Esta no es una historia de la Iglesia al uso, ni una historia sobre ETA, sino una crónica del proceso que discurre entre el nacimiento de la organización terrorista (1959) y su disolución (2018), y el protagonismo que han tenido en ella los miembros de la Iglesia, tanto en la legitimación de la violencia como en los numerosos episodios de mediación, en el surgimiento de los movimientos cívicos de pacificación, en el impulso a la reinserción de etarras, en las acciones para acercar las orillas del sufrimiento entre las víctimas y los victimarios, y, por último, en el desarme y desaparición de ETA.

Una vez acabada la violencia, parece que es el momento de que muchas historias salgan ahora a la luz. Con la Biblia y la Parabellum viene a colmar las exigencias de los más implicados en esta historia pero también atrapará al lector general con los momentos de complicidad entre curas y etarras, y los episodios de mediación y negociación, en un pulso continuado entre los poderes civil y eclesiástico a la sombra del Vaticano.

Pedro Ontoso

Con la Biblia y la Parabellum

Cuando la Iglesia vasca ponía una vela a Dios y otra al diablo

ePub r1.0

Titivillus 13.06.2020

Título original: Con la Biblia y la Parabellum

Pedro Ontoso, 2019

Diseño de cubierta: Planeta Arte & Diseño

Imagen de la portada: Mikel Jaso

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Ana, mi mujer. Sin su aliento

no habría sido posible este libro.

Y a mis hijas, Elisabeth y Ane, por su ayuda

y cariño constantes.

PRÓLOGO

de Rafael Aguirre Monasterio[*]

Este libro aborda el papel de la Iglesia, de sus estamentos oficiales y de varias de sus instituciones y miembros relevantes en los últimos cincuenta años de la política vasca, marcados por la violencia de ETA, que condicionó toda la vida social. Es un campo completamente minado y me apresuro a decir que Pedro Ontoso lo atraviesa con absoluta limpieza y sin escabullirse de ninguna de sus dificultades.

Es sabido que las relaciones entre la Iglesia y los medios de comunicación no son fáciles. La institución eclesiástica no destaca por su transparencia; su lenguaje resulta, con frecuencia, alambicado y confuso; las decisiones más importantes se toman con discreción, por no decir secretismo. Está habiendo cambios notables, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Esta opacidad propicia que los medios busquen en la Iglesia lo escandaloso, eleven a noticia el rumor y especulen con notable ignorancia y superficialidad. Hay periodistas especializados en economía, política, cultura, deportes, pero es muy raro, sobre todo en España, encontrar a quien tenga conocimientos sobre la Iglesia, sobre su función social, su vida y sus actividades. Puestos a sumar dificultades, hay que añadir que, también en nuestra sociedad, sometida a un galopante proceso de secularización, el tema desata pasiones y polariza las opiniones. Encontramos informaciones sobre la Iglesia que rezuman hostilidad, mientras otras tienen un inconfundible aire apologético. Pero el terreno pantanoso por el que se mueve este libro tiene una peligrosidad muy especial, porque afronta la actitud de la Iglesia en un País Vasco marcado por el terrorismo de ETA.

La Iglesia vasca ha tenido una personalidad muy acusada, ha conocido serios conflictos internos, ha jugado un papel importante y ha experimentado una transformación profunda inducida desde Roma. Esta Iglesia ha estado en la picota en la sociedad española, con razón o sin ella. Pedro Ontoso ha encarado esta problemática, tan compleja y conflictiva, y ha salido más que airoso de ella porque tiene acreditada competencia profesional como periodista y un profundo conocimiento de la Iglesia. Ha seguido los acontecimientos día a día desde El Correo, en el que ha trabajado durante muchos años, y ha realizado una investigación exhaustiva recurriendo a la historia, a documentación —para recabarla ha estado una buena temporada en Roma y ha visitado diversos archivos— y a testimonios orales, que son de especial importancia cuando se trata de acontecimientos recientes que han tenido lugar, muchas veces, en secreto.

Este punto es de especial importancia y uno de los mayores méritos del libro. Pedro se ha entrevistado con multitud de protagonistas del conflicto vasco de ideologías dispares: unos, miembros activos de la Iglesia; otros, personas que recurrieron a ella, pero siempre en relación con el conflicto de la sociedad vasca durante esos años. Sorprende la libertad con la que muchos han hablado con Pedro, sin duda cautivados por su calidad humana y por su fiabilidad, y también por una notable capacidad de empatizar con sus interlocutores sin traicionar los límites que impone la profesionalidad del periodista y la objetividad del relato. Gracias a esto, Con la Biblia y la Parabellum (título sensacionalista, que no responde a la seriedad del contenido) proporciona informaciones de mucho interés y, en varios casos, desconocidas hasta ahora. Pedro Ontoso lleva a cabo una descripción ágil y documentada que pretende ser rigurosa y lo consigue y, en algunas ocasiones, como no podía ser menos, manifiesta su opinión y hace algunas valoraciones, siempre con claridad, mesura y respeto.

El libro explora con gran amplitud el papel que la Iglesia y miembros cualificados de ella jugaron durante estos años conflictivos de la vida vasca. No me atrevo a decir que sea exhaustivo, ya que con toda probabilidad se irán conociendo con el paso del tiempo otros datos y actuaciones relacionadas con la Iglesia, pero desde luego no hay hasta la fecha ningún estudio que sea tan completo ni de lejos. En la medida en que la Iglesia fue un factor político de primera importancia, este libro es fundamental para conocer con rigor la historia del País Vasco de estos últimos cuarenta años.

Cada capítulo tiene unidad en sí mismo y no sigue un orden cronológico. Pedro conjuga la pluma ágil del periodista con la información rigurosa del historiador. El lector se encuentra con digresiones relacionadas con acontecimientos o personajes de la Iglesia que resultan interesantes, agilizan la lectura y, con frecuencia, tienen un gran valor para conocer algunas idiosincrasias y ambientar acontecimientos. Así, por ejemplo, el primer capítulo nos sorprende con la descripción del secuestro y asesinato de Aldo Moro, situándolo en las calles de Roma donde tuvo lugar, en unas páginas en las que Pedro Ontoso nos atrapa con un relato absolutamente fidedigno. Pero lo notable es el juego de espejos que realiza entre las Brigadas Rojas, que querían frustrar el compromiso histórico entre la Democracia Cristiana de Moro y el Partido Comunista Italiano de Enrico Berlinguer, con la perversidad del terrorismo etarra que redoblaba sus esfuerzos cuando se asentaba la democracia en España.

Como es inevitable, el libro hace referencia al magisterio de los obispos vascos de los años setenta a finales de los noventa, una época en la que José María Setién era el gran referente ideológico. Lo hace con precisión y relativa brevedad, porque es un aspecto muy conocido. Proporciona muchos datos sobre los intentos y presiones para que la Iglesia hiciese de puente o mediadora entre el abertzalismo radical y el Gobierno central de España. En mi opinión, en el libro queda claro que el valor que aportaba la Iglesia para estas gestiones era su cercanía y contactos con el mundo nacionalista y, concretamente, con su versión más radical. En todas estas maniobras salen muchos nombres, pero hay uno omnipresente, el de Juan María Uriarte, primer obispo auxiliar de Bilbao, quien, después, fue titular de Zamora y de San Sebastián y, más tarde, emérito. El Gobierno de Aznar recurrió a Uriarte para el diálogo con la banda etarra que tuvo lugar en Suiza en 1999. Pero reiteradamente era la izquierda abertzale la que recurría a la Iglesia para que le abriese el camino hacia personalidades eclesiásticas y para que avalase con su presencia a mediadores internacionales, siempre en función de su estrategia, según la cual ETA respondía a un conflicto político al que era necesario dar una proyección internacional.

El mantenimiento de los puentes con el nacionalismo vinculado al terrorismo etarra hipotecó dañinamente la actitud de la Iglesia, que llegó tarde a las tres grandes tareas que pertenecían a la entraña de su misión y que eran los ejes para acabar con ETA: la denuncia de la ideología de la organización terrorista, que se absolutizaba idolátricamente y exigía sacrificios humanos, lo que implica la más frontal oposición a la fe en Dios; la cercanía y solidaridad con las víctimas del terrorismo etarra y, por último, la defensa de la legalidad democrática como base de la convivencia y de la paz, y de los medios democráticos como única vía legítima para modificarla.

A la Iglesia la obnubiló la teoría del conflicto vigente en el mundo nacionalista, sin cuya resolución sería imposible acabar con ETA y su amplio apoyo social. Su disposición a colaborar en la ingeniería política —la historia ha demostrado que era innecesaria y que no hacía más que alentar las esperanzas de los terroristas— oscureció su testimonio moral y evangélico. La Coordinadora Gesto por la Paz, por el contrario, siempre distinguió netamente entre conflicto violento y conflicto político, y defendió que no se podían ni mezclar ni relacionar.

Hay un momento en el que Pedro habla de la famosa pastoral de los tres obispos vascos (Ricardo Blázquez, Juan María Uriarte y Miguel Asurmendi; no firmó Fernando Sebastián, de Pamplona) de 2002 titulada «Preparar la paz», y menciona las consultas que realizó Blázquez y las reacciones que provocó. Me permito una mención a este episodio porque se refiere a un hecho político que resultó de gran importancia y que generó un debate público en el que participé. Vaya por delante que estoy personalmente muy agradecido a Blázquez y que valoro de forma muy positiva el difícil y duro trabajo que realizó en Vizcaya durante quince años. En la mencionada pastoral, los obispos se oponían al proyecto de ley de partidos políticos que preparaba el Gobierno con el apoyo de casi toda la oposición, y que iba a conducir a la ilegalización de los partidos que mantuviesen algún tipo de vinculación con organizaciones terroristas. Pues bien, tengo que decir —no es ningún secreto porque lo hice en privado, pero también en público en una conversación en la Universidad de Deusto, además de escribirlo en el periódico— que le manifesté a mi obispo, Ricardo Blázquez, que en la pastoral los obispos habían cometido un grave error. Ante todo porque se trataba de un tema muy discutible en el que no debían inmiscuirse. En la carta afirmaban: «Nos preocupan como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas. […] Probablemente la división y confrontación cívica se agudizarían». Batasuna efectivamente fue ilegalizada y ninguno de estos sombríos presagios se cumplió. La ley fue mano de santo. A partir de ese momento se fue abriendo paso una corriente en el entorno político etarra que propugnaba la desvinculación institucional con ETA, la aceptación del marco democrático y el hacer política ajustándose a las reglas de juego. Esta postura acabó prosperando y fue decisiva para el arrinconamiento social de ETA. En esa ocasión, los obispos no estuvieron especialmente inspirados o, si se prefiere, la perspectiva nacionalista dominante los llevó a un juicio político profundamente equivocado.

La riqueza de este libro invita a glosar y a discutir otros muchos puntos, pero el prologuista debe saber contenerse dentro de unos límites razonables y es momento de acabar con unas reflexiones finales. Los años de plomo de ETA han dejado una fuerte huella en el País Vasco, en las víctimas ante todo, pero también en las relaciones personales y sociales, y en los partidos políticos. ¿Cómo sale la Iglesia de este largo y oscuro túnel? Con la Biblia y la Parabellum no pretende responder a esta pregunta, pero sí da elementos para que cada uno lo reflexione por su cuenta. Aunque el Vaticano promovió, con años de perspectiva, un relevo episcopal en la Iglesia vasca para cambiar su orientación hasta hacerla eclesialmente más convencional, con menos proclividad nacionalista y más claridad y firmeza contra ETA, la institución sale profundamente tocada de este conflicto. Calculó mal el final de la organización terrorista, que ha sido totalmente derrotada por la aplicación firme y correcta de los recursos del Estado de derecho.

Mientras escribo estas líneas, cabe decir, ha saltado la noticia del nombramiento como obispo auxiliar de Bilbao de Joseba Segura, que aparece reiteradamente en las páginas de este libro. Fue un estrecho colaborador de Juan María Uriarte, y también cumplió delicadas misiones por encargo de Ricardo Blázquez. Del libro se desprende una imagen magnífica de Joseba, de quien fui profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. El País Vasco pasa por una situación de sosiego político y el mencionado nombramiento puede interpretarse como un reequilibrio y un enriquecimiento del episcopado vasco.

La Iglesia vasca ha corregido errores, ha pedido perdón y hace esfuerzos para promover espacios de encuentro entre víctimas y victimarios. Pero para esto último hace falta una autoridad moral que no es nada claro que se posea en estos momentos. En el País Vasco nos encontramos con algo más que con un proceso de secularización que se da también en buena parte del entorno europeo. Lo que se da entre nosotros es una crisis de especial rapidez y profundidad, que afecta a la institución eclesiástica, pero que se dirige contra la misma fe cristiana de una forma muy singular. El abertzalismo radical fue una religión de sustitución que desertizó las zonas tradicionalmente más cristianas del país. Dios fue sustituido por la patria vasca, a la que había que entregar la propia vida y, con mucha más facilidad, la de los demás. Detrás de ETA no hay una ideología anticlerical y laica, sino profundamente anticristiana. Y esto perdura, como perdura su proyecto político, que cuenta con una cierta complicidad del nacionalismo hegemónico.

Los cambios en el episcopado han sido interpretados por muchos como un ataque a la Iglesia vasca. Pienso que hubiese sido posible y necesario evitar agravios con los cambios; que se ha acentuado el conservadurismo eclesial, pero también me arriesgo a afirmar que hemos asistido a la catolicidad que ayuda a las iglesias particulares a acertar en su camino y a corregir errores en momentos especialmente delicados.

A otros lectores el libro les puede sugerir reflexiones muy diferentes a las mías; las aquí expuestas son de responsabilidad exclusiva del prologuista, que agradece a Pedro Ontoso su confianza y amistad, que encomia su obra literaria e histórica y que recomienda vivamente su lectura.

INTRODUCCIÓN
EL TERRORISMO DE LAS
BRIGADAS ROJAS Y SU
REFLEJO EN EUSKADI

En los primeros años cincuenta, Alessio Casimirri era un niño animoso que jugaba al balón en los jardines vaticanos y correteaba por los espectaculares pasillos que atraviesan la capilla Sixtina junto a otros niños, hijos de funcionarios de la curia romana. Me lo imagino cruzando la imponente puerta de bronce por la que se accede al palacio Apostólico, residencia de los papas durante siglos, y al propio Juan XXIII regañándolos de forma cariñosa en alguna ocasión para que no metieran tanto ruido. Casimirri conoció al Papa Bueno y luego a su sucesor, Pablo VI. Este último le dio su primera comunión en una ceremonia en la que compartió ese sacramento con su hermana y su hermano. Su madre tenía la ciudadanía vaticana, y su padre era un directivo de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, donde realizaba funciones de portavocía y relaciones públicas. Nadie hubiera predicho entonces que aquel adolescente travieso se enrolaría en las siniestras Brigadas Rojas y tomaría parte en el comando que secuestró y asesinó a Aldo Moro, entonces líder de la Democracia Cristiana, en lo que constituyó uno de los sucesos más terribles de la historia moderna de Italia. Casimirri, un joven formado en la más estricta educación cristiana, que creció entre capillas y altares en un escenario sagrado, se convirtió un día en un terrorista fanático. Aquel proceso, aquel itinerario personal, me sonaba.

Reflexionaba sobre este dramático episodio en un café del casco histórico de Roma durante una mañana lluviosa del autunno italiano. Tras un verano de sofocante calor, y como bien se describe en la Biblia el diluvio universal, finalmente se habían abierto las cataratas del cielo. Me encontraba junto a la legendaria calle Caetani, el lugar donde los terroristas abandonaron el cadáver de Aldo Moro el 9 de mayo de 1978, después de que el presidente de la Democracia Cristiana pasara cincuenta y cinco días de angustia encerrado en un zulo en lo que ya se aventuraba como una muerte anunciada. Entre la plaza Venezia y la de Largo di Torre Argentina, he pasado decenas de veces por la calle Caetani, y me he parado siempre frente a la placa que recuerda aquel vil asesinato. Para un ciudadano vasco que ha vivido y sufrido la violencia de Euskadi Ta Askatasuna (en euskera, País Vasco y Libertad; ETA), es inevitable que aquel alevoso crimen político no le traiga a la cabeza varios paralelismos —empezando por la placa, en la que no se menciona a las Brigadas Rojas, casi como si se quisiera borrar su nombre—. El enigma Moro: un agujero negro con insondables misterios.

Alessio Casimirri tuvo una infancia feliz, arropado en una familia vaticana. Su madre, Maria Ermanzia Labella, gozaba de esa ciudadanía porque su abuelo, Tomasso Labella, había sido un funcionario cualificado del Vaticano desde 1907 y sirvió en la Primera Guerra Mundial. Su padre, Luciano Casimirri, también fue un directivo de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante treinta años y a las órdenes de tres papas (Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI). Accedió al puesto tras combatir en la Segunda Guerra Mundial en la isla griega de Cefalonia, escenario de una dramática batalla contra los nazis en la que la División Acqui fue diezmada. Luciano, que escapó milagrosamente de la masacre, inspiró la película La mandolina del capitán Corelli, interpretada por Nicolas Cage y Penélope Cruz.

Casimirri traspasó los muros vaticanos para estudiar en el Liceo Tasso, un emblemático centro donde entró en contacto con los movimientos de izquierda. Como a muchos otros jóvenes de su generación, el compromiso cristiano lo empujó al compromiso político, pero en su caso, tras abrazar un marxismo agresivo, se lanzó al activismo más radical. A mediados de los años setenta, Casimirri ya formaba parte de la constelación de la columna romana de las Brigadas, que contaban con líderes carismáticos como Renato Curcio, quien también había recibido una rígida educación católica. Paradojas de la vida, el fundador del terrorismo rosso fue entregado a la Policía por un exsacerdote, Silvio Girotto, conocido como el Hermano Metralleta y que había sido captado por los servicios secretos. En Italia siempre se han preguntado quién estaba realmente detrás de las Brigadas Rojas; una nebulosa en la que aparecían servicios de inteligencia antagónicos, como la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA, por sus siglas en inglés) o el Comité para la Seguridad del Estado soviético (KGB, por sus siglas en ruso), además de la mafia. ¿A quién beneficiaban sus acciones, que escalaban y sobrepasaban saltos cualitativos cada vez más espectaculares y con repercusiones muy desestabilizadoras?

Estos límites se cruzaron también en el caso del secuestro y asesinato de Aldo Moro, un político católico brillante que lideraba la Democracia Cristiana, una formación de enorme peso en Italia y bendecida por el Vaticano. Moro se había fogueado en la Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI), un vivero de las élites católicas del que era consiliario nacional monseñor Giovanni Battista Montini, quien luego se convertiría en el papa Pablo VI. Moro y Montini se hicieron amigos. En 1978, los caminos de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista Italiano (PCI) se encontraron en una encrucijada, por lo que ambas formaciones decidieron sellar un pacto de solidaridad para gobernar el país. Se trataba de un pacto inédito hasta entonces, signo del «compromiso histórico» que predicaba el PCI. Comunistas y demócratas cristianos se convirtieron en aliados. Moro contaba con el respaldo del Vaticano y de personalidades del sector más abierto de la Iglesia, como el jesuita Martini, entonces rector de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la voz liberal del catolicismo. El PCI, bajo el liderazgo de Enrico Berlinguer, se había desembarazado del proteccionismo soviético para impulsar un eurocomunismo con rostro humano. Aquello era un diálogo entre cristianos y marxistas, una alianza entre los dos pilares del sistema político que se ganó muchos enemigos. Y lo hizo por todos los flancos: en la extrema izquierda, en la extrema derecha e, incluso, en la mafia (los comunistas eran muy duros en esa batalla).

Las Brigadas Rojas fijaron su objetivo: Aldo Moro era el alma de la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana era el corazón del Estado. Había que hacer descarrilar aquel «compromiso histórico». Aquella mañana del 16 de marzo de 1978, Aldo Moro se detuvo a rezar en la iglesia de Santa Clara, como hacía cada día antes de comenzar su jornada de trabajo. Los terroristas habían estudiado su recorrido y lo estaban esperando en la calle Fani. Según la Policía, Alessio Casimirri era uno de ellos. Aquella fue una emboscada mortífera, en la que tres miembros de su escolta y dos carabinieri murieron acribillados a balazos. Moro fue introducido en un baúl y trasladado a un piso franco de la organización, donde permaneció recluido durante cincuenta y cinco días. Pronto se supieron las condiciones para su liberación: si el Gobierno no excarcelaba a una docena de brigadistas, el líder democristiano sería ejecutado. El Estado no se doblegó.

Pablo VI imploró a los secuestradores que lo dejaran ir sin condiciones. El pontífice «estaba dispuesto a convertirse en mártir y sustituir a Moro con tal de salvarlo, cosa que los políticos de la época no sabían cómo hacer», según ha señalado de manera reciente el padre Antonio Marrazzo, postulador de la causa de canonización de Pablo VI. ¿Hubo margen para salvar a Moro? En junio de 2008, el terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, declaró a la agencia ANSA que los servicios secretos militares italianos, el Servicio para la Información y la Seguridad Militares (SISMI, por sus siglas en italiano), acordaron intercambiar al político democristiano por varios presos de las Brigadas Rojas que debían ser entregados a la resistencia palestina. La operación, diseñada al margen del Gobierno, habría sido neutralizada por una filtración. Ramírez, que cumplía condena en la prisión parisina de Poissy (por cierto, junto a presos de ETA), también sugirió que la Iglesia estaba preparada para pagar un rescate a las Brigadas la mañana del 9 de mayo en Milán. En cualquier caso, aquello se vio como un chantaje inadmisible, que me recuerda al asesinato a plazos del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, ejecutado por ETA el 13 de julio de 1997. Sin embargo, no había nada que hacer, pues la lucha armada ya no era un instrumento válido para transformar la sociedad. El fin no justificaba los medios.

El 9 de mayo, el cadáver de Aldo Moro, recostado en el maletero de un coche (un Renault de color rojo), fue abandonado en la calle Caetani. Aquel no era un sitio cualquiera elegido al azar o por razones de seguridad, sino un lugar casi equidistante entre las sedes de la Democracia Cristiana, en la plaza del Gesù, y del Partido Comunista, en la calle Botteghe Oscure. La ubicación escogida era un mensaje macabro para ambas siglas: el desafío del terrorismo contra el Estado y contra aquel pacto transversal que se pretendía. Muy cerca de allí se levanta, majestuosa, la iglesia del Jesús, un templo emblemático de los jesuitas que alberga la tumba del vasco Pedro Arrupe, general de la Orden y en su día amenazado por las Brigadas Rojas. ¡Qué triángulo más evocador! También hay una sede financiera y una logia masónica. Política, religión, violencia, poder económico y misterio: esta historia lo tiene todo. Por encima de los tejados sobresale la cúpula del Vaticano. Sin embargo, Moro fue un mártir laico.

Me adentro en el barrio de los Mattei, una familia noble cuyos antepasados defendían los accesos al Vaticano cuando, al morir un papa, quedaba en sede vacante. Destacan el palacio Caetani, construido en 1564 para Alessandro Mattei, y el palacio Mattei Paganica, edificado en 1541 para Ludovico Mattei. El edificio alberga hoy la sede de la Enciclopedia Italiana de las ciencias, las letras y las artes. En sus sótanos se ha desenterrado un gran pórtico, la cripta Balbi, que se puede visitar. En Roma, los enigmas se entrecruzan a lo largo del tiempo. El empresario Enrico Mattei, fundador del ente petrolífero estatal italiano, la Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI, por sus siglas en italiano), falleció en un accidente aéreo en 1962 al estrellarse su avión privado en las proximidades de Milán, en medio de una fuerte tormenta. Pocos se creyeron lo del accidente. El avión había despegado del aeropuerto de Palermo, una ciudad controlada por la mafia. El famoso pentito («arrepentido») Tommaso Buscetta aseguró que la muerte de Mattei fue fruto de un atentado de la mafia por encargo del cártel del petróleo, conocido como las Siete Hermanas («Sette Sorelle», en italiano). Mattei compró petróleo en lugares que quedaban fuera de su control, incluida la Unión Soviética, por lo que se convirtió en enemigo de muchos estamentos, entre ellos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El entonces ministro de Defensa, Giulio Andreotti, afirmó que se trató de un trágico accidente. Andreotti, siete veces primer ministro, fue una figura controvertida de la política italiana que gozó de la confianza de varios papas. Él era el responsable del Gobierno cuando Aldo Moro fue asesinado. El periodista Mino Pecorelli publicó una investigación en la que lo relacionaba con la mafia, una información que le costó la vida: fue asesinado de cuatro disparos nueve meses después que Moro. A Andreotti le gustaba escuchar misa en San Giovanni, en la calle Giulia, y arrodillarse junto a un precioso san Antonio de Alessandro Centurini, muy cerca de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo. Conozco muy bien ese templo pues lo visité todos los días en mi trayecto desde el Vaticano hasta el archivo del Centro Español de Estudios Eclesiásticos.

Muy cerca del palacio de los Mattei se encuentra el inmueble donde estuvo la sede del Partido Comunista Italiano. Aunque me cuesta localizarlo: no hay ninguna placa que lo recuerde. Estoy en la calle Botteghe Oscure, que debe su nombre a las tiendas oscuras, unos recintos sin ventanas bajo las arcadas medievales y donde los caldereros convertían el mármol antiguo en cal. Por fin lo localizo en el número 4, entre un bar de bocadillos y una peluquería. Está cerrado al público. El Bottegone, desde cuyos balcones se dirigían a las masas Palmiro Togliatti y Enrico Berlinguer, fue adquirido —qué paradoja— por la Asociación Bancaria Italiana. Un guardia de seguridad me deja pasar al amplio vestíbulo. A la izquierda, protegido por una mampara de cristal, como La Piedad en la basílica de San Pedro, hay una especie de placa en memoria del comunismo italiano. Sobre un fondo rojo, junto a la hoz y el martillo y la estrella de cinco puntas, se puede leer: «République Française. Commune de Paris. 164me Bon. 2 AVRIL 71. LEF RG GERMAIN À SES FRÈRES DE LA VILLETTE». Parece una bandera en homenaje al desafío revolucionario de las clases populares de París al jefe del Gobierno provisional de Versalles, Adolphe Thiers, que sofocó a sangre y fuego aquel experimento conocido como la Comuna de París. En la Villette, como en Montmartre o Ménilmontant, en 1871 murieron miles de parisinos en defensa de sus cañones. Aquella fue otra de las tentativas revolucionarias que fracasaron por culpa de las armas.

Resulta curioso el hecho de que, a muy pocos metros de este altar laico del comunismo, se encuentre la iglesia nacional de los polacos, Santo Stanislao dei Polacchi, donde sobresale una gran fotografía de Juan Pablo II y una preciosa imagen de la Virgen de Częstochowa. Karol Wojtyła se enfrentó al comunismo polaco del general Jaruzelski y persiguió la teología de la liberación cuando el cristianismo abrazó al marxismo en defensa de los pobres. En Italia, el comunismo ha dejado huella. Miles de militantes del PCI combatieron en las filas de la resistencia contra el fascismo y la Alemania nazi. Enrico Berlinguer murió en un mitin con las botas puestas, y a su funeral por las calles de Roma asistieron un millón de personas. El secretario general de la formación, partidario siempre de buscar amplios consensos, fue el gran ideólogo del «compromiso histórico» que el asesinato de Aldo Moro hizo saltar por los aires. Los terroristas mataron a un símbolo; asesinaron, más que a él mismo, lo que su persona representaba: así lo interpretó la viuda de Togliatti, otra figura histórica del PCI. En Euskadi también ha habido asesinatos para torpedear acuerdos transversales. ETA mató en un primer momento a personas con uniforme (policías, guardias civiles, militares), y luego amplió su punto de mira hacia representantes políticos elegidos por el pueblo. El grupo terrorista no podía permitir el «compromiso histórico» que probablemente supondrían los acuerdos de Gobierno entre nacionalistas (el Partido Nacionalista Vasco, PNV) y no nacionalistas (el Partido Socialista de Euskadi, PSE) para garantizar una convivencia pacífica en una sociedad plural. ETA y la izquierda abertzale boicotearon cualquier alianza en ese sentido, y promovieron la acumulación de fuerzas nacionalistas, a veces con el apoyo del comunismo vasco, liderado por figuras del cristianismo militante.

Doblo la calle y camino despacio por la calle Caetani, donde aquel fatídico mediodía, el 9 de mayo de 1978, los terroristas de las Brigadas Rojas abandonaron el cuerpo sin vida de Aldo Moro. Tenía sesenta y un años. Los mismos que yo mientras visito el lugar de la tragedia. Muy cerca, sobre una pared color naranja, destaca una hornacina con la Virgen de la Divina Providencia, testigo mudo de aquel ritual de la muerte. Recupero aquella imagen que conmocionó a Italia. La imagen de Moro —encorvado y con aspecto desaliñado, fruto del cautiverio— me recuerda a algunas víctimas de ETA, abandonadas en parajes sombríos: al empresario Javier Ybarra, al ingeniero de Lemoiz José María Ryan, al capitán de farmacia Martín Barrios. Los vascos también sufrimos nuestros años de plomo. Una placa sobre la pared rememora el sufrimiento del ex primer ministro italiano, pero no se nombra a la banda que lo ejecutó. Hubo un tiempo en el que en Euskadi tampoco se nombraba a ETA. Por aquel entonces, ETA encarnaba la vanguardia; era el grupo armado que representaba al Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Incluso la Iglesia vasca, con los obispos al frente, tardó bastante en mencionar sus siglas en sus comunicados de condena.

Caetani es una calle con paredes de color ocre, salpicada de ventanucos. Casi enfrente de donde se estacionó el vehículo de la muerte, hay una entrada lateral al palacio Mattei di Giove, muy célebre en el barrio. Cobija el Centro de Estudios Americanos y la Biblioteca de Historia Moderna y Contemporánea. Hay dos cortili («patios») en los que se expone una colección de mármoles antiguos. Allí pueden verse varias estatuas sin cabeza, como las de los pistoleros y dirigentes de las Brigadas Rojas. Años después, en su libro Brigadas Rojas, Mario Moretti, el que apretó el gatillo y asesinó a Moro, escribiría: «Ya no hay márgenes. Nos obligan a una decisión que no es la que queríamos. Era una elección política. Había que coger el arma y disparar». A mí, estas figuras de piedra me recuerdan a los miles de italianos que no se atrevieron a reaccionar contra aquella barbarie.

Hasta la calle Caetani llega el bullicio de las tiendas, cafeterías y tratorías cercanas a la plaza Mattei, donde los turistas se fotografían junto a la fuente de las Tortugas, una de las más célebres de Roma. Muchos comercios cerraron aquel mediodía del 9 de mayo en señal de luto por el crimen político, pero durante el secuestro fueron muchísimos los ciudadanos que reaccionaron con indiferencia y cinismo, como ocurrió también en Euskadi en los tiempos duros de la violencia de ETA. Luego vino la angustia y la frustración. «Que nuestros corazones sean capaces de perdonar la atrocidad moral e injusta infligida a este queridísimo hombre», señaló el papa Pablo VI en la homilía del funeral, celebrado en la emblemática archibasílica de San Juan de Letrán, que en su día acogió la firma, esa vez sí, de otro gran pacto histórico entre el Estado y la Iglesia, los Pactos de Letrán. El propio pontífice presidió las exequias por aquella víctima del terrorismo, algo impensable en aquellos años en el País Vasco, donde se despedía a los muertos de manera casi clandestina por la puerta de atrás, y sin la presencia de ningún obispo.

Regreso hacia la esquina de la cripta Balbi, y veo que un cartel publicitario vende Roma como la ciudad de los secretos. El asesinato de Aldo Moro esconde muchos de ellos. Leo en El País un artículo de Mario Vargas Llosa, que pasa unos días en Bolonia para participar en unas jornadas organizadas por el director de La Repubblica, Mario Calabresi, hijo del comisario asesinado en 1972 por militantes de un grupo de extrema izquierda. Luigi Calabresi, que estuvo a punto de hacerse cura antes de ingresar en la Policía, inspiró la obra teatral Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo. El premio Nobel peruano recuerda el caso Moro. «No se trataba de algo marginal», escribe. Y añade: «Los asesinos contaban con una vasta red de cómplices en la prensa, la Administración, los partidos políticos, los intelectuales y hasta entre los jueces, donde, por convicción o por miedo, los terroristas encontraban justificaciones, atenuantes, dilaciones e indultos». No se puede describir mejor. Su diagnóstico me recuerda al ciclo de violencia en Euskadi. ¿Quién guiaba a las Brigadas Rojas? Nunca se ha sabido. El «compromiso histórico» provocó alarma en Washington y disgustó en Moscú. Se han escrito toneladas de líneas sobre aquel episodio, en el que se llegó a involucrar a los servicios secretos italianos, a la mafia y a la misma Iglesia, guiados todos por oscuros intereses. Los italianos lo llaman intreccio, es decir, entrelazado.

La fuga del brigadista Alessio Casimirri abonó aquellas conjeturas. Algunos medios italianos desvelaron que él y su mujer, Rita Algranati, Marzia, huyeron de Roma cuando la policía estaba a punto de detenerlos gracias a informaciones confidenciales. La pareja trabajaba en un centro para discapacitados gestionado por la Iglesia, pero, cuando los carabinieri fueron a detenerlos, se encontraron con que habían huido sin dejar rastro. Su desaparición tuvo lugar de la noche a la mañana, por lo que es lógico pensar que alguien los había avisado de la operación. Un supuesto informe policial, citado por algunos medios, recogió que la pareja había conseguido salir del país «por la intervención de una persona que trabaja en el Vaticano», y que se encontraba escondida en una misión católica en África central. Un terrorista preso aseguró que Alessio era un confidente de los servicios secretos que se había infiltrado en las Brigadas a través del grupo Autonomia Operaia, un movimiento marxista autónomo. El brigadista, que años después fue localizado en Nicaragua, negó ser un infiltrado y asumió su militancia en las Brigadas, si bien aseguró que no había participado en el secuestro y asesinato de Moro. Finalmente, fue juzgado en rebeldía y le cayeron varias condenas, también por otros atentados.

Alessio Casimirri fue entrevistado en Nicaragua por la revista Familia Cristiana, una publicación que llega a miles de hogares italianos. El brigadista contó al periodista que abandonó las Brigadas por la deriva «sanguinaria» que había tomado la organización. Según su relato, la decisión la tomó en febrero de 1980, cuando fue asesinado Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura y un ferviente católico. El profesor, abatido en las mismas escalinatas de la universidad donde impartía clase, había sido un dirigente destacado de la Acción Católica. Amigo de Aldo Moro, con el que compartía sus tesis políticas, había tenido mucha relación con los papas Juan XXIII y Pablo VI y era asesor en varios dicasterios de la curia vaticana. Casimirri se afincó en Managua, acogido por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Allí rehízo su vida: fundó otra familia (incluso adoptó a un niño con síndrome de Down) y montó varios restaurantes con especialidades italianas (Mágica Italia) y pescados frescos (La Cueva del Buzo), dado que era un gran experto en pesca submarina. En su último negocio colgó alguna foto en la que aparecía junto a Pablo VI. La Justicia italiana lo persiguió, pero nunca pudo ser extraditado, pues el régimen nicaragüense lo protegía. Los restaurantes siempre han sido un medio de vida para algunos terroristas, y también para miembros de ETA afincados en Latinoamérica.

¿Era Alessio Casimirri un terrorista arrepentido que se alejó de la organización por su cuenta y riesgo? En Euskadi lo hizo, por ejemplo, Dolores González Catarain, Yoyes, y pistoleros de ETA la asesinaron en su pueblo y delante de su familia, al más puro estilo mafioso. ¿Puso Casimirri distancia con las Brigadas Rojas gracias a la ayuda de hombres de Iglesia? En el caso vasco ha habido ejemplos de personas del ámbito eclesiástico que han facilitado ese camino a antiguos etarras. También desde dentro de las cárceles, antiguos militantes han abominado de la violencia luego de haber compartido algún tiempo con sacerdotes y religiosos. Antes que en Euskadi, pasó en Italia. Uno de los casos más conocidos fue el de Adriana Faranda, una dirigente de las Brigadas que abandonó la organización tras una reflexión en la cárcel. Su experiencia la vertió en un libro, El vuelo de la mariposa, que circuló entre no pocos presos de ETA que decidieron romper amarras con el terrorismo. Faranda era contraria a la ejecución de Aldo Moro, lo mismo que Chiara, la brigadista que vigiló al político italiano en aquella «cárcel del pueblo» que los secuestradores construyeron tras la biblioteca de un apartamento romano. En Euskadi se denomina «zulo», pero sigue siendo un agujero. El cineasta Marco Bellocchio retrató muy bien en Buenos días, noche el dilema moral de Chiara, esta joven revolucionaria que pretende evitar la muerte de Moro, aunque sin conseguirlo: las contradicciones entre la ideología política y la educación religiosa; el viejo dilema entre el bien y el mal, la bondad o el pecado. Para entonces, el discurso de la lucha armada se había convertido en una guerra privada entre las Brigadas Rojas y el Estado. El asesinato de Moro fue el principio del fin de la organización, el inicio de su declive, pues a partir de ahí fue perdiendo el poco apoyo social que le quedaba. Algo parecido ocurrió en Euskadi cuando ETA asesinó al concejal Miguel Ángel Blanco y la gente se echó a la calle: necesitaban expresar su dolor por la muerte del joven edil y su rabia contra la furia ciega del terrorismo. ETA comenzó entonces a cavarse su propia tumba.

¿POR QUÉ LA MAFIA GERMINÓ EN UNA TIERRA TAN CATÓLICA?

Los asesinatos de Aldo Moro y de Vittorio Bachelet no frenaron las iniciativas de revalidar el espíritu del «compromiso histórico», aunque fuera a escala regional, como un experimento que luego pudiera exportarse. Es verdad que el espíritu estaba herido de muerte, pero había que recuperarlo. Lo intentó en Sicilia Piersanti Mattarella, amigo y aliado de Moro y, como él, líder nacional de la Acción Católica y político emergente en la Democracia Cristiana. Primero fue elegido diputado en el Parlamento Regional de Sicilia, y en 1978 fue aclamado como presidente. En línea con el catolicismo democrático que inspiraba Giorgio La Pira, alcalde de Bolonia durante quince años, el joven Mattarella vio la necesidad de abrir un diálogo con los comunistas, que sostuvieron su Gobierno con apoyo externo. El 16 de marzo, nada más conocerse el secuestro de Aldo Moro, uno de los asesores más fieles de Mattarella, el abogado Leoluca Orlando, corrió al despacho del político siciliano. «Es el fin del presidente Moro», le dijo. «También es mi fin», le contestó un abatido Mattarella. Orlando lo cuenta en el libro Hacia una cultura de la legalidad: la experiencia siciliana, en el que también revela que esa misma mañana el regidor de Sicilia había recibido las primeras amenazas de la mafia. Aquel día, los destinos de Moro y Mattarella quedaron unidos, y pronto, el primero antes que el otro, se convertirían en unos mártires laicos.

Piersanti Mattarella hacía tiempo que había decidido combatir a la mafia, y en esa guerra los comunistas eran unos excelentes aliados. Mattarella provenía de una saga familiar ligada a la Democracia Cristiana. Su padre, Bernardo Mattarella, fue un joven antifascista que participó en la fundación del movimiento político democristiano, incluso como ministro en el Gobierno del mítico De Gasperi en los años cincuenta y en de Leone. Pero Bernardo cayó en desgracia cuando fue vinculado a actividades de la mafia, que mantenía claras conexiones con la Democracia Cristiana. Aquel era un tiempo en el que los líderes políticos salían elegidos gracias a los votos de la Cosa Nostra, y también con todas las bendiciones de la jerarquía local, que se mostraba tolerante con sus crímenes. Este fue el caso del cardenal Ernesto Ruffini, arzobispo de Palermo, quien le dijo al mismísimo Pablo VI que la mafia «no existe». El purpurado sostenía que se trataba de «una invención de los comunistas» para desacreditar a Sicilia. Piersanti Mattarella quería limpiar aquella mancha familiar, pero además pretendía limpiar a la propia Democracia Cristiana e impulsar un rinnovamento, un renovación en el sistema político y social, contaminado por la corrupción y la violencia. Mattarella estaba sembrando las primeras semillas de lo que luego se conocería como la Primavera de Palermo.

El compromiso cristiano, cultivado en la Acción Católica, fue el que llevó a Piersanti Mattarella al compromiso político, primero, y a la lucha contra la mafia, después. En ese proceso tuvo mucho que ver la herencia de Giorgio La Pira, un político democristiano elegido una y otra vez alcalde de Bolonia. En su juventud, La Pira fue perseguido por el régimen fascista y tuvo que refugiarse en el Vaticano, en la casa de monseñor Montini, el futuro Pablo VI. Participó en la redacción de la Constitución italiana y se convirtió en un activo pacifista, lo que lo llevó hasta Vietnam, en plena guerra, para mediar ante el mismísimo Ho Chi Minh, líder norvietnamita. En noviembre de 2018, el papa Francisco lo puso como ejemplo de político de «alto espesor humano» al servicio del bien común. Mattarella está camino de los altares, como Aldo Moro, De Gasperi o Luigi Calabresi. También influenció en ello un jesuita, el padre Ennio Pintacuda, un referente en el combate siciliano contra el crimen organizado. Mattarella formaba parte de un grupo que se llamaba Política, un movimiento de jóvenes cristianos que contaba entre sus miembros, además, con Leoluca Orlando, y en el que se discutía mucho sobre fe y acción política. El padre espiritual era Pintacuda, de la comunidad jesuita de Palermo. Los jesuitas apoyaron el ingreso de los comunistas en el Gobierno para conformar un grupo potente de respuesta a esa estructura criminal, a la que consideraban un obstáculo para la democracia. El discurso cuajó en ese grupo de jóvenes políticos, que pronto plantaron cara a los capos de la Cosa Nostra. Nunca se lo perdonaron. Y los sentenciaron.

Piersanti Mattarella, identificado con la filosofía de Aldo Moro, abrió un diálogo con los comunistas y se afanó en desmontar la estructura criminal de la Cosa Nostra. Aunque fue por poco tiempo: el 6 de enero de 1980, en plena Epifanía, Mattarella fue asesinado a tiros por un sicario de la mafia cuando se dirigía en su coche con su familia a la misa dominical. Los fines de semana no llevaba escolta. «A mi vida privada no me harán renunciar los terroristas», había prometido. Aquel fue un asesinato violento y brutal. Su mujer, Irma Chiazzese, lo abrazó mientras aún respiraba. Su hermano, Sergio Mattarella, que en 2015 se convertiría en presidente de la República, también presenció su agonía. Por todas estas circunstancias y atrezo, luego se los conocería como los Kennedy de Palermo. Aquella mañana, en la avenida de la Libertad, se certificó la muerte de Piersanti Mattarella, y se firmó el acta de defunción del «compromiso histórico». En un principio se pensó que había sido el terrorismo rosso (el de la extrema izquierda), y enseguida se sospechó también del terrorismo nero (el de la extrema derecha). Pero fue la mafia siciliana. El propio arrepentido Tommaso Buscetta lo ratificó cuando rompió la omertà, la ley del silencio. El pacto de silencio sobre ETA también existió en Euskadi.

El periodista Giovanni Grasso publicó una biografía sobre Piersanti Mattarella con un prólogo de Andrea Riccardi. El fundador de la Comunidad de San Egidio, conocida por sus labores de mediación en conflictos, también en Euskadi, definió al líder democristiano como un político perbene, esto eso, un político decente y respetable; un hombre de fe, de rectitud moral; un mártir. Así lo vio, asimismo, el cardenal arzobispo de Palermo, Salvatore Pappalardo, que ofició el funeral en la catedral de la capital siciliana y predicó contra la maldad. Pappalardo fue un obispo que se significó por sus duras homilías contra la mafia. Le tocó presidir muchos funerales de víctimas, y en uno de ellos, el del general Dalla Chiesa, que convirtió en una misa por todas las víctimas de la mafia, dijo basta. En presencia de las autoridades nacionales y regionales, el religioso criticó al Estado por sus insuficientes medidas contra el crimen organizado, «lentas e inciertas», y la indolencia del Gobierno ante esa escalada criminal. Fue entonces cuando lanzó su particular «yo acuso» contra los políticos, tomando prestada una cita de Tito Livio: «Mientras en Roma se discute, Sagunto —Sicilia— es asediada por los enemigos». Juan Pablo II lo apoyó cuando visitó Agrigento en 1993 y clamó contra la mafia. Pappalardo llamó asesinos a los mafiosos y rasgó el velo que los protegía, como si hubiera existido una mafia tradicional y romántica que asistía a misa en primera fila y hacía generosas obras de caridad. En el País Vasco costó mucho que a los miembros de ETA se los viera como asesinos y terroristas, también en muchas iglesias, como si hubiera habido una ETA buena durante los años de la dictadura. Sin embargo, nunca existió una ETA romántica. Cuando un hombre asesina, secuestra y extorsiona, ese es un hombre que no tiene piedad.

En los años cincuenta hubo una generación de políticos con claros vínculos con la mafia, incluso dentro del partido democristiano en Palermo. Había una simbiosis entre la tradición mafiosa y el catolicismo. La mentalidad de la mafia estaba asociada a la mentalidad religiosa. Hasta en la cúpula de la Cosa Nostra siciliana había un capo, Michele Greco, que se hacía llamar el papa. Se pasaba horas leyendo la Biblia en su celda, mientras sus sicarios mantenían el control. El histórico capo Bernardo Provenzano «parecía un obispo, hablaba de Jesús, María y los santos», en palabras del escritor Andrea Camilleri, quien también se pregunta: «¿Y no cuentan las personas que mata?». A renglón seguido, sentencia: «No hay fascinación en la mafia: es una asociación de asesinos y patanes que rezan mientras matan». Hubo un sacerdote, el padre Augustino Coppola, conocido como el Cura de la Mafia, que casó en secreto a Totò Riina, uno de los jefes mafiosos más violentos. Luego fue suspendido a divinis por el Vaticano. Hubo otros que plantaron cara a la mafia y denunciaron las nuevas formas de gansterismo y sus alianzas oscuras. Ese fue el caso, por ejemplo, del padre Giuseppe Puglisi, asesinado a tiros en un pueblo de Sicilia en 1993. O el de Giuseppe Diana, tiroteado en 1994 en Caserta, en la sacristía de su parroquia. El padre Peppino Diana se enfrentó desde el altar a la Camorra (otros lo hicieron contra la ‘Ndrangheta) y firmó un documento contra la mafia junto con otros sacerdotes que se titulaba «Por amor a mi pueblo no callaré». Los obispos italianos se negaron a celebrar un funeral por Totò Riina, pues desde la mafia se habían ordenado ya muchos asesinatos. En Euskadi, esto habría sido impensable con los jefes de ETA, para los que casi siempre ha habido una homilía justificatoria. ¿Y una huelga general de misas contra ETA? Esto sí que habría tenido eco y repercusión. Hasta el Santo Sepulcro de Jerusalén ha cerrado sus puertas en algunas protestas.

En Italia han muerto muchos sacerdotes por plantar cara a los mafiosos, lo mismo que en México por denunciar a los narcos. En Euskadi, en cambio, no ha habido un solo caso de un sacerdote asesinado por ETA. Algunos han resultado heridos en atentados que no iban dirigidos de manera directa contra ellos, y un puñado se ha visto obligado a llevar escolta. En los primeros años de ETA, una parte de la Iglesia, a diferencia del padre Peppino, calló: no dijo todo lo que tenía que decir. Y tampoco hizo todo lo que tendría que haber hecho. Y hubo otra parte que pecó de anuencia y complicidad. En general, faltaron agallas. Aunque los obispos han hablado mucho, el clero vasco ha callado mucho. Ahí ha habido un fracaso cristiano. En septiembre de 2018, el papa Francisco viajó a Sicilia para honrar la memoria del padre Pino Puglisi. «Una persona que es mafiosa no vive como un cristiano, porque con su vida insulta el nombre de Dios», proclamó el pontífice en una tierra donde los miembros del crimen organizado acuden abiertamente a las iglesias.

El jesuita Ennio Pintacuda, mentor de Piersanti Mattarella, siguió empujando la «primavera siciliana» desde muchos frentes: la Universidad Libre de Política, donde incubó el Movimiento por la Democracia-La Red, que proporcionó cobertura a políticos como Leoluca Orlando, elegido varias veces alcalde de Palermo; el Centro de Estudios Sociales, o el Instituto de Formación Política Padre Arrupe, convertido en un laboratorio de pensamiento crítico contra la violencia. Y lo hizo plantando cara a la mafia y denunciando la complicidad del Estado. El padre Pintacuda se ha preguntado infinidad de veces por qué la cultura mafiosa nació, persistió y tuvo tanta influencia y poder en una tierra como Sicilia, tan católica. Una tierra donde el cristianismo ha estado presente desde sus orígenes, donde ha permeado en su historia y en su cultura, y donde ha modelado su mentalidad y su comportamiento. Una tierra en la que la Democracia Cristiana gobernó desde la posguerra hasta el final de sus días, podrida por los escándalos y la corrupción. «La mafia ha legitimado su presencia conviviendo con la religiosidad y la democracia», escribió con pesar el valiente jesuita. Muchos nos hemos preguntado también en Euskadi sobre el origen y el desarrollo del terrorismo de ETA, pues lo cierto es que el Dios creador se transformó en un dios destructor bajo el nombre de estas siglas.

1
LA RELIGIÓN, EN EL ADN
DE LOS VASCOS

«Euskaldun, fededun», la categoría que equipara el ser vasco con ser creyente, es un axioma que se ha grabado a sangre y fuego de generación en generación en Euskadi tras una tradición milenaria en la que las referencias religiosas han formado parte del ADN de su pueblo y han conformado su identidad. En un primer momento, estas referencias eran un conjunto de creencias muy ligadas con la mitología y las leyendas, con un mundo mágico que tenía mucho que ver con la naturaleza y con la vida rural, pero que con el avance de la predicación de las órdenes religiosas fue tomando otra forma. El clero vasco, que luego se conformaría como un grupo de presión, salía del mismo pueblo y defendía las aspiraciones de ese pueblo, que terminaría convirtiéndose en un sujeto político con un valor místico. Este fue un proceso que duró años y en el que surgirían personajes con fuerte personalidad, que lograrían influir en la conducta y en el comportamiento de los ciudadanos. La historia del País Vasco no se puede entender sin el papel preponderante de figuras del estamento eclesiástico, pues estas no se dedicaron únicamente a organizar sus domingos y sus preceptos religiosos, sino que además acabaron adoptando el rol de ideólogos de su sistema sociopolítico. Esa conexión entre el Fuero Viejo y sagrado y el concepto trascendente de Dios todavía se respira en el partido gobernante en Euskadi, el PNV, que mantiene a Jaungoikoa (Dios) en el frontispicio de su lema, pese a su apresurada secularización. Lo que continúa siendo un enigma insondable es la pregunta de por qué en una sociedad tan católica como la vasca germina una ideología totalitaria que nutre y alimenta a ETA, una organización despiadada que rompe con esa tradición.

Uno de esos personajes que influyó en la conciencia nacional vasca fue el jesuita Manuel Larramendi (Andoain, 1690), un filólogo que se preocupó por el futuro del euskera (como una larga nómina de curas y religiosos) y al que algunos consideran el precursor del foralismo. En su obra Sobre los fueros de Guipúzcoa, se pregunta:

¿Qué razón hay para que esta nación privilegiada no sea nación aparte, nación por sí, nación entera e independiente de las demás?; ¿por qué tres provincias de España (y no hablo ya del reino de Navarra) han de estar dependientes de Castilla (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya) y otras tres, dependientes de Francia (Labort, Sola y Baja Navarra)?

Esta fue una filosofía política que interesó años después a muchos nacionalistas, entre ellos, a Xabier Arzalluz, exjesuita y líder carismático del PNV. Antes de eso, los sentimientos fueristas fueron sustituidos por la ideología nacionalista de Sabino Arana, tal como apunta el profesor Luis Haranburu Altuna en su documentado libro El crepúsculo de Dios: historia cultural del cristianismo en Vasconia.

La identidad del alma vasca era fundamentalmente religiosa, e impregnaba todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluido el de la intervención en la actividad social. En ese terreno, la presencia pública de la Iglesia ha sido muy relevante. Uno de los personajes más representativos en ese campo fue Policarpo de Larrañaga (Soraluze-Placencia de las Armas, 1883), un sacerdote que se volcó en la defensa del obrerismo. Fue consiliario de Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV), una central obrera cristiana y nacionalista que también atendió las reivindicaciones de arrantzales y baserritarras. La identidad de clase estaba supeditada a los valores tradicionales vascos. STV fue el embrión del sindicato ELA (Eusko Langileen Alkartasuna), que ha jugado un papel fundamental en la política de Euskadi como contrapoder y con una clara vocación en favor de las reivindicaciones soberanistas.

La antorcha de don Poli la recogió el padre Valentín Bengoa, sacerdote jesuita y una figura indiscutible del sindicato. De hecho, la Compañía de Jesús tenía a este religioso dedicado de pleno a la actividad sindical. Nacido en la localidad guipuzcoana de Aretxabaleta, Bengoa descubrió pronto la teología de la liberación. Su labor de apostolado la inició en el norte de África, Venezuela y Nicaragua; esta última, tierra de misión entonces para muchos vascos, donde coincidió con Fernando Cardenal, también jesuita, que llegó a ser ministro de Educación en el Gobierno sandinista. Bengoa inculcó en muchos jóvenes una síntesis entre la fe cristiana y el compromiso sociopolítico. En su segundo congreso, ELA se incorporó a la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (luego llamada Confederación Mundial del Trabajo), en una época en la que estaba en boga Jacques Maritain, otro influente en los códigos morales del nacionalismo. Antes de acentuar su solidaridad de clase y de perfilar su proyecto político, ELA estuvo guiada por la doctrina social cristiana, y el padre Bengoa fue su referencia intelectual e ideológica.

La religiosidad popular se había ido apuntalando en Euskadi a través de muchas manifestaciones, desde la cultura, el arte o las tradiciones. Un hilo conductor en la labor de estos eclesiásticos fue la defensa y la promoción del euskera, tanto en su aspecto de investigación y producción literaria como en el de la educación, un campo en el que aportaron métodos novedosos para su aprendizaje, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos tiempos la lengua vasca estaba perseguida. Por su formación, los clérigos eran los únicos capaces de usar el euskera en el aspecto literario y cultural, aunque también es verdad que la predicación y la transmisión de la fe eran sus mejores incentivos para ello, pues no tenían otro modo de hacerlo que a través de la lengua que el pueblo conocía. Para llegar a los fieles, debían hablarles en euskera. A pesar de provenir de una extracción rural, aquellos religiosos fueron personas muy preparadas intelectualmente, con capacidad de pensamiento y espíritu de sacrificio, y, de forma mayoritaria, gente muy comprometida con la causa vasca. El 80 por ciento de clero y los religiosos eran nacionalistas de cuna. El movimiento de las ikastolas se puso en marcha con el apoyo de la Iglesia, y el euskera siempre ha sido un pilar del «currículum» de Kristau Eskola, la entidad que agrupa a los centros católicos de Euskadi. Si se repasa la totalidad de la producción literaria en esa lengua, hasta hace muy pocos años correspondía a gente de la Iglesia casi en un 70 por ciento. Uno de los fundadores de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia, así como su primer presidente, fue el sacerdote Resurrección María de Azkue. La unificación de los dialectos —lo que se conoce como «euskera batúa»— se produjo en el santuario de Arantzazu en 1968, cuando al frente de la Academia se encontraba el franciscano aita Villasante. En el primer intento, en Baiona, participó gente tan variopinta como el franciscano Intxausti o el ideólogo de ETA José Luis Álvarez, Txillardegi, padre de las siglas de la organización terrorista. Otro de los grandes en ese universo del euskera fue el sacerdote, antropólogo y etnógrafo José Miguel de Barandiarán, considerado el patriarca de la cultura vasca, que desarrolló una ingente labor junto con el padre Manuel de Lekuona en el seminario de Vitoria, considerado un «nido de nacionalistas» por las autoridades de la época. Ambos fueron desterrados. Franco castigó a los vascos con la prohibición de su lengua, y ETA hizo del euskera su bandera en su misma génesis.

Durante la Guerra Civil, Euskadi se situó al lado de la República y contra los militares sublevados. La mayoría del clero vasco se sentían abertzales, patriotas, porque eran cristianos. Muchos curas y religiosos se convirtieron en capellanes del Ejército vasco y vivieron la contienda como un gran desgarro. Uno de los más carismáticos fue Aita Patxi, un pasionista vizcaíno en camino a los altares que cruzó la frontera para asistir al funeral del lehendakari Aguirre. Al terminar la guerra, los clérigos pasaron a engrosar el núcleo de los vencidos, y muchos de ellos, más de setecientos, fueron encarcelados o desterrados. La fotografía de los sacerdotes junto al socialista Julián Besteiro en la cárcel sevillana de Carmona dio la vuelta al mundo. El clero nacionalista se replegó y volvió a sus aldeas y monasterios, aunque alguno de ellos expresara ese desasosiego a través de escritos que luego tendrían una influencia significativa en el imaginario de esa comunidad humillada. Este fue el caso del poeta franciscano Salbatore Mitxelena, al que algunos investigadores incluyen entre quienes han aportado un poso de legitimación a la violencia. Mitxelena ya era novicio en la Guerra Civil, que lo pilló con diecisiete años. Después escuchó, como otros muchos jóvenes de su generación, historias de represión a la luz del fuego del caserío, que era el auténtico lugar de socialización. Su poemario Arantzazu, euskal-sinismenaren poema fue el primer libro que se publicó en euskera tras la dictadura franquista.

El pueblo vasco se convirtió en víctima. El franciscano expresó su honda preocupación por el futuro del euskera, y esa angustia se transformó en la angustia por la muerte de la cultura vasca y de todo el pueblo, que pasó a ser la víctima absoluta y perfecta. Así lo describe Joseba Arregi, exconsejero de Cultura en el Gobierno vasco, que analiza su pensamiento en el libro El terror de ETA: la narrativa de las víctimas. En el poemario, el franciscano vincula el milagro de la aparición de la Virgen de Arantzazu y la gran devoción que esta suscita con el nuevo tiempo de un pueblo vasco agónico y su identidad colectiva. Y le confiere a ello una dimensión política: «El sentimiento de la muerte inminente del pueblo vasco, de la patria vasca, a causa de la guerra declarada por sus enemigos españoles está vinculada en una colección de poemas con la mención continua de la cruz, la cruz en la que murió Jesús, las cruces que adornan los montes vascos». España es la enemiga que produce esa angustia, por lo que el pueblo vasco, derrotado y víctima pura, «está legitimado para atacar y defenderse».

Esa mentalidad, asentada a través de la tradición oral y cantada, estaba en las misas de los pueblos y en las procesiones que se realizaban cada cierto tiempo a los santuarios, entre ellos el de Arantzazu, el monte Sinaí de los vascos, o el de Icíar, a los que peregrinaban miles de vascos desde hacía siglos, entre ellos, muchos jóvenes que acabaron en ETA. «Yo he vivido el sufrimiento de un pueblo que perdía su identidad», me confiesa un directivo de una de las diócesis vascas. Mi interlocutor, quien, como muchos otros jóvenes, militó en organizaciones como Herri Gaztedi, reconoce:

A mi bisabuela, que solo hablaba euskera, la humillaban a gritos de «¡Habla en cristiano!». Mi madre era muy cristiana y no se sentía española, pero abominaba de los crímenes de ETA. Pero a nosotros, los monitores de montaña nos hablaban de torturas históricas en la dictadura, de la humillación de nuestros antepasados en la guerra. Los curas preservaban la identidad del pueblo vasco y en un principio justificaban la actividad de ETA. Luego te vas quitando la venda de los ojos.

La incidencia de este movimiento de Iglesia —pero abertzale— al servicio de Euskal Herria fue muy importante en el mundo rural vasco. Se pasaba de la acción en organismos cristianos a la acción en la militancia política. La línea entre una y otra era muy delgada. Herri Gaztedi (antes Baserri Gaztedi) era la versión de la Acción Católica en el mundo rural. El compromiso con la cultura vasca y el euskera se mezclaba con la acción política. El movimiento publicaba la revista Gazte, en la que aparecían reflexiones morales que llegaban a justificar la violencia. En el famoso «Libro Blanco de ETA», en el que la organización recogió su primera doctrina, el modelo de acción era el activismo de Herri Gaztedi. Algunos de sus líderes pasaron por la cárcel concordataria de Zamora y otros se enrolaron en la guerrilla latinoamericana. En este último caso se encuentra Laura, sobrenombre de la compañera de Pakito Arriaran, un legendario miembro de ETA que murió en una refriega con el ejército en El Salvador. El antropólogo Joseba Zulaika relata en su libro Violencia vasca: metáfora y sacramento los dramáticos acontecimientos que se produjeron en la localidad guipuzcoana de Icíar entre 1975 y 1980, un periodo en el que se produjeron seis muertes violentas. ETA asesinó a cinco personas, tres de ellas acusadas de ser confidentes policiales, un guardia civil casado con una vecina del pueblo y un industrial. Un etarra de la aldea murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil. El caso que más impacto produjo fue el secuestro del empresario Ángel Berazadi, que fue ejecutado en la misma Icíar por un comando formado por jóvenes nacidos en el pueblo tras fracasar las negociaciones de un rescate. Eso sucedió en un emblemático territorio de peregrinación y devoción mariana por jóvenes que habían militado en Herri Gaztedi. Berazadi encontró la muerte a muy pocos kilómetros de un santuario rupestre donde el padre Barandiarán había localizado cámaras sepulcrales del Paleolítico Superior.

El profesor Joseba Arregi considera que el proceso de secularización que tuvo lugar en Euskadi en los años sesenta y setenta adquirió un sentido filosófico «por medio de la transferencia religiosa que se produjo del imaginario construido y elaborado por Mitxelena al planteamiento y al proyecto de ETA». Y puntualiza: «La sociedad vasca dejó de ser religiosa, dejó de practicar la fe católica, fue dejando de creer en Dios. Pero la fuerza de la fe se ha trasladado al sentimiento de víctima total y absoluta que es el derrotado pueblo vasco, una fe que mueve montañas, una fe que justifica la buena conciencia de quien recurre al terror».

La Iglesia, además, jugaba un papel de paraguas, bajo el que se cobijaba la oposición al franquismo, que, aunque había convertido el catolicismo en una religión de Estado, perseguía a quienes militaban en defensa de cualquier derecho. En su libro Pablo VI, España y el Concilio Vaticano II, el historiador de la Iglesia Juan María Laboa escribe: «Para Franco y su régimen era peor ser cristiano de izquierdas que comunista. No lo podía entender, aquello le superaba». Una mayoría importante del clero rompió con la jerarquía para comprometerse con los movimientos de oposición. Había una parte de la Iglesia que paseó bajo palio al dictador, y otra que sirvió de escudo a los antifranquistas. En el caso vasco, los derechos civiles se mezclaron con los derechos «nacionales». Si bien es verdad que en la lucha contra la dictadura había mucho cristiano comprometido, no todos eran nacionalistas. Como tampoco todos optaron por la violencia para derribar al régimen.

2
EL PNV VIAJA AL
VATICANO: DEL PORTAZO
A AGUIRRE A LAS
PUERTAS ABIERTAS A
URKULLU

El PNV, al considerarse un partido confesional y católico, siempre ha intentado hacerse oír en el Vaticano. En un primer momento, lo hacía por tratarse del gran referente de la cristiandad; y después, porque era un Estado de acreditado peso moral, requerido en los grandes conflictos del mundo y con el que había que establecer una interlocución. El Vaticano eclesial valoraba la tradición católica de los vascos, pero el Vaticano político recelaba del auge del nacionalismo en la tierra de san Ignacio, hermana de la tierra de san Francisco. Y en el plano diplomático, la Santa Sede padecía una severa tortícolis de tanto mirar a Madrid. Ese contrapeso jugaría en contra de la formación jeltzale, que siempre ha contado con influyentes aliados en el seno de la Iglesia vasca, repartida por todo el mundo en una diáspora que nunca ha renegado de su identidad.

En los años treinta, el PNV había dado pruebas de sobra de su defensa de la catolicidad. Hasta el propio papa Pío XI llegó a admitirlo en una ocasión: «Los vascos, los vascos… se han ganado justa fama de amor al catolicismo». En esos años, el País Vasco era un vivero que nutría los cuadros eclesiásticos de la Iglesia católica. Estos no solo engordaban la nómina de las congregaciones religiosas y del clero diocesano, sino que además, y dada su gran formación, ocupaban numerosas sedes episcopales en toda España. Eso lo sabían en Roma, donde completaban sus estudios sacerdotes y frailes, y en la nunciatura de Madrid, donde gobernaba monseñor Federico Tedeschini. El embajador tenía un buen engarce con la curia política del Vaticano, que abandonó en 1921 a causa de su misión en España, donde le tocó lidiar con la dictadura de Primo de Rivera hasta la Guerra Civil. La vacante de Tedeschini en los palacios apostólicos la ocupó monseñor Pizzardo, un italiano de Liguria que había sido nuncio en Baviera y se había ganado una justa fama de diplomático sagaz. Controlaba al dedillo la diplomacia burocrática romana y todo su endiablado engranaje. Benedicto XV lo nombró sustituto de la Sagrada Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, lo que ahora es la Secretaría de Estado. Aquel era un puesto muy ambicionado, una dignidad política que suponía mucho poder. El prefecto (ministro) era el cardenal Pacelli, futuro Pío XII en 1939, pero quien realmente ejecutaba el día a día y manejaba la agenda era el sustituto. Pizzardo se convertiría años después en el gran muro infranqueable para los nacionalistas vascos.

La identificación de una parte importante de la Iglesia vasca con el nacionalismo ya era notable en esa época. La institución católica había sufrido persecución durante la dictadura de Primo de Rivera, y la República se declaró enemiga de la religión. El PNV era un partido confesional, católico, pero perseguía la soberanía de Euskadi, un objetivo que los republicanos garantizaban. Así, el PNV tenía que compaginar la salvación de las almas con los intereses de la patria. Su acción política estaba guiada por el ideario cristiano, pero la cuestión nacional dividía a la comunidad católica. La confusión era enorme. Los nacionalistas vascos se vieron ante el deber y la necesidad de informar a la Santa Sede sobre la situación sociorreligiosa en Euskadi y el papel del PNV en ese delicado escenario, cada vez más complicado. Había que viajar a Roma. El primer intento se produjo en diciembre de 1934 a través de Luis Bereciartúa, con ocasión de la audiencia concedida por el cardenal Pacelli, en ese momento secretario de Estado del Vaticano. Pacelli prometió a Bereciartúa recibir y escuchar a una delegación de nacionalistas vascos si viajaban a Roma. Poco más de un año después, en enero de 1936, una delegación vasca fue hasta Italia con un documento para entregar a Pacelli en una audiencia que se fue aplazando y que al final nunca tuvo lugar. En ambos casos, el anfitrión en la Roma vaticanista fue el sacerdote carmelita descalzo Alejandro Larracoechea y Aguirrezabala, más conocido como Hipólito de la Sagrada Familia. Las dos visitas las ha documentado el carmelita navarro Ildefonso Moriones Zubillaga en una obra titulada Euskadi y el Vaticano. Tuve ocasión de leerla en una edición original que se guarda como una joya en la Biblioteca de la Iglesia Nacional Española en Roma, donde permanecí un tiempo para elaborar este libro.

Larracoechea había nacido en 1892 en la localidad vizcaína de Zeanuri, en el caserío Altxagutxi, donde mamó la fe y el nacionalismo. Inició el noviciado con los Padres Carmelitas Descalzos, tomó los hábitos en 1909 con el nombre de Hipólito de la Sagrada Familia, y nueve años después se ordenó sacerdote. En 1924 fue a Roma a ampliar sus estudios y se doctoró en Derecho Canónico en el Amgelicum, la prestigiosa universidad de los dominicos. Al inaugurarse el colegio internacional de la Orden en la capital italiana, Larracoechea fue designado para formar parte del grupo de fundadores. Luego fue requerido como consultor de algunas congregaciones y miembro de comisiones pontificias, lo que le permitió ampliar su red de contactos en Roma y en la curia vaticana. El PNV buscó el asesoramiento jurídico y religioso del padre Hipólito, que se convirtió en una cabeza de puente entre los nacionalistas vascos y la Santa Sede.

ESPAÑA, DE CRISTO O DE LENIN

Animados por lo que se consideraba un viento favorable, los nacionalistas vascos comenzaron a preparar la visita a Roma y a elaborar borradores de un nuevo documento, aunque su espina dorsal sería muy parecida a la del informe que ya tenía en su despacho Pacelli. Fue Manuel de Eguileor, secretario del Bizkai Buru Batzar del PNV, quien envió un primer texto al padre Hipólito a comienzos de 1935. El argumentario incidía en contraponer la religiosidad del pueblo vasco, «acaso el más católico del mundo», frente al laicismo español, «que no tiene religión oficial», y en presentar la diócesis de Vitoria como ejemplo de intensa vida cristiana.

El padre Hipólito, que se carteó durante todo 1935 con los representantes del PNV, les recomendó que elaboraran un documento con estilo sencillo, «exponiendo sin lirismos la verdad escueta», es decir, excluyendo lo que fuera exclusivamente político. También les aconsejaba ampliar la contribución «sin rival» de los vascos a la Iglesia católica, tanto con personal como con ayuda económica, y detallar las persecuciones sufridas. Como guinda, había que resaltar los «graves males» que podrían acarrear a la religiosidad del pueblo vasco, que había sido pisoteado en sus aspiraciones políticas por organizaciones internacionales de ideas anticatólicas o ateas.

Así lo hicieron los redactores del documento final, que dejaron claro en el preámbulo que el resurgimiento patriótico, cada día con una influencia más arrolladora, se había planteado en un pueblo profundamente cristiano. En cuanto a las peticiones concretas, solicitaban la absoluta imparcialidad y neutralidad de la jerarquía eclesiástica ante el pleito nacionalista que, según ellos, sostenía «nuestra patria con el Estado español», o sea, que el PNV no fuera combatido en su acción política por parte de la Iglesia, lo que suponía, al mismo tiempo, defender la fe del pueblo vasco. También pedían un cambio en la organización territorial eclesiástica mediante la fundación de un arzobispado propio que incluyera Navarra, con una demarcación similar en cuanto a las órdenes religiosas, así como el empleo del euskera sin barreras en la predicación y en la pastoral. La creación de un Estado vasco soberano, por tanto, pasaba también por la creación de una provincia eclesiástica vasca. Este maridaje político-religioso entre instancias eclesiales y nacionalistas ha seguido vigente hasta nuestros días, y el PNV se ha movilizado en apoyo de la Iglesia local a la hora de conseguir obispos de la tierra.

Convencidos de que todo iba viento en popa, los miembros de la expedición vasca desempolvaron sus fracs, dispuestos a viajar a Roma en la tercera semana de enero de 1936. El grupo estaba compuesto por los diputados José Antonio Aguirre, Eliodoro de la Torre, Manuel Robles Aranguiz, Juan Antonio Kareaga, Manuel de Irujo y Francisco Javier de Landaburu, a quienes acompañaban Doroteo Ciaurriz y Pablo Egibar (presidente y secretario del Euzkadi Buru Batzar, EBB) y Francisco Basterrechea y José de Izaguirre (juez y sustituto del tribunal de garantías del partido). También se les unió el padre Evaristo Echevarrieta, sacerdote de Bermeo. En la Ciudad Eterna los esperaría el padre Hipólito, que ya les había preparado un guion para su ansiada audiencia con el cardenal Pacelli en la Secretaría de Estado, que no sería de carácter oficial.

El lunes 13 de enero, De Eguileor envió un telegrama al padre Hipólito para que cerrara sendas audiencias con el papa Pío XI y con el cardenal Pacelli para las jornadas del día 20 y el 22 del mismo mes. El carmelita, cuando acudió al día siguiente al Vaticano a solicitar las audiencias, se encontró ya con el primer chasco. Llamó al secretario del maestro de cámara de su santidad, que lo recibió de mala gana. Le respondió que solo daría curso a su petición si, además de la recomendación del obispo, presentaba la del cardenal Pacelli, en razón de su carácter político. El religioso vasco acudió a la Secretaría de Estado, donde habló con un funcionario de la Sección de Asuntos Ordinarios, al que le encargó la solicitud de la audiencia. Entre el peloteo de ventanilla en ventanilla, la delegación vasca anunció que llegaría el lunes 20 por la noche. El padre Hipólito les instó a llegar antes, dada las circunstancias. El sábado recibieron la respuesta del Vaticano. Amleto Tondini, minutante de la Secretaría de Estado, se jactaba: «Dice el cardenal que no acostumbra a recibir a ningún grupo y que, por lo mismo, no puede recibir a los diputados vascos. Además, ya conoce el asunto por el memorial de Bereciartúa. Lo conoce suficientemente y hasta le sobra. No tiene ganas de perder el tiempo volviendo a hablar del mismo asunto». El padre Hipólito se puso muy nervioso. Negoció que, si no era a todo el grupo, al menos recibiera a algunos. Invocó que Pacelli se lo había prometido a Bereciartúa. Finalmente, el oficial se comprometió a hablar de nuevo con el cardenal. El carmelita abandonó el Vaticano ofendido y con negros presentimientos. La expedición vasca ya estaba en camino.

Los políticos vascos se alojaron en el Hotel Flora, un establecimiento confortable situado en la parte alta de la calle Vittorio Veneto, que hace esquina con el parque de Villa Borghese y las murallas romanas. Está en una zona residencial, muy cerca de la plaza de España, donde se ubica la Embajada de España ante la Santa Sede. Se construyó en 1905 como residencia de verano de la familia Borghese, pero por dificultades económicas tuvieron que venderlo. Dos años después, el edificio se reconvirtió en la Pensión Flora, aunque seguía siendo una construcción de estilo neoclásico muy bien posicionada en los circuitos internacionales. El Flora siempre ha tenido un aura de misterio, de intriga y conspiraciones, con un tráfico intenso de espías y amantes entre sus salones y habitaciones.

El domingo 19, después de comer, el padre Hipólito se presentó en el hotel y puso al tanto al grupo de las dificultades surgidas. Todos coincidieron en que las cosas se presentaban negras y enredadas por parte de la Santa Sede. Aguirre, Basterrechea y De Irujo se presentaron en la Secretaría de Estado para entrevistarse con monseñor Giuseppe Pizzardo, secretario de la Sagrada Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. El «número dos» de Pacelli, que los recibió «todo miel y sonrisas», los condujo a una sala para hablar. Les avanzó que ya había leído el informe de Bereciartúa y les preguntó si traían «algo nuevo». Luego de intercambiar algunas impresiones, los despidió diciendo que hablaría con Pacelli y que les enviaría un aviso al hotel. Los diputados, que no desistían, enfatizaron que una vez en Roma les gustaría estar con el papa para recibir su bendición.

Ante la presión de los jeltzales, Pizzardo contraatacó. De repente, el sustituto cambió de tercio y les dijo que, ante el periodo electoral en España, más importante que los temas del documento era la unión de los católicos con el lema «Primero Dios, y luego la patria». Los diputados no veían la necesidad de la unión electoral con las derechas, puesto que en Euskadi no existía el «problema religioso», y la pretensión del PNV era permanecer en el medio, entre los dos extremos enfrentados. Pizzardo lo dejó ahí y se despidió con «mil zalamerías», pero los representantes vascos comenzaron a temerse lo peor. La Santa Sede les había dado una pista de por dónde iban sus intereses.

El padre Hipólito aprovechó el momento para pedir al secretario de cámara del papa entradas para el acto que se celebraría el día 22 en la capilla Sixtina, en conmemoración de Benedicto XV. «Once son muchas», le dijo, pero haría lo posible. De paso, le recordó a él también que deseaban ser recibidos por el pontífice. Por la noche, Pizzardo llamó a Aguirre para decirle que el cardenal Pacelli los recibiría, a Basterrechea, De Irujo y él, al día siguiente. A las once en punto, los tres se personaron en la antesala de Pacelli, pero el camarero les anunció que el rey de Inglaterra, Jorge V, había fallecido, y el cardenal tendría que ir a la Embajada a dar el pésame. El ayudante del pontífice les prometió que ya los avisarían para concertar otra cita. Se trataba de una trapacería, una estrategia engañosa para no recibirlos. Por la noche, un camarero del maestro de cámara de su santidad les llevó las entradas para el acto en la capilla Sixtina, pero les adelantó que en los días siguientes el papa no tendría ninguna audiencia, y les pidió que se contentaran con la función. Malos presagios.

El miércoles 22, los expedicionarios vascos asistieron al acto de la capilla Sixtina, donde el fotógrafo pontificio, Felici, les hizo la foto de familia que ilustra el librito de Idelfonso Moriones. Durante aquellos días combinaron el turismo con sus deberes religiosos. Visitaron las catacumbas de San Calixto, se confesaron con los trinitarios y acudieron a misa, esto último a las 7 de la mañana del jueves 23, al oratorio en el que fue el huerto de san Ignacio, en el Jesús (la iglesia de la Compañía de Jesús). A las 10 de la mañana, los diputados vascos se presentaron otra vez en el Vaticano. Aunque Pizzardo los hizo esperar mucho, finalmente los atendió. Enseguida le preguntaron si los iba a recibir Pacelli. Y fue en ese momento cuando se destapó todo. El sustituto les respondió con la información que había recibido de Madrid: «Ustedes, los nacionalistas vascos, son los únicos de derecha que no quieren ir unidos con los demás católicos en las elecciones próximas. En tales condiciones, cree el cardenal que no los puede recibir sin contraer una responsabilidad de conciencia». Se quedaron todos estupefactos: no habían ido allí por asuntos electorales o políticos. Pizzardo insistía en italiano: «Si no tienen miras políticas, ¿por qué han venido en esta fecha próxima a las elecciones y que se presta a tantas sospechas?».

La conversación empezó a ponerse tensa. Pizzardo no cejaba en su petición:

En estos momentos tan críticos, ¿por qué no se unen con las derechas españolas? En estas elecciones, España se encuentra en el momento más crítico de su historia. La lucha es entre Cristo y Lenin: no hay otra opción. Así como se han unido las izquierdas, deben unirse también las derechas. Si ustedes son católicos, deben unirse con los demás.

Aguirre respondió indignado: «¿Duda usted de nuestro catolicismo? Acabamos de oír misa y comulgar en el huerto de san Ignacio». Pero Pizzardo se limitaba a repetir incansablemente su solicitud: «Hagan ustedes una unión con la CEDA —Confederación Española de Derechas Autónomas— porque, se lo vuelvo a decir, de estas elecciones depende que España sea la de Cristo o la de Lenin. Si las ganan Azaña, Alcalá-Zamora y los socialistas, entonces será el fin de la Iglesia, de la religión y de Cristo». Los nacionalistas se defendían: «No nos podemos fusionar con la CEDA porque nos separan ideas diametralmente opuestas en orden a la patria». El sustituto seguía con su carga: «Para los católicos, primero Dios, y luego la patria. Ustedes deben renunciar a ese nombre de “nacionalistas”». Los diputados vascos salieron del Vaticano «echando fuego» y sintiéndose «unos apestados».

La desolación se instaló en el Hotel Flora. El poeta francés Paul Valéry había descrito el establecimiento como «un lugar ideal para la meditación relajante», sin prisas. Los diputados vascos debían reflexionar, pero apenas les quedaba tiempo. El Flora, que tiene una ubicación estratégica, está llamado a ser un hotel histórico. En 1943, el Alto Mando de la Wehrmacht (OKW, por sus siglas en alemán) se instaló en este edificio. Ocupó el segundo piso, junto a los oficiales de la Gestapo, que se relajaban en sus habitaciones y en el bar tras las sesiones de tortura a los militantes de los Grupos de Acción Patriótica (GAP, por sus siglas italianas) en los calabozos de la calle Tasso. Un día, cuatro partisanos colocaron unas bombas en la planta baja y murieron varios jefes de la Wehrmacht. El relato se incluye en el libro Roma occupata, una guía escrita por Anthony Majanlahti y Amedeo Osti Guerrazzi sobre las huellas de los nazis en la Ciudad Eterna. Más cerca en el tiempo, en 1981, una bomba lapa, escondida bajo la cama de la habitación 320, mató a un huésped registrado con el nombre de Habbas Zithouni, aunque en realidad se trataba de una falsa identidad: la víctima era Majed Abu Sharar, «número cuatro» de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), y los palestinos acusaron del atentado al Mossad, el servicio secreto israelí. Las vicisitudes del Flora las ha relatado también el periodista Paolo Foschi en el Corriere della Sera. Sí, es un hotel de novela y de película. Los diputados vascos, sin embargo, no tuvieron tiempo para leer durante esa noche en la que se conjuraron todos los malos presagios.

El viernes 24 se convirtió en una jornada frenética, pues los nacionalistas intentaban llegar a Pacelli buscando atajos diplomáticos, para lo que tiraron de los contactos de los numerosos religiosos vascos afincados en Roma. Pizzardo era mucho Pizzardo. El secretario de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios es una figura muy importante en la estructura vaticana, más concretamente, su «número tres». La Congregación es una oficina decisiva, con mucho peso e influencia, y su responsable (por lo general, eclesiásticos con fuertes personalidades) tiene acceso directo y constante al papa. También se ocupa de la administración de las nunciaturas. Tedeschini, embajador de España ante la Santa Sede, ya había advertido a Pizzardo que no convenía recibir a los miembros de aquella expedición. Un encuentro a ese nivel se podría interpretar como una bendición del Vaticano a la posición unilateral de los nacionalistas vascos con respecto a la situación española. Los documentos que se guardan en el Archivo Secreto Vaticano constatan que también el arzobispo de Toledo, el cardenal Isidro Gomá, cabeza máxima de los obispos españoles, había sugerido que lo mejor sería no recibirlos.

Otra de las figuras que jugaron un papel decisivo durante aquellos días fue monseñor Carmelo Blay Palomar, un sacerdote operario nacido en Liria (Valencia) que administraba el Pontificio Colegio Español de San José en Roma y tenía mucha influencia en la Embajada española y en el Vaticano. Gomá era patrono del Colegio y mantenía una relación muy estrecha con él, su más fiel confidente en la curia romana. La vida y obra de Blay la conoce muy bien el sacerdote Vicente Cárcel Ortí, uno de los españoles que mejor se mueven en el laberinto del Archivo Secreto Vaticano. Tuve la ocasión de mantener dos encuentros con él en el Colegio Español. Carmelo Blay era agente de preces, un antiguo cargo creado por los reyes de España para tramitar la consecución de gracias pontificias. Era una pieza clave, una especie de cerniera, de bisagra. Además, tenía mucho peso por sus contactos e interlocutores. Gracias a sus gestiones, muy relacionadas con la diplomacia, se convirtió en una figura muy próxima al cardenal Pacelli y al papa Pío XI. Blay, que mantenía una posición de rechazo hacia el clero nacionalista, también maniobró para que los diputados vascos no fueran recibidos: «No conviene recibirlos». Y su palabra era ley. El cura valenciano realizaría luego, durante la Guerra Civil, misiones importantes y delicadas por encargo del papa Pío XI, y acusaría al clero vasco de complicidad «en tanta ruina y desolación». Al término de la contienda, el propio Franco le impuso la Gran Cruz de Isabel la Católica «por los servicios prestados».

Aquel invierno de 1936, nadie avaló a los diputados nacionalistas. Derrotados y desolados, redactaron una carta de protesta y despedida para hacérsela llegar a Pacelli. Lo hicieron a través del jesuita José María Guenechea, profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana, para que el escrito acabara en la mesa del cardenal sin ninguna interferencia. Aunque fuera sábado y estuvieran en Roma, no tenían ánimo para fiestas. Ni siquiera les tentaba la atmósfera mundana del Hotel Flora, que muy pronto se erigiría en la referencia de La dolce vita y en la segunda casa de Federico Fellini, Marcello Mastroianni o Anita Ekberg, musa de la Fontana di Trevi. El hotel se había convertido en el cuartel general de los nacionalistas vascos, cuya odisea ante el Vaticano también podría haber sido un guion para una película de suspense y traiciones.

El domingo 26, acudieron todos a misa. Todavía no se habían repuesto del jarro de agua fría que habían recibido en el Vaticano. No entendían el portazo de la jerarquía a un partido católico que representaba a un pueblo católico por excelencia. Tanto unos como otros consideraban que la suya era la única posición legítima en aquel momento histórico. Se sentían humillados. Luego se trasladaron a la estación, donde se despidieron a los gritos de «Gora Euskadi askatuta!» («¡Viva el País Vasco libre!»). La misión había fracasado.

El desplante del Vaticano al que luego sería el primer lehendakari fue una afrenta que ha perseguido al PNV durante años. Algunos de sus representantes han intentado sacarse la espina con nuevas visitas a Roma, aunque con resultados muy desiguales. «Había que cubrir aquella baja», admite ahora de manera muy gráfica Joseba Zubia, parlamentario jeltzale que viajó hasta en dos ocasiones a la Santa Sede en una especie de peregrinación de desagravio. Líderes del partido ya lo habían hecho antes, solo que no con esa finalidad, sino para asistir a algún congreso de la Democracia Cristiana italiana, formación que sí tenía mucha entrada en el Vaticano. El PNV estuvo en el origen de la democracia cristiana europea, un movimiento que gustaba mucho en el Vaticano porque defendía los valores del catolicismo. El congreso fundacional de la Democracia Cristiana italiana tuvo lugar en 1946, impulsado por Alcide de Gasperi, primer ministro de Italia tras haber combatido el fascismo de Benito Mussolini. En aquella histórica reunión hubo tres delegados del Gobierno vasco en el exilio: Francisco Javier de Landaburu, Teodoro Aguirre y José Eizaguirre.

DIPUTADOS VASCOS VIAJAN A ROMA A SACARSE LA ESPINA

En diciembre de 1987, los diputados Iñaki Anasagasti, Emilio Olabarría, Ignacio Echeverría y Joseba Zubia quisieron repetir la experiencia que había vivido el lehendakari Aguirre cincuenta y un años antes. En su memoria todavía sonaba el portazo de la cúpula vaticana al presidente vasco. Un desaire que ellos tratarían de recomponer. Aprovecharon para ello el puente de la Inmaculada, una fiesta con mucho sabor español en Roma, pues el papa acostumbra a acercarse hasta la imagen colocada frente a la Embajada de España ante la Santa Sede. Los trámites previos los realizaron en la Nunciatura de Madrid, gestionada por Mario Tagliaferri y donde tuvieron que cumplimentar un papeleo muy estricto. «Estaréis bien casados, ¿no?», les preguntó el nuncio con cierta sorna. Meses antes había sido cesado el embajador Puente Ojea tras anunciar que se divorciaba y se volvía a casar, algo que el Vaticano no podía aceptar. El caso es que Tagliaferri les garantizó un encuentro privado con Juan Pablo II, aunque se acabó anulando en el último momento. Solo consiguieron participar en la audiencia general que se celebró en el aula Pablo VI, un amplio recinto que sustituye a la plaza de San Pedro durante el invierno. En aquella época, en función del color de tu tarjeta de entrada, te colocaban en un sitio privilegiado para ver al papa o te situaban en el «gallinero». Los políticos y sus respectivas parejas tenían «pase vip», así que pudieron acercarse a Karol Wojtyła y entregarle una argizaiola de madera elaborada artesanalmente en Markina-Xemein. La argizaiola es una tabla con una vela enrollada que representa la continuidad del fuego sagrado del hogar y que, en su día, simbolizaba el punto de unión entre el caserío y la Iglesia. Los parlamentarios le expresaron al papa los «deseos de paz» del pueblo vasco y le pidieron que saludara también en euskera en sus mensajes pastorales. El pontífice polaco les contestó: «El pueblo vasco merece la paz. Alguna vez saludé en euskera y lo volveré a hacer».

Los parlamentarios, esta vez, sí fueron bien atendidos por monseñor Monduzzi, que era el prefecto de la Casa Pontificia. El obispo italiano, aunque no tenía control sobre la agenda del papa, sí la ejecutaba, de modo que era él quien se encargaba de organizar las audiencias y los viajes pastorales dentro de Italia. Lo hacía con sumo cuidado y sabiduría, siempre en la cuerda floja. A los parlamentarios vascos les comunicó que no era posible la entrevista privada con el papa. «Aparentemente, había habido quejas en el círculo más cercano del pontífice y tuvo que suspenderla», recuerda Zubia. Anasagasti atribuyó la anulación a «una mano larga de la Embajada española», que habría intrigado para malograrla. En aquel momento, la sede diplomática la ocupaba Jesús Ezquerra, recién aterrizado tras el traumático cese de Puente Ojea, destituido por las presiones del Vaticano ante el Gobierno de Felipe González. No tendría demasiado sentido que el diplomático español tuviera tanta fuerza para entonces, pues había tomado posesión de su cargo el 17 de octubre, aunque sí es verdad que no era un desconocido en las instancias vaticanas.

Sea como fuere, lo más probable es que la anulación del encuentro con Juan Pablo II se debiera a la actuación del tridente compuesto por Tagliaferri, Suquía y Martínez Somalo. Monseñor Suquía era el instrumento del nuncio Tagliaferri para darle la vuelta de tuerca a la Iglesia española, para lo que contaba con el apoyo del sustituto de la Secretaría de Estado, que era tremendamente conservador. Y los tres eran muy contrarios al nacionalismo. Los ochenta fueron unos «años de plomo», en los que ETA cometió numerosos asesinatos, y el debate político estaba muy enconado en Euskadi. Un monseñor que frecuentaba los despachos vaticanos me aseguró:

El sustituto era el que mandaba de verdad. Monduzzi era el de andar por casa: asistir a misa, bendecir rosarios, conseguir entradas. El que mandaba de verdad y hacía la agenda del papa era Martínez Somalo. Era él quien bloqueaba a los nacionalistas vascos, que siempre estaban alrededor de la «sardina» [en referencia al papa] sin poder pescarla. A ellos siempre les ha gustado el contacto directo con el Vaticano, sin intermediarios. Llegaron a las puertas del portón y se lo cerraron, porque siempre han buscado instrumentalizar las visitas con fines políticos. Siempre han buscado el paraguas del Vaticano.

Aquel «sabotaje» hay que encuadrarlo en el ambiente de intrigas y poder de la Santa Sede. La prefectura de la Casa Pontificia y la Secretaría de Estado eran dos de las estructuras más influyentes del Vaticano. Los cardenales más poderosos realizaban movimientos para colocar a su gente, pues aquella era una buena manera de controlar la agenda del papa. Monduzzi pasaba por ser un protegido del cardenal Achille Silvestrini, papable para suceder a Juan Pablo II y uno de los grandes electores, esos pesos pesados eclesiásticos que aglutinan votos. Tanto Angelo Sodano como Martínez Somalo apoyaron a Silvestrini como secretario de Estado. Las visitas más delicadas eran consultadas por el prefecto de la Casa Pontificia con la Secretaría de Estado. Y la de los parlamentarios vascos entraba en esa categoría. Parecía claro que la misión de monseñor Monduzzi era evitar su contacto con las personalidades relevantes de la curia del interior, la más cercana al papa.

El nuevo desaire de la curia de Juan Pablo II no frenó a los representantes del PNV. El 8 de enero de 2014, tiempo alegre de Epifanía, lo intentaron de nuevo. Esta vez, la silla de Pedro la ocupaba el papa Francisco, un pontífice abierto, decidido a dar un vuelco a la Iglesia católica, incluida una reforma de la curia, ese laberinto de capillas y «familias» en el que se suelen perder las expediciones del PNV. En esta ocasión acudieron Iñaki Anasagasti, como senador, Joseba Zubia, como senador jubilado, y Emilio Olabarría, como diputado. Lo organizaron a través de la Embajada de España ante la Santa Sede, ocupada por Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga. Tampoco hubo visita privada. En realidad se trataba de tomar contacto con un papa que había tenido relaciones con la colectividad vasca en Argentina, tal y como había confirmado Anasagasti a través del centro vasco Laurak Bat de Buenos Aires. Fue en 2012, con motivo de la celebración de los 135 años del centro. Los actos incluían una misa solemne en la iglesia de San Ignacio, la más antigua de la ciudad porteña, el mismo día de la festividad del fundador de la Compañía de Jesús, que también es el patrón de Laurak Bat. La eucaristía fue presidida por Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina. Uno de sus más directos colaboradores, como vicario general, era el navarro Joaquín Mariano Sucunza, que pasó gran parte de sus años de niñez y juventud en el centro, según relataron los miembros de la diáspora. Bergoglio evocó en su homilía la personalidad de san Ignacio y tuvo unas palabras de reconocimiento para la colectividad vasca, que lo agasajó con una «guardia de honor» de dantzaris, quienes al final de la misa bailaron un aurresku a la sombra de la ikurriña y la bandera argentina.

Con esta información, el grupo regresó a Roma, una vez más, dispuesto a saludar al nuevo pontífice. Los representantes jeltzales ocuparon un sitio privilegiado en la plaza de San Pedro, a la derecha de la basílica, junto a autoridades eclesiásticas, políticos y personal diplomático. También se le regaló una argizaiola y una caja de dulces de las monjas de Zarautz. En la recepción posterior solo pudo estar Anasagasti, que preguntó al papa si tenía intención de visitar Loiola, cuna de san Ignacio. Es una petición habitual al santo padre, que dijo: «Todo se andará. Recen por mí».

LA SEMBLANZA DEL JEFE DE ETA SACUDE RADIO VATICANO

La doble posición del Vaticano frente al «problema vasco» siempre ha sido muy clara: aliento constante en la búsqueda de la paz, pero distanciamiento con respecto a las reivindicaciones nacionalistas. Eso lo aprendió muy bien Ignacio Arregi, un jesuita de la localidad guipuzcoana de Oñati, que fue durante muchos años jefe de los informativos de Radio Vaticano. Había sido enviado a Roma tras haber trabajado en Herri Irratia-Radio Popular de Loyola y Radio Euskadi, y formaba parte del activo «lobby vasco» en la Ciudad Eterna. El jefe de Arregi fue el padre Federico Lombardi, luego portavoz del Vaticano, donde se lo conocía como el «micrófono de Dios» por su gran facilidad de palabra. En la emisora de la Santa Sede aprendió a hilar muy fino. Sobre todo cuando había que hablar de Oriente Próximo y el conflicto entre judíos y palestinos. El Gobierno de Israel estaba todo el día con la lupa y enseguida protestaba. También eran muy sensibles las informaciones sobre Yugoslavia y Croacia. ¿Y la cuestión del País Vasco? Arregi recuerda:

El tema vasco era marginal. Radio Vaticano tenía otros problemas más importantes. Dábamos mucha información internacional porque la Radiotelevisión Italiana, la RAI, ofrecía muy pocas noticias del extranjero. Yo no hablaba mucho sobre el País Vasco. Como yo era vasco, se suponía que tenía que ser nacionalista, y eso suscitaba poca confianza. Era un problema de muy difícil comprensión. No había tiempo para explicar una cuestión de tan enorme complejidad.

Lo intentó en alguna ocasión y la iniciativa acabó mal. Por ejemplo, en marzo de 1987, días después de que en Argel muriera Txomin Iturbe, un jefe histórico de ETA. Aquel hecho era una «percha» para hablar de la situación en el País Vasco, de modo que Arregi realizó un programa dirigido al público internacional para el que eligió como fuente directa a Mikel Lejarza, a quien el propio jesuita había nombrado director de Radio Euskadi. Lejarza se convertiría años después en un alto directivo de Antena 3 y Telecinco. Prefirió un profesional del periodismo a un político, precisamente para hacerlo de una manera más objetiva. El programa se emitió el día 3 entre las dos y media y las tres de la tarde. Hoy recuerda: «Sentó fatal. Durante toda la tarde hubo muchos rumores en la emisora. En la tertulia nocturna de la COPE nos dieron muchos palos. Se pidió mi dimisión. Se armó tanto revuelo que tuve que llamar a mi familia en Euskadi para que no se preocuparan».

Aunque Radio Vaticano no es un órgano «oficial» de la Santa Sede, sí depende directamente de la Secretaría de Estado. Así, debe mantenerse en plena sintonía con el magisterio, la posición y las actividades de la Sede Apostólica. Entre sus objetivos también se encuentra el de enfocar los problemas del momento. Y aquel enfoque sobre el «problema vasco» no gustó. Lejarza hizo una semblanza de Txomin Iturbe, dibujó el perfil de un personaje que era un mito en una gran parte de la población vasca. En el contexto del programa se definió a ETA como a «grupo armado» y se precisó que no era solo un grupo terrorista, sino algo más. En resumen, que la organización terrorista era portadora de una ideología, de unos principios políticos, «ciertamente errados», aunque, como tales, sí tenían apoyo en algunos sectores de la comunidad vasca. Se acusó a Radio Vaticano de hacer apología del terrorismo. Y es verdad que el exjefe de ETA fue despedido como un héroe. Familias enteras con niños de corta edad y cuadrillas de jóvenes pasaron por la capilla ardiente de Iturbe, al que se le concedió el honor de dejarle el salón de plenos del Ayuntamiento de Mondragón. Al funeral, concelebrado por cinco sacerdotes, y al homenaje posterior asistieron más de cuarenta mil personas. Varios encapuchados fueron aclamados al interrumpir en dos ocasiones el homenaje para colocar sobre el féretro el hacha y la serpiente, los símbolos de ETA. Nada que ver con los funerales semiclandestinos de sus víctimas, que eran sacadas a la carrera por una puerta lateral del templo camino de sus pueblos.

El Gobierno estaba indignado. Al día siguiente, Arregi recibió la llamada de Antonio Pelayo, hoy decano de los corresponsales en el Vaticano y ya entonces asesor eclesiástico de la Embajada de España ante la Santa Sede. Buscaba información. Se encontraron para comer y hablaron sobre el contenido del programa y de cómo se había elaborado la entrevista con Lejarza. El periodista y sacerdote, toda una institución en la legación diplomática, le dijo que estuviera tranquilo. Pero aumentó la presión del Gobierno español, entonces presidido por el socialista Felipe González. El embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Puente Ojea, fue obligado a intervenir y presentó una protesta oficial. Envió una carta pidiendo la dimisión de Arregi. Puente Ojea, teórico del marxismo y ateo reconocido, no caía bien en el Vaticano. El Gobierno de Felipe González lo impuso para dejar clara su autonomía frente a la Iglesia, pero fue un error. Al embajador se le hizo el vacío hasta el punto de quedarse aislado, por lo que no resultaba operativo. Su labor era infructuosa, ignorada por la curia, y el Gobierno le retiró la confianza. Había muchas presiones eclesiásticas para que fuera relevado. Cuando se produjo la crisis por el programa sobre Euskadi, en Radio Vaticano había ya un plan en marcha para su cese. Al propio Arregi le dijeron que no se preocupara, porque en los siguientes días «se iba a producir algo muy llamativo» con respecto al embajador. Y así fue. Puente Ojea fue cesado de manera fulminante por Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores.

En cambio, Arregi siguió en su puesto, pero aprendió una lección. No importaba tanto el contenido de la programación —pese a que estuviera recargado de matices—, sino el hecho de que la radio de la Santa Sede, de absoluta credibilidad, hiciera un hueco en su parrilla a la cuestión de ETA y el problema vasco. Como ya había acuñado el profesor Marshall McLuhan, teórico de la comunicación, el mensaje era el medio. Mikel Lejarza, por su parte, protagonizó una carrera meteórica. Cuando ya era director general de Antena 3, viajó a Roma a la ordenación de un amigo miembro del Opus Dei, y allí coincidió con Antonio Pelayo, corresponsal del grupo de televisión. Como directivo de Telecinco, en alguna ocasión Lejarza, presentado como un furibundo nacionalista, ha sido el coordinador de la Gala de la Hispanidad. Además, estuvo amenazado por ETA y tuvo que llevar escolta durante un tiempo. Paradojas de la vida.

Y no hay dos sin tres. En octubre del año 2000, el lehendakari Juan José Ibarretxe viajó al Vaticano para asistir a la canonización de María Josefa del Corazón de Jesús, la primera mujer en el santoral vasco. A Ignacio Arregi le pareció que aquella era una gran oportunidad para hacerle una entrevista al político y repasar la actualidad de Euskadi. Lo consultó con el padre Lombardi, ya director de Radio Vaticano y portavoz oficial de la Santa Sede: «Está por aquí Ibarretxe, ¿qué te parece que le hagamos una entrevista?». Lombardi le dio la autorización. «Adelante», le dijo, sobre todo por una cuestión de actualidad. Por aquel entonces, la tensión política era muy fuerte en el País Vasco, donde ETA seguía asesinando tras la ruptura de la última tregua, el 27 de noviembre de 1999. En el año 2000, la organización terrorista cometió cuarenta y seis atentados, en los que murieron veintitrés personas y resultaron heridas un centenar. Ese fue un año especialmente sangriento. Hubo asesinatos muy significativos, como el del dirigente socialista Fernando Buesa, el del periodista José Luis López de Lacalle y el del empresario José Luis Korta, presidente de la patronal guipuzcoana. Ibarretxe gobernaba en coalición con Eusko Alkartasuna (EA) gracias a un pacto con Euskal Herritarrok, la marca electoral de Herri Batasuna (HB). Aun con la actividad de ETA, el PNV mantenía el acuerdo, hasta que el asesinato de Buesa y el de su escolta, Jorge Díez, lo hizo insostenible. La crispación política y social alcanzó cotas altas. El 16 de septiembre, la Ertzaintza descubrió ocho lanzagranadas en un bosque cercano al Museo Chillida-Leku, que iba a ser inaugurado por los reyes y por el presidente del Gobierno, José María Aznar. La Iglesia vasca se pronunciaba contra los crímenes de ETA, pero se resistía a romper con la izquierda abertzale, pese a que no rechazaba la estrategia criminal de la banda. Con ese ambiente en Euskadi, aterrizó en Roma el lehendakari Ibarretxe.

