redes sociales por algunos de los invitados; o la de Borja Amador S. S., el Titi, hijo de un narco apodado como él y que, estando preso en Algeciras, se tomó fotos con un teléfono móvil mientras cenaba cigalas dentro de su celda. El día que abandonó la cárcel subió a su perfil de TikTok una foto con los dos coches que le esperaban en el aparcamiento de la prisión. Eran un Mercedes Clase A y un Lamborghini Urus amarillos. El precio de mercado del segundo de ellos rondaba el medio millón de euros. «Así se sale de Botafuegos», escribió.

La imagen que mejor refleja los años locos del narco en el Campo de Gibraltar se dio en octubre de 2018, cuando Francisco Tejón, el mayor de los Castaña, apareció en un videoclip de reguetón. En ese momento se encontraba en busca y captura. A su hermano Antonio se le había detenido a principios de ese verano.

Esa sensación de impunidad también llevó aparejada una ola de violencia nunca vista hasta el momento. Tuvo su punto álgido entre 2015 y 2019, con agresiones a policías y guardias civiles, embestidas a coches oficiales, actos vandálicos contra las fuerzas del orden y la muerte de dos agentes en acto de servicio.

Varios miembros de las fuerzas de seguridad apuntan a la primavera de 2015 como el momento en el que los narcotraficantes dejaron de respetar a la autoridad policial. Al llegar a la playa, los narcos ya no dudaban en lanzar tiros al aire para disuadir a quien osase acercarse hasta allí o en armarse hasta los dientes para evitar los robos de bandas rivales. Grupos de hasta medio centenar de personas, muchas de ellas familiares y vecinos de los propios narcos, recibían a pedradas y a ladrillazos a las patrullas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. «No sabemos qué pudo desencadenar esta situación. Este nunca fue un territorio sencillo, pero ahora es un sinvivir. Han ido dando pequeños pasos buscando el límite, hasta convertirse en los reyes», aseguró Mario, policía nacional. «Antes solían llevar dos todoterrenos para transportar la droga hasta sus almacenes. Ahora llevan un tercero y hasta un cuarto por si les perseguimos. Como sus soplones les indican nuestra posición, los usan para embestirnos y luego darse a la fuga a gran velocidad».

El síndrome del sur

Lo primero que dijo Juan es que no tenía miedo. Pero su mujer sí. Casi a diario su esposa le pedía que cambiara de destino. «Ya no aguanta más. Yo también llevo un tiempo muy quemado». Desde hacía una década, Juan, de cuarenta y tres años, era guardia civil en La Línea. En el pasado, durante los años duros de la banda terrorista ETA, estuvo destinado en Navarra. Tenía callo después de lo vivido en el norte del país. «La Línea es una locura. Aquí también nos siguen, se saben las matrículas de nuestros coches particulares, nos embisten con sus todoterrenos robados, turbas de cuarenta y cincuenta personas nos lanzan piedras, nos reciben a tiros».

Mario era policía nacional en la misma ciudad. Tenía treinta y dos años. Me contó que no podía tender su uniforme limpio en un sitio visible del edificio en el que vivía porque «era como poner una diana en la casa». El mismo día que hablé con él hubo un tiroteo en La Colonia, una barriada linense que ha vivido varios episodios violentos en el último lustro. Aquel se debió a un enfrentamiento entre los Pelúos y los Potitos. Los vecinos contaron hasta doce tiros. Cuatro detenidos por aquel cruce de balas ingresaron en prisión tres semanas más tarde. «Los narcos se han convertido en los amos de este lugar. Hacen lo que les viene en gana».

Julio, de cuarenta y dos años, era agente de la Policía Local linense. El 7 de junio de 2017, un compañero suyo, Víctor Sánchez, murió en acto de servicio. Dos chicos subidos a una moto cargada de tabaco de contrabando procedente de Gibraltar hicieron caso omiso a la orden de alto de Víctor. A los jóvenes los perseguía una patrulla de locales. No lo vieron y lo atropellaron. «Este sitio está a un solo paso de convertirse en cualquiera de esas ciudades violentas de Sudamérica —dice Julio—, donde hay barrios enteros controlados por bandas».

Hablé con los tres agentes, a los que cambié el nombre para preservar su anonimato, en junio de 2017. Solo al sentarme delante de ellos pude hacerme una idea de lo difícil que era trabajar allí. «No respetan a nadie ni a nada. Ya nadie quiere venir destinado aquí salvo que no tenga más remedio —dijo Juan, el guardia civil—. Si antes temíamos a ETA en el País Vasco y Navarra, ahora quienes nos atemorizan son estos tíos». Es el síndrome del sur, que afecta a los policías destinados al «lugar más violento y conflictivo» de España. «No exageramos», dijo el policía. «Lo malo es que en el resto del país sonará a chiste».

La muerte del policía local Víctor Sánchez encendió las alarmas en La Línea de la Concepción, que ya llevaba tiempo inmersa en una psicosis colectiva. El agente, de cuarenta y seis años, dejó mujer y dos hijas menores de edad. Hacía solo un par de años que se había licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz. Trabajaba en la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), a pie de calle, tratando de combatir a las bandas de delincuentes que operaban en la población. «Era un compañero ejemplar que quería acabar con toda esta chusma», me dijo Raúl Urbano, de la Policía Local.

Víctor Sánchez murió como consecuencia de un desgraciado accidente provocado por uno de los tres principales problemas históricos que sufre la ciudad: el contrabando del tabaco que sale de Gibraltar. Los otros dos son el tráfico de hachís y el paro. El contrabando se produce de día y de noche. Por la frontera, con desempleados que se ganan 2.5 euros por cada cartón que sacan a pie o en bicicleta escondidos entre sus ropas para que luego otros los revendan al menudeo, y por encima de la valla que separa la localidad gaditana de la Roca gracias a chavales que, cuando cae el sol, cogen sus motos y se cargan de cajas de cigarrillos que les lanzan desde la colonia británica o les sacan en pequeñas zódiacs hasta el paseo marítimo. Ellos las llevan inmediatamente y a gran velocidad a almacenes que hay en diferentes barriadas linenses. Más tarde, muchos de esos paquetes de pitillos se venden de forma ilegal en quioscos de la localidad y en distintos pueblos de la provincia de Cádiz a un precio inferior al de los estancos.

Al día siguiente del atropello del policía, la población linense salió a la calle a reclamar seguridad. Hubo una concentración a las puertas del Ayuntamiento. El alcalde, Juan Franco, decretó tres días de luto. «Era algo que, desgraciadamente, se veía venir», dijo.

El 13 de junio de 2017, seis días después, el Ministerio del Interior envió doce efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Durante casi un día pude empotrarme con ellos en los distintos controles que efectuaron a lo largo y ancho de la ciudad. Los agentes, con armas largas, se movían en furgones dejándose ver entre las barriadas más problemáticas. En San Bernardo, un barrio donde reina el narco, los vecinos los miraban con recelo mientras realizaban cacheos en mitad de una avenida. Más que para combatir el tráfico de drogas, la UIP se instaló temporalmente en la ciudad para tratar de impedir que la situación empeorase. Pero como me dijo Diego Colchón, un profesor sevillano que trabajaba en un colegio de La Línea, «donde primero hay que actuar es en los colegios». «Es necesario cambiar esa cultura de veneración al narco. Aquí hay niños que hablan de gomas, fardos y guarderías como quien habla del calor de estos días. Está en sus vidas y es muy complicado arrancarlo de ellas».

«Villanarco»: una comunidad de vecinos en la finca La Piruleta

«Si se le diera la vuelta al barrio, caería de golpe todo el chocolate que se consume a diario en Europa», dijo Julio, el policía local. Aquellos tres agentes que me habían pedido mantener su anonimato me llevaron a recorrer las calles sin asfaltar y con enormes socavones de la barriada El Zabal, ubicada al noreste de La Línea, junto a la playa de Poniente. Es una enorme extensión en la que predominan los terrenos rústicos (no urbanizables). Sin embargo, por sus polvorientas callejuelas emergen, entre casas más humildes, auténticas mansiones perimetradas por muros de cuatro y cinco metros de altura. Algunas tienen cámaras de seguridad. Otras, concertinas como las de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. En el Zabal no hay ningún colegio público, pero abundan las guarderías para almacenar los fardos de hachís después de cada alijo. La Asociación de Vecinos Marillac-Zabal reclama la regeneración del barrio mediante inversiones públicas y la legalización de las viviendas existentes.

Algunas calles de El Zabal son territorio peligroso para rostros desconocidos. El mío, aquel día, no lo conocía nadie. Cuando pasamos cerca de lo que parecía una tasca, los parroquianos que estaban a las puertas del local nos miraron con cara de extrañeza. En ese barrio, y en otros como La Atunara o San Bernardo, los narcotraficantes y contrabandistas disponen de una red de soplones que les alertan de las visitas incómodas. Los aguadores de toda la vida. Pero allí eran un ejército. La mayoría eran chavales veinteañeros de esos que a mitad de mañana toman cervezas en las esquinas. Muchos tenían grandes tatuajes en el cuerpo. Les delataba su estética narco: zapatillas deportivas, pantalones de chándal que se estrechan en los tobillos, bandoleras cruzadas al pecho, gafas de sol estilo aviador.

Imagina lo que supone acudir a zonas como El Zabal si nos enteramos de que ha habido un alijo en una playa próxima y van a almacenar la droga en sus guarderías —me explicó uno de aquellos agentes—. Ellos llevan todoterrenos robados de 60 y 70 000 euros, incluso más, para transportar los fardos. Nosotros, vehículos que por esas callejuelas no pueden ir a más de veinte kilómetros por hora. Tienen a gente que les va avisando de nuestros movimientos. Es como perseguir a un ratón que sabes que se te va a escapar.

Alrededor de 2014, el traficante Miguel el Chulo «empezó a repartir su piruleta», una enorme extensión de tierras en El Zabal que, a vista de pájaro, tenía forma de caramelo de corazón. El Chulo parceló los terrenos en divisiones más pequeñas y trajo como vecinos a otros traficantes de su pueblo. Poco a poco, en la finca La Piruleta, como así se conoce entre algunos guardias civiles, se fueron instalando junto a sus familias Kiko el Fuerte, Darren Tejón —hijo de Francisco el Castaña—, José Antonio C. M. —cabecilla de la banda de los Futbolistas—, el gibraltareño Gareth Mauro o Jesús el Pantoja, alumno avanzado de Messi. Allí, casa con casa, los narcos campogibraltareños crearon su propia Sotogrande. Aunque algunas viviendas tenían acceso desde la calle, los narcos mandaron instalar un portón principal para acceder a su particular fortificación. Dentro, rodeados de lujo y altas medidas de seguridad, organizaban desde fiestas privadas a barbacoas nocturnas donde se debatía el futuro —al menos el que ellos soñaban— del negocio del hachís. Cada residencia de La Piruleta tenía su propia extensión. La urbanización estaba amurallada en algunos tramos de su sinuoso perímetro. Algunos chalets contaban con puertas blindadas y cámaras de videovigilancia. La mayoría disponía de piscinas y jacuzzis. En los baños no faltaban elementos decorativos de oro.

El 29 de junio de 2020, la Guardia Civil tomó «Villanarco». Los agentes irrumpieron a la fuerza en diecinueve chalets de lujo. Se produjeron cerca de cuarenta detenciones. Los uniformados se incautaron de más de 300 000 euros en efectivo, numerosos vehículos de alta gama, documentación bancaria, armas —al menos una era larga—, joyas y lanchas para transportar la mercancía. La mayoría de las propiedades estaban puestas a nombre de terceras personas, como padres o parejas de los narcotraficantes. Algunos de los inquilinos, pese a que gozaban de grandes lujos, cobraban los 430 euros de subsidio como parados de larga duración. «Se trata del mayor golpe al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas realizado en el Campo de Gibraltar», me explicó una alta fuente de la Guardia Civil experta en la lucha contra el narco.

«Respeto, no miedo»

Un agente de policía me condujo a varias de las playas del Campo de Gibraltar en las que los traficantes de droga suelen alijar, como la de Palmones (Los Barrios), El Saladillo (Algeciras), Campamento (San Roque) o los narcoembarcaderos del río Guadarranque. «Según la presión policial que se ejerza, usan una playa u otra», me explicó el agente, que también pidió mantenerse en el anonimato. «Antes tenían el río, pero se lo han cerrado, aunque a veces se lo saltan».

Primero visitamos la playa de Palmones. Cerca de donde varios chavales pescaban y un matrimonio de jubilados tomaba el sol se levantaba una parcela rodeada por un muro de tres metros de altura, al que habían añadido otro metro más de placa de hierro. Más que un inmenso chalet, parecía una fortaleza. La entrada principal a la mansión distaba apenas cincuenta metros de la orilla. Una banda de narcotraficantes la había usado hasta hacía pocas semanas como centro de operaciones. De noche, con la ayuda de camiones, transportaban las lanchas hasta la casa y las descargaban con tractores. Luego, ya dentro, las ocultaban en varias naves hechas ad hoc con las mismas planchas de hierro que rodeaban el inmueble. El día que necesitaban ponerlas en el mar solo tenían que volver a trasladarlas con los tractores hasta la orilla y arrancarlas.

Más tarde, acudimos a la urbanización Guadacorte, en Los Barrios. Debajo de un enorme árbol, cobijado del sol de aquella tarde, me esperaba Francisco Mena, un hombre luchador, presidente de Alternativas, una plataforma fundada en 1992 que engloba a once asociaciones contra la droga en el Campo de Gibraltar. Era la enésima vez que volvíamos a vernos o a hablar. Paco, como le conozco, es un hombre con la voz rasgada y el pelo cano. Se le nota cansado y frustrado, tras tantos años de lucha, pero jamás rechaza verse con un periodista ni se esconde detrás del anonimato. Su nombre genera confianza entre los cuerpos policiales. Electricista de formación, nació en Tetuán, la antigua ciudad del protectorado español en Marruecos, aunque pasó su juventud y estudió en Málaga. Luego se trasladó a trabajar a una empresa del Campo de Gibraltar, se casó y tuvo dos hijos. Siempre dice que al narco le tiene «respeto, no miedo». Lucha contra él porque le nace, no porque haya perdido a algún familiar directo por las drogas ni porque tenga a un hijo en prisión por traficar. A finales de los años ochenta conoció a un grupo de mujeres que empezó a movilizarse en la comarca en contra de la heroína. Las llamaban las Madres de los Pañuelos Verdes. A Paco le pareció «legítima y necesaria» aquella lucha. En esa época, al igual que ocurría en Galicia, en aquella zona de Cádiz «hubo una epidemia de consumidores de heroína muy importante, como casi en ningún lado de España». Primero, Paco fundó la asociación contra la droga de Castellar de la Frontera. Por ese tiempo surgió la figura de José Chamizo de la Rubia, cura de San Roque, localidad vecina. Años después, cuando a Chamizo lo nombraron Defensor del Pueblo Andaluz, las distintas asociaciones de las localidades campogibraltareñas nombraron a Paco Mena presidente de Alternativas. Protestaron en plazas, cortaron carreteras. Al principio solo querían que se atendiese con recursos públicos a los toxicómanos y se les considerase enfermos, «no delincuentes». Con el paso de los años, el tráfico de drogas en la zona se extendió, surgieron los clanes del hachís, el puerto de Algeciras fue ganando peso en el mercado internacional de la cocaína y la comarca se convirtió en una zona plagada de traficantes y grupos criminales, por lo que pasaron a denunciar «el narcobienestar» de algunos.

Durante aquel encuentro, Paco Mena reclamó «más agentes que estén dotados de mejor material y que se prohíba por ley la venta de las embarcaciones semirrígidas[2], como hizo Gibraltar hace años». Mena consideró «imprescindible» la creación de un juzgado de instrucción especializado en narcotráfico con sede en el Campo de Gibraltar. «Somos la zona más castigada del país por las mafias del tráfico de drogas».

La evasión de Samuelito

El 6 febrero de 2018 una turba se coló en el hospital de La Línea para liberar a la fuerza a un narco detenido esa misma tarde tras una persecución policial. Samuel Crespo no era un narco cualquiera: pertenecía al clan de los Castaña, y se había fugado durante un permiso penitenciario cuando aún le restaban por cumplir más de dos años de condena por narcotráfico. El narco cayó de la moto durante la persecución, resultó herido en una pierna y acabó detenido. Una pareja de policías nacionales lo trasladó hasta el hospital para que le curaran las heridas.

Eduardo Morente acudió allí junto a once personas, la mayoría encapuchadas, para llevarse a la fuerza a su tío. A las 15:39 Eduardo irrumpió en la sala de curas, donde una enfermera y una auxiliar lo atendían. Le pegó un puñetazo en un ojo a uno de los dos agentes, mientras el resto de los encapuchados inmovilizaban al otro policía.

Samuel Crespo se escapó del hospital, se subió a una moto de agua y se cobijó en Marruecos, donde le curaron la pierna. Logró mantenerse prófugo de la justicia durante tres meses y medio. Fue detenido el 27 de mayo de 2018 en un hotel rural de Jimena de la Frontera (Cádiz). Estaba acompañado de otro miembro del clan de los Castaña, David Amat, apodado el Tinte, y de poderosos mafiosos italianos de la ‘Ndrangheta calabresa que negociaban una importante partida de hachís. Entre ellos, un capo del norte de Italia, Denis Sarro.

Una semana después del asalto al hospital, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó La Línea. Su llegada coincidió con la detención de un clan que había instalado un sistema de radares —bajo los paneles solares de una casa junto a la playa— para vigilar las actividades de las patrulleras marítimas. También se decomisaron cuatro toneladas de hachís, diecisiete vehículos y cuatro armas de fuego. Durante su visita, Zoido prometió refuerzos especiales y medidas adicionales de seguridad para la zona durante los siguientes meses. Pero esa misma mañana, como contrapunto a las promesas del Gobierno, varios hombres encapuchados entraban en un depósito oficial de Conil de la Frontera, un pueblo gaditano a unos cuarenta y cinco minutos en coche de La Línea, para robar una lancha rápida que había sido confiscada como prueba judicial.

El 28 de octubre de 2021, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a Eduardo Morente por el asalto al hospital. El tribunal le impuso una pena de dos años y tres meses de prisión por un delito de liberación violenta de detenido en concurso medial con un delito de atentado a los agentes de la autoridad, y por dos delitos leves de lesiones. La Audiencia absolvió de todos los cargos a los otros cuatro acusados y admitió en su sentencia que no se había podido identificar a nadie más del grupo «de aproximadamente doce personas» que asaltó el hospital. Durante el juicio, Morente fue el único de los cinco acusados que admitió parte de los hechos.

Samuelito, de narco a carpintero

Samuel Crespo volvió a la calle el 25 de noviembre de 2020, dos años y medio después de que lo detuvieran en la sierra de Cádiz junto a Denis Sarro. La jueza de vigilancia penitenciaria María del Carmen Orenes le concedió el tercer grado en respuesta a un recurso presentado por su defensa y pese a contar con la oposición de la Fiscalía. Mientras estuvo entre rejas recibió malas noticias. El 18 de febrero de 2020, la Policía Nacional le imputó un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y detuvo a sus padres y a su novia, que acabaron implicados en la misma causa. La pareja del narco era una joven de veinticinco años que nunca había trabajado pero que vivía en un chalet de lujo y se movía en un vehículo de alta gama. Los progenitores de Crespo, según los investigadores policiales, actuaron como presuntos testaferros de su hijo. Tenían a su nombre cuatro viviendas de alto valor inmobiliario, así como coches de lujo. La Policía les calculó un patrimonio de más de 500 000 euros. Dos de esas viviendas fueron adquiridas en gran parte con dinero en efectivo. El día que se desarrolló el operativo policial coincidió con que la pareja de Samuel iba a dar a luz, por lo que su arresto tuvo que retrasarse unos días.

El proceso de reinserción social de Samuel Crespo continuó en la calle, siendo ya padre de un bebé de apenas unos meses. Solo tenía que acudir a dormir entre semana al Centro de Inserción Social (CIS) Manuel Montesinos de Algeciras, ubicado junto a la cárcel de Botafuegos y a solo diez minutos de su casa. Curiosamente, Samuelito había encontrado un trabajo en una empresa de carpintería metálica de un polígono industrial a las afueras de La Línea. La junta de tratamiento de la prisión de Murcia II —donde se encontraba el reo cumpliendo la parte final de la suma de tres condenas, una de ellas por un delito contra la salud (tráfico de drogas), y que sumaban seis años, tres meses y trece días de reclusión— dio el visto bueno a su salida.

