A mis nietas y nietos

A mis alumnas y alumnos de hoy

y a los que lo han sido en los últimos años

A los estudiantes de Chile y a quienes

comparten sus anhelos de cambio

Fin al lucro en la educación: nuestro sueños no les pertenecen.

La educación es un derecho, no un privilegio.

Aquí no se educa, se lucra.

AFICHES ESTUDIANTILES

CAPÍTULO I

La alerta que no se escuchó

En abril de 2011 acababa de terminar el libro Karadima, el señor de los infiernos, que me había sumido en una profunda investigación durante el año anterior. Lo finalicé a principios del otoño y lo presenté el 18 de mayo en el Centro Gabriela Mistral (GAM), en el corazón de Santiago.

Días antes del lanzamiento, miles de estudiantes marcharon por la Alameda, frente al mismo lugar donde las víctimas del cura de El Bosque me acompañaban aquella tarde. Saltaba el tema del abuso en diferentes formas. Y voces muy distintas se levantaban a encararlo. Algo estaba cambiando en esta sociedad.

Desde hacía tiempo venía siguiendo la pista de lo que estaba sucediendo en las universidades. Y muchas veces pensé y comenté que algún día el descontento tenía que estallar, a pesar de que todo se había diseñado en dictadura para que eso no ocurriera. Así también lo escribí en otros dos libros.¹

Los universitarios estaban ahora en la calle. En Santiago, en Valparaíso, en Concepción y en las diferentes capitales de regiones atravesaban sus avenidas principales. Aquella había sido la segunda marcha. Después vinieron otras jornadas tanto o más masivas, a las que se sumaron los estudiantes secundarios, en junio, julio, agosto… Con carteles, caricaturas, bailes y disfraces, los estudiantes manifestaban su repudio al lucro en la educación. También su malestar frente a quienes veían como responsables de no ponerle atajo. Más tarde surgió la demanda por una universidad gratuita, algo impensado unos años antes. Y la desigualdad que caracteriza a la sociedad chilena se hacía presente en voces y pancartas como uno de los temas más inquietantes.

La imagen de esas masivas marchas del invierno de 2011 se grabó en mi retina —como en la de muchos— a todo color. Por más que desde el Gobierno se trataba de estigmatizar a los estudiantes y la mayoría de los medios de comunicación destacaban más los destrozos de unos cuantos encapuchados al final de la jornada, el sentido común de la ciudadanía respaldaba a los jóvenes. Los padres, madres, abuelos de los que marchaban y de los que estaban endeudados salieron a la calle. También los padres de niños pequeños y mujeres embarazadas, demandando para sus hijos una educación digna y decente.

La situación que los afectaba estalló con toda la fuerza del problema contenido. Herencias de un modelo pensado para que no cambiara, intereses creados o simple desidia hicieron que el tiempo pasara mientras las deudas aumentaban. Nadie se preocupaba seriamente por la calidad de lo que las nuevas universidades privadas entregaban como educación, mientras crecía el deterioro de la educación pública en particular en las provincias, abrumadas por la dura competencia de las nuevas privadas y la falta de recursos estatales.

NADA ES IGUAL

A los pocos días de iniciado el movimiento, la figura de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, recorría el mundo, mientras universitarios de todos lados respondían a su llamado y al de las demás organizaciones aglutinadas en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). La belleza y la firmeza de las convicciones de la estudiante de geografía contribuyeron a multiplicar su voz.

Paros y tomas, en especial en los establecimientos públicos y los tradicionales de regiones, completaron durante todo el año un panorama que marcó la historia del país en esta segunda década del siglo XXI. Después de 2011 nada es igual. A partir de ese momento los jóvenes se tomaron la palabra y el escenario nacional.

El presidente de la República, Sebastián Piñera, y Joaquín Lavín, el primero de sus cuatro ministros de Educación, habían proclamado 2011 como «el año de la educación superior».

Lo fue, pero en un sentido muy distinto al que hubieran querido las autoridades, preocupadas de hacer las enmiendas y ajustes para que el diseño dictatorial se continuara perpetuando en las próximas décadas.

El apoyo al primer presidente de derecha elegido en medio siglo se vino al suelo, mientras el respaldo a los estudiantes y a sus planteamientos subían en las encuestas de opinión.

Inesperada y sorpresiva para los que no seguían de cerca lo que estaba ocurriendo en las universidades, la rebelión de los estudiantes universitarios fue un estallido que esta vez no logró ser atajado, a diferencia de lo sucedido con el movimiento de los «pingüinos»² en 2006. Y las demandas fueron aumentando hasta ser cuestionado el modelo impuesto en dictadura en su totalidad: se mantuvo la fuerte crítica y la exigencia de cambios radicales en educación, mientras el descontento seguía latente y la capacidad de representar el malestar y la necesidad de llevar adelante sus propuestas también.

Sin abandonar el eje, empezaron a hablar del lucro en la salud, de las deficiencias de la previsión y de las inequitativas relaciones de trabajo. Y, además, surgía el cuestionamiento frontal al diseño político efectuado minuciosamente en dictadura para que nunca más en Chile hubiera democracia de verdad.

Fue así como los jóvenes pusieron en la discusión el sistema electoral binominal, los elevados quórums parlamentarios para efectuar reformas y la propia Constitución de 1980, la gran obra de Jaime Guzmán Errázuriz, el abogado y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que instaló en Chile la «democracia protegida».

Nada de todo lo que ha alimentado después la discusión sobre la educación, el modelo económico y el político habría sucedido sin la decidida acción de los estudiantes. Poco o nada de lo que vivimos como parte del debate tendría el tono y la energía con que se manifiesta hoy.

RESULTADO CAÓTICO

Sin embargo, no debería haber sido sorpresivo. Desde luego, porque los problemas inherentes a los abusos de las universidades privadas que lucraban y siguen lucrando, sin escrúpulos ni respeto a la ley, eran evidentes hace un tiempo. Y las deudas familiares se multiplicaban año a año golpeando los presupuestos mientras los aranceles y los intereses no dejaban de subir.

El modelo diseñado por el Gobierno de Augusto Pinochet y sus ejecutivos y asesores civiles en los años setenta y ochenta pretendía cambiar de raíz la sociedad chilena en diversos aspectos. Entre ellos, un elemento estratégico era dejar atrás el sistema de educación superior, formado por ocho universidades conocidas hoy como tradicionales, creadas por ley y de larga trayectoria.

Las ocho tradicionales que constituían el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) eran, por un lado, las públicas: Universidad de Chile, la más antigua, puntal en la creación de la República, y la Universidad Técnica del Estado, que después fue convertida en la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Además de estas, las particulares, que recibían aporte fiscal para su financiamiento, eran la Universidad Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad del Norte, que después cambió su nombre por Universidad Católica del Norte, la Universidad de Concepción y la Austral de Chile, que pertenecían a corporaciones con fuerte raigambre regional. Y, por último, la Universidad Técnica Federico Santa María, que era de una fundación.

Este grupo también se multiplicó como consecuencia de que en 1981 el Gobierno militar le «cortó» el Instituto Pedagógico y las sedes regionales a la Universidad de Chile y a la Técnica. A partir de eso se formaron las universidades «derivadas» que se reparten hoy por el país. Dos de ellas —la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)—, hijas de la Universidad de Chile, están en Santiago, y el resto en distintas regiones. Todas ellas fueron intervenidas durante la dictadura y a su cabeza estuvo desde octubre de 1973 un uniformado en servicio activo o en retiro.

Por su parte, en 1991 la Universidad Católica le dio autonomía a tres sedes que fueron el origen de las universidades católicas de Talca, Temuco y de la Santísima Concepción, que hoy dependen de los respectivos arzobispados.

A partir de 1981, a través del Decreto Ley n.º 1, el Gobierno militar abrió la posibilidad de crear universidades privadas. La mayoría se fundó al terminar la década de los ochenta y comenzar los noventa, cuando ya era inminente la transición a la democracia. Aunque la ley que las permitió estableció que serían corporaciones sin fines de lucro, este ha sido el motor de gran parte de ellas, que en las últimas décadas crecieron y se multiplicaron en sedes y número de estudiantes.

Decían incluso desde los gobiernos democráticos que era un gran logro «el aumento de la matrícula». Que valía la pena expandir en forma importante la cantidad. No obstante, una de las tantas preguntas que surge hoy es para qué sirvió todo eso sino para enriquecer a un puñado de personas, cuando en muchos casos los cartones obtenidos por los alumnos significan poco o nada.

Hoy son sesenta los establecimientos que llevan el nombre de universidades y tienen más de 610.000 estudiantes matriculados, según datos de 2012. Del total, solo un 20 por ciento son estatales y más de la mitad pertenecen al grupo de universidades privadas nuevas. Y en la educación superior en conjunto, considerando a los institutos profesionales y centros de formación técnica que sí tienen permiso oficial para lucrar y son privados, hay más de un millón de estudiantes.

Pero como no todo es cantidad, el resultado ha sido caótico. La calidad está en discusión, las deudas no se detienen y diversas situaciones extremas han reventado en el último tiempo, por más que algunos «expertos» traten de atenuar los juicios. Lo que parece claro es que el «modelo» ha servido, eso sí, para que quienes se beneficiaron con él como dueños de estas entidades obtuvieran miles de millones de pesos de utilidades durante décadas. Y para que algunos grupos hayan expandido su influencia ideológica.

LA ADVERTENCIA DE LOS «PINGÜINOS»

Pero entretanto, el malestar por las desigualdades y las malas condiciones de la educación dieron origen al movimiento de los secundarios de 2006. Se podría considerar esa rebelión como una de las más potentes advertencias de que algo aún más grande podría sobrevenir. Son muchos los que creen —y entre ellos los propios dirigentes universitarios— que si no hubiera sido por el aletear de los «pingüinos» en 2006, que recuperó la capacidad de movilización social tras muchos años de críticas contenidas, es posible que nada de lo ocurrido después hubiera sucedido.

Desde el mundo estudiantil la rebelión de los «pingüinos» de hace siete años es vista como el preámbulo de 2011. Y, en buena medida, de lo que sigue sucediendo en universidades y colegios a través del país. Muchos de los protagonistas de ese movimiento crecieron y llegaron a las universidades en los años siguientes. Con sus alas ya más fuertes, esta vez sus manifestaciones no se detuvieron. Y ese mensaje lo transmiten a los que llegan a estudiar en universidades e institutos profesionales a lo largo del país. Las razones para su rebeldía siguen presentes.

Tras ese movimiento quedaron en punto suspensivo muchas aspiraciones y sueños y también una alta cuota de frustración. Eso pena —y fuerte— hasta hoy. Y parece evidente que seguirá doliendo y provocando malestar si los gobernantes y dirigentes políticos no logran sintonizar con los jóvenes para elaborar respuestas a tono con la gravedad de la situación que los estudiantes viven y denuncian.

«Efectivamente hay que ver la génesis de la revuelta de 2011 en cómo se resolvió el conflicto de 2006, porque si uno se centra en la antesala más inmediata, es decir en 2010, es bien poco comprensible, ya que desde el punto de vista estudiantil ese fue un año bien quieto, no hubo movilizaciones significativas», reconoce Francisco Figueroa Cerda, el periodista que llegó a ser vicepresidente de la FECH en 2010 y 2011, y que postuló a diputado por Providencia y Ñuñoa para llevar su voz al Parlamento.

ACUERDO EN MARTES 13

Como consecuencia del estallido de los secundarios, la presidenta Bachelet formó en junio de 2006 el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación.³ Tanto la jefa de Estado como la ministra de Educación Yasna Provoste quisieron legislar contra el lucro con recursos del Estado. Pero no tuvieron posibilidad de hacerlo.

En el libro El mayo de los pingüinos, publicado en 2008, sus autoras, las egresadas de periodismo de la Universidad de Chile Andrea Domedel y Macarena Peña y Lillo, recuerdan que cuando el proyecto de Ley General de Educación (LGE) ingresó al Parlamento generó hondas diferencias, incluso dentro de la propia Concertación. «Aparecieron personalidades, como la ex ministra Mariana Aylwin, defendiendo el lucro en los colegios subvencionados. Desde la derecha, el desacuerdo con el proyecto original del Gobierno fue frontal.»

El 14 de octubre de 2007 se realizó el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana. En esa oportunidad, la ex ministra de Educación Mariana Aylwin,⁴ profesora de historia y geografía, miembro durante varios años de la junta directiva de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (Uniacc) —de la que se retiró en 2010, después de estallar públicamente el escándalo de las becas Valech— y directora ejecutiva de la Corporación Aprender, había reiterado su posición contraria al primer proyecto del Gobierno en 2006. Desde el comienzo, la hija del ex presidente hizo todo lo que pudo para que se modificara ese proyecto que pretendía frenar el lucro. Compartía su posición el entonces diputado y actual senador Patricio Walker, recuerdan las periodistas autoras de El mayo de los pingüinos.

Después de siete meses de negociaciones, y sin que los estudiantes fueran ya protagonistas, las asperezas llegaron a un término. El martes 13 de noviembre de 2007, el Gobierno anunció en una ceremonia en La Moneda un acuerdo con la derecha que modificaría la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). En el Parlamento estarían los votos necesarios para salvar el elevado quórum que la dejaría atrás. La ley del penúltimo día firmada por Augusto Pinochet y el entonces ministro de Educación René Salamé —actual vicerrector de la Universidad Mayor— fue reemplazada por la nueva Ley General de Educación (LGE). También se sustituyó el Consejo Superior de Educación por el Consejo Nacional de Educación y se creó la Superintendencia, con el objetivo de fiscalizar a los establecimientos subvencionados.

Uno de los puntos más conflictivos de la LGE había sido el lucro en los colegios subvencionados. El acuerdo planteó cambiarlo por el término de «emprendimiento privado». Eso significaba que los sostenedores de esos establecimientos podrían obtener utilidades —es decir, lucro— solo con la condición de que fueran personas jurídicas y tuvieran un giro educacional único, con el objeto de impedir que las empresas o personas traspasaran «dineros de su propiedad ajenos al rubro educativo», consignaba El Mercurio.

En aquella oportunidad, a la que asistieron todos los involucrados en el acuerdo, tanto la presidenta Bachelet como la ministra Yasna Provoste tuvieron especiales palabras de agradecimiento para los «pingüinos», a quienes reconocieron por haber mostrado la importancia de los problemas que se vivían.

No obstante, para los estudiantes secundarios de entonces y para los dirigentes universitarios que los apoyaban, la ceremonia del salón Montt-Varas de La Moneda tuvo un significado muy diferente: pasaría a ser el símbolo de la decepción tras los meses de un accionar movilizado. Y a la hora de los recuentos, los dirigentes hoy lo señalan como el hito donde puede encontrarse el origen del movimiento universitario de 2011.

DETRÁS DE LA FOTOGRAFÍA

En esa época se supo que para llegar al acuerdo que concluyó en la sustitución de la LOCE por la LGE, fue clave una reunión sostenida la mañana del domingo 11 de noviembre de 2007 en la casa del entonces ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien invitó a la ministra Provoste y al alto mando de la derecha en estos temas: su cuñado, el entonces senador de la UDI y hoy ministro del Interior, Andrés Chadwick; el ex senador de RN Andrés Allamand y su esposa, Marcela Cubillos. En calidad de «representantes técnicos», según calificó El Mercurio,⁵ estuvieron el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet —uno de los dueños de la Universidad del Desarrollo y durante el período de Piñera ministro secretario general de la Presidencia—, y la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, Patricia Matte Larraín, hermana de Eliodoro y de Bernardo y una de las más influyentes voces de la derecha en el sector.

En ese encuentro dominical se «desataron los principales nudos pendientes» —decía el diario—, y el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto que reflejaba los acuerdos, por la vía de una «modificación sustitutiva», que en la práctica equivale a su reemplazo. La fórmula mágica implicaba que el Gobierno «respetara la iniciativa de los privados».

En la famosa fotografía de los brazos levantados figuraban los presidentes de los partidos políticos de Gobierno y oposición, además de ministros y senadores. Ahí aparecen en primer plano, junto a la presidenta y la ministra, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, los presidentes de los partidos: Carlos Larraín, de RN; Camilo Escalona, del PS; José Antonio Gómez, del Partido Radical; Soledad Alvear, de la DC, y Hernán Larraín, de la UDI.

Para llegar a esa imagen hubo intensas reuniones y tratativas donde los centros de estudios de la derecha estuvieron presentes con planteamientos críticos al proyecto que la presidenta Bachelet y la ministra Yasna Provoste presentaron originalmente al Parlamento, después del informe del Comité Asesor Presidencial.

EL PESO DE LA IGLESIA

No vinieron desde el ámbito político, sin embargo, las únicas arremetidas contra el planteamiento original de la mandataria. La Iglesia católica, encabezada por el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, jugó todas sus cartas para evitar los cambios que propiciaba el Gobierno. La Iglesia como principal «sostenedor» de colegios subvencionados y particulares, y de un significativo conjunto de universidades, estaba sin duda interesada en este asunto. La fuerza moral inherente a una autoridad eclesiástica le daría peso a sus palabras en un país de tradición católica.

En un memorable documento publicado en El Mercurio el 6 de mayo de 2007, en plena discusión de la propuesta del Gobierno, el cardenal Errázuriz dejó caer en medio de la discusión toda su influencia de máxima autoridad de la Iglesia chilena: «La palabra “lucro” está desprestigiada. Pero de suyo su significado es neutro, ya que equivale a la ganancia o el provecho que se saca de una cosa, en este caso del esfuerzo, la competencia o la inversión. Es cierto, casi todos quieren obtener mayores ganancias, mejores remuneraciones, aumento de utilidades. Pero la ganancia no tiene por qué ser desorbitada o escandalosa; puede ser justa», argumentó el entonces arzobispo, en forma similar a la de otros detractores del proyecto gubernamental que pretendía eliminarlo o al menos limitarlo.

Sostenía también Errázuriz: «Por otra parte, han surgido recientemente instituciones que impulsan proyectos educacionales valiosos, en los cuales hombres y mujeres emprendedores invierten sus capacidades administrativas y su dinero, a la vez que contratan a profesionales calificados de la educación, sin pretender un interés desmedido, sino, por el contrario, una ganancia muy inferior a la que obtendrían con otras inversiones. Prefieren desestimar otras oportunidades porque quieren contribuir a una mejor educación en sectores de menores recursos económicos».⁶

Y concluía al referirse al lucro: «Este proyecto de ley, sin embargo, no incentiva ni apoya a los particulares para que tomen iniciativas en el campo de la educación en los sectores de mayor pobreza, ya que suprime la obtención de una ganancia; por mínima que ella sea. Los privados solo podrán organizarse “como personas jurídicas sin fines de lucro”. Esto ocurre a diferencia de otros servicios para el bien público, que reciben subvenciones directas o indirectas, precisamente para motivar a los particulares a invertir en el campo pertinente por el bien de la sociedad».

Admitía el cardenal Errázuriz que «seguramente se constataron abusos en algunos colegios que reportaban ganancias desmesuradas a sus sostenedores; pero esas prácticas se pueden suprimir de otra manera. Lamentablemente, la eliminación de toda ganancia justa aparta a personas talentosas que invertirán en otras actividades, restando sus capacidades del espacio que más necesita capital, esfuerzo y progreso». Por esas y otras razones, decía el cardenal, «el proyecto da la impresión de ser un intento nivelador y a ratos desalentador».

Las influencias pesaron y el lucro, rebautizado como «emprendimiento privado» o «ganancia», se mantendría en la educación. Pero la Alianza y sus parlamentarios se comprometían a aumentar los mecanismos de control y exigencia para impedir el uso de dineros fiscales para lo que no fuera educación. El tiempo pasó y el lucro sobrevivió.

Las modificaciones a la LOCE que dieron forma a la Ley General de Educación (LGE) no tocaron en esa oportunidad a las universidades.

LOS DESAFÍOS DEL CONSEJO

La educación superior, que había quedado rezagada ante los acuciantes problemas de la enseñanza básica y media, tuvo su propio consejo en 2007. Sus integrantes fueron designados también por la mandataria, quien nominó como presidente al rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y como secretario ejecutivo al entonces jefe de Educación Superior del Mineduc, Julio Castro.

El consejo se constituyó en abril de 2007 y entregó su informe definitivo, «Los desafíos de la educación superior», en marzo de 2008, después de sostener 35 reuniones.

Visto con ojos de hoy se puede concluir que las mil aristas del negocio, así como el debilitamiento de la educación pública, habrían requerido un diagnóstico más agudo y firme. Pese a que hubo fuertes discusiones —o quizá por lo mismo—, el documento no logró profundizar en los numerosos y graves problemas que aquejaban al sistema universitario. Y en particular no estuvo a tono con la grave situación que se vivía ya en el nuevo sector privado, sin que nadie fiscalizara. Tampoco el consejo impulsó decididamente la deteriorada educación pública.

En la redacción final, bajo la mano de su presidente, Carlos Peña, se destaca que en Chile la educación privada es parte de la tradición. Que existe y ha existido un sistema mixto caracterizado por la presencia de las universidades católicas y de las tradicionales regionales que desde hace décadas reciben aporte fiscal directo. En la introducción se destaca la masificación de la educación superior y en particular el acceso de «estudiantes de primera generación».

La calidad de la educación entregada fue uno de los tópicos que concentró el interés de los convocados. Discutieron la posibilidad de hacer obligatoria la acreditación institucional, o al menos establecer mecanismos para que tuviera ese efecto. Pero no se observa una mirada especialmente crítica a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ni asomo de algún indicio de sospecha sobre su proceder.

El lucro estuvo en la discusión. Pero el debate fue similar al que frenó hasta noviembre de 2007 el proyecto de Ley General de Educación, presentado por Michelle Bachelet para sustituir la repudiada LOCE. Al final de cuentas no hubo avances significativos.

Con todo, el informe admitió una diferencia al referirse a las universidades: «Cabría distinguir entre aquellas que poseen una estricta índole de instituciones sin fines de lucro; aquellas que, en cambio, y no obstante estar definidas como instituciones sin fines de lucro, responden en los hechos a modelos de negocios y de inversión que permiten la apropiación de excedentes por parte de sus propietarios indirectos o controladores», indica el texto. Una manera elegante de admitir que algunas lucraban.

El financiamiento de las universidades fue un tópico de interés en aquella oportunidad. Primó en el consejo la opinión de que los recursos del Estado deberían ir a todas, siempre que estuviera «condicionado a parámetros de calidad». No se cuestionó tampoco el tipo de financiamiento orientado a la demanda, es decir, a través de becas y créditos. La preocupación predominante era que los aportes estatales se ampliaran a nuevas universidades, siempre que cumplieran ciertas condiciones. El fin del lucro no estaba entre ellas.

DIFERENCIAS EN TORNO AL LUCRO

Los puntos de vista más críticos sobre lo que estaba ocurriendo los plantearon los estudiantes, encabezados por el entonces presidente de la FECH, Giorgio Boccardo, y el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera. Sus voces se levantaron contra el lucro, pero sus puntos de vista fueron minoritarios.

En esa oportunidad —tal como lo explicita el informe— una contundente mayoría estuvo a favor de la existencia de universidades con fines de lucro, aunque con algunas condiciones. El documento señala: «Una parte del consejo estimó que ha de permitirse la existencia de entidades con fines de lucro y sin él. Estima que las prácticas comparadas muestran que ese diseño es posible y, bien regulado, puede ser beneficioso si se lo somete a mayores y mejores niveles de regulación de los hasta ahora existentes. Esta parte del consejo estima que si: a) se establecen mayores niveles de transparencia del sistema (de manera que las instituciones declaren con fidelidad cuál es su índole); b) se disponen mejoras, como las que luego se sugieren, en el licenciamiento, reconocimiento y acreditación; y c) se consignan deberes de rendición de cuentas para todas las instituciones, el sistema debiera admitir la provisión con y sin fines de lucro».

En esa línea estuvieron prácticamente todos los rectores de universidades presentes en el consejo, encabezados por Carlos Peña. El texto señala en una nota a pie de página los nombres de los consejeros que se pronunciaron en tal sentido.

Entre ellos figuran, junto al rector de la Diego Portales, el entonces rector de la Universidad Católica, Pedro Rosso; Mónica Jiménez, que asistía como rectora de la Universidad Católica de Temuco y después fue ministra de Educación, y el ingeniero comercial y actual presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic.

Apoyaron también la posición mayoritaria dos rectores de universidades públicas: Juan Manuel Zolezzi, de la Usach, y Sergio Bravo, de la Universidad de la Frontera (UFRO). Y las máximas autoridades de otras universidades tradicionales, como Alfonso Muga, de la Universidad Católica de Valparaíso; José Rodríguez, de la Universidad Técnica Federico Santa María; además de Sergio Torres, de la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez, que pertenece a la Congregación Salesiana. Se abstuvo el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes.

Estuvieron, además, por permitir el lucro los expertos de universidades privadas y centros de estudio, como Andrés Bernasconi, ex vicerrector de investigación de la Universidad Andrés Bello, actualmente en la Universidad Católica; Manuel Krauskopf, ex rector de la Andrés Bello; el contraalmirante de la Marina Enrique O’Reilly Merino,⁷ en representación de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas; Juan Pablo Prieto, actual rector de la Universidad de Viña del Mar, y Marcelo von Chrismar, ex rector del Duoc-UC. Junto a ellos se pronunciaron a favor los profesores Sol Serrano, de la UC, y Agustín Squella, de la Universidad de Valparaíso y miembro del directorio de la Universidad Diego Portales.

Otra parte del consejo —indica el documento— «estima inadecuado admitir la provisión con fines de lucro, en particular en los establecimientos que reciben algún tipo de financiamiento estatal, directo o indirecto. La educación superior, sostienen estos miembros del consejo, debe ser impartida por instituciones cuyo fin sea el desarrollo de un proyecto educativo en el que se reinviertan la totalidad de los excedentes que la labor educativa genere. Esta parte del consejo estima que debe mantenerse el actual principio legislativo en esta materia, procurando se fiscalice mejor su cumplimiento».

El documento consigna que en ese sentido se pronunciaron los rectores Víctor Pérez, de la Universidad de Chile, y Jorge Carvajal, de La República,⁸ además del director de Educación Superior, Julio Castro, quien unos años después se cambió de vereda y asumió como rector en la privada Universidad de Viña del Mar; hasta hoy es directivo del grupo Laureate. Como era de esperar, se pronunciaron también contra el lucro los entonces presidentes de federaciones estudiantiles: Giorgio Boccardo, de la FECH; Pablo Cuevas, de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Bío-Bío; Óscar Núñez, de la Universidad de Concepción (FEC); Claudio Muñoz, de la Federico Santa María; y dos representantes de universidades privadas, Marcela Espinoza, de la Universidad Andrés Bello, y Juan Cristóbal Palma, de la Alberto Hurtado. Junto a ellos estuvo la dirigenta de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), Myriam Barahona.

Antes de resumir los desafíos, el informe indica: «Con la prevención que se menciona respecto de la provisión con fines de lucro, el consejo conviene que la diversidad institucional que pudo constatar es valiosa para el sistema y contribuye a ampliar las oportunidades de acceso a sectores tradicionalmente excluidos; aunque, al mismo tiempo, plantea importantes desafíos».

NUEVOS DIRIGENTES, NUEVOS MOVIMIENTOS

En las universidades privadas, el estallido de los secundarios en 2006 tuvo una especial repercusión. A partir de ese momento se empezaron a gestar organizaciones estudiantiles donde antes no las había. Desafiaban en muchos casos las prohibiciones expresas. Pero a partir de entonces, en sus recintos, después de romper barreras y abrir espacios, se comenzó a hablar de federaciones, colectivos y asambleas, como en las tradicionales. En muchas perduraron, en otras se debilitaron después, pero la semilla había quedado y volvieron a tomar vuelo en 2011.

Es posible que lo sucedido en el país a partir de ese año haya conducido a revisar su mirada y a nuevas reflexiones en los rectores y consejeros que en 2008, cuando entregaron su informe al Gobierno, no se inquietaban demasiado por el lucro. Muchos de ellos siguen a la cabeza de sus universidades y sus opiniones son consideradas en los círculos ministeriales que hasta ahora han tomado las decisiones en estas materias, así como en los ambientes académicos.

Durante los años siguientes, otras preocupaciones surgían y los «pingüinos», sus demandas y las comisiones y consejos asesores parecían haber quedado atrás. Nada había cambiado mucho en la educación. Pero los colegios públicos continuaban deteriorándose y las deudas de los universitarios seguían creciendo. La frustración de los estudiantes iba madurando por dentro, mientras el negocio lucía esplendoroso.

«El panorama estuvo cruzado en 2010 por el terremoto, que configuró un escenario muy desfavorable para la movilización, por eso hay que arrancar entonces la génesis un poco antes, en particular hay que recordar cómo se resolvió el conflicto de 2006 que desembocó en la promulgación de la Ley General de Educación», indica Francisco Figueroa Cerda, periodista de la Universidad de Chile.

Muchas veces conversé con Francisco Figueroa, vicepresidente de la FECH en 2010 y 2011, para tener su mirada respecto de lo que estaba ocurriendo en esos meses de movilización. Él estudió en el colegio San Pedro Nolasco en Vitacura y llegó a la Universidad de Chile en 2005. Al año siguiente empezó a colaborar con la federación, presidida entonces por Nicolás Grau, en cuya secretaría de comunicaciones se encontraba Giorgio Boccardo, líder del movimiento SurDA, quien en 2006 sucedió a Grau en la presidencia. Era el tiempo de la «revolución pingüina».

Fue en esa época cuando Figueroa se vinculó a la política universitaria y en 2008 entró al colectivo estudiantil Izquierda Autónoma, heredero de la SurDA. Ese año presidió el Centro de Estudiantes de Comunicación (CECO), que reúne a los alumnos de periodismo y cine y televisión. Lo conocí en ese tiempo y lo tuve después como alumno.

Hoy periodista titulado, su memoria transformada en libro lleva un sugerente título: Llegamos para quedarnos. Figueroa, candidato a diputado por el distrito Providencia y Ñuñoa, estuvo al lado de Camila Vallejo durante 2011. Ambos lograron ponerse de acuerdo para conducir la FECH pese a sus diferencias de formación política.

Cuando los estudiantes irrumpieron en el escenario, muchos se preguntaban de qué origen político eran. La acción política de los jóvenes de hoy es diferente a la de los años sesenta, setenta e incluso ochenta. Con la excepción del Partido Comunista, cuya juventud mantiene presencia en la mayoría de las principales universidades, ya casi no se ven las juventudes de antes ligadas a los partidos. Otra gran excepción es el gremialismo de la Universidad Católica vinculado a la UDI, que en los últimos años ha sido desplazado por el movimiento Nueva Acción Unitaria (NAU) y se divisa en algunas elecciones de otras universidades.

La relación entre partidos tradicionales y ramas juveniles es así escasa o nula, fuera del PC y la UDI.

Si uno les pregunta por el pasado político de sus padres, se puede encontrar con hijos o nietos de democratacristianos, socialistas y también de gente más de derecha. Entre los líderes de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, algunos de sus progenitores han tenido cargos en gobiernos de la Concertación o aún militan en sus partidos. Pero para ellos, ese es otro mundo del que se sienten distantes.

Hay ejemplos ilustrativos. Nicolás Grau, presidente de la FECH en 2007, elegido por el movimiento Nueva Izquierda, es hijo de la ex ministra secretaria general de la Presidencia de Michelle Bachelet, Paulina Veloso. Dos años después le tocó el turno a Federico Huneeus, presidente de la FECH en 2009, también de la Nueva Izquierda, que es hijo del cientista político DC Carlos Huneeus y de la socióloga Marta Lagos. En esa misma época triunfó en la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) Miguel Crispi, de la Nueva Acción Universitaria (NAU). Hijo de la socióloga socialista Claudia Serrano, ex subsecretaria de Desarrollo Regional de Michelle Bachelet, Crispi es uno de los forjadores del nuevo movimiento Revolución Democrática, junto a Giorgio Jackson.

Pero en la Universidad de Chile, la Juventud Demócrata Cristiana (JDC) prácticamente no existe. Tampoco se ven muchos estudiantes del Partido por la Democracia (PPD) y solo en algunas facultades aparecen representantes del socialismo o del Partido Radical. Y por la derecha hay algunos cercanos a Renovación Nacional y unos cuantos UDI o gremialistas. Pero son pocos y no llegan a grandes votaciones.

El resto son colectivos o movimientos nuevos de izquierda no comunista. En la FECH son fuertes los autonomistas, hijos de la SurDA, que en las últimas elecciones de federación se han unido con la Nueva Izquierda. Eligieron presidente a Gabriel Boric a fines de 2011, quien desempeñó su cargo en 2012, y lo sucedió Andrés Fielbaum, el actual presidente. La Izquierda Autónoma decidió postular a tres de sus ex dirigentes al Parlamento: Francisco Figueroa en Providencia y Ñuñoa, Daniela López en Valparaíso y Gabriel Boric en Punta Arenas.

El vicepresidente, Fabián Araneda, también egresado de periodismo y ex presidente del CECO, pertenece al colectivo Luchar, vinculado al Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), que está presente también en algunas otras universidades.

Otro colectivo que surgió a partir del movimiento estudiantil de 2011, y que ha logrado estar a la cabeza de siete federaciones, es la Unión Nacional Estudiantil (UNE).

MITO FUNDACIONAL

Francisco Figueroa no es hijo de políticos, pero tiene raíces variadas. Define a la familia de su madre como muy pro Concertación. «Mi abuelo siempre fue bien filo DC, pero de la izquierda de la DC, por eso tal vez nunca entró a militar, y hay varios socialistas en ese lado. Y la familia de mi papá es más diversa, mi abuelo era radical y se fue a la derecha en la dictadura, ahí hay una herencia más conservadora», dice.

Al volver la mirada hacia atrás, Francisco Figueroa sostiene: «El año 2006 terminó con una frustración muy grande. En 2007 se generó este consejo asesor que sacó inicialmente unas conclusiones que al movimiento le parecían interesantes, pero que el Gobierno de Bachelet desechó y después vino la levantada de brazos del salón Montt-Varas, y la promulgación de la LGE en 2008».

Según Figueroa, «esa escena del salón Montt-Varas en la que todos los presidentes de partidos de Gobierno y oposición celebraron el envío de esta ley bajo la política de los acuerdos, es el mito fundacional de una generación».

Explica el ex vicepresidente de la FECH que eso «instaló una desconfianza muy grande en la base estudiantil. La hizo mucho más reacia a las formas más institucionales de resolver los conflictos que se habían implementado hasta ese momento: las marchas que iban al ministerio para iniciar una mesa de negociación, de la que se sacaba bien poco».

Esta percepción la he podido comprobar en decenas de conversaciones con estudiantes de diferentes universidades. Da la impresión de que a los «pingüinos» de entonces y a quienes los apoyaron se les quedó esta frustrante escena grabada en la memoria. La citan como ejemplo de su distanciamiento de los partidos políticos y de su desconfianza ante las promesas de cambio.

Más acá de la desconfianza estudiantil, el tenor de las antiguas discusiones y los muchos intereses que se cruzan llevan a pensar que no le será fácil a Michelle Bachelet, si resulta elegida presidenta, poner efectivamente fin al lucro. Para la derecha es un tema prácticamente intransable y así lo han demostrado sus parlamentarios cuando votaron en cerrado bloque contra el informe de la comisión investigadora en junio de 2011 y cuando defendieron con todo lo que pudieron al ex ministro Harald Beyer. Pese a su gran respaldo, Bachelet no tiene en este tema todo resuelto. Y eso lo perciben los dirigentes estudiantiles, que están atentos a cualquier señal. El fantasma de los brazos en alto los hace desconfiar. Las opiniones conocidas como aquellas del Consejo Asesor para la Educación Superior permanecen sobre la mesa. Y desde luego observan a quienes tienen intereses en este «mercado» de la educación.

Intervenciones recientes en torno a educación gratuita y lucro indican, por ejemplo, que la ex ministra Mariana Aylwin, quien se mantiene presente en el debate educacional, insistirá en sus divergencias frente al lucro, la gratuidad y asuntos afines. Entre los partidarios de la Nueva Mayoría su caso no es único. Gutenberg Martínez, casado con la senadora Soledad Alvear y uno de los dueños de la Universidad Miguel de Cervantes, también ha planteado diferencias con lo expresado por la candidata a la Presidencia. Aunque Alvear dio una señal al votar en abril pasado a favor de la destitución de Beyer.

En forma más nítida unos, más silenciosa otros, los distintos actores vinculados a la educación solo dan pistas en este juego de poder. Además, el asunto, que ya fue complicado en 2007 y 2008, cuando se trató de legislar, puede seguir siéndolo, debido a los altos quórums que se requieren para efectuar las reformas y cambiar las leyes.

Pero el escenario ha variado por la irrupción del movimiento estudiantil y su presencia constante en la cancha, y también las demostraciones palpables de la situación caótica que enfrenta la educación superior en Chile, con tragedias como la de la Universidad del Mar o el escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación. Este se destapó a través de la investigación iniciada en enero de 2012 en la Fiscalía Oriente de Santiago y llevó a la cárcel en calidad de imputados por delito de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios al ex presidente subrogante de la Comisión Eugenio Díaz Corvalán, y por soborno y lavado de dinero a los rectores Héctor Zúñiga, de la Universidad del Mar, y Ángel Maulén, de la Pedro de Valdivia, a quien se le concedió la libertad vigilada.

En la misma fiscalía el fiscal jefe, Carlos Gajardo, con la colaboración del fiscal Pablo Norambuena, lleva la investigación por lucro que tiene puesto el foco en doce universidades privadas.

A eso se suman otros factores que marcan el contexto. El «poder fáctico» de la Iglesia tras el escándalo de Karadima —que fue un terremoto con repercusiones que aún no se pueden medir en toda su magnitud— está disminuido. El testimonio de las víctimas del ex párroco de El Bosque abrió las puertas a otros abusados y así se conocieron casos como el del ex vicario de la solidaridad Cristián Precht y el de decenas de sacerdotes de distintas diócesis del país. El propio cardenal Errázuriz, que hizo sentir su autoridad en 2007, es acusado por los denunciantes de Karadima de no haber atendido oportunamente los testimonios que se le entregaron años antes. Incluso las víctimas lo señalan como encubridor.

Todo eso ha provocado una evidente pérdida de credibilidad y de influencia de la Iglesia católica en la sociedad chilena. Su voz se escucha menoscabada, casi afónica, incluso ante los denominados «temas valóricos» que tanto le preocupan. También frente a los asuntos educacionales. Y después de 2011 no se han vuelto a escuchar —al menos públicamente— defensas abiertas del lucro como aquella de 2007.

El sucesor de Errázuriz en el Arzobispado de Santiago, Ricardo Ezzati, ha tenido además una actitud diferente. El sacerdote salesiano que preside asimismo la Conferencia Episcopal manifestó en septiembre de 2012, a propósito de una concurrida marcha y de las movilizaciones que regularmente se han venido sucediendo desde 2011, que «cuando los jóvenes se rebelan contra el lucro tienen razón».

Al comentar la carta pastoral «Humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile», emitida por esos días por la Conferencia Episcopal, habló contra el «lucro desmedido» y agregó en entrevista de radio Cooperativa: «En la experiencia de Chile en estos últimos meses y años, una parte significativa de la sociedad percibe que el modelo no satisface plenamente las acciones de la persona humana».⁹ Pero ese reconocimiento no hubiera ocurrido sin el levantamiento de los estudiantes.

No obstante y pese a todo, en los dichos de algunos políticos se advierte una cierta porfía. Así se percibe en las intervenciones de los diputados de derecha en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en el rechazo del Pleno de la Cámara al informe o en la descomunal defensa del ex ministro Harald Beyer, que finalmente fue destituido en abril de 2013.

Pero a la vez se observa que en la medida en que ha transcurrido el tiempo, ya no son solo los de derecha quienes tienen algo que defender en universidades y colegios. Con el paso de los años han aumentado los militantes o simpatizantes de partidos de la actual oposición —en especial del PPD y de la DC— que entraron al negocio privado de la educación, en calidad de dueños, accionistas o directivos. Es posible asimismo que algunos financistas de las campañas electorales tengan intereses creados en el sector y condicionen las voluntades de parlamentarios a la hora de legislar. Se ha visto en otros sectores y la falta de transparencia ayuda al ocultamiento.

Todo eso pesa y pesará en el Congreso, que arrastrará todavía su composición binominal. Se observa también que las redes que se tejen son firmes y tienen un cierto carácter transversal que logra forjar acuerdos entre bambalinas apegados a los intereses de unos pocos. Como la educación ha sido y sigue siendo uno de los tópicos más sensibles en el país, tanto por su impacto ideológico como lucrativo, los protagonistas de las conversaciones suelen ser personajes del primer plano político. Y se desarrollan abiertas o soterradas batallas porque es mucho lo que está en juego.

El desafío para los estudiantes será lograr romper las barreras y convencer o derrotar los argumentos de los guardianes del lucro que están detrás de muchas empresas llamadas universidades, de las cadenas de colegios subvencionados, de institutos profesionales, y en forma directa o a través de terceros involucrados en sus negocios, integran comisiones y mesas para imponer sus ideas y cautelar sus intereses o los de sus jefes.

Los dirigentes estudiantiles y los que lo fueron hasta hace poco saben que las «trenzas» y los lobbies en esta materia no son patrimonio exclusivo de la derecha que diseñó el modelo y se ubicó bien para garantizar ganancias e influencias. Por eso siguen atentos con sus demandas más claras y su convicción más firme. Algunos optaron por postular al Parlamento, pero aunque no resulten elegidos pretenden seguir adelante tratando de que los cambios que promueven se hagan realidad.

CAPÍTULO II

El estallido de 2011

Ya en 2004 hubo señales preocupantes del incontenible crecimiento de algunas universidades como la del Mar, Las Américas, la Santo Tomás y el Instituto Profesional AIEP. Un informe del Consejo Nacional de Educación recogió esa inquietud.

El aumento del acceso a la universidad era preconizado como un logro. Lo que hoy parece increíble es que los sucesivos ministros de Educación, los directivos del ministerio, sus asesores y los parlamentarios no hayan atendido con acuciosidad los extraños y numerosos síntomas de irregularidades que ya se advertían desde comienzos de la década. El modelo impuesto en los setenta y ochenta —más allá de sus implicancias ideológicas— empezaba a mostrar signos de que algún día podía reventar.

El ex secretario del Consejo Superior de Educación (CSE)¹ José Miguel Salazar señaló al diario digital El Mostrador,² en abril de 2013, que el mencionado informe fue preparado por el consejo a petición del Mineduc, encabezado entonces por el ministro Sergio Bitar, quien estuvo en esa cartera entre 2002 y 2005. La jefa de Educación Superior era Pilar Armanet, quien después de ser embajadora en Francia y ministra secretaria general de Gobierno, se incorporó en 2010 a la Universidad Las Américas —una de las mencionadas en ese informe— como vicerrectora académica.

En ese tiempo nadie cuestionaba en público los brutales crecimientos de estas nuevas universidades, que aumentaban su negocio a vista y paciencia de autoridades, parlamentarios y expertos, mientras los estudiantes endeudados e ilusionados con tener un título profesional soportaban una situación abusiva.

Bitar también presidía el Consejo Superior de Educación. «Al ministro le llamó la atención el crecimiento de algunas de estas instituciones y pidió que analizáramos estas situaciones para ver si ameritaba cerrar alguna. Nos hizo un encargo muy preciso: saber si habían dejado de cumplir sus objetivos estatutarios a propósito de su expansión», dijo Salazar a El Mostrador.

Pero si bien hubo señales que encendían las alarmas, «la información que manejábamos no estaba validada, y no podíamos exigir a los planteles que nos entregaran los datos. En su época, ni el Mineduc podía hacerlo, por eso después inventaron el SIES [Servicio de Información de Educación Superior]. Nadie tenía la facultad de pedir datos ni verificarlos. Si nos daban datos que no correspondían, no podíamos exigirles que rectificaran», indicó Salazar al diario electrónico.

Al final no pasó mucho con el informe y las matrículas siguieron aumentando al amparo del Crédito con Aval del Estado (CAE), inaugurado en 2006.

El ex ministro ha dicho que el ministerio no tenía atribuciones para tomar medidas y que la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación fue en cierto modo una respuesta a estos problemas. «En vista de la necesidad de controlar la calidad envié un proyecto de acreditación, otorgando facultades para el Estado, incluso la obligación de entregar datos financieros de las instituciones de educación superior», manifestó a El Mostrador en abril de 2013.

Agregó Sergio Bitar: «La derecha se opuso. Logramos después de tres años —2003 a 2006— la existencia de una ley. Aunque buena y mejor que nada, fue parcial». Recordó también que ese proyecto tuvo más de ochocientas indicaciones. Y es cierto que la oposición de entonces hizo una defensa acérrima de las universidades privadas y orientó sus indicaciones a poner la menor cantidad de regulaciones posibles.

Por ese tiempo y desde 2003, el senador de la UDI Hernán Larraín Fernández, quien era muy cercano a Gerardo Rocha, integraba la junta directiva de la Universidad Santo Tomás, donde participó hasta marzo de 2010. Incluso en un documento de 2002 ya figuraba como representante de la Corporación Santo Tomás.

Hoy, las cuatro instituciones que fueron incluidas en el informe del Consejo Nacional de Educación en 2004 están entre las investigadas por lucro en la Fiscalía Oriente por el equipo que encabeza el fiscal Carlos Gajardo. Pero entremedio pasaron ocho años en que los controladores de esas empresas llamadas universidades hicieron negocio a costa de los aranceles de los alumnos. Y quizá si se hubieran tomado cartas en el asunto antes que la crisis de la Universidad del Mar fuera total, los daños serían menores.

NEGOCIADOS Y ESCÁNDALOS

Hubo señales y alertas de otro tipo que tampoco fueron consideradas. En 2007 se advirtieron incontenibles problemas en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) que fue transformada en sociedad anónima por sus directivos. Además, estuvo comprometida —lo mismo que la Santo Tomás, la Universidad del Mar, la Ucinf y otras— en los escándalos con la carrera de criminalística que se destaparon ante las denuncias de los estudiantes que comprobaban que no tenían campo ocupacional.³

Hubo también negociados y complejas situaciones que afectaron a universidades tradicionales. En Valparaíso no pudo volver a la rectoría el entonces director del departamento de industrias de la Universidad Técnica Federico Santa María, Adolfo Arata, quien antes había sido rector y se había presentado a la elección en 2005.

En la Universidad de Valparaíso rodó la cabeza del rector Juan Riquelme en 2007. En ambos casos, los estudiantes seguidos por los académicos fueron los que empujaron el carro en medio de denuncias por prácticas poco transparentes.⁴

Tampoco bastó el escándalo de las becas Valech en la Uniacc, originado por el «diseño» de programas especiales que nada tenían de universitarios, impulsados por el entonces rector Daniel Farcas. Como publiqué en un capítulo del libro El negocio de las universidades en Chile, ya desde 2007 se sabía de esta estafa. Con recursos del Estado que cubrían los aranceles completos, los beneficiarios se inscribían en los cursos que les ofrecía la Uniacc, pagados a precios de oro.

Con más del 70 por ciento de las becas en sus manos y más de cinco mil millones de pesos en sus arcas, la Uniacc fue la gran favorecida con estos subsidios de reparación a víctimas de la dictadura, hasta que surgieron denuncias de la Agrupación de Ex Presos Políticos. El Ministerio de Educación tomó algunas medidas sin meter mucha bulla y logró recuperar parte de los recursos. No obstante, las cortinas de silencio se mantuvieron hasta que el escándalo reventó a comienzos de 2010, tras un programa de Televisión Nacional.

La investigación de una comisión de la Cámara de Diputados confirmó las denuncias. El Estado, la fe pública y los propios alumnos, que no alcanzaron a tener el añorado título profesional, habían sido atropellados. Daniel Farcas Guendelman debió dejar la rectoría. Con él salieron otros integrantes de su grupo cercano, entre ellos su histórico amigo Andrés Lastra, quien oficiaba de vicerrector académico. Tras dejar la Uniacc, Lastra, ex dirigente estudiantil DC de los años ochenta, realizó trabajos de asesoría con Eugenio Díaz Corvalán, el acusado ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. El cuestionado abogado es amigo de Farcas desde sus tiempos de militante de la Izquierda Cristiana y lo llevó a la Uniacc como subdirector de la Escuela de Derecho.

Haciendo gala de una indescriptible falta de inhibición, Daniel Farcas se volvió a acercar al PPD, del que decía mantenerse alejado, y se presentó como candidato a diputado por el distrito 17, que reúne las comunas de Huechuraba, Conchalí y Renca en Santiago Poniente. Farcas es vicepresidente de la Comunidad Judía y cuenta entre sus amigos al ex ministro José Joaquín Brunner, con quien trabajó como director de Organizaciones Sociales, y al senador Guido Girardi. Sus críticos aseguran que esos importantes apoyos son los que lo han logrado blindar, pese a que el escándalo de las becas Valech no es el primero en que se ha visto involucrado. Antes debió dejar su cargo de director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), al que llegó en 2002, después de que uno de sus asesores —el director de finanzas del servicio, Eric Leyton— apareció comprometido en el denominado «Caso Coimas», como recordó El Mostrador el 8 de agosto de este año tras conocerse el resultado de las primarias, en las que ganó por 27 votos.

EL SILENCIO DE LOS INTERESADOS

Pero de las becas Valech, de los negocios con las inmobiliarias y de los problemas de otras universidades —la mayoría privadas creadas después de los ochenta— se hablaba poco. Esas situaciones no llegaban a la superficie amparadas por el silencio de los medios de comunicación convencionales, que no parecían interesados en dar a conocer estas «dificultades». Mal que mal, las universidades privadas estaban entre los principales avisadores, además de coincidir con sus postulados ideológicos.

Sin ir más lejos, ese libro en el que dediqué un capítulo completo a las becas Valech y el anterior, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, fueron ignorados —por no decir censurados— durante cuatro años. Pese a los datos y advertencias que contenían, no se comentaron en los medios masivos tradicionales. Solo las radios y medios digitales como El Mostrador, El Ciudadano y el semanario The Clinic mencionaron en ese tiempo algunos de los antecedentes que entregan.

Todo lo que significaba tocar el sistema era visto como delicado. Y quienes en el Gobierno de la Concertación o en el Parlamento querían avanzar se topaban con la maraña de intereses en juego, en especial en el ámbito de la derecha opositora, pero no solo en ella. El argumento de que el sistema «de mercado» para la educación superior había llegado para quedarse se escuchó muchas veces.

Esos libros entretanto circularon desde el principio —y eran muy leídos— en ambientes académicos y entre dirigentes estudiantiles a lo largo del país. Me tocó muchas veces compartir en distintas regiones las experiencias que estaban viviendo. Exposiciones, charlas y foros pasaron a ser parte de mi actividad, en la medida en que los libros adquirían vida propia, pese al silencio de los interesados en que no se hablara de estos asuntos.

Después fue distinto. Cuando estalló el movimiento estudiantil, la televisión se hizo parte de la información y algunas revistas quisieron tener apreciaciones que les ayudaran a entender lo que estaba sucediendo.

Los dirigentes de la FECH pusieron El negocio de las universidades en Chile en el primer plano, cuando Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Camilo Ballesteros y los demás dirigentes de la Confech le llevaron un ejemplar a Joaquín Lavín.

«¿Lo leyó, ministro?», me contó Camila que le preguntaron mientras se lo pasaban. Un tanto nervioso, el ministro dijo: «Sí». Y un asesor, raudo, lo tomó y lo colocó boca abajo. Era el 26 de mayo de 2011.

En un fortuito encuentro en la Alameda con Giorgio Jackson, frente a la casa central de la Universidad Católica, en agosto de 2013, lo primero que me comentó fue esa anécdota. Se refirió a ella en los mismos términos en que me la había relatado poco después que ocurriera la ex presidenta de la FECH.

Muchos colegas, entretanto, cuando me invitaban a un programa o a una entrevista, decían que mis investigaciones habían sido «anticipatorias». No era para tanto. Simplemente había investigación y falta de interés de otros por dar a conocer lo que cuentan esos libros. Lo que sucedía, a mi juicio, era simple y se podía tomar como un indicador de lo que ocurre con la libertad de expresión en Chile. Los medios, por ideología o intereses creados de sus dueños, o simple desconocimiento de los editores, no habían tomado en su minuto la información que esas publicaciones contenían. La concentración de la prensa en Chile, la falta de lectura y de debate tienen que ver con eso.⁵

Lo divertido del asunto es que una de las principales promotoras del libro El negocio… resultó ser la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei. En abril pasado, con tal de defender al destituido ministro Harald Beyer y de alegar contra los opositores, apareció en la televisión «enarbolando» —como dijo el presidente de la FECH, Andrés Fielbaum— mi libro. Se constituyó en la herramienta que usó la ex ministra del Trabajo para enrostrar a la Concertación que se «sabían estos problemas desde hace años». Ironías de la vida, ya que su jefe de campaña, Joaquín Lavín, ex ministro de Educación, fundador y ex vicepresidente de la Universidad del Desarrollo, es uno de los actores destacados de esa publicación. Lo mismo que el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.

EL FACTOR BIELSA

El ánimo entre los dirigentes estudiantiles y el «activo social y político del movimiento» se caracterizaban en 2010 por el pesimismo, según Francisco Figueroa. «El terremoto nos fregó mucho el panorama… No se veía por dónde entrarle a la situación, más encima porque el Gobierno de la derecha no llegaba como lo esperado, con un Gobierno pinochetista muy tradicional, sino que aparecía con una impronta muy ambiciosa de refundación, de renovación. Eso se mostró después que no era tal, pero es lo que se vivía ese año y salía bien parado con su actuación en el caso de los mineros».

Sin embargo, durante ese primer año del Gobierno de Sebastián Piñera también empezaron a ocurrir otros hechos que, sin imaginarlo, iban a influir en los ánimos juveniles y levantar cierto descontento social.

Francisco Figueroa recuerda un antecedente en apariencia ajeno a la política y a la educación que, a su juicio, fue significativo: «Piñera se había involucrado en la salida de Marcelo Bielsa.⁶ Hubo marchas en contra de la ANFP [Asociación Nacional de Fútbol Profesional], yo estuve en varias».

Los antecedentes son elocuentes. Gabriel Ruiz-Tagle, militante de la UDI y uno de los dueños de Colo-Colo, fue nombrado por Sebastián Piñera subsecretario de Deportes en marzo de 2010. En un comienzo, Ruiz-Tagle había dicho que no vendería sus acciones, pero tuvo que hacerlo en medio de una gran polémica. Después se vio involucrado en la salida de Bielsa. «Y estalló un conflicto más o menos grande, porque Bielsa era el héroe y Piñera el antihéroe», señala Francisco Figueroa.

El entonces director técnico de la selección de Chile, el argentino Marcelo Bielsa, quien llevó al equipo nacional a la clasificación para el Mundial de Sudáfrica, saludó con frialdad a Sebastián Piñera en La Moneda a su vuelta a Santiago en julio de 2010. Hasta ese momento, el presidente de la República todavía era dueño de más del 13 por ciento de las acciones de Blanco y Negro S.A., la sociedad administradora de Colo-Colo, uno de los principales equipos de fútbol del país.⁷ En octubre de ese año, Bielsa rompió su habitual parquedad y se pronunció con elocuencia en torno a las elecciones de la ANFP. Los grandes clubes, entre los que estaban Colo-Colo, Universidad de Chile, de la sociedad Azul-Azul, y Universidad Católica, de Cruzados S.A., apoyarían al dueño de Unión Española, Jorge Segovia.

Tras la disputa entre el anterior presidente, Harold MayneNicholls, y los grandes clubes —en la que estaban en juego los derechos del Canal del Fútbol—, Bielsa anunció que abandonaría su cargo si el español Jorge Segovia tomaba el lugar de MayneNicholls. La ANFP eligió a Segovia,⁸ quien también es propietario de la Universidad SEK, hoy investigada por la fiscalía, y Bielsa se despidió. Francisco Figueroa relaciona la salida del entrenador de la selección nacional con la movilización que surgió después. «Hubo algunas protestas callejeras en contra de la salida de Bielsa. Se veía al Gobierno en ese problema. Estoy seguro de que eso incidió, porque hizo que mucha gente que no estaba involucrada en temas públicos, que no le preocupaba el modelo ni mucho menos, viera en este caballero [se refiere a Piñera] la personificación de un tipo tan, tan, tan mezquino que era capaz de anteponer sus intereses a los del fútbol, que aparecía como lo único que nos puede unir en un país tan fragmentado.»

Esas marchas partían desde plaza Italia. «No se vinculaban formalmente las federaciones porque para la izquierda más tradicional era visto como un tema aparte», dice Figueroa. «Muchos izquierdistas piensan que el fútbol es el opio del pueblo, pero sí habíamos varios estudiantes y dirigentes que animábamos la cuestión», confiesa el ex vicepresidente de la FECH.

DESDE EL EXTREMO AUSTRAL

Otras protestas despertaban en paralelo en el extremo sur del país. Punta Arenas fue el foco de una movilización en enero de 2011. El conflicto se originó en la política del Gobierno que quería subir en más de un 16 por ciento los precios subsidiados de los combustibles a la población de la región austral. «El Gobierno salió muy mal parado del “Puntarenazo” en enero de 2011. Piñera mandó a Laurence Golborne para que apareciera resolviendo ese conflicto y la gente en Punta Arenas casi lo embistió», recuerda Figueroa. Los mayores rememoraban ese otro «Puntarenazo» de febrero de 1984, cuando en la plaza Muñoz Gamero la ciudadanía repudió en vivo y en directo la presencia del dictador Augusto Pinochet, de visita en la ciudad austral.

Era un hecho inédito, como el ocurrido casi tres décadas antes, que marcó un despertar de la movilización social.

Como preludio de lo que vendría más adelante, en marzo de 2011 empezaron a surgir también las manifestaciones masivas contra la construcción del proyecto HidroAysén, con importantes marchas en Santiago. Las empresas Endesa⁹ —en manos de la italiana ENEL— y Colbún —controlada por la familia Matte— pretenden levantar cinco represas hidroeléctricas en la Región de Aysén, que atravesarían dos ríos —Baker y el Pascua—, pasando por parques nacionales y santuarios de la naturaleza en la Patagonia.

«Ese movimiento empezó a convocar a un grupo de jóvenes que no había estado vinculado tradicionalmente al movimiento estudiantil, a través de la Confech o de las organizaciones de secundarios. En ese contexto, de más efervescencia social, se empezaron a diseñar los caminos a través de los cuales avanzaría la causa de la educación pública», agrega Francisco Figueroa.

Los universitarios, entretanto, se preparaban para lo que sería su gran año de movilizaciones. La calle sería el escenario.

LAS APUESTAS DE CAMILA

En noviembre de 2010, Camila Vallejo fue elegida presidenta de la FECH. Francisco Figueroa remató como vicepresidente por segundo período y Cristóbal Lagos, del Instituto de Asuntos Públicos, representante de la Izquierda Unida, como secretario general.

La nueva presidenta había egresado recién de geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su hermana Javiera, periodista dos años mayor, le recomendó esa carrera. «No sabía qué estudiar, me gustaban mucho las artes, la pintura, pero no quería pagar una carrera para aprender a pintar y dibujar; postulé también a diseño teatral, di todas las pruebas, quedé incluso con un alto puntaje, pero no me convenció. Cuando revisé el currículo de geografía me interesó mucho», señala Camila.

Por distintas razones estudió en cinco colegios en La Florida —terminó su enseñanza media en el Raymapu—, donde ahora postula a diputada por el Partido Comunista, dentro del pacto Nueva Mayoría. En esa época escolar conoció «algo de la Jota», dice refiriéndose a las Juventudes Comunistas, en las que empezó a militar en 2007, cuando estaba en segundo año de universidad. Fue a través de una amiga, Olivia Contreras, quien después se fue a vivir a Argentina, que ingresó al PC.

Camila asegura que nunca soñó ni se propuso ser dirigente. «Lo que yo quería era participar en una organización. Pensaba que en la Universidad de Chile iba a conocer el mundo, iba a ver la diversidad y las distintas organizaciones, y desde ese espacio podría contribuir en algo. Siempre lo tuve claro y al conocer la vida política universitaria me decidí probar en las Juventudes Comunistas, pero jamás pensando en que iba a ser dirigente.»

Confiesa que en esos primeros tiempos universitarios «tenía pánico escénico», pero que al entrar en la Jota tuvo que empezar a participar y dar sus opiniones. Dice que su formación fue «en la práctica» y que su estilo se pulió «en las discusiones de las asambleas, plenos y reuniones».

En 2009 conoció a Julio Sarmiento, su pareja desde hace cuatro años y padre de su hija. Sarmiento es médico, milita en la Jota y fue su antecesor en la presidencia de la FECH.

Cuando la directiva de Camila Vallejo asumió, la pregunta que muchos se hacían era qué pasaba con la federación y con los universitarios que no jugaban un rol como el que habían tenido en las diferentes etapas durante el siglo XX. Los estudiantes no participaban en asambleas ni discusiones en forma masiva, pese a los problemas que enfrentaba la educación.

«Nosotros, desde la Jota al menos, nos preguntábamos por qué la FECH no estaba teniendo un rol nacional y nuestra apuesta fue esa. No creo que el problema de la educación no se haya discutido antes. Esa discusión se venía dando en otros niveles, en algunos sectores políticos y académicos había más desarrollo… Pero nosotros no lo habíamos hecho con la profundidad que lo hicimos en 2011», me comentó una tarde de marzo de 2013.

Los inquietaba, cuenta, que la FECH «en el fondo saliera de la burbuja universitaria y que fuera un actor de carácter nacional». Con esa idea estaban hacia 2009, cuando ella empezó a participar en política universitaria.

En ese tiempo presidía la FECH Federico Huneeus, de la Nueva Izquierda, y se había producido una aproximación con la FEUC, encabezada entonces por Miguel Crispi, del movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), que triunfó frente a los gremialistas en las elecciones de noviembre de 2008. La coincidencia de que ambos fueron compañeros de curso en el colegio Saint George’s contribuyó a acercar a las federaciones de las dos principales universidades del país. Y eso, a su vez, ayudó a revitalizar la Confech.

«Ya en ese tiempo hablábamos mucho sobre el tema de las privadas y cómo plantear una reforma al sistema en el conjunto, no solo a las universidades del Cruch. Ahí empezó a tocarse el tema del giro único y de no al lucro. Llegamos con esas ideas incluso cuando estuvo Julio, pero vino el terremoto en febrero de 2010», recuerda Camila Vallejo.

UNA CUESTIÓN DE PIEL

Al comenzar 2011, en el grupo Izquierda Autónoma, que integra Francisco Figueroa, participaban activamente la presidenta de la Federación de la Universidad Católica de Valparaíso (FEUC-V), Nataly Espinoza, y el ex presidente de esa federación, Jorge Sharp; Karyn Álvarez, de la Austral; el ex presidente FECH Giorgio Boccardo y algunos dirigentes de la Universidad de Chile, como Víctor Orellana, la ex vicepresidenta Úrsula Shüler y Francisco Arellano, de derecho.

«Era un grupo bien grande, y nos manteníamos totalmente contactados», comenta Francisco Figueroa. «Conspirando con los chiquillos», continúa, «resolvimos en un encuentro de 2011 que si alguna posibilidad había de levantar un conflicto en torno a la educación superior, era primero que nada denunciando el tema del endeudamiento. Veíamos que era un problema que afectaba a cada vez más estudiantes.»

Y sucedía algo especial: ese año empezarían a egresar las primeras generaciones que habían obtenido Crédito con Aval del Estado (CAE), y en su mayor parte eran alumnos de universidades privadas. Había que «convocar a los estudiantes de las privadas, que vivían situaciones más precarias que los de las tradicionales, que tienen todavía “algunos beneficios”, la situación un poco más resuelta», indica Figueroa.

Se trataba de «una cosa de piel y de sentido político», según el ex vicepresidente de la FECH, «porque era lo que nos pasaba a todos, lo que veíamos a partir de las realidades comunes. Y en el sentido político, para nosotros siempre fue fundamental ampliar la base social del movimiento». Para ellos era importante que asumieran un rol activo esos estudiantes que hoy son mayoría del nuevo sector privado de la educación. Y si no había eso, «la Confech iba a tener cada vez menos poder y sería menos capaz de hablarle a la sociedad chilena, al nuevo Chile que se estaba configurando después de las transformaciones neoliberales».

En la Confech estaban hasta ese momento las federaciones de las universidades tradicionales integrantes del Consejo de Rectores, pero corrían el riesgo de ser cada vez menos relevantes, por el desmesurado crecimiento en la matrícula del sector privado de universidades nuevas e institutos profesionales.

Eran también acuciantes los problemas de algunas universidades públicas derivadas, que sobre todo en las regiones afrontan situaciones críticas. El déficit de la educación pública tenía —y tiene— un punto de relación con el crecimiento de establecimientos privados que sin preocuparse por la calidad aumentaban año a año las matrículas para obtener más utilidades. Mientras, el Estado dejaba abandonadas a su suerte a sus propias universidades, orientaba cada vez más recursos a créditos y becas siguiendo el patrón de «financiamiento a la demanda». En contraposición, los estudiantes y los rectores de las universidades públicas han insistido en la necesidad de aumentar el aporte basal directo, para que puedan cumplir su misión de servicio a la sociedad y garantizar el derecho a la educación en las mejores condiciones.

MÁS ALLÁ DE LAS BECAS

Muchos estudiantes sufrían el endeudamiento como parte de su vida cotidiana. El «pingüinazo» de 2006 fue una alerta importante y de hecho fueron los secundarios quienes levantaron las primeras voces contra el lucro. En 2011 ya había una mayor conciencia respecto del problema de fondo de la educación, y las reivindicaciones fueron mucho más allá de la petición de becas o de la tarjeta nacional estudiantil por las que luchaban los estudiantes en un principio.

La Confech a estas alturas trabajaba en plantear las insuficiencias de la agenda ministerial. Según Francisco Figueroa, esta era muy limitada, pues se «presentaba con mucha fanfarria pero no traía cambios significativos», o los tenía pero en el avance de una agenda privatizadora.

En enero de 2011 se discutió en comisiones del Parlamento la Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Esta se refiere a la educación básica y media y, más bien, a los directivos de colegios municipales. «Después de un rápido trámite legislativo, la ley fue finalmente aprobada; sin embargo, el proyecto sufrió varios cambios en su paso por el Parlamento», señala Educación 2020, la fundación liderada por el ingeniero Mario Waissbluth.¹⁰ La ley apuntaba «a mejorar la calidad de los encargados municipales de la educación, de los directores de escuela y de los profesores», según esa entidad surgida en el año 2008.

«En enero se votó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hubo discusión sobre todo en torno al rol de los profesores. Nosotros estuvimos ahí para que eso no se aprobara; pero se terminó promulgando, de nuevo mediante la política de los acuerdos», indica Francisco Figueroa. Según él, «esa ley, en términos bien gruesos, establecía más atribuciones a los directores de colegios para poder remover profesores mal calificados, pero no abordaba temas de mayores recursos».

Camila Vallejo coincide en que primero fueron los temas más puntuales los que preocuparon al movimiento estudiantil, pero ya hacia 2011 había «un grado de avance, no íbamos a pelear solo por becas, íbamos un poco más allá y en eso teníamos ciertas herramientas trabajadas para poder plantear con mayor fuerza cuál era el origen de la crisis de la educación, los problemas más agudos que la mantenían», señala.

Por esos días, los estudiantes se tomaron la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), organismo dependiente del Mineduc, y, según Francisco Figueroa, lo hicieron «porque no llegaban las becas de mantención y alimentación, y había una serie de problemas administrativos que afectaba a treinta mil estudiantes en el sistema tradicional, pero sobre todo porque era una ventana para poder denunciar que el Gobierno supuestamente “de los mejores” no era tal; que la solución tampoco eran unas becas más y que el problema fundamental era el endeudamiento de las familias. Con esa toma se permitió visibilizar que en educación no estaba todo resuelto», afirma el ex vicepresidente de la FECH.

GIORGIO JACKSON

Uno de los máximos integrantes de la Confech de 2011, Giorgio Jackson, entonces presidente de la FEUC, llamó la atención desde un principio por su preparación. Jackson militaba en el movimiento Nueva Acción Universitaria, que se ha impuesto en los últimos años sobre el gremialismo en el bastión histórico de la UDI.

Ingeniero civil y deportista, dejó la selección nacional de vóleibol por la política universitaria. En 2009 estuvo en el nacimiento de la NAU y tras egresar de la UC ha sido uno de los forjadores del movimiento Revolución Democrática. Desde hace unos meses está trabajando por llevar su voz al Parlamento: es candidato a diputado por el distrito de Santiago Centro, y —como Figueroa— escribió un libro, El país que soñamos,¹¹ a partir de sus vivencias en ese año legendario y las reflexiones que le provocaron.

El viernes 16 de agosto, un día que para muchos fue descansado, «sándwich», Giorgio Jackson concurrió al Servicio Electoral a inscribir su candidatura, acompañado de la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Ese mismo día hicieron lo propio los tres candidatos de la Izquierda Autónoma, todos ex dirigentes estudiantiles: Francisco Figueroa por Providencia y Ñuñoa, Daniela López por Valparaíso y Gabriel Boric por Punta Arenas. Ese movimiento anunció también dos semanas antes su apoyo a Jackson en Santiago.

En la víspera del cierre del plazo para inscribirse, el pacto Nueva Mayoría anunció que no competiría en el distrito de Santiago, y sus integrantes manifestaron su apoyo elocuente a Giorgio Jackson. Esta vez fue la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, la que lo acompañó en el anuncio junto a Marcelo Díaz (PS) y Eugenio Ravinet (DC), quienes iban a ser los candidatos.

A pesar de la camisa forzada del binominal, Jackson se abría así paso hacia el Parlamento. Y esto en un distrito simbólico como Santiago. Las iras de la derecha no se hicieron esperar, tratando de descalificar el «blindaje». Una muestra más de que las voces jóvenes que levantaron con energía las demandas estudiantiles en 2011 y cuestionaron el sistema económico y político reinante molestan mucho a quienes no quieren cambiar el statu quo.

La candidata presidencial Michelle Bachelet, en cambio, quien desde su llegada de Nueva York a la campaña había planteado que vería con muy buenos ojos que Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola llegaran a la Cámara de Diputados, calificó el hecho como «una excelente noticia».

BOLA DE NIEVE IMPARABLE

El movimiento estudiantil «también apuntaba a una cuestión de fondo, que es la enorme desigualdad que caracteriza a nuestro país y cómo la educación no está sirviendo para cambiar esa realidad inicial», dice Jackson en las páginas de su libro.

Concuerda con Camila Vallejo y con Francisco Figueroa —con quienes viajó a Europa en 2011— en que en un comienzo el movimiento tomó masividad «por una coyuntura gremial bien específica, con demandas como el transporte escolar, las becas de alimentación y las becas de mantención». Pero esos temas, indica, estuvieron «acompañados por discusiones políticas sobre la educación que se mantenían desde antes de 2006 y la “revolución pingüina”».

Igual que los ex dirigentes de la Universidad de Chile, Giorgio Jackson destaca lo que dejó ese movimiento: «Fueron relevantes la historia y el aprendizaje de la “revolución pingüina”. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de la masiva revolución estudiantil eran prácticamente los mismos que en 2011 llegaron a la universidad». Y apunta: «El “pingüinazo” generó una desconfianza tremenda hacia el sistema político. Esa destrucción de la confianza —que se consolidó en 2008 con la promulgación transversal de la Ley General de Educación— provocó que los estudiantes tuvieran gran conciencia y resistencia cuando estalló el conflicto de 2011».

Uno de los factores que, a su juicio, fue determinante en la fuerza y masividad de la explosión estudiantil fue «el enorme endeudamiento de los estudiantes que debieron pedir créditos con altos intereses, administrados por la banca privada y con el aval del Estado». Es decir, indica el ex presidente de la FEUC en plena coincidencia con Figueroa y Vallejo, «la masificación del CAE que permitió a una gran cantidad de estudiantes ingresar a la educación superior del país a partir de 2006 —sin regulación alguna sobre la calidad de las universidades a las que postulaban—, fue relevante en estos hechos».

Anota Giorgio Jackson: «Hacia el final de la década pasada, algunos de esos estudiantes comenzaron a egresar, a recibirse y, junto con ello, a enterarse de los montos de sus deudas, que eran altísimos o derechamente impagables». Y agrega: «Ellos, sumados a los alumnos que desertaron y que también tenían deudas enormes, empezaron a caer en morosidad y en muchos casos directamente en Dicom,¹² lo que generó una masa crítica sobre este problema urgente».

Jackson destaca otros aspectos que, a su juicio, le echaron leña al fuego: «El Gobierno de Piñera favoreció la radicalización y transformación de las demandas, al ser tremendamente negligente y cometer un error administrativo y político —el primero de varios— en lo relativo a becas».

Para el líder de Revolución Democrática, otro elemento muy importante es el funcionamiento del movimiento estudiantil que tiene como base las federaciones históricas.

«Los movimientos estudiantiles en Chile tienen una trayectoria muy larga de acumulación de experiencias, aprendizajes y errores», dice Jackson. Lo explica así: «Al hablar del movimiento estudiantil de 2011 es claro que se trata de una energía que no surgió de la nada, sino que fue una derivación natural de un proceso muchísimo más amplio». Y a continuación señala: «Nuestra organización estudiantil más antigua es la FECH, que se fundó en 1906 para defender los derechos y las opiniones de los alumnos de la Universidad de Chile y brindar asistencia social a los trabajadores».

Recuerda asimismo que la FEUC, «otro referente importante de la historia estudiantil chilena», se fundó en 1939 y tuvo un rol protagónico a fines de los sesenta en el proceso de reforma universitaria. Y, por cierto, dedica algunos párrafos a la toma del edificio de la Alameda en 1967, cuando los estudiantes exhibieron el famoso lienzo que decía «Chileno, El Mercurio miente».

Indica Giorgio Jackson que uno de los aspectos que contribuyó a dar fuerza al movimiento fue «que logramos hacernos un espacio en los medios de comunicación para decirle al país lo que pensábamos». Eso fue así, dice, «a pesar de las líneas editoriales e intereses de algunos de los medios que reaccionaron ante nuestro mensaje rebelde y transgresor volcando sus esfuerzos en mostrar al movimiento con un carácter violentista e intransigente, casi delictual». Pero agrega que «por fortuna habían llegado demasiado tarde, pues la bola de nieve ya corría cerro abajo y no había forma de pararla».

Subraya el ex presidente de la FEUC algo que ya se había advertido en el movimiento de los «pingüinos»: el rol de las redes sociales y las nuevas formas de comunicarse que ayudaron a contener la ofensiva mediática contraria a los estudiantes. «Nosotros también nos comunicábamos por los medios no tradicionales, como las redes sociales, a través de internet, divulgando videos informativos, de convocatoria, con diagnósticos, que aunque tenían un alcance acotado, así y todo contribuyeron a que las concentraciones iniciales de treinta mil personas o más fueran posibles.»

DEUDAS Y MÁS DEUDAS

Si existe un contenido que prendió fuertemente y que sintetiza buena parte de las demandas estudiantiles —que subsisten hasta hoy— es el «no al lucro».

—¿Cuándo sitúas tú el despertar de la discusión sobre el lucro? —le pregunté a Camila Vallejo.

—Creo que había una intuición de que se venía un problema y había un tema estructural. Eso venía de antes. Recuerdo que la «revolución pingüina» instaló el tema del lucro en la enseñanza básica y media… Pero nosotros estábamos preocupados de problemas más propios de las universidades del Consejo de Rectores. Y de repente empezamos a hablar también sobre el rol de las otras instituciones y otros estudiantes.

»Nos preguntábamos qué pasaba con la “majamama” de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, cómo se regulaba eso. En la medida en que entendíamos que los estudiantes de las universidades tradicionales éramos un 30 por ciento y el resto era privado, y si el Estado tenía que jugar un rol, también tenía que considerar eso. Ahí empezamos a tratar el tema del lucro en la educación superior y en 2011 fue profundizándose ese debate —resume Camila Vallejo.

Para la ex presidenta de la FECH, «el lucro fue el tema clave, porque tiene que ver con la concepción del derecho a la educación; era contrastar esta visión de lo público con lo privado; la educación como derecho o la educación como una mercancía. Ese fue un debate que logró abrir todas las discusiones posteriores, incluso más allá de la educación; llevó a hablar de la visión del modelo de desarrollo, de cómo trata el Estado los derechos en general, y potenció el proceso de movilización».

Después entró el tema de la gratuidad. «En una primera instancia, dentro del debate político estudiantil, había mucho miedo de poder plantearlo abiertamente», señala. Primero se hablaba de arancel diferenciado y de desigualdad, hasta que «nosotros mismos nos dimos cuenta de que para plantear la gratuidad debíamos proponer una reforma tributaria».

Pero la plataforma sobre la que se daban estas discusiones era la realidad del endeudamiento. «Es una demanda aparentemente gremial, ya que toca el bolsillo, pero es estructural y muy política. A la hora de empezar a abordar el endeudamiento, a plantear la sensación de que por la educación uno no tendría por qué estar acogotado, porque es un derecho, el asunto pegaba.»

Agrega Camila Vallejo que el endeudamiento involucró a las familias y a los egresados. «Hace mucho tiempo que los egresados no aparecían, y de repente dijimos “esto es un problema de la sociedad”, porque es la familia la que está endeudada. El egresado que acarrea la deuda por una carrera de no sé cuántos años y que, además, se dio cuenta de que la educación que recibió no le sirvió de mucho, hace un fuerte cuestionamiento. Se dice “estoy ahogado con una deuda maldita porque tengo que pagar a los bancos una suma de dinero mayor a la que hubiera pagado al contado y la educación que recibí es totalmente cuestionable”.»

BOMBARDEO Y AGITACIÓN

Según Camila Vallejo, después empezaron a surgir las preguntas de fondo: ¿qué regulación existe?, ¿cuál es la responsabilidad del Estado, si esto es un derecho? Y ahí, dice, aparecieron muchos temas relacionados, como el lucro en las universidades que suben los aranceles mientras la deuda de los estudiantes asciende.

Todo eso, afirma la ex presidenta de la FECH, «agitó la movilización, y aparecieron los endeudados de Corfo que ya habían salido de la universidad y que eran miles y miles de personas que habían sufrido una denigración absoluta. Hasta llegaban algunos a quienes les habían embargado la casa. Eso también ahondó el tema del lucro en general, porque la deuda no es solo en la educación, sino que uno se endeuda por todo».

Advierte Camila Vallejo que esa «agitación en las capas medias ha sido también importante, porque este modelo promete mucho a esa clase media aspiracional, que es como la catalogan ahora, y a la cual le dicen que pueden tener éxito. Pero es muy perverso para los sectores medios, porque les prometen todo a costa de endeudarse y terminan enfermos de estrés y depresión, y viven hasta la muerte con deudas».

Giorgio Jackson comparte esta mirada y en su libro va más allá de las deudas contraídas en las universidades y apunta a las características de la sociedad chilena en la que se dio el estallido de 2011: «No nos dimos cuenta de lo que pasaba con nuestra sociedad por el bombardeo permanente que nos empujó a consumir, consumir y consumir; no importa la manera, sino que nos lleva a comprar, aunque no tengas los medios para ello», dice.

Según el ex presidente de la FEUC, es lo que pasó con las tarjetas de crédito, con las que se «instaló la cultura del endeudamiento generalizado en la población bajo el pretexto de que eran una ayuda para comprar cosas que de otra manera la gente no podría tener».

Todo eso contribuyó a dar cuerpo a la bomba de tiempo que estalló en 2011. Pero la presión que esconde está aún latente. Los elementos que provocaron la explosión no se han amortiguado. Las universidades privadas, institutos profesionales y demás establecimientos siguen lucrando, sin asegurar calidad, y los que acceden a sus servicios se siguen endeudando. Hasta ahora, fuera de bajar unos puntos la tasa de interés del CAE, el Gobierno no ha hecho nada sustancial. Tampoco habrían logrado contener la situación los limitados proyectos que están en el Congreso. Por el contrario, más bien aparecen como intentos de maquillar la cuestión para que todo siga igual.

CAMBIOS DE FONDO

No es extraño que todo esto haya reventado esta vez por el lado de los estudiantes universitarios. Tras un período de aparente calma, fue el movimiento de 2011 el que lo puso sobre la mesa, en el segundo año de Gobierno de Sebastián Piñera, quien contribuyó a alimentar el fuego cuando en julio de ese año, entre marchas y demandas, afirmó: «La educación es un bien de consumo».¹³

Los dirigentes estudiantiles que fueron capaces de movilizar a cientos de miles de jóvenes y ganar la adhesión de la ciudadanía en 2011, están convencidos de que la única forma de salir adelante es con un cambio radical que implica un rol activo, fiscalizador y regulador por parte del Estado, capaz de eliminar el lucro y garantizar calidad. Al mismo tiempo, advierten que el fortalecimiento de la educación pública no puede seguir esperando.

Con el apoyo ciudadano expresado en marchas y encuestas que han mostrado hasta más de un 80 por ciento de respaldo a sus demandas por la educación, los estudiantes han ido marcando la agenda a través del país: fin al lucro, educación gratuita, fortalecimiento en serio de la educación pública y reforma tributaria para avanzar en esas líneas, han pasado a ser mucho más que simples eslóganes. Y eso no siempre se entiende así.

En forma simultánea, ha tomado cada vez más fuerza la necesidad del cambio de Constitución, del sistema binominal y el cuestionamiento al modelo socioeconómico instaurado por Augusto Pinochet y los Chicago boys.

Aunque en un comienzo, hacia el final de 2011, los universitarios manifestaban cierta sensación de derrota, como la sintieron los «pingüinos» cinco años antes, los jóvenes de las marchas masivas que siguieron movilizados en 2012 y 2013 aprendieron también con el transcurrir de los meses que algo pasaba cuando se unían en sus clamores. Y estos poco a poco se fueron haciendo más exigentes y amplios. Admiten que ante ciertos temas se manifiestan diferencias de opinión entre ellos, que hay grupos y colectivos que piensan distinto y que tienen diferentes modos de encarar el presente y quizá de soñar el futuro. Pero es mucho más lo que los une. La base de un diagnóstico compartido está, las principales demandas también y la capacidad de salir a la calle la han expresado en sucesivas marchas durante los últimos meses.

CAPÍTULO III

Con los ojos en la Central

Las compraventas de universidades habían empezado a ser parte del panorama en que transcurría la educación chilena en los últimos años, cuando los estudiantes se volcaron a las calles en 2011. Grupos económicos y fondos de inversiones irrumpían en el escenario sin dejar ninguna duda de que el lucro era —y es— el motor del negocio de la educación privada, donde se cambian las palabras para tratar de disfrazar lo evidente. «Emprendimiento» o «ganancia» fueron algunos de los intentos en esa búsqueda de pretendidos sinónimos que se desató después de la «revolución de los pingüinos».

Pero los juegos de lenguaje han tenido también otras expresiones donde el subterfugio de «alianza estratégica» se ha usado para ocultar el acto de comprar y vender derechos en corporaciones que se presentan como universidades.

Cuando ya los «pingüinos» y su revuelta parecían haber quedado atrás, las transacciones en millones de dólares seguían mostrando el lucro sin tapujos. El «mercado» era seductor y nadie parecía escandalizarse mucho con la violación de la ley ni con la danza de millones de dólares que se pasaban de unas manos a otras, mientras se compraban y vendían corporaciones y derechos, sin considerar la calidad ni la opinión de los estudiantes y sus familias.

Hacia fines de la primera década del siglo XXI el negocio lucía bullente y atractivo. La gigantesca burbuja del mundo de las universidades privadas post 1981 seguía creciendo con cuantiosas operaciones. Una de las más significativas fue la ocurrida en la Universidad San Sebastián, hasta donde llegaron en 2007 algunos de los antiguos dueños de la Andrés Bello, junto a nuevos inversionistas. Luis Cordero Barrera, antiguo compañero de Pablo Longueira en la fundación de la UDI, junto al creador de la empresa Sonda, Andrés Navarro Haeussler, se sumaron al ex gerente de Copec Alejandro Pérez, y a Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz Pérez, quienes venían también de la Andrés Bello y murieron en 2010 en un accidente de avión. Los nuevos socios acompañarían en el crecimiento de la San Sebastián a los que ya estaban, como Javier Pivcevic y Pilar, la hija de José Luis Zabala Ponce.

Desde otras áreas de la economía, empresarios e inversionistas se involucraban en la educación. Algunos provenientes de sectores tan disímiles a las universidades como el agro y la crianza de cerdos y pollos. Es el caso de Gonzalo Vial Concha, el principal accionista de Graneles de Chile, criador de caballos y aficionado al rodeo, hijo del dueño de Agrosuper, el holding que reúne a Super Pollo, Super Cerdo y La Crianza. Entre sus pertenencias está la famosa planta de Freirina¹ que cerró en 2012 tras un movimiento de protestas de la población debido a las condiciones insalubres en que los Vial mantenían a cerca de quinientos mil chanchos.

Gonzalo Vial Concha controlaba —junto a otros socios— la pequeña Universidad de Rancagua y adquirió en 2008 la de Aconcagua, con su sede central en la Región de Valparaíso y «sucursales» en ciudades del norte y sur del país.

Además de las instalaciones que la Universidad de Aconcagua tenía en La Ligua, San Felipe, Limache, Villa Alemana y Viña del Mar, Vial mantuvo su sede original de Rancagua, donde también los Vial crían cerdos.

Hoy las sucursales de la Universidad de Aconcagua ya suman más de veinticinco, entre Calama y Ancud en la isla de Chiloé, donde tienen pequeños recintos albergados en casas que funcionan bajo el nombre de universidad. La oferta se reduce en la mayoría de ellas a carreras de corte técnico. Bajo el control de Gonzalo Vial, la Universidad de Aconcagua pasó de mil doscientos estudiantes a casi ocho mil quinientos en 2012.

EL ATERRIZAJE DE APOLLO

En enero de 2008 aterrizó en Chile el grupo Apollo, el principal y más conocido representante de la actividad for profit en Estados Unidos. El consorcio, dueño de la Universidad de Phoenix, entre otras empresas, tiene repartidos establecimientos por diferentes países del mundo y es uno de los que fue investigado por lucro en el Congreso de dicho país. En Chile, Apollo pagó —según versiones de prensa— alrededor de 45 millones de dólares a los Guiloff por la Uniacc y el Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación (IACC), que se dedica a impartir carreras on line.

Pero la experiencia acumulada por el grupo experto en lucro no le sirvió mucho. Apollo creyó venir a «hacerse la América» a estas tierras con la universidad que cobraba elevados aranceles y vendía una imagen glamorosa gracias a una descomunal publicidad. La realidad con que se encontró fue bien compleja. Lo más fuerte, el escándalo de las becas Valech impulsadas por el entonces rector Daniel Farcas, a expensas de los fondos entregados por el Estado.

El afán de lucro convertido en directo abuso contra los familiares de víctimas de la dictadura beneficiarios de una ley que tenía sentido de reparación, contribuyó al desprestigio de la recién comprada universidad. Los malos resultados en sucesivos procesos de acreditación completaron un cuadro que ha mostrado que la Uniacc valía menos que lo que pagó por ella el grupo Apollo. Hoy todos sus indicadores muestran que va cuesta abajo y hasta han debido reducir en forma significativa los aranceles.

Pero el problema de la Uniacc fue calificado como un escándalo particular que no hacía temblar el sistema. La década terminaba con grandes transacciones en el «mercado» de las universidades. Era un tiempo de oro para los inversionistas que cruzaban apuestas y ofertas por algunas que les parecían atractivas. Las posibilidades de reclutar más y más alumnos y de financiarlos con créditos avalados por el Estado estaba a la vuelta de la mano desde 2006, y quienes los estaban utilizando mostraban que era una buena manera de seguir aumentando matrículas y utilidades. Solo había que acreditarse, pero cada día parecía más fácil.

FUEGO EN EL QUISCO

En el «mercado» educacional sucedía de todo. La Universidad Santo Tomás, una de las que mostraba mayor expansión, se vio golpeada por un hecho espeluznante. Una mañana de febrero de 2008, Gerardo Rocha, su fundador y principalísimo socio de la corporación y de un imperio educacional, llegó hasta el balneario de El Quisco, en el litoral central, a la casa del ex martillero público Jaime Oliva, acompañado de dos sicarios. Después de amarrarlo, le prendieron fuego. Murió Oliva y Rocha terminó con medio cuerpo quemado. Después de dos meses internado en la clínica Indisa, en Santiago, dejó de existir el 5 de mayo de ese año. El móvil del crimen habrían sido los celos. Su pareja había trabajado quince años antes en la oficina del martillero.

Pasado el impacto inicial y tras largas negociaciones, los herederos de Gerardo Rocha decidieron vender un 60 por ciento de la Corporación Santo Tomás. El elegido como comprador fue Juan Hurtado Vicuña, junto al fondo de inversiones Linzor Capital. La suma de la transacción alcanzó a setenta millones de dólares. Y aunque no fue al parecer la oferta más alta, la cercanía de Hurtado a sectores católicos conservadores habría sido un aliciente para la primera esposa de Rocha, Carla Haardt —también socia de la corporación—, y los demás herederos.

Los nuevos dueños tomaron el control de la Universidad, del Instituto Profesional y del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, que están presentes a lo largo del país. Suman más de setenta mil estudiantes, a los que se agregan los de la cadena de colegios subvencionados que mantiene.

Aunque se supone que las universidades son entidades que no se pueden comprar ni vender, esas operaciones continuaban. El mismo año 2009, el grupo Cepech, dueño del preuniversitario del mismo nombre, del Instituto Profesional de Chile y de varios colegios, se constituyó en holding bajo la sigla GEC y compró la parte mayoritaria de la Universidad de Ciencias de la Informática (Ucinf). El grupo, que nació en los ochenta del preuniversitario de la Fecech, la federación que aglutinaba a los estudiantes designados con la venia de las autoridades hasta que volvió a renacer la FECH, se amplió así al ámbito universitario.

Sin muchos tapujos, las privadas cambiaban de manos, y más grupos y fondos de inversión entraban al negocio. Otros concentraban más entidades bajo su alero. Fue el caso de Laureate, que desde 2003 era dueño de las universidades Las Américas y Andrés Bello. En 2007 este consorcio internacional pasó a manos del fondo de inversiones estadounidense KKR (Kohlberg Kravis Roberts), que dos años después, en 2009, compró la Universidad de Viña del Mar. La mitad le pertenecía a la sociedad Norte Sur —a través de otras firmas de papel—, encabezada por el ingeniero civil de la Universidad de Chile Vicente Caruz Middleton. Esa venta parecía ser la despedida de Caruz del negocio universitario en el que había estado durante una década.

REGRESO DE OTOÑO

No obstante, al comenzar el otoño de 2011, en un clima en el que aún se veía a la educación universitaria como un creciente y lucrativo negocio, empezó a circular una noticia en las páginas económicas de algunos diarios. El foco estaba puesto en la Universidad Central, una de las primeras privadas que desde su nacimiento tuvo un sello distinto. El interesado era Vicente Caruz, presidente de la sociedad Norte Sur.

A Vicente Caruz Middleton le había ido bien en las últimas décadas. Ese año 2011 ganó más de 260 millones de pesos a través de Norte Sur, sin considerar dividendos de acciones, dietas ni rentas de otras inversiones o negocios propios. Similar monto había obtenido en 2009 y en 2010. Lo curioso es que, según los datos incluidos en la memoria² entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros, las remuneraciones de los demás integrantes del grupo eran bastante menores. Salvo un personaje que se inició en los ochenta en un puesto secundario del Banco del Desarrollo: Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo, quien como gerente general de Norte Sur bordeaba los doscientos millones de pesos en 2011; los demás miembros de los directorios de la sociedad no superaban los quince millones, aparte de las dietas y dividendos.

Daniel Albarrán —tal como Caruz— es ingeniero civil, pero de la Universidad Católica. Tras su paso por el Banco del Desarrollo, en los años noventa se convirtió en empresario salmonero. Fue uno de esos ejecutivos que atravesó la «puerta giratoria» en el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando dejó la presidencia de la Asociación de Salmoneros —donde estuvo entre 1996 y 2000— y pasó a ser subsecretario de Pesca. Cercano al PPD, en 2002 fue nombrado director del Sistema de Empresas Públicas. En 2005 volvió al banco, pero esta vez como gerente general. Ahí acompañó a Vicente Caruz y sus socios hasta que decidieron la venta del banco al Scotiabank. A partir de ese momento, Albarrán continuó como mano derecha de Caruz.

DE COOPERATIVISTA A BANQUERO

Mucho tiempo había pasado desde que Vicente Caruz se inició en el movimiento cooperativo al alero de Domingo Santa María Santa Cruz, ex ministro de Economía de Eduardo Frei Montalva. Caruz se hizo cargo en 1978 de la gerencia de la Financiera de Interés Social, que nació de una cooperativa y se hizo conocida por su sigla Fintesa. Creada por el cardenal Raúl Silva Henríquez para apoyar la adquisición de viviendas de quienes no tenían cómo construirlas y respaldar a las empresas de trabajadores, Fintesa estuvo marcada por el sentido social y solidario. A comienzos de los ochenta fue una de las sociedades fundadoras del Banco del Desarrollo.

Aunque nació en 1983 como una alternativa a la banca tradicional y se orientó en especial a los pequeños y medianos empresarios y a personas de sectores medios, los criterios de sus ejecutivos, preocupados por maximizar las utilidades en la jungla del mercado, primaron después sobre los viejos ideales. Caruz, opositor a la dictadura y militante DC, se desempeñó como gerente general hasta 1996, cuando reemplazó a Domingo Santa María como presidente de la entidad. Y estuvo en ese cargo hasta su venta.

En 1989 el grupo de antiguos directivos y ejecutivos encabezados por Vicente Caruz se aglutinó en Norte Sur, la dorada sociedad que fue acumulando ganancias.³ Muerto el cardenal —en 1999— y enfermo Domingo Santa María, que fue el alma de esas instituciones, la influencia de Caruz fue ganando terreno en el banco.⁴

Sus acciones en la sociedad Norte Sur se multiplicaron. Vicente Caruz se transformó así en un magnate local, millonario en dólares, con buen vivir y gustos caros. Con tierras en María Pinto y en Santa Bárbara, en la Región del Bío-Bío, aficionado a los caballos, presidió la Federación del Rodeo entre 2006 y 2008, mientras continuaba poniendo sus fichas en una variada mesa de intereses.

Junto a Caruz compartían el control de Norte Sur y del Banco del Desarrollo el abogado Aníbal Correa Barros y el empresario serenense David Mas Rocha —quien murió en 2010—, que no estaban en el grupo original. También ellos fueron aumentando su participación en la sociedad y sus dividendos. Entre los socios minoritarios desde los tiempos del Banco del Desarrollo estaban el ex ministro Sergio Molina Silva,⁵ el abogado Sergio Fernández Aguayo⁶ y el ingeniero Maximiliano Poblete Álvarez. Después ingresaron otros, como el empresario Juan Carlos Latorre Díaz, quien había sido socio desde los ochenta del ex ministro de Hacienda Sergio de Castro y en los noventa de Álvaro Saieh en Copesa.

El Banco del Desarrollo terminó como uno más, comercial como todos. Su cuantiosa cartera orientada a sectores medios, involucrada en créditos hipotecarios para viviendas y en las nuevas fórmulas de préstamos educacionales, le resultó muy atractiva al canadiense Scotiabank, que pagó alrededor de mil doscientos millones de dólares por adquirirlo.

La sociedad Norte Sur, presidida por Caruz, se orientó a negocios financieros de préstamos y cobranzas; desplegó actividades inmobiliarias, incursionó en la salud —adquirió la clínica Miraflores en Viña del Mar y los servicios Sonarad y Salud Fácil—, invirtió en colegios subvencionados y en la Universidad de Viña del Mar (UVM). Y sus socios le compraron el 50 por ciento a sus antiguos dueños y edificaron un campus en Agua Santa para que funcionara mejor.

Eso lo hicieron a través de una compleja operación de esas que se estilan en este negocio. Formaron la sociedad de inversiones llamada Norte Mar, que estaba constituida por Norte Sur y por la Inmobiliaria Viña del Mar, de propiedad de los antiguos dueños de la UVM. Norte Mar compró alrededor de 21 hectáreas en el sector de Rodelillo, en la entrada a Valparaíso. La universidad construyó en parte esos terrenos con un préstamo del Banco del Desarrollo. «Los créditos los tomó Norte Mar y los pagaba la universidad a través de los arriendos. Después la universidad compró a esta sociedad Norte Mar los terrenos donde está el edificio. Son como ocho hectáreas», me explicó en 2006 Sergio Molina, cuando era vicepresidente del Banco del Desarrollo y presidente del consejo de la Universidad de Viña del Mar.⁷

Tras la venta de la UVM a Laureate en 2009, Norte Sur continuó con sus actividades en el sector educacional. Agregó algunos colegios subvencionados a la red que estaba formando y aumentó su inversión en el Instituto Tecnológico de Computación.

CAPITALISMO ACADÉMICO

Un año después de cerrar el negocio con Laureate, el grupo Norte Sur tomó cartas para controlar la Universidad Central. Tenía Vicente Caruz un potente apoyo desde adentro: el ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras Ernesto Livacic Rojas —entre 1998 y 2002—, quien ya tenía la cancha de aterrizaje preparada para que llegara su amigo.

Hijo del destacado educador y humanista Ernesto Livacic Gazzano, el ingeniero comercial Ernesto Livacic Rojas no heredó el afán por mejorar la educación que caracterizó a su padre,⁸ quien obtuvo el Premio Nacional de Educación en 1993.

Ernesto Livacic Rojas se inició profesionalmente en Cieplan entre 1982 y 1984. Desde esos tiempos empezó a hacer algunas clases en la Universidad Central, donde fue director de la Escuela de Economía y Administración entre 1984 y 1986.

Tras el final de la dictadura, Livacic se insertó en la administración pública. Hizo carrera en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: partió como jefe de estudios en 1990, al año siguiente ascendió a director de estudios y análisis financiero, y en 1992 pasó a ser intendente de Bancos, hasta que en 1998 llegó a ser la máxima autoridad de la importante superintendencia que regula la actividad de las instituciones financieras.

En los noventa, Livacic hacía clases algunas horas a la semana en la misma Universidad Central, por las que recibía un honorario, como la gran mayoría de los docentes. Pero su imaginación —y su ambición— lo llevaron mucho más lejos.

Fue nombrado miembro de la junta directiva en 1999, y en 2002, después de dejar su cargo en la superintendencia al terminar el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, asumió como presidente de la junta, la máxima instancia de esa universidad, de la que además era el representante legal.

Paralelamente, entre 2004 y 2005, Ernesto Livacic asesoró a la Superintendencia de Bancos en la evaluación del sistema de lavado de dinero y dirigió un proyecto de modernización de la Contraloría General de la República.⁹ Aparecía en ese tiempo como un profesional serio y competente a quien el Estado le encargaba trabajos que requieren criterios éticos y aptitudes profesionales.

Hasta 2010 la suerte estuvo de su parte y el audaz plan que diseñó para la UCEN parecía caminar. Logró tomar el control de una institución cuyos fundadores la habían creado, al parecer, con la idea de que no tuviera un dueño que lucrara. Al menos se había caracterizado por reinvertir las ganancias obtenidas a través de los aranceles, dando forma a los edificios que pertenecen a la corporación hasta hoy.

Ernesto Livacic Rojas completaba ya ocho años como presidente de la junta directiva de la Central y conocía el negocio al detalle. Y había diseñado la transformación de la universidad, que tenía una especial forma de propiedad controlada por una asamblea de académicos, en una empresa lucrativa con ganancias para sus accionistas. Para ello, sin embargo, debía efectuar una operación mayor.

«Durante el año 2010, la junta directiva de la universidad inició conversaciones con la sociedad de inversiones Norte Sur, con el objeto de establecer una alianza estratégica. Su objetivo era evaluar la posibilidad de gestionar recursos adicionales para acelerar la expansión», consignan las nuevas autoridades en la Memoria 2012.¹⁰

Señala el texto que la propuesta implicaba «establecer un gobierno conjunto, en el que participarían ya no solo los académicos de la propia universidad, sino también representantes de la sociedad de inversiones Norte Sur».

Y agrega la memoria: «En un primer momento esta propuesta fue vista por algunos grupos al interior de la institución como una buena posibilidad de expandir la universidad y generar recursos. No obstante, en el mediano plazo, la mayor parte de los académicos, estudiantes y administrativos vio en esta alianza una amenaza a la naturaleza de la universidad y su misión».

El plan de Livacic consistía en generar una serie de empresas dentro de la Universidad Central y lograr el apoyo de los académicos a través de la venta de acciones de estas sociedades. La propiedad la compartirían con los nuevos inversionistas que llegarían con la «alianza estratégica» a través de Norte Sur. Esta se quedaría con el 45 por ciento de los inmuebles de la universidad y el 50 por ciento de la gestión, con alumnos incluidos. Norte Sur invertiría en el negocio algo más de veinte millones de dólares.

La figura recuerda la del denominado «capitalismo popular» en tiempos de la dictadura, cuando en el proceso de privatización de las ex empresas del Estado los ejecutivos formaban sociedades en las que tenían todas las atribuciones. En la Universidad Central, Livacic y sus asesores diseñaron algo todavía más complejo. La idea era formar, además de sociedades integradas por directivos, académicos y socios externos, un fondo de inversión dentro de la universidad y una sociedad anónima por cada facultad. El plan se empezó a aplicar en 2010. Mientras en la asamblea el presidente anunciaba los avances, numerosos profesores alcanzaron a ser accionistas, tentados por la oferta.

UNA «ALIANZA ESTRATÉGICA»

«Se ha señalado que están comprando la Universidad Central», le planteó en mayo de 2011 —cuando se iniciaba ya el movimiento estudiantil— la periodista Elizabeth Simonsen, de La Tercera,¹¹ a Vicente Caruz.

«Ello no es así. Es una alianza estratégica para el desarrollo a futuro de la universidad. ¿Qué desarrollo? El que ellos mismos acordaron en su plan estratégico 2010-2020. A nosotros, como a otros, nos invitaron a participar en ese diseño», replicó Caruz.

El entonces presidente de Norte Sur declaró en aquella oportunidad: «Las universidades son corporaciones privadas sin fines de lucro. Entonces, el concepto es muy distinto de cuando ingresamos, por ejemplo, a una sociedad agrícola, donde hay mayorías o minorías. Acá hubo una invitación a convertirnos en socios de un plan estratégico. Y nos interesa participar de una instancia donde se toman las decisiones más globales, pero la universidad es administrada por su rector».

En realidad no se trataba de una compra cualquiera. La Central no era ni es una más dentro del conjunto de universidades creadas después de 1981, conforme al modelo instalado en Chile por el Gobierno de Augusto Pinochet. Se trata de una de las tres universidades privadas de primera generación, junto a la Gabriela Mistral y la Diego Portales. Tuvo siempre una estructura especial, que sus fundadores se preocuparon de resguardar. Y cuando ellos empezaron a morir, los que sobrevivieron impulsaron y fortalecieron una corporación de académicos. Hoy día no está ninguno de ellos. Pero sus descendientes no han pretendido reclamar derechos de sucesión vinculados a la universidad, precisamente para respetar el espíritu de quienes la crearon.

MARCA DE NACIMIENTO

Aunque se la vinculaba a la Masonería y varios de sus fundadores forman parte de la orden, la Central no pertenece a la Masonería como institución. «El núcleo principal de fundadores de la Central efectivamente estaba constituido por miembros de la Masonería. Pero después los masones fueron desplazados», afirmaba en 2005 el ex gran maestre Jorge Carvajal,¹² fallecido en 2009.

Fue una de las tres primeras en contar con el visto bueno del Gobierno, a través del Ministerio del Interior —como se exigía entonces— y el de Educación. Las influencias de los fundadores, entre los que estaba el abogado Hugo Gálvez Gajardo —ex ministro de Trabajo de Jorge Alessandri y de Augusto Pinochet—, quien fue su rector entre 1985 y 1995, les facilitaron la autorización. Y pudieron funcionar en el estadio La Perla, en San Bernardo, que pertenecía a la Caja de Empleados Particulares.

Los bienes de las cajas de previsión estaban en esa época en manos del Estado. La Perla ya no prestaba beneficios a los empleados asociados a esa caja y el recinto podía ser arrendado por una institución pública. La Municipalidad de San Bernardo lo alquiló y lo subarrendó a la naciente Central, según cuenta hoy la historia oficial de esta entidad.¹³

El primer rector fue el profesor de filosofía Carlos Blim Arriagada, quien partió con la Universidad Gabriela Mistral y luego vendió su parte —un 25 por ciento— a Alicia Romo. Después se distanció de la Universidad Central, lo mismo que Pedro Cruzat Fuschlocher y Pedro Castañeda Carrasco.

Otro de los fundadores fue el abogado Gonzalo Hernández Uribe, quien fue rector y presidente de la junta directiva. Falleció a los noventa años en 2007. Hoy lleva su nombre el edificio Almagro I y hasta su muerte era un asiduo de su oficina en la UCEN y concurría a todas las ceremonias. Todo un símbolo para los centralinos.

Uno de los artífices más importantes fue el ingeniero comercial Vicente Kovacevic Poklepovic, primer presidente de la junta directiva y rector. Dos edificios lo recuerdan. Completaban el grupo de fundadores el empresario Enrique Martín Davis y Omar Mendoza Palominos, y los contadores Luis Castañeda Carrasco y Luis Flores Vera, quien murió en 1989, solo siete años después del nacimiento de la Central en 1982. La mayoría de los fundadores provenía de la Universidad Técnica del Estado, convertida en Universidad de Santiago, de la Contraloría General de la República y de otras entidades públicas.

Muy luego, las matrículas de los estudiantes les reportaron significativas utilidades. Pudieron tener buenos sueldos para directivos y académicos, y comprar a un precio muy favorable los terrenos en torno al Parque Almagro, donde hoy se levantan los edificios de sus facultades. Las ganancias eran reinvertidas y se multiplicaron las construcciones en el mismo barrio.

Actualmente, la Universidad Central tiene alrededor de trece mil estudiantes de pregrado, incluyendo los de su sede en La Serena. Un 90 por ciento de los alumnos viene de colegios municipales y particulares subvencionados. Casi todos se financian con créditos con aval del Estado, lo que los hacía especialmente atractivos para los ávidos inversionistas.

EL DETONANTE

Contra todo pronóstico, la «alianza estratégica», como la denominaba con eufemismo el grupo que quería tomar el control de la Universidad Central, fue frenada cuando ya los dados estaban echados sobre la suerte de esta entidad. Ernesto Livacic había enviado los nuevos estatutos al Ministerio de Educación para su aprobación el 22 de noviembre de 2010 y solo esperaban la firma definitiva del ministro Joaquín Lavín, quien debía sellar el visto bueno oficial.

Pero la firma ministerial se quedó a medio camino. Las voces, paros y tomas estudiantiles pusieron en alerta a los académicos. El movimiento encabezado por los jóvenes cobró fuerza y magnitud y actuó como muro de contención contra los afanes mercantiles de Livacic, Caruz y sus socios internos y externos. Y sin que lo hubieran planificado, el detonante de la Central fue la llama que encendió la mecha de los universitarios de todo el país en el histórico 2011.

«Estalló el problema de la Central y nosotros teníamos una buena relación con el presidente de los estudiantes, Adrián Prieto, que encabezó esa federación en 2009 y 2010, un cabro muy jugado por sus estudiantes», dice el ex vicepresidente de la FECH Francisco Figueroa.

«En marzo, cuando el señor Livacic, pasando por encima de los estatutos, empezó a preparar el camino para la venta del 50 por ciento de la universidad y el 45 por ciento de la infraestructura, los estudiantes y un sector de los académicos se comenzaron a movilizar y se fueron a paro. Nosotros nos acercamos a conocer un poco más lo que se estaba cocinando ahí y tomamos la decisión —como Izquierda Autónoma, no como FECH todavía— de apoyar lo más posible a la Central», agrega Figueroa, hoy candidato a diputado por Ñuñoa y Providencia.

Llegaron a esa conclusión al ver que «la causa de la Central apuntaba a la esencia del problema educativo más general, que mostraba este matrimonio por conveniencia entre dinero y política». Observaban que la sociedad de inversiones Norte Sur estaba «controlada por personeros de la DC de cierta importancia, y los estudiantes de la Universidad Central querían con mucha fuerza denunciar eso», indica.

Los dirigentes de la Universidad de Chile conocieron ahí a «estudiantes que fueron fundamentales en esa lucha, primero a Mauricio Carrasco, el vocero de los estudiantes de la Central, y a Daniela López, que estaba en el Centro de Estudiantes de Derecho». Empezaron a trabajar con ellos —cuenta Figueroa— y tomaron la «determinación de empujar dentro de la Confech para que recibiera a las federaciones del mundo privado».

Los estudiantes de la Central —recuerda— interpelaron al ministro de Educación Joaquín Lavín desde abril. Le decían:

—Señor Lavín, acá hay una violación del reglamento de la universidad, de los estatutos, y el ministerio tiene que pronunciarse.

—Es un conflicto entre privados —respondía Lavín.

Las palabras del ex ministro atizaron el fuego.

Reflexiona Francisco Figueroa: «Creo que gran parte de lo que ocurrió en 2011 se explica mucho por errores del Gobierno». Tras esa respuesta de Lavín, «la lucha de los estudiantes de la Central se radicalizó, empezó un ir y venir de tomas y desalojos hasta noviembre», señala.

INTERPELACIÓN POLÍTICA

Lo vivido en la Universidad Central contribuyó a incrementar la mirada crítica de muchos estudiantes hacia los partidos políticos y a levantar la bandera contra el lucro.

El hecho de que los dos principales protagonistas de esa historia, Ernesto Livacic y Vicente Caruz, pertenecieran a un importante partido opositor como la DC era una muestra para ellos de que tras el negocio de la educación había «intereses transversales» que, por sus vinculaciones, podían tener expresión en el Parlamento. El problema no solo afectaba a la UDI y a RN.

En vísperas del 21 de mayo, la Confech se planteaba en paralelo contra el Gobierno. Las marchas todavía no eran tan masivas como llegaron a ser después. El petitorio aún no era claro. Hablaban del déficit en la educación pública y en la cobertura de becas. Tímidamente empezaba a tomar forma la demanda por el término del lucro.

En las primeras marchas —recuerda la ex presidenta de la FECH Camila Vallejo— «no había casi carteles de fin al lucro. Pero tuvimos que llegar a un proceso de maduración de discusión universitaria, y el caso concreto de la Central ayudó mucho».

Camila Vallejo ratifica que la batalla que se dio en la Universidad Central para evitar su venta «abrió el debate del problema del lucro. Se lo veía materializado en una institución. Fue la primera universidad que se movilizó en 2011, a principios de año, cuando estaban las marchas contra HidroAysén, que fueron las primeras movilizaciones masivas, y se empezaron a generar vínculos. La Universidad Central ilustraba un poco esta suerte de contradicción que se producía internamente entre lo que era la educación que se entregaba y la búsqueda del lucro, el negocio, que involucraba a los dueños. En este caso eran de la DC, y entonces eso empezó a revelar el conflicto de interés, el afán de lucro y el negociado».

Recuerda Francisco Figueroa que dirigentes de la FECH, junto a estudiantes de la Central, se tomaron la sede de la DC en la Alameda el 8 de junio de ese año. «La idea era interpelar no solamente al partido, sino que a la sociedad. Pedíamos coherencia del sistema político en general. No podía ser que un partido que había suscrito en su Congreso Ideológico en 2007 que la educación tiene que ser un derecho y estaba contra el lucro, tuviera militantes que estaban lucrando con la educación.»

Dice Camila Vallejo que para ellos fue muy interesante, porque «lograron detener el proceso de venta de esa universidad; era una cosa mucho más focalizada y concreta. El de la Central es un caso simbólico ejemplar».

Así las cosas, ya hacia junio el clamor por el fin al lucro se fue haciendo más nítido a través de todo el país.

LA ESTUDIOSA DANIELA

Una de las artífices de esa contención es una egresada de derecho de la Universidad Central, que después entró a la Izquierda Autónoma, el mismo grupo —hijo de la SurDA— de Gabriel Boric, Francisco Figueroa y del actual presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Andrés Fielbaum. Estaba entre sus planes titularse de abogada a fines de este 2013, pero sus compañeros la entusiasmaron para presentarse de candidata a diputada por Valparaíso.

Daniela López Leiva, la Danny, como le dicen, tiene trazas de líder. Como Camila Vallejo y Karol Cariola, la ex presidenta de las Juventudes Comunistas que también postula al Parlamento —por Recoleta— pertenece a esa generación de mujeres jóvenes que irrumpió en el escenario público en 2011 con desplante y preparación. Se expresa con claridad y entusiasmo. Fue dirigente en el colegio desde siempre. Cursó su enseñanza básica y media en The Garden School, en el paradero 25 de La Florida. Daniela vivió durante su niñez y adolescencia en Puente Alto y ese colegio le quedaba cerca. Cuando entró a la Universidad Central, al comienzo se dedicó más «a la academia», dice. Se concentró en sus estudios, en ayudantías docentes y en investigaciones.

En su facultad tienen la revista Ad Livitum, que se traduce como «A mi criterio», elaborada por los estudiantes con asesoría de profesores. Daniela fue durante dos años directora de la publicación, comenta con cierto orgullo. Hicieron el primer congreso de estudiantes de derecho, donde criticaban la formación de los abogados, y justo al año siguiente «vino el reventón por la venta de la universidad». Eso fue a fines de 2010. «Ahí subí como vocera del movimiento, en particular porque me habían encargado detectar los chanchullos y truculencias que explicaban cómo se había gestado esa venta entre cuatro paredes, encabezada por Ernesto Livacic. Partí con la parte más técnica y luego fui derivando a lo político.»

En ese tiempo no alcanzaron a llamar a elecciones. Asumió el consejo de presidentes. Y en octubre de 2011 resultó elegida presidenta de la Federación de Estudiantes.

«GOLPE DE ESTADO INTERNO»

Los alumnos cercanos a la federación y los dirigentes de los centros de las diversas facultades se sentían impotentes cuando a fines de 2010 empezaron a escuchar que la Universidad Central sería vendida al grupo Norte Sur por Ernesto Livacic Rojas, el mismo profesor que desde hacía años presidía la junta directiva. Una década antes, él había partido haciendo clases en la Facultad de Economía y llegó a detentar un poder notable, indica Daniela López. Habían dejado la universidad varios académicos y pocos estudiantes sabían lo que estaba pasando. «Pero para nosotros fue terrible, porque no se pudo interrumpir la firma y pensábamos que ya habíamos perdido todo. Que no había nada que hacer, que la universidad se vendía», cuenta Daniela.

En enero de 2011 apareció la noticia: «Nuevo negocio en universidades privadas, la Universidad Central se vende a Norte Sur», recuerda Daniela. Y eso comenzó a impactar a los estudiantes que no sabían nada.

«Querían explicaciones. También se empezaron a preocupar algunos profesores», recuerda la ex dirigenta. «Quiebre académico en Universidad Central por proceso de venta a grupo Norte Sur», tituló La Segunda el 2 de febrero, cuando profesores y estudiantes salían de vacaciones.

El diario dio cuenta en esa oportunidad del conflicto que había partido en 2010, cuando la junta encabezada por Ernesto Livacic «acordó vender el 50 por ciento del plantel al grupo Norte Sur», y según la versión que entregaba «escaló a tal punto que una treintena de académicos recurrieron a diputados de la Comisión de Educación, al ministerio del ramo, a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitando que se pronuncien sobre posibles anomalías en el proceso».

Eugenio Arratia Duque era hasta ese momento director de aseguramiento de calidad de la Universidad Central¹⁴ y fue uno de los que encabezó el grupo de académicos que cuestionaba las acciones de la junta directiva. Entrevistado por La Segunda señaló: «No nos parece correcto esto y por eso pedimos un pronunciamiento del ministerio, Contraloría y CDE, porque esta universidad tiene vocación pública y accede a fondos estatales».

Agregó que la venta ha provocado «un quiebre interno entre los académicos que están a favor o en contra de estas acciones». Y advirtió en esa oportunidad un hecho que sería crucial en los acontecimientos siguientes: «Además, ocho de los catorce miembros de la asamblea de socios terminaron su período a fines del año pasado. La misma asamblea autodecidió seguir por un plazo mayor, por lo que las decisiones tomadas están viciadas […] Es como un golpe de Estado interno en la universidad».

Poco después fueron despedidos el rector, Luis Lucero, y la decana de Educación, Selma Simonstein, además de Eugenio Arratia, entre otros. Los estudiantes los llaman «los exonerados».

EFECTO DOMINÓ

Cuando llegó marzo «partió una agitación muy potente por parte de los centros de estudiantes y la federación saliente, que era de izquierda, muy cercana a nosotros. Y en marzo, Derecho, una de las carreras que es más difícil movilizar en la Central, se fue a paro», relata Daniela López.

Los dirigentes estaban en un consejo de presidentes viendo qué hacer y se empezaron a escuchar aplausos, gritos: «¡Derecho está en paro!».

«Eso fue algo muy especial y generó un efecto dominó. La paralización completa fue el 4 de abril. Y fue tan grande que se trasladó a la sede de La Serena, donde a fines de abril y principios de mayo los estudiantes se tomaron su sede y se fueron a movilizaciones muy fuertes», agrega.

Desde mediados de abril «pasamos entre tomas-desalojos, y en La Serena los chiquillos se fueron a huelga de hambre. Estuvieron dieciséis días», recuerda.

En esa instancia —cuenta Daniela, quien en esa fecha era la vocera del movimiento— «ocupamos dos estrategias: había un movimiento estudiantil nacional que estaba contra el lucro y nosotros éramos el ejemplo encarnado del lucro, con una universidad totalmente movilizada para enfrentarlo».

«LIBRES E INDEPENDIENTES»

Beatriz Navarrete es arquitecta de la Universidad de Chile y magíster en teoría e historia del arte y arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, de Barcelona (España). Profesora de la Facultad de Arquitectura de la Central, hacía clases bajo régimen de honorarios desde 2002. A partir de octubre de 2012 fue contratada a jornada completa para desempeñarse como encargada de estudios, gestión y proyectos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (FAUP). Además continuaba haciendo clases.

En los días del movimiento de 2011 integraba la Asociación de Académicos para sumarse a la resistencia de los estudiantes a la venta de la universidad. Ella fue elegida vicepresidenta. Hoy preside la organización que reúne a docentes de distintas facultades.

«En 2011 se destapó lo que estaba oculto; varias movidas y acciones que se habían efectuado dentro de la Universidad Central», dice Beatriz Navarrete. Y señala que la Facultad de Arquitectura fue de las primeras en liderar el movimiento entre los académicos, junto a la de Ciencias Sociales.

Por años las autoridades de la UCEN «procuraron tener muchos profesores por horas. Y en 2011 entendimos por qué. Esta universidad es la única en que los profesores son dueños. Los que tienen tres años de permanencia eligen a los asambleístas, dos por facultad; en esa asamblea están representados también la Federación de Estudiantes y el Sindicato de Funcionarios. Estos asambleístas eligen a una junta. Lo que pasó fue que desde las bases logramos cambiar a la junta», señala.

En 2001 los fundadores sobrevivientes —cuando ya varios de ellos habían muerto— elaboraron una reforma de estatutos para traspasar el poder a los profesores, explica Beatriz Navarrete. «No sé si fueron visionarios y usaron esta forma para impedir el lucro y la posible venta, pero lo concreto es que los estatutos establecen que los profesores nombran a los asambleístas y estos a la junta directiva, que elige a su vez un presidente, como representante legal. Y la junta nombra también al rector», señala.

Según Daniela López, algo muy peculiar es que «Ernesto Livacic era la mano derecha de los fundadores. Pero cuando ellos murieron, él constituyó este negocio, que al fin y al cabo iba a ser su negocio».

—¿Los hijos, nietos, sobrinos de los fundadores no habían quedado con ningún derecho? —le pregunté.

—No, porque como dicen que la universidad iba a deberse a su comunidad, ellos no reclamaron ningún derecho. Por el contrario, cuando pedimos reunirnos con algunos, ni siquiera se querían meter por respetar la voluntad de sus padres. Ellos mismos dijeron que hasta por testamento no tenían ninguna participación ni de porcentajes ni de nada. Y es tan especial, que uno de los últimos artículos del estatuto actual dice que si se decide terminar el proyecto educativo de la universidad, nadie se puede quedar con sus inmuebles, sino que estos pasan directamente al Estado.

»También hay una frase de los fundadores, “somos libres e independientes”, que era como el proyecto que tenía la Universidad Central, y la agarraron como consigna los chiquillos de la Facso [Facultad de Ciencias Sociales], y sosteníamos que si ingresaba un grupo económico a la Central, esta iba a perder su pluralismo, nos íbamos a ver afectados como proyecto educativo —agrega Daniela López.

Esa inspiración, sostienen estudiantes y académicos, estuvo detrás del movimiento. Beatriz Navarrete lo resume: «Lo que se demostró en 2011 es que las bases movieron a la asamblea y esta botó a la junta, cuyo presidente por años era Ernesto Livacic. Así se logró desmantelar la junta completa».

SOCIEDAD DE INVERSIONES

Según Daniela López, cuando llegó marzo de 2011, «parte de la gente se movilizaba en la Universidad Central porque le tocaban el bolsillo. Se comentaba que lo más probable era que nos subieran los aranceles, que nos pasara lo de la Universidad La República si el negocio no funcionaba…».

El fantasma de La República —que había quebrado en 2010— estaba muy presente, porque «nosotros tuvimos un ingreso masivo de estudiantes provenientes de esa universidad». Pero además en ese tiempo, el Centro de Estudiantes de Derecho empezó a investigar en qué consistía la alianza estratégica en la Central.

«Pudimos constatar que era algo monstruoso, porque de ser una corporación sin fines de lucro pasaba a ser simplemente una sociedad de inversiones», afirma Daniela López, y agrega: «Era una sociedad a niveles macro. Se eliminaban los órganos de representación estudiantil; los docentes empezaban a ser accionistas y, de hecho, muchos compraron acciones de la universidad. Se generaba un fondo de inversiones que iba a funcionar como un banco, como pasa en la Universidad de Las Américas, que tenía como objeto entregar créditos a los estudiantes con tasas de 10 a 11 por ciento».

Las sociedades previstas originalmente eran seis: «Tres para Norte Sur y tres para la Corporación Universidad Central. Y el flujo de dinero llegaba a este fondo de inversión que generaba también inmobiliarias aledañas por donde se desviaría el dinero. Era tan terrible que los mismos acuerdos reflejaban que este fondo de inversiones y las sociedades inmobiliarias que se constituían se quedarían con los recursos y solo el 1 por ciento pasaba a la corporación. Entretanto, nuestras facultades se convertirían también en sociedades anónimas», explica la ex presidenta de Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen).

Y estaban «las diecinueve facultades transformadas en sociedades anónimas. Era tan agresivo que, por ejemplo, cuando lo mostraba en asambleas, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas pasaba a ser Sociedad Anónima Jurídica y Sociales. ¡No lo podían creer!», manifiesta.

EL HOLDING

Al final, la estructura sería como la telaraña de un potente holding manejado por el entonces presidente de la junta, Ernesto Livacic, quien tenía de su parte a la mayoría de los decanos y muchos académicos de la universidad. La fórmula legal elegida para estas nuevas entidades, que constituirían sociedades anónimas por facultades, sería la de «sociedades por acciones», que ha pasado a ser la nueva moda en estas materias para ocultar la identidad de los socios y facilitar los negocios.

Según la ex presidenta de la Feucen, «todo esto causó pánico, porque era ver cómo el mercado ingresaba a la universidad de una manera tan impactante que desnaturalizaba la función del docente, convirtiéndolo en accionista; potenciaba la relación clientelar de los estudiantes con la universidad; pasaba a ser un servicio educacional otorgado por una empresa y desnaturalizaba la corporación al convertirla derechamente en una sociedad de inversiones […] Y ni siquiera la plata se aseguraba en el giro educacional. Se armaba como un holding en lugar de la corporación».

Se juntaron muchos argumentos para la defensa por parte de los estudiantes: «El riesgo que constituía tener un grupo económico detrás, que implicaba la desnaturalización de la universidad. Eso llevó a que en un comienzo no se hablara tanto de lucro. Defendíamos la universidad “tal cual es”, con la camiseta muy de centralinos. Pero cuando empezó a salir el tema del lucro y los grandes discursos del movimiento de 2011, comenzó a surgir en los estudiantes en las asambleas y en los pocos docentes que nos apoyaban de manera abierta, la convicción de que éramos el ejemplo del lucro en la educación», recuerda Daniela López.

Además del trabajo interno, iban a todas las marchas, salían a la calle cada vez que había una convocatoria. Los letreros que decían «La Central no se vende» y «No al lucro en la educación» eran habituales.

CAPÍTULO IV

El muro de contención

Los dirigentes estudiantiles se acercaron a los profesores que dejaron la Universidad Central tras la arremetida del presidente de la junta directiva, Ernesto Livacic. Les podían aportar antecedentes que ellos no tenían. «Los “exonerados”, sin ser de nuestra devoción, porque tampoco éramos muy amigos de la administración anterior, nos ayudaron con insumos, con actas y documentos, y empezamos a realizar nuestra propia investigación respecto de cómo se había gestado contractualmente la venta», cuenta la ex presidenta de la Feucen Daniela López.

El Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes elaboró un informe basado en los antecedentes recopilados. El equipo a cargo de la Comisión Política-Jurídica, encabezada por la misma Daniela López, quien terminaba sus estudios de derecho, redactó un informe en el que describe los pasos seguidos por Ernesto Livacic desde fines de 2009 hasta que tuvo que retirar el nuevo estatuto sin firma del ministro.¹

CRÉDITOS Y COINCIDENCIAS

La relación entre la Universidad Central dirigida por Livacic y el grupo Norte Sur no era nueva. El informe, basado en las actas de las asambleas de socios de la Universidad Central presididas por Livacic, da luces de negocios anteriores: el 20 de enero de 2009 se aprobó «la novación de los créditos contraídos respecto del Banco del Desarrollo al Scotiabank». Es decir, el crédito que le había otorgado el Banco del Desarrollo fue trasladado al Scotiabank, tras la fusión originada en la venta de 2007. Además, la asamblea dio el pase a la ampliación de estas garantías para cubrir el crédito otorgado, con el objeto de construir el edificio Almagro Norte.

El 21 de marzo de 2010, la asamblea entregó su visto bueno a Livacic para contratar un crédito por veinte mil Unidades de Fomento (UF) con el mismo Scotiabank por parte de la Corporación Universidad Central.² Ese préstamo se concedió «con el objeto de consumir el saldo de los empréstitos aprobados a la universidad por el Banco del Desarrollo, equivalente a 420.000 UF».³ A su vez, el documento anota que esa suma había sido conocida por la asamblea el 18 de octubre de 2007, según consta en actas.

Una coincidencia curiosa: justo el 16 de octubre de 2007, dos días antes de que la asamblea de la Universidad Central conociera la aprobación de ese crédito, el Banco del Desarrollo decidía en su junta de accionistas la venta al Scotiabank. Dos meses antes, en agosto de 2007, Norte Sur, que era el principal accionista del banco, llegaba a un acuerdo con Scotiabank para negociar la venta.

Casi tres años después, el 21 de julio de 2010, el presidente de la junta directiva, Ernesto Livacic, expuso ante la asamblea de socios que la Universidad Central tenía compromisos financieros de seiscientos millones de pesos anuales. Y agregó: «Los recursos necesarios para el plan estratégico indican que nos faltarían trece mil millones de pesos». Livacic habló en esa oportunidad de la necesidad de un socio para emprender algunas inversiones.

Llamó la atención de algunos académicos cuando señaló que, a su juicio, la universidad no valía más de treinta mil millones de pesos —unos sesenta millones de dólares—. Y manifestó que si ingresara algún socio que aportara 21.000 millones de pesos «por el 50 por ciento del control de la gobernabilidad, sería una buena alianza».

Destaca el informe de los estudiantes: «Este supuesto de “buena alianza”, coincidentemente es la misma oferta que va a entregar Norte Sur después». Y los 21.000 millones de pesos fue la cifra que circuló como pago por la mitad de la universidad que pretendían comprar.

Un hito importante de esta historia ocurrió el 3 de agosto de 2010: la junta directiva encabezada por Livacic aprobó la constitución de la «alianza estratégica» con Norte Sur, con el objeto de ser sometida a la asamblea general. Eso ocurrió al día siguiente, cuando se firmó el primer acuerdo de «actuación de socios entre académicos y la sociedad de inversiones Norte Sur».⁴

Indica el documento que comparecieron las seis sociedades por acciones, que serían los socios activos de la corporación, «los únicos que tienen la potestad para nombrar a quienes compondrán la junta directiva según el procedimiento establecido en los nuevos estatutos».

CON NOMBRES EN LA MESA

En las sesiones siguientes, Livacic, en su calidad de presidente de la junta directiva, continuó proponiendo a la asamblea los detalles de funcionamiento de las nuevas sociedades y del Fondo de Inversiones Privado (FIP) que se constituiría, mientras era enviado al Ministerio de Educación el documento para el cambio de estatuto.

La primera «reunión de coordinación con Norte Sur», a la cual asistió el rector Ignacio Larraechea Loeser, se efectuó el 17 de diciembre de 2010, según indicó Livacic ante la asamblea el día 21 de ese mes. En esta instancia, Norte Sur informó que sus tres representantes para integrar la junta directiva serían Vicente Caruz, Sergio Fernández Aguayo y Maximiliano Poblete.

Livacic pidió a la asamblea elegir a los tres representantes de la corporación de las tres sociedades por acciones (SpA), que en adelante la constituirían. Votaron a mano alzada. Los asistentes lo eligieron a él y a otros dos miembros de la junta directiva, el arquitecto Claudio Martínez Cerda⁵ y Héctor Aguilera, ambos hombres de máxima confianza del ex presidente.