Arregi e Ibarretxe hablaron largo y tendido, pero la conversación nunca vio la luz. La entrevista no se emitió. Aunque se contaba con la autorización de algunos altos niveles, la orden vino de «muy arriba». La decisión se tomó, una vez más, en la Secretaría de Estado, a cuyo frente estaba el cardenal Angelo Sodano, brazo derecho del papa Juan Pablo II. Las presiones del Gobierno español fueron muy fuertes. El presidente, José María Aznar, dio instrucciones a su embajador, Carlos Abella, para evitar que la poderosa e influyente Radio Vaticano hiciera de portavoz del programa de Ibarretxe. En contrapartida, el lehendakari fue recibido por Jean-Louis Tauran, secretario de Estado para las Relaciones con los Estados, el equivalente al cargo de ministro de Exteriores. Tauran, que ha sido jefe de la diplomacia vaticana durante trece años y ha estado muy cerca de tres papas, ha sido una figura con mucha reputación. Inteligente y muy trabajador, ha mantenido una gran influencia en la hoja de ruta de la Santa Sede, a la que ha guiado por senderos muy sensibles gracias a la destreza adquirida en la Academia Pontificia Eclesiástica. Protagonizó misiones delicadas en zonas de conflicto, por ejemplo en Beirut o Damasco. Siempre ha sido un defensor del diálogo y un «zapador» que ha tendido puentes. Natural de la localidad francesa de Burdeos, el cardenal protodiácono estaba familiarizado con el «problema vasco», sobre el que le llegaban distintas informaciones. Aquel 1 de octubre del año 2000 recibió en el palacio Apostólico al lehendakari Ibarretxe, con el que mantuvo un encuentro de duración inusual: nada menos que una hora y media, cuando este tipo de reuniones suelen ser de apenas treinta minutos. El presidente del Gobierno vasco le entregó una copia del documento que envió a los líderes políticos con su propuesta para constituir un foro de diálogo que permitiera iniciar un proceso de paz en Euskadi. En su política de equilibrios, Tauran también se reunió con Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el Gobierno de Aznar, muy crítico con las tesis de Ibarretxe, pese a que este todavía no había anunciado su propuesta de nuevo Estatuto.

El apoyo público del Vaticano a los esfuerzos por conseguir la paz en el País Vasco siguió supurando, aunque de manera soterrada. Por eso no pasó desapercibida la presencia del cardenal Sodano, once días después, en Montserrat, la iglesia de los españoles situada en la calle Giulia. El secretario de Estado de la Santa Sede presidió la celebración del Día del Pilar, fiesta nacional española en Roma, con una nutrida presencia de eclesiásticos y diplomáticos. El primer ministro del papa se refirió en su homilía a la «madre patria» y glosó el «sentido profundo, cultural y religioso» de la Hispanidad. En medios políticos y mediáticos, aquello se interpretó como un movimiento de desagravio ante el Gobierno de Aznar en el delicado juego de equilibrios del Vaticano. En cualquier caso, aquel episodio dejó muchas dudas en el aire sobre la posición de la cúpula vaticana ante el nacionalismo vasco, pues, aunque mantenía una distancia prudente, no le disgustaba el componente cristiano que destacaba en su ideología.

URKULLU SACA LA ESPINA DEL PNV

Han tenido que pasar ochenta y un años para que el PNV se sacara la espina del portazo del Vaticano al primer lehendakari, José Antonio Aguirre, en 1936. Ha sido gracias a Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno vasco y heredero de la doctrina de Aguirre, caracterizada, entre otras cosas, por su humanismo cristiano, pese a que el partido jeltzale hace años que dejó de ser confesional, tras la asamblea de 1977. Es verdad que han cambiado los resortes del poder. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) mandan otros, y en el Vaticano, también. Y Urkullu es una persona apreciada en instancias eclesiásticas porque nunca ha tenido complejos a la hora de ejercer como católico.

Ese Urkullu socialcristiano es el que llamó a las puertas del Vaticano a finales de 2017, cuando en Euskadi se hablaba ya del inminente desarme de ETA. El encuentro con responsables de la Santa Sede formaba parte de la agenda oculta del lehendakari. Su presencia en Roma se vendió como un viaje de trabajo para conocer de primera mano la experiencia italiana sobre los corredores humanitarios, creados para trasladar de manera segura a inmigrantes y refugiados. Se trataba de una iniciativa novedosa de la Comunidad de San Egidio, que había conseguido llevar a la capital italiana a cuatrocientos refugiados que malvivían en campos del Líbano. El hecho de que los anfitriones fueran los miembros de San Egidio, conocidos por su papel en Euskadi en labores de mediación entre el Gobierno y ETA, ya levantó algunas dudas sobre el verdadero objetivo del viaje. Es cierto que el Ejecutivo vasco ha sido generoso en su política de acogida a refugiados, pero esa labor la podría haber realizado el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, que siempre ha cultivado una gran relación con los líderes de San Egidio.

En realidad, todo aquello fue una carambola que fue llegando sobre la marcha. Los planes iniciales de Ajuria Enea, la sede de la Presidencia del Gobierno vasco, pasaban por Grecia, epicentro en esos momentos del gran tema candente de los refugiados, que había irrumpido con fuerza en la política. Con el invierno a la vuelta de la esquina, las imágenes que difundían los medios de comunicación de familias que sobrevivían en condiciones muy duras aguijoneaban algunas conciencias. También la del lehendakari. Esa competencia, antes en Asuntos Sociales, había pasado a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, y desde la Presidencia se buscaba una forma de hincarle el diente. Primero se pensó en Grecia. Se le podía organizar un viaje relámpago a Urkullu para que conociera el trabajo de las ONG vascas sobre el terreno, entre ellas, Salvamento Marítimo Humanitario, que se dedicaba a rescatar náufragos en el mar Egeo en unas condiciones dramáticas, y Zaporeak-Sabores, que atendía comedores solidarios para los refugiados que llegaban a la isla de Quíos procedentes de Turquía. El propio lehendakari había entregado el premio René Cassin de Derechos Humanos a ambos colectivos y a San Egidio en un reconocimiento compartido en 2016.

Pero los plazos se agotaban y se pensó en dejarlo para enero. El gabinete del lehendakari sugirió una segunda propuesta: un viaje combinado Roma-Grecia. Primero se haría una visita a la Comunidad de San Egidio, y luego se iría a Grecia. Sin embargo, los trámites y la logística se tornaron muy complicados, por lo que se descartó la etapa griega. Se puso el centro en Roma. Aunque el contacto con San Egidio estaba ya asegurado, se pensó que se podría reforzar la agenda con encuentros en la Embajada, la Compañía de Jesús y el Vaticano. No se había planificado así, pero se pusieron todos a la tarea. La secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, se comunicó con el nuncio en Madrid, Renzo Fratini, con una propuesta que incluía una cita con el secretario de Estado, el «número dos» de la curia, y con el papa Francisco. El embajador de la Santa Sede les adelantó que era imposible, pues el primero solo recibía a jefes de Estado y primeros ministros. Sin embargo, les pidió que tramitaran la petición por escrito con los argumentos que la motivaban. El equipo de Urkullu preparó la carta, en la que señalaban su pretensión de conocer la experiencia de los refugiados para aplicarla en Euskadi, pero, al mismo tiempo, quisieron trasladar su visión sobre la situación de Euskadi y sus planes de pacificación. Por su parte, el nuncio contactó con Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española y exobispo de Bilbao, para alertarlo del movimiento y conocer su posición, que fue favorable. El gabinete de Urkullu también se lo comunicó más tarde, por deferencia. En ningún momento se lo dijeron a los obispos del País Vasco, que se sintieron puenteados. Urkullu sí que se comunicó, en cambio, con monseñor Uriarte y con monseñor Setién, obispos eméritos ambos; algo muy relevante y significativo.

El caso es que, contra todo pronóstico, el nuncio les respondió pronto comunicándoles que los recibiría el propio Pietro Parolin, secretario de Estado. Aquel sería un encuentro inusual, pues no es habitual que el primer ministro del Vaticano se entreviste con líderes de comunidades autónomas o territorios que no son Estados. La Secretaría de la Santa Sede es el dicasterio que colabora más de cerca con el papa en el gobierno de la Iglesia y en los asuntos de Estado de cara al exterior. Su responsable es el máximo exponente de la actividad diplomática y política de la Santa Sede. Según ese cometido, lo que procedía era que a Urkullu lo hubiera recibido el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario de Estado para las Relaciones con los Estados (como hemos dicho, una especie de ministro de Exteriores), una figura ya de cierto peso en la curia. Se trató de una decisión personal de Parolin.

Antes de que el Vaticano diera el visto bueno, los obispos del País Vasco se enteraron de la petición. Mario Iceta, obispo de Bilbao, lo supo por boca de monseñor Blázquez durante unos ejercicios espirituales de la Conferencia Episcopal en la sierra madrileña: «Urkullu quiere ir a Roma». A José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, se lo dijo el propio Fratini cuando aquel visitó la nunciatura para un asunto doméstico. Les dolió que el lehendakari no se lo comunicara, pero no hicieron nada para cortocircuitar aquel movimiento, que les parecía legítimo. La Lehendakaritza envió a Roma una avanzadilla encabezada por Marian Elorza, responsable de Acción Exterior, para establecer las medidas de protocolo y seguridad y cerrar la agenda. El programa incluía un desayuno en la Embajada ante el Quirinal (la otra representación española en Italia, además de la legación ante la Santa Sede), una jornada de trabajo con la Comunidad de San Egidio y un almuerzo con el superior general de la Compañía de Jesús, el venezolano Arturo Sosa. Los jesuitas, que siempre han sido los valedores de las expediciones vascas al Vaticano, cuentan con un servicio de atención a los refugiados y, además, se han implicado en la tarea de pacificación en Euskadi. A la comida asistieron los dos únicos vascos en la curia general de la Orden, el durangués Ignacio Etxarte (secretario general) y el bilbaíno Patxi Álvarez de los Mozos (director del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología), que ahora se encuentran reubicados en Euskadi. También se reunieron con el presidente de San Egidio, Marco Impagliazzo, en su sede del barrio del Trastévere y participaron en un acto de oración. Aunque la zona está plagada de decenas de restaurantes para atender a los miles de turistas que lo recorren, la representación vasca visitó un centro de acogida de desplazados, con los que cenaron. Una vigilia adecuada.

Pero el plato fuerte del viaje era el encuentro con Pietro Parolin, el primer colaborador del papa. A la hora de recibir a Urkullu, se valoró el talante personal del lehendakari, que siempre se ha presentado sin complejos como socialcristiano, y el momento especial de Euskadi, pues el país se encontraba en el último tramo de la pacificación tras el anuncio de ETA del alto el fuego definitivo. El primer ministro del Vaticano tiene muy buena información sobre España, pero quería conocer de primera mano el diagnóstico de Urkullu y, al mismo tiempo, hacer un gesto de apoyo al cierre definitivo del ciclo de violencia y terrorismo. El encuentro, que no ofrecía riesgos políticos, había sido consultado con Mariano Rajoy, y el presidente del Gobierno español no puso objeciones ni estableció «líneas rojas» sobre el contenido de la cita. El Vaticano, como ha hecho siempre, sí puso la condición de que durante la entrevista estuviera presente el embajador español ante la Santa Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, un diplomático del Partido Popular (PP). Fuentes del Vaticano aseguran que el encuentro fue «una concesión del PP para vender a los nacionalistas otras cosas». Un eclesiástico de la curia que critica «los canales subterráneos que utilizó el Gobierno vasco para llegar hasta Parolin», según él, «lo máximo que ha conseguido el PNV», señala: «La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se lo permitió pensando en otras cosas. El Gobierno de Rajoy necesitaba el respaldo del PNV, que buscaba la paz desde su apoyo a los presupuestos del Estado».

El caso es que Gutiérrez y Urkullu llegaron por separado al patio de San Dámaso, desde el que se accede al palacio Apostólico, sede de la poderosa Secretaría de Estado. Al lehendakari, que por fin tuvo la oportunidad de entrar en uno de los lugares más reservados de la Iglesia católica, la terza loggia, lo acompañaron el responsable de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación para la Paz y la Convivencia, Jonan Fernández; Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos, y Marian Elorza, secretaria general de Acción Exterior. Fueron recibidos por el propio Parolin, que se dirigió a ellos en castellano, un idioma que domina desde sus tiempos como nuncio en Caracas, aunque se disculpó por no poder comunicarse en euskera, un gesto hacia Urkullu para empezar con buen pie el encuentro. El lehendakari trasladó al secretario de Estado del Vaticano su preocupación por la crisis humanitaria y migratoria, así como su voluntad de acoger a refugiados en Euskadi. También le habló del impulso que su Gobierno quiere dar a los derechos humanos, con un esfuerzo especial por trabajar la interculturalidad y una convivencia integrada entre diferentes, también por motivos ideológicos y religiosos. Aquella era una música que sonaba bien en los oídos del «número dos» de la jerarquía católica, siempre alerta ante cualquier exceso nacionalista. Ese discurso forma parte del Plan de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. El proyecto social y humanista del Ejecutivo de Vitoria sirvió para abrir boca antes de entrar en la cuestión más sensible: la aportación de la Iglesia al final de ETA. No hubo una encomienda concreta de mediación, sino una petición de colaboración del Vaticano para consolidar una paz «justa y duradera» y asentar la convivencia en Euskadi. Iñigo Urkullu no desperdició la oportunidad para exponer sus planes sobre un «modelo de autogobierno dialogado».

Aunque los servicios de protocolo habían acordado una entrevista corta, de poco tiempo, se alargó sobre la marcha por decisión de Pietro Parolin, que se mostró muy interesado por la estrategia de Urkullu y la situación de Euskadi tras más de seis años desde la declaración de ETA de bajar la persiana. En un ambiente agradable y muy cordial, las preguntas del secretario de Estado eran muy precisas y certeras: sobre el final de ETA, sobre el sentimiento de las víctimas del terrorismo, sobre el acercamiento de los presos. El lehendakari habló con naturalidad sobre su disconformidad con la política penitenciaria de Mariano Rajoy. El primer ministro del Vaticano manejaba buena información, pero insistía una y otra vez sobre el contencioso ampliando y certificando sus datos. Urkullu tocó el papel de la Iglesia en el proceso y le planteó que se podía hacer «algo más». Las respuestas de Pietro Parolin siempre eran muy diplomáticas bajo la atenta mirada del embajador de España ante la Santa Sede, que tomaba nota de todo para su posterior informe a Madrid. Gutiérrez Sáenz de Buruaga intervino para precisar dos aspectos, «innecesarios», a juicio de la representación vasca. Quiso dejar claro que España era una democracia «desde 1977» y que, en la cuestión de los inmigrantes y refugiados, el país se atendría a lo que dijera la Unión Europea. Es verdad que se trata de un asunto que compete al Gobierno central, pero los vascos expresaron que sería bueno que el Ejecutivo del PP se involucrara en el impulso de corredores humanitarios.

A su regreso, Urkullu convocó a los obispos del País Vasco para compartir el contenido de la reunión con el «número dos» del Vaticano y su proyecto de impulsar corredores humanitarios, que, en el caso de Italia, tuvo el respaldo de la Conferencia Episcopal. Pese a que los prelados se habían quejado en privado de la «falta de cortesía institucional» por no haber sido informados del viaje, no hicieron de la cuestión un casus belli y la sangre no llegó al río. El lehendakari los llamó de manera personal para comunicarles que no había actuado de mala fe. También hubo una protesta aislada del Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez (hermana del concejal del PP asesinado por ETA), que envió una carta a Pietro Parolin en la que descalificaba el plan de convivencia del Gobierno vasco al considerar que difuminaba «la responsabilidad del terrorismo de ETA» y blanqueaba a quienes, aún entonces, defendían «desde las instituciones» que el asesinato selectivo de la organización armada se encuadraba en una posición moral plenamente válida, con todo lo que ello suponía para las políticas públicas de prevención de la radicalización violenta. La entidad también solicitaba al Vaticano una investigación para esclarecer el papel de la Iglesia vasca durante «décadas de terror».

Pese a estos flecos amargos, para el lehendakari la entrevista fue un triunfo institucional. La reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede tuvo un valor altísimo. Pietro Parolin reforzó el estatus de Urkullu, quien consiguió que el Vaticano irrumpiera en la etapa final de ETA, aunque fuera de una manera simbólica. Que ya era mucho. El «hombre fuerte» del papa, además, dejó las puertas abiertas para futuros encuentros. El lehendakari le planteó si sería factible plantar en los jardines del Vaticano un retoño del árbol de Gernika, símbolo de las libertades de todos los vascos, sobre lo que el secretario de Estado se mostró muy interesado. Por fin, el PNV se sacó la espina del desaire a Aguirre.

3
MONSEÑOR LABOA Y LA
AVENTURA DEL FUTURO
JUAN XXIII EN EUSKADI

Fue en la tarde del jueves 15 de julio de 1954 cuando la figura gigante y bonachona de Angelo Giuseppe Roncalli descendió de un coche elegante y negro frente a la casa de la familia Laboa, en la localidad guipuzcoana de Pasai Donibane, a pocos kilómetros de San Sebastián. El entonces cardenal y patriarca de Venecia, un cargo con el que se recompensaban los grandes servicios al Vaticano, venía del santuario francés de Lourdes y antes había parado en Baiona, una ciudad que ya conocía. El coche —blindado, aunque ETA todavía no había nacido— pertenecía al gobernador civil de la provincia, Tomás Garicano Goñi, un abogado y militar franquista navarro que desempeñó un papel importante durante el levantamiento de 1936 y que en 1969 sería nombrado ministro de Gobernación. Eran los tiempos del nacionalcatolicismo, y en Euskadi se purgaba la derrota en la Guerra Civil. Pero Roncalli, que luego se convertiría en el papa Juan XXIII, no venía de visita oficial, aunque su presencia tenía que ser advertida a las autoridades. En algunos círculos se aseguró que venía con una misión secreta. En realidad se trataba de un viaje privado que había nacido en un ambiente de tertulia con un grupo de curas vascos que se formaban en Roma. La larga tradición cristiana del pueblo vasco, unida a sus propias peculiaridades, era algo que fascinaba en la jerarquía vaticana, aunque esta nunca la disociaba de las raíces cristianas de España.

La visita la recoge, en un librito de la Biblioteca de Autores Cristianos (Estuvo entre nosotros), José Ignacio Tellechea Idígoras. La publicación es un relato con precisión periodística de la autoría de quien más tarde sería un acreditado historiador de la Iglesia. En 1991, Tellechea era un joven sacerdote de veintitrés años y de cuna donostiarra a quien su obispo, Font y Andreu, había enviado a Roma para continuar su formación. Llegó desde Ginebra junto con otro sacerdote de su misma edad, José María Setién, que con el tiempo sería nombrado obispo de San Sebastián. Tellechea se encontró con el cartel de «Completo» en el Colegio Español, por lo que siguió buscando residencia. Setién, que en un principio pensaba ir a Lovaina (el destino preferido de la Iglesia vasca), también se quedó en la Ciudad Eterna. Ambos recalaron en el Pontificio Colegio para la Emigración Italiana, un palacio del Vaticano ubicado en la calle Scrofa. Ocupaba dos plantas y se había convertido en una residencia universitaria. En el centro conocieron a Jesús Irigoyen, un sacerdote de la localidad navarra de Lezaun, y a José Sebastián Laboa, a quien todos llamaban Josecho, sacerdote de Pasajes que preparaba su doctorado en Cánones. Luego llegarían Juan María Galarraga, párroco de Añorga (San Sebastián), y Juan María Lekuona, un extraordinario versolari y poeta. El grupo de curas vascos se hizo muy popular. Alternaban las partidas de mus y las tertulias entre canciones con unos exigentes estudios, que todos superaron con expedientes brillantes. Tenían buena cabeza, como se vería con el tiempo. Y algunos jugarían un papel importante en los años de violencia de ETA.

A Roncalli le había tocado ser nuncio en París en tiempos muy convulsos para la diplomacia. Tras la liberación de la capital, el nuevo Gobierno quiso destituir a todo el episcopado francés por su colaboración con Pétain. Pío XII lo nombró embajador en sustitución de monseñor Valéry, que había representado a la Santa Sede ante el Gobierno colaboracionista de Vichy. Presentó sus credenciales frente al general De Gaulle. Como nuncio, tuvo la oportunidad de familiarizarse con la «cuestión vasca» a través del Gobierno vasco en el exilio, que se afincó en la capital francesa. Sus representantes vivían cerca de la Nunciatura de la Santa Sede, y en varias ocasiones visitaron a Roncalli, entre otras cosas, para hablar de los sacerdotes vascos presos tras la Guerra Civil. Jesús María de Leizaola lo conoció, al igual que José Antonio de Aguirre, primer lehendakari. El embajador de España en París, el marqués de Casa Rojas, llamó la atención a Pacelli por recibir a los nacionalistas vascos. Alberto Martín-Artajo, propagandista católico y ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura franquista, comentó en una ocasión que el nuncio pasaba «cosas» de Aguirre en la valija diplomática.

Como nuncio en París, Roncalli tuvo la oportunidad de pasar por España en 1950, pero en un viaje relámpago tras una visita a Túnez, Argel y Marruecos. Se detuvo en la mezquita de Córdoba, durmió en la Nunciatura de Madrid y, al día siguiente, hizo una etapa en la catedral de Burgos antes de cruzar la frontera con Francia. Se quedó con las ganas de una estancia más larga y reposada. Así se lo contó a aquellos sacerdotes vascos en el Pontificio Colegio para la Emigración Italiana, donde el cardenal tenía una suite que utilizaba en sus visitas a Roma para resolver asuntos como patriarca de Venecia. Tellechea y Setién le ayudaron en alguna ocasión como monaguillos. Por la noche solían mantener animadas tertulias, y en ellas nació la idea de buscar la oportunidad de regresar a España. Esta llegó con ocasión de una peregrinación de fieles venecianos a Lourdes en 1954, que, además, era Año Santo Jacobeo. De la organización del viaje se encargó José Sebastián Laboa, que había llegado a Roma para estudiar y se acabó quedando para siempre. Para entonces, era ya secretario del cardenal Gaetano Cicognani, que había sido nuncio en España y era amigo de Roncalli. Aquel triángulo daría sus frutos después, cuando el cardenal fue elegido papa, lo que le brindó a Laboa una valiosa red de contactos. Pero, hasta aquel momento, la relación era la de un príncipe de la Iglesia con un sacerdote vasco. Su lema preferido era «Obedientia et pax», y la segunda palabra tendría recorrido en Euskadi.

Laboa se puso manos a la obra y llamó a Tellechea para que le ayudara a diseñar el itinerario y pedirle que lo acompañara. Setién se encontraba aquel verano en el extranjero, así que aquellos dos sacerdotes vascos se convirtieron en lazarillos del futuro Juan XXIII. Laboa tenía treinta años; Tellechea, veintiséis, y Roncalli, setenta. La casa de los Laboa fue su centro de operaciones. Se trataba de una familia muy religiosa y que ha dado dos figuras sobresalientes para la Iglesia. Además de José Sebastián, destaca la figura de Juan María, también sacerdote y un reconocido historiador de la Iglesia, autor de numerosos libros. El primer día de su gira, el viernes 16, Roncalli celebró misa en el domicilio de la familia antes de visitar el antiquísimo Cristo de la iglesia de Lezo. También estuvo en la parroquia de Añorga, donde se reencontró con Juan María Galarraga, uno de sus contertulios en Roma. Unas neskas vestidas con traje de dantzaris lo recibieron bajo unos arcos con flores, una tradición vasca. Luego visitó unas casas de obreros de Cementos Rezola, una empresa histórica de Euskadi.

EMOCIONADO POR LA RELIGIOSIDAD DE LOS VASCOS

La jornada del sábado fue especial porque Roncalli se centró en Azpeitia, patria de san Ignacio de Loyola. Primero visitó la parroquia en la fue bautizado y, luego, la casa natal del santo y la magnífica basílica. A muy pocos metros de donde se encontraba el futuro papa, se celebrarían muchos años después las conocidas como «conversaciones de Loiola», cuyo propósito era encontrar una solución política al problema vasco y poner fin a la violencia de ETA. También pudo saludar a los numerosos estudiantes que se preparaban en el noviciado de los jesuitas antes de que comenzara la sangría de vocaciones. Tuvo ocasión de admirar el espectacular paisaje de los valles vascos al pasar por Zumarraga, Lasarte-Oria, Andoain, Villabona, Irura y Tolosa y la carretera que bordea el Cantábrico por Zumaia y Zarautz. La herencia de san Ignacio la compartió al día siguiente con la de san Francisco Javier con una visita al imponente castillo que se asocia con el gran misionero. Esa misma ruta la haría en 1982 Juan Pablo II, en la que sería la primera y única visita de un papa a Euskadi. San Ignacio y san Francisco eran dos figuras especialmente queridas para Roncalli. Antes de ir a Javier, el cardenal italiano presidió una misa en Pasajes, en una iglesia de San Juan repleta de fieles, con una liturgia muy cuidada y cantos acompañados de un órgano. El futuro papa se emocionó y valoró la religiosidad del pueblo vasco.

El lunes 19 de julio partió en dirección a Santiago de Compostela, pasando por Vizcaya, Cantabria y Asturias. El final del viaje era Barcelona. Entre Aragón y Cataluña, el futuro papa pudo acercarse a la doble realidad de la Guerra Civil y el régimen franquista. En Zaragoza, el obispo le informó de «la enorme persecución de rojos contra el clero». El cardenal escribió en su cuaderno: «A centenares, los sacerdotes fueron llevados al cementerio y allí fusilados. Ni uno solo cedió». En Barcelona, en el monasterio de Montserrat, tras rezar ante la Moreneta, cenó con el abad Aureli Maria Escarré. Montserrat ha sido la montaña sagrada del catalanismo y ahora celebra el ochenta aniversario de la entronización de la Moreneta, un episodio que constituyó en su día un acto de reafirmación nacionalista. La entronización tuvo lugar el 27 de abril de 1947, y ya quedó claro entonces que Montserrat se convertiría en el Sinaí del movimiento nacionalista. Incluso el nacimiento de la poderosa y ahora desaparecida Convergència Democràtica de Catalunya, que puso en marcha Jordi Pujol en noviembre de 1974, tuvo lugar bajo los mantos de la Virgen. Pero si hay un episodio grabado en la memoria del soberanismo catalán es el protagonizado el 14 de noviembre de 1963 por el abad Escarré, que sufrió un amargo destierro por plantar cara a Franco. El líder benedictino concedió una entrevista al diario Le Monde que el periódico francés tituló «El régimen español se dice cristiano, pero no obedece a los principios de base del cristianismo». El monje defendía que «el pueblo ha de escoger su Gobierno y ha de poder cambiarlo si lo desea: eso es libertad», al tiempo que sostenía que Cataluña «corresponde a una minoría étnica y el Estado la debe favorecer». El líder espiritual invocaba la encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII, a quien había acogido en la abadía nueve años antes. ¿Hablaron de la situación catalana en aquella velada nocturna? A Roncalli le asombró el significado espiritual de aquel enclave, que el príncipe de la Iglesia calificó como «gloria de España». La entrevista a Escarré tuvo un eco tremendo y selló el compromiso entre la abadía y el catalanismo más político. En Cataluña, la Iglesia siempre ha sido una institución muy incardinada en el tejido sociopolítico y muy pegada al pueblo en cuestiones de identidad. En estos últimos años, mientras la jerarquía local ha actuado con prudencia y se ha remitido a los documentos episcopales consensuados en tiempos pasados, han sido los benedictinos de Montserrat quienes han pasado a la acción para reivindicar el derecho a decidir y respetar lo que la mayoría suscriba.

El viaje a España de Roncalli culminó con una visita a la cueva de San Ignacio, en Manresa. Era el miércoles 28 de julio. El cardenal se llevó un grato recuerdo de aquella inmersión en la España católica, que apenas tuvo margen para el turismo. Se trató más bien de una peregrinación que comenzó y terminó con san Ignacio como hilo conductor, pero que incluyó visitas a numerosas basílicas y monasterios, en los que contactó con obispos, sacerdotes y familias. El 9 de octubre de 1958 falleció Pío XII, una noticia que produjo un impacto en todo el mundo. Tellechea, que ya consideraba papable a Pacelli tras aquel mes intenso por España, sugirió su nombre en un foro al que asistía en Sevilla. No se equivocó, pese a que no aparecía en las quinielas. Sí lo hacía el cardenal Siri, que había estado en Loiola y Azpeitia en 1956, en el centenario de la muerte de san Ignacio, como delegado pontificio. El 28 de octubre hubo fumata bianca. Al anochecer, el cardenal Canali anunció el «Habemus Papam», de quien, acto seguido, dijo el nombre: Angelum Josephum Roncalli. El 4 de noviembre fue la coronación. Tellechea y un tío de Laboa pasaron la frontera a Francia para seguirla por televisión, un aparato que todavía no había llegado a España.

LABOA, LA PUERTA VASCA EN EL VATICANO

Quien siguió in situ todo el cónclave y la coronación fue José Sebastián Laboa, quien para entonces ya funcionaba como secretario personal del cardenal Gaetano Cicognani y tejía una red de influyentes relaciones en Roma. Eclesiástico y diplomático vaticano, había estudiado bachillerato en el colegio donostiarra de los marianistas antes de ingresar en el seminario y licenciarse en Teología en la Universidad Pontificia Comillas. Fue ordenado sacerdote en San Sebastián el 16 de abril de 1949. Seguidamente se trasladó a Roma, ciudad en la que se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. Allí inició una fulgurante carrera eclesiástica vinculada al Vaticano desde que el cardenal Cicognani, antiguo nuncio en España, se fijó en él. Fue un auténtico «flechazo», que empezó cuando el cardenal prologó su tesis doctoral. El purpurado tenía un hermano, Amleto Cicognani, quien también llegó a cardenal. Antes había sido delegado apostólico en Estados Unidos y, a su regreso a Roma, quiso «fichar» a Laboa para su equipo, pero el exnuncio en Madrid no estaba dispuesto a deshacerse de una persona tan valiosa. ¡Se lo disputaban en la curia romana! Quizás hubiera cambiado su vida. Amleto Cicognani fue secretario de Estado desde 1961 hasta 1969, en sustitución del legendario Tardini. También fue presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro del Interior. Acumuló mucho poder ejecutivo, y su experiencia en Estados Unidos fue muy valiosa en los tiempos de la Guerra Fría y para las relaciones con Cuba. Asimismo, fue el presidente de la Comisión Coordinadora del Concilio Vaticano II. Todo ello lo convirtió en un estrecho colaborador del papa Juan XXIII. Los amigos de Laboa tenían vara alta.

Pero fue Gaetano Cicognani, ya ministro del pontífice, quien introdujo a Laboa en la curia y lo puso al servicio directo del Vaticano. Comenzó en 1954 como minutante de la Sagrada Congregación de Ritos, en la Oficina para las Causas de los Santos, donde ejerció como «abogado del diablo» y tuvo que limar asperezas en el proceso de reforma litúrgica. Años más tarde, fue también minutante de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (1975). Su paso por la antigua Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ubicada en un palacio junto a la Embajada de España ante la Santa Sede, fue clave para Laboa, pues allí se especializó en América Latina. Era secretario del prefecto (ministro), el cardenal brasileño Angelo Rossi, que se convirtió en uno de sus grandes valedores. Los nombramientos de obispos pasaban por allí, y a Laboa le debían muchas carreras eclesiásticas. Hizo muchas relaciones y contactos. Durante los primeros años, su amistad con Juan XXIII, gracias a aquel viaje por España, le vino muy bien.

Laboa fue un personaje peculiar en la curia romana. No era un intelectual como Tellechea, sino un hombre campechano y sencillo, amante del deporte. Lo querían mucho. Era un tipo acogedor que recibía a todo el mundo: su hospitalidad no discriminaba por razones ideológicas. Su don de gentes, simpatía natural y carácter activo le abrieron muchas puertas. Era astuto e inteligente y tenía dotes para la diplomacia. Pese a que no había pasado por la Academia Pontificia Eclesiástica de la plaza Minerva, en diciembre de 1982 lo hicieron nuncio en Panamá. Aquel fue un nombramiento a dedo, y en esa decisión tuvo mucho que ver el español Eduardo Martínez Somalo, sustituto en la Secretaría de Estado y con mucho poder. De manera simultánea, el 6 de enero de 1983, Juan Pablo II lo consagró obispo con el cargo de arzobispo titular de Zarai. No se olvidó de su tierra, ni entonces ni nunca, y su primera misa pontifical la celebró en Pasai Donibane, su amada tierra vasca.

La Santa Sede lo envió a Panamá, una zona caliente de América Central, en un momento de gran tensión y de involución democrática. Su puesto allí era delicado, lo que evidenció que Juan Pablo II tenía mucha confianza en él. Nada más llegar, ya hizo un servicio al Gobierno de Euskadi, en ese momento presidido por Carlos Garaikoetxea, entonces del PNV. El lehendakari encomendó al parlamentario Iñaki Anasagasti, encargado de sentar las bases de la acción exterior, que le organizara una visita a las colectividades vascas de Panamá, Venezuela y Colombia. La «percha» para el viaje era una antigua invitación de Arístides Royo, expresidente de Panamá y embajador en Madrid, y el segundo centenario del nacimiento de Simón Bolívar, libertador sudamericano de origen vasco. En realidad, como reveló el propio Anasagasti, aquella era una oportunidad para evitar un acto de las Fuerzas Armadas en Burgos al que asistiría el rey y al que Garaikoetxea había sido invitado porque el País Vasco pertenecía a esa región militar. Para prevenir cortocircuitos, la visita se organizó de manera discreta, sin que los embajadores españoles la conocieran hasta el último momento. En el caso de Panamá, la mediación del nuncio vasco fue fundamental. Anasagasti recuerda que la intervención de Laboa, decano del cuerpo diplomático de la Santa Sede, les «abrió todas las puertas». Y añade: «Y el palacio de Gazar, donde el presidente Ricardo de la Espriella les ofreció un almuerzo. Noriega, desde su Guardia Nacional, lo vigilaba todo». Garaikoetxea fue tratado como un jefe de Estado. El «lunar negro» surgió en Caracas, donde el Comité de Apoyo a Presos y Refugiados Vascos los recibió con un comunicado en el que rechazaban un «pseudogobierno» que consideraban ilegítimo. Por supuesto, no hubo ninguna alusión a ETA.

UN OBISPO ENTRE MARINES Y ETARRAS

Un año después de su llegada, en 1984, Laboa recibió una expedición vasca inesperada. Felipe González y François Mitterrand sellaron un acuerdo para deportar a miembros de ETA refugiados en Francia, hasta ese momento un «santuario» donde se escondían y rearmaban. Seis exjefes de la banda («milis» y «polimilis») fueron enviados a Panamá en un avión militar. Estuvieron allí cuatro meses. El nuncio vasco realizó gestiones ante Fidel Castro para que los acogiera en Cuba tras el rechazo de Venezuela. En un primer momento, el comandante dijo «no», pero la presión diplomática del Gobierno socialista y la mediación de Laboa lograron que el régimen de La Habana los atendiera. En algún sector de la curia vaticana no gustó aquella mediación, pero Laboa era mucho Laboa. En una ocasión reconoció su disposición a mediar con ETA: «Si el papa me lo pidiera, trataría hasta con el diablo», aseguró. Durante sus siete años en la Embajada panameña de la Santa Sede, el nuncio vasco realizó diversas mediaciones para que miembros de ETA fueran acogidos en países de Centroamérica y Sudamérica, donde contaba con una amplia red de contactos a todos los niveles. También hizo gestiones ante la Embajada española y las autoridades de Panamá para mejorar la vida de la colonia de etarras, que ya recibían trescientos dólares mensuales del Gobierno de Madrid.

En Panamá, Laboa pronto demostró que era un hombre de acción y que tenía capacidad para fomentar la reconciliación. Era, además, una persona muy compasiva. Le tocó el peor periodo de la dictadura del general Manuel Antonio Noriega, pero supo bregar para mediar y tender puentes entre los militares y la oposición, que se manifestaba con pañuelos blancos rezando el rosario ante las sedes gubernamentales… Actuó para promover la excarcelación de presos y para evitar torturas. También ofreció refugio a activistas perseguidos de la oposición. En la Nunciatura, que es sede diplomática inviolable, acogió a cuatro líderes de la Cruzada Civilista, la oposición a Noriega, durante un mes, y luego negoció su salida hacia Venezuela. Entre ellos estaba el empresario César Tribaldos, con el que trabó una buena amistad. De hecho, el dirigente opositor viajó a San Sebastián para acompañar al nuncio en su lecho de muerte. Laboa tenía buenos contactos entre las autoridades norteamericanas. Le sirvieron en la Navidad de 1989, cuando veintiséis mil marines invadieron Panamá, en la madrugada del 20 de diciembre, y Noriega se refugió en la Nunciatura.

Aquellos fueron unos días muy intensos. A Laboa, la invasión lo pilló en San Sebastián. Lo avisaron enseguida. Viajó a Madrid y desde allí voló hasta Miami, donde lo esperaba un avión norteamericano de transporte de tropas. Así pasó a Panamá. Laboa era una pieza fundamental en aquella crisis. Noriega, que se había escondido en un búnker, lo llamó a su teléfono privado para decirle que, si lo acogía como asilado político, la guerra civil terminaría. Según la reconstrucción de aquellos momentos realizada por algunos periodistas (entre ellos, Pablo Ordaz), la llamada la recibió cuando se encontraba en su despacho con el líder opositor César Tribaldos. Al terminar la conversación, Laboa le dijo: «César, vístete con una sotana, que tienes que ir a buscar a Noriega». Así entró Cara de Piña en la legación diplomática, rodeada por dos mil marines. Las fuerzas de élite norteamericanas estaban al mando del general Marc Cisneros, comandante del Comando Sur. Era el latino de más rango en el Ejército de Estados Unidos y se había ganado una buena reputación de héroe en Vietnam, donde consiguió sus estrellas. El nuncio vasco tuvo que tratar con él.

Laboa se trabajó a fondo a Noriega, a quien recordó el episodio de Benito Mussolini: el líder fascista fue capturado por los partisanos de la resistencia italiana y ejecutado, y después su cadáver fue sometido a todo tipo de ultrajes. Quizás aquella imagen le hizo reflexionar. El general fue cediendo, mientras los norteamericanos seguían con su presión en una operación denominada Causa Justa. En la calle, el arzobispo Marcos Gregorio McGrath, de ascendencia irlandesa y la máxima autoridad eclesiástica local, predicaba en misas de campaña que la invasión era un acto de «liberación nacional», mientras los cazas F-117 Stealth realizaban vuelos rasantes y los helicópteros Apache y Cobra sobrevolaban los tejados de Panamá. Había un ambiente de guerra. Laboa resistía el asedio. Ganaba tiempo. Conseguía que los marines no se precipitaran y trataba de convencer a Noriega, que se encontraba acompañado por el capitán Eliécer Gaitán, jefe de la seguridad del dictador y hermano de un sacerdote. Celebraron una misa en la capilla de la representación diplomática, y Noriega claudicó.

Antes de hacerlo, puso una condición: solo se entregaría vestido de general. A la Nunciatura había llegado con lo puesto, un pantalón corto y una camisa caqui. Laboa llamó por teléfono a Guillermo Endara, futuro presidente de Panamá, para que le ayudara a conseguir un uniforme. La casualidad quiso que, en aquellas horas frenéticas, Endara se entrevistara con el general Cisneros. El jefe de la invasión le confió que guardaba el traje de general de Noriega para entregárselo al presidente George Bush como un trofeo de guerra. Endara llamó a su amigo Laboa para que se pusiera en contacto con el comandante de los marines para conseguir el uniforme. El caso es que, el 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las tropas de la invasión vestido con su uniforme de gala, un traje que siempre lo acompañó en su celda.

En un primer momento, la decisión de Laboa de acoger a un dictador vinculado al narcotráfico y que había hecho desaparecer a muchos opositores (entre ellos, algunos sacerdotes) como jefe de la inteligencia militar levantó no pocos recelos. Pero el arzobispo vasco lo tenía muy claro, y esgrimió ante sus detractores: «Esta es la casa de Dios. Hay que tener caridad divina. Esta casa está abierta a todos, buenos y malos». El tiempo le daría la razón, porque aquello acabaría evitando una guerra civil. Algunos años después recordó: «Yo lo acogí por humanismo, no como diplomático. Como obispo, sentía la responsabilidad de toda la población que estaba muriendo. Dejé de lado la diplomacia y lo recibí. La guerra terminó a las dos horas. Y Noriega se entregó a la Justicia de Miami, que lo buscaba por narcotraficante». Lo cierto es que evitó que se derramara más sangre. Fue un éxito para la diplomacia vaticana.

Laboa también acogió en la Nunciatura a cinco etarras y a la mujer de uno de ellos que se encontraban deportados en Panamá. Los marines habían tomado posiciones para derrocar a Noriega, y las calles eran el escenario de enfrentamientos armados entre los leales al general y los opositores, encuadrados en una milicia denominada Batallones de la Dignidad. Las seis personas que se refugiaron en la nunciatura eran Miguel Ángel Aldama, Juan Carlos Arriarán, Koldo Saralegui y Juan José Aristizabal (y su mujer, Jone Idígoras), de ETA militar, y Julián Tena, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. El diario Egin publicó que habían aceptado la invitación del nuncio, pero la Oficina de Información Diplomática aseguró que acudieron por su propia iniciativa, por miedo a represalias de los marines, puesto que no tenían documentación ni un contrato de trabajo. Un ayudante de Laboa aclaró que no estaban en calidad de refugiados políticos, sino invitados por razones de seguridad y protección. En cualquier caso, se encontraban arropados por la diplomacia vaticana. El historiador César Vidal mantiene que Laboa presentó a los etarras como sus escoltas ante los marines, que les dejó el coche oficial con pabellón de la Santa Sede. Sin embargo, es lógico pensar que los servicios de inteligencia norteamericanos tendrían información detallada de los presentes en la Embajada. Noriega fue un miembro cualificado de la CIA, y el nuncio mantenía buenas relaciones con las autoridades estadounidenses. Laboa medió para que Venezuela acogiera al grupo de etarras. Habló con el presidente Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, y con el mandatario español Felipe González, según certifica la periodista Pilar Iparragirre en su libro Deportación. El mal menor. Pérez y González eran muy amigos. Algunos de los refugiados volaron días después al país caribeño en un avión privado del presidente venezolano, que aceptó a los etarras como un favor al nuncio Laboa. Fue una operación discreta.

A partir de ahí, su fama de conciliador corrió como la pólvora. Juan Pablo II lo envió, en agosto de 1990, al Paraguay del general Alfredo Stroessner. En 1991 viajó desde allí a Euskadi para asistir al funeral por el sacerdote José Miguel de Barandiarán, padre de la cultura vasca, con el que tuvo una gran relación. Fue en Paraguay donde enviados del País Vasco lo buscaron para que mediara en el conflicto de la autovía de Leitzaran, cuyo trazado se encontraba en el punto de mira de ETA. Por supuesto que se movió. Lo mismo que en 1995 en Malta, donde volvió a recalar como nuncio de la Santa Sede con un pie en la Libia del coronel Gadafi, cumpliendo la función de administrador apostólico. Luego, en marzo de 1997, sería nombrado nuncio. Jugó un papel clave para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el régimen de Trípoli. Gadafi, según contó Laboa, tenía una gran veneración por la autoridad moral del papa. Libia estaba sufriendo un bloqueo internacional, por lo que la Santa Sede le hizo un gran favor. Para entonces, la comunidad internacional ya se había olvidado de los años en los que el Gobierno de Gadafi financiaba el terrorismo internacional. El coronel libio suministró armas y explosivos al Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés) desde 1972 en periodos que se vieron interrumpidos. El terrorismo irlandés entró en contacto con Gadafi por medio de las relaciones entre el Sinn Féin y el movimiento nacionalista corso, según el periodista Ed Moloney, que escribió Una historia secreta del IRA. La investigadora norteamericana Claire Sterling, autora de La red del terror: investigación sobre el terrorismo internacional, aseguró que en 1976 miembros de ETA, con ayuda de Cuba, pasaron por los campos de entrenamiento de Libia.

Después de ese periplo, José Sebastián Laboa volvió a Roma para ejercer como nuncio apostólico dependiente de la Secretaría de Estado y encargado de recibir a los jefes de Estado. Mantenía unas relaciones sociales extraordinarias. Era un gran anfitrión y celebraba grandes banquetes. A mucha gente se la ganaba por el estómago. Le gustaba invitar a sus amigos más cercanos a comer en Alfredo y en Quattro Mori, dos hosterías emblemáticas del corazón de Roma. Laboa era influyente, sobre todo porque se llevaba muy bien con Juan Pablo II. Esa posición fue aprovechada por mucha gente del País Vasco, que lo visitaba para conseguir favores del Vaticano, lo mismo políticos que obispos. Era habitual la presencia de personas de Euskadi en su residencia. Durante años, aquella fue la «entrada vasca» en el Vaticano. Aunque fue compañero de estudios de monseñor Setién en Roma, las relaciones con el obispo de San Sebastián no eran al cien por cien. También tuvo mucha amistad con monseñor Uriarte. Realizó toneladas de favores e impartió los sacramentos a decenas y decenas de personas. La nómina de agradecidos es interminable. Entre ellos, el futbolista Julen Guerrero, a quien casó cuando era capitán del Athletic. ¡Y eso que él era hincha de la Real Sociedad! Vino expresamente de Roma para el enlace, celebrado en una iglesia de Derio cercana a las instalaciones rojiblancas de Lezama. Luego también bautizó a su hija. La familia Guerrero lo visitó a menudo durante su larga enfermedad, al igual que numerosos amigos llegados desde Panamá, Paraguay, Malta o San Francisco.

En su última etapa, monseñor Laboa fue miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, desde donde ayudó a la beatificación de la madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la Obra Misionera de Jesús y María. Laboa falleció el 23 de octubre de 2002 en Pasajes, y sus restos fueron depositados en una cripta de la residencia de las misioneras en San Sebastián, Villa Puyo, una atalaya donostiarra desde la que se contempla Igeldo, Urgull y Ulía. Descansaba en el sueño eterno con la satisfacción de haber sido profeta en su tierra. En 1997, el Gobierno del lehendakari Ardanza lo nombró vasco universal, un galardón que compartió con el escultor Eduardo Chillida. Fue un reconocimiento «por haber contribuido a que Euskadi se asocie con los vascos de la espiritualidad y la belleza, de la tolerancia y de la armonía, de la mediación entre contrarios y de la paz». En el año 2000 también se lo concedieron al jesuita Jon Sobrino.

EL PAPA SE FIJA EN LAS MINORÍAS

Juan XXIII, el Papa Bueno, falleció el lunes 3 de junio de 1963 a las 7.49 de la tarde, tras un corto pero intenso pontificado. Le había dado tiempo para convocar, el día de Navidad de 1961, el Concilio Vaticano II, un acontecimiento histórico que dio un vuelco a la actividad de la Iglesia. El evento despertó energías enormes que yacían soterradas y desencadenó un proceso no exento de grandes dificultades. También supuso la apertura de la Iglesia al mundo moderno. La recepción de sus postulados marcó, asimismo, a la Iglesia vasca, sobre todo a la de Vizcaya, que emprendió una hoja de ruta abierta y progresista, muy por delante de las del resto de las diócesis españolas. También escribió ocho encíclicas, si bien la que más recorrido tuvo (y lo sigue teniendo) fue Pacem in terris, que vio la luz el 11 de abril de 1963, el día de Jueves Santo, a dos meses escasos de su muerte. Aquel fue su testamento espiritual. Eran los tiempos de la Guerra Fría; de la construcción del muro de Berlín, que simbolizaba la división del mundo en bloques, y de la crisis de los misiles en Cuba. La escalada de la tensión en el mundo y el desorden internacional diagnosticaban una crisis de la humanidad. Así lo vio Juan XXIII, que encaminó a la Iglesia a participar en un orden nuevo.

La «filosofía» de la carta sobre la carrera de armamentos y el desarme encontró eco en los grupos cristianos de Euskadi, donde se maduró una ideología pacifista que fermentaría luego en los grupos de rechazo a ETA. Incluía también recomendaciones pastorales para la acción temporal de los cristianos, a los que recordaba el deber de intervenir en la vida pública. Aquella encíclica, además, suministró a la Iglesia vasca una doctrina impagable en su aplicación al orden político. Su contenido ha sido, una y otra vez, invocado en sus documentos e intervenciones públicas sobre el «problema vasco» a la hora de buscar argumentos y cobertura en el magisterio pontificio. Monseñor Setién ha escrito varios libros monográficos sobre la Pacem in terris, fruto de sus reflexiones sobre las bases éticas de la paz. La encíclica llamaba a reconstruir todas las formas de convivencia y ofrecía los pilares sobre los que se debía asentar «una paz duradera», un concepto que ha llegado hasta nuestros días en boca de obispos y políticos. «La paz ha de fundamentarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad», escribió Juan XXIII. Y abogaba por la resolución de los conflictos por medio de negociaciones y convenios, mediante el diálogo, otro mensaje que ha caracterizado el proceso que se ha vivido en el País Vasco. Siempre con una promoción realista del «bien común», otro término sobre el que han existido discrepancias en el seno de la Iglesia. En cualquier caso, dejaba claro que «la paz exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de quienes tienen responsabilidad política».

Pero, si hubo un aspecto innovador en aquella encíclica de un papa que había visitado Euskadi y Cataluña nueve años antes como cardenal, ese fue su referencia al trato de las minorías. El episcopado vasco ha esgrimido con frecuencia el apartado en el que el texto pontificio defiende la vitalidad y el desarrollo de las minorías étnicas, en particular en «lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas», y advierte de que, cuanto se haga por reprimirlas, «viola gravemente la justicia». Pero también previene del peligro de «dejarse llevar a insistir más de lo justo en los propios elementos étnicos hasta ponerlos por encima de los valores humanos, como si el bien de la familia humana entera hubiera de subordinarse al bien de ese pueblo».

4
EL CLERO VASCO
REBELDE Y EL
NACIMIENTO DE ETA

«Es un buen cristiano, ha matado a muchos yankis». En la película Forajidos, la madre del legendario Jesse James justifica de esta manera la guerra de su hijo contra el Ejército federal y el avance del ferrocarril en Misuri, que expropia a los granjeros con total impunidad. El pueblo lucha contra los hombres de Pinkerton, el cuerpo de seguridad de la compañía, que van cayendo uno tras otro bajo las balas de James y su banda. Pese a que actúan fuera de la ley, los forajidos se ganan la simpatía de los lugareños, que los aclaman como héroes y los esconden en sus casas. Los asaltantes también cuentan con la cobertura de los predicadores, que actúan con la Biblia en una mano y el revólver en la otra. Cada vez que veo esta cinta no puedo dejar de trasponer el guion al relato vasco. Muchos jóvenes que se enrolaron en la primera ETA habían escuchado historias de humillación en la Guerra Civil e historias de valor en el frente contra las tropas franquistas. También había algunos de los que habían salido en barcos hacia el exilio. Todo aquello alimentó su espíritu rebelde y sus ganas de insurrección.

Esto ocurría en 1959, año en el que nació ETA, el 31 de julio, festividad de San Ignacio, una fecha muy querida para los vascos. La religión es una fuente de identidad fuerte, y el argumentario religioso funcionó como cobertura para justificar la actuación de la organización, que al principio se planteaba muchos conflictos morales. La decisión de matar tardó en llegar, seguramente por la educación cristiana de muchos de sus militantes, pero desde instancias eclesiásticas también se les proporcionó munición intelectual. Lo que en un inicio fue un periodo de resistencia política y cultural frente al régimen franquista, pronto se desvió hacia la violencia terrorista y a hacer el mayor daño posible. Y todo ello, ¿para qué? ETA solo ha producido muerte y sufrimiento; si ha persistido tanto en el tiempo, solo es porque una gran parte de la sociedad vasca apoyó o toleró sus acciones. ¿Hubo complicidad de la Iglesia? ETA no nació en su seminario, pero hubo sotanas de curas y hábitos de frailes en la génesis de ETA, y luego las hubo también en el entorno intelectual de la izquierda abertzale. «Si no nos oponemos al mal, lo estamos alimentando de forma tácita», establece la doctrina social de la Iglesia, tan invocada en Euskadi.

El apoyo a la contestación social al franquismo, así como su protagonismo en la defensa de la cultura vasca, contribuyó a enraizar la influencia del clero. Una de las fórmulas más utilizadas en esa agitación política fue la de las cartas colectivas de denuncia. El 25 de noviembre de 1944 se envió la primera carta al Vaticano firmada por un grupo de curas vascos en la que denunciaban los atropellos de la dictadura en el campo de los derechos sociales. Pero fue la de «los 339», en mayo de 1960, la que tuvo más eco y difusión, porque en ese escrito los sacerdotes cruzaban una raya y se mojaban en las reivindicaciones nacionalistas del pueblo vasco. Se estaba fraguando ya un movimiento que cuestionaba la legitimidad del régimen y sacralizaba el concepto de pueblo. También se criticaba a los obispos, pero lo principal era la postura abiertamente política que se estaba tomando.

El clero vasco rebelde intensificó sus predicaciones públicas en defensa de los derechos del pueblo vasco y contra el régimen franquista. Aquellas homilías «subversivas» generaron centenares de multas y numerosas detenciones. El caso más paradigmático fue el del sacerdote Alberto Gabicagogeascoa, procesado en Madrid en 1965 ante el Tribunal de Orden Público, acusado de propaganda ilegal, por lo que se pedían treinta años de prisión. Gabica —así lo llamaban—, que se convirtió en un ejemplo al que imitar, fue condenado a tres años de reclusión, sentencia que luego se rebajó a tres meses y que el sacerdote cumplió en el monasterio palentino de Dueñas. Todavía no existía la cárcel concordataria de Zamora, que se abrió el 22 de julio de 1968 para albergar a los denominados «curas rojos separatistas», la mayoría de ellos, vascos. Los reclusos incendiaron la prisión el 6 de noviembre de 1973, coincidiendo con una visita a España del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Casaroli, para negociar un nuevo concordato. Gabicagogeascoa inauguró la cárcel tras ser condenado por denunciar torturas. Lo seguirían Juan Mari Zulaika y Felipe Izaguirre, los primeros de un largo centenar.

Para entonces ya había curas (aunque es cierto que eran un grupo muy reducido) que se habían enrolado en ETA, principalmente en labores de infraestructura y logística, y muchos seminaristas simpatizaban con su causa en Vizcaya y, sobre todo, en Guipúzcoa. El escritor Fernando González de Heredia, autor de Héroe o villano, santo o sanguinario, amor y odio: el cura Santa Cruz y las guerras carlistas, recuerda que aquí se ha matado con mucha crueldad ya en el siglo XIX por ideas políticas. «Hubo hasta cincuenta curas trabucaires que se lanzaron al monte a combatir las nuevas costumbres del liberalismo, que ellos consideraban pecaminosas», asegura el investigador sobre el religioso Manuel Ignacio Santa Cruz, un personaje legendario y siniestro que se formó en el seminario de Vitoria, que ya entonces era tachado de «formar curas carlistas». Aquel fue el primer antecedente de la violencia política en el País Vasco. Uno de los fervientes seguidores del cura Santa Cruz fue Eustakio Mendizabal, Txikia, un exmonje benedictino que se convirtió en un mítico jefe de ETA. Txikia fue uno de sus pistoleros más sanguinarios y, cuando murió en un tiroteo con la policía, se convirtió en un mártir y en un ejemplo para otros jóvenes que abrazaron la violencia.

La primera asamblea de ETA se celebró en mayo de 1962 en el monasterio benedictino de Belloc, en Francia, un centro de acogida de refugiados durante la Guerra Civil (allí se trasladó, por ejemplo, el padre Barandiarán). Años después, un terrorista dejó las pistolas y tomó los hábitos en esta abadía, donde fue localizado y detenido por la policía. La cuarta asamblea, la primera que tuvo lugar en España, se celebró en la Casa de Ejercicios Espirituales de los jesuitas de la localidad guipuzcoana de Getaria, refugio habitual de reuniones clandestinas de la oposición franquista, por la que pasaron personajes como Mario Onaindia, condenado a muerte en el Proceso de Burgos por su militancia en ETA y fundador de Euskadiko Ezkerra, o Carlos Trevilla, secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Euskadi. La quinta asamblea se desarrolló en dos fases: la primera parte se celebró en la casa cural de Gaztelu (Guipúzcoa) y la segunda, en la Casa de Ejercicios Espirituales de Getaria. Los asistentes eran un grupo minoritario, pero la estructura de la Iglesia servía para cobijar las reuniones de la dirección de ETA en las que se daban instrucciones para matar. Fue en el verano de 1968 cuando ETA dio el gran paso y decidió su primer asesinato en la persona del comisario Melitón Manzanas, acusado de amparar y practicar torturas a los detenidos. El comité ejecutivo de la organización conjuró el asesinato en la casa del párroco de Zeberio, y los preparativos se cerraron en el convento de los padres sacramentinos de Villaro, ambos sitios ubicados en Vizcaya. La jerarquía justificó que los jóvenes habían pedido reunirse en la casa y que sus rectores desconocían que se trataba de miembros de ETA. A partir de ahí, ya nada fue igual.

En aquel punto cero y de no retorno intervinieron muchas dimensiones, y también causas emotivas. El concepto de liberación y la teoría de la salvación que pregonaba Teilhard de Chardin se relacionan con el pueblo sufriente, con el pueblo elegido. Maritain, por su lado, difundió su libro El hombre y el Estado. Hubo una fusión entre la filosofía y la teología. Con todo eso se construyó un discurso, una narrativa que mezcló lo religioso con el nacionalismo. También sirvieron de inspiración las teorías de Frantz Fanon, el psiquiatra revolucionario de la Martinica, que publicó en 1961 su celebrado libro Los condenados de la tierra (traducido al castellano en 1963), en el que defendía el uso de la violencia en la lucha de liberación de los pueblos.

Otro personaje que influyó mucho fue el salesiano Giulio Girardi, autor de la conocida frase «Nicaragua es el lugar donde Dios habla». El filósofo, reconocido teólogo de la liberación, publicó Amor cristiano y violencia revolucionaria, que sirvió como catecismo a los movimientos guerrilleros, puesto que admitía como algo lícito el recurso a la violencia en determinadas ocasiones por falta de alternativas. El propio Girardi se apoyaba en la encíclica de Pablo VI Populorum progressio, publicada el 26 de marzo de 1967, que defendía los derechos de los pueblos. Un año antes, el sacerdote Camilo Torres cogió el fusil y se enroló en la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Murió en su primer combate y enseguida se convirtió en un icono, en un mártir, como luego pasaría con el miembro de ETA Txabi Etxebarrieta. En ese magma, cada uno con sus diferencias y en distintos contextos, fueron surgiendo muchos grupos guerrilleros. ETA se fijaba en el IRA irlandés, en la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas (EOKA, por sus siglas griegas) y, sobre todo, en el Irgún israelí. El libro Rebelión en Tierra Santa, de Menájem Beguín, era todo un catecismo para muchos militantes de ETA.

En Euskadi, ETA entraba por esa senda, pero, para muchos intelectuales (la mayoría, eclesiásticos), la violencia era algo accidental. Aunque había gente que lo advertía («Que no: esto es matar a la gente»), se extendía una espesa niebla en la que se camuflaba todo. Había muchos, es cierto, que tenían sensibilidad contra la tortura, que se jugaban el pellejo en causas nobles, y ellos tampoco lo veían. Había una incapacidad para asumir posiciones críticas. Aquella deriva violenta de un grupo de jóvenes, al margen del nacionalismo histórico y democrático, fue apoyada por una pequeña parte del clero vasco, que se organizó en el grupo Gogortasuna. Primero lo comprendió y justificó, luego lo acompañó y más tarde, algunos de sus miembros pasaron a militar de manera abierta en la organización. Uno de los que estuvo en Gogortasuna fue Tasio Erkizia, un fraile agustino que tiempo después sería detenido y torturado en la comisaría de Bilbao. Una comisión de sacerdotes viajó a Madrid para entrevistarse con el abogado Joaquín Ruiz-Giménez, entonces presidente de la organización eclesial Justicia y Paz, para que intercediera por el detenido. Erkizia se secularizó, y luego ha sido un dirigente activo de Herri Batasuna durante mucho tiempo. En aquellos años hubo una tremenda secularización, y se produjo un trasvase. Excuras y exreligiosos, bien formados y con el dominio del euskera como un plus, se convirtieron en ideólogos de la cultura vasca, la mayoría escorados hacia la izquierda abertzale.

El verano de 1968 fue convulso, tanto para Euskadi como para la Iglesia. El 7 de junio, el militante de ETA Javier Etxebarrieta Ortiz, Txabi, asesinó al guardia civil José Ángel Pardines Arcay en un control instalado en el puente de Aduna. Horas después, agentes del Cuerpo mataron al militante en otro control en Ventaundi, a la salida de Tolosa. Pardines fue la primera víctima de ETA, y Etxebarrieta, el primer etarra que asesinó y el primer mártir de la causa. El escritor vasco Bernardo Atxaga, autor de Obabakoak, tenía diecisiete años en aquella fatídica primavera y vivía en Asteasu (Guipúzcoa), entonces como José Irazu Garmendia. Recuerda así aquel momento:

Entre los jóvenes, en fiestas y excursiones, se cantaba la canción de Mikel Laboa Egun da Santi Mamiña, benetan egun samiña, el verso del poeta Gabriel Aresti: «Día de San Mamés, día verdaderamente amargo, que el alto cielo guarde mi alma por mucho tiempo». Pero no se cantaba exactamente así, como había salido de la pluma del poeta. Lo que el alto cielo debía guardar era el alma de Txabi. «Etxeberrietaren arima». Nació el mito. Muchos vascos vieron en él al mártir, símbolo de la rebelión contra Franco, el Che Guevara vasco. Canciones, poemas, homenajes, flores en su tumba… e incluso misas. Nadie se acordaba del guardia civil Pardines. Sarasqueta [el otro miembro del comando] declararía que el joven guardia civil había sido matado por Etxebarrieta a traición.

En efecto, una parte muy importante del clero vasco se volcó con Etxebarrieta. Hubo misas en su recuerdo en casi todos los rincones de Euskadi. En las homilías se ensalzaba su categoría humana y se bendecía su compromiso con el pueblo hasta el punto de haber sacrificado su vida por el país. Así se elogió su actuación en la iglesia de los jesuitas de San Sebastián, abarrotada de gente a la que se le saltaban las lágrimas. El oficiante valoró la entrega de aquel joven idealista, pero no se paró ni un minuto para denunciar que había convertido la patria en un absoluto, para denunciar aquella idolatría de nuevo cuño. Etxebarrieta era uno de los nuestros. El agente Pardines, en cambio, no existía: era el enemigo. Su familia lo lloraba en soledad y casi de manera clandestina, para no ofender. El amor al pueblo era un dogma absoluto que no solo justificaba el asesinato, sino que además se asumía como un acto de justicia.

En Bilbao, el homenaje eclesial fue en el emblemático templo de San Antón, gestionado por su histórico párroco Claudio Gallastegui. Don Claudio, autor del cantadísimo himno a la Virgen de Begoña, fue un sacerdote comprometido con la cultura vasca, y fue en los pórticos de su iglesia donde nació Kili-Kili, el personaje con el que se han alfabetizado en euskera miles de niños, ideado por el cura Antonio Retolaza. Las simpatías de Gallastegui no se quedaban ahí. En 1977 acompañó al Orfeón San Antón, creado por él, a la isla de Yeu, ubicada en el Atlántico frente a las costas bretonas, donde el Gobierno francés había deportado a un grupo de miembros de ETA, entre ellos, el carismático José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, quien tomaría un día las riendas de la organización. El grupo ofreció un concierto en la iglesia de Saint-Sauveur, muy cerca de donde se encuentra enterrado el mariscal Pétain.

Txabi Etxebarrieta era muy amigo de Jorge de Oteiza, el artista de Orio y autor del libro Quosque Tandem…! (1963), que tanto influyó en aquella generación. Oteiza y Etxebarrieta habían hablado mucho. El escultor mantenía un pulso con el Vaticano porque le habían censurado su proyecto de catorce apóstoles en el frontis del santuario de Arantzazu. En 1968 le dieron luz verde para seguir adelante con su trabajo. Construyó su famosa Piedad en lo alto de la fachada del complejo religioso, custodiado por los franciscanos. El antropólogo Joseba Zulaika asegura, como otros, que la escultura (una madre con su hijo yacente a sus pies) es un homenaje a su amigo Txabi y a toda aquella generación de miembros de ETA, y también a «muchísimas otras víctimas, tanto pertenecientes a ETA como causadas por ETA». Y en ese punto recuerda una frase de Gabriel Aresti: «Las madres de los etarras sufren mucho cuando matan a sus hijos, pero sobre todo cuando sus hijos matan».

El año 1968 fue muy conflictivo en Euskadi. Tras el asesinato de Melitón Manzanas, el 2 de agosto el Gobierno decretó el estado de excepción en Guipúzcoa. La represión fue brutal. Muchos sacerdotes fueron detenidos y desterrados. Otros fueron apaleados por grupos de extrema derecha en sus propias parroquias. Ese mes de agosto, un grupo de unos treinta curas se encerraron en las oficinas del obispado de Bilbao, como lo habían hecho en junio, pero fue en noviembre cuando Gogortasuna se consolidó, con un encierro de más de medio centenar de sacerdotes y religiosos en el seminario de Derio. Denunciaban la situación sociopolítica y reclamaban al Vaticano que nombrase un administrador apostólico en la diócesis para preparar el posterior nombramiento de un obispo «elegido directamente por el pueblo». Como no deponían su actitud, el prelado titular, monseñor Pablo Gúrpide, que padecía un cáncer galopante, los suspendió a divinis. Despojados de su condición sacerdotal, no podían dar misa: fue Claudio Gallastegui quien se la daba todos los días. El obispo murió con los sacerdotes encerrados en el seminario. Aquellos fueron días de una enorme tensión. El Vaticano estaba al corriente de la situación a través del nuncio en Madrid, monseñor Dadaglio, a quien reportaba José Ángel Ubieta, que actuaba como delegado especial ante el clero.

La situación en la Iglesia vizcaína era gravísima en aquel otoño de 1968. En cuestión de horas, el Vaticano decidió nombrar al obispo de Santander, José María Cirarda, administrador apostólico de la diócesis de Bilbao con facultades de obispo. Cirarda, nacido en la localidad vizcaína de Bakio y de cultura nacionalista, consiguió llevar la calma al territorio eclesiástico, pero tuvo muchos encontronazos con las autoridades políticas. Contaba con el respaldo personal de Pablo VI, que se hallaba muy preocupado por la situación en la Iglesia del País Vasco, justo cuando ETA inició la lucha armada.

Uno de los episodios más llamativos durante su mandato se produjo el 9 de abril de 1969. La policía localizó un piso franco de ETA en el Casco Viejo de Bilbao después de efectuar la detención de un comando en Mogrovejo (Cantabria), y durante la operación de asalto se produjo un tiroteo. Uno de los etarras heridos pudo escapar tras coger un taxi en dirección a Vitoria. A la altura de Orozco, el taxista se negó a seguir y el miembro de ETA lo mató a quemarropa. El etarra pudo eludir a la policía gracias al apoyo de varios sacerdotes y religiosos. Primero buscó ayuda en la casa del cura de Orozco y, luego, tras localizar a un médico, fue atendido en un caserío de la localidad. Más tarde se refugió en un piso de jesuitas en Deusto y fue trasladado a una ermita de Zeanuri, desde donde le organizaron el pase a Francia. Uno de los sacerdotes le contó todo el episodio al vicario de la diócesis de Bilbao, José Ángel Ubieta. Le explicó que lo había hecho acordándose de la parábola del buen samaritano y por miedo a las torturas que podría sufrir el etarra si caía en manos de la Policía. Ubieta lo puso en conocimiento de su obispo, monseñor Cirarda. Le dijo que había actuado en función de su ministerio y que el secreto era obligado.

En menos de dos semanas, la investigación policial identificó a tres sacerdotes implicados en el asunto y los detuvo. En los interrogatorios salió el nombre de Ubieta: «Tan malo no será lo que hemos hecho, puesto que hasta el vicario general lo ha aprobado», confesó uno de los curas. El «número dos» del obispado también fue detenido. Monseñor Cirarda llamó al general Cabanas, capitán general de Burgos. El militar le leyó la ficha policial sobre Ubieta, recogida en el libro de memorias del prelado vizcaíno. Se lo describía como un «separatista peligroso, formador de los seminaristas bilbaínos en el nacionalismo vasco y no en la piedad, jefe secreto de los sacerdotes que colaboraban directamente con los comandos de ETA». Hablé varias veces con Ubieta para la realización de este libro, y esto es lo que me dijo:

Nunca he sido separatista ni tampoco cercano a ETA, cuya violencia siempre he condenado. Mi madre era de Colindres [Cantabria] y muy española, de Renovación Tradicionalista. Durante el bachillerato, estuve en el Frente de Juventudes, si bien el seminario de Vitoria me dio otra perspectiva. Tuve que comprometerme con el tiempo que me tocó vivir y con el pueblo. Hice un esfuerzo para aprender euskera, pero nunca he sido nacionalista. Sí he sido comprensivo con los valores del nacionalismo. Me tocó vivir en un espacio en el que significaba mucho el PNV.

Ubieta fue llevado a la cárcel de Basauri y, luego, tras las protestas del obispo ante el ministro de Justicia, el bilbaíno Antonio María de Oriol, al Hospital Militar. Cirarda negó la autorización para que fuera procesado, siguiendo las instrucciones del nuncio del Vaticano en Madrid, que estuvo al tanto del proceso en todo momento. La justicia militar siguió adelante. El obispo se puso en contacto con la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que presionó ante el embajador español en Roma, Antonio Garrigues. El diplomático habló con el ministro de Asuntos Exteriores, el también bilbaíno Castiella, que intercedió ante Franco. El dictador ordenó dejar libre al vicario. Los tres sacerdotes fueron recluidos en la cárcel concordataria de Zamora hasta que el obispo consiguió que los trasladaran al noviciado jesuita de Villagarcía de Campos (Valladolid), gracias a una doble intervención del padre Arrupe, el general vasco de la Compañía de Jesús, y del propio Franco.

Tuve ocasión de hablar con Dori Monasterio, una de las tres hijas del taxista. Cuando ETA asesinó a su padre, ella tenía diez años. No recibieron apoyo y consuelo de la Iglesia, pese a la complicidad sacerdotal.

Todo lo contrario. Mi madre tenía dificultades para que los curas de Arangoiti [barrio de Bilbao] atendieran sus peticiones. Le ponían pegas para las misas en recuerdo de mi padre. No se sentía a gusto. Más que ayudarnos a nosotras, la Iglesia se dedicó a callar y a proteger y tapar a los suyos. Al final cambió de parroquia y encontró un padre espiritual en un templo de los jesuitas, que le ayudó mucho.

Casi 48 años después del crimen, Dori se entrevistó con Ubieta, vicario del obispo en 1969. Fue una reunión de trámite. «No perdono a quien asesinó a mi padre. Él no tuvo nunca ningún interés por la familia que rompió», dejó claro.

La Iglesia vasca no paraba en sobresaltos. Y el régimen franquista, tampoco. Un año después, en diciembre de 1970, tuvo lugar el famoso consejo de guerra de Burgos contra militantes de ETA, entre los que se encontraban dos sacerdotes, Julen Kaltzada y Jon Garitacelaya. Monseñor Cirarda y el obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, se movieron ante el Gobierno para que el juicio fuera público y se celebrara en un tribunal civil. Solo consiguieron lo primero, pues fue militar y sumarísimo. Ambos escribieron una carta conjunta para que fuera leída en todas las iglesias del País Vasco, en la que condenaban «toda clase de violencias, las estructurales, las subversivas y las represivas», lo que no gustó nada al régimen. El juicio militar, en el que se pedían seis penas de muerte, convulsionó y dividió a la Iglesia vasca. Hubo encierros en templos, colectas en favor de los detenidos y sus familiares, homilías contra el proceso militar y numerosos escritos con firmas de sacerdotes. El tribunal dictó nueve penas de muerte.

Los obispos Cirarda y Argaya se volvieron a movilizar en favor del indulto para los condenados. En medio de una gran nevada, se presentaron en Madrid. Primero se entrevistaron con el nuncio del Vaticano, monseñor Dadaglio, para que consiguiera una acción personal de Pablo VI. El papa pidió clemencia a Franco. Luego se reunieron con el arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, que había sido prelado en Bilbao, para que intercediera ante el dictador. Lo hizo. Franco conmutó las penas por la cadena perpetua. La enorme movilización contribuyó a reforzar la imagen romántica de los miembros de ETA, que multiplicó el reclutamiento de jóvenes que querían matar y morir por la patria y por el pueblo.

La pax todavía tardaría en llegar. En febrero de 1971, Pablo VI recibió a Cirarda en lo que ya era su cuarta audiencia privada. Le anunció que lo iba a nombrar obispo de Bilbao (era administrador apostólico), pero el prelado vizcaíno lo disuadió con el argumento de que él ya estaba «quemado» y que la diócesis necesitaba a alguien que no estuviera vinculado con los tensos acontecimientos que se habían vivido. El pontífice lo entendió y le pidió un nombre. Cirarda lo tenía claro: Antonio Añoveros, un navarro que pastoreaba la diócesis de Cádiz, sensible a los problemas sociales. El 4 de diciembre se hizo público el nombramiento de Añoveros como tercer obispo de Bilbao, un movimiento que luego provocaría uno de los episodios más graves en las relaciones Iglesia-Estado, con la Iglesia vasca y el Vaticano de por medio.

El nuevo obispo recibió constantes desplantes. Intentó realizar una visita a los curas encarcelados en la prisión de Zamora, pero se negaron a recibirlo. En algunos pueblos le dieron la espalda y rehusaron darle la mano. Estableció una cita en San Juan de Luz con sacerdotes que habían cruzado la frontera para unirse a ETA, pero le dieron plantón. Solo apareció un desconocido para darles, sin mediar palabra, unos papeles con el lema «Gora Euskadi askatuta» («Viva Euskadi libre»). «Quizás por ahí andaba uno de los primeros y oscuros quid pro quo de lo que daría lugar, por desgracia, al nacimiento de ETA», escribe José Miguel Abad, el secretario de Añoveros. Y, aunque la oposición a la jerarquía la protagonizaba un sector minoritario del clero, Abad notó «el crecimiento y la influencia cada vez mayor de la “filosofía” de Sabino Arana y sus ideas corrosivas que abogan por el separatismo, la animadversión a lo español, que se iba traduciendo en un difuso odio a España». Lo cuenta en el libro El obispo Añoveros: una vida apasionante.

Lo cierto es que el prelado navarro respetó la línea de su antecesor y pronto se convirtió, muy a su pesar, en un estandarte de la resistencia vasca frente al régimen, gracias a la lectura de una «homilía», que en realidad era una catequesis (en tres partes). No fue una iniciativa suya, sino una propuesta del núcleo directivo de sacerdotes, que la venían trabajando desde un año antes. La aceptó. El problema es que tocó un tema tabú: los derechos de las personas y de los pueblos a conservar su identidad y a dotarse de una organización sociopolítica que proteja su justa libertad. Ya no era un grupo de curas rebeldes, sino la jerarquía la que anunciaba que existía un «problema vasco». Un problema político.

El asunto se cerró, pero, ante el Vaticano, la Iglesia vasca agrandó su leyenda como institución problemática. El dosier era cada vez más abultado. La bandera de Gogor la enarbolaron la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, la revista Herria 2000 Eliza y el colectivo del mismo nombre y las denominadas Comunidades Cristianas Populares, que mezclaron su compromiso en favor de los marginados y excluidos con la defensa de la autodeterminación y otras reivindicaciones de la izquierda abertzale para «reconocer a Euskal Herria como pueblo y nación». Siempre estuvieron más cerca de los presos de ETA que de las víctimas. En Roma pronto se olvidaría que su emblemático seminario de Vitoria llegó a tener hasta ochocientos aspirantes al sacerdocio en un solo curso, y que contaba con una fecunda cantera para exportar misioneros. Añoveros, según su secretario, constató «el alejamiento progresivo de notables núcleos de juventud de las prácticas de vida religiosa y un deterioro de la moral». La secularización era galopante y trotaba a un ritmo mayor que en otros territorios. Del «Euskaldun, fededun» se pasaría a una Euskadi atea. La influencia de ETA era claramente anticatólica. También la del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNLV). Su ideología corrosiva penetró y arrasó la sensibilidad cristiana. Rompió la transmisión de la fe. El Vaticano tomó nota. Emilce Cuda, teóloga y filósofa argentina, ha escrito que «cuando algunos de los principios políticos inmanentes son presentados como trascendentes, necesarios e inviolables, entonces son divinizados, ocupan el lugar de Dios y generan nuevas religiones». En el País Vasco comenzó a agudizarse ese proceso en el que se instala un culto a la patria, un culto a la nación. El sociólogo Javier Elzo sostiene que el nacionalcatolicismo español también influyó en la secularización del territorio vasco.

Pablo VI tenía mucha sensibilidad hacia el País Vasco, pero el papa Montini murió el 6 de agosto de 1978. Luego, con Juan Pablo II, esa relación fue cambiando, y la jerarquía vasca quedó bajo sospecha en el Vaticano. Añoveros salió tocado de aquellos episodios, que afectaron a su salud. La sombra de Gúrpide se proyectaba de nuevo. El 11 de octubre de 1976, Juan María Uriarte, vizcaíno y de cultura nacionalista, fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao para ayudar a Añoveros. El nombramiento estuvo atascado en dos momentos y costó sacarlo adelante. José María Setién lo era ya de San Sebastián desde el 28 de octubre de 1972. Aquella era la última hornada de un estilo episcopal que años después daría un vuelco. En septiembre de 1978, monseñor Añoveros presentó la renuncia a su ministerio por razones de salud, que fue aceptada por Juan Pablo I en sus treinta y tres días de efímero pontificado.

5
EL MAGISTERIO DE LOS
OBISPOS VASCOS SOBRE
LA VIOLENCIA

Contra todo pronóstico, cuando monseñor Añoveros presentó su renuncia como obispo de Bilbao, fue sustituido por Luis María de Larrea, un pastor bueno de la localidad vizcaína de Miravalles que dejó hacer a su curia diocesana. El auxiliar en ese momento era Juan María Uriarte y, después de quince años, todo el mundo daba por hecho que él sería el nuevo titular. Fue un jarro de agua fría. El 17 de octubre de 1991, Uriarte fue nombrado obispo de Zamora, lo que todavía gustó menos. Juan Pablo II lo había recibido diez días antes. Hay quien sostiene que fue sacado de Bilbao porque se encontraba al límite y necesitaba un respiro. Es una diócesis muy dura, que quema mucho, y sus responsables terminan echando humo. Otros creen que el Vaticano estaba pensando ya en una futura remodelación del episcopado vasco, y que la Santa Sede tenía en el punto de mira a José María Setién por su protagonismo político. Uriarte, ya con galones y mitra, pasaba a una diócesis castellana para templar su nacionalismo con vistas a relevar en unos años al obispo de San Sebastián. Los tiempos del Vaticano son lentos, pero seguros. Y se preparan con mucha antelación.

A Setién lo ha seguido la polémica desde el minuto uno en el que fue promovido a la mitra episcopal, en octubre de 1972. Había sido un seminarista brillante, con calificaciones muy altas, sobre todo en Filosofía y en Psicología Racional, lo que no pasó desapercibido para sus mentores. Cirarda lo nombró vicario general de Santander y Argaya lo «fichó» con el mismo cargo para San Sebastián. Aquel era un paso previo para nombrarlo obispo auxiliar. La fuerte personalidad e independencia de criterio de Setién despertó recelos en Argaya, que no terminaba de fiarse de su lealtad. Tras consultarlo con Cirarda, envió una terna a la Santa Sede con Setién como único candidato. El Vaticano tampoco lo tenía claro, así que la Secretaría de Estado también le pidió su opinión a Cirarda. Al final, fue una decisión personal de Pablo VI, algo que no era frecuente. El régimen franquista se lo tomó mal. El ministro de Información y Turismo, el propagandista católico Alfredo Sánchez Bella, convocó a Cirarda en su despacho para transmitirle «el enfado» del Gobierno y «la irritación» en los cuarteles del Ejército. En cambio, el clero vasco estaba encantado. Setién, aquel joven de Hernani (Guipúzcoa), se convirtió en obispo titular en 1979.

No era fácil para la jerarquía vasca tomar una posición equilibrada en aquellos agitados años, cuando reproducía los códigos nacionalistas y ETA seguía matando, incluso tras la desaparición de Franco. Frente a la figura esperpéntica que se ha fabricado del que fue obispo de San Sebastián, hay que decir que Setién condenó de manera implacable la violencia de ETA, a la que siempre se dirigió de manera directa para que dejara de matar. También es verdad que él fue de los primeros en arremeter con contundencia contra la guerra sucia y la violencia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y en denunciar casos de torturas y de excesos policiales en la lucha contra el terrorismo. La suya era una ética muy escrupulosa que contaba con muchos entusiastas. Así se lo transmitió a Felipe González en una comida que mantuvieron en la Moncloa, junto a Uriarte y Cirarda. También trasladaron al presidente socialista que la cuestión vasca no se podía abordar «por la vía puramente de la fuerza». Setién era un firme partidario de abrir caminos de diálogo entre ETA y el Gobierno para buscar una salida. Para no pocos, esa postura episcopal sobre las múltiples violencias era una posición «de equidistancia, tibia y ambigua», que restaba eficacia a la batalla contra el terrorismo.

Setién nunca ocultó que la Iglesia debía dar una respuesta adecuada a dos realidades muy concretas: la violencia y la recuperación de la identidad del pueblo vasco, un pueblo que padece y sufre. «La comunidad cristiana no puede ser indiferente ante el porvenir del pueblo vasco, que, como tal, tiene derecho a sobrevivir», escribió en un tono milenarista. Sus escritos y declaraciones personales eran más polémicos que las pastorales. Y por ahí venía la confusión. Su teoría era que en la raíz de la violencia había un conflicto de naturaleza política. Frente a quienes defendían un apoyo sin reservas al Estado de derecho, el obispo sacralizaba la teoría del conflicto. De alguna forma, el jerarca atribuía la violencia al conflicto político irresuelto, y estaba poniendo un precio a la paz. A ETA le gustaba aquel discurso, que no hacía mella en su escalada criminal. Setién aceptó ese diagnóstico desde el principio, en consonancia con el nacionalismo gobernante y con el abertzalismo radical, y eso le condicionó de manera permanente en toda su trayectoria.

El obispo fue un punto de referencia intelectual e ideológico del nacionalismo. Formó parte del «sanedrín» al que consultaba el lehendakari Ibarretxe de manera habitual, pero ya muchos años antes mantuvo una relación muy estrecha con Xabier Arzalluz, líder carismático del PNV. Solían reunirse a menudo, y hablaban en alemán para que no se enteraran los escoltas. Ambos dominaban esa lengua. Arzalluz, en su día miembro de la Compañía de Jesús, estudió en el seminario de Sankt Georgen (Fráncfort), un centro emblemático por el que pasaron figuras como Federico Lombardi (exportavoz del Vaticano) o el propio Bergoglio (en 1986). Tanto Arzalluz como Setién movieron sus hilos ante los jesuitas para que las primeras promociones de la Ertzaintza se entrenaran con los grupos de élite de la Policía alemana en Stuttgart. A la capilla ardiente de Setién, tras fallecer a los noventa años, asistió el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, pues, para él, el obispo «representó los valores de una parte importante de una Iglesia que jamás comulgó con el nacionalcatolicismo español». A diferencia de las víctimas del terrorismo, que recordaron su «frialdad de hielo», el colectivo Etxerat (familiares y allegados de presos y exiliados) destacó que «su proceder humanitario y las puertas siempre abiertas de su despacho fueron aliento y un soplo de confianza en los momentos más duros generados por la actual política penitenciaria».

Lo que decía Setién era palabra de Dios, y su voz era la voz de la Iglesia vasca. Era el gran ideólogo. El clero siempre lo invocaba para justificar sus argumentos. La «doctrina Setién» no solo influía sobremanera en el terreno eclesial, sino que se proyectaba también en el debate sociopolítico. Y en la Conferencia Episcopal Española, donde tenía voz y un cierto mando, nadie se atrevía a cuestionarlo por su acreditado nivel intelectual, que lo transformaba en un poder dialéctico sin fisuras.

Setién fue el gran ideólogo de la teoría del conflicto. También fue de los primeros en decir que el Estatuto de Autonomía no valía. Esa irrupción clara en la política se hizo patente en noviembre de 1988, cuando el prelado de San Sebastián propuso, en el Club Siglo XXI de Madrid (un foro por el que pasaban distintas personalidades), «algo así como una Constitución de Euskadi y para Euskadi, entendida como su ley básica fundamental». El obispo sostenía ya que el problema vasco no iba a solucionarse «con el exterminio de la violencia de ETA» y defendía la vía de la autodeterminación, «que no tiene que ser vista ni planteada necesariamente desde una perspectiva rupturista». La paz era fruto de la justicia, y la justicia venía por el camino de abrir una vía de entendimiento para que el pueblo vasco fuera dueño de sí mismo. Aquella fue una conferencia con pocas citas del Evangelio y mucha teoría política. «No será posible dar pasos firmes hacia una verdadera pacificación si no se llega a los debidos reconocimiento y estima de la voluntad política del pueblo vasco», avisaba Setién, que se apoyaba en el magisterio pontificio. La encíclica Pacem in terris recogía que «los nacionalismos exacerbados e insolidarios hunden recientemente sus raíces en la frustración de la conciencia colectiva». Las continuas lamentaciones contra «Madrid» y la actitud de insatisfacción por una democracia que no resuelve los problemas eran un mensaje peligroso.

Aquella conferencia no gustó ni en el Gobierno ni en la Conferencia Episcopal Española, entonces presidida por Ángel Suquía, un vasco de Zaldibia (Guipúzcoa) muy crítico con el nacionalismo. El sacerdote Rafael Aguirre, exdecano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, interpreta: «Setién afirmó que el Estatuto de Gernika no era un marco jurídico político válido para Euskadi. Con ello desbordaba al nacionalismo hegemónico y asumía los postulados políticos del abertzalismo radical y rupturista de HB y ETA». Aquella posición chocaba con el espíritu de la primera carta pastoral conjunta de los obispos vascos, en septiembre de 1979, en la que llamaban a participar en el referéndum sobre el Estatuto. «Los obispos han excomulgado la abstención», criticó la izquierda abertzale. «Los obispos han dicho que abstenerse es pecado», abundó el diario Egin. También chocaba con su encendida defensa del autogobierno al denunciar, en julio de 1982, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que entendieron como un obstáculo en el camino hacia la pacificación. Los obispos vinculaban de manera constante reivindicaciones nacionalistas con la pacificación. El sociólogo Víctor Urrutia, cristiano comprometido y director de mi tesis doctoral (origen de este libro), siempre sostuvo que la apuesta de la jerarquía «por un determinado modelo de construcción política del país afectó a la pluralidad de la comunidad eclesial y a la fuerza crítica de su mensaje evangélico». También fue desgastando su capital ético y su credibilidad como referente moral, lo cual no impidió luego su enorme aportación a la normalización de la convivencia.

Un aspecto llamativo es que, en un principio, en las pastorales de los obispos no se citaba a ETA con sus siglas ni se hablaba de terrorismo. La primera mención explícita aparece en un documento de 1984. Para algunos, uno de los «pecados» de la Iglesia vasca es no haber definido de manera nítida la distinción moral entre los fines y los medios de la organización. El teólogo vasco Javier Vitoria, que en un tiempo tuvo una posición de peso en la diócesis de Bilbao, es muy crítico en este punto, que no es achacable en exclusiva a los obispos:

Fui testigo de una consulta que el obispo realizó al Consejo del Presbiterio sobre la conveniencia de poner o no expresamente el nombre de la organización armada en un documento que iba a elaborar con motivo de las elecciones. Tras un encendido debate, la opinión mayoritaria resultó negativa. Más o menos, el argumento de mayor peso utilizado fue el siguiente: la violencia armada debía ser condenada y rechazada sin paliativos, pero los fines políticos que perseguía eran legítimos. Una condena expresa de ETA por parte del obispo podría ser utilizada para reprobar en nombre de la Iglesia unos objetivos políticos legítimos. Así, se buscaron formas elípticas para la condena de la violencia.

Este episodio no figura en el acta de la reunión porque tocaba un tema reservado fuera del orden del día. Aquella consulta se realizó en el último tramo de Añoveros, ya muy disminuido, con Juan María Uriarte con mando en plaza como obispo auxiliar. Uriarte era partidario de poner las siglas, pero aceptó la decisión de la mayoría. El Consejo era un órgano consultivo, pero de facto resultaba decisivo. La corresponsabilidad ha sido un aspecto clave en el gobierno de la diócesis vizcaína desde el Concilio Vaticano II. Le trajo muchos problemas a Ricardo Blázquez cuando fue nombrado obispo de Bilbao. Javier Vitoria está convencido de que esta reiterada reticencia a nombrar expresamente a ETA es «una de las fuentes que alimenta la acusación de ambigüedad del pensamiento de los obispos frente a la violencia».

La influencia de Setién también fue decisiva a la hora de evitar la presencia de la jerarquía eclesiástica en los funerales por las víctimas de ETA, que no se presidían para evitar agravios comparativos con las familias de los miembros de la organización terrorista. También se rechazaban privilegios: las exequias se hacían en la parroquia de cada víctima. El profesor Víctor Urrutia, que fue director de Asuntos Religiosos en el Gobierno de Felipe González, consideraba:

Al no estar presente la jerarquía, los funerales perdían significación pública, y muchos percibían que los asesinados no son víctimas inocentes ni, en muchos casos de funcionarios, servidores de la comunidad. Todo ello a pesar de que el número de asesinatos era constante y creciente y de que las acciones de ETA se percibían como una estrategia tendente a dinamitar el proceso democrático.

En el caso de Bilbao, los funerales por guardias civiles, policías y militares se celebraban cerca del Gobierno Civil, en la iglesia de San José de la Montaña. Un sacerdote constitucionalista critica: «Era el templo de los agustinos, considerados como muy carcas, una parroquia de segunda fila. “Ahí, que hagan lo que quieran”, se venía a decir». Otro cura que vivió aquellos momentos añade: «En esa cuestión, la Iglesia tuvo una dejación que es imperdonable. Lo organizaba el Gobierno Civil. Pero, cuando moría un etarra, como en el caso de Argala, la izquierda abertzale lo organizaba a través de la Iglesia. Siempre había un sacerdote disponible que pronunciaba una homilía. No lo denunciábamos por comunión». Y Javier Vitoria reflexiona: «Durante algún tiempo, muchos de nosotros concedimos más fácilmente la presunción de inocencia a la justicia retributiva etarra que a sus víctimas. “Algo habrán hecho”, se decía. El “dios” ETA se limitaba a hacer justicia y castigar al culpable». Esta posición también deterioró la imagen y la credibilidad de la Iglesia vasca.

«Si lo hacían en San José era, sobre todo, por razones logísticas y de presupuesto, y porque les agradaba los oídos la homilía del oficiante, casi siempre el mismo», refuta José María Delclaux, que durante varios años fue responsable de la comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao. Luego recuerda:

Decir que la Iglesia no quería hacer funerales en las parroquias es una falacia. En mayo de 1991, ETA asesinó a un guardia civil en el barrio de El Casal, en Ortuella. Mi compañero Javier Oñate y yo estuvimos con su viuda y su suegra, y ambas estaban de acuerdo en que el funeral se hiciera en el pueblo. El gobernador civil puso dificultades. Quería hacerlo en San José. Al final se hizo en el pueblo y tuvieron que venir muchos policías con perros para inspeccionar. Era logística y dinero.

En cualquier caso, se trataba de una cuestión de sensibilidad evangélica. Esa «doctrina» la cambió monseñor Blázquez a partir de 1997, cuando decidió presidir el funeral por Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado por ETA. Eso fue el 12 de julio, y parecía un hecho excepcional. Pero luego se produjeron los asesinatos del policía nacional Daniel Villar en Basauri, el 5 de septiembre, y el del ertzaina Txema Agirre en la explanada del Guggenheim, el 13 de octubre, y también los presidió. A una parte del clero de Vizcaya, aquello no le gustó. El obispo consultó al Consejo del Presbiterio, que le desaconsejó que oficiara funerales por víctimas de ETA y mantuviera «la praxis existente», dado «el grave riesgo de ambigüedad y manipulación que se puede producir en esta materia». Solo un sacerdote lo apoyó.

Esto tiene mucho que ver con el otro gran «pecado» de la Iglesia vasca: su distancia inicial con las víctimas de ETA. La Iglesia llegó tarde. Es verdad que también llegaron con retraso otras instituciones y colectivos, pero es que la Iglesia lleva en su ADN lo del buen samaritano. Tuvo mucho impacto aquel episodio en el que Setién pasó de largo a pocos metros de los hijos del empresario Aldaya, que sostenían una pancarta pidiendo la liberación de su padre, secuestrado por ETA. Setién, Uriarte y Blázquez habían visitado a víctimas de ETA, pero lo hicieron siempre a escondidas, sin publicidad, cuando aquellos encuentros habrían tenido un efecto pedagógico importantísimo. Tampoco hubo grandes gestos de empatía. Aquel acompañamiento no se visibilizaba. Se hacía cual Nicodemo, el personaje fariseo miembro del sanedrín que visitaba a Jesús por la noche, en secreto, por miedo a su reputación y a los judíos, tal y como aparece en el Evangelio de Juan. «La Iglesia católica en Euskadi tardó en reaccionar ante la extrema injusticia que representaban la persecución y el asesinato del prójimo», considera Kepa Aulestia. El ex secretario general de Euskadiko Ezkerra y promotor del Pacto de Ajuria Enea cree que «su disposición a contextualizar la comisión del crimen apelando a una “verdad” superior a tan descarnada evidencia, la dificultad mostrada para constatar algo tan presente en la moral cristiana como la culpa, su renuencia a exteriorizar la compasión y las periódicas manifestaciones que equiparaban la violencia ejercida por ETA con otros déficits acabaron lastrando a la propia Iglesia, preocupada por no perturbar a los parroquianos que pudieran sentirse interpelados por una voz más resuelta».

Cuando monseñor Blázquez llegó a Bilbao, en septiembre de 1995, conoció una historia que le impactó mucho. En enero de ese mismo año hubo un atentado de ETA contra los policías que custodiaban las oficinas de expedición del DNI en la calle Juan de Ajuriaguerra —por cierto, un líder histórico del PNV que se enfrentó desde el minuto cero a la banda terrorista—. Un agente, Rafael Leiva, murió en el acto. Su compañero, Domingo Durán, resultó herido muy grave al recibir un tiro en las cervicales. Sufrió una lesión neurológica irreversible que lo dejó tetrapléjico. La familia (estaba casado y tenía una hija) vivía en Basauri (Vizcaya), pero tras el ataque se trasladó a la localidad cántabra de Escalante. Monseñor Blázquez los visitaba casi todas las semanas. Lo acompañaba el cura salesiano Isaac Díaz, cuñado de Ortega Lara (el funcionario de prisiones secuestrado por ETA), que ha jugado un papel fundamental en las tareas de apoyo a las víctimas. Obispo y sacerdote concelebraban misa en cada visita, hasta que el policía falleció en mayo de 2003.

Aquello le marcó. Blázquez pidió perdón en nombre de la Iglesia en varias ocasiones solemnes por el daño causado a las víctimas por sus inhibiciones. Hasta ese momento, solo había habido muestras de afecto personal. Hubo una reacción tardía del episcopado como tal para poner a las víctimas en el centro de su discurso. Los secretariados sociales se preocupaban de asuntos como la LOAPA, la OTAN y el desarme, pero nunca dedicaron un cuaderno monográfico al sufrimiento de las víctimas. Los obispos tampoco han elaborado una pastoral específica sobre las víctimas. El profesor Galo Bilbao, autor de una tesis doctoral sobre esta cuestión y actual responsable de la comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao, sostiene que los obispos «han tenido siempre presente el sufrimiento de las víctimas», pero admite que «perdieron la oportunidad de ser promotores del reconocimiento de las víctimas como sujeto referencial». Ahí se produjo un desajuste en la posición central de los obispos, que no supieron ejercer un liderazgo.

Los propios obispos han reconocido que la Iglesia tomó conciencia «de forma tardía» del problema de las víctimas por estar «más pendiente de la ética de la pacificación», según el diagnóstico de monseñor Uriarte. El obispo emérito siempre ha sostenido que nadie tiene derecho a monopolizar la palabra «víctima», pues las ha habido a ambos lados y en el medio, tanto por la guerra sucia como por los excesos policiales. También ha precisado la diferencia entre víctimas y colectivos de víctimas, que han sido muy beligerantes contra algunos obispos acusándolos de estar más cerca de ETA. El caso es que la Iglesia perdió autoridad moral entre una parte significativa de las víctimas, organizadas o no, que incluso llevaron su malestar hasta las mismas puertas de la plaza de San Pedro en mayo de 2001 al sentirse abandonadas. Lo cierto es que el Vaticano las acogió con frialdad. Representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco pidieron el amparo de Roma para que condenara lo que consideraban un «nacionalismo excluyente» e intercediera ante la Iglesia española para acabar con «la ambigüedad de la Iglesia vasca». Juan Pablo II los bendijo, pero no los recibió. Los atendió un portavoz de la Santa Sede durante unos breves minutos. En otras ocasiones han protestado ante la Nunciatura apostólica.

Roma no intervenía en Euskadi, salvo en casos que consideraba de extraordinaria gravedad. El 13 de enero del año 2000 se produjo un hecho clave: el Vaticano aceptó la dimisión de José María Setién, pese a que todavía no había alcanzado la edad reglamentaria para la jubilación (le faltaban dos años más la propina). Su renuncia se aceptó, además, en un tiempo récord para los plazos vaticanos, lo mismo que el nombramiento de su sucesor, Juan María Uriarte, que fue inmediato. En realidad, todo estaba pactado. Setién fue empujado por la Santa Sede para dejar el cargo, pues esta temía que se produjera una fractura en la comunidad eclesial por una posición que desde Roma también se percibía como nacionalista. Setién se había convertido en un símbolo de la discordia imperante. La pretensión de buscar una presencia social a través de un discurso ideológico había alimentado un caldo de cultivo. El propio prelado se dio cuenta de que era el momento de dejarlo después de tantas broncas, y una vez que Roma había descartado promocionar a su vicario general, José Antonio Pagola. Pero lo peleó. El obispo aceptó su salida a cambio de que fuera Uriarte quien lo sucediera. Mi amigo y compañero Santiago Fernández Ardanaz, fino vaticanista, me contó en su día que aquella negociación la llevó personalmente el arzobispo Jean-Louis Tauran, entonces el «número tres» de la Secretaría de Estado, con la ayuda del obispo vascofrancés Roger Etchegaray, que quería mucho a Setién. El relevo provocó un gran alivio en la Santa Sede, pues ellos se quitaban un problema de en medio y confiaban en la prudencia de monseñor Uriarte, a quien muy pocos le iban a discutir su legitimidad. Quien más se alegró fue el Gobierno de Aznar, que consideraba a Setién la auténtica «bestia negra» para el constitucionalismo.

La llegada de Uriarte contribuyó a rebajar la tensión y pacificar el ambiente, pese a que pronto también él fue colocado en el punto de mira del sector más conservador de la Iglesia y del Gobierno del PP, dado que el obispo vizcaíno siguió la senda de su predecesor aceptando y promocionando la teoría del conflicto. Para consolidar la democracia había que reconocer la identidad cultural y política del pueblo vasco. El diagnóstico seguía siendo el mismo: aquí hay un problema político, hay dos bandos en una confrontación, y hay que hablar y negociar. La violencia de ETA no es puro terrorismo, sino que hay que buscar una solución política. La legitimación ética de la negociación enfrentó a los obispos con algunos partidos, pero también con la Conferencia Episcopal Española, que no consideraba a ETA un interlocutor válido del Estado. Esa doctrina lastró el discurso de Uriarte e hipotecó su futuro en el cargo a lo largo de su mandato, aunque protagonizó algunos gestos inéditos que sí se le reconocieron. Por ejemplo, su presencia en marchas por la paz y, en particular, en la manifestación contra el asesinato del ingeniero Ángel Pascual, director de la central nuclear de Lemoiz, el 7 de mayo de 1982, y en la histórica convocatoria del 18 de marzo de 1989 convocada por el Pacto de Ajuria Enea. «El silencio no es cristiano», predicó. Pero las formas de Uriarte eran muy distintas. Era un gran comunicador, una persona cercana con capacidad de integración que había ganado peso en un sector de los obispos españoles. Y había demostrado que tenía madera de mediador. Con Blázquez en Bilbao y Uriarte en San Sebastián, comenzó un cambio de estilo, tal y como preveía el Vaticano con esos movimientos.

A la cercanía de Blázquez con las víctimas, se unió en enero de 2001 un documento de 226 sacerdotes de Vizcaya en el que exigían a ETA su disolución y pedían perdón a las víctimas por no haber estado cerca de ellas. Aquel fue un texto importante que ayudó a la Iglesia a recuperar una cierta autoridad moral. El escrito, inspirado por el grupo de los coroneles de la curia, muy identificados con la «doctrina Uriarte», también apostaba por el diálogo para cerrar el capítulo de la violencia. Había que hablar, pero antes había que pasar a la acción y denunciar con contundencia la estrategia de ETA. El 13 de enero, los obispos del País Vasco y Navarra convocaron una oración pública por la paz en las campas de Armentia (Vitoria), una iniciativa en la que tuvo mucho que ver monseñor Uriarte. Por primera vez, lo hacían de manera conjunta y al aire libre. Fue un encuentro muy plural. Reunieron a más de cincuenta mil personas, y en el acto se leyó un mensaje del papa Juan Pablo II en el que instaba a la Iglesia vasca a promover la unidad y la reconciliación, rechazando todo tipo de violencia, terror y chantaje.

