Josep Martí

Cómo ganamos el proceso

y perdimos la república

Una crónica de la crisis de Estado desde dentro y desde fuera

para anna cerdà,

sin ella no habría aventura posible.

Ecco il vento che ingrossa il mare,

Colombo è perso non sa tornare.

Io sono fermo in mezzo al guado,

So da Dove vengo e non Dove vado…. andrà tutto bene!

(Bandabardò, L’Improbabile,
«Andrà tutto bene», 2014)

Oh we’re not gonna take it

No, we ain’t gonna take it

Oh we’re not gonna take it anymore

(Twisted Sister, Stay Hungry,
«We’re not gonna take it», 1984)

Últimos días en el castillo o prefacio de un desenlace

escena 1 La pelota del hat-trick

escena 2 Pedro J. y el pacto fiscal

escena 3 Más telarañas que billetes

escena 4 Las elecciones anticipadas las carga el diablo

escena 5 Las cultas y educadas diputadas de la CUP

escena 6 Por encima de la verdad, está la unidad de España

escena 7 Creatividad, imaginación, improvisación

escena 8 Corrupción y esteladas

escena 9 El parto de la burra

escena 10 LA CONSULTA descarrila en Pedralbes

escena 11 Las lágrimas del 9-N

escena 12 Guerra de conferencias

escena 13 Divorcio exprés y matrimonio de conveniencia

escena 14 Hemos ganado. Hem guanyat. On a gagné. We have won

escena 15 El rey ha muerto, viva el rey

escena 16 La primera en la frente

escena 17 Referéndum o referéndum

escena 18 El fin del procesismo y los procesistas

escena 19 La victoria

escena 20 La derrota

escena 21 Paisaje después de la batalla

¿Por qué se ganó el proceso y se perdió la república?

España ante el espejo catalán

Últimos días en el castillo
o prefacio de un desenlace

President, el proceso es un recién nacido. Morirá si es abandonado a su suerte. Pero también si lo estrujamos demasiado fuerte. Ponerlo en manos de la CUP es lo segundo. Es matar el proceso en nombre del proceso.

Así veía las cosas en la que fue mi última conversación a solas con Artur Mas en la Casa dels Canonges, residencia oficial del president de Catalunya en el Palau de la Generalitat. Hablábamos en un encuentro posterior a las elecciones de septiembre de 2015, cuando aún se barajaba la hipótesis de que la CUP, al contrario de lo que había dicho en campaña, accedería a investirlo. Se necesitaban los votos de la extrema izquierda independentista puesto que Junts pel Sí, la coalición de convergentes y republicanos, había obtenido 62 diputados, y la mayoría absoluta necesaria para una investidura exitosa queda marcada en el Parlament en 68 de los 135 escaños del hemiciclo. Los anticapitalistas resultaban imprescindibles en esa situación.

La cita era para reafirmar ante el jefe del ejecutivo catalán mi voluntad, ya comunicada con mucha anterioridad a los comicios, de abandonar mis responsabilidades políticas como secretario de Comunicación para regresar a mi profesión en el ámbito privado. Un adiós derivado del compromiso conmigo mismo de entender mi paso por el Govern como un paréntesis en mi trayectoria profesional. Llegaba el momento de poner punto y final, fuera cual fuera el resultado de las negociaciones, y dar por acabado el muy gratificante (¡y estresante!) paso por la Generalitat de Catalunya.

Me incorporé al ejecutivo en febrero de 2011, después de que la extinta CiU ganase los comicios autonómicos de noviembre de 2010 con 62 diputados. El encargo del electorado era, en ese momento, el de impulsar un programa de gobierno reformista que sirviese para hacer frente a la crisis económica y acabar con la percepción de desbarajuste institucional que se había instalado en la opinión pública catalana tras siete años de tripartito de izquierdas, primero encabezado por Pasqual Maragall y posteriormente por José Montilla. Un desbarajuste motivado, principalmente, por la deslealtad mutua entre los socios de gobierno de aquella época más que por sus políticas.

En el plano nacionalista, siempre presente como eje principal en la política catalana, la oferta electoral que CiU había servido como plato principal en campaña a los electores tenía un acento marcadamente económico y se concretaba en impulsar políticamente un pacto fiscal que sirviese para revertir la convicción, ya muy extendida entre los catalanes, de que contaban con un sistema de financiación autonómica arbitrario e injusto, que los ahogaba económicamente y que los perjudicaba seriamente porque limitaba el catálogo y calidad de los servicios sociales y también el desarrollo de inversiones en infraestructuras consideradas imprescindibles.

El programa de reformas para sanear las finanzas, mejorar el funcionamiento de la administración y hacer realidad, previa negociación con el Estado, esa mejora del sistema de financiación se articuló en la campaña electoral de Artur Mas a través de un paraguas conceptual que recogió elogios y chanzas a partes iguales: el gobierno de los mejores.

Había pasado un lustro y llegaba el momento de recoger mis enseres personales, seleccionar libros y pongos acumulados en el despacho y resumir la información de los asuntos pendientes de modo entendible para el traspaso de poderes a quien tuviera a bien sustituirme cuando el nuevo gobierno echase a andar. Lo que aún no sabíamos cuando mantuve con el president ese último vis a vis, aunque podía intuirse, es que también su presidencia estaba llegando a su fin. Porque finalmente hubo investidura, ciertamente, pero el ungido fue el hasta entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, tras la negativa en primera instancia de quien ocupaba el cargo de consellera de la Presidencia, Neus Munté, que rechazó el ofrecimiento de Mas cuando este finalmente se decidió a protagonizar el famoso «pas al costat» (paso al lado), obligado por la CUP.

Habían sido cinco años vertiginosos. En el período que iba desde finales de 2010 hasta finales de 2015 Catalunya pasó de una agenda política centrada en la reivindicación de una mejor financiación a la pretensión de construir una República catalana en dieciocho meses, que era la hoja de ruta plasmada en el programa electoral con el que Junts pel Sí había ganado las elecciones. Dos años después, situados ya en los acontecimientos recientes de 2017 y 2018, lo que iba a pasar era que el Senado autorizaría al Gobierno de Mariano Rajoy, tras la proclamación fallida de la República catalana, a aplicar el artículo 155 de la Constitución española para cesar al ejecutivo catalán en pleno, disolver el Parlament de Catalunya y convocar elecciones. Todo ello agenda judicial al margen, con personas encarceladas con medidas cautelares absolutamente desproporcionadas y con Carles Puigdemont en Bruselas, acompañado de tres de sus exconsellers.

¿Cómo y por qué se produjo esa aceleración y ese cambio de rasante tan espectacular en la política catalana en tan poco tiempo? Esta es una crónica a vuelapluma de lo que ha venido en llamarse el «proceso catalán» en el período 2010-2017, con algún añadido incorporado de lo que sigue aconteciendo en 2018. De todos esos años, viví cinco (2011-2015) dentro del castillo, y el resto ya fuera de él, aunque manteniendo obsesivamente los dos ojos en el seguimiento y análisis del acontecer político de Catalunya en calidad de ciudadano de a pie ocupado y preocupado por todo aquello que, tratándose de asuntos tan relevantes, afecta a su quehacer diario y al de sus vecinos.

No persigo una cronología exacta de los hechos. Tampoco se desvela en este breve texto ningún secreto o situación que hayan permanecido ocultos al escrutinio de la opinión pública. En este sentido soy especialmente precavido con todo aquello que hace referencia al período 2010-2015. Lo que acontece en el ámbito de la privacidad profesional cuando uno ostenta una responsabilidad, ahí debe permanecer. Lo que ocurre en el castillo, queda en el castillo. Utilizo algunas anécdotas vividas en primera persona, pero he intentado ser cuidadoso en su elección para ajustarlas a dos criterios: que sirvan para ilustrar una idea y que, al mismo tiempo, no supongan una deslealtad ni para la institución ni para las personas que en su día me otorgaron su confianza personal y política. Personas a las que estoy agradecido y con las que mantengo una deuda de gratitud. Los procedimientos judiciales en marcha y los que pueden iniciarse en el futuro también aconsejan cierta cautela e impiden escribir con total soltura sobre acontecimientos tan recientes.

Del período 2016-2017, ya vivido únicamente como ciudadano de a pie y sin ninguna responsabilidad política, todo pertenece al ámbito de lo sabido y confirmado a través de terceros.

El texto mezcla hechos y opinión. Nadie puede escapar al humano defecto de seleccionar, ordenar y explicar los acontecimientos de forma que acaben funcionando como un engranaje perfecto para confirmar el propio posicionamiento o los prejuicios que le acompañan. Me acuso de ello y pido disculpas en la medida que alguien pueda entender que el esfuerzo realizado por evitar convertir el texto en un latinorum haya resultado totalmente baldío.

El texto tampoco busca titulares espectaculares, ni aparentar una importancia que el autor no ha tenido ni tiene. Quiere ser tan solo un puñado de páginas honestas en las que se exponen, con el apoyo de los hechos, una visión particular, la mía, sobre el por qué y el cómo de la situación política en Catalunya. No pretendo dar lecciones, pregonar una verdad revelada o descubrir un nuevo catecismo. Cada catalán tiene en su cabeza una película diferente del procés y todas son tan solo una parte del todo.

Por una cuestión de honestidad con el lector, creo necesario advertirle que soy lo que ha venido en llamarse soberanista. No lo he sido siempre. Formo parte del amplio grupo de catalanes que en los últimos años ha deslizado sus posiciones desde el catalanismo de matriz autonomista hacia la convicción de que Catalunya se ha ganado el derecho a que el Estado habilite una salida a la reivindicación de votar en un referéndum sobre su futuro político respecto al encaje o salida de España. El lector también debe saber que, en esa consulta, de producirse, votaría a favor de una Catalunya independiente en el caso de que las condiciones para seguir formando parte de España fuesen las mismas de ahora.

Una última consideración de tipo personal. Este texto no es únicamente para aquellos que comparten este posicionamiento político que acabo de expresar. No se trata de buscar el aplauso gregario que, por otro lado, es difícil que se produzca puesto que soy especialmente crítico con muchas de las decisiones tomadas por el soberanismo político e institucional.

Escribo también para quien se sitúa en las antípodas ideológicas de mis razonamientos, pero está dispuesto a convivir con la diferencia y mantiene entre sus hábitos el de escuchar al otro. Nada puede avanzar sin atender al crítico, al discrepante, al adversario.

La trinchera ideológica es otra vez el signo de los tiempos. El atrincheramiento proporciona confortabilidad. Permanecer entre iguales es gratificante pues nadie quita, ni discute razones. Pero dividir el mundo entre buenos y malos empobrece la mirada y atrofia el cerebro. Sin convicciones no se va a ningún lado, sin ponerlas a prueba tampoco. El fanático es peligroso, pero ante todo es aburrido, sea cual sea la fe que profese.

Lo que sigue es tan solo una mirada, la mía, sobre la mayor crisis de Estado desde la restauración de la democracia en España. Una crisis que va a mantenerse cronificada en la agenda política de españoles y catalanes por mucho más tiempo de lo que nadie era capaz de imaginar cuando se inició. Una crisis para cuya salida, en estos momentos, cualquier pronóstico resulta extremadamente incierto, pero de lo que sí sabemos al menos una cosa: será una salida política o no será.

escena 1
La pelota del hat-trick

El 20 de noviembre de 2011 CiU ganó por primera vez las elecciones generales en Catalunya. El 22 de mayo del mismo año la exitosa coalición de convergentes y democratacristianos había arrasado en los comicios municipales con unos resultados jamás vistos. Era el no va más. Todo ello venía a sumarse a los espléndidos resultados obtenidos el 28 de noviembre de 2010 por Artur Mas en las elecciones autonómicas. Con 62 diputados, el ya líder indiscutible de los convergentes conseguía por fin recuperar la presidencia de la Generalitat después de siete años de tripartito.

Lo que los mismos convergentes habían bautizado como «la travesía del desierto» (exagerada expresión explicable tan solo porque tras 23 años de pujolismo aún no se habían estrenado nunca como oposición y les parecía el fin del mundo) tocaba definitivamente a su fin y CiU regresaba de nuevo con más fuerza que nunca, ganando todas las elecciones y tomando el control de las instituciones más relevantes de Catalunya.

El liderazgo consolidado de Mas, las puñaladas que se asestaban entre ellos los integrantes del tripartito, la mala gestión de la crisis de José Luis Rodríguez Zapatero, el nefasto recuerdo en Catalunya de la mayoría absoluta del PP en la legislatura 2000-2004, todo ello había conducido a que CiU recuperase la hegemonía en Catalunya situándose en la centralidad del tablero político. Una hegemonía que, en esta ocasión, ya no sería compartida con el PSOE y que incluía por primera tomar el control de instituciones jamás gobernadas por los nacionalistas. Entre ellas brillaban con luz propia la alcaldía de Barcelona, con Xavier Trias a la cabeza, y la Diputación de Barcelona (órgano invisible para la opinión pública pero eficaz en la aportación de fondos económicos en el ámbito municipal de los que puede sacarse rendimiento político) que recayó en manos del alcalde de Martorell de ese momento, Salvador Esteve.

Aun así, no todo eran buenas noticias y algunos nubarrones amenazaban en el horizonte. Todos estos éxitos electorales coincidieron con la crisis económica que se inició en 2008 y que arreció como un temporal a partir de 2010. La situación económica fue una de las variables que ayudaban a explicar el resurgir convergente. Pero una vez llegados al Govern, esta no solo iba a persistir, sino que se acentuaría gravemente.

Y ya se sabe que, alcanzado el poder, sea esto justo o no, la memoria del ciudadano es débil y la responsabilidad del que llega es total y absoluta sobre todo aquello que suceda desde el primer minuto en el que empieza a gobernar, independientemente de cuál sea la herencia recibida. Manejar Catalunya desde la Generalitat en condiciones de asfixia económica era muy difícil. Casi imposible. En 2011, el día a día en la Generalitat se asemejaba más a la imagen de una tripulación achicando agua de un barco a punto de naufragar que a un poder ejecutivo definiendo estrategias a medio y largo plazo para implantar reformas estructurales acordes a su programa electoral.

Además, una vez estrenada la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados tras las elecciones de noviembre de 2011 estaba claro que iba a ponerse en marcha una agenda centralizadora minuciosamente elaborada en los laboratorios de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Un PP con mayoría absoluta y una crisis económica que se preveía larga enturbiaban, aunque no lo suficiente todavía, el dulce momento convergente.

El nubarrón de la crisis estaba presente desde el inicio de la legislatura autonómica en diciembre de 2010. Recortes, toma de decisiones que perjudicaban los intereses de todos los colectivos profesionales y sociales, malestar en las calles, manifestaciones... El movimiento de los indignados, a semejanza del que se reproducía en tantas ciudades de España, pronto adquirió tintes de omnipresencia y monopolizó la agenda política.

La Plaça Catalunya, el equivalente a la Puerta del Sol de Madrid, fue tomada por los indignados hasta su desalojo en mayo de 2011. En junio de ese mismo año, la izquierda más radical bloqueó los accesos al Parlament de Catalunya. El president Artur Mas y su conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, tuvieron que acceder a la sesión parlamentaria en la que debían aprobarse los presupuestos de la Generalitat en helicóptero para sortear el bloqueo.

Las manifestaciones en la Plaça Sant Jaume (el corazón institucional de Catalunya, con el Palau de la Generalitat a un lado y el Ayuntamiento en el otro) de bomberos, profesores, otros colectivos de funcionarios y un largo etcétera de agraviados eran diarias. Ese era el ambiente con el que se manejaba el Govern de la Generalitat a los pocos meses de su toma de posesión. Y lo peor de todo es que la desastrosa situación económica no parecía dispuesta a aflojar. Efectivamente, todo iba a empeorar aún más con el agravamiento de la crisis del euro que estaba por llegar y que iba a tensionar el ambiente mucho más de lo que ya lo estaba.

El otro motivo de preocupación era la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados que este partido consiguió a finales de 2011. La confortabilidad de los populares en el gobierno de España gracias a sus excelentes resultados, que posibilitaba un discurso y unas medidas nada empáticas con la realidad y necesidades de los gobiernos autonómicos, iba a generar pronto una situación de gran incomodidad al ejecutivo catalán, puesto que este recibía el apoyo de los populares en el Parlament de Catalunya sin un acuerdo formal pero de manera recurrente.

Para Artur Mas y el mundo convergente en general, esa ecuación activaba en la memoria los resortes de un período nada agradable de revivir. En la última legislatura de José María Aznar al frente del ejecutivo español con mayoría absoluta (2000-2004), con Jordi Pujol en minoría en el Palau de la Generalitat, los populares ya hicieron tragar quina a los convergentes a cambio de brindarles su apoyo en el Parlament de Catalunya. Ahora se reproducían las mismas variables y el convencimiento de que el resultado podía acabar siendo el mismo.

Ambas variables, crisis económica y posteriormente la mayoría absoluta del PP, acabarían influyendo de un modo muy relevante en la decisión de Mas de convocar elecciones anticipadas en Catalunya en 2012. Pero no hubieran sido motivos suficientes sin la constatación del fracaso de la propuesta de pacto fiscal, rechazado de plano por Mariano Rajoy negándose tan siquiera a hablar de ello, y sin el impacto de la primera gran manifestación independentista organizada con motivo de la Diada Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre de ese mismo año.

Elecciones anticipadas en las que CiU perdió 10 diputados, para quedarse en 50 y dar inicio a lo que a la postre sería un vertiginoso descenso en su capacidad de seducción electoral. Pero a pesar de los resultados, lo que sí se consiguió con ese adelanto fue cambiar de socio en el Parlament de Catalunya, pasando del PP a ERC, y zafarse del monopolio de los recortes que se había impuesto en la agenda mediática y política para sustituirlo por el debate soberanista. Además, el Govern de Catalunya se situaba gracias a ese adelanto a la cola del ciclo electoral, lo que permitía ganar tiempo a la espera de que la crisis y sus efectos amainaran.

Las elecciones autonómicas fruto de ese adelanto fueron las últimas a las que se presentaría CiU. En 2015, consumada ya la ruptura entre los convergentes de Artur Mas y los democratacristianos de Josep Antoni Duran i Lleida, la fórmula elegida por los primeros fue la de Junts pel Sí (junto a ERC). Desde 2016 el partido que intenta recoger el legado de la antigua convergencia es el PDeCAT, que tampoco se ha presentado a las últimas elecciones catalanas, puesto que lo ha hecho englobado (más bien desaparecido) en medio de una lista más heterogénea liderada por Carles Puigdemont, Junts per Catalunya. Y por el camino, en las elecciones generales, los antiguos convergentes se presentaron a los comicios a Cortes Generales con la marca Democràcia i Llibertat (2015), aunque sí recuperaron sus clásicas siglas en la repetición de esas elecciones en junio de 2016. UDC, por su parte, se presentó por primera vez en solitario a las elecciones autonómicas de 2015, sin obtener representación. Tampoco la obtuvo en las elecciones generales de 2015 y finalmente, echó el cierre y puso punto y final a su existencia ahogada por una deuda excesiva e inexplicable para el tamaño de dicha formación política. Pero en 2011 aún faltaba mucho para llegar a ese punto. Y lo que tocaba, en ese mes de noviembre, era celebrar el éxito que CiU había cosechado ganando por primera vez todas las elecciones, una tras otra. De tal modo que el día 21, horas después del escrutinio de los comicios a Cortes, fui de compras al Decathlon antes de dirigirme a mi despacho en el Palau de la Generalitat. Adquirí un balón de futbol (el oficial de la Liga de esa temporada) y, una vez en la sede del Govern, recorrí los despachos de los colaboradores más directos de Mas para solicitarles que estampasen su firma en aquel esférico. Con todas las rúbricas en el balón, nos dirigimos en comitiva al Saló Verge de Montserrat, el despacho presidencial, para hacerle entrega del mismo a Mas:

President, has hecho un hat trick: autonómicas, municipales y generales. Y en política, como en el fútbol, a quien hace un hat trick se le obsequia con la pelota del encuentro. Esta es la tuya.

Todos estábamos contentos. Él también lo estaba. El proceso como tal no había empezado. El proyecto político con teórico acento reformista de CiU gobernaba en todas las instituciones catalanas y, a pesar de que el PP había alcanzado la mayoría absoluta, los convergentes habían logrado vencer en las elecciones generales en Catalunya.

Había manifestaciones, había indignados, se tenía conciencia de lo difícil de la situación; pero, aun así, estábamos razonablemente felices. Contábamos con la confianza de la mayoría de los ciudadanos y con un gran capital político para administrar. Solo la situación económica impedía que aquellos fueran días de vino y rosas. Y no lo eran en absoluto, doy fe de ello.

La gestión financiera de la Generalitat era un drama. Su tesorería una pesadilla. Se vivían recurrentemente, en especial a final de mes con el pago de las nóminas, verdaderos momentos de desesperación. Aun así, la mirada sobre el futuro era optimista. Nos sentíamos responsables, pensábamos que el esfuerzo valía la pena y que, a pesar de todas las dificultades, disfrutábamos del honor de mantener a flote la embarcación institucional en la que navegábamos. Tocaba hacerlo, ni más, ni menos.

El president aceptó la pelota e incluso se permitió dar algunos toques. Siempre se le ha dado bien el balón y ese día, aun ataviado con traje y calzado formal, hizo demostración de ello. Toques elegantes y precisos. El esférico como metáfora del éxito y de la acumulación de un gran capital político.

escena 2
Pedro J. y el pacto fiscal

El 8 de noviembre de 2011 Pedro J. Ramírez, a la sazón director de El Mundo, presentó en Barcelona El primer naufragio, un meritorio libro sobre los cuatro meses de la Revolución Francesa que van desde la decapitación del rey Luis XVI hasta el golpe de Estado jacobino en la primavera de 1793. Por la noche, se organizó una cena privada en un apartamento del Passeig de Gràcia barcelonés en la que una docena de comensales departimos con el ahora director de El Español sobre aquel libro (más bien poco) y sobre política catalana (mucho).

Faltaban pocos días para las elecciones generales en las que Mariano Rajoy arrasaría con el zapaterismo. En Catalunya, en la agenda política y mediática había cogido mucha fuerza el debate alrededor del pacto fiscal, oferta nuclear del programa electoral con el que CiU había ganado los comicios autonómicos un año antes. Un pacto fiscal al que se añadía como coletilla «en la línea del concierto vasco» y que debía servir para mejorar el maltrecho estado de las arcas públicas de la Generalitat, a todas luces insuficientemente financiadas por el Gobierno español y cuyas penurias aún habían quedado más a la vista cuando los mercados de deuda quedaron cerrados para los ejecutivos autonómicos por culpa de la crisis y la seria amenaza de quiebra de las finanzas públicas.

El pacto fiscal seguía siendo la oferta clave de CiU para las elecciones generales que se iban a celebrar y era el mantra que acompañaba, junto a los recortes, toda la campaña que se desarrollaba en Catalunya. Tras un año de machacona insistencia sobre este tema, también se había conseguido que el debate alrededor de esta cuestión rebasase las fronteras catalanas para entrar de pleno en la agenda española.

La reivindicación debía discutirse con el nuevo gobierno que eligiesen los españoles, puesto que José Luis Rodríguez Zapatero era a ojos de todo el mundo un pato cojo desde hacía tiempo. Lo que se pretendía por la parte catalana es que el déficit fiscal (la diferencia entre lo que se aporta a las arcas del Estado y lo que se recibe de ellas) quedase reducido a un porcentaje razonable (siempre se hablaba del 4 por ciento, aunque nadie formalizó nunca esa cifra) y que, se respetase el principio de ordinalidad. Es decir, que, tras el reparto de los recursos económicos por parte del ministro de Economía de turno para cubrir las necesidades de todo el territorio español, si una comunidad autónoma era la número 3 en aportar, como mínimo mantuviese esa posición a la hora de recibir. Esa era la agenda política en Catalunya en ese momento, amén de la crisis económica y de los recortes.

Pero volvamos a la cena que se organizó bajo el auspicio del delegado de El Mundo en Catalunya, Àlex Salmon. Entre plato y plato, y cuando la conversación abandonó definitivamente las cuitas revolucionarias de los franceses del siglo xviii para deslizarse a la actualidad española y catalana, Pedro J. se ofreció a liderar una corriente de opinión pública favorable a una mejora de la financiación de la Generalitat. Al mediodía había hecho ese mismo ofrecimiento a Xavier Trias, en una comida privada en el Ayuntamiento de Barcelona.

Pedro J. dijo estar convencido de que la reivindicación podía tener sentido y que era factible crear un clima «opinativo», desde la capital de España, favorable a esa mejora que con tanto ahínco se exigía desde instancias catalanas. El fundador de El Mundo y de El Español veía argumentos razonables en la defensa de un necesario nuevo modelo de financiación y se ofreció para que su periódico colaborase en la siembra que debía germinar y propiciar la aparición de los imprescindibles brotes de complicidad entre la opinión pública española.

Brotes, por otra parte, sin los cuales no era posible allanar el pedregoso camino que cualquier decisión que deba tomar un gobierno español con respecto a Catalunya necesita, máxime si de ella se deriva algún hipotético beneficio para la segunda. Nótese que ello no resulta imprescindible cuando de lo que se trata es de mejorar el cupo vasco o, pongamos por caso, defender los privilegios de la insularidad.

Pero Pedro J. no se quedó ahí. Añadió, a continuación, que el catalanismo también debía poner algo de su parte para que tal proceder fuese factible. Se trataba de establecer una especie de quid pro quo. Y en ese dar y recibir, lo que había que poner Catalunya era el fin de la inmersión lingüística en las escuelas y la puesta en marcha de un sistema educativo de doble red, una para aquellos que escogiesen el catalán y otra para los que eligiesen el castellano. Pedro J., que en su época como director de El Mundo inflamó la agenda lingüística elevando a categoría un supuesto conflicto entre lenguas que jamás había existido ni existe en Catalunya, demostró ese día desconocer, a pesar de los esfuerzos que haya hecho para subsanar tal carencia, la complejidad de la realidad social catalana.

El tema quedó zanjado rápidamente. Uno de los invitados al ágape, empresario afincado en Catalunya desde hace mucho tiempo, pero nacido y criado en tierras castellanas, se sintió insultado y así lo hizo saber abiertamente. Quiso hablar en nombre de los castellanohablantes catalanes y dejó claro al periodista que, amén de no tener ni idea de lo que planteaba, su sola mención era tremendamente ofensiva porque se sustentaba sobre la mentira. Insistió que en Catalunya se garantizaba con la inmersión el conocimiento de las dos lenguas oficiales, además de favorecerse la integración y la cohesión de la sociedad habitualmente independiente del origen y de qué lengua utilice cada uno en sus quehaceres diarios.

Traigo a colación esta anécdota porque sirve para escenificar la fuerza con la que el discurso del pacto fiscal había calado en los ambientes de la capital de España en un solo año de gobierno de Artur Mas al frente de la Generalitat. El nacionalismo catalán, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut dictada en junio de 2010, había canalizado su energía política a través de la voluntad de negociar un nuevo encaje económico y una mejora de la inversión del Estado en infraestructuras.

La clase empresarial catalana, sin diferencias entre grandes, medianas y pequeñas empresas, compartía el objetivo de la mejora de la financiación, y la ciudadanía también se sumaba con entusiasmo a esa reivindicación que servía para galvanizar toda la energía del descontento que ya en esa época, e incluso antes, resultaba bien visible para quien, de verdad, conociese Catalunya.

El ambiente en Catalunya había empezado a enrarecerse hacía tiempo. El mismo José Montilla, antes de abandonar el cargo de president de la Generalitat, había hablado de la desafección de Catalunya respecto a España. En el plano mediático, Enric Juliana, periodista de La Vanguardia, había patentado la afortunada expresión del català emprenyat (el catalán cabreado), se habían visto manifestaciones nacionalistas que empezaban a ser importantes (las primeras de ellas en 2006 y en 2007) convocadas por la Plataforma pel Dret a Decidir (Plataforma por el Derecho a Decidir), centradas en la necesidad de mejora de las infraestructuras por parte del Estado. Se publicó incluso en marzo de 2010 algo tan excepcional como un editorial conjunto de los medios de comunicación impresos en Catalunya, titulado «La dignidad de Catalunya».

En junio de 2010 tuvo lugar la gran manifestación en contra de la sentencia del Estatut, que recorrió las calles de Barcelona con el apoyo de todos los partidos políticos a excepción del PP y Ciudadanos (Cs), convocada por Òmnium Cultural. Esa manifestación, encabezada por una gran pancarta que rezaba «Som una nació, nosaltres decidim» (Somos una nación, nosotros decidimos), rebasó ya el millón de personas y constituye el prólogo de las sucesivas demostraciones de fuerza que, a partir de entonces, y en especial a partir de 2012, se realizarían cada 11 de septiembre.

Aun así, el entonces nacionalismo moderado de CiU había conseguido que todo ese malestar se manifestase principalmente a través de las reivindicaciones de carácter económico. La independencia, el Estado propio, el derecho a decidir, eran, en el mejor de los casos, mercancías de futuro, si es que lo eran.

ERC había quedado hecha trizas después de su experiencia de gobierno tripartito, la CUP no existía en el plano autonómico y solo era visible en los ayuntamientos; así que los convergentes disfrutaban de una posición de fuerza discursiva que hacía posible dirigir y cohesionar toda la energía del nacionalismo hacia objetivos políticos centrados, casi en exclusiva, en la negociación de cuestiones monetarias.