En esa oportunidad se asignaron los valores y los destinos de los dueños de los diferentes campus.⁶ Todo estaba previsto hasta el más mínimo detalle. Pero como corolario, las actas dejan a la vista otro hecho insólito: la Universidad Central, que hasta ahí era la dueña de todos los inmuebles, pasaría a ser arrendataria de sus instalaciones. Se aprobó que la universidad arriende a UCEN Limitada y a Inversiones Norte Sur «todos aquellos inmuebles vendidos y aportados por un período de veinte años renovable y por una renta equivalente al 10 por ciento anual del precio de venta o aporte. La universidad, en este acto, confirma su calidad de arrendataria», dice el informe de los centros de estudiantes.

El 45 por ciento de los inmuebles de la UCEN quedaría así en manos de Norte Sur, y después la universidad —como corporación— pagaría por usarlos. «Es decir, además de entregarle nuestros inmuebles, tendríamos que arrendarlos. Y el gobierno de la universidad pasaba a convertirse en un gobierno compartido en un 50 por ciento con la empresa Norte Sur y se transformaba en un holding con sociedades por acciones», recalca Daniela López.

DESBORDE DE SOCIEDADES COMERCIALES

Para comprobar lo que había leído en esos documentos recurrí al Diario Oficial, donde me encontré con todo el esqueleto del holding que Ernesto Livacic tenía listo para hacer funcionar dentro de la Universidad Central: desde el año 2002 había creado una sociedad de inversiones que la llamó UCEN Limitada, que no figura en las memorias de la universidad. En su constitución aparece como socia mayoritaria la Universidad Central y un pequeño porcentaje a nombre del ex rector Luis Lucero.⁷

También de esos años data otra sociedad: Central Servicios Sociedad Anónima, formada por las mismas autoridades de esa época.⁸ Entre los objetivos se señala una larga lista de posibilidades, entre ellas: la «prestación de servicios de asesorías, estudios, informes, análisis, gestiones y consultorías […] la capacitación por cuenta propia o de terceros en materias comerciales, económicas, financieras, contables, administrativas y legales […] la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales».

Pero la explosión de sociedades vino en 2010, cuando Livacic y Caruz confiaban en que estaba todo listo y tenían en sus manos el crucial negocio. Poco antes de materializar el acuerdo de la «alianza estratégica», el 18 de julio, Ernesto Livacic ya había formado la Administradora Almagro S.A.⁹ para que fuera una de las plataformas del tinglado.

Y en los últimos meses de 2010, Livacic dio vida legal a una serie de sociedades que formó entre octubre y diciembre de ese año. Un día particular fue el 18 de octubre, cuando constituyeron las sociedades anónimas de académicos. La lista es larga y resulta insólito este desborde de entidades comerciales al interior de una universidad. Sus nombres llegan a ser pintorescos: Académicos de Ciencias Jurídicas Uno S.A.; Académicos de Ciencias Jurídicas Dos S.A. Lo mismo con las demás: Académicos Arquitectura Uno S.A.; Académicos Arquitectura Dos S.A; Académicos Economía Uno… y así con las diferentes facultades. En total más de treinta.

Están también Directivos S.A.; Administrativos S.A., las que también tienen números que en ese caso llegan hasta cuatro. Todas ellas fueron formadas por la Universidad Central y UCEN Limitada. Varían los nombres y los montos del capital declarado. La suma mayor corresponde a la de Directivos S.A. y la menor a Administrativos S.A.

A las SpA les tocó el turno el 15 de diciembre de 2010. Así es como aparece el fondo de inversiones privado UCEN, representado por Administradora Almagro S.A., dando vida a una serie de sociedades por acciones: Desarrollo Educacional Almagro SpA; Desarrollo Educacional Santa María SpA; Desarrollo Educacional Toesca SpA; Cóndores de La Reina SpA; Gestión Universitaria SpA; Innovación Universitaria SpA; Inversiones Retiro SpA, y Participación Universitaria SpA.¹⁰

Para completar el complicado holding, el 22 de diciembre de ese año, Livacic constituyó la Inmobiliaria UCEN Limitada, formada por la Universidad Central y el Fondo de Inversión Privado UCEN (FIP).¹¹

Pero todo eso no lo sabían los estudiantes en ese momento. Y tenían solo atisbos de lo que estaba ocurriendo, cuando empezaron a inquietarse a principios de 2011.

A las informaciones que aparecieron en La Segunda y La Tercera se sumó un amplio reportaje de los periodistas Juan Pablo Figueroa y Tania Araya publicado en el sitio electrónico Ciper Chile el 24 de abril de 2011, cuando ya se había iniciado el movimiento de los estudiantes. Bajo el título «El negocio que esconde la venta de la Universidad Central» contribuyó a darles más luces sobre la operación que había montado Livacic para efectuar la «alianza estratégica».

En esa oportunidad Ciper consignó la versión de Livacic, quien insistía en que se trataba de una «alianza estratégica» y no de una venta. Y defendió también la validez de la asamblea, porque, según él, aunque estuvieran con plazo vencido, podían prorrogar su mandato los mismos asambleístas.

«EL CHANCHULLO MÁXIMO»

Ernesto Livacic visitaba las facultades «tratando de convencernos de que la Universidad Central estaba en la quiebra. Lo aseveraba. Incluso recuerdo que en una oportunidad nos decía “si no vendemos la universidad, todos ustedes se van a quedar sin trabajo el próximo año, porque esto está en la quiebra, los números están rojos”», relata Beatriz Navarrete.

Sin embargo, la presidenta de los académicos dice que en la cuenta que se entregó en septiembre de 2012, «el vicerrector de finanzas, Ricardo Martínez, sin decirlo explícitamente, señaló que nunca había existido quiebra ni números rojos, pero sí en los documentos oficiales se decía que había números rojos. Le preguntamos: “¿Entonces se adulteraron documentos?”. Y no respondió».

Según la presidenta de la Asociación de Académicos, todavía las nuevas autoridades «tienen mucha cautela». Además, menciona que una de las prácticas de los que salieron fue no dejar documentos. «Por otro lado, la nueva junta está preocupada de no desprestigiar a la Universidad Central y se produce un doble juego, al no dar a conocer situaciones complicadas», afirma la arquitecta.

El plan de los directivos había sido llevado con rigurosidad, tratando de no dejar cabos sueltos. «Incluso Livacic nos engañó en 2010 y nos hizo comprar acciones a los profesores.»

Beatriz Navarrete relata su experiencia: «En ese tiempo yo hacía cuatro horas a la semana; la decana de entonces nos reunía en grupos chicos y nos invitaba a comprar acciones. Y nos prometía que apenas se cerrara el negocio, las acciones iban a costar en mi caso setecientos mil pesos. Me dijo que era un premio y que tenía derecho a siete acciones a diez mil pesos, por las que tenía que pagar setenta mil pesos en un cheque». «Nunca supe cómo calculaban. “Tú tienes siete acciones y va a ser un premio para tu jubilación”. En ese momento pusieron unas oficinas especiales en Almagro Norte. El último día mi marido, que es el secretario académico, me preguntó si había comprado acciones, él ya había comprado. En ese momento uno confiaba en las autoridades. Yo lo hice en esa última oportunidad. Lo miro para atrás y digo ¡cómo éramos tan ingenuos!», comenta la profesora de arquitectura.

«Después se descubrió que eso era el “chanchullo” máximo. Y cuando Livacic iba a las facultades y uno alegaba contra la venta, él decía que cómo alegábamos si habíamos firmado la compra de acciones», relata la académica.

—Pero si compramos engañados —le decía yo.

—A ver, si usted tiene un magíster, cómo puede decir eso —respondía él.

NOCHES DE CARNAVAL

Aunque todo parecía consumado, los dirigentes estudiantiles descubrieron, gracias a la prolija investigación llevada con sigilo, que el máximo órgano, la asamblea, había hecho un acuerdo inválido. Más del 50 por ciento de esa entidad, integrada por catorce personas, tenía el mandato caducado, señala Daniela López.

En esas condiciones, «la voluntad de la asamblea es inexistente, porque la mayoría de sus miembros no tiene mandato vigente; en este sentido, la voluntad tampoco es válida, es decir es nula, por carecer de representantes legítimos investidos en sus cargos con las potestades establecidas en los estatutos», reafirma el informe.

«Si el mandato estaba caducado, necesitábamos imperiosamente elecciones de asambleístas de los ocho cargos que faltaban. El tema era todo o nada. O ganábamos los ocho cargos o la universidad se vendía», dice Daniela López.

El paso siguiente fue lograr que los docentes que los apoyaban fueran elegidos en la asamblea. «Se llamó para la elección de los ocho cargos faltantes. Tenían derecho a votar todos los profesores con más de tres años de permanencia y se elegían dos por facultad.»

A las diez de la noche del 21 de julio de 2011 se cerró la urna. «Se contaron los votos y ¡los ocho asambleístas eran nuestros! Eso fue como un carnaval gigante, porque si impulsábamos que se votara el retiro de los nuevos estatutos ingresados al Ministerio de Educación, podíamos ganar.»

Después de esa hazaña, el Consejo de Presidentes de los Centros de Estudiantes acordó «que empujáramos para que se pusiera como punto de tabla en la asamblea el retiro del estatuto ingresado. Eso demoró más de un mes y a finales de agosto la asamblea aprobó retirar el estatuto de la Universidad Central del ministerio para detener la venta. Este fue el día más insigne. Nosotros estábamos afuera del edificio de Toesca —donde está la casa central— esperando el resultado. Y había una celebración gigante. Eso fue derechamente la no venta de nuestra universidad», recuerda todavía emocionada Daniela López.

Entre los abogados que asesoraban a los académicos estuvieron el actual rector, Rafael Rosell; Francisco Molina, quien presentó una querella en representación de un grupo de «exonerados», incluyendo al ex rector Lucero, e Isidro Solís, quien fue contratado por el asunto de las elecciones de los asambleístas. Cuenta Daniela López: «Le pedimos a los docentes que formaran un comité técnico jurídico, integrado por docentes de la facultad y por abogados contratados. Ese comité terminó dándonos la razón al señalar que los mandatos estaban caducados».

Los estudiantes decidieron seguir de todas maneras impulsando los cambios institucionales internos. «Sentíamos que si parábamos las movilizaciones esto se lo iba a comer el silencio, se lo iba a comer la burocracia jurídica y nosotros perdíamos la batalla. Teníamos una gran “ganada”. La universidad no se vendería, pero debíamos afianzar eso», agrega la dirigenta.

Y ahí, dice Daniela López, «nos quedó la segunda patita: promover la renovación de la junta directiva, porque la asamblea de socios es la que elige a la junta. Eso significaba sacar a Ernesto Livacic y sus “secuaces”, como decíamos. Después de impulsar el cambio de la asamblea empujamos el de la junta directiva y logramos sacar a sus seis integrantes de la misma. Ese fue el broche de oro. Ese día estábamos haciendo una “velatón” esperando ansiosos si en efecto lográbamos que se fuera Livacic. Porque él había provocado un odio inmenso, se hacían muchas figuras de él y se quemaban en las manifestaciones. Era como la personificación del lucro y de la venta».

BATALLAS, TEMORES Y TRIUNFOS

No todo fue épica y alegría. También hubo temores y desaliento. Antes del triunfo se iban «bajando» los paros por el temor a la pérdida del semestre, mientras aumentaban las amenazas contra los dirigentes. Existía temor a perder los créditos. Y las autoridades de la universidad levantaron más de 220 sumarios internos contra los dirigentes estudiantiles. Todos sabían que podían terminar en expulsión.

Según relata Daniela López, «se sumaron tres querellas por más de cien millones de pesos por supuestos delitos y demandas por daños en las que se culpaba a estudiantes, que en verdad eran dirigentes […] La lucha estudiantil fue muy difícil, porque teníamos autoridades muy al estilo de universidad privada. Su estrategia era el amedrentamiento, los desalojos violentos…», comenta.

En La Serena, continúa Daniela, «un día metieron presos a más de cien estudiantes. Esto fue algo muy brutal que empezó a despertar un espíritu de protección en algunos docentes que comenzaron a agarrarse con carabineros y cerraban las puertas de la universidad para impedir su ingreso. Las Fuerzas Especiales incluso entraban hasta las salas».

Durante los meses de movilización hubo de todo. Hasta denuncias de espionaje que resultaron ser verídicas: «Apareció un lápiz cámara en la oficina de un decano, grabado. Nosotros lo guardamos de recuerdo. Tenía grabaciones de los dirigentes estudiantiles, fotos de las tomas y carpetas completas tomadas desde la DAVE, la Dirección de Ayuda y Vida Estudiantil», dice la ex presidenta de la Feucen.

También denunciaron a través de Canal 13 que «en un violento ingreso de Fuerzas Especiales dejaron a un compañero inconsciente. Y ese ingreso había sido con autorización del rector Ignacio Larraechea, quien tuvo que dar explicaciones públicas», recuerda.

En paralelo, señala Daniela, durante 2011 dieron la batalla para que los admitieran en la Confech. Consideraban necesario que en esa instancia de coordinación estudiantil hubiera representantes de las universidades privadas, pues vivían el lucro «de manera descarnada». Eso también les costó como cinco meses. «Fue una “ganada” para el cuerpo estudiantil de la Central que una privada llegara a ser parte de la Confech, con derecho a voz y voto. Fuimos la primera y, durante un tiempo, la única.»

Francisco Figueroa, en ese entonces vicepresidente de la FECH, indica: «En la Confech había mucha reticencia para acoger a los estudiantes de las privadas en la organización, había un sentimiento de que “si aceptamos a sus federaciones estamos legitimando el sistema privado”, una posición muy conservadora que cruzaba al activo político estudiantil».

«Pero la Central estaba muy movilizada y tenía un discurso coherente con la educación pública. Ellos no estaban pidiendo plata para la universidad privada, sino que estaban diciendo “nuestra universidad tiene que ser democrática, no debe incentivar el mercado educativo y aquellas universidades que se incorporen tienen que tener una misión y deben estar reguladas”», agrega.

Los triunfos continuaron para Daniela López ese año. Ingresaron en agosto de 2011 a la Confech y luego la siguieron otras privadas en marzo de 2012. En octubre llamaron a elecciones en la Central y resultaron elegidos en la federación varios de los dirigentes que encabezaron la movilización. Ella sería la presidenta hasta fines de 2012.

«Nosotros interpretamos todo esto como un triunfo para el movimiento estudiantil, aparte de haber detenido la venta de nuestra universidad, porque en lo interno vencimos sobre el lucro en la educación. Y ese fue un signo muy potente», manifiesta Daniela López. «Pero además mostramos que la Central no era algo aislado dentro del sistema educacional. Al fin y al cabo, dar ese sentido es importante, tanto en el plano interno como en las luchas nacionales, para que el estudiante se interese también por la transformación social», resume la candidata a diputada por Valparaíso.

«LOS ESTUDIANTES NOS CACHETEARON»

Beatriz Navarrete, que en ese tiempo era la vicepresidenta de la recién creada Asociación de Académicos que encabezaba Juana Crochet, la decana subrogante de ciencias sociales, reconoce el rol fundamental de los estudiantes en detener la venta de la Central. «Ellos fueron los que removieron a los académicos. Ellos no votan, pero cuando se tomaron las facultades, ellos nos decían “oiga, profe, vean lo que está pasando”. Ellos nos cachetearon», dice sonriente.

Agrega que «en medio del movimiento estudiantil nacional, pienso que Lavín no se atrevió a firmar porque no quiso comprarse un conflicto más, se le venía toda la Universidad Central encima y en ese momento estaban apoyando a los estudiantes de la Chile y de todas las otras universidades. Y Lavín no firmó estos estatutos. Y el gran logro es que se consiguió presionar a la asamblea para cambiar la junta y retirar los estatutos del ministerio». Eso era crucial, porque sin la aprobación del ministro, Livacic no podía cambiar la estructura de la universidad ni dar vida legal al holding y la constelación de sociedades anónimas que tenía proyectada.

La Memoria anual 2012 consigna que al final todo eso «se tradujo en consecuencias positivas para nuestra corporación, que vio su propia institucionalidad fortalecida, por la validación de los cauces reglamentarios internos y por el poderoso renacimiento del modelo originario de una universidad sin fines de lucro y comprometida con el país en una tarea de carácter público, como en sus comienzos la definieron nuestros fundadores».

El 3 de octubre de 2011, la sociedad Norte Sur comunicó un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, por el cual «informó el vencimiento del plazo establecido en el marco de acuerdo celebrado con la Universidad Central de Chile para el establecimiento de una alianza estratégica, y la consecuente resolución de dicho instrumento».¹²

—¿Cómo describirías la operación de venta? —le pregunté a Beatriz Navarrete cuando ya había pasado más de un año de ese episodio.

—Obviamente que viene del mundo privado neoliberal exacerbado, pero es una operación que no tiene que ver con el mundo universitario. ¡Era tan claro que se trataba de un negocio para algunos! Una operación que quería instalar legalmente el lucro en la universidad. Porque todo estaba bien hecho para lograrlo. Se iban a instalar las inmobiliarias, se iban a ceder los edificios, se reestructurarían las facultades. No sé si la Universidad del Mar funcionaba ya así, pero la Universidad Central tenía otro espíritu y esta operación tenía que ver con lo que visualizaron. Creo que pensaban que nosotros no cachábamos una. Nadie estaba sacando la plata que se podía sacar, como en las otras privadas —respondió ella.

En marzo de 2012 hubo una nueva toma. «Se gestó en principio para impedir las elecciones de los decanatos, porque los candidatos que iban nunca debieron serlo. Eran los que habían estado en contra del movimiento estudiantil, los que habían levantado los sumarios. Muchos de ellos eran proventa», explica Daniela López.

«Salieron muchos partidarios de Livacic, pero aún quedan algunos dando vueltas», afirma.

LOS NUEVOS DIRECTIVOS

En 2011, durante los días de conflicto por la venta de la Universidad Central, fue Arquitectura uno de los epicentros del movimiento de profesores que apoyó a los estudiantes. Y de esas filas salió el académico que pasó a ser el reemplazante de Livacic como presidente de la junta directiva: Ricardo Napadensky Bauzá, ex alumno de la Universidad de Chile, identificado como masón, quien había estado entre los aglutinadores de la Asociación de Académicos forjada al calor del movimiento estudiantil.

«El presidente de la nueva junta terminó siendo uno de los nuestros, por así decirlo», comenta Beatriz Navarrete. «Lo candidateamos a asambleísta y después a presidente. Y reemplazó a Ernesto Livacic. Fue uno de los que reactivó la Asociación de Académicos. Pero es difícil su rol, no quisiera estar en sus zapatos. De profesor por hora pasas a ser el presidente de la junta…».

Entretanto, la Universidad Central ha tenido tres rectores desde que estalló el escándalo del intento de venta. Tras la renuncia de Luis Lucero Alday, que estuvo desde 2002 hasta comienzos de 2011 y se retiró por las divergencias con Livacic y su equipo, asumió como interino el economista Ignacio Larraechea Loeser, ex director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entre 1994 y 2000, antes había sido decano de Economía de la UCEN. Estuvo en medio del conflicto, se ganó el repudio de los estudiantes y se fue en octubre de 2011, cuando se detuvo la venta.

Sucedió a Larraechea el musicólogo Luis Merino Montero, ex decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile —en dos períodos—, quien había sido también vicerrector académico de la UCEN. En mayo de 2012 asumió el actual rector, el abogado de la Universidad Católica Rafael Rosell Aiquel, ex presidente del Círculo Libanés. Rosell fue contralor de la Universidad de Santiago (Usach) y después fiscal de la Central desde 2008 hasta que fue destituido por Livacic a principios de 2011.

En general, Daniela López ve a la Central como una universidad «ligada a la Concertación». Menciona a personas como el ex ministro Germán Correa Díaz, socialista, actual vicerrector de desarrollo institucional; Sebastián Bowen, el ex director de un Techo para Chile, que está como director de responsabilidad social universitaria; Sergio Escobar, director de comunicaciones, militante PPD. También pertenece a ese partido el economista Enrique París, secretario de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración.

Después de la crisis se incorporó también la ex vicepresidenta de Conicyt Vivian Heyl, como directora de investigación y pregrado. Y recientemente, la ex ministra de Bienes Nacionales Romy Schmidt asumió como directora del Community College, que concentra a las carreras técnicas de la Universidad Central.

Similar percepción tiene el actual presidente de la Federación de Estudiantes, Marco Velarde. Según él, «está muy metido el PPD», y agrega nombres como el de Rita Coya, profesora de psicología, a quien identifica en ese partido.

DANZA DE MILLONES

Los protagonistas del negocio frustrado, entretanto, no pierden la esperanza de obtener al menos alguna compensación. Ernesto Livacic presentó una querella laboral tras su alejamiento, que aún no se resuelve. Aunque, según cuenta Beatriz Navarrete, se estima que ganaba quince millones de pesos al mes —que el nuevo presidente se rebajó a ocho, señala—, entabló un juicio contra la universidad en demanda de indemnización.

Vicente Caruz, por su parte, presentó el 19 de julio de 2012, a nombre de la sociedad Norte Sur, una demanda arbitral, en la que acusa a la Universidad Central de haber roto unilateralmente el «acuerdo de asociación» que alcanzaron a firmar en 2010. Caruz pide que la universidad le pague a Norte Sur mil millones de pesos. El asunto recayó en los árbitros de la Cámara de Comercio de Santiago, que tienen que dirimir.

La Asociación de Académicos ha detectado, dice Beatriz Navarrete, que «la danza de los millones era más o menos seria, pero la auditoría que se iba a hacer no ha sido mostrada a la comunidad». Amiga de la transparencia, no le gusta que la información no sea abierta. «La versión del presidente es que no nos han podido mostrar los documentos porque estamos con estas demandas».

Pero ella considera importante saber lo que esas auditorías dicen, para constatar mejor aún «cómo lucraban en tiempos de Livacic, porque estaba muy bien hecho todo para hacerlo, aunque el gran lucro a otra escala iba a ser cuando la vendieran a Norte Sur».

Beatriz Navarrete explica que mientras Ernesto Livacic presidía la junta de la Central era también parte del directorio de las tarjetas Ripley. «Una de las cosas tremendas que decía era que Ripley le iba a dar crédito a los estudiantes para continuar sus estudios», comenta.

«Doce años después, Livacic ocupa un sillón al otro lado de la vereda: hoy es director de CAR S.A., el emisor de tarjetas de Ripley, compañía del retail a la que ha estado ligado al menos desde 2005, cuando fue asesor de la gerencia general en tarjetas de crédito de dicha multitienda. Hasta abril de este año fue director del Banco Ripley», señalaba el diario electrónico El Mostrador el 7 de noviembre de 2012.¹³ Un día antes, un reportaje de Informe especial, de la periodista Carola Fuentes, abordó este doble rol del ex presidente de la junta directiva de la Central.

Los académicos han detectado también que las diferencias de sueldos eran notables y que respondían a negociaciones personales de las máximas autoridades con los decanos y de ellos con profesores.

Señala Beatriz Navarrete que «aproximadamente un 85 por ciento de los profesores son contratados por horas con boleta de honorarios. Aunque ganan bien, solo un 15 por ciento está con liquidación de sueldo y todo lo demás. Pero hay situaciones muy diferentes […] Se ha sabido también que los decanos hacían devoluciones a la casa central, y mientras más plata devolvían, recibían bonos personales en dinero».

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Después del triunfo de 2011, ya al año siguiente, Daniela López tenía algunas inquietudes sobre la marcha del proceso posterior. «Queremos una nueva universidad en la que toda la comunidad participe. ¿Qué pasó? Que con los mismos docentes que estaban con nosotros en la no venta empezamos a tener disputas.» Según la ex presidenta de la Feucen, «se quedaron en las típicas promesas. Sabíamos que no podíamos hacer todo de inmediato, pero necesitamos gestos políticos. No estamos en guerra con ellos, pero hicimos el parangón del plebiscito del 88 con lo que pasó con la Central. Les dijimos “no queremos que ustedes se queden en el discurso de la transición como la Concertación”. […] Sentimos que en la Central, donde todos estuvimos juntos para evitar la venta, las nuevas autoridades están administrando el modelo que tenía Livacic. Y eso es lo que estamos discutiendo ahora».

—Entonces, ¿para ustedes no está todavía la tierra firme? —le pregunté a fines de 2012 a Daniela López.

—No —respondió categórica—. Y por eso la crítica es potente. Pero también hemos tenido movilizaciones, pese al cansancio. Durante 2012 tuvimos tres tomas en períodos distintos. Y en una de esas sacamos un decano que, aparte de haber atentado directamente contra el cuerpo estudiantil con sumario y todo, era un tipo que siempre defendió la venta de la universidad.

En noviembre, cuando los alumnos y la Asociación de Académicos celebraban un año de la «no venta», según Daniela López, se lanzaron dos tipos de discursos: «Por un lado, el de las autoridades que decían “pasamos el 2011, estamos en 2012, entonces tenemos que entendernos como una universidad armónica, sin conflicto”. Y por otro lado, nosotros creemos que no estamos en una universidad armónica y pensamos que hay que seguir profundizando la democratización de nuestra universidad para lograr la refundación de la Central. Estamos en lugares distintos. Porque la universidad que queremos los estudiantes no es la misma que quieren las autoridades. La que queremos nosotros la hemos bautizado como universidad comunitaria».

Lo explica así: «Queremos recuperar esta universidad, que cumpla un rol público, que entregue el bien común que es el derecho a la educación, y eso significa que hoy estemos haciendo crítica, y no queremos que se gaste en publicidad, porque los mil millones que se gastan en publicidad podrían ir destinados a los estudiantes de quintiles más bajos, a contratar más profesores de planta. Ese movimiento 2011 que se empoderó generó un movimiento estudiantil identificado con los derechos, somos estudiantes, no clientes».

Quieren participar en todas las instancias, al menos con derecho a voz. Se ha avanzado en algunas facultades, que eran como feudos, dice. Pero no se ha cambiado aún el estatuto y eso, vaticinaba, iba a ser un problema conflictivo. Y lo fue. A mediados de 2013, las protestas tras lo que grupos de centralinos consideran una promesa no cumplida los llevaron a una nueva toma.

«La universidad que queremos, que no es la de Livacic, ni la anterior a Livacic, sino que es otra universidad», sostiene Daniela López.

Volví a conversar con Beatriz Navarrete en agosto de 2013, después de que se produjo una nueva crisis, con tomas y huelgas de hambre. «Este movimiento fue levantado por los estudiantes porque solicitan más participación real. A pesar de que tienen voz en los consejos de escuela y facultad, solicitan las reformas estatutarias», señala la presidenta de los académicos.

Esa reforma fue anunciada en 2011 y, como explica Beatriz Navarrete, «lo que preocupa a los estudiantes es que al no realizarla, aún el negocio de la venta de la universidad podría ser posible». Esto porque «la orgánica de la universidad concentra el poder en una junta directiva, es decir en seis personas, que son las que designan al rector. Además, el presidente de la junta es el representante legal, mientras que el rector es quien vela por lo académico».

El conflicto se había iniciado el 21 de junio y terminó el 23 de julio, con un acuerdo tras el que los estudiantes en toma devolvieron los campus y se terminó la huelga de hambre en que estaban cuatro estudiantes. Para llegar a la solución fue decisiva la actuación de la Asociación de Académicos, del Sindicato de Trabajadores y de la Corporación de Egresados.¹⁴

EN EL MOMENTO PRECISO

El actual presidente de la Feucen, Marco Velarde, estudió en un colegio particular subvencionado en La Florida. Su papá es preparador de caballos en el Club Hípico, y su mamá «siempre ha cuidado niños». Cuenta que durante la dictadura le cuidó los niños a Jacqueline Pinochet, una de las hijas del general.

Marco fue «pingüino» en 2006 y recuerda que su colegio estuvo en toma durante una semana, pero nunca tuvo una «historia política». Llegó a la Universidad Central en 2010 a estudiar sociología y se financia con un Crédito con Aval del Estado. En 2011 se incorporó al movimiento estudiantil «como uno más».

Tiene veinticuatro años y en marzo de 2013 tomó la posta en reemplazo de Daniela López, con quien había colaborado en la mesa anterior. Conversé con él una tarde de agosto, cuando recién se iniciaban las clases después de la toma. En la oportunidad me explicó que el petitorio de junio y la posterior toma de la universidad que se prolongó durante un mes se debió a que «había demandas sentidas en la Central sobre todo por democratización. Nosotros queremos profundizar esas demandas y hacer valer los acuerdos pendientes con la autoridad de la universidad para poder democratizar nuestra casa de estudios».

Al mirar hacia atrás, Marco Velarde ve con entusiasmo lo ocurrido en 2011 en la Universidad Central. «El movimiento estudiantil necesita estos ejemplos vivos que demuestren cuáles son los problemas concretos en la educación chilena. El problema de la Central reventó en el momento preciso, justo cuando estaba apareciendo el discurso en contra del mercado de educación superior y se afinó con rechazo al lucro que sigue hoy vigente.»

Pero también observa que «eso no ocurre solamente en la Central, donde pudimos detener la venta y que se lucre con los estudiantes».

Agrega el presidente de la Feucen: «Hoy sigue pasando, como lo hemos visto en la crisis de la Universidad del Mar, y también está ocurriendo en otras universidades, como la Santo Tomás o la San Sebastián, donde se ha visto el conflicto con la Municipalidad de Recoleta… Y en muchas otras siguen estos problemas que tienen que ver con intereses económicos y políticos que priman sobre la educación y la transforman en un gran negociado».

Él observa que se advierte otro «circuito de universidades que evidentemente lucra y que no quieren cambios en el sistema y que están juntándose harto para poder impedir que se efectúen». Señala que el rector Rafael Rosell contó una vez que le habían ofrecido ser presidente de la Asociación de Universidades Privadas y él lo descartó porque evidentemente significaba que cooptaran su discurso de la Universidad Central.

TEMORES ESTUDIANTILES

Marco Velarde reconoce que tanto el presidente de la junta directiva, Ricardo Napadensky, como el rector, Rafael Rosell, y los demás miembros de la junta directiva estuvieron contra la venta de la universidad. No obstante, según él, los estudiantes no están tranquilos. Reclaman más participación en diferentes instancias y reformas del estatuto.

«Ese mismo estatuto permitió que la Universidad Central estuviera a punto de venderse; queremos que eso no vuelva a pasar, independiente del hecho de que las autoridades hayan cambiado. La democratización tiene que ver mucho con nuestra movilización de 2011», indica. Además, agrega, «queremos que la comunidad se haga cargo de la toma de decisiones y seamos más partícipes en la discusión de esas decisiones, porque no queremos que vuelva a suceder algo así dentro de la universidad».

Los estudiantes pretenden la realización de un claustro universitario, dice, y después del último paro acordaron una mesa de trabajo para ir avanzando en esa línea. Pero, según Velarde, «hay mucha resistencia interna en la universidad para que suceda».

—¿Algo en particular les hace temer?

—Hay un temor latente y mucha desconfianza. Se ve con preocupación el hecho de que siempre se recurra al discurso de que la universidad debe sustentarse de alguna forma económicamente. Está la idea de cómo mirar a la Central a futuro, a largo plazo, cuál va a ser la forma de financiamiento. Subsiste el temor de que pueda ser vendida.

—¿Pero hay algunas señales específicas que provoquen ese miedo?

—No hemos visto una señal específica que nos diga «efectivamente la U va a ser vendida», pero nosotros nos queremos asegurar, porque en 2010 no había ninguna señal y los estudiantes no teníamos idea y de repente nos encontramos con una información en La Segunda. Nos enteramos por los medios. Al comienzo se había hablado de que era gente de derecha, hasta que se supo que era Vicente Caruz.

Otra preocupación se vincula con el funcionamiento y orientación de la universidad. «Nosotros tenemos un diagnóstico de la Central y de las universidades privadas que en general vemos como empresas. Y son netamente universidades docentes; no hay en ellas desarrollo de investigación. Por eso hicimos un petitorio donde demandamos una vicerrectoría de investigación.»

—¿Y cuál es el rol de Vivian Heyl, que fue vicepresidenta de Conicyt?

—Ella trabaja en la dirección de investigación, pero todo esto bajo la vicerrectoría académica. La vicerrectora es Silvana Cominetti, que estaba antes en la Usach. Lo que a nosotros nos preocupa es la falta de investigación, la cantidad de profesores de dedicación completa, además de los implementos en salas de clases.

Le pregunto a Marco Velarde por las tomas de julio de 2013, que, de acuerdo a las versiones de académicos, se salieron de cauce y hubo destrozos y hasta robos de equipos. Y se tensionaron mucho las relaciones entre autoridades y estudiantes e incluso entre estos y trabajadores. Se advierte que no es un tema de su agrado, pero admite que el conflicto se extendió y «no tendría que haberse alargado». Reconoce que «no hubo una buena conducción como para dirigir bien el actual conflicto y fueron tomas bastante prolongadas; en la Central no había sucedido antes una toma de un mes y medio seguido, había muchas tomas, pero esta fue larga, continua y en los tres campus».

—¿Y cuánto pesaron las llamadas «juventudes guevaristas», como han mencionado algunos medios? —le consulto.

—Eso lo destacó La Segunda. Existe la juventud guevarista, pero es un grupo más dentro de la Central. Entre los temas que ellos proponen está el de terminar con la subcontratación, que en la Central representa un gran porcentaje: todo el personal de aseo, seguridad y casino es subcontratado.

—¿Por qué les inquieta la subcontratación en la universidad? Es frecuente que ese tipo de servicios se contraten aparte.

—Bueno, en las privadas la subcontratación es una fuente de lucro, a través de sociedades espejo, de la tercerización de servicios. En la Central no está comprobado que eso pase. Pero ellos —se refiere a los «guevaristas»— querían que se acabara ahora y nosotros creíamos que eso era imposible y que por temas económicos de la universidad no se podía terminar hoy con la subcontratación, también por asuntos de contratos. Pero acordamos que la universidad tendría que avanzar en políticas de eliminación de la subcontratación.

A principios de septiembre se produjo un coletazo de esa toma invernal. El tribunal de convivencia de la Universidad Central¹⁵ decidió la expulsión de 37 alumnos que, de acuerdo a la investigación realizada, habrían estado involucrados. El presidente de la Feucen, Marco Velarde, que integra el tribunal, fue voz minoritaria. Los estudiantes afectados apelaron y anunciaron un recurso de protección ante los tribunales si no había una reconsideración interna de la medida que se haría efectiva a fin de año.

Según la Federación de Estudiantes, «el proceso careció de la rigurosidad correspondiente para determinar tamaña sanción y, por ende, rechazamos enfáticamente la medida tomada», señaló en declaración pública.

CAMBIOS EN NORTE SUR

Vicente Caruz, entretanto, tras la frustración que le generó no poder acceder al negocio de la Universidad Central, debió afrontar otros contratiempos. En abril de 2013 perdió el control de la sociedad Norte Sur en la junta de accionistas. Los hijos de sus socios de toda la vida, Daniel Mas —cuyo padre murió en 2010— y Aníbal Correa Ortúzar, arremetieron y se instalaron como presidente y vicepresidente de Norte Sur.

Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo debió salir de la gerencia general, y fue reemplazado por Pablo Eguiguren Bravo. Aunque Norte Sur tiene intereses en muchos otros ámbitos, los trabajos anteriores de Eguiguren están muy ligados al «mercado» de las universidades. Fue rector del Instituto Profesional AIEP, del grupo Laureate, y prorrector de la Universidad de Viña del Mar durante unos meses en 2009.

El abogado Aníbal Correa Vial es hoy un próspero inversionista, gracias en buena medida a sus utilidades como accionista de Norte Sur. Su relación con el Banco del Desarrollo data de la década de los ochenta, cuando adquirió un pequeño porcentaje de acciones. «Invitado por los directivos y socios del banco, las aportamos a la creación de Norte Sur. Con el tiempo, esta pequeña cantidad inicial de acciones se fue incrementando. Y cuando el banco se vendió fui invitado por Vicente Caruz y Maximiliano Poblete a dejar parte del producto del banco en Inversiones Norte Sur», explicó a través de las páginas de El Mercurio en 2012.

Correa y su familia llegaron a tener alrededor del 25 por ciento de Norte Sur y además son propietarios de miles de hectáreas en Vallenar, Puchuncaví y Talagante.

El negocio con la Universidad Central «no se pudo materializar por razones externas. Era un complemento importante del proyecto que tenemos nosotros. Nunca pensamos en lucrar con el negocio universitario», dice Correa.

—¿Seguirán buscando opciones y otro plantel? —le preguntó El Mercurio.¹⁶

—Sigue estando en el radar —fue su respuesta en marzo de 2012.

En todo caso, la pérdida de la presidencia no significa que Caruz se haya alejado de Norte Sur ni de las empresas educacionales. Quedó en el directorio, lo mismo que su socio Maximiliano Poblete. A título personal es dueño de casi un 7 por ciento de la acciones de esa sociedad, según el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros de junio de 2013.

Norte Sur, a su vez, posee una serie de colegios en Santiago y Valparaíso y uno en Machalí.¹⁷ A la red de establecimientos subvencionados —que opera a través de las sociedad educacional Aconcagua y la inmobiliaria Norte Mar— se suma el Instituto Tecnológico de Computación (ITC), un instituto profesional que alcanzó en 2012 una matrícula de tres mil cuatrocientos alumnos. Esa cifra implica un crecimiento del 15 por ciento respecto del año anterior, gracias en buena medida al Crédito con Aval del Estado (CAE) que ofrece a sus alumnos, ya que obtuvo acreditación.

En 2012, el grupo redujo sus inversiones en salud al vender las sociedades Sonarad I y II y Salud Fácil S.A. a la empresa Integramédica. Esas ventas podrían relacionarse con la frustrada operación de compra de parte de la Universidad Central, ya que la «alianza estratégica» precisamente consideraba inversiones en las escuelas vinculadas a la salud en la Universidad Central, e incluso proyectaban levantar la carrera de medicina.

¿SIGUEN RONDANDO?

La experiencia vivida en torno a la Universidad Central no contuvo a Vicente Caruz en su defensa del lucro. Por el contrario, da la impresión de que el empresario trata de proteger sus intereses e influir en las políticas que en este sentido pueda implementar un futuro gobierno. En entrevistas se ha declarado partidario de Michelle Bachelet, a quien define como «una mujer diferente y muy preparada, y por esas condiciones es muy apropiada para este momento de cambios». Pero a la vez arremete contra lo que ella ha planteado en su campaña.

—Bachelet ha hablado de terminar con el lucro, gratuidad total, ¿qué le parece? —le preguntó el periodista José Tomás Santa María en La Segunda el 2 de agosto de 2013.

—Los recursos públicos disponibles para educación son escasos. Nadie puede quedarse sin educación por problemas económicos, pero si hay alguien que pueda pagar educación, y si hay alguien que pueda dar educación, colegios o universidades, por una justa recompensa, siempre que sea de calidad, eso no puede dejarse de lado. Es una fuente de recursos: tanto lo que pueden poner los apoderados como también las iniciativas de los sostenedores de los colegios, que son pequeños emprendedores —argumentó Vicente Caruz.

Y ante la insistencia del periodista, fue enfático: «No estoy en contra del lucro en la educación, estoy contra la mala calidad».

A Beatriz Navarrete no le extraña que sigan rondando o con el radar puesto. Y cuando le menciono los dichos de Caruz, comenta: «Vicente Caruz ha ido a insistirle al presidente actual, Ricardo Napadensky, que él tiene todas las mejores intenciones, que quiere seguir trabajando con la Universidad Central».

—¿Siguen rondando entonces?

—Yo estoy convencida de que Livacic no lo considera una batalla perdida. Tiene una personalidad tremenda —concluye la presidenta de los académicos.

Y las palabras de Caruz indican que si no es la Universidad Central, ya habrá otra institución superior donde lucrar. Por lo demás, ya tuvo esa experiencia en la Universidad de Viña del Mar y lo viene haciendo con los colegios y con el Instituto Tecnológico de Computación.

Pero no le será tan fácil montar una operación como la que habían diseñado para tomar el control de la Universidad Central. Entre los estudiantes son muchos los que están por evitarlo y levantar muros de contención para frenar los ímpetus de los inversionistas que buscan lucrar con la educación.

CAPÍTULO V

La Polar y Southern Cross

Mientras los estudiantes marchaban por las principales avenidas del país clamando por sus demandas, estalló en junio de 2011 el escándalo de la empresa La Polar que remeció los cimientos de la denominada industria del retail, otro gran negocio de las últimas décadas en Chile.

Con el correr de los días se vio que la magnitud del fraude era tal que comprometió los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), perjudicó a clientes y pequeños accionistas y contaminó a conspicuos directores de la empresa, algunos de ellos con cargos de responsabilidad en instituciones estatales del Gobierno de Sebastián Piñera.

La de La Polar no fue una quiebra más. Y menos en el ambiente de protesta marcado por las marchas estudiantiles de ese invierno. Se produjo una suerte de jaque financiero y ético al ya cuestionado modelo económico imperante y a la manera de hacer negocios en el Chile actual.

El modelo de negocios aplicado en esa tienda de departamentos que endeudó a cientos de miles de personas de clase media-baja y baja era muy similar al de algunas universidades masivas conocidas entre los expertos bajo la carátula de «no selectivas». E involucró a jóvenes que pertenecen a las primeras generaciones que llegan a la educación superior, y que mediante deudas de ellos o de sus familias se hipotecaron en busca de un mejor destino.

En el caso de La Polar fueron las compras de objetos de consumo logradas con créditos no proporcionales a los ingresos de las familias los que elevaron sus deudas a niveles muy superiores al valor real de los objetos adquiridos. Pero tras los plasmas, los electrodomésticos o el vestuario se ocultaba otro negocio adicional: el de las tarjetas plásticas que la tienda ofrecía para que los clientes compraran a crédito.

Muchos de los deudores de La Polar lo eran también del sistema universitario, lo que agregaba ingredientes al malestar social. Ambas situaciones, en cierto modo, son caras de una misma moneda.

Pero hay más. El inversionista argentino de origen japonés Norberto Morita Jusumoto y el chileno Raúl Sotomayor, que encabezan el fondo de inversiones Southern Cross —hasta ahí muy bien reputado en el ambiente económico local—, fueron quienes diseñaron el «modelo de negocios» de La Polar. Y en 2010 decidieron jugar otra carta: comprar la Universidad del Mar, que reunía veinte mil alumnos en sus débiles sedes repartidas a través de todo el país.

En marzo de 2011 la venta estaba lista. Los pasos de Southern Cross avanzaron en forma paralela a los intentos del grupo Norte Sur por adquirir la Universidad Central, en esos tiempos que aún parecían dorados para quienes querían obtener utilidades a gran escala con la educación superior. Ni uno ni otro se imaginaron que en 2011 la consigna de los estudiantes que clamaban «No al lucro» y la persistente movilización detendrían los negocios multimillonarios que pretendían hacer.

También Southern Cross y los dueños de la Universidad del Mar hablaron de «alianza estratégica» —como en la Central— para ingresar a ese establecimiento. La noticia fue acogida en las páginas económicas de los medios y en los diarios especializados. Diario Financiero informaba: «El fondo de inversiones Southern Cross suscribió un acuerdo de alianza estratégica para ingresar a la Universidad del Mar, tercera universidad privada más grande de Chile, con más de veinte mil estudiantes y sedes en las ciudades de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Quillota, Santiago, Talca, San Fernando, Curicó, Temuco y Punta Arenas».¹

UN DIRECTORIO MUY BIEN CONECTADO

Tras las indagaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el fraude de La Polar, Norberto Morita y Raúl Sotomayor fueron sancionados con multas de 1.500 y 2.000 UF respectivamente.² Muy poco si se compara con las millonarias ganancias que obtuvieron en los años de gloria del negocio que diseñaron. Junto a ellos, el 9 de marzo de 2012 integraron la lista de directores «multados» una serie de directivos de alto vuelo, varios de ellos conectados directamente con el Gobierno.

Al dar una mirada a esa lista de integrantes del directorio de La Polar, se puede aquilatar por qué el presidente Sebastián Piñera, en medio de la tormenta estudiantil, trató de separar aguas con rapidez del escándalo que involucró a lo más granado de la llamada «elite empresarial» chilena.

Piñera actuó rápido y pidió la renuncia a cuatro prominentes personajes que integraban directorios de empresas del Estado el 9 de junio de 2011, y en paralelo participaban en el de La Polar cuando sobrevino la explosión.

En ese momento, el presidente de La Polar era el ingeniero comercial de la Universidad Católica Heriberto Urzúa Sánchez, antiguo conocido suyo. Integrante del grupo de economistas apodado «los Golden Boys», formados por el propio Piñera en el Citibank a comienzos de los ochenta, llevaba solo diez días como presidente de La Polar, pero era miembro del directorio desde 2007 y vicepresidente desde 2009. Tuvo que dejar la presidencia de la estatal Empresa Portuaria Talcahuano-San Vicente, donde había sido nombrado por el Gobierno.³ Urzúa es socio de Alfonso Swett Saavedra en la empresa Forus. Swett es primo hermano de Pablo Alcalde, el principal implicado en el escándalo de La Polar, quien fue sancionado por la SVS con una multa de 25.000 UF, ratificada por la Corte Suprema.⁴

Otro de los directivos de la empresa estatal designado por el Gobierno de Piñera era el ingeniero industrial Manuel Francisco Gana Eguiguren, director de La Polar desde 2010. Él era vicepresidente de Trenes Metropolitanos y director de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).⁵

El ex ministro de Economía y último titular de Hacienda de Augusto Pinochet, Martín Costabal Llona, militante de la UDI y activo director de empresas, estaba en la Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa). Recién había entrado a La Polar en abril de 2011, en reemplazo de María Gracia Cariola. Aunque también debió dejar el cargo público, salió sin sanción del percance.

MULTADOS POR EL «ACCIDENTE»

La abogada de la Universidad Católica María Gracia Cariola Cubillos, hija del ex senador de la UDI Marcos Cariola y prima hermana de Marcela Cubillos, esposa de Andrés Allamand, integró el directorio de La Polar entre noviembre de 2010 y abril de 2011. Ella reemplazó al economista y ex ministro DC René Cortázar,⁶ quien pasó por el directorio de La Polar entre abril y noviembre de 2010. María Gracia Cariola⁷ tuvo que alejarse del directorio de la sanitaria Esval, donde estaba desde mediados de 2010. Desde 2005 es dirigente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la agrupación empresarial que reúne a los representantes del agro, y desde 2013 es su vicepresidenta. Además integra los directorios de distintas compañías de su familia aglutinadas en el denominado grupo Pathfinder y está en el directorio de la Fundación Adolfo Ibáñez, a la que pertenece la universidad del mismo nombre.

Una de las sanciones más elevadas de la superintendencia —por 3.500 UF— recayó en Andrés Ibáñez Tardel, ingeniero comercial de la Universidad Católica, muy vinculado a esa casa de estudios. En ese momento era el director de la Escuela de Administración de la UC. Con posgrado en Kellogg y en Harvard, Ibáñez estaba en el directorio de La Polar desde el año 2004, poco después de que la empresa debutara en la bolsa. Era también director de Emprender UC y de Cruzados S.A., la sociedad que administra el club de fútbol de la Católica. Ante la grave situación que lo afectó, tuvo que «pedir permiso especial» en la UC para concentrarse en su defensa ante los tribunales.

Desde 2004, cuando La Polar se transformó en sociedad abierta y empezó a transar sus acciones en la Bolsa de Comercio, ingresó al directorio Baltazar Sánchez Guzmán, el brazo derecho del fallecido empresario Ricardo Claro y cabeza del grupo tras su muerte. Sánchez tuvo una sanción de 2.800 UF.

Tras estallar el escándalo debió dejar también su cargo en el consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami) el ingeniero civil de la Universidad Católica Luis Hernán Paul Fresno. Es casado con Ximena Ossandón, la ex vicepresidenta de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) —famosa por su sueldo «reguleque»—, y que decidió postular a la Cámara de Diputados por La Florida. Paul, uno de los últimos en llegar al directorio de La Polar —en abril de 2011—, es cercano al ex ministro de Defensa Andrés Allamand, a quien en ese tiempo asesoraba en su gabinete.

Ingeniero con máster en administración en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Paul era director del Centro de Gobierno Corporativo y profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile cuando estalló el escándalo.⁸ Hasta marzo de 2010 era socio del ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine en la oficina Fontaine y Paul Consultores Asociados S.A. «Los mercados están sujetos de vez en cuando a que ocurran accidentes. Así como existen los accidentes automovilísticos, también existen los financieros», dijo Fontaine en aquella oportunidad.

Todos los directores sancionados habían llegado a La Polar atraídos —o tentados— por el aparente esplendor de la tienda, que mostraba un espectacular crecimiento. En representación de las AFP unos, de grupos empresariales otros, no se soñaron, al parecer, lo que vendría después. Todos sabían de la existencia del grupo Southern Cross con el que convivieron —unos más que otros— y de las habilidades mercantiles de Morita y Sotomayor.

OTRA «ALIANZA» QUE NO FUE

Unos meses antes, en otro ambiente, los socios de la Universidad del Mar celebraban la reciente acreditación otorgada en diciembre de 2010, después de dos intentos fallidos. La aprobación del preciado certificado con la firma del entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz Corvalán, fue solo por dos años. Pero eso le bastaba para acceder al ambicionado Crédito con Aval del Estado (CAE).

No obstante, ese proceso y su controvertido resultado le saldrían caros a la Universidad del Mar. Tiempo después sería este el primer hilo que hizo saltar el escándalo de la CNA a principios de 2012, cuando el nuevo secretario ejecutivo, Patricio Basso, detectó anomalías en el funcionamiento de la comisión y en el actuar de su presidente.

A diferencia de la Universidad Central, la del Mar era una empresa que afrontaba agudos problemas de todo tipo. Las dificultades de los estudiantes para pagar aumentaban, mientras las relaciones entre los dueños llegaban a puntos insostenibles. La falta de acreditación que impedía a sus alumnos acceder a créditos con aval estatal impulsó a la universidad a generar un sistema de préstamos internos con elevadísimos intereses. Estos ascendían al 0,48 por ciento mensual en 2011, como anunciaba en su sitio web.

Para Southern Cross, todo eso no parecía constituir mayor problema. El fondo de inversiones tenía experiencia en sacar empresas de la quiebra. Lo hizo con La Polar en 1999, cuando Morita y Sotomayor tomaron el control en momentos en que la tienda estaba al borde del colapso. En esa oportunidad colocaron al economista Pablo Alcalde Saavedra como gerente general.

Al iniciar el año académico en marzo de 2011, las autoridades de la Universidad del Mar hicieron el formal anuncio de la «alianza» a través de una videoconferencia transmitida hacia sus sedes regionales.

Poco después, cuando informó sobre la compra, Raúl Sotomayor indicó: «Nos integramos a un proyecto educacional que ha cumplido históricamente un rol social y, por lo mismo, vamos a apoyar y reforzar ese rol». También habló de «alianza estratégica» y señaló que los objetivos eran «potenciar el proyecto educativo y convertir la Universidad del Mar en una institución superior líder a nivel nacional».⁹

Pero no se alcanzaron a efectuar los cambios en la junta directiva de la Universidad del Mar, fundada en 1990 por Héctor Zúñiga, Raúl Baeza Aspée, Mauricio Villaseñor Castro y Sergio Vera Muñoz, sus «propietarios» desde esa época.

PROMESAS CERCA DEL MAR

La Universidad del Mar fue una de las tantas que nacieron justo al terminar la dictadura, pero con algunas características especiales. Su prehistoria se remonta a los años ochenta, cuando el contador auditor y capitán de marina mercante Héctor Randolfo Zúñiga Salinas y el ingeniero naval mecánico Raúl Jorge Baeza Aspée constituyeron, en 1987, la sociedad Zúñiga y Compañía Limitada, la que después llamaron Facultad de Comercio Internacional Limitada.

Zúñiga era rector del Instituto Profesional de Valparaíso, y Baeza Aspée dirigía la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica de Valparaíso y había sido vicerrector del colegio Mackay de Viña del Mar.

Participaban también en la sociedad Zúñiga y Compañía la esposa de Zúñiga, Marcela Gemita Mendía Mendiola, y la mujer de Raúl Baeza, Ana María Begoña Ansoleaga Bengoechea, de quien se divorció hace algunos años.

A la iniciativa se sumaron otros personajes relacionados con la actividad marítima: Mauricio Villaseñor Castro, administrador de empresas, ex oficial de la Marina Mercante nacional y ex subdirector de la Empresa Marítima del Estado; el abogado Juan Carlos Galdámez Naranjo, quien había sido fiscal de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y el capitán de fragata retirado Luis Enrique Molina, ex director de la Escuela de Telecomunicaciones Navales, quien murió en 1995.

Todos ellos constituyeron la Inmobiliaria del Mar S.A. en mayo de 1989. Formó parte también de ella la sociedad Zúñiga y Compañía y la Facultad de Comercio Internacional. La mayor proporción de las acciones de la inmobiliaria pertenecía a Zúñiga y Baeza, quienes desde ese entonces ocuparon los cargos de presidente de la junta directiva y rector de la universidad en forma alternativa.

La universidad obtuvo el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de Educación el 2 de febrero de 1990, poco más de un mes antes de que Augusto Pinochet dejara La Moneda y que se iniciara la transición a la democracia.

El diario La Segunda, en junio de 2012, recordaba: «En sus bases fundacionales la Universidad del Mar se comprometió con el desarrollo regional, la apertura de Chile hacia el océano Pacífico y los intereses marítimos del país, según su acta original». Muy lejos estuvo la realidad de esas palabras.

EXPANSIÓN SIN LÍMITES

En 2007, cuando investigaba para el libro El negocio de las universidades en Chile, me llamó la atención esta universidad vinculada a marinos mercantes que venía creciendo en forma vertiginosa. En los meses previos conocí a Erick Ebner Salgado, un empleado público, técnico agrícola, que fue estafado en la sede Talca, con la promesa de ser ingeniero agrónomo en dos años. Consigné su historia en un capítulo que llamé «La ilusión de ser agrónomo» y puse atención a lo que sucedía con este establecimiento que crecía a pasos agigantados.

El asunto olía mal. Las matrículas se habían multiplicado en pocos años, tras obtener la autonomía en enero de 2002. Tuve oportunidad también de viajar a Calama. En la nortina ciudad del desierto, ubicada a más de dos mil kilómetros de altura, próxima al mineral de Chuquicamata, estaba ubicada una sucursal. Fue la primera universidad privada que se instaló en la ciudad del cobre lejos del mar. Un estudiante de esa sede me comentó: «Es la alternativa que tenemos los que no logramos quedar en una universidad tradicional o no podemos partir a estudiar a Antofagasta o Iquique, porque no tenemos el dinero para costear el traslado y la permanencia».

Pero era tanto el afán de expandirse que incluso en el norte, donde hay menor población, la Universidad del Mar abrió otras sedes en Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena y Copiapó. El sistema que utilizaba en la mayoría de ellas era una especie de factoría. Cada uno de los cuatro dueños tenía su territorio donde elegía socios locales. Pero eso se supo después.

Cuando se gestionó la venta a Southern Cross en 2010, la Universidad del Mar tenía su flamante casa central en Reñaca y más de quince sedes de norte a sur del país en las que impartía carreras profesionales en horarios diurnos y nocturnos y también algunas de índole técnica.

La fuente para hacer el negocio era —como en todas las que lucran— el pago de los aranceles de los estudiantes y los créditos que ellos estén dispuestos a contraer. Los nuevos socios se aprontaban a operar en este negocio con técnicas similares a las que usaron en La Polar.

LA CARTA DE PILAR ARMANET

Su historia venía siendo complicada en los últimos años. En 2004, el Consejo Superior de Educación —precursor del actual Consejo Nacional de Educación— había advertido al ministerio y a la propia Universidad del Mar sobre el crecimiento anómalo que experimentaba. Un documento dirigido por la entonces jefa de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet, al rector subrogante de la Universidad del Mar, Mauricio Villaseñor, da cuenta de algunas conclusiones de ese informe.

Consigna la carta de Pilar Armanet que, según el consejo, la Universidad del Mar impartía un total de 192 carreras en sus catorce sedes. «Menos de la mitad de estas existían en la Universidad del Mar en 2003 […] Si se compara el número de carreras de la Universidad del Mar al momento de recibir la autonomía y la actualidad, se constata un crecimiento de 2.683 por ciento en 28 meses.»

«Los datos analizados, a juicio del Consejo Superior de Educación, indican que entre los años 2001 y 2003, la matrícula total de pregrado creció en un 161,8 por ciento», continúa Pilar Armanet en su carta, y agrega que esto se concentraba en alumnos de primer año. En 2004, el crecimiento de la matrícula total se hace aún más significativo y «es superior a un 277 por ciento, en relación con el año en que se certificó la autonomía institucional».

Además, agrega Armanet, «se observa un crecimiento explosivo» entre la matrícula de primer año observada el 2001 y la de 2004. «En efecto, la de este año representa un crecimiento cercano al 678 por ciento.»

Entre las conclusiones que la ex jefa de Educación Superior recoge del informe del CSE anota: «Gran número de sedes podría ser de nivel mínimo, con una formación profesional con falencias serias […] El crecimiento en número de sedes y carreras de la Universidad del Mar ha ido aparejado de un claro deterioro de todos los indicadores educativos y de la biblioteca de la universidad, lo que hace suponer una reducción significativa en la calidad docente».

Los directivos de la universidad replicaron al consejo argumentando que parte del crecimiento se debía a la adquisición de nuevas sedes y a «inconsistencias significativas en las cifras que aporta el informe del consejo». Según ellos, se «desvirtúan las conclusiones, al no tomar debidamente en consideración los mayores recursos aportados en infraestructura, biblioteca y laboratorios».

Con todo, las últimas líneas del informe y la resolución del ministerio no parecen acordes con la magnitud de la alarma que el mismo CSE había puesto: «Sin perjuicio de lo anterior —señala el Consejo Superior—, la información y los datos disponibles no son suficientes para emitir juicios concluyentes respecto de la calidad académica de los nuevos programas y las nuevas sedes, y sobre el cumplimiento efectivo de los objetivos y principios establecidos en los estatutos de cada una de las instituciones analizadas».

La carta de Pilar Armanet concluye: «El ministerio, habida consideración del informe del Consejo Superior de Educación y los antecedentes aportados por la institución, resuelve que la Universidad del Mar no ha incurrido en los presupuestos señalados en el artículo 53 de la LOCE para la revocación de su reconocimiento oficial».

CARAS CONOCIDAS

En los años siguientes, la Universidad del Mar siguió creciendo y levantó un espectacular edificio en Reñaca para su sede central. En 2006 superaba los quince mil alumnos, cuando debió afrontar severos conflictos con los estudiantes de la Facultad de Medicina de la sede de Viña del Mar, que estuvieron tres días en paro y varios días movilizados. Denunciaban que no contaban con los elementos básicos para la docencia ni campos clínicos donde practicar. No fue el primer conflicto. En 2008 volvió a rebrotar.

El Examen Nacional de Medicina que se conoció en marzo de 2011 mostró que sus egresados estuvieron entre los peor evaluados de todo el país: de los cincuenta que se presentaron, 24 salieron mal. Tampoco fue mejor el resultado para los profesores titulados en la Universidad del Mar que rindieron la prueba Inicia. De acuerdo a los resultados entregados esa misma fecha, solo alcanzaron 41 puntos en escala de uno a cien y ocuparon el penúltimo lugar entre todas las universidades que rindieron ese test.

Pero al comenzar 2011, la Universidad del Mar celebraba su flamante acreditación obtenida tras un tortuoso proceso. Y ofrecía el Crédito con Aval del Estado a quienes querían matricularse. Para dirigir esas operaciones contaba con un «gerente» especializado: nada menos que Rodrigo Lasen, el ex jefe de gabinete de la Dirección de Educación Superior del Mineduc hasta 2010.

Lasen, militante PPD, incluso llegó a ser jefe interino de la división en los primeros días del Gobierno de Sebastián Piñera, hasta que fue destituido por el escándalo de las becas Valech, en el que estuvo involucrado como contraparte del Gobierno.

En un informe de diciembre de 2010 de la Contraloría General de la República¹⁰ a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados —creada con el objetivo de analizar lo ocurrido con las becas Valech—, se señala que Rodrigo Lasen Santos se desempeñó en la División de Educación del Mineduc, con contrato a honorarios entre el 1 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2006. Y que desde el 1 de enero de 2007 y hasta la fecha de su renuncia —el 30 de junio de 2010— «estuvo a contrata, en el estamento profesional, en la División de Educación Superior, donde asumió el cargo de jefe de gabinete desde el 1 de abril de 2006».

Añade ese documento que «en virtud del cargo referido, tal servidor tenía entre sus funciones el coordinar y gestionar el otorgamiento de las becas aludidas».

Entre los contactos que tenía Rodrigo Lasen en la Uniacc, aparte de Daniel Farcas —que fue prorrector y después rector—, estaba su hermano Gabriel Lasen, quien trabajó en esa universidad entre julio de 2008 y junio de 2010, ocupando en parte de ese período el cargo de director de planificación e implementación estratégica.

Tras su destitución, la Contraloría instruyó también al ministerio la realización de un sumario administrativo a Rodrigo Lasen.¹¹ En conflicto con el sector público, se encaminó al campo privado y lo acogió la Universidad del Mar.

Otro conocido en este negocio que fue reclutado como asesor por los que creían iban a ser los nuevos dueños fue Rodrigo Alarcón Jara, quien fue el brazo derecho de Gerardo Rocha en la Corporación Santo Tomás y se desempeñó durante largo tiempo como consejero en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

CARTERAS REPACTADAS

Justo cuando debía cumplirse el proceso de adquisición de la Universidad del Mar por parte de Southern Cross —en junio de 2011— estalló la situación de La Polar. La multitienda, que tenía más de un millón de endeudados con su tarjeta plástica, abría sus secretos y se empezaron a encontrar extrañas figuras de negocios inflados para evitar reconocer cuantiosas pérdidas y «sincerar» las deudas impagas de miles de consumidores. Para que esas carteras impagas no fueran reconocidas en los balances recurrieron a la insólita fórmula de la «repactación unilateral» con intereses usureros.

Las víctimas llegaron hasta el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), espantadas por sus deudas «repactadas» por la casa comercial. Denunciaron lo que les ocurrió y provocaron el estallido: por haber «sacado» un televisor que les costaba, a lo más, doscientos mil pesos, debían tres o cuatro millones, sin que ellos siquiera hubieran firmado un papel. Según se fue conociendo después, este especial mecanismo hacía aparecer en la columna de las utilidades los miles y millones de pesos «renegociados» de tal modo que las ganancias —ficticias, por cierto— de la empresa aumentaban a pasos agigantados.

De esto se beneficiaron ejecutivos que recibían premio por utilidades, mientras los miembros del directorio —a sabiendas o no— obtuvieron suculentas dietas. Hubo también accionistas que vieron subir los precios de acciones y supieron vender a tiempo. Los rezagados se quedaron, en cambio, con la desilusión de ver rodar por los suelos los castillos de papel a los que habían apostado.

Las comparaciones con la crisis de 1982 en Chile o con la subprime de Estados Unidos de 2009 saltaban a la memoria, mientras rápidamente los miembros del directorio renunciaban, tratando de explicar lo inexplicable y afirmando que nada sabían.

«LLEGAR Y LLEVAR»

El nombramiento del ingeniero comercial César Barros Montero, el negociador tras la crisis de los salmones, llegó como respuesta desesperada de los bancos, las corredoras de bolsa y las Administradoras de Fondos de Pensiones para tratar de infundir calma y evitar una quiebra que podría arrastrar al sistema financiero. Álvaro Saieh, dueño del banco y la compañía de seguros Corpbanca, adquirió el 10 por ciento del deteriorado capital de la tienda. Se interpretó como una muestra de confianza del que en esos días parecía un sólido magnate. Sus problemas con el negocio del retail, que podrían comprometer sus pertenencias financieras, aún no afloraban.

Los fundadores del fondo de inversiones Southern Cross, el argentino-japonés Norberto Morita y el chileno Raúl Sotomayor, tenían fama de grandes negociantes. Aunque muchas versiones de medios de comunicación decían que Southern Cross vendió sus acciones de La Polar en 2006, Morita y Sotomayor continuaron como presidente y vicepresidente hasta junio de 2009.

Sus nombres, no muy conocidos más allá del ambiente económico, saltaron al primer plano cuando se los identificó como los autores del diseño del «modelo de negocios» de La Polar.

En su libro Llegar y llevar. Cómo se fraguó la estafa del siglo, publicado en septiembre de 2013, el periodista Hugo Traslaviña recuerda:¹² «El origen de las repactaciones unilaterales, así como la adulteración de los datos de la cartera morosa y de los estados financieros, ocurre entre los años 2002 y 2005, cuando Southern Cross era el dueño de La Polar. Sus principales protagonistas fueron Morita y Sotomayor, como accionistas controladores».

Pero Traslaviña va más allá y habla de la «omnipresencia de Southern Cross» en La Polar en el período 2002 a 2011. Argumenta que «con La Polar en su poder, Morita comenzó a usar la sigla SCG (Southern Cross Group) para bautizar la sociedad administradora de las tarjetas de la multitienda». Y agrega que «de este modo, 2,6 millones de clientes activos (de un total de tres millones) que llegaron a tener este plástico en sus manos se endeudaron directamente con SCG y no con La Polar».

El gran fraude que envolvía a la tienda y su financiera adjunta se conoció el 9 de junio de 2011, en plena movilización estudiantil y cuando todavía se estiraban las negociaciones con la Universidad del Mar.

VÍNCULOS DE ALCALDE

Pablo Alcalde Saavedra, el ingeniero que fue llevado en 1999 como gerente general por Norberto Morita y Raúl Sotomayor a hacerse cargo del negocio de La Polar, fue calificado durante años en el ambiente económico local como «ejecutivo estrella».

Su elocuencia quedó registrada en grabaciones cuando mostraba las maravillas de La Polar: «Este núcleo familiar», decía refiriéndose a los clientes de la tienda, «mucho más que como una multitienda, la ve como una opción de vida. Uno lo que tiene en síntesis es esto: confianza, que es lo más difícil de lograr en la vida. Cuando uno logra que la gente tenga confianza, pasó la barrera del sonido: yo creo en La Polar y como creo en La Polar voy a comprar, voy a pagar, tomo mi seguro, etc., etc., etc., y ahí se produce un vínculo casi espiritual con el cliente», señala en un video que ha circulado profusamente en YouTube y redes sociales.

Después de una década en la gerencia general de la tienda, Pablo Alcalde asumió como presidente del directorio en 2009, cuando Norberto Morita, el inventor del negocio junto a su socio Sotomayor, lo dejaron en sus manos

Las «repactaciones» unilaterales y la inflación de créditos y utilidades falsas se remontan por lo menos a 2003, de acuerdo a lo que se ha establecido hasta ahora. El ejecutor, como dice Hugo Traslaviña, era Pablo Alcalde, gerente de la multitienda. Alabado por sus proezas financieras en el ambiente local, en 2009 ganó el título de gerente más destacado del año, otorgado por el diario La Tercera.

Alcalde mantenía su oficina en un edificio en El Golf que compartía con un grupo de connotados economistas: Hans Eben, quien presidió Icare¹³ en 2003 y 2004 y fue vicepresidente de la cadena de supermercados D&S, comprometida en la fallida fusión con Falabella; el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo y Jorge Desormeaux, ex consejero de esa entidad y miembro de la junta directiva de la Universidad Diego Portales. Casado con la candidata de la derecha a la Presidencia Evelyn Matthei, ha ejercido como hombre clave en la campaña para el reclutamiento de economistas y diseño del programa.

MORITA Y SOTOMAYOR

El hecho de que el negocio de Southern Cross con la Universidad del Mar no haya prosperado no significa que los administradores de este fondo de inversiones hayan dejado de mirar con interés el «mercado» universitario chileno. Para ellos, todo depende de las condiciones y están dispuestos a incursionar en este campo como en otros, en la medida en que sea rentable y se abra una oportunidad de compra. Sin ir más lejos, el grupo Southern Cross aparece involucrado —junto a otros— en un fondo que tiene fuertes intereses en este negocio en América Latina y, por cierto, en Chile: Kohlberg Kravis Roberts (KKR), que controla Laureate International, dueño a su vez de las universidades de Las Américas, Andrés Bello y de Viña del Mar, pero eso es capítulo aparte.

La presencia de estos fondos de inversión como controladores de universidades es una demostración palpable de que el lucro ha reinado —y lo sigue haciendo— en estas entidades privadas en Chile. La trayectoria de Norberto Morita, cerebro de Southern Cross, es una ilustrativa demostración de que la búsqueda de lucro es la que alienta a este tipo de inversionistas.

Dirigente nacional de la Agrupación de Empresarios Argentinos, apareció en la escena económica chilena envuelto en pergaminos académicos de prestigio internacional y tras haber echado a andar otras versiones de su fondo en países latinoamericanos. En Argentina ha incursionado en ámbitos variados: la industria de jabones, la farmacéutica, la energía y la cerveza. Todos muy alejados de lo que es el trabajo académico, pero, como señaló el sitio Ciper¹⁴ en junio de 2011, integra los consejos consultivos de la Universidad de Columbia, de la Universidad di Tella en Buenos Aires y de la Adolfo Ibáñez en Chile.

Su socio, Raúl Sotomayor Valenzuela, ingeniero comercial de la Universidad Católica y presidente de Gas Atacama, ejerció como presidente del Club Monetario de la Universidad Finis Terrae durante 2011, justo el año en que reventó el escándalo de La Polar.

Morita y Sotomayor, junto a otros dos socios —el argentino Horacio Reyser y el cubano-estadounidense Ricardo Rodríguez—, crearon el fondo de inversiones Southern Cross en 1998. Al año siguiente instauraron el nuevo «modelo de negocios» de La Polar que les permitió sacarla de la quiebra en que se encontraba y obtener millones de dólares para sus bolsillos.

El diario argentino elcronista.com, en un artículo del 29 de junio de 2010, señala que una característica de los fondos de Southern Cross es «comprar, gestionar, crear valor y vender, con alta rentabilidad, posiciones mayoritarias en empresas de diferentes sectores de países de la región, como Argentina, México, Chile, Brasil, y a partir de ahora también en Estados Unidos». Y agrega que controla empresas que operan en mercados tan disímiles como los de retail, energía, farmacéutico y construcción.

En Chile, sin embargo, sus iniciativas después del colapso de La Polar no han sido exitosas. A la fallida compra de la Universidad del Mar se sumaron otros problemas. Se había embarcado en el sector energético, pero la planta termoeléctrica Campanario Generación, en la Región del Bío-Bío, pidió la quiebra en 2011. No se sintieron a gusto con la compra que hicieron del 50 por ciento de Gas Atacama en 2007 y se la ofrecieron de nuevo a Endesa. El proceso para llegar a acuerdo ha sido largo, pero en agosto parecía culminar en la venta. Tampoco le resultó el proyecto Río Corrientes, que fue rechazado en mayo de 2011 por el Consejo Regional de Valparaíso. No obstante, mantienen en carpeta la apuesta para la Central Pacífico en Iquique.

Southern Cross era también dueño de los Supermercados del Sur. Tras un crecimiento espectacular en que fue sumando locales a la cadena bajo la marca Bigger, el grupo se asoció con Álvaro Saieh en 2012. Los personajes, sus sociedades y sus redes se repiten como en un carrusel. Porque en 2012 hubo otro hecho que los relacionó: a través de una compleja fusión, la sociedad SMU, que agrupaba a los locales de la cadena Unimarc y los demás supermercados que había adquirido Saieh a lo largo del país, absorbió a Supermercados del Sur. Mediante esa operación, Southern Cross —es decir, Morita y Sotomayor— quedó como socio de Saieh. El dueño de Copesa, Corpbanca y la compañía de seguros del mismo nombre con el control mayoritario y Southern Cross con un 18 por ciento.

No obstante, las cosas no se dieron bien para SMU y la relación entre los socios se volvió muy tirante. Uno de los puntos críticos fue la compra de la cadena de ferreterías Construmart, que se le atribuye a una decisión de Saieh con la opinión en contra de Southern Cross. En la medida en que arreciaron los problemas en la cadena de supermercados, las discusiones se han hecho cada vez más agudas, mientras los problemas financieros de Saieh han arreciado en los últimos meses. Tanto, que aprobó un aumento de capital para SMU por seiscientos millones de dólares en la junta de accionistas, con la oposición de Southern Cross.

La renuncia al directorio de SMU en agosto del abogado Fernando Barros Tocornal, quien representaba a Southern Cross, es un síntoma de la disputa. En un par de semanas, informaba el diario electrónico El Mostrador por esos días, «el problema de SMU creció de quinientos a seiscientos millones de dólares».¹⁵

LA COMPRA FALLIDA

El mismo estudio de Fernando Barros Tocornal y José Tomás Errázuriz Cox estuvo a cargo de la compra fallida de la Universidad del Mar por parte de Southern Cross. En representación de los dueños de la universidad participaron dos letrados viñamarinos: Alejandro Marcelo Leiva Godoy, abogado de Mauricio Villaseñor, y Carlos Fernando Zelada de Urquidi, quien durante años asesoraba directamente a Sergio Vera, según su testimonio. Ambos entregaron su versión como testigos al fiscal jefe de Ñuñoa y Providencia, Carlos Gajardo, quien inició en 2012 la investigación judicial sobre la Universidad del Mar.

El abogado Carlos Zelada¹⁶ contó —como está consignado en la carpeta investigativa del caso— que el año 2010 «me correspondió asesorar a don Sergio Vera en el proceso de negociación que tenía con Southern Cross como posible nuevo controlador de la universidad».

Según explica en su declaración, Zelada se encargó de la reforma de estatutos de la corporación, «que entre otras materias aumentó el número de miembros de la junta directiva de cuatro a ocho, lo que era una petición del futuro controlador». Además, señala «que los miembros fundadores como personas naturales renunciaron a su condición de tales y se incorporaron como miembros activos ocho sociedades». Esto —indica— se debió a «una razón estatutaria», pues los miembros fundadores tenían derecho a ocupar un puesto en la junta directiva por derecho propio, «lo que pugnaba con los intereses del nuevo controlador de tener mayoría en la junta directiva».

De acuerdo a la declaración de Carlos Zelada, la reforma de estatutos fue aprobada en marzo de 2011. «Y en atención a que aproximadamente en mayo de 2011 el nuevo controlador debía asumir el control de la universidad, don Sergio Vera me pidió que por esos dos meses me incorporara a la junta directiva, a lo cual accedí.» Y agrega: «Llegado mayo, Southern Cross se retractó de tomar el control de la UDM, lo que fue aceptado por los miembros de la corporación, debido a la crisis por la que atravesaba Southern Cross, por lo que me mantuve como miembro de la junta hasta marzo de 2012».

Alejandro Marcelo Leiva Godoy, abogado de Mauricio Villaseñor, entrega más detalles en su declaración ante el fiscal, pero consigna el momento del arrepentimiento formal de Southern Cross en el mes de agosto.

Citado como testigo por el fiscal Carlos Gajardo, cuenta en su declaración que él siguió de cerca la operación de venta de la Universidad del Mar como asesor de Villaseñor, a quien conocía hacía unos seis años.¹⁷ Empezó viendo asuntos personales de Villaseñor referidos a contratos y «algunos temas de las sociedades que él tenía y que no estaban ordenadas, entre ellas Publicentro y un canal que se llamaba QBC, canal de la salud».

«MERCADO» APETECIDO

Según Leiva Godoy, se empezó a interiorizar de materias referidas a la universidad en el año 2010, cuando esta institución y «particularmente la relación entre los socios empezó a tener dificultades». A comienzos de 2011, los cuatro miembros de la junta directiva, señala, acordaron que las reuniones «pudieran acompañarse con un asesor». En esa calidad empezó a asistir. «Todo ello en el marco de una operación que se estaba haciendo, del traspaso del control de la universidad al fondo de inversiones Southern Cross.»

El abogado de Villaseñor explica así el sentido de la transacción: «Básicamente esa operación consistía en que Southern Cross tenía intención de adquirir una universidad privada, y la Universidad del Mar cuadraba con esas pretensiones», porque tenía «presencia en varias regiones y cuyos alumnos provenían de sectores sociales modestos, que era el mercado al que había apuntado Southern Cross en su participación en la empresa La Polar», indicó el abogado Leiva. Era el mismo «mercado» apetecido con el que habían hecho millonarias ganancias.

La Corporación de la Universidad del Mar estaba compuesta por nueve sociedades en esa época, según el relato de Leiva, dos a cargo de cada controlador y «una novena en que participaban todos ellos en diferentes proporciones, en virtud de un reconocimiento que se hizo a la labor inicial realizada por Héctor Zúñiga y Raúl Baeza».

«El acuerdo marco con Southern Cross», según Leiva, «suponía que ellos controlarían el 56 por ciento de la universidad. Para eso se conformaría una gran sociedad holding.» Esta representaría esa proporción de 56 por ciento para el fondo y un 11 por ciento cada uno de los cuatro controladores, lo que sumaba el 44 por ciento restante. «El aporte de Southern Cross consistía en que inyectaría recursos frescos a la caja, con lo que se terminaban las operaciones de factoring y créditos de corto plazo que estaban asfixiando financieramente a la institución. Había adicionalmente una opción de compra de la totalidad de la participación de los demás controladores, que consistía en adquirir el cien por cien de la participación», señala en su declaración escrita el abogado.

LETRAS DE LOS ALUMNOS

Un aspecto notable del acuerdo logrado entre la Universidad del Mar y Southern Cross apunta directamente al lucro, que en esta entidad llegaba a niveles indecentes: «La parte más importante del precio se pagaría a cambio de la cesión de las letras de cambio que los estudiantes habían entregado por créditos directos, que nominalmente alcanzaban cerca de cincuenta mil millones de pesos», confesó el abogado Leiva ante el fiscal.

También, señaló, «había un pago en el momento de la transferencia para cada uno de los controladores, no recuerdo a cuánto ascendía, pero era alrededor de un millón de dólares para cada uno».

La operación con Southern Cross partió alrededor de agosto de 2010, precisó Leiva. Y los abogados por parte del fondo de inversiones eran los del estudio Barros Errázuriz.

Una de las exigencias de Southern Cross, reiteró Alejandro Leiva, fue aumentar la junta directiva de cuatro a ocho miembros, y se alcanzó incluso a modificar los estatutos para hacer esta reforma. Los estatutos modificados empezaron a regir en abril de 2011, según Leiva.

«Fue de manera natural que tanto Zelada como yo asumiéramos por nuestros respectivos clientes un puesto en la junta. Raúl Baeza llevó a su hijo Sebastián y Héctor Zúñiga a su hijo Diego. Era una modificación instrumental, hasta que se vendiera», indica.

EL FIN DE LA NEGOCIACIÓN

Pero la operación no llegó a término. En agosto de 2011, Southern Cross comunicó «la decisión de no perseverar en la compra de la universidad». Las palabras de Alejandro Leiva ante el fiscal corroboran lo que ya se advertía. Las razones para echar atrás el negocio se fundaron «en el cambio de la mirada hacia el lucro en las universidades privadas y los conflictos que Southern Cross debió enfrentar» tras estallar la crisis de La Polar, «en que ellos habían participado directamente, y otras crisis en otros proyectos».

Todo esto, afirmó Leiva, «agudizó los conflictos entre los controladores, pues había mucha seguridad en que la universidad se vendía, y eso relajó el trabajo previo en ella».

En la declaración ante el fiscal Carlos Gajardo del imputado ex presidente de la CNA Eugenio Díaz Corvalán, también hay referencias al momento en que se abortó el negocio entre Southern Cross y la Universidad del Mar.

«La segunda quincena de agosto las conversaciones fracasan», señala Díaz, quien había sido contratado como «asesor» para preparar el nuevo proceso de acreditación, que es uno de los ángulos que la fiscalía ha estado investigando. Y agrega en su declaración: «Ahí me doy cuenta que no hay posibilidades de que lo que estábamos sugiriendo se pueda implementar. Por ello envío un texto los primeros días de octubre al rector Zúñiga (el que acompaño) indicándole que ponía término a la asesoría, por una serie de razones que tienen que ver con la baja calidad de la universidad».

Eugenio Díaz indica que «por ello se pone término al contrato, si bien no firmamos formalmente un finiquito. A la fecha se habían entregado boletas por 45 millones de pesos que me fueron pagados totalmente en febrero de 2012».

Después vendría la debacle para la Universidad del Mar, sus alumnos y funcionarios. Y se esclarecerían los abusos y prácticas delictivas que se daban en su interior.

Los estudiantes que marchaban por esos días de 2011 no sabían aún cuál era la magnitud de la crisis que vivía la Universidad del Mar. Tampoco conocían los manejos de Eugenio Díaz en la Comisión Nacional de Acreditación, ni las tensas negociaciones económicas que se vivían en estas operaciones de compraventa de universidades, de «carteras de alumnos» y de las hipotecas que dejaban por sus créditos.

Los de la Universidad del Mar que marchaban junto a los de otras públicas, tradicionales y privadas por las calles de Santiago y de las regiones, expresaban su descontento y malestar, pero no imaginaban lo que les tocaría vivir en los meses siguientes.

CAPÍTULO VI

Intereses entrelazados

Cuando Sebastián Piñera asumió la Presidencia de la República, en marzo de 2010, situó a los dueños de la Universidad del Desarrollo en un lugar privilegiado: Cristián Larroulet Vigneau juró como ministro secretario general de la Presidencia y Joaquín Lavín Infante en Educación.

Desde el primer momento no parecía el mejor destino elegido para Lavín, con el «tejado de vidrio» que le implicaba haber sido fundador, dueño y en ese momento vicepresidente de la junta directiva de la Universidad del Desarrollo.

El primer año, marcado por el terremoto del 27 de febrero, no hubo mayores problemas en el «frente educacional». Pero en la medida en que se expandió el estallido de 2011 y los estudiantes pasaron a ser protagonistas de un movimiento social inédito en el país, la situación se tornó cada vez más complicada para el histórico rival político de Piñera. Durante junio hubo marchas que solo en Santiago superaban las ciento cincuenta mil personas, mientras la aprobación al presidente y al Gobierno decaían en forma impactante. Las pancartas con grandes caricaturas del ministro se constituyeron en parte del ritual de las protestas.

Pero Joaquín Lavín no llegó a Educación por casualidad. Para el dos veces candidato a la Presidencia de la República, el ministerio elegido no era uno más. Militante de la UDI y supernumerario del Opus Dei, el ex alcalde de Santiago aquilataba la importancia estratégica de esa cartera para perpetuar el modelo de educación implantado en dictadura y para acentuar los valores religiosos y políticos que él profesa.

EN EL PUESTO DE HONOR

La persona de Lavín, fundador y dueño de la Universidad del Desarrollo, integrante del movimiento religioso creado por Josemaría Escrivá de Balaguer y discípulo de Miguel Kast y Jaime Guzmán en lo político, representa en sí misma mucho del modelo implantado por Pinochet y los Chicago boys. Y eligió estar en el puesto de honor para cuidar que no se cambiara y se pudieran hacer las reparaciones necesarias y enmendar los cabos sueltos para afianzarlo y garantizar su perpetuidad. Venía dispuesto a hacer bien su trabajo, como se lo proponen los integrantes del Opus Dei.

Joaquín Lavín es figura clave de la UDI, aunque no perteneció al núcleo inicial de los gremialistas. No es extraño, por eso, que tras salir del gabinete en 2013 se hiciera cargo de la campaña presidencial de Pablo Longueira y —tras el retiro por su enfermedad— asumiera el mismo rol con Evelyn Matthei. Auténtico boy de Chicago, con máster en economía en esa universidad estadounidense, mantiene una admiración sin límites por Miguel Kast Rist, ideólogo del modelo neoliberal implantado en el país.

En el momento del golpe militar, Miguel Kast —padre del candidato a diputado Felipe Kast Sommerhoff y hermano mayor del diputado de la UDI José Antonio Kast Rist— estaba terminando su doctorado en Chicago. Muy luego se vino a Chile y se incorporó al equipo a fines del 73. Desde ahí se transformó en uno de los conductores de la política económica y social y, más aún, en un verdadero «misionero» de las ideas en que estaba imbuido.

Las «modernizaciones» en la educación y la idea de crear universidades privadas son parte de su herencia. El propio Joaquín Lavín lo señalaba en su libro Pasión de vivir,¹ publicado en 1988, cinco años después de la muerte de Kast: «La descentralización educacional; la reforma de la salud; la de las universidades; los programas de nutrición infantil; la apertura del mercado de trabajo y las reformas laborales; la reforma previsional y muchas otras, tuvieron en Miguel Kast un impulsor, un creador, un convencedor».

Mientras Jaime Guzmán «se preocupó de construir el entramado constitucional y las grandes directrices políticas que darían el marco a la “democracia protegida”, De Castro, Kast y los boys de Chicago diseñaron y aplicaron el modelo económico y social, las políticas públicas, con el acento puesto en la propiedad privada en todos los ámbitos y el libre mercado sin cortapisas», comentaba yo en el libro La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias.² Se advertía en ellos una mirada fundacional y la intención de perpetuar el régimen por décadas. Es el mismo espíritu que guió a sus seguidores.

CON SENTIDO DE MISIÓN

Joaquín Lavín, ingeniero comercial en la Universidad Católica, llegó a trabajar a Odeplan, la Oficina de Planificación Nacional, antecesora de Mideplan, a mediados de los setenta, con su profesor de la UC Ernesto Silva Bafalluy, quien fue subdirector de estudios y planes entre 1973 y 1977. Miguel Kast era el subdirector y cultivaba un semillero de jóvenes economistas a quienes después destinaría a puestos estratégicos. Kast ascendió a ministro director en 1978 y estuvo a cargo de Odeplan hasta 1980, cuando pasó a ser el titular del Trabajo y Previsión Social.³

En Pasión de vivir, Lavín señala: «Para quien no conoció de cerca cómo se generaba la política económica y social en esos años, resulta difícil imaginar la influencia decisiva que logró alcanzar Odeplan, combinando la experiencia de Roberto Kelly,⁴ en su calidad de ministro director de la entidad, con los conocimientos técnicos y el empuje de este grupo de economistas jóvenes».

Uno de esos jóvenes de entonces fue el mismo Joaquín Lavín, a quien sus maestros y jefes enviaron a estudiar a Chicago en 1977. Cuando regresó, en 1979, Miguel Kast le encargó asumir la dirección de la Escuela de Economía de la intervenida Universidad de Concepción. Trabajó ahí hasta 1981, cuando renunció a raíz de una fuerte disputa con el entonces rector delegado Guillermo Clericus. Tras el término de su gestión en Concepción, Agustín Edwards lo acogió en el diario El Mercurio, donde fue creador del cuerpo B de Economía y más tarde fue jefe de informaciones.

En los noventa, Lavín fue alcalde de Las Condes y luego tuvo dos frustrados intentos de llegar a La Moneda: en 2000 perdió en segunda vuelta ante Ricardo Lagos Escobar. Después fue elegido alcalde de Santiago, y en 2005 volvió a competir en la presidencial y llegó tercero, detrás de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, quien triunfó en segunda vuelta en enero de 2006.

LA UNIVERSIDAD Y LA INMOBILIARIA

En paralelo a su actividad política, Joaquín Lavín mantenía un pie en la Universidad del Desarrollo, la que fundó en febrero de 1990, en Concepción, junto a Cristián Larroulet, Ernesto Silva Bafalluy, Federico Valdés Lafontaine y Alfredo Valdés Herrera. Poco más tarde se incorporaron Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, del grupo Penta, y unos años después, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, quien desde 2011 hasta hoy preside la junta directiva de la UDD.

Todos ellos, amigos y militantes de la UDI, tuvieron un rol preponderante en la campaña de 1999. Ernesto Silva Bafalluy —quien se suicidó en agosto de 2011— fue su principal asesor y el tesorero de esa campaña; Cristián Larroulet era el responsable del programa económico, y Carlos Alberto Délano, uno de los encargados del marketing del candidato presidencial. El grupo constituyó en 1991 la Inmobiliaria Ainavillo,⁵ cuyos socios iniciales eran Silva Bafalluy, Larroulet y Joaquín Lavín, a título personal. En 1992 dejaron de figurar en forma individual, pero su participación pasó a estar a nombre de las sociedades Inversiones y Asesorías Sydarta, de Silva Bafalluy; Inversiones El Otoñal, de Larroulet, y Estudios Económicos, de Joaquín Lavín.

Eran también parte de la inmobiliaria las sociedades Administraciones Penta Limitada, de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; Inversiones El Estribo Limitada, de Federico Valdés, y Feval S.A., de Alfredo Valdés.

Los edificios aumentaban año a año en Concepción, donde partieron en 1990, pero no eran de la universidad, sino de Ainavillo, que los arrendaba o subarrendaba a través de complejas fórmulas, tratando de evadir el mandato legal que impide el lucro en estas instituciones. También operaban con sistemas de leasing con los bancos que les financiaban las operaciones. En cierto modo, la Universidad del Desarrollo refleja un doble afán que se ve en este «mercado»: la influencia ideológica y la búsqueda de utilidades.

OTROS INFLUYENTES SOCIOS

En 1999 ingresó Hernán Büchi a la propiedad de Ainavillo y al control de la universidad. Büchi —quien a través de Libertad y Desarrollo y de columnas económicas en El Mercurio se ha mantenido como una de las voces más influyentes de la derecha— se quedó con un 10 por ciento de la inmobiliaria. Ese mismo año, los socios de la «Udiversidad», como la motejan los estudiantes, compraron la quebrada Universidad de Las Condes, lo que les permitió expandirse a Santiago. Más tarde se instalaron en el nuevo campus en San Carlos de Apoquindo, construido por Penta.

Los lazos de la Universidad del Desarrollo llegan en forma directa al Parlamento. Uno de los personajes que está a los dos lados de la mesa en este negocio es el diputado de la UDI por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, Ernesto Silva Méndez, el hijo mayor del fallecido rector y socio Ernesto Silva Bafalluy. Tras la muerte de su padre, en agosto de 2011, Silva Méndez se incorporó a la junta directiva de la UDD.

Abogado de la Universidad Católica y militante UDI, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en 1998 y dirigente del movimiento gremialista en esos años. Había sido brazo derecho de Joaquín Lavín en el proyecto «Vanguardia», un referente creado por el ex ministro para su trabajo político, vinculado a la Fundación La Vaca. Y en la Universidad del Desarrollo fue director del Centro de Estudios Públicos y vicerrector de pregrado, antes de llegar al Parlamento en 2009.

Su hermano Felipe fue jefe de gabinete de Lavín en Educación cuando el ex ministro llegó al Gobierno, pero después de unos meses dejó el cargo para ir a estudiar un máster a Chicago, siguiendo la ruta familiar.

Entretanto, Federico Valdés Lafontaine, ingeniero UDI y ex presidente del club Universidad de Chile, asumió la rectoría en reemplazo de Silva Bafalluy en agosto de 2011.

EN EL NEGOCIO DE LA SALUD

El crecimiento de la Universidad del Desarrollo abarca otros ámbitos y se extiende al negocio de la salud. Con el objeto de consolidar su Facultad de Medicina, en 2007 los dueños «históricos» de la UDD cedieron parte de sus derechos en la Corporación Universidad del Desarrollo a la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, propietaria de la clínica Alemana. La operación incluyó también acciones de la Inmobiliaria Ainavillo. La Corporación Chileno-Germana —ligada a los inmigrantes alemanes en Chile y sus descendientes— pasó a controlar un 32 por ciento de la universidad y la inmobiliaria.⁶

Los nuevos socios quedaron con tres miembros del directorio de la Inmobiliaria Ainavillo y una representación equivalente en el consejo directivo de la universidad. Por la «bancada» alemana están el presidente de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, Gerardo Köster Grab; el ingeniero comercial Rolf Kühlenthal Ressler, presidente de la clínica Alemana de Temuco, y Marcelo Magofke, gerente general de la clínica Alemana de Santiago.

El decano de la Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo, como la llamaron formalmente, es el médico Pablo Vial Claro, otro gran amigo de Joaquín Lavín.

Un vínculo adicional del grupo de la UDD con la salud se manifiesta en las inversiones que tiene en el sector el grupo Penta, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Chile en el siglo XXI. Ha tenido un sostenido crecimiento en los últimos años y administra activos por cerca de 34.000 millones de dólares, según afirman sus dueños.⁷ Sus dominios están —aparte de la educación superior— en el sector inmobiliario, en el financiero, donde operan un banco, y en compañías de seguros. En salud están asociados con el supernumerario del Opus Dei y mecenas de la Universidad de Los Andes Eduardo Fernández León en el holding Empresas Banmédica, el mayor grupo de salud privada del país.

El ingeniero comercial Carlos Eugenio Lavín, uno de los dos socios de Penta, es vicepresidente de Empresas Banmédica y a la vez es miembro del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo. Su socio Carlos Alberto Délano lo acompaña en los directorios de ambas entidades.

Empresas Banmédica abarca —aparte de la isapre del mismo nombre y de Vida Tres— un nutrido conjunto de clínicas y servicios, entre ellas las clínicas Santa María, Dávila y Vespucio, en Santiago; Ciudad del Mar, en la Región de Valparaíso, y la clínica Bío-Bío, en Concepción; Vida Integra —ex Avansalud—, Help y Home Clinical Center.

FIGURAS DEL AYER

La Universidad del Desarrollo se proyecta también en el medio a través del Consejo Asesor Empresarial que preside el ex ministro de Augusto Pinochet en las carteras de Interior y Hacienda Carlos Cáceres Contreras. Junto a otros directivos y a los dos socios del grupo Penta, en ese consejo también participan los ex ministros de Pinochet Martín Costabal y María Teresa Infante.

Otra figura muy ligada al régimen dictatorial tiene destacada presencia en la UDD, aunque nunca perteneció a la vertiente gremialista que dio origen a la UDI, sino que desde el nacionalismo era más bien antagonista: el abogado Pablo Rodríguez Grez es el decano de la Facultad de Derecho. Fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad y defensor de la familia Pinochet, Pablo Rodríguez se fue a la Universidad del Desarrollo a fines de los noventa. Entre sus colaboradores en la facultad de la UDD está el abogado Ambrosio Rodríguez, fiscal de los sumarios después del golpe en la Universidad de Chile, «procurador» general de Justicia de Pinochet y defensor en diversos juicios de él, su familia y de numerosos militares que atentaron contra los derechos humanos.⁸

UN CURIOSO DOCUMENTO

En otro plano, los dueños de la Universidad del Desarrollo decidieron incursionar en el ámbito de los institutos que sí pueden lucrar, y en 2004 accedieron al control del Instituto Profesional Providencia (IPP), orientado a alumnos de sectores medios y bajos. Pero en 2009 traspasaron parte al grupo estadounidense Whitney University System Ltd. Chile Limitada.

En febrero de 2010 los socios del IPP eran Whitney University System Ltd. Chile Limitada y Desarrollo Educacional La Concepción Limitada, presidida por Silva Bafalluy. El directorio elegido en esa fecha estaba integrado por Ernesto Silva Bafalluy, Federico Valdés Lafontaine y Joaquín Lavín Infante. Como suplentes figuraban María Cristina Silva Méndez, hija de Ernesto Silva; el padre de Federico Valdés, Alfredo Valdés Herrera, y la mujer de Joaquín Lavín, María Estela León Ruiz. Por los nuevos socios llegaron al directorio Juan Carlos Rabbat, Henry Avila, Annette Clement y Peter Wilcok, titular.

Un hecho curioso: el timbre del documento en el que informan al Ministerio de Educación la composición de los nuevos directores lleva la fecha 10 de marzo de 2010. Justo al día siguiente debía asumir Joaquín como ministro de Educación.

Por lo que se puede concluir, finalmente los dueños de la Universidad del Desarrollo que participaban del IPP a través de la sociedad de inversiones La Concepción habrían vendido sus derechos al grupo Whitney.

LOS ESCUDEROS

Con la formación adquirida desde sus tiempos de la Universidad Católica, la convicción de que debería defender el modelo y la mochila de su pasado reciente involucrado en el negocio de las universidades privadas llegó Joaquín Lavín al ministerio. Pero no lo hizo solo.

Lo acompañó un equipo en el que —junto al jefe de gabinete, Felipe Silva— destacaron desde el primer momento dos hombres de su plena confianza. Dos miembros del Opus Dei que habían trabajado con él antes.

A su lado como asesor directo el ministro llevó a Alejandro San Francisco, doctorado en Historia en Oxford, consejero del Instituto Libertad y Desarrollo, ex presidente de la FEUC y quien fue su brazo derecho durante el movido 2011. Cuando Lavín dejó el Ministerio de Educación, San Francisco continuó con el ministro Felipe Bulnes. Pero en diciembre recibió un premio de fin de año: Sebastián Piñera lo envió de agregado cultural a España.

En calidad de subsecretario encabezó el séquito de escuderos de máxima confianza el supernumerario Fernando Rojas Ochagavía, un ingeniero de la Universidad Católica magíster en Harvard cercano a Lavín desde hace muchos años.

Fernando Rojas Ochagavía pertenece a una familia de fuerte raigambre conservadora y estrechamente ligada al campo y al Opus Dei. Es nieto por el lado materno del ex senador del Partido Conservador y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura Fernando Ochagavía Valdés.⁹ De treinta y siete años, casado con Angélica Larraín Boestch, son padres de sietes hijos. En su época estudiantil fue vicepresidente de la FEUC por el movimiento gremial. Y más tarde trabajó en la Municipalidad de Santiago, como estrecho colaborador de Joaquín Lavín.

«Su personalidad no da lugar a medias tintas. Mientras en el Ejecutivo lo resaltan como uno de los grandes valores desconocidos de este Gobierno, quienes han sido sus adversarios lo retratan como un hombre inflexible», lo definía hace unos meses un artículo de la revista Qué Pasa.

Aunque ha habido tres cambios de ministros en el estratégico y difícil Mineduc, el subsecretario ha permanecido desde aquel 11 de marzo de 2010, cuando la preocupación máxima era levantar las escuelas inutilizadas por el terremoto de febrero. Por eso lo han llamado «el sobreviviente» y ha sido el hombre de la continuidad a las políticas del ministerio bajo el Gobierno de Piñera.

TROPIEZOS MINISTERIALES

Un par de actuaciones poco felices en medio del oleaje del movimiento estudiantil contribuyeron a hacer tambalear a Joaquín Lavín, y luego lo obligaron a batirse en retirada.

«Voy a hacer todo lo posible para que no obtengan la acreditación a fines de 2011.» «Por ningún motivo matricularía a mis hijos en la UTEM», añadió en respuesta a un programa de Televisión Nacional que denunció problemas en esa universidad estatal.

Unos días después, el 7 de junio, en una ceremonia en el Centro Gabriela Mistral (GAM), donde se lanzaba el libro El aporte de las universidades privadas al país, se pretendía celebrar los treinta años desde que se aprobó su existencia. Allí, un grupo de alumnos de la UTEM irrumpió en el acto y protagonizó una «funa» contra el ministro. Sus guardias tuvieron que ayudarlo a salir para librarlo de los epítetos y manotazos de los indignados manifestantes.

El otro episodio ocurrió en Chilevisión en el programa Tolerancia cero unos días después. Le preguntaron si había vendido su participación en la Universidad del Desarrollo y sus sociedades relacionadas y respondió que sí. Reconoció que le habían pagado por la transacción.

«Sí, Lavín tuvo dos tropiezos grandes al comienzo cuando salió a decir “yo no pondría a mi hijo en la UTEM y voy hacer todo lo posible para que pierda la acreditación”. Eso fue una bomba porque se tiró en contra de la institucionalidad estatal y contra la CNA, que aún no estaba cuestionada. Los estudiantes de la UTEM lo increparon y tuvo un efecto de agitación grande», señala Francisco Figueroa, el ex vicepresidente de la FECH.

«Lavín tenía ya poco piso político», dice Figueroa y recuerda que desde mayo «mandó como cinco cartas a la Confech para tratar de resolver el problema. Eran muy desprolijas, parecían hechas a última hora».

Según el ex vicepresidente de la FECH, «el actuar de los políticos en el ministerio fue contradictorio, porque decían estar a favor del diálogo con los estudiantes, pero se peleaban con los rectores, y estos empezaron a discutir muy fuerte con el ministerio. De hecho, el rector Víctor Pérez, de la Universidad de Chile, había lanzado en la inauguración del año académico un discurso súper duro contra Lavín».

Recuerda Figueroa que Joaquín Lavín no llegaba a las reuniones con el Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), no cumplía ciertas cosas «básicas, así como del abecé de la política, de la diplomacia. Lavín respondió muy torpemente al conflicto […] Pero fue el que hizo más ofertas».

En junio, algunos dirigentes estudiantiles llegaron a la convicción de que con la UDI, con esa fuerza en el ministerio, no habría ninguna conversación sustantiva y que Lavín sería un obstáculo para avanzar en cualquier solución. Pero no todos opinaban igual. Francisco Figueroa aclara: «No fue un consenso en la Confech; había gente que creía que Lavín era lo mejor que podía haber, que el tipo no cachaba tanto de educación pero era más político, oportunista; entonces ahí podía haber una veta».

El 24 de junio, dirigentes de la Universidad de Chile, de la Central y de la Católica de Valparaíso llevaron un requerimiento a Contraloría para que aclarara la relación de Lavín y Cristián Larroulet con la Universidad del Desarrollo y la Inmobiliaria Ainavillo, solicitando que se publicaran los balances financieros, con los cuales se podía acreditar si había habido o no retiro de utilidades. El contralor le dio a Lavín un plazo de veinte días para responder.

Francisco Figueroa sostiene que eso fue «una ganancia» para ellos y considera «importante que Larroulet también saliera al ruedo, porque a Larroulet nadie lo criticaba y ¡era el ministro secretario general de la Presidencia!, es decir, el negociador con el Parlamento, que cumple un rol fundamental».

La respuesta que recibieron señalaba que «no había nada que acreditara que [Lavín] había lucrado» y los estudiantes replicaban que de acuerdo a la Ley de Probidad no podía ser ministro. El mismo Lavín envió un certificado al diario El Mercurio en el que el abogado de Ainavillo decía que él ya no formaba parte de la inmobiliaria. Pero el documento no se pronunciaba sobre las ganancias ni el monto percibido por la venta de su participación en las sociedades.

EL SOCIO LARROULET

El socio de Joaquín Lavín desde la fundación de la Universidad del Desarrollo, Cristián Larroulet, dejó menos clara su relación con la institución cuando la polémica en torno a las ganancias admitidas por Lavín arreciaba. Larroulet se retiró sin bulla de la junta directiva en la que participó durante veinte años y del decanato de Economía, que había desempeñado también desde 1990. Pero, a diferencia de Lavín, nunca admitió en público haber vendido. Apenas en alguna ocasión habló en una entrevista de que habría configurado un «fideicomiso ciego». Pero no precisó si sus intereses seguían vinculados a la Universidad del Desarrollo y si esos fondos del «fideicomiso» seguían invertidos en la inmobiliaria o tendrían otro destino.

Lo que es claro es el liderazgo histórico y el peso específico de Cristián Larroulet Vigneau, uno de los más connotados jóvenes de Chacarillas. Ya en el colegio de los Padres Franceses había sido elegido presidente del centro de alumnos a los dieciséis años. Cuando llegó a la Escuela de Economía de la Universidad Católica se incorporó al movimiento gremialista. Poco después del 11 de septiembre de 1973, tras una de las escasas elecciones permitidas de ese tiempo, fue ungido presidente del centro de estudiantes. Ejerció el cargo hasta 1974 y «ascendió» a presidente de la FEUC al año siguiente. Encabezó la federación en 1975. Y en 1977, a los veinticuatro años, era vicepresidente del Frente Juvenil de Unidad Nacional, creado por Jaime Guzmán y sus seguidores para apoyar a Augusto Pinochet y su régimen.

Economista con máster en Chicago, Larroulet trabajó en Odeplan, donde estuvo a cargo de un departamento. En 1985 pasó a ser el jefe de gabinete de Hernán Büchi, en el Ministerio de Hacienda, y lo acompañó en el proceso de privatización de las ex empresas públicas. Y en 1989, en la campaña presidencial contra Patricio Aylwin.

Después de la derrota siguió al lado del ex ministro de Hacienda, quien fue motor de la fundación del Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) en 1990. Larroulet fue el director ejecutivo de ese centro ligado a la UDI durante veinte años, hasta llegar a La Moneda con Sebastián Piñera. Además de ejercer la conducción del instituto, realizó diversos estudios en el área económica.

Larroulet tiene nexos familiares directos con otro gran amigo de Büchi e influyente hombre de negocios que fue protagonista del proceso de privatizaciones en los ochenta: es casado con Isabel Philippi Irarrázaval, hermana de Bruno Philippi, el ex presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Durante el Gobierno de Piñera ha permanecido firme en su puesto, inamovible, tratando de cuidar la herencia ideológica del modelo impuesto en dictadura en lo político y en lo económico y social. Desde su posición en la retaguardia estratégica ha buscado sortear escollos y generar acuerdos para discutir enmiendas mínimas para que lo sustancial no sea tocado.

EL «GANE» QUE NO GANÓ

Las marchas eran cada vez más numerosas. «En junio se dieron las más grandes y cachamos que por parte del ministerio no había ninguna voluntad seria de solucionar el conflicto», señala Francisco Figueroa.

En ese ambiente, en la noche del 5 de julio de 2011, a través de una cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera anunció con solemnidad lo que llamó el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, al que aplicó de inmediato la sigla GANE. Al mismo tiempo proclamó la creación de un fondo de cuatro mil millones de dólares que denominó «FE». A su lado, delante de un escenario decorado con numerosas banderas chilenas, apareció un ministro Joaquín Lavín serio e impenetrable.

Los esfuerzos creativos de los publicistas de Gobierno no dieron resultados. Nadie siquiera analizó la oferta. En las marchas siguientes los estudiantes se burlaban de ella con un parche que decía «GANE».

«Piñera hizo este anuncio con Lavín al lado sin moverse; parecía un gomero, increíble. Si hubiera sido Lavín, me habría enojado», comenta Francisco Figueroa. Según el ex vicepresidente de la FECH, la lectura que el movimiento hizo de esto es que le habían dado «un portazo». Y además «con fanfarria». Si pretendía ser una respuesta más articulada que las precedentes, «no apuntaba ni en lo más mínimo a las demandas», concluye Figueroa.

El candidato a diputado define al bullado GANE como «un pequeño aumento de recursos. Se hablaba mucho de los cuatro mil millones de dólares, pero resultó que era un fondo de estabilización. No eran recursos permanentes. Y la mitad ya estaba comprometida de antes con las subvenciones; la otra mitad era un subsidio a la demanda; entonces era un gran tongo».

Ya a esa altura, los dirigentes estudiantiles advertían que «era una defensa muy dura de los principios ideológicos de derecha». A la vez, las encuestas seguían favoreciendo a los estudiantes y sus demandas, mientras el Gobierno trataba de «hacer como que quería resolver el conflicto, aunque sabían que no lo iban a resolver», señala Figueroa.

Entretanto, «las marchas fueron subiendo en cantidad de participantes a lo largo del movimiento. Por nombrar algunos ejemplos, la del 30 de junio fue una de las más masivas a nivel nacional: se calcula que participaron cerca de doscientas mil personas en Santiago y otras cuatrocientas mil en todo Chile», señala Giorgio Jackson en su libro El país que soñamos.

TRASLADOS EN EL GABINETE

A poco andar, su histórica vinculación con la UDD y el desgaste propio de esos meses le costó el cargo a Joaquín Lavín. Pero no quedó sin trabajo en el Gobierno. El 18 de julio, el presidente Piñera efectuó un cambio de gabinete. Nombró a su primo hermano Andrés Chadwick —hasta ese momento senador— en la Secretaría General de Gobierno y al abogado Felipe Bulnes Serrano, actual embajador de Chile en Estados Unidos, lo trasladó desde el Ministerio de Justicia a Educación. En noviembre, en un nuevo ajuste ministerial, pasó a Chadwick a Interior. El presidente creó para Lavín el Ministerio de Desarrollo Social —continuador de Mideplan—, en el que se desempeñó hasta el 6 de junio de 2013, cuando se integró como jefe de campaña de Pablo Longueira.

Piñera nombró en Justicia a otro cercano suyo, el abogado y militante de Renovación Nacional Teodoro Ribera Neumann. Hasta ese momento era rector de la Universidad Autónoma, otra lucrativa universidad privada.

El tiempo demostraría que la designación de Ribera fue un nuevo error, cuando en 2012 el gabinete tuvo su segunda «víctima» por las connivencias con el lucro en la educación. La familia Ribera Neumann es dueña de la Universidad Autónoma, base de un conglomerado educacional que se ha expandido notablemente en los últimos años. Entre las más recientes adquisiciones está el Instituto Profesional Incacea, que debía acreditarse.

Teodoro Ribera tuvo que renunciar al ministerio, tras largos días de resistencia, porque apareció en las investigaciones de fiscalía un contrato con el ex presidente de la CNA Eugenio Díaz Corvalán como asesor de Gendarmería, un servicio dependiente del Ministerio de Justicia.

«El movimiento estaba en buen pie y el Gobierno decidió cambiar su estrategia por una más policial. Si antes al movimiento se refería el Ministerio de Educación, cada vez más empieza a referirse a él el Ministerio del Interior. Entonces comienza a enfocarse el problema desde la seguridad pública. Es cuando comienzan a negarnos los permisos para marchar por la Alameda», señala Francisco Figueroa.

Según Giorgio Jackson en su libro, «a medida que la gente se encariñó más con la causa y también con nosotros los estudiantes, vino la represión cada vez más feroz».

Anota que hacia la mitad del período de las movilizaciones hubo un momento en que los noticieros mostraban «solo lo malo —es decir, los desórdenes que se solían producir al término de los actos o marchas— y omitían deliberadamente todo ese despliegue de imaginación y color que fue propio de nuestro movimiento, y ni hablar de los temas de fondo».

«LA EDUCACIÓN ES UN BIEN DE CONSUMO»

Un día después de haber asumido Bulnes, el 19 de julio de 2011, en un acto inaugural de una sede del Duoc, el presidente Sebastián Piñera afirmó: «La educación es un bien de consumo». Según Francisco Figueroa, «ahí sí que la embarró, porque era la primera aparición pública de Felipe Bulnes, que llegó con una agenda pensada para allanar el camino para una negociación, y sale Piñera y dice eso».

Unos días después, el Gobierno, que veía con la máxima inquietud la baja en las encuestas, invitó a los presidentes de los partidos opositores a una reunión en La Moneda. A última hora todos la rechazaron, después de que los dirigentes estudiantiles tuvieron conversaciones con ellos y les pidieron no concurrir.

Continuaban las marchas mientras el Gobierno decidió poner límites más rígidos. En Santiago proscribió el recorrido de la Alameda entre plaza Italia y Estación Central. Y en Concepción, una noticia a fines de julio alarmó a los estudiantes. El secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recaredo Gálvez, fue golpeado el 21 de julio y lo acusaron de llevar una bomba molotov. Estuvo seis días preso en prisión preventiva, en la cárcel El Manzano, y en diciembre fue absuelto por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Concepción.

Entre los recuerdos, para los dirigentes el 4 de agosto fue un día especial. Habían llamado a dos marchas —una los secundarios y otra los universitarios—, pero las fuerzas policiales impidieron que se realizaran a punta de guanacos, palos y bombas lacrimógenas. «Pero la propia represión —dice Figueroa— tuvo un punto peak que nos hizo realinearnos». Ese día fue el primer caceroleo en esos meses.

Esa tarde en la FECH, mientras estaban cercados por carabineros, se les ocurrió la idea. Y la convocatoria resultó mucho más grande de lo que imaginaron. «Llamamos por redes sociales. Ahí ya la Camila tenía cientos de miles de seguidores en Twitter y entonces el llamado le llegó a mucha gente y el caceroleo resultó un éxito, principalmente en comunas de clase media: Ñuñoa, Santiago, en algunos sectores de Providencia, La Florida y San Miguel, y hubo muchas barricadas en lugares insólitos. Hubo ciudadanos comunes y corrientes que salieron a la calle y fueron reprimidos. El Gobierno “tiró” helicópteros a sobrevolar».

«Otra ocasión muy recordada fue la llamada “marcha de los paraguas” el 18 de agosto, en la que a pesar del frío y la lluvia que caía ese día en Santiago, más de cien mil personas salieron a las calles», anota Giorgio Jackson en su libro.

DOS PERSONAJES DIFERENTES

—¿Cómo veías a los ministros de Educación de esos meses? —le pregunto a la ex presidenta de la FECH Camila Vallejo.

—Joaquín Lavín, a quien antes no había tomado muy en serio, se tornó en una figura más simbólica en términos políticos. Él simbolizaba todo lo que uno no quiere en educación. Por eso era como el chiste, era como el tipo puesto ahí que representaba a los Chicago boys, a la instalación del modelo en términos ideológicos; representaba el lucro y el Opus Dei. Era como todo en uno; era extremo, era burdo.

«Además, él siempre daba vuelta los argumentos. Como que nunca abordaba los asuntos y se iba por la tangente en las reuniones que teníamos. Obviamente sabía que no le convenía tratar los temas derechamente», indica Camila Vallejo.

—¿Y qué opinión te quedó de Felipe Bulnes?

—Bulnes era más complicado. A mí me preocupó más, porque era más inteligente. Al principio entró como diciendo «ya vamos a poner las cosas claras, aquí no vamos a hacer rodeos, veremos los puntos en que estamos de acuerdo, lo que podemos conversar y lo que absolutamente no vamos a hacer». No era como Lavín, que nunca sabías qué posición tenía porque era muy ambiguo. Pero después, la estrategia de Bulnes cambió, porque el Gobierno le dijo que se pusiera más duro y lo hizo. Recuerdo una reunión que tuvimos Giorgio Jackson con él y casi nos ninguneó.

Francisco Figueroa coincide con Camila Vallejo en su apreciación sobre Felipe Bulnes. «Era un ministro más firme, políticamente más claro que Lavín, tenía mucho más tacto; además, era un tipo de la derecha liberal, no estaba metido en el negocio educativo como Lavín. Entonces nos parecía alguien con quien se podía tener mejor llegada.» Sin embargo, señala, «estaba Hinzpeter al lado con su posición dura y harta cancha y micrófono».

EL IMPACTO DE JUAN FERNÁNDEZ

El movimiento estudiantil pasó agosto. No era fácil pensar en soluciones parciales, porque los estudiantes ya sabían que los parches no bastaban y con sus demandas y su discurso estaban poniendo en cuestión el modelo mismo heredado de la dictadura. Las movilizaciones continuaban en las universidades y los colegios, la educación se había instalado como el tema principal y contaban con el apoyo ciudadano.

En ese clima, Sebastián Piñera decidió invitar a conversar a La Moneda a los dirigentes de la Confech y de los secundarios, a los del Colegio de Profesores y a representantes del Cruch. La reunión sería el sábado 3 de septiembre.

Todo cambió la tarde anterior, cuando Chile quedó consternado con la noticia del accidente de un avión de la Fuerza Aérea que cayó poco antes de aterrizar en la isla de Juan Fernández. Al día siguiente se supo que no había sobrevivientes. Entre los viajeros estaban el animador Felipe Camiroaga y el empresario Felipe Cubillos.

Para Camila Vallejo, ese fue el momento más fuerte de todo lo vivido en 2011. «Lo más duro fue esa reunión con Piñera. Fue un momento muy complicado, porque pensábamos que íbamos a avanzar y justo se dio el accidente y todo se frenó. Cuando estábamos el viernes en el pleno de la FECH supimos qué había ocurrido. Yo no quería tener la reunión al día siguiente y la tuvimos. No podíamos salir pateando las sillas porque era un momento de conmoción nacional. Fue angustiante y la reunión fue una porquería».

El ex vicepresidente de la FECH Francisco Figueroa coincide en que la reunión fue negativa: «El Gobierno no se abrió a nuevas cosas, no planteó una fórmula de negociación que fuera aceptable para nosotros, fue muy duro; pero fue tanta la presión que se ejerció sobre los dirigentes, que se salió a decir “aquí hay voluntad de diálogo y lo agradecemos”, pero en realidad no había habido mucho y el accidente enlutó al país, y fue lo único de que se habló».

Figueroa quedó impresionado con la actitud del presidente: «El país se enteró de que estaban todos muertos porque Piñera lo dijo en esa reunión en la mañana. Vino un asesor y le contó, y él, entre medio de su discurso populista de presentación, dijo que habían muerto todos… Fue muy errático y poco atinado como lo comentó».

Diego Vela Grau, el actual presidente de la FEUC, era parte del movimiento estudiantil. Había sido presidente del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica, donde estudiaba. En ese tiempo vivía en la población João Goulart en La Granja. Para él, el impacto fue brutal. La tragedia lo golpeó directamente: su hermana Catalina, de quien era muy cercano, y su cuñado Sebastián Correa estuvieron entre las víctimas de ese avión que cayó al mar. Recuerda con dolor: «Fue el día de la negociación en que por primera vez el presidente se iba hacer cargo de los temas de educación, y pasó el accidente…».

Todavía le duele recordarlo. Pero reconoce el episodio como «un hito» que afectó al movimiento estudiantil, y afirma que después hubo «una utilización absoluta» por parte del Gobierno.

El ánimo del país cambió. Después vendrían las fiestas del Dieciocho y la preocupación por la pérdida de las becas y del año académico, además de nuevas conversaciones en las que entrarían en escena otros interlocutores políticos. Pero esta vez los estudiantes y sus demandas seguirían en primer plano.

EL PROTAGONISMO DE LOS DIARIOS

La relación de los estudiantes con los dos influyentes diarios de papel, cabezas del duopolio de la prensa tradicional —El Mercurio y La Tercera—, no ha sido amistosa.

«El sistema político reaccionó frente a la fuerza del movimiento y los sectores más conservadores del país se opusieron a las reformas que los estudiantes proponían», recuerda Cristián Cabalin, profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI), quien ha dedicado tiempo a analizar la relación entre esos medios y el movimiento estudiantil de 2011.

«Sin embargo —afirma—, los estudiantes lograron instalar en la opinión pública su agenda de transformación y movilizaron a miles de personas en cada marcha. Los medios de comunicación siguieron estos acontecimientos con atención, enfatizando en muchas ocasiones los esporádicos actos vandálicos que un pequeño grupo de personas generaba al final de cada manifestación. Pero los medios también fueron actores de la discusión sobre educación durante el movimiento.»

Cristián Cabalin es candidato a doctor en estudios de políticas educacionales, con mención en estudios globales de educación, de la Universidad de Illinois Urbana-Campaign, Estados Unidos. Y los resultados del estudio —aún inédito— serán publicados en la revista española Estudios sobre el Mensaje Periodístico.¹⁰

Conversamos cuando estuvo por unos días en Santiago en junio de 2013 sobre estos temas, y la importancia que ambos diarios tuvieron durante 2011 —y siguen teniendo— como protagonistas del debate sobre educación.

El Mercurio es «más que un periódico en Chile, es una institución y ha sido bastión del pensamiento conservador desde su fundación», comenta Cabalin. La Tercera es su competencia más directa y, «supuestamente, tendría una línea más liberal». En las conclusiones de su estudio demuestra que eso no es tan real.

«El movimiento estudiantil —afirma Cristián Cabalin— fue una lucha en el campo cultural de las ideas sobre educación. Por ello, fue importante observar cómo los editoriales definieron el problema educacional, atribuyeron las responsabilidades, valoraron las acciones de los actores y recomendaron el tratamiento del conflicto.»

Cabalin señala que los datos encontrados en su estudio «reafirman que la discusión sobre educación durante el movimiento de los estudiantes implicó un debate ideológico y político relevante, porque el principal foco de los editoriales estuvo en entregar pautas para la resolución del conflicto y en delimitar el problema educacional». Y agrega: «Las políticas educacionales son actos de ejercicio de poder que conllevan valores simbólicos y materiales, afectando la distribución del poder al interior de la sociedad».

La investigación abarcó los editoriales de mayo a noviembre de 2011 en ambos diarios. Un aspecto que surge nítido es que El Mercurio abordó el conflicto estudiantil «como la expresión de una justificada inquietud por las deficiencias del sistema educacional chileno, pero evitando establecer el conflicto como un malestar general hacia el modelo neoliberal en educación implementado en los años ochenta».

Identificó 182 editoriales que trataban del movimiento estudiantil o de políticas educacionales: 97 de ellos en El Mercurio y 85 en La Tercera. Los números demuestran, a su juicio, «la alta importancia asignada por ambos diarios al conflicto estudiantil».

De acuerdo al análisis de los textos, concluye que «se encuadró el problema estudiantil en la excesiva carga económica de los estudiantes y en las “distorsiones” del sistema».

TODAS IGUALES

Ambos diarios mantuvieron una línea editorial parecida, tratando de decir que todas las universidades son iguales. Es lo que desde hace años vienen, por lo demás, sosteniendo los rectores y voceros de las universidades privadas. Y fue el mismo criterio que primó en 2008 en el Informe sobre Educación Superior del Consejo Asesor Presidencial.

Como el argumento original para El Mercurio era el tema de becas y créditos, el diario de los Edwards «propuso no diferenciar entre universidades públicas o privadas y concentrarse en la demanda, es decir, en los estudiantes».

La Tercera —anota Cristián Cabalin— «empleó una estrategia discursiva similar, pero encuadró el problema educacional en la discusión sobre la “calidad de la educación”. Enfatizó que el debate sobre el rol del Estado en educación ha sido superado y que los criterios históricos de asignación de recursos no tienen sentido en la actualidad».

Cita como ejemplo frases del diario insignia de Álvaro Saieh: «La entrega de fondos estatales a los planteles debería estar regida por criterios de calidad, no por argumentos históricos o de propiedad».¹¹

El Mercurio da un argumento similar: «Un estudiante que asiste a una universidad del Consejo de Rectores accede a un crédito más barato y obtiene, en promedio, una beca más generosa que un estudiante de igual condición socioeconómica que asiste a otra institución de educación superior no perteneciente a esa asociación, aun si ambas instituciones han sido acreditadas por un período equivalente. Esta situación no cumple criterios básicos de equidad».¹²

Fieles al planteamiento del Estado subsidiario, los editoriales de El Mercurio y La Tercera reiteran la idea de que el sistema no tiene problemas estructurales e insisten en establecer los límites del Estado en educación. Indican que cualquier intento por aumentar su presencia entorpecería la «libertad de enseñanza».

«Los problemas del sistema universitario no se resuelven con una mayor intervención estatal, sino con más competencia», afirmaba La Tercera en pleno tiempo de marchas y protestas.¹³

Para los dos principales diarios del país, uno de los aspectos que limitaría la iniciativa privada sería el término del «lucro» en educación, una de las demandas más sentidas de los estudiantes. Y aunque durante esos meses no fue el tema principal de los editoriales, «las menciones al “lucro” o al “emprendimiento” cruzaron los editoriales analizados», dice Cabalin.

Advierte también que «primero se cuestionó su real existencia en el sistema universitario, ya que al estar prohibido por ley, las universidades no lucrarían como denunciaron los estudiantes durante el movimiento. Segundo, se validó el lucro en el sistema escolar y técnico superior, porque gracias a él se habría expandido la matrícula y el desarrollo del sistema educacional chileno». Concluye Cristián Cabalin que «el argumento a favor del lucro en educación fue persistente a través del tiempo y fue compartido por El Mercurio y La Tercera».

LOS RESPONSABLES

De acuerdo al estudio del profesor del ICEI, «al delimitar el problema educacional a situaciones coyunturales y no estructurales, los editoriales de El Mercurio y La Tercera asignaron las responsabilidades de estas falencias a actores específicos del sistema educacional». Los propios estudiantes movilizados serían «los principales culpables del conflicto en educación, ya que ellos solo representarían el interés particular por sobre el interés común».

Entre los argumentos utilizados para culpar a los estudiantes, Cabalin señala: «Se les pretendía invalidar como actores políticos debido a su paso transitorio por el sistema educacional y se desconocieron sus capacidades para ser interlocutores reconocidos por la institucionalidad».

Agrega el investigador que El Mercurio y La Tercera coincidieron en que «los estudiantes movilizados no tenían la representatividad de la mayoría de los estudiantes y que escondían pretensiones políticas más allá de la preocupación por la educación».

Con esto, según Cabalin, «se pretendió neutralizar la fuerza de los estudiantes y restarle legitimidad a sus demandas. Los juicios valóricos sobre su comportamiento fueron críticos y se les calificó de altamente ideológicos, radicalizados e intransigentes».

Pero los estudiantes no eran los únicos responsables para los representantes del duopolio de la prensa chilena. «Junto con responsabilizar a los estudiantes, los editoriales de El Mercurio y La Tercera asociaron los problemas en educación a las acciones de los rectores de las universidades estatales y privadas tradicionales, que forman el Consejo de Rectores. De estas universidades, además, provenían los principales líderes estudiantiles», indica Cristián Cabalin.

«Los líderes estudiantiles y también los rectores de las universidades del Consejo de Rectores, que de distintas formas avalaron este proceso de movilizaciones, deben ser capaces de encauzar las energías de sus comunidades en otra dirección», sentenciaba El Mercurio¹⁴ en julio de 2011.

«Las movilizaciones recientes han sido lideradas por estudiantes de nuestras universidades más selectivas y han contado con el apoyo de autoridades y académicos de las mismas. Por estas razones cabía esperar una reflexión más profunda sobre el futuro de nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, los planteamientos están lejos de eso y responden más bien a intereses particulares.»¹⁵

Identificado el problema —como «falencias coyunturales»— y señalados los responsables, dice Cabalin, la estrategia de El Mercurio y La Tercera consistía en «obviar la mayoría de las demandas de los estudiantes y abocarse a un acuerdo político en el Congreso para aplicar ciertas reformas. Estos cambios no serían estructurales y se relacionarían, más bien, con la asignación de nuevos recursos». Se propusieron cambios graduales, basados en la técnica y la «evidencia internacional», destaca. «Se llamó a los expertos a hacerse cargo de los planteamientos y a los políticos a discutirlos con criterios realistas», recuerda.

Otra sentencia mercurial recogida por Cabalin apunta en su característico estilo a la defensa del lucro: «El país ha experimentado ya suficiente con soluciones inapropiadas en el pasado y ha sufrido sus efectos negativos. Por eso debe ser cada vez más exigente en sus propuestas educacionales y desechar aquellas que producen enormes tensiones al sistema, sin resultados positivos […] prohibir que instituciones con fines de lucro puedan formar a jóvenes con ayudas estudiantiles provistas por el Estado no es una solución equilibrada», decía El Mercurio¹⁶ en septiembre.

EN LA ESFERA DEL CONSENSO

Comenta Cristián Cabalin: «Al tecnificar la discusión educacional se le vació de contenido y se limitaron las demandas de los estudiantes, que justamente apostaban por una reformulación del sistema».

Tras la observación y el análisis, para Cristián Cabalin la conclusión es clara: «La educación se ha transformado en una esfera de discusión política y está en una constante interrelación con el campo periodístico. Los medios discuten, evalúan, critican y proponen cambios sobre las políticas educacionales. Estos discursos conllevan una serie de valores y disposiciones ideológicas que tienen un impacto en la distribución del poder y en las oportunidades de desarrollo de la sociedad».

Esos dos medios, en calidad de protagonistas en el histórico 2011, destinaron una gran proporción de sus páginas editoriales a abordar el tema y buscaron establecer los límites de la discusión pública: «Pequeños cambios en el sistema educacional y la preocupación por el orden público», resume Cabalin.

Sostiene que El Mercurio y La Tercera «reconocieron las falencias del sistema educacional chileno, pero insistieron reiteradamente en que no se trataba de un problema sistémico, sino coyuntural asociado principalmente a la “injusta” distribución de los recursos entre instituciones públicas y privadas en educación. Defendieron el rol de la iniciativa privada y la validez del lucro en el sistema educacional. Señalaron como responsables del conflicto a los estudiantes, a los rectores de las universidades tradicionales y a los profesores».

Para defender estas ideas «los editoriales llamaron a un cambio gradual en el sistema educacional a través de un acuerdo institucional entre el Gobierno y la oposición. Con esto se neutralizaban las acciones políticas de los estudiantes y su posible impacto en la discusión parlamentaria formal. Las modificaciones, a juicio de El Mercurio y La Tercera, deberían estar caracterizadas por las convicciones del Gobierno, pero fundamentadas en la razón técnica y economicista. Solamente esta racionalidad aseguraría un “buen diseño” de las políticas educacionales. Con ello se vacía de contenido político la discusión sobre educación y se presenta como una esfera de consenso».

Al revisar los hechos se puede observar la coincidencia entre lo escrito por esos medios y los pasos que fue dando el Gobierno. Lo ocurrido después de septiembre de 2011 refleja esos intentos de llegar una vez más a la «política de los acuerdos» para resguardar el modelo de sociedad. Pero esta vez los intentos no les han resultado fáciles. Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo tratando de cambiar algo para que todo siga como antes no han tenido la acogida esperada.

CAPÍTULO VII

La tupida red de la UDI

La fuerte presencia de la UDI en la educación superior privada ha sido y puede seguir siendo uno de los frenos para cualquier posibilidad de cambios de fondo. Sus militantes se han visto favorecidos con un modelo que ha contribuido a perpetuar sus ideas de sociedad y que les ha permitido lucrar, aunque desde el comienzo legalmente no debían hacerlo.

Como símbolo de ese matrimonio suele destacarse a la Universidad del Desarrollo. Pero no es el único establecimiento de educación superior ocupado por los militantes o cercanos a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido creado por Jaime Guzmán Errázuriz en 1983, que llegó a convertirse en los últimos años en el más grande del país. Su presencia se advierte en otras universidades, como la Andrés Bello, la San Sebastián, la Santo Tomás y la Tecnológica-Inacap, por citar a las de mayor tamaño, así como en algunas universidades católicas y en varios de los institutos profesionales.

Las tupidas redes tejidas por la UDI desde hace más de tres décadas están vigentes en otras instituciones. El poder lo ejercen desde el Parlamento, sus centros de estudio o los diarios tradicionales, y durante los últimos cuatro años defienden con energía su modelo desde el Gobierno. En todas esas trincheras han hecho lo posible para que su proyecto de país se mantenga, pues es mucho lo que está en juego, tanto desde un punto de vista ideológico como también de las ganancias personales.