El hecho de que la Iglesia pasara a la acción directa con esa capacidad de convocatoria y con un mensaje menos ideologizado escoció a ETA, que se dolió en su boletín interno (Zutabe) de la iniciativa episcopal, a la que de manera despectiva tachó de «oración happening». La banda centraba su crítica en la supuesta labor mediadora que la Iglesia vasca debería tener en el contencioso vasco. «Ver que quien debía ser mediador y testigo está trabajando a favor de una de las partes del conflicto no favorece su neutralidad», advertía ETA, que arremetió contra monseñor Uriarte por ser uno de los promotores de la multitudinaria concentración en Vitoria. Aquella no era la primera vez que ETA cargaba contra los obispos. También lo había hecho en noviembre de 1984, cuando los religiosos publicaron una pastoral titulada «El oscuro mundo de la droga juvenil» ante el alarmante consumo de heroína, que contaba con once mil adictos en Euskadi y un millar en Navarra. Se trataba de un texto valiente en el que, además de acusar a la Policía de pagar con droga los servicios de confidentes, señalaba que el tráfico de droga ha sido uno de los medios utilizados por diversos movimientos revolucionarios o terroristas para costearse sus propias armas, ETA incluido.

Tras lo de Armentia, a ETA y sus cómplices les entró pánico al advertir que se podría despolitizar la lucha armada. Precisamente, otra de las críticas que se ha hecho a la jerarquía vasca es que no ha sido contundente contra la izquierda abertzale en los años en los que jaleaba la violencia de ETA y justificaba la kale borroka («lucha callejera»), que no dejaba de ser un terrorismo de baja intensidad. Los obispos ya estuvieron en el punto de mira de Herri Batasuna cuando, en los días previos a las elecciones generales de 1989, difundieron una nota conjunta en la que denunciaban el apoyo social a ETA y advertían de que apoyar con el voto las muertes violentas provocadas por ETA no era «compatible con la conciencia moral». Cuando se inició la evolución estratégica de la izquierda radical, también se fue muy condescendiente. Javier Elzo, catedrático emérito de Sociología en la Universidad de Deusto, considera: «En la Iglesia vasca no hemos sido capaces de decirle con la firmeza necesaria a HB que no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, o sea, declarar que rechazan la violencia y negarse a condenar las acciones de ETA». Los secretariados de la Iglesia fueron incapaces de elaborar una reflexión sobre el nacionalismo radical que justificaba la violencia terrorista cuando se coreaba en las calles «ETA, mátalos». La respuesta a esa actitud podría venir por la pretensión de la Iglesia de mantenerse como una instancia de mediación para cuando fuera requerida por alguna de las partes, como ha ocurrido a lo largo de esta historia de violencia y dolor.

En las conversaciones entre los distintos gobiernos y ETA, siempre ha habido un hombre de Iglesia en alguno de los eslabones de la cadena. En aquellos primeros años hubo mucho movimiento. A finales de 1976, el comandante Ángel Ugarte, jefe de los servicios de inteligencia en el País Vasco, fue contactado por ETA político-militar a través de Henrike Knörr, exseminarista y miembro de una destacada saga familiar de Vitoria. Hijo de un militar y hermano de un miembro de ETA, Joseba Knörr (alias Trebi, de Trebiño), se había convertido en un reconocido lingüista y pertenecía a la Real Academia de la Lengua Vasca. Henrike era una persona muy religiosa, y una rama de su familia estaba emparentada con el padre Barandiarán, patriarca de la cultura vasca, con el que el lingüista aprendió euskera durante sus estancias en Ataun. Otro de sus hermanos fue seminarista en Derio (Vizcaya) y, más tarde, un destacado líder de Eusko Alkartasuna. Otro hermano fue presidente de los empresarios vascos, y un comando etarra intentó secuestrarlo en una ocasión. Henrike también era miembro de la hermandad religiosa Cofradía de la Virgen Blanca. Cuando falleció, en mayo de 2008, quince sacerdotes concelebraron la misa funeral. Ya entonces se buscaba una salida, pero aquella vía no prosperó.

El 22 de junio de 1977, el empresario Javier de Ybarra, presidente del periódico El Correo, fue asesinado por ETA tras haber permanecido secuestrado varios días. Durante su cautiverio, hubo varios intentos para salvar su vida en los que participaron hombres de Iglesia. En San Juan de Luz, en la casa de un destacado líder abertzale, se celebró una reunión en esa línea en la que participaron Joaquín Ruiz-Giménez, político democristiano y antiguo embajador ante la Santa Sede, y miembros de ETA. El jurista, presidente de la organización católica de Justicia y Paz y antiguo colaborador de Juan XXIII y Pablo VI, era un samaritano, un hombre de prestigio muy bondadoso dedicado a asuntos humanitarios. No pudo conseguir nada. Los duros de la banda, los comandos Bereziak, ya tenían tomada la decisión.

De Ybarra se convirtió en el primer muerto de la democracia, lo mismo que, el 28 de junio de 1978, José María Portell fue el primer periodista asesinado por ETA. Al reportero se le ha situado como mediador en una negociación entre el Gobierno y ETA, en la que dos sacerdotes vinculados a Herria 2000 Eliza hicieron de correos según la investigación contrastada por el exsacerdote Tasio Munárriz, autor del libro Santa María de Portugalete. Parroquia revolucionaria 1961-1982. Portell fue asesinado por ETA, y su interlocutor al otro lado de la frontera, Juan José Etxabe, resultó herido en un atentado de la Triple A en el que, además, murió su mujer. Otro sacerdote de ese entorno se presentó un día en la casa de la familia de Alberto Negro, muerto en un atentado de ETA contra la central nuclear de Lemoiz, para disculparse en nombre de la banda. La hija echó de casa al cura, que se encargaba de recaudar fondos para Gestoras Pro Amnistía.

En julio de 1984, el presidente socialista Felipe González intentó buscar un acuerdo para acabar con la escalada de terror. Lo hizo a través del jesuita José María Martín Patino, el diplomático francés Pierre Guidoni y el líder de la izquierda abertzale Santiago Brouard. El jesuita había sido la mano izquierda del cardenal Tarancón cuando pilotó la transición eclesial y, con sus comidas discretas en una comunidad de benedictinas por la que pasaron líderes de todas las ideologías, se había forjado una imagen de mediador. Luego creó la Fundación Encuentro para fomentar el diálogo y tender puentes. Guidoni, miembro del Partido Socialista francés, era el embajador de Francia en Madrid y muy amigo de González. «O se hace la paz, o se hace la guerra», avisó en aquellos contactos previos. Brouard era un médico muy apreciado y dirigía el Partido Socialista Revolucionario Popular (HASI, por sus siglas en euskera), en ese momento la vanguardia de la izquierda abertzale. De carácter muy dialogante, tenía autoridad moral en el movimiento. Aquella terna parecía el triángulo perfecto. Contactaron con ETA a través de los jesuitas y se fijó una fecha para un encuentro en septiembre en un centro de la Compañía de Jesús en Burdeos, a orillas del Garona. Se trataba del Paroisse Solar Español, un conjunto de hospedería e iglesia que había acogido a refugiados de la Guerra Civil y que luego atendió a inmigrantes. Lo mismo daba comidas y ropa que gestionaba documentaciones y buscaba ofertas de empleo. En 1984, su director era el padre Pedro de Lezama, que tenía en su equipo a varios jesuitas vascos. La reunión no se llegó a celebrar porque no apareció ningún representante de ETA. El centro sirvió de base, meses después, para nuevos intentos.

El diálogo (y la negociación) siempre ha estado en el decálogo de monseñor Uriarte, que se convirtió en la voz de la Iglesia vasca tras la retirada de Setién. Su hoja de ruta, guiada por la misericordia, según ha reiterado, se movía sobre el eje pacificar-normalizar-reconciliar, una tríada muy delicada. «La pacificación entraña el fin definitivo del terrorismo y la violencia. La normalización comporta el acuerdo sobre el futuro marco jurídico-político de nuestra sociedad. La reconciliación alude a la recuperación de una convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua de personas y grupos hasta ahora enfrentados». El obispo siempre ha usado el término confrontación, como si de una guerra se tratara, y guiaba a la Iglesia vasca para situarse en esas tres dimensiones. La valoración moral de Uriarte sobre ETA era muy severa, pero él, junto con el acompañamiento a las víctimas del terrorismo, defendía siempre la atención a los presos y sus familias, «que sufren los efectos de una dispersión que no es humana». Uriarte ilustraba a la perfección el concepto de las dos orillas.

Además, en la constelación de derechos, nunca olvidaba los colectivos, los de los pueblos. «Las situaciones de conflicto suelen perdurar en el mundo porque los derechos humanos de las personas y de las colectividades no son debidamente respetados», advertía. Y en ese punto se rompía la comunión en la comunidad eclesial vasca, pese a que él insistía en que para la Iglesia no existen «dogmas políticos» a la hora de resolver «la pluralidad conflictiva de identidades». Los obispos han defendido la necesidad de un proyecto integrador, una idea que en alguna ocasión se ha vuelto contra ellos. ¿Fue el famoso plan soberanista del lehendakari Ibarretxe aprobado en 2005 un proyecto integrador? ¿Obedecía a razones del bien común? La Conferencia Episcopal Española emitió una nota contra el nuevo estatuto político al considerarlo «moralmente inaceptable, insolidario y excluyente». Los obispos de Bilbao y Vitoria no se mojaron, pero el de San Sebastián se desmarcó del documento, que, según él, no era, «en sí mismo, vinculante para la formación del criterio moral». Monseñor Uriarte sacó un comunicado para señalar que no había encontrado motivos suficientes para emitir una valoración moral sobre el proyecto de Ibarretxe que comprometiera «la autoridad de la Iglesia». El sector constitucionalista de la Iglesia vasca lo interpretó como «un capote al nacionalismo» en un momento de agobio e incertidumbre.

Es cierto que el episcopado vasco ha denunciado con firmeza la violencia y no ha ahorrado esfuerzos para conseguir la paz ni iniciativas para movilizar a los jóvenes en su favor, pero muchas de sus pastorales han sido percibidas como documentos políticos, y algunos sectores ideológicos se han sentido abandonados por sus pastores. Esto fue lo que ocurrió el 30 de mayo de 2002 con la famosa y polémica pastoral «Preparar la paz», en la que los obispos defendieron que todas las sensibilidades políticas eran necesarias y advirtieron del peligro de ilegalizar a Batasuna con la reforma de la ley de partidos. «Nos preocupan, como pastores, algunas consecuencias sombrías que prevemos sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas», escribieron. Se montó una gorda. El presidente Aznar calificó la declaración de «perversión moral e intelectual grave», y el Gobierno convocó al nuncio del Vaticano para expresarle su malestar, algo que no ocurría desde la muerte de Franco. También ordenó al embajador ante la Santa Sede, Carlos Abella, que transmitiera su protesta en Roma.

Sorprendió que monseñor Blázquez firmara aquel documento, y me consta que recibió muchas críticas de gente que lo visitó en su despacho para decirle que lo que había hecho era «una barbaridad». Lo cierto es que el obispo de Bilbao, consciente de lo delicado del tema, había consultado el texto con numerosas personas, y no solo del ámbito eclesial. Lo habló con líderes políticos y sindicales y con algunas víctimas del terrorismo. Para muchos analistas, el hecho de que el Estado se pusiera firme fue mano de santo para acabar con la apología del terrorismo y ayudó a la propia izquierda abertzale a replantearse su estrategia. A Blázquez, su apoyo le costó que le pusieran una cruz en la Conferencia Episcopal, donde se ganó algunos enemigos. El episcopado defendió la libertad de los obispos vascos para opinar sobre una ley del Gobierno, pero al cardenal Rouco y su círculo no le gustó nada. El Gobierno del PP intentó que el Vaticano se pronunciara sobre la pastoral, pero no lo consiguió. La Santa Sede no actúa así, sino que administra sus tiempos. En Roma ya estaba en marcha el relevo de los obispos vascos, y en Madrid se abonaba la idea de elaborar un documento sobre el terrorismo y la situación de España que incluyera una valoración moral sobre el nacionalismo.

6
HOMBRES DE IGLESIA
ENTRE LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO DE
ETA

El 12 de noviembre de 1977 amaneció gris y plomizo en Euskadi, como es habitual a esa altura del calendario. Desde el monte Artxanda, Bilbao aparecía sumida bajo una «boina» mientras la ciudad se desperezaba con calma. Era sábado y no había prisa. Tampoco había mucho tráfico en la carretera que asciende desde la capital hacia ese «pulmón», que se había convertido en un lugar de esparcimiento para la población. Faltaban cinco minutos para las nueve de la mañana cuando una potente explosión sacudió la paz sabatina carretera arriba del barrio de Arabella e hizo temblar las vidrieras de la basílica de Begoña, patrona muy querida por los vizcaínos. A medio kilómetro del alto de Santo Domingo, entre el cruce de Santa Marina y la zona de Artxanda, dos policías y un sacerdote, aturdidos y cubiertos de sangre, abandonaban como podían un jeep de la Policía Armada retorcido por la metralla. ETA se volvía a hacer presente a sangre y fuego.

No hacía ni siquiera un mes desde que el Parlamento conformado tras las primeras elecciones de la democracia había aprobado una ley de amnistía que incluía los delitos de intencionalidad política y de la que se beneficiarían los presos de ETA. Los obispos del País Vasco habían viajado a Madrid para entrevistarse con el presidente Adolfo Suárez y pedirle una amnistía total. Un sector importante del clero vasco participó en aquella demanda de hacer borrón y cuenta nueva como un gesto de reconciliación. Faltaba un mes para que el último preso de ETA, Francisco Aldanondo Badiola, Ondarru, abandonara la prisión el 9 de diciembre. Pero ETA, que interpretó aquella medida de gracia como un síntoma de debilidad del Gobierno, apostó por la violencia. En 1978, el grupo terrorista asesinó a 68 personas, una cifra que fue in crescendo hasta 76 al año siguiente, y 91 en 1980. El propio Ondarru moriría en octubre de 1979 en Tolosa, en un enfrentamiento con la Guardia Civil.

Aquella mañana fría de Artxanda, el policía armado José Cavero Duso y el cabo conductor Francisco Muñoz Madrid acudían a realizar las prácticas al campo de tiro acompañados por el teniente capellán castrense Jesús Aurelio Araguas Gutiérrez. Ellos eran la diana. A las 8.55, los miembros de un comando que se ocultaban en un altozano cercano activaron mediante un sistema eléctrico el poderoso artefacto, cargado de dinamita con tuercas y tornillos a modo de metralla, justo cuando pasaba el jeep. Por efecto de la potente explosión, el vehículo fue desplazado hacia la izquierda, aunque por suerte, gracias al pretil de seguridad, no llegó a caer por el terraplén que se asoma sobre Bilbao. Los dos policías sufrieron heridas en la cara, pero la peor parte se la llevó el sacerdote, con graves lesiones en la cabeza y en las piernas. Las secuelas lo han perseguido hasta día de hoy.

Araguas comenzó a estudiar en el recio seminario de Jaca, muy cerca del Pirineo oscense, pero luego continuó en Bilbao, ya que su padre, que era maestro, fue trasladado a la capital vizcaína para impartir clases en el populoso barrio de Rekaldeberri. Su llegada al seminario de Derio no pasó desapercibida, pues lo primero que hizo Araguas tras su arribo fue colocar un retrato del general Franco en su mesa. Por supuesto, la foto apenas duró veinticuatro horas, pues enseguida la sacaron y no volvió a aparecer. Una imagen del dictador de la Guerra Civil donde se formaban los herederos del clero perdedor y represaliado era algo muy fuerte. A diferencia del grueso de sus compañeros, el páter se inclinó por el servicio a los policías destinados al País Vasco, y ni siquiera lo abandonó con el incremento de las acciones terroristas.

Un año antes del atentado, Araguas había publicado, a través de la editorial de la Inspección General de la Policía Armada, un libro titulado En recuerdo permanente, pero lo que lo marcó de por vida fue aquel salvaje ataque. El capellán permaneció un tiempo en situación de «servicios especiales», sin destino, hasta que fue trasladado al Hospital Militar de Palma de Mallorca, lejos de Euskadi, ya con el grado de capitán. Obtuvo la incapacidad total. Años más tarde regresó a Bilbao, donde oficiaba misas en pequeñas capillas. Araguas era un tipo muy peculiar, con una memoria prodigiosa. Era capaz de recitar textos largos de las encíclicas papales en latín. En febrero de 2018 se trasladó a la diócesis de Córdoba, acogido por el obispo Jesús Catalá, para atender las parroquias de la Inmaculada Concepción, en Sierra de Yeguas, y Santa María del Reposo, en Campillos. Se lo había ganado.

En Euskadi siempre ha llamado la atención que ETA no haya actuado contra la Iglesia, aunque sí ha habido ataques en los que han resultado heridos capellanes castrenses y atentados que han rozado a la institución con resultado de muerte, como el asesinato de un taxista de Bermeo que era familiar directo del obispo Juan María Uriarte. El cardenal José Manuel Estepa Llaurens, responsable del Arzobispado Castrense de España durante los años de plomo, reprocha: «La Iglesia vasca no cumplía con su deber porque, de haberlo hecho, también habría estado perseguida. Si hubiéramos tenido sacerdotes y obispos atacados, la postura habría sido totalmente distinta».

Los capellanes castrenses arrastran una larga y arraigada tradición institucional de más de cuatro siglos, desde la Edad Media, y hoy continúan prestando servicio a las tropas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pese a las iniciativas de algunos grupos parlamentarios, que abogan por abolir esta jurisdicción eclesiástica, en consonancia con la aconfesionalidad del Estado. El Gobierno de la República ya la suprimió en 1932, pero luego se restableció por ley en 1940. Durante la Guerra Civil, Franco los recuperó en el campo de batalla, coordinados por el cardenal Gomá, arzobispo de Toledo, comisionado por la Santa Sede y que actuó como delegado pontificio. En el frente vasco, los batallones de gudaris tenían sus propios capellanes, uno de ellos, el carismático Aita Patxi, un pasionista que está camino de los altares. Tras la contienda, algunos sacerdotes del bando de los perdedores fueron fusilados y otros muchos, encarcelados o desterrados fuera de España.

El cardenal José Manuel Estepa Llaurens, por ejemplo, fue un castrense con mucho mando en plaza. Le tocó vivir los años más duros del terrorismo de ETA, con atentados contra militares, policías y guardias civiles, con una presencia continua en funerales, en los que realizó duros alegatos contra la banda armada y los cómplices que la jaleaban. Aquello le supuso «un choque espiritual y emocional», según relata en sus memorias. Pero lo que más le dolió fue «la actitud de algunos obispos», sobre los que añade: «Al invitarlos a presidir entierros y funerales, me respondían diciendo que presidiera yo. Pero hubo uno que, molesto, me llamó para decirme que era misión mía, que para eso me pagaban. Aquello me dolió profundamente». También lo entristecían los homenajes a miembros de ETA por una parte de la ciudadanía vasca, que, según él, estaba «verdaderamente enferma» y quería «glorificar a los jóvenes» que morían, «víctimas de su propia muerte». En este caso, el cardenal se refería a la muerte de Olaia Castresana, de veintidós años, al explotarle en 2001 los explosivos que guardaba en un apartamento de Torrevieja (Alicante). «Nunca nuestra pena puede llegar a incluir a los terroristas entre los misericordiosos», zanjaría, meses después, en su homilía durante el funeral del general Justo Oreja, asesinado al explotar una bici bomba junto al portal de su domicilio.

El terrorismo, por tanto, también ha marcado el devenir de esta institución. ETA ha asesinado a decenas de militares —a menudo en días señalados, con el objetivo de provocar un levantamiento en los cuarteles—, guardias civiles y policías. En cambio, los ataques a capellanes han permanecido siempre en segunda línea —como ellos mismos en estas cuestiones—, aunque también ha habido algunos contra ellos. Es el caso del padre Francisco Delgado de Hoyos, natural de Cuenca de Campos (Valladolid), víctima del zarpazo de ETA en 1984. Fue el 7 de diciembre, la víspera de la Inmaculada, patrona del Ejército de Tierra.

«Dos militares y un civil, muertos por la explosión de un coche bomba en Galdácano», rezaban al día siguiente los titulares de los periódicos. En efecto, aquella fue una emboscada letal. Pasaban las tres y media de la tarde cuando un convoy militar regresaba del acuartelamiento de Mungia a Bilbao luego de haber finalizado la jornada de la mañana. Lo componían un microbús de veinte plazas precedido y seguido por dos Land Rover de escolta. Tras haber pasado la localidad de Larrabetzu, a la altura del barrio de Erleches, tuvieron que aminorar su marcha antes de incorporarse a la carretera general que une la capital vizcaína con San Sebastián. Era una encrucijada. Aquel fue el momento que aprovecharon los miembros de un comando de ETA, ocultos en un bosque de pinos cercano, para hacer estallar un coche Seat 1500 robado horas antes y cargado con veinte kilos de goma-2 y abundante metralla. La explosión afectó de llenó al minibús.

El estallido fue brutal, relatarían luego los testigos, pues el atentado ocurrió cerca de un restaurante muy conocido en el que paraban muchos camioneros. Fallecieron en el acto el subteniente de infantería Francisco Javier Fernández de la Justicia, padre de tres hijos, el teniente Juan Enrique Criado y el cocinero Manuel Asensio Pereda, los tres en el flanco derecho, que fue acribillado. Resultaron heridas otras once personas: un teniente, un sargento, cinco soldados de reemplazo (que hacían la mili, entonces obligatoria), una empleada de la limpieza, dos civiles y el capitán capellán del cuartel del Regimiento de Infantería Ligera Garellano n.º 45, con base en Mungia.

El funeral se celebró en el cuartel de Mungia y fue presidido por el ministro de Defensa Narcís Serra, ya que en aquellos momentos gobernaban los socialistas y ETA ponía muertos encima de la mesa para obligarlos a negociar. El padre Delgado de Hoyos no pudo asistir porque sufrió heridas muy graves, cuyas secuelas lo acompañarían durante toda la vida. En su condición de capellán, ya había asistido a muchos. El último, en julio de 1981, cuando unos pistoleros de ETA asesinaron por la espalda al teniente Magín Fernández en el barrio de Zuazo, en Barakaldo. Delgado de Hoyos fue trasladado en 1985 al complejo escolar de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer asistencia espiritual y ejercer como profesor de Religión. Tiempo después recaló en Roma, en el complejo eclesiástico de Santiago y Montserrat, la iglesia nacional de España en la capital italiana. Allí fue director de la biblioteca del Centro Español de Estudios Eclesiásticos y del archivo de la Embajada española ante la Santa Sede, donde ha repartido tiempo y conocimiento a decenas de investigadores.

Yo mismo pasé muchas horas en ese magnífico archivo, en la calle Giulia, precisamente para recopilar material para este libro sobre ETA y la Iglesia. Pero no conocí a Delgado del Hoyo: falleció dos años antes de mi estancia, el 3 de febrero de 2015, y el funeral corpore insepulto se celebró en el templo de Montserrat, concelebrado por veintidós sacerdotes. Del Hoyo tenía setenta años. Sus cenizas fueron trasladadas a su localidad natal, Cuenca de Campos, un pueblecito vallisoletano de apenas 250 habitantes en el Camino de Santiago, donde el 20 de febrero, antes de la conducción de sus restos al cementerio, tuvo lugar otra misa en la basílica de los Santos Justo y Pastor. Cuenca de Campos fue un enclave que contó con cinco iglesias y tres ermitas, una de ellas dedicada a san Mamés. San Mamés es también el nombre histórico del estadio del Athletic de Bilbao, ubicado muy cerca de donde se levantaba el cuartel de Garellano (antes de su traslado a Mungia), donde prestó su servicio este capellán. En la comarca de Tierra de Campos destaca un cerro con la torre del Conjuradero, donde en tiempos anteriores se conjuraban las tormentas con el fin de salvar las cosechas. Delgado del Hoyo, sin embargo, no pudo conjurar aquella lluvia de metralla, aquella tormenta de fuego que cayó sobre su unidad en aquellos años de plomo.

DON JAVIER, EL CURA DE LAS VÍCTIMAS

Los hermanos Mendizábal eran muy conocidos en la sociedad vizcaína. Ambos eran sacerdotes. Javier (Bilbao, 1937) acabó de capellán de la Guardia Civil y su hermano Miguel María (Bilbao, 1933), de capellán del circo. La labor del primero nunca ha sido reconocida, pese a que se volcó con las víctimas del terrorismo. De hecho, se lo conocía como el Cura de las Víctimas. Tuvo más reconocimiento público el otro, que dominaba el arte de la comunicación tras haberse licenciado en Ciencias de la Información. Miguel María fue director nacional del Apostolado del Circo, Feria y Espectáculo Ambulante de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Pero lo que le dio mucha popularidad fue su actividad como capellán del cuerpo de bomberos de Bilbao, de los concursos de habilidad de los perros de pastor y de las cofradías gastronómicas. Estaba en todos los saraos y era una presencia habitual en los medios de comunicación. «Yo soy el cura del circo, pero el payaso es mi hermano», solía repetir con cierta sorna.

En efecto, la actividad de su hermano Javier era más invisible y más incómoda. Y no tenía brillo social. El capellán despuntó en la parroquia de San Nicolás, en pleno Arenal bilbaíno, donde se desmarcó de la práctica habitual del clero con respecto a los funerales de las víctimas de ETA. «Este sacerdote pronunciaba los nombres completos de los asesinados y los trataba como héroes», recuerda un militar. Por alguna razón, Javier fue apartado de la parroquia y condenado al ostracismo. Tras unas gestiones en Madrid, fue comisionado como páter de la Policía, de la Guardia Civil y del Ejército en Vizcaya. En 2006, se convirtió en capellán castrense jubilado del Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas (SARFAS). «Se lo veía por los pasillos de las comisarías con sotana, txapela y las condecoraciones al valor que se había ganado a pulso, siempre con palabras de aliento y consuelo para los que no se atrevían a tender su uniforme por miedo a una muerte por la espalda», recordaba un mando que lo trató. Ostentaba las Cruces del Mérito de la Guardia Civil, la Policía Armada, la Policía Nacional y el Ejército de Tierra.

En el trienio entre 1979 y 1981, 221 personas fueron asesinadas por ETA. La mayoría de las veces se realizaban funerales exprés de apenas veinte minutos. Luego se cargaban los féretros en los coches fúnebres, que salían a toda velocidad camino del pueblo de las víctimas en busca del calor de sus seres queridos. Se trataba de funerales casi clandestinos. El padre Javier Mendizábal ofició muchos. Ante la degradación moral que imperaba, el sacerdote intentó devolverles la dignidad a todas aquellas personas. La sociedad, sorda y autista, miraba hacia otro lado con una absoluta falta de piedad. «Procuraba un servicio espiritual y un generoso aliento humano cuando se gritaba de manera impune “ETA, mátalos”», rememora una persona que lo frecuentó. En el funeral por el agente Antonio Moreno Núñez, ametrallado a bocajarro cuando salía del aparcamiento de la comisaría de Santurtzi en 1980, hasta se recitaron bertsos en euskera, una iniciativa muy pegada a la identidad cultural de los vascos.

Javier Mendizábal era un gigantón de un metro ochenta de altura y anchas espaldas. Vestía siempre con sotana, salvo en la Semana Grande de Bilbao, cuando se ponía clergyman para ocupar la fila veinte del tendido tres, entre sol y sombra, en la plaza de toros de Vista Alegre, con su inseparable txapela y un puro habano, aunque era fumador empedernido de Ducados. Lo describe así el general de la Legión Carlos Blond Álvarez del Manzano, en su día al mando de la brigada de infantería de Garellano. Lo conoció en la Navidad de 1998, cuando le entregaron la responsabilidad de la brigada, y su larga amistad continuó entre 2003 y 2009, años en los que el general fue comandante militar de Vizcaya. En un obituario, evoca:

Oficiaba la misa de doce de los domingos en la base de Garellano y en las juras de bandera, en la Inmaculada y en el aniversario del regimiento. Todos los días visitaba la unidad. También oficiaba las misas de los patronos de la Policía, de la Guardia Civil, la Comandancia Militar y la Comandancia de Marina. Nunca faltaba al café matinal de los martes, miércoles y jueves de la conocidísima cafetería Lepanto, ni a la tertulia del Hotel Carlton con su cuadrilla, un grupo de amigos vascos y muy españoles, de los de verdad. También compartíamos mesa y mantel, con partida de mus de por medio, en algunos txokos.

Álvarez del Manzano recuerda, asimismo, la bendición del belén navideño instalado en la cima del Sollube, próximo al acuartelamiento, una tradición de los mandos y la tropa. El acto se cerraba luego con un caldo reconfortante bajo el sirimiri y las bajas temperaturas. «Siempre bendecía la mesa, estuviera en el sitio que fuera y asistiera quien asistiera. Tras la fórmula final “Que el Señor nos dé la paz”, los presentes contestaban: “Y el peñón de Gibraltar”». El Sollube es uno de los montes bocineros desde el que se convocaba a las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya, una tradición que se rememora cada año como símbolo de la historia sociopolítica de los vascos. Los capellanes castrenses, sin embargo, no gozaban de la simpatía del clero vasco, pues este los identificaba con la España del nacionalcatolicismo y los imaginaba cercanos a unas instituciones armadas que, en la Euskadi de aquellos años, eran consideradas en amplios sectores unas fuerzas de ocupación y de represión.

Don Javier falleció el 18 de febrero de 2013, día de San Simeón, mártir. Fue despedido en un funeral concelebrado por una docena de sacerdotes y presidido por el obispo de la diócesis, Mario Iceta, y el arzobispo castrense Juan del Río. En una semblanza sobre su persona, Ricardo Magaz, profesor de Fenomenología Criminal, constataba que en la misa hubo muchos uniformes en su honor y que fue despedido entre aplausos. «Fue una figura que actuó sin complejos y sin miedo cuando los policías, los guardias civiles y los militares morían sin dignidad». La iglesia de San José, escenario de tantos funerales semiclandestinos, estuvo repleta, y Javier Mendizábal no salió por la puerta de atrás.

UN PÁTER DE VOLUNTARIO EN INTXAURRONDO

Intxaurrondo es un barrio alto de San Sebastián donde se levanta el cuartel de la Guardia Civil en el que los agentes y sus familias han aguantado el embate del terrorismo durante más de cuarenta años. También es un enclave marcado por las denuncias de prácticas de torturas en sus celdas de detención. En la capilla del recinto se venera una imagen del Cristo de la Serenidad, un homenaje desde la fe a los cien guardias civiles asesinados por ETA en Guipúzcoa en cada una de las cien gotas de sangre que están talladas brotando en uno de sus costados. La primera víctima de ETA fue el guardia civil José Pardines. Un joven seminarista vasco, Ignacio María Doñoro de los Ríos (Bilbao, 1964), sintió un día la llamada de esa imagen y solicitó ir de voluntario al cuartel de Intxaurrondo para dar servicio a la Guardia Civil, un cuerpo al que los comandos atacaban de manera sistemática. Años más tarde relataría: «Siempre quise estar cerca de las víctimas del terrorismo porque ellas eran las personas que más sufrían. Por eso pedí al obispo el lugar adonde nadie quería ir, y yo, como bilbaíno, enseguida supe que mi sitio era la comandancia de la Guardia Civil de Intxaurrondo». Otro personaje sin complejos.

Sin embargo, Doñoro se topó con una realidad eclesial que no le gustó. Vecino del castizo barrio de Iturribide, ingresó en el seminario dispuesto a convertirse en sacerdote para estar cerca de los que sufren. Por aquel entonces, aún era Natxo Doñoro y compartía piso con otros seminaristas en la Margen Izquierda, como parte de un programa que incluía la vida en comunidad. Sus compañeros eran jóvenes progresistas con ideas cercanas al compromiso de izquierdas, algunos de los cuales entrarían más tarde en acción política con cargos en el Gobierno vasco y en el Ejecutivo de Madrid. Por ejemplo, Javier Madrazo, de Izquierda Unida, que formó parte del gabinete de Juan José Ibarretxe, o Carlos García de Andoin, que colaboraría en el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos de ellos luego tendrían que llevar escolta, y otros compañeros seminaristas darían la cara por las víctimas. Pero, en aquellos momentos, a Natxo Doñoro todo aquello le escandalizó. Le pareció que se trataba de un seminario con ideas nacionalistas, aunque las de sus compañeros de vivienda eran más bien socialistas. Uno de los formadores del seminario de entonces era el sacerdote y teólogo Jesús Martínez Gordo, que con el tiempo se convertiría en el tutor y director de la tesis doctoral de José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, antiguo jefe de ETA que renegó de la lucha armada tras una evolución espiritual guiada por sacerdotes. Euskadi siempre ha sido un pañuelo.

Una tarde, en la tercera fase del seminario, Natxo Doñoro se marchó sin avisar. Se presentó en el piso de los seminaristas de Sestao con su padre, recogió sus cosas y salió como alma en pena sin despedirse ni dar explicaciones. Desapareció. Luego se relacionó con el Opus Dei y se ordenó el 7 de octubre de 1996. Pero lo hizo en Cuenca. Estuvo de cura en Mota del Cuervo y en otras localidades de Castilla-La Mancha. Más tarde se licenciaría en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Teología Dogmática en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, aunque su fuerte no era la formación intelectual, sino la espiritualidad.

Paradójicamente, Doñoro era un hombre de acción al que le gustaba moverse de un sitio a otro. En 1966 se incorporó como capellán castrense con el grado de capitán al Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas con destino a San Sebastián. Su servicio abarcaba los cuarteles militares y las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía de Guipúzcoa. De esa condición participó en misiones de ayuda humanitaria con las tropas españolas en Bosnia y en Kosovo, en el avispero de los Balcanes. En algunas fotografías aparece vestido con el traje de camuflaje militar y su nombre en la pechera. Pero lo suyo era la Guardia Civil. Para la primera misa que celebró en Bilbao, había elegido el día de la Virgen del Pilar, patrona del instituto armado, «con el compromiso de ofrecer todas las misas de mi vida por España». En 2001 se presentó como voluntario para ir al cuartel de Intxaurrondo como capellán permanente, ya con rango de comandante. Antes de encaminar su vida al sacerdocio, Doñoro soñaba con ser abogado para defender a las víctimas del terrorismo, y al final, cuando entendió que los guardias civiles eran los más perseguidos por ETA, se enroló en el acuartelamiento donostiarra. Años más tarde confesaría: «Desde siempre los admiraba, y fue una gracia que Dios me concedió. Aquellos hombres y mujeres lo daban todo por defender nuestra tierra, nuestras vidas. Alimentar el alma de los mejores de España era un sueño hecho realidad». Su objetivo era proporcionar consuelo espiritual y humano a los guardias civiles y a sus familias.

En 2003, Ignacio María Doñoro fue nombrado capellán de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez. Pero, como seguía siendo un espíritu inquieto y emprendedor, decidió crear SOS Infancia y movilizarse para establecer casas de rescate en Tánger (Marruecos) y en Beira (Mozambique). En 2010 pidió la excedencia como capellán castrense cuando estaba a punto de ser ascendido a teniente coronel. Lo suyo eran los «niños crucificados». Fue entonces cuando se mudó al Amazonas peruano para fundar el Hogar de Nazaret en Puerto Maldonado y recoger a los niños abandonados, arrancándolos de las garras de los traficantes y consiguiéndoles documentos de identidad. El 14 de marzo de 2015, su casa fue asaltada por tres encapuchados armados con pistolas. «¡Vas a morir, cura!», le gritaron. Lo golpearon con las culatas hasta que creyeron que estaba muerto, pero sobrevivió.

En agosto de 2017, Doñoro fue nombrado socio de honor de la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú y le entregaron una medalla en Lima. En realidad, él siempre se ha sentido como uno de ellos, y así ha sido tratado. Ese mismo año, en unas declaraciones recogidas por Antonio Moncera en la web Benemérita al día, editada por Círculo Ahumada-Amigos de la Guardia Civil, se leía: «La palabra “compañero” sigue produciéndome un cosquilleo en el alma. He sido tan feliz en la Guardia Civil… Han sido los mejores años de mi vida». Y es que para entonces ya había puesto una pica en Flandes. Doñoro fue quien puso el tricornio de gala de la Guardia Civil a Benedicto XVI el 8 de diciembre de 2005. Había acudido a Roma en un viaje con peregrinos de la academia de oficiales de ese cuerpo con base en Aranjuez. Durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, el capellán ofreció el tricornio al papa, quien, sin pensárselo dos veces, cogió el sombrero de tres picos de charol negro y se lo caló sobre el solideo de seda blanca. La imagen fue captada por miles de personas y dio la vuelta al mundo. En España, la Guardia Civil se sintió bendecida y gratificada.

ASESINADO UN TAXISTA SOBRINO DEL OBISPO

El 17 de mayo de 1985, ETA asesinó a Juan José Uriarte Orúe, taxista de Bermeo y nacionalista de pura cepa. Era muy conocido en la villa marinera porque en el pasado había regentado un bar, aunque había nacido tierra adentro, en Gamiz-Fika. Tenía cuarenta y un años y estaba casado. Era padre de cuatro hijos, alguno de muy corta edad. El comando terrorista, integrado por cuatro jóvenes, requirió sus servicios y, en un momento dado, lo conminaron a desviarse de la carretera. Lo sacaron del coche y lo pusieron de rodillas. Aquello era una ejecución en toda regla. De acuerdo con el sumario judicial, Fernando Vicente de Luis Astarloa le pegó un tiro en la nuca. Luego fue rematado con otros tres disparos. El resto de los participantes eran Elías Fernández Castañares, Joseba Koldobika Artola Ibarretxe y Francisco Javier Echevarría González. Su cadáver ensangrentado, junto a cuatro casquillos de la marca SF y calibre 77, fue abandonado en un camino vecinal junto a la subida a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe. Ese paisaje idílico que ahora atrae a miles de visitantes cada año fue la última imagen que Uriarte pudo ver antes de que le descerrajaran cuatro tiros. Luego ETA llamó a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) para reivindicar el atentado. «Hemos dejado tieso a un chivato», se jactó el comunicante.

Los apellidos de la víctima, sin embargo, tenían un cierto recorrido. Juan José Uriarte era tío (por vía materna) de Jone Goirizelaia, que con el tiempo se afianzaría como una de las abogadas estrella de los miembros de ETA y de los detenidos de la izquierda abertzale. Su hermano fue rector de la Universidad del País Vasco durante varios años. Pero, además, la víctima era primo carnal de Juan María Uriarte, entonces obispo auxiliar de Bilbao. Los terroristas no lo sabían. Y aquello tuvo su impacto social. Aunque no se trataba de un ataque directo contra la Iglesia, se acercaba bastante. Y Uriarte era un prelado vasco con mucho carisma y liderazgo. El funeral se celebró en la iglesia de San Salvador de Frúniz, el pueblo de donde provienen los Uriarte, y fue presidido por el obispo, acompañado de otros doce sacerdotes. «Con la misma mansedumbre, la misma claridad y la misma firmeza con las que me ha tocado reprobar tantas veces la violencia armada, tengo que reprobar hoy la muerte violenta de un miembro de mi familia». En su homilía, Uriarte señaló que «no es lícito a nadie erigirse en juez y, menos, en vengador», en referencia a la acusación de que su familiar era un confidente policial, «una sospecha sin fundamento».

Los miembros del comando Orbaizeta, acusados del asesinato del taxista, fueron cayendo tras cometer nuevos asesinatos. Por ejemplo, el de Agapito Sánchez Angulo, un peluquero de Portugalete que recibió dos tiros en la cabeza. Astarloa fue condenado a veintinueve años de prisión en 1992 y sus compañeros, algún tiempo después. Astarloa, que fue uno de los etarras a los que se le aumentó la pena por la llamada doctrina Parot, tuvo tiempo en la cárcel para reflexionar sobre su trayectoria criminal y fue evolucionando mientras la banda continuaba con su deriva terrorista. Elías Fernández también protagonizó una hoja de ruta paralela. En enero de 2010, quince años después del asesinato de Uriarte, Astarloa anunció mediante una carta pública, junto con otros cinco presos de ETA, su desvinculación de la organización por voluntad propia. Desde hacía años se encontraba alejado de su pasado terrorista.

Al romper de manera definitiva con la banda, Astarloa pasaba a ser un disidente, un apestado. Se convirtió en el primer preso acogido a la vía Nanclares, lo que le proporcionaba beneficios penitenciarios por haber manifestado su renuncia a la violencia y haber pedido perdón a las víctimas. El expediente de libertad condicional se incoó en la Junta de Tratamiento Penitenciario de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca el 18 de noviembre de 2011, y luego fue elevado al juez central del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Aquel era un camino auspiciado por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Astarloa abandonó la cárcel en mayo de 2012 y se marchó fuera de Bilbao. Antes había formalizado su responsabilidad civil por los atentados con pagos mensuales fraccionados. Elías Fernández Castañares, su compañero de comando, salió en 2013 de la cárcel asturiana de Villabona, donde se agrupaba a los presos que se distanciaban de ETA. Allí comenzaba su verdadero proceso de reinserción.

UN GESTO HISTÓRICO: SACERDOTES EN LAS LISTAS ELECTORALES EN SOLIDARIDAD CON LOS CONCEJALES PERSEGUIDOS

Hay una historia paralela a la de los capellanes que se vieron afectados por atentados de ETA en el ejercicio de su misión junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Ejército, y a la de los ataques con resultado de muerte que rozaron a la Iglesia: es la de los cinco curas vizcaínos que decidieron presentarse en las listas electorales del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi cuando, a los concejales y representantes de estos partidos, ETA los cazaba como conejos. Aquellos cinco curas se convirtieron en sus escudos humanos. La suya fue una decisión audaz y valiente que luego les pasaría factura, sobre todo a uno de ellos, Pablo Villarroel, párroco de Trutzioz, que moriría años después.

Todo empezó en los primeros meses de 2003. El 3 de febrero, un comando de ETA asesinó en la localidad guipuzcoana de Andoain a Joseba Pagazaurtundúa, militante del PSE y miembro del sindicato UGT. Como en la novela de Gabriel García Márquez, aquella era una muerte anunciada. Pero en este caso no había ficción, sino que se trataba de la pura y dramática realidad. Pagaza, como se lo conocía en todos los ambientes, había sido en su juventud militante de ETA político-militar, una organización que abandonó pronto. Y tuvo un papel destacado en la desarticulación de un grupo del Batallón Vasco Español, que actuaba contra exiliados de ETA con el beneplácito de las fuerzas policiales. Luego fue jefe de la Policía Municipal de Andoain, donde recibió amenazas de ETA. Tras un tiempo apartado en la localidad de Laguardia, en la Rioja Alavesa, fue obligado a regresar a Andoain. El acoso, las amenazas y los ataques a sus bienes fueron constantes. ETA asesinó en el pueblo al periodista José Luis López de Lacalle, íntimo amigo suyo, y él se sintió también en la diana. Incluso envió varias cartas al consejero de Seguridad, Javier Balza, en busca de protección. ETA cumplió sus amenazas y un comando lo asesinó a tiros en el interior de un bar. El Ayuntamiento estaba en manos de Euskal Herritarrok, la marca electoral de la izquierda abertzale, que se negó a condenar el atentado. Un muerto más. Muchos callaron.

Aquel asesinato espoleó la conciencia de Jesús Sánchez Maus. «Hay que hacer algo», se dijo para sí aquel joven sacerdote mientras rezaba en su iglesia de Portugalete, a orillas de la desembocadura del Nervión. Ya era conocido en ambientes pacifistas porque había sido uno de los pioneros de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria y miembro de la comisión de Paz y Reconciliación en el obispado de Bilbao. Pronto serían las elecciones municipales, y los partidos no nacionalistas tenían serios problemas para completar sus listas ante la amenaza omnipresente de ETA. ¿Quién se jugaba el tipo? Las familias presionaban a los militantes del PP y del PSE, lo que los dejaba en inferioridad de condiciones en la competición política. El cura tomó una decisión: se presentaría en las listas del PSE de Andoain, auténtico territorio «comanche», en solidaridad con la situación que se estaba viviendo. Incluso lo comentó de manera muy secreta con líderes del PSE para explorar su reacción y sondear si estaban de acuerdo. Lo vieron bien.

Sánchez Maus reflexionó sobre las consecuencias y se vio fuera del sacerdocio y fuera del País Vasco por las amenazas que acarrearía su posición. Las asumió. Luego compartió su decisión con algunos amigos de la diócesis de Bilbao, alguno de ellos con un fuerte liderazgo entre el clero. Lo apoyaron, pero le sugirieron conseguir un colchón de más curas para amortiguar el impacto. Se organizó una comida en un establecimiento del Casco Viejo, a la que también acudió Luis María Vega, entonces cura del barrio de Zorrotza. En esa comida en la parte vieja de Bilbao se decidió que la iniciativa tenía que evitar ser tildada de partidista y que el gesto debería incorporar al PP para ser más plural. Luis María Vega enseguida se ofreció para incorporarse en las listas de los populares. Él sintió muy de cerca el zarpazo del terrorismo cuando ETA asesinó en Hernani, dos años antes, a su primo carnal Iñaki Totorika, agente de la Ertzaintza. Murió al explotar un coche bomba, activado por el etarra Imanol Miner Villanueva, miembro del comando Gaua del complejo Donosti. Antes de que se levantaran de la mesa, sus compañeros de mantel volvieron a insistir en que lo pensaran bien, pues podrían ser objeto de insultos y «de algo más». Asumirían el riesgo. «Muchos militantes no se presentan a listas por sus familias, pero nosotros tenemos la cuestión del celibato», argumentaron.

Sánchez Maus habló con otros curas. Los apoyaban. Pablo Villarroel, cura de Turtzioz en Las Encartaciones profundas que lindan con Cantabria, fue el tercero en incorporarse. Antón Basagoiti Azpitarte, que había sido misionero en Ecuador y en ese momento estaba de sacerdote en Gernika, también se metió en el grupo. «Va a ser histórico», profetizó el joven euskaldún. ¿En qué municipios se presentarían? Si eran de la diócesis vizcaína, tendrían que hacerlo en localidades de la misma provincia para evitar roces con los obispados de San Sebastián y Vitoria. Había que elegir lugares especialmente emblemáticos. Jesús Sánchez Maus iría en las listas del PSE en Ermua, municipio en el que era concejal Miguel Ángel Blanco antes de ser secuestrado y asesinado por ETA. Antón Basagoiti se presentaría por el PSE en Elorrio, un feudo tradicional de la izquierda abertzale. Luis María Vega completaría la candidatura del PP en Durango, Ayuntamiento en el que ejercía su gestión Jesús María Pedrosa, un edil que luego también sería asesinado por la banda terrorista. Pablo Villarroel integraría las listas del PP en Leioa, donde habían sido perseguidos varios concejales. Ellos cerrarían las listas.

¿Y qué le parecía esta iniciativa al obispo? Ricardo Blázquez había llegado hacía ocho años a la diócesis, en medio de una fuerte polvareda y con sonadas protestas del PNV, el partido gobernante. Sin embargo, el prelado abulense fue muy pragmático y había dejado hacer a gente de su entorno para facilitar mediaciones con ETA y buscar una solución a la violencia que desangraba Euskadi. Sánchez Maus lo habló primero con el PSE y, luego, con Blázquez. Fue a comienzos de febrero de 2003. El sacerdote llamó al obispo: «Quiero hablar urgentemente con usted», le dijo. «Vale, mañana nos vemos en Begoña», contestó el prelado, en referencia a la sede del obispado, que comparte pared con la basílica de la Virgen del mismo nombre. Al día siguiente hablaron. Durante la primera media hora compartieron temas banales: el obispo no le preguntaba por ese asunto tan urgente que requería su atención. En un momento, Blázquez le comentó que los obispos se habían reunido para elaborar un documento sobre la paz. «Pues de eso precisamente quiero yo hablar con usted», le espetó el sacerdote con mucha diplomacia. A continuación, le expuso el asunto. «Déjalo, ya hablo yo con las víctimas», le sugirió el obispo. «Es que es un asunto de conciencia», le insistió el cura. «Olvídate de la conciencia, tú estate tranquilo», volvió a rebatir Blázquez, que lo animó a hablarlo con otros curas. Dicho y hecho: lo habló con otros curas y, al final, eran cuatro en lugar de uno.

Se volvieron a reunir otras cinco veces en un mes frenético. Sánchez Maus lo tenía muy claro: «Lo voy a hacer». La última conversación la tuvo con los otros tres sacerdotes. «Está decidido», le dijeron. Blázquez, conciliador y enemigo de los líos, lo asumió. No lo podía parar, aunque estaba de acuerdo con su misericordia samaritana. «Yo no os lo prohíbo, pero os digo que no lo hagáis». Les pidió que retrasaran una semana la rueda de prensa que habían pensado para anunciar su gesto con las víctimas. Quería que acudieran al Consejo Episcopal, el órgano de gobierno más alto de la curia, para explicar su iniciativa. Lo hicieron. Se presentaron en el consejo acompañados de tres curas. Uno de ellos era el teólogo Javier Vitoria, que fue el avalista a la hora de explicar los argumentos. Hubo debate. La mayoría de ellos tenían muchos reparos. «Tenéis que preguntar a los curas de los pueblos donde os presentéis, y tenéis que pedirles permiso». «Esto será una bomba en la diócesis, y os va a estallar en las manos». Carmelo Etxenagusia, obispo auxiliar y artífice de la conexión de Blázquez con el clero, fue uno de los más cercanos: «Habéis puesto el dedo en la llaga, pero es mejor que no lo hagáis. Vais a romper la comunión y esto va a ser un problema para la Iglesia». Aguantaron las fuertes presiones.

En Portugalete, Sánchez Maus se sintió solo. Nadie lo apoyó, salvo un sacerdote de avanzada edad. También un chaval de la parroquia que estudiaba Realización de Audiovisuales, Iván Miñambres, que luego fundó una productora y ganó dos Goya, uno de ellos por el mejor cortometraje de animación. Fue el único que lo respaldó. Curiosamente, llamó UniKo a la productora que luego creó. La soledad no lo amilanó. Buscaron cobertura en los medios de comunicación para que no difundieran la noticia, que ya empezaba a filtrarse, y para asegurar el impacto de una decisión que haría historia. Luego tuvieron algunos problemas para encontrar un espacio donde celebrar la rueda de prensa. Quisieron hacerlo en los locales del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, un centro de la propia Iglesia. El director estaba de acuerdo, pero lo tuvo que consultar con el vicario. Tras haberlo hecho, denegó el permiso. «Órdenes de arriba» fue la excusa ante los promotores, que sumaban una decepción tras otra en su propia casa. Al final tuvieron que hacerla en el edificio de la Bolsa, un escenario civil.

Lo anunciaron de manera pública el 14 de marzo. «En conciencia, no podemos atender con generosidad otras cuestiones mientras haya en nuestra sociedad mujeres y hombres que, para ejercer la acción política, tengan que estar sometidos indignamente a extraordinarias medidas de seguridad y bajo un grave riesgo para sus vidas y la de sus familias». Algunos periodistas ya estaban avisados. Se quería ganar el espacio mediático y lograr una gran repercusión, no por el lucimiento de los protagonistas, sino por el éxito de la causa que representaban. Aquello fue una bomba, como había predicho uno de los vicarios en el Consejo Episcopal de la diócesis. «Este es un gesto de solidaridad afectiva y efectiva con quienes son principalmente víctimas de esa indecente, injusta e inhumana persecución, que alcanza su máxima expresión en el asesinato».

Aquel fue un mensaje claro y contundente de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Y, con él, dejaban en evidencia a una parte importante de la Iglesia que no había sido compasiva con ellas. Muchos miembros del clero se quedaron con la sotana al aire. Pese a que se hicieron eco de las reiteradas notas de condena de los obispos, aquellos sacerdotes entendían que «una parte importante de la ciudadanía en general y de la comunidad cristiana en particular» no había percibido «la cercanía, la compasión y la solidaridad» que la Iglesia había de mostrar a las principales víctimas de aquella sangrante realidad. Por eso pidieron perdón: «Estamos convencidos de que las víctimas siguen esperando ese apoyo incondicional, no solo con palabras, sino, sobre todo, con gestos inequívocos, privados y públicos». «Si hay que estar de parte de alguien en coherencia con el seguimiento de Jesucristo, tiene que ser de quienes padecen el terrorismo y sus consecuencias, a pesar de los riesgos que ello conlleve», asumieron.

El gesto no les salió gratis, claro. Cuando Jesús Sánchez Maus regresó a su piso de Portugalete, se topó con el vacío de sus compañeros de vivienda, también sacerdotes. Apenas comió. Se tumbó a la siesta en busca de un poco de sosiego después de horas y días de estrés. Cuando se levantó, se encontró en la salita con un regalo inesperado. «Nota para leer en todas las parroquias», se titulaba un texto en el que los otros presbíteros aseguraban que la iniciativa de Sánchez Maus y los tres curas se había tomado con la desaprobación de los obispos, del Consejo Episcopal y del consejo del sector pastoral de la Margen Izquierda (a la que pertenecía Portugalete). En contra de todos.

«Aquí, el más cristiano es el que es más vasco», pensó con dolor y decepción Sánchez Maus en referencia a la posición de sus dos compañeros de piso, uno de Peñafiel (Valladolid) y el otro oriundo de Salamanca, que se sentían «los más vascos del mundo». Inmediatamente contactó con José María Delclaux, vicario (jefe) de ese territorio pastoral. «Por favor, que no se lea esto: no ha pasado nada, pero con esto puede pasar», le pidió. Delclaux intervino y no se leyó. Sánchez Maus lo pasó mal. «Estos, ahora, quieren cobrar de la política», le oyó decir a unos feligreses de la parroquia. «¿Por qué te significas tanto?», le recriminó otro sacerdote. Sánchez Maus respondió: «¿Significarme, yo? El párroco de la basílica de Begoña es del PNV, lo dice él, y frecuenta los batzokis, y a todo el mundo le parece bien». Hoy, el sacerdote se queja: «Se vivía con naturalidad ser cristiano y ser vasco nacionalista. Las diócesis vascas han padecido un pensamiento único oficial durante treinta años. Cuando se hacía el análisis de la realidad y se hablaba de las víctimas, clamaban al cielo que aquí no las veían. Las veían solo en Latinoamérica y en África, en el Tercer Mundo».

Siguió pasándolo mal. Lo acusaban de protagonismo, de querer dar la nota… ¡sus propios compañeros sacerdotes! Y, además, le echaban en cara que ponía en peligro a su familia. Lo cierto es que su padre no paraba de llorar. Encontró un colchón reparador entre las monjas clarisas de Portugalete, que lo acogieron y escucharon. Un día vio la luz y se quedó tranquilo. Por fin descansó. Al poco tiempo, el obispo se presentó en su piso de Portugalete para comer con la comunidad. Sus compañeros no depusieron las armas, sino todo lo contrario. En presencia de monseñor Blázquez, le reprocharon: «Esto no se va a acabar. Sabemos que el martes comiste con Carlos Iturgaiz [presidente del PP vasco]». «Eso es mentira, fue el miércoles 19 de marzo, Día del Padre», les contestó con cierta guasa. Ya más en serio, les espetó: «No me pienso ocultar. Vosotros habláis con Izquierda Unida, con el PNV y con otros. Las víctimas son ellos, los del PP». El obispo callaba. «Bueno, sacaréis un nota oficial desde el obispado sobre todo esto», insistieron los sacerdotes. «No, no ha habido lío, no ha pasado nada, así que vamos a olvidarlo», intervino, por fin, Ricardo Blázquez. Luego se quedó mirando hacia la desembocadura de El Abra, donde se recortaba la silueta de algunos veleros, y zanjó el debate, muy a su estilo: «Bueno, pues ahora, pelillos a la mar». Ahí quedó todo. Meses después, cuando Sánchez Maus era presentado en algún foro sociopolítico, la coletilla era la siguiente: «Este es el párroco, pero está en el lado oscuro».

Aunque a Luis María Vega lo acorralaron el día en que fue a votar en el colegio electoral de Zorrotza, donde tenía su iglesia, luego se olvidaron de él. En esa jornada estuvo arropado —y protegido— por los jóvenes de su parroquia. Estaban acostumbrados a la intimidación por su presencia en las concentraciones de Gesto por la Paz. El que peor lo pasó, sin embargo, fue Pablo Villarroel, que se presentó cerrando las listas del PP en el municipio de Leioa. El 31 de marzo, su coche amaneció con las ruedas pinchadas y numerosos destrozos en la carrocería. También aparecieron pintadas amenazantes en las paredes de la iglesia de San Pedro de Romaña, en Turtzioz. Se trata de una aldea rural, muy en el interior de la provincia de Vizcaya, que pasó a la historia local porque allí leyó su famoso manifiesto el lehendakari José Antonio Aguirre el 30 de junio de 1937, antes de abandonar el País Vasco en plena Guerra Civil. Aguirre era un nacionalista tranquilo, un humanista cristiano que detestaba la violencia y defendía al clero. Los radicales, ajenos al legado del primer presidente vasco, pintaron una diana con la leyenda «Muerte al clero español» e insultos del tipo de «hijo de puta del PSE». También repartieron pasquines titulados «Mi reino no es de este mundo» en los que le aconsejaban que se secularizara. Turtzioz era un municipio nacionalista. El alcalde, de Eusko Alkartasuna, condenó los ataques y le ofreció su apoyo.

Villarroel era una persona joven y había sido ordenado hacía tan solo cuatro años. Era el más vulnerable porque había tenido problemas psicológicos y había sufrido dos infartos. Sus compañeros hablaron con Teo Santos, un ertzaina veterano dirigente del sindicato policial Solidaridad Nacional de los Policías del País Vasco (ERNE, por sus siglas en euskera), para que le cubriera las espaldas. Santos era cristiano militante y miembro de algunas comisiones de la diócesis. La presión para Villarroel era excesiva. Poco a poco se fue desquiciando más. Las amenazas hicieron mella. Sufrió un infarto cerebral y se quedó unos momentos sin riego. Aquello lo incapacitó. Perdió la memoria y no se acordaba de que era sacerdote. Pasó un año de rehabilitación en el centro de Aita Menni. Luego viajó a Londres. El obispo estuvo sobre el caso en todo momento y le siguió pagando el sueldo de cura. Carlos Trevilla, líder del sindicato UGT, le ayudó a gestionar su minusvalía para que recibiera una pensión. Al final se secularizó. Seis años después del ictus, falleció alejado de la Iglesia. La parábola del buen samaritano terminó sin final feliz.

SACERDOTES AMENAZADOS Y CON ESCOLTA

En el País Vasco hubo un puñado de sacerdotes que se significaron en su batalla contra ETA y que se vieron obligados a vivir con escolta. Enseguida fueron descalificados y acusados de hacer política por enrolarse en colectivos ciudadanos como Foro Ermua y ¡Basta Ya!, y crearon el Foro El Salvador para hacer visible su denuncia. Ese fue el caso de los jesuitas Antonio Beristain, Alfredo Tamayo Ayestarán y Fernando García de Cortázar y del sacerdote diocesano Jaime Larrinaga. Nunca llevaban hábito o sotana, y casi siempre vestían de civil con cierta elegancia. Cada uno ha tenido su propio itinerario.

Tamayo se convirtió en un referente para las víctimas de ETA, a las que concedió mucho tiempo y cariño desde que se cruzó con una viuda enlutada y destrozada por el dolor que salía del brazo del ministro del Interior José Barrionuevo del templo donostiarra del Buen Pastor. A ellas les dedicó algunos de sus libros, como Siempre de vuestro lado, y la propias organizaciones reconocieron su labor con numerosos premios. Nacido en San Sebastián en 1924, era doctor en Teología y Filosofía, y fue de los que plantó cara al franquismo. De hecho, fue desterrado a Alemania por sus homilías contra el régimen. Sus posiciones tuvieron eco en aquellos años de lucha contra la dictadura y arraigaron entre muchos jóvenes estudiantes antifranquistas. Uno de ellos fue José Luis Álvarez Santacristina, un alumno aventajado e inquieto al que luego se conocería con el alias de Txelis, antes de ascender a la dirección política de ETA. En aquella época, Álvarez era un creyente fervoroso que tuvo la vocación de servir en el seno de la Iglesia por medio del sacerdocio. Él mismo reconocería años después que aquella fue una vocación bien seria y muy meditada. El padre Tamayo fue su director espiritual durante tres años. Luego, Txelis lo dejó y se incorporó a la banda terrorista. Cambió el Evangelio por las pistolas.

Alfredo Tamayo transformó la denuncia del franquismo en la denuncia del totalitarismo de ETA. Su magnífica fuerza intelectual la volcó en sus escritos para denunciar la violencia de la banda armada, el apoyo social que la sostenía y la situación de las víctimas, en un completo desamparo por parte de las instituciones. En ese mismo paquete incluía a la Iglesia vasca. Siempre defendió que la Iglesia tenía que pedir perdón a las víctimas de ETA, y así se lo reclamó al clero guipuzcoano como miembro de su diócesis. En su momento, espoleado por la amargura, manifestó: «En estos años me he sentido una rara avis en el mundo del clero guipuzcoano. De su seno no ha salido ni una sola palabra de arrepentimiento o de petición de perdón a las víctimas del terrorismo nacionalista por su distanciamiento, por su silencio, por su falta de compasión». Acusó a la institución eclesial de un pecado de omisión.

«Un pueblo que olvida a sus víctimas deja de existir como comunidad de seres humanos», predicó durante un oficio en memoria de Gregorio Ordóñez, el concejal del PP asesinado en San Sebastián. Mantenía muy buena relación con Covite y la Fundación Víctimas del Terrorismo, dos organizaciones muy combativas con el nacionalismo. La que fue presidenta de este último colectivo, Maite Pagazaurtundúa, es la hermana de Joseba Pagaza, el jefe de la Policía Municipal en el Ayuntamiento guipuzcoano de Andoain que fue asesinado por ETA. También fue alumna suya Cristina Cuesta, hija del delegado de Telefónica de San Sebastián asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. El propio Tamayo fue duro con el nacionalismo. El jesuita lamentó de manera pública que «los amigos de ETA» dirigieran «ayuntamientos y una diputación foral», en referencia a la guipuzcoana, gobernada por EH Bildu tras ganar las elecciones municipales y forales en 2011. «Pasamos demasiado por alto los crímenes de ETA», solía repetir en templos y foros. Tamayo abrió los ojos a muchos y les hizo pasar por momentos de vergüenza y remordimientos. La suya era una voz muy incómoda, aunque nunca tuvo que llevar escolta, a diferencia de sus compañeros.

En esa labor tuvo siempre a su lado a Antonio Beristain, también jesuita, director del Instituto Vasco de Criminología, con sede en Oñati, muy cerca del santuario de Arantzazu. El catedrático de Derecho Penal Beristain, al igual que Tamayo, había estado en la oposición al régimen franquista, aunque siempre de manera pacífica. Primero denunció las torturas, pero luego, como defensor de los derechos humanos, también se enfrentó a ETA. Su nombre apareció en los papeles incautados a un comando de la banda terrorista. El 21 de noviembre de 2002, la organización le dejó en la puerta de su casa una calavera con una carta en la que lo consideraban «enemigo de Euskal Herria» por sus posturas públicas «inequívocamente favorecedoras del Estado opresor» y lo invitaban a abandonar el País Vasco o, en caso contrario, sería «un objetivo militar». Beristain se quedó. Era un espíritu libre, como ya había demostrado en ocasiones anteriores. En 1985, el obispo José María Setién le prohibió oficiar misas en público y, en 1997, su provincial en la Compañía de Jesús lo obligó a retractarse ante el prelado de San Sebastián por haber publicado un artículo en el que reprochaba a la jerarquía vasca su indiferencia con las víctimas del terrorismo. Entonces también se le prohibió tener contactos con los medios de comunicación sin el permiso de su superior.

El jesuita Fernando García de Cortázar es un célebre historiador vinculado a la Universidad de Deusto. Ha publicado numerosos libros, muchos de ellos referidos al papel de la religión en el País Vasco y su influencia en la política. Su pensamiento, muy reconocido, siempre ha sido crítico con el nacionalismo. Su protagonismo público contra la barbarie de ETA y en defensa de las víctimas lo puso en el punto de mira de la organización terrorista. Tuvo que aceptar vivir con guardaespaldas cuando su ficha apareció en un comando de ETA. El 10 de junio de 1999, García, junto con otros sacerdotes, fue el promotor del Foro El Salvador, en defensa de los derechos humanos y la pluralidad cultural, social y política del País Vasco desde la doctrina social de la Iglesia. Aunque el objetivo podía ser muy transversal, en su presentación pública los portavoces fueron mucho más directos: «Como cristianos y personas libres, nos sentimos alarmados por la grave hegemonía del nacionalismo en la Iglesia vasca y el uso perverso que hoy se hace de la doctrina de la caridad y del perdón para amparar al nacionalismo de ETA y a sus cómplices políticos». Luego, aún ahondaban más: «Lamentamos lo desatendidos que hoy se encuentran por nuestra Iglesia los fieles que no son de ideología nacionalista y las propias víctimas del terrorismo». El PNV lo entendió como una declaración de guerra y se dedicó a desacreditar al foro.

Otro de los promotores del Foro El Salvador y también su primer presidente fue el sacerdote Jaime Larrinaga, párroco durante treinta y cinco años de la parroquia de Maruri-Jatabe, un pequeño pueblecito de la comarca de Uribe, en la Vizcaya rural, de apenas mil habitantes. Hasta ese momento, el cura se había integrado muy bien. Un vecino recuerda: «Ya sabíamos de qué pie cojeaba. No era nacionalista, sino más bien carlista y muy tradicionalista. Solía jugar al mus en el bar del pueblo y, en muchas ocasiones, hacía pareja con uno de Herri Batasuna. Visitaba enfermos y se llevaba bien con la gente, era cercano. Se lo apreciaba». Tras ordenarse, había sido enviado muy pronto a prestar servicio a los fieles de la iglesia de San Lorenzo, y allí tuvo una vida bastante apacible que compaginaba con su tarea como profesor de Historia en un instituto. Sí llamó la atención que no participara en las reuniones de la vicaría territorial con otros sacerdotes ni en las comidas anuales de los compañeros de seminario. Funcionaba a su aire. Ni siquiera respetaba las normas litúrgicas a la hora de oficiar bodas y comuniones: vivía al margen de las reglas diocesanas y los criterios oficiales. Era evidente que no comulgaba con los postulados del clero hegemónico, muy pegado al nacionalismo, pero no había sido una voz pública discrepante. Hasta que, junto con otros tres sacerdotes, una monja y varios laicos, decidió crear el Foro El Salvador. Como presidente, le tocaba dar la cara. Y se la partieron.

Larrinaga no tenía remilgos a la hora de declarar que muchos vascos habían cambiado la cruz por la ikurriña, que la autodeterminación era de lo más insolidario y anticristiano o que la Iglesia se había echado en brazos del nacionalismo y no amparaba a las víctimas del terrorismo. En Maruri no gustó la posición que aireaba su párroco. Tampoco el hecho de que señalara a su Ayuntamiento como un consistorio «hostil» para los no nacionalistas. En efecto, Maruri es un pueblo de barrios diseminados, salpicados de caseríos y chalés, que cuenta con varios restaurantes para disfrutar del ocio. Y el Ayuntamiento es de color nacionalista, como la mayoría de sus vecinos, muchos del PNV y otros de la izquierda abertzale. La gota que colmó el vaso fue su aparición en un reportaje de un periódico con un tono muy sensacionalista, en el que se lo veía junto a una pintada a favor de ETA. La pintada no era de Maruri-Jatabe, sino de un pueblo cercano. A muchos vecinos les indignó que el cura se prestara al juego mediático. A partir de ahí, el ambiente se enrareció.

El Ayuntamiento buzoneó una carta en la que tildaban al párroco de franquista y antivasco. También se aprobó una moción en la que lo acusaban de confundir religión con sociopolítica y de ahondar en la crispación social. El cura se sintió amenazado. Y no estaba equivocado: la Guardia Civil lo alertó de que su nombre estaba en la lista de algún comando. Larrinaga pidió protección. Y se convirtió en el primer sacerdote vasco con guardaespaldas, un escolta que lo acompañaba hasta la mismísima sacristía. La mayoría de sus compañeros pasaron de él. Algunos le retiraron el saludo y le hicieron el vacío. Otros lo descalificaron en los medios acusándolo de protagonismo y de meterse en política. El propio obispo, monseñor Blázquez, le sugirió que dejara la política para los seglares. Al prelado le afectó mucho aquella situación. Sobre todo cuando el asunto se envenenó. Un grupo de padres le pidió que no celebrara la catequesis con sus hijos ni, luego, la primera comunión. La apacible Maruri-Jatabe era ya un volcán. El párroco era persona non grata.

Un grupo de vecinos formó una plataforma que se denominó Maruri Ongi Etorri (Maruri, Bienvenidos). Cada domingo llamaban a concentrarse ante la iglesia a la hora de la misa mayor para protestar por la presencia de Larrinaga y exigir su traslado. Portaban una pancarta que decía «Maruri Jatabe bai. Jaime gezurrik ez» («Maruri-Jatabe, sí; Jaime, mentiras, no»). Pronto hubo una contramanifestación. Miembros de la Fundación para la Libertad y de ¡Basta Ya! y políticos del PP y del PSE acudían cada domingo a Maruri-Jatabe para apoyar al párroco. Había un serio peligro de enfrentamiento. La Ertzaintza comenzó a vigilar las concentraciones. Y el obispo tuvo que hacer acto de presencia en Maruri-Jatabe para mostrar su «afecto y apoyo» al sacerdote de su diócesis. Fue en la misa del domingo 19 de enero. Monseñor Blázquez se presentó en el templo acompañado por su secretario personal, José María Angoitia, con quien se sentó en el primer banco. En el momento de darse la paz, el prelado subió al altar y abrazó al párroco. Al final de la eucaristía, Blázquez volvió a acercarse al altar para leer una nota, en la que ofreció su apoyo moral a Larrinaga. El prelado matizó, sin embargo, que ese respaldo no avalaba algunas manifestaciones que él mismo había reconocido como «cosas inconvenientes». El obispo advirtió: «Los sacerdotes debemos colaborar como ministros de la unidad, y corresponde a los seglares el protagonismo en las cuestiones políticas, buscando, por encima de las legítimas opciones, el bien común». Luego abandonó el pueblo, mientras el párroco seguía en la sacristía con su escolta y en la calle se desafiaban dos grupos con sus propias pancartas.

Así fue durante varios domingos. El obispo le ofreció un traslado a otra parroquia y una residencia para vivir acompañado con otros sacerdotes, pero Jaime Larrinaga lo rechazó. Ricardo Blázquez quería evitar que aquello se convirtiera en un circo, pero lo cierto es que se había convertido ya en un pulso con el nacionalismo. La gente del pueblo sostiene que Larrinaga fue utilizado por el PP para obtener réditos electorales. De hecho, en los siguientes comicios municipales, el 25 de mayo de 2003, los populares obtuvieron sesenta votos y consiguieron un concejal. El sillón lo ocupó Ascensión Pastor, senadora mítica del PP vasco y tía de Alfonso Basagoiti, quien luego lideraría el partido en Euskadi.

Aquella situación afectaba también a la paz del pueblo. Hoy es el día en el que algunos vecinos aún no se hablan por aquel enfrentamiento. El desgaste era evidente. Un día, Jaime Larrinaga anunció: «Si yo fuese la piedra que hay que quitar para que vuelva la paz al pueblo, me iría». Y se fue. Era el 3 de agosto de 2003. Monseñor Blázquez y el sacerdote pactaron la salida cuando la situación ya se hacía insostenible para todos. La parroquia estuvo atendida en un primer momento por el vicario de la comarca, Ángel María Unzueta, quien era una de las terminales en las labores de mediación de la Iglesia vasca. Luego, por los claretianos Félix Larrondo y Josu Zabaleta, este último, un puntal en el proceso de arrepentimiento de los etarras encuadrados en la denominada vía Nanclares. Larrinaga recaló primero en Madrid, donde estuvo ayudando en algunas parroquias. Más tarde se marchó de misionero a la Gran Sabana de Venezuela. En aquel periodo, los zapadores de Blázquez ya tendían puentes para que ETA lo dejara.

7
¿ESTUVO JUAN PABLO II
EN EL PUNTO DE MIRA
DE ETA?

El 6 de noviembre de 1982, un sábado plomizo de otoño, sonó el teléfono en la habitación de monseñor Fernando Sebastián, obispo de León y secretario general del episcopado y, por lo tanto, responsable eclesial de la primera visita de Juan Pablo II a España. Hacía seis días que el avión del papa había aterrizado en Madrid, por lo que la llamada podía deberse a alguna cuestión de ajuste del protocolo. ¿A las cuatro de la madrugada? Eran de la Nunciatura apostólica —la Embajada de la Santa Sede—, que convocaban al clérigo aragonés a una reunión urgente en la sede diplomática. No se trataba de un procedimiento normal. En la sala lo esperaban el nuncio, Antonio Innocenti; el cardenal Martínez Somalo, sustituto de la Secretaría de Estado; el padre Roberto Tucci, recién nombrado organizador de los viajes papales al extranjero, y el director general de Seguridad del Ministerio del Interior, entonces Francisco Laína Rico, que también era vicepresidente del Mando Único para la Lucha Antiterrorista (MULA). Algo no iba bien. En efecto, los servicios policiales españoles habían recibido una información sobre una conversación telefónica entre San Sebastián y una ciudad francesa en la que se decía: «Todo listo para las ocho». No sabían a qué se refería aquel mensaje. «Podía referirse a un atentado contra el papa, pero también a otras muchas cosas», evoca monseñor Sebastián en su libro de memorias, en el que relata su experiencia en aquel viaje. Juan Pablo II llegaba esa misma mañana a la localidad guipuzcoana de Azpeitia para celebrar una misa en la explanada de la basílica de Loiola, y se habían disparado algunas alarmas. Un perro policía había detectado restos de pólvora en la zona del encuentro con el pontífice, pero se determinó que procedían de los barrenos que se habían utilizado para instalar a última hora unas farolas en aquel escenario. Había muchos nervios.

El sanedrín de urgencia mascullaba una decisión en uno de los despachos de la Nunciatura de la calle Pío XII. ETA estaba en pleno delirio terrorista. Dos días antes, un comando había asesinado en Madrid al general Víctor Lago Román, al mando de la División Acorazada Brunete, un militar profesional, leal al rey y a la Constitución. Henri Parot y Lasa Mitxelena, Txikierdi, le ametrallaron desde una moto de gran cilindrada cuando viajaba en su vehículo oficial por la Ciudad Universitaria. Él resultó muerto y su chófer, herido grave. En plena escalada terrorista, los servicios policiales temían que ETA aprovechara la visita del papa a Euskadi para lograr un efecto propagandístico con un ataque en el corazón de la espiritualidad de Euskadi, cuna de san Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús. Así las cosas, los responsables de seguridad recomendaron suspender el viaje, según el relato de monseñor Sebastián. Una vez ponderados los riesgos, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Española decidieron mantener la visita sin comunicárselo al papa, que dormía en una estancia cercana, ajeno a las deliberaciones de aquella improvisada célula de crisis. Los mandos policiales no las tenían todas consigo. Insistieron. Una unidad especializada registró centímetro a centímetro el altar y la tribuna levantados para la celebración de la misa y peinó con discreción los alrededores. Esa inspección de última hora obligó al papa a permanecer un tiempo encerrado en su helicóptero en las pistas del aeropuerto de Madrid. Por si acaso, también se decidió cambiar los puntos de aterrizaje del helicóptero del pontífice —estuvo pilotado por un general de la Fuerza Aérea Española, Ignacio Martínez Eiroa, instructor del rey— y alterar los itinerarios de la visita. «No pudimos evitar que las autoridades que esperaban la llegada del papa en los puntos convenidos, al ver que el helicóptero aterrizaba a doscientos metros del lugar señalado, tuvieran que acudir a su encuentro precipitadamente, con el inevitable desorden y desconcierto», escribe Sebastián. No ocurrió nada. El papa siguió con la agenda prevista. En Loiola, Juan Pablo II celebró una eucaristía ante más de doscientas mil personas y bajo los sones de la Marcha de San Ignacio, que fue coreada en euskera. Entre las autoridades se encontraba el lehendakari Carlos Garaikoetxea. El pontífice saludó a los peregrinos desde las escalinatas de la basílica, rodeado de escoltas atentos al público. En la calle hacían guardia seiscientos agentes de la primera promoción de la Ertzaintza que se habían desplegado apenas un mes antes. De Azpeitia, el papa viajó a Javier, ya en tierras navarras, para reunirse con los misioneros.

El primer viaje de Juan Pablo II a España —y el primero, también, de un papa al País Vasco— estuvo jalonado de numerosas vicisitudes. La expectación y la alegría eran máximas. Su antecesor, Pablo VI, sondeó en dos ocasiones las posibilidades de un viaje a Santiago de Compostela, pero Franco se lo impidió. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyła llegó a la silla de San Pedro y pronto descolló por su espíritu viajero. Los obispos españoles lo intentaron en 1979, pero la visita no llegó a concretarse. Había que buscar una «percha» para que no se prestara a ningún tipo de confusión. La oportunidad podría darse durante el cuarto centenario de la muerte de santa Teresa, que debería celebrarse entre octubre de 1982 y octubre de 1983. Aunque ese sería el rigor cronológico de las efemérides, se optó por fijar el viaje entre el 11 y el 17 de octubre de 1981. Sin embargo, el 13 de mayo de 1981, el pontífice polaco sufrió un atentado en la plaza de San Pedro, donde fue tiroteado por Mehmet Ali Ağca. El ataque obligó a aplazar un año la ansiada visita. En España también se habían complicado las cosas. Adolfo Suárez dimitió y Leopoldo Calvo-Sotelo se convirtió en el presidente de un Ejecutivo muy inestable. ETA seguía con su ofensiva criminal.

La visita, en principio de ocho días, quedó programada para octubre de 1982, coincidiendo con la fiesta de la santa de Ávila. España olía a elecciones y la izquierda tomaba posiciones para el salto a la Moncloa. El 26 de agosto, el propio Sebastián, el presidente de la CEE, Gabino Díaz Merchán, y el nuncio del Vaticano se entrevistaron con Calvo-Sotelo, quien les avanzó que las elecciones podrían adelantarse. Aquello alarmó a los prelados. En realidad, la decisión ya estaba tomada, y al día siguiente fueron fijadas de manera oficial y pública para el 28 de octubre. Juan Pablo II llegaría en plena campaña electoral, que se presentaba, además, muy reñida. El peligro de instrumentalización de la figura del papa era evidente. La Comisión Permanente de la CEE se reunió de urgencia y acordó pedir al papa que retrasara el viaje hasta después de los comicios, entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre.

El primer proyecto de viaje que se formuló duraba cinco días e incluía un itinerario con paradas en Madrid, Ávila, Santiago de Compostela y Barcelona. No figuraba el País Vasco. La Santa Sede incluyó en la hoja de ruta a Segovia porque el papa quería rezar ante la tumba de san Juan de la Cruz (al que dedicó su tesis doctoral), y a Euskadi, que en aquel tiempo se desangraba por los atentados de ETA. Aunque, más que el terrorismo, a Juan Pablo II le atraía la posibilidad de visitar Javier, cuna de los misioneros en tierras navarras. La visita a Loiola era obligada, aunque el pontífice mantenía muchas reservas y recelos sobre los jesuitas. De hecho, un año antes había decidido intervenir la Compañía de Jesús y relevar a su general, el carismático y audaz Pedro Arrupe (vasco, por más señas). Karol Wojtyła dio un golpe de mano en la influyente y poderosa institución para controlar y reorientar su hoja de ruta.

Desde que se anunció el viaje a España, hubo voces contrarias a que el papa se acercara al País Vasco, seguramente por su situación inestable y por las reivindicaciones nacionalistas. Por fin se establecieron las coordenadas de la visita: se alargaría diez días y el pontífice visitaría varias ciudades y comunidades autónomas: Madrid, Ávila, Salamanca, Guadalupe (Extremadura), Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loiola (País Vasco), Javier (Navarra), Zaragoza, Montserrat (Cataluña), Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela. En cada una de ellas se formó una comisión local. En el caso del País Vasco, estaba coordinada por el sacerdote Francisco Epelde Arano, de la diócesis guipuzcoana, y en el de Navarra, por el cura Florentino Ezcurra Oroquieta, responsable de Cáritas de Pamplona. La comisión central, liderada por monseñor Sebastián, elaboró los borradores de los discursos con la ayuda de Alfredo Suárez, un sacerdote muy preparado que pertenecía al Opus Dei. Esta circunstancia, a toro pasado, fue una sorpresa, pues en ese intervalo el Vaticano comunicó su intención de erigir al Opus Dei, entonces un instituto secular, en una prelatura personal, un estatus que lo ponía al margen de la autoridad de los obispos. La Conferencia Episcopal Española manifestó a la Santa Sede su rechazo a esa transformación. Gabino Díaz Merchán y Fernando Sebastián viajaron en septiembre a Roma para trasladar en persona su disgusto al papa, cuando apenas faltaba un mes para su llegada a España. La sangre no llegó al río. Los discursos eran revisados en Roma por el propio pontífice y, sobre todo, por el español Martínez Somalo, que metió el lápiz en sus contenidos.

ERTZAINAS EN PRÁCTICAS PARA PROTEGER AL PAPA

El papa llegó a Euskadi el sábado 6 de noviembre, después de haber estado el día anterior en Sevilla y Granada. Había un tren que se desplazaba a las ciudades del itinerario por si acaso, y se estuvo a punto de utilizar para viajar desde Andalucía hasta el País Vasco porque se temió que el helicóptero no podría aterrizar por el mal tiempo. También se movía un camión plataforma con un coche blindado por si los servicios de inteligencia detectaban algún tipo de peligro o se producía un ataque. Además, se trasladaron unidades sanitarias y se instalaron tres uvi en los lugares del recorrido, con doce especialistas y un grupo de enfermería, y se puso en alerta a los hospitales de la zona. Ajenas a esta logística, más de doscientas mil personas se apretujaban en Azpeitia junto a la basílica de Loiola. Aunque la información que había compartido el Gobierno francés con los servicios antiterroristas españoles sobre la posibilidad de un atentado la sabían muy pocos, los movimientos policiales con detectores de metales y el trajín de los perros husmeándolo todo desde el amanecer despertaron algunas alarmas. Los técnicos desmontaron y volvieron a montar los sistemas de megafonía por si ocultaban algún artefacto, y unas excavadoras removieron la tierra cerca del altar en busca de no se sabe qué. El hecho de que el helicóptero aterrizara en otro lugar también descolocó a las autoridades, preocupadas ya por lo que habían visto.

Los que verdaderamente llamaban la atención eran los agentes uniformados de rojo con chapela, desplegados en todos los cruces de carretera y en los cordones de seguridad junto a los miembros de las unidades de intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Eran ertzainas. El 1 de febrero de 1982, cerca de seiscientos hombres habían ingresado en la academia alavesa de Arcaute en lo que sería la primera promoción de la Policía autónoma, símbolo del autogobierno de Euskadi. La misión de la Ertzaintza no era combatir el terrorismo: la única competencia que tenían entonces era la custodia de instituciones, algo de Juegos y Espectáculos y el SOS Deiak (el número de emergencias 088 y, luego, 112).

La visita del papa fue su «bautismo de fuego». «Salimos a la calle con mucha ilusión y motivación. Era nuestro primer contacto con la calle, con la gente, y, además, en un acontecimiento de primera magnitud: la visita de un papa a Euskadi, una tierra que siempre ha estado muy ligada a la religión». Son palabras de José Ramón Lecertua y Juanjo Lakunza, dos veteranos oficiales de la Ertzaintza que, en 1982, tenían veintisiete años. Ambos participaron en el diseño del operativo, muy complejo porque había que cubrir una zona muy accidentada y con una red viaria muy alambicada. La víspera hubo una sesión informativa, pero nadie les dijo que Juan Pablo II podía ser un objetivo de ETA. La información sobre que el viaje del pontífice podía estar en el punto de mira de la organización terrorista se trasladó de madrugada a muy pocas personas. El grueso de los agentes ni siquiera llevaban armas de fuego (solo una porra).

El diseño venía de Madrid. La custodia directa del papa (doipuru, en euskera) corría a cargo de seis guardias suizos llegados desde Roma, que componían el primer círculo de protección. El segundo lo formaban una docena de agentes del cuerpo de Policía especializados en la escolta de personalidades, al mando de un comisario que se apellidaba Nogales. El circuito de seguridad se comunicaba por radio a través de una línea de transmisores diminutos. En la «burbuja», el núcleo duro del escenario, también había ertzainas, que controlaban el recorrido del papamóvil y las escalinatas de la basílica, y berrozis, en ese momento una fuerza de élite de la Consejería de Interior del Gobierno vasco que se había formado en secreto en el pueblo alavés del mismo nombre. Estos últimos vestían de paisano y sí portaban armas. Eran los escoltas del lehendakari, Carlos Garaikoetxea, y de los consejeros del Ejecutivo.

NI ETA NI EL TERRORISMO EN LOS DISCURSOS

Con retraso sobre el programa previsto y en un lugar distinto al acordado, por fin aterrizó el helicóptero del papa, que descendió por la escalerilla de la aeronave tras disiparse una enorme polvareda. Había más helicópteros. El ambiente era de entusiasmo y fervor, sin pancartas que politizaran el acto. Lo único que destacaban eran las ikurriñas y banderas blancas y amarillas, los colores del Estado vaticano. «Los organizadores siempre vieron con sospechas esta etapa», escribiría el sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo, que cubrió aquella visita. La bienvenida corrió a cargo de monseñor Setién, con un discurso en el que en ningún momento nombró a ETA, pese a que la banda acumulaba ya una larga lista de asesinatos. Tampoco lo hizo el papa. El obispo de San Sebastián, en una intervención en la que mezcló el euskera con el castellano, empezó: «Aita txit Santua: ongi etorri Euskal Herrira. Beatísimo padre, sea bienvenido».

En un claro gesto de cariño hacia el euskera (los miles de congregados lo agradecieron), el pontífice fue asesorado de manera inteligente y la ceremonia fue bilingüe. Setién combinó las raíces cristianas del País Vasco con la identidad de la comunidad y reivindicó la paz. El obispo habló en nombre del pueblo vasco, «noble en su historia y en su tradición, arraigada profundamente en la fe cristiana, en el respeto al hombre y a sus propias instituciones», antes de entrar en la cuestión de la violencia:

Veréis a un pueblo que sufre por no acabar de hallar los caminos de la paz y la concordia estable y duradera. Un pueblo que arrastra una profunda crisis ético-religiosa, pero también un pueblo que, sobre todo, quiere vivir, porque siente dentro de sí la llamada de la vida, como el roble de nuestras montañas, capaz de resistir a las sacudidas más violentas. Y quiere hacerlo desde la propia identidad. Este amor a la vida tiene, para la mayoría de los vascos, su más firme consistencia y esperanza en la fe en Dios, en Jaungoikoa, como lo llamamos en nuestra lengua original. Esta visita contribuirá a fortalecer la fe, la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz.

Para sorpresa de muchos de los presentes, Juan Pablo II no dedicó el grueso de su discurso al fenómeno de la violencia terrorista, un asunto que, por otra parte, no podía evitar. La primera y más larga parte de su intervención se centró en su mensaje a los superiores generales y a los más de cinco mil representantes de las órdenes religiosas, reunidas en el lugar en el que surgió hace siglos la de los jesuitas, una de las más vivas y poderosas en la historia de la Iglesia. Loiola era el marco ideal. «¡Alabado sea Jesucristo! Euskal Herriko kristau maiteok: pakea zuei eta zoriona! (“Queridos cristianos de Euskal Herria: ¡paz y felicidad para vosotros!”)». Así comenzó su alocución el santo padre, «alegre» por estar en Loiola, «el corazón de la entrañable tierra vasca», antes de saludar a las órdenes religiosas (en ese momento, con más de noventa y cinco mil miembros). «¡Cuántos hijos e hijas de esta cristiana tierra vasca, noble y generosa, se cuentan entre ellos!», reconoció.

Sus últimas y breves palabras fueron para los problemas de los vascos, para el tema de la violencia, con un lenguaje medido y calculado. Si Setién había salvado la nobleza del pueblo vasco frente a la deriva de una organización criminal que manchaba su imagen, el papa quiso salvar la cara de la juventud, un caladero en el que ETA reclutaba a sus militantes:

Sois un pueblo rico en valores cristianos, humanos y culturales, vuestra lengua milenaria, las tradiciones, el tesón y el carácter sobrio de vuestras gentes, los sentimientos nobles y dulces plasmados en bellísimas canciones, la dimensión humana y cristiana de la familia, el ejemplar dinamismo de tantos misioneros, la fe profunda de estas gentes. Sé que vivís momentos difíciles en lo social y en lo religioso. Conozco el esfuerzo de vuestras iglesias locales, obispos, sacerdotes y seglares por dar una orientación cristiana a vuestra vida. Os aliento de corazón en ese esfuerzo que realizáis en favor de la reconciliación de los espíritus.

Hasta en ocho ocasiones, los reunidos en Loiola saludaron con atronadores aplausos las referencias a la paz y la reconciliación. Luego, siguió:

No puedo menos de pensar especialmente en vuestros jóvenes. Tantos han vivido ideales grandes y han realizado obras admirables. Son la gran mayoría. Quiero alabarlos y rendirles este homenaje ante posibles generalizaciones o acusaciones injustas. Pero también hay, desgraciadamente, quienes se dejan tentar por ideologías materialistas y de violencia. Querría decirles con afecto y firmeza, y mi voz es la de quien ha sufrido personalmente la violencia, que reflexionen en su camino. Que no dejen instrumentalizar su eventual generosidad y altruismo. La violencia no es un medio de construcción; ofende a Dios y a quien la sufre y a quien la practica.

Ese fue el momento más intenso del acto en Loiola. Los aplausos interrumpieron al sucesor de Pedro. «Una vez más, repito que el cristianismo comprende y reconoce la noble y justa lucha por la justicia a todos los niveles, pero prohíbe buscar soluciones por caminos de odio y de muerte», advirtió con severidad en un mensaje que se prestaba a distintas interpretaciones. Finalmente, concluyó: «Guztioi nere agurrik beroena! Pakea zuei! Sí, mi más cordial saludo a todos vosotros. ¡Paz a vosotros!». No entró en cuestiones sociopolíticas, como algunos esperaban, y dejó claro que la violencia es radicalmente anticristiana.

La posición de Juan Pablo II frente a la violencia fue analizada por José María Setién un año después, en un libro coral de la Conferencia Episcopal sobre el viaje del papa a España. El entonces obispo de San Sebastián, que todavía tenía mucho cartel en el episcopado, se refirió a la doble alusión del pontífice a la violencia, en Loiola y en su visita a Toledo. Esta última se trató de una improvisación ante el asesinato del general Víctor Lago en Madrid, un atentado que ETA cometió durante la visita papal para lograr eco internacional y avisar a Felipe González de que la sangre seguiría derramándose si no había una negociación. El ataque, sin duda, pretendía desestabilizar el traspaso de poderes a la Administración socialista salida de las urnas, así como provocar al Ejército, justo un año después del intento golpista del 23F. ETA había asesinado ya a ocho generales. El papa tuvo que referirse al asesinato, aunque lo hizo de manera lacónica con una frase: «La violencia no es camino de solución a los problemas, además de ser siempre anticristiano». Ni siquiera en este caso se había apartado del contenido pastoral de sus discursos.

Este aspecto lo hizo notar monseñor Setién, que también resaltó que Juan Pablo II no utilizó, ni en Toledo ni en Azpeitia, la palabra terrorismo, sino que únicamente habló de «violencia». Esto es importante porque tanto los obispos vascos como el mundo nacionalista siempre tuvieron dificultades para emplear el término terrorismo. El juicio del papa fue escueto y preciso: «La violencia no es un modo de construcción; ofende a Dios, a quien la sufre y a quien la practica». Esta frase sería utilizada muy a menudo por los prelados de Euskadi en sus documentos sobre la paz. Setién también recogió un matiz importante del discurso pontificio: «El papa no quiso que la renuncia a la violencia como medio de construcción fuera confundida con la renuncia a “la noble y justa lucha por la justicia a todos los niveles”, un saco muy amplio en el que puede caber todo». El obispo de San Sebastián reconoció que los fieles esperaban un tratamiento más amplio y directo del tema de la violencia, pero no fue así. «El tratamiento del tema de la violencia fue solamente accidental y como añadido al tema central de su discurso, una homilía dirigida a los superiores mayores de las órdenes religiosas, cuyos fundadores fueron españoles», describió.

8
EL PAPEL DE LOS
JESUITAS: EL
SECUESTRO DE GUIBERT,
PADRE DEL RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

Aquella tarde del 21 de marzo de 1983, José María Guibert se encontraba en Burgos, trabajando en un hospital como experiencia humana con la gente que sufre por exigencias del noviciado jesuita. Tenía veintiún años y todavía le faltaban otros treinta y uno para convertirse en rector de la Universidad de Deusto. Lo llamaron del noviciado de Valladolid de manera urgente: «Tu madre quiere verte». Se alarmó. Pronto le informaron de que su padre había desaparecido. La alarma se acrecentó. Su padre era el gerente de la empresa Laminados de Hierro Marcial Ucín, pionera de la industria guipuzcoana, y ETA había secuestrado ya a varios empresarios. Además, llevaba tres años recibiendo cartas de extorsión en las que se le exigía el denominado «impuesto revolucionario». Jesús Guibert Azcue había salido a primera hora de la mañana de su domicilio en San Sebastián y se había trasladado en su Opel Senator hasta la sede de la firma, ubicada en Azpeitia, unos cincuenta y dos kilómetros que recorría cada día. No llegó a entrar en su despacho. Dos pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (un apéndice de ETA) lo habían esperado en el parking de la planta y en su mismo coche lo trasladaron hasta una cueva cercana al monte Araunza, cerca de Errezil en la Guipúzcoa profunda. «Ya nos ha costado capturarte; si te pones nervioso, te pego un tiro», lo amenazaron. Era un secuestro en toda regla.

El joven aprendiz de jesuita cogió un tren y viajó hasta su casa, donde la familia vivió horas de incertidumbre. Los terroristas contactaron con ellos para exigir un rescate por su liberación. Jesús Guibert era militante del PNV y un hombre profundamente religioso, que había trasladado a su familia sus creencias. Ahora, sus allegados se enfrentaban a un dilema moral: para salvar la vida del patriarca había que pagar a los terroristas, que emplearían ese dinero para prolongar su estrategia violenta. Enseguida recibieron el apoyo de la Iglesia a través de monseñor Setién, obispo de San Sebastián, y de monseñor Uriarte, obispo auxiliar de Bilbao. Su domicilio, en la donostiarra calle Zubieta, se convirtió en una improvisada capilla en la que cada día, a la una y media del mediodía, se celebraba una eucaristía con presencia de numerosos jesuitas. Al mismo tiempo, representantes de la familia realizaban gestiones para su liberación por vía de un intermediario que contactaba con el grupo escindido de ETA. Se ponía una vela a Dios y otra al diablo.

Eran los años del plomo. Mientras Guibert estaba secuestrado, ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas mantuvieron su ofensiva de terror. El 25 de marzo, un comando de la banda tendió una emboscada a un convoy de la Policía Nacional en las proximidades de Oiartzun. Murió el cabo primero Ramón Ezequiel Martínez, padre de dos hijos de corta edad. En su funeral en el templo del Buen Pastor se vivieron momentos de gran tensión cuando se impidió el paso del féretro con la bandera española, tal y como estipulaba la normativa diocesana. Al término de la ceremonia resonaron gritos contra José María Setién. El oficiante recordó a Guibert y pidió a los cristianos que se movilizaran para detener la violencia «que está hundiendo a este pueblo». Al día siguiente, un artificiero de la Policía Nacional, Adriano Sotil Pelayo, falleció al explotarle la bomba que desactivaba, colocada por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. En Madrid, un comando de ETA militar secuestró a Diego Prado y Colón de Carvajal, presidente del Banco Occidental de Descuento. Esta ofensiva era una pinza asfixiante.

«MIL MILLONES O QUINIENTOS POR EL CADÁVER»

En aquellas fechas, el delegado del Gobierno era el socialista Ramón Jáuregui, valedor de la corriente de cristianos socialistas. Se reunió con la familia Guibert en su domicilio donostiarra. «No paguéis, fiaros de las fuerzas de seguridad», les aconsejó. Pero los terroristas apretaban: «Mil millones o quinientos por el cadáver». Aquello era muy fuerte. En casa se pasaban el día llorando. Finalmente, las negociaciones fructificaron y hubo un principio de acuerdo. La familia hizo un movimiento bancario. Sacaron ciento cincuenta millones de pesetas. El Gobierno vasco les avisó: «Cuidado con lo que hacéis». Por fin llegó el día de la entrega del dinero, fijada para el 6 de abril. Según datos inéditos hasta la fecha, de la casa de los Guibert salieron tres coches. El primero, para despistar a los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil que vigilaban el domicilio, se dirigió a Bilbao y entró en el parking de El Corte Inglés, en la Gran Vía, donde fue interceptado por los agentes. Era un señuelo. El segundo tomó dirección hacia Francia y, según la versión oficial, la entrega se realizó en un punto entre San Juan de Luz y Biarritz. En realidad, el dinero viajaba en el tercer vehículo, que enfiló hacia la gasolinera del alto de Ariceta, muy cerca de San Sebastián, que fue donde se pagó el rescate. Según los papeles incautados a la dirección de ETA, la familia abonó doscientos millones de pesetas.

Lo soltaron al día siguiente, al filo de la medianoche. Los secuestradores aprovecharon que jugaba la Real Sociedad contra el Hamburgo en un partido de Copa y había mucho tráfico en las carreteras que confluyen en San Sebastián. Lo sacaron de la cueva en volandas y a rastras, por lo que se hirió en un ojo con una rama. Le devolvieron la cartera y las llaves de casa y le pusieron un pasamontañas. Luego lo trasladaron en coche hasta el alto de Meagas, en las proximidades de Orio, y lo abandonaron en una cuneta de la carretera con una pequeña linterna. Antes de marchar, Guibert les dio la mano. Al despedirse, les dijo: «Tenéis que dejarlo, siempre se puede hablar. Si queréis, nos podemos juntar en una sidrería de aquí, o en Logroño». Se refería a las Bodegas Olarra, en las que la firma Ucín tenía mayoría accionarial. Antes de que sus captores abandonaran la zona a toda velocidad, les insistió: «Vamos un día y hablamos, pero tenéis que dejar esto. De qué os sirve. Habéis estado pringados como yo en esta cueva húmeda». La relación con sus «cuidadores», jóvenes del valle por el acento tan peculiar, y el aislamiento en unas circunstancias tan dramáticas le habían producido lo que se conoce como «síndrome de Estocolmo». Días después diría que no les guardaba ningún rencor.

Guibert caminó un rato y, con la linterna, hizo unas señales a una pareja que se encontraba en el interior de un coche. Lo reconocieron: «Eres el del secuestro». Luego lo llevaron hasta San Sebastián. Abrió la puerta del portal sin que los ertzainas que hacían guardia en la calle lo identificaran. Tocó el timbre. La familia se estaba ya acostando y pensó que se trataba de alguna broma pesada. Eran ya cerca de las dos de la madrugada. Alguien abrió la puerta y Guibert apareció en el umbral sin grandes aspavientos. «¡Que ha venido!», gritó ese alguien. El hombre se fue directamente al baño y se duchó. Luego habló con su familia de manera relajada mientras se comía una cuajada, un postre muy vasco. Le sentó mal porque estaba muy fría y tenía el estómago débil. Por esa razón se retrasó la rueda de prensa veinticuatro horas. Se aprovechó para que el médico oculista de la familia, el doctor Muñoa, le revisara la herida del ojo, de donde le sacó un trocito de madera.

Cuarenta y ocho horas después, padre e hijo pasaron muy cerca de la cueva donde el primero estuvo secuestrado, pero no entraron. Lo hicieron cuatro meses después. Estaba entre Azpeitia y Errezil, debajo del Hernio, un monte sagrado para los vascos. A la cumbre de este enclave mítico, rematada por una gran cruz, se llega por un calvario, toda una metáfora para lo que estaba ocurriendo unos kilómetros más abajo. Lo mismo que la venta del collado de Iturrioz, donde la tradición establece que san Ignacio de Loyola durmió una noche en su ruta desde París a Azpeitia. Guibert sumó más noches: fueron diecisiete días los que pasó recluido en una gruta natural pequeña y húmeda, de apenas cuatro metros y medio de largo por uno y veinte centímetros de alto (en forma de lancha), y de la que solo lo dejaban salir un ratito a la noche. Él permanecía tumbado al fondo, con un saco de dormir. Un escondrijo cutre, pero, sobre todo, infrahumano. Había filtraciones de agua por la lluvia, pero resistió sin coger un catarro. Era un hombre muy duro.

Durante el día, la cueva permanecía tapada con piedras y ramas, que se retiraban a la caída del sol para respirar un poco y hacer las necesidades fisiológicas. Guibert sabía dónde estaba porque conocía la zona y veía el resplandor de las luces de Azpeitia. Él situaba el escondite en la zona de Benta Berri, muy cerca de su lugar de trabajo y de un caserón familiar, solo que este último estaba en manos de unos pistoleros. Lo vigilaban dos miembros del comando, que ocultaban sus caras con capuchas y hablaban en euskera con el acento de la comarca. Hasta el cuarto día no le dieron de comer, cuando un tercer etarra llegó con una cesta de alimentos, casi todos enlatados. Pudo leer el libro El lobo estepario, de Hermann Hesse, una novela que hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Sus secuestradores eran más bien lobos para el hombre.

Aquellos diecisiete días fueron muy duros. Guibert aguantó, se mantuvo firme, pero al final se hundió. Lloró mucho. Se aferró a sus creencias para resistir. Rezar le ayudaba. Tiempo después contaría a los jesuitas que todos los días hacía un recorrido mental por las iglesias de San Sebastián, como si se tratara de una visita al Santísimo, una costumbre del devocionario católico que hizo furor en Euskadi: catedral del Buen Pastor, basílica de Santa María del Coro, padres jesuitas, capuchinos, carmelitas, santuario de Nuestra Señora de Arantzazu… Hasta subía al Sagrado Corazón del Urgull. Cada templo era una estación. Entraba y hacía una visita al sagrario. Era un momento de meditación, de intimidad con Dios. Rezaba cinco padrenuestros, avemarías y glorias (una para cada una de las cinco llagas de Cristo) y se refugiaba en los recuerdos de su familia. «¡Oh, ángeles del cielo, venid en mi auxilio!», imploraba. Meses después, la familia hizo un libro de fotos de la cueva y de la zona, salpicadas de oraciones. Era como la reconstrucción de un diario, y acabó convirtiéndose en un breviario.

