foca investigación

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© Francesc Arabí, 2019

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ISBN: 978-84-16842-42-1

Francesc Arabí

Ciudadano Zaplana

La construcción de un régimen corrupto

Este no sólo es un libro sobre el empresario de la política Eduardo Zaplana. Es una crónica personal, irónica y descarnada sobre la construcción de una hegemonía política que derivó en un régimen que devastó la Comunitat Valenciana y sirvió de modelo para la España de la corrupción. Un sistema con raíces podridas y asentado sobre la anulación de la disidencia por inanición o compra con chequera pública. Esta es la historia de la religión zaplanista y sus principales apóstoles, una incursión periodística en los círculos de poder con los que el liberal más intervencionista de la historia sindicó acciones.

Estas páginas representan un ejercicio de memoria histórica frente a la amnesia colectiva y contra quienes coloreaban el presente y blanqueaban el pasado. En una época de dimisiones de políticos, juristas, técnicos, periodistas y ciudadanos, este Ciudadano Kane ató en corto un ecosistema mediático moldeado para macerar el discurso dominante. Estamos ante un manual de zaplanología (Julio Iglesias, paraísos fiscales, sobrecostes, autoestima euforizante, clientelismo, impunidad…), una inmersión en el universo de un precursor de la corrupción que soñó con vivir en la Moncloa y finalmente traspasó su capital político a Ciudadanos.

«Un trabajo periodístico con el detalle que sólo pueden aportar años de investigación y mucha independencia profesional. Arabí cuenta con desoladora precisión cómo se esquilma una tierra. Muchos otros periodistas callaron.» (Javier Ruiz, periodista)

«Francesc Arabí es el periodista que mejor conoce las tramas de corrupción en el ámbito valenciano. Su incisivo análisis sobre la trayectoria de Eduardo Zaplana, escrito con ritmo trepidante, provoca inquietantes reflexiones sobre las bambalinas del poder, la degradación de las instituciones y las amistades peligrosas en la esfera política. Un libro de lectura inexcusable para buscar conclusiones sobre las reglas que deberían regir el espacio público.» (Joaquim Bosch, magistrado).

Francesc Arabí (Gata, 1970) es periodista. Es redactor de política de Levante-EMV, donde, además de la cobertura de la información de los partidos e instituciones, se especializó en investigar la corrupción en casos como el IVEX-Julio Iglesias, Fabra, Blasco, Gürtel, Castellano o Taula, entre otros. Antes pasó por las secciones de Economía, Cultura y Comunitat Valenciana. Ha participado en programas televisivos de actualidad y ahora colabora en la cadena autonómica À Punt.

Desde 2011 también ejerce como profesor asociado de Periodismo en la Universitat de València. Ha coordinado y participado como ponente en varios talleres y congresos universitarios sobre periodismo de investigación y corrupción.

A la memoria de mi madre y de mi padre, por tantos sacrificios y por regalarme su ejemplo como libro de instrucciones.

A Patri, por haber bailado con la muerte sin pisar ninguna flor y sembrando tantas primaveras.

ANOCHECE EN PICASSENT

La ocasión justifica el esfuerzo de iluminación y decorado. Han colgado la luna allá arriba para darle al escenario un toque de luz intimista para que la visita tenga la pulsión de estar en casa, la sensación de comodidad del explorador que de repente descubre su lugar natural en el mundo. Es la una y veinte. La noche lleva varias horas merodeando por el cercado de hormigón y alambre. Las sombras se retiraron sobre las nueve y cuarto. Todas. La de Eduardo Zaplana también. Las sombras siempre se retiran cuando el día se funde a negro. Pero nunca dimiten. Son leales como los perros, jamás abandonan a su amo. Se van y vuelven. Macabramente leales. El ex presidente de la Generalitat ha llegado a la cárcel de Picassent 65 horas después de ser detenido cuando salía de su casa de Valencia, en una vía con solera, en la calle de Pascual y Genís, un progresista decimonónico que fue político, abogado y periodista, justo los territorios por los que Zaplana siempre navegó con pasaporte diplomático e impunidad mercantilista.