Es verdad que en los discursos el pacto fiscal se explicaba siempre como la primera parada de un viaje que debía ser más largo. El mejor ejemplo de ello lo proporciona Francesc Homs, el que fuera conseller de la Presidencia en la segunda legislatura de Mas y portavoz durante todo su mandato, que había publicado en 2010 el libro Dret a decidir. Estació concert (Derecho a decidir. Estación concierto). Pero aunque se plantease como un viaje cuyo final siempre era la plena soberanía, lo cierto es que la aventura del pacto fiscal no tenía plazos ni fechas marcadas en el calendario. La hipótesis de trabajo es que requeriría tiempo y que, por una temporada indefinida, la reivindicación nacionalista debía centrarse en ese objetivo. Como siempre, uno propone y Dios dispone. El infierno está lleno de buenas intenciones y el pacto fiscal acabó quemando tan rápido como el papel de fumar.

escena 3
Más telarañas que billetes

La duración del pacto fiscal como activo de reivindicación política de las instituciones catalanas fue tan corta como la primera legislatura de Artur Mas como president de la Generalitat, que acabó agotándose en dos años.

Se ha escrito mucho sobre los hipotéticos múltiples y graves errores del Govern durante el período 2011-2012 para acabar justificando la pérdida de 10 diputados cuando finalmente se celebraron elecciones anticipadamente a finales de 2012.

La tesis que ha acabado por imponerse dibuja un ejecutivo liberal, encabezado por Artur Mas, disfrutando de los recortes y comportándose como alumno aventajado de las tesis que Alemania, a través de Angela Merkel, impuso a todos sus socios europeos para evitar el derrumbe del euro y el desplome de todas las economías del continente por la vía del contagio. La Generalitat, por llevar al extremo esas tesis interpretativas, estaba poblada por siniestros personajes que disfrutaban aplicando recortes y reduciendo el gasto público al mismo tiempo que bajaban los impuestos.

Como todas las lecturas que se hacen de la política, esa es una versión interesada. La crisis económica y la poca ambición del tripartito en el recorte del gasto público habían dejado la Generalitat tiritando para cuando llegaron los convergentes. La Administración catalana estaba, literal y explícitamente, quebrada. Las vías de financiación a través de la deuda se cerraron y no había acceso al crédito. Como ya había ocurrido con el Gobierno tripartito, volvieron a emitirse bonos patrióticos, esta vez con el aval del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. Vencían las deudas, se acumulaban las facturas a proveedores y no existían mecanismos de financiación extraordinaria como el Fondo de Liquidez Autonómica que, mucho más tarde, pondría en marcha el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La situación era endemoniada puesto que había objetivos de déficit impuestos por Europa al Gobierno español que este centrifugaba, a su vez, hacia los ejecutivos autonómicos, que eran y son los responsables de mantener en pie el Estado del bienestar a través de las grandes partidas de gasto: sanidad, educación y servicios sociales. Y, por añadidura, todo ello sucedía con un sistema de financiación absolutamente insuficiente en el caso de Catalunya. Una financiación injusta que podía disimularse con los mercados de deuda abiertos, pero que enseñaba todas sus miserias cuando coincidían en el tiempo el derrumbe de los ingresos tributarios, la disminución del importe de las transferencias estatales, la no autorización por parte del Gobierno de España de nuevo endeudamiento y la inexistencia de prestamistas dispuestos a facilitar empréstitos.

En esa situación el Govern de Catalunya se vio en la necesidad de reducir el presupuesto de la Generalitat al límite de lo soportable. Quien no ha vivido una situación de este tipo no es capaz ni tan siquiera de imaginarla. A medida que se acercaba la fecha de pago de las nóminas de los trabajadores públicos la angustia entre los responsables económicos del ejecutivo iba en aumento. La liquidez era una pesadilla.

Como en las viñetas cuando los caricaturistas quieren hacer mofa de la carestía, en la caja fuerte de la Generalitat había más telarañas que billetes.

esta era la situación. Y si bien es cierto que en los discursos se hablaba de ajustar el gasto a los ingresos, de la necesidad de racionalizar el gasto público, de la obligación de no endeudar a las generaciones futuras, no lo es menos que el reformismo quedó de inmediato aparcado y fue sustituido por una operación de emergencia nacional, en medio de la cual lo único que tenía valor era hacer lo posible para evitar el naufragio total e irremediable de un barco que tenía vías de agua económicas por doquier.

Los presupuestos de 2011 y de 2012 fueron huesos imposibles de roer. Unas cuentas duras y difíciles que servían también para ejemplificar el insignificante grado de autonomía real de Catalunya que no podía ni poner en práctica medidas como el archiconocido euro por receta, que en los pocos meses que estuvo en vigor, antes de que el Tribunal Constitucional lo anulara, ayudó a rebajar el gasto farmacéutico del Departament de Salud sin castigar en absoluto a los colectivos con menos recursos económicos.

Una medida con coste político negativo para quien la tomaba pero que aun así decidía llevarla adelante únicamente por responsabilidad, tampoco podía ponerse en práctica en la España que presume de manera recurrente de ser el Estado más descentralizado de Europa.

Se eliminó una paga extra a los servidores públicos, a los altos cargos dos; pero más allá del simbolismo de algunas medidas, lo cierto es que rebajar tan sustancialmente el presupuesto de la Administración acaba impactando en todos los colectivos que, de un modo u otro, se relacionan con el erario público. Es decir, todos. No es razonable esperar que nadie aplauda las medidas de este tipo, obligadas o no, que perjudican sus intereses. A los gobiernos basta con exigirles. Si es el caso, y el paso del tiempo demuestra que las recetas que se han administrado han sido efectivas, quizá se les vuelva a confiar la responsabilidad de gobernar con el voto. A veces. No siempre.

Esa situación económica tuvo un doble efecto. Las manifestaciones eran cada vez más habituales y más concurridas. Un malestar creciente que, al igual que en el resto de España, desembocaría en los episodios de indignados ocupando permanentemente el espacio público (en Barcelona, la Plaça Catalunya, y en Madrid, la Puerta del Sol) o el ya comentado asedio del Parlament el día que debían sacarse adelante las cuentas públicas.

Pero al mismo tiempo permitió también al Govern encontrar el campo abonado en el que plantar los mensajes en torno a la necesidad del pacto fiscal como único modo de escapar del estrangulamiento económico que padecía la administración autonómica. Se elaboraron múltiples argumentarios, se formó a todos los altos cargos en conceptos básicos de financiación autonómica para que pudiesen explicar en sus reuniones cuán justo y necesario era el pacto fiscal que se reclamaba. Por cierto, la persona que impartía esos cursos por aquel entonces era Elsa Artadi, alto cargo del Departament de Economía de Mas-Colell, y que con el tiempo ha acabado siendo la más estrecha colaboradora de Carles Puigdemont en la plataforma electoral Junts per Catalunya.

Cruzando las dos variables, reivindicación de un pacto fiscal y estrangulamiento de las finanzas públicas de la Generalitat, es fácil hallar el caldo de cultivo de la desafortunada expresión «España ens roba» (España nos roba), puesta en circulación por el notario y exdiputado Alfons López Tena. Por cierto, lo desafortunado de la frase, que coloca a España en situación de ladrona, no obvia que, ciertamente, el Estado mantiene desde hace ya demasiado un sistema de financiación autonómica que perjudica seriamente no a Catalunya como ente geográfico o como abstracción política, sino directamente a siete millones y medio de personas.

Sin duda, quien desempeñó un papel destacadísimo en la consolidación mediática y política de la agenda del pacto fiscal fue el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. Hombre de reconocido prestigio internacional, profesor de las universidades de Berkeley y Harvard, con una amplísima agenda de contactos por todo el mundo, Mas-Colell dedicó parte de su tiempo a desarrollar una intensa campaña de entrevistas y apariciones en la prensa internacional y estatal.

Gracias a su credibilidad académica y su trayectoria profesional, sus argumentos eran escuchados con atención. Fue Mas-Colell quien situó la agenda política catalana por primera vez en los medios de comunicación internacionales. Grecia, la crisis del euro, el hipotético rescate de España; todos los grandes medios demandaban información económica y, en ese ambiente, la penosa situación de las finanzas catalanas llamaba en particular la atención. Las tesis de Mas-Colell sobre la situación española, acompañadas siempre de las pertinentes explicaciones sobre el insostenible modelo de financiación autonómico de Catalunya, abrieron una primera brecha en la presencia del Govern en los grandes medios internacionales que también sería aprovechada más adelante por el president, Artur Mas, cuando llegó el momento de plantear objetivos políticos más ambiciosos. Como nota a pie de página, apuntar que muchos de los que se preguntan los motivos por los que Catalunya ha conseguido falcar su mensaje político en tantos medios internacionales tienen en el hecho de que sus dos últimos presidentes hablen inglés y francés una primera respuesta.

Sea como fuere, lo cierto es que pronto en las encuestas se dispararon el número de catalanes que compartían la necesidad planteada por su gobierno de exigir una mejora de la financiación, llegando a superar el 80 por ciento en las encuestas que periódicamente elabora el Centre d’Estudis d’Opinió (Centro de Estudios de Opinión), el equivalente catalán del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español.

Ahora bien, ni la fuerza del mensaje, ni el hecho de que se aceptara tan bien como objetivo por parte de los ciudadanos catalanes, ni que fuera una reivindicación que apenas llevaba un año encima de la mesa, evitó que el pacto fiscal como elemento principal y de largo recorrido del Govern de Artur Mas se consumiera a la velocidad de la luz. No son pocos los que, con el paso del tiempo, han acabado concluyendo que quizá fue un error dar por finiquitada esa reivindicación de un modo tan espasmódico.

Recapitulemos: en el Parlament CiU contaba con el apoyo del PP, este a su vez había barrido a los socialistas y gobernaba con mayoría absoluta en Madrid pudiendo imponer su agenda sin atender a consideraciones, existía un malestar social creciente por los recortes y, por último, también flotaba en el ambiente un agravio nacional de carácter transversal y que había derivado en humillación para muchos a raíz de la sentencia del Estatut dictada por el Tribunal Constitucional en 2010.

Así las cosas, llegó el verano de 2012 y con la preceptiva canícula la política catalana se calentó y se situó a las puertas de un acelerón que, en la práctica, supuso el punto de inflexión que dio inicio formal a lo que acabaría llamándose «procés» (proceso) y que ha acabado siendo una crisis de Estado en toda regla. Una crisis de estado, que a fecha de hoy, lejos de resolverse, sigue enquistada y lo seguirá estando hasta que se encuentre el modo de dar una salida pactada y negociada a las aspiraciones de casi la mitad de la población catalana independentista y las de un número todavía mucho mayor de ciudadanos que están de acuerdo con la celebración de un referéndum que permita aclarar la situación.

escena 4
Las elecciones anticipadas
las carga el diablo

Nadie discute en Catalunya que el proceso independentista es un proyecto político impulsado desde la ciudadanía. De abajo hacia arriba, se afirma solemnemente. La política profesional se limita a acompañar la voluntad de los catalanes (de los soberanistas, se entiende). Se da por hecho que la fuerza de la gente hubiese pasado por encima de los partidos soberanistas si estos hubiesen actuado de otro modo.

Como todas las aseveraciones solemnes referidas a la política, estas también admiten prueba en contra, o al menos aportaciones argumentales que las maticen. Siendo cierto que el proceso no se entiende sin un terreno abonado entre la ciudadanía y una predisposición de los votantes a sentirse interpelados por un proyecto político desacomplejadamente soberanista, no lo es menos que ahí solo hay una parte de la verdad.

Nada hubiera sido posible sin la complicidad e interés de los partidos políticos y por las instituciones gobernadas por estos por insuflar aire a las movilizaciones a través de sus estructuras territoriales, cuadros y proclamas. Si se quiere, ha habido un circuito de retroalimentación entre ciudadanía y política, pero en ningún caso puede darse por buena la tesis más romántica que sitúa todo lo acontecido única y exclusivamente como el fruto del empuje popular. El proceso no hubiera sido posible sin la gente exigiendo en la calle, pero a su vez, esa exigencia fue y es espoleada por el soberanismo institucional y político que aspiraba y aspira a sacarle provecho.

Antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que mutilaba el nuevo Estatut de Catalunya, estaban ya pasando cosas en la órbita de influencia del independentismo, en esos momentos una opción claramente marginal para los partidos políticos sistémicos, pero siempre viva en el terreno del activismo. Tras la sentencia, como era previsible, se activaron nuevos resortes, aunque nada hacía prever en un primer momento un proceso de galvanización tan solvente del independentismo que lo llevaría a convertirse en un abrir y cerrar de ojos en la opción casi hegemónica del catalanismo político.

La aparición de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) o el éxito de las consultas populares sobre la independencia que se celebraron por toda Catalunya, empezando por Arenys de Munt, eran acontecimientos que demostraban, a quien quisiera poner el termómetro, que la temperatura del activismo independentista iba al alza. Aun así, la mirada del catalanismo institucional, el organizado a través de partidos, sobre estas cuestiones seguía siendo lejana y, sin ser fría, no era de gran complicidad.

El punto de inflexión es el 11/09/2012. La Diada Nacional de Catalunya de ese día es el gran «antes y después». La primera manifestación organizada por la ANC en la Ciudad Condal rebasó todas las previsiones de participación y superó el millón y medio de manifestantes. Es ahí, durante esa jornada, cuando todo el mundo toma nota de un hecho que ya está a la vista de todos. Estamos ante un movimiento con recorrido político, que debe ser tenido en cuenta. Carme Forcadell, en tanto que presidenta de la ANC, es entronizada como actor político, y el asociacionismo civil pasa a convertirse en un actor de primer orden en el mapa político catalán que acabará naciendo. Después se sumará Òmnium Cultural, cuya presidenta, la tristemente fallecida Muriel Casals, también desempeñará un papel muy relevante en los acontecimientos que están por llegar.

Pero el éxito de esa manifestación, convocada bajo el lema «Catalunya, nou estat d’Europa» (Catalunya, nuevo estado de Europa), no es atribuible en solitario a sus organizadores, tal y como afirma la historia oficial del independentismo popular. Hubo letra pequeña, mucha más de la que se cree.

Solo hay que repasar las intervenciones políticas del Govern durante las semanas previas, las de los grupos parlamentarios nacionalistas y las de los partidos de esa misma órbita. En lo que atañe al ejecutivo, se decidió que era conveniente que esa manifestación fuera un éxito, aunque no estaba del todo en su mano que así sucediera. Pero el deseo era ese y se hizo todo lo posible.

Por primera vez desde que Artur Mas presidía el Palau de la Generalitat se había detectado una semilla de movilización popular que, en caso de germinar, no sería contra los recortes del presupuesto de la Generalitat, ni contra las políticas de CiU, sino contra el injusto trato del Estado español hacia Catalunya.

Ahí había una oportunidad política con la que debía mostrarse, no solo complicidad, sino incluso implicación, dado que ERC, que siempre había aspirado y seguía aspirando a sustituir a CiU, no tendría ningún inconveniente en subirse a ese carro desde la comodidad que siempre proporciona la oposición, que no obliga a nada más que a estar y decir sin tener después que decidir. En ese momento era impensable imaginar la dimensión que acabaría teniendo aquella manifestación. Pero fuese el que fuese, el rédito político que proporcionase no podía regalarse al adversario político sin más. Había que pelear, al menos, por una parte.

Hubo reuniones en Convergència. ¿Debía o no debía darse apoyo a la manifestación, dado que su eslogan era ya claramente independentista? ¿Qué debían hacer los cargos electos? ¿Y el Govern? Hubo dudas. Fue un debate que se solventó en favor de poner toda la carne en el asador. El Govern acudió casi en pleno a la cita, aunque algunos consellers no lo decidieron hasta última hora. Los medios de comunicación catalanes ayudaron a crear una gran expectativa sobre lo que acabaría sucediendo con esa movilización. La presión llegó a ser tanta que incluso Josep Antoni Duran i Lleida confirmó su asistencia, aunque dejó claro que no podrían contarlo como independentista. De acuerdo, pero al final, estar, estaba.

En las reuniones de coordinación de los equipos de Comunicación se trasladó que desde Presidencia se veía con buenos ojos la asistencia de los miembros del Govern, aunque la decisión era de índole personal y no había más consigna que esa indicación que no iba acompañada de exigencia. Finalmente, lo que quedó fue que por primera vez el Govern se situaba netamente en posiciones favorables a la creación de un Estado propio, al menos en la calle (no aún en los despachos).

Nótese que, aunque Artur Mas preservó su papel presidencial y no acudió a la manifestación, sí espoleó a la participación de la ciudadanía y recibió inmediatamente a sus organizadores en el Palau de la Generalitat. Había un capital político en juego, y todo el mundo quería su parte. También el Govern.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que nueve días después, el 20 de septiembre de 2012, Mas iba a plantear por fin cara a cara al jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, la necesidad de dar inicio a la negociación del pacto fiscal en una reunión que ambos mandatarios iban a celebrar en el Palacio de la Moncloa.

El president de Catalunya iba a plantarse en Madrid con la fotografía de un millón y medio de personas que ya no exigían una mejora de la financiación, sino la creación de un Estado propio. Se trataba de utilizar esa movilización para, al menos, forzar al jefe del ejecutivo español a no cerrar la puerta a la propuesta de hablar de financiación, porque en Catalunya, como había quedado claro, las cosas estaban movidas y todo podía ir a peor. Todo ello, claro, era tan solo un marco teórico. En realidad, con la situación económica de esos momentos y con un PP con mayoría absoluta en el Congreso, nadie creía en el entorno del Govern que hubiera la más mínima posibilidad de abrir una vía, aunque fuera de lo más estrecha, para la negociación efectiva de algo que se asemejara al pacto fiscal.

Antes de la reunión Mas-Rajoy, que en Catalunya se vendió mediáticamente como a cara o cruz, y tan solo dos días después de la gran manifestación vivida en Barcelona, el president catalán participó en un desayuno informativo en Madrid en el que desgranó serenamente, pero con gran convicción argumental, la necesidad de un Estado catalán.

El éxito de la reciente movilización ciudadana le permitía dar una vuelta de tuerca más a su discurso para acudir al encuentro con Rajoy desde una posición reforzada. El mensaje de Mas era claro e iba dirigido al Gobierno español como previa de la reunión que los dos presidentes mantendrían pocos días después: o abrimos las vías de negociación del pacto fiscal o no quedará ya otro escenario que el de la independencia. Un aviso en toda regla.

En ese desayuno también apareció por primera vez la terminología «estructuras de Estado» y aunque se mantenía la ambigüedad semántica y no se hablaba claramente de independencia, el discurso resonó en el Madrid político como lo que en realidad fue: una novedad en toda regla al ser la primera vez que un mandatario catalán situaba la relación Catalunya-España en esos términos desde la misma capital del Estado. El Gobierno español no envió ningún representante al encuentro. Empezaba también el tiempo de los silencios y el darse la espalda entre ambas administraciones.

Lo que en Madrid era novedad, también lo fue en Catalunya. Escuchar hablar al president de la Generalitat de un modo tan desacomplejadamente favorable al Estado propio en la capital de España no era lo esperable. El catalanismo estaba acostumbrado al doble mensaje. Una cosa era hablar en Barcelona para los catalanes y otra, muy distinta, hacerlo del mismo modo en Madrid.

Fue la primera vez que un discurso de un nacionalista catalán con responsabilidades institucionales, y no cualquier cargo sino el president de Catalunya, decía lo mismo en Barcelona que en Madrid. De los muchos «Rubicones» que acabaría cruzando la política catalana posteriormente, este fue uno de los primeros y, en ese momento, muy relevante, aunque a fecha de hoy, con lo que ya se ha visto y vivido, pueda parecer ridículo tal anotación.

De la reunión Rajoy-Mas de ese 20 de septiembre se ha especulado mucho. Sobre sus encuentros secretos celebrados con anterioridad también. Hay versiones que apuntan que Mas ya había decidido convocar elecciones con anterioridad a la cita y que convirtió esa reunión en un primer acto de campaña.

Hay otras que atestiguan que Mas intentó salvar los muebles arrancando a Rajoy un compromiso light, que fuera en la línea de estudiar la propuesta del pacto fiscal para ganar tiempo y que fue el gallego quien cerró todas las puertas con el eterno latiguillo con el que acostumbra a despachar siempre el asunto catalán: esto es un lío, esto no se puede hacer, esto no lo quiero hacer.

Los que avalan la lectura de que la decisión sobre el adelanto electoral en Catalunya se había tomado con anterioridad a la reunión, recrean el momento en el que Mas y Francesc Homs, entonces secretario general de Presidencia, contemplaban por TV3 la manifestación del 11-S en el Palau de Pedralbes tomando nota de la posibilidad de sacar provecho de ese capital político que había aflorado en la calle para alejar el mantra de los recortes, si era necesario, con unos nuevos comicios. Añaden que se manejaban encuestas que aseguraban la mayoría absoluta a CiU caso de avanzar las elecciones y que, en esas circunstancias, presión nacionalista en la calle y buenos resultados electorales según la demoscopia, era una estupidez política dejar pasar la oportunidad de rentabilizar de inmediato lo que el Madrid político bautizó, erróneamente como se ha visto después, como el «souflé» catalán.

Las decisiones en política no lo son hasta que se toman. Hasta ese momento solo son escenarios que pueden concretarse o no. En todo caso, la incapacidad de Mariano Rajoy para proporcionar un poco de aire inclinó la balanza para que aquello que era una posibilidad acabara siendo una decisión. El plato de la balanza que aconsejaba convocar elecciones basculó definitivamente hacia el sí con el portazo del presidente del Gobierno español que negó la posibilidad ni tan siquiera de estudiar a través de una comisión el pacto fiscal. Una vez quedó claro que esa puerta estaba sellada, siendo como era el plato principal del menú con el que CiU había conquistado el Govern, no quedaban demasiadas opciones. La legislatura estaba agotada.

Tras la reunión, Mas, regresó a Barcelona. Las declaraciones a la salida del encuentro con Rajoy anticipaban ya que el adelanto político era irreversible. El jefe del Gobierno español debería atenerse a las consecuencias. Así lo explicó Mas, que fue recibido por la noche como un héroe en una Plaça Sant Jaume abarrotada de gente que quería agradecerle su inflexibilidad y coraje político para plantar cara. La pancarta que había presidido la gran manifestación unos días antes también estaba en la plaza: «Catalunya, nou estat d’Europa».

Tan solo cinco días después Artur Mas reventaba el debate de política general del Parlament de Catalunya anunciando la convocatoria de elecciones anticipadas con el objetivo de dar inicio formal a un proceso de autodeterminación. Había llegado el momento de que Catalunya decidiese su futuro político, había que jugársela. Y se la jugó. Ante un gran reto se requiere mucha fuerza acumulada, decía el president Mas. Se requiere una mayoría suficiente. Ese iba a ser el mensaje con el que se querría seducir al electorado: Vamos a ser ambiciosos, pero solo lo podremos hacer con vuestro apoyo. Reforzad al Govern. Empezaba también la campaña.

En un discurso cargado de épica, Mas habló por primera vez de situaciones excepcionales que requerían decisiones excepcionales. La oferta electoral sería la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Las encuestas, ciertamente, daban opciones claras a CiU de situarse en un escenario de mayoría absoluta. Todo el mundo en el entorno presidencial y en su partido aprobó la decisión.

Después, cuando el resultado de esas elecciones dejó a CiU con 50 escaños, 12 menos de los que tenía antes de los comicios, empezarían a oírse voces críticas con aquel adelanto electoral. Pero todas esas voces posteriores actuaban con ventajismo. Cuando se firmó el decreto de convocatoria, nadie levantó la voz y todo fueron parabienes. La afirmación vale incluso para Josep Antoni Duran i Lleida o Antoni Fernández Teixidó, por poner dos ejemplos de críticos vehementes respecto al proceso. No lo eran entonces, no en ese momento.

Para explicar el revés en las urnas, un revés acentuado por las expectativas que la propia CiU había generado, se utilizaron argumentos de toda clase y condición. Hubo quien quiso ver la pérdida de 12 diputados en una campaña mesiánica en la que Mas aparecía en los carteles electorales como un nuevo Moisés guiando a su pueblo. Fue una mala campaña, ciertamente.

Pero también es verdad que esa campaña se vio alterada por muchos y variados motivos y que todos tendieron a perjudicar la candidatura de Artur Mas. Lo más relevante fue la falsa exclusiva de El Mundo sobre un hipotético capital económico de Mas en el extranjero que convirtió media campaña en un debate sobre su honorabilidad (cuando conoció el escrutinio Pedro J. publicó en su cuenta de twitter un mensaje en el que decía que nunca se había imaginado celebrar un resultado electoral en Catalunya como un éxito propio). Otro elemento de distorsión fue el obús que Duran i Lleida lanzó nada más iniciarse la contienda dinamitando la oferta electoral de CiU en una entrevista en Onda Cero en la que no daba ninguna credibilidad al referéndum de autodeterminación que iba a ser el banderín de enganche de los nacionalistas (ya menos moderados) en esa campaña.

Pero sin duda, lo que los convergentes no calibraron era que las medidas económicas y los recortes del gasto público habían soliviantado a una buena parte de la población y eso inevitablemente debía pasar factura, puesto que aún no se veían resultados positivos que acreditasen que las medidas tomadas habían valido la pena.

Había que pagar un precio sí o sí por las decisiones tomadas, aunque fuesen las correctas y las más responsables. La oposición hizo campaña tomando como base los recortes y los cruzó con la entonces corrupción convergente vinculada al Palau de la Música. Las centrales sindicales hicieron algo tan excepcional como convocar una huelga en medio de una campaña electoral.

Aun así, los resultados dejaron al segundo clasificado a 30 diputados de diferencia (CiU 50, ERC 21), con lo que quizá pueda advertirse ahora que ha pasado más tiempo, y los análisis pueden ser más fríos, que el problema puede que fuera más bien de expectativas. Si vas a las elecciones creyendo que sacarás mayoría absoluta y te dejas 12 diputados por el camino, has perdido. Si vas a las elecciones sabiendo que has tomado decisiones muy difíciles, dando por hecho que puedes pagar un precio y, aun así, las ganas con extrema solvencia sobre tus competidores, aunque pierdas algunos diputados, has ganado. Son las expectativas las que acaban generando el famoso relato de vencedores y vencidos en muchas ocasiones.

Lo que debían ser unas elecciones para afianzar el proyecto y el liderazgo de Artur Mas se tornaron en lo contrario. CiU quedó debilitada y también quien ostentaba su liderazgo. En el Parlament aparecía por primera vez la CUP, con tres diputados, y ERC iba a convertirse en socio de gobierno condicionando la agenda a su gusto, aprovechando que los convergentes habían decidido ir a mover el balón a su terreno de juego, el independentismo verbalmente desacomplejado, y la operación no les había salido tan bien como esperaban.

Empezaba el proceso y quien había pulsado el botón del play para ponerlo en marcha, Artur Mas, no tenía la fuerza suficiente para liderarlo en solitario y encauzarlo a su criterio. Catalunya daba inicio a una época política en la que iba a darse un baño de jornadas históricas, manifestaciones multitudinarias y tensión institucional al límite.

Para el conjunto de España comenzaba una crisis de Estado en toda regla, la más importante desde la restauración de la democracia. El proceso estaba definitivamente en marcha aunque, en ese momento, nadie, absolutamente nadie, pudiera imaginar todo lo que estaba por llegar.

escena 5
Las cultas y educadas
diputadas de la CUP

La nueva legislatura se puso en marcha con la tranquilidad que aún podía disfrutarse por entonces. El tiempo es muy importante en política. Se había prometido un referéndum, pero no la fecha, y tampoco se había explicado cómo se materializaría ni nada se sabía sobre las necesarias negociaciones con el Estado, que es quien debería autorizarlo finalmente. En ese momento todo eso eran detalles para más adelante. Se salía de una campaña electoral, se había votado y tocaba gobernar. Y le tocaba a CiU, que es quien había ganado las elecciones.

Ni CiU quería a ERC en el Govern ni los republicanos tenían ningún interés por entrar a formar parte de él, sobre todo teniendo en cuenta que la agenda de gestión aún basculaba sobre la reducción de presupuesto y los inevitables recortes. La CUP adquiriría gran importancia en esa legislatura por la fuerza y vehemencia de sus diputados, pero en esos momentos era todavía un espectador desde el punto de vista numérico y debutaba en el parlament con sus tres representantes.

Desde un principio se sabía que acabaría gobernando CiU en solitario y que ERC daría su apoyo desde fuera. Como quiera que la política es ante todo escenificación, hubo un poco de teatro, el justo y un poco más, para acabar llegando donde se sabía y se quería.

Los acuerdos de legislatura contemplaban que los republicanos se convertirían en un socio fiable en el Parlament, sin entrar en el Govern, dando apoyo a los presupuestos y asegurando la gestión del día a día del ejecutivo. Al mismo tiempo, se adquirían por parte del Govern los compromisos formales para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo de Catalunya decidiría su futuro político. En la esfera de las políticas sociales, también ERC exigió concesiones que les permitiesen sacar pecho y poder remarcar algún que otro cambio en las políticas «liberales» del bienio precedente. Dado que la situación económica era la que era y no permitía florituras, en este ámbito casi todo quedó también en una escenificación. Lo dicho, la política es teatro y, más allá de la realidad, los guionistas tienen cierto margen de maniobra para aparentar.

El debate de investidura permitió ver como Artur Mas iniciaba el camino, que acabaría culminando en 2015, de autoenmienda a las políticas del período 2011-2012. Los recortes, desde el punto de vista discursivo, quedaban atrás. Esta iba a ser una legislatura ligada al derecho a decidir aunque la política catalana aún no había empezado a vivir con fechas señaladas e inamovibles en el calendario. En el horizonte había un referéndum de autodeterminación y una legislatura para llevarlo a cabo. Mientras tanto, el Madrid político hacía chanza de lo que no pasaban de ser, desde su punto de vista, las ocurrencias de los nacionalistas. Ocurrencias para escaparse de los recortes y de la agenda de la corrupción que, en su doble versión, la real y la imaginaria, empezaba a cruzarse con intensidad en la agenda política catalana.