Durante el cautiverio, Jesús Guibert mantuvo muchas conversaciones en euskera con sus secuestradores. Les decía que lo tenían que dejar, que aquel no era el camino. Incluso hizo de enfermero con uno de ellos, que cogió una infección de oído por la humedad. Le supuraba. La propia víctima estuvo curando al verdugo hasta que desapareció la molestia. Guibert era un hombre muy creyente y amante del diálogo. Cuando se produjo el siguiente secuestro, el del administrador de fincas Ángel Carasusan, ETA se puso en contacto con Guibert para que hiciera de intermediario en la negociación del rescate. Al final, no hizo falta: la Guardia Civil lo liberó cinco días más tarde en la localidad guipuzcoana de Lezo y detuvo a sus captores.

Varios años más tarde, los secuestradores de Guibert fueron detenidos y juzgados. Se trataba de José Antonio Aguirre Aristondo y José Ignacio Arruti Aguirre. Tuvo que ir a Madrid a declarar ante la Audiencia Nacional. Familiares de los miembros del comando llamaron al secuestrado para presionarlo: «Si dices que el euskera que utilizaban no era el de Azpeitia, les caen dos años; si dices que sí, les caen diez o más. Tú mismo». Los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían nacido en el valle del Urola, y la mayoría de sus activistas eran jóvenes de sus pueblos. En el interrogatorio judicial, Guibert declaró que no los reconocía, porque siempre habían estado tapados por pasamontañas. También dijo que el euskera que utilizaron en sus conversaciones no era el de Azpeitia. Mintió. Sus allegados aseguran que no lo hizo por miedo, sino por su talante de perdonar, sus ganas de reconciliar. Su mujer acudió al funeral de la madre de uno de sus secuestradores. Guibert era un hombre muy pactista, una persona de sumar y avanzar, nada radical. No guardaba rencor a nadie.

OCHO MILLONES PARA DESCABEZAR A LOS COMANDOS

Así lo demostró Guibert cuando uno de los líderes de los Comandos, José Luis Salegui Elorza, Txipi, lo llamó en 1989 porque quería dejar la actividad terrorista y necesitaba dinero para poner tierra de por medio. Guibert lo atendió. Quedaron en la casa de los jesuitas de Burdeos. El empresario pasó a Francia y le dio a Salegui ocho millones de pesetas para que rehiciera su vida lejos de las armas. Le abría una vía de huida. Con ese movimiento, Guibert contribuyó a descabezar a los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que pronto se disolvieron. Desaparecieron sin un comunicado oficial. Txipi era de Azkoitia, cercana a Azpeitia, cuna del movimiento terrorista que protagonizó una violencia sangrienta y descontrolada, y fue relacionado con el asesinato del senador socialista Enrique Casas, el 23 de febrero de 1984. Con el dinero de la familia Guibert, Salegui se instaló en México. Se lo agradeció mediante una carta escrita en euskera. El antiguo terrorista murió en el país azteca ocho años después. Su pareja relacionó su muerte con la «guerra sucia del Estado español», pero el informe oficial estableció que fue un fallecimiento por infarto, un diagnóstico que certificaron tres autopsias.

Otro episodio desconocido de Jesús Guibert es su papel de mediador entre el Gobierno socialista y ETA en 1985 y 1986. La iniciativa para ello partió de Felipe González, que ya había realizado otros intentos con resultados infructuosos, por lo que esta vez buscó la mediación de la Iglesia. Los contactos los realizó Julio Feo, secretario de Presidencia y hombre de confianza de González. Licenciado en Ciencias Políticas, el valenciano fue su director de campaña en varias elecciones y el verdadero artífice de su llegada a la Moncloa. Feo llamó a las puertas de la Compañía de Jesús para conseguir un canal de comunicación con ETA. Habló con Juan Plazaola Artola, entonces superior general de la provincia de Loiola y vicecanciller de la Universidad de Deusto, en la que ha sido también director del Instituto Ignacio de Loyola. Plazaola, de aspecto frágil pero con una gran fortaleza y una acreditada formación intelectual, buscó la ayuda de Guibert para acercarse a ETA. Finalmente, llegaron hasta la organización, entonces dirigida por el histórico Txomin Iturbe. El líder también quería hablar. Se reunieron en dos ocasiones en el Hogar Español de Burdeos, atendido por la comunidad de los jesuitas. El hombre duro se quedó en casa. La información que Guibert confió a sus allegados es que Iturbe quería acabar ya con la violencia. La negociación iba por buen camino, pero todo se truncó cuando el dirigente de la banda fue detenido en abril de 1986. Luego fue deportado, primero a Gabón y luego a Argel. En febrero de 1987, Iturbe murió en un accidente. Quienes se reunieron en Burdeos creyeron que la historia de ETA pudo haber acabado allí, pero se alargó otros veinticinco años.

¿Controlaba Txomin Iturbe la organización? Sorprende que poco después de la segunda reunión, en marzo de 1986, el comando Nafarroa intentara secuestrar, precisamente, a José Ignacio Guibert Azpiroz, sobrino del industrial y, por esas fechas, también mediador con la banda. Tres pistoleros lo abordaron en la calle, pero pudo zafarse y huir. Los secuestradores tenían preparada una «cárcel del pueblo» en una bajera de la ciudad para mantenerlo allí cautivo y pedir un rescate. En los famosos papeles de Susper, intervenidos por la Policía cuando Ibon Fernández de Iradi fue detenido en Francia, la víctima figuraba en un fichero como «moroso» de ETA porque no había accedido a pagar el impuesto revolucionario. El propio Jesús Guibert volvió a ser objeto de extorsión en 1992. ETA quería más dinero. Algunas cartas de amenaza llegaron a la portería de los jesuitas en el santuario de Loiola. Su hijo José María, que estaba a punto de volar a Estados Unidos para estudiar Teología en Berkeley, casi suspendió el viaje. Pero la familia aguantó firme y el futuro rector de Deusto partió para completar su formación en la universidad californiana de la Compañía de Jesús. Las misivas nunca dejaron de llegar. En la oleada de cartas de extorsión que ETA lanzó a partir del año 2000, también volvió a figurar Jesús Guibert como destinatario. Su mujer las guardaba, y en alguna ocasión se las enseñó a sus hijos.

El vía crucis de la familia Guibert no acabó ahí. Veinticinco años después del secuestro, el patriarca del clan fue requerido por la Audiencia Nacional en una operación del juez Baltasar Garzón contra las fuentes de financiación de ETA. Era julio de 2008. Su nombre había aparecido, algunos meses antes, en la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, en esos momentos jefe de la organización terrorista y detenido en Burdeos. Jesús Guibert no se sentía concernido en aquella operación porque, según su familia, no había vuelto a pagar un duro a la banda terrorista. Pero las fuerzas de seguridad le seguían la pista y lo mantenían vigilado. Tenía pinchado el teléfono. Los martes solía acudir con su cuñado Pedro a tomar las aguas al balneario de talasoterapia de Zestoa, pero aquella semana lo cambió al miércoles. A las nueve y media de la mañana salieron de su casa en Azpeitia (donde pasaba largas temporadas) y se toparon con un control de la Guardia Civil a la salida de la localidad. Estaban tranquilos. «No van a parar a dos pobres viejos», se dijeron. Guibert tenía setenta y ocho años en ese momento. Se equivocaron. El objetivo era él. Fue detenido y conducido al cuartel de Intxaurrondo, donde fue sometido a un largo interrogatorio. Mientras tanto, los agentes realizaron un registro en su domicilio de San Sebastián por orden del juez Garzón. Horas después, Guibert fue puesto en libertad. Falleció en 2014 a los ochenta y seis años, y su figura fue recordada como el prototipo del empresario vasco emprendedor. Numerosos jesuitas asistieron a su funeral, celebrado en la parroquia de San Sebastián de Soreasu, en Azpeitia, muy cerca del santuario de Loiola. Se trata de un templo de origen templario que alberga la pila en la que fue bautizado Íñigo de Loyola. También llama la atención la capilla de la Soledad, en la que destaca una pintura sobre el juicio final. Simbología hasta el último minuto.

ARRUPE, UN «PAPA NEGRO» CON ESCOLTA

El talante de los jesuitas siempre ha sido de diálogo y servicio. Enrique García Hernán, en su voluminoso libro Ignacio de Loyola, recoge que el duque de Nájera, en su disputa contra el rey Fernando, confió en el joven Íñigo tanto para la guerra como para la paz. Fue mediador suyo para pacificar pueblos enfrentados, e incluso actuó de mediador para tratar de salvar la fortaleza de Pamplona poco antes de producirse el asalto en el que resultaría herido, un episodio que cambió su vida y la de la Iglesia. Eso ocurrió en 1521, y Azpeitia, según los cronistas de la época, era de las villas más españolas y católicas. Muchos años después, en 1965, otro vasco, Pedro Arrupe, cogería las riendas de la Compañía de Jesús imprimiéndole un aire nuevo. El padre Arrupe, camino ya de los altares, era un decidido pacifista. Vivió la última expulsión de los jesuitas en 1932, decretada por Manuel Azaña durante la Segunda República, conoció el nazismo en Alemania, acompañó a los condenados del corredor de la muerte en Estados Unidos y sobrevivió a la explosión de la bomba atómica de Hiroshima en 1945. La «cuestión vasca» la vivió en Roma. El año en el que fue elegido general de la Orden (1965), ETA celebró su cuarta asamblea en la Casa de Ejercicios Espirituales de Loyola, en el complejo del santuario de los jesuitas, y la segunda parte de la sexta (la primera fue en la casa parroquial de Gaztelu), en la Casa de Ejercicios Espirituales de Getaria (Guipúzcoa), conocida como Villa San José, también de los jesuitas. La dictadura de Franco duraba ya treinta años, y los jóvenes de ETA se disponían a saltarse todas las líneas rojas.

Aunque Roma lo vivía desde lejos, de pronto, la onda expansiva llegó hasta allí. En 1970, la sociedad vasca se movilizaba ante la inminencia del juicio de Burgos, un proceso militar sumarísimo contra dieciséis miembros de ETA (entre ellos, dos sacerdotes), que podrían ser condenados a la pena de muerte y a elevadas penas de cárcel. El consejo de guerra se convirtió en una protesta antifranquista y tuvo una repercusión mediática internacional sin precedentes, en la que también participó la Iglesia vasca. Meses antes, una delegación compuesta por varias madres y hermanas de los presos juzgados se desplazó hasta Roma para hacer oír su voz en el Vaticano. Tenían la intención de ser recibidas por el papa Pablo VI para presentarle un informe con las torturas que habían sufrido los detenidos. Los familiares se pusieron en contacto con el sacerdote Juan Mari Arregi, implicado en el mismo sumario, aunque «en rebeldía», pues se había exiliado a Francia. Arregi fue portavoz de los curas que se encerraron en el seminario de Derio (Vizcaya) en noviembre de 1968, y en abril de 1969 ayudó a un miembro de ETA que resultó herido en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Formaba parte de la estructura de dirección de Anai Artea (junto con el sacerdote Piarres Larzabal), que acogía en la localidad francesa de San Juan de Luz a los refugiados vascos.

Arregi acompañó a la delegación a Roma y, pese a las gestiones previas que se hicieron desde ámbitos eclesiásticos, el pontífice declinó recibirlos para no enfrentarse con el Gobierno español. El sacerdote y un familiar fueron atendidos en la Secretaría de Estado por el cardenal Benelli, quien les aseguró que, aunque Pablo VI estaba muy ocupado, haría todo lo que estuviera en su mano. Accedió a recoger el informe sobre las torturas y les regaló unos rosarios bendecidos, que los familiares rechazaron. Tras el portazo del Vaticano, hicieron gestiones ante la Compañía de Jesús, dirigida por el vasco Arrupe. El general de los jesuitas los recibió en la curia general. Según el relato de Arregi, el responsable de la Orden más influyente de la Iglesia «saludó uno a uno a los familiares de los presos y los escuchó largamente». Luego recogió una copia del informe que dejaron en la Santa Sede y se comprometió a hacer lo que fuera posible antes de que se iniciara el proceso sumarísimo.

Con aquel gesto, Arrupe dejó en evidencia al Vaticano, pero, como era un hombre muy evangélico, muy justo y abierto, quiso recibir a sus paisanos. El papa negro (se los llamaba así por el color de su sotana, que contrastaba con el de la de los pontífices) no era nada partidista, ni tampoco nacionalista. Lo asegura Pedro Miguel Lamet, jesuita y autor de varios libros sobre la Compañía de Jesús y el prepósito general. El escritor señala: «Una vez le pregunté sobre el nacionalismo. Su postura era que amaba mucho a su tierra, pero en su pasaporte ponía “ciudadano del mundo”. Se sentía universal, era un vasco universal. Trabajó mucho en Japón, que era una provincia variadísima, con gente de todas las nacionalidades, y aquello le dio una visión muy amplia». Sí que tuvo contacto con personalidades nacionalistas. Por ejemplo, con Antón de Irala, que fue secretario general de la Presidencia con el lehendakari Aguirre y delegado del Gobierno vasco en Nueva York. En algunos ámbitos se lo vinculó con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Arrupe confesó a De Irala su preocupación por el hostigamiento que recibía por parte de Juan Pablo II. Lo hizo en Manila antes de coger el avión que lo llevaría a Roma, el vuelo en el que sufrió un derrame cerebral. En el musical Arrupe, nire isiltasun hau-Arrupe, mi silencio, creado por el cantautor vasco Gontzal Mendibil, la escena del Arrupe niño la encarna Jackes de Irala, nieto de Antón de Irala. Casualidades de la vida.

En Roma, la delegación de familiares de los procesados en Burgos celebró varias ruedas de prensa en las que denunció la posición del Vaticano. La Santa Sede emitió un comunicado oficial en el que aseguraba que no habían sido recibidos porque «habían pretendido reclamar del papa su apoyo a la independencia del pueblo vasco, algo en lo que la Iglesia no puede entrar». Ni Radio Vaticano ni L’Osservatore Romano quisieron recibir a Arregi para ofrecer su versión de los hechos. Tras dictarse las sentencias, con varias condenas a muerte, tanto Pablo VI como Pedro Arrupe pidieron clemencia al Gobierno de Franco. Varios meses antes, el general de los jesuitas ya había intercedido en favor de Iñaki Sarasketa, condenado a muerte en otro consejo de guerra por participar junto a Txabi Etxebarrieta en el asesinato del guardia civil Pardines, primera víctima mortal de ETA. En algún momento se destacó que Arrupe se negó a recibir en Roma a una delegación de líderes de ETA que buscaban su mediación, pero sus biógrafos carecen de datos de ese supuesto episodio. Lo que sí hizo Arrupe fue denunciar ante Franco, en una visita que realizó ese mismo año (1970), la existencia de torturas en el País Vasco. Aquel encuentro con el dictador le provocó numerosos problemas en el seno de la Compañía de Jesús, ya que algunos sectores lo consideraron un respaldo a Franco y al nacionalcatolicismo.

Aquella no era la primera visita al Vaticano de familiares de presos de la organización armada. En 1969, un grupo de madres había viajado a Roma para denunciar las torturas sufridas por sus hijos. Se hicieron gestiones a niveles eclesiásticos y diplomáticos para que Pablo VI las recibiera, pero, pese a que se cerró la entrevista, cuando llegaron a la capital italiana, se volvieron a encontrar con las puertas cerradas. En agosto de 1968, ETA había cruzado la línea y había asesinado al comisario Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, acusado de practicar torturas a los detenidos. El Vaticano tenía que andar con pies de plomo. Entre las mujeres que viajaron al Vaticano se encontraba Miren Basterrechea, madre de Andoni Arrizabalaga, miembro liberado de ETA que había sido torturado en varias ocasiones. Uno de sus hermanos, Josu, fraile de los benedictinos de Lazkao y que también sufrió malos tratos en otra ocasión, había dado fe de ello tras visitarlo en un acuartelamiento de Guipúzcoa. El relato de la madre a Telesforo de Monzón, exmiembro del Gobierno vasco y uno de los padrinos de los jóvenes etarras, inspiró la famosa canción Itziarren semea (en euskera, «el hijo de Icíar»), que se convirtió en un icono contra la tortura. Andoni Arrizabalaga fue amnistiado y murió a los cuarenta y dos años, cuando escalaba en la vertiente francesa del Mont Blanc.

El mismo Arrupe sufrió en su propia carne la amenaza del terrorismo. En junio de 1978, a su regreso de un viaje, se encontró en el aeropuerto de Roma con una docena de policías que lo escoltaron con tres coches hasta su residencia. Su nombre había aparecido en una lista del comando de las Brigadas Rojas, que habían asesinado a Aldo Moro, líder de la democracia cristiana y amigo de Pablo VI. Los servicios antiterroristas temían que al «número uno» de los jesuitas pudieran secuestrarlo, en una acción que tendría una resonancia internacional. «Si me raptan, no den más de diez liras por mi rescate», contestó Arrupe, según contaría luego Gianni La Bella, una de las personas que mejor lo han conocido. El líder religioso contó con protección durante un tiempo. En enero de 1979 viajó a Puebla para participar en la Tercera Conferencia General del Episcopado de América Latina. De la curia general, en el Borgo del Santo Espíritu, salió hacia el aeropuerto Leonardo da Vinci con una escolta fuertemente armada. En México, tres guardaespaldas de paisano no se apartaron de su sombra mientras estuvo en el país azteca, desde que aterrizó hasta que despegó, minutos después de pedirle que les enviara un crucifijo bendecido por él mismo.

EL CLAMOROSO SILENCIO DE LOS JESUITAS

Los años ochenta fueron especialmente duros en Euskadi, con numerosos atentados de ETA. La jerarquía vasca de la Compañía de Jesús se mantuvo de perfil e intentó guardar un frágil equilibrio mientras el músculo moral de la sociedad vasca se gangrenaba. Con ocasión de un congreso internacional de teología en la Universidad de Deusto, se intentó realizar un pronunciamiento oficial sobre la situación de violencia en el país, pero el Consejo de Dirección de la facultad se negó a cualquier tipo de manifestación, pese a que personas cualificadas de la institución lo apoyaban. Cuando, en 1989, un comando ultraderechista asesinó en Madrid a Muguruza, diputado de HB, en el tiroteo resultó herido Iñaki Esnaola, cuya mujer era profesora en San Sebastián. En el Consejo Académico se planteó realizar una declaración, pero tampoco se hizo nada. Había una fractura ideológica que empujaba a un silencio clamoroso. «Mejor no meterse en líos» era la consigna. Un alto directivo de la institución académica se justifica: «En aquellos tiempos era muy difícil mantenerse independiente. Te pedían pronunciamientos desde ambas partes, y hacer algo propio era una labor imposible. Estaba todo muy polarizado, y en las familias también había división». La indiferencia social era tremenda, por lo que las víctimas sufrían en silencio. Ese era el gran problema.

La propia Compañía de Jesús era un reflejo de la sociedad vasca, donde convivían distintas sensibilidades y descollaban figuras destacadas con pasados diametralmente opuestos. Cuando el joven Arrupe llegó al noviciado de Loiola, en 1927, la casa ya generaba recelos por la actividad de profesores que «propendint ad regionalismun vascum» («se inclinan hacia el regionalismo vasco»). Aquel espíritu regionalista no gustaba a algunos jerarcas, si bien se admitía el uso del euskera tanto en las aulas como en los oficios de la basílica. Hasta el mismísimo general Primo de Rivera, que prohibió la enseñanza del catecismo en lengua vasca, realizó una visita relámpago al santuario. La prevención de la jerarquía hacia el clero vasco y las órdenes religiosas venía de atrás. El obispo de Vitoria, José Cadena y Eleta, apoyó la prohibición de poner nombres de la fonética vasca a los niños bautizados y publicó una pastoral en la que afirmaba que la doctrina nacionalista «entenebrecía las inteligencias» y «corrompía los corazones de la juventud». Cuando el rey Alfonso XIII inauguró el ferrocarril del Urola, que pasaba por la católica Azpeitia, el nuevo obispo de Vitoria, el agustino Fray Zacarías Martínez, aseguró que bendecía la línea férrea para que cruzaran por ella «las buenas ideas de paz, de trabajo y de españolismo», y para que no la cruzaran nunca «las criminales ideas del separatismo». La actuación de la jerarquía era apoyada por el Vaticano. En tiempos del nuncio Francesco Ragonesi (1913-1921), la Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seculares difundió una circular en la que se ordenaba a los superiores que vigilaran a los religiosos «de ideas nacionalistas».

«Somos muy diversos, personas con distintas ideologías», explica un formador de los jesuitas con mando, requerido cuando se escribía este libro. «Cercanos a la izquierda abertzale son algunos, pero defensores de la violencia terrorista, ninguno», zanja categórico. Es verdad que alumnos de Deusto estuvieron en el origen del movimiento pacifista Gesto por la Paz, pero la dirección académica no se pronunciaba. Había una decisión compartida de no pronunciarse de manera pública. No había comunicados. Incluso había un pacto de no tocar estos temas en las reuniones. Cada vez que se trataban, se generaba mucha tensión, ya que existían posiciones contrapuestas. Los jesuitas evitaban definirse. Compartían aquella cultura del silencio que envolvía, como una niebla, a una parte importante de la sociedad vasca. Nadie reaccionaba. «Ni contra la violencia terrorista ni contra la tortura», matiza el directivo de la curia, que admite que fueron incapaces de articular un discurso institucional.

Aunque había algunos jesuitas en los movimientos pacifistas o en colectivos de víctimas, era solo a título personal. Había también profesores que denunciaban de manera pública el totalitarismo de ETA, como el teólogo Rafael Aguirre o el sociólogo Javier Elzo, pero otros muchos callaban. Los jesuitas tenían bajas en ambas trincheras. Algunos de ellos, como Fernando García de Cortázar, Alfredo Tamayo o Antonio Beristain, eran perseguidos por defender a las víctimas del terrorismo y denunciar lo que consideraban una complicidad del nacionalismo y de la propia Iglesia vasca. Ese era un discurso que no podía comprar la Compañía de Jesús, en sintonía con la jerarquía y cercana al nacionalismo gobernante. Por otro lado, el jesuita Txema Auzmendi fue detenido en la operación contra el diario Euskaldunon Egunkaria (publicado íntegramente en euskera), al que encuadraban en la constelación ETA. La curia realizó un seguimiento del caso y el propio provincial de Loiola, Juan Mari Arregi, participó en la concentración de protesta contra las detenciones. La comunidad jesuita sí que sacó en aquella ocasión un comunicado oficial en defensa de Auzmendi, quien denunció humillaciones en las dependencias de la Guardia Civil que «ni los animales deberían sufrir». Jesús María Guibert, como vicerrector del campus de Guipúzcoa, estuvo en la presentación de ¡Basta Ya!, el movimiento cívico contra ETA. Los jesuitas trataban de estar en uno y otro lado, pero sin ruido. Con sordina. Los atentados de ETA seguían rozando a la institución, porque algunos de los asesinados eran padres de alumnos (desde Santiago Brouard, líder de HB, hasta Fernando Buesa, líder del PSE), o porque los atentados de la organización impactaban directamente en sus profesores, como el ataque de unos pistoleros contra José Ramón Recalde, exconsejero de Educación, Universidades e Investigación y de Justicia en el Gobierno vasco, o Ernest Lluch, docente muy vinculado al campus guipuzcoano. Ya había comunicados oficiales y homenajes institucionales. El 7 de noviembre de 2001, el asesinato de José María Lidón, catedrático de Derecho Penal y magistrado en activo, causó una gran conmoción y marcó un punto de inflexión.

El Aula de Ética (el actual Centro de Ética Aplicada), liderada por Xabier Etxeberria Mauleon, multiplicó su actividad en favor de una cultura de la paz y en defensa de los derechos humanos, y representantes de la Universidad de Deusto se personaron en muchos de los actos de homenaje a las víctimas, al compás de la propia sociedad, que comenzaba a visibilizar de manera pública su apoyo a los afectados por aquella violencia de persecución. La posición de los jesuitas evolucionó a la luz de los acontecimientos. La comunidad de los jesuitas organizó jornadas y asistió a foros en los que se abogaba por una ética de la paz y por buscar una salida negociada al conflicto. Se trataba de iniciativas auspiciadas por los movimientos Elkarri y Lokarri, en los que militaban muchos cristianos, o Baketik (inspirado por los franciscanos), y de encuentros a los que se invitaba a figuras como el obispo monseñor Uriarte o el reverendo Alec Reid, pieza clave en el proceso de paz irlandés y el desarme del IRA. También se invitaba a víctimas a participar en las aulas o se apoyaban investigaciones sobre la reconciliación.

Curiosamente, el impulso vino también de la mano de la película documental La pelota vasca: la piel contra la piedra, del cineasta Julio Medem, que se estrenó a finales de 2003. En aquel trabajo participaron más de ochenta personas entre intelectuales, políticos de todos los colores (salvo el PP, que se negó), víctimas de ETA y de torturas y familiares de presos, y el mensaje que se desprendía era que había que hablar para solucionar un conflicto en el que confluían dolores de todo tipo. La producción fue muy controvertida y algunas asociaciones de víctimas acusaron al realizador navarro de equidistancia y de equiparar a víctimas y verdugos. El documental, sin embargo, hizo reflexionar a la comunidad jesuita. «Hay que meterse en esto y ayudar a buscar una salida propiciando la reconciliación». Algunos eclesiásticos cualificados habían trabajado en barrios muy violentos y sectarios de Belfast donde los jesuitas trabajan por acercar a las dos partes enfrentadas, católicos y protestantes, lo que los animó a seguir en proyectos plurales, ampliando el abanico. «Irlanda nos dio luz», reconoce un directivo de la Orden.

En 2007, pocos meses después de que ETA hiciese saltar su enésima tregua con el atentado contra la terminal T4 de Barajas, la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco puso en marcha la iniciativa Gleencree, encaminada a reunir a damnificados por ETA, los GAL o los excesos policiales. Se denominó así por el nombre del lugar en el que se juntó el primer grupo, un centro que surgió del conflicto irlandés e impulsado por la Iglesia. Uno de los coordinadores de esta experiencia, que acercó el dolor de veintisiete víctimas de manera secreta durante cinco años, fue Galo Bilbao. El profesor de Deusto es el actual responsable de la comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao. Aunque Gleencree no representaba a la institución, la experiencia se presentó, a toro pasado, en Deusto. La infraestructura de la Compañía de Jesús siempre estaba disponible. Galo Bilbao también fue ponente en el taller de convivencia que tuvo lugar en la prisión alavesa de Nanclares de la Oca entre octubre y noviembre de 2011. Aquel era uno de los programas que surgieron en el seno de la denominada vía Nanclares para la reinserción de presos. La otra iniciativa fueron los encuentros restaurativos individuales entre exmiembros de ETA y víctimas o familiares. Se celebraron catorce, entre 2011 y 2012. Entre los coordinadores se encontraban el abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto Xabier Etxebarria Zarrabeitia, y José Luis Segovia y Juan Carlos Ríos, profesores de las universidades pontificias de Salamanca y Comillas, respectivamente. El paraguas de la Iglesia.

CONVERSACIONES SECRETAS EN EL «PEQUEÑO VATICANO»

La pregunta de «¿Qué podemos hacer los jesuitas por la reconciliación?» siempre estaba sobre la mesa de la comunidad religiosa vasca, pero en todos los estamentos de la Compañía de Jesús se evitaba mojarse en la cuestión para evitar tensiones y conflictos. Lo ha reconocido la propia dirección en sus informes periódicos a la curia general. En ellos también admitía que no han existido actuaciones planificadas, organizadas o sistémicas, sino que se ha tratado de una suma de iniciativas personales. Y se reiteraba la afirmación progresiva de un posicionamiento de mediación. El ejemplo más conocido de esa posición fueron las conversaciones de Loiola.

Corría el año 2006. Tras las negociaciones entre el Gobierno y ETA en Ginebra y Oslo, la organización terrorista había declarado una tregua en marzo. Hombres de Iglesia se habían esforzado también para que aquel alto el fuego fuera el definitivo. Había muchas esperanzas, pero el proceso pinchó y sonaron todas las alarmas. Había que apagar el incendio. En un intento de impedir que las armas volvieran a la carga, el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE), el PNV y Batasuna coincidieron en que había que reunirse para hablar largo y tendido de la situación. El objetivo era lograr un acuerdo político, ya que el proceso de negociación entre ETA y el Gobierno no había llegado a arrancar. Había que buscar un sitio discreto para que los encuentros no se pudieran filtrar a los medios de comunicación y que, sobre todo, fuera opaco para los servicios de inteligencia. Enseguida se pensó en un lugar relacionado con la Iglesia, en un espacio que animara a la reconciliación de las partes enfrentadas. Primero se pensó en Oñati, en el santuario guipuzcoano de Arantzazu, de los franciscanos. También en el santuario de Estíbaliz, en Álava, y en el monasterio de Cenarruza-Puebla de Bolívar (Ziortza-Bolibar). En este último, un priorato de la Orden del Císter, se formaba como monje Isaac Totorika, hermano de Carlos Totorika, el alcalde que simbolizó el Espíritu de Ermua tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Al final se decidió que el lugar de encuentro fuera el santuario de Loiola, con los jesuitas. «La Iglesia estaba por todas partes», recuerda Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE. A todos les pareció bien. Rufi Etxeberria, líder de Sortu y figura histórica de la izquierda abertzale, certifica: «La Iglesia vasca y Roma siempre han estado ahí. Siempre nos han ayudado dando apoyo y actuando como facilitadores». Todos sabían que la Iglesia no se la iba a jugar.

Se hicieron las primeras gestiones. Eguiguren conoció entonces al jesuita Juan José Etxeberria Sagastume, que en 2008 sería nombrado provincial, ya que la Diputación Foral de Guipúzcoa había concedido a la Compañía de Jesús algunas subvenciones para adecentar el complejo religioso de Azpeitia. «Metimos mucho dinero», asegura. La conexión venía de la mano del alcalde de Zumarraga, Antton Arbulu, un histórico socialista amante de la biografía de san Ignacio de Loyola. Arbulu, que fue diputado foral, había dado un gran empujón al archivo y la biblioteca del santuario. Josu Jon Imaz, presidente del PNV en aquella época, también tiene muy buena relación con los jesuitas. Y con el obispo Juan María Uriarte. «Cuando los políticos necesitamos un lugar de confianza, siempre tenemos que echar mano de un convento», confiesa uno de los representantes de los partidos, nada creyente, al padre provincial. Juan Miguel Arregui, que fue a quien llegó la petición directa, es un jesuita discreto con un largo recorrido. Ahora es el rector del santuario, tras una larga estancia en Cuba como superior. Lo hablaron en el «núcleo duro» de la comunidad. Arregui reflexiona: «Para los cristianos es complicado, ya que a Jesús lo mataron. Nosotros podemos fallar, pero conscientemente se intenta la mediación como un camino bueno para todos en busca del bien común. Se puede leer esta postura como equidistante y ambigua, pero la tarea permanente de la Iglesia ha sido trabajar por una convivencia buena y amistosa para todos. No de venganza, ni de odio, ni de ajuste de cuentas». Luego añade: «En aquellos momentos no era fácil tomar una decisión. Las partes estaban bloqueadas y las ideologías no permitían un recorrido por intereses políticos. Veíamos que debíamos llegar a la siguiente generación con el trabajo hecho, procesando un poco el inconsciente herido».

El mandato cristiano lo tenían claro, pero les preocupaba la lectura política de su decisión en una sociedad tan polarizada. Años después, el entonces provincial de la Orden en el País Vasco valora:

Lo pensamos mucho. Algunos no lo veían. «Se va a saber y nos van a dar palos por todas partes», temían. Llegamos a la conclusión de que el intento de diálogo iba en serio. Se trataba de dar un paso adelante para parar la violencia y abrir un camino de paz. Además, recordamos que el propio Benedicto XVI había alentado en una audiencia pública el trabajo que se estaba haciendo en Euskadi en favor de la pacificación. Los políticos habían llamado a las puertas de los jesuitas y no se las podíamos cerrar.

Pusieron la infraestructura, pero su implicación también fue muy significativa. Consultaron la petición con el obispo de San Sebastián (Loiola se ubica en terreno guipuzcoano) y con la curia general de la Orden, entonces bajo el mando del holandés Peter Hans Kolvenbach. También se comunicó al Vaticano a través de la Secretaría de Estado. En los momentos previos a la cumbre de Loiola, el «número dos» de la Santa Sede era el poderoso Angelo Sodano, pero, cinco días antes del inicio de las conversaciones, el papa anunció su relevo con el nombramiento del salesiano Tarcisio Bertone. El cambio no alteró la situación. Kolvenbach dio luz verde. La situación era crítica, y la Compañía estaba dispuesta a colaborar en la consecución de la paz. Tendrían toda la cobertura que fuera necesaria. Todas las instancias consultadas dejaron claro que ellas no querían aparecer y que la iniciativa se debía llevar a cabo en secreto.

Una vez que contaban con el plácet de sus superiores, los jesuitas vascos buscaron un lugar espacioso y discreto. Se decidió que las reuniones tuvieran lugar en el Centro Arrupe, una antigua hospedería, hoy convertida en un sencillo y confortable hotelito. Lleva el apellido del antiguo general de los jesuitas, toda una marca que abre muchas puertas. Se trata de un edificio de mármol y madera ubicado en la explanada del santuario, en su límite sur. Conecta con una carretera que asciende hacia la Casa de Ejercicios Espirituales (Gogarte Etxea) y el caserío donde nació el hermano Gárate, portero de la Universidad de Deusto y actualmente declarado venerable en su camino hacia la santidad. La hospedería forma parte de la ruta de los tres templos, un GR120 que enlaza con el santuario de Arantzazu (53 kilómetros) y de la Virgen de la Antigua (20 kilómetros). Un enclave bucólico y apacible junto a la antigua línea de ferrocarril del Urola, una vía muerta, como la hoja de ruta acordada en Noruega y Suecia, que nunca se convirtió en un verdadero proceso de negociación.

En verdad, aquel escenario evocaba a las grandes postales de la Roma católica. La basílica había sido concebida por Carlo Fontana como un «pequeño Vaticano» cuando fue inaugurada en 1738, en honor a san Ignacio y al lado de la casa-torre donde nació. A la izquierda, tras los recios muros del edificio que alberga a la comunidad jesuita, en el pasillo de la planta baja destaca un imponente cuadro del santo, que da la espalda a los salones del Centro Arrupe donde se celebraron las conversaciones tripartitas, como si no quisiera ser testigo de unos encuentros con tan alto voltaje político. Podía estar tranquilo. Sus herederos, la cúpula jesuita, ya habían dejado claro que solo ponían el local, que ya era mucho, pero que no participarían ni como moderadores ni como valedores de un diálogo que correspondía a los representantes de la sociedad vasca, aunque allí no estuvieran todas las siglas. No obstante, cuando se producían momentos de atasco y tensión, los jesuitas sí se mostraban dispuestos a escuchar y acompañar.

Además, aquel era un espacio laico que desacralizaba cualquier suspicacia de los amantes de la neutralidad. Los jesuitas, fieles a su reputación, lo prepararon todo muy bien y de manera discreta. Habilitaron el ala oeste del Centro Arrupe para los líderes políticos, quienes, de cara a la administración del santuario, serían profesores de la Universidad de Deusto; una tapadera para despistar y evitar curiosos. Esa zona estaba cegada para el resto de los usuarios del establecimiento. Se trataba de un gran salón con una mesa amplia, un espacio de descanso para tomar café o infusiones, un comedor y un par de estancias menores para negociaciones privadas. No había elementos religiosos, salvo una Virgen en el jardín trasero, que se podía contemplar si uno se asomaba a la ventana. Además, se podía entrar por un lateral luego de dejar los vehículos en un aparcamiento cerrado. Todo muy discreto. Un par de monjas se ocuparían del avituallamiento de los huéspedes, que comían sin salir del recinto. Arnaldo Otegi elogiaría después la calidad humana y culinaria de las hermanas, con las que coincidió Josu Jon Imaz en diciembre de 2008 en la manifestación de repulsa contra el asesinato del industrial Ignacio Uría, abatido por los pistoleros de ETA a muy pocos metros del santuario.

El 20 de septiembre de 2006 comenzaron de manera oficial y solemne las conversaciones. Con exageradas precauciones por si estaban siendo seguidos por los servicios de inteligencia, los representantes de los partidos fueron llegando al Centro Arrupe. Iñigo Urkullu y Josu Jon Imaz, por el PNV; Rodolfo Ares y Jesús Eguiguren, por el PSE-EE, y Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria, por Batasuna. En el recinto de los jesuitas los esperaba su anfitrión, Juan Miguel Arregui, en compañía de Juan María Uriarte, obispo de San Sebastián, que también había participado en las gestiones previas. La presencia de los líderes políticos la conocía, además, José María Etxeberria, rector del santuario. El ambiente era de «buen rollo» y el escenario, muy apropiado. En ese entorno se han realizado miles de ejercicios espirituales en los que el «discernimiento» arrastra una tradición muy enraizada. Se trata de un concepto muy aconsejable para aquellos que se enfrentan a decisiones complejas. El lenguaje común lo reconoce como «la habilidad de juzgar sabiamente y ser capaz de escoger de manera cuidadosa entre muchas opciones». El espíritu ignaciano flotaba en el ambiente. En el caso de Eguiguren, él estaba encantado. El dirigente socialista es un experto en la vida de san Ignacio. No por creencias religiosas, sino porque le interesaba el personaje. Ha devorado muchos libros sobre el fundador de la Compañía de Jesús. «Me lo he currado», presume.

La cosa empezó bien y se avanzó mucho. El objetivo era la paz, pero se hablaba de política. Aunque hubo algunos momentos de tensión, todos se superaron. Los jesuitas, como anfitriones, vivían aquello a diario. Su misión era acompañarlos y, más allá de la logística, sostener el diálogo para que nadie se levantara de la mesa. Para el 10 de octubre, el debate estaba ya muy encarrilado. El clima era de euforia. Los representantes de los partidos quedaron en consultar con sus respectivas ejecutivas para acelerar el proceso. La información que tenían los jesuitas era que el acuerdo parecía posible. Era tal el convencimiento que alguien dijo que había que poner a enfriar el champán. Hasta que un día, finalmente, los debatientes anunciaron a los religiosos: «Ya hay acuerdo». En efecto, el 31 de octubre hubo fumata bianca en el cónclave del Centro Arrupe, con un preacuerdo en el que se acotaban las nuevas coordenadas políticas de Euskadi en un escenario en el que sobraba ETA. Solo faltaba que las direcciones de los partidos dieran su visto bueno al texto. Otegi quiso abrir las botellas de champán que habían metido los jesuitas en la nevera, pero Eguiguren fue más prudente. «No las abramos —dijo—, vamos a esperar el respaldo de la dirección». Y allí se acabó todo, según recuerda doce años después el líder socialista.

El jesuita Juan Miguel Arregui viajó a Roma para conseguir que el Vaticano fuera testigo y fedatario de la firma. La idea era que una alta autoridad de Roma viajara en secreto hasta Azpeitia para asistir al momento solemne del acuerdo. El provincial habló con el cardenal Roger Etchegaray, pero el purpurado vascofrancés, como en otras ocasiones, no quiso implicar a la Santa Sede en un asunto interno de España. El cardenal había visitado Loiola apenas un mes antes con motivo de los actos del cuatrocientos cincuenta aniversario de la muerte de san Ignacio, y allí había presidido una misa en el santuario acompañado por el obispo de la diócesis, Juan María Uriarte; el obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez; el obispo de Baiona, Pierre Molères, y el propio Juan Miguel Arregui. Durante su homilía, Etchegaray se refirió a la difícil situación por la que atravesaba el País Vasco y a las señales que anunciaban un posible regreso de ETA a las armas. Lo dijo en euskera. «¿Cómo no rezar hoy a Ignacio de Loyola? Da luz y afecto a quienes necesitan abrirse camino hacia la paz en esta tierra. Porque tenemos la esperanza de que las armas sean silenciadas para siempre. Rezad también a Ignacio en el deseo de una paz sin retorno». El cardenal respaldó a la Iglesia local en ese camino y recordó las palabras del papa Benedicto XVI, que en abril había apoyado de manera pública «los esfuerzos» que se estaban realizando en Euskadi. Pero Etchegaray no quiso comprometer al Vaticano. Sin embargo, el prepósito general de los jesuitas, el padre Kolvenbach, sí accedió a ser notario del acuerdo. Los representantes del PNV, PSE y Batasuna estamparían su firma en el documento en presencia del «número uno» de los jesuitas, y la única copia se depositaría en suelo vaticano. Pero las cosas se torcieron.

Los días de viento sur desaparecieron, y noviembre trajo nuevos aires. El ambiente se tornó más frío. El día 8 se vivieron momentos críticos. De la sala de las conversaciones provenían muchos gritos. El provincial y el rector del santuario se alarmaron. Intentaron animarlos y persuadirlos para que siguieran hablando. La delegación de la izquierda abertzale quería introducir cambios en un texto que ya había sido pactado sobre un «nuevo estatus». Aquella era un trágala que socialistas y jeltzales no podían aceptar. Se sintieron engañados. Una semana después, el 15 de noviembre, se rompieron las negociaciones. Para los del PNV, estaba claro que el consenso se había fracturado muy lejos de Azpeitia y que se trataba de una imposición de ETA. Los socialistas coincidían en el diagnóstico. Sobre la posición de la organización armada, Jesús Eguiguren interpreta: «ETA no le dio ningún valor al pacto. Pero ¿quiénes son estos para llegar a acuerdos? Aquí mandamos nosotros». Para Batasuna, aquel texto «dejaba la puerta abierta para llegar a acuerdos, pero no resolvía los nudos del conflicto: la articulación territorial y el derecho a decidir».

Los jesuitas aseguran que, pese a la ruptura de las conversaciones y la espantada de Batasuna, se mantuvieron los contactos en secreto hasta que ETA puso la bomba en la terminal madrileña de la T4, atentado en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos. La Compañía de Jesús no fue ajena a aquellos esfuerzos agónicos. Ocurrió el día 30 de diciembre. «Cuando vi la cara desencajada de Otegi, pensé: “Se acabó todo”», evoca Arregui. En cualquier caso, se muestra convencido de que lo conseguido con las conversaciones de Loiola fue muy importante, porque después ha valido para los procesos siguientes: «Se habló de muchas cosas y ya no se partía de cero. Loyola dio sus frutos». Lo cierto es que habría sido un espaldarazo para los esfuerzos de la Iglesia vasca en favor de la paz. ¡Un acuerdo en Loiola, en el epicentro de la catolicidad de Euskadi! Pero no pudo ser.

El champán sí se pudo descorchar en enero de 2011, cuando ETA anunció un alto el fuego «permanente, general y verificable», y, sobre todo, en octubre del mismo año, cuando la organización terrorista dejó claro el abandono definitivo de las armas. Los jesuitas, reacios a los comunicados públicos, saludaron aquella decisión y se unieron a la «alegría general» mediante una carta del provincial de Loiola, Juan José Etxeberria Sagastume, en la que animaba a los miembros de la Orden a comprometerse aún más en el diálogo y el entendimiento necesario que, decía, anhelaban. El vicerrector de Deusto se refería también al reto que tenían por delante con la cuestión de «las identidades culturales o las sensibilidades nacionales», con lo que ello implicaba para la configuración de «nuestra sociedad y del conjunto del Estado español». Aquel párrafo, con un lenguaje del gusto nacionalista, no agradó en algunos sectores (incluidos los eclesiales) porque venía a recordar que la normalidad política seguía pendiente pese al cese definitivo de la violencia. A la hora de situarse frente al sentimiento de pertenencia, los jesuitas siempre han sido muy celosos de su identidad. Lo pasaron mal cuando la Compañía de Jesús decidió integrar la provincia de Loiola en una única provincia de España por razones logísticas. Había miedo a que se diluyera su identidad. La organización territorial se decantó finalmente a favor de catalanes y vascos, que conservaron sus peculiaridades como plataformas apostólicas diferenciadas, en el caso de Loiola, con sedes en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona.

Esa tensión ideológica ha seguido presente en el seno de la comunidad jesuita y en sus instituciones. Un ejemplo de ello ha sido el retraso en inaugurar la plaza de la Memoria en el campus bilbaíno de la Universidad de Deusto para recordar a todas las víctimas de los derechos humanos. Finalmente, la inauguración tuvo lugar el 27 de marzo de 2014, aunque la idea arrancaba de varios años atrás. Se tuvo que aplazar porque no había consenso a la hora de plantear ese espacio, en el que algunos solo veían a las víctimas de ETA y otros, a los afectados por «todas las violencias», incluidas las torturas. Tocar el tema de la memoria y de los derechos humanos era tocar heridas muy dolorosas. El proyecto generó mucha tensión, y fue muy difícil conciliar a los sectores que seguían en las trincheras.

HACIA LA RECONCILIACIÓN POR DECRETO

A las puertas de esa primavera de 2014, los jesuitas del País Vasco ya sabían que el asunto de la reconciliación emergía como uno de los temas estrella en la hoja de ruta de la Compañía de Jesús. En la XXXV Congregación General, celebrada en 2008, ya había aflorado como una de las manifestaciones del compromiso con la justicia. Aunque se tratara de una reconciliación de Dios con la humanidad, la justicia también tenía que ver con los aspectos culturales. En el proyecto Loiola, la búsqueda de la paz siempre ha estado formulada como una prioridad, pero fue en ese momento cuando la dirección de la Compañía de Jesús la convirtió en decreto para aquellos jesuitas que trabajaban en zonas de guerra y conflicto. Los vascos se sentían muy concernidos. En enero de 2014, el padre general, el español Adolfo Nicolás, sondeó a todas las provincias jesuitas sobre el tema de la reconciliación. Lo hizo a través de lo que se conoce como «cartas ex officio», en las que cada año se plantean unas preguntas sobre las cuestiones que el «número uno» de la Orden propone. En el País Vasco se preparan tres informes de respuesta, en los que participan la comunidad y sus instituciones, entre ellas, la Universidad de Deusto, con los miembros de su Consejo de Dirección y los del Consejo de Gobierno. En la carta a su «jefe», José María Guibert admitía que era tiempo de pasar del humus desde el que se habían fomentado iniciativas personales a una respuesta más institucional sobre la reconciliación, y prevenía de que en el conflicto sobre la cuestión vasca ya había falta de acuerdo en su misma denominación.

En el informe, de ocho folios, se recogía que en los últimos años había sido la violencia de ETA la más destacable, aunque se matizaba que había otros problemas, y se incluía a los presos víctimas de torturas en la lista de personas que habían sufrido terrorismo de otro color político. «Hay que buscar el perdón por parte de las víctimas y el reconocimiento del daño causado», se proponía en el texto. Sobre este último aspecto, la Universidad de Deusto estuvo a punto de convertirse en el escenario del reconocimiento del daño causado por parte de la izquierda abertzale y de presos de la organización armada. Se trató de una iniciativa que movió Eusko Alkartasuna, la formación nacionalista coaligada con EH Bildu. Se buscaba un espacio simbólico y con credibilidad, y se pensaba en un acto muy solemne que tuviera una repercusión mediática de alcance internacional. Se habló con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, exobispo de Bilbao, y con la curia general en Roma. «Si vale como símbolo, adelante», fue la contestación. También se notificó al lehendakari. Sin embargo, finalmente aquello no se produjo. EH Bildu no estaba todavía madura para dar aquel paso.

Fue en septiembre cuando el general de la Orden, Adolfo Nicolás, contestó a las provincias para señalarles que era necesario construir puentes entre las partes enfrentadas, aunque los procesos fueran largos y los frutos, tardíos. También les advirtió de que había que evitar la lejanía intelectual y mantener el contacto estrecho con las personas que sufrían. Investigación, sí, pero también acción. Sus indicaciones eran un adelanto de la que sería la XXXVI Congregación General, que tendría lugar en Roma a finales de 2016, en su sede central, a muy pocos pasos del Vaticano. La reconciliación sería el tema sobre el que alumbrarían los focos. De hecho, el decreto número uno, que se convertiría en ley para la Compañía de Jesús, llevaría el título «Compañeros en una misión de reconciliación y justicia». El documento se refería a distintas formas de sufrimiento, como los refugiados y migrantes, los pobres y marginados por la desigualdad, y las víctimas del fundamentalismo de los conflictos étnicos, religiosos y políticos. En el preámbulo se hablaba de lugares como Siria e Irak o de los Grandes Lagos, pero también de Colombia, donde tenía lugar un proceso de pacificación tras el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla. Esta es la misión que tienen hoy los jesuitas, quienes también en el País Vasco se sienten agentes de la reconciliación de una sociedad todavía fracturada con pulsiones sectarias.

Sin la violencia de ETA de por medio, los jesuitas hacen caso a su antiguo general (ahora, el prepósito es el venezolano Arturo Sosa) y se despegan de la intervención intelectual. Durante años han realizado foros y encuentros con debates muy teóricos. Seguían el «evangelio» de Robert J. Schreiter, misionero de la Congregación de la Preciosísima Sangre y profesor de Teología en Chicago, toda una referencia en el ámbito de la reconciliación. Complementaban esta visión desde la espiritualidad con los trabajos de los sociólogos Johan Galtung (noruego) y John Paul Lederach (norteamericano). El primero, fundador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, es un pionero en los estudios sobre la paz y un mediador reconocido, muy crítico con el Gobierno español por su metodología con respecto al terrorismo vasco. Galtung, que se ha curtido en la observación de los comportamientos humanos enfrentados (ha mediado en unos doscientos conflictos), siempre ha mantenido que «solo comprendiendo de verdad lo que quiere el enemigo se puede comenzar a solucionar un conflicto». Lederach también es un estudioso de la regulación de los conflictos sociales, y sus libros han guiado a decenas de educadores.

Las iniciativas por la convivencia se quedaban cortas. La presencia de víctimas en esos foros era testimonial. Quizás porque aquel era un momento en el que había una manipulación política del dolor y algunos afectados por el terrorismo se habían organizado en asociaciones y denunciaban las posturas de determinados partidos. También lo que consideraban «una indiferencia de la Iglesia».

Por eso era importante una revisión crítica del pasado en la propia institución. Los jesuitas del País Vasco, antes de pasar a reconocer los procesos de victimización que se dan en la actualidad, llevaban meses realizando una severa autocrítica sobre su actuación con respecto a las víctimas del terrorismo. «¿Cuál ha sido nuestra respuesta ante el problema de la violencia?», se preguntaban. En el informe preliminar para justificar esta iniciativa, la dirección de los jesuitas ya explicaba por qué se trataba de una memoria institucional solo sobre la violencia terrorista:

Porque ha resultado especialmente significativa entre nosotros en los últimos cincuenta años y todos nos hemos visto muy afectados por ella; porque, a pesar de esto, no se ha abordado su realidad hasta muy recientemente; porque abordarla significa, de hecho, un modo parcial pero valioso de hacerles justicia [a las víctimas]; porque la desaparición de este tipo de violencia en nuestro contexto mejora significativamente las condiciones de abordaje de la cuestión.

LOIOLA, SANTUARIO DE LA PAZ

La plasmación de esta mirada crítica sobre el pasado en un informe serio y riguroso, en el que se elaboró un relato común a partir de fragmentos de memoria particular, discurrió de forma paralela a una iniciativa novedosa que tuvo como escenario el santuario de Loiola: las Escuelas de Perdón y Reconciliación. Esta propuesta, surgida en Colombia —y hoy extendida ya a veintidós países de todo el mundo, aunque la mayoría de ellos estén en América—, tenía como objetivo ayudar a personas y comunidades que hubieran sufrido o protagonizado violencias y vulneraciones de los derechos humanos. La experiencia arrancó en 2002 en 59 barrios de las zonas más violentas y conflictivas de Bogotá, y fue impulsada por el sacerdote Leonel Narváez Gómez, que entre 1999 y 2001 facilitó los diálogos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros. El religioso de los Misioneros de la Consolata había aplicado el método de la educación liberadora de Paulo Freire, una pedagogía del oprimido que tuvo mucho eco en los años sesenta en el Tercer Mundo, y luego había completado su formación en la Universidad de Harvard con el apoyo del episcopado latinoamericano.

En Perú también han funcionado muy bien las Escuelas de Perdón y Reconciliación, destinadas a sanar las heridas producidas por el grupo terrorista Sendero Luminoso y los excesos de las Fuerzas Armadas. El expresidente Fujimori combatió al grupo maoísta de extrema izquierda vulnerando los derechos humanos en una batalla sin cuartel que dejó cerca de setenta mil muertos en veinte años. Expresos de la organización han pedido perdón por el daño causado, pero el brazo político del grupo terrorista defiende su pasado. «En política solo hay autocrítica: no hay perdón», sostienen, mientras que la mayoría de la población defiende que el país necesita cerrar heridas y aboga por desterrar el odio y la venganza. Ese es el propósito, precisamente, de la comunidad jesuita de Lima, que ha formado equipos de religiosos y seglares para avanzar en la reconciliación. «No es olvido, no es amnesia: es memoria», sostienen. Un grupo de jesuitas de Loiola viajaron a la capital peruana para conocer in situ la experiencia de los talleres, en los que tomó una parte muy activa el movimiento de mujeres indígenas que salieron de Ayacucho cuando la violencia terrorista era ya más que insoportable. Los religiosos de Lima devolvieron la visita y estuvieron en Azpeitia asesorando la puesta en marcha de las Escuelas de Perdón y Reconciliación. El rector del santuario, Juan Miguel Arregui, también impulsó este tipo de escuelas durante su estancia como superior en Cuba. Por otro lado, el año pasado se desarrolló una experiencia piloto con víctimas de ETA y familiares de presos que resultó muy positiva. En septiembre de 2018 arrancó el curso de manera oficial con un programa coordinado por el jesuita Manu Arrue Achalandabaso, un sacerdote responsable hasta ese momento de la comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao que siempre se ha significado por su empeño en acercar las orillas del sufrimiento.

9
MONSEÑOR URIARTE,
MEDIADOR ENTRE EL
GOBIERNO DE AZNAR Y
ETA

La Semana Santa de 1995 fue especial para Jaime Mayor Oreja, entonces diputado en el Parlamento Vasco y líder del Partido Popular en Euskadi desde que Manuel Fraga lo comisionó para sacar a la formación política de las catacumbas. ETA había decidido dar un paso más en su estrategia de terror y asesinaba sin cuartel a representantes políticos elegidos por el pueblo. Mayor Oreja ya conocía el zarpazo del terrorismo de cuando militaba en la Unión de Centro Democrático (UCD). Pero esta vez le tocó muy de cerca. Unos meses antes, el 23 de enero, un pistolero de la organización descerrajó un tiro contra Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, cuando comía en la Parte Vieja de la ciudad con uno de sus más directos colaboradores. Ordóñez murió en el acto. El crimen alevoso produjo toda una conmoción social.

El sonido seco de las pistolas de nueve milímetros Parabellum, habituales entonces en los comandos, sonaban una y otra vez en la cabeza de Mayor Oreja mientras asistía, concentrado, al Juramento del Silencio en la Semana Santa de Zamora. Las consignas de silencio, recogimiento, disciplina, austeridad y fervor religioso reinaban el ambiente mientras los miembros de la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias se preparaban para el recorrido. Los cofrades, vestidos con túnicas de estameña y capirotes de terciopelo rojo, avanzaban muy despacio al son de las campanas, que tañían a muerto con su cadencia sobrecogedora. «¡Tan, tan, tan! Defunctos ploro». Sonidos de dolor y pena. Aquel era un buen momento para reflexionar sobre la locura de ETA y recordar la memoria de los compañeros caídos. De hecho, en las invocaciones al Cristo, pocas veces faltó la denuncia de «la sinrazón del terrorismo».

Casi enfrente, en el atrio de la catedral, el obispo de la diócesis también se mostraba concentrado en su interior, con los ojos cerrados y muy reflexivo. Juan María Uriarte es vasco —como el parlamentario popular, nacido en San Sebastián—, y también conoce de primera mano el azote de la violencia. Desde 1976 a 1991 fue obispo auxiliar de Bilbao y vivió los años de plomo de ETA, con atentados un día sí y otro también. Hacía cuatro años que el Vaticano, en un movimiento que nunca se entendió, había decidido enviarlo a Zamora. Muchos lo interpretaron como un exilio forzado por su identificación con el nacionalismo y hubo un intento de movilización para impedirlo. Uriarte lo desautorizó. Otros vieron un muletazo de Roma para sacarlo de una diócesis muy dura y proporcionarle un poco de oxígeno cuando se encontraba ya muy saturado. Incluso podía tratarse de un paso intermedio para un posterior traslado a San Sebastián en una operación diseñada para el futuro relevo de monseñor Setién. Uriarte se adaptó pronto al tono de una diócesis castellana, que se movía por otros derroteros.

Mayor Oreja, futuro ministro del Interior, y Uriarte, futuro obispo de San Sebastián, congeniaron enseguida. Entonces no sabían que sus vidas se cruzarían pronto para una misión compleja: explorar con ETA un proceso de paz. Todavía faltaban cuatro años. Mayor Oreja regresó a Zamora todas las Semanas Santas siguientes para asistir al Juramento del Silencio. También le gustaba acudir, por la noche, a la salida de los cofrades de la Hermandad de Penitencia Santísimo Cristo del Amparo, populares por sus capas pardas, que procesionan al Cristo que les da nombre. Tanto es así que lo hicieron hermano de honor de la Cofradía del Silencio y le encargaron el pregón de esa celebración religiosa en varias ocasiones.

Cada vez que regresaba a Zamora, visitaba a Uriarte, lo que fue afianzando su relación. En una ocasión, el prelado llamó a Mayor Oreja, ya ministro del Interior en el Gobierno de José María Aznar, para que le ayudara en un asunto doméstico. Uriarte estaba preocupado porque habían aumentado los robos del patrimonio religioso en ermitas e iglesias de una provincia que se despoblaba, en la que muchos pueblos y aldeas se hacían más vulnerables a los asaltos. El ministro le prometió que haría todo lo posible. Enseguida encomendó esa misión al secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, que se puso manos a la obra. La Guardia Civil, también. Casualidades de la vida, el alto cargo de Interior sería luego uno de los comisionados del Ejecutivo para las conversaciones con ETA. Uriarte y Martí Fluxá, que establecieron una relación cordial y con buena sintonía, volverían a encontrarse. Incluso, años después, el obispo vasco concelebraría la boda de la hija del político en una finca familiar de los montes de Toledo.

Mayor Oreja era ya entonces un ferviente católico, marcado por una biografía peculiar. Era nieto de Marcelino Oreja Elósegui, el diputado tradicionalista y directivo de Unión Cerrajera Mondragón que murió asesinado durante la Revolución de Octubre de 1934 por milicianos ugetistas. Su tío Marcelino Oreja Aguirre fue ministro de Asuntos Exteriores durante el Gobierno de UCD y mantuvo buenas relaciones con el Vaticano como valedor de la democracia cristiana. El propio Mayor Oreja fue secretario nacional de las juventudes de la Asociación Católica de Propagandistas en 1975. Su formación cristiana se inició en el colegio de los marianistas de San Sebastián, un centro emblemático de ideario católico por cuyas aulas han pasado alumnos de toda ideología y condición, incluidos algunos líderes de ETA político-militar como Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desaparecido el 26 de julio de 1976 tras haberse mostrado favorable al abandono de las armas.

El obispo de San Sebastián, el polémico José María Setién, no era de la devoción de Mayor Oreja. Cuando este recaló por primera vez en Zamora, fue porque en San Sebastián «se había perdido el fervor por las procesiones». Fiel a su pensamiento político, Mayor Oreja siempre vinculó la Semana Santa con la historia y la unidad de España. «En los lugares donde más se ha atacado a España, más ha sufrido la Semana Santa», señaló en una ocasión.

A finales de los noventa, el País Vasco seguía siendo un volcán. Y el ambiente estaba muy agitado, con frecuentes convulsiones políticas por la intervención de ETA, que lo envenenaba todo. Había miedo, temor. Con frecuencia, la atmósfera era irrespirable. Los partidos nacionalistas firmaron el controvertido Pacto de Estella, que apostaba por la unidad nacionalista, en un intento de calmar a la bestia y acabar con la violencia. Fue el 12 de septiembre de 1998. Cuatro días después, ETA declaraba una tregua unilateral. ¿Una oportunidad para la paz? ¿Un espejismo que traería nuevas frustraciones? Unos meses antes, el día de Viernes Santo, los irlandeses habían logrado un acuerdo en un conflicto mucho más enconado. En Euskadi se generó un cierto ambiente de euforia y esperanza que llegó hasta las puertas de la Moncloa.

Los analistas de Aznar debatieron sobre la nueva situación. Veintisiete años después, una persona de su círculo íntimo reflexiona: «El impacto del acuerdo y de la tregua posterior es abrumador. Ha estallado la paz, según la versión buena de Estella. Ya tenemos el desistimiento de ETA y los partidos vascos hacen política. En realidad, era una estrategia política que se define como tregua». Muchos se han preguntado por qué el presidente consideró entonces aquella iniciativa de explorar la paz. Objetivamente había una situación nueva, aunque los estrategas de la Moncloa sabían el suelo que pisaban. «Esto no es Irlanda del Norte, esto no es el castillo de Stormont; no es el Acuerdo de Viernes Santo, no habrá una negociación constitucional», se conjuraron. Se decidió que ese momento había que gestionarlo con audacia política. El PP vasco, con muchos muertos a sus espaldas, lo vio bien. En Madrid también se sopesó que la tregua podía favorecer al PP de Euskadi, en fuera de juego por el Pacto de Estella. La opinión pública también lo aceptaría. En junio, 602 sacerdotes habían firmado un documento promovido por la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria en el que pedían la mediación de la Iglesia y reclamaban al Vaticano que hiciera gestiones diplomáticas para abrir un proceso de paz. Había que moverse.

La figura de monseñor Uriarte entró enseguida en escena, aunque todavía entre bambalinas. En secreto. El Cristo de las Injurias y su procesión del silencio proyectaban sus alargadas sombras cuando el verano tocaba a su fin y el sol se escondía entre las choperas de los sotos castellanos. En aquel momento, monseñor Uriarte llevaba ya siete años en Zamora, aunque recibía frecuentes visitas de sus amigos del norte y estaba muy bien informado de lo que se cocía en Euskadi. ETA, aconsejada por la izquierda abertzale, puso el nombre de Uriarte sobre la mesa para que desempeñara el rol de intermediario. El prelado cree, según declaró en una entrevista, que lo eligieron por «la imparcialidad, el crédito moral y la confianza». Mayor Oreja avaló enseguida la propuesta de que el obispo fuera intermediario. Aznar no lo conocía, pero le pareció bien. El presidente del Gobierno designó al equipo negociador. Lo integrarían Javier Zarzalejos, secretario de la Presidencia y jefe del Gabinete; Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad, y Pedro Arriola, sociólogo y asesor de la Presidencia. Contactaron con el obispo de manera inmediata, que pidió el visto bueno a su «autoridad superior» en la Iglesia. Uriarte aceptó enseguida la misión, que se sustanció en «un encuentro máximo». «Jugábamos limpio, no éramos tramposos, pero tampoco queríamos vender humo», recuerdan en el entorno de los negociadores. Así, se reunieron todos y se empezó a hablar. El reloj se puso en marcha.

Lo primero que hizo el Gobierno de Aznar fue ponerse en contacto con la Casa Blanca y transmitir al presidente Bill Clinton la iniciativa. Buscaron la cobertura internacional de un Gabinete que se había involucrado en el proceso irlandés. En abril, días antes del día D, Aznar visitaría la Casa Blanca. Pero todavía estábamos en octubre. Había que hablar con el Vaticano. El encargado de viajar a Roma era Martí Fluxá, que venía de una carrera diplomática y conocía los protocolos. El encuentro fue al más alto nivel. El secretario de Estado de la Santa Sede, el equivalente a primer ministro, era Angelo Sodano, una figura con un enorme poder en la curia. El secretario de Estado para las Relaciones con los Estados (equivalente a ministro de Asuntos Exteriores) era Giovanni Battista Re, uno de los más estrechos colaboradores del pontífice. También se lo conocía como el sustituto de la Secretaría de Estado, y era el jefe del Gabinete del papa. Ellos eran los hombres de la máxima confianza de Juan Pablo II, las piezas de su círculo más próximo. Y conformaban el núcleo de poder del Vaticano en ese crucial momento.

En la Secretaría de Estado agradecieron la información y las explicaciones del enviado de Aznar. La Santa Sede se desvinculó de iniciativas que estaban en la órbita católica y dejó claro que aquel movimiento no respondía a un impulso del Vaticano o la Iglesia. La delegación española interpretó que se refería a la Comunidad de San Egidio, que, entonces, «enredaba». También dejó claro que la presencia de monseñor Uriarte no suponía una intervención de la Iglesia. Tampoco la reclamaba. La Santa Sede siempre ha tenido presentes los principios de soberanía de los Estados y el rechazo a la interlocución política con los grupos terroristas. Otra cosa era facilitar la mediación.

Juan María Uriarte es un peso pesado dentro de la Conferencia Episcopal Española, donde goza de gran prestigio entre los prelados de la Transición. Formó parte de su Comisión Permanente, y en el momento de las conversaciones era ya miembro de la Comisión Ejecutiva, el máximo órgano de la institución eclesial.

El presidente de los obispos españoles era Elías Yanes, un intelectual de espíritu abierto que jugó un papel clave en la transición a la democracia. Ubicado en la línea del cardenal Tarancón, que desenganchó a la Iglesia española del franquismo, encarnaba al sector más progresista de la jerarquía. Denunció los asesinatos de ETA y la guerra sucia de los GAL, un asunto en el que exigió «llegar hasta el final» para saber quién se encontraba detrás. No congeniaba con Aznar, que no le perdonaba su «comprensión» del nacionalismo. No interfirió en la encomienda a monseñor Uriarte. Luego lo sustituyó Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que para entonces ya era cardenal y tenía mucha entrada en el Vaticano. Tampoco él puso pegas a la misión de Uriarte. Este aspecto fue muy importante para el obispo vasco, que respiró al conocer que no tendría al enemigo en casa.

El Vaticano no puso objeciones y bendijo la iniciativa. Respetó la decisión del Gobierno de Aznar, la entendió, y apoyó la voluntad de la Iglesia local. Los representantes del Ejecutivo hablaron largo y tendido con el obispo de Zamora, que se avino a cumplir un servicio en beneficio de la paz. Ambas partes acotaron su papel. El Gobierno dejó claro que no se trataba de entrar en una negociación abiertamente política. El prelado advirtió, por su parte, que no era un mediador y que no pretendía tener capacidad para hacer propuestas. Era solo un intermediario. Los terroristas acostumbraban a hablar con las pistolas, y el obispo adquiría un papel de garantía. Actuaría de facilitador de contactos y como testigo cualificado para desatascar el diálogo cuando se encasquillara.

ETA había anunciado una tregua el 16 de octubre. El 3 de noviembre, Aznar dio luz verde a la operación durante una intervención pública con motivo de la visita a Madrid del presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat:

Yo he querido que los ciudadanos supieran y tengan muy claro que el Gobierno, y yo personalmente, ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan […]. Cuantos pasos tengamos que dar en este camino serán conocidos por la opinión pública española, que los podrá juzgar y los podrá valorar. Evidentemente, otra cosa distinta es, si da lugar a un proceso de reuniones o conversaciones, la materialización, lo concreto, el detalle, de eso, que tiene que estar sujeto al principio, como es lógico, de la discreción y de la reserva [sic].

Se ponía en marcha el reloj y, además, lo hacía con la bendición del Vaticano, una cuestión muy importante para un Gobierno como el de Aznar, que tenía remilgos morales para hablar con terroristas.

Monseñor Uriarte también se puso a trabajar para buscar vías de acceso en la izquierda abertzale, en la que ya tenía contactos desde su trabajo pastoral en Euskadi. Lo primero que hizo fue reclutar para la misión a Joseba Segura, un joven presbítero de su absoluta confianza al que había guiado desde su época de seminarista y con cuya familia mantenía una larga amistad. El obispo era íntimo amigo de su tío Iñaki Etxezarraga, también sacerdote. Aunque nacido en Bilbao, Segura tenía raíces por vía materna en el barrio de Alzuste, en la localidad vizcaína de Zeanuri, un pueblo muy pequeño pero que ha dado decenas de sacerdotes y misioneros a la Iglesia vasca. Un auténtico granero de vocaciones. En el caserío familiar, a los pies del emblemático monte Gorbea, Uriarte ha pasado muchos y muy buenos momentos con la familia de Segura. El baserri, además, ha sido escenario discreto de numerosos encuentros a varias bandas durante cerca de ocho años.

Joseba Segura no lo dudó. La lealtad siempre había sido uno de sus valores. Por esa misma razón, enseguida se lo comunicó a su obispo, Ricardo Blázquez. El prelado abulense, que años después sería elegido presidente de los obispos españoles y nombrado cardenal, le dio la bendición, le deseó suerte y le pidió que actuara con suma discreción. El prelado estaba tranquilo porque aquella no era una iniciativa de la Iglesia vasca, sino del Gobierno del PP. A partir de ahí, Segura se convirtió en la sombra de Uriarte, su nuevo jefe en una labor que mantendría hasta enero de 2006, cuando se marcharía de misiones a Ecuador.

Pese a estar en los fogones, Joseba Segura ha sido un hombre clave en los procesos de paz. En 1998 era un sacerdote de cuarenta años con una prometedora carrera eclesiástica ante sus ojos, aunque su ambición no pasaba por los despachos episcopales, sino por el trabajo junto a los más desfavorecidos. Sin embargo, el 12 de febrero de 2019 fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao. Dominaba el euskera y el inglés y acababa de regresar de Boston, donde había cursado un máster en Moral Social, que ampliaba su formación en Teología y Psicología, disciplinas en las que se había doctorado en la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús. Su papel como facilitador lo compaginó con sus responsabilidades como delegado de Pastoral Social y Cáritas, cargos a los que accedió tras acompañar a las comunidades cristianas de Barakaldo, en la populosa Margen Izquierda de la ría del Nervión y en San Ignacio, un barrio de Bilbao en la otra orilla.

Segura se había especializado en moral social —ha sido profesor de Ética— y estaba muy interesado en la no violencia. Su tesis doctoral giró sobre la paz y el desarme en plena época de la Guerra Fría, en la que los episcopados publicaban pastorales sobre la paz. Su pensamiento se recoge en libros como La guerra imposible: la ética cristiana entre la «guerra justa» y la no violencia, Guerra moderna, disuasión nuclear y defensa occidental en el magisterio o ¿Ética en los negocios? En una incursión en la banca solidaria, fue vicepresidente de la Fundación Inversión y Ahorro Responsable (Fiare Banca Ética). Definitivamente, tenía un perfil adecuado para aquella delicada misión.

Y también era un cura intrépido, un hombre de acción. En lo personal, pasa por ser un hombre de carácter. De un temperamento fuerte y serio, que lo hace parecer adusto. Y es muy exigente, a veces con planteamientos rígidos. El estrés lo combate, siempre que puede, con la montaña. En Ecuador ascendió al Cotopaxi, que se eleva hasta los 5.897 metros, con un grupo de alpinistas vascos. Luego, en el descenso, tuvo que ayudar a uno de ellos que había sufrido mal de altura. No le asustan los volcanes. Tampoco las motos, aunque sean de gran cilindrada. En una de estas máquinas se movía por las carreteras del País Vasco en aquellos tiempos turbulentos.

El tándem Uriarte-Segura se puso manos a la obra. El Gobierno había dejado en manos del obispo la iniciativa de los primeros contactos. No quería saber nada de la logística: esa era una tarea para el prelado vizcaíno, que tenía carta blanca y toda la confianza. «Era la persona que descolgaba el teléfono», asegura uno de los participantes en las conversaciones. Aquella era una manera de no condicionar la figura del facilitador y garantizar sus buenos oficios. La cara oculta era Segura, que actuaba como lugarteniente del prelado. Se movía de aquí para allá en moto y fue muy activo. Lo primero era llegar hasta la ventanilla de la izquierda abertzale para subir luego a ETA al carro de las conversaciones. Y así se hizo. Una de aquellas primeras reuniones se celebró en un pueblo de Zamora. También en el caserío de la madre de Segura, en Alzuste, la mañana de un domingo. Cuando la delegación de Batasuna se marchó, Uriarte y Segura celebraron una eucaristía íntima en el praderío, en un marco natural incomparable que podría recordar el Tirol suizo o la Selva Negra alemana. Un paraíso en el que se sentía la presencia de Dios. Sin duda, el tándem pediría fuerzas para la misión que se le había encomendado y aliento para conseguir la paz.

No hay constancia de que monseñor Uriarte cruzara en ningún momento la frontera. Los representantes del Gobierno mantuvieron varias reuniones con los enviados de Batasuna en el eje entre Burgos y Madrid, algunas de ellas en Lerma, a mitad de camino. La que más trascendió fue la celebrada el 11 de diciembre de 1998 en Ibeas de Juarros, una localidad conocida por el yacimiento prehistórico de Atapuerca, muy cerca de un campo de tiro del Ejército español. Atapuerca era un enclave en plena ruta natural entre Euskadi y Castilla, que hoy evoca tiempos de pactos entre vascos y españoles. Había llegado la hora de los zapadores que tienden puentes. En aquellas simas y cuevas, hace miles de años, ya se conocía la solidaridad en mitad de un mundo salvaje. Hay constancia de que se ayudaba a los enfermos y a los ancianos. Existía la piedad. O eso es lo que ahora han interpretado los lectores de huesos. Y la piedad no abundaba en Euskadi en aquellos momentos.

La cita se celebró en una casita alquilada para la ocasión. En ella participaron Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola, en nombre del Gobierno, y Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Pernando Barrena e Iñigo Iruin, en representación de Euskal Herritarrok, entonces la marca electoral de la izquierda abertzale. La troika madrileña llegó en un coche alquilado y sin escoltas. Monseñor Uriarte viajó solo desde Zamora, de paisano, sin alzacuellos, para mantener el incógnito. Únicamente una pequeña cruz en la solapa y el anillo episcopal, visibles para un cristiano avezado, delataban su condición de eclesiástico de alto rango. La reunión se alargó tres horas. Hubo momentos de cierta tensión. Tiempo después, los enviados de Aznar se quejarían de Batasuna en privado: «No quiso entrar en el asunto de la violencia; solo querían hablar de política. Nosotros queríamos constatar la voluntad de ETA de dejar las armas para siempre. Pero el asunto no era paz por presos». Años más tarde, los cuatro interlocutores citados jugarían un papel importante en la ciaboga de ETA para bajar la persiana de la violencia, sobre todo Díez Usabiaga, que llevó la voz cantante en Ibeas de Juarros. Él representaba al sindicato Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), la única marca del movimiento que se mantenía a salvo de la acción judicial y tenía una buena cabeza. Aunque Otegi ha sido su rostro mediático, Díez era su ideólogo, siempre en segunda línea. El líder sindicalista y monseñor Uriarte han mantenido la relación desde entonces. Incluso cuando Díez Usabiaga fue encarcelado en la prisión cántabra de Santoña en 2009 por el caso Bateragune (la reorganización de Herri Batasuna bajo las órdenes de ETA, según el auto del juez Baltasar Garzón), el obispo lo visitó en algún momento. Ambos han mantenido una «línea caliente».

Los preliminares fueron complejos y en algunos momentos frustrantes, pero continuaron los contactos. A veces se tardaba semanas en recibir respuesta. El 18 de diciembre, el Gobierno anunció el traslado a la península de dieciocho presos que cumplían condena en Canarias, Ceuta y Melilla. Se abrió un canal de comunicación con ETA, que estaba dispuesta a sentarse con los hombres de Aznar. El prelado reportaba a la Moncloa cada cierto tiempo sus avances. El presidente no conocía de forma personal a monseñor Uriarte, pero ambos se reunieron en la Moncloa en febrero de 1999 para sellar el compromiso y el ámbito de la mediación. Mayor Oreja quiso estar presente en las conversaciones, pero Aznar no accedió para bajar el perfil de la interlocución. ETA llevaba para entonces nueve meses sin asesinar. Monseñor Uriarte jugaba en todos los escenarios que podía, por la derecha y por la izquierda, y con toda la naturalidad que le era posible, para no despertar sospechas. Una semana antes del día D, el obispo se desplazó a Madrid para participar en una reunión en la Fundación Encuentro (impulsada por el jesuita Martín Patino) con Joaquín Almunia, entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Ramón Jáuregui, secretario de Política Autonómica y exlíder de los socialistas vascos, y Carlos García de Andoin, responsable de Cristianos Socialistas y director del Servicio del Laicado en la diócesis de Bilbao en ese momento. El obispo no dijo nada de lo que se traía entre manos, aunque el tema de la violencia estuvo en el temario de conversación. Por ejemplo, señaló que vendría bien un gesto con respecto a los presos de ETA. Estaba socializando su hoja de ruta en el partido de la oposición. Almunia y Uriarte tenían una pasión en común: ambos son de Bilbao y fervientes seguidores del Athletic. Se volvieron a ver, a solas, meses después de las conversaciones de Suiza.

EL MAL TRAGO DE ÉVIAN

La fecha se había fijado para el 19 de mayo, día de San Ivo, un santo de la Bretaña que ejerció la justicia y fomentó la concordia. Francia era el destino inicial. La cita era en Évian-les-Bains, un nombre que siempre ha permanecido en secreto. Se trata de una comuna ubicada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el departamento de Alta Saboya. Un lugar apacible y con litros de agua para pasar el mal trago. El enclave es famoso por su agua mineral, una marca muy apreciada que coloca tres mil botellas cada minuto en todo el mundo. El entorno de ETA daba por hecho que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya se habían desplegado en la ciudad balneario, un lugar de vacaciones de alto nivel que atrae a miles de personas gracias a las propiedades de sus aguas. Tradicionalmente, el paraje ha sido también destino obligado para la realeza europea. Eduardo VII y Jorge V lo visitaban, lo mismo que el rey Faruk de Egipto y decenas de aristócratas. Otra celebridad que pasó allí largas temporadas fue el escritor Marcel Proust. Fue un bebé prematuro y débil de la pequeña burguesía católica (por parte de padre) y de madre judía que buscaba su camino entre las aguas milagrosas. Pasó a la historia de la literatura por su libro En busca del tiempo perdido, toda una metáfora para quienes pretendían explorar una solución después de tantos años de sufrimiento y dolor. Recuperar el tiempo perdido. Para los terroristas, aquel enclave podría tener unas connotaciones románticas, porque fue allí donde De Gaulle mantuvo las negociaciones con el Frente de Liberación Nacional de Argelia que abrieron la puerta a una Argelia independiente.

Pero la cita no se celebró allí. Évian está ubicada en una esquina del hexágono francés, a 13 kilómetros de la frontera con Suiza y a 41 de Ginebra, bordeando el lago Lemán. Es decir, se encuentra en un lugar demasiado estratégico. Los jefes de ETA, creyendo que los servicios de inteligencia se habrían camuflado en aquel pueblo de ocho mil habitantes, tenían un plan B. Lo cierto es que el Gobierno había cuidado las medidas de seguridad hasta el extremo. Los enviados de Aznar y monseñor Uriarte habían llegado la víspera en un pequeño avión privado que despegó del aeropuerto madrileño de Torrejón, y luego se habían alojado en un hotel. Allí tenían que esperar una llamada en una habitación reservada a nombre de Martín Fluxá. En efecto, sonó el teléfono y el obispo lo cogió. La conversación fue en euskera. Se los citaba en el garaje de otro hotel más lujoso.

La comitiva española se presentó en el lugar indicado y a la hora señalada. Los recibió Mikel Albisu Iriarte. Mikel Antza, como lo llamaban, había nacido en San Sebastián y en ese momento tenía treinta y ocho años. Se había hecho cargo de la dirección de ETA en 1993, y ocupó ese puesto hasta que fue detenido en Francia en 2004. Su padre, Rafael Albisu Ezenarro, fue uno de los fundadores de Ekin, embrión del que luego surgió la organización terrorista. Antza se desplazó a Évian desde su escondite en Salies-de-Béarn, entre Pau y Biarritz, en los Pirineos Atlánticos, localidad famosa por su agua con indicaciones terapéuticas. Parecía que al etarra le iban los balnearios.

«Aquí no lo vamos a hacer». Las palabras de Antza los dejaron pálidos. No se lo esperaban. «Tú, Juan Mari, conmigo», le dijo el jefe de ETA al obispo Uriarte. «Vosotros, por otro lado», indicó a los representantes del Gobierno, que se acomodaron en otro coche con un conductor desconocido. Hubo un momento de desconcierto y dudas entre la expedición española. Aquello no estaba en el guion, y enseguida se pensó en la seguridad. La posibilidad de una encerrona, de una trampa, incluso de un secuestro, se paseó por la cabeza de alguno. Los enviados de Aznar se habían negado a que les colocaran gafas negras o los cachearan. Los coches tomaron la dirección de Montreux y se dirigieron hacia Suiza por un nudo de carreteras y cambios de dirección continuos para despistar a los posibles seguidores. Hasta que llegaron a Vevey, donde realmente se reunieron en el interior de un hotel. Vevey está justo enfrente de Évian y se puede ir en crucero bordeando el lago Lemán. ¿Lo sabía el Gobierno suizo? Algunas fuentes citan el nombre de Julian Thomas Hottinger, adjunto al grupo de expertos del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, como una de las personas que estuvieron en la «cocina», si bien no participó en la reunión. Doctor en Ciencias Políticas, pasa por ser un experto consultor en resolución de conflictos que ha actuado en África y Asia, así como en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana. También está vinculado a Conciliation Resources, una organización internacional independiente que ha actuado en el País Vasco. En su archivo fotográfico figura una imagen en la que uno de sus facilitadores aparece junto a Ángel María Unzueta, hasta hace un año vicario general (o sea, «número dos») de la diócesis de Bilbao.

La reunión con los representantes de ETA se celebró en el Hotel Trois Couronnes, un cinco estrellas en el corazón de la Riviera suiza con impresionantes vistas de los Alpes. El tercer palacio más antiguo del país ha acogido a familias reales y a magnates petroleros, y también a gente que buscaba un remanso de paz, como Charlie Chaplin, Gary Cooper, Peter Ustinov, Thomas Mann o Henry Miller. El compositor Camille Saint-Saëns creó entre sus paredes y jardines El carnaval de los animales y Danza macabra, que recrea la antigua superstición de la danza de la muerte. Y Henry James sitúa en este hotel la novela Daisy Miller y el encuentro entre sus protagonistas, una relación que se encaminó al desastre. Todos eran malos augurios.

El encuentro apenas duró tres horas y media. No hubo saludos; tampoco ningún apretón de manos. Junto con Antza, también participó Belén González Peñalba, Carmen, que se dedicó a tomar notas. La discusión fue áspera. No hubo margen para el acuerdo. El Gobierno quería constatar la voluntad de ETA de dejar las armas, pero sin concesiones políticas, y la banda terrorista mantenía sus reivindicaciones de territorialidad y soberanía. Monseñor Uriarte se empleó a fondo y tuvo que templar gaitas en varias ocasiones. El obispo es suave en las formas, muy diplomático, con firmeza de convicciones. Tiene una mente muy aguda y una capacidad analítica muy trabajada. El ámbito de la psicología lo domina muy bien. Actuó de buena fe y fue un importante testigo cualificado. También hizo de traductor, porque en ocasiones los miembros de ETA hablaban en euskera. Venir de una cultura nacionalista racionalizada ayudaba. En la reunión no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de preparar una segunda cita, que nunca se llegó a celebrar. Los contactos los cortó ETA.

Este segundo encuentro lo organizó Joseba Segura, que no estuvo en Suiza ni en Ibeas de Juarros. El sacerdote siempre actuaba en la cocina, sin salir nunca al comedor. Para los representantes del Gobierno, no existía. Pasaba desapercibido, salvo para el CNI. Para la Policía y los servicios de inteligencia, sí existía. Segura vivía en la iglesia de San Nicolás, junto al Arenal bilbaíno, en pleno corazón de la ciudad. Y sabía que lo seguían. Tanto él como el obispo Uriarte tenían los teléfonos pinchados. Muchas veces hablaban en clave y tenían su propio código para comunicarse. Una persona que trató a Uriarte en ese momento y que elogia su labor facilitadora reconoce: «Uriarte tenía mucha confianza en los Otegis y Usabiagas. Les dedicó muchas horas. El resultado le frustró mucho». El obispo no utilizó ni pidió medios oficiales. Y nunca presentó una factura por utilizar aviones, taxis u hoteles. Los gastos los asumió él, los pagó de su propio bolsillo.

Durante esos meses y en los siguientes, el Vaticano recibió información puntual y minuciosa de los pasos que se estaban dando. Monseñor Uriarte tiene por costumbre escribir de su puño y letra y con sumo detalle los pormenores de las reuniones en las que participa. También la recibieron Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, y la Conferencia Episcopal Española en sus sesiones reservadas.

El final del alto el fuego se veía venir. El Gobierno, como gesto de buena voluntad, acercó al País Vasco a 105 presos el 7 de septiembre. Aun así, finalmente, el segundo encuentro no tuvo lugar. ETA anunció en noviembre la ruptura de la tregua. El 21 de enero del año 2000, la banda asesinó en Madrid al teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco García con un coche bomba. Aquellos fueron momentos muy amargos. ¿Por qué fracasó aquella iniciativa? La representación gubernamental, muy escéptica desde el minuto uno, vio a sus interlocutores muy fanatizados. Uno de los representantes afirmó:

Había dos temas por delimitar. Uno era lo que se decía, esto es: ETA levanta la bandera blanca del Pacto de Estella, una pista de aterrizaje que pusieron los partidos nacionalistas para que ETA dejara de matar. Segundo aspecto: ETA ya solo estaba interesada por los presos. Aquellos eran los dos temas que había que verificar y, en los dos, la verificación fue muy clara. Nos tocó la verificación, el «contacto exploratorio», como se llamó en su momento. Fue clarificador, pero al mismo tiempo puso de manifiesto que, en la medida en la que no se iban a cumplir las exigencias políticas que ETA planteaba, ese alto el fuego iba a tener una duración limitada, como de hecho ocurrió.

«¿Por qué se rompió el diálogo?», preguntaría años después el periodista Imanol Murua a monseñor Uriarte. Esta fue la versión que le dio el obispo:

ETA quería obtener la soberanía total por medio de ese diálogo. El Gobierno se negó a dicha pretensión. Mi propuesta fue lanzar la pregunta: «¿Cuáles son los pasos que cada parte estaría dispuesta a dar de hoy en adelante para llegar un día a un acuerdo?». Los representantes del Gobierno acogieron con silencio mi propuesta. Los de ETA, con enfado. […] En mi opinión, la impaciencia de ETA y la excesiva firmeza del Gobierno frustraron el pequeño camino abierto en Suiza.

El obispo cree que aquella experiencia tuvo efectos ulteriores. En 2018, tras la disolución de ETA, evaluó: «Quedaron como queda la nieve que cae sobre un suelo que todavía está cálido y se derrite. Pero quiero pensar que preparó que otros copos de nieve pudieran cuajar. No fue completamente inútil. Preparó el camino para otros encuentros que fueron más eficaces».

Las uvas no estaban maduras. ¿Inmovilismo? ¿Impaciencia? ¿Maximalismo? Se coincide en pensar que el liderazgo de ETA no estaba preparado para entrar en un proceso de negociación de calado, ni siquiera de conversación un poco seria. La experiencia vasca está muy alejada de la experiencia irlandesa. Hay una diferencia capital. El liderazgo no ha podido madurar por las progresivas detenciones. Ha sido un liderazgo duro, muy radical. Un liderazgo de chiste. En Irlanda, negociaron la paz personas de cincuenta y cinco años, líderes reconocidos y aceptados. Líderes que habían madurado. Aquí no ha habido eso. Aquí, los chavales que llegaban a la dirección tenían que demostrar que eran mejores que los anteriores. Más duros, más exigentes, más radicales. Esa ha sido una constante. Lo volvimos a ver en 2006. No había margen de diálogo en las conversaciones. Mantenían posiciones fijas. O aceptas esto, o se acabó. Desaprovecharon todas las oportunidades que tuvieron.

Lo de Suiza no salió, pero a Uriarte le proporcionó un valioso crédito que le ha durado hasta hoy. De hecho, le valió para empujar, junto con Joseba Segura y otros hombres de Iglesia, en la tregua de 2006, «hasta que llegaron los brutos de ETA y lo fastidiaron», según la expresión de una persona que estuvo en aquellas conversaciones. Uriarte mantuvo su credibilidad pese a que, meses después del fiasco de Suiza, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior de Aznar, reveló el nombre del obispo como el del intermediario en todo aquello. Lo hizo en una visita a Laguardia, en la Rioja Alavesa, y aquello no le gustó a Uriarte. Tampoco al equipo negociador, que siempre había blindado y protegido su figura, lo que provocó algunas tensiones en la Moncloa. Aun así, el obispo no cerró sus canales y continuó haciendo labores de mediación.

Pero la situación entró en una nueva fase y los pasos se endurecieron. ETA asesinó en 2000 a veintitrés personas, entre ellas, varios representantes políticos del PP y del PSE. El Gobierno de Aznar dio un giro a su estrategia anterior y puso en marcha el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido como Pacto Antiterrorista, y una iniciativa para ilegalizar a la izquierda abertzale. Ambos asuntos lo enfrentaron con la Iglesia, si bien también tuvo aliados en el seno de la institución eclesiástica.

Aznar tenía buena entrada en el Vaticano. Juan Pablo II venía pidiendo de manera insistente que en la Constitución europea constara la aportación cultural y espiritual del cristianismo de manera explícita. El cardenal Rouco pidió a Aznar que apoyara la mención de las raíces cristianas en los tratados, y él así lo hizo, frente a la posición de otros líderes políticos contrarios a respaldar esa tutela. En la Santa Sede tomaron nota. Ese tema salió en las seis veces que Aznar se reunió con el pontífice polaco, al que considera la figura pública más importante que ha conocido en su vida, y en la que mantuvo con Benedicto XVI. Visitó a Juan Pablo II en otras tres ocasiones, y el presidente del Gobierno aprovechó cada una de ellas para denunciar la actuación de las Iglesias de Euskadi y Cataluña. Lo que buscaba era «un compromiso firme y expreso» del Vaticano a favor de la unidad de España y contra las posiciones nacionalistas. Su opinión sobre monseñor Uriarte, al que un día encomendó mediar ante ETA, también cambió. En tres ocasiones que Aznar viajaba al País Vasco, ETA intentó derribar su avión con el lanzamiento de un misil SAM-7, pero el ataque no se llegó a materializar porque el mecanismo no funcionó. Los misiles fueron encontrados cuando se detuvo en 2004 a Antza, el jefe de ETA que se sentó con sus enviados, cara a cara, en Suiza.

10
LOS ZAPADORES DE LA
COMUNIDAD DE SAN
EGIDIO DESEMBARCAN
EN EUSKADI

La calle Giulia es una gran vía rectilínea que conecta el Capitolio con el Vaticano. Lleva el nombre del papa Julio II, que la mandó construir para unificar en un eje principal las tortuosas callejuelas de una planta urbana que se conocía como Campo de Marte, ya que en la Antigüedad estuvo consagrada al dios de la guerra. Era la avenida urbana más larga de Europa, de casi un kilómetro, y miles de peregrinos la recorrían en su camino a rezar ante la tumba del apóstol san Pedro. La calzada conserva los característicos adoquines negros de la ciudad vieja, que brillan tras haber soportado millones de pisadas. Los fieles tenían que cruzar dos veces el Tíber, primero por el barrio del Trastévere y después por el puente de San Ángel, en una ruta que terminó llenándose de albergues e iglesias nacionales para atender a los súbditos de cada país. Los españoles cuentan con el templo de Santiago y Montserrat, adosado a un edificio que alberga el Centro Español de Estudios Eclesiásticos, con entrada por la calle Giulia. He hecho cientos de veces este recorrido, cargado de historia y de secretos. He traspasado las puertas de la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini (San Juan de los Florentinos), donde descansan los restos del genial arquitecto Francesco Borromini, a quien los papas le encargaban las obras más difíciles. He cruzado ante la puerta de la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo, blindada por carabinieri fuertemente armados y paracaidistas en vehículos artillados. Cercana, por cierto, a un restaurante de lujo (300 euros el cubierto) que fue utilizado por los capos de la Camorra para blanquear su dinero. Y me he detenido ante la placa que recuerda a los partisanos de los Grupos de Acción Patriótica, que escondían sus explosivos en un piso de esta calle hasta que la Gestapo los descubrió y torturó en el fuerte de Bravetta. La placa está próxima a la antigua cárcel que ahora se ha convertido en el Museo Criminológico. ¡Cuánto simbolismo y cuántas metáforas en tan pocos metros! En este escenario donde se entrecruzan la sacralización de la guerra, el heroísmo de la resistencia, la lucha contra el terrorismo, el pecado de la piadosa mafia y la libertad creativa para los encargos artísticos más complicados, jugaban de adolescentes los futuros mediadores en conflictos de la Comunidad de San Egidio, que un día también desembarcarían en Euskadi para contribuir al final de la violencia de ETA.

En el antiguo Campo de Marte, los jefes legionarios entrenaban a los jóvenes para la guerra. En la calle Giulia de los años sesenta, los líderes católicos formaban a los estudiantes para construir la paz. Una placa recuerda los límites de la ciudad en tiempos del emperador Claudio: el pomerium, el recinto sagrado en el que estaban prohibidas las armas. Los promotores de San Egidio tenían su propio pomerium en el Liceo Estatal Virgilio, en el número 38 de la calle Giulia. En las aulas de este instituto de secundaria se formaron hace cincuenta años Andrea Riccardi, fundador de la comunidad, y Matteo Zuppi, su primer miembro ordenado sacerdote, que en 2017 actuaría de fedatario del desarme de ETA en la localidad francesa de Baiona. A muy pocos metros del Liceo, al otro lado de esta calle sin aceras se acumulan decenas de libros, documentos y legajos en el Centro Español de Estudios Eclesiásticos, que cuenta con una magnífica biblioteca. Durante años, estos fondos fueron gestionados por el padre Francisco Delgado de Hoyos, un capellán castrense retirado a la paz de Roma tras haber sufrido un brutal atentado de ETA en 1985, cuando acompañaba a un grupo de militares. Zuppi y De Hoyos coincidieron en ese otro pomerium de la Ciudad Eterna donde hablaba la pluma y no había lugar para las pistolas.

En los años sesenta, los movimientos católicos recibieron un gran impulso con el Concilio Vaticano II. Los jóvenes comprometidos desde la fe se querían comer el mundo. Su mensaje no era como los del Mayo del 68 francés, aquellos que reivindicaban «la imaginación al poder» en las paredes de la Universidad de Nanterre. Los jóvenes católicos no buscaban el poder, sino el rostro de los oprimidos, y lo encontraron en los pobres de los suburbios de Roma. Entre ellos estaba ya Andrea Riccardi, que con solo dieciocho años comenzó a dar forma a lo que se convertiría en la Comunidad de San Egidio. Primero actuó como una célula del movimiento Comunión y Liberación, fundado en Milán por Luigi Giussani y que entonces se denominaba Gioventù Studentesca (Juventud Estudiantil). Buscaban una presencia cristiana en los ambientes sociales, pero en oposición a la línea de la Acción Católica. Era un movimiento muy ligado a la derecha católica. El antiguo patriarca de Venecia (casi un pasaporte para el papado), el cardenal Angelo Scola, fue un discípulo cercano a Giussani. La actuación de estos movimientos tenía sus implicaciones políticas. Por aquel entonces, San Egidio perseguía otra cosa, de modo que en 1972 se separaron del resto y empezaron a funcionar de manera autónoma. Un año después establecieron su cuartel general en el barrio del Trastévere, en un antiguo monasterio carmelita que les alquiló por un precio simbólico la Administración estatal. Allí, en la iglesia de San Egidio, comenzaron a atender a enfermos de sida y a pobres de solemnidad. Por esa época empezaron a trabajar con ellos Matteo Zuppi, que pronto ingresaría en el seminario, y Mario Impagliazzo, en la actualidad presidente de la comunidad. Casi al mismo tiempo, el sacerdote Vincenzo Paglia, que luego sería una figura importante en el Vaticano (presidente del Pontificio Consejo para la Familia), se convirtió en su capellán y padrino hasta el día de hoy. En 1981, Paglia fue nombrado párroco de la iglesia de Santa María en Trastévere, ubicada junto al cuartel general de San Egidio, y acogió a la comunidad en su templo. Ordenado ya sacerdote, Matteo Zuppi fue enviado a la iglesia de Santa María como asistente y, en el año 2000, sustituyó a Paglia como párroco.

San Egidio, de la mano de Andrea Riccardi, había comenzado ya a tejer su red de contactos con el Vaticano. En 1978 falleció Pablo VI y fue nombrado sucesor el cardenal Albino Luciani, que murió treinta y tres días después de acceder al trono de San Pedro como Juan Pablo I. Lo sustituyó el polaco Juan Pablo II, que hizo su primera salida a Roma para visitar una parroquia de Garbatella, un barrio de la periferia con fama de izquierdista y donde se han curtido muchos miembros de San Egidio dando clase a hijos de familias sin recursos. La propia comunidad mantenía allí una guardería para hijos de madres solteras. Cuando Karol Wojtyła pasó junto al centro, los niños comenzaron a cantar en polaco, la lengua materna del papa. Según el vaticanista Sandro Magister, hoy punta de lanza del movimiento de oposición a Francisco, el idilio entre Juan Pablo II y San Egidio, que duraría hasta la muerte del pontífice, se inició allí. Pero su gran valedor en la curia ha sido el cardenal vascofrancés Roger Etchegaray, desde que en 1985 Wojtyła lo llamó a Roma tras nombrarlo cardenal en el primer consistorio de su largo pontificado. Etchegaray, como presidente de la Comisión General de Justicia y Paz y del Pontificio Consejo Cor Unum, se estableció en el palacio de San Calixto, pared con pared con la iglesia de Santa María en Trastévere. El purpurado, que ya actuaba como embajador personal de Juan Pablo II en misiones diplomáticas delicadas, frecuentaba la parroquia donde actuaba San Egidio y oficiaba Matteo Zuppi, con el que estableció una fecunda amistad. Esa conexión ha tenido luego sus derivaciones en los procesos de pacificación de Euskadi.

A finales de los ochenta, los de San Egidio habían reforzado su conexión con la curia vaticana, que venía de atrás gracias a la relación de algunos de sus miembros más cualificados con personalidades de la Santa Sede. Zuppi es hijo de Enrico Zuppi, un periodista que dirigió durante treinta y dos años L’Osservatore della Domenica, un semanario del Vaticano que luego se convirtió en un suplemento dominical de L’Osservatore Romano. Fue nombrado en este cargo por Giovanni Battista Montini, sustituto de la Secretaría de Estado y futuro Pablo VI. Montini conocía a Enrico Zuppi desde su época como delegado eclesiástico de la Federación Universitaria Católica Italiana (FUCI), cuando el periodista militaba en el catolicismo social y tenía un fuerte compromiso con los suburbios de Roma. Antes, Enrico había colaborado en Avvenire, el periódico de los obispos italianos. Se dedicó a la tarea de comunicar y socializar los acuerdos del Concilio Vaticano II y se labró un gran prestigio. Una de las primeras entrevistas que concedió san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, la realizó Zuppi, que como directivo contribuyó a modernizar la prensa vaticana. Sus fondos documentales fueron depositados en el Instituto fundado por Luigi Sturzo, una figura de la democracia cristiana que ha servido de referente para el PNV. Matteo Zuppi era sobrino por vía materna del cardenal Carlo Confalonieri, una personalidad prominente de la curia romana, en la que ocupó cargos muy destacados. Durante diecinueve años, Confalonieri fue secretario personal del papa Pío XI. Otros miembros de la comunidad también tenían lazos familiares con altos jerarcas. No se puede decir que estuvieran ayunos de relaciones.

En 1986, la Comunidad de San Egidio fue reconocida como asociación internacional de fieles de derecho pontificio, lo que facilitaba su interlocución oficial con la Santa Sede. Andrea Riccardi ya había anunciado que tenían que vivir entre el campanario y el mundo, y así lo hicieron, iniciando un ciclo de diplomacia silenciosa por la que frecuentaban los despachos reservados. Su mayor éxito diplomático fue la firma de los acuerdos de paz de Mozambique en Roma. Riccardi y Zuppi comenzaron como observadores, y luego pasaron a ser facilitadores y mediadores. En 1992 se sellaron en la capital italiana los acuerdos de paz de una guerra que dejó un millón de muertos y un millón y medio de refugiados. El método de trabajo se basó en una expresión utilizada por el papa Juan XXIII en la apertura del Concilio: «Preocupémonos por buscar lo que nos une y no lo que nos divide».

LOS CASCOS AZULES DE DIOS

Aquello convirtió a los miembros de la comunidad en mediadores «profesionales». En una «marca». Dejaron su sello en numerosas zonas del globo afectadas por conflictos, como Sudán, Argelia, Guatemala, Albania, Serbia, Kosovo, Togo, Darfur, Uganda, Burundi, Nepal, Colombia y Cuba, entre una larga lista de países. En Europa, Asia, África y Extremo Oriente. Entre los recios muros de su cuartel general en el Trastévere romano se han mantenido muchas horas de negociación paciente para el logro de acuerdos de países en conflicto. Reuniones secretas en sótanos excavados entre paredes gruesas de piedra que impermeabilizaban las conversaciones. Con capillas para la meditación y refectorios para reponer fuerzas. Con un cortile, un patio, rodeado de plátanos para enfriar los momentos calientes y de tensión. Su labor ha sido un ir y venir de gente de todos los colores y nacionalidades. El periodista italiano Igor Man acuñó el término ONU del Trastévere en referencia a esta comunidad porque por allí pasaban políticos, mandatarios, guerrilleros, obispos y cardenales en busca de pactos. También se ha llamado a sus integrantes «cascos azules de Dios» por su papel animando, apoyando o aconsejando en escenarios de conflictos. Consideran que los cristianos, así como todos los hombres y mujeres de buena voluntad, tienen una fuerza de paz. Su gran baza es lograr la confianza de las partes afectadas por el conflicto desplegando una enorme espiritualidad. Y su fuerza es su independencia, su neutralidad, a la hora de lograr la interlocución con todas las partes en el conflicto. «Es necesario escuchar a todos, entender sus motivos y dar cauce político a todas las ideas», predican. Con sus métodos dieron forma a una diplomacia paralela a la del Vaticano. Actúan donde la Santa Sede no conviene que esté. A veces, a su aire, y en otras ocasiones, en contacto secreto con la Secretaría de Estado. Son una diplomacia en la sombra.