El hombre que una mañana de febrero de 1990 soñaba con hacerse rico en pesetas y circular en un Opel Vectra de 16 válvulas en su viaje de ida hacia la política ha coronado su fantasía en euros y hoy está de vuelta de la política, su forma de versionar los negocios, a bordo de un flamante Mercedes. Con chófer incluido. Un furgón Mercedes pilotado por un agente de la Guardia Civil. Comparte itinerario con sus dos grandes compañeros de aventuras: el dinero y la lealtad. El contable Francisco Grau y el amigo de la adolescencia Joaquín Barceló Pachano. No es una carrera de taxímetro, ni la limusina de Ambrosio con gorra de plato. En este tipo de servicios, igual que en los coches fúnebres, el riesgo de accidente no está en el trayecto. Uno sube ya accidentado. El problema no es el camino, el drama es la meta. La suya, la de Zaplana, es el penal inaugurado en 1991, el año que perpetró el marujazo para ser alcalde de Benidorm, y construido justo cuando la ilustre visita de hoy arrancaba su singladura política.

Ingresa en prisión preventiva, incondicional, sin fianza, dictada por Isabel Rodríguez, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Lo ha enjaulado porque, tras dos años y medio de escudriñarle su patrimonio, la jueza, la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechan que al currículum de Zaplana le sobran metros, que hay demasiado chorizo para tan poco pan blanco, demasiados metros cuadrados de viviendas de lujo y una excesiva motorización de alta gama para las nóminas y minutas oficiales, incluso cuando estas llevan diez años con sobrepeso millonario en euros. Entienden la jueza y la UCO que el ex presidente exportó pan negro, pan B, a paraísos fiscales. Diez millones y medio de euros en comisiones. Para empezar. Luxemburgo, Uruguay, Panamá, Andorra… serían estaciones de la ruta del dinero zaplanista bronceado.

A Picassent no ha llegado un ex presidente de la Generalitat, ni un ex ministro de Aznar… En esta jaula de 50.000 metros cuadrados ha ingresado el arquitecto que cimentó un régimen podrido de corrupción y expolio, un farsante disfrazado de rey Midas que quiso convertir eriales donde no crecía ni el esparto en Terras Míticas. Operación Erial es el nombre con el que han bautizado a este despliegue policial y judicial. La Operación Erial, la conversión de un país en un páramo con forma de estercolero, arrancó, en realidad, un 28 de mayo de 1995. Hoy es 25 de mayo de 2018. Viernes. El señalado aniversario de su acceso al trono del Palau lo celebrará Zaplana entre rejas.

Quizá tendrá habitación con vistas a una torre de vigilancia que, en realidad, es un monolito en honor al Ave Fénix, la atracción de caída libre del parque temático de Benidorm. Premonitorio. Este preso preventivo comprobará que las garitas que coronan los muros no son quijotescos gigantes, son molinos de viento. Como esos del Plan Eólico adjudicado a la Sedesa de los Cotino (firma copropietaria de Proyectos Eólicos Valencianos junto con Bancaja y Endesa) presuntamente a cambio de mordidas. Luego dieron un pelotazo. Por eso está aquí Zaplana. Y por supuestas comisiones trincadas de las adjudicaciones de ITV en 1997 y para 25 años de explotación… Llega a la prisión por el rendimiento patrimonial que le granjeó haber sido un pionero en la generación de valor añadido hinchando precios. Por blanqueo de capitales, cohecho continuado, malversación, prevaricación, organización criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en la contratación y alguna distracción más.

Han pasado casi tres días desde que, a las 8:05 del martes, fue detenido en la puerta del garaje de su casa. Agentes de la UCO, que viajaban en un Seat León gris (va corto de motor para hacer el camino americano), lo bajaron del BMW X5 azul oscuro. Luego le decomisaron dos Audi. Siempre hubo clases. Y desclasados. También en la prisión. Aunque se guarden las apariencias, que son la madre de la ciencia democrática. Aquí todos los internos son iguales. Al menos sobre el papel de la ficha policial. A Zaplana le han disparado varias veces con la cámara para convertir en imborrable este check in carcelario. Fotos de cara y de perfil. Nada de selfies. No es este un paraíso para los narcisistas. Nadie se ha molestado en respetar el perfil bueno del ex presidente, el perfil derecho, el lado que debía ser custodiado por todos los cámaras de Canal 9 cuando el hoy reo trasladaba la implacable consigna de que mimaran su imagen.