La legislatura amanecía también con el descubrimiento, para todos los que no sabían de su existencia, de la CUP. Las elecciones habían servido para aupar a la extrema izquierda anticapitalista y antieuropea al Parlament con tres diputados (diputadas en su terminología, independientemente del género de cada uno de ellos). Su irrupción en la cámara catalana por primera vez, lejos de ser una anécdota, acabó teniendo una enorme importancia en el devenir de los acontecimientos, puesto que desplazó el eje ideológico en el Parlament, deslizándolo todavía más hacia la izquierda; a la vez que se aseguraba un altavoz permanente para actuar como martillo de herejes de aquellos que, a sus ojos, no fuesen lo suficientemente puros ni lo suficientemente valientes como para guiar a Catalunya hacia la plena soberanía, independientemente del precio que debiera pagarse por ello si se hacía de una determinada manera.

La unilateralidad y la desobediencia, palabras que más tarde acabaron plenamente naturalizadas en el campo del soberanismo, son una aportación de la CUP que, desde sus posiciones minoritarias, consiguió arrastrar a los partidos hegemónicos del soberanismo hacia su lenguaje y, en buena medida, también hacia sus posicionamientos. Este movimiento de arrastre se inició ya desde el primer día de esa legislatura.

El debate de investidura convirtió a David Fernández, el jefe de filas de la CUP, en una suerte de san Francisco de Asís revivido que mereció elogios y parabienes por parte de todo el hemiciclo nacionalista. De vuelta al Palau de la Generalitat, altos cargos del Departament de Presidencia se deshicieron en elogios sobre la amplia cultura y exquisitos modales de aquel diputado que vestía camisetas reivindicativas.

En tono humorístico repliqué que anduvieran con cuidado, que esos eran los mismos atributos que se oyeron en París cuando escucharon por primera vez perorar a Maximilien Robespierre con voz aflautada antes de convertirse en el verdugo de quienes antes le alabaron. Debo añadir que la comparativa es desafortunada y que todo el mundo que conozca a Fernández sabe que es, ante todo, un humanista; pero en ese momento me sirvió para violentar dialécticamente a mis compañeros y señalar la inviabilidad y el error que supondría a medio y largo plazo buscar complicidades políticas en un entorno revolucionario, marxista, anticapitalista y antieuropeo; por muy simpáticos, educados y cultos que fuesen sus representantes.

Más tarde, cuando esos representantes dejaron paso a otros menos simpáticos, la CUP ya había conquistado parte de la agenda política y sus tesis sobre la desobediencia y la unilateralidad ya habían imantado al resto de formaciones políticas soberanistas. Pero eso llegaría un poquitín más tarde, en 2015.

La legislatura empezaba con normalidad. Una normalidad que, a medida que avanzase el proceso, estaba condenada a dejar de formar parte del paisaje político catalán.

escena 6
Por encima de la verdad,
está la unidad de España

A pesar de la ambiciosa agenda política con la que iniciaba su 10.ª legislatura el Parlament de Catalunya en 2012 (se había prometido un referéndum), España seguía mirando hacia otro lado. Mariano Rajoy y el PSOE —España aún era bipartidista por aquellas fechas—, junto al resto de poderes del Estado, se tomaban a broma el asunto catalán. Empezaba a haber menosprecio, insultos, pero lo que subyacía de verdad era la indiferencia. El asunto catalán era un asuntillo. El diagnóstico seguía siendo el de una fiebre transitoria, atribuible a la estrategia de escapar de la responsabilidad de gobernar en medio de una crisis económica que no remitía. Para el Madrid político seguía vigente la tesis del «souflé», que inevitablemente se desinflaría a poco que la economía se recuperase y la gente volviera a tener las condiciones de vida previas a la hecatombe financiera. Todo era fruto de la gran capacidad de manipulación de TV3 y los medios subvencionados y bla, bla, bla. La indolencia como enseña política de Rajoy seguía su curso.

No obstante, sí empezaba a verse con claridad que la confortabilidad clásica que el catalanismo político había proporcionado al Estado había finalizado. A fin de cuentas, la política es palabra, y los discursos habían dado un giro de 180 grados. Los catalanistas de la corbata, como alguna vez se referían al entorno de CiU los mandatarios del Estado central, habían mutado y, aun sin dar credibilidad al programa con el que Artur Mas había ganado las elecciones y empezado a gobernar, sí empezaban a detectarse ciertos cambios en el modo en que algunas personas del Estado percibían la amenaza catalana. Quizá no era creíble que los catalanes acabarían haciendo lo que decían que iban a hacer, pero a lo mejor sí que había que empezar a preocuparse. Pero no sería hasta el 9-N de 2014 que todo el mundo tomaría nota de la gravedad del problema y empezaría a considerarlo seriamente como tal.

En la sede de ABC viví en primera persona la experiencia de observar como la incredulidad ante un discurso no es óbice para que obtenga una respuesta diáfana por parte del interlocutor. Visitaba la sede de la centenaria cabecera en calidad de secretario de Comunicación de la Generalitat para mantener un encuentro con su director, Bieito Rubido, repasar la agenda política catalana y mantener un intercambio de impresiones sobre la receptividad que podía tener entre los medios de comunicación de ámbito estatal la voluntad del Parlament y del Govern catalanes de celebrar durante la legislatura un referéndum de autodeterminación.

Expliqué el proyecto del Govern para esa legislatura, referéndum incluido. Rubido escuchó cortésmente pero dejó muy claro que este era un proyecto político simplemente irrealizable y que contaría con los obstáculos habituales en política y también con aquellos de carácter excepcional. Para ejemplificar la vehemencia con la que se combatiría la posibilidad de un referéndum en Catalunya, añadió con naturalidad: «Por encima de la verdad está la unidad de España». Una manera, como cualquier otra, de dar nombre a la razón de Estado.

Las reuniones con otros responsables de medios de comunicación españoles, fuera con sus propietarios o bien con sus responsables editoriales, compartían siempre un denominador común: la incredulidad, el poner en duda la convicción del Govern de Catalunya y de sus responsables (¡era un Govern de CiU!, ¡los moderados!) de que lo que se había anunciado que se haría durante esa legislatura tuviera ninguna posibilidad de llevarse a cabo.

Y no tan solo por la propia oposición del Estado español, que la habría en todos los frentes, sino sencilla y llanamente porque no veían posible que el nacionalismo moderado se hubiera ido a dormir autonomista y se hubiera levantado independentista. Eso resultaba imposible. Todo tenía que ser solo táctica y, tarde o temprano, se encontraría la manera de cambiar la bolita de cubilete como hacen los trileros. Los convergentes despertarían de su ensueño y encontrarían la manera de reconducir sus proclamas a escenarios menos dramáticos. Así se veía en el Madrid político. Y así se siguió actuando desde el ejecutivo de Rajoy. El tono iba subiendo. Pero aún faltaba para que la sangre llegara al río y nadie, en la corte política, mediática e institucional de la capital, contemplaba en serio que eso llegase a suceder.

Hubo gente que escuchó con más atención que otra. Casimiro García-Abadillo, quizá por su posicionamiento más liberal, estuvo atento en nuestro encuentro y, a pesar de las diferencias, me marché de su despacho de la dirección de El Mundo con el convencimiento de que había tomado nota de que realmente algo había cambiado de verdad en Catalunya. Del mismo modo aconteció en algunos almuerzos de trabajo con directivos y comunicadores de las principales radios españolas, Ser, Cope, Onda Cero. No se lo creían del todo, pero eran conscientes de que alguna cosa estaba pasando.

A sus ojos, el «souflé» seguía siendo un souflé, pero bien podría empezar a ser cierto que por primera vez ese souflé había llegado y desafiando sus propias leyes estaba allí para quedarse. Este tono también era extrapolable a los partidos políticos (PP-PSOE) a las instancias del Estado. Había un problema, pero ese problema no era tan grave, no merecía atención prioritaria y tarde o temprano acabaría topando con la realidad.

Amén del inmovilismo propio de quien cree defender una posición inatacable por su adversario, huelga decir que los poderes del Estado también consideraban imposible que pudiera cuajar durante mucho tiempo una salsa cuyos ingredientes eran CiU y ERC. Sabedores de la competencia entre estas dos formaciones políticas por ocupar la centralidad política del nacionalismo en Catalunya, se daba por hecho que las rencillas e intereses particulares de cada uno tarde o temprano aflorarían hasta hacer imposible una trayectoria en común.

Esta lectura podía ser más o menos acertada, pero obviaba un elemento fundamental e imprescindible para entender los aconteceres políticos en la Catalunya de los últimos años: la consolidación de la Assemblea Nacional Catalana, y en segundo término también la de Òmnium, como elementos fiscalizadores de los vaivenes políticos del soberanismo institucional y partidista. Ambas entidades adquirieron muy rápidamente el papel de juez sobre la fiabilidad y la conveniencia de cada acción y decisión tomada por los partidos políticos. Se convirtieron en los guardianes de las esencias e imposibilitaron que las grietas y dificultades de la relación entre CiU y ERC desembocaran en una guerra a campo abierto. Quien saliese de la fila sería señalado. Los partidos habían ayudado a engrandecer el papel de las entidades, y a partir de un momento determinado estas se sintieron lo suficientemente fuertes como para no solo marcar el paso, sino también, si era necesario, sembrar dudas sobre la sinceridad soberanista de quien osase poner en riesgo la sacrosanta unidad independentista y estar vigilado por un tercero que ha de acreditar permanentemente tu grado de fidelidad a la causa. Es lo que tiene competir por un mismo electorado.

escena 7
Creatividad, imaginación,
improvisación

La segunda legislatura de Artur Mas al frente de la Generalitat dio inicio a la necesidad de incorporar grandes dosis de imaginación, improvisación y creatividad a la política catalana. Ninguno de estos tres elementos es bueno o malo por sí solo. Describen tan solo una actitud y una aptitud. Son sus consecuencias las que son positivas o negativas.

Fue una legislatura nuevamente intensa y un poco más larga que la primera, aunque hubiese podido durar lo mismo porque, visto en perspectiva, el año que transcurrió desde la celebración del proceso participativo del 9-N hasta que los catalanes fueron llamados de nuevo a las urnas en unas elecciones que ya serían bautizadas como plebiscitarias fue en realidad un tiempo muerto, a la espera de que el soberanismo acabase de desojar la margarita sobre cómo dar continuidad al proyecto independentista tras el éxito de la consulta organizada por el Govern de Mas.

Lo sustancial ya está escrito en otras partes, pero no está de más repetirlo precisamente porque es sustancial. Desde el primer momento, cuando en 2012 da inicio el segundo mandato de Mas, todo el mundo sabía que un referéndum vinculante de autodeterminación era imposible en una sola legislatura. Quizá no todo el mundo, pero sí los principales actores que protagonizaron esa fase del proceso.

Ello era así por muchos y variados motivos. El primero y más fácil de observar: no habría plácet del Gobierno del Estado que hiciese posible ningún tipo de negociación. Con lo cual, solo era factible ese referéndum en un hipotético escenario de unilateralidad y desobediencia que en esos momentos ni tan siquiera se planteaba todavía. Segundo, el president Mas siempre tuvo un extremo cuidado en dejar claro que todo lo que pasase se enmarcaría en un escenario de estricta legalidad. Tercero, CiU aún existía y era impensable que UDC, el partido de Josep Antoni Duran i Lleida, avalase un escenario de ruptura para la celebración de ese referéndum.

Cuarto, ERC tampoco creía posible ese referéndum, pero desde la bancada de la oposición estaba dispuesta a observar cómo la vela del tiempo de los convergentes iba a consumirse y quedaba a la vista la imposibilidad de que estos cumplieran con su compromiso electoral. Cuando finalmente el cirio se apagase, los republicanos tan solo tendrían que recoger el fruto de la decepción del electorado que se sentiría traicionado por Mas al no poder votar en el referéndum que se les había prometido. Quinto, la CUP fue ganando un papel significativo durante la legislatura, pero sus tres diputados, por muy buenos que fueran, no estaban en disposición de controlar los tiempos y las exigencias del proceso (no todavía).

Todos estos elementos estaban encima de la mesa desde el primer día. Pero en política, la gestión del tiempo es la variable más determinante. Así que, en esos primeros días de legislatura, aún quedaban muchos meses y años por delante con lo que bastaba con un discurso cerrado que diese por hecho que se acabaría votando y que además se haría dentro de la legalidad. Se hará y punto. Al principio no hacen falta más explicaciones.

En el Govern seguían pasando cosas. La gestión seguía siendo muy complicada, cuando no imposible. La Generalitat siguió perdiendo capacidad de control sobre sí misma y por tanto el autogobierno seguía debilitándose. A fin de cuentas, el mecanismo para dotar de liquidez a los gobiernos autonómicos, el famoso Fondo de Liquidez Autonómica, suponía la fiscalización del flujo de caja y una intervención indirecta por la puerta de atrás que, con el tiempo, no haría más que ir en aumento hasta llegar al control total y absoluto.

Pero esa legislatura fue, antes que nada, la del 9-N y estuvo marcada por las múltiples, enrevesadas, difíciles y a veces casi imposibles negociaciones entre soberanistas para decidir qué es lo que debía preguntarse en el referéndum, la fecha de celebración, su carácter vinculante o no y si, llegado el caso, cuando el Gobierno de España dijese que de ninguna manera y el Tribunal Constitucional lo confirmase, cómo se reaccionaría. Fue también la legislatura en la que se multiplicaron las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para atender mandamientos sobre supuestos o reales casos de corrupción.

Y todas estas actuaciones policiales, la mayoría de las veces fueron convenientemente preparadas y filtradas por parte de los órganos judiciales o la Fiscalía para que las televisiones estuviesen esperando en el lugar oportuno a fin de poder grabar con todo lujo de detalles detenciones o registros para infligir la oportuna preventiva del telediario a los convergentes.

A fecha de hoy, ya juzgado el «caso Palau» y con una sentencia que acredita probado que en el saqueo a esa institución cultural catalana por parte de sus responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull, debía sumarse también el desvío de fondos irregulares a CDC, puede parecer estúpido manifestar abiertamente que muchas de esas actuaciones tenían una finalidad mediática para influir políticamente entre la ciudadanía.

Creo que es así. De hecho, el Congreso de los Diputados también ha llegado a la misma conclusión dando por hecho que existió la «Operación Catalunya», que esta se puso en marcha en 2012 desde el ministerio del Interior y que existió una policía política que tenía como objetivo destruir la carrera de personas vinculadas al soberanismo catalán. Ahí están las grabaciones de las conversaciones del que fue director de la oficina antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o las acusaciones falsas a Xavier Trias que le causaron un daño irreparable al producirse en el momento en que debía revalidar su cargo como alcalde de Barcelona.

Creo, sinceramente, que se puede afirmar esto con naturalidad y al mismo tiempo no mostrar ningún tipo de simpatía ni complicidad con aquello que sí se ha demostrado como cierto y que merece total reprobación. Ahí está, sin ir más lejos, el «caso de las ITV» protagonizado por Oriol Pujol, forzado a dimitir tras dieciséis meses como secretario general de Convergència y que acabó reconociendo su culpabilidad en el cobro de comisiones por servicios de intermediación.

Fue también la legislatura de la confesión de Jordi Pujol, el hombre que presidió Catalunya durante 23 años, y que el 25 de julio de 2014 reconocía de su puño y letra haber mantenido de forma irregular dinero en paraísos fiscales durante todo su mandato como president de la Generalitat.

Fue una legislatura de jornadas históricas y la que supuestamente marcó el inicio de la conocida como chicken game entre el Estado y la Generalitat. Ya saben, dos coches se dirigen a toda velocidad hacia un precipicio. Los dos conductores son conscientes de que el perdedor va a ser quien primero pise el freno, bien sea por un ataque de pánico o por un ejercicio de responsabilidad.

La carrera efectivamente ha existido, existe, pero no es exactamente como fue percibida por analistas, tertulianos y politólogos en un primer momento, cuando imaginaban al volante a Artur Mas y a Mariano Rajoy. Es verdad que se iniciaba una carrera, es cierto que los coches aceleraron, no faltó a la verdad quien anticipaba que si nadie reducía velocidad el final estaba escrito porque el precipicio quedaba a la vista. Pero no eran el Estado y la Generalitat quienes competían en el asfalto. Eran las diferentes facciones del soberanismo, en particular Convergència y Esquerra, quienes conducían. Nadie tocaría el freno y el salto al vacío de los vehículos los catapultó a Bruselas y a Estremera.

escena 8
Corrupción y esteladas

CiU recuperó la Generalitat a finales de 2010 con el «caso Palau» ya en los tribunales y la sombra de financiación irregular pisándole los talones. Pero no sería hasta la segunda legislatura de Artur Mas, a partir de 2012, cuando la agenda política y mediática empezaría a castigar el hígado de dicha formación política a través, como hemos apuntado, de hechos que han resultado probados, otros que están por probar y algunos que simplemente responden a lo que en los últimos tiempos ha venido en llamarse fake news, es decir, mentiras.

Ello permitió construir, en el Madrid político y también en los partidos catalanes de la oposición, un discurso sencillo consistente en atribuir la progresiva radicalización de los postulados nacionalistas de los convergentes a la necesidad de levantar cortinas de humo con las que tapar sus vergüenzas, fueran estas reales o fruto de la imaginación de los que las inventaron.

¿Fue así? En absoluto. Solo puede darse por buena tal afirmación si uno vive anclado en el pasado y considera imposible que los fundamentos ideológicos y la ambición programática de un cuadro convergente medio de la actualidad sea radicalmente diferente a todo aquello que caracterizaba a los integrantes del mismo partido en las décadas de 1980 y 1990 y los primeros años del siglo xxi. La misma reflexión vale también para ERC, porque, aunque si bien es cierto que estos últimos siempre habían sido más ambiciosos desde el punto de vista nacionalista en el ámbito discursivo, también lo es que los mismos jamás habían salido del marco mental autonomista hasta que dio inicio el proceso.

De todas maneras, como quien dio carta de plausibilidad a la construcción de un Estado propio y al ideario independentista del presente fue el giro protagonizado por los convergentes, que arrastraron prácticamente a todos sus votantes, no deja de ser oportuno preguntarse hasta qué punto esa sombra de la corrupción impuso a sus líderes una necesidad de desplegar una estelada cuanto más grande mejor para desviar la atención de todas las miradas que de otro modo podrían dedicarse a escudriñar con atención y a castigar sus ilegalidades, insistimos, ya fueran estas reales o supuestas.

Esta explicación sencilla serviría para elaborar un buen guion de una serie de televisión del tipo House of Cards, preferiblemente en su versión inglesa. Lamentablemente, o por fortuna, la política real es más matizada, compleja y no admite guiones cerrados de estructura matemática bajo la fórmula del «causa-efecto».

Ahora bien, que no haya habido una estrategia que permita explicar el proceso como si se tratase únicamente de una cortina de humo no quiere decir que la agenda de la corrupción no haya tenido sus efectos en el proceso soberanista, en la doble dimensión de gestión de los tiempos y del discurso.

En este sentido, más que la corrupción, lo que tuvo un efecto psicológico trascendental, en particular sobre la base social que tradicionalmente apoyaba a Convergència, es su intersección con la crisis económica y las decisiones de reducción de gasto público que conllevaron. Ese sí es un elemento clave que sitúa no solo a los votantes, sino también a muchos cuadros y personas directamente vinculadas con su partido, en un imaginario de indignación en unos casos o de desánimo y decepción en otros.

La confesión de Jordi Pujol sobre su dinero en el extranjero fue, en este sentido, como una bomba de hidrógeno en el mundo convergente. De golpe, se hizo de noche. ¿Con qué argumentos podía discutirse el discurso de la CUP? ¿Con qué fuerza moral uno podía combatir contra el discurso de las manos limpias de ERC?

Los colaboradores de Mas en el Palau de la Generalitat tuvimos conocimiento de que se iba a producir la confesión de Pujol el mismo día, aunque unas horas antes de que se hiciese efectiva. Nos lo comunicó Francesc Homs en la reunión de coordinación que teníamos todos los viernes con el conseller de la Presidencia. Nos dijo que sería por la tarde, pero no se nos proporcionaron más detalles. Finalmente, cuando pudimos ver el alcance de la información supimos que nuestro trabajo se complicaba a partir de entonces muchísimo más.

No, los convergentes no se hicieron independentistas de la noche a la mañana ni abrazaron el ideario del Estado propio porque necesitaran un nuevo banderín de enganche. Simplemente sus bases se radicalizaron, se quedaron sin argumentos con los que poder defender una reforma de recortes y reformas estructurales en sus conversaciones de café, pasaron a convencerse de que efectivamente el autonomismo era un escenario de intercambio de prebendas y exigieron un cambio de rasante en toda regla. Y lo que pasó también a partir de entonces es que Convergència pasó a vivir instalada en un complejo de culpa que la debilitaba y que la obligaba a demostrar no solo lo progresista que era, sino también lo independentista que estaba dispuesta a ser. Táctica y estrategia forman parte indisoluble de la política. A veces, aunque parezca extraño en un territorio tan propicio para el cinismo como es el de la política, también el sentimiento de culpa explica algunas cosas. Demasiadas.

escena 9
El parto de la burra

Ahorremos al lector el repaso a todas las reuniones, cumbres, dimes y diretes entre partidos que acompañaron el devenir de la legislatura hasta la celebración del proceso participativo del 9-N y en el que cada vez adquirieron más relevancia y protagonismo la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, con la pareja de líderes Carme Forcadell y Muriel Casals al frente.

El Madrid político seguía ayudando a través de un menosprecio creciente hacia el discurso político del independentismo que cada vez derivaba con más facilidad hacia el insulto. Empezaron a hacerse más recurrentes las comparaciones del soberanismo con el nazismo. Se intensificó la matraca de reducir el independentismo a un ejercicio de manipulación orquestado desde el Palau de la Generalitat a través del brazo armado de TV3. Artur Mas pasó a ser definitivamente un demonio. Pero Madrid no movía un dedo. Se limitaba a afirmar que por supuesto que no habría un referéndum y, además, seguía fiándolo todo a la implosión del soberanismo que acabaría siendo víctima de sus contradicciones internas. De hecho, la tesis de José María Aznar verbalizada en la presentación de sus memorias, en noviembre de 2012, era la que imperaba: «antes se romperá la unidad de Catalunya que la de España». Aznar volvería a pronunciar esa frase en 2017, y entonces se interpretó como una referencia a la división en Catalunya entre independentistas y unionistas. Pero en su formulación original, a lo que se refería era a la división entre soberanistas que imposibilitaba que el proceso pudiera seguir adelante durante mucho tiempo.

Y efectivamente esa era una posibilidad. Todo era un problema para el soberanismo. De entrada, el convencimiento íntimo de que ese referéndum era imposible por la negativa del Estado. Pero, en segundo lugar, porque el independentismo era una explosión de matices e intereses no coincidentes. ¿Cuán clara debía ser la pregunta del referéndum? ¿Qué efectos políticos debía comportar? ¿Qué fecha? ¿Quién debía organizarlo? Todo era un problema y provocaba un gran agotamiento. Se empezó con la costumbre, que cada vez sería más habitual, de las cumbres secretas. El soberanismo debía encontrar la fórmula para llevar a cabo algo que sabía que no era posible hacer pero que había que llevar hasta el final porque solo así acabaría siendo factible, no esa vez, pero sí en el futuro. «Sabemos que el Estado no negociará y que este referéndum es imposible, pero si lo llevamos hasta el final, tarde o temprano, le obligaremos a mover ficha y entonces sí que será posible una consulta», era el convencimiento íntimo. Nadie creía que ese referéndum convertiría a Catalunya en un Estado independiente aun ganando el sí, pero se compartía la convicción de que su organización sería «un antes y un después» en la relación con España. Y de hecho, así fue.

El tiempo iba sucediéndose. La legislatura avanzaba. La ANC y Òmnium seguían haciendo su trabajo, acompañados por la Associació de Municipis per l’Independència (AMI), que se había fundado en Vic en 2011 y que ahora ya agrupaba a centenares de ayuntamientos. La manifestación de 2013 con motivo de la Diada Nacional de Catalunya fue nuevamente un éxito. Se organizó la Via Catalana, una cadena humana que cruzó el territorio de punta a punta con los manifestantes cogidos de la mano. Nunca se había visto nada igual. Las imágenes eran espectaculares. No había ninguna duda de que los ciudadanos catalanes del espectro soberanista estaban movilizados, y todo ello redundaba en un círculo virtuoso que alimentaba a los partidos que a la vez nutrían a los ciudadanos. En la calle se daban la mano los votantes de la CUP, los de ERC y los de CiU, las entidades civiles trasladaban esa petición de unidad a los partidos y estos intentaban manejar y combinar lo mejor que podían esa exigencia con la preservación de sus intereses particulares. Nadie podía romper la baraja y nadie podía, tampoco, renunciar del todo a sus intereses que pasaban por preservar todo el espectro ideológico de sus votantes y, a la vez, procurar ensancharlo a costa de sus competidores con quien, en teoría, debían estar unidos.

El 12 de diciembre de 2013 Artur Mas anunció la fecha y la pregunta con la que los catalanes serían convocados a decidir su futuro político. Sería el 9 de noviembre de 2014 y la pregunta que debería contestarse en esa consulta (ya no era un referéndum) sería la siguiente: «¿Quiere que Catalunya sea un estado?». Sí o no. Y en caso afirmativo: «¿Quiere que ese estado sea independiente?». Se trataba de una doble pregunta que intentaba dar respuesta, y lo conseguía, a todas las sensibilidades que en ese momento participaban del proyecto soberanista.

Había sido el parto de la burra. Pero había una fecha y una pregunta. Ahora tocaba organizarlo. ¿El Govern se atrevería? Una buena parte del soberanismo consideraba que no; el Estado por supuesto ni contemplaba esa posibilidad. A decir verdad, solo el Govern y CiU creían de verdad que existía la posibilidad de que esa votación se llevara a término. El resto miraba, sospechaba y, si podía, ponía la zancadilla.

escena 10
LA CONSULTA descarrila
en Pedralbes

Organizar la consulta no iba a ser fácil. Las condiciones impuestas por Artur Mas eran muy claras. Debía ser de verdad y legal. Es decir, debía organizarlo el Govern, contar con todas las garantías para que el escrutinio fuera percibido con seriedad y no fuera puesto en duda y, en su ejecución, debía dar cumplimiento a todas las formalidades de cualquier otra votación.

España seguía, por decirlo de algún modo, a su bola. En Catalunya el apoyo al referéndum seguía ampliándose, tanto en la calle como en el ámbito de representación institucional. En junio de 2013 se había constituido el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, con más de ochocientas entidades como miembros, sindicatos, patronales, etc. Pese a que el Madrid político se mantuviera impasible frente a la iniciativa, había que intentarlo todo. Y sobre todo debía quedar claro que no era la parte catalana la que se cerraba al diálogo.

El referéndum podía organizarlo directamente el Estado o delegar esa competencia en la Generalitat. Pero todo el mundo sabía que eso no iba a ser posible. Que los diputados Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV-EUiA) y Jordi Turull (CiU) se plantasen ante el Congreso de los Diputados para formalizar esta petición fue una manera de hacer evidente la voluntad de diálogo de la parte catalana, casi una súplica; pero estaba claro que, en el fondo, cualquier apelación de este tipo era simplemente una forma indolora de darse de golpes contra una pared. Debía hacerse, se hacía, quedaban la foto y los discursos y se evidenciaba la cerrazón del Estado. En política, la escenificación es la mayoría de las veces lo único que importa.

Aun así, el referéndum que debía organizarse tenía que estar amparado por la legalidad. La solución estaba en el Parlament de Catalunya y fue madurando a medida que avanzaba la legislatura solo que implicaba que en lugar de un referéndum se trataría de una consulta. El 19 de septiembre se aprobó la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y otras formas de participación ciudadana en el Parlament. Se aprovechaba una competencia que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut había dejado en pie y, sobre esa base, se articulaba un texto que permitía a la Generalitat preguntar a la ciudadanía no en clave refrendaria, pero sí para conocer su sentir político y después tomar las medidas políticas que considerase oportunas. Ese fue el camino elegido. Por supuesto, también esta, como todas las decisiones, requirió esfuerzos y energías para mantener cosido como un todo las diferentes sensibilidades soberanistas.

El Govern llevaba tiempo trabajando discursivamente el referéndum, también en el ámbito de internacional. Habíamos puesto en marcha un programa internacional de comunicación y relaciones públicas, Programa Eugeni Xammar, que tenía como objetivo tratar únicamente de sensibilizar a los medios internacionales sobre el conflicto político que vivía Catalunya. El enfoque siempre era el mismo, solo queríamos votar. Que Escocia pudiera hacerlo, que los quebequeses lo hubiesen hecho, ayudaba. Que nuestros responsables políticos hablasen idiomas, también ayudaba. Que el ejecutivo español viviese instalado en el desprecio y no se dignase ni tan solo a reconocer la existencia de un problema, ayudaba. Poco a poco, tanto en Catalunya, como en España, pero también en el ámbito de los países occidentales, empezó a cuajar la idea de que, a pesar de que no se sabía muy bien cómo, los catalanes parecían dispuestos a organizar un referéndum y votar, aunque el Estado se opusiese. Así acabó siendo en 2014 y después en 2017.

Se había conseguido afianzar en Catalunya la convicción de que el referéndum se llevaría a término. Había dudas, por supuesto, en las filas soberanistas, y todo el mundo se miraba de reojo. ¿Serán capaces los convergentes de Mas? ¿Cuánto tardarán en rajarse? Dado que siempre han insistido en que todo se va a llevar a cabo dentro del marco de la estricta legalidad, ¿cómo conseguirán la cuadratura del círculo? No era fácil. Era hacer posible lo imposible. Pero ocurrió, en cierta manera.