En los meses previos a conseguir el régimen de semilibertad, Crespo obtuvo seis permisos temporales «sin incidencias negativas», aunque no pudo disfrutar de varios de ellos a consecuencia de la pandemia. La magistrada recogió en su auto la evolución «muy favorable» del narco en la cárcel. El preso venía ejerciendo labores de «encargado del office» en el módulo de respeto de la prisión murciana. En su expediente penitenciario le figuraban «un total de quince recompensas».

La juez recogía entre otros aspectos favorables la cercanía temporal para la extinción de la pena, la asunción plena de la responsabilidad delictiva y que desde el 24 de julio de 2020 disponía de una oferta laboral para trabajar en la carpintería metálica Cacela Marín S. L. Tras conocer el contenido de dicho auto, me puse en contacto con su letrado, Ricardo Álvarez-Ossorio, quien confirmó la salida de prisión de su cliente pero declinó hacer declaraciones al respecto, como ya pasó cuando quise hablar con él sobre la figura del Nene.

La muerte de un niño

El 14 de mayo de 2018, solo tres meses después del asalto al hospital de La Línea, un niño de nueve años murió mientras pescaba junto a su padre en una pequeña barca fondeada frente a la playa de Getares, en Algeciras. Una goma de suministro —que surten de combustible en alta mar a las semirrígidas que transportan el hachís— pasó por encima de la embarcación en la que estaban el crío y su padre. El menor murió en el acto. El piloto, Pedro Manuel Boza, tenía antecedentes por narcotráfico, se encontraba borracho y carecía de titulación para pilotar embarcaciones semirrígidas. Realizó maniobras peligrosas en una zona de baño balizada y en la que estaba prohibido navegar por tratarse de los primeros doscientos metros de costa.

El entierro del crío se celebró entre fuertes medidas de seguridad. Varios furgones de Policía Nacional se desplegaron en las inmediaciones del cementerio de Algeciras. La familia del niño había jurado venganza. En un principio se especuló con la idea del ajuste de cuentas porque el abuelo del niño es un conocido piloto de gomas en Algeciras y varios miembros de la familia están vinculados a la organización de Messi, pero la Policía descartó pronto esta hipótesis. El Gobierno central, en su intento por restarle gravedad a la situación, intentó desmentir, contra toda evidencia, que la embarcación semirrígida fuese una narcolancha: la Guardia Civil había requisado esa misma goma a Pedro Boza tres semanas antes mientras navegaba junto a otro hombre, sin documentación, transportando a bordo cinco garrafas de gasolina. El detenido recogió la lancha de dependencias de la Guardia Civil solo una hora antes de estrellarla contra el niño y su padre. Las autoridades no habían podido retenerla más tiempo porque no encontraron una prueba sólida que relacionase a los dos hombres que iban a bordo con una banda organizada de traficantes de droga.

Cinco meses después de matar al niño, cuando acudía a declarar en un juicio por narcotráfico, Pedro Manuel Boza fue apuñalado en el pecho por el padre del menor. El piloto sufrió heridas de carácter leve. Permaneció ingresado en el Hospital Punta de Europa de Algeciras solo unas horas. El progenitor de la víctima fue detenido.

En mayo de 2022, Pedro Boza fue a juicio. La Fiscalía lo acusó de un homicidio agravado y pidió para él una pena de quince años de prisión. Un jurado popular lo declaró culpable de un delito de homicidio por imprudencia grave. El tribunal le impuso cuatro años de cárcel.

La fiesta de comunión

No fue el único episodio dramático que el Campo de Gibraltar vivió durante aquellos años. Solo 48 horas antes de la muerte de aquel niño, una turba de cuarenta personas agredió en Algeciras a nueve agentes de los Grupos de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil desplegados temporalmente en el Campo de Gibraltar para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la zona. Ese día, los agentes, fuera de servicio, comieron en un restaurante cerca de la barriada algecireña de El Rinconcillo, donde los agresores estaban celebrando el banquete de una comunión. Uno de los guardias sacó su pistola y disparó tres tiros al aire para detener la paliza que les estaban dando con bates de béisbol, botellas rotas, piedras y maceteros. Varias patrullas de la Policía Nacional, alertadas por un vecino, acudieron al rescate. A los pocos días se detuvo a siete personas.

El 13 de junio de 2018 alguien alertó a la Policía Nacional de un posible alijo de tabaco cerca de la playa de La Atunara, en La Línea. Al llegar, los agentes fueron recibidos por una barricada ardiendo y una veintena de personas que les lanzaban ladrillazos, piedras, bengalas y cócteles molotov. Varios equipos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) tuvieron que actuar para dispersar a los alborotadores. El alumbrado público se apagó y los atacantes se perdieron en la oscuridad. Dos agentes resultaron heridos y varios vehículos sufrieron daños. Solo hubo un detenido. Era menor de edad.

El 3 de julio de 2018, dos agentes de la Guardia Civil resultaron heridos leves cuando el todoterreno de unos narcos embistió su coche patrulla cerca de la playa del Burgo, en La Línea. Dos meses antes, un grupo de narcos que estaba descargando un alijo en una playa de Algeciras propinó una paliza a cuatro guardias civiles que intentaban evitarlo.

El 30 de mayo de 2019, Fermín Cabezas González, casado y con un hijo, de Jerez de la Frontera, comenzó a perseguir con su moto oficial un turismo Peugeot blanco con matrícula francesa, sospechoso de transportar droga. Fermín estaba destinado en la Agrupación de Tráfico de Algeciras. Murió en un accidente hacia las 16:40 horas de aquel día mientras perseguía a 200 kilómetros por hora al narcotraficante que conducía aquel vehículo a la fuga. Falleció en el kilómetro 113 de la autovía A-7, sentido Cádiz, en el término municipal de Los Barrios, muy cerca de Algeciras.

Un año después, el 5 de septiembre de 2020, dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos al ser embestidos por un BMW X5 de color gris con 556 kilos de hachís. Sus ocupantes decidieron no atender el alto que les hicieron los policías. Uno de ellos, el inspector sevillano González Suárez, fue ingresado con politraumatismos y fracturas abiertas en la cara, en una pierna, la mandíbula y la nariz. Los médicos sopesaron amputarle un brazo.

OCON Sur, una guerra sin cuartel

En julio de 2018, el nuevo ministro del Interior tras el cambio de Gobierno en España, Fernando Grande-Marlaska, autorizó un nuevo plan de actuación contra el narco en el Campo de Gibraltar, donde en ese momento operaban cincuenta y cinco grandes organizaciones delictivas. Aquella estrategia de mayor presión policial[3] contra los traficantes seguía la estela de la operación Nécora llevada a cabo en Galicia en los años noventa.

El incremento de agentes sobre el terreno permitió a la Guardia Civil crear un grupo específico para combatir al narco. Se escogió a un centenar de agentes para distribuirse entre el Centro de Concentración Contra el Narcotráfico (CCON Sur), el cerebro de las futuras operaciones, y el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur). Al mando se situó al general Manuel Contreras, máximo responsable de la Guardia Civil en Andalucía. En veinte días se puso en marcha el plan Carteia (nombre del yacimiento arqueológico púnico-romano situado en el municipio de San Roque, en el corazón de la Bahía de Algeciras) con el objetivo de desarticular a los grandes clanes, detener a sus líderes y atacar sus métodos para lavar el dinero procedente de su actividad delictiva. La fiscal Macarena Arroyo y el resto de miembros de la Fiscalía Antidroga de Algeciras se sumaron al esfuerzo.

El Plan de Seguridad desplegado por Interior consiguió notables resultados. A principios de 2019 había tantos narcos en la prisión de Algeciras que entre ellos organizaban torneos de fútbol en la cancha del penal. Algunos fueron saliendo en libertad con cargos y a otros se les derivó a diferentes cárceles del territorio español[4]. Esa ingente actividad policial generó un significativo descenso de la tasa de criminalidad, que mide el número de delitos detectados por cada mil habitantes. Si en 2018 esa tasa era de 45.1 en el Campo de Gibraltar, en mayo de 2020 ya había caído a 40.1. Era la más baja de la última década en la comarca.

A esa serie de medidas policiales se sumó el frente legal poco después. El 26 de octubre de 2018, en el Boletín Oficial del Estado se publicó el decreto ley por el que de facto se prohibía la venta de lanchas semirrígidas en España. «Es muy difícil actuar contra las organizaciones criminales que emplean estas embarcaciones, pues resulta frecuente intervenirlas cuando ya han alijado la droga o el tabaco, o cuando en el transcurso de una persecución los géneros son arrojados al mar. En estos casos resulta especialmente complejo proceder administrativa o penalmente contra los patrones y tripulantes», recogía el texto. El Gobierno señaló que las gomas se usaban también para el tráfico de personas por el Estrecho y el mar de Alborán. Ambas actividades, el narcotráfico y el tráfico de personas, coincidían a veces en un mismo viaje, en una misma embarcación, en un ejemplo macabro de optimización de recursos: el marroquí Hicham el Balloury pagó tres mil euros en mayo de 2018 a una banda de narcos para que lo llevaran desde su país hasta la Península como polizón. La goma en la que viajó cargaba con 2038 kilos de hachís. Al llegar a costa lo detuvieron junto a los otros dos tripulantes de la embarcación, que sí eran traficantes. El Balloury estuvo preso injustamente durante nueve meses. Se le condenó a cinco años de cárcel por traficar con drogas y al pago de una multa de nueve millones de euros. Hasta que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó esa primera sentencia y Hicham quedó libre.

2021 siguió siendo fructífero en la lucha contra el narco. A principios de julio de ese año, el Gobierno central acordó una ampliación de la vigencia del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar hasta el 31 de diciembre de 2021, así como su extensión a otros municipios de Cádiz y a las provincias de Málaga y Huelva.

A su vez, el OCON Sur ya había extendido su campo de acción por el resto de provincias de Andalucía[5]. El ritmo de incautaciones de hachís era el triple que antes de 2018. De media, los agentes del OCON decomisaban entre veinte y veinticinco toneladas de costo al mes.

Visto con perspectiva, el esfuerzo mereció la pena: se desmembró a las principales organizaciones de traficantes y se les cortó las vías para canalizar sus fortunas hacia cauces legales. Los grandes narcos acabaron entre rejas o fugados del país. Surgieron otros y se intentaron tejer nuevas alianzas entre bandas menores, pero aquella época dorada acabó[6]. En las siguientes páginas viajaremos por aquellos años.

La caída en desgracia de los hermanos Tejón

El abuelo de Antonio y Francisco Tejón vendía castañas en la plaza de toros de La Línea. Los hermanos Castaña, como pronto apodaron a sus nietos, robaban en tiendas y en farmacias siendo todavía menores de edad. Luego se pasaron al hachís. Más tarde, construyeron un imperio: supuestamente son los narcos, según las fuerzas policiales y la Fiscalía, que más cerca han estado de crear un cártel de la droga en España al estilo de las bandas mexicanas o colombianas, que ejercen un control absoluto del negocio en un territorio. Supuestamente extorsionaron a posibles rivales, cobraron peajes a otros clanes por alijar en sus playas, trataron de extender sus tentáculos a la política, se hicieron íntimos amigos de policías y guardias civiles, blanquearon dinero a través de familiares y de miembros de la Guardia Civil, y compartieron empleados con otras organizaciones de menor relevancia.

Según el relato de la Fiscalía y las fuerzas del orden, los Castaña no movían su propio chocolate, se limitaban a ejercer de intermediarios entre los suministradores marroquíes y los clientes europeos. «Ellos ponen la infraestructura para trasladar, custodiar y entregar la droga a quien la compra, normalmente bandas españolas, francesas, italianas o inglesas», me explicaron dos fuentes de la Policía Nacional. Llegaron a tener un chalet que disponía de un embarcadero con salida al río Guadarranque.

Los Castaña disponían presuntamente de un ejército de empleados: desde puntos a los que pagaban 1500 o 2000 euros por vigilar los movimientos de Policía y Guardia Civil durante las noches hasta pilotos de lanchas y alijadores en tierra. Casi siempre los reclutaban en La Línea y en los pueblos de alrededor. «Con ellos solo trabaja gente de confianza. Muchos de su clan son primos, amigos, familiares de sus mujeres», me explicaron altas fuentes policiales que los investigaron.

La Policía explicaba en sus informes elevados al juzgado que entre 2014 y 2016 los Castaña vivieron su momento de gloria. Los describían como capaces de realizar cuatro, cinco y hasta seis envíos diarios de dos y tres mil kilos de chocolate durante los meses de mejor tiempo. «Esta gente opera a diario. Solo los detiene un temporal», me contaron las fuentes. Su precio, unos 300 euros por kilo transportado: mil kilos, 300 000 euros; dos mil, 600 000 euros… Las guarderías en las que les gustaba almacenar los fardos de hachís solían ser viviendas que compraban a nombre de personas que vivían en la calle, adictos a las drogas o al alcohol. Les daban un techo, unos cuantos miles de euros y a cambio les reclamaban lealtad. A nivel local se generaron un halo de bondad irreal. Por eso era tan complicado cogerlos. Crearon un ecosistema cerrado en el que era casi imposible encontrar resquicios. Disponían de una guardia de fieles que nunca les delatarían.

La tranquilidad de los hermanos Tejón Carrasco, los Castaña, empezó a desmoronarse la noche del miércoles 12 de octubre de 2016, cuando la Policía Nacional vigilaba un desembarco de costo en una playa del Campo de Gibraltar. Los agentes sospechaban que los dos hermanos coordinaban el alijo desde un piso franco de La Línea mediante teléfonos encriptados de miles de euros y con sofisticados equipos de transmisión por satélite. Según el relato de la Policía, estarían acompañados, entre otros, de Francisco Arroyo, alias Chepa, fiel lugarteniente y cuñado de ambos, dando directrices a los pilotos de sus lanchas, a los puntos que vigilan la costa y a los cargadores que están a pie de playa, escondidos, resueltos a trasvasar los fardos de droga a todoterrenos robados.

El supuesto alijo se canceló de forma abrupta. Los policías sospechaban que había habido un chivatazo y decidieron registrar las viviendas de Antonio y Francisco Tejón. No los encontraron, pero detuvieron a sus mujeres, a las que el juez dejó en libertad con cargos. Días después, varios miembros del clan se fugaban a Marruecos. Antonio Tejón y su sobrino Darren cruzaron en lancha hasta el país norteafricano y se instalaron en la provincia de Tetuán. En un principio se pensó que Isco también había huido junto a su hermano, pero personas muy cercanas me dijeron que él siempre estuvo oculto entre su ciudad natal y Gibraltar.

Antonio Tejón y algunos de sus secuaces no sabían cuándo volverían a La Línea, el refugio donde se habían sentido intocables, la lanzadera que les permitió, según investigaciones policiales, convertirse en los presuntos amos del negocio del narcotráfico de hachís en España. Atrás quedaban las mansiones, los barcos, los Lamborghinis, Porsches, Mercedes, Ferraris, los quads pintados de rosa para las niñas de Antonio, las fiestas en discotecas de Sevilla, los viajes con sus mujeres o con sus amantes por Latinoamérica, las entradas para el Clásico en el Santiago Bernabéu, y las noches acompañados de prostitutas y de policías de confianza en los reservados de las mejores discotecas del sur de la Península.

Uno de esos policías nacionales de confianza, Luis Borjas, se presentó candidato a la alcaldía de San Roque por Ciudadanos en las elecciones municipales de 2015. No consiguió la vara de mando. Luego, dejó el partido. Su hermano Moisés también tenía una estrecha relación con Francisco, el mayor de los Castaña. Durante meses, los agentes de la Policía Nacional que investigaban a los Tejón Carrasco pudieron escuchar las conversaciones que los Borjas mantenían casi a diario con Isco.

A las 21:49 horas del 12 de marzo de 2016, Isco llama a Moisés Borjas. Por esas fechas, la Policía y la Guardia Civil consideran que los Castaña controlan con puño de hierro el tráfico de hachís en el sur de España, que se mueven con una escolta de entre diez y quince hombres y que sus chicos se protegen con kaláshnikovs de posibles robos. Isco tiene ganas de celebrar. Es su cumpleaños. Llama a Moisés para invitarle a cenar y para reprocharle, con tosca ironía, que no le haya felicitado.

—Illo, eres un guarro, tío —se le escucha decir a Francisco Tejón en unas escuchas inéditas a las que tuve acceso.

—Como yo no tengo FB ni pollas… —se excusa el agente.

—¿Qué pasa? ¿Vamos a cenar y luego salimos?, —le pregunta Isco.

—Espérate, cabrón —responde Moisés, también de La Línea y de la misma generación que el narcotraficante—. Me has pillado aquí, es que está la familia de mi novia.

—Es mi cumpleaños, picha, de tu mejor amigo. […] Me han regalado una botella especial de vino, sesenta y un años tiene. Es para tomármela con una tía, pero me la voy a tomar contigo.

—Bueno, pero entonces salimos tarde, ¿no?

—Vamos a ir a cenar a las once y algo, ¿te recojo? Vamos a cenar, nos bebemos el vinito y ya salimos.

—Venga, ok.

Un mes antes de esta llamada, Luis Borjas se había dejado olvidada en el asiento trasero del Porsche de Isco Tejón la cartera donde guardaba la placa policial. Allí se la encontró un agente de la Guardia Civil días después, durante un control rutinario en La Línea. Isco llamó a Moisés para alertarle de lo sucedido.

—Escúchame —le dijo Francisco Tejón a Moisés Borjas.

—Dime.

—Que el sábado yo salí con tu hermano […] Y se le ha quedao en mi coche, se le ha quedao lo que es la cartera de la placa, pero sin la placa.

—¡Ah, hostia! ¿No me digas que no está lo de dentro?

—No, pero eso lo tiene tu hermano, me dijo que lo tenía en la oficina, lo que es la placa.

—¡Ah, vale, vale!

—¿Vale? Y me han parao hace un ratillo ahí… Aquí en el Higuerón y me la han visto y me han dicho: «¿Tú que haces con esto?». Digo: «Hombre, de un amigo mío, que salimos el sábado y se le habrá caído, yo no me he dao ni cuenta». Se la han quedao ellos. Estoy llamando a tu hermano, pero no me coge.

Tres minutos después, llama de nuevo a su amigo Luis Borjas. Esta vez sí le coge el teléfono. Su hermano Moisés ya le ha advertido de que el mayor de los Castaña quiere hablar con él.

—¿Qué te pasa, pollo?, —le pregunta Isco.

—¿Qué pasa, tío?

—¿Te lo ha dicho tu hermano?

—Sí, me lo ha dicho mi hermano, sí.

—Me habían parao ahí en un control, y tú no me dijiste que estaba la cartera atrás, se te había caído, me dijiste de unas llaves y ni le he echao cuenta ni me he acordao. […] ¿Vale, pollo? […]

—Venga.

—Venga, tío, nos vemos.

Cuando Luis Borjas pasó por comisaría a recoger la funda de su placa dio explicaciones peregrinas a sus compañeros para salir del apuro.

En abril de 2021, días antes de que los dos hermanos Castaña se sentaran en el banquillo de los acusados sabiendo que la Fiscalía les pedía veinte años de prisión por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos, accedí a los treinta tomos del sumario de aquella causa. La Guardia Civil había intervenido, seis años antes, un alijo de 600 kilos y otro de 900, que el GRECO Costa del Sol consideraba que eran propiedad de los Castaña. En las pesquisas policiales se desentrañaba el entramado societario y familiar que, presuntamente, ambos hermanos habrían tejido para blanquear parte de su fortuna. Esa parte de la investigación, sustentada por un informe realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), acabó derivándose al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras.

Según este relato, los Castaña habrían lavado decenas de millones a través de sus mujeres, sus amantes, la suegra de uno de ellos, los cuñados o las hermanas, y con negocios —alguno en Marruecos— como cafeterías, tiendas de complementos, discotecas, un punto de reciclaje y un club de intercambio, el Swingers Midnight. A Zaraida López, la primera mujer de Antonio Tejón, le tocó seis veces la Lotería en solo un mes. En total, 299 000 euros. En diciembre de 2014 cobró cuatro premios de 24 500 euros en sorteos de la ONCE. Al mes siguiente, otros dos premios gordos del sorteo de Navidad, con los que se embolsó 201 000 euros más al restarle las retenciones. Parte de los premios cobrados, a su vez, se destinó a la compra de dos propiedades inmobiliarias. A su suegra —la madre de Zaraida—, Antonio le compró una finca que luego los Castaña convertirían en la Sala Excálibur. El precio del inmueble, pagado en efectivo, alcanzó los 95 000 euros.

