Un sudor frío corre por la frente de todos cuando no queda más remedio que acudir a un abogado. Parece como si la tierra se abriera bajo nuestros pies al adentrarnos en un mundo desconocido, incomprensible y lleno de obscuros recovecos: el de los tribunales.

Luis Zarraluqui, abogado impenitente, desdramatiza este mundo a través de una brillante recopilación de juicios reales, anécdotas y curiosidades basada en parte en su gran experiencia y en la de otros colegas, y logra realizar un análisis sagaz y completo de la profesión no exento de humor.

La curiosa tipología de personajes que puebla este territorio: jueces, funcionarios, variopintos abogados y sus no menos extravagantes clientes, así como las relaciones que se establecen entre ellos.

Los equívocos, cómicos y a veces no tanto, que provocan el desconocimiento de la ley y los malentendidos que se deriva de ello, donde el lenguaje críptico de sus protagonistas no es precisamente una ayuda.

Una amplia casuística que descubre la naturaleza humana en zapatillas, en sus aspectos más elevados y miserables, con situaciones sorprendentes y casos —extremos— que puede presentársele a cualquiera en los pasillos de los juzgados.

Además, el autor incluye un decálogo para abogados con consejos necesarios para sobrevivir en este difícil escenario.

Luis Zarraluqui

Con la venia y sin ella

Anécdotas, pesquisas y casos de abogados

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Titivillus 03.09.2023

Título original: Con la venia y sin ella

Luis Zarraluqui, 2001

Editor digital: Titivillus

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A mis nietos Carlota, Alejandro, Miguel,

Pablo, Luis y Lucas, con todo mi cariño.

PREÁMBULO

Cuando yo era joven se decía que todos los españoles éramos abogados mientras no se demostrara lo contrario. También se hablaba constantemente de abogados que se ganaban la vida como tranviarios. Ahora ya no hay tranvías. Pero sigue siendo la nuestra una profesión de valoración variopinta por parte de la sociedad moderna. Joaquín Costa decía que «siendo abogado en España, se puede ser todo, hasta Reina Madre». Lo cual es, sin duda, bastante cierto si observamos la cantidad de abogados que hay por todas partes y tan distintos sus oficios.

Ser blanco de abundantes comentarios jocosos, con frecuencia despectivos, es una condición que compartimos con los médicos. Diego Saavedra Fajardo, en la República literaria, se refiere a los abogados manifestando que «tales son los hijos de la jurisprudencia que es menester pagallo porque hablen y porque callen. Yo los tuviera por los más dañosos al mundo, si no hubiere médicos; porque si los letrados nos consumen la hacienda, éstos la vida».

La verdad es que el signo de los calificativos se alterna de acuerdo con la situación de aquellos que precisan de nuestros servicios y con los resultados obtenidos. O padecidos.

Pero es que incluso la propia palabra abogado se utiliza habitualmente, aunque sea impropio, como un calificativo en sí misma. «Tú siempre tan abogado», nos dicen algunos. Claro está que unas veces como elogio y otras como censura. Cuando se argumenta con brillantez en alguna discusión, alguien dirá con tono admirativo: «Cómo se nota que eres abogado». Pero otras veces, cuando un interlocutor se encuentra apretado contra las cuerdas del cuadrilátero, pronunciará en legítima defensa: «¡No seas tan abogado y reconoce que no tienes razón!».

Abogar —de donde procede el nombre de abogado— es hablar en favor de algo o de alguien. Pero hacer de esta actividad una profesión es, sin duda, algo muy peculiar. Martínez Val sitúa el nacimiento de esta profesión en Sumeria en el tercer milenio antes de Cristo. También hace referencia a su reconocimiento en el Código hindú de Manú, que algunos historiadores fechan aproximadamente hacia el año 1200 antes de nuestra era. La verdad es que creo que nació con el ser humano. Tengo la impresión de que algún ángel debió defender a nuestros primeros padres cuando fueron juzgados y condenados a la expulsión del Paraíso. Incluso Eva, después de comer la manzana y provocar el desahucio, debió tener un abogado defensor, puesto que Adán no se separó de ella, como parecía merecido. Por su parte, cuando Caín mató a Abel, algún defensor tendría el fratricida, aunque es posible que no hubiera acusador privado.

Es interesante constatar la evolución sufrida en nuestra lengua por la definición de abogado. En el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726) abogado es el letrado que está aprobado por el Consejo Real, o Chancillería, para defender en juicio causas civiles o criminales:

«Es del latín advocatus, por lo cual se debe escribir con v, diciendo Avogádo; pero trahiendole con b Nebrija, Covarrubias. Bravo, y otros Vocabularios, cuyo uso han seguido los Autores, se pone en este lugar, como todas las demás voces que salen del verbo abogar, para la mayor facilidad».

Por cierto, que entre los ejemplos del uso de este sustantivo que contempla dicho Diccionario se cita lo siguiente de la obra Gobernador Christiano, de frai Juan Márquez: «Por ser tantas las confusiones con que los malos abogados pretenden escurecer la luz».

Menos mal que para contrarrestar algo esta impresión penosa sobre mis colegas de la época también hace referencia La fortuna con sesso de Quevedo a aquel que «havía adquirido fama por lo sonoro de la voz, lo eficaz de los gestos, la inmensa corriente de las palabras con que anegaba a los otros abogados».

Finalmente, transcribe de Luis de Góngora los siguientes versos de una letrilla burlesca:

Deseado he desde niño

antes si puede ser antes

Ver un Médico sin guantes,

un Abogado lampiño.

Por lo visto, una característica del abogado de los siglos XVI y XVII era la barba, que en muchas ocasiones daba a los rostros un aire solemne y responsable, muy favorecedor para su oficio. El deseo de Góngora de ver un abogado lampiño hubiera quedado más que satisfecho si se hubiera paseado en la actualidad por los juzgados de cualquiera de nuestras ciudades. Los bellos rostros de nuestras numerosas colegas femeninas, naturalmente barbilampiñas —al menos en su inmensa mayoría—, podrían haber sido contemplados por tan insigne poeta, para satisfacción de sus deseos.

Hay que destacar que Góngora escribe nuestra noble profesión con mayúscula, lo que me satisface, acostumbrado como estoy a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en la que siempre figuraba de esta manera respetuosa. La nueva Ley procesal civil de 2000, sin embargo, nos ha rebajado la mayúscula, dejándola en una depauperada minúscula, que quizá disminuya de tamaño todavía más cuando los jueces empiecen a ponernos las miles de multas que esta nueva Ley ha instaurado para nosotros.

En el Diccionario de la Real Academia Española, en su edición de 1869, se identifica al abogado como «el profesor de jurisprudencia que, con título legítimo, defiende en juicio por escrito o de palabra»; o en sentido amplio, el intercesor o medianero. (En femenino —entonces— era sólo la mujer del abogado).

En posterior edición, la vigésimo segunda (2001), abogado es el «licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y el asesoramiento y consejo jurídico»; o también «intercesor o mediador», y «persona habladora, enredadora, parlanchina»; ya es palabra masculina y femenina.

Para María Moliner (Diccionario del uso del español, 1992), abogado es, en primer lugar, la persona que influye a favor de alguien o le defiende; aunque también es la persona, con la carrera de Derecho, que aconseja en asuntos de derecho o interviene en los juicios o procesos representando a una de las partes. Y aquí se hace eco tan insigne filóloga de una costumbre, a mi juicio claramente viciosa. La única exigencia que incluye en esta definición es que la persona tenga «la carrera de Derecho». Identificar abogado y licenciado en Derecho es una costumbre ampliamente admitida y profundamente errónea.

Es corriente para nosotros recibir a algún cliente con un acompañante, que se presenta como su protector y su guía. Empieza éste la entrevista con el abogado, adornándose con expresión y gesto de complicidad y, al propio tiempo, de superior y atenta vigilancia frente a engaños y abusos, diciendo:

—Tengo que presentarme. Soy compañero tuyo. Yo también soy abogado. Aunque la verdad es que no ejerzo la profesión. Ni la he ejercido nunca. Yo me dedico a la cría de cerdos para embutidos.

Luego, el abogado de secano, con expresiva y falsa modestia, afirma:

—Claro que no puedo comparar mis conocimientos con lo que tú sabes de estos asuntos —seguido de un «pero…». Estos puntos suspensivos encierran un arcano de consideraciones implícitas:

—No te olvides, colega, que a mí no me puedes engañar. Yo estoy en el ajo.

—No digas cualquier cosa a mi prima, que aquí estoy yo para ejercer la censura.

—Si lo que dices no me gusta, te quedas sin cliente —y un largo etcétera.

Pero esta bárbara costumbre es un universo de inexactitudes. Es igual que si un ciudadano dijera que es militar por haber hecho la mili y, además, con pase de pernocta. Si no ejerce la profesión, no es abogado. (Incluso hay algunos que han ejercido y nos ruborizan cuando afirman su condición de abogados). Porque lo que caracteriza al abogado es precisamente su acción de abogar por alguien, no los mayores o menores conocimientos —casi siempre escasos— de los simples licenciados en Derecho.

En el Covarrubias se identifica al abogado con el que «defiende o acusa a alguno en juyzio» y por la procedencia de advocare le identifica con la persona «a la que llama otro en su ayuda y defensa».

Una característica, pues, de la profesión de abogado es la de prestar su ciencia, su experiencia y su habilidad a otro, al que defiende. A pesar de ello, en el Título 6, Ley 1.a de la Partida tercera (la invocación de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio es siempre obligada), donde todavía se le llama «bozero» (luego pasará a ser «vocero» con v), se le define como el «ome que razona pleito de otro en juyzio o el suyo mesmo en demandando o en respondiendo, e ha assí nome porque con bozes e con palabras usa de su oficio», y se incluye entre sus actividades defenderse a sí mismo. La realidad es que ésta de ser su propio defensor es una posibilidad, no cabe duda; pero nefasta. En todos los idiomas existe un refrán —sabio, como todos los refranes— que señala que el abogado que se defiende a sí mismo tiene a un estúpido o a un loco por cliente. El apelativo de vocero hace hincapié en el uso de la voz —de la palabra— que es característico de la abogacía. Por el contrario, los magistrados se llamaron tradicionalmente oidores.

La defensa profesional independiente es la mayor garantía que puede darse en una sociedad del respeto a los derechos individuales frente a los poderes públicos y frente a los demás conciudadanos. Es sintomático que la labor de los abogados quede relegada, su función disminuida y su presencia marginada en todos los países cuando caen bajo la bota de una dictadura, sea ésta del signo que sea.

Así Shakespeare pone en boca de Enrique VI al llegar al trono el siguiente programa, revelador de sus propósitos: «La primera cosa que vamos a hacer es matar a todos los abogados».

Claro está que Dios le castigó, por meterse con los abogados (tomen nota los lectores), porque Enrique VI perdió todas las posesiones que tenía en Francia. La realidad es, como diría Edmund Burke en 1775, que el «estudio de las leyes convierte al hombre en agudo, inquisitivo, diestro, pronto para el ataque, dispuesto para la defensa, lleno de recursos… adivina el desgobierno en la distancia, y olfatea la proximidad de la tiranía en cada brisa contaminada…».

Pero, como digo, parte de la tradición histórica se nutre de frases y conceptos peyorativos sobre los abogados, a los que se nos desautoriza constantemente. Como a los médicos, con los que tenemos indudables paralelismos. Debe ser que nuestros clientes —o potenciales clientes— se avergüenzan de necesitarnos tan fuertemente y pretenden hacernos pagar estas dependencias. Como a los médicos.

Moisés Saphir, sin embargo, matiza las diferencias entre las dos profesiones, diciendo que «cuanto más numerosos son los abogados, tanto más se prolonga el proceso; cuanto más numerosos son los médicos, tanto más breve es el proceso».

Un cuento americano pone en labios de un científico la siguiente referencia a sus experimentos, cuyo evidente mal gusto no es necesario que yo recalque:

—Usamos abogados en vez de ratas. Uno toma cariño a las ratas.

En parecida línea, se cuenta también que, en cierta ocasión, se encontraban un constructor, un electricista y un abogado discutiendo sobre cuál fue la primera profesión que existió en el mundo.

—Dios lo primero que hizo fue construir el Universo y para eso contó con nosotros —dijo el constructor.

—No —replicó el electricista—. Antes hizo la luz, con nuestra ayuda.

—Estáis equivocados los dos —intervino concluyente el abogado—. La primera profesión fue la mía, porque lo primero de todo fue el caos. Y ¿quién lo hizo?

Nos consuela algo de este mal trato popular el que hasta el demonio tiene su abogado: el Abogado del Diablo. De éste —del Diablo— se dice en el mundo sajón que «hace su pastel de Navidad con las lenguas de los abogados y con los dedos de los escribanos». Sin embargo, para dar idea de nuestro talante liberal y de la amplitud de nuestras miras, al igual que contamos con Lucifer como cliente, compartimos profesión con los santos. Santa Lucía es conocida por ser la abogada de la vista y san José, de los carpinteros. Una de las misiones de estos virtuosos es precisamente la de abogar por los hombres o por algún grupo de ellos, misión de la que, modestamente, participamos los abogados al final que ellos.

Estas consideraciones también nos sirven de lenitivo frente a algunos nombres que se nos dedican, con afán displicente, y que tienen bemoles. María Moliner recoge en su Diccionario los siguientes: abogadete, abogadillo, catarribera (de catar = ver y ribera; abogado que se empleaba en residencias y pesquisas, alcalde mayor o corregidor de letras o pretendiente a estas plazas), causídico, jurisconsulto, jurista, legista, leguleyo, letrado, micer (tratamiento equivalente a señor en Aragón y en Baleares a abogados), picapleitos, rábula (abogado charlatán e ignorante) y tinterillo (abogado malo). ¡Qué barbaridad!

La consideración que se nos presta varía enormemente de un país a otro. En Estados Unidos ser abogado lleva implícito, por sí mismo, la pertenencia a una categoría selecta de la sociedad. Parecido es lo que ocurre en Alemania u otros países centroeuropeos. En España, como ya he dicho al principio, ser abogado, por sí solo, es… nada.

También difiere la forma de tratarnos. En México somos licenciados y así se nos llama siempre. En los demás países iberoamericanos somos doctores, tengamos o no el doctorado, y siempre precede este título a nuestro apellido. En España… nada de nada. Claro está que no se trata de reclamar una consideración parecida a la de los italianos o los portugueses. Tengo un colega napolitano cuyas cartas ostentan el membrete siguiente: Cavalliere di Gran Croce Prof. Avvocato seguido de su ilustre nombre y rematado por Patrocinante in Cassazione. Pero sin llegar a tanto, al menos merecemos un poco más de respeto del que se nos presta.

Pero, en fin, la presencia del abogado, hoy en día en una sociedad moderna, es ancha y profunda. El ejercicio profesional nos pone en el centro de la vida. Nos hace protagonistas de muchas y muy variadas situaciones y testigos de primera fila de infinidad de acontecimientos. Ante nuestros ojos pasan sucesos que, en su conjunto, conforman un panorama bastante descriptivo de la sociedad de nuestro tiempo. Y dentro de la abogacía, la especialidad en Derecho de familia nos introduce en la intimidad más generosa y a la vez más mezquina del mundo en que vivimos. Compartimos secretos, deseos y aspiraciones, frustraciones y desengaños, ilusiones y esperanzas. Y si en algún momento podemos contribuir a aliviar las cargas de un fracaso matrimonial, a soportar un drama paterno-filial o aligerar cualquier otro problema familiar, nos damos por satisfechos.

Contar algunas de estas experiencias es el propósito de este libro. Hacerlo en un tono a veces con pretensiones de humor o desenfado no constituye un desprecio ni una devaluación de la gravedad de los episodios, sino una tentativa de desdramatizar el ya tenso y crispado mundo en el que nos ha tocado vivir. Sería demasiado pretencioso pensar que quizá alguno, al verse retratado en alguna historia, realice alguna reflexión introspectiva. La ocasional pretensión de utilizar el humor es, al propio tiempo, una expresión entusiasta de mi admiración por los humoristas, mi fe en su misión evangelizadora y mi rabiosa envidia por su talento.

He de señalar para terminar que los episodios que cuento, todos ellos, tienen base y fundamento en hechos reales. Algunos están maquillados y otros corregidos, bien en aras de la continuidad del relato, bien para preservar la intimidad de las personas. Evidentemente, los nombres que aparecen en los relatos son imaginarios. Pero todos ellos son fiel reflejo de la realidad, siempre más rica que la imaginación y especialmente la del autor.

I
LOS ABOGADOS: FAUNA Y FLORA

Si no hubiera malas gentes, no habría buenos abogados.

CHARLES DICKENS, El almacén de antigüedades

Las puertas de la sala de partos de la clínica del doctor Vital Aza se abrieron y dieron paso a un hombre de mediana edad, vestido de inmaculado blanco, que se terminaba de quitar los guantes. Su sonrisa denotaba satisfacción. Se dirigió a otro que, inquieto y nervioso, paseaba de un lado a otro.

—Ha tenido usted un abogado —dijo a éste el doctor.

Porque el abogado nace. No se hace. Naturalmente, después se aprenden las leyes (cuando se aprenden). Se estudia la jurisprudencia, la doctrina y las técnicas del ejercicio profesional. Se ejercita la dialéctica. Se incrementa el conocimiento del alma humana. Pero hay un sentido, un pronto de reacción y un afán de esgrima que es innato. Abogado se es; no se aprende. Hay un instinto de lucha y de polémica, de análisis y de deducción, de encaje y de pegada, que quizá esté en los genes.

Esto es así, aunque a partir de ahí todo se adquiere. Dentro de lo que puede aprenderse están cuestiones tan espinosas y que parecen tan inherentes a la persona como el uso de la palabra. Muchos dicen:

—Yo no puedo ser abogado, porque no me atrevo a hablar en público. Soy tímido. Antes de ponerme delante de un auditorio, me muero.

Pero no es cierto. Eso se puede asimilar y perfeccionar. Ahí está como esperanzado ejemplo clásico el caso de Demóstenes, cuyas Filípicas contra Filipo de Macedonia en el siglo IV a. C. son modelo de elocuencia. De él se dice que venció su infantil tartamudez acostumbrándose a hablar con piedras en la boca. El feliz resultado de tan peculiar sistema es la prueba más elocuente de que es absolutamente cierta mi afirmación de que la oratoria se aprende. Pero para ello es preciso que uno sea orador; que tenga el instinto de la palabra. Aquí es muy útil la diferencia castellana entre el ser y el estar. Se puede ESTAR tímido o tartamudo y ello no es obstáculo. Eso se vence. Pero siempre que sea ORADOR: que tenga la necesidad de comunicar algo a alguien. En cualquier caso, como método de aprendizaje, el de Demóstenes, a mi modesto entender, no me parece el mejor. Y conste que lo he ensayado. En fin, pruebe el lector a hablar con piedras en la boca y verá lo que es bueno. Lo único que quizá logre sea escupir alguna piedra a su interlocutor y dejarle tuerto.

La oratoria ha tenido momentos de gran esplendor. Los abogados —los voceros— rivalizaban con los políticos y, sobre todo, con los eclesiásticos en este difícil arte. Claro está que se llegó a extremos absurdos. Los adornos y perifollos proliferaron de tal manera que se convirtieron, sobre todo los sermones, en unos discursos indigestos e insoportables. El jesuita padre Isla llegó a escribir a mediados del siglo XVIII su Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias «Zotes» para fustigar a estos oradores. El padre Noydens, en sus adiciones al Tesoro de Covarrubias, cita como ejemplo de estos culturanismos el de aquel predicador que para expresar que Moisés saca agua de una piedra dijo: «Libra cédulas de agua en bancos de piedra el capitán de Israel».

Se puede enseñar a hablar y se puede aprender a hablar. Y a escribir. Y a vencer timideces o miedos. La voluntad y la costumbre, combinadas con algunas enseñanzas, técnicas y —¡cómo no!— algunos trucos, hacen maravillas. Lo que es innato es el instinto que informa y da sentido a tales expresiones. Algo depredador, algo comprensivo, algo discursivo, algo crítico y, sobre todo, toneladas de sentido común. Eso se tiene o no se tiene.

El sentido común, del que dicen que es el menos común de los sentidos, es el eje —o debe serlo— de todo el mundo del Derecho. Si no lo es, malo. Porque el Derecho no es más que un reglamento de la vida en común. Su integración en la norma —la Ley— ha de ser la proyección de lo que es lógico y equitativo. Algunas veces legislar consiste simplemente en la elección de una alternativa, cuyos términos son igualmente procedentes, como cuando se determina que hay que circular por la derecha o la izquierda. Daría igual la elección de la otra posibilidad. Pero en esa concreción, igualitaria y hecha pública para general conocimiento, reside el bien para la comunidad. Gracias a la existencia de una norma uniforme se evita que unos conduzcan por la izquierda y otros por la derecha, lo que llevaría inexorablemente a permanentes encontronazos y accidentes.

En los restantes casos, el sentido común es el que debe inspirar la norma, dadas las circunstancias y los antecedentes. Por eso es tan difícil legislar y aplicar las leyes. Por eso es tan difícil juzgar. Pero en ambos casos —legislar y enjuiciar— ha de primar el sentido común. De ahí que para ser abogado, para asesorar y defender a los ciudadanos, sea imprescindible esta condición.

Ser abogado y no estar abogado es una distinción fundamental. Es la distinción entre quién es patológicamente abogado y quién lo es fruto de una reflexión y de una decisión. El verdadero abogado, ante el caso imposible, se crece. No hay pleito perdido. Anatema a quien diga que no hay nada que hacer. Siempre habrá algo. Habrá que buscar más doctrina, más antecedentes jurisprudenciales. Habrá que estudiar más. Habrá que darle más vueltas. Pero no hay un litigio perdido de antemano. Siempre hay una posibilidad, por remota que ésta sea.

En nuestro país no está muy claro quién es y quién no es abogado. En principio, es abogado el que está incorporado a un Colegio de Abogados, para lo cual es necesario tener el título de licenciado en Derecho y nada más. Por eso, los propios Colegios contribuyen a la confusión. Porque se trata de una entidad profesional que acoge en su seno a quienes no son profesionales de la abogacía, ni lo han sido nunca, ni lo serán jamás. A los Colegios de Abogados pertenecen jueces, fiscales, notarios, etc., que integran algo tan paradójico y contradictorio como el grupo de «abogados no ejercientes». Y que conste que no me refiero a los que transitoriamente, por alguna razón o incompatibilidad ocasional, no practican la abogacía en un momento determinado o a los que han puesto fin a una actividad ejercida anteriormente, por haber pasado a la jubilación o el retiro. Insisto: me refiero a los que pertenecen a otras profesiones. Si nosotros mismos llamamos abogados a estos juristas, no podemos quejamos de la confusión.

Pero, en fin, hablemos de los abogados de verdad. Si queremos hacemos una idea de lo que es la abogacía quizá deberíamos empezar por repasar los magníficos dibujos de Honoré Daumier, realizados en el siglo XIX y siempre vivos, aunque enormemente críticos. En ellos aparecen la opulencia, la vanidad, la astucia, la picardía, el interés y la desidia, siempre coloreados de grandilocuencia y magnificencia del gesto. Estas caricaturas exageran las condiciones que, en su debida proporción, están presentes en la abogacía. Pero, a través del dibujo costumbrista, constituyen un adorno tradicional de la abogacía. Dice mucho —y bien— de nuestro espíritu deportivo y de nuestra capacidad de reírnos hasta de nosotros mismos el hecho de que láminas de estos dibujos adornen infinidad de despachos de abogados de todo el mundo.

Se identifica con frecuencia la profesión de abogado con el uso de sofismas. Sofisma es aquel razonamiento con que el que se pretende convertir en verdadero algo que es falso. La verdad es que dicho así e identificar su uso con el abogado suena fatal. Nos libera de esta descalificación, la cual puede ser cierta en algunas ocasiones, que todos los que tienen como misión la discusión en algún momento usan de sofismas. Hay que recordar también que en la antigua Grecia se llamaban sofistas a todos los que se dedicaban a la filosofía y, especialmente, a los problemas antropológicos. Así se considera sofistas a Protágoras, Pródico, Hippias y Gorgias. Pese a todo, tenemos que ser conscientes de que, desde los tiempos de Sócrates, el calificativo sofista ha tenido un sentido despectivo. Una de las formas de sofisma más comúnmente utilizada parte de resumir la posición del contrario de modo falaz para poderla refutar más fácilmente. Así, por ejemplo, en una discusión conyugal —se usa a menudo del sofisma— cuando un marido se queja de que se gasta mucho en casa, la mujer puede resumir dialécticamente la postura de éste de la siguiente forma:

—Claro, lo que tú pretendes es que se gaste lo mismo que hace veinte años.

Naturalmente, resumida la postura de esta forma, es muy fácil refutarla.

—Con lo que ha subido la vida… y además entonces éramos tú y yo solos y ahora tenemos cuatro hijos.

Lo único que ocurre es que él no había dicho eso. Total: un pequeño detalle.

Para los abogados, el sofisma es una tentación y un peligro, del que hay que procurar huir. No son los sofismas los que nos harán ganar los pleitos, sino los razonamientos ingeniosos y la brillantez en su exposición. Y si además tenemos razón, mejor.

También se nos achaca tener un afán enloquecido de polemizar. Ramón y Cajal, en las Charlas de café, formula una oración: «Líbreme Dios de discutir con abogados sobre cuestiones filosóficas o científicas. Para este linaje de polemistas pocas veces se trata de tener razón, sino de defender al cliente». Pero ésta es parte de nuestra grandeza. No pretendemos tener razón nosotros. Pretendemos que se la den a nuestros clientes, a los cuales nos debemos y a los que prestamos nuestra voz.

Aunque razón, razón… ¿Alguien sabe dónde está la razón?

Se comenta de un ilustre y veterano letrado, Agustín Feito, que defendía a un industrial acusado de homicidio frustrado. Un acreedor había ido a verle a su propio despacho para reclamarle una deuda. La conversación, inicialmente tensa, se había convertido en violenta. Los ánimos se acaloraron. Las palabras subieron de tono. De ellas, se pasó a las amenazas. Hasta que, según la versión del acreedor, el industrial había sacado una pistola de un cajón de la mesa de despacho y, sin más preámbulo, le había disparado, afortunadamente, sin puntería. Tras ello, el frustrado cobrador había huido vertiginosamente.

Esta narración de hechos de la presunta víctima era negada fervientemente por el supuesto agresor. Reconocía éste la existencia de una fuerte discusión, pero rechazaba con energía la acusación, a la que tachaba, además, de inverosímil.

—Soy —afirmaba— un hombre pacífico y ni siquiera tenía un arma de fuego. Nunca había disparado en mi vida. Ni siquiera en el servicio militar. Ni en el tiro al blanco de una barraca de feria. Nunca.

En el juzgado instructor, el sumario no avanzaba. Los hechos permanecían oscuros. Ninguna parte cedía en sus asertos. No había otras pruebas. En vista de todo ello, el juez acordó la inspección ocular del despacho del industrial y una reconstrucción de los hechos. El día señalado para esta diligencia se trasladó al lugar del suceso la comisión del juzgado con el titular del mismo a su frente. Estaban, naturalmente, los abogados de ambas partes. Agustín Feito, defensor del supuesto agresor, brindaba al juez todas las facilidades para la inspección. Se trató de reconstruir dónde se encontraban los discutidores y en qué posición. No había modo de entenderse. No se ponían de acuerdo en si estaban sentados o de pie. No coincidían sus versiones sobre la situación en que se hallaban, ni sobre sus palabras y acciones. Nada. Todo eran polémicas y contradicciones. Unos y otros se quitaban la palabra de la boca. Cada vez el tono era más alto y más profunda la confusión, a pesar de los esfuerzos del juez por poner algo de orden.

De repente, el abogado del supuesto agredido, que vagaba lentamente por la habitación y lo escudriñaba todo, se detuvo en un punto de la pared. Allí observó lo que parecía un ligero desconchón de la pintura. Inmediatamente llamó triunfal la atención del juez.

—Aquí. Aquí está la señal de la bala —dijo, apuntando con el índice a la huella que aparecía en el muro—. Es evidente que aquí, en este desconchón, donde ha saltado la pintura, es donde golpeó la bala dirigida contra mi cliente. ¡La agresión está clara! Aquí se ha disparado un tiro.

Agustín Feito reaccionó de inmediato. Se acercó al lugar y respondió coléricamente, después de mirar la señal con gesto despectivo:

—¡Qué disparate! Eso no es la huella de un proyectil ni por lo más remoto. ¡Qué ridiculez! ¿Cómo va a ser esta pequeña huella nada menos que la señal de una bala? ¡Absurdo!

El juez se aproximó a su vez. Dificultaban su inspección los dos abogados que, hombro con hombro, continuaban discutiendo cada vez más acaloradamente. El tono de sus palabras crecía. Ya se empezaban a manejar comentarios displicentes y se bordeaban las descalificaciones.

—No tienes ni idea.

—Pero a quién se le ocurre una barbaridad semejante.

—No hay más que verlo.

—Eres un perfecto inepto.

—Aquí el único ignorante eres tú.

El juez miraba a ambos letrados y les pedía serenidad y silencio, en tono cada vez más fuerte y exigente. Los abogados, próximos al paroxismo, enrojecían de irritación. El acusador mantenía un despectivo tono de superioridad que iba sacando de sus casillas al defensor del industrial, cuyo rostro adquiría por momentos el color púrpura. Parecía que sus ojos iban a salirse de las órbitas.

—¡Mentira! ¡Mentira! —gritaba ya sin contención—. ¡Eres un embustero!

Su adversario, impertérrito, cada vez acentuaba más su gesto despectivo, mientras introducía los pulgares en las sisas de su chaleco y proyectaba hacia adelante su prominente barriga.

—Es evidente. No te esfuerces. Todo el mundo puede verlo. Ésta es la huella de la bala. Señoría, la evidencia de la tentativa de homicidio es total. Que conste en acta la existencia de una señal dejada por una bala en el muro.

Agustín Feito ya no podía más. Pese a sus gritos, se veía impotente de acallar a su contrincante, cuyo acento era por momentos más triunfal. ¡Él, el insigne Feito, el terror del Foro, el defensor del Descuartizador de Cuatro Caminos, que le había salvado del garrote vil, así discutido y puesto en evidencia! Pero ¿cómo demostrar que no era así? ¿Cómo dejar en ridículo a aquel petulante que se creía en posesión de la verdad?

De repente, no pudo más y estalló. Con un movimiento rápido y decidido, se dirigió exasperado a la otra pared, próxima a la ventana, al lado justamente opuesto a la señal descubierta por su contrario. Apuntó a un cuadro que representaba un apacible paisaje montañés. Con un gesto violento y rápido, descolgó la pintura, que él mismo había colgado allí unos días antes. Debajo de ella quedó expuesto y al descubierto un limpio, claro y redondo agujero en el muro, que el óleo había mantenido oculto. Su dedo, tembloroso pero recto, rígido y violento, señalaba el boquete, mientras anunciaba campanudo, en tono satisfecho y victorioso:

—El desconchón que tú estás señalando no ha sido producido por una bala imbécil, ignorante y terco. No lo es, ni puede serlo, porque la bala se estrelló aquí, donde está este agujero, que estoy señalando. ¿Te enteras, mentecato?

Su cliente fue primero procesado y más tarde condenado.

En ocasiones el abogado, como cualquier ser humano, lo que pretende es precisamente tener él la razón. Por encima de todo. Pero en tales casos, yerra.

Hay abogados de muchas clases y condiciones. Los hay ricos y pobres; listos y tontos; honrados y delincuentes; trabajadores y holgazanes. Los hay cuyos servicios son baratos y los hay que son caros. Pero todo el mundo necesita uno en los momentos de tribulación. Para que eso sea posible, existe una figura que es la del abogado de oficio. Eso quiere decir que a aquella persona sometida a un proceso judicial que no tiene medios para costearse un abogado se le asigna uno, de una lista existente en los Colegios de Abogados. Éste le asiste gratuitamente, aunque el letrado sea modestamente retribuido por el Estado o la comunidad autónoma. La verdad es que el abogado de oficio cobra una insignificancia y hace su papel con gran dignidad y entusiasmo. Con las salvedades naturales. Mínimas.

En tiempos este servicio lo prestaban todos los abogados inscritos en cada Colegio y no sólo los que optaban a él, y lo hacían a cambio de una pequeña reducción tributaria. Pero aquellos que estaban demasiado ocupados con frecuencia se hacían sustituir por otros. Los más poderosos mandaban a sus pasantes. Los que no lo eran tanto, pagaban una exigua cantidad a unos compañeros, que en Madrid fueron conocidos por los abogados del banco. Aunque el nombre parecía atribuirles la condición de asesores de una entidad bancada, la realidad es que el apelativo lo debían al lugar en que esperaban pacientemente que alguien les encomendara alguna defensa: se encontraban sentados en un banco del Palacio de Justicia.

Aquello era una vergüenza. Estos banqueros o bancarios recibían el expediente —normalmente penal—, a veces muy voluminoso, y, naturalmente, un modesto estipendio. Una rápida mirada a los folios, un vertiginoso examen de las actuaciones practicadas y ni una nota. Ya preparado, el del banco entraba parsimoniosamente en el juicio, lleno de aplomo, estirando las mangas de la toga, mientras alzaba la barbilla con autoridad. Tomaba asiento en el lugar designado para el defensor, depositaba el birrete del que iba adornado en la mesa frente a él y procedía a la defensa. Cada vez que el presidente del tribunal le concedía la palabra para interrogar a un testigo o al propio procesado —su cliente— movía la cabeza lentamente, en señal de negación. Esbozaba una media sonrisa en su rostro. Parecía denunciar que, en la manga de la toga, conservaba cartas ganadoras, absolutamente insospechadas, que hacían innecesaria aquella actuación procesal de preguntar a nadie.

—No hay preguntas, señor presidente —repetía una vez tras otra.

Su actitud durante el juicio era lejana y distraída. Su gesto, de indiferente superioridad. A la hora de pronunciar su alegato de defensa final se volvía a ajustar la toga, se arreglaba los puños, bebía un sorbo de agua y, con voz sonora, que parecía presagiar una filípica, se dirigía a los magistrados en estos términos:

—Con la venia de la sala. Encomendamos a nuestro defendido a la benevolencia del tribunal. He dicho.

Entre algunos abogados, si hay una tentación de difícil resistencia, es la tendencia a la petulancia. Quizá esa muestra de la propia convicción en su valía y superioridad sólo sea un sistema para intentar persuadir a los demás de que concurren en él tales condiciones. Barbilla apuntando hacia el cielo, piernas separadas, pecho —o quizá con más frecuencia barriga— prominente, gesto engreído, hay abogados que van concediendo a los demás mortales la gracia y el honor de su presencia. Había un letrado de alto cuello de camisa, el cual le mantenía la cabeza inalterablemente mayestática, que era un paradigma de esta condición. En los juzgados era conocido como «el orgullo de Albacete». Siempre iba acompañado de algún pasante, cuya principal misión era llevarle la cartera, darle fuego y ser el destinatario —aparente— de las opiniones que, en voz muy alta y campanuda, le dirigía, pero que en realidad tenían como público a todo el mundo circundante, aunque éste no lo supiera, a quienes hacía gracia de sus comentarios y observaciones.

Algunas acciones quizá sean excusables al constituir una forma de intentar sobresalir en un abigarrado y multitudinario mundo profesional que forman, en la actualidad, alrededor de cien mil abogados en nuestro país. Sólo Madrid tiene más abogados que toda Francia.

En el mundo la situación de la abogacía es variopinta. El número de solicitors en el Reino Unido —sin contar los barristers, que son los que informan en los tribunales— se ha triplicado en los últimos treinta años, pero se ciernen oscuras nubes sobre el horizonte de los actuales 75 000. Se estima que su número disminuirá en unos 10 000 en los próximos años. Por el contrario, en Estados Unidos la profesión legal está pujante. Se dice que hay más abogados en este país que en el resto del mundo —casi 800 000—, tres veces los que había en 1960. Se gradúan en leyes del orden de 35 000 estudiantes al año, con algo más de 280 millones de habitantes. Contrasta este número con el de Japón. En una sociedad tan desarrollada como la japonesa hay menos de 15 000 abogados. En este país se dice que «los ingenieros hacen crecer la tarta; los abogados sólo deciden cómo darle forma».

Claro está que en Estados Unidos hay una fuente caudalosa de litigios que son las reclamaciones de daños y perjuicios, que frecuentemente seguimos a través de los medios de comunicación. Las poderosísimas compañías de seguros y las supermillonarias indemnizaciones, que jueces y jurados acuerdan a veces por naderías, informan en gran medida la vida judicial americana. Cuando en enero de 1999 el presidente Clinton le envió un cheque por 850 000 dólares a Paula Jones para resolver su demanda por acoso sexual, dentro de los escándalos de la Casa Blanca, más de la mitad del dinero fue pagado por una póliza de seguros. Y esta cifra no es nada. Hay que compararla con la cantidad de más de 5 millones de dólares acordada por un jurado en favor de la secretaria de un bufete legal, que alegaba haber sido molestada por uno de los abogados de la firma.

Pero todavía hay más. Estas dos indemnizaciones quedan pálidas ante la concesión por un jurado de 26 600 000 dólares —unos cinco mil millones de pesetas— a favor de un varón, ejecutivo de una fábrica de cerveza. Este ciudadano —al parecer— le había contado a una mujer el argumento de un show de televisión asaz picante. Su interlocutora denunció al narrador ante la compañía cervecera por acoso sexual. La empresa, ante cuestión de tal naturaleza, trató de evitar toda clase problemas y procedió a su fulminante despido. El ejecutivo demandó al fabricante y obtuvo una declaración de improcedencia de dicho despido. La sentencia, además, entró a considerar la reparación del daño moral padecido por el trabajador y para indemnizarlo condenó a la compañía cervecera a abonarle la modesta cantidad citada. Los precios en los acosos se han puesto por las nubes. Hasta cuando se resuelve que no lo ha habido.

La profesión de abogado es refugio de políticos en paro, que, en ocasiones, obtienen de esta manera una mampara tras la que ocultar una actividad de gestión o de tráfico de influencias, no regulada en España. En Estados Unidos esta coartada es innecesaria, porque el lobby —literalmente vestíbulo—, que se corresponde con esta actividad, está reconocida y reglamentada. Pero en España no es así. Por otra parte, dado el gran número de políticos que son licenciados en Derecho y la ausencia de otros requisitos para tener acceso a la profesión de abogado constituye una salida para los que tras un período en la vida pública carecen de otro retiro mejor.

Recuerdo una reunión en el despacho de un exministro y posterior abogado, en que un grupo de letrados, representantes de diferentes grupos internacionales, discutíamos una posible asociación para una explotación turística inmobiliaria. El exministro representaba a un grupo alemán. La reunión, que se prolongó durante un par de horas, era fluida y animada. Los interesados y sus abogados intervenían con viveza. También lo hacía el anfitrión. Tenía éste una voz de barítono, sonora y poderosa, que en tiempos le había conquistado fama de brillante tribuno. Cada vez que él terciaba en el debate lo hacía de modo idéntico.

—Ésa es una opinión extraordinariamente interesante —comentaba con cortesía andaluza—. Pero yo tengo también mi opinión. Martínez, haga el favor de decir cuál es mi opinión.

De esta manera, una y otra vez, daba entrada a Martínez, un hombre bajito y gris, con fino, estrecho e hirsuto bigote, con mechas de nicotina, que, materialmente aplastado por un sinfín de papeles, se sentaba junto a él. Lo hacía en una silla más baja, naturalmente, y algo más retrasada. Martínez era quien sabía algo —mucho— del tema de discusión y de la ley y reglamentos aplicables. Al darle la palabra, Martínez enunciaba su postura y el fundamento de ella, siempre en nombre de su jefe:

—Don Arturo piensa que… y cree don Arturo que sería más conveniente… por lo que, propone don Arturo… Aunque don Arturo considera que…

Pero la verdad —hay que reconocerlo— es que el expolítico lo hacía fenomenalmente. Su ignorancia enciclopédica quedaba disimulada por su actitud, su gesto y su mirada hacia los demás asistentes a la reunión. La enorme seguridad con que derivaba la responsabilidad de la intervención a su pasante, como si delegara en su portavoz aquello que no era digno de su personal explicación, era subyugadora. El gesto ampuloso, hinchado y redundante, se veía canalizado en palabras categóricas pronunciadas en voz bastante alta.

Hay que reconocer que un elevado volumen en las palabras da bastante buen resultado. O al menos, así lo piensan algunos. La representación de tan ilustre compañero, antes de hacer mutis por el foro, era digna de la ovación del público. Eso sí, a mí me hubiera gustado que al final de la función se hubiera sacado a Martínez a compartir el éxito, la vuelta al ruedo y los aplausos del respetable.

Pero esta ampulosidad, firmeza y grandilocuencia son fruto común en nuestra profesión. Coincidí en un restaurante con un ilustre compañero, más o menos de mi quinta, que, al entrar yo, se encontraba con unos conocidos e importantes hombres de negocios, sin duda clientes suyos. Lo saludé al cruzar junto a su mesa. En tono alto y claro, con cuidada pronunciación de sus palabras, desgranadas con lentitud, me devolvió cariñosamente mi saludo y me lanzó un:

—¡Tenemos que vernos! Llámame un día para que TE INVITE a comer.

Todavía hay clases.

La competencia es dura e implacable y ello produce muchos bienes, pero también algunos males. Y es que en España, a diferencia de otros países, los abogados tenemos muchas restricciones a la publicidad, aunque ahora parece que las cosas van por otros derroteros. En algunos lugares del mundo leemos en los periódicos anuncios como el siguiente: «Dr. Ramírez. Divorcios al vapor. Sin necesidad de desplazarse. Sentencia en 48 horas. Éxito seguro».

Por el momento estas invitaciones publicitarias no caben en nuestro país. Claro está que tampoco son posibles esas sentencias en dos días.

Hay otras formas de abuso que nos sonrojan a los abogados cuando pensamos en ellas. Pero todas han tenido lugar en alguna ocasión. Un individuo que prestaba servicio en determinado tribunal —no del Estado—, cuando acudía algún ciudadano a las oficinas, le preguntaba inmediatamente:

—¿Quién es su abogado?

—Ramírez —respondía el visitante—. Ernesto Ramírez. Me han dicho que es muy bueno.

—Hombre, yo no digo que no sea bueno —informaba el funcionario—. Pero para mí es de conciencia decirle que está muy a mal con el presidente del tribunal. La verdad es que antes sí. Antes ganaba muchos casos. Pero desde la pelea con él, ni uno. Es que fue tremendo. Y el presidente se la tiene jurada. Confío en su discreción, porque al presidente le sentaría muy mal que se supiese lo de la pelea. Pero yo que usted…

—¡Caramba! ¿Y ahora qué hago? —replicaba el desconcertado justiciable.

—Mire. Por hacerle un favor y como una excepción, porque me da pena verle tan perdido… Si usted quiere, aquí tengo una tarjeta de otro abogado. No se lo diga a nadie, pero éste tiene aquí vara alta… Ya me entiende.

También hemos copiado de otros países, afortunadamente con carácter excepcional, la iniciativa agresiva en la captación de los clientes. En otro tiempo nos reíamos con una película americana en que un conocido y popular actor acudía, correctamente vestido de luto, a los entierros de personas que fallecían a consecuencia de un accidente. Una vez reconocido el lugar —tanatorio, funeral home o semejante—, ojeaba a la llorosa viuda o a los sollozantes hijos del muerto. Despacio, se acercaba a ellos, arrastrando los pies, con gesto profundamente condolido y apretándoles ambas manos con las suyas o quizá, en algún caso, dándoles un fuerte abrazo, les expresaba su solidaridad en el dolor. Seguidamente, y antes de que cesara el impacto emocional de su pésame, les hacía entrega de su tarjeta profesional, en la que se expresaba su especialidad en torts, esto es, en las acciones de indemnización de daños y perjuicios, poniéndose incondicionalmente a su servicio. Decía: «Las penas con pan son menos».

Claro está que no todo el monte es orégano. En ocasiones el solicitante tenía que desafiar la cólera de los deudos del accidentado, ante tan inoportuna y descarada propaganda. Pero, en fin, todo compensaba si se obtenía un buen caso. Dice alguno que lo tiene todo calculado que estadísticamente, de cada diez entierros a los que acudía, le salía un asunto. Y un negocio que, sin poner capital, da un diez por ciento de interés no es para quejarse…

El modo de actuar, especialmente el norteamericano, es enormemente agresivo. Con motivo del fallecimiento en Estados Unidos de un conocido periodista español en un accidente de aviación recibí cartas de dos firmas de abogados de dicho país, en las que me pedían que entrara en contacto con su viuda para hacerle ofrecimiento de sus servicios. Ambos despachos limitaban su actividad a reclamaciones contra compañías aéreas de aviación ligera. Incluso una de ellas manifestaba contar con un departamento especializado en la marca del avión siniestrado, integrado por ingenieros que habían trabajado para el fabricante de estos aparatos. Por ello, conocían todos sus puntos débiles, lo que hacía más seguro el resultado de la reclamación, cuyo éxito estaba condicionado por los defectos de la avioneta o los descuidos en su mantenimiento. Su oferta incluía la financiación de los cuantiosos gastos periciales necesarios para la reclamación y de los desplazamientos de los familiares a Estados Unidos. Ellos corrían con todos los gastos a cambio de un modesto —insignificante— 40 por ciento del importe de la indemnización que se obtuviera, que ya inicialmente valoraban en siete dígitos de dólares. Ni que decir tiene que rehusé el encargo.

Pero hoy, tristemente, ya tenemos en los hospitales, merodeando al acecho de grandes accidentados o muertos, a abogados carroñeros que, aprovechando los momentos trágicos que viven los familiares, les presentan promesas color de rosa para obtener el encargo de la reclamación.

Pero hay abogados modestísimos, que, con gran esfuerzo y dignidad, desarrollan su vocación. Abogados que precisan para vivir del escaso estipendio que, por sus actuaciones en el turno de oficio, les abona la Administración. Además, soportan una no excesivamente buena reputación, pocas veces merecida. Curiosamente, hay clientes que están tutelados por el beneficio de justicia gratuita y que, amparados en una lamentación hipócrita de «como yo no pago», coaccionan a los letrados y les exigen lo que no obtendría ni Rockefeller.

—Deme usted el teléfono de su casa y el de su móvil por si se me ocurre algo fuera de las horas de trabajo. O en domingo.

—Ayer llamé por teléfono a su despacho y usted no estaba —se quejan algunos.

El ejercicio de la abogacía está difícil. Abogados con expedientes brillantes, con cursos de todas clases y colores, conocimientos de idiomas, informática y qué se yo cuántas cosas más, se dejan las pestañas escribiendo cartas, remitiendo cuidadosos, amplios y elocuentes currículos, que a veces no obtienen ni la cortesía de una respuesta.

Algunos abogados, que no renuncian al ejercicio, para cuyo acceso tanto han luchado y cuyo gusanillo ha ido creciendo en ellos con el tiempo y los sinsabores, compaginan esta actividad con un empleo administrativo, que les proporciona unos ingresos seguros con los que sobrevivir en espera de su oportunidad. Algunas situaciones, dentro de lo paradójico, inspiran una gran ternura.

Recuerdo que siendo yo secretario del Colegio de Abogados de Madrid recibí una carta de una joven compañera, que pedía que se la exonerase de la obligación de defender a una señora cuyo caso le había correspondido en el turno de oficio. En la solicitud presentaba su situación de la siguiente forma:

«He de decir, ante todo, que trabajo en la Empresa Nacional XX, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y una interrupción de una hora para comer. Ello me permite llevar algunos asuntos, aunque, por desgracia, no tengo muchos. También estoy dada de alta en el turno de oficio en la sección de familia. Y precisamente en relación con dicho turno, tengo que hacer una petición a la Junta de Gobierno, para que me excusen de un pleito que me ha correspondido y se lo adjudiquen a otro más experimentado que yo.

El caso es que fui designada para defender a Doña Josefa Martínez Gracia, que deseaba presentar demanda de separación contra su marido, Don Benigno Antúnez Rodríguez. Lo primero que hice cuando se me notificó la designación fue llamar a dicha señora y citarla al día siguiente para las seis de la tarde en mi casa. Normalmente, me da tiempo de sobra para llegar a esta hora desde las cinco en que termino el trabajo. Sin embargo, ese día salí algo más tarde y después se me juntaron toda clase de desgracias. Había una manifestación cortando las calles y que sé yo cuantas cosas más. El hecho es que llegué con veinte minutos de retraso. No crean ustedes que por eso la cliente estuvo desatendida, porque mi madre es muy cuidadosa con esas cosas y la recibió muy cortésmente. Incluso le dio un café para entretener su espera hasta mi llegada.

Pero, a lo que vamos. Después de tomar nota de su historia, que era bastante fuerte, escribí la acostumbrada carta a su marido, invitándole a entrevistarse conmigo para intentar solucionarlo todo amistosamente. A los tres días recibí una llamada. Era el marido. Le respondí amablemente, reiterándole mi ofrecimiento de diálogo para buscar un acuerdo. Pero el muy bárbaro no me dejó terminar y me increpó diciéndome. “¡So puta!, (y perdonen ustedes la expresión, pero eso es lo que dijo). Deja a mi mujer en paz o, si no, te las vas a ver conmigo. ¡Te voy a dar una paliza que te voy a matar!”.

Como comprenderán, a partir de ese momento, estoy muerta de miedo. Voy por la calle mirando para atrás. No me atrevo a salir de noche y, desde luego, no puedo presentar la demanda de separación contra ese energúmeno. Por eso, me atrevo a pedir que me releven de este asunto, en el que no voy a poder cumplir con mi obligación».

Naturalmente, fue relevada.

Esta posibilidad de ser abogado a tiempo parcial resulta insólita en una actividad tan difícil y trascendente, con necesidad de tanto estudio y tanta dedicación como la nuestra. Pero existe. A mí me parece como si un administrador de fincas urbanas, en sus ratos libres, operara cataratas o trasplantara riñones. Con todo el respeto para ambas profesiones y salvando las distancias. En algunos países, eso no estaría permitido. Pero hay que recordar que España es el único miembro de la Unión Europea —el único— que carece de unas pruebas de acceso a la abogacía. Eso es impensable en las naciones de nuestro ámbito cultural. El examen del barreau o para acceso al bar (palabras que nada tienen que ver con los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, sino con el foro o tribunal, al que los mexicanos llaman la barra) son norma. En todas partes es necesaria su superación para acceder a la abogacía. Menos en España. En lógica consecuencia con esta falta de importancia que se da a esta profesión tampoco aquí se vigila, inspecciona y exige que las instalaciones donde se ejerce la profesión alcancen un mínimo de dignidad. En Francia hay normas que cumplir a este respecto y cuando el despacho está instalado en el mismo piso que la vivienda, cosa común, aunque con tendencia al desuso, hay que mantener una separación e independencia clara entre ambas partes del inmueble. Como aquí no ocurre eso, a veces se producen equívocos.

Detuvieron a un letrado porque, acordado judicialmente un registro en su despacho, la policía encontró una maleta con una importante cantidad de droga. Al igual que en otros casos en que un abogado es detenido, la Junta de Gobierno del Colegio designa a otro compañero para que se persone en el asunto. Hay que constatar si es necesaria alguna actuación colegial, por poder estar comprometida, de alguna forma, la libertad e independencia del ejercicio profesional o el secreto, que es nuestro derecho y nuestro deber.

El abogado detenido alegaba que un cliente suyo, que residía fuera de Madrid, al que defendía en un asunto relacionado con tráfico de drogas, cuando fue a visitarlo al despacho le pidió que le guardara su maleta mientras buscaba alojamiento, cosa que él hizo sin sospechar nada. De pronto, se vio sorprendido por la intervención policial que le encontró la dichosa maleta. Antonio Conde, letrado designado por la Junta, acudió al recinto de la policía para esclarecer este hecho, siendo recibido por un agente que, a sus observaciones coincidentes con las del abogado detenido, opuso inmediatamente:

—Eso es un cuento chino. ¿Sabe dónde estaba la maleta? Debajo de la cama del abogado. ¿Qué hacía allí?

Antonio Conde quedó anonadado. Era difícil que las cosas fueran como el abogado decía, cuando la maleta había ido a parar al dormitorio y, dentro de él, debajo de la cama. Esta conducta denotaba cierta complicidad con el traficante o, al menos, un posible encubrimiento. La verdad es que Antonio estaba además muy molesto con el compañero, que no sólo no le agradecía sus gestiones, naturalmente gratuitas, sino que, encima, le mentía descaradamente sobre los hechos. Acudió a verle en este estado de ánimo y empezó por afearle su actuación:

—¡Hombre! No solamente nos metes en este lío, sin importarte el daño que puedas hacer a la profesión, sino que, con toda tu cara, nos mientes.

—Te juro que es como yo te digo —replicó el abogado detenido—. Vino el cliente y estuvimos una hora o poco más en el despacho, preparando su defensa. Luego se marchó para buscar una pensión y me dejó la maleta, prometiendo volver por la tarde a buscarla. Y antes de que volviera, lo hizo la policía, que encontró la maleta en cuestión.

—Pero no seas caradura —insistió Conde—. Si la tenías debajo de la cama. ¿Qué explicación tiene eso, vamos a ver?

—No la iba a dejar en medio de la habitación. La empujé debajo del sofá-cama. Si tienes en un estudio el despacho y la vivienda, no creerás que sobra el espacio. Con una sola habitación, minicocina y cuarto de baño, ¿dónde quieres que metiera la maletita…?

Hay una práctica que aborrezco. Está propiciada por la Ley. Por una mala ley. Una norma que pretende encontrar su fundamento en un pensamiento para la galería. Los legisladores, muchas veces políticos sólo preocupados de su reelección o de su popularidad dentro del partido que les ha enviado a las Cámaras en una lista cerrada, ignoran las realidades y disparatan cara al público, que, quizá, cree los argumentos falaces que emplean.

Me refiero a la posibilidad de que en las separaciones o los divorcios puedan ambos esposos valerse de un mismo abogado. Parece con ello propiciarse un ahorro. Se da así pábulo a fáciles acusaciones populares.

—Con lo que cuestan los abogados. Y además lo enredan todo.

Reducir así dos abogados a uno parece encomiable. Naturalmente, se establece esta posibilidad para las solicitudes de mutuo acuerdo.

—Si ya están conformes los cónyuges con los términos de su ruptura, la existencia de un letrado para cada parte —se dice— es un gasto inútil.

Puede ocurrir que en algún caso excepcionalísimo —y digo excepcionalísimo, porque así es— la pareja que se rompe no tenga nada que discutir. Que su ruptura no plantee problema alguno. Llevan poco tiempo unidos, no tienen hijos, el apartamento en que viven es alquilado recientemente, su régimen económico es el de separación de bienes y cada uno tiene un empleo, con ingresos semejantes. Su convenio de separación es elemental. No hay consecuencias que regular. En este caso, que, como se deduce de su descripción, es muy poco frecuente, la labor del abogado —quizá— se limita a dar forma a la petición y llevarla al juzgado. En este caso, y sólo en éste, podría bastar uno.

Pero en todos los restantes supuestos, que son la inmensa mayoría, no es así. Rotundamente. Porque el legislador parece contemplar la cuestión cuando ya existe un convenio suscrito y firmado por quienes se separan y de lo único de que se trata es de la presentación del acuerdo al juzgado. Para eso basta un solo abogado. Olvida, sin embargo, que el convenio no es el PRINCIPIO del proceso de mutuo acuerdo, sino el FINAL. Para llegar a tan recomendable resultado hace falta un esfuerzo notable de ambas partes para realizar mutuas cesiones; para relegar al olvido recíprocas imputaciones y acusaciones; para anteponer el interés de otros —los hijos— a la satisfacción de rencores o reivindicaciones. Y además —esto es fundamental—, para alcanzar estos resultados hay que comenzar por conocer, por saber. Es necesario que los dos sean conscientes de los derechos de uno y otro y de sus obligaciones respectivas. La información es esencial. Hasta las guerras las ganan los servicios de información o de espionaje.

Para adquirir estos conocimientos es preciso la asistencia de un abogado experto, en quien se confíe, que proporcione un asesoramiento INDEPENDIENTE a cada uno de ellos. Porque, nos pongamos como nos pongamos, las posiciones de las partes son contrarias y contradictorias. Donde empieza el derecho de uno termina el del otro. Cada facultad de una parte se corresponde con una obligación de su marido o mujer. El tiempo que los niños van a estar con uno es el que NO van a permanecer con el otro. El dinero que uno cobre lo paga el otro. Y así sucesivamente. No es casualidad que en la mayor parte de los países occidentales se exija para la validez de un contrato matrimonial la seguridad de que cada uno de los firmantes ha recibido asesoramiento independiente.

—La verdad —dice uno de los cónyuges, con más frecuencia el marido, al otro— es que con lo que cuestan, lo mejor que podemos hacer es tener un abogado para los dos. Así lo han hecho los Fernández y lo han resuelto todo estupendamente. Si te parece, vamos a hacerlo nosotros igual. Además, tenemos la suerte de que podemos contar con Anselmo. Sí, mujer, Anselmo Paradio, el abogado de mi empresa, que, por suerte para ti, va a tirar más para tu lado que para el mío. No, si él siempre dice que eres fantástica. Y que te quiere muchísimo. Te adora. ¿Que ahora no te acuerdas de quién es? Cuando le veas ya le reconocerás. Para ti es la mayor garantía. Yo soy el que asume riesgos. Con lo justo que es. Y encima, muy barato y muy considerado. Y uno solo para los dos.

Con éste o parecido discurso Eugenia Riosalido accedió a suscribir el convenio regulador de su separación, que le proponía el abogado de los dos, asesor permanente de la empresa de su esposo. No iban a separarse físicamente en ese momento. Iban a continuar viviendo juntos, pero ante el estado de sus relaciones era mejor ir preparando lo que finalmente podía ocurrir. Especialmente con los bienes, porque los hijos —dos—, ya mayores, hacía tiempo que habían dejado el hogar familiar. Había una dificultad. El patrimonio ganancial estaba formado por las acciones de la empresa familiar, de la que era titular Rosendo, quien la dirigía, y la casa donde vivían, propiedad del matrimonio. Nada más de importancia. La señora no tenía ni idea de negocios. Siempre se había ocupado del hogar y de la familia, por lo que estaba dispuesta a que Rosendo continuara con la empresa. Era lo lógico. Pero el valor de los bienes era muy diferente. El piso, soberbio, valía unos ciento veinte millones de pesetas. El negocio, unos trescientos cincuenta.

Había que partir, pues, de que el marido se quedara con la empresa. Él era quien la hacía fructificar y ella sólo podía ser un estorbo. Rosendo, por su parte, comprendía el apego que su mujer tenía a la casa, que ella había decorado hasta en sus menores detalles. Además, le proporcionaría, dado su valor, una seguridad para el futuro. Siempre la podía vender, mudarse a otra más pequeña y barata, y le quedaría libre la diferencia. Sobre estas bases, con el abogado de la empresa, que —como decía el marido— tanto quería a la esposa, se suscribieron los oportunos documentos.

Pasaron algo más de cuatro años, en que la convivencia —la mala convivencia— se mantuvo entre Rosendo y Eugenia, hasta que un buen día aquél le dijo a ésta:

—Mira, Eugenia, ya no puedo más. Esta vida es un infierno. Tenemos que separarnos. Ya. Por otra parte, como hemos tenido la precaución de firmar la separación de nuestros bienes, la cosa es bastante sencilla. Y además ya sabes cómo soy yo de generoso. Tampoco quiero acuciarte. Tómate el tiempo que necesites para buscar otra casa y marcharte. El que precises, dentro de lo racional, claro. Sin abusar. Digamos dos o tres semanas. O incluso hasta un mes.

Eugenia creyó no haber oído bien.

—¿Cómo dices, Rosendo? Serás tú el que tenga que marcharse. Eso fue lo convenido. La casa es mía —le replicó

—¡Que te crees tú eso! La que se tiene que marchar eres tú —insistió el marido.

Muy pocos días después Eugenia acudía a mi despacho a aclarar su situación, bien provista de todos los documentos de su liquidación de la sociedad de gananciales.

—Lo tengo muy claro —me dijo—, pero como he visto a mi marido tan fuerte y decidido en sus afirmaciones de que era yo la que tenía que dejar la casa, prefiero que me lo confirme. Yo sé —no crea que soy totalmente tonta— que él salía beneficiado con el reparto de los bienes. La empresa vale mucho más que la casa. Pero, al fin y al cabo, él la creó y la dirige, y yo no sé nada de eso. Para mí, me he conformado con la casa y eso es lo que tengo: la propiedad de la casa. Y una pensioncita.

Comprobé la escritura cuya copia me traía. En ella se consignaban como inventario de la sociedad de gananciales dos bienes importantes además de unos pequeños saldos de cuentas corrientes: el piso, domicilio conyugal, por un valor de 120 millones de pesetas y las acciones de la empresa, por su valor nominal de 90 millones. Los valores eran sensiblemente inferiores a los reales, cosa habitual. Partiendo de ellos, se adjudicaba a Rosendo Artame todas las acciones por su importe valorado de 90 millones (aunque ella afirmaba que valía 350 millones). En cuanto a la vivienda, se adjudicaba a Eugenia Riosalido. Se le atribuía efectivamente su propiedad, pero… sólo la NUDA propiedad por 105 millones. Por los restantes 15 millones se confería a Rosendo el USUFRUCTO VITALICIO sobre el piso. O dicho de otro modo, Eugenia tenía la propiedad desprovista, mientras viviese su marido, de todo derecho a usar o disfrutar de ella —sólo la nuda propiedad—, mientras que éste no era el dueño, ni falta que le hacía, sino el usufructuario, lo que le permitía continuar viviendo en ella hasta el fin de sus días. Y, encima, se había quedado con la totalidad de la empresa.

—Pero aquí dice —insistía la pobre Eugenia— que yo tengo la propiedad del piso: la PRO-PIE-DAD. Y eso es lo que siempre me dijo Anselmo Paradio, el abogado de la empresa de mi marido, ya que, según sus afirmaciones, todo se hacía para protegerme a mí. Yo tengo la propiedad del piso, ¿me entiende? Soy la dueña, la propietaria.

—Sí, señora, usted tiene la propiedad, pero NUDA: desnuda. Sin el derecho a vivirla. Y como su marido tiene el usufructo vitalicio, hasta que él se muera seguirá así: usted tendrá la propiedad, sin más, y él tendrá derecho a vivirla o alquilarla, aunque no a venderla o hipotecarla. Eso sí, cuando él fallezca, tendrá usted la plena propiedad. Entonces sí podrá hacer lo que quiera. Pero no hasta ese momento. Y como han pasado más de cuatro años desde la firma de la escritura —que ya se ha cuidado él muy mucho de que así sea—, ni siquiera tiene usted derecho a una acción para rescindir el contrato por lesión.

Por poco se desmaya. Con lo que la quería el único abogado. El de su marido…

Hay un símbolo dentro de la abogacía al que necesariamente he de referirme. Se trata de la toga. Desde antiguo, y en prácticamente casi todos los países del mundo, la acción de la Justicia se asocia con el uso de ciertas ropas y la utilización de determinadas enseñas. Las salas de los tribunales normalmente contienen balanzas, representativas del equilibrio de la Justicia; banderas que definen las naciones y las regiones; y retratos que identifican a los monarcas, tiranos o gobernantes. Dentro de este escenario, que trata de magnificar las determinaciones que de allí salen —prisiones o puestas en libertad, declaraciones o negaciones de propiedad, incapacitaciones o condenas al pago de indemnizaciones, y tantas y tantas decisiones de enorme trascendencia—, tienen suma importancia los actores. A éstos hay que vestirlos en consonancia con la función que realizan.

En Inglaterra, además de las togas, todavía se usan pelucas, de largos tirabuzones para los jueces, y cortas, con coleta y lazo, para los barristers o abogados que actúan en los tribunales. Por cierto que las pelucas, que están hechas de crin de caballo y duran toda la vida, proporcionan un útil disfraz y un cierto grado de anonimato, muy útiles en algunas circunstancias. Según Christopher Allan, cuya compañía Ede & Ravenscroft ha venido fabricando pelucas desde 1689, a partir de 1760 los únicos que han usado pelucas han sido los obispos, los jueces y los abogados. Los obispos abandonaron esta costumbre en Inglaterra desde la coronación de la reina Victoria en 1837. Jueces y abogados persisten. Muchos países de la Commonwealth han mantenido esta exótica costumbre después de su independencia. En España quizá fue Jovellanos el primero que se despelucó, porque antes también nosotros usábamos este adminículo.

En Estados Unidos sólo los jueces llevan toga. En Francia la toga tiene un babero, como en Bélgica. Y así, con ciertas variantes, los demás países de nuestro entorno.

En España las togas son sobrias. Los jueces las llevan con vuelillos o puñetas, hechas de encaje de bolillos, además de una insignia como de sheriff, que también distingue a los fiscales. En tiempos ya pretéritos, para actuar en los tribunales en juicios y vistas había que cumplir con el requisito de «guardar sala». Esta exigencia comprendía no sólo el uso de la toga, sino del traje negro bajo ella, camisa blanca y corbata, calcetines y zapatos también negros. Esta negrura del vestido era la lógica consecuencia de aquella de la toga y una medida de armonía y buen gusto. Antes se utilizaba corbata de pajarita, acorde con el concepto de etiqueta que la toga representaba, y birrete, sombrerete parecido al bonete curil. Pero la nueva ley redujo estas exigencias, como consecuencia de lo cual cada uno va bajo la toga como le da la gana. La verdad es que el espectáculo ha mejorado en su aspecto folclórico. Magistrados y abogados hacen gala de sus malos gustos, mezclando la sobria y digna toga con marrones y verdes. ¡Un horror! Incluso he litigado contra un fiscal jefe de una provincia al que le asomaban bajo la toga unos pantalones vaqueros.

La exigencia de toga era variopinta en los juzgados civiles en los actos que tenían lugar en sala. Unos sí y otros no. Vamos, para contribuir a la natural confusión. Pero al entrar en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que subraya la obligatoriedad de que los jueces asistan a los juicios (cosa absolutamente elemental), éstos, a pesar de que esta Ley no contiene la palabra toga en su texto, han decidido contraatacar requiriendo casi unánimemente su uso. Que conste que a mí personalmente me parece perfecta su exigencia. Lo que ha ocurrido es que esta decisión, tomada de improviso, provocó que durante unos días hubiera una escasez abrumadora de togas en los juzgados. Al salir de un juicio, los abogados que habían intervenido en él se veían asaltados por los que iban a entrar y que no tenían la preceptiva toga. Unos y otros se traspasaban el ropón, sin consideración alguna al sexo —son unisex— o lo más importante, al tamaño —estatura, envergadura y peso— del usuario. La verdad es que el espectáculo, hasta que se han suministrado las nuevas togas y ha habido donde elegir, ha sido tercermundista. Unos abogados de uno noventa lucían togas por medio muslo, con mangas por el codo, que les mantenían los hombros para atrás, sin posibilidad de medio cerrarlas. Sus actuaciones en estrados venían condicionadas por lo limitado de sus movimientos, de forma que apenas podían sacar papeles de sus carteras. Otros u otras, mientras tanto, arrastraban las suyas, barriendo el suelo de colillas y otros desperdicios, mientras las mangas ocultaban sus manos fantasmagóricamente. La imagen de república bananera estaba servida.

La verdad es que la toga es hermosa y dignifica el ambiente de un tribunal en sesión. Es cierto que da bastante calor en verano, cuando los juzgados no tienen aire acondicionado. En otros tiempos había togas de verano, de fina seda, incluso de brillante raso, y de invierno, de pesado y grueso paño, con las vueltas de terciopelo. Y es que en Burgos, en el mes de enero, en un palacio de Justicia sin calefacción toda protección era poca. Los magistrados, en ocasiones, bajo la mesa de pesada caoba ocultaban braseros, que les permitían sobrellevar su función, al mismo tiempo que contribuían a la siempre viva tradición y tendencia a su adormilamiento.

En una ocasión nos encontrábamos en una comparecencia ante un juzgado de Familia de Madrid, una compañera que defendía al marido y yo, que representaba a la mujer. Era a principios de julio y el calor apretaba. La juez, joven y atractiva, exigía la toga. Decía ella que la imponía para aumentar el respeto debido a la figura del juez.

Al principio del acto, ya sentados en nuestras posiciones, frente a frente los letrados de las partes litigantes, hubo que suspender la sesión unos instantes mientras llegaba el procurador contrario. Permanecimos en nuestros sitios porque la espera prometía ser breve. Quedamos en silencio. Quietos en nuestros estrados. Nos mirábamos unos a otros, con la natural incomodidad derivada de la formalidad de las posiciones. Todos con toga y mucho calor. Y más espera. Y más incomodidad. Y más miradas, salpicadas por forzadas medias sonrisas.

La letrada contraria, mujer de amplia experiencia, rompió el embarazoso silencio:

—Qué calor hace —dijo.

—Es verdad —contestó la juez.

—Y nosotros con toga —insistió la veterana abogada.

La juez, sin duda, creyó que le estaba lanzando una indirecta por ser ella una de las pocas jueces que exigían la toga, y, un poco tensa y algo molesta, con voz autoritaria, respondió:

—Yo soy la primera que lleva toga, no crean ustedes.

La abogada, consciente del tono de la juez, pretendió disminuir la tensión que parecía haber causado su observación e hizo un comentario, que pretendió jocoso:

—Y además su señoría con puñetas.

La juez no apreció la broma y contestó cortante, poniendo fin al diálogo:

—Es que todavía hay clases.

Un aire gélido procedente del Polo Norte entró súbitamente en la sala de audiencias. Afortunadamente, la procuradora ausente compareció y pudo iniciar el acto. Sin más sonrisas, ni más bromas.

Entre las singularidades de los abogados está el nombre que se da a nuestros despachos. Para los médicos se trata de la Consulta, la Clínica o el Hospital; para nosotros, un estudio de abogados, es un Bufete. Claro está que a algunos que son muy finos y muy internacionales, la palabra no les suena a española. Lo llaman el «bufé», suprimiéndole la sílaba «te» final. Incluso, pronuncian la «u» a la francesa. La cursilería nos convierte de esta forma en restauradores y suministradores de apetitosos platos de comida, que cada uno debe servirse a su gusto.

Los abogados tenemos que estar dispuestos a reaccionar ante situaciones de sorpresa. Porque lo sorprendente está en nuestro quehacer diario.

Cuando iba a firmar una escritura de compra de un terreno nadie me podía haber puesto sobre aviso de lo que iba a ocurrir. Estábamos en la Costa del Sol. Ya se llamaba así, pero no era ni remotamente lo que es hoy en día. Para decirlo de alguna forma, era antes de Banús, don José Banús, hasta entonces conocido por haber hecho las obras del Valle de los Caídos y el barrio de la Concepción en Madrid. Eran días en que Banús no había comprado los terrenos sobre los que se construiría el puerto, que llevaría su nombre, ni la urbanización, hoteles y golf, que él desarrollaría. Era el momento de la especulación. Las fincas, hasta entonces agrícolas, se compraban y vendían varias veces durante la misma semana. Cada uno de los intervinientes ganaba un montón de dinero. Porque en cada transacción se duplicaba el precio. Claro está que el único dinero de verdad era el de la señal. Un millón de pesetas. El mismo millón. Y tres meses para pagar el resto. Éste era el plazo para que cada comprador vendiese lo comprado y, con el dinero percibido, pudiera a su vez pagar el resto del precio de su compra. Y esos tres meses eran los de la locura. Todos vendiendo y comprando, cada vez más caro. Hasta que llegaba el último. Siempre había un último. El importe fijado era para entonces tan exorbitante que, finalmente, no se presentaba ningún nuevo adquirente. La rueda se había detenido. El último comprador veía cómo el tiempo transcurría inexorable. Su fecha de pago se aproximaba a pasos agigantados. Y no había comprador a la vista. Ni rebajando un poco el precio. Nada.

Finalmente, llegaba el día «D». Y ese último comprador no pagaba al penúltimo, que resolvía el contrato y recuperaba la finca, quedándose con la señal. El millón. Pero él a su vez no podía pagar el resto del precio de su compra y le resolvían el contrato y perdía la señal —el millón— a favor de su predecesor, al que le ocurría exactamente lo mismo. Y así sucesivamente. Hasta que el terreno volvía a su propietario original, que unos tres meses más tarde, y a través de la misma cadena de compradores, ahora recorrida en sentido inverso, la recuperaba. Éste había ganado el millón de pesetas: el único, original y verdadero millón de pesetas. Todo quedó igual. Excepto que algunos de los sucesivos propietarios de la cadena, a cuenta de la fortuna que iban a ganar, se habían enredado en inversiones o gastos que no podían sufragar, y se encontraban al borde de la ruina y la desesperación.

Éste era el ambiente. Pero la realidad es que a trancas y barrancas, con períodos de euforia y otros de desesperanza, se fue haciendo ese fenómeno que es la Costa del Sol, que soñaron el marqués de Nájera y el príncipe Alfonso de Hohenlohe, Miguel García Rico y el mencionado Banús.

Pues bien, en esta época se concertó la compra de una extensa finca, hasta ese momento rústica, en la que se proyectaba desarrollar una importante urbanización. Los principales compradores eran un banco de Basilea y una empresa alemana dedicada a la venta de casas de vacaciones. Por cierto, que era un espectáculo cómo vendían estos comerciales de Stuttgart. Primero captaban a los clientes en Alemania, donde les ponían unas películas maravillosas, con fondos musicales del Caribe y los mares del Sur —¡qué más daba!; todo era playa y mar— y unas imágenes tomadas en otros lugares parecidos, porque los que vendían no estaban construidos. Las carreras de niños rubios y orondos, exhibiendo su felicidad en libertad y juegos, con sonrisas resplandecientes, y chapuzones en el agua. Las mujeres todas bellísimas, en bikini, languideciendo al sol, morenas de piel tostada, recortándose contra las palmeras y las buganvillas. Los hombres leyendo con placer irresistible, mientras disfrutaban de doradas y espumosas cervezas. Los espetones de sardinas haciéndose en la playa, mientras el sol se ponía en medio de un derroche de colores. La película constituía un avance del Paraíso, versión malagueña.

Los presuntos clientes, una vez convencidos en origen de que debían, al menos, visitar la zona, firmaban un precontrato. El viaje era rápido —veinticuatro horas— en un chárter baratísimo. Además, si compraban una parcela, un chalé o un apartamento, este primer desplazamiento era gratuito. Una vez embarcados, unas preciosas azafatas y unos no menos apuestos vendedores no les dejaban ni a sol ni a sombra, engatusándoles con habilidad y dedicación. Llegados al destino al anochecer, eran dirigidos a un hotel con inspiración arquitectónica de castillo medieval, aislado de toda contaminación comercial local, donde pasaban la noche. Al día siguiente, en autobuses, siempre escoltados por azafatas y vendedores, eran conducidos a la urbanización. Allí el espectáculo era fabuloso. No sólo desarrollaban sus artes vendedoras con fruición, acuciando y engatusando a los candidatos, sino que cada vez que alguien firmaba o manifestaba su intención de comprar, unos altavoces anunciaban la conclusión de la operación, con acento de triunfo y premura.

—¡Se ha vendido la parcela 57 a la familia Moldenauer! Ya quedan menos. Dense prisa en reservar la suya. (Todo eso en alemán, claro, que es mucho más hiperbólico).

La realidad es que a la segunda o tercera vez que se anunciaba una venta se iba generando una psicosis entre los potenciales compradores, de que o corrían mucho y compraban ya o se iban a quedar sin su participación en la Gloria terrenal. ¡Fantástico!

Pero sigamos con nuestra historia. Además de los dos socios citados, compraban también la finca un financiero francés y otra firma de inversiones de Ginebra, así como una entidad española, que yo asesoraba.

Ultimada la operación, se trasladaron a Fuengirola los cuatro representantes de estas importantes entidades extranjeras, en compañía de sus cuatro abogados para la formalización final. Éramos, pues, diez las personas que componíamos el grupo comprador. La firma ante el notario de la localidad estaba señalada para un martes a las siete de la tarde.

El vendedor era un joven de unos veinticinco años, muy peludo, al que el vello del pecho le salía por el cuello de la camisa y se le unía, formando un todo, con la barba. Como su cara estaba afeitada, había compuesto una imaginaria línea fronteriza entre la barbilla y el pecho, para delimitar hasta dónde se afeitaba y desde dónde crecía la masa pilosa en todo su efervescente poderío, cuya línea llegaba apenas al mentón. Pero este muchacho era el representante de su madre y de una tía suya, hermana de ella, viudas ambas, que eran las dueñas de la finca por herencia de sus padres. A estas mujeres no las conocía nadie, ni nadie las había visto en ningún momento de la negociación.

Cuando llegó el momento del otorgamiento de la escritura, el intermediario nos dijo que si no nos importaba, la firma iba a tener lugar en casa de las vendedoras, dada su edad avanzada, ya que ellas apenas salían de su domicilio. Y hete aquí que todos nosotros —los diez, además del agente, del notario y de un oficial de éste, en total trece personas— nos plantamos a la hora indicada —las siete— en casa de las dos propietarias. Tras varias vueltas por la parte más vieja del pueblo, finalmente dimos con las señas. Llamamos a la puerta de una casucha, de una planta, que en la blanca fachada tenía una multitud de macetas, un farol negro y una virgen de cerámica de colores en una hornacina. Cuando entramos, nos aglomeramos en un vestíbulo en el que, apretados y de pie, apenas cabíamos todos. El hijo y sobrino de las dueñas nos recibió con estas palabras, que tuvimos que traducir al francés, inglés y alemán:

—Hagan el favor de esperar un momento, que mi tía y mi madre no están listas todavía para firmar —y añadió con cierto retintín—: Si es que firman…

—¿Cómo dice usted? ¿Que a lo mejor no firman? Después de que todos estos señores se han desplazado desde sus países y de que han movilizado el montón de dinero del precio, ¿cabe que no se firme?

—Tengan ustedes en cuenta que son muy mayores —excusó el hijo y sobrino.

—Ni mayores, ni nada. Eso es un disparate. Pero vamos a ver, ¿de qué depende de que firmen?

A un lado del vestíbulo daba una puerta doble, con cristal cubierto de un visillo, que dejaba pasar cierta luz. Al otro lado se oía un murmullo monótono de voces. Apuntando en esa dirección con la cabeza, el hijo y sobrino nos dijo:

—Del resultado de sus oraciones. Están rezando el rosario. Piden a Dios que les ilumine sobre la conveniencia o no de efectuar la venta.

Apresté el oído a la puerta, de lo que resultó ser el comedor, y pude percibir:

—Salus infirmorum.

—Ora pro nobis.

—Refugium pecatorum.

—Ora pro nobis.

Afortunadamente, estaban en las letanías que ponían fin al rosario. Unos minutos después entró el hijo y sobrino en el comedor, de donde salió con una sonrisa:

—Se firma. Se firma.

Por fortuna. Fumata bianca.

Otra particularidad de nuestra profesión referida a quienes la ejercemos en su vertiente de tribunales es que, como en el deporte o en la guerra, siempre hay una confrontación. Siempre hay un abogado que gana y otro que pierde, a menos que el juez no le dé la total razón a ninguno de ellos. En este caso sus respectivos clientes considerarán —los dos— no que han empatado, sino que han perdido ambos. Los porcentajes de éxito o, mejor dicho, de obtener el reconocimiento del cliente son, pues, bajos. Es como si a un médico se le muriesen uno de cada dos enfermos. O a un arquitecto se le cayesen una de cada dos casas. O a un ingeniero naval se le hundiesen uno de cada dos barcos que hubiese diseñado. Más o menos. No es lo mismo, pero se parece.

A esto le unimos que, además, es una profesión en la que sólo cabe el éxito rotundo. Porque hay que partir de que el cliente tiene razón. O, al menos eso se cree él. Lo normal y lógico, pues, es que le den la razón y venza en la contienda. Por tanto, cuando no se la dan sólo caben tres posibilidades: o el juez está vendido a la parte contraria; o es el abogado el que está vendido; o éste es un ignorante.

La verdad es que para el abogado únicamente la primera posibilidad le deja personalmente en un lugar honroso, aunque como parte de eso que se llama la Administración de Justicia tampoco queda muy bien.

Las otras dos posibilidades también son espantosas para él. O es un corrupto o un imbécil. Difícil nos lo ponen. Cabe una cuarta alternativa. Llevado de su infinita benevolencia, el cliente defraudado puede pensar que el abogado no se ha ocupado lo bastante. No es muy buena, pero comparada con las anteriores hasta se agradece.

Afortunadamente, hay excepciones. Hay clientes que agradecen y comprenden los esfuerzos que se hacen en su defensa y la dificultad, a veces insuperable, de obtener los resultados apetecidos por él. A esos clientes, vaya nuestro reconocimiento a su talento. Así van a extraer de nosotros hasta nuestra última gota de entusiasmo.

II
EN BUSCA DEL PADRE PERDIDO

La verdad es raramente pura y nunca sencilla.

OSCAR WILDE, La importancia de llamarse Ernesto, I.

Existe un tema, en otros tiempos totalmente sustraído a la abogacía, que ahora ha cobrado una manifiesta actualidad. Me refiero a los pleitos de paternidad o de filiación. Como ocurre con gran frecuencia en nuestro país, pasamos de un extremo a otro sin tramitación. El péndulo, que en un momento se inclina con fuerza hacia un lado, pasa vehementemente al otro costado: al más lejano.

Tradicionalmente, en nuestro Derecho estaba prohibida la investigación de la paternidad. La defensa de la familia matrimonial pasaba porque los hijos engendrados durante el matrimonio, teniendo en cuenta las fechas límite consideradas por la ciencia para la gestación —entre los trescientos y los ciento ochenta días anteriores al parto—, eran del marido. La única posibilidad de rechazar la paternidad era acreditar una imposibilidad absoluta de haber tenido relaciones sexuales el marido y la mujer durante esos períodos. En cuanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio, la paternidad se determinaba por el reconocimiento, aunque limitada a los que en el momento supuesto de la procreación no estaban casados con otra. O no podían casarse por ser sacerdotes. La santidad de la unión conyugal impedía que un marido pudiera tener hijos fuera de su matrimonio y la del orden sacerdotal, en ningún caso. Y como no podían tenerlos, pues no los tenían. Y se acabó. La infamia caía sobre la madre soltera y más sin padre reconocido de su criatura. Esta situación llevaba a una cantidad sin número de disparates. Madres de muchachas deshonradas fingían, con anuencia de sus maridos y colaboración de algún médico o comadrona, ser ellas quienes daban a luz, convirtiéndose en madres de su nieto, que era hermano de su propia madre.

La hipocresía del momento se tradujo en diversas disposiciones legales, sin duda bien intencionadas, pero pacatas, que pretendían minorar los efectos para los hijos de estas limitaciones legales. Así se autorizó la inversión de los apellidos de la madre. Hay que tener en cuenta que, al no existir un padre formal en el Registro, el nacido llevaba los apellidos de la madre únicamente. El hijo de Rosario Méndez Rodrigo se llamaba José Méndez Rodrigo. De esta forma se evidenciaba a simple vista su origen sin padre y, naturalmente, la deshonra familiar. Pero si podía llamarse Rodrigo Méndez ya no era lo mismo. Podía existir un padre con el apellido Rodrigo, mientras que el segundo se correspondía con el primero de la madre, como es de ley.

Otra posibilidad era la de anteponer al primer apellido materno, uno de uso común. El propósito de esta norma era que el hijo de la señorita Méndez Rodrigo ocultara el revelador primer apellido igual al de su madre, tras un García, Gómez o Sánchez. El requisito de que fuera de uso común permitía la labor de despiste sin necesidad de una atribución a una familia específica, dada la abundancia de Lópeces o Rodrígueces. No estaba mal como maniobra de camuflaje. Claro está que al amparo de esta norma, contando con la benevolencia de algunos jueces encargados de los Registros Civiles, en ocasiones se amplió de modo inusitado la vulgaridad de ciertos apellidos. La verdad es que en muchos casos lo que se intentaba es poner al niño por esta puerta trasera el apellido de su verdadero padre, que estando casado, no podía reconocerlo. En cierta ocasión se propuso un Iribangorrieta para anteponer a un García materno. Lo corriente del apellido pretendía fundarse —la verdad es que no muy sólidamente— en la guía de teléfonos. Se habían encontrado hasta tres abonados con este nombre en España, de los que, por cierto —¡qué casualidad!— uno de ellos era el del verdadero padre del recién nacido. La comprensión y humanidad de un buen juez coincidió con la solicitante en que el apellido, si bien no era uno de los más frecuentes en nuestro territorio, era lo bastante corriente para poder encajar en la Ley.

En otra ocasión el padre de una jovencita, prematuramente embarazada por un novio que ante la inminente paternidad se dio a la fuga, buscaba soluciones para allanar el camino de su futuro nieto. No quería un padre para él como el que su hija había elegido: un mangante. Por otra parte, ese padre estaba en paradero desconocido. La posibilidad de que su nieto afrontara la vida como hijo de madre soltera le enfermaba. Con lo de derechas que era él. Qué iban a decir sus amigos. Él tenía dinero. Pero ¿de qué forma sus medios le podían ayudar en tan espinosa cuestión?

Alguien le brindó la idea. Con la cantidad de pobres hombres, viudos o solteros, que terminaban sus días de forma lastimera en asilos, a los que sería una bendición del cielo una ayuda económica. Puso manos a la obra. En una de esas instituciones encontró un anciano de casi noventa años, viudo y sin hijos, que por una mejora en sus condiciones de vida estaba dispuesto a casi todo. Dentro de lo que él podía.

Un mes antes del alumbramiento de su nieto, con suma discreción y en la más estricta intimidad, contraía matrimonio la hija del potentado y el anciano asilado. El niño nació en el seno de un matrimonio. El marido, cumpliendo su obligación, murió muy poco después, de manera más placentera, sin haber visto a su mujer más que unos breves minutos en la boda. Tuvo un entierro de primera.