Lo han registrado en el libro de ingresos y le han tomado las huellas dactilares, un trámite traumático para los pájaros de cuello blanco que visten traje exclusivo del sastre Antonio Puebla. Como Zaplana y Rodrigo Rato. Dos «fueras de serie» que comparten una virtud: «para ellos no existen horas, sino tareas». Es el diagnóstico del hombre que cortó la sisa a cada traje de estos vip. Los dos soñaron con la sucesión de Aznar y, hoy, ambos dos ven el presente a rayas. Eduardo «marca estilo, sabe llevar la ropa a medida». Se acabó. Ahora las huellas son lo único exclusivo que pueden permitirse los parias, los que se envuelven en pret-a-porter, quizás ignorantes o incrédulos de que vestir a la carta no es más caro, es mejor, según acostumbra a proclamar ese modisto. Las huellas dactilares de Zaplana ya estaban tomadas. Figuran en todos los bolsillos públicos que tocó en sus casi 30 años de carrera política. En los informes de la Sindicatura de Comptes, en los balances de las empresas públicas y en los sobrecostes de los grandes proyectos.

Zaplana entró enfundado en una americana azul oscuro, camisa celeste y pantalón vaquero. Se ha tenido que despojar de esta indumentaria civil, mandan las normas, y ha recogido el kit del preso. Que incluye también el manual de instrucciones con las normas del centro (horarios de comidas, patio, biblioteca, polideportivo…), un juego de sábanas, artículos de higiene personal, cubiertos de plástico y una tarjeta monedero recargable para las compras en el economato con consumo racionado: unos cien euros a la semana. No es el Supersano, las tiendas ecológicas del emprendedor Jesús Sánchez Carrascosa, quien fue su propagandista de cabecera y sicario para maniatar a la televisión pública…

Pero este sibarita de todas las ramas del hedonismo es consciente de que en este barrio de l’Horta Sud una coca-cola es un capricho gourmet. Y el economato vende cola. ¡Qué tiempos aquellos en los que cada día pisaba una alfombra roja y cada noche dormía adornado por estrellas del firmamento y otras que colgaban en las fachadas del Biltmore o del Peabody en Miami, del Hotel President de Moscú o del Ritz de Shangai…! Aquí no hay sábanas de seda, ni de hilo, ni colchones viscoelásticos de última generación, ni de viscografeno. Aquí no hay más concesión ergonómica que un camastro de 80 centímetros y habitáculos de 10 metros cuadrados. En el piso que compró en noviembre de 2002 en la Castellana, a un saque de portero de su querido estadio Santiago Bernabéu, caben cincuenta y tres celdas. Qué canalla y degenerado es el destino…

Hoy toca pernoctar sin más. Con dos desconocidos, uno de ellos en prisión preventiva por violencia machista. Dormirá en el módulo de enfermería, por padecer una leucemia desde hace casi tres años. Se está tratando el cáncer de sangre en el Hospital La Fe, donde se ha sometido a un transplante de médula. La leucemia lo ha matado políticamente, civilmente. Es lo que tiene la muerte, que a menudo se convierte en inductora en vez de autora. Llama sin avisar, acelera la vida y propicia los accidentes. Porque en las prisas se cometen errores. Es el convencimiento del preso Zaplana, sumido en una hemorragia de sensaciones mientras cumple los trámites de la entrevista psicológica y el chequeo que lo ha llevado al pabellón médico, donde ha ingresado. Uno traza planes perfectos para la repatriación de dinero, para el lavado y blanqueado, pero las circunstancias de la vida obligan a tunear la estrategia y entonces se tuerce la suerte.

En los segundos previos y en las semanas posteriores al accidente es cuando se rebobina toda la vida, que se desmorona y te sepulta bajo los escombros. Zaplana lleva ya casi tres días de revisión de las imágenes de una existencia que ha tropezado en el penúltimo regate. Uno de esos hundimientos que entierran el cuerpo, la mente y hasta el alma, ese espíritu que dicen que mora en la glándula pineal, en el mismísimo corazón del cerebro, según descubrieron eminencias en neurología. Hay excepciones tan científicas como la regla madre. Zaplana es excepcional. Su alma siempre residió más hacia el sur, en el lado izquierdo del pecho, junto al corazón, justo en el bolsillo interior de la americana.