A su vez, la mujer con la que Antonio Tejón estaba en ese momento, Patricia Parodi, vivía en un chalet alquilado en la exclusiva urbanización gaditana de Sotogrande. Pagaba 2000 euros al mes por él. En marzo de 2019, cuando la detuvieron, le encontraron en la casa 10 000 euros en efectivo y joyas por valor de más de 80 000. A Parodi le encantaba frecuentar la milla de oro de Puerto Banús, donde se compraba bolsos de más de 3000 euros y ropas de Gucci, Louis Vuitton o Prada. En un solo día de compras llegó a gastar 5000 euros.

Mientras el dinero le llegaba a espuertas al clan de los Castaña, Isco Tejón, según la investigación policial y el posterior escrito de acusación de la Fiscalía, usó las cuentas de Punto Limpio Sebastián del Sur S. L., una sociedad legal y con actividad real coparticipada al 50 % por él y por su amante, Raquel María Pérez Sody, para supuestamente ingresar dinero procedente del narcotráfico y camuflarlo entre las cuentas de la empresa. A su vez, esta compañía adquirió en 2014 una nave en un polígono industrial que costó 65 000 euros. No recurrió a financiación bancaria. Los investigadores detectaron también que Raquel María Pérez Sody era propietaria de tres coches y que compró una vivienda con dinero en efectivo junto a su hermano, Sebastián Pérez Sody, por valor de 48 000 euros. Entre septiembre de 2015 y enero de 2016, Raquel contrató a Sebastián en el punto de reciclaje, donde trabajó como peón cinco meses. Durante esos años, Sebastián Pérez Sody estuvo empleado dos años y un mes. Pudo comprarse un Porsche. Aunque él no lo usara. «Como se ha podido observar en las vigilancias, realmente quien dispone de él es Francisco Tejón», señaló la Policía. «Esto permite deducir que la figura de Sebastián Iván Pérez Sody no es más que la de un testaferro», dijo la UDEF en su informe incorporado al sumario del blanqueo.

María Ángeles Florido Gómez, la esposa de Isco Tejón, compró la parcela donde los dos hermanos levantaron después el Swingers Midnight. La finca costó 185 000 euros. 99 000 se abonaron en efectivo, así como el importe de las obras posteriores. La mayor parte del dinero restante se aportó a través de cheques. Allí se grabó el videoclip en el que Isco Tejón participó en el verano de 2018, estando en busca y captura.

El 3 de octubre de 2016, la Policía Nacional registró la vivienda de Isco y de María Ángeles Florido. Los investigadores encontraron en un patio del inmueble una jaula con un diminuto mono tití (a un agente le recordó a aquella otra escena del barbateño Antón el Gitano, que se paseaba por su pueblo con una cría de león y a cuya madre le habían requisado años atrás un ejemplar de la misma especie). El animal acabó en las instalaciones de un zoo.

Otra de las personas que aparecía en el estudio de las finanzas del clan era la hermana de Antonio e Isco, Encarnación Tejón Carrasco. Entre 2006 y 2016 trabajó cuatro años, pero figuró como propietaria de cuatro coches y aportó en efectivo 37 300 de los 102 000 euros que le costó un inmueble en La Línea. Los dos hermanos también usaron, a juicio de los investigadores, la empresa Dapboem S. L., cuyo titular era un hombre de paja, para gastos corrientes de los miembros de la organización. Entre ellos, el pago del colegio privado en Sotogrande de los hijos de Mohamed Said Ouardani, el contable de los Castaña según la Policía.

21 de mayo de 2017. Han pasado siete meses desde la huida de ambos hermanos. Treinta de los suyos han ingresado en prisión. Se les han intervenido dieciséis coches de alta gama, tres gomas, numerosas armas y diecisiete viviendas. Tienen veinticuatro cuentas bancarias bloqueadas. Los dos hermanos se sienten acorralados en La Línea. Llevan semanas sin apenas salir de sus cobijos. Temen dejarse ver y que les den caza. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuándo y cómo han vuelto a su ciudad natal?

Dos de las detenidas en el operativo de aquella noche de octubre de 2016 eran María Ángeles, mujer de Francisco Tejón, y Zaraida, pareja de Antonio. El juez las dejó en libertad con cargos. Las acusó de formar parte de una banda organizada y de blanqueo de capitales, aunque luego retiró las acusaciones. Fue entonces cuando los agentes de GRECO comenzaron a seguirles el rastro. En diciembre, Zaraida y María (la pareja de Darren Tejón, otro de los fugados e hijo de Francisco) subieron a bordo de un ferry que cubría la ruta entre Algeciras y Ceuta. Sobre los Castaña huidos pesaba una orden internacional de detención, por lo que los agentes españoles avisaron a la Policía marroquí de que Zaraida y María cruzarían la frontera para reencontrarse con sus parejas. Al llegar a Ceuta y abandonar el barco, a las dos mujeres les esperaban varios agentes marroquíes vestidos de paisano. Las vigilaron, cruzaron la frontera del Tarajal tras ellas y las siguieron por Marruecos. Aquella operación dio sus frutos. Se detuvo a diez personas en una cafetería de Tetuán. Entre ellas, a Zaraida y a su marido, Antonio Tejón, que en ese momento llevaba encima un pasaporte falso; a María y a Darren Tejón, de diecinueve años. En España, el equipo GRECO recibió la noticia con alegría. Se habían cobrado dos piezas de caza mayor.

Los diez detenidos ingresaron en una prisión marroquí. Antonio tuvo que pagar miles de euros para mantener la seguridad de los suyos en la cárcel y poder dormir sobre un colchón. Él y su sobrino ingresaron en un módulo de hombres de la cárcel de Tetuán. Sus mujeres, en uno femenino de esa misma prisión. Durante el tiempo que pasaron presos tuvieron que recurrir a un miembro marroquí de su organización para que les ayudara desde el exterior. La madre de este chico, con residencia en Marruecos, les llevaba comida de vez en cuando para así no tener que comer del guiso de una olla cochambrosa que les hacían en aquella penitenciaría.

Estando entre rejas, Antonio Tejón sabía que España pediría su extradición, para la que tenía un plazo de dos meses. Pero el destino le iba a regalar una tregua. A los pocos días del ingreso en la cárcel la justicia española comenzó con los trámites para la extradición de los presos. La petición a Marruecos llegó fuera de plazo. El documento se envió a las autoridades del reino alauita «cuatro o cinco días» después de los sesenta que permitía el plazo legal, me contaron las fuentes policiales. Aquel error burocrático por parte de los funcionarios españoles molestó mucho a los policías que habían propiciado la detención de Antonio Tejón. Por esas fechas, principios de febrero de 2017, Antonio, su sobrino Darren, sus parejas y el resto de investigados ya habían abandonado la cárcel. Volvieron a cruzar el Estrecho a bordo de una lancha. Se cobijaron en La Línea, adonde también había vuelto Isco, el mayor de los Castaña.

Tras su vuelta a La Línea, un día Antonio se topó con una pareja de guardias civiles mientras salía de una casa. El menor de los Tejón se percató de la presencia de los agentes y salió huyendo a la carrera por los tejados de unas viviendas cercanas. Para las fuerzas policiales era cuestión de tiempo atrapar a los dos hermanos.

La llamada a deshoras y el videoclip de reguetón

La llamada me hizo dar un brinco de la cama. «Hemos detenido a Antonio el Castaña», me dijo mi fuente, un alto mando policial de la lucha contra el narcotráfico en el sur de España. Eran las 23:30 horas del 6 de junio de 2018. Acababan de ponerle las esposas y se lo estaban llevando a varios inmuebles, entre ellos la vivienda de su madre, para registrarlos en su presencia.

Antonio Tejón llevaba en busca y captura desde que abandonó la prisión de Marruecos. La Policía Nacional había desplegado un centenar de efectivos por distintos sitios estratégicos de La Línea a la espera de que cometiera el error de volver a visitar a alguno de sus siete hijos reconocidos. Se le detuvo en la casa de Patricia Parodi, madre de dos de ellos, cerca de la playa de La Atunara, su territorio fetiche. En una visita anterior lo habían visto llegar en moto a ese inmueble y quitarse el casco antes de entrar. La noche de su detención, un agente forzó la cerradura de la cancela. Una hija de Antonio se agarró a un muñeco de peluche y dio un grito al ver entrar a los agentes policiales con armas y con los rostros cubiertos por pasamontañas. Cuando Antonio escuchó aquel ruido, trató de huir a la carrera por la azotea de la vivienda, pero el perímetro de la casa estaba tomado por efectivos policiales: varios agentes apuntaron al traficante cuando lo vieron asomarse por la planta alta del adosado. Hubo un forcejeo, los agentes lo lanzaron al suelo y le pusieron los grilletes. Sufrió varias heridas en el rostro.

El juez lo mandó a prisión la noche siguiente. Tras un brevísimo paso por la cárcel de Algeciras se le envió a la de Córdoba. Allí fue catalogado como preso FIES (de especial seguimiento). Pasaba veintitrés horas al día en su celda, donde desayunaba, comía y cenaba. Solo salía al patio una hora, y sin compañía. Los familiares y amigos emitieron un comunicado a través de las redes sociales. Denunciaron que criminales como José Antonio Abuin el Chicle (asesino de Diana Quer) o Ana Julia Quezada (asesina de un menor en Almería) gozaban de mejor trato penitenciario en sus respectivas prisiones. «Antonio Tejón es un supuesto delincuente pero no ha matado, no ha violado y nadie ha muerto por su culpa. Es una persona a la cual no conocéis, no conocéis por lo que ha tenido que pasar para llegar donde está», decía dicho comunicado, en el que se le calificaba como «una persona humilde, sin aires de nada. Sobre todo es muy humano y generoso, no tenía nada suyo. […] Gracias a él, en La Línea, el culo del mundo, la mayoría de familias de este asqueroso pueblo tiene para darle de comer a sus hijos».

Tras la detención de Antonio Tejón, su hermano Isco pasó a convertirse en la persona más buscada de todo el país. Había logrado escaparse de aquella operación policial que le obligó a vivir en la clandestinidad. Pero, en vez de ocultarse, apareció en un videoclip del cantante cubano Clase A grabado en el Swingers Midnight. El vídeo «Candela» fue subido a las redes sociales por el propio artista el 2 de octubre de 2018: entre botellas de Moët & Chandon, Isco y el cantante aparecían rodeados de mujeres en bikini mientras se bañaban en una piscina, o con jóvenes semidesnudas en la cama de una habitación en cuya entrada había un letrero con la palabra «mazmorra». La letra decía: «¿Qué es lo que tú quieres que te dé? ¡Candela!». En solo tres días superó las 40 000 reproducciones en YouTube. Aquel videoclip levantó tal revuelo que el narcotraficante se entregó el 17 de octubre, quince días después de su difusión.

La semana anterior a la entrega de Francisco Tejón, uno de sus abogados contactó con la Policía Nacional para explicar que su cliente quería ponerse en manos de la justicia y abandonar la clandestinidad. El arresto se produjo a las ocho menos cuarto de la mañana en la puerta del restaurante Mireia, a quinientos metros del puerto del barrio de La Atunara. Isco llegó a pie junto a varios lugartenientes, que le sostenían un macuto con ropa y enseres personales. Vestía pantalón vaquero y sudadera oscura. A la detención acudieron el comisario de La Línea, Francisco López Gordo, dos abogados del traficante y varios policías más de UDYCO y de GRECO. La fiscal jefe antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, estaba al tanto de las negociaciones previas que hubo, pese a las cuales no se dejó de perseguir a Isco hasta el último instante: la noche anterior a la entrega varios policías estuvieron siguiendo a uno de sus letrados, Juanjo Simón, por las calles de La Línea cuando se dirigía a un punto de encuentro con su cliente para trabajar en la declaración que el fugitivo debía realizar al día siguiente. Esa cita, finalmente, quedó abortada.

La periodista Patricia Ortega Dolz contó en El País que en la comisaría, cara a cara con los uniformados de los que llevaba huyendo dos años, un cabizbajo Francisco Tejón les dijo: «No hice el videoclip para reírme de vosotros». Nadie le creyó. «Dice eso para que no le putee mucho nadie ahora que ha caído. […] Él es mucho más chulo que todo eso, es un juerguista, ostentoso y mucho más malo que su hermano».

Aquella mañana, el detenido confesó que el videoclip con Clase A se había grabado en septiembre. Francisco Tejón explicó que el cantante le dijo que saldría publicado al año siguiente y que no iba a tener tanta repercusión. Ante el juez instructor, se presentó como un promotor inmobiliario cuya fortuna había surgido a partir de 200 000 euros que cobró de un antiguo socio hacía más de veinte años. Tras escuchar su declaración, lo envió a la cárcel sin posibilidad de fianza. En el auto de ingreso en prisión se señalaban hasta tres empresas usadas para blanquear parte de su fortuna, todas ellas enclavadas en distintas poblaciones de la comarca del Campo de Gibraltar: una compañía de transporte de taxis ubicada en la calle Júpiter de La Línea, el punto limpio para la recuperación de residuos, y una sociedad de montaje de estructuras metálicas en Los Barrios.

Las cuentas pendientes de los Tejón Carrasco

En solo doce meses, Isco Tejón consiguió que lo dejaran en libertad con cargos. Eso sí, le salió por un pico. El lunes 28 de octubre de 2019, abonó los 120 000 euros que le reclamaba el juez para salir a la calle. A Isco se le retiró el pasaporte y se le obligó a presentarse en los juzgados los lunes y los viernes de cada semana. El magistrado también permitió que Antonio Tejón recobrara la libertad si abonaba 200 000 euros. A diferencia de su hermano mayor, el pequeño del clan no pagó dicha cantidad en ese momento, ya que se encontraba preso cumpliendo una sentencia firme que arrastraba desde el 14 de diciembre de 2014, en la que se le condenó a dos años y tres meses de cárcel por un delito contra la salud pública. En el auto del juez se explicaba que la diferencia en el montante de las fianzas radicaba en que Isco Tejón se puso en manos de la justicia. La Fiscalía recurrió al día siguiente. Fuentes del Ministerio Público me mostraron «su desconcierto y enfado».

El 28 de noviembre de 2019, cubrí la vista para atender el recurso de la Fiscalía. Hacía una semana que Antonio Tejón, esta vez sí, había abonado los 200 000 euros de fianza, pero seguía preso en Albolote, donde solo le restaban cuatro meses para terminar de cumplir aquella condena previa. El pequeño de los Castaña compareció por videoconferencia desde prisión. Su hermano Isco llegó andando a la Audiencia. Había perdido mucho peso y musculatura. Al menos, diez kilos, calculé a simple vista.

En la sala había mucha expectación. Una de las hermanas de los narcos me miró con desprecio en un par de ocasiones. También estaba entre el público Patricia Parodi, la segunda mujer de Antonio Tejón. Horas más tarde, ella y yo nos cruzamos en el garaje donde ambos teníamos aparcados nuestros respectivos coches. Patricia, una mujer atractiva, alta, de pelo largo y buenos modales, estaba embarazada del pequeño de los Tejón Carrasco, concebido durante un vis a vis en prisión. Era el octavo hijo de Antonio. Se dirigió a mí con educación y respeto. «A ver cuándo sacas algo bueno de él», me dijo en tono jocoso. Luego, pagó el ticket del estacionamiento, se subió a su coche y se marchó.

Antes de iniciarse la vista, el tribunal permitió que los fotógrafos y los camarógrafos tomasen algunas imágenes de los acusados. El fotoperiodista linense Marcos Moreno trabajó conmigo aquel día. Los familiares de los hermanos Tejón lo reconocieron de inmediato. De la misma generación que los Castaña, de joven coincidió con ellos en discotecas o en fiestas de amigos en común, y hasta flirtearon con las mismas chicas durante un tiempo. Una persona que estaba entre el público, pero a la que no reconocí, murmuró: «Ya está bien, hijo, ya está bien. Que te vas a hacer de oro con las caras de dos vecinos de tu pueblo». Creo que Marcos no lo escuchó. Tampoco nunca yo le pregunté.

En aquella vista, la fiscal Macarena Arroyo subrayó la existencia de un «alto riesgo de fuga y de reincidencia» por parte de los dos hermanos si continuaban en la calle. Arroyo, una especialista en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, quería verlos de nuevo entre rejas. El abogado de Francisco Tejón, Juan José Simón, señaló que «nada» le hacía pensar en ese momento que la fecha de juicio se encontrase cercana, por lo que, según dijo, no tenía sentido prorrogar la prisión preventiva de su cliente. El letrado presentó un informe médico sobre las supuestas «dolencias en las extremidades» que sufría Isco, por las que se encontraba bajo tratamiento médico y por las que debía «ser operado». Tras la exposición de su abogado, Francisco Tejón compareció ante el tribunal. Explicó que se presentó «voluntariamente» para poder defenderse en el juicio. «No le voy a fallar al juez […], ha confiado en mí. Yo quiero que se abra juicio ya y que termine esto, que se haga lo más pronto posible». Después de Isco compareció Sara Borrego, la letrada de Antonio Tejón. Acusó a la prensa de hacer una «causa general» contra él y recordó que tenía arraigo en La Línea. «Siete hijos y toda su familia», dijo la abogada. Sara Borrego también señaló que, meses antes de la detención de su cliente, Antonio Tejón «pretendía llevar una nueva vida» trabajando como taxista. En su turno de palabra, Antonio Tejón realizó un alegato en defensa de «una segunda oportunidad». «Pido perdón porque sé que he cometido algún fallo. Pero aquí [en esta causa] soy inocente. Todo el mundo tiene otra oportunidad en la vida, por qué no me la van a dar a mí. Quiero terminar con mi condena, estar con mi familia y empezar una vida nueva». Al terminar la vista, los tres miembros del tribunal se encerraron a deliberar durante tres horas. Finalmente, revocaron el auto del juez. La Fiscalía ganaba. Macarena Arroyo se anotaba un triunfo. Isco Tejón volvió a ingresar en prisión esa misma tarde. Antes de que se lo llevasen en un furgón policial tras abrazarse a sus hermanas, me asomé a la calle a través de la cristalera de la primera planta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras. Vi a un grupo de miembros de su familia sacar varios macutos de ropa que le guardaban en el maletero de un coche aparcado junto al paseo marítimo de la ciudad. Se la dieron en la mano mientras se despedían de él. Su hermano Antonio seguiría en su celda por un tiempo más. No demasiado.

Siete meses más tarde, el 2 de julio de 2020, Antonio Tejón se levantó de su camastro en Albolote sabiendo que en unas horas recobraría la libertad, pero la libertad del pequeño de los Castaña resultó efímera. Efectivos de la Guardia Civil lo volvieron a arrestar en la puerta de la prisión granadina, donde lo esperaba su familia, y lo trasladaron de inmediato hasta los calabozos de la comandancia de Algeciras, donde pasó la noche. «Sois muy pesados», les dijo Antonio Tejón a los agentes mientras le ponían las esposas. Al día siguiente, la Guardia Civil arrestó a cuatro personas más. Entre ellas, a una agente del EDOA de la Guardia Civil, y a su pareja, la gerente de un taller de coches de alta gama. Se les acusó de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. La juez envió a prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 12 000 euros a Antonio Tejón, que abonó sobre las nueve de la noche de ese mismo día.

Pese a las sospechas de blanqueo que pesaban sobre él, Antonio quedó libre con cargos aquel 2 de julio de 2020. Aunque la justicia lo tenía acorralado, al menos podía volver a La Línea y pasearse por sus calles como más le gusta, en chándal. «Los de Versace y Guess son sus favoritos», me dijo un familiar. «En verano siempre va en pantalón corto, con zapatillas de deporte y con su bandolera cruzada al pecho. Estética narcocani pero que sale por un ojo de la cara», me explicó un policía local de su ciudad.

72 días en libertad

La libertad siempre dura poco. Las fuerzas de seguridad siguieron investigando sus movimientos fuera de la cárcel y el 11 de septiembre, Antonio Tejón es detenido cuando acude a firmar al juzgado. Tres días después comienza la operación Dismantle, en la que participan 400 efectivos del OCON Sur desplegados por las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga. Se incautan alrededor de 10 000 kilos de hachís, hay más de 150 investigados —uno de ellos, considerado su lugarteniente, le hacía visitas a la cárcel de Albolote cuando aún estaba preso—, 32 detenidos, numerosos fugados que de inmediato entran en busca y captura, 40 registros policiales.