El cambio que se ha operado en nuestra sociedad ha favorecido la modificación de la Ley. Frente a aquellas madres solteras que intentaban que su burlador reconociese el fruto del pecado, con heroica resistencia del varón, existen hoy otras, cada vez más abundantes, que pretenden lo contrario. Madres, o futuras madres, que acuden a los despachos de abogados para informarse acerca de los medios que tienen para evitar que los coautores del embarazo reconozcan a los hijos que vayan a nacer. El rechazo de la sociedad a estas situaciones de maternidad sin paternidad ha desaparecido o, al menos, se ha mitigado de modo sensible. En cambio, existe una aguda conciencia de los inconvenientes de compartir una patria potestad con quien no se quiere compartir la vida; con aquél a quien no se quiere. Normalmente, este hombre va a tener su propia familia. Mientras tanto, la madre, lo más seguro es que se case, pero con otro, y con éste forme un hogar y otros hijos, que pueden verse afectados por la intromisión de aquel ciudadano, que quizá pretenda —es, incluso, su deber— ejercer la paternidad. A lo mejor, cuando el día de mañana la madre encuentre a otro hombre con el que formar su propia familia, éste querrá integrar a ese hijo de otro en su propio círculo. Podrá adoptarlo, sin problemas y sin opiniones ajenas. O también reconocerle como suyo —figura jurídicamente no muy ortodoxa, pero socialmente muy extendida—: el reconocimiento de favor. De esta forma quedará totalmente integrado en la familia. Y será un hermano de sus hermanos. Mientras que si el padre verdadero, el biológico, le reconoce ahora, eso será irreversible y tendrá derecho —y deber— de opinar. Y no digamos, a verle. Tendrá un derecho de visitas, que ejercerá incrustándose en la vida familiar futura de la madre con otro y con otros hijos. No es que necesariamente ocurra nada especial por ello. Ahí están esas mismas mezclas en los divorcios. Pero hay quien prefiere evitarlas. Si puede.

Un conocido financiero, casado y con cuatro hijos, mantenía una relación amorosa con una candidata a actriz de cine, llegada a Madrid desde una provincia española. Se convirtió en su protector. Públicamente la paseaba de su brazo por todas partes y aparecía con ella en público en todas las ocasiones en que podía. Su relación era universalmente conocida en su círculo de relaciones. Pronto, el prócer le puso un piso. Y no mucho más tarde, la aspirante a cineasta quedó embarazada.

El padre de la criatura que iba a nacer no podía reconocerla por su estado civil de casado. Pero él no quería dejar desprotegidas ni a la madre ni a la que luego sería su hija. ¿Qué hacer? La idea salvadora la ofreció un primo del financiero, compañero de juergas y compinche en sus devaneos, encubridor de sus relaciones con la cineasta en perspectiva. Socio también en los negocios y soltero, se ofreció para reconocer él a la niña y darle una seguridad financiera en el futuro. Y así se hizo. Avelina, como se llamaba la recién nacida, tuvo un padre.

Pasaron los años. Las circunstancias cambiaron. El primo se casó. Las relaciones entre los otrora compadres se enfriaron. Se pelearon. El padre ficticio quiso sustraerse a sus obligaciones para con Avelina, la hija de su primo. Quiso, sin éxito, que éste asumiese sus deberes económicos. Le pusieron un pleito. Lo perdió. Se vio obligado a pagar una pensión alimenticia cuantiosa, como correspondía a su fortuna. Trató de repetir contra su pariente. Inútil. No había forma de probar nada. El primo le dejó en la estacada. Y él continuó pagando.

Años después cambió la Ley. Los hombres casados podían ser padres oficiales de los hijos que habían tenido con otras durante su matrimonio con la legítima. Y se podía investigar la paternidad. A Avelina, ya mayor y a punto de casarse, alguien le metió en la cabeza la idea de obtener el más ilustre apellido de su padre genético y la oficialización de la verdad. Ni corta ni perezosa y en contra de la opinión de su madre, acudió a un abogado e inició una demanda contra el ilustre prócer para que le fuera reconocida su filiación.

—Verás tú —le dijo el abogado a Avelina—, lo más probable es que tu padre no se presente a las pruebas sanguíneas y con las que tenemos de las relaciones de él con tu madre en la época anterior a tu nacimiento lo tenemos ganado. Le van a declarar padre seguro. Además tu actual padre —putativo— declarará a nuestro favor.

Pero ante el asombro de propios y extraños, el gran financiero, cuando fue llamado al Instituto Anatómico Forense acudió a la primera. Se le practicó la extracción de sangre, justo al día siguiente de hacerlo con Avelina y con su madre. Casi un mes después se entregaron los resultados en el juzgado.

Avelina y su letrado saltaron rápidamente a la lectura de las conclusiones en la última página. Allí, en letras mayúsculas aparecía el veredicto: PATERNIDAD DESCARTADA.

¿Hubo una mano negra? ¿Mentía la madre en cuanto a su fidelidad a su amante? Misterio.

¡Ah! Se demostró también que el otro —el primero—, el que figuraba como padre, no lo era. Se quedó sin ninguno. Y apellido, el de la madre.

En una ocasión estaba negociando un convenio regulador de una separación entre una pareja joven que tenía una hija de meses. Pese a haber convivido algún tiempo antes de casarse, no hicieron más que contraer matrimonio para que su vida en común se convirtiese en un infierno. La mujer —mi cliente— era oriunda de un país hispanoamericano, aunque llevaba muchos años residiendo en España, donde tenía toda su vida profesional, sus amistades y su familia. Entre sus proyectos posibles no había ninguno que pasara por irse de nuestro país.

Sin embargo, cuando se planteó la separación y se empezaron a discutir los términos del convenio que había de regular sus vidas futuras, esta posibilidad, la de que ella se fuera de España, se convirtió en un fantasma que llenaba de problemas las negociaciones. Dada la edad de la niña, nada se discutió de con quién se quedaba a vivir. Era claro que en su guarda se mantendría a la madre. Tampoco hubo discusión sobre aspectos económicos entre ellos. Estaban casados en separación de bienes, por lo que no había nada que repartir, aparte de cuatro muebles sin valor. Como ambos tenían sus respectivas vidas profesionales, no se discutían pensiones entre la pareja. La de la niña constituyó un primer obstáculo. El padre alegaba que su situación no era muy boyante, para intentar reducir al máximo su cuantía. Pero la madre estaba tan deseosa de quitarse de en medio al marido que no dudó en aceptar para su hija una cantidad rayana en la miseria. Ella se ocuparía de la niña. En fin, se habían removido los obstáculos para llegar a un acuerdo, o al menos eso creía todo el mundo, cuando surgió el problema mayor.

Mi compañero me trasladó la posición del marido.

—Tienes que comprenderlo. Para este hombre su hija lo es todo. No tiene padres, ni hermanos. Ahora se separa de su mujer. Lo único que le queda es la niña, que lo tiene totalmente trastornado. Es lo más importante de su vida. Su obsesión es esta criatura. Pensar en perderla le vuelve loco. Entiende que tiene que quedarse con la madre y el régimen de comunicaciones del que tú y yo hemos hablado le parece razonable: fines de semana alternos, mitad de vacaciones escolares y dos tardes en semana. Es bastante, dentro de la separación. Pero el temor, que le quita el sueño, es que la madre se vuelva a su país con la niña y la aleje de él. Porque, no nos engañemos, si se va a Suramérica, en la práctica se hace imposible una relación normal con la hija. No sólo es caro ir a verla, sino que exige mucho tiempo. Y encima hasta los períodos de vacaciones escolares son distintos al cambiar de hemisferio. Si la madre se va, en plata, él se queda sin hija.

—Pero ¿a qué se debe ese miedo? —le respondí—. Porque la madre hace mil años que está en España. Aquí tiene toda su vida. Ese temor carece de toda base. No existe en este caso más que en cualquier otro en que, como es natural, no se sabe las vueltas que puede dar el mundo, ni a dónde nos puede llevar a cualquiera. Pero no es probable.

—Tú no lo entiendes —insistía mi compañero—. Está como loco ante esta simple perspectiva. Mira, si no te importa, él quiere explicártelo personalmente para que tú lo entiendas y le podamos buscar una solución.

Accedí a tener una reunión con el marido y su abogado. La verdad es que la actitud de aquél me conmovió. Hablaba de su hija con una ternura tan grande y al propio tiempo con una tristeza tan emocionante, que no podía dejar indiferente a nadie.

—Mire —decía—, si me quedo sin mi hija me moriré. Nadie sabe cómo es. Cómo me mira ya, con lo chiquitina que es. Y cómo me aprieta un dedo con su manita. No podría vivir sin ella —y de los ojos de aquel hombretón caían gruesas lágrimas, que resbalaban por su cara.

—Pero, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer para que se convenza de que no existe ese riesgo?

—A mí se me había ocurrido que pactáramos que, en caso de que mi mujer quisiera irse fuera de España, la custodia de la niña pasara a mí —propuso tímidamente, mientras su gesto dolorido se mantenía vivo en toda su intensidad.

Aquel amor paterno tan profundo conmovía. Al día siguiente di traslado a la madre de la petición del padre de la niña. Ella no quiso ni hablar de tal pacto. Pero al final accedió, eso sí, a contraer el compromiso de no trasladar su residencia fuera de Europa mientras la niña tuviera menos de quince años. La verdad es que ella no pensaba ni remotamente en irse a vivir fuera, pero lo que no quería era que un hecho, ahora imprevisible, la obligara por una rara casualidad a cambiar de continente y ello representara automáticamente la pérdida de la niña.

El padre transigió con esta fórmula intermedia, pero no sin reiterar sus temores y aflicciones. El día de la firma del acuerdo, el padre no pudo contener de nuevo las lágrimas.

—Perdónenme, pero no puedo evitarlo. Pensar que estoy firmando el alejamiento de mi hija. Estoy renunciando a vivir con ella; a verla crecer; a asistir a cómo se hace una mujer… De lo único que tengo, de toda mi esperanza y toda mi alegría… —se excusaba con aire patético—. Y el régimen de visitas empezará ya, ¿verdad?

—Desde este mismo momento. Pasado mañana miércoles puede tener a la niña desde las cinco de la tarde —le contesté.

Al día siguiente, martes, presentamos la demanda de separación de mutuo acuerdo en el juzgado.

El miércoles, el padre no se presentó a recoger a la niña. Ni el siguiente viernes. Ni el otro. Ni el otro. El padre nunca más vio a su hija. Nunca intentó verla o tenerla a su lado. Nunca la llamó por teléfono o le envió una postal; o un osito de peluche. Naturalmente, nunca ha pagado la pensión, ni la ha enviado un solo céntimo. Nunca. Han pasado ya muchos años. La hija se ha entrevistado con su padre, a instancias de ella, cuando cumplió la mayoría de edad. Quería conocerle. La entrevista no se ha repetido. Nunca.

El amor de los padres se da por supuesto. Y normalmente es así. Es real, poderoso, generoso y eterno. En ocasiones ocurre que este amor paterno lo profesa quien no es el padre. Porque cree serlo o, incluso, a sabiendas de que no lo es. ¿Es que la voz de la sangre, en ocasiones, no se hace oír lo bastante fuerte?; o ¿es el trato, la relación estrecha con ejercicio de paternidad, lo que genera el verdadero amor paternal?

La mudez sanguínea provoca a veces un silencio ensordecedor.

Cuando una madre pone obstáculos al reconocimiento de su hijo no piensa en la posibilidad de que éste tenga un hipotético derecho a saber quién es su verdadero progenitor: el que le haya engendrado. La madre, que no puede, sin duda, desposeerse de sus propios sentimientos, actúa, no obstante, movida por lo que cree que es mejor para su hijo. Pero ¿lo es?

Ésta es la gran cuestión: el beneficio de los hijos. Como en todas las que afectan a los mismos, en general, y a los menores, en particular. Pero al propio tiempo que la sociedad evoluciona y se desvanecen viejos muros de protección a la familia tradicional, basada en el matrimonio, se incorporan conceptos nuevos como el de la verdad biológica, que toma estado en nuestro mundo. Se va definiendo y cimentando este principio, unido al derecho del ser humano a conocer sus reales ascendientes genéticos.

Hay que tener en cuenta que, según datos procedentes de Estados Unidos —que es de donde nos vienen estas estadísticas, verdaderas o no—, y, dentro de ellos, nada menos que de la American Association of Blood Banks, en 1999 se hicieron 280 000 test de sangre (el triple que diez años antes), lo que evidencia la cantidad de dudas sobre la paternidad que habían surgido. Porque cuando no hay dudas, no hay petición de pruebas. Lo que confirma a los desconfiados en sus recelos es que, según las mismas fuentes, en el 28 por ciento de los casos comprobados, el hombre no era el padre. Por su parte, el presidente de la comisión que redactó la ley de filiación en el estado norteamericano de Texas considera que entre el 5 y el 10 por ciento de los hijos matrimoniales no son del marido. La diferencia entre estas cifras es notable pero, en este último caso, la base está formada por todos los hijos —dudosos o no—, mientras que en el primero el porcentaje tiene que ser más elevado porque se trata de un cálculo basado únicamente en parejas que tenían dudas.

Claro está que para la investigación de la paternidad no sólo son necesarios los cambios sociales, sino también avances científicos biológicos, que posibiliten el establecimiento indiscutible de esas causalidades.

Primero aparecieron las pruebas hematológicas que realmente lo único que proporcionaban con certeza es saber quién no era el padre. Sus resultados eran concluyentes para demostrar que una persona determinada no podía ser el padre —o madre— de otra. Pero en modo alguno eran fiables para probar que uno ERA el padre de otro. Pero el camino estaba iniciado. En su recorrido, rápido y veloz, pronto se alcanzaron métodos para probar quién era el progenitor de otro. La siguiente etapa llevaba a la afirmación de la paternidad con una certeza de un 97 por ciento, si se realiza una serie amplia de antígenos de los hematíes ABO, RH, el MNSS o el KELL, entre otros. Pero el paso fundamental ha sido el HLA (Human Leukocyte Antigen), que examina las marcas genéticas, depositadas en los leucocitos. Aquí el grado de certidumbre supera el 99 por ciento.

Al hilo de estos descubrimientos se ha desarrollado un nuevo mundo de la determinación de la paternidad. Por lo pronto, se ha eliminado el obstáculo legal tradicional de la prohibición de investigar la paternidad. La posibilidad de hacerlo ha sido, nada menos, que incorporada a la Constitución española, que no sólo la reconoce, sino que hace referencia a la facultad de utilizar en la búsqueda de ello toda clase de medios de prueba, incluso los biológicos.

Es interesante comprobar que en la legislación civil, promulgada en desarrollo de este precepto constitucional, se establece un claro contraste entre las posibilidades de determinar el padre verdadero y las de aclarar la NO paternidad real: las de impugnación. En otras palabras: las acciones para obtener el reconocimiento de una progenitura por naturaleza tienen toda clase de permisividades. Es decir, no prescriben nunca. Se protege el derecho incluso de un anciano a conocer quién es su verdadero padre, hasta después de la muerte de éste. Se trata —se nos dice— nada menos que de la veracidad biológica. En cambio, si lo que se pretende es únicamente deshacer algo erróneo o falso; si se quiere que, basado en pruebas científicas, se declare que determinada persona no es el padre —o la madre— de otra, esta acción tiene todos los obstáculos. Si se trata del marido de la madre sólo tiene un año desde el nacimiento (o desde que conoce el nacimiento) para impugnar. Una vez transcurrido este plazo, aunque antes no hubiera podido hacer nada, porque jamás hubiera sospechado la infidelidad de su mujer, se tiene que aguantar. Bueno, tiene una posibilidad: pedir al mismo tiempo la determinación de la paternidad del verdadero padre. Entonces sí, porque la ley protege que se le dé un padre verdadero. Claro que para eso hace falta saber quién es, porque si no, tiene que aguantarse. Pero si se va a dejar a alguien sin padre, el ordenamiento jurídico prefiere mantenerle el falso.

Vino a mi despacho un ciudadano marroquí, ferviente musulmán, perteneciente a una familia de rancio abolengo. Estaba casado con una española desde hacía catorce años y tenía una hija de doce. Recientemente había acudido a la consulta de un urólogo por ciertas molestias que padecía. El médico le practicó toda clase de pruebas y análisis en su aparato urogenital para intentar averiguar las causas de sus problemas. Tras pasar por la tortura de todos esos ensayos y comprobaciones fue convocado a la consulta del facultativo.

—Vamos a ver, señor Hassan. Le hemos hecho toda clase de pruebas y lo que usted tiene, afortunadamente, carece de importancia. Le voy a poner un tratamiento y un régimen y estoy seguro que sus trastornos van a desaparecer en breve. Por lo demás, está usted en perfectas condiciones en sus vías y órganos genitourinarios, con excepción, claro está, del epidídimo, donde existe una oclusión de los vasos seminíferos.

—¿Y eso qué quiere decir? —preguntó Ahmed Hassan, confundido por las palabras del médico.

—Pues en plata: que su semen carece de potestad germinativa, o, dicho en otras palabras, que no puede procrear: no puede tener hijos.

—Y ¿cómo se me ha producido eso, doctor? ¿Algún golpe? ¿Una infección quizá?

—¡Oh! De ninguna forma. Es de constitución. Lo tiene usted de nacimiento —contestó el médico de forma concluyente—. Usted nunca ha podido engendrar hijos. Es usted estéril.

—Pero doctor, ¡es que yo tengo una hija de doce años…!

La tormenta que descargó vertiginosamente sobre Ahmed Hassan con las palabras del urólogo le llevó directamente a mi despacho.

—¡Qué infamia! Todo este tiempo engañado. ¿Cómo ha podido esa furcia hacerme eso a mí? Y a toda mi familia. Han querido a la niña como si fuera nuestra. Mi padre el primero. Nuestro nombre mancillado. Tengo que hacer algo. Además, todo el cariño que teníamos a la niña, de repente, al conocer el engaño y la mentira, se ha trocado en aborrecimiento. Es como el cuerpo del delito. Es la prueba viva del adulterio. Está contaminada. Tengo que hacer que deje de ser hija mía. Hay que quitarle el nombre. Y todos los derechos. Porque ahora me han dicho que con las pruebas de paternidad se puede impugnar la filiación, ¿no?

Dejé que se tranquilizara un poco antes de ilustrarle sobre las acciones de filiación matrimonial.

—Mire, señor Hassan, lo que usted pretende es una acción de impugnación de paternidad matrimonial. En cuanto a la prueba, en su caso sería muy sencilla, puesto que no solamente está el dictamen médico sobre su esterilidad congénita, sino que, además, las pruebas del ADN serían concluyentes. Nuestro problema estriba en que el Código Civil establece, cuando se trata de hijos matrimoniales, un plazo de caducidad de la acción de un año a contar desde que usted inscribió a su hija en el Registro Civil. Esta situación no es mucho mejor cuando se trata de hijos no matrimoniales, porque en tal supuesto son cuatro años, en lugar de uno. Pero en nuestro caso han pasado nada menos que doce años.

—Y ¿qué quiere decir la caducidad? —preguntó el infortunado, temiéndose ya lo peor.

—Pues que transcurrido ese plazo, la acción para impugnar la paternidad desaparece. Se esfuma. Que no puede usted ya hacer nada.

—Pero, por Dios, ¿cómo iba yo a reclamar antes si, ni por lo más remoto, jamás se me ocurrió que no fuera hija mía? Si hasta decían mis amigos que se parecía una barbaridad a mí…

—Tiene razón. Pero eso es lo que dice la Ley. Es una enormidad, pero es así. En otros casos, la Ley condiciona el inicio del plazo de caducidad a que se tenga conocimiento o, al menos, sospecha de los hechos. Y tiene sentido, porque sólo en tales casos se le ocurre a alguien impugnar o reclamar su paternidad. Sólo en tales supuestos se podrían derivar consecuencias negativas de no haber ejercido su derecho. Pero en este caso, aunque usted no haya podido hacer nada, porque lo ignoraba todo y no tenía ni la más remota sospecha, la Ley le castiga a usted con la pérdida del derecho a impugnar su paternidad. Aunque parezca una burla, lo hace para proteger a la familia matrimonial, como si después de conocer unos hechos como éstos y después de las consecuencias del engaño quedara mucho que proteger…

—Pero tiene que haber una solución. No puede ser. Esto no puede quedar así —decía para sí mismo mi cliente moviendo repetidamente la cabeza con desesperación—. Algo se podrá hacer.

—Hay una posibilidad —le dije—. Lo que no prescribe nunca es la posibilidad de reclamar la paternidad. Esa acción no prescribe. Y entonces, se ejercitan las dos acciones —impugnación y reclamación— conjuntamente. En este caso, se permite impugnar, porque, naturalmente, para establecer la paternidad verdadera —para darle su padre real— primero hay que privarle formalmente del falso. En este caso, la ley permite la impugnación.

—Bueno, ésa es una solución —dijo Hassan vislumbrando una esperanza—. Y ¿qué hace falta para eso?

—Hombre, lo que es imprescindible para la reclamación es que sepamos quién es el verdadero padre, para poder demandarle.

Con esta idea en la cabeza y el firme propósito de poner fin a su problema salió Ahmed Hassan de mi despacho. Acudió inmediatamente a su casa, donde se encontraba su mujer. Nada más verla, sin preámbulo de ninguna clase, la abordó suavemente:

—Mira, Margarita. Este lío tiene que arreglarse. Para ello me ha dicho mi abogado que es necesario que me digas con quién has tenido a la niña; con quién tenías relaciones en esa época. Yo no voy a hacer nada al respecto. Puedes imaginarte. Al cabo de tanto tiempo. Pero es por ella. Por su bien.

—Pero, Ahmed, cómo quieres que te diga, una vez más, que yo nunca te he faltado. Jamás. Te lo juro por mis muertos —contestó firme la mujer, decidida a no confesar ni bajo tortura. Estaba bien aleccionada. Aunque la cogieran con las manos en la masa o, más acorde con el caso, con el hombre bajo las sábanas, jamás se debía reconocer la falta.

Naturalmente, Ahmed no estaba para bromas. De las formas melosas pasó a las coléricas.

—Pero so puta, encima de que me has engañado, de que has traicionado a mi familia, de que has ensuciado mi nombre, de que me has colado una hija de otro, encima tienes ese cinismo de negarlo.

—Ahmed, créeme. Nunca te he faltado. Jamás te he engañado. Jamás de los jamases.

Hassan recurrió a todo para obtener el nombre que necesitaba para lavar su honor. Gritos, insultos, amenazas y no estoy muy seguro de que no usara hasta alguna violencia. Sin éxito. Su mujer negaba y negaba con firmeza y obcecación. Era un valladar infranqueable.

Volvió mi cliente al despacho con aires de derrota. No tenía ni idea de quién podía ser el padre. Ella no confesaba y el tiempo transcurrido y su falta absoluta de sospechas hacía imposible cualquier averiguación. No había solución. La posibilidad de impugnar había caducado y la de reclamar carecía del mínimo esencial para habilitar la impugnación: contra quién.

Pero si hasta ese momento Ahmed había vivido sus días más nefastos, el signo cambió para él. En aquellos momentos, leyendo las resoluciones del Tribunal Supremo, cayó en mi mano una sentencia reciente en que se resolvía un caso parecido al nuestro. Este tribunal había resuelto que la acción de un impugnante respecto a la filiación matrimonial de un hijo no había caducado, pese a haber transcurrido más de un año desde la inscripción de su nacimiento, porque su absoluta falta de sospechas le había impedido ejercitar su derecho. La sentencia defendía que no se puede sancionar con la pérdida de una acción sino cuando existe una negligencia en su ejercicio, que no concurría si nada se sospechaba siquiera. El plazo había que computarlo desde la existencia de las dudas o desde la constancia plena, pero no ilógicamente desde el nacimiento.

Llamé inmediatamente a Ahmed. Todavía no había pasado el año desde el informe médico que puso en su conocimiento la desgracia padecida. La sentencia parecía hecha a su medida. Era una sola; por tanto, no creaba jurisprudencia, para lo cual eran necesarias tres semejantes, pero era un precedente valiosísimo, especialmente cuando no había otras sentencias contradictorias. Además, su contenido parecía lógico y natural. Más razonable que el texto puro de la Ley.

Presentamos la demanda. La esposa, aunque seguía sin reconocer su infidelidad ni daba el nombre del amante, no se opuso. Sólo tuvimos enfrente al fiscal. Finalmente, la sentencia fue favorable. Se dio lugar a la impugnación y se rechazó la caducidad, basada en la sentencia del Tribunal Supremo.

Lo curioso es que desde entonces el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias sobre esta materia. Todas en sentido opuesto a nuestras pretensiones. A partir de aquel momento, la jurisprudencia ha sido constante: la acción de impugnación caduca al año de la inscripción del nacimiento y ni el desconocimiento ni la ausencia de sospecha de la infidelidad de la mujer son causas para alterar el cómputo. ¡Alá es grande!

¿Es ésta la defensa a ultranza del principio de veracidad biológica? Si es positiva, sí; pero si es negativa, da igual. Con tal de que se tenga un padre, lo mismo da quién sea. Pero no solamente existe esta contradicción, sino que el concepto de paternidad o maternidad ha tenido siempre un contenido muy por encima del meramente genético, reconociéndose la relación paterno-filial derivada de la adopción. Es más, en nuestros tiempos se ha fortalecido este vínculo adoptivo, que ha sido equiparado, también por nuestra Constitución, a cualquier otra filiación, incluso a la matrimonial. Tras la adopción se rompen los lazos jurídicos de toda clase con la familia natural, empezando por los progenitores genéticos. De esta forma, se valora esta filiación que nace de la Ley y del amor —o mejor, del amor y de la Ley—. Decía Marcel Pagnol que la paternidad no nace de la sangre, sino del amor.

Por otra parte, siguiendo esta misma línea, en la regulación de la procreación asistida, la Ley española establece que si se produce una inseminación heteróloga, esto es, con semen de persona ajena a la pareja, en una mujer casada, el consentimiento del marido, que es necesario, lleva consigo la pérdida para éste de la acción de impugnación de la filiación. Es evidente que biológicamente el hijo producto de la fecundación de la esposa con espermatozoides de un tercero determina que el marido nunca sea el verdadero padre. Si damos al principio de veracidad biológica carácter absolutamente preferente, el esposo podría impugnar con éxito seguro su paternidad. Si el marido consintió la inseminación de su mujer con semen de tercero, mediante tal consentimiento adopta en realidad al fruto de la fecundación. La Ley le obliga a ser consecuente con sus actos. Le desposee del derecho a impugnar la paternidad en contra del mencionado principio de autenticidad biológica y en aras de algo, a mi juicio, más importante que dicho principio: el bien del menor.

Pero ¿dónde está el bien del menor?

Natalia llevaba casada más de quince años. Tenía una hija de once y un hijo de diez. Al principio, su vida conyugal fue moderadamente feliz. Nada extraordinario. Pero tampoco desgraciada. ¿Qué duró esta situación? Poco tiempo: dos o tres años, no más. A partir de ese momento, el tedio se instaló en su vida diaria. Todos los días lo mismo. Trabajaba de encargada de una boutique, ni muy buena, ni muy mala. No tenía mucho trabajo, pero siempre había algo que hacer. No terriblemente excitante. La clientela era fiel. Casi siempre eran las mismas personas las que acudían al local. Los hijos se demoraban en llegar. Su vida sexual con Paco, tras las primeras experiencias de mutuo descubrimiento, pronto entró en la rutina. El hábito sabatino, con alguna excepción. Casi un ritual que se repetía una y otra vez. Paco no era mala persona. Trabajador. Buen talante. Eficaz. Ordenado. Iba teniendo éxito profesional como dentista y sus ahorros iban creciendo, gracias a un constante cuidado y a unas inversiones prudentes. Además, como ella tenía también su sueldo, la vida de la pareja era fácil en el orden económico. Pero todo era gris. Cada día que pasaba, lo era más. Su vida discurría en medio de una niebla profunda, que no dejaba ver el horizonte y que enfriaba las articulaciones.

Natalia solía hacer un alto en su trabajo a eso de las once de la mañana para tomar un café con leche —corto de café, largo de leche— fría —servido en vaso— y un cruasán, abierto, a la plancha, con margarina y mermelada de fresa. Siempre en el mismo lugar: una cafetería próxima a la tienda, con remembranzas de hábitos del Oeste norteamericano en su rótulo: Arizona. Allí coincidía también con las mismas personas un día tras otro. Con algunos habituales intercambiaba algunas frases y ciertos comentarios de actualidad. Con otros, apenas un saludo con la cabeza. Hasta que un día empezó a llegar un nuevo parroquiano.

Vicente acababa de abrir un comercio de tejidos cerca de allí. La semejanza entre sus negocios propició unas primeras conversaciones y cambios de impresiones. Vicente era un hombre optimista y risueño, que parecía llevar el Mediterráneo en sus ojos azules y en su sonrisa espontánea. Sus comentarios eran chispeantes. Sus bromas, agudas. Poco a poco empezaron a buscarse en los cafés matutinos. Un día decidieron localizar otra cafetería para cambiar. Allí no los conocían. Después, comieron juntos. Poco tiempo más tarde, Natalia se veía obligada a llegar más tarde a su casa, varios días al mes, por razones de inventarios —cada vez más frecuentes— o pases de modelos. Incluso tuvo que realizar algún viaje a París y a Milán para ocuparse de ciertas compras.

Su relación con Vicente duró más de un año. En este tiempo tuvo a Esther y se quedó embarazada de Jorge. La ruptura fue quizá la consecuencia de la pérdida de la novedad y de la excitación de la aventura. Sin ellas, la dificultad de verse y la emoción de la mentira se convirtieron en una angustia. Vicente, por su parte, veía que este devaneo podía enquistarse y poner en peligro su propio matrimonio y la estabilidad de su hogar en el que crecía una hija de diez años, a la que adoraba. Del nacimiento de la primera hija de Natalia no se sintió responsable, quizá adoptando la postura más conveniente: sería del marido. Del segundo embarazo no llegó a enterarse. La ruptura fue pacífica y muda. Comenzaron a verse menos, a tener más dificultades para encontrarse, a no llamarse. Hasta que lo dejaron. Sin reproches. Con alivio. Ella volvió a tomar café en el Arizona, donde fue acogida con naturalidad por los parroquianos de siempre. Vicente no volvió al Arizona.

Años después, Esther se enfrentaba a su separación de Paco. No había pasado nada especial. Pero ya no podía seguir. Además, empezaba a notar los primeros avisos del tiempo, que transcurría inexorable. Unas arruguitas cerca de la comisura de los labios. Bajo los ojos, unas bolsas azuladas. La piel que se enrarecía. La vida se le escapaba en un tedio sin futuro. Después sería más difícil, por no decir imposible, rehacer su vida. Quizá todavía estaba a tiempo. Porque ella aún se conservaba guapa y con una facha distinguida y elegante. Es verdad que los niños querían mucho a Paco y se llevaban con él maravillosamente, pero le seguirían viendo. Nada cambiaría demasiado.

Además, en el fondo, él sabía que no era el padre de los niños, aunque nunca había dicho ni una palabra.

Cuando se iniciaron los trámites para la separación se intentó el mutuo acuerdo. No hubo obstáculos en cuanto a los hijos. Se quedarían a vivir con la madre, con un sistema de comunicaciones con Paco, que —insistía mucho en ello— iba a ser frecuente y amplio. Tampoco hubo discusión en la pensión para los dos niños. Paco aceptó que fuera generosa. Donde se produjo el drama fue al discutir la liquidación de los gananciales. Aquí el apetito de Natalia chocó con las cicaterías de Paco.

—¡Ah! Si Paco no está dispuesto a dejarle la casa en propiedad y a darle cien millones de pesetas en dinero, no hay arreglo e iremos al pleito —manifestó el abogado de la esposa, con decisión y rotundidad.

—Eso es una barbaridad. Él no tiene ese dinero. Ni por lo más remoto puede cumplir con esas exigencias.

—Pues que lo pinte.

—Si no cambiáis vuestra actitud, nunca podremos llegar a un convenio.

Se hizo un silencio embarazoso.

—Tengo que hacerte una advertencia —dijo finalmente el abogado de la mujer—. Si no llegamos a un acuerdo, mi cliente se va a plantear incluso el tema de las visitas de los hijos.

—Hombre, el régimen de visitas es en beneficio de los hijos. Además, cualquier juez acordaría, si no el régimen al que hemos llegado nosotros, uno muy parecido —rechazó el representante del esposo.

—No. Quizá no me he explicado. Ella entonces le quitaría TODO régimen de comunicaciones. No los podría ver nunca más, porque en realidad ninguno de los dos hijos es suyo.

—Ésa es una afirmación muy fuerte. Habría que verlo.

—Es más claro que el agua —reiteró con firmeza el letrado de la mujer—. Pregúntale a tu cliente. Pregúntale. Ya verás lo que te dice. Recuérdale si no es cierto que después de casarse, como ella no se quedaba embarazada, se hicieron pruebas los dos. Que te diga si se hizo un espermiograma y si el resultado fue rotundo: no tenía ni un espermatozoide vivo en cien kilómetros a la redonda. Era un espermiograma plano. Pregúntale, pregúntale. Él sabe perfectamente que no es el padre de los chicos.

No se alcanzó el acuerdo económico y se fue al pleito. Allí el juez acordó respecto de los niños que se quedaran viviendo con Natalia y otorgó un régimen normal de visitas a favor del marido, que comenzó a cumplirse para satisfacción de éste y de los hijos, que lo adoraban. Pero la esposa no se paró ahí. Dispuesta a cumplir su amenaza, estudió las posibilidades de impugnar la paternidad de Paco. La prueba que ella tenía del recuento de espermatozoides era muy concluyente. Tropezaba, eso sí, con el tema de la caducidad de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial. El año desde la inscripción en el Registro Civil de sus nacimientos, hecha por el propio Paco, había transcurrido con tremendo exceso. Sin embargo, fue informada de la posibilidad de ejercitar durante toda la vida, la de reclamación de filiación y conjuntamente —entonces sí— la de impugnación.

—Naturalmente —le dijo su abogado—, si tiene usted la seguridad de quién es el verdadero padre, porque la acción principal es la de reclamación. Por eso, no se considera la caducidad de la impugnación. Pero si no se prueba la reclamación, cede la impugnación y nos quedamos sin nada.

—Claro que estoy segura. ¿Qué se ha creído usted? —respondió ofendida—. El padre era mi amante por aquellas fechas. Estoy absolutamente segura. Pues no faltaría más —concluyó con acento molesto.

Establecidas las premisas necesarias, se procedió a presentar la demanda de reclamación de paternidad contra Vicente y de impugnación contra Paco. En ella se empezaba por señalar la imposibilidad de que Paco con el dictamen médico de esterilidad irreversible, apoyada en su espermiograma, fuera el padre. A continuación se entraba en el relato de las relaciones amorosas de Natalia con Vicente. Cuentas de hoteles, fotos en distintos lugares y ante diferentes monumentos, abrazados tiernamente ante la cámara con disparador automático y alguna carta con detalles amorosos de tono escabroso acompañaban el relato pormenorizado de los amores entre ellos.

Como es de rigor, se acordó por el juzgado la entrega a los dos demandados de las respectivas copias de la demanda. A Paco se la notificaron en su consulta. A Vicente en su casa, mientras estaba él en la tienda de tejidos. Siguiendo la Ley, como él no estaba en casa, se la entregaron a su mujer, con el encargo de hacérsela llegar al demandado. La recibió abierta, como es habitual, sin la protección de un sobre cerrado. La esposa de Vicente no pudo —ni quiso— resistir a la tentación de leer qué era aquella demanda que le ponían a su marido. Por poco le da un patatús. Enterarse de sopetón de aquella historia amorosa de su marido, con todo lujo de detalles e ilustrada con fotos y cartas, era demasiado. Es verdad que era antigua. Pero, por otra parte, haberla mentido durante todos estos años… No tenía perdón de Dios. Y encima tenía dos hijos; no uno, sino dos. Que tendrían derecho a la herencia en perjuicio de su hija; de su pobre hija, que habría que ver lo que pasaría con ella cuando lo supiese. Y se iba a enterar enseguida, porque tenía derecho a ello.

Inmediatamente, ni corta, ni perezosa, buscó a su hija, que contaba veintiún años, y papel en mano, le puso al corriente de la situación, con lectura de algunos párrafos y muestra de fotografías. Adornó el relato con algunos epítetos coloristas:

—El muy sinvergüenza. Pero qué clase de embustero. Es un marido y un padre indigno.

A este principio se unía una sabrosa continuación:

—Va a ver lo que es bueno. A mí no me toma el pelo nadie. Me las va a pagar; o mejor, nos las va a pagar, porque esto va también contra ti. Sobre todo contra ti.

La hija lloraba, la madre gemía y ambas se llevaban las manos a la cabeza, mientras rumiaban su sorpresa y su venganza.

A la hora de comer, Vicente llegó a su casa como todos los días, ignorante de la tormenta que le esperaba y que descargó con furia duplicada —de su mujer y de su hija— sobre su cabeza. De momento, los improperios le cogieron desprevenido.

—¡Canalla! ¡Mal hombre! ¡Sinvergüenza! ¡Bribón! ¡Cerdo! Eres la persona más mentirosa del mundo. ¡Mal padre! ¡Hacerle esto a tu hija, a la que siempre dices que quieres tanto. Y a mí, que he estado toda la vida dedicada a ti. Que no he visto más que por tus ojos. Que nunca he mirado a ningún otro hombre!

Vicente soportaba todo aquel chaparrón que caía sobre él, sin saber qué ocurría, ni a qué se debía. Cuando, al fin, le dieron la demanda y la leyó no se desmayó de milagro. Dos hijos, dos. Y todo ello por aquella historia de hace más de diez años. El techo se le caía encima; y su mujer y su hija también.

La vida de esta familia cambió. Quizá superarían este terrible golpe o quizá no. En todo caso, algo se había roto en las relaciones conyugales y en las paternas. A Vicente sólo se le generó con carácter inmediato un nuevo sentimiento de odio hacia quien así le destrozaba la vida: hacia Natalia. ¿Y en cuanto a los niños? El rencor que nació en su corazón se hizo extensivo a ellos, aunque nada tuvieran que ver en el tema. Pero eran expresión viva de su drama. Además, la única solución que tenía frente a su familia, la verdadera, la formada por su esposa y su hija, era no verlos nunca; pasar de ellos; ignorarlos.

La demanda fue estimada y los recursos rechazados. Los dos niños perdieron el padre que les adoraba y ganaron otro que les aborrecía. ¿Es éste el beneficio del menor?

Porque estos casos —los de padres, que no son tales, y adoran a los que no son sus hijos— se dan. Afortunadamente. Como en la adopción. Más de una vez, un padre formal, que no era el real y lo sabía, adora a los hijos que sólo eran suyos por la Ley y por el amor que se profesaban, por la relación que tenían y por el uso que de la relación paterno-filial hacían todos ellos. La fuerza de sus sentimientos era muy superior a la biológica o la genética. ¿Debe todo ello ceder ante un supuesto mayor interés de determinar la realidad de la sangre?

En cierta ocasión se han planteado los tres protagonistas de una relación adulterina, el marido, la mujer y el amante, una vez conocido indubitadamente que el progenitor de la única hija común era el amante, qué era lo mejor para la niña. Para su hoy y su mañana. La primera opción era ejercitar una acción que otorgara la filiación formal de su verdadero progenitor. Éste la quería profundamente, pero nunca viviría con ella, porque tenía su propia familia —mujer e hijos— y no iba a romper con ellos. O al menos por el momento. Nunca es demasiado decir. La otra alternativa era dejar las cosas como estaban. Los padres legales —separados, claro, después de constatarse la infidelidad— permanecerían en sus papeles y ningún otro cambio iba a afectar a la niña. Todos movidos sinceramente por el cariño hacia la pequeña. Aunque todos afectados por sus propios sentimientos y su particular conciencia de autoaprobación o autosatisfacción. Pero ¿y la niña? ¿Qué es lo mejor para ella? ¿Quién tiene una bola de cristal para adivinar el futuro?

Pero en las acciones de filiación hay algo tan elemental que produce asombro que no se valore ni se tenga en cuenta. Se habla de la protectibilidad de la búsqueda de los antepasados. De la lógica de la necesidad de saber de dónde venimos, ya que no podemos conocer a dónde vamos. Todos tenemos un derecho elemental y básico a saber de nuestra progenie. Desde el punto de vista social, hay un derecho fundamental a obtener la protección y el amparo de nuestros antepasados. Desde el punto de vista psicológico, nuestra tendencia a conocer nuestro origen, a situarnos en un entorno racial, geográfico, educacional, lingüístico, histórico y personal, es lógico y protegible. Forma parte del derecho a la identidad. Por eso se nos singulariza con nombres familiares que hacen referencia al grupo en que hemos nacido. Incluso desde la órbita de la sanidad, en el estado actual de la ciencia, el conocimiento de los antecedentes respecto a enfermedades y malformaciones puede ayudar al diagnóstico de las nuestras y a su terapia.

El niño tiene un derecho inalienable a que le sea determinado quién es su progenitor. (O quiénes son sus progenitores, ya que, aunque menos común, también la maternidad puede estar en tela de juicio). Porque necesita de ellos; porque tiene derecho a su protección personal, a su guía, a su consejo, a su cuidado, a su ternura, a su amor. Para lograrlo, de la mano de la ciencia, se confiere una potestad amplia e intemporal para la determinación de la paternidad. Para que tenga todo aquello a lo que es acreedor el niño.

Curiosamente, cuando la paternidad se determina contra la oposición del que resulta ser padre se le priva de la patria potestad. Sólo se mantienen las obligaciones económicas. El declarado padre, pese a su resistencia, no tiene los derechos derivados de la paternidad. Sólo tiene obligaciones económicas: prestarle alimentos y convertirlo en su heredero forzoso. O sea, que al que duda de su paternidad, aunque sea de buena fe, se le castiga —y al niño de paso— con excluirle de la formación y educación de su hijo. A pagar y nada más. Pero ¿no estaremos transformando tan sublimes relaciones personales en otras exclusivamente pecuniarias? Porque las obligaciones pecuniarias son respetables y protegidas por el Derecho. No nos rasguemos las vestiduras. No tengamos una postura farisea de rechazo a lo puramente económico. Estas relaciones y obligaciones son dignamente perseguibles, ¿por qué no? Pero carecen de la misma condición, de idéntica envergadura y del mismo orden que aquellas otras que afectan al cuidado físico y espiritual, a la educación y a la formación del niño. El derecho a saber de dónde se viene, de qué familia, a ser partícipe en sus honores antiguos o en sus migraciones, en sus empresas o en sus sueños es diferente de lo puramente pecuniario.

Y digo esto porque, al hilo de la importancia de estas determinaciones esenciales, lo único que queda son las implicaciones económicas, que, repito, son protegibles, pero no tienen la misma calificación de fundamentales. Hasta el punto de que los derechos hereditarios, que pueden ser cuantiosos y de obligado cumplimiento, junto con los de alimentos, no existen en muchos países donde hay una libertad absoluta de testar. Aun en España, el derecho a una parte de la herencia de los padres —la legítima— varía de forma extraordinaria de unos territorios a otros.

Ciñéndonos a la legítima a favor de los hijos y descendientes —o porción de obligatoria transmisión sucesoria para ellos—, hemos de empezar por tomar como punto de comparación el Código Civil, al que también se suma la legislación especial gallega en esta materia. En él se establece como legítima de hijos y descendientes dos terceras partes de la herencia. Sin embargo, esta parte indisponible y reservada para ellos varía en distintas leyes forales o especiales, que se encuentran en vigor y que son de obligado cumplimiento. Así el más restrictivo de la libertad de disponer por testamento es el Fuero Civil de Vizcaya en el que la legítima de los descendientes comprende cuatro quintas partes de la herencia, además de las disposiciones especiales sobre bienes troncales. En Aragón la legítima colectiva de los descendientes es sólo de la mitad del caudal. En Baleares es de una tercera parte, si hay cuatro hijos o menos, y de la mitad si son más de cuatro. En Cataluña la restricción de la libertad de disponer sólo alcanza a una cuarta parte del haber hereditario líquido. Pero en Navarra y en la parte de Álava en que rige el Fuero de Ayala existe una total libertad de disposición, sin que haya que respetar parte alguna del caudal relicto a favor de nadie: ni siquiera de los hijos. Si a esto añadimos que son muchos los países que ignoran la institución de la legítima o de la herencia forzosa y en los que existe una libertad absoluta de disponer por testamento de los bienes para después de la muerte, habremos de concluir que el derecho a la herencia puede o no estar incluido entre las consecuencias inherentes a la declaración de paternidad e, incluso, donde lo está, tiene un contenido variopinto.

En el orden económico, pues, como único derecho trascendental y de naturaleza fundamental de los hijos sólo nos quedaría el de alimentos, que se extiende a todo lo que es necesario tanto para el sustento, como habitación, vestido, asistencia médica y la educación e instrucción del beneficiario.

El ordenamiento jurídico gradúa los derechos y los califica. Todos son dignos de respeto y de protección, pero para unos los mecanismos de protección son más poderosos, son intemporales y priman sobre los demás.

Toda esta reflexión conduce a constatar la incongruencia que representa consagrar la preferencia del principio de veracidad biológica y, luego, cuando esta determinación se hace en contra de la voluntad del progenitor, suprimirle a esta relación todo aquello que puede hacerla grande, todo lo que le confiere un carácter fundamental, la convivencia, la transmisión de experiencias, la educación, el cuidado físico y espiritual, y limitarlo a lo material: a lo económico. ¿No es un contrasentido?

De cualquier forma, siempre se habla de una forma que parece que cualquier determinación o reconocimiento de paternidad es un importante favor para los hijos. Incluso se habla de darle los apellidos, como de una concesión generosa y benéfica para los hijos. Pero hay apellidos que cualquier hijo se hubiera quedado muy tranquilo si no se lo dieran. Porque, al igual que los hay muy nobles y honrosos, los hay abominables. La verdad es que muchos se pasarían muy a gusto sin que les endilgaran un Hitler, un Stalin o un Milosevic; y no quiero poner más ejemplos. Cada lector recuerde los que mejor —o dicho más adecuadamente, peor— le parezcan.

Sin llegar a estos monstruos, hay apellidos más corrientitos que son rechazados a su mayoría de edad por los hijos, que, utilizan los resortes legales para cambiárselos.

Una tarde de invierno, fría y húmeda, vino a verme un viejo cliente, Camilo Orbaneja. Viejo por su antigüedad como cliente y viejo como espécimen humano, porque tenía más de ochenta años. Hacía tiempo que no le veía, pero siempre le recibía con gusto por ser un hombre humano e inteligente. En esta ocasión traía en la mano una demanda que le había sido notificada hacía pocos días. Viudo, con una hija única y una única nieta, seguía dedicado al trabajo, como toda su vida. Su sorpresa era mayúscula. Se trataba de una reclamación de paternidad. El demandante refería una historia, supuestamente acaecida en Vigo, de donde era originario Orbaneja, en los años cuarenta, cuando él tenía veinte años. En aquel entonces —decía la demanda—, la madre del demandante, que era una jovencita de diecisiete años, mantuvo una relación con Camilo Orbaneja, fruto de la cual nació él.

Dada la situación de posguerra en que se vivía en aquel entonces, con una especial incomprensión para tales debilidades y con una sociedad cerrada y puritana, sus abuelos —seguía relatando la demanda— se brindaron para fingir que era ella —la abuela— la que se había quedado embarazada. Se alejaron de la ciudad, donde eran conocidos, pretextando una necesidad de climas serranos, debido a una enfermedad pulmonar del abuelo. Estuvieron unos meses fuera, en una estación de la sierra del Guadarrama, donde en lugar de combatir al bacilo de Koch cuidaron de la gestación de Ernestina, que así se llamaba la niña, que dio a luz un varón: el demandante. Un comprensivo ginecólogo, consciente del supremo interés de esconder la deshonra de la hija, que contagiaba a la familia entera, se prestó a certificar que el neonato fue puesto en el mundo por la que en realidad era su abuela. Y así fue inscrito, educado y criado. El secreto fue conservado con toda fidelidad. Nadie supo lo acaecido.

Y así fueron transcurriendo los años. De los de posguerra, duros, pacatos e inflexibles, se pasó a los más moderados de los sesenta; y de éstos a los de mayor libertad y mayor comprensión con las debilidades humanas, que trajo la Democracia (con mayúscula), la Constitución e Interviú. Los abuelos, padres de Ernestina, murieron y se llevaron su parte de secreto a la tumba. Quedaba la propia Ernestina, que vivía lejos de su hijo —hermano— Joaquín, camarero en un bar de La Coruña, que nada sospechaba de su peculiar filiación. A los sesenta y tres años Ernestina convocó a su hermano Joaquín a Vigo. Al decir del relato de la demanda judicial, encontrándose en sus últimos momentos, decidió confesarle el terrible secreto que le había amargado la existencia. Y allí, mientras agonizaba, Ernestina confesó a Joaquín que ella era su madre y no su hermana, y que los que había creído sus padres eran en realidad sus abuelos. Esta confesión —siempre según el relato del escrito judicial— comprendía también el descubrimiento de quién era el verdadero padre. Su nacimiento era la consecuencia de las relaciones amorosas que ella mantuvo con un muchacho joven, que se había aprovechado de ella y que una vez logrados sus turbios propósitos, la había dejado abandonada y no había querido saber nada. Ahora, en su lecho de muerte, ella tenía la obligación de revelarle que su padre era Camilo Orbaneja.

Me parece que se me ha olvidado decir que este señor era el presidente de una importante cadena de supermercados, con sede central en Vigo y amplia implantación en toda Galicia, bajo la denominación de Orbamercados. Su fortuna era vox populi.

Joaquín —según su propio relato— recibió esta noticia con asombro, porque durante sus cincuenta y muchos años de existencia nunca había sospechado algo así. Es más, no se había extrañado que su hermana —que tal creía firmemente que era Ernestina— le hubiera tratado con cierto amor maternal, ya que la diferencia de edad lo justificaba. Especialmente cuando murieron sus padres, que ahora sabía que eran sus abuelos. Pero durante los años transcurridos desde esta revelación, su vida había sido como una permanente ruleta, dando vueltas y vueltas, sin clarificarse acerca de quién era, ni de dónde venía. Soñaba con antepasados decimonónicos, que pasaban junto a él sin saludarle. Él se presentaba a ellos como su pariente, pero sus ancestros, estirados en sus levitas, se afilaban con dos dedos las largas puntas de sus bigotes y se reían de él. Por eso, había tenido que acudir a un abogado para presentar la demanda de paternidad contra el hombre que, en un rapto de lascivia incontrolada, le había dado el ser.

La ley exige que, junto con la demanda, se presente lo que se llama un principio de prueba. Consiste éste en algún elemento que, sin constituir una prueba total y definitiva de la paternidad que se reclama, pueda convencer al juez de que no se trata de una audacia sin razón alguna o de una pura invención. Este requisito es de una lógica y de una prudencia exquisitas. Una reclamación de paternidad, por el mero hecho de formularse, con independencia de que tenga o no éxito, produce unas consecuencias de gran importancia. En el seno de la familia receptora, cuyos miembros pueden estar ignorantes de todo el relato que allí se contiene, puede ocasionar dramas medievales. Por otra parte, en el mundo tan amarillo que vivimos, la simple iniciación del pleito puede producir noticias, reportajes, entrevistas y, por consiguiente, trasvases económicos de consideración. No hay que olvidar que los reclamados por regla general suelen ser personajes populares por sus encantos, por su profesión de cara al público o sus riquezas. Hay jurisprudencia en la materia, cuyas sentencias llevan el nombre de toreros o cantantes.

Pero sigamos con nuestro relato. La demanda que recibió Camilo Orbaneja venía acompañada del obligado principio de prueba. Como documentos adjuntos al escrito se presentaron cinco actas notariales. En ellas se recogían las manifestaciones de cinco personas sobre la paternidad de mi cliente respecto de Joaquín. Los cinco declaraban formalmente que recordaban perfectamente que Ernestina tenía un novio en el año 1940 —cincuenta y tantos años antes de su declaración— con el que les constaba —constarles, nada menos— que mantenía relaciones sexuales. Añadían los mismos que era de todos conocido que se quedó embarazada de él, precisamente de él, dando a luz a un hijo, que era Joaquín. ¡De lo que somos capaces los españoles por un amigo! No se trataba de parientes. Sólo eran vecinos. Eso sí, con una memoria prodigiosa, después de tantos años… ¡Qué suerte! Claro está, ellos, los cinco —a los que les constaban los coitos entre Ernestina y Camilo— (sin duda estaban presentes) sabían —conocían, no imaginaban o creían o pensaban, sino que lo sabían— que de él y no de otro se había quedado en estado. ¡Fantástico! Y eso lo declaraban ante notario, sin que les temblara el pulso. Si a esto le añadimos que dos de ellos, por su edad presente, resultaba que tenían en las fechas de estas hazañas, uno nueve y otro diez años, los testimonios quedaban hechos un asco.

Pero, con independencia de ello, ¿podía ser creíble que después de tomarse tantas molestias para ocultar la deshonra de la niña todo el vecindario conociese su vida sexual, sus compañeros de cama, su embarazo y el origen de su hijo? Tanto marcharse a otro pueblo, fingir una tuberculosis y mantener unas relaciones paterno-filiales y fraternas falsas durante tantos años, sin revelarlo ni siquiera al interesado hasta el lecho de muerte y ahora resultaba que lo sabía hasta el potito.

La verdad es que cuando pregunté a mi cliente por los hechos, él me contestó con toda sinceridad:

—Mire… Si quiere que le diga la verdad, hace tanto tiempo… Desde luego en ese momento que dicen yo tendría unos veintiuno o veintidós años. Novia, lo que se dice novia, no había tenido ninguna. Ni novia ni nada que se la pareciera. De eso, puede usted comprender que me acordaría. Ahora que salir, lo que se dice salir, yo salía con muchas. Puedo decirle que por entonces yo tenía un coche descapotable, que era de cine. Y las tenía así…, —y mientras decía esto, con mirada de ilusionada añoranza, me mostraba su mano derecha con todos los dedos unidos hacia arriba, formando un apretado haz—. Y yo, qué quiere que le diga, a todas las que podía —y se dejaban— me las tiraba. De la mayor parte, ni me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo —reiteraba—. Ahora que de esta tal Ernestina no guardo el menor recuerdo y con el nombre que tiene, es fácil que se me hubiera quedado.

Pero, con todos los respetos para los sentimientos de cualquiera, es lógico que más de cincuenta años después del nacimiento se pueda plantear un pleito de reclamación de paternidad y que pueda argumentarse a favor de la imprescriptibilidad de esta acción, que un ciudadano tiene un derecho especialmente protegible a conocer su progenie, a pertenecer a un clan y a tener un nombre, de acuerdo con tal filiación. Si se les privase de toda consecuencia económica, ¿se producirían estas demandas por parte de huéspedes de la tercera o cuarta edad?

Un juzgado de cierta capital castellana admitió a trámite una reclamación de paternidad en que el demandado, Aniceto del Rosal, había sido guardiamarina en la posguerra. Hombre ya anciano y de salud quebrada, se vio sorprendido un día por la recepción en su casa de una demanda judicial, en la que era emplazado para contestarla dentro de los siguientes veinte días hábiles. La reclamante decía que su madre había pertenecido al servicio doméstico y conoció a su presunto padre en San Sebastián, donde Franco pasaba sus veranos y a donde atraía a muchos militares. Al conocer a Aniceto había quedado prendada de la marcialidad del militar y aletargada en sus defensas pudorosas por el uniforme de marino y sus adornos. No había sido ajeno a su instantáneo enamoramiento el fino bigotillo que se apoyaba discretamente en el no menos delgado labio superior del aprendiz de marino.

En aquella ocasión primera nada ocurrió, excepto que desde aquel momento, los sueños de la madre de la actora rebosaban de la figura del guardiamarina, al decir de ella misma, eso sí, cincuenta y tantos años más tarde. Pero hete aquí que un domingo por la tarde, en la primavera siguiente, cuando la doméstica paseaba por el parque del Retiro en compañía de algunas amigas, todas cogidas del brazo, formando una larga fila que caminaba al unísono, de repente, se cruzó delante de ellas el apuesto militar. Angustias, que así se llamaba la muchacha, se desenlazó rápidamente de sus amigas y fue como una exhalación tras Aniceto. Le recordó su anterior conocimiento veraniego y pegó la hebra con él. Siempre según el relato de la demanda, su conversación fue haciéndose más íntima, hasta que la actitud del militar pasó de las palabras a la acción y de los simples requiebros y piropos a unos opresivos requerimientos, que terminaron con ellos en un banco del parque, donde consumaron su unión. Y fruto de esta única, apasionada y breve fusión amatoria —decía la demanda—, Angustias quedó embarazada y, tras los meses reglamentarios, dio a luz a una niña que ella bautizó con el nombre de Juana, en recuerdo de don Juan de Austria, cuyas hazañas navales había visto en un documental, ya que, por entonces, no sabía siquiera el nombre del marino.

La demanda no decía cómo al cabo de más de cincuenta años, Angustias o Juana habían localizado al demandado, pero el hecho es que había sido demandado.

Aniceto no recordaba nada. El nombre de Angustias no le traía ninguna evocación del pasado. De San Sebastián tenía muchos y muy variados recuerdos, pero ninguno en concreto que se asemejaran a los relatados en la demanda. Pero lo que le produjo una verdadera sorpresa, que provocó su violenta incredulidad, fue la narración del supuesto engaño. Aquella historia del banco del parque del Retiro fue rechazada con energía por el exmarino. No sólo no era cierta —él la recordaría, por lo singular y cinematográfico—, sino que era inverosímil. Sin duda, el actual relator no había vivido aquellos tiempos y no los concebía. En la playa de La Concha en San Sebastián incluso los niños tenían que llegar hasta la orilla del mar, para bañarse, en albornoz, del que sólo se desprendían para entrar en el agua, mientras los caballeros tenían que cubrir su pecho con una camiseta o un bañador de cuerpo entero y las mujeres cubrir sus piernas con generosas faldas. En aquellos tiempos en que en los cines de otra ciudad se ponían unos avisos por orden del gobernador civil, para vergüenza y escarnio de los comitentes, que decían:

—Han sido detenidos por la autoridad, por cometer atentados contra la moral en la vía pública, Fulanito y Menganita (aquí los nombre de chicos y chicas de la buena sociedad del lugar).

Estas proclamas dejaban en entredicho la extensión y la profundidad de la inmoralidad. Quizá habían sido sorprendidos dándose un beso en algún parque o al abrigo de alguna oscuridad. Cualquiera sabe. Pero el texto justificador de la sanción permitía suponer lo que a cada malicioso le diera la gana.

Pero si los besos eran objeto de multas, que los guardas de los jardines públicos imponían con obediencia a la autoridad competente, ¿cómo pretendía la demanda que, en pleno Retiro, un domingo por la tarde, lleno de guardas de celosa actividad persecutoria de parejas, habían ellos consumado el yacimiento en un banco? No sólo era falso, decía, sino imposible.

Pero la demanda se había admitido y el exguardiamarina tuvo que defender su no paternidad. Lo ganó. Pero tuvo que someterse a tan ingrato proceso. Y su familia con él. Alguno había, además, que manejaba el refranero español de forma poco tranquilizadora: Cuando el río suena, agua lleva… Por su parte, el elegante marino, lo que llevaba peor era que pudiera suponerse que él había tenido relaciones con una criada…

La ciencia ha influido de modo decisivo en estos procesos, no sólo en cuanto al resultado, sino en lo que respecta a su tramitación. Como existe una prueba de toda infidelidad, que puede determinar quién es el verdadero padre genético, hagamos la prueba y dejémonos de pamplinas. Si el resultado es positivo, es el padre. Si es negativo, no es el padre, y se terminó. Lo cual, para empezar, no está mal. Pero…

Nos dicen la Constitución y la Declaración Unide los Derechos del Hombre que el cuerpo humano es intangible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sin autorización del interesado no se puede incidir en su cuerpo, de ninguna forma. Por eso, sin su permiso, no puede sacársele sangre o cualquier otro fluido o parte de su anatomía, por pequeña e insignificante que sea. Tiene que ser voluntario. O dicho en otras palabras, que las pruebas del ADN que determinan con certeza su paternidad no pueden hacerse sin su aquiescencia para la obtención de las necesarias muestras.

La negativa es la única ocurrencia del hombre —o de la mujer, en ocasiones (menos)— para intentar librarse de su responsabilidad, merced a este análisis tan revelador. La maternidad no deseada puede llevar al aborto. La paternidad no querida no determina la interrupción del embarazo, salvo que coincida con la de la mujer, pero provoca el nacimiento de un importante conjunto de defensas y resistencias. Entre las legales se encuentran todas aquellas que tienden a impedir que, con la ley en la mano, se hagan las pruebas de paternidad. Se han opuesto toda clase de tutelas constitucionales para legitimar la oposición a su práctica. Estas tomas de muestras infringen el derecho a no ser objeto de torturas o tratos vejatorios o denigrantes, han objetado algunos. Estos adjetivos —créalo el lector— se han aplicado a unas simples extracciones de sangre. La verdad es que no se han parado en barras los autores, ni ha existido rubor alguno en la utilización de calificativos. Un pinchacito de nada convertido en tortura, vejación o denigración. Casi nada. Inútil. El Tribunal Constitucional lo ha rechazado.

También se ha pretendido que se invade la intimidad. Esta alegación ha sido desestimada por el Constitucional, no por falta de realidad, que reconoce su existencia, sino porque considera que cuando existe una colisión entre varios principios debe prevalecer el de mayor entidad. En estos casos la intimidad impediría aplicar el principio de la veracidad biológica y el tribunal considera ésta superior a aquél.

Es posible que pudiera disminuirse el riesgo de desvelamiento de la intimidad en la práctica de esta prueba, mediante su regulación, pero nada de eso se ha hecho. Se podría reglamentar el alcance y la extensión de las pruebas y de los análisis reduciéndolos a los estrictamente necesarios para la determinación de la paternidad, pero se ha ignorado. Sería posible regular la conservación o destrucción de los datos, prohibiendo su difusión y castigando la infracción de estas normas. Pero no existe esta normativa.

Sorprende que, incluso, no existan reglas en cuanto a la toma de muestras, su custodia y conservación, su identificación, y la determinación de los responsables de todo ello. Cuando se acude a un centro para depositar la muestra sanguínea, el que acude allí, previamente citado, se identifica plenamente. Pero quien le atiende no lo hace. Su sangre queda en un tubo de ensayo con una etiqueta y desaparece de su vista. ¿Quién responde de que es la misma, sin alteraciones o sustituciones, que luego es sometida a un análisis comparativo con las de otras dos personas? Presunto padre, madre e hijo dejan sus muestras. ¿Son las mismas que se analizan y que dan lugar a un dictamen concluyente? Es de suponer que sí. Nada tengo contra estas personas, cuya honorabilidad no pongo en tela de juicio. Pero las garantías legales son otra cosa. Deben estar desprovistas de personalismos, ni de confianzas. No se trata de la fe, se trata de la seguridad.

En todo caso, éstas son las pruebas con las que se cuenta en estos procesos. Por tanto, el juez las acuerda, aunque no las pidan las partes. Si se practican, ya le dan hecho el resultado. Pero ¿qué ocurre si no se practican por la negativa de uno —normalmente el presunto padre o madre demandados—, resistente a tal declaración?

Hay que salvar los casos de una negativa justificada, que son rarísimos. Por ejemplo, la enfermedad mortal padecida por un anciano de más de ochenta años, como contempla una sentencia del Tribunal Supremo. Pero en general, como no puede obligarse a la gente a que se someta a la prueba, lo que se trata es de sacar conclusiones de esta negativa.

Éste es un tema apasionante. Yo invito al lector a que haga la prueba. Pregunte a sus amigos: en una demanda de paternidad el presunto padre se niega a hacerse la prueba que inexorablemente determinará quién es el padre. ¿Por qué lo hace? Comprobarán que el cien por cien de sus interlocutores responderán, con firmeza y seguridad:

—Porque es el padre. Si no lo fuera, se haría la prueba que le dejaría fuera de toda sospecha.

¿A que sí?

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el presunto padre nunca sabe si de verdad es el padre. Lo más que le ocurre es que cree que es el padre. Lo cree firmemente, basado en la confianza férrea que tiene en la honestidad de la madre y en su sinceridad. Pero por muy firme que sea la fe no deja de ser eso: fe. No ciencia. No conocimiento. Fe. El hombre cree ser el padre. Confía en ser el padre. Espera ser el padre. Teme ser el padre. Pero saber, lo que se dice saber a ciencia cierta, sólo lo sabría después de que se le hayan practicado las pruebas del ADN, con resultado positivo.

Las madres, por su parte, sólo saben quién es el padre cuando es el único hombre con el que han tenido relaciones sexuales en la época en que se quedaron embarazadas. Aunque, a veces, digan lo contrario y pretendan que se lo dicte su instinto. El tema de la paternidad es oscuro e incierto. Como dice alguna historia que se presentaba en sus inicios el reinado de Witiza.

Estábamos en cierta ocasión en una diligencia de formación de inventario de los muebles y enseres de una vivienda. De ella salía el marido que había sido demandado por la mujer por infidelidad. Él la negaba. El uso del domicilio se le había concedido a la esposa. El supuesto infiel, que era un médico prestigioso, había acudido al acto del inventario para comprobar si todavía se encontraban allí todos los muebles o si ella había sacado alguno. También pretendía llevarse algunos de su uso personal. La mujer no se hallaba presente, pero estaba representada por su abogado y procurador. Junto a él, los suyos. La comisión del juzgado realizaba su cometido con detalle, pero con las dificultades que las partes le planteaban constantemente. El ambiente era tenso. Se cruzaban entre los asistentes palabras de doble sentido e indirectas, que iban enrareciendo la atmósfera.

—Hay que relacionarlo todo, porque de mi mujer no me fío ni un pelo —dijo el doctor.

—¿Cómo que no se fía? Será ella la que tenga que desconfiar. Porque aquí el que engaña y además mucho es usted —dijo el abogado de la esposa en tono intemperante.

—Eso es una mentira que se han inventado para robarme —continuó el médico.

El abogado perdió la paciencia y el control.

—¡Ah! ¿Sí? ¿Y nos hemos inventado también que ha tenido usted este niño con otra? —espetó el abogado al tiempo que, de un bolsillo de su chaqueta, sacaba una fotografía tamaño postal de un niño sonriente, que lucía una abundante melena pelirroja.

Del mismo color que el pelo del médico demandado.

En estas cuestiones se barajan algunos conceptos claramente erróneos. Uno de ellos es el de los parecidos.

—¡Hombre!, —dirá alguno—, no puede negar que es el padre. El niño es su vivo retrato.

Y es cierto que hay criaturas, a veces de poca edad, que son una caricatura de algún pariente, no necesariamente de su padre o madre. Pero es igualmente verdadero que los parecidos tienen mucho de ocasional. En determinados momentos una persona se parece mucho a otra, por un gesto, una actitud o una forma de hablar, lo que puede también tener un origen mimético. También ocurre que los parecidos varían según el ángulo afectivo del observante. Me explico. Cuando el niño recién nacido es examinado por parientes y amigos de los progenitores hay unos que, incluso de buena fe, le encuentran una semejanza espectacular con el abuelo materno, mientras que los de la otra facción familiar deducen una semejante identidad física con un tío carnal por parte del padre.

Hay algunos rasgos o características de las personas que tienen a primera vista un efecto identificador muy poderoso.

En el tema de los parecidos físicos siempre se ha dicho que los niños nacidos de una relación extraconyugal se vengaban de alguna forma de la situación marginal a la que se les condenaba adquiriendo y poniendo en evidencia todos los caracteres del oculto progenitor adulterino. Es posible que en ello haya mucho de verdad, pero tampoco debía ser tan evidente, porque el marido burlado no se daba cuenta nunca. Claro está que él no se enteraba de las confidencias de la esposa infiel que manifestaba a sus amigas —y a su amante— que ella sabía perfectamente que el niño era de éste. Por lo visto, le gustaba más que así fuera —el hijo nacido del amor y la pasión—, pero se lo encasquetaba al esposo. La verdad es que estas adjudicaciones no eran nada sencillas, aparte las preferencias de unos y otros. Porque si el marido engañado admitía que el hijo era suyo es porque podía serlo. Si en la época racionalmente apta para engendrar a ese hijo, el matrimonio no había tenido ninguna relación íntima, difícilmente podría ser engañado el esposo. Si creía en su paternidad era porque existía, al menos, la posibilidad. Y una vez que era posible que fuera de cualquiera de los dos —esposo y amante—, nadie sabía quién era el padre verdadero del niño.

Recientemente, veía en una película cómo la protagonista, madre de un niño, al final de la historia, al borde de la muerte, le decía a su marido que el hijo no era suyo. La sorpresa del esposo evidenciaba que él pensaba que era el padre y no se puede creer que por falta de cultura sobre el hecho de la procreación. ¿Se hubiera sorprendido si no hubiera podido ser el padre? El «bueno» del film no podía ser tan tonto. Especialmente cuando estaba dando las últimas boqueadas la película. Evidentemente, ella estaba en posesión de un dato que él ignoraba: que ella se acostaba también con otro, además de con él. Lo que resulta verdaderamente fascinante es que, partiendo de esas premisas, cuando ella en su agonía le dice: el niño no es tuyo: es de Peter, el marido, que venía ejerciendo de padre, la cree a pies juntillas. Ni por un momento se plantea la pregunta de cómo lo sabe ella. ¿Es que en Hollywood, además del detector de mentiras, tienen uno vaginal de paternidades?

En las acciones de reclamación de paternidad, el demandado que se niega a las pruebas no sabe que es el padre. Normalmente, lo que ocurre es que TEME ser el padre, que es cosa bien distinta. Sabe, eso sí, que PUEDE ser el padre. Si no hubiera ninguna posibilidad de que lo fuera, si no hubiera tenido una relación sexual con la madre en un tiempo anterior al parto, se haría las pruebas en el acto, para que le redimieran de la declaración positiva. Pero como hay posibilidad, a veces cierra los ojos y se niega a la prueba. Por eso, de la negativa, sólo de la negativa, no debería presumirse la paternidad. Es cierto que hay la postura de que esta falta de respeto y colaboración con la Justicia no pueden dejarse sin consecuencias, pero el Tribunal Supremo ha concluido que el rechazo a la práctica de la prueba biológica, por sí sola, no es bastante para declarar padre a nadie. Ahora bien, si la negación viene acompañada por algún otro hecho, tal como una relación de noviazgo, una convivencia o unos amores acreditados, entonces puede justificar la declaración de paternidad.

De nuevo estamos ante contradicciones varias. Si se está invocando la veracidad biológica como certidumbre no sería defendible que, por meras presunciones, se reconociera una afirmación de filiación. Hay que tener en cuenta que la ley prohíbe —es uno de sus límites expresos— que se vuelva a juzgar de la paternidad o maternidad, cuando las mismas hayan sido declaradas por sentencia. Pues bien, si con base en la negativa a la prueba biológica por parte del reclamado se declara por el juez la paternidad del mismo en un proceso, aunque después hubiera otro hombre que se hiciera dichas pruebas de ADN y tuvieran un resultado positivo incuestionable, nunca podría volverse sobre el tema. ¡Adiós al principio de veracidad biológica! El padre verdadero no sería declarado tal y el supuesto mantendría su posición para siempre. Como puede verse, la verdad genética, proclamada como una norma de fe, contiene excepciones innumerables que la privan de tal contenido.

Amancio Correa era un hombre pacífico. Llevaba una vida ordenada, entre su casa y su negocio de venta de repuestos de automóvil. Su mujer y sus tres hijas ocupaban su atención y su tiempo libre. Claro está que no siempre había sido así. Cuando era más joven había hecho de las suyas. No es que hubiera sido un trueno vestido de nazareno, pero había echado sus canitas al aire. Hacía ya años que había mantenido una relación con una encargada de un supermercado que estaba para comérsela. Él la había ayudado económicamente. Se había hecho cargo de la mitad del alquiler del piso en que ella vivía sola. Lo cual era lógico porque, al fin y al cabo, disfrutaba bastante de ese piso, en el que se desarrollaba discretamente su vida amorosa. Durante un año y medio o cosa así mantuvieron una relación fantástica. Pero luego… las cosas de la vida. Poco a poco fue decayendo la emoción y su amor primero se convirtió en una rutina y más tarde en una carga, hasta que insensiblemente, sin dramas ni reproches, lo dejaron los dos.

Había pasado un cierto tiempo desde aquella época —unos tres o cuatro años— y cuando él estaba más tranquilo en su vida familiar, olvidado de sus aventuras, recibió en el almacén una llamada de aquella chica.

—Amancio ¿qué es de tu vida? Soy Anita.

—Ya te había reconocido, a pesar del tiempo que hace que no te oigo, ni se nada de ti —respondió Amancio—. ¿Qué te cuentas?

Después de las frases de rigor y de haberse mutuamente preguntado por su salud, su vida y sus peripecias, al fin, Anita fue al grano.

—Te llamaba porque tengo algunos problemas económicos. La niña cada vez me produce más gastos y ya ves que yo nunca te he pedido ni un céntimo, ni he querido decirte nada de nada. Pero estoy en una situación insostenible y tengo que acudir a ti. ¿A quién si no?

—No sabes lo que lo siento. Pero ¿de qué me hablas? ¿Qué niña es ésa? Y ¿qué tengo yo que ver con nada? —rechazó Amancio.

—Pero ¿es que no lo sabes? No puede ser. Yo creí que te habías hecho el despistado. Que te habías llamado andana. No me digas que no te has enterado que tuve una hija —reiteró Anita con incredulidad—. Nuestra hija. Tuya y mía. Nuestra. Y se llama María.

—¡Carajo! ¿Qué me dices? ¿Que tú y yo tenemos una hija? —exclamó Amancio, abrumado por la noticia.

—Pues claro, hombre. Y es una monada, ya la verás. Hasta ahora no había querido decirte ni una palabra. Por tu situación, ya entiendes. Por tu familia. Pero ahora es que necesito tu ayuda. No puedo con los gastos. Eso sí, continuaré como hasta ahora: completamente muda. Discreta como la que más.

A Amancio se le iba formando por momentos un barullo dentro de la cabeza que no le dejaba pensar. La información recibida le anonadaba. La existencia de una hija suya con Anita, las peticiones económicas y el riesgo de que se enteraran su mujer y sus hijas se apelotonaban en su interior y no le permitían poner un poco de orden. Intentó, por de pronto, ganar algo de tiempo.

—Mira, ahora no puedo hablar. Mañana te llamo. Tienes el mismo número de teléfono, ¿no? Pues hasta mañana.

Cuando colgó, empezó a dar vueltas a las cosas que Anita le había dicho. Una hija suya. Porque lo diga ella. ¿Cómo sé yo que es mía? Reflexionando sobre el asunto, de repente recordó una información que le dio un amigo, que nada sabía de su relación con ella. Un día, cuando ya habían roto, le habló de un compañero suyo, piloto de una línea aérea, que tenía una historia con una chica, encargada de un supermercado, llamada Anita. A la chica le pagaba el piso un amante rico, pero como éste tenía familia, ella disponía de mucho tiempo libre. Según decía su amigo el piloto, la mujer era una fiera, incansable en la cama. Insaciable. Total, que el piloto tenía un chollo espectacular. Precisamente el suyo: el de Amancio.

¿Y si la niña fuera del piloto? ¿O de otro? Porque no iba a creerse él que sólo iba a existir un rival. Con los antecedentes de ella, podían ser muchos más. Pero claro, lo cómodo ahora es que fuera él quien cargara con el muerto. O con la viva. Pues, ni hablar. Que se lo creía ella. Iba a resistir. Por lo pronto, al día siguiente no llamaría. Que viera ella que era duro de pelar.

Efectivamente, Amancio no llamó. Un mes y medio después tenía en su mano una demanda de reclamación de paternidad, ilustrada con documentos que acreditaban que él había pagado la renta del alquiler de la casa de Anita durante varios meses. También se presentaban notas escritas de su puño y letra, dejando recados con expresiones cariñosas. Y unas actas notariales conteniendo declaraciones del portero de la finca y de una asistenta, que adveraban su presencia, reiterada y constante, en aquel piso y la naturaleza de sus relaciones con la inquilina. Vamos, una bomba.

Amancio acudió al abogado con la demanda. Quería una opinión, al mismo tiempo que hacerse oír en sus dudas fundadas acerca de su paternidad. Es cierto que podía ser el padre. Pero también era igualmente verdadero que cabía que no lo fuera. ¿Qué hacer? El abogado le dio su opinión sincera. Ella pediría la prueba del ADN. El juzgado la acordaría. Él tenía una clara opción: o someterse a ella o no someterse. Sencillo, ¿verdad? O demasiado complicado. Si no se sometía a las pruebas, con los otros elementos acreditados por la demandante de relaciones amorosas y convivencias, le declararían padre. Seguro. Y además le quedaría la duda de si lo era. Porque una cosa es la presunción judicial y otra la realidad. Y aquellas visitas del piloto eran hechos lo bastante llamativos para que su incertidumbre tuviera una base real y efectiva. Total: si se negaba a las pruebas, se encontraría padre oficial de una niña, a la que tendría que pagar una pensión y que sería su heredera, y todo eso sin tener la seguridad de que era su hija.

La alternativa era someterse a la prueba. Si era positiva, al menos la declaración de paternidad y la condena a determinadas prestaciones económicas tendrían una base cierta. Estaría pagando sus culpas. Afrontaría las consecuencias lógicas y las legales de sus actos. Sin dudas. Pero si el resultado de los análisis era negativo, quedaría libre y exonerado, no sólo de las condenas materiales, sino de cualquier cargo de conciencia, derivado de su paternidad, hasta entonces irresponsable.

Conforme a lo previsto, el proceso avanzó inexorable en la dirección de la prueba del ADN, que había de practicar un instituto oficial. Amancio fue citado una mañana para la extracción de muestras sanguíneas. La semana antes estuvo plagada de dudas. Ir o no ir, ésa era la cuestión. La convocatoria era para las once de la mañana. A las diez en punto sonaba el teléfono del despacho del abogado. Era Amancio.

—No he pegado un ojo en toda la noche —anunció con voz de ultratumba—. En fin, me ha convencido usted. Si me condenan, por lo menos que sea con razón. Si me declaran padre, que lo sea. Y no que siempre me quede la duda de que, encima de hacerme papilla la vida, pueda ser por equivocación. El colmo sería que me declarasen padre por no someterme a la prueba y que, en realidad, el padre sea otro. Voy a presentarme y voy a hacerme los análisis.

Pasó un mes. Un día, entre las notificaciones de los tribunales que los procuradores enviaban a diario al abogado, apareció una copia del informe del instituto designado para hacer la prueba de paternidad. Era largo y lleno de consideraciones científicas, casi incomprensibles. El letrado pasó rápidamente las páginas en busca de las conclusiones y allí estaba el resultado: Amancio no era el padre. Su paternidad había que desecharla. ¿Quizá la niña desarrollaría en el futuro una genética inclinación a la aviación?

El concluir que la negativa a la práctica de la prueba biológica, aunque sea unida a otros indicios, permite la declaración de paternidad, puede conducimos a situaciones embarazosas.

Delfina era una mujer muy independiente. Hacía lo que le daba la gana. Tanto es así que en determinada época salía simultáneamente con dos hombres. Ella sabía que para los dos la relación con ella no era fundamental, sino un pasatiempo. Pero un buen pasatiempo. Lo misma que para ella. Lo pasaba bien con los dos. Tanto con uno como con otro, se mostraba en público y con ellos viajaba y hacía excursiones. Era soltera y libre.

Para hacer la historia corta, se quedó embarazada y dio a luz una preciosa criatura que pesó tres kilos doscientos gramos y a la que se impuso el nombre de Bienvenida. De momento ni se planteó el tema de la paternidad. Era su hija y si no tenía padre reconocido, mejor. No quería interferencias en su crianza y educación.

Pero pasó el tiempo y la niña empezó a preguntar por su padre. La situación comenzaba a ser embarazosa para ella. Consultó con una psicóloga infantil. Le habló ésta de las carencias de identidad de su hija, de su sentimiento por ser diferente de las demás compañeras y de sus conatos de complejos. Lo pensó bien y decidió hacer lo posible por darle el padre que realmente le correspondía.

El primer problema que se le planteó era determinar cuál de los dos era realmente el progenitor. Porque lo que quería naturalmente era darle un padre. Pero no uno cualquiera, sino el suyo verdadero. Quería hacerlo bien. Sin embargo, al haber mantenido relaciones con dos en la época en que se quedó embarazada no tenía ni idea de cuál de ellos era el padre. Mirando a la niña para buscar el parecido se hacía un lío. Primero creía ver la expresión de ojos de Mario. Acto seguido le parecía que Bienvenida tenía la mandíbula y la forma de la boca de Joaquín. La frente era igualita a la de Mario, pero la nariz… ¡Qué difícil! Cada momento pensaba una cosa.

Cuando consultó su situación desde el punto de vista legal fue informada de la posibilidad de hacerse la prueba del ADN cuya fidelidad era total. Creyó tener resuelto su caso. Primero llamó a Joaquín. Le parecía que, por su manera de ser, no iba a negarse a hacerse la prueba. Joaquín acogió su llamada encantado. O así se lo pareció a ella. Pero en cuanto entró en materia, el encanto desapareció.

—Tú comprenderás que yo me haría todas las pruebas. Pero ahora tengo novia. Estoy a punto de casarme. Fíjate qué escándalo.

En resumen, una rotunda negativa.

Con Mario, sin necesidad de la existencia de novia alguna, el resultado fue idéntico.

¿Qué hacer? Planteó el tema a su abogado. Éste le dio las siguientes posibilidades alternativas.

—La primera posibilidad es demandar primero a uno y luego al otro. Si el primero es el padre, hemos terminado y no hay que hacer nada más. Si resulta que no lo es, lo que es seguro es que el padre es el otro.

—Sí, me parece claro —respondió ella—, pero veo dos problemas. Uno: si tengo que ir a dos procesos, me va a costar la intemerata. Ya uno es caro, con que dos… Y por otra parte, si hay negativa a hacerse la prueba del ADN, con todas las pruebas que tengo de nuestra relación amorosa, según lo que me dijo usted, lo más probable es que declaren padre al primero que demandemos, pero yo me quedaré sin la certeza de que lo sea de verdad. Siempre pensaré que el padre puede ser el segundo. Y además, como estará declarada la paternidad por una sentencia, nunca podré volver sobre el particular, aunque luego supiera a ciencia cierta que el padre es el otro.

—Eso es cierto —reconoció el abogado.

—Y ¿cuál es la segunda posibilidad?

—Es una un poco original. Creo que no se ha hecho nunca. Pero no parece que tenga obstáculo alguno. Consistiría en demandar a los dos con carácter alternativo, para que declarasen padre al que resultara serlo, porque ambos pueden haber procreado a la niña. Diciendo la verdad, toda la verdad.

—Esa fórmula me gusta, porque nos llevaría a la verdad, que es lo que más me importa —subrayó ella.

—Sí, pero podemos encontrarnos en una situación paradójica.

—¿Cuál? —preguntó impaciente la futura demandante.

—¿Qué ocurriría si los dos demandados, los dos presuntos padres, se niegan a practicarse la prueba del ADN? De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, como hay pruebas más que suficientes de que ha habido relaciones amorosas con ambos —cartas, fotos, regalos, viajes, testigos, un montón— existiría la posibilidad de que el juez declarase padre a cualquiera de ellos. Pero hay la misma posibilidad respecto a los dos. Ninguno tiene preferencia. Ninguno tiene un plus sobre el otro. ¿Qué va a hacer el juez? A los dos simultáneamente no puede convertirlos en padres. ¿Ante la duda va a desechar para siempre, sin posibilidad de repetir el pleito —cosa juzgada— la paternidad de los dos? Creo que no. Puede elegir a uno. Pero ¿cuál? Y ¿por qué? ¿Lo va a echar a suertes?

—Y además, la niña y yo tampoco sabríamos si era el auténtico —concluyó la madre.

Tras esta consulta, la madre de Bienvenida sigue dando vueltas por este laberinto.

¿Podrá algún día salir de este dédalo?

Una de las consecuencias de la posibilidad de investigar la paternidad, unida al ejercicio de estas acciones por personas que ya son, incluso, ancianas, es que nos encontramos reiteradamente frente a la necesidad de exhumar cadáveres. Esta posibilidad estaba siempre presente en las investigaciones criminales. Una y otra vez se han desenterrado muertos que habían sido víctimas de homicidios en busca de nuevas pruebas. Incluso de presuntos criminales investigando la verdad. Pero en los pleitos civiles no estaba, ni está previsto. Las primeras peticiones de exhumación fueron rechazadas. No existía legislación al respecto y parecía un poco fuerte profanar una tumba en un pleito entre particulares, que en muchos casos sólo persiguen móviles económicos. Pero poco a poco se ha ido imponiendo su práctica. Cuando el presunto padre ha fallecido, se desentierra su cadáver para hacerle la prueba del ADN. Lo que ocurre es que, al no estar regulada esta prueba, los incidentes surgen por doquier.

Los herederos de un hombre adinerado supieron que existía un presunto o supuesto hijo del difunto que iba a promover una acción de filiación. Alertados por un conocido común, decidieron pedir un traslado de restos. En la tumba donde se encontraba el cadáver estaban enterrados también otros tres parientes: su esposa y una pareja de primos hermanos suyos. Obtuvieron el permiso administrativo para dicha mudanza y, además, el de reducción de restos, dado el tiempo transcurrido desde la muerte de todos ellos. Estaba todo preparado para esta acción cuando el que iba a demandar la paternidad se enteró. Acudió al juzgado. Pidió como medida cautelar que se impidiese la manipulación de los cadáveres. El juez del pueblo al que correspondía la competencia para conocer este asunto se vio ante un hecho totalmente novedoso. No sabía qué hacer, ni cómo actuar. Finalmente, se decidió a pedir una fianza de cinco millones de pesetas en metálico para acordar la prohibición y concedió para su depósito un plazo de tres días. El solicitante no pudo reunir ese dinero en tan breve período de tiempo. El traslado no se suspendió.

El día previsto, el futuro demandante de paternidad pudo ver en la distancia cómo un coche fúnebre se llevaba los restos de las cuatro personas depositados en aquel sepulcro. La mezcla posterior o cualquier manipulación que se realizase de forma absolutamente incontrolada diluía, sin duda, sus posibilidades de éxito.

La falta de regulación de la exhumación hace que prácticamente no existan dos que se practiquen de modo igual. Unas veces se exige la presencia del forense. Otras, no. En ocasiones, se toman unas medidas extraordinarias para la identificación y custodia de las muestras obtenidas. En otras, no. Un caos.

Algunos optan por la incineración. Por si acaso.

III
EL IDIOMA CRÍPTICO

Las palabras son instrumentos de los sabios.