Si se observa lo sucedido en Chile, se aprecia que nada de lo ocurrido después de marzo de 1990, cuando Augusto Pinochet abandonó La Moneda, es casual. Los discípulos de Jaime Guzmán y Miguel Kast fueron eficientes en proyectar su legado. Asumieron las ideas de «democracia protegida» y un modelo económico neoliberal que abarcó la totalidad de los sectores de la sociedad.

Casi todos los que asomaban a la vida pública hace treinta o cuarenta años son protagonistas en el escenario político actual. Muchos de los jóvenes de entonces han sido dirigentes de la UDI, senadores, diputados y ministros de Sebastián Piñera. Otros —y en varios casos los mismos— son los dueños, impulsores o directivos de significativas universidades privadas, cuya creación fue posible a partir del marco «legal» dispuesto en 1981, como complemento de la Constitución de 1980.

LOS ORÍGENES DE LA UDI

Los vínculos entre los jóvenes gremialistas de entonces partieron antes del golpe y germinaron en los primeros tiempos de la dictadura. Las raíces de la UDI se encuentran —hacia fines de los sesenta— en la reacción a los cambios sociales, económicos y políticos de aquellos años. La toma de la Universidad Católica en 1967 y la posterior reforma universitaria la sitúan incluso como «hitos fundacionales» de esa agrupación.

Una paradoja es que el movimiento gremial universitario de Jaime Guzmán —MGU era su sigla por la que lo conocíamos en ese tiempo— surgió con planteamientos adversos a la acción política. Por eso, el propio Guzmán lo bautizó como «gremial», mientras señalaba que la universidad era «para estudiar», y cuestionaba como «político» hasta el trabajo social que los universitarios de esos años de la DCU (Democracia Cristiana Universitaria) o los militantes de partidos de izquierda hacían en poblaciones. Descalificaba a los políticos y, como en la España de Franco, pregonaba la organización corporativa.

Ya antes de septiembre de 1973, los gremialistas tuvieron un rol en el proceso que decantó en el golpe militar. Y después sus influencias se hicieron presentes en el Gobierno. Jaime Guzmán no sabía de economía, pero asumió los planteamientos de Sergio de Castro y otros profesores inspirados en Chicago.

El sociólogo Manuel Antonio Garretón Merino, líder estudiantil de los años anteriores a la reforma y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) durante 1964, dirigía al momento del golpe de Estado el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (Ceren), creado por el rector Fernando Castillo Velasco bajo el impulso de la reforma. El Ceren fue uno de los primeros «objetivos» de la depuración ideológica que sobrevino después y fue borrado de un plumazo por el almirante (R) Jorge Swett, rector delegado de la UC.

En una conversación sostenida a principios de 2005 —que publiqué en el libro La privatización de las universidades¹—, Manuel Antonio Garretón, actual profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, explicaba que el movimiento de Jaime Guzmán nació en un momento crítico para la derecha tradicional, cuando dejaban de existir los antiguos partidos Conservador y Liberal. En ese contexto, «el primer gremialismo es el de la FEUC, que nace en la Escuela de Derecho para reemplazar a liberales y conservadores que perdían la federación», señalaba.

La relación entre los gremialistas y el mundo de los Chicago boys comenzó en 1967 con la toma de la Católica. Según Manuel Antonio Garretón: «La primera vinculación se encuentra cuando Jaime Guzmán conoce a Sergio de Castro. Es decir, cuando el grupo gremialista, llamémosle “de los niños conservadores”, se junta con el grupo de economistas de derecha. Ahí se reconoce una nueva derecha. […] Eso es nuevo: ideólogos junto con economistas, el movimiento gremial de la Católica que se vincula con la política a través de la oposición gremial a Allende».

Después del golpe militar, los economistas pasaron a tener un protagonismo muy importante. «El verdadero movimiento de la Católica bajo la dictadura militar es de los gremiales más los Chicago boys, cuyo liderazgo lo ejercen Jaime Guzmán, Miguel Kast y Sergio de Castro», explicaba Manuel Antonio Garretón.

UN GREMIALISTA DE BAJO PERFIL

En la misma entrevista, Manuel Antonio Garretón se preguntaba por qué el movimiento político lo lideraban Jaime Guzmán, Javier Leturia, Hernán Larraín y luego Longueira. Por qué esa derecha UDI y no los economistas. De acuerdo a sus palabras, «porque los Chicago boys eran muy ignorantes, muy incultos políticamente. No tenían ninguna visión de la política».

Del mismo modo, Garretón explicaba por qué a su juicio Jaime Guzmán abrazó el neoliberalismo a pesar de que «no entendía de economía y desaprobaba el libre mercado». Según sus palabras, «como no se puede gobernar solo con una declaración de principios, se dio cuenta de que tenía que haber un proyecto económico y que esa gente cercana a él que estaba dispuesta a seguir en la construcción de una nueva derecha era la adecuada para ocuparse del modelo».

De los gremialistas de los años setenta mencionados por Garretón, el menos conocido hoy es Javier Leturia, el estudiante de derecho que encabezó la FEUC en 1973 e inició una campaña de firmas en la que la entidad estudiantil pedía la renuncia al presidente Salvador Allende.

Aunque de perfil más bajo que muchos de sus amigos, Javier Leturia Mermod —ex alumno del San Ignacio— fue uno de los principales dirigentes del gremialismo de comienzos de los setenta. Primer coordinador nacional del Frente Juvenil de Unidad Nacional —después vinieron Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín—, fue también secretario nacional de la juventud.

Leturia estuvo entre los gestores del llamado movimiento «Nueva Democracia», antecedente directo de la UDI. Cuando reunirse estaba prohibido y los opositores podían juntarse muy eventualmente y asumiendo las consecuencias de tan osados actos, Leturia y sus amigos de la Católica, formados al alero de Jaime Guzmán, tuvieron un encuentro de 650 jóvenes profesionales convocados por Nueva Democracia en 1980. Los opositores, en esos mismos días, eran apresados y relegados.²

Javier Leturia sigue militando en la UDI y ha estado desde el comienzo vinculado a algunas de las universidades privadas. En una nota fechada el 14 de diciembre de 1982, Leturia informaba a la jefa de Educación Superior, María Isabel Concha, la constitución del primer directorio de la Universidad Diego Portales, que nació a partir del Instituto de Publicidad, Mercado y Ventas (Ipeve). Ese instituto era una entidad ligada al mundo empresarial y lo encabezaba Manuel Montt Balmaceda. En ese tiempo se requería la aprobación del ministro del Interior y del de Educación para instalar una universidad. El visto bueno a la UDP lo dieron el general (R) de la FACH Enrique Montero Marx y el ministro Álvaro Norambuena.

Con posterioridad, Javier Leturia se trasladó a la Universidad Andrés Bello, la que desde los años noventa fue territorio dominado por militantes de la UDI. Gran amigo de Pablo Longueira, en 1989 postuló a diputado y le fue mal. Volvió a intentarlo más tarde y tampoco logró un escaño. Hasta hoy, Leturia es el secretario general de esa universidad privada, actualmente en manos del grupo Laureate.

Casi cuarenta años después de dirigir la FEUC el año 73, tuvo unos días de fugaz aparición pública al protagonizar una dura disputa con la Municipalidad de Providencia, tras el triunfo de Josefa Errázuriz Guillisasti.

Leturia había sido nombrado presidente de la Corporación Cultural de Providencia por el anterior alcalde, el coronel de Ejército (R) Cristián Labbé. Después de la derrota del ex uniformado en las elecciones de 2012, Leturia se resistía a entregar a la nueva alcaldesa el control de la corporación y su puesto desde el cual administraba parte importante del patrimonio de la municipalidad. La corporación, establecida como «privada», recibía más de ochocientos millones de pesos al año de subvención de la misma municipalidad y tenía entregados «en comodato» importantes recintos, como el palacio Schacht, en Pedro de Valdivia con Nueva Providencia, donde funciona el ex Instituto Cultural, el Centro Montecarmelo, el Parque de las Esculturas y el Museo de los Tajamares.

El vicepresidente ejecutivo era desde 2001 el coronel Osvaldo Rivera Riffo, ex ministro secretario general de Gobierno de Pinochet, de total confianza de Labbé, quien en la negociación final se fue con una indemnización de 22 millones de pesos, como informó el diario electrónico Ciper³ en junio de 2013.

Al final, el ex dirigente gremialista que encabezaba el grupo de amigos del ex alcalde, famoso por su vinculación con la DINA y los desalojos de escolares, tuvo que ceder y el municipio rescató los bienes. Parte del malestar que le provocó a Leturia la llegada de la alcaldesa Errázuriz es que le arrendaban el Centro Montecarmelo —ubicado a la entrada de Bellavista— a la Escuela de Teatro del Instituto AIEP. Ese instituto profesional pertenece al mismo grupo Laureate en el que Leturia es secretario general. Y el arriendo cobrado no entraba a la municipalidad, sino a la corporación que él presidía y en la que participaban, entre otros, Osvaldo Rivera Riffo. A simple vista era un negocio redondo para Leturia y el enclave pinochetista amparado por Labbé que permanecía en la Corporación Cultural.

DOS JÓVENES DE LOS SETENTA

Cuando las palabras de Guzmán y sus seguidores apenas se escuchaban más allá de los corredores y salas de la Universidad Católica, era muy difícil imaginar que alguna vez sus voces y argumentos llegaran a la laica y plural Universidad de Chile. Pero eso sucedió en el clima de la dictadura, con la FECH borrada de otro plumazo en 1973.

En la Católica, el gremialismo se fortaleció año a año, en especial en algunas escuelas como Derecho, Ingeniería, Agronomía e Ingeniería Comercial. La FEUC se constituyó en el bastión del movimiento, mientras las ideas de Jaime Guzmán se desplegaron hacia la Universidad de Chile intervenida, donde por un tiempo logró penetrar en algunas facultades.

Al terminar la década de los setenta, mientras Guzmán era parte del Gobierno de Pinochet, aparecieron en la Chile dos jóvenes que tomaron la antorcha del compromiso gremialista con el dictador: Patricio Melero Abaroa, el actual presidente de la UDI, quien estudiaba agronomía, y Pablo Longueira Montes, en ingeniería.

Ambos provenían de colegios particulares católicos: Melero del Saint George’s y Longueira del San Ignacio. Los dos pasaron a conducir la Fecech, la Federación de Centros de Estudiantes, diseñada por Jaime Guzmán y que implicaba una compleja fórmula de designación de los dirigentes para eludir la votación democrática. El procedimiento tiene un parentesco con el sistema electoral binominal, cuyo autor también es Guzmán.

Aunque Melero, diputado desde el año 1990, no ha participado en forma directa en el negocio de las universidades, su influencia como parlamentario, vicepresidente y presidente de la UDI ha sido decisiva en estos años. Como él, todos los gremialistas que están en el primer plano en la actualidad tuvieron una formación que incluyó cargos en la dirigencia de su movimiento desde hace casi cuatro décadas. Melero fue vicepresidente de la Fecech en 1979, en la primera directiva de esa entidad.

Más tarde, en 1981, tuvo el mismo cargo en el Frente Juvenil de Unidad Nacional, esa otra iniciativa creada por el gremialismo para apoyar a Pinochet. Melero fue secretario nacional de la juventud entre 1983 y 1985. Ese año, Pinochet lo designó alcalde de Pudahuel y, como la mayoría de sus colegas que fueron instalados en las municipalidades, llegó al Parlamento en la elección de diciembre de 1989, la primera en que se aplicó el sistema binominal.

Pablo Longueira, el dirigente que nunca había perdido una elección, pero que se vio obligado a retirarse en julio en la recta final de la presidencial 2013 por serios motivos de salud, había sido uno de los más exitosos políticos de la UDI. Fue uno de sus fundadores en 1983 y el gran impulsor del trabajo poblacional del partido derechista; diputado desde 1989 hasta 2006 y senador por Santiago Poniente a partir de ese año hasta 2011, presidió su partido desde 1998 hasta 2004. En sus tiempos de estudiante, como dirigente designado, estuvo a la cabeza del Centro de Alumnos de Ingeniería de la Universidad de Chile en 1980 y fue el penúltimo presidente de la oficialista Fecech; completó su período en 1982, antes de que esa entidad fuera disuelta al ser reconstruida la FECH. Pero la relación de Longueira con las universidades no terminó en sus tiempos de estudiante.

GUZMÁN Y LA SECRETARÍA

Desde los primeros días tras el golpe militar, Jaime Guzmán Errázuriz, junto con preocuparse del diseño institucional, se dedicó a fortalecer los ámbitos que le parecían fundamentales para la instalación del nuevo modelo de sociedad que imperaría en Chile. La formación de los jóvenes que llevarían adelante los cambios era central. Por eso, la educación, la comunicación y la organización fueron puntos estratégicos para configurar el modelo económico, social y político que se impuso en Chile bajo dictadura, y que desde el despertar del movimiento estudiantil en 2011 ha sido puesto en discusión.

Desde fines de 1973, el Ministerio Secretaría General de Gobierno asumió políticas fundamentales para los propósitos de Guzmán: aquellas relacionadas con la difusión del régimen y el control riguroso de los medios de comunicación, así como la organización para movilizar el apoyo de la ciudadanía.

La Junta de Gobierno presidida por Augusto Pinochet elevó a la categoría de ministerio a la anterior Secretaría General de Gobierno. Y bajo su tuición creó direcciones en ámbitos que le parecieron clave. Nació así la Dirección de Organizaciones Civiles, con tres secretarías dependientes dedicadas a «los gremios», a «la mujer» y a «la juventud». Esta última surgió a fines de 1973, bajo la dirección personal de Jaime Guzmán. Tenía su sede en la pequeña calle Villavicencio, detrás de lo que hoy es el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), en ese entonces rebautizado como edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta Militar.

La Secretaría de la Juventud se extendía a lo largo del país, con una oficina en cada provincia y en las principales comunas. Estas trabajaban en forma estrecha con los alcaldes designados. Oficialmente sus principales tareas eran deportivas y recreativas, pero —como señala el cientista político Carlos Huneeus— «no descuidó la formación cívica a través de cursos sobre variados temas de actualidad, como principios de gobierno, liderazgo, doctrina constitucional, nueva institucionalidad y derechos laborales».⁴

Orientada en especial a los universitarios, la secretaría incluyó dentro de sus actividades la organización de cursos preuniversitarios y «charlas vocacionales». Desde mediados de los setenta, con su fuerte apoyo, se empezó a advertir la formación de una «elite juvenil» ligada al gremialismo.

LOS ROSTROS DEL CERRO CHACARILLAS

Muy luego, los jóvenes discípulos de Jaime Guzmán empezaron a figurar en cargos públicos. Muchos de ellos fueron los alcaldes de Pinochet de los ochenta, lo que significó un impulso decisivo al fortalecimiento del trabajo político que dio origen en 1983 al partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fundado para perpetuar el régimen cuando no estuviera el general. Pero la Secretaría Nacional de la Juventud no fue suficiente para la ambiciosa tarea en que se embarcaron los gremialistas. No lograba entusiasmar masivamente a los jóvenes. No provocaba simpatía en los independientes y desde luego era mirada con recelo por los ajenos al régimen.

Al cabo de un tiempo, esas limitaciones inquietaron a Jaime Guzmán, quien veía la necesidad de una base de apoyo más sólida. La «nueva democracia, libre y protegida» requería multiplicar sus legiones de adeptos. Jaime Guzmán impulsó entonces la creación del Frente Juvenil de Unidad Nacional. Como indica Huneeus, este se «convirtió en la cara pública del gremialismo entre 1975 y 1980». Era el único movimiento político permitido.

Pinochet revitalizaba año a año, cada 9 de julio, su compromiso con sus entusiastas seguidores en Chacarillas, en la ladera del cerro San Cristóbal en Santiago, hasta donde subían los jóvenes que perpetuarían su obra. El régimen instituyó esa fecha como «el día de la Juventud».

El 9 de julio de 1977, cuando el dictador se reunió por tercera vez con los gremialistas en Chacarillas,⁵ entregó los principios básicos de la nueva Constitución y habló de los plazos y las metas en el acto organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional. En esa oportunidad lo acompañaron 77 jóvenes en homenaje a los 77 soldados muertos en 1882 en la Guerra del Pacífico.

Allí estuvieron, junto al general, Andrés Chadwick Piñera, Patricio Melero Abaroa, Joaquín Lavín Infante, Aníbal Vial Echeverría, Fernando Barros Tocornal, Luis Cordero Barrera, Manfredo Mayol, Juan Antonio Coloma y Cristián Larroulet Vigneaux, uno de los principales «rostros» de Chacarillas que ha tenido un papel fundamental después de 1989. El actual ministro secretario general de la Presidencia tenía veinticuatro años y era el vicepresidente del Frente Juvenil de Unidad Nacional, organizador del acto. Todos ellos reiteraron su compromiso de mantener el «legado» de Guzmán y Pinochet.

Entre los jóvenes que subieron el cerro Chacarillas ese 9 de julio de 1977 estaban también Ignacio Astete, Cristián Varela, actual vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), el ex senador Carlos Bombal y Jaime Alcalde Costadoat, ex director del Duoc.

ANTIGUOS ESTANDARTES

El senador Coloma, quien ha causado polémica en la campaña electoral debido a la designación de su hijo como candidato a diputado por Melipilla, había estudiado —como Leturia y Longueira— en el San Ignacio y después en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, cuna de gran parte de los gremialistas de entonces. Fue vicepresidente del centro de alumnos de su escuela en 1975 y presidente de la FEUC durante 1977. En 1978 presidió el Frente Juvenil de Unidad Nacional. Además, desde 1977 fue nombrado consejero de Estado, una instancia creada por Pinochet después de la supresión del Congreso Nacional. En esa calidad le tocó participar en las sesiones que llevaron a la formulación de la Constitución de 1980.

Aunque Coloma no aparece vinculado directamente a las universidades, constituye uno de los estandartes del partido que defiende con energía el modelo político, social y económico impuesto desde esos años.

Hombre de juicios terminantes, tras la destitución del ministro de Educación Harald Beyer por parte del Senado, en abril de 2013, Juan Antonio Coloma afirmó: «Esta acusación pasará a la historia como el caso más claro del crimen político de condenar a un inocente», y acusó al Senado de haber actuado con «una actitud politiquera».⁶

Otro de los máximos representantes de la UDI de ayer y de hoy es el ministro del Interior de Sebastián Piñera, su primo hermano Andrés Chadwick Piñera,⁷ quien entró al gabinete el 18 de julio de 2011, en pleno conflicto estudiantil, como ministro secretario general de Gobierno —en reemplazo de Ena von Baer—, dejando atrás su cargo de senador por la Región de O’Higgins. El 5 de noviembre de 2012, Piñera lo trasladó a Interior.

Hace treinta y cinco años, cuando tenía veintidós, Andrés Chadwick sucedió a Coloma en la presidencia de la FEUC en 1978, después de encabezar el movimiento gremial en la UC. Mientras dirigía la FEUC era a la vez secretario del Frente Juvenil de Unidad Nacional y asesor del ministro de Educación en materias universitarias. Antes de eso militó en el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, que nació de una escisión hacia la izquierda de la Democracia Cristiana y que luego fue parte de la Unidad Popular. Después se le verá en los noventa en una sociedad ligada a la Universidad Andrés Bello.

EL OTRO LADO DE CEPECH

En el Gobierno de Sebastián Piñera, los gremialistas de entonces se han visto con más luces en escena, pero en este mundo de las universidades ya tenían un largo trayecto recorrido. Con muchos de ellos uno se topa al indagar en la historia de las últimas cuatro décadas.

Hace más de ocho años, cuando investigaba para el libro La privatización de las universidades, me había llamado mucho la atención el surgimiento del denominado grupo Cepech, que se veía muy saludable en torno al negocio del mayor preuniversitario del país. Tras indagar qué había detrás de ese preuniversitario que lucía exitoso, encontré nítida la vinculación de sus integrantes con la UDI desde los años ochenta. Incluso los colores corporativos evocan ese blanco, azul y amarillo que durante años identificó al partido de Jaime Guzmán y los demás.

El Cepech es hoy el mayor preuniversitario del país, con 45 sucursales. Un negocio que nadie regula porque los preuniversitarios no dan cuentas a nadie de lo que hacen. El «grupo educacional», como lo presentan sus dueños, incluye hoy, además del Cepech, al Instituto Profesional de Chile, conocido también como IPChile, a los colegios Terraustralis y a una serie de sociedades de todo tipo vinculadas al campo educacional. Todo muy lucrativo.

En 2009, el grupo tomó el control mayoritario de la Universidad de Ciencias de la Informática (Ucinf), a la que después le cambió de nombre y la dejó solo en la sigla, junto con ampliar la oferta de carreras.⁸ Pero en enero de 2013 tuvo un traspié importante, al no lograr acreditarla. Hasta ese momento, la Ucinf tenía solo una frágil acreditación por dos años, obtenida en noviembre de 2010, cuando Eugenio Díaz presidía la CNA. Pero los planes apuntaban a lograrla por otro período. En estas condiciones, la situación se le complicó porque no puede aspirar al Crédito con Aval del Estado ni a ningún tipo de subsidio durante dos años.

La historia de este grupo se remonta a 1983, cuando se iniciaban las protestas sociales que empezaron a marcar el fin de la dictadura. Y se vincula con la Fecech, la organización que aglutinaba a los estudiantes designados con la venia gubernamental y que pretendía ser reemplazante de la prohibida FECH. Pero ese año de cacerolazos y movilización, los jóvenes oficialistas vislumbraron que el triunfo de los opositores dentro de la universidad era inminente. Previeron tal vez que la Fecech, creada por el Gobierno de Pinochet en 1979, tenía sus días contados.

Heredera del Consejo de Estudiantes que encabezaron los dirigentes Ignacio Astete y Aníbal Vial Echeverría, la Fecech tuvo como presidente a fines de 1981 a Pablo Longueira Montes, quien ejerció su mandato durante 1982; lo sucedió Flavio Angelini, hoy gerente de sustentabilidad y asuntos externos de la división El Teniente de Codelco. Angelini estudiaba periodismo y terminó —en octubre de 1984— siendo el último dirigente designado de esa entidad.

EL EMBAJADOR SCHAERER

La Fecech era apoyada desde la rectoría y, entre las actividades que impulsó, estuvo un preuniversitario. Además de ampliar su influencia, le permitía obtener recursos complementarios para desplegar sus iniciativas. Pero los adversos resultados obtenidos en los centros de alumnos llevaron a la disolución de la organización oficialista, tras el triunfo opositor en Ingeniería en 1984. El clamor por libertad y democracia de esos días entró con ímpetu a las universidades.

Pese a todo subsistieron en la Universidad de Chile algunos núcleos en ciertas escuelas, cuyos integrantes —junto a los de la Universidad Católica— participaron después en la fundación de la UDI.

Carlos Schaerer Jiménez, forjador del grupo Cepech y hasta 2013 uno de sus cuatro socios, estudiaba derecho. A fines de 1982 fue derrotado en su facultad en las primeras elecciones directas por el democratacristiano Yerko Ljubetic, quien llegó a ser en 1984 el primer presidente de la nueva FECH.

A pesar de que ha estado muy vinculado a los medios y en particular a la empresa El Mercurio, Carlos Schaerer ha cultivado un perfil más bien bajo, pero ha sido muy activo en este «mercado» de la educación, mientras a la vez estaba ocupado de formar opinión pública. Hasta agosto de 2013, Schaerer desplegaba su actividad en el ámbito educacional y, también, era uno de los tres subdirectores del diario El Mercurio. Antes fue secretario general de la empresa periodística El Mercurio S.A.P., editor del cuerpo D de reportajes dominicales y editor de las páginas de Opinión. Fue director de El Mercurio de Valparaíso y de Las Últimas Noticias, y presidió la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entre 2000 y 2004. Después fue designado presidente de la Fundación de la Prensa. Es claro que ha sido durante años hombre de confianza de los Edwards.

Sin mucho ruido, en agosto pasado, el presidente Piñera lo envió de embajador a Suiza.

A diferencia de otros dirigentes de su época universitaria, en esos años a Schaerer no se le identificaba con el gremialismo, sino más bien con una derecha más proclive a lo que llegó a ser Renovación Nacional, aunque sus contemporáneos lo recuerdan como amigo de Jaime Guzmán. En 1994 fue jefe de gabinete del candidato presidencial Arturo Alessandri Besa. Después fue profesor de derecho en la Universidad Andrés Bello y su posición política derivó en los años siguientes hacia la UDI, según sus conocidos de entonces. Y sus principales socios en sus negocios pertenecen a ese partido.

EL ENGRANAJE LEGAL

Justo un mes después del triunfo de los estudiantes opositores en la FECH, el 26 de noviembre de 1984, los gremialistas crearon la corporación de derecho privado Preuniversitario Estudiantes de Chile. El país vivía en esos días bajo estado de sitio, tras un masivo movimiento de paros y protestas. Las revistas opositoras fueron clausuradas y solo en el primer mes hubo más de cinco mil detenidos, doscientos relegados y allanamientos de poblaciones y sedes sindicales y políticas.

Mientras eso ocurría, un grupo de jóvenes gremialistas cercano a la Fecech constituía la corporación que albergaría a Cepech. La principal dueña de la corporación era la Fundación Estudiantes de Chile. A nombre de ella concurrieron Teodoro Sabaté Canadell, Marcelo Ruiz Pérez, Vicente Santa Cruz Valenzuela y un estudiante de ingeniería forestal que pasó a ser clave en el grupo Cepech: Cristián Moreno Benavente. Se especifica en esta escritura que la fundación «puede usar la sigla FECH».

Marcelo Ruiz Pérez murió a principios de marzo de 2010, después del terremoto, al caer la avioneta que pilotaba cerca de Tomé. Junto a él murieron otros cinco directivos de la Universidad San Sebastián, entre los que estaban Ignacio Fernández Doren, gerente de la Inmobiliaria Andrés Bello y fundador de la UDI, lo mismo que Ruiz, y Luis Ernesto Videla Berguecio. Marcelo Ruiz era decano de Ingeniería y Tecnología de la USS y miembro del directorio de la clínica Indisa. Antes había sido socio desde 1990 de la Andrés Bello, en representación de Copra S.A., otra sociedad clave de la UDI que fue creada en 1986 con Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Andrés Serrano e Ignacio Fernández Doren.⁹

A la formación de la Corporación Preuniversitario Estudiantes de Chile se sumaron otras personas. Entre ellas el abogado Fernando Sáenz de Santa María Moscatto,¹⁰ el médico Rafael Torres Barrenechea¹¹ y el estudiante Pablo Andrés Valdés Lafontaine, hermano de Federico Valdés, el actual rector de la Universidad del Desarrollo.

La Fundación Estudiantes de Chile tendría como objetivo la capacitación de los estudiantes para la prueba de selección universitaria, según señala la escritura. Más adelante, indica que la corporación «no tendrá fines sindicales o de lucro». El primer directorio del preuniversitario lo presidió Fernando Sáenz de Santa María.¹²

Los nombres de Marcelo Ruiz Pérez, Cristián Moreno y Teodoro Sabaté se encuentran en una serie de sociedades que tuvieron su origen en los años ochenta. Y aparecen asociados a ellos en forma reiterada otras figuras, como el ingeniero Federico Valdés Lafontaine y el abogado Carlos Schaerer Jiménez.

El tejido legal para afianzar el negocio del grupo continuó. El 27 de enero de 1989, Valdés Lafontaine y el ingeniero comercial José Tomás González Brito constituyeron una sociedad anónima cerrada que denominaron Preuniversitario Estudiantes de Chile S.A., con un objetivo similar al de la corporación: «Prestación de servicios educacionales destinados a capacitar e instruir en la preparación exitosa de las pruebas de selección para el ingreso a las universidades del país».¹³

En la primera acta de socios se consigna que Cristián Moreno Benavente sería el gerente general. La sede principal era Carmen 35, la misma casa de la familia Alessandri Fabres que arrendaba la Fecech para su preuniversitario. Un año después, en febrero de 1990, se constituyó en ese lugar la fundación que dio vida a la Universidad del Desarrollo. La tupida red de la UDI se manifestaba otra vez con esos lazos que claramente no son casuales. En muchas ocasiones, el domicilio que se observa en las escrituras referidas a Cepech es también Carmen 35. Hasta hoy funciona ahí la sede principal del preuniversitario que cuenta con 44 sucursales a lo largo del país y 16 solo en la Región Metropolitana.

En junio de 1993, los socios cambiaron oficialmente la razón social del Preuniversitario Estudiantes de Chile S.A. por Cepech S.A.

En el libro La privatización de las universidades comentaba en 2005: «El mismo abogado Fernando Sáenz de Santa María, años después, el 16 de enero de 1990 —junto a su colega Domingo Irarrázaval Mackenna— constituyó una sociedad anónima cerrada muy particular: el Instituto Libertad y Desarrollo S.A.»¹⁴

En diciembre de 1989 había triunfado Patricio Aylwin en la elección presidencial y el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, tras la derrota, se dedicó a la creación del instituto que es el centro de pensamiento ligado a la UDI hasta hoy. Su presidente ha sido desde esa época el ex ministro del Interior y de Hacienda Carlos Cáceres Contreras, considerado un baluarte para el núcleo duro de la UDI, quien preside también el consejo asesor empresarial de la Universidad del Desarrollo.

En el instituto sigue participando activamente Büchi. Su director ejecutivo fue Larroulet durante veinte años, quien fue reemplazado por el ex ministro de Pinochet Luis Larraín. Integran su consejo, entre otros, Patricia Matte Larraín, quien en los setenta fue estrecha colaboradora de Miguel Kast en Odeplan, y el ex ministro de Pinochet Hernán Felipe Errázuriz Correa. Los estudios y puntos de vista del ILD han sido fundamentales en las políticas públicas de los años posdictadura.

RECICLAJE DE BASURA

Pero la gama de intereses gremialistas es variada. Una de las primeras iniciativas del grupo Cepech en 1986 fue una empresa generada como sociedad anónima cerrada, cuya actividad nada tiene que ver con el ámbito educacional, pero en la que los nombres se repiten e incluso el preuniversitario es accionista: Becton S.A. El objeto declarado es la «adquisición, recuperación, tratamiento y comercialización de todo tipo de desechos plásticos y de envases agrícolas e industriales», así como la de todo tipo de cartón. Se incluye entre los objetivos la fabricación de productos de cartón y «producción de fonolas y otros productos similares o afines existentes hoy o que se inventen en el futuro».

Los socios iniciales de Becton S.A. fueron el Preuniversitario Estudiantes de Chile S.A., el ingeniero comercial Teodoro Sabaté, el ingeniero forestal Cristián Moreno y el abogado Carlos Schaerer.

En modificaciones de la firma en los años noventa figuran solos o en compañía de sus mujeres, en sociedades de papel bipersonales, que a su vez son accionistas de otras; así, por ejemplo, Teodoro Sabaté, a través de Inversiones y Rentas Limitada, en la que es socio junto a su esposa, María Paz Garcés Silva, es uno de los dueños de Becton S.A., de acuerdo a un documento de modificación de sociedad¹⁵ del 18 de diciembre de 1995. El otro propietario seguía siendo Cristián Moreno, quien hizo la misma figura a través de Inversiones El Peumo Limitada, en la que aparece junto a su señora, Isabel Margarita Bascur Llona. El tercer socio de Becton es Carlos Schaerer, y además está el propio preuniversitario Cepech S.A.

El grupo figura también en Ediciones e Impresiones Guayaquil Limitada, cuyo nombre de fantasía era Edimprint Limitada. La formaron en diciembre de 1988 Marcelo Ruiz Pérez y Roberto Federico Kremer Vera.¹⁶ En marzo de 1989, Ruiz y Kremer vendieron sus derechos a Federico Valdés Lafontaine, José Tomás González, Teodoro Sabaté, Cristián Moreno y Carlos Schaerer.¹⁷

En agosto de ese año, meses antes del plebiscito, González Brito traspasó su parte al resto. Después, Ediciones e Impresiones Guayaquil fue absorbida por Becton, la que a su vez pasó a ser accionista principal de Papeles Maipú. Esta última derivó en Fibrocementos Maipú, una industria cuya propiedad desde junio de 2005 es en un 83 por ciento de Becton S.A.¹⁸

EL IPCHILE

El inquieto grupo Cepech aparece también vinculado a otras actividades empresariales. Federico Valdés, Cristián Moreno, Teodoro Sabaté y Carlos Schaerer formaron en 1990 la sociedad Ingeniería de Sistemas S.A. en el ámbito de la asesoría computacional.¹⁹ Los mismos personajes, además de los hermanos José Luis y Álvaro Bas González, eran socios de la empresa Transportes Austral Limitada²⁰ y de la compañía Inmobiliaria del Sur Limitada.

En 1995, Sabaté, Moreno y Schaerer decidieron expandir sus intereses hacia la educación superior y formaron el Instituto Profesional Cepech. A la iniciativa se sumó también el comerciante Eduardo Avayú Guiloff.

Pero lograr la autonomía del instituto por parte del Consejo Superior de Educación les resultó difícil. Y tras una postergación del plazo siguieron el camino usado por la Universidad del Desarrollo con la de Las Condes. Así compraron, en noviembre de 2003, una entidad que ya era autónoma: el Instituto San Bartolomé de la Serena. Esto agilizó las cosas y pudieron crear después las carreras que quisieron, sin considerar la opinión de ninguna entidad externa.

La «marca» Chile estuvo en la mente de este grupo desde los años ochenta, cuando fue disuelta la Fecech. Por eso no es extraño que en esta oportunidad bautizaran al nuevo establecimiento como Instituto Profesional de Chile, o IPChile, como ellos mismos lo presentan.

El 5 de enero de 2004, los abogados Carlos Schaerer Jiménez y Javier Ovalle Andrade, en representación del Instituto Profesional Cepech S.A., y Francisco Javier Luna transformaron oficialmente al Instituto San Bartolomé en el Instituto Profesional de Chile. Con el objeto de instalarse en Santiago, el grupo compró a la Universidad Andrés Bello una sede en la avenida República 290.

La sociedad IPChile Limitada era un 99 por ciento de la firma Instituto Profesional Cepech S.A. A través de otras modificaciones, esta última fue transformada en el año 2011 en Servicios IPEC S.A.²¹ El directorio de la nueva entidad lo integraron Francisco Javier Luna, Cristián Moreno, Eduardo Avayú, Fernando Camacho y Carlos Schaerer. El rector del IPChile es Cristián Moreno, quien a la vez es gerente general del «grupo educacional Cepech», como ellos se denominan.

Los nexos de la red de la UDI se vuelven a manifestar y los círculos dan vueltas: Francisco Javier Luna es casado con Macarena Valdés Lafontaine —hermana de Federico—. Luna era dirigente estudiantil gremialista de derecho a comienzos de los ochenta, y fue uno de los fundadores de la Universidad Andrés Bello, desde la primera hora, en 1988.

LOS COLEGIOS DE LA TIERRA AUSTRAL

Además de la universidad Ucinf, del preuniversitario y del IPChile, el grupo Cepech es dueño de los colegios Terraustralis. El holding se define también como red educacional GEC y tiene un conjunto de empresas relacionadas. La matriz es GEC S.A. Pero hay otra sociedad llamada Inversiones GEC S.A., representada por Cristián Moreno Benavente; ²² a la vez, esta es la principal socia de Asesorías GEC S.A.,²³ creada el 2 de noviembre de 2011.

Las sociedades «dueñas» de GEC S.A. son desde su nacimiento: Berna Limitada, representada por Carlos Alejandro Schaerer Jiménez; El Peumo Limitada, por Cristián Moreno Benavente; Inversiones Tecnión S.A., del comerciante Eduardo Miguel Avayú Guiloff; e Inversiones Camacho y Compañía Limitada, del ingeniero Fernando Matías Camacho Ives.²⁴ Todos figuran con domicilio en Agustinas n.º 1447.

El grupo Cepech tiene al menos dos inmobiliarias: Concordia S.A.,²⁵ constituida el 1 de septiembre de 2008 por Inversiones GEC S.A., y Asesorías e Inversiones Patagonia Limitada, e Inmobiliaria SC-PV S.A.,²⁶ que pertenece a GEC S.A. y se constituyó el 21 de abril de 2011.

El holding GEC es dueño de una cadena de colegios, cuyas sociedades datan de octubre de 2008, de acuerdo a lo que consta en el Diario Oficial. La red Terraustral —perteneciente a GEC S.A. e Inversiones GEC S.A.— la forman el colegio Terraustral Oeste S.A., el colegio Terraustral del Sol S.A. —que primero nació como colegio Terraustral de Maipú S.A.— y el colegio Terraustral Cordillera S.A.²⁷

JUAN HURTADO AL MANDO

Otro núcleo afín a la UDI y con lazos hacia Renovación Nacional se detecta en torno a la Universidad Santo Tomás, adquirida por el inversionista Juan Hurtado Vicuña y Linzor Capital en 2009.

La Corporación Santo Tomás S.A. es una sociedad comercial creada por Gerardo Rocha Vera. Originalmente la llamó Corporación Rocha Establecimientos para el Desarrollo de la Educación y la Cultura Limitada. La corporación es la sociedad madre del holding que ha llegado a ser un gigante en este «mercado», con 82.400 estudiantes en educación superior. La Universidad Santo Tomás ya bordea los 30.000, en catorce sedes. El instituto profesional supera los 19.000, y el centro de formación técnica reúne más de 34.000 alumnos. El instituto y el CFT están instalados en 22 sedes a lo largo del país.²⁸ Además, la corporación tiene una red de 23 colegios con alrededor de 6.000 alumnos.

El 7 de mayo de 1981, la Corporación Santo Tomás fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago como sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y quien efectuó la inscripción, con poder de Rocha, fue el general retirado Agustín Toro Dávila, el mismo que había sido rector delegado de la Universidad de Chile entre el 24 de mayo de 1976 y el 1 de diciembre de 1980.

El 10 de agosto de 2009 se efectuó el cambio de directorio de la Corporación Santo Tomás, tras la venta de los herederos de Rocha a Juan Hurtado Vicuña y el fondo de inversiones Linzor Capital. También dejó su participación el fondo Halcón, administrado por Econsult.

Los accionistas mayoritarios de Santo Tomás S.A. pasaron a ser Inversiones Bicentenario S.A. y Educa Bicentenario S.A. En la oportunidad renunciaron al directorio Manuel José Vial, Gerardo Rocha, Rodrigo Rocha Vera y el ingeniero comercial José Ramón Valente.

Las dos sociedades —constituidas especialmente para tomar posesión de la corporación— pasaron a controlar el complejo Santo Tomás. La mayor es Inversiones Bicentenario S.A., sociedad anónima cerrada, en la que figuran como socios Inversiones Los Cipreses Limitada y el abogado Carlos Ignacio Larraín Hurtado, hijo del presidente de RN, Carlos Larraín Peña, y de Victoria Hurtado Vicuña, hermana de Juan Hurtado.²⁹

Tras la operación, Juan Hurtado Vicuña, presidente de Entel y de Consorcio Nacional de Seguros, accionista de la minera Punta del Cobre (Pucobre), de Curauma, entre otras actividades, pasó a presidir la Corporación Santo Tomás y el consejo directivo de la universidad.

Se observa así que la trenza de los contactos familiares que en este caso se extiende hacia RN es también apretada. Victoria Hurtado, la mujer de Carlos Larraín Peña, es partícipe, junto a sus hermanos, de las inversiones del grupo Hurtado Vicuña.

El nuevo directorio de la corporación, presidido por Juan Hurtado, quedó integrado por Carlos Inghan y Tim Purcell. A cargo de finiquitar los procesos jurídicos estuvieron el abogado Carlos Larraín Hurtado y Andrés Silva Troncoso. En el consejo directivo de la universidad aparecen también la primera esposa de Gerardo Rocha, Carla Haardt, y el hijo de ambos, Gerardo Rocha Haardt.

Cuando Juan Hurtado se hizo cargo del holding Santo Tomás en 2009 llevó como «director ejecutivo» de la corporación a uno de sus hombres de confianza, Marcos Büchi Buc, hermano de Hernán, el ex ministro de Hacienda, de quien Hurtado es muy amigo. Marcos Büchi, ingeniero de la Universidad de Chile, no había estado, como su hermano, involucrado en el negocio universitario, pero tenía experiencia en variadas actividades del ámbito financiero y empresarial. Había sido gerente del Consorcio Nacional de Seguros y de Chilquinta, la distribuidora de electricidad de Valparaíso, y es miembro de directorios de diversas empresas, entre ellas Codelco, Cruz Blanca Salud y la minera Isla Riesco.

Como directora de los colegios asumió Paulina Dittborn Cordua, quien a su vez fue nombrada decana de la Facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás. Paulina Dittborn fue jefa de gabinete del ministro de Educación entre 1981 y 1987 y después subsecretaria en 1987 y 1988. Casada con el ex ministro de Pinochet Juan Antonio Guzmán Molinari, es hermana del actual subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, ex presidente de la UDI.

Antes de llegar a la Santo Tomás, Paulina Dittborn era la prorrectora de la Universidad Las Américas y fue una de las forjadoras del grupo Inacap-Universidad Tecnológica, junto a Guzmán Molinari. Su actuación en el proceso de acreditación de Las Américas en 2007 fue polémica, ya que, como vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, su opinión fue decisiva para revertir el veredicto de la Comisión Nacional de Acreditación, que había rechazado la acreditación. Más polémico fue aún el asunto cuando poco después se anunció que sería la nueva rectora de Las Américas. Al final, tras la polvareda levantada, se debió contentar con ser prorrectora.

LOS VIAL ECHEVERRÍA

El brazo derecho de Rocha hasta su muerte fue Rodrigo Alarcón, ingeniero civil de la Universidad de Chile y militante de la UDI. Otro de sus hombres de confianza era Aníbal Vial Echeverría, antiguo gremialista, también egresado de la Universidad Chile, que se ha movido en el ámbito de la educación durante gran parte de su vida.

Casado con la psicóloga Astrid de Amesti, cuando era estudiante de ingeniería forestal, Aníbal Vial fue el elegido por el gremialismo para encabezar el proceso de «nueva institucionalidad estudiantil» dentro de la Universidad de Chile, en tiempos del rector delegado Agustín Toro Dávila. El joven dirigente de entonces es hijo del filósofo Juan de Dios Vial Larraín, quien en 1987 llegó a ser el último rector delegado de la Universidad de Chile.

Aníbal Vial organizó el Consejo Superior Estudiantil en noviembre de 1976, y lo presidió en los años siguientes. Su presencia en el cargo obedeció a una decisión de sus colegas de consejo, todos designados con el visto bueno del vicerrector de asuntos estudiantiles, el abogado Claudio Illanes.³⁰

En abril de 1978, Vial Echeverría presentó el anteproyecto de lo que denominaron «la nueva FECH» con la firma de todos los presidentes de los centros de alumnos, designados como él. Lo planteó «como una respuesta al discurso del presidente Pinochet en Chacarillas», cuando ese año señaló las líneas institucionales. «Soy un convencido de que las decisiones no se deben tomar por votación, porque debe primar por sobre todo la razón. En la universidad la cuestión del voto no me preocupa»,³¹ declaró en aquella oportunidad.

Aníbal Vial es hermano de Leonidas Vial Echeverría, quien junto a Fernando Larraín Cruzat —hijo de Fernando Larraín Peña— es el principal socio de la corredora Larraín Vial. Entre otras empresas, «León» Vial —como lo conocen en el ambiente financiero— es también el mayor accionista de la sociedad Blanco y Negro, la administradora del club Colo-Colo.

Leonidas Vial, que a diferencia de su hermano Aníbal no pasó por la universidad, es un hombre de negocios que encabeza un importante grupo económico. Miembro de numerosos directorios —entre ellos Endesa, Embonor Coca-Cola y Watts S.A.—, preside la Bolsa de Comercio de Santiago, controla el centro de esquí La Parva y es socio de Fernando Larraín Peña y de José Yuraszeck, el actual presidente de Azul-Azul, en la empresa CIC.

En el plano familiar, Leonidas y Aníbal Vial son cuñados de Fernando Barros Tocornal, el abogado del estudio Barros Errázuriz, casado con su hermana Natalia.

Aníbal Vial Echeverría fue rector de la privada Universidad Santo Tomás durante siete años, hasta agosto de 2007, cuando el dueño era Gerardo Rocha. Al dejar la rectoría no se alejó de la Santo Tomás, según precisó la misma corporación a través de un comunicado. Continuó en la junta directiva y siguió «dirigiendo un proyecto liderado por la presidencia de esta institución relacionado con la renovación en los contenidos de la educación y trabajando en un programa de Santo Tomás en la Universidad Católica de Ávila, España».

En efecto, después de la compra de Juan Hurtado Vicuña y Linzor Capital, los vínculos de Vial con la Santo Tomás se mantuvieron y en 2008 obtuvo honorarios por 13,2 millones de pesos. En 2009, los servicios prestados por Aníbal Vial le significaron una notable alza en su remuneración y obtuvo honorarios de la Corporación Santo Tomás por 149.420.000 pesos ese año.

Hasta enero de 2013, Aníbal Vial continuó entretanto en la Comisión Nacional de Acreditación en representación de las universidades privadas. Su acción fue decisiva en 2012 para provocar la renuncia del entonces secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, quien había dispuesto criterios más rigurosos para calificar a las universidades privadas, entre otras a la Santo Tomás. El detonante fue una minuta financiera referida a ese establecimiento en la que se observaban préstamos a la Inmobiliaria Radice, vinculada a la Corporación Santo Tomás, por alrededor de doce mil millones de pesos en condiciones muy favorables.

El Ministerio de Educación no puso mayor objeción y con posterioridad los directivos de la corporación enmendaron los documentos.

En una minuta reservada efectuada por profesionales del Sistema de Información Estadística del Mineduc, elaborada en diciembre de 2012, tras una revisión a universidades e institutos se consigna que existían préstamos a Radice y a Propam por 13.606 millones de pesos concedidos en 2010. Y en el balance de 2011 sumaban 14.643 millones. «La cuenta por cobrar a la Inmobiliaria Radice S.A. se encuentra documentada mediante pagaré que devenga intereses semestrales de TAB³² más 1 por ciento y vence en diciembre de 2014», se señala en la minuta del Mineduc.³³

El préstamo a empresas relacionadas en condiciones ventajosas es uno de los canales por donde las universidades privadas pueden favorecer otros negocios de los mismos dueños, es decir pueden lucrar.

EN LA JUNTA DIRECTIVA

Los nexos de Aníbal Vial con otros dirigentes históricos de la UDI son antiguos. Pertenece al grupo fundador del partido creado por Jaime Guzmán y ha sido activo militante por décadas. Es también supernumerario del Opus Dei, como Joaquín Lavín y los hermanos Carlos y Fernando Larraín Peña.

Aníbal Vial es muy cercano al senador de la UDI Hernán Larraín Fernández, con quien ha sido socio durante años en actividades vinculadas a la educación superior. Su trabajo profesional transcurrió muy próximo al senador Larraín y a Rodrigo Alarcón. Vial fue vicerrector académico del Duoc entre 1985 y 1998, cuando Alarcón era director. A la Santo Tomás llegó como vicerrector académico en el año 2000. Antes había estado en otra universidad donde se han concentrado los integrantes de la UDI, la Andrés Bello, donde fue decano de Educación entre 1998 y 2000.

Hernán Larraín estuvo un largo tiempo en la junta directiva de la universidad e incluso fue representante de la Corporación Santo Tomás mientras era presidente del Senado y de la UDI. En una carta del 8 de mayo de 2002, firmada por el abogado y actual diputado Cristián Letelier Aguilar,³⁴ en ese momento secretario general de la UST, dirigida a Pilar Armanet, jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, se informa sobre las personas que integraban la junta directiva. Hernán Larraín Fernández aparece como «representante de la Corporación Santo Tomás Limitada».

En una entrevista publicada en El negocio de las universidades, Gerardo Rocha, tras muchas evasivas, cuando le pregunté qué ganaba Hernán Larraín con estar en la junta directiva de la Santo Tomás, señaló que «a Hernán le vamos a dar unas acciones súper preferenciales por decisión mía, de gratitud».³⁵ Y cuando le consulté si serían acciones de la Corporación Santo Tomás, respondió: «Claro, pero ahora es miembro de la junta directiva, ad honorem. Él no me ha pedido a mí ninguna acción de nada. Simplemente se me ocurrió, por gratitud, darle».

ANÍBAL Y EL OPUS DEI

Cuando dejó la rectoría de la Santo Tomás, Aníbal Vial siguió como asesor del nuevo rector y se orientó a la formación de profesores para la enseñanza media y básica a través del grupo Educar, que nació como Fundación Los Robles en 1987. Se trata de un centro educacional ligado al Opus Dei cuyo principal impulsor es el empresario supernumerario Fernando Larraín Peña, quien tiene el cargo de presidente del directorio del grupo Educar.

Aníbal Vial es el presidente ejecutivo y en el directorio está Fernando José Larraín Cruzat, el socio de Aníbal Vial en la corredora Larraín Vial.

La organización entrega asesoría a numerosos colegios subvencionados. Vial fue fundador y director de la revista Educar, una publicación del grupo perteneciente a la sociedad editora Revista Educar, constituida a fines de 1996 por Larraín Peña, que tiene un 90 por ciento de las acciones; el resto aparece a nombre del abogado supernumerario José Joaquín González Errázuriz, hermano del obispo de San Bernardo, sacerdote numerario del Opus Dei, Juan Ignacio González.

Fernando Larraín es figura conocida del ámbito empresarial desde hace décadas. Fue uno de los dos forjadores del grupo económico Cruzat-Larraín a mediados de los años setenta, tras la separación de «Los pirañas», como se conoció al conglomerado que comprendía a Manuel Cruzat, Fernando Larraín y Javier Vial. Después de la hecatombe de comienzos de los ochenta, Manuel Cruzat y su cuñado Fernando Larraín Peña —casado con Josefina Cruzat Infante— siguieron caminos aparte. Fernando Larraín continuó con un conjunto de empresas entre las que está CIC, donde es socio con Leonidas Vial, el hermano de Aníbal, y con José Yuraszeck.

LA HISTORIA DEL SENADOR

El senador Hernán Larraín Fernández, quien llamó la atención en los días previos a la conmemoración de los cuarenta años del golpe de Estado por haber «pedido perdón» por los atropellos a los derechos humanos en dictadura, es un antiguo gremialista. Gran amigo de Jaime Guzmán, fue un actor de primer plano en lo sucedido en la Universidad Católica a partir de 1973 y tiene una larga historia vinculada a la educación.

Larraín trabajó en la Universidad Católica desde 1974, primero como director de estudios y planificación, y en 1979 pasó a ser el segundo hombre de la UC entre ese año y 1986, con los rectores Jorge Swett y Juan de Dios Vial Correa. Entretanto, mantenía su estrecha vinculación con Jaime Guzmán y estuvo a cargo del Instituto para una Sociedad Libre, creado por el líder del gremialismo en paralelo con el movimiento Nueva Democracia al terminar la década de los setenta. Larraín no se inscribió en la Unión Demócrata Independiente (UDI) cuando el movimiento dio origen al partido en 1983, pero fue un cercano «compañero de ruta». Sí tomó esa determinación tras el asesinato de su amigo Jaime Guzmán, que llevó a cabo un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991. Desde ese momento pasó a ser una de las figuras más significativas del partido derechista.

Al comenzar los ochenta, la rectoría de la Universidad Católica, de la que Hernán Larraín formaba parte, cambió la fisonomía y el sentido al Departamento Universitario Obrero Campesino (Duoc), creado por el rector Fernando Castillo Velasco y el sacerdote Juan Bagá al comenzar los setenta. El grupo encabezado por Larraín contribuyó a formar una Fundación Duoc, de la cual pasaron a depender un instituto profesional y un centro de formación técnica que hoy ostentan impactantes crecimientos en sus instalaciones y en sus matrículas.

Tras dejar la vicerrectoría de la UC, Hernán Larraín se mantuvo como profesor y miembro del consejero superior, se dedicó a las consultorías educacionales y fue gerente de la Fundación Andes desde 1987 a 1991.

El hombre elegido para hacerse cargo del Duoc fue Rodrigo Alarcón, quien durante la dictadura había trabajado por un tiempo en asuntos estudiantiles de la Universidad de Chile, en la Universidad del Norte —donde fue vicerrector económico—, y en el Ministerio de Educación entre 1984 y 1985. Ese año se trasladó a la Universidad Católica para ser director ejecutivo del Duoc. Estuvo en el cargo doce años, entre 1985 y 1997.

Los hilos de la red se remontan también en este caso a los años ochenta, cuando sus protagonistas formaban sociedades para participar en el naciente negocio de la educación superior. Larraín y Alarcón se hicieron socios en una consultora para dar asesorías a las nuevas universidades privadas. El 7 de septiembre de 1987, Hernán Larraín, junto a Rodrigo Alarcón, Aníbal Vial Echeverría y al ingeniero Jaime Alcalde Costadoat, constituyeron la consultora Asses Limitada. Alcalde, quien también fue uno de los 77 jóvenes de Chacarillas de 1977, es cuñado de Miguel Kast: es casado con Gabriela Kast Rist, hermana del fallecido economista. Unos años después, Alcalde, quien al igual que Aníbal Vial es supernumerario del Opus Dei, se retiró de la consultora, y hasta 2012 fue vicerrector económico del Duoc.³⁶

Los «Asses», vinculados todos a la UDI, han estado durante años participando en este «mercado», como influyentes ejecutores del modelo que contribuyeron a diseñar. Su presencia se advierte en la Universidad Santo Tomás, en el Duoc y en otras privadas, como la Universidad Andrés Bello, donde la consultora ha prestado sus servicios.

Elegido senador por la VII Región del Maule en 1993 y presidente del Senado durante 2004, Hernán Larraín permanece con los ojos puestos en la actividad universitaria. Entre 1989 y 1992 fue miembro del consejo superior y sigue siendo profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En su declaración de patrimonio 2011 —la última que está disponible en internet— expresa ser socio de la consultora Asses, que elabora estudios en educación, «preferentemente en educación superior», pero indica que en el último tiempo está sin movimiento. Lo mismo señala de la sociedad Los Peumos, que realiza actividades de índole profesional, «asesorías jurídicas, educacionales y de inversiones». Se mantiene sí como profesor de la Facultad de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, aunque no hace clases.

Cuando se le preguntó en torno a la posibilidad de inhabilitarse ante la acusación al ministro Harald Beyer, ratificó su conexión histórica con las universidades, en particular con la Católica y con la consultora Asses, que «asesoraba muchas universidades, tanto públicas como privadas». En una entrevista en el canal La Red señaló también que había sido miembro del consejo de Las Américas en los noventa y admitió su participación en la junta directiva de la Santo Tomás en la década del dos mil. En ambos casos, dijo, en forma ad honorem.

LAS INDICACIONES DE MIGUEL KAST

El mismo año 1977, marcado por las palabras de Pinochet en el cerro Chacarillas, donde se reunieron los jóvenes que hoy comandan la UDI, hubo otro hecho que en ese tiempo no se aquilató en toda su importancia. Entonces no se percibían en toda su magnitud los alcances del «modelo» que se empezaba a imponer. En abril, al inaugurar el año académico en la Universidad Técnica Federico Santa María, el ministro de Educación, contraalmirante Luis Niemann, anunció que habría cambios en el financiamiento universitario.³⁷ Tendrán que pagar, dijo el ministro, «el costo real de la docencia, sea al contado o firmando pagarés por un plazo aproximado de quince años».

Estaba escrita la bitácora de lo que vendría. En ello trabajaban Miguel Kast y su equipo desde Odeplan. Y ese mismo mes divulgaron un documento clave que contiene las líneas gruesas de lo que debería ser el nuevo modelo: el Plan Indicativo Nacional de Desarrollo 1977-1982, que contiene el germen de lo que vendrá más adelante.

«El aspecto que ha condicionado históricamente el desarrollo del sector educación es el financiamiento universitario. La casi total gratuidad de la enseñanza, así como de otros servicios prestados a la comunidad, ha traído como consecuencia que más del 80 por ciento de los ingresos universitarios tenga su origen en aportes del Estado», señala ese documento que refleja el planteamiento de Kast: «Los estudios universitarios favorecen a los grupos de más altos ingresos, por lo cual el Estado, al financiar la universidad, cumple un papel negativo en la redistribución del ingreso».

Desde los primeros tiempos de la dictadura, Miguel Kast manifestó que debería cambiar el financiamiento hacia las universidades —que hasta ese momento eran solo las ocho tradicionales— y así lo señaló en su Plan Indicativo: «Con el objetivo de priorizar objetivos sociales, el gasto público se reasignará paulatinamente, disminuyendo los aportes a las universidades y concentrándolo en la educación básica y prebásica. Esto supone una política de financiamiento de la educación en los niveles superiores mediante aportes de las familias, endeudamientos de los alumnos, aportes de empresas, donaciones y otros aportes».

Y agregaba algo que se comprobaría con crudeza en las décadas siguientes: «La educación superior será la que primero desarrolle un sistema de financiamiento mediante endeudamiento de los alumnos. La docencia en la educación superior se financiará mediante un sistema de créditos a los alumnos que serán cancelados por ellos una vez que se titulen y comiencen a trabajar. El Estado asegurará en una primera etapa la creación de los fondos financieros para que opere el sistema de créditos, los cuales luego continuarán funcionando con las amortizaciones de los propios egresados».

El crédito universitario había nacido. Treinta años después, el Estado pasó a ser aval del pago de aranceles en las instituciones privadas, cuya existencia fue autorizada en 1981.

CAPÍTULO VIII

Factor político en la escena

Desde hacía un tiempo, parlamentarios, políticos y «expertos» de distinto signo remecidos por el movimiento de 2011, intentaban tomar cartas en el asunto. Los dirigentes estudiantiles les seguían los pasos con mirada atenta, pero con escepticismo frente a unos y con franco malestar ante otros.

No solo el Gobierno —que continuaba bajando en las encuestas— estaba preocupado con lo que sucedía. Desde antes del accidente del avión de la FACH, algunos parlamentarios manifestaban cierta inquietud por lo que estaba ocurriendo. Y muchos empresarios observaban perplejos el movimiento que no se detenía. Nadie se podía hacer el sordo ante el clamor de los estudiantes universitarios y secundarios que cuestionaban el lucro en las calles y avenidas. Y con cierta cautela al comienzo y en forma más decidida después, hablaban de educación gratuita y de reforma tributaria para obtenerla.

Aunque los dirigentes estudiantiles no parecían muy interesados en tender puentes hacia lo que denominan la «clase política», el 6 de julio, en medio de las marchas, denuncias y demandas, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que tendría repercusiones: la creación de una comisión encargada de iniciar «las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación superior». La propuesta fue presentada por 49 diputados de oposición —democratacristianos, socialistas, PPD, comunistas, radicales e independientes— y se le asignó una misión amplia que incluía revisar el sistema, «detectar el lucro y los conflictos de interés que puedan existir».¹

ANOMALÍAS Y SUBTERFUGIOS

En el texto que fundamenta la conveniencia de crear esa comisión, los 49 parlamentarios reconocían la anómala y crítica situación que se ha vivido en Chile en torno al lucro en las últimas décadas. El documento parte invocando la prohibición legal al lucro en las universidades. «Sin embargo —expresa—, hemos constatado que esta norma, en la práctica, se ha convertido en letra muerta.»²

Señalan en la propuesta: «Los dueños de las instituciones de educación superior han logrado evadir la norma utilizando subterfugios legales, creando inmobiliarias o tercerizando los servicios a sociedades comerciales formadas por ellos mismos, configurando el negocio perfecto, ya que obtienen subsidios monetarios del Estado, no pagan IVA y otros impuestos, por desempeñar un rol público sin fines de lucro».

Entre los fundamentos el documento destaca un rasgo de la educación privada del que se habló mucho en esos días de 2011: «De acuerdo a los estudios sobre la educación superior chilena se ha detectado que esta es una de las más caras del mundo». Y compara la relación entre aranceles universitarios y Producto Interno Bruto (PIB). «Según el informe del Banco Mundial y la OCDE, institución que agrupa a más de treinta países desarrollados, los aranceles universitarios representan un tercio del ingreso per cápita bruto nacional. Las estadísticas son aún peores si se las compara con el PIB per cápita: el arancel en una universidad privada equivale al 47 por ciento de ese indicador y el de una universidad del Consejo de Rectores representa el 41,7 por ciento del producto por habitante.»

La presentación habla de «prácticas abusivas» y menciona la cantidad de denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) contra universidades que se registran «a pesar de no tener fines de lucro». Y consigna: «Este organismo informó recientemente que al año 2010 se recibieron cerca de tres mil reclamos contra las instituciones de educación superior. Un total de 2.640, lo que representa un 20 por ciento de incremento respecto al 2009».

Entre las cinco universidades con mayor cantidad de reclamos se encuentran «las tres que pertenecen al consorcio Laureate, las universidades de Las Américas, la Andrés Bello y la de Viña del Mar». Anota también que «un 35,4 por ciento de los reclamos contra las universidades son por incumplimiento de contrato o publicidad engañosa (falta de infraestructura ofrecida, cambio de mallas, horarios, planes de estudio u otras condiciones acordadas) y un 11 por ciento corresponden a cobros indebidos, intereses excesivos, cobros por deudas inexistentes».

Los parlamentarios manifiestan asimismo su preocupación por el elevado endeudamiento: «En Chile se ha aumentado exponencialmente el ingreso de jóvenes de clase media y media-baja a la educación superior a costa de un endeudamiento con casas comerciales y organismos financieros, que a la larga resulta igual o superior, en términos económicos, al costo de una vivienda para la familia». Y señala que «las medidas en cuanto a financiamiento de los últimos gobiernos han privilegiado el aumento de recursos en créditos estudiantiles».

Alude también el documento al «desapego del Estado» hacia sus universidades y al hecho de que estas tengan que competir en condiciones desfavorables con las privadas. «Las universidades públicas no solo deben competir en este “mercado” como si fueran privadas, sino que también —por su carácter público— enfrentan una rigidez normativa que las desfavorece.»

Las palabras de esa «solicitud» iban bastante más allá de lo que se había visto hasta esa fecha en alguna instancia de Gobierno o del Parlamento. El tono era mucho más firme que la mención al lucro de la Comisión Asesora Presidencial de 2008.

El 9 de agosto de 2011 se constituyó la comisión investigadora, que eligió como presidenta a la diputada independiente Alejandra Sepúlveda Órbenes, quien había militado en la DC hasta 2008 y después en el Partido Regionalista Independiente (PRI), del que se retiró en 2012.

Aunque los parlamentarios de derecha nunca vieron con buenos ojos esta instancia, concurrieron a su formación. La comisión —cuyas sesiones se prolongaron hasta junio de 2012— quedó integrada así por los diputados de la UDI María José Hoffmann Opazo —quien después fue reemplazada por su colega Gonzalo Arenas Hödar—, Romilio Gutiérrez Pino, Gustavo Hasbún Selume y Manuel Rojas Molina; los RN Germán Becker Alvear y Nicolás Mönckeberg Díaz; y por los opositores Cristina Girardi Lavín y Rodrigo González Torres, del PPD; José Miguel Ortiz Novoa y Mario Venegas Cárdenas, de la DC; el radical Alberto Robles Pantoja, y el socialista Manuel Monsalve Benavides.

«INÚTILES SUBVERSIVOS»

Mientras la comisión investigadora se aprestaba para iniciar su trabajo, a fines de julio de 2011, Sebastián Piñera decidió invitar a La Moneda a los cuatros presidentes de los partidos de la Concertación: Osvaldo Andrade, del Partido Socialista; Ignacio Walker, de la Democracia Cristiana; Carolina Tohá, del PPD, y José Antonio Gómez, del Partido Radical. La cita estaba prevista para el 27 de julio. Sin embargo, los dirigentes de la Confech, encabezados por Camila Vallejo, se reunieron con ellos antes en el ex Congreso en Santiago y les pidieron que no fueran a La Moneda. Para los estudiantes era inquietante que el Gobierno estuviera intentando hacer negociaciones por separado y los dejara al margen.

Los dirigentes políticos acogieron los argumentos de los estudiantes y no asistieron a la reunión. Tras el «plantón», esa misma tarde el ministro Felipe Bulnes se reunió con los dirigentes de la Confech y con los secundarios. La primera impresión que manifestaron los jóvenes después de esa reunión fue positiva, pero luego las conversaciones con el Gobierno se estancaron.

Gabriel Boric, quien en noviembre de 2011 fue elegido presidente de la FECH, en ese momento era senador universitario y participaba de cerca en la conducción del movimiento. Recuerda que hasta esa fecha no se habían producido «o habían sido muy bajo cuerda las conversaciones con parlamentarios de oposición». Y señala que esa reunión «de la Camila y otros dirigentes con la Concertación, donde lograron que los presidentes de partidos no asistieran a esa cita con el Gobierno, desesperó a la derecha. Cuando los de la Concertación dejaron plantados al Gobierno, ahí dijeron que el movimiento estudiantil mandaba».

La inquietud del oficialismo se mostraba bajo diferentes formas. Una de las más pintorescas —como en otras oportunidades— corrió por cuenta del presidente de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín Peña, quien en la inauguración del consejo de su partido el 6 de agosto lanzó uno de sus peculiares juicios: «Hay mucho que hacer, no nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos que están instalados, muchos de ellos desgraciadamente, en el Parlamento que no supimos ganar». Sus dichos referidos al movimiento estudiantil y sus demandas abarcaban también a las acciones que se habían iniciado en el Parlamento.

Sus duras palabras no resultan extrañas si se recuerda que el senador Larraín tiene mucho que defender. Además de su posición ideológica, este negocio afecta directamente sus intereses familiares comprometidos en la Corporación Santo Tomás, dueña de la universidad, el instituto profesional, el CFT y los colegios del mismo nombre.

EN EL PARLAMENTO

Mientras la Comisión del Lucro —como se la conoció— trabajaba, durante los meses siguientes se generaron otras instancias en el Parlamento que ponían su atención en las «anomalías» y problemas que el movimiento estudiantil había develado a la ciudadanía.

El 16 de agosto, la Comisión Mixta de Educación del Senado y la Cámara de Diputados invitó a los dirigentes de la Confech a una sesión. Se discutía un proyecto de ley para prohibir el lucro con recursos públicos en aquellas instituciones que tuvieran algún tipo de subvención del Estado. Lo presentaron los senadores socialistas Juan Pablo Letelier y Camilo Escalona; el actual presidente del PPD, Jaime Quintana, y los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero, quien renunció a su militancia RN en 2007.

En sus fundamentos la iniciativa daba cuenta de lo que los senadores veían en las calles y en los establecimientos escolares: «El presente proyecto de ley responde al actual movimiento estudiantil que ha involucrado transversalmente a toda nuestra sociedad. Es evidente el clamor popular que pretende cambiar nuestro actual sistema educacional». Este gira «desde un espiral netamente de mercado, que presenta a la educación como un bien de consumo y una oportunidad económica para concretar negocios, desconociendo la esencia natural de la educación como un bien público y derecho fundamental que asiste a cada persona», continúa el documento.

Por eso, argumentaban los parlamentarios, «resulta fundamental realizar un giro en las bases del sistema» y «aquellos establecimientos educacionales que reciben aportes financieros del Estado no podrán perseguir fines de lucro».

El proyecto incluía por primera vez a todo tipo de instituciones que recibieran «aportes estatales directos o indirectos, a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar, y plantea también la prohibición a los centros de formación técnica y los institutos profesionales».

EL VOTO EN CONTRA DE ENA

Aunque los dirigentes estudiantiles consideraban insuficiente ese proyecto, reconocieron que implicaba un avance. Por eso decidieron ir al Congreso. Encabezados por Camila Vallejo, concurrieron Giorgio Jackson, presidente de la FEUC; el vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa; José Ancalao, presidente de la Federación Mapuche de Estudiantes, y el presidente de la Federación de la Universidad Arturo Prat, Patricio Araujo, quien cuestionó la presencia de Ena von Baer por no haber sido elegida senadora.

En esa oportunidad, los parlamentarios, bajo la presidencia del senador PPD Jaime Quintana, observaban atentos los planteamientos de los estudiantes, mientras el canal del Senado transmitía en directo la sesión a todo el país. El nivel de preparación de los jóvenes impactó.

Como indica Gabriel Boric, «no había habido un diálogo institucional del movimiento estudiantil con el Parlamento, salvo esa vez que los estudiantes fueron a hablar de todo en la comisión en que estaba Ena von Baer».

La actual candidata a senadora por la Región de los Ríos ya había chocado con los estudiantes en su puesto de ministra secretaria general de Gobierno durante los primeros meses de ese año. Ena von Baer fue nombrada por Sebastián Piñera en marzo de 2010 tras su derrota en la elección senatorial por la Araucanía Sur —su región natal— en 2009. El 27 de julio de 2011 fue designada senadora por la UDI en el cupo de Pablo Longueira, cuando el ex candidato presidencial ingresó al gabinete como ministro de Economía. Investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo y profesora de la Universidad del Desarrollo antes de llegar al gabinete, Ena von Baer se ha caracterizado como una de las defensoras del lucro en la educación.

A juicio de Gabriel Boric, esa participación en la sesión de la Comisión Mixta de Educación, donde explicaron sus puntos de vista sobre el lucro, «fue un hito mediático quizá, pero no llevaban una propuesta concreta». Piensa sí que «fue muy positivo porque en el fondo constituyó una demostración de que los estudiantes están preparados».

El último día de agosto el proyecto fue aprobado en la Comisión de Educación del Senado por los senadores Ignacio Walker, presidente del Partido Demócrata Cristiano; Carlos Cantero,³ Alejandro Navarro, senador por la Región del Bío-Bío y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), integrante de la Nueva Mayoría, y Jaime Quintana. El único voto en contra fue el de Ena von Baer, quien argumentó que ese proyecto si llegaba a ser ley obligaría a cerrar más de cuatro mil colegios.

El proyecto aún permanece en el Congreso, entrampado por la falta de respaldo del Gobierno.

REUNIONES SIN DESTINO

Al terminar septiembre, el Ministerio de Educación anunció que enviaría al Parlamento otras iniciativas legales para repactar deudas con los «morosos» y para establecer una rebaja de la tasa de interés del CAE del 6 al 2 por ciento. Volvió asimismo a hacer una propuesta de «mesa» a los estudiantes. La reunión, a la que asistieron dirigentes de la Confech y de los secundarios, se realizó en el Ministerio de Educación el 30 de septiembre.

Fue un encuentro tenso. Los estudiantes tenían mejor impresión de Felipe Bulnes que de Joaquín Lavín, pero encontraron que el ministro estuvo muy duro esa vez. Les puso como condición en el primer momento la vuelta a clases para seguir conversando. Camila Vallejo, a nombre de la Confech, respondió que primero necesitaban tener propuestas concretas. José Ancalao reiteró lo mismo en mapudungun. La presidenta de la FECH planteó como demanda fundamental la gratuidad. Diversas voces lo ratificaron. No hubo acta del encuentro. Pero pese a las evidentes diferencias, quedaron en tener una segunda reunión.

Ese encuentro fue el miércoles 8 de octubre de 2011. Estuvieron los estudiantes junto a los directivos del Colegio de Profesores. Llevaron doce puntos en los que resumían sus demandas. Entre estas incluyeron una reforma tributaria.

Hubo otro hecho que enturbió las frágiles y tirantes relaciones: el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció el 27 de septiembre un proyecto de ley que creaba como delito con pena de cárcel las tomas de escuelas y universidades. Los estudiantes la bautizaron como «Ley Hinzpeter» y en los hechos contribuyó a hacer más áspero el incipiente diálogo. El proyecto «antiprotestas», como también se le ha llamado, fue aprobado en general por la Cámara de Diputados por 57 contra 54 votos casi dos años después, el 6 de agosto de 2013, pero varios de sus artículos fueron rechazados.

A fines de septiembre vino la discusión de la Ley de Presupuesto de 2012 y los tira y afloja propios de esa etapa, mientras los estudiantes decidían paulatinamente la vuelta a clases en las universidades que mantenían paros y tomas. Ya los dirigentes constataban que más del 70 por ciento de sus bases estaban desmovilizadas. En las sucesivas reuniones de la Confech en diferentes ciudades así lo comprobaban. La mitad había cerrado el primer semestre y muchos estaban ya empezando el segundo.

VUELTA A CLASES EN EL NORTE

Aunque después del feriado de Fiestas Patrias hubo en septiembre de 2011 una concurrida marcha, el ambiente era diferente en universidades y colegios. Al cambio de clima que provocó el accidente del avión de la FACH se agregó un ambiente de temor que contribuyó al desgaste del movimiento: muchos estudiantes se sentían apremiados por las amenazas que venían del Ministerio de Educación sobre la eventual pérdida de sus becas. Había incertidumbre por el término del semestre entre los que cumplían meses de paros, y surgían disputas entre los dirigentes de la Confech sobre cuál sería la mejor forma de encarar la situación. Las discusiones se replicaban en los recintos universitarios, en las distintas facultades y escuelas.

David Concha Astorga está terminando psicología en la Universidad de Tarapacá (UTA), en Arica. Preside la Federación de Estudiantes de la nortina universidad estatal desde abril de 2013. Resultó elegido por el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), con el apoyo de otros colectivos de izquierda. Aunque participó en gran parte del período de movilización en 2011, se ausentó unos meses, cuando viajó a un intercambio estudiantil a la Universidad de Palma de Mallorca, en España, donde siguió un curso de filosofía política. Volvió en abril de 2012 y poco después lo eligieron presidente, tras un período en que no hubo federación activa.

Los anteriores dirigentes terminaron su mandato a mediados de 2011 «y se tendrían que haber efectuado elecciones el segundo semestre. Pero este terminó en febrero y fue todo tan acotado que hasta 2012 no hubo orgánica», dice David Concha. Intentaron una conducción compartida con una «mesa plana», como la llaman, pero la experiencia no resultó. Y «todos los que estaban movilizados se dispersaron y se agruparon a través de colectivos de carreras», cuenta. Volver a tener una federación les pareció necesario y efectuaron la elección.

El presidente de la Federación de la UTA nació en Copiapó. Su madre es peluquera y su padre comerciante; están separados hace muchos años, dice el dirigente, y él vivió la mayor parte de su vida con su madre. Creció en una «cultura de miedo a la política», señala. Considera que ahora, en particular después de 2011, hay «una recuperación del espacio público, de la política a partir de la constatación de que los problemas privados que tenemos cada uno responden a una cuestión común».

Estudió en el Liceo Integrado de Arica, un colegio particular subvencionado de donde egresó en 2005. Él se ha ido «politizando en los últimos años desde mi entrada a la universidad». Cuando fue la revuelta de los «pingüinos» «no pesqué mucho», comenta.

Su origen es similar al de muchos de sus compañeros en la nortina universidad estatal. Con algo más de siete mil quinientos alumnos en su sede de Arica —la principal— y de Iquique, la Universidad de Tarapacá registra más del 52 por ciento de alumnos provenientes de colegios subvencionados y un 43 por ciento de establecimientos municipales, según estadísticas del Consejo Nacional de Educación de 2012. Apenas 53 alumnos —menos del 0,5 por ciento— provienen de colegios particulares.

BAJONES, RUPTURAS Y SILENCIOS

Con mirada de psicólogo, David Concha describe el ambiente que se vivía en su carrera hacia fines de 2011. «Hubo una ruptura heavy; personas que eran amigas, “yuntas”, grupos de amigos que rompen por lo ideológico o por las diferentes formas de encarar lo que sucedía. Eran posiciones en que unos decían “vamos por la toma, vamos por la movilización” y el amigo del alma quería clases, y discutía porque “estos comunistas” que hacen esto o lo otro. Y ahí se quiebran y se reconfiguran las relaciones de amistad. Mucha gente se enemista, se borran de Facebook, no se hablan y no se pescan. Y se empiezan a vincular con otros compañeros movilizados que estuvieron en la toma.»

Y tras el término de la toma, relata Concha, «te encuentras con gente como que venía de vacaciones; unos habían pasado siete meses en la playa o viajando. Incluso muchos de los movilizados se fueron para la casa… y volvían con la sensación de que perdimos y todo se acabó y “yo me reintegro a estudiar” y nunca más se vincularon y desaparecieron; ex movilizados que ya no figuran, no podemos contar con ellos. Por otra parte, estábamos nosotros que estuvimos ahí los siete meses, en las asambleas y que no tomamos vacaciones. Era difícil. Se generaron muchos silencios y en las mismas cátedras se produjeron debates con los profesores y alumnos. En términos relacionales fue súper complicado».

Describe así los estados de ánimo después de septiembre: «Estaban los que decían “no logramos nada y perdimos” y nos reclamaban porque habíamos estado con tomas… Por otra parte, estábamos los que andábamos con bajón y de capa caída, pero visualizábamos que esto es una constante. Y pensábamos esto va a volver, es un reflujo, pero volverá a suceder, entonces ¿qué tenemos que hacer?».

Cuenta David Concha que a partir de ese momento empezaron a surgir diversas iniciativas. «Nosotros en Psicología generamos un colectivo; en Trabajo Social se generaron otros; en Educación y Humanidades también, y empezaron a aparecer distintas orgánicas en la universidad de estudiantes que quisieron continuar movilizados independiente de si había o no toma. Se empezaron así a delimitar los objetivos, a elaborar cronogramas sobre lo que se iba a hacer. Gran parte de los colectivos en la UTA estaban vinculados a los estudiantes libertarios», destaca. En Arica, señala, «también son importantes las Juventudes Comunistas que encabezaron la federación hasta 2011, y el MUI, que es la expresión estudiantil del MIR».

Relata cómo fue su proceso hasta llegar a ser dirigente: «Yo estaba como perdido y no tenía idea. Me empecé a politizar más en la universidad. Entonces, al menos en mi experiencia, sentía que en el primer momento el tema central era la educación, como que es algo bien gremialista, pero después fue avanzando muy rápidamente a una cuestión más amplia. Yo estaba luchando contra las deudas de la democracia, contra un sistema perverso y gran parte de lo que expresa todo el discurso del movimiento estudiantil es eso. Es un movimiento social y político».

David Concha se toma un minuto y comenta: «He reflexionado sobre esto y me doy cuenta que nací en 1989. Entonces, me digo, esta generación somos los hijos de la promesa de la democracia; pero aun así crecimos en una cultura profundamente marcada por el miedo, por el miedo a la política, la política como una palabra prohibida casi, no se hablaba de política en la mesa, en el colegio, no se hablaba de política en ningún lado», dice quien hoy se siente parte de una generación sin miedo y dice que la sociedad se está «repolitizando».

UN CARTA TRANSVERSAL

El 23 de noviembre de 2011, el diario El Mercurio publicó una carta al director, bajo el título «Prioridades en educación». Los firmantes eran figuras de un ámbito «transversal», que se manifestaron preocupadas de poner atajo a las demandas estudiantiles que piden gratuidad en la educación superior.

Encabezaba la lista la ex ministra de Educación Mariana Aylwin Oyarzún,⁴ acompañada de Patricia Matte Larraín,⁵ la hermana mayor de Eliodoro y Bernardo, presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago, que reúne la red de colegios subvencionados. Junto a ellas aparecía el ex ministro secretario general de Gobierno José Joaquín Brunner, quien se trasladó desde la Universidad Adolfo Ibáñez a la Diego Portales, donde ahora es investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación y miembro de la junta directiva de esa universidad privada. El último nombre se anticipaba a lo que vendría después: Harald Beyer, en ese momento subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), quien asumió como ministro de Educación en reemplazo de Felipe Bulnes en diciembre de ese año.

También figuraban entre los firmantes los ex ministros de Educación Mónica Jiménez y Sergio Molina, y otros connotados investigadores ligados a centros de estudio y universidades: Sergio Urzúa, del CEP; los economistas Óscar Larrañaga, Eduardo Engel, Patricio Meller, Andrea Repetto y Alejandra Mizala, y el psicólogo y experto en educación Jorge Manzi, de la Universidad Católica.

«Nos preocupa que nuestros líderes políticos estén pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política de amplia gratuidad en la educación», señalaban los firmantes.

Varios de ellos apoyan hoy la candidatura de Michelle Bachelet, quien propuso desde antes de las elecciones primarias la educación universitaria gratuita, dentro de sus propuestas. Pero los argumentos esgrimidos en esa carta distan del anuncio de la candidata.

Insisten los firmantes en la importancia de dar prioridad a la educación preescolar y en segundo término a la escolar. «Creemos que en las actuales circunstancias es razonable acotar la gratuidad a las proporciones que sean razonables para no desalentar el acceso a la educación superior de los más vulnerables», señalan en su misiva. Y afirman que «los mecanismos preferentes de financiamiento estudiantil deben ser otros». Hablan de créditos y becas, en la misma línea de financiamiento a la demanda que empezó a instaurar Miguel Kast, bajo dictadura, inspirado en los vouchers del ideólogo del neoliberalismo, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. El tema del lucro no fue tocado en aquella ocasión.

Los dirigentes estudiantiles leyeron con atención El Mercurio ese día y algunos hasta recuerdan la fecha de memoria. El reconocer personas próximas a la Concertación junto a los exponentes de la derecha lo interpretan como síntoma de esa «política de los acuerdos» que rechazan de plano. Para ellos, ese gesto tuvo el sentido de una advertencia. Veían la manifestación de un frente común en una posición que ellos estimaban adversa al sentido de la movilización y de sus demandas y contraria al derecho universal a la educación.

EL COMPLEJO ENTRAMADO

Conversando más de un año después con la ex presidenta de la FECH Camila Vallejo sobre lo sucedido en 2011, me comentaba: «Entre más pasa el tiempo, veo más difícil todo. Al principio pensaba que podrían resolverse nuestros problemas con la lucha por la educación y después uno se da cuenta que el entramado es más complejo; el sistema político, económico e incluso la desigualdad que hay tienen que ver con que existe un modelo de acumulación que se basa en el lucro en la educación, en la salud, en todas partes. Y no va a ceder con facilidad y en eso está involucrada mucha gente que tiene poder».

Camila Vallejo considera que «esto va a cambiar en la medida en que haya mucha presión, y mucha presión de distintas partes, porque esta cuestión opera desde aristas muy diferentes, desde relaciones familiares, políticas, de empresas, Parlamento y gobierno. Por eso creo necesario que se mantenga una movilización bien fuerte, acompañada de una presión interna. Creo que para poder avanzar tiene que haber una cierta coherencia entre lo que es la presión social y la presión política».

La hoy candidata a diputada, después de lo transcurrido, cree que «se ha avanzado y algunos parlamentarios, aunque tengan contradicciones internas, se han ido sumando y hay más voluntades. A nivel social está mucho más adelantado y creo que ahí hay mayor confianza en hacia dónde tiene que caminar este país. Cada vez es más la gente que dice “hoy día hay que hacer cambios profundos”. No digo que eso sea algo consensuado, pero hay una mayoría que ha despertado y entiende la necesidad de esos cambios».

LAS PREGUNTAS DE GABRIEL BORIC

Gabriel Boric Font me recibe —en agosto de 2013— en la casa de sus padres en Punta Arenas, junto al estrecho de Magallanes, mientras prepara su campaña de candidato a diputado. Hijo de Luis Boric Scarpa, ingeniero químico democratacristiano que trabajó por años en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y ahora dedicado a consultorías de empresas, Gabriel Boric estudió en el colegio Británico de Punta Arenas. Después se vino a Santiago y estudió derecho en la Universidad de Chile.

Militante de la Izquierda Autónoma, presidió el centro de estudiantes de su facultad en 2009. En 2011 era miembro del Senado Universitario y activo dirigente. En noviembre de ese año postuló a la presidencia de la FECH por la lista Creando Izquierda. Triunfó sobre Camila Vallejo y le correspondió ser presidente durante 2012. Ella quedó de vicepresidenta.

Su rol fue distinto al de Camila, pero marcó una senda que hizo posible la permanencia del movimiento y sus avances. Al finalizar 2011, un cierto sentimiento de frustración invadía al mundo estudiantil, reconoce. «Había una sensación generalizada de que, si bien se había instalado un tema y los estudiantes habían vuelto a ser actores, las demandas que estábamos levantando no habían sido capaces de ser procesadas por el sistema político institucional», señala Gabriel Boric.

Es cierto, dice, que «no habíamos sido cooptados por el sistema político, como había sucedido en alguna medida en 2006 y 2007, y seguíamos teniendo la iniciativa. Pero también había una gran frustración porque en la práctica no se había conseguido ninguna de las demandas que estábamos levantando».

Después, admite, se «lograron ciertas modificaciones dentro de la misma lógica del sistema, en el tema de los créditos. Pero en diciembre de 2011, cuando nosotros asumimos, no había nada en materia de modificaciones estructurales».

En ese momento, recuerda, «desde la conducción de la FECH nos tocó hacernos varias preguntas: ¿cómo mantenemos al movimiento estudiantil como un actor político fundamental? Y ¿cómo mantenemos la iniciativa respecto de las demandas que estamos levantando sin delegar en la clase política tradicional su concreción?».

Ese concepto de «no delegar» lo he escuchado muchas veces en estos meses entre los estudiantes en distintos momentos, lugares y circunstancias. Es en cierto modo un reflejo de esa desconfianza en los políticos que está como impregnada en la manera de apreciar las inquietudes de los jóvenes. Buscan por eso ser ellos protagonistas en forma directa para no volver a pasar por experiencias como la de 2007, reiteran.

Se dieron cuenta de que su principal fuerza radica en la movilización y «en la masividad que éramos capaces de convocar, así como en la transversalidad del apoyo que habíamos tenido». Pero al mismo tiempo advertían «que era insostenible un 2012 tal cual como 2011».

DESPUÉS DE LA FIESTA

Durante ese año, en varias universidades, señala Boric, el paro duró casi siete meses y muchos secundarios incluso repitieron curso. Lo ilustra así: «Hay un tema de Joan Manuel Serrat que se llama “Fiesta”, que habla de cómo en el fondo en la ciudad durante la fiesta está el jolgorio. Y todo el mundo se acuerda de 2011 como el carnaval, la serpentina, la figuración de los líderes, pero al final nadie se dio cuenta de que quedó la embarrada y que al interior del movimiento estudiantil había muchas peleas internas, tomas sin sentido; todo eso había que recomponerlo para tratar de salir de nuevo con fuerza en 2012».

En ese ambiente de «fraccionamiento interno, de mucha frustración, asumimos nosotros la FECH y, por lo tanto, consideramos que teníamos que tener una estrategia. En 2011 no la hubo, independiente de quien haya liderado; también fui parte de la conducción del movimiento estudiantil en 2011 y estamos conscientes de que no había una estrategia; hubo mucha improvisación, porque nadie se esperaba lo sucedido, fue un desborde que salió por todos lados», señala Boric.

—¿Sientes que fue haciéndose el camino al andar, como también dice el verso de Antonio Machado que canta Serrat?

—Se fue haciendo el camino, porque fue una cuestión que superó las expectativas de todos; me acuerdo que la primera movilización fue el 24 de abril, la primera marcha grande, y a mediados de junio decíamos “a esto le quedan como dos semanas”, y así todas las semanas decíamos “le quedan dos semanas”.

Revive Gabriel Boric lo que implicó la movilización de 2011: «Fue una cuestión que sobrepasó con creces cualquier tipo de proyección y el impacto era notable. Fue un impacto mundial y la Camila fue una figura de ese nivel. Nosotros lo conversábamos, tuvimos una Confech en Punta Arenas en junio o julio, y estábamos con la Camila y “Pancho” Figueroa, era invierno y pensábamos que el movimiento no aguantaba más de dos semanas. Pero seguíamos… La toma de la casa central de la Chile se bajó el 8 de diciembre y todavía había colegios en paro, y de hecho yo vine a Punta Arenas en enero y aún había dos colegios tomados».

Aunque no había una estrategia, según Gabriel Boric, «se había logrado una cohesión del movimiento estudiantil, pese a las diferencias que existían, y mostraba una unidad en la conducción, salvo pequeños roces; eso fue muy positivo para el movimiento», comenta.

Los dirigentes percibían que la cuesta estaba mucho más empinada que el año anterior, que 2012 venía más difícil. El Gobierno no estaba dispuesto a ceder. Y en cierto modo es lógico: a esa altura lo que estaba en discusión era la esencia misma del modelo económico, social y político impuesto en dictadura.

«AVANCES PARCIALES EN LA DIRECCIÓN CORRECTA»

Gabriel Boric señala que en 2012 trataron de definir una estrategia para el movimiento estudiantil. «Y ¿cuál fue esta? Nosotros la llamamos “la estrategia de los avances parciales en la dirección correcta”. Sentíamos que si no lográbamos demostrar que con movilización podíamos efectivamente incidir y cambiar la realidad y cambiar cierto estado de cosas, más allá de los cambios culturales o de la euforia y la opinología que se desataba en torno al movimiento estudiantil, el movimiento iba a terminar tremendamente desgastado e iba a ser como procesado en clave neoliberal, como había ocurrido con movimientos estudiantiles o sociales anteriores.»

—¿A qué te refieres con eso? ¿Qué llamas como «procesados en clave neoliberal»?

—Cuando finalmente terminan haciendo reformas que las visten de progresistas o las disfrazan de acuerdo al movimiento estudiantil, pero en realidad avanzan en la dirección contraria. Por ejemplo, nosotros nos opusimos mucho a la reformulación del Crédito con Aval del Estado, porque estábamos pidiendo gratuidad. Sabíamos que no era posible avanzar en gratuidad de un día para otro, es una cuestión que se va a demorar. Pero aumentar la cobertura mediante becas es ir en la dirección contraria a lo que estamos demandando; porque estamos pidiendo gratuidad a través de un financiamiento directo a las instituciones, con una reforma tributaria, y no más becas ni más vouchers.

Por esa época, como recuerda Boric, el Gobierno anunció una serie de proyectos de ley que ingresarían al Parlamento. Tras el cambio de Felipe Bulnes por Harald Beyer, quien asumió el 29 de diciembre acompañado de su currículo de experto, el Gobierno optó por enviar proyectos al Congreso; entre los más significativos estuvieron el referido al crédito y el de la Superintendencia de Educación Superior. Este último —que aún permanece en el Parlamento— con un claro objetivo de blanquear el lucro más que de fiscalizar para hacer cumplir la sobrepasada ley.

«Nos topamos por el otro lado con una tremenda ofensiva del Gobierno que partió el año con mucha iniciativa, con cambios de ministros; salió Felipe Bulnes y entró Harald Beyer a fines de diciembre de 2011. Y partió enero con una velocidad notable y apretando fuerte el acelerador.»

«Aparecía cambiando el discurso que había tenido el Gobierno —dice Boric—, que había sido muy torpe, con iniciativas de mayor regulación; Beyer planteó el tema de la superintendencia y eliminar a los bancos del CAE. Pero en el fondo, al final el Estado pasaba a ser un banco y las mismas universidades pasaban a ser un banco; pero claro, lo pintaban como que se eliminaba la mercantilización del crédito, porque ya no estaban los bancos y las empresas privadas metidos, finalmente el Estado terminaba actuando como un privado.»

Los estudiantes estaban preocupados de que esos proyectos lograran aceptación en parte de la Concertación, por eso insistían en que se retiraran del Congreso. El proyecto que sacó a los bancos del negocio y rebajó las tasas al Crédito con Aval del Estado logró finalmente ser aprobado en el año 2012. El de la superintendencia no logró concitar acuerdo.

Destaca Gabriel Boric que en ese contexto se generó «un hito que fue bien interesante: la comisión investigadora del lucro en las universidades», que se había levantado en 2011 y la presidenta era Alejandra Sepúlveda.

LA DIPUTADA SEPÚLVEDA

Alejandra Sepúlveda Órbenes, de 47 años, ha sido uno de los motores en detectar el lucro. La presidenta de la primera comisión investigadora del lucro en la educación superior es médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, con una maestría en desarrollo rural. Es divorciada del ex diputado DC Exequiel Silva, con quien tuvo tres hijos. El mayor, de veintitrés años, está terminando derecho en la Católica de Valparaíso (UCV); el segundo, de veintiuno, «que es muy crítico al sistema», estudia ciencias políticas en la Universidad del Desarrollo, y el menor, de diecinueve, psicología en la UCV.

Alejandra Sepúlveda postula al cuarto período en el Parlamento por el distrito de San Fernando, Chimbarongo, Peumo, Pichidegua, San Vicente y Las Cabras, en la VI Región de O’Higgins. Mantiene su casa en San Fernando, pero pasa tres días en Valparaíso. Se ha acostumbrado a «andar arriba del auto», pero asegura que las tres horas y media entre Valparaíso y San Fernando, «donde está nuestra casa matriz», las hace como si fuera a la esquina. Así llegó, apurada una tarde de abril hasta el ex Congreso, donde nos encontramos.

Su preocupación por la educación superior, que la ha tenido dedicada trabajando en el último período, partió antes de que estallara el conflicto estudiantil, «por las circunstancias que uno vive en el distrito». El caso de San Fernando es bien peculiar, porque es una muestra patente de la debilidad de la educación pública, indica. «Hubo dos sedes de universidades estatales en San Fernando y en Rengo, que fueron financiadas por los gobiernos regionales, pero nunca han tenido resultados; son dos fantasmas, dos elefantes blancos», dice. Una fue la sucursal de la Universidad de Valparaíso y la otra la sede de la UTEM.

«Siempre nos hemos sentido el patio trasero de Santiago y nuestros hijos vienen a estudiar a Santiago o Valparaíso y se quedan y no vuelven. Por eso planteamos que para nosotros es muy importante que existan universidades con especialidad en la región; tenemos un sector minero y, al mismo tiempo, un sector agrícola muy potente. Teníamos la esperanza en estas dos universidades, pero ninguna de las dos funcionó y están físicamente botadas, nadie se interesa en ellas.»

HIJA DE PROFESORES

Alejandra Sepúlveda sentía además que ella tenía un déficit tremendo en sus conocimientos sobre la realidad de la educación superior, y «entré a esta comisión fiscalizadora con el ánimo de escuchar, aprender y de saber qué estaba ocurriendo».

Ya antes había tenido una opinión crítica a la Ley General de Educación (LGE), cuando se reformó la LOCE. «Voté en contra de esa ley, fui de los pocos diputados que votamos en contra», después de haberse ido de la DC.

Según ella, la LGE no establece realmente el derecho a la educación, sino que seguía asumiendo «que esto pertenece a un mercado», como la LOCE. Y además «porque yo nunca voy a creer en la superintendencia». Da sus razones: «Si tú vas a la Superintendencia de Salud, a la de Seguridad Social, a la de Servicios Sanitarios, no logras nada para la ciudadanía, siempre tienes la sensación de que la superintendencia apunta más a defender a las empresas que al usuario, en términos individuales».

Su mirada sobre la educación estuvo marcada además por su experiencia personal. Tal como el rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez, Alejandra Sepúlveda es hija de dos profesores de la Universidad Católica de Valparaíso, hoy jubilados, «pero los dos vienen de la educación pública y gratuita, mis padres nunca tuvieron plata para educarse».

Y ese es un sello imborrable, asegura. El ejemplo de sus padres dejó una huella que mantiene muy presente: «Ellos nunca vieron en la educación la fuente para hacer un negocio, los vi haciendo clases toda la vida, corriendo de un lado para otro para poder solventar la educación de sus hijos».

Alejandra y sus tres hermanos estudiaron en el colegio de los Sagrados Corazones, en Valparaíso. «Mis padres se sacaban la mugre para educarnos a los cuatro; mi padre es del Liceo de Playa Ancha y mi madre del Liceo de Niñas, y nos marcó esto de que no puede haber lucro, porque la educación es el sustento del país en términos de la República.»

LA TRAMA ECONÓMICA

Pero faltaba la chispa que la sacara de su inquietud por los temas de obras públicas y desarrollo agrícola para volcarla hacia la educación. «La chispa que hace que uno se vuelva guerrera y no pasiva, que lleva a empezar a dar la pelea, fue la comisión fiscalizadora y lo ocurrido en la Universidad del Mar. Varios diputados empezaron a ver lo de la Universidad del Mar, y esto sucedía mientras se vivían las protestas en la calle.»

—¿Fue determinante para ti el movimiento estudiantil? —le pregunto.

—Sin duda, de la misma forma en que los «pingüinos» también influyeron. Mira, el Congreso es lento en reaccionar; es reactivo, como te decía, no es proactivo. Entonces, para los «pingüinos», el Congreso reaccionó levantando las manos y buscando un acuerdo político. En esta otra ocasión, frente al lucro ha sido distinto.

—¿Cómo te explicas que muchos que eran parte de la Concertación hicieran poco o nada por evitar el lucro mientras fueron Gobierno?

—En los primeros años hubo alguna preocupación y hubo cierre de universidades por lucro o por malas, según los antecedentes que se han recopilado ahora. Pero hay varias cosas: primero, que el Congreso es reactivo, pero reaccionó porque los «pingüinos» estaban en la calle, pero no estaba la educación superior en la calle… Uno empieza a mirar el tema cuando los chicos salen a la calle.

Además, dice Alejandra Sepúlveda, cuando comenzaron los gobiernos de la Concertación «los personajes estaban ahí con cierto grado de pureza, de altruismo y de mirar al país después de la dictadura; pero más tarde la trama entre lo económico y lo político empezó a cruzarse y dejó de haber ese altruismo y mirar al bien común.

»Y ahí es donde queda la escoba y no solo en educación, sino en varios otros sectores. Al comienzo no estaba ese enlace con lo económico, pero hoy día lo cruza todo».

—Desde el punto de vista ideológico, algunos creían en el mercado en la educación. La figura más conocida en esta línea es José Joaquín Brunner, pero no es el único —afirmo.

—Sí, por eso te decía que lo primero es que no había proactividad en el Congreso, sino que había reacción frente a lo que ocurría, y como que nadie nos llamaba la atención frente a la existencia de lucro, no actuábamos. Lo segundo es la trama económica que se empezó a cruzar con lo político, y lo tercero es que existen doctrinas o formas de ver el desarrollo del país, incluida la educación, donde algunos se compran absolutamente el modelo. Y eso pasa en todo, pero en educación, en verdad, a mí me sorprendió, porque unos académicos incluso han dicho «preferimos una universidad mala pero que nos dé cobertura».

Alejandra Sepúlveda se siente bien con su independencia, que le da «una autonomía importante». Dentro de la comisión trabajó en equipo y han seguido el trabajo en una segunda comisión que surgió en 2013 con los diputados Mario Venegas, de la DC, y Cristina Girardi y Rodrigo González, del PPD. «El resto se desentendió. Los de la derecha no iban sino a pocas sesiones. El único que concurría y aportaba era Romilio Gutiérrez, de la UDI. Los demás nunca tomaron en cuenta la comisión hasta que aparecieron las conclusiones.»

—¿Cómo ha sido la relación de ustedes con los dirigentes estudiantiles?

—Al comienzo fue complicada. Invitamos varias veces a la Confech, encabezada por Camila Vallejo y Giorgio Jackson, pero no quisieron venir. Creo que al comienzo no le tomaron el peso a la comisión y tampoco querían relacionarse con nosotros. Yo se lo reproché a Camila, porque para nosotros era importante conocer lo que pensaban. Eso cambió cuando apareció Boric. Los invitamos y por primera vez vinieron. Nosotros se lo agradecemos y fíjate que fue clave que vinieran.

UN RECORDATORIO PERMANENTE

Gabriel Boric, en ese momento presidente de la FECH, reconoce que los diputados «habían invitado varias veces a los estudiantes, a la federación y a la Confech, y no habían ido. Hasta que fuimos un día de abril, con la presidenta de la Universidad de Valparaíso, Marjorie Cuello, y expuse yo; justo antes de mí expusieron los funcionarios de la Universidad del Mar de la sede de La Serena».

«Cuando hablamos nosotros —continúa Boric— dimos a conocer nuestra visión sobre el lucro en educación, pero más que entregar antecedentes concretos le dijimos a los parlamentarios que estaban en la comisión —que no fueron todos, por supuesto— que la comisión no tenía ningún sentido si el informe final no terminaba con universidades con nombres y apellidos y responsables claros. Fuimos muy insistentes en eso. De lo contrario sería uno de los tantos informes más que iba a descansar en el cajón de algún funcionario y no iba a ser tomado en cuenta, como otras tantas comisiones investigadoras. Fuimos muy categóricos y tengo la impresión, por lo que me dijo Alejandra Sepúlveda después, que fue importante.»

Alejandra Sepúlveda tiene grabada en la memoria esa sesión cuando los estudiantes fueron a dar testimonio a la comisión. Gabriel Boric dijo una frase «súper lapidaria, algo así como que “miren, si ustedes vienen aquí a empatar el tiempo y si vienen a hacer sus conclusiones entre cuatro paredes y un acuerdo, mejor no se aparezcan en ninguna parte”. Fue crudísimo. Los primeros diez minutos fueron puros reproches y con justa razón. Nosotros le dijimos que haríamos la pega que teníamos que hacer».⁶

Piensa un minuto la diputada y reitera: «Esa frase a todos nos quedó grabada: “No empaten, no hagan acuerdos, porque vamos a estar mirando y una vez más nos van a desilusionar”. Después nos siguieron suministrando información y nosotros nos preocupamos de tener un respeto al movimiento de ellos. Nunca nos sacamos una foto juntos. Entendíamos que si nos sacábamos una foto con ellos nos complicaba a nosotros y a ellos. Fue una actitud de respeto siempre de la institucionalidad. Me acuerdo que el día que terminábamos las conclusiones y las tuvimos que votar, mientras redactábamos ellos estuvieron todo el día aquí afuera. Fue un recordatorio permanente y muy bueno».

Gabriel Boric recuerda con detalle ese día: «Veíamos que el informe podía tener relevancia. El documento final se votó en Santiago, en la sede del ex Congreso Nacional, donde se ganó en comisión siete a seis».

Después le tocaría pronunciarse al Pleno de la Cámara de Diputados.

CAPÍTULO IX

Avatares de una comisión

Durante 2012, las visitas al Parlamento de los dirigentes estudiantiles se repitieron. Se empezó a dar una cierta «relación con la institucionalidad», como la llaman ellos a partir de las primeras aproximaciones a comisiones parlamentarias. Pudieron conocer más de cerca también los puntos de vista y posiciones de diferentes miembros del Congreso y detectar diferencias y matices entre ellos.

«Una de las cuestiones que había generado mucha tensión en la Confech había sido la relación con la institucionalidad, cómo abordar el tema parlamentario», cuenta Boric, quien ese año presidía la FECH.

«Había sectores de la Confech que básicamente decían que el solo hecho de ir al Parlamento era transar y que nosotros “entrábamos a la asamblea de la burguesía”, como la llamaban sectores bien ideologizados, lo consideraban una derrota desde ya para el movimiento estudiantil. Señalaban que por la autogestión teníamos que lograr la gratuidad, una cuestión que desde mi punto de vista no tenían ninguna viabilidad práctica.»

Admite que en «un momento tuvimos que tomar decisiones que implicaron enfrentarse a estas posiciones». Fue muy importante para la Confech, dice, «la alianza tácita FEUC-FECH, en el sentido de que había que ir al Parlamento por lo menos a frenar los proyectos de ley para que no avanzaran en la dirección opuesta a la que los estudiantes proponían. Fuimos muchas veces a plantear diferentes cosas y ahí empezó una suerte de peregrinaje permanente al Congreso».

El sucesor de Giorgio Jackson, Noam Titelman, de Nueva Acción Universitaria (NAU), estudiante de ingeniería comercial y letras, era el cuarto presidente de la FEUC de esa línea que en períodos consecutivos se imponía sobre los gremialistas. Diego Vela Grau, el actual presidente de la FEUC, era el coordinador general de la NAU y estaba muy cerca de la federación.

Gabriel Boric explica los alcances de esa alianza: «Fue muy importante, le dio estabilidad y amplitud al movimiento. Había un cuestionamiento permanente, principalmente hacia la Católica, un poco desde el “personalismo” de la Chile, y las otras universidades cuestionaban que figuraba mucho la Chile, lo que es un problema endémico del país; pero además, ante la Católica había una tensión legítima, porque en 2011 estuvimos siete meses en paro en la Chile y en las públicas y en la Católica solo una o dos semanas, y en algunas carreras… Pero fue fundamental que hayamos superado eso y que la Católica haya participado, porque antes las movilizaciones en Santiago en la primera mitad de los 2000 era la Chile, el “Peda”¹ y la Usach… y eso era un circuito de convencidos. Pero ahora con la Católica y las privadas se ha logrado una amplitud que antes no teníamos».

ENCUENTROS CON LOS PARLAMENTARIOS

Gabriel Boric sostiene que ir con ese apoyo estudiantil y con planteamientos al Parlamento era importante «para demostrar lo que decíamos, que 2012 iba ser un año de movilización pero de propuestas. No podíamos quedarnos solamente en la movilización, porque nos íbamos a desgastar y podíamos perder el apoyo de la ciudadanía». Expusieron sus puntos de vista en las comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados, en las de Educación de ambas cámaras, presentaron una propuesta de superintendencia, elaborada desde el Centro de Estudios de la FECH, y una de reforma tributaria, así como planteamientos críticos a la modificación del Crédito con Aval del Estado. «Creíamos que era insuficiente lo que había y no avanzaba en la dirección correcta. Eso implicó un diálogo directo con parlamentarios», dice Boric.

Y, tal como lo anunciaron en abril, no le perdieron los pasos a la comisión investigadora de la educación superior.

El ex presidente de la FECH que hoy postula a la Cámara de Diputados por su natal Punta Arenas, describe así a algunos de los integrantes de esa comisión: «Alejandra Sepúlveda se la jugó como presidenta y particularmente en el tema de la Universidad del Mar desde el comienzo, y siguió con el asunto del lucro participando en la segunda comisión que se creó después. Conocí a algunos de la Concertación muy serios, como Cristina Girardi y Rodrigo González, de Viña, a quien lo veía bien preocupado con el tema. Lo mismo Mario Venegas, DC, de Temuco, quien manifestó un genuino interés y ahora preside la nueva comisión».

Otro parlamentario «muy preparado que me tocó conocer es Carlos Montes», agrega Gabriel Boric. «No estaba en la comisión del lucro, pero está preocupado de estos temas. En la discusión del presupuesto logramos algunas cosas. Se notaba que es un tipo que entiende; tengo la mejor opinión de él, es un aporte en seriedad, consistencia, y defiende valores que a mí me hacen sentido».

Muy diferentes son las apreciaciones de Boric sobre los parlamentarios de la UDI: «Gonzalo Arenas es bien irrespetuoso y recuerdo que se quedó dormido en unas sesiones. Tuvimos unas peleas por Twitter con él». Tampoco aprecia a María José Hoffman, la diputada por San Antonio y demás comunas del litoral central,² presidenta de la Comision de Educación de la Cámara y defensora acérrima de las universidades privadas. «Es muy histérica», lanza Gabriel Boric.

INTERRUPCIONES DE LOS DIPUTADOS

Concurrieron a la comisión investigadora setenta invitados, entre ellos el contralor general de la República, Ramiro Mendoza; el ex director del Servicio de Impuestos Internos Julio Pereira; el ex ministro de Educación Felipe Bulnes, y el de Justicia Teodoro Ribera, además de rectores de universidades tradicionales, dirigentes estudiantiles y trabajadores de la Universidad del Mar, cuyo conflicto empezaba a ser crítico. Los rectores de las universidades privadas no aceptaron la invitación.

Estuve en la comisión en Valparaíso el 18 de enero de 2012. Me invitaron para exponer a partir de mis investigaciones. Presidía en esa oportunidad la sesión el diputado José Miguel Ortiz, porque la presidenta, Alejandra Sepúlveda, estaba con licencia médica.

Era la única invitada esa tarde, en una sesión transmitida por el canal de la Cámara, en la que expuse sobre las principales anomalías que había detectado en este negocio. Repasé algunas de las universidades privadas que llevan ya más de dos décadas en el «mercado» y me detuve en alguno de los grupos económicos que en los últimos años compraron universidades. Señalé cómo y por qué me parecía que ese hecho que se venía manifestando era muestra elocuente de lucro.

Había comentado estos temas en entrevistas en radio o televisión, en foros y conferencias, sobre todo después del estallido del movimiento estudiantil. Pero era distinto estar ante ese grupo de parlamentarios encargados de indagar sobre el discutido lucro en la educación superior. Observaba los rostros de mis interlocutores. Atentos los más, quizá algo incómodos algunos, cuando mencioné situaciones con nombres y apellidos de la Universidad del Desarrollo, de la Santo Tomás, de la San Sebastián, de las del grupo Laureate.

El diputado de la UDI por Antofagasta, Manuel Rojas,³ algo nervioso cuando nombré a los dueños de la Universidad del Desarrollo, que tiene inmobiliarias a través de las cuales obtiene ganancias, y que tiene una cercanía ideológica con la UDI, exclamó: «¿Y el Arcis?».

Expliqué ante la comisión que esa universidad vinculada a la izquierda efectivamente podía considerarse «ideológica», pero era mucho más pequeña.

«¿Y La República?», volvió a interrumpir Rojas. «La República está prácticamente desaparecida», le respondí, porque ese establecimiento venía saliendo recién de una virtual quiebra.

Aludí al carácter ideológico de otras universidades vinculadas a grupos religiosos, como la Universidad de Los Andes, del Opus Dei, o la Alberto Hurtado, de la Compañía de Jesús, cuyo afán no es ganar dinero a través de las universidades. Y continué con las apreciaciones sobre lucro y la relación con los dueños de algunas de las principales privadas que lucran aunque la ley lo prohíba.

Entre otras que han tenido ganancias mencioné a la Universidad Autónoma, de propiedad del entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera y su familia. En esa ocasión, el diputado RN Germán Becker, de Temuco —la ciudad de la Araucanía donde nació la Autónoma—, fue quien tomó la palabra para defender la labor del establecimiento de la familia del ex ministro, militante de Renovación Nacional: «En verdad, creo que todas las universidades han obtenido utilidades», reconoció el diputado Becker, quien agregó: «Lo que pasa es que muchas de ellas han sacado las utilidades del balance a través de estas empresas relacionadas, y justamente la Autónoma no ha hecho eso, sino que ha actuado sin fines de lucro, porque ha dejado los recursos que ha ganado, las utilidades, dentro de la universidad. Por lo tanto, lo que hace es reinvertir dentro de la universidad, y así ha seguido creciendo, pero no ha sacado los recursos con esta triquiñuela de muchos arriendos», indicó.

«La mayor parte de las propiedades de la Universidad Autónoma —continuó Becker— son de la universidad, porque los recursos han quedado y han ido construyendo […] El hecho de que una universidad presente en su balance un mejor estado de resultado indica que ha sacado menos plata para afuera. Creo que es mucho más transparente ese sistema.»

Tras las palabras del diputado Becker agregué ante la comisión que en el libro El negocio de las universidades le dediqué un capítulo a la Autónoma, donde cuento la historia de cómo los Ribera se hicieron de la propiedad de esa universidad creada como regional por un amplio número de personas. En ese libro aparece el relato, dije, de algunos antiguos socios que «poco a poco se fueron transformando como en socios de segunda de una sociedad anónima, según el testimonio de ellos. Y la familia Ribera y unas pocas personas más se quedaron con la universidad».

Fue una sesión larga y una experiencia interesante. Me sentí cómoda en esa mesa apoyada con un computador y un PowerPoint en el que llevé la base de la presentación, dando cuenta de mis investigaciones y exponiendo puntos de vista críticos sin eufemismos.

No obstante, pensé que sería una comisión más. No me imaginé que el informe iba a tener el contenido que cinco meses después leí, ni la repercusión que tuvo.

CUESTIONAMIENTO AL MODELO

El 18 de junio de 2012, la comisión investigadora del lucro en la educación superior dio por finalizada su tarea. Esa noche, los siete diputados opositores, encabezados por Alejandra Sepúlveda, terminaron de revisar las conclusiones del informe que cuestionan todo lo instalado en Chile desde 1981, cuando se echó a andar el sistema, al amparo de la dictadura.

Los abogados de la Cámara de Diputados asignados a la comisión y un grupo de profesionales de la biblioteca del Congreso contribuyeron a la sistematización del material recogido. En más de cuatrocientas páginas los parlamentarios dieron cuenta de las intervenciones de los invitados y de sus propias conclusiones y propuestas.

El informe fue aprobado en la comisión por siete votos a favor. Junto a la presidenta, Alejandra Sepúlveda, suscribieron sus contenidos los diputados del PPD Cristina Girardi Lavín y Rodrigo González Torres; los DC Mario Venegas Cárdenas y José Miguel Ortiz Novoa; Marcelo Schilling Rodríguez, del PS, y Alberto Robles Pantoja, del PR. Los seis integrantes de la comisión de la UDI y RN no fueron a votar.

En el Gobierno y la derecha el malestar era profundo. Aunque muchas de las cosas que señala el documento eran conocidas, que una instancia de la Cámara de Diputados efectuara una crítica global al problema le daba otro cariz. La publicación de los nombres de algunas de las principales universidades sobre las que recayeron las «sospechas de lucro» aumentó el enojo.

Los dirigentes estudiantiles presentes en el Parlamento supieron esa noche que las conclusiones eran contundentes. Reclamaron en los días siguientes —vía Twitter— al presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Mönckeberg, que diera a conocer el texto completo que estaba en sus manos.

El veredicto de la comisión parte situando su crítica en el marco histórico: «El actual sistema de educación superior data de los años ochenta, cuando el régimen militar cambió el modelo institucional de educación superior hacia un modelo donde se privilegia la libertad de enseñanza, entendida esta como la libertad para realizar emprendimientos educativos, aunque no desde el punto de vista comercial, ya que los define sin fines de lucro».

A continuación admite: «El advenimiento de la democracia no significó poner en cuestión los principios del modelo ni modificarlo sustancialmente. Este se administró, perfeccionó y se consolidó con la expansión de instituciones, sedes, carreras y cobertura».

El informe señala los principales hitos de este proceso que llevó a la instalación del modelo prevaleciente hasta hoy. Recuerda el DFL n.º 1 de enero de 1981 que permitió la existencia de universidades privadas que debían «constituirse como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro».⁴

Al mismo tiempo «se autorizó y facilitó el funcionamiento formal de instituciones con estatus de educación superior, pero no universitarias. Para ello se establecieron normas de bajas exigencias para crear institutos profesionales y centros de formación técnica.⁵ Este sector no universitario podía operar con o sin fines de lucro».

El documento indica a continuación que «para facilitar la competencia», las universidades estatales «fueron desarticuladas, quedando sujetas a las normas que afectan a los organismos del Estado y a la fiscalización de la Contraloría General de la República».

«A su turno, las políticas de la Concertación —anota el informe— tuvieron como principal motivación la ampliación de la cobertura, en particular de los estudiantes que provenían de familias de bajos ingresos socioeconómicos.» Y encara uno de los problemas serios de la política educacional de los gobiernos de la Concertación: «Se buscó facilitar el acceso de los sectores más postergados a la educación superior; sin embargo, no se aseguraron los elementos indispensables para que este acceso fuera exitoso». Subraya que una de las características de la política aplicada en los últimos años ha sido «ampliar el eje de subsidio a la demanda».

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

En síntesis, dice el documento, «el Estado creó todo un conjunto de normas que permitió, incentivó y fortaleció un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado». En lo medular, indica, este «se expresa en requisitos mínimos de constitución, más bien formales, sin regulación respecto a la calidad de estas instituciones» ni a «la oferta de carreras profesionales o técnicas; sin fiscalización, sin un procedimiento técnicamente aceptable y transparente de determinación de los aranceles cobrados». Tampoco, anota, hubo preocupación por determinar «si estos reportaban lucro para las instituciones».

Los parlamentarios apuntan: «El Estado tampoco hizo uso de sus facultades fiscalizadoras». Y dirigen una fuerte crítica hacia el Mineduc: «Según lo informado por el Ministerio de Educación, la División de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación, no se ha realizado en treinta años de lo que lleva de existencia el sistema de educación superior privado alguna fiscalización, auditoría o simple revisión, en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones privadas que han lucrado con ventas millonarias…».

«De esta forma, en los años recientes se han hecho evidentes las consecuencias del modelo y su implementación», afirman. Las sintetizan así: «Se ha producido, por una parte, una formidable expansión y virtual universalización de la cobertura de la educación superior y, por otra, una “gran industria”, casi totalmente desregulada, con un volumen de negocios al año 2009 del orden de 2,4 por ciento del PIB […] y un número creciente de jóvenes y familias endeudados, con títulos universitarios —cuando logran terminar— de muy bajo valor en el mercado laboral».

Esto, según los parlamentarios, «no compensa el esfuerzo realizado, hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de frustración, impotencia y rabia».

Tras ese diagnóstico, los diputados manifiestan: «Esto nos lleva a concluir que el Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, privilegiando el derecho a la libertad de enseñanza, entendido como la libertad de entrada a la oferta educativa por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación».

El documento define el alcance que dieron los diputados al lucro: «Entenderemos por lucro aquel retiro de excedentes en beneficio de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente por alguna de las vías, u otras no identificadas aún, que más adelante se mencionan».

Citan las palabras del ex ministro de Educación y actual embajador en Estados Unidos, el abogado Felipe Bulnes Serrano, quien en la sesión del 12 de octubre de 2011 señaló ante la comisión: «Esa ley tiene treinta años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente alguna de las universidades no la esté burlando. Incluso, es público y notorio, algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica, que las universidades representan un buen negocio, en el sentido que, así lo entendí yo, era una buen fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe».

Afirma la comisión investigadora: «No solo existe lucro en la educación superior, sino que, además, no funciona todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, en especial el referido al cabal cumplimiento del requisito establecido en la ley sobre del lucro».

VACÍOS SIN LLENAR

Señala también el informe que «esta comisión investigadora, una vez analizados los antecedentes y escuchado los planteamientos del contralor general de la República, el ministro de Justicia, así como de expertos en la materia, se formó la convicción que conforme a la ley y normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile». Acusa al Mineduc por no haber ejercido esa responsabilidad, «quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas».

Al revisar las declaraciones de las autoridades aludidas queda en evidencia un vacío que nadie llena o no quiere llenar. Tal como señalan los parlamentarios en su informe, ni el contralor ni el ministro de Justicia ni el Servicio de Impuestos Internos se hacían cargo de que tenían que supervisar lo que ocurría en las universidades privadas, aunque tuvieran franquicias tributarias y fondos públicos involucrados.

En otro párrafo, el documento alude a la inequidad que afrontan los establecimientos estatales: «Las universidades públicas deben competir en condiciones muy diferentes con las universidades privadas, tanto a nivel del control que se ejerce sobre estas como en la gestión y estructura de funcionamiento […]. Las universidades públicas realizan docencia, investigación y extensión, mientras que las privadas no necesariamente; el cuerpo académico se rige por estándares de exigencia bastante altos y con niveles de dedicación también altos, cuestión que no sucede en el ámbito privado, donde tienen funciones docentes por horas y sin dedicación exclusiva».

Y agrega una situación que empezó a darse bajo el Gobierno de Sebastián Piñera: «A partir del Presupuesto de la Nación 2012 se abre al acceso de las universidades privadas a un conjunto de recursos que antes no estaban disponibles para ellas. Hoy existe una casi total competencia». Bajo el argumento de que «todas son iguales», esta ha sido una de las banderas que han levantado desde las universidades privadas.

SUELDOS, INMOBILIARIAS Y FACTORING

La comisión parlamentaria tipificó una lista de formas de lucrar a partir de la investigación realizada y de los testimonios recibidos.

Señala entre estos: «Altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, pero sin que exista límite legal aceptado tributariamente como gasto para este desembolso». Indica que «solo en el caso de las universidades se pueden pagar sueldos más altos que en las demás empresas a personas relacionadas sin sufrir consecuencias tributarias negativas».

Otra fórmula que se ha observado es la externalización de servicios: «Por este medio, las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, sí pueden pagarse a las empresas relacionadas (sociedades espejo), desde donde pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios».

Recuerda que las universidades están exentas del impuesto a la renta de primera categoría, y «no tienen razones tributarias para adquirir activos fijos relevantes que luego pueden depreciar; por lo tanto, los propietarios de las universidades pueden verse incentivados a adquirir el activo fijo mediante empresas distintas que sí pueden aprovechar la depreciación y a la vez ser arrendados a la universidad». Esto es lo que ha sucedido con las inmobiliarias que instalaron los mismos dueños de las universidades como entidades aparte.

Agrega el documento: «Las empresas señaladas, al igual que cualquier empresa, pueden asignar altos sueldos a su propietario o ejecutivos relevantes, pero en este caso se financiarían sus pagos con los recursos emanados de la universidad». Además, el directorio de la universidad o empresa señalada puede «incorporar familiares con el objeto de repartir un mismo ingreso eventualmente alto entre distintos contribuyentes relacionados por parentesco, disminuyendo la base imponible sujeta a tributo».

Mencionan los parlamentarios también el mercado de factoring. Ya no se trata solo de las «carteras de alumnos», como se conocieron hace unos años con estupor cuando el grupo Sylvan, hoy Laureate International, compró Las Américas. En el último tiempo, los dueños de universidades han dado un paso más y transan los «papeles» que representan los créditos y pagarés de los alumnos. La universidad, «igual que cualquier empresa, puede vender su cartera de deudores incobrables a una empresa de factoring, los que podrían estar relacionados a los fundadores de la universidad», explica el informe. «Por este medio se logra radicar la cobrabilidad de la universidad, donde no tributa, y la incobrabilidad en la empresa de factoring, donde se puede descontar como gasto necesario para producir la renta.»

En la lista de fórmulas para lucrar, la comisión incluye la compra y venta de universidades bajo el control de grupos económicos chilenos y extranjeros; el incremento de los ingresos o excedentes de las corporaciones universitarias, mediante el aumento indiscriminado de la matrícula; el alza de los aranceles; la minimización de los costos de operación sacrificando calidad en la actividad académica; el manejo financiero de dineros provenientes de fondos públicos, así como las donaciones de empresas relacionadas con los creadores u organizadores de las corporaciones y de las sociedades espejo.

SOSPECHA CON NOMBRES

Tras efectuar el diagnóstico, la comisión acordó entregar los antecedentes a diferentes instancias del Estado para que prosigan las investigaciones. Por eso presentaron al Ministerio Público «todos los antecedentes de las instituciones de educación superior privada respecto a las cuales esta comisión ha llegado a la convicción de la existencia de la persecución del lucro dentro de sus fines corporativos, en especial el uso e inversión de los recursos públicos percibidos, cualquiera sea su fuente». Igual decisión tomaron respecto a la Contraloría General de la República, «para hacer efectiva la acción fiscalizadora respecto a la utilización de los recursos públicos entregados a las instituciones de educación superior».

Acordaron dirigirse al Consejo de Defensa del Estado, al que entregaron los documentos «sobre las universidades respecto de las cuales esta comisión tiene antecedentes suficientes que constituyen lucro para que determine si ha existido detrimento al patrimonio fiscal, y ejerza las acciones legales que correspondan». Solicitarían también al Consejo de Defensa del Estado investigar «la constitución de las inmobiliarias asociadas a los controladores o dueños de las instituciones de educación superior».

Al Ministerio de Educación le exigen que «ejerza, sin dilación alguna, sus facultades fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa, a lo menos en las siguientes instituciones: Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP, Universidad Andrés Bello, todas de propiedad del consorcio internacional Laureate, universidades del Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás y Del Desarrollo». En otro párrafo aparecía también la Uniacc, que había sido comprada el año 2008 por el grupo estadounidense Apollo. Son los mismos nombres que entregaron a la Fiscalía Nacional para investigación judicial.

REFORMAS LEGALES Y SANCIONES

Las proposiciones legislativas abarcan diferentes puntos críticos y contundentes. El informe parte por plantear el cambio al «sistema de funcionamiento de la educación superior, sobre la base de introducir una reforma constitucional que asegure el derecho a la educación, en el sentido que es deber del Estado garantizar el acceso a todas las personas a una educación de calidad, en todos los niveles educativos».⁶

A la vez, plantea la «creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, basado en una adecuada y equitativa distribución de los recursos del Estado». Para esto, indica, deberán realizarse las siguientes modificaciones a la ley: «El Estado debe financiar en su totalidad los requerimientos de la educación superior pública. Una vez financiado el sistema público de educación superior en su totalidad, el Estado podrá concurrir con aportes a instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro y que cumplan con los estándares de calidad definidos por el Estado».

Con las primeras luces del escándalo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a la vista, el informe propone el término del sistema de acreditación actual. Y tras su derogación, señala que el Estado deberá «definir los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a cargo de las universidades públicas o privadas tradicionales de mayor prestigio, pasando a ser esta obligatoria, con pruebas nacionales para todas las carreras. Acreditación por proceso y por resultado, por un mínimo de seis años».

Los parlamentarios concluyeron que la prohibición al lucro debía ir más allá de las universidades y plantean legislar para que todas las instituciones de educación superior, incluyendo los centros de formación técnica e institutos profesionales, sean sin fines de lucro. «No hay ningún argumento para que los centros de formación técnica y los IP sean con fines de lucro y no las universidades», afirman.

Y para hacer efectivo el mandato legal proponen establecer sanciones que hagan efectiva la prohibición de lucrar. «Para ello es necesario introducir en el artículo n.º 30 de la LOCE un inciso segundo, que establezca la sanción o sanciones ante la contravención a la prohibición del lucro». Incluso recomiendan que contemple «la devolución íntegra de los recursos al afectado por el engaño, y respecto de los recursos públicos se sugiere como sanción la figura del fraude al fisco».

«También proponemos —señalan los diputados— sanciones civiles, tales como su declaratoria de inhabilidad para ser socio, ya sea como persona natural o formando parte de una corporación de educación superior. Lo anterior porque el lucro en la educación constituiría una especie de defraudación al estudiante, al fisco y la sociedad, y la persona que incurra en esta conducta no puede seguir siendo prestador de un bien social, que es la educación, porque causa un daño o perjuicio irreparable a la sociedad.»

Asimismo, los diputados se muestran partidarios de «prohibir y sancionar la constitución, mantención y operación con sociedades espejo relacionadas, como por ejemplo inmobiliarias, prestadoras de servicios, empresas de personal, entre otras».

Proponen «que todas las instituciones de educación superior privada que reciban recursos públicos, cualquiera sea su origen, queden obligadas a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, y queden sometidas a su fiscalización respecto al uso e inversión de esos recursos». Y que las instituciones reconocidas por el Estado tengan que «transparentar toda la información respecto de todos sus ingresos y todos sus gastos, con los mismos criterios que la ley de transparencia aplica al sector público».

Finalmente, el informe llamó a «suspender toda tramitación legislativa relacionada con la educación superior (reforma tributaria, CAE, la superintendencia, etc.), sin antes abordar de forma integral las conclusiones y propuestas realizadas por esta comisión».

DESCALIFICACIÓN DE BEYER

El 20 de junio, antes de que el informe completo se hiciera público, las diputadas Alejandra Sepúlveda y Cristina Girardi, junto a sus colegas Mario Venegas y Rodrigo González, llevaron al fiscal nacional Sabas Chahuán los antecedentes para que fueran investigados. Lo mismo hicieron con las otras instancias señaladas en el documento. El ministro de Educación, Harald Beyer, se excusó y no los recibió.

El diputado DC por Temuco Mario Venegas, en entrevista en CNN,⁷ reiteró la gravedad de la situación que involucra «un negocio de miles de millones de dólares» y dijo que había llegado a la convicción de que el sistema de educación superior «está haciendo agua por todos lados». Recordó que en dictadura se había buscado eliminar lo público para «montar este gran negocio privado» a expensas de todos los chilenos. A su juicio, lo que hizo la comisión fue «echarles a perder el asado».

El enojo del Gobierno y de los políticos de derecha no se hizo esperar. El ministro Beyer fue uno de los primeros en emprender la descalificación. Trató de cuestionar la calidad del documento cuyo texto se había filtrado antes de la edición final. Desde ese instante, parlamentarios y voceros del oficialismo siguieron esa línea.

«Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias», señaló Beyer de inmediato. «Como autoridad tenemos que actuar sobre la base de denuncias serias y no sobre afirmaciones que muchas veces no tienen mucho sustento», agregó.

El ministro alegó que el trabajo era insuficiente «porque recoge información que ya era pública y que todos conocíamos», y apuntó a que el tema es cómo demostrar que se infringió la ley. «Si es efectivo, tengo que cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de las instituciones. Eso es lo que obliga a ser muy prudente en esto, porque en las instituciones mencionadas hay ciento treinta mil estudiantes, o sea más del 10 por ciento de la matrícula de educación superior en Chile», señaló en entrevista de La Tercera el 23 de junio.⁸

—¿Qué se hará con las llamadas sociedades espejo? El ministro Joaquín Lavín ganó dinero al vender su participación en la inmobiliaria propietaria de los inmuebles de la UDD —le preguntó la periodista Cony Stipicic.

—Yo quiero rebatir eso: de la existencia de transacciones entre empresas relacionadas no se desprende necesariamente que haya una infracción a la ley —respondió el ex ministro Beyer.

—Pero está la sospecha —le replicó la periodista.

—Bueno, pero lo que corresponde a un Gobierno serio es demostrarlo y, si se hace, revocar el reconocimiento oficial. Estamos disponibles para hacerlo, pero primero se tiene que comprobar. Ahora, el proyecto de la superintendencia se ocupa de este tema. Primero permite —como ocurre hoy día— que haya transacciones entre empresas relacionadas, pero obliga a fiscalizar y ver si efectivamente se hace a precios de mercado. Si lo son, no hay lucro. Al mismo tiempo establece que la junta directiva debe tener directores independientes. Y se les aplican las mismas reglas de las sociedades anónimas: tienen que velar porque estas acciones sean correctas y que las instituciones cumplan con sus estatutos. Si no, pueden ser afectados en su patrimonio. Es una regulación bien fuerte y, además, la superintendencia va a tener mucha más capacidad para «meterse adentro» de la institución y velar por las transacciones precisas —argumentó.

MALESTAR EN LAS PRIVADAS

A partir del 22 de junio, cuando se conoció el informe completo de la comisión, más voces se lanzaban contra el trabajo aprobado por los siete diputados de la comisión investigadora.

Rubén Covarrubias, el rector de la Universidad Mayor, uno de los voceros habituales de la defensa de las privadas, declaró a través de radio Bío-Bío,⁹ a la salida de una reunión que había tenido con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch): «No quiero estar prejuiciado, pero creo que hay un sesgo político que es complejo, me gustaría un análisis más técnico, creo que el sistema universitario privado chileno le ha traído muchos beneficios a la sociedad chilena».