La presión se acrecentaba a medida que avanzaba la legislatura y no se conocían detalles sobre la organización de la votación. Tanto desde Madrid, que amenazaba con las futuras repercusiones judiciales de una convocatoria de este calibre, como en Catalunya. La Diada Nacional del 11 de septiembre de 2014, otra demostración histórica de la capacidad de movilización del soberanismo y de su querencia por la estética, consistió en la plasmación de una gran V (la V de votaremos) que llenó la Gran Via de les Corts Catalanes y la Avinguda Diagonal de Barcelona con casi dos millones de personas.

El lema en esta ocasión era «Ara és l’hora» (Ahora es el momento), y finalizó con un discurso de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la que exhortó al president Mas a cumplir con su palabra: «President, posi les urnes» (President, ponga las urnas) y un casi amenazante «si ells no fallen, nosaltres no fallarem» (si ellos no fallan —refiriéndose a los que gobernaban— nosotros no fallaremos). No era una amenaza, pero sí una manera de evidenciar que la confianza era limitada, que se empujaba, que se presionaba y que esos dos millones de personas se sentirían traicionadas si finalmente el Govern se echaba atrás y renunciaba a organizar la consulta por las presiones que pudieran ejercer las instituciones políticas del Estado a través de los órganos judiciales y, en particular del TC.

Finalmente, el sábado 27 de septiembre, a las diez de la mañana y en un acto de la máxima solemnidad en el Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, Mas estampaba su firma en el decreto de convocatoria de una consulta, no un referéndum. A continuación se dirigía en una alocución en directo a los ciudadanos de Catalunya para decirles que, una vez se hubieran manifestado democráticamente votando, se encontrarían los marcos de diálogo necesarios para construir el futuro e implantar el resultado. Era, pues, una consulta que vinculaba políticamente pero sin efectos legales inmediatos. La convocatoria quiso que ese día Mariano Rajoy estuviese de viaje oficial en China. Desde ese país llegaron sus palabras, que siempre son parecidas cuando son referidas al asunto catalán: «Se está metiendo en un lío que tendrá consecuencias».

Catalunya estaba convocada. La historia en directo. Inmediatamente se empezaron a emitir los anuncios en televisión que informaban del plebiscito. Era sábado. Quedaban 48 horas para que el Gobierno español se reuniera de urgencia para solicitar al TC la suspensión inmediata de la consulta y de la ley autonómica que la auspiciaba. Aunque todos sabíamos que el lunes el alto tribunal español haría lo que el Gobierno le pediría que hiciese, reuniéndose también de urgencia, en esos momentos todo el mundo tenía claro que Mas ya había ido más lejos de lo que jamás nadie hubiese imaginado y que Catalunya vivía momentos históricos. Se había hecho, lo habíamos hecho. La gente estaba convocada. El decreto con la firma de Mas se convirtió de inmediato en un objeto de culto y en el Palau de la Generalitat todos los móviles apuraban su memoria interna para dar cabida a las fotografías que inmortalizaban el momento.

El lunes pasó lo que estaba previsto. El Tribunal Constitucional suspendió la Ley de consultas catalana y la convocatoria del referéndum. No había nadie que tuviese duda alguna sobre que eso ocurriría. Aun así, persistía una incógnita. ¿Cómo reaccionaria el ejecutivo catalán? Siempre se había afirmado que todo transcurriría por los cauces legales y esos mismos cauces ahora quedaban totalmente cerrados. ¿Había una salida?

La Administración catalana entró en modo «pause». Los anuncios de televisión y radio dejaron de emitirse. Este fue uno de los asuntos que motivó mayor enfado entre las filas de ERC. ¿Cómo podía ser que el spot televisivo hubiese desaparecido en un abrir y cerrar de ojos? ¿El Govern de Catalunya no era capaz ni de mantener el anuncio? Pronto todo derivó en una batalla campal. Cumbres, más cumbres, reuniones secretas, contactos, todos juntos, ahora por separado. El soberanismo era un hervidero y el mal humor iba en aumento. Había llegado el momento de la verdad y quedaría claro que los convergentes no iban en serio, se argumentaba desde los mentideros republicanos, pero también desde los entornos comunistoides de ICV-EUiA. La CUP, con sus tres diputados, no era un actor principal todavía pero también formaba parte de la orla. Todo parecía a punto de embarrancar definitivamente. Iban pasando los días y nadie daba el brazo a torcer. Las posibles salidas no encontraban la unanimidad necesaria. Todo apuntaba a que el proceso catalán podía tener las horas contadas. Pero esta era la legislatura de la improvisación, la creatividad y la imaginación, y todo era posible. Lo cierto es que había mal humor, los cuchillos estaban afilados y todo parecía conducir a una guerra entre soberanistas. En el Govern aguardábamos y mientras tanto también utilizamos la creatividad para sustituir el anuncio televisivo de la consulta por otro, que conservaba la música y los elementos gráficos, por otro que anunciaba la suspensión del TC y explicaba que el Govern seguía trabajando para encontrar una solución y que pronto informaríamos. Eso nos permitía mantener vivo en el imaginario ciudadano que aún no se había acabado la partida. Que algo se estaba cociendo. Era un «permanezcan atentos porque les vamos a sorprender». Fue exactamente así, pero antes de la sorpresa había que sobrevivir a la noche de la cumbre de Pedralbes del 13 de octubre de 2014.

Esa cumbre se celebró a cara o cruz. Y fue mal. Muy mal. Era la última posibilidad de encontrar una salida consensuada al laberinto que había provocado la decisión del TC y del cual no se encontraba la salida. El Govern reconoció abiertamente que la decisión del alto tribunal español imposibilitaba la celebración de la consulta tal y como se había planteado en un principio. No la habría en los términos que se había convocado. Se dibujaron escenarios de salida, se detallaron planes de contingencia, pero no se encontraron complicidades con el resto de actores.

El Govern se quedaba solo ante el peligro. La CUP, paradójicamente, mostró más complicidad con Artur Mas que ERC y que ICV-EUia. Los republicanos estaban probablemente ya más interesados en recoger el botín electoral que intuían cercano en unas elecciones anticipadas inevitables caso de no celebrarse la consulta, que no en hallar soluciones que hiciesen posible una votación el 9-N. Carme Forcadell, la presidenta de la ANC que un mes antes se desgañitaba micrófono en mano exigiendo a Mas que pusiese las urnas, había acudido al Palau de la Generalitat para solicitar lo contrario si el referéndum se alejaba de los términos en los que había sido convocado originalmente.

La cumbre de Pedralbes fue un desastre. Solo la CUP se mostró hasta cierto punto compresiva con Mas. Finalmente se dio por acabada bien entrada la noche. El Govern abandonaba Pedralbes sin compañía. En esta tesitura, y mientras el resto de partidos empezaban a dibujar un escenario en el que definitivamente se abandonaba la idea de la votación, el ejecutivo catalán guardó silencio y se limitó a anunciar que a primera hora de la mañana siguiente Mas comparecería en la galería gótica del Palau de la Generalitat para explicar su plan alternativo.

escena 11
Las lágrimas del 9-N

A la mañana siguiente, 14 de octubre, Artur Mas compareció puntualmente ante la prensa para explicar cuál era el plan alternativo que haría posible cumplir con la palabra dada y poner urnas y papeletas en toda Catalunya cuando llegase la fecha prevista. Faltaba ya menos de un mes para el 9-N.

Resumiendo, se aprovecharían los artículos de la Ley de consultas catalana que el Tribunal Constitucional no había suspendido para organizar un proceso participativo y no una consulta. La evolución semántica de lo que acabaría siendo el 9-N había pasado de referéndum a consulta para acabar en un proceso participativo que ejecutarían voluntarios con los recursos de la Generalitat. Solo el Govern creyó que esa era la salida. ERC habló de elecciones anticipadas, ICV-EUiA dijo que no apoyaba esta nueva consulta y que no iría a votar. La CUP se mantuvo mansa. La moneda estaba en el aire. Todo dependía de la aceptación que el plan de Mas tuviese entre el grueso de la ciudadanía soberanista.

El Estado se sintió vencedor y actuó con menosprecio. Por dos motivos. Uno, porque le convenía demostrar al ala más dura del nacionalismo español que había ganado sin bajar del autobús. Pero también porque, desde el desprecio al proceso participativo, echaba leña al fuego de la división soberanista. Algunas expresiones como el butifarréndum hicieron fortuna.

Entre el público soberanista había opiniones de todos los colores. Como siempre desde el inicio del proceso, todo el mundo miraba de reojo al de al lado y calculaba sus movimientos dependiendo de lo que se intuía que podía sacarse más provecho. Lo único cierto es que Mas se quedó solo con los suyos, el Govern recibió instrucciones de seguir trabajando, bajo las nuevas directrices y lo que estuviese por llegar, ya se vería.

Y pasó que el soberanismo ciudadano decidió que quería hacer suyo ese proceso participativo que Artur Mas había ideado como fórmula para salir del callejón sin salida del referéndum-consulta abortado por el TC. Cuando se puso en marcha la página web para reclutar voluntarios, el éxito fue rotundo. Se dobló en poco tiempo el número de personas que se necesitaban para cubrir todos los puestos. Se activó de nuevo la campaña de comunicación, que mantenía la creatividad, la música y la voz del narrador del primer anuncio. Lo único que cambiaba es que ahora, en lugar de hablar de una consulta, la publicidad hablaba de un proceso participativo. Al final, quedaba claro que habría urnas y papeletas. Y eso sirvió para galvanizar de nuevo la ilusión.

En la capital del Estado seguían haciendo broma con el butifarréndum y sobre el ridículo de una consulta que no sería tal porque se asemejaría más a una verbena pachanguera pero en Catalunya todo el independentismo volvía a reagruparse. ERC, que había pedido elecciones, llamó a su militancia a sumarse al grueso de voluntarios y el mismo Oriol Junqueras acabaría presidiendo una mesa. En ICV-EUiA pusieron sordina a su desplante inicial y poco a poco la tortilla fue girando y aun sin demostrar gran entusiasmo, su cara visible por aquel entonces, Joan Herrera, quien había dejado claro con muchos aspavientos que no participaría de un simulacro como aquel, también acabó participando y depositando su voto en la urna.

Se trabajaba a destajo, especialmente en algunas unidades gubernamentales. El Govern de Mariano Rajoy dejaba pasar los días aunque pronto los medios de comunicación españoles empezaron a presionarle con el argumento de que en Catalunya estaban montando un referéndum por la puerta de atrás.

Desde Catalunya, el Govern seguía manos a la obra y daba detalles. Se anunció que se habilitaría un pabellón para la prensa internacional que acudiese a cubrir informativamente el proceso participativo. Se repartía material de comunicación a todos los municipios catalanes que lo requerían a través de la Associació Catalana de Municipis y de la Associació de Municipis per la Independència. Se formaba a los voluntarios. Todo el engranaje funcionaba perfectamente y se tenía la convicción de actuar dentro de la legalidad. Se estaba logrando la cuadratura del círculo. Era un proceso participativo, sí; pero eran urnas, papeletas y habría garantías tanto en el momento de votar como en el recuento.

El Govern español acrecentó su nerviosismo, pero para cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Se había pasado días y días menospreciando el proceso participativo, riéndose de sus organizadores y ridiculizando el formato ideado por Mas. Sin embargo, a medida que fue tomando conciencia del grado de movilización que empezaba a adivinarse, quiso rectificar su posición y no fue hasta el 30 de octubre, esto es, nueve días antes del 9-N, que tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el ejecutivo español había trasladado al TC la petición de suspensión del proceso participativo. Esta vez el alto tribunal no se reunió de urgencia el mismo día.

Quizá porque lo que hasta el día antes era un butifarréndum no merecía tanta urgencia. El TC no confirmó la suspensión hasta el martes día 4 de noviembre, cuando solo faltaban cinco días, y no complació del todo a Rajoy, puesto que no accedió a la petición añadida de remitir una comunicación formal al president de la Generalitat alertándole de la obligación de cumplir las resoluciones que el TC dictaba.

La Generalitat dejó claro que lo que ya estaba en marcha no se podía parar, que eran los voluntarios los que organizaban el proceso, que la Generalitat solo había dispuesto los materiales necesarios pero que ahora ya no estaba en su mano la posibilidad de echar el freno. Se interpuso un recurso que no se atendió, se calentó el debate mediático, surgieron teorías alrededor de una supuesta negociación entre emisarios de Mas y Rajoy que no merece ser llamada como tal, se alimentó la teoría de que la Generalitat estaría desaparecida el día de autos y que todo, incluso la lectura de los resultados, quedaría en manos de las entidades civiles soberanistas.

Mientras tanto en el Palau de la Generalitat trabajamos el plan de comunicación. Teníamos más de setecientos periodistas extranjeros acreditados. Era, mediáticamente, un referéndum. Determinamos que la vicepresidenta Joana Ortega, cuyo departamento había asumido la mayor parte de la organización logística, sería la encargada de dar datos provisionales al mediodía siempre que la jornada transcurriese con normalidad. Determinamos los puntos y horarios de votación de los miembros del ejecutivo. Lo normal, vaya. Sabíamos que ese día el Govern sería la cara del proceso participativo, aunque estuviese organizado por voluntarios. Quedaba abierta la comparecencia nocturna con los resultados definitivos. Esa, claro, se dejaba pendiente en función del éxito de la jornada. Si la cosa iba bien, probablemente apareciera Mas. Si no, bueno, si no, ya se vería.

La tensión y el nerviosismo recorría todos los despachos de la Generalitat y probablemente también las casas de todo el soberanismo. ¿Se votaría? ¿Qué pasaría el día 9? El último anuncio que se vio por televisión recordaba a los ciudadanos que el domingo tenían una cita con los derechos fundamentales de expresión y participación.

El sábado, la víspera de la jornada que debía ser histórica, transcurría anodinamente con todo el Palau de la Generalitat de guardia hasta que la Fiscalía difundió una nota de prensa en la que solicitaba expresamente a los mossos d’esquadra que al día siguiente identificaran a todas las personas que estuviesen al frente de los colegios electorales dado que estarían cometiendo un delito. En poco tiempo la noticia corrió como la pólvora y el teléfono del voluntario empezó a sonar repetidamente. Hubo muchas bajas. Por fortuna existía una bolsa de voluntarios para poder dar respuesta a cualquier incidencia. Esa nota desató el miedo entre no pocos voluntarios. Tardamos un par de horas en reaccionar. Pasado este intervalo hicimos un breve comunicado de prensa en el que se anunciaba que el único responsable era el Govern y que el tema quedaba zanjado. El teléfono del voluntario dejó de sonar y ya no hubo más deserciones. El sábado avanzaba hacia su ocaso y el calendario anunciaba ya la gran fecha que el soberanismo llevaba mucho tiempo esperando: el 9-N.

El domingo fue lo que los tópicos electorales califican como una fiesta de la democracia. Largas colas, interminables colas en todos los colegios electorales. Lágrimas ante las urnas, selfies con el voto en la mano. Fue un día de anecdotario. Artur Mas votó en medio de una multitud. Ningún juez intervino para solicitar el cierre de un colegio, aunque hubiesen podido hacerlo. La presión del Govern central se había situado, siendo claro, en los términos de apretar sin asfixiar. Habían cumplido con su electorado más duro impugnando ante el TC el proceso participativo, seguían llamándolo butifarréndum y no habían llegado a tiempo de asfixiar su organización. Hay quien sostiene la tesis de que había un acuerdo entre Mas y Rajoy de que, mal que mal, el Estado dejaría votar siempre y cuando la Generalitat no quisiese sacar provecho en términos de imagen; por decirlo claro, siempre y cuando Mas no se apuntase el tanto con una aparición triunfante si las cosas salían bien. Y vaya si salieron bien y vaya si se sacó provecho. Personalmente, me parece que esta teoría no se sustenta. Y aunque uno nunca lo sabe todo, más bien sabe muy poco, lo cierto es que nunca trabajamos internamente con la tranquilidad que nos hubiera dado una información de este tipo. No había pactos. Había silencios, desconfianzas y hostilidad.

Al mediodía la vicepresidenta Ortega compareció en el centro internacional de prensa que habíamos habilitado en el Pabellón Italia de la Fira de Barcelona para anunciar que habían votado más de un millón de personas a esa hora. Fue emocionante compartir con ella los minutos previos a su comparecencia. Estábamos en una sala preparando los últimos detalles y no podíamos evitar la emoción. Esa era nuestra previsión para toda la jornada para considerarla un éxito. Nos fundimos en un abrazo y no pudimos evitar las lágrimas. La tensión de tantos y tantos meses encontraba una fisura de relajación por la que escapar. Estábamos contentos, era un triunfo de todo el soberanismo, y así se dijo una y mil veces, pero nosotros sabíamos que el Govern había estado solo durante muchos días y que en el caso de que hubiese salido mal esa noche volveríamos a estar solos. Ahora sería un éxito compartido porque todo el mundo había rectificado, pero el fracaso hubiese sido únicamente nuestro.

La jornada siguió desarrollándose con normalidad hasta que el reloj marcó las ocho de la tarde. Finalmente votaron 2.344.828 personas. Un total de 1.897.274 votos se contabilizaron a favor del sí-sí (querían un estado para Catalunya y que este fuese independiente) y 234.848 eligieron el si-no (sí al estado pero sin que fuera independiente). Poco más de 105.000 ciudadanos se decantaron directamente por el no a la primera pregunta y por tanto ya no contestaron la segunda.

Llegó la hora de la comparecencia de prensa para anunciar los resultados definitivos. El president Mas llegó al centro de operaciones satisfecho y listo para ponerse ante las cámaras. Era la consulta de todos, de los partidos soberanistas, de las entidades civiles que habían organizado la campaña «Ara és l’hora» (Ahora es el momento), de toda clase de asociaciones, pero era sobre todo su consulta porque fue principalmente su convicción la que la hizo posible. Por la tarde Mas había tenido la oportunidad de agradecer particularmente a David Fernández, el diputado de la CUP, su papel contemporizador cuando las cosas se habían puesto mal en la cumbre de Pedralbes y los días posteriores. Habían construido entre ellos dos una relación muy particular. Una relación que solo ellos pueden explicar. Lo cierto es que habían coincidido en el Centro de Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) que era el organismo encargado del recuento de la jornada y se habían fundido en un abrazo. En el abrazo de Mas había agradecimiento. Transcurrido poco más de un año desde ese abrazo, la CUP enviaría, utilizando su propia expresión, a Mas a la «papelera de la historia». Ese abrazo simbolizaba también que en el 9-N había más agradecimiento al papel de la CUP que al que había desempeñado ERC. Así habían sido las cosas, ciertamente.

Pero volviendo al centro internacional de prensa, esperé a Mas en la puerta para recibirle y nos adentramos entre una nube de cámaras y periodistas que aguardaban las declaraciones del president de la Generalitat. Impecable, como siempre, hizo su alocución en catalán, castellano, inglés y francés. Fue un día grande para el soberanismo. Otro «antes y después». Otro «Rubicón». Uno más. Al día siguiente saldría el sol y tocaría gestionar los resultados. Pero esa noche todo el mundo durmió feliz.

escena 12
Guerra de conferencias

La gestión política después del 9-N no iba a ser fácil. Lo que en la calle era una fiesta se tornó en disputas agrias entre los dos principales actores del soberanismo institucionalizado, CiU y ERC, a medida que iban pasando los días. ¿Y ahora qué? El capital político derivado del éxito del proceso participativo era compartido en los discursos y apariciones públicas de todos los actores, pero sin dejar de ser conscientes que el gran ganador de la jornada había sido Artur Mas, quien había asumido el riesgo de su organización en solitario tras quedarse prácticamente solo en la cumbre de Pedralbes. Desde el Departament de Presidencia trasladamos directrices en este sentido e insistíamos en que todas las declaraciones tuviesen en cuenta el carácter colectivo del 9-N y se evitara caer en la tentación de sacar pecho de un modo excesivo. No había que herir sensibilidades y arriesgar con los susceptibles.

En el frente estatal, el Gobierno de Rajoy se sentía claramente burlado y, por una vez, derrotado por el soberanismo. Ni las imágenes televisivas, ni la cobertura internacional, ni los artículos y columnas de la prensa y analistas cercanos dejaban lugar a dudas. En Catalunya se había votado y todas las proclamas que desde el ejecutivo español se habían hecho en sentido contrario habían resultado un bluf. Rajoy había sido incapaz de frenar las urnas. Mientras Mas comparecía solemnemente en cuatro idiomas para todas las televisiones del mundo, el Estado improvisaba una rueda de prensa del ministro de Justicia con un micrófono que tuvo que fijarse con celo para que aguantase en pie. El Gobierno de Rajoy inició entonces la estrategia de judicialización del proceso instando a la Fiscalía a querellarse. Hubo resistencias, la junta de fiscales de Catalunya no veía motivos. Finalmente, el ejecutivo español utilizó el comodín del fiscal general que hizo lo que se le ordenaba, aunque después, una vez cumplido el encargo, dimitió.

Así que mientras los ciudadanos catalanes soberanistas disfrutaban recreando una y otra vez su participación en el 9-N, en la sala de máquinas de la política se abrían dos frentes. El de guerra abierta con el Estado y el de hostilidades más que visibles entre Artur Mas y Oriol Junqueras. El frente interno desembocaría en una absurda guerra de conferencias que haría más que evidente el desapego entre los líderes de CDC y ERC.

Artur Mas compareció en el auditorio del Fòrum de Barcelona el 25 de noviembre, quince días después del 9-N, para pronunciar la conferencia «Després del 9-N: temps de decidir, temps de sumar» (Después del 9-N tiempo de decidir, tiempo de sumar). Fue un acto espectacular en su puesta en escena con un lleno hasta la bandera. Tres mil personas se dieron cita para escuchar lo que proponía el president de la Generalitat para dar continuidad política a la demostración de fuerza que el soberanismo había hecho el 9-N. No defraudó.

El discurso suponía un cambio de rasante en toda regla que una vez puesto en práctica revolucionaría la articulación política del independentismo. Propuso ir a unas elecciones lo más rápido posible que debían ser convocadas en clave plebiscitaria con el objetivo de convertirlas en el referéndum que el Estado negaba. Pero esas elecciones debían ser diferentes. El soberanismo debía agruparse en una única lista electoral, en la que debía haber también independientes y representantes de la sociedad civil.

El mandato de esos comicios sería para un año y medio, con el objetivo de preparar el camino hacia la independencia que culminaría con unas elecciones constituyentes pasado ese plazo. Dejó claro que si se trataba de hacer unos comicios para cambiar de gobierno no los convocaría y que hablaba a título personal sin comprometer a ninguna formación política ni al Govern, en el que aún figuraban consellers del partido de Josep Antoni Duran i Lleida. Mas añadió que él podía encabezar la lista o cerrarla.

Fue un ejercicio de hiperliderazgo que ERC se sintió en la obligación de contraprogramar. Junqueras había asistido a la conferencia, pero con una actitud huraña, y fue incapaz ni tan siquiera de aplaudir, aunque fuera por cortesía, la intervención del president de la Generalitat.

Los encuentros privados entre ambos lideres no funcionaban y ello acababa por supurar en el ámbito público cada vez con mas intensidad. Finalmente, ERC hizo también su puesta de largo y Junqueras dictó su conferencia el 2 de diciembre, una semana después de la del president de la Generalitat. No a la lista única, no a más plazos ni más dilaciones, los comicios servirían para ganar la independencia de Catalunya y después negociar con el Estado sobre esa base. Podía haber un punto conjunto en el programa de las formaciones políticas que fuese la declaración de independencia, pero nada de mezclar churras con merinas. Eso sí, en campaña podía organizarse algún acto conjunto que reflejase que, al menos, estaban de acuerdo en algo. artur Mas también acudió a la conferencia del líder de ERC. Él sí aplaudió, aunque lo que escuchó fue una enmienda a la totalidad de lo que había propuesto siete días antes. Incluso tomó notas aplicadamente.

La Catalunya soberanista iniciaba una nueva fase de desgaste entre sus principales actores. Todo el mundo quería los votantes del vecino. La lista única no era una ocurrencia. Era una idea madurada desde hacía tiempo y que se verbalizaba en muchos encuentros como una verdadera posibilidad de demostrar que el independentismo estaba dispuesto a unirse por un objetivo común para poder lanzar un mensaje incontestable si se alzaba con una victoria absoluta. Mas la verbalizaba a menudo ante la sorpresa de sus interlocutores, a menudo escépticos y convencidos de que todo lo que pasaba en el terreno de juego soberanista obedecía únicamente a una táctica de gestión del día a día. Un ejemplo, el que fuera director de El País, Antonio Caño, había escuchado esta posibilidad mucho antes de que se formalizase la oferta en la conferencia del Fòrum en un almuerzo privado en el Palau de la Generalitat. Creo que ni él ni Lluís Bassets, delegado en Barcelona del periódico de Prisa, dieron crédito a lo que escucharon porque, a decir verdad, resultaba difícil de creer.

Pero esa lista parecía imposible ahora por la negativa de ERC. Así que ambos partidos se enzarzaron en disputas, líos, dimes y diretes, mientras los voceros de ambas partes nos dedicábamos en cuerpo y alma a conseguir que en el ámbito mediático prevalecieran las virtudes del proyecto que cada uno defendía. ERC exigía elecciones inmediatas y Mas se negaba sino era con una lista unitaria. Un tira y afloja en toda regla que derivó en un ultimátum de ERC amenazando de retirar el apoyo al Govern en quince días. La digestión del 9-N estaba siendo muy pesada.

Finalmente se produjo el acuerdo que pasaba por fijar la fecha de las elecciones con ocho meses de antelación. Los líderes políticos utilizaron el comodín de la sociedad civil para simbolizar que contaban con el visto bueno de los auditores externos del proceso. Cinco horas de reunión entre Oriol Pujol, Artur Mas, Carme Forcadell (ANC), Muriel Casals (Òmnium Cultural) y Josep Maria Vila d’Abadal (AMI) sirvieron para validar ese acuerdo. No habría, de momento, lista unitaria pero ambos partidos compartirían la «hoja de ruta» hacia la independencia en sus respectivos programas. Por el camino, Mas debería solucionar definitivamente su relación con los socios de UDC de Duran i Lleida y el Govern aprovecharía para avanzar en la creación de «estructuras de Estado» como la seguridad social y la hacienda catalana.

«Hoja de ruta», «estructuras de Estado», «elecciones plebiscitarias», la terminología del proceso estaba ya al completo. Podía llevarse a imprenta el diccionario «del procés».

escena 13
Divorcio exprés y matrimonio
de conveniencia

Las nuevas elecciones quedaron fijadas a ocho meses vista, así que había mucho tiempo por delante para que los guionistas del proceso se entretuvieran con nuevos giros argumentales. El Estado ya era consciente, por primera vez, de la gravedad, intensidad y seriedad del envite catalán y empezaría a dedicar el tiempo y los recursos que hasta entonces no había considerado necesario focalizar al asunto.

Había elecciones municipales en mayo. Así que era necesario un paréntesis, porque los partidos también priorizan y en las elecciones locales se juegan buena parte del pan que los alimenta. De las elecciones municipales en Catalunya lo más relevante acabó siendo la aparición del fenómeno Ada Colau, que le birló la cartera a Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona con la ayuda inestimable de El Mundo, que de nuevo irrumpió en la campaña con una exclusiva falsa sobre cuentas opacas del político convergente en el extranjero. Como había ocurrido antes con Mas, la información era un compendio de mentiras pero sirvió para emponzoñar y facilitar que se arrebatara la capital de Catalunya al soberanismo.

No obstante, el proceso no paraba y el siguiente acelerón se produjo en junio. Las desavenencias entre Oriol Junqueras y Artur Mas continuaban. El president de la Generalitat había hecho de la lista unitaria una aspiración que le permitía jugar la baza de que eran los demás los que tenían una agenda oculta, porque él estaba dispuesto a todo, porque el orden correcto de prioridades era el país, el partido y la persona. Renunciar a los partidos y a encabezar la lista situaba únicamente a Catalunya como prioridad. ERC resistía como podía ante este argumento pero lo cierto es que aguantaba bien su posición. Desde el Palau de la Generalitat se intensificó la carga y se construyó la historia de la «lista del President». Ya que los republicanos no aceptaban una lista conjunta, esta se haría igualmente, aunque Junqueras no participase en ella. Sería Mas quien, incluso renunciando a las siglas, iría a las elecciones con una lista de amplio espectro en la que su partido quedaría en un lugar secundario.

En paralelo, CDC se preparaba para un divorcio exprés con los democristianos de UDC. El matrimonio que habían forjado en su día Jordi Pujol y Josep Antoni Duran i Lleida tocaba a su fin. El coordinador de los convergentes, Josep Rull, daba un ultimátum al secretario general de sus compañeros de viaje, Ramon Espadaler. Convergència asumía ir a las elecciones plebiscitarias apostando por el sí a la independencia, y la asunción de este programa era condición sine qua non para mantener la coalición. La respuesta fue inmediata. El 17 de junio los consellers del Govern de Unió, Joana Ortega, Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí, abandonaban sus responsabilidades tras un acuerdo de la ejecutiva de Unió que anticipaba la futura escisión del partido: 16 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones. La coalición se rompería definitivamente poco más tarde y UDC acudiría por primera vez en solitario a unas elecciones, en las que no obtuvo representación.

Sin las ataduras de Unió y con la amenaza de la «lista del President», resultaba ya del todo creíble que los convergentes iban en serio, y ERC empezaba a quedarse sin argumentos para bloquear esa lista unitaria que reclamaba Mas. Aun así, todo parecía indicar que esa posibilidad no se concretaría. En esas circunstancias, los colaboradores de Mas nos disponíamos, y así llegamos a comentarlo informalmente a los periodistas, a asistir al primer acto de precampaña electoral de esa «lista del President». Estaba prevista para el sábado 20 de junio en Molins de Rei.