THOMAS HOBBES, Leviathan, I, 4

La palabra es la herramienta de los juristas, en general, y de los abogados en particular. Pero no hemos podido resistir la tentación de retorcerla. Es más fuerte que nosotros. Si existe la posibilidad de un lenguaje fácilmente comprensible y otro ininteligible, cualquier profesión —la nuestra entre ellas— opta por la última alternativa. Parece como si quisiéramos ocultar nuestras limitaciones e ignorancias detrás de palabras que sólo entiendan los que están en el secreto. Es como un guiño de ojo que hacemos a nuestros colegas, que, a su vez, nos sonríen con complicidad. Para muestra bastan unos botones. Comodato, fideicomiso, curatela, censos enfitéutico, consignativo y a primeras cepas, usucapión o anticresis son términos jurídicos que a la mayor parte de los ciudadanos ni les suenan. Algunos otros son más familiares aunque casi nadie podría decir exactamente qué significa. Ológrafo, alevosía, concurso de delitos (no se trata de premiar al peor o al más imaginativo), desacato, desamparo, supervivencia, novación o avulsión. Ahora la palabra prevaricación suena más. Por la extensión de su práctica. Las apelaciones se admiten en uno o ambos efectos. El recurso más importante, ante el Tribunal Supremo, se llama de casación, y este casar nada tiene de matrimonial, sino de anular. (¿Habrá alguna conexión en el fondo entre ambas acciones?). Y así sucesivamente.

Hay incluso algunas palabras, cuyo uso ha decaído, que contribuirían aún más a la confusión. Así, las arras se llamaban acidaque cuando eran matrimoniales, con claro origen musulmán, o caparra a aquellas otras que garantizaban una obligación.

Como ejemplo de sencillez y transparencia en el lenguaje vaya por delante esta definición de delito, construida por un insigne autor alemán, Franz von Liszt. Para este preclaro y asequible jurista, delito es «el sintomatismo indiciario de la antisociabilidad de los motivos». Ahí queda eso.

Uno de los procesos judiciales civiles se llama juicio verbal. Eso parece indicar que el otro no es verbal, ¿no? Pues están ustedes equivocados. El otro es también oral en su mayoría, igual que el primero. Pero a este segundo se le llama ordinario. ¿Quiere esto decir que el anterior no es común, sino extraordinario? Vuelta a equivocarse. Los dos son verbales y los dos ordinarios. ¿Entienden la diferencia?

Y no son sólo las palabras o los conceptos los que resultan complicados. Son también las fórmulas y los latiguillos empleados. Fórmulas como «se le cita a Vd. con el apercibimiento de que de no comparecer le parará el perjuicio a que ha lugar en Derecho»; o si desoye este mandamiento y no paga la cantidad adeudada se «procederá a su exacción por la vía de apremio», dejan al receptor de las mismas sumido en el más cruel de los estupores.

El acta de una sesión judicial termina así: «Con lo cual el acto se da por terminado y el juez firma con las partes». Javier Gómez de Liaño[1] se pregunta qué partes son éstas con las que firma: procesales o corporales.

Y cuando las palabras son claras, en ocasiones son mendaces. El ciudadano que ante un tribunal hace alguna declaración en un despacho atiborrado de gente, que pasa y vuelve a pasar, lleno de mesas con funcionarios trabajando, se enfrenta a un papel, que le presenta para su firma un oficial o auxiliar de la Administración de Justicia. Allí se dice: «Se firma ante mí (el Juez) de lo que yo el Secretario doy fe». A la vista de estas palabras gira su cabeza hacia todas partes en busca de aquellos personajes ante los que debe firmar. Con estupor comprueba que ni el juez ni el secretario están presentes. ¡Caray! ¿Esto pasa en los juzgados? Hasta aquí te engañan en cuanto te descuidas.

Cuentan que en una ocasión le formularon una querella a un corredor de comercio, fedatario público en materia de transmisión de valores mobiliarios. El delito de falsedad imputado tenía su fundamento en que había autorizado una póliza de compra de títulos cuyo vendí se había firmado por el vendedor sin estar presente el citado corredor, no obstante lo cual daba fe de su concurrencia personal al acto. Esta licencia se cometía con cierta reiteración. Estaba fundada en la confianza que al corredor le merecía, por ejemplo, el director de la sucursal bancaria en la que había tenido lugar la transacción, lo que no obsta para que estuviera mal hecho. Pero, en fin, se hacía. En el caso que comento habían surgido problemas y el vendedor decidió interponer una querella contra todo hijo de Dios que había participado en la operación y muy especialmente contra el agente mediador.

Fue llamado el corredor al juzgado, citándole para un día y una hora determinados. Tras la correspondiente espera —la prologada antesala es de rigor— fue conducido por el agente judicial a la presencia de un oficial que, sentado ante su mesa, le señaló una silla para que él lo hiciese a su vez. Tras identificarse y consignar el oficial por escrito los datos de su DNI fue interrogado sobre los hechos con todo detalle. El corredor fue respondiendo con tranquilidad y aplomo. Finalizada la diligencia, sacó el oficial de la máquina de escribir el acta de lo escrito y le invitó a firmarla.

—¿Puedo leerla? —preguntó el corredor.

—Naturalmente —le respondió el oficial.

Después de una detallada lectura el corredor de comercio estampó al pie su firma y a continuación preguntó:

—¿Me podría indicar por dónde se va al juzgado de guardia?

—Sí, señor —respondió el funcionario—. Pero ¿por qué lo pregunta?

—Pues porque he leído en el acta que está presente y me interroga el juez y que el secretario, que es tan fedatario como yo, da fe de ello, y como a mí me están juzgando por eso mismo, por no estar presente, si es delito para mí lo será también para ellos, digo yo. Y de eso quiero formular la oportuna denuncia. Por espíritu cívico, ¿sabe?

El relato dice que se archivaron inmediatamente las actuaciones contra el corredor.

En ocasiones manejamos el latín. Eso ya es la repanocha. Hay que ver lo bien que queda. Al concebido y no nacido se le llama nasciturus. ¡Qué diferencia! El plazo entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor es la vacatio legis. La carga de la prueba no puede competir con el onus probandi. Un tribunal inferior es a quo y uno superior ad quem. El final de un artículo de determinada ley se cita con el número de dicho artículo y la expresión in fine. Algo fundamental es un prius y cuando se trata del bien de los hijos es el favor filii. Los delincuentes se benefician del principio in dubio pro reo. Y todo ello mutatis mutandi.

Las separaciones se vienen concediendo no por una causa determinada, de las especificadas en la Ley, sino por la pérdida del affectio maritalis, que se extiende a las parejas more uxorio. Cuando no hay testamento, la herencia se defiere ab intestato.

Para obtener unas medidas cautelares se dice —ésta es una de mis expresiones favoritas— que es precisa la existencia de periculum in mora y de fumus iuris. El humo del derecho. ¡Qué bonito! En esta fase preventiva no hay que acreditar que el derecho asista plenamente, sino que aparezca el humo de ese derecho. No un aliento, un aroma, un perfume, un gas o un vapor que se desprenda del derecho y denote su presunta existencia, sino un humo.

Por el humo se sabe donde está el fuego.

Y al humo del cariño nacen los celos.

Y en latín, mucho mejor. Fumus. Parece como si estuviéramos comunicándonos los entendidos en una forma que el común de los mortales no está llamado a entender. Los niños tradicionalmente han sido muy aficionados a estos juegos en que varían las palabras en virtud de una clave preconcebida, que sólo ellos saben. Es su lenguaje secreto. Sencillo, pero eficaz. Como jugando a espías. Lo que ocurre con el Derecho es que precisamente su característica debería ser la inversa. Hay que procurar que todo el mundo lo comprenda para que se pueda exigir que lo cumplan.

Dentro del uso tradicional del latín se mantiene en este idioma uno de los procedimientos más fundamentales en un Estado de Derecho. El del habeas corpus, que aparece de esta manera y entrecomillado en la Constitución española de 1978 (artículo 17, 4). Este procedimiento, cuya finalidad es la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente, ha sido desarrollado en la ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal, siempre con este nombre, que es el único que tiene. En latín. Sin traducción.

La ventaja del latín —se ha dicho siempre— es su universalidad. Por eso lo utiliza —lo utilizaba— la Iglesia en justa correspondencia con su catolicidad. (Cuántas cosas quedaban mejor cuando se decían en latín que ahora que se han traducido y todos lo entendemos). Pero yo me permito expresar mi respetuoso desacuerdo en cuanto al carácter universal del latín.

Cuando estudiaba en la Universidad de Harvard, mis principios fueron durísimos, especialmente por el idioma. No sólo mi inglés era bastante esquemático y simple —macarrónico—, sino que, además, lo poco que sabía, lo conocía con la pronunciación inglesa. Aquellos americanos me tenían desesperado. Había palabras que conocía de sobra, pero que sólo las identificaba al cabo de varios días de haberlas oído. Eran tan diferentes en Estados Unidos.

Un ejemplo vivo de cómo confundir al personal es el de las palabras tomate, en inglés tomato, y patata, en inglés potato. Ya de entrada parecen muy semejantes. Pues no señor. Su pronunciación es distinta. Tomato se pronuncia como lo leemos nosotros: to-ma-to. Pero potato se dice po-tei-to. Pues bien, si esto no era lo suficientemente irracional, vienen los americanos y lo complican más. Para ellos tomato es to-mei-to y potato es como se escribe po-ta-to. Todo al revés. Muy claro ¿verdad?

El reconocimiento por mi parte de las palabras inglesas en versión americana era un festival. Me pasaba la vida entre estupores deprimentes y descubrimientos alentadores. Pero en Derecho Constitucional el eminente profesor Freund manejaba con constante reiteración una palabra que no había modo humano de que yo la identificara. Ni por su significado en el contexto de la frase, ni por su sonido. El profesor constantemente repetía: «Eipraiorai». Una y cien veces. ¿Qué querría decir? Al fin, desesperado, pregunté a un compañero, quien, ante mi asombro, me dijo:

—No me explico cómo no lo entiendes, si es latín.

Válgame el cielo. ¡Latín! ¿Eipraiorai? ¿Eipraiorai? Hasta que de pronto, me vino la luz: ¡A PRIORI! ¡Es A PRIORI, con pronunciación americana!

¿Es ése un idioma universal?

La incomprensión del lenguaje del Derecho se acrecienta si tenemos en cuenta las singularidades legales de los distintos territorios que conforman España. Así, en el Código de Derecho de familia catalán se regulan, además de los habituales, los siguientes regímenes económicos matrimoniales: «La asociación a compras y mejoras», propia del Camp de Tarragona; el «agermanament», o pacto de mitad por mitad, propio del derecho de Tortosa; la «convinença» o «mitja guadanyeria», asociación conocida en la Vall d’Aran, y el privilegio llamado de la «Querimònia».

Hay otros términos en que su utilización legal no coincide exactamente con la usual o su contenido jurídico difiere del significado corriente. Tal ocurre con el derecho —real— de habitación que legalmente confiere a su titular la facultad de utilizar gratuitamente, en casa ajena, la pieza o las piezas necesarias para él y su familia. Con frecuencia es confundido con la ocupación —pagada— de un cuarto con derecho a cocina. También, en ocasiones, para complicar más las cosas, el legislador no vigila su semántica y emplea la misma palabra con dos acepciones diferentes. Esto ocurre con un término tan corriente como «uso». A veces «uso» es un derecho real que faculta para percibir los frutos de una cosa ajena, en la cantidad que sea suficiente para cubrir las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta aumente (definición legal). Sin embargo, también puede significar el derecho a ocupar —nada más que a disfrutar— la vivienda familiar, que se concede a los hijos y al progenitor que queda con ellos, en los casos de separación o divorcio. Esta confusión se complica con la existencia de otro derecho —el de usufructo— que se parece al primero, pero difiere en su contenido.

La precisión ha sido siempre una virtud a perseguir en la redacción de las leyes. La utilización de distintas palabras para describir o identificar una misma cosa sólo crea confusión. ¿Será lo mismo lo que se ha querido decir? Si es así, ¿por qué se emplea otra palabra? Hay que tener en cuenta que difícilmente dos sinónimos tienen realmente el mismo significado. El propio Diccionario define el sinónimo como aplicable a vocablos que tienen la misma o muy parecida significación. Muy parecida no es igual. Hay quien dice más: que no existe el perfecto sinónimo. Pues bien, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en la exposición de motivos, y tras manifestar el propósito de «utilizar un lenguaje… más asequible al ciudadano», anuncia que va a «mantener diversidades expresivas para las mismas realidades». ¡Cáspita! Menudo lío. Y más cuando, como dice Lázaro Carreter[2], «utiliza asequibles por accesibles, solemnizando tan disparatada sinonimia».

Una dificultad común añadida a las anteriores es la producida por el papel de los intervinientes en un contrato. Tal es el caso común del arrendamiento, donde es muy corriente que se confunda quién es el arrendador y quién el arrendatario. O el prestamista y el prestatario; o el donatario y el donante. Es tan frecuente que, a veces, se confunden las palabras en los mismos documentos contractuales.

En este orden de cosas, la influencia extranjera, importantísima en materia mercantil, y las nuevas tecnologías —algunas puramente financieras— nos han hecho un flaco favor. A figuras tan desconcertantes como la prenda sin desplazamiento de posesión hay que unir las cada vez más utilizadas de leasing o renting, cuyas tentativas de ser traducidos al español caminan hacia el fracaso. Los nombres sajones se han impuesto. Entre otras cosas porque son más breves. Entre leasing y arrendamiento financiero hay un abismo. Y no digamos nada si nos remontamos a figuras como managing buy in o buy out, lease back, etcétera, que renuncio a explicar en qué consisten para alivio del lector.

También el mundo de las siglas nos hace de las suyas en el ámbito de la abogacía. El anuncio de una OPA hostil nos deja sobrecogidos, aunque ya vayamos aprendiendo que OPA encubre una oferta pública de compra de acciones y la hostilidad refleja claramente el talante del que la formula.

Quienes militamos en el mundo jurídico, quizá sin ninguna necesidad, colaboramos activamente en la incomprensión. Así procuramos utilizar fórmulas y términos caducos o en desuso. En nuestros escritos, cuando hay más de un cuerpo de peticiones, el preámbulo de las que siguen a la principal aparece encabezado por la palabra OTROSÍ, que gusta mucho a los profanos. A las resoluciones judiciales, además de llamarlas sentencias, que lo entiende todo el mundo, cuando son de menor grado las llamamos autos[3]. En la imaginación popular, aunque un poco trasnochada, la palabra auto equivale a automóvil —hoy coche—. También hay resoluciones menores, que se llaman providencias, palabra que aparece ligada en la tradición general a la Divina Providencia. Con frecuencia a los juicios les llamamos vistas o comparecencias. Para despistar.

Tampoco hay que olvidar que cuando pedimos una cosa a la que pretendemos tener derecho utilizamos el verbo suplicar. Cualquier escrito forense termina con el SUPLICO. Para el Diccionario de María Moliner, suplicar es «rogar patéticamente» y para el de la Academia, «rogar, pedir con humildad y sumisión una cosa». Patéticamente, con humildad y sumisión solicitamos la expedición de un certificado, por ejemplo. Nos estamos pasando ¿no?

No se salva el orden jurídico de una forma muy peculiar de redactar leyes, sentencias y escritos forenses. Y muy representativa. Por desgracia. En ellos se rivaliza en la extensión de sus párrafos, sin puntos, ni comas. ¡Excomunión para el punto y aparte! Hasta el lector más avispado se pierde para siempre en la maraña de sus palabras, puestas unas detrás de otras, con desmañada secuencia. Tampoco es desdeñable el riesgo de asfixia que padece el lector. El envío de misivas redactadas con esta técnica se aproxima a la perfección del asesinato. El destinatario, ante la ausencia de puntuación, no encuentra el momento de tomar aire y finalmente muere ahogado.

El eminente académico Lázaro Carreter, en el artículo ya citado, hablando de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia «muchísimas audacias conspiradoras contra la ley del idioma… de ese indigestible texto». Como «ejemplo de la claridad que de sí mismo proclama este aborto de las Cortes» transcribe el párrafo que no me puedo resistir a la tentación de copiar:

«Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y difícil, de la concreta tutela que, a través de las aludidas identidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades».

Y termina Lázaro Carreter su cita con un expresivo Olé, que yo coreo, agitando mi pañuelo blanco con él.

Las incorporaciones, numerosísimas, de las mujeres al mundo de la Justicia han planteado problemas semánticos. Juez y fiscal ¿tienen que utilizarse indistintamente para hombres y mujeres que ocupen estos puestos? O, por el contrario, ¿deben ser llamadas juezas y fiscalas? La verdad es que desde el punto de vista estético, estas dos palabras no pueden resultar más cacofónicas. Son horribles. En el Diccionario de María Moliner, juez y fiscal son sustantivos masculinos y femeninos. En el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española[4], juez es sustantivo común de los dos géneros, aunque contempla dos aceptaciones de jueza: la primera, la mujer del juez, y la segunda, la mujer que desempeña el cargo de juez. Fiscal, en cambio, es únicamente sustantivo común, sin contemplar la palabra fiscala. Una guapa amiga mía, que es juez, se muestra horrorizada ante la posibilidad de que alguien la llame jueza. ¿Qué hacer? A las mujeres jueces llamémoslas señoría. Respetuoso, formal y bello. Y más femenino que masculino, dada su terminación en a. Guste o no guste. A las mujeres fiscales sólo utilicemos fiscala por vía de insulto encubierto.

De todas formas, hay que tener cuidado con los géneros para evitar lo que le ocurrió al abogado León Abad, principiante e inexperto, al que llamó la atención el juez Demetrio Álvarez, hombre grandullón de voz estentórea, a la quinta vez que interrumpía un juicio con protestas.

—Señor letrado, estoy harto. Haga el favor de no interrumpir sin base ni fundamento alguno o procederé contra usted por obstrucción a la acción de la justicia.

Nervioso perdido, el principiante intentó defenderse.

—Señoría. Ni por lo más remoto intento obstaculizar el juicio. Su señoría esta equivocada —alegó—. Muy equivocada —insistió.

En cuanto a los secretarios judiciales, el uso del femenino no cuenta con muchas adeptas, porque parece reducir su papel en la Administración de Justicia al de una mera auxiliar. Muchas prefieren ser la señora secretario.

La prueba del propósito de la Ley y de cuantos pululamos alrededor de ella, de producirnos en los términos menos comunes y más confusos que sea posible, es lo que ocurre en los tribunales. Tradicionalmente y hasta el 8 de enero de 2001, en los pleitos civiles se ha llamado a la declaración de una de las partes en el litigio «confesión judicial». Esta denominación —confesión— ha producido siempre ciertos estragos.

—Señor Martínez —dijo el abogado a su cliente—, el día 19 a las once tiene usted que confesar en el doce (quiere decir en el Juzgado doce).

—Pero ¿eso es inevitable? —respondió Martínez confuso—. Absolutamente inexcusable —ratificó el letrado—. Nos han señalado (tampoco está mal el verbo «señalar» para esta acción judicial de citar) ese día. Es segunda (quiere decir que ya le habían citado una primera vez) y si no acude, le declararán confeso (quiere decir que si no va será como si reconociera todo lo que le hubieran preguntado, siempre que le sea perjudicial).

—Es que, sabe usted, hace por lo menos diez años que no piso una iglesia y no sé si me voy a acordar cómo se confiesa uno.

La confusión con el sacramento de la penitencia viene incrementada porque al acto de contestar a estas preguntas —posiciones— se le llama absolver, lo cual, para la mayoría, es obtener el perdón de los pecados. Y hay más. Algunos confunden las posiciones con las deposiciones, lo cual incrementa aún más la natural confusión.

Pero no es sólo el nombre lo que estaba mal. Una característica esencial de la confesión judicial es que las preguntas tenían que formularse por escrito —esto se ha cambiado ahora— y en afirmativo —condición que permanece, por absurda que sea—. Para entendernos, una pregunta se puede formular en interrogativo o en afirmativo. La primera forma, que es la natural y lógica, está prohibida en los pleitos civiles. Un ejemplo: cuando se quiere saber lo que gana de sueldo una persona, llenos de una iluminada ciencia interrogativa le espetamos:

—¿Cuánto gana usted?

Complicado, ¿no? Por el contrario, la forma afirmativa ha de permitir al cuestionado responder simplemente con un sí o un no. La misma pregunta anterior habría de formularse así:

—Confiese ser cierto que usted gana 175 000 pesetas mensuales. (Después de la última reforma se quitaría el «confiese», pero permanecería el resto de la pregunta).

A lo que el interrogado respondería escuetamente:

—No.

Final del interrogatorio. Con lo cual nos quedaríamos sin saber lo que gana. A menos que fuéramos haciendo repetidas preguntas parecidas cambiando la cifra y haciéndola preceder por un «más de».

—Confiese ser cierto que usted gana más de 175 000 pesetas mensuales.

Si el sometido a la prueba contesta «sí», se le pregunta lo mismo, pero con 25 000 pesetas más y así sucesivamente, hasta que emita un «no» y entonces nos plantamos. Como en las siete y media. Ya sabemos que sus ingresos están entre la cifra anterior y la última. El margen de error es de 24 999 pesetas máximo. Un poco retorcido, ¿no? Y sobre todo, cuando el remedio es tan sencillo. Simplemente preguntar: ¿cuánto gana usted?

¿Por qué no se hace así? Es verdad que ésta es una singularidad del proceso civil. No sucede lo mismo en el orden penal o en el laboral. Las razones de ello se mantienen totalmente inescrutables para mí.

Todas estas confusiones, unas inconscientes y otras deliberadas, me chocan sobremanera. Porque el Derecho, a diferencia de otras ciencias, está presente en la vida social de cada tiempo y de cada lugar, formando parte de su cotidianidad. De la medicina forman parte la química y la biología, que por su propia naturaleza quizá exijan algunos nombres o conceptos distantes del léxico común. Lo mismo ocurre con otras ciencias empíricas o extraordinariamente lejanas, en su contenido y desarrollo, del mundo común. Pero cuando los botánicos llaman dianthus caryophyllus al clavel, algo se traen entre manos.

Hay que reconocer que los legisladores hacen algunos esfuerzos por suavizar los calificativos aplicados a ciertas situaciones legales que envuelven conceptos peyorativos en el idioma ordinario. Así los hijos que no habían nacido de matrimonio eran llamados antes ilegítimos, mientras que ahora son llamados no matrimoniales, que parece más aséptico, aunque inútil. Si todos tienen los mismos derechos, ¿para qué calificarlos para distinguirlos[5]? A los niños dejados por sus madres a la puerta de los hospicios se les declaraba en situación de abandono, sustituida ahora por la de desamparo. También de nuestras leyes han desaparecido las situaciones de amancebamiento y las referencias a la manceba o a la barragana. Los franceses, sin embargo, siguen conservando en su Código Civil la figura del concubinato. Para que luego se diga…

Otra palabra desaparecida casi totalmente —y digo casi, porque de vez en cuando hay carcamales jurídicos que la usan— es el débito —la deuda— conyugal. Ahí es nada: llamar al acto sexual dentro del matrimonio, débito —deuda—. O sea, obligación de inexcusable cumplimiento, en que el acreedor —el marido— puede exigir a la mujer —la deudora— su prestación[6]. Según dice Engels en El origen de la familia, «en Atenas, la ley no sólo imponía el matrimonio, sino que además obligaba al marido a un mínimum de pagos de lo que se llama “débito conyugal”».

Actualmente, este derecho de pernada ha sido sustituido, en un claro movimiento pendular, por la posibilidad de condenar al hombre por violar a su esposa, por abusar de ella e, incluso, por acosarla sexualmente. La negativa de un cónyuge —el hombre o la mujer— a toda relación sexual, injustificada y permanente, no es ni siquiera causa de separación. Para algunos resulta un poco contradictorio que no exista ninguna clase de obligación, por ligera y sutil que sea, de hacer algo —un poquito, al menos— de vida sexual en el matrimonio, con el mantenimiento del deber —incondicional y absoluto, ése sí, deber u obligación— de fidelidad. Al casado se le condena, pues, a la castidad permanente. Menos mal que ahora el adulterio no lleva a la cárcel…

A lo más que se ha atrevido la ley es a negar la posibilidad de que un cónyuge acuse de infidelidad al otro cuando se encuentren separados de hecho de mutuo acuerdo. Tampoco puede hacerlo el que abandona al otro. ¡Hasta ahí podían llegar las bromas!

Uno de los requisitos esenciales para que una ley obligue es su publicación, porque si no se publica no se puede conocer. Y si no se puede conocer, no se puede exigir su cumplimiento. Es más, existe la presunción de que se conoce, cuando ha sido hecha pública: «La ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento». Pero para que se pueda conocer una ley no basta poderla leer, habrá que entenderla, digo yo. Si está redactado en un lenguaje críptico —como hemos visto—, cae por su peso la presunción.

Pero es que, además, el Derecho ¿qué es? En suma, el Derecho es un reglamento para la convivencia entre los seres humanos. Está dirigido a los ciudadanos de cada Estado. A los corrientes. A todos. A los más cultos y a los menos educados. Si hay cosas que estos últimos no entienden, la culpa no es de ellos. Es de la Ley o del idioma que utilizan quienes viven alrededor de ella. Ya es sabido que es más fácil ordenar de forma autoritaria e incomprensible. Pero no es lo mejor. Quien tiene razón, no huye de los términos simples, claros y diáfanos para exponerla y defenderla. Sólo quien pretende burlarla se oculta tras jeroglíficos. O quien parapeta su ignorancia tras una verborrea oscurantista.

Si en los textos legales, a veces, hay una clara intención de que nadie se entere de verdad de lo que se está diciendo, otro tanto pasa en los contratos. Especialmente en los que se llaman de adhesión. Estos contratos son los que redacta una entidad importante, como los bancos o las compañías de seguros, y van dirigidos a un pobre particular que suscribe con ellos —con el debido respeto reverencial— un crédito o un seguro. La posición dominante de la entidad prestamista o aseguradora, además de su evidente conocimiento superior, determinan que el contrato venga redactado por ella. Además: si quieres lo tomas y, si no, lo dejas. Tienen la sartén por el mango… y el mango también. La experiencia adquirida por ellos les lleva a intentar cubrirse de cualesquiera eventualidades que puedan presentarse y de las que se derive un peligro para ellas. Naturalmente, es de todos conocido que una de las argucias a las que se acude es la del tamaño de la letra. Está escrita de forma legible la parte general. Pero el resto, allí donde se refugian todas las razones que tiene el contratante poderoso frente al paria, se encuentran al dorso. Y es allí donde letrujas como patas de mosca se multiplican hasta el infinito. No sólo los hipermétropes, sino hasta los de vista más descansada, tienen enorme dificultad en pasar de las primeras diez o veinte líneas. Es la famosa «letra pequeña» a la que siempre se refieren los contratantes omnipotentes cuando el insignificante pide alguna ventaja para él.

—Lea. Lea usted la letra pequeña, porque allí dice que no tenemos que pagar ni un céntimo. Nunca.

Pero hay sistemas más sofisticados de ocultar las verdaderas intenciones que la simple letra infinitesimal e ilegible. El afán de protección de una parte dominante se manifiesta en ocasiones en el volumen de los documentos. Para desalentar al más pintado. Esto hace que ese tipo de contratos sean larguísimos. Es en Estados Unidos donde estos maxicontratos tienen su mayor difusión. Ya empiezan mal. Las primeras páginas —en plural— están dedicadas a definiciones. Algunas son de una obviedad evidente. Pero no es casual. Ante tales manifestaciones, el contratante inexperto baja la guardia. Se aburre. Así se define a qué se llama Banco; qué quiere decir cliente; qué se esconde tras la afirmación del domicilio; qué es el producto; qué significa precio; qué es dólar; qué representa producción; etcétera, etc. El futuro firmante pierde su lucidez en el entramado de las páginas. Su velocidad de lectura —en diagonal— se multiplica. Su poder de comprensión se diluye. Cuando llega el momento de firmar, lo hace por cansancio. Sin entender ni una sola palabra. ¡Bingo!

Cuando se habla de estos contratos resulta obligado recordar a los Hermanos Marx en Una noche en la Ópera, película de 1935. Se trata de la célebre escena en que Groucho le presenta un contrato a Chico, que no sabe leer. Éste es el diálogo que ha cobrado categoría de clásico.

Groucho (leyendo el contrato): La parte contratante de la primera parte será conocida en este contrato como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué te parece esto? ¿Muy claro, no?

Chico: No. Eso no está bien.

Groucho: ¿Cuál es el problema?

Chico: No sé. Déjame escucharlo de nuevo.

Groucho: La parte contratante de la primera parte será conocida en este contrato como la parte contratante de la primera parte.

Chico: Suena mejor esta vez.

Groucho: Bien. Te va entrando poco a poco. ¿Quieres oír más?

Chico: Sólo la primera parte.

Continúan leyendo el contrato y Groucho va rompiendo y tirando páginas del documento según Chico va expresando su desaprobación a cada cláusula, hasta que queda sólo una. Así se lo hace saber Groucho. Chico quiere saber lo que dice.

Groucho: ¡Oh! No es nada de particular. Es una cláusula habitual en todos los contratos. Dice que si una de las partes participantes en el contrato resulta no estar en plena uso de sus facultades mentales, el contrato se anula.

Chico: ¿Cómo llamas a eso?

Groucho: Es lo que llaman la cláusula de capacidad.

Chico: Ni hablar. No puedes engañarme. No existe la cláusula de capacidad.

Otra forma muy extendida de confundir a todo el mundo es la utilización de anexos varios, a los que se va refiriendo el contrato cada dos por tres. De este modo la lectura por parte de cualquiera que pretenda enterarse de lo que firma es espectacular. El futuro contratante se sienta rodeado del texto del contrato y sus varios anexos y, según va leyendo, salta de uno a otro cuadernillo, para volver siempre al principal que le sirve de guía. Las citas son complicadas porque se redactan del siguiente modo:

—El contratante acepta la renuncia al derecho regulado en el apartado b subapartado iv del número 14 de la Estipulación decimonovena del anexo III de este contrato, referido a las condiciones especiales, siempre que no haya denunciado formalmente el incumplimiento culposo de la obligación establecida en el número 12 A del párrafo tercero de la Condición Segunda del Anexo IV de aplicación a los contratos suscritos con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Reglamentación autonómica correspondiente.

Sencillo, ¿no?

Las remisiones, al menos en teoría, son manifiestamente improcedentes. Por eso la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en el apartado IV de su Exposición de motivos, señala con tintes de autoalabanza que «se reducen todo lo posible las remisiones internas». No obstante, sólo en el capítulo dedicado a los procesos sobre la capacidad de las personas contamos diez remisiones en sus ocho artículos. Por su parte, como otro ejemplo de estos envíos, el art. 775, que se refiere a la modificación de medidas definitivas dentro de los procesos matrimoniales, remite al artículo 773 para la tramitación de las medidas provisionales, artículo éste que a su vez nos envía al artículo 771, que hace mención de un par de artículos del Código Civil. Propósito cumplido. Pero poco.

A. P. Herbert, autor de Casos engañosos, pudo decir en 1935 que «la masa en general, si llegan a pensar en la Ley, la miran como si viesen un monstruo en el zoo». Claro que un magistrado inglés, Justice Atbury (1860-1939), se encargó de eliminar cualquier esperanza de nuestros corazones al exclamar: ¡Reformas! ¡Reformas! ¿No están ya las cosas bastante mal?

IV
EL LABERINTO DE LA LEY

El sentido común es una constitución que rige con más eficacia que todas las constituciones.

ÁNGEL GANIVET, Cartas finlandesas, IV

Para poder entender el mundo en el que se desarrolla mi reflexión es necesario hablar un poco de la Ley. Porque alrededor de imponer, aplicar, cumplir, interpretar o, incluso, eludir la Ley gira la profesión de abogado. La Ley, las Leyes o, al menos, una buena parte de ellas, deberían ser materia de estudio en el Bachillerato, en la Educación General Básica, o como quiera que en cada momento se llame la cultura general que debe enseñarse a todos los españoles. Naturalmente, no tengo nada contra otras disciplinas como la Química orgánica, por ejemplo. Pero pienso que antes de aprender algo que sólo va a ser útil a algunos debería enseñarse una materia que, necesariamente, va a estar presente a diario en la vida de todos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos nuestros actos están regidos, informados o sancionados por el Derecho.

Porque ¿quién no va a alquilar o comprar un piso, concertar una hipoteca, abrir una cuenta corriente bancada, contratar el suministro de electricidad y teléfono, comprar a plazos un coche, circular por las calles, con su mujer o marido, con el que se ha casado? Si tiene un hijo, hay que inscribirlo en el Registro, con una filiación determinada por el ordenamiento jurídico. Hay que inscribir la compra de la vivienda, que, dependiendo del régimen económico del matrimonio, determinado por las leyes, es de uno o de los dos. Obtiene un empleo, con un contrato temporal o indefinido. Paga sus impuestos y le descuentan y retienen parte de sus salarios. Concierta seguros de su coche, del hogar y uno de vida. Hace testamento o hereda de un pariente. Tiene una baja laboral, paga con un cheque y utiliza una tarjeta de crédito. Y un larguísimo etcétera de actos y situaciones en que el Derecho está presente. ¿No debería enseñarse algo de todo esto al ciudadano en la formación básica? Debería ser obligatorio culturizarle sobre el orden jurídico. Aunque sea de forma elemental. Al menos se crearía en el ciudadano una conciencia de que, para estos o aquellos actos, existen leyes que los autorizan o prohíben y que obligan o permiten realizarlos de una u otra manera. De ahí a tener presente la necesidad de informarse sólo hay un paso. Se evitarían muchos errores que luego son insalvables.

La Ley aparece definida por el Diccionario de la Lengua como el precepto dictado por la suprema autoridad en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la Justicia y para el bien de los gobernados. Pero, en realidad, la Ley, para su existencia, no requiere armonía con la Justicia, ni bondad para los ciudadanos. Eso serán exigencias de lo que debe ser la Ley, pero no de lo que es la Ley. Si cumple estas exigencias, la Ley será justa; en caso contrario, injusta. Pero la Ley, al fin y al cabo, obligará siempre con la fuerza coercitiva de que el poder dispone para hacerla cumplir.

También puede decirse que Ley es la expresión de la voluntad del Estado, manifestada a través del órgano competente, para regular la vida comunitaria del país. Pero para que la Ley obligue a su cumplimiento o a la abstención de lo que prohíbe hace falta que sea promulgada y publicada. Una vez aprobada una ley por el órgano competente —las Cortes Generales— el Rey la sanciona o, lo que es lo mismo, la confirma solemnemente y se promulga mediante su publicación en el Boletín Oficial.

Este último requisito es esencial, como ya he dicho anteriormente. Para exigir el cumplimiento de las leyes, el ciudadano tiene que poder conocerlas. Lo contrario sería monstruoso. Claro está que si cada uno pudiera alegar que no conoce la Ley, porque no se han enterado de su contenido, y obviar así su aplicación, se produciría la anarquía más absoluta. Por ello se recurre a una ficción. Cuanto se inserta en el Boletín Oficial del Estado es sabido por todo el mundo. Dicho de otra manera: se presume que todos los ciudadanos de España leen, con cuidado, detenimiento y fruición, esta publicación, de papel horrendo, tamaño gigante y texto nauseabundo. Y además, la memorizan y la tienen presente en todos sus actos. Claro está que como dicho Boletín tiene una tirada —¡asómbrese el lector!— de tan sólo 42 000 ejemplares y los habitantes de nuestro país son aproximadamente unos cuarenta millones, hay que considerar que, o bien cada ejemplar es leído por ¡MIL! ciudadanos, cosa harto improbable, o bien sólo conocen las leyes una milésima de los habitantes de nuestro país. Es evidente que habrá algunos que conozcan las leyes —o sus resúmenes o sus líneas generales— a través de otros medios informativos. O lo que es más real: habrá que llegar a la conclusión de que la mayor parte ignora enciclopédicamente la Ley. Pero, en fin, ése es su problema. El Estado cumple publicándola. Después, una vez publicada, está legitimado para caer con todo su peso sobre los infractores.

En general, el ordenamiento jurídico concede un plazo desde la publicación para que los ciudadanos se enteren y se apresten a cumplir la nueva ley y carecen de retroactividad. Las leyes, pues, entran en vigor a los veinte días de su publicación. La trampa está en que ésa es la norma general. Pero caben excepciones. Las que se quieran. Basta que la propia Ley diga lo contrario. Para algunas el plazo se prolonga. Está bien. No pasa nada. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos con frecuencia a la publicación de normas en las que se incluye su entrada en vigor al día siguiente de su publicación. En cuanto te descuidas ¡zas!, te cae el peso de la Ley encima de la cabeza. Y aún sin descuidarte.

De esa promulgación, y de la posibilidad que tiene el español de conocer las leyes, se deriva la presunción de que todos conocen la Ley y su corolario de que la ignorancia de la misma no excusa de su cumplimiento. Haber sido diligente y estudiado las leyes. El Estado ya se ha fabricado su axioma, que le permite exigir y sancionar.

Pero esta presunción, en el mundo en que vivimos, es absolutamente errónea. La presunción —en Derecho— es un método de prueba que requiere tres elementos: un hecho que tratamos de demostrar, otro hecho totalmente probado; y que entre éste y aquél exista un enlace preciso y directo, según las reglas de la sana crítica, como dice el Tribunal Supremo. O lo que es igual: que la deducción a partir del hecho incontrovertido para llegar al que queremos demostrar sea lógica.

En el caso que nos ocupa hay un hecho cierto: que las leyes se publican en un periódico, más o menos al alcance de todos los ciudadanos. Existe un hecho que queremos demostrar: que todo el mundo puede/debe leer este periódico y, en consecuencia, saber y conocer las leyes, publicadas en él. Hasta aquí no vamos mal. Pero lo que no existe, ni por lo más remoto, es una deducción racional entre uno y otro hecho. Veámoslo.

Como decía alguien —creo que era Perogrullo—, para que una cosa sea posible tiene que poderse hacer. O sea: para que cualquier ciudadano pueda conocer todas las leyes tiene que existir la posibilidad material de que pueda LEER todas las leyes que se publican. Si no las puede leer, mal las puede conocer. ¿Está claro? Si no pudiera hacerlo, la presunción caería por tierra.

Pues bien, si acudimos a la colección legislativa de Aranzadi, donde se publican todas las disposiciones legales, aparecidas en el Boletín Oficial del Estado, observaremos que en el año 1999 —por ejemplo— se agrupan en cinco volúmenes, que comprenden nada menos que 7385 páginas. A este derroche de entusiasta ingenio legislativo estatal hay que sumar la contribución a la confusión general —nada despreciable— de las autonomías. En idéntico año 1999, en la misma publicación citada, se han juntado 18 441 páginas de leyes autonómicas. En un abanico de laboriosidad, se comprenden desde las 1905 páginas de Cataluña a las 615 de La Rioja. Pero todas estas disposiciones son igualmente obligatorias. En resumen, en 1999 las leyes españolas de todos orígenes se reparten en 25 826 páginas. No está mal, ¿eh?

No sé si el lector ha leído alguna vez estas tradicionales publicaciones legislativas. Sus páginas están atiborradas de letras minúsculas y apretadas, a dos columnas, de forma que cada página tiene más información por sí sola que muchos libros en su totalidad. Hice un ejercicio de prueba. Me puse a leer a toda velocidad una página. Y que conste que las hay con gráficos, fórmulas aritméticas y químicas —pues de todo hay en las leyes—, que dificultan una enormidad la lectura y sobre todo la comprensión, por mínima que ésta sea. Sin arredrarme ante tales dificultades y despreciando cualquier conveniencia de memorizar o retener lo leído, sino sólo preocupado por la velocidad, leí una página elegida al azar desde el principio hasta el final. Mi cronómetro me dio el tiempo empleado en esta misión: cinco minutos y treinta segundos.

Multiplicando este tiempo por el número de páginas del año 1999 —25 826 páginas— alcancé el resultado de 142 043 minutos, o lo que es lo mismo, 2367 horas y pico. Dividido este número de horas por los 365 días de dicho año, arroja un resultado —salvo error u omisión— de seis horas y media por día, en números redondos. Esto es, cualquier ciudadano, para pasear su mirada, rauda y veloz, por las leyes de un año; por acariciar con su vista tal emporio de ciencia jurídica, que nuestros legisladores le proporcionan, precisa dedicar a esta función más de la cuarta parte del día. Y eso, todos los días, incluidos los festivos y sin excluir ni siquiera los días de Navidad y Año Nuevo, en que tradicionalmente no hay periódicos. Partiendo de que esta lectura se pueda asimilar a «conocer las leyes» —que ya es asimilación— llegaríamos a la conclusión de que si el ciudadano consciente pretende conocer las leyes promulgadas cada año, si se excluyen ocho horas diarias para el sueño y aunque sólo gaste otras dos horas para su alimentación e higiene, le restarían para el trabajo y el ocio siete horas y media al día. Cualquier otro reparto de su tiempo se opondría formalmente a la presunción del conocimiento de las leyes. Por falta de tiempo.

¡Ah! Y todo esto, partiendo de que el ciudadano esté siempre al día en su aprendizaje de la Ley. Porque, naturalmente, estamos obligados a cumplir y respetar no sólo las leyes promulgadas durante el último año, sino todas las que se encuentran en vigor en cada momento. Desarrollemos este pensamiento. Si consideramos que una persona que haya alcanzado la mayoría de edad en el año 1985 —año en que se publicó un Apéndice al Diccionario de Legislación, que comprende las leyes que estaban vigentes en ese momento—, para empezar a cumplir con su obligación ciudadana de conocimiento de las leyes tendría que leer todo lo vigente en ese momento. A las 15 691 páginas, que, repartidas en 19 volúmenes, comprende esta obra, hay que sumar las 30 905 páginas de los 25 tomos del Diccionario del que es Apéndice. En total, 46 596 páginas. La lectura de esta información inicial de puesta al día, punto de partida de su obligación ciudadana, a tenor del cálculo anterior, supone unos 256 278 minutos o, lo que es lo mismo, 42 713 horas. Teniendo en cuenta que cada año tiene 8760 horas, habría de dedicar la totalidad de los siguientes cinco años, en esta ocasión sin comer, ni dormir, a esta ardua y somnífera labor.

¿Es esto posible? Y si no es posible, ¿cabe mantener la presunción de que, por el hecho de su publicación, todo el mundo conoce las leyes que está obligado a cumplir? ¿Puede seguirse pretendiendo que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento?

La verdad es que padecemos una verdadera diarrea legislativa. Si comparamos la legislación, por ejemplo, del año 1972, en la misma colección legislativa de Aranzadi ya citada, veremos que las páginas en tal año eran sólo 1174, frente a las 25 826 páginas de 1999. Veintidós veces más; veintidós. Es cierto que la vida entonces era menos compleja. Pero es igualmente verdadero que la afición a reglamentar, contrarreglamentar, permitir y prohibir se ha incrementado hasta el infinito. Dice un proverbio alemán: «A más leyes, menos justicia». Coincide este aforismo nada menos que con Platón, que proclamaba: «Mucha tiene que ser la legislación donde es poca la Justicia».

Naturalmente, las consecuencias de esta avalancha legislativa podrían estar en cierto modo minimizadas si el título o denominación de cada ley nos pudiera disuadir, en ocasiones, de la lectura de algunas; al menos, de momento. Si, por ejemplo, nos enfrentamos con una disposición legal que apruebe el reglamento de la minería del carbón y nosotros, no sólo no nos dedicamos a esta actividad, ni trabajamos en una mina de tal materia, sino que incluso nuestra calefacción no utiliza esta fuente de energía, quizá podríamos obviar la lectura de esta Ley. Y quien dice el carbón, dice las normas del puerto de Algeciras o del cultivo del esparto. Eso sería un cierto alivio. Eliminaríamos de nuestra lectura todo aquello que nos es ajeno o por lo menos distante. Pero es tradicional —tristemente habitual— que leyes rotuladas con unos nombres encubran otras destinadas a distintos propósitos o materias.

No voy a extenderme en múltiples ejemplos de esta realidad, como podría hacer. Voy a dar algunos que apoyan mi afirmación, que, por desgracia, es muy cierta. Ha sido paradigmático lo ocurrido con la Ley de Presupuestos, que a su finalidad lógica ha unido otra de carácter enciclopédico. Ha modificado infinidad de normas legales de diferentes clases, tuvieran o no que ver con los presupuestos. Por eso se ha pasado en su contenido de un histórico artículo único a más de un centenar. Dentro de este desbarajuste, hay que citar la figura del leasing (o arrendamiento financiero), al que he hecho referencia anteriormente. Su única regulación no fue en una ley que llevara tal nombre o estuviera dedicada a tan importante y extendida actividad financiera. No. Se reglamentó en la Disposición Adicional 7.a de una Ley reguladora, como expresaba su nombre, de la disciplina e intervención de entidades de crédito. Cualquiera la encuentra.

Pero hay muchos más casos. La Ley de Tasas de 1989 concedió al Estado un derecho de retracto (esto es, a subrogarse en la adquisición en las mismas condiciones que el comprador) en las transmisiones patrimoniales, materia que no tiene nada que ver con las tasas. Más. La Ley de 15 de octubre de 1990, dedicada a la modificación del Código Civil en materia de discriminación por razón de SEXO, se ocupa de la reglamentación, en los procesos de separación y divorcio, de los alimentos de los hijos MAYORES DE EDAD. Confundir —o mezclar— el sexo con la edad parece notable. Y así sucesivamente.

Hay que significar que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicada —como indica su nombre— a los procesos civiles, deroga o reforma las siguientes disposiciones legales, de contenido de lo más variopinto y cuya conexión con el «enjuiciamiento civil» parece fruto de la más enfermiza imaginación: el Código Civil, la Ley de Sociedades Anónimas, la de Protección Jurisdiccional de los Derechos de la Persona, la regulación de ciertos contratos de préstamo, la Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, los Arrendamientos Urbanos y Rústicos, la Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión, la Hipoteca Naval, la Competencia Desleal, la Publicidad, la Propiedad Intelectual y las Patentes, las Condiciones Generales de Contratación, la Venta a plazos de Bienes Muebles, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Arbitraje, la Ley Hipotecaria, la Ley Cambiaria y del Cheque, las Leyes de Procedimiento Laboral y Criminal y la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, así como la de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿No está mal, verdad? Hay que leerlo todo. Todo. Pero ¿se puede? ¡Ah! Ésta es la cuestión.

Pero sigamos con algunos sabrosos ejemplos. La Ley del Menor de 1996 se ocupa, entre otras cosas, de cambiar algunos nombres obsoletos. Entre estos cambios sustituye la mención en el Código Civil de «locos o sordomudos que no sepan escribir» por «incapacitados». No está mal. Lo que ocurre es que los locos o sordomudos no son menores y la Ley del Menor se supone que trata exclusivamente de éstos. ¿O no?

La Ley del Jurado altera la prisión preventiva y la de Sociedades de Responsabilidad Limitada modifica las de Sociedades Anónimas, de Auditoría de Cuentas y el Código de Comercio. Vamos, la locura.

El eminente jurista Federico Carlos Sáinz de Robles, que fue presidente del Tribunal Supremo, llama a esto el «juego del escondite». Muy descriptivo. Y muy acertado. Asimismo, a este respecto podríamos dedicarnos a otro juego tradicional.

—Veo, veo.

—¿Qué ves?

—Una cosita.

—¿Con qué letrita?

Las adivinanzas están servidas.

En la forma de legislar hay, además, en ocasiones, un propósito de ocultación verdaderamente lamentable. Así, por ejemplo, en tema tan importante como la adopción, en 1987 se procedió a alterar la regulación vigente hasta entonces. Una de sus prohibiciones, contenida en un artículo de nueva redacción en el Código Civil —el 175. 4— consistía —consiste— en que nadie puede ser adoptado por más de una persona con carácter simultáneo, a excepción de los cónyuges. Así: terminante y rotundo. Quería decir que sólo los casados entre sí podían adoptar los dos. O lo que es igual, por exclusión, que los unidos en pareja de hecho —no casados— no podían hacerlo juntos. Sin embargo, en la citada Ley del 87 había una Disposición Adicional, la 3.a, que nunca incorporaría su texto al Código Civil. En ella, como de puntillas y a escondidas, se dice que también pueden adoptar conjuntamente «el hombre y la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal». Esta importante adición ¿por qué no se incorpora al texto del Código? ¿Por qué queda relegada a un lugar —una Disposición Adicional— de difícil acceso, de forma que es complicado encontrar esta norma? Parece como si fuera una disposición de la que el legislador se avergonzara y quisiera disimularla. Pero ¿cabe el disimulo legislativo? ¿Se puede sentir rubor de lo que se promulga? ¿Se puede legislar silbando y mirando para otro lado, como si no fuera con el legislador una ley que se introdujera sola en el ordenamiento legal? ¿Puede decir el autor de la ley que un extremo está ahí por casualidad y que no se había dado cuenta de su vigencia? ¿Y qué ocurre con los pobres ciudadanos normales? ¿Pueden conocer esta norma con facilidad?

Hay que mencionar también el propio Código Penal. Ese Código tan alabado como el más grande logro de la democracia (al menos hay uno cada año, como los partidos de fútbol del siglo), tan pronto ha entrado en vigor, ha comenzado a reformarse. En el nuevo texto acudimos al Título II del Libro II denominado «del aborto». Procedemos a su atenta lectura —tiene tres artículos— y observamos, con estupor, que nada se dice de los supuestos de despenalización existentes, que siempre han sido tan controvertidos. No hay nada al respecto. Pero no es posible. Se habría sabido. La prensa se habría hecho eco de la supresión de estas despenalizaciones. Veámoslo de nuevo. Tras una nueva y más lenta lectura de los preceptos consignados bajo el epígrafe «del aborto», sólo se encuentran los artículos 144, 145 y 146, todos ellos punitivos. Pero si se trata de un Código nuevo, enteramente nuevo, tan democrático, y no se ha cambiado en este aspecto, tendrían que estar las despenalizaciones. Se encontrarán en otro sitio. Buscamos en el libro I sobre disposiciones generales… y nada. La verdad es que nuestra sorpresa no tiene límite. ¿Se habrá suprimido la despenalización, a la chita callando, y nosotros no nos hemos enterado?

Pero, tercos e insistentes, creyentes de que no se ha derogado y menos bajo un gobierno socialista, continuamos nuestra misión investigadora. Procedamos con sistema. Se impone la lectura total del Código: palabra a palabra; del principio al fin. Sabemos que el legislador juega al escondite. ¿Dónde lo habrá escondido? Pero nuestra laboriosidad tiene un premio final. Después de tan amplia, prolija y fecunda lectura, lo logramos. Ahí estaba. Pero ¡demonios! ¡Dónde estaba! No en el articulado de la Ley. Se encontraba en la Disposición Derogatoria Única, 1. a). En ella se deroga, como es lógico, el Código Penal anterior. Pero, en la misma derogatoria, se exceptúa de esta derogación el artículo 417 bis del texto precedente, que es, precisamente, el que trata de los supuestos de despenalización. El Código es nuevo. Sustituye al anterior. Pero no en todo. En casi todo, sí. Pero no totalmente. Queda muy poquito. Pero eso sí, se mantiene del Código anterior estos supuestos de despenalización. Algo retorcido, ¿no?

A la sonrisa triunfal con que nos adornamos tras el esfuerzo unimos una pregunta sin respuesta: ¿por qué no se ha incluido esta norma en su sitio? Misterio.

Los casos se multiplican. Por la Ley 55 de 1999 de 29 de diciembre se estableció que con efecto 1 de octubre de 2000 quedarían fusionados los cuerpos de notarios y corredores de comercio. Todos serían notarios desde ese momento. Pues bien, el 11 de septiembre de 2000, casi nueve meses después de haber dispuesto la desaparición de los corredores como tales y haber establecido la fecha de efectividad de su conversión en notarios, se convocaron oposiciones a corredores. Estas oposiciones, para más inri, habrían de ser juzgadas por un tribunal cuya composición se publicó el día 9 de febrero de 2001, cuando ya habían desaparecido los corredores. ¿No es todo esto un puro laberinto?

Decía Séneca que hay algunas leyes no escritas que están en el corazón de todos los hombres. Hay un cierto sentido natural de lo que es justo y apropiado y de lo que no lo es. De ahí deriva que los regímenes democráticos hayan concluido por delegar la facultad de legislar en los representantes comunes de los ciudadanos. Ellos deberían reconocer y concretar eso que está en el corazón de todos. Lo que ocurre es que algunos son sordos —o se lo hacen— a los dictados de eso que, en definitiva, más que el corazón es el sentido común. (Hay otros —muchos— que no son sordos. Son los que no quieren oír. Están fuera del hemiciclo, cuando se discuten las leyes, fabulando qué hacer para resultar reelegidos o incluidos en las listas de su partido).

Pero hay que contemplar otro aspecto fundamental de las leyes, que es su comprensibilidad. Un parlamentario norteamericano dijo en un discurso pronunciado en 1929 en Washington que: «El idioma de la Ley no debe ser extraño a los oídos de aquellos que deben obedecerla». Elemental, mi querido Watson.

Cuando la redacción no es afortunada propicia múltiples interpretaciones diferentes y eso, en plata, quiere decir que nunca se sabe lo que vaya a sentenciar un juez, en aplicación de tales leyes de confuso texto.

Pero no acaban aquí nuestros problemas. Por las raíces históricas de nuestro país existen cuerpos legales tradicionales en las distintas comunidades, que son de aplicación en las mismas. Su conocimiento se ha divulgado mediante compilaciones, que incluyen todas estas leyes. Son leyes forales o especiales que rigen en Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, País Vasco o Baleares. Y aún dentro de cada uno de estos territorios, hay variantes, como las existentes entre Mallorca, Menorca e Ibiza. Las hay de dificilísima determinación geográfica del área en que están en vigor. Así, en el País Vasco, el Fuero de Ayala se aplica en todo el término de los municipios de Ayala, Amurrio y Okondo, y en los poblados de Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma y Sojoguti, del municipio de Artziniega. Complicado, ¿no?

Todavía más. En Extremadura existe el llamado Fuero de Baylío, concedido a la villa de Albuquerque por su fundador, Alfonso Téllez, yerno de Sancho II, rey de Portugal, cuya única mención legal aparece en una resolución de Carlos III de 1778. El territorio al que se aplica está constituido por la plaza de Ceuta (nada que ver con la plaza africana de soberanía) y los pueblos de la provincia de Badajoz de Albuquerque y la Codosera; Burguillos, Fuentes de León y Valverde de Burguillos; Atalaya y Valencia del Ventoso; Jerez de los Caballeros, Oliva de Jerez, Valencia de Mombuey, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana y Zahínos; Olivenza y pueblos agregados; Santo Domingo, San Jorge, San Benito y Villarreal; Alconchel, Chelas, Higueras de Vargas, Táliga y Villanueva del Fresno. Y encima, existen dudas sobre la existencia misma del Fuero, su eficacia y, desde luego, sobre su contenido, al no existir texto escrito de esta norma consuetudinaria.

Recientemente, nuestro legislador ha protagonizado uno de los episodios más llamativos que se pueden dar. Naturalmente, en la publicación en el BOE de los textos legislativos se pueden cometer —y de hecho se cometen— errores. Humano. Por eso no sorprende que, después de la aparición de una ley —y más si es extensa y complicada—, aparezca en otro número de la misma publicación una «corrección de errores». No extrañó demasiado, pues, que tras la inserción el 8 de enero de 2000 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 14 de abril siguiente apareciera una corrección de errores padecidos. Pero lo que ha sido más llamativo es que en el Boletín Oficial del Estado del sábado 28 de julio se publicara una nueva corrección de errores: «Advertido error en la corrección de errores…». Se dejan las cosas como estaban el 8 de enero. La corrección de un error que nunca lo fue o el error del error es la sublimación del error legislativo.

Al reflexionar sobre las leyes hay otra cuestión, que me parece fundamental, de la que es necesario hablar. Me refiero a que las leyes deben ser aceptables para la gente y asequible su cumplimiento. Contradicen este principio ciertas instituciones jurídicas, principios legales o simplemente normas, cuya justificación o explicación es de difícil comprensión para el ciudadano medio. Los hombres —y mujeres— de leyes quizá nos hemos acostumbrado a ellos, y carezcamos, por la insensibilidad del hábito, de la necesaria perspectiva para enjuiciarlas en su base y legitimación. Pero para el resto de la humanidad, estas leyes chocan contra su buen sentido. Y yo creo que cuando existe tal contradicción, cuando hay un choque frontal entre el parecer común del ciudadano virgen —o semivirgen— y la norma legal, en principio, el que tiene razón es el sentido común, el del común de los mortales, y no el del común de los leguleyos.

Tal es el caso de la prescripción extintiva. O de la caducidad, que es prácticamente lo mismo, aunque esta última técnicamente difiera de aquélla. Hay que pensar que por la prescripción desaparece una acción para obtener algo o para castigar por algo. Y ello por el transcurso de un tiempo determinado, que es variable, según la importancia o la gravedad de lo que el paso del tiempo extingue o mata.

Convencer a cualquiera de que un delito deja de ser punible, porque haya transcurrido cierto tiempo desde su comisión hasta que se pretende castigar, parece reñido con el sentido de la lógica. Si es delito, es delito y siempre lo será. No importa cuánto tiempo haya pasado desde su perpetración hasta su descubrimiento o intento de castigo. Seguirá siendo delito y, por tanto, por él podrá ser castigado su autor.

La prescripción puede entenderse en el seno de las relaciones privadas. Si a una persona le deben un dinero y no lo reclama durante un tiempo, considerar que ello equivale a una renuncia a su cobro por parte del acreedor puede ser comprensible. Haberlo reclamado antes. Estas situaciones no van a perpetuarse. Que, al cabo de los años mil, cuando ya nadie recuerda nada e, incluso, cuando han podido desaparecer documentos que prueben el pago, venga el acreedor a reclamar su crédito, puede ser absurdo. Pero una cosa es eso y otra que el que haya matado a una persona o la haya estafado pueda quedar en libertad por el simple paso del tiempo. Es como un premio a la habilidad en la ocultación. El ciudadano lo considera incomprensible.

No hace mucho se ha dictado una sentencia contra dos altos financieros españoles, que encabezan, además, una importante institución bancaria. La sentencia dictada después de años de instrucción reconoce que hubo engaño y un enriquecimiento a costa de sus socios. Pero como la querella se interpuso después de un cierto tiempo (la tardanza no cuenta o cuenta poco, cuando son los tribunales los que incurren en ella), la actuación delictiva debe quedar impune como tal. Que reclamen las víctimas civilmente, si quieren. Y como consecuencia de ello, las autoridades que tanto vigilan las actividades bancarias, en protección del pequeño usuario, no hacen nada y estos ciudadanos, cuya conducta irregular ha sido reconocida en un proceso público, siguen al frente de las entidades que dirigen.

Hay que considerar también, especialmente en el campo penal, lo que constituye la eliminación del proceso de las pruebas obtenidas de forma ilegal o inapropiada. Todos hemos visto en los juicios televisivos (la ciencia procesal de nuestro país se nutre fundamentalmente de los juicios que vemos en televisión) que un testigo, acosado por un abogado, hábil y no muy escrupuloso, hace determinadas afirmaciones antes de que el juez acepte la protesta del otro abogado, que la formula desgañitándose. La declaración está hecha. Es una realidad. Todo el mundo la ha oído. Su peso específico es considerable. Su trascendencia es vital para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado sentado en el banquillo (o en una butaca junto a su defensor). Los jurados han recibido esta información improcedente o inadecuada. Pues bien, como quiera que la respuesta del testigo se ha anticipado a su rechazo de la pregunta, el juez afirma muy serio:

—Se acepta la protesta. El jurado tendrá por no formulada la cuestión y no tendrá en cuenta la contestación.

Así de fácil. Los miembros del jurado, vecinos corrientes del lugar de los hechos, hacen una pirueta mental y borran de su intelecto y de su memoria aquella realidad que han oído. ¿Es así? Y todo el mundo se queda tan tranquilo.

En cuanto a la exclusión de las pruebas que se hayan obtenido de modo poco o nada legal, creo que hay que hacer una distinción fundamental. Aquellas logradas por medios heterodoxos, que ponen en duda la realidad, autenticidad o veracidad de la prueba, evidentemente tienen que ser extraídas o no incorporadas al procedimiento judicial. Por ejemplo: una declaración «arrebatada» a un acusado, con coacciones, amenazas o aún con brutales agresiones o sofisticadas torturas, no puede tener ningún valor. Bajo tales condiciones, cualquiera se confiesa autor de la muerte de Canalejas.

En cierta ocasión, en período revolucionario, fue llevado un notario aragonés ante una patrulla parapolicial. Le preguntaron si no había espiado para las fuerzas enemigas.

—¿Quién, yo? —repuso el fedatario—. Pero ¡qué barbaridad! Ni para el enemigo, ni para el amigo. ¿Yo espía? Si oye esta acusación mi amigo Fernando, que en gloria esté, se vuelve a morir. Si yo no he sido capaz ni de oír una conversación ajena en un café. Yo soy un caballero, señores…

Uno de los asistentes al interrogatorio, felón de cien kilos de peso y uno noventa de estatura, se levantó lentamente de la silla en la que estaba sentado y se dirigió al detenido. Se detuvo frente a él y sin pensarlo dos veces, le propinó una bofetada con el revés de su mano, que arrojó al suelo al pobre notario.

—Vamos a ver si esto te ha refrescado la memoria, notario de mierda. Necesitamos tu confesión escrita y firmada. ¿Entendido? Te hago la pregunta de nuevo. ¿Es cierto que has realizado actos de espionaje por cuenta y para beneficio del enemigo?

El interrogado, al que corría un hilo de sangre por la comisura de la boca, que tenía un ojo a la funerala y la mente en Babia, balbuceó:

—Pero como quiere que le diga que yo no tengo ni idea de lo que me acusa. Soy un simple notario dedicado a mis papeles…

Su discurso quedó interrumpido, porque el matón, que había recobrado su asiento, volvió a levantarse y se aproximaba, lenta e impasiblemente, al detenido. Ante la inminencia de un nuevo argumento para convencerle, éste gritó:

—Un momento, un momento. Estoy dispuesto a confesar lo que quieran.

—Secretario, tome nota literal de la declaración del acusado, para que la pueda firmar.

—Escriba lo que voy a dictarle —dijo el declarante, ante la expresión satisfactoria de sus acusadores—. «Yo, Jesús Pérez de la Justicia, confieso haber realizado toda clase de actos de espionaje de los que he sido acusado, a favor del bando enemigo, sean éstos cuales fueren, en las circunstancias y condiciones que mis acusadores concreten, en el presente y en el pasado, así como cualesquiera otras de las que pueda ser acusado en el futuro e igualmente me confieso autor de cualquier otro delito diferente del anterior del que pueda ser incriminado».

Eso es una confesión y lo demás son tonterías.

Pero una cosa bien distinta de la anterior es cuando no exista ni una duda de la autenticidad de la prueba o de la veracidad del testimonio y se excluya del proceso, dando lugar, quizá, a la absolución del imputado, porque en su obtención no se haya respetado alguna norma legal de contenido formal. Un juez del estado norteamericano de Nueva York, con veinticinco años de experiencia al frente de un juzgado penal de dicha ciudad, Harold J. Rothwax, ha escrito un libro calificado en la portada como terrorífico, bajo el título de Culpable (Guilty). El colapso de la justicia criminal. En esta obra narra casos concretos en que la aplicación de este principio ha llevado a puros disparates.

Por ejemplo: Angela Skinner, de catorce años, había desaparecido y se sospechaba que pudiera encontrarse en el apartamento de un tal Lee Erwin Johnson, en contra de su voluntad, como efectivamente sucedió. Dos policías acudieron a este domicilio en el que encontraron a la joven, sin que Johnson estuviera en tal momento. Para entrar tuvieron que cortar un candado que cerraba la puerta.

Una vez dentro, Angela les contó a los agentes que Johnson la había retenido y violado repetidamente, amenazándola con matarla a ella y a sus padres, mientras exhibía unas pistolas que guardaba en un armario. Los policías encontraron las armas y sus correspondientes municiones, de las que se incautaron. Johnson, que tenía ya antecedentes, fue condenado a quince años de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Apelación revocó la sentencia y dejó libre a Johnson. Pero no porque los hechos fueran puestos en duda, cosa que nunca ocurrió, sino porque consideró que los policías carecían de autoridad para entrar en el apartamento. Desde luego, Angela no podía autorizarlos, aunque se encontraba dentro, ya que Johnson, que era el ocupante legítimo, a través de su candado había expresado su voluntad en contra. Tampoco podían legalmente sacar las pistolas del armario. El derecho a la intimidad y privacidad de Johnson había sido conculcado y las pruebas presentadas habían sido ilegítimamente obtenidas, por lo que Johnson quedaba absuelto por falta de pruebas. Y a Angela que le dieran dos duros.

De estas decisiones absurdas no escapa el Tribunal Supremo de Estados Unidos, según narra este mismo juez. Una empresa dedicada a la pornografía de San Petersburgo, Florida, remitió un paquete de películas de su producción a Atlanta, Georgia, a la atención de una mujer, conocida por el sobrenombre de «Legs», (Piernas), sin duda por la calidad de las suyas. El envío se realizó a nombre de «LEGS, INC», con un remite falso. Por uno de esos azares que la vida prodiga, el envío fue entregado equivocadamente a la empresa «L’EGGS PRODUCTS, INC», dedicada a la revisión de huevos a través de una luz para comprobar su calidad. El error fue propiciado por la similitud de la escritura y pronunciación de ambos nombres: LEGS Y L’EGGS. Cuando los «hueveros» abrieron el paquete no tuvieron que hacer muchas conjeturas para comprender el contenido de los vídeos, dado lo explícito de las fotografías que adornaban las cubiertas de las películas. Llamaron al FBI, al tratarse de un delito federal. La mercancía ilegal había cruzado la frontera entre dos estados y para ello se había usado el correo, lo cual tipifica el carácter federal de estas infracciones. En el juicio que se siguió contra los remitentes y los autores de los vídeos pornográficos se presentó una moción para que se suprimieran los vídeos como prueba. De prosperar, evidentemente, quedarían en libertad. En primera instancia, el juez desestimó la petición, pero sólo por considerar que el uso de un remite falso representaba una voluntaria dejación del derecho a la privacidad de la correspondencia. ¿Qué ocurrió después? Nada menos que el Tribunal Supremo decidió la supresión de las cintas, lo que llevaba aparejada la absolución. ¿Por qué? Pues porque los agentes no obtuvieron una orden judicial de registro antes de ver los vídeos. La necesidad de notificar a los dueños de las cintas la orden de registro primó sobre otras consideraciones. La imposibilidad de hacer tal comunicación, por haber consignado una identidad y unas señas falsas en el remite, no detuvo al alto tribunal. En su descargo —mínimo— hay que señalar que la decisión tuvo cinco magistrados a favor y cuatro en contra.

En otra ocasión, sin embargo, la dirección del fallo fue la opuesta. El servicio de Inspección tributaria montó una operación para desmantelar la evasión de impuestos realizada por muchos americanos, mediante la apertura y el mantenimiento de cuentas bancarias en las islas Bahamas. El montaje de esta acción de la inspección, manifiestamente ilegal, fue el siguiente: la Inspección contrató una prostituta que siguió a un banquero de Bahamas hasta Florida, donde, tras hacerse la encontradiza con él, le convenció de que la llevara a cenar. Mientras el banquero quedaba prendido en los atractivos de la hetaira, unos agentes entraron en su habitación del hotel y fotografiaron todos los expedientes de clientes americanos que guardaba en su cartera. Una vez así identificados, los clientes fueron sometidos a un interrogatorio, bajo juramento, acerca de la identidad y movimientos de tales cuentas. Tan pronto negaban su existencia o su participación en los hechos, eran acusados de perjurio, que, como todo el mundo sabe, especialmente después de las desventuras de Clinton, es el delito más grave que puede cometerse en Estados Unidos. La prueba del juramento en falso era sencilla, una vez que se contaba con las fotografías de las cuentas.

Naturalmente, uno de los acusados alegó que las pruebas debían ser excluidas del proceso por haber sido obtenidas con infracción de las normas constitucionales protectoras de la intimidad y privacidad. En primera instancia, a la inversa del anterior, el juez acordó excluir las pruebas. Estimó la ilegalidad completa de las acciones de la Inspección, que contrataba prostitutas, entraba en habitaciones de hotel, violentaba carteras y copiaba expedientes personales guardados en ellas. Pero el Tribunal Supremo revocó la resolución del juzgado y desestimó la petición de exclusión de las pruebas. La base de su decisión fue que no eran las carteras de los procesados por falso juramento las que habían sido abiertas y su contenido copiado sin su autorización, sino la de otro, la del banquero hechizado, que no estaba implicado en el juramento. Por tanto, como no era la intimidad del imputado la violada, sino la de otro, el acusado no podía protestar.

El oficial de policía Colleran estaba patrullando por la noche en la ciudad de Nueva York, cuando recibió a través de la radio de su coche una denuncia. Un hombre de color, vestido con una chaqueta y unos vaqueros rojos, y armado con una pistola había sido visto entrando en un edificio de la calle 115. El oficial, diligentemente, se dirigió rápidamente al lugar indicado y sorprendió a un hombre de tales características surgiendo de un bar. Salió rápido de su coche, sacó su arma y exhibió su placa, mientras le gritaba:

—¡Oficial de policía!, ¡deténgase!

El hombre se paró. Colleran lo registró y le encontró un arma para cuya posesión carecía de licencia. Como consecuencia de ello fue inicialmente condenado a una pena de un año de cárcel. Sin embargo, la apelación le absolvió por considerar que el agente actuó indebidamente al detenerle, ya que no verificó el origen de la denuncia anónima recibida. Consideró este tribunal —por lo visto— que la forma adecuada de actuar el policía hubiera sido dirigirse respetuosamente al denunciado y preguntarle:

—Perdón, señor. He recibido una denuncia anónima que dice que usted está en posesión de un arma, para lo cual no posee licencia. ¿Es esto así o el informador está equivocado?

A lo que, sin duda, el de los tejanos rojos habría respondido:

—Nada de perdón, oficial. Está usted cumpliendo con su obligación, por lo que le felicito. Pero yerra su anónimo informante. No tengo sobre mí ningún arma.

El oficial, obtenida esta aclaración, se despediría con respeto, dejando al paseante en libertad para cometer cualquier acción delictiva con su pistola.

Claro está que también podría haber ocurrido que el interrogado, ante la perspectiva, absolutamente nefanda, de incurrir en una mentira, hubiera respondido al policía, al tiempo que alargaba sus muñecas para poder ser esposado:

—Señor agente, cumpla con su obligación. Es cierto que llevo sobre mí un arma y que carezco de licencia para ello. Es más, su informante ha tenido un gran acierto al llamarle, por lo que no tengo más remedio que felicitarle. Porque la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad es que me disponía a delinquir contra la propiedad, asaltando aquél drugstore de la esquina y dejándoles sin un solo dólar.

El paradigma de esta clase de garantías es la llamada declaración Miranda.

Tiene su origen en Estados Unidos. En una ocasión, Ernesto Miranda, denunciado por violación de una joven, fue interrogado por la policía, que obtuvo de él la confesión no sólo de esta violación, sino de la tentativa de otra. También reconoció, por añadidura, un robo. Antes había sido sometido al reconocimiento de la víctima de la violación, para lo cual compareció a examen en unión de otros ciudadanos, en una rueda preparada al efecto. De esas ruedas, que con tanta frecuencia vemos en las películas estadounidenses, sabemos todos un rato largo. La chica no le reconoció, pero los agentes le dieron a entender a Miranda que el reconocimiento había sido plenamente positivo. Él, entonces, como ya he dicho, confesó.

Tres años más tarde el Tribunal Supremo se planteó dudas acerca de la voluntariedad de la amplia confesión de Ernesto Miranda. Para crear una doctrina a este respecto y eliminar la posibilidad de que se mantuviesen estas incertidumbres, acuñó este tribunal la exigencia de que cualquier detenido debía, antes de ser interrogado, ser informado de lo que se han llamado «sus derechos». Esto es, debía instruírsele de que podía permanecer en silencio, de que cualquier afirmación que pudiera hacer podría ser usada en su contra y de su derecho a tener un abogado que lo defendiera, libremente designado por él o, si no quisiera hacerlo, se le designaría de oficio. Naturalmente, estos derechos afectan únicamente al interrogatorio de un detenido, porque si la confesión la realiza el delincuente por sí solo de forma espontánea, es válida sin necesidad de advertencias ni de conocimiento de tales derechos por parte del declarante. La declaración Miranda ha sido llamada por algunos «la coartada del cazador de zorros»: al acusado hay que darle la oportunidad deportiva de escapar a la acción de la justicia.

Los casos se han multiplicado. Un tal Ferro fue arrestado por un robo de unas pieles en un domicilio particular, con resultado de muerte de un ocupante del inmueble. Cuando Ferro se encontraba en la cárcel, un detective puso delante de su celda las pieles robadas, que habían sido encontradas en el domicilio de un cómplice. Simplemente a la vista de estas pieles el delincuente pidió hacer una declaración en la que confesó sus crímenes. Pues bien, esta declaración fue anulada por el juez porque el policía debió haber pensado que, ante las pieles, el detenido confesaría. Por tanto, la confesión se había realizado cuando el imputado carecía de libertad. Ante estas consideraciones el salteador y homicida quedó en la calle.

Pero ¿ocurre esto solamente en Estados Unidos, de donde nos vienen todas la noticias de sucesos estrambóticos? Solamente vamos a citar un caso español. En un juzgado de Levante fue detenida una empleada del hogar por el robo de 20 000 pesetas en metálico y un anillo tasado en 120 000 pesetas, propiedad de su patrón. Los delitos habían sido perpetrados cuando hacía la limpieza en el domicilio de su empleador. Había una constancia clara e indiscutible de ello, pues fue filmada en vídeo, cuando cumplía su cometido y realizaba las sustracciones, la primera de la cartera y la segunda de un cajón. La acusada fue absuelta por falta de pruebas al excluir del proceso el juez la grabación, donde con todo detalle se podían constatar los hechos imputados, al ser ésta la única prueba.

¿Por qué se eliminó la prueba? Porque la grabación se había realizado sin la aquiescencia de la ladrona y violando su derecho constitucional a la intimidad. El juez señaló que el «derecho a la intimidad debemos entenderlo en un sentido amplio que puede abarcar no sólo la estricta vida privada de la persona, sino también la privacidad en el desempeño de una labor profesional, debiendo incluir en dicho ámbito privado tal esfera». ¡Y tan amplio! Por lo pronto, parece incluir en el desempeño de la labor profesional de una empleada del hogar la apropiación de pertenencias de su empleador, lo que nos parece ofensivo para el conjunto de tan digna profesión. Pero, en todo caso, lo que no cabe duda es que cualquier ladrón ha de considerar que sus robos pertenecen al espacio de lo que le es íntimo y que, ¡no faltaba más!, quiere excluir tales hechos del conocimiento de los demás. No quiere presumir. Prefiere pasar inadvertido. Es modesto por naturaleza. Por tanto, lo que tiene que hacer la justicia o la policía, cada vez que se está cometiendo un crimen de la clase que sea, es ser respetuosa con los autores, no vulnerar la intimidad de sus acciones y mirar discretamente para otro lado.

Los abogados nos encontramos con frecuencia frente a un cliente que, en uso de su lógico derecho, quiere averiguar lo que dice la Ley respecto a cualquier problema que le afecta o le va a afectar. Somos nosotros los que debemos informar a los ciudadanos. Ya hemos visto las dificultades que la profusión legislativa nos plantea. Pero a ella hemos de añadir la ocasionada por las divergencias que los distintos jueces y tribunales tienen entre sí en la aplicación de las leyes.

Hay una palabra nefasta que solemos utilizar para justificar nuestra imprecisión informativa: DEPENDE. ¿De qué depende? Pues depende del juzgado o tribunal a quien corresponda el conocimiento y resolución de la cuestión. Pero no se piense que son pequeñas diferencias de matiz. No. Estamos hablando de divergencias esenciales, de magnitudes astronómicas.

Hay un factor que agrava sensiblemente el problema. Los jueces de lo que están más fieros es de la llamada independencia judicial. Que el encargado de impartir Justicia sea independiente es a la vez una exigencia elemental y una virtud indiscutible. Siempre que independiente quiera decir que no está sujeto a dependencia alguna, esto es, a autoridad, organización, persona o grupo que le imponga un criterio o un fallo. Tiene que ser independiente de creencias, doctrinas, presiones, ideas preconcebidas o inducidas. Evidentemente, eso no sólo es sano y defendible, sino absolutamente imprescindible.

Pero de lo que no puede ser independiente es de las leyes que debe aplicar. No es un legislador. Interpreta la legislación, la selecciona y la proyecta sobre el caso que debe resolver. Debe ser independiente para valorar las pruebas, pero dentro de las normas legales que sean de aplicación. Lo contrario no es independencia, sino anarquía.

Cuando el contenido de una o unas disposiciones legales puede ser totalmente contradictorio en la sala de un juzgado de lo que en otra, algo funciona mal. ¿Qué es lo que se resiente? Un principio fundamental por lo menos tan importante como la independencia judicial: la seguridad jurídica.

Si con la misma norma se pueden alcanzar conclusiones contradictorias, algo va mal. O la norma está mal redactada, o el juzgador aplica un raciocinio deficiente, o las dos cosas a la vez.

La Ley o su aplicación práctica nos llevan frecuentemente a resultados incomprensibles.

Seguramente cualquier lector recordará un episodio que se produjo en el área nordeste de Madrid hace algunos años. Un pobre indigente, que vivía en una casucha con toda su familia, cazó por una casualidad un lagarto de cierto tamaño, que se apresuró a asar en el fuego y a comérselo, compartido con un hijo suyo, que desfallecía de hambre. De cierta investigación, de cuyo origen y puesta en funcionamiento no tengo recuerdo alguno, resultó que el lagarto devorado pertenecía a una especie protegida. Implacable la Ley, de modo fulminante, castigó el delito ecológico e impuso al infractor una multa de un millón de pesetas. Esta deuda, algún tiempo más tarde, se había convertido en dos millones, ante el incumplimiento del pago de la multa por parte del autor de tan hambrienta conducta y ante la total ausencia de bienes que embargar, fianzas que hacer efectivas o avales que ejecutar. La visión en las televisiones que cubrían el suceso del infractor y su hijo, ambos escuálidos y mal vestidos, en el interior de su chabola resultaba patética. ¿Tendrían ellos la posibilidad de ser considerados especie a proteger?

Unas veces la Ley es dura como el pedernal y otras absolutamente blanda como la manteca. El ciudadano ignorante de los entresijos de las normas legales no entiende cómo unos trabajadores, en defensa de sus intereses, que pueden ser legítimos y dignos de protección, pueden tomar el paseo de la Castellana de Madrid e instalar allí unas tiendas de campaña. Y no una o dos pequeñas tiendas, sino decenas, con tres piscinas y una biblioteca, durante un larguísimo trecho de tan importante vía pública. Nada menos que 10 300 metros cuadrados. Se inauguran plazas con nombres de políticos, que se fotografían frente al rótulo con su nombre. Y no sólo durante un tiempo testimonial, sino durante seis meses, en que ocupan la propiedad general, en detrimento de otros que quizá las pasan canutas ellos mismos, que quizá han sido desahuciados por falta de pago del alquiler de sus viviendas, que quizá a su vez son víctimas de otras quiebras o cierres de empresas y que no pueden hacer lo único que les queda y es gratuito: pasear por las calles de su ciudad. Los domingos se hacían paellas en medio del paseo y las normas sanitarias, cuya infracción provoca el cierre gubernativo de otros locales, producían hilaridad en este campamento urbano. Su desmantelamiento, con un coste de más de cincuenta millones de pesetas, produjo casi mil toneladas de residuos, limpiados por 200 operarios municipales y cerca de 70 máquinas. A costa del contribuyente, claro. Sin contar con los destrozos en el alumbrado, jardinería, bocas de riego y mobiliario urbano, cuya recuperación tardará meses en producirse. También se clausuran cámpings turísticos por faltas sanitarias; y se les sanciona. Y si ocupan el terreno que no es suyo, se les expulsa. ¿Por qué aquí la Ley es diferente?

En una plaza que atraviesa esta vía emblemática de la capital de España, la de Cuzco, se produjo una manifestación espontánea de los residentes en el barrio. Estaban hartos de quejarse, sin resultado alguno, de la ocupación de las aceras por numerosas prostitutas, la mayor parte de color. A ellas les corresponde esta zona en el reparto, no escrito, pero fielmente respetado, de calles y parques, para las distintas clases o grupos de prostitutas, prostitutos y travestis. Las protestas de los vecinos tenían su origen en la perturbación que, en sus vidas y en las de sus hijos, algunos tiernos y presumiblemente inocentes, producía el ejercicio de tan extendido tráfico. Se añadía a esta situación que, al parecer, algunas señoritas llegaban, en sus intentos vehementes por captar a la clientela, con una técnica comercial que podría calificarse de agresiva, a injuriar a los posibles candidatos, que hacían gala de renuencia ante sus proposiciones. Incluso llegaban a intentar retenerlos, apresándoles por los brazos o las chaquetas. No era el menor de sus lamentos que, dada la cantidad de tiempo que algunas de estas jóvenes permanecían en la calle en ininterrumpida cuestación, hacían sus necesidades, menores y mayores, en la vía pública. La agresión, visual y olfativa, a la par que higiénica, era de primera magnitud.

Ante la indiferencia o, al menos, ineficiencia de las autoridades, decidieron manifestarse en la mismísima plaza de Cuzco, para llamar la atención de los responsables, siguiendo el ejemplo de aquellos otros que amenizan la vida municipal de Madrid, con entre tres y cuatro manifestaciones diarias. Si las ovejas o los toros pueden manifestarse en la capital del reino, ¿no podrán hacerlo unos cuantos padres y madres de familia, acosados por los excrementos, las agresiones verbales y las actitudes obscenas? El lector, sin duda, recordará cómo terminó este episodio. La policía se personó en el lugar de los hechos y conminó a los manifestantes a que se identificaran en forma. A los así reconocidos se les instruyó un expediente sancionador, por haberse manifestado sin la previa y pertinente autorización administrativa.

Los caminos de la Ley ¿no es cierto que son, con frecuencia, inescrutables?

Claro está que el pobre ciudadano no pasa un día sin que su sorpresa legal se vea servida. Por ejemplo, a Roldan, exdirector general de la Guardia Civil, condenado por media docena de delitos a penas de cárcel de treinta y un años, se le concede un permiso para salir de la cárcel durante cuatro días. En la mente de todos está la rocambolesca persecución de este delincuente, con tintes novelescos, trayéndole finalmente desde algún lugar entre Camboya y Tailandia, con delaciones y otras maniobras, todavía no muy claras. Se le concede este permiso, que no es un derecho, como ha señalado el Tribunal Constitucional, a la vez que se pide para él protección, dados los cargos que ocupó, que mejor es olvidarlos. En consecuencia, se dedican seis de esos agentes de los que siempre se nos está diciendo que estamos tan escasos, a cuidar del pájaro cuya jaula voluntariamente abrimos. Sorprendente, ¿no?

Las leyes, concebidas como un conjunto —el sistema legal— tienen manifestaciones que no nos chocan porque estamos acostumbrados a ellas. Pero en el fondo, si prescindimos de nuestros hábitos, son realmente incomprensibles. Y eso lo apreciamos cuando ponemos en conjunción tales modos con los de otras personas procedentes de distintas culturas: con los extranjeros. Y cuanto más extranjeros, mejor.

Acudió a mí, enviado por la embajada de su país, un ciudadano kuwaití. Ahmed, junto con otros dos socios habían convenido la compra de un edificio, casi terminado, dedicado a aparthotel, en la villa de Benidorm. Su propietario, asediado por sus acreedores, cubierto hasta las cejas de hipotecas y de embargos, había izado bandera blanca. Se había rendido a su infortunio. No podía terminar la construcción, a la que apenas le quedaban detalles. Pero ya era imposible. Nadie le fiaba y los distintos oficios le exigían el pago por adelantado, que era como pedir peras al olmo. Se decidió a vender. Y aquí aparecieron mis clientes, podridos de dinero con olor a petróleo y a arena del desierto. Naturalmente, su abundancia económica guardaba consonancia con el raudal de su desconfianza, por otra parte natural, dadas las circunstancias.

Había que formalizar la compra en escritura pública, ante notario, en cuyo momento debían cancelarse las hipotecas y los embargos, para que mis clientes pudiesen disponer del edificio semiterminado libre de toda carga. Nos cercioramos de que todos los acreedores eran eso: todos. Que no quedara ninguno despistado por ahí que pudiera fastidiamos después. Hablamos con todos los implicados, bancos y particulares, y convinimos la forma de hacerlo. Todos iban a cobrar en el momento de la firma de la venta y se iban a dar por satisfechos. Y además encantados. Todo estaba dispuesto para un 15 de julio a las doce de la mañana, en la notaría de un bello pueblo de montaña, por encima de Benidorm: Callosa d’en Sarria.

Partimos de Alicante. Dejamos la carretera general a la altura de Benidorm para adentrarnos por un camino más estrecho, lleno de curvas, que ascendía plácidamente, apenas sin tráfico, hacia nuestro destino. Al llegar al pueblo, aislado de toda corriente turística, silencioso y poco concurrido en sus calles, preguntamos por la notaría. Estaba en una casa aldeana, en un primer piso al que se ascendía directamente por una escalera exterior. El ambiente interior respiraba vetustez y ausencia de modernidad. El olor rancio, la penumbra de sus persianas, los suelos de azulejos y los legajos que se aglomeraban por todas partes, Tal era el ambiente. El notario, no muy afeitado y en zapatillas de felpa a cuadros marrones, nos atendió amablemente.

—Todavía no ha llegado el señor Adánez —nos indicó—. No creo que tarde. Siéntense un momento.

Casi al instante comenzaron a llegar representantes de los bancos acreedores, de los suministradores y otros acreedores a los que Adánez, el vendedor, debía cantidades. Se fueron identificando. Nos pidieron que al hacer efectivo el precio, con objeto de que pudieran darse por pagados cada uno de su crédito, hiciéramos cheques distintos para cada uno de ellos y al portador. Así lo preparamos, al igual que los correspondientes recibos. Leímos la escritura. Era correcta.