El trabajo, la paciencia, la discreción y el sigilo siempre ha sido el sello de los ambasciatori del Vaticano, que se han apoyado en la vasta red de relaciones internacionales tejidas a lo largo de veinte siglos. Los Egidios han heredado ese estilo y protagonizan una mediación discreta, directa y sin ruido. Pero a veces saltan chispas y su trabajo resulta una complicación para la diplomacia oficial vaticana, que ha visto en su labor un obstáculo más que una ayuda. También por exceso ocasional de protagonismo o porque han puenteado a las Iglesias locales al actuar como freelances de la diplomacia. «Los amigos de San Egidio son los que nos están matando», acusó un obispo durante las negociaciones en Argelia. En 2015, Claudio Maria Celli visitó Bilbao en su calidad de presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. El arzobispo era un catedrático en Diplomacia Eclesiástica y en los años noventa había sido secretario de Estado para las Relaciones con los Estados. Monseñor Celli fue preguntado por el trabajo de San Egidio en ese campo y admitió algunos roces. Dijo que había recibido quejas por «ciertas actitudes» y que a veces no se había sentido «a gusto con ciertas cosas». No especificó más. Los trapos sucios de la Iglesia siempre se han lavado en casa.

El gran ideólogo de la comunidad, que cuenta con más de cincuenta mil miembros y está presente en más de setenta países, es Andrea Riccardi, profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad de Roma La Sapienzia. Los líderes de San Egidio, la mayoría profesores, tienen prestigio como intelectuales. En España, sin embargo, la presencia de la Comunidad de San Egidio no está extendida por sus ciudades, sino que se concentra en Madrid y en Barcelona. En Cataluña, tienen su sede en la basílica de los Santos Justo y Pastor de la Ciudad Vieja, y el consiliario es Armand Puig, un peso pesado de la intelectualidad católica catalana. Decano de la Facultad de Teología, Puig es un biblista con reconocimiento internacional que asesora a varios dicasterios de la curia vaticana. La sede de la Comunidad de San Egidio en Madrid está en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, más conocida como iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, ubicada en el corazón de Malasaña. El templo, lo que queda del antiguo monasterio de San Antón de las religiosas Carmelitas Descalzas, les fue confiado en 2016 mediante un decreto del arzobispo, Carlos Osoro, una de las antenas del papa Francisco en España. Osoro es obispo titular de Santa María en Trastévere, donde se encuentra el cuartel general de San Egidio. Los cardenales también son sacerdotes de la diócesis de Roma de forma simbólica, y se les asigna una iglesia de la que son titulares. Ese vínculo ha servido para que el arzobispo de Madrid ofrezca cobertura a la actividad de la Comunidad de San Egidio, que funciona en la capital de España desde hace treinta años.

En el grupo originario había nombres como el de Jesús Romero, que ha actuado en numerosas ocasiones como portavoz de la comunidad. Romero, profesor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y profundamente creyente, es un tipo muy peculiar. Ahora se encarga de la atención a refugiados y migrantes, pero en su momento fue el responsable de misiones de paz de San Egidio en España. Ha publicado varios trabajos sobre el papel de la comunidad italiana en la resolución de conflictos, y él mismo ha participado como mediador en determinados momentos en algunos escenarios, gracias también a su perfecto dominio del inglés al ser profesor de Filología Inglesa. Cuenta con experiencia en misiones humanitarias en Mozambique, Burundi, Angola e Irak, y en 2008 jugó un papel muy importante como mediador en las negociaciones de paz entre maoístas y monárquicos de Nepal. Tiene muy buena conexión con Matteo Zuppi, de quien, de hecho, ha sido anfitrión y cicerone en España cuando el actual arzobispo de Bolonia se ha movido en Euskadi y en Francia. Romero mantiene una estrecha relación con Jonan Fernández desde sus tiempos como responsable de Elkarri y Baketik, unos contactos que luego han proseguido con Fernández a la cabeza de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. En ese circuito ha fluido mucha información y se han engrasado canales de comunicación, que se activan en momentos delicados para triangular iniciativas con el Vaticano, los obispos y distintos gobiernos.

SAN EGIDIO DESCUBRE LA «GUERRA» DE EUSKADI

Resulta curioso que San Egidio no tenga ninguna comunidad en el País Vasco. Puede ser porque las bolsas de chabolismo han sido muy reducidas y en los barrios marginales ya actuaban jesuitas y curas obreros, y porque la Iglesia vasca ha sido poco permeable a la implantación de los nuevos movimientos cristianos de corte espiritual, a los que se veía con una identidad muy conservadora. El caso es que, cuando San Egidio anidó en Madrid y en Barcelona, el terrorismo de ETA estaba ya en plena orgía de sangre de lo que se conoció como los «años de plomo» por la cantidad de asesinatos, secuestros y ataques que se cometieron. Andrea Riccardi aseguró en 2003, cuando arreciaban los rumores de que se habían vuelto a ofrecer como intermediarios, que nunca han tenido «un plan para el País Vasco». Sí que reconoció que su organización había sido consultada por «los amigos vascos». Y es verdad que los tienen, sobre todo en el ámbito del nacionalismo.

Ha sido Matteo Zuppi, apadrinado por Jonan Fernández, el que más ha visitado el País Vasco. El sacerdote italiano es una persona risueña, positiva y paciente que derrocha campechanía. En el Trastévere, donde se movía en bicicleta, era el cura de todos, aunque a sus misas acudían muchos intelectuales y no pocos políticos. Pronto se convirtió en el asistente eclesiástico general de la Comunidad de San Egidio, en la que había militado casi desde sus orígenes. Al País Vasco llegó de la mano de Elkarri, cuando el movimiento diseñaba una «tercera vía» en busca de una solución dialogada a la situación de violencia. En aquella época, Zuppi era el «número dos» de la parroquia de Santa María en Trastévere. El conflicto vasco no le era ajeno porque era muy amigo de monseñor Etchegaray, con el que mantenía largos encuentros. Una de las primeras huellas que dejó Zuppi en Euskadi fue con motivo de un foro eclesial sobre la pacificación que organizaron las mujeres de Elkarri a mediados de los años noventa en Bilbao. Para entonces, los directivos del movimiento para el diálogo y la consulta buscaban una mediación internacional y le daban a todos los palos.

A finales de 1977, los hombres de San Egidio intentaron mediar en el conflicto vasco de una manera «oficial», más allá de compartir los habituales consejos y metodologías. La violencia política de Euskadi tenía poco que ver con las características de otros casos, en los que lo habitual era que hubiera dos partes que se enfrentaban a tiros. En el País Vasco había un grupo terrorista que desplegaba su terror contra una parte, eso sí, jaleado por un colectivo nada despreciable de la población y ante la indiferencia de un sector importante de la ciudadanía. Y así pasaban los años, mientras el contador de víctimas crecía. San Egidio ya había mantenido contactos con miembros cualificados de la Iglesia vasca y, después de veinte años de violencia, parecía haber llegado el momento de intervenir.

El acercamiento se realizó por dos vías. Representantes de San Egidio aprovecharon la presencia en Roma de Marcelino Oreja, tío carnal del ministro del Interior, para mantener un contacto. El diplomático era comisario europeo de Transportes y Energía, por lo que se movía por todo el continente. Una baza a su favor es que era un propagandista católico que entendía la acción política desde el humanismo cristiano. Tampoco era desconocido en los despachos del Vaticano, pues como ministro de Asuntos Exteriores había participado en la firma de los acuerdos Iglesia-Estado, una reforma de enero de 1979 del Concordato de 1953 entre el Gobierno de España y la Santa Sede. Aquella parecía la puerta perfecta para llegar hasta el Ejecutivo de Aznar. Además, los de San Egidio conectaron con la izquierda abertzale a través del líder sindical de LAB, Rafa Díez Usabiaga, y el abogado Iñigo Iruin para enviar mensajes que llegaran hasta ETA. Llegaron. Matteo Zuppi se entrevistó en París con miembros de la dirección de la banda. Según relataría después, durante la reunión lo mantuvieron con los ojos vendados para que no pudiera reconocer a sus interlocutores, entre ellos, una mujer. En aquella época, ETA empezaba ya a fiarse de la Iglesia, pero en el caso de San Egidio, por alguna razón, pensaba que podría estar siendo controlada por los servicios de información.

En diciembre de 1997, ETA apretó en su ofensiva contra los concejales del PP. Ya conocía que los Egidios intentaban llegar hasta el Gobierno, pero en su lógica del terror subía la apuesta poniendo muertos sobre la mesa. El día 11 asesinaron a José Luis Caso, edil de Rentería, de un tiro en la cabeza. Y, tres semanas después, segaron la vida de José Ignacio Iruretagoyena, concejal de Zarautz, colocando una bomba lapa bajo su coche. En el intervalo de los dos atentados, Mayor Oreja recibió la llamada del sacerdote de San Egidio (no lo identifica) para concertar una cita, según reveló el propio ministro al periodista César Alonso de los Ríos, autor del libro Esta gran nación. Se vieron el 5 de enero de 1998 en el Ministerio del Interior. Mayor Oreja estaba dolido por los últimos atentados, pero también indignado por el modus operandi del cura. Le dijo que un mediador no podía ser un correveidile, sino que tenía que tener la convicción de que se producían las condiciones suficientes para que el diálogo tuviera sentido. Mayor Oreja «no se dio por enterado» de su petición. El obispo de Zamora, Juan María Uriarte, lo visitó en su casa el día 5, víspera de Reyes. Desayunaron juntos. Ambos se conocían del País Vasco y de la Semana Santa zamorana, y el prelado le había enviado algunas cartas interesándose por la situación de algunos presos de ETA. Monseñor Uriarte ya le había hablado en alguna ocasión de la labor de la Comunidad de San Egidio. Mayor Oreja cree que estaba buscando una mediación. El caso es que, por aquellas fechas, Zuppi mantenía ya contactos con Uriarte.

«HASTA CON EL DIABLO SE PUEDE DIALOGAR»

El año 1998 fue crucial. En Irlanda se selló el Acuerdo de Viernes Santo y ETA quedó como la última organización violenta que perduraba en Europa. La banda aceleró su estrategia y buscó otras vías para forzar una negociación con el Gobierno que posibilitara la declaración de una tregua. Los partidos nacionalistas ayudaron a buscar un acuerdo que propiciara ese alto el fuego, que llegaría en septiembre tras la firma del Pacto de Estella. En octubre, el ministro del Interior abrió en el Consejo de Europa, en Estrasburgo, una conferencia sobre el terrorismo con un discurso muy duro. Mayor Oreja pidió a los representantes de los Gobiernos europeos que rechazaran los intentos de internacionalización del problema vasco y que no interfirieran en el proceso de paz. También avisó de que el Ejecutivo de Aznar no iba a entrar en una negociación de paz por ventajas políticas. «Cuanto más se levanta el acelerador en el terreno policial y judicial, más posibilitamos que ETA vuelva a matar», zanjó. Aquel contundente mensaje fue escuchado por monseñor Uriarte, quien, curiosamente, se encontraba en el hemiciclo de la Cámara. Ministro y obispo se fueron juntos hasta la Embajada española y, una vez allí, Uriarte sacó a colación el tema de San Egidio, resaltando su cercanía al Vaticano y su dedicación a tareas de mediación. Aquello era mucha casualidad. Alguien había hecho un guion. Es muy posible que en ese momento Mayor ya supiera que el presidente Aznar se planteaba hablar con ETA, y de ahí la dureza de los mensajes de su discurso. Uriarte desconocía que lo iban a designar a él para la tarea de mediación, pero tenía ya todos los boletos.

Tras el fracaso de las conversaciones en Suiza (1998) entre el Gobierno y ETA con monseñor Uriarte de facilitador, la Comunidad de San Egidio se dejó ver más por España y Matteo Zuppi se acercó por el País Vasco. Mantenía contactos con monseñor Uriarte y el sacerdote Joseba Segura, pero uno y otros estaban en procesos paralelos. No había una estrategia conjunta. Zuppi coincidió con José María Setién, ya obispo emérito de San Sebastián, en un seminario organizado por la Fundación Sabino Arana en junio de 2001 en Bilbao bajo el título «El diálogo como método de resolución de conflictos». El resumen de aquella conferencia con invitados internacionales fue que «la paz tiene un precio», un mensaje muy repetido por Setién. Zuppi, por su parte, defendió: «El diálogo no es debilidad ni complicidad. El diálogo necesita tiempo y paciencia y una metodología clara y flexible. Las rigideces no son buenas».

El sacerdote italiano formaba ya parte del circuito en el que se movía el largo y tortuoso proceso de pacificación. En 2002, la propia fundación nacionalista concedió a San Egidio el premio Sabino Arana en el apartado de Espejo del Mundo. Lo recogió Matteo Zuppi, esgrimiendo de nuevo el catecismo del diálogo. Ante un abarrotado auditorio de representantes de la sociedad civil y numerosos políticos, el eclesiástico predicó que para conseguir la paz «hace falta mucho coraje, voluntad, y también gran cantidad de audacia». La entidad jeltzale ha puesto en el escaparate a muchos de los protagonistas que han buscado soluciones al conflicto vasco. En esa misma edición se premió al jesuita de Barakaldo Francisco Javier Barturen, volcado con los más desfavorecidos en Brasil. El misionero vizcaíno también realizó una encendida defensa del diálogo, que «siempre ha estado en el pensamiento de la Iglesia». Luego enfatizó: «Hasta con el diablo se puede dialogar». Entre los invitados se encontraba el sacerdote Alec Reid, que tuvo un papel crucial en el proceso de Irlanda.

Los Egidios eran como el río Guadiana. Aparecían y desaparecían. Cuando Jesús Eguiguren, en nombre del Gobierno, y Josu Ternera, como representante de ETA, estuvieron negociando en junio y julio de 2005 en Ginebra, y en noviembre en Oslo, la imagen que en el Centro Henri Dunant se tenía de los miembros de San Egidio no era buena. Se los veía como integrantes de una organización rival que habían intentado subirse al carro cuando todo empezaba a carburar. Buscaban sitio en aquellas conversaciones.

El segundo semestre de 2006 fue un periodo crítico en Euskadi, pues ya se barruntaba que ETA podría suspender el alto el fuego decretado en el mes de marzo tras las conversaciones en Ginebra y Oslo. Desde muchos ámbitos se realizaban esfuerzos para mantener la tregua y hacerla durar. La Iglesia también empujaba en esa dirección, y por eso los jesuitas dispusieron el santuario de Loiola para las conversaciones entre partidos, en la iniciativa que más oportunidades ofreció para conseguir un acuerdo de paz durante todo el proceso. El 15 de noviembre, la Fundación Sabino Arana, la fábrica de ideas del PNV, volvió a organizar un nuevo foro con el epígrafe «El proceso de paz hoy: condiciones para que sea irreversible». Se trataba de un enfoque optimista que pretendía avanzar en el día después con una hoja de ruta en tres etapas: consolidar el alto el fuego, identificar el liderazgo que exigiría la nueva situación y preparar la reconciliación. Matteo Zuppi volvió a defender el diálogo: «Intentar terminar un conflicto con la represión es convertirlo en más duro aún. Para llegar a la paz, hay que entender por qué una parte ha tomado las armas». Mientras él reflexionaba, sus compañeros de mesa abogaban por llegar «a las raíces del conflicto». El sacerdote italiano fue presentado como representante del movimiento de laicos católicos de San Egidio, del que ya era su asistente eclesiástico. En esa época, además, había sido nombrado capellán de su santidad, un título honorífico pero que supone una concesión especial de la Santa Sede por los servicios prestados. Zuppi, por lo tanto, era una figura muy valorada en el Vaticano, donde tenía mucha entrada. La Comunidad de San Egidio era una pieza muy valiosa para algunos de los sectores que buscaban una mediación internacional. Para otros, en cambio, no tanto. El dirigente socialista Jesús Eguiguren, protagonista en las negociaciones previas de aquellos años, no habla muy bien de su trabajo: «Están en las cloacas del Vaticano. Tenían mala fama porque se aprovechaban de los conflictos».

En realidad, la Comunidad no tuvo un protagonismo especial. Era más bien una fuerza de apoyo, pues se trataba de un movimiento con prestigio internacional. La presencia de Zuppi daba lustre a los foros. Para la izquierda abertzale, era importante contar con algún tipo de sostén de la Iglesia, lo cual no valoraron antes de 1998, pero luego, sí. Tras el atentado de ETA contra la terminal del aeropuerto de Madrid en diciembre, que sepultó todas las esperanzas de paz, el cura del Trastévere volvió a frecuentar el País Vasco. Jonan Fernández, que había disuelto Elkarri y fundado Baketik, creó un grupo de sabios en ese centro de paz del santuario guipuzcoano de Arantzazu auspiciado por los franciscanos. Se trataba de un consejo simbólico, del que también formaba parte Federico Mayor Zaragoza, a quien en su día recurrió Elkarri para que mediara en el conflicto. Zuppi participó en algunas jornadas, en las que aprovechó para afianzar sus contactos con la Iglesia local y otras organizaciones. En 2009 fue presentado como testigo por la defensa del lehendakari Ibarretxe, sentado en el banquillo por haberse reunido con representantes de la ilegalizada Batasuna.

ZUPPI DECLINÓ ENTRAR EN EL GRUPO INTERNACIONAL DE CONTACTO

En 2010, la mediación internacional tomó carta de naturaleza con la llegada del abogado Brian Currin, que acumulaba una buena experiencia de intervención en Irlanda y en Sudáfrica. Actuaba por iniciativa de la izquierda abertzale, pero con el apoyo logístico de Lokarri, el movimiento por el diálogo y la consulta. El 29 de marzo de ese año se produjo ante el Parlamento Europeo la Declaración de Bruselas, un texto respaldado por varias personalidades en el que se pedía a ETA un alto el fuego permanente y completamente verificable. Entre los firmantes se encontraba Jonathan Powell, exjefe de Gabinete del primer ministro británico Tony Blair y considerado como el gran negociador británico en el proceso irlandés. En ese tiempo fue cuando reaparecieron los Egidios. Una de las personas que estuvieron en el «núcleo duro» del proceso evoca: «Era un momento delicado. La cosa parecía que empezaba a rular. El objetivo era paralizar las acciones ofensivas y lograr un alto el fuego». La Comunidad de San Egidio entró en escena, según esta fuente, a través de Jesús Romero, portavoz del movimiento en Madrid y que utilizó un contacto «viejo»: Martí Fluxá, ex secretario de Estado de Seguridad y uno de los hombres de Aznar en las conversaciones con ETA de 1999. Los representantes de San Egidio se presentaron como mediadores de la izquierda abertzale con un plan de paz. Romero contactó con Lokarri para conseguir toda la información del proceso. La misma fuente recuerda al respecto: «Querían meterse en el fregado, pero despertaron muchas sospechas. Hubo recelos. Fue un momento raro». La iniciativa llegó hasta Currin y Powell, que cortaron el movimiento porque podía entorpecer la estrategia que se había puesto en marcha.

Una vez que se abortó el intento, se le ofreció a Matteo Zuppi formar parte del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que se estaba creando durante aquel otoño de 2010. El GIC fue presentado en Bilbao por Brian Currin el 15 de febrero de 2011. Desde el 9 de agosto de 2009, no había habido atentados de ETA, y se estaba intentando promover el diálogo y una negociación multipartita. En un principio, Matteo Zuppi dijo que sí, pero luego no dio señales de vida. «Los promotores del GIC intentaron confirmar su participación, pero el representante de San Egidio jamás respondió», asegura una fuente, que adjudica a Zuppi un «ego desmedido». Y añade: «Nada que ver con la gente fantástica de San Egidio con la que traté en las conversaciones de Colombia».

En 2012, Benedicto XVI nombró a Matteo Zuppi obispo auxiliar de Roma, un rango que le confería ya una alta autoridad eclesiástica. De párroco, había saltado a la dignidad episcopal, con unos galones que le comprometían en cualquier actuación pública. Un obispo que asistió al acto rememora: «En la ceremonia de su consagración había muchos intelectuales y políticos. El templo parecía el Parlamento». Ni ETA ni la izquierda abertzale ni el Gobierno vasco se olvidaron del sacerdote italiano. Tras la Declaración de Ayete, la dirección de ETA se instaló en Oslo con la cobertura del Centro Henri Dunant y el Gobierno noruego en espera de acontecimientos. El siguiente paso era abordar un diálogo directo con los Gobiernos de España y Francia para tratar la cuestión de los presos y el desarme. La organización quería entregar las armas, pero nadie le hacía caso. Nadie llamaba a la ventanilla de su «oficina». El escritor Iñaki Egaña Sevilla, autor de El desarme: la vía vasca, asegura que en diciembre de ese año el Centro Henri Dunant recibió a una delegación de San Egidio con una oferta para participar en el proceso. De acuerdo con su relato, querían abrir un canal directo con ETA y se presentaron como emisarios del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA COMO EXCUSA

El gran acto del desarme se preparaba para el mes de abril de 2017 en Baiona. La izquierda abertzale necesitaba a la Iglesia para dar credibilidad y legitimidad a la ceremonia, como había ocurrido en Irlanda y en Colombia. ETA ya había informado en marzo de 2014 a la Santa Sede de sus planes de desarme. Egaña cita un informe enviado por ETA al Vaticano y una carta dirigida al propio papa Francisco por si, dice, «ustedes entienden que puede ser conveniente buscar una intervención más intensa del propio Vaticano». Y añade: «En ese caso, entendemos que el informe les será útil para dar a conocer la actual situación y la disposición de ETA, así como para analizar una eventual participación». La banda terrorista volvió a enviar otra carta a Roma en febrero de 2017 para informar que el desarme se realizaría «en el plazo más breve».

Los herederos de Batasuna buscaban también la implicación del Vaticano, al menos de una manera simbólica, hasta el final. El proceso para poner fin al largo y sangriento conflicto en Colombia, en el que habían participado sacerdotes y obispos, era un ejemplo para ellos. Una de las personas que más habían luchado para que la Iglesia de Roma se mojara en las conversaciones con la guerrilla era Guillermo León Escobar, embajador de Colombia ante la Santa Sede en dos periodos. León era un hombre profundamente creyente que se había formado como sociólogo, filósofo y teólogo en distintas universidades eclesiásticas, y él mismo ha sido maestro de sacerdotes y religiosos, además de consultor en distintos dicasterios. En la primera semana de octubre viajó a Bilbao para participar en un seminario de la Fundación Sabino Arana sobre las transformaciones políticas y sociales en Latinoamérica. El diplomático reveló que en el año 2000 los sótanos de la Casa de Santa Marta del Vaticano, la residencia actual del papa Francisco, acogieron un encuentro secreto con ocho guerrilleros de las FARC, en el que participaron el propio León y varios cardenales. «Se trataba de ver cómo el enemigo veía el problema y de que este supiera cómo lo veíamos nosotros», aseguró el que fue titular de la Embajada desde 1998. Juan Pablo II autorizó la iniciativa después de que la guerrilla solicitara la reunión por escrito «para ser oídos». Aquel fue un acercamiento propiciado por la Comunidad de San Egidio, que años después fue invitada a la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana, donde los hombres del Trastévere metieron muchas horas.

Unos meses antes, por cierto, en 1999, el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez también viajó a Roma para reunirse con el cardenal colombiano Darío Castrillón, a quien se consideraba un papable para suceder a Juan Pablo II. El pontífice polaco había recibido al escritor en un encuentro privado en 1979, ya que García Márquez buscaba la implicación de la Santa Sede para interceder por los desaparecidos durante la dictadura argentina. No era ajeno al funcionamiento de la diplomacia vaticana. Castrillón, azote de la teología de la liberación y de la Iglesia popular, sin embargo, se había mojado en labores de mediación con la guerrilla y el narcoterrorismo. Ese mismo año se había reunido en secreto en Roma con el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez, Gabino, que intentaba la mediación de la Iglesia en el conflicto colombiano. En ese momento, Castrillón ya era cardenal y prefecto de la Congregación para el Clero. Su mediación más espectacular fue el encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar, en el que el religioso acudió vestido de civil y el criminal, disfrazado de repartidor de leche, y que tenía como objetivo evitar la extradición del segundo a cambio de disolver el cártel de Medellín. García Márquez buscaba una entrevista periodística con Castrillón, y la consiguió, pero también mantuvo una reunión con un grupo de cardenales ante los que defendió, según algunas investigaciones, que Colombia debía tener «una segunda oportunidad sobre la tierra», en un claro mensaje para que la Iglesia católica se implicara.

Y se implicó. El trabajo discreto se lo dejó a los zapadores de San Egidio, pero representantes de la Iglesia local estuvieron desde el inicio del proceso en las conversaciones con la guerrilla y con el Gobierno y en casi todas las mesas de negociación, tanto con las FARC como con el ELN. «Hay que buscar una solución política y, por tanto, hay que negociar», defendieron los obispos. La Iglesia también ha sido fedataria en los procesos de desarme en Centroamérica. «¿Por qué en Colombia sí y en Euskadi no?», se preguntaban los líderes de la izquierda abertzale. El argumento definitivo llegó cuando el papa Francisco confirmó, en julio de 2016, que viajaría al año siguiente a Colombia, a lo que se había comprometido si se alcanzaba un acuerdo, una decisión en la que también hizo presión el embajador Guillermo León. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, «número dos» del Vaticano, viajó a La Habana para bendecir la firma del acuerdo de paz desde el más alto nivel. El pretexto parecía claro.

LA IZQUIERDA ABERTZALE VIAJÓ A BOLONIA A ENROLAR AL ARZOBISPO

Para aquel entonces, en Euskadi ya se estaba preparando la gran ceremonia del desarme, que tendría lugar el 8 de abril de 2017. San Egidio estaba en La Habana y podría estar en Euskadi. Los líderes de Sortu hablan muy bien de la Comunidad de San Egidio. Todo son elogios. Un miembro de la dirección del partido asegura: «Siempre han estado cerca, facilitando y dando apoyo. Nos han abierto muchas puertas. También en el Vaticano, que siempre ha estado ahí a lo largo del proceso». Cuando las fuerzas de seguridad desbarataron el acto de desarme de Luhuso, la izquierda abertzale se puso en contacto con Matteo Zuppi. Lo necesitaban como fedatario junto a Harold Good. El reverendo evangelista ya había sido reclutado. Representantes de Sortu y de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) viajaron a Bolonia para hablar con el arzobispo. Había un paralelismo con el proceso colombiano, que actuaba de colchón para amortiguar las probables críticas. Tenía, además, la cobertura del Gobierno francés, que estaba al tanto de la operación y la consentía. Era muy improbable una detención. Además, la Comunidad de San Egidio negociaba esos días un acuerdo con el Ejecutivo de París para colaborar en la crisis humanitaria en Oriente Medio con los corredores humanitarios. Se conocían por su trabajo en la República Centroafricana en el diálogo interreligioso y la prevención de conflictos. Existía «buen rollo» entre el cuartel general del Trastévere y el palacio del Elíseo.

Matteo Zuppi accedió a certificar el desarme tras poner por delante algunas condiciones. Vendría por su cuenta la misma mañana en un avión privado y haría un viaje relámpago, porque por la tarde tenía una celebración eucarística en Bolonia a la que no podía faltar. Su presencia en Baiona se circunscribiría al acto oficial de la firma del desarme, y punto. No habría declaraciones. También pidió apoyo logístico para acercarse a la localidad de Cambo-les-Bains, donde se había retirado su amigo Roger Etchegaray. La salud del cardenal se había resentido tras sufrir dos roturas de fémur, en 2009 y en 2015, en sendos actos de Benedicto XVI y Francisco. El noventa cumpleaños del purpurado vascofrancés lo habían celebrado juntos en la sede de San Egidio, en el Trastévere romano. Zuppi viajó a Francia sin advertir de ello a los obispos vascos y al titular de Baiona, que pusieron el grito en el cielo al sentirse puenteados. Tuvo que intervenir el Vaticano para aclarar que el sacerdote no había acudido en representación de la Santa Sede. La diplomacia paralela.

11
UN MOVIMIENTO
PACIFISTA CON SELLO
CRISTIANO

El 19 de octubre de 1983, ETA cumplió su amenaza y asesinó al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Había sido secuestrado dos semanas antes, y la banda exigía la suspensión del juicio contra los asaltantes a un cuartel del Ejército a cambio de su vida. También pidieron la emisión de un comunicado a través de Televisión Española. La cadena pública accedió en el último momento por razones humanitarias, pero la dirección etarra ya lo había sentenciado. Su cuerpo apareció en una zona boscosa entre Galdakao y Bilbao, reclinado sobre un muro, amordazado y con un tiro en la nuca. La fotografía, con aquel dramatismo añadido, enseguida me recordó a la del primer ministro italiano Aldo Moro, ejecutado por las Brigadas Rojas y abandonado en el capó de un coche. Fue un crimen monstruoso, pero los terroristas calcularon mal. La imagen de aquel padre de familia amante de la cesta punta e incansable seguidor del Athletic se retuvo en la retina de muchos vascos de bien. Y en ese criminal acto de inhumanidad germinó una reacción cívica contra ETA, al margen de los partidos. En realidad, a las fuerzas políticas les costó ponerse de acuerdo en una manifestación unitaria. El PNV se negó a marchar tras una pancarta con el lema «Todos contra ETA y con el Ejército», que era la propuesta del PSOE, si bien se pactó otra con la leyenda «Con el pueblo, contra ETA». Al día siguiente del asesinato, un grupo de estudiantes de Magisterio, Teología y Filosofía de la Universidad de Deusto, de los jesuitas, se concentraron en el exterior del campus con una pancarta que decía «ETA ez» («No a ETA»). Todo aquello había sido tan improvisado que por detrás se leía «Sí al celibato opcional». Fue algo inédito.

¿Tuvo aquella toma de conciencia contra el terrorismo un origen cristiano? Puede decirse que sí, aunque aquel no fue un movimiento impulsado ni liderado por la jerarquía eclesiástica. El obispo Juan María Uriarte considera que «el magisterio insistente y enérgico con respecto a ETA tuvo un eco en comunidades parroquiales y en una parte de la juventud», y en ese análisis reivindica la realización de una oración por la paz dirigida a los jóvenes en la basílica de Begoña, en Bilbao, y convocada por él mismo (entonces auxiliar) y el obispo titular, Luis María de Larrea. Aquella era la primera vez que los obispos pedían el posicionamiento contra ETA, que, según ellos, quería «implantar por la fuerza de las metralletas y en contra de la mayoría de los ciudadanos su voluntad y su modelo de sociedad». Era el sábado 5 de junio de 1982, y la jornada acabó mal. O bien, depende de cómo se mire. El templo estaba lleno, incluso había gente fuera. Unos tres mil jóvenes. Esa misma tarde había habido una manifestación contra la central de Lemoiz, que estaba en el punto de mira de la banda terrorista, y el ambiente estaba caldeado. Cuando el acto ya estaba avanzado, un grupo de radicales de Jarrai, las juventudes de Herri Batasuna, intentó reventar la celebración con gritos de apoyo a ETA y en favor de la amnistía. Se produjeron forcejeos y algunos enfrentamientos físicos, sobre todo cuando los alborotadores intentaron llegar hasta el altar. Los jóvenes cristianos se lo impidieron levantando una barrera humana. Hubo mucha tensión. Unos entonaban el Bakea beti zuekin («La paz siempre contigo») y blandían sus pañuelos blancos; los otros apretaban los puños y cantaban el Eusko gudariak («Himno del soldado vasco»). Había odio en sus gritos e insultos. «¡Obispos, Policía, la misma porquería!», repetían los radicales, mientras los fieles reunidos entonaban cánticos de paz con las manos entrelazadas. Los reventadores fueron expulsados del templo y, al final, los obispos tuvieron que salir protegidos por los fieles mientras toda la comunidad congregada cantaba con fuerza el Begoñako Andra Mari, el himno de la Amatxu.

Monseñor Uriarte cree que aquel gesto, el muro humano frente a los violentos, fue «un punto de arranque magnífico». Y añade: «No significó el nacimiento de Gesto por la Paz, una de las iniciativas más bellas en los tiempos de plomo, pero sí estuvo en la motivación ulterior de sus gestores, en los grupos cristianos que se lanzaron a la calle». Imanol Zubero, uno de los «padres fundadores» de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria y presente en aquel acto, comenta al respecto: «Ensayamos un ejercicio práctico de resistencia no violenta a las agresiones que en esta lucha se producirían».

Lo cierto es que, entre quienes organizaron aquella convocatoria, se encontraban exseminaristas y monitores de las parroquias, sobre todo del populoso barrio de Rekalde y del Casco Viejo, que ya venían realizando concentraciones silenciosas contra la violencia en general. La cita era todos los jueves, a las ocho de la tarde, en el corazón de Bilbao. Un grupo de jóvenes se situaba junto a la fuente del Banco de Vizcaya, conocida como el Abrevadero, en la plaza de España (hoy, plaza Circular), para denunciar la falta de una paz universal. Lo hicieron en silencio y durante media hora. Con un lenguaje cívico. Eran chavales de las parroquias, de los grupos de confirmación, algunos del escultismo y otros que militaban en la Acción Católica, en la Juventud Estudiante Católica (JEC) o en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Entre ellos había ya nombres como los de Carlos García de Andoin o Javier Madrazo. Otros eran Jon Elorduy y Pilitxu Aspuru, de la Juventud de Acción Católica del Casco Viejo. Las fotocopias para las convocatorias se hacían en la parroquia de Rekalde, un barrio obrero habitado por muchos inmigrantes. Era un humus cristiano.

Se denominaban Artesanos de la Paz y seguían los mandamientos de Lanza del Vasto, un filósofo y místico católico que pasaría a la historia como el apóstol de la no violencia. Discípulo de Gandhi, al que conoció, fue el creador de la Comunidad del Arca, que tuvo sus hijuelas en numerosos puntos de Europa. También en Euskadi. En Bilbao, uno de sus promotores fue Miguel Ángel Mediavilla, que creó una comunidad en Axpe Marzana en 1979. En 1981 la trasladó a Arguiñáriz (Navarra), y dos años más tarde se disolvió, aunque mantuvo un local para el silencio y la meditación en el convento de los pasionistas de Euba (Vizcaya). Pero había dejado ya su semilla. Javier Madrazo llevó grupos de scouts de campamento a Arguiñáriz para reflexionar sobre la paz. Y sobre ETA. En una ocasión, cuando volvían por Ochagavía, la Guardia Civil los paró en un control. Al revisarles los coches, encontraron textos sobre las asambleas de ETA y, pese a que les explicaron que eran pacifistas, se llevaron algunos bofetones.

Madrazo se había curtido en la militancia de barrio, peleando por semáforos y ambulatorios. Estuvo tres años en el seminario y formó parte de comunidades cristianas de base. Luego se relacionó con gente antimilitarista y de la objeción de conciencia. Era la época de los euromisiles, la carrera armamentística, el desarme nuclear y la Guerra Fría. Incluso viajó a Berlín y estuvo en algún congreso con Petra Kelly, líder de Los Verdes alemanes. En Euskadi tomaban forma el movimiento de Artesanos de la Paz y la Asociación de los Amigos de Lanza del Vasto. La no violencia activa era defendida por tradiciones religiosas que rechazaban las guerras y el terrorismo. Y sus seguidores conformaban minorías críticas contra la violencia. Gandhi llamó a esta acción «energía de la verdad» y Martin Luther King, «fuerza del amor». Para Lanza del Vasto se trataba de una «firmeza permanente». Ese concepto fue materializándose en las concentraciones silenciosas, simbólicas y proféticas. Fue una labor de percusión. Para muchos, era una contradicción pelear por la paz universal cuando al lado de casa había una realidad violenta mucho más cercana. Un día, la petición de paz en el mundo se transformó en la petición de paz en el País Vasco, en la denuncia de los crímenes de ETA.

El movimiento aún era disperso, sin una estructura, aunque sus promotores se conocían y se relacionaban. Tenían inquietudes comunes. En el verano de 1983, una docena de jóvenes cristianos pegaron carteles por el Casco Viejo de Bilbao en contra del asesinato en Pasajes del guardia civil Juan Maldonado. Lo volvieron a repetir tras la muerte del policía nacional Emilio Juan Casanova por la explosión de un coche bomba. ¡Manifestarse en favor de dos uniformados, dos «enemigos» del pueblo! Los chavales, vinculados a la parroquia de Santiago, fueron acosados con insultos. Incluso les echaron monedas por «vendepatrias». Pero aguantaron. Al párroco, Iñaki Múgica, ahora secularizado, le quemaron la moto con la que se desplazaba por la ciudad. Luego llegó, a raíz del asesinato del capitán Martín Barrios, la manifestación más directa contra ETA. La segunda acción de aquellos estudiantes universitarios de Deusto la provocó el asesinato de Enrique Casas, senador del PSE-EE, el 23 de febrero de 1984. Pistoleros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas tirotearon al líder socialista en la puerta de su domicilio en plena campaña electoral, en un nuevo salto cualitativo de aquella estrategia del terror. El crimen produjo una gran conmoción en Euskadi. El mismo día del asesinato, en Bilbao, los estudiantes cristianos volvieron a sacar la pancarta: «ETA ez». Esta vez, sin embargo, no se quedaron en Deusto: caminaron hasta el corazón de Bilbao tras una pancarta que decía «Terrorismoaren aurka (“Contra el terrorismo”). Basta ya, movilízate». En San Sebastián, los partidos políticos volvieron a escenificar su división. Felipe González, presidente del Gobierno, y Carlos Garaikoetxea, lehendakari del Ejecutivo vasco, estuvieron muy distantes y marcharon por separado en la comitiva fúnebre. Parecía necesaria una respuesta de la sociedad civil que fuera ajena a cualquier propósito político.

Las respuestas ciudadanas a la violencia de ETA eran puntuales e inconexas. Y, aunque no había una dirección oficial de la Iglesia, la matriz seguía siendo cristiana («la conexión católica», como tituló en su día una revista francesa). Prueba de ello es que en 1985 surgió el colectivo Itaka-Escolapios en el seno del Colegio de los Escolapios de Bilbao, que ya venía celebrando iniciativas en favor de la paz, con jornadas de debate y reflexión y actividades como globadas por la paz para sensibilizar a los estudiantes. «Itaka» viene de las siglas (con alguna pequeña modificación) de Intxisu Taldea-Asociación Cultural Abando, y la fundación daba forma a un movimiento en el que participaban cerca de ochocientas personas, entre ellas, universitarios exalumnos del Colegio de los Escolapios. Estos últimos impulsaron las concentraciones silenciosas que se celebraban en la plaza Circular a una hora distinta a la de los Artesanos de la Paz. En ese proceso tuvo un papel especial el director del centro, el padre Javier Aguirregabiria, que años después integraría la primera comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis vizcaína. Fue en este colegio católico donde se dio vueltas al nombre del movimiento, que pasaría a llamarse Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria. La primera concentración con ese nombre tuvo lugar el 26 de noviembre de 1985, y se organizó como repulsa a dos atentados de ETA en los que murieron dos soldados de la Armada, José Manuel Ibarzábal y Rafael Melchor, y el guardia civil Isidoro Díez. En ese último trimestre de 1985 surgieron ya media docena de grupos en algunas parroquias de Bilbao y en centros escolares religiosos de la provincia de Vizcaya que realizaban el gesto. Era un salto, un clic en la conciencia de la gente.

Las movilizaciones sociales en favor de la paz cogieron aire a lo largo de 1986. En los primeros meses de ese año comenzó a funcionar una plataforma muy plural a partir de ocho colectivos, entre los que destacaban organizaciones como la Comisión General de Justicia y Paz, ligada al episcopado, o Cristianos por el Socialismo. También el grupo Desarme Eta Bakearen Alde, surgido en el seno de Euskadiko Ezkerra con un grupo de cristianos de base. Mención aparte merece la Asociación por la Paz de Euskal Herria, una iniciativa promovida por Cristina Cuesta, hija del delegado de Telefónica en San Sebastián, Enrique Cuesta, que fue asesinado por integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 26 de marzo de 1982. Cuatro años después, el 8 de mayo de 1986, Cristina creó el colectivo pacifista, que contaba con grupos en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Lo hizo inspirada en el Colegio de los Escolapios de la localidad guipuzcoana de Tolosa, que realizaban cada mes una oración por la paz. Estaba muy centrada en las víctimas del terrorismo, que en aquellos años sufrían un lacerante desamparo. Ante la indiferencia general, los miembros del colectivo se concentraban detrás de una pancarta con la leyenda «Dilo con tu silencio». En 1989, la asociación se fusionó con la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria, pero en 1990 volvió a funcionar de manera autónoma, ya con un nuevo nombre: Denon Artean (Paz y Reconciliación).

¿Tuvo Gesto por la Paz unos padres fundadores? En realidad, el proyecto nació de varias iniciativas que confluyeron en el tiempo y que luego se ensamblaron. La gran reunión en la que el movimiento pasó a llamarse Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria tuvo lugar en abril de 1987 y se celebró en el Colegio de los Escolapios de Bilbao. Participaron representantes de los grupos de Bilbao (Itaka, Deusto, la Universidad de Deusto, Rekalde, Casco Viejo y Ocharcoaga) y de la provincia de Vizcaya (el Colegio Claret Askartza, de Leioa, y Las Arenas, de Getxo), todos ellos vinculados a grupos parroquiales (de tiempo libre, de escultismo y de confirmación) o a órdenes religiosas (escolapios, claretianos, jesuitas y mercedarias de Bérriz). No había una dirección oficial de la jerarquía católica. Sí es cierto que existía una relación cercana con el obispo auxiliar, Juan María Uriarte, una relación amiga, de complicidad, con respecto a algunos de los promotores. Pero también había recelos. En cierta ocasión, con motivo de unas jornadas en la Universidad de Deusto en la que participaba Jon Idigoras, el rostro de Herri Batasuna entonces, uno de líderes de Gesto por la Paz le afeó su connivencia con ETA. La intervención fue censurada por un alto miembro de la curia diocesana de Bilbao con el argumento de que esa línea de actuación «cerraba puertas» y «rompía puentes», pensando en el papel mediador de la Iglesia.

Gesto por la Paz inició su trabajo en precario, reuniéndose donde podía: en el Colegio de los Escolapios, en un piso del centro de Bilbao (calle Particular de Indautxu) del colectivo EDEX y en otros de El Peñascal, en la periferia de la ciudad, y de Rekalde. Estos últimos pertenecían a la parroquia. En uno de ellos se planteó la necesidad de tener un logo que identificara al movimiento. Lo creó el sacerdote Rafael Menchaca Arana, Rapel, un cura con mucha sensibilidad artística. En 1995 creó el logo de la diócesis, una visión artística del árbol (un roble, identificado como el árbol de Gernika, símbolo del alma vasca) y la cruz latina, ambos presentes en el escudo oficial de la provincia.

Los primeros responsables de Gesto por la Paz se movieron para afianzar una estructura estable. José Luis Bilbao, diputado general de Vizcaya por el PNV, se portó muy bien y les cedió un lugar provisional de la Diputación. Luego fue monseñor Uriarte quien les franqueó la entrada en un piso del Casco Viejo aledaño a la catedral de Santiago. Las primeras veinticinco mil pesetas las consiguieron de Caja Laboral, gracias a la mediación de uno de sus directivos, Juan Manuel Sinde Oyarzabal, que las camufló como subvención a una actividad cultural. Sinde es miembro del Consejo de Pastoral de la diócesis de Bilbao y de la Comisión de Economía de la Delegación de Caridad y Justicia. Ocupó un cargo de alto nivel en la entidad financiera mencionada, del grupo Mondragón, impulsado en su origen por el sacerdote José María Arizmendiarrieta. El cura está en proceso de beatificación, y en la fundación que lo promociona tiene un protagonismo destacado Juan Manuel Sinde. El grupo cooperativo regularizó la situación laboral de la viuda de Isaías Carrasco, militante del PSE asesinado por ETA cuando salía de su domicilio para ir a trabajar a Mondragón.

Para la primera manifestación, en Gesto por la Paz recogieron dinero distribuyendo pegatinas. Hablaron con el obispado de Bilbao, pero no lograron dinero. Los carteles los pagaron un mes después. Euskadiko Ezkerra les dejó un coche con altavoces. El primer reconocimiento a su labor vino de la mano del periódico El Correo, de Bilbao, que les concedió un premio a los valores humanos. El segundo, de la Fundación Enrique Casas, senador socialista asesinado por ETA. La Fundación Sabino Arana, vinculada al PNV, les entregó su Medalla de Oro. El parlamentario vasco Julen Guimón, de Alianza Popular, propuso al Parlamento que apoyara la candidatura de Gesto por la Paz para el premio Nobel de la Paz, lo que se aprobó por unanimidad. Se lo dieron a Mijaíl Gorbachov por la apertura del régimen soviético, la glásnost. El sacerdote Jesús Sánchez Maus, otro de los pioneros de Gesto por la Paz, reflexiona: «El País Vasco quedaba muy lejos. Curiosamente, años después el impulso del Gobierno noruego sería clave en las negociaciones con ETA».

La labor de Gesto por la Paz era transversal y fue calando como un sirimiri. En 1990, la coordinadora contaba ya con 175 grupos. Sánchez Maus recuerda: «Nos veían inofensivos, buena gente. El silencio no ofende. Además, encajaba en el argumentario diocesano». Pronto empezó el acoso de los radicales y violentos, que contraprogramaban las convocatorias pacifistas y se encaraban a quienes las secundaban. Tenían capacidad de movilización y no había nadie detrás. El espaldarazo definitivo vino cuando recibieron el apoyo del Pacto de Ajuria Enea, el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, suscrito el 12 de enero de 1988 por todos los partidos, salvo HB, que se excluyó de las negociaciones. En ese momento fue decisiva la labor de José Luis Zubizarreta, un exjesuita con una cabeza brillante que asesoraba de manera directa al lehendakari, José Antonio Ardanza. Fue su gran valedor. Ramón Jáuregui, del PSE, y Kepa Aulestia, de Euskadiko Ezkerra, también sacaron la cara por ellos.

El Gobierno vasco pidió a Gesto por la Paz que se movilizara para conseguir la liberación del industrial Julio Iglesias Zamora, directivo de la empresa Ikusi, secuestrado por ETA el 5 de julio de 1993. Les concedió catorce millones de pesetas de los fondos reservados para su organización. Entonces formaron la Iniciativa Ciudadana por la Liberación de Julio Iglesias Zamora, un colectivo plural integrado por intelectuales, artistas, deportistas, sindicalistas y profesionales de distintos ámbitos. También se sumaron comunidades cristianas y los secretariados diocesanos. No fue fácil, pues había miedo a significarse. Mostraron su apoyo jugadores de la Real Sociedad, pero a los del Athletic les costó más. El primero en hacerlo fue Genar Andrinua. La gente de Gesto por la Paz acudió a Ricardo Ansotegi, del EBB del PNV, para que presionara al club. Horas después, su presidente, Lertxundi, envió un fax de adhesión. Miembros de la coordinadora permanecieron encerrados en su sede para exigir la liberación del empresario y sufrieron un fuerte acoso por parte de los radicales, sobre todo durante la Semana Grande de Bilbao, la Aste Nagusia. Pero la iniciativa más potente fue la creación del lazo azul que la gente se colocaba en la solapa para expresar su rechazo silencioso al secuestro. Los portadores sufrimos insultos y agresiones, especialmente cuando la izquierda abertzale contraatacó con un lazo verde y lo identificó con la libertad de los presos. El lazo azul se convirtió en un símbolo de la resistencia a ETA.

La campaña culminó con una gran manifestación en San Sebastián, que se celebró el 11 de septiembre. En principio iba a ser antes, el día 4, pero hubo que posponerla para que no coincidiera con la celebración del Alderdi Eguna (Día del Partido, organizado por el PNV todos los años) y porque HB convocó una contramanifestación en la capital guipuzcoana. La concentración fue un hito, pero antes hubo muchas dudas de su éxito. La marcha concluía en el nuevo estadio de Anoeta (HB llenaba el velódromo), con capacidad para treinta mil personas sentadas. El alcalde de la ciudad, el socialista Odón Elorza, se mostraba preocupado: «¿Habrá gente? ¿En San Sebastián? Mejor buscar otro sitio, que va a quedar frío». El sacerdote Sánchez Maus lo tranquilizó: «Nosotros lo vamos a calentar». Y así fue. Desde un helicóptero, las fuerzas de seguridad calculaban setenta mil personas en las calles, y el estadio ya estaba lleno. El cura de Portugalete se trasladaba en un autobús con los miembros del servicio de orden cuando el vehículo sufrió una avería. Hubo que buscar otro, pero no podía llegar por el atasco enorme. Los voluntarios de Gesto por la Paz saltaron a la calle y fueron corriendo. Tras una pancarta que decía «Julio askatu» («Julio libre»), marchaba gente como los escultores Eduardo Chillida y Agustín Ibarrola, el jugador de la Real Sociedad Iñaki Alava, el presidente del Athletic José Julián Lertxundi, el empresario José María Vizcaíno o el juez Antonio Pericás. Hubo bertsos de Euskiñe y canciones de Imanol y Antton Valverde.

También hubo intimidaciones, agresiones y mucha tensión, pero mereció la pena. La izquierda abertzale acusó el golpe y convocó otra manifestación, una semana después, en favor de la negociación política. También fue masiva. Julio Iglesias Zamora fue puesto en libertad el 29 de octubre, tras haber permanecido ciento dieciséis días en cautiverio. De cara a la realidad vasca, aquella gran manifestación fue un punto de inflexión. Aquello era Guipúzcoa, y nunca antes había pasado algo así. También tuvo mucha proyección fuera de Euskadi. La opinión pública sintió que por fin los vascos reaccionaban. La Coordinadora Gesto por la Paz fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Se disolvió el 4 de mayo de 2013, cuando ETA anunció el alto el fuego definitivo.

ELKARRI Y LA OTRA LÍNEA DE LA IGLESIA

En pleno éxito de Gesto por la Paz surgió Elkarri, un movimiento ciudadano por la paz y el diálogo en el que muchos vieron una intención de cortocircuitar al primero. El propio Sánchez Maus, pionero de Gesto, lo ve así, y reflexiona: «El nacionalismo vasco vio que el movimiento pacifista se le iba de las manos. Había que compensar. Es lo mismo que pasó con Xabier Arzalluz y el Espíritu de Ermua tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. No se pedía askatasuna: se pedía libertad».

Otros creen que Elkarri nació para cubrir un espacio que había quedado al aire. Es lo que piensa Javier Madrazo, promotor de Gesto por la Paz, que terminó marchándose para fundar Bakea Orain (Paz Ahora). Hoy recuerda sobre su salida: «Nos estábamos quedando anquilosados. Había que pasar a una fase más propositiva de tomas de iniciativa, y no solo quedarse en la protesta. Había resistencias a esa ecuación de respuesta y propuesta». Bakea Orain tuvo mucha menos potencia que Elkarri, aunque participó en iniciativas como la de Maroño (conversaciones de grupos pacifistas) y firmó el polémico Pacto de Estella, en el que se marginó a los no nacionalistas. También se le relacionó con algún intento de mediación durante el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Para entonces, Madrazo ya estaba en el Gobierno de Ibarretxe. Algunos sectores de la Iglesia vasca se identificaron con su discurso, muy en línea con la doctrina Uriarte, a favor del derecho de autodeterminación como principio ético y con el pueblo vasco como sujeto político. Para el obispo fue una sorpresa que Madrazo se afiliara al Partido Comunista, pero en el seno de su formación muchos lo consideraban el «brazo largo de la jerarquía».

Lo cierto es que a finales de 1992 surgió Elkarri, que tuvo un origen nacionalista y en el que trabajaron muchas personas que venían o estaban en ámbitos de la Iglesia. Se autodefinía como un movimiento por el diálogo y el acuerdo. Y lo cierto es que nació tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en un momento de desconcierto del mundo de Herri Batasuna. Su promotor principal fue Jonan Fernández, que en su día representó a esta formación como concejal en el Ayuntamiento guipuzcoano de Tolosa, y hoy es el hombre de confianza del lehendakari Urkullu en la tarea de la pacificación como secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco. En su juventud había pertenecido a movimientos antimilitaristas y ecologistas, contestatarios y muy críticos con el sistema. No tenía vinculación con la izquierda abertzale. Aunque se había educado en un ambiente cristiano, había perdido la fe. Luego la recuperaría.

Su itinerario público arrancó en los años ochenta. La mujer de Fernández era maestra y le dieron plaza en la zona de Leitzaran, de modo que la pareja se fue a vivir allí. En 1985 apareció el proyecto de unir por autovía Navarra con Guipúzcoa, y enseguida surgieron los primeros recelos en el valle. Ese mismo año, Fernández creó la plataforma ecologista Lurraldea, desde la que se coordinaba la reacción de los pueblos, asesorando a los baserritarras afectados en el papeleo y las indemnizaciones. También hubo un componente de oposición por el impacto medioambiental que supuso una infraestructura de esas características. El asunto fue tomando protagonismo y hubo gente que se fue descolgando del proyecto. Herri Batasuna vio un filón en la actividad de Lurraldea y propuso a Jonan Fernández que se presentara como concejal en el Ayuntamiento de Tolosa. Resultó elegido en las municipales de 1987, y luego seguiría representando a ese partido hasta 1991. Esa labor lo marcará hasta el final de sus días. Es un pasado del que no le gusta hablar. De hecho, en la biografía oficial del Gobierno vasco aparece el dato de sus años de concejal, pero sin explicitar el partido bajo cuyo paraguas trabajó. Es cierto que se presentó en las listas como independiente, al margen de la militancia. Un matiz que le gusta dejar claro.

El caso Leitzaran se fue envenenando poco a poco. En 1989, ETA anunció que la autovía se había convertido en objetivo militar y amenazó a las personas, instituciones y entidades que la impulsaban. Cumplió su palabra. Se produjeron más de doscientos sabotajes con una factura de más de mil millones de pesetas en daños. Pero lo más dramático fueron los atentados contra personas. Murieron tres. Veintiocho años después, Jonan Fernández rememora: «Las consecuencias fueron terroríficas. Había que buscar vías de salida como fuera. Fuera de Euskadi». Alguien sugirió al coordinador de Lurraldea el nombre de José Sebastián Laboa, arzobispo nacido en la localidad guipuzcoana de Pasajes y con familia en San Sebastián. Josetxo, como se lo conoce por su carácter afable y bonachón, había ocupado las portadas de los periódicos de todo el mundo y había abierto los informativos de radios y televisiones. En la Navidad de 1989, más de dos mil marines de Estados Unidos rodeaban la Embajada de la Santa Sede, en la que se había refugiado el general Noriega, hombre fuerte del país. Laboa era el nuncio. Se encontró con dos problemas: la invasión de los norteamericanos y la guerra civil en Panamá, que en dos días se había cobrado la vida de mil personas. Su fama de mediador se vio reforzada.

Laboa, un hombre de acción bajo la protección de Juan Pablo II, ya había realizado labores de mediación durante la deportación de miembros de ETA a Latinoamérica, donde el arzobispo controlaba una vasta red de contactos. Cuando Jonan Fernández se fijó en él, Laboa ya había cambiado de destino y se encontraba como nuncio en el Paraguay del dictador Stroessner. Otra patata caliente. El responsable de Lurraldea contactó con Laboa a través de un tío de su mujer, un fraile franciscano que realizaba su misión en el país centroamericano. Cerraron un encuentro y Fernández viajó a Paraguay. Se reunieron en la residencia del nuncio. Hablaron de la enconada situación de Euskadi y del callejón sin salida de la autovía. Laboa fue muy receptivo. Era una persona de una extraordinaria calidad humana, muy campechano, y sabía moverse en las procelosas aguas de la política. Se ofreció a realizar gestiones para encontrar una solución. Era un gran servidor de la Santa Sede. Dejó claro que lo hacía a título personal, no como representante del Vaticano, aunque utilizó sus contactos. La vía no prosperó. Al menos, no de manera inmediata.

Jonan Fernández había tocado en otras puertas. Aprovechó el viaje a Latinoamérica para acercarse hasta El Salvador e involucrar a Jon Sobrino, un teólogo jesuita nacido en Cataluña en el seno de una familia vasca con raíces en Vizcaya. Fue un estrecho colaborador del arzobispo Óscar Romero, asesinado por un francotirador y hoy convertido en santo de la Iglesia. Él mismo se libró de una muerte segura cuando seis de sus compañeros —entre ellos el vasco Ignacio Ellacuría— y dos laicos fueron asesinados en El Salvador por un escuadrón de la muerte. Se vieron en Santa Tecla, un pueblecito de campesinos, y hablaron largo y tendido en una pequeña tasca de la aldea. Todos los días, a las ocho de la mañana, Sobrino oficiaba misa en la parroquia del Carmen, en el noviciado jesuita abierto por Ellacuría. El jesuita vasco tuvo mucha receptividad personal a la hora de escuchar la propuesta de mediación de Jonan Fernández, pero se mostró reacio a intervenir. El «conflicto vasco» no estaba en su agenda. Para él, que vivía entre los campesinos y los descartados, aquello que se le planteaba, un enfrentamiento por una autovía, le parecía un lujo europeo, muy alejado de sus prioridades junto a los pobres. «En el País Vasco se ha llegado a un buen vivir, que es en la práctica un absoluto, un ídolo, y eso dificulta mucho las cosas», señaló en una ocasión. Declinó la oferta.

El conflicto siguió enconado y se convirtió en un pulso entre los partidos del Pacto de Ajuria Enea y la izquierda abertzale y ETA. Las instituciones se resistían a cambiar el proyecto y «pactar con ETA» un cambio de trazado. El 9 de agosto se alcanzó un acuerdo. Aquello se consideró un triunfo de ETA y una humillación de las instituciones democráticas. El mensaje que se trasladó a la opinión pública fue el de que la violencia terrorista sirve para conseguir objetivos y arrancar cesiones a las instituciones democráticas. La cúpula de Herri Batasuna brindó con cava en la portada del Egin. El 25 de abril de 1992, los miles de asistentes a un mitin de HB en Anoeta se pusieron en pie para aclamar a Jonan Fernández y Victor Aierdi como representantes de Lurraldea. La brecha entre Fernández y los partidos no nacionalistas y las víctimas del terrorismo se ensanchó un poco más. Para él, aquella fue una experiencia traumática.

Los cantos de sirena de Herri Batasuna hacia Jonan Fernández siguieron sonando. El éxito de su trabajo al frente de Lurraldea afianzaba su papel de mediador en un tercer espacio, una tercera vía. Cerró los oídos. La experiencia de Leitzaran supuso para él un gran sufrimiento personal, por estar ETA de por medio y por las personas asesinadas. El equipo reflexionó sobre todo aquello. En una conversación tranquila en la sede del Instituto Gogora en Bilbao, Fernández argumenta:

Nos dimos cuenta de que la línea que separa el cauce civilizado y la deriva hacia la violencia es muy delgada. La fuerza en los extremos es más poderosa que en la búsqueda de una solución. Decidimos trasladarlo al ámbito general, buscar en Euskadi una solución dialogada. En el impulso de los pioneros no estaba cortocircuitar a Gesto por la Paz. La labor de Gesto era muy importante, pero la idea del diálogo no estaba defendida.

En diciembre de 1992 nació Elkarri, y lo hizo con la idea de no quedar sujeto a ninguna sigla política. La izquierda abertzale apareció enseguida. Los promotores recibieron la visita de los «enviados de KAS» (Koordinadora Abertzale Sozialista), quienes les dijeron que aquella era una iniciativa interesante, pero que había que hacerla de una manera más organizada. Por ejemplo, como un movimiento por la paz de la izquierda abertzale. Hubo un intento de apropiación de la marca, pero los pioneros se negaron en rotundo. Se rebelaron y consiguieron zafarse de la pinza, por lo que recibieron duras críticas desde ETA y su entorno. El primer núcleo estuvo formado por gente muy diversa y plural, gente «de buena pasta humana». Eran, sobre todo, militantes de los grupos de base cristianos o con experiencia en el compromiso en ese ámbito, pero también personas procedentes de la Iglesia y cercanas a la izquierda abertzale, además de muy críticas con la violencia, y creyentes de otras sensibilidades. Los apoyó mucho el Secretariado Social Diocesano de la diócesis de San Sebastián. Así como Gesto por la Paz nació en Vizcaya, Elkarri era un producto guipuzcoano. Y se apreciaba una mayor equidistancia, una mayor neutralidad. También era un sello de la propia Iglesia local. Una de las caras visibles fue Maixus Rekalde, que durante muchos años llevó la Secretaría de monseñor Setién. Jonan Fernández recuerda algunos encuentros con el obispo de San Sebastián, al que describe como una persona con unos principios éticos muy firmes. Hoy, cuenta sobre aquella época: «Nos hizo reflexionar mucho sobre las causas y la estrategia por las que se justificaba la violencia. Eran debates serios y duros». Los miembros de Elkarri tuvieron una relación frecuente con los obispos del País Vasco y de Navarra.

La vía de Elkarri fue ganando apoyos durante aquellos primeros tres años, sobre todo en el ámbito nacionalista. Pero fue el PSOE de Felipe González quien llamó a Fernández en 1993 para que tomara la temperatura a ETA con vistas a una negociación. Estaban implicados Txiki Benegas, un líder carismático de los socialistas vascos con influencia en Madrid, y José Luis Corcuera, un sindicalista de la empresa vizcaína de La Naval que se convirtió en ministro del Interior. Fernández viajó a la República Dominicana para entrevistarse con el dirigente de ETA Eugenio Etxebeste, Antxon, y entregarle un mensaje del Gobierno. Aquella vía se frustró porque Corcuera tuvo que dimitir y su sustituto, Antoni Asunción, dio carpetazo a las conversaciones. Aquello ayudó a romper la imagen de que Elkarri era una correa de transmisión de la izquierda abertzale.

Ese mismo año, Fernández puso en marcha un plan de conversaciones con los grupos pacifistas que se alineaban con los postulados del Pacto de Ajuria Enea y otras organizaciones que funcionaban en la órbita de Herri Batasuna y ETA. Entre los primeros se encontraban Gesto por la Paz, Bakea Orain y Denon Artean, que se posicionaban de manera clara contra el terrorismo. En las segundas estaban grupos como Gestoras Pro Amnistía, Senideak (ahora, Etxerat) o Gernika Batzordea y la revista Herria 2000 Eliza, de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. La primera reunión tuvo lugar el 15 de mayo en Arantzazu, en el complejo religioso de los franciscanos, una Orden con la que Fernández trabajaría mucho. En julio hubo otra en Ocharcoaga (Bilbao) y, en octubre, una tercera en Gernika. La cumbre final se celebró en Maroño (Álava) el 16 de enero de 1994, en la que, tras casi once horas de debate, apenas se pudo consensuar una idea común: «Sustituir todas las expresiones de violencia por mecanismos de diálogo». A una parte de la ciudadanía le costó entender la presencia de Gesto por la Paz en aquel pleno, y no pocos pensaron que Elkarri se aprovechó del prestigio de Gesto para dar lustre a su actividad.

Aquel año hubo un acontecimiento que insufló un nuevo aire al debate sobre la violencia en Euskadi. El 31 de agosto, el IRA anunció una tregua incondicional como consecuencia de la Declaración de Downing Street, firmada por los Gobiernos de Londres y Dublín el 15 de diciembre de 1993. La banda rompería aquella tregua dos veces antes de firmar la paz con el Acuerdo de Viernes Santo en 1998, pero aquel paso del terrorismo irlandés acrecentó la fascinación de Euskadi por Irlanda del Norte. Es lo que se ha llamado el «espejo irlandés». En el País Vasco no había una guerra entre dos comunidades. Tampoco la religión había provocado posiciones sectarias. Pero el modelo, la metodología, atraía al mundo nacionalista. Y en ese camino había tenido mucho que ver la Iglesia. Una comisión de Elkarri con Jonan Fernández al frente se desplazó en septiembre a Irlanda del Norte, donde mantuvo contactos con el Sinn Féin (el brazo político del IRA), partidos, grupos pacifistas, medios de comunicación y, por supuesto, representantes de la Iglesia. Visitaron el emblemático monasterio de Clonard, donde conocieron al padre Alec Reid, un monje redentorista católico que jugó un papel clave en las negociaciones y que, años después, tendría asimismo un protagonismo importante en Euskadi. También contactaron con John Hume, líder del Partido Socialdemócrata y Laborista, que les abrió muchas puertas. Sus tesis se vieron reforzadas. Con los irlandeses mantuvieron una estrecha relación gracias, también, a que la pareja de Gorka Espiau (otro de los líderes de Elkarri) era de Londonderry y tenía contactos con la comunidad católica republicana. Luego siguió el peregrinaje de vascos por tierras gaélicas. Tanto el PNV como Herri Batasuna enviaron delegaciones a Belfast. A partir de ahí, el tráfico entre Euskadi e Irlanda, en ambas direcciones, sería intenso.

Jonan Fernández siguió muy activo en 1995. Consiguió celebrar una conferencia de paz en el Hotel Carlton de Bilbao (sede del Gobierno vasco durante la Guerra Civil) que sirvió para arropar y lanzar la denominada vía Ollora (bautizada así por su inspirador, dirigente del PNV), en la que se visualizó un giro de la formación jeltzale hacia el soberanismo. Seis años después, y con el aval de cincuenta mil firmas, volvería a repetir la conferencia en un intento de implicar a la ciudadanía en el impulso del diálogo político. La primera la inauguró por todo lo alto el 7 de octubre de 2001 con la presencia de representantes de la Iglesia. De hecho, tomaron la palabra los sacerdotes irlandeses Alec Reid (redentorista) y Brendan Callaghan (jesuita). En el equipo de moderadores de la conferencia estaban, entre otros, el franciscano y catedrático de Psicología Social Sabino Aiestaran, el ingeniero industrial Juan Manuel Sinde, ligado al movimiento laico de la diócesis de Bilbao, o Ramón Múgica, profesor de Derecho de la Universidad de Deusto, y el periodista Mariano Ferrer, exjesuita y primer director del diario Egin. La clausura tuvo lugar en octubre de 2002, en un acto que sirvió para presentar la propuesta Bake Bidea (Camino de Paz), apadrinada por Julian Thomas Hottinger, experto suizo en mediaciones. Entre los vídeos de apoyo que se exhibieron, había uno de la periodista Valérie Demon, corresponsal en España de La Croix, el periódico católico francés. Para entonces, Juan José Ibarretxe había sustituido a José Antonio Ardanza como lehendakari, y pronto se convirtió en un gran valedor de Elkarri. Incorporó a Fernández en su grupo de asesores, diez personas nacionalistas independientes entre las que se encontraba el obispo José María Setién.

Entre 1998 y 2006, año en el que el movimiento se reconvirtió en Lokarri, Jonan Fernández no paró ni un minuto: llamó a muchas puertas y tocó todos los palos que pudo. Lo mismo viajaba a Irlanda tras el histórico Acuerdo de Viernes Santo para aprender de su proceso y exportarlo a Euskadi que se reunía con Jaime Mayor Oreja, flamante ministro del Interior en el Gobierno de Aznar, que los recibió a menudo en el palacete del paseo de la Castellana, en Madrid. El dirigente del PP los apremiaba para que se olvidaran «de los centros Carter» y dirigieran su atenció «a la Comunidad de San Egidio». Le hicieron caso, y el colectivo italiano trabó buenas relaciones con Elkarri a través de Matteo Zuppi, entonces un sacerdote carismático que pronto llegaría a arzobispo. Él ha sido otra de las terminales con el Vaticano. La relación de Zuppi con el País Vasco se ha mantenido hasta el minuto final.

Matteo Zuppi se relacionó con monseñor Uriarte, con el que Fernández siempre ha tenido una magnífica relación. Lo visitaba en su «destierro» en Zamora y, luego, de manera más frecuente, como obispo de San Sebastián. Ambos mantenían una química personal y espiritual. Había un cruce de información constante. Uriarte trasladaba esa información al Vaticano, que siempre ha estado al día de lo que se está cociendo en Euskadi. Ese triángulo de relaciones se activó con un episodio dramático. En julio de 1997, ETA secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco y amenazó con «ejecutarlo» si el Gobierno no cumplía sus exigencias. Se puso en marcha una diplomacia humanitaria para intentar salvarle la vida. Intervinieron Jaime Mayor Oreja, Jonan Fernández, monseñor Setién y Margarita Robles. La actual ministra de Defensa reactivó la vía Pérez Esquivel, con el que se había relacionado en una mediación anterior, para que contactara con ETA. También participaron la Comunidad de San Egidio y Joaquín Ruiz-Giménez, exembajador ante la Santa Sede. Sus esfuerzos titánicos, sin embargo, fueron infructuosos. La noticia del asesinato de Blanco la recibió el obispo Setién aquel sábado negro, 13 de julio, a las seis de la tarde, cuando estaba reunido con Jonan Fernández. Fue una experiencia muy dolorosa para todos. Sirvió, eso sí, para multiplicar el hastío y el rechazo de la ciudadanía a la banda terrorista, aunque esta siguió matando.

Tras catorce años coordinando Elkarri, Jonan Fernández aceptó en 2006 dirigir Baketik, un centro para la paz impulsado por los franciscanos en el santuario guipuzcoano de Arantzazu. Consideraba que su misión —generar una cultura de diálogo— estaba ya cumplida y sentía la necesidad de crear otra cosa, algo distinto y con otras personas. Descartó entrar en política o realizar alguna tarea pública o institucional. En ese momento, Fernández estaba experimentando una reconversión mística. Durante ese acercamiento a la fe mantuvo muchos encuentros con monseñor Uriarte. Al obispo, experto en ejercicios espirituales, le encantaba hablar de ello. También conversaban sobre política y sobre el proceso de paz, y compartían sus respectivas experiencias.

En ese camino jugó un papel fundamental el padre Javier Garrido, un franciscano de Pamplona enamorado del enclave religioso de Oñati. Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de Friburgo (Suiza), se dedicaba a la formación de adultos y acompañamientos en procesos de fe, muchos de ellos en el ámbito universitario. La mujer de Jonan había participado en esta experiencia desde los veinte años y mantenía una relación con el monje. Fernández se animó. Aquellos grupos trabajaban con el concepto de personalización de la fe y con mucha pedagogía. En algunos casos, el itinerario, sin contenido político ni ideológico, duraba hasta tres años. Garrido no era nacionalista, al contrario que Iñaki Beristain o Juan Telesforo Zuriarrain (superior del santuario), franciscanos que sí venían de esa cultura.

Como el santuario quería impulsar un centro relacionado con la ética, Fernández le vino al pelo. Estaba en el lugar indicado y en el momento adecuado. Mantuvieron conversaciones y se produjo un enamoramiento. Fue en octubre de 2006 cuando se inauguró Baketik en Arantzazu, ese enclave tan simbólico para la identidad cultural y política vasca. Jonan Fernández fue nombrado director de esta iniciativa laica y aconfesional y de carácter abierto y plural, pero anclada y entubada al santuario de una orden religiosa identificada con el carisma de la paz. Por entonces, el obispo de Guipúzcoa era Juan María Uriarte, un prelado con el que Fernández tiene un fuerte vínculo personal. Incluso coinciden en los puntales del discurso de la reconciliación. La arquitectura de esa doctrina la terminó de cincelar Fernández durante seis años junto a la magnífica basílica de Arantzazu, en la que el escultor Jorge Oteiza esculpió un friso con catorce apóstoles.

Fernández integró el «comité de sabios» que asesoraba a Juan José Ibarretxe, y el propio lehendakari inauguró la puesta en marcha de Baketik. En aquel centro por la paz, su director se rodeó de una intelligentsia muy plural, en distintos comités de asesores y rectores. Por allí pasaron Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Saramago, José Antonio Marina, Daniel Innerarity, Anjel Lertxundi o Arantxa Urretabizkaia; agnósticos como Victoria Camps y sacerdotes como Matteo Zuppi, miembro de la Comunidad de San Egidio. El común denominador: una ética humanista con la dignidad humana como columna vertebral. El trabajo del centro no tenía una relación directa con el tema vasco, e incluso se organizó una Semana de África, aunque sí se hablaba mucho de reconciliación. El terreno era menos político y tenía un perfil mediático pequeño. Pero seguía haciendo agenda. En la localidad vascofrancesa de Espelette, Fernández visitó al cardenal Etchegaray, una de las puertas de los vascos en el Vaticano, donde el religioso todavía mantenía una importante influencia. Baketik formó a cerca de cinco mil voluntarios como agentes e impulsores de la reconciliación, y socializó su mensaje en numerosos municipios y colegios. Fernández publicó decenas de artículos en la revista religiosa Arantzazu, fusionada con otras cabeceras, un clásico en muchos hogares vascos.

Arantzazu marcó a Jonan Fernández, que siguió puliendo su doctrina. Escribió dos libros, Ser humano en los conflictos: reflexión ética tras una vivencia directa en el conflicto vasco y Vivir y convivir: cuatro aprendizajes básicos. En 2012, Baketik cambió sus estatutos y descendió al valle para afincarse en Tolosa. Fernández se marchó a su casa. Se puso a escribir un nuevo libro, Ni tanto ni tan poco: una conclusión inacabada a los 50, un testimonio íntimo sobre la persona, el mundo y Dios. «¿Cómo relacionarnos con la cuestión de Dios y con nuestra dimensión espiritual?», se preguntaba. En esas reflexiones estaba cuando, en el mes de diciembre, lo llamó el lehendakari Iñigo Urkullu para ofrecerle el cargo de secretario general del área de Paz y Convivencia, que más tarde pasaría a denominarse de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. Primero le dijo que no. Luego lo consultó con su círculo más próximo de familiares y amigos, que lo animaron a ello. Llamó a Urkullu y le pidió un poco de tiempo. En enero de 2013 se anunció su nombramiento.

Aquella apuesta del lehendakari fue arriesgada. Se produjo una cascada de críticas, sobre todo por parte de los partidos no nacionalistas y las asociaciones de víctimas. El pasado volvió como un bumerán y se le recordó a Fernández su periodo de concejal de Herri Batasuna y su papel en el caso Leitzaran, obviándose otras etapas. Urkullu salió en su defensa e inquirió: «¿Acaso preferimos que todos sigan siendo de Herri Batasuna?». Fernández siguió hacia adelante. La espina dorsal de su hoja de ruta fue el documento «Bases éticas para la reconciliación de la convivencia». Elaborado en el seno de Baketik, recogía conceptos como «reconocimiento del daño causado» o «revisión crítica del pasado». El político nunca perdió su relación con monseñor Uriarte. Fue el invitado estrella en unas jornadas sobre los valores de la autocrítica en las que compartió mesa con Carmen Gisasola. La exdirigente de ETA, en proceso de reinserción, señaló que «la lucha armada fue una auténtica barbaridad». El prelado admitió que la Iglesia vasca «se preocupó más de la pacificación que de las víctimas». Ya como obispo emérito de San Sebastián, Fernández lo incluyó en la nómina de expertos del informe sobre víctimas de abusos policiales porque buscaba personas con credibilidad. La presencia de Uriarte bendecía una investigación que levantó mucha polémica. Fernández también puso en marcha el programa Hitzeman, su propia vía Nanclares para la reinserción de presos condenados por terrorismo. Y en la comisión gestora, formada por magistrados de prestigio, situó al sacerdote claretiano Josu Zabaleta, que fue tutor de algunos de los presos que participaron. También puso en marcha el Mapa de la Memoria y promovió un informe sobre los casos de torturas. Las asociaciones de víctimas le han reprochado que su gestión carezca de proyectos de deslegitimación de ETA.

PAUL RÍOS: DE GESTO POR LA PAZ A LOKARRI

Hacía ya once años que Fernández había abandonado el movimiento pacifista. El 19 de marzo de 2006 traspasó los trastos a Paul Ríos, que puso en marcha Lokarri, la red ciudadana por el acuerdo y la consulta. Como en muchos otros casos, Ríos era un joven de la localidad vizcaína de Getxo que se había forjado en los pórticos de una parroquia. En 1989, con tan solo quince años, ya participaba en las concentraciones de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria contra la violencia. Lo hacía en el colectivo de la parroquia de Berango, aunque también pertenecía al grupo de confirmación de la iglesia de los padres trinitarios de Algorta y colaboraba en comunidades de profundización de la fe. En la Iglesia les inculcaban que había que hacer algo más, que de la animación había que pasar a la acción y al compromiso. Ayudar a resolver los problemas. Por aquel entonces, Ríos no podía imaginar que veintidós años después tendría un papel destacado en la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián (donde se gestó la Declaración de Ayete), que sirvió de antesala para el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA. Pero eso sería el 20 de octubre de 2011. En los primeros años de militancia cristiana, el vizcaíno lo mismo recogía firmas en campañas en favor del 0,7 por ciento para la pobreza que recolectaba alimentos para enviar a los refugiados de Bosnia en la guerra de los Balcanes. En 1993 conoció a Jonan Fernández, pero tuvo muchas dudas antes de entrar en Elkarri. Él pensaba que se trataba de un movimiento ambivalente en el que no había una posición clara contra la violencia de ETA.

El 22 de noviembre de 1993 se produjo un episodio que lo marcó profundamente. A las ocho y media de la mañana, un pistolero de ETA disparó a bocajarro contra Joseba Goikoetxea cuando este llevaba a su hijo a la ikastola y había detenido su vehículo ante un semáforo. Murió en el acto. Goikoetxea era sargento mayor de la Ertzaintza y había puesto en marcha la unidad antiterrorista de la Policía vasca. También era un militante histórico del PNV. El asesinato horrorizó a la sociedad vasca, pero causó una conmoción especial en la comunidad nacionalista. Su viuda, Rosa Rodero, tendría años después un protagonismo por su firme defensa del diálogo entre víctimas y expresos de ETA. Paul Ríos era el entrenador de baloncesto de la hija del mando de la Ertzaintza. Aquel fue un momento muy duro. Hubo que explicar aquel crimen a los chavales y, en el siguiente partido, se guardó un minuto de silencio en honor al fallecido. Esa experiencia llevó a Ríos a implicarse más contra la violencia. Y entonces entró en Elkarri.

En 2004, Jonan Fernández ya barruntaba la idea de reconvertir el movimiento en otra cosa. Lo planteó y hubo mucho debate. Avisó de que no continuaba y le propuso a Paul Ríos que cogiera el relevo. Era marzo de 2006. Para entonces, Ríos tenía ya treinta y dos años, pero le faltaban aún muchos contactos para poder navegar en la política vasca. El momento coincidió con la tregua de ETA y las conversaciones entre el Gobierno y la organización, de las que Ríos carecía de información detallada. Elkarri se transformó en Lokarri (en euskera, «lo que sirve para unir») y Paul Ríos se convirtió en coordinador de aquella red ciudadana por el acuerdo y la consulta. Desde la organización pretendían trabajar en favor de una solución pacífica y dialogada al problema del terrorismo y al debate sobre la independencia. Apoyaban la negociación política entre el Gobierno y ETA, el acercamiento de los presos y la celebración de una consulta popular. En ese entonces pensaban que la tregua de ETA abría unas oportunidades que había que aprovechar. El 19 de marzo convocaron una manifestación apoyada por el Gobierno vasco, liderado por Juan José Ibarretxe, con un marcado perfil soberanista. En la marcha reivindicaron un proceso de paz sin violencia ni exclusiones. Pero ETA rompió la tregua el 30 de diciembre y sepultó todas las esperanzas entre los escombros del aeropuerto de Madrid, donde un potente coche bomba acabó con la vida de dos ciudadanos ecuatorianos.

El proceso encalló. En Lokarri se siguió trabajando, pero sin avances significativos. Incluso estuvieron a punto de tirar la toalla y disolverse. Pero la mediación internacional estaba en su apogeo. El lehendakari Ibarretxe había formado el Grupo Permanente de Asesores Internacionales para el Proceso de Paz, en el que destacaban Albert Reynolds, ex primer ministro irlandés, y Roelf Meyer, exministro de Defensa y Asuntos Constitucionales de Sudáfrica, otro país referente para la izquierda abertzale. Líderes de esta formación habían viajado en 2004 a Pretoria para conocer el proceso que acabó con el apartheid y para ser instruidos en las labores de mediación y negociación. Era parte de un programa del Congreso Nacional Africano de Mandela con el que se buscaba compartir su experiencia con el mundo. Por allí pasaron partidos y mediadores de Irlanda, Mozambique, Argelia, Colombia y Euskadi.

En 2005, la izquierda abertzale pidió ayuda al Sinn Féin irlandés, que los puso en contacto con Brian Currin, un abogado que había colaborado con el Partido Nacional sudafricano y en la resolución del conflicto irlandés, en el que era miembro de la comisión de excarcelación de presos. En ese momento, Currin ya tenía relación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que vio bien su mediación. En 2007, meses después de que ETA rompiera la tregua, Batasuna llamó a Currin para que desplegara su experiencia en Euskadi. Rufi Etxeberria fue uno de los anfitriones. El Ejecutivo socialista animó a Currin a que intentara empujar una ciaboga en la izquierda abertzale, aunque tiempo después algunos de sus portavoces criticaron la gestión del abogado sudafricano. Ese mismo año, el 1 de octubre, Currin hizo su aparición pública presentando la Iniciativa Internacional para la Promoción del Diálogo y la Paz en el País Vasco con nuevos expertos. El hecho de que se lo identificara con la izquierda abertzale era un lastre en su trabajo. Se quedó dos años con ellos.

Un «agujero negro» que siempre ha permanecido sin respuesta en el universo de Brian Currin es el de su financiación. ¿Quién pagaba sus gastos? Una parte de ellos, según algunas informaciones nunca desmentidas, se los cubría la Fundación Joseph Rowntree, de inspiración cuáquera, un movimiento religioso muy peculiar. Se trata de una organización benéfica británica dedicada a la investigación y al desarrollo de políticas sociales, a la identificación de las causas de los conflictos y las injusticias que subyacen en la pobreza y la iniquidad, un concepto que ha vuelto a poner de moda el papa Francisco. La entidad lleva el nombre de un filántropo que cultivó la compasión hacia los pobres. Era un hombre de negocios que hizo mucho dinero con la industria del chocolate, en un sector que hoy día sigue dando grandes beneficios con marcas muy populares y demandadas. En el ideario de los cuáqueros hay un apartado contra la violencia («Toda violencia es mala») y en favor de la paz que ha sido aprovechado por los especialistas en resolución de conflictos. La fundación habría proporcionado apoyo también a los procesos de paz en Sudáfrica e Irlanda. Lo cierto es que los cuáqueros han sido una presencia habitual en el País Vasco. Jesús Eguiguren, en su día presidente del Partido Socialista de Euskadi, me confirmó que representantes de este movimiento cristiano se presentaron un día en la Casa del Pueblo de San Sebastián para ofrecer sus servicios en el proceso de paz.

Sin embargo, el 7 de mayo de 2009, la relación de fuerzas cambió, e Ibarretxe fue desalojado de Ajuria Enea. El socialista Patxi López fue elegido lehendakari con el apoyo del PP. El grupo oficial de asesores internacionales dejó de funcionar. Brian Currin quería seguir. El noruego Centro Henri Dunant también se lo pidió. A través de Gorka Espiau, antiguo líder de Elkarri y hasta ese momento responsable del área de Paz y Convivencia de Ibarretxe, el abogado contactó con Paul Ríos. Le propuso coordinar esfuerzos. Ríos aceptó y, desde finales de 2009, se convirtió en su sombra. Acompañó a Currin por todo Euskadi para comunicar el cambio de estrategia de la izquierda abertzale y socializar el mensaje de que el debate interno estaba muy avanzado. Y que iba en serio. Se reunieron con partidos, sindicatos, empresarios y también con representantes de la Iglesia.

Durante su labor como coordinador de Lokarri, en efecto, Paul Ríos mantuvo numerosos encuentros con gente de la Iglesia, algunos de manera pública y otros de manera discreta y confidencial, y tanto con organizaciones o comunidades de base como con la jerarquía. Por ejemplo, con Ricardo Blázquez, hoy cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, y entonces obispo de Bilbao. La primera vez fue a petición del propio prelado, que contribuyó a facilitar los encuentros multipartitos y sociales para conseguir el desistimiento de ETA. El obispo abulense fue un agente activo en los intensos contactos de 2006. Demostró buenos oficios para limar asperezas entre las partes implicadas. El prelado daba cuenta al Vaticano de lo que se estaba fraguando en Euskadi. Ríos también se reunió con su vicario general, Ángel María Unzueta, «número dos» del obispado. Lo conocía de su época como vicario de la zona de Uribe Costa (margen derecha del Nervión), cuando le presentó la campaña de Elkarri, y de la gira del redentorista irlandés Alec Reid. Una vez que el sacerdote Joseba Segura se marchó a Ecuador, Unzueta era «el hombre con el que había que hablar». La dirección de Elkarri mantenía informada a la Iglesia de la situación y la prevenía de los pasos que se podrían producir. En los momentos de bloqueo, también acudía a ella para intentar desatascar el proceso. Lo hacía también con los empresarios, pues interpretaba que ellos podrían trasladar a instancias del PP esa información, ya que no había forma de contactar directamente con los miembros del partido. En el caso de la Iglesia, se pretendía que pudiera tender puentes a través de su pastoral penitenciaria. De hecho, Ríos mantenía relación con religiosos que actuaban en las cárceles, cerca de los presos de ETA. Se reunía, además, con los franciscanos de Arantzazu o los curas de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, aunque el apoyo de estos últimos, que mantenían una postura radical, cerró algunas puertas a Lokarri.

Paul Ríos mantenía líneas abiertas en todas las diócesis —incluida la de San Sebastián a través de Patxi Azpitarte, uno de los vicarios generales, con mucho carisma entre el clero— y con las comisiones diocesanas de Paz y Reconciliación. Mantenía encuentros con grupos de sacerdotes y daba charlas en comunidades cristianas, y no solo en Euskadi, sino que también acudía a foros de Madrid, Ávila, Palencia o Zaragoza, por citar algunas capitales. Aquella era una manera de evangelizar su programa. Con monseñor Uriarte, al igual que en el caso de Jonan Fernández, mantuvo una relación especial. Fue el obispo de San Sebastián quien lo llamó. Preguntaba mucho: recopilaba información. Uriarte tenía sus propios circuitos y era muy activo. Tenía canales abiertos con la izquierda abertzale, con el PNV, con el PP… Era una red de conexiones variada y plural. Su discreción era muy valorada en las mediaciones para ayudar a buscar soluciones y cerrar el capítulo de la violencia. Y la información que obtenía en sus pesquisas acababa siempre en el Vaticano. La relación entre ambos se convirtió en amistad. En los momentos de tribulación, Ríos acudía siempre a dos oráculos: Jonan Fernández y monseñor Uriarte. El obispo le ayudaba a replantearse muchas cosas.

La labor de Paul Ríos no se circunscribió a Euskadi. Pasó muchas veces la muga para encontrarse con grupos del País Vasco francés, entre ellos, colectivos de cristianos muy activos. También realizó numerosos viajes a Irlanda. Ya conocía al sacerdote Alec Reid, pero un personaje que le impactó fue el reverendo metodista Harold Good, que apareció por primera vez en el País Vasco en 1999, tras el Acuerdo de Viernes Santo. La gente conectaba más con Reid porque era republicano. El redentorista católico tenía más aplauso, pero Good, según quienes lo trataron, «tenía una personalidad extraordinaria». Ríos no ahorra elogios al pastor metodista irlandés: «Es una persona muy respetada en Inglaterra. Y superdiscreta, siempre en segundo plano. Nos ha echado un cable siempre, nunca se ha negado a venir. Es un buen amigo». De hecho, en algunos de los viajes que realizó a Irlanda del Norte, fue Good quien organizó la agenda.

Harold Good, nacido en Londonderry, ejerció su ministerio en Shankill, un barrio protestante muy emblemático de Belfast, y también fue capellán en las cárceles. En 2001 fue presidente de la Iglesia Metodista en Irlanda, un puesto que le permitió facilitar el proceso de paz. Tuvo un papel relevante, junto con el sacerdote Reid, en las conversaciones para el desarme del IRA, por lo que su propia Iglesia le concedió el premio Metodista de la Paz. Una labor más desconocida en su biografía es su gestión al frente de la Comunidad Corrymeela, una institución creada para sanar heridas y fomentar los encuentros entre las víctimas de la violencia y los victimarios. Se encuentra ubicada en Ballycastle, un pueblo encantador a noventa kilómetros de Belfast, en la costa norte. El enclave estaba predestinado para conectar a las personas. El ingeniero e inventor Guillermo Marconi realizó su primera transmisión telegráfica sin cable, y con éxito, entre Ballycastle y la isla de Rathlin. Toda una metáfora.

La Comunidad Corrymeela fue fundada en 1965 por el pastor protestante Ray Davey, que había sido capellán castrense en la Segunda Guerra Mundial con la misión de proporcionar ayuda espiritual y psicológica a las tropas. Fue capturado y hecho prisionero en Dresde, donde sufrió los tremendos bombardeos que convirtieron a la ciudad alemana en una «ciudad mártir», al igual que Gernika. Aquella experiencia lo marcó. Davey fue decano presbiteriano de la Universidad de Queen, donde también ejerció de capellán de los estudiantes. En Belfast vivió los Troubles («disturbios»), con episodios de violencia muy serios entre católicos y protestantes y en medio de tensiones políticas, ideológicas y religiosas. En un ambiente sectario, Davey se distinguió por trabajar con niños de ambas comunidades para que entendieran sus diferencias y pudieran vivir como amigos. Aquello era muy difícil. Con la ayuda de un grupo de estudiantes, decidió crear Corrymeela, que se convirtió en una referencia de tolerancia y reconciliación entre distintos credos. El dalái lama visitó el centro en 2005, atraído por su trabajo. También lo hizo el príncipe Carlos de Inglaterra, sobrino de lord Mountbatten, asesinado por el IRA en 1979.

Paul Ríos tenía muy claro que en el proceso de paz abierto en Euskadi debía figurar la Iglesia. Por eso la incorporó a todas las iniciativas que iban tomando forma en la hoja de ruta. Primero, en las reuniones para informar sobre la actividad del Grupo Internacional de Contacto; luego, en la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián y en el trabajo de la Comisión Internacional de Verificación, cuando Ram Manikkalingam hizo una cata previa para saber cómo estaban las cosas y si podía contar con apoyos en su labor. «¿Que van a dejarlo? ¿Esto va en serio?», le preguntó Ram a Ríos cuando se constituyó el grupo. Después de la experiencia de 2006, era jugársela mucho. Antes, el documento leído el 29 de marzo de 2010 en el Parlamento Europeo, conocido como la Declaración de Bruselas, llevaba, entre otras firmas, la del arzobispo sudafricano Desmond Tutu. En todos los procesos de resolución de conflictos terminaba por aparecer, antes o después, la Iglesia, y Euskadi no era una excepción. Sobre el acto celebrado en San Sebastián, que precedió al histórico anuncio de ETA, Paul Ríos asegura: «En Ayete la Iglesia tenía que estar representada. En el País Vasco ha sido una institución transversal, como podría serlo el Athletic o la Real Sociedad. El cristianismo es un valor, y había que implicar a los cristianos. Se hizo una selección de invitados, entre ellos, un representante de la Iglesia». La Iglesia tenía credibilidad. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (la dirección del PNV), Andoni Ortuzar, reconoció en una ocasión que ellos dejaron de dudar sobre la sinceridad o no del cambio de estrategia de la izquierda abertzale cuando hablaron con monseñor Uriarte.

Paul Ríos ha seguido participando en foros internacionales en los que la presencia de la Iglesia ha sido muy destacada. Por ejemplo, en Colombia. Lokarri ya había participado en 2012 en una liberación de rehenes de las FARC, en una iniciativa de la senadora opositora Piedad Córdoba, que contaba con el apoyo de otras mujeres como garantes. En aquella acción estuvo la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y también Aitziber Blanco Goikoetxea, esta última en representación de la red vasca. Ríos acudió al Encuentro Internacional Pueblos Construyendo Paz, donde se compartieron experiencias vividas en Guatemala y El Salvador, pero también en Irlanda y en Euskadi, pese a que unas y otras eran realidades absolutamente distintas. El coordinador de Lokarri explicó la hoja de ruta aplicada en el País Vasco, en la que tuvo un papel protagonista la sociedad civil. Este aspecto coincidía con la doctrina que mantenían en América Latina y, sobre todo, en Colombia los representantes de la Iglesia católica que se habían involucrado, en distintos momentos, en los procesos de paz.

En Bogotá, Paul Ríos conoció la experiencia de sacerdotes muy apreciados como Javier Giraldo, Alberto Franco o Enrique Corral. El padre Giraldo, de la Compañía de Jesús, había saboreado el glamour de París, pero prefirió a los pobres de los suburbios colombianos. En 1965, cuando trabajaba como voluntario en el Hospital de Caridad de Medellín, en su época de noviciado, conoció al padre Camilo Torres. Su doctrina en defensa de los oprimidos lo marcaría de por vida. Torres, que también fue un referente en los primeros años de ETA, se enroló en el grupo guerrillero ELN y murió un año después en su primer combate. Giraldo decidió seguir la obra de Torres, pero sin armas, pues era un gran pacifista. Fue directivo del Centro de Investigación y Educación Popular de los jesuitas con responsabilidad sobre su oficina de Derechos Humanos, que ha conformado un gran banco de datos sobre ciudadanos represaliados o desaparecidos. Impulsó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, integrada por cuarenta y cinco congregaciones religiosas católicas y que se convirtió en un referente en la denuncia de los excesos del Ejército y de los grupos paramilitares. «Claudicar es peor que la muerte» era su máxima en aquella labor arriesgada, pero que consideraba que era la esencia del cristianismo. En 2004, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado le concedió el premio Juan María Bandrés, que lleva el nombre del abogado vasco que pilotó el final de ETA político-militar y su reconversión en un partido político.

Alberto Franco, también jesuita, no se quedó a la zaga. El sacerdote fue secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, desde la que se dedicó a sacar a la luz las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares. Franco, que visitó el País Vasco en 2013, recibió el premio de los mártires de la Universidad Centroamericana (los seis jesuitas, entre ellos el vasco Ellacuría, y dos trabajadoras asesinadas en El Salvador), que entrega la Universidad Loyola de Chicago a quienes trabajan por la justicia, la paz y los derechos humanos en nombre de la fe.

Paul Ríos, que nunca indagaba en el expediente de sus contactos, compartió experiencias con el padre Enrique Corral, un jesuita español muy cercano a las FARC. Corral nació en Matute, una aldea de apenas cien habitantes en la sierra riojana del Alto Najerilla —en este pueblo también nació Esteban Manuel de Villegas, un poeta del Siglo de Oro que fue perseguido por la Inquisición tras ser acusado de hereje por oponerse a la doctrina del libre albedrío de Anselmo de Canterbury—. El misionero riojano era, además, un espíritu libre que disfrutaba de la montaña entre senderos que llevan al Salto del Agua. El suyo fue un salto mayúsculo: un día decidió hacerse guerrillero y cambió la Biblia por el fusil. Combatió en Guatemala en un conflicto armado que duró treinta y seis años. Lo hizo en las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), donde tomó el alias bíblico de Abel, junto a otro sacerdote jesuita, Fernando Hoyos, un cura gallego de Vigo al que llamaban Carlos. Hoyos apreciaba a los vascos. De joven había pasado muchos veranos en la localidad guipuzcoana de Deva. Tanto él como Corral llegaron a comandantes de las fuerzas insurgentes. Era la época del auge de la teología de la liberación, bajo cuya bandera muchos religiosos lucharon contra la miseria y la represión de los campesinos, producidas por los poderes oligárquicos y las dictaduras militares. En la guerrilla había marxistas, pero también muchos cristianos. Decenas de líderes religiosos, catequistas y guías espirituales mayas, así como numerosos curas y monjas, fueron asesinados en aquella época de terror. Hoyos murió en combate en las montañas de los Cuchumatanes. Enrique Corral cambió las trincheras de la guerra por las mesas de paz. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera de finales de 1996 puso fin a la violencia.

12
EL GOLPE DE MANO DEL
CARDENAL ROUCO Y EL
CAMBIO DE TIMÓN DEL
VATICANO

Tras el fracaso de las conversaciones entre el Gobierno y ETA en 1999, en las que actuó como intermediario monseñor Uriarte, y la ruptura de la tregua, la banda terrorista inició una ofensiva sangrienta y asesinó a veintitrés personas en el año 2000. El Ejecutivo de José María Aznar decidió romper el «empate infinito» y diseñó una estrategia política, policial y judicial no solo contra ETA, sino también contra todo el complejo que la rodeaba. El PP consideraba que el nacionalismo era parte del problema. La reforma de la ley de partidos, cuestionada por los obispos del País Vasco, era parte de esa nueva actuación, lo mismo que la elaboración del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que pasaría a la historia como Pacto Antiterrorista. Se firmó el 8 de diciembre de 2000, con el apoyo del PSOE y fuertes críticas del PNV, al que de facto se excluía. La Conferencia Episcopal Española no secundó aquella iniciativa, pese a que lo comandaba el cardenal Antonio María Rouco Varela, que mantenía buena sintonía con Aznar. El presidente popular lo valoraba como «un español cabal, prevenido contra todo tipo de pulsiones identitarias y nacionalistas».

La negativa de la Iglesia a adherirse al pacto, al que nadie la había invitado, provocó una enconada polémica. Algunos interpretaron que los obispos optaron por abstenerse ante el veto de la Iglesia vasca. El prelado emérito de San Sebastián, José María Setién, había declarado que la adhesión sería «desacertada» porque se trataba de un pacto que constituía «una ruptura del planteamiento universal del diálogo», tenía «un marcado carácter político» y seleccionaba a los participantes para, después, «pedir su adhesión». Luego, había concluido: «Todas esas circunstancias ofrecen ciertas reservas a las que la Iglesia no puede ser indiferente». En realidad, aquello era lo que opinaban otros obispos, entre ellos, el de Bilbao, Ricardo Blázquez, y el de Pamplona, Fernando Sebastián. Este último señaló que el texto incluía «referencias y objetivos de orden político» que los obispos no podían avalar «con la autoridad moral de la Iglesia». A Aznar no le gustó aquella posición y así se lo hizo ver al cardenal Rouco, que apreció una preocupante fisura entre la Iglesia y una parte importante de la opinión pública española. Ahí se constató un déficit que obligaba a pasar a la acción.

Para disipar cualquier confusión, la Conferencia Episcopal Española encargó la elaboración de un libro que recogiera el magisterio y la actuación de la Iglesia española frente al terrorismo. Lo publicó la Biblioteca de Autores Cristianos en diciembre de 2001, bajo la firma de José Francisco Serrano Oceja, y se tituló La Iglesia frente al terrorismo de ETA. Una aportación significativa de aquel documentado trabajo fue su epílogo, escrito por el arzobispo de Pamplona y en el que se hablaba sobre la conciencia cristiana ante el terrorismo de ETA y se hacía una valoración sobre el nacionalismo. Monseñor Sebastián advertía de que ETA, durante unos cuantos años, se disfrazó dentro del rechazo social contra el franquismo. Y que un factor importante que ocultó su verdadera naturaleza y dificultó una valoración moral adecuada de su actuación fue su carácter nacionalista. «Esta situación le ha permitido camuflarse y disfrutar de una cierta indulgencia por parte de muchas personas honestas, enemigas de la violencia, que por sus sentimientos nacionalistas no se atrevían a juzgar a ETA». Aunque el prelado admitía la existencia de un problema político, descartaba el diálogo en esos momentos y abogaba por un tratamiento adecuado que atendiera a los vínculos históricos de los vascos con España. También advertía contra «la exaltación idolátrica de una raza, de un territorio y de un proyecto político», porque llevaba en germen «la discriminación, la persecución, la guerra y la muerte».

La Conferencia Episcopal Española comenzaba a adentrase en un camino por el que antes solo transitaban los obispos vascos, pues ellos eran los que conocían de primera mano la cuestión, según el argumento que siempre se invocaba en las sesiones plenarias. Rouco Varela se disponía a cambiar esa línea de tradición para conformar una única voz de la Iglesia sobre un asunto que consideraba grave y que repercutía no solo en la comunidad eclesial, sino también en España. Setién no tenía ya mando en plaza, pero seguía activo y mantenía su influencia. Uriarte, el nuevo rostro del catolicismo vasco, tampoco terminaba de gustarle al cardenal. Miguel Asurmendi era un salesiano bonachón que pastoreaba Vitoria sin meterse en líos. ¿Y Blázquez? Estaba claro que era un castellano recio, pero Rouco comenzaba a pensar que era demasiado condescendiente con el nacionalismo. La oportunidad para su golpe de mano se la brindó en mayo de 2002 la pastoral «Preparar la paz», en la que los obispos vascos (Sebastián no la firmó) alertaban de las consecuencias de la ilegalización de la izquierda abertzale, un documento que fue apoyado por una mayoría del clero vasco. La Conferencia Episcopal Española conoció el texto unas horas antes de su difusión, y en su análisis interno concluyó que había sido interpretado como un «nuevo gesto de insolidaridad» de la Iglesia frente al fenómeno terrorista. Ahí se fracturó la política de confiar a los obispos vascos el posicionamiento de la Iglesia ante ETA.

El cardenal Rouco venía mascullando un documento sobre la valoración moral del terrorismo en España y el nacionalismo totalitario de ETA, pese a la evidente división episcopal sobre esta cuestión por la vigilancia permanente de los obispos vascos y catalanes. Incluyó la iniciativa en el Plan Pastoral de la CEE para el cuatrienio 2002-2005, pero fue el 18 de junio de 2002, tres semanas después de la publicación de la pastoral de los obispos vascos, cuando la Comisión Permanente de la CEE aprobó la elaboración de un documento centrado en el terrorismo de ETA y, por primera vez, con un estudio en profundidad sobre su origen, causas y consecuencias. El proyecto se encargó a Eugenio Romero Pose, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pose, obispo auxiliar de Madrid y persona de la máxima confianza de Rouco, era un experto en cuestiones de soberanía y autodeterminación, y contaba con una de las mejores bibliotecas sobre esos temas. El estudio de la matriz del terrorismo llevó al estudio del nacionalismo, lo que hizo que se encendieran algunas alarmas.