En la mima oportunidad, el sacerdote jesuita Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, quien desde hace años se ha caracterizado por sus críticas hacia el Cruch, invitó a avanzar en un sistema único con reglas iguales para todos y manifestó su malestar ante el informe de la comisión. Pidió «jugar limpio y que haya claridad, yo creo que hay varias universidades que tienen empresas lucrativas y son de las universidades tradicionales», fue su reacción.

De acuerdo al diputado Gonzalo Arenas, de la UDI, «las conclusiones de dicha comisión no constituyen en ningún momento una investigación seria. Si uno revisa los antecedentes, se trata simplemente de copias de un reportaje de Ciper, de junio de 2011, y del libro de María Olivia Mönckeberg El negocio de las universidades en Chile. Es decir, este es un informe a lo senador Navarro, con puros copy-paste».

En general, el parlamentario describió que en el documento «no hay ninguna verdadera investigación, no contiene antecedentes de ninguna denuncia formal donde puedan sostener las acusaciones que el informe hace, no se invitó a la mayoría de los representantes de las universidades privadas y se hacen afirmaciones tendenciosas y falsas».¹⁰

CARDEMIL Y WARD EN LA DEFENSA

El momento de la votación llegó el 19 de julio en la sede del Congreso en Valparaíso. Las bancadas de Renovación Nacional y la UDI fueron ordenadas como en un operativo de guerra. Era mucho lo que estaba en juego. Los respectivos jefes, los diputados Alberto Cardemil, el último subsecretario del Interior de Pinochet, y el UDI Felipe Ward, fueron los comandantes de la organización orientada a frenar cualquier intento de fiscalizar y cambiar el estado de cosas. Su estrategia incluyó la elaboración de un documento ordenador de tres carillas de largo firmado por ambos que se le repartió a los parlamentarios y posteriormente a los medios de comunicación. Fue la base de la defensa verbal que hicieron en esa oportunidad para alinear a sus filas.

Bajo el título de «Razones de las bancadas de diputados de RN y UDI para rechazar el informe de la comisión investigadora de educación superior», detallan tres acápites en los que afirman: «El informe contiene vicios de ilegalidad, irregularidades de la investigación y sesgo ideológico en el cumplimiento del mandato».

Según Cardemil y Ward, el informe no sería constitucional, porque «las comisiones investigadoras carecen de facultades jurisdiccionales que puedan ser aplicadas a particulares». Para fundamentarlo se apoyan en una columna de opinión del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas, el profesor DC Patricio Zapata.

Gran sorpresa tuve al saber por colegas que me llamaron para comentar el hecho que —según lo escrito por Cardemil y Ward— mi exposición en la comisión fue presentada como base del rechazo de los diputados de derecha. Entre las «razones» que dieron para votar en contra indicaron las «irregularidades de la investigación». Y señalan como punto crítico: «Las conclusiones del informe se basan en la exposición a la comisión de la periodista María Olivia Mönckeberg. Tal cual como lo señala el informe, la señora Mönckeberg participó como representante del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; es decir, el informe funda sus principales denuncias a partir de información entregada por alguien que representa a una institución que forma parte del proceso investigativo, dado que el mandato de la comisión también incluía investigar la situación y funcionamiento de las universidades estatales».

El asunto me pareció absurdo y hasta lo encontré chistoso. Más aún cuando mis dos libros sobre universidades son anteriores a 2010, cuando me eligieron directora del ICEI. No había ahí ninguna réplica al fondo del problema que manifesté en la comisión. Ninguna rectificación a los datos ni antecedentes entregados. Y aunque no fuera así, pensé, ¿estaría imposibilitada una periodista que es profesora de la Universidad de Chile a compartir los resultados de sus investigaciones sobre universidades privadas con una instancia del Parlamento? ¿Es que Cardemil y Ward siguen creyendo en la censura para tapar la realidad?

Señalan los jefes de las bancadas de derecha en el mismo texto, como muestra del «evidente sesgo y falta de objetividad» del informe, que no se invitó a José Joaquín Brunner, Gregory Elacqua «o incluso Harald Beyer, que no fue considerado ni como coordinador académico del CEP, cargo que ostentaba al momento de constituirse la comisión, ni como ministro de Educación».

En cambio, critican que la comisión invitara a Manuel Riesco, el economista vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda). Sobre él dicen que «básicamente generalizó críticas sobre el sistema de educación superior, sin aportar mayores antecedentes formales o citas bibliográficas que respaldaran sus aseveraciones. También sostuvo ante la comisión que “muchas universidades son un mecanismo de sostén de cuadros políticos de diferentes partidos”. Dicha información es consistente con su experiencia, dado que él mismo es un reconocido simpatizante del PC y forma parte de la Universidad Arcis (acreditada por dos años)».

CUANDO DOS MÁS DOS NO SON CUATRO

Aunque algunos diputados tenían intereses cruzados con ciertas universidades, ninguno de ellos se inhabilitó. Ernesto Silva Méndez, por ejemplo, hijo de Ernesto Silva Bafalluy, era ya en ese momento —y lo sigue siendo— miembro del consejo directivo de la Universidad del Desarrollo, y como heredero es en parte dueño de la universidad y sus sociedades relacionadas. Con esa entidad también está vinculado el cientista político Gonzalo Müller, casado con la diputada María José Hoffman, quien es el director de la carrera de ciencias políticas y académico de la Escuela de Gobierno de esa universidad, que está en la lista de cuestionadas. Pero ese tipo de relaciones no se consideraron.

Reunida la Cámara de Diputados en Pleno ese 19 de julio se acercaba el momento de la votación. «Había mucha tensión», recuerda Gabriel Boric. «Estábamos en las tribunas del Congreso con muchos estudiantes esperando la votación y en un momento uno de los diputados de abajo me dice “parece que estamos”. Las que articularon a la Concertación en esa votación fueron Alejandra Sepúlveda, que si bien no era de la Concertación seguía teniendo contactos, y Carolina Goic, que todavía no se enfermaba. Ella jugó un rol importante con la DC. Teníamos mucho miedo que en la DC se descuadraran. Y, por supuesto, había mucho temor por René Alinco. Había una incertidumbre hasta el último minuto.»

Cuenta Gabriel Boric que «a través de redes sociales y conferencias de prensa habíamos logrado “mediatizar” el tema. Fuimos al Congreso ese día y era muy importante para nosotros que un órgano del Estado reconociera que había lucro en la educación superior, con nombre y apellido, y el informe ya lo reconocía y nosotros nos agarramos de eso. Nos preocupamos mucho de hablar con diputados. Pero pasó una cuestión que para nosotros fue insólita».

Fue una sesión acalorada, de más de dos horas, con incidentes en las tribunas. El resultado: 46 votos a favor del informe y 45 en contra. Se abstuvo el diputado Gaspar Rivas, en ese entonces de RN, que después renunció a su partido, pero no estuvo presente en el minuto en que se contaron los votos. Pese a que desde las bancadas de la Concertación reclamaron que el proceso estaba viciado y pedían una segunda votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Nicolás Mönckeberg, la validó.

Así lo vio Gabriel Boric: «Se provocó confusión con la abstención de Gaspar Rivas. Cuando Gaspar se abstuvo se armó una trifulca en el Congreso, porque no quedó claro si alguien le apretó el botón, porque cuando se realizó el conteo él no estaba presente», relata Boric, quien con otros estudiantes observaba desde las tribunas. «Se produjo todo un show y terminaron validando la abstención de Rivas y esta se sumó a la minoría. Y cuando hay empate gana el rechazo», explica.

Costaba entender que con más votos se perdía. Algo así como concluir que dos más dos no son cuatro.

La presidenta de la comisión, Alejandra Sepúlveda, cuando recuerda ese episodio confiesa que «al comienzo me provocó una rabia tremenda. Podríamos haber ganado la votación. Uno sabe que la UDI y RN van a votar como van a votar, pero del otro lado, donde se supone que la educación es parte de la matriz ideológica, que no voten a favor o no estén en la sala no es esperable».

Como indica la diputada Sepúlveda, hubo diputados de partidos de la Concertación que no estuvieron presentes a la hora de votar. La mayoría de los ausentes se había acogido a la modalidad de «pareo». Esto es una instancia dentro del Parlamento que se utiliza ante casos de enfermedad, viaje o alguna imposibilidad de asistir a una votación y se comprometen con otro parlamentario que se supone que votaría en la posición adversa a la que lo haría el pareado.

Pero en situaciones tan delicadas y cruciales, hasta el «pareo» es blanco de crítica. «Nosotros perdimos porque no estaban los votos en la sala y porque algunos se vendieron al sistema nomás. Entonces sentí frustración», reitera Alejandra Sepúlveda.

Dos casos «no pareados» suscitaron especial crítica de sus colegas. Uno de ellos es René Alinco, quien no concurrió a votar simplemente. El otro es del diputado DC Jorge Sabag, quien explicó que se inhabilitó «porque estudié en la Universidad del Desarrollo», uno de los planteles que aparece mencionado en el informe. «Hay incompatibilidad porque yo pagué aranceles cinco años en la Universidad del Desarrollo y estos antecedentes se llevaron a la fiscalía, van a llegar a los tribunales y el día de mañana pueden terminar en indemnizaciones a todos los estudiantes; por lo tanto, yo soy parte interesada, por eso no quise influir en la votación», dijo Sabag a radio Cooperativa. Sus palabras causaron airadas críticas entre colegas de su propia coalición. No parecía razón convincente, menos cuando un informe de esa naturaleza se perdía por un voto.

DESPUÉS DEL RECHAZO

Recuerda Gabriel Boric que «ese día fuimos juntos con “Pancho” Figueroa al Congreso y de vuelta veníamos leyendo en el auto “Balance patriótico”, de Vicente Huidobro,¹¹ donde el poeta dice algo así como que “este país si no diera pena daría risa o qué injusto tener todos los déficit de la decadencia sin haber tenido nunca la gloria”».

«Me acuerdo que los estudiantes estábamos muy sorprendidos y decepcionados porque habíamos puesto mucho de nuestro capital en haber ido al Congreso y que, no obstante, se rechazara algo tan evidente para todo el mundo como el informe del lucro», comenta Gabriel Boric.

«Se habían hecho las primeras denuncias y era evidente que lo de la Universidad del Mar no daba para más; Zúñiga, el rector, ya había quedado en evidencia, había ido a Tolerancia cero, donde había dicho explícitamente que lucraban», agrega.

El ex presidente de la FECH describe los sentimientos de ese día: «A nosotros nos pareció que el Parlamento no tenía nada que ver con los intereses de la sociedad en ese momento y fue tremendamente decepcionante. Nos generó una impotencia muy grande el sentir que nuestra apuesta por la institucionalidad, para poder tener allí una respuesta, independiente de que nosotros siguiéramos con la movilización, terminaba en esa votación».

Indica que «fue un golpe duro dentro de la Confech y nos dijeron el clásico “te lo dije”, y ahí hubo una disputa por la conducción también dentro de la misma Confech». Explica Gabriel Boric que la confederación tiene cerca de treinta federaciones de universidades —desde 2011 con varias privadas— y una mesa ejecutiva que consta de nueve miembros. Los directivos son representantes de zonales: Norte, V Región, Metropolitana y Sur. Y en la Metropolitana siempre están la Chile y la Católica.

En el otro lado de la cancha, María José Hoffman se veía contenta. A través de diferentes declaraciones de prensa y redes sociales había manifestado antes su malestar por el informe de la comisión. Aseguró ese día, después del resultado, que «esta cacería de brujas irresponsable, poco seria y desprolija que ha hecho la comisión investigadora, que se ha rechazado, demuestra que hay una obsesión por destruir el sistema de educación privada». Y subrayó en una entrevista en radio Agricultura, que «hubo una maquinación de la izquierda para tratar de afectar al sistema».¹²

El voto del diputado Alinco o el de Jorge Sabag, el ex alumno de la Universidad del Desarrollo donde trabaja Müller, el marido de la diputada Hoffman, parecían haber salvado a las universidades privadas del juicio parlamentario. La diputada, que es una de los cinco vicepresidentes de la UDI, podía estar tranquila al menos por un tiempo.

Camila Vallejo, en ese momento vicepresidenta de la FECH, estaba indignada: «En la Alianza hay una defensa acérrima del lucro, parecen sus guardianes y así actuaron justamente el día de ayer, con prácticas un tanto mafiosas, haciendo presión incluso a un mismo diputado de su Alianza que iba a votar a favor del informe, pero a quien hicieron abstenerse», dijo Vallejo en entrevista con radio ADN al día siguiente.

Cuatro días después de la votación, el 23 de julio, el diputado Gaspar Rivas renunció a RN por las presiones recibidas por la Alianza. En declaraciones a la prensa manifestó que estas habían sido «majaderas» y eso explicó su abstención y retiro de la sala.

Pero Camila Vallejo, hoy candidata a diputada por La Florida, anunció en esa oportunidad que el rechazo del informe «no va a mermar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad y nuestra iniciativa para hacer avanzar a través de diputados, a través del Congreso, a través de las herramientas que sean necesarias en esta materia, porque todavía queda mucho por hacer».¹³

La diputada Cristina Girardi concordó con expresiones de los estudiantes que calificaron como «una vergüenza que diputados de la Alianza, que estaban de acuerdo en que en las universidades hay lucro, hayan votado en contra. También es una vergüenza que diputados de nuestras bancadas no hayan venido a votar».

Y en la misma línea que los dirigentes estudiantiles, Cristina Girardi señaló: «Esto no va a terminar acá, porque vamos a seguir yendo hasta el final con lo que tenga que ver con demandas, con denuncias ante el fiscal Chahuán, porque esperamos que se sancione el lucro».

El diputado Rodrigo González, otro de los integrantes de la comisión, comentó: «Hay una UDI que ampara el lucro y hay un ministro que protege a las universidades privadas en su violación a las normas legales, y hay complicidad de la derecha con una situación que está ocurriendo desde hace treinta años».

Adelantó que ante la situación creada había varios caminos por seguir. Entre ellos, la acusación constitucional contra el ministro de Educación y la formación de una nueva comisión investigadora. Era el anticipo de lo que vendría después.

El ánimo de la diputada Sepúlveda se expresó también en similar tono: «Se perdió una batalla, pero no la guerra, porque este es el primer paso que vamos a dar para seguir luchando para eliminar el lucro en la educación superior».

Y a pesar de la rabia inicial, dijo estar contenta, «porque el país se tiene que dar cuenta de la diferencia entre un sector y otro; uno que hoy está protegiendo un gran negocio de las universidades, en desmedro del bolsillo de muchas familias, y el otro, que entendiendo que somos también responsables, queremos terminar con esto tajantemente».

En la discusión en la sala, la diputada de la Democracia Cristiana Carolina Goic criticó la actitud del ministro Harald Beyer por no recibir las peticiones de los estudiantes ni escuchar a la comisión investigadora. Y anunció: «Seguiremos unidos con los estudiantes y académicos por una educación de calidad y justa, para transformarla en un bien social».

Ya desde ese mismo día se empezó a hablar entre los parlamentarios opositores de la acusación constitucional a Harald Beyer, que se materializaría nueves meses después.

CAPÍTULO X

La hora de los fiscales

Patricio Basso Gallo llevaba seis meses como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en enero de 2012. Había llegado el 1 de julio de 2011, a través de un concurso público, a trabajar junto a su amigo de muchos años Íñigo Díaz Cuevas, quien asumió la presidencia de la comisión el 28 de febrero de 2011. Las marchas estudiantiles estaban en pleno apogeo.

El jueves 5 de julio, a mediodía, Patricio Basso recibió un email anónimo que fue el principio de una historia que pasó de lo académico a lo policial, con la fuerza de una bomba cuyo impacto todavía no termina de manifestarse. El mensaje, firmado por «Usuarios del Mar» desde un correo gmail, denunciaba irregularidades en la masiva Universidad del Mar.

El texto hablaba de un contrato entre la universidad, suscrito por su rector, Héctor Zúñiga, y Eugenio Díaz Corvalán, en ese momento vicepresidente del consejo de la CNA, quien se había desempeñado como presidente interino de la entidad durante siete meses. El anterior presidente, Emilio Rodríguez Ponce, hoy rector de la Universidad de Tarapacá, dejó la CNA el 8 de junio de 2010. El presidente Sebastián Piñera se demoró en nombrar a un reemplazante casi todo ese año, hasta que se decidió por el ex vicerrector académico de la Universidad de Chile, Íñigo Díaz Cuevas.

Por lo que se ha logrado establecer, en ese período el abogado Eugenio Díaz Corvalán apretó sus redes e intensificó sus influencias. Desde que se puso en marcha la CNA en 2007 se presentaba como experto en materias de acreditación y se hizo indispensable como «consultor» para muchas universidades e institutos que querían obtener la preciada certificación. Pero cuando logró tener el poder máximo en la comisión perdió toda compostura para ofrecer sus servicios y obtener pagos por acreditaciones.

Aunque cuando llegó Patricio Basso, a su cargo de secretario ejecutivo, encontró «mucho desorden» y algunas cosas que no le cuadraban, no se imaginó que el anterior presidente interino hubiera llegado tan lejos. Pero el correo era sugerente y se preocupó de inmediato. Los anónimos suscriptores decían en su denuncia: «Los trabajadores de esta universidad no podemos hablar porque hay un ambiente de represión y nuestros sueldos no se pagan a tiempo, se dan excusas y al mismo tiempo, el señor Díaz continúa escondidamente obteniendo ganancias con la acreditación».

«Las acreditaciones de una universidad pueden ser estimadas en dinero, en bonos —continuaba la misiva—. Esta es la corrupción de la que estamos cansados. Vea el contrato e investigue.» Y adjuntaba un documento escaneado donde se señalaba que la Universidad del Mar pagaría sesenta millones de pesos a Eugenio Díaz por asesoría en el proceso de reacreditación. Si lograba que esta fuera por dos años, tendría un bono de quince millones más, y si era por tres, veinticinco millones de pesos. Los nombres del rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, y del propio Díaz Corvalán aparecían suscribiéndolo.

BAJO EL SECRETO DEL SUMARIO

Cuando Patricio Basso recibió ese e-mail —el primero de tres— se reunió de inmediato con la abogada Paula Beale, directora jurídica de la comisión.¹ Juntos analizaron las firmas de la copia del contrato y les parecieron verosímiles. Revisaron las normas sobre probidad administrativa y aunque el presidente de la CNA no es funcionario público, consideraron que el asunto debía ser puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República.

«Era un contrato que claramente indicaba pago por servicios prestados, porque había sesenta millones de pesos que no tenían explicación, más un bono según los años de la nueva acreditación que fuera a tener esta universidad en 2012», señala Patricio Basso, conversando una tarde en su casa en la comuna de Ñuñoa. «Todo indicaba que estábamos ante un asunto serio. Entonces le pedí a la directora jurídica que contactara al contralor Ramiro Mendoza», quien los citó para el día siguiente. Prepararon un oficio reservado, y Basso se lo llevó al contralor a la reunión que se efectuó el viernes 6 de enero a la una de la tarde.

«El contralor leyó los antecedentes en mi presencia. Lo encontró muy grave y me dijo que iniciaría inmediatamente un sumario. “Usted queda bajo el secreto de sumario”, me comunicó. El contralor fue quien trasladó los antecedentes a la fiscalía. Por lo tanto, ese juicio empezó meses antes que el juicio por el lucro», recuerda Patricio Basso.

En su oficio, Patricio Basso señala: «El contrato tiene por objeto una asesoría a título oneroso, durante el proceso de acreditación institucional de la mencionada universidad y contempla la elaboración de toda la documentación que la institución debe presentar ante la comisión para el desarrollo de tal proceso, así como la interposición de los recursos en contra de la decisión final. Además, se establece un bono adicional cuyo monto depende del número de años de acreditación que la universidad obtenga como resultado del proceso».

Más adelante hace alusión a la sociedad Gestión: «El hecho que quien aparece como consultor en el contrato mencionado sea una persona jurídica y no el comisionado Díaz no puede servir de pretexto para eludir el cumplimiento del principio de probidad que consiste “en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”».

Aunque era una denuncia anónima, dice Basso, «y que no consta su veracidad ni autenticidad, toda vez que se trata de un instrumento privado escaneado […] en mi calidad de jefe de servicio de un órgano integrante de la Administración del Estado, ante la sospecha de un hecho que pueda implicar infracción a las normas sobre probidad y que pueda empañar la fe pública depositada en las decisiones adoptadas por la comisión, cumplo con mi deber de poner a su disposición los antecedentes mencionados a fin de que se proceda como usted estime pertinente».

MÁS CORREOS Y MÁS PISTAS

Los «Usuarios del Mar» no tenían cómo saber que Patricio Basso se había reunido con el contralor y había puesto los antecedentes en sus manos. Se empezaron a impacientar y le enviaron un segundo e-mail, esta vez con copia al presidente de la CNA, Íñigo Díaz, quien se encontraba fuera del país.

«Una vez más recurrimos a la CNA para poner en sus manos el antecedente enviado [contrato del señor Díaz], quien continúa escondidamente recibiendo dinero de la universidad, esperando colaborar, a través de su tráfico de influencias, con la acreditación. Mientras, nosotros los trabajadores estamos con los sueldos pagados a destiempo, a medias y con graves problemas de imposiciones sociales atrasadas», decían el 11 de enero de 2012.

«Esperamos que intervenga la CNA y que haya a lo menos una sanción ética o la expulsión de Díaz. Ahora le enviamos una copia al señor presidente de la CNA para que tome cartas en el asunto. Esta es una muestra pequeña de lo que seguramente pasa en el seno de la comisión, que se convirtió en un tiempo en una ventana de influencias y tráfico de influencias en favor de quienes profitan de la fe pública a costa de los mismos trabajadores de este tipo de universidades.

»Hagan algo, gánense el lugar que le damos a la fe pública», terminaban pidiendo los trabajadores en el correo.

El 17 de enero, el secretario ejecutivo Patricio Basso recibió un tercer e-mail en el cual los remitentes le comunicaron que habían entregado información al sitio electrónico Ciper Chile para «que la opinión pública conozca los antecedentes de cómo se compra y vende la acreditación».

«Es cierto que lo hemos hecho de manera anónima, porque finalmente está en juego la estabilidad laboral y aquí reinan el terror, las amenazas y las presiones que vienen desde la presidencia de la corporación. Ellos piensan que haciendo un contrato con Díaz aseguran votos en la CNA para la acreditación, mientras maltratan a sus profesores y trabajadores», señalaban.

Los correos anónimos daban más pistas. Patricio Basso habló varias veces con el jefe de gabinete del contralor en esos días. Ya en esa fecha, Ramiro Mendoza había trasladado la denuncia al Ministerio Público para que investigara los posibles delitos. A la vez se inició el sumario en Contraloría. El 18 de enero llegaron hasta la sede de la CNA los fiscales de la Contraloría Héctor Parra y Héctor Cárcamo, quienes fueron recibidos por Íñigo Díaz y Patricio Basso, y se les entregó la documentación requerida. Íñigo Díaz, a su vez, informó al jefe de gabinete del ministro de Educación y al jefe de Educación Superior, Juan José Ugarte, quien por su cargo era miembro de la CNA.

PEAJE PARA EL CAE

La CNA nació en 2007 tras la promulgación de la Ley de Aseguramiento de la Calidad en noviembre de 2006, después de más de dos años de tramitación en el Congreso y ochocientas indicaciones. Aunque su formación había merecido mucha discusión, mirada de lejos pasaba por una entidad más o menos seria. Los representantes de derecha —que fueron portavoces del nuevo «sistema privado» de educación— querían que tuviera la menor cantidad de regulaciones y, desde luego, que no fuera estatal. Tampoco netamente académica.

Nació así ese híbrido de extraña composición con quince miembros, entre los que, junto a tres profesores representantes de universidades tradicionales nombrados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y dos que debieran ser investigadores designados por el Conicyt, hay dos representantes de las universidades privadas, uno por los institutos profesionales y otro por los centros de formación técnica. Estos eligen a otros dos. A ellos se suma un representante del empresariado y uno de una asociación profesional. Y el jefe de Educación Superior, por derecho propio, pero al momento en que reventó el escándalo, Juan José Ugarte, titular de ese cargo, registraba una asistencia de solo el 29 por ciento en el último año. Además, la comisión la integran dos estudiantes, uno de universidad privada y otro pública.

La comisión se reúne aproximadamente tres veces al mes y sus integrantes reciben una dieta que bordea los novecientos mil pesos. La Contraloría objetó en su informe el hecho de que esa suma no variaba, aunque la inasistencia de algunos comisionados fuera alta.

Desde 2006, cuando partió el Crédito con Aval del Estado (CAE), el certificado de acreditación era el peaje para que los estudiantes de un determinado establecimiento pudieran acceder a este tipo de crédito y a diversas becas estatales. En la medida en que había tal vinculación entre la acreditación y los beneficios económicos que representaba para las casas de estudio y sus alumnos, obtenerla pasó a ser un problema de vida o muerte en el «mercado» de la educación superior, aunque la calidad corriera por otro carril. Y, por lo que se ha visto después, fue ese lazo el que dio paso a las coimas y a una verdadera fábrica de tráfico de influencias, como la que instaló Eugenio Díaz a vista y paciencia de las autoridades del ministerio, del Parlamento y de los medios de comunicación.

Una bisagra que está en la raíz del lucro: para obtener ganancias se hacía necesario el CAE, y para lograr este, la acreditación. Y en las entidades privadas que cayeron en prácticas que hoy se investigan como delictuales consideraban «normal» obtenerla al precio que Eugenio Díaz ponía para asegurarla.

LA BANCADA PRIVADA

Las posiciones más académicas de los representantes del Consejo de Rectores tuvieron fuertes tensiones con el grupo capitaneado por Eugenio Díaz, que hizo equipo con representantes de las instituciones privadas, como Adolfo Arata, Rodrigo Alarcón y Pedro Corona Bozzo, de la Cámara de Comercio, designado por los otros miembros de la comisión «como figura destacada del sector productivo nacional». Y con Luis Horacio Rojas Mancilla, designado por el Conicyt desde 2007, quien se caracterizó por ser cada vez más cercano a Eugenio Díaz y acompañarlo en sus apreciaciones y votaciones. Las defensas corporativas pasaron a estar a la orden del día, los criterios se hicieron cada vez más laxos.

Cuando la nueva entidad —sucesora de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)²— no cumplía un año de vida, y recién se estrenaba en los procesos de acreditación, estaba yo terminando la investigación para el libro El negocio de las universidades.

Escribí en esa oportunidad unas líneas que reflejan la inquietud que algunos teníamos ya por esos días: «Las atribuciones que tienen esas instancias explican los esfuerzos que han hecho los dueños de las universidades privadas por tener santos en esas cortes. De acuerdo a la ley, tal como se negoció en el Parlamento, los representantes de los establecimientos privados son elegidos por ellos mismos. En esa calidad entró Adolfo Arata, el ex rector de la Universidad Federico Santa María que quiso ser nuevamente rector, pero debió retirar su candidatura tras un serio conflicto académico y estudiantil. Actualmente, además de la Federico Santa María, es profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, y eso le permitió ser nominado en la CNA».

En ese libro le dediqué algunos párrafos a Eugenio Díaz Corvalán, el eje del gran escándalo hoy formalizado por coimas, lavado de dinero y delitos tributarios: «Hombre clave de los establecimientos privados pasó a ser el abogado Eugenio Díaz Corvalán, quien asumió la vicepresidencia de la comisión y actualmente es el subdirector de la Escuela de Derecho de la Uniacc, que justamente se encuentra en proceso de acreditación, ya que solo obtuvo dos años ante la CNAP.

»La relación de Díaz Corvalán con el prorrector de la Uniacc, Daniel Farcas, es estrecha, desde los tiempos en que los dos pertenecían a la Izquierda Cristiana. Actualmente ambos militan en el PPD. Díaz es hombre bien contactado que une su calidad de dirigente del Colo-Colo a la de presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal», señalé.

Y mencioné también a esos otros «comisionados» que, por lo investigado después, fueron muy significativos en la era de Eugenio Díaz: «Por los institutos profesionales, los privados eligieron a Rodrigo Alarcón, el vicepresidente de la Corporación Santo Tomás —de la que también es accionista—, brazo derecho de Gerardo Rocha y amigo y socio del senador Hernán Larraín, presidente de la UDI». En ese tiempo, Alarcón dirigía, junto a Rocha, los destinos de la universidad, del instituto y del CFT de ese grupo.

«El otro representante de este sector es Roberto Careaga Medina, periodista y profesor de enseñanza básica, director de la Escuela de Educación del Instituto Profesional Providencia», que pertenecía a los mismos dueños de la Universidad del Desarrollo.

«Completa la “bancada privada” Pedro Corona Bozzo, el presidente de la Cámara de Comercio, como “figura destacada del sector productivo nacional”», señalaba. «Corona, ex presidente de la AFP Cuprum y de la Asociación de AFP, es miembro del directorio del BCI, el banco de propiedad de los Yarur, que preside Luis Enrique, el principal donante de la Universidad de Los Andes.»

Al releer esos párrafos y recordar conversaciones de ese tiempo vuelve el interrogante sobre cómo en tanto tiempo las autoridades y expertos del Ministerio de Educación no se dieron cuenta sobre lo que ahí se cocinaba. Cómo nadie consideró que algo raro pasaba mientras crecían y crecían las matrículas en forma desmesurada. Cómo desde el Gobierno de Sebastián Piñera nadie se inmutó al ver que todas las universidades e institutos que se presentaron fueron acreditados en 2010. Salvo la desafortunada expresión del ex ministro Joaquín Lavín sobre la estatal UTEM, no había señales en ese sentido.

Los representantes de la «bancada privada» permanecieron allí, ratificados por esas universidades y los institutos que los consideraban sus mejores representantes. Ellos acompañaron a Eugenio Díaz cuando dirigía la CNA en 2010 y contribuyeron con sus votos a entregar acreditaciones a diestra y siniestra. Ese año ninguna entidad fue rechazada.

«La propia conformación de estas instancias, cuyos integrantes en varios casos aparecen estrechamente vinculados a influyentes grupos dueños de universidades, y el tinte más político o económico que académico de muchos de sus integrantes, ponen un signo de duda sobre los resultados que tenga finalmente el proceso de acreditación», comentaba en el mencionado libro, sin soñar que Díaz y sus amigos llegarían tan lejos.

EL HILO DE LA MADEJA

En junio de 2010 fue el momento preciso para que Eugenio Díaz Corvalán apretara sus contactos y presionara el acelerador a sus andanzas que lo llevaron a ser protagonista principal de una historia de corrupción en la que se ha traficado con recursos del Estado, sueños de estudiantes y la credibilidad de una comisión que supuestamente tenía que garantizar calidad. Un episodio que contribuyó a mostrar una faceta más de la caótica situación de la educación superior, donde la ética y la estética quedan absolutamente sobrepasadas. En siete meses como presidente subrogante, Eugenio Díaz hizo y deshizo, vendió su imagen de gran árbitro de la calidad, recibió coimas y manejó los veredictos a su modo.

Pero al comienzo nadie lo notó. O si alguien sospechó no lo dijo, hasta que los anónimos e-mails tuvieron acogida en los nuevos directivos de la comisión.

Se sabía de tensiones y de algunos intereses que los representantes corporativos del sector privado se jugaban en las discusiones al interior de la comisión, y de comisionados que se retiraron porque no comulgaban con sus procedimientos, como fue el caso del ex decano de Medicina de la Universidad de Chile, Eduardo Rosselot, que abandonó la CNA en marzo de 2009.

Hubo también críticas al hecho de que sean acreditadoras privadas las encargadas de certificar a las instituciones y a las carreras de pregrado. Pero las aprensiones que se podían tener se quedaron muy cortas al conocer la magnitud del escándalo que reventó después.

El e-mail de los «Usuarios del Mar» fue el primer hilo de una madeja que empezó a desenredarse y mostrar una situación nunca vista en una institución encargada de supervisar el sistema universitario.

La «facilidad» con que pasaban la prueba instituciones y carreras que antes habían tenido obstáculos era entretanto un hecho que empezaba a llamar la atención en ambientes académicos. En 2010 fueron acreditadas dieciséis universidades. Ninguna fue rechazada, como había ocurrido antes. También lograron esa meta diez institutos profesionales y siete CFT. En total, 33 entidades.

El 1 de diciembre de ese año, la Universidad del Mar logró obtener acreditación por dos años. Era la primera vez después de varios intentos. Sus casi veinte mil alumnos tenían así la posibilidad de postular al CAE, lo que hacía posible una venta a buen precio al grupo Southern Cross. Aunque terminó frustrada, en ese momento los directivos empezaron a trabajar en la reacreditación para garantizar que el preciado acceso al CAE se mantuviera en el tiempo. Así se los recomendó nada menos que el ex presidente de la comisión Eugenio Díaz Corvalán, quien se ofreció para acompañarlos en tamaña empresa, base para el negocio.

LLUVIA DE CERTIFICADOS

En la lista de acreditaciones 2010, el año de gloria de Eugenio Díaz Corvalán, festejaron la Universidad Autónoma, de la familia del ex ministro de Justicia Teodoro Ribera, que alcanzó cinco años; la Finis Terrae, de los Legionarios de Cristo, que obtuvo la misma cantidad. Ambas consiguieron certificar por Docencia de Pregrado y Gestión Institucional, además de «Vinculación con el Medio».

Pero la lluvia de certificados abarcó también a otras que nunca habían logrado pasar la barrera. Además de la Universidad del Mar, resultaron acreditadas la Universidad Arcis, con tres mil novecientos estudiantes y dificultades financieras importantes; la Pedro de Valdivia, que tenía siete mil estudiantes ese año y subió a más de diez mil en 2011 y clamaba por el CAE para sustentarse; la Ucinf, que con cuatro mil cuatrocientos alumnos y nuevos dueños del grupo Cepech quería entrar en competencia.

La «racha» favoreció también a una estatal, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), que empezaba a superar los agudos problemas en que se había visto envuelta bajo su administración anterior. La misma a la que se refirió Joaquín Lavín cuando dijo «yo no habría acreditado a la UTEM».

Estas, naturalmente, se acreditaron solo en lo básico, es decir Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, que es lo mínimo requerido para pasar la valla. Ninguna pretendió siquiera aspirar en las otras áreas, como Investigación, Docencia de Posgrado, Vinculación con el Medio o Infraestructura y Equipamiento, como las universidades de verdad. Con eso les bastaba para acceder a los recursos del Estado.

Por tres años pasaron la barrera la Gabriela Mistral, ahora en manos del grupo católico conservador Sodalicio; la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (Unicit), de la sostenedora de colegios subvencionados Filomena Narváez, y la Universidad Tecnológica-Inacap.

Entre los institutos profesionales encabeza la lista el Duoc-UC, que obtuvo siete años; el Inacap, seis, y cuatro años obtuvieron el AIEP, del grupo Laureante; el Instituto Profesional de Chile, y el Instituto Los Leones, vinculado al ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Masonería Luis Riveros.

Al terminar septiembre de 2011, en un reportaje de Ciper se destacaba que en 2010 «todas las instituciones que se sometieron a su análisis resultaron acreditadas […] Desde el más precario instituto hasta la más antigua institución que se presentó, todas se fueron al menos con un año de acreditación bajo el brazo».³

En el reportaje los periodistas citan al rector de la Universidad de Tarapacá Emilio Rodríguez, ex presidente de la CNA, quien les comentó: «Si todas las instituciones que postularon en 2010 fueron acreditadas, o estamos ante una mejoría notable en las instituciones de educación terciaria en Chile o, simplemente, los niveles de exigencia han caído a niveles lamentables».

EL NUEVO SECRETARIO

Quien empezó a tener indicios de que las cosas no andaban bien fue Patricio Basso. Ingeniero y doctor en Matemáticas en la Universidad de Grenoble (Francia), los problemas de las universidades no eran para él algo nuevo. De vuelta de Francia en 1978 trabajó como profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Desde los primeros tiempos de la dictadura siguió como observador cercano la instalación del modelo neoliberal y su expresión en la educación. La inquietud ante lo que veía lo llevó a ser uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile en los ochenta, para evitar que se implantara el diseño que pretendía destruirla.

Encabezó así el movimiento por la defensa de la universidad en 1987 contra el rector designado José Luis Federici, que logró reunir a decanos, académicos y estudiantes hasta que se le dobló la mano a Pinochet y tuvo que sacarlo. Pero aunque se frenaron los embates y la Universidad de Chile logró subsistir, las restricciones económicas que se le habían aplicado desde el Gobierno continuaron.

En los noventa, Patricio Basso fue vicerrector económico de la Universidad de Chile, pero se desalentó, dice, cuando vio que no había ninguna posibilidad de recibir apoyo del Estado para las universidades públicas. Dejó la universidad en 1998, «cansado de luchar por conseguir que el Gobierno de la Concertación financiara en mayor medida la educación estatal». Cambió de giro y aplicó las matemáticas a las finanzas y se dedicó a la actividad privada durante un largo tiempo, como consultor de empresas.

En marzo de 2011 lo llamó un día Ángel Maulén, rector y socio de la Universidad Pedro de Valdivia. «Necesito que me des una mano, porque quiero echar a andar la Dirección Nacional de Posgrado», le dijo Maulén. Ambos se conocían de los años ochenta. Son ingenieros, democratacristianos y fueron dirigentes del Colegio de Ingenieros y de la Asamblea de la Civilidad, que se forjó en 1985, impulsada por movimientos y organizaciones sociales opositores a la dictadura en un amplio abanico desde la DC a toda la izquierda. Patricio Basso fue vicepresidente de la asamblea, y Ángel Maulén, secretario ejecutivo.

En los años siguientes se vieron en algunas oportunidades. «Más de una vez nos juntamos con Juan Luis González,⁴ quien presidía la asamblea, y nos reuníamos con los demás integrantes a recordar viejos tiempos.»

Cuando lo llamó Maulén, Basso estaba sumergido de nuevo en las matemáticas, como hace tres décadas. «Aquí, solo en mi casa, me puse a investigar, tuve que aprender a programar de nuevo, pero quería publicar un paper después de los sesenta y cinco años. Le pregunté a mi hijo Leonardo, que es profesor de la Chile y estaba usando programación, cómo se hacen las búsquedas bibliográficas. ¡Y es una maravilla! A los tres meses estaba al día y descubrí algunas ideas que había dejado el año 86 a medio morir saltando.»

En eso estaba, trabajando de noche, como suele hacerlo, cuando recibió la invitación para colaborar en la Universidad Pedro de Valdivia. «Se le venía la acreditación a fines de 2011 y quería acreditar esa área.»

El 14 de marzo se fue a trabajar con Maulén. «Acepté por media jornada en las tardes.» Pero cuenta que «a poco andar» se dio cuenta de que «no había ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada en términos de un posgrado. Ellos no tenían grupos de investigación con quienes hacerlo». Ante esa situación, Patricio Basso dice que le planteó: «Mira, Ángel, esta cuestión no va para ninguna parte».

«Entremedio apareció este concurso en la CNA, en el diario, y yo sabía que estaba Íñigo Díaz y dije “voy hacer una broma a Íñigo”, porque la verdad es que dudaba de que fuera razonable que estuviéramos juntos.» Eran amigos, ambos DC y «parientes, porque mi hija está casada con el hijo de Íñigo». En esos años de dictadura y batalla contra Federici, Íñigo Díaz, quien en los noventa fue decano de Veterinaria y después vicerrector académico, era el vicepresidente de la Asociación de Académicos.

POR UN VOTO

Pero Patricio Basso mandó su currículo a la CNA a ver qué pasaba. «En una carta muy formal relaté toda la historia de la experiencia que habíamos tenido en la Chile, en la acreditación, porque nosotros partimos la acreditación cuando yo era director de acreditación.»

Después lo llamaron para una entrevista. Lo esperaban Íñigo Díaz y el vicepresidente Sergio Pulido, ex rector de la Universidad de Tarapacá. «Yo tenía una visión bastante lejana de la CNA, ni siquiera tenía muy claro lo que era; había estado leyendo para postular», comenta Basso. «Al final, Íñigo me hizo una pregunta»:

—Patricio, ¿no te parece que se vería feo que tú asumieras este cargo?, porque somos amigos, camaradas, estamos emparentados —cuenta que le preguntó el presidente de la CNA.

—No sé cómo se va a ver, pero lo que tengo claro es que alguien más leal que yo no vas a tener. Y si las capacidades son las necesarias, entonces creo que soy la persona adecuada —respondió el postulante.

Sergio Pulido le hizo «una pregunta capciosa», relata Basso:

—¿Cómo va a hacer usted para mantenerse en un segundo plano? ¿Cómo lo hará para quedarse callado? —señala que le consultó el vicepresidente.

—Mire, el año 96, que fue la última vez que hablé con la prensa, a raíz de una petición que le hice a Eduardo Frei Ruiz-Tagle para que me recibiera para tratar el tema de la Universidad de Chile, me enojé y no hablé más. Me declararon persona non grata en La Moneda. Desde esa fecha que no hablo y está claro que puedo quedarme callado —recuerda Basso que les respondió.

En una votación muy reñida en la que participaron los trece comisionados —los estudiantes aún no formaban parte—, ganó Patricio Basso por un voto. «Los comisionados son los que eligen. Entre ellos los representantes de las universidades e institutos privados.»

Dejó la media jornada en la Universidad Pedro de Valdivia y el 1 de julio asumió como secretario ejecutivo de la CNA.

Pero las cosas se dieron de tal manera que el pedido de silencio de Sergio Pulido fue sobrepasado por la fuerza de los acontecimientos. Como en los ochenta, Patricio Basso volvió a sacar la voz. Esta vez lo llevó a enjuiciar a Eugenio Díaz, a cuestionar las prácticas de la comisión y de los rectores de algunas privadas, entre ellos su antiguo compañero de la Asamblea de la Civilidad Ángel Maulén, hoy imputado por la fiscalía; a poner sobre la mesa más antecedentes sobre el lucro y a enrostrar la responsabilidad del mismísimo ministro de Educación Harald Beyer, quien el 29 de diciembre de 2011 llegó al ministerio ungido con su aureola de técnico, un cierto aire displicente y el respaldo político de los partidarios del Gobierno y del influyente Centro de Estudios Públicos (CEP).

FISCALES EN ACCIÓN

El 18 de enero, tras analizar la denuncia que le entregó Patricio Basso, el contralor Ramiro Mendoza envió a su vez un oficio al fiscal metropolitano de la zona Norte, Andrés Montes Cruz.⁵ En el documento le informa que instruyó sumario administrativo en la CNA y pone en su conocimiento los hechos para investigar si había delito.

El fiscal Montes envió el mismo día otro oficio a su colega de la zona Oriente, Alberto Ayala Gutiérrez, ya que el caso le correspondía a esa fiscalía debido a que la CNA está ubicada en la avenida Lyon, en la comuna de Providencia. En subsidio, señala Montes en su escrito, «la competencia le correspondería a Viña del Mar, donde la universidad aludida tiene su sede principal».

Andrés Montes indicó que había recibido un oficio reservado suscrito por el contralor general de la República, Ramiro Mendoza Zúñiga, «en virtud del cual se da cuenta de hechos que podrían constituir delito». Menciona el hasta ese momento «presunto contrato» y a sus firmantes, «el rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas, y un miembro actual de la Comisión Nacional de Acreditación, señor Luis Eugenio Díaz Corvalán». Explica que «dichos antecedentes fueron recibidos mediante denuncia anónima dirigida al actual secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, señor Patricio Basso Gallo».

Alberto Ayala, fiscal regional de la zona Oriente, asumió la competencia y le mandó al fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa y Providencia, Carlos Gajardo, un oficio el mismo 18 de enero de 2012, con los antecedentes enviados por Montes. Ayala designó a Francisco Jacir Manterola para llevar la investigación, quien partió con las primeras diligencias dicho mes. Logró recopilar una serie de antecedentes documentales referidos a Eugenio Díaz, en un ir y venir de información con la Contraloría General de la República. Eso permitió establecer, por ejemplo, que Díaz había prestado otros servicios a honorarios a diferentes ministerios en los últimos años.

Uno de los más polémicos resultó ser el que suscribió con el Ministerio de Justicia para prestar asesoría a Gendarmería, por 3,3 millones de pesos, el 23 de noviembre de 2011. El documento, con la firma de Teodoro Ribera, ministro en aquel entonces, y de la subsecretaria Patricia Pérez Goldberg, actual ministra, fue decisivo en la caída de Ribera unos meses después, cuando la olla se destapó. El ministro y su familia —a través de la Universidad Autónoma y de la empresa Catalunya S.A., de su propiedad— habían comprado el Instituto Profesional Incacea y estaba en proceso de acreditación. Además, la Universidad Autónoma venía saliendo de un exitoso proceso que le otorgó acreditación por cinco años en diciembre de 2010.

El Servicio de Impuestos Internos suministró los antecedentes tributarios de Eugenio Díaz, su mujer, María Eugenia Rodríguez Pérez, y la sociedad Gestión, que ambos formaron en 2001. A ella se integraron sus hijas María Verónica y Constanza Sofía Díaz Rodríguez, diez años después.

Pero Francisco Jacir tenía una dolencia en la columna que se prolongó durante varias semanas y debió salir con licencia médica. Carlos Gajardo, en su calidad de fiscal jefe, tomó entonces el caso en sus manos. Colaboró con él desde el principio el fiscal Pablo Norambuena Orizabalos, coordinador de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Ñuñoa y Providencia.

Ambos ya venían trabajando juntos en la investigación de delitos que implican soborno y lavado de dinero, como el denominado «caso Fragatas», en el que imputaron al contraalmirante (R) Patricio Basili Esbry, ex funcionario de la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar), y al capitán de fragata (R) Juan Tapia Villalón.⁶

CONDENA A UN PINOCHET

Carlos Gajardo Pinto, el «fiscal del lucro», como lo han denominado periodistas y dirigentes estudiantiles, es curicano, aunque nació en Santiago, adonde su madre, profesora normalista, se trasladó para tener al cuarto de sus cinco hijos. El padre del fiscal, José Manuel Gajardo Cisternas, era funcionario público del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), del que fue exonerado por razones políticas en los ochenta; era dirigente DC en Curicó y del Colegio de Técnicos Agrícolas en la Región del Maule.

El fiscal Gajardo tiene cuarenta años. Nació justo el año del golpe militar. Cursó su educación básica y media en el Instituto San Martín de los Hermanos Maristas en Curicó. Después de obtener el máximo puntaje en la Prueba de Aptitud Académica en 1989 se vino a Santiago a estudiar derecho en la Universidad de Chile, de donde egresó en 1995 y se tituló en 1998.

En esa época trabajó en el Consejo de Defensa del Estado, como procurador primero y luego como abogado hasta 2001. Durante ese período fue profesor de derecho civil de la Universidad Arcis y ayudante en la Universidad de Chile de la profesora Maricruz Gómez de la Torre, la actual directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho y abogada integrante de la Corte Suprema.

Cuando partió la nueva justicia en la Región del Maule, Carlos Gajardo quedó de fiscal de Curicó hasta 2004. En 2003 le tocó una investigación especial: Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del dictador, era acusado por el robo de un auto. El fiscal Gajardo investigó el caso y solicitó al tribunal tres años de cárcel para Pinochet Hiriart, que lo condenó a 541 días, con pena remitida.

Es el único proceso en que un miembro de la familia Pinochet ha sido condenado por algún delito. Aunque los pesos en juego no eran muchos, haber logrado castigar al mismo hijo del dictador protagonista del affaire de los «pinocheques», que al comenzar la transición llevó al general a provocar dos movimientos de tropas, habla de la personalidad decidida y las convicciones firmes del fiscal Gajardo.⁷

«Caiga quien caiga» está dispuesto a hacer justicia, dicen los que lo vieron actuar en Curicó en otra investigación emblemática hace algunos años, conocida como el «caso facturas», donde logró desenredar una maraña que involucraba a personas conocidas de la región en facturas falsas, evasiones tributarias, coimas y lavado de dinero.

Carlos Gajardo volvió a Santiago en 2004, cuando se inició la nueva justicia en la Región Metropolitana. Formó parte de la Fiscalía Oriente y en 2005 fue nombrado subjefe de Ñuñoa y Providencia.

En 2008 le tocó investigar otro caso de gran impacto: el de María del Pilar Pérez, bautizada por los medios como «la Quintrala». Tras una intensa investigación, la arquitecta María del Pilar Pérez fue encontrada culpable del asesinato del joven ingeniero comercial Diego Schmidt Hebbel, novio de su sobrina; de su ex esposo Francisco Zamorano y de Hugo Araneda, pareja de Zamorano. María del Pilar Pérez fue condenada a prisión perpetua, lo mismo que el sicario pagado por ella, José Ruz.

Poco después, siendo ya fiscal jefe de Ñuñoa y Providencia, experimentó un fuerte golpe. José Manuel Gajardo Cisternas, su padre, de setenta y siete años, murió en un accidente automovilístico en abril de 2011 en la carretera de la Fruta. «Mi padre era mi mejor amigo, mi mejor consejero. Obviamente me orientó mucho», decía en entrevista a Las Últimas Noticias, refiriéndose al caso de María del Pilar Pérez, cuya investigación acababa de terminar en enero de ese año. «Siempre me dijo que estudiara derecho y le achuntó medio a medio.»⁸

PARA INVESTIGAR A FONDO

Cuando iniciaron la investigación de la Comisión Nacional de Acreditación, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena decidieron aplicar una metodología similar a la seguida en el «caso Fragatas». Conocedores de los delitos económicos, sabían tal vez que sería difícil que los implicados llegaran fácilmente a confesarlos. Por eso, uno de los primeros pasos del fiscal fue solicitar al Juzgado de Garantía la autorización para incautar todo tipo de documentos y computadores con el objeto de llegar al registro de correos electrónicos y lograr detectar lo que había estado ocurriendo en la comisión. En un primer momento, el principal blanco fue Eugenio Díaz Corvalán.

El 5 de junio de 2012, el fiscal Carlos Gajardo tuvo la respuesta positiva que le permitió seguir adelante con su investigación. Con la colaboración estrecha de la Policía de Investigaciones y sus brigadas de Delitos Económicos y de Cybercrimen podrían avanzar sustancialmente.

Los fundamentos planteados en ese documento dan luces sobre lo que culminaría después con las acusaciones que le permitieron imputar a Díaz y a Zúñiga. Las pesquisas siguientes lo llevarían a los rectores de las universidades del Mar, Pedro de Valdivia y a otras entidades de educación superior. Son muchos los directivos y dueños de universidades e institutos que en el último año y medio han pasado por la fiscalía o han debido responder a la PDI.

«En la presente causa se investiga un posible delito de negociación incompatible y/o cohecho en contra de Luis Eugenio Díaz Corvalán, carnet de identidad 4.689.204-6, consistente en que el imputado se desempeñó como integrante de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), institución pública domiciliada en Ricardo Lyon 1532, Providencia, creada y regulada en el artículo 6.° de la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior», partió diciendo el fiscal Gajardo.

Y a continuación señaló que esta ley creó «la Comisión Nacional de Acreditación, organismo autónomo que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función será verificar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos, y de las carreras y programas que ellos ofrecen. La Comisión Nacional de Acreditación, en el desempeño de sus funciones, gozará de autonomía y se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Educación».

Explicaba el fiscal Gajardo al juez de garantía que Eugenio Díaz desempeñó esas funciones durante dos períodos desde el año 2007 al 2012. «En dicha comisión fue nombrado vicepresidente en dos oportunidades y fue presidente interino de la comisión desde el 30 de abril de 2010 al 25 de enero de 2011.»

«Consta asimismo en la carpeta de investigación que el imputado, con fecha 17 de agosto de 2001, formó junto a su cónyuge, María Eugenia Rodríguez Pérez, una sociedad de responsabilidad limitada de nombre Gestión Limitada, en que son socios en partes iguales», señala el escrito.

«Consta que con fecha 20 de enero de 2011 —continúa—, la sociedad Gestión Ltda., representada por el imputado (a la sazón presidente de la CNA), firmó un contrato con la Universidad del Mar (universidad privada sujeta a la CNA) con el objeto de que la sociedad Gestión “le preste servicios de asesoría profesional en el proceso de acreditación institucional y de acreditaciones de carreras que debe desarrollar entre los años 2011 y 2012”.

»Por esta asesoría se estableció un precio de sesenta millones de pesos en cuatro cuotas de quince millones cada una, a pagarse durante el año 2011 —anota—. Finalmente se establece un pago adicional de entre quince y cuarenta y cinco millones de pesos de acuerdo a los años de acreditación que la universidad obtenga en el proceso respectivo.»

Tras ratificar que por la Universidad del Mar concurrió a este contrato su rector de la época, Hector Zúñiga Salinas, el fiscal Gajardo señala: «Con fecha 1 de diciembre de 2010 se llevó a efecto la sesión 384 de la CNA, presidida por el imputado Luis Eugenio Díaz Corvalán, que en su punto uno trató el “Proceso de acreditación institucional de la Universidad del Mar”, y “por mayoría de los presentes acuerda acreditar a la Universidad del Mar en las áreas de Gestión y Docencia de Pregrado por un período de dos años”.

»Los hechos referidos SS. son a nuestro juicio graves y constituyen antecedentes de la existencia de a lo menos negociaciones incompatibles del artículo 240 del Código Penal, sin perjuicio de poder constituir derechamente un delito de cohecho del artículo 248 bis y siguientes —expresa y agrega—: Con el objeto de continuar con la investigación solicito se autorice la entrada registro e incautación en los términos de los artículos 205 y 236 del CPP,⁹ en los siguientes domicilios con el fin de incautar evidencia útil a la investigación, especialmente computadores, documentos, correspondencia y cualquier otro útil a la investigación.»

Anota el documento los domicilios de la sociedad Gestión, que corresponden al departamento de Díaz en la calle San Crescente, comuna de Las Condes, y la casa central de la Universidad del Mar, ubicada en Angamos 680, Reñaca, Viña del Mar. Además, solicitó la autorización judicial para requerir a la CNA la entrega «del o los computadores utilizados por Luis Eugenio Díaz Corvalán en el período que trabajó en dicho lugar».

CREACIÓN DE UN PERSONAJE

El caso de Eugenio Díaz es bastante especial, porque sin ser alguien que brillara logró construir un personaje de gran experto en materias universitarias, mientras a la vez tenía una presencia significativa en el mundo del fútbol, como director de la Corporación ColoColo; en el de la Iglesia católica, presidiendo la Comisión Justicia y Paz de la Conferecia Episcopal, y en los últimos años fue designado director del Instituto de Derechos Humanos.

De su pasado era conocido que había estado contra la dictadura, que la CNI lo había tomado preso y que estuvo al lado de los trabajadores cuando estos empezaban a reorganizarse. Quizá todo eso contribuía a dar garantías de «hombre probo» entre quienes estaban en el Gobierno. Y lo ayudó a ganarse la confianza de rectores y directivos de universidades privadas que durante los años de la transición consideraban necesario contar con personas que tuvieran nexos con los gobiernos concertacionistas. Al menos así se presentaba este militante del PPD que había sido uno de los fundadores de la Izquierda Cristiana. Y esos rectores eran los que le daban su base de sustentación al elegirlo repetidamente en su cargo de comisionado y al pagarle importantes sumas de dinero como «consultor».

Fue así como llegó a la CNA a defender a brazo partido los intereses de las lucrativas universidades privadas en el seno de la comisión que debía acreditar su calidad. Sin embargo, Eugenio Díaz nunca fue un académico, ni siquiera era conocido en ese mundo. Lo más alto que había llegado era la subdirección de la Escuela de Derecho en una universidad de poca reputación como la Uniacc, donde su amistad con Daniel Farcas, ex militante de la IC, lo ayudó. Tampoco destacó con liderazgo público en tiempos de dictadura, aunque señalan amigos de ese tiempo que tuvo un rol importante en la rearticulación de la Izquierda Cristiana.

Recuerdo que me lo topé un día en los pasillos del Ministerio de Economía a mediados de los años noventa. Me contó que estaba a cargo de una agencia de la calidad, recién creada. El ministro de entonces era Álvaro García y el subsecretario Ángel Maulén. Después le perdí la pista hasta que lo vi aparecer en la Uniacc y en la Comisión Nacional de Acreditación.

«Soy abogado titulado en la Universidad de Chile. Juré en la Corte Suprema en el año 1970», partió diciéndole a su colega fiscal el imputado ex presidente interino de la CNA. «Trabajé en el Servicio de Cooperación Técnica [Sercotec] hasta fines de 1972. Tras eso me fui a la Flacso a trabajar con Francisco Cumplido, hasta el año 1979. Desde antes ya me dedicaba a actividades de apoyo, de asistencia profesional a la Coordinadora Nacional Sindical y al Comando Nacional de Trabajadores. Lo hacíamos a través de alguna ONG con financiamiento internacional. Me dediqué a dichas actividades y a la dirigencia política durante todo el régimen militar. Estuve en ese período cuatro meses detenido por las actividades políticas», se presentó Eugenio Díaz en su primera declaración ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

«Fui asesor de la CUT desde su creación el año 1988 hasta el año 1995. En 1995 me pidieron que creara el Centro Nacional de Productividad y Calidad, que era un comité Corfo. En el directorio estaban la CUT, la CPC¹⁰ y el Gobierno», continuó.

Recordó que era el secretario ejecutivo de ese centro y ahí «me entrené en temas de gestión de calidad, que es propio de las empresas privadas». Contó a los fiscales que tomó cursos en Japón y destacó que contribuyó a crear «el Premio Nacional a la Calidad de las Empresas y el Premio a la Calidad de los Servicios Públicos, cuyo fin es estimular a que todos lo hagan bien». Se dedicó a eso, según sus palabras, en los años 2001 y 2002. Contó también que hizo un diplomado en calidad de servicios en la Universidad Adolfo Ibáñez.

Más tarde se fue al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) «como asesor de la gerencia general hasta el año 2011». Paralelamente hacía otras asesorías, «entre ellas al Sernam en clima laboral y en el SAG por el mismo tema».

Dijo que «en 2004 fui convocado como evaluador de la CNAP, que se había creado en el año 2000 […] y participé en procesos de evaluación de algunas instituciones. Para ello fui contratado por el Ministerio de Educación, durante 2004 y 2005. Como era un sistema nuevo, se creó un cargo de facilitador, que tenía que ayudar a las instituciones en el proceso. Ello ocurrió en mi caso en la Academia de Humanismo Cristiano y en la Universidad San Sebastián».

INSTALADO EN LA CNA

En su declaración ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en la Fiscalía de Ñuñoa el 18 de junio de 2011, Eugenio Díaz ratificó que fue nombrado en enero de 2007 por las universidades privadas. Después lo volvieron a elegir en dos oportunidades.

El propio Díaz Corvalán explicó al fiscal Gajardo: «Conmigo habló previamente Andrés Guillof, que era rector de la Uniacc». En ese momento, Díaz era subdirector de la Escuela de Derecho «desde el año 2006 aproximadamente. Se hizo la votación y fui elegido por las universidades privadas junto con Adolfo Arata. Asumimos, por lo tanto, como comisionados de la CNA. Nos correspondía evaluar todos los procesos que llegaban […] Heredamos una serie de procesos que venían de la CNAP».

En una de las primeras sesiones de 2007, los comisionados lo eligieron vicepresidente por dos años, y en 2009 fue reelegido por otros dos. Según consta en actas, bajo la presidencia de Emilio Rodríguez, el 25 de febrero de 2009, se efectuó la elección para elegir vicepresidente. Asistieron Eugenio Díaz, Adolfo Arata, Enrique Montenegro, Octavio Enríquez, Roberto Careaga, Luis Horacio Rojas, Pedro Corona, Rodrigo Alarcón, María Elena González y Andrea Aedo, secretaria ejecutiva y además ministro de fe. Excusaron su inasistencia Sally Bendersky, jefa de Educación Superior, y Sergio Martinic.

El acta señala: «El presidente, conforme a lo acordado el día 28 de enero de 2009, inicia el proceso de apertura de postulaciones al cargo de vicepresidente, que hasta ahora ha desempeñado el señor Eugenio Díaz. Los comisionados, de forma unánime, estiman que el aporte y dedicación del señor Díaz en el cargo de vicepresidente de la CNA ha sido destacable, proponiendo su reelección, en la medida que este acepte. El señor Eugenio Díaz Corvalán agradece la confianza en él depositada y acepta la designación propuesta».

Cuando el 8 de junio de 2010 renunció el presidente de la CNA, Emilio Rodríguez Ponce, el vicepresidente Eugenio Díaz pasó a reemplazarlo. Alcanzó a estar siete meses como presidente subrogante.

Al año siguiente y pocos días antes de que la mecha de la bomba se encendiera, el 20 de diciembre de 2010, Eugenio Díaz había tenido un gran espaldarazo. Las universidades privadas lo volvieron a elegir por amplia mayoría como uno de sus representantes en la CNA. También en la oportunidad reeligieron a Adolfo Arata.

Hubo más candidatos, pero Díaz ganó lejos con 32 votos, seguido de Adolfo Arata, con 27. Ambos fueron elegidos por cuatro años. Su destino diría otra cosa.

Fue el momento preciso para que Díaz Corvalán actuara con más descaro en defensa acérrima de las entidades privadas, según cuentan en sus declaraciones ante el fiscal otros miembros de la comisión y los profesionales integrantes del staff.

Se trasladó a la CNA, pese a que mantenía un contrato —según decía, estable— con la Universidad Andrés Bello, y era amo y señor de las acreditaciones. El maltrato hacia los demás parecía ser una característica que se acentuó. Esto lo llevó a destituir a la secretaria ejecutiva de ese entonces, la socióloga Andrea Aedo, a tener una relación áspera con su sucesor, Carlos Medrano, y serios encontrones con la profesora y ex vicerrectora de la UFRO, la psicóloga María Elena González Plitt.

«Mi relación con Eugenio Díaz desde un comienzo fue complicada, por cuanto teníamos diferencias de criterio en la toma de decisiones, en la forma de actuar. Él tenía un trato hacia las personas de mucha prepotencia y a veces grosero», dijo la profesora González ante los fiscales Gajardo y Norambuena.

En el último tiempo, Eugenio Díaz había estado vinculado a la Universidad Andrés Bello. «Dudo que pudiera hacer un trabajo serio en la Universidad Andrés Bello. Siempre tuve la sensación de que estaba contratado por sus vínculos con la CNA; era algo semejante a un operador político, pero él no tenía trayectoria como académico», indicó María Elena González.

EL AMIGO ROJAS

La socióloga Andrea Aedo, ex secretaria ejecutiva de la CNA, recordó ante el fiscal Carlos Gajardo: «En una sesión se produjo una disparidad fuerte de criterios entre él, como presidente, y María Elena González. Y al momento de pararnos para iniciar el break, Díaz le dijo a las personas que estaban alrededor algo así como “qué se cree esta huevona”. María Elena González lo escuchó y se retiró muy molesta».

Carlos Medrano, también sociólogo, estaba desde 2007 en la comisión. Fue secretario ejecutivo subrogante, después del despido de Andrea Aedo, y siguió trabajando en la CNA cuando llegó Patricio Basso. Le señaló al fiscal: «La distribución de poderes entre Díaz y yo era muy desigual. Él era el presidente y yo estaba como interino. En general, se hacían los cambios que él determinaba […] Mientras era presidente, él estaba prácticamente todos los días en la CNA. Hablaba con todo el mundo. Le daba instrucciones directamente a todos (al estafeta, a las secretarias, etc.). Su trato, además, era muy desagradable, muy duro. Las sesiones en su período eran muy tensas, era muy vociferante».

Ratificó Carlos Medrano que «el más cercano a Díaz Corvalán» de los otros comisionados era Luis Horacio Rojas, «con quien andaban siempre juntos, opinaban lo mismo. De hecho, cuando fue presidente Eugenio Díaz, tengo la impresión de que como ambos estaban muy de acuerdo en su posición, era Rojas el que la exponía en el pleno». Y contó que eso se dio en muchas oportunidades.

Un caso que recuerda y que es sintomático es el de la acreditación del Instituto Profesional Valle Central, «en que ambos argumentaban de una manera muy apasionada, abogando por la acreditación». En 2009, la CNA había acreditado por primera vez al Instituto Valle Central y Rojas participó en aquella acreditación.

En 2007, Luis Horacio Rojas había sido nombrado miembro de la CNA en representación del Conicyt. Estuvo ahí hasta diciembre de 2010, cuando terminó su segundo período.

«El año 2011, cuando Rojas ya no era comisionado, concurrió a la CNA como encargado del proceso de acreditación institucional del IP Valle Central a pedir participar en la designación de pares evaluadores. Esto se lo expliqué al secretario ejecutivo, tras lo cual él decidió enviar una carta al rector del IP manifestando su molestia por el asunto», señaló Carlos Medrano al fiscal, y agregó un ilustrativo antecedente: «Actualmente, Rojas es el rector del IP Valle Central».

Ese instituto profesional aumentó su matrícula desde algo más de seis mil quinientos alumnos en 2009 a más de diez mil alumnos en doce sucursales desde Ovalle a Puerto Montt. Sus estudiantes provienen en casi un 70 por ciento de colegios municipales y gracias a la acreditación por dos años lograda de nuevo en marzo de 2012, tienen acceso al CAE y a becas del Estado.

Luis Horacio Rojas, su rector, es abogado de la Universidad Católica y tiene socios de relieve en el Partido Radical Social Demócrata. Fue jefe de gabinete del ex ministro de Justicia y precandidato presidencial, el senador del PR José Antonio Gómez, quien encabeza ese partido. Rojas, quien fue también fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, aparece vinculado a Gómez en las sociedades GR Consultorías Capacitación y Servicios Jurídicos¹¹ y en la Inmobiliara GKD S.A., de la que forman parte junto a ellos dos connotados abogados DC: el ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano y la ex ministra de Mideplan Alejandra Krauss, entre otros.¹²

En 2010, Luis Horacio Rojas formó una sociedad con otra destacada figura del radicalismo: el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet Carlos Maldonado Curti, quien antes se había desempeñado como subscretario de esa cartera y de la Secretaría General de Gobierno.¹³

En esa época, cuando aún no irrumpía el movimiento estudiantil ni se desataba el vendaval sobre la acreditación y contra el lucro, Luis Horacio Rojas hacía gala de sus buenos contactos desde su puesto de secretario ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. El ex ministro de Justicia Carlos Maldonado era el director de ese centro.

El 9 de mayo de 2010, la Universidad Andrés Bello firmó un convenio con el Ministerio Público. Unos días después apareció en La Segunda¹⁴ —como inserción— una nota que incluía imágenes de la ceremonia. En una fotografía en el momento de suscribir el convenio aparecen el fiscal nacional, Sabas Chahuán,¹⁵ que fue profesor de derecho de la Universidad Andrés Bello hasta 2012; el decano de la Facultad, Gonzalo Cordero, y el ex ministro de Justicia y director del centro, Carlos Maldonado. Entre los asistentes al acto estuvo el entonces presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, quien también era profesor de la UNAB.

CONTRATOS PERSONALES

Cuando los fiscales consultaron a Eugenio Díaz por los contratos con las universidades, admitió que en el período de 2007 a 2012 había tenido contratos con varias de ellas, aunque no consignó todos los que se fueron detectando después. Reconoció en su primera declaración que estuvo en la Uniacc como subdirector desde 2006 hasta enero de 2009. «En el período del 2007-2012 he tenido contratos con las siguientes universidades: con la Uniacc, a título personal, de 2006 a enero de 2009, como subdirector de la Escuela de Derecho», partió señalando. «No tengo documentos de dicha contratación. Por ese trabajo tenía una remuneración de dos millones y medio pesos¹⁶ con boletas de honorarios a mi nombre. Luego, entre noviembre y diciembre de 2009, hice un informe para la Uniacc […] por un total de veintitrés millones de pesos.»

Según explicó, «el servicio que presté tiene que ver con el cambio de propiedad de la Uniacc, que era conducida por Guillof, a un nuevo sistema norteamericano, lo que significó un cambio cultural importante». Dio las boletas —como era lo habitual en él— a nombre de la sociedad Gestión. «La Uniacc había tenido su acreditación en la CNA en diciembre de 2007 por tres años y yo en ese proceso me inhabilité y no asistí a la sesión», señaló.

La relación con la Uniacc continuó y «celebré un contrato de fecha 1 de marzo del 2010 para la reacreditación por un monto de veinte millones a la firma del contrato. No obstante, en la primera quincena de abril finiquitamos ese contrato por el problema que tuvo la universidad con las becas Valech y no alcancé a trabajar mayormente en ese tema. Solo recibimos veinte millones iniciales». El contrato, dijo, fue lo mismo que el anterior con la sociedad Gestión y «trabajé solo en el caso. El monto total era por cincuenta millones de pesos, con un premio de hasta cien millones de pesos en caso de acreditación por cinco años, según contrato que acompaño», reconoció sin pudor.

En marzo de 2009, Eugenio Díaz Corvalán empezó, dijo, a trabajar en la Universidad Andrés Bello, donde estuvo hasta marzo de 2011. «Formaba parte del staff de la dirección de aseguramiento de calidad de la universidad. Estaba contratado por razones tributarias como sociedad Gestión» por una suma cercana a los cuatro millones de pesos¹⁷ mensuales brutos. Ese contrato «fue directamente con el rector Rolando Kelly. Tenía oficina en la universidad en la calle República. Tenía horario libre. Iba a la universidad prácticamente todos los días con horario libre. También concurría a la casona de Las Condes».

Señaló que trabajaba con el director de aseguramiento de la calidad, Thomas Griggs, y su «función era apoyar a las carreras en el proceso de aseguramiento de calidad y de acreditación o reacreditación, según correspondiera». Contó que hicieron «algunos talleres de entrenamiento a los directivos y académicos de las carreras en sistema de aseguramiento de calidad y procesos de acreditación, que son procesos nuevos para las universidades y que son en cierta medida rechazadas por los docentes».

También, dijo, le correspondía revisar informes de autoevaluación de las carreras de pedagogía y salud. «Era una especie de acompañamiento a dichos procesos. Tuve que viajar a regiones, a Viña del Mar y Concepción.» Pero llegó solo hasta marzo de 2011, porque «se reorganizó el área, se nombró un nuevo rector y dejé de prestar servicios ahí».

FARCAS Y LASTRA

Explicó también Eugenio Díaz que en esa época hubo otro negocio con el CFT Simón Bolívar, que al final no le resultó. En enero de 2011, el dueño y rector del CFT, Diego Méndez, «me pidió que le ayudara a acreditar la institución. Esto fue un acuerdo verbal, nunca se escrituró. El pedido era que trabajara en la acreditación a cambio de un pago a la sociedad Gestión de quince millones de pesos. Mi informe fue que no estaban en condiciones de estar acreditados». De todas maneras, recibió un pago contra boleta de la sociedad Gestión.

Contó que ese caso lo realizó con Andrés Lastra Bravo. «Por este tema le pagué a Lastra cinco millones de pesos, todo con boleta», precisó Díaz. «Lastra hizo el trabajo en terreno más fino», según él. Contó que el CFT tenía tres sedes, una en Santiago, otra en Los Andes y otra en San Felipe. «Lastra fue a las sedes de provincia […] La razón por la que no se podía acreditar era por la autonomía que tenían las sedes respecto a Santiago.»

Andrés Lastra Bravo es cercano a Eugenio Díaz y a Daniel Farcas desde hace tiempo. La amistad entre Lastra y Farcas se remonta a los años en que eran dirigentes estudiantiles en los ochenta. Trabajador social de profesión, estudió en el Instituto Profesional de Santiago (IPS)¹⁸ y llegó a ser presidente de la FECH en 1989, cuando los opositores a la dictadura se dividieron.

Los que serían después integrantes de la Concertación encabezados por Lastra, de la DC, se presentaron en una lista y los comunistas en otra. Lastra resultó elegido presidente. El secretario general fue Daniel Farcas, de la Izquierda Cristiana. Años después, Lastra trabajó en el Instituto de Normalización Profesional y en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Y más tarde Farcas, cuando era prorrector de la Uniacc, llevó a su amigo al puesto de vicerrector académico. Incluso, Andrés Lastra llegó a la rectoría cuando Farcas tuvo que renunciar con la llegada del grupo Apollo y el escándalo de las becas Valech.

Pero en 2011 los nuevos dueños le pidieron la renuncia a Andrés Lastra. Y se lo llevó Ángel Maulén de vicerrector de calidad a la Universidad Pedro de Valdivia. Al mismo tiempo colaboraba con Eugenio Díaz en sus «consultorías».

Justamente en el proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia —acreditada en diciembre de 2010—, Eugenio Díaz se entendía con Maulén y con Lastra. «Celebré con ellos un contrato para acompañarlos en el proceso de aseguramiento de calidad. Ello ocurrió en enero de 2011. El contrato fue verbal. Era por cincuenta millones de pesos en cinco cuotas de diez millones de pesos cada una», contó a los fiscales. «En enero de 2011 la primera y luego el 23 de abril, 12 de julio, 9 de septiembre y 28 de noviembre de 2011», detalló. La primera boleta, explicó, se giró a la Universidad Pedro de Valdivia y las otras cuatro al Preuniversitario Pedro de Valdivia. «Esto fue a solicitud de Ángel Maulén, que era el rector de la universidad. No presté ningún servicio al Preuniversitario Pedro de Valdivia, solo a la universidad, para acompañarlos en el proceso de aseguramiento de calidad, para lo cual hice un informe cuya copia acompaño de fecha febrero de 2011», explicó.

Después de eso no hubo más informes escritos para Maulén. «Desde marzo de 2011 en adelante la asesoría se desarrollaba mediante consultas que me hacía básicamente Andrés Lastra, que era vicerrector de calidad. Lastra avanzaba en los informes y me remitía las copias para que yo los revisara. Ángel Maulén sabía que Lastra trabajaba conmigo en el tema del Simón Bolívar», admitió.

CONTACTOS CON GENERALES

En 2011, la fuente de recursos más estable para Eugenio Díaz parecía ser la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), vinculada al Ejército. Reconoció Díaz en su declaración que celebró un contrato con la UBO en abril de 2011. El interlocutor y suscriptor del documento fue el rector Jorge O’Ryan Balbontín, general de Ejército (R) y rector delegado de la Usach entre 1980 y 1985.

Esa asesoría fue, según Díaz, por un monto de 220 UF. «Me pagaron 2.391.936 pesos el 7 de junio de 2011 y 2.395.375 pesos el 20 de junio de 2011.» Después celebró un segundo contrato con el sucesor de O’Ryan, otro general de Ejército (R), Claudio Ruff Escobar, por un total de veinticinco millones y medio de pesos. El acuerdo lo cerraron el 1 de agosto de 2011. El objetivo declarado era «el diseño de una política de vinculación con el medio, que es un área voluntaria del proceso de acreditación. Este contrato se finiquitó en abril de 2012 y por él me pagaron dos cuotas de cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos el 25 de octubre de 2011 y el 27 de enero, así como dos cuotas de cinco millones novecientos cincuenta mil pesos de fechas 2 de abril y 2 de mayo de 2012».

La Universidad Bernardo O’Higgins fue acreditada por tres años en diciembre de 2009. Admitió Díaz que él había participado en ese proceso «porque no tenía inhabilidad». En la reacreditación de diciembre de 2012 le fue mal, pero tras apelar logró finalmente, el 10 de julio de 2013, que se la concedieran por dos años.

Contó también Eugenio Díaz a los fiscales que el contrato con la Bernardo O’Higgins lo celebró a través de la sociedad Gestión. Y en el trabajo, destacó, participó Andrea Moraga Tononi, «periodista que era empleada de la sociedad Gestión».

La situación de Andrea Moraga, a quien Díaz presentaba como su sobrina, es la que complicó al entonces rector de la Universidad SEK, Juan Enrique Schroeder. Eugenio Díaz le pidió trabajo para ella y la rectoría de la universidad se lo dio, en el período en que la universidad del español Jorge Segovia se estaba acreditando.

Cuando los fiscales le preguntaron a Eugenio Díaz si había tenido alguna vinculación con la Universidad SEK, dijo: «Conozco al presidente del directorio, Jorge Segovia». Nada señaló de sus pedidos de trabajo para la sobrina ni el ofrecimiento de que lo contrataran, lo cual quedó en evidencia más tarde a través de la incautación del correo electrónico.

Después tuvo que reconocer el intercambio de e-mails y la filtración de una minuta financiera que había preparado el secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso. Las palabras de Basso se verían a la vez ratificadas por otros testimonios, cuando la Brigada del Cybercrimen entró en acción.

LA HEBRA EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR

Describió, asimismo, Díaz a los fiscales su vinculación con la Universidad del Mar, que fue la hebra por donde empezó a aparecer lo que estaba ocurriendo. Con desparpajo, Eugenio Díaz manifestó: «La Universidad del Mar se acreditó el 1 de diciembre de 2010 y celebré contrato con ellos el 20 de enero de 2011. Las conversaciones con la Universidad del Mar se llevaron a cabo con el rector Héctor Zúñiga en el mes de enero o, en cualquier caso, después del proceso de la acreditación».

Agregó en la fiscalía: «Recuerdo una reunión que tuve en Viña del Mar, me parece que el día 10 de enero de 2011, con Zúniga y Pedro Avendaño, que era el vicerrector de comunicaciones, de la cual yo levanté un acta […] Lo que yo les ofrecía era acompañarlos en el proceso de acreditación que tenían en dos años más. Tenían que ver esto como una oportunidad para superar las carencias de la institución».

El estilo de Díaz era hacerse necesario justamente cuando los dueños de universidades quedaban preocupados por los problemas que los pares evaluadores o la comisión les indicaban. Llegaba el minuto entonces de ofrecer sus servicios, que implícitamente —y a veces en forma bastante directa— los planteaba como un «seguro».

Explicó a los fiscales que en la reunión en que la CNA acreditó a la Universidad del Mar, el 1 de diciembre de 2010, «se detectaron varias carencias» que debían ser superadas. «No recuerdo cómo voté, pero debo haber votado a favor. Pero de ninguna manera pude haber dado una opinión de que se acreditara por tres años, eso de ninguna manera», sostuvo.

Señaló que con el rector Héctor Zúñiga —quien fue a la cárcel como él— «me debo haber reunido un par de veces en Santiago por la CUP,¹⁹ de la cual él formaba parte. En el año 2010 yo era el presidente de la CNA. Recuerdo que fui a la universidad en una sola ocasión y participé en una videoconferencia con los rectores de las sedes regionales, en la que hice un saludo formal y protocolar de no más de cinco minutos. Nunca hice conferencias en la Universidad del Mar por temas de calidad durante el año 2010».

Contó que en su nueva asesoría lo primero que hizo fue un «levantamiento de la situación de la universidad con el proceso de acreditación y un cronograma de trabajo […] con ayuda de Andrea Moraga». Indicó que las conferencias las dictaba él. Ella lo ayudaba «a preparar las presentaciones, llevaba las relaciones con los encargados de la universidad y participaba en las videoconferencias de las observaciones que salían de allí. Viajábamos casi todas las semanas a Viña del Mar, en algunas ocasiones debimos quedarnos allá. También viajamos a Iquique».

Según Eugenio Díaz, él advirtió las grandes debilidades que tenía la universidad, y cuando supo que Southern Cross se arrepintió en agosto de 2011, él también puso fin a su contrato. A esa fecha «se habían entregado boletas por cuarenta y cinco millones de pesos que me fueron pagados totalmente en febrero de 2012. Acompaño también una especie de finiquito del 19 de enero de 2012».

María Aurelia Bruna Contreras, contadora auditora y vicerrectora de administración y finanzas de la sede Reñaca de la Universidad del Mar, ratificó ese contrato firmado por el ex rector Zúñiga. La funcionaria respondió en forma asertiva a la Policía de Investigaciones respecto del documento con Eugenio Díaz y los pagos que se le efectuaron. El rector Héctor Zúñiga, aunque reconoció todo eso, fue menos preciso en su respuesta.

María Aurelia Bruna contó también que a Eugenio Díaz se le veía con frecuencia en reuniones con académicos desde marzo de 2011, pero que según lo que se comentaba no caía bien. «El trato del señor Eugenio Díaz era descortés para con los docentes, de lo cual tomé conocimiento por los comentarios de pasillo y en reuniones sostenidas con funcionarios de la universidad», dijo a la policía el 6 de junio de 2012.

La hebra de la Universidad del Mar llevó a los fiscales Gajardo y Norambuena a detectar también el lucro que obtenían los dueños. Mal que mal, todo el esfuerzo por acreditarse apuntaba —y sigue apuntando— en la mayoría de los casos justamente a la posibilidad de obtener suculentas ganancias a costa de los aranceles que pagan los estudiantes y que en buena medida avala el Estado.

Por eso, cuando en julio de 2012 llegó la denuncia de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados al Ministerio Público, la Fiscalía Nacional estimó que debían ser los mismos fiscales que estaban llevando la investigación de la Comisión Nacional de Acreditación quienes abarcaran también el lucro. Y en eso están. Son dos causas que se llevan aparte, pero no es extraño que las universidades investigadas se repitan.

CAPÍTULO XI

Los correos incautados

Los computadores y los correos electrónicos que incautó la Policía de Investigaciones, gracias a la orden emanada del Octavo Juzgado de Garantía,¹ dieron pistas a los fiscales en el desarrollo de su investigación. Así, se pudo conocer más sobre las relaciones de Eugenio Díaz Corvalán con las diversas universidades y sus rectores o ejecutivos. También se conoció cómo trataba de mostrar su eficacia y sus gestiones a sus clientes. Y cuando era el caso contribuía a generar un clima de temor que los hacía más dependientes de sus «buenos oficios».

La correspondencia electrónica da luces sobre la personalidad de Eugenio Díaz Corvalán, quien se vio enfrentado a sus propios escritos ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Los correos fueron base para nuevos interrogatorios por parte de la fiscalía y la PDI.

Aparecen como destinatarios prominentes empresarios en el «mercado» de la educación. Figuras que más de alguna vez han sido identificadas como pertenecientes a la «élite económica» y hasta «académica». Autoridades vinculadas estrechamente a las decisiones de universidades privadas y que en algún momento estuvieron dispuestas a pagar caro por servicios que les ofrecía el atento «comisionado» que les vendió la imagen de súper experto en «aseguramiento de calidad». Todo eso les parecía normal. Era parte del negocio en que estaban involucrados.

ASESORÍA A LA UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Durante dos años, desde marzo de 2009 hasta marzo de 2011, Eugenio Díaz Corvalán estuvo contratado por la Universidad Andrés Bello, con un sueldo de más de tres millones ochocientos mil pesos al mes. Llegó a ese acuerdo con Jorge Selume Zaror, el presidente para el Cono Sur del grupo Laureate, y con el entonces rector Rolando Kelly Jara, hijo de Roberto Kelly Vásquez,² el capitán de navío retirado que comandó la distribución del ya legendario «Ladrillo» —el documento base de los economistas que gobernaron con Pinochet— entre los oficiales de la Armada en 1973. El contrato contaba así con el visto bueno del más alto nivel de autoridades del poderoso grupo que en 1999 adquirió en Chile «la cartera de alumnos» de la Universidad de Las Américas, y en 2003, convertido en Laureate, hizo lo mismo al comprar la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB).

En el período hubo numerosas acreditaciones de las instituciones y carreras del grupo estadounidense que le significaron suculentas ganancias, mientras no dejaba de aumentar el número de alumnos en sus establecimientos. Con una matrícula que ya se empina sobre los ciento veinte mil estudiantes en sus universidades Andrés Bello, Las Américas, Viña del Mar, y los dos institutos profesionales —AIEP y Escuela Moderna de Música—, Laureate se convirtió en uno de los principales «actores» de este mercado. Gracias a las acreditaciones obtenidas es uno de los grupos que encabeza la lista de concentración del CAE. Todo parecía hablar de signos positivos, ingresos multimillonarios y utilidades que se multiplicaban.

Pero en los cálculos de Jorge Selume Zaror no estuvo quizá considerar que algún día los estudiantes iban a protestar en las calles de nuevo como en los años ochenta y en los sesenta. Su amigo, el economista Álvaro Bardón,³ planteaba que el día que los estudiantes pagaran la universidad se acabaría el movimiento estudiantil. No estuvo para ver cómo los hechos lo desmentían.

Seguramente, Jorge Selume no imaginó tampoco que en el Parlamento se crearían comisiones para averiguar acerca del lucro en las universidades. Ni menos que él iba a tener que llegar hasta una fiscalía a explicar su relación con Eugenio Díaz Corvalán y las implicancias del contrato de ese personaje con la Universidad Andrés Bello, en una investigación de esta magnitud.

Pero no fue Jorge Selume el único que se quedó corto en imaginar el complejo escenario que se vendría. En julio de 2011, mientras el movimiento estudiantil continuaba con marchas y paros, el presidente de la República, Sebastián Piñera, trasladó a su ministro de Justicia, Felipe Bulnes, a Educación para reemplazar a Joaquín Lavín. Y nombró en Justicia a un amigo suyo, militante de Renovación Nacional: Teodoro Ribera Neumann. Era en ese momento el rector de la Universidad Autónoma de Chile, nacida como Autónoma del Sur en Temuco, en enero de 1990. Piñera no sopesó el conflicto de interés que podría tener su nuevo ministro, quien junto a su padre y sus hermanos montó la universidad en la Región de La Araucanía y la expandió a Talca y a Santiago. Ni menos que se vería envuelto en el oscuro caso de las acreditaciones.

Pero Teodoro Ribera también fue destinatario de los e-mails de Eugenio Díaz, quien le pedía un favor para un sobrino nieto cuando era rector de la Universidad Autónoma, en junio de 2010. Y apareció comprometido además en un contrato posterior con Gendarmería, siendo ministro, mientras la nueva adquisición de la familia Ribera —el Instituto Profesional Incacea— estaba en proceso de acreditación. Después de mucha resistencia, Teodoro Ribera debió abandonar el ministerio en diciembre de 2012.

A esa altura, dos rectores de universidades privadas, Héctor Zúñiga, de la Universidad del Mar, y Ángel Maulén, de la Pedro de Valdivia, ya habían sido formalizados el 24 de noviembre por la fiscalía, por los delitos de soborno y lavado de dinero. Luis Eugenio Díaz, a su vez, por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios. Díaz y los dos rectores fueron detenidos y debieron pasar las fiestas de fin de año en la cárcel. El ex presidente de la CNA y Zúñiga siguen en prisión preventiva, mientras que Ángel Maulén está con arresto domiciliario concedido por la Corte de Apelaciones de Santiago.

LOS LAZOS DE ÁNGEL MAULÉN

El ingeniero civil Ángel Maulén Ríos, de cincuenta y ocho años, era conocido como un «empresario de la Concertación» y militante DC, al que le había ido muy bien en sus numerosos negocios en el campo educacional, en las inmobiliarias y en las más variadas actividades. Hijo de un trabajador linotipista, militante radical que fue presidente del sindicato de la estatizada empresa Quimantú al momento del golpe militar, y de una madre dueña de casa, estudió en numerosos colegios: la enseñanza básica y parte de la media la cursó en establecimientos públicos y después estuvo en el Patrocinio de San José, en la Escuela Militar y en el Liceo Lastarria.

Estudió ingeniería en la Universidad de Chile. Cuando aún estaba en el campus de Beauchef inició el negocio de los preuniversitarios. Cuando concurrió a declarar contó a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena⁴ cómo empezó en 1978 con el Preuniversitario Pedro de Valdivia, junto a su socio y ex cuñado Enrique Rodríguez. Señaló que cuando en 1981 se abrió la posibilidad de crear universidades privadas, quisieron formar una, pero no pudieron hacerlo en ese momento porque se requería la autorización del Ministerio del Interior, que se las negó. En 1981 formaron el primer colegio con la infraestructura que tenían pensada para la universidad, contó.

Paralelamente, según declaró, se ha dedicado a la construcción y ha «levantado diversos edificios con distintas empresas». También tiene un área de hoteles —los hoteles Neruda— y el 35 por ciento de la sociedad de responsabilidad limitada dueña de los preuniversitarios. El otro 35 por ciento es de su socio Enrique Rodríguez. Lo que queda, explicó, «le pertenece a Patricia Sandoval⁵ en un 16 por ciento; Manuel Rodríguez, que tiene el 6 por ciento, y Carmen Rodríguez, que posee el restante 8 por ciento». Estos últimos, dijo, «son hermanos de Enrique y Carmen fue mi señora».

Maulén y sus socios son dueños actualmente de cuatro colegios. El primero fue el del centro de Santiago, después vinieron el de Providencia, el de Las Condes y el de Peñalolén. Indicó a los fiscales que también controlan los institutos Wall Street, «una franquicia que está en todo Chile, con unas catorce sucursales».

Su incursión en las universidades privadas es anterior a la Universidad Pedro de Valdivia. Según dijo a los fiscales, partió en 2004, cuando el presidente de la Universidad Miguel de Cervantes de esa época, Osvaldo Chacra, lo invitó a participar. Entonces tenía muy pocos alumnos. «Se esperaba que incorporara mi experiencia educacional y que aportara capital», agregó.

Declaró que su participación actual en la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) es de «alrededor del 12 por ciento, a través de la empresa Cantalao».⁶ En su propiedad están Gutenberg Martínez, Luis Ortiz Quiroga, Edmundo Hermosilla y Ernesto Corona, entre otros.⁷ Dijo que desde 2006 no participaba en el directorio.

La UMC, con solo mil estudiantes en 2012, nunca se ha acreditado. Su rector y principal socio, el ex diputado Gutenberg Martínez, dirigente DC de larga trayectoria política,⁸ admitió ante la segunda comisión investigadora sobre educación superior en la Cámara de Diputados, en agosto de 2013, la participación de Ángel Maulén en tres sociedades relacionadas con la Miguel de Cervantes. Señaló que Maulén era socio de una inmobiliaria que arrienda a un precio bajo sus instalaciones a la UMC.

En la misma oportunidad, Martínez destacó que sus alumnos provienen de colegios municipales y subvencionados, que la universidad tiene «vocación pública y social, y nos coordinamos con las universidades Cardenal Silva Henríquez, Central y Arcis, porque tenemos visiones conjuntas».

Ángel Maulén relató ante los fiscales que en 2006, cuando la Universidad Mariano Egaña estaba «con algunos problemas financieros, tuvimos conversaciones con Germán Cerón, que era el presidente de la asamblea de dicha universidad, para hacer alianzas con el preuniversitario. Posteriormente acordamos hacernos cargo de la universidad», que en ese momento tenía muchas deudas. Las personas que «ingresaron a la asamblea», indicó, son «Enrique Rodríguez, Lixio Riobo, María Elia Maulén, que falleció en 2012, Pilar Rodríguez (hermana de Enrique, que reside en el extranjero), Ángel Maulén Rodríguez (mi hijo), Elia Ríos Cancino (mi madre), Patricia Sandoval (viuda de uno de los hermanos de Enrique), Manuel Rodríguez y yo».

Hasta fines de 2011, el propio Ángel Maulén fue el rector. Y a partir de esa fecha lo fue Gonzalo Arenas. Destacó que «cuando asumieron la universidad tenía aproximadamente seiscientos alumnos y fue creciendo. Actualmente tiene alrededor de doce mil en Antofagasta, La Serena, Santiago, Chillán y Concepción».

ENCUENTRO CON EUGENIO DÍAZ CORVALÁN

Ángel Maulén conoció a Eugenio Díaz en los años ochenta «por intermedio de Manuel Bustos», un amigo común, según dijo a los fiscales. Y con posterioridad, cuando fue subsecretario de Economía en el año 1996 o 1997, trabajó con él en el Centro Nacional de la Calidad y la Productividad. Díaz era el secretario ejecutivo de dicha comisión.

Después lo vio muy poco, según contó. Se volvieron a encontrar a fines de 2006, cuando debían elegir a dos representantes de las universidades privadas para ser parte de la CNA. Uno de los candidatos era Eugenio Díaz y ellos votaron por él.

Recordó que en esos años se presentaron a la acreditación y no lograron el objetivo. «El rechazo de la acreditación fue unánime porque éramos una universidad muy nueva», dijo. Después hubo un segundo intento fallido.

«La universidad fue creciendo y el año 2007 contratamos para este tema al señor Carlos Cáceres. Teníamos alrededor de unos seis mil quinientos alumnos hacia 2010. En esa época era presidente (s) de la CNA Eugenio Díaz», señaló y continuó: «A principios de diciembre de 2010 se vio nuestra acreditación en la sesión de la CNA y nos rechazaron porque teníamos patrimonio negativo, lo que era obvio, porque solo teníamos tres años de funcionamiento. Para ir a la reposición hicimos un aporte de tres mil millones de pesos y pasamos a tener patrimonio positivo. Con eso se nos acreditó por un año».

Según declaró Maulén: «Eugenio Díaz no nos asesoró en este proceso de acreditación, ni nos ayudó, en eso quiero ser muy claro. Lo que sí sucedió es que le pedí a Eugenio Díaz, en alguna de las reuniones protocolares, si nos podía dar algún consejo sobre cómo íbamos en la elaboración de nuestros documentos, entre ellos el informe de autoevaluación de la universidad. Le hicimos llegar ese documento, no recuerdo de qué manera. El señor Díaz me dio una recomendación muy general de algunos tiempos verbales […] y aspectos formales principalmente».

Pero después de que los acreditaran solo por un año, «quedamos muy impactados y decidimos buscar a alguien que supiera verdaderamente del tema», dijo Maulén a los fiscales.

UN CONTRATO VERBAL

Según la declaración de Ángel Maulén, la primera semana de enero de 2011 se encontró con Eugenio Díaz, quien le ofreció una asesoría muy similar a la que hacía en la Universidad Andrés Bello. En ese momento llegaron a un acuerdo económico por cincuenta millones de pesos para el trabajo de un año.

Maulén precisó que el acuerdo «no garantizaba la acreditación» y que Eugenio Díaz se inhabilitaría ante la comisión en el momento dado. «Ese fue el convenio. No se hizo por escrito. Pudo haber existido un borrador», señaló.

—¿Existe algún otro contrato en la universidad por montos como estos que no conste por escrito? —le preguntaron los fiscales.

—No recuerdo —respondió Maulén.

Pero insistió en que la asesoría no contempló informes escritos. Tampoco Eugenio Díaz tuvo oficina en la Universidad Pedro de Valdivia ni correo electrónico oficial, según declaró Maulén. Básicamente se reunió periódicamente con él, unos doce encuentros en almuerzos o cenas, en los que trabajó en el cambio de los estatutos de la universidad para crear la vicerrectoría de sedes y calidad.

Maulén señaló que nombraron como vicerrector a Andrés Lastra, quien le fue recomendado por Daniel Farcas. «Yo no lo conocía previamente, salvo como dirigente de la FECH. Lastra fue nuestro director de calidad desde mediados de 2010, siendo el responsable junto al rector del proceso de acreditación», dijo.

En 2011, cuando empezó «la asesoría de Díaz», se elevó el cargo de Lastra al de vicerrector de sedes y calidad. «Esta persona se remuneraba en alrededor de tres millones y medio de pesos líquidos mensual», indicó Maulén.

Admitió también que él sabía que Lastra y Díaz «eran amigos, que habían trabajado juntos en la Uniacc», aunque nunca supo, dijo, que también colaboraron juntos en el CFT Simón Bolívar. «Lastra me pidió autorización para trabajar en el tema del CFT Simón Bolívar⁹ y yo lo autoricé, pero no sabía que Díaz también trabajaba en eso».

Aclaró Maulén en su declaración: «La junta directiva [de la universidad] no sabía que estaba contratado ni se reunió con el señor Díaz. No me pareció relevante como rector comentarlo […] porque para la junta el proceso de acreditación y sus avances eran presentados por el vicerrector de sedes y calidad».

Respecto de la forma de pago, «sería la que yo conversé con Eugenio Díaz, creo que acordamos que las boletas fueran de la sociedad Gestión», señaló Ángel Maulén. Y admitió como error que se hubiesen dado boletas a nombre del preuniversitario.

Contó también que Díaz les hizo otro tipo de asesorías en materias relacionadas con la necesidad de reducir gastos de publicidad, «en la decisión de no comprar el Instituto Profesional Arcos y en el aumento del número de docentes. Esto en las reuniones o almuerzos que teníamos. Nunca envié correos electrónicos replicando estas asesorías al interior de la universidad».

La asesoría de Díaz se prolongó por todo 2011.

Uno de los puntos que omitió fue que Eugenio Díaz le pidió trabajo para una hija y él se lo dio precisamente en el tiempo de la acreditación. El abogado defensor de Ángel Maulén, Gabriel Zaliasnik, no negó este antecedente, pero indicó, en agosto de 2013, que demostraría que era parte de la «asesoría» de Díaz.

CON EL ABOGADO LUIS HERMOSILLA

La presencia de abogados famosos es otra de las características de esta «megainvestigación», como la calificó el fiscal nacional Sabas Chahuán.

Ante el nuevo escenario y la notificación para comparecer, Jorge Selume se preocupó de elegir a uno de los penalistas más notorios de la plaza, Luis Hermosilla Osorio, quien lo acompañó el 12 de diciembre de 2012 a la Fiscalía de Ñuñoa a declarar ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Además de ostentar un currículo donde figuran casos de alto impacto público, Luis Hermosilla¹⁰ era un antiguo conocido de Selume. El abogado fue decano de la Facultad de Derecho de la Andrés Bello entre 2000 y 2003.

Según la periodista Ximena Pérez Villamil, en un reportaje del diario electrónico El Mostrador, habría sido Hermosilla quien, al dejar su cargo en 2003, recomendó como sucesor en el decanato al vicedecano Patricio Zapata Larraín, profesor de derecho constitucional DC, para dar una imagen de mayor pluralidad. También, según la periodista, el abogado Hermosilla —militante comunista en su juventud que derivó hacia la derecha— propuso contar con integrantes del Poder Judicial en su facultad.

De hecho, bajo su mandato «reclutó a dos ministros de la Suprema y a uno de la Corte de Apelaciones para hacer clases: Milton Juica, Domingo Kokisch y Alfredo Pfeiffer, quienes representaban distintas posturas dentro del Poder Judicial. Uno progresista y proderechos humanos; otro de derecha, pero respetado por sus fallos, y el tercero (Pfeiffer) partidario de la Ley de Amnistía, cuestionado por los abogados de derechos humanos y que integrará, gracias a un cambio de criterio en los tribunales, la quina de ministros para la Corte Suprema hasta 2019», según el mismo artículo.¹¹

Luis Hermosilla, quien en 1985 —junto a Gustavo Villalobos— fue querellante en el caso de los tres profesionales comunistas degollados, integró hasta abril de 2013 el Consejo del Instituto de Derechos Humanos.¹² En ese consejo seguramente debió toparse con Eugenio Díaz Corvalán, que formaba parte de él hasta que tuvo que renunciar en 2012.

EL BANQUERO SELUME

El ingeniero comercial Constantino Demetrio Jorge Selume Zaror hizo carrera en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile —como se llamaba entonces la actual Facultad de Economía y Negocios, conocida hoy como FEN—, en el tiempo en que la institución estaba intervenida. Surgió a la sombra de Álvaro Saieh Bendeck, quien fue decano entre 1980 y 1981. Cuando Saieh pasó a ser prorrector, lo sucedió Jorge Selume.

«Monitoreado por el flamante prorrector, Jorge Selume debía consolidar en ese entonces la “escuela de pensamiento”, que ensalzaba la libertad de los mercados y la primacía de lo privado sobre lo público», escribí en Los magnates de la prensa.¹³ «Si tenía alguna duda sobre su quehacer cotidiano, Selume consultaba a su mentor.»

En 1985, Hernán Büchi, otro amigo de Selume, fue nombrado por Pinochet ministro de Hacienda, y se llevó al ex decano como director de Presupuesto. El nombre de Selume figuraba por aquel entonces en diversos directorios de empresas del Estado que después fueron privatizadas: Entel, Chilectra, la Compañía de Teléfonos y Pehuenche.¹⁴ En 1988, Selume dejó la Dirección de Presupuesto para trabajar en la campaña presidencial de su jefe, Hernán Büchi.

Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor «licitaron» el quebrado Banco Osorno y La Unión en 1986. Jorge Selume seguía de cerca el proyecto, cuyo gerente general era Saieh, y como él no podía estar en el directorio porque tenía uno de los más altos cargos de las finanzas públicas, ocupó un asiento su padre, Jorge Selume Atala. Después de 1988, Selume Zaror acompañó a Saieh en la dirección del banco y de otras compañías financieras, que fue armando el grupo en el ámbito del leasing, los fondos mutuos y los seguros. Al final de la década, junto a los Abumohor, a Sergio de Castro y al empresario Juan Carlos Latorre Díaz, se hicieron cargo del quebrado Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), con sus dos diarios, La Tercera y La Cuarta.

Después del triunfo del No en el plebiscito de 1988 surgió entre los partidarios de la dictadura la preocupación por proyectar sus ideas y sus negocios. Los medios de comunicación eran fundamentales y El Mercurio y La Tercera —los dos principales diarios— estaban prácticamente quebrados. Fue entonces clave el rol jugado por otro antiguo amigo de la Facultad de Economía que estaba en la presidencia del Banco Central: Álvaro Bardón Muñoz, quien se encargó de «licuarles» las deudas en condiciones muy ventajosas para poder enfrentar en buen pie la transición. Copesa, que pertenecía a la familia Picó Cañas, estaba en un 70 por ciento en manos del Estado,¹⁵ y gracias a esas negociaciones logró salir adelante. En esos años, Jorge Selume y el ex ministro Miguel Ángel Poduje acompañaron a Saieh en el directorio de Copesa y aportaron sus consejos editoriales.

Más tarde vinieron otros grandes negocios en los tiempos de esplendor del hoy atribulado Álvaro Saieh, quien en 2013 ha enfrentado serios problemas en lo que ha sido su imperio financiero y comunicacional.

Parte de los antecedentes históricos de ese imperio se remontan a 1993, cuando compraron al Bankers Trust la AFP Provida, que luego vendieron al español Banco Bilbao Vizcaya, haciendo una gran ganancia.

En abril de 1996, el grupo «árabe» —como lo llamaban— vendió el Banco Osorno al español Santander. En buenas cuentas eso implicó la desaparición del Osorno. Todas sus sucursales y oficinas pasaron al Santander. El precio de la operación fue casi quinientos millones de dólares para el grupo encabezado por Saieh y los hermanos Abumohor. Fue considerada la mayor transacción de la historia del sistema bancario chileno.

Con las ganancias, el grupo adquirió el 80 por ciento del Banco Concepción. Álvaro Saieh y sus colegas se arriesgaron de nuevo con un banco en dificultades —tal como habían tomado al Osorno— y Jorge Selume, el fiel lugarteniente, asumió como gerente general. El Concepción se transformó en Corpbanca y este en el eje del que hasta 2013 parecía el fuerte grupo Corp Group.

EL CONTROL DE LA ANDRÉS BELLO

En 1996, el mismo año de la espectacular venta del Banco Osorno, el grupo comandado por Álvaro Saieh, Jorge Selume y Miguel Ángel Poduje —el ex ministro de Pinochet que murió de cáncer al pulmón en 2012—, asociados con el ex ministro de Educación Juan Antonio Guzmán Molinari y el empresario Andrés Navarro Haeussler, tomaron el control de la Universidad Nacional Andrés Bello. Había sido creada en 1988 por el empresario Víctor Saleh y Francisco Javier Luna. Ahí se encontraron también con los socios de Copra, la sociedad de papel creada en 1986 por Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Ignacio Fernández y Andrés Serrano Gutiérrez,¹⁶ que formalizó su ingreso a la Andrés Bello en 1991. Luis Cordero Barrera, otro fundador de la UDI e integrante de Copra en los noventa, pasó a ser el prorrector de la UNAB.

La sociedad denominada Preuniversitario Andrés Bello S.A. tenía el control de la corporación dueña de la universidad. Y Preuniversitario Andrés Bello S.A., a su vez, pertenecía a la sociedad Huepil, de Álvaro Saieh, Miguel Ángel Poduje y Jorge Selume; La Caleta, de Juan Antonio Guzmán Molinari y su cuñado, el diputado Julio Dittborn Cordua; Yuste, de Andrés Navarro Haeussler, y Copra, representada por Marcelo Ruiz Pérez e Ignacio Fernández Doren, ambos muertos en el accidente de avión de marzo de 2010.

Selume, Saieh, Guzmán, Poduje y el abogado Guillermo Elton Álamos, ex presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, oficializaron su ingreso como «socios activos» de la corporación el 12 de diciembre de 1996. El ex ministro de Educación de Pinochet Juan Antonio Guzmán fue nombrado presidente de la junta directiva, y Miguel Ángel Poduje, rector. La influencia de la UDI se hizo evidente. Tras un largo proceso, la Universidad Andrés Bello logró la autonomía en 1999.

En enero de 2001 se produjo un intercambio de cargos: Guzmán Molinari asumió la rectoría y Poduje pasó a presidir la junta directiva. Otro cercano al grupo sucedió después a Guzmán, Manuel Krauskopf, quien actualmente es un alto ejecutivo del grupo Laureate.

La Inmobiliaria Andrés Bello compró ese año en Viña del Mar la Sociedad Educacional Educares Limitada a las hermanas Hunt Precht,¹⁷ quienes eran dueñas del instituto del mismo nombre —dedicado a la pedagogía—. Eso les permitió instalarse con la UNAB en Valparaíso sin más trámite que acreditar las carreras.

A través de la Inmobiliaria Andrés Bello adquirieron también en 2002 la clínica Indisa para desarrollar el negocio de la salud y utilizarla como campo clínico de su universidad.

Hacia 2006, aunque Jorge Selume se mantenía como accionista de Corpbanca, tenía negocios propios, aparte de su cargo en Laureate. La revista Capital habla de «el destape de Selume»¹⁸ y cuenta en una entrevista que había comprado una viña, tenía un haras de caballos árabes, había plantado 340 hectáreas con olivos en su fundo en Talca y había ingresado a la propiedad de Blanco y Negro, la sociedad dueña de Colo-Colo, donde se codeaba con Gabriel Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera. Explicó el propio Selume en ese momento que estaba «en el campo y en el fútbol».

REAPARECEN LOS «TUCANES»

Desde la muerte de Miguel Ángel Poduje en septiembre de 2011, el presidente de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello pasó a ser de nuevo Juan Antonio Guzmán Molinari, como en 1996, cuando el grupo de los ocho vinculados a la UDI tomó el control, antes de vender a Sylvan. A la vez, Guzmán, el ex ministro de Educación de Pinochet que dirigió diez años antes el plan que instaló a José Luis Federici como rector delegado de la Universidad de Chile en 1987, es presidente del directorio de la clínica Indisa.

Jorge Selume, por su parte, es el vicepresidente de la Universidad Andrés Bello, presidente del Instituto Profesional AIEP y miembro del directorio de Indisa y de la junta directiva de la Universidad de Las Américas.

«Soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Fui ayudante. En 1974 pasé a ser profesor auxiliar. De ahí en adelante estuve haciendo clases en la Universidad de Chile hasta alrededor del año 2000. Fui decano de Economía desde 1981 hasta febrero de 1985. También hice clases en la Universidad Nacional Andrés Bello desde mediados de los noventa hasta 2005 aproximadamente», señaló Jorge Selume a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en su cita del 12 de diciembre de 2012.

Les indicó que a mediados de los años noventa, Luis Cordero, Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández lo «invitaron a participar en el proyecto de la Universidad Andrés Bello, que tenía la idea de ser una universidad como la Universidad de Chile dentro de las privadas. Me integré en la corporación y tuve por ello una posición en la junta directiva de la UNAB».

Cuando leí esta reciente declaración de Selume ante los fiscales, el texto me quedó dando vueltas. «Ser una universidad como la Universidad de Chile dentro de las privadas», no era una frase que escuchaba por primera vez. Saltó vivo el recuerdo de «los tucanes», como apodábamos al grupo de economistas e ingenieros que —reunidos en una comisión universitaria— trabajaban en el nuevo diseño de la educación superior. Estaban también preocupados de la privatización de las empresas del Estado y en particular se involucraban en el sector energético.

Álvaro Saieh, Jorge Selume, Sergio Melnick —quien sucedió a Selume como decano de Economía y después fue ministro de Odeplan y secretario general de Gobierno de Pinochet—, Juan Antonio Guzmán y su gran amigo Bruno Philippi, el ingeniero comercial Gerardo Jofré, el actual presidente de la estatal Codelco, muy cercano a Hernán Büchi… Todos ellos integraban ese grupo que se reunía tras bambalinas con el objetivo de llevar adelante sus propósitos amparados en el poder dictatorial.

Eran los tiempos del diario La Época. El editor general Ascanio Cavallo en su «Bitácora», y yo a través de reportajes investigativos, habíamos dado con este grupo. El apelativo de «tucanes» se originó en una antigua anécdota que circulaba en torno a Sergio Melnick, en ese momento ministro director de Odeplan, quien desde comienzos de los ochenta sostenía unas reuniones en su casa con un grupo de amigos junto a un colorido pájaro embalsamado. «Melnick trataba de aclarar que nada de político tenía ese grupo y que no eran los mismos integrantes de la comisión universitaria. Sin embargo, el sobrenombre prendió y se impuso para identificar al nuevo grupo de poder que detectamos en esos días, cuyos ejes estaban en la Facultad de Economía, Hacienda y Odeplan», explicaba yo en el libro La privatización de las universidades.¹⁹

Algunos «tucanes» y otros cercanos a ellos menos conocidos en esos años se encargaron después de hacer perdurable el modelo neoliberal a través de la enseñanza en las universidades privadas que contribuyeron a crear. Un caso de actualidad es el de Francisco Javier Labbé Opazo, protagonista del escándalo en torno a los resultados del Censo 2012. Máster en Chicago, Labbé fue jefe del Departamento de Inversiones de Odeplán entre 1981 y 1986, y profesor de ingeniería comercial de la Universidad de Chile, donde llegó a ser director de la escuela en dictadura. Después fue decano de Economía de la Universidad Gabriela Mistral desde 1991 a 1999, y ese año se trasladó a la Universidad Andrés Bello, donde estuvo más de una década: fue decano de Economía hasta 2010, cuando Sebastián Piñera lo nombró director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Para «los tucanes» de entonces era estratégico dejar amarrado un sistema que les permitiera influir y ganar dinero. Pero la Universidad de Chile, con todo lo que había significado en la historia del país, era para ellos un obstáculo grande. Por eso se las arreglaron para que Pinochet nombrara como rector delegado a Federici, que había sucedido a Melnick como decano designado de Economía, con el objeto de avasallar definitivamente a la universidad y crear una o más privadas que pudieran sustituir a su modo el rol fundamental de la principal universidad del país.

Aunque al comienzo parecía extraño que los mismos que estaban preocupados de privatizar empresas estatales estuvieran con los ojos puestos en la educación superior, empezamos a advertir que eso tenía sentido. Era una concepción de sociedad la que querían imponer. Además, el nuevo diseño les permitiría hacer grandes negocios. El tiempo mostró que la interpretación era correcta. Los «tucanes» no se han detenido, aunque —está visto— de repente tropiezan.

GANANCIAS EN MILLONES DE DÓLARES

Según Jorge Selume Zaror, su ingreso a la Universidad Andrés Bello en los noventa le significó «asumir algunos pasivos de la universidad más que poner capital». Y ratificó también a los fiscales que en ese mismo período entraron Poduje, Guzmán, Navarro y Saieh.

Recordó Selume que cuando ingresó a la Andrés Bello esa universidad tenía «alrededor de tres mil alumnos». A continuación indicó que «el año 2003 entró el grupo Laureate al proyecto y salimos los ocho que estábamos. A esa altura teníamos aproximadamente doce mil alumnos. Se transfirieron institutos profesionales, marcas, algunas propiedades y también el Instituto Profesional AIEP».

Un dato interesante que habla del lucro obtenido por Selume y sus antiguos socios de la Universidad Andrés Bello: «El grupo Laureate adquirió estos bienes en alrededor de ochenta millones de dólares y, por lo tanto, ello significó diez millones de dólares para cada uno de los controladores». La ganancia fue más significativa si se considera lo que el mismo Selume afirmó ante los fiscales: «En todo caso, esta adquisición no incluyó la mayor parte de las inmobiliarias, que siguieron en manos de algunos de los sostenedores».

Contó que se retiró «de las inmobiliarias alrededor del año 2005», pero se mantuvo en el grupo Laureate, «asumiendo el año 2005 como presidente de la región andina». Esto incluye Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia, «aunque hay operaciones solo en los tres primeros países».

Señaló también Jorge Selume que Laureate le pidió a él, a Marcelo Ruiz, a Ignacio Fernández y a Luis Cordero que se mantuvieran «en la gestión del proyecto». Ellos accedieron. «Yo forjé una buena relación en lo humano con William Dennis, que era el vicepresidente para América Latina del grupo, además de tener mucho cariño por el proyecto de la UNAB, por lo que quería quedarme», explicó.

«Mi cargo implica viajar mucho, pues participo en las juntas directivas de las universidades del grupo en los demás países, pero no es un cargo ejecutivo, por lo que me acomoda ejercerlo», señaló. Selume permanece en ese puesto hasta ahora.

Agregó en su declaración lo que representa el grupo Laureate hoy: «La Universidad Andrés Bello tiene alrededor de cuarenta mil alumnos. El grupo AIEP, alrededor de cincuenta mil (que se adquirió el año 2000 y tenía alrededor de dos mil alumnos en ese momento), y la UDLA (Universidad de Las Américas) y la UVM (Universidad de Viña del Mar), alrededor de treinta mil alumnos más».

En las palabras del ejecutivo se advierte la satisfacción por los notables incrementos de las «carteras de alumnos» registrados en los últimos años. Y aunque no lo dijo a los fiscales, los ingresos y las ganancias se han multiplicado.

CONTACTO EN EL ESTADIO

Aunque Selume, a través de esa declaración y de una entrevista en Ciper Chile, trató de marcar diferencias con el imputado Eugenio Díaz, el ex presidente de la CNA fue un estrecho colaborador del holding en momentos fundamentales para la acreditación de los diferentes establecimientos que lo integran.

«A Eugenio Díaz lo conocí por el fútbol… En el año 2007 entré como accionista de Blanco y Negro y ahí convivimos con los demás accionistas y los integrantes de la Corporación Colo-Colo. En la corporación conocí a Eugenio Díaz, que era, entiendo, director. Así fue como nos conocimos porque coincidimos mucho en el estadio en los partidos. Él iba generalmente con su nieto y teníamos la típica conversación de estadio, tal como me encontraba con otras personas. Yo no sabía que estaba en la CNA», señaló Selume a los fiscales.

Relató que un día le contó que «estaba en la Uniacc y en la CNA y que se estaba yendo de la Uniacc. Y me dijo que quería seguir en alguna universidad». Le preguntó, según Selume, «si había espacio» para él en la Andrés Bello. «Me lo planteó muy suavemente, muy a la pasada. Con posterioridad me pidió reunirnos en mi oficina y lo recibí, y me volvió a plantear su interés en trabajar en la UNAB, y se me presentó como un gran experto en procesos de aseguramiento de calidad en general.»

Jorge Selume le señaló a los fiscales: «Yo me hice la impresión de que efectivamente era así, si bien no parecía tener una carrera académica destacada. Su fuerte estaba en el tema de aseguramiento de calidad». Contó que inicialmente le «solicitó seguir en la Facultad de Derecho de la UNAB, pero como he dicho, por su currículo, no calificaba para ello y por lo tanto no fue tema».

DÍAZ EN LA ANDRÉS BELLO

La explicación de Selume es que consideraron que «sí teníamos un problema como institución», ya que las acreditaciones de las carreras eran para ellos una dificultad, «por la falta de cultura en los procesos de autoevaluación. Recién habíamos tenido una mala experiencia con la acreditación de la carrera de kinesiología». Fue así como consideraron la oferta de Díaz, aseguró. «Este fue el contexto en que analizamos su contratación» en la UNAB.

Según dijo a los fiscales, derivó el asunto al rector Rolando Kelly, quien se entrevistó con Eugenio Díaz. Estimaron —de acuerdo al relato del directivo de Laureate— que esa contratación podía ayudarlos en la mejora continua de «los procesos de aseguramiento de la calidad». Y contó a los fiscales que tras esa entrevista, «Eugenio Díaz fue muy insistente con su contratación. Me llamó en diversas oportunidades para ver qué pasaba con este asunto».

El 22 de diciembre de 2008, la CNA resolvió acreditar a la UNAB por cinco años «y nos acreditamos también en el área de investigación, siendo la única privada que hasta la fecha lo ha hecho», destacó.

Aseguró Selume en la fiscalía: «Como estábamos en conversaciones con él, le pedimos expresamente —tanto el rector como yo— que se inhabilitara en la votación, lo que efectivamente hizo». Y ratificó que Eugenio Díaz quería ser contratado «en un cargo formal dentro de la universidad, pero nosotros no estuvimos disponibles y solo lo contratamos como asesor».

Al día siguiente de la declaración ante los fiscales apareció una entrevista en Ciper Chile efectuada por la directora del sitio electrónico, Mónica González. Aunque habitualmente Jorge Selume mantiene bajo perfil, el empresario apareció ese día lanza en ristre afirmando que Eugenio Díaz era un «majadero» y un «operador político», que el sistema de acreditación hacía agua por todos lados y que le parecía «increíble» que a la Universidad Autónoma —del ministro Teodoro Ribera y su familia— la hubieran acreditado por cinco años.²⁰

Insistió Selume en esa oportunidad: «Claro que es increíble. Mire, yo le voy a decir bajo mi criterio cuáles acreditaciones son increíbles, aquellas que yo nunca entendí. La Universidad del Mar no debió haber recibido acreditación jamás. La Pedro de Valdivia nunca, por la Escuela de Medicina. Si no hubiera tenido Medicina hubiera podido zafar por un año. La Universidad Autónoma, por cinco años: inaudito. Y después, entre las estatales, están la de Los Lagos, la Arturo Prat y la UTEM. Esos son para mí los casos más extraños. El resto suena objetivamente razonable», sentenció.

En la misma oportunidad se refirió al contrato por casi cuatro millones de pesos con Eugenio Díaz y confesó cierto temor para ponerle fin. «Sabíamos que al despedirlo, donde pudiera, él nos iba a caer encima. Esa es la verdad. Eso se confirmó cuando llegó otro correo insólito donde dice que trató de votar por la acreditación del AIEP y que no lo dejaron, que la fiscal no se lo permitió y que quiere ir a la Contraloría con el problema. Yo no le contesté ese email», admitió a Mónica González.

LA ESCUELA MODERNA

En abril de 2008, el grupo Laureate compró la Escuela Moderna de Música, que tiene carácter de instituto profesional. En un email del 11 de diciembre de 2009, dirigido a Jorge Selume, Eugenio Díaz alude al proceso de acreditación que encaraba en ese momento el establecimiento de avenida Luis Pasteur en Vitacura. «El próximo miércoles se verá el IP Escuela Moderna de Música. Yo debo inhibirme, aunque no haya una estricta inhabilidad legal. El informe está muy bueno. Los relatores internos (la opinión de ellos es muy importante) son —por favor, esto es confidencial— Rodrigo Alarcón y Octavio Henríquez.»

Más adelante daba cuenta de sus gestiones: «Ya hablé con Rodrigo y estoy llamando a Octavio. También hablé con Emilio y la Sally». Rodrigo Alarcón estaba en representación de los institutos profesionales y era de confianza para Díaz. El médico Octavio Henríquez, designado en 2007 por los comisionados en calidad de figura destacada de las asociaciones profesionales, fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción entre 1999 y 2008. Y presidió la Asociación de Facultades de Medicina (Asofamech) entre 2007 y 2010. Desde abril de 2012, el doctor Henríquez es el nuevo vicerrector de la Universidad Andrés Bello en Concepción.

Emilio Rodríguez, el presidente de la CNA, representaba a las universidades del Cruch, y Sally Bendersky era la jefa de educación superior. Por lo que se ve, Eugenio Díaz no trepidaba en efectuar llamados, o al menos es lo que le decía a sus clientes o empleadores.

En el mismo e-mail, Díaz prometía también: «Hablaré con Pedro Corona y Roberto Careaga», y agregaba: «Creo que sería bueno que tú hablaras con Rodrigo para afirmarlo». Más adelante, Eugenio Díaz ampliaba la referencia a sus activas gestiones con detalles sobre los años de acreditación que estaba buscando lograr: «Estoy pidiendo que se jueguen por cinco, aunque conociendo a mi comisión me sospecho o me temo que la discusión será entre tres y cuatro. Pídele a Rodrigo que se juegue por cinco. Aunque no estaré en sesión, estaré encima de la decisión. El martes los repasaré a todos».

Los buenos oficios solo alcanzaron para una acreditación por un año en esa oportunidad. El veredicto lo obtuvo el IP Escuela Moderna de Música en diciembre de 2009. Pero al año siguiente, siendo presidente de la CNA Eugenio Díaz, la Escuela de Música logró una acreditación por tres años en la sesión del 15 de septiembre de 2010. La resolución lleva su firma.

Jorge Selume quiso marcar distancia con Díaz ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena: «Respecto del correo que se me exhibe, de fecha 11 de diciembre de 2009, señalo que me parece mal […] porque transmite información que no debe transmitir. Creo que en su momento no aquilaté la gravedad del hecho cometido por Díaz. Reconozco que no tuve reacción frente a este correo. No hice nada con él. Quizá debí haber tomado una decisión en ese minuto de cortar el vínculo con Díaz, pero no lo hice», dijo contrito. «No tengo más explicación de por qué no reaccioné de esa manera. Tal vez, porque la Escuela Moderna de Música no está dentro de mis preocupaciones principales (creo que debe tener alrededor de mil alumnos)», agregó.

LA MÚSICA DESAFINA

Según explicó Selume, al año siguiente había que hacer de nuevo el proceso de acreditación de la Escuela Moderna de Música, para lo cual debían contratar a alguien. Por lo que indica, no advirtieron oportunamente los plazos de autoevaluación, y según Vivian Wurman, la directora y antigua dueña del establecimiento, y el ex rector de la UNAB Manuel Krauskopf, nadie les informó del plazo. Solo se dieron cuenta de ello cuando Eugenio Díaz derechamente propuso a una persona de la Universidad Bernardo O’Higgins para realizar ese trabajo. En Laureate, sin embargo, prefirieron optar por otro nombre.

«Cuando decidimos no contratar a la señora María Isabel Roldán, me enteré que Eugenio Díaz reaccionó muy mal y que tuvo un tono duro y amenazante respecto al resultado de la acreditación de la Escuela Moderna de Música, según Manuel Krauskopf y la misma Vivian Wurman. Esto lo supe porque me lo contaron», precisó.

El asunto no terminó ahí. Posteriormente, relató Jorge Selume, Eugenio Díaz, en su rol de presidente de la comisión, nombró a María Isabel Roldán como par evaluador de la escuela. «Era la persona cuya contratación se había desechado y ella entiendo fue muy punzante y con preguntas agresivas y casi hostiles en la visita que hizo a la institución».

María Isabel Roldán, de profesión educadora diferencial, aparece en otras partes de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Oriente. La recomendada trabajaba en la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), donde llegó a ser directora de aseguramiento de calidad. Y también prestaba servicios junto con Eugenio Díaz a otros establecimientos de educación superior. «Estoy muy molesta con Eugenio Díaz, porque yo nunca estuve enterada de todas las cosas que él hacía. Siento que me usó para muchas cosas como palo blanco, pero mi labor no era preguntarle a él por las platas. Yo simplemente le ayudaba a las instituciones, y estoy muy perjudicada por todo lo que ha pasado», señaló al fiscal Carlos Gajardo el 13 de diciembre de 2012.

La directora de aseguramiento de calidad de la UBO fue uno de los «pares evaluadores» que Eugenio Díaz, en su calidad de presidente subrogante de la CNA, destinó para revisar el proceso de la Universidad del Mar en 2010. Era su primera visita por la CNA para una acreditación institucional. Se sentía como «pajarito nuevo», declaró. «Recuerdo que los demás comisionados que sabían más de números decían que estaba mal financieramente», pero ella no lo percibió. Reconoció, sí, que el informe de autoevaluación estaba «mal estructurado» y que ella era «la persona más fuerte en el tema académico», publicó La Segunda²¹ en enero de 2013.

Explicó María Isabel Roldán al fiscal Gajardo que nunca indagaron acerca de quién controlaba las sedes. «Yo venía recién llegando como par y el lucro no era una materia en ese momento. Teníamos aprensiones acerca de si podíamos o no meternos en el tema de los dueños.»

Después de un mes y medio, relató María Isabel Roldán, «me llamó Eugenio Díaz en enero y me dijo que le iba a hacer una asesoría a la UDM y si le quería ayudar». Contó que tuvo reuniones en la sede de Maipú de la Universidad del Mar. Agregó que trabajó un mes y medio y recibió un pago de dos millones de pesos que le dio Díaz, a través de la sociedad Gestión.

No era esa la primera vez que María Isabel Roldán efectuaba «asesorías» con Díaz, a quien conoció en la Universidad Bernardo O’Higgins cuando recién partía la CNA. En 2009, él empezó a entregarle trabajos referidos a acreditación de centros de formación técnica que no lograron acreditarse. Después le encomendó elaborar el informe de autoevaluación del Instituto de Artes y Comunicación (Arcos), cuyo rector es José Sanfuentes Palma,²² quien también aparece como destinatario de dos correos. Uno, del 6 agosto de 2011, era para fijar una reunión-almuerzo «en un sector ajeno a movilizaciones». En el otro le recuerda que le envíe a su domicilio dos ejemplares de un documento.

El Arcos logró una acreditación de dos años en noviembre de 2011, pero no fue acogida su apelación por un período mayor. Preside el Instituto Profesional Arcos el economista, ex presidente del BancoEstado y actual miembro del directorio del Banco de Chile Jaime Estévez, quien además es presidente de Cruzados SADP,²³ la empresa administradora del club de fútbol de la Universidad Católica, y es miembro del Consejo de Educación 2020.

EN BUSCA DE UN NOMBRAMIENTO

En su segundo año en la Universidad Andrés Bello, Eugenio Díaz mostraba cierta incomodidad. Un e-mail del 22 de marzo de 2010, dirigido de nuevo a Jorge Selume, da cuenta de ese estado de ánimo. Buscaba un nombramiento más formal.

«Estimado Jorge: creo que la idea de que no tenga ningún cargo formal no ha funcionado. Habría que buscar algo que no sea incompatible legalmente con mi condición de integrante de la CNA (una vicerrectoría de calidad lo es). Se me ocurría una dirección general de calidad (manteniendo a Thomas como secretario o director ejecutivo).» Pero señala en el correo que algunos, como Luis Horacio Rojas, le decían que eso «no se ve bien». Por eso, sugiere «otra denominación como dirección general de procesos o algo así, que englobe el aseguramiento de calidad», decía Díaz. Y señaló a los fiscales que Adolfo Arata le aportó esa idea.

En ese e-mail de marzo de 2010, el entonces presidente de la CNA le manifestaba a Selume: «Quizá esto se resuelva formalizando más al interior de la UNAB la comisión de aseguramiento de la calidad, de la cual soy coordinador o secretario ejecutivo, y así se informa en la web de la CNA, sin que a nadie le haya llamado la atención. Quizá se pueda llamar director general de la comisión de aseguramiento de la calidad».

En la misma comunicación pedía «dos profesionales más» para esa unidad y «oficinas adecuadas».

No tuvo Díaz respuesta positiva a sus demandas. Ni oficinas, ni otros profesionales a su mando. Tampoco el cargo que perseguía. Con todo, el grupo Laureate —que ya había logrado acreditar en 2008 a la Universidad Andrés Bello por cinco años— tuvo otros triunfos en la temporada 2010, con las acreditaciones de Las Américas, por tres años, y el AIEP, por cuatro, además de la Escuela Moderna de Música.

LA «SUPUESTA» INHABILIDAD

Esa primavera, el presidente subrogante de la CNA estaba preocupado por la inhabilidad que pudiera tener entre su cargo y estas funciones en la actividad privada, aunque en ese momento su punto de vista había sido que todo era muy compatible. No quería entender que estaba ahí en una función pública.

Su inquietud se refleja en un correo que envió a Jorge Selume el 18 de diciembre de 2010, en el que alude a una conversación con Julio Castro Sepúlveda, el ex jefe de Educación Superior del Mineduc, que se convirtió en un hombre de Laureate apenas dejó el Gobierno de Michelle Bachelet en 2008. Desde agosto de 2009 era el rector de la Universidad de Viña del Mar. En septiembre de 2013 fue reemplazado por el vicerrector académico Juan Pablo Prieto, y Castro tendría otro destino en el grupo en Santiago.

«Estimado Jorge: conversando con Julio Castro se nos ocurrió que quizá sea conveniente solicitar pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de la supuesta inhabilidad que me afectaría —que se aplicó también a Luis Horacio [Rojas] y ahora afectaría también a Eduardo Olivares, del AIEP— para participar de la acreditación de las demás instituciones Laureate».

En ese tiempo, Luis Horacio Rojas era el secretario ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho y Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, y Eduardo Olivares —representante de los institutos profesionales en la CNA—, el subdirector de la Escuela de Ingeniería del Instituto AIEP.

La abogada jefe, «que es muy sesgada», dijo refiriéndose a Paula Beale, «emitió un informe recomendando la inhabilidad». Señala también que uno de los comisionados en representación del Cruch, Enrique Montenegro, «cuando íbamos a comenzar a ver AIEP, planteó que no podíamos estar en función de ese informe, y todos los demás estuvieron de acuerdo. Como ello nos seguirá afectando, se nos ocurrió conveniente recurrir a la Contraloría. Te envío el informe de la abogada de la CNA y el texto de la presentación a la Contraloría, para requerir tu opinión».

Jorge Selume señaló, a su vez, a los fiscales, cuando le mostraron ese correo: «Yo lo llamé por teléfono después de este e-mail para decirle que no me parecía lo que hacía, pues habíamos acordado desde un inicio que él se inhabilitaría tanto de la UNAB como de las demás instituciones del grupo Laureate. Yo no hice circular los informes indicados en este correo».