El kuwaití, inquieto e incómodo en su ropa occidental, estaba cada vez más mosca. El paseo en coche hasta lugares inhóspitos y lejanos no le había gustado nada. La oficina de la notaría le había parecido inapropiada para una transacción de tantos millones. El notario se le había antojado un empleadillo sin consistencia. La invasión de acreedores se le presentaba como una cuadrilla de facinerosos al asalto de su dinero. No entendía el idioma, ni los modos y maneras que se practicaban. De cuando en cuando me preguntaba a mí, que era su único asidero en toda aquella confusión:

—Is it all right? (¿Todo va bien?).

Por más que intentaba tranquilizarle sólo lo lograba a medias.

Llegó el momento de la firma. Se leyó la escritura, en la que actué de traductor. Todos conformes. Firmó Ahmed, en su nombre y en el de sus socios, la matriz de la escritura pública, en la que Adánez daba recibo del precio. Firmó Adánez. A nuestro alrededor, trece rostros —trece— de los acreedores que esperaban cobrar, con sus respectivos documentos liberatorios en la mano, debidamente cumplimentados.

Finalmente, llegó el momento solemne en que Ahmed, el árabe salvador, firmó y entregó los catorce cheques (el menor era para Adánez). Un segundo después los cheques habían desaparecido. Cada uno había englutido el suyo. Se habían volatilizado.

Entonces el notario, solemnemente, dijo en voz alta:

—Enhorabuena. Ya está —y, dirigiéndose a Ahmed, le manifestó—: ya es usted el dueño del edificio Neptuno. Mis felicitaciones. Nosotros nos ocuparemos de la inscripción. Tiene que depositar el dinero para el impuesto de transmisiones y los demás gastos de gestión e inscripción y ya le avisaremos. En, más o menos, dos meses tendrá la escritura de propiedad, liquidada y debidamente inscrita.

—Pero ¡un momento! —exclamó Ahmed en correcto inglés, que casi nadie entendía, mientras le temblaba el labio inferior—. Yo he soltado toda esa barbaridad de dinero. Catorce cheques. Catorce. Y ¿a mí nadie me da nada? ¿Ni un simple papel? ¡Que no salga nadie de aquí! ¡Policía! ¡Me están robando!

—Señor Ahmed —intervino el notario—, esté tranquilo. Ésta es la forma de actuar en España. La escritura original se la queda el notario, o sea yo, y se incorpora a su protocolo o sea, al mío. Mire. Todos esos tomos que ve usted en esas librerías, encuadernados en pasta española, son mi protocolo. Y ahí están las escrituras originales de todos los documentos que se firman ante mí. Yo soy el custodio. Soy el guardián de todos esos contratos y actos solemnes. Yo garantizo su existencia y su autenticidad.

—Todo eso está muy bien —replicó Ahmed, cada vez más fuera de sí— pero ¿y a usted quién le garantiza? Yo he suscrito contratos por todo el mundo y siempre me he llevado un original firmado por el vendedor y por mí. ¿Por qué no me dan nada aquí, cuando yo he pagado el precio? ¡De aquí no sale nadie con un solo cheque!

Mis esfuerzos por asegurarle que nuestro sistema, por extraño que le pareciera, funcionaba y que el notario era de fiar no acababan de tener éxito. Al final, buscamos una solución, quizá no muy ortodoxa. Pero funcionó. Se le hizo rápidamente una copia de la escritura, que el notario autorizó, con su firma, signo y rúbrica. Y a ella añadimos la firma del vendedor. Esta firma y no la otra —la del notario— tranquilizó al árabe.

La verdad es que si a nosotros nos hubiera ocurrido algo parecido en medio del desierto de Arabia, en una tienda de campaña, con un cadí vestido de un blanco sucio, y se quisieran ir unos beduinos en camello con el dinero, que habíamos entregado como precio de un pozo de petróleo, sin darnos nada a cambio, ¿qué nos hubiera parecido?

A todo lo expuesto hay que añadir que, a mayor abundamiento, las leyes mudan con el tiempo e, incluso, cambia la interpretación de otras que permanecen sin alteraciones. El propio Código Civil dice que las normas han de interpretarse según el sentido propio de sus palabras, pero en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y un factor más: la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo a su espíritu y finalidad.

En algunas cuestiones hemos pasado vertiginosamente de un extremo a otro. Aquel que pasaba una frontera con una revista en la que se exhibía alguna mujer ligerita de ropa veía la publicación incautada. Los censores en los periódicos alargaban faldas, ya de por sí cumpliditas, con gruesos trazos negros. En San Sebastián, salvo en determinadas zonas, pequeñas y aisladas, no se podía tomar el sol en bañador. Más tarde, bastante más tarde, en las piscinas se exigía a los hombres que llevaran meyba y el pecho cubierto. De ahí a presenciar el destape absoluto de que hacen gala nuestros medios visuales a las horas de la televisión familiar, con lenguaje procaz y ordinario, sólo han mediado unos pocos años.

Del laberinto de la Ley líbranos, Señor.

V
EN LOS TRIBUNALES

Tribunal. Lugar en el que Jesucristo y Judas Iscariote serían iguales, con ventaja en las apuestas a favor de Judas.

H. L. MENCKEN, Sentencias, 1916

Cuando empecé a ejercer la profesión, los juzgados de Madrid estaban en la calle General Castaños. Estas oficinas eran de absoluto dominio masculino. Las únicas mujeres que por allí pululaban eran algunas litigantes o testigos. Muy pocas. Un día alguien me dijo:

—Pásate por el seis (se refería, naturalmente, al Juzgado seis de Primera Instancia e Instrucción). Verás qué sorpresa.

La sorpresa era que delante de una máquina de escribir Hispano Olivetti, rodeada de folios y de papel carbón, se encontraba una joven oficial. La primera. Desde entonces hasta ahora, ¡qué cambio! Jueces, fiscales, secretarios, oficiales, auxiliares y agentes judiciales, así como abogados y procuradores han ido cambiando de sexo —no es que sean transexuales— hasta el punto de que en la actualidad son mayoría las mujeres.

Cualquier examen de la profesión de abogado no puede estar completo si no se habla de los tribunales y dentro de ellos, tanto de las demás personas que ejercen allí sus profesiones, como de las prácticas y costumbres que tienen lugar entre sus paredes.

Del primero del que hay que hablar es del juez. Sin juez no hay tribunal. Abogar, argumentar o defender algo o a alguien exige que haya un receptor de tales argumentos, a quien están dirigidos y cuya decisión favorable se trata de obtener: el juzgador.

Parece obvio que en un mundo tan complejo como el que nos ha tocado vivir, el primer objetivo sería hacer que los jueces se especializasen en las distintas materias jurídicas. La especialización, sin embargo, es todavía absurdamente combatida por muchos. Cuando somos testigos en España de que una excelente juez de familia, en lugar de ascender ingresando en un tribunal de grado superior —una audiencia—, pero en la sección de la especialidad que conoce y a la que ha dedicado su atención y estudio durante ocho o nueve años, tiene una única oportunidad en un tribunal de lo contencioso-administrativo, orden del que nada sabe, algo está mal en la organización de la Administración de Justicia. Es cierto que puede aprender. Pero ¿cómo? ¿A costa de qué o de quiénes? Claro está que no transcurre mucho tiempo sin que deje también esta jurisdicción y pase a otra a renovar sus aprendizajes. Se dice que se quema uno haciendo lo mismo siempre. Pero para eso están las distintas funciones que tienen los diferentes órganos judiciales, según sean de primera instancia o de alzada. Pretender en un mundo tan complejo como el actual que una persona pase a lo largo de su vida por distintas especialidades, que cobre singulares conocimientos y experiencias en diferentes campos, es ilusorio. O hará mal todas ellas.

Cuando tenemos conocimiento de que trasladadas dos jueces de una localidad norteña, una juez de familia y otra de lo penal, ambas con conocimientos y experiencia en sus respectivas áreas, la de lo penal pasa a un juzgado de familia y la de familia a lo penal, hay que considerar que algo está mal pensado. Cuando un juez de familia, con vocación y experiencia, deja la primera instancia y es destinado a una audiencia, que disfruta de dos secciones dedicadas a los asuntos de familia exclusivamente, y es designado para otra sala, no de familia, mientras que a ésta va un juez que nunca ha hecho esta especialidad, sino que procede de lo penal o de lo social, hay que revisar las normas que lo permiten o, peor aún, que lo exigen. Cuando un juez toma posesión de un juzgado de familia, especialidad de necesaria vocación por sus especiales características, y sus primeras palabras son: «A mí esta especialidad no me gusta nada», ¿no estaremos inmersos en un conjunto de normas disparatadas?

Se da el absurdo de que un menor maltratado, respecto del cual hay que plantearse un cambio de custodia, si no está mezclado en un proceso de separación o divorcio de sus padres se somete al dictado de un juez especializado. Sin embargo, cuando los menores ven tratados los mismos problemas dentro de la ruptura de la familia de sus padres, entonces estas cuestiones no requieren especialidad alguna.

¿El lector está familiarizado con los principios de Peter? ¿A que todo esto recuerda bastante a ellos?

A los jueces se encomiendan muchas funciones en las que el conocimiento de la Ley tiene poco que ver. Habría que distinguir entre aquellos enjuiciamientos en que sólo se trata de aplicar un texto legal u otro y aquellos otros en que el aspecto fundamental es valorar conductas o apreciar responsabilidades. Cuando se trata de ejecutar una hipoteca impagada o una póliza de crédito, o de acordar el cumplimiento de un contrato de obra, son la Ley y la jurisprudencia las que son determinantes. Las cuestiones humanas quedan al margen. Pero cuando se trata de ver a través de las palabras del testigo o del acusado; cuando el enjuiciamiento se basa en la percepción de la verdad o la mentira, la bondad o la maldad, la buena o mala fe, las causas y los motivos, entonces, por encima de los conocimientos jurídicos, han de primar los de la vida: la experiencia y el sentido común. Ya Platón en La República decía: «El juez no debe ser joven; debe haber aprendido a conocer el mal no a través de su propia alma, sino por larga y duradera observación de la naturaleza del mal en los demás». Por su parte, una ilustre compañera, Concha Sierra, decía en una entrevista periodística que lo que tiene que tener un juez es sentido común y si sabe algo de Derecho, mejor. Yo me adhiero a tan sabias conclusiones.

En el orden familiar hay un sinfín de resoluciones que la ley encomienda a los jueces por ser la única vía para salir de un conflicto. A partir del momento en que se ha incorporado al núcleo familiar la doctrina de la igualdad —ambos, hombre y mujer son iguales ante la Ley— existe un riesgo evidente de decisiones empatadas. Lo que ya ha sido una regla en las sociedades mercantiles, en las que un accionariado dividido por igual conduce a la muerte de la entidad, ha sido trasplantado a la sociedad familiar por obra y gracia de la igualdad de género. Antes era muy sencillo. El hombre ostentaba la autoridad sobre su mujer, que al casarse devenía casi incapaz. De soltera, si era mayor de edad, podía hacer todo igual que el varón, con excepción de que hasta los veinticinco años no podía dejar el domicilio paterno si no era para casarse o para tomar estado (dicho de otro modo: para hacerse monja). Una vez casada, tenía necesidad de licencia marital para casi todo. La administración de los bienes gananciales la tenía el marido, quien al mismo tiempo era el único titular de la patria potestad sobre los hijos, que la madre sólo podía ostentar si faltaba el padre. De esa forma se obviaban los problemas. Todo lo que había que hacer era lo que decía el varón. No había empates, ni discusiones. Bueno, discusiones sí las había, pero no en el orden jurídico. Porque en el ámbito personal había una cantidad enorme de mujeres que antes, como ahora, eran las que mandaban en casa. El sistema era injusto —no cabe duda—, pero sencillo.

Las nuevas exigencias de la igualdad de derechos han producido sus naturales consecuencias. Los cónyuges tienen que elegir el domicilio conyugal de mutuo acuerdo, dirigen la familia conjuntamente, administran los bienes gananciales en común y ostentan —los dos— la patria potestad sobre sus hijos. Incluso ahora de consuno tienen que determinar el apellido de cuál de ellos precederá al del otro en su descendencia. Perfecto. Lo que ocurre es que hay que determinar qué hacer cuando no se pongan los dos de acuerdo. Si uno quiere vender las acciones de Telefónica y otro comprar más, ¿cómo se resuelve legalmente la discrepancia? Y ¿qué hacer cuando uno quiere vivir en el centro de la ciudad y el otro en una urbanización de las afueras? ¿O si el marido quiere llevar a Pepito a un colegio laico, mixto y estatal y la mujer a uno del Opus Dei?

La Ley no tiene demasiados recursos. No puede tenerlos. El primero sería confiar estos temas al azar. El juez, en presencia de los interesados y previa constancia de la regularidad de la moneda y de que ambas caras son diferentes —de todo ello daría fe el secretario, fiel a su función—, propondría la elección de uno de sus lados a cada uno de los esposos y lanzaría la moneda al aire. El resultado sería constitutivo de la resolución judicial. La verdad es que esta forma no tendría por qué ser peor que la actual.

Porque ya me dirán cómo puede resolver un juez la discrepancia cuando ésta obedezca a problemas de criterio o de gustos. Sólo es fácil cuando uno de los esposos pretenda disparates y el otro no. Pero en los demás supuestos, cualquiera de las alternativas es válida. Y ¿por qué el juez ha de inclinarse por una u otra? En el tema citado de los apellidos, en los supuestos en que uno de los progenitores luzca uno siniestro o de significado peyorativo, quizá puede ser más fácil. Y aun así. Va en gustos. Hay que recordar a aquel que pidió un cambio de apellidos, competencia del Ministerio de Justicia, porque se llamaba García Cornudo. Al recibir su instancia, el subsecretario de turno le recibió en audiencia y le expresó toda su comprensión:

—Se ha recibido su instancia y quiero expresarle todo nuestro apoyo. Lo he comentado con el señor ministro y está totalmente de acuerdo y me ha pedido que así se lo exprese. Su petición será resuelta a la mayor brevedad y, por supuesto, de forma favorable.

—Mil gracias, señor subsecretario, por su comprensión.

—Y dígame, ¿qué apellido querría usted poner en sustitución del suyo?

—He pensado, señor subsecretario, en llamarme como el nombre de mi pueblo de origen: Guadarrama. Guadarrama Cornudo, porque la verdad es que estoy harto del García, que es tan corriente.

El legislador, en esta materia de los apellidos de los hijos, y pese a que en el primer proyecto de ley se dejaba la resolución de los empates al juez, terminó aprobando que en los casos de desacuerdo se mantendría la discriminatoria fórmula anterior.

En cualquier caso, la fórmula del sorteo ha terminado por no parecerme mal. Ya lo decía Rabelais, quien pone en boca de Pantagruel la afirmación de que «la Justicia es tan impredecible que las partes pueden resolver sus diputas, tirando al aire una moneda». No se usa mucho este sistema en el mundo legal. Se utiliza para la designación de peritos y en la práctica para la adjudicación de lotes en las testamentarías y liquidaciones de gananciales, pero poco más. Quizá haya que pensar más en él para difundirlo a la hora de agilizar la Justicia.

Los jueces tienen un papel difícil. Nada envidiable. Administrar justicia es complicadísimo. Y dejar contentos a todos los contendientes, imposible. Como profesional del Derecho, tengo que rendir mi tributo a tantos y tantos jueces que ejercen su ministerio con la mayor abnegación e interés. Y a veces en condiciones absurdas de seguridad.

Me decía una juez de Madrid que una tarde, excepcionalmente, había citado a una comparecencia a una pareja que mantenía constantes disputas en las entregas y devoluciones de los niños, en cumplimiento del régimen de visitas fijado. Los había citado para ver si con su autoridad lograba disminuir estas tensiones. Estaban en su despacho tratando de limar asperezas, cuando comenzó a subir el tono del diálogo. La juez conminó al marido a que se callase y depusiese su tono violento. El marido se revolvió de forma impertinente y grosera, aumentando aún más el diapasón. Estaba bordeándose el atentado contra la propia juez, quien temía, dada la situación, que el esposo, que se había puesto en pie y se había acercado a ella, fuera a agredirla. En ese momento la juez, con energía y autoridad, dio una voz:

—A callar todo el mundo. Se da por finalizado el acto. Ya sabrán mi resolución. Despejen inmediatamente o llamo a la fuerza pública.

No había acabado de decir estas palabras cuando se dio cuenta la juez de que no tenía fuerza pública a la que acudir. Todo lo que había en los juzgados civiles eran los agentes de una empresa privada de seguridad, que nada podían hacer. Igual que en el Ministerio de Defensa. Afortunadamente, su autoridad personal surtió efecto y todos se marcharon. Respiró.

Al leer estas reflexiones hay que tener en cuenta que lo anecdótico no está informado por el ejercicio de la bondad, ni de la sabiduría, sino por los disparates o los errores. Y haberlos, haylos. Por parte de todos. Pero haylos. Por eso pido benevolencia para mi tratamiento de estos temas. Mi memoria reproduce con mayor fidelidad aquello que más hondo caló en su momento. Naturalmente, lo que más firme se graba es lo grotesco, ridículo o disparatado. En suma, lo excepcional. Lo cual no quiere decir que no haya aciertos y expresiones de humanidad. Que también haylos. Y muchos.

Algunos disparates pueden tener atenuantes. Ocurrió con ocasión de un juicio penal ante la Audiencia Provincial de Madrid. Se juzgaba a dos procesados para los que el fiscal pedía nada menos que quince y doce años de cárcel, respectivamente. Era, pues, un juicio importante. Aunque en realidad todos lo son, la mayor trascendencia de las consecuencias incrementa normalmente la intensidad y extensión de la prueba y de los informes orales de los abogados.

Durante el examen de los testigos, tanto Fuentes como Gil de Paredes, que eran los abogados de los acusados, habían hecho infinidad de preguntas. El presidente les había cortado varias veces ante la reiteración de las cuestiones y ellos —uno y otro— habían protestado formalmente un montón de veces. La realidad es que el juicio progresaba lentamente, ante la tozudez de los letrados y su reiteración. Los magistrados daban indebidas, pero evidentes, muestras de hartancia.

—¡Protesto! —gritaba Fuentes.

—Improcedente. Formule una nueva pregunta —pedía el presidente.

—Manifieste si en el día de autos el testigo se encontraba ebrio —preguntaba Fuentes.

—Improcedente —expresaba el presidente, enervado y al borde del paroxismo—. Ya ha hecho esta pregunta dos veces más al mismo testigo. Señor letrado, por favor. Así no vamos a terminar nunca.

—¡Protesto!, —volvía una vez más, y era la diecisiete, a oponer Fuentes.

—Improcedente —repetía una vez más el presidente.

El clima había ido subiendo de temperatura. De repente, ante la formulación de una nueva pregunta, esta vez de Gil de Paredes, uno de los tres magistrados que componían la sala, de modo súbito, rápido e intempestivo, asomó ambos brazos por encima de la mesa del tribunal. Cubiertos por la toga y adornados de puñetas o vuelillos blancos, los antebrazos formaron, con violencia, un cruce inequívoco, que conformaba un majestuoso corte de mangas.

La sala se quedó en silencio. Transcurrieron varios segundos antes de que nadie reaccionase. Las caras de los abogados enrojecieron. Sus ojos parecían salirse de las órbitas. Finalmente, Fuentes logró recuperar el habla.

—Señor presidente —dijo tartamudeando—. ¡Esto es inaudito! ¡Lo nunca visto! Protesto, protesto y protesto. ¡Que conste en acta el gesto descalificador, menospreciativo e injurioso del señor magistrado para con esta defensa!

Se suspendió el juicio. El tema fue objeto de una denuncia por parte del Colegio de Abogados. El presidente del Tribunal de Justicia de la comunidad, lleno de habilidad, inició él mismo un expediente para depurar responsabilidades. Nombró un instructor que tomó declaración inmediata al presunto infractor. Éste no negó su falta. Alegó, eso sí, el grado de tensión al que había llegado el tribunal ante las insistentes e improcedentes interrupciones de los letrados de los inculpados.

—Pero, hombre, ¿cómo se te ha podido ocurrir una cosa así? En sala. Y un corte de mangas. No de una manga cualquiera, sino de una con vuelillos…, —le manifestó el instructor, en confianza.

—La verdad es que estábamos hartos. Hasta que no pude más. Fue más fuerte que yo mismo. Pero mi error es que quise hacerlo debajo de la mesa. No se hubiera notado. Pero se me escapó hacia arriba…

Fue amonestado.

En ocasiones algún funcionario distraído pone a la firma del juez alguna resolución conteniendo crasos errores. Quizá en otras ocasiones el distraído sea el propio juez o el secretario. Así forma parte de la tradición judicial la sentencia que concedió el divorcio a un hombre y una mujer, que resultaban ser el procurador de uno de los cónyuges y el abogado del otro.

Otra vez recibí una sentencia recaída en un pleito de separación en que mi cliente era el marido. A pesar de mi manifestación de que era prácticamente imposible que en su caso le otorgaran la custodia de los dos hijos del matrimonio, de muy corta edad, la habíamos pedido. Como es habitual, empecé la lectura de la sentencia por el final: por el fallo. Los argumentos los leería más tarde. Ante mi estupor, después de conceder la separación a los esposos, en el ordinal 2.º del fallo… ¡Ahí estaba! ¡Habíamos ganado la custodia!

«La guarda y custodia sobre los dos hijos menores del matrimonio, Jorge y Milagros, se concede al padre».

Inequívoco. ¡Menuda sorpresa! ¡Qué éxito!

Seguí leyendo: «Se concede al padre un régimen de visitas consistente, a falta de acuerdo de los progenitores, en…». ¿Cómo? ¿Se le da al padre la custodia y un régimen de comunicaciones con los hijos? ¡Esto es imposible! Aquí hay gato encerrado. La verdad es que había encerrado no un gato, sino un tigre de Bengala. La sentencia seguía diciendo: «4.º El uso del domicilio familiar, sito en Corredera de San Torcuato, n.º 5, 5.a izquierda, se otorga a los hijos del matrimonio y —¡oh, magna decepción!— a la madre». La primera mención del padre era indiscutiblemente un error.

Claro que peor fue cuando la viuda de Ansélmez, que me había encargado la declaración de herederos de su marido, fallecido sin testar, a su favor y de sus cinco hijos, vino a mí como un basilisco, con la sentencia en la mano.

—Pero vamos a ver. Usted me dijo que no había ningún problema. Que la declaración de herederos de mi difunto esposo, que Dios tenga en su gloria, era de libro.

—Sí señora. Eso le dije, porque era y es así —le respondí con seguridad.

—Entonces, ¿quiere explicarme por qué nos declaran herederos a mí y a Rosi, Mary, Juanjo y Miguelito, y no lo hacen con la más pequeña, Cuqui, que es la más mona de todos y ala que más quería su pobre padre, que descanse en paz?

La sentencia se había comido a una niña. Como si de Polifemo se tratara.

Un día nos encontrábamos en la sala de juicios de un juzgado de familia. El marido era el demandante y había centrado sus aspiraciones en las cuestiones económicas. Con respecto a los dos hijos —de trece y once años— su solicitud se centraba en el régimen de comunicaciones, ya que la custodia consideraba que debía otorgarse a la madre. Ella no trabajaba fuera de casa, él viajaba mucho y, en realidad, era la madre quien más directamente se ocupaba de ellos.

La esposa, a quien yo defendía, naturalmente estaba encantada de que no se discutiera la guarda de los niños. Al menos, eso lo tenía seguro.

Nada más comenzar el acto, la juez preguntó:

—¿Y los hijos? ¿Están fuera los hijos?

—No, señoría —respondió la letrada del esposo.

—¿Dónde están los hijos? ¿Pueden traerlos inmediatamente? Porque yo no voy a celebrar esta comparecencia para la adopción de medidas provisionales sin oír a los niños.

—Señoría, están en el colegio, pero…

—Nada de peros. Comprenderán ustedes que, dadas las circunstancias, sin que yo hable con los hijos, no voy a proseguir. Así es que voy a suspender.

—Con la venia, señoría…

Los dos abogados intentábamos hablar al mismo tiempo, sin que la juez nos diera la palabra a ninguno de nosotros. Ante nuestra reiterada insistencia, permitió al demandante que se explicara:

—En realidad, estima esta parte que la audiencia de los menores no es precisa, ya que, si bien la representación de la esposa no ha hablado todavía y no se sabe cuál será su posición, estamos seguros de que no discutirá la custodia de los niños…

—Eso lo dirá usted. Porque yo aquí tengo muy claro que hay discrepancia en cuanto a la guarda y custodia —interrumpió la juez, señalando un grueso expediente que tenía delante de ella.

—Pero, señoría, si yo represento al marido y en nuestro escrito de demanda pedimos que la custodia sobre los dos hijos se otorgue a la madre —replicó la abogada contraria.

—Pues en los autos que yo tengo no dice eso —insistió la juez con terquedad—. Porque —una sombra de duda pasó por la cabeza de la juzgadora— ¿estamos en la separación Benítez contra Lucas? ¿verdad?

—No, señoría. Ésta es Domingo contra Marqués —contesté yo.

—¡Atiza! Me han dado un expediente equivocado —exclamó la juez, para acto seguido, aclarar—: Pero que conste que esto no suele ocurrir ¿eh?

A veces las relaciones entre jueces y abogados no son todo lo cordiales que deberían ser. Algunos jueces ven en el abogado su enemigo natural y a la inversa. La verdad es que son profesiones condenadas a entenderse, pero no siempre es así.

Estas relaciones no mejoran mucho con actuaciones como la de un juez de familia que en una separación de mutuo acuerdo había citado a los cónyuges para la ratificación de su petición, como es obligado. Los había citado juntos, lo cual ya no es tan obligado. Es más, lo que dice la Ley es que tienen que hacerlo por separado. Pero, en fin, la costumbre en muchos lugares es reunirles a todos —los esposos y sus abogados— para intentar examinar el convenio regulador de las consecuencias de la ruptura familiar y sustituir aquellas condiciones que el juez considerase que no iba a aprobar.

Después de una incómoda espera en el pasillo, la esposa y su abogado por un lado, el marido y el suyo por otro, mirándose de reojo y con gesto circunspecto, pasaron todos al despacho del juez.

—Hagan el favor de sentarse —indicó el juez a los concurrentes, mientras continuaba examinando unos papeles, presumiblemente el convenio presentado.

Pasó una página, después otra y por último una tercera, para terminar la lectura. Entonces, sin dirigirse a nadie en particular, exclamó:

—¡Qué barbaridad! No tiene ni pies ni cabeza. Desde luego no lo voy a aprobar. ¿Quién ha redactado este churro?

Marido y mujer se miraron entre ellos y después lanzaron ojeadas asesinas a sus respectivos letrados, que, como era lógico y sabido de todos —empezando por el juez— eran los maltratados autores del acuerdo.

—A estos mentecatos ya no les pagamos —pensaron ambos.

El juez, hábil mediador, les había puesto de acuerdo al menos en eso.

Estas diligencias de ratificación pueden reservar sorpresas, absolutamente imprevisibles. Algunos jueces hacen frente a ellas con extraordinaria habilidad y paciencia.

Tal fue el caso del mutuo acuerdo de separación entre Antonio Colas y Luz Marina. Aquel verano las cosas habían empeorado en sus ya pobres relaciones. Especialmente, las apetencias económicas de Luz se habían disparado y Antonio iba, por el contrario, cerrando cada vez más la bolsa. Llegó septiembre y aunque no se hablaba de separación, la verdad es que planeaba sobre ellos esta posibilidad. A principios de octubre Antonio tuvo unos trastornos renales, que se agravaron, mientras los médicos que lo trataban perdían su confianza ante las vacilaciones y contradicciones en que habían incurrido. A recomendación de una prima suya, casada con un médico francés, pidió hora a un profesor parisino, quien le recibió una semana más tarde.

Antonio se desplazó a París. Era sólo una consulta y, además, el horno no estaba para bollos. Cuando lo vio el profesor, le ordenó unas pruebas, cuyo resultado condujo a su inmediato ingreso en una clínica para su intervención quirúrgica fulminante. Tenía un carcinoma.

Luz no lo acompañó. Estaba ocupada en otros menesteres. A los siete días de la feliz operación, Antonio contestaba en el centro hospitalario a una llamada de su secretario. Se había recibido una demanda de separación de su mujer.

La verdad es que reconducir esta demanda a un mutuo acuerdo no fue nada fácil. No sólo había unas peticiones económicas astronómicas, sino que además la narración de los hechos en que la mujer pretendía justificar su reclamación era cruel e injuriosa para su marido. Si a esto unimos el momento y las circunstancias concurrentes cuando ella presentó la demanda, en pleno trance quirúrgico de Antonio, la conclusión fue el brote violento de un rencor y de una aversión espectaculares.

Pero se llegó al acuerdo milagrosamente. Los consejos médicos influyeron en Antonio. La importancia terapéutica de la paz, casi a cualquier precio, fue determinante. Eso sí, este «cualquier precio» para Antonio fue carísimo.

Así se había gestado el convenio regulador, cuando ambos esposos fueron citados a ratificarse en presencia de la juez.

Se sentaron los dos en sendas butacas ante la mesa de la magistrada, quien hizo la pregunta de rigor:

—Ya saben, supongo, que este acto tiene como objeto que se ratifiquen en la demanda de separación que han presentado sus respectivos abogados y procuradores, así como en el convenio de sus efectos. Por tanto, yo tengo que preguntarles: ¿se ratifican?

Luz, en ese momento, aleteando sus párpados teñidos de azul intenso, volvió su mirada, llena de ternura virginal, hacia Antonio y le dijo:

—Pues la verdad es que yo no lo sé, ¿verdad, Antonio? ¿Nos queremos separar? Porque en realidad nosotros nos amamos, ¿no es cierto?

La cara y el gesto de Antonio adquirieron tintes indescriptibles. El inicial asombro inmediatamente fue sustituido por una mirada de aborrecimiento que no presagiaba nada bueno. La juez se dio cuenta de la situación e intervino contestando a la esposa:

—Bueno, señora, no estamos en momento para discutir eso. Pero esto es sólo una separación. Si fuera un divorcio sería irreparable. La marcha atrás exige un nuevo matrimonio. Pero con la separación, basta una reconciliación y comunicárnoslo a nosotros. Un trámite de nada. Piénsenselo. Pero ahora no me entretengan más.

Sin más incidentes firmaron la ratificación. Se han divorciado.

Alrededor de los tribunales hay otras profesiones que son, en realidad, especialidades dentro de la abogacía. No otra cosa son el abogado del Estado y el fiscal. Ambos tienen unas misiones propias del abogado, sólo que su cliente es el Estado o la ciudadanía. Los primeros defienden y asesoran a la Administración; los segundos representan al bien público y defienden la legalidad. Su misión es amparar los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, como reza su Estatuto.

Tanto en el concepto popular como en la realidad técnica la función que ocupa más y mejor a los fiscales es la penal. Pero en lo civil no hay que olvidar que tienen muchas y muy importantes misiones. Entre ellas figuran la defensa de los menores, de los incapacitados o presuntos incapaces, de los ausentes y de los «desvalidos», al igual que de la legalidad en los procesos que afectan al estado civil.

Sin embargo, para estos procedimientos nadie se ha preocupado de dotarles de los medios materiales o legales. De ahí que no tengan muy buen cartel cuando se trata de su intervención en estos procesos civiles. En las grandes capitales hacen un notable esfuerzo para estar presentes en los procesos, cada día más numerosos, de separación y divorcio en que, por afectar a menores o incapacitados, su intervención es preceptiva. Pero en cuanto nos distanciamos de los núcleos urbanos, la figura del Ministerio Fiscal se pierde. Algunos aluden a ellos llamándoles el Misterio Fiscal. Hay que decir en su descargo que, considerándose preferente el orden penal, a él se dedican con prioridad. No pueden multiplicarse, ni tienen el don de la ubicuidad.

Pero es que, además, no se ha establecido un sistema o un procedimiento para que, por ejemplo, cuando defienden el interés de un menor puedan previamente averiguar cuál sea este interés. O dicho de otra manera, ¿no parece lógico que si el fiscal tiene que defender a unos menores en un proceso de divorcio entre sus padres, y el beneficio de ellos, que ha de perseguir, se concreta en los órdenes personal y económico, pueda enterarse antes de cuáles sean las condiciones de todo tipo de esta familia? ¿No es evidente que debería haber podido hablar —siempre antes del proceso o de emitir su dictamen en él— con los propios niños y con sus padres y hacer alguna averiguación independiente para saber qué es lo que tiene que defender? Pues esto, que parece tan lógico, no se da en la realidad. El fiscal adquiere las pautas de su ejercicio de criterios generales, aplicables más o menos a todos los asuntos. Con lo cual, sobraría. Para eso ya está el juez.

Quizá por estas carencias, ocurre en la práctica —ha ocurrido—, por ejemplo, que en un proceso de separación, en presencia judicial, una madre que va a ostentar la custodia de sus hijos pide al padre una pensión para ellos de 150 000 pesetas al mes. El abogado del padre, en el mismo acto, razona lo excesivo de esta cantidad, teniendo en cuenta los gastos de los niños y los propios ingresos de su cliente, y solicita que se fije la pensión alimenticia en 100 000 pesetas mensuales. Y ante el estupor de propios y extraños, el fiscal toma la palabra para actuar en defensa de los menores.

—El Ministerio Fiscal, una vez oídas las partes, así como la prueba practicada, solicita para los menores una pensión alimenticia de 80 000 pesetas al mes.

¿Es qué considera que el dinero corrompe?

En otra ocasión ocurrió que en una comparecencia para acordar unas medidas provisionales se discutía entre unos padres absolutamente todo lo que se refería a los hijos: custodia, visitas, pensiones, domicilio. Todo. Declararon los dos interesados y contestaron a las preguntas que les formularon los abogados de las partes, sin que se produjera la luz en la discusión. El juez concedió la palabra al fiscal para que interrogara a su vez. Hábilmente intentó con sus preguntas que hubiera alguna clase de coincidencia que permitiera hacerse la luz, pero sin éxito. Cada vez estaba todo más embarullado. Desesperada la fiscal, pues era una mujer la representante del Ministerio Público, increpó a los interesados:

—Pero, vamos a ver si nos aclaramos de una vez por todas. ¿Cuál es el régimen económico de su matrimonio?

La juez —también era una mujer— rápidamente salió al quite.

—Señora fiscal. He de recordarle que no hay régimen económico matrimonial. Se trata de una pareja de hecho.

Alguna vez, el despiste raya en lo patético, como ocurrió en la vista de cierta apelación ante una Audiencia Provincial andaluza. Se trataba de una acción relacionada con una filiación no matrimonial, en la que por la madre de una menor se pedía que se privara al padre de la patria potestad sobre ella. Éste había impugnado su paternidad, después de haber reconocido a la hija. El caso era más sangrante, porque, además, se habían practicado las pruebas de ADN, que habían sido incuestionables a favor de la filiación. El juzgado de primera instancia había acordado tal privación de la patria potestad y el progenitor frustrado había apelado a la Audiencia.

Citadas las partes a la vista en este tribunal concurrieron los abogados de ambos padres y el fiscal, para proteger en todo caso los derechos del hijo menor. No bastaban el padre y la madre. El Estado benefactor se preocupaba de sus ciudadanos desvalidos, por si sus progenitores —los dos— actuaban contra el niño.

Se dio la palabra al abogado apelante, que razonó en contra de que se desposeyera a su cliente de la patria potestad sobre la niña.

—Es cierto que mi defendido ha impugnado la paternidad sobre la menor, Sonia. Es igualmente cierto que se habían practicado las pruebas del ADN, con claro resultado positivo. Pero es igualmente cierto que la impugnación se realizó de buena fe y no merece la sanción de la privación de algo tan fundamental para el ser humano como es la patria potestad. Mi cliente, víctima de la duda que corroe el alma humana, receló de todo: de la prueba biológica y de la palabra de la madre, cuya integridad puso en tela de juicio. Y llevado de este sentimiento de profunda y vital incertidumbre, actuó con error, que debe merecer compasión y no castigo.

—En momentos de alocamiento, fruto de la juventud —continuó el informe oral— no se había preocupado de la niña, ni le había pagado la pensión a la que venía obligado. Pero ello no permitía dudar del cariño que profesaba a su hija. La quería mucho, con locura, diría yo, y en el fondo de su corazón constituía la primera de sus preocupaciones, casi obsesiones. Privarle, nada menos, que de la patria potestad, del elemento consustancial a la función procreativa, la más grande del ser humano, que le asemeja a Dios, constituía una pena injusta.

A continuación —aunque no sea habitual este orden— se dio la palabra al representante del Ministerio Fiscal. Sentado éste frente al apelante y junto al abogado de la madre, durante el informe del primero había estado muy ocupado examinando un par de gruesos expedientes. Había tomado miles de pequeñas notas, con letra diminuta, sin duda para fundamentar su intervención. Sin embargo, cuando le llegó el turno, dejó a un lado las carpetas y tomó entre sus dedos una pequeña ficha que consultó. Seguidamente con brevedad, pero con rotundidad, procedió a su intencionada intervención.

—Con la venia del señor presidente. En el caso de autos, la discusión sobre el régimen de comunicaciones del padre con los tres hijos del matrimonio debe resolverse con generosidad a favor de la mayor amplitud para dicho padre. Cuando sobre una familia se cierne la desgracia de un divorcio hay que intentar, por todos los medios, que esos hijos que sufren no paguen las consecuencias. El demandado, padre ejemplar durante la pacífica convivencia, que siempre ha convivido con los menores, a los que prestaba exquisitos cuidados y toda su atención, debe conservar una relación con ellos, tan amplia como sea posible. He dicho.

Ni una. No había dado ni una. Ni había matrimonio, ni eran tres hijos, ni era un divorcio. Ni se discutían las visitas. Nada de nada. ¿Se había equivocado de expediente? ¿Le habían dado una ficha errónea?

Nadie le dijo ni una sola palabra para sacarle de su error, aunque los gestos y aspavientos del apelante debían haberle alertado de su patinazo. ¿Quizá los magistrados no se dieron cuenta de que no hablaba del asunto que se debatía? En cualquier caso, dio lo mismo. Las posiciones estaban bien determinadas y defendidas por los progenitores. Sólo quedó revoloteando sobre la sala la sombra del maltratado interés público.

En tiempos los fiscales, en defensa de los menores, mantenían una línea protectora de la tradición. No podían olvidar que eran delitos, aunque perseguibles sólo por los interesados u ofendidos, el adulterio y el amancebamiento, ni que a los homosexuales se les aplicaba la ley de vagos y maleantes. Pero todo esto ha cambiado notablemente. Por fortuna.

Garcés llevaba ya algún tiempo consultando con vistas a su separación. Tenía una única hija de doce años, a la que adoraba. Ése era su mayor problema. La tendencia habitual de los jueces de dar la custodia de los hijos a las madres le tenía paralizado. No quería separarse de la niña, especialmente en esa edad tan crítica de la pubertad. De su mujer no se fiaba ni un pelo. Había que proteger a la niña. Dudaba y dudaba en emprender una acción, aunque la convivencia con su mujer era verdaderamente lastimosa, según él decía.

Un día apareció por un despacho, solicitando hablar urgentemente con algún abogado.

—Es urgentísimo —decía—. Mi mujer se ha llevado a la niña hace dos días y tengo que recuperarla inmediatamente —decía nerviosísimo, moviendo las manos sin parar…

—¡Hombre! No se preocupe. Vamos a ver qué se puede hacer —le repuso el abogado, tratando de tranquilizarle—. En cualquier caso, con su madre la niña no estará mal. No corre ningún riesgo.

—Es que usted no sabe dónde se la ha llevado a vivir —continuó Garcés impacientemente—. Se han instalado las dos en el apartamento de la amante. La amante —me explico— de mi esposa. En un cuarto duermen mi mujer y su amiga y en otro mi hija. ¡Pobrecita! ¡Menudo shock para ella!

Se acudió al juzgado para obtener unas medidas llamadas provisionalísimas —de urgencia— que sirvieran, al menos transitoriamente, para que la menor volviera a su domicilio. De su casa no debería haber salido por decisión unilateral de su madre. El día de la comparecencia ante el juez, presente el fiscal, se narraron los hechos, que no fueron negados por la esposa. Ni su traslado, ni el de la niña, ni la naturaleza de las relaciones que le unían a su amiga, dueña de la vivienda a la que se habían trasladado.

—Por tanto, señoría —terminó pidiendo el letrado del esposo—, solicitamos que la hija del matrimonio, con carácter inmediato, sea repuesta a su domicilio. Hay que comprender no sólo la ilegitimidad del traslado unilateral por parte de la madre, sino también la situación en que la menor se ve envuelta, con el lógico impacto que para ella, en edad tan delicada, ha de suponer que su propia madre sustituya la relación de pareja con su padre por la nueva con otra persona de su mismo sexo.

Seguidamente, a instancias del juez, informó el fiscal:

—Nos oponemos a que se adopte cualquier medida de urgencia, por considerar que no existe tal premura en el caso que nos ocupa. La menor se encuentra con su madre y, por tanto, disfrutará de los mismos cuidados que tenía en el hogar. En cuanto al impacto que la nueva situación se dice que ha suponer para la niña, hay que entender que la madre es libre para profesar y ejercer la orientación sexual que le complazca.

El juez desestimó la adopción de las medidas provisionales. No había urgencia alguna.

Cada vez con mayor frecuencia intervienen en los pleitos familiares los psicólogos, así como los asistentes sociales. Tienen un papel relevante. Para los jueces, normalmente, si hay discusión entre los padres es absolutamente imposible saber con quién están mejor los niños, ni qué es lo más beneficioso para ellos. En la mayoría de los casos de ruptura familiar o de discusión sobre las decisiones paternas que afecten a menores nada se soluciona en un proceso judicial. Es cierto que en ocasiones los jueces les oyen; hablan con ellos. Pero casi nunca se aclaran. Hablamos de estas audiencias en otro lugar. El caso es que no saben qué determinación tomar. Pero existe un medio de salir de las dudas y, al mismo tiempo, adquirir un respaldo y una justificación magníficas. Se acude al llamado informe psicosocial del grupo familiar. Y lo que éste diga, pues eso se hace.

La psicología no es una ciencia; es un arte. Por eso, a veces este arte es abstracto. O dodecafónico. No deja de sorprendernos. En un caso el informe psicológico pasaba revista detallada a las características de todos los miembros del grupo familiar, formado por el marido, la mujer y una niña de catorce años. Al referirse al varón, se extendía largamente en que éste se sentía culpable de la separación, por su carácter y su manera de ser. Era —así señalaba el informe que lo reconocía el interesado— un egoísta, malhumorado, casquivano y juerguista. La verdad es que su sentimiento de culpabilidad era agudísimo. Le daba pena su mujer. Pero quería a su hija y pretendía su custodia. Aunque sabía que su trabajo dejaría demasiada independencia a la niña no quería alejarse de ella.

La mujer estaba destrozada —seguía diciendo el informe psicológico—. Todavía quería a su marido. No se explicaba cómo se había producido la ruptura, ni por qué había presentado él la demanda de separación. Suponía que había otra. Ella siempre le había consentido todo. Consideraba su deber el aguantar y aguantar. Por mantener la familia. Por no darle a su hija un hogar roto. Naturalmente, estaba rencorosa. Y celosa. Para ella era su vida la que estaba hecha pedazos. Sin esperanza.

La hija manifestó al psicólogo, como en tantos casos, que quería a su padre y que quería a su madre. Que les quería a los dos y le gustaría vivir con los dos. Y que la dejaran en paz.

El informe aconsejó —realmente se convierte siempre en un dictado para el juez— que se otorgase la custodia sobre la hija… al padre.

En primer lugar, argumentaba que la niña estaría bien con cualquiera de los dos y que ambos eran capaces de ejercer la custodia, aunque la madre tenía una disponibilidad mayor. Pero la razón principal de su conclusión era que, dados los antecedentes, seguramente en la vida futura el padre cumpliría mejor el régimen de visitas que se le concediese a la madre. Él estaba culpabilizado. Era consciente de ser el causante de la ruptura familiar y de que estaba produciendo un gran daño a la madre. Para compensarla era lógico pensar —decía el informe psicológico— que respetaría con toda fidelidad los derechos de la madre a tener a la niña con ella cuando le correspondiera. El régimen de comunicaciones entre madre e hija sería respetado con rigor por el padre. Por el contrario, la madre, dolorida, humillada y maltratada, obraría en el futuro, también sin duda, con mayor rencor. Había, pues, el riesgo de que, si se le otorgase la custodia, no cumpliera en debida forma el régimen de visitas, para, de ese modo, hacer pagar al padre lo que le había hecho. Conclusión: con el padre.

Así se acordó.

En otra ocasión el informe psicológico tenía que pronunciarse sobre la custodia de unos niños de cinco y siete años de edad. Los padres, separados de hecho hacía bastante tiempo, se habían decidido a legalizar su ruptura judicialmente. Pero aunque afirmaban ambos con sinceridad que su propósito era hacerlo de conformidad, no se habían puesto de acuerdo en nada. Inicialmente, los dos hijos habían quedado con la madre, pero la situación había cambiado, no tanto con respecto a los niños, sino en relación con la mujer. Ésta había iniciado y desarrollado una seria relación amorosa con un holandés. Su propósito era trasladarse a vivir con él a Holanda y, cuando obtuviera el divorcio, su idea —la de los dos— era casarse. El marido no consentía que sus hijos pudieran quedar con la madre en sus condiciones y circunstancias actuales. Vamos, ¿cómo iba él a consentir que sus hijos viviesen con ese holandés de las narices? Estaría bueno. Y además probablemente sería protestante.

Como había discusión sobre la custodia, se acudió al informe del psicólogo. De nuevo en el dictamen se subrayaba la posibilidad de ambos progenitores de tener a los hijos con ellos. Como suele ser habitual. Pero —se razonaba— el mayor provecho para los hijos, dadas sus edades y el tiempo que venían viviendo sólo con la madre, era que siguieran con ella, con el mismo régimen de comunicaciones con el padre que el que habían tenido durante todo el tiempo, desde la separación de hecho. Sin embargo —y aquí viene lo bueno—, el informe no se detenía ahí. Seguidamente se extendía en un análisis de la familia holandesa y, en general, de la sociedad de este país. La diferente consideración de los valores tradicionales de la familia española; la superior irreligiosidad; el liderazgo holandés en la libertad y reconocimiento de uniones no matrimoniales, incluso homosexuales; su tolerancia en materia de drogas; su aceptación de la eutanasia, y otras costumbres y prácticas sociales, aconsejaban que cuando la madre estuviera en los Países Bajos se suspendiera su custodia sobre los hijos. En tales períodos deberían quedar los hijos en España, en compañía del padre, y los recobraría la mujer siempre que estuviera en tierra española. Por el Imperio hacia Dios.

Así se acordó también.

Este extraordinario respeto de los jueces a las pruebas psicológicas choca de modo frontal con el rechazo de tales análisis para ellos mismos. O quizá no. La realidad es que en el mundo presente, para ocupar cualquier puesto, desempeñar cualquier cargo u obtener cualquier trabajo, lo primero que tiene uno que superar son ciertas pruebas psicológicas. Y luego, además, reiterarlas cada cierto tiempo para que confirmen que sus condiciones se mantienen. Para obtener el carné de conducir o para ser jardinero municipal, dicho sea con todos los respetos, hay que superar pruebas psicológicas. Por eso, es muy chocante pensar que para ser juez —profesión u oficio en el que la ponderación, el equilibrio, la lógica y el buen razonar son absolutamente necesarios— no se considere preciso que el optante al cargo sea examinado en su psiquis. No es preciso recordar que hubo un juez en el sur de la Península que ganó bien merecida fama por presentarse en el juzgado armado de una tizona.

En los tribunales lo que es fundamental es la prueba. No basta, naturalmente, alegar unos hechos, por muy ilustrados y brillantes que sean y por muy favorables a nuestras pretensiones, si luego no los acreditamos a plena satisfacción de los jueces.

Entre las pruebas posibles, una de las más importantes es la de los testigos. En nuestro país, sin embargo, la prueba de testigos tiene una falta de crédito verdaderamente notable. En parte, muy merecida. Porque, especialmente en materia civil forma parte de nuestra cultura —mejor dicho, de nuestra incultura— que mentir es admisible y disculpable.

La prueba testifical es problemática, porque todo español lleva un mentiroso dentro. Más o menos adormecido. Y, por el contrario, el amiguismo es religión. Mentir no es pecado, pero hacerlo por un amigo es virtud. Es cierto que en el Código Penal existe un delito que es el falso testimonio por faltar a la verdad en una causa judicial. Este delito se extiende a quienes presenten, a sabiendas, testigos falsos. Pero en el orden civil parece como si se hubiera caído este delito de las páginas del mencionado Código. Cuando hemos seguido, por ejemplo, el proceso estadounidenses del asunto entre el presidente Clinton y Monica Lewinsky, los españoles nos hacíamos cruces. Lo importante en la conducta y trayectoria nada menos que de un presidente de la nación más poderosa del mundo no era lo que hubiera hecho o dejado de hacer —que ya para nosotros era chocante que lo que le pudiera llevar a perder su puesto fuera una infidelidad—, sino que hubiera mentido o no. Es el respeto a la verdad llevado a sus máximas consecuencias. La grave no es matar a un vecino con las armas que con tanta facilidad puede llevar todo el mundo, sino no reconocerlo. Y si es bajo juramento, la gravedad del delito se acentúa hasta límites insospechables. Eso me recuerda que la primera vez que fui a Estados Unidos, allá por el año 1953, para solicitar el necesario visado de entrada era preciso hacer una declaración —naturalmente jurada— que contenía la respuesta a una serie de preguntas. Eran muchísimas, pero de entre ellas recuerdo algunas. Las había personales, como «¿Es usted homosexual?». Otras guardaban relación con el mismo viaje que se pensaba realizar como «¿Tiene intención de atentar contra el presidente de Estados Unidos?». Pero esto no ha cambiado con los tiempos. Del impreso que ha de suscribirse para entrar en Estados Unidos con exención de visado, en la actualidad, entresaco un par de preguntas que hay que contestar de modo obligado: Una: «¿Ha sido usted arrestado o condenado por alguna infracción o delito de depravación moral…?». Depravación. ¡Caray! Otra: «¿Ha estado implicado en actos de espionaje o sabotaje; actividades terroristas; genocidios; o participó de algún modo entre 1933 y 1945 en persecuciones relacionadas con la Alemania nazi o sus aliados?». Supongo que alguien, con algún fundamento —digo yo—, pensaría que el rechazo visceral a mentir detendría al magnicida, al genocida, al terrorista o al depravado pecador en su proyectado viaje. Una cosa es la comisión de tales actos y otra muy diferente jurar en falso. Todavía hay clases.

Sin embargo, bueno es recordar que en el mundo anglosajón, Oscar Wilde (El crítico como artista, 2) ha subrayado que «un poco de sinceridad es peligroso. Pero una gran dosis es absolutamente fatal». En todas partes cuecen habas.

En España, ante la inclinación nacional a la falacia, lo único que ocurre es que en los pleitos civiles o administrativos, los jueces no hacen caso de los testigos. Sin embargo, ¿qué ocurre en lo penal o en lo laboral, por ejemplo? Los mentirosos son los mismos. Pero aquí sí se les hace caso. ¿Por qué? La explicación es fácil. En estos últimos procesos, la prueba se practica de otro modo. El juez está presente. Las preguntas se hacen en forma interrogativa y las repreguntas, a la vista de las respuestas dadas. Por eso es más complicado mentir. Y se nota más. La falsedad de los testigos en los pleitos civiles venía favorecida por la forma de practicarse la prueba testifical de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento que ha estado en vigor desde 1881 hasta 2001. La mayor parte de los españoles, cuya cultura del procedimiento judicial es televisiva y por ende, de corte anglosajón, cree que los testigos son subidos al estrado, donde después de jurar sobre una Biblia, con la mano derecha levantada y su palma dirigida hacia el libro sagrado se les somete a unas preguntas apremiantes. Estas preguntas son más o menos lúcidas, según se trate del bueno o del malo el que pregunte y, a veces, de acuerdo con el momento de la película que estemos viendo. Al principio es el fiscal el que parece acorralar al protagonista inculpado. Él resulta listísimo, y torpe y desafortunado el defensor. Naturalmente, estas posiciones cambian si se trata del final porque la inocencia del acusado ha de resplandecer, gracias a la habilidad de su abogado. Pero, en cualquier caso, los testigos sudan. Se debaten entre la presión de las preguntas y sus intenciones. Son acorralados. Las cuestiones se suceden con rapidez y agudeza. Hasta que el testigo, incluso el más mentiroso, termina derrumbándose y cantando la verdad, entre lágrimas de vergüenza y arrepentimiento.

Frente a estas preguntas, naturalmente verbales, continuadas e interrogativas, el sistema español ha consagrado lo contrario. Las preguntas se redactaban con anterioridad al acto del interrogatorio de los testigos y se ponían por escrito. Una detrás de otra y en sentido afirmativo. Era el juez quien de forma aséptica las leía.

Una de las bases de esta prueba es que el testigo, propuesto por uno de los litigantes y cuyo testimonio se supone que va a ser favorable al proponente, pueda también ser interrogado por la otra parte. Lógico. Este interrogatorio segundo —el del otro—, a cuyas cuestiones se llama repreguntas, también se hacía por escrito y en sentido afirmativo. Precedidas por un «diga ser más cierto» cada repregunta pretende desvirtuar la pregunta anterior. Pues bien, el escrito que contiene estas cuestiones tenía que entregarse antes de empezar el interrogatorio del testigo. Esto es, las repreguntas no se formulaban a la vista de las respuestas, sino de las preguntas. Se partía, pues, de la base de que el testigo que una parte presentaba era un obediente amigo que iba a decir que todo lo que le preguntaba su proponente era la más pura y completa verdad. Partiendo de esta premisa, el otro litigante hacía su repregunta. Pero si el testigo se equivocaba y en vez de contestar, como Dios —y su amigo— mandan, decía un:

—Hombre, eso no es exactamente así. La verdad es que…

La repregunta, pensada para una contestación limpiamente afirmativa, quedaba totalmente inapropiada y todo lo que se le ocurría al abogado, a la vista de la respuesta, quedaba inédito.

Los testigos acudían al juzgado debidamente instruidos.

—Las preguntas (que le habían sido leídas y explicadas por quien le presentaba como testigo) deben ser contestadas con un claro y rotundo ¡es cierto! Y nada más. No te extiendas. Sólo que es cierto. En cambio, las repreguntas deben tener como contestación una no menos rotunda negativa: ¡no es cierto!

A estas singularidades se ha unido que, casi siempre, esta prueba de testigos no se hacía delante del juez, sino de un oficial, en la oficina del juzgado, compartida por varios administrativos, con sus ruidosas máquinas de escribir, y de libre acceso al público. Cuestiones delicadas, referidas a conductas sexuales o prácticas mercantiles de oscuros colores, se formulaban en voz alta ante un conjunto de personas ajenas que pululaban por allí para interesarse por sus propios pleitos. El oficial leía las preguntas, recogía las respuestas y las resumía según su leal saber y entender. Así, a una pregunta de si había asistido el testigo a algún acto de agresión física perpetrado contra su proponente a cargo del otro litigante, el preguntado se quedaba inicialmente dubitativo.

—¿Podría repetirme la pregunta, por favor?

—Diga cómo es cierto —reiteraba el oficial— que el testigo ha presenciado cómo don Adalberto Domínguez ha golpeado a su esposa doña Ernestina Gomis, produciéndole lesiones en la cara y brazos.

—Bueno… ¿presenciado…? Hombre… Dice usted que lesiones, ¿no…? A Ernestina… En realidad… Claro que… En fin… Se puede decir… —balbucía el testigo, peinando su cabello con los dedos. Hasta que después de un silencio y una angustiada mirada alrededor en busca de ayuda, terminaba diciendo—: ¡Ponga usted que sí!

Efectivamente, el acta redactada por el oficial reflejaba un contundente y rotundo Es cierto, que el juez leería luego como única información testifical. ¡Qué buen testigo! Breve, preciso y, sin duda, sincero.

Había testigos que, al escuchar la pregunta, atentos alumnos de la previa instrucción, preguntaban al oficial:

—¿Eso que me está haciendo es una pregunta o una repregunta?

Esta información y no el contenido de la pregunta determinaban su respuesta. Las preguntas que sí; las repreguntas que no.

En otras ocasiones, al recordar el formato del escrito que contenía las preguntas, visto en el despacho del abogado de su amigo, y al ver dos pliegos ante el oficial —el de las preguntas buenas y el de las perversas repreguntas— el testigo preguntaba astutamente:

—¿Me podría decir a cuál de los dos pliegos que tiene ahí corresponde la pregunta que me ha hecho?

La declaración de los propios interesados, que antes se llamaba confesión, como ya hemos dicho, y ahora interrogatorio de partes, ha sido siempre un medio de prueba de especial consideración. La pauta para su valoración ha subrayado su eficacia cuando alguien reconoce un hecho que le perjudica. Si un litigante afirma algo que le beneficia no quiere decir necesariamente que mienta. Pero puede ser. Sin embargo, cuando no miente es cuando dice algo en contra suya. Eso es lo que dice la Ley. Y en general tiene bastante razón, salvo casos —que los hay— en que el propio interesado en el pleito falta a la verdad, perjudicándose. Razones: que no se enteró; que creyó que le preguntaban otra cosa; que hay que ver qué retorcidas eran las preguntas; que se hizo un lío, y así sucesivamente.

Por eso, los abogados tememos enormemente a la declaración de nuestros clientes. Nuestra aspiración es que salgan indemnes. Por eso les aconsejamos que hablen lo menos posible. Cuanto más parcos, menos posibilidad habrá de que metan la pata. «Por la boca muere el pez»; «En boca cerrada no entran moscas»; «El hombre es dueño de lo que calla y prisionero de lo que habla»; «Palabra de boca, piedra de honda»; «Hablando irás perdiendo; callando irás venciendo»; «Más fácil es acertar callando que no errar hablando»; «Los hombres prudentes callan cuando los tontos hablan»; «Más hace el gallo callando que la gallina cacareando»; «El hablar es plata, el callar es oro»; «El discreto habla poco y mucho el loco»; «De sabios es hablar poco y bien»; «Hablar poco es oro; y mucho es lodo», le decimos con rotundidad docente. (Para muestra del refranero no está mal, ¿eh?).

Claro está que hay casos extremos. En un pleito de arrendamientos urbanos fue citada a confesar la propietaria del piso, que era una mujer muy mayor, con sus facultades, físicas y mentales, muy reducidas. Era sorda como una tapia y no sabía nada del asunto. Un hijo suyo administraba sus propiedades y había interpuesto una resolución del contrato por haber realizado el inquilino unas obras no autorizadas. Pero, como es lógico, lo había hecho a nombre de la dueña, que era su madre. Por tanto, a la hora de declarar en el juzgado tenía que ser ésta y no él quien compareciese a contestar a las preguntas del abogado contrario.

Un día antes del fijado para su declaración, la señora, en compañía de su hijo, se presentó en el despacho del abogado que les llevaba el asunto. El inicio de la conversación entre los tres fue grotesco. La señora no se enteraba de nada. Por más esfuerzos que su hijo y el abogado hacían para ponerle al tanto del asunto, la propietaria permanecía en la inopia. Intentaron simplificar al máximo sus instrucciones de lo que debía decir y de lo que no. Inútil. Al fin, el abogado, desesperado, le dijo a gritos:

—Mire, señora. Le pregunten lo que le pregunten; sea lo que sea, diga usted que no. Nada más que no. ¿Lo ha entendido? Sólo NO.

De esta forma, pensó el letrado, la declaración sería una birria, pero al menos no reconocería nada perjudicial.

Al día siguiente, en el juzgado, se sentó la señora en una silla delante de la mesa donde un oficial se aprestó a hacerle las preguntas que suministraba el abogado del inquilino. Antes, como es de rigor, había que formularle ciertas cuestiones —llamadas las generales— relativas a su identidad y se le tomaba juramento de decir verdad. Ahora este juramento o promesa ha desaparecido. Iban a mentir de todas formas…

El oficial, alertado de la sordera de la señora, con voz poderosa, le preguntó:

—¿Es usted doña Magdalena Ramírez de Cueto?

La interrogada captó la pregunta y su rostro se iluminó con el recuerdo de las instrucciones recibidas. Con acento firme, respondió:

—No señor.

Tras una ligera sorpresa inicial, el oficial se volvió al abogado de la señora.

—Os habéis pasado.

Había un cirujano que en los años previos a su separación venía declarando a Hacienda entre 25 y 30 millones de ingresos anuales. Repentinamente, el año anterior al pleito sus ingresos se habían reducido a unos cinco millones. No está mal. ¡Qué bajada en picado! El pobre… Eso es una reducción. Si hubiera sido cierto, solamente hablar de ello se le habrían saltado las lágrimas. Sin embargo, su explicación ante el propio juez fue triunfal.

—Sí, señor juez. Ésa es la verdad. Mis ingresos —ahí está mi declaración del IRPF— se han reducido a esos cinco millones. La razón es muy sencilla —continuó con suficiencia—. Yo pagaba una barbaridad y me recomendaron un asesor fiscal, que es magnifico. Se lo recomiendo, señor juez. Me constituyó una sociedad, de la que soy el único accionista. Y el administrador y todo. Sólo estoy yo. Y esa sociedad es ahora la que tiene la clínica y la que factura cualquier cosa que se haga en ella. Con decirle, señoría, que ahora no cobro ni las operaciones que yo hago. Nada. Yo no cobro al enfermo ni un céntimo. Todo la sociedad. Eso sí, a mí la sociedad me ha puesto un sueldo. Pero pequeño. Para que no pague mucho, ¿sabe? Y eso es lo que declaro. Y todo legal, claro está —concluyó con enorme satisfacción y expresión triunfante.

El juez le fijó pensiones por valor de ochocientas mil pesetas mensuales.

El descaro de los interesados en el mentir en los tribunales llega a extremos insospechados. Los que se creen más listos son los que a veces, al menospreciar el sentido común de los demás, mienten más y peor.

A un litigante que pretenda sostener una situación económica muy distinta de la real, con frecuencia se le produce una confusión mental contradictoria, de la que es difícil sustraerse.

Veamos, por ejemplo, el caso de un caballero que tiene unos ingresos muy altos, pero que trata de disimularlos para pagar unas pensiones más bajas. Tiene que declarar que su situación económica es horrible, que apenas puede sostener la familia, que los negocios van ahora —justo ahora, en el momento de la ruptura— catastróficamente mal y que se encuentra al borde de la ruina. La hambruna le acecha. Sin embargo, no puede resistir la tentación de alardear de todas sus generosidades. Es más fuerte que él.

—Estamos sin un céntimo, ésa es la verdad —afirma con triste acento—. Desde hace unos años todo marcha mal. Créditos y más créditos. Si no fuera por los préstamos que me hace mi familia… Sobre todo papá, que es un cielo y un sol.

A continuación se le hace la siguiente pregunta:

—¿Es cierto que el dinero que gana en sus negocios se lo gasta en restaurantes de lujo y viajes de placer, a los que no lleva a su esposa?

—¡Eso es mentira! —salta el interrogado como si le hubiera picado una avispa—. Podrá haber alguien igual de generoso que yo. Pero más, nadie. Para que vea, señor juez. Sólo en el último año le he comprado a mi mujer dos abrigos de pieles, uno de ellos de visón de más de dos millones. Y además una sortija con un pedrusco así de grande —añadía mientras con el pulgar y el índice de su mano derecho delimitaba una distancia da varios centímetros—. Le he comprado un coche nuevo. Descapotable. Y de invitaciones… vamos, que no puede quejarse. Todos los meses, por lo menos una vez, vamos a cenar a Jockey o a Zalacaín y otra a tomarnos una mariscada que no se la salta un gitano… No puede quejarse —terminó como pidiendo una medalla al buen comportamiento conyugal.

¿De dónde sacaría el dinero para ser tan generoso? Para vivir de la caridad, no estaba mal. No lo había podido aguantar.

Fue llamado el aceptante de una letra de cambio para que reconociese la firma que había estampado en ella. No estaba protestada la letra, por lo cual era necesario este trámite. Se trataba de unas diligencias preparatorias de un juicio ejecutivo en que, partiendo de la existencia de este documento —la letra de cambio—, se producía una tramitación rápida para el cobro de lo adeudado, con un embargo inmediato. Este privilegio lo tenían pocos documentos. Entre ellos, como digo, la letra. Pero el documento físicamente era insustituible. No cabían ni reproducciones, ni fotocopias, aunque estuvieran adveradas notarialmente. Era necesaria la letra.

Pues bien, cuando concurrió el deudor al juzgado se le preguntó:

—¿Reconoce el compareciente la firma estampada en la letra de cambio que se le exhibe, en el lugar destinado para la aceptación?

—Me permite verla de cerca. Soy corto de vista —dijo el interrogado respetuosa y amablemente.

—No faltaba más —respondió el oficial del juzgado, entregándole el documento.

El declarante tomó en su mano el documento y se lo acercó a la cara, pero no a los ojos, sino a la boca, en la que lo introdujo, con gesto rápido y certero. Antes de que nadie se diera cuenta, estaba masticando el papel.

—¿Qué hace usted? —gritó el oficial lanzándose sobre él.

—Pero ¡Dios mío! Si se ha metido en la boca la letra. ¡Paradle! ¡Quitádsela! ¡Que se la come! —aulló simultáneamente el abogado del demandante.

Se armó un gran revuelo en el juzgado. Todos trataban de abalanzarse sobre el deudor, para evitar la deglución. Pero mientras ellos gritaban incapaces de hacer otra cosa, el interrogado casi sin masticar se había tragado el documento. Casi se atraganta. Arriesgó su vida en el intento. Pero lo logró. ¡Adiós juicio ejecutivo!

Cuando acudimos a los tribunales debemos hacer abstracción de nuestra cultura en la materia. Aunque dada la enorme judicialización de la vida actual —hace años casi nadie había pisado en su vida un juzgado, hoy casi nadie NO lo ha pisado— hay muchas personas que han experimentado nuestros hábitos y nuestras formas judiciales, son muchos más los que ven la televisión. En este medio, entre los temas tocados, cualquiera que tenga relación con la Justicia es uno de los de mayor audiencia e interés. Ya sea por el nudo del argumento, ya sea a través de una aparición incidental, son miles las películas y las series en que aparece una sala de un juzgado en Estados Unidos. No debe extrañamos, pues, que nuestros clientes crean que en España los modos son los mismos que en América. Por ello debemos asumir que nos pregunten:

—¿El juez no les llama para que se acerquen a su mesa? ¿O a su despacho para hablar del juicio?

—Pero ¿va a hablar usted sentado? ¿No es mejor hacerlo como Paul Newman, de pie y paseando?

—¿Me va a llamar como testigo? (En Estados Unidos el interesado declara, en su propio asunto, como testigo y bajo juramento. Si lo quebranta se le cae el pelo).

NO, no y no, son nuestras respuestas.

Y no digamos cuando alguien nos dice:

—¿Me va a subir al estrado?

—Yo a usted no le voy a subir a ningún sitio —le contestamos imaginando el esfuerzo de aupar a aquel gordo elefantiásico hasta lo alto de la tarima.

Algunos, llevados del más enternecedor mimetismo, cuando tienen que prestar juramento o promesa de decir verdad, primero buscan con inquietud e impaciencia dónde está la Biblia sobre la que poner la mano —sin éxito— y después afirman con rotundidad que no sólo juran, sino que juran y prometen. Pues no faltaba más. Mientras tanto, se llevan la palma abierta de la mano derecha al corazón. Como Clinton hablando de la Lewinsky.

VI
EL MATRIMONIO

Renunciando al celibato, que no puede dar fruto y es poco humano, te allanarás a abrazar el estado del matrimonio.

ERASMO DE ROTTERDAM

Las luces se encendieron. La nave estaba resplandeciente. El órgano comenzó a difundir la Marcha Nupcial de Mendelssohn. En los bancos de la iglesia, los invitados, pamelas y flores, se levantaron de sus asientos y se volvieron hacia la entrada. Ante el altar, un hombre y una mujer también se giraron para enfrentar la puerta de la iglesia. Ella, la madrina, vestido largo hasta los pies, se adornaba con un sombrero que recordaba al museo Guggenheim de Bilbao, pero en negro. El novio, impecable en su chaqué, corbata de plastrón gris perla y flor en el ojal. Su incipiente calva reflejaba tímidamente las luminarias de las arañas. Su actitud, tensa y nerviosa. Su gesto, impaciente.

En la entrada apareció la eclosión blanca de la novia. Velos y tules, colas y flores, todo con un resplandeciente blancor, que multiplicaba las luces. Dándole el brazo, el padrino, satisfecho y orgulloso. Con paso, al principio vacilante y luego más firme, pero siempre parsimonioso y acompasado, iniciaron su recorrido. Por el pasillo alfombrado caminaban entre los invitados que, sonrientes, estiraban sus cuellos para hacerse patentes y para no perderse ni un detalle del atavío nupcial, que les permitiera posteriormente un comentario crítico, fiel y exacto. Sus gestos de congratulación y ánimo eran respondidos por los protagonistas andarines, que, ora a derecha, ora a izquierda, repartían signos de reconocimiento y sonrisas.

Ya llegaban al altar. El encuentro entre los contrayentes estaba a punto de producirse. Ya se habían terminado los bancos de invitados. Unos escalones y al fin, los adornados reclinatorios, en los que esperaban el novio y su madre. Un cruce de miradas. El gran día había llegado. La cara de la novia estaba tenuemente velada por unos tules. Al tomar su posición junto a su futuro marido, la novia le miró con los ojos brillantes. Ilusión, emoción, esperanza, amor. El novio le devolvió la mirada. Se inclinó hacia ella y al oído le musitó:

—Pero, bueno ¿tú de qué vienes disfrazada?

Y luego nos quejamos de que las cosas salgan mal.

El matrimonio es una institución muy complicada. Pero al propio tiempo, con un enorme poder de atracción. El Derecho se ha ocupado de una figura a la que ha otorgado estatuto jurídico, que es la promesa de matrimonio. Y no es por casualidad. Es que este compromiso unilateral, que es la promesa, ha servido para obtener cosas importantes. Desde su actuación como arma eficaz para derribar resistencias a accesos sexuales hasta constituir la llave que abre ventajas económicas. ¡Cuántas virtudes han caído ante la promesa formal de contraer matrimonio! Claro está que nuestras leyes han evolucionado al son de los tiempos y han privado de toda exigibilidad a la promesa de matrimonio. No se puede obligar a nadie a cumplir la palabra empeñada en estas cuestiones. Para lo único que sirve es para poder exigir una indemnización por los daños causados por el incumplimiento. Si se han hecho gastos preparatorios de la boda, el que se echa para atrás tiene que pagárselos al confiado.

Se dice que el matrimonio es como una fortaleza sitiada. Todos los que están dentro quieren salir y los que están fuera luchan por entrar. También se dice (Blätter) que se le llama santo, porque cuenta con innumerables mártires.

Lo que es extraordinariamente singular es que el matrimonio en sí marca y condiciona. Imprime carácter, con independencia de sus características esenciales. La realidad es que muchas parejas que han tenido una convivencia sin casarse, incluso de muchos años, que tienen hijos y que quizá se han presentado en el ámbito social en que se mueven como cónyuges sin serlo, no resisten el matrimonio. Les arrolla. Se casan y la fastidian.

En cierta ocasión, preguntaba un discípulo a Sócrates si debía casarse, a lo que el maestro contestó: «Haz como te plazca; de todos modos, en ambos casos te arrepentirás» (Diógenes Laercio: Vidas de los filósofos, ii, V, 33).

Cuando la ley del divorcio estaba en su tramitación parlamentaria me vino a ver Aurelio Domínguez. Tenía setenta y dos años. Se había casado hacía cuarenta y cinco, durante la República, y no había tenido hijos. Su convivencia había durado seis años. En 1941 su mujer y él decidieron poner fin al tedio de una unión que a ambos se les hacía insoportable. Pero, como él decía, le habían estafado. Cuando se casó, existía una ley republicana que le permitía divorciarse. Pero cuando las cosas le fueron mal, el régimen había cambiado y el divorcio había desaparecido. Aunque se hubiera casado por lo civil, como él había hecho. Total, que su mujer y él decidieron irse cada uno por su lado, pero sin papeles. Para lo que les iban a servir…

Como era de esperar, un par de años después encontró a otra mujer. Una maravilla. Desde aquel entonces —hacía ya treinta y cuatro años—, Margarita, que así se llamaba esta perla, le había cuidado de forma angelical. Se había desvivido por él. La verdad es que él la había correspondido, porque a ella no le había faltado de nada. Y la había respetado como si hubiera sido su mujer legítima. Hombre, alguna canita al aire sí había echado. Cosas de hombres. Pero nada más. Faenas serias, ninguna. La verdad es que Margarita le había hecho feliz. Cuando llegaba a casa de la oficina le tenía preparada su cervecita: con poca espuma, como a él le gustaba. Y desde que los juanetes le hacían papilla los pies, le traía las zapatillas. Mira que él le había dicho mil veces que no hacía falta. Pero ella como si nada. Y como cocinera, todo lo que se pueda decir es poco. En resumen, una alhaja.

En su vida en común, siempre estaba presente la posibilidad de que a él le pasara algo y que dejara a Margarita desasistida. Sin pensión y sin derecho a quedarse con el piso, que era alquilado. Una renta antigua, que es un tesoro. Y, según le habían informado, lo que él tenía suyo, si se lo dejaba en testamento a ella, venía el Estado y se quedaba con casi todo. Le había dicho el fiscalista de la empresa donde trabajaba que la consideraban una extraña y el tanto por ciento que le quitaban era insoportable. Vamos…, llamarle extraña a ella, que había compartido su vida entera —toda su intimidad— durante treinta y cuatro años. Más que la mayoría de los matrimonios. Sin embargo, la vuelta al divorcio, que parecía inminente, les hacía soñar con una solución a sus males.

Me pidió Domínguez que no le dejara de tener al día sobre la evolución del proyecto de ley. Quería ser el primero en divorciarse. Por lo pronto, tomamos contacto con su mujer legítima, de la que no sabía nada desde su lejana separación. Nos costó Dios y ayuda, pero lo logramos. La verdad es que se portó divinamente. Aunque sus circunstancias eran muy distintas y a ella no le interesaba para nada la disolución de su matrimonio, no conservaba rencor alguno contra Aurelio y se mostró desde el primer momento dispuesta a colaborar. Siempre, naturalmente, que a ella no le costase ni un céntimo. Todo estaba listo cuando el 22 de junio de 1981 se aprobó finalmente la Ley por las Cortes y el 7 de julio obtenía los refrendos necesarios. Como la entrada en vigor ocurría en plenas vacaciones judiciales, había que esperar al 1 de septiembre para iniciar cualquier tramitación legal. Pero justo ese mismo día, con todos los papeles en orden, presentamos la demanda de divorcio.

Un par de semanas más tarde tuvo lugar la ratificación de los cónyuges en su petición. Con tal motivo, volvieron a verse. No se reconocían. La situación fue tensa. Incómoda. Tirante. Ninguno sabía qué decir ni cómo actuar. Finalmente, Aurelio le agradeció su ayuda y comprensión. Ella respondió con un escueto «de nada». Otras dos semanas más y el divorcio fue una realidad. Aurelio y Margarita lo tenían ya todo preparado para la boda. Tuvo lugar ésta en el juzgado que tenía a su cargo el Registro Civil de Buenavista, en la calle de Velázquez, en un tercer piso sin ascensor, al que treparon los novios por una oscura escalera, de peldaños de desgastada madera, torcidos y sonoros. En sus ropas endomingadas jadeaban del esfuerzo. Pero sus ojos brillaban. Pese a sus edades, resplandecían en su ilusión. Y eso que había que ser optimista para poner alegría en aquella ceremonia, vulgar y triste, en que se convertía una boda civil por aquel entonces. Mientras esperaban para casarse, en unión de unos pocos parientes y amigos, en otro juzgado de la misma planta se celebraban juicios de faltas. Unas vecinas, que se habían insultado mutuamente por unas ropas tendidas en el patio vecinal por una de ellas, ensuciando las colgadas por la otra, mientras esperaban para entrar, se injuriaban de nuevo arrabaleramente. Más allá, los miembros de una pandilla juvenil, entre risotadas, hacían burla de un pobre hombre al que habían hurtado unas prendas de su tienda. Con grandes montones de expedientes, se entrecruzaban funcionarios de ambos sexos. Hombres y mujeres entraban y salían con carteras o documentos, tropezando en sus prisas los unos con los otros. Y en ese delicioso ambiente, Margarita y Aurelio esperaban ser recibidos para hacer realidad sus sueños de tantos años.

La ceremonia fue despachada en pocos minutos, incluida la firma del acta. Ni anillos, ni arras, ni besos. Ni una palabra de felicitación. Ni un gesto de enhorabuena. Todavía existía la cultura de que un matrimonio civil era poco menos que un amancebamiento legal. De cualquier forma, los novios, con más moral que el Alcoyano, salieron del despacho del juez resplandecientes. ¡Al fin casados!

En marzo del siguiente año 1982, mi secretaria me anunció que había dado hora a Aurelio Domínguez pues quería verme. Me hizo ilusión su visita. Hay veces que el ejercicio de la profesión nos da una clara oportunidad de ayudar a los demás en el camino de su felicidad. Y éste era uno de esos casos. Pero mi alegría duró muy poco. Su cara era sombría. Su gesto, desalentado. Su andar, arrastrado. Todo en él denotaba la derrota.

—Tiene que ayudarme —me dijo nada más sentarse—. ¡Qué horror! ¡Qué estafa! Quiero separarme. Pero, ya. Cuanto antes mejor.

—Tranquilícese, Domínguez —le dije yo, tratando de poner orden en sus palabras—. Vamos a ver. Cuénteme lo que le pasa. Y no se amontone. A veces en la vida surgen problemas que parecen imposibles de solucionar, pero que con un poco de paciencia y serenidad se resuelven.

—Lo mío no tiene remedio —me dijo Domínguez a título de conclusión—. No hay nada que hacer. Esta mujer me ha engañado. No es la que yo creía que era.

—Pero, vamos a ver, Domínguez. Ustedes han convivido un montón de años antes de casarse.

—Treinta y cuatro años, dos meses y quince días, exactamente.

—No me diga que en ese tiempo no ha llegado a conocer a su actual mujer a la perfección.

—Pues eso es lo que yo creía. Era la mujer perfecta. O al menos, yo lo pensaba. O ella lo aparentaba. Hay que ver cómo me cuidaba. Me llevaba en palmitas. Todo lo que yo decía, todo lo que yo quería, eso se hacía. Hasta lo que yo pensaba, porque adivinaba mis pensamientos y mis deseos. Yo me sentía el rey de la creación. Pues todo eso se ha terminado. Una semana después de casarnos. Al principio, yo lo achaqué a alguna ventolera pasajera y, aunque estaba sorprendido, no dije nada. Pero no sólo no cambió, sino que fue a más y más. No hay quien lo aguante.

—Pero, vamos a ver, Domínguez, cuénteme que es lo que ha cambiado de forma tan drástica.

—Todo. Ha cambiado todo. No es la misma. No me hace ni el mínimo caso. Si antes en casa se veía el programa de televisión que a mí me gustaba, ahora me cambia el canal, sin siquiera preguntarme. Si veo el fútbol, me lo apaga. Si quiero una cerveza, me dice que me la ponga yo. Muchos días, no prepara la comida. Me dice que está harta de hacerlo y que ya es hora de que sea yo quien cocine. Y quien lave y planche. Y quien haga las camas. Que le ha llegado la hora de ser ella la que descanse. Su expresión favorita es que las cosas han cambiado: que antes no tenía derecho a nada, pero que ahora a ella le correspondían los mismos derechos que a mí. Me llama machista todo el rato. Dice que yo he abusado de ella todos estos años y que es el momento de que se ponga fin a esta situación. He intentado razonarla, pero me dice que no la fastidie. Que no la harte, porque me presenta una demanda de separación y me va a echar del piso y le voy a tener que pagar una pensión hasta que me muera. Que ahora no es igual: somos matrimonio. Ma-tri-mo-nio. Y lo repite sin cesar. Ella sabe muy bien cuáles son sus derechos. Sus derechos…

Unos días después presentamos la demanda de separación.

El matrimonio tiene una característica que le diferencia de cualquier otra unión de pareja. El compromiso voluntariamente adquirido por ambas partes es el que le proporciona su grandeza. Naturalmente, ese compromiso representa una rendición de libertades. Por eso hay personas que, más pronto o más tarde, se sienten prisioneras dentro de él. Su tentativa de escapar se traduce en expresiones que reflejan este sentimiento de cárcel.

—Tenemos que dejarlo. Hay que separarse. No puedo más. Me ahogo. Me asfixio. Necesito libertad.

Con frecuencia, detrás de esas fórmulas libertarias lo que hay son unas ganas tremendas de divertirse; un ansia de juerga. Quizá, el hombre o la mujer notan los primeros michelines o la iniciación de una calvicie. Quizá son unas canas o la aparición de algunas arrugas. Quizá es simplemente un cumpleaños con salto de decena. A veces es un tratamiento de usted por parte de un joven. Otras, un jadeo tras subir unas escaleras. Puede ser un gatillazo olímpico. Pueden ser tantas las llamadas a considerar que la vida va pasando y que el tiempo perdido no volverá nunca más. Es en esos momentos cuando se contempla el matrimonio con barrotes: como una cárcel.

Hay personas que esa invocación de la libertad y esa petición de apertura de las puertas del hogar la disfrazan con la utilización de eufemismos trascendentes. Decir que uno quiere juerguearse no parece serio. Pero si se habla de la necesidad de realizarse queda fenomenal. Suena a la consagración de vocaciones frustradas. A la ejecución de proyectos esenciales de vida. De servidumbres largo tiempo sin redimir. Aunque luego, poco tiempo después de la ruptura de las cadenas, quede claro que sólo se quería ligar, antes de que fuera demasiado tarde.

Hay gente que tarda muy poco en querer romper su vínculo. Mi récord personal como abogado lo ostenta el hijo de unos amigos míos. Aprovechando la confianza, me telefoneó desde el hotel donde se celebraba su boda. El propio hotel había invitado a los recién casados a pasar en la suite nupcial su noche de bodas.

Tras la ceremonia religiosa, cena y baile. Los vacilantes pasos del vals habían sido dados por los novios con un entusiasmo que contrastaba con su falta de pericia en la danza. Hoy en día, los que se casan siguen abriendo los bailes con un vals. Es tradicional y armoniza con las largas colas blancas de ellas y la etiqueta de ellos. Verdad es que normalmente los novios no tienen ni idea de cómo se baila esta música. Pero siguen haciéndolo. Y mal. Los giros son realmente difíciles. Constantemente producen mareos, especialmente combinados con un poco —o mucho— de alcohol. Y ahí empezó la cosa. Un par de pisotones del novio, mal acogidos por los piececitos de ella. Un «no mires tanto a Conchita», referido a una exnovia. Un «Será tu prima, pero hay que ver lo cursi que va Adelita». Un «La que realmente ha dado la nota ha sido tu madre. ¿Qué era ese tortel que se ha puesto en la cabeza? ¿Y la minifalda? ¿No crees que ya tiene edad de no ir exhibiendo esos pellejos?». Según progresaba la noche también lo hacían la cantidad, intensidad y acidez de los reproches y las críticas.

Las cosas se pusieron muy feas a las dos de la mañana.

—Mira qué tajada tiene tu padre. Sus buenas razones tiene. Está celebrando que ya te ha colocado —le lanzó el recién casado a su media naranja.

La lógica respuesta de la novia entró en consideraciones familiares.

—Pero no es como el tuyo, que cree que porque tenga dinero se le va a perdonar lo hortera que es y lo ordinario.

A esta lindeza, ya lanzado y sin freno, respondió el marido:

—Sí, sí. Disimula. A una chica con fama de habérsela tirado medio Madrid no es fácil casarla.

Esta última, sutil y delicada insinuación produjo un resultado fulminante. La novia recogió la cola de su vestido y sin despedirse de nadie se marchó. Cuando el novio se dio cuenta de la retirada, la siguió a la suite nupcial dispuesto a culminar la noche de bodas. Subió al piso dieciséis. Se dirigió a la habitación 1601. Llamó a la puerta. Silencio. Volvió a llamar con mayor insistencia. Silencio. Aporreó la puerta con cierta violencia e impaciencia. Al fin una voz lejana.

—¿Quién es?

—Quien va a ser: Manolo —y añadió insinuante—: Tu impaciente maridito.

La respuesta fue contundente.

—Ni maridito ni nada. Márchate. No quiero volver a verte nunca más.

—Pero, mujer. No seas ridícula. Si nos acabamos de casar. Y ahora viene lo mejor… Anda, abre de una vez.

—Me da igual. Después de lo que me has dicho, no quiero verte más en mi vida.

—Anita, no seas así. Si ha sido una tontería. Perdóname. Si es que tú también… Hay que ver cómo te has puesto.

—¿Quién? ¿Yo? ¿Todavía puedes decir eso?

—Bueno. Anda. Abre la puerta. No vamos a estar discutiendo a través de ella. Nos va a oír todo el mundo.

—Como si a mí me importara eso. No pienso abrirte. Así es que ya puedes buscarte dónde dormir —y de esta forma tajante Anita cortó la conversación.

Manolo se puso hecho un energúmeno. Comenzó a aporrear la puerta y a gritar de forma desaforada, a la vez que profería amenazas.

—¡¡¡Abre de una vez!!! Tú no me conoces. Te vas a arrepentir. ¡Eres mi mujer!

El escándalo cobró mayores proporciones cada vez. Hasta que acudió un agente de seguridad del hotel, quien intentó calmar al marido rechazado del tálamo nupcial. Al no conseguirlo, no tuvo más remedio el agente que llevárselo para que no despertara a medio establecimiento. Desde la conserjería, todavía vestido de chaqué, le impidieron el regreso a su habitación. Su maleta estaba en el cuarto al que se le impedía la entrada. Antes había intentado hablar por teléfono con su ya esposa, que le colgó inmediatamente. Finalmente, eran las cuatro de la madrugada cuando se decidió a volver a casa de sus padres.

El tema no se arregló. Tuvimos que pedir a la Santa Sede una dispensa de este matrimonio por no consumado, o sea, una especie de divorcio que existe en la Iglesia. La obtuvieron en poco tiempo y quedaron descasados.