Durante la investigación, los efectivos policiales contabilizaron 18 pilotos de lanchas, una treintena de alijadores, 19 vigilantes de seguridad, cuatro gestores de embarcaderos, cuatro camioneros para mover las gomas desde Ciudad Real hasta la costa andaluza, dos conductores de coches de carga y un repartidor de puntos. «Iba diciendo que era el jefe de La Línea y que con él en la calle se alijaba allí. Nos desafió. Pues este es el resultado», me dijo un alto mando de la lucha contra el narcotráfico en Andalucía que participó en Dismantle, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras.

Los miembros de la banda de Antonio Tejón supuestamente usaban drones para «controlar los movimientos de las patrullas uniformadas» de la Guardia Civil. Además, los pilotos de las gomas en teoría utilizaban barcos pesqueros como parapetos hasta llegar a la zona de alijo. Con su ayuda evitarían ser vistos desde la costa. La banda del Castaña menor, según las investigaciones policiales y el escrito de la fiscalía, contaba supuestamente con dos ramas operativas, una en La Línea y otra en Puente Mayorga, una barriada de San Roque. A su vez, cada una de ellas tendría una «sucursal» con personal e infraestructura en la provincia de Huelva y en los márgenes del río Guadalquivir «por si la presión policial les hacía desplazarse del Campo de Gibraltar». Además, la organización contaría con una tercera rama, encargada de la logística y el apoyo a las dos primeras.

A fecha de publicación de este libro aún no se ha celebrado el juicio por la operación Dismantle, que debía comenzar el 10 de abril de 2023. La fiscal Macarena Arroyo pide para Antonio Tejón trece años y nueve meses de cárcel y el pago de una multa de 104 millones de euros. Le acusa de la comisión de los delitos de contrabando, contra la salud pública y receptación de drogas.

Es la primera macrocausa tras la creación del OCON Sur y el despliegue del plan de seguridad del Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar. El juicio se retrasó más de un año porque no había una sala donde tuvieran cabida todos los investigados. Al final, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tuvo que habilitar dos salas de la Audiencia Provincial de Cádiz en su sección de Algeciras para distribuir alrededor de ochenta abogados personados en la causa y al centenar y medio de acusados, muchos de los cuales seguirán la vista a través de pantallas que emitirán en directo lo que ocurre en la sala principal.

Los dos caritativos amigos de Isco el Castaña

Quien la sigue la consigue, debió de pensar Francisco Tejón. Desesperado entre rejas en la prisión de Algeciras mientras su hermano hacía y deshacía dentro y fuera de la cárcel, él siguió presionando a sus abogados para sacarlo a la calle a la espera de la fecha de juicio. Lo consiguió el 3 de marzo de 2021. La cantidad que le pedía el juez era 200 000 euros. Los abonó. O se los abonaron, mejor dicho. La Fiscalía Antidroga volvió a recurrir. La cantidad exigida al narco se pagó mediante dos ingresos por transferencia, uno de 140 000 euros y otro de 60 000. «Esas personas no tienen domicilio en La Línea ni pueden demostrar el origen de esos medios. Tampoco tienen ninguna vinculación con el acusado. Sorprende ese gesto tan altruista y desinteresado», sostuvo la fiscal Macarena Arroyo. Señaló la posibilidad de que el pago de la fianza se hubiera realizado con dinero del propio narcotraficante ya blanqueado a partir de terceros. Por el contrario, fuentes cercanas a Francisco Tejón me aseguraron que los dos pagadores, afincados en Huelva, eran «empresarios amigos íntimos» de él. Realizaron los pagos en un juzgado de Moguer. Por esta vez la defensa iba a ganar a la aguerrida fiscal. El 11 de marzo de 2021, ocho días después de la salida de Isco el Castaña de la cárcel de Botafuegos, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de la Fiscalía Antidroga. El tribunal respondió a Macarena Arroyo con especial contundencia. «El ministerio fiscal, sin aportar dato alguno, fundamenta su recurso en la sospecha de que las cantidades ingresadas por los respectivos fiadores no son de su pertenencia y que asumen la pérdida de las mismas por carecer de cualquier vínculo con el procesado, considerando que se trata de personas superpuestas o testaferros». Francisco Tejón se instaló en Barcelona, en una casa de alquiler. Su abogado le recomendó alejarse de La Línea por un tiempo con el fin de tratarse la dolencia que sufría en las articulaciones y para que estuviera fuera del foco de los investigadores policiales.

Pese al esfuerzo policial y de la Fiscalía para tratar de condenar a los Castaña, el 22 de noviembre de 2022 la Audiencia Provincial de Cádiz en su sección de Algeciras resolvió a favor de ambos narcos la primera causa de las que estaban pendientes de juicio. Su decisión fue un varapalo para el GRECO Costa del Sol y para la fiscal Macarena Arroyo. Los Tejón Carrasco se habían sentado junto a otros catorce miembros de su banda en el banquillo de los acusados. El tribunal los absolvió a todos ellos de los cargos mayores. Les exculpó del delito de pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Les desvinculó de aquellos dos alijos de 600 y 900 kilos de hachís incautados hacía seis años, en abril y en agosto de 2016. «No ha quedado acreditada vinculación alguna» de los acusados con dicha mercancía, señaló el fallo. La Audiencia solo condenó a Francisco Tejón a tres años y un mes de prisión por un delito contra la salud pública, una pena de la que ya había cumplido dos tercios durante el tiempo que estuvo en prisión preventiva. También se le impuso una multa de 129 000 euros. El 3 de octubre de 2016, durante un registro de su casa en La Línea, se le habían encontrado 5.1 kilos de chocolate «para su distribución a terceras personas».

Entre los exculpados estaba Mohamed Said Ouardani, a quien los investigadores y el ministerio fiscal señalaban como supuesto contable del clan; el cuñado de ambos líderes y del que se dijo que era el presunto organizador de los alijos, Francisco Arroyo Najarro; o los tres agentes de Policía (dos nacionales y uno local de La Línea de la Concepción), a los que la Fiscalía consideraba como miembros activos de la presunta banda.

En todo caso, la sentencia reconoció la validez de las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía Nacional a los sospechosos durante la investigación, pese a los intentos de sus abogados por anularlas durante la celebración del juicio oral. El tribunal dio por hecho también que los Castaña disponían de dos narcoembarcaderos «con salida directa a través del río Guadarranque al mar», pero reconoció que no había ninguna prueba solvente que los relacionara con «un alijo concreto».

Llamé al letrado de uno de los principales miembros del clan a los pocos minutos de conocerse el fallo: «No es una victoria, es justicia», me dijo. «A veces ganan unos y, a veces, otros».

Poco después, telefoneé al jefe del operativo que consiguió detener a Antonio Tejón. «Él y su hermano se fugaron durante dos años, no hay mayor indicio que ese. ¿Por qué lo hicieron si eran inocentes? Pero la justicia es así, nosotros tenemos que acatar las sentencias y seguir trabajando de manera callada. Tienen mansiones, se mueven en coches de lujo, comen en los mejores restaurantes. ¿De qué? ¿Cómo lo consiguen? ¿De levantarse cada día a las seis de la mañana?».

Messi: el otro rey del Estrecho

Cuando pensaba que no tenía pinchado el teléfono, Abdellah el Haj se presentaba con el apellido del futbolista argentino.

—«¿Quién llama? […] ¡Ah, hola! Sí, soy Messi […] ¿Cuánto? […] Vale, ahora mismo me pongo con ello».

Así, con la naturalidad de un vendedor de pizzas, solía despachar el otro rey del Estrecho los pedidos de miles de kilos de hachís. Abdellah el Haj era tan conocido y codiciado que hasta los traficantes gallegos acudían a él para que les hiciera portes de hachís desde Marruecos. Como en cualquier partido de fútbol, sabían que Messi era clave, el hombre capaz de regatear la defensa de Vigilancia Aduanera, de Policía Nacional y de Guardia Civil hasta meterles un gol en forma de lancha repleta de fardos. «Un 90 o un 95 % de los trabajos que hacía eran un éxito», contaban a mediados de 2015 en El Saladillo, la barriada de Algeciras por la que merodeaba y donde tenía un batallón de secuaces dispuestos a trabajar para él. «Se sentía intocable», «era el puto amo. Además, pagaba bien», decían allí. Al chavalito que mandaba al McDonald’s a recogerle hamburguesas le soltaba 50 o 60 euros. A los pilotos de sus lanchas, hasta 50 000. Dinero le sobraba para recompensar bien a los suyos. Como los Castaña, llegó a cobrar en ocasiones 300 euros por kilo transportado. Pero ser famoso en un mundo tan oscuro acabó perjudicándole. Su nombre aparecía con tanta frecuencia en los pinchazos telefónicos de otros narcos que la Policía Nacional comenzó a seguirle el rastro en el verano de 2014. Tras casi dos meses de seguimientos y escuchas, miembros de GRECO Costa del Sol lo detuvieron el 15 de octubre de 2014 cuando salía de su guarida, el hotel Guadacorte Park, en la localidad gaditana de Los Barrios, a ocho kilómetros de Algeciras. Iba acompañado por uno de los miembros de su banda, compuesta por medio centenar de hombres. En el parking, varios coches policiales bloquearon el vehículo al que Messi se acababa de subir. En el hotel tenía alquilada una suite durante todo el año para pasar las noches junto a su chica, Sami, varios años menor que él. Siempre que estaba por la zona, Messi pernoctaba allí.

Pese a ser un blaugrana acérrimo y un forofo del antiguo 10 del Barça, Abdellah llegó a fotografiarse con Florentino Pérez en las inmediaciones del palco del Bernabéu. También apareció en las redes sociales una foto suya que subieron sus hijos con el excapitán del Real Madrid Sergio Ramos. La imagen iba acompañada de un breve texto: «En la casa con Sergio Ramos». En Algeciras me aseguraron que el narco llegó a tener cierta cercanía con el futbolista gracias al cantante algecireño Canelita. Ramos se fotografió con los dos hijos de Abdellah y les regaló una camiseta firmada en la que se podía leer: «Para mi amigo Abdellah, con mucho afecto y simpatía. Un abrazo, fenómeno». René Ramos, hermano y representante del futbolista, me dijo que entre ambos existía una relación cordial, «nunca amistad». Otro futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, le prestó a uno de sus pequeños la medalla de la Champions de Lisboa y se dejó retratar con él sobre el césped del estadio Da Luz, donde merengues y colchoneros disputaron la final de la Champions League de 2014. «Conseguía lo que quería a través del dinero, que se le salía de los bolsillos. Tenía contactos hasta en el infierno».

Messi es el mayor de cinco hermanos: tres hombres y dos mujeres. Llegó a Algeciras cuando era un adolescente imberbe procedente de Tánger, donde nació el 11 de julio de 1983. Abdellah el Haj era un camello de camellos, un suministrador de costo con una notable cartera de clientes. Convirtió en su mejor reclamo la efectividad que demostraba a la hora de hacer llegar a España el hachís procedente de Marruecos. «Todo el mundo quería trabajar con él», me explicaron fuentes judiciales. «Apenas fallaba. Era una garantía». A él acudían tanto sus clientes, por su rapidez y seguridad en los envíos, como quienes le hacían los viajes en lancha, primero en dirección a aguas del norte de África, donde cargaban las gomas, y luego de vuelta a la costa de Andalucía, donde entregaban la mercancía.

Era casi inmediato. Le llamaban para hacerle un pedido, colgaba el teléfono y volvía a llamar a los suyos para ponerlos en marcha. En nada, goma en el mar con piloto, copiloto, hombre-radar (la persona que utiliza los aparatos de ubicación y la telefonía por satélite) y un moro de confianza que servía de enlace con los suministradores de Marruecos. En un par de horas o tres su gente iba a por el hachís y lo traía de vuelta para alijarlo en la playa acordada con el cliente o trasladarlo a una guardería hasta su posterior entrega.

Casi siempre, ponía a funcionar su orquesta desde el río Guadarranque, en Los Barrios. Messi solía alquilar algunas viviendas de la zona para sus movidas. Trabajar con él era sinónimo de que «no te pillaran», me contó por teléfono un viejo empleado, ahora metido en otros menesteres. «¿Por qué razón?», le pregunté a un marroquí enjuto con los dientes picados que vivía en El Saladillo, un barrio algecireño de clase obrera hoy convertido en gueto: paro, delincuencia, tráfico de drogas, prostitución. «Solo sé que los portes llegaban a destino. Supongo que tendría untado a quien debía de untar». Y ríe. Ríe mucho. Pero no cuenta más.

Abdellah empezó a trapichear siendo un crío. Con el paso de los años conoció el mundillo del hachís y fortaleció contactos en su país. Cuando ya era un veinteañero, dicen, vio su particular nicho de mercado: afincado en Algeciras, pensó que podría convertirse en el gran intermediario del Campo de Gibraltar. Con su dominio del árabe y del castellano empezó a servir de enlace entre los distribuidores de la Península y los suministradores marroquíes. Sin tocar la droga, ejerciendo de cerebro en la oscuridad. Con el dinero que le llovía llevaba una vida de lujo en la Península, donde solía frecuentar restaurantes caros, botar de vez en cuando su yate Pasadena para organizar fiestas o lucir por las calles de la Costa del Sol su Mercedes CLA y su Range Rover, vehículos que la Policía Nacional acabó incautándole. Incluso financió su propio equipo de fútbol amateur, el Pollo DG por la marca de ropa Dolce & Gabbana. En cada partido que disputaban en los campos de césped colindantes al estadio del Algeciras Messi siempre ejercía de capitán y, como el argentino del Barça, llevaba el 10 en el dorso de la camiseta. «Derrochaba tanto que el día antes de algún partido importante llegó a concentrar a su equipo en el hotel donde vivía», me dijo un jugador que se enfrentó a ellos en una liguilla de aficionados, la misma que el DG ganó.

Abdellah tenía siempre tres puntos distribuidos estratégicamente en distintos enclaves del Campo de Gibraltar durante los días de alijo. A uno de ellos lo mandaba a lo más alto del Peñón, en la misma cima de la colonia británica donde muchos de ustedes se habrán hecho fotos junto a los monos de la Roca. A otro lo ubicaba en el puerto de Algeciras. Un tercero, en el de Sotogrande. También disponía de vigías en balcones y azoteas. Los puntos se comunicaban mediante mensajes de teléfono móvil con las lanchas que se acercaban cargadas de droga al Estrecho. A los tripulantes les mandaban la ubicación exacta de «la morena», como llamaban a la embarcación de Aduanas, y de «la 55», en referencia a la de la Guardia Civil. Cuando veían una playa descuidada y sin vigilancia, los motores de las gomas de Messi comenzaban a rugir para enfilar el coladero de la costa. Messi pagaba 80 000 euros a sus centinelas por trabajar para él durante los tres meses de verano. A los que iban a bordo de sus lanchas, entre 30 000 y 50 000 euros por porte. El piloto, normalmente, era el mejor pagado.

Messi ingresó en la prisión de Botafuegos (Algeciras), pero pocos meses después Instituciones Penitenciarias se vio obligada a cambiarle de cárcel porque se había convertido en el «amo» del penal, me contaron fuentes policiales y varios funcionarios de la prisión. Abdellah compró equipaciones nuevas de fútbol para los presos, organizó torneos y mandó adquirir productos del exterior para congraciarse con algunos reos. «Emuló a Escobar y eso no se podía consentir», me contaron de un hombre acostumbrado a amenazar de muerte a jueces instructores, periodistas y policías en mitad de un operativo o cuando veía publicado su rostro o su nombre en un medio de comunicación. También solía amedrentar a los reporteros especializados en narcotráfico. En 2015, nos demandó a mí, al por entonces director de El Mundo, David Jiménez, y a la empresa editora del diario, Unidad Editorial, por publicar un reportaje sobre él en el suplemento Crónica. Finalmente, el caso no tuvo recorrido judicial.

De Botafuegos se le trasladó a la cárcel de Córdoba, donde se le catalogó como preso FIES. Mientras esperaba fecha de juicio se le mantuvo privado de libertad acusado de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Quienes lo conocen me explicaron que desde su celda individual del módulo 12 siguió controlando su negocio a través de uno de sus cuatro hermanos, Tarik, que estaba en la calle. Este, junto al resto de miembros del clan y de la madre de Abdellah —el padre ya murió—, cuidaron de sus dos hijos, fruto de una relación anterior con una mujer que residía en Jerez de la Frontera (Cádiz). Agobiado por el estricto control y vigilancia de los funcionarios, Messi pidió a sus abogados que negociasen con las autoridades judiciales. Varios agentes de Policía se personaron en la prisión y se vieron con el narcotraficante. Él se mostró dispuesto a colaborar. Les ofreció «las cabezas» de los dos líderes de la otra gran organización que supuestamente operaba en ese momento en el Estrecho, los Castaña. No consiguió nada.

Llegó el verano de 2015. Messi seguía en la cárcel de Córdoba. Llevaba ya casi un año entre rejas. Sin embargo, un hecho ocurrido en Francia cambió su suerte. El 23 de agosto de ese año las autoridades parisinas detuvieron a Ayoub el Khazzani, un marroquí que quiso atentar a tiros contra los pasajeros de un tren que unía París y Ámsterdam. El yihadista había vivido durante siete años en España, a caballo entre Madrid y Algeciras. Había residido un año en El Saladillo, el barrio que Messi se conocía como las arrugas de sus manos. Entonces logró su primer acuerdo con la Fiscalía Antidroga. Se le fijaría una fianza para salir de prisión si el narcotraficante facilitaba a la justicia española información antiterrorista de Algeciras y el entorno del Estrecho. Abdellah accedió, pagó a medio Saladillo para que «chivara» datos interesantes y presentó un dosier sobre radicalismo islámico en la ciudad puente con Marruecos. Aquel acuerdo lo sacó de prisión, pese a que el contenido de su informe no sirvió para detener a ningún terrorista.

Messi tardó poco en volver a traficar, y la Policía Nacional tardó poco en volver a encontrarlo.

En abril de 2017, Messi hizo una entrada triunfal, a ritmo de flamenquito, en uno de los locales de copas de la playa de Getares. Cuando escuchó los primeros gritos de los uniformados y el alboroto de la gente, sus secuaces lo evacuaron por una salida trasera. Se fugó a toda velocidad en un vehículo. A las pocas horas ya se había instalado en Marruecos. La Policía consiguió detener a seis de los ocho hombres que le custodiaban 7000 kilos de hachís en un chalet de Algeciras. Sus chicos portaban armas de guerra: fusiles de asalto, tres pistolas y una escopeta. Dos huyeron saltando la tapia del inmueble. A las pocas semanas se detuvo a trece personas más de su organización. Las autoridades incautaron otras seis toneladas de costo. El narco estaba acorralado.

La entrega pactada

Miércoles 29 de noviembre de 2017. Primera hora de la mañana. Abdellah el Haj sale de un coche de alta gama aparcado cerca de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Viste ropa y zapatos caros. Va recién afeitado. Se le ve risueño, confiado. Le acompañan otros cinco hombres que trabajan para él. Dentro de la comandancia lo esperan, entre otros, el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Joaquín Franco. Desde su huida Messi habría estado negociando su entrega con Franco a través de mensajes de móvil. Poco después de su llegada a la comandancia, los agentes arrestan al narco y lo trasladan hasta el juzgado. Allí lo esperan, además del juez, el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, con quien los abogados de Messi han llegado a un acuerdo: pagará 80 000 euros de fianza, entregará su pasaporte y tendrá que presentarse en sede judicial cada día. Los cinco empleados del narco que le acompañan abonarán 25 000 euros cada uno. Messi y sus hombres se acogen a su derecho a no declarar. El rey moro del Estrecho queda en libertad a la espera de tres juicios: dos macrocausas por tráfico de drogas y otra por conducir sin carnet.

Varias fuentes policiales con décadas de experiencia en la lucha contra el narcotráfico coincidieron en que el pacto entre la Fiscalía y Messi era «un escándalo». Dijeron que el narco ya estaba donde quería, con los suyos y pudiendo traficar hasta el día que lo juzgaran. «Él y su gente han dado el paso necesario para dejar de ser una banda organizada y convertirse en una mafia o un cártel. Ha comprado su libertad cuando más jodido estaba. Ha corrompido el sistema para salir beneficiado. No se puede negociar con un tipo así», se lamentaron.