Entretanto, Eugenio Díaz seguía insistiendo a Selume sobre su situación en la Andrés Bello. Sus palabras denotan que las cosas se le ponían difíciles. En correo del 1 de abril de 2011 le planteaba: «Entiendo las dificultades de tu agenda, pero te ruego podamos resolver mi situación no más allá de los primeros días de la próxima semana, para iniciar un nuevo curso de acción».

Y con impaciencia le señalaba: «Asumo que el rector tiene facultades para adoptar la decisión; sin embargo, como mi contrato inicial lo acordé contigo, los abogados asumimos que las cosas se deshacen del mismo modo como se hacen. Si te parece que ya está todo resuelto, es preferible que me lo indiques ya mismo. En tal caso, solo te rogaría que vieras las mejores condiciones posibles para el finiquito, que sería preferible suscribir a la brevedad».

Ante la tensa situación que deja ver en su escrito, Díaz le solicitaba a Selume: «Te pediría especial consideración para que mi salida fuera lo menos desdorosa posible, habida consideración de mi cargo en la CNA, aunque ya la sola salida me va a significar una inevitable complicación».

Molesto, Selume le contestó el mismo día quince minutos después: «Eugenio, comprendo tu sentir en este tema, pero no comparto la forma en que lo estás viendo. Jamás he dejado de cerrar los temas que deba de cerrar y menos en tu caso, donde ha habido una relación de varios años y donde ha sido la firme decisión del rector de hacer cambios en esa área lo que nos lleva a este tema. Aunque no hubieras acordado el contrato conmigo (la decisión final en ese momento fue del rector Kelly), igual siento el deber personal de cerrar bien el tema contigo. Lamentablemente, esta semana he estado solo tres días en Santiago […] Te espero el próximo lunes a las 10.30 en mi oficina».

Jorge Selume explicó a los fiscales el término del contrato con Díaz señalando que la Universidad Andrés Bello cambia de rector cada cuatro años. «Correspondía a principios de 2011. Había dos candidatos, que eran Andrés Bernasconi y Pedro Uribe.» Este último fue el elegido. «Con Kelly, Pedro Uribe y yo habíamos decidido que no íbamos a continuar con el contrato con Eugenio Díaz y aprovechamos el cambio de rectoría para comunicárselo.»

Contó Selume que Díaz «reaccionó mal, según supe cuando se lo comunicó Pedro Uribe, el nuevo rector, quien le dijo que quería tener su propio equipo de trabajo. De todas maneras intentamos que su salida fuera lo menos traumática posible. Se finiquitó en marzo y se le siguió pagando hasta mayo de 2011, como deferencia».

Agregó Selume ante los fiscales que él entendía que «Eugenio Díaz no tuvo ninguna participación en los procesos de acreditación de la UDLA, tampoco en AIEP y UVM. Ignoro si participó en el nombramiento de pares evaluadores de los procesos de dichas instituciones».

Eugenio Díaz reconoció lo señalado en sus correos y agregó en los motivos de su desvinculación con la UNAB el nombramiento de otra persona para la función que él desempeñaba: «Dejé de trabajar en la UNAB porque el nuevo rector, Pedro Uribe, cambió el equipo de la vicerrectoría y llevó a Moisés Silva, que antes trabajaba en la Universidad Mayor, para avanzar en la acreditación internacional».

En realidad le salió seria competencia al paso con más perfil académico y con contactos en el circuito de las acreditaciones. Moisés Silva Triviño, profesor de Estado y doctorado en Química, es cercano al nuevo rector de la Andrés Bello, el médico Pedro Uribe. Y ya había desempeñado similar rol en la privada Universidad Mayor y en la tradicional Universidad de Concepción. Silva tiene también intereses en el negocio de la acreditación, porque es presidente y socio de la mayor agencia acreditadora privada, AcreditAcción. Y había sido miembro de la CNAP entre 1999 y 2006.

CONNIVENCIA CON AGENCIAS

La realidad de las agencias privadas que acreditan a las carreras y la designación de los «pares evaluadores» muestran otra faceta de este negocio. Si bien el accionar de Eugenio Díaz puede ser un caso extremo, el esquema de funcionamiento que dispuso la Ley de Aseguramiento de la Calidad fue un privatizado caldo de cultivo fecundo para el tráfico de influencias.

Tal como lo dejaba en evidencia el reportaje de Ciper en septiembre de 2011 sobre el escándalo de las acreditaciones,²⁴ durante 2010 «la agencia AcreditAcción, de propiedad de Moisés Silva y José Miguel Rodríguez, entre otros socios, acreditó cuatro carreras de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB): educación musical, educación física y un programa especial en enseñanza media para licenciados. La última carrera acreditada fue la de contador auditor, el 18 de noviembre de ese año. Tres meses y medio después, en marzo de 2011, tanto Silva como Rodríguez fueron contratados por la UNAB: el primero es el actual vicerrector de aseguramiento de la calidad en la UNAB, y José Miguel Rodríguez su segundo. Ambos siguen siendo socios de AcreditAcción, empresa líder en el negocio de la acreditación de carreras, tanto de universidades como de institutos de educación superior».

«El decano de la Facultad de Medicina de la UNAB fue hasta marzo de este año Pedro Uribe, quien abandonó ese puesto para hacerse cargo de la rectoría. El punto es que al mismo tiempo que dejaba el decanato, también renunciaba al directorio de Apice Chile, que solo meses después acreditaría la especialidad de la UNAB», describía por su parte la periodista Alejandra Carmona en El Mostrador.²⁵

No es el único caso. Hay otras situaciones, como la de Akredita, que cuenta entre sus socios al ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros, gran maestre de la Masonería, quien a la vez ha estado vinculado al Instituto Profesional Los Leones y a la universidad del mismo nombre. El secretario de Akredita, Iván Navarro, ex vicerrector académico de la Universidad de Los Lagos, es socio del grupo Norte Sur, encabezado por Vicente Caruz. Norte Sur fracasó en el intento de quedarse con la Universidad Central, pero tienen un IP, el Instituto Tecnológico de Computación (ITC).²⁶

Aunque el problema reviste magnitudes muy diferentes por tratarse de entidades más pequeñas que las del grupo Laureate, a Akredita le significó una multa de cien unidades tributarias, ratificada por la Contraloría en 2012, el que Luis Riveros fuera parte del consejo académico del instituto y a la vez una de sus carreras hubiera sido certificada por Akredita.

FAVORES PERSONALES

Pero no todo era dinero contante y sonante en las transacciones de Eugenio Díaz con los establecimientos privados. Los fiscales han detectado también otras formas de ejercer el tráfico de influencias. La lista de favores solicitados —y la mayoría de las veces concedidos por las entidades privadas— ha estado también bajo la lupa en la investigación. Uno de los e-mails más ilustrativos y que tiene complicado a su destinatario, lo dirigió Eugenio Díaz el 18 de julio de 2011 al entonces rector de la Universidad SEK, de propiedad del español Jorge Segovia, Juan Enrique Schroeder. Aunque ya Díaz no era presidente de la CNA, su peso era conocido.

«Estimado amigo:

»Abusando de tu consideración hacia mí, quiero solicitarte un pedido muy especial. Una “sobrina” (su mamá fue compañera de curso de mi mujer, nosotros somos padrinos de su hermano mayor y sus padres son padrinos de una hija mía; la conozco desde pequeñita, por tanto), periodista, está sin trabajo desde fines del año pasado […] Desde hace cuatro meses ha estado trabajando conmigo.»

Continuaba su recomendación: «Ha participado en una decena de talleres de acreditación institucional que yo he hecho, en una treintena de talleres de carrera, hemos revisado juntos varios informes de acreditación institucional (incluyendo el primer borrador de ustedes, las observaciones que entregué a Emilio las elaboramos juntos), hemos revisado una veintena de informes de carreras, ella se ha especializado en el manejo de un software sensacional para recoger encuestas a informantes clave (se llama Encuesta Fácil), creo que sabe más que muchos de un par de áreas en que las universidades suelen ser ciegas, como política de vinculación con egresados, con empleadores y con el medio».

Y seguía presentando a su protegida en términos superlativos para pedirle claramente su contratación en la SEK. Le decía además que Emilio Gautier, director académico de la Universidad SEK, podía dar referencias de la sobrina, pues había sido su profesor en Arcis y que su contratación podía entenderse también como su propia asesoría permanente.

«SELLO DE CALIDAD»

Al día siguiente, el 19 de julio de 2011, Eugenio Díaz volvió a dirigirse a su «querido amigo» Juan Enrique Schroeder con otro pedido: «Se me ocurre algo complementario, que quizá te sorprenderá. Te sugiero crear la dirección de vinculación con el medio y contratar a Andrea y a mí como director, con la misma renta que otros directores de la universidad, con la libertad para mantener una o dos consultorías que me demandan muy poco tiempo (son consejerías más bien). Esto es absolutamente compatible con mi cargo en la CNA», aseguraba.

«Ciertamente debo inhibirme cuando se trate de la acreditación de la SEK, pero comprenderás que el hecho de que yo esté en la universidad agrega mucho valor, es casi como un sello de calidad, perdonando la petulancia. Te aseguro que nadie se va a atrever a pensar siquiera en no acreditar una institución donde yo esté», decía sin la más mínima modestia.

Luego le explicaba: «Te planteo esta propuesta porque para mí ya es muy incómodo no estar en ninguna institución y, en términos prácticos, no tener un espacio físico donde trabajar (me resulta tedioso tener que arrendar una oficina). En fin, conversemos de esto cuando tú digas, ojalá pronto. En cualquier caso, aunque decidas en forma negativa a ambas propuestas, te aseguro que seguiremos tan amigos como antes o más quizá.

»Un abrazo, Eugenio».

LOS COLETAZOS DE «LA SOBRINA»

El ex rector Juan Enrique Schroeder Quiroga fue formalizado el 13 de marzo de 2013 por el delito de soborno en la investigación que sigue la Fiscalía Oriente. El profesor de historia, hijo del ex director de El Mercurio de Valparaíso, Enrique Schroeder Vicuña, quien fue alto funcionario de la empresa de Agustín Edwards durante cuatro décadas, es un hombre de derecha dedicado por años a la educación. Se desempeñaba como vicerrector académico de la Universidad Autónoma en Temuco cuando estalló el escándalo. Renunció a su trabajo días antes de ser formalizado y se siente víctima de lo ocurrido. Él argumenta que es un profesor de trayectoria, que no es dueño de ninguna universidad y que no le interesaba hacer negocio ni reconoce haber pagado favores.

El 19 de noviembre de 2012, cuando concurrió a prestar declaración a los fiscales Gajardo y Norambuena, reconoció haber contratado «a la que llamó “sobrina” a cambio de ser asesorado a través de ella». Declaró Schroeder que «finalmente, la contratación de Andrea Moraga se concretó y se le pagó, por concepto de “asesorías periodísticas”, dos millones seiscientos mil pesos».

El ex director académico Emilio Gautier, con quien se supone trabajó Andrea Moraga, declaró el 6 de diciembre ante los fiscales: «Un día me llamó por teléfono el rector Schroeder en julio o agosto de 2011 y me dijo que tenía una persona para que trabajara conmigo, no me dijo en qué […] Yo entendí que era una contratación en que había influencia de alguien sin saber exactamente de quién ni la naturaleza de esa influencia».

Gautier reconoció a Andrea Moraga como una antigua alumna suya en la Universidad Arcis. «No había ningún cargo específico para ella […] Le pedí que leyera unos libros y la verdad es que ella no leyó nada y el rendimiento era cercano a cero. Ella nunca me llevó informes escritos de lo que hacía ni nada», afirmó en su testimonio en fiscalía.

Eugenio Díaz negó ante el fiscal tener alguna vinculación con la Universidad SEK, salvo, dijo, «que conozco al presidente del directorio, Jorge Segovia». Nada dijo al comienzo de sus mensajes en los que pedía trabajo para su sobrina y para sí mismo, pero en una declaración posterior —del 18 de julio de 2012— se mostró arrepentido. «Es un correo que me avergüenza y que no podría creer haber dicho esto cuando lo encontré hace poco», dijo.

Y agregó: «Cuando digo que tiene asegurada la acreditación es una pretensión, porque confié en que mi prestigio ayudaría a conseguirla. La sobrina a que hago referencia es una periodista llamada Andrea Paulina Moraga Tononi, de cuarenta años aproximadamente, que trabajó conmigo en el proceso de la Universidad del Mar y en la asesoría en la UBO. Ella trabajó entre mayo de 2011 y mayo de 2012 por alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos brutos conmigo en la sociedad Gestión». Y explicó que «ella estaba haciendo un informe para Emilio Gautier, director académico de la SEK […] desde abril del 2011. Ella era una especie de discípula de Gautier. Creo que le pagaron dos millones y medio de pesos», dijo.

DESVELOS POLÍTICOS

No fueron los únicos favores solicitados por Eugenio Díaz. A la dueña de la Universidad Gabriela Mistral, Alicia Romo, le pidió que le contratara a la hija de Pedro Corona. Al ex ministro Ribera, que intercediera por su sobrino nieto para que se trasladara de la Universidad San Sebastián a la Autónoma y le devolvieran los documentos del segundo semestre de 2010. Y a Ángel Maulén, que le diera trabajo a su hija.

Entretanto, parecía preocupado por cambios que advertía en la comisión tras el nombramiento de Íñigo Díaz.

La noche del 20 de abril, aparentemente superado el enojo por su desvinculación de la Universidad Andrés Bello, Eugenio Díaz le volvió a escribir a Jorge Selume. Esta vez para plantear algunas inquietudes al interior de la Comisión Nacional de Acreditación. Tres meses antes había asumido la presidencia el ex vicerrector de la Universidad de Chile Íñigo Díaz y estaba por definirse la designación de un secretario ejecutivo para que ejerciera en propiedad.

«Este equipo nuestro nos está dando demasiadas amarguras. Me va a matar de un ataque al corazón», partía diciendo Díaz. «La elección del secretario ejecutivo de la CNA está complicada. Alfonso Muga postuló a Daniela Torre, actualmente secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, brazo derecho de María José Lemaitre, una especie de proyección de María José, su papá fue compañero de curso e íntimo de Iván Lavados y su mamá fue secretaria de Iván», escribía un atribulado Eugenio Díaz.

Los aludidos son personas de trayectoria conocida. Alfonso Muga Naredo es ingeniero y fue el primer jefe de la División de Educación Superior en la transición. Estuvo en ese cargo desde 1990 a 1994, durante todo el Gobierno de Patricio Aylwin. Después fue vicerrector académico de la Universidad Católica de Valparaíso hasta 1998, cuando fue elegido rector. Lo volvieron a reelegir por dos períodos sucesivos, hasta julio de 2010.

Daniela Torre Griggs es profesora de historia y geografía de la Universidad Católica y se ha especializado en aseguramiento de calidad. Después de dejar en 2013 el Consejo Nacional de Educación, está trabajando en un proyecto de la Fundación Chile.

La socióloga María José Lemaitre, actual directora del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda), fue secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación y después, hasta 2007, de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP). Considerada una de las máximas expertas en educación superior en el país, era vista como muy posible presidenta de la CNA cuando esta se creó. No obstante, la fuerte resistencia que sus juicios críticos despertaban en el «sector privado» habría sido un elemento determinante para que no continuara.

Casada con el sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Raúl Atria, es madre de Fernando Atria Lemaitre, el abogado constitucionalista asesor del comando de Michelle Bachelet y uno de los autores del libro El otro modelo, publicado en 2013.

Las expresiones de Díaz contra María José Lemaitre aluden a fuertes diferencias en la manera de enfocar la realidad de las universidades y la acreditación, y a estilos muy distintos.

En su e-mail de trasnoche, Eugenio Díaz compartió algunos chismes con Jorge Selume para advertirle la gravedad de la situación que veía venir: «Alfonso y María José tienen especial aversión a Laureate. A Alfonso le pedimos que representara a la CNA en la inauguración del año académico de la UVM (Universidad de Viña del Mar) y dijo que no iba a una universidad de Laureate».

Luego, en un «análisis político» sobre las posibilidades de elección en la secretaría ejecutiva, escribió: «Íñigo Díaz está muy inclinado por Daniela. Creo que está muy presionado por María José. Por lo demás, él es del grupo de Jaime Lavados,²⁷ es de CPU²⁸ y Cinda».

«Íñigo, Alfonso, María José y Daniela son activos militantes DC. Ello sería la reinserción de María José en la CNA y, como es su estilo, le pondría ruedas y arrasaría con todo lo que le incomoda. A ello le ayudaría el hecho de que acaba de ser elegida presidenta de una red mundial de agencias de acreditación», continuaba.

Más adelante, Eugenio Díaz detallaba los pasos que estaba dando para impedir el nombramiento de Daniela Torre: «Yo creo tener los votos para evitar su elección. Tengo siete, de trece, hasta ahora. En la semana hablaré con Juan José Ugarte, quien creo que coincidirá también. Pero de todos modos sería bueno que se afirmara a Eduardo Olivares. Hablé con Julio Castro, pero no está de más repasarlo».

«ENEMIGAS(OS) PODEROSAS(OS)»

En el mismo contexto, Eugenio Díaz aprovechó la ocasión para manifestar a Selume su extrañeza por el hecho de que algunos directivos del grupo Laureate participaran en el Foro Aequalis, «creación y dirección de Mónica Jiménez, con el apoyo activo de María José», según él.

Acusaba en ese e-mail el hecho de que participaran «en la coordinación de tres comisiones, de cuatro que funcionan, tres connotadas autoridades de la UNAB y la UVM». Y los menciona: Andrés Bernasconi,²⁹ vicerrector en ese tiempo de la Andrés Bello, quien después emigró a la Universidad Católica; Cristián Inzulza, secretario general de la Andrés Bello,³⁰ y Juan Pablo Prieto Cox, entonces vicerrector académico de la Universidad de Viña del Mar y desde septiembre de 2013 nuevo rector.

En el mismo tono continuaba: «No me lo explico en verdad. La única explicación es que en esas instancias se reúne le tout Santiago de la educación superior (ese es el verdadero stablishment a que aludió el rector Uribe).³¹ Pero es suicida alentar y fortalecer a quien es enemigo(a) declarado(a) de Laureate». Y se despedía señalando: «En fin, yo voy a hacer lo que estimo justo, aunque estoy cierto de que con ello me voy a echar encima a enemigas(os) muy poderosas(os)».

DESAHOGOS Y MÁS COMPLICACIONES

La inquietud de Eugenio Díaz era tal que esa misma noche, pasadas las once y media, insistió con otro correo a Jorge Selume, en que le decía:

«Perdona, el correo anterior se me fue sin despedirme. Cierro la idea reiterando lo obvio, está complicada la situación en la CNA. El predominio de los comisionados pertenecientes a universidades del Cruch es muy fuerte, estoy estrechando relaciones con algunos más conversables, más comprensibles y flexibles, pero la mano viene más dura sin duda. Un factor muy significativo es que las universidades privadas no tienen una instancia común de representación o al menos de coordinación. He hablado con varios rectores al respecto, pero no se divisa que ello sea posible, lo que debilita la posición de las privadas frente a las autoridades, que además saben que “no se van a pasar a la oposición” ni van a crearle conflictos al Gobierno, por más diferencias que tengan. En fin, perdona el desahogo, pero dadas las circunstancias estoy bastante como Toribio el náufrago. Saludos cordiales, Eugenio.»

Las cosas se darían peor para Eugenio Díaz. La elección de Patricio Basso como secretario ejecutivo de la comisión resultó todavía una espina mayor para él.

Desde que asumió Basso el 1 de julio de 2011, en reemplazo de Carlos Medrano, que subrogaba en el cargo en el período de Eugenio Díaz, empezó a tomar cartas en el asunto. «Primero me dediqué a ordenar la casa. Encontré mucho desorden y hasta la contabilidad estaba externalizada», me comentó. Estimó que tenía seis meses para «ordenar, pero se nos vinieron encima las acreditaciones institucionales».

Cuenta que estudió la ley para comprender bien el proceso y después empezó a revisar las acreditaciones que se conocerían en noviembre y diciembre de ese año. «Y en una de esas cosas del destino revisé la Universidad del Mar y ahí me di cuenta —leyendo la autoevaluación— de que en el informe de los pares no había en ninguna parte un análisis sobre la viabilidad económica financiera. Había solo un párrafo y tres o cuatro pinceladas, por lo que en mi opinión esa universidad estaba al borde del colapso con los pocos datos que tenía. No me metí en ese momento en los datos financieros, pero se veía el problema de la universidad que estaba endeudada, haciendo factoring como loca, y eso es como una bicicleta que está a punto de reventar. Y con una incapacidad de cobro hacia los estudiantes, mientras el patrimonio era negativo.»

Ante la situación que encontró, Patricio Basso le planteó a Íñigo Díaz «analizar la viabilidad económica y financiera de las instituciones como un elemento de juicio, porque eso no se estaba haciendo. Íñigo le propuso a la comisión que se hiciera este informe, que pasó a llamarse “la minuta financiera”. Estaba presente el 2 de noviembre Juan José Ugarte, el jefe de la Dirección de Educación Superior, y estuvo de acuerdo, y la comisión me encomendó que yo preparara esas minutas financieras».

No obstante, ese sería un fuerte punto de roce entre Patricio Basso y el «comisionado» Díaz. El secretario ejecutivo alcanzó a elaborar dos minutas, de la Uniacc y de la Santo Tomás, en noviembre y diciembre de 2011. Ambas reflejaban serios problemas económicos y demostraban situaciones de lucro, afirma Basso, quien planteó la necesidad de informar al ministro Harald Beyer. La comisión no lo estimó adecuado hasta que no terminara todo el proceso de acreditación.

En enero de 2012, entretanto, llegó el e-mail anónimo de los «Usuarios del Mar» que comprometió a Eugenio Díaz.

«El ministro Beyer recibió formalmente las denuncias el 14 de junio de 2012», recuerda Basso, quien fue destituido el 22 de agosto de ese año, por la propia CNA, tras unas declaraciones en El Mercurio, en las que daba cuenta de lo que develaban las minutas financieras. Nueve meses después, en abril de 2013, el lucro sería la causa de la destitución del ministro. Esta vez, la palabra la tuvo el Senado.

CAPÍTULO XII

El naufragio

Al término de una conferencia sobre el lucro en las universidades que di en el auditorio de la Universidad Arturo Prat en Iquique, se me acercaron tres jóvenes, dos mujeres y un hombre. Me dijeron que venían de la Universidad del Mar, la quebrada universidad privada que se constituyó en el emblema del lucro y sus males. Una de sus principales sucursales estaba en esa ciudad. No habían hecho preguntas en voz alta. Querían conversar más. Quedamos de vernos al día siguiente en la mañana del 2 de agosto de 2012, antes de que yo tomara el avión de regreso a Santiago.

Dos dirigentes de la Escuela de Enfermería de la Universidad Arturo Prat (UNAP) —que organizaban el Congreso Nacional de Estudiantes de esas carreras, donde di mi charla— hicieron un alto en las actividades para acompañarme al lugar en que nos encontraríamos con los estudiantes de la universidad privada. Nos bajamos del auto y entramos por la parte trasera de un edificio de tres pisos a dos cuadras de la playa. En el interior, un grupo de gente comía torta y tomaba bebida. Se veían alegres y locuaces; ese día las nuevas autoridades de la Universidad del Mar designadas por los dueños en medio de la crisis iban a Iquique a presentar al flamante rector Patricio Galleguillos.

UN CURIOSO ÁGAPE

Entre la concurrencia estaba una de las estudiantes que nos contactó la tarde anterior, quien a los pocos minutos nos vio y se acercó a recibirnos. Carla Ceballos Henríquez estudiaba nutrición y era secretaria de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar de Iquique. Nos invitó a pasar al ágape. Como nos excusamos, nos hizo subir al segundo piso a esperar que terminara el evento formal para juntarnos con nuestros interlocutores. Continuaba yo acompañada por las estudiantes de la UNAP. Teníamos vista privilegiada a lo que ocurría abajo, con un rector que parecía muy posesionado de su nuevo rol, mientras la Universidad del Mar era mencionada en todos lados como el símbolo del lucro y la mala calidad, con fuertes problemas financieros.

Entre algunos de los académicos y funcionarios que estaban ahí se corrió la voz de mi presencia. A los pocos minutos se empezó a producir una curiosa situación: mientras el rector recién designado no terminaba de despedirse de la concurrencia, varios profesores, algunos académicos y funcionarios se aproximaron a las amplias escaleras junto a los dirigentes estudiantiles para subir a este otro sitio de encuentro.

Incluso la recién nombrada rectora regional de Iquique, la profesora María Elena Moll Sureda, llegó a darme la bienvenida personalmente. Se la veía contenta y acogedora.

Los estudiantes me explicaron después que María Elena Moll es una académica destacada en la región. Había trabajado en la Universidad Arturo Prat, hasta que «fue exonerada por la rectoría de la universidad estatal», me explicaron. La identificaban como «progresista».

Me dijeron también los dirigentes estudiantiles que el nombramiento de la rectora de la sede fue «de consenso» entre los académicos y funcionarios, con el objeto de «amortiguar la crisis». Tenían todavía alguna esperanza. Por eso, quizá, el buen ánimo que se expresaba esa mañana era natural. La pregunta era cuánto iría a durar. La respuesta la ha dado el tiempo transcurrido. La profesora permaneció en la rectoría de la universidad durante el proceso de cierre. Pero los estudiantes la miran hoy con desencanto y hasta enojo.

Me despedí de la profesora Moll y unos minutos después los representantes estudiantiles me hicieron pasar a una sala de clases. Nos instalamos a conversar alrededor de una larga mesa de trabajo. Junto a los jóvenes estuvieron los dirigentes de los académicos y funcionarios. Entre todos fueron dando forma a un relato de la crisis vista desde esa sede regional. Sus voces encajan con lo que unos meses después podría leer en la carpeta investigativa de la Fiscalía Oriente de Santiago y en lo que ha ido surgiendo más tarde.

Junto a Carla Ceballos se encontraban Alejandro Silva, presidente de la Federación de Estudiantes de la sede Iquique y de la Confederación de Estudiantes de la Universidad del Mar, que reunía a los de las diferentes sedes; Laura Ceballos, hermana de Carla, era la directora del departamento de calidad de la federación y secretaria general de la confederación, quien estaba terminando la carrera de psicología; Óscar Fernández, secretario de finanzas de la federación; Karina Henríquez Díaz, directora de asuntos jurídicos. Junto a ellos, Jacqueline Zavala, presidenta del sindicato de académicos; Gabriela Osorio, secretaria de la misma organización, y Glenn Rojas, secretario del sindicato número 2 de académicos y funcionarios.

La sede Iquique de la Universidad del Mar tenía aproximadamente mil ochocientos estudiantes en ese momento. Estábamos en el edificio de la avenida La Tirana, donde funcionaba la casa central. Existían otras sedes en la calle Covadonga y en Alto Hospicio, además de unas oficinas en el centro en la calle Aníbal Pinto, según me explicaron.

En 2012, cuando estalló la crisis, la sede Iquique era una de las que tenía más alumnos. Alejandro Silva explica: «Después de Reñaca, donde está la sede central con tres mil quinientos, viene La Serena, con dos mil, e Iquique. Las demás son más chicas, con alrededor de mil a mil doscientos estudiantes, dependiendo de la sede, y otras con ochocientos o setecientos».

LOS VICUÑA Y DOÑA TERESA

Alejandro Silva cuenta que los estudiantes empezaron a organizarse desde fines de 2010 y constituyeron federaciones en las distintas regiones al calor del movimiento estudiantil nacional. «En Iquique nos constituimos el 15 de septiembre de 2011. En otras regiones se formaron meses antes o poco después. La mayoría desde fines de 2010».

Mientras se organizaban trataban de investigar sobre lo que estaba ocurriendo en la universidad. Comenzaron a dilucidar el negocio con las inmobiliarias y el lucro en general. Partieron a través de los problemas que percibían en las diferentes carreras.

Una de las primeras cosas que detectaron fue que el edificio de avenida La Tirana 4802 no pertenecía a la universidad, sino a una inmobiliaria. Empezaron a desentrañar el complejo asunto legal y llegaron a detectar que era de la Inmobiliaria Doña Teresa. «Y comenzaron a aparecer personas vinculadas a estas empresas que son directivos de la universidad. El primero es el señor Daniel Greenhill», señala Alejandro Silva.

José Daniel Greenhill Martínez fue rector de la sede Iquique de la Universidad del Mar durante nueve años, hasta 2011, y simultáneamente socio de la Inmobiliaria Doña Teresa, dueña del edificio, según afirma Alejandro Silva.

Este rector, dice Carla Ceballos, «tenía todo tipo de vinculaciones. Así empezamos a observar estas relaciones entre inmobiliarias y sociedades, como Aula 21, donde aparece la ex esposa de Daniel Greenhill, Magnolia Jacques Kohl. Y Aula 21 pertenecía a Vizú Ltda., que es la sigla de Vicuña y Zúñiga».

Explican que Vicuña es una familia con mucho poder en Iquique. «Ricardo Vicuña Cerda aparece en muchos de los documentos que hemos revisado. Nosotros entramos en una investigación propia y nos dimos cuenta de que todos los edificios de este sector aledaño a la universidad son de la Inmobiliaria RVC, y nos percatamos de que son las iniciales de este personaje», agrega Carla Ceballos.

Otra de las constructoras importantes de Iquique es Loga, cuentan, «que también tenía vinculación con personas de la Universidad del Mar». Su gerente inmobiliario es Óscar Arias Fernández, ex vicerrector económico de esa universidad y director de finanzas.

En realidad, la firma RVC —las siglas de Ricardo Vicuña Cerda—, con sede central en Santiago, es una de las principales del país. El ingeniero Ricardo Vicuña y sus hijos controlan la empresa que ha edificado decenas de edificios de departamentos en diferentes ciudades.

Formaron además —el 30 de junio de 2010— la sociedad Inmobiliaria e Inversiones RVC, SpA, que es un holding con alrededor de veinte sociedades de inversiones relacionadas con el sector de la construcción, con negocios en Santiago, Concepción, Valparaíso y otras regiones. «Está entre las tres primeras de la zona norte gracias a su fuerte inversión y trayectoria y es la más grande de la V Región […] En el período 2010-2014, RVC ha desarrollado un potente plan de expansión de mil millones de dólares», según antecedentes de la propia empresa.¹

Preside la Inmobiliaria RVC Ricardo Vicuña Cerda, su fundador y principal socio, y en ella participan sus hijos Ricardo, ingeniero civil de la Universidad Católica; Juan Armando, ingeniero comercial de la Finis Terrae, e Irma Vicuña Marín, arquitecta de la Finis Terrae.

Los Vicuña incorporaron a su directorio en 2012 al ingeniero civil Jaime Bauzá, miembro del directorio de Endesa y presidente del laboratorio Andrómaco. También está en el directorio de RVC Álvaro Correa Rodríguez, gerente general de la sociedad Almendral, matriz del holding del grupo Hurtado Vicuña que controla Entel, entre otras empresas. En una crónica de El Mercurio de Santiago² de esa época, Juan Armando Vicuña Marín anunció inversiones por quinientos millones de dólares para 2014.

LAS FACTORÍAS

En el caso de Iquique, Héctor Zúñiga y Raúl Baeza se unieron así con Ricardo Vicuña y RVC para la formación de la Inmobiliaria Doña Teresa. En otra combinación, Zúñiga y Vicuña dieron forma a la empresa de servicios Vizú.

Sobre la estructura de la Universidad del Mar, Alejandro Silva comenta: «Las universidades del norte pertenecían a unos controladores. Las del centro a otros. Las del sur a otros. Partieron Héctor Zúñiga y Raúl Baeza Aspée. Fueron los fundadores, junto a Sergio Vera y Mauricio Villaseñor. Y ellos buscaban inversionistas en las regiones para asociarse. Y también los vinculaban a cargos académicos».

Habla Glenn Rojas y los demás asienten: «Cada sede tenía una realidad distinta. Empezaron a buscar socios locales, colaboradores, como sistema de factorías».

—¿Tenían relaciones previas? ¿Eran conocidos o amigos de antes? —les pregunto.

—Yo creo que lo que hicieron a través de los partidos. Ser simpatizante de RN era una condición en Iquique —dice enfático Rojas.

El dirigente recuerda su experiencia cuando postuló al trabajo en la Universidad del Mar en 2003: «Cuando me presenté, la entrevista fue muy política. “¿Qué te parece el Gobierno?”, me preguntaron. “¿Qué te parece el libre mercado?” Buscaban gente de la región a través de partidos y uno tenía que disimular si quería entrar», señala.

—¿Los socios de las inmobiliarias y los que tenían altos cargos acá en la región pertenecen a partidos?

—Óscar Arias, el Teo» Rojas, Daniel Greenhill… todos se vinculan a RN. A mí me da la impresión que buscaron gente de la región, en especial empresarios, a través de RN —afirma Rojas.

Según ellos, los dueños de la Universidad del Mar —Mauricio Villaseñor, Héctor Zúñiga, Raúl Baeza Aspée y Sergio Vera— también eran de esa línea y, desde luego, el ex diputado Raúl Urrutia, el penúltimo rector.

Daniel Greenhill Martínez «fue funcionario de la dictadura», asevera Carla Ceballos: «Fue alcalde designado de Pinochet en Victoria. Él es de Temuco».

«Recuerdo otro dato que es bien interesante —agrega—. Raúl Baeza Aspée tiene un hermano que es Patricio Baeza Aspée, que era al parecer el representante en Chile de un banco extranjero, que atendía las cuentas de la familia Pinochet.» Se refiere a las cuentas del Banco Hong-Kong and Shanghai Bank (HSBC Bank) que estalló en 2005. Durante una década, Patricio Baeza Aspée había sido director de ese banco, a cuyo directorio renunció en abril de ese año.

Patricio Baeza, ingeniero industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, estaba también asociado en algunas empresas con su hermano Raúl. E incluso al momento de la crisis terminal era miembro de la junta directiva, de la que se alejó a fines de junio de 2012.

«Los fundadores de la universidad en 1989 eran ex uniformados —comenta Rojas—. Eran ingenieros navales directamente vinculados a las instituciones armadas. Esta universidad fue diseñada para hijos de funcionarios marítimos. Los primeros cinco años partieron bien, porque buscaban el reconocimiento del ministerio. Pero cuando lograron la autonomía empezó a generarse el tema del lucro y el negocio, tratando primero de recuperar la inversión que habían hecho.»

Laura Ceballos, la secretaria de la confederación, agrega: «Para aumentar la cantidad de alumnos se les ocurrió esto de contactar a otros inversionistas en las regiones y asociarse en las inmobiliarias. “Ustedes hacen los edificios, reciben ganancias y los ponemos como rectores y directivos”. Y eso ocurrió a partir de la obtención de la autonomía».

Indica Laura Ceballos que «los rectores regionales fueron puestos por algunos de los controladores de arriba». Les llama la atención haber sabido que Greenhill «también estaba metido en Punta Arenas con dos sociedades. Parece ser que la torta de este señor era mucho mayor que la de otros participantes locales».

Desde Iquique, estudiantes y académicos empezaron a percibir las disputas que había en la cima de la Universidad del Mar. «No estaba claro qué parte de la torta le tocaba a estos rectores regionales y se empezaron a enemistar entre ellos», continúa Laura. Menciona también el alza de arriendo de 2006 que derivó en un juicio.

NECESIDAD IMPERIOSA

Glenn Rojas es tecnólogo médico y coordinador de esa carrera. Estuvo desde el comienzo cuando se levantó el edificio en la avenida La Tirana. «Cuando construyeron aquí sabían que no podían expandirse, porque el resto de los sitios se destinó a otros proyectos inmobiliarios», comenta.

Y agrega que también «hay otros personajes locales» involucrados. Menciona a Tito Max Barrera, el jefe de la carrera de derecho.³ Y a un familiar suyo, Marcos Gómez Barrera, seremi del Trabajo,⁴ «que hace docencia a honorarios. Sabía que tenía compañeros a los que no les habían pagado las cotizaciones, los sueldos a los docentes. El punto es que él no ejercía su labor de seremi»,⁵ acusa Glenn Rojas.

Jacqueline Zavala, la presidenta del sindicato de académicos, era coordinadora de la carrera de enfermería y directora de técnico en enfermería. «Nosotros veíamos que pasaban cosas raras en la universidad. Que faltaban recursos. Que había muchos estudiantes, pero que no contábamos con los recursos mínimos para impartir una docencia de calidad. A los docentes no se les pagaban los honorarios», señala.

Los pagos de honorarios se les atrasaban en «dos, tres y hasta seis meses. Veíamos que ya era una práctica habitual. Casi como lo normal dentro de las políticas de la empresa. Eso empezó hacia 2009. Pero ya en 2010 se agudizó. Y en 2011, con la salida de Daniel Greenhill, nos dimos cuenta de que esto era mucho más grave de lo que pensábamos», comenta Jacqueline Zavala.

Según la dirigenta, ya en 2012 pudieron apreciar «que no tenían ningún interés en educar, sino que lo único que les interesaba era lucrar, y que utilizaban los recursos humanos comprometidos para sostener una situación y seguir obteniendo ganancias».

A partir de esa constatación, los docentes se organizaron. Y el 23 de mayo de 2012 constituyeron el sindicato académico: «Finalmente, lo vimos como necesidad imperiosa. No podíamos seguir aguantando este tipo de políticas de la empresa y sufrir el hacer clases y encarar a los estudiantes sin condiciones mínimas», dice Jacqueline Zavala.

—¿Supieron del intento de venta a Southern Cross, a principios de 2011? —les pregunto.

—Sí, claro. Nos lavaron el cerebro con la posibilidad de que llegaran estos inversionistas que después resultaron ser los mismos de La Polar. Pero en un comienzo los veíamos como la esperanza de que trajeran una inyección de dinero. La cosa iba tan mal, que pensábamos que tal vez estos señores podían llegar con las «lucas» a salvarnos —indica Jacqueline Zavala.

Tuvieron que hacer informes de gestión de las carreras. «Trabajamos muchas horas preparando documentos e indicadores durante el primer semestre de 2011», recuerda. «Como para mostrar en qué posición estaba la universidad para poder venderla. Hubo largas reuniones.»

Pero esto, continúa la profesora, «coincidió con el inicio del movimiento estudiantil, el tema del lucro, las demandas de la Confech, y a raíz de eso, esta gente que venía a lucrar se dio cuenta de que este no sería el negocio perfecto, que implicaba riesgos para sus inversiones, y se echaron para atrás», dice refiriéndose a Southern Cross.

Claro que desde el punto de vista económico, «a partir de ese momento empezó una recesión mucho más grave para nosotros», indica Jacqueline Zavala.

«UN SEÑOR MUY DÉSPOTA»

—¿Cómo vivieron ustedes esa extraña acreditación de fines de 2010? Justamente se trataba de acreditar la universidad como «apresto» para ese traspaso… —comento.

—Todo fue muy extraño. Trabajamos en la acreditación como chinos, ya era el tercer intento. Y brujamente acreditamos… Me acuerdo que Daniel Greenhill nos convidó a todos los que trabajamos en la acreditación a una comida al Neptuno, un restaurante de Iquique famoso por sus mariscos —responde Jacqueline Zavala.

«Nosotros, ilusos, todavía sin saber que esta cuestión había sido pagada, creíamos que el esfuerzo había tenido resultado y que el trabajo había dado frutos —señala—. Esto fue en diciembre, y un tiempo después, como en enero, nos dijeron desde Viña “ya acreditamos la universidad, ahora vamos a acreditar las carreras, sobre todo del área de salud”.»

De vuelta en marzo de 2012 les anunciaron que harían videoconferencias para preparar la acreditación de carreras. «Nos entregaron el programa, y de repente en una videoconferencia nacional nos dijeron “aquí está el nuevo asesor contratado por la universidad para la acreditación de todas las carreras”. Ahí conocimos a Eugenio Díaz. No sabíamos todavía quién era», relata la profesora.

—¿Y qué impresión te dejó? —pregunto.

—Un señor muy déspota, con modos de patrón de fundo. Durante las videoconferencias nacionales, él nos gritoneaba desde Reñaca. Alcanzamos a trabajar con él como dos o tres meses. Y después desapareció de un día para otro. Fue una cuestión muy rara. Después supimos que hubo esa denuncia a la Contraloría por el pago de sesenta millones de pesos que él había recibido.

CARGOS DOBLES

Glenn Rojas es el más antiguo del grupo. Él entró a trabajar en la sede Iquique de la Universidad del Mar cuando partió en 2003 con las carreras de periodismo y psicología. «En esa época había tres tipos de trabajadores: los de la Inmobiliaria Doña Teresa, los de Vizú —Vicuña y Zúñiga— y los de la Universidad del Mar».

—¿De dónde venía Greenhill? —le consulto.

—Greenhill es ingeniero comercial y fue rector de la sede de la Universidad Arturo Prat (UNAP) en Victoria en los noventa. Después fue rector de Inacap allá.⁶ Cuando se vino se trajo gente de Inacap: a Eduardo Moraga, encargado de finanzas; a Patricio Gamero y Luis Rodríguez y a Óscar Arias, director de finanzas —responde.

«Cuando se abrió este edificio en 2004 me trajeron a mí. Además de ser tecnólogo médico, yo era el encargado del laboratorio», dice Glenn Rojas, y cuenta que «desde acá se hacían todas las compras para Arica, Calama, Antofagasta y Copiapó. La administración de prácticamente toda la zona norte estaba en Iquique. Daniel Greenhill dirigía todo».

Explican que «la sede Iquique no solo administraba las llamadas “extensiones” de Aníbal Pinto —en el centro de la ciudad—, Alto Hospicio y Covadonga, sino que también los campus Arica y Calama».

Después, Antofagasta se constituyó en sede aparte, tras comprar el Instituto José Santos Ossa, indica Glenn Rojas. «La administración de Iquique solo se quedó con Calama, Iquique y Arica. Pero acá partieron las otras bajo la conducción de Greenhill», reitera.

Hasta 2012, según Rojas, las empresas seguían entrelazadas y muchos ejecutivos y empleados tenían doble rol. «El encargado de adquisiciones, por ejemplo, era el mismo para la universidad y para una de estas inmobiliarias». Más insólita aún parece la duplicidad de la encargada de bienestar: «Ella tenía una suerte de empresa prestadora de servicios. “Sacaba la tajada” a los estudiantes. Tenía una empresa y les cobraba a los estudiantes por colocarlos». Hay varios, dice, que a su juicio «se alimentaron de los demás». Eduardo Moraga tenía también dobles cargos. La mayoría, asegura, «no tiene méritos, sino que llegaron por ser amigos de José Daniel Greenhill».

ALTAS MAREJADAS

Las apreciaciones de los estudiantes eran certeras. También tenía razón Patricio Basso, cuando —como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación— concluyó que la Universidad del Mar estaba «al borde del colapso». Pero todos se quedaron cortos.

El colapso ya había llegado en agosto de 2011, cuando el grupo estadounidense Southern Cross informó que no la compraría. La situación era desastrosa. Elevadas deudas, mala calidad académica y peleas entre los dueños eran parte de una crisis total que tuvo un punto de quiebre en septiembre con la renuncia de uno de los socios y rector, Héctor Zúñiga Salinas. El tironeo por el ambicionado Crédito con Aval del Estado (CAE), que les permite a los estudiantes pagar sus aranceles, estuvo en el centro de la discordia frontal entre los antiguos socios.

La exacerbación del lucro y de la pérdida de sentido de una empresa que pretendía llamarse universidad se expresa en toda su magnitud en la Universidad del Mar, repartida en sus sucursales a lo largo del país. La modalidad de inmobiliarias y sociedades relacionadas para sacar las ganancias sobrepasó cualquier límite. También los honorarios a los mismos dueños o a sus familiares, que se pagaban en forma directa o a través de sociedades de diferente índole.

La Fiscalía Oriente pudo captar la gravedad del asunto cuando inició la investigación a principios de 2012 por el «caso de las acreditaciones». A eso se sumó en junio de 2012 el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados, que señaló a la Universidad del Mar entre las que debían ser investigadas por lucro. Hasta la comisión habían ido a comienzos de 2012 los trabajadores de la Universidad del Mar de La Serena.

Todo lo que surge de los e-mails incautados por la Policía de Investigaciones por instrucción del fiscal Carlos Gajardo —como en el caso de Eugenio Díaz— y de las contundentes declaraciones de testigos complementan ese panorama.

En el largo tiempo de agonía de la Universidad del Mar, algunos medios de comunicación —en particular los digitales— entregaron información sobre las enmarañadas redes de sociedades involucradas en el negociado en que derivó este conglomerado. Se supo de audaces operaciones y diversas anomalías que sucedían tras las fachadas de los locales de la entidad. Y como la CNA le dio su acreditación por dos años a fines de 2010, gracias a los buenos oficios de Eugenio Díaz, el Ministerio de Educación podía favorecerla con el preciado CAE para 2011.

A pesar de todo, el ministro de Educación Harald Beyer, a comienzos de 2012, no parecía dar importancia a lo que estaba ocurriendo. Al menos era lo que decía en público.

Para Beyer, según lo señaló en su oficio a Ignacio Irarrázaval Llona, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), la convicción de que las cosas andaban mal llegó tras la renuncia de Raúl Urrutia a la rectoría de la Universidad del Mar en mayo de ese año. En ese momento encargó a la Dirección de Educación Superior una investigación.

Como se corroboró después en los distintos testimonios e informes, fue en Iquique donde se desataron con más fuerza las marejadas financieras que hicieron naufragar el barco de Héctor Zúñiga, Sergio Baeza, Mauricio Villaseñor y Sergio Vera. Las demás sucursales enfrentaban problemas similares, aunque Villaseñor y Vera culparían a Zúñiga y Baeza de las acciones que llevaron al descalabro. Desde luego, la construcción de la casa central de Reñaca comprometió a la universidad en un endeudamiento que la superaba. Pero fue en el nortino puerto de Iquique donde se desató el efecto de las extrañas sociedades que tensaron las relaciones y los llevaron a zozobrar.

ENREDOS EN REÑACA

El abogado Carlos Zelada de Urquidi compareció como testigo ante el fiscal Carlos Gajardo⁷ el 8 de noviembre de 2012. Explicó que compartía oficina con su colega Juan Carlos Galdámez, quien también estuvo entre los fundadores de la Universidad del Mar en 1989, pero se retiró hace una década. Zelada alcanzó a ser fiscal de la Universidad del Mar por unos meses, entre marzo y junio de 2012. Había llegado como abogado de Sergio Vera, a quien asesora desde hace unos diez años. El vínculo se estrechó a partir de 2008, cuando Zelada renunció a la Municipalidad de Quilpué, donde era asesor jurídico.

Estuvo muy cerca en el período de construcción de la sede Reñaca, «en que redacté contratos y asistía todos los días lunes a reuniones de obras durante el período de la construcción entre los años 2007 y 2008». Luego se desempeñó como asesor de Vera en las reuniones de junta directiva. En 2010 lo asistió durante el frustrado proceso de negociación con Southern Cross.

La construcción de la casa central de Reñaca, de propiedad de las inmobiliarias de los cuatro controladores, les implicó una elevada deuda y una enredada situación de compraventas entre inmobiliarias y bancos. En 2010 decidieron hacer una operación de leaseback ⁸ con esos inmuebles para pagar el préstamo.

Explicó Carlos Zelada al fiscal Gajardo que la razón estuvo en la «delicada situación económica» que afrontaba la universidad. La operación consistió en que le vendieron a Vida Security Previsión S.A., compañía filial del Banco Security, los edificios de las inmobiliarias para pagar el crédito a los bancos. Este era de unos seis mil millones de pesos. «Y el saldo que queda se le entrega en préstamo a la universidad.» Ese resto era alrededor de seiscientos millones.

«CINCO DENTRO DE UNA»

Tal como dicen los estudiantes, la Universidad del Mar funcionaba sobre la base de «factorías» en las distintas regiones que armaron para crecer rápidamente. Se «repartieron» el país para buscar socios y levantar una sucursal. El proceso de expansión se desplegó después de la obtención de la autonomía en 2002 y llegaron a tener quince sedes en ocho regiones. Los alumnos aumentaron de tres mil quinientos a más de diecinueve mil⁹ entre 2002 y 2011.

Alejandro Leiva Muñoz, abogado de Mauricio Villaseñor, uno de los cuatro socios, manifestó ante el fiscal Gajardo que él y otros integrantes de la junta propiciaban una administración única, porque la Universidad del Mar funcionaba «como cinco universidades dentro de una». Señaló que fue creciendo en «forma inorgánica y poco profesional, pues no se hicieron estudios de mercado, plana docente, empleabilidad y todas aquellas mediciones propias de la apertura de sucursales en cualquier actividad».

Leiva contó al fiscal que dos de los controladores plantearon la idea de abrir sedes en regiones, «cuestión que fue rechazada por los señores Vera y Villaseñor». Entonces, los otros dos «solicitaron autorización para abrirlas ellos por su cuenta y riesgo». Zúñiga y Baeza, según esa versión, decidieron instalar sedes en Arica, Iquique, Calama, Maipú y Punta Arenas.

«En Antofagasta y La Serena se trató de compras de universidades regionales que se encontraban en crisis y por lo tanto su control se mantuvo en el esquema original»; esto es, pertenecían a los cuatro socios, dijo Leiva. «También se abrieron dos campus, en Copiapó y Quillota, que tenían la lógica unitaria de administración.»

Posteriormente, Villaseñor decidió «asumir el control de las nuevas sedes de San Fernando, Curicó y Talca», según su abogado. Y Sergio Vera se quedó con la de Temuco. A juicio de Leiva, Villaseñor y Vera aplicaron «criterios de administración racionales». Desarrollaron sociedades inmobiliarias «que construyeron y arrendaron los inmuebles a la universidad utilizando el modelo tradicional ocupado por las universidades privadas, salvo la sede de Curicó, que Villaseñor decidió comprarla a nombre de la Universidad del Mar».

Héctor Zúñiga —quien gestionaba las operaciones que realizaba junto a Raúl Baeza— «decidió innovar en el modelo tradicional de las universidades privadas», sostuvo Leiva. En esa línea incorporaron «a terceros, mediante la formación de inmobiliarias y sociedades de servicio» en las sedes del norte y de Punta Arenas. Aludió en su declaración a la Inmobiliaria Doña Teresa, a la empresa de servicios Vizú y a la Inmobiliaria Valparenas.

La red que se tejió en Punta Arenas involucró al ex rector de Iquique José Daniel Greenhill y al entonces gobernador de Valparaíso, Pablo Zúñiga Giliberto, sobrino de Héctor Zúñiga y ex seremi de Economía, quien había sido también rector de la sede austral. Zúñiga Giliberto, militante de RN, tuvo que renunciar al cargo de gobernador que detentaba desde marzo de 2010, en diciembre de 2012, ante el clamor por su salida de más de una decena de organizaciones sociales, entre las que estaban la Confech, el Colegio de Profesores, los estudiantes secundarios y la Comisión de Derechos Humanos. Tanto Greenhill como Pablo Zúñiga debieron comparecer ante el fiscal Carlos Gajardo en abril de 2013.

Según Alejandro Leiva, las condiciones en que celebraron estos acuerdos en las regiones fueron «completamente desconocidas para los otros dos controladores, a quienes nunca se les entregó información de lo que ocurría en estas sedes y en la de Maipú».

Su crítica apunta directamente a Héctor Zúñiga: «La junta directiva se limitaba a escuchar el informe que entregaba el rector Zúñiga, quien tenía explicación para todos los cuestionamientos que se le hacían, justificando las morosidades de estas sedes en la existencia de muchos créditos morosos por parte de los alumnos, pero cuya cartera permitía garantizar todas las operaciones».

EL BARCO HACE AGUA

Ricardo Vicuña y RVC, socios de Zúñiga y Baeza en las sucursales nortinas, se transformaron en un factor crítico por donde empezó a hacer agua el barco de la Universidad del Mar. Se asociaron con Zúñiga y Baeza Aspée, en la Inmobiliaria Doña Teresa. Esta construyó la sede de la avenida Angamos y cobraba arriendo a la universidad. Las utilidades iban al Fondo de Inversiones Privado (FIP) Los Placeres, gestionado por la sociedad Vical Gestión Inmobiliaria, constituida por el ingeniero civil Ricardo Vicuña Marín y Rodrigo Eduardo Alemany Errázuriz.

David Greenhill, el rector de la sede Iquique, oficiaba a la vez de representante de la Inmobiliaria Doña Teresa. Pero las inversiones nortinas se transformaron en un complicado asunto que llegó a los tribunales. En 2006, la Inmobiliaria Doña Teresa, representada por Greenhill, subió el arriendo de la propiedad de la avenida Angamos, de algo más de mil UF a casi mil ochocientas UF mensuales. La universidad no le pagó la diferencia y se llegó a la absurda situación que la inmobiliaria, que pertenecía en un 50 por ciento a Zúñiga y Baeza, se querelló contra la propia universidad.

El resultado fue un juicio en el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, que culminó en agosto de 2010 con un veredicto adverso a la universidad. Se la condenó «a pagar más de mil ochocientos millones de pesos por rentas de arrendamiento atrasadas, no obstante las múltiples declaraciones de los señores Zúñiga y Baeza por solucionar este tema que incluso fueron presentadas a la junta directiva», señaló el abogado Carlos Zelada al fiscal Gajardo. Y agregó que él no tenía «conocimiento de una mejora del inmueble».

Con motivo de este juicio se le embargaron fondos en la cuenta corriente a la Universidad del Mar, explicó Zelada. Y en reunión de junta directiva, «tanto Zúñiga como Baeza nos señalaron que esa deuda con Doña Teresa ellos la solucionaban traspasando a su socio Ricardo Vicuña cierta participación en la sociedad Doña Teresa y que, además, se revisaría con efecto retroactivo la renta de arrendamiento que la universidad debía pagar por ese inmueble».

En su declaración, el abogado Alejandro Leiva también aludió a estos aumentos del arriendo y a los pagos a la Inmobiliaria Doña Teresa: «No resultaba entendible que la universidad fuera demandada por una inmobiliaria en que dos de los socios eran controladores de la Universidad del Mar, y que esta misma inmobiliaria había incrementado con un supuesto acuerdo con la universidad la renta de arrendamiento a un monto que le era imposible pagar».

Los abogados Zelada y Leiva destacaron en sus declaraciones el insólito hecho de que «en dicha modificación de contrato comparecieran como arrendador y arrendatario las mismas personas naturales, esto es, Daniel Greenhill».

Objetó también Alejandro Leiva que «pese a la grave situación por la que atravesaba la universidad», la inmobiliaria embargara sus cuentas, «restando recursos que estaban destinados al pago de remuneraciones. Que Héctor Zúñiga se desentendiera del compromiso de solucionar este problema con fondos propios provenientes del FIP Placeres y que pretendiera que el acuerdo al que se había arribado se pagara con fondos del CAE».

DE VACACIONES EN EUROPA

Días antes de fracasar la operación con Southern Cross,¹⁰ en agosto de 2011, el rector Héctor Zúñiga viajó de vacaciones a Europa. Dejó en su reemplazo a su socio Mauricio Villaseñor, «quien comenzó a enterarse del real estado financiero y económico de la universidad», según el abogado Alejandro Leiva. En ese tiempo la universidad había sufrido por primera vez el embargo de sus cuentas corrientes por parte de Doña Teresa.

El 1 de septiembre Héctor Zúñiga anotó el nombre «RVC» como «asunto» de un correo electrónico que dirigió a Mauricio Villaseñor. Aludía a otro e-mail que había recibido el abogado Alejandro Leiva en el que se le señalaba que «Vicuña no esperaría mi regreso y si no dábamos señas claras empezarían con la acción judicial».

Y Zúñiga aportaba en su correo otros antecedentes que muestran cuál era el real destino que los dueños de la Universidad del Mar le darían a los recursos provenientes del preciado Crédito con Aval del Estado (CAE): «Yo le he dicho que no es necesario esperarme, porque estaban disponible los recursos para cumplir los compromisos […] Para pagar esto yo tenía previsto ocupar parte del tercer anticipo de CAE que estaba en fase final», escribió Zúñiga, en su doble papel de deudor y acreedor.

El ex rector, hoy formalizado por la Fiscalía Oriente por soborno y lavado de dinero, entregó aún más detalles sobre sus planes: «Las operaciones son un anticipo del pago de aranceles cubiertos por asignaciones CAE totalmente definidas por la autoridad. Nosotros formamos parte de un grupo de universidades e institutos para los cuales el Banco Internacional generó un producto bancario especial para apoyar con anticipos, dejando en custodia las letras u otros documentos con que las instituciones se resguardaron frente a un no otorgamiento del CAE».

Zúñiga trataba de tranquilizar a Villaseñor: «Se trata de una operación especial estudiada por los abogados del Banco Internacional de aplicación general y no particular de esta universidad y que está en conocimiento de las autoridades, quienes han procurado mitigar el impacto del atraso en la entrega de recursos».

Y agregaba otro antecedente: «Las letras entregadas como garantía o respaldo al banco son de sedes en que no consta que estas se recibieron como garantía o el comprobante respecto a su recepción solo está en poder de la universidad». Y apremiaba a su antiguo socio: «Te manifiesto que si el tercer anticipo no se cursa con premura nos exponemos a un nuevo embargo. […] Ahora, se tiene certeza de la firma del 95 por ciento de los estudiantes, habiéndose tomado al principio resguardos especiales por si firmaba solo un 70 por ciento».

Se despedía rogando «atender con la urgencia que amerita el caso, para no exponer a la universidad».

EL ENOJO DE VILLASEÑOR

Mauricio Villaseñor se tomó dos días para responder. Finalmente lo hizo el sábado 3 de septiembre, cuando el país estaba consternado con el accidente del avión de la FACH y los estudiantes universitarios y secundarios se reunían en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera. A Villaseñor le cayó mal el e-mail de Zúñiga y contestó en duros términos, con copia a los otros socios y sus abogados.

Su tono es elocuente: «Con sorpresa me entero ahora que tu pretendida tercera operación CAE, a la que aludes, tenía como objetivo pasar dineros a una empresa en la que ustedes poseen el 50 por ciento. Siempre entendimos que tu aporte para solucionar el problema Doña Teresa/Vizú sería sobre ingresos personales de ustedes, tras venta de FIP».¹¹

Le reclamó «tu mención a retener centralizadamente los aportes CAE, lo que significaría usurparle dineros a las sedes que tienen esos alumnos y que no participaron en los créditos anticipados por el Banco Internacional».

A la vez, Villaseñor le encaró que los recursos fueran a «sostener sedes que estuvieran en apuros financieros que, curiosamente, coinciden con varias de las que han sido gestionadas por ti». Más todavía le mencionaba que esas «de un año a otro han sufrido enorme sangría» y que ya se anticiparon casi mil quinientos millones de pesos de fondos CAE en los últimos meses.

«Ahora, resulta que esos fondos son los que posibilitan el término de la negociación con Doña Teresa para prever, supongo, que otra vez la empresa de ustedes no nos embargue las cuentas corrientes de la universidad», señalaba un enojado Villaseñor a su socio por décadas. «Todo tiene un límite», le dijo. «Creo que es hora (y casi tardía) de que enfrentes tu responsabilidad por el tremendo daño que le han causado a la universidad y procuren CON URGENCIA [sic] aportar los fondos necesarios para terminar el juicio generado por los problemas de Iquique y para financiar sedes como Norte, Maipú y Punta Arenas que están poniendo en peligro la supervivencia de nuestra universidad».

El abogado Alejandro Leiva ratificó al fiscal Gajardo que el correo de Zúñiga del 1 de septiembre fue enviado por Zúñiga desde Europa «cuando ya había fracaso [sic] la operación con Southern Cross». En ese contexto, explicó, «todas las sedes estaban esperando que llegaran las platas del CAE para pagar sus operaciones normales, esto es, sueldos, arriendos, servicios, etc.».

Dijo Leiva que ahí supieron que «Zúñiga había hecho una operación a espaldas de la junta directiva con el Banco Internacional». Esta consistía en la obtención de un anticipo del CAE «por un valor importante entregando al banco un mandato irrevocable de cobro y como garantía letras entregadas por los mismos estudiantes beneficiarios del CAE».

El abogado dio más detalles: «El CAE lo administraba Corpbanca y lo entregaba íntegramente a la universidad. Con esta operación de Zúñiga, el dinero ya había sido gastado por el anticipo del Banco Internacional. En ese momento no se sabía en qué se habían gastado los anticipos. Después se supo que era para financiar los gastos de las sedes controladas por Zúñiga, es decir Punta Arenas, Maipú e Iquique».

LA RÉPLICA DE ZÚÑIGA

La discusión por correo electrónico continuó. El domingo 4 de septiembre de 2011 Héctor Zúñiga trataba de explicar: «Mauricio, siempre tú con la misma sospecha de que me aprovecho de otras sedes. Nunca te he dado motivos para dudar de mi honestidad. Te aclaro. La tercera operación es ANTICIPO [sic], en función de las letras entregadas por algunas sedes. No pretendo de ese anticipo ninguna proporción mayor a la que corresponde a las letras de nuestra área».

A continuación precisaba: «A sabiendas de los impactos en las sedes de Maipú e Iquique, esas sedes fueron las que más aportaron letras de respaldo para anticipos CAE. Obviamente nuestras sedes tienen que levantar sus Dicom y cumplir sus compromisos y no comprometer a la universidad». Indicaba Zúñiga que las «que verdaderamente no pueden ni podrán cumplir ni con el CAE son Viña y La Serena. Los CAE de los alumnos de Iquique, sea de anticipo o de pago final, son de disposición de Iquique».

Agregó Zúñiga en su replica: «Las deudas con RVC no son deudas personales de HZ¹² y RB, sino de la sede de Iquique. Si a la sede le han dejado de entrar cientos de millones (tú tienes los datos del CAE de cada sede), obviamente está con problemas de caja y por supuesto de ponerse al día en los arriendos devengados que pide Vicuña».

Señalaba a continuación: «Te aclaro que también está considerado traspasar FIP Placeres en el acuerdo (como ayuda a la caja, sin perjuicio que te repito es deuda de la sede, y por tanto en algún momento con sus cuatro mil millones en letras podrá hacerse cargo)».

Y luego insistía en la necesidad de pagarle rápido a Ricardo Vicuña: «Permíteme advertirte que la apreciación de haber tranquilizado a Vicuña es solo una apreciación. Creo que exponemos a la universidad si no se hacen trasferencias a Doña Teresa por los arriendos devengados de inmediato. Entiendo lo estresado que estás, por lo que acepto tu mal humor. Ojalá tengas, sí, la generosidad de disculparte como le exigiste a Raúl (Baeza) después de esta aclaración».

Las relaciones entre los socios ya no se arreglarían. Mauricio Villaseñor precisó a Zúñiga —el 4 de septiembre— que él no había «retenido ninguna operación» y que procurarían «obtener un anticipo del banco Corpbanca, lo que sí fue aprobado por la junta de los dineros CAE, que deben ellos entregarnos en este mes». Manifestaba su esperanza en que «Vicuña estará tranquilo hasta que regreses, para que puedas solucionar todo lo que tienen pendiente y se llegue a un acuerdo que deje tranquila a la universidad».

A CONFESIÓN DE PARTES…

El lunes 5 de septiembre, Mauricio Villaseñor recibió otro e-mail. Esta vez el remitente era su abogado Alejandro Leiva Godoy,¹³ quien también era miembro de la junta directiva.

«Hoy, luego de frustrarse la operación con SC, me veo enfrentado a la disyuntiva de continuar o no», partía diciendo Leiva. «Lo más grave —a su juicio— estaba dado por la responsabilidad que como miembro de la junta directiva debo afrontar en una eventual quiebra de la institución, o en un proceso de revisión por parte de cualquier tipo de autoridad administrativa (SII,¹⁴ Ministerio de Justicia, Cámara de Diputados o la futura Superintendencia de Educación), pues son muchas las irregularidades existentes en la gestión administrativa de la Corporación.

«Todos conocen la forma en que se han desarrollado las universidades privadas del país, y el cuestionamiento generalizado apunta al fin del lucro, pero en el caso de nuestra corporación, el cuestionamiento va mucho más allá del simple lucro, pues se han ocupado prácticas que desde mi punto de vista constituyen defraudaciones, por lo que el reproche no solo es ético, sino que también penal», reconocía Alejandro Leiva.

Se podría aplicar el conocido adagio «a confesión de partes, relevo de pruebas»… Más aún cuando lo decía un abogado involucrado en el negocio. Con un tono propio de un «manifiesto» señalaba:

«Tengo la impresión de que se ha ido perdiendo la capacidad de asombro, pues nos parece natural que una sociedad en que participan dos socios fundadores haya aumentado artificiosamente el monto de las rentas de arrendamiento, sin respetar las limitaciones impuestas por la propia junta directiva. Nos parece normal que esta misma sociedad demande y embargue fondos de la universidad, y que hoy nos mantenga con la incertidumbre de repetir esta experiencia. Nos parece normal que existan sociedades vinculadas a algunos fundadores que facturan servicios que nunca han prestado, independiente de la grave crisis económica y financiera que atravesamos.»

Pero el abogado Alejandro Leiva fue más allá en su recriminación: «Nos parece normal que existan sedes completamente quebradas, cuyos directivos no aceptan órdenes y directrices de la sede central. Nos parece normal que los funcionarios de más alto grado estén más preocupados de sus trabajos particulares que de la universidad, que no realicen el trabajo a tiempo, que no hagan bien “la pega”, y que además no podamos despedirlos por lo “mucho que saben”»…

Y dirigiendo un dedo acusador hacia la oscura negociación de los documentos de los estudiantes que serían objeto de tráfico financiero, alegaba: «Nos parece normal que letras que fueron entregadas en garantía por los alumnos, sean entregadas nuevamente en garantía, como si fueran letras de pago, porque el contrato no dice expresamente que fueron dadas en garantía».

El mismo día su colega Carlos Zelada de Urquidi, abogado de Sergio Vera, se sumó al «manifiesto» de Leiva: «Concuerdo plenamente con la reflexión planteada por Alejandro Leiva en su último correo». Y agregó: «En nuestra condición de abogados con Alejandro Leiva, integrantes de la junta directiva, claramente nos es éticamente impresentable, y más aún ante cualquier autoridad judicial o administrativa, mantenernos indiferentes ante las graves anomalías que muestra el actuar interno de la corporación, en especial en lo que dice relación con las obligaciones y pagos, asumidos y hechos, con sociedades o personas vinculadas a los controladores o propietarios de la corporación».

«Coincido con Alejandro en el sentido que se han ejecutado actos de tal gravedad que francamente resultan agraviantes a la inteligencia de cualquier autoridad fiscalizadora, llevando a la corporación a exponerse seriamente a una situación de no pago o quiebra, con una inminente intervención del Ministerio de Justicia en su gestión, no obstante lo cual paralelamente se siguen pagando y reconociendo deudas cuantiosas a empresas vinculadas a los controladores, negando o restando toda importancia a actos que deslindan en eventuales ilícitos», sentenciaba.

Pero en la época de ese intercambio de e-mails no era preocupación del Gobierno fiscalizar lo que ocurría en la Universidad del Mar. En la Cámara de Diputados, en cambio, había iniciado su labor la comisión investigadora del lucro.

RENUNCIA Y RECOMPENSA

La fuerte disputa por los recursos otorgados por el Crédito con el Aval del Estado llevó las cosas a un punto de no retorno. Por concepto de aranceles pagados con Crédito con Aval del Estado (CAE) 2011 debían entrar dos mil quinientos millones de pesos a la Universidad del Mar, indicó Carlos Zelada al fiscal Gajardo.

La junta directiva acordó que «resolvería en esa instancia la disposición de esos fondos, puesto que su objetivo era tanto pagar pasivos como permitir la continuidad operacional de la institución», explicó Zelada. Sin embargo, Zúñiga había obtenido el anticipo y se lo había gastado.

El asunto era aún más complejo, según Zelada, porque «las letras de cambio entregadas en garantía por ese anticipo al Banco lnternacional, a su vez eran letras que los alumnos beneficiarios del CAE habían dejado en garantía a favor de la UDM en respaldo por el CAE que debían percibir». Por eso explicó el abogado «esas letras no podían ser entregadas a terceros». Declaró que él mismo le señaló esa situación a Zúñiga.

Las discusiones por e-mail tuvieron consecuencias. El primer cambio lo constituyó la renuncia del presidente de la junta directiva, Raúl Baeza Aspée, y asumió la presidencia Sergio Vera. Por primera vez la presidencia era ocupada por una persona distinta a la dupla Zúñiga Baeza. «Sergio Vera asume el rol que los estatutos le entregan al presidente de la junta, comenzando a controlar y a entregar tareas concretas al rector Zúñiga, con fechas, cumplimientos de metas, respaldos, cuestión que el señor Zúñiga no era capaz de cumplir», señaló Alejandro Leiva¹⁵ al fiscal Gajardo.

El abogado de Vera indicó detalles de la renuncia de Zúñiga. Fue en una reunión de junta directiva en el campus Quillota en octubre de 2011. El ex rector abandonó la sala «señalando que renunciaba al cargo pues no aceptaba ser tratado como empleado y que Sergio Vera se entrometiera en sus funciones», contó Leiva.

Pero Zúñiga no se fue con las manos vacías. El ex rector y ex presidente de la corporación obtuvo «un finiquito laboral por año de servicio de alrededor de ochenta millones de pesos y adicionalmente una pensión por ocho o diez años por siete u ocho millones de pesos mensuales», señaló Carlos Zelada.

El abogado Alejandro Leiva declaró al fiscal Gajardo que «se le transfirieron las acciones en las inmobiliarias Rancagua y del Mar, que me parece que fueron por valores de trescientos noventa millones por cada uno de los tres socios, más la pensión por diez años de siete millones de pesos mensuales. Zúñiga, en Rancagua, debe haberse quedado con el 60 por ciento y en la Inmobiliaria del Mar con cerca del 80 por ciento».

«Atendida la situación vivida se entendió que lo mejor era buscar una salida negociada del señor Zúñiga y prescindir de su participación, pues una vía judicial habría sido mucho más perjudicial para los intereses de la UDM que este acuerdo», explicó Zelada. Y contó que «los estatutos establecen como beneficio el que se puede otorgar una pensión vitalicia a un miembro fundador que cumple los requisitos para ello, sin definir el monto de la misma. En este caso se fijó una pensión temporal por el monto ya indicado».

Con el retiro de Zúñiga, explicó Leiva, Sergio Vera quedó con facultades como presidente ejecutivo «y se encarga de depurar la universidad despidiendo gente, terminado contratos abusivos, reduciendo costos, etc.».

En marzo de 2012 hubo una nueva elección de junta directiva, «en la que resultaron electos Mauricio Villaseñor, Raúl Baeza, Sergio Vera, Raúl Urrutia, Guillermo González Vera, Sebastián Baeza Ansoleaga, Alejandro Leiva y Carlos Zelada».

LA ALARMA DE URRUTIA

Un mes después ellos eligieron a un nuevo rector, Raúl Urrutia Ávila, quien ya era miembro de la junta y había sido secretario general.

La junta le dio a Urrutia amplias facultades para que ejerciera el cargo, «sin intervención de los controladores ni miembros de la junta directiva», recordó Alejandro Leiva. «Urrutia en su gestión descubrió unos pagos de honorarios irregulares que se le pagarían a la cónyuge o pareja de Vera, Yovanka Sapunar, por lo que decidió terminar con ellas, lo que indispuso al rector con Sergio Vera. Finalmente renunció, denunciando públicamente irregularidades en la universidad, lo que derivó en la paralización de actividades y posteriores tomas y huelgas de hambre de la universidad», indicó el abogado Leiva.

El 29 de mayo de 2012, Raúl Urrutia Ávila, ex diputado de Renovación Nacional y presidente del Consejo de la Transparencia, hasta octubre de 2011, dejó el cargo con bullicio. Completaba 49 días como rector. Su renuncia avivó la señal de alarma que ya habían encendido los estudiantes con sus movilizaciones en 2011.

Entre las acusaciones que Raúl Urrutia indicó en su carta dirigida a Mauricio Villaseñor apuntó: «Se pagaron seiscientos millones de pesos a los controladores en forma directa o indirectamente a través de las inmobiliarias».

Aunque el abogado Raúl Urrutia era ya miembro de la junta directiva y secretario general de la Universidad del Mar desde el 19 de marzo de 2012, quizá no aquilató bien la profundidad de los problemas con que se iba a encontrar cuando aceptó la rectoría que asumió el 10 de abril. Por lo que dice su carta, fue la imposibilidad de pagar sueldos y las elevadas deudas previsionales, mientras veía correr el dinero hacia las inmobiliarias y las sociedades de los dueños, lo que rompió su paciencia.

«Mi trabajo durante este último tiempo se centró fundamentalmente en obtener los dineros suficientes para pagar las remuneraciones del personal a contrata y sus cotizaciones previsionales, como también los honorarios de nuestros docentes», señaló. Y agregó que «al viernes 25 de mayo de 2012, faltaban para cumplir los compromisos con nuestros trabajadores más de doscientos cincuenta millones de pesos, sin contar con el pago de las cotizaciones previsionales».

Acusó en su carta: «Las presiones de algunos miembros de la junta directiva para que se les pague lo adeudado a ellos, o bien a sus inmobiliarias, hacen imposible realizar una planificación de los ingresos y egresos de la universidad, teniendo siempre presente cuál es el giro de esta institución».

Y una de sus conclusiones fue: «Esta rectoría considera que los actuales controladores no tienen interés alguno en el quehacer universitario, lo que se explica por la baja inversión en ella que permita entregar una educación de calidad».

Justo en el momento de la renuncia del rector Urrutia, los representantes de las federaciones de las sedes de la Universidad del Mar se encontraban reunidos en un congreso en Punta Arenas que sostuvieron entre el 26 y el 31 de mayo de 2012. «Lo organizó la confederación. Participaban los máximos dirigentes estudiantiles de todas las sedes», recuerda Alejandro Silva. «Ahí nació la toma donde nosotros participamos. Se encendió con la carta de renuncia del rector Raúl Urrutia. Después el movimiento empezó a expandirse. La primera fue Iquique y también la última en bajarse».

«Esto no fue un hecho fortuito», comenta Carla Ceballos. «Estaban todas las federaciones juntas cuando el señor Urrutia ventiló su carta. Creo que de alguna manera sabía que las directivas estudiantiles tomarían una posición en conjunto, lo cual era muy difícil si estábamos cada uno en su sede por cuestiones de distancia y comunicación. Porque todas las federaciones a nivel nacional estaban allá en Punta Arenas cuando apareció la carta. De hecho, tuvimos al día siguiente videoconferencia en todo el país y ellos se tomaron inmediatamente la sede. Y así todos nos fuimos acoplando».

La junta directiva no duró mucho más. Los estudiantes pedían que se fueran todos. En junio dejaron sus cargos.

La voz de Raúl Urrutia fue escuchada por el ministro de Educación, Harald Beyer, que hasta ese momento no parecía poner especial atención al severo problema. Así lo dice al iniciar su oficio dirigido al presidente del Consejo Nacional de Educación, Ignacio Irarrázaval. Señala en ese documento —fechado el 29 de octubre de 2012—: «El 30 de mayo de 2012 se recibió en el Ministerio de Educación una copia de la carta de renuncia a su cargo de rector de la Universidad del Mar de parte del señor Raúl Urrutia Ávila». Posteriormente, dice Beyer, «el señor Urrutia, mediante diversas declaraciones en los medios de comunicación, insistió públicamente en que durante su gestión había conocido irregularidades en la Universidad del Mar».

INFORME DEL MINEDUC

La investigación del ministerio, encargada a la Dirección de Educación Superior, concluyó que la Universidad del Mar había dejado de cumplir ciertos requisitos mínimos para funcionar como universidad. Entre los puntos críticos que destacó ese informe está la fragmentación de las sedes, la falta de campos clínicos para las carreras de la salud que representan más del 40 por ciento de toda la matrícula, los contratos y deudas con las inmobiliarias y los excesivos sueldos a los socios y sus familiares.

Por eso, el ministro propuso la «cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial a la Universidad del Mar». Y el CNE con posterioridad determinó el cierre.

De acuerdo al informe que el ministro envió al presidente del CNE, al 31 de diciembre de 2011, las deudas de la Universidad del Mar con las inmobiliarias relacionadas con los miembros fundadores «ascenderían a 1.040.460.705 de pesos solo para las Inmobiliarias e Inversiones Rancagua e Inmobiliaria del Mar».

Por otra parte, la investigación identificó deudas con el sistema financiero «por un monto aproximado de 10.462.861.000 de pesos». A eso se suman «las deudas por concepto de remuneraciones y honorarios por pagar al personal docente y administrativo de la UDM» por un monto que «ascendía a 1.085.008.000 pesos». Y las deudas previsionales alcanzaban a 338.793.242 pesos.

Llama la atención que en las once páginas de ese documento no se nombre ninguna vez la palabra «lucro». Solo se limita a mostrar que la Universidad del Mar no cumple con los estatutos.

Destaca, no obstante, entre las «curiosidades» dentro de esa deteriorada situación financiera, la lista de pagos a miembros de la junta directiva de la universidad o sus familiares: Mauricio Villaseñor percibía por ese ítem algo más de ocho millones; una suma similar los familiares de Héctor Zúñiga, y más de seis millones y medio Yovanka Sapunar Gaete, la pareja de Sergio Vera. En esas sumas no están considerados otros tipos de ingresos que podrían generarles las inmobiliarias o empresas de servicios.

La suma más elevada corresponde de acuerdo a esa lista a los hijos de Raúl Baeza Aspée; un total de algo más de catorce millones doscientos mil pesos mensuales, distribuidos entre Begoña, Macarena, Paula y Sebastián Baeza Ansoleaga.

El 20 de mayo de 2013, Raúl Baeza Aspée, de sesenta y dos años, cónsul honorario de Marruecos en Valparaíso, fue encontrado muerto en el baño de su casa en el sector Bosques de Montemar, en la comuna de Con-Con. La causa de la muerte habría sido un infarto al miocardio. Raúl Baeza fue rector desde 1990 hasta 2006 y después presidente de la junta directiva hasta septiembre de 2011, cuando se desató la disputa entre los controladores. En vida estaba vinculado al menos a ocho sociedades relacionadas. En las sedes regionales era socio con Zúñiga. Quien llevaba en los últimos años el timón de las inversiones de Raúl Baeza era su hijo Sebastián, que lo representaba en la junta directiva de la universidad y en otras sociedades.

LA PAREJA DEL RECTOR GREENHILL

«El tema de cómo nació la confederación es interesante —señala Laura Ceballos—. Porque entre todo lo que ocurría y lo que íbamos averiguando nos fuimos juntando pese al clima de dictadura dentro de la universidad».

Agrega Glenn Rojas: «Había prohibición de formar centros de alumnos y federación, y de formar sindicatos. Y los que hacían de representantes estudiantiles y sindicales eran militantes de la derecha, proclives a la administración».

«En 2010 fue la primera movilización fuerte», recuerda Laura Ceballos. A ella, el estallido de la Universidad del Mar la encontró terminando su carrera de psicología.

El camino para constituir la federación fue difícil. En psicología tenían como jefa de carrera a Paula Alvarado Rogaler, la pareja del rector Daniel Greenhill, quien además era la jefa del área de asuntos estudiantiles. «Esto era terrible, porque cuando queríamos pedir un crédito, postular a alguna beca o solucionar algún problema, teníamos que pasar por ella. Y si no recibíamos respuesta positiva, debíamos hablar con el rector, que era su pareja. Por lo tanto, entendíamos que no teníamos nada que hacer en ese aspecto. Todos estaban aterrorizados con ella, porque actuaba —y ahora lo entendemos— como la dueña. No la encontrábamos jamás, porque venía uno o dos horas a la universidad. Nunca recibía a los alumnos.»

Laura Ceballos dice que, dentro de todo, tuvo una buena relación con la jefa, porque cuando comenzó el proceso de acreditación, «debe haber intuido que era mejor tenerme en buena que en mala». Pero a la vez, en esas conversaciones «nos dimos cuenta del bajo nivel de instrucción académica que tenía. Nunca pudimos establecer una conversación que nos pudiera hacer pensar siquiera que era una psicóloga recibida de la Universidad Católica, como decía ser. Tampoco exhibía el título… Acá no hay nada que permita establecer quién es quién».

En medio de las averiguaciones, «nos fuimos preguntando qué pasaba con ella y nos enteramos de que era la nueva pareja de Greenhill, quien aparentemente se la había traído de Santiago». Cuenta que el rector antes tenía en ese puesto a su esposa, Magnolia Jacques Kohl. «Y cuando llegó Paula Alvarado a hacer clases, la gente se dio cuenta de que pasaba algo más. Entretanto, Magnolia, que manejaba una moto, tuvo un accidente horrible en enero de 2006. Se tuvo que ir con licencia a su casa grave. Y cuando Magnolia se recuperó, el lugar estaba ocupado en todos los sentidos de la palabra por Paula».

«Cuando surgieron problemas en psicología los estudiantes vieron que había que organizarse. Empezamos a apoyarnos y en una semana Paula nos mandó a buscar a uno por uno. Eran conversaciones muy freak entre “yo los quiero tanto y tengan cuidado”. Cuando conversó conmigo esa primera vez se puso a llorar», dice Laura Ceballos.

En esa misma oportunidad, relata, Paula Alvarado «me recordó que en la misma silla en que estaba, hubo antes muchos de mis compañeros. “Y el que quiere ser presidente de esta federación —me dijo— tiene a su mamá trabajando aquí. Entonces va a hacer un mal negocio si sigue en eso. Y yo que los quiero tanto, que me sacrifico por ustedes, yo gano un sueldo no más, independiente de lo que pase con Daniel… así que vayan pensándolo”».

Cuenta Laura que cuando le reiteró que ella era partidaria de formar una federación, Paula Alvarado le dijo: «Hagan algo que no se llame federación, no sé, un club de estudiantes de la Universidad del Mar».

«Pero no sé qué hizo con todos mis compañeros, porque cuando yo les decía “sigamos con lo de la federación”, habían dejado atrás el entusiasmo. El que iba a ser presidente prefirió obviamente que su mamá siguiera trabajando. Y el resto no quería ni hablar del tema. Les generó un trauma prácticamente.»

ORGANIZACIÓN CLANDESTINA

Después de un tiempo, «Carla, mi hermana, que estudia nutrición, se juntó con un grupo de estudiantes de historia, que también descubrían que había problemas en sus mallas», continúa Laura Ceballos. «Después empezaron a investigar más, viajaron a Santiago y comenzamos a revisar documentos para tratar de ver cómo funcionaba esto de las inmobiliarias.»

Alejandro Silva, que estudiaba historia, interrumpe: «A nosotros nos mandó a buscar Daniel Greenhill, como para advertirnos. Pero nosotros nos aguantamos y le dimos con todo».

Pese a las advertencias, empezaron a organizarse «y ahí perdí inmediatamente la relación que tenía con Paula Alvarado, cuando se dio cuenta que estábamos en la federación y que era un movimiento que iba fuerte y ella no lo iba a poder parar», comenta Laura Ceballos. «Justo en ese minuto nos enteramos que existía una confederación a nivel nacional que hacía videoconferencias con las federaciones y que estaba aceptada por los rectores de sedes y por los controladores. A nosotros nunca nos había llegado esa información», dice. «Los dueños autorizaron la formación de esa confederación en 2010», acota Alejandro Silva.

«Mientras, nosotros estábamos actuando en forma clandestina. ¡Qué tontera!», dice Laura Ceballos. «Empezamos a subir las videoconferencias, pero con estos representantes que era uno de Punta Arenas, uno de Antofagasta y varios de Viña. Les veíamos las caras y no sabíamos quiénes eran. Intuíamos que no eran dirigentes elegidos democráticamente. Después de todo lo que habíamos pasado nosotros, no nos cabía en la cabeza. Y percibíamos, aunque no tenemos las pruebas, que ellos habían sido puestos por los controladores».

«Supimos de algunos personajes como Rodrigo Ortiz, de Antofagasta, que era secretario de finanzas de la confederación y militante de Renovación Nacional», indica Laura Ceballos.

«Y un día nos enteramos por el vicerrector académico que el secretario de la confederación a nivel nacional, Jaime Low Cabezas, estuvo preso por estupro y violación. Había sido sacerdote y era estudiante de derecho de Punta Arenas. Cuando supimos esto casi nos morimos de la impresión», comenta. En agosto de 2012, Low dejó en rigor de ser cura cuando el Vaticano comprobó el abuso sexual contra un menor de edad y le levantó el estado sacerdotal.¹⁶

En mayo de 2012 en Punta Arenas, Alejandro Silva había sido elegido también presidente de la confederación de todos los estudiantes de la Universidad del Mar. Los dirigentes de Iquique alcanzaron los más altos puestos en la elección. Junto a Alejandro Silva, quedó de secretaria nacional Laura Ceballos.

Desde ese momento viajaron a Viña del Mar —sede de la universidad— y a Santiago en representación de la confederación. Participaron en reuniones con la Confech, y estuvieron en el Senado y en la Cámara de Diputados con todos los sectores políticos, indica Alejandro Silva. Pero mientras tanto, dice, «la federación de Viña del Mar, elegida y pagada por los mismos controladores para convencer a los estudiantes de continuar con el supuesto “proyecto educativo”, se encargó de hacer inviable todo trabajo que nosotros pudiésemos realizar».

Por eso, Alejandro Silva y Laura Ceballos, «como medida estratégica» decidieron que lo mejor era renunciar a esos cargos «para desmarcarse de los reglamentos que los regían que nos quitaban libertad de acción, ya que habían sido creados por los mismos controladores de la universidad. Era como gobernar con la Constitución de Pinochet. Así fue como nos volvimos a Iquique para poder dar la pelea por los estudiantes desde nuestra sede».

OCTUBRE DE 2013

Carla Ceballos Henríquez es hija del profesor de matemáticas del Instituto Nacional Orlando Ceballos. Su padre vive en Santiago. Ella creció en Iquique con su madre y sus dos hermanas. En el último año Carla pasó por «bajones» y angustias. Durante largos meses dormía mal y se sentía deprimida. Hacía esfuerzos por dejar atrás la pesadilla que como miles de estudiantes de esa universidad han vivido. Junto a Alejandro Silva y otros dirigentes de la federación que tanto les costó formar, han tratado de ubicar a los ex alumnos de la sede Iquique en las universidades estatales del norte del país. Y de continuar con sus proyectos de vida.

«Al menos el 40 por ciento de los alumnos ya se fue y queda otro tanto que lo hará a fin de año. La sede, al parecer, ya la vendieron a la Universidad de Tarapacá y la rectora mandó a cotizar casas grandes o colegios para los que continúen», cuenta Carla Ceballos.

«La sede central de Iquique quedó reducida a un segundo piso en la calle Aníbal Pinto, arriba de la conocida cafetería La Cioccolata —señala Alejandro Silva—. La universidad en Iquique y en el norte casi ya no existe.»

Carla Ceballos agrega: «Siguieron trabajando y haciendo clases solo en la sede de Aníbal Pinto, donde están hacinados alumnos, directivos y administrativos. Se ofrecen los títulos sin importar que les falten clases. Solo tratan de que paguen la deuda y se les titula. Buscan recaudar la mayor cantidad de dinero y que se cumplan los compromisos de pago». Dice que otro tanto sucedió en Alto Hospicio, por lo que «la pérdida de la sede se concretará a fin de año. La universidad adeuda más de mil millones de pesos a la inmobiliaria, que era de los mismos dueños y sus socios», anota.

Según la misma Carla Ceballos, al menos cinco personas de la dirección de la sede Iquique se fueron con altas indemnizaciones. «Entre ellas el vicerrector académico, que después de haber agredido a un compañero —que antiguamente formó parte de la federación— realizó un autodespido. En esta condición están también el anterior rector José Daniel Greenhill, su pareja Paula Alvarado —que ocupaba tres puestos, como jefa de carrera de psicología, directora de asuntos estudiantiles y directora del área de psicología.» Cada uno «se llevó aproximadamente treinta millones de pesos por este concepto. Todo esto consta dentro de los juicios publicados en la página del Poder Judicial», señala la ex dirigente.

Ha pasado más de un año después del primer encuentro que tuvimos en Iquique. El proceso de cierre de la Universidad del Mar dispuesto por el Consejo Nacional de Educación, que se debe terminar de concretar en 2014, ha generado nuevas complicaciones para los alumnos y ex alumnos que sobreviven en medio de deudas e incertidumbres.

Carla Ceballos cuenta su propia experiencia: «Tomé la decisión de cambiarme de universidad. El primer semestre de 2013 no nos hicieron clases, solo quedaban dos profesoras —nutricionistas— trabajando y en el ramo más importante nos hicieron solo una clase. Cerraron el semestre con trabajos y casi regalando las notas. La directora de ciencias de la salud me dijo que no hay profesionales que quieran ir a trabajar a la Universidad del Mar».

«ANARQUISTAS PERVERSOS»

Los ex integrantes de la federación continuaron trabajando para tratar de darle mejores posibilidades a sus compañeros.

«El presidente Alejandro Silva gestionó personalmente con los directivos de la Universidad de Tarapacá [UTA] la reubicación para la mayoría de las carreras y tuvimos que negociar que fueran respetados los años ya cursados», continúa su relato Carla Ceballos. «Por suerte, estas reuniones fueron efectivas y conseguimos que se abrieran carreras que no estaban dentro de su parrilla en Arica —donde está la sede central de la UTA— y en Iquique. Había compañeras que iban a dejar a sus hijos pequeños solos para poder terminar sus estudios en la UTA Arica. También se abrieron carreras en la UNAP, como odontología y fonoaudiología, entre otras.»

Según Carla Ceballos actualmente estarían quedando doscientos cincuenta alumnos de un total de los alrededor de 1.800 que tenía la sede de Iquique. «Los que quedan y hasta el momento no tienen respuesta son los de medicina y unos pocos de otras carreras que están terminando o por diversos motivos no quieren irse», indica.

Cuenta que después de haber sido nombrada como rectora María Elena Moll, la situación «solo vino a complicar más las cosas. Ella se entregó a las autoridades —rector nacional y junta directiva— y comenzó a perseguir a todos quienes participaron de la toma de 2012: hizo reuniones con el profesorado y con los alumnos por carrera, dedicando gran parte de estas a acusar a Alejandro y a mí como culpables del cierre de la universidad. Nos etiquetó como “anarquistas perversos”, incluso a través de la prensa», cuenta Carla Ceballos.

Sin embargo, dice, «Alejandro Silva y mi hermana Laura continuaron con su tesis y sus prácticas, sin imaginarse que el último día, a principios de enero 2013, cuando les tocó defender la tesis que hicieron juntos, ya que era multidisciplinaria, fueron acusados públicamente de plagio, lo que todos vimos como una muestra más de una persecución. Finalmente lograron titularse varios meses después».

Continúa su dramática historia: «La mayoría de los profesores se fue. Algunos incluso desparecieron sin subir notas ni cerrar semestre del año pasado. Quedan unos pocos a los que se les adeudan los sueldos desde diciembre. Jacqueline Zabala —la presidenta del sindicato de académicos— se cambió de trabajo después de sufrir persecución y acoso laboral».

Alejandro Silva dejó de ser presidente de la Confederación de Estudiantes de la Universidad del Mar el 5 de abril de 2013, cuando la sede de Iquique se quedó casi sin estudiantes. Todos se fueron. De aproximadamente casi dos mil, hoy no son más de doscientos cincuenta los alumnos. Pero se mantuvo activo tratando de buscar salida a la dramática situación que enfrentaban sus compañeros. La mayoría fue reubicado, explica, «no por el Ministerio Educación —la seremía local se atribuye todo—, sino por la gestión que nosotros hicimos con cada casa de estudios», afirma con claridad el ex dirigente.

Nacido y criado en Iquique, en la actualidad tiene treinta y un años y un hijo de cuatro, Sebastián Silva Pizarro, lo más preciado que tiene. Dice que es quien lo inspira todos los días para «luchar por lo que considero justo y tratar de que este tipo de injusticias que se cometió con nosotros no le ocurra a él».

Alejandro estudió en el colegio Don Bosco, de la congregación salesiana, y la enseñanza media en el Escase. Siempre le gustó la historia y la investigación. Entró en 2006 a seguir una licenciatura en historia en la Universidad Bolivariana y congeló en 2008 por motivos personales. Cuando quiso retomar sus estudios se encontró con que la universidad había cerrado la carrera junto con las de antropología y arqueología. Su única opción fue cambiarse a pedagogía en historia. Y en Iquique solo la daba la Universidad del Mar.

LA DIFÍCIL REUBICACIÓN

Alejandro Silva estaba terminando la carrera cuando reventó la crisis. Tenía todo listo para titularse en 2012.

«Mi grupo de tesis estaba compuesto por dos compañeras, que también pertenecían a la federación, Laura Ceballos y Paola Aguilera. Ellas estudiaban psicología. En 2012 presentamos una tesis multidisciplinar sobre el traspaso entre generaciones del trauma a los hijos de los presos políticos detenidos en Pisagua durante la dictadura militar en Chile.¹⁷ El tema fue aceptado por ambas escuelas. La fecha de defensa de título era diciembre de 2012. Pero la defensa nunca llegó, aunque teníamos todo listo con el grupo de tesistas. Nunca nos recibieron», relata Alejandro Silva. Las trabas fueron numerosas, «los directivos de mi carrera tomaron a modo personal las diferencias que manteníamos con las autoridades de la universidad».

Señala Alejandro Silva que «la mayor y más clara prueba de la persecución por parte de la universidad fue la acusación de plagio de la tesis, de la que fuimos víctimas mis compañeras y yo, a quienes nos culparon de echar abajo la universidad a nivel nacional».

Relata la experiencia en torno a la tesis: «A fines de enero de 2012, en medio de muchos rumores de cierre definitivo, temíamos que se hiciera algo para retrasar nuestra defensa e impedir nuestra titulación. Ese miedo lo confirmamos cuando recibimos un e-mail de la directora de mi área, María Teresa Torres, quien nos citó a una reunión para informarnos de la reprobación de nuestra tesis “por plagio”. Ella no pudo sostener el argumento ante el resto de los académicos integrantes de la mesa examinadora, no tenía ninguna prueba en nuestra contra».

No obstante, acusa Alejandro Silva, «se había logrado el objetivo de dejarnos sin el título. Y después de unas débiles disculpas ofrecidas durante el transcurso de la misma reunión, se nos invitó a continuar con el proceso, a corregir algunos errores metodológicos y a defender la tesis la segunda semana de febrero, como fecha extraordinaria. Sabíamos que eso no se cumpliría, pues ninguna comisión nos examinaría en vacaciones».

Como veía el futuro incierto en la Universidad del Mar, hizo gestiones en la Universidad de Tarapacá (UTA) para entrar a la sede de Arica, «con la condición de que entregara todos mis programas hasta fines de abril de 2013». Pero al pedir los certificados en la Universidad del Mar se encontró con otra desagradable sorpresa: «Habían desaparecido catorce asignaturas del sistema, las que curiosamente dependían de la gestión de la misma jefa de carrera que nos había acusado de plagio».

Tras solicitar personalmente «en innumerables ocasiones la emisión correcta de mis informes, los logré tener a mediados de mayo. Se pasó el plazo con la UTA y no pude irme a Arica. Lo único que me quedó fue regresar a la Universidad del Mar, con todo el riesgo que ello implicaba. Unos meses después, el 30 de agosto, y tras muchas dificultades, junto a mi grupo defendimos la misma tesis y finalmente nos titulamos».

DEUDAS SOBRE DEUDAS

Después de la toma de 2012, Carla Ceballos se retiró de la Universidad del Mar, «al ver que mis profesoras habían renunciado y estaban cerrando el semestre solo con trabajos desde la casa y sin cursos presenciales. Ya no había docentes que quisieran hacer clases en una universidad tan cuestionada y con una ya conocida deuda millonaria a sus trabajadores por remuneraciones e imposiciones».

Actualmente ella estudia en la Universidad de Tarapacá, en la sede Iquique. Está cursando el segundo semestre «en la nueva universidad y con muy buenos resultados, pero tuve que entrar a tercero —no cuarto, como me correspondía—, porque la UTA no tenía la carrera en ese nivel y no abrió porque requería más de quince alumnos para hacerla en cursos más avanzados». Madre soltera de un hijo de diez años, «él es la razón principal para terminar mis estudios», afirma.

Pero ella, como muchos otros alumnos que se retiraron de la Universidad del Mar, afrontan una dificultad adicional: la doble carga financiera. Arrastran una deuda contraída «en forma directa con la UDM con un interés de 5,8 por ciento anual en UF. Al cambiarnos de universidad y al no tener la posibilidad de cancelar al contado un arancel, nos hemos visto obligados a adquirir otra deuda, esta vez con el Estado». Esto, dice Carla Ceballos, «es una situación irrisoria, ya que el Estado permitió y validó la existencia de la universidad que nos estafó. Por esa razón, ahora mantengo dos deudas. Pese a esto, tengo la esperanza que la validez que me dé un título de una universidad pública me permitirá obtener un trabajo y poder pagar lo que debo».

Detrás de esas deudas con la Universidad del Mar está esa otra situación de tráfico con los documentos entregados por los estudiantes que indigna a Alejandro Silva: «La universidad factorizó esas deudas; es decir, los documentos no se encuentran en manos de la universidad, sino de los bancos y otras entidades. Y estos inescrupulosos hasta el día de hoy han ido cobrando y colocando a los estudiantes en Dicom. Y las autoridades del ministerio no hacen nada».

«Al menos mientras se esté en juicio deberían ser congeladas —afirma—, pero entretanto los bancos siguen cobrando con los intereses correspondientes por un servicio mal dado y con todos los cuestionamientos sobre aquello que la institución prometió dentro de esta publicidad engañosa que hacían», dice Silva.

Con impotencia cuentan que son muchas las cosas de ese tipo «que deberían estar en manos de la justicia. Pero hasta el momento no hemos sido llamados a testificar, y estos ladrones de cuello y corbata están sueltos por ahí, haciendo martingalas para “liberar” todos sus bienes para que no se los toquen», señala Alejandro Silva.

Le provoca indignación «la impunidad de aquellos que perpetuaron la estafa». Y se refiere «no solo a los controladores, sino también a sus clanes en las regiones, a los empresarios locales que la permitieron».

«Todos apuntan con el dedo a los controladores como Zúñiga, Baeza, Villaseñor —dice Silva—, pero se olvidan que para perpetuar esta estafa nacional necesitaron empresarios en cada zona donde existía la universidad, como Daniel Greenhill en Iquique. Así funcionaban ellos». Señala que desde que empezaron a denunciar los hechos con movilizaciones en esa sede a fines de 2010 «se sabía cómo se configuraba el negocio y el lucro. Lo denunciamos a las autoridades locales, pero nunca hicieron nada».

Preocupa también a Alejandro Silva la falta de información respecto a la querella por estafa que presentaron más de setecientos estudiantes en agosto de 2012. «No hemos sabido nada, ni siquiera de los informes de la PDI ni de las investigaciones llevadas por la fiscalía regional», reclama.

A su juicio, «todo esto deja la sensación de que existen personas que están sobre la ley. Estos señores son dueños de Iquique, hacen y deshacen en estos sectores. A nosotros nos preocupa ver que el centralismo exacerbado de un país, donde las élites se perpetúan día a día, alimenta estos hechos. Eso los protege».

Le alarma que el «centrar la lucha sobre cuatro controladores haya desviado la atención de esta red de estafadores», señala aludiendo a los inversionistas «locales» involucrados.

Alejandro Silva no se identifica con ningún partido político, sino «más bien con las personas y sus problemas». Continúa con sus compañeros de federación «en investigaciones sociales». Junto a sus compañeras emprendió una nueva etapa del estudio sobre la transmisión de los traumas a los presos políticos de Pisagua. «Ampliaremos la muestra de entrevistados para ratificar la presencia del trauma y su traspaso. Queremos ser un aporte para la posterior creación de un programa efectivo en la superación de ellos.»

Entretanto, los ex dirigentes siguen preocupados de la querella por estafa que fue presentada en agosto de 2012 y está en etapa de investigación. «Por falta de recursos económicos no se pudo presentar la demanda de responsabilidad extra contractual del Estado, que es más larga, pero estamos estudiando la posibilidad de dejar en antecedente que una de las cosas que queremos lograr es detener las deudas de aquellos estudiantes que fueron estafados», dice Silva.

«La rabia que genera ver personas que están impunes e hicieron tanto daño es lo que nos sigue moviendo para buscar justicia. Esto no se puede acabar aquí y defenderemos nuestros derechos hasta el final a través de la querella presentada», indica Alejandro Silva.

Pese a todo, Carla Ceballos siente que «tras la pesadilla vivida», su vida vuelve poco a poco a la normalidad. «Todo lo malo que vivimos como alumnos y sobre todo como integrantes de la federación de estudiantes cambió nuestras vidas de manera drástica —dice—, pero de algún modo esto nos ha permitido tener una visión mucho más amplia. Nos ha permitido conocer lo peor del ser humano, representado por quienes lucraron con nuestros sueños y quienes callaron con absoluta complicidad, así como también lo mejor, que en este caso se reflejó en nuestros compañeros, amigos y familiares, quienes estuvieron dispuestos a apoyarnos en todo momento.»

Y concluye: «Nos ha permitido también, lo que considero aún más importante, conocer la verdad. La verdad de cómo funciona este sistema y la manera en que como profesionales podemos decidir el día de mañana adecuarnos y someternos o levantarnos y hacer algo para cambiarlo».

LA CRUDA REALIDAD

En la mañana del viernes 3 de agosto de 2012 llegó hasta la Fiscalía Oriente, en avenida Irarrázaval con la pequeña calle San Jorge, el abogado Raúl Armando Urrutia Ávila. El ex diputado de Renovación Nacional por Viña del Mar —en la década de los noventa— fue presidente del Consejo para la Transparencia desde abril de 2010 hasta el 28 de octubre de 2011. Unos meses después aterrizó en el oscuro territorio del lucro que envolvía a la Universidad del Mar. Lo que creyó sería un interesante desafío se transformó en un mal sueño en medio de un escándalo pocas veces visto que afectaba a dieciocho mil estudiantes y sus familias y a cientos de funcionarios y docentes.

Por eso, fue citado para comparecer como testigo ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, y el subcomisario de la Policía de Investigaciones Carlos Worner Rojas.

Raúl Urrutia había llegado en marzo de 2012 como secretario general y miembro de la junta directiva. Lo propuso su colega Alejandro Leiva, el abogado representante de uno de los dueños, Mauricio Villaseñor. También habló con él Carlos Zelada de Urquidi. Lo invitaron «a un gran proyecto de refundar la Universidad del Mar».

Por esos días buscaban también un rector, de manera que una semana después de haber asumido, le plantearon la posibilidad de ocupar ese cargo. Lo apoyaban dos de los dueños, Villaseñor y Raúl Baeza. «Sergio Vera estaba más reticente», porque tenía como candidato al vicerrector académico Patricio Salas, contó Urrutia. Y Héctor Zúñiga, el principal integrante del cuarteto de controladores, «ya no tomaba muchas decisiones en la universidad», según dijo.¹⁸ Al parecer se mantenía alejado de la gestión tras la ruptura de octubre de 2011.

El 10 de abril de 2012, los dueños lograron el consenso y Raúl Urrutia Ávila fue nombrado rector por unanimidad. Asumió el mismo día a las cinco de la tarde. Pero por lo que relató a los fiscales, a muy poco andar el camino se le hizo tortuoso.

LOS SEÑORES DE LAS SEDES

Describió Raúl Urrutia el mapa de las relaciones de los fundadores en la Universidad del Mar y sus respectivos feudos orientados al lucro. Las expresiones de Urrutia corroboran las percepciones de los estudiantes, lo que se trasluce en los e-mails incautados y las declaraciones de otros testigos.

Mauricio Villaseñor, en ese período presidente de la junta directiva, era hasta octubre de 2011 «el controlador de las sedes de San Fernando, Curicó y Talca». A la vez, era el principal accionista de la Inmobiliaria Los Placeres, dueña de los inmuebles de San Fernando y Talca y «tenía participación en La Serena, y no sé si en alguna otra sede», dijo Urrutia.

Raúl Baeza y Héctor Zúñiga controlaban Uglobal, «una sección de la universidad que hace clases a distancia y que tenía como cuatro mil trescientos alumnos extranjeros y que era un muy buen negocio». Lo supo porque le mandaron unos títulos para firmar y él se negó.

Indicó también Urrutia que Baeza y Zúñiga, quienes históricamente habían controlado la universidad, «después se separaron». Ratificó que Héctor Zúñiga, quien estuvo a la cabeza de la universidad por 22 años hasta su renuncia en octubre 2011, participaba en las sociedades inmobiliarias Rancagua, Del Mar y Doña Teresa.

Baeza controlaba «parte de la sede Maipú y Punta Arenas (con Valparenas) y es dueño de un porcentaje de Doña Teresa y de la Inmobiliaria del Mar». Entre las «anomalías» que detectó, mencionó Urrutia que «había una conviviente de Raúl Baeza de apellido Olavarría que tenía honorarios en la universidad por un millón y medio de pesos mensuales y no asistía a la universidad». ¿La razón? Vivía en Miami, indicó.

Sergio Vera, ingeniero naval y por muchos años vicerrector de administración y finanzas, explicó Urrutia, «controlaba la sede de ingeniería en Viña del Mar y la de Temuco», y es «parte de la Inmobiliaria Rancagua». Y corroboró que «la cónyuge de Vera, Yovanka Sapunar», trabajaba en administración y finanzas «media jornada y tenía un sueldo de dos millones de pesos y, adicionalmente, unos honorarios mensuales de cuatro millones».

DEUDAS Y PRESIONES

Reiteró Raúl Urrutia en la fiscalía que fue conociendo los agudos problemas de la universidad cuando le empezaron a llegar «denuncias del no pago de cotizaciones previsionales y por el pago parcializado de remuneraciones» de los trabajadores.

Los ingresos provenían fundamentalmente de las mensualidades que pagaban los alumnos y de algunas cobranzas. Contó que «había una oficina en la universidad repleta de letras de alumnos». También entraron aproximadamente tres mil millones de pesos del CAE en 2011. Esa operación la hacía directamente Corpbanca. «Era la primera vez que el Crédito con Aval del Estado llegaba a la Universidad del Mar y en 2012 correspondían otros seis mil millones», precisó Urrutia.

El ex rector Raúl Urrutia contó a los fiscales que solicitó información sobre el destino de los dineros del CAE del año 2011 y «jamás se me pudo entregar información sobre ello». Dio «expresas instrucciones», aseguró, de que los seis mil millones de pesos que iban a llegar se destinaran «a pagar las cotizaciones impagas que quedaran, luego íbamos a asignar unos dos mil millones para pagar a distintos acreedores de la universidad y dejar los tres mil como capital de trabajo para poder funcionar». Pero eso no ocurriría.

Sin embargo, la última semana «que estuve como rector —ratificó Urrutia— me enteré de que muchas de las platas del CAE ya estaban comprometidas para pagar a diferentes acreedores que estaban relacionados con las inmobiliarias de propiedad de los mismos controladores de la universidad».

Raúl Urrutia manifestó que cuando él se retiró en mayo de 2012, la Universidad del Mar tenía deudas por diecinueve mil millones de pesos. Según él, unos cinco mil millones eran con las inmobiliarias por arrendamiento. El resto eran deudas bancarias.

Explicó a los fiscales que los ingresos de matrícula «eran muy variables». Según Urrutia, en 2012 había dieciocho mil alumnos¹⁹, «con un promedio de costo de la universidad de doscientos mil pesos mensuales, por lo que nominalmente los ingresos anuales por este concepto rondaban los treinta y seis mil millones de pesos». Pero desde 2011 la morosidad era elevada. «Yo diría que alcanzaba el 50 por ciento en algunos casos», estimó.

En los 49 días en que estuvo como rector, señaló, «sufrí dos tipos de presiones». Aunque él no lo expresó así, es claro que esas presiones emanaban del innegable afán lucrativo de los dueños de la Universidad del Mar, que en la hora del naufragio estaban más preocupados de salvar su situación personal que de pensar siquiera en pagar deudas a cualquiera que no fueran ellos mismos. Las angustias de los estafados estudiantes, la incertidumbre de los académicos y los funcionarios parecían tenerlos sin cuidado.

El ex rector Urrutia contó que las presiones estaban relacionadas con el pago de «las remuneraciones de los controladores». Y no eran cifras bajas las que exigían. Sergio Vera, dijo, le solicitó que «le pagara lo que la universidad le adeudaba desde octubre de 2011 al 12 de marzo de 2012, que eran cerca de treinta y dos millones de pesos». Llegaron a un acuerdo en que la universidad le iba a pagar en cuatro cuotas de ocho millones, «y solo le pude pagar una el mes de abril».

Mauricio Villaseñor pedía otro tanto. «Tenía contrato de trabajo con la universidad por ocho millones de pesos mensuales como vicepresidente ejecutivo. A él no se le pagó nada durante abril y mayo, ya que no había dinero y además porque me enteré de que en marzo de 2012, cuando él asumió como presidente, ordenó que le pagaran en la universidad treinta y dos millones de pesos que se le adeudaban de remuneraciones anteriores», señaló Urrutia.

Indicó que Raúl Baeza, «que era el que menos iba a la universidad, en dos o tres oportunidades me pidió que le pagara sus remuneraciones». La cifra se repetía. «Tenía un contrato de trabajo por ocho millones para realizar una labor internacional que no sé en qué consistía. Tampoco le pagué.»

Pero estos personajes, lo mismo que Héctor Zúñiga con su peculiar finiquito, percibían además ingresos a través de sus inmobiliarias. Y —como se ha visto— de sus familiares.

LA «GROSERA DIFERENCIA» DE CALAMA

El segundo tipo de presiones al que aludió Urrutia se refiere justamente al «pago por parte de la universidad de las rentas de arrendamiento de las inmobiliarias de las cuales eran socios los controladores de la universidad». Contó que tenía que pagar por Reñaca 4.064 UF mensuales.²⁰ De eso, dos mil iban destinadas a la Compañía de Seguros Security y las otras 2.064 UF²¹ eran para la Inmobiliaria Rancagua, perteneciente a Zúñiga y Vera, y del Mar, controlada por Zúñiga y Baeza.

A los pocos días de asumir la rectoría, las exigencias se hacían sentir por todos lados: una cuota de sesenta y cuatro millones de pesos a la Compañía de Seguros Security, las presiones de Mauricio Villaseñor que quería sus pagos a la Inmobiliaria Los Placeres por los inmuebles de las sedes de San Fernando y Talca. Las solicitudes de Sergio Vera las de Temuco. La situación se hizo insostenible.

Los dueños estaban dispuestos a cualquier cosa por recibir esa plata. El juicio que había ganado la Inmobiliaria Doña Teresa en Iquique es una muestra. Esa misma sociedad protagonizó en Calama otra situación insólita que Raúl Urrutia contó a los fiscales. Para el funcionamiento de esa sede la Universidad del Mar subarrendaba una propiedad a la Inmobiliaria Doña Teresa. «Ese inmueble era de una familia de Calama cuyo contrato de arrendamiento con Doña Teresa era por dos millones ochocientos mil pesos.» Y la inmobiliaria en que eran socios Zúñiga y Baeza junto a RCV le cobraba a la Universidad ¡diez millones de pesos al mes! Y quien firmaba el contrato era Daniel Greenhill, el ex rector de la sede Iquique. «Nunca supe el porqué de esta diferencia tan grosera», señaló Raúl Urrutia.

«El interés de los controladores era, a mi juicio, solo económico», reiteró el ex rector a los fiscales. En ningún momento advirtió «preocupación alguna por materias académicas» ni por los dieciocho mil estudiantes y sus familias.

Y admitió en esta oportunidad: «Yo fui utilizado por el nombre y prestigio que tengo en la zona donde fue fundada la universidad y por las actividades públicas que he desempeñado en estos últimos 25 años».

CAPÍTULO XIII

Beyer destituido

Diez meses después, la tensión inundaba las salas y pasillos del Congreso en Valparaíso. El jueves 18 de abril de 2013 se jugaba una partida tan significativa o más que aquella de julio de 2012 cuando la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora del lucro. Justo dos años después de las primeras protestas estudiantiles. Esta vez era la acusación constitucional contra un ministro que había llegado con aureola de técnico, dispuesto a sacar adelante al Gobierno en medio de los clamores estudiantiles y de la conciencia ya generalizada en la ciudadanía de que la educación requería cambios profundos.

El presidente del Senado, Jorge Pizarro, anunció: «Queda aprobada la destitución del ministro Harald Beyer», al terminar la tensa sesión. El resultado: veinte votos a favor y dieciocho en contra. Todos los senadores se pronunciaron y no hubo ninguna abstención.

No se ponía fin con eso a las abusivas ganancias de un gran número de universidades privadas. La situación extrema que mostraba la Universidad del Mar era la punta del iceberg que cuestionaba un sistema. Y eso dolía a sus impulsores y a quienes han disfrutado del negocio por años. Pero el resultado era una señal potente.

Los esfuerzos del Gobierno y de quienes defienden el modelo instalado bajo la dictadura se multiplicaron en los días previos. Tenían que evitar la caída de Harald Beyer, el tercer ministro de Educación de Sebastián Piñera, que pretendía hacer algunas modificaciones para encarar la crisis, a través de las iniciativas legislativas que estaban en el Congreso. Él no propiciaba cambios fundamentales y le costó reconocer que la situación de la Universidad del Mar era caótica. No aparecía enredado con conflictos de interés personales, como Joaquín Lavín o Teodoro Ribera, sus ex compañeros de gabinete que se vieron envueltos en situaciones poco elegantes.

VÍCTIMA Y SUPERHÉROE

Por Harald Beyer se jugaron ministros, parlamentarios, amigos y una larga lista de conocidos. Se advertía que retenerlo era fundamental para el Gobierno y sus partidarios. También para quienes —por diferentes razones y motivaciones— no creen en la conveniencia de cambios profundos en la educación y prefieren mantener la posibilidad de que los dueños de universidades, institutos y colegios ganen dinero, incluso con subsidios del Estado. Para quienes ven en la educación un negocio y creen que —a lo más— podrían establecerse ciertas regulaciones parciales, como las planteadas en el proyecto de Superintendencia que el Gobierno de Sebastián Piñera propuso al Parlamento y era misión de Beyer impulsar.

Por eso se desplegó un descomunal blindaje que trataba de mostrar al cuestionado ministro como víctima y superhéroe, todo al mismo tiempo. Fue una campaña firme y amplia en cuanto a quienes abarcó: unió desde luego a la derecha, casi sin matices, y a todo ese llamado «ámbito transversal» de personas y personajes que defienden con diferentes tonos y palabras «la libertad de enseñanza» —como sinónimo de la libertad de empresa educacional— y el «libre emprendimiento» en educación como postulado inamovible. Se lanzaron a la mesa diferentes argumentos.

La tragedia vivida por los estudiantes y funcionarios de la Universidad del Mar era, no obstante, el gran protagonista detrás del escenario. El que indicaba hasta dónde se podía llegar y enjuiciaba la falta de fiscalización y acción oportuna del Estado. Frente a eso, que parecía evidente, se argumentaba que el ministerio no tenía herramientas para actuar.

CADENA DE APOYO

Ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Harald Beyer era el subdirector e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), la entidad presidida por Eliodoro Matte Larraín y financiada principalmente por su familia, que constituye uno de los grupos económicos más poderosos del país. El CEP se creó en 1980 para jugar un papel clave en la definición de políticas públicas en Chile y había logrado tener un alto nivel de influencia. Por eso era natural que Beyer concitara tan fuerte apoyo en el empresariado y en el sector educacional.

Harald Beyer Burgos nació en Osorno, estudió en el Instituto Alemán y después ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Desde que se doctoró en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, se dedicó a la investigación en educación. Su mayor aproximación a la política había sido la participación en diversas comisiones presidenciales en gobiernos de la Concertación —mientras trabajaba en el CEP— y el ser encargado del grupo Tantauco en Educación en la campaña de Sebastián Piñera. A diferencia de muchos en el Gobierno, Beyer tiene formación laica, es agnóstico confeso y se matriculó con posiciones liberales en temas valóricos, en especial en lo referido al matrimonio homosexual. Incluso fue a marchar a una actividad organizada por la Fundación Iguales, lo que le significó el reconocimiento del escritor Pablo Simonetti, que ante esta situación manifestó también su apoyo.

Hasta el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro firmaron cartas a favor de Beyer, en una operación conducida por el director del Instituto Libertad y Desarrollo, el ex ministro de Odeplan de Pinochet Luis Larraín, y el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Leonidas Montes Lira.

El Mercurio y La Tercera, al unísono, hicieron todo lo que pudieron para evitar la caída. Los argumentos eran que Harald Beyer era una víctima, algo así como un «chivo expiatorio». Alegaban que los gobiernos anteriores no habían hecho nada, que los ministros de la Concertación también tendrían que ser juzgados.

Escandalizados por la osadía de los diputados que pretendían acusarlo constitucionalmente y preocupados con el veredicto del Senado, que tenía que actuar como juez, los defensores de Beyer generaron una férrea cadena de apoyo, publicaron columnas de opinión, cartas a los diarios y todo lo imaginable por evitar que la iniciativa prosperara. Y de paso se aumentaban los descalificativos contra «los políticos» que pretendían castigar al mejor de los técnicos.

PERSONAJES EN ESCENA

La ex ministra de Educación Mariana Aylwin se sumó a la cadena y calificó la acusación como un «error político», porque, según ella, Harald Beyer era «el mejor ministro que ha tenido este Gobierno». Abogaba una vez más por «los acuerdos» para sortear la desagradable situación que plantea el lucro que ya era evidente.

Algunos premios nacionales, entre los que estaban el científico Pablo Valenzuela Valdés —director del Doctorado en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello— y Agustín Squella Narducci —miembro del Consejo Directivo de la Diego Portales—, junto al escritor Jorge Edwards —en ese momento embajador de Chile en Francia—, y al entonces presidente de Conicyt, José Miguel Aguilera,¹ dijeron también presente en la defensa del ministro.

Antes de la votación del Senado se le enrostró desde la derecha al presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, el haber sido durante varios años —hasta 2008— miembro de la junta directiva de la Universidad del Mar. Gómez reconoció ante consultas periodísticas que colaboró desde 2001 en «el proyecto académico», pero dijo que nunca había tenido relaciones comerciales, ni supo de irregularidades hasta que estalló la crisis en 2010.

También las críticas apuntaron a la senadora Soledad Alvear, por el hecho de que su marido, Gutenberg Martínez, es rector y socio de la Universidad Miguel de Cervantes. Los llamaban a inhabilitarse, lo que no tenía mucha lógica si lo que temían era que ellos votaran por destituir a Beyer y no por defender el lucro.

Ambos senadores asumieron su papel de juez y votaron favorablemente a la acusación aquel jueves de abril.

También salieron a la palestra los intereses que han tenido senadores de derecha en este «mercado». Hernán Larraín, de la UDI, reconoció su participación en la junta directiva de la Santo Tomás y su asesoría a otras, años antes, y el presidente de RN, Carlos Larraín, quien está vinculado familiarmente hoy a la Corporación Santo Tomás. Ambos votaron contra la destitución, como era previsible.

Apareció en el escenario por esos días el recuerdo de la acusación constitucional que impulsó la derecha contra Yasna Provoste, quien tras cumplir los cinco años sin ejercer actividad pública es candidata a diputada por Vallenar. Con tal de descalificar la acusación, algunos señalaron que el móvil para destituir a Harald Beyer era la «revancha» de los actuales opositores por ese episodio. La ex ministra de Michelle Bachelet, que había estado contra el lucro en la educación después del movimiento «pingüino», fue acusada el 17 de abril de 2007 por irregularidades en la entrega de subvenciones a los colegios, en una acción encabezada por los entonces senadores Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Evelyn Matthei.

CULPABLE POR OMISIÓN

Para los acusadores, el ministro no había estado a la altura de las circunstancias. Consideraron que no actuó con la premura que los hechos requerían y que se resistió hasta el último minuto a investigar lo que estaba sucediendo. Los esfuerzos por atajar la acusación fueron en vano. Esta vez la Cámara de Diputados, primero, el 2 de abril, y el Senado, en su calidad de juez, dos semanas después, estimaron que el ministro había fallado. La tardía reacción frente a la situación de la Universidad del Mar y teniendo en cuenta los miles de estudiantes que quedaban en el camino y cuya «reubicación» era incierta fue la causa inmediata.

El argumento de que los ministros anteriores eran también responsables ya no servía. El acuciante problema había estallado y había que actuar.

En la Cámara la acusación estuvo a cargo de la diputada independiente Alejandra Sepúlveda. Ante el Senado el vocero fue el diputado democratacristiano Fuad Chahín. Su camarada el senador Patricio Walker fue el único opositor que votó en contra de la acusación en todas sus partes. La situación —en medio de gran suspenso— la dirimió el voto del senador independiente por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, quien al pronunciarse por la destitución con un fundamentado voto se ganó las iras oficialistas.

La «negativa de fiscalizar el lucro, pese a las denuncias», fue el punto de la acusación que alcanzó mayor consenso y el que le significó la caída. Beyer fue sancionado por incurrir en una «omisión de las obligaciones ministeriales». Los otros puntos eran faltar a la probidad y la falta de control jerárquico. Sostuvieron los diputados opositores que la División de Educación Superior y el Servicio de Información de la Educación (SIE) tenían información sobre la situación financiera que no se utilizó para controlar el lucro.

Harald Beyer, quien estaba suspendido de su cargo desde que la Cámara de Diputados había pronunciado su veredicto, debió dejar de inmediato el ministerio. Y no podrá volver a una función pública hasta abril de 2018.

La hasta entonces ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), la mejor evaluada del Gobierno, ingeniera comercial de la Universidad Católica, Carolina Schmidt Zaldívar, fue trasladada por Sebastián Piñera a Educación. Arturo Fontaine Talavera,² el director del CEP, que llevaba 31 años en el cargo, quien si bien apoyó a Beyer había manifestado sus críticas contra el lucro, debió dejar su puesto en julio de 2013. El consejo directivo de la entidad le pidió la renuncia el 10 de mayo.

«SORPRESIVA» PETICIÓN

En una entrevista efectuada por Felipe Edwards del Río —hijo de Agustín Edwards Eastman—, en el diario La Segunda³ menos de un mes después de la caída de Beyer, Fontaine habló sobre los motivos de su alejamiento del Centro de Estudios Públicos. Admitió que la petición de renuncia lo había «sorprendido». Y contó que la explicación que le dio el consejo directivo es que «El CEP necesita iniciar una nueva etapa y por ello necesita un nuevo director».

Reconoció Fontaine en esa oportunidad que «miembros del consejo directivo y financistas del CEP han presionado a causa de que yo he escrito varios ensayos criticando a las universidades que de hecho tienen fines de lucro, que el Gobierno y financistas me objetan a causa de mis críticas al proyecto de Superintendencia de Educación Superior».

Según Arturo Fontaine, el «proyecto preparado por el Gobierno el 2011 —pese a lo que promete— legaliza el lucro encubierto actual. He detallado mis razones en un texto que presenté en la Comisión de Educación del Senado los primeros días de enero de 2012 […] y se puede leer, por cierto, en el sitio web del CEP».

Y señaló un ejemplo de sus razones en esa entrevista: «Para evitar el conflicto de interés entre el controlador de la universidad, a su vez dueño del campus que arrienda la universidad, se establece que en la aprobación del canon de arriendo solo voten los directores independientes; pero ocurre que ellos son nombrados y removidos por los directores dueños de la inmobiliaria y controladores de la universidad. El conflicto de interés entre beneficiar a la universidad o a la inmobiliaria no se evita».

En esa entrevista Fontaine se preguntaba y respondía: «¿Por qué me preocupa tanto el tema? Por la educación misma y porque deslegitima la empresa privada: es un abuso, un engaño y da origen a escándalos como la Universidad del Mar».

Al poco tiempo, el 7 de junio de 2013, el ex ministro Harald Beyer fue nombrado director del CEP, para asumir en marzo de 2014.

«SEÑAL MALÍSIMA»

Con la salida del ministro Beyer del gabinete las recriminaciones continuaron. El jefe de la bancada de RN, Alberto Cardemil, le echó la culpa de todo «al comando de Michelle Bachelet». Consideró que la destitución era «el acto de inauguración de la campaña presidencial de la candidata de izquierda». Y llamó «a toda nuestra gente de Renovación, de la UDI, a los independientes a reagruparnos, a reorganizarnos y a movilizarnos para ganar las próximas elecciones en forma democrática».⁴

Uno de los primeros en reaccionar fue el ex ministro José Joaquín Brunner, quien se caracterizó desde el comienzo de la transición por defender el modelo de mercado en la educación. Desde su puesto en la Universidad Diego Portales, donde integra su consejo directivo y es investigador, señaló a El Mercurio:⁵ «Aquí todos han perdido: el Gobierno, a un buen ministro de Educación; la Concertación, que al votar no pensó en Chile ni en su propio pasado, sino solo en cómo propinar una derrota al oficialismo, y sobre todo el sector educacional, que en adelante verá aún más trabados los necesarios acuerdos para continuar mejorando. Es un mal momento», sentenció.

En similar línea, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, alegó en el mismo reportaje: «La política ha triunfado sobre la educación», y dijo que lo ocurrido paralizaba la agenda de educación del Gobierno. «No veo que en estos meses se pueda legislar nada en este ambiente. Se pierde la Superintendencia de Educación, lo único que permitía cumplir la ley respecto del lucro. La acusación es política, pero lo que triunfa es la inacción. Me pareció además injusta».

El recién estrenado presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Matko Koljatic, quien llegó en enero a hacerse cargo de dicha comisión —en reemplazo de Íñigo Díaz, quien renunció en octubre de 2012—, no trepidó en calificar como «lamentable». Y fue más lejos al atribuir la acusación a «motivos bien oscuros». A su juicio, «es una señal malísima que se ha dado a la gente joven. Hay demandas de grupos sociales referidas al lucro, pero este tipo de acciones no ayudan. Es más bien una campaña ideológica en que se le hace víctima de una situación injusta», decía a través de El Mercurio.

Matko Koljatic Maroevic,⁶ de sesenta y nueve años, es ingeniero comercial formado en la Universidad Católica, donde fue vicerrector entre 1987 y 1994. Después fue director de la Escuela de Administración. A la vez se ha desempeñado por años en la empresa privada. Fue gerente de la internacional Gillette, miembro del directorio de Forum, el holding de Alfonso Swett, y actualmente es director de Quiñenco, del grupo Luksic. Aunque ha dicho que «hará cumplir la ley», se advierte en sus palabras que, para él, el lucro debiera ser algo natural en las universidades porque las ve simplemente como empresas.

En una entrevista de la revista Caras, poco después de asumir en la CNA, Koljatic culpó a «todos los chilenos como país» por lo ocurrido en la Universidad del Mar.⁷ «En una segunda etapa se le dio autonomía cuando tenía tres mil alumnos, y en un plazo de pocos años pasó a tener dieciséis mil, con sedes en todo el país. ¿Quién permitió eso? ¡La ley, pues! Las leyes fueron mal hechas, pero nadie quiere asumir la responsabilidad, y culpan a la CNA de haber funcionado mal», argumentó.

Lo de «todos los chilenos» parece una exageración si se considera que velar porque se cumpla una disposición legal, fiscalizar y generar los reglamentos es responsabilidad del Estado y en particular de quienes ostentan un cargo público. Y si de leyes se trata, es sabido que el sistema binominal y los elevados quórums tienen mucho que ver con la generación de una ley como la que dio vida a la CNA.

No obstante, cuando la periodista Paula Palacios le consultó si lo ocurrido le hacía replantearse algunos puntos, comentó: «En Chile se ha instalado que el lucro es satánico, demoníaco; creo que los famosos movimientos estudiantiles están equivocados. El país demanda más inversión privada en educación, y no veo por qué pueden iniciar proyectos a nivel básico, medio, en centros de formación técnica e institutos profesionales, y no en universidades. Insisto, se requiere más inversión, emprendimiento, innovación —no negociados—; de lo contrario, los países se estancan. Y para que funcione bien no se necesita regulación, sino que la certificación de que lo que se está haciendo sea de calidad. No se trata de poner cortapisas o controles, lo que importa es que el resultado sea bueno».

«UNA MAFIA ESPANTOSA»

Poco antes de que se votara la destitución conversé con la diputada Alejandra Sepúlveda y me comentó que para ella la designación de Matko Koljatic en diciembre de 2012 como presidente de la Comisión Nacional de Acreditación había sido una señal de que Harald Beyer no iba a avanzar en poner freno al lucro. «Koljatic es una persona que dice con todas sus luces por escrito y en forma verbal que él cree en el lucro en la educación superior, y se lo puso a fiscalizar esto.»

Según Alejandra Sepúlveda, el ex ministro Beyer tuvo un «viraje» que a ella la sorprendió. Sostiene que «cuando recién llegó al ministerio en diciembre de 2011, hasta uno podía pensar que era interesante que estuviera en ese cargo, por lo que se le había visto cuando participaba en las comisiones de Educación». Según la diputada, a Beyer «se lo comió el modelo. Primaron las órdenes al interior del Gobierno y entonces ese ministro no hablaba por él, recibía órdenes».

—¿Y desde dónde se digitaba a Beyer a tu juicio? —le pregunto.

—Yo creo que del núcleo de la UDI, es posible que de Libertad y Desarrollo, este es un pensamiento UDI puro. Por más que quieren darle algunos matices, sigue siendo el modelo.

Y a continuación comenta: «A mí lo que más me ha complicado son las mentiras. El ministro iba a decir algo al Congreso, pero tú ibas a la realidad y no tenía nada que ver con lo que estaba planteando». Recuerda Alejandra Sepúlveda que Beyer decía que ya tenía un «plan de reubicación para los alumnos de la Universidad del Mar, con una persona que se iba hacer cargo». Pero, agrega, «después chocas con la realidad cuando ves a los estudiantes dando botes y que no hay absolutamente nada listo para ellos. Los niveles de incertidumbre son inmensos. Agobia lo que le ha estado pasando a esa gente y sus familias. ¡Es tremendo!».

Le duele, continúa, encontrarse en su zona con agricultores que saben que han hecho esfuerzos inmensos y ahora le dicen: «Diputada, yo tengo a mi hija en la Universidad del Mar en kinesiología, y ¿qué voy hacer?». Alejandra Sepúlveda comenta: «Y tú sabes todo lo que han hecho para darle educación a sus hijos. Lo más complicado ha sido tener que vivir viendo a las personas con nombre y apellido por lo que están pasando, y ver que el ministro te mentía y no te estaba mintiendo a ti solamente, sino al Congreso, a los chiquillos, a la ciudadanía».