Antes hablaba del récord de prontitud en la ruptura. Pero hay otras marcas no menos espectaculares. Como la de una holandesa que acudió a mi despacho para que la divorciase por quinta vez. Pero no. No era éste su récord. Cinco divorcios no está mal, pero hay otras personas que han superado con creces esta cifra. Hay que recordar a la célebre actriz —célebre como actriz y por sus matrimonios—, Zsa-Zsa Gabor, que fiel a su reiterado talante divorcista, decía: «Yo creo en las familias numerosas; toda mujer debería tener al menos tres maridos». (Coincide la actriz en lo esencial nada menos que con Disraeli que decía que «con respecto a la institución del matrimonio, siempre he creído que las mujeres deben casarse, pero los hombres, no»). Lo extraordinario de mi cliente holandesa era que sus cinco bodas fueron con el mismo y naturalmente del mismo se había divorciado ya en cuatro ocasiones y quería hacerlo la quinta. Era un hombre inaguantable. Si lo sabría ella que había estada casado con él cinco veces.

Hablando del matrimonio, hay que hacerlo de los móviles que conducen a él. Porque son variopintos. Naturalmente, el primero —el más importante— es el amor. La atracción entre dos personas, en todos los órdenes —físico y espiritual— les lleva con fuerza imperativa a querer construir juntos el porvenir.

Pero hay otros objetivos que conducen al matrimonio, más o menos aceptados, más o menos declarados, más o menos reconocidos. Estos otros objetivos pueden ser complementarios del amor y encontrarse en el fondo de la decisión de casarse. Pueden también apuntalar un amor poco sólido o encontrarse en vez del amor, que puede ser en ellos —o en uno de los dos— un sentimiento débil y enfermizo, casi inexistente. El sexo, puro y duro, o el interés, dicho en sentido genérico, se encuentran entre estas otras razones que llevan al casamiento. Entre los intereses que alientan al matrimonio los hay estrictamente económicos —los más frecuentes—, pero también los hay sociales o profesionales. La entrada en una familia de abolengo o de significación importante, con tradiciones históricas o nobiliarias, con raíces caciquiles o brillos culturales, pueden motivar o hacer más atractivo un matrimonio.

En general, puede decirse que está peor visto que los hombres se casen por interés económico o social y que las mujeres lo hagan por el sexo. Aunque todo esto va cambiando de modo veloz. Pero se mantienen las desigualdades. Por ejemplo, con la edad. Un hombre talludito que se casa con una jovencita provoca ciertas críticas, pero son casi siempre comprensivas. Especialmente de los otros varones, que, en el fondo, lo que sienten es cierta envidia, no sólo del físico de la cónyuge, sino del valor del hombre de saltarse ciertas convenciones. Pero si una mujer se casa con uno más joven que ella, las críticas son mucho más ácidas y despiadadas y aquí concurren hombres y mujeres. Y si es cubano, no digamos.

En ocasiones el matrimonio ha tenido como objetivo lavar una honra en entredicho, aunque la simple lectura de esta razón actualmente suena a rancio. Parece ser que ahora no hay honras ni hay entredichos. Este concepto de la deshonra y su eficacia legal hasta han desaparecido del Código Penal en su último texto. Igualmente suena a antigualla el enunciar que una mujer se ha casado al «pasar el último tren», para no quedar «para vestir imágenes», labor ésta que sólo podían realizar las vírgenes.

Alguno se ha casado para intentar desvirtuar una fama adquirida anteriormente. Algunos homosexuales, al decir de la gente, se casaban para contradecir esta fama.

—Pero hombre, no digas que Marcelino es de la acera de enfrente. Si está casado con Juanita Predal y tiene con ella dos hijos…

El argumento era irrefutable. Sin embargo, a pesar de los niños, muchas veces no servía para nada.

—Como si eso quisiera decir algo. Los hay así —y se ponían los dedos de la mano estirados y juntos, mirando hacia arriba— que están casados. A lo mejor lo hace a pelo y a pluma. O contará con alguna ayudita externa para tener los niños… —concluía el maledicente con aire de superior conocimiento.

Los hijos tienen bastante que ver con la decisión de contraer matrimonio. La procreación de la prole era la finalidad establecida legalmente, en el matrimonio tradicional, que para los españoles sigue siendo, sin duda, el canónico. (Todavía, en España, casarse, casarse, lo que se dice casarse, es casarse por la Iglesia. Proverbio propio del autor). Si faltaba el amor, no pasaba nada. Pero si se excluían los hijos del matrimonio —si existía una clara decisión de no tener hijos—, el vínculo era nulo.

Anselmo Raya acababa de morir. A los setenta y seis años, tras una penosa y larga enfermedad, había rendido su espíritu cerca de sus tres hijos, que le habían acogido junto a ellos, en Madrid. La verdad es que no había esperado este trato. Se había marchado a Alicante cuando enviudó, hacía ya bastantes años, y se había olvidado de sus hijos. Ellos tenían su vida y él quería tener la suya independiente. Pretendía hacer su santa voluntad. Prejubilado, en una condición, física e intelectual, muy aceptable y con la indemnización que le había dado el banco en pago de sus muchos y provechosos servicios, quería disfrutar lo que le quedara de vida.

Su herencia era corta: el piso donde vivía en Alicante, poco más que un apartamento, unos valores tecnológicos devaluados y una cuenta corriente con algo menos de un millón de pesetas. No había testamento.

Los hijos hicieron la declaración de herederos ab intestato a favor de ellos tres y se repartieron dinero y valores. El inmueble lo dejaron proindiviso. Un mes y medio más tarde decidieron que alguien tenía que ir a Alicante a hacerse cargo del piso, vaciarlo y ponerlo a la venta, ya que ninguno de ellos lo quería para sí. No habían podido contactar con la muchacha, una peruana que le había cuidado. Quizá se había marchado ahora que no estaba su padre para continuar pagándola. Los giros de su padre eran puntuales, pero ellos la verdad es que no habían continuado con ellos.

Cuando Ricardo y Elvira finalmente se trasladaron a Alicante se dirigieron al piso de su padre, pertrechados de las llaves que él mismo tenía consigo. Al llegar, intentaron abrir sin éxito. Sin duda, había un cerrojo echado por dentro. Llamaron al timbre. Una voz, de acento meloso, les contestó:

—¿Quién llama?

—Somos Elvira y Ricardo, los hijos de don Anselmo.

—Un momento, que ahora les abro.

Pocos instantes después se encontraron con Dominga, que enseguida reconoció a Elvira de una anterior visita. Ricardo entró inmediatamente en materia.

—Mire, Dominga. Nosotros le estamos muy agradecidos por los cuidados que prodigó a nuestro padre y por cuidar de la casa en su ausencia. Pero tenemos que venderla. La vamos a poner en venta ya. Por tanto, tiene que desalojarla a la mayor brevedad. Naturalmente, estamos dispuestos a pagarle los sueldos que se le deban desde la muerte de nuestro padre…

—¿Pero es que don Anselmo ha muerto? —interrumpió Dominga, visiblemente sorprendida por la noticia.

—Sí, por desgracia. Hace ahora dos meses. Y como decía, tiene que dejar la casa libre lo más pronto posible.

—¡Que se creen eso! —gritó Dominga con una súbita firmeza. Un visible cambio se había operado en su actitud—. Ni hablar. Ustedes no me echan de aquí por nada del mundo.

—Pero ¿qué dice, Dominga? No se ponga farruca o llamamos a la policía y va a ser peor…

—Ustedes no van a hacer nada. Por que yo soy la legítima esposa —ahora la viuda— de su padre. Que en paz descanse.

Mientras decía estas palabras se acercó a un escritorio de uno de cuyos cajones sacó un papel, rosáceo y nuevecito. ¡La partida de matrimonio de Anselmo y Dominga, celebrado en Bogotá, hacía quince meses! El contrayente estaba representado por poder por un hermano de Dominga. Naturalmente, Anselmo, ya enfermo, nunca hizo el viaje.

Ricardo y Elvira no se murieron de milagro. Aquella mujeruca, antes modesta y ahora desafiante, era la viuda de su padre. Nada menos.

Anselmo se había garantizado sus cuidados, cuando estaba solo y temía ser abandonado, cambiando estabilidad, residencia y quizá luego nacionalidad, para ella, por matrimonio. A él qué más le daba.

De estos matrimonios hay muchos. Son nulos, pero hace falta que un tribunal los declare tales. Cuando son detectados durante la incoación del expediente previo a la boda son desautorizados por los encargados de los registros civiles, al no existir verdadera voluntad de contraer matrimonio, sino de cometer un fraude. Así se han denegado uniones de un chino con una española, en que ninguno hablaba siquiera el idioma del otro, ni ninguno común. Además de su manifiesta imposibilidad de comunicarse, tampoco cabía un flechazo a primera vista, porque jamás se habían visto. Cuando fueron interrogados por el juez al tramitar el expediente previo al matrimonio incurrieron en un sinfín de contradicciones que evidenciaron la naturaleza mercantil de la proyectada unión. También se ha rechazado la boda de una marroquí con un catalán del que la primera no tenía ni idea de sus gustos o aficiones según detectó el juez encargado del Registro. Buen principio para una vida en común. Claro que tampoco tenían ni noción el uno del idioma del otro.

Pero no todos son tan fáciles de detectar. En la decisión de casarse hay tantos misterios… Cuántas veces nuestro comentario al emparejamiento de un amigo o amiga es el de ¿qué habrá visto fulanito en menganita? o a la inversa. Se dice que a este respecto no hay nada escrito. Eso es una absoluta falacia, porque escribir acerca de gustos se ha escrito y mucho. Lo que ocurre es que el desacuerdo más generalizado impera en lo escrito y en lo hablado a este respecto. Lo que no hay es un criterio armónico. Afortunadamente. Si no fuera así, todos los hombres querríamos casamos con las mismas mujeres y éstas con idénticos varones. Menudo lío. Y mientras tanto, millones de personas se encontrarían sin pareja.

Dentro de la incalculable variedad de actitudes humanas, hay personas que quieren el matrimonio por el matrimonio mismo. No es que quieran casarse con alguien en particular. Lo que pretenden es casarse: unirse en matrimonio y luego ya veremos con quién. Para ello tendrán que buscar la persona idónea para ellos o ellas, que cumpla unas ciertas condiciones previas. Pero, insisto, la decisión se adopta a la inversa. Primero quiere casarse y luego hay que encontrar la persona adecuada. Estas personas son los clientes de las agencias matrimoniales. Éstas, a través de sus ficheros, tratan de emparejar a los candidatos al matrimonio poniendo en conjunción las respectivas preferencias.

También los hay que acuden directamente a insertar anuncios en busca de esa persona con quien compartir la vida. Esta publicidad es bipolar. De una parte, quien los inserta se describe a sí mismo. Como es lógico, con cierta benevolencia hacia su persona. Magnifica claramente sus virtudes. Como en cualquier otro anuncio. Por otra parte, se detallan aquellas condiciones que se buscan en el otro. Recuerdo uno que me pareció especialmente sugestivo. Decía así:

«Hombre maduro, buena presencia y culto, con carácter complaciente y bondadoso, busca mujer rica, soltera o viuda. No importan defectos físicos. Se reconocen hijos naturales. Interesadas llamar al teléfono…».

Una característica del matrimonio es su unidad. No me refiero a la unidad o multiplicidad sucesiva, aunque también ésta ha tenido sus detractores, que censuraban que los viudos contrajeran nuevas nupcias. Estoy hablando de aquellos que están casados simultáneamente con varias personas. En plata, me refiero a la poligamia. Ha tenido ésta una aceptación histórica y actual mucho más extendida que la poliandria, aunque, en la sociedad hindú —claramente poligámica— hay algún ejemplo de la misma. Tal es el caso de la reina Draupadi que se casó con los cinco hermanos Pandaba.

Hasta nuestros días se mantiene la doctrina de Mahoma en el amplio y poblado mundo islámico. En la Azora XXXIII, 51, del Corán se dice que: «Trae a ti a las que quieras de ellas y recibe en tu casa a las que quieras y las que desees de las que relegaste; pues no [hay] pecado sobre ti». Y en la Azora IV, 3: «… casaos con la que os agrade de las mujeres, dos o tres o cuatro; pero si teméis que no seáis equitativos, entonces una o la que posea vuestra diestra [las esclavas]». De ahí se deduce la limitación a cuatro esposas simultáneas, como máximo, y la condición de poderlas tratar por igual.

No debemos olvidar el Antiguo Testamento. Abraham estuvo casado con Sara, que era estéril hasta que dio a luz a Isaac, a la importante edad de noventa años. En el ínterin, Abraham tuvo a Ismael —o Ismail, origen del pueblo árabe— con la esclava Agar. Luego otra mujer, Keturá, le dio seis hijos más (Gen. 25, 1-2). Además «a los hijos de las concubinas (varios: varios hijos y varias concubinas) les hizo donaciones (también varias)» (Gen. 25, 6). Un nieto de Abraham, Esaú, el que vendió la primogenitura a su hermano mellizo Jacob, «cuando tenía cuarenta años, tomó por mujeres a Judit, hija de Beerí, heteo, y a Basemat, hija de Elá, heteo» (Gen. 26, 34). No contento con tener dos mujeres hititas, «fue Esaú a Ismael, y tomóse por mujer, sobre las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, el hijo de Abraham y hermana de Naboyot» (Gen. 28, 9), que era en consecuencia su tía. A su hermano Jacob —el comprador de la primogenitura— le ocurrió una pequeña aventura. Quería casarse con Raquel, pero a consecuencia de un engaño del padre de ésta, Labán, se casó con una hermana de ella, Lía (Gen. 29, 23). Menudo lío el de Lía. Naturalmente, al darse cuenta del cambio protestó. Entonces su suegro, que debía estar deseando librarse de todas sus hijas, le hizo el siguiente ofrecimiento (Gen. 29, 27-28): «Cumple la semana con ésta y te daremos también la otra…; y habiendo cumplido la semana con ella, le dio por mujer a su hija Raquel». Y él se quedó encantado con las dos. Pero no se detuvo ahí Jacob, porque tuvo dos hijos con cada una de las dos esclavas de sus esposas, Bilha y Silfá. (Gen. 30, 5 y 7, 10 y 12). Todas estas andanzas quedaron pálidas ante Roboam (2 Par. 11-18 y ss.), que tuvo dieciocho mujeres y sesenta concubinas. Como vemos, las uniones conyugales en el Antiguo Testamento no eran precisamente el modelo de la unidad.

A veces se ha matizado esta duplicidad de uniones duraderas de pareja, al regular en la Edad Media situaciones como la barraganía o el concubinato, dando a éstas un trato de segunda. Tenían sus derechos y su situación social reconocida, pero diferenciada y marginal. Sin embargo, en definitiva, se aceptaba la pluralidad. Territorialmente, estos reconocimientos se extienden a una parte geográficamente muy importante del mundo. Incluso en Estados Unidos, país monógamo —al menos legalmente—, se tolera la poligamia en los mormones, que proliferan en el estado de Utah. Ahora Colombia ha abierto una nueva discusión sobre la bigamia al despenalizarla. No es un reconocimiento, pero algo querrá decir, digo yo, cuando se ocupan benéficamente de ella.

En España hemos sufrido una pequeña plaga de persecución de situaciones de presunta o posible bigamia, antes de la introducción del divorcio. En esos tiempos, que ya parecen lejanos, pero que no lo son tanto, las soluciones para disolver el vínculo precedente con frecuencia retorcían el ordenamiento legal español. Y éste, en respuesta a tales esfuerzos, contraatacaba no reconociendo la disolución del primer matrimonio y a la vista del segundo intentaba perseguirle por bigamia.

Antes las parejas, en ocasiones, se llevaban mal. Como ahora. Como siempre. Y cuando esto acontecía —como ahora y como siempre— aspiraban a rehacer sus vidas. Esto de rehacer la vida ha de traducirse por volver a unirse en pareja, pero con otra distinta. En la medida de lo posible, lo que se pretendía era volver a casarse, mejor que unirse de hecho. Máxime cuando entonces las parejas de hecho estaban peor vistas.

Para lograrlo, las gentes no paraban en gastos y esfuerzos. Los que podían, claro. Unos buscaban soluciones en las nulidades eclesiásticas. Eran caras y difíciles, pero posibles. Los tribunales eclesiásticos españoles eran más estrictos que otros. Y más lentos. Por tanto, para asegurar el resultado y su prontitud, antes de que la pareja expectante se hartara, se acudía a veces a tribunales extranjeros. La catolicidad —universalidad— de la Iglesia propiciaba estas soluciones. Estados Unidos, —Brooklyn se hizo muy popular—, la República Dominicana y Puerto Rico fueron, además de Roma, destinos frecuentes de estos procesos. Más tarde el abuso se evidenció cuando se empezó a acudir masivamente a países centroafricanos. Como la competencia de estos tribunales se basaba en el domicilio de los litigantes, resultó de repente que en lugares de localización geográfica imposible había unas pobladísimas colonias de españoles. Nadie podía explicar por qué tantos compatriotas vivían allí. Y de nombres pomposos y conocidos socialmente. Además, eran unos españoles tremendamente mal avenidos unos con otros, porque todos anulaban sus matrimonios. Estalló el escándalo y se terminó esta fórmula, que, cuando salía bien, era perfecta, porque estaba dentro de la legalidad de nuestro sistema. Menos mal que pronto, después de este terremoto, llegó el divorcio.

El matrimonio empieza en la boda. Durante muchos años, los bautizados tenían que casarse por la Iglesia. No era posible que lo hicieran por lo civil, a menos que hicieran apostasía de su religión católica. El juez civil, para autorizar el matrimonio de un bautizado, tenía que cerciorarse de que éste había comunicado al párroco de su domicilio su decisión de abandonar la fe católica. La conclusión es que todos se casaban por el rito canónico. Una cosa era que no se practicasen las obligaciones religiosas, que no fuesen los interesados a misa o no cumpliesen con la comunión pascual y otra es, nada menos, que apostatar. Esta palabra, desde tiempo inmemorial, ha sonado fatal. Durante siglos, la mención de Juliano el Apóstata representaba la de todos los males unidos. Algo así como el coco.

Después de la Constitución existe un solo matrimonio en España, pero puede contraerse en forma civil o religiosa. El matrimonio canónico sigue teniendo efectos civiles, sin necesidad de, como ocurre en otros países, tener que casarse dos veces: una ante el juez o alcalde y otra ante un sacerdote. Con lo difícil que resulta a veces convencer a alguien para que se case, llevarle a que lo haga dos veces seguidas debe ser la repanocha.

En 1992 la eficacia del matrimonio religioso en el orden civil se amplió a los contraídos según las religiones evangélica, judía y musulmana. La elección de la forma del matrimonio viene, pues, condicionada por la religión de los contrayentes. Pero habida cuenta de la creciente falta de fe religiosa de la población española, esta decisión está altamente mediatizada por razones diferentes. En España hay una expresión muy común, que en otras latitudes no se comprende. Se dice frecuentemente que una persona es creyente —católico—, pero que no es practicante. Parece difícil compaginar una fe real y verdadera y luego una indiferencia absoluta con el cumplimiento de todo aquello que esa religión prescribe. La infracción de las normas positivas y el voluntario desprecio de las prohibiciones resultan chocantes en quien luego afirma ser fiel seguidor de una doctrina. Parece como si se tratase más de un respeto supersticioso a negar la pertenencia a una religión consuetudinaria que una realidad contradicha por sus propios actos. Obras son amores…

En muchas ocasiones la elección de la clase de matrimonio viene condicionada por el boato y esplendor de la ceremonia. Comparar una ceremonia religiosa —música, luces y flores— en el ámbito de una iglesia, con frecuencia una obra de arte arquitectónico, con la celebrada en un triste y funcional despacho es un recurso al absurdo. Sustituir sacerdotes revestidos con casullas y capas pluviales, bordadas como la ropa de los toreros, en oro y plata, y acólitos con roquete, por ciudadanos de americana o, lo más, cubiertos de sobria toga negra, con algún vuelillo, tímida obra artesana del ganchillo, es jugar con ventaja.

Claro está que, a veces, esta búsqueda del esplendor puede tener consecuencias nefastas. Hace años fue una moda en Madrid que los matrimonios los bendijera el vicario general castrense y arzobispo de Sión, a la sazón monseñor Alonso Muñoyerro. La dignidad del oficiante, la púrpura de sus hábitos y la solemnidad de su porte contribuían de modo especial al esplendor de las ceremonias en que actuaba. Y de paso su presencia atraía y adornaba la reseña del acto en los ecos de sociedad. Pero ocurre que, de acuerdo con la legislación canónica, a quien compete oficiar las bodas es al párroco de la demarcación en que se celebran. Cuando es otro sacerdote quien interviene, el párroco ha de delegar, expresa y formalmente, en él, sin importar que el comisionado tenga mayor categoría en el escalafón. Sin embargo, había muchos párrocos que, conmovidos por la presencia de tan alto dignatario de la curia, olvidaban este requisito. De esta forma monseñor bendecía la ceremonia sin previa habilitación del competente y esta ausencia constituía un defecto esencial de forma, que determinaba, nada menos, que la nulidad del matrimonio. Si las cosas iban bien, nadie se enteraba o, si lo hacía, cabía subsanar el vicio formal. Pero si algo iba mal, en este error estaba la solución.

Es cierto que, desde 1979 hasta este momento, el poder civil ha hecho un esfuerzo por ennoblecer las ceremonias matrimoniales, que en los albores de la democracia eran deprimentes. Los jueces se togan, se integran los anillos en la liturgia civil, se incluyen exaltaciones y proclamas. En el recuerdo de algunos se encuentran ceremonias oficiadas por representantes consulares de España, que, embutidos en sus uniformes, pecheras bordadas al uso cardenalicio y espadín en ristre, rivalizaban con la Iglesia en el boato y esplendor de las bodas. Pero, aun así, queda mucho camino para poder mantener una competencia seria en el orden formal, incluso tras la incorporación de los alcaldes en la competencia para casar.

El problema no lo han resuelto los palacios de bodas con deslizantes mármoles cubiertos de arroz y chirriantes altavoces, en ocasiones ininteligibles, para convocar a los invitados que, masivamente revueltos unos con otros en un vestíbulo, esperan asistir a la boda de sus parientes y amigos. Y en apretada vecindad con los invitados, los propios novios. Unas de blanco y con cola y el novio de etiqueta y camelia en el ojal; otros —progres— de desgastado vaquero, rotos incluidos, y maloliente camiseta; aquélla con flores y tules de añoranzas hippies; la otra con la sobriedad del traje de chaqueta. Y en medio de esta marabunta de vociferantes niños, inquietos jóvenes, vetustos parientes e histéricas muchachitas, de todas clases y colores, la boda. Dos minutos mal contados, dos firmas y un beso. Y a la calle, que vienen otros. No hay competencia.

Una cosa es que preconicemos ceremonias como las de Las Vegas, ciudad parque temático, que se mueve entre Elvis Presley y el divorcio, seguido de una nueva boda. Aquí se concentran el mal gusto, la cursilería y el oropel con el derroche. Aquí se anuncian todas las posibilidades distintas de bodas. Por todos los ritos y con todas las fantasías. Y de todos los precios. Entre ellas llama la atención el matrimonio que celebra el capitán de una nave pirata, a bordo de su galeón, anclado en una laguna artificial en medio de la ciudad, bandera negra con calavera y tibias. Los novios son recibidos con pasillo de entrada formado por feroces filibusteros, parche negro en el ojo tuerto, arcabuces y pistolones, e incluso alguno con la consabida pata de palo. Casarse en alta mar, en medio del desierto, no es cualquier cosa. Y celebrar la boda con andanadas de ordenanza —ordenanza filibustera— disparadas por cañones navales en las bordas de la nao tiene narices… Pero narices de payaso. O de Pinocho.

No estamos defendiendo grotescas puestas en escena contrarias a la seriedad del matrimonio. Apelamos, eso sí, a la dignidad, belleza y pompa con que el orden civil —y el militar—, además del religioso, adornan sus actos trascendentes.

Hay una parte importante de la boda, que no es la ceremonia en sí. Los novios, que se están planteando una vida en común, con un proyecto solidario de futuro, al constituir una familia afrontan un tema espinoso: el dinero. ¡Qué inoportunidad! Cuando sólo está presente en sus pensamientos el amor, lleno de romanticismo, la luna —la de miel y la otra, la del cielo, que alumbra a los enamorados— y los violines, el azahar y Gustavo Adolfo Bécquer o Neruda, miradas y suspiros. ¿Cómo se va a hablar de economía? ¡Qué importa eso! Si todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío… Nosotros cómo vamos a tener jamás —óyelo bien, jamás: nunca— un problema económico, una discusión por dinero. Con lo que nosotros nos queremos.

Me consultaba un amigo mío, con ocasión del próximo matrimonio de una hija suya, que él quería que se casara en separación de bienes, la forma de decírselo a los padres del novio. ¿Qué van a pensar? ¿Qué pretexto pongo? ¿Cómo lo planteo?

Por eso, muchos lo dejan así. Al albur. Ni se informan, ni hacen nada. Se casan y como la ley favorece este dar la espalda a las realidades y permite que no se haga determinación alguna de orden específico a la hora de elegir uno de los numerosos regímenes económicos posibles, pues lo dejan así. Un día se dan cuenta de que, según la legislación aplicable —que ignoran—, la común, o una foral o especial, sin saberlo, se encuentran casados en gananciales, en conquistas o en separación de bienes o, incluso, bajo las reglas de la comunidad universal del Fuero de Baylío.

Pasado el tiempo, quizá las cosas han variado. Aquel lo mío es tuyo y lo tuyo mío quizá se ha trocado en lo mío es sólo mío y lo tuyo también es mío o, como mucho, de los dos.

Hay que tener en cuenta que la Ley en esta materia contiene algunas normas que son —¿cómo diría yo?— contra natura. Los gananciales de modo particular son interpretados de maneras muy singulares. A gusto del consumidor.

En cierta ocasión una señora me relataba la situación económica de su matrimonio. Tras decirme que su régimen económico era el de gananciales pasó a hacer el inventario de sus bienes.

—Tenemos un piso en el que vivimos. 180 metros cuadrados en el barrio de Chamberí. Lo compramos al casarnos. Dimos una señal y lo hemos pagado del todo. Hemos terminado con los plazos hace muy poco. Ahora ya está libre. Los plazos se pagaban a través de una cuenta corriente abierta a nombre de los dos. En esa cuenta se ingresa siempre la nómina de mi marido. Con este ingreso, entre otras cosas, se ha pagado el piso. Ganancial.

—Es claro —le contesté—. Evidentemente, es ganancial.

—También tenemos un apartamento en Jávea. Éste lo compramos algunos años después del primero. Era una época en que íbamos bien de dinero. Trabajábamos los dos —como ahora— y a mí se me ocurrió que era una buena inversión. Y al mismo tiempo, disfrutábamos de él. Este apartamento se ha venido pagando con mi sueldo. Los recibos de la hipoteca se domiciliaron en mi cuenta; en la que se ingresa mi nómina. Por tanto, este apartamento es mío. No es ganancial.

—No, señora. Está usted equivocada. Ese apartamento es también ganancial —le rectifiqué.

—Quizá no me he explicado bien —me contestó, con acento paciente—. Es sólo mío. Yo —y sólo yo— lo he pagado con mis ingresos: con mi sueldo. Mi marido no ha pagado ni un céntimo. Por tanto, es evidente que él nada tiene que ver con el apartamento.

—Ya lo he entendido desde el principio —le repliqué—. Pero es ganancial. O ¿por qué dice usted que es de los dos el piso en que viven, cuando lo ha pagado su marido de su sueldo? ¿Por qué es diferente cuando se paga con la nómina de él que cuando es con la nómina suya? Los ingresos por trabajo de los dos cónyuges son gananciales. Por tanto, lo que se compra con ellos es igualmente ganancial.

—¡Hombre! Es totalmente distinto. Todo el mundo sabe que el sueldo del marido es de los dos. Él tiene la obligación de soportar a la familia. Pero yo no tenía por qué trabajar. Podría haber hecho como mi cuñada Feli, que no da ni golpe. Si lo he hecho, alguna ventaja tendré, ¿no?

—Pues no, señora. Ninguna ventaja. Es ganancial igualmente.

—¡Atiza! Pues es una injusticia. Si lo sé, no trabajo.

Una situación que se repite de forma constante es la generada por la tentación y el encanto de defraudar al fisco. No sólo se trata de un ahorro. Es como la conquista de una cima montañosa o el encuentro con una quiniela de catorce aciertos, más el complementario. Los padres, ante la boda de un hijo o de una hija, están dispuestos a colaborar en su incierto futuro. El eterno problema de la vivienda se les antoja insoluble a los nuevos esposos. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo están de caros los pisos! Y eso que están dispuestos a irse a vivir a diez mil kilómetros del lugar de su trabajo. No hay manera. Pero los padres de uno de ellos —digamos, para nuestro ejemplo, del novio— están forrados y quieren que sus futuros nietos vivan cerca de ellos. Están dispuestos a regalar un piso a su hijo. En buen sitio. Cómodo y alegre. Naturalmente, la fórmula más simple es que los padres compren el piso y que, después, hagan donación de él a su hijo del alma, en la correspondiente escritura pública. De esta manera, aunque el hijo esté casado en gananciales, el piso será siempre privativo suyo. A salvo de contingencias, en cuanto a la propiedad (luego veremos otras relativas al uso). También se puede hacer donación —igualmente en escritura notarial— del dinero necesario para que su hijo pague el precio de la vivienda. Pero esas dos posibilidades cuestan un riñón —dos riñones, uno cada una—. En ambos casos hay que pagar el impuesto sobre donaciones, igual al de sucesiones. Solución: se le da al niño el dinero bajo cuerda y él compra el piso. Cuando lo escritura está ya casado. En gananciales. Y como es un hombre sensible y educado, incapaz de hacer de menos a su mujer, y además no quiere pagar impuestos, nada dice del origen del dinero. Y el piso se inscribe como ganancial. ¡Qué hermoso! Es de los dos tortolitos. Pero cuando estos tortolitos se convierten en aves de rapiña, sigue siendo de los dos.

El marido —en nuestro ejemplo—, al afrontar su separación le pretende recordar a su extierna esposa que él no tenía un duro cuando se casaron y que el dinero para comprar la casa —todo— lo pusieron sus padres. Invariablemente se encuentra con una mujer altamente necesitada de una dieta de rabos de pasa.

—¿Recordar yo? No me acuerdo de nada. ¿Tus padres? Yo no sé nada. Nunca lo he sabido. Siempre creí que el piso era nuestro. De los dos. ¿Dices que un regalo de tus padres? Pero si fuera así, sería un regalo para los dos. Con lo que a mí me han querido siempre tus padres…

Me pedía una amiga divorciada, que proyectaba volver a casarse, que le diera todas las instrucciones que se me ocurrieran —naturalmente las legales— para evitar problemas si volvía a ocurrirle la desgracia de que su nuevo matrimonio se fuera al traste.

—Lo primero que debes hacer es separación de bienes. Tú ganas mucho dinero con tu negocio. Mucho más que tu futuro marido. De esta forma, lo que tú tengas será tuyo y sólo tuyo. Con ello, puedes hacer lo que quieras. Y lo que compres con tus ahorros será igualmente de tu exclusiva propiedad.

—Perfecto. Más cosas.

—En las capitulaciones hay que convenir cómo se sufragan los gastos comunes de la casa y de la vida ordinaria. Si no decís nada, es en proporción a los ingresos de cada uno.

—Ni hablar —dijo mi amiga decididamente—. ¿Se puede pactar que sea por mitad?

—Desde luego.

—Pues entonces por mitad. ¿Hay algo más que tú harías?

—Hombre, si nos ponemos en lo peor, vamos, en que os separéis, hay que pensar en dos cosas. La primera, que siendo tú más rica y con mucho mayores ingresos que él, te pueden condenar a que le pases una pensión compensatoria.

—Pero ¿a las mujeres también? ¿No es eso indigno de un hombre: cobrar una pensión de la mujer?

—Mira, ni indigno ni nada. Ésa es una consecuencia de la igualdad. Se ha logrado que las mujeres, al menos legalmente, seáis iguales a los hombres. Pero eso tiene un efecto: que los hombres seamos, al menos legalmente, iguales a las mujeres.

—Pues si que es una gracia. ¿Y se puede evitar?

—Es dudoso. Hay quienes pactan en las capitulaciones que si se separan no habrá pensiones entre ellos. Que renuncian a las mismas. O, incluso, que tendrán un determinado importe. Ya has leído lo firmado entre Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Si se separan, él tiene que pagarle a ella una cantidad astronómica. Pero en España es dudoso que las renuncias sean válidas y eficaces, porque hay una doctrina que dice que no se puede renunciar a un derecho que todavía no ha nacido, y del que ni se conoce su existencia, ni su valor. Y el derecho a la pensión nace con la separación. No antes. Pero, en cualquier caso, se puede poner y ya veremos qué pasa después, si ocurre algo.

—¿Y la otra cuestión?

—Se trata de tu casa.

—¿Cómo mi casa? Después de lo que he luchado por ella. Y con el dinero que le he puesto encima después. Ya sabes las mejoras que he hecho. Pero ¿puede haber algún peligro de perderla?

—En general, he de decirte que en tu caso, es remoto. Pero imagina que tenéis algún hijo y la custodia se la dan al padre. Entonces, te echan de tu casa. Naturalmente, no le darán la propiedad a él, pero sí el uso. En la práctica, tú te tienes que marchar de tu casa, no la puedes vender ni hipotecar y la recuperarás el día que ese hijo haya alcanzado su independencia económica. Incluso sin hijos, pueden darle el uso a tu marido, si considera el juez que es la parte más débil y que debe ser más protegida, aunque este supuesto es más raro. Pero hay esas posibilidades y tú me estás pidiendo que yo te advierta de cualquier contingencia.

—Sí, sí. Eso es lo quiero. Porque no voy a correr el menor riesgo.

—Hay una cosa que se puede hacer que es incluir la renuncia al uso de la casa en capitulaciones, pero como te he dicho antes, la eficacia de esa dejación es dudosa. Máxime en el caso de que existan hijos.

—Entonces ¿cuál es la solución?

—La única fórmula segura —le dije, titubeando ante la magnitud del disparate— es que no viváis en tu casa. Que éste no sea el domicilio familiar. Que alquiléis otra vivienda y os instaléis en ella y la tuya la alquilas, la vendes o la dejas como está. Desde ese momento, todos los peligros de que te echen los trasladas a esa nueva casa. Si te tienes que marchar, él se queda con la vivienda, pero también con la obligación de pagar la renta, y tú te vuelves a la tuya, a la que quieres conservar a toda costa.

Me sentí avergonzado de tener que dar informes de esta legalidad. Dice el refrán: «Mala es la Ley, pero es Ley».

VII
EL NAUFRAGIO CONYUGAL

La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura algo más.

OSCAR WILDE, El retrato de Dorian Grey

Una de las características de toda unión o de toda pareja es que se puede romper y de hecho se rompe. Los dúos artísticos, las parejas en tenis o las de mus, por poner ejemplos, se cambian, se separan y se juntan. Quizá sea una consecuencia de las dificultades que tenemos los humanos para entendernos. Casi no nos soportamos ni a nosotros mismos. No debe, pues, extrañamos que dos sean una multitud incomunicada consigo misma. Sólo el Dúo Dinámico persiste a pesar de los años. Incluso a las parejas de la Guardia Civil, institución que parecía inamovible, la Dirección General de Tráfico anuncia que quiere separarlas.

Naturalmente, las parejas matrimoniales no son una excepción. Aunque hay muchas que resisten a los embates del tiempo y de la monotonía, enemigos principales de la convivencia.

Cuando la crisis de la pareja se produce, se ponen en evidencia las causas de la ruptura. Aunque es evidente que, en el fondo de todas ellas, está presente el desamor: la pérdida de aquel impulso que llevaba a ambos a la busca de la felicidad de forma conjunta. Pero hay razones que actúan de detonadores.

Recientemente vino una señora a mi despacho, con un semblante que denotaba noches de insomnio, lágrimas y depresiones. Se había casado hacía veintiséis años con un empresario, con el que había tenido dos hijas, que se encontraban en una espléndida plenitud a sus veinticuatro y veintiún años. Habían compuesto un grupo feliz, en el que todos se adoraban y se respetaban. Las chicas habían terminado sus estudios y la mayor había comenzado a trabajar en una compañía multinacional. El marido viajaba frecuentemente por su trabajo. Casi siempre traía de sus desplazamientos algún pequeño recuerdo para su mujer e hijas, a las que mantenía en su pensamiento. O al menos eso decía él.

Un día, encontrándose en su oficina, sufrió un infarto. Hubo de ser hospitalizado urgentemente y sometido a una intervención quirúrgica, de larga recuperación en el hospital. La mujer y las hijas se turnaban en cuidarle y apenas le dejaban solo un minuto. Habían transcurrido unos quince días desde el desafortunado suceso cuando la esposa, que se encontraba de guardia, tuvo que salir de la habitación a buscar unos periódicos que él le pidió. En el pasillo encontró un carrito vendiendo prensa por las habitaciones, con lo que cumplió el encargo en un tiempo rápido —excesivamente rápido para su tranquilidad—. Volvió, pues, enseguida al cuarto y al abrir la bien engrasada y silenciosa puerta, lejos del alcance de la mirada del enfermo, sorprendió la siguiente conversación telefónica del marido, que la mantenía casi en un susurro:

—Lo siento, cariño, pero ya te he dicho que no es fácil. Siempre hay alguien a mi lado, dándome la vara. O está ella o está alguna de las niñas.

—…

—No, si lo comprendo. Ya sé que estás inquieta, pero qué quieres que haga.

—…

—Yo también te quiero mucho. Y te echo de menos una barbaridad. Estoy deseando verte y estar contigo.

—…

—Sí. En cuanto me den permiso para salir, me inventaré un viaje, como siempre, para que pasemos unos días juntos.

La mujer se quedó paralizada. Le costaba trabajo digerir lo oído. Pensó si se habría equivocado de habitación. Pero no; era la correcta. Tras unos segundos, eternos y viscosos, hizo un ruido con la puerta, para anunciar su presencia. Inmediatamente colgó el marido. Ella, al mirarle, apenas pudo disimular su turbación. Desconcertada, nerviosa y dubitativa, dejó los periódicos sobre la cama, murmuró que se encontraba mal y enloquecida se marchó a su casa.

Cuando se le pasó la primera sorpresa, empezó a tomar decisiones. La primera no decir nada a nadie, ni a las hijas… de momento. Después, intentó buscar otras explicaciones, distintas de la evidente, al fragmento de conversación que había oído. Repetía en mente las palabras que había escuchado. Sin éxito. Era demasiado claro. También se aplicó a la minoración de la importancia de la relación que revelaban las frases oídas. Sin éxito. Intentó, después, pasar revista a actos, gestos, actitudes o palabras en el pasado que pudieran confirmar o desmentir lo que la charla escuchada ponía en evidencia. También fracasó. Dando vueltas y revueltas a la situación en que se encontraba, tomó la determinación de encargar a una agencia de detectives que hiciera un informe sobre la vida y conducta de su marido. Buscó en las páginas amarillas de la guía telefónica. Allí encontró un anuncio, que le pareció adecuado a sus necesidades. Tras la imagen de un perfil de Sherlock Holmes, con sus peculiares gorra y cachimba, se podía leer:

«Seguimientos con aportación de informe y pruebas fotográficas y videográficas».

En otro lugar del anuncio se hacía referencia a «conductas dudosas», que era precisamente lo que ella afrontaba. Además disponían, al decir de su propaganda, nada menos que de un «Gabinete instrumental» con «cámaras camufladas, grabaciones ambientales y telefónicas, seguimiento de vehículos por satélite» y otros avances técnicos. Acudió a ella sin demora. Le atendieron con diligencia y simpatía. Después de pedirle una fotografía de su marido, detalles de su coche, trabajo y domicilio, así como de sus hábitos y costumbres o, por lo menos, de lo que ella creía que eran éstos, le prometieron un resultado rápido y completo. Eso sí, hacía falta que saliera del hospital y volviera a la vida normal o casi normal para hacer el seguimiento. Quedaron en que ella les avisaría cuando pudieran empezar.

Los días siguientes hasta que volvió la rutina de la vida y su marido salió del hospital fueron horribles. Fingir a todas horas, para que no se le notase, era enormemente difícil. Frecuentes jaquecas la llevaban más pronto a casa. La sustituían sus hijas, que se desvivían por su padre. Al fin, todo pasó. Él volvió al hogar y ella avisó a los detectives. Se puso en marcha la máquina informativa y de seguimiento. Pasaron unos quince días, cuando Martínez, antiguo policía y director de la agencia, le llamó para que fuera a recoger el informe. Allí fue, con el alma en vilo. Martínez la recibió inmediatamente.

—Señora. Aquí está el informe. Y las fotos —dijo, mientras señalaba un grueso expediente que tenía frente a él—. La verdad es que es peor de lo que esperábamos —añadió con pesadumbre.

—Diga de una vez, por favor, que me va a dar algo —impetró ella con desmayo.

—Pues mire usted. Su marido mantiene una relación amorosa con Amparo González de la Cabeza, una antigua vicetiple de la compañía de Celia Gámez, desde hace aproximadamente dieciocho años. Vamos, que es su querida durante todo este tiempo. Ella vive en la Costanilla de San Martín, número 19, 2.º interior izquierda, cuyo alquiler paga su esposo, don Manuel Vázquez Vizcaíno. Regularmente él pasa con su amante algunos días al mes, que coinciden con los viajes que le dice que tiene que realizar por razón de su trabajo. La realidad es que su empresa no le ha mandado nunca de viaje ni a ninguna gestión fuera de Madrid. Todos sus desplazamientos se los ha inventado. Todos. Desde hace dieciocho años. Las personas que nos han informado dicen que parecen siempre muy enamorados y que él no se decide a separarse de su mujer, porque está muy enferma en una silla de ruedas, hemipléjica, y con un soplo en el corazón, y ello la mataría. Además, dicen, que sus hijas necesitan de él, porque una padece síndrome de Down y la otra una dislexia bastante aguda, seguramente debido a un problema genético heredado de la madre. No crea, señora, que imaginación no le falta. Ni sentimiento trágico de la vida, tampoco. ¡Qué cara!

—Por favor. No siga —rogó la mujer con el semblante pálido y el pulso acelerado—. Estoy al borde del síncope. ¿Y dice usted que llevan así dieciocho años? No es posible. ¿Cómo ha podido tenernos engañadas a mí y a mis dos hijas todo este tiempo?

—Lo ignoro. Pero la realidad es ésta y verá que las pruebas que hemos recogido son irrefutables.

Mi cliente se ha separado de este caballero. Sus hijas no han vuelto a hablar al padre.

Algunas veces el detonante que rompe la convivencia es un importante cambio sobrevenido, que altera las reglas de juego. La pareja ha venido conviviendo durante años, partiendo de unas premisas. Ha habido un orden diario al que marido y mujer se han ido acomodando. Se han delimitado y respetado escrupulosamente ciertos períodos de tiempo y ciertos espacios para el uso exclusivo de cada uno de ellos, al margen del otro, que han equilibrado y compensado los de uso compartido. Todos se han ajustado a un corsé.

La encargada de una sala de bingo comentaba la existencia de parejas —no una, sino varias—, habituales clientes de este lugar de juego, que concurrían de una forma singular. A media mañana aparecía la mujer a jugar durante un buen rato: cantidades minúsculas, apenas un cartón cada vez; después de las siete, muchos días iba el marido, que se gastaba más dinero —no mucho más— y por la noche eran los dos, en amable compañía, quienes acudían a jugar unos cartones, con complicidad y prudencia. Cuando iban juntos jamás mencionaban sus visitas anteriores, porque ninguno de ellos sabía que el otro hacía esas otras excursiones unilaterales. Pero este caminar estaba asumido y no planteaba grandes problemas.

En muchas parejas cada uno tiene costumbres propias y exclusivas, al margen del otro. Casi todas, inocentes, pero esenciales para el mantenimiento del buen orden. En la familia que ha sido tradicional hasta ahora y que todavía conserva su estructura en muchos hogares, el hombre trabaja fuera de la casa y la mujer dentro de ella. La esposa se ocupa del cuidado del hogar y de los niños, mientras el esposo gana para la vida familiar en una jornada extensa. El marido quizá se ha reservado un tiempo para una copa con los amigos o compañeros; quizá para una actividad deportiva o lúdica; quizá un mus. Mientras él está en el trabajo, la mujer distribuye su tiempo con libertad, dentro de las exigencias de sus numerosas obligaciones y de las imposiciones del horario escolar de los niños. Durante largas horas, es la señora absoluta de la casa. Puede seguir con asiduidad una telenovela u oír su tertulia radiofónica favorita. Al ir a la compra, se reúne con otras amas de casa para tomar un cafetito y charlar un rato. Interrumpe sus labores a su antojo para agarrarse al teléfono con fruición y hablar sin medida con tantas almas gemelas que proporcionan y reciben —en régimen de reciprocidad— recetas culinarias, remedios para las manchas y consejos de todas clases y colores. También a través de este instrumento puede intervenir en programas, coloquios y concursos radiofónicos. Y de esta forma, va deslizándose la vida, quizá sin entusiasmo ni pasión, pero con apacible fluidez.

Y de repente, sin que nadie sepa cómo, ni exista una previsión anterior, al marido le llega la prejubilación. Todavía joven, sin achaques especiales, sin muestras de debilidad laboral o intelectual, activo y guerrero, es puesto de patitas en la calle. Económicamente, queda bien. Su sueldo completo, por lo menos hasta la edad de la total jubilación, y un fondo. Quién sabe si algo más. Pero a casita. Después de veintitantos años en la misma entidad, y tras sucesivos y merecidos ascensos, se le comunica que la reestructuración de la empresa exige prescindir de él, como de otros muchos.

Y se va a casa. Sus necesidades económicas están cubiertas razonablemente. En este aspecto, nada cambia demasiado. Pero él no tiene nada que hacer. No tiene hobbies, ni aficiones especiales. Al principio, tiene acumuladas unas ansias de libertad y unos planes frustrados que ahora podrá cumplir. De entrada, suprimir el despertador. Se va a levantar cuando quiera. Después… ¿hay algo más hermoso que pasear por los magníficos parques de la ciudad? Poder tomar un café a media mañana, en una terraza, leyendo sin prisas el periódico, viendo la gente pasar. Y hay tanto que la gran ciudad proporciona y él ha ignorado. La cuesta de Claudio Moyano para ojear con tranquilidad los libros de viejo; las mil exposiciones que se nos ofrecen todos los días. Pues ¿y los museos? ¿Cuánto tiempo hace que quería ir al del Ejército o al de Artes Decorativas? Y el Prado. Hay que volver al Prado, hace tiempo olvidado. No tiene uno perdón de Dios. Ahora, sin la férrea limitación del trabajo, va uno a hacer todo eso. ¡Fantástico!

La primera semana duerme el prejubilado a pierna suelta. La segunda, como se acuesta pronto, porque la televisión cada día es más aburrida, y además se echa una buena siesta, empieza a despertarse a la misma hora de antes. Y a levantarse, porque en la cama no hay quien esté. El tiempo ya no acompaña al paseo; y no digamos para estar en las terrazas. Se terminó el verano. Además, al cuarto de hora de estar en cualquier sitio con un café te empiezan a mirar los camareros con impaciencia. Tampoco hay nada que ver en la calle. La gente es la misma cada día y sus caras son de mal humor y de nerviosismo. Los museos están bien. Ya ha visitado tres. Pero hay que graduarlo. Si no, es un empacho. ¿Y los libros de viejo? No hay cosas muy interesantes. Por otra parte, tampoco puedes hincharte a comprar. Ha quedado bien, pero si te pones a gastar como un loco comprando todo lo que se te antoja, es la ruina.

El prejubilado comienza a quedarse en casa. Activo y vivo. Y aburrido.

—¿Qué haces? —pregunta cuando ve a su mujer en la obvia función de limpiar el polvo.

—¿Por qué no limpias primero el salón en vez del comedor? —inquiere con actitud colaboradora de organizador nato, máster en empresariales.

—¿No crees que sería más rápido y eficaz si coges el trapo de esta manera y lo restriegas así?, —mientras hablaba, el esposo cogía y movía la bayeta con gesto de sabelotodo.

—¿Puedo ayudarte? —propone en otra ocasión, entrando en la para él, hasta ese momento, desconocida cocina, a la hora de preparar la comida. Después de consentir, resignada, la mujer en la ayuda del marido, unos minutos más tarde le expulsa del santuario culinario. En tan corto tiempo ha logrado dejarlo todo hecho un asco: esparcidos por todas partes los útiles de guisar, las cacerolas y las sartenes; los condimentos y las especias ocupan media cocina y la otra media está invadida de alimentos a preparar. El caos.

—¿Cuándo se cambian las sábanas? ¿Por qué no vas a la compra más pronto —o más tarde? ¿No sería mejor humedecer la ropa antes de plancharla, toda junta en vez de separada? Ganarías tiempo si…

La mujer del prejubilado no se atreve, por otra parte, a seguir la historia radiofónica o televisiva y comprobar cómo Armando Pedro se entera de que es hijo de Ruipérez, dueño de las acererías de Bogotá, y de Amanda, la humilde muchacha de color que servía en su casa, a la que deshonró, pero que luego se casó con Ruperto, encargado de las fincas del norte, justo cuando iba a casarse con otra hija de este millonario, Ofelia María. Su marido la iba a poner verde. Con lo emocionante que estaba. ¿Se casaría al fin con su hermana? ¿Sería su hermana? ¿Triunfarían los manejos de Guillermo Jorge, que pretendía a Ofelia María sólo por su dinero, porque él tenía amores —y un hijo— con una modesta vendedora de cupones de los ciegos? Pero ¿cómo iba a poner la televisión a media mañana con su marido en casa?

Cuando volvía del mercado, encontraba a su marido impaciente:

—¡Cuánto has tardado en la compra! ¡Qué barbaridad! Las mujeres no sabéis organizaros. Si yo hubiese hecho como tú, nunca habría llegado a jefe de negociado. Mañana voy a ir contigo —prometió el eficiente prejubilado.

—Adiós café con Puri y Concha —pensó la mujer.

Unos meses después, la mujer, absolutamente harta de su marido, pidió la separación. Nadie la entendía.

—Ahora que su marido está siempre en casa… y pendiente de ella. Con lo que él la ayuda… Un hombre siempre tan dispuesto. No como Ramón, que no se digna hacer nada en casa. Ahora se separa… Es que hay mujeres que no saben valorar lo que tienen…

Pues precisamente por eso. No puede más. Se ahoga. Ha perdido el colchón de aire que le permitió subsistir. El cambio de las reglas consuetudinarias de la convivencia se llevó por delante su matrimonio.

La vida sexual y su exclusividad en la pareja son temas que tradicionalmente han producido muchas rupturas. La cantidad o frecuencia de los lances íntimos puede ser cuestión de desacuerdo grave. Un cliente mío se quejaba de que su mujer pretendiese mantener el derecho a decir que no cuando a ella no le apetecía.

—No entiende ella —razonaba mi interlocutor— que el matrimonio es sinónimo de vida sexual. A mí durante el colegio, en los marianistas, me inculcaron que mientras no me casara, nada de nada. Pero que después, el matrimonio tiene como uno de sus fines más destacados lo que llamaban «el remedio de la concupiscencia». Y si yo soy muy «concupiscente», tendré derecho —derecho, no opción— a muchos remedios, digo yo. Y eso que yo no soy muy exagerado, me basta uno al día. Pero, eso sí, ese uno que no me lo quiten.

Se separaron.

Andrés Fernández vino a exponerme su problema. Tenía mujer y dos niñas de cinco y siete años. En su vida de pareja no había habido disgustos, ni discusiones, ni riñas, ni nada. Él viajaba mucho por su trabajo de vendedor, pero en su casa reinaba la armonía. Hasta que un día, de sopetón, su mujer le había dicho que se marchaba de casa. Se iba a vivir a Tenerife y, como era lógico, se llevaba a las niñas con ella. Se había enamorado de otro y tenía que realizarse (dichosa realización). Sólo yéndose a vivir con él podía ver cumplidas sus expectativas de felicidad, a la que tenía derecho. Tanto como el que más.

La sorpresa fue mayúscula. Nada había en la conducta anterior de su mujer que pudiera haber hecho sospechar a Fernández que ella tenía otro hombre en su vida. Nunca pensó que ella le engañara. Nunca. Y así se lo dijo a su mujer.

—La verdad, Adela, es que es como si me hubiera caído de un burro. Nunca creí que tú fueras a engañarme.

Adela respondió de inmediato, llena de indignación.

—Sin ofender, Andrés. Sin ofender. Que yo nunca te he engañado, al menos en el sentido físico de la palabra. Yo con Ricardo jamás he tenido ni un solo contacto físico. Ninguno. No sólo es que yo no me haya acostado con él. Es que ni siquiera nos hemos rozado. Vamos, ni siquiera nos conocemos personalmente.

El pobre Andrés empezaba a delirar. O Adela era una mentirosa con un descaro olímpico o él estaba soñando. En cualquier caso, no entendía nada.

—Pero vamos a ver, Adela. Serenidad. Me estás diciendo que te quieres ir a vivir a Tenerife, que te vas con nuestras hijas.

—Sí —interrumpió Adela—, pero no me iré con ellas hasta dentro de mes y medio, en que termina el curso. ¿Qué te crees tú? ¿Que yo soy una mala madre, desconsiderada e irresponsable, que las voy a sacar del colegio a mitad de curso? Eso ni hablar.

—Pero eso da igual… —empezó de nuevo Andrés.

—¡Cómo va a dar igual! Te dará igual a ti, pero no a mí. Para mí lo primero que hay en el mundo son las niñas.

—Cada vez lo entiendo menos —siguió Andrés, cuyo lío mental era ya un ovillo—. Pero vamos, ¿pretendes decir que te vas al otro confín de España, que me abandonas, que te quieres llevar a nuestras hijas, las nuestras, de los dos, y que ni siquiera has visto en persona al sujeto, del que estás tan apasionadamente enamorada como para echarte a la espalda familia, marido, ciudad, trabajo, todo?

—Efectivamente —contestó Adela con firmeza—. Así es. Claro que hay una cosa que no te he dicho y cuando la sepas lo vas a entender todo. Ricardo y yo llevamos manteniendo una relación estrecha y maravillosa, desde hace cuatro meses. Al principio era esporádica. Luego se fue haciendo más intensa y constante. Fuimos descubriendo nuestras almas. Sus calidades y ternuras me emocionaron. Hasta que nos dimos cuenta de que nos habíamos enamorado locamente. Que estábamos hechos el uno para el otro.

—Pero ¿no dices que no os habíais visto ni una sola vez? ¿En qué quedamos?

—Y no nos hemos visto. Ya te lo he dicho. Toda esa maravillosa relación, todo ese diálogo tan tierno y al propio tiempo tan real y verdadero, tuvo lugar por Internet.

Ante el desacuerdo de la pareja, tuvo que resolver el juez. Autorizó que las hijas se fueran con su madre, en pos del amor cibernético. Andrés sigue sin entender nada. Su mirada se ha quedado fija en una pantalla de ordenador. Apagada.

Las nuevas tecnologías, y concretamente Internet, también tienen su papel disgregador de la armonía conyugal. Los intermaníacos —ellos y ellas— descuidan hasta extremos absurdos las atenciones de la convivencia, hasta convertirla en inexistente. Pero hay además otras facetas en la que Internet se revela problemático. Link en inglés también quiere decir ligar…

Las infidelidades siempre han sido consustanciales con la quiebra del matrimonio, en particular, y de cualquier pareja amorosa, en general. El temor a ellas ha hecho presencia en multitud de ocasiones y ha motivado muchas acciones y omisiones.

Todo aquel que se casa

Con una fea

De que no se la peguen lleva la idea

Y se equivoca;

Porque siempre hay caballos de buena boca.

No podemos olvidar que hasta 1978 eran constitutivos de delito el adulterio y el amancebamiento. Se castigaban —si se probaban— con penas privativas de libertad. Los dos delitos eran la prueba evidente de un trato diferenciado entre el hombre y la mujer en relación con la conducta sexual. Para el adulterio bastaba una acción para atraer las penas del infierno (y de la cárcel). El amancebamiento requería una relación de continuidad. Tener manceba se decía cuando la relación extramatrimonial era dentro de la propia casa-hogar conyugal. También podía tenerse fuera de casa —tener una querida—, en cuyo caso era necesaria la publicidad o, al menos, cierto grado de divulgación de la situación. La diferencia de género no se debía a que los hombres fueran sólo condenados por amancebamiento —más difícil y exigente— y la mujer por adulterio, que podía ser incluso ocasional. En cada adulterio, como en cada amancebamiento, los protagonistas eran un hombre y una mujer y ambos compartían destino. La distinción radicaba en que quien definía el delito era el miembro casado de la pareja pecadora. Si era ella la casada, era adulterio y bastaba una sola vez; si lo era el varón, era amancebamiento y precisaba continuidad.

Los delitos han desaparecido, pero no las infidelidades, que ahora son causa legal de separación y, sobre todo, una grave infracción de las obligaciones matrimoniales —la más grave—. La realidad es que en muchas rupturas se encuentra presente un engaño. Es cierto que cada vez hay más situaciones de tolerancias. Sobre todo el cambio afecta a lo que se refiere a las infidelidades de la mujer, porque siempre hubo una manga más ancha para los hombres. «El hombre es por naturaleza infiel» o polígamo, se decía con evidente parcialidad y no menor conveniencia por parte de los varones. Muchas mujeres, no sé si convencidas por este argumento o ante el temor de quedarse plantadas con una situación económica malísima y los niños a su cargo, pasaban por carros y carretas. Era un mundo de hombres y para los hombres. Pero hoy, más maridos toleran la independencia de la vida erótica de sus esposas. No digo que sea habitual, pero sí que hay más cada vez. Sacha Guitry dice: «Hay mujeres cuyas infidelidades es lo único que todavía les liga a sus maridos».

A Pepe le fallaron los frenos. Un día de primavera llegó a casa más pronto de lo debido. No había nadie. Bueno, nadie de la familia: no estaba Isabel, ni los chicos. Estaba Nicoleta, una camerunesa ni guapa, ni fea, sino todo lo contrario. Se encontraba fregando el suelo, con el culo en pompa, un buen trasero redondo y abundante. A él que siempre le habían gustado los culos. ¿Qué le pasó? ¿Qué cables se le cruzaron? Nunca se lo pudo explicar. El hecho es que allí mismo en el suelo, ante el estupor y la resignación de la mucama, la arrolló y la penetró. Y en ese momento estelar, apareció Elizabeth. ¡Qué demonios! Si había sido muy corto. ¡Qué mala pata! Apenas un cuarto de hora desde el principio al fin. Dónde estarían sus hados protectores. Le entrampillaron.

No son para escritos los epítetos que le dedicó su mujer, que terminaron así:

—¿No te da vergüenza? ¿Qué van a decir tus hijos?

—Si no se lo dices, nada. No tienen por qué saberlo —repuso Pepe.

—Claro. ¡Qué fácil! El guarro de papá se tira a la criada en pleno hogar familiar y todo se arregla con ocultarlo. Y encima yo de cómplice de la mentira. ¡Márchate de casa ahora mismo! No quiero verte. Hablarán contigo mis abogados —le increpó Elizabeth.

Pepe se marchó. No era el momento de discutir. La verdad es que entendía la cólera de su mujer. ¡Mira que era mala suerte! A partir de ese momento y durante los días siguientes no paró de llamar a Elizabeth para pedirle perdón. Le enviaba flores con misivas conmovedoras. Las promesas de enmienda absoluta se prodigaban por escrito y verbalmente. Hasta que, quizá conmovida por el arrepentimiento de Pepe y sus ofrecimientos de someterse a todo lo que hiciera falta, ella entreabrió la puerta de la esperanza.

—Hay una solución para que no nos separemos. Tú tienes que dar muestras de buena voluntad. Hay que disolver la sociedad de gananciales y todos los bienes los tienes que poner a mi nombre. Todos para mí. Porque de esa manera, además, se evita que hagas otro disparate y nos dejes en la calle. A mí, no me importa. Si fuera yo sola, no diría nada. Ya sabes cómo soy yo. (No. No lo sabía). Pero es por nuestros hijos. Tengo que protegerlos. Así es que si tú estás dispuesto a que todo pase a mí, podremos intentar reanudar la convivencia.

—Yo estoy dispuesto a lo que haga falta para demostrarte que tú eres lo primero, qué digo primero, lo único para mí. Tú y los niños, claro. Que tu abogado lo prepare todo yo firmaré —repuso Pepe cuya conciencia, inundada de culpabilidad, le enturbiaba la mente—. ¿Cuándo puedo volver a casa?

—¡Ah! No creas que todo va ser tan sencillo, después de lo que nos has hecho a tus hijos y a mí Cuando hayas firmado, podrás volver. Pero al principio, hasta que yo esté totalmente segura, dormirás en otra habitación. De intimidades, nada. Por el momento —terminó con una incierta apertura al futuro.

Así se hizo. Pepe firmó. Pepe volvió. Pepe se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Pasaron unos meses. Hasta que un día su mujer le anunció que seguía sin fiarse de él y que había dado instrucciones a su abogado de que presentara una demanda de separación.

Pepe dejó la casa. Unos días después recibió la demanda. Otros días más tarde le entregaron otra.

—¡Qué barbaridad! ¿No le basta a mi mujer con una demanda? ¿Tiene que ser por duplicado?

—No señor —le corrigió el agente judicial—. Ésta no es de su mujer. Es una demanda de paternidad. La pone una tal Nicoleta Abukabe.

El señor Vendrell vivía una especie de semiseparación con su mujer. Después de quince años de matrimonio, había una cierta entente de independencia entre ellos. Además él, que trabajaba en una multinacional, era destinado con frecuencia a otros países. Las primeras veces, Adela le acompañaba. Aunque eran lugares incómodos —los negocios petrolíferos no suelen tener su sede en los lugares más confortables—, el exotismo y la novedad hacían atractivo para ella el traslado a estos lugares. Siempre iba y venía a su domicilio de Valencia, que conservaba abierto. Pero con el tiempo, los traslados se fueron acortando y los alejamientos haciéndose más largos y frecuentes. Aquello se fue convirtiendo en una costumbre y las mutuas independencias en un hecho consumado.

Una de las consecuencias de esta forma de vivir fue que Adela empezó a salir sola. Poco después comenzó a hacerlo acompañada siempre del mismo, que se convirtió en su amante formal y público. El tiempo fue consolidando esta duplicidad y marido y amante oficializaron sus respectivas situaciones. El marido pagaba los gastos fijos y el amante llenaba a Adela de regalos, especialmente de joyas, cuya aparición en el hogar nunca era cuestionada por Pep Vendrell, que se aprovechaba de la situación para disfrutar de sus libertades.

Pero he aquí que un día Adela se encaprichó de un artista joven, que prometía mucho, pero que hasta el momento no cumplía nada. Este muchacho lo necesitaba todo de ella. Su conducta provocó que un buen día Pep Vendrell, el esposo, recibiera una carta del amante —el oficial— en los siguientes términos:

«Hay que hacer algo. No puedes tolerar esta situación. Adela nos está poniendo en ridículo. Estamos haciendo el gran papelón. Una mujer de su edad… con un chico tan joven y tan sucio. Encima no tiene porvenir. Sólo emborrona lienzos que ni Blas entiende, ni comprende, ni aprecia.

Y lo que es peor es que está vendiendo las joyas que yo le he comprado para ayudar a este cantamañanas. Pep, eso no podemos tolerarlo. Tienes que tomar cartas en el asunto y deprisa».

La Ley y su aplicación por los tribunales se han hecho eco del cambio. Antes el infiel, además del riesgo de cárcel, afrontaba una situación horrible en su separación legal. La sentencia se pronunciaba en su contra. Se le declaraba culpable. Perdía a los hijos y el derecho de alimentos. Total nada. Se le acordaban unos derechos de visita que eran absolutamente inhumanos. Unas veces sólo podía estar con ellos unas horas a la semana, las mañanas de los domingos. En ocasiones esas horas transcurrían fuera de la casa de uno y otro. Los padres se llevaban a los hijos, las primeras veces, a un museo o a la Casa de Fieras. Pero estas distracciones se agotaban pronto. A la segunda vez que acudían al Museo de Historia Natural a ver el diplodocus, los críos miraban a su padre con una cara de escepticismo y aburrimiento que no podía soportar. La alternativa era llevar a los niños a una terraza o una cafetería, a tomar patatas fritas y Orange, que así se llamaba un producto anaranjado y gaseoso de la época. Padre e hijos acababan de refresco y patatas, y de ellos mismos —los unos de los otros— hasta más arriba de la coronilla.

Había una característica de estos delitos de infidelidad que los convertía en un arma de alto poder y eficacia. Eran de los llamados perseguibles a instancia de parte. Una especie de delitos privados. Sólo se podían perseguir mediante el ejercicio de la acción por parte del ofendido. Es más, las víctimas del engaño podían perdonar. Esto quería decir, en la práctica, que el engañado primero denunciaba, ciego de cólera y humillación, y una vez que tenía a la pareja infractora contra las cuerdas, al borde de Carabanchel o la Modelo, entraba en negociaciones cotizando su magnanimidad. Si el infiel renunciaba a todo lo renunciable y algo más —niños, pensiones, bienes, domicilio, todo— entonces perdonaba y aquí no ha pasado nada. Se redimían los cuernos a metálico.

También conviene recordar que era tal la naturaleza de la ofensa que representaba la infidelidad para el burlado, especialmente cuando éste era el marido, que en la práctica justificaba incluso la muerte. Matar a la adúltera y a su amante, sobre todo si eran sorprendidos en plena acción —in fraganti— no sólo estaba permitido, sino que era aconsejable. Con sangre se lavaban las honras. Las penas que recaían sobre el uxoricida eran de lo más benévolas. Incluso los italianos hicieron un gran película sobre este tema que se llamó Divorcio a la italiana. Tuvo un gran éxito en una España igualmente sin divorcio de verdad. Pudo llamarse perfectamente Divorcio a la española.

No estoy hablando de tiempos heroicos en que las adúlteras eran lapidadas o ajusticiadas de otras formas. No me refiero a lo que cuenta Bridier que ocurría con los salvajes de Malasia, en que la mujer, convicta de adulterio, era condenada a ser comida viva por su marido, lo que, sin duda, le daba mucho que pensar a ella… y a su marido. No. Me refiero a tiempos más cercanos.

La justificación de brutales represiones se extendía también al infanticidio. La madre, embarazada fuera de la legalidad conyugal, o incluso sus propios padres, cuando para ocultar la deshonra de aquélla, daban muerte al neonato, se beneficiaban de trascendentales atenuantes. Todo esto nos suena hoy a medieval, pero la verdad es que no ha pasado tanto tiempo.

Pero, como venía diciendo, la alegación de infidelidad en un tribunal exige su prueba. Y la prueba es realmente difícil. Sorprende, no obstante, cómo los adúlteros, en muchas más ocasiones de lo que parece, facilitan la labor de sus perseguidores. Es corriente que los infractores menosprecien el talento de sus víctimas. Cartas comprometedoras, con remembranzas pornográficas, escritas y dirigidas a mosquitas muertas, con fama de meapilas, en vez de ser destruidas, se guardan con riesgo inútil. Se esconden en lugares que revelan el desprecio que los infieles sienten por la capacidad, no sólo amatoria, sino intelectual, de su pareja legal. Entre los pañuelos de seda o entre la ropa interior, abriga la infiel las pruebas de la infamia, que dice el tango.

—¿Habrás destruido todas las cartas que te he escrito, verdad? —pregunta de vez en cuando el entusiasta amante.

—Creerás que soy tonta. Las tengo divinamente guardadas. Manolo no las descubriría ni aunque estuviera buscándolas cien años. Además, no sospecha nada. No tiene ni la más remota idea —respondía ella con seguridad… el día antes de que Manolo, con el manojo de cartas en la mano, la increpara.

—¡Puta! ¡Más que puta! Les voy a enseñar estas cartitas a tus hijos, para que vean la clase de madre que tienen. Y te voy a dejar sin un céntimo. (Siempre el dinero como quitamanchas de honras y honores).

La invención de la Polaroid fue una poderosa ayuda para la prueba de las infidelidades. Muchas parejas no pueden resistir la tentación de verse a sí mismas como las verían otros. Es una especie de voyeurismo de uno mismo. Y así se fotografían en actitudes sumamente reveladoras. Hasta la aparición de estas técnicas, constituía un importante freno la necesidad de llevarlas a algún establecimiento para su revelado. ¡Cualquiera recogía estos positivos erótico-pornográficos! Toda la tienda mirándole a uno con una sonrisita burlesca. Pero, de repente, esas mismas fotos no requieren de manos y miradas extrañas. Se revelan solas. Y al instante. Lo grave es que, al igual que con las cartas, los infractores se resisten a destruir estas pruebas gráficas de su pecado. Las guardan. Y todo lo que se guarda puede ser encontrado. Frente a estas pruebas, había que izar bandera blanca: rendición incondicional.

Victoria de Escudriñaga y Pardo de los Cármenes acababa de separarse de su marido, Borja de Entrepeñas y Suárez de Vivar. No tenían hijos, pero tenían gananciales. Y muchos. La fortuna del esposo era tan importante como los cuarteles de su escudo y sus cuantiosas rentas, que, pese al entusiasmo de los esposos, no lograban gastar. Las rentas florecían en sabias inversiones. Gananciales. Victoria era tan bella y noble como pobre su familia. Además del cuidado de su persona, no había actividad alguna a la que se dedicara. Rodeada de halagos y halagadores, remordida de indiferencia y lejanía en su matrimonio, como dice Muñoz Molina (Sefarad, 2001), cayó finalmente entre las garras de Armando de Utiel y Gómez de los Céspedes, conocido aficionado a la caza mayor en la sierra cordobesa y en Kenia. Armando entretenía sus ocios haciendo excursiones en las alcobas madrileñas.

Victoria había obtenido del juzgado de turno unas medidas provisionales espléndidas. Aunque había dejado el palacio en que vivía, propiedad de su marido, le habían asignado una pensión que para sí la quisiera de sueldo algún alto ejecutivo. Para celebrarlo, había invitado a su casa a Armando a una cena íntima, servida a la luz de unas velas por un criado fiel, con chaqueta blanca, que había dejado con ella la mansión. Todo transcurrió como estaba programado. A la luz de las velas. Bisque d’homard, foie de las Landas, lubina al hinojo y champán. Mucho champán. En la sobremesa, una música suave y romántica hacía cómplice a la atmósfera de la habitación. Café. Un armagnac para el invitado. Se intercambian palabras de amor y algunas caricias. La noche va avanzando. Ellos también. Fuera, el invierno madrileño, desapacible, ventoso y frío, desaconseja una salida del hombre. El dormitorio de la dama les acoge finalmente. Era la una y media pasadas. Poco a poco se apagan las luces y se acallan los sonidos. Todo queda en silencio, mientras el reloj, fiel cumplidor de sus obligaciones, va marcando las dos, las tres de la madrugada. La casa está en una paz total. La pareja ha conciliado el sueño después de consumar su pasión.

Son las tres y media, cuando repentinamente se encienden todas las luces del dormitorio. La puerta se abre con brusquedad. La pareja, sorprendida en su dormir apacible, da un respingo, mientras ve cómo la habitación acoge un alud de gente. Dos policías, el secretario del juzgado, un agente judicial, el procurador del marido de la dama, otro señor de ignorada función —es un detective privado— y el criado, no tal fiel criado, que es el que ha dado el soplo de la presencia nocturna del amante. Todos se aprietan en el breve espacio que deja libre la cama matrimonial, dos mesillas, una butaca y una coqueta.

—¡Que conste en acta! ¡Que conste en acta! —vociferaba el procurador—. Doña Victoria está en la cama en compañía de un señor de poblado bigote y pelo entrecano, ¡y están desnudos!

—Hombre, lo de desnudos no lo sabemos, porque están tapados por las sábanas —señaló el representante del juzgado, fiel a la fe que debía dar de lo ocurrido.

—Pero lo que se ve de ellos, al menos los hombros y la parte superior del tórax, están desnudos —insistió el requirente.

—Del hombre sí, pero de la mujer no puede decirse lo mismo, porque el embozo le tapa hasta la barbilla.

—Pues que conste eso. ¡Que conste! ¡Que conste! ¡Ah! Y cuando se hayan levantado, no olvidéis inspeccionar con cuidado las sábanas. Si hay huellas de semen, también debe constar en el acta.

Victoria y Armando no daban crédito a lo que estaban viviendo. Incapaces de decir una palabra, se miraban con espanto. ¿Cómo era posible que estuviera toda aquella gente en el dormitorio? En su dormitorio. En el de ella. ¿No sería una pesadilla? ¿No estaría soñando?

Una denuncia del marido y una generosa y oportuna dádiva al criado habían permitido la acción de la policía y del juzgado en persecución del delito, que sólo podía hacerse a instancias del ofendido.

Más tarde, en la comisaría a la que fueron conducidos, averiguarían la traición de que habían sido objeto. Se acumulaban las sorpresas y los desengaños. De allí al juzgado de guardia. En la antesala, a la espera de ser llamados para declarar, mal peinados y mal vestidos, con pésimo cuerpo y con peor ánimo, los denunciados eran incapaces de pensar en una línea de defensa o en alguna excusa.

—Hace falta que se nos ocurra algo. Cualquier cosa. Todo antes que reconocer la culpa —se decían los detenidos.

La verdad es que sólo quedaba esperar lo que raramente existe —y más para tales situaciones pecaminosas: el milagro—. ¿Qué decir? Además de negar, negar y negar, claro.

El torpe conciliábulo mantenido por los detenidos, mezcla de abotargamiento, desesperanza y miedo por iguales dosis, condujo a que declarasen ambos, de forma idéntica lo siguiente (que de esta forma constó en el proceso):

«Que el día de autos D.a Victoria de Escudriñaga y Pardo de los Cármenes y D. Armando de Utiel y Gómez de los Céspedes estaban tomando café después de cenar en casa de la primera, cuando ésta sufrió una fuerte indisposición, por un corte de digestión, que la obligó a acostarse con fiebre alta. Ante esta situación, D. Armando permaneció en su compañía velando su enfermedad, temeroso de una complicación. Para evitar problemas posibles y pese a la alta temperatura reinante, dejaron todas las ventanas cerradas. Al incrementarse la temperatura de la habitación D. Armando se desposeyó de la camisa y algo más tarde, ya de madrugada, comenzó a dormitar en el sillón en el que se encontraba sentado. Por causas que desconoce, pero seguramente dormido, en algún momento se debió deslizar hasta el lecho donde yacía enferma D.a Victoria e incluso introducirse bajo la sábana, en un acto reflejo, sin que pueda precisar en qué instante lo hizo. De esta manera fueron sorprendidos por la acción del juzgado y de la policía.

Que de ninguna manera se encontraban desnudos en la cama, sino que, muy al contrario, ella estaba con un camisón y él totalmente vestido a excepción de la camisa como ya se ha dicho.

Que niegan rotundamente haber tenido relaciones sexuales».

Y es que mientras no se confiese hay esperanza.

De las restantes preguntas que le fueron formuladas por un oficial, a Victoria se le quedó grabada una. El funcionario, impresionado por la belleza de la detenida, pese al lamentable estado de su peinado y maquillaje y a la improvisación de su vestido, con exagerado respeto, le preguntó:

—Perdone, señora, que le haga esta pregunta. Es mi obligación hacerla. Si no, ni se me ocurriría. Ni remotamente. Discúlpeme, pero cuando fue sorprendida por los agentes, ¿llevaba usted las bragas puestas?

Unos días más tarde, les fue notificado el procesamiento, primer paso obligado en el camino hacia las mazmorras. Una semana después, Victoria había obtenido el marital perdón. Renunciada la espléndida pensión y volatilizada su participación en los gananciales, la honra de los Entrepeñas y Suárez de Vivar había quedado restañada. El generoso perdón había puesto final a tan desagradable incidente. Victoria y Armando no se volvieron a ver. Lagarto, lagarto.

Otra pareja fue sorprendida en un apartamento que utilizaban exclusivamente para sus citas amorosas. La entrada de las fuerzas del orden ocurrió durante la hora de la siesta, que es cuando, un par de veces a la semana, se citaban en este lugar. El traidor, en este caso, fue el conserje de los apartamentos, quien proporcionó una llave a los perseguidores, con la que irrumpieron en la privacidad de los adúlteros. Al llegar se encontraron con el panorama siguiente: la amplia cama, que se encontraba en el centro de la estancia, estaba ocupada por una bella dama: la esposa del denunciante. Se cubría el cuerpo con la colcha, dejando al descubierto sus hombros desnudos. Sus ojos desorbitados revelaban la magnitud de su sorpresa. A poca distancia se encontraba, de pie, su colaborador en la infidelidad: su presunto amante. Estaba ataviado únicamente con unos calzoncillos. La irrupción de la policía le dejó absolutamente paralizado en tan desairada vestimenta. Tanto una como otro sólo recobraron el movimiento cuando los guardias les rogaron que se vistiesen para llevarlos a la comisaría, donde se practicarían las primeras diligencias. En todo momento se mantuvieron muy enteros. Resistieron los interrogatorios sin amedrentarse y, después de ser procesados, llegaron a juicio.

En la sala de la audiencia, las cosas empezaron bien para ellos. Al comparecer los policías que habían sorprendido a la pareja para ser interrogados, el presidente del tribunal exclamó:

—Un momento. Un momento. Que yo me entere. ¿La policía, los miembros del Cuerpo General, se dedican a estas cosas? ¿No tienen nada mejor que hacer? ¡Qué disparate! —¿En su mente masculina se presentaban, quizá, unas imágenes muy semejantes a las que tenía que juzgar, con un protagonista que se parecía a él mismo como dos gotas de agua? Todo es posible. Pero evidentemente, no era un mal comienzo.

Posteriormente, los propios policías se hicieron un lío. A ambos se les formuló la misma pregunta por parte de la defensa:

—Dice usted que sorprendió al señor Vilas en calzoncillos. ¿Podría aclararnos qué clase de calzoncillos llevaba este señor? ¿Eran de los tradicionales, eran tipo boxer o eran braslip?

Hay que suponer que los agentes no realizaban estos trabajos de muy buen grado y, por tanto, no se fijaban demasiado en las prendas íntimas. Al menos en las de los caballeros. Pero fuera ésta la causa o fuera otra, la realidad es que uno respondió:

—Llevaba un braslip. Seguro.

Mientras el otro, con idéntica firmeza, contestaba:

—Unos boxers y de color azul.

Fueron absueltos. Naturalmente, contribuyó la contradicción entre los policías, pero la razón fundamental no fue ésa. Ocurre que el adulterio era un delito de resultado, que no admitía, como otros, la tentativa ni la frustración. Y en esta ocasión quizá quedó claro el propósito que animaba a la pareja a citarse a la hora de la siesta en un apartamento. Pero lo que no se pudo averiguar era si iban o venían. Lo que no pudo saberse es si habían consumado el delito y el caballero en calzoncillos se estaba vistiendo después de… o si se estaba desnudando y no habían empezado todavía a…

¿Qué hace levantar las sospechas de un cónyuge sobre la conducta amorosa del otro?

Una mujer fue alertada de la doble vida de su marido porque éste, de golpe y porrazo, comenzó a exhibir un montón de oro por todo el cuerpo. Hasta entonces, los adornos de Fabián se habían limitado a un bonito reloj y la alianza. Nada más. Un buen día, Avelina pudo comprobar que su marido llevaba una sortija con un grueso sello en el índice de la mano derecha y otra, sin sello, pero con un brillante, en el anular izquierdo. Lucía también una ancha esclava de refulgente oro amarillo en la muñeca derecha y en la otra, un cronómetro con pantalla panorámica y una pulsera articulada del mismo metal y color. Pero eso no era todo. El cuello estaba circunvalado por otra pieza, también de oro, que parecía un collarín ortopédico. Y era oro todo lo que relucía. Aquella súbita afición llenó de sospechas a su mujer. Poco más tarde descubría que Fabián se la estaba pegando con una jovencita, dos años más joven que su hija mayor, morena y colombiana, que estaba más buena que el pan.

Carmen, por su parte, receló de la fidelidad de su esposo por su conducta en la cama. Pero no ya por su desatención u olvido de las atenciones conyugales, que es tema de frecuente alarma, sino por sus excesos en el rechazo. Ella sabe que está gorda y que ocupa mucho espacio en el lecho matrimonial. Por eso, hace años compraron una cama gigantesca —king size, que dicen los americanos—, que les permitiera dormir con comodidad. Pero es que él exagera. Se aparta tanto de ella para no rozarla siquiera que en los últimos tiempos se ha caído tres veces de la cama. Resultó tener un romance volcánico con su secretaria.

No es frecuente que la mujer se entere por la propia amante del marido. Aunque ocurre. Manolo mantiene una doble vida y pese a sus protestas de amor por la «otra» no se decide a convertirla en la «una». No llega a tomar la determinación de hacer pública su relación, ni a separarse de su legítima. La amante necesita provocar el cambio; encender la mecha de la bomba. Si no lo hace, Manolo no va a dar el paso. Está así tan ricamente. Las tiene a las dos. ¡Qué cómodo! Pero qué se ha creído él eso. No la conoce. Una pequeña palabrita a la mujer y ¡zas!, se arma la marimorena.

El caso de Olga fue un poco diferente. Su marido había tenido una vida anterior a su matrimonio francamente movida. Sus amores se contaban por decenas o al menos así parecía. Pero entre todas estas relaciones previas había una especial. Por encima o en paralelo con otras, Joaquín había mantenido una volcánica pasión con una uruguaya, temperamental donde las haya, que había dado mucho que hablar. La tardía boda de Joaquín con Olga parecía haber relegado al subsuelo su intimidad con la uruguaya. Sin embargo, de repente, en la vida de Olga, por la puerta de atrás, había entrado esta suramericana, que, con todo descaro, la había llamado por teléfono.

—Vos sabes que Joaquín y yo siempre nos hemos querido. Él habrá podido tener otras aventuras. Incluso se ha casado con vos. Pero yo soy la mujer de su vida y siempre vuelve a mí.

—Eso es falso —replicó Olga, segura de la fidelidad de Joaquín—. Me dices eso porque estás despechada. Joaquín me prefiere a mí y tú eres una historia vieja, dentro de un viejo pellejo.

—¿Es eso lo que vos crees? —respondió la uruguaya, con desparpajo—. Te voy a demostrar que Joaquín me sigue queriendo a mí. Y que sigue acostándose conmigo.

—¡Mentira! ¡Mentira podrida! Eres una insidiosa, envidiosa y mala persona. Tú no tienes ya a Joaquín y quieres destruir cualquier relación feliz que él tenga. Qué más quisieras tú. Pero te equivocas. Yo tengo confianza plena en él.

—Entonces no te afectará que yo te diga que hoy llevaba unos calzoncillos de cuadritos blancos y rojos, monísimos, ¿verdad?

Algo que llama la atención pese a los cambios de costumbres es el sentido de la posesión que los hombres tenemos sobre las mujeres. Por muy modernos que pretendamos ser, casi unánimemente, creemos que una mujer que ha sido nuestra lo ha de ser, en cierta forma, para siempre. Hay que fijarse en las expresiones tradicionales. Tener un hombre relaciones sexuales con una mujer, se dice: hacerla mía. O también poseerla. Estas frases nunca se aplican a la inversa. Cuando una mujer se lleva al huerto a un hombre —cosa que ocurre en realidad, quizá con más frecuencia que a la inversa— nunca se dice que ella le ha poseído, ni que le ha hecho suyo. Es el hombre el poseedor, amo, dueño o, en definitiva, propietario de la mujer. Por eso le sienta mal que un cualquiera —y todavía más si es un amigo—, pueda tener relaciones amorosas con ella, aun después de que todo haya terminado entre ellos. Salvo que él, de forma medieval, la haya cedido o traspasado en pleno ejercicio de sus derechos dominicales. Ése es otro cantar.

Nieves era una madre modélica de dos hijos. No trabajaba fuera de casa, porque tampoco lo necesitaban. Su marido tenía un chiringuito financiero que les proporcionaba una magnífica vida. Ella dividía su tiempo entre la atención de la casa y la de los hijos, que a sus doce y diez años daban bastante quehacer. Solamente el transporte de los fines de semana requería una constante dedicación. Era raro el sábado que no tenían algún cumpleaños o estaban invitados a casa de algún amigo. Y siempre eran distintos los lugares a los que cada uno de ellos tenía que acudir. Si uno era La Moraleja, el otro era Las Rozas, o a la inversa. Kilómetros y kilómetros para llevarlos y recogerlos. Pero los daba por bien empleados, porque eran un cielo. O dos cielos para ser más exactos. Sacaban buenas notas y en casa no daban demasiada lata. Dentro de lo que cabe, claro.

En verano se trasladaban todos a Mallorca, donde un año tras otro tenían alquilada una casa rústica, no lejos del mar y cerca de un club donde los chicos y los grandes practicaban toda clase de deportes náuticos y terrestres. Todo parecía sonreírles, cuando estalló la sorpresa.

De golpe y porrazo, Pablo, su marido, le espetó, con gesto serio:

—Tengo que hablar contigo. Es algo importantísimo, que afecta al porvenir de todos.

—Pues dime, que me tienes sobre ascuas —le respondió inquietísima Nieves.

—Tú sabes que a mí no me gustan los engaños. Creo que por malo que algo sea, es preciso afrontarlo y no ocultarlo con mentiras, que no llevan a ningún sitio —continuó Pablo.

—Por favor, di lo que sea de una vez, que estoy como loca —insistió su mujer, a la que estos circunloquios alarmaban cada vez más.

—Lo que tengo que decirte es que estoy saliendo con otra mujer, desde hace dos meses. No te he dicho nada antes porque no sabía si era una aventura sin importancia y no iba a armarla por nada. Pero ahora, aunque no sé si es la mujer de mi vida, al menos me he dado cuenta de que es una relación seria y no tengo derecho a ocultártela por más tiempo.

—¡Dios mío! Pero ¿qué me dices? No puedo creérmelo —replicó anonadada Nieves.

—Pues créetelo. Lo que no quiero es deshacer una familia —la nuestra— mientras no tenga la seguridad de que lo mío con Cuca es, para mí, lo definitivo. Por eso tengo que pedirte un poco de paciencia. Sé que es difícil, pero tenemos que hacerlo por los niños. Hay que disimular durante al menos un par de meses más, sin decir nada. Para que yo me cerciore, ¿sabes?

—Pero yo no sé si seré capaz de aguantar y disimular. ¡Esto es horrible! —se lamentó la mujer.