Pero la cosa no fue como esperábamos. El discurso de Mas, como en tantas otras ocasiones, era un secreto bien guardado. Nadie en el entorno más directo del Palau de la Generalitat era conocedor de su contenido. De pie junto a Joan Vidal de Ciurana, su jefe de gabinete, y Jordi Cuminal, el director general de Comunicación, escuchábamos a Mas desgranar su propuesta. Ni una palabra de la «lista del President». Al contrario. El president echaba el resto y volvía a solicitar, esta vez a las entidades civiles (Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència) que hiciesen posible esa lista unitaria y de país. Les urgió a hacer posible una lista «con» el president, donde él podía ocupar cualquier posición. Finalizado el mitin nos miramos todos sorprendidos. No era la primera vez que nos pasaba y no sería la última.

Finalmente, Mas se salía con la suya. La concreción no fue fácil. ERC se sentía atrapada. Las entidades civiles se decantaban ya por hacer factible la propuesta del president de la Generalitat. Nuevamente reuniones, encuentros, negociaciones. Finalmente, todo se desencalló cuando en una reunión de negociadores en el Palau de la Generalitat, el president de la ANC, Jordi Sànchez, hizo lo posible para que Mas y Junqueras pudieran reunirse a solas y sin testigos. Joan Vidal de Ciurana, jefe de la oficina del President, y Lluís Juncà, estrecho colaborador del líder de ERC, propiciaron el encuentro en privado de ambos líderes. Sellaron el acuerdo. Solo ellos saben lo que se dijeron cara a cara, pero lo cierto es que cuando se abrió la puerta había fumata blanca. CDC y ERC se presentarían juntas a las elecciones. Quedaban por discutir los detalles del acuerdo, pero Junts pel Sí era ya una realidad. El proceso recibía una nueva transfusión de sangre. La CUP quedaba al margen, con lo que la unidad no era completa. Nadie imaginaba lo que iba a suponer que los anticapitalistas acudieran en solitario a las elecciones. Una verdadera china en los zapatos. Un dolor de muelas permanente.

escena 14
Hemos ganado. Hem guanyat.
On a gagné. We have won

El soberanismo acudió a las elecciones del 27 de septiembre de 2015 con un programa que no podría cumplir aun ganando. La competencia entre ERC y CDC, la vigilancia de las entidades civiles soberanistas, la euforia de las proclamas «ara o mai» (ahora o nunca), «tenim pressa» (tenemos prisa), la inventiva de tertulianos, analistas, filósofos y demás participantes del debate independentista, el continuo alimento que proporcionaba el desprecio del Estado español ante una legítima ambición democrática como es la independencia y que ahora ya amenazaba con acarrear graves repercusiones penales, todo acompañaba para que los partidos siguieran jugando al «yo más». Si uno era independentista, el otro lo era más.

Y así, como en una partida de cartas en la que los jugadores se enfrascan en doblar la apuesta permanentemente, CDC y ERC acabaron pactando un programa electoral que se asemejaba a la construcción de un castillo en el aire. Claro que siempre, por debajo de lo que se enseñaba, permanecían intactos los elementos tácticos de unos y otros. El primero, compartido por ambos partidos, es que tarde o temprano, si se demostraba firmeza, España acabaría por mover pieza e iniciar algún tipo de negociación. Y segundo, en lo más íntimo de ERC jamás se dejó a un lado la convicción de que tarde o temprano los convergentes no podrían seguir adelante atrapados por sus contradicciones internas. Entonces ellos recogerían el fruto de la «traición» y harían realidad, por fin, el sueño de sustituirles como el partido de referencia del soberanismo. En el mismo sentido, lo que a los republicanos se les escapaba es que en el entorno convergente la moderación cada vez pesaba menos y que tampoco estaban dispuestos a rendir las posiciones. Antes muerta que sencilla.

El programa de Junts pel Sí quedaba resumido en una legislatura de dieciocho meses en la que a través de un gobierno de concentración se acabara proclamando la independencia que, acompañada de una ley de transitoriedad jurídica y otra del proceso constituyente, desembocaba en unas nuevas elecciones en las que se redactaría una constitución catalana que sería aprobada por referéndum y que daría por inaugurada la República Catalana. Artur Mas figuraba el número cuatro de la lista por Barcelona, aunque formalmente era el candidato a president, que encabezaba Raúl Romeva, un hombre de la órbita socialcomunista bien visto por todo el mundo. En las listas también figuraban Carme Forcadell, expresidenta de la ANC, Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, independientes de pedigrí soberanista como Lluís Llach y otros que venían a avalar con su prestigio la seriedad del proyecto como los economistas Oriol Amat o Germà Bel.

Fue un campañazo. Toda Catalunya —la soberanista se sobreentiende— participó de un modo entusiasta. Bajo la tutela de Oriol Soler, quien asumió la dirección de la campaña, con la complicidad de las entidades soberanistas ciudadanas y el armisticio de los partidos, se recorrió todo el país con un solo mensaje: las elecciones eran el referéndum que no se había podido celebrar y, si se ganaban, Catalunya se habría convertido de facto en un nuevo estado. El último acto de la candidatura de Junts pel Sí se celebró en la Avenida María Cristina. La estética fue impresionante. Todo el soberanismo unido con un único objetivo. ¿Todo? No. La CUP, como los irreductibles galos de asterix, campaba a sus anchas asegurando que todo era teatro, puro teatro, y que solo ellos garantizaban que nadie aflojara cuando llegase el momento.

Y llegó el día de las elecciones…

En el cuartel de Junts pel Sí no se respiraba precisamente euforia. Los republicanos por un lado, los convergentes por el otro. Caras largas. El resultado no era el esperado. Ni mucho menos. En Junts pel Sí estaban convencidos de alcanzar una mayoría absoluta sin contar con la CUP, y eso no había pasado. Además, no se había alcanzado más del 50 por ciento de los votos para las opciones independentistas. La cifra, sumando los votos de Junts pel Sí y la CUP, quedaba fijada en el 48 por ciento. Ello habilitaba para gobernar, pero, en ningún caso, para asumir que se tenía un mandato para llevar el país a la independencia. No fueron unos buenos resultados para el soberanismo. De hecho, para quien quisiera leer en perspectiva, las cifras indicaban que el nacionalismo había basculado hacia posiciones netamente independentistas pero que seguía anclado en los mismos diputados que atesoraba en sus fases autonomistas. Setenta y seis diputados en 2010 (62 CIU, 10 ERC, 4 solidaritat catalana), setenta y cuatro en 2012 (50 CIU, 21 ERC, 3 CUP), setenta y dos en 2015 (62 Junts pel Sí, 10 CUP).

La CUP, el partido más coherente desde el punto de vista discursivo durante todo el proceso, sorprendió finalizado el escrutinio aceptando con naturalidad a través de su candidato, Antonio Baños, que no había una mayoría suficiente para caminar hacia la independencia. En Junts pel Sí, transcurridos los momentos de conmoción inicial, el jefe de campaña, Oriol Soler, conminó a dejar claro que se había ganado y que el programa había obtenido el aval de los catalanes. Catalunya debía ya despegar hacia la construcción del Estado propio.

Artur Mas se dirigió al auditorio que esperaba en la Plaça del Born a que sus líderes comparecieran para dejarlo claro en cuatro idiomas: «Hemos ganado, hem guanyat, on a gagné, we have won». No era verdad. Aun así, el show debía continuar, el show havia de continuar, le espectacle devait continuer, The Show had to continue.

Con esas palabras el proceso se adentraba en una nueva fase. Había descubierto los límites de su fortaleza. Pero lejos de asentar y consolidar su excelente posición para forjar un discurso que invitase a trabajar en el largo plazo sobre la base de los éxitos ya alcanzados, se obligó a leer la jornada electoral como un aval a su programa y objetivos. Fue, visto en perspectiva, el gran error del soberanismo y solo puede explicarse por la incapacidad y la cobardía de unos y otros, que, obsesionados como estaban en no poder ser acusados de tibios, se negaron a aceptar unos resultados que quedaban a la vista de todo el mundo. Fue, no la última, pero sí una gran oportunidad del soberanismo para volver a la realidad.

Al cabo de unos días, le comentaba a Artur Mas en el Palau de la Generalitat: «President… el proceso es un bebé…».

escena 15
El rey ha muerto, viva el rey

La CUP resultaba imprescindible para garantizar la investidura de Artur Mas y había acudido a las elecciones prometiendo justo lo contrario, así que el inicio de legislatura no se preveía fácil. Y no lo fue. Los revolucionarios de la extrema izquierda dejaron claro desde un principio que no convertirían a Mas en president y que Junts pel Sí debía proponer otro candidato. Los convergentes gesticulaban y apuntaban que era Mas o Mas y que, si no, se repetirían las elecciones. ERC callaba, de vez en cuando en público hacía un gesto de complicidad con el president, pero en paralelo sus voceros empezaban a apuntalar la idea de que el proceso no podía embarrancar por la tozudez de una persona, y que nadie, tampoco Mas, era imprescindible.

Hubo dos debates de investidura. Ambos fallidos. De por medio la CUP celebró una asamblea multitudinaria para decidir si accedía o no a investirlo. Fue un espectáculo que culminó en un empate que se decantó finalmente hacia el no (un empate que no fue tal, puesto que hubo algunas voces más favorables a la investidura de Artur Mas). Los anticapitalistas tenían una llave que probablemente no querían y les obligaba a definirse. Defenestraron al que había sido su jefe de cartel en las elecciones, Antonio Baños, y con sus diez diputados, ahora sí imprescindibles, apostaron por agriar el discurso hasta poder pronunciar la frase con la que el diputado Benet Salellas celebró haber cortado la cabeza del que consideraban su más acérrimo enemigo: «Hemos enviado a Artur Mas a la papelera de la historia».

De nada sirvió que el Parlament contentase a la CUP con un pleno previo al de investidura para demostrar una fe inquebrantable en la hoja de ruta soberanista por parte de Junts pel Sí. También fueron en balde las piruetas de Mas en los dos debates de investidura a los que se presentó infructuosamente, tratando de autoenmendar sus cinco años de president prometiendo que a partir de ahora todo sería diferente. De igual modo fueron infructuosas las promesas como la de comprometerse a pasar la reválida de una moción de confianza pasado un año si era investido para que la CUP pudiese ajustarle las cuentas si no cumplía con lo pactado. Nada. Llovía sobre mojado y el espíritu bolchevique de los anticapitalistas permaneció inmutable, mientras ERC seguía nadando y guardando la ropa. Nada nuevo bajo el sol. Todos vivían en el mismo piso, pero todos querían para sí la habitación más grande y luminosa.

En el entorno presidencial hubo un momento a partir del cual se dio por hecho que el escenario más probable era la repetición de las elecciones. Nadie en el Palau de la Generalitat defendía lo contrario. En Convergència, las posiciones fueron humedeciéndose a medida que pasaban los días y se acercaba el final de los dos meses que el reglamento del Parlament catalán establece para la repetición automática de los comicios, transcurrido ese tiempo desde el primer debate de investidura fallido. Poco a poco, la solidez del «Mas o Març (Mas o Marzo, en referencia a la fecha de las nuevas elecciones)» fue resquebrajándose y algunas voces desde su propio partido empezaron a naturalizar sotto voce que quizá el mejor escenario, dadas las circunstancias, era que Mas dejara paso.

Sea como fuere, lo cierto es que el viernes 7 de enero por la mañana, dos días antes de que expirase el plazo para evitar la repetición de los comicios, nadie hubiera dado un duro por la posibilidad que ese escenario pudiera evitarse y, sin embargo, empezaron a pasar cosas.

Por la mañana el equipo de Presidencia fue convocado a un almuerzo en el que, a modo de provocación, se nos interpeló ante la posibilidad de que Mas cediese y finalmente renunciara a la reelección. Unanimidad entre todos los presentes: ni hablar. Lo que no sabíamos a esa hora es que la pregunta no era fortuita, porque en la cocina ya se estaba guisando el plato que finalmente se serviría al final de esa jornada y que se haría público a la madrugada siguiente, sábado 8 de enero.

Por la tarde hubo dos reuniones en el Palau de la Generalitat. La primera con miembros del Govern era para repasar los asuntos que tendríamos entre las manos a partir del lunes una vez Mas firmara el decreto de convocatoria de elecciones. Por mi parte, informé sobre la campaña de comunicación institucional que se pondría en marcha de inmediato y otros preparativos propios del área de comunicación. Solo al final de la reunión Mas nos dijo claramente que todo lo hablado podía quedar en nada si finalmente salía adelante la negociación de última hora que se había iniciado con la CUP para desencallar la situación y que contemplaba que él abandonase definitivamente la pretensión de ser de nuevo president de la Generalitat. Nos quedamos atónitos. Recibimos órdenes de permanecer a la espera y actuar con la máxima discreción.

A continuación, hubo una segunda reunión, en este caso de partido. Fue una reunión de carácter más político. Avanzada la misma, Josep Rull y Jordi Turull se ausentaron para desplazarse al lugar donde finalmente se cerró el acuerdo que suponía el fin de Mas como president. La CUP garantizaría la estabilidad del Govern, él escogería a la persona que debería sustituirle como president, la extrema izquierda no votaría nunca en el mismo sentido que el de los partidos contrarios al proceso cuando estuviera en riesgo la estabilidad del Govern durante esa legislatura. Además, dos de los diputados de la CUP renunciarían al acta y otros dos se integrarían en el grupo Junts pel Sí para participar en los procesos de toma de decisiones de la mayoría. Solo se cumplió la defenestración de Mas. El resto de puntos pactados cayó en el saco roto del olvido al poco tiempo. Meses después, cuando los anticapitalistas tumbaron los presupuestos de Carles Puigdemont y se les echó en cara la traición a la palabra dada, los cupistas se limitaron a señalar: «los acuerdos mutan».

Faltaba decidir quién era el sustituto de Mas y era él quien debía señalar al elegido y además de inmediato. La primera opción era Neus Munté, la vicepresidenta y portavoz del Govern. Ambos seguían reunidos y por tanto el ofrecimiento fue en persona. Durante las semanas previas ya se había apuntado esta posibilidad, incluso por parte de los entornos de ERC. De hecho, Mas ya la había sondeado unas semanas antes como una hipótesis que podía llegar a plantearse. Esa primera vez Munté dijo que no. Ahora ya no era una hipótesis, era un ofrecimiento real y con efectos inmediatos. Pero la portavoz reiteró su negativa y dio el turno a la que era la segunda opción de Mas, Carles Puigdemont, a la sazón alcalde de Girona, que de la noche a la mañana iba a convertirse en el 130º president de la Generalitat de Catalunya. El tercero de toda la historia nacido en Amer, una población gerundense de poco más de dos mil habitantes.

El Rey ha muerto, viva el Rey.

escena 16
La primera en la frente

Los primeros días de Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat fueron de vértigo. El nuevo president llegaba de un día para otro, con un gobierno ya pactado, con todos los cargos de confianza nombrados y sin tiempo material para prepararse mentalmente ante el cambio de vida y responsabilidad que suponía tomar las riendas del ejecutivo.

Pero lo cierto es que, tras el debate de investidura, la situación política en Catalunya, y en particular el proceso, se destensó. El intento fallido de investir a Artur Mas había envenenado el ambiente. La llegada de un nuevo president permitió que las aguas volvieran a su cauce y que la actividad institucional recobrase su pulso. Los primeros días siempre son, aparte de un desorden, una fiesta. Actos llenos de simbolismo, personas felices con su nuevo cargo, familias orgullosas. La hoja de ruta que debía transitarse daba dieciocho meses de margen, así que no estaba de sobra que los primeros días fuesen el rodaje que todo vehículo nuevo necesita. Poner un gobierno en marcha requiere tiempo. Antes eran cien días, ahora son muchos menos, pero aun así se requiere un poco de paciencia.

El nuevo president enseñaba una cara muy diferente a la de su antecesor y construía un liderazgo más cercano, afable, natural y menos entildado. En paralelo, su vicepresidente, Oriol Junqueras, se afanaba en el diseño de un aura de rigor y de profesionalidad en la gestión de los asuntos económicos. El resto del Govern intentaba también, cada uno desde su ámbito del responsabilidad, dibujar un escenario de normalidad en el que los asuntos departamentales también tuvieran su importancia. No todo iba a ser proceso aunque sobre el papel solo se fuera a gobernar durante dieciocho meses. Se suponía que de inmediato iban a construirse las estructuras de Estado que harían posible que cuando llegara el momento la desconexión de España no provocara ningún quebranto. Este último punto, sencillamente, era puro teatro como bien sabe cualquier persona que conozca la Generalitat. Esta es una de las fantasías que más daño ha hecho a la credibilidad del proceso y que mayor frustración puede generar entre los ciudadanos soberanistas. La Generalitat, y sus doscientos mil funcionarios, son Estado. Por supuesto que hay independentistas, pero ni lo son todos ni los que lo son están mayoritariamente dispuestos a desarrollar su trabajo fuera de la ley. Así que imaginar que el Govern podía llevar a cabo según qué proyectos era sencillamente un acto de voluntarismo discursivo, sin más. Se pueden hacer estudios, informes, se puede vestir la mona con palabras y deseos, pero lo sustancial, preparar una estructura que pueda funcionar al margen del Estado actual desde el primer minuto, es imposible. Pero la política es palabra y las palabras decían que sí se podía. Es mentira y deberían haberlo sabido los diputados y altos cargos que en vísperas de la proclamación simbólica de la República Catalana iban por los pueblos y ciudades a explicar que todo estaba preparado. Puede que lo supieran.

Pero la legislatura había empezado a caminar y aún quedaba lejos ese escenario de contradicciones. Era todavía tiempo de parabienes y plena convicción de un gobierno acabado de bautizar en sus capacidades. Pero el carácter ciclotímico del proceso no podía tardar en manifestarse. El escollo más cercano eran los presupuestos. La CUP ya no era la nota exótica de la legislatura anterior. Ahora contaba con diez diputados imprescindibles para hacer posible la travesía del Govern. Así que pronto empezó el debate sobre las cuentas públicas de la Generalitat que debían aprobarse en el Parlament.

Junts pel Sí era «un sí, pero no». Un solo grupo, pero cohesionado solo hasta cierto punto en el Parlament, con la rótula de los independientes trabajando a pleno rendimiento para actuar de soldadura entre los diputados provenientes de Convergència y los de Esquerra. En el Govern esta cohesión era menor y nunca se dejó de operar bajo la convicción de que había dos partidos con sus propios intereses. Así las cosas, todo el mundo trabajaba como un solo hombre a la hora de defender que los presupuestos de Junqueras eran los más sociales de la historia. Pero desde ERC se encendió la mecha de una subida de impuestos que era un sapo difícil de tragar para sus socios. La CUP, sólida discursivamente como una roca, apuntalaba el discurso que la independencia era el objetivo, pero que no daría su apoyo a unos presupuestos que no aceptaran alguna de sus reivindicaciones.

Empezó el trabajo subterráneo de desgaste entre convergentes y republicanos. Los primeros acusando a los segundos de que en realidad no querían presupuestos y los segundos acusando a los primeros de lo mismo. Ambos tenían por delante una hoja de ruta que sabían que no podía cumplirse; sin embargo, los gobiernos están pensados para durar, así que es muy posible que ambos quisieran los presupuestos, pero ante el riesgo de que no los hubiera, había que preparar el terreno para que el culpable fuera el otro.

Finalmente, los presupuestos no se aprobaron, lo que situó al proceso en la situación más difícil de cuantas se habían vivido hasta ese momento. El Govern recibía la primera en la frente a los pocos meses de empezar a rodar. El fuego amigo es el más mortal de todos y los disparos venían desde el propio soberanismo. La CUP no aprobó las cuentas. Nadie podía creérselo. Si la izquierda radical ya había generado con la decapitación de Mas el riesgo de una repetición electoral, ahora volvía a las andadas tumbando los primeros presupuestos de Puigdemont. Mas, por cierto, enseñaba a quien quisiera verlo el papel donde figuraba el acuerdo suscrito con la CUP en el que figuraba el punto de que los anticapitalistas no pondrían en riesgo la mayoría del Govern votando con las fuerzas anti-proceso. Ante la evidencia, los antisistema se limitaron a decir: «los acuerdos mutan».

La reacción a la no aprobación de los presupuestos fue de indignación, sobre todo en el área de influencia convergente de Junts pel Sí y del Govern. Los republicanos ponían sordina a la negativa. Pareció incluso que los presupuestos no los hubiese redactado Junqueras. Cosas de los equilibrios. ERC nadaba y guardaba mejor la ropa que los convergentes en esos momentos. Puigdemont no entendía nada. La noche antes de la votación de los presupuestos en el Parlament se mostraba convencido de la aprobación de estos en una cena con Jordi Turull y Neus Munté. Habría una escenificación en el atril parlamentario, pero al final las cuentas saldrían adelante, pensaba el president de la Generalitat. No fue así. La continuidad del proceso quedaba en suspenso. Puigdemont reconocía en Catalunya Ràdio que si hubiera sabido que los acuerdos iban a mutar no hubiera aceptado el cargo y que se arrepentía de ello. Todo quedaba en el aire. El president anunció una moción de confianza que debería votarse pasado el verano. Sería el todo o nada. ERC quedaba al margen. El duelo sería entre Puigdemont y la CUP y quedaba claro que lo ganaría el president. Tan solo faltaba saber el precio de la victoria.

escena 17
Referéndum o referéndum

Tras el bofetón de los presupuestos, el president castigó a la CUP en el terreno discursivo y también simbólico, dando largas a sus peticiones de encuentro para hallar una salida. Aun así, en septiembre, Anna Gabriel, tras entrevistarse con Carles Puigdemont, ya dio por hecho que los votos de la extrema izquierda servirían para salvar la moción de confianza y garantizó expresamente este punto. El voto contrario en junio, formalmente vinculado a las políticas presupuestarias, tenía un fondo que estaba relacionado con el proceso y que se resumía en la falta de confianza en el Govern a la hora de hacer realidad la hoja de ruta con la que Junts pel Sí había conseguido sus 62 diputados.

Concluido el verano, las dudas quedaban disipadas entre otras cosas porque Puigdemont introdujo un cambio sustancial respecto a esa hoja de ruta. Hasta esa fecha, la estrategia de Junts pel Sí había sido que las elecciones habían sido plebiscitarias y que, por tanto, equivalían al referéndum que el Estado no había permitido organizar. El mandato era el de llevar el país a la preindependencia, pero ya sin contar con el Estado, salvo que el mismo se aviniese a algún tipo de negociación. Creación de las estructuras de Estado en dieciocho meses, proclamación de la independencia y elecciones constituyentes pasado ese tiempo, para que el Parlament elegido redactara la constitución definitiva que se aprobaría en referéndum. Ese, y no otro, era el camino que ahora Puigdemont, ante la imposibilidad de ser llevado a puerto, alteraba sustancialmente.

En cierto sentido, y visto desde el presente, la no aprobación de los presupuestos en primera instancia acabó siendo un balón de oxígeno, puesto que permitió, en medio del desnortamiento que supuso para el soberanismo la decisión de la CUP de vetar las cuentas, formalizar un cambio radical en el planteamiento de la legislatura que ahora volvía a pasar nuevamente por convocar un referéndum. Concretamente un «referéndum o referéndum», que es la expresión que utilizó Puigdemont en el discurso que le permitió salvar la moción de confianza. En la misma alocución el president de la Generalitat ponía nombres a los consellers que debían asumir en primera instancia, con la colaboración del resto del Govern, la responsabilidad de organizarlo: Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, y Raúl Romeva, conseller de Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

La idea de volver al referéndum partía principalmente de la base teórica, y cierta, de que el apoyo internacional era básico para un proyecto de independencia, y de que la legitimidad conseguida en las elecciones no era suficiente para afianzarlo. Se necesitaba un referéndum, regresar a conceptos como urnas, papeletas, libertad de expresión, democracia al fin y al cabo. Conceptos y símbolos imposibles de combatir en el campo de la opinión pública para el Estado español. El referéndum era una opción ganadora en el campo de la opinión pública internacional, la hoja de ruta pactada no. La CUP era uno de los grupos impulsores de esta idea, junto a los Demòcrates, una facción escindida de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) liderada por Antoni Castellà. La idea fue recogida por Puigdemont, quien así encontró una salida al laberinto en el que se había convertido la legislatura merced al programa surrealista que habían elaborado los negociadores de Junts pel Sí.

El soberanismo en su conjunto aceptó la idea de buen grado. Solo algunas voces se levantaron en contra de ese giro con argumentos totalmente contrarios. Los primeros porque veían un paso atrás, un intento de distracción que consideraban un fraude porque lo que debía hacerse era avanzar hacia la unilateralidad sin templar gaitas ni mediar contemplaciones, ¿no habíamos quedado que las elecciones habían sido ya el referéndum? Los segundos, en cambio, porque consideraban imposible que desde la Administración catalana pudiese organizarse un referéndum con garantías que no estuviese pactado con el Estado. Estos últimos, pocos, eran los soberanistas que venían siendo críticos con la lectura de los resultados de las elecciones que habían hecho los partidos considerando que tenían un mandato democrático para la independencia. Cuando en realidad los números no avalaban esta interpretación.

De vuelta al referéndum se salvaba una nueva pelota de set, el proceso se fijaba un nuevo objetivo para 2017, la hoja de ruta que casi todo el mundo consideraba un programa de tintes poéticos sin ninguna posibilidad de llevarse a cabo desaparecía de escena y el Govern apretaba los dientes para poder realizar el encargo, también imposible, que había recibido de su president: organizar un referéndum desde la propia institución con el Estado no solo en contra, sino que, con la lección del 9-N aprendida, esta vez dispuesto a todo para evitarlo, incluso al abuso y al uso indiscriminado de la fuerza ordenada a los cuerpos y fuerzas de seguridad por parte de sus mandos políticos y policiales.

En paralelo a lo que ocurría en el Govern y los giros argumentales de su hoja de ruta, Convergència había desaparecido de escena. En julio tuvo lugar el congreso que alumbró al PDeCAT y cuyo desarrollo demostró hasta qué punto habían cambiado las bases de la antigua CDC, que eran las que mayoritariamente nutrían también al nuevo partido. Convergència pasaba a la historia y renunciaba a reivindicar cualquier legado posible de su larga trayectoria en el Govern.

El propio Artur Mas había manifestado en alguna ocasión que este sería probablemente el último trabajo político que le tocaría hacer. Mucho más tarde, en 2018, cuando se hizo pública la sentencia del «caso Palau de la Música» que acreditaba el desvío de fondos al partido, los diferentes portavoces de la formación que salieron a dar explicaciones asumieron que la eutanasia convergente era la responsabilidad política que ya se había pagado por adelantado por ese caso de corrupción o por cualquier otro que los tribunales acabasen confirmando. El PDeCAT nació débil, sin ideario claro, sin una estructura de poder bien definida y, por tanto, sin ninguna capacidad de control sobre los acontecimientos políticos que estaban por venir de manera inmediata en relación con el proceso. Ello tuvo, naturalmente, consecuencias.

escena 18
El fin del procesismo
y los procesistas

Tras el anuncio del «referéndum o referéndum», los problemas seguían siendo los mismos que con la hoja de ruta original. ¿Cómo? Los juicios al president Artur Mas y a sus consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau por el proceso participativo del 9-N estaban a la vista. ¿Cómo se organizaba un referéndum desde la Administración con estos antecedentes y sabiendo que ahora el Estado estaría atento desde el minuto uno porque ya era consciente de que las cosas iban en serio —su percepción había cambiado precisamente a partir del 9-N de 2014—, y que estaba dispuesto a todo para evitarlo?

No había respuestas iniciales para eso. Lo cierto es que unos y otros, ERC y ahora ya PDeCAT, se pasaron meses acusándose mutuamente de no hacer nada para la organización efectiva del referéndum. Cualquiera que tuviera ocasión de hablar con miembros del Govern, fueran de un partido o de otro, tenía la misma sensación: todos se sacaban las pulgas de encima acusando a su socio porque nadie exactamente sabía cómo debía hacerse lo que se habían comprometido a llevar adelante.

Después de la moción de confianza y a medida que pasaban las semanas Carles Puigdemont acentuó el proceso de «bunkerización» que acompaña a todos los presidentes. En su caso es todavía más comprensible dadas las dificultades de lo que tenía entre manos, la continua presión mediática que acentuaba el riesgo de dificultades, la amenaza judicial permanente y, por supuesto, la desconfianza de saber que en el ejecutivo catalán no todo el mundo veía las cosas del mismo modo ni consideraba posible organizar el referéndum en los términos en los que se había anunciado su futura celebración.

El Govern organizaba reuniones, unos con unos, otros con otros, los primeros con los segundos y los segundos con los de más allá, para ver si había recorridos alternativos. Pero el resultado siempre era el mismo. No se pueden hacer tortillas sin romper huevos. Así que el referéndum solo podía organizarse si se aceptaba con normalidad que este tendría consecuencias jurídicas para sus impulsores. Había resistencias internas de todo tipo que chocaban y contradecían abiertamente el concepto «cadena de confiances» (cadena de confianzas) que Puigdemont había validado como guía de comportamiento de todos los actores para hacer realidad el referéndum. Confianza de la CUP en el Govern, confianza entre los propios miembros del gabinete, confianza de las entidades sociales en los actores políticos. Pero pasaban las semanas y esa cadena, más que una realidad, no pasaba de ser simplemente un deseo que no acababa de cuajar. confianza, a decir verdad, había muy poca.