Le provoca también indignación a Alejandra Sepúlveda «todo lo que tiene que ver con estas sociedades espejo que hacen concluir que esto es una mafia, una cosa espantosa». Al revisar cerros de documentos, dice, «uno concluye que en la Universidad del Mar, o en Las Américas, con ochenta o con cuarenta sociedades relacionadas, la universidad pasa a ser una pantalla para trasladar recursos de un lado para el otro. Entonces, con recursos de los estudiantes avalados por el Estado, es decir por todos los chilenos, están moviendo esas platas para hacer ganancias. Y a cambio te entregan mala educación».

La parlamentaria que presidió la primera comisión investigadora del lucro y participa en la segunda está convencida de que «hay una correlación negativa entre lucro y calidad de la educación. Entonces, darte cuenta de esto que está en tus narices es muy impresionante y sientes que tienes que actuar», señala enfática.

EN LA UNIACC HABÍA LUCRO

Patricio Basso, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, llegó a conclusiones similares a las de Alejandra Sepúlveda. Junto con empezar a elaborar las minutas financieras para la acreditación, hacia fines de 2011 comenzó a darse cuenta de los agudos problemas y de las figuras que mostraban que había lucro. «Lográbamos dar pinceladas en una minuta de propiedad y en una minuta de contexto y comparábamos las instituciones que eran semejantes en dos sentidos: en si es docente o de investigación y la cantidad de estudiantes; eso lo sacábamos de la información del Sistema de Información de Educación Superior [SIES]. Eran cinco, siete o diez cuadros, jornadas completas equivalentes de docentes, versus número de alumnos, por ejemplo, y sacábamos una foto, con todo lo que daba el SIES más la nota financiera.»

La primera que hizo fue para el Instituto Profesional Esocumex. «Había unos reparos, pero no había lucro, ni peligro de default financiero, pero yo señalé algunas objeciones en la minuta financiera», comenta.

En esa oportunidad, cuenta Patricio Basso, Eugenio Díaz había dejado de ser presidente, pero seguía siendo comisionado y se lanzó en picada contra las minutas financieras. Decía que «eran ilegales». Y abogaba porque se le mandaran a las instituciones antes que las conocieran. «Se le dijo que no tenía sentido lo que estaba diciendo porque esas minutas eran el análisis de la información que habían entregado las propias instituciones.»

Después de Esucomex le tocó el turno a la Uniacc, el 17 de noviembre de 2011. «Con un problema de lucro evidente», afirma Patricio Basso. Se levanta del asiento para buscar la copia del documento que presentó un año después en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y reitera: «En la Uniacc había lucro».

Y agrega que «en el balance de 2010, en la nota número 7 b, “Saldos y transacciones con empresas relacionadas a largo plazo”, aparece un saldo por cobrar al Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación [IACC] por 5.507 millones de pesos». Y el IACC es de los mismos dueños de la Uniacc, anota. «Esta es la explicación por qué había lucro. Ambos pertenecen al grupo Apollo Global.» Además, señala Basso, la nota financiera dice textualmente: «Se origina por traspaso de fondos, los cuales están expresados en pesos y no dejan intereses y no dejan paso a vencimiento».

Continúa Basso con la explicación de una figura que no es excepcional. «La situación de lucro se produce cuando se mantiene una deuda en pesos sin reajustes, porque tú pierdes al año la variación del IPC y eso afecta al patrimonio. Disminuye el patrimonio de la institución en el aumento del IPC, y crece el patrimonio de la otra entidad.» En ese caso el IACC —que además tiene fin de lucro por ser instituto profesional— usaba este préstamo sin reajuste ni interés. Con eso «tenía plata blanda y estaba dañando el patrimonio de la Uniacc», señala Basso.

El 16 de noviembre de 2011, en su resolución que negó la acreditación, la CNA, junto con destacar las debilidades académicas de la Uniacc, advierte que la situación financiera era delicada y se refiere a la deuda sin reajustes ni interés que representaba alrededor del 27 por ciento del activo total. Además, anota que el patrimonio venía bajando en los últimos años en forma marcada. «Había razones académicas, objeciones de pérdida de la naturaleza de la institución, porque se había comenzado a implementar el e-learning y no tenían profesores ni nada, y financieramente estaban en situación riesgosa de quiebra, como lo dije en esa oportunidad», reitera Patricio Basso.

El jefe de Educación Superior, Juan José Ugarte, no asistió a esa sesión, pero recibió antecedentes de la minuta financiera preparada por Basso.

TAMBIÉN EN LA SANTO TOMÁS

El 7 de diciembre de 2011 correspondió a la comisión analizar el caso de la Universidad Santo Tomás. En esa ocasión, en presencia de Juan José Ugarte, Patricio Basso planteó la necesidad de informar al ministro Harald Beyer sobre las situaciones de lucro que venía detectando.

Los datos que expuso sobre la Universidad Santo Tomás eran también inquietantes, indica: «Aparecía la situación de lucro, con el mismo esquema. Eso uno lo puede mirar en los balances. En este caso la nota número 7, referida a documentos por cobrar y pagar a empresa relacionada de largo plazo, indica que el saldo por cobrar a tres meses eran 13.096 millones de pesos prestados a la empresa relacionada sociedad inmobiliaria Radice S.A., que es la que le construye los edificios a la corporación. Y aquí —indica mostrando el documento— la nota, que está subrayada porque después se la mandé al ministro, “los saldos por pagar y por cobrar de la empresa no están sujetos a reajuste ni intereses”».

Según los cálculos de Patricio Basso, esos datos implican que la Universidad Santo Tomás perdió alrededor de trescientos millones de pesos de patrimonio por este efecto en 2010. «Y lo ganó otra sociedad que tiene fines de lucro.»

EL CONFLICTO DE LAS MINUTAS

Ocurrió entretanto un hecho que llamó la atención de Patricio Basso. En la sesión del 7 de diciembre de 2011, el jefe de Educación Superior, Juan José Ugarte, «asumió los argumentos de Eugenio Díaz contra las minutas».

En su primera declaración ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, el ex presidente (s) de la CNA Eugenio Díaz Corvalán señaló: «Yo cuestionaba que a partir de la llegada de Patricio Basso se entregaban minutas a última hora de carácter financiero, sociedades relacionadas y de datos de contexto. Me parecía que las instituciones tenían que conocerlas antes. Posteriormente, Juan José Ugarte se pronunció en el mismo sentido».

Y en uno de los correos incautados por la PDI, que lleva fecha 8 de diciembre de 2011, es decir al día siguiente de la discusión sobre las minutas, Eugenio Díaz escribió a Juan José Ugarte: «El funcionamiento de la CNA es muy preocupante. La ineficiencia operativa es extrema. Tenemos serios atrasos en muchos procesos, por la falta de manejo de los procedimientos operativos de Patricio, lo que en cualquier momento nos provocará severos problemas. Ello ya ha generado muchas quejas de los rectores, que no se atreven a formular por temor, pero entre ellos las comentan. El secretario ejecutivo suele ser descortés con ellos».

A continuación señalaba la preocupación por lo que podría significar un análisis más detenido como el que pretendía efectuar el secretario ejecutivo: «En las decisiones de la comisión están influyendo con mucha fuerza el debate público (descalificación del lucro, asociado a universidades privadas), la idea —instalada también en el debate público— de que la comisión anterior fue muy blanda, que muchas universidades acreditadas no lo debieran haber sido». Y le comentaba: «Las discusiones para decidir la acreditación se están focalizando en los antecedentes entregados por la secretaría ejecutiva, en desmedro de los informes de pares y de los informes de autoevaluación. En fin, la situación es preocupante».

Tras varias discusiones y a pesar del lobby que estaba haciendo Eugenio Díaz, la CNA aprobó mantener la polémica «minuta financiera». El 14 de diciembre de 2012 se votó. «Y con la excepción de Ugarte y Díaz, el resto de los comisionados acordó la elaboración de las minutas.» Pero finalmente los comisionados decidieron que ese trabajo lo hiciera una empresa clasificadora de riesgos. El propio Basso llamó a una licitación a «las cuatro que hay en Chile». Cuenta que le dieron los términos de referencia para efectuar un estudio sobre viabilidad económica y financiera, «incluido el potencial lucro». Una subcomisión de tres miembros eligió a Feller Rates. Como primer caso le entregaron la Universidad San Sebastián. Patricio Basso dice que alcanzó a ver ese trabajo, pero no le pareció adecuado «por las razones técnicas que estaban dando y por la clasificación que le otorgaban. Me reuní con ellos y se los dije».

La CNA, por una decisión que Patricio Basso no entiende y que considera «extravagante», decidió no enviar las minutas financieras inmediatamente al ministro, sino que al final de realizados todos los procesos de acreditación. «De acuerdo a la propia ley, hay que comunicarle al ministerio toda situación anómala», argumenta. «Hay un artículo específico que dice que en caso que se presenten situaciones de cualquier naturaleza que puedan infringir la ley, hay que informar.»

Además, indica Basso, el Gobierno, «a través de Juan José Ugarte, que era el jefe de la Dirección de Educación Superior, estaba en conocimiento de las denuncias de lucro contenidas en esas minutas financieras».

DENUNCIAS Y NEGATIVAS

Terminado el proceso, Patricio Basso envió personalmente al ministro Harald Beyer dos oficios: uno respecto de la Uniacc y otro referido a la Universidad Santo Tomás, «donde le adjunté los estados financieros y tuve la impertinencia de marcar con un destacador amarillo las frases específicas. Se las expliqué en el oficio de manera simple. Es decir, desde fines de 2011 que tenían que saber en el ministerio lo que estaba ocurriendo. Y formalmente Beyer recibió el oficio el 14 de junio de 2012».

A juicio de Patricio Basso, se generó «una situación muy grave, porque el 19 de junio, el 24 de julio y posteriormente el 2 de agosto negó tres veces tener algún antecedente concreto de esto. Y lo tenía. Cuando salió el informe de la Cámara, en junio de 2012, dijo en Emol que no había recibido ninguna acusación formal, y que tenía que actuar sobre la base de “evidencias serias”, al referirse al informe de la Cámara. El 14 de julio hizo declaraciones en CNN diciendo que no tenía antecedentes. El 2 de agosto en La Tercera señaló: «El Mineduc analizará en profundidad aquellas instituciones que tengan duda sobre su sustentabilidad», pero insistía en que aún no tenía los suficientes antecedentes.

Recuerda Basso que en ese mismo momento se estaba discutiendo en el Parlamento para votar el informe de la comisión del lucro —que se había conocido en junio— y «él había dicho que el informe era de un nivel atroz porque no tenía pruebas… y las pruebas las tenía en su escritorio».

ANTE LA CÁMARA

En ese contexto, el 6 de agosto fueron invitados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el entonces presidente de la CNA, Íñigo Díaz, y Patricio Basso, quien todavía era el secretario ejecutivo.

En esa oportunidad les correspondió exponer sobre la denominada «ley corta», que pretendía modificar la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que ya había sido rechazada por la comisión. Y a raíz de una pregunta de la diputada Cristina Girardi, recuerda Patricio Basso, que planteó si al revisar tantas universidades en la CNA no habían visto nada de lucro, Basso le dijo: «¿Está segura que no se ha encontrado nada?». A reglón seguido, Basso le contó a la comisión lo que había pasado, a sabiendas de que eso le costaba la cabeza. Relató que el 14 de julio le habían mandado los oficios reservados al ministro con denuncias concretas de lucro.

Ese mismo día en la tarde, continúa Basso, «el señor ministro recuperó la memoria y dijo que las tenía y que las estaba investigando. Eran las minutas de la Uniacc y la Santo Tomás».

Pero «este señor era muy estudioso y las siguió analizando», comenta irónico Patricio Basso. «Cuando fui invitado al Parlamento de nuevo el 13 de noviembre del 2012, para entonces ya habían pasado 152 días… y el ministro seguía estudiando». Ese mismo día, el diputado DC Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación y actual presidente de la segunda comisión investigadora del lucro, emplazó al ministro Beyer a dar información sobre los casos denunciados por Basso.

Al día siguiente, el ministro declaró, recuerda Basso, que había terminado la investigación de la Santo Tomás y que no había encontrado nada que fuera lucro. Beyer anunció que la investigación que estaba haciendo el ministerio al respecto quedó sobreseída.

«A mí eso me dejo atónito», comenta Patricio Basso. Y afirma que el ex ministro no dio a conocer nunca cuáles eran las razones «por las cuales él encontraba que no hay lucro ahí donde el lucro es evidente, no sé qué tipo de asesores tenía. Yo creo que los “gallos” han camuflado contratos a posteriori y no pueden cambiar el estado financiero, pero pueden haber puesto un contrato prefirmado y han armado un tinglado».

Lo más increíble le resulta haber tenido en sus manos los balances y estados financieros que «muestran claramente que esas platas fueron prestadas sin pagar los intereses de un préstamo».

—¿Y pueden haber decidido pagar para limpiar esa situación? —le consulto.

—Parece que crearon un «mutuo», pueden haber pagado el interés del mutuo, que es un 2 por ciento, y así lo normalizaron… Algo hicieron después, porque Beyer no lo encontró. Pero lo que él tendría que haber analizado es si en el momento hubo o no lucro. Porque esto es como pasarse el primer disco «pare» y en el siguiente detenerse. Pero no quita que hubo infracción a la ley.

CON LOS DÍAS CONTADOS

Pero ya Patricio Basso había ido demasiado lejos. Sus días como secretario ejecutivo de la CNA estaban contados. Se había metido en demasiadas honduras. Estaba en franca disputa con el ministro Beyer y con el jefe de Educación Superior, Juan José Ugarte. Más aún, su mirada crítica a la manera en que se venían haciendo las cosas lo hizo tocar muchas teclas sensibles. Aunque ya Eugenio Díaz, su principal antagonista, había tenido que dejar la comisión en marzo, surgieron para él otras piedras en el camino. El 10 de agosto de 2012 se selló su suerte después de una entrevista en El Mercurio, donde señaló que la situación económica y financiera de la Universidad del Mar aconsejaba no haberla acreditado en 2010. «Me resulta incomprensible que la hayan acreditado, estaban todos los datos que señalaban que la universidad estaba en default financiero», dijo Basso en aquella oportunidad. «Y respecto a la Uniacc y la Santo Tomás, eso que yo descubrí se llama lucro, así mismo y textual», recuerda que salió publicado.

Una semana después, el 17 de agosto, el rector de la Santo Tomás, Jaime Vatter, le envió una carta a Íñigo Díaz, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, reclamando por los dichos de Patricio Basso. El asunto se abordó en la sesión siguiente, del 22 de agosto.

Cuando se puso el tema de la carta sobre la mesa, en la sesión de la mañana, no estaba el representante del Mineduc, Juan José Ugarte. Recuerda Patricio Basso que la primera crítica vino del comisionado Adolfo Arata, al que se sumó Pedro Corona. Ambos venían de la comisión anterior y eran cercanos a Eugenio Díaz.

El tenor de las divergencias apuntaba a que el secretario ejecutivo se había extralimitado en sus funciones al formular críticas públicas. El único que podía hablar a nombre de la comisión era el presidente, sostuvieron.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

«Se armó una pelea con Corona y Arata, porque ellos cuestionaban que los hubieran criticado, y decían que yo estaba sobrepasando los límites de lo acordado al haber hablado de ese tema, y que el vocero único era Íñigo Díaz. A mí parecer no era así, porque ese era un tema anterior a que yo asumiera y no me iba a hacer cargo de lo que hicieron antes», relata Patricio Basso.

Cuenta que después «vino el pencazo sobre el tema de la Santo Tomas, donde me volvieron a criticar. El que encabezó el asunto fue el nuevo comisionado que reemplazó a Eugenio Díaz a nombre de las universidades privadas, Aníbal Vial, quien declaró que era asesor personal del rector de la Santo Tomás. Ese personaje fue el que empezó un ataque violento contra mi persona».

«Las minutas están hechas sobre la base de información pública sobre una materia que no le compete directamente a la comisión», alegó Patricio Basso. Y, por último, manifestó que seguiría opinando públicamente sobre el lucro, «en uso del derecho ciudadano de opinión».

Cuenta Basso que sintió que en la primera reunión de la mañana «terminé con tarjeta amarilla». Hubo un acuerdo en el sentido de reiterar que la vocería la podía ostentar solo el presidente Íñigo Díaz. Después salieron a un break de unos quince minutos.

Íñigo Díaz entró unos minutos antes, señala Patricio Basso, y «me contó que estaban en un rincón discutiendo Aníbal Vial con Juan José Ugarte, que apareció y no estaba en la primera sesión. Indudablemente lo llamaron para que llegara rápido». Y en la segunda etapa de la reunión, Vial «dijo que en ese rato estuvo reflexionando y que no le parecía adecuado el acuerdo logrado, y esto es textual, “porque la institución que represento le ha perdido la confianza al secretario ejecutivo”. Entonces yo le respondí: “¿A quién representas tú, Aníbal?, porque hasta donde yo sé la ley dice que ustedes son elegidos por las universidades privadas, pero no representan a nadie en particular”. Se puso pálido y se quedó callado».

El debate continuó acalorado. Finalmente primó la idea de expresar la pérdida de confianza. «Ante eso manifesté: “No tengo nada más que decir, reafirmo todo lo que dije en la primera sesión y voy a seguir hablando sobre el lucro…” Y me fui a la oficina a buscar mis papeles, a buscar la “cajita”. Sabía que me habían echado», relata Patricio Basso.

«Después aparecieron Íñigo Díaz y Sergio Pulido compungidos. “¿Y me echaron?”. “Sí”, me respondieron y me contaron la votación. Habían votado a favor mío tres personas: Íñigo, Sergio Pulido y Eduardo Olivares, representante de los IP, y todo el resto, incluidos los dos estudiantes, votaron por destituirme.»

Para la mayoría de los integrantes de la comisión, la respuesta de Basso denotaba que «confunde su rol institucional con el personal». La CNA decidió así, por la mayoría de sus miembros, «retirar la confianza al secretario ejecutivo y desvincularlo de la institución».

Como epílogo de su situación en la CNA, Patricio Basso supo que después de salir él de la reunión tomó la palabra Juan José Ugarte para decir «que yo también había perdido la confianza del Ministerio de Educación».

Un año después, el 18 de agosto de 2013, al filo del cierre de las inscripciones para las elecciones parlamentarias, el ex secretario ejecutivo de la CNA presentó su candidatura a diputado por el distrito de La Florida. Va por la DC en la lista de la Nueva Mayoría, junto a la ex presidenta de la FECH Camila Vallejo.

MÁS ALLÁ DE LA DESTITUCIÓN

A la luz de todo lo ocurrido con los «caídos por el lucro», en uno u otro sentido, resulta interesante revisar algo de lo que se escribió en los días previos a la acusación constitucional del ex ministro Harald Beyer.

El 14 de abril apareció en El Mercurio una columna firmada por los abogados Javier Couso⁸ y Juan Pablo Mañalich,⁹ bajo el título «El lucro en la educación superior, más allá de la acusación constitucional».¹⁰ Hoy habría que decir «más allá de la destitución», pero las palabras de esa columna mantienen vigencia, en la medida en que los problemas que están en su trasfondo siguen latentes.

«Si el ministro consideraba que no tenía atribuciones para investigar el asunto, lo menos que pudo haber hecho era expresar su condena respecto de esta transgresión a la ley ante el país», señalaron.

Couso y Mañalich subrayaron precisamente «la falta de reacción pública a estos eventos escandalosos» que, a su juicio, «solo puede haber contribuido a que entidades de educación superior que persiguen fines de lucro hayan continuado haciéndolo hasta hoy».

Recordaron los autores que «uno de los hitos importantes en esta materia ocurrió en junio de 2011, cuando miles de televidentes vimos con estupor cómo el propio ministro de Educación, Joaquín Lavín, reconoció ante un panelista del programa Tolerancia cero que había “recuperado su inversión” en una universidad privada. Si bien Lavín no explicitó si ganó algo más de lo invertido (o solo recuperó el monto exacto), el hecho de que una autoridad pública admitiera haber transgredido una ley que prohíbe precisa y determinadamente el lucro en la educación superior, nos hizo suponer que tamaña confesión tendría repercusiones».

«Sin embargo —señalan—, nada de ello ocurrió, y la vida siguió igual para Lavín hasta que debió renunciar producto de las movilizaciones estudiantiles.»

Un segundo hito lo sitúan un año después, cuando en julio de 2012, «Pilar Armanet —que se había desempeñado nada menos que como jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación— intentó convencer a la opinión pública que la Universidad de Las Américas (que pertenecía a una red de universidades estadounidense, Laureate International Universities, que, de acuerdo con documentación entregada por sus propios accionistas a la Securities and Exchange Commission, desarrolla el giro de “educación superior con fines de lucro”) no transgredía la ley que prohíbe el lucro en Chile».

A continuación señalan: «Si bien desde un punto de vista político —aunque no ético ni jurídico— puede entenderse que resultara imposible para el ministro Beyer haber siquiera criticado la confesada transgresión a la Ley de Universidades por parte de un compañero de gabinete (Lavín asumió otra cartera luego de renunciar a la de Educación), es incomprensible que no haya reaccionado públicamente ante la difusión del hecho de que la Universidad de Las Américas estaba controlada por una red de universidades norteamericana que declaraba abiertamente perseguir fines de lucro».

El juicio de los abogados va más allá: «Si el ministro consideraba que no tenía atribuciones para investigar el asunto, lo menos que pudo haber hecho era expresar su condena respecto de esta transgresión a la ley ante el país (mal que mal, los ministros utilizan a menudo dicho expediente para marcar un punto importante). Sin embargo, nada de ello ocurrió. Y hoy Pilar Armanet aparece como una de las más importantes defensoras de Beyer».

Tocaron en esa oportunidad también un punto que se suele escuchar en conversaciones entre «expertos» al decir que «algunos han planteado que detrás de la falta de proactividad del ministro Beyer estaría la supuesta limitante de que el país no habría podido abrir las cientos de miles de vacantes que hoy ofrece a alumnos de menores ingresos sin haber violado la ley que prohíbe el lucro en la educación superior». Para Couso y Mañalich, «este argumento es penoso».

Los abogados señalan en su artículo: «Por lo demás, otros países han demostrado que el propio Estado es capaz de aumentar dramáticamente la matrícula universitaria, manteniendo la calidad. De ahí que haya que rechazar la idea de que el camino de la ilegalidad haya sido el único disponible para aumentar las posibilidades de acceso masivo a la universidad y la noción de que un ministro de Estado deba mirar cómo se viola flagrantemente una ley vinculada a su ámbito a la espera de mayores atribuciones, sin siquiera denunciarlo públicamente».

El rol del Estado en todo esto parece ser parte de un debate fundamental que aún no se da en profundidad después de lo ocurrido.

CAPÍTULO XIV

Cuánto y cómo lucran

No siempre estuvo escrito que la Universidad de Las Américas se llamaría así. Su fundador, Lorenzo Antillo Escobar, tenía pensado bautizarla como Universidad Internacional. Y le envió una carta al entonces ministro de Educación de Augusto Pinochet, Juan Antonio Guzmán Molinari, en la que efectuaba la solicitud con ese nombre. La misiva fue recibida en el ministerio el 7 de octubre de 1988, dos días después del plebiscito en que la mayoría de los chilenos dijo No a Pinochet. Pero unos días después, Antillo —en ese entonces dueño de los supermercados Santa Isabel— supo que un competidor se le había adelantado con un nombre similar. Existía ya un proyecto llamado Universidad Internacional SEK.

Ante la similitud que podía prestarse a confusiones, Antillo se resolvió por denominar Las Américas a su propuesta de universidad. Nació finalmente el 31 de octubre de 1988. Era una entidad pequeña y su creación fue acogida en forma expedita por Guzmán, como era lo habitual en el ministerio de aquellos años, cuando quien solicitaba inspiraba confianza. El comerciante, que fue el primer presidente de Las Américas, aludía también a su experiencia en el Instituto Profesional Campus, de su propiedad.

Esos argumentos fueron suficientes tanto para Guzmán como Paulina Dittborn Cordua, su mujer, en ese entonces subsecretaria de la misma cartera. Ella firmó el certificado de aprobación el 30 de noviembre de 1988. Por esas casualidades de la vida, dos décadas después, Paulina Dittborn estuvo en medio de un bullado conflicto de intereses tras su decisivo pronunciamiento en la acreditación de la Universidad de Las Américas, siendo vicepresidenta del Consejo Superior de Educación. Pero eran otros tiempos. Ya Las Américas había crecido y estaba en manos del grupo Laureate. Todo estaba listo para que ella fuera su rectora, pero tras la polémica generada debió contentarse con el cargo de prorrectora. Hoy, Paulina Dittborn sigue vinculada a las universidades como decana de Educación de la Santo Tomás y directora de su red de colegios.¹

Pese a que los dos proyectos tenían carácter internacional, la trayectoria recorrida fue distinta. Las Américas se transformó en una universidad gigantesca, poco selectiva y la punta de lanza en Chile de las inversiones del grupo Sylvan, que después de unos años pasó a ser Laureate.

Con una matrícula de 31.228 alumnos en 2012, solo es superada dentro del «mercado» de universidades por su hermana la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), que cuenta con 39.007 estudiantes y pertenece al mismo grupo.

La Universidad Internacional SEK, del inversionista español Jorge Segovia —ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional—, resultó ser a otra escala y apenas contabilizó en el mismo año 4.430 alumnos.

Tienen en común, sí, que tanto Las Américas como la UNAB y la Universidad SEK están bajo investigación del ministerio público por lucro. Sobre la SEK —en cuanto persona jurídica— pesa, además, la formalización por responsabilidad penal por delito de soborno, en relación con las acreditaciones. Esa formalización fue dictada por el fiscal de la Zona Oriente de Santiago Carlos Gajardo el 22 de mayo de 2013. La misma situación afecta desde esa fecha a la Universidad del Mar y a la Pedro de Valdivia.

LAUREATE Y EL LUCRO GLOBAL

Desde que el grupo Laureate llegó a Chile en 1999 —entonces se llamaba Sylvan International— han pasado catorce años y las «carteras» de alumnos chilenos le han dado muy buenos dividendos. Después de Las Américas adquirió el AIEP, que como es instituto profesional puede lucrar sin problemas ni artilugios conforme a la ley. Y en 2003, el grupo compró la Universidad Andrés Bello, que en los últimos años ha experimentado un espectacular aumento de matrícula y de ganancias. En 2009, Laureate adquirió al grupo Norte Sur, encabezado por Vicente Caruz, la Universidad de Viña del Mar, y en 2010 compraron la Escuela Moderna de Música, que tiene el estatus de instituto profesional.

Cuando se habla de lucro en Chile a gran escala, los ojos se dirigen de forma natural al grupo Laureate. Un conglomerado que no puede negar su objetivo de lucrar. Cuando aterrizó en Chile no traía experiencia alguna en educación universitaria, y su currículo estaba vinculado a empresas de apoyo a la educación. Daba por entonces sus primeros pasos en este negocio con el foco puesto en América Latina, liderado por Douglas Becker, un estadounidense con epicentro en Baltimore que ha llegado a ser un magnate con fortuna consignada en la revista Forbes.

Tenía por entonces Sylvan International unos institutos de inglés y preparaba una prueba para optar a créditos y becas en la educación superior, una suerte de cadena de preuniversitarios. Su primera adquisición en Chile fue Las Américas, que tampoco aportaba mucho en docencia universitaria. Seguía siendo pequeña, pero le daría una plataforma para lucrar, con autonomía conseguida y poco o nada más. Fue también la primera vez que se escuchó —con estupor— hablar de «carteras de alumnos» en estas tierras. El negocio se hizo y Sylvan adquirió esta universidad, el Instituto Campus, que sí podía obtener utilidades sin problema, y los edificios donde funcionaban.

Los nuevos dueños se desprendieron, en cambio, de los institutos Wall Street. Los de Chile se los vendieron a Ángel Maulén, quien en ese momento operaba los colegios y los preuniversitarios Pedro de Valdivia. Además, Sylvan tenía unos programas de conferencia a distancia. Pero nada que fuera universitario.

Las Américas siguió adelante con serios problemas académicos, sin exigir Prueba de Selección Universitaria (PSU) —que por más críticas que se le hagan es un filtro que establece competencias mínimas— y con elevados índices de deserción que bordeaban el 50 por ciento el primer año. A Sylvan no parecía importarle eso, porque con el ingreso creciente se hacía caja cada año.

En la misma época que el grupo aterrizó en Chile lo hizo también en Ecuador, donde existe una universidad hermana de la chilena.

PROCESO DE EXPANSIÓN

Un tiempo después siguieron haciendo compras en este país sudamericano: el Instituto Profesional AIEP, que tiene permiso para lucrar y ha tenido constantes y fuertes aumentos de matrícula: desde los diez mil quinientos que tenía en 2005 a los cerca de sesenta mil² en 2012. Es decir, se ha multiplicado por más de cinco veces y representa el 21 por ciento de la matrícula de todos los institutos profesionales.

Y sus ingresos, también siempre crecientes, lo llevaron a obtener más de sesenta y seis mil millones de pesos³ en 2012. Hoy representa el 22 por ciento de todos los alumnos matriculados en institutos profesionales en el país. También Sylvan se expandió hacia México, donde el año 2000 adquirió la Universidad del Valle Central, que en ese momento era una universidad mediana y hoy tiene más de ochenta mil estudiantes.

Entretanto, el consorcio Sylvan experimentó un cambio de nombre y pasó llamarse Laureate Learning System. Tenía en España la Universidad Europea, de orientación profesional, y adquirió también el Instituto IEDE en ese país. En Chile compró «la cartera de alumnos» a la Universidad Andrés Bello en 2006.

«El grupo, que tiene universidades en Ecuador —también se llama Las Américas—, la Universidad del Valle en México e Interamericana en Costa Rica y Panamá, es un exponente del negocio a escala de la educación superior. Se le califica dentro de lo que se denomina en Estados Unidos for profit, es decir, para obtener utilidades en el negocio, donde hay grandes universidades privadas, pero efectivamente sin fines de lucro», escribí en el libro La privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencias en 2005.

Advertía en esa oportunidad la preocupación por el crecimiento de la Universidad de Las Américas, que masificaba la educación universitaria sin otro proyecto que no fuera lucrar.

«Su educación orientada a estudiantes de sectores medios y medios bajos y la falta de exigencias académicas, ya que ni siquiera pide Prueba de Selección Universitaria para ingresar, la ha puesto en el centro de las críticas sobre masificación versus calidad. Y para evitar problemas les impide a los alumnos formar federación de estudiantes», comenté en ese libro. Y agregaba: «Entre los académicos chilenos se considera a Las Américas un exponente de esta “industria” de la educación superior, que cuenta a su favor con la arraigada aspiración de acceder a la universidad que caracteriza hoy a los egresados de enseñanza media y a sus padres».

En la investigación realizada para ese libro hace más de ocho años recogí también la inquietud manifestada por el diputado Carlos Montes, hoy candidato a senador por Santiago Oriente: «A Las Américas va mucho estudiante de familias de bajos ingresos, porque es a la única que puede entrar, ya que no exigen puntaje. El mercado educacional superior se ha extendido a capas de ingresos bastante bajos. Del segundo quintil para arriba están accediendo mucho a la universidad. Que haya más gente circulando por niveles educacionales mayores está bien, siempre y cuando no se esté comprando un título. Y a pesar de que tener el título le cueste mucho a las familias, cuando egresan no tienen un trabajo como el que esperan».

Sergio Lavanchy, el rector de la Universidad de Concepción, agregaba una anécdota ilustrativa sobre la sede de la Región del Bío-Bío: «Cuentan que cuando partió la sede que Las Américas tiene en Chacabuco con Lincoyán empezó con tres o cuatro carreras y fue un grupo de jóvenes a decirles “¿y no van a abrir Medicina Veterinaria?”. Entonces les respondieron: “No, pero si juntan quince alumnos la abrimos”. Me dijeron que no era chiste».

CAPITAL SIN FRONTERAS

El sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de México Roberto Rodríguez Gómez —a quien también cité en ese libro—, a propósito de un artículo titulado «Universidades S.A.», ha venido siguiendo los pasos de Laureate en México. Y dio cuenta del cambio de timón que se produjo cuando en 2007 un fondo de inversión tomó el control de Laureate.

El 28 de enero de 2007 se anunció la inminente adquisición de la transnacional Laureate Education Inc. por un grupo de inversión encabezado por Douglas L. Becker, actual presidente del consejo de la compañía y responsable de las decisiones financieras. Hasta ese momento sus acciones se transaban en la Bolsa de Nueva York, en el Índice Nasdaq, pero después salió de la bolsa. Todo esto bajo la conducción del mismo Becker.

El consorcio formado tras la operación incluyó un conjunto de entidades y fondos de inversión, entre los que destacan Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Citigroup Private Equity, SAC Capital Management, SPG Partners, Bregal Investments, Caisse de Depot et Placement du Quebec, Sterling Capital, Makena Capital, Torreal S.A. y Southern Cross Capital, comentaba Rodríguez Gómez en esa época. Y señalaba: «Si bien estas firmas tienen su sede en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, se trata de capital financiero sin fronteras».

En ese momento la compañía Laureate Education Inc. controlaba una red de educación superior que «incluía diecinueve instituciones con programas de tipo convencional y dos sistemas de educación superior a distancia», indicaba Rodríguez en un artículo publicado en su blog el 17 de febrero de 2007.

CANCILLER HONORARIO DE ALTO VUELO

Curiosamente, en el sitio web de Laureate no hay un detalle de quiénes son los propietarios. Ni hay nombres actualizados de los diferentes fondos de inversión que están detrás de estas entidades. Solo se destaca que el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton es el canciller honorario del grupo.

Una gran fotografía del presidente número 42 de Estados Unidos y unas frases en inglés expresadas en una visita a la Universidad del Valle Central de México ilustran la página.

En un comunicado fechado en Baltimore el 26 de abril de 2010 difundido por Laureate, se informa que «el Presidente Bill Clinton Acepta Cargo de Canciller Honorario de la Red Universitaria Más Grande del Mundo».

El texto cita la traducción de las palabras contenidas en el sitio web: «El año pasado tuve la oportunidad de visitar las universidades de Laureate en España, Brasil y Perú y hablar con los estudiantes, profesores y las comunidades que ellos sirven», dijo Clinton. «Estas universidades privadas son ejemplares de los mismos principios de innovación y responsabilidad social en la educación que yo avancé durante mi presidencia y ahora a través de mi fundación. Estoy muy feliz de apoyar la misión de estas universidades de extender el acceso a la educación superior, particularmente en países en desarrollo.»

A continuación la entusiasta reacción del presidente ejecutivo de Laureate, Douglas Becker, ante el respaldo del ex mandatario estadounidense, añade un toque misional hacia los países «en desarrollo» donde viene a lucrar: «Estamos muy orgullosos de tener el apoyo de Bill Clinton como parte de nuestros esfuerzos de expandir educación y empleo en los países en desarrollo», dijo el fundador y CEO de Laureate Education Inc., que opera la red Laureate International Universities, indica el comunicado.

Agrega Becker: «Nosotros aportamos manejo, tecnología y capital para crear y apoyar universidades de calidad en comunidades en desventaja. A través de inversiones e innovación, las instituciones de nuestra red se han convertido en las universidades privadas más grandes en países como México, Chile, España, Honduras y Costa Rica. También estamos viendo un crecimiento muy importante en países como China, Brasil e incluso en Estados Unidos», señala el pintoresco comunicado.

Los datos sobre calidad en la docencia universitaria no dejan ver los mencionados aportes.

Según ese mismo comunicado, Laureate cuenta con seiscientos mil estudiantes en veintiún países del mundo. En América Latina, donde más fichas ha puesto es en México y Chile. Además de la Universidad del Valle, en México adquirió el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Desarrollo Institucional (Unidep). En Perú tiene la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en Ecuador Las Américas.

«Desde luego el interés de la transnacional por invertir en México está centrado en dos razones: la existencia de una demanda de educación superior que no alcanza a satisfacer el sector público y, sobre todo, el paraíso fiscal que representa nuestro país para los inversionistas privados en educación superior. Al amparo de asociaciones civiles o con la figura de sociedades civiles, la gran mayoría de las universidades privadas no pagan impuestos, ni siquiera el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única», decía el sociólogo mexicano Roberto Rodríguez Gómez.

El fondo KKR es el principal accionista de Laureate, según señaló Henry Kravis, su máximo ejecutivo, de visita en Chile en junio de 2011, cuando se iniciaba el movimiento estudiantil y todavía no se sabía de denuncias parlamentarias ni de investigaciones en fiscalía.

—¿Ha analizado oportunidades de inversión en Chile? —le preguntó la periodista Gabriela Villalobos, de El Mercurio.⁴

—Efectivamente, quería ver cómo es Chile y la impresión ha sido buena. Volveré. He quedado impresionado. Me junté con la gente del Gobierno y encontré que Chile está en buen pie —respondió.

Contó Henry Kravis que habló «con las autoridades» sobre las «necesidades de infraestructura y de educación que requiere Chile. Nosotros tenemos tres universidades en Chile a través de Laureate Education [fondo que controla KKR]: Andrés Bello, Universidad de Las Américas y el instituto AIEP. La educación es un elemento importante para Chile. Esa industria nos parece muy interesante», y aunque no quiso dar más datos habló de que se trataba de «un momento ideal para concretar un nuevo negocio» en ese campo.

Quizá lo que vino después lo frenó.

EN DÓLARES Y EUROS

Las formas precisas de lucrar pueden ser variadas y todavía quedarán muchas por descubrir. Están las ya conocidas posibilidades de lucro que se dan en los contratos con las inmobiliarias, los préstamos a empresas relacionadas, los sueldos y honorarios a parientes y amigos que abren brechas para sacar dineros. Además de esas surgen otras pistas que en el caso de este grupo internacional marcan huellas por donde pueden estar escapando los pesos.

Precisamente ese carácter de grupo financiero internacional habla de un afán de lucro indiscutible. Y lo «lógico», dado su naturaleza, es que busque la forma de sacar el dinero al exterior. Y para hacerlo, la modalidad puede ser los pagos por servicios poco identificados. Se podría pensar entonces en que es posible que exista alguna fuga de pesos obtenidos en Chile al exterior, transformados en dólares y euros.

Hay documentos que indican, por ejemplo, que en 2011 la Universidad de Las Américas le pagó a la firma Laureate Trademark B.V. más de seis millones cien mil dólares,⁵ aparentemente para usar sus redes. En 2010 también hubo una suma importante registrada en facturas correspondientes a ese ítem, pero la cantidad fue menor: casi dos millones trescientos mil dólares, facturadas a la misma Laureate Trademark B.V.

Además, entre 2009 y 2011 facturaron otro millón y medio de dólares a Laureate Education Inc. En total en ese período, entre los pagos a ambas firmas, se llega a casi diez millones de dólares que salieron de Chile a empresas relacionadas con el grupo Laureate.⁶

Pero eso no es todo en materia de salida de dineros al exterior. A la misma sociedad Trademark B.V., la Universidad de Las Américas le pagó otras facturas en euros. Estas fueron por casi dos millones y medio de euros en 2009; en 2010, la cuenta fue de 3.025.457 euros, y en 2011 alcanzó a 1.656.753. En total, la suma en euros fue de 7.172.645.

UN GIGANTE EN «EL MERCADO» CHILENO

Laureate International se transformó así en el principal grupo que opera universidades en Chile. Si se suman las matrículas de todos sus establecimientos de educación superior en 2012, y se las compara con el total —tomando como base las estadísticas oficiales del Consejo Nacional de Educación—, hoy representa más de un 13,3 por ciento de toda la educación superior que se imparte en el país.

Los estudiantes de pregrado de sus tres universidades —Las Américas, Andrés Bello y Viña del Mar— más el Instituto Profesional AIEP sumaron 137.124 personas en 2012, de acuerdo a las bases de datos Índice del Consejo Nacional de Educación (CNE). La comparación resulta impactante si se considera que esa cifra implica apenas veinticuatro mil estudiantes menos que toda la educación pública universitaria chilena sumó en sus dieciséis universidades del Estado ese mismo año.⁷

Los ingresos obtenidos por aranceles recaudados por el grupo Laureate se elevaron a 255.929.835.162 pesos, según la misma fuente oficial. Esto representa más de quinientos millones de dólares⁸ en un año. Es cierto que en cualquier recinto universitario hay gastos para hacerlo funcionar e impartir educación, y no conocemos la estructura real de costos, pero la magnitud de lo ingresado da una pauta del tipo de negocio del que estamos hablando.

Al desglosar esa cifra se observa que la Universidad Andrés Bello, la más numerosa del país, con sus 39.000 estudiantes, obtuvo ingresos por 111.779.857.145 pesos, es decir, solo la Universidad Andrés Bello reportó como ingresos más de 223 millones de dólares. Una suma similar recibió en 2011.

PRIMEROS EN EL CAE

Es interesante percibir también que desde que se instauró el Crédito con Aval del Estado (CAE), la curva de crecimiento de la Andrés Bello ha sido ascendente. En 2005 tenía 19.160 estudiantes y tras constantes ascensos —salvo en 2010— se ubica en los casi cuarenta mil de 2012. Por eso, los cuarenta y seis mil millones de pesos que recibió en 2005 se transformaron en los más de ciento once mil millones en 2012.

En el caso de Las Américas, que alcanzó en 2012 una matrícula de 31.228 estudiantes, obtuvo ingresos por 61.403.154.679 pesos en 2012, lo que representa 122.806.309 dólares. Y en 2011 logró una suma parecida. Otro dato interesante que concuerda con esos antecedentes es que el grupo Laureate es el que más Crédito con Aval del Estado ha concentrado en los últimos años. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial,⁹ del total del CAE otorgado entre 2006 —cuando partió— y 2010, el 14 por ciento fue a parar a los establecimientos del grupo Laureate.

En resumidas cuentas, Laureate lucra y ha lucrado durante todos estos años sobre la base de los aranceles de los alumnos de este país y en buena medida del Estado de Chile.

Un estudio de la Contraloría General de la República¹⁰ sobre el financiamiento fiscal de la educación superior en Chile 2012 aporta un importante antecedente: «Es posible observar que los 178.200.521.000 pesos asignados como financiamiento al CAE de las universidades privadas se distribuyen en 27 instituciones». Y destaca que a las universidades Andrés Bello, Santo Tomás, Autónoma, San Sebastián y Las Américas «se les entrega a cada una de ellas un monto mayor al asignado al total de los alumnos de las universidades estatales». En efecto, el CAE significó 14.486.268.000 pesos para la suma de estudiantes de las universidades estatales en 2012. En cambio, la Universidad Andrés Bello obtuvo para sí un total de 23.992.989.000 pesos en CAE, lo que representó un 13,5 por ciento del total de ese crédito avalado por el Estado que favoreció a las universidades privadas.

Siguiendo con los beneficiarios del grupo Laureate, la Universidad de Las Américas logró 18.520.211.000 pesos en 2012, de acuerdo a los datos de la Contraloría. Esa suma también sobrepasa al total de las estatales, como señala el informe. Y lo recibido por Las Américas representó un 10,4 por ciento de todo el CAE que llegó a las privadas. A eso se agregan 4.644.137.000 pesos que obtuvo la Universidad de Viña del Mar. En síntesis, en 2012 las tres universidades del grupo Laureate concentraron el 26,5 por ciento del CAE otorgado a las universidades privadas.¹¹

BAJO INVESTIGACIÓN

Las propias cifras hablan del potencial de lucro que existe tras esos datos. Los números demuestran también que a las universidades del grupo Laureate —y a todas las que no lo escriben en su «misión», pero sí lo tienen entre sus objetivos no confesados— lo que les ha permitido lucrar a destajo son las matrículas y aranceles de los estudiantes de pregrado. La cantidad de alumnos y el nivel de los aranceles son las variables decisivas. El aumento desmesurado de matrículas se explica en esa lógica, lo mismo que los elevados niveles de aranceles, que en Chile están entre los más altos del mundo.

Y como muestran los antecedentes del Banco Mundial y de la Contraloría General de la República de Chile, ese aumento de matrículas se vio apoyado desde 2006, cuando entró en vigencia el Crédito con Aval del Estado (CAE), que facilitó la obtención de créditos a miles de estudiantes de recursos medios y medios bajos, que de otra manera no habrían tenido acceso a la universidad. Pero lo que partió siendo una iniciativa para facilitar ese acceso a la educación superior terminó siendo una herramienta que dio más posibilidades de lucrar a los dueños de universidades e institutos privados que con la acreditación mínima concedida por la CNA —que ya se ha visto cómo operaba— podían obtener este crédito.

Las facilidades tributarias —las universidades se asimilaron a la legislación que tenían las tradicionales y por eso no pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el «servicio educacional»— en contribuciones de bienes raíces y en donaciones facilitaron aún más las cosas al mercado de la educación, como lo señalaba en el libro El negocio de las universidades en 2007. Más aún cuando de año en año se han ido dando otro tipo de subsidios del Estado, como su propio aval y las posibilidades de acceder a proyectos con recursos públicos.

Otro factor que ha sido determinante para fomentar el negocio ha sido la falta de fiscalización —o al menos de atención— y de reglamentos precisos que impidieran traspasar fondos de un lado para otro con empresas relacionadas. Ese ha sido sin duda un elemento que ha permitido el lucro a granel.

El hecho de que se pusieran en guardia los dueños de universidades con una mirada más minuciosa de la CNA en el período de Íñigo Díaz y Patricio Basso no es casual. Porque además de la corrupción que había instaurado en la CNA Eugenio Díaz con sus «asesorías», una mirada más acuciosa a la situación financiera y económica de las entidades podía develar situaciones de traspasos de dineros, arriendos exagerados, préstamos sin interés ni reajuste a empresas relacionadas y martingalas similares que dejarían en evidencia cómo y cuánto se lucra. Sin duda, un gran peligro para quienes se han visto beneficiados por años con este negocio a costa de las deudas y la buena fe de los estudiantes y sus familias.

Desde fines de 2012 han estado puestos los ojos de la Fiscalía Oriente y la PDI en doce universidades que están bajo la investigación por lucro. En ese conjunto están las tres universidades del grupo Laureate —UNAB, Las Américas y Viña del Mar—, la San Sebastián, la Universidad Autónoma, la Uniacc, la Central, la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad del Mar y la SEK. Otras, como la Gabriela Mistral, la Tecnológica-Inacap y la Finis Terrae, aparecen mencionadas en el informe de la comisión de la Cámara de Diputados.

En todo caso, en términos de cantidad, lo más probable es que las más «lucrativas» sean las de mayor tamaño, consideradas también universidades masivas. No resulta fácil establecer la cantidad de millones que en cada caso obtienen las empresas asociadas como lucro, porque para operar los negocios sus dueños han tratado de mantener los datos lo más ocultos posible.

El elevado nivel de los aranceles en Chile se vincula directamente con el estímulo que representan para lucrar. Al ser los aranceles la «materia prima», el precio que esta adquiera es fundamental. No es extraño entonces que los aranceles de las universidades chilenas, en especial de las privadas, alcancen cifras récord a nivel mundial.

INGRESOS POR ALUMNO

Al analizar las diferentes cifras se puede observar también que las universidades de índole ideológica, como la Adolfo Ibáñez —en línea con el modelo económico neoliberal—, la de Los Andes —del Opus Dei— y la Finis Terrae —de los Legionarios de Cristo—, aunque cobran aranceles elevados, sobre todo las dos primeras, y van orientadas a una élite, parecen más preocupadas de influir que de lucrar. Eso hace también que sus indicadores sobre contratación de profesores y otros asociados a la calidad no sigan la pauta de la mayoría de las privadas, preocupadas de aumentar las ganancias y sacarlas fuera de la universidad a través de diversos mecanismos.

Es lo que ocurre también con otras universidades católicas, como la Alberto Hurtado y la Cardenal Silva Henríquez.

Al hacer un cálculo de los ingresos provenientes de pregrado en 2012, dividido por el número total de alumnos matriculados, encabeza la lista de ingresos en pesos por alumno la Universidad Adolfo Ibáñez, con 3.894.676; la sigue la Universidad de Los Andes, con 3.800.958, y la Universidad del Desarrollo, con 3.603.346. A continuación vienen la Universidad Finis Terrae, con 3.258.629, y la Diego Portales, con 3.066.904.

Esas cifras están por encima de los ingresos por estudiante que registran todas las universidades estatales y las tradicionales no estatales, salvo la Universidad Católica. Y estas despliegan actividad de investigación y creación que no se ve con frecuencia en las privadas.

La que cobra aranceles más elevados entre las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que alcanzó en 2012 a tener ingresos por alumno de 3.112.136 pesos. La Universidad de Chile llegó a 2.513.579 pesos y la Universidad Austral a 2.431.310.

Las universidades más masivas, aunque cobran aranceles más bajos, tienen ingresos totales mayores, debido a la abultada cantidad de estudiantes.

EN LA HUELLA DEL DINERO

Como la ley dice que las universidades no deben lucrar, las martingalas legales se multiplican para ocultar lo que verdaderamente sucede. Las universidades no entregan, ni en los procesos de acreditación ni en otra instancia al Ministerio de Educación, estados muy detallados de su situación —salvo que como en el caso de la Universidad del Mar se le pidió para efectuar una investigación cuando ya estaba en punto crítico—. A lo más, después de 2011 se les empezaron a exigir los estados financieros. Pero no hay información disponible sobre los costos: pagos de sueldos y honorarios, arriendos y subarriendos, construcciones, ni los demás ítems que permitan configurar realmente su estructura de costos.

No obstante, hay pistas que dan una orientación sobre los márgenes para lucrar. En términos generales, se puede apreciar que la mayoría de las veces, las crecientes cifras de ingresos por aranceles de pregrado no van en paralelo con las inversiones en lo que se podría llamar la «calidad de la educación». Los grandes números confirman así que lucro y calidad no van de la mano.

Un grupo de egresados de Sociología de la Universidad de Chile que partió trabajando estos temas en 2012 en el Centro de Estudios de la FECH (Cefech) formó la consultora Sintaxys¹² y me ayudó a dimensionar este «potencial del lucro» a través de un estudio basado en las cifras oficiales. A partir de los datos de la base Índice del Consejo Nacional de Educación (CNE) efectuó una serie de análisis de lo ocurrido en los últimos ocho años con los datos de matrícula, ingresos monetarios versus lo que podría ser la «inversión en calidad» en las doce universidades investigadas por lucro.

Los datos fundamentales para seguir esta huella del dinero son los ingresos por aranceles de pregrado —incluyendo matrícula— que cada una de las instituciones recibió entre los años 2006 a 2012. Esos datos, a la vez, se cruzan con algunos indicadores que pueden ser considerados como básicos en materia de calidad: número de profesores de jornada completa en relación con el número de alumnos, metros cuadrados de espacios destinados a salas de clase, y disponibilidad de títulos de libros en bibliotecas. Se puede hacer el ejercicio con muchos otros indicadores que tuvimos a la vista, pero seleccionamos esos por ser representativos, ya que la tendencia en otros, como metros cuadrados totales, disponibilidad de laboratorios, títulos de libros —que mide la variedad, no solo la cantidad—, suelen ser muy similares.

Además de cuadros estadísticos, Sintaxys elaboró gráficos para cada una de las universidades investigadas, los que presentamos en los anexos de este libro. Al observarlos se puede apreciar la brecha que en la mayoría de los casos separa los ingresos recibidos de las inversiones en los ítems seleccionados. Eso da una idea del amplio margen de lucro que existe. En universidades como la UNAB, la Santo Tomás, la San Sebastián y la Autónoma, cuyas matrículas crecientes se situaron en 2012 sobre los veinte mil alumnos, llaman la atención figuras que se asemejan a una «tijera», por la distancia que se agudiza entre el número de estudiantes y las inversiones en elementos constitutivos de calidad.

El comportamiento de esas variables es muy diferente al de universidades públicas como la Universidad de Chile, o a particulares tradicionales como la Universidad Católica, la de Concepción o la Austral, en cuyos casos las líneas de «ingreso» son mucho más cercanas a las inversiones en rubros que implican calidad de la docencia.

SOBRECARGA DE ALUMNOS

Algunos datos que ilustran esta situación pueden configurar un «anti ranking» que ubica de mayor a menor a las universidades que disponen de menos profesores de jornada completa por alumno. O lo que es lo mismo, mirado desde otra perspectiva, de más alumnos por profesor. De acuerdo a las estadísticas oficiales, este ranking que ilustra la sobrecarga de alumnos por profesor de jornada completa lo encabeza —de acuerdo a los datos de 2012— la Universidad Pedro de Valdivia, con doscientos veinticinco estudiantes por un docente. La sigue la Universidad de Las Américas, con ciento sesenta y tres estudiantes por profesor. El tercer lugar de esta lista lo ocupa la Universidad Autónoma, con ciento tres alumnos por cada profesor de jornada completa. En cuarto puesto la Ucinf, con ciento dos alumnos por docente de jornada completa. El quinto lo comparten la Universidad del Pacífico y USEK, con setenta y tres.

Salvo la del Pacífico, las otras cinco que encabezan el ranking están en el grupo de las doce investigadas por lucro por la Fiscalía Oriente.

El séptimo puesto lo ostentaba en 2012 la Universidad del Mar, con sesenta y dos alumnos por profesor. En octavo lugar, la Universidad Santo Tomás, con cincuenta y ocho; el noveno, la Universidad de Viña del Mar, con cincuenta y siete. Remata entre los primeros diez de este ranking la Universidad Andrés Bello, con cincuenta alumnos por profesor de jornada completa.

La comparación es abismante al observar que la Universidad Católica y la Austral tienen una relación de quince estudiantes por profesor de jornada completa; la Universidad de Chile, veinte, y la de Concepción, veintiuno.

En una línea intermedia de las privadas ocupan los siguientes lugares la Universidad Mayor, con cuarenta y ocho; la Central y la Finis Terrae, con cuarenta y seis, y la Diego Portales, con cuarenta y dos alumnos por profesor.

En el caso de las universidades privadas «selectivas», conocidas también como «de la cota mil», por la expresión usada hace unos años por el sacerdote jesuita Felipe Berríos, se advierte que los elevados aranceles se traducen en mayor dotación de profesores de jornada completa: treinta y un alumnos por profesor de jornada completa registran la Universidad Adolfo Ibáñez y la del Desarrollo, y veinticinco la Universidad de Los Andes.

Al analizar las estadísticas se puede comprobar que la mayor parte de las universidades masivas basa su docencia en profesores por horas y los aumentos de matrícula no van acompañados de más contratados por jornada completa, como se puede observar en los gráficos del anexo. La gran parte de las clases las imparten los docentes a honorarios, que representan una proporción altísima en las privadas.

LOS ESCASOS LIBROS

Lo mismo ocurre con los otros indicadores. En algunos casos, la baja inversión en libros en las bibliotecas llega a niveles irrisorios para algunos establecimientos que en Chile se llaman universidad. Es así como la Universidad Pedro de Valdivia, por ejemplo, registra en 2012, según esos cálculos, un total de 3,6 libros por estudiante; la USEK alcanzaba a 4,7; la Universidad del Desarrollo, a 6,6; Las Américas, a 6,7, y la UNAB, a 7,3 publicaciones por alumno.¹³

Para tener una idea comparativa, la Universidad de Chile registra 110,3 y la Católica 78,3; la Universidad Austral, 18,7, y la Usach, 16,7.

Tampoco se avanza mucho si se toma la variedad de títulos ofrecidos a los alumnos, donde la Universidad San Sebastián apenas ofrece 1,2 títulos por alumno, muy poco más que la Pedro de Valdivia, que registra uno. Poco más tiene Las Américas, que registra 1,4, y la Santo Tomás con 1,6, ambas por debajo de la SEK, que alcanza a dos.

La diferencia con la Universidad de Chile y con la Universidad Católica nuevamente es elocuente, ya que en este caso tienen 35 y 20 títulos diferentes registrados por alumno, respectivamente.

LIMITACIÓN RADICAL

A Nicolas Fleet Oyarce, sociólogo de la Universidad de Chile que está haciendo su doctorado en Sociología en la Universidad de Cambridge, le inquieta lo que ha ocurrido con las universidades en Chile. La mezcla que se ha dado entre lucro y falta de calidad, que ha llegado a ser explosiva, es algo que ya no resiste más.

Empezó a hacer su práctica en 2003 en la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), primero como asistente de investigación y luego como profesional de apoyo. Después, en 2005, se fue a Inglaterra a hacer un magíster y volvió a la CNA, hasta que finalmente se fue a doctorar en 2010, «antes de que se produjeran todos los escándalos».

Desde Inglaterra sigue al tanto de lo que pasa en Chile, en especial lo referido a las universidades. En el invierno de 2013 estuvo por unos días en Santiago y nos juntamos a conversar sobre estos temas.

Nos detuvimos en el lucro. Según Nicolas Fleet, si «uno mira las universidades a través de las bases de datos públicas —que están en el Consejo Nacional de Educación y la División de Educación Superior del ministerio—, observa la escasa cantidad de profesores que están contratados en las universidades en relación con el número de alumnos, lo que nos da una dimensión elemental, básica del lucro».

Y se pregunta: «¿De qué otra manera se hace lucro si no es no contratando profesores? Esa es la forma en que se lucra».

Al no contratar profesores, señala Nicolas Fleet, «no pueden construir una biblioteca con un sentido académico. No la va a construir una secretaria. Y un profesor a honorarios no tiene la misma capacidad de controlar el entorno de su trabajo, incluyendo los libros a los que acceden los estudiantes, que un profesor que está todo el día». Continúa con su argumento: «Dicho de otra manera, si tiene pocos profesores contratados, esa universidad no tiene departamento académico. Y si no tiene departamento académico, es muy probable que lucre. Uno no debería equivocarse en eso».

Se hace la pregunta a la inversa y llega a la misma conclusión: «¿Por qué razón una universidad no tendría un departamento académico si no fuera por lucro o porque le está yendo muy mal?».

—Con lo que te tocó ver en la CNA, ¿consideras que los aranceles son la materia prima para el lucro? —le consulto.

—Sin duda, una universidad que no tiene departamentos académicos, no tiene otra vía de acceso a recursos que no sea a través de los estudiantes, porque no presta servicios, no genera investigación, no hace extensión. Solamente incorpora matrícula de estudiantes —reitera.

Comentamos los gráficos que por esos días comenzaban a elaborar los especialistas de Sintaxys y concuerda en que ilustran esa situación. «Hay una extracción de excedente», indica.

—¿En la CNA tenían en consideración ese tipo de análisis?

—No, por la misma forma en la que opera la CNA. Por un lado, no se consideraba información que estuviera fuera del proceso de evaluación. Luego, el modelo de acreditación institucional no tenía, o más bien no tiene, el foco en esas variables estructurales, como las que indican cuántos profesores tiene una universidad por cada estudiante o cuántos tiene un doctorado. Ese tipo de variables no se consideraban suficientemente en la acreditación, y si se llegaban a considerar, se planteaba que en lugar de usar ese indicador se usara la «jornada completa equivalente» —que es de hecho el indicador que usa el ministerio para presentar la información sobre personal académico—. Eso significa agarrar a todos los que son contratados por horas y ponerlos juntos como si fueran un profesor que tiene una silla y presencia en una universidad.

Cuenta Fleet que ha hecho «algunos análisis estadísticos para ver cómo la cantidad y dedicación de los académicos, así como también sus calificaciones —si tienen o no doctorado—, explican los resultados de acreditación institucional». Y señala: «La verdad es que estos factores básicos influyen marginalmente sobre la acreditación, en comparación a otros como “selectividad” en la admisión de estudiantes o la gestión de la información».

La lógica de que la acreditación considere el tiempo de trabajo de un profesor a honorarios como equivalente al de un académico contratado, según Fleet, se basa en el argumento que plantea «qué importa que no tenga a los profesores si tengo la jornada completa equivalente y con ella puedo presentar cualquier tipo de indicador». El problema, continúa, es que «ese no es un indicador que dé cuenta de la calidad académica, porque finalmente son profesores que no están ahí».

El otro problema, señala Fleet, es que la ausencia de departamentos, con académicos con doctorado, en universidades masivas —que de esta manera obtienen lucro— «se suele justificar como un asunto de ampliación del acceso para los estudiantes de primera generación, típicamente de familias con menos recursos». Y entonces, sostiene, «lo que finalmente se está legitimando, acreditación mediante, es que la expansión y la calidad de educación superior en Chile hacia las clases más pobres se logra en la medida en que no acceden masivamente a la investigación y la creación de conocimiento. Esto es ideológico en exceso».

Le menciono la notable cantidad de profesores a honorarios que se observa en las universidades privadas. Al respecto, el propio Nicolas Fleet hizo una muestra para su trabajo de doctorado y concluyó que «las universidades masivas tienen un 80 por ciento o más de sus profesores a honorarios».

Da un ejemplo que muestra cómo la propia acreditación entregada a las universidades en Chile esconde realidades muy diversas. Toma el caso de dos acreditadas por cinco años: la Autónoma, del ex ministro Teodoro Ribera y su familia, y la estatal Universidad de Tarapacá (UTA).

«La UTA, según el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación —dice Nicolas Fleet— tiene treinta y seis estudiantes por cada académico de jornada completa, y ochenta y tres por cada doctor full time. En 2012 llevó a cabo trece proyectos de investigación financiados por Conicyt.»

Por el otro lado, agrega que «la Universidad Autónoma, que logró los mismos años de acreditación, tiene el doble de estudiantes y la mayoría de sus profesores —77 por ciento— contratados por hora, es decir “profesores taxi”. En las estadísticas se cuentan ciento tres estudiantes por cada profesor jornada completa y mil ochenta y cuatro para cada doctor full time. No tuvo proyectos Conicyt el año pasado».

A su juicio, la calidad es algo que no se puede seguir «relativizando como idea». Considera que «no tener fin de lucro es una condición básica de calidad, porque independientemente de los problemas que una universidad pueda tener, sus fines académicos no están en cuestión. En cambio, el fin de lucro es la limitación más radical de la calidad, porque se obtiene al optar sistemáticamente por el retiro de los recursos en lugar de contratar cuerpos académicos».

UN ESPECIAL DÍA DE FEBRERO

En otro plano, volviendo al grupo Laureate, llama mucho la atención la cantidad de operaciones registradas por las inmobiliarias de ese conglomerado desde fines de 2011, justo el año en que irrumpieron el movimiento estudiantil y sus críticas fuertes sobre el lucro.

En enero de 2012 se redujo a escritura pública una junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria Educacional SpA, la sociedad inmobiliaria del grupo dueña de la mayoría de los campus y edificios. En esa oportunidad se produjo la fusión por absorción de la inmobiliaria por parte de Laureate Chile SpA, que «absorbió a la Inmobiliaria Educacional». Tras esta operación se incorpora —según se señala— todo el patrimonio y accionistas a Laureate Chile SpA.¹⁴ Pero estas mutaciones legales son tan peculiares que al final se explicita que después de la operación, «Laureate Chile SpA pasará a denominarse Inmobiliaria Educacional SpA». Es decir, aparentemente parecerían cambios que no tienen mucho sentido. Sin embargo, las movidas legales tienen justamente el sentido de hacer todo lo más favorable para el negocio.

Otro «hallazgo» curioso lo detecté un tiempo después al revisar el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En febrero de 2013, cuando ya había iniciado su investigación en torno al lucro el fiscal Carlos Gajardo, Laureate decidió poner orden en sus negocios inmobiliarios.

Durante más de una década no se encuentran prácticamente inscripciones de las sociedades del grupo en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBR), donde se registran los cambios de propiedad. Sin embargo, cuando uno «pincha» el año 2013 en el sitio del CBR, se obtiene una larga serie de resultados.¹⁵ Pero lo curioso —o no tanto— es que una gran parte de las «transacciones» que registra el conservador se efectuaron en el mes de febrero. Y todas en un mismo día: el lunes 4 de febrero de 2013.

La fórmula que aplican los dueños de universidades es crear una nueva empresa a la que transfieren la mayor parte del capital y todos los activos —inmuebles— a una nueva sociedad, en este caso la Inmobiliaria Educacional SpA. Y a la sociedad antigua le dejan las deudas, obligaciones tributarias y la responsabilidad de los administradores. Todo esto mediante una cláusula específica. Después vuelven a crear una nueva empresa y repiten la fórmula. Así van protegiendo todas las ganancias y los inmuebles en empresas nuevas. Y la responsabilidad y las deudas quedan en las sociedades antiguas, las que, después de un tiempo, desaparecen.

Es una figura legal, pero corresponde a lo que los abogados llaman «abuso del derecho».

Entre otras consecuencias, el resultado de todos esos traspasos es que se concentraron en la Inmobiliaria Educacional SpA los inmuebles, los que en su mayoría antes pertenecían a la Inmobiliaria San Genaro y a San Genaro Tres, que dejaron de existir.

El campus La Florida, en la avenida Walker Martínez, es, por ejemplo, una de las propiedades afectas a estas operaciones, que de acuerdo al CBR pertenece a la Inmobiliaria Educacional SpA desde el 4 febrero de 2013. «Fue asignada a la Inmobiliaria Educacional SpA¹⁶ por disolución de Inmobiliaria San Genaro Tres». Según inscripción en el CBR, se estima que ese edificio tiene un valor de casi quince mil millones de pesos.¹⁷ El avalúo fiscal es casi la cuarta parte, de acuerdo a lo que se puede observar en el certificado de avalúo de Impuestos Internos: $ 3.628.476.765. Y pagó 10.885.431 pesos por las dos cuotas del primer semestre.¹⁸

Las operaciones legales del grupo Laureate han sido asesoradas por el estudio de abogados Barros & Errázuriz, uno de los más conocidos de Santiago, cuyo socio principal es Fernando Barros Tocornal, profesional de polémica trayectoria: fue el abogado de Pinochet cuando estuvo preso en Londres y años después el asesor del presidente Sebastián Piñera en los traspasos de sus empresas cuando llegó a La Moneda.

La presencia de Fernando Barros Tocornal y sus socios en los negocios del grupo Laureate y en la asesoría a Southern Cross, cuando quisieron comprar la Universidad del Mar, es sugerente y muestra en cierta forma algo que se podía vislumbrar: importantes estudios de abogados han trabajado desde 2011 en arreglar las apariencias de los negocios de las universidades privadas para que sean más presentables y las ganancias queden escondidas. Se trata de blanquear o maquillar situaciones para ponerse a tono con los tiempos. A prueba de investigaciones policiales, judiciales y periodísticas. Y para anteponerse a la posibilidad de que en el futuro el lucro sea castigado en forma más eficaz o derechamente prohibido.

El Mercurio definía así a Fernando Barros en 2009: «Desde hace seis meses que el estudio Barros & Errázuriz venía trabajando la fórmula para que Piñera delegara la administración de sus inversiones a terceros. A la cabeza del equipo jurídico estuvo siempre Fernando Barros Tocornal, uno de los abogados más prestigiosos del mercado, en particular en materias referidas a tributación, con una extensa red de contactos a nivel empresarial y jurídico. Titulado en 1982 con distinción máxima en la Universidad de Chile —y con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y en la London School of Economics and Political Sciences—, es un estrecho asesor jurídico de Piñera. Y aunque la relación es principalmente profesional, también se mezcla con simpatías personales».¹⁹

Pero si de contactos se trata, hay todavía más: el abogado Gonzalo Molina, casado con la ministra de educación, Carolina Schmidt, es socio del estudio Barros & Errázuriz. «Mi marido, el mismo día que yo asumí, mandó por escrito una carta anunciando que él no tiene que ver y no va a ver nada que tenga que ver con universidades», fue una de las primeras declaraciones de la nueva ministra al asumir su cargo en abril de 2013. Pero como todo parece quedar en familia, el presidente del directorio de la Universidad de Las Américas es el primo del presidente Sebastián Piñera y hermano de su ministro del Interior: Herman Chadwick Piñera, quien está en ese cargo desde que llegó Sylvan a Chile.

Aunque Herman Chadwick es hombre de múltiples actividades y, entre otras cosas, preside el Consejo Nacional de Televisión, le dedica algún tiempo a Las Américas. Cuando se conoció el informe de la comisión de la Cámara de Diputados, en una entrevista en la radio Bío-Bío reconoció «que hubo intercambio de dinero» en Las Américas a propósito de las compra de universidades por parte del grupo. Sus palabras fueron consideradas un reconocimiento de que había lucro cuando declaró: «Si no les gusta el sistema que lo cambien, pero este siempre ha funcionado así».²⁰

LOS LAUREATE’S BOYS EN CHILE

El mayor de los hermanos Chadwick Piñera es socio del estudio de abogados Chadwick y Aldunate. Militante de la UDI, fue alcalde designado por Pinochet en la comuna de Providencia desde 1981 hasta 1990. Intentó ser senador por la Región de Coquimbo en 1989, pero fue derrotado. Durante más de cinco años presidió la Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) hasta que fue nombrado por su primo Sebastián Piñera como presidente del Consejo Nacional de Televisión en 2010, donde ya era consejero desde 2001. Hombre de múltiples contactos, Herman Chadwick ha tenido desde 2010 llegada directa a La Moneda. Aparte de la relación con su primo presidente y de su hermano ministro del Interior, su hija María Irene Chadwick Larraín es la jefa de programación de la casa de Gobierno. Él ha sido, además, miembro de directorios de diversas empresas privadas.

En la junta directiva de Las Américas está desde que fue adquirida por Sylvan. En 2012 percibió cuatro millones de pesos al mes por encabezar la junta. El doble que sus compañeros de directorio, que obtienen dos millones por estar en ese puesto.

Aunque el afán comercial sea el motor del grupo, la presencia de la UDI en los altos cargos de los Laureate’s boys chilenos es evidente. El vicepresidente de la junta directiva y rector de Las Américas es José Pedro Undurraga Izquierdo, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y máster de la Universidad de Chicago. Antiguo gremialista desde los tiempos de Jaime Guzmán y Miguel Kast, José Pedro Undurraga participó en las conmemoraciones en el cerro Chacarillas y trabajó en los equipos del Gobierno de Pinochet. Y desde la «privatización» de Inacap fue, junto a José Antonio Guzmán y Paulina Dittborn, uno de los artífices de lo que se transformó en el grupo Inacap-Universidad Tecnológica.

Undurraga se desempeñó durante años como director ejecutivo de la Corporación Inacap. Y cuando se formó la Universidad Tecnológica de Chile fue su primer rector. Tuvo el mismo cargo en el Instituto Profesional Inacap y en el centro de formación técnica del grupo. Había trabajado también en la privatizada empresa de electricidad Gener S.A., junto a Juan Antonio Guzmán y a Bruno Philippi. En Gener fue subgerente general y gerente de la división eléctrica. Además fue director de Puerto Ventanas, Energía Verde y Colbún, entre otras compañías eléctricas.

En 2010, Sebastián Piñera lo nombró miembro del directorio de la estatal Empresa Nacional de Minería (Enami), donde estuvo hasta enero de 2013.

Como rector de la Universidad de Las Américas le tocó encarar las acusaciones de lucro. José Pedro Undurraga acompañó a Chadwick en la defensa de la Universidad de Las Américas en esos días de junio de 2011 cuando arreció la polémica. El rector fue aún más enfático que el presidente y afirmó que la casa de estudios que dirige «no reparte excedentes y no lucra». Tratando de aclarar los cuestionamientos sobre las platas de la entidad precisó: «La universidad contrata servicios que no puede proveerse por sí misma, como el inmobiliario», consignó The Clinic on line.²¹

Otro de los integrantes es el empresario Fernán Gazmuri Plaza, ingeniero comercial de la Universidad Católica, quien en 2011 fue elegido presidente de la Asociación Chilena de Seguridad por el período que termina en 2014. Actualmente es también consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y fue vicepresidente de la entidad gremial entre 1997 y 2005. Encabeza asimismo el directorio de Citroën Chile.

Gazmuri Plaza era muy cercano al fallecido empresario Ricardo Claro y fue gerente de una de las principales empresas de ese grupo, Elecmetal S.A., director de Cristalerías Chile, de Hendaya Limitada, una de las empresas matrices del grupo. Precisamente esa cercanía y el haber sido directivo de Elecmetal en septiembre de 1973, cuando la empresa que estaba en manos del Estado fue devuelta a los antiguos dueños, le ha costado ser señalado como «cómplice de la dictadura» y objeto de «funas» por parte de la Asociación de Ejecutados Políticos.²²

Otro de los integrantes de la junta directiva de la Universidad de Las Américas es el periodista Manfredo Mayol Durán, un actor clave del pinochetismo en las comunicaciones. El ex subdirector de prensa de Canal 13 antes del golpe y director de TVN bajo Pinochet ha sido en los últimos años asesor cercano de Joaquín Lavín, de Pablo Longueira y de Evelyn Matthei en sus campañas presidenciales.

En su calidad de director creativo de la UDI, en esta oportunidad encara una misión tan difícil como la de aquella del Sí en que estuvo involucrado en 1988. Tiene bajo su responsabilidad generar imágenes y mensajes que permitan salir adelante a la candidata de la derecha y a los postulantes al Parlamento de la mejor manera en medio de las públicas disputas y rencillas que se han visto en estos meses. El complicado escenario que se generó a partir de la conmemoración de los cuarenta años del golpe es —sin duda— un desafío especial para Mayol.

Integra también el directorio de Las Américas Jorge Selume Zaror, que —como veíamos antes— es el director del grupo Laureate para el Cono Sur.²³ Selume, quien debió comparecer a declarar por las investigaciones que está llevando el fiscal Carlos Gajardo, preside la junta directiva del AIEP, el instituto profesional del mismo conglomerado, y es vicepresidente de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

EN BUSCA DE PLURALIDAD

Pero el grupo Laureate ha sido cuidadoso para incorporar en sus filas directivas a personas que han estado en el mundo de la ex Concertación. Es así como entre los miembros de su junta directiva figura el DC Genaro Arriagada Herrera, que fue jefe del comando por el No en 1988.

Arriagada se desempeñó como ministro secretario general de la Presidencia en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y 1996. Después fue embajador en Estados Unidos en 1998 y 1999. Ricardo Lagos —de quien fue jefe de la primera etapa de su campaña presidencial— lo designó integrante del directorio del BancoEstado, donde estuvo entre los años 2004 y 2006.

En su currículo destaca que ha estado vinculado «a importantes centros académicos de Estados Unidos, entre otros el Institute of Politics de la Universidad de Harvard, el Wilson Center en Washington y hoy investigador asociado del Interamerican Dialogue». Agrega que es consultor de diversas empresas y organismos internacionales. Desde 2009, además, ha sido consejero del Consejo Nacional de Televisión, que preside Herman Chadwick.

La vicerrectora académica de Las Américas es la ex ministra secretaria general de Gobierno, ex jefa de Educación Superior y ex embajadora en Francia Pilar Armanet. Ella y José Joaquín Brunner, militantes del PPD desde su fundación, se incorporaron en la carrera 2013 a la precandidatura presidencial del economista Andrés Velasco y ahora lo acompañan en la formación de su nuevo movimiento, Fuerza Pública.

A su vez, Pilar Armanet llevó al grupo Laureate al abogado y ex jefe de la División Jurídica del Mineduc en los últimos gobiernos de la Concertación Cristián Insulza, quien antes había sido secretario general de la Universidad de Viña del Mar.

LOS LAZOS DE GUZMÁN MOLINARI

La prorrectora de Las Américas era hasta hace unos meses —como se ha indicado— Paulina Dittborn Cordua, hermana del hoy subsecretario de Hacienda y ex presidente de la UDI Julio Dittborn. Paulina es casada con el ex ministro de Educación de Pinochet Juan Antonio Guzmán Molinari. Él fue ministro entre julio de 1987 y junio de 1989, en el tiempo del rector delegado de la Universidad de Chile José Luis Federici. Hoy es dirigente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y presidente de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello. Es también uno de los dueños de la clínica Indisa, la que también preside.

El ex ministro Guzmán Molinari comparte así dos cargos en cierto modo relacionados: el de presidente de Indisa, que es usado como campo clínico de la Universidad Andrés Bello, pero no pertenece a Laureate, y el de presidente del directorio de la Universidad Andrés Bello, de ese grupo.

El vicepresidente de Indisa es Alejandro Pérez Rodríguez, presidente a su vez de la junta directiva de la Universidad San Sebastián. Y participan, entre otros, en el directorio de Indisa Jorge Selume Zaror e Ignacio Miguel Poduje Carbone, hijo del fallecido ex ministro de Pinochet. Selume y Miguel Ángel Poduje habían sido dueños —junto a Álvaro Saieh, Andrés Navarro y otros socios— de la Universidad Andrés Bello hasta 2006, cuando Laureate compró «la cartera de alumnos».²⁴

Juan Antonio Guzmán, ingeniero civil químico de la Universidad Católica, fue durante diez años gerente general de la entonces recién privatizada Gener —entre 1990 y 2000—, mientras su amigo Bruno Philippi era presidente. Actualmente, entre las diferentes actividades que despliega Guzmán está la de presidente del directorio de Cemento Polpaico, miembro del directorio de la empresa informática Sonda, de Andrés Navarro, y presidente de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, nombrado por Sebastián Piñera.

MENTOR DE GOLBORNE

Los lazos de Juan Antonio Guzmán llegan lejos y se proyectan a ámbitos distintos como la energía y las universidades. Es el presidente de la empresa de comunicaciones Extend, de las hermanas Velasco Silva, hijas del ex ministro del Interior Belisario Velasco.

Pero hay más: Juan Antonio Guzmán es una de las personas más cercanas a Laurence Golborne, el fallido candidato presidencial de la derecha que postula al Senado por Santiago Poniente. Guzmán fue profesor de Golborne en los ochenta y, como cuenta la periodista Lorena Rubio en la revista Qué Pasa, incluso se le considera su mentor.²⁵

En abril de 2013, Juan Antonio Guzmán celebró un acontecimiento del que —con el transcurrir de los hechos— debe estar arrepentido: fue elegido miembro del directorio de Soquimich, propuesto por Julio Ponce Lerou, en representación de la sociedad «cascada» Pampa Calichera, controlada por el ex yerno de Pinochet. Juan Antonio Guzmán se impuso sobre Fernando Cañas, el presidente de la Bolsa Electrónica que representaba a las AFP y tenía el apoyo de Moneda Asset Management —en litigio con Ponce—. «El abrazo efusivo entre el presidente de Soquimich, Julio Ponce, y el ex gerente general de Gener Juan Antonio Guzmán al final de la junta de accionistas de la compañía minera puede reflejar perfectamente lo vivido ayer en la reunión anual de la firma», señalaba El Mercurio²⁶ tras la jornada.

En la actual junta directiva de la UNAB, junto a Guzmán Molinari está el ex vicepresidente de Conicyt Manuel Krauskopf, quien también es muy cercano a Bruno Philippi y al mismo Guzmán.

Junto a ellos figura un abogado que tuvo un importante cargo en los primeros gobiernos de la Concertación: Julio Bustamante, que fue superintendente de AFP por casi diez años. Ya no aparece, en cambio, en la junta directiva 2013 el economista socialista y ex subsecretario de Salvador Allende Óscar Guillermo Garretón, quien también es ex presidente del Metro, de la Telefónica y de la Fundación Chile, en cuya junta directiva estuvo durante varios años.

Entre sus actividades, Garretón es socio con Juan Antonio Guzmán y Bruno Philippi de la empresa Austral Biotech, que dirige —como gerenta general— su hija María Virginia Garretón Rodríguez, bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas de la UC, quien dirige también la Escuela de Biotecnología de la Universidad Santo Tomás.

ENTRE LAS AFP Y EL GRUPO CRUZAT

Julio Bustamante fue nombrado superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones por Patricio Aylwin y confirmado por Eduardo Frei, y se mantuvo algunos días con Ricardo Lagos el año 2000. Cuando dejó el cargo fue asesor del Gobierno argentino y de otros latinoamericanos, como México, Perú y Nicaragua, a los que recomendó reformas previsionales con sistema de capitalización individual al estilo chileno. Después volvió a la actividad privada, que era lo suyo antes de iniciarse la transición.

Los contactos empresariales de este abogado DC, nacido en La Serena y formado en la Universidad Católica, son amplios pese a su bajo perfil público. Los hilos de sus vinculaciones se extienden al que fue el principal grupo económico surgido en dictadura: el formado por Manuel Cruzat Infante y su cuñado Fernando Larraín Peña, el de mayor tamaño al comenzar la década de los ochenta. Bustamante participó en los inicios del sistema de previsión impuesto por Augusto Pinochet, bajo la dirección de José Piñera Echenique, el hermano del actual presidente. En esa época el abogado ayudó a Cruzat y a Larraín a forjar la AFP Alameda, una de las dos que tuvieron antes de que su imperio se desmoronara. Julio Bustamante fue fiscal de Alameda hasta 1988, cuando la AFP sobrevivió en la denominada «área rara de la economía». Más tarde fue integrada a la AFP Unión.

Bustamante es uno de aquellos personajes que han transitado en las últimas décadas con soltura entre el mundo de lo público y lo privado y viceversa. Cuando en 2000 dejó de ser superintendente de AFP, se integró al hoy desaparecido holding Inverlink, de Eduardo Monasterio. Fue también presidente de la AFP Magister, vinculada al Colegio de Profesores, y miembro de dos directorios en el sector de la salud privada: isapre Vidaplena y clínica Las Lilas.

Pero con el transcurrir de los años no se cortaron los nexos de Fernando Bustamante con Manuel Cruzat, quien ya separado de su cuñado Fernando Larraín y sobreviviente de varias quiebras, intentó fundar una nueva AFP. Su hombre para esta hazaña iba a ser Julio Bustamante, pero el asunto no prosperó debido a la difícil situación de Cruzat.

Sin embargo, Bustamante lo ha acompañado en los duros años recientes como miembro del directorio de Curauma, la urbanización cerca de Valparaíso, lo que le iba quedando al intrépido economista, pero que ya en octubre de 2013 parecía que tenía que entregarla a algún grupo más sólido para salir de sus voluminosas deudas. Uno de los interesados era Juan Hurtado Vicuña, el dueño principal de la Corporación Santo Tomás, quien en un momento lo salvó del colapso cuando compró la isapre Cruz Blanca. Claro que después la vendió a más del doble.

En cierto modo, la presencia de Julio Bustamante en el directorio de la Universidad Andrés Bello, con su pasado y su presente, evoca también los lazos que se extienden entre esos grandes grupos económicos y los diferentes negocios que han prosperado, escandalizado y caído a vista y paciencia de la ciudadanía desde que se instaló el modelo neoliberal. Previsión, salud, actividad inmobiliaria, educación, todo dando vueltas en un mismo carrusel, con nombres que se repiten.

PERSONALIDADES Y CONTACTOS

En el directorio 2013 de la Universidad Andrés Bello figuran también varios ejecutivos del grupo que estaban ya en los últimos años: el ex rector del AIEP Jesús Villate, Ricardo Berchemeyer, consejero delegado de Laureate de América Latina; Manuel Krauskopf, ex rector de la universidad y actual vicepresidente de investigación y desarrollo para la región andina de la red Laureate, y Alberto Sobredo, presidente de Casa Ideas y ex gerente general de Unilever.

A ellos se suman el abogado de la Universidad de Los Andes Pedro Covarrubias Guzmán, quien es fiscal de Laureate y secretario general de Las Américas, y Luis Felipe Núñez Errázuriz. Este último se desempeñó entre 2002 y 2009 como vicerrector de finanzas de la Corporación Santo Tomás, donde también fue vicepresidente de la junta directiva del Instituto Profesional Santo Tomás. En su currículo se señala además que fue miembro del directorio de la sociedad administradora de colegios. Se integró al grupo Laureate en 2009 y tiene el cargo de «chief financial officer» de la región andina.

En la versión 2013 se integraron al directorio dos mujeres: la historiadora Patricia Arancibia Clavel y la científica Bernardita Méndez Velasco.

Patricia Arancibia implica no solo el aporte de la historia desde una perspectiva de la derecha, sino la relación con uniformados. Ella es hermana de los generales de Ejército Roberto —ya retirado— y Daniel —en servicio activo—, y del coronel Daniel Arancibia Clavel. Es hermana también del agente de la DINA muerto en Buenos Aires en 2011 Enrique Arancibia Clavel, culpable del asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires.

Patricia Arancibia, licenciada en Historia de la Universidad Católica y doctora en la Complutense de Madrid, dirigió entre 1998 y 2005 el Cidoc de la Universidad Finis Terrae.²⁷ Dejó ese trabajo académico, según ha explicado en medios de comunicación y en su propio sitio web, para formar una empresa en la que elaboran textos históricos para diversas instituciones. Asociada con su hermano Roberto, doctorado también en Historia, y con un equipo de ex alumnos forjó la empresa Clio.

Bernardita Méndez Velasco, por su parte, es científica, licenciada en Biología en la Universidad de Chile y doctora en Biología Celular de la Universidad Católica. Junto a su marido, Pablo Valenzuela Valdés, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2002, formaron la Fundación Ciencias para la Vida. Ambos son profesores en el doctorado en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Él además tiene una serie de empresas. Entre ellas, Bios Chile IGSA, que preside. En 2009, Pablo Valenzuela entró a la propiedad de la Universidad San Sebastián.

Hay más nombres de directivos en la Universidad de Viña del Mar y en el Instituto AIEP, pero con los mencionados se tiene una idea de cómo en las más grandes —y más lucrativas— entidades llamadas universidades parece ser natural reclutar a personalidades con vinculaciones políticas o económicas que les aseguren llegar a instancias de poder. O al menos les sirven para adornar sus «cuadros de honor» con algunas figuras conocidas del ámbito académico o cultural, apostando a que el rostro les transmita el prestigio que no logran tener como proyecto integral. Una mezcla entre convicción ideológica y utilitario lobby. En la medida en que esto se reproduce en otras se va generando una red de «guardianes del lucro» que contribuyen a desplegar una defensa cerrada ante eventuales cambios y en busca de obtener más y más recursos del Estado como subvención para sus negocios.

CAPÍTULO XV

Préstamos y compras

Desde que los estudiantes obligaron a poner atención en lo que estaba ocurriendo con el lucro, algunos especialistas, comisiones parlamentarias y los fiscales han incursionado en el oscuro mundo de las universidades privadas. Al indagar, uno se encuentra con verdaderas cajas de sorpresa en la contracara de estas instituciones que en nombre de la ley se llaman universidades, pero que funcionan como empresas orientadas a obtener el máximo de utilidades.

Con diferentes tamaños y muy diversas en sus maneras de asumir el trabajo académico, la gran mayoría opera como una empresa cualquiera y algunas como financieras, en las que el dinero se traspasa entre las sociedades en la medida en que lo estiman adecuado sus dueños. Las de mayor tamaño suelen actuar como verdaderos holdings, donde las sociedades relacionadas están a la orden del día. Entre las más pequeñas hay compañías familiares que suelen actuar con criterios parecidos.

En este panorama se observan sociedades que prestan los más variados servicios, desde aseo y mantención, informática o publicidad, a grandes inmobiliarias que construyen, arriendan locales y se vinculan con ellas. Y entremedio nacen, crecen y mueren innumerables sociedades de papel, usualmente llamadas sociedades de inversiones, concebidas para manejar esos recursos a su antojo. Casi no existen en ese mundo las sociedades abiertas de esas que puede supervisar la Superintendencia de Valores y Seguros. Por el contrario, en este negocio cada día sus actores inventan nuevas fórmulas que ocultan a los verdaderos dueños. A las anónimas cerradas se suman las de responsabilidad limitada —que también son herméticas y no reguladas por ninguna entidad pública— y la última moda son las «sociedades por acciones», conocidas por su sigla «SpA», que oculta más todavía la propiedad de los controladores.

En julio de 2012 el Ministerio de Educación intentó hacer una clasificación de las «sociedades relacionadas» de las universidades. Pero se quedó corto. La lista es mucho más larga y compleja que la que hizo pública el entonces ministro Harald Beyer.

Quienes tienen en sus manos este negocio sacan importantes ventajas de la situación tributaria, ya que las universidades privadas —igual que las públicas y tradicionales— no pagan Impuesto a la Renta —como las demás empresas— ni Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los aranceles que cobran a los estudiantes. También tienen exenciones en las contribuciones de bienes raíces. Todo esto porque se las asimiló al tratamiento que históricamente tenían las universidades públicas y las tradicionales en Chile, como comenté en El negocio de las universidades en Chile.¹ Además, pueden recibir donaciones que implican descuentos de impuestos para quienes donan. A eso se agregan otros proyectos con fondos públicos y desde luego el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Es así como los aranceles de los estudiantes y las facilidades tributarias establecen el marco dentro del cual se despliegan las posibilidades lucrativas para unos cuantos controladores. Falta todavía mucho por averiguar y por sistematizar para poder establecer con certeza las formas y montos que ha alcanzado el lucro en las universidades en los últimos quince años. En buenas cuentas, cuánto dinero se han llevado «para la casa» o para otras inversiones y negocios sus dueños y controladores. Porque precisamente han hecho las cosas de tal manera que resulte difícil determinarlo. Pero —como hemos visto— hay figuras y artilugios que lo permiten.

Uno de los mecanismos que fue detectado por el ex secretario ejecutivo de la CNA Patricio Basso es el de los préstamos sin interés ni reajuste que venían haciendo en los últimos años las universidades a empresas relacionadas. Lo que él percibió al analizar los estados financieros es que la Universidad Santo Tomás había prestado una importante suma a la inmobiliaria del conglomerado. Por esa figura, calcula Basso, la universidad habría perdido patrimonio por unos trescientos millones de pesos en el año 2011. Similar operación encontró en el caso del grupo Apollo, dueño de la Uniacc. Hablar de lucro y las discutidas minutas le significaron su despido.²

Lo ocurrido con la deuda sin intereses ni reajustes que advirtió el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Patricio Basso en la Universidad Santo Tomás no es un hecho aislado. En ese caso lo que aparentemente hizo la corporación fue «documentar» con un interés bajo³ el crédito que le había otorgado a la empresa relacionada después de detectado el problema.

La minuta reservada que elaboró el equipo SIES (Sistema de Información de Educación Superior) del Mineduc en diciembre de 2012, sobre «las cuentas por pagar y cobrar a entidades relacionadas», entrega más información sobre estas situaciones. Se puede observar que los préstamos a empresas relacionadas han sido en los últimos años una práctica habitual por parte de las universidades privadas de diferente tamaño.

En ese documento inédito al que tuve acceso se encuentran interesantes datos que advierten sobre posibles anomalías en esas operaciones que darían origen a ganancias para los dueños de las empresas relacionadas, en desmedro de las respectivas universidades. Porque al prestar sin interés ni reajuste a empresas relacionadas, lo que se hace es traspasar dinero desde la universidad hacia las inmobiliarias o sociedades de los mismos dueños en condiciones privilegiadas para los controladores.

«En la presente minuta nos enfocamos en cuentas por cobrar y pagar que tienen las universidades con entidades relacionadas», señala el texto que consigna algunas situaciones que llamaron la atención de los expertos del SIES en más de veinte universidades, la gran mayoría privadas. Y señala que dentro de este tipo de transacciones presentadas en los estados financieros auditados en 2011, «encontramos transacciones con condiciones crediticias especiales (sin reajustes o tasas de interés y/o plazo de vencimiento), transacciones de montos significativos que no incluyen características crediticias y, finalmente, pago por adelantado de préstamos contratados con entidades relacionadas».

La Uniacc —tal como lo advirtió Patricio Basso en la CNA— mostraba en 2010 un crédito al Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación (IACC) por 5.722 millones de pesos, expresados en moneda nacional, sin intereses ni plazo establecido.

Entre las que están siendo investigadas registran también esta práctica la Universidad Pedro de Valdivia —aunque con sumas menores— y la colapsada Universidad del Mar. Según los expertos del Mineduc, al analizar los estados financieros, esta última «presenta un número importante de cuentas y documentos por cobrar a entidades relacionadas», pero no encontraron información sobre las características crediticias de los préstamos. En 2011, los créditos que estaban en esa condición sumaban 2.165.947.095 pesos y en 2010 alcanzaban una suma similar. Esta constatación contrasta con la premura que demostraban los dueños de la Universidad del Mar y sus empresas relacionadas para exigir sus pagos.

En la minuta del SIES se consigna que en los estados financieros de la Universidad Autónoma —del ex ministro de Justicia Teodoro Ribera y su familia— «se aprecian préstamos a sus sociedades inmobiliarias en el año 2010 por 4.130 millones de pesos». A la vez hacen presente que la Autónoma presentó sus estados financieros consolidados, y que estos incluyen «los activos, pasivos y resultados de la matriz, Universidad Autónoma de Chile, y filiales (Adusa S.A., Uniservi S.A., Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A. e Inmobiliaria Escocia S.A.)».

CRÉDITOS BLANDOS EN LA MAYOR

Entre las mencionadas en ese documento hay algunas instituciones que no están siendo investigadas por la fiscalía que muestran algunos movimientos curiosos.

La Universidad Mayor, por ejemplo, controlada por Rubén Covarrubias y Eric Villaseñor, en el año 2010 tenía 2.215.858.000 pesos prestados dentro de su holding. «Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas están pactadas en pesos y no devengan interés», dicen de ella los especialistas del SIES en la minuta. En los estados financieros de 2011, los saldos de cuentas por cobrar son menores, pero de todas maneras aparece con 298.228.000 pesos.

Entre las empresas relacionadas más favorecidas con estos «créditos blandos» figuran Genoma Mayor S.A., Inversiones TaguaTagua S.A., Sur Inversiones S.A., Innova Learning S.A., el Centro de Formación Técnica Magnos, y algo más curioso aún dentro de todas las situaciones extrañas que se aprecian: Universidad Mayor SpA, a la que la universidad misma le traspasó en 2011 un crédito sin interés ni reajuste por 93 millones de pesos.

En estos años no ha tenido el crecimiento inusitado de otras privadas, pero la Universidad Mayor mantiene una matrícula de 15.725 estudiantes de pregrado en 2012, que se estima le significaron 4.480.063.340 pesos, según cálculos de Sintaxys, sobre la base de los datos del Consejo Superior de Educación.

Preside el directorio de la Universidad Mayor desde sus primeros tiempos el ex ministro del Interior de Augusto Pinochet Ricardo García Rodríguez, y su directorio se ha caracterizado desde su nacimiento por contar con otros ex secretarios de Estado de aquella época.

Actualmente el «plantel» reúne, junto a los dos socios Rubén Covarrubias y Eric Villaseñor, a otros conocidos personajes de distintos ámbitos. Acompañan a Ricardo García los ex ministros de Pinochet Jorge Prado Aránguiz y Sergio Melnick Israel, el abogado de ultraderecha Mario Arnello Romo, la periodista Pilar Vergara Tagle, ex directora de La Segunda y actual redactora política de El Mercurio; Francisco Varela Noguera, gerente de Chilefilms, vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y cuñado del presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, y el bioquímico y profesor de la Universidad Católica Rafael Vicuña Errázuriz.

Su rector es Rubén Covarrubias y el vicerrector académico y de aseguramiento de la calidad es René Salamé, el último ministro de Educación de Pinochet, quien firmó la polémica Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada un día antes de que asumiera Patricio Aylwin en marzo de 1990.

ALIANZA CON SODALICIO

Más elevadas son las sumas en juego —según la minuta del Mineduc— que la Universidad Gabriela Mistral prestó a sociedades relacionadas. En 2010 y en 2011, los préstamos a empresas del grupo superaban los trece mil millones de pesos cada año. «Las cuentas por cobrar y/o pagar que se generan entre ellas no devengan intereses ni reajustes y no tienen plazos de vencimiento», indican los especialistas del Mineduc. Los créditos más abultados al finalizar diciembre de 2011 eran para Servicios Generales Limitada y para sociedad inmobiliaria y administradora de establecimientos educacionales Gabmi Limitada.

Esta universidad es una de las tres más antiguas de las privadas y tiene solo dos mil quinientos estudiantes. A fines de 2012 pasó a ser controlada por el movimiento católico Sodalicio. Como en muchas similares, los protagonistas prefirieron no hablar de venta, sino de invitaciones, participaciones y alianzas. Su rector, en reemplazo de la histórica dueña, Alicia Romo, es desde mayo de 2013 un filósofo de ese movimiento religioso, Aldo Gaccietti.

«El Sodalicio de Vida Cristiana es una sociedad de vida apostólica enmarcada en el derecho pontificio y originada en Perú, donde posee experiencia educativa con universidades y colegios», dice este nuevo movimiento que decidió incursionar en la educación en Chile. El rector ya había sido profesor de la Universidad Gabriela Mistral y, según el comunicado oficial, fue miembro fundador de la Universidad de San Pablo de Arequipa, Perú.

Otra de las universidades relativamente pequeñas, con 4.124 estudiantes en 2012, y con clara tendencia ideológica es la Universidad Finis Terrae, la que tampoco está bajo investigación de la fiscalía. En manos de los Legionarios de Cristo, para los años 2010 y 2011 «presenta cuentas por cobrar con la entidad relacionada Servicios Clínicos y Odontológicos S.A. por 885 millones y por 689 millones de pesos respectivamente». De acuerdo a la minuta del equipo del SIES, «estos saldos corresponden a traspasos en cuentas corrientes, los cuales se encuentran expresados en pesos y no devengan intereses. El plazo promedio de liquidación es de 180 días».

También podría catalogarse entre las de menor tamaño la Universidad del Pacífico. Mantiene una matrícula de algo más de cinco mil estudiantes y aparece dentro de las que han efectuado operaciones poco claras. «Figura en los estados financieros una cuenta por cobrar de largo plazo de 3.567.136.154 pesos a Fundación Julio Ortúzar Rojas [ligada al socio fundador de la institución, Julio Ortúzar], no señalándose las características del préstamo», indica la minuta. En 2010 también se observa un préstamo de más de tres mil millones de pesos.

COMPRAS EN LA SAN SEBASTIÁN

Una de las situaciones más llamativas es la que registra la Universidad San Sebastián (USS), otra de las doce investigadas por la Fiscalía Oriente y una de las que ha crecido en forma más espectacular en los últimos años. De 9.732 estudiantes en el año 2005 saltó a veinticuatro mil en 2012; es decir, la matrícula creció dos veces y media.

Y los ingresos tuvieron un aumento aún mayor, si se toman los datos oficiales de aranceles de la USS —incluyendo matrículas—, ya que muestran un alza desde alrededor de veinte mil millones de pesos⁴ en 2005 a casi sesenta y seis mil millones en 2012. La diferencia indica que el aumento fue de más de tres veces.

A la inversa de las universidades que han prestado dinero a sus empresas relacionadas sin interés ni reajuste, la San Sebastián optó por un movimiento en sentido diferente: compró a sus sociedades de papel Laguna Blanca y Laguna Blanca Dos los inmuebles donde funcionaba la universidad.

Pero no fue una compra cualquiera y por eso ha estado en la mira de las investigaciones. Por lo que se observa al revisar la transacción, la corporación universitaria adquirió mucho más caro que lo que originalmente tenían consignado como valor.

Comprender todo el complejo entramado de sociedades anónimas cerradas o de sociedades limitadas y más recientemente las «sociedades por acciones» que actúan en las compraventas efectuadas es como adentrarse en la jungla, donde cuesta despejar los ramajes que impiden ver con claridad lo que ocurre.

En términos simples, los mismos dueños de la San Sebastián —a través de diferentes sociedades— se compraron en 2011 Laguna Blanca Dos S.A., que a su vez es hija de Laguna Blanca S.A., la que desde 2006 era la madre del grupo de control. Bajo ellas funcionan las inmobiliarias y otras sociedades relacionadas.

El presidente de la junta directiva y uno de los principales controladores es el ex gerente de Celulosa Arauco Alejandro Pérez Rodríguez, quien en 2004 debió dejar el alto cargo en el grupo Angelini, tras la muerte de los cisnes de cuello negro por contaminación de las aguas en el río Cruces en Valdivia. «Después de ese episodio, Alejandro Pérez se mantuvo estrechamente ligado al grupo Angelini y es accionista de la sociedad matriz. La fortuna personal acumulada por el ejecutivo le ha permitido incursionar en otros campos como empresario independiente», mencioné en el libro El negocio de las universidades en Chile en 2007.

El propio Pérez ha salido en esta oportunidad al paso de algunas críticas y asegura que todo esto lo hicieron por ser «transparentes».

En una entrevista de la periodista Ximena Pérez Villamil publicada en El Mostrador⁵ en diciembre de 2012, un año después de que la Universidad San Sebastián encabezada por el ex gerente de Celulosa Arauco efectuara las controvertidas compraventas de sociedades, Pérez Rodríguez admitió que el movimiento estudiantil, la «demonización del lucro» y la actitud de las autoridades había incidido en esa decisión.

La situación universitaria está «con una tremenda sensibilidad política», reconoció Alejandro Pérez. «El tema del lucro se ha instalado y muy probablemente llegó para quedarse. Como sostenedores de la universidad decidimos que la única manera de tener una cara absolutamente transparente frente al medio en general, y en particular frente a nuestros alumnos y profesores, era no tener ningún tipo de transacción con partes relacionadas», indicó a la periodista.

Le dijo también a Ximena Pérez que estaba «en condiciones de demostrar» que aun «cuando los sostenedores de la universidad eran controladores de la sociedad de inversiones Laguna Blanca», sus transacciones con sus propias sociedades eran «a precios de mercado».

—¿Cuánto le influyó la presión estudiantil y las críticas de la autoridad? —le preguntó la periodista.

—Como nos dimos cuenta de que es un tema tan cargado de emocionalidad e incluso político, si no hacíamos esta operación íbamos a tener cuestionamientos de los alumnos, de los profesores, del medio, de todos —fue parte de la respuesta de Alejandro Pérez.

Lo de los «precios de mercado» suele ser una expresión que se ha escuchado en el último tiempo, como si una universidad pudiera arrendarse como una casa, una oficina o un departamento. Está por verse qué tan «de mercado» son, porque hasta ahora no han estado disponibles los detalles de los costos en los balances ni en otros documentos como para poder «comparar precios» o al menos para tener una idea más precisa de sus pagos por arriendo.

Lo que parece claro es que los diferentes grupos controladores de universidades lucrativas han desplegado estrategias para encarar el nuevo escenario. Tal como Laureate efectuó una serie de cambios legales y de movimientos en sus sociedades de papel después de 2011, la operación de compra de sí misma de la San Sebastián, en diciembre de ese año, parece ir por distinto camino en la misma línea. Incluso en esa entrevista de El Mostrador, Alejandro Pérez admitió que la universidad seguiría pagando arriendo a la inmobiliaria y esta se entendería con los bancos por la cuantiosa deuda que mantiene el conglomerado.

DESDE LA ANDRÉS BELLO

Para comprender mejor lo que ha estado pasando en la Universidad San Sebastián conviene dar una mirada a los cambios en la propiedad en los últimos años de esa entidad y de las inmobiliarias con que se relaciona. Estos movimientos tienen algunos eslabones que vinculan a la Universidad San Sebastián con la Andrés Bello. Van apareciendo personas que traspasan los espacios de una universidad, configurando una cadena de conocidos y amigos que no parecen juntarse por casualidad.

En 2006, antes de vender «la cartera de alumnos» de la Andrés Bello a Laureate, el grupo integrado por Juan Antonio Guzmán, Álvaro Saieh, Jorge Selume, Andrés Navarro Haeussler, Luis Cordero Barrera, Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández Doren —los tres últimos en representación de la sociedad Copra—, rediseñó sus inversiones. El empresario Andrés Navarro Haeussler, el fundador de Sonda —a cuya presidencia renunció en julio de 2013—, el único que no era UDI de ese grupo, se sumó a la sociedad Copra S.A. y a un nuevo y potente socio, Alejandro Pérez Rodríguez, en IAB Inmobiliaria, sucesora de la Inmobiliaria Andrés Bello.

Una de las «mutaciones» más significativas había ocurrido el 26 de diciembre de 2005, cuando la Inmobiliaria Andrés Bello experimentó importantes modificaciones legales: tras una junta general extraordinaria de accionistas, según consta en escritura pública,⁶ se dividió en dos: IAB Inmobiliaria S.A. y Salud Inversiones S.A.

La clínica Indisa quedó en manos de Salud Inversiones S.A. Los socios le asignaron a la nueva sociedad algo más de siete mil millones de pesos de patrimonio, conformado por los activos de Healthcorp S.A. y del Instituto de Diagnóstico S.A. (Indisa).⁷ Pero no eran caras desconocidas las que estarían en esa sociedad.

El 31 de diciembre de ese año, otro escrito complementa esa división y precisa quiénes serían los accionistas de Salud Inversiones S.A.: Inversiones La Caleta S.A., de Juan Antonio Guzmán y su cuñado Julio Dittborn; Inversiones Huepil Limitada, de Andrés Navarro; Copra S.A., formada por «históricas» figuras de la UDI; e Inversiones Yuste, de Miguel Ángel Poduje. Todos aparecían domiciliados en Fernández Concha 700, Las Condes, el recinto hoy conocido como campus La Casona de la Universidad Andrés Bello.

Alejandro Pérez se sumó al primer directorio de Salud Inversiones y al de la clínica Indisa, la que había sido comprada unos años antes como campo clínico para la Universidad Andrés Bello. Actualmente preside el directorio de la clínica Juan Antonio Guzmán Molinari —quien encabeza la junta directiva de la Universidad Andrés Bello—, mientras que su colega presidente de la San Sebastián, Alejandro Pérez Rodríguez, es el vicepresidente de Indisa.

Entre los otros directores de Indisa están la psicóloga Teresita Marchant Orrego, casada con Alejandro Pérez; Jorge Selume Zaror, alto directivo del grupo Laureate —como se ha visto—, e Ignacio Miguel Poduje Carbone, hijo del ex ministro de Pinochet.

IAB INMOBILIARIA

Con su nueva denominación, IAB Inmobiliaria aumentó su capital a casi diez mil millones de pesos⁸ el 6 de enero de 2006, tras la incorporación de Alejandro Pérez Rodríguez y del ex gerente de LAN Luis Ernesto Videla. Permanecieron en ella también la sociedad Copra —fundada por Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Andrés Serrano y Luis Cordero en 1986— y el empresario Andrés Navarro.

Alejandro Pérez fue designado presidente de la inmobiliaria y como directores quedaron Ignacio Fernández, Marcelo Ruiz, Luis Cordero Barrera,⁹ Andrés Navarro y Jorge Selume, que permaneció en la Universidad Andrés Bello y llegó a ser director del grupo Laureate para el área andina. Durante un tiempo también se mantuvieron Cordero como prorrector y Fernández como vicerrector.

Las instalaciones de la UNAB continuaron bajo el régimen de arriendo. Además de las construcciones del barrio República, la inmobiliaria había adquirido mediante un leasing con el BancoEstado la casona de Las Condes, donde, junto a la antigua residencia colonial que fue remodelada, levantó un nuevo edificio.

Alejandro Pérez, Andrés Navarro y Copra quedaron así con el control de IAB Inmobiliaria, la sucesora de Inmobiliaria Andrés Bello, que, entre otras cosas, había adquirido el terreno y construyó el edificio de Bellavista en Santiago. Después en 2008, la misma IAB Inmobiliaria arrendó por treinta años el antiguo Santiago College para después subarrendarlo a la Universidad San Sebastián. Con todo eso se aseguraba la instalación en Santiago.

El 24 de octubre de 2006 apareció también IAB Inmobiliaria S.A. representada por Marcelo Ruiz, Ignacio Fernández y Alejandro Pérez, domiciliados en Fernández Concha 700, Las Condes, constituyendo, además, otra sociedad de nombre IAB Tecnología S.A. El directorio lo integraban las mismas personas que formaron IAB Inmobiliaria, bajo la presidencia de Alejandro Pérez.¹⁰

ZABALA Y LAGUNA BLANCA

Alejandro Pérez y Luis Ernesto Videla ingresaron a la propiedad de la sociedad de la Universidad San Sebastián, cuya casa central se encontraba en un espectacular edificio junto a la laguna Tres Pascualas en Concepción. Quizá esa fue la fuente de inspiración para los nombres de sus sociedades Laguna Blanca, que en los últimos meses han dado que hablar.

La Universidad San Sebastián había nacido en Concepción en octubre de 1989 y en febrero de 1990, en medio de la avalancha de universidades privadas que se formó en los últimos días de la dictadura, al amparo de la legislación de 1981. Sus fundadores fueron dos egresados de la Universidad Austral: el ingeniero comercial Raúl Poblete Almendra y Javier Pivcevic Bayer, licenciado en Ciencias de la Administración, acompañados de sus señoras, María Cecilia Salvatierra y Verónica González, respectivamente.

A la Universidad San Sebastián le costó despegar y obtener el «licenciamiento» —como se llamaba en esa época— que le permitía ser autónoma. En 1997, el economista José Luis Zabala —quien se había desarrollado como empresario en la actividad inmobiliaria— decidió incorporarse al negocio y compró la parte mayoritaria a los antiguos dueños. En ese momento nació la Sociedad de Inversiones Laguna Blanca, constituida por Inmobiliaria e Inversiones Pie de Monte, de Zabala, que tenía domicilio en Santiago en la calle San Sebastián, y las sociedades Pensum S.A., de Poblete y Cecilia Salvatierra, y Rosario S.A., de Pivcevic y Verónica Alejandra González. El capital declarado fue de un millón de pesos.¹¹

José Luis Zabala se entusiasmó con el proyecto, pasó a ser el presidente de la junta directiva de la universidad, logró la autonomía en 2001, construyó el moderno edificio de Concepción al lado de la laguna las Tres Pascualas, abrió campus en Valdivia, Osorno y Talcahuano, y la universidad, aunque con dificultades al comienzo, se fue desarrollando.

En septiembre de 2006, Zabala murió de cáncer. Poco antes de su muerte, el 1 de agosto de ese año nació Laguna Blanca Dos, de una división de Laguna Blanca. La nueva sociedad quedó dividida entre los mismos accionistas: la firma de los Zabala, Pie de Monte, como dueña principal, y el resto en manos de Inversiones Rosario, de Pivcevic y Verónica González, e Inversiones Pensum S.A., de Raúl Poblete y Cecilia Salvatierra.

LLEGA ALEJANDRO PÉREZ

Tras el fallecimiento de Zabala, sus hijas heredaron la parte mayoritaria de la Universidad San Sebastián y sus lagunas. En esa época, la casa de estudios sumaba más de diez mil alumnos en sus sedes del sur del país. Tras las negociaciones con los antiguos socios de su padre, Pilar Zabala Meruane se hizo cargo de la parte de su familia en el negocio.

Con autonomía y acreditación en la mano, fue una interesante oferta para Alejandro Pérez, que había tenido que dejar Celulosa Arauco, y para Luis Ernesto Videla, ex gerente de LAN. También era atractivo para quienes habían obtenido suculentas ganancias en esa misma época con la venta de la Universidad Andrés Bello y tenían trayectoria en el negocio inmobiliario vinculado a universidades. Andrés Navarro y la sociedad Copra —con Luis Cordero, Ignacio Fernández y Marcelo Ruiz— disponían de IAB Inmobiliaria, que se incorporó como empresa relacionada que gestionaría nuevos proyectos.

La toma de control del grupo comprador encabezado por Alejandro Pérez involucró una serie de operaciones legales de nueve sociedades de papel que llegaron a la propiedad de las Lagunas Blancas. Al investigar en el Diario Oficial se observa la creación de la sociedad anónima cerrada Inversiones y Asesorías Educacionales, que parece ser el vehículo principal que tuvo Alejandro Pérez, pero no el único.

En el primer semestre de 2007, los abogados Fernando Batlle Lathrop —uno de los denunciantes de Fernando Karadima en 2010— y Rodolfo Jorge Guerrero Pies crearon una serie de sociedades a través de las cuales se integraron los nuevos dueños. La más significativa de estas es la sociedad Inversiones Educacionales S.A. (Edusa), que como se vio después estaba ligada directamente a Alejandro Pérez, quien progresivamente fue aumentando el capital inicial de un millón de pesos con que fue creada el 2 de marzo de ese año.

Después de cumplir su función durante casi cinco años, Inversiones y Asesorías Educacionales S.A. dejó de existir el 16 de febrero de 2012, «por haberse reunido todas las acciones en manos de un solo accionista, Corporación Universidad San Sebastián».¹² La disolución de la sociedad ocurrió —según la escritura pública— el 2 de enero de 2012, a los pocos días de efectuada la operación de compra generalizada que efectuó Pérez y compañía en diciembre de 2011. Y fue publicada en el Diario Oficial en ese año bisiesto, el miércoles 29 de febrero.

Desde 2007, Alejandro Pérez encabeza el directorio de la Universidad San Sebastián, donde se incorporaron también Luis Ernesto Videla y su padre, el general de Ejército (R) Ernesto Videla. Como vicepresidenta quedó Pilar Zabala.

ARRIENDOS Y SUBARRIENDOS

La Universidad San Sebastián continuó su proceso de expansión y llegó a Santiago con el monumental edificio de Bellavista, que se levantó en lo que había sido el Liceo Alemán. La construcción estuvo a cargo de IAB Inmobiliaria y del arquitecto Cristián Boza, por entonces decano de su Facultad de Arquitectura. En 2007, cuando se inició la construcción, la ceremonia de instalación de la primera piedra contó con la visita del ex nuncio el cardenal Ángelo Sodano, entre otras personalidades del mundo de la derecha. El campus Bellavista, como fue bautizado, está funcionando desde 2009.

En 2012 se inauguró en Santiago otro amplio campus, Los Leones, en la manzana donde estaba el tradicional Santiago College, en la superficie comprendida entre las avenidas Holanda, Carmen Sylva, Los Leones y Lota, en pleno corazón de la comuna de Providencia.

El contrato de arrendamiento por treinta años lo suscribió IAB Inmobiliaria con la Fundación Educacional Santiago College el 26 de marzo de 2008, y establece un canon de tres mil quinientas UF mensuales para los primeros doce años. El mismo contrato dejó estipulado la posibilidad de subarrendar a la Universidad San Sebastián o a la sociedad Laguna Blanca Dos, que fue representada en esa oportunidad por el propio Alejandro Pérez.

Tres meses después, el 6 de junio de 2008, se firmó el contrato de subarriendo entre IAB Inmobiliaria S.A. y la Universidad San Sebastián en una suma de siete mil UF mensuales. En esa oportunidad, Alejandro Pérez y Marcelo Ruiz representaron a IAB Inmobiliaria, y Luis Ernesto Videla y el entonces rector Guido Meller, a la universidad. En una reciente serie de reportajes sobre la Universidad San Sebastián efectuada por Ciper Chile se entregan detalles sobre esos contratos firmados en la notaría de René Benavente.¹³

Especifica el contrato de subarrendamiento un pago de «siete mil UF mensuales desde el 1 de septiembre de 2008 por los 21.598,5 metros actualmente construidos». Otra cláusula dice que «la subarrendadora estará obligada a ejecutar en el inmueble, a su propia cuenta, riesgo y responsabilidad, las nuevas construcciones obligatorias y eventualmente también ciertas nuevas construcciones voluntarias». La pregunta que queda es si las siete mil UF incluyen las nuevas construcciones —que ya se pueden apreciar en la calle Holanda— o tienen un precio aparte.

TRAGEDIA Y CAMBIOS OBLIGADOS

El boom de edificios y proyectos iba de la mano con el crecimiento de la matrícula y los avances en materia de acreditación que aseguraban alcanzar los Créditos con Aval del Estado. Desde 2005, la Universidad San Sebastián manifestó un aumento continuo del número de sus estudiantes.

La tragedia golpeó a la USS —y a su relacionada empresa IAB Inmobiliaria— el 1 de marzo de 2010, cuando la avioneta pilotada por Marcelo Ruiz Pérez cayó cerca de Tomé, dos días después del terremoto. Murieron todos sus ocupantes. Todos eran directivos de la corporación o sus filiales.

Junto a Marcelo Ruiz, que era decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología y representante de IAB Inmobiliaria, perdieron la vida los socios e integrantes de la junta directiva Ignacio Fernández Doren y Luis Ernesto Videla, el vicerrector académico Jaime Torrealba Cubillos, ex jefe de gabinete de Pablo Longueira; Rodolfo Becker, vicerrector de admisión del Instituto Profesional Gamero (IPG), vinculado al mismo grupo, y Juan Guillermo Moya Castillo, gerente de proyectos de IAB Inmobiliaria.

Tras el accidente se incorporó a la junta directiva en abril de 2010, en reemplazo de su marido, Margarita Cofré Larraín, la viuda de Ignacio Fernández, y el entonces senador Pablo Longueira Montes, en representación de la familia de su amigo Marcelo Ruiz. Al asumir como ministro de Economía, Longueira dejó el puesto y entró Marcelo Ruiz Paredes. Participó también en la junta directiva el general (R) Ernesto Videla, quien murió en agosto de 2013.

RELACIONES DE UN FUNDADOR

Javier Pivcevic Bayer es sin duda un «histórico» de la San Sebastián, desde que la fundó junto a Raúl Poblete y sus respectivas esposas en 1990. Pivcevic fue su primer presidente. Desde ese tiempo ha estado siempre en la plana directiva. Sus inversiones están hoy en la sociedad Parenas, que integra el núcleo de sociedades dueñas de la corporación.

En 1995, otro antiguo amigo de Pivcevic fue nombrado rector de la San Sebastián: Guido Meller Mayr, quien estuvo nueve años en ese cargo, hasta que Manuel Krauskopf, «originario» —lo mismo que Meller y Pivcevic— de la Universidad Austral, fue designado rector de la Universidad Andrés Bello. Krauskopf se llevó a Meller como vicerrector de investigación.

Cuando se produjo el cambio en la Andrés Bello y llegaron los nuevos socios a la San Sebastián, regresó Guido Meller como rector y estuvo un segundo período en el cargo entre 2007 y 2009. Ese año lo reemplazó Ricardo Riesco Jaramillo, quien a su vez había sido decano de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad Católica y vicerrector académico de la Universidad Gabriela Mistral. El prorrector de la Universidad San Sebastián es Luis Cordero Barrera, quien se trasladó desde la Andrés Bello. Además, Cordero sigue vinculado a IAB Inmobiliaria.

Guido Meller, por su parte, continúa ligado a Pivcevic y otros socios del grupo que están tras la San Sebastián. Javier Pivcevic es uno de los principales «sostenedores» del Instituto Profesional Gamero (IPG). Y Meller pasó a ser el presidente de la junta directiva de ese instituto —aún no acreditado— que tiene sedes en Providencia, Rancagua, Concepción, Arauco y Panguipulli. En la junta directiva está también Pivcevic.

En septiembre de 2013, cuando estuve en Punta Arenas, me comentaron que Javier Pivcevic era dueño de una de las más grandes estancias de la Patagonia chilena, la ex Cooperativa de Reforma Agraria Bernardo O’Higins Limitada, en el sector Punta Delgada, en la comuna de San Gregorio.

El predio, de 98.500 hectáreas, en el extremo austral del país, lo adquirió la sociedad de inversiones Rosario S.A. en noviembre de 2010, por un valor de 2.360 millones de pesos —lo que equivale hoy a unos 46 millones de dólares—, como consta en la escritura de compraventa.¹⁴ En estricto rigor, la dueña sería su esposa, Verónica Alejandra González Contreras, quien aparece como poseedora del 99,9 por ciento de las acciones de Rosario. Ella también lo acompaña —como hemos visto— en los negocios vinculados a la Universidad San Sebastián. Unos días después de la adquisición de la estancia hicieron una modificación a la sociedad Rosario y se incorporaron —también con pequeños porcentajes— sus dos hijos, Macarena Andrea y Nicolás Ignacio Pivcevic González.¹⁵

La relación entre la sociedad Parenas —de Pivcevic—, hoy parte minoritaria de la propiedad de Laguna Blanca —y, por lo tanto, de la Universidad San Sebastián—, y la estancia en la Patagonia es evocativa. Y es muy probable que los dividendos que Pivcevic y Verónica González obtuvieron en estas décadas por la rentabilidad que les aporta la universidad a través de las sociedades relacionadas y de parte de la venta de ellas tenga bastante que ver con esas importantes inversiones en la Patagonia.

EL SOCIO CIENTÍFICO

En el Instituto Profesional IPG, entretanto, Pivcevic es socio con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas Pablo Valenzuela, quien, a la vez, integra la junta directiva. El ánimo emprendedor del científico es bastante notable, porque su presencia no solo se advierte en el IPG. En 2008, Pablo Valenzuela entró a participar también en la sociedad Laguna Blanca, la entidad madre de las relacionadas con la Universidad San Sebastián.

Los vínculos comerciales de Valenzuela —quien junto a su esposa, Bernardita Méndez, creó la Fundación Ciencias para la Vida— se extienden a otros socios de la San Sebastián y a personajes que figuran en torno a la Universidad Andrés Bello, donde él es profesor en el programa de doctorado y ella, además de profesora, es miembro de la junta directiva.

El 6 de octubre de 2006, los bioquímicos Pablo Valenzuela Valdés y Bernardita Méndez Velasco y el ingeniero civil Jaime Gatica Miranda —todos domiciliados en Zañartu 1482, Ñuñoa—, junto a Copra S.A., representada en ese momento por el ingeniero civil —hoy fallecido— Marcelo Ruiz Pérez, y Asesorías Académicas Limitada, representada por Manuel Krauskopf Roger, constituyeron la sociedad Servicios Integrales en Biotecnología S.A.

Esa sociedad, que puede «usar como sigla para fines promocionales Bioplanet S.A., tiene como objeto, según señala la escritura que la constituyó, “desarrollar estudios, proyectos, negocios, inversiones y experimentaciones en biotecnología, bionanotecnología, nanobiotecnología, nanofísica, microelectrónica, y optoelectrónica; prestar asesorías respecto a dichas actividades y difundir todo lo relacionado con ellas, incluso editando revistas, libros, portales, foros y cualquier uso de internet en todas sus formas con el mismo fin».

Llama la atención la sociedad con Copra en esa iniciativa, que reúne también a Manuel Krauskopf, ex presidente de Conicyt en tiempos de Pinochet y hoy vicepresidente de investigación y aseguramiento de calidad del grupo Laureate para la región andina. Asimismo, Kraskopf es miembro de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello, lo mismo que Bernardita Méndez.

MOVIMIENTO EN EL DIARIO OFICIAL

Al revisar el Diario Oficial se advierte en los dos últimos años un continuo movimiento en las sociedades vinculadas a IAB Inmobiliaria y al grupo de control de la San Sebastián.

Así, por ejemplo, el penúltimo día de 2011 apareció publicada una sociedad de nombre extraño constituida por la Corporación Universidad San Sebastián:¹⁶ Participaciones Minoritarias USS SpA. El objeto: «Efectuar toda clase de inversiones pasivas, tanto en Chile como en el exterior, pudiendo percibir frutos civiles de toda clase de bienes de su propiedad, sean estos corporales o incorporales, muebles o inmuebles, liquidar dichas inversiones y realizar cualquier otra actividad civil acordada por sus socios», dice textualmente la escritura de constitución. Eso ocurría en la misma época en que la Corporación Universidad San Sebastián se compraba las sociedades e inmobiliarias relacionadas. Quizá no sea casualidad.

Terminó 2012 con un aumento de capital de mil millones de pesos de otra sociedad ligada desde los años noventa a los ex dueños de la Andrés Bello: Abastecimientos Generales S.A.¹⁷ Se especifica que «las acciones de pago fueron íntegramente suscritas en el mismo acto de la junta por el accionista IAB Inmobiliaria S.A.».

El 26 de junio de 2013, Copra S.A. constituyó una sociedad por acciones llamada Inversiones La Casona SpA y otra el mismo día, que bautizó como Inversiones Finis SpA.¹⁸ La afición por la nueva moda de las sociedades por acciones queda de manifiesto y hace más difícil aún identificar a los verdaderos propietarios.

Por su parte, el 2 de julio, IAB Inmobiliaria da cuenta de una junta extraordinaria de accionistas celebrada el 13 de junio de 2013, a la que comparecieron Copra S.A., Inversiones Yuste S.A. —de Andrés Navarro— y Agrícola y Comercial Santa Inés —de Alejandro Pérez y señora—. En esa oportunidad decidieron dividir de nuevo la inmobiliaria en dos sociedades.¹⁹ Una «conservará el nombre, la personalidad y la naturaleza jurídica de la sociedad dividida», y la otra la bautizaron como IAB Inmobiliaria SpA. Es decir, se trata de una sociedad por acciones que por sus características tiende a ocultar más aún la propiedad de la inmobiliaria.

Otro movimiento se registró el 9 de septiembre de 2013. En esa ocasión, los mismos socios —Yuste, Copra y Agrícola y Comercial Santa Inés— decidieron fusionar a IAB Dos SpA con otra sociedad por acciones, Focus SpA, cuyo único accionista era el fondo de inversión privado Portas.²⁰

LAS ABULTADAS COMPRAVENTAS

La especial compra de la Universidad San Sebastián en 2011 fue abordada también en un artículo del diario electrónico El Dínamo²¹ en mayo de 2013. «Lo que hoy está investigando la Fiscalía de Ñuñoa, que lleva adelante la indagatoria por lucro, es la compra por parte del plantel de una serie de sociedades a fines de 2011», sostiene el periodista Nicolás Sepúlveda. Y se refiere a la compra efectuada el 16 de diciembre de ese año, cuando la universidad adquirió miles de acciones de sociedades que participaban en Laguna Blanca Dos Limitada, controladora del plantel. «De esta forma, la universidad controla ahora el 96 por ciento de esa sociedad. El problema que tiene a la casa de estudios bajo la lupa de la justicia son los montos pagados por estas acciones», señalaba El Dínamo.

En el mismo artículo, El Dínamo recogió la versión del plantel: «Durante el año 2011, la Universidad San Sebastián adquirió el ciento por ciento de la propiedad de las sociedades inmobiliarias e inmuebles donde realizan las actividades académicas más importantes. En ese contexto y con la absoluta tranquilidad de haber operado con toda transparencia, hemos estado siempre disponibles para el Mineduc, la CNA y los auditores de Feller Rate, entre otros organismos, para entregar toda la información requerida a nuestra universidad y, por lo tanto, con mayor razón para la investigación al sistema universitario privado que lleva a cabo el fiscal Carlos Gajardo».

Pero, según consignó la publicación digital, la Universidad San Sebastián no hizo referencia específica a las compras y se opuso a la entrega de la información vía Consejo de la Transparencia al periodista que lo solicitó.

El ex secretario ejecutivo de la Comisión de Acreditación Patricio Basso alcanzó a conocer el informe de Feller Rate que le había pedido la CNA cuando la San Sebastián estaba en proceso de acreditación. Fue el primero que se hacía bajo esa modalidad. Cuenta que le entregaron el informe y se reunió con los analistas. «Les dije que no me gustaba el informe por razones técnicas y menos la clasificación que le estaban dando. El documento decía que esta universidad tenía déficit de caja y que la única manera en que podía enfrentarlo era mediante una reorganización con los bancos. La causa de estos problemas era que le habían comprado las propiedades a una empresa inmobiliaria que se llama Laguna Blanca Dos en diecisiete mil millones de pesos.»

Y además, señala Basso, estaba la deuda anterior que tenía esta sociedad —que es de los mismos dueños, por cierto— con los bancos. «Entonces eso les apretó la caja y los tenía estrangulados. El informe indicaba: “Esta institución clasifica en un nivel de tres, entre cinco, siendo uno el nivel más malo y cinco el más alto”. Yo les dije: “Están locos, ¿cómo van a poner una institución en tres, que si los bancos no la quieren renegociar quiebra?, a lo menos pongan nivel condicional”.»

Lo curioso, comenta Patricio Basso, es que ellos mismos se la compraron. «La universidad compró en diecisiete mil millones, más deuda con los bancos, previa retasación de los bienes, es decir, le subieron los precios a los bienes. Técnicamente, lo que habría correspondido es que compraran solo el activo fijo de la empresa y al valor de libro, porque valor libro es valor de costo construcción más y menos depreciación, entonces habrían comprado los ladrillos en el precio que correspondía.»

«NO QUEREMOS SER BASUREADOS»

En otro artículo publicado unos días después, El Dínamo²² entregó nuevos antecedentes sobre las operaciones: «Actuales miembros del directorio del plantel eran los dueños de las sociedades que se vendieron a la cuestionada casa de estudios». Y resumía: el 16 de diciembre de 2011, el directorio de la casa de estudios superiores concretó la compra de miles de acciones a las sociedades Inversiones y Asesorías Educacionales, Inversiones Parenas, Inversiones Tangente Dos y grupo Abalón, «por una cifra superior a los veinticinco mil millones de pesos, a pesar de que el valor patrimonial de estas solo llegaba a los cuatro mil trescientos millones».

En la misma oportunidad, el periodista Nicolás Sepúlveda consignó la versión de Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, quien defendió la compra: «No se pagó ningún sobreprecio. La operación se hizo valorizando todos los activos por una empresa internacional que se llama Collyer; a esos valores les descontaron los pasivos y esos valores fueron los de la transacción, así que no sé a qué sobreprecios se pueden estar refiriendo», señaló el directivo de la universidad.

Y recurrió a un ejemplo para explicar: «Si usted tiene una casa y la quiere vender, no la vende al valor de la tasación fiscal, de la misma forma que una sociedad no vende sus inmuebles al valor de la contabilidad tributaria, que es lo que reflejan los cuatro mil millones. Cuando usted vende una casa, va donde un tasador y le dice “táseme la casa”; posiblemente la va a tasar en diez millones, y la valorización fiscal es cinco, usted la vende en diez y después le descuenta lo que debe, la hipoteca de la casa, descuenta tres y paga siete».

«Yo no puedo decir si ganaron o perdieron», respondió cuando el periodista le consultó si las sociedades ganaron dinero en las transacciones. En todo caso, admitió que «son sociedades anónimas» y estas «pueden ganar dinero sin ningún problema». Argumentó así: «Si una sociedad ha comprado un inmueble en diez pesos y la tasa del inmueble es veinte y lo vende en su valor justo y ganó diez millones».