Pero accedió. Y transcurrieron los dos meses pedidos por Pablo, de los que uno de ellos correspondió al veraneo en Mallorca, que fue de traca. Porque la tal Cuca, pisando cada vez más fuerte, se permitía incluso tirar piedrecitas a la ventana de Pablo para pedirle que bajara. Naturalmente, una vez descarados, todo el mundo, hijos incluidos, conocía la relación de Pablo con ella.

A la vuelta a Madrid se produjo la continuación de la primera conversación entre Nieves y su marido.

—Mira, tengo que reconocer que has tenido mucha paciencia —empezó Pablo—. Te lo agradezco infinitamente. En nombre de Cuca y en el mío. Y en el de los niños, sobre todo. Porque todo hay que hacerlo por ellos. Me he convencido de que éste es el verdadero y único amor de mi vida. Por eso, me voy. Os dejo la casa. Los chicos naturalmente se quedan contigo. Yo los veré siempre que pueda. Supongo que no vas a poner problemas. En cuanto a la parte económica, todo va a seguir igual. Continuaré pagándolo todo. Y tú, sigues con tus tarjetas. Todo igual. No quiero que os falte de nada. De momento, Cuca y yo no vamos a vivir juntos. Veremos en el futuro, pero no hay nada seguro.

Y así ocurrió. Se marchó. No había pasado un mes cuando ya vivían juntos Cuca y Pablo. Como era de esperar. Las cosas quedaron así.

Unos dos años después, Nieves quiso regularizar la situación y acudió a consultar a un abogado. No tenían ni siquiera un mal papel firmado. Nada. El letrado se puso en contacto con Pablo, que le remitió a su propio abogado. Ningún problema. Estaban concluyendo la redacción final del convenio regulador del divorcio, cuando una tarde pasan al abogado al teléfono a una Nieves angustiada, que le reclamaba con urgencia.

—Todo se ha ido a pique —le empezó diciendo balbuciente.

—Pero, tranquilízate. ¿Cómo que todo se ha ido al traste, si el convenio está listo para su firma pasado mañana en la notaría? Estamos de acuerdo en todo. No hay ningún problema —le contestó el abogado.

—Todo se ha estropeado, te digo —insistió Nieves—. Me acaba de llamar Pablo para decirme que no hay firma; que no está ya de acuerdo en nada; que va a reclamar la custodia de los niños y que me voy a ver en la calle.

—No puedo creerlo. Pero ¿qué ha pasado? —preguntó su interlocutor en busca de alguna explicación.

—Lo que él dice que ha ocurrido es que alguien le ha contado que me habían visto cenando con Aurelio Martínez. Con Aurelio, que es un amigo de toda la vida. Cenando. Nada más que cenando. Nada más. Y se ha puesto como un basilisco. Que qué me he creído. Hacerle eso a él. Que todavía soy su mujer. Que soy una cualquiera. Y que él no puede permitir que sus hijos se eduquen junto a una puta. Que qué moral es la mía… Si es eso lo que voy a inculcar a los niños… La monda.

Por lo visto para Pablo, Nieves no había podido borrar el hierro de su ganadería con que él la había marcado a fuego en una nalga.

Fueron al pleito.

Cuando una señora de unos sesenta años nos dice que está harta de que su marido la castigue, nos deja estupefactos. La sanciona cada vez que, a juicio de él, ella hace algo mal. Si la comida no le satisface, si habla mucho por teléfono, si se le ha olvidado comprar algo, por estúpido que sea; en fin, si no le satisface, la castiga. Para que aprenda y no lo haga más.

—¿Cuáles son los castigos de su marido? —le preguntamos llenos de curiosidad, ante lo esperpéntico del caso.

—Siempre el mismo —nos responde—. No me deja dormir en la cama. Tengo que hacerlo en la alfombrilla al pie de ella. Y ya a mis años no puedo soportarlo. Al día siguiente me duele todo. Hasta el alma.

De estos problemas no se libran las segundas uniones. En varias ocasiones, no en una, me he encontrado con hombres que han puesto los cuernos a su segunda mujer. Y lo han hecho… con la primera. ¡Qué adulterio tan poco excitante! ¿Quizá hay novedad cuando la persona es la misma pero los lazos de unión con ella han desaparecido? ¿Es el pecado lo que confiere emoción a esta nueva relación?

VIII
EL SALVAVIDAS

La sustancia del hombre no es otra cosa que peligro. Camina el hombre siempre entre precipicios y, quiera o no, su más auténtica obligación es guardar equilibrio.

ORTEGA Y GASSET, El hombre y la gente, I

El primer remedio frente a una mala convivencia —además de aguantarse— ha sido siempre poner tierra por medio: el abandono, también llamado el «ahí te quedas». Era una fórmula tradicionalmente utilizada por los hombres. De ahí que se describiera como un irse a comprar tabaco y no volver. Porque eran hombres los que fumaban y a los que faltaba ingenio y valor para poner un pretexto mejor para su ausencia. Hoy fuman menos los hombres que las mujeres, pero siguen siendo los que más se esfuman.

El abandono tiene diferentes variantes. Hay una que es delictiva y viene tipificada por el incumplimiento de los deberes de asistencia. Su contenido fundamental es de orden económico. El abandono es causa de separación, pero queda sin efecto si el que se marcha tiene un motivo razonable y, dentro del plazo de treinta días, presenta una demanda o una solicitud de medidas provisionales. En cualquier caso, el abandono como causa de separación tiene una consecuencia prácticamente nula, porque la culpabilidad en la separación no tiene efecto de ninguna naturaleza. Aunque parezca mentira. Por tanto, si el abandonado pide la separación por esa causa, el abandonante obtiene lo que quiere, que es separarse de su cónyuge. Y si no la pide, pues aquí no ha pasado nada. Bueno, sí ha pasado algo. El que se ha ido se ha salido con la suya que es no seguir viviendo con el otro.

Del abandono, como ocurre con tantas conductas familiares, existe un conocimiento general asaz peculiar. Hay mujeres que ante el fantasma de una acusación de abandono son capaces de resistir en su casa como Agustina de Aragón. Incluso llegan a soportar con estoicismo hasta agresiones físicas.

—Todo el mundo me ha dicho que si salgo de casa pierdo todos mis derechos —dicen muchas mujeres.

Y es que para mucha gente la igualdad legal entre los sexos no pasa de ser una entelequia. Si el marido se marcha a ver un partido de fútbol a Barcelona, les parece muy normal. Él tiene derecho a hacerlo. Además, no es que se vaya con una cupletista. Es el dichoso fútbol. Pero ¿y si la mujer quiere ir a visitar a su madre a Almería? Eso es otra cosa. Tendrá que darle permiso el marido, ¿no? Cómo se va a ir así como así. Sería abandono del hogar… Pues no, señora. No. Los dos tienen el mismo derecho. Aunque usted no acabe de convencerse.

Una española casada con un árabe saudí tenía dos hijos con él. Le conoció en Estados Unidos, donde ella estudiaba inglés y él Medicina en una Universidad de la costa este. Se casaron en Boston y vivieron allí hasta que el marido terminó sus estudios y sus prácticas hospitalarias. Su vida en América fue feliz. Por entonces no tenían hijos. Una vez concluida su formación, se trasladaron a Riad, donde el médico abrió consulta, que pronto funcionó con gran éxito. Todos los años pasaban algún tiempo en Estados Unidos, donde el esposo asistía a congresos y mantenía contactos con los hospitales norteamericanos, para persistir en su perfeccionamiento. Cuando ya llevaban diez años de matrimonio, la mujer se operó para solucionar unos problemas que le impedían tener hijos. La intervención fue feliz y poco tiempo después se quedó embarazada de su primer hijo, al que seguiría casi inmediatamente el segundo. Los dos varones.

Desde su llegada a Arabia Saudí, las cosas empezaron a cambiar. La relación conyugal se fue haciendo más difícil. La mujer estaba absolutamente relegada. Su papel con respecto al hombre era totalmente secundario. El marido al principio se había mostrado como antes, de modo que su convivencia se mantuvo al modo occidental. O casi. Pero, poco a poco, él fue recuperando sus maneras tradicionales. Mientras ella quedaba semiprisionera en el hogar familiar, el marido hacía su propia vida sin darle cuenta de nada. Ésta comenzó a sospechar infidelidades. La relación se fue deteriorando. Pese a su formación americana de tantos años y a pesar de sus constantes viajes a Estados Unidos e Inglaterra, la personalidad del marido fue volviendo a sus hábitos ancestrales. Nunca lo habría creído la mujer, después de verle desenvolverse en América y en Europa como un occidental más. Incluso sus opiniones anteriores parecían coincidir con las de americanos o europeos. Pero en Arabia se transformaba.

Iniciada la cuesta abajo, la velocidad de la crisis fue aumentando hasta que la vida en común se hizo imposible. Fue ella quien al final planteó la ruptura. Naturalmente, pretendía volver a España con los dos niños, de los que ella era realmente la única que se ocupaba. La negativa fue absoluta. Si ella quería marcharse, lo haría sola. Si no, que se atuviese a las consecuencias legales en el país. Ella resistió, pero al fin tuvo que ceder.

Ahora vive en España. Sus hijos están en Arabia Saudí con el padre, que es el único que tiene potestad sobre ellos y ostenta todos los derechos en relación con los menores. Los niños no pueden abandonar el país sin su padre. La madre sólo puede verlos allí, ante terceros y llena de cautelas y vigilancias para evitar que se los pueda llevar. Sin solución.

También era médico un cliente mío sirio, casado con una española y residente en Madrid. Había hecho los últimos años de Bachillerato en nuestro país, en el que estudió toda la carrera. Su español era perfecto y como su aspecto físico no difería en nada del nuestro, todo el mundo le tomaba por nacional. Completó el MIR e ingresó en un hospital. Su especialidad: cirugía cardiovascular. Su asimilación a la vida hispana era total. Hasta jugaba al mus y, amarraco va y amarraco viene, envidaba que daba gusto verle.

El matrimonio fracasó. No importan las causas. La realidad es que, de forma muy civilizada, ambos cónyuges constataron esta realidad y decidieron separarse. Tenían sólo un hijo de diez años, que por acuerdo pacífico de los padres quedó bajo la guarda de la madre. Se fijó un régimen de estancias con el padre. El normal. Fines de semana alternos y mitad de vacaciones escolares. Todo de perfecta conformidad entre ellos. Lo mismo que sucedió con los temas económicos. Ningún problema.

Pasaron unos meses. Llegó un fin de semana en que le correspondía al niño pasarlo con el padre. Éste le recogió el viernes antes de cenar. Como siempre. Se despidió de la madre hasta el domingo por la noche. Hasta hoy.

Cuando el domingo a las once de la noche el niño no había sido devuelto, la madre buscó el contacto con el padre. Su teléfono no contestaba. Esperó. Volvió a intentarlo sin éxito. Y volvió y volvió a llamar. Nada. Pensó en un accidente y pasó revista a comisarías y hospitales. Ni noticias. Eran las tres de la mañana cuando puso una denuncia. Hasta ese momento no se le había pasado por la cabeza el pensamiento de que el padre se pudiera haber llevado al niño a su país. Si todo había sido de acuerdo. Si no había habido ni una discusión sobre el particular. Si el padre tenía toda su vida en España. Era cierto que tenía familia en Siria. Entre ellos, a su propio padre. Pero era absurdo. No iba a tirar por la borda su carrera y su porvenir, ni su forma de vida.

Verificó la policía los vuelos recientes que habían dejado nuestro país y lo encontraron rápidamente. Ese sábado, vía Roma, habían salido —el padre y el hijo— para Damasco. Con billete de ida sólo.

Aunque parezca mentira, muchos abandonos se producen de forma pacífica y sin previa discusión. Simplemente, un buen día el marido y padre de familia no vuelve a cenar. Y ya está. Tampoco viene al día siguiente, ni al otro… Los hay que, de momento, se quedan a dormir en su oficina o en su despacho. Los hay que transitoriamente se instalan en un hotel. Otros tenían tomado un apartamento, preparando su salida del hogar. Algunos vuelven a la casa de sus padres. Simplemente, no vuelven a casa. Muchos continúan cumpliendo con sus obligaciones económicas. Lo único que ha cambiado es que no se reintegran a su domicilio. Se han marchado de puntillas. Sin dar una explicación.

Uno de estos huidizos maridos, pensando, quizá, que su instalación era somera y que al fin y al cabo, él seguía pagando los gastos de la casa, lo que hacía era enviar la ropa a casa a lavar y planchar. Y a recogerla. Lo cortés no quita lo valiente.

El abandono es una especie de repudio, que ha sido —y es en muchos países— una forma de resolver las crisis matrimoniales. Lo que ocurre es que en el repudio, en vez de marcharse el que está harto como en el abandono, lo que se hace es echar al otro, que es mejor. Para el que repudia, claro.

El repudio tiene una gran tradición histórica. Ya la ley sumeria establecía, con claro acento machista, las consecuencias de su ejercicio injustificado.

«Si una mujer repudia a su marido y dice: tú no eres mi marido, se le debe arrojar al río; si un marido dice a su mujer: tú no eres mi esposa, le debe pagar media mina de oro».

Está claro: la mujer, al río. El hombre, a pagar. A cada cual, lo suyo.

En India, el Manava Dharma Sastra reconoce el repudio. Puede ejercerlo el marido cuando lleva soportando la aversión de su mujer durante un año o cuando ella padece una enfermedad incurable. También está justificado si ella se embriaga, tiene malas costumbres o mal carácter, o —téngase bien en cuenta esta sutil y delicada causa de repudio— cuando hable exageradamente. En la religión de Zoroastro, en la antigua Persia, se reconoce el repudio por apostasía y por negativa al débito conyugal o vida impúdica; naturalmente, estas dos últimas sólo por parte de la mujer.

En la antigua Roma, la Lex Iulia de adulteriis del año 18 a. C. obligó al marido a notificar el repudio por medio de un liberto y en presencia nada menos que de siete ciudadanos. Los autores latinos mencionan infinidad de motivos que autorizan el repudio, algunos de ellos tan peculiares como que la mujer fuera más fecunda que bella o que hubiera asistido a unos juegos fúnebres, sin conocimiento del marido. Es que los jueguecitos necrológicos se las traían. Después del repudio, Teodosio II (401-450) limita la posibilidad de volver a casarse durante cinco años, pero únicamente a la mujer.

Como es de sobra conocido, la ley islámica regula el repudio, que es posible para el marido por el motivo que él quiera. Le basta para que sea eficaz pronunciar cualquiera de las fórmulas reconocidas por tres veces.

No hay que olvidar, que esta figura —el repudio, absolutamente unilateral— tiene un antecedente amplio en el Antiguo Testamento. Moisés, en el Deuteronomio (24, 1-4) dice a este respecto:

«Si un hombre tomare una mujer y la tuviere consigo y no fuere agradable a sus ojos por alguna fealdad (se entiende, física o espiritual), hará una escritura de repudio, la pondrá en mano de ella y la despedirá de casa».

Así. Sin más. Iba a escribir como a la cocinera, que era una frase muy utilizada en otros tiempos, pero ahora ni a la cocinera.

Por su parte, el Talmud (Yeb., 68 b) dice así:

«Una mujer mala es como una lepra para el marido. ¿Cómo remediarlo? Que la repudie por el divorcio y se cure de la lepra».

Ahí es nada. La lepra. En este caso le impone el deber de divorciarse, antes que curarse. Para el Talmud, pues, es evidente que es peor un mal matrimonio que la lepra o considera que nadie puede curarse la lepra si tiene una mala convivencia conyugal. A elegir. Pero también puede el hombre repudiar a la mujer si ésta padece un pólipo o si recoge excrementos de perro (Keth, 7, 91). Así dicho, puede parecer que lo del pólipo es un poco excesivo, pero lo de recoger excrementos de perro parece más que justificado. Menuda broma tener una mujer tan marrana. Claro está que luego nos enteramos de que esta recogida tenía una razón de ser, porque estas deposiciones se utilizaban para la preparación del cuero. Pero aun así…

Interesante es lo que ocurría en la antigua China. En ella no sólo se reconocía el repudio, sino que era obligatorio para el marido en el caso de adulterio de la mujer. Guerra sin cuartel al cornudo consentidor.

Antes de que en España volviera el divorcio, de fugaz paso en nuestro país durante la República, la nulidad era la única posibilidad que se abría a los matrimonios desgraciados para terminar legalmente con una unión y adquirir la libertad necesaria y volver a casarse. Con la separación se lograba sacudirse el yugo perturbador, pero no podía uno ponerse otro.

Con frecuencia la gente preguntaba:

—¿Qué ventajas tiene la nulidad sobre la separación y cuáles la separación sobre la nulidad?

—Es muy sencillo. La ventaja de la nulidad es que puedes volver a casarte. La de la separación es que no tienes que volverte a casar.

Pero, en fin, siempre ha habido muchos partidarios del matrimonio. Del primero, del segundo o del tercero. Cuando alguno unido por el lazo, entonces indisoluble, del vínculo conyugal tenía otra pareja en la ilegalidad y/o el anonimato sufría además un constante e insistente asalto por parte de esa tercera persona.

Única solución: la nulidad (o la muerte). Esta cultura de la nulidad fue creando un conocimiento generalizado que, aunque deficiente, se traducía en la preocupación que algunos tenían por dejar abiertas puertas a esta solución. Alguien tuvo la ocurrencia, que creó escuela, de que la forma segura de obtener la difícil declaración de nulidad de su matrimonio era suscribir un documento, antes de casarse, que pudiera presentarse como prueba de la exclusión por parte del contrayente de condiciones esenciales del matrimonio. Dada la naturaleza sacramental e interna del consentimiento en el matrimonio canónico, si una persona rechazaba la procreación, o toda relación sexual, o la fidelidad, o la indisolubilidad de su matrimonio, por ejemplo, el mismo era nulo. Lo complicado era probarlo. Claro que todo se facilitaba, si, con inmediata anterioridad a la boda, se manifestaba ante un notario o se depositaba con él una cartita, cerrada y sellada, conteniendo un texto de terminante exclusión de alguno de dichos «bienes» del matrimonio. (Así se llaman).

«Quiero dejar constancia expresa de que en el matrimonio que voy a contraer en la Iglesia del Espíritu Santo pasado mañana 14 de noviembre de 1953 con María Juana del Santísimo Sacramento García y Piloche voy a excluir expresamente los fines de la procreación, la unidad y la indisolubilidad del vínculo. Y para que conste firmo la presente».

Luego tenía cuatro hijos y dos abortos. Pero su matrimonio era nulo. Verdaderamente nulo. Porque al menos había una característica esencial del matrimonio católico que estaba rechazando, que era la indisolubilidad. Se estaba preparando un camino para anularse, luego no quería que fuera para siempre. Matrimonio nulo.

En esta época había gente que hacía toda clase de equilibrios y buscaba fórmulas de lo más sofisticadas para librarse de su cónyuge y acceder a un nuevo matrimonio. Una de ellas, ineficaz desde el estricto punto de vista jurídico, pero útil desde el social, era recurrir a un divorcio y posterior boda en alguno de los países que brindaban esta oportunidad a los extranjeros. No era legal en España, pero para aquellos familiares y amigos que estaban dispuestos a dejarse engañar benevolentemente era suficiente. Había un papel, lleno de sellos, emitido por un país soberano.

En un momento determinado, algunos estados mexicanos fueron los pioneros de estos divorcios y subsiguientes matrimonios. Entonces —hace ya bastante tiempo— en Estados Unidos no era fácil obtener el divorcio. Era la época en que en Nueva York, cuando una pareja quería divorciarse, tenían que fingir un adulterio, sorprendido in fraganti, para lograr que un juez se lo concediera. Los esposos se ponían de acuerdo y normalmente el marido —la infidelidad masculina siempre estaba mejor vista— tomaba una habitación en un hotel. Se hacía acompañar de una señorita, contratada al efecto. (El efecto era la sorpresa y no la coyunda). Una vez preparados y artísticamente introducidos en el lecho, el marido llamaba a su mujer, que le enviaba rápidamente a unos fotógrafos y testigos, que con la llave que descuidadamente habían dejado por fuera en la cerradura, les sorprendían intempestivamente. Aquellas pruebas abrían la puerta al divorcio, que era posible por adulterio.

Otros estadounidenses acudían a Nevada, estado de amplia legislación divorcista. Pero para la validez de esta sentencia era preciso que los tribunales del Estado tuvieran competencia sobre el solicitante. Era, pues, necesario adquirir la residencia en el estado. Para ello bastaban seis semanas de permanencia. Lo cual no era mucho, pero para algunos constituía un serio obstáculo.

Y entonces se descubrió Chihuahua, y dentro de este estado mexicano, Ciudad Juárez. Allí se montó una importante industria turístico-legal. Para divorciarse en Chihuahua no se requería nada. Ni residencia, ni domicilio. Sólo la presencia física de uno de los cónyuges. Si el otro estaba de acuerdo, bien. Firmaba un escrito y ya estaba. Pero si no había tal acuerdo, tampoco importaba. Se le llamaba a estrados en el local del juzgado y, como no se presentaba (cualquiera sabe dónde estaría), se tramitaba el divorcio en su ausencia, en su rebeldía, y se dictaba sentencia. Así de fácil. Y al día siguiente, la otra boda.

La fórmula tuvo un éxito fenomenal. El mercado matrimonial de Nueva York se volcó en esta fórmula. Poco después se organizaban forfaits. El que no corre, vuela. Por una cantidad fija, se garantizaba el divorcio, con todos sus trámites legales, y la posterior boda, con flamante certificado de matrimonio. Todo debidamente traducido al inglés y legalizado en el Consulado de Estados Unidos. Estaban incluidos los viajes y otros desplazamientos, hoteles y comidas, organizado y garantizado por una agencia de viajes, asociada con una firma de abogados, con oficina en la plaza.

La organización se perfeccionó. Se establecieron tres clases de programas mixtos de divorcio y boda. En el de gran lujo se viajaba de Nueva York al aeropuerto mexicano en primera clase. Allí al cónyuge que se pretendía divorciar y a su futuro esposo o esposa les esperaba una gran limusina —naturalmente blanca—, con chófer uniformado —naturalmente negro—, provista de un bien surtido bar, que les conduciría en todos sus desplazamientos a los juzgados, al ayuntamiento, etc. Estancia en hotel de cinco estrellas, en la suite nupcial. Boda en la sala principal del municipio, con cinco damas de honor —a elegir— ni demasiado guapas, ni excesivamente feas: un término medio, lujosamente vestidas. Amplio despliegue floral y música. El banquete posterior a las nupcias con caviar persa, langosta, New York cut sirloin steak, champán francés y vino de Borgoña.

La segunda clase —lujo— viajaba en preferente, paseaba en Cadillac, bebía grandes reservas y espumosos de California y se alojaba en una amplia habitación en el mismo hotel. Por fin, la tercera se trasladaba en turista, paseaba en Dodge y bebía tintos y blancos locales. Su hotel era de cuatro estrellas y su boda más rápida y sencilla. Eso sí, todos serían agasajados por mariachis y a todos se les cantarían las mañanitas. También se les entregarían sus brillantes certificados de matrimonio, cuyas traducciones legalizadas por el Consulado norteamericano se ornaban con unos sellos circulares tamaño gigante, de bordes dentados y rojo violento, que sujetaban unas cintas de seda del mismo color. Eso era un matrimonio y lo demás son cuentos.

Cuando en México se cambió la legislación y no fueron posibles estas filigranas, tomó el testigo la República Dominicana. Los divorcios especiales para extranjeros se llamaron aquí «al vapor» y se anunciaban en las revistas de turismo. Sólo uno de los candidatos tenía que viajar a Santo Domingo y permanecer un par de días en el lugar.

Lo que ocurría es que estos divorcios y los posteriores matrimonios no eran válidos en España. A veces existía el riesgo de tener que hacer frente a una querella por bigamia. Su única eficacia era social. La abuelita de la novia ya tenía un pretexto para admitir la unión pecaminosa. Había una boda.

—No será por la Iglesia —decían los familiares—, pero al fin y al cabo, es un matrimonio. No es lo mismo que si no hubiera nada.

La separación es una forma de resolver la mala convivencia.

Lo ideal, naturalmente, es que la ruptura se regule de mutuo acuerdo, sea cual sea la fórmula, legal o de hecho, que se utilice.

Sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que es alcanzar esa conformidad. Poner a un hombre y una mujer de acuerdo es una ardua tarea. Si ese hombre y esa mujer son marido y mujer, o pareja de hecho, es más complicado todavía. Si a eso unimos que el momento elegido para buscar el pacto es el de su ruptura, esto es, cuando han llegado a la conclusión de que no se entienden para nada, empezamos a rozar el arco de iglesia. Pero si encima tienen que alcanzar la avenencia sobre sus hijos, su casa y su dinero, nos aproximamos a lo imposible. Tómense en parecidas proporciones amor conyugal, pasión sexual, cariño paternal, desengaño y frustración, mézclese con unas importantes dosis de economía y sírvase en vaso bajo y ancho de whisky, y si no sale de ahí la bomba atómica, se le aproximará bastante.

Hay negociaciones que se rompen, después de meses de esfuerzos, porque los dos quieren una lámpara o una figurita de porcelana. La misma. Y ninguno puede —quiere— ceder. Para matarlos.

En cierta ocasión un compañero y yo habíamos trabajado intensamente para alcanzar un acuerdo final, con liquidación de una sociedad de gananciales. Las numerosas reuniones, los inventarios mil veces corregidos, las valoraciones discutidas hasta la saciedad habían quedado atrás. Cesiones y contracesiones habían permitido que, al fin, redactáramos un cuaderno particional. Fuera de él habían quedado algunos muebles sin valor, ni importancia, que no merecían el esfuerzo de relacionarlos, ni de evaluarlos. Cuando llegamos a la notaría a firmar, la verdad es que los dos abogados íbamos contentos y satisfechos de nuestra labor. ¡Craso error! Hasta después de firmar, nunca hay que cantar victoria. Un poco de culpa la tuvo el mismo notario, que nos hizo esperar el tiempo suficiente para que hubiera ocasión de hablar. Y hablaron. Vaya si hablaron. Al marido, que estaba ya fuera de la casa, se le ocurrió preguntar si, como era natural —natural para él—, la figurita de la bailarina de Lladró, que estaba encima de la cómoda, se la iba a dar ya o se la iba a enviar con alguno de los niños.

—¿La de la niña sentada con la pierna cruzada? —preguntó, pese a que sabía perfectamente que se trataba de esa porcelana.

—Sí, mujer, la que me regaló mi madre cuando nos fuimos a vivir a Monte Esquinza —ratificó el marido.

—Bueno, bueno. Lo que hay que oír. Esa figura me la regaló tu madre a mí. Sabiendo lo que a mí me gustaban esas porcelanas… Tu madre, que en paz descanse, me quería a mí muchísimo. El regalo fue para mí. Así es que no te hagas ilusiones. Nunca te la voy a dar. Además es un recuerdo…

—Pero ¡qué cara tienes! Lo que pasa es que mi madre era demasiado buena. Porque siempre me avisó de cómo eras y de cómo iba a terminar nuestro matrimonio. Ella diría, por educación, que el regalo era para los dos. Pero de verdad, ¿para quién iba a ser? Para su hijo y no para su nuera.

No se firmó. Nosotros —los dos abogados— llegó un momento en que ofrecimos comprar otra figurita igual, a costa nuestra. Para que cada uno tuviera la suya. Ni aun así. Querían aquélla y sólo aquélla. Fuimos a pleito.

Dentro de las singularidades a recordar, en mis manos cayó un convenio regulador de separación. En él se pactaban usos del domicilio y pensiones, custodias y visitas. Al inicio del documento se consignaba que ella estaba embarazada y a punto de dar a luz. Tan a punto, que tuvo el hijo once días más tarde. Se llevaban perfectamente. No se iban a separar, pero estaban previendo esta posibilidad. Por si acaso el matrimonio fracasaba, firmaban un convenio. Lo peculiar era que lo suscribieron al día siguiente justo de su boda de penalti. Eso es prevenir. ¡Qué caramba!

En otro convenio se empezaba por exponer la situación crítica que atravesaba el matrimonio. Los cónyuges señalaban que no tenían descendencia y que como la vida en común se había hecho imposible, estaban ya separados de hecho. No obstante, decía el documento: si tenemos hijos… Lo cortés no quita lo caliente…

No es menos digna de recuerdo aquella boda en que la novia había regalado a su futuro marido un espléndido reloj, de una gran marca suiza, con pulsera de oro. Todo un regalazo. Los que se iban a casar pactaron que, en caso de separación, el novio devolvería el reloj a la novia en un plazo de quince días a contar desde la salida de casa de cualquiera de ellos.

Entre las cosas exóticas a repartir se incluía en cierto convenio regulador una sepultura de cuatro cuerpos, propiedad de la pareja. Pese a la separación de los cuerpos vivos de los firmantes, se pactaba que a la tumba se accedería por orden riguroso de fallecimiento, hasta el agotamiento de su capacidad.

Pero la curación de la desgracia convivencial del matrimonio se busca más frecuentemente en el divorcio.

Preguntaba un marido a su mujer:

—¿Qué quieres de regalo de Navidad?

—Un divorcio —respondió ella, sin dudarlo.

—Ni hablar —contestó el marido—. No quería gastarme tanto.

El divorcio es tan antiguo como el mundo. Ya el Código de Hammurabi (1947-1905 a. C.) lo reconoce y distingue el instado por el marido y el de la mujer. El primero no tiene límite alguno, pero si ella no fuera culpable hay que indemnizarla para que críe a los hijos comunes. Sólo después de completar esta tarea puede ella contraer nuevo matrimonio. Si fuera culpable la esposa, el marido no tendría que darle absolutamente nada y, es más, cuando él contrajera un nuevo matrimonio, la antigua esposa quedaría esclava de la nueva. La crueldad de este castigo es verdaderamente refinada. Se las trae. En el divorcio de la mujer hay que distinguir si el esposo la dejó, en cuyo caso ella puede volver a casa paterna con su dote, o si ella es culpable. En este supuesto se la ha de arrojar al agua.

El emperador bizantino Justiniano (482-565) exige para el divorcio la concurrencia de una causa justa, entre las cuales incluye la maquinación o conjura contra el emperador —él el primero, como está mandado—, el adulterio o las malas costumbres por parte de la mujer, el abandono del hogar por el marido, las insidias al otro cónyuge o el lenocinio intentado por el esposo. También se incluye la falsa acusación de adulterio de la mujer realizada por el marido o las relaciones asiduas de éste con otra mujer. Es éste un antecedente claro de la distinción vigente en nuestro entorno, durante siglos, entre el adulterio, tipificado por la mujer, y el amancebamiento del esposo. El culpable era castigado con la pérdida de la dote, o de sus derechos sobre ella, y de las donaciones nupciales. En caso de que no hubiera ni una ni otras pierde la cuarta parte de sus bienes. Iguales sanciones tiene quien se divorcia sin causa o los dos cónyuges si lo hacen por mutuo acuerdo. En beneficio del Estado, claro.

Hay un curioso supuesto de disolución automática del matrimonio. Se trata del contemplado por la secta musulmana de los chiitas. En ella cabe el matrimonio temporal. Se casan por un tiempo determinado y, por tanto, a la expiración del plazo convenido quedan automáticamente descasados.

En el islam hay una consecuencia atípica del divorcio. Los divorciados no pueden volver a casarse entre sí, a menos que la esposa se haya unido a otro hombre antes de reincidir con el primero. Con un matrimonio intermedio con un extraño ya vale volver a reincidir con el de origen.

En España, actualmente, el divorcio exige un previo cese de la convivencia como condicionante para obtenerlo. Según sea la ruptura —legal o de hecho, convenida o impuesta— los plazos van de uno a cinco años. La única causa directa es la tentativa de dar muerte al cónyuge (si tiene éxito, ya no hace falta el divorcio: la muerte también disuelve el vínculo), a sus ascendientes o a sus descendientes. Lo que ocurre es que para tener causa de divorcio hace falta una sentencia firme que le condene al otro por tal tentativa y eso cuesta un montón de tiempo. Por tanto, es causa directa, pero de urgencia, nada de nada.

Lo que es curioso es que la Ley, cuando contempla el cese de la convivencia para computar su duración para el divorcio, exige que sea ininterrumpido, pero permite que se siga bajo el mismo techo. Eso sí, en este supuesto hace falta que la permanencia en la misma casa sea debida a necesidad, a tentativa de reconciliación o al interés de los hijos. O sea, siempre. Porque cualquier pareja interesada en sostener que no vivían juntos para justificar su divorcio, cuando la realidad es que habitaban en la misma casa de 80 metros cuadrados, puede, en todos los casos, decir que lo hacían porque los niños sufrirían menos si ellos estaban separados, pero juntos, que si estaban lejos el uno de la otra. El único caso en que no se podría alegar esta causa de intereses de la prole es si no tenían hijos, claro. La necesidad es también una causa de lo más flexible. Necesitan vivir en la misma casa, porque hay que ver lo caro que es mantener dos casas.

En cuanto al intento de reconciliación, esta excusa permite que duerman juntos, vean la televisión con las manos unidas y se den de comer en la boca el uno al otro. ¡Estamos separados —dirán—, pero intentando reconciliamos! Hasta hemos tenido un hijo. Porque nosotros cuando intentamos las cosas, lo hacemos de verdad. Sin condicionantes. Si no lo logramos, hay que computar esos dos años de furibundas y apasionadas tentativas, como de separación efectiva e ininterrumpida. No está muy claro, ¿verdad?

En la práctica esta excepción se presta a toda clase de barullos. Una pareja que quiere divorciarse sin pasar por la separación puede fácilmente hacer uso de esa posibilidad. Si están de acuerdo, dicen que llevan dos años separados aunque viven en el mismo domicilio, por los niños, por necesidad, o porque no han dejado ni un instante de intentar la reconciliación, siguiendo todos los métodos, consejos y sistemas del Kamasutra.

Hubo una pareja que, conscientes de esa laguna legal, pidieron directamente el divorcio alegando esta causa: separación de hecho, por dos años, de mutuo acuerdo, aunque viviendo bajo el mismo techo por necesidad. Les habían asegurado que no habría problema. Junto a su petición, incluyeron el convenio regulador que era el otro requisito formal necesario. Ante su sorpresa, se lo negaron.

—Pero, vamos a ver ¿cómo es posible que a nosotros se nos niegue, cuando a todo el mundo se le concede? Y además es la Ley. La Ley —dijeron en su queja ante el juzgado, donde comparecieron hechos unas furias.

—Claro, claro. Tienen razón. Se concede prácticamente siempre. Los jueces no son demasiado exigentes en la comprobación de estos hechos. Especialmente en un mutuo acuerdo sin hijos.

—¿Entonces?

—Es que ustedes mal podían estar dos años separados cuando todavía no hacía dos años que se habían casado.

La reincidencia con el mismo o la misma es muy digno de ser tenido en cuenta. Después de la ruptura se producen reconciliaciones, con alguna reiteración. Si los cónyuges están legalmente separados, desde el punto de vista formal, las cosas son muy sencillas. Se comunica la reconciliación al juzgado, que les separó, y ya está. Eso sí, si estaban casados inicialmente en gananciales, tras hacer las paces, su régimen económico será el de separación de bienes. Si quieren volver a gananciales, tienen que hacer capitulaciones. Pero, en fin, todo es muy sencillo. Cuando resulta algo más complejo es cuando ya se han divorciado. En tal caso tienen que volverse a casar. O vivir como pareja sin casarse, que de todo hay en la viña del Señor.

Dice Erasmo en su Apología del matrimonio que mientras dure el afecto conyugal, el matrimonio no parece disuelto.

IX
UNIDOS SIN PAPELES

Pareja: Conjunto de dos personas o cosas que tienen alguna correlación o semejanza.

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua

Hablar de matrimonio es hacerlo de una unión, formal y pública, de dos personas de distinto sexo. O por lo menos hasta ahora ha sido así. Los diccionarios de la lengua española así lo definen. Sin embargo, últimamente, se está creando cierta confusión. O se quiere crear. Las parejas homosexuales quieren casarse. No sólo pretenden —que lo pretenden— la legalización de una unión, con efectos iguales, a los del matrimonio, en todos los órdenes. Quieren el matrimonio. No una institución de idéntico contenido, sino que, además, se llame matrimonio. De otra forma —dicen— estarían discriminados. Y esta campaña mundial, hábil y profunda, ya ha resultado eficaz en Holanda. Éste es, hasta el momento, el único país que ha hecho extensivo a las parejas homosexuales el matrimonio. Otros reconocen e inscriben uniones, a las que dotan de consecuencias jurídicas más o menos semejantes a las conyugales. Se ratifica así el enorme atractivo del matrimonio. Pero con paradojas. Los que no pueden casarse quieren hacerlo. Los que pueden, no quieren.

Una mujer divorciada, con dos hijos de un anterior matrimonio, ya mayores e independientes, y un hombre, soltero, formaban una pareja de hecho. Llevaban juntos —viviendo bajo el mismo techo y en absoluta comunión de vida— doce años. Tenían un hijo común de nueve. Desde su divorcio, hacía diez años, el objetivo de Matilde era casarse con Andrés. A pesar de la admisión de este tipo de situaciones por la sociedad española, el nacimiento de un hijo de los dos, para ella, exigía una legalización de su nueva unión. Pero Andrés se resistía como un héroe. No es que no quisiera a Matilde. Claro que la quería. Pero casarse… era más fuerte que él. Era perder sus alas. Ponerle una camisa de fuerza. Encerrarle. Limitar su libertad. Por eso, daba largas y más largas; ponía pretextos; barajaba razones y sinrazones. Él creía que lo hacía muy bien, y que ella no se daba cuenta de sus regates, pero la verdad es que no colaba. Para Matilde era una obsesión. Cuestión de tiempo. Ella no desfallecía. Siempre que podía, volvía a la carga. Cualquier pretexto era bueno. Cualquier momento, adecuado. Las ocasiones familiares eran las mejores. El cumpleaños de su hijo, el aniversario de su primera declaración de amor o del día en que se fueron a vivir juntos. Ella volvía implacable a lanzar sus indirectas, que eran, por cierto, directísimas. Y no digamos en las efemérides navideñas, tan familiares ellas. En los brindis, las entregas de regalos o al formular un deseo al apagar unas velas. Todo se teñía siempre de alguna alusión a episodios nupciales.

La verdad es que Andrés, además de los motivos de orden psicológico, tenía otros de raíz más terrenal. El principal era el dinero. No se le quitaba de la cabeza lo que alguien le había dicho una vez: al patrimonio por el matrimonio. Todo lo que era suyo iba a tener que compartirlo con Matilde. Y cualquiera sabe lo que puede pasar el día de mañana. Por otra parte, Andrés, siempre que podía, echaba una canita al aire. O toda la cabellera, si el caso se presentaba. En cuanto veía unas faldas se ponía de muestra. Su mirada, su tono de voz, sus ademanes revelaban al animal de caza. Su nariz olfateaba la presa y todo él se aprestaba a la captura. Listo para el acoso y derribo. Y valía cualquiera. O casi. No importaba que fuera demasiado guapa, ni demasiado joven, ni demasiado nada. Hacía falta que fuera mujer y que estuviera dispuesta.

Durante la vida en común fueron muchas las infidelidades de Andrés. Había sido sorprendido en bastantes renuncios. Pero Matilde tenía mucha paciencia en aras de sus fines nupciales. Cuando estuvieran casados ya vería él lo que era bueno. En la actual situación había que aplicar habilidad y mano izquierda. Claro que todo tiene un límite. Y Andrés se pasó. Tuvo una historia con Asun Talián que fue demasiado. Le vio todo el mundo con ella y, además, faltó repetidamente a dormir a casa, sin dar ni media explicación. Ni siquiera llamó por teléfono. Todos preocupados. Hasta llamaron a casas de socorro, hospitales y comisarías. Para que luego él dijera que no había caído en ello. Que se le había pasado. Eso era ya una tomadura de pelo insoportable. No se podía tolerar. Por ese camino no se llegaba ni al matrimonio ni a ningún otro sitio.

Total que Matilde planteó la separación. No es que como pareja de hecho necesitaran una resolución judicial para separarse. Sin embargo, tenían, como los matrimonios, una serie de cosas conjuntamente y había que decidir quién se quedaba con ellas. Por lo pronto, era necesaria una resolución acerca de con cuál de ellos iba a vivir el hijo común. La verdad es que este aspecto no era discutible. No lo era por parte de Matilde, pero tampoco se discutía por Andrés. Él comprendía que el niño estaba mejor con su madre. Así es que ése era un tema saldado.

Los restantes no sólo no eran simples, sino que eran complicadísimos. Había una casa, que era de él, pero que la había puesto y decorado ella y en la que Matilde quería quedarse: ella y el niño. Había un negocio, que era de él, pero en el que ella había colaborado activamente en su transformación de un chiringuito en una empresa importante y sólida. Había un nivel de vida que mantener y al que ella no estaba dispuesta a renunciar. Había, pues, muchas cuestiones que discutir.

Agotadas sin éxito las posibilidades de alcanzar un acuerdo, pedimos en nombre de Matilde la adopción de unas medidas provisionales. Fundamentalmente, estaban centradas en el hijo —su custodia, régimen de visitas y pensión— y en el uso de la casa. Los problemas económicos entre los dos se dilucidarían en otro pleito ante otro juzgado distinto. Porque esta barbaridad —la dualidad de procesos— se imponía en Valencia, por tener juzgado de familia.

Fuimos citados para la comparecencia que había de preceder a la adopción de las medidas provisionales. Allí acudimos ambas partes. El marido acompañado de un abogado veterano, de acento formal y serio, poco dado a las muestras de humor.

Abierto el acto por el juez, con asistencia de una fiscal adscrita al juzgado, nosotros nos ratificamos en nuestras peticiones de custodia, uso del domicilio y 400 000 pesetas mensuales de alimentos para el niño. Se concedió la palabra a la otra parte, que se opuso. A continuación, a solicitud nuestra, se produjo el interrogatorio de Andrés.

Nuestras preguntas iban por los cauces habituales, encaminados a que se reconociese por Andrés la bondad de Matilde como madre, la procedencia de que el hijo quedara con ella y su necesidad —de madre e hijo— de permanecer en el domicilio familiar. También pretendíamos que quedaran claros los medios económicos de Andrés, cuya abundancia justificaba la cuantía de los alimentos pedidos por nosotros.

Pero Andrés, en vez de contestar a nuestras preguntas, se salió totalmente del guión. Estaban los interesados sentados en dos sillas, casi juntas, frente al juez. Nada más empezar, Andrés se volvió a Matilde:

—Yo lo que no quiero es la separación. Esto es un disparate. Yo te quiero y quiero a Paquito. No sé cómo voy a vivir sin vosotros. Si he actuado mal, perdóname. Es una historia pasada. Olvida todo esto y volvamos juntos.

Matilde, que en el fondo seguía enamorada de Andrés, saltándose la formalidad del acto, respondió dirigiéndose a todos los asistentes: juez, fiscal y abogados:

—Es que Andrés cree que él puede hacer todo lo quiera. Porque aunque diga que no, se ha enrollado con una furcia. Por todo lo alto. Menudos regalos la hace. La última es que se ha ido de casa tres días sin contar con nadie y sin aviso alguno. Antes llegaba un día sí y otro también a las tantas sin consideración para nadie. Con manchas de lápiz de labios en el cuello de la camisa. No lo tolero. No puedo tolerarlo.

—Pero, mujer, hay que tener un poco de maga ancha. Hágase la distraída. Como tantas. Con los hombres, ya se sabe —intervino, con voz conciliadora la fiscal, ante la sorpresa de todos los asistentes.

—Sí, pero todo eso es posible hasta un cierto punto. Ya me he hecho la tonta durante mucho tiempo. Pero es que esta vez, francamente, se ha pasado de la raya —replicó Matilde.

—Pero tú me quieres ¿no? —interrumpió Andrés.

—Sí, te quiero —contestó Matilde echándose a llorar—. Te quiero muchísimo.

—Un momento. Un momento —dijo el juez—. Yo creo que quizá se pueda llegar a un acuerdo.

—Claro que sí —afirmó satisfecho y rotundo Andrés—. Es más: yo estoy de acuerdo en casarme con ella. Si quiere, claro.

—Cómo que si quiero… desde luego que sí —saltó Matilde secándose las lágrimas—. Por ahí podríamos haber empezado.

—Entonces ¿están de acuerdo en suspender el acto para que vean la forma de llegar a un acuerdo o desistir? —preguntó su señoría.

—De acuerdo. De acuerdo —respondimos todos a la vista de la situación.

El acto se suspendió. Cuando abandonamos la sala de audiencias, nada más llegar al pasillo, Andrés, tomando bravamente la delantera, se abalanzó sobre Matilde y abrazándola contra una pared, ante el estupor de cuantos se encontraban en los pasillos —la mayor parte tristes partícipes en actos de ruptura familiar—, le estampó un beso de tomillo que hubiera hecho las delicias de cualquier director cinematográfico.

Se firmó un convenio por el que Andrés pagaba una cantidad a Matilde en contraprestación de la renuncia de ésta a cualquier derecho que pudiera tener sobre el negocio o a toda reclamación pecuniaria contra él. En este acuerdo se pactaba que, en cualquier ruptura que pudiera producirse en el futuro, Matilde y Paquito quedarían en el uso de la casa hasta que éste tuviera veinticinco años y que el padre pagaría todos sus gastos de educación, así como una pensión. Verbalmente convinieron en contraer matrimonio en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del documento.

Se desistió de la demanda.

Pasó un día y otro día, un mes y otro mes pasó… y Andrés aplazaba y aplazaba hablar de boda. De nuevo el miedo escénico. No podía. La simple visión de la ceremonia, de los «sí quiero», de los anillos y de la lluvia de arroz le atirantaban el estómago. Se ponía enfermo. No cumplió su promesa. No pudo cumplirla.

La consecuencia fue que Matilde nos dio instrucciones de empezar de nuevo. Esta vez parecía más firme en su decisión, a pesar de que Andrés intentaba convencerla de que no se precipitase.

—Dame un poco de tiempo, mujer. No seas así. No tengas tanta prisa.

—Pero, qué prisa ni que niño muerto. Si llevamos ya trece años juntos… —replicaba Matilde desesperada—. Me estás tomando el pelo una vez más.

De nuevo fuimos al juzgado. Él había cambiado de abogado. El nuevo era un hombre tan experimentado como el anterior. Al serle concedida la palabra, después de nuestra ratificación en las peticiones contenidas en la demanda, dijo lo siguiente:

—Con la venia de su señoría. Aunque sé que esto que voy a decir a continuación no es usual en estos actos, no tengo más remedio que manifestarlo. He recibido de mi cliente el encargo formal y expreso de, en su nombre, pedir a la demandante en matrimonio.

La estupefacción general paralizó durante unos momentos el acto judicial. Andrés, sentado otra vez próximo a Matilde, mirando a ésta con gran seriedad, ratificó con un gesto afirmativo de su cabeza la petición de su letrado. El juez —el mismo juez de la otra vez— enarcó las cejas y miró a la demandante. Matilde abrió mucho los ojos y me lanzó una rápida mirada. Yo, a mi vez, la miré a ella. Tras unos instantes que parecieron interminables, Matilde pareció responder a la muda pregunta de su señoría.

—Otra vez más, no, señor juez. Ya está bien. La anterior me tomó el pelo. Pero esto ya huele a puchero enfermo. La que ya no quiere casarse soy yo. Que siga todo.

La pareja se rompió definitivamente.

Las uniones de hecho, heterosexuales y homosexuales, vienen obteniendo un reconocimiento legal y jurisprudencial cada vez más amplio. Primero ha sido la legalidad de las uniones de contenido semejante al matrimonio. Más tarde, el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones. De ahí se ha pasado a la admisión de los pactos expresos de unión estable y de su inscripción en registros especiales. Se pretende ahora la igualdad de consecuencias tanto para las administraciones públicas como para las personas particulares, con respecto al matrimonio. Seguridad Social, pensiones de viudedad, ventajas fiscales, derechos laborales y de la función pública, son algunos de estos objetivos.

Como el Estado viene caminando con paso lento e incierto en este camino legislativo, las comunidades autónomas, al igual que en tiempos hicieron los ayuntamientos, liderados por el de Vitoria, galopan en la promulgación de leyes protectoras de las parejas de hecho, incluidas las del mismo sexo.

En brevísimo tiempo Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia han promulgado leyes. Son diferentes entre sí, para complicar más la cosa. Aunque se hayan copiado literalmente hasta artículos enteros, no se han puesto de acuerdo ni en el nombre. Cataluña llama a esta Ley de uniones estables de pareja; Aragón, de parejas estables no casadas; Navarra, Ley foral para la igualdad jurídica de las parejas estables; y Valencia, Ley por la que se regulan las uniones de hecho. Denominaciones parecidas, pero no iguales.

Pero no nos engañemos. Así como las parejas heterosexuales lo que pretenden en el fondo es que las dejen en paz —si no se casarían— y que les otorguen, eso sí, beneficios fiscales en las herencias o en el IRPF, pensiones de seudoviudedad y otras ventajas fiscales, las homosexuales persiguen otra finalidad. Hay que pensar que si el punto de partida de las reivindicaciones de las uniones no casadas de sexo distinto es la ausencia de un reconocimiento social o incluso de un rechazo, las del mismo sexo son muy distintas. Estas parejas han sido objeto de graves persecuciones. En algunos lugares del mundo —bastantes— todavía hoy en día constituyen delito. Y en muchos la discriminación es feroz. Las organizaciones gays tienen entablada una lucha abierta en busca de la igualdad. Sus objetivos son la total identidad y no simplemente por una aproximación. No les basta que las parejas tengan un reconocimiento social y legal. Quieren algo más. No es suficiente para ellos y ellas con una formalización de una pareja «semejante» o «similar» a la matrimonial, sino que quieren el matrimonio. El mismo matrimonio que tradicionalmente se ha contraído bajo la exigencia de que sus componentes sean de distinto sexo. Ese mismo matrimonio. No basta celebrar una ceremonia en una alcaldía, vestidos de blanco, con flores, anillos y beso en la boca, como hemos visto en algunos lugares. No es suficiente que el oficiante haga gala de su comprensión y su amplitud de miras. Casi diría que esa actitud tolerante de corte paternalista es casi molesta para ellos. Menos comprensión electoralista y más legalidad. Es preciso que sea una boda y que se le llame así. Que después estén casados y no «legalmente emparejados». Holanda, después de mantener durante años la figura de las uniones «registradas», porque se contraían formalmente y se inscribían, ha terminado por ceder. Ya existe matrimonio. Otros países europeos, como los nórdicos, todavía se encuentran en la fase de reconocimiento de la identidad de consecuencias de las parejas «registradas» y los matrimonios. Pero quizá pronto den idéntico paso. ¿Llegaremos nosotros al mismo punto?

Por de pronto, cualquier posibilidad de que el matrimonio como tal sea contraído por dos personas del mismo sexo no sólo representaría un cambio legal profundo, sino, como hemos dicho, uno semántico. El diccionario debería ser modificado. Porque hasta ahora la definición de la palabra matrimonio —no sólo de la institución legal, sino de la propia palabra— comprende «la unión de un hombre y una mujer». Pero, en fin, todo cambia.

Porque lo que ya ha cambiado ha sido la posibilidad de que se casen dos hombres o dos mujeres entre sí, cuando han experimentado un cambio de sexo. La transexualidad, aunque minoritaria, es un problema de ardua comprensión. Se trata de personas que tienen un sexo físico aparente, que difiere del psicológico. Tradicionalmente, al nacer una criatura, el médico o la comadrona que atendía el parto o, incluso, si no concurría ningún facultativo o experto, el pariente o vecino más próximo, cantaba el sexo del recién nacido, tras examinarle entre las piernecitas. ¡Ha sido niño! ¡Ha sido niña! Era tirado de fácil. La pilulilla marcaba la diferencia. Sólo había algunos casos —raros—, en que era difícil llegar a una clara conclusión. Hermafroditas, otras malformaciones o estadios de indecisa precisión podían plantear algún problema. Pero eran los menos.

Pero existe otra dimensión del problema. Quizá en la adolescencia, quizá en la juventud o es posible que en la madurez, el ciudadano niño-hombre o niña-mujer llega a la conclusión de que su sexo psíquico no se corresponde con el morfológico. En tal caso puede acudir a un tratamiento médico, combinado con uno quirúrgico, que le lleve al cambio de sus órganos sexuales, para ostentar otros lo más parecido que sea posible a los del sexo contrario: el de destino. Este cambio de sexo es autorizado cuando está justificado psicológicamente y determina una alteración en el Registro Civil, a través de un expediente, que verifique todo lo anterior. El proceso médico, por otra parte, puede en algunos lugares estar cubierto por la Seguridad Social. No incluirá el dentista, pero sí el cambio de sexo. Económicamente puede que sea rentable, aunque sea caro. Y quizá —fíjese el lector que digo «quizá» y no afirmo nada— exista un propósito con miras electorales. Claro que estos usuarios son menos que aquéllos. Afortunadamente.

Lo que ocurre es que esta alteración del sexo plantea algún problema en la actual normativa del matrimonio. ¿Puede el exvarón hoy mujer, casarse con un hombre? ¿Basta el cambio formal en el Registro y el morfológico de sus órganos externos para ser considerado del otro sexo para casarse? Al principio se les negó el matrimonio. Tenían el otro sexo para todo, menos para la capacidad de contraer matrimonio. Pero finalmente se va autorizando. Los nuevos hombres o mujeres se pueden casar de acuerdo con su sexo de adquisición posterior.

En cualquier caso, estos cambios de sexo plantean algunos problemas, al modo de los cambios de nacionalidad, vecindad civil o residencia. Con respecto a la nacionalidad, se venía matizando entre la actual y la de origen. Uno era nacional de un país o nacionalizado. Era como una distinción de nobleza. A lo mejor es discriminatoria. Pero ¿no debería existir algo parecido en cuanto al sexo? ¿No debería diferenciarse entre el hombre o la mujer que lo ha sido siempre y el «sexualizado» varón o hembra? Hay que reconocer que alguno —sin duda, lleno de perjuicios (examínese el lector imparcial)— podría tener sus reparos en casarse con una mujer que antes fue hombre —o alguna con un hombre que precedentemente era mujer de toda la vida—. ¿No debería implantarse la distinción entre sexo de origen y sexo adquirido?

El propietario de un piso lo tiene arrendado a otra persona, que vive durante años en esta vivienda. Las relaciones personales entre arrendador y arrendatario después de firmar el contrato no pueden ser más escasas. Incluso inexistentes. Sólo los une el ingreso de la renta en una cuenta corriente y unas comunicaciones escritas para elevar el importe del alquiler o repercutir algún gasto. Un día, el inquilino se muere. Como se trataba de una vivienda de renta antigua, este fallecimiento es la liberación para el dueño, que ahora podrá alquilarla más cara. No digo que lo celebre, porque está bien educado y uno no se alegra de la muerte de nadie. Pero un poquito de satisfacción hay que reconocérselo.

Tras un tiempo prudencial, recibe una carta de una tal Aquilina Domínguez Claris, que le manifiesta que lleva residiendo en la finca cinco años y que, en su calidad de pareja de hecho del difunto inquilino, se subroga en el contrato.

El propietario no tiene ni idea de quién es esta Aquilina. El difunto era soltero y, según alguien que le conocía, tenía fama de homosexual. El dueño inicia unas pesquisas e incluso contrata a unos detectives. Le dicen éstos que es cierto que Aquilina vivía en ese piso, pero que la opinión más generalizada —dentro de lo poco que se sabe de ello en la vecindad— es que era la empleada de hogar. Pero no está dada de alta como tal en ningún sitio (como tantos y tantos españoles). ¿Qué puede hacer el propietario? ¿Negarse a reconocer la subrogación y que se ventile el hipotético derecho de Aquilina en un pleito? Pero él es un hombre de orden. Si ella tiene razón no quiere negársela. Y además los pleitos cuestan un riñón y, si pierde éste, encima le condenan en costas. Menudo negocio habría hecho. ¿Cómo puede saber si era la pareja sentimental del fallecido? ¿Le puede él preguntar a Aquilina si se acostaba con el difunto? ¡Hombre! ¡Qué disparate! Estaría vulnerando su intimidad. ¿Qué hacer? ¿Y si era la empleada de verdad? Insoluble.

Dentro de los arrendamientos se da otra circunstancia verdaderamente llamativa. Una señora ya mayor y viuda tenía arrendada una vivienda desde tiempo inmemorial. La renta, que permaneció congelada tanto tiempo, y la vigencia durante muchos años de leyes protectoras del inquilinato, con prórrogas forzosas de sus plazos, hacía que lo que pagaba era una verdadera ganga. A pesar de este beneficio, tenía una situación un tanto estrecha en su economía, cuando una amiga suya de la infancia enviudó a su vez. Se llevaban divinamente y de ahí nació la idea de que esta última pasara a vivir con ella en el espacioso piso que aquélla ocupaba. Y así lo hicieron. Compartían gastos y se hacían compañía, con lo que la vida de ambas mejoró sensiblemente.

Pasaron unos años y falleció la inquilina del piso. Su amiga había oído que la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos daba posibilidades de subrogarse en el contrato a personas que no eran el cónyuge o los hijos y acudió a consultar acerca de sus hipotéticos derechos. El abogado le informó que, en caso de muerte del arrendatario, la Ley posibilita la subrogación, incluso antes de los descendientes, «a la persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubiera tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia».

A la vista de esta información, tan técnica, preguntó ella, en primer lugar, acerca de qué era eso de la «orientación sexual».

—Ésta es una fórmula que se ha utilizado en algún país y que aquí ha hecho fortuna. Ahora se repite por todas partes. Es en realidad un eufemismo. Quiere decir que lo mismo da que la relación de pareja del difunto sea homosexual que heterosexual —respondió el abogado.

—Y ¿por qué no se dice así: heterosexuales y homosexuales?

—La verdad es que no lo sé. Lo que usted dice parece evidente. Y mucho más claro.

—Es que —continuó ella— lo de la orientación parece hacer referencia a una tendencia —o sea a un ramalazo— más que al ejercicio de una sexualidad. Y encima, si hablamos de orientaciones sexuales, en general y sin concretar, se comprenderían todas las direcciones: el bestialismo, la necrofilia y cualquier otra.

—La verdad es que no creo que la Ley de Arrendamientos haya querido contemplar estas prácticas. De cualquier forma, estoy con usted —concluyó el abogado—. Creo que era más sencillo hablar de heterosexuales y homosexuales.

—En cualquier caso —siguió la consultante—, parece evidente que además de la convivencia que ha de ser «permanente», la pareja, según dice usted, ha de haber tenido una relación de afectividad análoga a la matrimonial. ¿Podría explicarme en qué consiste eso?

—La verdad es que sólo puedo hacerlo con dificultades. Lo de convivencia permanente, literalmente hablando, quiere decir que se viva con una persona y que dure mucho, como dice el diccionario. Pero como por otra parte dice que si no tienen hijos comunes ha de durar como mínimo dos años, no se entiende qué añade ese adjetivo. Pero lo que tiene más dificultades es la afectividad análoga a la conyugal —confesó el letrado.

—Claro —añadió la cliente—, porque no dice con afecto, sino con afectividad, que es una cualidad o sea, un modo de ser y, por tanto, una condición general de la persona. Pero aunque fuera el afecto, como es un sentimiento, me parece casi imposible probarlo de una forma objetiva.

—Totalmente de acuerdo. Pero a eso hay que añadir que realmente después de las reformas de la legislación, desde el punto de vista legal, lo único que ha quedado como signo inseparable del matrimonio es el modo formal y solemne de contraerlo. En tiempos era esencial la unión sexual, hasta el punto de que así se definía en el Derecho Canónico. El fin esencial era la procreación y el secundario el remedio de la concupiscencia. Se concedía y aceptaba el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo del otro en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar la prole. ¡Ahí queda eso! Pero ahora todo esto es anatema. No hay ningún derecho sobre el otro y menos sobre su cuerpo.

Desde el punto de vista estrictamente legal, la sexualidad ha desaparecido del matrimonio. La prueba es que se ha suprimido el impedimento de impotencia. Los impotentes, que por definición no pueden realizar el acto sexual, se pueden casar. Si fuera esencial esta relación, no serían hábiles para el matrimonio. Y además, no es que sea un olvido del legislador. Es que se ha suprimido. Porque estaba en el Código Civil. Y cuando algo se suprime no se puede alegar olvido o ignorancia. Ha sido deliberado. Pero hay todavía más. La negativa total e injustificada a toda vida sexual por parte de un cónyuge no es ni siquiera causa de separación, porque la práctica del sexo no se incluye entre las obligaciones del matrimonio. La fidelidad, sí, pero no la vida sexual. El colmo.

—Todo eso parece un poco raro, ¿no?

—Francamente, sí. Aunque en el ánimo de todos esté lo contrario, el sexo nada tiene que ver con el matrimonio. Por eso, ni siquiera la inconsumación produce efecto alguno. Sólo tiene consecuencias para los matrimonios canónicos y desde el punto de vista eclesiástico. Pero no para los demás. La teoría civil es que estas relaciones pertenecen a la esfera de la intimidad y de los derechos personalísimos y sobre ellos no es posible otorgar derechos y obligaciones. Por otra parte, no se puede investigar o comprobar su existencia o su carencia, ni sus causas. El derecho a la intimidad lo impide.

En consecuencia, sólo quedarían para caracterizar el matrimonio ciertos aspectos espirituales: la solidaridad, las responsabilidades recíprocas, el proyecto de vida común y cosas parecidas, que son de prueba imposible y de determinación diabólica.

—Entonces ¿qué pasa conmigo? Porque la realidad es que yo quería muchísimo a Mercedes. Nos llevábamos divinamente. Mucho mejor, desde luego, que la mayoría de los matrimonios. Pero entre nosotras, nada de nada, ¿eh? Que quede claro. Y ¿cómo podría yo encajar en la ley para subrogarme en el arrendamiento?

—Mire, en el fondo, pese a los tecnicismos que podamos invocar, la verdad es que todos asimilamos el matrimonio al sexo. Cualquier similitud a él, tiene que pasar por él. Si queremos tener una oportunidad de lograr la subrogación, lo que hay que hacer es decir que Mercedes y usted tenían una profunda, permanente e intensa relación lésbica —afirmó el abogado.

—¡María Santísima me proteja! —replicó la consultante, absolutamente escandalizada y aterrada—. Pero ¿cómo voy yo a decir una cosa semejante? Si la pobre Mercedes, desde el cielo, donde está con seguridad, me oye decir semejante aberración… Si levantara la cabeza, se vuelve a morir en el acto.

—Pues es la única solución. Y además inexpugnable. Si usted lo dice…

No lo dijo. Tuvo que desalojar la vivienda.

Uno de los temas en que existe más confusión es en el hereditario. Para empezar, en España existe una normativa de aplicación al territorio común y otras distintas aplicables a determinados regiones, por razones históricas. Donde se aplica el Código Civil, incluida Galicia, hay unos herederos forzosos, a los que no se puede privar de su parte en la herencia, salvo desheredándoles. Para desheredar es necesaria la concurrencia de unas causas de inusitada gravedad y muy restringidas. Son herederos forzosos los hijos y descendientes, en cuanto a dos tercios de la herencia, y a falta de ellos, los ascendientes por la mitad. Se compaginan estos derechos con los del viudo al que pertenece en usufructo un tercio, si hay descendientes, y la mitad, si no los hay y existen ascendientes. Libre, queda, pues, en el peor de los casos, sólo un tercio de la herencia.

En Aragón los descendientes son los únicos legitimarios, y además únicamente de la mitad del caudal. Sin embargo, existe la llamada viudedad aragonesa, que consiste en que al cónyuge le corresponde el usufructo sobre todos los bienes del primero de ellos que fallezca. En Mallorca y Menorca la legítima de los hijos y descendientes es de un tercio del haber hereditario, si son cuatro o menos, y de la mitad, si exceden de cuatro. La de los padres es de una cuarta parte. Al cónyuge, concurriendo con descendientes, les pertenece el usufructo de la mitad del caudal y con padres, de dos terceras partes. En cualquier otro supuesto, el usufructo es universal. En Ibiza y Formentera los hijos y los descendientes tienen los mismos derechos que en Mallorca, pero cambian los de los padres, que, cuando concurren con el viudo, tienen derecho a un tercio y, en otros casos, a la mitad.

En Cataluña la legítima está limitada a una cuarta parte de la herencia, perteneciendo al viudo o viuda la cuarta viudal, o sea, una cuarta parte.

En Vizcaya, y sin perjuicio de lo dispuesto para la troncalidad (algunos bienes tienen el carácter de troncales por su peculiar adscripción histórica a la familia), la legítima de los descendientes es de cuatro quintos del caudal y la de los ascendientes, de la mitad.

En Navarra, el cónyuge viudo tiene derecho al usufructo llamado de fidelidad, que opera sobre todos los bienes y derechos del premuerto. En cuanto a lo demás tiene absoluta libertad de disposición, ya que la legítima consiste en la atribución formal a los herederos forzosos de cinco sueldos «febles» o «carlines» por los bienes muebles y una robada de tierra en montes comunes por los inmuebles, que no tiene, en realidad, contenido patrimonial exigible. También en Álava, en los municipios donde rige el Fuero de Ayala, se puede disponer libremente por testamento, manda o donación, universal o particular, de todos los bienes, apartando a herederos forzosos.

Como vemos, en el conjunto de nuestro país, la parte de la que se puede disponer libremente, teniendo hijos, es muy diferente según sea la legislación, común o foral, aplicable. La tendencia en el mundo, en general, es incrementar la libertad de testar, de forma que, por testamento, pueda uno dejar los bienes a quien se le antoje. De ahí que cobre una menor importancia el tema de que los convivientes, heterosexuales u homosexuales, sean herederos forzosos o legitimarios.

Lo importante —lo fundamental— es el tema tributario, que depende del poder central y no de las autonomías y en el impuesto de sucesiones el conviviente no tiene una consideración especial. Entra en el grupo de los que no están unidos con el causante por parentesco alguno —se les llama extraños— y el porcentaje sobre el caudal es el más alto. Por el actual sistema podría llegar a alcanzar un tipo de hasta el 81,6 por ciento, si el patrimonio del beneficiario fuera importante.

Es notable, a estos efectos, el caso que resolvió la Audiencia Nacional, en sentencia de la sala 2.a de lo contencioso administrativo de 2 de julio de 1996. Se trataba de una pareja de ingleses residentes en Mallorca, que, sin estar casados, mantenían una convivencia desde 1972, en sus domicilios de Londres, Essex y Palma. Falleció el hombre en 1987 y, aunque tenía un hermano, le dejó todos sus bienes a su compañera, mediante un testamento otorgado en 1976. Todos los bienes incluían un apartamento en la ciudad de Palma de Mallorca y tres cuentas corrientes bancarias con diferentes saldos, que se encontraban a nombre del fallecido.

A la pobre señora se le giró una liquidación por el impuesto de sucesiones que partía de una base imponible de 37 019 870 pesetas —valor estimado de la herencia— y pretendía percibir por el impuesto 38 849 220 pesetas. Sí, sí, el lector ha leído bien. Tenía que pagar casi dos millones más del valor de lo que recibía. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque la cuota en sí ascendía a 28 777 196 pesetas, pero estaba incrementada en 863 316 pesetas de recursos del Tesoro; 1 919 439 pesetas por honorarios de liquidador; 3 836 000 pesetas por multa por presentación fuera de plazo; 3 453 264 por intereses de demora; y finalmente, lo único barato, pero no por ello perdonado, un duro —5 pesetas— por examen y nota. Es cierto que ella había sido morosa en presentar la herencia a liquidación, pero tener que pagar más de lo que se recibe tiene bemoles.

La heredera recurrió. Se plantearon dos temas, ambos interesantes. En primer lugar, si, pese a ser una pareja que no estaba casada, podía asimilarse la disolución de la unión de hecho a la de una sociedad de gananciales y, en consecuencia, estimarse que la mitad de los bienes pertenecían a Sheila, que así se llamaba la heredera, y no pagar por ellos. El otro tema a discutir era si correspondía aplicar la tarifa prevista para las personas que no guardan entre sí un vínculo de parentesco, es decir, para los «extraños» (como hizo la Administración) o por el contrario, es posible aplicar la tarifa correspondiente a los «cónyuges» (como postulaba la actora-la heredera).

El camino de Sheila fue largo. Desde 1989, en que recibió el susto por parte de la Consejería de Economía y Hacienda del gobierno balear, hasta la sentencia de la Audiencia Nacional transcurrieron siete añazos, en los que para recurrir, o depositó el dinero o al menos tuvo que avalarlo, que no lo dice la resolución. Pero al final ganó. Las dos cuestiones fueron resueltas a su favor.

La Audiencia consideró que la situación de esta pareja es asimilable a la matrimonial, tratándose de una convivencia dilatada en el tiempo, como si de marido y mujer se tratase, de forma pública y externa, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años. Por ello, considera que existe una presunción de que los bienes, pese a estar a nombre de uno de los miembros de la pareja, pertenecen a una sociedad patrimonial universal integrada por ambos. Considera la Audiencia como un elemento concluyente —así lo califica literalmente— el hecho de que el fallecido otorgara hacía muchos años —once— un testamento dejando todos sus bienes a su compañera, incluso por delante de un hermano, sin modificarlo posteriormente. De esa forma, la mitad era de ella y por esa parte no tenía que pagar impuesto alguno. Bien.

La segunda cuestión, también resuelta favorablemente, era si se debía aplicar el tipo con el porcentaje más alto —el de extraños— o el más bajo —el de cónyuges—. Para llegar a una conclusión la Audiencia recurre, en primer lugar, al significado usual según el Diccionario de la Lengua de los términos conviviente, cónyuge y extraño. Después hace un examen de la jurisprudencia en la materia, para terminar señalando la mayor proximidad entre los dos primeros términos que con el último. Para la Audiencia calificar fiscalmente —o con cualquier otra finalidad— de extraño a quien ha compartido nuestra vida, en una convivencia de quince años, como marido y mujer, de forma pública y externa, constituía una aberración. Ni la voracidad de la Hacienda Pública justificaba tal aplicación. Por tanto, resolvió el recurso a favor de la heredera.

De cualquier forma, no debemos dejar de considerar que aun cuando abunda esta forma de convivencia y sus rupturas son ya tema habitual en los juzgados, según la estadística, sólo constituyen un cinco por ciento de las uniones de pareja en España. Claro que yo no me fío demasiado de la estadística, especialmente en esta materia en que todo el mundo maneja cifras a su antojo. Curiosamente, siempre dan la razón a quien las usa para confirmar sus tesis preconcebidas. No puedo dejar de recordar un libro, hace tiempo perdido como consecuencia de un préstamo hecho a un amigo, para su lectura, cuyo título era de lo más sugerente: Cómo mentir con estadísticas.

X
EL JUSTICIABLE

La guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas.

MIGUEL DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, XXXVIII, 1.a parte

Nuestra profesión gira alrededor de un protagonista. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que razonamos y debatimos, tiene un destinatario. O, mejor dicho, un beneficiario: nuestro cliente: el justiciable —al que quizá, en ocasiones, habría que llamar mejor el ajusticiado, la víctima de la Justicia—. Él es el rey. Muchas veces tiránico; algunas veces despótico; otras irracional; en ocasiones benéfico o comprensivo. El cliente puede ser atractivo o repelente. Le podemos querer o aborrecer. Pero es el destinatario de nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Son aquellos que vienen a nosotros para intentar resolver sus conflictos con la Justicia y —cómo no— con sus adversarios u oponentes: los contrarios.

Hay clientes que en su primer contacto con nosotros empiezan por manifestarnos su decidida voluntad de pagarnos cualquier precio. Sin límites.

—Mire usted, por dinero que no quede. Lo que sea. No voy a reparar en gastos. Lo que haga falta. Cueste lo que cueste. Aunque tenga que arruinarme…

Ese cliente es peligroso. No es que recele de las cuentas. No es que sea un poco tacaño o muy mirado para las minutas. Es que no quiere pagar ni un céntimo. Nada. Aunque parezca mentira. Pero así es. Es el que luego nos dirá:

—Total, para lo que ha hecho usted. Se lo he dado yo mascadito. Usted no ha tenido que hacer más que copiar.

A esta afirmación añade:

—Además, como yo tenía toda la razón y el asunto era tan fácil…

Del cliente que tiene —o pretende tener— un asunto en los tribunales se ha dicho que «es una persona que está dispuesta a dar la piel por conservar sus huesos» (Ambrose Bierce: El Diccionario del Diablo, 1881-1911). Hay litigantes que tienen una afición al pleito —a los pleitos— verdaderamente notable. Son viciosos del litigio: pleitómanos. Porque para tener afición a los juzgados hay que ser un vicioso en grado agudo. Hay que ser masoquista. Para algunos abogados, estos clientes son una bendición del cielo. Son unos consumidores compulsivos de abogacía. Rezaba un azulejo sevillano, de ésos en que se condensa la sabiduría popular en forma de refranes o aforismos, cumpliendo esta función en el tema que nos ocupa:

Loor, gloria y prez al litigante temerario.

Hay clientes que, con reverencia, nos dicen:

—Bueno, yo le tengo que contar toda la verdad, ¿no es eso? Porque, además, lo que yo le cuente, no sale de aquí, ¿no es cierto?

Y a continuación dicen siempre la misma frase, a la que yo tengo una especial inquina:

—Porque usted es como un confesor, ¿no?

Es cierto que una de las características más señaladas del ejercicio de la abogacía es la obligación —y el derecho— a guardar secreto. Todo lo que conozcamos por razón de nuestra actuación es absolutamente reservado. Pero de eso a ser un confesor media una milla.

En una ocasión me encontraba en la sala de juicios de un juzgado de familia. Defendía a una bella y joven esposa, cuyo marido había presentado contra ella una demanda de separación. Comparecíamos ante el juez para discutir la adopción de unas medidas provisionales. El esposo, entre otras acusaciones, alegaba que ella estaba liada por todo lo alto con un catedrático de Historia del Arte, cuyos cursos y conferencias frecuentaba de modo entusiasta mi cliente.

—Eso es una burda e infame mentira —me decía ella—. Mi marido es un cerdo y un mal pensado. Cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no dice eso el refrán? El hecho de que él se vaya con cualquiera que tenga a su alrededor no quiere decir que lo hagamos las demás. Él no puede concebir una razón sana —e intelectual— para la relación entre los seres humanos. La verdad es que yo admiro enormemente a este profesor. Es un sabio. Sabe muchísimo y lo explica que da gloria oírle. Pero de cualquier otro tipo de relación, nada de nada. Esa acusación es una infamia.

Según hablaba, se iba acalorando cada vez más. Su tono era indignado y firme. Sus palabras venían adornadas con una vehemencia que su juventud y su porte natural hacían más verosímil.

—Una cosa es que yo acuda a sus charlas y a sus cursos sobre Arte y que yo le ayude, incluso, con la presentación de sus diapositivas, cuando no hay otra persona para hacerlo; una cosa es que yo me reúna ocasionalmente con él para aclarar algunos conceptos o para pedirle que me recomiende alguna lectura suplementaria, y otra cosa es de lo que me acusa mi marido, de modo descaradamente falaz. No sabe ya qué hacer para tratar de no pagarme un céntimo ni a mí ni a los niños. Es una iniquidad.

Cambiando el acento indignado por uno, entre ofendido y compungido, mi cliente había terminado sus comentarios diciendo:

—Ni siquiera le importa la vergüenza que pueda caer sobre su familia y, sobre todo, sobre sus propios hijos, poniendo en duda la honradez de su madre.

La extraordinaria sinceridad que brillaba en todas sus palabras, la mirada limpia, pero dolida, de sus grandes ojos, y la evidente estulticia de negar ante mí la verdad me convencieron de su inocencia.

En el acto judicial se reprodujeron las acusaciones. Yo las rechacé con vehemencia, intensidad e indignación. Afeé la conducta de quien, para obtener lucros, no se para en barras. Denosté a quien las pesetas hacen pasar por encima de conceptos tales como el honor o la virtud, o el nombre de sus hijos.

Pero ante mi estupor, al llegar el momento de proponer prueba, el letrado contrario entregó al juez un informe de unos detectives, del que me dieron copia. Unas fotografías, a todo color y muy ampliadas, mostraban a mi defendida y al profesor abrazados saliendo de un hotel muy conocido de una ciudad cercana. Cada uno portaba un ligero maletín en la mano. En otra de las fotos, ese mismo día según parecía por la identidad de sus ropas, se besaban entrelazados, antes de entrar en un taxi al que ambos se preparaban a subir. El reportaje estaba abundantemente adornado de otras instantáneas, de parecidas visitas a hoteles de otras ciudades. Por si las imágenes no fueran bastante explícitas —que lo eran— y aunque vale más una imagen que cien palabras, el informe detectivesco relataba más salidas y visitas de mi cliente a casa del profesor, cuando la familia de éste se encontraba de veraneo. Su llegada nocturna y su salida matutina estaban fielmente reflejadas, con detalles de vestimenta y horario. Absolutamente implacable.

No podía comunicarme en ese momento con ella por la distancia a que nos encontrábamos —abogado y cliente— en la sala de juicios. Y además hubiera sido peor, si es que algo podía ser peor. La miré de forma que pretendía ser asesina, pero que, sin duda, no lo fue, porque mi cliente, ignorante todavía del contenido del documento, que yo leía, me devolvía la mirada con otra tranquila e inocente, limpia y pura. La misma mirada virginal con que me había mentido antes.

Las mentiras, con las que nuestro cliente nos regala, se medio justifican por su afán de mostrarnos su inocencia. Piensa que de esa manera fomenta nuestro celo. Si abrazamos su causa, que es la justa, sin mácula alguna, actuaremos catapultados por un sagrado espíritu en defensa de la justicia. Sin paliativos. Nuestras acciones vendrán inspiradas por la fuerza de la razón. Efectivamente, nosotros, movidos por sus mentiras, nos lanzaremos del avión, seguros de contar con un paracaídas, de seguridad garantizada. Cuando ya hayamos saltado al vacío resulta que el paracaídas es una mochila de excursionista y nos espachurraremos contra el suelo. Lo que a veces no comprende el cliente es que nosotros nos estrellamos, pero el que muere es él.

De la mentira del cliente hay mucho que decir.

En primer lugar, hay que reconocer que al abogado cualquiera puede mentirle y engañarle. Al menos la primera vez. Dice un proverbio árabe que «La primera vez que me engañes la culpa será tuya, la segunda será mía». Porque cuando ya lo hemos sorprendido en una falacia, entonces somos nosotros los cretinos por seguir confiando en su respeto a la verdad. La credibilidad, que hay que otorgar inicialmente a todos, desaparece cuando uno ha sido sorprendido en una mentira.

Existe una vieja sentencia del Tribunal de la Rota romana que, clara y terminantemente, resuelve que no se puede confiar en el testimonio de alguien que ha sido sorprendido en una mentira. Aunque sea una sola. Eso sí, hace una única salvedad: excepto las mujeres cuando declaran sobre su edad. Sabia exclusión. Una mujer puede ser veraz, pero no puede aguantar —es más fuerte que ella— el reconocimiento de sus años. Tiene que quitarse alguno. A ser posible —que siempre lo es, porque no hace ninguna falta que sea creíble— varios; muchos. Porque para uno o dos no merece la pena. Es tan fuerte el impulso que en nada afecta a su sinceridad en cualquier otra cuestión. Sólo en cuanto a la edad.

Hoy en día, la excepción de la edad debería extenderse a los hombres. Nuestra coquetería se ha disparado. Nos hemos sumado a las operaciones de estética, a las cremas para las arrugas, al tinte para el pelo y a las alzas para los zapatos. Todos ellos son síntomas evidentes de nuestro reconocimiento y asunción de la actividad rejuvenecedora y de nuestro propósito de engañar a los demás acerca de las huellas del paso del tiempo. Parece lógico que no se nos exima de condenas de insinceros, cuando mentimos con palabras, y no sólo con acciones y cosméticos, acerca de nuestra edad.

En ciertos casos, quizá los abogados tenemos lo que nos merecemos, porque a fuerza de aconsejar a nuestros clientes que nunca reconozcan los hechos perjudiciales que les imputen le cogen el gusto a la mentira —normalmente ya vienen con esta inclinación a nuestros despachos— y ya puestos a ello, nos mienten hasta a nosotros.

—Aunque te sorprendan en la cama con un vecino, tú niégalo —les decimos—. Lo último es reconocer algo. Niega, niega y niega.

Es más, los hay que terminan creyéndose sus propias mentiras y cuando el juez no se deja engañar por sus mentiras, se indignan.

Hay clientes que creen que encomendarnos su defensa —y nosotros aceptarla— es como casarnos con ellos.

—Yo lo que necesito es un abogado al que pueda acudir en cada momento que se me ocurra. Tiene que estar siempre disponible. ¿Cómo es posible que me digan que está ocupado o que está hablando por otra línea del teléfono?

De este justiciable voraz, que aspira a devorarnos, líbranos, Señor. Un ilustre compañero, ejerciente en Palm Beach, Florida, Don Sasser, tiene redactado un librillo de instrucciones que entrega a sus clientes. Lo de librillo es en realidad un eufemismo, porque es casi un librote, por su extensión y amplitud. En él se contienen normas para contactar con su despacho. Esta firma americana tiene establecido un servicio telefónico de urgencia. Se trata de que el cliente nunca se sienta desamparado. Cualquier emergencia o duda apremiante que le pueda surgir en horas nocturnas o en días festivos puede ser transmitida al bufete. El cliente nunca está solo. Lo único que ocurre (está muy claro en el libro de instrucciones) es que estas actuaciones cuestan exactamente el doble de las normales.

—¿Quieres creer —dice mi amigo y compañero— que desde que hemos establecido el servicio de urgencia y sus tarifas, hace ya varios años, apenas hemos recibido media docena de llamadas en tales horas y que todas han sido brevísimas?

Otro cliente, de gran incomodidad y peligro, es el estudioso. Antes de acudir a nosotros se ha comprado el Código Civil y quizá algún grueso tratado, recomendado por el librero de turno. Y lo que es peor, se lo ha leído. La digestión ha sido laboriosa y se asemeja más a un cólico que a cualquier asimilación medianamente aceptable. Su empanada tiene la solidez del ladrillo.

No digo que la lectura de las leyes sea imposible para el profano. En realidad, deberían ser leídas y comprendidas por todos los ciudadanos para poder cumplirlas. Los abogados, como cualesquiera profesionales del Derecho, no somos unos iniciados en el acceso a un arcano insondable de la ciencia, del que están excluidos todos los demás. No. Pero, vamos, que tampoco es cierto que cualquiera, con una simple lectura de una parte de un texto legal, pueda presumir de jurista. Cuando un cliente viene a nosotros es que tiene un problema. Ello implica una aplicación conflictiva de un precepto legal, una posible concurrencia de normas incompatibles o una abierta discusión o enfrentamiento entre dos partes. Todos pueden comprarse y leer el mismo Código. Y sin embargo… No quiero refugiarme en un altar inaccesible, ni hacer valer ese idioma críptico al que anteriormente me he referido. Pero, por favor, tengo que demandar un mínimo respeto. ¿O es que piensa alguien que el estudio de una carrera, por mal que se enseñe y aprenda, y horas y horas dedicadas a la práctica de la abogacía, pueden ser sustituidas por un ratito de atenta lectura?

Este cliente sabiondo, con su falta de respeto por nuestros conocimientos y experiencias, lo que hace es encarecer su proceso, porque duplica nuestro trabajo. Además de defenderle de otros, tenemos que hacerlo de él mismo. Enseñarle y rectificar sus errores son labores que podíamos —él y nosotros— habernos ahorrado. Y que conste que tampoco estoy preconizando un dictamen férreo, inexplicable e inexplicado. El cliente tiene derecho a que le razonemos nuestras afirmaciones y a que le aclaremos los fundamentos de ellas. Pero de eso a polemizar con él y con su parcial conocimiento, signo de su enciclopédica ignorancia, hay un abismo.

La especial idiosincrasia del cliente debe respetarse o disculparse, según sea el caso, aunque no se compartan sus ideas. Hay algunos que pretenden estar en todos los secretos y nos llegan a proponer, con toda tranquilidad, las mayores aberraciones, con un ligero guiño de ojo, signo de complicidad.

—¿Y no podemos… vamos…, ya me entiende —nos pregunta, mientras frota las yemas del pulgar y del índice de su mano derecha, con inequívoca alusión al dinero— comprar al juez? A mí me ha dicho un amigo…

También insinúan o proponen, con todo descaro, la conveniencia de otras actuaciones delictivas.

—He sabido de muy buena tinta que la parte contraria va a llevar testigos falsos. Todos falsos. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros?

Los hay también a los que sólo les guía un afán vindicativo y destructor.

—A mí me da igual el resultado del pleito. Me importa un bledo. Ni siquiera me importa arruinarme. Ni que me metan en la cárcel. Lo único que pretendo es que la/le destruyamos. Que se quede en la calle. Sin un solo céntimo —nos confiesa un litigante—. Hay que denunciarle. ¿Sabe usted que tiene dinero negro, que no hace sus declaraciones fiscales como Dios manda? Vamos a ponerlo en conocimiento de la Inspección. Porque yo tengo copias de la contabilidad doble de su empresa. Va a ser terrible. Se va a quedar con una mano delante y otra detrás. Y es en ese momento cuando quiero verle/la. Y yo me voy a tronchar de risa —nos dice este justiciero.

—Pero ¿sabe usted que si les multan por una infracción fiscal realizada durante la época en que estaban ustedes casados en gananciales, de esa deuda tributaria y de la multa va a responder, por lo pronto, la propia sociedad de gananciales?, —le aclaramos en una vana tentativa de disuadir razonadamente al cliente.

—No importa. Aunque yo también me quede en la calle sin un duro. Quiero que se arruine. Es lo único que me importa. Y que se le borre de la cara esa sonrisa permanente de suficiencia y superioridad. Ahora tendrá que considerarme un poco. Verá que valgo para algo.

Convencer a este cliente de que nosotros no somos aves depredadoras, vengadoras y destructoras —como apisonadoras—, y que no tenemos como cometido arrasar y devastar, no siempre es fácil.

—Pues a mí me había dicho una amiga que era usted implacable. Vamos, una cosa así como el caballo de Atila, que por donde usted había pasado no crecía más la hierba.

—Pues dígale a su amiga que su información no sé si debo tomarla como un elogio o como un insulto zoológico. Pero que en todo caso, no es cierta. Tras de mi paso, vuelan las mariposas y florecen las margaritas. Especialmente para mis clientes.