El fiscal Cisneros me negó que Joaquín Franco hubiera participado en la negociación con el narcotraficante. «He sido solo yo quien ha estado al frente de las conversaciones con sus abogados», me dijo. Pero el acuerdo llegó en un momento controvertido. Messi se puso en manos de la justicia española solo unos días después de que el ya exfiscal jefe Antidrogas de Algeciras, Emilio Miró, se marchara a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Miró siempre fue un látigo contra Messi. Había apoyado todas las operaciones policiales de los últimos años contra el narco marroquí. A juicio de varios abogados con los que hablé, lo lógico hubiera sido que su sucesora, Macarena Arroyo, hubiera asumido la negociación. Sin embargo, fue el fiscal jefe de Algeciras y superior de ambos, Juan Cisneros, quien se encargó. «No hay nada oculto, no entiendo que se sospeche de mí ni que se hagan extrañas interpretaciones», dijo. «Yo solo quiero que se le juzgue y se presentó la oportunidad». ¿Y si se vuelve a fugar y ahora sigue traficando, algo que no es descabellado?, le pregunté. «No creo que se fugue si se acaba de entregar», respondió. Aquel miércoles 29 de noviembre de 2017, Messi volvió a reencontrarse con sus dos hijos. Retornó a la Algeciras que lo acogió cuando era un adolescente llegado de Tánger, a sus fiestas a todo trapo en el barrio de El Saladillo, al hotel donde pasaba largas temporadas, a sus partidillos de fútbol 7 con su hermano y sus amigos.

La segunda fuga a Marruecos de Messi

Cuando conoció la noticia, el fiscal jefe de Algeciras se lamentó con vehemencia: Messi acababa de fugarse por segunda vez a Marruecos. En un comunicado que me llegó a través de terceras personas a principios de marzo de 2019, el narco decía que sufría «una depresión» por culpa de la presión policial a la que estaba siendo sometido. Había tomado la «decisión de desaparecer por un tiempo» y tenía «verdadero miedo» por su integridad y la de su familia. Abdellah el Haj se quejaba de que «los seguimientos policiales son cada vez más implacables». Señaló que la Policía estaba «induciendo» a personas de su entorno a que lo acusasen «falsamente de la comisión de ilícitos» en los que decía no tener «intervención alguna». En realidad, el traficante marroquí estaba escondiendo la verdadera razón para fugarse de nuevo: temía que le imputaran la muerte de un chico que se dedicaba a robar hachís a bandas criminales como la suya.

Cuatro meses después de aquel comunicado, la incredulidad y el bochorno volvieron a instalarse entre los vecinos del Campo de Gibraltar. Uno de los hombres más poderosos en la lucha contra el narco en la comarca caía detenido por su posible vínculo con los propios traficantes de hachís. El 3 julio de 2019, agentes de la Guardia Civil detuvieron al capitán Joaquín Franco, máximo responsable de la Policía Judicial de la comandancia de Algeciras y a quien sus propios compañeros habían señalado antes como el urdidor del acuerdo entre Abdellah el Haj y la Fiscalía. Asuntos Internos llevaba meses investigándole. Encontraron 27 000 euros en metálico durante el registro de su casa. Dos días después, el juez lo envió a la prisión de Botafuegos, donde se encontró con algunos de los narcos a los que él mismo había mandado detener. Lo acusó de presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal. A principios de enero de ese año lo habían visto acudiendo a una venta de carretera, situada en el kilómetro 101 de la N-340 en dirección a Tarifa, para encontrarse con Emilio Mazuelo, alias el Moro, lugarteniente y sucesor de Messi en su banda.

Con el marroquí fugado y los Castaña entre rejas, él había ocupado el trono en el Estrecho. A Emilio el Moro le detuvieron el 30 de enero de 2019 en Alcobendas (Madrid). La UDYCO de la Policía Nacional sabía que usaba la documentación de su hermano, lo tenían tan controlado que no quisieron detenerlo durante las Navidades anteriores, mientras estaba ingresado en estado grave en una clínica privada del Campo de Gibraltar tras una juerga con drogas y alcohol. Los agentes prefirieron dejar que se recuperara y esperar al momento idóneo para cazarlo. Cuando lo arrestaron, el Moro estaba con su pareja. «¿Qué tal? ¿Cómo estás?», le dijo a uno de los agentes que participaron en su arresto. «¿Te acuerdas aquella vez, allá por el 2005 o 2006, que os correteamos?», refiriéndose a otra vez que había conseguido escapar.

Un año después de la detención de Emilio el Moro, en febrero de 2020, Joaquín Franco, quien once años atrás había sido condecorado por la Subdelegación de Gobierno de Cádiz por su lucha contra el tráfico de estupefacientes en el Estrecho, abandonaba la cárcel tras pagar 30 000 euros de fianza.

«Detectar tus vicios»

«Lo importante para ellos es detectar que tienes vicios. Entonces, tratan de camelarte», me contó un alto mando de la lucha contra el narco en Andalucía después de la detención de Joaquín Franco: a quién le gusta la cocaína, quién frecuenta prostíbulos, a quién le pierde el lujo o quién ha pedido destino en la zona para ganar más dinero del que pone en su nómina. A partir de ahí viene el cebo. Se le invita a unos gramos de coca, se le costean noches de sexo, alguna que otra juerga con amigos… Luego, la pregunta: «¿Tío, tú quieres ganarte un dinero ayudando a unos amigos míos?». Información de investigaciones en curso, soplos de movimientos de patrullas, chivatazos de operativos. El paso del tiempo suele acabar delatando al corrupto: coches caros, hoteles de lujo, ropa y bolsos de Gucci o Louis Vuitton para la mujer, negocios surgidos de la nada, chalets de ricos. Casi nunca son discretos. El dinero, y más aún cuando llega fácil y en grandes cantidades, siempre deja rastro. En ocasiones, los acercamientos son más sutiles y menos escandalosos: a un agente le pagaron el chándal y el material deportivo del equipo de fútbol de su hijo. Cuando se enteró quién se había hecho cargo del pago, el padre del chaval lo devolvió al club.

A Pablo (nombre falso), un guardia civil destinado en La Línea de la Concepción, su ciudad natal, le han sugerido más de una vez cruzar la frontera que separa la legalidad del mundo de la delincuencia. En su caso, que trabaja en la calle, es relativamente sencillo que intenten corromperle. Una vez lo tentaron en un concesionario de motos. Cuando preguntó por el coste de un ciclomotor modesto, de precio tirando a bajo, el dependiente le dijo:

—Oye, ¿y la Yamaha TMAX no te gusta?

—¡No me va a gustar! ¡Pues claro, pisha! Pero yo quiero algo que me sirva para ir al trabajo, volver a casa y poco más. Ya tengo coche, hay que pagar seguros, los gastos de los niños… Yo a la TMAX [unos 12 000 euros] no alcanzo.

—Bueno, pero hay muchas formas de pagarla. Tú llévatela, en confianza.

Aquel dependiente le dio a entender que alguien pagaría por él. Alguien con mucho dinero negro. Pablo torció el morro. Se sintió incómodo. Antes de marcharse, el vendedor le dijo al ver llegar a otro miembro de la Guardia Civil destinado en el puesto de San Roque, un pueblo vecino de La Línea: «Mira, este compañero tuyo se ha llevado una TMAX».

El compañero de Pablo cayó detenido al poco tiempo. Pasó unos meses en prisión hasta que pudo pagar fianza. Se le acusó de colaborar como soplón del clan de los Merino, cuyo líder era, presuntamente, un exfutbolista linense que jugó en distintos equipos de la Segunda División. Tras colgar las botas se pasó al tráfico internacional de hachís. «Yo siempre sigo el consejo que me dio mi madre: “Coge hasta donde te llegue la mano”. De ahí no paso», me dijo Pablo. «Sería fácil para alguien como yo, de La Línea y dentro de la Guardia Civil, facilitarle las cosas a esta gente. Pero no. Prefiero dormir con la conciencia tranquila. Los guarros son nuestros enemigos».

Visto en perspectiva, siempre sorprende la falta de discreción de los agentes corruptos. Un cabo primero de la Guardia Civil acumuló, junto a su mujer, 30 coches, se gastó 15 000 euros en la compra de 19 relojes de lujo, otros 12 000 euros en viajes por Malta, EE. UU. y Alemania, y desembolsó 42 000 euros más en pagar las licencias y en acondicionar un Nissan 350Z para participar en una competición de rally. Su patrimonio inmobiliario —a su nombre o al de terceros— incluía cuatro casas, tres naves industriales y dos solares. En el banco disponía de una cuenta con 110 000 euros; la de su mujer ascendía a 229 000 y la de su hija, a 25 300: ambas estaban desempleadas. El único sueldo que entraba en casa eran los 28 300 euros anuales del agente.

El agente era jefe de turno del servicio de inspección fiscal del puerto de Algeciras, es decir, el encargado de supervisar las mercancías de los vehículos privados a bordo del ferry que une Tánger (Marruecos) con la ciudad gaditana.

En enero de 2013, empezó a ser investigado por los agentes del servicio de asuntos internos de la Guardia Civil. En octubre de 2014, sus propios compañeros le habían cazado dejando pasar por la aduana del puerto, con la ayuda de otros cuatro agentes, 500 000 cajetillas de tabaco de la marca American Plaza. La mercancía iba sin el precinto aduanero. La investigación descubrió también que el cabo viajaba con frecuencia a Marruecos, donde se reunía con personas vinculadas con el tráfico de hachís.

El 6 de febrero de 2023, una década después de que le abrieran una investigación penal, se sentó en el banquillo de los acusados. El fiscal Alfredo Blanes acusó al cabo primero y a sus compañeros de haber facilitado a los contrabandistas documentación falsa para ocultar el género como «preparaciones de limpieza» y «bolsas de plástico». El fiscal sostuvo que el agente llevaba años actuando al margen de la legalidad, puesto que le atribuyó la compra de una vivienda ya en 1997, gracias a las mordidas que cobraba. Blanes pidió para él 28 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de dirección de organización criminal, cohecho, contrabando, omisión de perseguir el delito y blanqueo de capitales.

La muerte de un palero y la sombra de Messi

Brian Martos (Valencia, 1989) celebró en familia su vigésimo noveno cumpleaños el 11 de septiembre de 2018. Fue el último. Veintiún días más tarde, varios hombres armados lo secuestraron a punta de pistola mientras cenaba con otra persona en un restaurante frente a la playa de Estepona. El joven intentó huir a la carrera, pero, tras realizar varios disparos al aire, los captores lo alcanzaron a unos trescientos metros del local. Le golpearon varias veces en la cabeza con la culata de una pistola para que se soltara de la barandilla a la que se había agarrado.

El cuerpo del joven apareció sin vida detrás del Hospital de Algeciras poco después, sobre las 00:30 horas de aquella noche, 2 de octubre. El coche en el que lo llevaron, un BMW X5 robado, apareció calcinado cerca de Jerez de la Frontera, a cuarenta y cinco minutos por carretera. La autopsia posterior dictaminó que había muerto por un disparo que le entró por el brazo izquierdo para luego atravesarle el tórax. Brian, dijeron varias fuentes policiales, era «narcotraficante y palero [ladrón de otros traficantes]». Su padre sabía que andaba metido en el narcotráfico, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba su hijo dentro de este ecosistema. Tras la muerte del chico se contó que Brian había dado un vuelco a otra banda de Algeciras.

Con el paso de las semanas, se supo que alguien lo había vendido y que él no le había quitado ninguna partida de hachís a nadie. No era cierto que él hubiera sido el protagonista del golpe. Pero eso de nada sirvió: a los diecinueve años Brian ya había ingresado en prisión por un delito de tráfico de drogas y a los treinta murió pagando una deuda que no había contraído. En las dos últimas semanas de marzo de 2019 se practicaron ocho detenciones relacionadas con la muerte del joven. Se les acusó de detención ilegal, organización criminal y homicidio. La jueza que instruyó el caso solo mandó a prisión a uno de ellos. La Policía Nacional había encontrado en las inmediaciones del restaurante donde cenaba Brian un guante industrial con restos de ADN del hombre encarcelado. La jueza decretó el secreto de sumario. A los restantes detenidos se les dejó en libertad provisional por falta de pruebas.

Casualidad o no, dos días antes de las primeras detenciones, Abdellah el Haj Sadek el Membri remitió aquella carta en la que anunciaba su fuga. Una fuente policial conocedora de los detalles del caso me explicó que su segunda huida se debió a «un soplo» de otro palero que sabía de los movimientos de los investigadores. «Le llegó que le iban a detener pronto, por eso se fuga». La jueza del caso emitió un auto en el que negaba la existencia de pruebas que vinculasen a Messi con el secuestro y asesinato de Brian Martos. De los ocho detenidos por la muerte de Brian, cuatro habían comprado su libertad junto a Messi, su jefe, a finales de 2017.

«Ahora soy yo quien tiene una cadena perpetua»

El 26 de marzo de 2019 me entrevisté con Jesús Martos, el padre de Brian, en una cafetería de Algeciras. Me contó que tras la muerte de su hijo más de una veintena de personas entre amigos y familiares se habían tatuado su nombre en la piel. Estaba muy contento por las últimas detenciones efectuadas por la Policía Nacional. Pero echaba de menos a alguien.

Les agradeceré toda mi vida que se estén dejando la piel. Doy las gracias a la UDYCO y al GRECO de la Costa del Sol y a la UDEV de la comisaría de Algeciras. Han estado en contacto conmigo en todo momento y nunca me he sentido desinformado del caso de mi niño. En cinco meses se está resolviendo la muerte de mi hijo… Me he dado cuenta de que esta organización ha estado aquí a sus anchas. A cuatro de los detenidos se les dejó en libertad con cargos por 25 000 euros hace año y medio, cuando eso es una ridiculez para sus bolsillos. La justicia no está dándole apoyo a la labor policial. Van ocho detenidos y todos de una misma banda, pero solo hay una persona en prisión acusada de un delito de detención ilegal. A esta gente se les tenía que haber acusado de pertenencia a organización criminal, pero se les ha dejado en la calle con cargos… No estoy contento [con la jueza instructora]. Pedí verme con ella y me lo denegó. Dijo que solo hablaría conmigo a través de procuradores o abogados. Por caridad humana, por el dolor que tengo por haber perdido a un hijo en esas circunstancias, creo que me merezco hablar con ella personalmente… Yo no tengo pruebas para acusar a nadie y no lo voy a hacer públicamente. Lo que sí veo es un evidente miedo de la juez. ¡Ojo, que yo entiendo que se pueda tener miedo a una banda criminal! Pero si no es capaz de hacer su trabajo hasta las últimas consecuencias, que deje el caso en manos de otro juez. El miedo es humano pero no puede frenar a la justicia. Por otro lado, veo muy descarado que Messi se marchase dos días antes de que detuvieran a su gente. De lo que sí me siento orgulloso es de que no voy a vengarme de nadie y de que dejé todo en manos de Dios… o de Alá… La gente de la calle, otros narcotraficantes, me han dicho que mi hijo no robó esa mercancía. A él lo señalaron por envidia. Otra cosa que me duele: cuando murió mi hijo, muchos medios televisivos inflaron una noticia sobre la muerte de un narco. Pero ahora, tras ocho detenciones, ninguna televisión ha informado de ello. Dejando la mancha en el Campo de Gibraltar… Lo que sí tengo claro es que la justicia ha de ser más dura: el que vaya a matar a alguien dejará de llevar una calculadora en la cabeza con la que hacer cuentas sobre cuándo va a salir a la calle. Yo sé que este dolor es insufrible, por eso apoyo la condena permanente revisable… El detenido, aunque se le culpara por homicidio o asesinato, se va a callar porque la organización va a estar detrás y no le va a faltar el dinero… Confío en saberlo por la labor policial, pero para mí son todos unos asesinos. La pistola que hizo ese disparo la empuñaban todos los detenidos… Mi hijo era una buena persona. Lo juro. Mientras estaba en la cárcel conoció a muchos chicos cuyas mujeres e hijos en la calle no tenían para comer. Cuando iba a verlo a prisión me mandaba a que les llevara dinero a las familias de esos presos. Habrá quien piense que eso lo hacía porque le sobraba el dinero, pero no era así. Todos no lo hacen. Yo estoy cumpliendo una cadena perpetua psicológica pero mi hijo me dio el mejor regalo del padre el pasado 19 de marzo. Ese día supe de boca de la Policía que se había detenido a varios miembros de la banda que lo asesinó. Eso me hizo sentirme fuerte y con más ganas aún de enviarlos a prisión

Kiko el Fuerte, el Potito… Esplendor y caída de los otros grandes narcos gaditanos

Con las bandas notablemente debilitadas por la detención de gran parte de sus miembros y su patrimonio reducido por las continuas operaciones contra el blanqueo, los grandes traficantes se mostraban mucho menos envalentonados: algunos se habían fugado a Marruecos antes de que los detuvieran; otros estaban presos y un puñado más en libertad, pero pendientes de fecha de juicio.

Uno de esos prófugos era Messi. Instalado desde su segunda fuga en su ciudad natal, Tánger —donde tiene numerosas propiedades inmobiliarias y se mueve con libertad porque goza de protección policial por sus jugosos sobornos—, a mediados de febrero de 2022 recibió una sorpresa de los amigos que aún conserva al otro lado del Estrecho. A algunos de ellos, me contaron las fuentes policiales, seguía dándoles trabajo con el hachís que continuaba mandando a la Península. Mientras él pasaba la noche reunido en el Huqqa Lounge (hamburguesas, patatas fritas, cócteles y cachimbas), un local de moda de la ciudad próximo al paseo marítimo, una veintena de hombres ascendía en silencio hasta la primera planta. La mayoría de esas personas eran compañeros del Pollo DG, el equipo de fútbol en el que ellos y su patrón jugaban en una liga amateur en Algeciras hasta poco después de que la organización del tangerino empezase a tener problemas con las fuerzas policiales, allá por 2014. Aquel grupo de varones con barbas prominentes, pelos rapados en la nuca y espaldas musculadas, irrumpió en la zona donde se encontraba Messi entonando una canción futbolera: «Dicen que estamos locos de la cabeza, más de sesenta horas de carretera. No me importa la vida una puta mierda, yo seré del DG hasta que me muera, hasta que me mueeeera…». Cuando los escuchó y los vio dirigirse hacia él, Abdellah el Haj, vestido con chándal negro, sorprendido, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Fue estrechando la mano y abrazando a cada uno de ellos. Uno de aquellos amigos grabó la escena con su móvil. Ese vídeo acabó en mis manos días más tarde. Era el último tributo que le rendían a su jefe, al que añoraban en Algeciras. Pero también era una imagen más que demostraba que los grandes narcos estaban arrinconados. Pese a que Messi estaba en libertad, donde él quería estar verdaderamente era con los suyos en la ciudad gaditana.

Poco a poco, el narco fue perdiendo la guerra. La Guardia Civil detuvo en noviembre de 2019 al heredero de los Castaña, Kiko el Fuerte, un hombre aficionado al culturismo que se había independizado de los dos hermanos Tejón. Se fugó a Marruecos tras obtener la libertad bajo fianza. A principios de ese mismo mes se detuvo a Juan de los Reyes Muñio, del clan de los Pelúos, una familia con raíces en el mundo del narcotráfico pero venida a menos en los últimos años. Junto a él se detuvo a su novia, Cayetana Marmolejo, licenciada en Derecho, funcionaria de carrera, secretaria del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera e hija de Antonio Marmolejo, un histórico dirigente del PSOE de la Línea que durante diecinueve años fue consejero de la Cámara de Cuentas andaluza a propuesta del grupo parlamentario socialista. Su hija, que llegó a ingresar en prisión, acabó detenida y acusada de pertenencia a grupo criminal y de blanqueo de capitales agravado por procedencia de bienes derivados del tráfico de drogas. Aquella causa acabó archivándose.

Otro de los apresados fue José Antonio C. M., exjugador de fútbol gaditano que llegó a exhibir su fino pie izquierdo por los campos de la Segunda B española. Militó en el San Fernando, el Algeciras, la Balompédica Linense o el Europa FC de Gibraltar. Pero, tras dejar el césped, se pasó al hachís. Cayó detenido unos días antes de la Nochebuena de 2018. La Guardia Civil lo apresó junto a otros veinte miembros de su clan de traficantes cuando trataban de introducir cerca de dos toneladas de droga por la costa andaluza. José Antonio C. M. actuaba como un entrenador meticuloso: ensayaba las descargas a conciencia para que nada fallara durante los alijos, explicaba a sus empleados cómo moverse en la playa para que todo fuese más rápido.