Aseguró que «vamos a contestar todo lo que requiera el Ministerio de Educación, la CNA, el fiscal, quien sea, porque todo está hecho de forma absolutamente transparente». Pero advirtió el máximo directivo de la Universidad San Sebastián que no permitirán ser pasados a llevar: «No queremos ser basureados, como estamos siendo basureados por ustedes mismos, por los periodistas en general. Somos personas de bien y no estamos dispuestos a ser basureados ni por periodistas ni por políticos».

Alejandro Pérez continúa como presidente de la Universidad San Sebastián y Pilar Zabala es la vicepresidenta. También siguen en la junta directiva Teresita Marchant Orrego, Andrés Vaccaro Buscaglia, Javier Pivcevic, Andrés Navarro y Marcelo Ruiz Paredes. Integran la junta, además, Juan José Cueto Plaza, Enrique Herrera Rodríguez y Pablo Valenzuela Valdés, quien se incorporó a la propiedad en 2008 a través de sociedades del grupo Abalón.

LAS DEUDAS EN DETALLE

Al referirse a la Universidad San Sebastián, indica la minuta del SIES del Ministerio de Educación que esa universidad «mantiene transacciones (traspaso de fondos, préstamos, compra de acciones e inmobiliaria) con saldos por cobrar y/o pagar con entidades y empresas relacionadas que no devengan intereses ni reajustes».

Entre esos «saldos por cobrar de largo plazo» sin interés ni reajuste, el más elevado es uno por 2.132.723.000 pesos en el estado financiero de 2011, con el Centro Médico Docente Asistencial Universidad San Sebastián. En 2010 también tenía un saldo por cobrar con esa sociedad que alcanzaba 1.793.094.000 pesos. Registra también otros de menor cantidad con la Comercializadora Lientur S.A. y con Asesorías Pilauco, todas relacionadas con los dueños de la universidad.

En la columna de saldos por pagar, la minuta del Mineduc detalla que en el corto plazo estos ascendían, al 31 de diciembre de 2011, a 2.270.105.000 pesos. Ese total se divide —en este orden— en compromisos con las distintas sociedades anónimas que pertenecen a los controladores de la misma universidad: Inversiones Tangente (Pilar Zabala, la vicepresienta de la junta directiva), Inversiones Parenas (de Javier Pivcevic y su señora, Verónica González), Inversiones Laguna Blanca Dos, IAB Inmobiliaria S.A., y cantidades pequeñas al Centro Médico Docente Asistencial Universidad San Sebastián y Comercializadora Lientur.

Las sumas más abultadas se registran en los saldos a largo plazo, que totalizan deudas por 19.301.302.000 pesos, con las empresas relacionadas. La mayor cantidad la registra Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., con 8.456.827.000 pesos; el resto lo debe a las demás sociedades anónimas del grupo: Inversiones Tangente, 5.075.505.000 pesos; Inversiones Parenas, 1.904.122.000; IAB Inmobiliaria, 3.207.821, e Inversiones Americanas, 657.024.000 pesos.

En la misma minuta se anota que los saldos por pagar a Tangente, Parenas y a Inversiones Laguna Blanca Dos corresponden a compras de acciones «de Inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A., realizadas con fecha 16 de diciembre de 2011».

Las deudas con IAB Inmobiliaria e Inversiones Americanas, precisa, corresponden a «servicios recibidos que están expresados en pesos y no devengan intereses ni reajustes».

INFORME DE AUDITORÍA

Estas operaciones se consignan también en el informe de auditoría de Deloitte de los «estados de posición financiera» de la Universidad San Sebastián, sobre los estados financieros de 2010 y 2011. En el acápite «absorción y compra de acciones», ese documento indica: «Con fecha 16 de diciembre de 2011 se compra el ciento por ciento de las acciones de la Sociedad de Inversiones y Asesorías Educacionales S.A.», la sociedad encabezada por Alejandro Pérez. «En forma indirecta se hace dueña del 59,4 por ciento de Inmobiliaria Laguna Blanca Dos y 0,00006 por ciento de Inmobiliaria Laguna Blanca S.A.», señala el informe.

Adicionalmente, la Universidad San Sebastián, ratifican los auditores, «compra 5.919 acciones de Inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A. a las siguientes sociedades relacionadas: grupo Abalón —vinculado a Pablo Valenzuela— 1.590 acciones; Inversiones Parenas S.A. —de Pivcevic y Verónica González—, 1.181 acciones; Inversiones Tangente —del grupo Zabala—, 3.148, y Participaciones Minoritarias Universidad San Sebastián S.A., una acción, quedando con un total controlador de 96,63 por ciento». Confirma el informe que «esta operación generó un menor valor de 8.622.955.000 pesos».

En el mismo documento, Deloitte señala que a diciembre de 2011 las obligaciones con los bancos de la universidad ascendían a 19.301.302.000 pesos como pasivo de largo plazo. En los ingresos destacan los provenientes de matrículas y aranceles, que para 2010 superaron los sesenta y cinco mil millones de pesos y para 2011 se elevaron sobre los setenta y cuatro mil millones de pesos.

Pero los dueños de la San Sebastián no solo han tenido que afrontar las críticas por las extrañas operaciones y la inquietud por estar en el foco por el eventual lucro. A los seis meses de recibir su acreditación por cuatro años tomaron una medida que cayó como balde de agua fría en la sede Osorno.

El 3 de junio de 2013, los mil trescientos estudiantes, funcionarios y docentes de la sede Osorno fueron informados de que se cerrarían las matrículas para el año 2014. Los desconcertados estudiantes pararon sus actividades en protesta, pero volvieron a clases después de veinte días, llenos de incertidumbres sobre su futuro y sin explicaciones claras por parte de los dueños.

Un hecho que marca un contrasentido con la expansión de los últimos años que —CAE mediante— ha sido significativa. Durante 2012, la USS, junto a la Santo Tomás y a la Autónoma, fue una de las tres que totalizaron —cada una— del orden de un 13 por ciento del Crédito con Aval del Estado destinado a todas las privadas.

En el caso de la San Sebastián, el aporte del CAE fue de algo más de veintitrés mil millones de pesos, lo que representa el 12,9 por ciento del total de ese crédito.

CAPÍTULO XVI

Con permiso para lucrar

Los institutos profesionales y los centros de formación técnica constituyen —en cierto modo— un espacio aparte dentro de la educación superior en Chile, porque ellos nacieron con reglas del juego distintas a las universidades. La razón no está muy clara. Podría ser para favorecer lo que serían los colosos de esta parte de la «industria», Inacap y Duoc, cuyo origen es anterior a 1981. Ese año se estableció esta extraña figura de entidades que podían ganar dinero a costa de la educación técnico-profesional de jóvenes de sectores medios y medios bajos. Antes, estos establecimientos tenían una orientación social muy diferente a la que adquirieron después, al compás de la economía neoliberal y de la libertad para cobrar sin medida.

Otra interpretación es que siguiendo la línea impuesta en todas las actividades de «Estado subsidiario» les dieron licencia para lucrar, partiendo de la base de que se requerían este tipo de establecimientos, pero que sin un «estímulo» fuerte no habría interesados en emprender estos negocios. Así se fueron dando las cosas, y en ausencia de órganos fiscalizadores han surgido estas entidades llamadas institutos y centros de formación técnica, sin mayor control.

En los discursos de empresarios ligados al sector educacional e incluso a nivel político se suele escuchar que el país requiere más técnicos, y que, por lo tanto, el Estado debiera apoyar a los institutos privados en la tarea. Pero si las carreras que actualmente imparten son o no las que vendrían a suplir esas necesidades no se ha estudiado a fondo.

También los principales institutos, con su acreditación, empezaron a competir por el Crédito con Aval del Estado (CAE) y en los últimos años han podido ampliar sus matrículas con ese respaldo. Al menos, la acreditación, por discutible que sea, después del escándalo de la CNA, algo dice sobre las instituciones.

UNA EXTRAÑA OFERTA DE TRABAJO

En medio del libertinaje que inunda esta parte del «mercado» educacional, las situaciones exóticas llegan a extremos insólitos. Conocí en marzo de 2013 la historia de Paulina Núñez, una joven de veinticuatro años, estudiante de un establecimiento privado, a quien le ofrecieron ser captadora de clientes para un tal «Instituto Técnico Particular». Ella necesitaba trabajar para solventar sus estudios vespertinos y se entusiasmó con el aviso —del 23 de febrero pasado— que leyó en el sitio digital El Rastro. Este decía: «Atención, damas y varones, preferentemente hasta veinticinco años. Para nuestras oficinas en Santiago necesitamos ejecutivos, promotoras, atención clientes, vendedores con o sin conocimientos en ventas, área comercial, RR.PP. para cargos de supervisión y dirección de sucursal […] Trabajo en horarios de oficina. 450.000 a 900.000 pesos mensuales».

La joven mandó sus antecedentes y fue a una entrevista de selección de personal, en la que le explicaron las características del instituto que ofrecía ocho programas de conocimientos, tales como «cajero bancario», «armado y mantención de PC», «remuneración y legislación laboral». En un primer momento, Paulina quedó ilusionada con lo que suponía sería una responsabilidad interesante, tal vez de hacerse cargo de alguna sede de un nuevo establecimiento, y si hacía las cosas bien podía aspirar al sueldo máximo ofrecido.

Pero desde el comienzo hubo algunas cosas que le parecieron extrañas. El ITP, que sería la sigla del tal instituto, funcionaba en solo un piso de un edificio en la calle Compañía, y en el mismo lugar serían las clases. La tarea que le encomendaron era salir a captar estudiantes a diferentes comunas seleccionadas por los dueños del ITP a través de visitas a los domicilios. La trasladarían a esos sectores y le pagarían un sueldo base y comisión por postulante reclutado. Debía ofrecerles a los posibles estudiantes una rebaja sustancial si se matriculaban en un plazo breve. Les tenía que decir, por ejemplo, que el programa anual costaba setecientos mil pesos, pero si se inscribían y documentaban sus pagos en el momento tendrían una «beca» de hasta un 50 por ciento. La oferta sería más tentadora aún si pagaban al contado: como en las liquidaciones de ropa, «dos por uno», podían llevar a clases a otra persona que durante el primer semestre iría gratis.

A poco andar, la «captadora» sintió que esto era medio raro. Le preocupaba estar engañando a jóvenes estudiantes como ella. Similares inquietudes le manifestaron otros compañeros del peculiar trabajo que también habían llegado por el aviso de El Rastro. Llamaron al Ministerio de Educación y a la Dirección del Trabajo para averiguar si el ITP era una entidad reconocida. En ambas reparticiones públicas la respuesta fue la misma: no tenían antecedente alguno sobre el instituto.

Paulina Núñez y otros seis compañeros decidieron renunciar al nuevo «trabajo». Les olió claramente a estafa y no se volvieron a acercar al supuesto instituto. Hoy, si uno revisa en internet, se encuentra solo con el sitio y la publicidad referida a la matrícula 2012. Quizá fue solo una «oferta de temporada».

LOS GRANDES INSTITUTOS

La historia de Paulina Núñez habla de lo lejos que se puede llegar en este oscuro «mercado» que atraviesa barrios y regiones, pero en los que de una u otra manera el afán de obtener utilidades a costa de la educación o de la ilusión de miles de jóvenes por obtener un cartón es lo que prima.

Los institutos profesionales reconocidos por el Estado han venido creciendo a un ritmo significativo desde 2005, como lo indican los gráficos en los anexos. En 2012 alcanzaron una matrícula de 284.436 estudiantes, lo que representa un 27 por ciento del total de alumnos de la educación superior en Chile, que llegó a 1.047.533.

Si a esa cifra se le agregan los centros de formación técnica (CFT), que sumaron 131.769 en total entre la educación superior no universitaria —y que pueden lucrar de acuerdo a la ley vigente—, bordea el 40 por ciento de ese total.

Un 80 por ciento de los alumnos de institutos profesionales y CFT se concentra en los establecimientos de mayor tamaño, lo que hace pensar también que una iniciativa para terminar con el lucro en estas entidades desatará la presión de los dueños de las mismas, que son sin duda poderosos actores en este «mercado».

Si se hace un ranking entre los institutos profesionales de acuerdo a su tamaño, lo encabeza el Duoc —con el 22,3 por ciento de la matrícula—, que tuvo 63.089 estudiantes en 2012. Es el que más recursos le significa a su universidad «madre», la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Una tendencia que se observa en varias de las universidades investigadas por lucro es que sus mismos dueños tienen un instituto profesional hermano, un centro de formación técnica —o ambos—. Y como esos establecimientos pueden lucrar sin problemas, los límites del negocio pueden ser difusos.

En segundo lugar, pisándole los talones al Duoc y con un ritmo de aumento tan notable que lo ha llevado a quintuplicar su matrícula entre 2005 y 2012, está el AIEP, del grupo Laureate, con el 21 por ciento. Este gigantesco instituto profesional, que construyó su sede principal en un imponente edificio en Bellavista, en Santiago, al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tiene diecinueve sedes de Calama a Puerto Montt. Alcanzó a una matrícula de 59.217 estudiantes en 2012.

LOS RIBERA, LA AUTÓNOMA Y EL INCACEA

Comparable a la San Sebastián y a la Santo Tomás, por el ritmo de crecimiento que ha tenido, es la Universidad Autónoma, de la familia Ribera Neumann, que nacida en Temuco se expandió a Santiago y a Talca, como relaté en El negocio de las universidades en Chile. En el año 2005, la Autónoma contaba con poco más de ocho mil estudiantes y hoy supera los veinte mil. También, como la USS y la UST, recibió durante 2012 una suculenta suma por Crédito con Aval del Estado: 23.592.480.000 pesos, según el informe de la Contraloría General de la República del año 2012. Casi la misma cantidad que la Santo Tomás. Cada una representa el 13,2 por ciento de todo el CAE de las universidades privadas.

Y también, como las otras dos, está entre las universidades investigadas por lucro. Además, estuvo en el foco de la fiscalía por la comprometedora situación que afrontó su ex rector Teodoro Ribera Neumann, quien en diciembre de 2012 debió dejar el Ministerio de Justicia contra su voluntad. Aunque Ribera había contratado a Eugenio Díaz como asesor de Gendarmería, y el ex presidente (S) de la CNA le mandó unos e-mails pidiendo favores, su situación al parecer es diferente a la de otros rectores hoy formalizados, al no haber huellas de su aceptación a los requerimientos de Díaz.

Como muchos otros dueños de universidades, los Ribera —junto a la expansión de la universidad y a la compra de un colegio— decidieron incursionar en el negocio de los institutos profesionales. Y Teodoro y sus hermanos adquirieron el Incacea, un establecimiento antiguo fundado por Juan Carlos Oñate González en 1977, cuando todavía no regía el decreto ley que los creó oficialmente en 1981.

La primera vez que aparece Teodoro Ribera Neumann vinculado con el Incacea es el 30 de enero de 2006. En esa fecha su dueño principal era Juan Carlos Oñate y su familia. Sin embargo, en la designación del directorio figuran ya entonces Teodoro Ribera y Alexis Yáñez Alvarado, un militante del PPD, quien también ha tenido cargos en la Universidad Autónoma en los últimos años y en otras privadas, como la Andrés Bello, la Ucinf y la Bolivariana. A esa fecha los Ribera controlaban ya un 30 por ciento del instituto.

Más tarde, en 2010, Teodoro Ribera y su familia compraron a Oñate la totalidad del Incacea. En la operación intervino Alexis Yáñez en representación de Inversiones Santa Sofía Limitada. El 19 de octubre de 2010 se realizaron compraventas de acciones que sellaron el traspaso del control del instituto a la familia Ribera. La Universidad Autónoma de Chile aparece en esa escritura domiciliada en Pedro de Valdivia 641, la nueva sede que corresponde a lo que era el Colegio de las Monjas Argentinas, adquirido por los Ribera para la universidad.

La universidad, como socia principal, se quedó con el 98 por ciento de la Sociedad de Educación y Cultura Incacea S.A. Pero en los datos que envió a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) dos años después figura la Universidad Autónoma con un 51,7 por ciento y Catalunya S.A. —también de la familia— con el 48,3. La presidencia de la nueva sociedad quedó en manos del padre del ex ministro, Teodoro Ribera Beneit, y secretaria, Pilar Ribera Neumann, pero la dirección real la tomó Teodoro Ribera hijo en calidad de gerente general y rector, mientras también era rector de la Universidad Autónoma.

CORREOS, ENOJOS Y SILENCIOS

A comienzos de 2010, tras el triunfo de Sebastián Piñera, circulaba el nombre de Teodoro Ribera, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo Tantauco en temas de relaciones exteriores, como canciller. Sin embargo, Piñera optó por el empresario Alfredo Moreno y no por su compañero de partido, que era considerado muy cercano. Quizá por eso, cuando se produjo el cambio de gabinete en Educación y Joaquín Lavín tuvo que renunciar en 2011, Piñera llamó a Ribera al Ministerio de Justicia, sin prever lo que ocurriría después. Y sin importarle los fuertes conflictos de interés que ya tenía por su actividad en el negocio educacional.

El 19 de julio 2011, cuando Teodoro Ribera fue nombrado ministro de Justicia, tuvo que dejar sus cargos en la universidad y el instituto, aunque mantuvo la propiedad accionaria en las sociedades de inversiones que controlan ambos establecimientos.

Tras la renuncia entró a presidir la junta directiva del instituto su hermana Ana María Ribera Neumann y Eugenio Arratia Duque fue designado rector. En la universidad llegó a la rectoría el ex ministro de Educación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ernesto Schiefelbein, quien ya era miembro de la junta directiva.

El instituto, con permiso para lucrar, debía cumplir algunos requisitos para poder hacerlo en forma sostenida. Y entre estos obtener la acreditación para acceder al CAE era fundamental. En ese contexto se desató la polémica cuando se conocieron los correos intercambiados con Eugenio Díaz y se supo que el ex presidente (S) de la CNA había sido contratado por Ribera como asesor de Gendarmería. Tras los escándalos en la CNA, el Incacea no logró sortear la prueba, pues los nuevos comisionados de la CNA dieron su veredicto negativo en enero de 2012. Pasados dos años —que se cumplen en enero de 2014— puede volver a intentarlo.

A principios de diciembre de 2012, la caída de Ribera parecía inevitable. Pero el ex ministro insistía en no retirarse del escenario gubernamental. En los corrillos políticos y periodísticos se hacían apuestas sobre cuánto más duraría en el cargo. Su amistad con el presidente parecía sostenerlo. Pero el hilo que lo sustentaba era cada vez más débil, mientras se especulaba que podía ser llamado a declarar por la fiscalía.

En medio de la tensión de aquellos días de fines de 2012, Te o - doro Ribera lanzó una enojada declaración que impactó en el ambiente prenavideño: «Este país está debatiendo que los hombres públicos tienen que estar completamente desvinculados de cualquier actividad privada, por tanto hay dos posibilidades para esto: o vamos a la hospedería del Hogar de Cristo a buscar hombres públicos que no tienen nada en el mundo o buscamos profesionales en la política que no tienen nada que ver con el mundo real porque se han profesionalizado en la política. Necesitamos gente que haya pelado el ajo en la vida real para que no sean teóricos».¹ Dos días después se despidió de su cargo y de su amigo presidente.

Desde su despedida del gabinete, Teodoro Ribera parece alejado de la vida social y política, en Santiago y en Temuco. Dicen cercanos que evita las apariciones y contactos públicos porque estaría «dolido con el Gobierno». Cuentan que siente que lo dejaron solo, aunque no lo ha reconocido en público. Hasta octubre, al menos, no había vuelto a asumir cargo formal en la universidad ni en alguna de sus otras empresas del holding educacional que ha construido junto a su padre y sus hermanos. Estaría dedicado a sus negocios y a asesorías a algunos parlamentarios.

Aparte de las sociedades educacionales, de la Inmobiliaria Gaudí y de otras relacionadas, los Ribera también han invertido en salud, en la clínica del Maule. Se afirma que es un grupo consolidado y que la Universidad Autónoma de Chile —como bautizó hace unos años a la que nació como Autónoma del Sur el 31 de enero de 1990— ha logrado hacer crecer en forma importante su patrimonio, sin deudas que la amenacen.

Los Ribera han tenido que afrontar, sí, algunos problemas con los estudiantes. En el invierno de 2013, por primera vez hubo una protesta y paro estudiantil en su campus de Temuco. Más de doscientos alumnos de la carrera de terapia ocupacional pararon por más de diez días.² Con marchas y pancartas denunciaban la falta de lugares para realizar talleres prácticos y la escasez de profesores.

En agosto el Canal 2 Televisión, propiedad de la universidad, se vio envuelto en una polémica cuando dos de sus trabajadores fueron despedidos. Quisieron formar un sindicato para reclamar mejores sueldos y la plana directiva del canal, que depende de la universidad, tomó cartas en el asunto. Con los despidos los demás trabajadores se atemorizaron y no se formó el sindicato, aunque después hubo un aumento en los sueldos.

Pero los problemas laborales no son algo nuevo en los dominios de los Ribera. Tampoco las figuras para tratar de obtener las máximas ganancias. En junio de 2012 conocí la historia de un grupo de profesores del George Chaytor English College de Temuco. Tres de ellos tuvieron que abandonar su trabajo en ese tradicional colegio particular de Temuco —pese a sus sólidos currículos— por una discordia laboral. El 28 de diciembre de 2010, cual broma del día de los inocentes —según cuentan—, los invitaron a firmar una cláusula anexa al contrato de trabajo que cambiaba la modalidad del pago de gratificación legal de anual a mensual. Pero en vez de aumentar el sueldo mensual, lo que se les exigía era aceptar que se los disminuyeran y luego lo aumentaban en la proporción respectiva a la gratificación, quedando finalmente el mismo ingreso; es decir, les pagaban la gratificación con su propio sueldo.

Todo ocurrió con mucho apuro en vísperas de las vacaciones, explican, y solo al final del procedimiento algunos se dieron cuenta de lo que se pretendía hacer con sus sueldos. Dos profesoras se negaron a firmar. Las dos fueron despedidas un año después, en diciembre de 2011.

El episodio podría ser una anécdota más entre las anomalías que viven académicos y funcionarios en las empresas que operan en el negocio de la educación. Pero lo que llama la atención es la razón que tuvieron —según me contaron— la mayoría de los docentes para no presentar una demanda a los tribunales de justicia como algunos plantearon. Sentían que si lo hacían no solo peligraba su trabajo en ese establecimiento, sino que corrían el riesgo de que se les cerraran las puertas en otros empleos en la ciudad. La Sociedad Educacional Educar S.A., dueña del colegio, pertenece a la familia Ribera Neumann —a través de la Inmobiliaria Escocia S.A.—, una de las más poderosas de la Región de la Araucanía. Teodoro Ribera Neumann también presidió la sociedad educacional hasta 2010, poco antes de que ocurriera ese incidente.

LA ARAUCANA, DE IP A UNIVERSIDAD

Entre las entidades que han adquirido protagonismo en los últimos tiempos están las cajas de compensación que nacieron en la segunda mitad del siglo XX para administrar la asignación familiar de los trabajadores. Uno va a cualquier ciudad e incluso a pequeñas comunas y entre los locales de verdulería, almacenes —que todavía perduran— o los más contemporáneos cibercafés o locales de venta de celulares han aparecido para ofrecer sus tentadores servicios una o más cajas de compensación. Pero ya no son ellas las que se ocupan del pago de la asignación familiar, como fue en los lejanos años de su nacimiento en la década de los sesenta. Con el transcurrir de los años, esa función pasó directamente al Estado y, sin embargo, estas cajas se transformaron —sin ningún control— en agencias que ofrecen diversos servicios a sus afiliados, bajo el rótulo de corporaciones sin fines de lucro.

Cuesta entender cómo han llegado a ser lo que son y pocos saben bien cómo funcionan. Pero lo cierto es que hoy han proliferado y aparecen por todos lados en ciudades y pueblos a lo largo del territorio. Ofrecen préstamos a sectores que habitualmente no tienen acceso al crédito bancario, planes de vacaciones, financiamiento para la educación y diversas actividades. Su publicidad ha aumentado en busca de más afiliados que mes a mes les entreguen sus cuotas y hacen lo posible con campañas en los medios y visitas directas para que los trabajadores de las empresas públicas y privadas se afilien a ellas.

Detrás de estas megacajas que dicen no tener fines de lucro, pero que han ido creciendo sin parar, están las organizaciones que aglutinan al gran empresariado chileno: la Cámara Chilena de la Construcción, dueña de la Caja Los Andes; la Sofofa, de la 18 de Septiembre; la Asociación de Industriales Metalúrgicos, de Los Héroes; la Gabriela Mistral, que nació al amparo de la Cámara del Cuero y del Calzado. Y una de las más activas en su oferta ha sido en los últimos años la Caja de Compensación La Araucana, que pertenece a la Cámara de Comercio de Santiago y que aglutina a los grandes comerciantes, incluidos los del retail. Desde fines de los años ochenta esta caja tenía un instituto profesional.

En 2011 ocurrió un hecho bastante insólito, porque desafiando las demandas estudiantiles contra el lucro y el incierto panorama que según algunos inversionistas en este rubro advertían, la Caja de Compensación La Araucana decidió lanzarse en una aventura mayor: instalar una universidad, a partir de la experiencia con el instituto profesional, según explicaron sus directivos. Con una oferta de solo tres carreras: ingeniería comercial, civil e informática —que en el año 2012 ofrecía a un precio de 2.288.000 pesos anuales— y trabajo social —a 1.617.000 pesos—, fue la primera caja en incursionar en este rubro. ¿Será la última?

Los directivos de La Araucana inauguraron su pequeña universidad nada menos que en el World Trade Center, en la Costanera Andrés Bello con Isidora Goyenechea, a pocos pasos del edificio de la Industria. Su sede no es precisamente un campus universitario, sino un piso de un edificio de altura, con pocas salas de clase y escaso equipamiento.

En la primera temporada —seguramente con los ecos del clamor estudiantil y el escándalo de la Universidad del Mar— no les fue todo lo bien que hubieran querido, y solo llenaron la mitad de las vacantes que ofrecieron en su principal carrera. Solo llegaron 98 alumnos, según las cifras del Consejo Nacional de Educación CNE.

Para la versión 2014 —abrieron una nueva sede en el centro de Santiago, en Vergara al llegar a Sazie— se promueve en estos términos: «La Universidad La Araucana forma parte del Sistema de Educación Superior La Araucana, que actualmente cuenta con catorce sedes, más de veintidós mil estudiantes, ocho mil quinientos titulados, cincuenta carreras profesionales y técnicas, vínculos corporativos con más de doce mil empresas y treinta años de experiencia». Es decir, junta en el número de alumnos y en su «experiencia», al parecer, la trayectoria como caja de compensación y como instituto profesional la Universidad La Araucana. Y agrega: «Se potencia con el aporte de sus otros dos socios fundadores: Corporación Cultural La Araucana y Corporación de Salud La Araucana, las que en conjunto agregan una amplia experiencia de servicio en ámbitos sociales que permiten una formación integral de los estudiantes».

UN EX MINISTRO OLVIDADO

El Instituto Profesional La Araucana tuvo, según datos del CNE, una matrícula de 16.650 estudiantes en 2012 en sus nueve sedes a lo largo del país, y representa casi el 6 por ciento de la matrícula total de los IP. En marzo de 2013 obtuvo acreditación por cuatro años, lo que le facilita el camino a la obtención de CAE.

Pero hay más curiosidades en torno a La Araucana y su aventura universitaria. En su directorio aparecen figuras que traen recuerdos de la dictadura: un ex ministro de Educación de corta trayectoria en el gabinete, Álvaro Arriagada Norambuena, quien fue secretario de Estado entre el 22 de abril de 1982 y el 14 de febrero de 1983, después de haber sido subsecretario en la misma cartera. Un ex ministro olvidado para muchos, pero que dejó huella.

Álvaro Arriagada había sido subsecretario subrogante cuando era ministro de Educación Alfredo Prieto Bafalluy. En esa calidad estampó su firma en un decreto del 15 de septiembre de 1981 que dio vida al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). Ese decreto puso fin al financiamiento del Estado a las universidades para investigación, lo que afectó a su desarrollo en las universidades públicas y en las tradicionales no estatales. El nacimiento de Fondecyt marcó el comienzo de la privatización del sistema de financiamiento para investigación, al orientarse directamente a los académicos y no a las universidades.

El currículo de Arriagada publicado en el sitio de la Universidad La Araucana señala que es profesor de Estado de la Usach, que tiene estudios de ciencias políticas en la Universidad de Chile, y que es magíster en Educación de la misma Usach y candidato a doctor en Educación en Sevilla. Además, consigna que ha sido embajador de Chile ante la Unesco y que fue rector fundador de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

En los últimos años, Arriagada Norambuena había sido parte del equipo directivo de la Universidad Autónoma. Fue director de estudios de la sede Santiago, ubicada en Maipú. Y desde enero de 2009 era decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma, designado por su entonces rector, el ex ministro Teodoro Ribera Neumann.

Asiduo de universidades privadas, Álvaro Arriagada ha sido también profesor de los programas de posgrado de las universidades Autónoma, San Sebastián, Andrés Bello y Mayor, según indica el sitio web de la Universidad Andrés Bello, que lo tenía incluido en casi una docena de programas.

Otro rostro conocido en el equipo directivo de la novísima Universidad La Araucana es el de la ingeniera comercial Verónica Martínez Gil, segunda vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, la entidad empresarial que está detrás de la caja de compensación y de esta universidad. Los que tienen más años y buena memoria pueden recordar que en tiempos de la dictadura, Verónica Martínez era una de las pocas mujeres en directorios de empresas. Fue gerenta de la entonces estatal Industria Azucarera Nacional (Iansa), antes de que esta empresa fuera privatizada.

Integran también el directorio de la universidad el gerente general de la Caja de Compensación La Araucana —desde mayo de 2011—, Mauricio Orleans Cuadra. Auditor de la Universidad de Chile, antes había sido subgerente y es funcionario de la empresa desde 1982.

Según información de la propia entidad, en mayo de 2011, cuando asumió la gerencia general Orleans, la Caja de Compensación La Araucana contaba con un millón de afiliados. Entre estos, doce mil empresas y «ciento veinte puntos de contacto en el país». Sin duda, un potencial «mercado» para el negocio educacional, tanto de la universidad como del instituto profesional y del CFT que ya desde antes sostenía la caja. En la misma oportunidad, anota el comunicado, las empresas relacionadas que «conforman el modelo social de La Araucana» son la corporación de salud y la corporación educacional del mismo nombre, corporación de cultura, corporación de recreación, Inmobiliaria Pro Hogar-Vivienda, Sociedad Educacional-Colegios, instituto profesional, centro de formación técnica, agencia de turismo y club deportivo.

El rector Nelson Stevenson era ya el rector del Instituto Profesional La Araucana desde sus comienzos en 1988.

El IP La Araucana inició sus actividades en marzo de 1989. La obtención de la autonomía fue un proceso difícil, debido principalmente a la baja calidad de los docentes y alumnos, según se puede leer en los informes del entonces Consejo Superior de Educación. Finalmente, en 1998, con la autonomía en la mano empezó su expansión. La entidad organizadora y controladora del instituto es la Corporación Educacional La Araucana, la misma que dio forma a la universidad.

EL INSTITUTO LA ARAUCANA

A partir de 1998 se extendió a algunas provincias. Su primera sede fue la de Curicó. Ese año, el Ministerio de Educación le otorgó la autonomía. Y, como es habitual, después siguió su incursión en regiones: Puerto Montt —2002—, Concepción —2004—, Temuco —2008—, La Serena —2009—, San Antonio —2010—, y en 2011 siguió multiplicándose a lugares muy diferentes, como Quilicura, Melipilla, San Bernardo, Osorno y Curaco de Vélez, en el sur.

Entretanto, la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) le había otorgado acreditación por tres años en 2005; la CNA, en 2008, se la aumentó a cuatro más. Cuando vencieron en 2012, nuevamente obtuvo otros cuatro.

Los nombres de directivos del instituto son similares a los de la universidad: preside desde hace años el mismo Antonio Castilla Pérez, y desde 2009 el ex ministro Álvaro Arriagada forma parte del directorio. Hasta el 1 de junio de 2007, su gerente general y rector había sido Fernando Escobar Cerda, hermano del ex ministro de Hacienda Luis Escobar Cerda. En esa oportunidad fue nombrado en su reemplazo Nelson Stevenson Palamara.

DEL ESTADO A LA CPC

Las redes del lucro tienen hilos cuyos cabos se pueden encontrar tiempo atrás. Son muchas las que se encuentran en la época de la dictadura, cuando los economistas diseñaban un modelo que Pinochet y sus más cercanos generales contribuyeron a instalar, y los grandes empresarios a disfrutar.

El caso del Instituto Nacional de Capacitación (Inacap) es una contundente muestra de las operaciones que se hicieron para trasladar de manos del Estado a lo más granado de la dirigencia empresarial la propiedad y la función de entregar educación técnica en Chile.

Con la privatización —o mejor dicho, el regalo de Inacap, porque no hubo dinero en la transacción— se cerró un círculo que partió junto con el golpe militar y la intervención de la ex Universidad Técnica del Estado, convertida en 1981 en la Universidad de Santiago de Chile (Usach). El Estado se desligaría de la enseñanza técnica por decisión del Gobierno de Pinochet.

El Inacap fue creado en 1966 por Eduardo Frei Montalva, con el apoyo de los gobiernos de Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Dinamarca y Suiza. El objetivo era capacitar a los trabajadores chilenos —gratis, como se estilaba en ese entonces— para el mejor desarrollo del país.

Hacerlo era función del Estado. Para eso se levantaron instalaciones a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Sus «dueños» en nombre del Estado eran la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

Tras el golpe de 1973 ocurrió lo que con muchas otras entidades públicas que primero fueron desatendidas por la autoridad para después traspasarlas con el pretexto de que la gestión era ineficiente. A partir de 1980, el Gobierno chileno dispuso que el Inacap debía autofinanciarse y, poco a poco, le fue retirando el apoyo económico. Se generó así una política de hechos consumados que culminó en 1989, meses antes del término de la dictadura, con la entrega total de Inacap, de sus alumnos, de todos sus bienes y de los valiosos terrenos e instalaciones donde funcionaban a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y su corporación de desarrollo social. Es decir, a la máxima entidad gremial del empresariado. A esa fecha, a pesar de las restricciones, Inacap tenía catorce mil alumnos, diecinueve sedes y una marca conocida.

Hoy es uno de los mayores institutos profesionales y tiene también un centro de formación técnica. En forma directa o a través de la Universidad Tecnológica-Inacap, creada por el grupo que lo ha controlado desde entonces, es uno de los que recibe mayor respaldo a través del CAE. Y como los institutos y CFT pueden lucrar con la aceptación de la ley, no tienen problema para hacerlo.

UNAS EXTRAÑAS ENTIDADES

El origen del gran regalo del Estado a la confederación empresarial que aglutina a las principales ramas de la producción y los servicios se encuentra en antiguos documentos escritos en máquinas mecánicas guardados en el Archivo Judicial o en olvidadas carpetas en el Ministerio de Educación.

Esos viejos papeles dan cuenta del traspaso que se fraguó en los años ochenta a espaldas de la ciudadanía. Aunque la privatización culminó en 1989, tiene una historia anterior. En consonancia con el modelo que se dispuso para la educación desde 1981, y que se venía gestando desde antes de que el Gobierno militar tomara el poder, esta operación se venía preparando mucho antes de que se consumara.

En 1981, cuando Augusto Pinochet se trasladó desde el edificio Diego Portales a La Moneda, empezó a regir la Constitución de 1980. En forma simultánea se estrenaron las AFP, las isapres, se inauguró la municipalización de la educación básica y media, se impulsó la subvención a los colegios y el Gobierno autorizó la creación de universidades privadas como «corporaciones sin fines de lucro». Al mismo tiempo estableció el nacimiento de unas extrañas entidades que nunca habían existido en Chile: los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Estas nuevas empresas educacionales podrían lucrar. Para ellos fue redactado el Decreto Ley n.° 5.

Antes de terminar ese año, el 23 de diciembre de 1981, la Corfo y el Sercotec, por disposición del Gobierno, transformaron Inacap en un instituto profesional. El decreto que autorizó el cambio de estatutos lleva la firma del ministro de Educación de entonces, el abogado Alfredo Prieto Bafalluy, quien después fue embajador de Pinochet en la Unesco y, a su regreso, uno de los que dio vida a la privada Universidad Adolfo Ibáñez.

Al comenzar los ochenta, todavía Inacap dependía de la Corfo y Sercotec. Sin embargo, ya en los estatutos modificados el 31 de julio de 1981, unos meses antes, se advertía una diferencia con lo que había sido Inacap antes del golpe: «Serán miembros activos la Confederación de la Producción y del Comercio la Corporación Privada de Desarrollo Social y el Servicio de Cooperación Técnica».

Hasta ese momento todavía no participaban del directorio los representantes empresariales. Pero ingresaron a mediados de la década, gracias a sucesivas modificaciones de los estatutos. Se indicaba también que los fines del Inacap eran «la docencia en todas las profesiones relacionadas con el área de la educación, ciencias sociales y tecnológicas, excepto aquellas que la ley reserva a las universidades».

La dirección de Inacap seguía dependiendo de un consejo presidido por el vicepresidente de la Corfo. Lo integraban cuatro representantes de la corporación, uno del Sercotec y uno del Ministerio de Educación.³ Las sedes en Santiago estaban en la calle Chesterton, en la avenida Colón y en la Panamericana Norte.

EL PORTADOR DEL REGALO

La reunión del directorio de Inacap que marcó la culminación de su privatización fue el 25 de agosto de 1989, citada expresamente para abordar el tema de los «nuevos socios activos», que no era otra cosa que el ingreso en gloria y majestad de la Confederación de la Producción y del Comercio y de la Corporación Privada de Desarrollo Social, la máxima entidad de los empresarios chilenos, que poco a poco se había hecho presente.

En el diseño y ejecución del traspaso fue clave Manuel Feliú Justiniano, quien tenía una doble función: era el presidente de la poderosa confederación empresarial y presidía, a la vez, el consejo directivo de Inacap, designado por la Corfo.

Hijo de militar y con un pasado político cercano al antiguo Partido Nacional —antecesor de RN—, Feliú encabezaba la CPC desde julio de 1986 y estuvo en el máximo cargo empresarial hasta diciembre de 1990. Empresario minero y agrícola, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) entre 1979 y 1986. Hombre de muchos contactos y de alta vara bajo la dictadura, sin duda su opinión pesaba.

En las oficinas de la calle Quebec 497, en la comuna de Providencia, donde estaba la sede del Instituto Nacional de Capacitación, se reunió el 25 de agosto de 1989 el consejo de la entidad, encabezado por Manuel Feliú,⁴ con el objetivo de cambiar los estatutos. A partir de ese momento, el consejo directivo quedó con cinco representantes de la Corporación Nacional Privada de Derecho Social —vinculada también a la CPC—, otro representante directo de la CPC y solo uno de Sercotec, el organismo público dependiente de la Corfo que le había dado vida más de veinte años antes.

Acompañaba a Manuel Feliú como vicepresidente de Inacap Sergio Silva Alcalde, ingeniero comercial de confianza del equipo económico del Gobierno y miembro del Opus Dei, hoy rector del Instituto Internacional de Artes Culinarias.

Entre los consejeros de entonces estaban Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval —primo hermano de Bruno Philippi— y Antonio Castilla Pérez, un hombre de bajo perfil público, pero que al observar el transcurso de los acontecimientos reviste un toque especial: era miembro del consejo directivo de Inacap al momento del traspaso a los grandes empresarios. Hoy es el presidente de la Caja de Compensación La Araucana y de la más nueva de las universidades privadas post 81: la Universidad La Araucana.

LA CARTA DEL GENERAL LETELIER

En esa reunión del 25 de agosto del 89, cuando ya Pinochet había perdido el plebiscito de 1988 y los pronósticos hacían ver que Patricio Aylwin sería el próximo presidente de Chile, Manuel Feliú leyó una carta del general de Ejército Guillermo Letelier Skinnner, vicepresidente de la Corfo. El mismo general, que fue director de Famae, que estuvo vinculado al tráfico de armas a Croacia, a negocios de Pinochet y a privatizaciones de las más importantes ex empresas del Estado,⁵ determinó la «renuncia de la Corfo a su calidad de miembro activo del Instituto Nacional de Capacitación».

La carta, con fecha 10 de agosto de 1989, solo ponía una condición para el traspaso final: «Conforme a la autorización que me otorgara el Honorable Consejo debo manifestarle que dicha renuncia se encuentra condicionada y, por tanto, solo podrá hacerse efectiva si la Corporación de Fomento de la Producción no adquiere o conserva obligación estatutaria o contractual alguna para ese instituto o sus acreedores», decía Letelier, previendo seguramente que alguna deuda del Inacap se traspasara a la Corfo.

Con ese acto la cúpula empresarial se hizo dueña de Inacap. No hubo siquiera fundamentos para el interesante regalo. Solo se habló de que habría unas becas como contraparte.

Se preocuparon, sí, de especificar en el texto el retiro de la presencia de la Corfo y reemplazaron el concepto de «socios fundadores» por el de «socios activos». Al consejo directivo —al que entraron en masa los representantes empresariales— lo dejaron con plenos poderes sobre el personal y en general sobre la gestión de la entidad. Solo permaneció un representante de Sercotec que tuviera el cargo de consejero de la Corfo.

«NEGOCIADO CON LA CONFEDERACIÓN»

El Informe de la Comisión Investigadora de las Privatizaciones 1973-1990 de la Cámara de Diputados, que décadas después presidió el diputado Carlos Montes,⁶ consigna parte de la operación efectuada por Letelier Skinner y la inclusión de los dos nuevos socios que pasaron a ser dueños del instituto: la Confederación de la Producción y del Comercio y la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social, propiedad de la misma entidad patronal.

La condición fue, según el informe, que Inacap se comprometía a «impartir educación gratuita a las personas que la corporación [la Corfo] libremente determine» durante trece años a partir de 1990, como señala un convenio suscrito entre Letelier y Feliú. Los firmantes dejaron constancia de que «los servicios educacionales» tendrían un valor equivalente a poco más de setenta y ocho mil unidades de fomento. La suma no alcanzaba a ser el 10 por ciento de lo que en esa época se estimaba el patrimonio del instituto.

Con ese convenio se selló el fin de la actividad del Estado de Chile en la enseñanza técnico-profesional.

«Es una de las cosas más negras que hubo en ese período», me comentaba hace unos años el economista y diputado Carlos Montes. El hoy candidato a senador agregaba: «Se lo transfirieron a ellos mismos. Y se instaló ahí el grupo UDI, con José Pedro Undurraga, Paulina Dittborn y todos los que están dentro del Inacap hasta hoy»,⁷ decía Montes en 2005.

Como se ha visto, José Pedro Undurraga migró hacia el grupo Laureate y es el rector de la Universidad de Las Américas, mientras que Paulina Dittborn pasó por Las Américas y siguió hacia la Universidad Santo Tomás.

Según Carlos Montes, en Inacap «han hecho un proyecto relativamente interesante en materia de educación técnica. Les ha significado un gran negocio, porque es caro. Pero originalmente ese era un proyecto para la gente que estaba en la fuerza de trabajo y derivó en otra cosa».

En esa época también conversé sobre el asunto con el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y ex vicerrector académico de la Universidad de Chile Íñigo Díaz.⁸ «Es terrible lo ocurrido con el Instituto Nacional de Capacitación, que fue privatizado entre gallos y medianoche. El Gobierno de Pinochet se lo regaló a las organizaciones empresariales. Hubo un negociado con la Confederación de la Producción y del Comercio. Le cambiaron el sentido a todo eso. Dejó de ser un instituto de capacitación para los obreros y trabajadores especializados. En ese aspecto algo similar hizo la Universidad Católica con el Duoc. ¡Departamento Universitario Obrero Campesino, y miren en lo que está! Es una cosa de locos. No es educación técnica la que imparten.»

Íñigo Díaz advertía un contrasentido en el panorama en torno a la educación técnica, porque no es la que el país requiere para su desarrollo: «Cuando converso con empresarios, como lo hago habitualmente con los del área agropecuaria, ellos sostienen que no necesitan profesionales de alto nivel, sino técnicos de niveles medios que les solucionen los problemas y no sean muy caros. Y le dieron con todo al sistema técnico y hoy prácticamente no existe nada. Quedan los centros de formación técnica, que tampoco son lo que se necesita», manifestaba Díaz, de profesión médico veterinario y ex decano de esa facultad de la Universidad de Chile.

«Inacap creció mucho, tiene mucha influencia ideológica, además de económica y técnica, y está llegando por todos lados en el país», señalaba el diputado Carlos Montes en 2005. «Mientras el sector público, es decir la Universidad de Chile y la de Santiago, no puede tener universidades nacionales, los privados sí pueden hacerlo», comentaba.

También manifestaba preocupación Íñigo Díaz: «El sistema público o el Gobierno o alguien no han sido capaces de proponerle a este país un sistema de formación técnica real. Los institutos profesionales no están cumpliendo ese rol».

En medio de la campaña presidencial 2013, la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, ha puesto el tema de la educación técnica sobre la mesa, al señalar —entre sus cien primeras medidas— que, si es elegida, crearía cinco centros de formación técnica estatal en el país. A la luz de lo que ha ocurrido, parece tener sentido. Al menos para empezar.

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

Gracias al suculento regalo que les hizo el Estado, las organizaciones de los grandes empresarios de todas las ramas de la producción constituyeron un grupo que lleva el histórico nombre de Inacap. Es un verdadero holding de educación dueño de la Universidad Tecnológica, del instituto profesional y del CFT Inacap. Tiene sociedades relacionadas e inmobiliarias y año a año sus matrículas aumentan.

El crecimiento logrado, gracias en buena medida a los contingentes de estudiantes que pueden llegar gracias al CAE, es impactante: el año 2005, el grupo tuvo una matrícula de casi cuarenta y siete mil setecientos alumnos; de ellos, correspondían cerca de treinta mil al instituto profesional y diecisiete mil quinientos al centro de formación técnica.⁹ Su ritmo de aumento fue continuo y en 2012 el Instituto Inacap ya superaba los treinta y tres mil alumnos y representaba el 11,7 por ciento de todos los alumnos de institutos profesionales. El CFT, entretanto, bordeaba los cuarenta y cinco mil y su matrícula equivalía al 33,8 por ciento de todos los estudiantes de CFT, según cifras calculadas por Sintaxys a partir de los datos oficiales.

El mismo grupo, encabezado en esos años por el ex ministro de Educación Juan Antonio Guzmán Molinari y Paulina Dittborn, adquirió en 2005 una universidad. Le compró el 60 por ciento de la Universidad Tecnológica Vicente Pérez Rosales al ex ministro de Economía de Pinochet Fernando Léniz Cerda y sus hijos, que eran los principales socios. Era el camino corto para acceder a una universidad.

Con la autonomía obtenida en forma automática, solo necesitaron efectuar un cambio de nombre para que naciera la Universidad Tecnológica de Chile, como la bautizaron. Sin embargo, a poco andar la sigla del antiguo Instituto Nacional de Capacitación tuvo más fuerza y hoy hablan de la Universidad Tecnológica-Inacap. Cuando se trata de ganar plata, la reminiscencia del Estado no molesta.

La universidad pasó a disponer de más de ciento sesenta mil metros cuadrados construidos, provenientes del histórico regalo estatal. Con las ganancias obtenidas habían logrado levantar nuevos edificios y no faltaba espacio para incorporar más estudiantes.

MÁS BENEFICIOS

Ocho años después, Inacap, su instituto profesional y su CFT han seguido creciendo en buena medida a expensas del Estado. También su Universidad Tecnológica es una de las que manifiesta mayor aumento de matrícula en los últimos años. Partió cuando el grupo recién compró la Universidad Vicente Pérez Rosales con 1.562 alumnos en 2005. Dio un salto espectacular y el año siguiente contaba ya con 9.955. Las estadísticas de matrícula de 2012 indican que la Universidad Tecnológica-Inacap, como se la conoce actualmente, alcanza 30.602 alumnos. Todo un récord que supera los registros de otros vertiginosos crecimientos. Esta universidad aumentó su matrícula en casi veinte veces en siete años.

En 2012, la Universidad Tecnólogica estuvo en el octavo lugar entre las más favorecidas con CAE entre las privadas, con un total que supera los 6.656 millones de pesos en el año,¹⁰ según cifras de la Contraloría General de la República.

Las matrículas de todos los establecimientos del grupo Inacap en 2012 alcanzaron a 108.163 estudiantes. Esto representa un 10,3 por ciento de todos los de educación superior. Y le significaron ingresos por 157.894.600.430 pesos, que se traducen en 8,5 por ciento de los recursos provenientes del pregrado en la educación superior que se ofrece en Chile.

Si se suman los préstamos obtenidos por los alumnos de la universidad a los otorgados a quienes estudian en el instituto profesional y en el CFT Inacap, la concentración del CAE que muestra este grupo Universidad Tecnológica-Inacap es notable: un 10,5 por ciento de todo el crédito entregado entre 2006 y el año 2010 llegó a manos de los establecimientos de este conglomerado, de acuerdo al informe del Banco Mundial que analiza ese período.¹¹ Y todo indica que en los años siguientes esa tendencia al menos se ha mantenido.

También consigna el documento del Banco Mundial que ya en 2010 los alumnos con CAE representaban el 27 por ciento de la matrícula total de los establecimientos del grupo Inacap.

QUIÉN ES QUIÉN EN EL GRUPO

El primer presidente de la junta directiva de la Universidad Tecnológica de Chile fue José Pedro Undurraga Izquierdo, quien desde 1998 había sido director ejecutivo de Inacap.¹² Paulina Dittborn Cordua, la hermana del actual subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn,¹³ fue por varios años la directora académica del ex instituto del Estado. Ella participó también junto a Juan Antonio Guzmán en la dirección de la Universidad Tecnológica. Como representante de los institutos profesionales privados llegó a la cima del Consejo Superior de Educación (CSE), del que fue vicepresidenta desde 2006 hasta 2008. Además, en ese tiempo integraba la Comisión de Educación de la Confederación de la Producción y del Comercio, que era presidida por el propio Guzmán.

Cuando surgió la Universidad Tecnológica, Guzmán Molinari era una de las cabezas del grupo y estaba en su directorio. Al mismo tiempo, el ex ministro de Educación fue encargado por su amigo Bruno Philippi, por aquel entonces presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), para ocuparse personalmente de los asuntos educacionales de la organización empresarial de los industriales.

Aunque sigue conectado con la Confederación de la Producción y del Comercio, Guzmán Molinari —como hemos visto— preside hoy la junta directiva de la Universidad Andrés Bello, la clínica Indisa y se mantiene como consejero de la Sofofa.

José Pedro Undurraga dejó la rectoría del holding Inacap-Universidad Tecnológica en abril de 2000 y pasó en 2008 a ser el rector de Las Américas, del grupo Laureate, tras el escándalo periodístico derivado de la acreditación de esa masiva universidad. En ese episodio estuvo involucrada Paulina Dittborn, ya que era la vicepresidenta del Consejo Superior de Educación al momento de aprobar —en tercera instancia— la acreditación de la UDLA. Era primera vez que Las Américas obtenía la preciada acreditación y gracias a ese acuerdo la logró por dos años.¹⁴ Laureate le tenía preparado el cargo de rectora y lo alcanzó a anunciar públicamente. Pero ante la lluvia de críticas, se vio impedida de asumir y quedó de porrectora, como ya se indicó anteriormente.

Durante los últimos años, la confederación empresarial ha ido haciendo una serie de operaciones tendientes a consolidar el holding. Como Inacap tenía sedes a lo largo del país, durante un tiempo estas funcionaban como sociedades separadas, pero con posterioridad las han ido fusionando y absorbiendo por la empresa que hace de cabeza con un nombre complicado y redundante: «Instituto Profesional del Instituto de Capacitación Profesional y Compañía en Comandita por Acciones». La sola denominación da cuenta de las enredadas figuras que adquiere la propiedad de la institución. Pero el asunto se complica más si se considera que esa sociedad es propietaria de otras dos: una de ellas es la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, que en teoría y de acuerdo a la ley no podría lucrar. La otra es el antiguo Instituto Nacional de Capacitación Profesional Inacap, que a partir de 1981 sí puede hacerlo. Como en un círculo extraño, ambos están individualizados, asimismo, en las escrituras públicas como «socios gestores»¹⁵ de la sociedad en comandita por acciones.

LA PAPELERA Y PAZ CIUDADANA

El actual presidente del conglomerado Universidad TecnológicaInacap —que reúne al IP y al CFT— es Gonzalo García Balmaceda, secretario general de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones desde hace más de dos décadas. Hombre de confianza del grupo Matte, es también el presidente de la Fundación de La Papelera, miembro del consejo asesor de la Fundación Paz Ciudadana, de Agustín Edwards, y consejero de la Sofofa. Abogado de profesión, fue el último subsecretario del Interior de la dictadura entre 1989 y marzo de 1990, cuando reemplazó al hoy diputado Alberto Cardemil. En el mundo gremial, García también se ha desempeñado como presidente de la Sofofa.

En las escrituras que han modificado en el último tiempo a la sociedad «Instituto Profesional del Instituto de Capacitación Profesional y Compañía en Comandita por Acciones», Gonzalo García aparece con doble representación: por la Universidad Tecnológica de Chile Inacap, «en su calidad de socia gestora de la sociedad, y además en representación de la corporación de derecho privado Instituto Nacional de Capacitación Inacap».

A nombre de la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social figura Lorenzo Constans Gorri, el ex presidente de la Cámara de la Construcción —entre 2008 y 2010— que se hizo famoso pocos días después del terremoto de febrero de ese año con la frase «la Torre de Pisa también está inclinada». Constans, quien presidió la Confederación de la Producción y del Comercio entre 2011 y 2012, aludía así a la desastrosa situación en que quedaron algunos edificios en Concepción. Constans es el vicepresidente del grupo Inacap.

El actual rector de todas las entidades de Inacap es Gonzalo Vargas Otte, ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y máster en la Universidad de California, Estados Unidos, quien se desempeñó como profesor del Departamento de Economía Agraria de la UC desde 1990. Hasta junio de 2002 fue el director de esa entidad. Dejó ese cargo académico para asumir como gerente de la Fundación Paz Ciudadana. En 2007 fue designado rector y director ejecutivo de Inacap y de todas las sociedades relacionadas del grupo, pero se mantuvo como consejero de la fundación de Agustín Edwards.

Gonzalo Vargas fue nombrado como «apoderado clase A» y, en consecuencia, director ejecutivo y rector del Instituto Profesional Inacap, del Centro de Formación Técnica Inacap, Inacap Antofagasta CFT e Inacap Tabancura CFT en abril de 2007. Se indica en la escritura pública que también «tiene facultades para representar a la Corporación Instituto Nacional de Capacitación Profesional-Inacap y a las siguientes sociedades en comandita: Instituto Profesional Inacap, Centro de Formación Técnica Inacap, Inacap Antofagasta CFT, Inacap Tabancura CFT».¹⁶

A la vez, Gonzalo Vargas Otte ostenta el cargo de rector de la Universidad Tecnológica-Inacap. En diciembre de 2012 fue elegido presidente del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados A.G. La asociación gremial nació hace tres años con el objetivo de «fortalecer la educación técnico-profesional en Chile». Gonzalo Vargas, en conferencias y declaraciones, ha defendido la idea del lucro en estos institutos y CFT, con la condición de que estén acreditados.

«Respecto del lucro haría la distinción de lo que la ley establece y no establece. Por ejemplo, la ley es muy clara en que las universidades tienen que ser sin fines de lucro. No obstante, establece que los centros de formación técnica e institutos profesionales pueden ser con fines de lucro. Entonces, nuestra mirada es más en torno a la calidad y que la existencia de lucro no signifique un perjuicio a la calidad», decía Gonzalo Vargas hace cerca de un año en El Mercurio.¹⁷

EL CRECIMIENTO DEL DUOC

—¿Qué pasa con la educación superior, que es donde se está pidiendo con fuerza la gratuidad? —le preguntó hace unos meses Javiera Herrera en entrevista de La Tercera¹⁸ al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. La respuesta es elocuente:

—Debiéramos avanzar en la enseñanza técnico-profesional, que no ha recibido el apoyo que debe. Ahora, aproximadamente el 60 por ciento de los estudiantes que están en los quintiles más pobres recibe algún tipo de beca del Estado o de las universidades, pero qué pasa entre ese 60 y el ciento por ciento. Me parece que el país hoy no está en condiciones de declarar una gratuidad completa.

Lo que no se dice en ese artículo es que el rector Sánchez, más allá de la opinión sobre la gratuidad, es también parte interesada respecto del apoyo a la educación técnica profesional, porque el Duoc pertenece a la Universidad Católica.

Aunque el actual Duoc poco tiene que ver con el Departamento Universitario Obrero Campesino —que dio origen a su sigla— creado por el rector Fernando Castillo Velasco y el sacerdote Juan Bagá en 1970 para capacitar a los trabajadores de la ciudad y del campo, mantiene su vinculación estrecha con la pontificia universidad. Como en el caso de Inacap, también cambió totalmente el sentido de su misión original y se transformó en la otra gran empresa «proveedora» de educación técnica en el país a través de su instituto profesional y de su centro de formación técnica. Hoy se ha transformado en fundación.

El Duoc-UC, como se lo denomina ahora, ha tenido un crecimiento notable también en los últimos años, lo que coincide con el establecimiento del CAE como medio de financiamiento a los alumnos. Una diferencia con el Inacap es que el Duoc solo tiene sedes en Concepción, Santiago, Valparaíso y Viña, mientras que el instituto de los empresarios está en todo el país. Claro que en la Región Metropolitana son trece los distintos edificios donde funciona. El más espectacular en San Carlos de Apoquindo, con más de cinco mil estudiantes.

Los 63.089 alumnos de 2012 representan una cifra elevadísima, que es casi el triple de los estudiantes de la propia Universidad Católica —que en 2012 llegó a 22.992 estudiantes—. A la vez, la matrícula del Duoc se duplicó entre 2005 —cuando tenía un poco más de veinticinco mil alumnos— y 2012.

El aumento más significativo lo ha tenido en las carreras técnicas que imparte, que aumentaron de casi diez mil alumnos en 2005 a más de veintinueve mil en 2012. Las disciplinas profesionales, a su vez, se duplicaron, ya que pasaron de 16.560 estudiantes en 2005 a 33.736 en 2012. En 2012 se calculan los ingresos del Instituto Profesional Duoc en 96.064.021.359 pesos.

Además de sus modernas y amplias instalaciones, el Duoc luce los éxitos que ha cosechado en estos años: «El único instituto profesional con el máximo de acreditación». En efecto, logró acreditación institucional por siete años y eso lo coloca a la cabeza de la competencia.

El Duoc tiene también centro de formación técnica (CFT), pero este es todavía pequeño comparado con el instituto profesional: aunque ha registrado crecimiento, en 2012 matriculó poco más de siete mil quinientos estudiantes.

El estudio del Banco Mundial indica que a través de su instituto profesional y de su CFT, el Duoc concentró desde 2006 a 2010 un 10,9 por ciento de todo el CAE. Lo superaron solo las instituciones del grupo Laureate y las de la Corporación Santo Tomás, que incluye a la universidad, su instituto y su CFT.

Los precios del Duoc están entre los más elevados, en general, entre los institutos. Aunque el precio anual varía según las sedes, la mayoría cobra sobre 1,3 millones de pesos, y en Viña del Mar y San Carlos de Apoquindo, sobre los dos millones de pesos. En el mismo sitio web figura en primer lugar como fórmula de financiamiento el CAE.

Durante unos años aparecía la fundación un tanto desligada de la universidad. Sin embargo, en el último tiempo la relación es total. Como suele ocurrir en el «mercado» de la educación superior, la estructura de propiedad del Duoc también es compleja. Existe una Fundación Duoc que la preside el vicerrector económico de la PUC, Patricio Donoso Ibáñez. A la vez hay otras dos fundaciones: una, Fundación Instituto Profesional, y otra, Fundación Centro de Formación Técnica. Y al final están el instituto y el CFT en cuanto tales.

La presencia del mismo vicerrector Donoso como presidente de todas estas fundaciones da la pista de la importancia que le atribuye la Universidad Católica al Duoc. A la vez, las ganancias que obtiene este último —que sí puede lucrar— van directamente a las arcas de la universidad.

EN EL CARRUSEL DE LOS NOMBRES

Cuando Hernán Larraín dejó la vicerrectoría académica de la UC se dedicó a las consultorías educacionales. El 7 de septiembre de 1987 fue constituida la consultora Asses Limitada. La formó el senador Larraín junto a otros profesionales del ámbito educacional con los que ha tenido una vida de trabajo conjunto: el ex rector de la Universidad Santo Tomás Aníbal Vial Echeverría, el ingeniero Jaime Francisco Alcalde Costadoat, casado con Gabriela Kast, hermana del fallecido ex ministro Miguel Kast, y Rodrigo Alarcón Jara,¹⁹ ex director del Duoc. Todos ellos jugaron un rol importante en la historia posterior del instituto profesional.

Aníbal Vial, el mismo ex rector de la Universidad Santo Tomás que después se ha desempeñado como asesor, fue vicerrector académico del Duoc entre 1985 y 1998. Desde 1998 fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Andrés Bello, y en el año 2000 asumió la rectoría de la Santo Tomás. Activo miembro de la UDI desde sus años juveniles, fue junto al ex presidente de la FEUC Ernesto Illanes fundador de la revista Realidad, la publicación oficial del gremialismo.

Otro de los socios de Asses, Jaime Francisco Alcalde Costadoat, quien fue vicerrector económico y director de la Fundación Duoc, se retiró de la consultora Asses, pero siguió en el Duoc, al que le dedicó veintisiete años. Fue director ejecutivo de la Fundación Duoc y del instituto profesional hasta noviembre de 2012, cuando lo reemplazó el profesor de la UC Bernardo Domínguez Covarrubias, quien asumió en los mismos cargos que ostentaba Alcalde.

Cuando se escucha a los voceros del ámbito privado —cada vez con más frecuencia— hablar de la necesidad de desarrollar la educación técnica, hay que concluir también que están pidiendo subsidios del Estado para seguir «desarrollando» estas entidades, como el Inacap o los demás institutos o centros de formación técnica ligados a grupos económicos y a sus universidades. Es obvio que el país requiere encarar el asunto de la educación técnica, pero después de todo lo que se ha visto no parece que la vía de los subsidios destinados a lucrativas empresas sea la mejor forma de hacerlo.

Es curioso y preocupante comprobar, entretanto, cómo en este mundo de la educación superior los nombres se repiten, formando anillos y espirales que resguardan intereses particulares. Incluso si se ponen cortapisas al lucro en las universidades, habría que estar con las antenas conectadas para detectar lo que ocurre en esta cancha de institutos y CFT que, como se puede ver, ha sido también un espacio abierto y pródigo para lucrar con la educación y con los sueños de los endeudados estudiantes.

CAPÍTULO XVII

La maldición del CAE

Cuando en el año 2005 se discutía el Crédito con Aval del Estado (CAE), los dirigentes estudiantiles de entonces se movilizaron contra el proyecto. Nunca les gustó. Y protagonizaron protestas y marchas, algunas concurridas, aunque no tan masivas como llegaron a ser años después, porque el movimiento universitario como tal no despertaba aún con la organización y dinamismo que se vio en 2011 y que —con distintas expresiones y oscilaciones— ha perdurado en los años siguientes. En esa época se reunieron con ejecutivos del Ministerio de Educación y con parlamentarios. No lograron convencerlos con sus argumentos ni sus pancartas. Como ellos mismos reconocen, en esa oportunidad «fuimos derrotados».

La idea de fondo del proyecto de financiamiento era ampliar la matrícula en la educación superior y facilitar el acceso al crédito a miles de estudiantes de los sectores medios y medios bajos que no tenían con qué pagar la universidad, el instituto o el CFT al que podían aspirar. Por la cabeza de nadie pasaba por esos días imaginar que el Estado podía dar educación gratis. No lo manifestaban ni siquiera los estudiantes. No apelaban al derecho a la educación que hoy ha pasado a ser una premisa compartida por muchos. Tampoco estaba en el debate público el lucro ni los negocios que ya venían haciendo varias instituciones creadas después de los ochenta.

Se vivía en ese tiempo otro panorama marcado por la herencia de la dictadura. Y por la primacía ideológica de las sociedades de mercado a nivel mundial, que todavía mostraban sus cuentas alegres.

Los dirigentes de la FECH y de las universidades públicas que se manifestaron en contra de la iniciativa fueron acusados de «corporativistas», hasta de «egoístas», recuerdan hoy algunos que ven como profecía cumplida el colapso que acarreó el famoso CAE. Los protagonistas de entonces no pretenden ser generales después de la batalla. Ni tampoco previeron en toda su magnitud los problemas —a los estudiantes y al Estado— que generaría el CAE siete años después de ser aplicado.

Les inquietaba que por la vía del CAE el Gobierno pretendiera terminar con el crédito solidario y a la larga se les aplicara también a ellos, y rechazaban la inclusión de los bancos en el negocio y les preocupaba el endeudamiento.

Pero ni los creadores del CAE ni los dirigentes estudiantiles de aquella época se imaginaron que este mecanismo se convertiría en una «maldición» para el sistema universitario chileno. Una fórmula que traía dentro de sí el germen que alentaría el lucro a costa de los esfuerzos de los estudiantes y sus familias y del Estado de Chile. Y que fortalecería —en la medida en que lo ha hecho— a unos pocos que ostentan el poder económico en el país.

Como otorgar el CAE fue amarrado a la condición de que la institución lograra su acreditación, se esperaba que con esto se garantizaría un mínimo de calidad. Era por el bien de los alumnos, se argumentaba. Pero lo que se diseñó tal vez con intención positiva terminó siendo una trampa que dio lugar a presiones, tráfico de influencias, extraños favores y hasta coimas, como se ha visto desde que reventó el escándalo de la CNA.

El Gobierno de Ricardo Lagos había promulgado, el 13 de mayo de 2003, la Ley de Escolaridad Secundaria Obligatoria en Chile —de doce años—, y resultaba natural tratar de abrir las posibilidades de continuar estudios en la educación superior a jóvenes de todos los niveles socioeconómicos. El ministro de Educación Sergio Bitar y la jefa de Educación Superior Pilar Armanet pusieron manos a la obra. Y con la colaboración de economistas del Ministerio de Hacienda dieron con la fórmula de establecer un crédito para facilitar el acceso a los alumnos de universidades privadas e institutos que de otra manera no podrían continuar sus estudios. El mecanismo sería un crédito bancario con el aval del Estado de Chile.

Andrés Fielbaum Schnitzler, el presidente de la FECH en 2013, era «mechón» en 2005, antes de que se aprobara en el Parlamento el proyecto de ley de financiamiento que daría origen al Crédito con Aval del Estado. Se acuerda de marchas que terminaban en la plaza de Armas, cuando Felipe Melo, estudiante de ingeniería como él de los cursos superiores, era el presidente de la FECH. Lo recuerda hablando contra el CAE en esos primeros días de estudiante de Beauchef en una conferencia de prensa «con las pocas federaciones privadas que había en ese tiempo y señalaba que el crédito con el aval del Estado sería muy perjudicial para ellos».

Indica Andrés Fielbaum que el hecho de «que la explosión del movimiento estudiantil haya sido el 2011 tiene que ver con muchos factores, pero uno preponderante es que las primeras generaciones del CAE estaban titulándose y estaban viendo en concreto que les llegaba la cuenta con un crédito usurero». Pero la pelea contra el Crédito con Aval del Estado «se perdió y después de eso se inició un diálogo con Sergio Bitar que permitió las becas Bicentenario», comenta Fielbaum.

Con el correr del tiempo, los elevados intereses que debían pagar los estudiantes y las dificultades que le fue generando al Estado «recomprar» a los bancos los créditos fueron generando serios problemas. Tanto, que en marzo de 2011 el Banco Mundial elaboró un informe sobre el desarrollo del CAE en Chile que encerraba fuertes críticas.

Entretanto, el movimiento de 2011 encendió la alerta sobre el exceso de deudas estudiantiles y el escándalo de la CNA destapó parte de lo que estaba ocurriendo con el uso indiscriminado de este crédito.

Durante 2012 se discutieron en el Congreso algunas reformas que culminaron con la rebaja del 6 al 2 por ciento de la tasa de interés, repactaciones a los deudores y la salida de los bancos del sistema que otorga el CAE. La ley fue promulgada en octubre de ese año y las modificaciones —que implican que el Estado asumió en forma directa el crédito— empezaron a regir a principios de 2013.

Pero esas medidas solo llegaron a amortiguar los efectos de una crisis profunda. Los problemas que arrastra el CAE siguen vigentes. Continúa creciendo inexorable el endeudamiento de los estudiantes —aunque a menor tasa—. Las deudas pesan sobre sus espaldas y algún día tendrán que pagarlas, mientras los documentos que las respaldan se transan en el mercado financiero al mejor postor. Aumenta mientras tanto la concentración de los recursos que llegan vía créditos en manos de instituciones privadas, con uso desconocido. Y la gran paradoja es que todo esto se hace con recursos estatales, mientras la educación superior pública —como denuncian rectores, estudiantes y académicos— ha sido abandonada a su suerte.

«UNA MUY MALA IDEA»

Al arquitecto Héctor Gaete Feres, rector de la Universidad del BíoBío, le ha tocado estar muy al tanto de los números y las discusiones sobre todo lo que ocurre en el sistema de la educación superior, como integrante del comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y presidente del comité de financiamiento y política universitaria. Cuando conversamos a fines de 2012, en su oficina de la casa central de la universidad, en el barrio Collao, en el campus de Concepción, me comentaba: «El Gobierno nos plantea que el esfuerzo país que se está haciendo respecto a la incorporación de recursos para la educación superior es de los más importantes de la historia».

Reconoce que «cuando uno revisa las cifras, puede decir que es cierto. Por ejemplo, el presupuesto 2013, comparado a moneda de igual valor de 2012, tiene un incremento prácticamente del 11 por ciento en la partida de educación superior. En alguno de los presupuestos que formuló la presidenta Bachelet llegamos alrededor de un 10 por ciento, y son cifras realmente importantes. Pero cuando uno desagrega esas cifras se observa que ese crecimiento se debe fundamentalmente a dos elementos: el altísimo incremento de las becas, que más que se duplica, y el crédito CAE, que son cifras tan importantes como las becas», señala Héctor Gaete.

Pero especifica que ese aumento ha sido para «financiar la colocación y para recomprar la cartera de la banca». Por eso, indica, «el mundo universitario en general, estudiantes, profesores y autoridades de las universidades del Cruch, propusimos en la Comisión de Educación del Senado, en noviembre de 2011, la idea de sacar a la banca».

A su juicio, el CAE ha significado «un fuerte impacto para el país. Fue una muy mala idea del Gobierno del presidente Lagos», afirma. Y cuenta que «uno de los gestores de esa idea, el economista Alejandro Micco, que trabajaba en Hacienda en ese momento, dijo públicamente en un foro de las universidades estatales que se realizó en la sede de la Universidad de Talca en Santiago: “Yo trabajé en un equipo para crear el CAE y lo encuentro un gran error”. Me pareció muy valiente y estamos hablando de un hombre serio, capaz, doctorado en Harvard».

—¿Un error por lo elevado de las tasas de interés, por entregárselo a los bancos o por propiciar el endeudamiento hacia universidades privadas masivas y hacia institutos? —le pregunté a Héctor Gaete.

—A mi juicio, por las tres cosas. Primero porque nunca solucionó el problema del endeudamiento, de la brecha que existe entre el arancel de referencia y el arancel real, porque ese crédito CAE o el fondo solidario llegan solo hasta el arancel de referencia. La disminución de la tasa para la gente que tiene CAE de un 6 a un 2 por ciento —dice refiriéndose a la ley que entró en vigencia en 2013— es importante como señal, pero no resuelve el problema del endeudamiento.

«En una carrera cualquiera que cuesta un millón y medio de pesos y el arancel de referencia es de un millón, la tasa del CAE baja respecto del millón, pero el estudiante tiene que pagar igual los quinientos mil; entonces, no es una medida que solucione el problema, tal como se ha planteado públicamente. Eso no es correcto y hay que decirlo con toda claridad. Solucionaría el tema del endeudamiento que nosotros pudiésemos regular precios», señala.

Agrega Héctor Gaete que lo que ha estado planteando el Consejo de Rectores es que Chile necesita «fortalecer su educación superior, también la básica y la media; pero en estos momentos los recursos en términos netos han crecido fundamentalmente hacia el sector privado, y no creemos que eso sea bueno para el país».

El rector de la Universidad del Bío-Bío ve con preocupación «el grave deterioro de la educación pública superior en el país, y lo delicado que es mantener la reproducción de la segregación social y económica en Chile, que es tan aguda».

Héctor Gaete vincula lo que sucede en la educación superior con esa segregación. «Somos uno de los países más segregadores del mundo, de acuerdo a estudios del propio Banco Mundial, de las Naciones Unidas, de la OCDE y del Foro Económico Mundial. Y vamos construyendo un país que tiene calidad de educación para unos y para otros no, salud de calidad para unos y para otros no. Es decir, en todas las dimensiones de la sociedad estamos fomentando la desigualdad, so pretexto de que el Estado debe replegarse, y eso nos va a afectar fuertemente para alcanzar lo que todos queremos, que es el desarrollo. Un país no puede alcanzar el desarrollo si no avanza en igualdad.»

«UN MONSTRUO QUE NO SIRVE»

Roxana Pey Tumanoff es doctora en Ciencias Biológicas y profesora de la Universidad de Chile, donde trabajó en la reforma del pregrado y fue directora de Mecesup (Programa de Mejoramiento de la Educación Superior) en el Ministerio de Educación en el Gobierno de Michelle Bachelet. Mecesup estaba orientado en ese tiempo a apoyar solo a las universidades del Consejo de Rectores.¹ Este criterio varió durante el Gobierno de Sebastián Piñera y en 2013 el Mineduc le entregó fondos para convenios de desempeño de proyectos Mecesup a las universidades Andrés Bello, Santo Tomás, Alberto Hurtado y Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Muchas veces en este tiempo he conversado con Roxana Pey compartiendo impresiones sobre los intentos desde el «sector privado» de obtener recursos estatales bajo la premisa de que todas las universidades serían iguales, y sobre el financiamiento y sus bemoles. Ella coincide con que el CAE se transformó en «una trampa nacida de supuestos erróneos». Recuerda un eslogan que considera «realmente perverso —“primero cantidad y después calidad”— para la educación superior».

Según Roxana Pey, cuando nació el CAE y la ley de acreditación se hizo «política pública por la vía de parchar, todo esto se transformó en un monstruo que no sirve». Y se pregunta: «¿Qué significa esto de un aumento de la cobertura y una enorme cantidad de estudiantes?». Resume así la posible respuesta desde su punto de vista: «La meta era llegar al millón de estudiantes y ya llegamos. Y pasamos la meta, pero resulta que si vamos viendo con calma lo que ocurre, la mitad no se gradúa nunca. Esa cobertura es una ilusión, son cifras para la OCDE, pero no es real». Y pone énfasis al reiterar: «La mitad de esas personas no se va a graduar nunca. Y eso lo sabe el ministerio, y cada una de esas universidades que recibe a los estudiantes sabe perfectamente bien que de la matrícula que está abriendo en primer año, la mitad no se va a graduar… Las tasas de deserción y de no titulación en esas universidades masivas que no tienen selección son enormes».

Agrega Roxana Pey que muchos de los que se gradúan lo hacen «de una cosa que no sirve para nada. Entretanto se han vendido carteras de deudores. Igual que un banco que puede vender un paquete de deudores que constituyen un papel transable en el mercado». Compara la situación con una burbuja económica: «Veo esto como la crisis subprime, porque es como dar créditos sin saber si pagarán y así se provocó la crisis en Estados Unidos de la compra de vivienda. Aquí es lo mismo, le das una posibilidad a personas que sabes de antemano como institución que no se van a graduar, pero te quedas con un pago de un par de años y con la cartera de deudores».

—Al analizar las declaraciones en Fiscalía y correos electrónicos de los directivos de la Universidad del Mar se revela ese tráfico de papeles que hacían con los créditos de los alumnos, la utilización del factoring, me pareció impactante —le comento.

—Eso es delirante, es haber perdido contacto con la realidad. Pero a los que lo diseñaron se les fue de las manos. Que se haya instalado un sistema así, que se haya permitido que esto ocurriera… Recuerdo que cada inventor de estos instrumentos estaba feliz porque resolvía algún problema. Ninguno se dio el trabajo de ver el conjunto, cómo se articulaba una cosa con la otra, y hacer el ejercicio de proyectarlo en el tiempo para ver qué iba a pasar más adelante.

INFORMES DE LA CONTRALORÍA

Hay otros aspectos que cuando nació el CAE no fueron considerados: la utilización que hacen las instituciones de los recursos que les llegan con el aval estatal y la concentración que ha provocado en manos de unos cuantos grupos. Detrás de todo eso están las posibilidades de lucrar, en especial en las instituciones de mayor tamaño que han experimentado constantes y sostenidos aumentos de matrícula al amparo del CAE.

La preocupación por lo que ha estado ocurriendo llegó a la Contraloría General de la República. Tras una auditoría a la Comisión Ingresa,² la administradora del «sistema de créditos para estudios superiores», la Contraloría emitió un informe con fecha 6 de septiembre de 2013 que hizo llegar a la ministra de Educación, Carolina Schmidt, quien preside la comisión, al tesorero general de la República, al fiscal nacional económico y al superintendente de Bancos y Sociedades Financieras. Además, formuló una serie de indicaciones a la secretaria ejecutiva de la Comisión Ingresa, Alejandra Contreras, quien debería considerar y corregir procedimientos en un plazo de sesenta días. Todo esto porque encontró diversas anomalías en la forma de operar de la Comisión Ingresa, incluyendo los criterios de adjudicación de los créditos a las entidades de educación superior.

El documento de la Contraloría pone el foco en algunos de los principales problemas que está mostrando el CAE, en los elevados costos que ha tenido para el Estado este subsidio y en la marcada concentración que se advierte en las instituciones que lo han recibido en el último tiempo.³

Señala la Contraloría en su informe que la Comisión Ingresa ha licitado Créditos con Aval del Estado por un total de 1.060.691.455.000 pesos entre 2006 y 2011 —lo que equivale a 2.121.382.910 dólares—, «adjudicándolos a entidades financieras, los que han sido suscritos anualmente por los estudiantes y renovados por estos durante el período comprendido entre los años 2006 y 2011». Durante ese lapso, indica, participaron en el sistema 81 instituciones de educación superior, «incluyendo las universidades estatales y privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas».

Uno de los puntos de preocupación de la Contraloría en su informe es lo que terminó pagando la Tesorería General de la República por concepto de «recompra con tasas de recargo», que es el mecanismo mediante el cual los bancos que habían licitado una «cartera de créditos de alumnos» volvían a vendérsela al Estado después de haberle pagado a las universidades o institutos. De acuerdo a este informe, «la recompra con tasas de recargo», que en algunos casos se alzaron hasta el 90 por ciento, le significó al Estado 144.405.076.000 pesos en el período analizado, casi trescientos millones de dólares.⁴

El análisis del año 2011 se acompaña con un cuadro con las instituciones que más CAE obtuvieron, considerando todo el sistema de educación superior. Encabeza la lista de entidades individuales el Instituto Profesional Duoc, de la Universidad Católica, con un 9,7 por ciento de todo el CAE del sistema de educación superior. Lo sigue el Centro de Formación Técnica Inacap, con un 7,4 por ciento del total. En tercer lugar, el Instituto AIEP, del grupo Laureate, con 5,5 por ciento.

A continuación se ubicó la Universidad Santo Tomás, con el 5,4 por ciento. El CFT Santo Tomás, con un 5 por ciento; la Universidad Andrés Bello, con un 5 por ciento; Las Américas, con un 4,7 por ciento, y el Instituto Profesional de Chile, con un 4,2 por ciento de todas las instituciones de educación superior.⁵

CONCENTRACIÓN EN GRUPOS

El informe de la Contraloría destaca que «el conglomerado Laureate, que incluye la Universidad de Las Américas, Universidad Nacional Andrés Bello, Universidad de Viña del Mar e Instituto Profesional AIEP, alcanzó el 16,36 por ciento» del CAE en 2011. A su vez, el grupo Inacap, que comprende el CFT, IP y la Universidad Tecnológica-Inacap, tuvo una participación de 14,13 por ciento, indica el informe. «En tanto, el conglomerado Santo Tomás, que comprende el centro de formación técnica, instituto profesional y la universidad, cuenta con el 12,87 por ciento», anota la Contraloría.

Agrega el informe: «Cabe manifestar que el 43 por ciento de los créditos otorgados están asociados a las agrupaciones antes aludidas; el 23 por ciento a otras universidades privadas; el 26 por ciento a otros institutos profesionales y otros centros de formación técnica, y el 8 por ciento a universidades tradicionales». Esa situación, advierte la Contraloría, «podría implicar un riesgo de concentración de los créditos en algunas entidades universitarias, materia que, sin embargo, no ha sido regulada por la Comisión Ingresa, pese a que contarían con atribuciones para ello».

Desde otro ángulo, pero apuntando a la misma preocupación, el documento indica que los principales grupos en los que se concentra el crédito tienen, a su vez, un altísimo porcentaje de alumnos con CAE respecto al total de su matrícula. «De la información examinada se determina que el conglomerado Laureate posee el 35,12 por ciento de alumnos con crédito CAE. A su vez, el de Inacap, el 36,03 por ciento, y el de Santo Tomás, el 49,31 por ciento, respecto de sus matrículas totales».

La Contraloría plantea una significativa crítica al modo de actuar de la Comisión Ingresa: «Sobre el particular se observa que la entidad fiscalizada no ha implementado medidas que permitan controlar la concentración que las instituciones de educación superior mantienen de los créditos respecto de su propia matrícula de alumnos». De acuerdo al informe, «esas variables, a la luz de los principios de control, eficiencia y eficacia […] deberían ser consideradas para mitigar potenciales riesgos».

En otro informe publicado en junio de 2013 sobre financiamiento fiscal de la educación superior 2012 que entregó el contralor, Ramiro Mendoza, a la Comisión Investigadora sobre la Educación Superior en junio de 2013, la misma Contraloría advertía ya sobre la cantidad de créditos respaldados por el Estado que está llegando a las instituciones del sector privado.⁶ Señala ese informe que el monto del CAE entre 2011 y 2012 se incrementó en un 15,5 por ciento.

En ese documento consigna que el total de los créditos otorgados a los estudiantes de educación superior por concepto de CAE alcanzó a 273.363.031.000 pesos, y por crédito solidario, 94.636.025.000 pesos, lo que da un total de 367.999.056.000 pesos en 2012.

De esa suma, indica, un 48,4 de los créditos llegó en 2012 a las universidades privadas, a través de sus alumnos, un 14,3 por ciento fue para los institutos profesionales y un 3,4 para los centros de formación técnica. Es decir, las entidades privadas concentraron el 66,1 por ciento de todos los créditos. Los estudiantes de universidades tradicionales no estatales alcanzaron un 17 por ciento y los de universidades estatales un 16,8 por ciento del total.

A su vez, dentro de las universidades privadas favorecidas con CAE, la lista de 2012 la encabeza la Universidad Andrés Bello, seguida de la Autónoma, la Santo Tomás y la San Sebastián, todas bordeando el 13 por ciento de este tipo de financiamiento entre las privadas, de acuerdo al informe de la Contraloría.

RECUERDOS NO TAN LEJANOS

Con el objeto de recordar cómo vivieron los estudiantes de mediados de la década pasada los orígenes del CAE, le pedí a la periodista Úrsula Schüler —ex alumna del ICEI y ex vicepresidenta de la FECH en 2010— que entrevistara para la investigación que dio origen a este libro a algunos dirigentes de entonces. Uno de ellos es Felipe Melo Rivara,⁷ ingeniero civil de industrias y máster en gestión pública y gobernanza de la London School of Economics and Political Science, quien presidió el centro de estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile en 2004 y fue el presidente de la FECH en 2005, cuando nació el CAE. Militaba en el movimiento Nueva Izquierda. Hoy es el director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile.

En la conversación, en el casino de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en una tarde de enero, surgieron para Felipe Melo casi en conjunto los recuerdos sobre el proyecto de ley de acreditación y el CAE. Y no es raro, porque fueron contemporáneos y una trajo al otro. Los dirigentes estudiantiles se opusieron al Crédito con Aval del Estado. No así al proyecto sobre acreditación.

Según Felipe Melo, a diferencia de la discusión por el crédito, «la de acreditación nunca fue una ley que estuviera muy cercana al mundo estudiantil. No se veía una cosa particularmente complicada, en un contexto donde estaban en discusión los temas de financiamiento, que eso sí se veía en los ojos de los estudiantes como una cosa nefasta en el caso de aprobarse las leyes que finalmente se aprobaron».

«A lo más, en los círculos de dirigentes se escuchaba decir que las agencias debían ser públicas», comenta. «Que no podía haber, ni para las carreras ni para las instituciones, la posibilidad de hacer agencias privadas, y que la acreditación debía ser obligatoria», pero reconoce que «fuera de eso no era un tema que concitara particular oposición del mundo estudiantil».

Indica el ex presidente de la FECH que eso «quizá se debía a que aunque fuese voluntaria, por lo menos manifestaba una intención de los legisladores de avanzar al respecto».

Víctor Orellana Calderón⁸ es sociólogo, fue presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales en 2004, y compartía mesa directiva con Felipe Melo como secretario general de la FECH en 2005. Ex militante de la SurDA —movimiento de izquierda crítico de la izquierda tradicional, precursor de la Izquierda Autónoma— y actual investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciaes) de la Universidad de Chile. Orellana identifica los orígenes de la ley de acreditación con «un intento de los sectores más progresistas del Gobierno de la Concertación para regular un mercado desregulado». Dice que las dirigencias estudiantiles —«porque movimiento no había»— captaron esto en el año 2003.

Ese proyecto, según Víctor Orellana, «lo redactó prácticamente María José Lemaitre; ella está vinculada a cuestiones de educación superior, no al ámbito de negocios, es gente que no está haciendo plata con el asunto. No venía del mundo Brunner, por ejemplo».

Recuerda Orellana que inicialmente en el Gobierno querían que la acreditación fuera obligatoria, lo que le parece lógico. «Después se transformó en optativa. La SurDA trató de meter algunas indicaciones, y lo logró; por ejemplo, que las instituciones de educación superior permitieran organizaciones estudiantiles democráticas.»

EQUIVOCACIONES Y RESPONSABILIDADES

Nicolás Grau Veloso es economista.⁹ Fue presidente de la FECH en 2006 —como parte del movimiento Izquierda Amplia—, el año de la movilización de los «pingüinos» y del estreno del CAE. En 2005 había sido el secretario de finanzas. Hijo de la ministra secretaria general de la Presidencia de Michelle Bachelet, Paulina Veloso, es ingeniero comercial y actualmente sigue un doctorado en Economía en la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.

Coincide con Felipe Melo y Víctor Orellana en que ellos no le dieron mucha importancia a la acreditación. Admite que «fue una falencia. No fue un tema presente y tal vez en eso nos equivocamos». Pero recuerda que un punto que criticaban es «que en vez de acreditar cierta calidad en general o cierta pertinencia al proyecto educativo, lo que hacía era acreditar la consistencia del proyecto educativo».

Cree que si hubiera sido «solo por la Concertación, hubieran sacado una ley de acreditación obligatoria más dura. Eso hay que reconocerlo». Pero agrega Nicolás Grau: «Lo que también es totalmente cierto es que incluso con la legislación actual de acreditación todo el negociado que había se podría haber parado mucho antes; eso no necesitaba leyes para pararlo». Y resume su punto de vista: «Creo que la derecha tiene alta responsabilidad política de que la ley de acreditación fuera tan mala, pero que con la institucionalidad que existía se hubiese hecho tan poco y se hubiese permitido este gran negociado es responsabilidad principalmente de la Concertación».

«Pero en el tema del CAE la actuación del movimiento estudiantil fue la correcta. Ni siquiera estuvimos dispuestos a discutir este tema mientras no cambiaran estas cosas más fundamentales», sostiene Grau.

Tras un largo debate en el Congreso y cientos de modificaciones, la Ley de Aseguramiento de la Calidad se terminó aprobando en 2006, el año del movimiento de los «pingüinos». Y entró en vigencia en 2007. Se estrenó la CNA y su extraña composición, con agencias privadas, pares evaluadores y sin carácter obligatorio para la acreditación institucional. Solo sería indispensable para las carreras de medicina y pedagogía.

Pero de facto se hizo obligatoria por la exigencia para obtener el Crédito con Aval del Estado. «Lo que pasa es que el CAE estuvo amarrado al sistema piloto de acreditación, que fue esta comisión previa que no estaba acorde a una ley, el CNAP, Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado», anota Felipe Melo.

SUPUESTOS ERRADOS

«Haciendo memoria, nosotros conversamos con mucha gente sobre el CAE», dice Felipe Melo siete años después. «Hablamos por lo menos con unos cinco o seis diputados, con un par de senadores, sobre todo con aquellos que pensamos que podían ser más afines a las posturas de los estudiantes. Y la inmensa mayoría estaba muy convencida de tener un proyecto positivo», cuenta.

A su juicio, «el Gobierno de entonces, de Ricardo Lagos, fue muy hábil en trazar la estrategia comunicacional de la ley, en el sentido de decir “tenemos un sistema público de ayudas estudiantiles que cubre solo una porción que son los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores y un universo estudiantil que es aproximadamente la mitad, los de las universidades privadas, que no tiene ninguna posibilidad de entrar».

Era el momento en que el sector privado de la educación superior estaba pasando a ser mayoritario y «sus estudiantes no tenían ningún sistema de ayuda pública más allá de las pocas becas Milenio y otras que eran para estudiantes de centros de formación técnica», recuerda Melo.

Desde su origen el CAE partió, según Felipe Melo, con dos ideas superpuestas: «Una es que no existiera básicamente capital público en esto, sino una garantía por deserción de los estudiantes de parte de las universidades, y una garantía si ellos no pagaban por parte del Estado». La idea era que el Estado avalara, pero no entrara a financiar. «El argumento histórico que escuché al respecto, y era un poco de esa línea de pensamiento muy liberal, era que podía tener un efecto multiplicador en el sentido de que por un peso público que estuviera puesto en garantía de un estudiante cualquiera, los bancos iban a invertir dos pesos», recuerda Felipe Melo.

Pero sostiene: «Si se pone un peso del presupuesto público en un estudiante riesgoso o en una cartera más riesgosa, y le vuelvo a comprar a los bancos la parte de la cartera que tiene más riesgos, los bancos van a estar muy desincentivados para invertir más. Por eso, el argumento liberal de “yo invierto un peso y los bancos me dan dos si es que los invierto en cualquier estudiante” es bastante falaz. No funciona si lo invierto en los de más riesgo».

«POLÍTICA DE ESCRITORIO»

Felipe Melo asocia el CAE con Pilar Armanet, la hoy vicerrectora académica de la Universidad de Las Américas, en ese entonces jefa de Educación Superior, quien veía con optimismo el nuevo sistema de acreditación, que se instalaría a partir de 2006.

En más de alguna oportunidad, en las conversaciones que tuvieron con el ministerio, «en particular con Pilar Armanet, ella nos dijo: “Aquí el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy sustantivo, tanto en temas de financiamiento como en los de calidad”. En los primeros estaban haciendo esa ley, que ellos consideraban maravillosa, y en los de calidad estaban avanzando con la ley de acreditación», relata. Y supone que «José Joaquín Brunner también debe haber estado entre los ideólogos de este cuento».

«Creo que la idea de esto nació del mundo liberal de la Concertación», continúa el ex presidente de la FECH. «En mis conversaciones con Pilar Armanet, ella estaba fervientemente de acuerdo con esta idea», reitera. «Lo veía como algo muy positivo, le gustaba mucho. Consideraban que el financiamiento estudiantil no debía tener ningún tipo de subsidio, porque partían de ese supuesto propio de la teoría neoclásica.»

Felipe Melo asegura que esta invención «existe en muy pocos países». El sistema que tenía Estados Unidos hasta hace poco era en cierto modo parecido, en algunos estados por lo menos, dice. «Y Obama, hace cuatro o cinco años, dijo que era nefasto porque el Estado estaba subsidiando a los bancos… Y lo cortaron. Pero más allá de eso, en Europa —que yo sepa— no existe; en otros países de Latinoamérica, menos. Creo que es bastante inédito. El origen es muy ideológico y directo de experiencias “chicagüenses”».

Explica Melo que «partían de la base de que estos estudiantes a futuro ganarían muchísimos recursos, pero el supuesto es súper falso». Según sus impulsores, «con cierto nivel de nobleza, no creo que hayan estado engañando necesariamente a nadie, se lo creían».

Visto con ojos de hoy, el ingeniero confirma las aprensiones estudiantiles de ese tiempo y expone sus puntos de vista: «Me parece un criterio tremendamente errado. Yo diría que había un grupo liberal, por lo menos del PPD y de parte importante del PS y de la Democracia Cristiana, que se creía esto absolutamente».

Ve el surgimiento del CAE como «la expresión clara del Estado subsidiario, de que si existe interés del mercado en financiar al menos parte de los estudiantes, entonces “dejemos que el mercado lo haga, y con los recursos públicos nos focalizamos en los pobres que nadie quiere financiar”. Incluso —dice— el CAE internamente replica esa misma lógica que es este proceso en el que el Estado le decía a los bancos: “Yo te compro los estudiantes más riesgosos para que efectivamente el mercado siga funcionando en aquellos que tienen un poquito menos de riesgo”».

Según el ex presidente de la FECH, el fracaso del CAE comprueba que esta fue una «política de escritorio», porque, dice, «nunca nadie estuvo ni medianamente cercano a la realidad de un estudiante y partieron con supuestos que no se cumplen». Señala que «en instituciones de baja calidad, la empleabilidad de sus egresados es baja. Y por lo tanto, el nivel de renta futura no da como para pagar el crédito gigantesco que estaban asumiendo». Porque, recalca, «estamos hablando de créditos de veinte millones de pesos, de treinta millones de pesos».

Con el nivel de deserción que existe en esas instituciones y con el endeudamiento en las familias en otro tipo de créditos, el CAE «no se sostenía bajo ningún punto de vista». A su juicio, su diseño provino de una sobreideologización «de un sector mayoritario en ese entonces del conglomerado de Gobierno que fue el que generó todo esto. Probablemente, con la venia del sector bancario y muchos otros a los que les parecía una buena noticia, tanto desde el punto de vista público como privado. Pero yo, a priori, no asumiría mala intención en ellos», aclara.

Recuerda también que el Instituto Libertad y Desarrollo miraba con simpatía el proyecto. Y a las universidades, aunque tuvieran que cubrir el riesgo por deserción, el CAE les resultaba conveniente. «No tenían ningún problema en hacerlo, porque veían obviamente con muy buenos ojos que el mercado al que podían acceder con sus servicios se les ampliaba muy groseramente, probablemente se les duplicaba o se les triplicaba», explica Felipe Melo.

El 1 de junio de 2005, el Congreso aprobó el CAE. «Nuestro lobby parlamentario fue particularmente fracasado, muy poco eficaz. Creo que solo el senador Nelson Ávila y el diputado Sergio Aguiló votaron en contra de la Ley 20.027. Todo el resto votó a favor. Frente a una correlación de fuerzas de ese nivel en el Congreso, no había mucho que hacer al respecto», recuerda Felipe Melo.

«NO SOMOS EGOÍSTAS»

«Este proceso dominó básicamente todo el primer semestre de la federación de Felipe Melo en 2005, de la que me siento totalmente parte. Yo participaba en el comité político, era además consejero, coordinaba a todos los consejeros de nuestro grupo para el pleno de la FECH. Gran parte de mi tiempo lo dedicaba a trabajar en esa federación», indica Nicolás Grau.

«En 2005, básicamente la FECH desde el comienzo le declaró la guerra a esta cuestión, por distintas razones», dice Grau. «Porque entraban los bancos y porque lo veíamos como una forma de privatizar el sistema de financiamiento universitario, y en esto sí hubo manifestaciones que para la época eran bastante grandes, diez mil personas, quince mil personas, fue una movilización bastante fuerte. Fue largo, unos dos meses. Tomó toda la política universitaria del primer semestre.»

«La FECH tenía en ese momento dos niveles de crítica: una más política que tenía que ver con esto de no permitir el negocio en la educación; ahí sí que ya el tema del negocio estaba en la agenda firme por la presencia de los bancos. En las revistas Bello Público,¹⁰ de esa época era súper claro. Hay portadas en que nosotros decimos cómo esto va a involucrar cierto nivel de endeudamiento, criticando políticamente la entrada de la banca al sistema, ese era un plano. Y había otro plano en el que, además, discutíamos los detalles del proyecto.»

Nicolás Grau da un ejemplo en que el punto de vista de la FECH fue escuchado, aunque ellos, sostiene, no negociaron al respecto: «Cuando todavía no se dictaba el reglamento había muchas dudas sobre lo que iba a pasar con estudiantes de distintas carreras que tuvieran distinta rentabilidad, si ellos iban a tener que pagar distintas tasas de interés. Nuestra postura era obviamente que eso no tenía que pasar, y creo que algo influyó en la solución que finalmente se adoptó y quedó la misma tasa de interés para todos».

Señala Grau que «políticamente, la postura de la FECH ante el CAE fue bien dura y significó que la federación no negociara este tema. Nosotros podríamos haber tomado una postura un poco más pragmática y haber dicho “vamos a tratar de arreglar la ley”; no hicimos eso. Decíamos: “Mientras los bancos estén ahí, no”. Pero no hubo fuerza, entonces finalmente la ley se aprobó».

Recuerda que desde el Gobierno «nos decían que los estudiantes eran egoístas y no querían un sistema de financiamiento para las universidades privadas. En una de las marchas más grandes, los “cabros” de teatro que iban adelante pusieron un cartel que decía “Bitar, no somos egoístas”».

«Y, bueno, argumentaban una cuestión bastante discutible. Decían que era lo único que se podía hacer. Como siempre, primaba la aproximación más tecnócrata a la política pública, es decir “no es una discusión de lo que nos gusta, sino de lo que se puede”. Y ellos planteaban que no había ninguna otra forma de dar financiamiento a los estudiantes sin incorporar a la banca privada», comenta Nicolás Grau.

Cuenta Grau que después, cuando asumió como presidente de la FECH, fue a una reunión al ministerio «donde se nos presentó cómo iba a funcionar y ahí nos dijeron que habían tomado en consideración en el reglamento muchos puntos de la federación de este segundo plano de críticas más puntuales».

«SIETE DE CADA DIEZ CHILENOS»

Víctor Orellana cree que «el mercado universitario, por llamarle de alguna forma, venía expandiéndose y estaba cercano a llegar a una suerte de saturación de la posibilidad de expansión», que en ese tiempo era hacia los sectores medios. «La sensación que a mí me da es que intentaron armar el CAE para que el mercado pudiera ir a recoger a los “cabros” del primer y segundo quintil»,¹¹ señala.

A su juicio, lo que se buscaba desde el Gobierno era «focalizar mejor una política pública». A diferencia de otras interpretaciones, Orellana no cree que «esto venga de los Brunner —dice—, sino de un Gobierno como el de Lagos que quería dar señales de “crecer con equidad” y esas cosas».

Por eso, sostiene Orellana, el objetivo era «ampliar la cobertura a los estudiantes donde había menos cobertura. Hacia los quintiles primero, segundo y tercero, en una señal de “equidad”. Querían mostrar esto de que “siete de cada diez chilenos” están estudiando en la educación superior».

Según Víctor Orellana, el Gobierno de Lagos en ese momento quería «matar dos pájaros de un tiro». Porque, a la vez, «quería terminar con el Fondo Solidario, que era un sistema deficitario, al cual siempre tenían que ponerle plata para cubrir los déficit».

Recuerda que cuando se promulgó la ley, los bancos «no se querían meter, porque no encontraron las condiciones suficientemente favorables para lo que querían […] Porque el CAE está hecho sobre la base de lo que un profesional va a ganar en promedio; por ejemplo, un abogado que gane ochocientas “lucas”,¹² salga de donde salga. Pero como el CAE está pensado para los “cabros” del primero y segundo quintil, en el fondo el banco no iba a correr el riesgo».

Víctor Orellana manifiesta que «a lo mejor, para los bancos igual era negocio, pero los tipos son “patudos”; entonces, cuando el Gobierno tuvo la ley hecha, los créditos asignados y ya no podía echar pie atrás, los bancos le dijeron que no entraban al negocio». Por eso, dice, «el sistema se quedó sin financiamiento, y ahí vino el asunto del sobrepago, el sobrecosto, para que los bancos entraran». Así, explica, «el Estado le pasa plata al banco por el estudiante vulnerable y esa plata hace que el banco recupere en ese momento la inversión. Es decir, el banco gana con el sobrecosto».

«La clave es que en el momento en que los bancos corporativamente no entran al negocio, ahí le metieron la máquina del lobby a Bitar. Eso fue en el segundo semestre de 2005», dice Víctor Orellana.

Desde 2006, el CAE ha venido aumentando continuamente de acuerdo a la Ley de Presupuesto de cada año. El Fondo Solidario, en cambio, ha disminuido. Esta tendencia se ha marcado más en los últimos años. De acuerdo al Informe de la Contraloría sobre el Financiamiento a la Educación Superior en 2012, el total del Fondo Solidario llegó a 94.636.025.000 pesos, mientras que el CAE fue 273.363.031.000 pesos. En la asignación 2013, ahora con igual tasa del 2 por ciento, continuó aumentando el CAE y disminuyendo el crédito solidario. La tendencia —se pronostica— es que vaya desapareciendo el crédito subsidiario y todo sea CAE.

EL OLIGOPOLIO DE LOS INSTITUTOS

Desde que empezó a operar el Crédito con Aval del Estado, el ritmo de la expansión de la educación superior continuó. Como en el retail, llegó mediante el endeudamiento a los sectores más masivos y de menores recursos socioeconómicos. «Ese estudiante pudo llegar porque traía la marraqueta bajo el brazo. Venía financiado. Ese “cabro” para el mercado representa costo cero. Y eso viene en matrimonio con la acreditación. La institución tiene que estar acreditada, porque si no deja a los estudiantes sin crédito», sostiene Víctor Orellana. Y por eso, dice, los más beneficiados resultaron ser los institutos profesionales y básicamente Duoc, Inacap y AIEP, como muestran las cifras.¹³

Según él, el Duoc y el Inacap —los más favorecidos—, «entre comillas, no lucran, aunque la ley permite que los IP lucren». Establecer hacia dónde destinan las ganancias la Universidad Católica, vinculada estrechamente al Arzobispado de Santiago, y a la Confederación de la Producción y del Comercio daría para otra investigación. Es posible que parte vaya a reinversión en educación, por eso lucen edificios modernos, confortables y equipados. Pero lo obtenido en estos años da para eso y más.

La Contraloría ya puso el foco en esa concentración, preocupada de resguardar los recursos estatales. Tarea pendiente para el Ministerio de Educación y el Consejo de Defensa del Estado será determinar cuánta ganancia real perciben año a año los grandes favorecidos con el CAE y precisar qué hacen con las platas que obtienen a través de los aranceles de sus estudiantes avalados por el Estado.

«Con el CAE crecieron estos institutos de una manera grosera, igual que Las Américas y todas esas universidades no selectivas, pero incluso esas se mantienen con un crecimiento relativo más equilibrado. Pero entre los que han crecido en forma desquiciada están estos dos grandes IP y un poco el AIEP, en tercer lugar», reitera Víctor Orellana.

El investigador del Ciaes da una mirada al mapa de los grandes institutos favorecidos con el CAE. Alude a Gonzalo Vargas Otte, el rector de todos los establecimientos de Inacap, que antes fue director del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica y gerente de la Fundación Paz Ciudadana, donde hasta hoy es consejero.¹⁴ Cuenta que un día en un encuentro sobre universidades organizado por el foro Equalis, conversando con Gonzalo Vargas, el rector de Inacap le comentó: «“Yo no compito con Duoc”, nosotros competimos con otras instituciones. Lo quedé mirando y pensé: “Si no compite con Duoc, ¿con quién compite, si Duoc e Inacap son dueños de casi todo el campo técnico-profesional?”… Lo que ocurre es que tienen el mercado repartido».

Según Víctor Orellana, «el CAE termina financiando a Inacap y Duoc en un formato totalmente oligopólico de mercado repartido en su expansión. Tienen distribuidos barrios, profesiones. Se reparten territorios, carreras y no compiten […] Ese es el circuito de interesados en el CAE, ese trust que se generó y de ahí viene la Universidad Tecnológica de Chile, que es la universidad de Inacap; el grupo tiene cien mil estudiantes. Es un chorro de plata, un cerro de dinero».

Y advierte que si eso sigue sin cortapisas, todavía les quedaría por avanzar. «Porque la mitad de los jóvenes de Chile, entre dieciocho y veinticuatro años, no ha pisado una institución de educación superior. Chile tiene una cobertura bruta del 50 por ciento. Si en los próximos diez años ese techo llega al 65 por ciento, incluso al 70 fácilmente, ya estaríamos al nivel de cobertura de la educación superior de Japón. Y el grueso de esos estudiantes va a entrar a instituciones de ese tipo, Inacap, Duoc. ¿Quiénes son los banqueros de Duoc e Inacap? ¿Qué hacen con la plata?», se pregunta Víctor Orellana. «Y ahí está metido el Opus Dei y la Iglesia», comenta.

Relata una anécdota de una señora «de un CFT chico que me llamó para que la fuera a ayudar a hacer un estudio de mercado porque quería crecer. Y la señora me dijo: “Estoy hasta acá con Inacap y Duoc, porque tienen todo el mercado repartido”».

Y cuenta Orellana que la misma señora le dio una pista de cómo está operando el negocio en niveles pequeños. «Le pregunté a esta señora: “¿Cómo lucran ustedes?”. Se rió y me dijo: “No, nosotros no lucramos”, porque también es un CFT de la Iglesia. Pero de repente me miró y me confesó: “Yo guardo ochocientos millones de pesos al año”. Lo guardan no más. Es decir, el CAE capitalizó a la Iglesia, una conclusión así se podría sacar… O sea, las platas del Estado han ido a parar a una capitalización importante de instituciones controladas por la Iglesia… y no te estoy hablando de la Iglesia progresista, no, no, del Opus Dei», concluye Víctor Orellana.

Los números sobre la cantidad de alumnos y de ingresos son elocuentes. El CTF Inacap tenía en 2012 el 71 por ciento de los alumnos de todos los CFT y se duplicó entre 2005 y 2012, superando los 44.500 alumnos. Por su parte, el Instituto Profesional Duoc —como hemos visto— más que duplicó su matrícula en el mismo período y llegó a 63.089 alumnos.

«Es grito y plata», dice Víctor Orellana. «Y todo esto lo han dirigido especialmente a jóvenes del primero, segundo y tercer quintiles. Aparte que son instituciones buenas, que están acreditadas […] Te meten contingentes sociales nuevos al mercado financiero con plata estatal.»

Según él, las entidades que —CAE mediante— «emergen con fuerza en el negocio del mercado de la educación superior en el último tiempo son los IP».

«VETAS» PARA EL NEGOCIO

Está claro que los institutos profesionales están resultando un estupendo negocio para sus dueños. Incluso si se controlara el lucro en las universidades, quedaría la «veta» de los institutos profesionales y CFT que —como hemos visto— han venido creciendo en forma impresionante. Y se está hablando mucho de incentivar la educación técnica.

Roxana Pey ve como una posibilidad que en la medida en que se concentre «en el pregrado de las universidades la presión del movimiento social, podría determinar que no se pueda lucrar mucho más». Al menos no en la forma y cantidad que lo han venido haciendo, sobre todo si se establecen mecanismos tendientes a fiscalizar y hacer cumplir la ley. «Pero el negocio se iría desplazando hacia lo técnico, que tiene cero regulación. Y no hay limitación legal al lucro. Eso no se está discutiendo.»

El otro ámbito donde Roxana Pey advierte que «podría generarse más lucro es en los programas de posgrado que han contribuido al financiamiento de las universidades en los últimos años. La idea de que hay que hacer un posgrado está instalada ya en el grueso público, está la necesidad creada, y tienes un público que es adulto, que está trabajando, tiene sus recursos, no hay ninguna reglamentación de ningún tipo, ni restricciones al lucro», indica.

Vincula esa posibilidad con el «empecinamiento de acortar las carreras» que han manifestado los últimos ministros de Educación y varios directivos de universidades. «Si tú acortas la carrera reduces el pregrado y así construyes un público mayor y cautivo, potencial», dice.

En todo caso, según Roxana Pey, es hora de considerar las lecciones que han dejado los errores que ha mostrado el sistema. Al respecto alude al proyecto de la superintendencia del Gobierno actual: «Es de chiste», dice.

Admite que «hay que entender que estas cosas son complejas, no se resuelven con un instrumento. Entonces no puedes ir por etapas, tienes que ir en forma simultánea, resolver todos estos frentes, porque es un asunto en que todas sus partes están articuladas unas con otras. Por eso, fue un error instalar el CAE sin instalar otras cosas. El modelo se sostenía en estas patas: financiar la demanda, y acreditar, que era la garantía para la sociedad en la que se decía “aquí tienes un voucher con CAE o beca”, y el mensaje era “anda donde estos, que no te van a engañar”. ¡Y ya vemos lo que pasó!».

DESIGUALDAD EN EL TRATO

En contraste con las suculentas ganancias de algunos grupos económicos, educacionales y religiosos, se ha observado en estos años el constante deterioro de la educación pública. De hecho, el Estado no cuenta con ningún establecimiento en que imparta educación técnica, pero aún más: varias de las universidades públicas han logrado sobrevivir apenas en medio de este «mercado». Los paros y manifestaciones de los estudiantes de regiones, que en su mayoría pertenecen a los niveles socioeconómicos medios y medios bajos y provienen de colegios municipales o subvencionados, dan cuenta de esa realidad.

En su Informe sobre el Financiamiento Fiscal a la Educación Superior 2012, la Contraloría aporta otros antecedentes: del total del financiamiento fiscal de ese año, que alcanzó a 1.076.161.371.000 pesos, casi un 70 por ciento se orientó a los estudiantes por la vía de créditos y becas, y solo 323.856.415.000 —es decir, el 30,1 por ciento restante— llegó en forma directa a las instituciones. Las cifras reflejan cómo y en qué cantidad el sistema de vouchers —en el que cada estudiante va con su financiamiento a las diferentes entidades— es el que prima en el financiamiento de la educación superior chilena.

Las diferencias que genera el financiamiento no se relacionan solo con el CAE, sino con las otras fuentes de financiamiento del Estado, porque tampoco son iguales todas las del Cruch.

El rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera, se ha caracterizado en estos años por la defensa de la educación pública. Hijo de profesores, ingeniero civil industrial, desde que se inició su segundo mandato a la cabeza de la principal universidad del país ha insistido en la necesidad de que el Estado establezca un «nuevo trato» con sus universidades. Aboga porque asuma de una vez por todas una responsabilidad que no ha tenido, mientras ha entregado recursos que han ido a parar a manos privadas.

Un buen ejemplo para graficar la desigualdad en el trato es para Víctor Pérez lo que ocurre en la Región de Valparaíso, donde hay cuatro universidades tradicionales. Mientras conversamos en su oficina en la torre 15, en Portugal con Diagonal Paraguay, el rector toma el informe de la Contraloría sobre el año 2012 y señala: «Dos universidades son estatales, Playa Ancha y Valparaíso, y dos privadas tradicionales, la Católica de Valparaíso y la Federico Santa María. Si se analizan las cifras del Aporte Fiscal Directo, el Estado le entrega aproximadamente a la Universidad de Valparaíso y a la de Playa Ancha, que son estatales, un poco más de cinco mil millones de pesos al año en total. Y el mismo Estado le entrega a la Católica de Valparaíso y a la Federico Santa María aproximadamente diecinueve mil millones de pesos».

Entonces, dice, «el Estado tiene dos universidades estatales en la Región de Valparaíso, a las cuales les entrega un aporte directo que es menos de un tercio de lo que le está entregando a las dos privadas tradicionales. No estoy pidiendo que se le quite a las universidades privadas tradicionales su Aporte Fiscal Directo. Pero si el Estado tiene dos universidades públicas, ¿cómo es posible que les dé menos de un tercio de lo que les da a las privadas tradicionales?».

Víctor Pérez agrega otro elemento que marca una diferencia incluso con las tradicionales: «Esas dos universidades, por esos diecinueve mil millones de pesos, no tienen que rendir cuenta, no están bajo la supervisión de la Contraloría General de la República ni están afectas a la Ley de Transparencia, y las transacciones que hagan con esas platas no se hacen a través del portal Mercado Público».

CONTROL Y TRANSPARENCIA

Aparte de la misión propia de la universidad pública, Víctor Pérez destaca un aspecto desde el punto de vista de los recursos: «Las universidades reciben recursos de dos tipos: públicos —directa o indirectamente— y privados. En el caso de las estatales, los recursos —públicos o privados— al ingresar a la universidad estatal se transforman en recurso público. Sin embargo, en las instituciones de la educación superior —tanto CFT, IP y universidades privadas en general—, los recursos públicos que reciben los manejan privadamente».

Para Víctor Pérez es fundamental no solo superar esa situación desigual, sino también garantizar el buen uso de los aportes del Estado. «Se ha enfatizado —y eso está bien— que las instituciones públicas estén bajo el control de la institucionalidad en el uso y manejo de los recursos, pero hay una cantidad mucho mayor que va a las instituciones privadas que no tiene ningún control.»

Él cree que se podría empezar con una fórmula simple. Ante tal asimetría, señala, se podría establecer —a través de una ley o de una glosa en la legislación presupuestaria— «que toda institución de educación superior que reciba recursos del Estado, directa o indirectamente, quede bajo el control de la Contraloría General de la República, y que se acepte, además, que se les aplique la Ley de Transparencia, de tal manera que los sueldos estén puestos con los beneficios y las bonificaciones y también las transacciones vía mercado público. Es la única manera de hacerlo por razones de fe pública». Cuenta el rector Pérez que propuso una iniciativa en ese sentido cuando concurrió a la segunda comisión investigadora de la Cámara de Diputados en 2013.

Y agrega que el Estado debería hacer «una indagación con expertos de alto nivel, abogados y auditores», para verificar cómo se están gastando los recursos. Porque advierte la necesidad de «poner ojo», ya que «algo que aparecía tan simple como tener una universidad para que provea educación superior y realice investigación, se ha convertido en un asunto tan complejo, con todo este enmarañamiento de figuras y sociedades».

Para el rector de la Universidad de Chile es fundamental que el Estado asegure que «los recursos que van a las becas de los estudiantes no terminen siendo derivados vía arriendo u otro tipo de gastos, sacados para extraer un retorno». Señala que a su juicio no se ha sido suficientemente diligente para usar los instrumentos que hoy el Estado tiene para abordar este tema. «No sé por qué no se han podido o no se han querido usar [los instrumentos] que tiene el Estado. Es tan simple como colocar una glosa a la Ley de Presupuesto que diga que las instituciones deben cumplir ciertos requerimientos, como ser sometidas a Contraloría, a Ley de Transparencia y al mercado público», reitera.

Ante el aumento de la cobertura experimentado en estos años «sin preocuparse de la calidad», Víctor Pérez se pregunta: «¿Por qué no se conversó vía un nuevo trato con las universidades estatales para que estas hubieran ampliado sus cupos de manera responsable? Y esto significaría partir por la infraestructura adecuada, laboratorios, equipamiento, salas de clase, oficinas, pero también la arquitectura académica; tener académicos y académicas del más alto nivel para hacer frente a ese aumento de la cobertura. Lo que pasó fue que hubo una decisión de aumentar la cobertura, olvidarse de la calidad y empezar a financiar, directa o indirectamente, este aumento de cobertura».

«ERROR IDEOLÓGICO»

Señala el rector de la Universidad de Chile que en ese sentido ha planteado «el tema del nuevo trato, porque no hay ninguna razón para que la Universidad de Chile no pueda pasar de sus actuales veintisiete mil estudiantes de pregrado a treinta y cinco mil o cuarenta mil; que la Usach haga lo mismo; que la Universidad de Talca haga lo mismo; la de Valparaíso, también. ¿Por qué no se hace?».

El límite para ese posible crecimiento está en la falta de recursos, precisamente en el poco apoyo del Estado a sus propias universidades. «Porque si se aumentan los cupos de manera irresponsable se genera en la práctica una estafa a los estudiantes, ya que van a buscar una educación que no van a recibir», afirma Pérez.

«El Estado tiene la responsabilidad de entregar educación de calidad y equitativa a todo aquel que lo requiera», reitera. Y cree que «el error ha sido ideológico, el decir “mire, el Estado no tiene nada que ver en el campo educacional, debe primar la subsidiaridad absoluta, así que debe restarse porque los privados se van hacer cargo”».

En ese escenario, se pregunta, «en aquellos casos donde las privadas no lo hagan bien, ¿de quién va a ser la responsabilidad de resolver el asunto?, ¿de otro privado?, ¿o va a ser al Estado al que se le pedirá ayuda? El Estado tiene que estar preparado para eso».

«TODAS QUIEREN SER PÚBLICAS»

A su juicio, «la única manera de que el Estado pueda ampliar responsablemente la cobertura es que sus universidades tengan un trato diferente a través del cual se les asegure que van a tener la infraestructura, el funcionamiento y el cuerpo académico necesario para dar esa misma docencia e investigación con calidad. Y eso las universidades estatales no pueden hacerlo hoy porque no están disponibles para ser irresponsables».

Víctor Pérez anota un aspecto que suele surgir cuando se habla de apoyo del Estado: «Han aparecido columnas, comentarios que dicen que es irrelevante la propiedad cuando se habla de lo público, entonces hablan de universidades públicas de propiedad estatal y universidades públicas de propiedad privada. Creo que solo en Chile existe esa curiosa figura, y por qué se hace, porque se quiere conseguir recursos de parte del Estado y lo han conseguido de manera cada vez más creciente y sin ningún control sobre el uso y manejo de esos recursos».

Y con un dejo de ironía comenta: «Cuando se habla de un jardín infantil público son los de la Junji,¹⁵ que es estatal; cuando se habla de educación básica, las escuelas básicas públicas son las de las municipalidades, igual que los liceos, pero nadie se atrevería a decir que un colegio particular subvencionado es una escuela pública. Hoy día, en el imaginario y en el discurso a nivel preescolar, básico y medio, educación pública es la que provee el Estado en forma directa o a través de sus órganos; pero cuando pasamos a las universidades, curiosamente ahora todas quieren ser públicas».

—Dicen algunas que serían «con vocación pública» —le menciono.

—Entonces llamemos a las clínicas privadas que son clínicas públicas, ¿por qué nos quieren hacer creer que a nivel preescolar, básico y medio lo público es sinónimo de lo que provee el Estado, pero a nivel de las universidades lo público no solo es solamente tema del Estado? —pregunta el rector Pérez.

Y detrás de la repuesta ve el claro interés por percibir recursos del Estado. A su juicio, tal como están las cosas, «lo único que se está haciendo es desviar recursos que debieron estar orientados por el propietario a sus propias universidades y los está distribuyendo como si todas fueran de su responsabilidad, y más encima haciendo un trato desprolijo respecto al uso de los recursos que se le entregan al sector privado».

ESTUDIANTES ESTAFADOS

Lo que ha ocurrido, según el rector de la Universidad de Chile, es que el crecimiento del sistema «se hizo con los privados, pensando que ellos iban a aportar recursos, y lo que hicieron fue ofrecer matrículas y con los recursos que obtenían iban bicicleteando. Durante muchos años el aumento de la cobertura se hizo a expensas de la calidad, y ahí hay generaciones de estudiantes que fueron en la práctica estafados, tanto porque no pudieron seguir estudiando como porque estudiaron y después sacaron un título que no les sirve. Pero después de eso sigue el esquema que el Estado no se hace responsable del aumento de la cobertura, porque a los ministros de Hacienda les gustó no financiar ese aumento de la cobertura».

El rector Pérez está convencido de que el Estado tiene que tener «una articulación para ofrecer una educación pública de calidad y equitativa, que sea una opción para las familias a lo largo del país». Y eso no puede ir asociado solo al número de estudiantes que tenga. Pone el caso de las universidades de Tarapacá o Arturo Prat, en el norte, o la de Magallanes, en el extremo sur.

«Son regiones que tienen pocos estudiantes —continúa—, pero el Estado debería tener una universidad en cada región del país o una sede debidamente responsable; pero si se crea, hay que asegurarle que sea sustentable, porque de lo contrario las condenas a morir o a buscar financiamiento de cualquier manera, y eso puede llegar incluso a distorsionar la naturaleza de la universidad, como ha ocurrido. El ejemplo más dramático es el de universidades estatales de regiones que han entrado a formar profesores exprés a Santiago.»

FRENOS PARA LOS CAMBIOS

El rector de la Universidad del Bío-Bío, Héctor Gaete, apunta en una línea similar: «Creo que el sistema del neoliberalismo en la economía, que es un pensamiento filosófico en realidad, que dice que el Estado debe retraerse lo más que pueda, no es algo que esté instalado solo en el Gobierno actual. Creo que es absolutamente transversal. En gobiernos anteriores vimos esta discusión, alguna parte de los gobiernos nos escuchaban y otros no. Pienso que la ideología neoliberal es bastante transversal», dice.

—Y la práctica y la defensa del lucro, ¿también la ve transversal? —le consulto.

—Alguna vez, hace años, me preguntaba por qué había una defensa tan transversal sobre eso, y recuerdo haber revisado los directorios de las universidades nuevas privadas y esos directorios no reconocen un solo color, están distribuidos en términos de control político de parte de ambas coaliciones. Hay gente incluso de distintos sectores de pensamiento —señala.

A su juicio, esa realidad en buena medida ha provocado los frenos para cambiar las cosas. Porque se observa la presencia de «personas de gobiernos anteriores que tomaron cargos directivos importantes —legítimamente, dice— en universidades del sector privado. Eso puede explicar la poca decisión de instalar un componente público fuerte en el sistema de educación superior chileno. En el discurso tendíamos a coincidir en aquella época en que el Consejo de Rectores debería ser un referente en términos de valores y de excelencia y que debía articular de Arica a Punta Arenas aprovechando la red que tiene. Tenemos algunas diferencias, pero en general se comparte la idea de una educación pública que sea republicana. Pero en los hechos no fue así».

Observa Héctor Gaete que hay una «cosmovisión» que se ha hecho presente en forma más marcada en el Gobierno actual, que es la proyección de lo que se instaló bajo dictadura.

«En primer lugar —indica— está declarado en términos de valores y principios; es decir, se quiere un Estado subsidiario que no intervenga, se quiere fortalecer al sector privado de tal manera que pueda ofrecer un servicio de educación superior desde la lógica privada. A nosotros nos ha preocupado esto, porque independientemente del proveedor de un servicio, nosotros pensamos que los valores que deben sustentar la formación de la persona han de ser republicanos, no individualistas, con una mirada de nación, con una mirada colectiva de bienestar país, de bienestar común, que debe estar sustentada en valores democráticos.»

Señala Héctor Gaete que «el Estado tiene derecho a decir estos son los derechos, los valores que tenemos instalados, no nos interesa que se fomenten dictaduras o la odiosidad entre los grupos».

Víctor Pérez indica que «hay un tema que es fundamental para una democracia sustentable, y es que exista una educación pública de calidad y equitativa, de lo contrario vamos a tener problemas sociales fuertes a futuro y va a ser un país muy distinto al que todos queremos, va a ser un país de guetos socioeconómicos, donde la diversidad, el pluralismo, son vistos como con temor; yo creo que eso es un tema serio», afirma.

«ENGAÑO SOCIAL»

En una de las conversaciones sostenidas con Roxana Pey comentábamos que en medio de los escándalos poco se habla del sentido mismo de universidad. «Es tan fuerte el tema del financiamiento, la estafa a los estudiantes, el lucro, los robos, que no hemos tenido un tiempo para mirar algo más de fondo, como es el concepto mismo de universidad.»

Y ahí, dice Roxana Pey, «es más escandaloso aún, si se puede, porque es un engaño social muy fuerte, estructural. Porque si uno piensa que las universidades en todos los países y en toda la historia se transforman en los espacios de mayor de cultura, de reserva moral de los países, los lugares de mayor credibilidad, porque no hay compromisos allá dentro, porque se trabaja con la verdad… y aquí hemos inventado esta cuestión que falsea todo».

—Y se llama universidad a algo que no lo es —le comento.

—Claro, y es que más allá del lucro, las estafas, los cartones que valen o no valen, la universidad no es solamente una escuela de fabricar profesionales; es más que eso, es un lugar donde se cultiva algo, donde se conversa, donde se piensa; esas universidades de las que estamos hablando, de esto no tienen nada, pero nada, no son el lugar donde se está pensando.

Y recuerda un detalle ilustrativo: «En La Ley de Aseguramiento de la Calidad se omitió expresamente el concepto de universidad; no existe, no dice qué es una universidad, porque no lo puede decir, porque si lo dijera se transparentaría una entidad que no está a la altura de lo que debe ser».

Señala Roxana Pey que para ella el modelo actual es de «financiamiento a la demanda, que se sostiene en la idea de que lo regula el mercado, que empodera a los individuos, fomenta el individualismo, permite que esos recursos sean capturados por distintos actores, grupos económicos, por empresas privadas de una calidad más que dudosa y tienen la ilusión de que con eso desarticulan el movimiento social. Porque al mantener este individualismo, si le resuelven el problema a la persona, esta no se va a sumar a nada más», afirma.

Además, continúa, como no se definió lo que es una universidad, «no le exiges nada a la institución, porque no le estás dando el financiamiento a la institución, no tienes nada que decirle, las instituciones son libres de autodefinirse. En cambio, si se recupera el financiamiento a la oferta, tienes que ponerle condiciones de calidad, de manera de ser, de esencia de las instituciones y de su forma de funcionar. No le entregas el poder a los individuos, y ese es el camino de recuperar el rol del Estado».

Un punto clave para el futuro es esclarecer ese tema. Porque surge la pregunta si cuando se plantea «gratuidad» se habla de más becas y más créditos o de financiamiento a la oferta —es decir, a las instituciones— y de otra concepción del sistema. Roxana Pey concuerda en que esta es una «clave del asunto. Si no tocas eso, sigues pegado en lo mismo, y van a aparecer nuevos trucos y resquicios para seguir manteniendo lo que hay».

En otros términos, para avanzar en gratuidad parecen fundamentales distintos aspectos. Uno es el fin al lucro a través de una rigurosa fiscalización y la legislación que realmente lo impida. Porque lo que se ha visto hasta ahora es que la ley dice una cosa, pero las prácticas y realidades dicen otra. Por lo tanto, los reglamentos, disposiciones y fiscalizaciones que hagan que la ley se cumpla parece algo básico. Si las instituciones disponen libremente como hasta ahora del dinero que les llega vía CAE, por ejemplo, sería como echar dinero a un tonel sin fondo.

Entretanto, los proyectos que Harald Beyer envió al Congreso y heredó la ministra Carolina Schmidt ahí quedaron. Más que cambios profundos apuntan a hacer arreglos a un modelo que hace agua. La idea original del Gobierno de Sebastián Piñera era enmendar lo que fuera necesario para continuar con él, a lo Gatopardo. Rebobinar donde fuera indispensable, hacer ajustes menores para que todo siguiera funcionando sin grandes modificaciones.

El presupuesto, según se anunció, seguiría aumentando para 2014. Los CAE también, a pesar de la maldición que desde 2011 ha caído sobre ellos. Como se ha visto, irán a parar a las mismas universidades, institutos y centros de formación técnica que ya lo concentran. Con algunas excepciones, tal vez.

Por ejemplo, el serio traspié que a mediados de octubre de 2013 tuvo la Universidad de Las Américas, cuando la CNA rechazó su acreditación, que le impediría a sus alumnos recibir Créditos con Aval del Estado y becas por dos años. «Como institución, creemos que la no acreditación es inmerecida», sostuvo el rector José Pedro Undurraga en carta a la comunidad, en la que agregó que la situación no afectaría al calendario académico de los más de treinta y cuatro mil alumnos que tiene la universidad. Y anunció de inmediato que recurriría a todas las instancias de apelación, es decir la misma CNA, y si es necesario al Consejo Nacional de Educación. Ya en una oportunidad anterior, en 2008, fue el consejo el que determinó su suerte en polémica decisión en la que participaron la entonces vicepresidenta y el jefe de Educación Superior, Julio Castro, que hasta hoy es parte del grupo Laureate. En 2010 había sido la comisión presidida por Eugenio Díaz la que le otorgó los tres años que le permitieron acceder en forma tranquila al CAE.

CAPÍTULO XVIII

Más allá de las consignas

La sede de la FECH está en una casa en la calle José Carrasco Tapia, a unos metros de Vicuña Mackenna, donde en dictadura hubo un cuartel de la DINA y después estuvo la Escuela de Periodismo. Es una casa blanca de tres pisos de los años cincuenta. En ese lugar, donde se decidieron muchas acciones y se discutieron demandas y reacciones, me reuní con Andrés Fielbaum Schnitzler, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en una larga conversación en que revisamos lo que fue el movimiento estudiantil de 2011 y cómo ve las cosas hoy.

Con el mismo objetivo me encontré con Diego Vela Grau, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, en la casa central de la universidad, donde tiene su oficina la FEUC, en la Alameda con Portugal. En medio de los patios y corredores de estilo neoclásico tan propios de esa universidad en la que estudié, tiene su residencia la federación. Entre otras instalaciones, en el piso se anuncia con un formal letrero su presencia.

Fielbaum y Vela fueron los presidentes de este año 2013. Los que tomaron el bastón de la posta a fines de 2012 y mantuvieron el liderazgo entre los estudiantes en un año electoral no exento de inquietudes y de trabajo tras los ideales y las demandas que persiguen. Personajes centrales de una parte de esta historia que ha permitido que ocurra todo o gran parte de lo que ha sucedido desde que en abril de 2011 irrumpió en las calles el movimiento estudiantil que contribuyeron a forjar.