Los recelos se acrecentaron en Euskadi y Cataluña ante el proyecto del episcopado porque podría afectar al magisterio de los obispos en sus iglesias locales. De hecho, esa era la intención, ya que un sector de los obispos estaba «harto» del «tono» de muchos de los documentos de los prelados del País Vasco. Los consideraban de «débil consistencia objetiva» y asumían que en la opinión pública calaba más la crítica política que la condena moral. Mezclar terrorismo y nacionalismo en un mismo texto podría ser un cóctel explosivo, pero el purpurado gallego no quería dejar ningún resquicio para la duda o los equívocos y buscaba un mensaje unitario como episcopado, más allá de las consideraciones circunstanciales de cada momento. Se encargaron cinco informes confidenciales a varios expertos para apuntalar y dar solidez al documento, cuyo primer borrador fue presentado en septiembre. El texto fue corregido y reelaborado varias veces y, luego, antes de presentar el borrador final en la sesión plenaria de noviembre, revisado por un jurista especializado en derecho constitucional e internacional.

El documento, titulado «Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias», salió adelante con ocho votos en contra y cinco abstenciones, una disidencia que algunas fuentes situaron en los obispos catalanes y vascos. El voto fue secreto, pero monseñor Uriarte dirigió una carta a sus feligreses señalando que no era vinculante. También lo hizo el obispo de Gerona, Carles Soler, que exhortó a su comunidad a no sentirse inquieta, pues la pastoral no estaba «avalada suficientemente» por la doctrina de la Iglesia. Al tratarse de una instrucción pastoral, no tenía carácter doctrinal y no obligaba a los obispos, pero había sido aprobada en un pleno con una mayoría contundente (sesenta y tres votos favorables), lo que le confería una fuerte autoridad. Es verdad que suponía un riesgo para la unidad del episcopado, pero la iniciativa contaba con el aval del Vaticano. Y por eso Rouco rompió el sacrosanto tabú de la colegialidad.

El apartado más polémico del texto, en el que se calificaba al «nacionalismo totalitario e idolátrico» de ETA como «gravemente inmoral», era el referido al nacionalismo, en el que se rechazaba la autodeterminación, se criticaban las pretensiones de independencia que negaban «unilateralmente la soberanía de España» y se sacralizaba la Constitución «como el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia». Se venía a decir que la soberanía política de Euskadi no es un derecho; una afirmación muy relevante frente al pensamiento «oficial» de la Iglesia vasca. Se incluía también una llamada al diálogo, pero no con ETA, que no podía «ser considerada como interlocutor político de un Estado legítimo». No se recogía el magisterio de los obispos vascos sobre esa cuestión, lo que se interpretó como una pérdida de influencia en el seno de la Conferencia Episcopal Española, donde siempre habían gozado de gran peso y autoridad. Hasta ese momento, su palabra había sido ley, pero había un sector de obispos que consideraban que la voz del episcopado estaba «secuestrada» por la minoría vasca y catalana y que había que actuar para evitar acusaciones de otorgar callando. Fue como una catarsis. El PP y el PSOE aplaudieron la instrucción, pero los partidos nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, lo consideraron «una injerencia inaceptable» de la Iglesia, que asumía el «patriotismo constitucional» del PP, al que se había doblegado. El Gobierno central valoró el documento como una iniciativa para «enmendar el error» de los obispos vascos, y así se lo agradeció el propio Aznar al cardenal Rouco en un encuentro que mantuvieron once días después.

LA UNIDAD DE ESPAÑA COMO BIEN MORAL

La Iglesia se sintió obligada a ofrecer su «discernimiento cristiano» ante las reivindicaciones soberanistas de Euskadi y Cataluña (sobre todo de la primera, ya que el totalitarismo de ETA estaba llevando hacia el pago obligado de un precio político por la paz), que se podrían sustanciar en cesiones de orden territorial. Las Iglesias vasca y catalana se sentían comprometidas con la existencia y conciencia de sus respectivos pueblos (y con los derechos y obligaciones que de ello se derivaban), mientras que un núcleo duro del episcopado reclamaba la unidad de España como una garantía de la solidaridad entre las distintas regiones y a su identidad histórica. Los obispos aparecían condicionados por sus mundos ideológicos respectivos cuando en el interior de la Iglesia convivían cristianos con diversidad de visiones políticas.

La aprobación del plan Ibarretxe, el 30 de diciembre de 2004, disparó las voces que desde el episcopado español proponían que se preservara la unidad de España como un «bien moral». El gran adalid de esa doctrina, el rostro público, era el entonces arzobispo de Toledo y luego cardenal Antonio Cañizares, que realizaba numerosos llamamientos para rezar por España y su unidad ante «la etapa crucial» en la que se encontraba. Se trataba de un diagnóstico compartido. La Iglesia, predicaba, no podía ser ajena a aquella realidad. Los arzobispos castrenses, el emérito José Manuel Estepa y Francisco Pérez, que luego sería nombrado arzobispo de Pamplona, se sumaron a la campaña en favor del bien de la unidad en una sociedad que consideraban cada vez más fragmentada y desunida. También lo hizo el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, quien, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, en noviembre de 2005, reclamó que España mantuviera viva «la unidad solidaria de todas sus gentes». El purpurado cargó contra la acción política porque «debilitaba» la solidaridad del Estado. No le escuchó ningún miembro del Gobierno socialista, que no asistió a su conferencia. Sí lo hizo el nuncio del Vaticano, Manuel Monteiro de Castro, y la plana mayor del episcopado, encabezada por Ricardo Blázquez, obispo todavía de Bilbao y presidente de la CEE tras arrebatar el cetro a Rouco, que seguía mandando mucho.

Rouco y Cañizares eran dos cardenales con una fuerte presencia mediática y, poco a poco, fueron socializando la idea de que la unidad de España era un bien moral porque era buena para el bien común. El papel de la Iglesia en la confirmación de España había sido «evidente», y su «tarea y responsabilidad» en el futuro también debería serlo. Tenían una misión. Rouco había decidido enarbolar el magisterio sobre el terrorismo, que antes descansaba en los palacios episcopales de Euskadi, y la segunda parte de su estrategia pasaba por la redacción de un documento con la definición de la unidad de España como «bien moral» que laminara sus veleidades nacionalistas. La llegada de monseñor Blázquez a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española era una piedra en su hoja de ruta. El obispo de Bilbao había conocido la experiencia del nacionalismo democrático y sabía que el discurso grueso de la CEE requería más matices en Euskadi. El sector más conservador del episcopado impulsó la oportunidad de una instrucción pastoral sobre la unidad de España como valor moral, una iniciativa contestada por otro grupo que consideraba que esta cuestión ya estaba cerrada. El nuncio del Vaticano pidió que el debate político no rompiera la unidad de la Iglesia, en la que había posturas divergentes.

El borrador del documento, titulado «Orientaciones morales ante la situación actual de España», se debatió el 21 de noviembre de 2006 en una sesión reservada de la Asamblea Plenaria del episcopado, justo el mismo día en el que el jefe de la diplomacia española, Miguel Ángel Moratinos, se entrevistaba en la Santa Sede con el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. Tras los conflictos entre los obispos y el Gobierno de Zapatero, el Vaticano estaba por templar gaitas y reforzar las relaciones bilaterales. Estaba claro que no habría un voto unánime, pero también que la instrucción saldría adelante pese a la ausencia de consenso. En efecto, fue aprobada con sesenta y tres votos a favor, seis en contra, tres abstenciones y uno nulo. Hubo siete ausencias. El documento, cepillado con las aportaciones de obispos con sensibilidades cívicas y pastorales más abiertas, defendía la unidad de España, pero sin sacralizarla como un «bien moral». Dejaba claro que «la unidad histórica y cultural de España» podía «ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras» y reconocía la legitimidad de los nacionalismos si se justificaban «en referencia al bien común y de toda la población».

En un momento en el que ya había hombres de Iglesia acompañando a antiguos terroristas que habían decidido romper y alejarse de la banda, la pastoral incluía una novedad al admitir la «indulgencia» para los etarras que dejaran la violencia. La enésima bronca llegó en febrero de 2008, cuando los obispos publicaron una nota en la que pedían no votar a los partidos «interlocutores con el terrorismo», en clara referencia al PSOE. El presidente había decidido mantener conversaciones con ETA desde años atrás, unos movimientos en los que participaron sacerdotes y órdenes religiosas con el respaldo de los obispos vascos y el conocimiento de instancias vaticanas. Ante la fuerte polémica que suscitó aquella posición, la CEE se vio obligada a matizar que con ETA se podía hablar, pero no se podía «negociar políticamente».

EL GOLPE DE TIMÓN DEL VATICANO EN EUSKADI

Después de 2006, las cosas no volvieron a ser iguales en el País Vasco, cuya sociedad se encontraba desfondada por sus esfuerzos negociadores en favor de la paz y, al mismo tiempo, harta de la persistencia terrorista de ETA. La organización estaba ya en tiempo de descuento, por lo que había que prepararse para una Euskadi sin ETA en la que las tensiones soberanistas volverían a aflorar sin la presión de la violencia. Euskadi era tierra de misión para plantear una nueva evangelización sin corsés ideológicos, pero se necesitaban obispos menos «politizados». No hacía falta recuperar la tradición del intercambio de prelados entre las distintas iglesias particulares: podían ser de la misma región, pero en ningún caso nacionalistas. El cardenal Rouco estaba en ello. Por eso cedió en favor de la comunión episcopal, tal y como le había recomendado el Vaticano, en el debate sobre el documento de la unidad de España. El purpurado gallego se sentía fuerte y reforzaba sus relaciones en Roma con cargos de alto rango e influencia en la curia. Además, era miembro de la Congregación para los Obispos, la «fábrica» de donde tenía que salir la nueva jerarquía.

El golpe de timón del Vaticano para despolitizar a la Iglesia vasca estaba en marcha desde hacía tiempo de la mano del nuncio Mario Tagliaferri, con la anuencia del cardenal vasco Ángel Suquía. La primera pieza que se movió en el tablero fue la de Ricardo Blázquez. Monseñor Setién la vio venir y alertó al lehendakari Ardanza para que moviera sus hilos, pero el presidente del Gobierno vasco no pudo hacer nada para frenar la ofensiva, que ya estaba en marcha. Con Uriarte exiliado en Zamora, la diócesis de Bilbao, una de las más difíciles de España, tenía que ser pastoreada por un obispo que templara su marcado nacionalismo y diluyera su histórico progresismo. Se trataba de un movimiento delicado, pues de él se derivarían ciertas implicaciones «políticas». Y debía ser simultáneo con el recambio en Vitoria. En la capital alavesa, José María Larrauri había presentado la dimisión en marzo de 1993, y un mes después lo hizo Luis María Larrea en la capital vizcaína, pero porque se encontraba gravemente enfermo. La diócesis de Bilbao pidió al Vaticano que el perfil del nuevo obispo respondiera al de una persona que impulsara un modelo de Iglesia que trabajara por la justicia, que conociera la situación sociopolítica y hablara euskera. Incluso presentó una terna con posibles candidatos. No eran santos de su devoción. En la Santa Sede no gustó aquella «presión», ni tampoco la del PNV.

Tagliaferri fue nombrado nuncio en París, pero antes dejó las cosas bien atadas. El 8 de septiembre de 1995, el Vaticano anunció el nombramiento del quinto obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, un abulense tranquilo que ya pastoreaba Palencia y que pasaba por pertenecer al sector conservador moderado de la Iglesia. Por supuesto, no hablaba euskera. Para suplir esta carencia y contentar al sector más crítico de la diócesis, se nombró al mismo tiempo a Carmelo Etxenagusia obispo auxiliar. Vizcaíno y vasquista, era miembro correspondiente de Euskaltzaindia, la Real Academia de la Lengua Vasca. Etxenagusia ya había sido candidato para obispo en algún momento, pero un accidente lo había dejado fuera de juego. El doble nombramiento fue insuficiente. Tampoco sumó la designación como obispo de Vitoria de Miguel José Asurmendi, un sacerdote salesiano natural de Pamplona que no había destacado en su responsabilidad anterior, en Tarazona. En Álava también dejó hacer. No le gustaba meterse en líos.

El PNV puso el grito en el cielo y recibió al «tal Blázquez» de uñas. Muchos de los notables de la curia diocesana también le dieron la espalda, e incluso se ausentaron de la ceremonia de consagración, que fue contestada en la calle con alguna pancarta. No era un rechazo a la persona, sino al procedimiento, que no había tenido en cuenta a la Iglesia local. Pero le hicieron el vacío. El propio Setién confesó que se había sentido «un poco extraño» en la toma de posesión. Algunos amigos habían intentado convencer a Blázquez para que no aceptara, pero decidió meterse en la boca del lobo. Hubo un pacto tácito, ni escrito ni formulado, entre el nuevo obispo y los «coroneles» del obispado para apoyarlo en su gestión si mantenía a la gente de la «línea Uriarte» para garantizar su doctrina. Así fue, aunque Blázquez, desde su equilibrio pastoral, fue templando aquel nacionalismo eclesial y cambiando la posición del clero con respecto a las víctimas del terrorismo y los presupuestos de la pacificación. Dio un volantazo desde el convencimiento de que la presencia de la Iglesia tenía que ser pastoral, sin una línea política. Siempre se valoró su capacidad integradora en una sociedad muy dividida.

EL SACERDOTE DISIDENTE SE CONVIERTE EN OBISPO

Con Blázquez haciendo su trabajo en Bilbao, los estrategas de Roma y Madrid centraron su punto de mira en San Sebastián, donde monseñor Uriarte tenía ya marcada en rojo la fecha de su jubilación, en junio de 2008. El «estilo Uriarte» se consideraba muy cercano al nacionalismo, y el proceso de remodelación iniciado pasaba por aislarlo. La Iglesia vasca tenía banquillo suficiente para sustituirlo, pero la gente de su confianza, tanto en San Sebastián como en Bilbao, estaba en una lista negra imposible de blanquear. José Ignacio Munilla era un sacerdote joven, muy listo y con mucha vitalidad. Su acrecentado conservadurismo lo había convertido en una figura incómoda en la diócesis de San Sebastián, donde funcionaba al margen del obispo, entonces José María Setién. Años antes había decidido formarse fuera, y había acabado recalando en el seminario de Toledo, reconocido como un baluarte del integrismo católico. Uno de sus descubridores fue Demetrio Fernández, rector y profesor del seminario toledano, que luego se convertiría en uno de los obispos más conservadores. Fernández levantó la liebre y Rouco la avistó. El cardenal lo nombró obispo de Palencia en junio de 2006, pero casi todo el mundo lo interpretó como un viaje de ida y vuelta. Era vasco, hablaba euskera y no era nacionalista. Necesitaba un tiempo de rodaje antes de recalar de nuevo en San Sebastián.

Aquello levantó todas las alarmas. La Santa Sede promocionaba a la mitra a un sacerdote disidente que se había mantenido firme frente a la línea oficial de la diócesis. Era una bofetada a la línea anterior, toda una desautorización. El Vaticano sabía adónde quería llegar y seguía moviendo fichas. El 31 de julio de 2007, Roma aceptó la renuncia de Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, que había llegado a su límite de edad para el gobierno pastoral. Lo sucedió Francisco Pérez González, hasta ese momento ordinario militar de España. Es decir, arzobispo castrense y pastor de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, con rango de general de división. Monseñor Sebastián había sido un azote para ETA y la izquierda abertzale, pero entendía el nacionalismo tranquilo y tenía buena sintonía con los obispos del País Vasco. El recambio sentó como una bomba.

En 2008 llegó el relevo de Karmelo Etxenagusia, obispo auxiliar de Bilbao. Su titular, monseñor Blázquez, se encontraba ya un poco desfondado y no aguantaba más. Mario Iceta Gabicagogeascoa no tenía ninguna conexión con Blázquez. Era un sacerdote despierto, natural de Gernika, que había sentido la vocación cuando estudiaba en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, y desarrollaba su ministerio en Córdoba. Juan José Asenjo, hoy arzobispo de Sevilla, se fijó en él y lo promocionó delante de Rouco. Luego se lo vendieron a Blázquez como un favor para sacarlo de Bilbao. El cardenal gallego seguía teniendo vara alta en la Congregación para los Obispos. Iceta era un joven de cuarenta y dos años muy bien preparado, conservador, y no tenía ideología. Y, pese a ser de la emblemática Gernika, tampoco era nacionalista. Se había formado en Andalucía, fuera de su tierra, por lo que no estaba «contaminado». Su perfil era muy parecido al de Munilla, que venía como un guante para la estrategia de despolitizar a la Iglesia vasca. El nombramiento se anunció el 6 de febrero de 2008 y cayó como un jarro de agua fría, dado que en Vizcaya se daba por hecho que se promocionaría a una persona del equipo de la diócesis. Pero el papa situó junto a Blázquez a un obispo alejado de las coordenadas ideológicas y culturales del clero vasco. La renovación del episcopado vasco tomaba aire.

Cuatro meses después, el 7 de junio, monseñor Uriarte presentó su renuncia como obispo de San Sebastián al cumplir los setenta y cinco años, tal como obliga el Código de Derecho Canónico. La preocupación por el relevo, cerca del abatimiento, se hizo patente en la diócesis guipuzcoana, pero también en toda la Iglesia vasca, donde la ascendencia del prelado había sido manifiesta. Aquel era el último eslabón de una larga saga de obispos comprometidos «hasta el tuétano» con Euskadi. Hacía tiempo que Uriarte había empezado a movilizar a sus contactos en Roma, en busca de apoyos para diseñar un recambio que fuera aceptado en San Sebastián. Peleó por un sucesor con el perfil que consideraba adecuado para un territorio tan peculiar como el guipuzcoano, e incluso presentó candidatos. El pulso fue de alto voltaje y con «choques de acero», según certificaron algunas fuentes. A sus colaboradores más cercanos, Uriarte les había trasladado sus esfuerzos para consensuar una salida negociada, y a los representantes del clero les había prometido un relevo sin traumas. «Todos, menos Munilla» era la consigna. Uriarte removió Roma con Santiago, pero no le hicieron caso. Había gente muy poderosa y muy dogmática que lo tenía claro y que actuaba como una apisonadora. La decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. El 4 de noviembre de 2019, adelanté la noticia en el periódico El Correo, pero en San Sebastián todavía confiaban en un milagro. No llegó. El 21 de noviembre, el Vaticano anunció el nombramiento de Munilla como sucesor de Uriarte. «Se trata de una venganza de Rouco contra mí», confesó el obispo emérito José María Setién a su círculo más cercano. Para Uriarte, aquello fue una bofetada y una humillación.

El movimiento provocó un terremoto en la Iglesia vasca, y sus réplicas alcanzaron a todos los estamentos, hasta el punto de que se acabó produciendo una rebelión. Los primeros que protestaron fueron los párrocos guipuzcoanos: 85 de los 110 en activo y 11 de los 14 arciprestes (responsables de zona que ayudan en el gobierno de la diócesis) firmaron un comunicado para expresar su disconformidad con el nombramiento y manifestar que el nuevo obispo no era «en modo alguno la persona idónea para desempeñar el cargo asignado». Para ellos, era un obispo «impuesto». Hubo dimisiones de altos cargos en la curia. Colectivos de fieles también manifestaron su rechazo, una posición que fue respaldada por el PNV a través de sus pesos pesados. Iñigo Urkullu, presidente del partido en ese momento, consideró que «detrás de la imposición» había «una tendencia ideológica de la Iglesia católica en España y en Roma». El nacionalismo lo entendió como un propósito para erradicar y diluir la identidad vasca. El PP salió en su defensa, mientras que los socialistas se mantuvieron al margen de la polémica, aunque aprovecharon para reclamar a la Iglesia una posición «más contundente» contra ETA.

El Vaticano jugaba fuerte en Euskadi y estaba dando un paso espectacular para reconducir a la Iglesia vasca. La designación de Munilla no fue un movimiento normal en la estructura de la jerarquía católica, sino un giro radical que afectaría de una manera sustancial al futuro de la institución en el País Vasco, muy abierta en términos eclesiales y con una marcada presencia social y política. La Santa Sede se proponía enderezar un rumbo que consideraba equivocado en una Iglesia que, durante muchos años, había sido objeto de controversia y crítica. La modificación se configuraba en un doble aspecto. En primer lugar, diluyendo lo que se entendía como una excesiva identificación con el nacionalismo, lo que había condicionado toda su actividad, en especial su presencia pública en las delicadas tesituras de toma de postura ante la violencia. Y, en segundo término, variando su orientación pastoral, demasiado avanzada para los aires que soplaban en las instancias romanas y en el conjunto del episcopado español, en cuya ala más dura se encuadraba a monseñor Munilla. Además, el balance de la secularización de la Iglesia vasca y la falta de vocaciones representaba un fracaso a ojos del Vaticano. Para los ideólogos de Roma, el páramo vocacional, la desafección religiosa y la desertización moral tenían mucho que ver con las raíces idolátricas, la absolutización de la ideología etarra que endurecía el corazón y exigía sacrificios humanos, y que la Iglesia tendría que haber denunciado con más claridad y valentía como totalitaria.

Los cambios episcopales no eran meros relevos personales, sino todo un cambio de timón, inducido desde despachos de alto nivel y cuidadosamente preparado. El nombramiento de Munilla no se tomó a la ligera. Se discutió en presencia de obispos y cardenales, y finalmente salió adelante por unanimidad como un movimiento necesario y estratégico en el nuevo mapa de la jerarquía de Euskadi. Era la manera de sellar la ruptura con una tradición episcopal y anunciar que había un cambio de ciclo. Era un volantazo con una clara significación política. La relación entre el nacionalismo y los obispos ya no volvió a ser igual. Si antes había sido cordial y cercana, ahora se tornó protocolaria y gélida, sobre todo cuando los prelados censuraron posiciones e iniciativas del Gobierno vasco o del PNV. Uriarte sí ha mantenido una relación muy estrecha con el lehendakari Urkullu, con el que ha colaborado en numerosas ocasiones. En Guipúzcoa, monseñor Munilla impuso un modelo más vertical y autoritario, y el discurso de la diócesis giró hacia la derecha, lo que provocó desmoralización y aislamiento en el clero y en colectivos cristianos. Roma ha recibido informes sobre la situación de desgarro de la comunidad eclesial y peticiones para que Munilla sea removido, pero ya lleva diez años. Y, aunque al cardenal Rouco le molesta que le digan que el nombramiento fue un error, este es el diagnóstico más compartido.

La zozobra se instaló en la Iglesia de Vizcaya en el primer semestre de 2010, cuando Ricardo Blázquez fue nombrado, el 13 de marzo, arzobispo de Valladolid. Monseñor Iceta llevaba ya más de dos años como auxiliar, y pocos dudaban de que, tras ese rodaje, estuviera llamado a convertirse en titular. Sin embargo, setecientos laicos y religiosos de la diócesis firmaron una carta dirigida al nuncio del Vaticano en la que reclamaban que fuera consultada la comunidad eclesial y los órganos representativos, al tiempo que dejaban claro que no querían un obispo «impuesto», ni tampoco «secretismos» ni «juegos de intereses» que no fueran los «exclusivamente evangélicos». El embajador de la Santa Sede, Renzo Fratini, les contestó asegurándoles que el papa nombraría a aquel que realmente necesitara la Iglesia de «esa querida diócesis». El 24 de agosto, en efecto, Benedicto XVI nombró a Mario Iceta. No fue un aterrizaje tranquilo, pese a que el nacionalismo gobernante no le dio la espalda en su toma de posesión. Hubo colectivos que le enseñaron los dientes, y cerca de seiscientos religiosos y seglares lo amagaron con un plante si no contaba con ellos e intentaba cambiar la línea pastoral, pero el prelado, muy pragmático y posibilista, tendió la mano a sus críticos y poco a poco fue pacificando la diócesis.

FRANCIA, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO

Todavía faltaba un último movimiento para completar el puzle, aunque en esta ocasión el escenario era el País Vasco francés, tradicionalmente comprometido con los proyectos de la Iglesia vasca y navarra, también en asuntos de identidad y pacificación. El 16 de noviembre de 2010, la Santa Sede hizo público el nombramiento de Marc Aillet como obispo de Baiona, Lescar y Oloron en sustitución del mítico Pierre Molères, que se retiraba después de veinticuatro años de gobierno episcopal. Era como pasar del vino al agua. Al igual que en Euskadi, colectivos cristianos se movieron para que el Vaticano designara a una persona vascófona y comprometida con la realidad del país. Aillet no solo no hablaba euskera, sino que, además, respondía al perfil de un obispo muy conservador, que se había formado en el seno de la Comunidad San Martín, un movimiento tradicionalista apoyado por el cardenal Giuseppe Siri, famoso purpurado que fue cuatro veces candidato al papado y un destacado ariete contra las reformas promovidas por el Concilio Vaticano II. Desde su llegada a la capital labortana, el nuevo obispo dejó claro que su prioridad sería anunciar el Evangelio a «una sociedad muy secularizada y poco receptiva», y que la recuperación del euskera serviría para promover esa pastoral, «y no ideales de orden social o político» que seguían estando «ajenos a la misión específica de la Iglesia». El suyo era un patrón calcado al que se había seguido con Munilla e Iceta.

Molères era gascón, pero pronto se esforzó por «comprender el alma vasca». El prelado se dedicó un mes al año durante diez años a aprender el euskera en el convento benedictino de Lazkao, en el Goyerri guipuzcoano, y llegó a dominarlo. Permitir que los vascos vivieran la fe en su lengua le proporcionó mucho prestigio entre la comunidad nacionalista, de igual modo que su insistente defensa del diálogo y la negociación para acabar con la violencia, que «siempre tiene raíces». Él mismo se ofreció como intermediario entre Iparretarrak, el grupo terrorista que germinó en el sur de Francia, y las autoridades. Molères siempre fue comprensivo con los sacerdotes de su diócesis detenidos por colaborar con ETA. En 1992, sacó la cara de manera pública por Frantxua Garat, detenido por alojar a miembros de la banda terrorista en la casa parroquial de Espelette. Incluso lo visitó en la prisión parisina de Fleury-Mérogis. El cura era el secretario de la asociación Anai Artea, que promocionó una campaña para que ciudadanos franceses acogieran a miembros de ETA. La entidad la fundó otro sacerdote, el carismático Piarres Larzabal, que, según investigaciones judiciales, gestionó el denominado «impuesto revolucionario». Otros sacerdotes franceses hicieron de intermediarios en secuestros. Monseñor Molères valoraba ese papel de la Iglesia como instancia mediadora. El obispo también fue muy crítico con los registros en la abadía de Belloc, donde se había refugiado un miembro del «comando itinerante» que quería dejar ETA, y llegó a compararlos con el periodo de la ocupación nazi. En París y en Roma, aquella posición chirriaba.

En 2011, el mapa del episcopado vasco, a uno y otro lado de la muga, había dado un vuelco espectacular. Vitoria no era una diócesis conflictiva. Munilla e Iceta llevaban la voz cantante, y el papel de Asurmendi era de un mero seguidismo. Cuando se acercaba su relevo, en el otoño de 2015, algunos sectores de la Iglesia vasca se movieron en Roma para pujar por una persona que compensara el perfil de los titulares de San Sebastián y Bilbao. Se buscaba un equilibrio. El recambio llegó el 8 de enero de 2016, ya en tiempos del papa Francisco, pero con padrinos del pontificado anterior. Se apostó por Juan Carlos Elizalde, un obispo navarro muy espiritualista volcado hacia los jóvenes y sin distracciones sociopolíticas. «He venido a sacar a esta diócesis del agujero en el que está metida», vino a decir tras su desembarco, en una clara desautorización de la línea anterior. Y dijo más:

Los fieles no estaban inquietos por el proceso nacional vasco. No tenían dudas sobre la maldad moral de ETA, pero nosotros los hemos ignorado. Ahora hay que centrarse en la religiosidad: la prioridad es la evangelización, el anuncio de Jesús. La «cuestión vasca» es secundaria, salvo el reforzamiento de la sensibilización hacia las víctimas.

El paulatino relevo en los palacios episcopales fue despolitizando el mensaje de la Iglesia vasca, que pasó a un nivel de intervención menos importante y más discreto. Fue paralelo a una despolitización del tema de ETA, más marcado por la actuación policial y judicial y la apuesta por una mediación internacional que salvara los muebles de la organización en un final ordenado. Munilla fue muy beligerante en el proceso del cierre de ETA con una llamada a la conversión, que identificaba con el arrepentimiento por los años de violencia y el reconocimiento del daño causado, así como con una mayor cercanía a las víctimas del terrorismo, incluidos sus colectivos organizados. Y lo fue sin dejar de señalar con el dedo en ningún momento a la izquierda abertzale.

Sin atentados, poco a poco se fue imponiendo una cierta normalidad que liberó a los obispos de la necesidad de su omnipresencia. La mística del conflicto ya no existía como tal y todo estaba más amortiguado. Uno de los obispos de la nueva hornada, más preocupado por la regeneración moral de la sociedad vasca, me confesó: «Esto se va a ir disolviendo poco a poco como un azucarillo. En Roma no me preguntan por ETA o por el “problema vasco”». La nueva cúpula episcopal tenía otras prioridades, más espirituales y sociales y que pasaban por la restauración de una identidad católica muy fuerte. Sus esfuerzos se centrarían en la evangelización de una sociedad que se había secularizado de una manera espectacular con un desplazamiento de lo que antes era un compromiso transformador a un testimonio evangelizador. Y eso pasaba por recomponer el granero de vocaciones, reflotar los seminarios y taponar la sangría de fieles. Se cambió a los obispos para esa misión. El golpe de timón era evidente.

13
LA CONTRIBUCIÓN DEL
SACERDOTE ALEC REID,
EL GANDHI IRLANDÉS

El 13 de mayo de 1981, aniversario de una de las primeras apariciones de la Virgen de Fátima, cayó en miércoles, día en el que los papas acostumbran a celebrar sus audiencias generales. Son todo un espectáculo de fe a cielo abierto en el que se congregan en la plaza de san Pedro cerca de cincuenta mil personas, la mayoría de ellas peregrinos, pero también muchos turistas que quieren estar cerca de un pontífice. Las de Juan Pablo II eran especialmente multitudinarias. Alec Reid, un sacerdote redentorista irlandés que disfrutaba de un año sabático en Roma, no se las solía perder. Después de comer, realizó un largo paseo desde la iglesia de San Alfonso María de Ligorio, donde la comunidad de la Congregación del Santísimo Redentor tiene su residencia, hasta la Ciudad del Vaticano. La Orden se había convertido en guardiana del icono de la Madre del Perpetuo Socorro, a la que acuden cada día miles de devotos para pedir su intercesión en el santuario que se levanta en la calle Merulana, en la colina de Esquilino. Reid les ayudaba desde que el prior de su convento, en Belfast, lo envió a la Ciudad Eterna para escapar del estrés que producía la violencia sectaria entre católicos y protestantes. El misionero llegó con tiempo y consiguió un buen sitio, cerca de donde pasaría el papa polaco a bordo de su coche oficial descapotado. A las 5.17 de la tarde se escucharon varios disparos. Era un atentado contra Karol Wojtyła. Por un momento, Reid pensó que seguía todavía en Irlanda del Norte.

El sacerdote conocía perfectamente el sonido de las balas que salen de pistolas, fusiles y metralletas. Se encontraba muy cerca del lugar del ataque. Se escucharon varios disparos. Provenían de una pistola Browning de nueve milímetros, empuñada por el turco Ali Ağca, un asesino profesional que tiroteó a Juan Pablo II como brazo ejecutor de un complot nunca aclarado. El papa, con cuatro balas en su cuerpo (dos en el estómago), cayó gravemente herido. Reid pudo ver al sicario. También vio a la monja franciscana sor Letizia Giudici caer sobre el terrorista cuando se tropezó con los sampietrini —los adoquines típicos (y polémicos) del centro histórico de Roma que mandó colocar en 1585 el papa Sixto V— y al jefe de la seguridad de la gendarmería vaticana, Camillo Cibin, cuando detuvo al tirador. Le habría gustado poder acercarse para atender al papa. Caos, gritos, sirenas, policías pistola en mano… sangre. En un segundo le vinieron a la cabeza aquellas imágenes que tantas veces había visto en las calles de Irlanda del Norte. Sobre todas ellas, hay una que se le quedó grabada para siempre, y que también tuvo recorrido en Euskadi, donde el cura jugaría con el tiempo un papel muy importante en su pacificación.

Ocurrió en marzo de 1988. Tres militantes del IRA habían sido abatidos por militares británicos de paisano en una calle de Gibraltar. En el funeral de una de las víctimas, Caoimhin Mac Brádaigh, los asistentes detectaron a dos soldados del Ejército británico que se encontraban en esa zona de Belfast en un coche de vigilancia camuflado. Se llamaban Derek Wood y David Howes. Los ánimos estaban muy encendidos. Una turba furiosa y cegada de odio rodeó el vehículo, los sacó del coche y luego los molió a palos. Fue un episodio brutal. Un linchamiento en toda regla. Terroristas del IRA los ejecutaron en el suelo. Alec Reid estaba allí. Intentó hacer el boca a boca a uno de ellos, pero ya estaba muerto. Solo pudo darles la extremaunción. Su imagen, de rodillas con un anorak negro, insuflando aire a un cuerpo sanguinolento, lleno de barro y casi desnudo, dio la vuelta al mundo. La foto era de la agencia Associated Press y, pese a que era muy dura, apareció en decenas de periódicos como expresión dramática de una guerra sin cuartel. Fue portada de The New York Times.

Para entonces, el padre Reid llevaba años haciendo de intermediario entre las partes enfrentadas en aquella espiral de odio sectario. Nacido en el seno de una familia católica y republicana, entró en la Orden de los redentoristas y se convirtió en sacerdote en 1957. En 1968 fue destinado al monasterio de Clonard, en el oeste de Belfast, en la misma frontera de una zona de enfrentamientos entre católicos y protestantes. Está ubicado en un lateral de la calle Bombay, a los pies del muro que separa a ambas comunidades religiosas (y políticas). Clonard es un enclave mítico que ha tenido mucha influencia en la comunidad católica, puesto que existe una fuerte conexión entre la fe cristiana y las posiciones políticas. En 1969 se produjeron los denominados Troubles, unos graves disturbios que también afectaron al monasterio. Según algunas investigaciones, el padre McLaughlin permitió a un par de francotiradores apostarse en el tejado para «disparar contra los protestantes», que quemaban las casas de los católicos: «Tenían pocas armas y el padre se dio cuenta de que podría llegar a ser un auténtico holocausto». Íñigo Gurruchaga, corresponsal de El Correo en Londres y conocedor del conflicto irlandés, asegura que «aquella noche del 15 de agosto renació el IRA en el monasterio de Clonard». Y añade: «El padre les dio permiso para defender el monasterio con disparos al aire. El último bastión».

Tras esta amarga experiencia, Alec Reid se empleó a fondo para mediar entre las organizaciones republicanas y entre las lealistas junto al padre Des Wilson, párroco de la iglesia de Gerry Adams. Reid y el líder republicano del Sinn Féin, entonces muy piadoso, se conocían de cuando el primero visitaba las cárceles para dar misa. Luego, en 1977, el cura buscó a Adams, y a partir de ahí trabajarían muchos años codo con codo. Había que persuadir al IRA para que dejara las armas. Adams creía que la Iglesia era «la única que podría ayudar, porque tenía la talla moral, la neutralidad y la visión de comunidad necesarias para acabar con tanta muerte». El papel de las Iglesias locales, con diócesis establecidas a ambos lados de la frontera, fue muy importante.

La verdadera implicación vino de la mano del provincial de los redendoristas, el padre Stephen Mahoney, que autorizó a Reid a convertir el monasterio en lo que denominó el Ministerio de la Iglesia de Clonard. Este recinto, junto con la iglesia de St. Gerard’s y el monasterio de Dundalk, jugó durante varios años un papel fundamental en las conversaciones para un proceso de paz. «Fueron unos escenarios neutrales idóneos para el diálogo secreto», reconoció Adams. Los religiosos dejaron claro que no pretendían jugar un papel político, sino «impulsar la comunicación y el diálogo como única forma humana y cristiana de gestionar los asuntos políticos y de resolver los conflictos». Los esfuerzos dieron su fruto. Cuando el IRA decretó una tregua el 31 de agosto de 1994, tras la Declaración de Downing Street, una delegación de Elkarri viajó a Irlanda del Norte, donde contactó con todas las partes afectadas. Visitaron el monasterio de Clonard, en el que conocieron a Alec Reid. «Nos reforzó nuestras tesis», asegura Jonan Fernández, entonces responsable del movimiento por la paz y el diálogo.

UN INFORME DE LA EXPERIENCIA IRLANDESA PARA LA IGLESIA VASCA

Un día después del armisticio irlandés, una expedición organizada por Elkarri, al mando de Victor Aierdi, aterrizó en Belfast. Era un viaje político-turístico para sus militantes, abierto a otras personas interesadas por el proceso. Entre estas últimas se encontraba Carlos García de Andoin. Licenciado en Teología y en Psicología, el antiguo seminarista era miembro del grupo Cristianos Socialistas Vascos del PSE-EE y trabajaba como laico liberado para tareas pastorales en la diócesis de Bilbao. García de Andoin se entrevistó con mucha gente y se empapó de las claves de aquel acuerdo y de las expectativas que levantaba. Él siempre buscaba la conexión religiosa. Con todo ese material elaboró un breve informe para el obispado, que entregó a Joseba Segura, responsable de Pastoral Social.

«¿Podemos aprender algo?», se pregunta García de Andoin. Tras constatar que la división y el enfrentamiento entre la comunidad católica y la protestante «no tienen parangón en Euskal Herria, como tampoco la violencia asesina y recíproca», sí considera que de ellos se puede aprender:

Su problema es más grave que el nuestro y, sin embargo, han llegado a un acuerdo. El Agreement [en referencia al Acuerdo de Viernes Santo] desatará el nudo entre conflicto político nacionalista y conflicto violento, lo cual es el objetivo que ahora tiene la convivencia en el País Vasco. Entre los muchos intereses que me han preocupado en el viaje, hay uno que ha destacado: indagar cuáles han sido los factores que en particular han hecho posible la evolución del republicanismo violento hacia el diálogo y el acuerdo político. He visto que ha sido necesaria, en primer lugar, una incipiente revisión autocrítica sobre la estrategia de la violencia, y ello con un fuerte y un sabio liderazgo. No ha sido una reflexión hecha desde consideraciones éticas o democráticas, sino desde las propias del utilitarismo político: la violencia es ineficaz. Es algo que data de la segunda década de los ochenta, cuando el Sinn Féin-IRA comienza a ser consciente de que la violencia divide al nacionalismo y de que recorta la posibilidad de conseguir sus objetivos políticos.

Carlos García de Andoin destaca luego el importante papel que jugaron en todo el proceso el sacerdote Alec Reid (al que no cita por su nombre) y el monasterio de Clonard, que pusieron en contacto y acercaron, primero, a las partes enfrentadas, y, luego, a los líderes políticos. Al teólogo vasco lo puso en la pista del religioso redentorista el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Socialdemócrata y Laborista, Denis Haughey, en un encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento de Londonderry, en manos de esa formación política. También compró un libro para Joseba Segura sobre el proceso en el que aparecía el padre Reid. El análisis acabó en la mesa del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez. El joven cristiano y socialista publicó sendos artículos en la revista Elkarri y el periódico El Correo para socializar este mensaje.

UNA CARTA DE ETA PARA EL CENTRO CARTER Y EL APOYO DE LOS KENNEDY

El modelo irlandés de acumulación de fuerzas nacionalistas para ofrecer una pista de aterrizaje a una tregua de ETA inspiró el Pacto de Estella de Euskadi, firmado el 12 de septiembre de 1998, en el que Alec Reid fue también un asesor desde la distancia. En junio, Herri Batasuna había promovido el Foro Irlanda, en el que participaron dieciocho organizaciones, la mayoría del universo nacionalista o de sus aledaños, para extrapolar a Euskadi la experiencia irlandesa. También tomó parte la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria, formada por curas identificados con la izquierda abertzale. En esos días, el alcalde nacionalista (de Eusko Alkartasuna) de Hernani, José Antonio Rekondo, firmó un artículo público en el que descalificaba la iniciativa al considerar que solo se extraían lecciones interesadas. Al representante municipalista, objeto de ataques de la izquierda abertzale radical, le parecía que aquella iniciativa llevaba a un nuevo escenario «de división y sectarismo». No se equivocó, pues con el tiempo se demostró que todo obedecía a un chantaje de ETA. Todo formaba parte de un guion. El 16 de septiembre llegó la tregua de ETA. En octubre, Gerry Adams aterrizó en Bilbao, en un avión fletado por Herri Batasuna, para vender las bondades del proceso irlandés y apoyar a la izquierda abertzale, empeñada en vender la imagen de Arnaldo Otegi como el Gerry Adams vasco. En ese intervalo de tiempo se inició la relación entre Alec Reid y la Iglesia vasca, que ya tenía un informe sobre su actividad pacifista y negociadora.

ETA se había puesto en contacto con el redentorista irlandés para que realizara una mediación. El religioso gozaba de cierto reconocimiento, tanto en Irlanda como en Estados Unidos, y parecía la persona adecuada para abrir una vía internacional. Le pidieron que hiciera llegar una carta de la organización al Centro Carter, con sede en Atlanta (Georgia), para que interviniera en el proceso vasco. Alec Reid buscó apoyo en el obispado de Bilbao para que desde allí le ofrecieran soporte logístico para abrir y sostener ese canal de comunicación. La diócesis estaba al mando de Ricardo Blázquez, que aceptó la petición. Se decidió que fuera Joseba Segura quien lo acompañara, en calidad de responsable de Pastoral Social y porque, además, dominaba el inglés. «Es un tema muy delicado, y tú sabrás situarte», le dijeron. Se trataba de un apoyo logístico que debía hacerse con absoluta discreción para no implicar a la diócesis. De hecho, este episodio siempre se ha mantenido en secreto y esta es la primera vez que sale a la luz. Reid y Segura tomaron un avión y se presentaron en Atlanta con la misiva de ETA, pero la iniciativa no prosperó. La fundación no vio la conveniencia de implicarse en ese momento.

Sin embargo, el sacerdote redentorista llevaba otra propuesta en la valija. Propuso a Segura aprovechar el viaje para contactar con los Kennedy, una familia que había jugado un papel muy importante en el proceso de pacificación de Irlanda del Norte. Había que buscar la complicidad de la comunidad irlandesa de Norteamérica en el diseño de una salida a la situación de violencia en Euskadi. El objetivo era llegar hasta el senador Ted Kennedy, en esos momentos uno de los líderes del influyente clan, que siempre había tenido buena entrada en el Vaticano.

El 20 de enero de 1993, Bill Clinton fue elegido presidente de Estados Unidos, gracias, también, al voto irlandés. El 18 de marzo, el nuevo mandatario designó como embajadora de Estados Unidos en Irlanda a Jean Ann Kennedy Smith, hermana de Ted Kennedy, con el que ella mantenía una relación muy cercana. La diplomática, viuda entonces, se implicó mucho en el proceso de paz que se estaba negociando y que desembocaría en el Acuerdo de Viernes Santo. Durante sus cinco años de mandato estableció una buena relación con el padre Alec Reid, con el que fraguó una franca amistad. En realidad, Kennedy Smith fue una auténtica comisionada para la paz, un cargo oficial que Clinton evitó crear. Un gesto simbólico fue su participación en la película sobre Michael Collins, miembro del IRA y patriota revolucionario, dirigida por Neil Jordan y que logró un León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 1996. Todo era bueno para la causa. Pero, sin duda, su contribución más importante fue lograr que el Gobierno de Estados Unidos concediera un visado a Gerry Adams para que pudiera entrar en el país y participar en una conferencia de paz organizada por el lobby amigo. Jean se empleó a fondo en ello. De acuerdo con el relato del propio Adams, la embajadora lo consultó en Dublín con Reynolds y John Hume, que no se opusieron. Luego lo habló con su hermano Ted y se lo comunicó a la Casa Blanca. Adams presentó la solicitud el 14 de enero de 1994, y Jean Kennedy la cursó al Departamento de Estado con su apoyo personal. Se oponían a ella algunos altos cargos, como la fiscal general o el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). Ted Kennedy se movió y consiguió el apoyo de un grupo de senadores demócratas. Clinton, que lo había prometido durante su campaña, se lo concedió.

Aquello fue un paso histórico. Jean conseguiría luego nuevos visados, tanto para otros representantes del Sinn Féin como para el propio Adams, que realizó una gira triunfal por Norteamérica. La familia Kennedy hizo de anfitriona y lo agasajó recibiéndolo en el aeropuerto de Boston. Mary Courtney Kennedy-Hill, hija del senador asesinado el 6 de junio de 1968, lo invitó a pernoctar en Hickory Hill, la mansión del clan. Adams durmió en la antigua habitación del malogrado senador. Courtney se sentía muy identificada con la causa republicana irlandesa. En julio de 1993 se había casado con Paul Michael Hill, uno de los Cuatro de Guildford, que pasaron dieciséis años en prisión tras un juicio fraudulento. La Policía manipuló y falsificó pruebas para implicarlos en una serie de atentados contra un pub de Guildford y Woolwich con un saldo de siete muertos. Hill estaba en libertad bajo fianza por la condena del asesinato de un soldado británico, del que el joven independentista se había inculpado, según aseguró, durante unos interrogatorios muy duros en los que habría sido torturado. El caso de los Cuatro de Guilford también fue llevado al cine. El propio Adams tuvo ocasión de vivir su propia experiencia en Hollywood en la fiesta que le organizaron la actriz irlandesa Fionnula Flanagan y su marido Garrett O’Connor en su mansión de Beverly Hills, a la que asistieron actores como Sean Penn y Anjelica Huston.

En sus viajes a Estados Unidos, el norirlandés se reunió con Ted Kennedy, líder moral del clan, que siempre hizo todo lo posible para que el IRA dejara de matar. En marzo de 1997, Adams fue nombrado norteamericano irlandés del año por la revista Irish America, un acto en el que el senador aprovechó su discurso para pedir al Gobierno británico que no pusiera trabas a la presencia del Sinn Féin en las conversaciones que se celebraban en el castillo de Stormont. John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente norteamericano asesinado en Dallas en 1963, también sentía cierta fascinación por Gerry Adams. Viajó en 1998 a Belfast como director de la revista George para realizar una amplia entrevista al líder del Sinn Féin. El encuentro no se quedó ahí. Ambos visitaron las tumbas de los presos del IRA muertos durante las huelgas de hambre, entre ellos la de Bobby Sands, cuya leyenda traspasó el océano. Volvieron a verse varias veces hasta que el joven Kennedy murió, algo más de un año después, al estrellarse su avioneta en las costas de Martha’s Vineyard (Massachusetts). John era sobrino de Ted Kennedy y de Jean Kennedy Smith, que, como se ha visto, fueron dos piezas muy importantes en el engranaje de la pacificación irlandesa. Y tenían conexión con el sacerdote Alec Reid.

TED KENNEDY DA CALABAZAS A LA DELEGACIÓN VASCA

Había que intentar la vía de los Kennedy con el objetivo de montar un grupo de personalidades de apoyo al final de la violencia en Euskadi. Reid y Segura viajaron a Washington y se hospedaron en casa de Jean, donde rememoraron con su amigo los intensos momentos vividos en Irlanda, mientras el sacerdote de Bilbao ponía al día a su anfitriona sobre el problema vasco. Jean les preparó una cita con su hermano Ted, senador por Massachusetts. El encuentro tuvo lugar en la oficina del experimentado e influyente político, en el complejo del Capitolio. El senador les confesó que no tenía una información muy amplia sobre la situación en Euskadi, y que tampoco consideraba que aquello fuera una preocupación grande en Estados Unidos ni en las cámaras. Había poco que rascar. La comunidad irlandesa en Norteamérica era muy potente y tenía capacidad de influencia en la política a través del voto y de sus representantes. Además, los Kennedy tenían ascendencia irlandesa, y había un componente religioso en el conflicto que lubricaba el esfuerzo y el compromiso de la familia, muy católica. ¿Qué peso tenía la comunidad vasca en Estados Unidos? Ninguno. Eran pastores en Oregón y en Reno y pelotaris en Miami. Euskadi quedaba muy lejos.

Pero Alec Reid llevaba otra encomienda, según se ha sabido ahora con la reconstrucción de aquella visita. El sacerdote sondeó a Ted Kennedy sobre la posibilidad de que el senador recibiera a una representación del nacionalismo vasco que se disponía a viajar a Estados Unidos para buscar un apoyo internacional al incipiente proceso de paz, en el que se buscaba una solución negociada. El Pacto de Estella ya había sido firmado, y tanto ETA como los partidos nacionalistas mantenían una estrategia y seguían un guion. Joseba Segura y la Iglesia estaban al margen de esa estrategia. La misión era acompañar y dar apoyo logístico a un sacerdote, ya de edad avanzada, que había pedido ayuda y al que no se le podía dar un portazo. La Iglesia pretendía evitar que su actuación en aquellas iniciativas se viera como el fortalecimiento de una solución nacionalista. Pero había hombres de Iglesia que estaban implicados en la logística de todo aquello. La segunda presentación del Pacto de Estella en Francia, en San Juan Pie de Puerto, estuvo moderada por el periodista y jesuita Txema Auzmendi, que leyó un «saludo» de ETA a los asistentes, gestionado por un representante de HB.

Kennedy se mostró receptivo y les dijo que sin violencia se podría plantear alguna línea de trabajo, aunque no les ocultó que sería una empresa muy difícil. Había otra dimensión importante: la fuerte interrelación institucional entre los Gobiernos de Estados Unidos y España, con una mayoría absoluta del PP. Con todo, el senador prometió a Reid que recibiría a los representantes vascos.

La disposición de Ted Kennedy a recibir a la delegación era clara, pero muy débil a la hora de prestar su apoyo a la causa. Ni lo uno ni lo otro. Seis representantes del PNV, EA y EH viajaron a Estados Unidos en la última semana de noviembre de 1998 con varias citas en su agenda. Estuvieron en Washington y mantuvieron una reunión con representantes del Centro Carter, entre ellos Harry Barnes, que luego visitaría Euskadi en varias ocasiones. Pero no cuajó nada. Sin embargo, la mayor decepción se la llevaron con el senador Kennedy, que no los recibió. Los atendió una persona de su equipo para decirles que el político no estaba al corriente del asunto. Era previsible. Euskadi es un pueblo pequeño, y el conflicto vasco no tenía una relevancia internacional. Recibirlos era recibir a los «amigos de los terroristas». Además, el Gobierno de Aznar se enteró y hubo muchas presiones diplomáticas para desbaratar los planes de la expedición vasca. Ante el Centro Carter, ante los Kennedy y ante la Casa Blanca.

En ese momento, el embajador de España en Estados Unidos era Antonio de Oyarzábal, que había sido gobernador de Guipúzcoa entre 1977 y 1979. Al diplomático, que inició su carrera en el gabinete técnico del vasco Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores que firmó el Concordato con la Santa Sede en 1953, le tocó vivir momentos muy duros en aquellos años, en los que se sucedían los atentados de ETA, sobre todo contra las fuerzas de seguridad del Estado. «Viví la Transición en la trinchera», declaró en una ocasión. En mayo de 1979, De Oyarzábal protagonizó un fuerte enfrentamiento con los regidores del Ayuntamiento de Andoain cuando el joven de diecisiete años José Ramón Ansa fue asesinado de un tiro en la nuca en un crimen reivindicado por la Alianza Apostólica Anticomunista, un grupo de extrema derecha conocido como Triple A. El gobernador convocó a la corporación después de solicitar una investigación oficial entre la plantilla de la Guardia Civil de la localidad guipuzcoana por si alguno de los agentes había estado implicado en el ataque de la organización fascista. Aquello indignó al gobernador, quien denunció de manera pública el doble rasero de la sociedad vasca, a la que acusó de reaccionar de distinta manera cuando las víctimas eran guardias civiles o policías nacionales.

Antonio de Oyarzábal conocía el paño y, además, mantenía buenas conexiones con la Administración norteamericana y su diplomacia desde hacía años, a partir de su enlace en 1961 con Beatriz Anna Cabot Lodge, hija del embajador norteamericano en Madrid, John Davis Lodge, y de la exactriz italiana Francesca Braggiotti. Lodge pasaba por ser el «hombre de Eisenhower» en España, y la puesta de largo de su hija en la capital española, el 22 de junio de 1956, fue todo un acontecimiento social, según una crónica que firma Martín Bianchini en el diario ABC. Gracias al trabajo de la fotoperiodista Nina Leen, que lo llevó a la portada de la revista Life, tuvo mucha repercusión al otro lado del Atlántico. El vestido lo confeccionó Óscar de la Renta, entonces un aprendiz que voló a la fama a raíz de aquel reportaje. Y es que los Cabot Lodge «eran una dinastía de políticos, diplomáticos y artistas de Massachusetts que se remontaba a los Boston Brahmin, los fundadores de Boston», según escribe el cronista. Se los llamaba, qué coincidencia, los «Kennedy republicanos».

EVANGELIZAR EUSKADI CON EL CATECISMO IRLANDÉS

¿Cómo desembarcó Alec Reid en Euskadi? El irlandés siempre contó que fue el sacerdote Joseba Segura quien lo llamó para trasponer su metodología en el contencioso vasco. Segura, sin embargo, sostiene que fue Reid quien se puso en contacto con la Iglesia vasca. Tras la fallida visita a los Kennedy, Reid invitó a Segura a visitar Irlanda y conocer a los protagonistas del proceso de paz. Se alojó en el legendario monasterio de Clonard, y tuvo la oportunidad de entrevistarse con John Hume, otro de los artífices del Acuerdo de Viernes Santo. A partir del año 2000, el redentorista empezó a frecuentar el País Vasco. Los obispos fueron informados al respecto. Ricardo Blázquez estaba en Bilbao; Juan María Uriarte, en San Sebastián, y Miguel Asurmendi, en Vitoria. Dieron el visto bueno. El objetivo era abrir cauces de comunicación. Segura, que hablaba un perfecto inglés y acumulaba la experiencia de la fallida negociación, fue designado para que atendiera al religioso irlandés en todo lo que necesitara durante su misión. Los dos mantendrían una relación muy intensa. Reid estableció su cuartel general en la Casa de Espiritualidad de Begoña, en Vizcaya, a muy pocos metros de la basílica y cerca del apartamento en el que residía el propio obispo de la diócesis. Pero Blázquez dejó hacer y no interfirió. Nunca le puso las maletas en la calle, pese a las encendidas polémicas en las que se vio involucrado. Segura se convirtió en la sombra del sacerdote irlandés, que fue presentado a unos y a otros. Había que poner en comunicación sensibilidades políticas diversas: a los partidos, a los sindicatos y otros agentes sociales, a las congregaciones religiosas… Los jesuitas llamaron a Reid. Los franciscanos, también. Y los claretianos. Y muchas parroquias. El irlandés se movió por cada rincón de la geografía vasca y por el sur de Francia, prácticamente en todo momento de la mano de Segura. Y siempre seguidos por los servicios secretos.

Alec Reid se convirtió en el apóstol de la paz: austero, sincero, tenaz y muy trabajador. Era una persona carismática, profundamente creyente y con unas convicciones forjadas en mil tensiones y en experiencias difíciles. Admiraba a Gandhi, a Luther King y a Juan XXIII, el Papa Bueno. Su teoría pacificadora se basaba en el «espíritu del diálogo», sin exclusiones, para comprender la postura del otro y descubrir los campos comunes. También en el valor moral y supremo del respeto a la dignidad humana. «En un conflicto como este, nadie tiene toda la verdad», anunciaba. Y, en este esquema, ¿dónde quedaba Dios? El padre Reid, ante los representantes de una sociedad cada vez más descreída y ante auditorios mayoritariamente agnósticos, predicaba: «Dios salva y resuelve los problemas. Siempre hay una solución, porque el poder de Dios se encuentra en el diálogo». El religioso despertaba muchos recelos en los partidos constitucionalistas, sobre todo en el PP. En un principio, también en Herri Batasuna, pese a que Arnaldo Otegi había mantenido en 1997 una larga conversación con el sacerdote en Clonard, que lo dejó «fascinado» por la convicción que transmitía aquel religioso de apariencia mansa y frágil.

El anuncio del desarme del IRA en 2001 reforzó la estrategia de los sectores de la izquierda abertzale favorables al abandono de la violencia, en los que despuntaba el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, quien, para algunos, encarnaba al verdadero Gerry Adams del proceso vasco. Pero las condiciones no estaban entonces «maduras». Díez mantuvo una estrecha relación con Reid (bendijo la apertura del congreso de LAB en 2004), que afianzó su imagen al convertirse en fedatario del desarme del IRA junto al reverendo protestante Harold Good, otra figura que empezó a despuntar en el paisaje de Euskadi. La operación de desmantelamiento del arsenal del terrorismo irlandés fue conducida por el senador norteamericano George Mitchell. Su padre era de origen irlandés, pero él había sido criado en Líbano como cristiano maronita. Se lo consideraba muy próximo al Vaticano por su papel como mediador en conflictos internacionales.

LA MISIÓN FALLIDA DE SEDUCIR AL PP

Alec Reid era tenaz, y estaba acostumbrado a que le dieran con la puerta en las narices. A caballo entre Irlanda y Euskadi, se esforzaba en asegurar que la Iglesia nunca puede ser nacionalista, pues «todos somos hijos de Dios». Pero en ese tiempo era el nacionalismo lo que le daba cobertura y el denominado «tercer espacio», promovido por Elkarri. Y es que existía una identificación. Reid pontificaba que el pueblo vasco era una nación que tenía derecho a la autodeterminación y que, basándose en esos principios, el conflicto se resolvería «de forma pacífica y democrática». El sacerdote se dolía de que nadie había hecho caso a la declaración de Herri Batasuna del 27 de enero en la que se defendían «el diálogo y la vía pacífica». El religioso reapareció el 19 de mayo de 2002 como una de las estrellas de la manifestación promovida por Elkarri, que movilizó a la sociedad civil en favor de su Conferencia de Paz.

En julio, Reid inició una ronda de contactos con los partidos. La abrió con el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren. Cuando fue el turno del PP, la formación declinó la oferta al considerar que existía una clara identificación entre el discurso del sacerdote y el de la izquierda abertzale. Lo más cerca que estuvo de establecer un diálogo con los populares fue cuando se reunió con el abogado Ramón Múgica Alcorta, uno de los moderadores (junto con el exjesuita Mariano Ferrer) de la Conferencia de Paz de Elkarri. Múgica había sido concejal en el Ayuntamiento de Bilbao por el PP, aunque no tenía carné del partido. Además de notario, era profesor de Derecho Administrativo, Económico y Mercantil en la Universidad de Deusto, y llegó a ser vicedecano de la Facultad de Derecho de los jesuitas. Mantenía buenas relaciones con la diócesis vizcaína. Múgica había formado parte de un grupo de profesionales cristianos que se reunían de manera frecuente en una iglesia de Bilbao por iniciativa de la diócesis. Cuando fue reclutado por Jonan Fernández, participó en seminarios en el santuario de Arantzazu y en la casa de espiritualidad Haitzur, en el monasterio que las religiosas Mercedarias de la Caridad regentan en la localidad alavesa de Egino. Los debates giraban en torno a la manera de superar el conflicto y recuperar la convivencia. Múgica también se reunió con observadores irlandeses y suizos a petición de la Iglesia porque estos podrían ser una llave para llegar a sectores ideológicos inaccesibles. El profesor mantenía una posición abierta dentro de lo que era el universo ideológico de la derecha.

Como el PP se resistía y era la pata que representaba al Gobierno de España, el sacerdote Joseba Segura contactó con él para que mediara y abriera un canal de comunicación. Múgica habló con Antonio Basagoiti, concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y hombre fuerte de la formación en Vizcaya, que se lo trasladó a María San Gil. La líder popular se negó a ello para no dar legitimidad a la misión de Reid. Faltó confianza. En el PP no se lo creían, lo consideraban una maniobra para maquillar la historia de ETA. Ramón Múgica ha sido una pieza significativa en el proceso de paz vasco. En 2005 participó en la Mesa de Reflexión Plural en favor del diálogo multipartito, organizada por Elkarri en Egino, y años después, junto con el obispo Uriarte, asesoró al Gobierno vasco en el informe sobre vulneraciones policiales. Su colaboración en ese informe le costó a Múgica algún disgusto personal. El notario recibió una carta muy sentida de un compañero de oposiciones, en la que le afeaba su presencia en la comisión. No lo entendía. El padre del firmante de la misiva, un magistrado que presidió el Tribunal de Orden Público, fue asesinado a tiros en Madrid por un comando de ETA. Y un hermano, militar de carrera, pero que obtuvo una dispensa del Rey para incorporarse a los Grupos Antiterroristas Rurales de la Guardia Civil, murió tras la explosión de una bomba trampa de ETA en el acuartelamiento de Aretxabaleta. En 2013, Múgica fue el pregonero de la Semana Santa de Bilbao. Estaba muy interconectado con la Iglesia. Ahora es miembro del Foro Bilbao por la Paz y la Convivencia, impulsado por el Ayuntamiento de la capital vizcaína, en el que también participan representantes de la diócesis.

En enero de 2003, la Fundación Sabino Arana, del PNV, reconoció a Alec Reid con el premio Espejo del Mundo por dedicarse «en cuerpo y alma» a solucionar el conflicto de Irlanda del Norte, un modelo que encajaba como un guante en sus parámetros políticos. Era la figura del momento. ETA se puso en contacto con Reid, con el que quería mantener un encuentro cara a cara. Con todas las precauciones del mundo, le organizaron una cita en Francia. Esa vez, el sacerdote Joseba Segura no lo acompañó. En realidad, se enteró de la reunión a toro pasado. Reid se lo contó mucho tiempo después. Tampoco lo habría acompañado, pues tenía muy claro el límite de su responsabilidad. Segura nunca se ha visto con un miembro de ETA. Aquella reunión secreta tuvo lugar en un caserío, en torno a una mesa para cenar. Los etarras pidieron a Reid que bendijera la comida. Lo hizo al entender que la petición era una muestra de respeto hacia su condición de eclesiástico. Nunca ofreció fechas de aquella entrevista, aunque podría situarse en el otoño de 2004. Reid aseguró más tarde que en aquella cena supo que «los de ETA querían poner en marcha un camino político y democrático, que aquella era su decisión». El cura irlandés actuaba con la encomienda de sus superiores de la Orden en Irlanda, a los que enviaba informes de sus gestiones en Euskadi. Los responsables de los redentoristas españoles, sin embargo, se mostraron muy duros. No entendían qué estaba haciendo en Euskadi. Para ellos, solo estaba «enredando». Aquellos análisis, con información de primera mano, también acababan en los despachos de los obispos vascos. Los servicios policiales incautaron en una ocasión un documento a ETA en el que se referían a un tal Aurelio, que los analistas de información consideraron que era el nombre en clave de Alec Reid. En el texto también se aseguraba que el sacerdote se ofreció a mediar de manera directa, pero que la banda le envió una carta declinando la oferta.

LA IGLESIA VASCA SIGUE EN EL EQUILIBRISMO

En la primavera de 2005, la Iglesia vasca ya contaba con la información de que ETA había tomado la decisión de «cerrar la persiana» y dejar las cuestiones políticas en manos de los políticos. También lo sabía Rodríguez Zapatero, que decidió coger el toro por los cuernos y despejar el camino de obstáculos innecesarios. Antes de que finalizara el año, la Iglesia vasca se enteró, además, de que ETA tenía decidido declarar una tregua permanente y verificable en los meses siguientes. En la segunda quincena de septiembre, casi al mismo tiempo, Alec Reid recibía en el Palacio Euskalduna de Bilbao las firmas del Acuerdo Democrático de Base y era reconocido en la Lehendakaritza con el premio René Cassin por fomentar el respeto a los derechos humanos, concedido por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, en ese momento dirigido por Joseba Azkarraga. La comunidad nacionalista agasajaba al sacerdote irlandés. El premio René Cassin era un reconocimiento compartido con el pastor protestante Harold Good por su trabajo en favor del abandono de las armas por parte del IRA. Al recibir el galardón, ambos pidieron a ETA que dejara las armas y defendieron el diálogo como herramienta para alcanzar un acuerdo de pacificación. El diálogo ya se estaba produciendo en Noruega y Oslo.

Tanto Alec Reid como Joseba Segura estaban convencidos de que la paz estaba a la vuelta de la esquina. Uno y otro compartían su optimismo en ámbitos muy reservados, sobre todo eclesiásticos, pero también en algunos círculos políticos. En diciembre de 2005, los obispos vascos tenían información de que había una oportunidad «especialmente propicia» para alcanzar la paz. El 1 de enero de 2006, con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, monseñor Uriarte publicó un mensaje, en sus parámetros habituales, centrado en la propia situación de Euskadi. Defendía el diálogo como herramienta principal, con la aportación de todas las sensibilidades políticas y sin la renuncia a sus opciones legítimas. Identificaba como obstáculos el uso de la violencia y la aplicación «excesivamente rígida» de la ley. Y abogaba por avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos, invocando la doctrina de Juan Pablo II en su referencia al «derecho a existir» de los pueblos.

El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, nombrado ya cardenal por Benedicto XVI y considerado en ese momento el hombre fuerte de la Iglesia española, dejó claro que con los asesinos no se negociaba; debían «desaparecer como organización y deponer las armas». Por el contrario, el obispo de Bilbao y ya presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Blázquez, consideraba que si había el mínimo resquicio, había que aprovecharlo. Blázquez recibió el respaldo del obispo emérito de São Felix do Araguaia (Brasil), Pedro Casaldáliga, que en esas fechas visitó Madrid. «La Iglesia española no solo debe respaldar la paz y el diálogo en Euskadi, sino que, además, debe hacer de negociadora e intermediaria», declaró a la revista 21RS el defensor de la teología de la liberación.

BENEDICTO XVI APOYA EL PROCESO VASCO

Pese a sus diferencias ideológicas, había sintonía entre Blázquez y Uriarte. El 22 de marzo, el mismo día en el que ETA anunció un alto el fuego permanente, los obispos vascos firmaron una nota conjunta en la que reclamaban el esfuerzo de todos para «contribuir a crear un clima social» en el que se alejara definitivamente de sus relaciones «el recurso de la violencia». El llamamiento señalaba de manera directa a los políticos, pues eran ellos quienes tenían en sus manos «la especial responsabilidad de conducir la construcción democrática de una sociedad justa y en paz». Al día siguiente, monseñor Uriarte anunció que «si fuera preciso, la Iglesia estaría dispuesta a hacer una especial contribución al servicio de una paz justa y humana». La Iglesia, añadió, no tenía ambición de «salir en ninguna foto», pero, en el caso de que se lo requirieran, estaría dispuesta a cualquier servicio comprendido dentro de su tarea pastoral, dado que «los procesos largos y laboriosos pueden comportar, en un momento determinado, la necesidad de catalizadores positivos que, de alguna manera, desatasquen el proceso». El obispo de Baiona, Pierre Molères, también distribuyó un comunicado celebrando el alto el fuego de ETA.

En ese ambiente, Alec Reid declaró que la oportunidad estaba madura y que ETA estaba «preparada para enterrar la violencia para siempre». Segura siempre ha sido muy discreto, y no acostumbraba a salir a la plaza pública. Esa parte se la dejaba a los obispos. Ambos sabían que la declaración de la tregua se estaba preparando y que, por tanto, llegaría de manera inexorable. Ni el uno ni el otro habían tenido una intervención directa en su gestación, pero los dos sacerdotes se habían implicado en un proceso que parecía irreversible. El irlandés, serenando ánimos, rebajando desconfianzas e insistiendo en la necesidad de diálogo. El vasco, metido de lleno en la logística, pero también recuperando y ampliando los canales que se habían utilizado en la tregua anterior, con la cobertura de sus superiores, que abogaban por no dejar fuera a ninguna sensibilidad.

Con la satisfacción de los deberes hechos, Joseba Segura se marchó en enero a Ecuador para poner en marcha la infraestructura de Cáritas, lejos de un conflicto que parecía terminal. En abril lo localicé en Quito y mantuvimos una larga conversación. El sacerdote vizcaíno estaba convencido de que ETA pasaba a la historia:

Esta vez, la decisión se ha adoptado con la preparación adecuada, dando al proceso el tiempo necesario y bajo un liderazgo que promovía una decisión sostenible y eventualmente irreversible. Nadie puede excluir que en Francia existan todavía personas escépticas, dispuestas a volver al camino de la violencia. Lo importante es que esas personas no van a poder levantar de nuevo la bandera de ETA y arrastrar tras ellos a lo que Batasuna representa hoy. La violencia es percibida prácticamente por toda la población nacionalista como una estrategia desesperada que solo produce marginación política. Lo digo con total convicción: lo del día 22 [en referencia a la tregua] no fue otro suceso más en la larga historia de ETA, sino el final de la violencia en el País Vasco. No se pueden descartar todavía, aquí o allí, episodios aislados, pero la violencia organizada que hemos conocido durante casi cuarenta años se ha terminado. Y el tiempo solo va a confirmar este hecho.

En la primera semana de abril, el día 2, Juan María Uriarte viajó al Vaticano y se reunió con monseñor Giovanni Lajolo, secretario de Estado para las Relaciones con los Estados, el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores. Experto en concordatos, fraguó su experiencia a las órdenes del legendario Casaroli. Impenetrable, frío y dueño de sus silencios, había sustituido en el cargo al francés Jean-Louis Tauran, interlocutor hasta entonces de monseñor Uriarte. En aquellos meses había mucho tráfico entre Euskadi y Roma. El Vaticano no intervenía, pero consentía. Tres días después, el papa Benedicto XVI hizo un llamamiento en favor de la paz en el País Vasco: «Os invito a rezar para que todos intensifiquéis vuestros esfuerzos por consolidar los horizontes de paz que parecen abrirse en el País Vasco y en toda España y a superar los obstáculos que puedan presentarse». Lajolo seguía con mucho interés la evolución de la situación vasca y dejaba hacer a la Iglesia local.

Muchos analistas han relacionado la visita del obispo vizcaíno al «ministro de Exteriores» con la declaración del pontífice alemán, como si el prelado hubiera pedido el apoyo público de la Santa Sede al proceso que se abría paso en Euskadi. Meses después, monseñor Uriarte emitió una nota en la que aseguraba que no había realizado ninguna mediación entre la Santa Sede y las partes implicadas en el final de la violencia, y que tampoco había solicitado ninguna intervención pontificia ni vaticana que apoyara «las actuales gestiones en curso en pro de la paz en el País Vasco». El embajador de España en el Vaticano en esos momentos, Jorge Dezcallar, asegura en su libro de memorias que Ratzinger le concedió una audiencia privada el 3 de abril para despedirse, y que aprovechó la ocasión para pedirle su apoyo al alto el fuego que acababa de declarar ETA. Cuando el 5 de abril el papa se refirió al proceso vasco, el diplomático lo entendió como «un bonito regalo de final en la Embajada».

AVAL DE LA CÚPULA DE LA IGLESIA A LA INICIATIVA DE ZAPATERO

La Conferencia Episcopal Española había marcado algunas «líneas rojas». En un comunicado advirtió de que los terroristas no podían ser considerados «interlocutores políticos de un Estado legítimo» para dejar claro que los contactos con ETA debían ceñirse a la disolución de la banda. El secretario general del episcopado, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, condensaba los recelos de un sector importante de la jerarquía, que mantenía distancias con la Iglesia vasca. Monseñor Blázquez tenía que lidiar con una situación endiablada, con presiones por todos los flancos. El prelado abulense mantenía una buena relación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y ambas partes habían trabajado este asunto. El 27 de marzo, el Ejecutivo recibió el aval de la cúpula de la Iglesia. El presidente de los obispos aprovechó su discurso en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE para apelar a la unidad de los gobernantes y los representantes políticos para llegar a «la meta de la paz plena». También ofreció la contribución de la Iglesia para conseguir la pacificación, en la medida de sus posibilidades, y que el proceso llegara a buen puerto. El objetivo de la Iglesia era hacer presión para lograr que el alto el fuego fuera irreversible. Aquello era lo que esperaba la Moncloa, con el objetivo de apuntalar el blindaje social e institucional que necesitaban las conversaciones.

Los recelos no se disiparon. El cardenal Antonio María Rouco Varela, que había sido destronado por Blázquez de la presidencia de los obispos, intervino de manera pública para subrayar que no era papel de la Iglesia, sino del Gobierno, afrontar la mediación con ETA. Luego subrayó: «La tarea que le compete es garantizar que las víctimas tengan lo que se merecen, de modo que el bien de España quede a salvo». El sábado 9 de abril se celebró la sexta edición de la Ascensión por la Paz al santuario guipuzcoano de Arantzazu, pulmón espiritual de los vascos. Ante más de siete mil personas, monseñor Uriarte aprovechó para recordar, también al cardenal Rouco, el mensaje del papa: «Benedicto XVI nos ha señalado que esta paz todavía incipiente y delicada debe ser consolidada por el esfuerzo de todos. Obstaculizarla o abstenerse de impulsarla no sería, pues, coherente con un espíritu pacífico y pacificador».

En otoño, el proceso de paz parecía entrar en barrena. La Iglesia, a través de unas gestiones en las que también estuvo monseñor Uriarte, ofreció las instalaciones del santuario de Loiola, en Azpeitia, como escenario de unas conversaciones tripartitas que acabaron en otro fracaso. El obispo de San Sebastián reapareció en escena con ocasión de las huelgas de hambre (en septiembre de 2006 y en febrero de 2007) que protagonizó el miembro de ETA Iñaki de Juana Chaos, condenado a veinticinco años de prisión y que se enfrentaba a «cadena perpetua» por amenazas terroristas en dos artículos publicados en Gara. El recluso tuvo que ser ingresado en un hospital de Algeciras (estaba encarcelado en la prisión gaditana de Botafuegos) y, más tarde, ante el empeoramiento de su estado de salud, trasladado a un centro sanitario de Madrid. El fallecimiento del etarra daría al traste de manera irreversible con un proceso de paz que ya se encontraba agónico. El ambiente político estaba muy crispado. Monseñor Uriarte intercedió ante la familia y el Gobierno socialista y pidió un gesto humanitario con el recluso. El 8 de octubre, después de sesenta y tres días de huelga de hambre, De Juana Chaos abandonó la protesta y comenzó a ingerir alimentos de manera voluntaria.

En los documentos incautados al exjefe militar López Peña, Thierry, sobre los contactos entre la banda y el Gobierno, se recoge que el Ejecutivo se comprometió a darle «libertad condicional». Según se puede leer, el etarra escribió: «Primero, rehabilitación en hospital de Madrid manteniendo la situación de libertad en secreto. Luego, a Euskal Herria en libertad. Se estableció con Iñaki la forma de hacer esto por medio del hombre de la Iglesia». En efecto, De Juana fue trasladado a San Sebastián durante el primer trimestre de 2007, y hubo varios obispos españoles que expresaron su rechazo a una prisión atenuada. El «hombre de la Iglesia» era Juan María Uriarte, que medió entre el Ejecutivo y personas de la izquierda abertzale, entre ellas, Arnaldo Otegi y Jone Goirizelaia, familiar del prelado. Se invocaron razones legales y humanitarias para solucionar un contencioso que había envenenado y empantanado la convivencia sociopolítica. Nadie quería un mártir. En febrero de 2007, el obispo volvería a intervenir ante una segunda huelga de hambre del miembro de ETA, que finalmente abandonó el ayuno tras una visita de Rafa Díez Usabiaga, líder del sindicato LAB y buen amigo de monseñor Uriarte. Se trataba de salvar lo insalvable, pues ya se había producido el atentado de Barajas, con dos víctimas mortales. Fue entonces cuando la izquierda abertzale tomó el mando e inició la gran ciaboga.

14
LA VÍA VATICANA QUE
BUSCÓ EGUIGUREN CON
ETCHEGARAY: UN
SOCIALISTA PIDE LA
MEDIACIÓN DE UN
CARDENAL

El 15 de mayo de 2004 amaneció soleado en Roma. Aquel día primaveral invitaba a callejear y sentir el latido de los barrios antiguos de la capital italiana, salpicados de palacios, iglesias y capillas. En su trayecto de apenas media hora desde el aeropuerto de Ciampino al centro de la ciudad, Jesús Eguiguren y Paco Egea le daban vueltas a la misión que los había llevado hasta la Ciudad Eterna. El primero era presidente del PSE-EE, y el otro había sido consejero de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social con los socialistas en el Gobierno vasco que presidía José Antonio Ardanza, en un pacto de cohabitación con los nacionalistas. Además de compañeros en la acción política, eran muy amigos y podían hablar con confianza. Enseguida identificaron el pino parasol, el árbol por excelencia de la capital de Italia, asociado a su paisaje desde la Antigüedad. Y luego, la cúpula de Miguel Ángel que corona la basílica de San Pedro en el Vaticano, corazón del catolicismo universal. Aquel era su destino. O eso pensaban ellos, porque, más bien, la cita que habían pactado tendría lugar al otro lado del Tíber, en el castizo y turístico barrio del Trastévere, en un edificio extraterritorial pero con soberanía vaticana.

Su anfitrión era Roger Etchegaray, un cardenal de la localidad vascofrancesa de Espelette, famosa por sus pimientos rojos secos, en Aquitania. El purpurado, miembro del selecto e influyente club de los Príncipes de la Iglesia, estaba ya jubilado, pero seguía teniendo un gran peso en la curia romana, donde estaba a punto de ser nombrado vicedecano del Colegio Cardenalicio. Acumulaba, además, una larga hoja de servicios en favor de la paz, y la comunidad internacional se lo estaba reconociendo con distintos premios. Era el hombre indicado para convertirse en mediador entre ETA y el Gobierno en la negociación de un acuerdo que propiciara la paz en el País Vasco. El asunto no le era ajeno, entre otras cosas, porque su sobrina Kristiane Etxaluz había sido en su juventud colaboradora con la ETA de los primeros años sesenta y fundadora del movimiento nacionalista Enbata. Se casó con Alfonso Etxegarai Atxirika, miembro de ETA deportado a Ecuador, primero, y a Santo Tomé y Príncipe, más tarde. El cardenal siempre había sido partidario del diálogo para la resolución de los conflictos y, en otras ocasiones, había abierto las puertas de su casa a distintos enviados de Euskadi. Ahora, los puentes estaban rotos y había que intentar su reconstrucción.

En su recorrido por las atestadas carreteras de la periferia romana, Eguiguren y Egea rememoraron la historia de unas conversaciones secretas de hacía unos años, que parecían seguir prolongándose ahora en el Vaticano, sobre todo teniendo en cuenta el propósito de aquel viaje y el hecho de que tan pocas personas supieran de él. Todo había comenzado en el año 2000 en Txillarre, un caserío de Elgóibar propiedad de Peio Rubio, un antiguo militante del sindicato Comisiones Obreras. El activista de izquierdas conocía a Paco Egea porque habían coincidido en la misma empresa después de que el exconsejero abandonara la política, tras la crisis de gobierno entre el PNV y el PSE. Egea, ingeniero técnico, había sido fichado como director gerente por la empresa Alfa, de Éibar, fabricante de máquinas de coser, pero metida en un plan de innovación y expansión. Rubio era amigo de Arnaldo Otegi, vecino de Elgóibar y, en ese momento, el líder con mayor autoridad en la izquierda abertzale. Jesús Eguiguren era presidente del PSE-EE, pero había sido presidente del Parlamento Vasco, secretario general del partido en Guipúzcoa y miembro del Comité Federal del PSOE, una trayectoria relevante que le confería autoridad en su organización. Unos y otros actuaron de bisagra entre ellos para hablar a calzón quitado de la situación vasca. Tras la ruptura de la última tregua, decretada en 1998, y el fracaso de la negociación en Suiza, ETA había reiniciado sus atentados. Además, el Pacto de Estella, del que fueron excluidos el PSE y el PP, había convertido la política en una olla a presión que, a punto de reventar, pedía a gritos una válvula de escape.

Mientras el Gobierno de Aznar implementaba su estrategia antiterrorista y ETA proseguía su campaña de terror, Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi continuaban con sus conversaciones secretas en el caserío Txillarre, centradas en el análisis del fracaso de las treguas de la banda terrorista. Fruto de aquellos debates, fueron llegando a un diagnóstico común: había que separar el proceso de paz del proceso político. En uno, tendrían que negociar el Estado y la banda sobre la ecuación «paz por presos»; en el otro, tendrían que dialogar los partidos sobre el futuro político de Euskadi. Habían dado con la metodología. Las conclusiones las maduraron en otros enclaves, porque el caserío de Elgóibar había sido detectado por los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplegados en Euskadi. Los encuentros se alternaron entre Azpeitia, ese lugar tan totémico en la historia de Euskadi, y Aizarna, un bucólico paraje guipuzcoano apartado y tragado por Zestoa, donde nació Eguiguren.

EN POLÍTICA GRACIAS A LA RELIGIÓN

Aizarna es un lugar muy especial. Es uno de los pueblos más antiguos de Guipúzcoa, ubicado sobre las laderas del monte Ertxiña en el macizo del Hernio, el monte curandero al que muchos vascos acudían en peregrinación a pedir una gracia. Ahora se trataba de pedir por la paz de Euskadi. La aldea fue absorbida por el balneario de Zestoa, creado en 1776 y que cuenta con una fuente de agua «milagrosa» llamada San Ignacio. Eguiguren se crio en un caserío de ambiente religioso. Su madre tuvo que sacar adelante y dar de comer a diez hijos en un ámbito rural, y la mujer encontraba refugio y consuelo en la religión. Lo tenía fácil en una zona salpicada de edificios religiosos. Como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que pudo pertenecer a los templarios y a la que la gente del valle acudía a pedir la protección de la Amatxu. O la ermita de la Santa Cruz, justo enfrente. O la ermita de Santa Engracia y su humilladero de la Virgen, más arriba, de la que parte una ruta hacia el Hernio. Una encrucijada de caminos para un país también en la encrucijada.

Jesús Eguiguren volvía a sus raíces y eso lo reconfortaba. Retornar a los sitios de la niñez ayuda a serenar el alma. Estudioso de la vida de san Ignacio de Loyola, le gusta recordar que el fundador de la Compañía de Jesús cruzó aquellos caminos en 1535, en su regreso de París a Azpeitia y enfermo a lomos de un caballo, cuando su médico le ordenó que tomara los aires natales para reponer su salud. Y lo cierto es que le vino muy bien. El líder socialista no era muy cristiano, sino que más bien era un poco agnóstico, principalmente por su ideario izquierdista, pero reconoce que la carga de compromiso que lleva la religión le ayudó a entrar en política. «El cristianismo a unos nos llevaba a la política y a otros a los Comandos Autónomos Anticapitalistas», afirma en referencia al sanguinario movimiento que nació en aquellos valles de Dios. El joven Eguiguren se encuadró en la Organización Comunista de España-Bandera Roja, un partido de inspiración cristiano-marxista que surgió en el tardofranquismo de la mano de Alfonso Carlos Comín, fundador de Cristianos por el Socialismo —su libro Fe en la tierra se convirtió en todo un evangelio para los jóvenes católicos que buscaban un compromiso fuera de las estructuras oficiales de la Iglesia, por ejemplo, Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, o Jordi López Camps, que fue director de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña—. Eguiguren estudió Derecho e ingresó en las filas socialistas. Le costó acabar su formación. Permaneció un tiempo estudiando entre los muros del santuario de Arantzazu e hizo muy buenas migas con los franciscanos, pero la carrera se le resistía. Al final se enclaustró en las celdas del monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, y entonces sí que pudo sacarse el título universitario. Luego no descuidó su formación intelectual. Es autor de numerosos ensayos políticos y miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, de acreditado espíritu ilustrado y creada por los Caballeritos de Azkoitia. De aquellos valles de Dios surgía lo malo, muy malo, y también lo bueno.

Txillarre también dejó huella en Arnaldo Otegi. Cuando murió su madre, sus cenizas fueron esparcidas bajo un cerezo en aquel bucólico lugar. Las conversaciones durante el invierno junto a los troncos de la lumbre habían dado sus frutos. Era abril de 2004 y había que poner en contacto a ETA con el Gobierno del PP, pues todo indicaba que Aznar pretendía «perpetuarse en el futuro». ¿Quién podría realizar aquella delicada misión? Eguiguren se acordó enseguida del cardenal Roger Etchegaray, nacido en la cercana localidad vascofrancesa de Espelette. Tenía fresca la foto que publicaron muchos periódicos el 24 de marzo sobre la entrega del premio Félix Houphouët-Boigny a la Paz —patrocinado por la Unesco— al purpurado, en esos momentos presidente emérito del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, una institución con muchas hijuelas por el mundo, también en España, donde sus responsables se habían implicado en la pacificación de Euskadi. El galardón, que lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil, lo compartían Etchegaray y Mustafá Cerić, muftí de Bosnia-Herzegovina, en lo que suponía un mensaje con fuerza en favor de la reconciliación de los pueblos. El cardenal acababa de protagonizar una misión de paz en la guerra de Irak que había tenido un eco mediático internacional. Hacía unos meses que le habían reconocido su compromiso al servicio de un mundo sin violencia con el premio Raoul Follereau (el escritor y periodista francés que luchó contra la lepra y el hambre). Etchegaray parecía la persona ideal para aquella encomienda.

LA HERMANA DEL CONCEJAL, CUIDADORA DE LA CASA DEL CARDENAL

Eguiguren planteó el nombre de Etchegaray a Otegi: «Este parece que se dedica a estas cosas; podemos probar». El líder de la izquierda abertzale se mostró remiso al principio. HB aspiraba a que un tercer Estado (además de España o Francia) actuara como intermediario. Eguiguren le aclaró que el Vaticano era un Estado. Se pusieron manos a la obra sirviéndose de la derecha, que, según ellos, parecía «más cercana al Vaticano», y del episcopado español. Parecía imposible llegar a la Santa Sede. Eguiguren contactó con Frantxua Maitia, concejal del Partido Socialista Francés en un Ayuntamiento de San Juan Pie de Puerto, un enclave mítico en el Camino de Santiago que enlaza Francia con Navarra a través del puerto de Ibañeta y Roncesvalles. Maitia es un tipo peculiar que habla euskera y francés, muy amigo de los efectos especiales. Nombrado caballero de la Legión de Honor, pertenece a la corriente vasquista del socialismo francés. Siempre ha destacado por la defensa de la cultura vasca y del euskera. Establecieron una cita en Baigorri y Eguiguren le preguntó si conocía alguna forma de llegar hasta el cardenal Etchegaray. Milagro: «¿Alguna forma? Mi hermana es la que lo cuida y mantiene su casa en Espelette». No había un modo más directo que aquel. El socialista guipuzcoano no se lo podía creer. La vida está llena de casualidades y, muchas veces, al margen de los grandes circuitos diplomáticos y políticos, el eslabón más sencillo resulta el más eficaz. «No te preocupes, que yo te hago la gestión», lo tranquilizó Maitia.

A los pocos días sonó el móvil de Eguiguren con un número en la pantalla que no conocía: «Soy el cardenal Etchegaray». El dirigente socialista se quedó cortado. Hoy, rememora con humor:

Es que no sabía cómo dirigirme a él. Le dije «reverendísimo», «ilustrísima». Lo tuve que consultar, pues el suyo es el cargo eclesiástico más alto de la Iglesia. Los cardenales ostentan el título de «su eminencia», pero lo cierto es que este era muy campechano. Mantuvimos una conversación en la que pasamos del francés al euskera y al castellano. Fue una mezcla.

En realidad, el tratamiento correcto era el de «eminencia reverendísima», porque Etchegaray había sido arzobispo. «¿Puedes venir este fin de semana al Vaticano?», le preguntó el cardenal. La cita ya estaba cerrada. «Cuando se lo conté a Arnaldo, se quedó acojonado. “¿Has visto qué eficacia?”. Se puso muy contento». Eguiguren no quería ir solo a Roma, pero entonces las conversaciones todavía eran secretas. No consultó a nadie. Le propuso a Paco Egea, que ya había dejado la política y era un directivo empresarial, que lo acompañara. También se lo ofreció a Frantxua Maitia, pero el político francés declinó la oferta. Años después, contaría: «Me entró vértigo. Tenía muchas dudas, porque entrar en estos pasos negociadores era meterme de lleno, y no sabía si luego podría salir. Coincidió con que tenía compromisos ineludibles y no pude hacerlo». Eguiguren siguió adelante: «Pedí dinero al PSE y no me preguntaron para qué. Me solían dar cantidades pequeñas. Rubalcaba manejaba los fondos reservados, y desde luego que eran muy reservados». Compraron los billetes de avión y reservaron habitaciones en el Hotel Michelangelo, únicamente porque era un nombre que les sonaba bien (él fue el autor de la capilla Sixtina) y era muy céntrico.

Y tan céntrico. Está ubicado en pleno corazón de Roma, con vistas al Vaticano y su inconfundible cúpula, a muy pocos pasos de la plaza de San Pedro y a un corto paseo del barrio del Trastévere, donde tenía su residencia el cardenal Etchegaray. Por sus alrededores pululan cada día miles de turistas y peregrinos en su camino a la Ciudad del Vaticano para rezar en la basílica y disfrutar con sus museos. Es un edificio antiguo, construido en 1959 y reformado en 1998 y en 2013, de estilo clásico, muy del gusto de los cargos eclesiásticos. De hecho, Eguiguren y Egea se encontraron ese día con una delegación de la Iglesia española desplazada a Roma para asistir a la beatificación de Josep Manyanet, inspirador de la Sagrada Familia de Gaudí. «Estábamos rodeados de obispos con sus hábitos de gala, y de mucha gente que hablaba en catalán. Debían de tener una recepción o una fiesta por la ceremonia, porque corría el cava. Nos asustamos un poco: “Nosotros, que vamos de incógnito, y ya el hotel está plagado de españoles… ¡A ver si nos van a reconocer!”». Eso temían, pero nadie se fijó en ellos. Todo el mundo estaba a lo suyo.

Aprovecharon para comer, y luego se dirigieron al Trastévere, donde mantenía su cuartel general el cardenal vascofrancés. La cita era a las cuatro de la tarde. La zona es un laberinto de callejuelas, ahora tomadas por hordas de turistas que se disputan las mesas de los numerosos restaurantes, que han crecido como hongos en este barrio tan pintoresco de Roma. En el corazón del barrio se levanta la iglesia de Santa María, que he visitado decenas de veces, la última de ellas durante la realización de este libro. Los cardenales son sacerdotes de Roma y a cada uno se le asigna, de manera simbólica, una parroquia de la ciudad. El día de mi visita, el interior olía a un intenso incienso que perfumaba los magníficos mosaicos de influencia bizantina. El oficiante apeló en su homilía a la paz y condenó el terrorismo. Durante las preces, tres de las siete personas que intervinieron pidieron por la paz y reclamaron el fin del terrorismo. Qué casualidad. Lo anoté en mi libreta.

UN «APAGAFUEGOS» DEL VATICANO

Si en algún lugar de Roma tienen sentido y valor estas peticiones, es donde se ubica la sede de la Comunidad de San Egidio, mediadora en decenas de conflictos internacionales y muy conocida entre quienes han trabajado por la pacificación en Euskadi. Una de sus figuras más emblemáticas, y de la que he hablado ya en el capítulo 10 de este libro es Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y «notario» de la entrega del arsenal de ETA en Baiona en 2017. Tras la ceremonia, mantuvo un encuentro en Cambo-les-Bains con Roger Etchegaray, ahora retirado en su tierra natal con noventa y siete años cumplidos. El purpurado vascofrancés ha sido uno de los grandes valedores de la Comunidad de San Egidio en la curia vaticana. De hecho, las velas de su noventa cumpleaños las sopló en un homenaje en el cuartel general de la comunidad, en el Trastévere. Después de muchos años de servicio en Roma, Etchegaray regresó el 26 de enero de 2017 a los Pirineos Atlánticos. Ahora vive en una casa de retiro a diecisiete kilómetros de Baiona, y suele visitar Espelette siempre que puede. «Me siento muy orgulloso de todo lo que mi pequeño País Vasco y mi familia vasca me han dado para ser lo que soy», señalaba en una de sus últimas entrevistas.

Durante la comida, Jesús Eguiguren y Paco Egea repasaron una vez más la dilatada biografía del cardenal Etchegaray, una persona emblemática en la Iglesia y uno de sus pesos pesados durante mucho tiempo. Obispo auxiliar de París y arzobispo de Marsella, fue perito en el Concilio Vaticano II. Juan Pablo II lo llamó a Roma y lo puso al frente de las misiones más delicadas, difíciles y sensibles de la Santa Sede. Como enviado del Vaticano —una especie de diplomático volante—, acudió a las zonas más calientes del planeta: China, Líbano, Argelia, Chiapas, Irak, Sarajevo, Haití, Ruanda (en pleno genocidio) y Cuba. Hombre de acción con un profundo toque humano, ha sido un auténtico «apagafuegos» y un constructor de puentes. Organizó el primer encuentro mundial de religiones en Asís. También ha sido muy tenaz. «Siempre avanzo como un asno», solía repetir en referencia al título de un libro que publicó en 1984. En su corazón había un lugar especial para Espelette, «mi pequeña aldea», como él la llama. Le gustaba recordar que una hermana casada de san Francisco Javier, «el hombre con sandalias de viento», se estableció con su familia en el pueblo. Admiraba mucho al patrón de las misiones, al que consideraba «un auténtico vasco».

Su posición y disposición también han sido requeridas desde Euskadi. Ha sido una terminal a la que se conectaban quienes buscaban una solución a la violencia en el País Vasco. Las puertas de su amplio apartamento siempre han estado abiertas en la plaza de San Calixto. En 1992, algunas voces aseguraron que movió hilos para que ETA no atentara durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los líderes del movimiento Elkarri también lo visitaron en Espelette en alguna ocasión. Él siempre escuchaba y, si procedía, facilitaba contactos. El prestigio de Etchegaray ha tenido alcance también en la sociedad civil. En 2009, la Fundación Sabino Arana, del PNV, lo incluyó entre sus premios por su capacidad de propiciar acuerdos y limar las diferencias que dividen a los pueblos. Algún día se conocerá con exactitud la «letra pequeña» de sus actuaciones. Ha guardado todos los documentos e intervenciones. Se ve que, después de cada misión, escribía un amplio y minucioso informe.

UN BELÉN DE FIDEL CASTRO Y UNA ESPADA DE SADAM HUSEÍN

Eguiguren y Egea llegaron en taxi hasta muy cerca de las puertas del palacio de San Calixto. Se trata de un edificio de estilo neoclásico, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1990. Muchos años antes fue un monasterio benedictino. Se construyó en honor del papa Calixto I, martirizado en ese lugar en el año 222. Es la sede actual de distintos organismos pontificios, como el Consejo Cor Unum, el Consejo para los Laicos y el Consejo para la Familia, además del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. Es una de las treinta propiedades extraterritoriales de la Santa Sede. Dichas propiedades quedan fuera de los límites geográficos del Estado Vaticano, pero gozan de un estatus especial. Las fronteras del Vaticano fueron establecidas el 11 de febrero de 1929 por los Pactos de Letrán, firmados por la Santa Sede y el reino de Italia, que reconoció al papa la soberanía sobre su territorio, de apenas medio kilómetro cuadrado, el más pequeño de Europa. El palacio de San Calixto, como otros edificios, es suelo vaticano y, como tal, es inviolable.

A Jesús Eguiguren le entró un poco de vértigo: él no representaba al Gobierno español, ni siquiera al Partido Socialista de Euskadi. Todavía no se lo había contado a su jefe, Patxi López, secretario general de la formación. Lo hizo más tarde, y López se lo contó después a José Luis Rodríguez Zapatero, que acababa de ganar las elecciones en marzo. Aquella era una operación secreta. A Eguiguren le reconfortaba saber que, para entonces, el debate en el seno de Batasuna y del Movimiento de Liberación Nacional Vasco sobre la inutilidad de la violencia estaba en su apogeo. Otegi y ETA estaban a punto de cerrar el documento Udalberri, que serviría de base para la Declaración de Anoeta, formulada luego en diciembre. La Iglesia vasca estaba al tanto de los movimientos que se estaban realizando. Aznar había estado el 23 de enero de ese mismo año con Juan Pablo II. El pontífice lo recibió junto con su familia en una audiencia privada. Aquella fue su última visita como presidente del Gobierno, y también la última vez que lo vio en persona. Luego se produjeron los trágicos atentados yihadistas del 11M en Madrid, que dejaron un saldo de 193 muertos y dos millares de heridos. En todas sus visitas, Aznar había pedido el apoyo del Vaticano en la lucha contra el terrorismo y una decidida intervención contra la Iglesia vasca, a la que consideraba muy identificada con el proyecto político de los nacionalistas. El Vaticano actuaba con pies de plomo.

Eran ya las cuatro de la tarde de un día soleado cuando el propio cardenal Etchegaray recibió a Eguiguren y Egea en la puerta del palacio y los guio hasta su apartamento. No era una estancia lujosa. Tenía los techos muy altos y apenas había alfombras. Él era un hombre corpulento, de gran planta, y muy atento, que se cubría la cabeza con la txapela vasca, una prenda a la que nunca ha renunciado. En la entrada de la casa había un jardín con macetas en las que sobresalían geranios y rosas. A Eguiguren aquel espacio le recordó las películas de Fellini. Se saludaron en euskera, que mezclaron con el francés y el castellano. Le regalaron una edición facsímil de Gero, de Axular, una obra emblemática de la literatura vasca escrita en el siglo XVI por el sacerdote navarro Pedro de Aguerre y Azpilicueta. Aunque el purpurado lo agradeció, les rebajó un poco el entusiasmo: «Ya tengo el original». Axular fue párroco de Sare, una localidad vascofrancesa cercana a Espelette. El cardenal contaba con una biblioteca interminable de varios pisos, que llenaba una estancia y seguía en otra. No pasaba nada. También le habían llevado chacolí y queso de oveja para que recuperase los sabores de la tierra vasca. Etchegaray es vasco, pero también francés. Les ofreció un anisete, un pastís de color ámbar —muy típico de su país— que rebajó con agua.

Su apartamento era un resumen de sus peripecias por todo el mundo como «embajador personal» de Juan Pablo II desde que el pontífice polaco lo llevó a Roma para colocarlo al frente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. En el despacho, un salón amplio de trabajo, conservaba un belén que le había regalado Fidel Castro en 1989, cuando se empezó a fraguar el deshielo. En la capilla, ubicada a mano derecha, destacaba un sagrario etíope de paja y una gran colección de iconos, algunos regalados y otros comprados con sus ahorros, según reveló el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, que ha visitado en muchas ocasiones su residencia gracias a la amistad que los une. También tenía un arpa birmana y una espada iraquí, regalo de Sadam Huseín, con el que trató sobre la segunda guerra del Golfo. Y numerosas fotografías de muchas partes del globo donde le tocó intervenir como enviado especial del Vaticano. Sobresalían algunos recuerdos de Espelette. En su apartamento solo entraban familiares, amigos y periodistas de confianza. También lo conocían los que habían sido obispos de San Sebastián, monseñor Setién y monseñor Uriarte, que lo informaban sobre la situación de Euskadi en sus visitas a Roma. Sobre todo, era muy amigo de Uriarte, que tenía entrada en el Vaticano. La llave era Etchegaray, que se llevaba muy bien con Juan Pablo II. Otra persona clave era monseñor Jean-Louis Tauran, que ha estado al servicio diplomático de tres papas, muy influyente y muy bien relacionado con el obispo vizcaíno. Lo recibía en el Vaticano y recogía sus informes. Con Tauran, algunas veces ha estado hasta dos horas.

EL CARDENAL NO QUIERE COMPROMETER AL VATICANO

«Hijo mío, ¿qué me traes?», le preguntó el cardenal a Eguiguren en un tono muy paternalista. El presidente de los socialistas vascos lo puso al día sobre los encuentros de Txillarre con Arnaldo Otegi y la oportunidad de abrir una vía de diálogo entre ETA y el Gobierno socialista: «Buscamos un interlocutor entre la organización armada y el Ejecutivo de Zapatero». Durante la conversación, que fue larga, Etchegaray recibió numerosas llamadas telefónicas. «Cógeme el teléfono, Jesús», le pidió en algún momento el cardenal, que atendió alguna llamada de Nicaragua. El eclesiástico escuchó con mucha atención lo que habían venido a decirle Eguiguren y Egea, y los atendió de una manera extraordinaria. Les habló de sus misiones por el mundo, de las dificultades para llegar a acuerdos. Y les avanzó una de las máximas de la diplomacia vaticana: «Si las cosas salen bien, se confirma, pero no se bautiza». Les vino a decir que el Vaticano no autorizaba estos procesos. Respaldo, sí, pero luego, si hacía falta. La Santa Sede no se exponía si no había indicios seguros del éxito de su gestión. Eguiguren se quedó un poco decepcionado, pero lo comprendió: «Era su estilo. Nos dijo que habláramos con la Iglesia local, que es la que se ocupa de estas cosas. Entendimos que se refería a la Iglesia vasca, pero luego añadió que contactáramos con el cardenal Rouco Varela, que era el presidente de la Conferencia Episcopal Española».

Etchegaray argumentó que ya estaba jubilado (tenía ochenta y dos años entonces), carecía de oficina y su capacidad de maniobra estaba muy limitada. Eguiguren recordó unas declaraciones del cardenal: «El pueblo vasco ya ha sufrido bastante. El diálogo debe sustituir a la violencia y los políticos deben mostrar lucidez y coraje». Coraje le sobraba a Eguiguren, pero… una cosa era alentar el diálogo de manera pública y otra muy distinta, embarcarse en una mediación. En una conversación privada con Antonio Pelayo, luego revelada por el periodista cuando Etchegaray se retiró a su pueblo natal, el purpurado le aseguró que nunca había sido mediador en los duros años del terrorismo etarra y que solo habría aceptado si el papa se lo hubiese pedido. Abrir puertas, sí; traspasarlas, no. Etchegaray no quería comprometer al Vaticano. Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi tendrían que buscan otra fórmula, porque la «vía vaticana» no había prosperado. Allí se acabó la conversación, que se había alargado durante mucho tiempo. Etchegaray regaló a sus visitantes unas cruces bendecidas por Juan Pablo II, y la de Eguiguren le haría luego mucha ilusión a su madre. Finalmente, el cardenal se prestó a inmortalizar aquel encuentro con unas fotos y les dio unas entradas para asistir al día siguiente a la ceremonia de canonización, que tendría lugar en la plaza de San Pedro.