Otro de esos patrones caídos fue Ginés González Rodríguez, quien, junto a su hermano Óscar, lideraba una banda que introducía hachís por la desembocadura del río Guadalquivir. Lo detuvo la Guardia Civil el 25 junio de 2019. Era el narco más buscado de Sevilla. Un día antes, la Policía Nacional arrestó a Jesús el Pantoja, líder de un clan familiar con el mismo nombre y durante años lugarteniente del Messi del hachís. Estaba en una pizzería de Chiclana de la Frontera junto a sus dos hijos. Fuentes de la Guardia Civil me aseguraron que el Pantoja se había asociado con los Futbolistas y con Juan Manuel Reyes, el Potito, aquel que en 2016 había pagado los fastos por la boda de su hermana, una celebración que contó con carros de marisco, limusinas y la actuación incluida del bailaor Farruquito. El Potito acabó detenido en la operación Barros en 2020. Al Pantoja, con varias causas pendientes de juicio todavía, lo condenaron a cinco años de prisión en septiembre de 2022. Fue un acuerdo de su abogado con la Fiscalía, que en su escrito de acusación le pedía trece años de reclusión.

De las juergas con escorts al talego: la venganza del anónimo que filtró las fotos de narcos de La Línea

«Muchas putas, mucha droga, mucha viagra y mucha fiesta». A principios de septiembre de 2018, un anónimo creó una cuenta en Instagram (@cotilleolalinea) para difundir la vida de algunos narcotraficantes de hachís del Campo de Gibraltar y de la Costa del Sol. Subió fotos de ellos con prostitutas, en discotecas en Ibiza o desvelando infidelidades. Aquel perfil permaneció activo menos de 48 horas. Los narcos pusieron precio a la cabeza de la persona que se atrevió a cometer esa osadía. Nunca trascendió su verdadera identidad, aunque los rumores de su autoría corrieron como la pólvora por las calles de La Línea. Cinco meses después muchos de quienes aparecieron en aquellas publicaciones de @cotilleolalinea acabaron detenidos y enviados por un juez a prisión.

El 18 de febrero de 2019, la Guardia Civil, a instancias del juzgado número 5 de Estepona, desplegó a trescientos agentes en La Línea, Los Barrios, San Roque —las tres, localidades del Campo de Gibraltar— y en diversos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Huelva. Aquel día se realizaron 34 registros en domicilios y se detuvo a 27 personas en el marco de una primera fase de explotación de la operación Trapera. Una semana después se contabilizaban ya 80 arrestos. Algunos de los detenidos, tras quedar imputados, pagaron fianza. Otros, en cambio, ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial. Aquellas fotos ayudaron a los investigadores a saber con mayor detalle quién era quién en el mundo del narcotráfico y a establecer conexiones entre varios miembros de un clan. Fuentes policiales, judiciales y vecinos de La Línea a los que consulté coincidieron en que detrás de @cotilleolalinea había una persona que quería vengarse y a la que, probablemente, se le debiera dinero de algún trabajo impagado. En el negocio ilegal del narcotráfico son habituales situaciones de abuso a los trabajadores por parte de quienes lideran las bandas organizadas. «Las más enfadadas son las mujeres de ellos [los narcos]. Han visto a sus novios y maridos con escorts. Y se han tenido que enterar a través de redes sociales», me explicó una persona del entorno de varios de los afectados.

Narcopilotos de Sinaloa sobrevolando el Estrecho

La contundencia del OCON Sur obligó a los narcos a buscar otras alternativas. Algunas organizaciones criminales, con suma dificultad para alijar por las playas gaditanas, tuvieron que instalarse en zonas alejadas del Estrecho. Invirtieron miles de euros en comprar avionetas y helicópteros, reclutaron pilotos procedentes del estado mexicano de Sinaloa, la tierra donde nacieron Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo —el mayor narcotraficante del mundo, ahora en una prisión de EE. UU.— o Miguel Ángel Félix Gallardo, un expolicía sinaloense que en los años ochenta montó un imperio trasladando en sus aviones toneladas de cocaína de Colombia a EE. UU.

Una vez en la Península, a los pilotos mexicanos se les daba un cursillo exprés para adaptarse al manejo de las aeronaves, hacían varios vuelos de prueba con distintas cargas, viajaban hasta Marruecos —algunos, hasta dos y tres veces, casi sin descanso— y se volvían a marchar a su país. Algunos aterrizajes se efectuaban en las pistas de tierra donde se celebran carreras de galgos con liebres mecánicas.

También hay pilotos locales, aunque son los menos. En septiembre de 2021 falleció carbonizado un piloto valenciano al estrellarse su avioneta en la cordillera del Atlas. Estaba casado con una mujer de Bolivia, país en el que se sacó el título de aviación. Días antes del suceso, su padre denunció que llevaba seis meses sin saber de él. La Guardia Civil no pudo notificarle el deceso de su hijo hasta varias semanas después, cuando se levantó el secreto de sumario de una investigación judicial en la que el fallecido aparecía como investigado. «Desde hace dos años los narcovuelos se han reactivado con mucha intensidad. Si ahora les es complicado alijar por mar, los clanes buscan alternativas. Igual que se desplazan hacia Huelva y la frontera con Portugal, abren otras vías de entrada», me explicó una fuente del OCON en octubre de 2021.

Desde 2013, la Guardia Civil se ha incautado de veintiuna aeronaves destinadas al tráfico de drogas por el Estrecho, entre avionetas y helicópteros. La mayoría de ellas han acabado en el patio del Instituto Tecnológico Superior ADA-ITS de Sevilla, donde estudiantes de ciclos formativos de grado superior de aeronáutica hacen prácticas mecánicas con ellas.

El sinaloense Raúl René Leal Galaviz, de treinta y un años, pensó que ya podía respirar tranquilo cuando la avioneta que pilotaba tocó tierra en la pista de aterrizaje clandestina situada en una zona seca del embalse Torre del Águila, a las afueras de Utrera (Sevilla). El piloto había conseguido su doble cometido: traerse desde Marruecos casi media tonelada de hachís en un solo vuelo que había durado cerca de seis horas entre ida y vuelta, y salir sano y salvo de su arriesgada travesía aérea. Pronto podría extender la palma de la mano, coger sus 50 000 euros y volverse a México, su país natal, para disfrutar de las ganancias.

Una potente organización de narcos andaluces le había pagado el billete de avión hasta España. Al llegar, lo había instalado en un hotel de cuatro estrellas en Sanlúcar la Mayor, un pueblo sevillano ubicado junto a la autovía A-49, la cual conduce hacia Huelva. Allí esperaría hasta que todo estuviera listo para que él entrara en acción.

Aquella noche, la del 19 de noviembre de 2019, había cielo raso y una luna menguante iluminaba las aguas del estrecho de Gibraltar. René partió desde el aeródromo de Santarem, una ciudad del centro de Portugal, a setenta kilómetros al norte de Lisboa. Voló a baja altura —no más de trescientos metros— para intentar evitar ser detectado por los radares. Se desplazó en todo momento con las luces apagadas de su aeronave, una Piper de fabricación francesa, y ayudado de unas sofisticadas gafas de visión nocturna. El sinaloense voló solo. Aterrizó en algún punto que se desconoce del norte de Marruecos, donde recibió la carga. Los mecánicos de la banda que lo contrató habían retirado antes tres de los cuatro asientos de su avioneta. Así dispondría de mayor espacio libre para introducir los fardos de hachís. Prosiguió con el vuelo hasta aterrizar en Utrera con 420 kilos de costo. Pero la Guardia Civil lo estaba esperando a pie de pista, señalizada por sus compinches con balizas luminosas. «Pensamos que por el camino tuvo que hacer alguna escala para repostar», me apuntaron fuentes del OCON. Aquel fue el último vuelo de Raúl René. A las pocas horas ingresó en prisión.

El 6 de noviembre de 2019, trece días antes de la detención de Raúl René, agentes de la Guardia Civil habían detectado un aterrizaje forzoso de una avioneta en una pista forestal de Valdemusa, un pueblo del interior de la provincia de Huelva, a una treintena de kilómetros de Portugal. Los agentes que acudieron al lugar del aterrizaje se sorprendieron cuando miraron la documentación del piloto y vieron que procedía de Sinaloa. Se llamaba Raúl René. Le acompañaban tres personas que habían ido a recibirlo a la pista. Se había cometido una infracción de la normativa aérea por no haber comunicado el aterrizaje a la torre de control, así que los agentes se los llevaron a los cuatro al cuartel de Valverde del Camino (Huelva). Allí, contaron que habían usado la aeronave para trasladar a un veterinario dentro de una inmensa finca en Extremadura y que Raúl René había tenido complicaciones durante el vuelo. En el cuartel se presentaron dos agentes de paisano del OCON, entre ellos un teniente, que se hicieron pasar por inspectores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Raúl René, que desconocía que se trataba de guardias civiles, les planteó hacer la vista gorda a cambio de dinero: «Esto en mi país se soluciona de alguna manera con los funcionarios…», les dijo. Aquellos dos agentes se mordieron la lengua y les dejaron marchar. Sin embargo, ya no despegarían sus ojos de aquel sinaloense hasta su detención, trece días más tarde, tras aterrizar con casi media tonelada de hachís traída desde Marruecos en esa misma aeronave.

El fresero narco y sus jornaleros africanos

La presión policial en el estrecho de Gibraltar trasladó parte del negocio del hachís a provincias como Huelva, bendecida con el río Guadiana y con playas kilométricas[7]. La fiscal delegada antidroga de Huelva, Ana Laso, inició así su memoria de 2020: «Escribía nuestro ilustre poeta onubense Juan Ramón Jiménez “Mar de la aurora, mar de plata, ¡qué limpio estás entre los pinos!”, y es el mar que baña nuestras costas el que nos trae casi todos los problemas relacionados con el tráfico de drogas en la provincia». Laso se quejaba en su balance del año de que el incremento de los efectivos policiales y de Vigilancia Aduanera destinados a la provincia no se había traducido, «al menos en Huelva, en refuerzo ni de fiscales ni de jueces». Puso de relieve la situación «particularmente agónica» de los juzgados de Ayamonte, sumidos en una «sobrecarga de trabajo histórica» al asumir la mayoría de las últimas causas por narcotráfico «debido al litoral ayamontino, el más cercano en costa a Marruecos y en carretera a Portugal».

Uno de los narcos que ganó relevancia fue el onubense Antonio R. R. Por un lado, era un renqueante empresario de la fresa en Huelva que a duras penas sacaba beneficios de su finca en Villablanca, un pueblito que no llega a 3000 habitantes a un paso de la Raya con Portugal y del río Guadiana, la frontera natural con el país vecino. Por otro, la Guardia Civil lo acusa de ser un violento narcotraficante capaz de atentar con un cóctel molotov contra el cuartel de la Guardia Civil en Jabugo, de emprenderla a tiros contra quien osase hacerle competencia y que no dudaba en explotar a su cuadrilla de jornaleros africanos y sudamericanos para sacarle del agua los fardos de hachís que traía de madrugada desde Marruecos. «Lleva media vida en el hachís. Y media vida da para muchos excesos», me dijo una fuente.

La cuadrilla de freseros que manejaba de día se trasformaba presuntamente en colla durante las noches. «Tenía entre quince y veinte jornaleros de confianza. Más o menos, la mitad procedía de países del África subsahariana. El resto, de distintos puntos de Sudamérica», me contó un investigador al tanto de las pesquisas llevadas, otra vez, por el OCON Sur. Si una persona en tierra suele recibir alrededor de unos tres mil euros por trasvasar desde la orilla de una playa o de un río los fardos de una narcolancha hasta coches todoterreno, Antonio pagaba mil euros a su gente. «La banda de Toni, como todo el mundo le llamaba, solía alijar por Doñana, una zona de parajes intrincados, caños estrechos y muy complicada para acceder. Casi casi nos hacían contravigilancia ellos a nosotros».

La empresa de Toni, Antofres S. L., apenas le era rentable. Tampoco lo necesitaba. Los investigadores creían que era una simple tapadera con la que otorgarse una imagen de solvencia legal pero que le servía para estar ubicado cerca de la frontera con Portugal, el territorio al que mudó su actividad cuando arreció la presión policial en España. «Fue un tipo listo. Fue el primero, al menos que sepamos nosotros, que empezó a botar lanchas desde Portugal. Y no solo desde el Algarve, la zona más al sur. Llegamos a contabilizarle en un solo mes la botadura de doce gomas. Alguna partió desde un poco más abajo de Lisboa». La Polícia Judiciária de Portugal empezó a colaborar con la Guardia Civil tras detectar que varios clanes de traficantes onubenses y gaditanos, coaligados entre sí, estaban instalándose en la zona del Algarve, donde encontraban talleres clandestinos para confeccionar, reparar y modificar sus narcolanchas, cuya venta allí no está prohibida, como sí sucede en España desde 2018. Es una realidad prácticamente idéntica a la que viven los narcos gallegos en la zona norte de Portugal: al otro lado de la frontera encuentran la logística que en territorio español les es mucho más difícil hallar por la fuerte presión policial que existe.

La organización de este supuesto narco camuflado bajo la piel de empresario cayó en marzo de 2021 merced a la operación Soterrado, coordinada por Europol. Él ingresó en prisión[8]. Al poco de su entrada en la penitenciaría de Huelva se le tuvo que trasladar a la de Picassent, en Valencia. Dado su carácter temperamental y violento, el narco tuvo roces con otros traficantes. La dirección del penal prefirió poner tierra de por medio y enviarlo a 760 kilómetros de distancia de Aljaraque, el pueblo en el que nació.

La muerte de dos petaqueros que se dedicaban al pit stop en alta mar

El 10 de mayo de 2021 volvieron los fantasmas al Campo de Gibraltar. Dos hombres murieron ahogados sobre las dos de la tarde en La Línea. Uno se llamaba Ángel A., tenía cincuenta y un años. Todo el mundo lo conocía como el Baila, por el Bailaor, su apodo. El otro fallecido era Sergio R., de diecinueve años. Le llamaban el Bola. La embarcación rígida en la que viajaban, hecha de fibra y con un solo motor de escasa potencia, zozobró a unas dos millas de la costa linense debido a las fuertes rachas de viento que azotaban el Estrecho. Cayeron al mar y murieron ahogados. «Tras más de treinta minutos de reanimación cardiopulmonar, los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento», explicó un portavoz de la Policía Nacional, que se hizo cargo de los cuerpos.

Se sospecha que estaban realizando labores de petaqueo, es decir, suministrando combustible en alta mar a las potentes lanchas que transportan el hachís. A veces también llevan víveres o ropas a los tripulantes de las gomas si han tenido dificultades para alijar y se ven obligados a pasar horas, incluso días, en mar abierto. Por cinco o seis horas de trabajo un petaquero cobra entre 12 y 15 000 euros. «Cuanto más mar adentro y más riesgo, más dinero», me explicó un agente de la Guardia Civil destinado en La Línea. «Son la mano barata del negocio. Los usan como en un pit stop de la Fórmula 1. Muchos de ellos proceden del contrabando de tabaco por mar con Gibraltar».

La muerte de ambos hombres desencadenó una oleada de disturbios en La Línea en protesta por la supuesta dejadez policial en el rescate a los dos fallecidos. Los exaltados apedrearon algunos de los vehículos policiales que se desplazaron a las inmediaciones del puerto de La Atunara, hasta donde la Guardia Civil había llevado los dos cadáveres. Varios vehículos policiales acabaron con las lunas rotas. Los agentes tuvieron que lanzar disparos al aire para dispersar a la muchedumbre que se arremolinaba en torno a ellos.

Alrededor de trescientas personas, entre las que se encontraban amigos y familiares de los fallecidos, quemaron veinticuatro contenedores, lanzaron disparos de postas, quemaron varios coches, cortaron carreteras, reventaron señales de tráfico e incendiaron con cócteles molotov un inmueble municipal y un antiguo restaurante ya cerrado.

El puerto de Algeciras: la coca que va a Europa, las mafias de la Costa del Sol

El 10 de agosto de 2012, la Policía Nacional, en colaboración con el FBI, detuvo en Madrid a cuatro miembros del cártel de Sinaloa, la organización de comercio de cocaína más potente del mundo en ese momento. Entre ellos estaba Jesús Gutiérrez Guzmán, primo hermano y persona de confianza del líder del grupo, el mexicano Chapo Guzmán, que había elegido España como puerta de entrada de su coca en Europa. En 2009 varios agentes del FBI habían contactado con el cártel haciéndose pasar por narcos italianos interesados en importar su producto. Los falsos traficantes consiguieron grabar a Jesús Gutiérrez Guzmán una serie de conversaciones que terminarían siendo claves para condenarlo después a dieciséis años de prisión en EE. UU.

—¿Y es de buena calidad?, —le pregunta uno de los agentes encubiertos del FBI.

—Todo bien ahí… —responde Jesús Gutiérrez Guzmán.

—¿Lo sabes o no?, —insiste el agente.

—[…] Por supuesto que lo sé.

—(risas)… Bien. ¿Más del 90 % [de pureza]?

—Sí, sí. De verdad…

En un encuentro en febrero de 2010 en Florida, el primo del Chapo le dijo a uno de aquellos falsos traficantes que la organización para la que trabajaba podía enviarles veinte toneladas de cocaína al mes, pero acordaron que los primeros envíos serían de una tonelada o de tonelada y media. Además, antes probarían con cargamentos limpios para cerciorarse de que en Europa tenían control en determinados puertos y de que sus mercancías pasaban desapercibidas a ojos policiales. Uno de esos envíos se hizo a Valencia. Ningún agente español movió un dedo. Por cada kilo de coca enviado los italianos debían pagar 2800 dólares. Así, la tonelada salía a 2.8 millones. Confiado, sin saber que era víctima de un engaño de EE. UU., todas aquellas palabras de Jesús Gutiérrez Guzmán fueron quedando registradas en grabaciones de audio y de vídeo a través de aparatos electrónicos que los agentes del FBI escondían en su vestimenta. Uno de los secuaces que se sumó a citas posteriores fue el abogado del Chapo y planificador financiero, Rafael Celaya Valenzuela, fracasado candidato a diputado federal por el PRI (Partido Revolucionario Institucional).

El 27 de julio de 2012 llegó al puerto de Algeciras un contenedor con 346 kilos de cocaína. Iba oculta en el interior de piñas que habían sido vaciadas previamente y rellenadas con el perico. El contenedor viajó por el Atlántico a bordo de un barco de la naviera ecuatoriana J Palma Export Import Corporation. La Policía Nacional, al tanto de la operación, señaló uno de los contenedores, rompió el precinto, abrió las piñas y encontró la coca. Los policías españoles iban a tiro hecho gracias a las indicaciones que les llegaron del FBI. Un millón menos de ganancias para Sinaloa y una mercancía decomisada que señalaba directamente al cártel.

Dos semanas después, el 10 agosto de 2012, se detuvo en Madrid a Jesús Gutiérrez Guzmán, primo del Chapo, a su abogado, Rafael Celaya Valenzuela, y a otros dos miembros del cártel sinaloense. Al poco fueron extraditados a EE. UU. El FBI llamó a aquella operación Dark Waters (aguas oscuras). En España se bautizó como operación Algeciras.

Los puertos de Algeciras y de Valencia, que año tras año se sitúan entre las diez instalaciones portuarias con mayor tráfico de contenedores de Europa, son un reclamo jugoso para los cárteles de cocaína que se encuentran al otro lado del Atlántico. En 2021, el puerto de Valencia ocupó el cuarto puesto a nivel continental, con 5.16 millones de contenedores recibidos. El de Algeciras se situó en sexta posición, con 4.38 millones. Esa lista suele estar encabezada por el de Róterdam, en Holanda, que ese año superó los 14 millones. Le siguieron el de Amberes (Bélgica), con doce, y el de Hamburgo (Alemania), con nueve. Precisamente, en febrero de 2020, los servicios aduaneros del puerto de Hamburgo se incautaron del mayor alijo de cocaína de la historia de Europa. Dieciésis toneladas de farlopa ocultas en cinco contenedores procedentes de Paraguay. Hasta ese momento, el récord lo ostentaba el puerto de Algeciras, cuando, a finales de abril de 2018, efectivos de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria interceptaron 7337 kilos de cocaína oculta entre plátanos (otros alijos habían aparecido en piñas vaciadas, plantas, coliflores, maderas, bloques de hormigón o cajas de berenjenas). El buque Lucie Schulte, con bandera de Singapur, se había ocupado del traslado de la mercancía desde el puerto de Turbo, ubicado en el norte de Colombia y con salida al mar Caribe. En los primeros compases de aquel operativo se detuvo a seis personas. Tres en Málaga, dos cerca de Lyon y otra en Algeciras, un miembro de la Guardia Civil, Francisco José P. B.; el agente, que trabajaba en el servicio de resguardo fiscal del puerto, permitió la salida sin supervisión de un camión con parte de la droga. Llegó hasta el polígono malagueño de El Viso, donde tenía su sede la empresa tapadera de importación de frutas Tropical World. Hasta allí se siguió el vehículo para permitir una entrega controlada por los cuerpos policiales. En noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta al guardia civil. En total, doce años de cárcel, una multa de 1500 millones de euros y la expulsión de por vida del cuerpo. En su recurso de casación alegó que «un despiste» le llevó a no realizar ninguna comprobación al dejar salir el camión del puerto algecireño.