Los dos participaron en una activa y estratégica retaguardia en 2011, como presidentes de los centros de estudiantes de sus respectivas facultades. Egresado de ingeniería matemática de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum es militante de la Izquierda Autónoma, el movimiento de Gabriel Boric y de Francisco Figueroa. Durante 2012 fue secretario de comunicaciones de la FECH y brazo derecho de Boric. Egresado de economía de la Universidad Católica, Diego Vela era presidente del centro de estudiantes de su facultad en 2011 y coordinador de la Nueva Acción Universitaria (NAU) en 2012, el movimiento de Giorgio Jackson, y estuvo muy cerca de Noam Titelman, su antecesor.

PROTAGONISTAS CENTRALES

Los dos dirigentes están siguiendo un magíster en sus universidades en las respectivas disciplinas y lo continuarán en 2014. Ambos tienen veintiséis años y vienen de un colegio particular. De los Sagrados Corazones de Manquehue, Diego Vela, quien de niño estuvo hasta segundo básico en el Saint George’s. Del Pedro de Valdivia de Las Condes, Andrés Fielbaum, quien inició sus estudios básicos en el Colegio Hebreo.

Andrés Fielbaum y Diego Vela son protagonistas centrales de una parte de esta historia que llevó a cambiar el escenario del país, la tónica de sus discusiones y sus debates. Que ha puesto en jaque a los dueños de universidades y su lucrativo negocio y que cuestionan los cimientos del sistema educacional chileno. Ambos se sienten actores de una generación que perdió el miedo, como lo manifiestan, y que quiere hacer «cambios estructurales» en la sociedad chilena.

Una de las características de lo que sucedió después de abril de 2011 es que se fue configurando un movimiento estudiantil en el que los presidentes de las federaciones de la FECH y de la FEUC han mantenido una cercanía que parece haber sido clave en la articulación del propio movimiento.

Aunque de vez en cuando desde las regiones —a través de los medios de comunicación o en forma directa— les hacen críticas que se expresan en el seno de la Confech, que aglutina a las federaciones de todo el país, quizá esa alianza entre las federaciones de las dos universidades más importantes ha sido fundamental para impulsar críticas y proyectos que de otro modo no se hubieran logrado mover. Para coordinar acciones y levantar voces, para hablar cuando creen que es tiempo de hacerlo y para marchar cuando el ambiente les parece propicio.

El padre de Andrés Fielbaum es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y su madre psicóloga de la Católica. Él trabaja «como profesor taxi» de la Universidad Central. Ella atiende en su consulta y hace capacitaciones. Diego Vela es hijo del médico ginecólogo Patricio Vela Peebles, ex profesor de la Universidad Católica, y de Josefina Grau. De niño y hasta hace ocho años vivía en Las Condes. Cuando Patricio Vela jubiló los padres se fueron a vivir a Viña del Mar y Diego se quedó estudiando en Santiago. Durante dos años, mientras asistía a clases al campus San Joaquín, se fue a vivir con dos amigos a la población João Goulart, en la comuna de La Granja, donde lo pilló el año 2011. Hoy vive en un departamento en Santiago.

Diego Vela no se siente católico, aunque «sigo mucho a Cristo, es una enseñanza de vida para mí, pero no comparto aspectos de la Iglesia católica, y menos de la jerarquía. Soy seguidor de Esteban Gumucio, de Rolando Muñoz, me interesa harto la Teología de la Liberación». Dice que se puede identificar también con algunos aspectos quizá del budismo, «que no son incompatibles conmigo, porque priorizan ciertos aspectos más acordes a los tiempos, al trato a la diversidad, a la naturaleza, al ser humano».

LOS IMPACTOS DE 2011

El año 2011 no fue solo del movimiento estudiantil para Diego Vela. Esa fue la parte positiva. Porque ese mismo año estuvo marcado por la tragedia con la muerte de su hermana Catalina y su cuñado Sebastián Correa en el avión que iba a la isla de Juan Fernández.

Poco antes debió afrontar otra experiencia en extremo dura. Ese invierno se conoció la denuncia de su familia contra el ex vicario de la Solidaridad Cristián Precht¹ por abusos contra su hermano mayor, el psicólogo Patricio Vela Montero, quien se suicidó en 1991 en California, Estados Unidos, cuando estaba terminando un doctorado. Vela Montero estaba casado con Carolina Bañados —sobrina de Precht—, quien presentó la denuncia ante la Iglesia, la que luego fue avalada por el doctor Patricio Vela. Admite Diego —hijo del segundo matrimonio de sus padres— que para él esos dos capítulos de su vida constituyen una experiencia muy fuerte. «Fue un continuo, se acompañaron los procesos», dice sin entrar en detalles sobre lo referido al ex vicario que fue una persona cercana a su familia.

En lo político, cuando fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de Economía, Diego Vela pertenecía a un movimiento que se llamó «Involúcrate». Lo define como «un poco más básico que la NAU», con «menos profundidad política». «Queríamos crear comunidad universitaria, generar espacios de encuentro», explica. Después se integró a la Nueva Acción Universitaria (NAU) y fue coordinador del movimiento en 2012.

El presidente de la FECH 2013, Andrés Fielbaum, estudió en el Colegio particular Pedro de Valdivia de Las Condes. Entró a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en 2005, cuando fueron las marchas contra el Crédito con Aval del Estado (CAE). En ese tiempo participaba en las asambleas y salió a la calle, «pero sin posición de liderazgo», hasta que en 2009 presidió el Centro de Estudiantes de Ingeniería en Matemáticas y en 2011 se convirtió en el presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, que agrupa a todos los alumnos de esa facultad. «Y por todo lo que pasó en 2011 se dinamizó mi militancia», comenta.

En mayo de ese año, Andrés Fielbaum se definía como independiente. Después ingresó a la Izquierda Autónoma. Hasta ese momento «siempre estuve convencido de hacer un doctorado e intentar ser académico de mi facultad en el futuro. Sigue siendo lo que más me interesa hacer, pero también entiendo que desde este cargo uno puede tener proyecciones diferentes».

Había sido de izquierda en su colegio, dice, «pero de un colegio más o menos cuico muy derechizado, el Pedro de Valdivia de Las Condes, donde era de los más políticos en un colegio despolitizado». Vivió de niño en esa comuna y ahora vive en Providencia con su madre. «Cuando entré a la universidad tenía acumulada cierta desconfianza hacia la Concertación, pero también de algún modo me representaba. Tenía una tensión no resuelta.»

Relata un recuerdo muy vivo que lo influyó en forma determinante. «Fue cuando estábamos protestando contra el Crédito con Aval del Estado y el gobierno de Ricardo Lagos le dijo al país que los estudiantes éramos “tan egoístas de reclamar porque no quieren que otros estudiantes tengan un crédito”. Y a mí, que estaba muy metido dentro de la movilización, me cayó tan mal eso que fue el quiebre definitivo con la Concertación.»

CUESTIONAMIENTO PROFUNDO

Invito a Andrés Fielbaum a revivir lo sucedido en 2011 y destaca en primer lugar «una cuestión que es innegable, que es el nivel de sorpresa que significa lo que ha pasado». Relata que ese año, «al interior de las dirigencias, desde mayo hasta septiembre, todo el mundo creía que le quedaban dos semanas al movimiento estudiantil y esas dos semanas se iban renovando. El nivel de masividad y potencia que tuvieron las movilizaciones trascendió largamente las expectativas, incluso de quienes supuestamente eran el sector con más perspectiva política. Creo que se conjugan cuestiones muy fuertes y una de ellas es un problema muy material, muy concreto, como es el endeudamiento».

A su juicio, a partir de esas movilizaciones se produjo «un cuestionamiento profundo a gran parte de las bases del sistema de la transición, o sea al rol subsidiario del Estado, al menos en educación; pero igual —dice— era un cuestionamiento a un pilar del modelo, y ese pilar permitió interrogarse respecto al modelo económico, político; fue cuando se empezó a hablar de reforma tributaria, de plebiscito e incluso, un poco ya en 2011, de Asamblea Constituyente».

Según Fielbaum, la potencia del movimiento estudiantil de 2011 y lo que ha seguido después se explica «porque conjuga tres elementos que cada uno de ellos ya es suficientemente relevante: por un lado, un tema de generación, que tiene mucho que ver con esto. Creo que es válido lo que se ha dicho que somos la generación que perdió el miedo, que no carga con los traumas de la dictadura; una generación dispuesta a que haya disensos, conflictos y que se resuelvan democráticamente. Sentimos un rechazo a una política de los consensos que excluye a la mayoría del país de la discusión».

«Por otro lado —señala—, están las condiciones materiales que tienen los estudiantes para organizarse y movilizarse, que no las tiene nadie más en Chile, y una tercera cuestión, quizá la más estructural, es el rol que juega la educación superior, el que jugó en el relato de la transición y que terminó siendo una mentira.»

Con orden de ingeniero, el presidente de la FECH continúa punto por punto desarrollando sus argumentos: «En el fondo, la promesa de la cobertura, de la movilidad social que supuestamente iban a significar las universidades y que terminó siendo una estafa tras otra y que se terminó de realizar con el Crédito con Aval del Estado, está detrás de todo esto». Agrega que eso «significó también que la decepción con el sistema universitario fue demasiado grande». Por eso, concluye, «creo que la conjugación de estos tres elementos determinó esta cuestión tan explosiva que fue el 2011».

EN LA FACULTAD DEL «LADRILLO»

—¿Cómo es ser dirigente en ingeniería comercial de la Universidad Católica? —le pregunto a Diego Vela.

—Interesante, es la facultad de donde salió «El Ladrillo». La facultad de Piñera, de Evelyn Matthei y de gran parte de los que están en este Gobierno —dice sonriendo.

Y agrega: «Una facultad donde el 92 por ciento de los compañeros son de colegio particular pagado y 95 por ciento del quinto quintil. 40 por ciento de colegios de la Región Metropolitana. Pero a mí eso me hace mucho sentido también. Quizá habría sido más fácil irme a la Chile, aunque en la FEN el espacio no es tampoco el mundo más amplio que existe».

«Pero estudiar en la Católica en esta facultad me ha permitido entender de dónde sale el modelo que hoy está vigente», afirma Diego Vela, y continúa: «Me permitió comprender y desde ahí poder construir la crítica y generar espacios de encuentro. Incluso en la facultad se han abierto espacios que eran impensados, lo mismo que hemos visto en la universidad; una universidad encerrada en sí misma que se ha ido abriendo de a poco, ha ido avanzando en temas de inclusión, en democracia, en cómo entiende la educación, el conocimiento. De a poco, aunque queda mucho por hacer», señala.

Habla de la Universidad Católica «encerrada», como hablábamos en esos tiempos en que la calificábamos de «torre de marfil», hace medio siglo. Admira al rector de la reforma Fernando Castillo Velasco, con quien se reunía periódicamente y hasta dio un testimonio —por petición de la familia del ex alcalde de La Reina— en la misa de su funeral en julio de 2013. En esa ocasión, Diego Vela se refirió a él como su rector.

Explica la admiración que siente por Castillo: «Para nosotros, la Nueva Acción Universitaria —dice—, la reforma del año 67 es un principio, un ejemplo en el cual se quiso construir una universidad abierta a todos, que avanzaba en investigación, en distintos aspectos, pero sobre todo en cómo se construye una comunidad universitaria vinculada al país».

Cuenta que un día en un foro sobre el sindicalista Clotario Blest conoció a Mónica Echeverría, la escritora viuda de Fernando Castillo. Y buscó después en la guía de teléfonos cómo conectarlos. Los invitó a una actividad de un grupo de ex alumnos de su colegio que ya estaban en la Universidad Católica. Desde esa vez se mantuvo el vínculo, hasta la muerte de Castillo, a quien visitaba con cierta frecuencia.

También Diego Vela suele encontrarse con Mariano Puga, el cura obrero que ahora vive en Chiloé. «Yo participo en una comunidad teológica del sur e intentamos juntarnos dos veces al año. La integran personas de Chiloé, de Argentina, de La Legua y algunos extras que nos colamos.»

«DESCONEXIÓN DEL MUNDO POLÍTICO»

—¿Crees que está latente el movimiento hoy? —le pregunto a Andrés Fielbaum.

—Sí. Y creo que tiene que ver con que en 2006 fue la primera vez que la reivindicación pasó a ser más profunda, pero en 2011 es la primera vez que realmente se pasa a tener un programa educativo suficientemente sólido y estructural y, por lo tanto, permite dotar de contenido a cualquier movilización posterior. Diría que es un movimiento que en algunos momentos es explosivo y sigue latente. El mejor ejemplo es el de 2012, que se recuerda como un año no movilizado pero que tuvo marchas de ciento veinte mil personas en las calles, que sigue siendo una cuestión loquísima —dice.

Recuerda también que las demandas por «reforma tributaria y plebiscito en algún momento fueron potentes, y eso demuestra una profundidad en las movilizaciones y, al mismo tiempo, una reivindicación que es generacional y que apunta a la falta de legitimidad que tienen los partidos políticos actuales». Fielbaum indica que «desde esta generación empieza a surgir en el fondo la necesidad de nuevos referentes».

El presidente de la FECH cree que seguramente el próximo Gobierno va a hacer una reforma educativa. Pero, dice, «para que tenga los contenidos que se han ido exigiendo, los estudiantes o el movimiento social por la educación tendrían que tener un rol clave en el diseño y ejecución de esas políticas. No se podrán hacer con la misma tecnocracia de siempre».

Considera el presidente de la FECH que «no se puede pretender impulsar una reforma educativa solamente desde el mundo político». Y eso, agrega, «es especialmente importante si uno se pone en el escenario más probable de que Bachelet gane las elecciones. Bachelet ganó las primarias con una votación tremenda agarrando muchas banderas del mundo estudiantil, lo cual es una noticia para el movimiento estudiantil».

Interpreta Fielbaum que «la gente está votando por nuestras consignas, pero hay que ir más allá de las consignas y saber qué significa educación gratuita». Y de inmediato el dirigente expresa una cierta desconfianza en que sus planteamientos lleguen a ser realidad fácilmente. «Porque, además, están los grises, la preocupación porque no sean de nuevo los Brunner, Pilar Armanet o Mariana Aylwin o todos esos antiguos expertos de la Concertación los que pretendan hacer las reformas, porque entonces no es mucho lo que se puede esperar.» Y señala que le parece fundamental que «se entienda que hoy el nivel de desconexión del mundo político con el resto del país es tal que no se puede pretender efectuar una reforma tan importante sin escuchar a las organizaciones sociales que han impulsado este tema».

SOCIEDAD DE CASTAS

—¿Consideras que las demandas de 2011 están latentes? —le consulto a Diego Vela.

—Absolutamente. Creo que han madurado, que han entrado en definiciones más profundas. Y, por otro lado, han pasado muchas cosas que muestran que la evidencia ha estado a nuestro favor, hemos visto lamentablemente cómo ha implicado daños a personas, como en la Universidad del Mar. Nos decían que no existía el lucro en la educación superior y que el lucro no era nocivo. Y apareció la Universidad del Mar. Hemos visto también la cantidad de personas de la política que están vinculadas a estos espacios de educación.

—¿Tú crees que se puede terminar con el lucro? —le pregunto.

—Creo que es muy difícil justamente por esos conflictos de interés que actualmente existen, pero sí se puede disminuir la probabilidad de que el lucro exista y siga generando tanto perjuicio a las personas.

—¿Piensas que esa va a seguir siendo una bandera fundamental para los estudiantes?

—Sí, porque creo que evidencia, al igual que la gratuidad, la falencia que tiene este modelo; hay que entender que el fin de la educación no puede ser ganar plata. Nuestra manera de relacionarnos no puede ser a través de transacciones de dinero, sino que justamente tenemos que buscar una sociedad donde colectivamente nos responsabilicemos del otro, buscar atender nuestras necesidades más allá de las necesidades del dinero que uno tiene. A través del lucro y del pago por la educación se replica una sociedad de castas medidas por el dinero —responde Diego Vela.

—¿Cómo te imaginas esa gratuidad, ves posible la gratuidad total?

—Sí, pero entendiendo que primero hay que dar otros pasos, o sea hay que avanzar hacia ella; pero si hubiera gratuidad simplemente hoy día de la noche a la mañana, con las instituciones actuales y el sistema vigente, finalmente todo el dinero iría a parar al bolsillo de los empresarios que están lucrando con esto —responde el presidente de la FEUC.

—¿Te parece entonces necesario el fin al lucro prácticamente como requisito para la gratuidad?

—Exacto, es necesario que no haya lucro y que las instituciones sean concebidas con una vinculación a la sociedad, que sean un aporte a ella y que entreguen una educación que sea realmente de calidad.

—¿Cómo percibes la fiscalización de un Estado que se ve tan debilitado en las últimas décadas? ¿Crees que hay que fortalecerlo?

—Sí. Además, hoy observamos que el Estado actúa como un privado y lo hace por el bien individual de algunas personas y no por el bien colectivo, y eso habla del paradigma en que hemos estado y eso es lo que el movimiento estudiantil está buscando cambiar. Es necesario empezar a avanzar hacia lo colectivo, entendiendo que hay intereses individuales y son legítimos, pero como sociedad tenemos que buscar priorizar el bien común o los intereses públicos.

GRATUIDAD Y TRANSFORMACIONES

—¿Cómo considera la FECH que se puede aterrizar la demanda de fin al lucro? ¿Solo que se haga respetar en las universidades o en todo el sistema educacional? —interrogo a Andrés Fielbaum.

—Para nosotros es todo, pero hay que ser responsables y entender que si de un paraguazo se dice fin al lucro, se cierra el 30 por ciento de los colegios, lo que genera un problema grande, por lo tanto, es una cuestión que tiene que hacerse con una mirada de proceso. Para nosotros es inconcebible que un establecimiento educativo prefiera fijar sus aranceles en función de las vacaciones que quiere tener el dueño o que le prohíba a los estudiantes tirar la cadena en el baño para ahorrar fondos porque así se lleva más plata a la casa.

»Un establecimiento educativo tiene que orientarse en función de educar, y cuando el establecimiento educativo tiene fin de lucro, su prioridad es cuánto se lleva para la casa, y eso no puede pasar —responde el presidente de la FECH.

—¿Han puesto atención a lo que pasa con los institutos profesionales y CFT, que cuando nacieron les dieron permiso para lucrar y han lucrado todo este tiempo y seguirán lucrando? —le consulto a Fielbaum.

—Es el mayor terreno descampado, porque se inventan carreras que no tienen campo laboral; es donde hay una mayor cantidad de instituciones no acreditadas; donde más encuentra uno instituciones educativas con salas de clase sin espacios públicos, salas hacinadas, donde no hay insumos. Los CFT y los institutos profesionales son el mejor ejemplo de cómo el lucro, cuando está permitido —y por tanto no hay duda que existe—, termina siendo un atentado directo a lo que uno puede esperar de un proceso educativo.

«Por eso el término del lucro tiene que ser en todo el sistema educativo», indica Andrés Fielbaum. «Porque si se dice fin al lucro con fondos públicos solamente, muchos de estos centros de formación técnica e IP pueden renunciar a recibir fondos públicos y arreglarse haciendo negocios y estafar a sus estudiantes. Hay muchos que no están acreditados y que no reciben financiamiento público y que van a seguir lucrando. Por eso, para nosotros esta lógica de que hay establecimientos educativos que puedan funcionar viéndose más como una empresa que quiere ganar plata es derechamente contradictorio», señala.

Diego Vela tiene una mirada similar. Afirma que el término del lucro en institutos y CFT también lo incluye la Confech en sus demandas. Le preocupa que la situación de muchos de los estudiantes de este sector está «lejos de la discusión pública, porque no tienen representación ni organización y se permite eso porque está tipificado por falta de ley, y por otro lado, lo que uno observa es que los que viven en la mayor precariedad en educación, los que están en regiones, escuelas rurales, los colegios técnicos profesionales, son los que no tienen la voz para plantear los problemas que están viviendo. Como movimiento estudiantil tenemos que avanzar en democracia y organización para poder incidir en los diferentes espacios», dice.

—¿Y qué opinas del Duoc de la Universidad Católica, que ha crecido tanto? —le menciono.

—Desde la FEUC no tenemos una crítica real. Entiendo que ahí todos los fondos que se tienen se reinvierten en la propia institución, pero no he entrado en detalles.

«El problema con los institutos y CFT es que justamente por ley está permitida una estafa en la educación y no existe una visión de proyecto país —continúa—, y lo que es más grave es que justamente en ese sector se concentran estudiantes con mayor vulnerabilidad, que más necesitan la educación, y más del 80 por ciento no están acreditados, y el 20 por ciento lo están con una acreditación muy desacreditada.»

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN

—¿Crees posible la gratuidad? —vuelvo sobre el tema con Andrés Fielbaum.

—Sí, claro, pero si hay universidades que lucran no se puede hablar de gratuidad para pagarle el ingreso a esos dueños. Incluso terminando con el lucro pero sin una visión de Estado real detrás de la educación superior, por ejemplo, en términos de cantidad de matriculados por áreas del conocimiento, de fortalecimiento de la educación pública, de acceso, la gratuidad puede significar meter plata en el saco roto. Nosotros, que somos los principales defensores de la educación gratuita, estamos conscientes de que esta tiene que venir acompañada de una transformación profunda de cómo el Estado se plantea frente al modelo educativo, porque no se trata de mantener un sistema que hoy funciona pésimo pero solamente que sin pagar —sostiene Fielbaum.

—¿Qué entienden ustedes por fortalecimiento de la educación pública?

—Significa más y mejor educación pública; es decir, que vuelva a ser el tronco central en términos de la cantidad de estudiantes, de cómo le imprime un sello a la investigación, de docencia y de vinculación con la sociedad. Significa también que cuando hablamos de una mejor educación pública reconocemos que no hay ninguna que sea realmente pública, porque el autofinanciamiento hace que en las públicas se repliquen muchas de las lógicas de las universidades privadas.

»Entonces significaría aumentar la cantidad de estudiantes en las instituciones públicas y también que el mayor financiamiento en las instituciones permitiera que tuvieran realmente un comportamiento acorde a eso —indica el presidente de la FECH.

Agrega Andrés Fielbaum que cuando a fines de 2012 se planteó el cierre de la Universidad del Mar «nos preguntamos qué va a pasar con estos estudiantes». Y considera que «la única solución razonable para ellos sería que la educación pública se empiece a hacer cargo de una cantidad mayor de alumnos y que, por lo tanto, ningún estudiante necesite ir a una universidad privada para poder estudiar, y quizá simplemente lo haga porque quiera hacerlo. Y eso también lo aplicamos a la educación técnica».

EN BUSCA DEL BIEN PÚBLICO

—¿Cómo perciben ustedes, que son estudiantes de la Universidad Católica, el fortalecimiento de la educación pública, entendiendo la que es de propiedad del Estado? —le digo a Diego Vela.

—Lo que tenemos que buscar es generar este bien público, este bien que nos beneficia a todos. Y ahí justamente el Estado debiera ser el que cuente con las mayores cualidades para cumplir con ese requisito y sobre todo partiendo por principios básicos de pluralidad, de ser laicos, de buscar generar la inclusión como una de sus prioridades. Y en ese sentido es fundamental fortalecer la educación pública, que actualmente se comporta como privada y que, a la vez, la van matando más.

»Por otro lado, la educación privada puede aportar en cuanto a percibir este fin público y ofrecer diversidad educativa, pero cumpliendo con estándares mínimos que garanticen que esto no sea un bien excluyente, un espacio de segregación, de dogmatismo, sino que de contribución al conocimiento y desarrollo de la educación del país —señala Vela.

Y agrega que «se puede contribuir a esos estándares como lo ve uno en la Universidad de Concepción, en la Austral. Y la Universidad Católica puede aportar mucho, pero es fundamental que mantenga ciertos aspectos, como la libertad de cátedra o de inclusión de espacios a la diversidad sexual, de derechos laborales, que es básico que existan en cualquier universidad», indica.

Le parece posible, dice, que los privados puedan participar y se mantenga «este sistema mixto, pero quienes aporten en educación no deberían ver nuestras necesidades como una oportunidad de abuso, una forma de ganar plata, que es lo que hoy día existe».

—¿Crees que el Estado debería darles un apoyo especial a sus universidades?

—Sí, absolutamente. Es muy importante. Creo que el Estado tiene una prioridad frente a sus instituciones y también entendiendo que el Estado es algo que trasciende al tiempo, en teoría, y no tiene un período acotado, pero es fundamental a la vez el no dejar de lado a toda la educación privada, porque al final del día lo que uno termina haciendo es que una minoría del país siga conviviendo en sí misma, siga manteniendo sus privilegios y no tenga una comunidad de intereses con el resto.

—Cuando hablas de públicos y privados, ¿dónde incluyes a la Católica?

—En privados.

«UN PAÍS INFELIZ»

—Andrés, ¿por qué tú te sientes tan comprometido con esta pelea, con esta lucha, cuando en realidad las peores situaciones en cuanto a calidad y si se quiere a víctimas del lucro son precisamente estudiantes de universidades privadas? —le planteo al presidente de la FECH.

—Porque nosotros entendemos que la pelea por transformar la educación no es solamente por transformar las condiciones de quienes son estudiantes, sino porque el sistema educativo que tenemos hoy también en gran medida prefigura una sociedad segregada, individualista, consumista, como la que tenemos.

»En las universidades y colegios nos ven como clientes y, por eso, nos enseñan a comportarnos como clientes antes que como ciudadanos. Pasan a ser así las universidades uno de los principales espacios de segregación y se comienza a ver al que no es de tu propio grupo social como de otro planeta. Como no hay espacios públicos en Chile, esto trasciende a la educación, pero la educación es uno de los principales mecanismos que va consolidando este país tan infeliz que estamos construyendo, tan endeudado. Y por eso nos parece tan relevante la pelea de transformar la educación más allá de cómo nos afecte a cada uno como persona.

—Diego, ¿qué motiva a los estudiantes de la Universidad Católica a ser parte de este movimiento estudiantil, cuando en un 64 por ciento proviene de colegios particulares pagados y en algunas facultades como la tuya llega al 92 por ciento? —le consulto al presidente de la FEUC.

—Creo que aunque faltan esas características que tienen otros espacios que están más vinculados con la realidad del país, en la Universidad Católica hay un espíritu colectivo, comunitario y de preocupación por los problemas que están fuera de la universidad. Ese sentido comunitario ha avanzado mucho en los últimos dos años.

«Eso hace —continúa Diego Vela— que el estudiante no se encierre, sino que busca entender el país en sus diferentes dimensiones. En esto hay varias cuestiones. Una es ser conscientes del espacio de privilegio en que estamos en esta universidad. Vemos también que egresaron de esta universidad los que impusieron la Constitución y el modelo económico, Jaime Guzmán y los Chicago boys, y aquí se fraguó “El Ladrillo”. Todo eso nació acá. Y, por lo mismo, nosotros queremos marcar un quiebre. Y nos decimos “si de esta universidad salió eso, ¿por qué no puede surgir algo que permita abrir la posibilidad de que todo el país sea protagonista de los cambios y no solamente una minoría privilegiada?”.»

—Entre los estudiantes de las universidades públicas algunos señalan que ustedes en la Católica no pagan los costos, porque no van a paros cuando plantean demandas, no pierden clases y el peso de las movilizaciones lo llevan otros. ¿Qué dices tú a eso?

—Es que hay dos aspectos. Nuestra participación ha aumentado y hemos ido a todas las marchas y en los paros hemos paralizado. Creo que falta mucho más, pero justamente porque en esta universidad no se viven las problemáticas de la mayoría del país —son pocos los que las viven— no hay el sentido de urgencia y esa empatía de cómo buscar transformar la realidad. Creo que eso es algo fundamental y por eso cuando vamos avanzando en inclusión, uno al final va cambiando la subjetividad en la misma universidad.

En 2011, por primera vez en la historia del movimiento estudiantil, se vio como nunca antes en las calles a los estudiantes de universidades privadas. Andrés Fielbaum destaca esa presencia masiva. «Al ir a marchar cada vez más, las universidades privadas dieron mucha amplitud al movimiento. Son los más afectados por el sistema, y aun con precaria organización en ellas también es muy significativo que tanta gente se sintiera convocada a marchar. Ya no era solo el clásico mundo de la izquierda tradicional que siempre salía, sino que había una base social mucho más amplia. Creo que es la clase media emergente y que tiene más aspiraciones, pero que también tiene más deudas y que la educación superior se le ha convertido en su peor pesadilla.»

«UN HITO FUNDACIONAL»

Andrés Fielbaum coincide con otros dirigentes en la relevancia que tuvieron en el movimiento los estudiantes de la Universidad Central. «Es importantísimo. Es hasta ahora, lejos, la batalla más frontal que ha habido contra el lucro en la educación. Nosotros luchamos más indirectamente, legislativamente, pero ellos frenaron las operaciones para que su universidad se convirtiera en una con fines de lucro. Se enfrentaron directamente con la empresa Norte Sur, con Ernesto Livacic, con el ex rector Ignacio Larrechea y con todos los que querían enriquecerse con la Central. Es de las pocas movilizaciones tan significativas donde el movimiento estudiantil ha ganado.»

Según Fielbaum, «el movimiento estudiantil tiene un aspecto trágico porque está muy acostumbrado a perder; siempre se moviliza y muchas veces pierde. Ocurrió en 2005, en 2006, en 2008 y muchos lo sintieron así en 2011. De las pocas peleas importantes que ha ganado fue la movilización de la Universidad Central. En cierto modo, es un hito fundacional para las universidades privadas».

Después de esa batalla los estudiantes de la Universidad Central se ganaron un puesto en la Confech y tras ellos entraron otras.

También el movimiento ha trepado hasta la «cota mil» en Santiago. En muchas ocasiones se han visto pancartas y delegaciones de las más variadas universidades privadas, así como estudiantes de enseñanza media de todo tipo de colegios. Cuenta Andrés Fielbaum que en la marcha del 26 de junio de 2013, por ejemplo, en la Universidad Adolfo Ibáñez, «que es una universidad elitista y empresarial, se votó por primera vez en su historia en plebiscito adherir o no a la marcha y ganó la opción de adherir», cuenta.

Otra expresión del desarrollo del movimiento, según Andrés Fielbaum, es lo que ha visto desde 2011 en su propia Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. «Ese año observé la diferencia entre tener cincuenta personas marchando a tener dos mil.»

—¿Pero es un cambio que se sostiene? —le pregunto.

—Es un cambio bien trascendente, a mí me tiene bien contento cómo está mi facultad. Se ven preocupaciones más allá de los estudios o del futuro trabajo. Hay más participación de base en las comisiones técnicas, de análisis técnicos, de las propuestas financieras, y eso sigue funcionando muchísimo. Y en el Cefech (Centro de Estudios de la FECH) se incorporaron recién varios ingenieros que están analizando la propuesta de transparencia del Gobierno. Hay una decisión de hacerse cargo del futuro del país, si se puede decir, en términos muy idealistas, mucho más de lo que existía hasta antes de 2010, y eso es bien «choro».

—Dentro de la Confech se suelen advertir diferencias. ¿Hay mucha división cuando llega la discusión a la dirigencia, por la forma de actuar, de movilizarse?

—Yo diría que no tanta. Es una cuestión que provocó el 2011, que en general la mayor parte de los estudiantes que se movilizaron y los grupos políticos que existían comprendieron lo relevante de tener una visión nacional. Muchos de los colectivos locales comprendieron eso y empezaron a transformarse en colectivos nacionales, uno puede mencionar dos o tres colectivos grandes que antes eran muy chiquitos, y eso es un símbolo de madurez también.

—¿Consideras que están menos fragmentados hoy?

—Sí, menos y también el nivel de diálogo y convergencia en el interior del movimiento estudiantil es mayor. Creo que la principal diferencia que existe hoy es una táctica que termina siendo entre la Jota [Juventudes Comunistas], que está en alianza con la Concertación, como forma de avanzar, y el resto.

—¿Y con los denominados «ultras»?

—Es que «ultra» es un concepto tan vacío de contenido… Yo creo que con los colectivos que tienen más fuerza, con las federaciones que tienen presencia preponderante en la discusión, los niveles de convergencia son grandes. Obvio que tenemos diferencias, pero son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan.

—¿Y la diferencia que se da entre los estudiantes de regiones y los de Santiago, entre la realidad de las universidades públicas regionales tan abandonadas…?

—Evidentemente hay una diferencia muy grande entre universidades y la distinta realidad de los estudiantes muchas veces significa una voluntad de movilización mucho mayor. Algunas viven la precariedad de la educación pública mucho más a diario de lo que nos toca a nosotros, pero eso no ha significado una división a nivel político. La realidad de esas universidades hace necesario y urgente que el Estado se haga cargo para entregar más y mejor educación pública. Es evidente que se requieren aportes basales de libre disposición que respalden la autonomía universitaria y que permitan a las universidades estatales cumplir su rol de pensar el país y formar a los estudiantes.

«CON BRÚJULA MUY BUENA»

—¿Cómo percibes el camino hacia adelante? ¿Qué tendrían que hacer para generar cambios de verdad? —le pregunto a Diego Vela.

—Muchas cosas, primero saber quiénes están en el poder o en los espacios de decisión. Y creo que es fundamental avanzar en la transparencia, romper los vicios del sistema político binominal que le da un poder absoluto a los partidos.

«Por otro lado, creo que la conciencia de las personas ha aumentado mucho y ha cambiado la subjetividad. Eso se ha podido ver en situaciones como la de Freirina, Aysén, La Polar, el lucro en la educación. Que un ministro sea acusado constitucionalmente por no haber respetado la ley y que haya sido aprobada su destitución es porque ahora no se acepta que eso siga pasando. Y aunque se haya lucrado por muchos años y haya ocurrido también durante la Concertación, la diferencia es que ahora ya no se acepta», dice categórico.

Según Diego Vela, «lo que tenemos que buscar es cómo hacer para que estos cambios de subjetividad, estos cambios de paradigma, se vean reflejados en leyes y en “bajadas” concretas. Eso es difícil, pero creo que vamos avanzando. Es como el barco que va en alta mar y que no ve tierra durante un tiempo. Pero creo que estamos marcando el norte con una brújula muy buena, con mucha precisión, y uno ve que va avanzando. Hay que seguir metiendo energía en este trabajo para llegar a ese norte».

EN TERRENO POLÍTICO

—¿Cómo ves el escenario político para adelante con un posible Gobierno de Michelle Bachelet? —consulto a Andrés Fielbaum.

—Bachelet, cuando llegó, asumió tres grandes banderas antes de las primarias, que son educación gratuita, reforma tributaria y cambios en la Constitución, y es muy curioso, y en todos estas materias —quizá un poco menos en la reforma tributaria— ha dejado un gran nivel de ambigüedad. Y cuando uno se da cuenta del nivel de divergencias que hay en la famosa Nueva Mayoría es un misterio qué va a pasar en el Gobierno de Bachelet. El economista DC José de Gregorio, que es parte de su comando, dijo que la educación gratuita era regresiva. Pero también es un misterio en términos de sus parlamentarios. Si Michelle Bachelet quiere impulsar transformaciones como las que ha deslizado, puede que se encuentre con el primer obstáculo no solo en la derecha, sino en parte de sus propios parlamentarios, e incluso en su comando, donde hay mucha gente que se va a oponer a las transformaciones.

—¿Y qué crees que pueden hacer ustedes como movimiento estudiantil si eso fuera así?

—Aquí hablo directamente como autonomista, porque hay una diversidad de tesis. Nosotros hemos visto que en el fondo esta crisis de legitimidad y de representatividad de los partidos políticos es una crisis estructural de la política en Chile. La política en Chile tiene un carácter excluyente, la transición se construyó sobre la base de consensos, pero solamente del mundo político, porque excluían a las grandes mayorías, ya que tenían miedo a disentir. Y no se pueden hacer las transformaciones que se requieren si no hay una refundación grande de lo que es la política en Chile.

«Por lo tanto, si los movimientos sociales no van teniendo una propia vocación de poder y de irrumpir en la política, no podremos avanzar demasiado. Por eso, nosotros decidimos llevar candidaturas al Parlamento. Llevamos tres candidatos, claro que en un sistema binominal la apuesta es difícil. Y en el mejor de los casos, uno sabe que con tres parlamentarios más las correlaciones de fuerza al interior del Parlamento no alcanzarían para impulsar las transformaciones que uno quiere.»

—Y entonces, ¿cuál sería la idea de esas candidaturas?

—Nos parece fundamental que lo que está ocurriendo en la calle empiece a tener primero que nada una visión de conjunto, de país, no solamente una mirada sectorial. Y fundamentalmente una visión de hacerse cargo y dejar de delegar en la antigua política, en la Concertación, en la derecha, las transformaciones que queremos. Porque hemos visto que el nivel de conflictos de interés, el nivel de autorrepresentación que ellos tienen es demasiado grande. Creo que eso se refleja mucho en este famoso concepto de la «clase política», que a nivel sociológico a mucha gente le molesta, porque la clase política no existe como clase, pero hoy en gran medida sí se comporta como tal en el sentido de que sus integrantes van y defienden sus propios intereses cuando les toca discutir en el Parlamento. Y muchas veces el único diálogo que tienen con algún sector social es con el empresariado. Así, todos los sectores sociales mayoritarios se ven excluidos de los espacios de tomas de decisión en el país.

—Me decía Gabriel Boric que entre los autonomistas están pensando en un futuro partido. ¿Cómo lo ves tú?

—Creo que no podemos adelantar la discusión sobre el instrumento específico ahora. Uno ve a los partidos políticos no tradicionales y parecieran estar en un ciclo de llegar a las elecciones buscando los votos para poder seguir siendo partidos y poder llegar a otra elección nuevamente. Bajo esa dinámica no nos parece muy interesante. Pero sí intentar proyectarse hacia una idea política que trascienda a lo meramente estudiantil y pueda disputar lo que llamamos la refundación de la política para poder contribuir a romper el ciclo histórico que significa la transición.

—Por lo que se ve, ustedes han buscado en el último tiempo incidir en lo político, y se observan formas distintas, desde ir a conversar con parlamentarios hasta generar movimientos como Revolución Democrática de Giorgio Jackson o Izquierda Autónoma y algunos otros. ¿Se puede entender Revolución Democrática como una proyección de la NAU? —le consulto a Diego Vela.

—No, porque la NAU se entiende como un espacio universitario. Y veo positivo que la gente que ha participado en la NAU haya continuado el compromiso por seguir trabajando en cambiar estos aspectos desde otros espacios. Algunos se han metido en partidos políticos, buscando afectar esos partidos; otras personas crearon Revolución Democrática y otras están trabajando en distintos lugares para dar esas peleas; algunos desde espacios territoriales, otros desde el trabajo público, y también en algunas empresas que están buscando reconfigurar cómo se entiende la empresa en Chile. Hay hartas iniciativas interesantes en el sentido de que una empresa no tiene por qué asumir como su fin solo la maximización de las utilidades, sino que puede considerar antes otros aspectos, como la sustentabilidad, la equidad y el desarrollo económico.

—Cuando Francisco Figueroa, de Izquierda Autónoma, escribió un libro sobre el movimiento de 2011, le puso como título Llegamos para quedarnos. ¿Te sientes identificado con ese título? —le pregunto.

—Sí, absolutamente, en el sentido de que Chile cambió. Pero no tanto porque llegaran Pancho Figueroa, Giorgio Jackson, Camila Vallejo o Diego Vela o cualquiera de nosotros, sino porque Chile ya no es el Chile de dos o siete familias que concentran todo, sino que hoy todos vamos a buscar cómo hacer mejor este país —responde Diego Vela.

—¿Lo ves como un asunto generacional?

—Pero en el sentido siguiente: la sociedad estaba muy marcada por lo que dejó la dictadura, que buscó adormecer esas búsquedas sobre la base de la violencia, la tortura, la desaparición y la muerte de muchas personas. Pero lo que observo es que ahora en la calle las personas buscan construir un país distinto, el Chile del futuro.

UNA INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE

—Andrés, no hemos hablado de un actor cuyos pasos has seguido y es el Poder Judicial, reflejado en la fiscalía. En lo de la acreditación ya hay formalizaciones. ¿Crees que se puede llegar a algo con las investigaciones sobre lucro? —le pregunto al presidente de la FECH.

—El problema es que si bien existe una ley, el lucro no estaría tipificado como delito. Además, no es el Poder Judicial, es el fiscal Carlos Gajardo. Él y el fiscal Pablo Norambuena han sido voluntades personales tremendamente importantes que utilizan las herramientas jurídicas para investigar, y han podido sacar a la luz los escándalos más profundos de la educación superior.

«Pero lamentablemente el poder judicial —si comprueban delitos— tiene la facultad de castigar, pero no de impedir que se repitan estas barbaridades que se cometen con los estudiantes universitarios en Chile. Mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo no se hagan cargo de hacer las reformas que hablábamos antes —fin al lucro, fortalecimiento a la educación pública, educación gratuita, marco regulatorio, cantidad de estudiantes, educación técnica—, esta cuestión va a seguir ocurriendo. Y lo único que podría pasar es que haya más castigos, lo cual también sería bueno, pero no es el fin, el fin es que deje de ocurrir.

—Tú te has reunido con el fiscal Carlos Gajardo…

—Sí, me he juntado tres veces con él, una vez para preguntarle algunas cosas y en otras ocasiones le llevamos información. En una oportunidad, en abril de este año, fuimos con Patricio Basso y Diego Vela. Le presentamos un antecedente específico sobre la irregular entrega del CAE a la Universidad Pedro de Valdivia. Lo que ocurrió ahí es que se le había rechazado la acreditación y mientras estaba apelando para volver a ser acreditada, la Comisión Ingresa, que es la que entrega el CAE, decidió pasarle ese Crédito con Aval del Estado a pesar de que no estaba acreditada. Beyer era el responsable político, aunque venía llegando, pero él era ministro de Educación y presidente de la Comisión Ingresa cuando eso se decidió.

—¿Y qué impresión te ha dejado el fiscal Carlos Gajardo?

—Lo más interesante es que he visto en él una voluntad fuerte. Y creo que la investigación que está llevando a cabo tiene una gran trascendencia. El hecho de que él esté estudiando el lucro aun sabiendo que quizá no va a poder castigarlo, pero sí será capaz de demostrar que hubo, es muy significativo. Creo que él entiende profundamente que lo que está haciendo puede tener consecuencias grandes para poder limpiar este sistema de la educación superior. En ese sentido hay que ver cómo siguen Gajardo y Pablo Norambuena, el fiscal que trabaja con él.

EN LA HORA DEL CIERRE

Andrés Fielbaum y Diego Vela entregarán el mando en sus respectivas federaciones, pero otras y otros vendrán. Los estudiantes de la Universidad Católica se aprontaban para ir a elecciones cuando este libro entraba a imprenta. Es posible que si ganan quienes impulsan cambios profundos, por segunda vez en su historia en la Universidad Católica una mujer —de la NAU o del grupo Crecer— encabece la FEUC. En la Universidad de Chile se mantendrán las fuerzas de izquierda. Pueden ser los autonomistas, los comunistas sumados a socialistas o los libertarios del grupo Luchar. Los estudiantes lo dirán con sus votos. A través del país, las diversas universidades tendrán los respectivos recambios. Pero lo que está claro —y ellos lo ven así— es que el movimiento estudiantil con distintas caras es hoy un actor fundamental. El que generó no solo un clima distinto.

Las demandas, entretanto, están latentes. Perduran con la fuerza de los graves problemas pendientes que continúan y los abusos cometidos como consecuencia de una escandalosa historia de lucros y estafas. Su desenlace se ha empezado a ver. La brutal realidad de los estudiantes de la Universidad del Mar ha sido la punta del iceberg que no puede dejar indiferente a una sociedad que pretende ser democrática y valorar a las personas, más que al dinero. Es evidente que la cruda realidad de las instituciones que colapsan afecta la vida de los jóvenes y sus familias.

El sistema de acreditación actual tendrá que ser reformulado porque simplemente ya nadie cree en él. El duro informe de la Comisión de Educación de la Cámara que plantea la «reconstrucción» del sistema y la invalidez de muchas acreditaciones fue aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de octubre. Aunque poco se ha hablado de ese hecho en medio del ambiente electoral y —seguramente— por las implicancias que puede tener, en la actual comisión cayó como balde de agua fría. Y en ese contexto se puede interpretar el rechazo a la acreditación de la Universidad de Las Américas en primera instancia.

Están pendientes también las indagaciones y veredictos del Ministerio Público con investigaciones en Santiago, Viña del Mar e Iquique, y las acciones que pueda impulsar la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado en el caso del mal uso de los recursos públicos.

Falta escuchar, asimismo, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en su segunda versión presidida por el diputado Mario Venegas, que ha trabajado a fondo durante estos meses y tiene plazo hasta diciembre.

Vendrán nuevas discusiones donde se volverá a ver a los actores de este lucrativo negocio defender los multimillonarios intereses que están en juego. Y no será fácil romper las fuertes cadenas forjadas por los guardianes del lucro.

Al distinguir rostros, nombres y vinculaciones se puede comprender por qué durante años se prefirió dar vuelta la cabeza y silenciar los gravísimos problemas que se incubaban detrás de los aplaudidos aumentos de matrícula. Las figuras involucradas hablan por sí solas de redes y apretadas trenzas que han tratado de mantener el statu quo cueste lo que cueste.

La ley no ha sido respetada, y ni siquiera se completó con reglamentos que la hicieran efectiva. Tampoco hubo ánimo de fiscalizar. Cuando se hila más fino y se observa lo que ocurre en juntas directivas con autoridades, decanos y ejecutivos que representan los intereses de sus universidades, se aprecia que la red es más espesa de lo imaginado. También que los nexos son muchos y traspasan los márgenes de la derecha, aunque las principales universidades están en manos de ese sector.

A fin de cuentas, son muchas más las preguntas que las respuestas que se abren sobre la educación superior al momento de cerrar estas páginas.

Cuáles serán y cómo abordarán los gravísimos problemas y las legítimas demandas es lo que se tendrá que dilucidar en los próximos meses. Pero no hay mucho tiempo que esperar antes de que otras situaciones revienten y más estudiantes y sus familias se vean afectados.

ANEXOS

I. SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las estadísticas y gráficos de estos anexos fueron elaborados especialmente para este libro por la Consultora Sintaxys, a partir de las bases Índices del Consejo Nacional de Educación (CNE). Forman parte de Sintaxys los egresados de Sociología de la Universidad de Chile Andrés D’Alençon, Camilo Araneda, Ignacio Cassorla, Diego Corvalán, Rodrigo Fernández y Pablo Soto.

Matrícula total

Ingresos reales

(en pesos de cada año)

II. EL «MERCADO» DE LAS UNIVERSIDADES

1. MATRÍCULA TOTAL PREGRADO SEGÚN ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Número alumnos

Porcentajes de matrícula de pregrado

según estructura de la propiedad

Gráfico serie 2005-2012 de matrícula de pregrado

según estructura de la propiedad

2. INGRESOS REALES DE PREGRADO EN LAS UNIVERSIDADES SEGÚN ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Ingreso reales por concepto de pregrado

(en pesos de cada año)

Porcentaje de ingresos reales —en pesos—

según estructura de la propiedad

Gráfico serie 2005-2012 de ingresos reales —en pesos—

según estructura de la propiedad

Universidades según estructura de propiedad

III. LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN NÚMEROS

MATRÍCULA EN 18 UNIVERSIDADES PRIVADAS POST 81

2005-2012

Se incluyeron en esta muestra, que abarca a las más significativas universidades privadas post 81, las doce que están siendo investigadas por lucro por la Fiscalía Oriente de Santiago: Andrés Bello, Las Américas, Universidad de Viña del Mar, San Sebastián, Santo Tomás, Autónoma, Universidad del Desarrollo, Universidad Central, USEK, Uniacc, Pedro de Valdivia y Universidad del Mar.

Las otras seis se incorporaron por su relevancia, debido a dos tipos de criterios: el número de estudiantes, como el caso de la Universidad TecnológicaInacap, la Universidad Diego Portales (UDP) y la Universidad Mayor. Y el nivel de los aranceles que cobran a los alumnos, que es otra de las vías por donde las universidades reciben ingresos: es el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Los Andes y la Universidad Finis Terrae. También se incluyó la Ucinf que pertenece al grupo educacional Confech.

En el caso de la UT-Inacap solo se pudo hacer la comparación con matrículas e ingresos, debido a que no estaban disponibles las demás estadísticas en la base de datos Índices del Consejo Superior de Educación (CNE).

Matrícula total

Esta tabla muestra el crecimiento de la matrícula de 18 universidades privadas entre los años 2005-2012. Las que más explican la expansión de la matrícula durante los últimos ocho años son la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), Universidad de Las Américas ( UDLA), ambas del grupo estadounidense Laureate International, y Universidad Tecnológica-Inacap (UT-Inacap).

Ingresos reales

(en pesos de cada año)

Esta tabla registra los ingresos percibidos por concepto de pregrado (matrícula y arancel) para la serie de ocho años (2005-2012), de las 18 universidades privadas. En el cuadro se puede observar que las que registran mayores ingresos, por lo tanto mayor potencial económico para obtener ganancias, son —en ese orden— la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), Universidad San Sebastián (USS) la Universidad de Las Américas. (UDLA), la Santo Tomás (UST), la Tecnológica-Inacap (UT-Inacap), la Universidad Autónoma (UA), la Universidad del Desarrollo (UDD) y la Universidad Mayor (UM).

La mayor parte de las que han obtenido mayores ingresos —salvo la Tecnológica-Inacap y la Mayor— están siendo investigadas por lucro en la Fiscalía Oriente de Santiago. Es el caso de las dos del grupo Laureate —Andrés Bello y Las Américas— y de la San Sebastián, la Santo Tomás, la Autónoma y la Universidad del Desarrollo, que figuran en el ranking de mayores ingresos.

Ingresos reales por estudiante

(en pesos de cada año)

La anterior tabla muestra, para la serie 2005-2012, el crecimiento de los ingresos percibidos por concepto de pregrado por cada alumno, lo que permite observar el crecimiento promedio por institución de la evolución de los aranceles y matrículas. De acuerdo a esos cálculos, las que más recaudan por alumno son la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Universidad de Los Andes (UAndes), la Universidad del Desarrollo (UDD), la Finis Terrae (UFT), la Universidad Diego Portales (UDP), la Universidad Mayor, la Universidad Andrés Bello (UNAB), la Universidad San Sebastián (USS) y la Uniacc. Este resultado está asociado al nivel de aranceles que pagan los estudiantes. A modo de comparación se puede revisar este dato en algunas universidades tradicionales. La conclusión es que las ocho mencionadas perciben un ingreso por alumno superior a los de las universidades de Chile, de Concepción, a la Usach y Universidad Austral de Chile (Uauch). Y la mayor parte de esas privadas sobrepasan el ingreso real por estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), que presenta los aranceles más altos de las tradicionales.

Ingresos real/Matrícula en universidades tradicionales

Académicos jornada completa en universidades privadas

Metros cuadrados totales en universidades privadas

Metros cuadrados en salas en universidades privadas

Volúmenes de libros en biblioteca en universidades privadas

Metros cuadrados de salas por estudiante en universidades privadas

(calculado en relación a la matrícula)

Volúmenes de libros biblioteca por estudiante en universidades privadas

Títulos de libros en biblioteca por estudiante en universidades privadas

(en relación con la matrícula)

Fuente: Las estadísticas de estos cuadros fueron elaboradas por la Consultora Sintaxys, a partir de las bases Índices del Consejo Nacional de Educación (CNE).

UNIVERSIDADES PRIVADAS EN 2012

Matrículas e ingresos de las 35 instituciones creadas después de 1981

Este cuadro muestra las matrículas e ingresos recibidos por las 35 universidades privadas en el año 2012. En la primera columna se señala el número total de alumnos matriculados en pregrado. En la segunda, los ingresos percibidos por la universidad por concepto de pregrado. La tercera columna indica los ingresos por alumno, lo que tiene relación con los aranceles que cobra cada institución. Fuente: cuadro elaborado por Sintaxys, a partir de las estadísicas de índices del Consejo Nacional de Eduación (CNE).

IV. LAS UNIVERSIDADES INVESTIGADAS POR LUCRO EN GRÁFICOS

Los datos fundamentales que permiten tener una idea del potencial lucro de las universidades son los ingresos por aranceles de pregrado —incluyendo matrícula— que cada una de las instituciones recibe. Esos datos, a la vez, se cruzan con algunos indicadores básicos en materia de calidad. Para estos efectos, elegimos número de profesores de jornada completa en relación a la cantidad de alumnos; metros cuadrados de espacios destinados a salas de clase, y disponibilidad de títulos de libros en bibliotecas.

Los gráficos —elaborados por la consultora Sintaxys para este libro a partir de las bases de datos Índices del CNE— ilustran la evolución de estos antecedentes entre 2005 y 2012 en las doce universidades investigadas por lucro. En la mayoría de ellas se puede observar que, junto al crecimiento de la matrícula y de los ingresos, no se observa el mismo aumento en calidad en ese período. Al observar los gráficos se puede ver que en muchas de ellas se produce el efecto «tijera» que representa la brecha entre ingresos e inversiones.

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

La Universidad Andrés Bello, sin duda, es un buen negocio para el grupo Laureate al que pertenece. En los últimos siete años es una de las que más ha crecido. Entre 2005 y 2012 más que duplicó su matrícula de pregrado, al pasar de 19.160 estudiantes a 39.037. Esto, sumado a alzas de aranceles, la ha llevado a aumentar su ingreso en más dos veces y media en el mismo período: pasó de algo más de 46.000 millones en 2012 a más de 111.000 millones de pesos en 2012, en moneda de igual valor. Pero pese a que se proyecta comunicacionalmente como «la única de las privadas acreditada en investigación», los datos no reflejan una inversión en calidad docente, de acuerdo a indicadores que habitualmente se consideran para estos efectos.

Ingresos versus académicos jornada completa

El gráfico que se puede observar a continuación indica la profunda brecha entre profesores de jornada completa —en proporción a la matrícula— y la ascendente curva de ingresos.

Ingresos versus metros cuadrados en laboratorio

Dado lo que informa la Universidad Andrés Bello respecto a su preocupación por la ciencia y tecnología, cabría esperar que eso se reflejara en aumento en superficie destinada a laboratorios. Pero, tal como refleja este gráfico, los números no muestran eso. Por el contrario, en los dos últimos años, la tendencia es a disminuir en ese tipo de inversiones en proporción al número de alumnos.

Metros cuadrados en salas de clase

La figura de la «tijera» aparece en la disponibilidad de metros cuadrados destinados a salas de clase en la UNAB, en proporción a los alumnos matriculados. La brecha indica la diferencia entre el aumento de los ingresos y la caída de los espacios destinados a salas de clase. Como en otros casos, esto se traduce en más sillas en las salas para hacer frente al aumento de matrícula.

Libros en biblioteca

Los libros en biblioteca en proporción a los alumnos matriculados apenas manifiestan un aumento de 6,3 a 7,3 entre 2005 y 2012. La variedad de títulos en los libros disponibles refleja similar tendencia.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

La Universidad de Las Américas, la primera adquisición del grupo Laureate en Chile, es una de las que concentra mayor matrícula en pregrado, aunque el aumento total entre 2005 y 2012 fue menos acentuado que en otras entidades: de 22.265 a 31.228 estudiantes. El ingreso real —medido en pesos de cada año— subió de algo más de 55.000 millones de pesos 2005 a 61.400 millones en 2012.

Ingresos versus académicos jornada completa

No obstante, el gráfico muestra que el repunte experimentado en los dos últimos años no ha ido acompañado de un avance en profesores de jornada completa. Incluso se observa una leve baja al considerar ese antecedente en comparación al número de estudiantes matriculados. Esto es más significativo si se considera como indicador el número de profesores con posgrado.

Metros cuadrados en salas de clase

Asimismo, los datos muestran un deterioro de otros índices académicos, como los metros cuadrados disponibles en aulas, que decaen por cada estudiante que se matricula.

Libros en biblioteca

El número de libros disponibles en biblioteca, que se considera habitualmente como un indicador de calidad en la educación, refleja una mantención, pero en un bajo nivel: 5,7 por estudiante.

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR

Esta universidad, la más pequeña del grupo Laureate y la que lleva menos tiempo en manos de ese conglomerado —fue adquirida en 2008—, ha tenido un comportamiento irregular, de acuerdo a los datos de ingresos. La matrícula no ha experimentado grandes vaivenes, ya que pasó de 5.060 en 2005 a 7.085 en 2012. Se podría deducir entonces que el aumento de ingresos de 2008 y 2009 se atribuiría más a alzas de aranceles que posteriormente han debido bajar. Después de un aumento importante de sus ingresos en 2008 y 2009, disminuyó en 2011, como lo indica el gráfico.

Ingresos versus académicos jornada completa

Los vaivenes en los ingresos en la UVM han ido acompañados de una línea descendente en la contratación de docentes de jornada completa, que de 189 en 2005 llegaron a 96 en 2010 y en 2012 recuperaron algo y se situaron en 125. En todo caso, desde 2008 la línea de inversión en docencia va por debajo de los ingresos obtenidos.

Metros cuadrados de salas de clase

La Universidad de Viña del Mar, con la construcción del campus en Rodelillo por el grupo Norte Sur, había logrado instalarse hacia el año 2006 con espacios para salas de clase adecuados a su matrícula creciente. No obstante, desde 2011 se muestra una caída en los metros cuadrados destinados a salas de clase en relación a la matrícula, lo que hace distanciarse a las respectivas curvas.

Libros en biblioteca

Como en la mayoría de las universidades privadas, la escasez de libros en las bibliotecas parece ser la tónica. Y los aumentos de ingreso no se acompañan de nuevas compras de material docente. Pero en algunos casos, como en el de la Universidad de Viña del Mar, llega al extremo de que en 2012 solo tenía disponibles 3,7 libros por alumno en biblioteca. Incluso el número es inferior a los 3,9 de 2005.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Los gráficos para la Universidad Santo Tomás, que está entre las investigadas por lucro, ilustran sobre el modelo de negocio seguido por esta entidad y por la mayoría de las universidades privadas que buscan lucrar. Junto a crecimiento de la matrícula, se observa que los indicadores de calidad docente, como las contrataciones de profesores de jornada completa, se mantienen alejados de ese aumento. Por su parte, los indicadores de inversión en infraestructura dan cuenta de una tendencia a la disminución frente al crecimiento acelerado de la matrícula y, por lo tanto, de los ingresos.

Al indagar en estos y otros gráficos que dan señales de cómo opera la Universidad Santo Tomás, se advierte poco interés por invertir en ítems propios de la educación. Y se puede concluir que las ganancias para la universidad no han ido acompañadas de una inversión que permita mejorar en calidad.

Ingresos versus académicos jornada completa

El gráfico siguiente muestra la relación entre los ingresos reales percibidos por la Universidad Santo Tomás desde los años 2006 a 2012 y lo que se puede considerar la «inversión» en académicos de jornada completa. Así se observa una brecha generada entre los ingresos percibidos que ha ido en constante aumento, y los docentes de jornada completa, que en términos generales se ha mantenido, con imperceptibles variaciones. Los ingresos crecieron desde cerca de los 20.000 millones de pesos a los 55.000 millones de pesos aproximadamente (para los mismos años), lo que explica la alimentación de la brecha, que toma la forma de «tijera», al no corresponder los indicadores de inversión al aumento sostenido de ingresos.

Espacio en salas de clase

Si se pone la lupa en los metros cuadrados destinados las salas de clase por alumno, se observa la tendencia decreciente del indicador. La brecha se alimenta de manera sostenida respecto de los ingresos, lo cual se ilustra en la forma perfecta de una «tijera» abierta. Esto tiene la expresión en la forma de abordar el negocio. La receta es simple: se trata de poner más sillas en las salas de clases, cuando se aumenta la matrícula.

Libros en biblioteca

Entre lo que podríamos llamar los «insumos» necesarios para impartir docencia, que sería la función mínima de cualquier institución educativa, los libros juegan un papel fundamental y son considerados un indicador importante. En la mayoría de las universidades privadas que operan en Chile, la tendencia suele ser la misma que para el indicador de dotación de docentes. En forma más o menos pronunciada, según la universidad, se observa una brecha que crece con el transcurrir de los años y los aumentos de matrícula y de ingreso respecto de la cantidad de volúmenes disponibles por alumno. De acuerdo a las estadísticas que las mismas entidades entregan al ministerio, la UST cuenta con un promedio no superior a los seis volúmenes por alumno.

La brecha crece cuando se habla de variedad de libros. La diversidad de títulos en biblioteca se mantuvo en la Universidad Santo Tomás entre 2006 y 2007 en alrededor de 1,5 títulos; es decir, si se suman los títulos —como se veía en el gráfico anterior— existen seis por alumno, pero estos en su mayoría son los mismos. Y esto sucedió pese a que el ingreso real de la universidad estuvo cerca de triplicarse en el mismo período.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

La Universidad San Sebastián es otro de los casos emblemáticos de este modelo de negocio de la educación superior. Se advierte un aumento muy pronunciado de los ingresos en apenas cinco años. La causa fundamental de ese resultado es el desmesurado aumento de su matrícula, que pasó de 9.732 estudiantes en 2005 a más de 24.000 en 2012. Es también la USS una de las que está siendo investigada por lucro en la Fiscalía Oriente de Santiago.

Ingresos versus académicos jornada completa

Entre 2006 y 2012, mientras la USS tuvo un notable aumento de matrícula, solo hubo un leve incremento de los profesores de jornada completa en relación con la matrícula, lo que se refleja en la amplia brecha que muestra el gráfico siguiente.

Metros cuadrados en salas de clase

Con el aumento de las matrículas y de los ingresos se hizo inversión en espacios de salas, pero se mantiene una brecha entre los ingresos y estas inversiones.

Libros en biblioteca

La brecha es mayor, como se observa en el gráfico siguiente, cuando se trata de volúmenes en biblioteca en relación al número de alumnos. Los libros disponibles disminuyeron entre 2005 y 2012 de 6,3 a 5,6 libros por alumno, aunque los espacios en bibliotecas tuvieron un cierto aumento.

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

La Universidad del Desarrollo ha aumentado su matrícula en forma sostenida desde 2005. En 2012 es casi el doble de lo que era en 2005 y alcanza a 12.656 alumnos. La proporción de aumento de los ingresos ha sido aún mayor y más que se duplica. Ese aumento no ha ido acompañado de un crecimiento de la inversión, de acuerdo a los indicadores considerados. Esto implicaría mayor margen para obtener ganancias. La UDD es una de las doce investigadas por lucro.

Ingresos versus académicos jornada completa

Aunque la situación en comparación con otras universidades masivas y no selectivas la deja un tanto mejor, la brecha entre los ingresos recibidos y académicos con jornada completa en proporción al número de alumnos es amplia e irregular. El gráfico denota que hubo un cierto avance hasta 2010, pero después cayó y ha tenido un leve repunte, lo que marca una curva irregular.

Metros cuadrados de salas de clase

El crecimiento de los ingresos no va a la par con el aumento de espacios disponibles para salas de clase en proporción a la matrícula, como lo indica el siguiente gráfico.

Libros en biblioteca

En materia de libros en biblioteca se observa una significativa brecha entre ingresos y volúmenes en biblioteca en comparación al número de alumnos. En la UDD en 2005 registraba 7,1 libro por alumno y en 2012, solo 6,6, mientras la Universidad ha aumentado sostenidamente los ingresos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

La Universidad Autónoma de Chile es una de las diez analizadas por lucro. Los gráficos que a continuación se exponen muestran que el «potencial» para lucrar ha sido amplio en los últimos siete años. En todos los gráficos se observa un alza sostenida y creciente de los ingresos obtenidos por concepto de matrícula —que aumentó de 8.196 alumnos a 20.879— y del arancel, lo que ha determinado ingresos reales siempre crecientes, medidos en moneda de igual valor.

Esta realidad, como en casos anteriores, no se condice con la inversión con una mejora en distintos indicadores de calidad. En otros términos, el aumento de los ingresos reales no repercute positivamente en la inversión en educación propiamente tal.

Aquí se muestran algunos de los principales, pero no son los únicos antecedentes, ya que al indagar en las cifras de metros cuadrados destinados a laboratorios, por ejemplo, o en suscripciones a revistas especializadas, el resultado es tanto o más crítico.

Ingresos versus académicos jornada completa

La forma de «tijera» que adquiere el gráfico al comparar aumento de los ingresos —que se multiplicaron por tres entre 2006 y 2012— es elocuente: la profundidad de la brecha entre los ingresos que ha percibido la UA y la cantidad de académicos por jornada completa en relación con la matrícula en el mismo período refleja la amplitud del potencial de lucro.

Metros cuadrados en salas de clase

La «tijera» que se produce entre la curva de ingresos y la cantidad de metros cuadros edificados para salas de clase muestra una imagen aún más pronunciada. Los ingresos más que se triplicaron entre 2006 y 2012, mientras el espacio en salas de clase se vio reducido a la mitad.

Libros en biblioteca

La cantidad y variedad de libros en biblioteca marca otra abrupta brecha. La disponibilidad de libros permanece estática frente a los ingresos siempre crecientes.

UNIACC

La Uniacc fue comprada en 2008 por el grupo Apollo. Sin embargo, no le ha resultado un negocio de la magnitud esperada por los inversionistas estadounidenses dedicados a la educación con fines de lucro. A través de los distintos gráficos, se observa la caída fuerte de ingresos experimentada por la Uniacc en los dos últimos años. Esta se originó en el estancamiento de su matrícula. Envuelta en el sórdido escándalo de las becas Valech y sin acreditación desde fines de 2011, ha debido poner freno a sus elevados aranceles que estaban entre los más altos del país.

Ingresos versus académicos jornada completa / matrícula

Salas de clase disponibles

La caída de la matrícula significa tener menos alumnos, lo que genera un aumento relativo de espacios en salas de clase, de acuerdo a los datos que ilustra el siguiente gráfico.

Libros en biblioteca

La disponibilidad de libros en biblioteca es reducida: de 8,1 libros por estudiante que tenía en 2005, en 2012 solo dispone de 6,3.

UNIVERSIDAD CENTRAL

La Universidad Central ha tenido una línea ascendente de aumento de matrícula desde 2005 hasta casi duplicar el número de alumnos en 2012. Esto la ha llevado también a aumentar en forma significativa los ingresos reales. Esos antecedentes la hacían atractiva para el grupo Norte Sur, que la pretendió comprar, pero su venta logró ser atajada por estudiantes y académicos en 2011. Con todo, la Universidad Central está entre las que la Fiscalía Oriente investiga por lucro.

Ingresos versus académicos jornada completa

La contratación de académicos de jornada completa en relación con el número de estudiantes ha aumentado desde 2006 en términos absolutos. Pero al considerar esa cifra en relación con el crecimiento de la matrícula, se advierte una brecha con respecto a los ingresos obtenidos por la universidad, como se aprecia en el gráfico.

Metros cuadrados en salas de clase

El ingreso anual en constante aumento no tiene un paralelo en incremento de espacios para salas de clase en relación al número de estudiantes, debido al aumento de matrícula registrado en los últimos años.

Libros en biblioteca

Como en otras universidades privadas, el aumento de matrícula ha aumentado la brecha respecto de la disponibilidad de libros por estudiante. En el caso de la Universidad Central se advierte que la línea que refleja la disponibilidad de libros con relación a la matrícula manifiesta una tendencia a la disminución, mientras los ingresos aumentan. Esto determina una caída promedio de 10 a 7,9 libros por estudiante en 2012.

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

Desde 2005, la Universidad Pedro de Valdivia manifiesta un vertiginoso aumento de matrícula, que la llevó de 1.634 alumnos en 2005 a 14.664 en 2010. En 2011 cayó y quedó en 11.513 en 2012. La Universidad Pedro de Valdivia ha estado en el foco del escándalo de las universidades privadas. Además de la formalización de su ex rector Ángel Maulén y de la propia universidad en el caso CNA, está entre las investigadas por lucro en la Fiscalía Oriente.

Ingresos versus académicos jornada completa

Más espectacular aún es el aumento de los ingresos reales registrados entre 2005 y 2010, ya que se multiplicaron por más de diez veces. No obstante, la inversión en docentes de jornada completa fue mínima, en relación con el número de alumnos. Esto se traduce en una brecha significativa entre el ingreso real y la proporción de académicos jornada completa en relación con los alumnos.

Metros cuadrados disponibles en salas de clase

Si bien los metros habilitados para salas de clase han aumentado en términos absolutos, no se acercan a la línea que marca el incremento de los ingresos. El gráfico muestra una distancia entre esta y la que indica el espacio disponible para salas de clase en relación al número de alumnos.

Libros en biblioteca

El gráfico ilustra la fuerte distancia entre el aumento de los ingresos registrado por la UPV en los últimos años y la disponibilidad de libros en biblioteca. Se observa una significativa brecha entre ambas líneas. Los datos indican que la disponibilidad de libros por estudiante cayó de 6,9 a 3,6 entre 2005 y 2012

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

Aunque se trata de una universidad pequeña, experimentó un notable aumento de matrícula entre los años 2005 y 2012, ya que quintuplicó su matrícula, al pasar de 826 alumnos a 4.430, después de haber llegado a un peak de 5.360 en 2011. Este notable aumento de sus estudiantes le significó también un fuerte incremento de los ingresos reales. Estos pasaron de 1.684.217.659 pesos en 2005 a 7.269.7776.008 pesos en 2012. Esta universidad también está siendo investigada por lucro en la Fiscalía Oriente.

Ingresos versus académicos jornada completa

Como en otros casos, se observa una amplia brecha entre los ingresos y los académicos de jornada completa en relación a la matrícula.

Metros cuadrados en salas de clase

Durante el período de crecimiento de matrícula se observa un aumento de los espacios disponibles para salas de clase en proporción al número de alumnos.

Libros en Biblioteca

La Universidad SEK muestra una caída en el número de libros en biblioteca en la medida que fue subiendo su matrícula. En 2012 ofrece solo 4,7 libros por alumno. Igual disminución se observa en la disponibilidad de títulos en biblioteca en el gráfico siguiente.

UNIVERSIDAD DEL MAR

El caso de la Universidad del Mar está marcado por su propio colapso, aunque lo que se observaba antes de 2010 es similar a lo de otras que mantenían grandes brechas entre los ingresos y las inversiones en docencia. Como puede constatarse en todos los gráficos presentados, la curva de ingresos sufrió una caída importante a partir del año 2010, producto de los escándalos que culminaron con el cierre de la universidad.

Ingresos versus académicos jornada completa

Hasta 2009, la Universidad del Mar había tenido un continuo aumento de ingresos. En 2010 empieza a caer en forma significativa. El gráfico señala que en los tiempos en que iban en ascenso, la universidad no estaba preocupada de invertir en académicos de jornada completa. En 2012, cuando llegó el colapso, la línea de ingresos baja en forma abrupta y la de académicos en proporción a los alumnos tiene una reducida tendencia al alza por el efecto de la disminución de matrícula.

Metros cuadrados disponibles en salas de clase

En este caso la misma disminución de matrícula influye en el gráfico y provoca un acercamiento entre las líneas, con un leve repunte en metros cuadrados por estudiante, mientras que los ingresos bajaban.

Libros en biblioteca

Los libros en biblioteca no han aumentado en términos absolutos, sino que como efecto estadístico, la disminución de alumnos provoca que el déficit de libros no sea tan nítido. Cuando la curva de ingresos iba en aumento, la de libros por estudiante subió de 4,4 a 8,9 volúmenes.

GRACIAS

A Melanie Jösch, directora editorial de Random House Mondadori, por su aporte y estímulo de amiga y colega en todo el proceso que dio vida a este libro. A Gonzalo Eltesch y Antonio Leiva por su acuciosa mirada clave en la etapa final.

A todos los entrevistados que entregaron sus testimonios y antecedentes que son parte de la investigación. A otras fuentes que me aportaron ideas, datos y apreciaciones.

A mis colegas del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, por el apoyo brindado en el transcurso de la elaboración de este libro. En particular al subdirector del ICEI, José Miguel Labrín, con quien he compartido responsabilidades y largas conversaciones sobre estos temas. A Roxana Pey, María Eugenia Domínguez, Faride Zerán, Ximena Póo y Miguel Saldivia, por las reflexiones a partir de los hechos que vienen sucediendo en el país.

A las periodistas Úrsula Schüller, Carolina Rojas y Alejandra Zúñiga, por su colaboración en etapas de la investigación. Al equipo de la consultora Sintaxys, y en especial a Pablo Soto e Ignacio Cassorla.

A Sergio Erlandsen, mi marido, y a mis hijas e hijos por su comprensión y apoyo en esta tarea que le ha quitado espacios a la familia en los últimos meses. Y muy en especial a mis diecisiete nietos que crecen y preguntan por estos libros de la abuela, con interés y curiosidad los mayores, con ganas de que esté listo luego los menores, para poder tener más tiempo para compartir.

1 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Copa Rota, 2005.

María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007.

2 En Chile se denomina «pingüinos» a los estudiantes de educación media por la apariencia de sus uniformes. En 2006 protagonizaron una masiva revuelta a lo largo del país. Ver El mayo de los pingüinos, libro de las periodistas Andrea Domedel y Macarena Peña y Lillo, publicado en 2008 por el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) y Ediciones Radio Universidad de Chile.

3 El consejo lo presidió el profesor de la Universidad Alberto Hurtado Juan Eduardo García-Huidobro.

4 Mariana Aylwin fue diputada DC entre 1994 y 1998. Ministra de Educación del presidente Ricardo Lagos entre marzo de 2000 y marzo de 2003. Integró la junta directiva de la Uniacc entre 2005 y 2010, y ha colaborado en otras universidades públicas y privadas.

5 El Mercurio, 12 de noviembre de 2013.

6 El Mercurio, 6 de mayo de 2007. Disponible en: <www.iglesia.cl>, «A nadie puede serle indiferente», sección Reportajes, Francisco Javier Errázuriz Ossa.

7 El contraalmirante Enrique O’Reilly Merino fue director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) entre 2006 y 2008. Pasó a retiro en 2009. Las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas tienen financiamiento ciento por ciento estatal.

8 Jorge Carvajal fue gran maestro de la Masonería y rector de la Universidad La República entre 1994 y 2007. Murió en enero de 2009.

9 Radio Cooperativa, 28 de septiembre de 2012.

1 El Consejo Superior de Educación fue creado por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) en 1990. Con posterioridad, tras la promulgación de la Ley General de Educación (LGE) en 2009, fue reemplazado por el Consejo Nacional de Educación (CNE).

2 Claudia Urquieta, «El informe que la Concertación ignoró y que encendía las alarmas sobre tres universidades hoy investigadas por lucro», El Mostrador, 25 de abril de 2013.

3 María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007. Y en «Fantasmas de una carrera», de Camila Bravo, La Tercera, 24 de octubre de 2011.

4 María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007.

5 María Olivia Mönckeberg, Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de comunicación en Chile, Santiago, Debate, 2009.

6 Marcelo Bielsa, ciudadano argentino, renunció a ser entrenador de la selección de fútbol de Chile en febrero de 2011, tras una polémica pública con la ANFP.

7 En diciembre de 2010, Sebastián Piñera finalmente vendió sus acciones de Blanco y Negro. Los paquetes los adquirieron Corpbanca y Larraín Vial. Se calcula que obtuvo un precio que bordeaba los siete millones y medio de dólares. Un hecho curioso es que el accionista principal pasó a ser Hernán Levy, consuegro de Piñera, con un 24,5 por ciento de la propiedad. Ver Emol, 24 de diciembre de 2010.

8 Jorge Segovia Bonet no pudo asumir como presidente de la ANFP por razones reglamentarias. En su reemplazo fue elegido en enero de 2012 Sergio Jadue, del club La Calera. Jadue nombró a Segovia segundo vicepresidente de la ANFP, presidente del Canal del Fútbol y del Instituto Nacional del Fútbol (INAF). En diciembre de 2012, cuando se hicieron públicos los problemas de las acreditaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que involucraron a la Universidad SEK, Segovia dejó sus cargos en el Canal del Fútbol y en el INAF y se radicó en España. En enero de 2013 renunció a la ANFP.

9 La empresa HidroAysén corresponde en un 51 por ciento a Endesa y un 49 por ciento a Colbún. Endesa era hasta 1989 la segunda mayor empresa del Estado de Chile y fue privatizada al término de la dictadura. Colbún era una filial de Endesa, también privatizada en esa época. El proyecto HidroAysén implicaría una inversión de tres mil doscientos millones de dólares, abarcaría mil ochocientos kilómetros y levantaría tres mil ochocientas torres en su recorrido. De acuerdo a los impulsores del proyecto las plantas suministrarían dos mil setecientos cincuenta megavatios (MW) al Sistema Interconectado Central.

10 <www.educación2020.cl>

11 Giorgio Jackson, El país que soñamos, Santiago, Debate, 2013.

12 Dicom es una empresa privada que registra antecedentes comerciales y bancarios de personas naturales y jurídicas. Lo gestiona la sociedad internacional Equifax.

13 Radio Cooperativa, 19 de julio de 2011. Disponible en <www.cooperativa.cl>

1 La comuna de Freirina está ubicada en el norte de Chile, en la Región de Atacama, provincia de Huasco.

2 Memoria sociedad Norte Sur 2012.

3 La sociedad de inversiones Norte Sur S.A. se constituyó el 9 de octubre de 1989 en la notaría de Raúl Undurraga Lazo. El extracto fue publicado en el Diario Oficial el 23 de octubre de ese año.

4 Domingo Santa María Santa Cruz nació en 1920 y murió en 2006. Ingeniero civil de la Univesidad Católica, fue ministro de Economía del presidente Eduardo Frei Montalva hasta 1967, cuando fue designado embajador en Estados Unidos. Participó de la reforma universitaria a comienzos de los setenta como vicerrector económico de la Universidad Católica en la rectoría de Fernando Castillo Velasco. En 1972 fue elegido rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde estuvo hasta el golpe militar.

5 El economista Sergio Molina Silva fue ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva entre 1964 y 1967, ministro vicepresidente de Corfo hasta 1970. Con los gobiernos de la Concertación fue ministro de Planificación de Patricio Aylwin, durante todo su período presidencial, y ministro de Educación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle entre 1994 y 1996.

6 Sergio Fernández Aguayo, abogado, especialista en cooperativas, fue diputado DC entre 1965 y 1969 y embajador en Polonia y la Federación Rusa entre 1997 y 2000. Presidente del Instituto Jacques Maritain.

7 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencia, Santiago, Copa Rota, 2005.

8 Ernesto Livacic Gazzano nació en Punta Arenas en 1929 y murió en 2007. Profesor de castellano y magíster en Educación, fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica. Era integrante de número de la Academia Chilena de la Lengua Española.

9 Está inscrito como experto en el Servicio Civil desde el 8 de agosto de 2005. Información disponible en <www.serviciocivil.gob.cl>

10 Sociedad Norte Sur, Memoria anual 2012. Disponible en sitio de Superintendencia de Valores y Seguros.

11 Vicente Caruz en entrevista de Elizabeth Simonsen, 8 de mayo de 2011, La Tercera.

12 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Copa Rota, 2005.

13 <www.universidadcentral.cl/resena-historica>

14 Eugenio Arratia fue también director del Incacea, el instituto profesional adquirido por el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera.

1 «Informe oficial Consejo de Presidentes sobre alianza estratégica entre la Corporación Universidad Central de Chile e Inversiones Norte Sur S.A.», 8 de julio de 2011.

2 Considerando el valor de la Unidad de Fomento al 15 de agosto de 2013, sería un préstamo por 460 millones de pesos.

3 Alcanzaría a una suma de 9.660 millones de pesos.

4 El acuerdo se titula «Marco de actuación de socios activos entre Universidad Central e Inversiones Norte Sur».

5 Claudio Martínez Cerda presentó demanda laboral por «despido injustificado». Hasta marzo de 2013 era el encargado de gestión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo.

6 Norte Sur se quedaría con el campus Kovacevic, por el que pagaría un valor de 265.639 UF; Kovacevic I más el polideportivo, por 414.434 UF; y el campus La Serena, por 114.052 UF. En total una suma de 794.125 UF, que sería el aporte del «socio estratégico». A la universidad se le contempló un aporte equivalente a la suma de 854.939 UF, considerando el campus Almagro Norte por un valor de 758.257 UF, y el Centro de Extensión por 96.682 UF.

7 Notaría Laura Andrea Galecio Pesse, constitución Sociedad de Inversiones UCEN Limitada, 2 de septiembre de 2002, publicada en el Diario Oficial el 27 de octubre de 2010.

8 Notaría Gabriel Ogalde Rodríguez, constitución Central Servicios Sociedad Anónima, 29 de septiembre de 2003, publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 2003.

9 Notaría de José Musalem Saffie, 22 de julio de 2010, publicado en el Diario Oficial el 29 de julio de 2010. Constitución de Administradora Almagro S.A.

10 Todas fueron constituidas en la notaría de José Musalem Saffie el 15 de diciembre de 2010 y fueron publicadas en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2010.

11 Notaría de Gustavo Montero Martí, 22 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial el 13 de enero de 2011. Constitución de Inmobiliaria UCEN Limitada.

12 Memoria anual 2012 sociedad Norte Sur.

13 Claudia Urquieta, «El ex superintendente de Bancos que ahora es director del emisor de tarjetas Ripley», El Mostrador, 2012.

14 Uno de los puntos del acuerdo fue el compromiso de las autoridades de conformar una «Mesa Protocolar de Claustro», que elaboraría un cronograma y reglamento de claustros por facultad para finalizar con un solo claustro de la universidad.

15 El tribunal de convivencia es una instancia creada en la Universidad Central en diciembre de 2012 para velar por el cumplimiento del Reglamento de los Estudiantes. Lo integran el fiscal de la universidad, Rodrigo Núñez, el director de una escuela —en este caso el de la de Derecho, Santiago Hurtado— y el presidente de la Feucen.

16 El Mercurio, Economía y Negocios, on line, 4 de marzo de 2012. «Los negocios del empresario Aníbal Correa». Disponible en <www.economiaynegocios.cl>

17 Los colegios de Norte Sur son Villa el Sol, en la comuna de El Bosque; Montessori, en San Bernardo; Siglo XXI y San Damián, en La Florida; San Andrés El Bosque y San Andrés El Rosal, en Maipú; San Diego, en Conchalí; Siglo XXI, en Puente Alto, y en Quillota, en la Región de Valparaíso. En esa región también tiene Siglo XXI, en Curauma; Colegio Nacional en Villa Aconcagua, en Quilpué, y Altazor, en Con-Con. Además es dueña de un colegio en Machalí, en la Región de O’Higgins. Fuente: Memoria anual 2012 de sociedad Norte Sur.

1 Diario Financiero, 11 de marzo de 2010. Disponible en versión on line: <www.df.cl>

2 34,5 milllones y 46 millones de pesos respectivamente, considerando el valor de la UF de agosto de 2013.

3 Heriberto Urzúa fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con 2.800 UF. Las multas a 22 directivos y ejecutivos se fundamentan en infracciones a la Ley de Mercados y Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas en relación con «deberes de cuidado y diligencia que los directores deben emplear en el ejercicio de sus cargos» en resolución del 9 de marzo de 2012.

4 Estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses y ahora cumple pena remitida, pero su situación judicial aún es incierta.

5 Manuel Francisco Gana fue multado por la SVS con 1.200 UF.

6 René Cortázar fue multado por la SVS con 700 UF.

7 María Gracia Cariola fue sancionada por la SVS con 400 UF.

8 Luis Hernán Paul era además investigador asociado del Centro de Estudios Públicos (CEP), el think tank de la derecha, y miembro de directorios de una decena de empresas, entre ellas Santander Chile Holdings, Santander Seguros de Vida, AFP Capital, Telefónica del Sur, Banco HNS, Chilesat PCS y Habitaria.

9 La Tercera, 1 de abril de 2011, «Southern Cross tomará el control de la Universidad del Mar».

10 Informe de la Contraloría General de la República n.° 79.854 a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Gustavo Hasbún, del 31 de diciembre de 2010.

11 Por medio de la resolución exenta n.° 1.363, de 2010, la Contraloría General de la República ordenó la instrucción de un sumario administrativo en el Ministerio de Educación en el informe final n.° 248, de 2009, sobre el otorgamiento de becas.

12 Hugo Traslaviña, Llegar y llevar. Cómo se fraguó la estafa del siglo, Santiago, Mandrágora Ediciones, 2013. «Llegar y llevar» alude al eslogan publicitario que hace décadas usaba la tienda.

13 Icare es la sigla del Instituto de Administración Racional de Empresas, que se ha constituido en un importante referente empresarial y organiza el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade).

14 Ciper Chile, 27 de julio de 2011, «La historia del inversionista argentino que acrecentó su fortuna con La Polar».

15 El Mostrador, 9 de agosto de 2013, «Southern Cross, el socio que le dijo no a Álvaro Saieh».

16 El abogado Carlos Zelada de Urquidi, domiciliado en Viña del Mar, entregó su testimonio en la Fiscalía Oriente de Santiago en Ñuñoa el 8 de noviembre de 2012, ante el fiscal jefe, Carlos Gajardo.

17 Declaración del abogado Alejandro Marcelo Leiva Godoy en la Fiscalía Oriente de Santiago en Ñuñoa, 15 de noviembre de 2012, ante el fiscal jefe, Carlos Gajardo.

1 Joaquín Lavín Infante, Pasión de vivir, Santiago, Zig-Zag, 1988.

2 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Copa Rota, 2005.

3 Miguel Kast Rist murió de cáncer a los treinta y un años en septiembre de 1983. En enero de ese año dejó su cargo de presidente del Banco Central.

4 Roberto Kelly Vásquez fue el primer ministro de Odeplan de la dictadura. Capitán de navío (R) comandó la difusión de «El Ladrillo», el documento base de los economistas que gobernaron con Pinochet elaborado poco antes del golpe de 1973. Fue contacto entre los economistas civiles y la Marina, y transformó a Odeplan en el semillero reproductor de los economistas seguidores de Sergio de Castro y Miguel Kast.

5 Notaría de Aliro Veloso. Constitución Inmobiliaria Ainavillo, 5 de agosto de 1991. Registro de Comercio: fojas 23216, n.º 11647, año 1991.

6 La Corporación Chileno-Alemana es dueña de la clínica Alemana de Vitacura, contigua al estadio Alemán. Tiene además un centro médico en La Dehesa, en Santiago, y las clínicas alemanas de Temuco y Valdivia. Está vinculada también a la propiedad de Hogares Alemanes S.A., que gestiona residencias para adultos mayores.

7 <www. empresaspenta.cl>, 6 de julio de 2013.

8 Ambrosio Rodríguez Quirós fue abogado de Pinochet —entre otros casos— en los procesos por la Caravana de la Muerte, la Operación Cóndor, el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires, y en los juicios por las cuentas del Banco Riggs.

9 Fernando Ochagavía Valdés fue uno de los fundadores del Partido Nacional, tras la crisis de los partidos Conservador y Liberal en 1966. Fue diputado y senador por las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes por el período 1961-1973, y después fue reelegido para el siguiente período, cuando sobrevino el golpe militar.

10 Cristián Cabalin, «Framing y políticas educacionales: Los medios como actores políticos en educación», serán publicados en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, revista española ISI, año 2013, volumen 19, número 2.

11 La Tercera, 10 de mayo de 2011, p. 33.

12 El Mercurio, 19 de mayo de 2011, p. A3.

13 La Tercera, 20 de junio de 2011, p. 29.

14 El Mercurio, 26 de julio de 2011, p. A3.

15 El Mercurio, 30 de julio de 2011, p. A3.

16 El Mercurio, 23 de septiembre de 2011, p. A3.

1 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades. Una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Copa Rota, 2005.

2 Revista Hoy, n.º 153, del 25 de junio al 1 de julio de 1980, «El gremialismo lucha por una universidad despolitizada».

3 Ciper Chile, 26 de junio de 2013, «Los dineros de la Corporación Cultural de Providencia: el hoyo negro de la administración Labbé», reportaje de Gustavo Villarrubia.

4 Carlos Huneeus, La derecha en el Chile después de Pinochet: el caso de la Unión Demócrata Independiente, documento de trabajo, julio de 2001.

5 El dictador eligió ese día impregnado de simbolismo militar para celebrar año a año «el día de la Juventud». En esa fecha se conmemoraba la batalla de La Concepción en la Guerra del Pacífico, cuando murieron 77 soldados chilenos en Perú el 9 y 10 de julio de 1881. Por eso, 77 jóvenes aparecían en primer plano, destacados entre todos los chilenos de su generación. La primera celebración en el cerro Chacarillas fue el 9 de julio de 1975.

6 <www.diarioelcentro.cl>, versión digital del diario El Centro de Talca, 22 de abril de 2013.

7 En 1989 fue electo diputado por el distrito n.º 33, que comprende doce comunas de la Región de O’Higgins. En 1997 fue elegido senador por esa región por el período 1998-2006, y en diciembre de 2005 fue elegido por un nuevo período, pero dejó el Senado para asumir como secretario general de Gobierno, y después pasó a Interior.

8 El 12 de agosto de 2010, mediante resolución exenta del Ministerio de Educación, la Universidad de Ciencias de la Informática cambió oficialmente su nombre por Ucinf.

9 Copra S.A. nació el 21 de octubre de 1986 formada por el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, el ex senador y ex candidato presidencial Pablo Longueira Montes, el abogado e integrante del Tribunal Supremo de la UDI Andrés Serrano Gutiérrez y el dirigente y actual prorrector de la Universidad San Sebastián Luis Cordero Barrera. Fuente: Archivo judicial, notaría de Mario Farren, publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1986.

El 6 de enero de 1987, Copra S.A. y Luis Cordero constituyeron, además, la sociedad comercial Publicidad Copra Limitada, que podía usar el nombre de Publicopra Ltda. En representación de Copra aparecen en esa oportunidad los militantes de la UDI Marcelo Ruiz e Ignacio Fernández Doren. Fuente: Archivo judicial, notaría de Mario Farren, publicado en el Diario Oficial el 2 de febrero de 1987.

10 Otros integrantes de la corporación eran el ingeniero industrial Pablo Caram Corte y Raúl Rosales Marileo, bachiller en administración pública.

11 Rafael Torres Barrenechea es hermano de la dentista Claudia Torres, ex presidenta de la juventud de la UDI; es médico psiquiatra, doctorado en la Universidad de Navarra y profesor de la Universidad Católica.

12 Como vicepresidente fue nombrado el ingeniero forestal Vicente Santa Cruz; tesorero, Marcelo Ruiz Pérez; secretario, Cristián Moreno Benavente, y además integró el directorio Teodoro Sabaté.

13 Archivo judicial, notaría de Aliro Veloso, 24 de enero de 1989. Constitución de sociedad Preuniversitario Estudiantes de Chile S.A. El primer directorio del Preuniversitario Estudiantes de Chile S.A. fue constituido en calidad de provisorio por José Tomás González Brito, Federico Carlos Valdés Lafontaine, Miguel Angel Sillero Bruñol, Jorge Carvallo Jara y Javier Ovalle Andrade.

14 Archivo judicial, notaría de Enrique Morgan Torres, 16 de enero de 1990, publicado en el Diario Oficial el 20 de enero de 1990.

15 Archivo judicial, notaría de Fernando Alzate Claro. Escritura del 18 de diciembre de 1995, publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1996.

16 Archivo judicial, notaría de Aliro Veloso Muñoz, 1 de diciembre de 1988, publicado en el Diario Oficial el 2 de enero de 1989.

17 Archivo judicial, notaría de Aliro Veloso Muñoz, 22 de marzo de 1989. Modificación de sociedad Ediciones e Impresiones Guayaquil Limitada.

18 El resto corresponde a Inversiones Cabaña Blanca, según la modificación del 12 de julio de 2005, publicada en el Diario Oficial el 21 de julio.

19 Archivo judicial, notaría de Aliro Veloso Muñoz, 28 de marzo de 1990, publicado en el Diario Oficial el 10 de abril de 1990.

20 Archivo judicial, notaría de Aliro Veloso, 24 de abril de 1990, publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 1990.

21 Notaría René Benavente Cash, 11 de octubre de 2011, publicado en Diario Oficial el 3 de noviembre de 2011.

22 Estas sociedades tienen distinto RUT. El de GEC S.A. es 76.087.721-1, y el de GEC Inversiones es 76.008.864-1.

23 Notaría René Benavente Cash, 14 de octubre de 2011, publicada en Diario Oficial el 2 de noviembre de 2011

24 Partieron con un capital inicial de 1.850 millones de pesos. El principal accionista, Tecnión, con aproximadamente 50 por ciento. Después El Peumo y Berna, y el menor inversionista es Inversiones Camacho. Fueron aumentando el capital y ya en 2012 la figura era la siguiente: las sociedades «dueñas» de GEC S.A. son Inversiones Tecnión S.A. (2.180.000 acciones), Inversiones El Peumo Limitada (1.064.250), Inversiones Berna Limitada (638.550 acciones), e Inversiones Camacho y Compañía Limitada (titular de 425.700 acciones). Esto se estipuló en la escritura de modificación de la sociedad del 21 de septiembre de 2012, en notaría de René Benavente Cash., publicado en Diario Oficial el 12 de octubre de 2012.

25 Notaría René Benavente Cash, pertenece a Inversiones GEC S.A., publicada en Diario Oficial el 25 de septiembre de 2008.

26 Notaría René Benavente Cash, constitución de Inmobiliaria SC-PV S.A., pertenece a GEC S.A., publicada en Diario Oficial el 30 de abril de 2011.

27 La sociedad administradora se llama así desde noviembre de 2010. Corresponde a la anterior sociedad de colegio Terraustral La Hacienda S.A., nacida en 2008. Notaría de René Benavente Cash, publicado en Diario Oficial el 11 de diciembre de 2010.

28 Según antecedentes entregados por la Corporación Santo Tomás a la comisión investigadora encargada de revisar a fondo el sistema de educación superior chilena de la Cámara de Diputados, el 26 de junio de 2013, en respuesta a un oficio de la comisión, la Universidad Santo Tomás tiene 82.400 estudiantes; el IP, 29.100, y el CFT, 34.200.

29 Escritura pública del 23 de julio de 2009 da cuenta de la constitución de la sociedad Inversiones Bicentenario S.A. Por su parte, la sociedad Inversiones Educa Limitada y Compañía Sociedad por Acciones, con domicilio en Isidora Goyenechea 3939, piso 11, se constituyó el 19 de septiembre de 2009.

30 El abogado Claudio Illanes Ríos es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Illanes es también integrante del tribunal de ética del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar), del que también forma parte Ignacio Astete. En los ochenta fue director de asuntos estudiantiles de la universidad, cuando estaba intervenida.

31 Revista Hoy, n.º 49, del 3 al 9 de mayo de 1978, reportaje «La nueva institucionalidad estudiantil», de los periodistas Jaime Moreno y Odette Magnet.

32 La tasa de interés conocida como TAB equivale a la tasa mínima del sistema bancario.

33 De acuerdo al documento en que informó la corporación a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados con posterioridad, la Inmobiliaria Radice habría pagado su deuda a la corporación en 2012.

34 Cristián Letelier Aguilar fue elegido en 2010 diputado de la UDI por el distrito n.º 31, que reúne a las comunas de Alhué, Curacaví, El Monte, Peñaflor, Talagante, Isla de Maipo, María Pinto, Padre Hurtado y San Pedro. Quería repostular este año, pero su partido determinó llevar de candidato en la zona al hijo del presidente Juan Antonio Coloma. Letelier renunció a la UDI en agosto de 2013, después de treinta años de militancia.

35 María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007.

36 Las mismas personas a través de otras sociedades constituyeron en esa época las sociedades Transportes Vaal y Los Robles. Y en 1993, las sociedades Los Peumos, representadas por Hernán Larraín; Pamplona, por Aníbal Vial, y Florencia, por Rodrigo Alarcón y María de la Luz Valenzuela Fuentes, formaron la sociedad Transcold Limitada. Por su parte, Rodrigo Alarcón y Aníbal Vial habían constituido el 9 de julio de 1985 otra sociedad, denominada Esadi Ingenieros, en la notaría de Sergio Rodríguez Garcés. Diario Oficial, 17 de julio de 1985.

37 El Mercurio, 5 de abril de 1977.

1 La solicitud fue suscrita por los siguientes diputados y diputadas: Enrique Accorsi, René Alinco, Osvaldo Andrade, Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Pepe Auth, Cristián Campos, Lautaro Carmona, Juan Luis Castro, Eduardo Cerda, Guillermo Ceroni, Aldo Cornejo González, Fuad Chahín, Alfonso de Urresti, Marcelo Díaz, Marcos Espinosa, Fidel Espinoza, Ramón Farías, Cristina Girardi, Carolina Goic, Rodrigo González, Hugo Gutiérrez, Patricio Hales, Juan Carlos Latorre Carmona, Luis Lemus Aracena, Roberto León Ramírez, Fernando Meza, Adriana Muñoz, Marco Antonio Núñez, Sergio Ojeda, José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón, Alberto Robles, María Antonieta Saa, Jorge Sabag, René Saffirio, Marcelo Schilling, Alejandra Sepúlveda, Jorge Tarud, Guillermo Teillier, Víctor Torres, Joaquín Tuma, Patricio Vallespín, Orlando Vargas, Mario Venegas, Ximena Vidal y Matías Walker.

2 El informe de la comisión investigadora sobre funcionamiento de la educación superior invoca el artículo 34.º de la Ley n.° 18.962, que establece que las instituciones de educación superior no públicas deberán constituirse en corporaciones privadas sin fines de lucro.

3 Carlos Cantero postula a la reelección como independiente por Antofagasta, en la misma circunscripción donde el Tribunal Constitucional dictaminó que el ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke —que iba por RN en la lista de la Alianza— no podía competir.

4 Mariana Aylwin es hija del ex presidente de la República Patricio Aylwin. Es profesora de historia y geografía y actualmente directora ejecutiva de la Corporación Aprender, que tiene dos colegios subvencionados, en La Pintana y Lo Espejo.

5 Patricia Matte es socióloga y trabajó con Miguel Kast en Mideplan en la década del setenta. Los Matte Larraín son dueños de una de las mayores fortunas de Chile. Controlan la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, de Industrias Forestales, del Banco BICE y la planta hidroeléctrica Colbún, entre otras pertenencias.

6 Gabriel Boric, en ese momento presidente de la FECH y de la Confech, concurrió invitado por la comisión a la sesión n.º 16, del 11 de abril de 2012. También asistieron Marjorie Cuello, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, y Juan Pablo Sáez, de la Universidad de La Serena.

1 Los estudiantes se refieren a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) como el Pedagógico o el «Peda» porque la UMCE nació del corte del Instituto Pedagógico que en 1981 el Gobierno militar le efectuó a la Universidad de Chile.

2 San Antonio, Cartagena, San Domingo, El Tabo, El Quisco, Algarrobo y Casablanca.

3 El diputado Manuel Rojas Molina, de la UDI, postula a la elección en 2013 como senador por la Región de Antofagasta. Es el único que quedó como candidato de la Alianza oficialista, después del rechazo del Tribunal Constitucional a la postulación del ex ministro de la Cultura Luciano Cruz-Coke.

4 DFL n.º 1, artículo 15.º, enero de 1981.

5 En la legislación chilena no estaban contempladas estas entidades. El DFL 5, 1981, abre la posibilidad de creación de institutos profesionales, y el DFL 24, del mismo año, de centros de formación técnica (CFT).

6 La reforma propuesta es al artículo 19, n.º 10, de la Constitución.

7 Entrevista al diputado Mario Venegas, CNN, 23 de junio de 2012.

8 La Tercera, 23 de junio, Harald Beyer y el lucro: «Voy a hacer cumplir la ley», entrevista de Cony Stipicic.

9 Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, en radio Bío-Bío, 23 de junio de 2012.

10 Noticias UDI Popular, 27 de junio de 2012. Disponible en <www.udi. cl>, «Diputados UDI dan a conocer antecedentes que desacreditan conclusiones de comisión investigadora sobre lucro en universidades».

11 Vicente Huidobro, «Balance patriótico», publicado en revista Acción, n.° 4, del 8 de agosto de 1925.

12 «Diputada Hoffman valoró que la Cámara haya rechazado la cacería de brujas por lucro en las universidades», 19 de julio de 2012, disponible en <www.agricultura.cl>.

13 Entrevista a Camila Vallejo en radio ADN, recogida por el diario La Tercera el 20 de julio de 2012.

1 Paula Beale es la actual secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación.

2 La CNAP fue precursora de la CNA y dejó de existir al aprobarse la ley y entrar en funciones la nueva comisión.

3 Ciper Chile, 29 de septiembre de 2011, «Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades», reportaje de los periodistas Verónica Torres, Gregorio Riquelme y Juan Andrés Guzmán.

4 El doctor Juan Luis González fue presidente del Colegio Médico entre 1981 y 1990 y también el presidente de la Asamblea de la Civilidad. Murió en 2002.

5 El fiscal Andrés Montes Cruz es hijo mayor del diputado socialista y candidato a senador por Santiago Oriente Carlos Montes Cisternas y de la asistente social Gloria Cruz.

6 En ese caso estuvo implicado el comisionista de armas Guillermo Ibieta Otto, quien fue sobreseído tras su muerte en 2012. Las cuatro hijas de Ibieta, que constituyeron una sociedad cuando su padre estaba siendo investigado, fueron formalizadas y se les dispuso arraigo nacional.

7 En diciembre de 1990, con el objeto de ocultar el caso de los cheques sin fondos entregados a la empresa Valmoval —conocido como el caso de los «pinocheques»—, que la justicia empezaba a destapar, se produjo el denominado «ejercicio de enlace», como se bautizó a un acuartelamiento ordenado por Pinochet, que seguía siendo comandante en jefe del Ejército. En mayo de 1993, el diario La Nación anunció que se reabría el caso. La respuesta fue «el boinazo», que implicó un despliegue de militares con sus boinas negras que rodeaban a Pinochet, a modo de advertencia al Gobierno de Patricio Aylwin.

8 Las Últimas Noticias, 18 de abril de 2011, «Murió el gran consejero del fiscal que persiguió a “la Quintrala”», titulaba la entrevista el periodista Arturo Galarce.

9 CPP es la sigla del Código de Procedimiento Penal.

10 La CPC es la sigla de la Confederación de la Producción y del Comercio, la entidad que agrupa a las máximas organizaciones empresariales.

11 Notaría Cosme Fernando Gomila Gatica. Constitución de sociedad el 25 de marzo de 2003, publicada en Diario Oficial el 11 de abril de 2003.

12 Notaría Néstor Riquelme. Constitución de sociedad el 12 de julio de 2007, publicada en Diario Oficial el 28 de agosto de 2007.

13 Carlos Domingo Maldonado Curti, nacido en Valparaíso, es abogado y militante del Partido Radical. Fue presidente de las Juventudes Radicales de la Región de Valparaíso en los años ochenta. En los noventa ingresó al Gobierno como jefe de gabinete del subsecretario de Justicia. Muy cercano a José Antonio Gómez, trabajó con él en el gabinete y luego fue subsecretario de esa cartera. En 2006 pasó a la Subsecretaría General de Gobierno y en marzo de 2007 fue nombrado ministro de Justicia.

14 La Segunda, 28 de mayo de 2010, «Ministerio Público y U. Andrés Bello firman estratégico convenio», sección Gente, p. 73.

15 El fiscal nacional, Sabas Chahuán Sarrás, es abogado de la Universidad de Chile y profesor de derecho procesal de dicha universidad. En octubre de 2007, el Senado ratificó la propuesta de la ex presidenta Michelle Bachelet y fue nombrado fiscal nacional. Fue profesor de la UNAB entre 2000 y 2012.

16 Aunque no lo especifica en la declaración, se supone que es un honorario mensual, ya que se trataba de un cargo estable.

17 La suma exacta es 3.888.000 pesos mensuales brutos.

18 En 1981, cuando el Gobierno militar le «cortó» el Pedagógico y las sedes regionales a la Universidad de Chile, también dejó al margen a una serie de carreras a las que en esa época no se les otorgó el rango universitario, entre ellas bibliotecología, diseño, cartografía y trabajo social, las que fueron aglutinadas en el Instituto Profesional de Santiago (IPS). Después, el IPS dio origen a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), creada como tal el 30 de agosto de 1993.

19 CUP es la sigla de Consejo de Universidades Privadas, integrado por 14 de las 35 privadas. Tiene un consejo en el que están los rectores de las universidades del Mar, Uniacc, Las Américas, Bernardo O’Higgins y del Pacífico. Actualmente lo preside el rector de esta última, Luis Winter.

1 La orden de entrada y registro al domicilio de Eugenio Díaz Corvalán en la calle San Crescente, que es el mismo de la sociedad Gestión Limitada, la emitió el juez Fernando Antonio Valderrama Martínez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el 5 de julio de 2012.

2 Roberto Kelly Vásquez pertenecía a la Cofradía del Pacífico Austral, que formó junto a los almirantes José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Arturo Troncoso Daroch y al ex marino Hernán Cubillos Sallato. Entre los civiles estaban Agustín Edwards Eastman, que fue el primer «comodoro» de la confradía, y el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. Fundada en 1968 en torno a los deportes náuticos, derivó hacia la política y fue un grupo decisivo para impulsar el golpe militar de septiembre de 1973. Kelly fue ministro director de Odeplan desde la primera hora de la dictadura hasta 1978, cuando lo sucedió Miguel Kast. Después pasó al Ministerio de Economía, donde se desempeñó hasta 1979. Murió en 2012.

3 Álvaro Bardón Muñoz, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Chicago y uno de los principales portavoces del modelo neoliberal. Fue presidente del Banco Central entre 1977 y 1981, subsecretario de Economía en 1982 y 1983, y presidente del BancoEstado entre 1988 y marzo de 1990. En 1991 fue enjuiciado por los préstamos a las empresas El Mercurio y Copesa, pero después fue exonerado por un polémico fallo de la Cuarta Sala de la Corte Suprema. En 1988 fue uno de los creadores de la Universidad Finis Terrae, junto al ex ministro Pablo Barahona y al abogado Roberto Guerrero. Bardón murió en 2009.

4 Declaración de Ángel Maulén en Fiscalía Ñuñoa Providencia, 23 de julio de 2012.

5 Viuda de un ex cuñado de Ángel Maulén, según relató más adelante.

6 En la información entregada al Ministerio de Educación en abril de 2011 figuran tres sociedades relacionadas con Ángel Maulén: Inversiones Cantalao S.A., Sociedad Ángel Maulén Ríos y Sociedad María Elia Maulén Ríos.

7 Según datos entregados al Ministerio de Educación en abril de 2011, además de Ángel Maulén y sus sociedades, en la propiedad de la Universidad Miguel de Cervantes hay una larga lista de personas individuales, la mayoría vinculadas a la DC. También hay sociedades, entre las que aparece Martínez y Cía., representada por Gutenberg Martínez. A título personal figuran también dos de sus hijos, Carlos Alberto y Gutenberg Martínez Alvear. Entre las personas naturales se encuentran el abogado Luis Ortiz Quiroga, el empresario Juan José Santa Cruz y el economista Hugo Lavados, ex ministro de Economía de Michelle Bachelet y actual decano de Economía de la Universidad San Sebastián. Figuran también Óscar Pizarro y Ernesto Corona, presidente de Anatel. Y en representación de sociedades está el ex ministro de Vivienda Edmundo Hermosilla y otros empresarios que controlan redes de colegios subvencionados, como Walter Oliva, Alejandro Hasbún y Rodrigo Bosch.

8 Gutenberg Martínez Ocamica es abogado, casado con la senadora DC Soledad Alvear. Fue diputado entre 1990 y 1999 y presidente de la Cámara de Diputados entre 1996 y 1999. Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América entre 1998 y 2006. Desde 2003 preside la Universidad Miguel de Cervantes. Actualmente es consejero nacional del PDC.

9 Se refiere a las conversaciones sostenidas por Eugenio Díaz con el entonces rector del CFT Simón Bolívar, Diego Méndez Amor, en marzo de 2011, para su eventual acreditación en la que colaborarían Andrés Lastra y Roberto Careaga. Díaz iba a cobrar quince millones de pesos por la «asesoría», como admitió en su declaración, pero al final no llegaron a acuerdo. Méndez había sido tesorero nacional de la DC, pero renunció a su militancia cuando le pidieron congelarla, en febrero de 2012, tras el episodio en que se vio involucrado en una red de prostitución infantil. En julio de 2013 fue condenado a tres años de prisión con pena remitida.

10 Entre otros de sus clientes se cuentan Claudio Spiniak, cuyo caso se inició en 2003, y más recientemente John O’Reilly, el cura Legionario de Cristo acusado de abusos sexuales. Es también abogado de la familia del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, desde 1996, en la causa por su asesinato.

11 Ximena Pérez Villamil, «Quién es el abogado del cura John O’Reilly. Luis Hermosilla, el señor de los pasillos», El Mostrador, 21 de agosto de 2012.

12 El proyecto de ley que creó el Instituto de Derechos Humanos (INDH) fue propuesto al Congreso en 2005. Después de cuatro años se promulgó en 2009 y se constituyó en 2010. Tiene un Consejo Consultivo Nacional, compuesto por once miembros. Los primeros integrantes designados fueron: los abogados Pamela Pereira y Luis Hermosilla, propuestos por el presidente y ratificados por el Senado; Miguel Amunátegui Mönckeberg y Roberto Garretón Merino, nombrados por la Cámara de Diputados; Eugenio Díaz Corvalán, por las facultades de Derecho; Lorena Fries, Sergio Fuenzalida, Claudio González, Enrique Núñez, Manuel Núñez y María Luisa Sepúlveda, por organizaciones civiles. La abogada Lorena Fries es la primera directora.

13 María Olivia Mönckeberg, Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de comunicación en Chile, Santiago, Debate, 2009.

14 Jorge Selume formó parte del directorio de Entel, entre 1981 y 1985; de Chilectra, entre 1983 y 1984, antes de la privatización; de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC), entre 1983 y 1985. En 1988 integró el de la privatizada empresa Pehuenche.

15 María Olivia Mönckeberg, Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de comunicación en Chile, Santiago, Debate, 2009.

16 Ver capítulo VII, «La tupida red de la UDI».

17 La Inmobiliaria Andrés Bello S.A. quedó con el 99,5 por ciento de los derechos de la Sociedad Educacional Educares Limitada y la sociedad Instituto Preuniversitario Andrés Bello S.A. solo con el 0,5 por ciento. La inmobiliaria, en calidad de «socio administrador», designó como sus representantes a Marcelo Ruiz Pérez, Luis Cordero Barrera e Ignacio Fernández Doren. Escritura de notaría Enrique Morgan Torres, 13 de octubre de 1999. Extracto publicado en el Diario Oficial, 20 de octubre de 1999.

18 Capital, nº 212, 7 al 20 de septiembre de 2007, entrevista de Lorena Medel.

19 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades en Chile. Una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Copa Rota, 2005.

20 Ciper Chile, 13 de diciembre de 2012, «Jorge Selume: Eugenio Díaz actuaba como un operador político de las universidades privadas», entrevista de Mónica González.

21 La Segunda, 14 de enero de 2013, «Fiscalía descubre “palo blanco” de Eugenio Díaz en acreditaciones universitarias», crónica de Felipe Díaz.

22 José Sanfuentes Palma, militante del MAPU y después dirigente comunista en dictadura y uno de los forjadores y vocero del Movimiento Democrático Popular (MDP) a fines de los ochenta. Fue uno de los fundadores en 1981 del Instituto Profesional de Comunicación y Diseño, que derivó en el actual IP Arcos, del cual es rector. Alejado del Partido Comunista, en la elección de 2009 apoyó a Marco Enríquez-Ominami y contribuyó a forjar la «Escuela de Líderes» del Partido Progresista.

23 La sigla SADP significa Sociedad Anónima Deportiva Profesional.

24 <ciperchile.cl>, 29 de septiembre de 2011, «Así opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades».

25 El Mostrador, octubre de 2011, «Los conflictos de interés tras el negocio de las agencias acreditadoras», reportaje de Alejandra Carmona.

26 Más antecedentes sobre Norte Sur en capítulos 3 y 4.

27 Jaime Lavados Montes, médico neurólogo, fue rector de la Universidad de Chile entre 1990 y 1998.

28 CPU es la sigla de la Corporación de Promoción Universitaria, que data de los años sesenta.

29 Andrés Bernasconi, abogado, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, fue vicerrector académico y vicerrector de investigación y posgrado en la Universidad Andrés Bello. Se trasladó en 2012 como profesor al Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica.

30 Cristián Inzulza, abogado, es secretario general de la Universidad de Las Américas, y fue jefe jurídico de la División de Educación Superior.

31 Se refiere al médico cirujano Moisés Uribe, quien había sido nombrado rector de la Universidad Andrés Bello.

1 <construhub.cl>, «RVC Corp celebra 35 años de trayectoria en el sector inmobiliario».

2 El Mercurio, 23 de julio de 2012, «Inmobiliaria de familia Vicuña invertirá quinientos millones de dólares a 2014 y afina inscripción en la SVS».

3 Tito Max Barrera es abogado y miembro del directorio de la estatal Empresa Portuaria de Iquique.

4 Marcos Gómez Barrera fue nombrado seremi del Trabajo por el Gobierno de Sebastián Piñera el 10 de marzo de 2010.

5 Seremi es la sigla transformada en sustantivo de secretario regional ministerial.

6 José Daniel Greenhill nació en Victoria. Estudió en la Universidad Austral de Chile. En los ochenta hizo clases en Iquique en la intervenida Universidad Arturo Prat. En 1988 fue designado alcalde de su ciudad natal por Pinochet. Fue rector del Inacap de Victoria entre 1998 y 2002.

7 Declaración del abogado Carlos Zelada de Urquidi ante el fiscal Carlos Gajardo, 8 de noviembre de 2012.

8 El leaseback implica una venta con pacto de retrocompra. Durante el período que se contrate, la parte que efectúa la operación con la entidad financiera tiene garantizado el uso y paga el equivalente a un arriendo. Asimismo, tiene la posibilidad de quedarse con ella al final.

9 La cifra oficial, según el Consejo Nacional de Educación, para 2011 es de 19.204 matriculados. Esa cifra bajó, de acuerdo a esa fuente, a 15.834 en 2012.

10 Ver capítulo V.

11 FIP es la sigla del Fondo de Inversión Placeres, en que Zúñiga también tenía inversiones.

12 Las iniciales corresponden al mismo Héctor Zúñiga y a su socio Raúl Baeza.

13 Este correo que entregó antecedentes significativos para la investigación fue enviado con copia a los otros tres dueños y a los hijos de Zúñiga y Baeza, Diego Ignacio Zúñiga y Sebastián Baeza Ansoleaga, así como al abogado Carlos Zelada de Urquidi.

14 SII es la sigla del Servicio de Impuestos Internos.

15 Declaración como testigo del abogado Alejandro Leiva Godoy en la Fiscalía de Ñuñoa, 15 de noviembre de 2012.

16 La Prensa Austral, 13 de agosto de 2012, «El Vaticano le quitó el estado clerical al cura Low tras ser condenado por abusos». La sentencia civil condenatoria al ex cura Low había sido dictada el 16 de abril de 2009.

17 El nombre completo del proyecto de tesis era «Estudio psicohistórico, descriptivo sobre los efectos del trauma psicosocial y el trauma a los hijos de los presos políticos detenidos en Pisagua durante la dictadura militar en Chile».

18 Declaración del abogado Raúl Armando Urrutia Ávila en calidad de testigo. Ñuñoa, 3 de agosto de 2012.

19 Las cifras totales de alumnos de la Universidad del Mar son contradictorias. De acuerdo al Consejo Nacional de Educación (CNE), la matrícula total en 2012 habría sido 15.384 estudiantes, como se puede observar en la sección estadísticas del sitio web cne.cl. Es probable que en el transcurso de 2012, por la propia crisis se haya retirado una proporción importante de alumnos y explique la diferencia con lo señalado por el ex rector.

20 Si se calcula el valor de la UF al 30 de mayo de 2012, el total del arriendo por la sede Reñaca era 91.956.128 pesos mensuales. Y al valor de la UF del 1 de octubre de 2013, eso sumaría 93.845.888 pesos.

21 Si se calcula al valor de la UF del 30 de mayo de 2012, lo que correspondía pagar de arriendo a las inmobiliarias del grupo eran 46.702.128 pesos, y al 1 de octubre de 2013 la cuota sería de 47.661.888 pesos.

1 El 17 de septiembre de 2013, José Miguel Aguilera renunció a su cargo de presidente de Conicyt.

2 Arturo Fontaine Talavera es abogado de la Universidad Católica, licenciado en filosofía en la Universidad de Chile. Hijo del ex director de El Mercurio Arturo Fontaine Aldunate, fue presidente de la FEUC en 1976. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Escritor de ensayos, poesía y novelas, entre estas destacan Oír su voz, Tu nombre en vano y La doble vida.

3 La Segunda, 17 de mayo de 2013, «Los descargos de Arturo Fontaine», entrevista de Felipe Edwards del Río.

4 Radio Cooperativa, 14 de abril de 2013.

5 El Mercurio, 18 de abril de 2013, «Reacciones a la votación en el Senado: Representantes del ámbito educativo lamentan salida del ministro», escrito por Carlos Said y Pablo Reed.

6 Matko Koljatic es hermano del obispo Tomás Koljatic, integrante de la Pía Unión Sacerdotal, la organización encabezada por Fernando Karadima.

7 Revista Caras, 18 de enero de 2013, entrevista a Matko Koljatic de Paula Palacios.

8 Javier Couso es abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la Universidad de California y director del Programa de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Es coautor del libro El otro modelo, junto a Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente y Alfredo Joignant, publicado por Debate en julio de 2013.

9 Juan Pablo Mañalich es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho en la Universidad de Bonn, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es hijo del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y milita en el Partido Socialista.

10 El Mercurio, 14 de abril de 2013, «El lucro en la educación superior. Más allá de la educación constitucional», Javier Couso y Juan Pablo Mañalich.

1 Ver capítulo VII.

2 En 2012, según las estadísticas de la base Índice del Consejo Nacional de Educación, el AIEP llegó a 59.217 estudiantes.

3 La cifra exacta, según el CNE, es 66.742.708.525 pesos.

4 El Mercurio, Economía y Negocios, entrevista a Henry Kravis de Gabriela Villalobos.

5 La suma exacta es 6.179.000 dólares.

6 La suma exacta es 9.983.449,1 dólares.

7 La cifra exacta de matriculados en las universidades públicas fue de 161.424 estudiantes.

8 Si se calcula un valor del dólar de 500 pesos, los ingresos del grupo Laureate provenientes de aranceles de los alumnos de pregrado en 2012 fueron US$ 511.859.670.

9 «Programa de Crédito con aval del Estado (CAE) de Chile. Sector de Educación América Latina y el Caribe», Banco Mundial, Análisis y Evaluación, 8 de marzo de 2011.

10 Contraloría General de la República, División de Análisis Contable, Área Empresas Públicas y Universidades, Financiamiento fiscal a la educación superior 2012.

11 En esa suma no se considera el Instituto Profesional AIEP, porque no están sus datos en el informe de la Contraloría que se refiere a universidades.

12 Forman parte de Sintaxys los egresados de Sociología de la Universidad de Chile Andrés D’Alençon, Camilo Araneda, Ignacio Cassorla, Diego Corvalán, Rodrigo Fernández y Pablo Soto.

13 Para efectuar estos cálculos se tomó la cantidad de volúmenes totales del plantel registrados en la base de datos Índices y se dividió por el número de estudiantes matriculados ese año.

14 Notaría de Andrés Rubio Flores, notario suplente Andrés Keller Quitral, 11 de marzo de 2012. Publicado en el Diario Oficial el 13 de enero de 2012.

15 Fuente: Conservador de Bienes Raíces, Registro de Propiedades.

16 Notaría Andrés Rubio Flore, 28 de noviembre de 2011.

17 El valor exacto es 14. 732.894 pesos.

18 Valores de junio de 2013.

19 El Mercurio, 26 de abril de 2009.

20 Emol, 27 de junio de 2012.

21 The Clinic on line, 27 de junio de 2012.

22 El 17 de septiembre de 1973 fueron asesinados los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores. Según las agrupaciones de derechos humanos que han protagonizado las «funas», los trabajadores fueron entregados por los directivos de la empresa presidida por Ricardo Claro.

23 Ver capítulo XI, «Los correos incautados».

24 Ver capítulo XI, «Los correos incautados».

25 Qué Pasa, 9 de junio de 2011, «El regreso del mentor», crónica de Lorena Rubio.

26 El Mercurio, 26 de abril de 2013, «Las AFP no logran elegir director en SQM tras elección de Juan A. Guzmán».

27 Cidoc es la sigla del Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo de la Universidad Finis Terrae.

1 María Olivia Mönckeberg, El negocio de las universidades en Chile, Santiago, Debate, 2007, capítulo «El frondoso árbol de los subsidios».

2 Ver capítulo XIII, «Beyer destituido».

3 Ver capítulo VII, «La tupida red de la UDI».

4 Las cifras exactas son 20.573.012.772 pesos en 2005 y 65.912.830.230 pesos en 2012. Ambas cifras las calculó el equipo de Sintaxys a partir de la base de los datos de aranceles y matrículas de la base Índices del Consejo Nacional de Educación, como se ilustra en detalle en los anexos de este libro.

5 El Mostrador, 18 de diciembre de 2012, «No hay lucro cuando los arriendos son a precios de mercado», entrevista de Ximena Pérez Villamil.

6 Notaría José Musalem Saffie, 26 de diciembre de 2005, Diario Oficial de 23 de enero de 2006. En la misma notaría, 31 de diciembre de 2005, Diario Oficial de 11 de febrero de 2006.

7 René Benavente Cash, 28 de diciembre de 2005, acta de la junta extraordinaria de accionistas de IAB Inmobiliaria S.A.

8 La suma exacta es 9.983.768.394 pesos, divididos en doscientas mil acciones nominativas, de serie única y sin valor nominal. Notaría de René Benavente Cash, 6 de enero de 2006, publicado en el Diario Oficial el 4 de febrero de 2006.

9 Esos antecedentes están en las escrituras suscritas entre los últimos días de diciembre de 2005 y los primeros de enero de 2006, que aluden a estas sociedades.

10 Notaría de René Benavente Cash. Escrituras del 24 y 25 de octubre de 2006, Diario Oficial del 31 de octubre de 2006.

11 Notaría Félix Jara Cabot, 22 de abril de 1997. Constitución de sociedad Laguna Blanca S.A., publicada en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1997.

12 Notario Juan Francisco Álamos Ovejero, suplente 45ª Notaría de Santiago, de René Benavente Cash, 16 de febrero de 2012, publicado en el Diario Oficial el 29 de febrero de 2012.

13 Ciper Chile, serie «El negocio de la USS», publicada los días 8 y 10 de octubre de 2013.

14 Notaría de Edmundo Correa Paredes, notario público titular de Magallanes y Antártica chilena, 16 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2010.

15 Notaría de Rodrigo Sanhueza Ríos, Temuco, 2 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2010.

16 Notario Juan Francisco Álamos Ovejero, notario suplente de la 45ª Notaría de Santiago, 19 de diciembre de 2011, publicado en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2011.

17 Notaría de Félix Jara Cadot, 26 de diciembre de 2012, publicado en el Diario Oficial el 7 de febrero de 2013.

18 Notaría René Benavente Cash, 26 de junio de 2013, publicado en el Diario Oficial el 3 de julio de 2013.

19 Notaría René Benavente Cash, 2 de julio de 2013, publicado en el Diario Oficial el 11 de julio de 2013.

20 Notario Juan Francisco Álamos Ivejero, notario suplente de 45ª Notaría de Santiago, 9 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial el 15 de septiembre de 2013.

21 El Dínamo, 10 de mayo de 2013, «Universidad San Sebastián bajo la lupa de la justicia por multimillonaria compra de sociedades», por Nicolás Sepúlveda.

22 El Dínamo, 15 de mayo de 2013, «Investigación por lucro en la San Sebastián: los nombres que se repiten en la millonaria compra de acciones», por Nicolás Sepúlveda.

1 The Clinic on line, 14 de diciembre de 2012.

2 Radio Bío-Bío, 19 de junio de 2013.

3 Notaría de Gonzalo Hurtado Morales. Escrituras del 12 de mayo de 1986 y 12 de mayo de 1987 dan cuenta de algunos cambios estatutarios.

4 Archivo Judicial. Escritura pública de junta extraordinaria oficializada en la notaría de Aliro Veloso Núñez por los abogados Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval y Benjamín Jordán Astaburuaga. Se encuentra copia de esta escritura en la carpeta de Inacap en el Ministerio de Educación.

5 María Olivia Mönckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile, Santiago, Ediciones B, 2001.

6 Informe Comisión Privatizaciones Cámara de Diputados 2004.

7 María Olivia Mönckeberg, La privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencias, Santiago, Editorial Copa Rota, 2005.

8 Íñigo Díaz fue decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, senador universitario, vicerrector académico entre 2006 y 2010 y después presidente de la CNA.

9 Estadísticas del Ministerio de Educación al 25 de octubre de 2005. Se basan en antecedentes entregados por los propios establecimientos. El Instituto Profesional Inacap tuvo una matrícula de 29.200 alumnos, y los CFT, 17.520.

10 Financiamiento fiscal a la educación superior 2012, Contraloría General de la República, División de Análisis Contable, Área Empresas Públicas y Universidades. Junio de 2013.

11 Programa de Crédito con Aval del Estado (CAE) de Chile. Marzo 8 de 2011. Análisis y Evaluación. Por Sector de Educación, América Latina y El Caribe, Banco Mundial.

12 José Pedro Undurraga fue nombrado rector de Inacap en sesión ordinaria n.° 195 del 3 de diciembre de 1998, reducida a escritura pública el 13 de enero de 1999.

13 Julio Dittborn Cordua, subsecretario de Hacienda en el Gobierno de Sebastián Piñera, es ingeniero comercial de la Universidad Católica y fue diputado de la UDI por el distrito 23, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, desde 1998 hasta 2006. Entre 1989 y 1995 fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello, y junto a su cuñado Juan Antonio Guzmán participaron de la propiedad de la corporación, y a través de la sociedad La Caleta, de la Inmobiliaria Andrés Bello.

14 Acuerdo del Consejo Superior de Educación n.º 008/2008, del 3 de abril de 2008.

15 Notaría Iván Torrealba Acevedo, 26 de octubre de 2012, acta asamblea extraordinaria de socios de Instituto Profesional del Instituto Nacional de Capacitación Profesional Inacap y Compañía en Comandita por Acciones.

16 Notaría de Iván Torrealba Acevedo, escritura complementaria de modificación de estatutos Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap), 30 de octubre de 2007.

17 El Mercurio, 12 de diciembre de 2012.

18 La Tercera, entrevista a Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, «Subir a un 70 por ciento en gratuidad en educación superior me parece muy razonable», entrevista de Javiera Herrera, 21 de julio de 2013.

19 Rodrigo Alarcón Jara estudió ingeniería en la Universidad de Chile. En 1980 fue director de asuntos estudiantiles en la Universidad del Norte, y en 1981 y 1982 vicerrector económico en esa universidad. En 1984 y 1985 trabajó en el Ministerio de Educación. Entre 1985 y 1997 fue director ejecutivo del Duoc, de la Universidad Católica. Desde 1999 es director ejecutivo de la Corporación Santo Tomás S.A.

1 Actualmente, Roxana Pey es académica del ICEI, donde ejerce la dirección de posgrado, ha trabajado también con el grupo de investigación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), en temas de educación superior, que en 2011 apoyó profesionalmente a la Confech con análisis de financiamiento de las propuestas.

2 La Comisión Ingresa es un organismo autónomo estatal que preside la ministra de Educación, en que participan el subsecretario de Hacienda, el vicepresidente de la Corfo, el tesorero general de la República y tres representantes de las universidades —uno del Cruch, uno de universidades privadas y uno de institutos profesionales.

3 Contraloría General de la República, División de Auditoría Administrativa, Área de Educación, Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores con aval del Estado, administrado por la Comisión Ingresa, 6 de septiembre de 2013. Disponible en el sitio <www.contraloria.cl>

4 La cifra exacta, considerando un valor del dólar de quinientos pesos, sería 288.810.152 dólares en ese período.

5 Después, de acuerdo al informe de la Contraloría, vienen en el CAE de 2011 la Universidad Autónoma, con un 3,8 por ciento; la San Sebastián, con un 3,6 por ciento; el Instituto Profesional Inacap, con un 3,4 por ciento, y la Universidad Tecnológica-Inacap, con 3,3 por ciento.

6 Contraloría General de la República, División de Análisis Contable, Área Empresas Públicas y Universidades, «Financiamiento fiscal a la educación superior 2012», junio de 2013. Disponible en <www.contraloria.cl>

7 Felipe Melo Rivara fue entrevistado para este libro por la periodista Úrsula Schüler el 7 de enero de 2013.

8 Víctor Orellana fue entrevistado para este libro por la periodista Úrsula Schüler el 7 de enero de 2013.

9 Entrevista efectuada por la periodista Úrsula Schüler el 4 de enero de 2013.

10 Bello Público es la revista de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

11 Se habla de quintiles de ingresos de la población del país. El primer quintil equivale al 20 por ciento más pobre. El segundo quintil, al 20 por ciento siguiente. Para los cálculos de créditos y becas escolares se calcula una suma de ingreso per cápita. Este se obtiene sumando todos los ingresos monetarios del hogar y se divide por el número de personas. Actualmente, para acceder a becas se considera integrante del primer quintil a los que tienen ingreso per cápita familiar de hasta 70.543 pesos mensuales. El segundo quintil lo conforman los que tienen un per cápita de 70.543 a 118.145 pesos.

12 «Lucas»: expresión coloquial para referirse a mil pesos.

13 Ver capítulo «Con permiso para lucrar».

14 Ver capítulo «Con permiso para lucrar».

15 Junji es la sigla de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

1 La investigación acompañada de denuncias por abusos fue enviada por el Arzobispado de Santiago al Vaticano. En diciembre de 2012, la Comisión para la Doctrina de la Fe determinó la culpabilidad de Precht por otros casos de «conductas abusivas» contra «menores y mayores de edad». Fue sancionado con suspensión del ejercicio sacerdotal durante cinco años.

Edición en formato digital: enero de 2014

© 2012, María Olivia Mönckeberg

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Diseño de la cubierta: Random House Mondadori / Sole Poirot

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