Las aprovecharon. Era domingo y Roma había amanecido con un día primaveral que invitaba a pasear. En muy pocos minutos, Paco Egea y Jesús Eguiguren llegaron hasta la columnata de Bernini, que abraza la explanada frente a la basílica. Había mucha vigilancia policial y solo podían acceder a la plaza aquellos que llevaban entrada, después de pasar varios controles de seguridad. Aquello era todo un espectáculo sociorreligioso. Les impresionó. El dirigente socialista evoca: «Había gente de todas las razas y colores. No había dos personas iguales. El papa realizó varias vueltas en el papamóvil e impartió la bendición a distancia». Se habían congregado cincuenta mil personas, cinco mil españoles entre ellas, y muchos catalanes. Luego, a las diez y media, comenzó la ceremonia de canonización de seis beatos, entre los que se encontraba el sacerdote catalán Josep Manyanet, nacido en Lérida. Él promovió la construcción del templo barcelonés de la Sagrada Familia y fundó dos congregaciones religiosas, Hijos de la Sagrada Familia e Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, que tienen escuelas por todo el mundo.

EL JEFE DE LOS ESPÍAS, EMBAJADOR ANTE LA SANTA SEDE

Eguiguren y Egea no lo sabían, pero en el Vaticano había un cierto malestar con el Gobierno de Zapatero por lo que consideraban un feo diplomático. A la beatificación del padre Manyanet, en 1984, el Gobierno envió en representación al entonces ministro de Presidencia Javier Moscoso. Ahora, a la canonización, el Ejecutivo español desplazó una delegación presidida por el encargado de negocios de la Embajada ante la Santa Sede, un rango muy por debajo de lo habitual. La legalización diplomática estaba en una especie de «sede vacante», con el embajador Carlos Abella haciendo las maletas. El Vaticano tenía mucho interés en entablar contacto con el Gobierno socialista, pero no fue hasta junio cuando Abella fue relevado por Jorge Dezcallar. La Santa Sede le concedió el plácet en un tiempo récord. También ayudó que el domingo siguiente se casara el príncipe Felipe con la periodista asturiana Letizia Ortiz y el Vaticano estuviera incluido en su ruta de viaje de novios. Dezcallar tuvo que mediar en momentos muy duros, como cuando se aprobó la ley de plazos, que permitía el aborto libre en las primeras catorce semanas de gestación. Varios de los beatos que aquella mañana del 6 de mayo de 2004 habían sido elevados a los altares habían destacado por su defensa a ultranza de las ideas católicas antiabortistas. Eguiguren y Egea también desconocían que el ministro de Asuntos Exteriores, el católico Miguel Ángel Moratinos, estaba intentando convencer a Dezcallar para que aceptara el puesto en la Embajada más antigua del mundo. Dezcallar acababa de ser cesado como jefe de los espías. Había sido el primer director del Centro Nacional de Inteligencia, responsable de las unidades que habían detectado a Eguiguren y Otegi en el caserío Txillarre de Elgóibar.

Ajenos a las maniobras políticas y diplomáticas que se estaban fraguando entre el Gobierno español y el Vaticano, Eguiguren y Egea se dedicaron a realizar un tour turístico por la Fontana di Trevi y otros escenarios de postal, como el Coliseo y el Foro Romano. A última hora de la tarde todavía había peregrinos en el hotel brindando con cava por la fiesta de la canonización. El lunes retornaron a España y, en el avión, volvieron a coincidir con algunos obispos. En el viaje de regreso, pensando en una nueva estrategia, se acordaron de monseñor Uriarte, obispo de San Sebastián, que cuatro años antes había facilitado el encuentro entre ETA y el Gobierno de Aznar. Sabían que seguía manteniendo muchos contactos de aquella operación. Se lo plantearon a Arnaldo Otegi. Al líder de la izquierda abertzale no le pareció buena idea. Consideraba que Uriarte estaba «quemado» para nuevas mediaciones y recelaba de él por su vinculación con el PNV. «Si hablamos con él, al día siguiente lo sabrán en Sabin Etxea», argumentó, en referencia a la sede central de la formación jeltzale. Eguiguren recuerda: «Bromeamos con aquel aserto de los eclesiásticos de que antes se dejarían cortar la lengua que revelar secretos. No quedarían obispos si se la hubieran cortado a todos los que debían». Aun así, el dirigente socialista asegura que se vio varias veces con Uriarte, del que reconoce: «Siempre fue serio y discreto. Nunca utilizó la información». Luego, en referencia a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior del PSOE y hombre fuerte del Gobierno, explica: «No le pedimos nada, y tampoco lo pidió él. No le di muchos detalles de lo de Txillarre, ni a él ni a Rubalcaba». Por su parte, Otegi intentó un nuevo encuentro con Etchegaray. Algunas fuentes lo situaron en Roma, pero un miembro de la dirección de la izquierda abertzale me aseguró que tuvo lugar en Francia, durante el verano, con motivo de un viaje de descanso del cardenal en su localidad natal, Espelette, y en Saint-Étienne-de-Baïgorry. Querían darle su propia versión de la situación e informarlo de que su proceso iba en serio. Lo que está claro es que el Vaticano, por distintos canales, tenía información constante de todos aquellos movimientos, y que la Secretaría de Estado apoyó los esfuerzos negociadores que realizó luego el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

UN CURA EN LA CADENA DE CARTAS PARA LA NEGOCIACIÓN

Eguiguren y Otegi se movieron rápido. A finales de agosto, Rodríguez Zapatero recibió una carta de ETA en la que se le emplazaba a negociar para buscar una salida. Para ese movimiento, volvieron a utilizar los servicios de Frantxua Maitia, que entregó la carta de respuesta a Eguiguren en Biarritz. Una copia del texto le fue incautada un año después a Mikel Antza, jefe de ETA. El socialista francés nunca ha sido mediador, pero sí que ha actuado de cartero fiel. Para aquella misión pidió el aval de la dirección de su partido en París. Algunas fuentes aseguran que también se lo comunicó a Jacques Chirac, presidente conservador del Gobierno francés. Maitia formaba parte de una cadena más amplia. La carta viajaba en un sobre muy grande que había ido adelgazando durante la operación. Cuando la misiva llegaba a una persona, esta rompía el sobre, lo destruía, y le pasaba otro al siguiente destinatario. Alguien incumplió las normas. En uno de los sobres figuraba el nombre de un sacerdote de San Juan Pie de Puerto. Por aquellas fechas, Eguiguren y Josu Jon Imaz, presidente del PNV, se encontraron por casualidad en esa localidad fronteriza, a la que el líder jeltzale había ido de turismo con su familia. No preguntó nada. En otra ocasión, Eguiguren se quedó sin gasolina cerca de Saint-Étienne-de-Baïgorry. Era noviembre y casi de noche. En Francia y en esa época no hay un alma por la calle. Tuvo que hacer autostop. Cuando lo pararon y llegó al pueblo, dijo que era amigo del cardenal Etchegaray. Le abrieron un pequeño hotelito para él y lo trataron como en casa. «La Iglesia abre muchas puertas», recuerda con agrado.

Para entonces había muchos hombres de Iglesia que llevaban varios años haciendo presión para lograr una salida dialogada a la situación de violencia y que creían en la apuesta de una parte de la izquierda abertzale para que ETA dejara las armas. Era el caso del sacerdote redentorista irlandés Alec Reid, que se reunió muchas veces con Eguiguren y estaba al tanto de las conversaciones de Txillarre. El dirigente socialista evoca:

Cuando venía a San Sebastián, le gustaba tomar café con leche en la casa del pueblo. Se encontraba muy a gusto con nosotros y, de hecho, utilizó nuestra sede como centro de operaciones. Le encantaba el trato con las secretarias, que lo trataban muy bien. La gente se sacaba fotos con él. Le ofrecimos alojamiento, pero lo declinó. Nunca aceptó nada. Yo le caía muy bien. De hecho, me quiso llevar a Irlanda con Gerry Adams, aunque le dije que no. Le gustaba decir que el espíritu siempre proveerá, que el final todo saldrá bien. Cuando llegó para «evangelizar» sobre el proceso irlandés, le dije que aquí los protestantes eran los otros y los católicos, nosotros. «El que manda aquí es el nacionalismo, el esquema es al revés», le insistí.

Eguiguren recuerda una confidencia fruto de su amistad: «Me contó el proceso de desarme del IRA. Los republicanos entregaban los sacos con balas. Se pesaban las balas, se pesaba el saco y se hacía el recuento. Tanto peso, tantas balas en cada saco. ¡Cuánto carbón se metió en aquellos sacos! Fue un desarme un poco tramposo».

Reid le regaló a Eguiguren un libro de memorias de Gerry Adams con una dedicatoria del autor escrita en gaélico que decía: «El hombre que está en la puerta de la muerte». «No por el riesgo de que te mataran, sino como expresión clave del problema», interpretó Eguiguren. Daba que pensar. El representante socialista había pasado momentos muy duros por las amenazas de ETA. Cuando se reunía la familia en alguna celebración, se juntaban hasta diez escoltas: cuatro que llevaba él, dos que protegían a su mujer (juntera socialista) y otros cuatro que servían de guardaespaldas de dos cuñados. Los simpatizantes de Batasuna estaban muy crecidos. Un día, en un bar de Azpeitia, varios jóvenes acosaron a sus escoltas. Les palpaban la pipa, la pistola, para ver si desenfundaban. «Vosotros veréis», los provocaban. Se tuvieron que marchar con cajas destempladas. «Ya te enviaremos una corona», le gritaron al presidente del PSE-EE. Años después, la gente borroka del pueblo lo saludaba por la calle. Algo estaba cambiando: venía un nuevo tiempo.

Jesús Eguiguren también se entrevistó varias veces con líderes del Sinn Féin que visitaron Euskadi en aquellos momentos tan cruciales. La petición llegó del ámbito del socialismo vasco y de la izquierda abertzale, y fue gestionada por el padre Reid y por Joseba Segura, que viajaron a Belfast. El objetivo era conocer el papel de los presos en el proceso de paz irlandés y sacar lecciones para Euskadi. Ambos sacerdotes se reunieron con Gerry Adams y miembros de la delegación republicana, que gestionaba ese asunto. El brazo político del IRA envió al País Vasco a los integrantes de su equipo negociador, compuesto por Bairbre de Brún, Alex Maskey y Gerry Kelly. Eguiguren solo recuerda a los dos últimos, a los que llamaba de manera amistosa Tom y Jerry, como el gato y el ratón de los dibujos animados de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque uno era alto y corpulento (era exboxeador aficionado) y el otro, más bajito y delgado. Se los presentó el padre Reid. Los dos eran miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte. Maskey fue miembro del IRA y sobrevivió a un atentado de paramilitares lealistas. Luego fue alcalde de Belfast. Kelly fue artífice de una fuga masiva de presos del IRA de la famosa prisión de Maze y encabezó la representación en las conversaciones sobre los presos con el Gobierno inglés. Ambos habían desempeñado un papel importante en las negociaciones de paz que condujeron al Acuerdo de Viernes Santo del 10 de abril de 1998. Algunas de las reuniones de Eguiguren con Gerry Kelly se celebraron en domicilios de la familia del sacerdote Joseba Segura, delegado de Pastoral Social de la diócesis de Bilbao, gobernada en esos momentos por monseñor Ricardo Blázquez, jefe de los obispos españoles.

Las negociaciones se aceleraron y multiplicaron. Entró en juego el noruego Centro Henri Dunant para preparar las conversaciones secretas en Oslo y Ginebra entre representantes de ETA y del Gobierno socialista. Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair, asegura en dos de sus libros sobre el mundo de la mediación que la primera reunión de la delegación noruega con la banda terrorista tuvo lugar en el atrio de una iglesia de un pueblo de Francia.

Mientras en el seno de Batasuna se producía un amplio debate con la ponencia «Bide Eginez» sobre la estrategia política y el papel de la lucha armada, Eguiguren negociaba con los líderes de ETA. Primero, con Josu Urrutikoetxea, Ternera; luego, con Xabier López Peña, Thierry. Aquellos fueron días muy duros para el líder del PSE, que, aun así, mantenía la cabeza fría: «Yo recordaba la estrategia de Gary Kaspárov, campeón mundial de ajedrez: “Tienes que tener dos cabezas, la tuya y la del contrincante, la del enemigo. Y te tienes que anticipar a su movimiento”». Luego, añade: «En Ginebra lo pasé muy bien, lejos del territorio. Hacía buen tiempo. Las reuniones eran por las mañanas y las tardes las aprovechaba para pasear o ir al cine. Conocía algo desde mi época de estudiante». Y, en referencia a la actitud agresiva que mantuvo el jefe de ETA, evoca: «Noruega fue más complicado. Todos juntos en la misma casa. La parte final fue terrible». «¿Pasaste miedo?», le pregunto. «Miedo, no, aunque sí era consciente del peligro. La verdad es que hice testamento y lo dejé todo atado». Se le quedó grabada una amenaza de Thierry: «¿Tienes muchos enemigos? La siguiente carta que te llegue, que la abran con cuidado». Eguiguren piensa, sin embargo, que todo aquello mereció la pena. Finalmente, concluye: «La sensación es la del deber cumplido. Justifica toda mi vida política».

Después de Oslo y Ginebra, vinieron los problemas: las fallidas conversaciones de Loiola y el atentado de ETA contra la terminal del aeropuerto de Barajas. La involución. En una acción desesperada para resucitar un proceso que agonizaba, el Gobierno socialista envió a Eguiguren y a Rodolfo Ares, consejero de Interior, a Ginebra. El encuentro tuvo lugar en el entorno de Satigny, una zona con gran riqueza paisajística entre la ribera derecha del Ródano y su afluente Allondon. El escudo de esta comuna es una llave entre una incipiente luna y un sol. Allí podía estar la llave de la paz. En un château del cantón suizo, los socialistas vascos se reunieron con Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria, como portavoces de Batasuna; José Manuel Gómez Benítez, en representación del Ejecutivo central, y los miembros de ETA Igor Suberbiola y Thierry. «Fue una noche maldita», según Ares, quien reveló que el jefe de la banda terrorista mandó callar a Otegi diciéndole: «Tú, aquí, ya no tienes nada que decir». Satigny es una zona con buenos vinos, pero no había nada que celebrar. La izquierda abertzale tomó nota.

15
ARREPENTIDOS LOS
QUIERE DIOS: EL CASO
DE TXELIS, EXJEFE DE
ETA

Ilich Ramírez Sánchez era un joven venezolano que disfrutaba de la vida en la Caracas de los años sesenta. Su padre era un abogado comunista que lo había llamado así en homenaje a Lenin, dirigente bolchevique por el que sentía veneración. Su madre era una católica conservadora que lo bautizó en la pila con el nombre de Carlos. Entre el compromiso cristiano y la liberación de los pueblos, se formó aquel muchacho que con el tiempo abrazaría el islam y se convertiría en un legendario asesino. De hecho, durante los años setenta, sería el criminal más buscado del mundo por su participación en numerosos atentados terroristas desde su unión al Frente Popular de la Liberación de Palestina. Dejó un reguero de más de ochenta asesinatos y decenas de heridos, según las acusaciones de la Policía francesa. Y, pese a convertirse en un forajido escurridizo, fue capturado en Sudán en 1994. A orillas del Nilo azul terminaba el historial de Carlos, también conocido como el Chacal, en referencia al personaje ficticio del terrorista que protagoniza la novela El día del Chacal, del escritor Frederick Forsyth. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, criticó su detención, que se había producido gracias a los buenos oficios de la CIA. El mesías bolivariano proclamó: «Es un luchador revolucionario».

Ramírez dio con sus huesos en La Santé, una de las cárceles con peor reputación en el mundo por sus durísimas condiciones. Los muros de la hermética prisión parisina los conocía muy bien José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, detenido dos años antes en una operación policial contra la dirección de ETA en la localidad francesa de Bidart. También él, antiguo seminarista, acumulaba un pasado de violencia. Todavía no formaba parte de la cúpula de la organización en septiembre de 1986, cuando se ordenó la ejecución de Dolores González Catarain, Yoyes. Un pistolero le descerrajó tres tiros en presencia de su hijo de tres años, en la feria de la localidad guipuzcoana de Villafranca de Ordizia, su pueblo natal. Había sido uno de los generales de ETA, pero decidió dejar las armas. Yoyes, que en su juventud había sido muy religiosa, no tenía causas pendientes en España tras la ley de amnistía de 1977. No era una traidora, pero ETA lo entendió así. José Miguel Latasa Guetaria, Fermín, y José Antonio López Ruiz, Kubati, hoy responsable del colectivo de presos, fueron los que ejecutaron la orden. Aquel crimen le quitaba el sueño a Txelis en las austeras celdas de La Santé, donde purgaba sus tres años en la dirección de la banda, entre 1989 y 1992.

Ilich Ramírez nunca se ha arrepentido de su pasado. En una entrevista firmada por Antonio Jiménez Barca en el periódico El País, el terrorista señaló que el arrepentimiento es «un concepto religioso». «Yo no digo que nunca haya pecado, pero en la lucha militante revolucionaria, no», abundó. Tiempo después, durante su juicio en París, señalaría que hasta el criminal más abominable puede reconvertirse: «Salvo el caso extremo del monstruo, el resto puede corregirse». También se quejó de la mediocridad de la población reclusa: «La gente, aquí, no tiene intereses intelectuales; solo piensan en fumar droga y cosas así». Mediocridad y falta de arrepentimiento: dos aspectos que no encajaban en Álvarez Santacristina. La de Txelis no había sido una militancia temprana. Del seminario pasó a la universidad antes de encuadrarse en los comandos, y con veintisiete años tuvo que huir a Francia con la policía en los talones. Estudió Filología en La Sorbona y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Tenía muy buena cabeza, y por eso se convirtió en el ideólogo de ETA.

En 1993, su vida cambió y dio un giro copernicano. Cuando dejó las aulas del seminario, entonces al mando de José Antonio Pagola, quien luego se convertiría en el «número dos» del obispo José María Setién, el joven Álvarez lo hizo por motivaciones religiosas: la lucha por la justicia y la liberación de los pueblos y su compromiso con los derechos de Euskal Herria. En un análisis muy compartido en la época entre el mundo cristiano, pues ese pensamiento venía importado de la teología de la liberación, justificó: «La lucha armada es el último recurso que le queda al pueblo». Pero lo cierto es que el factor desencadenante de su entrada en ETA fue la muerte de un amigo de su infancia, Mikel Salegi Urbieta, que falleció en un control de la Guardia Civil en 1974 (durante el franquismo). Aunque aquel hecho no guardaba relación con ninguna reivindicación política, el trágico suceso marcó a Txelis, que, en lugar de prepararse para ser pastor de almas, se convirtió en un lobo para el hombre, hasta que casi veinte años después, cuando cumplía condena en la celda de La Santé, se reencontró con Dios. La construcción de la prisión se había iniciado en 1861 sobre el solar del antiguo convento de las Magdalenas, una casa fundada en tiempos de Luis XIII para acoger, precisamente, a las mujeres arrepentidas de su pasado, de su «libertinaje público y escandaloso». ¿Quedaba algo de aquel humus entre sus paredes? Quizás Txelis se adentró también en la poesía del ensayista Guillaume Apollinaire, encarcelado en su día en esas mismas celdas y autor del libro Caligramas: poemas de la paz y de la guerra. Montparnasse, el barrio de los artistas, queda muy cerca de esta prisión intramuros de París. Sea como fuere, José Luis Álvarez Santacristina sufrió una conversión ideológica de nuevo cuño por sus remilgos morales y éticos. «Se han cometido demasiados crímenes en nombre de la lucha armada; esta actividad debe terminar», clamaría más adelante.

¿El factor religioso ha jugado algún papel en la evolución de los etarras detenidos? En el caso de Txelis, resulta evidente que sí. Desde el minuto uno de su encarcelamiento, primero en la prisión de Fleury-Mérogis, en los alrededores de París. Su conversión fue fruto de una crisis existencial, política e ideológica que requirió su tiempo de maduración. No fue una conversión tumbativa. En ese proceso fue acompañado por familiares, amigos, diferentes lecturas y, una vez en La Santé, por su capellán, el padre André Clavier. Quienes lo trataron, describen al sacerdote como un hombre excepcional y fuera de serie por su entrega a los presos (en general) y emigrantes, con sencillez de vida, recia espiritualidad y sabiduría. Clavier, además, estaba familiarizado con la «cuestión vasca» porque su familia era de Dax, capital de Landas, donde siempre han encontrado refugio los miembros de ETA. El sacerdote había sido capellán en los institutos y en el escultismo. Fundó una fraternidad de enfermos y discapacitados y la asociación Secours Catholique en Dax, la Cáritas francesa, para actuar contra la pobreza y la desigualdad. Pero su vocación estaba en las cárceles. «Yo estaba en la cárcel y vinisteis a verme…», invocaba Clavier en francés, en referencia al versículo de Mateo en el que recuperaba la carta de Pablo a los hebreos y su petición expresa de visitar a los hermanos encarcelados y a sus familias. El religioso permaneció más de treinta años como capellán en la prisión parisina, donde era muy conocido y a la que se acercaba cada día en una pequeña motocicleta. Murió el 30 de diciembre de 2012, a los ciento un años, en un modesto piso cerca de la torre Eiffel, junto a los inmigrantes que atendía. Varios días después, en una misa de recuerdo en la catedral de Dax, el obispo, monseñor Hervé Gaschignard, volvió a citar el Evangelio de Mateo: «Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait». Su desaparición fue muy llorada.

DEL SEMINARIO A LA DIRECCIÓN DE LOS COMANDOS

El tradicional espíritu de acogida de la Iglesia francesa ha marcado la misión en la legendaria prisión parisina de La Santé del abbé André Clavier, guía espiritual del histórico jefe de ETA José Luis Álvarez Santacristina. Txelis ya estaba acostumbrado a hacerse preguntas sobre el sentido de la vida. En la cercana Universidad de La Sorbona se había doctorado en Filosofía de la mano del profesor Víctor Gómez Pin, un prestigioso filósofo catalán experto en el orden aristotélico. Pin se había vinculado a finales de los años setenta al proyecto de la Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco, en el campus guipuzcoano de Zorroaga, en su inicio, una concentración de talento en un ambiente ácrata, un oasis ajeno al clima hostil que se estaba generando en las calles de Euskadi de la mano de ETA. Otro profesor pionero en aquella aventura intelectual era Fernando Savater. Y un profesor invitado, entre otros muchos, fue el decano de La Sorbona Pierre Aubenque, que luego también ayudaría en sus estudios al exiliado Txelis. Álvarez Santacristina había dejado el seminario en tercero, en 1976. Trabajó para la Real Academia de Lengua Vasca-Euskaltzaindia y se centraba en la carrera de Filosofía, muy pendiente de la hoja de ruta de una ETA cada vez más sangrienta. Había ido perdiendo paulatinamente la fe, hasta acabar en un agnosticismo teñido de cierto anticlericalismo.

Ya entonces tenía madera de jefe y ejercía un liderazgo entre sus compañeros de Zorroaga, siempre con una militancia radical en favor del euskera. De hecho, en cierta ocasión, un comando de ETA político-militar convocó una asamblea en el aula magna de la Facultad de Filosofía para conseguir el apoyo de la institución al Estatuto de Gernika, y el alumno Txelis fue uno de los pocos que tomaron la palabra para reprochar al encapuchado que se hubiera dirigido a los participantes solo en castellano. El joven era brillante. El profesor Gómez Pin le dejó dar una clase sobre Kant y sus compañeros se quedaron con la boca abierta por el nivel. Era octubre de 1979. Txelis continuó la carrera hasta tercero. En 1981 desapareció y pasó a la clandestinidad. Luego reapareció en Francia. Para entonces, el totalitarismo de ETA ya había llegado a aquella escuela de pensamiento. Fernando Savater encabezó la reacción contra la violencia etarra, que equiparó con la tortura. Sufrió insultos, pintadas y amenazas. Más tarde también se puso al frente del colectivo ¡Basta Ya!, contra la violencia y el nacionalismo excluyente. Varios profesores tuvieron que llevar escolta antes de abandonar Euskadi.

Álvarez Santacristina tenía dotes para la filosofía. Su tesina de licenciatura, presentada en 1984 y calificada con un «sobresaliente por unanimidad», giró sobre la obra de Ludwig Wittgenstein, filósofo y matemático, figura de la filosofía analítica. El pensador austríaco había sido alumno del nobel Bertrand Russell, por cierto, autor de muchas obras de contenido social y moral, además de un reconocido pacifista. Txelis tradujo al euskera el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. Es curioso, pero el exjefe de ETA contaba con tan solo tres años cuando Enrique Tierno Galván, alcalde socialista de Madrid tras la muerte de Franco, tradujo al español el mismo tratado, que luego publicaría en Revista de Occidente. «El viejo profesor» no era creyente —era agnóstico—, pero protagonizó un episodio que lo definía como una persona de gran altura. Cuando tomó posesión de su despacho en aquel primaveral 1979, un colaborador quiso retirar el crucifijo que había sobre la mesa, pero él lo impidió. «La figura del crucificado es para mí un gran símbolo», argumentó. Y luego añadió: «Es el hombre que dio su vida por defender hasta el final una causa noble. La contemplación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie».

Wittgenstein, como Txelis, también llevó una vida atormentada. «No se puede pensar decentemente si uno no quiere hacerse daño a sí mismo», escribió. En efecto, Álvarez Santacristina había sido entrenado intelectualmente para pensar, y ya antes de ser detenido en la histórica redada de 1992 en Bidart, Txelis sufría un progresivo «desasosiego vital»:

Había comenzado a sentir unas contradicciones tan gruesas y de tal calibre que me revolvían las entrañas. Vivía una gran contradicción en el camino que había tomado libremente. De cara a la sociedad que pretendía y decía defender cada vez era más consciente de que la gran mayoría de la sociedad estaba en contra de nuestra manera de proceder. Por otro lado, existencial y éticamente, el anhelo de luchar por una sociedad más justa y más libre estaba sirviendo de facto para destruir no solamente bienes, sino también vidas, y lo estaba dando por bueno, aunque lo justificara incomprensiblemente como supuesto mal menor. Todo eso lo empecé a somatizar en una ansiedad y en una disconformidad conmigo mismo hasta que tuve un momento en el que sentí un «clac». Fue un relámpago de emoción, de pensamiento, de experiencia, una llamada de atención que sentí en mi interior por primera vez en casi once años, aunque después no acertara a metabolizarla y gestionarla. En ese momento, que marcó un antes y un después, sentí en lo más profundo de los tuétanos que realmente lo estaba haciendo mal.

El relato de Txelis en la revista Arantzazu, de los franciscanos guipuzcoanos, incorpora la mención del papel de su familia. Sus padres, que siempre lo educaron en la fe cristiana; su compañera, que le demostró un amor incondicional, y una de sus hermanas, religiosa en un instituto secular y que «vive su fe de una manera que hasta me daba envidia».

Todavía vivía en la clandestinidad. Entre comunicado y comunicado tras cada atentado para justificar lo injustificable, Álvarez Santacristina buscaba tiempo para rezar. Se dirigía a Dios en estos términos: «Tú sabes que yo no quería esta vida». Se refería a él como aita («padre», en euskera) y ama («madre»), «porque le hablamos de tú y le podemos hablar de tú; es el sentido profundo de la trascendencia». Cuando las fuerzas especiales francesas, ayudadas por la Guardia Civil, entraron en la guarida de la cúpula etarra en Bidart, Txelis sintió una liberación. Tan pronto llegó a las frías celdas de Fleury-Mérogis, decidió que tenía que ajustar cuentas y aclararse: «Debía aclarar mis contradicciones, porque mis ideas más profundas ya no cuadraban con lo que era mi vida». Luego fue trasladado a La Santé. Allí vivió un momento de gran oscuridad que compartió con el sacerdote André Clavier, quien le ofreció «una confianza humana» que le sorprendió sobremanera. Aquella fue una experiencia tremenda, que el exetarra narra así:

Veía a mi alrededor personas que eran muertos andantes. Muertos psíquicos. Muertos en vida. Estaban muy afectados por su historia y por lo que supone una cárcel prolongada y prácticamente sin apoyo. Vivían una especie de locura, de despersonalización. Llegué a ver el infierno en el sentido más atávico del término, como un lugar de sufrimiento que nadie querría para sí ni para su peor adversario. Obviamente, peor infierno es el sufrimiento que vive el familiar de cualquier víctima de la violencia del terror.

¿Fue el miedo al infierno lo que llevó a Txelis a su conversión? Él mismo responde:

No ha sido mi caso, en absoluto. La fe me enfrentó a cosas peores que el miedo a un supuesto infierno, porque creer me suponía, por ejemplo, arrepentirme hasta la médula de las cosas a las que yo pude contribuir en mi época de militancia. Fui un militante convencido, y esa responsabilidad moral está ahí. Mi fe me obligaba a ir mucho más allá: debía rechazar la violencia y decirlo claramente. Pero es algo sobre lo que no se puede pasar página: la página está ahí y está escrita como está escrita. Tus entrañas te la recuerdan constantemente.

LA FAMILIA BUSCA AYUDA EN LA IGLESIA

Para combatir los remordimientos, Txelis comenzó a devorar libros que le ayudaran a conocer mejor qué es la persona humana. Una obra que lo marcó fue El azar y la necesidad, del biólogo Jacques Monod, que fue premio Nobel de Fisiología y Medicina y una figura científica con gran proyección filosófica y cultural. Luchó en la Resistencia francesa y fue militante del Partido Comunista. Se convirtió en un icono en el Mayo del 68 e incluso su imagen fue utilizada en el golpe de los coroneles en Grecia. Su tesis es que los procesos evolutivos se deben a un cambio fruto del azar, de la casualidad. También se sumergió en la mística del jesuita Teilhard de Chardin, a quien redescubrió en la cárcel. Y entonces empezó a sentir el deseo de volver a leer los evangelios.

Aquella época en la vida de Txelis coincidió con la llegada a su vida de otro sacerdote, Jesús Martínez Gordo, un especialista en teología fundamental que imparte clases en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Vitoria, y colabora con el equipo parroquial en la localidad vizcaína de Basauri. También es miembro del centro Cristianisme i Justícia de Barcelona. Era 1993, y Txelis apenas llevaba seis meses encarcelado. Ante la profunda crisis personal moral e intelectual del antiguo jefe de ETA, que le hizo cuestionárselo todo, su familia buscó ayuda en la Iglesia. Y pidió un guía espiritual para el ilustre preso. Un religioso de San Sebastián se puso en contacto con el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, una fábrica de pensamiento de la diócesis, entonces dirigido por Javier Vitoria, un sacerdote progresista que luego ha sido muy crítico con la jerarquía vasca por su posición ante ETA y las víctimas. El obispo era Luis María Larrea, pero era un prelado que dejaba hacer. Quien tenía mando en plaza era su «número dos», el vicario general. Mikel Sáenz de Cabezón era de tendencia nacionalista, pero muy suave y mitigada. Incluso apostó por los movimientos de la Acción Católica a principios de los ochenta, cuando en aquella época se veían como «algo español». El asunto se trató con suma discreción, hasta el punto de que el proceso no se ha sabido hasta ahora. En el instituto pensaron en Martínez Gordo, «un teólogo muy interdisciplinar, con gran bagaje intelectual, especialista en teología fundamental y con muchas publicaciones; una figura de categoría», según sus compañeros de facultad. Además, había sido formador en el seminario diocesano. Y hablaba francés y euskera, lengua de la que Txelis era un militante acérrimo. El teólogo se lo pensó: aquella era una decisión arriesgada. ETA estaba en plena escalada terrorista y la Iglesia acompañaba a uno de sus jefes míticos. Por eso se mantendría en secreto. Martínez Gordo aceptó la encomienda y se convirtió en su tutor de estudios.

«¿Tuviste algún remilgo moral en aquel momento?», le pregunto veinticinco años después. Responde sin vacilar, a la velocidad del trueno, con una cita de la Biblia: «Mateo 2, 25-31 segundo: “Estuve encarcelado y vinisteis a visitarme”. “Quería ayuda y que se le acompañara y yo lo acepté”». El teólogo vasco se puso en contacto con el capellán de La Santé, el padre Clavier, que le facilitó el papeleo de la burocracia penitenciaria tras hablar con él y convencerlo de que actuaban «de buena fe y no con segundas intenciones, a petición de la familia». Jesús Martínez solo conocía a Txelis de la televisión, de las imágenes policiales en las que aparecía esposado tras su detención. Tras conseguir los permisos necesarios, viajó a París y conoció al dirigente etarra en persona. «Al margen de las cuestiones políticas, yo tenía delante a un preso, a una persona a la que se le podía hacer un bien», insiste. Martínez rechaza el mito de que el preso era un zumbado religioso, un perturbado que tenía la celda plagada de iconos religiosos. «Era muy sobrio en su iconografía: alguna discreta cruz y alguna estampa, nada más», zanja.

TXELIS PIDE PERDÓN

El propio Txelis escogió a Martínez Gordo como director de su tesis, que registró en el año 2000 en la Facultad de Teología del Norte de España con el título Paz y violencia en José María Setién e Ignacio Ellacuría. Al primero, tras un episcopado muy polémico y controvertido, le quedaba muy poco tiempo para dejar de ser obispo de San Sebastián, y el segundo era un jesuita vizcaíno que había sido asesinado en El Salvador por un comando paramilitar. Álvarez Santacristina y Setién fueron alumnos en el mismo colegio, el Sagrado Corazón Mundaiz, en San Sebastián. Los cursos tutoriales comenzaron en 2001 y acabaron en 2003 sin que Txelis pisara el seminario, sede de la facultad. La tesis, inacabada, la ha guardado en un cajón porque ya han prescrito todos los plazos para defenderla. Los estudios de teología los había terminado en la Facultad de Estrasburgo. La licenciatura la consiguió en junio de 1998 con un estudio titulado «Bienaventurados los no violentos, bienaventurados los artífices de la paz». A través de sus reflexiones místicas, fue consciente de que la sangre derramada carecía de sentido.

Lo había dejado por escrito, en euskera, en cinco folios que elaboró en la Semana Santa de ese mismo año. Lo envió a un encuentro de familiares de presos y exiliados de ETA, católicos creyentes, reunidos con motivo de la Cuaresma en el santuario franciscano de Arantzazu a iniciativa de la comunidad cristiana de Euskal Herria y la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria. Txelis declaraba:

No vengo a ser maestro de nadie, ni a dar ninguna lección. Más bien vengo a pedir perdón, pues son muchos los pecados y delitos —algunos, conocidos— que de una u otra manera he cometido durante tantos años. En mi afán de presentarme ante vosotros como cristiano convertido, y porque recientemente se me ha abierto el horizonte de fe en Cristo, en este tiempo de Cuaresma debo reconocer y confesar los delitos que he cometido y los sufrimientos que he causado. ¡Qué doloroso e hiriente resultó ser todo aquello! Asumo toda esa responsabilidad y la asumo por el resto de mis días. Jesús nos ha enseñado que el sentido de la vida reside en amarnos los unos a los otros, y tenemos que amar tanto a los amigos como a los enemigos. Efectivamente, este el verdadero reto de los cristianos, amar al prójimo, cualquiera que sea este.

Txelis, miembro carismático de la troika legendaria de ETA junto con Francisco Mujika Garmendia, Pakito, y Joseba Arregi Erostarbe, Fitipaldi, había pasado en seis años de disponer de la vida de sus «enemigos» a predicar el amor fraterno. «En la resurrección de Jesús vemos nítidamente que el bien triunfa sobre el mal, que el amor derrota al odio, y que la fe mueve montañas enteras. La fuente de todo amor humano es Dios», proclamaba.

Aquel escrito corrió como la pólvora. Txelis había entrado en ETA por motivaciones religiosas, una intención liberadora inspirada en el Evangelio, y ahora dejaba la banda terrorista precisamente por sus convicciones religiosas, inspirado por la figura de Jesús. Para entonces, ETA ya había cometido el terrible secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco —en julio de 1997—, un crimen que Txelis condenó. El exjefe de ETA elaboró un escrito en La Santé en el que proponía una tregua a la organización y consideraba un error continuar con la estrategia de la lucha armada. ETA ordenó destruir aquel papel, y en septiembre el arrepentido fue expulsado de la organización. El 17 de noviembre de 1998, a la una y diez del mediodía, Álvarez Santacristina llegó al aeropuerto madrileño de Barajas en un vuelo de Air France, custodiado por agentes de la Policía francesa. A partir de ahí empezó un peregrinaje por distintas cárceles españolas.

La última cárcel francesa en la que lo visitó el sacerdote Jesús Martínez Gordo fue la de Bourg-en-Bresse, cerca de Poitiers. En España recaló en el centro de tránsito de Valdemoro antes de ser conducido a Granada y, más tarde, a Algeciras. De Andalucía fue acercado a la prisión de Logroño, donde se gestó y planteó la denominada vía Nanclares, y a la de Zuera (Zaragoza), tras constatar el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que podía haber movimiento entre los presos de ETA para abandonar la organización. A raíz de esta información, el Ejecutivo español decidió concentrar en esa cárcel a los que pudieran estar en aquella dinámica. Txelis pasaría luego por las prisiones de Santoña (Cantabria), Nanclares de la Oca (Álava) y Martutene, en la periferia de San Sebastián. El 22 de octubre de 2010, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, le concedió el tercer grado, lo que le permitía salir de la cárcel varias horas al día. El magistrado certificó que Álvarez Santacristina había abandonado ETA por su condición de cristiano y por su militancia en pro de la libertad, la justicia y la paz desde sus convicciones y principios evangélicos. El preso es hoy una persona muy distinta a la que entró en prisión, y en ese proceso de cambio han tenido que ver varios hombres de Iglesia.

16
LA BIBLIA FRENTE A LAS
PISTOLAS: APÓSTOLES
DE LA REINSERCIÓN

Lo cierto es que Txelis siempre ha tenido un sacerdote cerca en este ciclo de conversión. Una figura fundamental en ese camino ha sido la de Josu Zabaleta, un misionero claretiano que durante muchos años fue director del Colegio Askartza Claret de Leioa, en la Margen Derecha de Vizcaya. Había llegado desde San Sebastián, donde había sido profesor en el colegio de la Orden y capellán en el viejo Hospital Oncológico. No estaba en la pastoral penitenciaria. Se ordenó en 1964 en Roma, pero luego estuvo tres años en París, en las turbulencias previas al Mayo del 68. Del PNV hasta la médula, el sacerdote se relacionó con el Gobierno vasco en el exilio y estuvo cerca de dirigentes como Manuel de Irujo y Jesús María de Leizaola, dos grandes creyentes. En una larga conversación en las instalaciones del colegio, me responde tajante:

Estaban muy preocupados por el comienzo de ETA, todavía sin asesinatos. En junio de 1968 se produjo el primer muerto. Etxebarrieta mató al agente Pardines y luego murió él mismo en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Luego asesinaron a Melitón Manzanas. Torturó a compañeros míos, pero no hay nada que pueda justificar un asesinato: nada. Ni siquiera el de Carrero Blanco. No lograba entender que ciudadanos vascos de mi pueblo pudieran cometer actos tan terribles. No podía entender que la sociedad vasca apoyase a ETA. En las iglesias solo había misas por Etxebarrieta.

Así lo contó también en unas declaraciones que recogió el periódico Le Monde Diplomatique en un artículo sobre el clero vasco y ETA que firmaba la periodista Elena de la Souchère. No apareció el nombre de Zabaleta por miedo a represalias. El recorte, amarillo por el paso del tiempo, lo guarda en su amplio y desordenado archivo. En 1978 hizo campaña para que la gente acudiera a la gran manifestación que el PNV había convocado en Bilbao contra ETA.

En 2001, durante unos ejercicios espirituales en el convento benedictino de Lazkao —el recinto alberga hoy uno de los mejores archivos sobre ETA—, llegó a las manos del misionero el escrito que Álvarez Santacristina escribió desde la prisión de La Santé para los familiares de presos reunidos en el santuario de Arantzazu. Tiene mucho de simbólico que el manuscrito se lo hiciera llegar Joxean Artze, uno de los grandes santones de la cultura vasca. Al padre Zabaleta le impactó el texto de Txelis que le había pasado Artze. Se le saltaron las lágrimas. Y le entraron unas ganas inmensas de conocerlo. Llevaba ya tiempo rumiando la idea de reunirse con etarras presos que habían sido alumnos suyos en su dilatada carrera como formador. «Tengo que meterme en esto», pensó. La reflexión de Txelis le iluminó y le ayudó a dar el paso que estaba intentando dar. Los asesinatos de ETA los vivía como una gran tragedia, y siempre había estado cerca de las víctimas. En el patio del colegio se celebraron decenas de concentraciones por la paz tras los atentados de la organización terrorista. Los claretianos fueron pioneros. Nadie podía acusar a Zabaleta de connivencia con los violentos. «Jesús no excluía a nadie», se justificaba. Después, reflexionó: «Un cristiano tiene que estar contra la pena de muerte, pero también contra la cadena perpetua. Toda persona se puede resarcir, y hay que ayudarla a cambiar de vida». En aquella época, esta posición levantaba muchos recelos, pero lo tenía decidido.

El padre Zabaleta acudió a Iñaki Anasagasti, entonces parlamentario del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados. El diputado jeltzale contactó con Ángel Yuste, director de Instituciones Penitenciarias, y este, a su vez, gestionó un permiso a través del secretario del Ministerio del Interior, el vizcaíno Pedro Morenés, que luego sería ministro de Defensa. Sobre aquel momento, Zabaleta rememora: «Se portaron muy bien. Me dieron permiso para visitar a Txelis en la prisión de Granada, pero veinticuatro horas después me volvieron a llamar para decirme que había sido trasladado a la de Algeciras. Lo dejé y le escribí varias cartas. También le enviaba libros de teología».

Álvarez Santacristina había roto lazos con la banda y pronto sería expulsado del colectivo de presos. El padre Zabaleta tuvo mucho que ver en ese recorrido. El religioso contactó un día con Miguel Buen, secretario del PSE en Guipúzcoa: «Usted es un humanista y creyente. ¿Cómo pueden permitir tener a Txelis en Algeciras y no acercarlo al País Vasco con lo que está haciendo contra ETA?». Entonces gobernaba ya el PSOE, y la responsable de Instituciones Penitenciarias era Mercedes Gallizo —a quien rescataron unos meses atrás para participar en la ponencia sobre memoria y convivencia del Parlamento Vasco—. Un mes después, Buen llamó a Zabaleta: «No se lo diga a nadie, pero en unas semanas habrá buenas noticias sobre Txelis». En efecto, el exdirigente etarra fue trasladado a la cárcel de Logroño. El claretiano movía sus contactos por izquierda y por derecha. Colaboraba como coadjutor en una parroquia de la Parte Vieja de San Sebastián, cerca de la que gestionaba Balentxi, un sacerdote muy identificado con la izquierda abertzale. Este último estaba en todas las concentraciones en favor de los presos de ETA y recogía dinero para esa actividad. Años después, su funeral fue oficiado por una veintena de curas, lo que fue denunciado por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado, al sentirse agraviada por el poco afecto que encontró en la Iglesia guipuzcoana en la despedida de su familiar. Zabaleta conocía a Balentxi porque habían sido compañeros de estudios en Roma. «¿Conoces a algún familiar de Txelis?», le preguntó el primero al segundo. No hubo problema: uno de sus hermanos era monitor en la parroquia. Balentxi lo acompañó hasta la prisión de Logroño. Allí, Zabaleta conoció a Álvarez Santacristina en persona. Hablaban de religión, de Dios, y el padre le recomendaba libros de lectura y para sus estudios.

Txelis y Zabaleta establecieron una relación muy estrecha. El claretiano fue su auténtico sostén en ese proceso para alejarse de ETA, rechazar la violencia armada y acercarse a las víctimas, hasta el punto de que, en noviembre de 2008, se presentó en la localidad francesa de Mouguerre en un acto de apoyo a los presos disidentes de ETA, organizado por los Demos, un grupo de carácter anarquista, pero pacifista. Zabaleta no se lo dijo a su superior. Era domingo. Cogió un autobús desde Bilbao a Hendaya y, desde allí, viajó en tren hasta Baiona. Luego hizo autostop y saltó de coche en coche. En Mouguerre, los familiares de Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola y Kepa Pikabea sujetaban la fotografía de cada preso. Como no había ningún familiar de Txelis, la suya la sostuvo el sacerdote. Aquella imagen, publicada al día siguiente por los periódicos, le costó más de un disgusto. El provincial de los claretianos lo llamó al orden, pero Zabaleta argumentó que la doctrina cristiana le había empujado a dar aquel paso cuando tanto ellos como sus familias estaban siendo «amenazados por ETA y perseguidos por HB». Lo importante era el plano humano y el sentido común. Por eso no asistió a la manifestación convocada el 12 de enero en Baiona por el colectivo Herrira en favor del acercamiento de los presos a Euskadi y la liberación inmediata de los reclusos enfermos. No solo no asistió, sino que, además, divulgó un escrito en el que explicaba sus razones:

El grupo de presos de ETA de la vía Nanclares ha sido ninguneado, calumniado y vilipendiado por parte de algunos de los organizadores de la manifestación y de los habituales participantes. Y, para los miembros del grupo, todavía ha sido mucho más doloroso el hecho de que sus familiares hayan sido despreciados y abandonados por muchos en el mundo de la izquierda abertzale. A mí, esos presos disidentes me llaman positivamente la atención desde hace ya varios años por el camino que han tomado desde la revisión crítica del pasado. Para ello se basan en una ética humanista —no marxista, donde el fin justifica los medios— desde la afirmación del valor supremo de todo ser humano, desde el reconocimiento del daño causado, la reparación y la reconciliación con las víctimas. Esto sí que es, desde mi punto de vista, avanzar en la construcción del pueblo vasco.

Siempre sin aparecer de manera pública en grandes foros, Txelis fue socializando su conversión en publicaciones de distinta orientación ideológica, pero casi todas de sello cristiano. Lo hizo en la revista Arantzazu, de los franciscanos; en Herria 2000 Eliza, de la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria (curas abertzales), y en la revista Hemen, editada íntegramente en euskera por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria. Luego lo haría en Misión, una publicación vinculada a los Legionarios de Cristo. Mientras cumplía condena en la prisión gaditana de Algeciras, participó en un monográfico sobre la culpabilidad que sacaron en Hemen. En el mismo número escribía Sabino Aiestaran, de la Orden franciscana y catedrático de Psicología Social en la Universidad del País Vasco (UPV). El religioso ha participado en dos documentales sobre la cuestión vasca junto a víctimas de ETA y de los GAL y terroristas arrepentidos. Primero, en La pelota vasca: la piel contra la piedra, de Julio Medem; después, en Bakerantza (Al final del túnel), sobre una idea de Elías Querejeta. También ha acudido a la cárcel de Segovia para examinar a varios etarras matriculados en la universidad vasca.

Aiestaran y Álvarez Santacristina mantenían una buena relación, que se había gestado más de cuarenta años atrás, cuando el franciscano había vuelto a San Sebastián tras estudiar en Lovaina y Alemania y ejercer como profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Lo había hecho para fundar la Facultad de Psicología. En el consejo de la entidad participaba un joven e impetuoso Álvarez Santacristina en representación de los alumnos. No estaban de acuerdo en muchas cosas, pero iniciaron una cierta amistad. Ayudó el hecho de que se comunicaran en euskera. El alumno, que ya militaba en ETA, huyó a Francia y se convirtió en Txelis. Cuando el exjefe de ETA inició su proceso de conversión, volvió a contactar con el fraile: «Estaba ya en el tercer grado y podía salir de prisión. Un día, se presentó en mi despacho y nos fundimos en un gran abrazo. Me pidió ayuda para proseguir sus estudios y yo se la brindé». En ese tiempo, la dirección de la Fundación Cursos de Verano de la UPV me pidió que organizara uno sobre el perdón:

Enseguida me acordé de Txelis. Lo hablé con él y aceptó intervenir. Ya estaba en la cárcel donostiarra de Martutene. Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior creyeron, sin embargo, que aquello sería contraproducente. No por su exposición, sino por las preguntas y las respuestas del ponente. Y eso podría retrasar su salida. Él tampoco quería enfrentarse a la gente próxima a ETA. Como todos lo desaconsejaban, optamos por que su escrito lo leyera yo.

Era el verano de 2012. El profesor leyó el trabajo de Txelis, en el que este firmaba una profunda reflexión sobre el perdón:

Mi exposición, dada mi biografía pública, se va a centrar en analizar el perdón desde la perspectiva del perdón pedido, es decir, del perdón solicitado por quien ha sido responsable, en una u otra medida, del sufrimiento injusto de otra persona y, en particular, de quien ha atentado gravemente contra la vida o la integridad de otro u otros seres humanos. La petición de perdón, para ser auténtica y reparadora, debe hacerse ante todo y sobre todo desde el sufrimiento de las víctimas, a saber, desde la conciencia siempre creciente del dolor irreparable generado en las víctimas y en sus familiares y allegados.

A continuación ofrecía siete criterios básicos sobre el perdón con el contexto del llamado «conflicto vasco» como telón de fondo. Y terminaba señalando que era plenamente consciente de la responsabilidad moral que el haber sido durante años militante de ETA conlleva para con las numerosas víctimas que ha generado ETA a lo largo de la historia y, en particular, durante los años en los que fue militante. «Dios es testigo de que estoy profunda y sinceramente arrepentido de ello», enfatizaba el profesor Aiestaran al leer el texto de Txelis ante un auditorio de académicos y estudiantes.

Cuatro años después, Álvarez Santacristina volvió a publicar una reflexión sobre el perdón en la revista Misión, vinculada a la Universidad Francisco de Vitoria y al movimiento Regnum Christi, y la publicación de suscripción gratuita más leída por las familias católicas de España. Llega a 107.000 hogares y la siguen más de cuatrocientas mil personas. También aquel artículo tuvo su eco. El escritor Juan Manuel de Prada, columnista del diario ABC y defensor a ultranza de las posiciones más conservadoras de la Iglesia, recordó un encuentro con Txelis en la cárcel de Logroño, a la que acudió a dar una charla. El premio Planeta enseguida advirtió que era «un hombre de gran inteligencia, con una notable formación filosófica y teológica», pero, mucho más que sus erudiciones, le impresionó «la sed de Dios que vibraba en sus palabras, y también el arrepentimiento que mostraba hacia su vida pasada terrorista». El exjefe de ETA le regaló un crucificado que varios reclusos habían confeccionado en el taller de la prisión. La reflexión de Txelis también llegó hasta el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que le dedicó su programa Sexto Continente en las ondas de Radio María España. El prelado repitió y glosó los consejos del antiguo terrorista, significando su conversión entre rejas y su decisión de reconducir su vida por la senda del Evangelio. Estuvo una hora en antena vendiendo lo que consideraba un alegato aleccionador.

CON LOS «SANGUINARIOS» URRUSOLO Y GISASOLA

El padre Josu Zabaleta se ha tragado miles de kilómetros, de cárcel en cárcel, cumpliendo la misión en la que se había comprometido: empujar a los antiguos miembros de ETA a dar pasos, muy meditados y valientes, que los alejaran de la violencia. Álvarez Santacristina fue el primero, el sherpa que abrió camino a otros. La ruta de la reinserción pasaba por las cárceles de Zuera (Zaragoza), Villabona (Asturias) y Nanclares de la Oca (Álava). Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que la vía Nanclares debe mucho al padre Zabaleta, que metió muchas horas en celdas y patios para desbrozar aquel sendero hacia el arrepentimiento de unas personas con largos historiales de criminalidad. «Jesús no excluía a nadie», justifica una y otra vez. En 2010, más de un centenar de presos de ETA habían roto ya con la banda, algunos en silencio y otros dando la cara. Además de Txelis, lo asumieron etarras legendarios como Joseba Urrusolo Sistiaga, Carmen Gisasola, Kepa Pikabea, Rafael Caride Simón, Idoia López Riaño (Tigresa), Valentín Lasarte o Iñaki Rekarte; todos ellos con mucha sangre en sus manos. El padre Zabaleta contactó con muchos de ellos varios años antes y realizó una labor de auténtico zapador. Era más difícil salir de ETA que entrar en ella.

A Urrusolo y Gisasola, el religioso los conoció en 2004 en la cárcel de Córdoba. El contacto se lo facilitó, una vez más, el cura Balentxi, que colaboraba con las Gestoras Pro Amnistía.

En 2003 le escribí una carta a Urrusolo en la que le recordaba que fui profesor suyo en el colegio Corazón de María de la Zurriola, en San Sebastián, entonces en castellano. Era muy movido, pero también generoso y altruista. Cuando pasó al instituto, se involucró en ETA, y con diecinueve años estaba ya en un comando. Le preguntaba si podía ayudarle. Le dejé claro que primero eran las víctimas, que antes ayudaría a las víctimas que a ellos, pero que a ellos, también. Si me dejaban. Porque son humanos y yo soy cristiano. Le decía que podía enviarles libros; dinero, no.

El etarra, exmiembro del sanguinario comando Madrid, se tomó su tiempo. A los nueve meses, contestó al sacerdote, que explica: «Me mandó una carta de seis folios. Le costaba escribir. Era un texto interesantísimo con recuerdos del colegio, de los profesores y de los alumnos. Y me hablaba de la cárcel».

Un día se presentaron en el despacho de Zabaleta los padres de Urrusolo:

Eran muy creyentes y habían tenido seis hijos. Koldo había hecho dinero como armador y Conchi era muy religiosa, de rosario diario. Me dijeron que los enviaba su hijo, que tenía interés en verme, y que si podía desplazarme a Córdoba. Yo lo estaba deseando. Además, podría ver a su compañera, Carmen Gisasola. Ella estaba divorciada y no tenía familia, y él se había separado y tenía dos hijos. Yo tenía unas ganas tremendas de hablar con ellos, así que enseguida formalicé los permisos. La cita fue en mayo. Me entrevisté con Urrusolo en el locutorio, a través de los cristales, durante cuarenta y dos minutos. Noté que había comenzado el cambio. En un principio, por razones tácticas, no éticas. Cuando fue crítico con la dirección, lo llamaron a Iparralde para pedirle explicaciones y, como se mantuvo en sus trece, lo expulsaron de la organización. Se retiró al centro de Francia con su mujer y sus dos hijos, pero la policía lo descubrió mediante el seguimiento a sus padres. Estuvo encarcelado varios años y luego lo extraditaron a España. Estaba convencido de que ETA estaba derrotada y de que había que dejar la lucha armada y dedicarse a la lucha política.

Urrusolo ha asumido en repetidas ocasiones que el sufrimiento que causaron con la violencia es «tremendamente injusto».

Esa conversación la mantuvieron el sábado. Al día siguiente, Zabaleta tuvo un encuentro con Carmen Gisasola durante cuarenta y cinco minutos: «La entrevista me dejó desbordado. Me dijo, convencida, que el País Vasco lo teníamos que llevar entre el PP, el PSE, el PNV y HB, pero con sumo respeto a las ideas de los demás. Aquello estaba muy cerca de la ética». El religioso claretiano le inquirió: «¿Lo dices porque soy sacerdote?». Ella insistió en que estaba profundamente convencida de que había que contar con todos. «El respeto a la vida del otro es sagrado», remachó doce años antes de que ETA echara la persiana. Josu Zabaleta recuerda que era «agnóstica, pero muy abierta». Lo explica así:

Se había licenciado en Filosofía e Historia, hizo Turismo y luego inició Antropología. Los encarcelados en Francia han tenido una mente más abierta porque se han dedicado a estudiar. Ella me decía que aquí eran más cerriles, que solo lo querían hacer en la Universidad del País Vasco. «Lo importante es formarse, qué importa dónde», repetía.

Carmen Gisasola ha mantenido ese discurso a lo largo de los años. En 2012 escribió en la ya mencionada revista religiosa Hemen que la lucha armada, cuando terminó la dictadura de Franco, ya no tenía sentido. «ETA se ha empeñado en arruinar todas las oportunidades: ¿tenemos que seguir perdiendo el tiempo?», se preguntaba, al mismo tiempo que reclamaba a ETA que pidiera perdón y reconociera el daño causado en nombre de todos sus militantes. Luego escribía: «Aquí no ha habido una guerra: solo unas personas muy específicas han sido víctimas del sufrimiento. Aunque la reconciliación sea difícil, tenemos que lograr una convivencia normalizada, cimentada en el respeto de quienes piensan de forma diferente». En mayo de 2018, la histórica exdirigente de ETA aseguraba en el Parlamento Vasco, durante una comparecencia en la ponencia sobre memoria y convivencia, que es necesario «empezar a cerrar heridas asumiendo que lo acaecido ha sido brutal, injusto, y que no tuvo que existir».

Gisasola, nacida en Markina-Xemein en 1958, ha reconocido que a finales de los años setenta fue un religioso de esta comarca vizcaína quien sembró en ella la inquietud política, que luego se convirtió en la semilla que la llevó a encuadrarse en ETA. Ahora ha sido otro religioso quien la ha ayudado a romper amarras con la organización. Pero, en efecto, en aquellos años había sacerdotes y religiosos que realizaban labores de infraestructura y reclutamiento entre los jóvenes. Un fraile carmelita casó en esa época al jefe de ETA en la zona, que luego se convertiría en objetivo de la banda por su denuncia de la lucha armada. En el caso de Gisasola, el empujón del cura para cruzar la línea fue crucial. Lo mismo que para su amigo Patxi Rementeria, que moriría años después al explotar el coche en el que transportaba una potente bomba. O para Mitxel Sarasketa, también parte del mismo grupo de prosélitos. Este último, acusado de participar en media docena de asesinatos, pasó veinte años en prisión. En su día encabezó el ranking de presos con más tiempo en la cárcel y se convirtió en un emblema como «luchador vasco impenitente».

Un cura que empujaba hacia la violencia y otro que levantaba cortafuegos. El padre Zabaleta se ganó la confianza de Urrusolo y Gisasola, que empezaron a extender boca a boca sus reflexiones y a tejer una red con los presos críticos con la lucha armada. A la cárcel de Villabona, cercana a Gijón, trasladaban a los convictos que dudaban sobre su trayectoria, una especie de laboratorio para la reinserción, y, si daban el paso, entonces los acercaban a Nanclares. La pareja se puso en contacto con el claretiano para que visitara a los presos de Villabona y socializara el movimiento que se estaba generando. «Si me lo piden, voy», les prometió. Y lo llamaron.

PIKABEA, EL PISTOLERO CON «CATEGORÍA HUMANA»

Joseba Urrusolo y Carmen Gisasola empujaban al sacerdote para que ampliara el círculo de reclusos: «Tienes que hablar con estos». Lo hizo en otras prisiones, como la de Zuera, en Zaragoza. En esa tarea conoció a Kepa Pikabea, un histórico de ETA con una veintena de asesinatos a sus espaldas que luego se convirtió en estandarte de la reinserción. En Francia había sido compañero de celda de Txelis, y gracias a su influencia se fue desmarcando de la banda. Ahí no funcionó el factor religioso, aunque ha reconocido que sí ha leído la Biblia. Hicieron buenas migas. «Es una persona de una gran categoría humana», concede el padre Zabaleta. En el documental Al final del túnel, Pikabea confesó que entró en ETA por la fascinación que en los años setenta los miembros de la banda provocaban entre los jóvenes:

Ser militante con la represión franquista era grande. Cuando volvieron al pueblo los amnistiados después de la muerte de Franco, salió todo el pueblo a recibirlos, todos los querían. Luego llegó la Transición: unos años terribles. Fui con un amigo a una manifestación, hubo un tiroteo y mataron a un chaval. Esa Nochevieja fuimos a la discoteca y pensamos: «¿Tenemos derecho a estar aquí disfrutando de la vida?». Y empezamos a militar en ETA.

Años después, abominó de esa militancia:

Yo reconozco que la estrategia político-militar es inhumana, es cruel. Un día nosotros tuvimos una fe ciega, y hemos cometido muchos actos contra la dignidad humana. Algún día, mi hijo me preguntará si he matado y le tendré que decir la verdad. Pero trataré de convencerlo de que no haga lo mismo. De que, si quiere rebelarse contra la injusticia, nunca utilice armas. Te dejan heridas que no cicatrizan nunca. Yo ya sé que esto lo llevaré hasta el cementerio, o más allá si esparcen por el monte mis cenizas.

Su pareja, Maite Goizueta, ha sido otro apoyo en ese itinerario. En el documental, ella abogaba por llevar adelante un proceso de reconciliación por parte de cada uno de ellos: «Que nadie sufra más. ¿De qué sirve tanto sufrimiento, para qué tanto dolor, de qué valen tantas pérdidas humanas?», se preguntaba.

En aquellas terapias de grupo que el padre Zabaleta organizaba con el colectivo de antiguos etarras, se debatía cualquier cosa, pero sobre todo la inutilidad de la violencia y del respeto a la vida humana. Txelis solía hacer un grupo aparte, y uno de sus pocos amigos era Pikabea. Incluso Urrusolo y Gisasola mantenían distancias. «Nos metió el marxismo hasta los huesos, y ahora se pasa todo el día haciéndose señales de la cruz y tocando medallas», esgrimían, en una caricatura de su conversión al evangelio. Caride Simón, autor del sangriento atentado de Hipercor, participaba, aunque casi nunca hablaba, preso y encadenado a sus pensamientos, que tenían que ser terribles al recordar las veintitrés víctimas de aquel salvaje ataque. El día que asesinaron al policía Eduardo Puelles en Bilbao, Iñaki Rekarte escribió en la pizarra: «No estoy de acuerdo. Así no vamos a ninguna parte». Algunos internos se le echaron encima. De uno en uno, en privado, rechazaban el asesinato, pero la fuerza del grupo se imponía. La labor del sacerdote era dura, pero no se arrugaba.

Los problemas éticos y los remordimientos estaban sobre la mesa. El padre Zabaleta llevaba materiales para enmarcar los debates. Entre los libros que facilitó a los reclusos, hubo uno que tuvo mucho recorrido, El vuelo de la mariposa, escrito por Adriana Faranda, exdirigente de las Brigadas Rojas. Participó en el secuestro de Aldo Moro y en la votación sobre si tenía que ser o no ejecutado. Votó en contra. Pero ganó la mayoría y el dirigente de la democracia cristiana fue asesinado. Faranda, educada en una familia muy creyente, se salió de las Brigadas Rojas y fundó otro grupo, aunque finalmente fue detenida y encarcelada. En la celda inició una reflexión sobre su trayectoria, ayudada por un jesuita y cuatro monjas. Luego contactó con la hija de Aldo Moro a través de un claretiano alemán afincado en Roma. El suyo fue un proceso parecido, en parte, al protagonizado aquí por los disidentes de la vía Nanclares. El padre Zabaleta contactó con ella por medio del corresponsal de El Correo en Italia, Íñigo Domínguez, que había publicado su historia. Faranda viajó a Bilbao en 2012 para participar en el congreso sobre memoria y convivencia organizado por el Gobierno vasco. Carmen Gisasola estaba anunciada, pero no pudo acudir porque el Ministerio del Interior se opuso a ello.

AMOR ENTRE REJAS

Josu Zabaleta también mantuvo entrevistas «intensas» con el preso Iñaki Rekarte, que tiene una historia muy peculiar. En 1991, Rekarte era un joven alocado que quería matar y al que no le importaba morir por Euskal Herria. En 2002, desencantado por la violencia inútil y el terror, decidió romper con su pasado para «salir de aquella mierda». En ese intervalo de tiempo puso un coche bomba en Santander y acabó con la vida de tres personas. Y lo pagó con veinte años de prisión y con una conciencia intranquila que le recuerda cada día la biografía de aquellas víctimas inocentes. Entró en ETA apoyado por una logística en la que sacerdotes franceses jugaron un papel fundamental, y luego salió de la organización terrorista gracias a la ayuda de sacerdotes vascos que lo atendieron cuando llamó a su puerta. Lo cuenta en su libro Lo difícil es perdonarse a uno mismo: matar en nombre de ETA y arrepentirse por amor.

A finales de la década de los ochenta, Iñaki Rekarte se había enganchado a la espiral de la droga, como muchos otros jóvenes de su generación. Hijo de una familia muy creyente, sus padres acudieron a la parroquia de su barrio de Irún, Santo Cristo de Artiga, a cargo del sacerdote José Ramón Treviño, que enseguida los puso en contacto con Proyecto Hombre, una asociación que se dedicaba a la desintoxicación de drogadictos. El centro de San Sebastián lo dirigía otro cura, Félix Azurmendi, «una persona de una categoría humana excepcional, un hombre abierto y proactivo que siempre tenía para todos un gesto y unas palabras amables, y que se desvivía por sacar de aquel infierno al mayor número de personas posible», recuerda Rekarte. Treviño y Azurmendi jugarían luego distintos papeles en la trayectoria del etarra.

De un infierno a otro: Rekarte se enroló en ETA y pronto pasó la muga para prestarse al rito de iniciación, una liturgia que arrancaba en la casa parroquial de Espelette, donde el párroco, Garat, se dedicaba a proporcionar cobijo a los miembros de la organización. «Se trataba de un cura bondadoso que declaraba de forma rotunda su oposición a la violencia y los asesinatos, pero que acogía bajo su manto protector a un montón de militantes de ETA», escribe Rekarte. Nacionalista convencido, al lado de la iglesia donde oficiaba misa y pedía la paz, había habilitado una vivienda llena de camas por la que pasaban infinidad de jóvenes que habían sido reclutados para la causa de ETA. «El trasiego que había en la casa no lo protagonizaban catequistas», apunta Rekarte. Hasta la detención del párroco en un golpe policial contra algunos comandos, por allí pasaron muchos históricos de la organización.

El arresto de Garat permitió a la Policía francesa confirmar la existencia de sólidos lazos entre una parte del clero vascofrancés y ETA. En 1992, los servicios antiterroristas galos cotejaban una lista de una veintena de sacerdotes que colaboraban con la banda. En 1970, ETA secuestró al cónsul general de la República Federal de Alemania en San Sebastián, Eugene Bëihl, y lo mantuvo encerrado en Sola, en la iglesia de Montory, según se confirmó, con el beneplácito del responsable del templo. En 1990, Michel Idiart, párroco de Sare, fue detenido como presunto intermediario en el rescate de un industrial vasco secuestrado por la banda, aunque la Policía nunca pudo comprobar su vinculación con el secuestro. Idiart y Garat fundaron la asociación Herriakerim, que actuaba bajo el lema «Ser buenos es abrir los brazos y cerrar los ojos».

Garat era el párroco de Espelette, la localidad natal del cardenal Etchegaray. Etchegaray ha utilizado su red de contactos para impulsar una solución dialogada y poner fin a la violencia de ETA. La mujer de Iñaki Rekarte, la gaditana Mónica García de Paredes, reveló que «gente del Vaticano» le había escrito a su marido para agradecerle lo que estaba haciendo por la paz y la reconciliación. Y lo cierto es que, tras su estreno en ETA con un coche bomba que mató a tres personas en Santander y su amplio recorrido carcelario, la primera puerta que tocó el etarra fue la de la Iglesia, no la del Ministerio del Interior. En la Iglesia le sugirieron que escribiera una carta repudiando la violencia para hacerla llegar a las instancias correspondientes. Lo hizo:

No existe razón alguna que justifique las barbaridades que en nombre de ETA muchos ciudadanos hemos cometido durante décadas. Pido perdón a las víctimas que causé, entiendo lo duro y casi imposible que tiene que resultar convivir con ello y perdonar a quien te ha destrozado la vida para siempre. Jamás volveré a utilizar la violencia contra otro ser humano. Tampoco la justificaré ni callaré frente a quien persista en ella, mi otro gran error en la vida.

Lo escribió de su puño y letra.

Como ya hemos dicho, Rekarte venía de una familia creyente, muy relacionada con la parroquia —su madre era catequista—, algo muy habitual en Euskadi, sobre todo en aquella época. Hoy, confiesa: «Me bautizaron, hice la comunión… Siempre he estado rodeado de curas y he discutido mucho con ellos. No me gusta la Iglesia, pero siempre acabo recurriendo a ella». En la prisión de El Puerto de Santa María conoció a Mónica, madre de sus dos hijos y pieza fundamental para su itinerario de huida de la violencia. Rekarte siempre destaca la condición de creyentes cristianos de las personas que han sido muy importantes en su vida. De la familia de su mujer, subraya su vinculación a los marianistas. Mónica estudió con las monjas de las Esclavas del Sagrado Corazón «porque su padre era muy creyente», un hombre cercano a las tesis de la teología de la liberación. Por otro lado, su tío era fraile en Madrid y realizaba un proyecto solidario en el que también participaba su madre, que era voluntaria en Cáritas. Incluso su vocación solidaria los llevó a trabajar en un proyecto de la Orden religiosa en Guatemala. El activista y Mónica se casaron en la cárcel de Topas, en una ceremonia presidida por el alcalde de la localidad salmantina, Juan Manuel Fulgencio Martín, elegido en la candidatura del Partido Popular. Era el 7 de octubre de 2006. Hubo bertsos en euskera, pero también un texto del Evangelio de San Lucas.

Azurmendi ya le había leído la cartilla a Rekarte por haber entrado en ETA, y le había advertido de la inutilidad de la violencia en una carta que el exetarra recuerda ahora en el libro. Le ayudó a separarse del mundo de las drogas y, veinticinco años después, a separarse del mundo de la violencia. Monseñor Uriarte hizo llegar la petición de Rekarte a las instancias adecuadas. En aquel momento, al frente de la dirección de Instituciones Penitenciarias estaba Mercedes Gallizo, una figura que ha sido «fundamental» para Rekarte. Otras personas claves fueron Marino y Juan Antonio Pérez Zárate. El primero era el jefe de servicio de la cárcel de Villabona, a la que fue trasladado Rekarte en noviembre de 2008, al mismo tiempo que Valentín Lasarte, cómplice en los asesinatos de Fernando Múgica y Gregorio Ordóñez. Pérez Zárate era el director de la prisión de Nanclares y el enlace directo con la dirección de Instituciones Penitenciarias.

En ese laberinto, a veces, se cruzaban experiencias inesperadas. Eso fue lo que le sucedió al sacerdote José Ramón Treviño, el cura al que acudió la madre de Rekarte cuando su hijo era un drogadicto. Él movió los hilos para que lo admitieran en Proyecto Hombre. «Era uno de esos curas que hacen el bien sin preguntar», recuerda el exetarra, que, sin embargo, le buscó «la ruina». Tras el atentado en Santander, el etarra y su compañero de comando viajaron a Irún con motivo de los carnavales. Por la noche se acercaron a la casa de Treviño. Había ascendido y era arcipreste de la ciudad. Su jefe inmediato era José Antonio Pagola, vicario general de monseñor Setién.

Treviño no les franqueó la puerta, pero les dejó las llaves de la iglesia. «Nos negó su casa, pero nos ofreció la de Dios», escribe Rekarte. Dejaron una pista que más tarde lo iba a llevar a la cárcel. Cuando cayó el comando, el juez los interrogó por su relación con Treviño, que terminaría siendo condenado a tres años de prisión. El fiscal había pedido el doble de años, pero los jueces centraron su atención en «las profundas relaciones de afecto personal», pues el religioso conocía a Rekarte desde que este era un niño, y en «los humanos principios de solidaridad del acusado, potenciados por su condición de sacerdote, para reducirle la pena». Treviño ha participado en distintos foros con víctimas y expresos a uno y otro lado de la frontera, y siempre ha sido un firme defensor del papel de la Iglesia vasca en los tiempos de ETA, en favor del diálogo y la paz desde los postulados cristianos.

La Iglesia buscaba la reinserción. Este camino, auspiciado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se truncó pocos meses después de la llegada del PP al poder, cuando la formación logró la mayoría absoluta en las elecciones de noviembre de 2013. Hasta ese momento, el padre Zabaleta tenía todas las facilidades del mundo para visitar a los presos en las cárceles de referencia (la de Nanclares, en la última etapa). Tenía carta blanca. El religioso claretiano lo intentó con los populares, pero se estrelló contra un muro. Solo en una ocasión se lo permitieron, gracias a una intervención de Carlos Iturgaiz, entonces presidente del Partido Popular en el País Vasco. Cuando el atentado fallido contra la cúpula de la formación en el cementerio de Polloe tuvo lugar, Zabaleta lo llamó para solidarizarse. Pero lo que Iturgaiz siempre le agradeció fue el capote que le echó en un acto académico del Colegio Askartza Claret que incluía una misa y una cena. El matrimonio Iturgaiz tenía una hija en el centro, al igual que muchos líderes nacionalistas. A la pareja le hicieron el vacío. Zabaleta, director del colegio, se les acercó, y gracias a ese gesto se rompió el hielo. El dirigente popular le dijo que le pidiera lo que necesitara. En 2013, Zabaleta le recordó aquella promesa para que le ayudara a entrar en Nanclares. La cumplió: hizo una gestión ante Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias en esa época, y se tomó un par de días para pensarlo. Finalmente, Iturgaiz le concedió el permiso. Aquella sería la primera y la última vez.

El padre Zabaleta se adaptó a la nueva situación y siguió con su compromiso en favor de la reinserción. La Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, al mando del exdirigente de Elkarri Jonan Fernández, lo incorporó en una comisión de seguimiento de los presos de ETA que estaban dispuestos a dar el paso de dejar la violencia. Se estudiaban expedientes y se enviaban materiales a los reclusos e, incluso, a algunos se los visitaba. Fernández mantenía una comunicación estrecha con el juez De Castro, un puntal en esa tarea. El trabajo de esta comisión, que celebraba una reunión mensual, no había trascendido hasta el día de hoy. La integraban media docena de personas relacionadas con la magistratura, la abogacía y la ética.

Zabaleta ha mantenido una relación de sólida amistad con algunos de estos expresos, en su día históricos dirigentes de ETA, como Álvarez Santacristina, Joseba Urrusolo, Carmen Gisasola y Kepa Pikabea. Lo invitaban a sus comidas en un txoko, una sociedad gastronómica, de San Sebastián, lo llamaban a menudo y lo visitaban en la residencia privada del Colegio Askartza Claret, en Leioa, a caballo entre Bilbao y Getxo. El sacerdote claretiano llevaba con serenidad una galopante enfermedad que lo obligó a ralentizar su incansable actividad. Los recibía en «la atalaya», junto a unos prados donde pastan las ovejas que trajo desde su propio caserío y desde donde se divisa la inmensidad del Cantábrico. Me lo contaba entre sus sesiones de quimioterapia, mientras me sugería un libro que le había ayudado en su misión con los presos, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que sufrió los campos de concentración. Lo abro y me fijo en una cita: «He encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado». Así libró también este sacerdote su batalla contra ETA. El cáncer acabó con su vida en noviembre de 2018, y en su funeral rezaron y lloraron antiguos miembros de la organización terrorista.

«ME DUERMO TODOS LOS DÍAS CON MIS MUERTOS»

Las cárceles han sido siempre una clave de la política antiterrorista, pues ETA mantenía un control férreo de sus presos. Las prisiones han sido espacios de reflexión y debate sobre el papel de la violencia y la inutilidad de la lucha armada para conseguir objetivos políticos. El Estado fomentaba la autocrítica con el objetivo de conseguir el desenganche de algunos de los miembros de la organización, y ahí también jugó un papel importante la Iglesia. Aunque fue una actividad oculta, tuvo una importancia capital. No es que hubiera una alianza estratégica, pero la pastoral penitenciaria ayudaba en ese objetivo. Algunos hombres de Iglesia han colaborado en comisiones de evaluación y tratamiento de terroristas que habían decidido romper con la banda. Los conocían muy bien porque los habían acompañado durante años. Han sido muchos los capellanes de prisiones que se han cruzado en la vida de los presos de ETA, la gran mayoría con largas condenas. La cobertura no era solo pastoral, sino que se colaboraba también en los ámbitos social y jurídico. Los capellanes actuaban con la Biblia en una mano y el Manual de ejecución penitenciaria en la otra. Este último, todo un best seller en las prisiones, lleva por subtítulo Defenderse de la cárcel, y ha sido redactado, junto con otros dos coautores, por el especialista en derecho penal Julián Carlos Ríos Martín. Ríos, comprometido desde siempre con los excluidos, es profesor del Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE) y ha sido una figura clave en los encuentros restaurativos entre miembros de ETA y víctimas del terrorismo.

José Antonio García Quintana es uno de esos capellanes que han metido muchas horas de patio con los presos, incluidos los de ETA. Converso con el joven sacerdote jesuita en una mañana soleada de otoño, a la sombra de la iglesia de Andra Mari y el batzoki (la sede social del PNV) de Getxo (Vizcaya). Ha dejado por dos días la cárcel asturiana de Villabona y se dirige al santuario guipuzcoano de Loiola para participar en un taller sobre el perdón auspiciado por los jesuitas. Le comento que, muy cerca de donde nos encontramos, está la sede de Telefónica en la que hace veinte años (en 1998) Urko Labeaga García intentó colocar una bomba que le explotó en las manos. Labeaga es uno de los presos de ETA con los que trata el capellán. «No lo sabía. Nunca miro el historial de los presos. Un día me di cuenta de que le faltaban algunos dedos de la mano, le pregunté a qué se debía y me contestó con naturalidad que le había explotado una bomba». Villabona, junto con Zuera (Zaragoza) y Nanclares de la Oca (Álava), era el eje de la política penitenciaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero para avanzar en la reinserción.

Urko Labeaga pertenecía al mismo comando, el Bizkaia, que Javier Moreno Ramajo y Olga Sanz Martín, los primeros presos acercados al País Vasco dentro de la nueva política penitenciaria, puesta en marcha por Pedro Sánchez tras convertirse en nuevo presidente del Gobierno. El capellán Quintana ha compartido muchas horas con la pareja, hoy trasladados a la prisión vizcaína de Basauri. Se refiere a ellos como «Olga y Xabi, una gente muy sencilla», convertidos en matrimonio y con un hijo de corta edad. Fueron acercados a Euskadi el 8 de agosto de 2018, cuando empezaron a disfrutar del tercer grado. En 2000 fueron condenados por la Audiencia Nacional a más de setenta años, entre otras cosas por planear los asesinatos de Carlos Iturgaiz cuando era presidente del PP vasco y de Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento Vasco y entonces consejero de Interior (responsable de la Policía), al que ETA se la tenía jurada. La pareja se desvinculó hace tiempo de la banda. Renunciaron de manera expresa a la violencia, pidieron perdón a las víctimas por el daño causado, asumieron su responsabilidad civil y se mostraron dispuestos a colaborar con la Justicia en atentados sin resolver. Moreno se lo anunció al capellán el 31 de julio, día de San Ignacio, una efeméride muy vasca. «La orden ya ha llegado de Madrid», le dijo antes de añadir: «Eres el mejor cura».

¿Autocrítica sincera? ¿Estrategia? El padre García Quintana se resiste a desvelar el contenido de sus encuentros con etarras, unos arrepentidos y otros convencidos de su militancia violenta. Sin embargo, interpreta:

Se trata de procesos muy catárticos. Han estado metidos hasta las cejas y en un ambiente muy ideologizado de guerra contra el Estado. Deshacerse de todo eso cuesta mucho. La cuestión es que hay que deslegitimar la violencia. Tú puedes ser nacionalista, independentista, pero tienes que defender tus ideas de manera pacífica, mediante el diálogo.

El sacerdote llegó al establecimiento penitenciario asturiano en un momento de tensión en la pastoral con la encomienda de su obispo, Jesús Sanz, de poner orden. Y lo puso: se colocó el buzo y enseguida bajó al barro, sin importarle los charcos. Se metió en los módulos de respeto, en las Utes y en los módulos ordinarios, ocupados por los «pobres de Yavé». Aquellos eran los peores patios. También en los números 8 y 7, donde se encontraban los presos de ETA. Sin alzacuellos, en mangas de camisa, se dejaba ver y preguntar: «¿Ah, eres jesuita? ¡Qué bien!». Además, García Quintana conocía el País Vasco porque había participado en talleres de la Universidad de Deusto y del obispado de Bilbao. Sobre aquella experiencia, sentencia:

No hablábamos de política. Ellos buscaban comunicación, acompañamiento. Yo me encontraba con personas. Personas que, detrás, tenían un mundo con muchas historias y muchos dramas. Les contaba que había participado en encuentros entre víctimas y victimarios y los sondeaba para ver qué les parecían esas iniciativas. No lo veían mal. La Iglesia vasca intentaba presentar una alternativa y, de hecho, siempre ha defendido el acercamiento. El contacto con sus familias ayuda a la reinserción. Las familias de los presos son las primeras que ayudan a la reinserción, por eso hay que favorecerlo.

A García Quintana, el caso vasco no le era ajeno. En el noviciado jesuita coincidió con José María Guibert cuando el padre del actual rector de Deusto fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Incluso visitó el colegio de Valladolid para contar a los novicios su experiencia en una cueva inmunda. Y en Madrid fue testigo de las idas y venidas de Plazaola, provincial de la Orden en Loiola, cuando Felipe González buscó a los jesuitas para llegar hasta los líderes de ETA. Durante su estancia en Alicante pudo comprobar cómo el centro de Loiola albergaba a los familiares de los presos que se encontraban cumpliendo condena en la cárcel de Fontcalent. Hoy recuerda: «El Centro Arrupe tenía un refugio para los presos que salían y no tenían adónde ir. En la casita pernoctaban familias vascas. Teníamos los teléfonos intervenidos». Con el presidente de Sortu, Arnaldo Otegi, se ha encontrado en el Centro Arrupe de Azpeitia, y le ha transmitido los recuerdos de algún interno de Villabona. Me lo cuenta así:

Los presos siempre me han trasladado que Otegi tuvo un papel fundamental para que ETA dejara las armas. Él era el único capaz de hacerlo, porque tenía mucha autoridad entre ellos. Gracias a su liderazgo, pudo frenar a los más radicales. El propio Otegi me dio las gracias por acompañar a los presos y reconoció que la Iglesia ha hecho una labor importante.

Poco a poco, García Quintana fue intimando con ellos. En Villabona había algunos de los considerados históricos, como José Ramón López de Abetxuko y Sebas Etxaniz Alkorta. El primero fue encarcelado en 1993 con una condena de treinta años. Estaba acusado de participar en el atentado contra Eugenio Lázaro, un comandante del Ejército que asumió la jefatura de la Policía Municipal de Vitoria. Fue asesinado de un tiro en la nuca cuando salía de misa. El segundo se había refugiado en la Venezuela de Hugo Chávez, pero en 2003 fue extraditado a España y condenado a penas que sumaban 95 años por varios asesinatos. Antes estuvo con los sandinistas en Nicaragua. «La de porros que me he fumado con Ernesto Cardenal», solía recordar a menudo al capellán, en referencia al sacerdote que integró el Gobierno revolucionario y fue amonestado por Juan Pablo II en el aeropuerto de Managua. Etxaniz, a punto ya de cumplir los setenta y seis años, fue acercado a Euskadi el otoño pasado por su avanzada edad.

López de Abetxuko salió de prisión el 5 de julio de 1918, tras haber pasado veintinueve años en prisión. Era uno de los presos más antiguos de ETA, y los partidos políticos del Ayuntamiento de Vitoria, salvo el PP, habían solicitado su excarcelación por razones humanitarias. Tenía la salud muy quebradiza. El padre García Quintana ha compartido muchas horas de patio y despacho con él. El recluso incluso lo invitó a su despedida. Los presos de ETA juntaron varias galletas con yogures del desayuno y lo metieron todo en el congelador para hacer una tarta rudimentaria. El sacerdote llevó unos bombones. Cuando estaban en plena celebración, se acercó un gitano y se quedó sorprendido. «¡Pero si tú eres el cura! ¿Qué haces aquí sentado con ellos? ¡Menudo banquete celestial!», le espetó el interno, de credo evangélico. El preso de ETA le contestó que «efectivamente» y le dijo que se fuera. El gitano insistió: «¿Pero sabes tú lo que es un banquete celestial?». El etarra volvió a intervenir: «Pues un banquete de la hostia». Terció el sacerdote para decir que sí, que era un banquete sin fin, como las bodas gitanas, pero que, a pesar de sus diferencias, lo podían compartir. El preso gitano se quedó satisfecho y se marchó.

La mañana en la que López de Abetxuko abandonó la prisión de Villabona, se produjo otro incidente. Desde la madrugada, un autobús con amigos y familiares lo esperaba en la puerta con decenas de ikurriñas, bajo la vigilancia de varias patrullas de la Guardia Civil. El cura llegó a tiempo de despedirse, como le había prometido, y ambos se fundieron en un abrazo. Otro gitano que cumplía servicios a la comunidad y barría la calle comenzó a gritar: «A los de ETA, menos abrazos y más bombas». López de Abetxuko le contestó que se fuera a buscar caballo (heroína). Creció la tensión. La gente comenzó a bajar del autobús y a asomarse por las ventanillas. Los guardias civiles se preparaban. «¡Son unos asesinos!», se escuchó. Intervino el capellán para decir que el recluso ya había cumplido su pena, que tenía derecho a marcharse. El gitano se alejó y, por suerte, la sangre no llegó al río. El expreso de ETA subió al autobús, que salió camino de Vitoria, donde recibió un homenaje.

El padre García Quintana había regalado a López de Abetxuko un ejemplar de Patria, la novela de Fernando Aramburu sobre el conflicto vasco. Le dijo que, después de leer el libro, se lo pasara al resto de los presos de ETA, pues le parecía una buena manera de fomentar la reflexión y el debate entre ellos. El religioso argumenta:

No puedes ir todo el día con la Biblia en la mano, porque eso sería invadir su esfera. No había sustrato religioso. Su visión de la Iglesia era negativa, salvo la teología de la liberación, encarnada en figuras como las de Ellacuría o Jon Sobrino. A monseñor Setién lo respetaban mucho, pero a Rouco y Munilla no los podían ni ver. No entrábamos en política. Ellos buscaban un acompañamiento en la cárcel, que es como una burbuja. Yo no los veía como terroristas, no me interesaba su historial. Ya sabía que cargaban con una pesada mochila. Claro que hablábamos de su trayectoria, y yo siempre les insistía en que se pueden defender los ideales sin tener que matar a nadie. En ese momento es cuando se callan y bajan la cabeza. Si ellos no pasan la línea de la confesión, yo tampoco la traspaso.

Es muy difícil desmontar el fanatismo. Sí había momentos en el que algunos presos de ETA se hacían preguntas en alto. «¿Qué he hecho yo? Pero ¿cómo he podido llegar a hacer eso? Todos los días me duermo con mis muertos», confesaba uno con un largo historial y que, por las noches, necesitaba tomar unas hierbas medicinales para poder conciliar el sueño. Los crímenes no se olvidan nunca. Tampoco los años de cárcel. La realidad es que han quemado su vida por una causa. Otro, en el patio 7, se sincera: «¿Que cómo me siento? Como los veteranos de Vietnam. Acumulamos heridas de guerra y, sin embargo, socialmente estamos deslegitimados. Parecemos unos apestados después de lo que hemos hecho. Así nos sentimos nosotros». «Nosotros hemos sufrido dos prisiones: la del Estado, que nos encarcela, y la del aparato de ETA, que lo ha controlado todo», interviene otro preso, consciente de que un nudo muy gordo que había en las prisiones se va deshaciendo, poco a poco, tras la disolución de la banda.

«HE TRATADO A LAS MÁS FAMOSAS CON GALONES DE MUERTES»

Casi sesenta años de acompañamiento psicológico a los presos: el jesuita cordobés José María Fernández-Martos ostenta un récord que muy pocos podrán alcanzar. Se ha pasado más de media vida de cárcel en cárcel atendiendo a los internos, sin importarle su clase o condición. Y, en este caso, con la Biblia en la mano. Podría haberse ganado la vida como psicoterapeuta, una disciplina en la que es una autoridad y que domina sin ningún problema, pero decidió hacerse jesuita y dedicarse a los desheredados, a los parias que se han convertido en carne de cañón en las prisiones españolas. Hijo de un coronel del Ejército, iba para farmacéutico, pero colgó la bata en cuarto de carrera y se metió en un noviciado de la Compañía de Jesús. Luego se formó en condiciones. Estudió Humanidades y Filosofía en España, Psicología en París y en Estados Unidos, y Teología en Oxford. Se ordenó sacerdote con treinta y dos años, y luego fue rector de seminario en la Universidad Pontificia Comillas, institución en la que ha sido profesor de Psicología del Desarrollo y de Teoría y Técnica del Psicoanálisis, así como responsable de la Unidad de Intervención Psicosocial, Psicoterapia y Psicología Clínica. Empezó a ir a las cárceles en 1959, y ahora, a sus ochenta y tres años, todavía le quedan fuerza y ganas para acompañar a los presos. Ha conocido experiencias desgarradoras, algunas de ellas recogidas en su libro Mi Biblia en las trincheras, de reclusos comunes —muy comunes—, pero también de yihadistas y de miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y ETA.

Con veinticinco años ya empezó a cruzar los portones de las cárceles, primero en la de hombres de Alcalá de Henares, ya desaparecida. Luego en la de Carabanchel, también desaparecida. Y en Yeserías. Lleva más de veinte años visitando cada domingo a las presas del centro penitenciario de Brieva (Ávila). Siempre va armado de su Biblia, enriquecida con fotos, dibujos y frases de muchas de las reclusas a las que ha atendido. La ha utilizado tanto que la ha tenido que encuadernar seis veces. Es como un cuaderno de campo, un diario de campaña que acoge historias de desamparo.

¿Y las terroristas? El padre Fernández-Martos desconfía. Le cuesta hablar de su misión. Me envía algunos testimonios de su experiencia con las presas. La corriente de afecto que se establece entre las presas y el sacerdote llama la atención, sobre todo la de quienes consideran que los terroristas se tienen que pudrir en la cárcel. Es ahí donde Fernández-Martos esgrime su espiritualidad de la reconciliación con un ejemplo de la Biblia:

Ser cristiano es seguir a un delincuente a los ojos de la justicia de este mundo y condenado por ella, sin apelación alguna y tras oír del que le entregaba a la chusma: «Pero ¿qué ha hecho de malo?». Ese delincuente fue pospuesto a otro llamado Barrabás. En una de sus últimas miradas y palabras, antes de entregar el espíritu al padre, fue para otro bandido al que prometió el paraíso. Hay que recordar que una de las bienaventuranzas es para los que visitan a los presos y otra, para los que sufren persecución por la Justicia. No hay que olvidar que todos somos delincuentes de alguna manera, y todos nos encontramos presos de mil maneras ridículas.

La tarea de este jesuita tenaz e incansable es reconciliar a las presas con Dios. Sobre esta labor, explica:

Es lo más importante y lo más fácil y difícil a la vez. Digo lo más difícil porque es mucho lo que no se puede hacer, sobre todo con las de los GRAPO y las de ETA. La peor muerte en estas vidas se produce en las mentes de las que son llevadas a la violencia de manos de la ideología. Es un destrozo de lo esencial: otra vida las estorba y la eliminan. Y digo lo más fácil porque Dios viene en nuestra ayuda. Se trata de decirles que Dios las sigue queriendo.

En el caso de algunas de las presas de ETA hubo un sustrato religioso que un día las llevó a comprometerse con las armas. El padre Fernández-Martos se refiere, sin nombrarla, a una militante que fue «una catequista ejemplar, con un cura vasquizante y un novio etarra». Fue condenada a veintiún años por una treintena de asesinatos. Un día, la reclusa le reprochó al sacerdote que le gustaran los toros. «Era animalista, pero le gustaba la sangre de las personas», me cuenta el religioso. «¿Se refiere a Idoia López Riaño?», me pregunto yo. La Tigresa, sobrenombre que se le puso a su alias previo de Margarita, cumplió una parte de su condena en la prisión segoviana de Brieva. Ingresó muy joven en ETA, de la mano de su novio, José Ángel Aguirre Aguirre. Era muy romántica e idealista y siempre había querido ser bombera: su deseo era ayudar a los demás. Alguien la convenció de que era mejor ayudar a un pueblo oprimido, el vasco, pese a que tenía una madre extremeña y un padre salmantino, amantes de su patria chica. Vivían en Rentería, un semillero de ETA. Sus primeros «objetivos» fueron un presunto traficante de drogas y un empresario francés al que se relacionó con la financiación de la guerra sucia. Ese afán de «ángel vengador» encajaba en su filosofía. Luego pasó al terrorismo indiscriminado: dos coches bomba en Madrid al paso de unos autobuses de la Guardia Civil, con un balance de diecisiete muertos. Fue detenida en Francia en 1994 y extraditada a España en 2001. Acusada de veinticuatro asesinatos, le cayeron dos mil años de prisión. Allí tuvo tiempo para reflexionar. Años después, reconoció el daño causado y pidió perdón a las víctimas y a sus familiares. En 2011 fue expulsada de ETA. «Me duelen todos, absolutamente todos los muertos», escribió en una carta enviada al juez Fernando Grande-Marlaska, ahora ministro del Interior. En 2017, la Tigresa salió en libertad.

El padre Fernández-Martos se ha ido reconciliando con las conductas y personas que más rechaza, pero dice con rotundidad que no se siente «superior moralmente a ningún preso o presa» que haya conocido en su trayecto. Lo explica así:

Ya sé que han hecho cosas muy horribles. Una de ellas visitó disfrutando, por ejemplo, disfrazada de monja y de embarazada los estragos y muertes producidos por sus bombas. Pero mis circunstancias han sido todas favorables, mientras que las suyas, normalmente, puro viento contrario. A nadie juzgo. Miro, quiero y me sorprendo. Me costó ir reconciliándome con las internas (ya no puedo llamarlas terroristas) de ETA. Si digo la verdad, con alguna todavía se me tensaba el estómago si seguía albergando propósitos de muerte. He tratado a las más famosas en galones de muertes. Sus fotos están en mi Biblia.

El jesuita, pese a sus remilgos iniciales, seguía tejiendo reconciliaciones. Se apoyaba en una oración de san Claudio de la Colombière, un jesuita francés que se ganó una justa fama de gran predicador: «Diré a todos que tu misericordia está muy por encima de toda malicia humana y que ninguna maldad tendrá el poder de cansarla; que ninguna recaída, por vergonzosa y grave que sea, deberá llevar al pecador a desesperar de tu perdón».

De la fuerza ha brotado la suavidad. El padre Fernández-Martos debió de acordarse de esa cita del Libro de los Jueces cuando se vio frente a una etarra de las que define como «las más famosas en galones de muertes». Tampoco cita su nombre, pero da pistas.

Por fin cazaron a una del comando Nafarroa, largamente buscada y con dieciocho muertes a su espalda. Tras su paso por el hospital, la trajeron a reponerse a la cárcel de mujeres de Carabanchel, donde entonces, antes de la política de dispersión, solamente estaban las de ETA y las de los GRAPO. Al domingo siguiente, estaba con la camisa abierta con un costurón hasta la boca del estómago secando su herida, pues le habían herido el bazo y no sé qué otra cosa.

Sin duda, se refiere a Mercedes Galdós Arsuaga, Bitxori, jefa del comando Nafarroa, detenida tras un tiroteo con agentes de la Guardia Civil en marzo de 1986. Las heridas le afectaron al hígado y al abdomen, con siete perforaciones del intestino delgado. El sacerdote jesuita se preguntaba durante la semana cómo abordar su caso: le resultaba muy difícil sacarse de la cabeza las imágenes de sus atentados. Lo cierto es que Merche Galdós arrastraba un largo historial de muertes. Ingresó en ETA con veintidós años, y hasta su detención, con treinta y uno, se labró una justa fama de sanguinaria. Era despiadada. Digirió sin problemas la muerte del niño Alfredo Aguirre Belascoain, que saltó por los aires a causa de la bomba que colocó Bitxori junto a su portal, en Pamplona, en una emboscada contra la Policía. En la víspera de la Navidad de 1985 remató en el suelo al general retirado de la Guardia Civil Juan Atarés, el mando que impermeabilizó la frontera con Francia tras la famosa fuga de Segovia. Javier Marrodán ha reconstruido la foto que captó el periodista José Luis Larrión minutos después de aquel atentado. La viuda, María Luisa Ayuso, aparece de rodillas, rezando sobre el cadáver de su marido, tapado con una manta. De pie hay varias personas, entre ellas, la periodista María José Alcocer, hija de un comerciante asesinado por ETA un año y medio antes. Tirso Elizalde, un sacerdote que había sido capellán castrense, le imparte la extremaunción, ungido con una estola que se había sacado del bolsillo. La imagen me recordó a la del padre Alec Reid junto a los soldados británicos linchados en Belfast.

La jefa terrorista había nacido en Ezquioga-Ichaso, una zona guipuzcoana con hondas raíces religiosas. En los años treinta, la comarca saltó a los periódicos por unas supuestas apariciones de la Virgen, que obligaron a la Iglesia a intervenir. María Mercedes Galdós escogió el camino de la violencia hasta que la Guardia Civil la capturó a tiro limpio. Fue condenada a 764 años de prisión, aunque luego se benefició de redenciones. Mientras se reponía de sus heridas en Carabanchel, el padre Fernández-Martos libraba su propia batalla interna. ¿También a ella, sanguinaria despiadada, había que atenderla?

Dios me salió al paso con otro ensanchador texto del Libro de la Sabiduría, al inicio del capítulo 12: «Todos llevan tu soplo incorruptible». ¿También a ella?, me pregunté. Leí escrituristas que interpretaban lo del «soplo» como «vida recibida». Necesitaba más, y lo encontré al final del capítulo anterior: «Te compadeces de todos (“tienes misericordia”, traducen otros) porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. A todos perdonas (“tienes compasión”, traducen otros) porque son tuyos, Señor, amigo de la vida». A ella, también, entendí.

Un día, el sacerdote entró en la cárcel preguntándose cómo lograr que ella pudiera sentirse bondadosa. Al verla sentada y oírle decir que iba a pasar mucho tiempo recuperándose, le propuso: «¿Por qué no me haces un jersey bien gordo?». Ella le contestó: «Encantada, que aprendí en casa. Tráeme lanas y modelos». Al domingo siguiente se puso manos a la obra y empezó a tomarle las medidas al religioso. «Verde es. Precioso, aunque, por el punto y la calidad de la lana, solo vale para el Ártico. ¿Para qué entrar en una discusión inútil sobre su motivación? Me dirigí a un rincón bueno, que también lo tenía, porque seguía siendo “suya”. De Dios». Galdós salió a la calle el 30 de septiembre de 2005, tras cumplir diecinueve años en prisión.

17
LA IGLESIA VASCA
BENDICE A LOS
MEDIADORES
INTERNACIONALES

Cuando los más de doscientos kilos de explosivos —amonal reforzado con hexógeno— volaron el aparcamiento de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, ETA segó la vida de dos ciudadanos ecuatorianos ajenos al «conflicto» y sepultó las esperanzas de los vascos que confiaban en el final de la violencia. Aquella fue una Nochevieja amarga en la que no había nada que celebrar y un jarro de agua fría sobre la jornada de la paz que la Iglesia celebra cada año a principios de enero. La Iglesia vasca también se sumió en una pesada frustración y en un lacerante dolor tras los esfuerzos que había realizado para mantener vivo el proceso. Un tiempo después contacté con Joseba Segura, uno de los muñidores del proceso de pacificación, recién llegado a Ecuador para organizar la estructura de Cáritas. Me invadían una cierta decepción y un gran desconcierto después de que el sacerdote me trasladara en una entrevista que ya estaba todo hecho. Hasta el propio Arnaldo Otegi ironizó cuando ambos se despidieron, según me contó un testigo del encuentro: «¿Ahora te vas a ir, justo cuando esto empieza a funcionar?». Necesitaba una explicación. Segura me atendió desde Quito. El sacerdote atribuía el fracaso del proceso a la inestabilidad en el liderazgo de ETA, en el que siempre han mandado los halcones con pistola, relevados, a causa de las sucesivas caídas ante el acoso policial y judicial, por jóvenes inmaduros y muy violentos, sin el beneficio de la experiencia. «Quienes aprendieron una lección importante fueron los líderes de Batasuna: debían dar los pasos necesarios para que, en la siguiente ocasión, ETA no tuviera la última palabra», me dijo.

Con Joseba Segura en Ecuador, su papel fue asumido por Ángel María Unzueta, a las puertas de ser nombrado vicario general de la diócesis de Bilbao y, al igual que su antecesor, una persona del círculo de Juan María Uriarte, en ese momento obispo de San Sebastián. Los miedos y las valoraciones políticas paralizaban una y otra vez a la Iglesia vasca. El propio Uriarte lo reconoció en una conferencia en la Fundació Joan Maragall, en Barcelona: «Por temor a las tensiones, se difiere una acción por la paz». Aquellos eran tiempos de bandazos y de actuaciones contradictorias. El 14 de enero de 2007, el Gobierno vasco convocó en Bilbao un homenaje en recuerdo de las dos víctimas ecuatorianas, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Lo organizó la Dirección de Inmigración, encuadrada en la consejería que dirigía Javier Madrazo, líder de Ezker Batua-Berdeak, exseminarista y pionero del movimiento pacifista. Tras aquel acto unitario de los partidos, muchos de los participantes acudieron a la misa de memoria que celebró el obispo de la diócesis, Ricardo Blázquez. Este último también presidió, el 3 de febrero, un acto con el lema «Muévete por la paz» en la plaza de la catedral de la capital vizcaína, en el que reclamó a ETA su «total y definitiva desaparición, sin dilaciones ni contrapartidas». «Su existencia y persistencia no tiene ninguna justificación moral, política ni religiosa», añadió. Acompañó aquel mensaje contundente con una nueva petición de perdón a las víctimas: «Reconocemos que las víctimas del terrorismo forman parte de la memoria de un horror, del que no somos del todo inocentes, ni como ciudadanos de este país ni como miembros de esta Iglesia local de Vizcaya». Lo escucharon representantes del PNV, del PSE y de Ezker Batua-Berdeak. No estuvo el PP. Las diferencias por los lemas, las pancartas y los convocantes estaban a la orden del día. Y aquella era una polémica a la que no era ajena la Iglesia.