Una de las misiones que tiene la Ley y cuya aplicación se encomienda a los tribunales es definir quién está y quién no capacitado para realizar toda clase de actos y contratos, cuando ello se pone en tela de juicio. Nuestros defendidos en estos asuntos pueden ser deficientes mentales: poco o mucho, pero fundamentalmente tienen problemas psíquicos. En otro tiempo esta misión se reducía a unos términos bastante categóricos: había que valorar quién estaba loco y quién cuerdo. A los primeros se les incapacitaba, que equivale a considerarlos en lo sucesivo como si fueran menores de edad. Se les nombra un tutor, que les representa y bajo cuya autoridad viven. No pueden administrar sus bienes, ni realizar actos jurídicos de cierta trascendencia. Actualmente es un poco más complicado. Porque la línea divisoria entre la cordura y la locura es más relativa. No sé si es porque hoy en día todo el mundo está bastante loco o si nuestros actos participan, en dosis variables, de demencia y normalidad. La calificación se ha convertido en un arco de iglesia.

Antonio estaba incapacitado, por sentencia firme. Sus hermanos —sus padres habían muerto— habían promovido esta declaración, ante los ataques que con frecuencia le asaltaban. Eminentes psiquiatras —eran gentes de dinero— le habían visto y habían llegado a la unánime conclusión de que padecía una esquizofrenia, incurable e irreversible. Aparentemente, para el que no sea experto, al menos durante los primeros años de su enfermedad, el esquizofrénico parece una persona normal. Fuera de los brotes, su conversación es lógica y sus actuaciones, corrientes. Nadie diría que se trata de un enfermo mental. Eso sí, carece de sentido de la responsabilidad y de proyección temporal de sus actos. Y cada brote produce una mayor lesión. Existen trastornos de la afectividad y una clara disociación del pensamiento. Padece alucinaciones a las que el enfermo presta un crédito absoluto, aunque sean absurdas.

Antonio, por consejo de sus médicos, hacía una vida casi enteramente normal y su tutor, que era su hermano mayor, le daba una amplia libertad de acción fuera de los brotes. Fuerte y bien parecido, se dedicaba a varios deportes, sobresaliendo de modo especial en la esgrima. En la especialidad de florete participaba en muchos torneos nacionales e, incluso, lo había hecho en alguno internacional, con desigual fortuna. Su afición a los deportes la compaginaba con una no menos intensa a la caza, pero no a la caza mayor, sino a la muy mayor. La practicaba en locales de alterne, de alta categoría y elevados precios, donde con frecuencia ligaba con algunas distinguidas profesionales, que ejercían allí su actividad amorosa y su profesión mercenaria.

En uno de ellos conoció a Arlette, una francesa de Bretaña, alta, rubia y distinguida, que manejaba sus erres y sus jotas con singular gracejo. O al menos así le parecía a Antonio. Arlette pronto se dio cuenta de que había encontrado una mina. Rico y generoso, únicamente parecía tener una cierta dependencia de su familia, pero no excesiva. Ella ignoraba las causas de su peculiar situación. La familia de Antonio no recelaba de esta relación, pese a que se fue haciendo más continuada e intensa. Antonio se quedaba en casa de Arlette una noche sí y otra… también. Alternaban estas sesiones amatorias con algunos viajes a localidades próximas para pasar el fin de semana o, incluso, un par de días o tres.

Arlette, que no tenía ni un pelo de tonta, concibió pronto un plan para alcanzar su objetivo: el matrimonio. Naturalmente, no sospechaba que Antonio pudiera padecer una enfermedad mental, pero temía que, dada la dependencia que tenía de su familia, ésta pudiera maniobrar para impedir la boda. Por eso, preparó un viaje de unos días a su Bretaña natal, con la excusa de ver a su familia y de presentársela a Antonio, que se mostró encantado con la excursión.

Llegaron a Dinard, lugar encantador, con varias playas recogidas, alrededor de las cuales se centraba la vida del pueblo, aunque no había llegado todavía el verano. Se alojaron en el hotel de la Reine Hortense et Castel Eugénie, lleno de gracia algo decadente, donde Antonio se encontraba en la gloria. Tras cenar en el Manoir de la Rance, en medio de un jardín lleno de flores, Arlette le llevó a caminar por el paseo del Claro de Luna, tan romántico como su nombre. Sentados en un banco, no le fue difícil arrancarle una entusiasta declaración de amor y una propuesta de matrimonio. Vehemente e impaciente, fue él quien manifestó su deseo de casarse lo antes posible. No le extrañó que Arlette aceptara de inmediato, ni que ella le dijera que podría prepararlo todo para dentro de dos días. Estaba tan impaciente… Ella conocía de siempre al párroco del lugar, que les excusaría de proclamas y lo arreglaría todo en un pispas. Y así se hizo. Dos días después Antonio y Arlette contraían matrimonio canónico en la parroquia de Dinard, rodeados de algunos familiares de ella.

Cuando volvieron a España y Antonio les dio la noticia a sus hermanos, por poco les da un síncope. Aquella lagartona había entrampillado a Antonio, que estaba encantado. Claro está que con Antonio iba su dinero, hasta entonces administrado por su tutor.

Acudieron a nuestro despacho con vistas a promover una nulidad de matrimonio, como consecuencia de su incapacidad. Pero al margen de la batalla legal que se emprendió, se mantuvo una carrera colateral: la de Arlette intentando por todos los medios quedarse embarazada.

Al realizar Antonio las presentaciones a la familia, Arlette se enteró de que su marido estaba incapacitado y que padecía una esquizofrenia incurable. Es cierto que algo raro le había notado, pero, desde luego no tanto. A la vista de la situación, centró todos sus esfuerzos en tener un hijo del millonario. Éste sería su heredero y tendría derecho a una pensión. Naturalmente, a ella le darían, sin duda alguna, la custodia del niño y la administración de lo que le correspondiese. Pero por más esfuerzos que hacía —y hacía muchos— y del entusiasmo y dedicación de Antonio, al que esta actividad gustaba más que la esgrima, no había manera de lograrlo. Cuando el embarazo crea problemas, se presenta sin avisar, pero cuando se busca ¡qué difícil es lograrlo! Incluso, dicen las malas lenguas —refrendado por un detective particular, que el tutor había contratado— que persiguió y obtuvo, sin ninguna dificultad, la colaboración activa de algún otro varón. Pero con idéntico resultado negativo.

La carrera tuvo un súbito final cuando Antonio padeció un nuevo brote. La familia se hizo cargo de él y hubo que internarlo en una clínica. En ese momento, Arlette, perdida la esperanza de lograr rápidamente un niño dentro de plazo, hubo de desistir de su empeño. La nulidad matrimonial pondría fin a esta historia. Arlette volvió al local de alterne.

Vinieron un día a mi despacho dos hermanos a pedir consejo y ayuda ante la situación que les planteaba su padre. Era éste un hombre de gran fortuna, que ostentaba un título nobiliario. Había tenido grandes posesiones en Cuba, perdidas con la llegada al poder de Fidel Castro. Sin embargo, en España e incluso en Estados Unidos, conservaba un patrimonio de importancia, cuya administración exigía de su presencia y de actuaciones legales de todo tipo. Su avanzada edad —tenía ya casi noventa años— no le había impedido ocuparse de sus bienes, hasta que hacía unos meses había dado muestras de trastornos, que se fueron haciendo más y más frecuentes y graves. Los únicos dos hijos —hijo e hija, la madre había muerto hacía ya años— le llevaron a un gran especialista en psiquiatría, preocupados por su conducta y por la posibilidad de que hiciera cualquier disparate, tanto en lo que respecta a su persona como a sus propiedades. El profesor Armero, catedrático de la especialidad, fue rotundo en su diagnóstico: demencia senil. También fue categórico en su recomendación. Dada la gravedad de la enfermedad y de su carácter irreversible, aconsejaba su inmediata reclusión. Incluso temía que pudiera atentar contra su vida.

Los hijos se quedaron despavoridos. La realidad es que ellos veían a su padre fatal. Pero de eso a internarle había mucho trecho. Por otra parte, si le ocurría algo a su padre por no tomar las medidas oportunas, no se lo iban a perdonar jamás. Decidieron, en consecuencia, recabar otra opinión y acudieron a la consulta del doctor Menor, otro eminente psiquiatra. El dictamen de éste fue totalmente coincidente con el del primero. Naturalmente, ante esta paridad de consejos, se decidieron, muy a su pesar, a internar a su anciano padre en un sanatorio psiquiátrico.

Pretendían ahora, una vez completada la parte médica, afrontar la legal. Ante la contundencia de los certificados médicos de los dos especialistas, se imponía la declaración de incapacidad y el nombramiento de un tutor, que le protegiese y actuase en su nombre. Y así se hizo.

El juzgado admitió la petición y, según es obligado, pidió el dictamen del forense. Éste, que no era un especialista en la materia, visitó al anciano, estudió los informes médicos que se habían presentado con el escrito inicial y concluyó de forma favorable a la petición, como era lógico. La total incapacitación para regir su persona y sus bienes era absolutamente correcta y así debía acordarse.

El juez, antes de resolver, tenía que cumplir con otra obligación que la Ley le exigía: ver personalmente al presunto incapaz. Con base en un informe médico del sanatorio, que señalaba la imposibilidad de su comparecencia en el juzgado se solicitó que fuera el juez quien se trasladara a verle. Así se acordó. El día fijado previamente, el juez acudió a la clínica, acompañado del secretario, para que levantase acta de lo que aconteciera, y de un oficial.

Una vez en la clínica, el juez fue acompañado a la habitación donde se encontraba el marqués. Estaba éste sentado en una cómoda butaca, cubiertas las piernas con una ligera manta. Su mirada estaba fija en inmóvil contemplación de un punto en la pared frente a él. El enfermero, que acompañaba al juez, le sacó de su ensimismamiento:

—Señor marqués, han venido a verle.

—¡Ah! Qué bien. Sean bienvenidos. Con lo aburrido que estoy siempre aquí. ¿Ya quién tengo el honor de recibir? —preguntó muy cortésmente.

—Soy Antolín Bermúdez, juez de Primera Instancia de Madrid y estos señores son el secretario y un oficial de mi juzgado —respondió el juez.

—Mucho gusto en conocerles. ¿Ya qué debo su visita?

—Queríamos hacerle unas preguntas, si no tiene inconveniente.

—Pues no faltaba más. Ustedes dirán.

Tras este preámbulo, el juez comenzó a hacerle al marqués una serie de preguntas sobre su familia, sobre la actualidad nacional e internacional, sobre la clínica y sobre su salud, todas ellas contestadas amablemente por el enfermo. Posteriormente, el juez entró en materia económica. Le preguntó sobre sus bienes y su situación actual. Al llegar a este punto, el presunto incapaz cambió bruscamente de tono.

—No me hable de eso, porque me indigno. La verdad es que yo tenía una gran fortuna en Cuba, porque ha de saber usted que yo hace tiempo vivía en La Habana. Tenía una casa preciosa en la urbanización del Country Club, cerca de la Embajada de España, y otra de fin de semana en Varadero. Me ocupaba de administrar mi patrimonio, del que formaba parte un ingenio de azúcar cerca de Pinar del Río. Mi vida era magnífica. Viajes y fiestas; el casino y Tropicana; merengues y boleros. Pero, en esto, llegó Fidel Castro y arrampló con todo. Me dejó en cueros. Bueno, no totalmente en pelotas, porque yo tenía muchas cosas en Florida y en España. Pero me quitó todo lo de Cuba. Y ¿sabe por qué hizo eso?

—No tengo ni idea —contestó el juez.

—Pues porque siempre me tuvo una envidia terrible. Él presumía de que era el hombre que tenía más hijos en la República. Seis mil cuatrocientos veinticinco. Pero alguien —¡maldita sea su estampa!— le descubrió que yo tenía más: seis mil ochocientos noventa. Y eso no podía consentirlo el dictador. No lo aguantaba. Se sintió humillado por mí. Así es que decidió echarme de la isla. Y me quitó todo lo que tenía, el muy cerdo. Casas, ingenio, valores… todo.

El marqués se fue acalorando mientras hablaba. El tono de su voz se iba haciendo más agudo y elevado. Casi gritaba. Al terminar su parlamento estaba congestivo. Rojo como un tomate, se movía inquieto en su sillón, con las manos en permanente agitación. De repente, fuera de sí, sin ningún preámbulo, se quedó mirando fijamente a los visitantes y les increpó, en tono colérico:

—Y ahora, me están molestando ya con tantas preguntitas. Así es que hagan ustedes el favor de retirarse. No quiero verles más. ¡Fuera! Márchense.

Ante este brusco cambio de actitud, los tres componentes del juzgado, encabezados por el juez, se batieron en retirada, temerosos de que pudiera producirse algún mal mayor. Al fin y al cabo, en aquel ambiente podía ocurrir de todo.

Cumplidos todos los trámites judiciales, unos días después el juez dictó sentencia. Denegó la incapacidad. Quizá en contra de los contundentes informes médicos, su diálogo con el enfermo había convencido a su señoría de la cordura del marqués. Con tantos hijos más que Fidel…

Fue necesaria una apelación para que la Audiencia Territorial accediera a la petición de los hijos y se declarase incapaz al marqués.

Una serie de males de amplia difusión dificultan en la actualidad el análisis y la valoración de estas situaciones. El alcoholismo o la drogadicción, las depresiones o las enfermedades de la alimentación —anorexia y bulimia— son algunas de las enfermedades que, en sus grados inferiores o medios, permiten la vida normal, pero que pueden desembocar en graves crisis.

La señora de Mínguez vino a mi despacho. Le acompañaba su hija Mairena. Una chica alta, morena, de unos veinte y pocos años de edad y una delgadez tan extraordinaria, que parecía que se iba a quebrar en cualquier momento. La luz de los ojos de Mairena estaba apagada. No tenía brillo alguno. Su presencia era mate; su cutis, gris. Según me explicó la madre, Mairena acababa de recibir una demanda de incapacidad, presentada por su padre, del que la señora de Mínguez estaba separada. Quería que yo defendiese a la chica.

Antes de continuar pedí que me dejaran leer la demanda. En ella se concretaba la causa de incapacidad que se invocaba. Mairena padecía una gravísima anorexia. Había sido internada varias veces —hasta cinco— en un establecimiento especializado en las enfermedades de la alimentación. Una y otra vez salía de allí, en apariencia curada. Pero siempre recaía. Ahora estaba en una fase aguda de la enfermedad y se temía, incluso, por su vida, tal era su negativa a alimentarse. Había que internarla de nuevo, pero esta vez ella se negaba rotundamente y como era mayor de edad, no podía forzársela, sin autorización judicial. Por otra parte, la reiteración en las recaídas hacía presumir una perduración de la situación que hacía precisa la declaración de su incapacidad, con independencia de la adopción de medidas de urgencia, que también se pedían. El grado de incapacidad que se solicitaba en la demanda era total: absoluta incapacidad para regir su persona y bienes, aunque este último extremo era puramente teórico, porque ella carecía de todo patrimonio o ingresos.

—¿Por qué no quieres que te ingresen en la clínica? —le pregunté dando a mis palabras el sentido más amistoso de que era capaz.

—Usted no sabe lo que es aquello. Hay veces que te atan a la cama. Si no haces todo lo que te dicen, te castigan sin visitas, sin salir de la habitación e, incluso, sin lavarte. Sí, sin ducharte ni peinarte. Es algo horrible. Y además yo no lo necesito. Como lo normal. Todavía si estuviera muy delgada lo comprendería, pero incluso me sobran algunos kilos…

Sus manifestaciones y su físico escuálido, la piel sobre los huesos y la cara demacrada y afilada, eran la más clara prueba de su enfermedad. Pero ella no se daba cuenta. Y según los certificados médicos que se acompañaban a la demanda estaba en riesgo, nada menos, que de morir. Una cría. Dramático.

Cuando fuimos ante el juez, accedimos a la medida de urgencia del inmediato internamiento. En cuanto al fondo de la cuestión, nuestra petición fue de que se limitase la incapacidad exclusivamente a cuanto se relacionase con su enfermedad y su tratamiento, dando nuestra conformidad en que fuera el padre el tutor, como él pedía. Así se acordó.

La hemos perdido de vista. ¿Se habrá curado?

Hay clientes que pretenden llegar a un cierto tipo de acuerdo con nosotros.

—Mire, abogado —nos dice una mujer de mediana edad con meridiana claridad—. Estoy pensando en separarme. Mi vida ya hace muchos años que carece de todo atractivo. Mi marido ni me mira. En casa hay un silencio, como le diría… atronador. No tengo ilusión alguna. Todo es monotonía. Mis hijos ya son mayores. Dentro de nada se irán de casa y creo que lo mejor para mí sería separarme. Pero lo que ocurre es que, aunque, como le digo, mi vida es un asco, desde el punto de vista del dinero, no me puedo quejar. No me falta de nada. Vivo en una buena casa. Tengo servicio. Mi coche es casi nuevo. Dispongo de una Visa oro y una tarjeta del Corte Inglés. Claro que soy discreta y no me paso. Pero mi marido no me dice ni una palabra. Por eso, para decidirme a separarme, me tiene usted que garantizar que quedo en una situación económica por lo menos igual a la que tengo. Si no, no me separo.

—Señora, yo no le puedo asegurar nada de nada. Lo único que le voy a garantizar es que mi consejo es el mejor que se puede dar a su particular planteamiento: no se separe.

Aunque cada vez es menos frecuente, hay clientes para los que somos una especie de abogado de cabecera. Formamos parte de su familia. Conocemos sus secretos y naturalmente su vida y circunstancias. Nos piden consejo acerca de todos los actos trascendentes de su vida que tengan alguna implicación jurídica. Y hasta sobre algunas cuestiones que nada tienen que ver con la Ley o el Derecho.

Tenía yo hace unos años un cliente norteamericano, residente en España, ya jubilado, que en cierta ocasión pidió una cita para consultarme. Cuando llegó el día concertado y tras unas palabras amables de orden general, en que nos preguntamos por nuestros respectivos estados de salud, entró en el motivo de su consulta.

—Verá, yo le he pedido hora porque no sé qué hacer en una materia, ni a quién preguntar. Leo estos días en el periódico que hay una cierta epidemia de gripe. Hay una vacuna recomendada, pero por lo que oigo, existe una amplia controversia sobre su eficacia y sobre sus posibles efectos secundarios. Y no sé si ponérmela o no. ¿Qué me aconseja?

Quedan pocos de estos clientes, pero sí algunos. Singularmente, en la especialidad de familia. Acuden a nosotros en busca de ayuda en materias de orden personal y familiar. Son muchas las dudas que todo el mundo tiene acerca de cómo conducirse con el marido o la mujer. Y más todavía —si es que ello es posible—, respecto a los hijos. La verdad es que es complicadísimo. Es cierto que, a veces, la perspectiva que da una cierta distancia ayuda a evaluar el problema con mayor objetividad. Además, el afecto, incluso el que ya está muerto —el cariño que fue—, enturbia la claridad del juicio. Sorprende que en ocasiones los padres no se percaten de lo que resulta evidente en sus hijos. O en sus cónyuges.

—No, ni hablar. ¿Ernesto? Ni hablar. Ernesto no es de ésos. Él es incapaz de ponerme unos detectives. Antes se muere. Y fíjese que yo le conozco bien. Después de veintitantos años juntos…

Diez días después, Ernesto le entrega un documento que contiene la información de una agencia que la ha seguido durante casi un mes.

—Todo el mundo dice que no está nada clara la conducta de Paloma con Ramón —manifiesta Enrique, con seguridad—. Que ahí tiene que haber algo. Pero es que no la conocen como yo. Dirán lo que quieran. Mi mujer puede tener muy mal genio —que lo tiene—; puede ser una egoísta y una gastadora, con agujeros en las palmas de las manos —que lo es—; pero de eso a engañarme con otro, hay un abismo. Se equivocan. Ella es toda una señora.

No ha pasado el mes cuando Paloma le dice:

—Tenemos que hablar. Me voy a separar de ti. Lo siento, pero es irrevocable mi decisión. Estoy locamente enamorada de Ramón. Llevo saliendo con él casi un año y lo nuestro es serio. Muy serio.

Hay personas que se sorprenden de que hayamos acertado en nuestro diagnóstico relativo a las conductas o sentimientos de sus familiares próximos. Nos miran como si fuéramos brujos; como si tuviéramos dotes adivinatorias. Para nosotros constituye una tentación el presumir de tener tales dotes. Sería muy fácil. Pero la verdad es que yo —al menos— tengo una bola de cristal, pero la uso de pisapapeles. Alguna vez la miro. A ver si, por casualidad, me sorprende con unas nítidas imágenes del futuro. Pero nada. No hay forma.

Lo que ocurre es que son los protagonistas los que tienen una venda en los ojos, que, a veces, persiste, aunque el amor se haya desvanecido. Queda como un cierto residuo de fe y confianza o de bien pensar sobre el marido o la mujer. La verdad es que, casi siempre, uno y uno son dos. Y cuando no son dos es porque son once. Ahí terminan las variaciones.

Una mujer tuvo un hijo con su novio. Cuando nació, el novio se hizo el distraído en cuanto a su reconocimiento. ¿O era timidez? Así es que se inscribió al recién nacido como hijo sólo de su madre. El padre prometía darle su nombre al niño, pero nunca encontraba el momento. Ya se sabe lo ocupado que está todo el mundo. No tenía ni un minuto libre. Y con lo mal que se aparca en todas partes. Así pasó el tiempo hasta que, finalmente, la relación de la pareja se vino abajo. El niño se quedó sin padre. Por el momento. Porque algún tiempo después la madre encontró otro hombre, con el que finalmente se casó. Algo más tarde, la nueva pareja habló de la situación del niño. Sólo llevaba los apellidos de la madre y si ellos tenían posteriormente hijos, el pobre estaría marginado en la familia. La diferencia de apellidos evidenciaba que no eran hermanos. La solución era sencilla. Lo que tenía que hacer el marido era reconocer como suyo al niño.

Estaban en trance de dar forma a este propósito, cuando el padre verdadero se enteró. Otro hombre iba a reconocer a su hijo —al suyo, al engendrado por él—. ¡Qué descaro! ¡Qué desfachatez! Pues qué se habían creído la madre y su marido. Hasta ahí podían llegar las bromas. Una cosa es que él no hubiese querido reconocer al hijo y verse obligado a pagarle alimentos, y otra muy distinta que ahora viniera nadie a quitarle a su hijo. A la chita callando, se apresuró él a otorgar un testamento reconociendo al chico. En esta carrera de reconocimientos él actuaba a la sombra. Los otros desconocían que el padre auténtico estaba en esas labores. El resultado es que el padre genético se anticipó. Cuando el marido de la madre fue con ella a hacer este reconocimiento en el Registro Civil se encontró con que ya no era posible: el niño tenía un padre. A través de hacerlo en forma testamentaria había obviado el necesario consentimiento de la madre.

Carlos Arellano era un solterón empedernido. Su patrimonio era enorme. Estaba compuesto de inmuebles rústicos y urbanos, un coto de caza, acciones y obligaciones, obras de arte y una valiosa biblioteca. Había tenido una vida galante, con innumerables amantes, pero nunca se había casado. Como él decía, había salido ileso de todas estas relaciones. En los últimos años de su vida, ya ochentón, hablaba con frecuencia de hacer un testamento que sustituyese al que había firmado hacía años. Ahora quería favorecer a una ahijada suya, hija de un hermano, que se portaba divinamente con él.

Pero era tan supersticioso, que no acaba de decidirse a firmarlo. El número y condición de sus tabúes era enorme. La cantidad de cosas que no podía hacer o que tenía que hacer para atraer o burlar a los hados era infinito. Por eso, cuando alguien hablaba de supersticiones, él siempre pedía lo mismo:

—Por tu alma; por lo que más quieras, no me enseñes ninguna nueva. Ya no puedo casi vivir con las que sé… No aumentes mi cultura…

Un día, de forma repentina, falleció Carlos. Un infarto. Días después se procedió a la apertura de su testamento. El antiguo. El de siempre. El que no había cambiado.

Para empezar, había nombrado albacea y contador partidor a un primo suyo abogado, con el que hacía quince años que se había peleado. No sólo no se hablaban, sino que habían mantenido enconados pleitos.

Pero lo más sustancioso era la designación de herederos. Desde luego, su ahijada querida no estaba en el testamento. Ni se la mencionaba. Ni una manda. Nada. La que sí aparecía era una antigua amante suya, Marina Domínguez. Y nada menos que era nombrada heredera universal de su importante fortuna. Fue muy difícil encontrarla. Las últimas noticias que se habían tenido de ella era de hacía diez años en que había abandonado a Carlos, dejándole colgado, para escaparse con un barbudo argelino al país de éste, sin que se tuvieran más noticias de ella.

Cuando, al fin, se la encontró, vino como el rayo a depositar unas flores y unas lágrimas sobre la tumba de este hombre tan generoso. Y tan poco rencoroso. Le acompañaba el argelino, que también lloró.

Los testamentos tienen este peligro, fácil de soslayar, pero que con frecuencia se descuida. Me refiero a su falta de actualización. Es muy sencillo hacer un nuevo testamento y rectificar el anterior que el tiempo ha dejado anticuado e improcedente. Pero la realidad es que cuesta hacer testamento. La gente tiene una especie de temor reverencial a hacerlo. Es como cualquier manifestación relacionada con la muerte. Los supersticiosos, cuando hablan de ello, suelen adelantar violentamente los dedos índice y meñique, en forma de vidente y en señal de vade retro, mientras gritan: ¡lagarto!, ¡lagarto!

Sin embargo, es un acto que se debe hacer. Sobre todo cuando se está bien. En tales momentos es fácil aconsejar a las personas que dispongan su última voluntad, aunque ellos tengan sus recelos en hablar de su fallecimiento. Lo difícil es hacerlo cuando uno está en las últimas. Para hablar a alguien que se encuentra en trance de muerte de hacer testamento es preciso tener una insensibilidad a prueba de bombas.

Cuando hay una quiebra familiar, se utiliza también el testamento como medida provisional para evitar que el «otro» pueda ser heredero de la cuota viudal usufructuaria en el período que media desde que las hostilidades se desatan hasta la sentencia de separación o divorcio. Aunque la desheredación está muy limitada en el Derecho español y las causas son muy pocas y muy graves, puede hacerse respecto del cónyuge que ha incumplido las obligaciones conyugales.

También con parecido propósito se dispone acerca de la administración de los bienes que un progenitor pueda dejar a sus hijos.

—Pero, vamos a ver, yo tengo entendido que si yo muero, la madre de mis hijos tendrá ella sola la patria potestad sobre los que sigan siendo menores, ¿no es así? —pregunta un hombre con un importante patrimonio, hecho con su esfuerzo a lo largo de muchos años, de bastante más edad que su esposa.

—Así es —respondemos.

—Por tanto, todo el dinero que yo les deje a mis hijos, mientras sean menores, lo administrará su puñetera madre, ¿no es verdad?

—Efectivamente.

—Entonces, no sé de qué sirve que yo me separe de ella. Estamos listos. Si la herencia de mis hijos la administra su madre, no les va a quedar ni para mandar cantar a un ciego —responde desesperado nuestro cliente.

—Hay una solución —le decimos—. La Ley posibilita que usted nombre un administrador…

—Un tutor —nos interrumpe nuestro interlocutor.

—No. No es un tutor. Es simplemente un administrador y referido exclusivamente a los bienes que reciban sus hijos menores de la herencia de usted. De esa forma la madre no puede tocar el patrimonio que les deje a sus hijos.

—¡Ah! Eso me parece de perlas. Ella no tiene ni idea de eso. ¡Qué sorpresa se va a llevar! ¡Me gustaría ver su cara cuando se abra el testamento! ¡Ja! ¡Ja! —dice lleno de satisfacción.

Su mirada parecía reflejar la visión de ese momento de la lectura de su testamento. Casi parecía desear que ese momento llegase enseguida para comprobar el chasco de su mujer. Aunque para eso tuviese que morirse él…

Al abogado también se acude para pedirle permisos. Suele ser frecuente que en confrontaciones matrimoniales una de las acusaciones que se viertan guarde relación con la fidelidad. Esa cliente, que ha negado su culpabilidad hasta la saciedad durante las primeras entrevistas, al cabo de cierto tiempo, un buen día, nos asalta con una nueva pregunta.

—Yo quería saber algo. Porque a mí todo el mundo me dice que en estos momentos tengo que tener sumo cuidado. Mi madre, sin ir más lejos, me ha dicho que no se me ocurra salir, si no es con los niños o con mis hermanos. Pero la verdad es que está una un poco harta. No es para hacer nada malo, ¿comprende? Ni mucho menos. Yo no soy de ésas. Pero distraerse es otra cosa. Y una lo necesita. En plata, ¿puedo hacer mi vida? ¿Lo que quiera?

Cisneros era un empleado de una multinacional bancaria. Se había casado hacía unos dieciocho años y tenía una hija de quince. Desde años atrás su convivencia era inexistente. Su mujer y él hacían cada uno su vida, en todos los aspectos; sin interferencias por parte del otro. Hubieran estado así toda la vida, pero a ella se le cruzó en su camino otro hombre. Algo más importante que otras aventuras anteriores y, quizá por exigencia de él, quizá por propia iniciativa, planteó la separación. No llegaron a un acuerdo para abordarla pacíficamente. Realmente el uso de la casa era la manzana de la discordia. Ella trabajaba sólo por las mañanas y la economía de la familia no era muy boyante. Al multiplicarse los gastos —pero no los ingresos—, lo que estaba claro era que, al que saliera de la vivienda común, le iba a quedar muy poco dinero para su propia casa. Como el uso iba unido a la custodia de la niña, ambos la pidieron. No podían vivir sin ella. ¿La niña? ¿La casa?

Ya en medidas provisionales, el juez adjudicó custodia y casa a la mujer, condenando al marido a pagar una pensión mensual. Tras esta resolución, Cisneros salió de la vivienda y se tomó un pequeño estudio, de una sola habitación, baño y minicocina, que era lo único que se podía sufragar.

Una vez libre, la mujer dio rienda suelta a su apasionada historia. Al fin y al cabo, para eso se había separado. Pero al poco tiempo, empezaron a surgir ciertas dificultades. Su novio y su hija se llevaban fatal. No se podían ver. No se aguantaban. Para el novio no servía de casi nada que ella se hubiera separado del marido, si ahora tenían que compartir la vida con la dichosa niñita. Que, al parecer era un regalo. Perezosa e impertinente, ejercía de tiranuela en el hogar. Pretendía cobrarse un alto precio por el hecho de que sus padres se habían separado y ella era, al decir de publicaciones y programas televisivos, la víctima inocente de la crisis familiar. Había que compensarla y bien. A lo que no estaba dispuesto el novio de mamá. Ni mamá.

Primero unos días, con motivo de un viaje, y luego, poco a poco, con carácter indefinido, la hija se iba quedando, más y más, en casa de los abuelos maternos. Acogieron éstos a la nieta, en parte por ella misma y en parte por ayudar a su hija en su recuperación del disgusto de su separación. O al menos, así lo pensaban ellos.

Pero la terapia pasional a que con tanto entusiasmo se sometía su hija empezó a hacérseles demasiado larga y ancha a los padres. Y más con la niña, cuyos hábitos les chocaban especialmente a ellos, que eran de otro tiempo. La música —¡qué música!— a tope. La televisión hasta las tantas. El cuarto sin hacer. El teléfono ocupado a todas horas. La nieta hablaba y hablaba, echada en el sofá del salón, sin darse un respiro. Las comidas eran siempre un problema. Nada le gustaba. Sólo porquerías y siempre entre horas. Y de las salidas no hablemos. ¡Qué edad! ¡Qué niña!

Con la estancia de la hija en casa de los abuelos, el novio de la madre se había instalado en el domicilio de ésta. A mesa y mantel. Por eso, cuando los abuelos le dijeron a la madre que fuera pensando en llevarse a su hija, se produjo el cataclismo. El novio se declaró incompatible con la niña y amenazó con marcharse. Los abuelos se negaron cada vez con más firmeza a prorrogar esta situación. Un desastre.

Entonces se les ocurrió la idea de recurrir al padre. Él había reclamado la custodia sobre la hija, ¿no? Pues démosle a la hija. Ni cortos ni perezosos, a través de la propia niña le hicieron la propuesta a mi cliente: estaban dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la guarda de Carmela.

—¿Quiere eso decir que estáis dispuestos a devolverme también la casa? —preguntó.

—No, hombre, la casa nada tiene que ver. Sólo a tu hija —fue la clara y rotunda respuesta—. Lo que te ahorrarías, eso sí, es el pago de la pensión de la niña —añadió la madre.

—Estaría bueno que además de quedarme con Carmela tuviera que pagarte la pensión alimenticia suya. Sería el colmo.

—Bueno, dejémonos de especulaciones. ¿Qué te parece la propuesta? —insistió la mujer.

—Pues mira, sintiéndolo mucho, he de declinar tu maravillosa oferta. Me gustaría hacerlo. Por la niña. Pero no puedo. Tú tienes la casa, pero yo vivo en un estudio con una única habitación. No cabemos los dos. Es imposible. Mira que me gustaría, pero tengo que decirte que no —concluyó mi cliente.

La situación se planteó formalmente ante el juzgado. Los abuelos no tenían obligación de tenerla y se habían negado en rotundo a que viviera con ellos. El padre, que inicialmente había pedido su custodia, rechazaba ahora hacerse cargo de la niña. Y la madre, que legalmente había obtenido la guarda, la ofrecía a los demás y se negaba a ejercerla ella misma.

El juez, con buen sentido, acordó convocar al juzgado a todos los intervinientes: a los padres y a la hija. Con sus respectivos abogados. Allí asistimos a un acto que nos llenó de sonrojo. La pobre niña presenció cómo sus padres se la regalaban el uno al otro sin pudor alguno. Los dos se excusaban. No podían tenerla con ellos. Les gustaría, claro, a los dos. Pero era imposible. La hija les miraba alternativamente, mientras sus ojos se cubrían de una tristeza tan profunda, que parecía impropia de una criatura de su edad. El desencanto, la desilusión, la desesperanza y el desconsuelo se unían a la angustia y a la amargura de su abandono.

El juez, sin disimular su disgusto, apercibió a los padres de que si ninguno se hacía cargo de la niña tendría que ponerla bajo el amparo de la Comunidad. No hubo reacción alguna. El juez dio por terminado el acto y anunció que en breve dictaría su resolución.

A la salida, presenté mi dimisión como abogado del marido.

Hablando de clientes, un buen día mi secretaria me anunció, con actitud de profunda sorpresa, que había dado hora a un cliente antiguo, José Luis Ramírez de la Mata. Hacía años habíamos intervenido en su divorcio de una profesora de inglés con la que tenía dos hijas, que ya debían ser mayorcitas. No había dicho cuál era el tema que le traía ahora. Lo único que había manifestado —y de ahí la sorpresa de mi secretaria— era que no se sorprendiese cuando le viera, porque había cambiado mucho; pero mucho mucho.

—¿Qué habrá querido decir con eso? —se preguntaba Maribel.

—Para qué hacer cabalas. Ya lo veremos —le respondí.

El día fijado, cuando se me anunció su visita, mi secretaria entró en mi despacho absolutamente enloquecida.

—Ya verá, ya verá. Ni se lo imagina. ¡Vaya si ha cambiado!

—Pero ¿cuál es el cambio? —pregunté.

—No le digo nada. Tiene usted que verlo. ¿Le hago pasar?

Cuando salí a recibir a mi visita me encontré con una mujer, alta y gorda, vestida de mamarracho, con amplia melena teñida de caoba, que caía por sus hombros, pero que no le cubría la amplia frente, de poderosas entradas. Su rostro era de un color cetrino, que apenas disimulaban los abundantes polvos con que se había cubierto la tez. Los labios de rojo carmesí. Largos y pesados pendientes colgaban de sus orejas.

Pero lo peor era el conjunto, que emanaba una sensación repelente. Se me produjo un irresistible y profundo asco. Era mi cliente.

—¿A que te sorprendo? Ya se lo dije a Maribel. Que te ibas a caer de culo. Pero ¿a que estoy bien? Lo había deseado tanto… Ahora me llamo Catalina. ¡Qué ilusión! Siempre quise llamarme Catalina. Tienes que acostumbrarte.

Tardé en reaccionar. Después de invitarle —o invitarla— a sentarse, no sabía qué decir. La sorpresa había sido mayúscula. Fue ella —¿él?— quien tomó la palabra.

—Mira, te contaré. Después de mi divorcio, que, como recordarás, fue muy traumático, porque resultaba que mi mujer llevaba años engañándome con su actual marido, sin que yo sospechase nada, me tuve que replantear mi vida entera. Lo pasé muy mal. Pero, poco a poco, fui recuperándome. Hice yoga y otras prácticas de control personal. Estudié algunas filosofías y religiones orientales. En fin, un poco de cada cosa. Hasta que un día me vino la revelación. No sé cómo se produjo, ni por qué. Pero vi claro. Se hizo la luz para mí. Comprendí que mi insatisfacción en la vida y la enorme injusticia de las cosas que me ocurrían se debían a que existía en mí una contradicción interna de orden visceral. Yo era y actuaba como varón, pero en realidad, en lo más profundo de mi ser, era hembra. No mujer. Hembra.

Durante este parlamento, yo había recobrado algo —poco— de mi compostura. Lo suficiente para intervenir por primera vez.

—Pero yo te conozco hace mil años y nunca te había notado nada…

—Claro. Como que te crees tú que eso es algo aparente —me respondió—. Es interno y corresponde a mi profundidad anímica.

—Evidente, evidente —le dije sin entender ni una palabra—. ¿Y cuándo notaste tú que te gustaban los hombres?

—No has comprendido nada. Lo que a mí me ha pasado nada tiene que ver con mis atracciones sexuales. Ni me han gustado, ni me gustan. De hecho, ahora vivo con una chica. Ya la conocerás. Un amor de criatura. Y no es porque yo haya rechazado a los hombres. Ni hablar. Cuando inicié el camino de mi identificación, de acomodación de mi aspecto externo con el interior, de reestructuración de mi yo —¿entiendes?— he hecho pruebas y he tenido diversas experiencias. Después de operarme en Inglaterra —es donde lo hacen mejor, ¿sabes?— y de que me hicieran mi vagina —divina, por cierto— he tenido relaciones sexuales con un par de hombres. Por si eso era lo mío. Pero ¡qué va! Un horror. No me ha gustado nada. Para la cama, donde esté una mujer, que se quiten todos los hombres del mundo.

—Pero, dime, ¿te has sometido a una intervención quirúrgica tan importante y has cambiado físicamente de sexo, te has fabricado ese pecho tan generoso con el que avasallas y, en suma, te has convertido en otra persona, esta vez mujer, para ser lesbiana? —le pregunté hecho un completo lío.

—Hombre, dicho así, suena raro, ¿verdad? No. No ha sido ése el objetivo. Pero ha podido ser la consecuencia. Tampoco pasa nada por eso, ¿no? Hay miles. En definitiva, vengo a verte porque quiero regularizar mi situación de mujer. Me han dicho que hay que modificar mi inscripción en el Registro Civil, para constar en lo sucesivo con mi nuevo sexo.

—Eso se puede hacer a través de un proceso bastante simple. Voy a necesitar como documentos…

Le expuse los detalles del procedimiento para realizar su cambio de sexo en el Registro, mientras en mi mente seguía la confusión.

—¿Y con tus hijas? ¿Sigues teniendo relación? ¿Las ves? ¿Qué dicen de tu cambio? ¿Qué opinan ellas? —las preguntas se agolpaban en mis labios.

—Ésa es otra. ¡Fíjate lo estrecha que será mi exmujer! Dice que no debo verlas. Se opone rotundamente. Y ¿a que no sabes en qué basa su negativa? No te lo vas a creer. Dice que las niñas, si me ven así, de mujer, y si se encuentran con que su padre es una señora, van a sufrir un shock. ¡Fíjate! ¡Un shock! Ridículo, ¿verdad?

Yo pensaba en las pobres hijas y su encuentro con el ser que yo tenía delante, que era su padre, y creí que lo menos malo que les podía ocurrir era que se les produjera ese shock que la madre preveía. Pero José Luis Ramírez de la Mata —ahora Catalina— estaba lanzado/a.

—Mi ex será muy estrecha, como te digo, pero sólo para ciertas cosas, ¿sabes? Porque cuando nos vimos la última vez, en que había venido a Madrid con su marido, estuvo en mi casa, charlamos muy a gusto de otros tiempos y nos tomamos unas copichuelas. ¿Ya qué no sabes lo que ocurrió?

Negué con la cabeza. Continuó su parlamento.

—Que nos acostamos juntos. Una vez más. Y resultó de miedo. Como otras veces. Pero en esta ocasión como dos mujeres…

Cuando se marchó mi cliente, tuve que pedirle a mi secretaria que suspendiera mis visitas. Mi confusión era total.

XI
LA PARTE CONTRARIA

Un hombre no puede ser demasiado cuidadoso en la elección de sus enemigos.

OSCAR WILDE, El retrato de Dorian Grey, I

A la parte contraria se la llama también la adversa o, incluso, la contraparte. Unos nombres horribles. Claro está que es normal no piropear a quien pretende todo lo opuesto a lo que queremos nosotros. Si nosotros reclamamos la propiedad de una casa, quiere quitárnosla. Si pedimos que nos pague una cantidad, defiende que no nos la debe. Si deseamos el divorcio, sostiene su improcedencia. Si reclamamos una herencia, dice que el testamento no es válido y el heredero es él. En una reclamación de paternidad, pretende ser el padre y en una de incapacidad, que somos nosotros los que no tenemos nuestras facultades mentales en orden. Nos quiere echar de la casa que tenemos alquilada, ejecutarnos una hipoteca o embargarnos nuestra cuenta corriente. Y en lo penal, no digamos. Nos quiere meter en la cárcel. Vamos: un regalo. La verdad es que si le llamamos la adversa es porque somos muy comedidos, porque estaría justificado cualquier apelativo bastante peor sonante.

Pero, en fin, la civilización nos lleva a dirimir nuestras discordias en los tribunales de Justicia y no en la calle, a torta limpia, de acuerdo con ley del talión: ojo por ojo y diente por diente.

La única profesión civil que tiene siempre un adversario es la de abogado. Los médicos luchan contra la enfermedad. Los microbios, los virus o las bacterias son sus enemigos, pero no lo son sus portadores: las personas. Los arquitectos desafían la gravedad y la resistencia de los materiales. Los ingenieros la tozudez de las máquinas. Sólo los políticos, si es que a eso puede llamarse una profesión, tienen entre sus adversarios a otros hombres. A quien no está con el gobierno se le llama la oposición. Las profesiones bélicas —las militares— están dirigidas contra otros seres humanos, pero se supone que su atmósfera normal de vida es la paz y su principal objetivo, la acción disuasoria de la guerra. Los abogados tenemos como elemento normal en el que nos movemos la lucha, la oposición, la contienda, la contradicción, la rivalidad, el antagonismo y el litigio. Por eso, tenemos contrario.

La consecuencia habitual de estos enfrentamientos es la generación entre los contendientes de odios y aversiones o, en el mejor de los casos, de antipatías y aborrecimientos. Estos sentimientos se extienden fácilmente no sólo a los interesados entre sí, sino a los propios abogados. Los litigantes aborrecen a los abogados contrarios, a los que con frecuencia culpan de todos los males, empezando por el propio pleito en sí. Si no fuera por ellos —por los abogados—, nunca se habría llegado a la situación en que se encuentran. Son los abogados los que envenenan las cosas. Son ellos los responsables de que no se alcance un acuerdo o de que el contrario no transija con nuestras pretensiones, por ilegítimas que éstas sean. El ambiente hostil está servido. Por todas estas razones es de suma importancia que confeccionemos y respetemos unas normas que hagan de ese enfrentamiento una contienda civilizada.

Poco tiempo después de aprobarse la Ley del divorcio, un hombre fue emplazado para contestar una demanda judicial de su mujer. Le entregaron, como es obligado, una copia de la demanda y de los documentos que a ella adjuntaba su esposa. En la cédula de emplazamiento que acompañaba a dicha petición se le concedía un plazo para contestarla. El escrito, pese a su pretendido lenguaje asaz aséptico y objetivo, contenía un relato que a su receptor se le antojó, además de falso, horriblemente injurioso. No sólo se le achacaban conductas violentas, costumbres licenciosas y actitudes censurables, sino que las pretensiones de su esposa eran tan abusivas, que eran por sí mismas otras agresiones. Ella pretendía echarle de su casa —la que él con su esfuerzo y su trabajo había pagado—, quitarle sus hijos, que los viera con cuentagotas y condenarle al pago todos los meses de cantidades imposibles para el sustento de su familia. La lectura le revolvió el estómago. Las calumnias vertidas contra él eran infames. Las peticiones de condenas, aberrantes. Se le nubló la vista. La indignación y la cólera fueron inundando su cuerpo y obnubilando su mente. Había que hacer algo. Y pronto. No podía tolerarse esta agresión contra él. Y eso no podía ser culpa de su mujer. Al menos no exclusivamente de ella. Alguien la estaba aconsejando mal. Alguien estaba detrás de ella. Miró de nuevo los papeles y allí, entre los documentos, el primero de ellos, era una escritura notarial.

Ignorante en estas lides, desconocía que este documento era sólo el poder para pleitos, otorgado por su esposa a favor del procurador de los tribunales que firmaba con el abogado la demanda. Pero era lo primero que estaba a la vista. En su portada figuraba con grandes letras en caligrafía inglesa el nombre del notario ante el que su mujer había firmado este poder: Arquímedes Otero Gómez. De acuerdo con el proceder normal en estos asuntos, dicho notario sólo había visto a su mujer justamente un minuto cuando firmó en su presencia la escritura. El texto estaba ya impreso, por ser el mismo siempre, y los aspectos particulares —su nombre y circunstancias personales y el de los procuradores— los había rellenado previamente un oficial de la notaría. El notario se había limitado a comprobar su identidad con el documento nacional y a contemplar distraídamente a la firmante, para luego signar, firmar y rubricar su nombre bajo el texto. Era totalmente ignorante de para qué fines o con qué propósitos otorgaba el poder, lo que, por otra parte, le era indiferente.

Pero para el demandado, que leía, rezumante de pasión, los documentos que había recibido del juzgado, en este hombre se condensaba la responsabilidad de la demanda y sus afirmaciones. Era este ciudadano, sin duda, quien se había incrustado violentamente entre él y su familia; era la persona que, injusta y falazmente, le robaba la paz, le negaba el futuro y le condenaba a la soledad y la ruina. Él era el culpable. Y si no, ¿por qué figuraba su nombre al principio del mamotreto que le habían entregado y con letras tan destacadas?

En la misma portada, además de su ya odiado nombre, figuraba su dirección. Antiguo hombre de armas, el demandado todavía poseía una pistola, para cuyo uso incluso tenía licencia. La puso en su bolsillo y frenético se dirigió a las señas que indicaba el documento.

En el portal una placa indicaba: «Notaría. 1.o dcha». Subió deprisa las escaleras. La puerta estaba cerrada, pero en una placa de latón se indicaba «Entre sin llamar». Empujó la cancela. Se encontró en un amplio vestíbulo atestado de gente, que esperaba, unos en silencio, otros hablando; solos o en grupo. La confusión parecía enorme. Se quedó unos momentos desconcertado, sin saber qué hacer. Nadie le prestaba atención. Cruzaban y volvían a cruzar la estancia hombres y mujeres que, apresuradamente, portaban de un lado para otro grandes montones de papeles. Tras un momento de duda, al pasar uno de aquellos personajes, que llevaba unos expedientes bajo el brazo, le preguntó:

—¿El notario?

—Aquél de allí —le respondió el preguntado, señalando a un hombre pequeño, de mediana edad y pelo gris, que vestido con traje oscuro cruzaba en aquel momento el vestíbulo.

Sin dudarlo un momento, se dirigió hacia él y le gritó de modo estentóreo:

—¡Don Arquímedes!

Ante la violencia del grito y su tono agudo y desbocado, el notario se detuvo y se volvió hacia el vociferante en actitud inquisitiva. En ese momento, sin dudarlo, el interpelante sacó del bolsillo la pistola y le descerrajó tres tiros a corta distancia, produciéndole la muerte instantánea.

Don Arquímedes se fue de este mundo en acto de servicio, pero en la más absoluta de las ignorancias de por qué y por quién había sido asesinado.

La animadversión llega casi siempre al abogado del contrario, que se convierte así en el abogado contrario. Con frecuencia, incluso, las acusaciones, imputaciones, recriminaciones, insinuaciones o revelaciones que se producen en el transcurso de un pleito son achacadas por una parte, no a la otra, sino a su abogado.

«A Manolo nunca se le hubiera ocurrido una cosa así». O «Manolo no hubiera tenido el mal gusto de hablar de mi madre en ese tono». O «¿Tú crees que Manolo habría sido capaz de contar algo que era un secreto entre nosotros? Ni hablar».

Todas esas reflexiones preceden a una acusación directa:

—Eso es cosa de su abogado. Ya me habían dicho a mí que era un canalla. Que no se paraba en barras. Que es capaz de cualquier cosa para ganar. Con la fama que tiene…

Seguido a continuación por una reflexión sin respuesta:

—¿Cómo se le habrá ocurrido a Manolo ir a un tipo así? Debe ser cosa de su madre…

Naturalmente, estos pensamientos se corresponden con un sentimiento de rencor y encono contra el abogado, que, en ocasiones, tiene incluso manifestaciones de hecho violentas. Se ha producido más de una vez la agresión física contra el abogado y en muchas más, la verbal.

Los abogados hemos recibido en más de una ocasión insultos y amenazas, algunos con autor reconocido y otras anónimas. Aunque esto del anonimato no siempre se guarda con eficacia.

Mi secretaria me pasó una llamada telefónica de quien invocaba una vieja amistad. Yo no recordaba su nombre. Pero, en fin, podía ser un despiste mío. Así es que contesté la llamada de quien se presentaba como Juan Ramírez.

—Dígame.

—¿Es usted el abogado Luis Zarraluqui? —preguntó una voz profunda y cortante, con un fuerte acento andaluz.

—Al aparato.

—Pues tengo que decirle —continuó mi interlocutor, cargando sus palabras de fuerte sabor a melodrama— que si sigue usted defendiendo en su pleito de separación a doña Inés García deberá atenerse a las consecuencias. Le voy a rajar —concluyó de modo siniestro.

Era un anónimo… con firma. No es preciso decir que el marido de mi cliente, Gustavo de Andrés, era oriundo de la más profunda Andalucía. ¿A quién si no podía importarle que yo llevara o dejara de llevar su pleito? Por eso le respondí antes de colgar.

—Gustavo, deje usted de hacer el tonto y, sobre todo, déjeme en paz.

Alrededor de los pleitos proliferan las amenazas.

Entre estas amenazas, abundan las de muerte. Nuestro cliente nos da traslado de ellas.

—Usted no le conoce. Es capaz de cualquier cosa. Si le hubiera visto una vez que tuvimos una colisión con el Seat. Cómo se puso con el otro conductor. No le reconocía. Como una bestia. Parecía que iba a matar al del otro coche. Total, no era nada. Un simple arañazo. Y se fue hacia él hecho una mula. Si no le agarran, no sé de lo que hubiera sido capaz. Imagínese ahora. Y está fuerte como un toro. Con toda la gimnasia que hace…

Aunque parezca mentira, una de las amenazas de mayor eficacia no es sólo la de «te voy a matar», sino la de «ME voy a matar». Ahí es nada. «Si te separas de mí o si no me dejas a los niños, ME SUICIDO». La intimidación está muy bien pensada. «Te advierto que me voy a matar, con lo que tú vas a tener toda tu vida sobre tu conciencia la responsabilidad de mi desaparición. Vas a soñar con mi cadáver. Vas a tener que explicar a nuestros hijos que sólo tú eres la causante de mi muerte. Podías haberla evitado, pero no quisiste. Pudo en ti más el egoísmo que mi existencia».

También las hay de hondo contenido económico.

«Te vas a enterar. Como sigas adelante con la separación, te voy a dejar en la calle»; «Te voy a ver en la ruina»; «Te vas a arrastrar ante mí»; «Me vas a suplicar por todo lo que más quiero, pero te estoy dando una oportunidad ahora, pero nunca más. Si no la tomas, te vas a arrepentir»; «Te vas a morir de hambre»; «Te voy a dejar en la calle».

Y otras lindezas parecidas.

En muchas oraciones no hay prólogo amenazador. Directamente hay acción.

Hay algunas faenas de gran sutileza, pero que revelan una gran maldad. Por ejemplo: la primera comunión de un hijo concentra cada vez más la atención de la familia. Constituye un importante festejo al margen de la ceremonia religiosa. En otros tiempos se celebraba con un simple desayuno al que estaban invitados los asistentes a la iglesia, eso sí, con café, té y chocolate, pastas y bollos, incluso mojicones de Molinedo. Ahora que no es necesario comulgar en ayunas y, por tanto, que la comunión no tiene por qué ser por la mañana temprano, se festeja con una comilona. Estas gachupinadas no son muy indicadas para la concurrencia conjunta de las familias de ambos padres del neocomulgante cuando están separados. Y menos si están en el trance de separarse. Ése es el momento peor. La asistencia de uno de los progenitores, él sólo, a la mesa organizada por todo el bando oponente tampoco parece muy atractiva. Así, en general, el que tiene la custodia sobre el niño o la niña organiza el acontecimiento, con exclusión del contrario, que se lamenta después de su marginación. Incluso se lo oculta. No se le dice ni la fecha ni el lugar. Se hace a escondidas. A veces asistimos al lindo espectáculo de un padre o una madre instando a su hijo, al que están educando con primor, a que oculte al «otro» —madre o padre— todo lo que se refiere a este festolín, que tiene como objetivo iniciar al educando en la santidad. Buen principio. Precioso.

Pero a veces la ocultación da pie a otra no menos perniciosa práctica. El padre no custodio, quizá apoyado en un generoso regalo, convence al hijo y, antes de la fecha señalada, en absoluto secreto, lleva al niño a su parroquia durante el fin de semana que le corresponde tenerlo en su compañía, y en una ceremonia colectiva, a la que previamente le ha inscrito, le hace celebrar su primera comunión. El progenitor custodio, cuando quiere darse cuenta, ve así frustrada su ceremonia y correspondiente conmemoración. El niño no puede ya hacer la primera comunión por la sencilla razón de que ya la ha hecho. Lo que fastidia esta anticipación es inimaginable. La familia preterida se siente ofendida en lo más íntimo. Menuda faena. ¡Qué descaro! No es como lo que ellos pretendían hacer, porque ellos tienen razón. Hasta el punto de que algunas primeras comuniones se cancelan y se desconvoca a los invitados. Claro que hay otros casos, en que se decide ocultarlo y mantener la celebración. Será la segunda comunión, en vez de la primera, pero no importa. Al niño se le convence de que mienta. Que lo oculte a todo el mundo. Que se haga cómplice de las falacias de sus padres. De esa forma, nadie se entera. Y en el fondo es lo mismo. ¿Por qué no puede celebrarse con solemnidad la segunda comunión?

Recientemente, he asistido a una variante de esta faena. Se trata de una niña de cuatro años, que se encontraba sin bautizar. Por decisión de un juzgado, vive en compañía de su madre y su padre disfruta de ella durante un fin de semana alterno. Cuando le corresponde, el padre se la lleva a un pueblo próximo donde residen los abuelos. La niña, que, pese a su corta edad, todo lo habla, le cuenta al padre que para dentro de muy poco, su madre y toda su parentela han preparado un magno festejo con motivo de su bautizo. La iglesia estaba comprometida, el párroco preparado, un vestido nuevo —precioso— encargado y un restaurante reservado para cuarenta comensales. La fecha, el 23 de enero. La niña estaba encantada. Por la tarde, merienda. Iban a venir sus primos y unos amiguitos de la guardería. Tendría payasos, globos, medianoches y una piñata. Y muchísimos regalos.

El fin de semana anterior, el día 14, se encontraban el padre y la niña en el pueblo y aquél convenció fácilmente a su hija que, lo mismo que se dividía el tiempo que estaba con cada uno de sus padres y al igual que tenía dos casas, había otras muchas cosas que se podían —y debían— hacer por duplicado con cada uno de los dos. Por ello, había preparado en la iglesia del pueblo otro bautismo. El bautismo con papá. El suyo. Eso no importaba para que luego tuviera otro con su madre. Pero no era justo que su pobre papi, que tanto la quería, además de no poder vivir siempre con ella, tampoco disfrutara de su bautismo. Naturalmente, tocada la fibra sensible de la niña, ésta vio llena de lógica la sensible argumentación paterna y encantada fue bautizada en el pueblo. Por eso, se llevó una tremenda sorpresa el domingo por la noche. Nada más encontrarse con su madre, lo primero que le dijo fue:

—¡Mami! ¡Fíjate que bien! Ayer papi me ha llevado con los abuelitos a la iglesia y allí me han bautizado. Ha sido muy divertido. Me han echado agua por la cabeza y había velas y música. Y todo el mundo estaba muy contento. Y me han regalado esta medalla. Es de oro, ¿sabes? Y la cadena también es de oro. Y me ha dicho papi que así, cuando me vuelvan a bautizar, ya sabré hacerlo y lo haré guay.

En este caso ni siquiera cabía la posibilidad de un segundo bautismo. La niña no comprendió que a su madre por poco no le da un síncope. Como tampoco entendió que su única observación fuera decir de forma contundente:

—¡Qué cabrón!

Mamá, que nunca dice palabrotas…

Entre los juicios que un litigante nos hace del otro, especialmente en los temas personales, está el de su locura. Es —casi diría yo— el más benévolo, aunque no el mejor intencionado.

—Usted no le conoce. Pero está loco (loca). No es normal. Si le cuento las cosas que hace/dice…

La verdad es que es difícil reconocer el lindero entre la locura y la normalidad. No sé si todos estamos un poco locos o podemos estar locos bajo ciertas circunstancias o bajo determinadas presiones.

Un modesto empleado de banca recibió una demanda de separación. Su mujer quería a toda costa su libertad, pero también pretendía la custodia de sus hijos —dos: de doce y diez años—, el uso de la casa y una buena pensión para el mantenimiento de todos ellos. Mi cliente manifestó su deseo de oponerse. No quería separarse. Ante mis reflexiones sobre la casi imposible tarea de que se negase la pretensión de su mujer de separarse y la quimérica eventualidad de tal negativa en medidas provisionales, Evaristo Golín me expuso sus temores:

—Es que yo, a pesar de todo, todavía la quiero. Creo que no es mala persona. Pero está fatal. Como una regadera. Pretendo que se le niegue la separación, no ya por mí, sino por ella misma y, no digamos, por los chicos. Si se queda sola, cualquiera sabe qué barbaridades pueda hacer. No tiene usted ni idea de cómo está.

Le advertí que raramente se hacen pruebas psiquiátricas para la adopción de medidas provisionales. Es tan común la acusación de enfermedad mental del otro cónyuge, que casi nunca se lo toma el juez muy en serio. Y, además, las medidas tomadas con carácter transitorio, como todo lo provisional en nuestro país, tiene una clara vocación de longevidad y permanencia: de convertirse en perpetuas o al menos en muy duraderas. Si a esto le unimos la tendencia de dejar a los hijos en compañía y bajo la guarda de la madre, el panorama para él no era muy halagüeño. El hombre estaba espantado.

—¿Pero qué va ser de ella? ¿Y de los chicos? —preguntaba una y otra vez.

—Nuestra oportunidad está en que su mujer se delate en el interrogatorio ante el juez —le expliqué yo—. Que al contestar a nuestras preguntas, de alguna manera, quede patente su estado mental.

—Pero eso es muy difícil. Por lo que me ha explicado, la declaración ante el juez sólo consiste en contestar a unas preguntas formuladas sin ninguna presión. Me ha dicho usted que las hace el propio juez, sin ningún énfasis, sin insistencia. Por muy bien que estén redactadas, es tan fácil para ella salir indemne… Las contestará bien. No me cabe duda —concluía pesimista.

De cualquier forma, era nuestra única posibilidad. Basados en los relatos de nuestro cliente, confeccionamos un pliego de posiciones (preguntas) para que fueran respondidas por ella, en las que alternamos las habituales dedicadas a los gastos de la familia y a la escasez de ingresos del marido con otras claramente encaminadas a patentizar su insania. Nuestro primer problema era salvar la declaración de pertinencia. Sobre las preguntas que los litigantes formulan para el otro, el juez tiene potestad para rechazar aquellas que considera «impertinentes», esto es, que no guardan relación con el asunto debatido. También puede rehusar aquellas que estén redactadas de manera defectuosa.

El celo exterminador se acrecienta cuando las posiciones (preguntas) son muchas, cuando la hora es avanzada o cuando queda mucho que hacer durante esa mañana. Teniendo presente este riesgo, se incluyeron las siguientes posiciones (preguntas):

CUARTA.— Confiese ser cierto que la confesante sabe y le consta que existe una mujer que vive en el piso de arriba del domicilio familiar que la persigue y la controla todos sus movimientos constantemente.

QUINTA.— Confiese ser cierto que todos los vecinos del domicilio familiar son gente muy extraña que se dedican a espiar a la confesante y su familia.

SEXTA.— Confiese ser cierto que la confesante acostumbra a dejar la radio encendida con el volumen alto cuando se marcha de su domicilio porque no se fía de lo que puedan hacer los vecinos si supieran que no hay nadie en casa.

Cuando las leímos en el despacho antes de su presentación en el juzgado, alguien dijo:

—Todas impertinentes. Todas ésas las van a declarar impertinentes. Entre otras cosas porque ¿qué tienen que ver los vecinos con esta separación?

El riesgo del rechazo por impertinencia era alto, pero era nuestra única posibilidad de que la esposa al responder pudiera manifestar sus desarreglos mentales y de conducta.

Efectivamente, cuando llegó el acto judicial, el juez declaró impertinentes las preguntas quinta y sexta, pero milagrosamente nos dejó la cuarta. No sé si por distracción o porque ya nos había rechazado demasiadas posiciones, el juez la permitió.

Comenzó la declaración de la esposa y las primeras preguntas fueron contestadas por ella correctamente. Su nerviosismo se mantenía dentro de los límites normales. Cualquiera está tenso en ese momento. No era anormal. Cuando llegó el juez a la pregunta cuarta, al oírla, la mujer se transformó. Se irguió en su asiento. Su mirada se hizo más firme, su actitud más altanera. Con voz consistente y aguda, respondió con rabia:

—Es cierto, muy cierto. Me persigue. Esa vecina es prima de mi marido. Y antigua novia suya. No sólo me controla a cada momento, desde el piso de arriba en que vive, sino que continuamente hace ruido y arrastra sillas para fastidiarme. No sabe cómo suena eso. Es tremendo. Nada más que para molestarme y jorobarme. No crea. Sólo para hacerme la vida imposible.

El juez, sorprendido ante esta respuesta y por el tono empleado, reconsideró sus anteriores declaraciones de impertinencia de las preguntas quinta y sexta, y manifestó:

—Voy a permitir ahora que se haga la posición siguiente.

Se le hizo, pues, la pregunta quinta:

—Confiese ser cierto que todos los vecinos del domicilio familiar son gente muy extraña que se dedican a espiar a la confesante y su familia.

Con la misma contundencia anterior, la señora contestó con seguridad:

—Sí, señor. Así es. Me espían y persiguen los vecinos. Sobre todo el de la derecha. Me acechan en la escalera. Siempre que salgo de casa, hay alguno escondido en el rellano para vigilarme. Incluso me siguen, turnándose entre ellos para no perderme. Han llegado a establecer sistemas para oírme dentro de mi casa. No me dejan ni un minuto. Y todo es por envidia. Por pura envidia.

La rotundidad de sus afirmaciones había sacado a su señoría de su ligero letargo. Dio un respingo. Al contestar las restantes posiciones la esposa, ya lanzada, fue hundiéndose más y más en sus elucubraciones insanas. Fue patético. La evidencia de la perturbación de la mujer era indiscutible. Su manía persecutoria, resplandeciente. El abandono de su familia, del hogar y de los hijos, por motivos fantasmagóricos e inexistentes, sólo creados por su imaginación enferma, quedó claro. Unos días después, el juez acordaba unas medidas provisionales en que los hijos quedaban bajo el cuidado del padre, con el que deberían convivir.

Cuando se habla de la parte contraria no se está haciendo referencia a una persona sola. Ya hemos visto que los litigantes comparten destino normalmente con sus abogados. Pero no sólo con ellos. Cada uno tiene junto a sí a unos familiares, a unos amigos, a unos amantes o novios, en fin, a unos consejeros que se introducen por la puerta falsa en el pleito. O mejor dicho, se incorporan al litigio ellos mismos o lo hacen los adversarios, con mayor o menor razón.

Había un cubano de ascendencia, aunque residente en España desde hacía ya muchos años, que estaba casado con una compatriota suya, con hijos mayores. Era rica por su casa, hipocondríaca y desocupada. El marido trabajaba en la promoción inmobiliaria. Además de tener una jornada laboral extensa, su labor era también intensa. Su horario era flexible, pero las atenciones que dedicaba a los hipotéticos clientes le ocupaban los almuerzos y, con frecuencia, retomaba al hogar prácticamente para cenar. Asimismo, se veía obligado a realizar frecuentes, aunque cortos, viajes, normalmente por España. La desocupación de la mujer, que sólo tenía que dirigir un amplio, experto y antiguo servicio doméstico, propiciaba los escarceos de su imaginación. Celosa por naturaleza, la constatación de continuos y cada vez más abundantes estragos en su físico, antaño de singular belleza, fomentaba sus dudas acerca de la conducta de su marido. Registraba su cartera, olfateaba su ropa, escudriñaba sus pañuelos, volvía del revés sus bolsillos, pero nada. No encontraba nada sospechoso, ni en que pudiera, ni siquiera de lejos, cimentar sus sospechas. Revisaba los resguardos de los pagos efectuados con tarjetas de crédito sin encontrar anormalidades. Ni un hotel injustificado. Ni un masaje sospechoso. Alguna vez interrogaba a su esposo, tratando de cogerle en algún renuncio o en alguna contradicción, pero sin éxito. Y, sin embargo, a ella no se le quitaban sus celos.

En cierta ocasión hizo partícipe de estas inquietudes a una amiga, que le recomendó a una pitonisa, cuyos innumerables aciertos adivinatorios le tenían ganada una sólida fama en la sociedad madrileña. Se decía que en su antesala se podía coincidir con algún importante banquero y hasta con cierto ministro de tradición algo folclórica. No lo pensó dos veces. Pidió hora, acudió a su consulta y, tras una espera de veinte minutos, consultó con ella sus cuitas. La nigromante estuvo espléndida. Su experiencia, su don de gentes y su sentido de la psicología humana le bastaron para hacerse con la confianza de la cliente. La entendía, la comprendía, estaba con ella y la iba a ayudar.

Para hacer la historia breve, un par de meses después la adivina se había adueñado de la voluntad de la mujer de mi cliente, que la llamaba a diario. Había pasado a consultarle hasta el menor de sus movimientos. La nigromante regía su vida… y la de todos los miembros de su familia, de paso. Alimentaba sus celos, haciéndole ver lo que ella quería creer. Eran ciertas sus sospechas. Su marido la engañaba, pero había que disimular para darle cuerda. Era muy listo. Muy cauteloso. Había que dejar que se confiara. De esa manera podría sorprenderle de tal forma que no pudiera negarlo. Había que tener pruebas irrefutables, pues, de otro modo, él, hábilmente, se escurriría y ella seguiría como estaba.

Claro está que el disimulo no era sencillo. Cuando la esposa recibía una información precisa de la nigromante de que aquel día, sin duda de ninguna clase, su marido había estado con una de sus amantes —que eran más de una—, la pobre mujer sentía hervir su sangre. Tenía ganas de agredir al bastardo, de escupirle, de golpearle hasta que confesara y se arrastrara por el suelo. ¡Bandido! Con lo que ella le había querido siempre. Con todo lo que le había dado: su juventud, su belleza, su amor. Y su dinero, también. Hacerle esto a ella, ¡a ella!

Cuando mi cliente llegaba a casa un día, cansado de su trabajo, harto de la gente a la que había atendido y reído sus horribles chistes, algunos días encontraba a su mujer hecha una furia, reticente e irónica acerca de su cansancio y muy impertinente.

—Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? —preguntaba el marido, sin entender nada—. ¿Te ha ocurrido algo?

—Tú sabrás —respondía ella, misteriosa—. A mí no me ha ocurrido nada. Yo en casa, como siempre. Sin salir casi. Aburrida, mientras tú… Tú sabrás lo que haya pasado…

—Yo ¿qué voy a saber? Pero reconocerás que no es lo más agradable volver roto del trabajo y encontrarte así conmigo. Algo te habrá sucedido. ¿O la culpa es mía?, —seguía el marido desconcertado.

—¡Hasta ahí podían llegar las bromas!, —rugía ella, sin revelar las razones de su enfado, como le había recomendado la adivinadora. No podía, sin embargo, contener su cólera—. Encima, cínico. Es lo que te faltaba.

La frecuencia de éstas y parecidas conversaciones llevaron al marido al abogado, en compañía de un informe de unos detectives que habían logrado descubrir la constante relación de la esposa con la pitonisa. Él había confirmado esta concomitancia a través de la cuenta corriente de su mujer, como reflejaban fielmente los repetidos e importantes pagos realizados por ella a su consejera áulica.

Ni que decir tiene que aquella situación terminó en separación. Si alguna vez hubo una infidelidad del esposo, ni su mujer, ni la pitonisa, ni el abogado la descubrieron.

Mantenía con un veterano colega una prolongada discusión en nuestro intento de alcanzar un acuerdo. El asunto era peliagudo, porque el marido de mi cliente era un importante financiero que había hecho un enorme patrimonio después de contraer matrimonio muy joven. Como tantas otras, la pareja no había hablado para nada en su momento del régimen económico matrimonial y, como eran castellanos, se regían por el de gananciales. Lo cual quería decir que aquella gran fortuna no pertenecía en exclusiva al potentado hombre de negocios, sino a su sociedad de gananciales, esto es, a su mujer y a él, por partes iguales. El financiero no podía entenderlo.

—Pero ¿cómo puede ser eso? Si ella no tiene ni idea del mundo económico. No sabe ni extender un cheque. ¿Ha ido ella a la oficina? ¿Se ha llevado ella los sofocones que yo he pasado? Si lo único que ha pensado es en ir a la peluquería y en buscar la manera de gastar el dinero que, a manos llenas, yo le he dado. ¿Cómo puede ser que ahora tenga el mismo derecho que yo?

Su incomprensión absoluta de lo que la Ley establecía —le gustara o no— no favorecía para nada nuestras negociaciones. Hablábamos mi compañero y yo, una y otra vez, tratando de aproximar posturas. Mientras tanto, el marido, harto de todo, había salido del domicilio familiar y se había instalado en una suite de uno de los mejores hoteles de Madrid a la espera de la solución.

Estábamos en éstas, cuando al llegar un día a mi despacho me encuentro con que había llamado urgentemente el abogado del marido. El mensaje que me había dejado era perentorio:

—Por favor, llámame urgentemente. Se ha producido un suceso grave, que puede comprometer todos nuestros esfuerzos.

Inmediatamente le telefoneé, con la rapidez solicitada:

—He recibido tu recado y, como verás, te llamo en el acto. ¿Qué ha ocurrido tan grave?

—Imagínate. Con los esfuerzos que estamos haciendo tú y yo para ponerlos de acuerdo y ahora tu cliente viene con ésas.

—Pero ¿con cuáles? ¿Qué ha hecho?

—Pues verás lo que ocurre. Cuando él se marchó de casa hace unos días, se llevó sus cosas. Pero no todas. Se dejó algunas. Y como hacía mal tiempo, no se acordó de llevarse unas gafas de sol. Ahora, como de repente ha salido el sol y pega bien fuerte, mi cliente ha mandado a recoger sus gafas y ¿a que no sabes lo que ha pasado? Pues que su mujer ha dicho que no le da nada más. Que ya se ha llevado todo lo que quería y que no le da las gafas de sol. Comprenderás que esta actitud puede mandar al traste cualquier posibilidad de acuerdo.

No pude remediarlo. Le contesté:

—Querido amigo. ¡Qué profesión la nuestra! Mira que tú y yo, después de mil años de ejercicio profesional, lo dejemos todo y, con urgencia, nos pongamos a discutir por unas gafas de sol, que ni siquiera son graduadas… ¡Qué tristeza!

Una vez recibí la llamada de un joven compañero, que defendía al otro cónyuge en un proceso de separación. Yo había enviado el esposo, en nombre de la mujer, una carta en la que, como es acostumbrado, le daba cuenta del encargo que había recibido de formular una demanda de separación contra él y le invitaba a, directa o indirectamente, por sí o por medio de un abogado que le representara, ponerse en contacto conmigo para intentar resolver el conflicto de mutuo acuerdo. Cuando me llamó el compañero acudí a la lista del Colegio de Abogados para averiguar su antigüedad. Tenía ello el doble propósito de situar a mi oponente en su experiencia y en la aplicación de las normas de cortesía tradicionales. Mi comunicante hacía cinco años que se había incorporado. Su juventud, pues, era casi insultante. Hablé con él y ambos ratificamos nuestras buenas intenciones de dialogar en busca del benéfico convenio.

—¿Y cómo vamos a hacer para reunirnos? —me preguntó.

—Compañero —le respondí yo—, sabrás que hay una norma consuetudinaria, incorporada a las Normas Deontológicas de la profesión, que nos concede un privilegio a los carcamales como yo de reunirnos en mi despacho. La verdad es que es una dudosa prerrogativa, porque para ello tienes que ser más viejo. A mí me ha pasado durante mucho tiempo —proseguí tratando de bromear sobre el tema y, al propio tiempo dulcificar lo que constituía una comodidad para mí— que tenía que trasladarme a los despachos de todo el mundo, pero ahora pasa al revés. Casi nunca me corresponde visitar a los compañeros, sino que son ellos los que tienen que venir a mi despacho.

—¡Que te crees tú eso! ¡Ni hablar! A tu despacho no pienso ir —me respondió categórico mi interlocutor. Su ausencia total de modales se completó al proponerme—: Si quieres, nos podemos ver en un bar.

Ni que decir tiene que no hubo reunión.

XII
LA TRIBU

Todas las familias felices son más o menos distintas; todas las familias desgraciadas son más o menos iguales.

VLADIMIR NABOKOV

—Sabes, Conchi. Me ha dicho mi mamá que se va a separar de mi papá.

—No te preocupes. No seas tonta. No pasa nada. Yo también creí que iba a ser horrible. Pero qué va. Es mejor. Desde entonces, lo que ocurre es que te dan todo lo que quieres.

Esta conversación telefónica tenía lugar entre dos amigas que acababan de cumplir la importante edad de diez años.

Aunque la evolución de las formas sociales nos ha llevado a una situación aberrante, en que nos planteamos con rigor científico cuál es la definición de familia y cuáles son sus características esenciales, lo que no cabe duda alguna es que donde hay un hijo y un progenitor allí hay una familia. Matrimonial, de hecho, poligámica, monoparental o lo que sea. Pero una familia.

Los hijos son, pues, elemento determinante de este grupo familiar. Y además constituyen la parte que, por definición, sostenemos que es la más protegible. Sin embargo, es preciso hacer una serie de matizaciones, sin las cuales estamos abrazando lugares comunes sin razón ni justificación. Sin plantearnos ninguna reflexión seria.

El primer punto que hemos de considerar es que identificamos hijos con menores, lo cual es evidentemente falso. Porque hijos somos todos. Absolutamente todos. Unos, además, somos padres e incluso abuelos o bisabuelos. Pero hijos, todos. Por razón de la condición de hijos nadie merecemos un favor ni una protección singulares. Ni siquiera en términos comparativos: los hijos no merecen frente a sus padres un trato más beneficioso. Es más, si los padres son ancianos y discapacitados, la situación es todo lo contrario.

La protectibilidad de los niños deviene de su corta edad y de su incapacidad para afrontar la lucha por la vida. En consecuencia, no hablemos del beneficio de los hijos, sino de los menores o, con inferior rigor técnico, pero mayor realismo, de los pequeños: de los que no se bastan a sí mismos. A éstos —débiles e indefensos— es a los que debe protegerse por encima de otros.

En segundo lugar, cuando se habla de crisis matrimoniales se utiliza un argumento para anteponer los intereses de los hijos a cualesquiera otros: ellos son víctimas inocentes de la crisis familiar. Esta afirmación, que casi siempre —no siempre— es verdadera, no les hace estrictamente singulares. Hay muchas veces en que los dos cónyuges son víctimas inocentes de sus errores involuntarios. Otras veces, lo es uno solo. Por tanto, cuando son víctimas inocentes, no son los únicos. No me atrevo a hacer declaraciones generales. Pero la realidad es que víctimas son todos. Con la sola excepción —a veces— de los que son agresores: de los verdugos.

Las decisiones judiciales, hagan lo que hagan, se justifican en el bien del menor. Lo que casi nunca explican es cómo tal resolución concreta es benéfica para el niño. Porque no es suficiente invocar el principio. Es necesario analizar y comprobar que aquella decisión específica es lo mejor para aquel niño concreto. Y eso, por desgracia, no sólo no se hace, sino que se ignora.

Otro tanto y con idéntica parquedad de justificación hacen algunos psicólogos en sus informes. Pero al fin y al cabo, jueces y peritos no hacen sino copiar lo que hacen los propios padres. Todos —supongo— de la mejor fe. Pero casi todos con razonamientos o simples afirmaciones, montados al aire.

—Mi marido me maltrata. La vida es imposible. Además se emborracha. Pero yo no me decido a separarme, sabe usted, por los niños —dice una esposa.

—Mi mujer es un desastre. No se ocupa de nada. Tiene a los niños descuidados. Lo único que le importa es el bingo. Nos va a llevar a la ruina. Pero no me decido a separarme por los niños. Los pobres. Lo haré cuando sean mayores —dice un marido.

Pero igualmente válido y extendido es el argumento contrario:

—Yo no me separaría. Al fin y al cabo, estoy acostumbrado a esta situación. Pero no tengo más remedio que hacerlo por nuestros hijos. No puedo permitir que crezcan en un ambiente como el que existe en casa. Nadie tiene ni idea de lo que es. El aire es tan espeso que se puede cortar. La tensión en mi casa puede electrocutar. Lo que sufren los hijos no es para contarlo.

Y luego, cuando una familia se ha escindido, quizá a instancia del otro, el que queda con los hijos frecuentemente quiere eliminar o disminuir al máximo las relaciones con el padre o la madre. En beneficio de los niños. Siempre para su provecho.

—Es por el bien de los niños. No tiene usted idea del mal ejemplo que les da. Y lo que les consiente. Lo que les maleduca. Les da todos los caprichos. Les deja hacer todo lo que quieren. Además, no se ocupa de ellos. Es un padre/madre malísimo/malísima.

Pero se olvida de que si no es por la iniciativa del otro seguirían juntos y los niños convivirían con aquel otro progenitor, al que ahora califican tan duramente. Por el bien de los niños. ¡Cuántas barbaridades se escudan en esta bandera!

La relatividad de los juicios en esta materia es indiscutible.

Pero hay una solución que es infalible. Que es infalible que nunca ha servido para su propósito. Muchas parejas deciden arreglar su matrimonio trayendo al mundo un vástago. Un hijo de los dos. Una bendición. ¡Cómo nos va a unir! Pues bien, nunca, nunca jamás, un nacimiento ha arreglado nada estropeado. Lo único que se logra es que haya una víctima más de la ruptura. ¡Atrás las tentaciones reproductoras como terapia de pareja!

Hasta que una pareja se rompe, la situación de los hijos menores es la natural: vive con sus padres. Con los dos, que mejor o peor, con mayor gracia o de forma más patosa, ejercen su función. Pero al separarse hay que repartirse el niño entre sus progenitores.

Lo primero es tomar posiciones. ¿Quién quiere vivir con el niño? La respuesta teórica es:

—¡Hombre! Qué cosas pregunta. Los dos.

Pero esto sólo es cierto a veces. Si ahondamos en el alma de muchos progenitores no darían esta respuesta, sino otra más o menos así:

—Mire usted. Yo me quedaría con Gustavito de mil amores. Es más, lo que peor llevo de la separación es alejarme de él. Pero la verdad es que la madre no trabaja y es la que siempre se ha ocupado del niño. Yo viajo muchísimo, ¿sabe usted? Naturalmente que voy a estar siempre al quite. Y verle, le voy a ver una barbaridad. Siempre que pueda. Además, le llevaré al fútbol, a los museos, a conciertos… lo mejor es que se quede con la madre.

Algunos padres oponen a ello que eso de que los hijos deben quedar con sus madres son antiguallas. Ahora es distinto. Los padres actualmente se ocupan de los niños de forma muy diferente a como lo hacían antes. Lo hacen igual que las madres. O mejor. Lo cual puede ser verdad en algunos casos. De hecho lo es pero ¿en la mayoría de los supuestos?

Cuando me encuentro con algún padre que pretende la custodia de unos hijos pequeños, basándose en que su función en el hogar ha sido igual a la de su mujer, siempre trato de averiguar cuál es esta situación precedente.

—Vamos a ver —pregunto al padre moderno—, concréteme qué es lo que hace usted en casa. Me refiero a las labores domésticas y con los niños.

—Yo llevo a los dos niños a la parada de la ruta —me responde.

—Y ¿quién los recoge?

—Mi mujer, porque ella tiene un horario de trabajo más corto.

—¿Qué más hace usted en la casa? —insisto.

—Pues… pongo la mesa…

—Más.

—Quito la mesa… muchas veces.

—Más.

—Pongo en ocasiones el lavaplatos y lo recojo.

—Más.

Según voy formulando estas preguntas, voy tomando notas en un papel que previamente he dividido en dos para comparar las funciones de ambos cónyuges.

—También voy a la compra casi todos los sábados.

—¿Solo o con su mujer?

—No. Los dos juntos.

—Entonces no cuenta. O se lo anoto a los dos.

—De acuerdo. Los domingos, a veces, hago la cama.

—Pero ¿también las de los niños?

—No, ésas no.

—¿Y la cocina?

—¡Hombre! La cocina casi siempre la hace mi mujer, pero es muy simple. Los niños comen en el colegio y la cena es casi simbólica. Y los domingos y festivos yo también hago algún plato de vez en cuando. Mis paellas son famosas. Están para chuparse los dedos.

—Y ¿qué más?

—Pues no sé. Seguramente más cosas.

—Pero ¿es su mujer la que lava, pone la secadora, plancha, limpia el polvo y los cristales, hace las camas, cambia sábanas y toallas, lleva a los niños al médico, les viste, les lava, hace la compra fuera del sábado, lleva cosas a la tintorería?…

—¡Caray! Cómo se pone usted…

Y no es que el hombre no tenga razón. Su esfuerzo es notable. Quizá nadie se lo reconozca ni valore. Salvo él mismo. Su punto de partida es la situación que tenía su padre. Éste llegaba a casa del trabajo, se sentaba en un sillón a leer el periódico y alargaba una mano abierta, en la que alguna mujer de la casa le ponía una cerveza. Si se le ocurría acercarse a la cocina, era violentamente expulsado. ¡Cocinilla!, le increpaba su mujer. Pero peor era si pretendía coser o planchar. Entonces era calificado de mariquita. Hoy este hombre nuevo que tenía aquel ejemplo, cuando se pone la cerveza él mismo se siente Tarzán de los Monos, en su versión casera.

También muchas mujeres minimizan ese esfuerzo. Y eso no es justo. Es tan injusto como si a ellas se les negara el de su incorporación al trabajo exterior. Pero así es el mundo de los hombres y de las mujeres. Esa especie de competencia permanente de género en el seno de la familia y fuera de él tiene mucho que ver con la violencia reinante.

Es más común que en las resoluciones judiciales se concedan custodias sobre los niños en mayor número a favor de las madres que de los padres. Pero justo es reconocer que también hay más por la propia voluntad de los que se separan de mutuo acuerdo y pactan que los menores queden bajo el cuidado de la mujer. Lo cual no es obstáculo para que en ocasiones sea mejor para los niños quedar con los padres. Cada vez más.

Pero solamente se discuten las custodias. También es objeto de encendidas peleas el régimen de comunicaciones y estancias de los niños con el que no tiene la custodia: las llamadas —horriblemente llamadas— visitas. Y aquí hay que fastidiarse las actitudes tan disparatadas que tienen los progenitores de los niñitos.

—Un miércoles por la tarde, durante dos horas, es demasiado. ¿Por qué tiene que devolver el padre a los hijos el lunes por la mañana en el colegio? Los Ruipérez lo hacen el domingo por la noche, antes de cenar. Como todo el mundo. Lo de los lunes es una excentricidad. La única razón es por hacerse el original. Si no, para qué.

—Y en verano, ¿para qué querrá él la mitad de las vacaciones? Con el mes de permiso que tiene es más que suficiente.

—Eso de verlos un día entre semana es una estupidez. Bien poco los veía antes, que llegaba a las mil y gallos todos los días.

¡Qué tacañerías! ¡Qué cálculos más miserables!

Pero el tiempo pasa. Una madre que arañaba a la hora de redactar un convenio no sólo días, sino unidades de hora/hijo, algunos años después reivindica el cumplimiento exacto de lo pactado. Es curioso. Al padre no le bastaba un mes en vacaciones para tener a sus hijos adorados. A la madre ese mes entero y verdadero le parecía una enormidad. Pobrecitos niños. Un mes entero con su padre. Pero han pasado unos años. Ahora el padre no puede tener a los niños todo el mes. Tiene trabajo e, incluso, aunque no lo confiese, tiene una novia con la que pasar unos días en verano. Sin los niños, que no son los de ella.

—Tengo derecho a rehacer mi vida, ¿no? Con quince días va que arde.

¿Tendremos con ello, al fin, satisfecha a la madre, que tanto quería recortar las estancias de sus hijos con el catastrófico padre?

—Hombre. Mira qué bien. Ahora el señorito no quiere a los niños más que quince días. Y todo el mundo a aguantarse con sus caprichos. Pues no señor. Que se los lleve el mes entero, que es lo que ha dicho el juez. ¿O qué se cree él? Yo también tengo derecho a disfrutar y a tener mis vacaciones sin niños. Que dice Paco, —Paco, mi novio, ¿sabe usted?— que se les nota que llevan genes de su padre. Y yo, que los quiero más que a nadie en el mundo —que eso no se puede discutir—, pues veo que no le falta razón. A veces se ponen de forma que no hay quien les aguante. Sobre todo Juanito. Tiene cosas… igualito a su padre.