Ese flujo continuo de coca por el puerto algecireño, sumado a la llegada del hachís por el litoral próximo, supone un reclamo extraordinario para las mafias europeas dedicadas al tráfico de drogas. Italianas, holandesas, suecas, francesas, irlandesas, inglesas, rusas, rumanas. Todas buscan hacerse un hueco en la zona para distribuir después (en coches caleteados, en autocaravanas, en barcos de recreo…) su mercancía por el continente. Sus líderes disponen de emisarios en el sur de España para controlar su negocio y estrechar lazos con los clanes locales. Este eje del narco internacional se asienta a lo largo de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, desde Manilva, a quince minutos en coche de La Línea, hasta Torremolinos, ya muy cerca de la capital. Su paradigma es Marbella, con Puerto Banús como estandarte de cierto tipo de lujo internacional. En Marbella tiene su base el GRECO Costa del Sol, en un inmueble situado en un barrio populoso, lejos de una apariencia de despacho oficial.

Según el padrón de 2021, en Marbella residían 147 958 personas. El 73.79 % eran españoles, 108 940. Pero también había 4905 marroquíes, 3940 británicos, 2544 ucranianos, 2162 rusos, 1945 italianos, 1651 colombianos y 1128 franceses. Ni mucho menos todos se dedican al narco ni forman parte de una banda criminal. Al contrario. Serán una ínfima minoría de ellos y, quienes sí lo hagan, casi con total seguridad preferirán no registrarse como vecinos. Pero esa amalgama de nacionalidades, ese cosmopolitismo, permite que los traficantes de medio mundo se instalen allí y pasen desapercibidos sin que nadie les pregunte a qué han venido. A nadie le sorprenderá que conduzcan coches de medio millón de euros ni que se gasten mil quinientos euros en un chándal de Gucci.

En los años sesenta, en pleno desarrollismo en España, la Costa del Sol se convirtió en el principal polo de turismo del sur de Europa. La jet set de medio planeta encontró su sitio en Marbella. Desde jeques árabes a artistas internacionales, desde empresarios rusos del gas a mafiosos escondidos detrás de una fachada de correctos empresarios trajeados. El fallecido Jesús Gil, alcalde de la ciudad entre el 15 de junio de 1991 y el 24 de abril de 2002, explotó al máximo esa imagen de lujo extremo. Pero ahora la ciudad y su entorno son un nido de cuervos. En ella, pero también en localidades vecinas como Fuengirola, Benahavís o San Pedro de Alcántara, se citan al menos 113 organizaciones criminales de 59 nacionalidades diferentes. Son datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Se trata de bandas que conviven, en ocasiones colaboran y en otras se matan por el control del territorio, por robos de droga o por deudas pendientes. Fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional aseguran que no existe parangón en el mundo. No eres nadie en el crimen organizado internacional si no tienes oficina abierta en la Costa del Sol. Allí hay sicarios, contactos de las mafias marroquíes y colombianas —las dos que controlan el producto—, ladrones de coches para traslados de droga, lavaderos de dinero, etc. Así resulta fácil que el dueño de una megafortuna en Arabia Saudí se siente cualquier día a la mesa de un caro restaurante marbellí junto a la de un narco colombiano que le acaba de taladrar varios dedos a un traficante holandés. Su jefe, mientras, probablemente se encuentre leyendo el periódico en la mesa de una cafetería de Ámsterdam.

La mudanza de Sito Miñanco

Al calor del sol sureño y de las mafias que pueblan la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, en un coqueto chalet de dos plantas y amplio jardín en el número 4 de la calle Los Abetos de Algeciras, vivía en 2018 el narco gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

En aquel chalet, Sito contaba entre sus vecinos con varios jueces, abogados y médicos. Disponía de un pequeño gimnasio en la terraza, con varias pesas y una bicicleta estática. Los efectivos policiales de GRECO Costa del Sol entraron antes del amanecer del 5 de febrero y encontraron 377 320 euros en efectivo ocultos en una bolsa de plástico dentro de un canapé. Sito dormía en su cama con su nueva pareja, Claudia, de origen colombiano. Solo llevaba puestos unos calzoncillos de color azul. El inmueble estaba ubicado muy cerca de la A7, la autovía por la que muchas veces circuló a bordo de su BMW 320 azul en dirección a Málaga. Había alquilado el vehículo en un concesionario de Marbella. El gran capo gallego, el rostro más reconocible de la operación Nécora, había vuelto a las andadas. Los colombianos nunca dejaron de confiar en él ni siquiera estando entre rejas. Su pasado lo avalaba. Al salir de prisión volvieron a establecer contacto con su mejor hombre al otro lado del charco. Pero esta vez se había ido lo más lejos posible de las rías que lo llevaron a la cúspide del tráfico de cocaína en España en los años ochenta y noventa del siglo pasado junto a Manuel Charlín y Laureano Oubiña. «Quería sentirse como en sus años mozos», me contaron fuentes policiales que habían entrado a su chalet a detenerlo. «A los colombianos se les reapareció la Virgen cuando Sito obtuvo aquel permiso. La leyenda, el mito, regresaba».

Sito Miñanco, nacido en 1955, llevaba instalado en Algeciras desde junio de 2015. Acababa de salir de la prisión de Valladolid. Había pasado veinticuatro años entre rejas durante distintos períodos. Se le permitió cumplir en la calle el final de una condena por narcotráfico porque había conseguido un trabajo en un aparcamiento de coches de la ciudad campogibraltareña. Durante el día y los fines de semana disfrutaba de la libertad más absoluta. Pero de domingo a jueves tenía que acudir a dormir al centro de inserción social de la cárcel de Botafuegos, a cinco minutos de su chalet. Allí, durante un tiempo, compartió noches con Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y antigua pareja de la cantante Isabel Pantoja. El parking en el que trabajaba era propiedad de la empresa New Marbuil S. L., a nombre de su abogado, José María Barrena Enríquez. En cierta forma, Sito era su propio jefe allí. Se le había permitido comenzar su proceso de reinserción con un empleo a 953 kilómetros de Cambados, el pueblo pontevedrés donde nació.

Ahora se le acusaba de liderar una banda con otros cuarenta y cinco miembros que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de coca y de la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. Una banda con supuestos contactos en Colombia, Países Bajos y Turquía que operaba en Galicia, el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y Madrid.

Entre los procesados en esa causa se encontraba el abogado Gonzalo Boye, letrado, entre otros, del etarra Josu Ternera o de Carles Puigdemont, el expresidente catalán fugado a Bélgica para evitar sentarse en el banquillo por el procés de 2017. La fiscalía le acusa de la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y un delito de falsificación en documento oficial. La investigación, que duró cuatro años, permitió identificar dos operaciones con las que Sito y su gente querían meter enormes cantidades de cocaína en España: la intervención del buque Thoran, abordado en octubre de 2017 con 3.3 toneladas de farlopa ocultas bajo la cocina de la embarcación, y la aprehensión, en noviembre de ese mismo año, de un contenedor de perico apilado en un almacén de Den Hoorn, Países Bajos. Ocultaba otros 615 kilos. La Fiscalía pidió una condena a treinta y un años de cárcel para Miñanco, y de nueve años y nueve meses para Boye.

El 14 de diciembre de 2016 viajé hasta Algeciras para tratar de entrevistar a Sito Miñanco. Para mí era un antiguo capo del narcotráfico que buscaba reconducir su vida. Antes de dirigirme a él lo vi comiendo en la terraza de un humilde y discreto bar, situado a treinta metros de la rampa de acceso para vehículos del aparcamiento en el que trabajaba. Sito vestía pantalón de chándal gris, sudadera azul y zapatillas de deporte, una braga azul al cuello. Iba acompañado de un grueso chico treintañero. Apenas retiró la vista del móvil, ayudado de sus gafas de pasta negras. Sito pidió un Aquarius de limón para beber y un combinado con huevos, patatas y carne. Al terminar, se marchó a su puesto de trabajo. Cinco minutos después el morro de su coche asomó por la salida del aparcamiento. Llevaba la ventanilla bajada.

—¿Qué crees, que no sé que has estado preguntando por mí en los negocios de la zona?

—Soy periodista, hago mi trabajo —le respondí.

—Dejadme vivir tranquilo. Solo pido vivir en paz. Ya estoy pagando, y bien pagado, por lo que he hecho.

—¿Podemos hablar durante unos minutos?

—No, quiero que se me deje en paz. Nada más.

La Policía Nacional detuvo a José Ramón Prado Bugallo catorce meses después de aquella breve conversación conmigo.

La nueva ruta africana: ¿un horizonte por explorar en el negocio?

En el garaje, junto a una bicicleta de carretera de tres o cuatro mil euros, hay varias bolsas de plástico repletas de botellas de agua, estuches de mortadela, pan de molde, naranjas, latas de Aquarius y galletas con chocolate. «Se trata de víveres para aguantar al menos una semana en el mar», me dice un guardia civil mientras recorremos el chalet. «A punto han estado de escabullirse», asegura. Junto a las bolsas, a un metro de distancia, hay varios GPS, neoprenos y ropa de abrigo dentro de varias mochilas. «Tenían pensado echarse al agua ya. Probablemente esta misma mañana. La goma no tiene que andar muy lejos del río», me explica unos minutos después el jefe del operativo, el comandante al frente del OCON Sur. Se pasea entre los cuatro narcos detenidos golpeándose la muslera derecha de su pantalón con una ramita de árbol. Joven, descreído, va desarmado. Sus trescientos agentes no. Son las siete y media de la mañana del miércoles 10 de marzo de 2020. Se abre el día en estos campos a las afueras de Trebujena, en Cádiz. En una finca cercana, unos galgos ladran, nerviosos por el jaleo. Los cuatro arrestados, a los que se les ha sorprendido durmiendo, se sientan en sillas del comedor del chalet en el que descansaban antes de echarse al mar en una embarcación semirrígida. Están esposados por la espalda. En silencio. Sobre una mesa están sus pasaportes y sus documentos de identidad. A veces, mientras varios agentes hercúleos del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil los vigilan, se miran entre sí. Serios. Cabizbajos. Los han cazado. Mientras, el jefe de todo esto no deja de pasearse con su ramita de árbol. Está contento: «Mientras yo esté aquí, esa hierba no se deja crecer», me dirá después. Suena a altanería, a frase hecha de poli de narcóticos que quiere impresionar al plumilla que le acompaña. Pero luego, al escucharle hablar con su equipo y tras varios encuentros más en el tiempo, me daré cuenta de que el agente se cree sus propias palabras. Había crecido en Algeciras. Era de la misma generación que los Castaña o Messi. Era un convencido de que podía acabar con «los guarros», y que cada vez que saliera un traficante nuevo debía saber que acabaría siendo detenido y conducido ante un juez.

La Guardia Civil nos ha permitido al fotógrafo Marcos Moreno y a mí empotrarnos en un macrooperativo del OCON. Participan trescientos agentes. La operación se despliega de forma simultánea en tres provincias: Sevilla, Cádiz y Málaga. Ese día se asesta el golpe definitivo a una potentísima organización de tráfico de droga que había establecido su base en el cauce del río Guadalquivir, convertido de nuevo en la autopista del narco por la presión en el Campo de Gibraltar.

Meses antes, en noviembre de 2019, la Guardia Civil había incautado a esta misma banda una goma con 1280 kilos de cocaína a bordo. La operación supuso un hito en la lucha contra el narcotráfico: gracias a la intervención de ese alijo se demostró por primera vez que los traficantes de cocaína latinoamericanos habían comenzado a usar la ruta del África occidental para traer su mercancía a través de las lanchas que parten de Marruecos. Además, se demostraba que los narcos marroquíes ya no le hacen ascos a traficar con cocaína, algo impensable solo unos años atrás. Por donde antes solo entraba el hachís, los intermediarios andaluces alijan ahora cargamentos de cocaína.

Cuatro y media de la mañana. Es noche cerrada. Nos han citado en Sevilla. Los trescientos agentes que van a participar en la operación se encuentran desplegados en un inmenso aparcamiento. Algunos acicalan sus armas todavía entre bostezos. Otros conversan en pequeños grupos. Se habla de todo. Alguno cuenta, no con mucho pesar, que lo ha dejado con la novia el fin de semana pasado. Otro, que lleva dos meses sin visitar la casa de sus padres. Los que son de Sevilla, y del Sevilla FC, charlan acerca del próximo partido de la Europa League ante la Roma, el encuentro que la UEFA cancelará al día siguiente como resultado de las restricciones de viaje entre España e Italia impuestas por el Gobierno debido a la pandemia. Otros comentan el viento frío que corre. Cuando se montan en los furgones, la mayoría de ellos cubren sus caras con pasamontañas. Hay miembros del Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, la élite del cuerpo junto a los otros invitados, los GAR, los chicos del Grupo de Acción Rápida, nacido en 1980 para combatir a ETA. Hoy descabezan bandas de traficantes de droga por todo el país. Llegaron la tarde anterior desde Logroño. Su jefe, un chico joven de poco más de treinta años —no muy alto, con una espalda inabarcable— da las últimas directrices a sus hombres, todos con aspecto de soldados espartanos.

05:15 horas. Salimos. El convoy parte hacia Cádiz. Algunos efectivos se despliegan en dirección a Málaga. Otros se desvían antes hacia localidades sevillanas pegadas al río. El fotógrafo y yo vamos a una de ellas, Lebrija, un pueblo que besa las aguas del Guadalquivir y que cuenta con una vasta zona de marismas dedicada a la agricultura.

05:52. Me resulta extraño saber que muchos narcotraficantes que ahora duermen a pierna suelta, despreocupados, van a ser detenidos en cuestión de segundos. Lebrija. Calle Poniente. Un piso de solo dos alturas. Silencio. La calle está tomada por la caballería. Los agentes irrumpen en una casa con un ariete cilíndrico revientapuertas. «¡No se muevan, alto ahí, no se muevan! ¡Guardia Civil, Guardia Civil! ¡He dicho que alto ahí!», gritan mientras encañonan a las personas que se encuentran en el inmueble. Este registro se efectúa de manera simultánea a otros dieciséis, aunque al cabo del día se harán siete más. Muchos de ellos en la zona del Campo de Gibraltar, donde los distintos clanes que todavía no han sido desarticulados se asocian entre sí, me cuenta el jefe del operativo. Pequeñas y medianas organizaciones tejen alianzas. «Cada una pone lo que puede. Gomas, guarderías, coches robados…».

En la casa donde acaban de irrumpir se detiene a un hombre. Hay indicios sobre el origen ilegal de su dinero. Antes de marcharse, uno de ellos acciona la llave de un coche desde dentro de la vivienda. En la calle se encienden las luces de un vehículo. Uno de los guardias civiles sale del piso.

—¿Se ha abierto algún coche?, —pregunta.

—Sí, ese —responde un compañero.

El agente revisa la matrícula. Es un Peugeot 508 deportivo, negro. Su precio rondará los 40 000 euros. Con asientos de piel y todos los extras. El detenido se lo había regalado a su mujer hacía una semana.

—Pues nos lo llevamos también.

Horas más tarde, a mitad de mañana, al arrestado lo trasladan a la zona de marismas. Es dueño de una nave de aperos del campo. Los agentes cortan con unas pinzas los candados que la mantienen cerrada a cal y canto. Al correr el portón por unas vías de hierro, se descubren 239 bidones de 25 litros rellenos de gasolina. Están apilados en los laterales de la nave, dejando el espacio justo para el tamaño de una lancha. «La goma debe de estar por aquí cerca», dice el comandante al frente del OCON en voz alta a sus chicos. «Las poleas están listas para levantarla, daros cuenta. Pegaos una vuelta a ver si la veis por los canales, que igual la tienen por ahí escondida». Al dueño del narcoembarcadero le han decomisado, aparte del coche, un dron. Explica que es de su hijo. Los investigadores creen que le sirve para controlar su zona de acción en el río. El arrestado viste un chándal barato y unas zapatillas de varios colores. De su nave partió aquella lancha que llegó con 1280 kilos de coca a una playa de Isla Cristina, en Huelva.

07:06. La Guardia Civil hace rato que ha irrumpido en un chalet de Trebujena. Es una lujosa casa de campo a las afueras del pueblo, con cuadra para los caballos, piscina y zona de asados. Hay cuatro detenidos. Formaban una tripulación completa. El dueño del inmueble, que era parte de ella, acoge en su casa a los que iban a ser sus compañeros de singladura. El perímetro del chalet está plagado de cámaras de videovigilancia. En el garaje, ya lo saben, hay bolsas con víveres para un viaje que a buen seguro los llevará hasta costas marroquíes. «Como no les dejamos resquicio, ahora es fácil que puedan estar una semana embarcados», explica uno de los agentes. Los detenidos, sentados en el salón, tienen entre veinte y treinta y pocos años. Dos son de La Línea. Uno, de Trebujena. El cuarto, marroquí. En la mesa del comedor hay un paquetillo de tabaco Camel y varios sobres de Frenadol. En el inmueble se encontraban la mujer y el hijo del propietario. Antes de dejar marchar a la señora le registran su coche. Hace unos minutos que ha llegado su suegra para recoger a su hijo, de doce años. El chaval, con la mochila al hombro porque en un rato entrará en clase, ha salido de casa con gesto serio. Su madre, mientras le revisan el vehículo de arriba a abajo, explica a los agentes que es peluquera. Lleva un jersey de la marca Moschino. Le habrá costado unos 400 euros.

—Todo lo que tengo me lo gano peinando —dice.

La operación Dóberman, como se llama este macrooperativo, acaba a las 14:00. El comandante me estrecha la mano y se sube en un todoterreno de alta gama que le incautó a un narco en otro operativo. Un juez le autorizó su uso en el trabajo. El operativo se saldó con veinticuatro detenidos en localidades como Sanlúcar de Barrameda, Lebrija, El Cuervo, Jerez de la Frontera, Algeciras o Estepona. Trece de ellos ingresaron en prisión. La Guardia Civil aprehendió dos lanchas, tres armas de fuego, 63 450 euros, dos plantaciones de marihuana con 576 plantas y siete vehículos, además de otros efectos de interés para la investigación.

Mi viaje con 2400 kilos de hachís a bordo de una lancha de traficantes

Llevaba años narrando el mundo del tráfico de hachís en el estrecho de Gibraltar (y no solo allí), pero nunca había tenido la posibilidad de ser testigo del trabajo que vi esa madrugada. Antes había contado este fenómeno desde múltiples perspectivas y había puesto rostro y voz a sus protagonistas: las mafias que controlan el negocio; los pueblos estigmatizados por la droga; las generaciones de jóvenes que han entrado en prisión por mover chocolate; la gente que trabaja para las bandas, o la corrupción de una parte ínfima de la Guardia Civil y de la Policía Nacional… Pero faltaba algo. Narrar el negocio desde sus entrañas. Esa noche, a principios de octubre de 2017, tuve la oportunidad de asistir a una jornada de trabajo de las bandas de narcos que operan en el Estrecho.

Fueron algo menos de cuatro horas. En ese tiempo consiguieron ir a Marruecos, traerse de vuelta 2.4 toneladas de hachís y salir indemnes.

Supe que eran ellos cuando vi llegar a lo lejos los focos de un coche oscuro. Eran casi las dos de la madrugada y apenas había circulación. Al aproximarse, las luces del vehículo iluminaron el desangelado aparcamiento de Los Barrios (Cádiz) en el que habíamos quedado Chato y yo unas horas antes por teléfono. «Te recogeremos allí para irnos a la playa. Ni se te ocurra llevar una cámara de fotos ni nada que pueda grabarnos. Vienes tú, solito, y cuentas lo que veas. Pero imágenes, ni una. Ni tampoco notas. Si en Marruecos sospechan de ti, la noche se nos va al carajo. Y nosotros con ella».