El universo de las víctimas también se había fracturado en distintos planetas, como un big bang que lo salpicó todo de lealtades y traiciones. Se les iba reconociendo autoridad moral, pero una parte de las víctimas había optado por su presencia en la política de forma partidista. La Iglesia se encontró entre dos fuegos sin saber qué hacer. El 22 de abril, el Gobierno de Ibarretxe convocó en el Palacio Euskalduna de Bilbao un homenaje a las víctimas. Se pretendía que fuera solemne y oficial por la deuda que se había contraído con ellas tras años en los que se les negó el apoyo y la solidaridad. La Asociación Víctimas del Terrorismo y Covite declinaron asistir. Tampoco acudieron los responsables de la Fundación Fernando Buesa Blanco, la Fundación Miguel Ángel Blanco y la Fundación Gregorio Ordóñez, todas ellas presididas por familiares de los asesinados. Lo consideraban un acto de maquillaje por parte de un lehendakari que pretendía contentar a víctimas y verdugos. El PP no asistió, al igual que la izquierda abertzale. Desde otro flanco se criticó que se incluyera a víctimas de fuerzas policiales o parapoliciales.

Los obispos, por su lado, también declinaron la invitación. El asunto fue tratado en la diócesis de Bilbao, pero no se pusieron de acuerdo en la «necesidad» de estar allí. La lógica empleada fue o todos o ninguno. «Y es mejor que no vaya nadie a que lo haga alguno y deje en evidencia a los demás», se justificaron cuando yo se lo pregunté, invocando el tradicional juego de equilibrios. La Iglesia cuida su presencia pública y, como el consenso no era total, decidieron quedarse en casa. Pecaron de prudencia y les faltó osadía. Como se pudo comprobar a toro pasado, su negativa fue un error. Una de las caras del acto institucional fue Manuela Orantes, viuda del guardia civil extremeño Avelino Palma, asesinado en la localidad alavesa de Salvatierra veintisiete años antes, cuando vigilaba una prueba ciclista con motivo de las fiestas. Pistoleros de ETA lo acribillaron a tiros, a él y a otros dos compañeros, José Vázquez y Ángel Prado, que también murieron. Lo más sangrante fue que el comando actuó con la información de un sacerdote del pueblo. A la viuda le habría reconfortado la presencia de la Iglesia en aquel acto de deuda histórica.

AYUDAR A LA IZQUIERDA ABERTZALE EN SU CIABOGA

El 5 de junio de 2007, cinco meses después del atentado mortal de la T4, ETA anunció que daba por finalizado el alto el fuego. Había que empezar de nuevo. Se hundió el proceso y, con él, también muchos de sus protagonistas, en medio de una fuerte frustración y una amarga sensación de fracaso. La Iglesia vasca se replegó en su ámbito y aguantó los chaparrones que le llovían de vez en cuando, en espera de que sus servicios fueran requeridos de nuevo. Pronto volverían a llamar a su puerta. Desgastados y desfondados los mediadores vascos, era el momento de los facilitadores internacionales. El abogado sudafricano Brian Currin, un viejo conocido de la izquierda abertzale y del Gobierno de Zapatero, afianzó su presencia en Euskadi. Experto en los conflictos de Sudáfrica e Irlanda, consideró que seguía habiendo margen de maniobra para buscar una luz en el túnel vasco. Paul Ríos, coordinador de Lokarri, fue su lazarillo durante varios años. Mantuvimos un encuentro confidencial (con Ríos como testigo) en el Hotel Abando de Bilbao, frente al Palacio de Justicia. Había muchos recelos en el ambiente político, sobre todo porque se situaba a Currin en «el lado de los malos», como si favoreciera una solución a la medida del nacionalismo. Sin embargo, él pedía un margen de confianza para su trabajo de persuasión con la izquierda abertzale y ETA en el conflictivo y delicado pulso que mantenían para que la organización terrorista abandonara la lucha armada.

La misma información la trasladaba a otras instancias, incluida la Iglesia vasca, pues tenía muy presente que, en los conflictos que él había intermediado, el papel de los eclesiásticos siempre había sido decisivo. El obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, fue un agente activo en 2006, pero luego fue perdiendo fuelle. Delegó en su «número dos», Ángel María Unzueta, el asunto de la pacificación, aunque siempre con información de primera mano. Currin se reunió con Unzueta para ponerlo al corriente de la iniciativa que estaba gestando y para que este se lo comunicara a la jerarquía vasca. Por su parte, el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, continuó frecuentando esos ambientes. El Vaticano, a través de la Secretaría de Estado, había contado con información «confidencial y exhaustiva» de los pasos que se habían dado hasta ese momento. Los que estaban en el nuevo proceso trasladaban información constante a los hombres de la Iglesia. Querían, entre otras cosas, que los religiosos hicieran de transmisores de la situación al Gobierno: «Está pasando esto, va a pasar esto otro, cuéntaselo al PP». Pero no había forma de traspasar ese muro, porque en el PP tenían pánico a que los contactos se filtraran y eso les diera publicidad. Los muñidores de la hoja de ruta buscaron sectores afines y pensaron que la Iglesia podría utilizar sus contactos con el PP para que la formación política se resituara. En el caso de la Iglesia, también podía ser útil su Pastoral Penitenciaria, porque la cuestión de los presos era un asunto estratégico. Eran meros contactos. No había recados o mensajes oficiales propios de una intermediación.

Hasta la Declaración de Ayete, en octubre de 2011, la Iglesia no estuvo en la plaza pública participando en la liturgia de los nuevos actores. Lo que hizo fue arropar y acompañar, pero sin ninguna capacidad para definir la acción ni los objetivos. Una persona muy cercana a monseñor Uriarte me confesó:

Lo que está claro es que el obispo de San Sebastián estuvo bien informado, asumió alguna responsabilidad y puso en contacto a diferentes agentes. Pero no fue un papel oficial de la Iglesia, sino de una persona que, a título particular, por los contactos y por el prestigio que tiene, siguió trabajando en ello. Esta vez, la implicación de personas de la Iglesia ha sido bastante menor que en otras ocasiones.

El 21 de noviembre de 2009, José Ignacio Munilla se convirtió en obispo de la diócesis donostiarra y Uriarte pasó a ser emérito, pero no abandonó su compromiso con la pacificación.

Un año antes, en los últimos meses de 2008, algunos de los líderes de Batasuna ya habían dado los primeros pasos en busca de un nuevo ciclo. En ese momento todavía no estaba en cuestión la lucha armada. De hecho, ETA seguía atentando y asesinando. En Batasuna se sentían sin la fuerza suficiente para enfrentarse a la dirección de los comandos, aunque sabían que, como los lémures, ellos mismos caminaban de su mano hacia un precipicio. También la sociedad vasca parecía consciente del irreversible debilitamiento de ETA, que se resistía a dejar las pistolas pese a que la persecución policial y judicial cada vez estrechaba más el cerco. Batasuna aceleró, aunque seguía siendo incapaz de condenar unos atentados que eran la forma de ETA de hacerse presente en el debate. La gran ciaboga estaba a punto de producirse. Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga eran dos de las personas que tiraban de la cuerda. El 13 de octubre de 2009, Otegi fue detenido en una redada dirigida por el juez Baltasar Garzón. El timón lo cogió Rufi Etxeberria, miembro de la dirección de Batasuna y excarcelado dos meses antes, junto con Díez Usabiaga. Desde la izquierda abertzale surgían gargantas profundas que informaban a la Iglesia vasca de la marcha de los debates. Díez Usabiaga, en el núcleo duro de la operación, mantenía al corriente a monseñor Uriarte, al que conocía desde diez años antes. El obispo había dejado el mando de la diócesis de San Sebastián en noviembre de 2009, y ahora, sin las ataduras oficiales, se sentía mucho más libre para moverse.

El prelado también tenía acceso al PNV a través de Iñigo Urkullu, el actual lehendakari, con el que sigue manteniendo una franca amistad. La información (de primera mano) que trasladaba Uriarte era que el movimiento de la izquierda abertzale iba en serio. Había que creer y ayudar a sus líderes para que el movimiento del transatlántico fuera posible y no naufragara. El 8 de noviembre, Otegi, encarcelado en Estremera, firmó un artículo en Gara en el que apostaba por las vías «exclusivamente políticas». Seis días después, un centenar de miembros de Batasuna escenificaron una declaración en Alsasua en favor de los principios Mitchell, el decálogo del senador norteamericano que intervino en el proceso irlandés, en el que la renuncia a la violencia era una condición innegociable. El goteo de pasos que se producían en Euskadi le iba dando la razón al obispo.

En esa hoja de ruta que se estaba cumpliendo, jugaron un papel importante líderes cualificados del Sinn Féin, que aportaron su experiencia en el proceso de Irlanda. Un líder de la antigua Batasuna, dispuesto a realizar un resumen de su proceso estratégico, me cuenta:

Los irlandeses ya estaban de antes, en las fases de Loyola y de Ginebra, en una labor de asesoría de confianza. Ellos insistían en esa línea de que había que ir cerrando el proceso de la lucha armada, pero la decisión se tomó aquí. La decisión de acabar con el ciclo de la violencia viene de varios años atrás, podríamos decir que de antes de 2004. Hacíamos una lectura de lo acontecido en Irlanda, aunque no había un mimetismo. Después de lo que pasó en la T4, sabíamos que ese ciclo se había acabado y que había que pegar una larga cambiada, pues nos enfrentábamos a un suicidio político. Fue un proceso lento y complejo, porque hubo detenciones de por medio y había un peligro serio de escisión. Lo que nosotros planteábamos era un cierre de un ciclo histórico. El debate alcanzó al conjunto de la izquierda abertzale, a ETA y a los presos. Era un espacio sociológico, un movimiento muy amplio; un magma con estructuras organizadas y no organizadas. En las asambleas había gente de todo pelaje, pero tuvieron una gran participación: cerca de nueve mil personas. La izquierda abertzale habló. ETA escuchó, debatió y decidió en consecuencia.

Durante ese tiempo, los facilitadores internacionales «abrían las orejas» para conocer lo que estaba sucediendo. En febrero de 2010, el debate parecía ya encarrilado. La mayoría de la militancia de la izquierda abertzale refrendó el documento «Zutik Euskal Herria», que, entre otras cosas, establecía que el proceso tenía que desarrollarse «en ausencia de violencia». Para entonces, ETA había asumido ya que debía abandonar la lucha armada, si bien todavía le costaría un tiempo digerirlo. No se atrevía a dar ese paso. «La decisión sobre “Zutik Euskal Herria” fue fundamental para que los mediadores internacionales se decidieran a actuar», asegura el líder de aquella Batasuna. Brian Currin, apoyado por otras instancias del exterior, seguía trabajando de manera discreta. Conocía lo que se estaba fraguando, por lo que ya se preparaba para el día después, intentando reclutar a personalidades internacionales que se arriesgaran a arropar el proceso. El 5 de septiembre, ETA comunicó la suspensión de las «acciones armadas ofensivas», y el 12 de noviembre se creó el Grupo Internacional de Contacto. El 10 de enero de 2011, ETA anunció un alto el fuego «permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional». Currin había logrado su objetivo.

¿PIDIÓ ETA AL VATICANO QUE AVALARA LA TREGUA?

En ese tiempo de invierno, los dos grandes cambios de la Iglesia vasca ya se habían materializado. José Ignacio Munilla era obispo de San Sebastián, y Mario Iceta había sido designado titular de Bilbao hacía muy poco. En Vitoria seguía el salesiano Miguel Asurmendi y, en el arzobispado de Pamplona, Francisco Pérez González. Al otro lado de la frontera, Marc Aillet pastoreaba la emblemática diócesis de Baiona. En resumen: una jerarquía conservadora en la que la cuestión sociopolítica no figuraba entre sus prioridades. Sin embargo, en círculos eclesiales restringidos se manejaba la información confidencial de que ETA estaba a punto de declarar una tregua «permanente y verificable», la misma terminología que emplearía la banda terrorista y los mediadores internacionales. La filtración de una correspondencia reservada del Vaticano en mayo de 2012, en el marco del famoso escándalo Vatileaks, sitúa en los días previos al anuncio del alto el fuego un episodio que nunca ha terminado de ser aclarado. En algún momento entre el 5 de septiembre de 2010 y el 10 de enero de 2011, ETA se dirigió a la Santa Sede en busca de un aval que legitimara su decisión de abandonar la lucha armada. Lo hizo a través de la Nunciatura del Vaticano en Madrid, sede apostólica con rango de embajada, un escenario que también barajó para hacer oficial su anuncio.

El Vaticano rechazó la propuesta mediante un cable enviado el 10 de enero por el secretario de Estado, Tarcisio Bertone, al nuncio en España, Renzo Fratini. No se sabe quién trasladó a la nunciatura el mensaje de ETA ni los pormenores de la oferta. ¿Alguien de la izquierda abertzale? Un miembro de la dirección de Sortu me aseguró que se enviaron cartas «a París y a Roma» para que tuvieran información de primera mano sobre cómo estaba la situación y «acompañaran» el proceso. ¿La propia ETA? La organización ha revelado que envió misivas al Vaticano en distintos momentos para que apoyara el proceso. ¿Se pretendía cerrar una entrevista o un marco neutral con un decorado de confianza para la declaración que se estaba gestando? Una fuente vaticana asegura que se perseguía dar una rueda de prensa en la sede de la Nunciatura para garantizar una resonancia mundial y vender que aquello iba en serio. Si el Vaticano se implicaba, arrastraría con él a los Gobiernos de Madrid y París. ¿Los mediadores internacionales? El Grupo Internacional de Contacto estaba ya operativo, pero la Comunidad de San Egidio declinó la oferta de participar.

El caso es que, el 3 de enero de 2011, Renzo Fratini envió a Roma un cable reservado —el número 263, y escrito de manera encriptada con el código secreto de la diplomacia vaticana— con la petición de la organización. Una vez descifrado, el cable llegó a la mesa del «primer ministro». Tarcisio Bertone no respondió de manera inmediata. Al día siguiente, el 4 de enero, el nuncio volvió a enviar un correo electrónico sobre el mismo asunto. El secretario de Estado, una vez realizadas las consultas correspondientes, respondió el 5 de enero, aunque su mensaje no fue codificado ni enviado hasta el día 10. Ese es el texto que se filtró meses después. Se trata del primer documento interno del Vaticano sobre contactos con ETA que sale a la luz.

Apareció en el libro Sua Santità, del periodista italiano Gianluigi Nuzzi, un volumen de 326 páginas, de las que cuatro se refieren a este episodio. El reportero escribió: «ETA quería acordar una tregua y tenía interés en involucrar a la Iglesia para que garantizara la relevancia y el impacto mediático de una declaración. Por ello, pidió que algunos terroristas pudieran dirigirse a la Embajada de la Santa Sede y acordar el mensaje de su anuncio». El corresponsal de El Correo en Roma, Íñigo Domínguez, contactó entonces con Nuzzi. «Este documento revela la importancia que dio el Vaticano al asunto, pues fue el propio secretario de Estado quien tomó las riendas personalmente, y hay muy pocos documentos filtrados que lleven la firma de Bertone», subrayó. El investigador interpretó que el «número dos» del Vaticano no cerraba totalmente la puerta, sino que «la entornaba, se movía con cautela y era prudente».

El cardenal Bertone mantenía buenas relaciones con el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, por lo que fue sorprendente que aleccionara al nuncio para que buscara el consejo de Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior en el Gabinete de Aznar, y que no diera un paso en ese terreno sin informar a la Moncloa, ni tampoco a la oposición, es decir, al PP. Las condiciones previas a cualquier contacto también eran precisas: entrega de las armas y petición de perdón por todos los crímenes cometidos durante varias décadas. Este argumento estaba en sintonía con la doctrina que predicaba el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que rechazaba separar el perdón del arrepentimiento. En el cable del secretario de Estado se alude, además, a una consulta con este prelado. Resultaba muy curioso que tanto Mayor Oreja como monseñor Munilla, que mantenían posiciones muy radicales con respecto al proceso de pacificación, fueran dos de las referencias del problema vasco para el Vaticano.

Munilla desmintió de manera pública la actuación que se le imputaba. «Algunos de los documentos serán falsos; otros, verdaderos, y otros, mezclados, como ocurre cuando se filtra documentación, porque es imposible saber qué es verdad y qué es mentira, pero yo de ese asunto no sé absolutamente nada», zanjó. La filtración, calificada por el Vaticano como un «acto criminal», obedeció a una estrategia muy bien planificada contra Bertone. Un miembro de la curia romana que vivió aquellos momentos interpreta: «La filtración de documentos fue una operación de maquiavelismo eclesiástico contra el secretario de Estado, que había cumplido ya los setenta y cinco años y seguía en el cargo. Había que derribarlo, pero estaba muy bien blindado. El objetivo era demostrar la inepcia del cardenal y visualizar que estaba encubriendo actuaciones muy discutibles. Era una lucha por el poder». Intriga, misterio y poder.

APOYO ECLESIAL A LOS VERIFICADORES

En aquellos meses, Paul Ríos, responsable de Lokarri, mantenía abierto un canal de comunicación con la Iglesia vasca a través de Ángel María Unzueta, el «número dos» de la diócesis de Bilbao. La suya era una relación fluida que se engrasaba con reuniones en las oficinas centrales del obispado, junto a la basílica de Begoña, y en las instalaciones eclesiales de Berria, en la plaza Nueva de Bilbao. En ese canal también participaba monseñor Uriarte. El obispo emérito de San Sebastián era una pieza valiosa en ese engranaje, ya que desde 1999 había hecho gestiones discretas en el proceso tanto para un lado como para el otro, y con Gobiernos distintos. Le pregunté por el papel de la Iglesia al sacerdote Joseba Segura, y esto fue lo que me contestó:

En esta última fase del proceso no ha habido una implicación directa de representantes de la Iglesia en gestiones de intermediación al más alto nivel porque ello no ha sido necesario. Pero, en todo momento, algunos responsables de la Iglesia vasca han mantenido «líneas calientes» de comunicación con los protagonistas del proceso, dispuestos a colaborar en lo posible para favorecer el final de la violencia.

Tanto Uriarte como Unzueta se reunieron con el Grupo Internacional de Contacto, que capitaneaba Brian Currin, y con la Comisión Internacional de Verificación, que dirigía Ram Manikkalingam, director de Dialogue Advisory Group al que se conocía como Grupo de Ámsterdam. Currin y Powell habían contactado con este último en Holanda en junio de 2011. Antes de constituirse el grupo de verificadores, Manikkalingam viajó varias veces al País Vasco (al menos, en julio y agosto) para recopilar información fiable de cómo estaba la situación. Se jugaba mucho y necesitaba datos sin contaminar. Se trataba de hacer una cata, un test entre distintos agentes sociales, para conocer los apoyos con los que se podría contar antes de trabajar en balde y hacer el ridículo. La primera reunión fue en el Hotel Carlton de Bilbao, y asistieron Uriarte y Unzueta, este último con el aval de su obispo, Mario Iceta, que se encargaba de informar a sus hermanos del episcopado. Ambos se pusieron a disposición de los facilitadores para conseguir que las armas callaran para siempre de una vez y empujar hacia la consecución de la paz. Lo que se pedía a la jerarquía vasca eran iniciativas proactivas para allanar el camino, «más allá de rezar por la paz». El tema era acompañar y arropar el proceso. Y lo hicieron.

Para entonces, tanto Brian Currin como Paul Ríos se afanaban en la preparación de una conferencia de paz con representantes de la sociedad vasca y personalidades internacionales que la avalaran en el exterior. Se trataba de realizar un traje a medida para ETA para facilitar su decisión de bajar la persiana de la violencia. Por fin se fijó la fecha y el sitio: sería el 17 de octubre en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Ayete, en San Sebastián. ¿Tenía que estar la Iglesia allí? La comunidad cristiana se encontraba dividida. Para algunos, la Iglesia no podía acudir porque aquello era «una pantomima», un teatro para salvar la cara a los terroristas y hacer el juego a la izquierda abertzale. ETA ya estaba derrotada, pero se le ponía un puente de plata para su salida de escena con excesiva complacencia. Para otros, la Iglesia tenía que estar por el solo hecho de ser un agente de pacificación, condición que refleja claramente el Evangelio. ¿Era una concesión? ¿Era un servicio? Los obispos no hablaron, pero sí enviaron al vicario Ángel María Unzueta en representación de la Iglesia vasca. Fue una presencia significativa. Como invitado que era, tuvo la ocasión de hablar durante un minuto. La conferencia reclamó a ETA el fin de su actividad violenta y, a los Gobiernos de España y Francia, diálogo para tratar las consecuencias del conflicto y su origen político.

Tres días después, el 20 de octubre, ETA anunció el «cese definitivo de su actividad armada». El comunicado era un intento de justificar su historia y vender que la oportunidad que se abría para «una solución justa y democrática al secular conflicto político» era gracias a «la lucha de largos años». Estaba claro que la organización terrorista nunca iba a reconocer que todo había sido en vano. También recogía un homenaje a sus mártires y a sus presos y exiliados. No mencionaba para nada el reconocimiento del sufrimiento injusto infligido a las víctimas, ni tampoco su desarme y disolución. Pese a que fue un comunicado corto y autojustificativo, supuso un gran alivio, sobre todo para los amenazados. En las sacristías también se respiró hondo. Pero no hubo un comunicado conjunto de los obispos, como solía ser habitual antes. Cada prelado habló a su rebaño con la necesidad de la reconciliación en el horizonte. Tanto Iceta como Munilla coincidieron en que aquel era un paso positivo pero incompleto, en espera de la ineludible, urgente y definitiva desaparición de ETA.

Los obispos españoles también hablaron, ya que el anuncio de ETA los cogió en plena reunión de la Comisión Permanente, un órgano de la dirección episcopal. Fue una nota dura. Los prelados, aunque se alegraban por «la declaración de intenciones de la violencia terrorista», dejaban claro que una sociedad que quiera ser libre y justa «no puede reconocer ni explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población». Aquello era un aviso para quienes defendían su interlocución en las conversaciones que pedía la Declaración de Ayete, suscrita por la Iglesia vasca. Acotaba la hoja de ruta, porque, aunque reconocía la legitimidad moral de los nacionalismos, también advertía que era necesario «tutelar el bien común de la nación española en su conjunto». Si Euskadi pretendía avanzar en su normalización política por la vía del soberanismo, en su camino se iba a encontrar con los obispos españoles. Monseñor Uriarte los conocía bien.

Los expertos internacionales encargados de verificar el cese definitivo de la violencia de ETA regresaron a Euskadi a finales del mes de enero de 2012 para dar cuenta de sus investigaciones desde que la organización terrorista anunció el cese de sus «acciones ofensivas» y aceptó el control del Grupo de Ámsterdam. Los verificadores celebraron dos reuniones con representantes de partidos y sindicatos, además de otros agentes sociales. La comisión informó que, a través de contactos directos, ETA les había asegurado que estaba comprometida con el cese definitivo de la actividad armada y que el proceso era irreversible. Entre quienes recibieron esa información se encontraba el sacerdote Unzueta. Cuando se filtró la presencia de la Iglesia en los plenos de la Comisión Internacional de Verificación, pregunté a una alta personalidad de la curia diocesana por el papel de la Iglesia en ese proceso. «Estamos, simplemente, como observadores para estar informados, no como agentes activos. Es una labor de acompañamiento, pero desde el “gallinero”. No estamos en el patio de butacas». Mi interlocutor quiso quitarle importancia, seguramente porque no había un consenso sobre la labor de los verificadores. El Gobierno de Rajoy los ignoraba, y el Gobierno vasco, en esos momentos con un lehendakari socialista, tampoco acudía a las reuniones, aunque estaba debidamente informado. Pregunté por la misma cuestión a una persona cercana a los facilitadores. Su respuesta fue contundente: «De “gallinero”, nada. No estaban de oyentes. La Iglesia vasca se mojó». En cualquier caso, el mero hecho de participar en los foros era ya una forma de avalar el trabajo de los expertos.

He tenido la oportunidad de hablar con personas que pilotaron, a distintos niveles, aquel proceso. Estaban muy agradecidas a la colaboración de la Iglesia. El mismo Manikkalingam lo expresó de manera pública en 2018, cuando anunció que había finalizado su trabajo:

Hubo buena disposición, tanto por parte de Ángel María Unzueta como de la de Juan María Uriarte, que era un obispo muy abierto y con una situación muy diferente a la del vicario general. Tenía más libertad para actuar porque era emérito y ya no tenía mando. En cualquier caso, ambos dejaron claro que lo hacían a título personal. Era un tema muy sensible dentro de la Iglesia. Las reuniones fueron muy constructivas. Escuchaban mucho, pero no tenían capacidad para hacer propuestas.

Los mediadores buscaban una presencia a mayor nivel y de manera más oficial, e incluso intentaron que el propio Mario Iceta participara: «No era un problema de apoyo personal. La predisposición era buena, tenían interés, pero la división en el seno de la Iglesia era un muro infranqueable. Monseñor Munilla tenía posiciones más duras ante el proceso de diálogo».

Los verificadores tenían claro que la Iglesia tenía que estar en el proceso:

Para nosotros, como comisión, la presencia de la Iglesia era muy importante. Teníamos el apoyo claro del Gobierno vasco, pero no teníamos el apoyo del de Madrid. Era como una comisión no oficial, y lo que intentábamos era buscar la mayor legitimidad posible para facilitar nuestro trabajo. Ahora parece obvio que ETA iba a parar, pero en ese momento no era tan obvio. El modus operandi era muy importante. Había que visitar Euskadi cada dos meses y hablar con todos los agentes: partidos, sindicatos, empresarios, Iglesia… para que supieran lo que estaba pasando. Había aspectos secretos que no se podían revelar, claro.

A los representantes internacionales les extrañó mucho la actitud oficial de la Iglesia:

No había un apoyo tan claro, sobre todo comparándolo con otros escenarios en los que habíamos actuado: Bosnia, Afganistán, Nepal. Cada sitio es único, pero también hay similitudes entre ellos. Sabíamos que era un tema muy sensible para la Iglesia, pero, a finales de 2011, el caso de ETA parecía ya muy claro. La organización estaba en las últimas y había que perseverar en encontrar la manera de terminar con aquello. A los expertos internacionales les sorprendían algunas posiciones tan duras de la Iglesia contra el proceso.

EL INTENTO DE SECUESTRO DE LOS GARRIGUES

La Comisión Internacional de Verificación estaba integrada por expertos muy cualificados que sabían lo que se traían entre manos y que daban la cara. Eran los rostros que estaban en el escaparate, pero en la trastienda hubo otros personajes que jugaron un papel singular y de los que apenas se ha hablado. Uno de ellos fue Juan Garrigues, que actuó como asesor especial del Dialogue Advisory Group, la organización que dirigía Ram Manikkalingam. En un momento, su presencia levantó algunos recelos en ETA, pero terminaron aceptándolo, quizás porque el apellido Garrigues les producía sospechas al asociarlo con una saga familiar con mucho recorrido e influencia. Garrigues no era un aficionado. Acumulaba experiencia en temas de mediación facilitando negociaciones con actores políticos y grupos armados, por ejemplo, en Libia y en Colombia. Juan Garrigues tenía preparación y conexiones: su padre es Javier Garrigues Flórez —un diplomático de dilatada carrera que fue subdirector general de Asuntos Internacionales de Desarme de la ONU y director general para la Seguridad y el Desarme en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas— y es sobrino de Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, que fue ministro de Justicia y embajador en Washington, lo que le brindó una gran amistad con el clan de los Kennedy. También fue embajador ante el Vaticano entre 1964 y 1972. Tras el asesinato de J. F. Kennedy, invitó a Roma a su viuda, Jacqueline, que se hospedó en la sede diplomática española ante la Santa Sede.

Mención aparte merece una historia en la que se vio involucrado, muy a su pesar, Emilio Garrigues Díaz-Cañabate, abuelo de Juan. Emilio Garrigues, de recios fundamentos cristianos, ocupó numerosos cargos diplomáticos en países como Turquía, Italia, Estados Unidos, Guatemala, Alemania y Francia. En la capital de esta última, cuando era delegado permanente de España ante la Unesco, sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo anarquista español. Fue el 3 de marzo de 1970. La Policía española tenía información sobre la operación y alertó a sus colegas franceses, que montaron un dispositivo discreto en torno al embajador. Ocho miembros de la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias, encuadradas en el denominado Grupo Primero de Mayo, controlaban los movimientos de Garrigues, que se desplazaba en coche a las oficinas de la Unesco en la plaza Fontenoy, muy cerca del Campo de Marte, desde su domicilio, en el número 4 de la calle Marceau. El comando pretendía secuestrarlo en esta calle, que tiene muchas evocaciones simbólicas y épicas para el nacionalismo vasco. En el número 11 estuvo durante muchísimos años la sede del Gobierno vasco en el exilio. Es muy probable que, cuando se produjo la acción, estuviera en las nuevas oficinas de la calle Singer el lehendakari Leizaola, que permanecía muchas horas trabajando en ese lugar. Él también era una persona muy católica y rechazó la violencia de ETA desde el primer momento. Según reveló el escritor Eloy Ramos Martínez en su libro La política de la Pistola y la Bomba: cien años de magnicidios, antes de decidirse por un diplomático con apellido ilustre, la banda barajó secuestrar a Manuel Benítez el Cordobés, que estaba en el apogeo de su carrera, o a la cantante Salomé, que acababa de ganar el Festival de Eurovisión con la canción Vivo cantando.

SECUESTRADO EL ASESOR VASCO DE LA EMBAJADA ANTE LA SANTA SEDE

El caso es que la organización terrorista acabó optando por Emilio Garrigues, el menor de la saga. Cuatro años antes, en 1966, sus miembros también habían planeado secuestrar a su hermano Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, que entonces se encontraba en Roma, al frente de la Embajada de España ante la Santa Sede. Por un romance que las revistas del corazón le habían endosado con Jacqueline Kennedy, la Viuda de América, era el más popular de la dinastía. Aquel año visitó España para acudir a la Feria de Abril de Sevilla, y las fotos de ambos estaban todos los días en las crónicas de sociedad. Aunque los anarquistas se fijaron en él, enseguida tuvieron que renunciar a la idea. Decidieron entonces buscar una presa más fácil, pero que también estuviera relacionada con el Vaticano. La encontraron en la persona de monseñor Marcos Ussía Urruticoechea, consejero eclesiástico de la Embajada ante la Santa Sede. Aunque tenía el rango de monseñor, no era un obispo, sino que su título era más bien de tipo honorífico: servía más para colmar la vanidad personal que para ostentar una dignidad episcopal. Provenía de una familia vasca de alto nivel afincada en la localidad alavesa de Llodio, donde tenía una casa solariega. Su padre, Antero Ussía Murua, también provenía de la carrera diplomática.

El caso Ussía siempre estuvo rodeado de misterio. Pregunté por aquel episodio durante mi estancia en el archivo de la iglesia de Santiago y Montserrat, donde vivió el asesor diplomático. No existe memoria de aquella rocambolesca historia, en la que «se llegó a implicar a células anarquistas, a ETA y hasta a la misma mafia», según recuerda un interlocutor romano. Marcos Ussía era un sacerdote joven y bien parecido que realizaba todos los días a la misma hora el mismo trayecto, entre el número 151 de la calle Giulia y la Embajada de España ante la Santa Sede, a los pies de Trinidad del Monte. Conozco ese recorrido porque lo he hecho decenas de veces. El 29 de abril de 1966, a su regreso de la sede diplomática a primeras horas de la noche, un comando lo estaba esperando cerca de su residencia. Justo antes de doblar hacia la calle Giulia, Ussía tenía que recorrer la calle Farnesio, muy estrecha y con poca luz. Es una callejuela angosta, emparedada entre el palacio Farnesio, ahora sede de la Embajada de Francia y fuertemente vigilado, y la Biblioteca de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, del Opus Dei, pegada a la iglesia de San Felipe Neri, cercana, a su vez, a la iglesia de Santa María de la Oración (llamada comúnmente Iglesia de la Muerte). En mitad de la calle, el religioso se encontró a una persona tumbada en el asfalto, como si hubiera sufrido un accidente. Sin apagar el motor y con los faros encendidos, se apeó de su Peugeot para atenderla. Era un señuelo. Enseguida, varias personas se abalanzaron sobre él y lo introdujeron en otro vehículo, que huyó de la zona con rumbo desconocido. Nadie notó nada.

El secuestro fue reivindicado por el Grupo Primero de Mayo (Sacco y Vanzetti), que sustituía a Defensa Interior, el brazo armado de la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias. El comando anarquista quería que Pablo VI intercediera en favor de los presos políticos encarcelados en España y, al mismo tiempo, lograr una resonancia internacional para sensibilizar a la opinión pública contra la dictadura de Franco. Durante su cautiverio lo obligaron a escribir varias cartas a su familia y al embajador. Una semana después enviaron una cinta desde Castel Gandolfo, residencia de verano de los papas, anunciando su inminente liberación. El 11 de mayo, doce días después de su captura, Marcos Ussía fue puesto en libertad a las cinco de la mañana en un paraje solitario a treinta kilómetros de Roma. Cuando se quitó las gafas de soldador que le habían colocado, con las primeras luces del amanecer pudo comprobar que estaba en Bracciano, una zona que conocía porque alberga una estación de Radio Vaticano. Todo tenía una simbología vaticana. Cogió un autobús y se bajó en Ponte Galeria, una zona extraterritorial donde se ubican las oficinas centrales de la emisora de la Santa Sede y un puesto de la gendarmería pontificia. Eras ya las siete de la mañana. En una rueda de prensa posterior, el sacerdote comentó que no había podido ver las caras de sus secuestradores, ya que llevaban capuchas y pañuelos. Sí precisó que dos de ellos hablaban castellano con un acento como el suyo (vasco).

Como decíamos, el caso Ussía siempre ha sido un misterio. Incluso se llegó a acusar a los servicios secretos españoles de estar implicados en la acción, como gancho para infiltrarse en los grupúsculos anarquistas y en el movimiento libertario. Para más inri, al poco tiempo se informó que algunos de los secuestradores del asesor de la Embajada habían sido detenidos en una operación dirigida por el inspector Conesa, un personaje que siempre estuvo asociado a la represión política y a operaciones policiales turbias. En septiembre de 1968 también se comunicó la detención de un grupo anarquista en Bélgica, cuando supuestamente preparaban el secuestro de Alberto Ullastres, embajador de España ante el Mercado Común y miembro notable del Opus Dei. Se los vinculó, asimismo, con la retención de Marcos Ussía. Sin embargo, la singular historia no acabó ahí: el 7 de noviembre de 1973, Ullastres volvió a ser objetivo de otro secuestro frustrado, aunque no menos rocambolesco. El profesor de la Universidad de Navarra Jesús María Zaratiegui se hace eco de aquel episodio en su libro Europa, de entrada, no (1963-1968), en el que recoge un cable (número 231) que lleva las etiquetas de «Muy urgente» y «Muy secreto» que trata el asunto. De acuerdo con ese relato, cuatro miembros de un comando que hablaban en español accedieron al domicilio del embajador ante la Comunidad Económica Europea con el señuelo de que tenían que entregar un paquete. Su intención era esperar la llegada de Ullastres para secuestrarlo. Una empleada del hogar les franqueó la entrada y, cuando la estaban esposando, apareció otra doncella que, al percatarse de lo que ocurría, logró encerrarse en una de las dependencias, que contaba con teléfono. Contactó con la sede diplomática y relató en directo lo que estaba sucediendo. Los activistas decidieron abortar la operación, y la policía, aunque llegó de inmediato al lugar, ya no los encontró allí. El intento de secuestro se atribuyó a un comando de ETA, pero la organización nunca lo reivindicó.

DOCUMENTOS CONTRA ETA, NO; ORACIONES, SÍ

Frente a los que exigían la inmediata «rendición» de ETA, los verificadores continuaron trabajando en secreto. Brian Currin había escrito en el periódico francés Le Monde que un cese del fuego verificable se traduciría, al fin y al cabo, en un desarme. La Iglesia vasca seguía su propio camino con los matices particulares de cada diócesis. Aspiraba a participar en la tarea de la reconciliación y buscaba su hueco en una Euskadi sin ETA. Pero, como ocurría en el propio tejido social, no tenía una doctrina uniforme y exhibía un discurso polifónico. Un cualificado sacerdote vasco resumía el papel de la institución: «La Iglesia tiene que ayudar a ensanchar el consenso mayoritario en lo relativo a la reconciliación pendiente. En este nuevo contexto sin violencia, ese es el único objetivo que puede justificar cualquier programa o iniciativa eclesial». Los obispos de Euskadi habían convocado una jornada de oración por la reconciliación para el 25 de febrero, pero de forma separada en cada diócesis, bajo el lema «Busca la paz y corre tras ella». Aunque una acción conjunta hubiera sido más contundente, parecía imposible.

El final de ETA llegaba con un relevo generacional e ideológico en la cúpula de la Iglesia vasca, y con un clero que, de forma mayoritaria, había vivido ese periodo convulso en la historia de Euskadi. También lo hacía con dos obispos eméritos, José María Setién y el propio Uriarte, sin mando en plaza, pero con una actividad notoria en ese ámbito y con influencia en la intelligentsia eclesiástica y en determinadas élites culturales y políticas. En este nuevo escenario afloraban las diferentes almas de la Iglesia vasca, con un debate soterrado sobre cuál debía ser la postura común. Ni siquiera era unívoco el discurso de los tres obispos: en unas diócesis diferenciadas y autónomas para sus propios recorridos, los matices eran inevitables. Además, cada obispo jugaba en un campo distinto, por lo que cada cual apostaba por su «iglesia». José Ignacio Munilla fue el que más teorizó sobre esta cuestión, y lo hizo con un mensaje muy claro. Munilla tiene una personalidad más dialéctica, que se reafirma frente a otras, y actuaba sin complejos, sin dejarse fagocitar por el ambiente. El religioso defendía que las víctimas «deben ocupar un lugar central en el camino hacia la paz y la reconciliación», y alertaba de «la tentación de difuminar su memoria». Por eso rechazaba que el discurso de los damnificados por el terrorismo, con cuyos representantes se reunía, fuera «embarazoso» o «extemporáneo», y apoyaba su participación directa como «una garantía de la verdadera paz». El obispo de San Sebastián se preguntaba qué cabía esperar de la Iglesia en aquel momento, a lo que respondía sin titubeos: «La mayor contribución es la llamada a la conversión, que incluye el arrepentimiento y la petición del perdón por los daños causados». En esa doctrina, hacía bloque con el arzobispo de Pamplona.

El discurso de Munilla era aplaudido por un sector de teólogos y profesores que, pese a encontrarse muy alejados o en las antípodas de su discurso eclesial, valoraban su postura sobre la pacificación. Mario Iceta, que asumía estos criterios, se mostraba más contemporizador, más político. Jugaba sus propias bazas abriendo pasillos a distintas sensibilidades y a la actuación de figuras notables de su personal. Algunos creen que Iceta estaba muy marcado por la vieja guardia de la diócesis, con influencia en organismos estratégicos y en la «sala de máquinas» de la curia. El tema de la pacificación fue abordado en enero en el Consejo del Presbiterio, órgano que representa al clero. Los sacerdotes vizcaínos propusieron recuperar la Comisión de Paz y Reconciliación. También se debatió en el Consejo Pastoral, órgano muy plural en el que participan los propios fieles. Uno de los ponentes fue Imanol Landa, director de Derechos Humanos en el Gobierno de Ibarretxe, que apremió a los obispos a elaborar una carta pastoral específica sobre el tema. Los prelados se lo plantearon, pero fue una misión imposible.

Amplios sectores de la Iglesia vasca coincidían en que el momento histórico que vivía Euskadi era un contexto propicio para un documento episcopal. Las distintas versiones y matices del relato eran un problema. Dado que estaba llamado a ser un texto polémico, los obispos apuraron su tiempo para consensuar unas líneas maestras comunes que recogieran las distintas sensibilidades y convencieran a una amplia mayoría. Fueron con pies de plomo. No lo consiguieron. Incluso les costó redactar la homilía para la convocatoria de oración que preparaban. Era importantísimo cuidar el lenguaje y los conceptos que, pese a estar inspirados en el tronco común de la doctrina social de la Iglesia, serían interpretados en clave política. Manejaron varios borradores hasta que consensuaron un texto de coyuntura, pero la cúpula episcopal dio por hecho que ese año «no tocaba» pastoral conjunta. Le pregunté a un obispo por la cuestión. «La tortilla tiene que cuajar», me contestó.

Ante sus diferencias, los obispos se quedaron en un consenso de mínimos. El 26 de febrero celebraron por separado la jornada de oración por la paz y leyeron un documento de cuatro folios en el que sintetizaban once aspectos, siempre justificados con citas del Evangelio. Los obispos insistían en la definitiva desaparición de ETA y pedían la reparación para quienes «han sufrido brutalmente las heridas y la muerte causadas por el terrorismo y toda clase de violencia injusta». En ese párrafo se estaban refiriendo a todas las víctimas, no solo a las de ETA. También abogaban por un reconocimiento del daño causado y, en ese punto, de manera velada, introducían la oportunidad de «valorar críticamente» sus «acciones y omisiones», si bien no iban más allá para identificar los «pecados» de la propia Iglesia. Por otro lado, en el caso de las víctimas, llamaban a conceder el perdón «sanador y liberador, pero sin anular las exigencias de la justicia»; en el de los victimarios, a «una conversión y un arrepentimiento». La Iglesia predicaba en el desierto.

El segundo trimestre de la Iglesia vasca siguió siendo polifónico en materia de pacificación. En abril, ETA había difundido un comunicado anunciando que había nombrado una delegación para abordar el diálogo directo con los Gobiernos de España y Francia, en línea con el llamamiento de la Declaración de Ayete. Los representantes de la organización habían abierto una «oficina» en Oslo con el respaldo del Ejecutivo de Noruega, pero no se apreciaba ningún movimiento ni ningún avance. Había un estancamiento. ETA seguía dándole vueltas a la manera de cerrar su historia sin que pareciera una derrota. Estaba claro que el desistimiento de ETA y la renuncia de la izquierda abertzale a mantener su apoyo a la organización no se habían producido por razones morales, sino por razones de estrategia política, pues aquello era contraproducente para sus respectivos intereses. Extenderles la alfombra roja —a unos y otros— en ese camino no estaba entre las prioridades de la nueva jerarquía vasca.

Los facilitadores llamaron a la puerta de la Iglesia con la idea de que mediara ante el PP para cerrar una reunión con el grupo internacional, pero sus líderes se negaron a regalarles cualquier legitimidad. También el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, realizó un llamamiento público para que los obispos se implicaran en una verificación del alto el fuego de ETA y del desarme, lo que habría dado mayor credibilidad al proceso. «Este cometido no es el nuestro», contestaron en privado. En algunos ambientes políticos se ha asegurado que Mario Iceta intentó abrir una vía de mediación a finales de 2012 a través de Lokarri. Se lo pregunté de manera directa, tanto al obispo de Bilbao como al coordinador del movimiento. Ambos me lo negaron. «Es absolutamente falso», insistió el prelado de Gernika. También se ha hablado de una iniciativa atribuida a la Comunidad de San Egidio. En el juicio celebrado ante el Tribunal Correccional de París en febrero de 2019, el propio David Pla, al frente de la delegación de ETA en Noruega, declaró en sede judicial que el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió a finales de 2012 a un intermediario «altamente reconocido en el ámbito de la resolución de conflictos y en relación con la Iglesia católica» para reunirse con ellos. Según el interlocutor etarra, esa persona «nos dijo que tenía un encargo por parte del Gobierno de España de abrir una vía estable y permanente de diálogo con ETA», pero después de ese encuentro, Madrid habría cerrado la vía. Si no había interlocución, solo quedaba la vía unilateral. En febrero de 2013, la delegación de ETA abandonó Noruega. Fue otro año intenso que arrancó con la manifestación que se celebró en Bilbao, el 12 de enero, bajo el lema «Derechos humanos. Solución. Paz. Presas y presos vascos a Euskal Herria», en la que hubo cristianos de base y algunos sacerdotes y religiosos. Sin una interlocución gubernamental, ETA dosificó la hoja de ruta para un desarme con cuentagotas.

El obispo emérito de San Sebastián, afincado ya en Bilbao, volvió a acaparar el protagonismo mediático. Si meses antes se lo había censurado en algunos ámbitos por haber visitado en la cárcel de Santoña (Cantabria) a Rafael Díez Usabiaga, condenado a diez años de cárcel por el caso Bateragune (la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna), ahora estaba nuevamente en el punto de mira por expresar de manera pública su «absoluto desacuerdo» por el encarcelamiento de Arnaldo Otegi. El prelado defendió con vehemencia a los líderes en prisión por ser los que más habían hecho para que la izquierda abertzale se plantara y saliera de la obediencia de ETA. También se mojó en distintos foros en contra de la doctrina Parot (la aplicación retroactiva de las penas a presos etarras), que el prelado esperaba que el Tribunal de Estrasburgo declarara «jurídicamente inaceptable», pues suponía «una cadena perpetua encubierta». Aquellas posiciones le reportaron fuertes críticas por parte de algunos colectivos de víctimas, de algunos partidos y de algunos medios de comunicación. Tampoco gustaban en determinados sectores de la Iglesia española. El caso es que el tiempo le ha dado la razón. La Corte Europea consideró en 2013 que la doctrina era contraria al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en octubre de 2018 falló que Otegi no tuvo un juicio justo por la imparcialidad del tribunal, si bien no se pronunció sobre el contenido de la sentencia.

Lo que más reproches reportó a monseñor Uriarte fue su firma en el denominado «Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)», encargado por la antigua Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. La investigación contabilizaba un total de 1.004 víctimas, de las que 837 se adjudicaban a ETA; 73, a la guerra sucia de grupos parapoliciales y de extrema derecha, y 94, a las fuerzas de seguridad del Estado. La inclusión de los excesos policiales fue lo que más ampollas levantó en una polémica en la que volvió a hablarse de equiparación. En junio de 2013, el informe fue presentado en una comparecencia en la que no se admitieron preguntas de los periodistas, dado que se trataba de un asunto muy sensible. El obispo emérito de San Sebastián, al que se acusó de poner a las víctimas en el mismo plano, aseguró que el trabajo (dieciocho folios) pretendía ser «una modesta contribución a la paz y la reconciliación» y que había sido elaborado con «exquisita sensibilidad, evitando toda equiparación entre unos y otros sufrimientos». Añadió que se había intentado combinar claridad y delicadeza. «La verdad entera tiene aristas que la hacen difícilmente digerible», justificó. En la comisión redactora, que trabajó en secreto durante cuatro meses, también participaron la jurista progresista Manuela Carmena; Jon-Mirena Landa, director de Derechos Humanos en el Gobierno de Ibarretxe, y el abogado Ramón Múgica, exconcejal del PP y muy vinculado a la diócesis de Vizcaya. La presencia de Uriarte, aunque no representaba de manera oficial a la Iglesia, confería un plus de credibilidad al informe. Varios meses después, cuando el Ejecutivo de Vitoria anunció la presencia de víctimas de abusos policiales en las aulas, al igual que las de ETA, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, afirmó que la Iglesia estaba «de acuerdo».

Monseñor Uriarte continuó en el escaparate en los últimos días de 2013 al ser reconocido con uno de los premios de la Fundación Sabino Arana. La institución nacionalista valoraba «su contribución a la paz y la reconciliación y su firme defensa de los derechos humanos». El obispo aprovechó la tribuna para insistir en que el proceso de pacificación estaba «bastante estancado» y avisó del riesgo de que, de alguna manera, se terminara pudriendo. Luego reiteró a ETA la necesidad de que entregara las armas y se disolviera y, al Gobierno de Mariano Rajoy, la oportunidad de «dulcificar, adaptar y actualizar la política penitenciaria». Ahí chocó con el PP vasco, que le instó a fijar sus exigencias en ETA para que se disolviera «sin buscar excusas», y con algunas asociaciones de víctimas, como Dignidad y Justicia, que exigió al papa Francisco que lo desposeyera del título «inmerecido» de obispo emérito por considerar que el religioso dulcificaba «el auténtico relato de miles de asesinatos y heridos ocasionados por ETA» y obviaba el dolor que aquello provocaba a las verdaderas víctimas.

La actuación de monseñor Uriarte seguía generando sospechas, rechazos y resistencias. ¿Su omnipresencia incomodaba a los obispos vascos en ejercicio? En público nunca se habían quejado, pero en privado confesaban un cierto recelo. Uriarte aseguraba que era discreto, precisamente porque se lo debía a los obispos titulares, pero pasaba las semanas yendo de un foro a otro. En esos días también participó como invitado en unas jornadas del colectivo Atxik Berrituz en la abadía de Belloc, bastión del clero vascofrancés abertzale. El propio obispo afirmaba que no pretendía imprimir a sus palabras «una autoridad eclesial» que no tenían, y lo hacía con la libertad que le daba el hecho de no hablar como pastor responsable de una comunidad diocesana. «¿Es pertinente que tenga tanta presencia y sea llevado siempre de la mano de los mismos?», se preguntaba un intelectual del ámbito eclesiástico en referencia al mundo nacionalista. Además, Uriarte comprometía la gestión de sus hermanos obispos al pedirles que fueran «más activos» y al requerir a la Iglesia que trabajara para estimular a los «principales actores» del proceso de paz. También se desmarcaba de la línea oficial al mostrar su «absoluto desacuerdo» con la decisión de llevar a la cárcel a las personas que más habían hecho para que la izquierda abertzale «se plantara y saliera de la obediencia de ETA», en alusión a Arnaldo Otegi. Aquella posición generaba una gran inquina hacia su persona.

OBISPOS CON LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL

La insistencia de monseñor Uriarte para que el Gobierno abriera un canal de comunicación con ETA no era compartida por los obispos titulares del País Vasco ni por la Conferencia Episcopal Española, que en 2014 negaban a los terroristas cualquier representación como interlocutores políticos. El caso más claro era José Ignacio Munilla, que recordaba una y otra vez que todo diálogo había de pasar por una condena explícita de la violencia y por «la obligación moral del arrepentimiento y de petición de perdón a las víctimas». El obispo de San Sebastián subrayaba que la calidad del proceso de paz dependía de la cantidad y la calidad de los arrepentimientos. Sobre la necesidad de dulcificar la situación de los presos, tal y como pedía Uriarte, monseñor Munilla respondía que el cometido de la Iglesia no era «pronunciarse sobre sentencias judiciales o la política penitenciaria». La izquierda abertzale arremetía contra el obispo donostiarra acusándolo de franquista. «Munilla solo responde a la visión ética y política de la extrema derecha de este país, la misma que ha asesinado, torturado y negado a la nación vasca durante las últimas ocho décadas y la misma que paseaba bajo palio al dictador Franco», consideró un portavoz de Sortu, que, sin embargo, aplaudía la posición de Uriarte por tener «una visión de país».

Mario Iceta mantenía una posición más neutra en la diócesis de Vizcaya, exigiendo a ETA la petición de perdón por sus crímenes y sugiriendo a las autoridades políticas «una acción penal justa para no añadir situaciones o circunstancias que graven la pena impuesta». El obispo de Bilbao caminaba sobre el alambre todos los días. En noviembre de 2014 tomó una decisión importante al unirse con una misa a la conmemoración del Día de la Memoria. La celebración de una jornada en recuerdo de las víctimas de la violencia era una petición histórica de un sector amplio de la comunidad eclesial, pero nunca se terminaba de concretar. La cuestión se trató en el Consejo de Pastoral, y luego pasó al Consejo Episcopal, que hizo suya la propuesta. A pesar de que algunos sacerdotes hicieron campaña a título personal, al igual que algunos colectivos (recuerdo, concretamente, un correo electrónico que difundió el grupo Cristianos Socialistas), la misa no tuvo una gran capacidad de convocatoria y pasó sin pena ni gloria. En el seno de la diócesis, sin embargo, hubo gente que lo festejó como una victoria.

En efecto, 2014 fue un año de contrastes. El 21 de febrero, la Comisión Internacional de Verificación anunció el sellado y precinto del primer lote de armas y explosivos de ETA. Se difundió un vídeo que produjo mucha frustración por su insignificancia. Además, los mediadores fueron llamados a declarar ante la Audiencia Nacional de Madrid y en la comisaría central de Baiona. Pese al evidente «error de marketing» de aquella publicidad, hubo voces que resaltaron la importancia de aquel primer paso. También de hombres de Iglesia. El reverendo irlandés Harold Good firmó una carta abierta al Gobierno español en el diario Gara en la que reclamaba al Ejecutivo de Rajoy su apoyo al proceso para que el siguiente paso de la banda terrorista fuera más «audaz». Joseba Segura, en una entrevista que le hice para el periódico El Correo en marzo, pidió liderazgo al presidente español para que el final de ETA fuera «ordenado». Desde algunos sectores se volvió a pedir a la Iglesia su implicación en el proceso de desarme. La institución no lo consideró adecuado, pese a que se le recordó que en Irlanda sí se había «mojado» de manera directa. En Irlanda había un componente religioso en el conflicto, y la presencia de sacerdotes de ambos lados tenía un fuerte contenido simbólico, lo que no era el caso de Euskadi. Aquel protagonismo se juzgaba innecesario. La jerarquía vasca sí se prestó a otros gestos que evidenciaban su falta de complejos en el escenario vasco y navarro. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, participó, junto con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la bendición de la primera palada del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Fitero. Mientras, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, presidió la inauguración de la comisaría de la Policía Nacional en la capital donostiarra. Un arzobispo y un obispo confraternizando con el «enemigo», con las «fuerzas de ocupación». El de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, participó, en diciembre de 2018, en el acto oficial del cincuenta aniversario de la Constitución.

18
LA IGLESIA VASCA NO SE
DESARMA

El sábado 8 de abril de 2017, día de San Amancio, fue una jornada histórica: ETA entregó sus arsenales. Para unos se trataba de un paso de gigante. Para otros, en cambio, era un paso insuficiente. En esta última posición se situaban los obispos vascos titulares de las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que esperaban ya la necesaria disolución de la organización terrorista y el reconocimiento del daño causado. Había mucha expectación por conocer el desarrollo de la ceremonia, de la que se conocía un guion previo, pero de la que no se había anunciado la letra pequeña. A mediodía, con las primeras imágenes del acto en las páginas digitales, saltaron todas alarmas en los palacios episcopales de Euskadi. En la firma de los documentos aparecían dos personajes vestidos de clergyman. Uno era el irlandés Harold Good, pastor de la Iglesia metodista que ya fue testigo cualificado de la entrega de los arsenales del IRA, y el otro, Matteo Zuppi, nada menos que el arzobispo de Bolonia. Actuaban como fedatarios. ¡Y los obispos vascos no sabían nada! Tampoco el de Baiona, territorio que acogía el acontecimiento. El cabreo fue monumental, como pude comprobar en persona al hablar con uno de los prelados pocas horas después de que estallara la polémica.

Estaba claro que con la intervención de Zuppi se quiso visibilizar que el Vaticano también «bendecía» la histórica ceremonia en la capital labortana. Y, de facto, era así. La Comunidad de San Egidio nunca ha actuado en contra de la «doctrina» del Vaticano, con el que sigue manteniendo unas excelentes relaciones. La Santa Sede aseguró a los obispos vascos que el arzobispo de Bolonia actuaba de manera personal y, en ningún caso, en representación ni por mandato de la Santa Sede. Pero lo cierto es que la presencia de un alto jerarca de la Iglesia católica en Baiona contribuyó a «vestir» un acto que el episcopado vasco había desnudado en unas declaraciones en las que se había mostrado más exigente con el final de la banda que otras instituciones.

El 24 de marzo, dos semanas antes del acto de desarme, el periódico El Correo, del que yo he formado parte durante cuarenta y dos años, publicó una amplia entrevista con los tres obispos del País Vasco. El de San Sebastián fue el más directo. Munilla se alegraba, como sus compañeros de episcopado, de cualquier paso dado en la dirección de la paz, pero consideraba que el anuncio de ETA era «claramente insuficiente», que nacía más «de unos parámetros de estrategia política que de una decisión ética». Y añadía: «La única respuesta que la sociedad espera es la disolución definitiva de la banda terrorista ETA, porque su mera existencia es una amenaza; aun cuando es claro que ya es impensable el retorno a los tiempos pasados». Estas palabras no sentaron bien en una parte del clero, que esperaba una defensa entusiasta y sin matices al acto de desarme. Un miembro cualificado de la curia vasca, disgustado también porque, según él, Iceta y Elizalde iban a la rueda de Munilla, reprocha:

Si no estaban de acuerdo, tendrían que haber guardado silencio, callarse. ETA quiere dejar las armas y no sabe a quién dárselas. ¿Dónde está el problema? Cargaron la declaración en lo que falta: «Es bueno, pero no es suficiente». Tendrían que haber valorado que ese paso ya era importante y reivindicar luego los derechos de las víctimas. Era un momento importantísimo y positivo y no lo supieron ver.

Otros sacerdotes las aplaudieron al considerar que los obispos ponían el dedo en la llaga de algunas cuestiones claves: desvestían el acto de Baiona como algo meramente estratégico, fruto de un relato comprensivo; exigían la disolución de la banda porque su mera existencia violentaba la convivencia, y desconfiaban de un reconocimiento del daño causado que se limitaba a un trámite protocolario.

Lo cierto es que, en la cocina y en la trastienda del acto de desarme, participaron sacerdotes y cristianos comprometidos franceses, algunos de ellos organizados en colectivos como Atxik Berrituz, muy activo en la Petite Bayonne, donde organizaban encuentros en favor de la pacificación con víctimas de ambos lados. También había religiosos involucrados en aquel proceso en Bake Bidea y en Artesanos de la Paz. Una persona que estuvo muy cerca de la organización de la ceremonia del 8 de abril señala: «El grupo de cristianos estuvo muy comprometido en el desarme. Limpiaron el expediente de otros curas trabucaires». Una de las personas que se movilizó en este proceso fue Gabriel Mouesca, líder histórico del grupo terrorista Iparretarrak que había sido detenido con la pistola desenfundada en una emboscada de la Policía francesa cuando los activistas gestionaban una entrega de armas y el traficante los vendió. Se produjo un tiroteo en el que murió su compañero de comando Didier Lafitte. Este episodio ocurrió el 1 de marzo de 1984. Mouesca permaneció diecisiete años en prisión y, luego, siguió militando en distintas organizaciones, entre ellas, la Cruz Roja y Emmaüs France. Su fe le ayudó a resistir en la cárcel: «Todas las mañanas, a las seis y media, leía el texto del día de los Evangelios, porque muestran cuáles son las estrellas para un cristiano y cuál es el camino para alcanzarlas. Cada día alimentaba mi cabeza con ideas bellas que me fortalecían». Se lo confesó a Eneko Bidegain, autor del libro Iparretarrak: historia de una organización política armada: «En mi vida, yo he tenido dos ejemplos: Jesucristo y el Che Guevara. En ellos he visto que los humanos somos capaces de llegar lejos con la cabeza y con el deseo. Tenemos una fuerza increíble y somos capaces de hacer muchas cosas, algunas malas, pero también otras hermosas». Se trata de un pensamiento muy común en otros jóvenes que un día tomaron las armas desde un compromiso cristiano.

En el Grupo de Luhuso, detenido en diciembre de 2016 en la fallida inutilización de armas de ETA, también había personas que venían del cristianismo de base, por ejemplo, Mixel Berhokoirigoin, un viticultor de Saint-Étienne-de-Baïgorry que moriría un mes después, o Jean-Noël Etcheverry, Txetx, miembro del movimiento Demo. Pieza clave en este proceso, Txetx militó en las Juventudes Agrícolas Cristianas como sindicalista cuando la encíclica Rerum novarum puso de moda el catolicismo social. Muchos consideran que con su trabajo en ámbitos sociales y culturales evitó «la radicalización de muchos jóvenes» en Iparralde.

LA PRESENCIA DE ZUPPI, UN BOFETÓN A LA IGLESIA VASCA

Los organizadores, si bien tenían apoyo técnico del Grupo Internacional de Contacto y la Comisión Internacional de Verificación y respaldo político e institucional, «no querían a nadie de Hegoalde», asegura un interlocutor que vivió aquellos momentos, en referencia a posibles representantes de la parte española. «Aquí también ha habido sufrimiento», argumentaron. Informaron del acto (aunque no lo invitaron) a Ángel María Unzueta, «número dos» del obispado de Bilbao, pero le ocultaron que actuarían como testigos los sacerdotes Zuppi y Good. A las seis de la mañana ya había movimiento en el Ayuntamiento de Baiona con los preparativos del evento, pero el arzobispo de Bolonia no se presentó hasta el último minuto. Su avión aterrizó una hora antes del comienzo del acto solemne, y aquel retraso angustió a los organizadores. Cuando por fin llegó, lo hizo escoltado por un acompañante español, probablemente de la Comunidad de San Egidio. A diferencia de Good, que participó en el mitin-fiesta de la tarde, Zuppi hizo una visita relámpago. Apareció para la foto y desapareció después. Sin ninguna declaración. Antes de regresar a Bolonia, sin embargo, se fue a ver a su amigo el cardenal Roger Etchegaray. En las imágenes del evento, Zuppi aparece firmando la documentación entregada por el anfitrión del acto, Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca. Hubo gente que tuvo mucho cuidado de no tocar los documentos para no dejar huellas. Luego fue Manikkalingam quien llevó el acta, en un coche con los cristales tintados, a una sede judicial.

La presencia de Matteo Zuppi, dado su alto rango eclesiástico y su cercanía al Vaticano, fue lo más llamativo del evento. Fue una sorpresa mayúscula, sobre todo después de la posición oficial de los obispos del País Vasco. Se entendía que la banda ya había sido derrotada por la Policía y por la sociedad, y ahora se pretendía presentar aquello como un gesto de generosidad y de buena voluntad. Pero no era un gesto altruista: a ETA no le había quedado otra. Aunque, al mismo tiempo, era la certificación de su autoliquidación luego de casi seis años de no conseguir contrapartidas del Gobierno tras su anuncio del cese definitivo de la violencia, en el otoño de 2011. El sacerdote italiano se había implicado en el proceso desde hacía mucho tiempo, más de veinte años, y ahora quería estar en la antesala de su final. El obispo de Baiona, Lescar y Oloron, Marc Aillet, fue el primer sorprendido. Lo habitual es que, siempre que un obispo visita una diócesis, avise al ordinario del lugar. Es una ley no escrita. Tampoco lo sabían los obispos de Euskadi. «No se informó para que no torpedearan su presencia», admite un dirigente de la izquierda abertzale. Uno y otros se sintieron puenteados y humillados. Tenían razón para enfadarse, pues Zuppi les planteó un problema terrible. Se armó un revuelo tremendo. Un obispo, dolido porque la Iglesia vasca «había quedado desacreditada», me confesó:

No se nos invitó y se nos marginó. Zuppi nos tendría que haber avisado. No habríamos saboteado el acto, por supuesto, pero le hubiéramos hecho algunas recomendaciones. Nosotros hemos hecho gestiones por los presos y estamos con las víctimas de ETA, siempre en términos de ayuda y a nivel humanitario, y no como agentes políticos. Esas han sido nuestras instrucciones desde el Vaticano.

A ese nivel de Iglesia, el análisis que se hizo de aquello fue que les quisieron dar «un bofetón» a los obispos vascos por haberles quitado la máscara. Las mismas fuentes interpretan:

En Bayona no había ninguna Administración, ningún Gobierno: ni el vasco ni el español ni el francés. Tampoco estaba el episcopado vasco… ¿Y va a estar el Vaticano? Esto venía de atrás, había una estrategia. El lehendakari viajó a Roma por este asunto: lo de los refugiados era una tapadera. Se le dio el premio René Cassin pensando en esto. Se sentía obligado a devolver el reconocimiento y lo embarcaron en el proceso.

Lo cierto es que a Matteo Zuppi lo reclutó la izquierda abertzale.

LOS OBISPOS PIDEN EXPLICACIONES AL VATICANO

Monseñor Aillet consultó con los obispos del País Vasco por si sabían lo de Zuppi. Luego llamó al nuncio del Vaticano en París para quejarse e informarse. El arzobispo Luigi Ventura —un buen diplomático, pero, ante todo, un misionero con experiencia en África— se encontró con un «marrón» que lo descolocó. Prometió informarse en Roma para dar una explicación al obispo de Baiona. Ventura contactó con Angelo Becciu (hoy cardenal), que era en ese momento el secretario de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, al que se conoce como el Sustituto por ser el «número tres» en la cadena de mando del Vaticano. Dirige la Sección Primera y es el responsable de la coordinación de los diversos departamentos de la curia romana, además de encargarse de la relación con las nunciaturas y los episcopados. Becciu le aseguró a Ventura que Zuppi había acudido a título personal y no en representación de la Santa Sede, aunque le reconoció que les había avisado antes de hacerlo. Estaba claro que el arzobispo había consultado: si no, no va. También admitió que todo se había hecho de una manera un poco desordenada y a toda velocidad. Se habían enterado muy a última hora porque se había gestado en el último momento. Se le advirtió que dejara claro que no representaba al Vaticano, aunque nadie le cortó el paso para que desistiera.

El alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, aseguró: «Matteo Zuppi vino con la luz verde del Vaticano y como depositario de la Iglesia. Conocía perfectamente el escenario y sabía a dónde iba». El obispo de San Sebastián sostuvo lo contrario, y censuró ante los periodistas: «El arzobispo de Bolonia acudió por su cuenta y riesgo. No es verdad que la Iglesia estuviera implicada en eso. Para nada. Me parece llamativo ese intento de utilización del rostro de la Iglesia para darle realce a un acto que escenificaba no se sabe qué». Hablé del tema con una persona cercana a los facilitadores: «Vino con todas bendiciones, solo que el Vaticano se tenía que cubrir». En su programa matinal en Radio María España, el prelado volvió a recuperar el asunto:

Para sorpresa de los obispos y de la Iglesia del País Vasco, apareció el arzobispo de Bolonia como verificador. ¿El obispo de Bayona tenía conocimiento de eso? En absoluto. ¿Los obispos del País Vasco y Navarra? En absoluto. ¿Estaba enviado por la Santa Sede? En absoluto. ¿Tenía la bendición explícita o, cuanto menos, implícita? En absoluto.

Parecía claro que se había buscado la presencia de Zuppi para dar relevancia al acto y conferirle fuerza moral. ETA habría entregado las armas sin la presencia de la Iglesia. El Vaticano se vio obligado a salir a la plaza pública, lo que no suele ser habitual, para asegurar que Zuppi acudió a título personal y no en representación de la Santa Sede ni como arzobispo de Bolonia. Lo cierto es que el Vaticano no acostumbra a respaldar nada de manera oficial, pero es que Zuppi no vestía de civil: lucía alzacuellos, portaba el anillo episcopal en la mano derecha y la cruz pectoral bajo una chaqueta negra.

La Comunidad de San Egidio también emitió un comunicado en el que justificaba la presencia del arzobispo como «testigo moral» en una etapa decisiva para el proceso de reconciliación y valoraba «la positividad» del episodio. Luego zanjó:

Fue un hecho histórico en un largo y muy doloroso asunto. El pensamiento va a tantas víctimas de ese periodo y a sus familiares, que aún llevan las heridas de este sufrimiento. La entrega de las armas ha querido evitar que hubiera nuevas víctimas y constituye un punto de no retorno. Es, de hecho, un acontecimiento del proceso de reconciliación que requiere ulteriores pasos de parte de todos.

A pesar de que consideraban que era bueno para el pulso final, luego vieron algunas contraindicaciones. No les gustó la escenografía de la izquierda abertzale.

Tres meses después, cuando ETA se presentó como una organización desarmada, pude chequear el caso Zuppi en Roma, fuera y dentro del Vaticano. Había división de opiniones. En la Secretaría de Estado habían hecho ya la digestión de la polémica, pero había un cualificado sector eclesiástico que consideraba que la presencia del arzobispo fue «un error», aunque contara con el permiso de la Comunidad de San Egidio y la autorización extraoficial del Vaticano:

El acto de Bayona no fue tan histórico, y Zuppi podría haber enviado a otra persona de rango menor, a un observador de San Egidio. Es un arzobispo, un hombre de Iglesia, y bastantes problemas tiene ya en Bolonia para meterse en otros jardines. Les hizo un feo a sus compañeros del País Vasco porque los puenteó. Su presencia se prestaba a lecturas aviesas.

Ese puede ser el resumen de aquel estado de opinión.

Munilla llevó la voz cantante en la crisis, lo que disgustó al clero de Vizcaya y Álava. Al Vaticano le molestó la actitud de Munilla hacia Zuppi por su insistencia en meterse con un hermano de jerarquía y con más galones. Rompía la comunión, algo sagrado para Roma. Tres fuentes distintas me aseguraron que el Vaticano se lo hizo saber al obispo de San Sebastián y que le pegó un toque a través del nuncio de la Santa Sede en Madrid para frenar en seco el caso Zuppi. Y se frenó. Monseñor Uriarte permaneció en silencio durante la polémica, pero se refirió al asunto varios meses después. Concretamente, valoró: «Monseñor Zuppi fue invitado como testigo del último acto del proceso. Es un hombre de mucha prudencia y experiencia. Me inclino poderosamente a pensar que tuvo buenas razones para implicarse. Facilitar y garantizar la paz es evangélico y eclesial».

CUANDO PRIMA LINEA ENTREGÓ SUS ARMAS A MONSEÑOR MARTINI

La polémica encendió el debate sobre el papel de la Iglesia en la pacificación en escenarios donde se había enquistado la violencia política. En un artículo en el periódico El Correo recordé que en 1984 el grupo terrorista Prima Linea, casi tan sanguinario como las Brigadas Rojas, decidió de manera unilateral depositar su pequeño —pero mortífero— arsenal en el despacho del arzobispo de Milán, Carlo Maria Martini, sin ningún atrezo propagandístico. La Iglesia italiana tiene un largo historial de mediación en el intento de acabar con el terrorismo de izquierdas de las Brigadas Rojas y otros grupos paralelos, así como con la reinserción de sus militantes tras un proceso de revisión de su pasado. Uno de sus protagonistas con mayor eco mediático fue el cardenal Martini, emblema del catolicismo más progresista y papable en algún momento. El purpurado jesuita, ya fallecido, condenaba sin paliativos el terrorismo, pero visitaba a los activistas en las cárceles y se reunía con sus víctimas. Antes de eso, se dedicaba a presidir misas y a predicar ante las fábricas de Milán, donde se ganó la simpatía de los sindicatos más radicales. Al tiempo que celebraba los funerales por las víctimas, Martini se dispuso a abrir «una vía de salida del túnel de la violencia ciega». Lo hacía en la sombra. Por aquella época, el padre Arrupe era el general de los jesuitas y, casualmente, profesor de Matteo Zuppi, notario en el desarme de ETA. El 13 de junio de 1984, un joven a cara descubierta se presentó en su despacho de la plaza Fontana y depositó tres grandes bolsas sobre la mesa de uno de sus ayudantes, el sacerdote Paolo Cortesi. Cuando el religioso las abrió, se quedó sin habla. En las bolsas había dos fusiles de asalto AK-47 Kaláshnikov con cargadores, doscientos cuarenta proyectiles, un fusil Beretta, un mosquetón automático, tres pistolas, cuatro bombas de mano y un proyectil para lanzamisiles. Era un arsenal corto, pero el gesto tenía una gran dimensión simbólica. Las armas provenían de los Comités Comunistas Revolucionarios (COCORI, por sus siglas en italiano), que surgieron de las cenizas de Prima Linea, uno de los grupos más duros del terrorismo izquierdista. Era el fruto del trabajo de Martini. El jesuita lo explicó así:

Ciertamente, un obispo tiene que tomar más cautelas que un hombre joven, debe sopesar con más cuidado las palabras y pensar detenidamente sus decisiones. Pero, en cuanto a mí, espero haber arriesgado algo de vez en cuando. Fue así como, contra todo tipo de resistencias y advertencias, me encontré con terroristas de las Brigadas Rojas en la cárcel. Los escuché, los contemplé con la mirada, oré por ellos. Me acuerdo muy bien de haber bautizado a los gemelos de dos brigadistas que, entre otras cosas, habían sido concebidos durante el desarrollo de un juicio público. La petición me la hizo en la cárcel, el día de Navidad, el padre de ella [Giulia Barrelli]. Instintivamente pensé que no podía desatender una petición hecha en aquel día y relativa a dos niños inocentes. No todos mis colaboradores eran de este parecer, pero yo sentía que había que ir por ese camino. Estoy convencido de que fue uno de los momentos en los que los terroristas interiorizaron que también ellos eran personas y que, por tanto, podían ver en los demás a personas a las que comprender y amar.

DOS CARDENALES RECIBEN A UNA EXJEFA DE ETA

En octubre de 1999, una pareja vasca bordeaba la plaza de la Catedral de Milán, donde se alza una de las iglesias más bellas del mundo. Hablaban un euskera cerrado y podían pasar por unos de los miles de turistas que visitan cada año la ciudad italiana. Su destino no era el emblemático templo gótico. Enfilaron pronto hacia la cercana plaza Fontana, donde se ubica la sede del palacio Arzobispal de la diócesis ambrosiana, un edificio austero, pese a lo que se podría pensar. Franquearon la puerta y, en el patio interior con columnas, pudieron observar algunos detalles escultóricos, como el de algo parecido a un dragón o a una serpiente devorando a una persona: toda una alegoría que podría evocar a la simbología de ETA y a su voraz deriva destructora. Enseguida los atendió un sacerdote, Gregorio Valerio, secretario personal de Carlo Maria Martini, que los acompañó hasta el despacho del cardenal. Era arzobispo desde hacía veinte años de la diócesis más grande de Europa y príncipe de la Iglesia desde 1983. Milán era lo más alto de la jerarquía nacional, y el cardenalato, la dignidad más elevada de la carrera eclesiástica. Era un peso pesado de la Iglesia y un estandarte de la izquierda católica. De aspecto tímido y apariencia distante y reservada, sus ojos claros y penetrantes se clavaron en aquel hombre alto y su acompañante, con los que había fijado una cita semanas antes. Pero les dispensó una acogida cordial. Fue entonces cuando Loren Arkotxa y Elena Beloki se relajaron.

Arkotxa y Beloki eran dos cualificados dirigentes de Herri Batasuna. El primero había sido un carismático alcalde de Ondárroa (Vizcaya) y acudía en nombre de Udalbiltza, un órgano de representación municipal que se había constituido apenas un mes antes con la participación de dos mil cargos electos. Este organismo, una de las consecuencias del Pacto de Lizarra, estaba apoyado por todos los partidos nacionalistas, si bien luego se dividió en dos entes distintos, con los electos de PNV y EA por una parte (Udalbide) y los de Batasuna por otra (Kursaal). Justo por aquellas fechas se anunció en Euskadi la creación de Ekin, otra organización integrada por el sector más duro de la izquierda abertzale y que acabaría neutralizada por el juez Garzón. El magistrado procesó a siete de los dieciséis acusados de pertenecer al «aparato político» de ETA. El supuesto aparato internacional de la organización terrorista, Xaki, también estaba en el punto de mira del juez, si bien la Audiencia Nacional declaró legales sus fines. Beloki, que sería encarcelada por Garzón, acusada de un delito de pertenencia a banda armada, ocupó un puesto en la jefatura de ETA, al igual que María Dolores González Catarain, Yoyes, aunque esta última fue asesinada por la banda cuando decidió dejar las armas y regresar al País Vasco.

Este es un episodio que no ha salido a la luz hasta ahora: siempre se había mantenido en secreto. «Una mujer que tuvo galones en ETA, recibida por el influyente cardenal Martini, sucesor de los poderosos Tettamanzi y Scola». ¡Menudo titular para aquella época! En efecto, Elena Beloki, natural de Llodio (Álava), huyó a Francia en 1981, cuando era buscada por su presunta vinculación a un comando etarra. Cinco años después entró en el Biltzar Ttipia (la asamblea) de la organización, y en 1988 formaba parte de su comité ejecutivo en su aparato de propaganda, según la información que manejaba la Policía. Entonces tenía veintisiete años, y su compañero sentimental era Josu Urrutikoetxea, Ternera. Detenida un año después, fue extraditada a España en 1994, pero no pudo ser encausada por falta de pruebas. Fue ahí cuando se puso al frente de la imagen internacional. Garzón la encarceló, acusada de pertenecer a Xaki, considerado el «Ministerio de Exteriores» de ETA, aunque la Audiencia Nacional revocó luego la orden y la dejó en libertad. Dominaba varios idiomas, al igual que Loren Arkotxa, que emigró con diecisiete años a Australia y Canadá.

La pareja fue comisionada para presentar la causa vasca en el mundo. En noviembre de 1998 ya habían realizado una gira por Italia. Se entrevistaron con el político democristiano Francesco Cossiga, expresidente del país, senador vitalicio y líder de la Unión Democrática por la República. El periódico Deia publicó entonces que el encuentro había sido para trasladarle una solicitud de mediación en el conflicto vasco. Cossiga siempre mantuvo buenas relaciones con los «amigos del País Vasco» a través del PNV, y abría a la formación jeltzale muchas puertas en Roma. En Euskadi se lo recompensó con varios galardones, entre ellos, el de la Fundación Sabino Arana y el Lagun Onari del Gobierno vasco.

En la capital italiana, Arkotxa y Beloki consiguieron que Radio Vaticano les hiciera una entrevista en directo. Se la hizo el jesuita de Oñati Ignacio Arregi, responsable de los servicios informativos de la emisora de la Santa Sede. Arkotxa viajó también a Dinamarca, Bélgica, el Reino Unido, Irlanda (Belfast y Dublín), Escocia, Gales, Múnich, Lisboa, Estados Unidos y Montevideo, donde estuvo retenido por reunirse con antiguos miembros de ETA. «Representábamos a un país», señaló en su día el exalcalde de Ondárroa, que también permaneció un año en prisión tras una operación policial ordenada por Garzón en 2003 contra la asamblea de electos.

Pero en aquel otoño de 1999, él y Beloki pisaban la confortable moqueta del despacho arzobispal de Milán, ubicado en el ala noble del palacio, que se asoma a la calle de la Catedral. En una conversación reciente, Arkotxa me confirmó la visita, que se alargó «durante toda la mañana», algo inusual para la agenda de un cardenal, siempre recargada. Pero el padre Martini, representante de la línea eclesial más liberal y abierta, ha sido siempre un defensor del diálogo, cueste lo que cueste. Su lema en el escudo cardenalicio es bien expresivo: «Amar la adversidad por amor a la verdad». Por eso lo eligieron. Además, ETA estaba en tregua, aunque las señales apuntaban a un regreso a las armas. El exalcalde de Ondárroa asegura:

Tenía fama de ser una persona muy receptiva. Y lo fue. Nos recibió en su despacho, que era muy grande, y estuvimos hablando una mañana entera. Pasábamos del castellano al italiano. Él hablaba algo de español, y nosotros chapurreábamos el italiano. Nos entendimos. Le explicamos cuál era la situación en Euskal Herria y las motivaciones de la violencia. Queríamos que tuviera información de primera mano. Te escuchaba con atención. Nos hizo muchas preguntas, porque fue una conversación muy larga. También hablamos del papel que podía jugar la Iglesia en la resolución del conflicto, aunque por nuestra parte no hubo una petición expresa de mediación.

Arkotxa y Beloki llegaron hasta Martini a través de los comités de apoyo que la izquierda abertzale tenía en Italia, donde siempre ha habido una cierta simpatía hacia el problema vasco. Herri Batasuna tiraba de sus contactos en aquella gira internacional. La pareja también se entrevistó con el redentorista irlandés Alec Reid y el sacerdote evangelista Harold Good. La Iglesia empezaba a ser importante en aquella estrategia. De la mano de «los irlandeses» (en referencia a los representantes del Sinn Féin) también consiguieron que los recibiera el cardenal Bernard Law, arzobispo de la diócesis norteamericana de Boston y figura respetadísima hasta que cayó en desgracia por el escándalo de la pederastia. Boston es una de las plazas eclesiásticas más prestigiosas y poderosas del mundo, y además cuenta con una importantísima colonia irlandesa. Law, que apoyó el proceso de pacificación en Irlanda, era uno de los cardenales más influyentes de Estados Unidos por su cercana relación con Juan Pablo II (le impuso el capelo en 1985) y su amistad con Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio. Podía ser un buen apoyo a la hora de reclutar para la causa a personalidades en Norteamérica y una valiosa terminal para que la información sobre el conflicto vasco fluyera por el Vaticano. Sin embargo, se vio obligado a dimitir en 2002, acusado de encubrir uno de los mayores casos de pederastia en la Iglesia católica. Las denuncias publicadas en The Boston Globe fueron llevadas al cine en la película Spotlight, que ganó un Óscar en 2015. No hubiera sido un buen compañero de viaje.

En la primavera de 2017, en la que todo apuntaba a la desaparición de ETA, Matteo Zuppi no se arrepentía de su presencia en el acto de Baiona. Al contrario: semanas después de la ceremonia del desarme, recibió en el arzobispado de Bolonia a una delegación de los que habían estado en el operativo para evaluar con calma los resultados. «Estaba satisfecho por la presencia de la Iglesia en aquel escenario, que suponía el final de la última organización armada de Europa», me contó una persona que estuvo al corriente de aquel viaje. De hecho, la Comunidad de San Egidio continuó haciendo servicios para el proceso de pacificación gracias a sus buenas conexiones con el Gobierno de Madrid y con la Conferencia Episcopal Española. Uno de los líderes de Sortu, que han pilotado el proceso durante años, reconoce:

La izquierda abertzale es una comunidad de ateos, pero siempre nos hemos fijado en la presencia y la función de la Iglesia en los procesos de resolución de conflictos. En casi todos han intervenido. Hemos seguido su ejemplo en los modelos que han implementado a nivel mundial y hemos querido tirar de hombres de la Iglesia como mediadores, porque suponían una garantía. La relación con San Egidio es muy antigua.

En el frente, con Matteo Zuppi y San Egidio, los obispos del País Vasco tenían la batalla perdida, porque el Vaticano no solo no había variado su posición favorable sobre el trabajo de la comunidad del Trastévere, sino que, incluso, la había reforzado. Ese respaldo se vio renovado en 2018 con ocasión del cincuenta aniversario del movimiento. Francisco los llamó «artesanos pacientes de la paz» y los animó a seguir en su camino de defensa del diálogo tras reconocer su «audacia evangélica». También recibieron un respaldo más «político»: el del cardenal secretario de Estado. El primer ministro del Vaticano presidió la misa por sus bodas de oro en la archibasílica de San Juan de Letrán con una homilía en la que alabó su cercanía a los más débiles, pero también sus esfuerzos mediadores.

Si Juan Pablo II fue el gran valedor del movimiento, la geopolítica de Francisco, que se basa en el diálogo y en la construcción de puentes, ha conectado muy bien con las acciones de San Egidio, que han recuperado su estatus como «fuerza de choque» del Vaticano.

EL PERDÓN SELECTIVO DE ETA Y LA «COMPLICIDAD» DE LOS OBISPOS

Donde no hubo representación de la Iglesia, al menos de manera oficial, fue en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains en el denominado Encuentro Internacional para Avanzar en la Resolución del Conflicto Vasco. Fue el 4 de mayo de 2018 en la villa Arnaga, muy cerca de donde pasa su vejez el carismático cardenal Roger Etchegaray. Aquel fue el escenario del último acto del guion que se había diseñado para la despedida definitiva de ETA. En presencia de figuras internacionales, como la del expresidente del Sinn Féin, Gerry Adams, la declaración solemne pidió una salida para los presos de la banda terrorista y se olvidó de sus víctimas. Aquello se había convertido ya en una costumbre. Sí se acordaron de ellas los Gobiernos de Euskadi y Navarra, que firmaron una declaración conjunta en el palacio del Parque Natural del Señorío de Bertiz, en el noroeste navarro. La idea de Urkullu y Uxue Barkos era haberla leído en el santuario de San Miguel de Aralar, un pulmón espiritual de los navarros y un enclave muy querido para el nacionalismo. El 10 de octubre de 1909, el PNV proclamó allí al arcángel patrón del partido y «custodio de Euskadi», y el 25 de septiembre de 1977 se celebró en sus campas el primer Alderdi Eguna (Día del Partido) después de cuarenta años de dictadura. Se decidió que fuera en Bertiz para no meter a la Iglesia navarra en líos.

ETA sí se había referido a las víctimas tres semanas antes, el 20 de abril, con un comunicado en el que pedía un perdón selectivo, inadmisible y a todas luces insuficiente. Por primera vez reconocía el daño infligido y admitía su responsabilidad en el dolor ocasionado, pero a la hora del perdón solo se dirigía «a los que no tenían una participación directa en el conflicto», una distinción con la que excluía, por ejemplo, los asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad, de los representantes políticos, jueces o periodistas. Además, justificaba su trayectoria en la Guerra Civil en un origen contextualizado en el bombardeo de Gernika. De aquellas bombas de la Legión Cóndor, estos asesinatos; la mayoría, después de la muerte de Franco y en democracia. Casi nadie compró ese relato, ni tampoco la petición de perdón discriminatoria.

La Iglesia apreció un poco de luz en el anuncio de ETA. Los obispos del País Vasco, Navarra y la diócesis francesa de Baiona reaccionaron con suma rapidez. Firmaron un texto conjunto en el que consideraban «positivo» el paso de la organización terrorista, la antesala de su inminente disolución «después de sesenta años de historia de muerte y sufrimiento», y mostraban su solidaridad con todas las víctimas y sus familiares, «de un modo especial con aquellos cuyos atentados no han podido todavía ser esclarecidos y padecen el sufrimiento añadido de la impunidad». La celeridad de los prelados contrastaba con la posición mantenida en 2017 con respecto al desarme de ETA, ya que entonces encauzaron una protesta ante el Vaticano por la presencia furtiva de monseñor Zuppi. Espoleados por las críticas que tuvieron entonces, en esta ocasión reaccionaron de los primeros: se precipitaron. El comunicado de ETA despertó a los obispos en Madrid, adonde habían viajado a comienzos de semana para participar en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En la casa de la Iglesia se encontraban los titulares de Bilbao (Mario Iceta), San Sebastián (José Ignacio Munilla), Vitoria (Juan Carlos Elizalde), el arzobispo de Pamplona (Francisco Pérez) y su auxiliar (Juan Antonio Aznárez).

Desde primerísima hora, los cinco jerarcas mantuvieron una reunión para valorar la iniciativa de ETA y elaborar un comunicado al respecto. No les llevó demasiado tiempo porque no partían de cero: se trataba de ideas sobre las que ya habían trabajado en otros momentos. El hecho de coincidir en Madrid facilitó la redacción del texto, que no entraba en matices, sino que se mantenía en una valoración general. Luego fue traducido al euskera. Cuando el documento estaba ya redactado y pulido, fue enviado al obispo de Baiona, Marc Aillet, al que se invitó a suscribirlo. El prelado de la capital labortana lo leyó y transmitió a sus compañeros que se adhería a su contenido, concretado en seis puntos.

A los obispos les llamó la atención la referencia que hacían los miembros de ETA a la reconciliación. En su nota, los prelados aludieron a la vocación de la Iglesia «como instrumento de paz y justicia» y reivindicaban el trabajo de muchos de sus miembros a lo largo de todos aquellos años por haber dado lo mejor de sí mismos en esa tarea, «algunos de forma heroica». Eran conscientes también de que en la propia Iglesia se habían dado «complicidades, ambigüedades y omisiones», por las que pedían «sinceramente perdón». Este párrafo, que levantó muchas ampollas, aludía «a las posiciones de gente de la Iglesia que, sobre todo al principio, protagonizó guiños y situaciones de connivencia y colaboración con ETA y su ideología», según fuentes cercanas al episcopado vasco, con el que contacté en cuanto se supo el comunicado y llovían ya las primeras críticas.

Lo cierto es que compartieron protagonismo con ETA. En general, se mostraban satisfechos: esta vez habían hecho lo correcto y no se habían quedado atrás. Pero, cuando las páginas digitales enfocaron su declaración con el mismo titular («Los obispos vascos piden perdón por sus complicidades con ETA»), les comenzó a entrar cierto pánico. De hecho, contactaron con algunos periodistas para intentar matizar y suavizar su posición. En privado reconocieron que el término complicidades había sido desafortunado. Pero habían puesto el dedo en una llaga que siempre ha supurado en Euskadi y que nunca se ha terminado de cicatrizar. Fuera de la Iglesia vasca recibieron muchos aplausos. Parecía que los obispos vascos y navarros querían saldar una deuda, sobre todo con las víctimas, y se valoraba que reconocieran de manera pública el «aval que dieron al terror», según la expresión utilizada en un periódico. «El miedo es libre, pero, en efecto, la cobertura eclesiástica al nacionalismo sanguinario de ETA es una página negra de la historia de la Iglesia católica», escribió su editorialista. En otra cabecera se llegó a decir: «El fatuo comunicado de los cinco prelados es toda una constatación del pernicioso papel de la Iglesia en terrenos ajenos a su misión, y casi siempre en el lado equivocado».

No parecía el momento de pedir perdón, ni tampoco la manera. Aquello se vio como un comunicado fabricado a uña de caballo y a varias manos de manera improvisada para quedar bien. Si consideraban que el anuncio de ETA era un paso en la buena dirección, tenían todo el derecho a expresarlo, pero, además, lo que tocaba era censurar la distinción que se hacía entre víctimas colaterales y las que tenían alguna responsabilidad, según el lenguaje utilizado por la banda terrorista, como hicieron las instituciones, las asociaciones de víctimas y la mayoría de los partidos. Si se pretendía incorporar una visión crítica del pasado, habría sido mejor esperar a la disolución de ETA y elaborar un buen documento que reflexionara sobre el papel de la Iglesia durante los años de violencia y el efecto del terrorismo en la sociedad vasca. Y deberían haber contado con la ayuda de sus respectivos equipos y asesores. Como en otras ocasiones, el timón de aquella iniciativa lo llevó el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. El de Bilbao, Mario Iceta, tuvo que dejar el comunicado en plena construcción porque viajaba aquella misma mañana a su diócesis para participar en las Jornadas Católicos y Vida Pública. Aun así, había intentado, sin éxito, meter baza en el texto para matizar algunas expresiones. Pero la comunión episcopal es sagrada. Por una razón o por otra, la Iglesia siempre ha estado abonada a la polémica cuando se ha tratado de abordar el asunto de la violencia y la pacificación. Esta vez no fue distinto, y la declaración del mea culpa generó un debate en su propio seno, donde los círculos más cercanos a los anteriores obispos se sintieron señalados.

¿Vendrá el papa a Euskadi para alentar la reconciliación? La agenda del pontífice es apretada y, en el caso de Francisco, sus prioridades pasan por las periferias del mundo, pero en algunos ambientes eclesiásticos se alberga la esperanza de que Bergoglio pueda visitar el País Vasco en 2021. Los jesuitas han marcado en rojo esa fecha en el calendario porque se conmemoran los quinientos años de la conversión de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, tras caer gravemente herido en la batalla de Pamplona. También se celebrará el medio siglo del Camino Ignaciano, que recorrió entre Loiola y Manresa (Cataluña), y su segundo Año Jubilar. Parece una buena oportunidad para que la Iglesia vasca reflexione sobre lo que ha pasado y sobre el comportamiento que ha tenido frente al terrorismo de ETA.

Los jesuitas se preparan para celebrar esa efeméride, una fecha muy redonda para que un papa jesuita —el primero— peregrine a la cuna de san Ignacio. La visita de Juan Pablo II se produjo hace treinta y siete años, en pleno azote de la violencia terrorista de ETA. Ahora, la situación sería completamente distinta. Una vez disuelta la organización, la sociedad vasca recibiría al pontífice en pleno proceso de cicatrización de heridas. El papa daría un gran empujón a la convivencia. La festividad de San Ignacio ha sido una fecha totémica en Euskadi y ha estado en su devenir sociopolítico, tamizado por la violencia y la religión. Cuando Íñigo de Loyola finalizó su peregrinación a Montserrat, dejó colgadas en la pared de un recinto sagrado su espada y su daga antes de tomar las armas de Cristo. La visita sería una forma de sacralizar el fin de ciclo. Y una manera de que ETA no escriba su epitafio. Que lo escriba la Iglesia y certifique su acta de defunción, pese a haber dejado muchos pelos en la gatera. En cualquier caso, las palabras y las balas no tienen vuelta atrás, y la sangre derramada no se seca jamás.

BIBLIOGRAFÍA

ADAMS, GERRY, Memorias políticas: el largo camino de Irlanda hacia la paz, Aguilar, Madrid, 2005.

AGUIRRE, RAFAEL, El túnel vasco, Oria, San Sebastián, 1998.

ALDAY, JESÚS MARÍA, La voz del clero vasco en defensa de su pueblo, Ekin, Bilbao, 1986.

ALONSO, ROGELIO, Irlanda del Norte, Editorial Complutense, Madrid, 2001.

—, La paz de Belfast, Alianza, Madrid, 2000.

ALONSO, ROGELIO; DOMÍNGUEZ, FLORENCIO y GARCÍA, MARCOS, Vidas rotas, Espasa, Madrid, 2010.

ARDANZA, JOSÉ ANTONIO, Pasión por Euskadi, Destino, Barcelona, 2011.

ARREGI, JOSEBA, El terror de ETA: la narrativa de las víctimas, Tecnos, Madrid, 2015.

—, La nación vasca posible, Crítica, Barcelona, 2000.

ARREGI, JOSEBA y LÓPEZ GARRIDO, DIEGO, Ser nacionalista, Acento, Madrid, 2000.

AULESTIA, GORKA, Estigmatizados por la guerra, Euskaltzaindia, Bilbao, 2008.

AULESTIA, KEPA, HB: crónica de un delirio, Temas de Hoy, Madrid, 1998.

—, Historia general del terrorismo, Aguilar, Madrid, 2005.

AZNAR, JOSÉ MARÍA, El compromiso del poder: memorias II, Planeta, Barcelona, 2013.

BARRIONUEVO, JOSÉ, 2001 días en Interior, Ediciones B, Barcelona, 1997.

BARROSO, ANABELLA, Sacerdotes bajo la atenta mirada del régimen franquista, Desclée De Bouwer, Bilbao, 1995.

BASTANTE, JESÚS, Los curas de ETA, La Esfera de los Libros, Madrid, 2004.

—, Setién, un pastor entre lobos, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.

BATISTA, ANTONI, Adiós a las armas, Debate, Barcelona, 2011.

—, Voces sobre Euskadi, Plaza & Janés, Barcelona, 2004.

BELLOCH, SANTIAGO, Interior, Ediciones B, Barcelona, 1998.

BENEGAS, TXIKI, Una propuesta de paz, Espasa Calpe, Madrid, 2000.

BONO, JOSÉ, Diario de un ministro, Planeta, Barcelona, 2015.

CÁRCEL ORTÍ, VICENTE y RUBIO PARRADO, LOPE, Pontificio Colegio Español de San José de Roma: aproximación a su historia, Sígueme, Salamanca, 2010.

CARR, CALEB, Las lecciones del terror, Ediciones B, Barcelona, 2002.

CIRARDA, JOSÉ MARÍA, Recuerdos y memorias, PPC, Madrid, 2011.

COOGAN, TIM PAT, Disillusioned decades: Ireland 1966-87, Gill, Dublín, 1987.

CUESTA, CRISTINA, Contra el olvido, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

DELCLAUX, JOSÉ MARÍA, Tesis doctoral, Bilbao.

DEZCALLAR, JORGE, Valió la pena: una vida entre diplomáticos y espías, Península, Barcelona, 2015.

DOMÍNGUEZ, FLORENCIO, Dentro de ETA, Aguilar, Madrid, 2002.

—, Josu Ternera: una vida en ETA, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.

EGAÑA, IÑAKI, El desarme: la vía vasca, Txalaparta, Gara y Mediabask, Tafalla, 2018.

ELZO, JAVIER, Tras la losa de ETA, PPC, Madrid, 2014.

ESTORNÉS, IDOIA, Cómo pudo pasarnos esto, Erein, San Sebastián, 2013.

—, Cuando Marx visitó Loyola, Erein, San Sebastián, 2016.

EZKERRA, IÑAKI, ETA pro nobis: el pecado original de la Iglesia vasca, Planeta, Barcelona, 2002.

FARANDA, ADRIANA, Il volo della Farfalla, Rizzoli, Roma, 2006.

FERNÁNDEZ SOLDEVILLA, GAIZKA, Sangre, votos y manifestaciones, Tecnos, Madrid, 2012.

FONSECA, CARLOS, Negociar con ETA, Temas de Hoy, Madrid, 2006.

GARMENDIA, JOSÉ MARÍA, Historia de ETA, 2 vols., Haranburu, San Sebastián, 1980.

GARZÓN, BALTASAR, En el punto de mira, Planeta, Barcelona, 2016.

GOÑI, JOSEBA M., La Guerra Civil en el País Vasco: una guerra entre católicos, Eset, Vitoria, 1989.

GOYHENETCHE, MANEX, Historia general del País Vasco, Ttarttalo, San Sebastián, 2005.

GRANJA, JOSÉ LUIS DE LA y PABLO, SANTIAGO DE, Historia del País Vasco y Navarra en el siglo xx, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009.

GURRUCHAGA, ÍÑIGO, El modelo irlandés, Península, Barcelona, 1998.

HARANBURU ALTUNA, LUIS, El crepúsculo de Dios, Fundación Popular de Estudios Vascos, Bilbao, 2016.

HEIBERG, MARIANNE, La formación de la nación vasca, Arias Montano, Madrid, 1991.

HERNÁNDEZ, ABEL, Secretos de la Transición, Plaza y Valdés, Madrid, 2011.

IBARZABAL, EUGENIO, Días de ilusión y vértigo: 1977-1987, Erein, San Sebastián, 2016.

IGLESIAS, MARÍA ANTONIA, Cuerpo a cuerpo, Aguilar, Madrid, 2007.

LABOA, JUAN MARÍA, Pablo VI, España y el Concilio Vaticano II, PPC, Madrid, 2017.

LÓPEZ RODÓ, LAUREANO, La larga marcha hacia la Monarquía, Noguer, Barcelona, 1977.

MATA, JOSÉ MANUEL, El nacionalismo vasco radical, UPV/EHU, Bilbao, 1993.

MORETTI, MARIO, Brigadas Rojas, Akal, Madrid, 2002.

MORIONES, ILDEFONSO, Euzkadi y el Vaticano 1935-1936. Documentación en un episodio, Roma, 1976.

MUNARRIZ, FERMÍN, El tiempo de las luces: entrevista con Arnaldo Otegi, Gara, San Sebastián, 2012.

MURUA, IMANOL, El triángulo de Loiola, Ttarttalo, San Sebastián, 2010.

—, Un final para ETA, Ttarttalo, San Sebastián, 2015.

OLAZABAL, CARLOS MARÍA, Negociaciones del PNV con Franco durante la Guerra Civil, Fundación Popular de Estudios Vascos y Atxular Atea, Bilbao, 2014.

ONAINDIA, MARIO, El aventurero cuerdo, Espasa, Madrid, 2004.

—, Guía para orientarse en el laberinto vasco, Temas de Hoy, Madrid, 2000.

ORLANDO, LEOLUCA, Hacia una cultura de la legalidad: la experiencia siciliana, PUCP, Lima, 2003.

PABLO, SANTIAGO DE, La patria soñada, Biblioteca Nueva, Madrid, 2015.

PASCUAL, ESTHER (COORD.), Los ojos del otro: encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA, Sal Terrae, Santander, 2013.

PEÑARANDA, JUAN MARÍA DE, Los servicios secretos de Carrero Blanco, Espasa, Madrid, 2015.

PUENTE OJEA, GONZALO, Mi embajada ante la Santa Sede, Foca, Madrid, 2002.

REKARTE, IÑAKI, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, Península, Barcelona, 2015.

REKONDO, JOSÉ ANTONIO, Bietan Jarrai, Aranalde, Bilbao, 1998.

RUBIO, JUAN, El fin de la era Rouco, Península, Barcelona, 2014.

RUPÉREZ, JAVIER, La mirada sin ira, Almuzara, Córdoba, 2016.

SÁNCHEZ-CUENCA, IGNACIO, ETA contra el Estado, Tusquets, Barcelona, 2001.

SEBASTIÁN, FERNANDO, Memorias con esperanza, Encuentro, Madrid, 2016.

SERRANO, JOSÉ FRANCISCO, La Iglesia frente al terrorismo de ETA, BAC, Madrid, 2001.

SETIÉN, JOSÉ MARÍA, De la ética y el nacionalismo, Erein, San Sebastián, 2003.

—, La paz es posible, Idatz Editorial Diocesana, San Sebastián, 1992.

—, Unidad de España y juicio ético, Erein, San Sebastián, 2004.

SUÁREZ ZULOAGA, IGNACIO, Vascos contra vascos, Planeta, Barcelona, 2007.

TELLECHEA, JOSÉ IGNACIO, Estuvo entre nosotros: mis recuerdos de Juan XXIII en España, BAC, Madrid, 2000.

TORRES MURILLO, JOSÉ LUIS, Vascos: el problema no es ETA, Vision Net, Madrid, 2008.

UNZUETA, PATXO, Los nietos de la ira, Aguilar, Madrid, 1988.

URIARTE, JUAN MARÍA, La reconciliación, Sal Terrae, Santander, 2013.

—, Palabras para la paz, Idatz Editorial Diocesana, San Sebastián, 2009.

VILLOTA, IGNACIO, Iglesia y sociedad: España-País Vasco, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2004.

VILLOTA, IGNACIO, La Iglesia en la sociedad española y vasca contemporáneas, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1985.

VINADER, XAVIER, Operación Lobo, Temas de Hoy, Madrid, 1999.

VV. AA., I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco, Facultad de Teología de Vitoria, Vitoria, 1981.

VV. AA., Cultura e ideologías (siglos xix-xx), Txertoa, San Sebastián, 1988.

VV. AA., Historia del seminario de Derio-Bilbao, Asociación Astintze, Bilbao, 2011.

VV. AA., Violencia, evangelio y reconciliación en el País Vasco, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1999.

VV. AA., Vivir juntos en paz hoy-aquí, Etikarte Fundazioa, San Sebastián, 2103.

WHITFIELD, TERESA, Endgame for ETA, C. Hurst and Company, Londres, 2014.

ZARZALEJOS, JAVIER, No hay ala oeste en la Moncloa, Península, Barcelona, 2018.

ZULAIKA, JOSEBA, Violencia vasca: metáfora y sacramento, Nerea, Madrid, 1988.

ZULOAGA, JESÚS MARÍA, Objetivo cero, La Esfera de los Libros, Madrid, 2006.

Notas

[*] Catedrático emérito de Teología en la Universidad de Deusto. <<