Pasaban las semanas y el debate público alrededor del referéndum se intensificaba. ¿Qué estaba haciendo el Govern? ¿Estaba organizando el referéndum? ¿Daba los pasos necesarios? Si para el proceso participativo del 9-N de 2014 los preparativos se alargaron durante más de un año, ¿no deberían en estos momentos estar trabajando? ¿Y las urnas? ¿Habría urnas? ¿Quién debía comprarlas? ¿Qué departamento? La presión, fuera y dentro del Govern, iba en aumento y, desde el propio ejecutivo también se sembraban dudas cuando las fuentes de una y otra facción se acusaban mutuamente de inacción, de estar con los brazos cruzados a la espera de que fueran otros los que asumieran responsabilidades. Así estuvieron las cosas durante semanas y meses.

Semana Santa de 2016 fue el punto de inflexión que vino a cambiar las cosas. Se organizó un ágape en el Empordà al que asistieron los líderes del proceso y al que se unieron personas que, sin responsabilidad política o institucional alguna, tendrían un papel predominante en la estrategia a seguir a partir de ese momento. Alrededor de la mesa se tomó la decisión estratégica de llevar el referéndum hasta el final. Había llegado el momento de forzar la máquina del independentismo institucional y llevar al Estado al límite. El combate sería entre democracia y represión. Debían aceptarse los costes que se derivasen de una decisión de tal calibre. Se definieron más cosas. El Govern, entendido como tal, pasaba a ser una herramienta pero la estrategia se definiría en un ámbito supragubernamental, naturalmente con los máximos responsables del ejecutivo catalán, pero con la participación de estrategas externos que serían los que definirían el qué, el cómo y el cuándo de las acciones a desarrollar. Es la génesis de lo que en el debate mediático pasó a denominarse el «sanedrín» o «sanedrines», los diferentes grupos de trabajo estratégicos y operacionales en los que, en la práctica, se tomarían las decisiones relevantes de lo que había de hacerse, independientemente de quien o quienes fuesen los encargados de llevarlo a cabo.

Esta decisión blindó el referéndum pero vaticinaba tensiones en el ejecutivo. La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, fue una de las primeras en recibir indicaciones claras sobre qué debía hacer. debía licitar las urnas. Naturalmente en una administración el cargo político no está en disposición de tomar decisiones sin encomendarse a dios ni al diablo. Hay un ejército de funcionarios, servicios jurídicos, interventores, que deben avalar la decisión para que esta pueda convertirse en ejecutiva, es decir, que tenga consecuencias prácticas, y era evidente que no podían comprarse urnas para un referéndum con la Administración de Justicia vigilando todos y cada uno de los movimientos del Govern.

Finalmente, cuando los medios de comunicación ya llevaban semanas interrogando al Govern sobre las urnas, el anuncio de licitación que apareció publicado en el Diari Oficial de la Generalitat no era tal. Borràs había encontrado una solución que, nuevamente, permitía ganar tiempo y que en ese momento se consideraba que no podía tener ningún tipo de consecuencia jurídica. Lo que publicó el Departament de Gobernación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) fue un acuerdo marco que tenía como objetivo homologar a empresas a las que poder realizar pedidos por la vía rápida ante cualquier convocatoria electoral.

Los adelantos electorales tensionan a la Administración, puesto que se ve obligada a proveerse de servicios y productos en un período corto de tiempo y las garantías con la que se realizan los encargos a proveedores muchas veces requieren unos tiempos que no son compatibles con la rapidez y urgencia propias de un período electoral. Un acuerdo marco, con empresas homologadas, permite que esos encargos puedan hacerse prácticamente de un día para otro.

Se había encontrado una solución que, en teoría, salvaba las dificultades jurídicas que el asunto conllevaba, puesto el Tribunal Constitucional ya había anunciado con mucha antelación que no podía tomarse ninguna decisión ni efectuar acto administrativo alguno que tuviera que ver con un hipotético referéndum. El anuncio de licitación era genérico, vinculado a procesos electorales y desde el punto de vista formal impecable. Aun así, los titulares de prensa eran claros y se resumían en que el Govern se había decidido a comprar las urnas del referéndum, pero esta era una lectura tan solo periodística. Fue el vicepresidente Oriol Junqueras quien dio un paso más dando verosimilitud al relato periodístico al realizar declaraciones explícitas en las que afirmaba que se trataba de las urnas del referéndum. Fue una invitación en toda regla al juzgado número 13 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que abriera causa sobre el asunto que convertía a la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, en el primer miembro del Govern de Carles Puigdemont investigado por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Para más inri, el acuerdo marco que había publicado el DOGC finalmente quedó desierto. Las declaraciones de Junqueras sentaron muy mal a Borràs, quien no logró entender el empeño del vicepresidente en señalar ese concurso, perfectamente legal en la forma, en un fraude de ley a ojos de la justicia española. En todo caso, es un ejemplo muy temprano de las tensiones que la organización del referéndum iba a provocar en el conjunto del ejecutivo.

Las contradicciones internas eran cada vez mayores. Una parte del Govern, en su mayoría vinculada al PDeCAT pero también con elementos de ERC, pasó directamente a considerar un error la estrategia que se había decidido, máxime cuando eran ellos quienes pagarían las consecuencias directamente. Puigdemont estaba firmemente comprometido con el referéndum y ya no atendía requerimientos y sugerencias que significasen plantear una alternativa. Acusaba a los suyos de «esquerranitis» y en alguna ocasión se refería a los consellers que manifestaban dudas con adjetivos nada halagüeños.

El 23 de junio, en una de las reuniones estratégicas, acude un miembro del Govern que formalmente no formaba parte de esos encuentros. Lo que allí escucha le hace ver claramente que no hay alternativa y que, efectivamente, no va a haber ninguna redefinición que permita celebrar el referéndum minimizando los daños como algunas voces seguían exigiendo. Externalizar la organización del mismo garantizando un sistema de participación y recuento que le diera validez formal estaba descartado. Esa reunión es un «antes y después». A partir de ese momento, algunos miembros del ejecutivo se plantean ya abiertamente la posibilidad de abandonarlo. Todos son miembros del PDeCAT. Aunque existen voces críticas también en ERC, estas mantienen una actitud de mayor resignación y conformismo.

El 3 de julio Carles Puigdemont cesa a su conseller de empresa i coneixement, Jordi Baiget, tras la aparición de una entrevista en el periódico El Punt Avui en la que este muestra sus dudas acerca de la factibilidad del referéndum organizado por el Govern y considera más que probable que finalmente deba organizarse a través de voluntarios, como el 9-N de 2014. El conseller es cesado de forma fulminante. Formalmente por sus dudas sobre el referéndum, aunque para algunos lo que de verdad provocó el cese fue que en esa entrevista Baiget dibujaba un perfil del president de la Generalitat sin ningún interés por los temas de gobierno que no fueran el proceso, a los que no prestaba ninguna atención. El cese de Baiget anticipaba la crisis de gobierno que se produciría pocos días más tarde y que estuvo a punto de acabar con la presidencia de Puigdemont.

Meritxell Ruiz, consellera de Enseñanza, Neus Munté, portavoz y consellera de la Presidencia, Jordi Jané, conseller de Interior, y Joan Vidal de Ciurana, secretario del Govern, serían cesados diez días después. La lectura que se hizo desde el soberanismo apuntaba al temor a los riesgos jurídicos que no querían asumir. La verdad es que ninguno de ellos, al igual que Baiget (cesado unos días antes), compartía la estrategia que venía desarrollándose.

Con anterioridad a la crisis de gobierno hubo reuniones del president Puigdemont con cada uno de ellos en diferente formato. Uno a uno, todos juntos (incluidos los que iban a permanecer en el ejecutivo). En esas reuniones estaban presentes Marta Pascal y Artur Mas, coordinadora y president del PDeCAT, respectivamente. La primera actuaba como observadora, el segundo tuvo un papel activo que se resumía en la comprensión para los que decidieran abandonar el Govern y en la ayuda que proporcionaban al proceso si finalmente reconsideraban su posición. Solo la consellera Meritxell Borràs, que en primera instancia también había decidido ser cesada, reconsideró su posición inicial. Si Borràs hubiese decidido abandonar es muy probable que el Govern hubiese caído. Contra lo que pueda parecer, Santi Vila no solo no se planteó dejar el gabinete, sino que días antes había aceptado un «ascenso» al sustituir al conseller de Empresa cesado, Baiget, en sus responsabilidades al frente de ese ámbito. En todo gobierno pesa más la cartera de empresa que la de cultura. Vila quedó al margen de las conversaciones que habían mantenido los consellers que finalmente iban a ser relevados. Había entre ellos una crisis de confianza que hizo que Vila quedara al margen de esos acontecimientos. Nadie habló con él claramente de lo que iba a pasar. El díscolo Vila, que en público siempre había sido el más crítico con la estrategia, se quedaba en el Govern.

Se ha escrito que, en esa crisis de gobierno, para que quedara claro que no era solo el PDeCAT el que llegaba a las horas críticas plagado de contradicciones internas, debía sumarse al menos una cabeza del entorno de ERC y que el escogido era el conseller de Justicia, Carles Mundó. Es cierto que esa petición se hizo a Puigdemont y es cierto también que él no llegó jamás a plantearla al líder de ERC.

La crisis de gobierno se cerraba con la conjura, ahora sí, de que el ejecutivo quedaba blindado y listo para asumir, ya sin sobresaltos, la organización del referéndum.

Durante esas semanas cuajó la idea de que era el momento de poner fin al «procesismo» y a los «procesistas». Se entendía por tal la parte del soberanismo que, aun compartiendo objetivos con el resto, dudaba o directamente no compartía un camino de plena unilateralidad tomando como base los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y seguía siendo partidario, aun manteniendo la tensión, de continuar dentro del campo de la legalidad para de este modo ir robusteciendo el movimiento soberanista sin abocarlo a un conflicto a campo abierto que consideraban no podía ganar. Como quiera que nunca hablaron claramente y siempre se dejaron amilanar por quienes defendían echar el resto, era lógico que acabaran perdiendo la batalla frente a los que menos acomplejados y más seguros de sí mismos defendían que era el momento de acabar la partida. El proceso no podía ser eterno y los procesistas debían dejar paso a quienes estuviesen dispuestos a darlo todo sin reservas. Paradójicamente, en la campaña electoral de las elecciones convocadas por Mariano Rajoy a través del artículo 155 de la Constitución, después de la proclamación de la República Catalana, ERC se apuntaría de nuevo a un relato procesista. Pero eso sería más adelante. En ese momento, el procesismo formalmente quedaba superado. Era la hora de la verdad. Ahora o nunca. Cara o cruz.

escena 19
La victoria

El referéndum del primer día de octubre fue una victoria política en toda regla del independentismo. Las imágenes de los colegios electorales repletos de ciudadanos defendiendo pacíficamente las urnas y los votos ante la brutal exhibición de fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado solo puede interpretarse de este modo. Tenían razón los que habían defendido la vuelta al referéndum como camino para ganar puntos de legitimidad democrática. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En un lado de la pantalla urnas, votos y ciudadanos indefensos, en la otra antidisturbios cargando indiscriminadamente como si se enfrentasen a la mayor y más peligrosa de las amenazas y dejando por el camino un millar de heridos. La narrativa era perfecta: a España le daba miedo la democracia. Otra cosa eran los costes que ese referéndum podía conllevar para sus organizadores, pero desde luego habían acertado los que propugnaban que el Estado no podría resistirse al uso de la fuerza indiscriminada facilitando imágenes de oprobio que legitimarían definitivamente las ambiciones soberanistas.

El decreto de firma de la convocatoria del referéndum se realizó el 6 de septiembre y llevaba la firma de todo el Govern, que tomaba de manera colegiada la decisión y colectivizaba de este modo las responsabilidades que pudieran derivarse. La fecha y la pregunta ya habían sido anunciadas solemnemente en junio, pero ahora se formalizaba su convocatoria: ¿Quiere que Catalunya sea un estado independiente en forma de república?

Previamente, el Parlament había aprobado la Ley del Referéndum de Autodeterminación que amparaba su convocatoria, y el día 8 daba su visto bueno a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Los plenos, como era previsible, se celebraron a una elevadísima temperatura ambiente con la mayoría parlamentaria llevando al límite el reglamento del Parlament y la oposición haciendo todo lo posible para boicotear lo que para ellos era un atropello en toda regla.

El Parlament aprobaba dos textos que claramente se situaban al margen de la legalidad española y actuaba sin tener en cuenta los requerimientos del Tribunal Constitucional. El Parlament actuaba ya como un actor plenamente soberano. En diversos escenarios se había planteado desde el sanedrín estratégico del proceso el convencimiento de que el Estado actuaría antes de la celebración del referéndum bien a través de actuaciones más contundentes de la judicatura, bien impulsando preventivamente el 155. Pero lo cierto es que ese escenario no se cumplió y el Estado se limitó a actuar desde el ámbito judicial y tanto el poder legislativo (Senado) como el ejecutivo (Govern), que eran los que debían poner en marcha la intervención de las instituciones catalanas, seguían sin mover ficha, todavía. Había una partida por la legitimidad y, de igual modo que el soberanismo contaba con una intervención policial desmesurada en algún momento para alzarse con la victoria entre la opinión pública, el Estado no intervendría las instituciones catalanas hasta que no quedase claro que eran estas las que se habían situado no solo fuera de la ley organizando un referéndum ilegal, sino que habían culminado un escenario de secesión.

Tras la convocatoria se siguió jugando al gato y al ratón. El Govern iba a hacer un referéndum, el Estado estaba obsesionado con impedirlo físicamente y no le bastaba con situarlo en la ilegalidad y dejarlo sin efectos; había que abortarlo también materialmente. Se intensificó la agenda judicial y policial. El Estado envió refuerzos policiales a Catalunya. En algunos lugares se les despidió al grito de «a por ellos», como quien manda al ejército a restaurar el orden a una antigua colonia de ultramar. Registros, declaraciones, detenciones… el ambiente en Catalunya se podía cortar. El españolismo también había despertado y ahora ya conseguía reunir un volumen importante de ciudadanos en sus concentraciones, como la que se convocó el 30 de septiembre, en vísperas del referéndum.

Los hechos más relevantes fueron los que acontecieron ante el Departament de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre. En el marco de las operaciones judiciales que venían realizándose contra el referéndum, se ordenaron ese día quince detenciones, entre ellas la del secretario de Hacienda, y registros en varias dependencias de la Generalitat, entre ellas el Departament de Economía. Cuando los funcionarios judiciales y la Guardia Civil estaban en el departamento, se convocó a la ciudadanía, a través de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, a manifestarse pacíficamente ante las puertas del departamento. La protesta duró todo el día y llegó a congregar a más de cuarenta mil ciudadanos.

Esos hechos sirvieron con posterioridad para justificar el delito de rebeldía (que requiere violencia) con el que se instruye en el Tribunal Supremo la causa contra los representantes institucionales del soberanismo y los líderes de las entidades civiles. Cualquiera que estuviese ahí sabe fehacientemente que no hubo violencia y que fue así, entre otras cosas, porque Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, encarcelados, gastaron mucha energía en ello.

En medio de ese ambiente se avanzaba hacia la fecha fijada en rojo en el calendario: 1-O. El debate sobre el papel que desempeñaría la policía catalana en el referéndum se convirtió en el tema estrella. Madrid envió un coordinador policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, con el mandato de liderar la acción policial conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. Como quiera que las competencias de seguridad ciudadana en Catalunya seguían en manos de la Generalitat, esto provocó tiras y aflojas. El TSJC dictó resoluciones diciendo exactamente lo que se requería a los agentes para abortar el referéndum. La policía catalana actuó, según su criterio, con la proporcionalidad que el asunto requería; pero para el Estado hubo dejadez de funciones. Quien acabó alzando las porras contra ciudadanos indefensos fueron los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional en un dispositivo que no tiene defensa alguna se mire como se mire y que, además, fue totalmente ineficaz.

Hubo algunos intentos previos de que la sangre no llegase al río. Se sabía que habría cargas el día 1-o y en algunos entornos soberanistas no solo se daba por hecho sino que se deseaban. Hubo intentos hasta última hora por parte de los mossos d’Esquadra de hallar una solución que evitase ese escenario. Hasta última hora hubo reuniones que planteaban diferentes alternativas. El que estuvo más cerca de concretarse fue el que hubiera imposibilitado que las urnas estuvieran dentro de los edificios públicos, desplazando las votaciones a la calle. Carles Puigdemont desestimó esa posibilidad. Era un referéndum y se votaría como siempre. Al menos se intentaría. La violencia policial, que se daba por descontada, no debía ser un impedimento.

Finalmente llegó el día de autos. Policías y guardia civiles salieron desde los puntos donde aguardaban desde hacía semanas las ordenes de actuar. Seleccionaron los puntos de votación, uno de ellos el colegio donde debía votar el president de la Generalitat, en los que actuarían en primera instancia, y lo que ocurrió es bien sabido por todo el mundo. Hubo violencia injustificada, ensañamiento, se violaron derechos fundamentales de los ciudadanos y la Catalunya soberanista llevó a la práctica un acto de heroicidad votando en esas difíciles condiciones. No fue un referéndum que pudiese obtener ningún aval en el terreno de las garantías democráticas que una votación de este tipo exige, y así lo reconocieron los propios observadores internacionales que la Generalitat había invitado para validar la votación, pero el Estado lo convirtió en la mejor acción de propaganda posible para los intereses del soberanismo. El independentismo había ganado nuevamente la partida al Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, haciendo el ridículo en las televisiones internacionales negando la existencia de cargas policiales mientras en paralelo se emitían las imágenes que las certificaban es el mejor ejemplo de hasta qué punto la fuerza física del Estado no le sirvió para ganar, sino para perder.

Nuevamente el soberanismo acumulaba, más por demérito del adversario que por méritos propios, un capital político enorme que ahora tocaba invertir con acierto. Eso ya no pasó.

escena 20
La derrota

Los observadores internacionales que el Govern de Catalunya había invitado para dar el visto bueno a una homologación externa del referéndum dijeron días después que, lamentablemente, la votación no había podido desarrollarse con las garantías necesarias. La violencia policial que acompañó la jornada era un elemento clave para realizar esta lectura.

A fin de cuentas, algunos colegios no habían podido abrir, otros habían sido asaltados por los cuerpos de seguridad del Estado o por los mossos d’Esquadra. El horario de votación no se había podido respetar en muchos casos. La organización del referéndum había obligado, como era previsible y aunque expresarlo abiertamente le hubiese costado el cargo al conseller Jordi Baiget meses atrás, a la externalización de aspectos clave para poder superar la presión judicial y policial. El censo universal que permitía votar en cualquier colegio electoral independientemente del lugar de residencia se activó el mismo día del referéndum. Demasiados impedimentos para poder superar un examen de homologación.

El soberanismo lo había hecho de nuevo, había conseguido poner urnas y papeletas en los centros de votación. Había llevado a las urnas a más de dos millones de personas. Había, en definitiva, vuelto a demostrar su capacidad de desafiar al Estado en un escenario en el que quien reprime pierde, porque las urnas son una iconografía muy difícil de vencer en la lucha por el relato y la legitimidad. Las cargas policiales hicieron el resto proporcionando al independentismo una victoria clara durante esa jornada. El hecho de que esas cargas, cuando las imágenes ya estaban dando la vuelta al mundo desde primera hora de la mañana, desaparecieran a partir del mediodía demuestran que alguien debió tomar nota en el ejecutivo de Mariano Rajoy del desastre que había supuesto dar el visto bueno al plan de un ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que hubiese debido cesar de inmediato, bien por autorizar esas cargas innecesarias y desproporcionadas, bien por no haber evitado lo que tanto obsesionaba al Gobierno español, o por las dos cosas a la vez.

Por la noche, y antes de que se anunciaran los resultados formales, compareció Carles Puigdemont. El president tenía diferentes posibilidades sobre la mesa. Una de ellas era ganar tiempo, algo a lo que el independentismo renunció hace mucho tiempo, para madurar exactamente los diferentes escenarios que el desarrollo de la jornada abría desde el punto de vista político.

Hubiese podido emplazar a la ciudadanía a las decisiones que se tomarían en las próximas horas y situar la violencia policial y la resistencia de los ciudadanos como único plano de atención durante esas horas. Había un discurso posible, el de reafirmar que se había cumplido con el compromiso de organizar un referéndum hasta donde se había podido, que la violencia del Estado imposibilitaba confiar en un reconocimiento del referéndum por parte de terceros, que ante esa situación había que demostrar hasta qué punto el soberanismo estaba dispuesto a seguir luchando por sus convicciones políticas y que eso quedaría demostrado en unas nuevas elecciones.

Sí, hubiese podido convocar elecciones. Pero esa decisión hubiera sido «procesismo» y este concepto como tal hacía meses que había quedado superado por los capitanes de la nave soberanista. Además, la decisión requería poner de acuerdo a todo el espectro soberanista y hubiesen sido muy intensas las voces que se hubieran lanzado a afirmar, con intereses políticos de por medio, que todo había sido un engaño para seguir dando vueltas ad infinitum. Nada de eso era posible, además, porque ya se había decidido en Semana Santa que lo que tocaba era acabar la partida. El referéndum había sido el penúltimo movimiento. De hecho, el margen de actuación era muy pequeño, puesto que el mismo Puigdemont, en contra de la opinión de la dirección del PDeCAT y algunos miembros de su gabinete, había decidido que el Parlament aprobase junto a la Ley del Referéndum, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que marcaba cuáles eran los pasos a seguir una vez celebrada la votación: proclamación de los resultados y asunción de los mismos de una manera efectiva por el Parlament, es decir, proclamación de la República Catalana.

Un escenario diferente pasaba por reconocer abiertamente que el referéndum no lo había sido y explicar por qué. Las cargas policiales proporcionaban una coartada real, fácilmente entendible y asumible por la ciudadanía, al menos por una parte. Pero, esta posibilidad no tenía ningún recorrido no solo por el convencimiento de que lo oportuno era seguir con el plan trazado, sino también porque para moverse a otro escenario hubiese sido necesario un terreno abonado de diálogo franco, sincero y efectivo entre las diferentes familias políticas del Govern y del Parlament, y eso, sencillamente, había dejado de ser posible, si es que lo había sido algún día.

Así las cosas, en su comparecencia Puigdemont fue claramente coherente con la hoja de ruta trazada meses antes y reafirmada en el Parlament recientemente. El Estado había respondido a la provocación tal y como estaba previsto, el triunfo político era para el independentismo, que ganaba legitimidad ante el mundo (mientras ellos ofertaban urnas, el Estado respondía con violencia) y por tanto el president dio por celebrado el referéndum, anunció que los ciudadanos habían votado masivamente a favor de la independencia, que la votación era vinculante y que lo que iba a suceder ya estaba escrito en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Es decir, Catalunya ponía en marcha la cuenta atrás para la proclamación de la República.

Si los últimos seis meses habían sido de una intensidad política tremenda, los hechos de octubre iban a romper cualquier sismógrafo de las emociones. Primero tocaba responder a la violencia policial vivida el día de la votación. Hubo una huelga general dos días después del referéndum, el 3 de octubre, que, aunque fue convocada por sindicatos minoritarios, tuvo un seguimiento espectacular.

El soberanismo pudo mostrar su indignación con las cargas policiales y lo hizo apoderándose de nuevo de las calles de las grandes ciudades, pero en esta ocasión también de las plazas de los pueblos. Por cierto, en las diferentes manifestaciones que se celebraron durante todo el día, cargadas de emotividad y rabia, no hubo ni tan siquiera un incidente. Quizá debieran tomar nota de ello quienes construyen el discurso de la rebelión que, como es sabido, requiere de la violencia para ser calificada como tal. Una vez más, millones de personas salían a la calle, ahora sin sonrisas y con la gravedad del momento incrustada en sus rostros, sin que pudiera contabilizarse un solo hecho que merezca ser calificado no ya de violento, sino tan siquiera de agresivo.

Esa misma noche entró en escena el rey Felipe VI. En un discurso televisado en el que no pronunció una sola palabra que pudiera entenderse como una mediación entre partes, el monarca cargó con una extrema virulencia verbal contra los líderes institucionales del independentismo a los que acusó de fracturar la sociedad catalana. Los acusó de situarse al margen de la ley y del estado derecho y mostró su firme compromiso en la defensa de la unidad de España.

El discurso sentó muy mal a Carles Puigdemont, quien siempre había confiado en una posición menos pétrea del rey, quizá por la relación personal que habían establecido siendo él alcalde de Girona. El discurso de Felipe VI indignó al president de la Generalitat y a todo el soberanismo. Pero una cosa era indignarse y otra que pudiera esperarse otra cosa. Lo cierto es que con el manual básico de la política de Estado en la mano, el monarca no hizo otra cosa que aquello que era absolutamente previsible. Puigdemont no pudo evitar mostrar su disconformidad y disgusto con el discurso real. «Así no, Majestad», dijo en su discurso institucional para responder al monarca.

El día 6 de octubre, en cumplimiento de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, los resultados del referéndum fueron comunicados formalmente al Parlament de Catalunya. Ahora ya tan solo tocaba esperar a que se convocase la sesión plenaria en la que, como señalaba esa misma ley, se proclamaría formalmente la República.

El Palau de la Generalitat y el Govern en su conjunto entraron en modo pánico. La presión judicial y policial hacía temer una detención inmediata de todos sus miembros o del president. Pero el ejecutivo español manejaba con calma su arma definitiva, el artículo 155; a la espera que fuesen las instituciones catalanas las que dejasen claro que su aplicación había sido inevitable, porque se había consumado el intento de secesión.

Las presiones llegaban ya de todas partes. El soberanismo expresó todos los matices que le acompañaban desde el inicio del proceso, sobre todo a puerta cerrada. Hubo intentos para convencer a Puigdemont de que no declarara la independencia de toda clase y condición, provenientes del propio entorno soberanista.

A su lado, Oriol Junqueras había entrado desde hacía tiempo en un modo de resignación ante los acontecimientos. Personas de ERC, como Carles Mundó, titular del Departament de Justicia, abogaban por redefinir la estrategia aprovechando el capital político acumulado el 1-O. El escenario había dejado de ser partidista, o no lo era del todo. De tal modo que podían cruzarse coincidencias en la necesidad de contemporización entre el republicano Mundó y el pedecatero Santi Vila, del mismo modo que, en sentido contrario, se podían establecer entre el convergente Jordi Turull y la republicana Marta Rovira.

El mismo día 6 el Gobierno español aprobaba un decreto que permitía a las empresas cambiar su sede social sin requerir la aprobación por parte de la junta general de accionistas. Empezaban los cambios de sede social de muchas empresas que hasta la fecha la tenían en Catalunya. Lo cierto es que ese decreto se hizo mirando particularmente al sector bancario y teniendo en cuenta la experiencia del Banco Pastor, que había quedado fundido en muy pocas semanas. Caixabank y Sabadell (este último no necesitaba de ninguna modificación legislativa para hacerlo) cambiaron su sede social para situarla fuera de Catalunya y frenaron la retirada de fondos que empezaba a suponerles un problema. Les siguieron muchas y significativas empresas, pero lo más relevante, aquello para lo que el decreto fue aprobado, eran las entidades bancarias.

En este ambiente Puigdemont compareció en el Parlament de Catalunya el 10 de octubre. Hubo una convocatoria ciudadana para celebrar lo que se pensaba iba a ser la proclamación de la República. Pero no sucedió, aunque tampoco sucedió lo contrario.

Finalmente Puigdemont, en una alocución breve, sin la pompa que normalmente acompañaba todas las jornadas históricas del soberanismo, dijo desde el atril: «Asumo al presentarles los resultados del referéndum, ante todos ustedes y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Catalunya se convierta en un Estado independiente en forma de república». Y añadió acto seguido: «Con la misma solemnidad, proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».

Los congregados para celebrar el advenimiento de la República quedaron decepcionados. ¿Qué ha pasado? Puigdemont creía que había una posibilidad para el diálogo. Europa lo había solicitado. Había que dejar claro que el independentismo ofrecía esa posibilidad y el Estado, una vez más, la rehuía. Pero todo el mundo era consciente de que era imposible que el Estado se moviera de su posición. Era un ganar tiempo porque en realidad no se sabía de verdad qué era lo conveniente y cómo había que gestionar políticamente el momento. Las horas eran graves, las decisiones, difíciles y la unidad cada vez menor.

Se entró en un escenario de toma y daca con el Estado, que ahora sí se disponía a poner en marcha el artículo 155. Hubo cartas cruzadas en las que Mariano Rajoy, que quería una confirmación explícita de la proclamación de la República para asegurarse la plena legitimidad en la aplicación del 155, preguntaba a Puigdemont si había proclamado la República. Este contestaba que ni sí, ni no, sino todo lo contrario. La primera misiva del Palacio de la Moncloa a la Generalitat fue el 11 de octubre y la respuesta, ambigua, llegó a Madrid el 16. De nuevo se insistía en la negociación.

Pero el 16 de octubre lo relevante fue que los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, ingresaban en la cárcel de Soto del Real por indicación de la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por los hechos acaecidos ante el Departament de Economía en el pasado mes de septiembre. La cárcel se situaba por primera vez en el radar del proceso. Aquello que era contemplado como una posibilidad cuando se apostó por una estrategia de confrontación extrema, ahora se convertía en realidad. La diferencia estribaba en que mientras todo el mundo pensaba que las detenciones se producirían en la órbita del Govern de la Generalitat, eran los dirigentes de las entidades civiles a los que primero se privaba de libertad.

El Estado realizó un segundo requerimiento al que Puigdemont contestó nuevamente con apelaciones al diálogo, aunque sí se podía colegir claramente en algunas partes del texto que la República aún no había sido declarada. Este es quizá el párrafo más explícito en tal sentido: «Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-O».