Esta noche la dignidad quebrada del ex presidente hará recuento de imágenes y revisitará palacios y negocios. Surcará el mar en sueños a bordo del imponente yate Clarena, de la divisa de Paco el Pocero (al que siendo ministro obsequió con la Medalla del Mérito al Trabajo); oteará el Mediterráneo en la cubierta del Elena, del constructor y principal accionista de las bolsas de suelo y de corrupción en Alicante, Enrique Ortiz; expandirá la mente a bordo del Nacavi, el velero de Carlos Paz, el amigo de la Clínica Benidorm al que hizo rico a golpe de privatizar las resonancias… En esta jaula de secano en medio de l’Horta Sud los yates no flotan, pero hacen navegar la mente. Pura terapia para Zaplana. Como lo era la moto acuática que ganaron en un sorteo aquellos chavales de Barrio con los que el cineasta Fernando León de Aranoa retrató los sueños húmedos e imposibles de los que nacen en una cárcel sin barrotes llamada pobreza. Puro determinismo.

Esta madrugada será larga y fría. En mayo. De las que congelan la vida. Zaplana lanzará bengalas de salvamento marítimo que se apagarán entre la indiferencia, la sordera y la ceguera de quienes pasaban por amigos y eran solamente socios. Desfilarán trepas, corruptos y cínicos por las galerías de este macrohotel de 1.568 habitaciones como zombis persiguiendo horizontes. Para todos será invisible. Ya lo es. Y todavía no ha cumplido 72 horas, 259.200 segundos, en esta nueva vida de fantasma. En el mismo instante de su detención se convirtió en un holograma imperceptible, un anticristo de aquel venerado y adorado presidente, ministro, líder, amado líder…

Menos de tres horas y media tardó el Partido Popular en retirarle el carné desde que la UCO lo apresó. Todavía no había acabado el registro policial de su casa en Valencia y antes de partir hacia el chalé de La Cala, en Benidorm, a seguir con los registros, antes de que los agentes cerraran la última caja de cartón de esta mudanza de emergencia, Telefónica ya lo había despedido. Justo cuando se cumplían diez años del fichaje por la multinacional entonces dirigida por César Alierta. A Zaplana lo asaltará el recuerdo del día en que se cerró el trato, en un mano a mano con el consejero Javier de Paz, en un encuentro en el Club Pasión Habanos de Madrid propiciado por el amigo común José Blanco, que fue Pepiño antes que Pepe y luego ministro don José, aunque a punto estuvo de caerse a un contenedor de basura en una gasolinera.

Anteayer se esfumó la colocación en Telefónica y los más de 600.000 euros de sueldo base (con los complementos y pluses aparte por pertenecer a varios consejos de administración, la minuta alcanzaba el millón de euros), por abrir puertas y de paso cobrar alguna entrada. No hay puertas mas chirriantes que aquellas que se abren y cierran con silenciador. Nunca se aireó una sola foto del presunto delegado de la multinacional en Europa. Jamás se informó de un solo acto público. Era la letra pequeña del contrato, la importante. Zaplana accedió a un cargo para el que se exige como mínimo un nivel C2 en conocimiento de las redes de canalización de aguas potables y fecales en el subsuelo. Un territorio de poderes transversales en los que se borran los lindes entre barrios, calles y distritos políticos de derechas e izquierdas. Eduardo siempre perteneció a ese club. No al Pasión Habanos, sino al de aquellos que entienden el poder a la manera borgiana y liberal, sin partidos ni sectarismos... Un club Bilderberg casero en el que militaban rivales como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono o el citado Blanco, y amigos de viejas batallas ucedistas como Florentino Pérez… ¿Será posible que Floren no se acuerde de Eduardo cuando el sábado ruede el balón en el Olímpico de Kiev en la final de la Champions que enfrenta al Real Madrid con el Liverpool? Será. No hay hermandad ni camaradería blanca que valgan con un encarcelado por blanqueo de capitales.