Tenía delante a Chato por primera vez. Me parecía un hombre corriente, demasiado común, como el que te atiende en una gasolinera o en la ventanilla de un banco. Chato, con el que contacté hace meses a través de un conocido en común, se ha bajado de un Mercedes azul que él mismo conduce. Parece el jefecillo de los otros tres hombres que no han salido del coche. Me registra de arriba abajo. Toquetea y rebusca a conciencia entre los calcetines, en los bolsillos de mi vaquero, en una pequeña mochila. «Tranquilo, no llevo nada encima. Te lo aseguro», le digo. «Ya, si yo te creo, pero ese de ahí —me dice señalando a uno de los ocupantes del vehículo— no está conforme con que nos acompañes. A última hora me ha pedido que te llame para decirte que no vinieras. Me ha costado mucho convencerlo. Si nos la juegas, ese tío te la pagará». Ese hombre que a regañadientes ha aceptado que me una a ellos durante unas horas es Mustafá. Aunque no es su nombre real, Chato lo llama así. «O el moro que toda goma ha de llevar encima para hablar con los marroquíes por teléfono y coordinar la entrega. Si él pasa de ti, pasa tú también. Será mejor así», me dice. Tras el cacheo, Chato me invita a subir al coche. Me siento en la parte trasera, entre dos hombres treinteañeros. Como se supone que vamos a un lugar a pocos kilómetros de donde me han recogido, y luego no sé si tendré tiempo para hablar con ellos, les pregunto por sus vidas nada más conocerlos. Delante, en el asiento del copiloto, va Mustafá, que no quita los ojos de la pantalla de su móvil. Ni siquiera dice hola. A mi derecha se sienta la Pulga. Tiene treinta y tres años. (Como el resto, no me dice de dónde es. Es evidente que es andaluz, por el acento deduzco que es gaditano).

—¿Como Messi, no?, —le digo a modo de broma.

—No. Es que mi mare cogió purgas de chica y ya se le queó el mote. Y los vecinos de mi barrio me lo dejaron en herencia (risas).

No sé si me vacila, me miente, o ambas cosas.

La Pulga hace honor a su supuesto apodo. Es bajito —sentado a mi lado, su cabeza llega a la altura de mis hombros—, tiene barriga y está medio calvo. Cuenta que lleva cuatro años en paro. «Alguna chapucilla en la obra me ha salido, pero ná, lo justillo pa’tirá p’alante, pisha». La Pulga tiene dos hijos, de ocho y once años, y una mujer también en paro. Es la cuarta vez que se monta en una lancha para ir hasta una playa de Marruecos y cargarla de hachís. Las otras tres fueron hace varios años. En una ocasión la Guardia Civil lo detuvo descargando la droga en la costa de Málaga. Pasó trece meses en prisión. Esta noche, si todo sale bien, se llevará 20 000 euros. La droga no es suya. Trabaja para otros. Él es un peón.

—Yo no soy de los que se dedican a esto de corrío. Yo picoteo cuando estoy mu jodío, como ahora. La trena es mu japuta, y mi mujé lo pasó muy mal con dos niños chicos.

La Pulga no estudió. Dice que a los catorce años ya trapicheaba por las calles de su barrio con el chocolate que otros traían. Eran los años noventa. Por ese tiempo, en su pueblo había un narco al que llamaban Antón el Gitano. «Era el capo», dice. «Yo me saltaba las clases y me ganaba unas pelillas moviendo su mierda. Como yo, media generación mía. Luego cogieron el negocio sus hijos. A uno se le fue la cabeza. Conducía ferraris y paseaba crías de león por el pueblo como si fueran perros».

En apenas tres minutos La Pulga ha contado varios pasajes de su vida que hacen reír a sus compañeros. Atrás hemos dejado las calles de Los Barrios. Chato se ha incorporado a la autovía A-381 en dirección a Málaga. Por el momento nadie ha dicho desde qué punto concreto vamos a partir por mar. Chato toma ahora la palabra. De mediana altura y pelo engominado, viste vaqueros y camisa ancha. Sobre el pecho deja entrever un collar con un Jesucristo de oro. Mientras conduce —despacio, sin aparentes nervios— cuenta su historia. Dice que traficar es un «vicio» para él. «Te sube la adrenalina, ya lo verás dentro de un rato. Te juro que es como correrte», dice. Él es el jefe del grupo. No es un gran narco. Durante los últimos quince años ha trabajado en el sector, pero siempre para otros. Se conoce todos los oficios del negocio: conductor de lancha, ladrón de coches, punto… Esta noche pilotará la goma en la que nos montaremos. Hoy, Chato ha decidido ir un paso más allá. Sin explicar cómo, por cuánto dinero ni a quién —«contártelo me metería en un serio problema»— dice que ha alquilado a una de las grandes bandas que operan en el Estrecho toda la logística necesaria para ir hasta Marruecos. Porque sí, en este mundo unos a otros se arrendan las lanchas o las naves en las que guardar la droga una vez retornan del país norteafricano. «Quiero crecer», se limita a decir mientras gira a la izquierda, levantando un tanto el brazo derecho y dejando ver en su codo un tatuaje que parece asemejarse a una telaraña, aunque no lo veo con nitidez. Chato tiene cuarenta y cuatro años. A los diecisiete se montó por primera vez en una goma. «Al principio íbamos en pateras, como las que ahora trafican con inmigrantes», recuerda. «Aquellos eran buenos tiempos. No había cámaras en la costa —se refiere al SIVE, el sistema que controla toda la costa andaluza con cámaras de infrarrojos—. Ahora es jugársela. Si el pájaro te sigue en alta mar, has de decidir si tirar la droga, si tratar de darle largas y volver a aguas internacionales durante horas y esperar… No nos dejan trabajar tranquilos». Chato asegura que es madrileño, pero por el trabajo de su difunto padre se instaló en tierras malagueñas cuando tenía diez años. Ahora está divorciado y tiene un hijo de diecinueve. Ni con él ni con su exmujer mantiene contacto. Ella decidió separarse cuando él entró en prisión por segunda vez. Fue hace una década. Chato pasó cuatro años entre rejas. En el tramo final de su condena su ex dejó de visitarlo. Al salir, firmaron el divorcio. De su hijo solo sabe que vive en Granada, donde estudia Derecho. «Me abandonaron cuando peor estaba».

—Pero ellos sufrieron mucho durante ese tiempo, ¿no?, —pregunto.

—Yo les daba la vida que nunca iban a tener. Viajes, ropa buena, restaurantes caros…

Chato sigue conduciendo. Me percato de que en varias ocasiones toma una salida de la autovía, hace un cambio de sentido y vuelve hacia atrás, en dirección contraria. Parece que está dando vueltas, como haciendo tiempo. Llevamos unos quince minutos en el coche y aún no hemos llegado a nuestro destino. Por la ventana ya he visto dos veces las antorchas humeantes de las fábricas de un polígono industrial cercano. De repente, suena su teléfono. Al cogerlo, habla en código. Aunque luego me contará que su móvil está encriptado y que le costó 1100 euros conseguirlo, no se fía de que la Guardia Civil o la Policía Nacional lo hayan intervenido. «Ya vamos al cumpleaños. Tardamos cinco minutos».

Son las 2:20 de la madrugada y Chato conduce despacio entre callejuelas de casas bajas y edificios de apenas dos o tres alturas. Intuyo que estamos en Palmones, una pedanía de Los Barrios que tiene salida a las aguas del Estrecho. Hemos llegado a una especie de chalet de muros altos, donde alguien que ha escuchado el motor del coche nos ha abierto una compuerta para que Chato introduzca el vehículo. «Vamos, esto ha de ser rápido», dice un instante antes de bajarnos. Yo apenas hablo ahora. Solo miro y hago lo que ellos me mandan. Un chico que no sé quién es pero que estaba dentro del chalet nos entrega a los cinco una especie de chándal negro y un pasamontañas. «Póntelo encima de tu ropa o pasarás frío, pisha», me dice la Pulga. Y yo a la Pulga le hago caso. Al instante de vestirme —no tardo más allá de un minuto— escucho cómo se abre otro portón a mi espalda, como a unos veinte metros. Y justo después suena el arranque de un motor. Al darme la vuelta veo que es un pequeño tractor que arrastra una lancha que va encima de un soporte con ruedas. Todo pasa muy rápido. Estoy nervioso y apenas hay luz. En unos segundos el tractor sale del chalet, cruza por la arena de una pequeña playa y acerca la goma a un metro de la orilla. Dice Chato: «Vamos, el resto es cosa nuestra». Y él, la Pulga, Mustafá, el otro que iba a mi izquierda en el coche y yo salimos corriendo detrás del tractor. Ellos le dan un pequeño empujón a la lancha para bajarla de su soporte y ponerla en el mar. Chato se pone a los mandos de la lancha, arranca sus dos motores. Nosotros nos sentamos en cuatro asientos que forman una hilera, uno detrás de otro. Yo voy el último. Chato, que está delante, va de pie. A su espalda lleva al moro, que nada más salir se pone a mirar un teléfono y una especie de pantalla del tamaño de una tablet. Entiendo que con esos dos aparatos ubicará el lugar en el que se ha de realizar la entrega en Marruecos. Detrás de él se sienta la Pulga. Y detrás de la Pulga el cuarto hombre, del que aún no conozco nada. Chato acelera la goma desde el primer segundo. Sabe que, estando vacía, si ahora mismo nos cazan a lo sumo nos enfrentamos a una sanción administrativa. No hay droga, no hay delito. Pero él acelera con una palanca que tiene a su derecha. Atrás dejamos una costa salpicada por las luces de las farolas de la calle y otras procedentes de casas de gente insomne. Cuando estamos a unos doscientos metros mar adentro, Chato se gira y, gritando, me dice: «Tranquilo. La gente a la que he alquilado todo esto ha sacado otras dos lanchas de cebo por aquí cerca hace solo unos minutos. También tenemos puntos vigilando. A la vuelta vamos a hacerlo igual. Hay que desubicarles». Yo espero que sea así, que Chato tenga razón, que la maquinaria esté bien engrasada, sea eficaz, triunfe el mal sobre el bien esta noche, crezcan sanas y fuertes las malas hierbas que los agentes quieren podar: me sorprendo a mí mismo en la acera del narco. Mustafá no para de dar indicaciones. El mar está en calma. Sin apenas oleaje, la goma vuela. No sé qué velocidad alcanza en nudos, pero me da la sensación de ir muy muy rápido. Si fuera una carretera, diría que a más de 120 kilómetros por hora. Pero la sensación es muy diferente a ir subido en un coche. Aquí me siento frágil. Cada poco mi trasero se despega del asiento. El pasamontañas reduce el impacto del viento en las cabezas. Bajo la luz de una luna que se oculta entre nubes me pregunto si todo será siempre tan fácil para los narcos. Falta lo más complicado, retornar a la Península con el hachís, pero vamos camino de Marruecos subidos en una lancha y nadie se ha percatado de ello. Y si lo han hecho, nadie ha intentado frenarnos. Mientras pienso en silencio, a lo lejos comenzamos a ver las luces de varias poblaciones. Parecen luciérnagas parpadeantes. «Aquello es Tetuán. Y Rincón. Y aquello, Río Martín», me dice el hombre sin nombre. Es la primera vez que me ha hablado, aunque de nuevo vuelve a quedarse callado. Entiendo que estamos a unas millas al sur de Ceuta.

Estamos llegando. Lo intuyo porque entre mis acompañantes empieza a haber nerviosismo, salvo en Mustafá. Chato para los motores en alta mar. No sé si estamos en aguas internacionales o en aguas marroquíes. La Pulga y el hombre que me acaba de indicar dónde está Tetuán se ponen de pie y comienzan a repostar la lancha. Usan parte del combustible que llevamos en esos cinco bidones de plástico de cincuenta litros que van a mi espalda. Mientras tanto, Mustafá hace varias llamadas. Habla árabe. No entiendo nada de lo que dice. Está relajado. No muestra atisbo de nerviosismo en sus gestos. Terminado el trabajo de repostaje, Chato arranca de nuevo. Llegamos a una zona oscura de playa. A lo lejos vemos que alguien nos hace señales con varias linternas. Chato reduce la velocidad y planta el morro de la goma sobre la orilla. Empieza la juerga. Entre mis cuatro acompañantes (yo me quedo a un lado) y otros siete porteadores marroquíes cargan la lancha con 2400 kilos de hachís. Ochenta fardos de treinta kilos. En el mercado pueden tener un coste de 3.6 millones de euros (el precio del kilo de chocolate de gran calidad alcanza los 1500 euros). La embarcación está lista en apenas diez minutos. Antes de partir de nuevo hacia la Península, Chato estrecha la mano de tres personas. Una es la de un marroquí que se ha mantenido a unos metros en todo momento, supervisando los trabajos. Entiendo que es el dueño de la droga o algún intermediario importante. Los otros a los que saluda Chato son dos gendarmes uniformados. Ambos sostienen una linterna. Eran ellos quienes nos hacían señales desde la lejanía. Del narcotráfico aquí comen muchas bocas. Son las 3:50 de la madrugada. Llevo dos horas con esta gente y nos ha dado tiempo de subirnos a una lancha, llegar a Marruecos y cargarla de droga.

Mientras nos alejamos de la costa marroquí las pulsaciones se me ponen por las nubes. Estoy rodeado de fardos de hachís. No sé cómo reaccionaré si, una vez dentro de aguas españolas, viene a por nosotros el pájaro. Chato no tiene pinta de ser quien lance al mar la droga durante una persecución. Más bien de lo contrario: tratará de darle largas y volver a aguas internacionales a la espera de encontrar un resquicio. Pero el trayecto de vuelta resulta sorprendentemente apacible. Tras remontar hacia el norte y dejar Ceuta a nuestra izquierda, nadie sale a nuestro paso. El único percance lo tiene Mustafá. A mitad de camino le pide a Chato que detenga la goma. Se encuentra indispuesto. Mustafá se echa a un lado, se baja el doble pantalón que lleva y se pone a cagar en una bolsa que luego lanza al mar. En poco menos de una hora volvemos a divisar las luces de la costa andaluza. La descarga se efectúa en una playa desierta entre Conil y Vejer de la Frontera, a unos ochenta kilómetros de donde partimos hace unas horas. En la orilla nos está esperando una turba de porteadores que en apenas tres minutos suben los ochenta fardos en varios todoterrenos, intuyo que robados. Chato y Mustafá se van con ellos para controlar que la droga llega hasta la guardería en la que pasará unas horas hasta que la entregue a sus clientes, unos italianos afincados en la Costa del Sol. Chato se llevará entonces un pellizco millonario. Yo me marcho en otro todoterreno con la Pulga y el hombre que apenas ha querido hablar conmigo salvo para señalarme dónde estaba Tetuán. «Ellos te llevarán hasta tu coche», me ha dicho Chato estrechándome la mano. «Hablamos. Espero que te haya gustado ver esto». Por el camino hasta Los Barrios, donde tengo aparcado el coche, la Pulga se duerme: repantigado en el asiento del copiloto, con su barriga y su pelo ralo, despierta ternura. De repente, rompe el silencio la voz del conductor. Es el hombre del que no conozco nada. «Me llamo Carlos, puedes ponerlo», dice. Procedente de Castilla y León, vive en la provincia de Cádiz desde los veinte años. Ahora tiene treinta y uno. «Ni siquiera sé leer ni escribir. Chato nos ha reclutado a todos porque quiere darle un bocado a este negocio. Es evidente que esta no ha sido mi primera noche en este mundillo. Mientras me llame, yo iré. Como este —la Pulga— yo también me llevo 20 000 pavos». Hemos llegado a Los Barrios. Pese a que hemos tardado treinta y cinco minutos por carretera, la conversación ha sido escueta. No hemos sentido que nadie nos persiga ni nos vigile. La Pulga se ha despertado. Antes de cambiarme de ropa y de montarme en mi coche les doy la mano a ambos. «Cuidaos», les digo. «Tú también». Luego se marchan hacia algún lugar que desconozco. Probablemente nunca vuelva a saber de estos dos peones del narco. Son las seis de la mañana. Toca marcharse al hotel y descansar unas horas.

Tres días después recibí un mensaje de Chato desde un móvil desconocido. Adjuntaba una foto de él descorchando una botella de champán junto a una joven rubia con los pechos desnudos. «La vida me sonríe».

No respondí.

Andros Lozano nació en Valencia en 1984, cuando Naranjito aún reinaba. Desde septiembre de 2021 escribe en Crónica, el suplemento dominical de reportajes del diario El Mundo. Antes trabajó cinco años como reportero de El Español. Y mucho antes fue freelance. Viajó a Francia, Marruecos, Italia, Portugal, Honduras, Venezuela, Colombia… Publicó en El País Domingo, El Confidencial, y colaboró con La Sexta, entre otros medios. Nadie sabe aún la razón, pero también cubrió, como enviado especial de El Heraldo de Honduras al Vaticano, el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como papa.

[1] En España no se hacen censos en función de la religión o la etnia, pero el Estudio Demográfico de la Población Musulmana, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España, cifra en 37 000 el número de musulmanes ceutíes (el 43,4 % de la población). <<

[2] En 2018 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2018, de 26 de octubre, que prohíbe la venta de este tipo de embarcaciones. <<

[3] En los primeros seis meses se destinaron 7 millones de euros. Se dotó de un mayor número de agentes al GRECO de la Policía Nacional y al Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil. Interior desplegó 346 efectivos en la zona durante su primer año de vigencia. 148 eran policías nacionales; 198, guardias civiles. Se compraron 112 vehículos, 427 chalecos de protección y hasta una cámara especializada para seguimientos en helicóptero. <<

[4] Entre agosto de 2018, cuando arranca el plan de Interior, y mayo de 2020, cuando el ministerio realizó un primer balance de resultados, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar se detuvo a 1806 personas por delitos de tráfico de drogas y contrabando de tabaco. Era un 30.8 % más que en el conjunto de los dos años anteriores. En ese período, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intervinieron 258.3 toneladas de hachís, 8545 kilos de cocaína y 501 de heroína. También incautaron 1092 vehículos a motor, 311 embarcaciones y 1.2 millones de cajetillas de tabaco de contrabando. Se produjeron 1318 operaciones en dos años. La memoria de la Fiscalía de Andalucía de 2020 recogió que las investigaciones por blanqueo de capitales conectadas con el narcotráfico crecieron un 45.5 % con respecto al año anterior. De los 79 procedimientos abiertos en la región, 55 lo fueron en juzgados de Algeciras. <<

[5] En alguna operación se llegó a detener a gente de La Línea en Almería. Solo durante los doce meses de 2021, la Guardia Civil se incautó de 260 millones de euros en propiedades y dinero en efectivo de las bandas que trafican con costo. Alrededor de 100 millones correspondieron a propiedades inmobiliarias. Otros 100, a narcolanchas, vehículos —en su mayoría, de lujo—, joyas o relojes. Unos 50 de esos millones se intervinieron en cash y los otros algo más de 10 restantes en cuentas bancarias que acabaron bloqueadas o en propiedades puestas a nombres de terceros. <<

[6] Según los registros que maneja el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT, entre enero de 2017 y diciembre de 2021 se incautaron 10 275 teléfonos móviles en las 88 prisiones del país. Las dos cárceles españolas donde más terminales se requisaron fueron, precisamente, la de Botafuegos, en Algeciras, y la de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Durante esos cinco años, en la cárcel malagueña, a donde se enviaban muchos detenidos en operaciones llevadas a cabo en el Campo de Gibraltar, se intervinieron 688, mientras que en la gaditana se alcanzó la cifra de 690. Se daba la circunstancia de que eran las dos penitenciarías del país donde había un mayor porcentaje de reclusos por causas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales. En 2018, los funcionarios de la prisión de Botafuegos requisaron 192 terminales. Fue el año con la mayor cifra de aquel lustro. Fueron 99 más que en 2017. Entre 2019 y 2021 no se bajó de 131. Muchos de ellos eran minimóviles. Con un peso de 13 gramos, menos que un par de monedas de dos euros, y una altura de 4.7 centímetros de altura, eran tan finos como un cigarrillo. <<

[7] En 2020 se intervinieron 95 000 kilos de hachís en Huelva. Fueron 10 000 más que en 2019. Sin embargo, el salto cualitativo se produjo a partir de 2018, año en que la cifra de decomisos todavía era mucho menor (treinta y una toneladas). <<

[8] La Guardia Civil le intervino trece embarcaciones —cada una valorada entre 150 000 y 200 000 euros—. Los investigadores calculan que el clan de Toni llegó a introducir veinticinco toneladas de hachís por las costas de Huelva. Diez de ellas acabaron incautadas, así como 2400 litros de gasolina para las narcolanchas y cuarenta vehículos entre coches de alta gama, cabezas tractoras y todoterrenos. <<