Para decidir sobre el futuro de los hijos, los jueces han de oírlos. Es obligatorio hacerlo cuando tienen más de doce años o cuando tienen suficiente juicio. Este último supuesto me parece una petición de principio. Porque para saber cuánto juicio poseen habrá que oírlos, digo yo. Y si ya les hemos escuchado, qué más nos da cuánto uso de razón —que así se decía antes— tengan.

Pero, en fin, lo que también es absurdo es que los niños tengan que pasar obligatoriamente por el juzgado, especialmente en los mutuos acuerdos. Si los padres, que conjuntamente tienen la patria potestad, están de acuerdo en algo relativo a los hijos —dónde van a vivir o a veranear, a qué colegio van a ir o quién les va a quitar las amígdalas— salvo que sea un disparate tan llamativo que tengan que intervenir los poderes públicos, pueden hacerlo. Sin interferencias de nadie. Nadie, ni el juez siquiera, tiene derecho a intervenir en si a los niños no les gusta cambiar de colegio, irse a vivir a Gijón o vestirse de marinero. Pero si esos padres están separándose, entonces el juez tiene que aprobar lo que ellos hagan o digan. ¿Por qué? Es absurdo. En primer lugar, porque cuando están en desacuerdo en todo —cuando su unión hace crisis— si logran tomar una decisión conjunta, este hecho tan difícil es la mejor garantía de su acierto. Y en segundo lugar, porque —siempre dejando a salvo casos extremos— son los padres los que conocen y quieren más a sus hijos. Uno solo puede que no tanto. Pero los dos… Si ellos lo hacen, será lo pertinente. Pretender que el juez puede sustituir esta decisión conjunta es una aberración. Unos minutos dedicados al tema y una información escasísima no son nada, si no se cuenta, claro, con una nítida y eficaz bola de cristal.

Hay que tener en cuenta que, para los niños, pasar por el juzgado y ser interrogados por su señoría, y más en un asunto tan delicado como es la separación de sus padres, es un trago amargo. Tanto que a veces los padres se ponen de acuerdo para evitarles este trance. Pues viene el legislador y les enmienda la plana. Con acuerdo o sin acuerdo, ¡niños al juzgado!

Cosa bien distinta es el derecho que tienen los hijos a ser oídos. Si lo piden. O existe un desacuerdo entre sus padres en temas que les afectan.

Alrededor de estas audiencias de menores se plantean escenas de todo tipo. Los padres pretenden influir de modo descarado en los hijos.

—Paquito, no se te ocurra decir que yo te he castigado sin salir. Eso era por tu bien. Di que conmigo estás divinamente y que soy yo quien te ayuda a hacer los deberes. Hombre, si no ha sido verdad en el pasado, lo será a partir de ahora. Así que eso no es una mentira. Ni siquiera una mentirijilla. Es una anticipación de un futuro próximo.

—Mira, Toñín, aunque no esté nada mal, porque yo también tengo derecho a la vida y no sólo el gilipollas de tu padre, no le digas al juez que los fines de semana se queda Perico en casa a dormir. A veces los jueces son muy carcas… Mejor te lo callas. Y si todo sale bien… ese conciertito de rock al que tanto quieres ir…

Se planteaba una audiencia ante el juez, porque los padres estaban en desacuerdo sobre con cuál de ellos debía vivir Ramón, gamberro de quince años, permanente gorra de béisbol con visera hacia atrás y zapatos polideportivos de múltiples colores chillones y suela robusta. El juzgado había fijado la fecha en que el juez hablaría con él. Faltaban todavía diez días, que fueron bien aprovechados por el padre. Le compró el velomotor por el que venía suspirando. Es el llamado síndrome del vespino. Hasta este momento, padre y madre habían estado de acuerdo en que eso de la moto era una barbaridad. Con lo peligrosas que son. Además, todos los chicos —no hay más que verles por ahí— van hechos unos energúmenos. A toda pastilla. Se saltan los semáforos. No llevan el casco. Vamos, que ni hablar de moto.

Cuando se produce la separación hay dos consecuencias casi inevitables. Los niños van a Disneyworld —dependiendo de los medios, van a Florida o a París— y se compra el ciclomotor o la moto. En este caso, el padre se anticipó y nada de promesas, sino realidades. En justa correspondencia y para que Ramón pudiera disfrutar de la moto, el chico tenía que ser encomendado a la custodia del padre. Así argumentaba éste. Porque si sólo tenía los fines de semana alternos no compensaba la inversión y lo mejor era venderla.

Ramón cumplió. Y lo hizo de forma categórica. Le dijo al juez que quería mucho a sus dos padres. Pero que el que se ocupaba de él era su padre. La madre estaba todo el día fuera de casa. Una frívola. Ni siquiera le llevaba al médico. Era su padre. Ella a gastar, que era lo suyo. Y de genio… insoportable. Caprichosa, mal hablada… vamos, un regalo de señora.

El juez, ante tamaño panorama doméstico, resolvió a favor del padre, al que adjudicó la custodia de Ramón. Había vencido. Lo malo es que lo que había ganado era a Ramón. Y la convivencia con Ramón. Y la indisciplina de Ramón. De un Ramón que ahora, además, pasaba a diario la factura por los servicios prestados. Ramón y su música a un millón de decibelios. Y sus salidas indiscriminadas hasta las tantas. ¿Estudios? Los menos. Se estudia fatal repantingado en un sofá con los auriculares puestos, sin quitarse la gorra, claro.

No habían pasado dos meses cuando el abogado del padre estaba negociando con el de la madre para cambiar la custodia. Aunque fuera subiendo un poquito la pensión…

Con la tendencia actual de la Ley de oír a los niños, sin perjuicio de su edad, a un juez sevillano le he oído contar, con gracejo, que en una separación con un hijo menor, el fiscal le pidió el examen del niño. Tenía un año y medio. Pero el juez, harto de especulaciones sobre la necesidad legal de estas audiencias, no quiso defraudar al Ministerio Público. Y lo acordó. Pidió que le trajeran al niño y cuando estuvo en su presencia, con asistencia del secretario para que levantara acta de lo que ocurriera, le preguntó:

—Oye, nene, ¿tú con quién quieres estar, con tu papá o con tu mamá?

El niño miraba al juez con los ojos espantados, fuera de sus órbitas. Iniciaba un puchero, preámbulo indiscutible del llanto. A la vista de ello, el juez instruyó al secretario.

—Señor secretario, que conste en acta: no sabe, no responde.

Los hijos son una bendición del cielo. Pero en ocasiones, algunos padres se podían haber pasado sin tal bendición. En una ocasión vino a mi consulta un padre para pedirme consejo acerca de cómo podía echar de casa a su hijo. Era mayor de edad y un vago redomado. Había llegado a cambiar la cerradura. Pero el chico aprovechaba que cualquiera —un hermano o la asistenta— entraba o salía de casa para colarse. Incluso lo hizo a través de una ventana abierta. Le informé acerca de lo que podía constituir un allanamiento de morada, pero le pareció demasiado fuerte. Podía recurrir a un pleito civil. A un desahucio en precario. Pero también desistió cuando me preguntó qué pasaba si el chico no hacía caso de la sentencia y volvimos a la esfera de lo penal. ¡Cómo iba él a meter en la cárcel a su hijo! Por muy carota que fuera. ¡Qué problema!

Cierto domingo estaba Quini solo en casa. Sus padres se habían marchado de viaje y no regresaban hasta el miércoles. En avión. El coche del padre estaba en el garaje y Quini estaba aburrido, pero con carné de conducir. No lo había hecho nunca. Pero por una vez que cogiera el coche no iba a pasar nada. Su padre no lo iba a notar. Un día es un día. Y la sorpresa que iba a dar a Pili, que estaba como un queso, por cierto.

Dicho y hecho. Primero con Pili. Después, una vez dejada en su casa, sin Pili. Música, bares, copas. Más música y más copas. ¡Qué noche la de aquella noche! ¡La berza! La verdad es que no sabe ni cómo pudo llegar a su casa. Menos mal que no le detuvieron en un control. ¡Qué tajada!

Al día siguiente, bien entrada la mañana, se levanta Quini con un dolor de cabeza que merecía entrar en el Guiness. ¡Qué barbaridad! Qué habrá bebido él anoche… La verdad es que le han debido dar matarratas. Un momento más tarde baja al garaje a ver si el coche conserva alguna huella que sea prudente borrar, porque fumar, han fumado en su interior toda la cosecha de Virginia. Cuando lo examina, de golpe y porrazo, se queda helado. Un sudor frío le empieza a correr por el cuerpo. Con lo que es su padre… Y el carácter que tiene. Porque ahí está. No cabe duda. No hay equivocación. En la aleta trasera derecha, reluciente, hay un tremendo abollón. Sin pintura. Y hundida la carrocería. Pero ¿cuándo se ha hecho esa abolladura? No lo recuerda. ¿Habrá sido mientras estaba aparcado? No se acuerda de nada. Y sus padres llegan pasado mañana. ¡Horror! Hay que ponerse manos a la obra. Menos mal que tiene un amigo cuyo padre es dueño de un taller de chapa. Y por suerte conserva unos ahorros… ¡Adiós ahorros! Pero lo importante es solucionarlo.

Entre el amigo y los ahorros se hizo el milagro. El miércoles por la mañana devolvía el coche al garaje en perfecto estado. Unas horas después llegaban sus padres. ¡Menos mal!

Al día siguiente Quini sorprendió una conversación entre sus padres.

—Pero ¿tú estás totalmente seguro? —decía la madre.

—Cómo no voy a estarlo —respondía impaciente el padre.

—¡Hombre, has podido soñarlo! —insistía la madre.

—Pero qué sueños ni que ocho cuartos. Claro que estoy absolutamente seguro.

—Pues no me irás a decir que ha sido un milagro. Porque en milagros no creo.

—Ni yo tampoco —replicó el padre—. Pero los hechos son los hechos y no tienen vuelta de hoja. La noche antes de irnos de viaje me arrolló un imbécil que iba distraído mirando a una minifáldica que pasaba pidiendo guerra y me hizo una buena abolladura en la aleta trasera. Y ahora el golpe ha desaparecido. No está. Nada. ¿Habrá que creer en los milagros?

Las salidas nocturnas, los jóvenes y los coches dan mucho de sí. Un viernes por la noche, aprovechando Sergio la ausencia de sus padres, cogió del garaje el Land Rover de su madre. Seguía ésta la moda de que las mujeres cuanto más menudas son y su vida más citadina y menos campestre, tienen un vehículo más todo terreno y más grandullón.

Como siempre, Sergio hizo el recorrido de bares y discotecas de costumbre. Se había puesto de copas hasta las cejas. Y, claro, la mala pata. Un control de alcoholemia. Allí estaba la Guardia Civil con varios coches. En el cruce de siempre. Debía haberlo imaginado y marcharse por otro camino. Pero se distrajo. Le pararon. Se bajó. Le ordenaron que esperase un momento. Seguían parando coches. ¡Qué barullo! Y eso que eran las cinco y media de la mañana. De repente, Sergio, en medio de sus vapores etílicos, se dio cuenta de que nadie le miraba en ese momento. Había una fuerte discusión con un conductor que vaya tajada que llevaba. Y violento, además. ¡Qué ocasión! Las pintan calvas… ¿Me decido? ¿Lo hago? Se decidió. Aprovechando la confusión. Se subió al Land Rover, cuyas llaves estaban puestas, y salió de estampía. No quería ni mirar hacia atrás por si le seguían. Metió el acelerador a fondo. Corría y corría. Dio varias vueltas. Tras unos minutos de veloz carrera sin sentido se paró. Estaba solo. Nadie detrás. ¡Lo había logrado! Menos mal. Se dirigió cuidadosamente a su casa, encerró el Land Rover de su madre y se fue a acostar y a dormirla. ¡Qué alivio!

Al día siguiente todavía tenía el susto en el cuerpo. De buena se había librado. La multa, sus padres… En fin, todo había pasado. Fue a comprobar el coche. Por si acaso. Descendió al garaje. Allí se encontró con una imagen insospechada. Dantesca. En medio del garaje, reluciente con todo el esplendor de su color verde, se encontraba el Land Rover… de la Guardia Civil. Las prisas no son buenas consejeras.

¡Niños abominables!

La actitud de los padres cuando tienen que pagar alimentos a la madre para la manutención de los hijos produce algunas constantes repetitivas. Una de las más frecuentes pretende combinar un amor indiscutible hacia los hijos con una desconfianza inconmensurable hacia la madre y con una especie de alergia a darle más dinero a ésta del estrictamente indispensable.

—Mire usted, yo, para mi hijo, lo que haga falta. Todo. No le voy a discutir ni un céntimo. Aunque yo me quede sin comer. Pues no faltaría más. Es mi hijo. ¿Se da usted cuenta? Mi hijo. Lo que yo más quiero en el mundo. Pero, eso sí, a mí lo que no me gusta es que nadie me imponga nada. Lo que yo quiero es que la cantidad que tenga que pagar sea lo más baja posible. Ya sé que no puede ser cero, pero la menor. No me juzgue mal. Eso es como obligación, porque yo, luego, haré todo lo que sea por mi hijo. Pero voluntariamente. Así, a manos llenas le voy a dar. Estaría bueno. Pero no porque me lo imponga un juez, ni nada por el estilo. Por mi sacrosanta voluntad.

Creo que casi siempre esta declaración es sincera. Aunque muchas veces, más tarde, se olvidan de complementar la raquítica condena. Venía el tío Paco con la rebaja. Buenas rebajas. De saldo. Y es que no hay mayores desmemoriados que los que tienen que cumplir una obligación pecuniaria. ¿O será timidez en el pago?

En cierta ocasión, un compañero de profesión me había hecho un discurso parecido al antes mencionado. Estaba en trance de separación de una doctora que se ganaba bien la vida. Incluso sus ingresos eran algo superiores a los de mi cliente. No sé por qué raros azares o influencias astrales, la sentencia, tras atribuir la custodia del único hijo del matrimonio de diez años a la madre, condenaba al padre a abonar una pensión alimenticia para el niño de… 10 000 pesetas mensuales. La cifra me pareció ridícula. Pero así era. Como se correspondía con la idea de mi cliente —el ya luego yo haré tradicional, pero con una obligación tísica— le llamé enseguida para darle la buena nueva —para él.

—Lo hemos logrado —le dije—. Lo que tú querías. Le han puesto diez mil al mes.

—Está bien —me contestó, lacónica y fríamente mi compañero de profesión.

—No pareces muy contento —le repliqué algo molesto por su inesperada reacción.

—Sí, sí, estoy contento —respondió, pero siempre con un acento que parecía contradecir sus palabras. Daba la impresión de que le hubieran castigado fuertemente con la pensión.

—Pero, si es lo que querías tú…

—No me entiendas mal —contestó, intentando corregir el efecto producido con sus anteriores palabras—. Estoy satisfecho. Pero…

—¿Cómo pero? ¿Tú crees que es posible una cifra menor todavía? ¡Diez mil al mes!

—Ya lo sé. Ya lo sé. Pero la verdad es que estaría más feliz si supiera que toda esa cantidad iba destinada al niño y no la gastaba la madre en sus caprichos… Que yo la conozco.

No pude remediarlo. Tuve que contestarle.

—Ya. Tienes razón. Te comprendo. Tú lo que dudas es que tu mujer con tus diez mil pesetas al mes, después de pagar el colegio del niño, su comida, su ropa, sus distracciones y todo lo demás, con lo que sobra, en vez de abrirle una cartilla de ahorro para que se compre una vivienda cuando sea mayor se lo pula ella en cruceros por el Mediterráneo, joyas y perfumes, regalos para sus amantes y alguna otra cosilla.

Para matarle.

Claro que hay alguno que para acallar su conciencia cuando deja de cumplir económicamente con algún hijo ha encontrado un pretexto que se las trae.

—Mire, yo no pago la pensión de mi hijo, ¿sabe usted por qué? Porque no tengo la seguridad de que sea mío. Una vez le dije a mi mujer que por qué no nos hacíamos la prueba del ADN y ¿cuál fue su respuesta? En vez de dar enseguida su conformidad, que es lo lógico cuando no hay nada que ocultar, su única reacción fue contestarme con una sola palabra: ¡Cabrón!

Claro que la negación también se utiliza a la inversa. Alguna madre, recalcitrante resistente al cumplimiento del régimen de visitas, llega a utilizar ese misterio insondable de la paternidad para negar el derecho de su exmarido a ver al hijo, presumible y formalmente común.

—Mira. Déjanos en paz. No te empeñes en ver al niño. Porque ni siquiera es tuyo, ¿lo entiendes? Tú no eres su padre.

La verdad es que los hijos marcan muchísimo las rupturas de sus padres. Es un hecho estadísticamente demostrado que las mujeres, a quienes se adjudica preferentemente la custodia sobre los menores, tienen más dificultades para rehacer su vida de pareja. Quizá también porque sean más autosuficientes. Pero, en cualquier caso, la presencia de los hijos dificulta cualquier relación amorosa posterior.

Son muchos los que tienen un importante desconocimiento de sus hijos: de sus vidas y de sus pensamientos. Cuántas veces, al llegar una pareja a una declaración de crisis irreversible, se plantean cómo informarles de esta situación.

—Los niños no tienen ni idea de lo que pasa, ni de cómo están las cosas —nos dice con frecuencia nuestro cliente—. Ni idea. Claro está que nosotros, pese a nuestras diferencias, coincidimos en el tema niños. Nuestra mayor preocupación es que ellos no noten nada raro. La verdad es que hasta ahora lo hemos logrado. Mira que nos llevamos mal. Pero delante de ellos, como las rosas. Ni una mala contestación, ni una palabra más alta que otra. Nada. Todo por favor y gracias. Y ahora va a ser muy difícil decírselo. Los pobres…

Pero llega el momento en que no se puede demorar más. Se va a producir la separación y nadie ha dicho nada a los hijos.

—Yo creo —le dice la madre al padre— que lo mejor es que se lo digamos los dos juntos. Así quitamos hierro a la situación y les damos más confianza. Y ninguno toma ventaja sobre el otro en esos momentos.

Aquella misma tarde, después de la vuelta de los colegios, los padres reúnen solemnemente a los tres hijos.

—Empieza tú —le dice la madre al padre.

—Hay cosas en la vida que… —comenzó el padre atendiendo la invitación de la madre.

—¡Déjame a mí! Porque tú no sabes cómo decir las cosas —cortó la madre inmediatamente.

—¿Qué yo no sé decir las cosas? Habráse visto memez parecida —contestó el padre ofendido por el corte—. Tú siempre te crees la más lista. Si ni siquiera has terminado el bachillerato.

—Pero me lavo todos los días. No como tu madre, que da asco —replicó su mujer.

El hijo mayor les interrumpió:

—Bueno, basta de discusiones. Lo que queréis decirnos es que os vais a separar, ¿no?

—¿Cómo lo sabes? —dijeron al unísono los sorprendidos padres.

—Pues porque en esta casa no hay quien aguante. No podemos más con vuestras discusiones. Lo llevamos comentando años. A ver cuándo os decidíais. Al fin os separáis. Menos mal —concluyó, mientras sus dos hermanos confirmaban sus palabras afirmando repetidamente con la cabeza.

No quiero que se me interprete mal. Cuando incluyo en este capítulo dedicado a la familia a los animales domésticos no es porque yo crea que son de la familia. Lo que ocurre es que en mi experiencia hay muchos animales que son como de la familia, para muchos.

De ellos, los perros son los más frecuentemente considerados como parientes zoológicos. En muchos convenios reguladores de separaciones y divorcios aparecen perros. Y no me refiero a raleas de perros de caza o ejemplares de concurso, que pueden tener unos altos precios. Su raza o su valor en el mercado nada tiene que ver con el grado de afección, que es lo que llega a los acuerdos cuando la familia se escinde.

Los jueces se resisten, hasta la heroicidad, a aprobar cláusulas en que se hable de animales. Pero hacen mal. Claro que es un tema ajeno al Derecho de familia; claro que luego, si se presentan dificultades en el cumplimiento de lo pactado, se van a ver negros para imponer su autoridad; pero hay que pensar que lo mejor que puede ocurrir con una familia que se rompe es que regulen su futuro y su pasado de mutuo acuerdo. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los implicados no están dispuestos a firmar un convenio si no resuelven todos —todos— sus problemas. Los grandes y los pequeños. Los habituales y los insólitos. Y los amantes de los animales suelen ser de ideas «bestiales». Dejar sin solucionar la relación futura con un canario, una tortuga, un gato o un loro puede comprometerlo todo. Así, como suena: todo. Hijos, casa, pensiones y gananciales. Todo. E ir al contencioso, que es mucho peor. Tengamos espíritu comprensivo para el mundo zoológico. Y si luego hay problemas de ejecución, ya veremos.

Porque las parejas que se rompen, entre las cosas que tienen en común con frecuencia, están los animales. Lo primero que se plantea —no siempre, pero sí en muchas ocasiones— es de quién es el animal o quién tiene más derecho a llevárselo.

—El perro es mío —decía un arquitecto—. Está a mi nombre, (como si fuera un solar).

—¿Quién lo saca siempre a pasear? —decía un agente de cambio y bolsa, hoy notario.

—¿A quién hacen más caso las tortugas? A mí me comen en la mano —argumentaba una cirujana de tórax.

—¿Quién ha enseñado al canario a cantar de esa forma, que —no me negarás—, es una delicia? —razonaba un ingeniero de caminos.

Un loro fue el culpable de que no se firmara un convenio regulador entre un matrimonio con cuatro hijos y un considerable patrimonio ganancial. Llegaron los esposos a una componenda en cuanto a la custodia de los hijos, régimen de comunicaciones y estancias con el padre. Lograron ponerse de acuerdo en cuanto a los estudios en el extranjero de la hija mayor, que quería hacer hostelería en Suiza. Se dividieron los bienes, incluso una casa solariega que habían comprado y rehabilitado en la provincia de Santander y a la que los dos —y los niños— tenían un apego especial. Cuantificaron las pensiones y sus actualizaciones. Y cuando ya teníamos la documentación presta para su firma en una notaría surgió el tema del loro. El loro era un regalo de un tío de la mujer, que lo había traído desde Brasil. Era hermosísimo. Sus plumas de brillantes y variados colores iluminaban cualquier habitación donde estuviera. Era, además, muy gracioso. Hacía el efecto de que entendía lo que se le decía y que reconocía a la gente de la casa. Hablaba bastante español. Incluso parecía hacerlo con acento carioca, meloso y cantarín. Sus tacos eran definitivos y muy oportunos y sus expresiones patrióticas célebres en la vecindad. Los dos querían al loro, al que llamaban José por el famoso José Carioca de Walt Disney.

Se empecinaron los dos. Se convirtió en la piedra de toque para la lucha final. El loro se convirtió en el trofeo al vencedor. Ninguno transigió. Por más esfuerzos que hicimos los abogados de ambos y por más que se unieron a nosotros sus familiares más próximos, no hubo forma. Cabezotas como ellos solos no alcanzaron el acuerdo y fuimos al pleito. Los niños se los dieron a la mujer y con ellos, el uso de la casa y de todo el ajuar doméstico. Se discutió si el loro formaba parte del mobiliario y del ajuar. El marido lo defendió amparándose en un precepto del Código Civil que dice que no se incluyen en el ajuar «las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordinario valor». ¿En qué concepto estaba encuadrado el loro? ¿Quizá era una alhaja? ¿Es posible que fuera un objeto artístico? Desde luego no era histórico, pero ¿podía poseer un extraordinario valor? Atendiendo al importe de los daños que la falta de conformidad sobre su destino había causado a la familia, su valor era enorme.

En cualquier caso, el juez se hartó y no quiso oír hablar más del dichoso loro. Lo dejó en la casa y lo despreció totalmente. En sus resoluciones no se mencionaba al dichoso loro. ¡Qué falta de sensibilidad! Un loro tan simpático.

En cierta ocasión a un cliente mío se le derrumbaron los palos del sombrajo bajo el que se albergaba su vida. Su mujer le notificó que se había enamorado de otro y que ese otro era el mejor amigo de él y además su socio en un negocio de construcción que tenían juntos. Su mujer se trasladó a Vitoria, de donde ella era oriunda, en compañía de los tres hijos del matrimonio, sobre los cuales ella tenía la guarda. Para mayor escarnio, a esta ciudad se mudó también el amante-amigo-socio, ya que en esta ciudad se estaban desarrollando varias obras en las que participaban mi cliente y su excompañero, con el que ahora compartía otras cosas que nunca quiso tener a medias con él.

Pero no paran ahí las desgracias de mi cliente. Como no existía convivencia entre la mujer y el socio, o, al menos mi cliente había sido incapaz de probarlo, seguía pagando una importante pensión compensatoria para la mujer, además de los alimentos de los hijos.

Como había pasado un cierto tiempo desde el traslado de todos ellos a Vitoria pensaba mi cliente, con buen criterio, que había la posibilidad de que hubieron ido bajando algo la guardia y que pudiéramos obtener elementos para extinguir la pensión de ella. Para averiguarlo y, en su caso, obtener pruebas contrató a unos detectives, que se movían con soltura en Álava.

Pasado un tiempo me comunicó mi cliente que los detectives habían terminado su informe y que habían traído un vídeo fantástico. Había que verlo. Nos reunimos para ver la película, lo cual constituye normalmente una tortura abominable. Un vídeo casero, de vacaciones o de acontecimientos familiares como bodas, primeras comuniones, bautizos o similares es algo que me tiene prohibido el médico. Pero, en fin, todo sea por el deber.

Comenzaba la grabación con una toma del portal de una casa.

—Ésta es la casa donde vive ella con los niños, en Vitoria —explicó mi cliente.

Después había un rato —bastante largo, por cierto— en que sólo se continuaba viendo el mismo portal. Paciencia.

—Hay que esperar un momento, porque ahora salen todos —me continuó explicando mi cliente.

—¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fíjese bien! Salen todos. Mi mujer… La niña mayor es la que está a su izquierda. Pablo es el pequeño que le da la mano. Y Javi es al que el hijoputa de mi socio, que es el de la barba, le tiene pasado el brazo por encima de los hombros. ¡Qué vergüenza!, —a medida que se iban sucediendo las imágenes, mi cliente iba estando más excitado.

—Pero, verá usted. Ahora viene lo peor.

En ese momento la película mostraba al mismo grupo que iban andando, mientras bromeaban y reían. Comprendo que para mi cliente era un poco fuerte. Súbitamente se veía entrar en escena un perro pastor alemán, que saltaba y retozaba con todos.

—¡Vea usted esto! Es el colmo. No le basta haberse quedado con mi mujer y haberme robado a mis hijos y el negocio que montamos juntos. Me ha robado hasta a mi perra. Eso no se lo perdono. Es que no es una perra cualquiera. Es una pastor alemán de pura raza. Con un pedigrí espectacular. Y encima, por si todo eso fuera poco, es hija de la perra de mi madre. Hay gente que no tiene derecho a vivir —concluyó deshecho.

—Hay personas que no tienen perdón de Dios —me decía una clienta—. ¿Sabes lo que ha hecho mi ex con nuestra hija?

—Ni idea.

—Mi hija (cuatro años) tiene una gata a la que tiene un cariño enorme. No puede estar sin su gatita. Por eso, cuando le toca el fin de semana o las vacaciones con su padre, tiene que llevársela. Así ha ocurrido este verano. Se ha llevado a la niña con sus padres al pueblo y ahora me devuelve a la niña y a la gata. Pero a la gata la devuelve embarazada. ¡Qué canalla!

XIII
HOGAR, DULCE HOGAR

La vida hogareña, según la entendemos, no es más natural para nosotros de lo que es una jaula para una cacatúa.

GEORGE BERNARD SHAW, Casándose

—Pase, doctor —le dije a un caballero cincuentón, elegantemente trajeado, que se encontraba sentado en una butaca de la sala de espera de mi bufete.

El doctor Iparaguirre, destacado especialista en cirugía estética, entró en mi despacho. Se encontraba nervioso y tenso cuando tomó asiento ante mi mesa. Movía las manos de forma incesante y apretaba los labios reiteradamente. Tras saludarnos, hacer referencia a un amigo común a quien debía mi nombre y expresar su confianza en mi ayuda, comenzó su relato.

—Tengo cincuenta y dos años y hasta hace uno y pico me mantenía soltero. He tenido mis aventuras y mis historias, pero nada serio. Desde hace quince años poseo mi propia clínica de cirugía estética y merced a la difusión que mi especialidad ha tenido en los últimos tiempos he ganado bastante dinero. He retocado y compuesto a un buen montón de mujeres y a unos cuantos hombres. Cada vez más. No tenía a nadie a mi cargo y salvo algunos viajes a lugares exóticos, mis gastos han sido siempre bastantes moderados. Mis ahorros los he ido empleando, fundamentalmente, en proporcionarme una buena casa. La verdad es que, sin pecar de inmodestia, puedo decir que tengo una espléndida. De lo mejorcito que hay por ahí. Compré, cuando aún no eran tan caras, una parcela de cinco mil metros en La Moraleja, y con un gran amigo mío, compañero de colegio, que es una figura de la arquitectura, me construí un chalé, con absolutamente todas las comodidades. Quinientos metros cuadrados de construcción, con todos los adelantos de calefacción y refrigeración, y lo ultimísimo en cocina y electrodomésticos… en fin, una casa fantástica.

Hizo una pausa mi interlocutor, al que yo no interrumpía para facilitar la siempre complicada tarea de relatar la vida de uno.

—Desde que terminé la construcción, hace unos quince años —continuó el doctor Iparaguirre—, he comprado muebles, cuadros, alfombras… de todo, de forma que mi casa es un pequeño palacio; así, al menos, me lo parece a mí. Piscina, pádel, garaje y un fenomenal jardín. Hasta un pequeño huerto tengo allí, aunque cada fruta u hortaliza que me como me cuesta una fortuna. La verdad es que vivía feliz y contento. Tengo muchos amigos y tenía algunas novias, que se iban sucediendo, con bastantes alegrías —moderadas— y con pocas tristezas.

Hasta que un buen día —momento fatídico— se me ocurrió poner los ojos en una enfermera, eso sí, guapísima que vino a trabajar a mi consulta cuando se jubiló la que yo tenía desde hacía mil años. Alta, rubia, ojos verdes… vamos, la hipotenusa. Un cuerpazo. Y además simpática. Y con veintitrés años. Empecé a salir con ella… Mal hecho. Siempre había sostenido que no se deben mezclar las relaciones personales con el trabajo. Invariablemente, había criticado a los que se liaban con sus secretarias o con sus compañeras de trabajo. Claro que es comprensible que las relaciones surjan entre las personas que se tratan. Es difícil que quien, como yo, dedica su mayor tiempo al trabajo, conozca a mujeres fuera del círculo de sus amigos, de su familia o de la clínica.

Bueno, para no cansarle, empezamos a salir. Luego, algún viajecito. Poco a poco o, mejor debería decir, mucho a mucho, porque todo pasó muy rápido, me fui enamorando como un becerro. Nos deslizamos como por una pendiente rápida, casi sin darnos cuenta o, al menos, sin darme cuenta yo. Cuando quise percatarme, estaba vestido de chaqué en la iglesia de Investigaciones Científicas, con Loli, que así se llama ella, toda de blanco y aire virginal, a mi lado. Esto fue en abril del año pasado.

En mayo estaba embarazada. Lo cual fue una sorpresa mayúscula, porque habíamos planeado diferir la paternidad durante algún tiempo. Claro está, que sus razones —expuestas después del embarazo— eran bastante válidas. O así me parecieron entonces. A mi edad, no debíamos esperar o yo iba a ser el abuelo de mi hijo. A fines de febrero de este año dio a luz a Quini, —Joaquín, igual que yo—… y dos meses después, la bomba.

—¿Qué ha ocurrido? —le pregunté, al hacer él una larga pausa, visiblemente afectado.

—Acababa yo de llegar de la clínica después de un día duro. Dos narices, unos senos, un lifting … una señora quejosa que se veía igual de vieja que antes de la operación… Estaba cansado. Me serví una copa bastante cargada. Iba a sentarme a tomarla mientras veía la televisión, cuando ella se me acercó. «Tengo que hablar contigo», me dijo. El tono de su voz era profundo y un tanto lúgubre. «Por favor, hablemos». Entonces empezó su perorata. En resumen, y para no alargar las cosas, me dijo que había encontrado a otra persona; que se había enamorado; que era el amor de su vida; que no podía vivir sin él; que, en definitiva, teníamos que separarnos y que ella esperaba de mi comprensión que lo haríamos por las buenas y lo más rápido posible.

Para mí fue un mazazo. La verdad es que, tonto de mí, no lo esperaba. Ni por lo más remoto. Empecé a decir estupideces. Supongo que como cualquiera en mi situación. Que si cómo tan pronto se había enamorado de otro, cuando no llegaba al año desde que nos habíamos casado; que si yo la había tratado como una reina; que si no podía tener ninguna queja de mí. Vamos, memeces. Ella me contestó —y eso fue la puntilla— que sólo después de casarse se había dado cuenta de la diferencia de edad y que tenía derecho a la vida. Fue espantoso. Recurrí a toda clase de argumentos y de promesas. Y de trucos. Fracaso total.

En fin, para qué continuar. Me dijo que había consultado ya con una abogada y que lo mejor y más barato era que hiciéramos la separación de mutuo acuerdo y con ella como única letrada para los dos.

Fui a ver unos días después a Remedios de la Rosa —no sé si la conoce— y me dejó absolutamente aterrado. Por eso vengo a verle.

—Sí, conozco bien a Remedios. Y ¿qué le dijo en concreto? —pregunté.

—Pues me ha dicho que de acuerdo con la Ley, si nos separamos, Quini quedará bajo la custodia de su madre, aunque yo tendré la patria potestad compartida. También se me fijará un régimen de visitas, que, ahora, como el niño es tan pequeño, será algo reducido, pero que se irá ampliando después. Para el niño tendré que pasar una pensión, que se aumentará cuando vaya al colegio. Hasta aquí, y pese a lo que puedo sentir separarme de mi hijo, lo encuentro razonable.

Pero después de eso, añadió que yo tendría que salir de casa —de mi casa— para dejársela a mi hijo y su madre. Y aquí es donde empecé a no entender nada. Señora de la Rosa, quizá no esté usted bien informada, le dije yo amablemente. La casa es mía, solo mía. La he comprado hace ya muchos años. Desde luego mucho antes de casarme, y, además, nosotros tenemos régimen de separación de bienes.

Y éste es el tema que me trae. Porque a pesar de mis afirmaciones, parecía muy segura de que yo me tendría que marchar de casa. Mire que yo le dije que no tenía ningún inconveniente en proporcionarles una vivienda digna y, naturalmente, en pagar todos los gastos de mi hijo. Incluso estaba dispuesto a pagarle a ella una pensión. Claro está, que sólo durante un cierto tiempo. Pero ella me dijo que ni hablar. Que la Ley la protegía y que, por lo pronto, había que partir de que la casa y todo lo que había dentro eran para uso de ella. ¿Es eso cierto?

No sin cierto rubor, hube de contestarle que efectivamente lo que le habían dicho era así. La Ley determina con carácter imperativo que cuando todos los hijos —uno de uno es todos— quedan con uno de los esposos, al hijo y al progenitor al que se le da la custodia se la adjudica el uso —naturalmente no la propiedad, que seguirá siendo de quien sea, sino sólo el derecho a ocuparla— de la vivienda familiar y del ajuar doméstico. Está comprendido en el ajuar todo lo que hay dentro de la casa, que no sea de utilización exclusiva del cónyuge que sale de ella. Muebles, objetos de adorno, menaje, etc. Se excluyen sólo los útiles de la profesión de los cónyuges y los objetos artísticos o históricos, o los de extraordinario valor. La razón de esta adjudicación es proteger a los hijos frente a toda clase de cambios y mantenerlos en su misma casa, a pesar de las tormentas que puedan caer sobre la familia. Dicho así, parece que el tema no está mal regulado. Pero lo que es catastrófico es que ello sea la regla inexorable. Porque en el mundo de la familia y sus crisis no hay nada que deba ser automático. La riqueza de las situaciones particulares y su abundancia convierte toda norma en injusta. Las excepciones son casi tantas como las reglas generales.

—Pero ¿por qué tienen que quedarse mi mujer y mi hijo en mi casa? Ya le he dicho que yo estoy dispuesto a proporcionarles una vivienda en perfectas condiciones. ¿Por qué precisamente la mía?

—La Ley pretende que su hijo no sufra alteraciones o cambios por razón de la separación de sus padres. Que conserve sus hábitos y se mantenga en su entorno. El cuarto en que duerme y juega, el barrio en que vive, el colegio en que estudia, su vecindad.

—Pero ¡Dios Santo! Si el niño tiene tres meses. Si casi ha estado más tiempo en la Maternidad que en mi casa. ¿Usted cree que el pobre niño sabe dónde duerme, dónde toma el biberón o cuál es la zona en dónde vive? ¡Qué entorno ni qué ocho cuartos!

—Tiene usted toda la razón —le contesté—, pero eso dice la Ley. Lo siento.

Mi interlocutor quedó anonadado. No lo entendía. Cómo era posible que su mujer, que lo era sólo desde hacía un año, y su hijo de pocos meses se iban a quedar en su casa, en la que había construido y amueblado con su esfuerzo de años; en la que vivía desde mucho antes de casarse. Cuando parecía empezar a asimilar tan brutalmente injusta situación me preguntó:

—Pero, bueno, y esta situación ¿cuánto va a durar?

—Normalmente —le respondí con tono cada vez más avergonzado, como sintiéndome responsable de la Ley de cuyo contenido le informaba— hasta que su hijo termine su formación y se encuentre en situación de defenderse solo en la vida. Más o menos, hasta los veintitantos años. Lo cual quiere decir que dada la edad de usted, con un poco de suerte, recibirá como regalo en su ochenta cumpleaños la devolución de su casa y de lo que quede de su contenido. Si vive, claro.

La mala Ley. Porque no es éste ni mucho menos el único supuesto en que la aplicación de esta norma produce unas consecuencias trágicas. Y no porque el propósito de proteger a los hijos sea equivocado, sino porque cualquier regla que no contemple las infinitas circunstancias que deben tenerse en cuenta para su aplicación es, por sí misma, injusta.

Anselmo Ruipérez era un ingeniero que se había casado con una mujer de cierta fortuna, cuando él todavía empezaba a trabajar en su profesión. Pactaron separación de bienes, por imposición de la familia de la mujer. Se trataba de preservar la independencia económica de ella. Mariló tenía, heredadas de su padre, entre otros bienes, dos casas colindantes en una urbanización de las afueras de Madrid. En una de ellas instalaron su domicilio al contraer matrimonio. La otra la alquiló ella. Pasaron unos años. El matrimonio tenía tres hijos de trece, doce y diez años de edad. Prácticamente todos los fines de semana, a pesar de que se turnaban los padres, se pasaban ambos la vida llevando y recogiendo niños, que iban invitados a casa de amigos. Y cada uno de ellos a un sitio distinto. Estaban un poquito hartos.

En esta situación, la mujer propuso volverse a Madrid. Lo hacían muchos amigos suyos. Las comunicaciones eran infinitamente mejores, con lo cual los chicos podían ir a donde quisieran sin necesidad del transporte paterno o materno. La esclavitud del fin de semana estaba a punto de concluir. Como Anselmo iba cada vez mejor en la empresa donde trabajaba, Mariló le convenció de que lo mejor que podía hacer era comprar él un nuevo piso, con la ayuda de una hipoteca, que ahora era tan fácil de obtener. Y con los tipos de interés tan bajos sería para él una fórmula de ahorro. De esa forma ahorraría. En definitiva, saldría ganando. Se creaba la obligación de pagar una cantidad todos los meses y, en el futuro, una vez cancelada la hipoteca, la casa sería totalmente suya y tendría una inversión para su jubilación.

Anselmo picó. Compró el piso. Realmente, era un esfuerzo excesivo. Pero a los treinta y tantos años… Es el momento de hacerlo. Mensualmente, la cuota era un poco fuerte, porque con tres hijos, afrontar un recibo de doscientas cuarenta y pico mil pesetas al mes era un todo un reto. Pero todo sea por la familia. Y por el ahorro, claro.

En junio firmó. En septiembre, mudanza. Justo a tiempo de empezar con los nuevos colegios, cercanos a esta nueva vivienda. En enero, demanda de separación conyugal.

La estricta aplicación de la Ley condujo a una resolución judicial en que se dejaba a los hijos bajo la custodia de la mujer. Ella no trabajaba. Por tanto, tenía más tiempo para ocuparse de los niños. El marido tenía que pagarle una pensión para los hijos. Y el uso de la vivienda —de la nueva vivienda, porque ésta era el domicilio familiar actual—, para los hijos y su madre. No importaba que ella tuviera dos casas; una, la que había servido de domicilio para todos hasta hacía muy poco tiempo, que seguía desocupada, y otra alquilada a terceros. No era obstáculo que el marido careciera de todo otro techo. Tampoco era argumento que el piso recientemente adquirido fuera sólo propiedad del esposo, ni que estuviera pendiente de pago su precio, casi en su totalidad. En beneficio de los hijos, para ellos y su madre, el uso del piso. Que además estaba muy cerca del colegio. Del nuevo colegio, elegido por su proximidad a la vivienda. La pescadilla que se muerde la cola.

En definitiva, se hizo una división equitativa: para ella la vivienda —su uso—; para él, la hipoteca, que tendría que pagar hasta el fin de su vida. Ahorrando.

Pero hay jueces imaginativos. En cierta ocasión, un juzgado del cinturón de Madrid decidió adjudicar el uso de la casa a los dos cónyuges que se separaban. Sólo había un hijo. Pequeño. La custodia fue para la madre, y a ésta y al hijo se les concedió la utilización de la casa, con la excepción de un dormitorio, que quedó para el marido. La atribución de este uso requería —y así lo hizo el juez— una cierta reglamentación de la vida en el hogar. Dispuso algo así como la ocupación por el esposo de un cuarto con derecho a cocina. El marido podía utilizar ésta a las horas del desayuno y la cena, durante media hora cada vez. También podía usar el cuarto de baño. Pero todo ello procurando no perturbar la vida de su esposa e hijo, quienes, a su vez, debían transigir con estas utilizaciones. La resolución judicial invitaba a todos a usar de sus derechos con respeto hacia los otros y sin abusar.

La sentencia tuvo un efecto benéfico. Era tan disparatada esta forma de convivencia de los cónyuges separados, unidos por el pasillo, la cocina y el baño, que después de unos meses infernales, en que acudieron al jugado con sus rencillas más de veinte veces, decidieron vender la vivienda y repartirse el dinero. ¡Bingo!

El coronel Adánez —retirado hacía años— vivía con su esposa en un pequeño apartamento de su propiedad, desde tiempo inmemorial. El piso era pequeño, pero como no tenían hijos les proporcionaba todo lo necesario para su vida cotidiana. Ocupaban los dos dormitorios —uno cada uno— y compartían el baño y la cocina. En realidad, desde que la coronela había descubierto una relación amorosa permanente que su marido mantenía con una viuda, sus vidas discurrían por vías separadas. Pero juntas. Cuarenta años de matrimonio habían trocado también sus sentimientos recíprocos, a los que había dado la puntilla el descubrimiento del adulterio o, por decirlo con mayor precisión jurídica, del amancebamiento del varón. Pero mantenían una cierta convivencia pacífica. Una especie de relación de vecindad, fría, pero colaboradora. No sólo compartían los elementos comunes de la vivienda, sino que, por su comodidad, lo hacían con los electrodomésticos. Con ellos habían ido avituallando el piso, para llevar una vida más fácil y grata. Compartían, pues, radio y televisor, lavadora y secadora, horno y microondas, nevera y congelador, batidora, tostador, plancha, exprimezumos, parrilla y qué sé yo cuántas cosas más. Naturalmente, también tenían en común el teléfono y actuaban recíprocamente de contestador del otro.

Su situación tenía también otra característica benéfica, dentro de su distanciamiento. Cuando uno de ellos caía enfermo y no podía salir, era el otro el que se ocupaba de hacerle la compra y de traerle los medicamentos que necesitaba. Dentro de la peculiaridad de su situación, el apaño no parecía del todo malo. En todo caso, venía funcionando ya durante muchos años.

Un buen día, quién sabe por qué razones o arrebatos, la mujer, que tenía ya setenta y tres años —él tenía setenta y seis—, planteó de repente su voluntad de separarse. Su marido no se lo explicaba. Pidió razones, que no le fueron dadas. Argumentó hasta la saciedad. Sin éxito. Dibujó el negro panorama del futuro. Inútilmente. Los razonamientos del coronel, centrados en consideraciones de orden práctico, cayeron en el vacío.

—Pero ¿qué vamos a hacer con nuestra casa y sus enseres? ¿Cómo vamos a vivir los dos de mi retiro? Juntos nos manejamos. Sin alegrías, pero nos defendemos. Sin embargo, separados, es el desastre.

No hubo manera de convencerla. Como tampoco hubo forma de llegar a un acuerdo, porque ambos querían quedarse en la casa. Todo terminó en pleito.

El coronel me preguntó:

—¿Y no hay posibilidad de impedir este disparate? ¿No se puede lograr que nos quedemos como estamos? Si ya somos viejos. Para qué querrá ella separarse. Hace años lo hubiera entendido, pero ahora…

—No hay forma —tuve que contestarle, con harto sentimiento—. Aunque la Ley exige que se prueben causas de separación, en la práctica se concede casi siempre. Se estima que la falta de afecto marital que revela la demanda de separación constituye por sí misma una violación de los deberes conyugales de solidaridad y amor. Además —añadí—, aquí habría causas de sobra.

—Si miramos el pasado, no cabe duda. Pero hace ya tanto tiempo que no hago nada de nada, que no creo que pueda ahora hablarse de infidelidades mías. Dónde estarán… —respondió el coronel retirado, con añoranza, que se apresuró a disimular.

—En todo caso —continué—, primero se acuerdan unas medidas provisionales y se separa a los esposos, sin entrar en otras consideraciones. Por tanto, en el orden práctico, en unos días, no muchos, el juez dispone que uno se quede en la casa y el otro salga de ella.

—Pero, entonces, ¿podría ocurrir que yo tuviera que salir del piso? —preguntó con signos evidentes de alarma—. Y ¿dónde voy a ir? ¿Cómo voy a vivir en el futuro? ¿Cómo me voy a apañar? Y encima, con el retiro dividido con ella. Todo eso es imposible —murmuraba con incredulidad y a la vez con pánico.

Mis vaticinios se cumplieron. A la hora de dejar a uno en la casa y con los electrodomésticos, el juez se inclinó por considerar más protegible la debilidad de la anciana que la del vetusto coronel. Una semana después, ante la amenaza de ser lanzado por el juzgado, el coronel Adánez se batió en retirada. Dejó su casa, surcándole las mejillas gruesos lagrimones, y se instaló en una pensión.

Un mes después murió.

Al romperse la convivencia, no es sólo la casa en sí la que es objeto de reparto. Una vivienda no son únicamente las paredes. En su interior se albergan infinidad de objetos de especial afección o de uso individual por cada uno de los esposos y los hijos.

En reciente discusión, un marido obligado a dejar la vivienda reivindicaba con ardor, como propiedad privativa suya —exclusivamente suya—, unas botellitas miniatura de champú y gel de baño, de esas que los hoteles ponen en las habitaciones para el uso de sus huéspedes. Claro que inmediatamente reivindicó también una caja de plástico que estaba en el cuarto de baño. Cuando fue a llevársela, resultó que en ella guardaba la mujer las compresas higiénicas.

Otro marido, expulsado de la vivienda —casi siempre suele ser el marido—, reclamó por escrito unas armas que figuraban en el hogar.

—Mi afición es la caza mayor. Tengo constantes cacerías y no puedo acudir a ellas sin mis armas, que están en mi casa y que, además, me han costado un dineral.

La esposa adujo que esas armas estaban fijadas a la pared, como adorno formando una gran cornucopia, y que eran antiguas, inservibles para su uso actual. El juzgado se personó para comprobar su condición y, efectivamente, constató que en una pared del gran comedor de la casa estaban colgadas hasta una altura apreciable dos docenas de armas de fuego. Entre ellas había pistolas de duelo, escopetas de mecha, arcabuces y una preciosa espingarda, de culata trabajada, con nácares y marfiles incrustados. En medio de las armas, para hacer más evidente su inutilidad venatoria, se encontraba un precioso escudo.

—¿No me dirá —preguntó el juez al marido, que asistía a la diligencia— que esas armas son usadas por usted? Porque si logra darle a una perdiz con esa espingarda debe ir a los Campeonatos del mundo.

El esposo, acorralado por la evidencia y por las palabras del juez, no sabía cómo salir con dignidad del embrollo. De repente se fijó en una preciosa cabeza de ciervo, con una cornamenta, medalla de plata, de múltiples puntas, que colgaba en la pared de enfrente y señalándola, dijo:

—En todo caso, señor juez, lo que es indiscutible es que esos cuernos son míos.

Y es que la Ley determina que el cónyuge beneficiario de una pensión compensatoria que se casa o convive con otro pierde la pensión. Sin embargo, no establece igual sanción con el uso del domicilio común. Aunque al nuevo se le meta en la casa, sea de forma ocasional o sea, incluso, permanente, no se pierde el derecho a usar la vivienda, sea ésta del exmarido o la exmujer, o sea de los dos. Por tanto, el que cobra una pensión se queda sin ella si lleva a vivir a su casa a otro, pero sigue en la vivienda aunque sea, para más inri, sólo del otro.

Servanda se defendía con uñas y dientes de una demanda de extinción de la pensión compensatoria que desde hacía dieciocho años le pagaba su exmarido. Alegaba éste que ella vivía con un tal Anselmo, cuyas demás coordenadas ignoraba. La convivencia —decía el demandante— era pública y notoria. Anselmo figuraba incluso en la Seguridad Social con el mismo domicilio que Servanda y unos detectives, cuyo informe se acompañaba, testimoniaban que de aquel portal salía el susodicho todas las mañanas y al mismo regresaba todos los atardeceres.

La verdad es que Servanda estaba atrapada. Al principio había puesto mucho cuidado. Cada uno en su casa. Pero poco a poco fueron relajando los cuidados. Primero empezó él a quedarse los fines de semana. Luego algún otro día. Especialmente en invierno. Es que era muy duro para él, después de haber estado calentito en la cama, volverse a vestir y salir a la calle, a las tantas de la madrugada, para ir a su piso, que al llegar él, estaría, además, inhóspito. Un día se dejó el cepillo de dientes y la maquinilla de afeitar; otro, el pijama y la bata; y alguna muda… Más tarde, un traje… y más ropa interior… y más y más. Y luego está el dinero, claro. Porque la verdad es que esto de mantener dos casas costaba un riñón. Total: que poco a poco fueron bajando la guardia. Hasta que Anselmo dejó su piso y se quedó del todo en casa de Servanda.

Y no pasó nada. Así llevaban ya tan contentos más de tres años. De repente, ¡zas! Una demanda. Por unas míseras 52 376 pesetas que le pagaba Julio. Y eso después de aplicar los IPC, que antes eran menos. La verdad es que su exmarido era un pejiguero y un chinche. En el fondo a él qué más le daba. Después de tantos años…

Pero a Servanda se le ocurrió una idea genial. Como ahora las cosas eran distintas y con eso de la protección de la intimidad no se podía cualquiera meter en honduras, la verdad es que iba a ser muy difícil que Julio probase la naturaleza de sus relaciones con Anselmo. Sólo quedaba el hecho de que compartían la vivienda. ¿Cómo se producía esta vivencia en el mismo domicilio? ¡Anselmo era un realquilado! ¡Un huésped! ¡Fantástico! Con la exigüidad de la pensión, ella no tenía más remedio que ayudarse un poquito. Había tomado un realquilado: Anselmo.

No sé si fue el hecho de que, naturalmente, Servanda no tenía dada su casa de alta para tener huéspedes o fue culpa del dichoso Fisco porque no declaraba ni un céntimo de estos ingresos. O se debió, simplemente, a un ángel protector de Julio, que se había despertado al cabo de dieciocho años, pero la realidad es que la idea fantástica no tuvo éxito. El juez no se creyó su historia. Servanda perdió la pensión.

Eugenia vivía con sus dos hijas en el piso que le había correspondido al liquidar la sociedad de gananciales con José Pedro. Éste tenía que pagarle una pensión para las dos niñas y una para ella, por tiempo indefinido. Eugenia tenía un novio. Nadie lo discutía. Pero el novio tenía su propia casa. Es cierto que se quedaba la mayor parte de los fines de semana en el piso de Eugenia. Pero vivía aparte y su relación —decían ellos— carecía del proyecto común de vida que caracteriza el matrimonio. José Pedro, no obstante, quería terminar con una obligación de pago que, dijera la Ley lo que quisiera, le daba todos los meses, cuando recibía el adeudo del banco, un puntapié en el estómago. Pagarle a esta mujer para que estuviera con otro era una ignominia.

En el pleito quedó patente la existencia de dos casas. La esposa presentó una amplia documentación proporcionada por Ramón, tanto de sus relaciones laborales y de Seguridad Social, como de sus cuentas bancarias y declaraciones fiscales. Declaró éste que efectivamente salía con Eugenia, pero que también lo hacía con otras. Su relación distaba mucho de parecerse a la matrimonial. Era cierto que el último verano habían ido juntos de vacaciones al pueblo de donde procedía ella y que se habían alojado ambos en casa de unos primos de Eugenia. También era verdad que él utilizaba de vez en cuando un coche que estaba matriculado a nombre de ella. Él no tenía coche. Reconocieron también que cuando él se quedaba a dormir en casa de ella se encontraban en la casa las dos hijas.

El juez extinguió la pensión. Estimó que la connivencia de las hijas y de los parientes del pueblo de ella quitaba cualquier carácter ocasional y sin compromiso a la naturaleza de la pareja. Se había integrado en la organización familiar. También subrayó la importancia a este respecto de la duración de su relación y de su publicidad. Y finalmente, también fundamentó su razonamiento en la solidaridad reflejada por la disponibilidad por parte de Eugenia de toda la documentación económica de Ramón, dada la intimidad de la misma —bancos, empleo, impuestos—, que aparecía corroborada por el hecho de ella hubiera comprado un automóvil y que lo usara él. Ni ella ni sus hijas tenían carné de conducir.

Marieta, condueña con dos hermanas de un edificio de pisos en Sevilla, vio amenazada la pensión que le pagaba su marido por su convivencia con Armando, un joven argentino de acento cadencioso y pelo engominado. Armando no tenía donde caerse muerto y vivía a costa de Marieta y, claro está, también a través de la pensión, del marido que fue de ella. La pensión era sustanciosa por serlo igualmente la fortuna del pagano, aunque ella tenía también importantes bienes, en comunidad con sus hermanas y coherederas de sus difuntos padres, que eran bastante ricos.

Andrés llevaba fatal el pago de la pensión. Cada vez que recibía de su banco la notificación del adeudo por la transferencia a Marieta se le revolucionaba la bilis. Y no digamos nada del momento anual en que tenía que actualizar la cifra. Se ponía enfermo. Por una parte, sentía sobre su cuenta corriente la injusticia de pagar una pensión a quien por sí misma tenía una fortuna heredada de importancia. Pero si a eso se unía que la muy zorra tenía un amante, con publicidad y alevosía, puede comprenderse que le sentara como un tiro.

Lo que ocurre es que era tremendamente difícil probar esta relación. No bastaba con demostrar que les unía una relación amorosa, sino que era preciso que hubiera convivencia, como si fuera matrimonial. Para evitar esta situación o, al menos, para aparentarlo, la pareja no tenía el mismo domicilio. Ella vivía en un magnífico piso —el sexto— de más de trescientos cincuenta metros cuadrados, en la mejor zona de la ciudad. El inmueble era propiedad suya y de sus hermanas. Armando, el argentino en cuestión, tenía su residencia en un diminuto apartamento del mismo edificio, que se encontraba en el sótano. Era el que se destinaba, en tiempos, para el chófer de alguno de los ocupantes de los pisos. Como entonces se acostumbraba para estas viviendas de servicio, la superficie era exigua y la calidad de sus acabados deficiente. El cuarto de ducha y la cocinita eran realmente pequeños y mal concebidos. La otra habitación, que debía servir de dormitorio y salón, estaba mal ventilada y sin vistas de ninguna clase. Su única ventana —un ventanuco— estaba abierta al patio interior, lleno de olor a cocinas y de vistas a ropa colgada.

Aquel elegante argentino, de moreno pelo reluciente —brillantina y fijador— y sonrisa resplandeciente, no vivía allí. Eso era seguro. Teniendo en el sexto piso de la misma casa una vivienda señorial, llena de lujos y comodidades, a su entera disposición era evidente que no se iba a recluir en aquella covacha. Los detectives contratados al efecto declaraban con rotundidad que la pareja, un día tras otro, tras terminar su jornada social, entraban juntos en el mismo inmueble. Pero ¿cómo demostrar que, una vez traspasado el umbral del portal de la finca, él no se iba a la casa que teóricamente era la suya, sino a la de su amante? Se buscó a través del teléfono o de la electricidad. Armando tenía contratos a su nombre, correspondientes a estos suministros, en la vivienda del sótano. Se buscó en la Cámara de la Propiedad Urbana. Armando tenía un contrato de arrendamiento y estaba depositada legalmente la fianza perteneciente a este inquilinato. El portero era un empleado de Marieta. Parecía imposible.

Andrés estaba desesperado. No podía consentir, además, que Marieta y el tanguista de su novio se burlaran de él. Las pruebas que tenía eran escasas y no muy determinantes. Dos fotografías aparecidas en secciones de sociedad de dos periódicos les unían como pareja. En ambas figuraban ellos de etiqueta en fiestas de caridad en Marbella. En las dos, Armando estaba resplandeciente. Los comentarios sobre él eran altamente elogiosos y lo mismo sobre su extracción social. Lo cual era útil, porque difícilmente se hacía compatible con su residencia en un cuchitril, como el que pretendían que era su casa. Pero no era suficiente.

La labor de los detectives fue espléndida. Aportaron pruebas que revelaban que viajaban con frecuencia juntos y que, cuando lo hacían, ocupaban la misma habitación en hoteles de lujo. Eran invitados juntos, como pareja, en casas de amigos y familiares. Asistían, también como pareja, a bodas y bautizos. Toda esa telaraña fue dibujando un panorama bastante claro. Sólo faltaba un empujoncito.

Se presentó la demanda para extinguir la pensión. La postura de la exesposa fue, como era de prever, alegar la ausencia de convivencia. Tenían viviendas separadas. Próximas, pero distintas. No vivían juntos.

Cuando llegó el período de prueba, apareció una ayuda determinante por parte de los hados —de los hados que defienden a los hombres engañados, no de los otros, los que ayudan a las mujeres infieles, que, sin duda, estaban distraídos—. Pidió el juzgado, a instancia de Andrés, informes a las compañías suministradoras de electricidad y gas y a la Telefónica sobre los consumos que habían tenido lugar en la vivienda del sótano —la de Armando— durante el último año. El resultado fue espectacular. Durante aquellos doce meses, los consumos habían sido inexistentes. Cero. Sólo se había pagado el mínimo. Los contadores habían estado en absoluto reposo. Nadie había encendido la luz. Nadie se había lavado. No se había cocinado. Nadie había vivido allí.

Se extinguió la pensión.

XIV
LA JUSTICIA

No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo la protección de la Ley y en nombre de la Justicia.

MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes (1748)

Mi reflexión sobre cuestiones que afectan a la profesión de abogado no puede estar completa sin dedicar unas líneas a la Justicia. Se supone que todos los que trabajamos alrededor de los tribunales y de las leyes tenemos un norte y un objetivo: la Justicia. Ya lo decía Alfonso X, el Sabio, en la Partida Tercera: Justicia es una de las cosas por que mejor e más endereçadamente se mantiene el mundo. Pero el problema es que cualquiera sabe dónde está la Justicia.

Para hacernos una idea, aunque sea somera, de la enorme dificultad que entraña la persecución de la Justicia, empezaremos por consignar un aforismo jurídico que dice que summum ius, summa injuria. O lo que es lo mismo: la aplicación estricta del Derecho produce la mayor injusticia. Estamos buenos. O sea, que si aplicamos la Ley, a lo mejor —lo peor— estamos vulnerando la Justicia. Menudo lío. Claro que ya debía mosqueamos que su representación sea una mujer con los ojos vendados y una gigantesca espada en las manos. Cualquiera sabe lo que puede ocurrir, cuando se anime y empiece a dar mandobles, sin ver ni gorda.

En cierta ocasión, plenamente convencido de lo ajustado de su sentencia, el juez Melford Stevenson impuso una pena de diez años a un anciano reincidente.

—¡Señoría!, —le manifestó en señal de protesta, el condenado—. ¡Diez años! Tengo setenta y seis. Nunca podré cumplirlos.

—Bueno —murmuró el juez lleno de buena voluntad—. Cumpla los más que pueda.

Cada país tiene un sistema legal para alcanzar este fin de la Justicia. Cada uno el suyo. Y todos diferentes. Dice Newton Minow, en un estudio comparativo de los sistemas legales, publicado en Time Magazine el día 18 marzo de 1985 que en Alemania, bajo la Ley todo está prohibido a menos que esté permitido; en Francia todo está permitido, menos lo que está prohibido; en la Unión Soviética todo está prohibido, incluido lo que está permitido; y en Italia, bajo la Ley todo está permitido, especialmente aquello que está prohibido. ¿Dónde estamos nosotros?

En la búsqueda de esa Justicia es esencial reglamentar la forma a la que debe acomodarse esta persecución. Fijar las reglas del juego. Reglamentar las oportunidades que cada uno de los implicados tiene en ese menester. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha traído muchas reformas en estas reglas. Se supone que todas ellas han de proporcionar más y mejores oportunidades a los que demandan esa Justicia. Algunas modificaciones son profundas; otras menos. El incremento de la oralidad en los juicios en primera instancia ha sido uno de los avances más importantes. Se ha producido con esta nueva Ley una universalización de lo que el lenguaje popular llama juicios. Con muy buen juicio. Estos actos, por sus características de presencia del juez, del secretario del juzgado, de los abogados y procuradores, de los interesados, de los testigos y de los peritos, así como la exigencia constitucional de publicidad y, por tanto, de apertura al público —salvo casos excepcionales que afectan a la intimidad— precisan de un local adecuado: la sala de juicios —y de un ritual.

Preside el juez, togado y con mangas adornadas de vuelillos blancos. Tras él, los emblemas de la Justicia —balanza y espada—, las banderas nacional y autonómica y el retrato del Rey. Para impresionar. E impresiona. Su mesa se asienta sobre una tarima para alcanzar una altura superior al resto de los mortales. Bueno, no a todos, porque la Ley confiere a los abogados el derecho a permanecer a la misma altura del juez. Para ello, también los letrados tenemos nuestras mesas —una a cada lado del juez— subidas en otras tarimas. Cada uno la suya. Hay que reconocer que este juego de estrados convierte la sala en un cierto laberinto. Por otra parte, al no ser los actuales locales excesivamente grandes, las tarimas son pequeñas y estrechas, lo que unido al carácter rodante de los sillones, determina un cierto grado de peligrosidad. Parece una gincana.

En cierta ocasión tenía enfrente de mí a un gran abogado, de porte mayestático y gesto ampuloso, que se movía de forma incesante durante su discurso ante la Audiencia. Su sillón de ruedas seguía su impulso, adelante y atrás, rodando por la tarima, al ritmo de sus palabras. Yo, situado frente a él, seguía atentamente su perorata tomando algunas notas para mi contestación posterior. De repente, al levantar la vista del papel, me di cuenta de que al echarse mi oponente hacia atrás en su sillón, dos de las cuatro ruedas de éste habían abandonado el contacto con el suelo y se balanceaban en el aire fuera de la tarima. Gracias a que en ese momento estaba echado hacia delante, su peso mantenía el sillón en equilibrio, pero cualquier variación de su postura provocaría que las dos ruedas que no tocaban tierra buscaran su asiento más allá de la tarima, con lo que mi colega —y sin embargo amigo— se caería hacia atrás de forma espectacular. No pude contenerme.

—¡Felipe! ¡Cuidado! ¡Qué te matas! —exclamé, interrumpiendo su discurso de modo heterodoxo.

Reaccionó rápidamente. De un tirón volvió las ruedas a su reposo natural, mientras, consciente del peligro padecido, intercalaba en su exposición un fervoroso

—Gracias, querido amigo. Gracias.

El presidente del tribunal, comprensivo, disculpó mi interrupción, en atención a las circunstancias.

—Prosiga señor letrado —dijo.

Hasta hace muy poco, en el orden civil, casi todo era escrito. La gente, en general, no sé si por sentido común, por lo que veían en la televisión o por una mezcla de las dos cosas, no lo entendía. Cualquiera que tenía un tema pendiente con la Justicia nos preguntaba sin duda alguna.

—Todo eso está muy bien, pero ¿cuándo es el juicio?

El juicio. Ése era el acto insustituible en el cual, iba él —o ella— a exponer de viva voz todas sus reivindicaciones ante el juez, sus razones y las sinrazones contrarias, iban a deponer los testigos —los buenos y los malos, los veraces y los más falsos que el alma de Judas— como preludio de una resolución, que, sin duda, le iba a reconocer su derecho. Sin embargo, ante la situación legal, nosotros teníamos que decirle:

—¡Qué juicio ni qué ocho cuartos! Eso será en las películas. O en lo criminal. Pero en lo civil, en España, todo se hace por escrito.

—Pero no me diga usted que yo no voy a ver al juez. Ni el juez me va a ver a mí. Ni oírme —replicaba nuestro atribulado cliente.

—Pues no. Todo escrito.

Así pudo ocurrir que un ciudadano, tras obtener una sentencia que no cumplía sus expectativas, preguntó si podía ver al juez.

—La verdad es que no es fácil —le contesté—. Muchos no reciben a los interesados. Pero se puede intentar. Lo más que puede ocurrir es que diga que no. Le pediré al procurador que haga la gestión y solicite hora para usted.

Hubo suerte. El juez accedió a recibirle y fijó para la entrevista una hora de la mañana, unos días más tarde.

Femando Rodríguez acudió puntual el día y hora señalados. Tras una espera moderada, el agente judicial le invitó a pasar al despacho del juez.

—Su señoría le espera —anunció.

Rodríguez abrió la puerta indicada por el agente, echó una mirada lenta y profunda al interior del despacho en el que tras la mesa se parapetaba el magistrado y dijo:

—Buenos días —y tras una breve pausa, continuó—: Muchas gracias por recibirme. No le molesto más. Me voy. Adiós.

E inició su retirada.

El juez, sorprendido, le preguntó:

—Pero, hombre de Dios ¿a dónde va usted? Me habían dicho que quería verme…

—Sí, señoría. Efectivamente. Lo que quería era verle. Ver a la persona que me había apartado de mis hijos, me había separado de mi mujer, me había echado de mi casa y condenado a pagar más de las dos terceras partes de mi sueldo, dejándome en la miseria. Verle. Sólo verle. Y ya le he visto… Adiós.

La exigencia de juicios orales plantea la necesidad de más locales donde celebrarlos y la presencia de más personas ajenas a ellos en los pasillos de los Palacios de Justicia. Evidentemente, hay que modernizarse. La Justicia tiene que ponerse a tono con los tiempos que corren. Por eso, da gusto recorrer los pasillos de un edificio dedicado a los juzgados. No por la calidad de sus instalaciones, sino por la originalidad de su ambiente. En las puertas de las salas de juicios pueden leerse sabrosos letreros.

En unos se avisa a los usuarios de la Justicia que antes de entrar en la sala deben «Apagar móviles y no mascar chicle». En otro de una localidad de la costa mediterránea, de forma autoritaria se señala que «Se prohíbe entrar en sala en bañador». En ocasiones es el agente judicial el que de viva voz da algunas instrucciones:

—Y a los señores letrados he de advertirles que al final del acto no se acerquen a dar la mano al juez, como se acostumbra muchas veces. Al juez no le gusta dar la mano y, por tanto, no se la da a nadie. Así nos evitamos equívocos.

Y qué decir de esa apasionante lectura que nos brindan otros letreros convenientemente pegados en las paredes, puertas o cristales.

«Casi todo el mundo se casa para solucionar alguna cosa: de amor o de interés. Y cuando logran su propósito solucionan el matrimonio mismo: esto es, lo disuelven», dice uno pegado en un juzgado de familia. Más allá, leemos: «Funcionario de Justicia busca habitación exterior en piso compartido por otro funcionario. Teléfono… (mañanas)… (tarde, noches)».

Pero, sin duda, los mejores tratan de ayudarnos en nuestra función. «No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa» o «Prohibido tener prisa».

En este ambiente no puede extrañar que al entrar un litigante en la sala, de frente al altar de la Justicia, presente el oficiante vestido con toga y adornos blancos, hiciera una genuflexión mientras murmuraba: «Ave María Purísima».

Ahora, en principio, no puede pasar esto. La amplia exigencia de los juicios da a la Justicia una cara y un gesto humanos.

Estos actos judiciales han cambiado el ejercicio profesional en lo civil, aproximándolo a lo penal o lo social. Por eso, los abogados que han venido actuando en aquella materia tienen que aprender nuevas reglas. La primera, quizá, es cuándo se debe hablar; la segunda, a no hacer una pregunta cuya respuesta no se conozca; y la tercera cuándo se debe callar.

Desarrollar el arte del interrogatorio es un nuevo desafío profesional. Aceptémoslo con entusiasmo. En su seno está la médula de la abogacía. Aunque, en todo caso, recuerda lo que decía Ralph Waldo Emerson (The conduct of life, 1860): «El buen abogado no es el hombre que tiene un ojo en todos los lados y ángulos del conflicto, y ejercita todas sus capacidades, sino el que se lanza de tu parte tan vehementemente que puede sacarte de tu atolladero».

Con ocasión de un pleito en que se reclamaba una indemnización de daños y perjuicios, la víctima declaraba en el juicio.

—Cuéntenos usted cómo ha quedado después del accidente —le preguntó el abogado de la compañía de seguros.

—Pues he sufrido todo el golpe en el brazo y hombro derechos de forma que mi capacidad de movimientos se ha visto disminuida —respondió el accidentado.

—Entonces ¿quiere demostrarnos hasta dónde puede levantar el brazo en la actualidad? —rogó el letrado.

—No faltaba más. Ahora el movimiento máximo que puedo hacer es hasta aquí —dijo la víctima, mientras al mismo tiempo ascendía penosamente el brazo, apenas hasta la altura del hombro, con un gesto de dolor.

—Por tanto, ahora, como consecuencia del accidente sus movimientos del brazo han quedado limitados hasta formar más o menos un ángulo de noventa grados con el cuerpo, ¿no es así?

—Sí señor.

—Y ¿no puede subir el brazo más allá?

—No señor.

—Ahora, demuestre usted al juez hasta dónde podía usted subir el brazo antes del accidente —pidió el abogado.

—Antes del atropello yo podía subir el brazo, como todo el mundo, hasta aquí —contestó el accidentado, mientras, muy satisfecho, con toda normalidad estiraba el brazo por encima de la cabeza hasta ponerlo recto en sentido vertical.

Pero la oralidad plantea algún otro problema. Dice un refrán español que «palabras y hojas secas, el viento se las lleva» y coincide con Horacio en sus Epístolas que, de modo parecido, afirma que «la palabra, una vez hablada, vuela y no torna». En la función de administrar Justicia, lo que se dice, por unos y otros, en los juicios, es fundamental. Pero ¿qué hacer para que perduren sin equívocos ni desfiguraciones las palabras allí pronunciadas? Y no sólo en su estricta entidad, sino en algo más. Somerset Maugham dice que «las palabras tienen peso, sonido y apariencia». ¿Cómo conservar estas condiciones de la palabra? Los jueces, para dictar las sentencias judiciales a través de las cuales pretenden impartir Justicia, ¿deben fiar a la memoria lo oído en el juicio? Y los tribunales de apelación, que ni siquiera han presenciado las actuaciones judiciales, ¿cómo van a saberlo? ¿Lo recogido en el acta, breve y escueta, es suficiente para cumplir el objetivo de materializar lo hablado?

El legislador, en un alarde de modernidad, por arte de birlibirloque, ha lanzado al estrellato de la reforma procesal a la grabación en vídeo de las actuaciones judiciales. Su finalidad es la preservación de lo dicho en el juicio, con todos sus matices, sin posibilidad de manipulación por el actuario. De esa forma, el propio juez y los tribunales de alzada pueden verlo de nuevo y volverlo a ver cuantas veces quieran. Con fidelidad. Con exactitud.

Esta innovación no será, quizá, lo más importante de la reforma, pero sí lo más exótico. Y polémico. No hay instalaciones, no hay salas, pero —eso sí— allí donde las haya e, incluso donde no las haya, pero exista un sucedáneo, con celeridad y eficacia, se ha instalado una cámara de vídeo, que graba la actuación judicial. Las palabras, su sonido, su acento, su música y su letra quedan encarceladas en su caja correspondiente. Y la imagen. Más o menos.

La aparición de los vídeos en los juzgados empezó a plantear problemas desde el día anterior a su entrada en funcionamiento. El primero fue el de quién debía estar a cargo del aparato y de su funcionamiento.

En algunos órganos judiciales la atribución de esta responsabilidad fue deslizándose de uno a otro, por estricto turno jerárquico. El juez se lo encomendó al secretario, que a su vez se lo encargó al oficial y éste al auxiliar, quien delegó generosamente en el agente judicial, que ya no pudo largar el muerto a nadie más.

—Pero ¿cómo voy yo a hacerme cargo de las grabaciones si yo no sé ni poner la radio? —exclamaba un agente—. Y si luego no ha salido nada, ¿qué pasa? ¿Voy a responder yo? Ni hablar. Además, ¿dan algún sobresueldo o gratificación por ello? Lo que hay que hacer es crear el cuerpo de videooperadores judiciales, con ingreso por oposición.

En algún juzgado el manejo lo ha asumido el juez, lleno de entusiasmo. En una mesita al lado suyo se encuentra el aparato de vídeo. De vez en cuando, en medio de un juicio, al oír la señal de parada, levanta la mano y exclama:

—¡Un momento, señores! Hagamos una pausa. (Algunos dirían un receso). Se ha terminado la cinta. Voy a cambiarla.

Esté en la situación en que esté el acto judicial, todo se detiene, mientras su señoría procede a cambiar la cinta y a poner de nuevo en marcha el aparatejo.

También hay que considerar el gasto de las cintas. En Barcelona se han instalado unas máquinas expendedoras de vídeos en los propios juzgados. Cualquiera que quiera una copia —porque los interesados tienen derecho a una copia a su cargo— ha de entregar su cinta, que el espíritu práctico catalán ha puesto cerca del consumidor.

Claro que ya se están detectando fallos. Me contaba alguien que hace días, tras la celebración de un juicio en el que habían declarado más de una decena de testigos, además de los litigantes, y en el que se había discutido la posible ilicitud en la obtención de varias pruebas, seguido de informes orales de las defensas de ambos contendientes, al poner fin al acto, el juez se había dado cuenta que la cinta no había pasado. Como nos ocurre a cualquiera cuando salimos de casa y dejamos programado el grabador de vídeo, para poder ver a posteriori una película, un reportaje o un partido de fútbol y, a nuestro regreso, observamos que no se ha movido la cinta ni un milímetro o que hemos recogido con fidelidad, digna de mejor causa, otro programa distinto en diferente cadena. El videoaficionado del juzgado no tiene por qué estar inmune a tan nefando resultado.

—¡Horror! —dijo el juez, agotado por la larga y viva sesión—. No se ha grabado nada. Hay que repetir el juicio. Pero ¡ojo!, que no vaya nadie a decir algo que no haya dicho antes, ¿eh? Eso no vale.

Algo fundamental es la determinación de a quién se graba en el vídeo y de quién no. Si se fuera a emitir en una hora de mucha audiencia en alguna cadena de televisión quizá la discusión tendría otro sentido. Pero si es sólo para poderlo ver el propio juez o, el día de mañana, los tribunales superiores, no merece la pena salir en él. Además, los interesados pueden pedir copias y cualquiera sabe lo que pueden hacer con ellas, que eso no está regulado. ¿Pueden entregarlas a las tómbolas de turno? Porque son suyas. Mejor es no salir. Y como el que manda, manda y el que no, no manda nada, los jueces deciden que ellos no salen.

Claro que no deben ser todos. Un antiguo magistrado de un altísimo tribunal, ya retirado y ahora ejerciente como abogado, me contaba no hace mucho que acudió a una ciudad de provincias a celebrar un juicio. Llegó con puntualidad, pero tuvo que esperar más de media hora a que llegara la juez de turno. Dada su personalidad, la juez se apresuró a deshacerse en excusas por su retraso.

—Perdóneme la demora, pero es que me han entretenido en la peluquería. Cómo ahora se graba en vídeo…

Pero, como digo, la mayor parte de los jueces no quieren salir en el vídeo, al menos en imagen, porque su voz, mejor o peor, se graba. Ésa es, a decir de algunos, la ventaja de esta forma de documentar los actos judiciales. Así no se atreverán algunos magistrados a decir las cosas que dicen o producirse como lo hacen.

Para excluirse de la imagen se alegan razones de seguridad e intimidad. Pero ¿qué ocurre con idénticos aspectos de los abogados, de los procuradores o de los litigantes y testigos? ¿Y qué decir de los temas escabrosos o especialmente personales e íntimos, en que la propia Ley excluye sus juicios de la norma general de la publicidad de la Administración de Justicia?

En otra ocasión el juez no quería salir en la grabación. Tampoco a los abogados se les enfocó la cámara, que únicamente apuntaba a los sitios en que normalmente se sientan los interesados y los testigos. Pero en este juicio —ocurre muchas veces— no estaban los unos ni había de los otros. La cinta, como si fuera producto de un director vanguardista, tenía unas voces en off no identificadas, mientras la imagen, no muy nítida, mostraba dos sillas vacías durante toda su monótona duración. Verlo, tenía que ser una delicia.

El tema de las copias, a las que tienen derecho los interesados, se las trae. En el mundo judicial, además, una copia no es una reproducción cualquiera. Como ocurre con las relativas a documentos notariales, tienen que estar cotejadas con su original y un fedatario ha de garantizar que se corresponden con el original. Si eso es cierto con algo de tan fácil duplicación y posible adulteración, más aún ha de serlo cuando de vídeos se trata, donde a la hora de replicar, además, pueden darse —y de hecho se dan— tantos errores. El secretario judicial, que es quien tiene la fe judicial, tendría que asumir esa función garante. Para ello, no tendría más remedio que, sentado cómodamente ante dos televisores, verse simultáneamente el original y la copia para certificar que ésta se correspondía con exactitud con aquélla. Imposible de otro modo comprometer nada menos que esa fe pública de la que es custodio. ¿Tendremos a los secretarios en lo sucesivo sentados horas y horas ante televisores paralelos, viéndose una y otra vez todas las cintas grabadas y todas sus copias, mientras contempla quizá cómo dos sillas vacías, en un escenario de inmovilidades, prestan su imagen a unas voces sin dueño a la vista?

Claro que alguien apuntaba una posibilidad.

—Si ni jueces, ni fiscales, secretarios, abogados, procuradores y litigantes quieren aparecer en imagen en los vídeos, por razones de seguridad e intimidad, quizá se podría recurrir a que todos ellos usaran pasamontañas para ocultar sus rostros, porque del uso de ellos nada dice la Ley.

—¡Hombre! —añadió otro— y para distinguirse de los demás, los pasamontañas de los jueces podían adornarse con vuelillos…

No deja de llamar la atención la desconfianza que el legislador expresa en esta Ley de Enjuiciamiento Civil hacia los abogados. Cuando habla de la posibilidad de la suspensión de las vistas o juicios, al referirse a los jueces o secretarios basta su «indisposición» para justificarle. Por el contrario, cuando la causa afecta a los abogados se requiere la «muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta…, justificada suficientemente a juicio del tribunal». ¿Bastará el certificado de defunción?

No puedo terminar estas reflexiones sin permitirme dar unos consejos finales a mis jóvenes compañeros abogados.

En primer lugar, aunque muchos clientes quieran que lo olvidéis, recordad que la abogacía es un servicio, pero que también es una profesión de la que tenéis que vivir. Por eso os transmitiré tres reglas de oro americanas:

Obtenga el dinero por delante

No haga promesas

Obtenga el dinero por delante

Un escritor norteamericano, Larry Wilde, cuenta que, en cierta ocasión, estaba un abogado hablando con un posible cliente, al que para empezar le manifestó:

—Antes de aceptar su caso tiene usted que darme 50 dólares de provisión de fondos.

—De acuerdo, aquí están los 50 dólares —dijo el cliente alargándole el dinero.

—Gracias —dijo el abogado. Esto le da derecho a dos preguntas.

—¿Qué? Cincuenta dólares simplemente por dos preguntas. ¿No es eso carísimo?

—Sí. Supongo que sí —dijo el letrado—. Y ahora, ¿cuál es su segunda pregunta?

Algunas veces, al igual que ocurre con los médicos, padecemos a personas que pretenden hacerse con nuestros servicios, sin pagar por ellos. Y lo hacen los mismos que tienen un comercio o un hotel y se quedarían horrorizados si alguien, aunque fuera amigo, quisiera llevarse un abrigo o alojarse un fin de semana con carácter gratuito.

De esa horrible costumbre se quejaba un médico a un abogado durante una fiesta en la que coincidieron.

—Una cosa que me enferma es que en cualquier lugar, soy abordado por conocidos casuales para aprovecharse y pedirme consejo gratuito. ¿Le pasa a usted lo mismo? —le preguntó al abogado.

—¡Oh! Sí, pero la verdad es que es muy fácil poner fin a esta práctica.

—¿Cómo? —preguntó ansioso el doctor.

—Muy sencillo. Lo único que hago es mandarles después una cuenta por la consulta. Nunca lo vuelven a hacer.

Se separaron amistosamente, tras agradecer el consejo entusiásticamente el doctor. Al día siguiente el abogado le envió una minuta de honorarios.

Hay muchas cosas que un abogado tiene que evitar. Entre ellas hay que huir de actuaciones como la de un joven pasante, Antonio Ferrant, que con ocasión de una enfermedad del abogado con el que estaba trabajando tuvo que recibir una tarde a unos clientes que se presentaron de una forma inopinada.

Durante veinticinco minutos tres varones y una señora le expusieron su problema. Se trataba de una sucesión en la que el difunto tenía tres familias: dos matrimoniales sucesivas y una de hecho, con hijos de todas ellas. Había otorgado testamento, pero antes del nacimiento de dos de sus hijos —uno matrimonial y otro no—. El testador era alemán cuando testó, pero luego se había nacionalizado español, aunque su residencia en el momento de su muerte era en Túnez, donde estaba retirado. De sus bienes, uno de los más importantes era una concesión de una mina…

Cuando llegó a este punto, Ferrant notaba claros síntomas de desmayo. Estaba perdido. ¡Qué complicado! ¿Cómo iba él a dar una opinión en tan complejo asunto? Se sobrepuso a su confusión lo bastante para, con una voz débil, darles su consejo:

—Lo que deben ustedes hacer es consultar a un abogado…

FINAL

No hay mejor manera de ejercitar la imaginación que el estudio de las leyes. No hay poeta que haya nunca interpretado la naturaleza con tanta libertad como un abogado interpreta la verdad. Jean Giraudoux, El tigre en puertas, 1935).

DIEZ CONSEJOS DE UN ABOGADO IMPENITENTE A UN COMPAÑERO

Si crees que tu cliente tiene razón, defiéndele con entusiasmo; si crees que no la tiene, defiéndele con el mismo entusiasmo: nadie carece totalmente de razón.

Mientras exista una posibilidad de recurrir la sentencia, no desesperes; cuando no exista ya recurso alguno, reza.

No olvides que en los pleitos hay que tener razón, saberla pedir y que te la den. Las dos primeras condiciones pueden excusarse; la tercera no.

Rechaza a los clientes que han tenido dos o más abogados en el mismo asunto: tu porvenir es el mismo de los anteriores.

A cualquier escrito y sentencia dale dos lecturas; excepto a los simples y sencillos: a esos dales tres.

Nunca asegures resultados: no hay casos ganados, sino sentencias favorables.

No olvides que más vale un mal acuerdo que un buen pleito; y sobre todo que más vale un buen acuerdo que un mal pleito.

Recuerda que es más importante saber cuándo debes callarte que cuándo debes hablar.

No hagas una pregunta cuya respuesta desconozcas, ni des una respuesta que conozca el adversario.

Apiádate del abogado contrario: tiene tus mismos problemas, pero, además, su cliente no te tiene a ti como abogado.

LUIS ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA (Madrid, 1934) es Licenciado en Derecho y Master of Laws por la Universidad de Harvard, en 1957. Abogado en ejercicio desde 1956, es presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia desde su inicio y fundador de ésta en el mes de enero de 1993, académico Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación y académico Correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid.

Ha desempeñado las tareas de profesor invitado en la Escuela Judicial y en las Universidades de Comillas (ICADE), Carlos III, Antonio Nebrija, Central de Barcelona, de Valencia y del País Vasco, así como las de Consejero General de la Abogacía Española (1990-1995), secretario de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (1989-1991) y presidente de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Madrid.

Entre otros, ha recibido los siguientes galardones: primer premio de investigación sobre Derecho de Familia, IV Premio San Raimundo de Peñafort otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia en 1988.

Autor de más de 37 artículos en publicaciones especializadas y de 143 ponencias y conferencias impartidas, entre su obra cabe destacar: El divorcio, defensa del matrimonio, Ante la separación y el divorcio, ¿qué puedo hacer?, Batallas conyugales y Con la venia y sin ella. Asimismo, es coautor de más de una veintena de libros del ámbito legal y jurídico.

NOTAS

[1] Diario El Mundo de Baleares, 9 de abril de 1991. <<

[2] El País, 5 de junio de 2001. <<

[3] Pero autos es también el nombre que se da a un expediente judicial siempre que esté en primera instancia, porque en tribunales superiores se denomina «rollo». <<

[4] 22.a ed., 2001. <<

[5] Y ¿por qué llamar a unos hijos naturales, como si los otros fueran artificiales? <<

[6] Claro que no siempre ha estado claro quién es el acreedor y quién el deudor. <<