Conforme avanza el reloj, el preso Zaplana toma más y más conciencia de su condición de apestado, de carga para cualquier club, desde el Real Madrid hasta el Club Siglo XXI que presidió, pasando por el Club Financiero de Génova, un clásico que frecuentó en sus primeros balbuceos políticos.

Es su tercera noche entre rejas. Y todo por haber malinterpretado a Giddens y su Tercera Vía, por haber hecho una versión personal demasiado libre de La España de las oportunidades que llevó como ponencia al congreso nacional del PP de 1999, cuando percibía la autovía de Madrid como una pista de despegue hacia la capital. El «negro» de aquel tratado teórico con el que el PP valenciano aportó a Génova nutrientes neuronales se llama Rafael Blasco, ex conseller de Cooperación y, desde hoy, paisano de módulo de enfermería de su ex jefe Zaplana. Sí, Rafa ejerce de ayudante en el ala de enfermería. Lleva casi dos años en este complejo carcelario, donde ha de residir seis años y medio para purgar la malversación de ayudas al Tercer Mundo, que acabaron en el submundo de una trama de corrupción en la que llevaba la batuta. El dúo fatídico Eduardo-Rafa en el asalto a la Generalitat se reencontrará de nuevo en los paseos del patio. Seguramente en cuestión de horas.

Eduardo está cansado. A la debilidad de la leucemia se suma el estrés y la fatiga de viajes y registros en el triángulo Benidorm-Valencia-Madrid para revisitar, como manda la tradición, los lugares del crimen. El martes tuvo que acudir a urgencias del Hospital Peset aquejado de un episodio de fiebre, agotamiento y tos. Su abogado pidió que lo dejaran en libertad o bajo arresto domiciliario por su frágil salud. Pero el fiscal y la jueza denegaron la petición.

Anteanoche durmió en el calabozo del cuartel de Patraix. Seis metros cuadrados con una colchoneta sobre lecho de cemento por cama. Un chabolo con inodoro y lavabos compartidos, como esos albergues de trotamundos de mala muerte. Un techo sin lámpara, ni cables, con luz halógena incrustada. Un detenido sin corbatas, ni calcetines, ni colgantes… Las normas obligan a desnudar al preso de cualquier elemento que pueda convertirse en arma para el suicidio. No se tolera ni un reloj de pulsera. Son normas inspiradas por mentes de pensamiento pobre, personas que jamás llorarán de emoción ante un Blaken Rólex, un Patek Philippe, un Bulgary o aquel mítico Hublot con el que Zaplana degustaba el tiempo en su primera etapa como presidente. ¿Qué persona mínimamente sensible destrozaría un peluco de miles de euros por un quítame allá esta vida?

Por ese tugurio con rejas de Patraix pasó José Luis Olivas, al que Zaplana dejó de encargado del Consell un año para guardarle la silla a Camps y cerrar los últimos pedidos y negocios del ex presidente cuando en julio de 2002 fue llamado por Aznar para ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La segunda noche detenido, la de ayer miércoles, la superó en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, en cuyos calabozos durmió hace poco más de un año, el 17 de abril de 2017, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y quizás uno de los alumnos más aventajados de Zaplana. En Madrid la celda era más pequeña, de apenas cinco metros cuadrados. Será por el desorbitado precio de la vivienda en la capital, que obliga a un mayor aprovechamiento del solar.

En nada darán las 8, hora de levantarse para estar a las 8:30 en el comedor para el desayuno colectivo. Es la disciplina carcelaria. Consiste en estirar el día al máximo para conseguir que el tiempo inmóvil vaya macerando la amarga existencia con exquisito cuidado, como se cura el jabugo. La vida en la prisión es como la monacal, pero sin necesidad de tener que cultivar diariamente el advenimiento de una vida verdadera y de plenitud en un futuro cosmológico. En la cárcel nadie aspira a ganarse el cielo ni hay rezos pautados Aquí el personal llega ya rezado de casa. Al contrario que en un convento, a la prisión no se entra voluntariamente huyendo del mundo. A la cárcel se ingresa porque el mundo huye de ti. Por haber actuado sin el paraguas de la legislación vigente, que es cambiante como las fidelidades políticas. Como un estado de ánimo que cruje y oscila a velocidad de vértigo entre depresiones y picos, como esa montaña rusa de madera del parque de Benidorm que estaba llamada a ser la envidia del Occidente vacío.