El Gobierno español dio por finalizada la relación epistolar y se decidió finalmente a solicitar al Senado la autorización preceptiva para la aplicación del artículo 155. La autonomía de Catalunya estaba a un paso de ser suspendida. La gravedad de los días y meses precedentes empequeñecía a medida que pasaban las horas. No obstante, había un elemento en el camino fijado por los estrategas soberanistas que no acababa de cumplirse. En la batalla de la legitimidad era necesario que el Gobierno español activase el 155 para proceder después a la declaración formal de independencia. Dicha declaración, en ese escenario, pasaba a ser una respuesta y no una provocación. Pero eso no había pasado. Del otro lado, el Gobierno central aguardaba también pacientemente a que fuera el president de la Generalitat el que formalizara la proclamación de la República para actuar a posteriori, conservando en su mano el comodín que convertía la intervención en una actuación plenamente justificada.

La partida se acercaba a su final. Se redoblaron las presiones e intentos de convencer a Puigdemont de que desistiera de formalizar la declaración de la República. El 155 estaba a la vista. Voces soberanistas que habían permanecido calladas hasta ese momento se significaron en público para que Puigdemont convocara elecciones. Salieron mediadores de debajo de las piedras. Algunos del entorno empresarial, otros del entorno cultural o jurídico. Algunos nombres han salido a la luz, otros no. Lo cierto es que todos los que estaban en contra de esa declaración de independencia unilateral movilizaron sus recursos, pocos, muchos, para intentar frenarla. Desde dentro del Govern ese papel estaba reservado al conseller de Empresa, Santi Vila, y a otros que de un modo menos explícito también abogaban por lo mismo, pero que no lo harían jamás en público.

El president estaba aislado y nadie sabía muy bien en qué posición estaba cada uno. En los momentos graves todo acaba en la mesa del president, sea cual sea la dimensión del país que se gobierna. Desorden, cierto caos, silencios, imposibilidad de saber exactamente qué posición defendía cada uno de verdad, qué era lo que realmente creía cada actor interpelado por la situación, qué debía hacerse. Mayoritariamente, la sensación era que quizá lo más inteligente, en el plano político, era convocar elecciones pero siempre acompañando esa convicción de una muletilla habitual durante el proceso: «No podemos echarnos atrás». Por supuesto, también había quien, como era el caso de los consellers áulicos, continuaban pensando que el pulso debía echarse hasta las últimas consecuencias y seguían instalados en el «ahora o nunca».

Solo el lehendakari, Iñaki Urkullu, consiguió que las dudas razonables ganaran espacio en la íntima reflexión que acompañaba a Carles Puigdemont durante esas horas. Hasta tres misivas dirigió el gobernante vasco a su homólogo catalán. Cada una era más explícita que la anterior. El lehendakari argumentaba una vez tras otra por qué era mejor renunciar a la proclamación de la República y resituarse en un escenario a largo plazo que se ubicara dentro de los márgenes de la legalidad. Finalmente se consiguió activar el botón de la negociación, aunque ciertamente no era tal. Se trataba de aceptar o no lo que Moncloa fijaba como una concesión de máximos sobre la cual no había discusión ni margen. Tampoco había, a decir verdad, mucho tiempo.

El acuerdo al que se llegó contemplaba que el Senado daba su visto bueno al artículo 155 y el Gobierno central lo congelaba, siempre y cuando Puigdemont convocara elecciones dando por agotada la legislatura y olvidándose de proclamar la república. El miércoles 25 de octubre fue un día largo. Puigdemont socializó la decisión de convocar elecciones. Por la noche el decreto de convocatoria de las mismas estaba preparado ya para la firma. En él figuraba, como había solicitado el Gobierno español, una clara mención a la legalidad española. La leyenda dice que se hubiese firmado esa misma noche si el conseller Vila no hubiese insistido en que en los países serios las elecciones se convocan de día. Es solo una leyenda.

La negociación incluía, según defiende la parte catalana, que Moncloa realizaría algún gesto explícito que justificase la decisión y que sirviese de garantía de que el artículo 155 no se aplicaría si se convocaban las elecciones. Por la mañana, viernes 26 de octubre, lo único que hubo fueron posicionamientos duros del entorno del PP sobre que el artículo 155 era inevitable, hubiese o no elecciones.

En Moncloa entendían que el gesto debía llegar de la parte catalana, convocando las elecciones y que, una vez esto fuera así, ya llegarían los movimientos de la otra parte. El jefe de gabinete de Puigdemont llamó reiteradamente a su homólogo en Madrid, Jorge Moragas, a lo largo de tota la mañana. Nadie contestó esas llamadas.

Silencio al teléfono y ruido en los despachos. La emotiva líder de ERC, Marta Rovira, exigía la proclamación de la República. El diputado republicano en Madrid, Gabriel Rufián, llamaba traidor a Puigdemont comparándolo con Judas Iscariote. Los diputados de Junts pel Sí, con militancia en el PDeCAT, Jordi Cuminal y Albert Batalla, anunciaban también en las redes sociales que dejaban dicho partido ante la decepción que les suponía la decisión de convocar elecciones.

El soberanismo menos contemporizador se lanzó a la yugular de Carles Puigdemont. En la Plaça Sant Jaume estudiantes congregados ante el Palau de la Generalitat también insultaban al president. La rueda de prensa para anunciar la convocatoria de elecciones se atrasó en un primer momento y finalmente se suspendió.

La República superaba su último escollo. Puigdemont no había podido aguantar la presión o, simplemente, había reconsiderado su decisión para poder actuar de acuerdo con sus convicciones reales. El resultado era el mismo. La cita con la historia sería al día siguiente en el Parlament de Catalunya.

La República vino al mundo de un modo particularmente atípico. Lo que se votó fue una propuesta de resolución de Junts pel Sí y la CUP en la que se instaba al Govern a desplegar la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. En el preámbulo, que fue leído por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sí se reproducían las fórmulas que los soberanistas ya habían pactado semanas atrás y que incluían lo principal y verdaderamente significante: «Constituimos la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social».

La República catalana veía la luz en un ambiente triste y enmudecido. Solo 82 diputados de los 135 del Parlament participaron en la votación. Setenta votos fueron favorables. Simultáneamente a 600 kilómetros, el Senado daba luz verde a la solicitud del Gobierno de Mariano Rajoy de recibir autorización para la aplicación de las medidas previstas en el artículo 155 de la Constitución española. Quedaban fuera del ámbito de aplicación de ese artículo los medios de comunicación públicos catalanes, a petición del PSOE.

La República Catalana nacía para cumplir el sueño de las aspiraciones de plena soberanía nacional de los independentistas y, en unos minutos, el Senado daba poderes al Gobierno para suspender la autonomía catalana, que pasaría a estar dirigida por el propio ejecutivo de Rajoy. Queriéndolo ganar todo, se perdía todo. La República nacía muerta. Si en 1976, en Catalunya la reivindicación era «libertad, amnistía y estatuto de autonomía», a punto de finalizar 2017 sería «recuperar las instituciones y liberar a los presos políticos», prácticamente lo mismo pero con diferentes palabras. Del todo a la nada. De la victoria en términos de capital político e imagen conseguida el día del referéndum del 1-O y durante todo el proceso a la derrota sin paliativos por llevar la vía de la unilateralidad al límite. Nadie en el mundo reconocía a la República Catalana. Tampoco en la calle había el ambiente que hiciese suponer que algo excepcional y largamente esperado estuviese ocurriendo. ¿Quizá lo que había acontecido no era más que el último paso de una huida hacia adelante y que todos en el fondo lo sabían?

Mariano Rajoy no perdió ni un minuto. En el Consejo de Ministros extraordinario se tomaba la decisión de cesar a todo el Govern de Catalunya, convocar elecciones autonómicas a celebrar el día 21 de diciembre, destituir al responsable de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el relevo de otros cargos gubernamentales. La convocatoria de las elecciones con tanta rapidez por parte de Rajoy se atribuyó a la presión de las instituciones europeas por que la suspensión de la autonomía catalana durase el menor tiempo posible. Otras versiones insisten en que Moncloa era conocedora de los planes del Govern de desplazarse como gobierno legítimo al Parlament y actuar desde allí, aun sin poderes formales, desde el plano discursivo. Sea como fuere, lo cierto es que la decisión de Rajoy imposibilitaba esta opción, si es que alguna vez estuvo encima de la mesa. La legislatura catalana había finalizado por orden del presidente del Gobierno español.

Quedaba una pregunta por responder. ¿Plantarían cara los gobernantes catalanes? ¿Se defendería la República? En las próximas horas íbamos a salir de dudas. Si no de todas, sí al menos de algunas.

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Paisaje después de la batalla

El sábado 28 de octubre, tras la proclamación de la República el día anterior, amaneció para los catalanes sorpresivamente callado. En las redes sociales el silencio institucional era ensordecedor. El Govern, y en particular sus caras más visibles, pensaban desde hacía ya días en la posibilidad de ser detenidos en cualquier momento. Nadie sabía exactamente qué había pasado en las esferas gubernamentales después de la proclamación de la República en el Parlament. El independentismo más entusiasta no acababa de explicarse por qué después de lo que había pasado en el Parlament no había habido ningún tipo de continuidad institucional en forma de decisiones ejecutivas. Nadie arrió tan siquiera la bandera española en el Palau de la Generalitat. Clara Ponsatí, consellera de Enseñanza, era de las que había defendido en su día que la proclamación debía ir acompañada de inmediato de medidas legislativas que dieran cuerpo a la declaración parlamentaria. Pero nada de eso sucedió ni el viernes y tampoco el sábado. Los que no lo eran antes, tomaban conciencia ahora que lo que se había hecho era un salto al vacío. El camino había llegado a su fin. ¿Atrás o adelante? Atrás significaba reconocer la imposibilidad de coronar la estrategia elegida. Adelante era saltar sin paracaídas al terreno de lo desconocido. Se escogió lo segundo y el salto fue a ninguna parte.

No fue hasta el mediodía que Carles Puigdemont apareció en los televisores con un mensaje grabado en Girona enfrente de la delegación de la Generalitat en esa ciudad. No se había grabado en el edificio. La Administración catalana seguía anclada, pues, en la ley española; el president era ya un expresidente que no podía grabar mensajes institucionales en edificios gubernamentales. Desde el punto de vista simbólico fue el momento en el que se bifurcó la legalidad (que seguía siendo la misma) con la legitimidad que Puigdemont reclamaba al no acatar su cese promulgado por Mariano Rajoy. El edificio de la Generalitat era la legalidad, Puigdemont obligado a grabar su mensaje en la calle si no quería comprometer a los funcionarios de esas dependencias, era la legitimidad. En el mensaje no acataba su cese, pero no dejaba claro cuáles eran los pasos que iban a seguirse a partir de entonces. El domingo era el turno para Oriol Junqueras, que firmaba un artículo en El Punt Avui titulado «El camino que nos queda por recorrer», en el que anunciaba que en los próximos días se tomarían decisiones que en muchos casos no serían fáciles de entender.

El 155 estaba en vigor, la República se había proclamado, pero todo parecía instalado en un compás de espera. Se sabía que debían suceder cosas, pero no se sabían cuáles. Tampoco desde las entidades civiles se tomó la iniciativa. Los Comités de Defensa de la República, que habían estado muy activos en la vigilia y durante la celebración del referéndum, permanecían en silencio. ¿Qué iba a pasar?

A la vista de lo dañada que quedó la relación entre Puigdemont y Junqueras en el último tramo de los acontecimientos, está claro que no existía una decisión compartida y unánime acerca de lo que había que hacer con posterioridad a la proclamación de la República. De hecho, tampoco sobre los hechos previos. La puesta en escena, independientemente de lo que se hubiese hablado con anterioridad, acabó siendo más una colección de decisiones individuales que una estrategia gubernamental pactada y colegiada. Hay información relevante sobre quién sí y quién no asistió al encuentro en la masía gerundense en la que ya se coordinó definitivamente el plan que había de situar en Bruselas a Puigdemont y a quienes le acompañasen. Lo cierto es que el relato sobre el Govern en el exterior, los que estarían en Bruselas, y el Govern en el interior, los que se quedaron aquí, se construyó precipitadamente sobre la marcha y no obedecía a ningún acuerdo.

El martes unos cuantos consellers acudieron al Parlament a simular una reunión de trabajo, entre ellos Oriol Junqueras, vicepresidente, Carles Mundó, Justicia, Josep Rull, Territorio, Jordi Turull, Presidencia, Raúl Romeva, Exteriores. El lunes se había confirmado que Puigdemont estaba en Bruselas, junto a Joaquim Forn, conseller de Interior, Meritxell Borràs, Gobernación, Meritxell Serret, Agricultura, Dolors Bassa, Treball, Afers Socials i Famílies, Antoni Comín, Salud, Clara Ponsatí, Enseñanza, y Lluís Puig, Cultura.

Los hechos que se iban sucediendo despejaban la incógnita sobre el grado de resistencia que habría ante la aplicación del artículo 155 por parte del Estado. No hubo llamamientos a la desobediencia ni se azuzó la presencia de ciudadanos en las calles. El 155 entró como un cuchillo caliente en la mantequilla. Solo desde un ángulo estrictamente discursivo se empezó a trabajar el relato legitimista que situaba al Govern de verdad fuera de las instituciones y estas en manos de un poder ilegítimo, el de Rajoy. Se había proclamado una república, pero hasta ahí llegaba el plan.

Las decisiones judiciales, en paralelo, se aceleraban. La Mesa del Parlament y el Govern en pleno fueron llamados a declarar ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente. El ejecutivo debía hacerlo esa misma semana, jueves o viernes sin prácticamente tiempo de preparar su testimonio. Todos los que acudieron a la cita con la jueza de la Audiencia Nacional fueron ingresados en prisión. A la semana siguiente le tocó el turno a la Mesa del Parlament. Carme Forcadell fue enviada a prisión eludible con fianza y sus compañeros solo tuvieron que hacer frente a fianzas.

Carles Puigdemont no acudió a la cita con la justicia española, al igual que cuatro de sus consellers que decidieron permanecer junto a él en Bruselas (Comín, Serret, Ponsatí y Puig). Lo que vino después ya forma parte de una agenda judicial endiablada y que aún va a estarlo más en el futuro inmediato: orden de búsqueda y captura para Puigdemont, suspensión de dicha orden al cabo de unos días cuando la Audiencia Nacional trasladó al Tribunal Supremo toda la instrucción. Nuevos imputados, investigaciones paralelas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a través de su juzgado número 13 y un largo etcétera de decisiones que van a enturbiar el devenir político de Catalunya y de España en los próximos años.

En el plano político, los partidos soberanistas aceptaron el envite de Mariano Rajoy y dieron por buena la convocatoria de las elecciones. Aunque esa decisión legitimase el 155 desde el punto de vista práctico, lo que tocaba era «recuperar las instituciones» y «sacar a los presos de la cárcel». Lo que vino después es sabido: la unidad del soberanismo se resquebrajó, la campaña fue completamente anormal, puesto que uno de los candidatos participó por videoconferencia y otro no pudo hacerlo por estar ingresado en prisión, victoria de los independentistas de nuevo con mayoría absoluta, dificultades para formar gobierno ante el enroque de la justicia española para no permitir la investidura de Carles Puigdemont, que es quien ganó los comicios, negociaciones imposibles entre soberanistas y un mantenerse en el laberinto a la espera de que alguien enseñe cuál es la salida, porque parece improbable que los participantes sean capaces de encontrarla.

Lo que se adivina no es muy alentador, ciertamente. Y los tiempos que están por llegar van a situar al soberanismo, y también a España, ante nuevas pruebas de estrés derivadas tanto de las decisiones políticas que pueda tomar el Gobierno de Rajoy, como sobre todo de la agenda judicial que se irá concretando en los próximos meses y que acabará en una macrocausa contra el independentismo político e institucional que va a arruinar la vida y el patrimonio de buena parte de los encausados. «¡Como tiene que ser!», jaleará la España más agraviada, igual que jaleaban «A por ellos» cuando despedían a los policías y guardia civiles enviados como refuerzos para evitar el referéndum del 1-O.

En paralelo se adivina la intención del Gobierno español de tutelar la autonomía catalana más allá del período de aplicación del artículo 155. Por no añadir el ensañamiento con que el Tribunal Supremo ha manejado las medidas cautelares con los encausados y que ha merecido el pronunciamiento en contra de estas de Amnistía Internacional. El españolismo que niega España, porque la ve como jamás ha sido, observa las circunstancias actuales como una oportunidad para hacer realidad lo que el exministro de Educación de Mariano Rajoy, José Ignacio Wert, apuntó en 2012 sobre la necesidad de españolizar a los niños catalanes. Ahora, ya no se trata de los niños, que también, sino de toda Catalunya.

Hay que españolizar Catalunya y ahora, se piensa, es el momento. Comparten esa visión el Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs), una parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y prácticamente todo el elenco de medios de comunicación de ascendencia estatal, con algunas excepciones muy meritorias capaces de situarse al margen del pensamiento único. Lo que se impone es la creencia de que a los catalanes se les ha dejado ir demasiado lejos, como un niño al que se malcría, pero que nunca es tarde para una terapia de mano dura. La letra con sangre entra. Vamos a enderezarlos. Se acabó subcontratar la gestión de Catalunya a su gobierno legítimo. Vigilémosles de cerca.

¿Cuál es el paisaje? Imposible definirlo. Se intuyen algunos elementos ciertamente perturbadores. La competencia entre el PP y Cs por ser considerados los verdaderos salvadores de la patria, ante el silencio de un PSOE incapaz de vertebrar ningún discurso alternativo, puede llevar al Estado —está ya pasando— a actuar desde la lógica de la venganza y la humillación. Que se haya iniciado ya una carrera por prohibir los indultos para los delitos de los que están acusados los independentistas es claramente una señal en este sentido.

Por parte soberanista tampoco se están haciendo las cosas mejor. Demasiadas voces confunden todavía la contemporización o el cambio de estrategia con una humillación voluntaria, casi indigna. Es cierto que al soberanismo se le obliga a contar hasta diez en demasiadas ocasiones y que uno está tentado cada día de dar por perdida cualquier esperanza en otros caminos que no sean el del enfrentamiento directo. Pero hay que ser honesto y decir las cosas por su nombre: ¿Cuál es el coste de esta estrategia si se lleva hasta el final? Explíquese honestamente antes de proclamar que lo que hay que hacer es plantarse, desobedecer, echarse al monte y salga el sol por Antequera. El movimiento creció apuntalado sobre los argumentos de permanecer en la Unión Europea, la mejora de la situación económica y una inevitable negociación con España que, aunque esta no quisiese, acabaría produciéndose. Si lo que se propone es otra cosa hay que explicarlo. Y no sobre la marcha, sino claramente: «Oigan, como esto no va a ser negociado, vamos a paralizar el país de modo indefinido y nos importa un bledo que media Catalunya no esté de acuerdo. Asumimos el riesgo de conflicto entre catalanes como asumimos cualquier otro riesgo». Lo cierto es que todavía quedan escenas por rodar así que nada puede decirse de un modo definitivo sobre cómo va a quedar el paisaje. Los actores siguen en el plató. Es una temeridad haberse encerrado en la sala de montaje para seleccionar tomas y montar escenas. Y no solo porque los actores aún estén en plena actuación, sino también porque sobre lo que ya ha acontecido existen miles de tomas posibles a elegir que podrían cambiar el significado de las secuencias. Cada participante del proceso, soberanista o no, involucrado o no, situándose únicamente como observador o participando de los hechos, acabaría escogiendo sus tomas preferidas y construyendo su propia película de los hechos. Estas son solo las mías. Personales e intransferibles.

¿Por qué se ganó el proceso y se perdió la república?

En Catalunya algunas voces políticas siguen insistiendo en la existencia de una República que inició su singladura el 27 de octubre de 2017 con su proclamación (¿la hubo?) en el Parlament. Los arietes más decididos, y más sinceros, con este posicionamiento discursivo son los representantes de la CUP y también voces que participan del debate político provenientes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural. Por supuesto, también muchos ciudadanos de a pie. Desde Junts per Catalunya, PDeCAT y ERC se hacen viajes de ida y vuelta semántica y tan pronto se utilizan expresiones del tipo «ha pasado el tiempo de hacer la República, ahora se trata de estar en República», como otras que, claramente, indican que ni hay República ni se la espera, al menos de momento. Caso aparte es el de Carles Puigdemont.

Cuando se afirma —y este fue el leitmotiv tanto de Junts per Catalunya (en este caso como complemento de la idea motor de su oferta: restitución del Govern cesado por el 155) como de ERC en las elecciones del 21 de diciembre— que de lo que se trata es de recuperar las instituciones y acabar con la imposición del artículo 155 que las deja en manos del Gobierno central, lo que se quiere decir es que hay que recuperar la autonomía. Si se quiere ser descarnado en la descripción, puede decirse que lo que debía ser un paso de gigante en la construcción de un nuevo Estado ha acabado siendo un paso atrás que, de un modo u otro, ha situado al nacionalismo catalán en un estadio reivindicativo similar al de los años setenta «libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Desde esta perspectiva se habría hecho realidad el vaticinio del título con el que el democratacristiano Josep Antoni Duran i Lleida bautizó su libro dedicado al proceso: un pan como unas tortas (un pa com unes hòsties).

Si uno logra zafarse de todos los eufemismos que se utilizan para no reconocer abierta y explícitamente la inexistencia de una República que no lo ha sido tan siquiera en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), lo cierto es que es fácil para un soberanista caer en el desánimo y considerar que lo que ha sufrido es una derrota sin paliativos. Lo que iba a ganar, no solo no ha llegado sino que lo ha retrotraído a posiciones que consideraba superadas. Aquello que iba a ser un avance descomunal desde el punto de vista de la afirmación nacional de Catalunya, ha acabado siendo lo contrario. En lugar de ir hacia adelante, lo que se ha hecho es ir hacia atrás.

Siendo esto así, lo que debería seguir a continuación en el campo soberanista es una aceptación de la derrota que lleve aparejada también la asimilación de la imposibilidad de que sus planteamientos y sus ambiciones políticas puedan hacerse realidad algún día. Una invitación a la depresión colectiva del soberanismo, vaya. Y siguiendo la misma lógica, en el campo del adversario, ya que la felicidad siempre va por barrios, lo que debería vivirse es un ambiente de victoria, alegría y optimismo por haber conseguido, no solo, frenar, sino también eliminar al enemigo.

España convertida en una fiesta y la Catalunya independentista viviendo un funeral. ¿Seguro?

Ganadores y perdedores. Vencedores y vencidos. Ha habido un combate y uno de los púgiles ha quedado KO en la lona, el árbitro ha contado diez y alza el brazo del boxeador que ha quedado en pie para coronarlo con el título de campeón. Todos a casa que la fiesta se ha acabado.

Pero la realidad estropea siempre aquellos convencimientos surgidos de miradas perezosas que solo están capacitadas para diferenciar entre el blanco y negro y que jamás incorporan a sus análisis los matices que proporciona una amplia paleta de color. La realidad, si uno se empeña en intentar abrazarla en su complejidad, más allá del binarismo que todo lo falsea, nos dice que el proceso, al margen de lo que se ha derivado después de la fallida declaración de la República, ha dejado unos balances de ganancias y pérdidas muy equilibrado entre ambos adversarios. Nos dice que ambos han ganado y también que ambos han perdido. Nos dice asimismo que el conflicto no ha finalizado y que no es sostenible para ninguna de las partes en los términos actuales.

Nos dice, además, que todo va a depender de cómo se gestione el futuro más inmediato y que, puede que quien se atribuye en estos momentos la victoria con entusiasmo, no estuviese gestionando más que una derrota futura y que, en sentido contrario, quien ahora se siente claramente perdedor y humillado, puede que tenga en su mano mejores bazas de las que nunca ha tenido para jugarlas con más acierto en un futuro imposible de señalar en el calendario.

Catalunya ha perdido la República, pero ha ganado el proceso. ¿Qué queremos decir con ello?

Cuatro cosas, principalmente. La primera, Catalunya es ya definitivamente un sujeto político en el ámbito internacional. Esto es una novedad de primerísimo orden. Desde 2011 hasta el presente los resúmenes de prensa internacional han incrementado exponencialmente las informaciones sobre el proceso y sobre Catalunya. La agenda mediática internacional ha decidido, a través de sus grandes actores, que la política catalana y su impacto en la agenda española y europea merecen ser seguidos con atención y que este es un conflicto que ha de ser tratado como tal.

Quizá para una parte del independentismo de toda la vida sea difícil ponderar como merece la importancia de este hecho. Hay quien nació convencido de que en la escena internacional todo el mundo estaba al tanto de la realidad nacional catalana y que, en consecuencia, la mirada era la misma que se reservaba para, pongamos por caso, Escocia o el Quebec. Pero no era así, mal que a algunos les cueste entender. Siempre se ha hablado de Catalunya en el mundo. Pero por motivos que no eran precisamente políticos y que no cuestionaban ni su pertenencia a España ni su encaje territorial en el Estado. Se escribía de Catalunya porque su capital es Barcelona, porque en Barcelona está el Barça, porque un pintor ampurdanés pintaba hormigas y relojes derritiéndose, porque un arquitecto católico trufó el Eixample de edificios modernistas e inició la construcción de un templo expiatorio en pleno siglo xix a la manera de las grandes catedrales del Medievo. Quizá, si el reportaje tenía espacio y merecía ser etiquetado de profundo, podían llegarse a escribir artículos complementarios sobre los canelones de Sant Esteve, la tradición castellera y sardanística o la existencia de una lengua propia.

Pero eso era todo. Es a partir de 2011, y en particular de 2012, que el escenario empieza a cambiar hasta que, por la fuerza de los hechos, la tozudez de sus protagonistas y la desmesura del Estado con el uso de la violencia, puede hablarse sin ningún género de dudas de la consolidación de la agenda política catalana y de la aspiración independentista en la cobertura de los medios de comunicación de todo el mundo. ¿Poca cosa? Puede que a algunos les parezca poca cosa, efectivamente. Pero es un elemento de lo más relevante. La agenda mediática internacional cuesta de conquistar, pero, una vez asaltada, dibuja un imaginario que ya resulta imborrable por mucho tiempo.

Pero es que no son solo los medios. Cancillerías y centros de decisión financieros también tienen la carpeta catalana por primera vez en sus mesas de análisis. Los informes de evolución sobre el proceso son una constante. ¡Ojo! No estamos diciendo que en esos informes se escriban bondades sobre el independentismo y sobre la capacidad de seducción de sus líderes. No. Lo que decimos es que Catalunya existe como actor político en el mundo, que por vez primera merece una atención específica desde el ángulo político e institucional y que es identificada como una nación con un porcentaje muy significativo de su población que no soporta las condiciones de su encaje en el Estado español. Un conflicto que puede ser en un momento dado más vistoso y en otro más latente, pero conflicto, al fin y al cabo. Merece seguimiento y atención. Este es un primer triunfo del proceso. Puede discutirse, por supuesto. Igual que en Estados Unidos hay escuelas donde se discute que la tierra sea redonda y achatada por los polos.

El segundo triunfo tiene relación con la configuración política del catalanismo. Por vez primera la centralidad del catalanismo se sitúa explícitamente en la aspiración máxima de autogobierno, es decir, la existencia de un Estado propio. Es cierto que para llegar a esta situación se ha alterado todo el mapa político tradicional del catalanismo forjado en la transición.

Habrá quien vea en este hecho más una pérdida que una ganancia. CiU ha desaparecido, o bien del todo (Unió), o bien reconvertida en formaciones casi irreconocibles (PDeCAt, JxCat); también los socialistas se han dejado casi todas las plumas por el camino y han emergido nuevas fuerzas como Ciudadanos (Cs) que dibujan un mapa institucional absolutamente diferente al que había cuando se dio inicio al proceso. Así pues, es entendible que todo ello pueda ser percibido como una pérdida para muchos, especialmente para aquellos que añoran el ambiente político que reinó durante el conocido como «oasis» de la sociovergencia, el largo período de tiempo en el que convergentes y socialistas se repartían el pastel institucional catalán sin hacerse más daño del necesario.

Pero visto desde una óptica independentista, lo cierto es que jamás los partidarios de un Estado propio para Catalunya hubiesen ni siquiera soñado que el centro político en esta comunidad autónoma acabaría normalizando la aspiración independentista como algo posible y deseable. Es decir, el proceso ha permitido que no solo los frikis y las minorías más románticas y, por tanto, menos pragmáticas desde el punto de vista político, interioricen con naturalidad el objetivo de alcanzar la construcción de una república efectiva para gobernar la nación catalana. Habrá también quien considerará este un activo pírrico. Pues bien, lo cierto es que es una de las victorias más importantes del proceso porque es lo que ha permitido al independentismo institucionalizarse y naturalizarse. Ser independentista en Catalunya ya no es ser friki, marginal, irreductible o queridamente minoritario. Hoy, ser independentista en Catalunya es formar parte de un gran proyecto transversal, intergeneracional e interclasista. Una opción normal, vaya. ¿No es esta una victoria de primer orden?

En tercer lugar, ha mutado el modo en el que el catalanismo se relacionaba institucionalmente con el Estado. La legalidad es la que es, cierto. El poder y la fuerza de coacción que de ella emana está en manos del Estado, por supuesto. Pero el proceso ha permitido que los nacionalistas catalanes hayan interiorizado un escenario de bilateralidad respecto al Estado que puede que aún tarde en concretarse, pero que es mentalmente irreversible. Subyace, claramente en esta afirmación el convencimiento y la asimilación por parte de las fuerzas políticas soberanistas de un principio de legitimidad diferente al de las autoridades españolas. Dicho de otro modo, puede que pasen por el aro, pero siendo conscientes que lo hacen y dispuestas, primero, a tomar nota y, segundo, a aprovechar cualquier escenario favorable para continuar con el intercambio de golpes. Si se quiere, aunque sea fácil malinterpretar el ejemplo, los antifranquistas tuvieron que conformarse con laminar el Régimen a la espera de una ventana de oportunidad favorable porque no tenían fuerza ni capacidad para hacerlo de otro modo. El proceso le ha quitado la legitimidad al Estado ante la mitad de la población catalana. A este debería preocuparle que, tarde o temprano, las ventanas de oportunidad acaban por abrirse aunque resistan a los primeros envites. Repetimos: nunca y siempre son las palabras más traidoras del diccionario.

Cuarto, por primera vez los españoles han sido conscientes de que el Estado puede romperse y que el Estado bajo el que viven no es una unidad de destino en lo universal sino una construcción política amenazada por fuertes tensiones que pueden desembocar en su desmembramiento. Por primera vez en el Congreso de los Diputados una fuerza política, Podemos, comulga con la necesidad de un referéndum acordado que permita a los catalanes expresar su opinión sobre su futuro político. Cierto que los poderes del Estado siguen instalados en el dontancredismo declarativo de que aquello que no puede ser, no puede ser y, además es imposible. Pero la procesión va por dentro, y lo cierto es que el proceso ha quitado y quita el sueño a más de uno y ha hecho evidente lo que todo el mundo debiera saber: no hay edificios institucionales inmunes al paso del tiempo y a la evolución de la sociedad que los erigió. Catalunya y su proceso han llegado para quedarse y la agenda política española va a tener que aprender a convivir con ello y, más pronto que tarde, naturalizar como interlocutor al independentismo para también, algún día, llegar a acuerdos con él.

Estos cuatro elementos, sumados, componen el catálogo de victorias más relevantes del proceso y van a tener impacto en el medio y largo plazo. Son bazas ganadoras, siempre que el soberanismo sepa soltar el lastre de todo aquello que lo fuerza a consumirse en esfuerzos tan agotadores y baldíos como vistosos y efectistas.

¿Cuál es ese lastre? En primer lugar, la competencia entre partidos que pelean por ganar la hegemonía del espacio central del soberanismo y luchan a cara de perro, aunque sea por debajo de la mesa, por un mismo electorado.

A nadie escapa que la pelea en el mercado de los votos independentistas ha desempeñado un papel acelerador en el proceso pero que, al mismo tiempo, lo ha llevado a un callejón sin salida que obliga a su rectificación. La CUP ha tenido su papel, como guardián de las esencias, pero todo el mundo es consciente de que la verdadera batalla a muerte se ha librado, a pesar incluso de ir juntos a las elecciones en 2015 bajo la fórmula de Junts pel Sí, en el antiguo espacio político que ocupaba Convergència y que ERC quería arrebatarle.

Esto ha podido verse durante todas las fases vividas del proceso hasta ahora y no parece que vaya a cambiar. Esta y no otra es la gran debilidad del independentismo. El balance de esta competencia es negativo. En primera instancia puede parecer que el hecho de que nadie de estas dos fuerzas políticas quiera quedarse con el sambenito de ser el «tibio» del independentismo ha provocado que, de un modo u otro, se salvasen, todos los escollos que el proceso tenía que ir sorteando a medida que avanzaba. Siempre adelante porque nadie quería quedarse con la etiqueta del traidor. Que nadie frene y que todos aceleren. «Que sea el otro el que se baje del carro» como divisa de actuación política cada vez que la situación aconsejaba ajustar la acción a un tempo más pausado y a mayores criterios de realismo.

Se vio cuando Carles Puigdemont estuvo a punto de convocar elecciones para evitar la entrada en vigor del artículo 155. Ahí estaban Marta Rovira para exhibir en las redes su pureza republicana o Gabriel Rufián llamando judas al president de la Generalitat, o Oriol Junqueras convocando de urgencia el comité ejecutivo de ERC para anunciar que abandonarían el Govern de manera inmediata si se firmaba ese decreto de convocatoria.

Claro que ERC quería que se convocasen elecciones. ¿Alguien lo duda todavía? Pero quería aparecer ante la opinión pública independentista como un actor inmaculado y que todo el coste de la decepción fuese incluido en una factura que solo debía pagar Puigdemont y por extensión el PDeCAT. Se vio también en 2014, cuando ERC intentó en primera instancia convertir el proceso participativo de Artur Mas en un acto de lesa traición. Ahí está la cumbre de Pedralbes como recordatorio, ahí están las primeras reacciones de los republicanos al anuncio de cómo iba a reconducir Mas el referéndum en una macroencuesta sin efectos jurídicos. Y se ha visto más recientemente, pero con los papeles cambiados, cuando los republicanos se han decidido a actuar más realísticamente y han recibido su misma medicina desde los entornos de Puigdemont y de Junts per Catalunya, cuando se les afea su estrategia por considerarla poco comprometida con la construcción de esa República que solo algunos aciertan a ver.

El independentismo asentado en la realidad y no en la construcción de castillos en el aire no podrá aflorar y manejarse con acierto mientras ambas formaciones se empeñen en competir en términos de «pureza». Mientras sigan actuando así estarán siempre ante la amenaza de despeñarse por culpa de una competencia extrema, el chicken game que, a pesar de ser muy emocionante en su recorrido, no sirve más que para acabar, en el mejor de los casos, en el hospital. El peor escenario para el Madrid político sería una reconversión del mapa político soberanista que condujese a la creación de un equivalente al Scotish National Party. Todo el independentismo sistémico (es decir, dejando a un lado a la extrema izquierda, y a la extrema derecha si algún día la hubiere en el campo nacionalista) bajo unas mismas siglas. Ello evitaría la lucha fratricida que desgasta y obliga siempre a escoger el camino más vehemente pero también el menos práctico y rentable desde el punto de vista estratégico. No va a ser posible.

El soberanismo debe revisar también el grado de confianza que tiene en sus convicciones. Muchos analistas-activistas han forzado los tiempos del proceso porque, en el fondo, siendo ellos independentistas desde que nacieron o advenedizos, consideran una excepcionalidad fruto de una coyuntura irrepetible que el número de ciudadanos que ahora militan en esta opción política equivalga casi al 50 por ciento de la sociedad catalana.

Resulta chocante la incredulidad que demuestran respecto a la fortaleza de las convicciones independentistas de sus paisanos. Es como si el independentismo más acelerado compartiese la teoría del «souflé» del Madrid político. La crisis económica, la agenda recentralizadora del PP, la corrupción, todo ello serviría para explicar la canalización de una voluntad de cambio ciudadana hacia las posiciones independentistas. Y claro, todo ello es coyuntural. Porque, la crisis económica amaina, el PP algún día dejará de gobernar y la corrupción tarde o temprano se juzgará. Y, muerto el perro, según esta lógica, se acabó la rabia, y el independentismo habrá perdido la oportunidad coyuntural que se le presentaba.

Esta mirada explica el «ahora o nunca» y el «tenemos prisa» que tanto han asfixiado los plazos con los que se ha manejado el proceso y explican la riada de jornadas históricas que de manera agónica se ha empeñado en vivir el independentismo catalán en los años precedentes. Si una ambición política no pervive en el tiempo es que no era tal ambición, así que haría bien el independentismo en creer que los independentistas, incluso los de nuevo cuño, lo son de verdad y no meramente de un modo coyuntural. Y si no lo son, o no lo son lo suficientemente, pues qué se le va a hacer.

Otro elemento que el soberanismo debe reevaluar es la excesiva externalización del proceso de toma de decisiones políticas de calado. Por supuesto que el empuje de la Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural ha sido un combustible imprescindible para la consolidación del proceso, y el despliegue del activismo social ha ayudado a naturalizar la ambición y exigencia independentista por todo el territorio catalán. Pero ha habido momentos en los que el necesario equilibrio entre quien empuja desde fuera y quien finalmente debe tomar las decisiones se ha roto en favor de los que no asumen ninguna responsabilidad.

Las instituciones las dirigen los gobernantes, no los líderes civiles y tampoco los consultores. El independentismo político e institucional debe también aprender a manejar con menos miedo las amenazas implícitas o explícitas de las entidades civiles siempre dispuestas a un marcaje casi asfixiante de las decisiones políticas. El proceso ha vivido, en algunos momentos, una dinámica de externalización excesiva de la toma de decisiones políticas y una connivencia excesiva con las entidades civiles.

Por supuesto que es lícito que influyan, por supuesto que su papel ha sido fundamental para mantener lleno el tanque de combustible del proceso. Pero también es cierto que, comportándose a veces como depositarios de la ortodoxia de la fe, y aprovechándose de la competencia permanente entre los partidos políticos soberanistas, han elevado su influencia a niveles excesivos hasta conseguir quebrantar el principio de responsabilidad del gobernante, que lo es de todos y no solo de los independentistas.

También debe asumirse que la Generalitat, y en particular la Administración catalana, es Estado y que, llevada al extremo, como tal se comporta. La Generalitat es la Bastilla, por decirlo al modo revolucionario francés. La fantasía de la creación de estructuras de Estado no resiste el análisis de quien conozca mínimamente el funcionamiento de una administración que, como todas, funciona bajo el yugo de la legalidad.

Es cierto que el Govern es un actor político y que tiene legitimidad para amarar su discurso de intencionalidad política (si es independentista, debe comportarse como tal en sus posicionamientos políticos) pero no lo es menos que jamás encontrará la complicidad necesaria entre los funcionarios para quebrantar abiertamente la ley en vigor. Es más, está bien que así sea.

Cuando en vísperas del referéndum convocado por Carles Puigdemont se organizaban actos en todos los municipios de Catalunya para explicar que todo estaba a punto para la desconexión se mentía abiertamente, en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque normalmente quien ora en público prefiere ser tildado de creativo en el manejo de la verdad que de ignorante. Porque solo había esas dos opciones. Embustero o ignorante. Cualquier persona con responsabilidad suficiente para actuar como orador en uno de esos muchos actos que se convocaron, fuera diputado o simplemente activista, debe saber cuáles son las posibilidades reales de la Administración catalana ante ese reto que se denominó «creación de estructuras de estado». El ejemplo más claro en este sentido, aunque fue muchos meses antes del referéndum, fue el que protagonizó el senador dimisionario de ERC, el exjuez, Santi Vidal, que fabuló hasta lo indecible ante un auditorio que, escuchándole, podía convencerse de que de un día para otro Catalunya se acostaría monárquica y despertaría republicana.

En el futuro, el independentismo debe ser honesto consigo mismo y saber que no tiene ninguna posibilidad de torcer el brazo de nadie desde la propia Administración catalana. Son los partidos políticos los que deben capitanear y liderar el reto soberanista. Cualquier atajo por la vía administrativista, hacer ver que se construye un Estado desde el Estado que también es la Generalitat, es un camino sin salida condenado al fracaso.

Añadimos un elemento más que debe interiorizar el soberanismo. De hecho, el más importante. No tiene ninguna legitimidad democrática para iniciarse por la pendiente del unilateralismo, puesto que esta opción no ha superado el 50 por ciento de los votos en ninguna de las elecciones en las que se han podido contar votos de manera efectiva y con plenas garantías. Pueden hacerse todas las lecturas que se deseen. Pero esto es sencillamente así.

Cierto que no ha habido un referéndum como tal, cierto que entre los entornos neocomunistas hay también independentistas que quizá votarían favorablemente a la independencia en una consulta formal y pactada. Puede. Pero también es cierto que hay votantes independentistas que votarían que no quieren irse de España si algún día son llamados a pronunciarse de verdad y con efectos políticos inmediatos sobre tal cuestión. Como dice la canción de Manel, las vidas que no hemos vivido, simplemente no existen. Así que estas hipótesis no merecen ni tan siquiera consideración.

Los hechos son los hechos. Y ni en 2015, en unas elecciones que todo el mundo entendió que eran plebiscitarias, ni en 2017, en los anómalos comicios convocados directamente por Mariano Rajoy al amparo del artículo 155, el independentismo ha conseguido alcanzar esa mayoría indiscutible que supone meter en el saco de tu proyecto político a la mitad más uno de la población que acude a votar. Pero es que, siendo esto importante, hay otro elemento que resulta todavía más significativo. Sencillamente no puede pasarse por encima de los catalanes que no comparten el objetivo independentista. No puede construirse nada sin que sea aceptado también por la otra parte. Y solo un referéndum en condiciones cumple este objetivo. La unilateralidad en absoluto. Es inadmisible que esto se olvide tan a la ligera. ¿Y mientras tanto? Paciencia. No hay otra. Porque este elemento, aunque a veces se menosprecie, no tiene que ver, tan solo entre Catalunya y el Estado. Es también entre catalanes. ¿Y qué hacer cuando no tiene otra salida? ¿Callar? ¿Conformarse? No. Simplemente, aunque no sea fácil, asimilar que el mayor esfuerzo siempre recae en quien quiere revertir el statu quo y que todo proyecto político, mínimamente ambicioso, exige tiempo y paciencia. Si de lo que se trata es de crear un Estado, sin sangre, sin violencia, sin romper la sociedad que deberá convivir dentro de ese Estado, mucho tiempo y mucha paciencia.

Por supuesto que el independentismo está legitimado para mantener como primer objetivo político la independencia, para gobernar, para amarar su programa y su acción de gobierno de acuerdo a sus objetivos; pero no lo está para situarse en un escenario de unilateralidad.

Otra consideración más. En Catalunya ha calado el discurso de convertir la Transición y todo el período democrático que abarca desde 1978 hasta el presente en una gran mentira y una estafa. El discurso mayoritario convierte la Transición y la democracia en un pacto entre franquistas, una componenda entre élites para seguir exprimiendo las ubres del Estado y monopolizar las prebendas del poder. Todo ha sido una gran mentira y los catalanes, secuestrados también por sus élites, participaron de esta gran componenda que se materializó en las políticas del «peix al cove», protagonizadas por los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol y que tuvieron continuidad con Pasqual Maragall y José Montilla.

Esta lectura conlleva un posicionamiento radicalmente contrario al posibilismo. Todo o nada. Ahora o nunca. No más componendas. Nada de estaciones intermedias. Muera la «puta y la Ramoneta» (expresión catalana referida al manejo ambiguo de las situaciones complicadas). La meta es el objetivo, el camino un estorbo. Es ya, ahora mismo. La historia reciente demuestra que todo está podrido, así que el proceso de sanación debe ser radical, total, absoluto.

No más engaños, no más dilaciones, marxem (vámonos). Y nos vamos ahora, seamos los que seamos. Este argumentario es ganador, porque es emotivo y, manejado en medio de la peor crisis económica desde la década de 1970, una agenda de corrupción que pesa como una losa y una actitud inmovilista, reaccionaria y represiva del Estado a la hora de manejar políticamente el desafío del independentismo, se antoja casi irrebatible. Efectivamente, es fácil dejarse vencer por el argumento de que todo, sin excepción, ha sido el resultado de una gran ficción democrática que, en realidad, escondía desde los inicios de la Transición una gran confabulación de las élites, para utilizar la misma terminología que Jordi Amat en su reciente publicación sobre el proceso catalán que titula La confabulación de los irresponsables.

Esta es una mirada que no acierta a ver la realidad en toda su complejidad. Es cierto, y cada vez resulta más evidente, que el régimen nacido con la Transición está agotado. Es cierto también que las reglas de convivencia de las que se dotaron los españoles no sirven para contentar a todos en el presente. Es verdad que los últimos episodios políticos que ha vivido España en los tiempos más recientes aconsejan reformas estructurales de los poderes del Estado. Es cierto que la agenda recentralizadora ha convertido a las comunidades autónomas en gestorías de servicios públicos sin capacidad política real. Podemos añadir un largo etcétera de cosas que serían igualmente ciertas y que indican el agotamiento de un modelo. Pero juzgar el pasado desde el presente, a la vista de las circunstancias actuales, es llana y sencillamente un ejercicio tramposo.

Negar el valor de medir con realismo las propias fuerzas, negar el valor de la negociación, de los pequeños avances, de la consolidación de posiciones, del aprovechamiento de las ventanas de oportunidad, de jugar un partido combinando fases de presión elevada con otras de mayor contemporización, es negarse a la política. Por ello el independentismo, si realmente quiere que sus objetivos tengan una posibilidad real de ser alcanzados, deberá por fuerza atreverse a jugar con las reglas de la política real, incluyendo la definición de un catálogo propio de estaciones intermedias. De igual modo que hubo una estrategia de negociación del autonomismo, debe haber una estrategia de negociación del independentismo. Y no me refiero al socorrido discurso de «estamos abiertos a la negociación de la fecha, pregunta y condiciones del referéndum». Más bien, consideramos que el independentismo debe ser consciente de que el suyo es un proyecto a largo plazo, que puede ser alcanzable, puede que no, pero que mientras transita hacia su plena consecución deberá trabajar una agenda de negociación en otros planos que, bien jugados, puede y debe aprovechar para ir consolidando nuevas posiciones.

Naturalmente esto es del todo imposible mientras la estrategia de choque se lleve a cabo desde las instituciones y no desde los partidos políticos. El soberanismo debe saber esperar ventanas de oportunidad, propiciarlas y aprovecharlas. Y asimilar que los grandes eslóganes de «todo o nada» son especialmente efectivos en los mítines pero son esposas que limitan el movimiento en el día a día. Todo o nada es, la mayoría de las veces, nada; especialmente cuando no estás dispuesto a pagar según qué costes de transición y oportunidad.

Por último, el independentismo debe hacerse adulto políticamente. Entender que su proyecto político es una lucha por el poder, por el reparto del poder. El romanticismo es necesario en todas las facetas de la vida individual y también la colectiva; pero usar únicamente este ingrediente conduce de manera recurrente a estamparse contra la pared una y otra vez. En las últimas fases del proceso, la emotividad se ha impuesto claramente a la razón. Aunque fuera una emotividad disfrazada de argumentos.

Si no tienes alas, no puedes volar. No es cierto que la democracia siempre gane, no es cierto que querer es poder, no es cierto que lo que uno considera justo forzosamente acabe por imponerse. El mundo de la política no es el mundo binario del bien y el mal, la justicia y la injusticia, lo bueno y lo malo. La política es muchas cosas, pero principalmente es una batalla sin cuartel por el poder. Quien no lo tiene, por adquirirlo; quien lo ostenta, por mantenerlo. No es cierto que un Estado no pueda actuar con fuerza en el siglo xxi, no es verdad que la Unión Europea no está en condiciones de admitir según qué comportamientos por parte de uno de sus estados miembros. No es verdad que el poder soberano del pueblo se imponga siempre a los otros tipos de poder. Las cartas se juegan aceptando estas leyes universales de la política. No es justicia de lo que hablamos. Hablamos de poder, sus reglas son las que son. Aspirar a cambiarlas es muy positivo, desconocerlas es temerario. Sobre todo si uno se dedica a la política.

Por ello es aconsejable que el soberanismo, si quiere sacar provecho de los triunfos con los que ha sido premiado durante el proceso, se despoje de algunas capas de romanticismo y abrace algunos preceptos de la política real. En particular, aprender a medir sus fuerzas y a no menospreciar las de su adversario. No puede derivarse ninguna estrategia acertada de quien a la vez que se sobrevalora a sí mismo minusvalora a su adversario. De este modo quizá pueda rentabilizar lo que ha ganado (el proceso) y avanzar en la consecución de aquello que ha perdido (la república), aunque bien es cierto que no puede perderse aquello que no se ha tenido todavía.

España ante el espejo catalán

El Estado puede caer en la tentación, y lo hará, de sentirse vencedor. No solo eso, sino que puede recrearse en la suerte tratando de humillar a su adversario. A fin de cuentas, y una vez tomó consciencia de la seriedad del desafío independentista a partir del proceso participativo del 9-N que convocó Artur Mas, e incluso antes, ha utilizado todos los mecanismos a su alcance para frenar al independentismo y ha conseguido llevarlo al rincón del ring para vapulearlo sin compasión con golpes que figuran en el reglamento, pero también con golpes bajos que merecerían una sanción ante un árbitro neutral. Ya se sabe, la razón de Estado.

¿Es esto una victoria? ¿Seguro? Quizá quienes por responsabilidad y convicción defienden la unidad territorial del Estado debieran interrogarse sobre si el camino adoptado durante los últimos años les ha proporcionado algo que merezca ser tildado de victoria o tan solo les ha garantizado un mantenimiento de un statu quo con apariencia de inmutabilidad a cambio de unos costes elevadísimos que no pueden mantenerse de por vida y que, por supuesto, no garantizan nada porque siempre y nunca, como venimos diciendo, son las dos palabras más traicioneras del diccionario.

El Estado, y especialmente los grandes partidos políticos que operan en toda España, deberían empezar por admitir la debilidad que entraña su fortaleza. Es fácil de entender que nadie abandone voluntariamente una posición de dominio pero sí es plausible que actualice el balance de activos y pasivos que le proporciona mantenerse aferrado a un escenario de inmovilismo. Actualizando ese listado pudiera llegar a la conclusión de que los costes del inmovilismo pueden acabar siendo excesivos y que la mejor manera de defenderse es atreverse a mover ficha. A sus ojos perder algo para no perderlo todo. Desde una visión menos dogmática de la realidad, adoptar su forma a la sociedad a la que pretende servir. Aunque los estados, y esta es una nota personal a pie de página, a quien sirven principalmente, y siempre primero, es a sí mismos.

Que Felipe VI deba dedicar una parte de su discurso en la cumbre económica de Davos (Suiza) a defender la Constitución española no es fortaleza, es debilidad. Que Mariano Rajoy no pueda visitar un solo país o recibir a un mandatario extranjero sin tener que dedicar parte de la agenda a solventar dudas sobre el proceso catalán no es fortaleza, es debilidad. Que más de dos millones de catalanes sientan que su relación con España es puramente administrativa no es una fortaleza, es una debilidad. Que desde el Ministerio del Interior se dediquen recursos públicos a organizar conspiraciones como la «Operación Catalunya» no es fortaleza, es debilidad. Que se despida a policías y guardia civiles desde diferentes puntos de España al grito de «a por ellos», cuando se les encomienda abortar un referéndum ya anulado por el Tribunal Constitucional no es fortaleza, es debilidad.

Que esos mismos policías y guardia civiles reciban órdenes del Ministerio del Interior, con el aval de la Vicepresidencia y el visto bueno de la Presidencia del Gobierno, para cargar violentamente contra ciudadanos catalanes que ejercitan una resistencia pasiva en los puntos de votación no es fortaleza, es debilidad. Que se violenten las costuras del estado de derecho, para construir causas de rebelión con el argumento de una violencia inexistente no es fortaleza, es debilidad. Que se siga azuzando abiertamente la llama del anticatalanismo como argumento electoral para recuperar el poder, como hace abiertamente el Partido Popular cuando se sitúa en la oposición, no es fortaleza, es debilidad.

Que el jefe del Estado se comporte en pleno siglo xxi como un actor de parte en un conflicto que afecta a ciudadanos iguales de su reino no es mediación, es imposición; y no es una fortaleza, es debilidad. Menospreciar a más de dos millones de personas, el 47 por ciento de los votantes catalanes, tachándolos de iluminados, manipulados, ignorantes, supremacistas sin hacer ningún esfuerzo por entender sus motivaciones y canalizarlas políticamente, no es fortaleza, es debilidad.

Que el sistema mediático español tenga que salir a realizar una operación de salvamento nacional a cuenta de pasarse por el forro los conceptos básicos de su código deontológico profesional no es fortaleza, es debilidad. Que ese mismo conjunto de medios de comunicación reciba la felicitación del presidente del Gobierno por ayudar a mantener la unidad de España, no es fortaleza, es debilidad. Que el sistema político español entre en estado de shock y deba repetir elecciones porque es incapaz de situar el asunto catalán entre las cosas urgentes de las que ocuparse y preocuparse no es fortaleza, es debilidad.

Uno puede sonreírse ante estas afirmaciones. A fin de cuentas, la fortaleza la da el martillo y este se halla en manos del Estado. Visto de esta perspectiva, efectivamente es así y hemos escrito antes que la política no se rige por criterios de justicia, sino de lucha sin cuartel por el poder.

Pero alguien debería preguntarse por los costes que ha tenido para la España del siglo xxi actuar de esta manera. Y ese mismo alguien debería ser consciente de que esos costes seguirán incrementándose si, como apuntábamos en páginas anteriores, el independentismo consigue afianzar sus triunfos y descartarse de todo aquello que le ha llevado al precipicio por la mala gestión de los tiempos y la definición equivocada de elementos muy sustantivos de su estrategia.

El Estado debe tener claro, por ejemplo, que aun coincidiendo en el hecho de que el día 1 de octubre de 2017 en Catalunya no hubo un referéndum que pueda ser calificado como tal, en todos los términos de homologación que exige un acto de estas características, la victoria política fue para el soberanismo y que las imágenes que dieron la vuelta al mundo supusieron una derrota con todas las letras para su manera de afrontar el problema. Ahí están las declaraciones de los dirigentes europeos que, de igual modo que desaprobaron después la unilateralidad, censuraron previamente la violencia y apelaron a la negociación que permita una salida favorable para todas las partes en conflicto.

Puede que los porrazos den satisfacción a muchos ciudadanos españoles que, de buena fe o sin ella (lo de buena fe o sin ella vale también para el independentismo), exigían un escarmiento para los que en su terminología son secesionistas y enemigos de la democracia. Pero el Estado perdió. Y lo hizo porque no ha sabido ni sabe entender que su estrategia de judicialización y represión no es válida cuando lo que se le plantea viene avalado por más de dos millones de personas pacíficas y con voluntad de persistir. Catalunya no es el País Vasco. La estrategia de construir un relato de violencia, de «cataborroka» no puede sustentarse. La tentación de tratar el independentismo pacífico catalán con la misma medicina que se trató el terrorismo etarra es un sin sentido.

Quizá el enfoque más realista sería el que se situase sobre la evidencia de que en estos momentos no hay ganadores porque todos van perdiendo al haber sobrevalorado sus puntos fuertes y menospreciado a los del adversario. España no es una dictadura como se afirma a coro desde el independentismo, pero tampoco puede vanagloriarse del nivel de saneamiento que en estos momentos reporta su funcionamiento democrático.

El independentismo no es cosa de locos, chamanes y manipuladores como irresponsablemente se afirma desde los poderes del Estado día sí y día también; añadiendo si cabe, cuando así estima oportuno, que además comparten el lenguaje de ETA y sus mismos objetivos.

España no es un estado en descomposición al que puede asestarse una estocada mortal con solo proponérselo como pregona el independentismo cuando compara su escenario con el de las repúblicas bálticas que ganaron su independencia ante un castillo soviético que se desmoronaba. Pero el Estado debe entender también que el independentismo no es una excusa para escapar de la crisis, una cortina de humo de una burguesía catalana empeñada en salvaguardar no se sabe bien qué privilegios o un invento de TV3 como atestiguan los que nunca han querido conocer de cerca la realidad catalana pero se comportan como si tuviesen un doctorado sobre el sentir y pensar de los catalanes.

España no es un país atrasado poblado por ciudadanos poco convencidos de la supremacía de los valores democráticos como a veces se desprende del discurso independentista. Y, por supuesto, el nacionalismo catalán no es ni supremacista, ni etnicista, ni nazista, ni ninguno de los «istas» que con tanta maldad se le atribuyen desde el campo adversario.

Sin un ejercicio de alteridad que permita, si no entender, sí conocer al otro, nadie va a ganar porque todo el mundo va a seguir perdiendo, incluso los que crean que van ganando. Cada cual tiene derecho a tener su mirada sobre este asunto y a repartir diferentes grados de culpabilidad sobre la incapacidad de ponerse en la piel del otro.

En mi opinión, el Estado va claramente por detrás del independentismo en el esfuerzo por conocer qué pasa en el otro lado. Aunque hay que apuntar que este mayor grado de conocimiento de la naturaleza del Estado por parte del independentismo no le ha servido de mucho en algunas fases del proceso, especialmente las últimas que se han vivido.

España debe entender también que poner toda la carne en el asador, aun a riesgo de descoserse democráticamente poniendo en peligro la credibilidad sin la cual algunos poderes del Estado no pueden funcionar correctamente, para hacer frente al soberanismo la debilita enormemente. Una parte de la España política debe abandonar la tentación del anticatalanismo que tanto cultiva y atreverse, primero, a reconocerse como lo que es y olvidarse de intentar aspirar a ser lo que jamás ha sido. La plurinacionalidad de España es un hecho y exige el respeto a sus partes; respeto que incluye que esas partes puedan decidir sobre su futuro.

¿Es esta una propuesta para lo que ha venido en llamarse tercera vía? ¿Ni tú ni yo, sino los dos? Creo francamente que no. La tercera vía parte de dos convicciones, una que afecta al soberanismo y la otra al Estado. Respecto al soberanismo, entiende que la independencia no aporta ventajas suficientes para ser tomada en serio como un objetivo político deseable. Y, en referencia a España, considera que es posible que se reforme de manera sustantiva para abrazar, si no con entusiasmo, sí con cierta naturalidad, una cultura federal o confederal. Ni unos ni otros están en esta posición en este momento.

Desde mi punto de vista, la tercera vía puede ser un punto de llegada, pero ese punto no puede ser fijado desde el presente porque no es posible este planteamiento ni para los que aspiran a mantener el statu quo ni para los que quieren romper definitivamente la baraja. La tercera vía puede ser una estación de destino inesperado al que se llega sin proponérselo.

Que el final de la partida, si es que algún día se acaba, suponga la independencia de Catalunya, el mantenimiento de la España autonómica tal y como hoy la conocemos, una mayor centralización o una reforma federal efectiva dependerá de cómo cada uno de los actores juegue sus cartas, sus triunfos, sus debilidades y, por supuesto, de la capacidad de aquellos que, liderando sus posiciones, muestren mayor destreza que sus adversarios en el cada vez más difícil oficio de la política.

Lo relevante para acabar. No hay todavía vencedores y vencidos porque a diferencia de lo que muchos insisten en creer, lo único cierto que puede decirse del proceso es: no se vayan todavía, aún hay más.