¿Y ahora qué? Han caído todos. La leal y fiel Mitsouko, secretaria, confesora, asesora y disco duro. «Su actividad sobrepasa lo meramente profesional.» Eso dice la Guardia Civil del ama de llaves del armario que guarda los muertos del jefe. Han encerrado también a Pachano (Joaquín Barceló) y a Felisa (López), su esposa. El entrañable Pachano, el amigo al que colocó como director de los CDT de Turismo y, en 2002, como responsable de relaciones institucionales en Terra Mítica, el compañero de juergas en la peña Picarol… No et calfes el perol, Picarol… Los lemas, hasta los paridos una noche de jolgorio, son más fáciles de gritar que de cumplir. Porque pasan los años, la vida se complica y un día te ves de representante de una firma de Luxemburgo, de administrador de cuatro inmobiliarias en la Costa Blanca, de apoderado de propietarios uruguayos en estas mercantiles y envuelto en operaciones de compraventa de acciones, parcelas y pisos como dispositivo de retorno de mordidas expatriadas. La vida a veces se va enredando.

Eduardo no puede conciliar el sueño, repasa todas las posibles grietas de la clave de bóveda de la arquitectura financiera de su patrimonio escondido. Sabe que están revisando cada operación de las empresas a nombre del matrimonio amigo. Que dicen que son sus testaferros. Zaplana no quiere reparar en esa circunstancia ni siquiera en el pensamiento. No se fía. Podrían captar las ondas de sus ideas. Porque las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) avanzan que es una barbaridad. Zaplana ha sobrevivido siempre por su instinto de chacal. Cuando intuye el peligro, huye.

Han detenido también a Juanfran, ha caído en Barcelona. Juan Francisco García. La voz, el oído, el brazo ejecutor de Zaplana para asuntos turbios, para temas de esos que llevan una pegatina con una calavera como las de la línea de alta tensión. Juanfran, la ventanilla única para atender a los empresarios con volúmenes de negocio a partir de seis dígitos. El hombre que guió la privatización de las ITV, un proceso al que ahora la justicia está sometiendo a una ITV de legalidad. El director de obra de Terra Mítica por control remoto. El propietario de una empresa en Luxemburgo y una consultora que cobraba millonadas a los Cotino por facturar supuestamente un humo más blanqueador de alegrías que la fumata que anuncia «Papa a la vista».

Han apresado a Francisco Grau, el asesor, el contable, el que llevaba los papeles de Decuria Consulting, la firma de consultoría y tapadera que Zaplana alojó precisamente en el piso de la Castellana. Grau, el profesor universitario de Economía Financiera y Contabilidad, el artífice de toda la ingeniería societaria y financiera para la ocultación de fondos. El contable.

Pachano, Grau, Juanfran... lo saben todo de él, conocen todos sus muertos en el armario. Pero está seguro de que no cantarán. Imposible, sería escupir hacia el cielo. Pero, ¿y si pactan con la Fiscalía como Ric (Costa), que ha vendido en un paquete a tres cuartas partes del PP y media Generalitat de Camps? Zaplana confía en rentabilizar ahora toda la sobrecogedora inversión en silencios y complicidades. Pero, ¿y si la UCO tiene grabaciones como esas que han tumbado al amigo Ignacio González? Imposible, alguien de Movistar le habría dado el soplo. ¿No es él de la casa? Pero, ¿y si han pinchado los teléfonos del resto de la banda?

Hay que mantener la calma. Habrá que confiar en seguir amortizando las inversiones en silencio a base de favores. ¿Quién nombró a Francisco Grau secretario del consejo de administración de la CAM? Él, Eduardo I el grande. Por eso confía en que evitará contar los pormenores del préstamo chollo que le concedió esa caja de ahorros para comprar el pisazo de la Castellana por casi 1,7 millones de euros.

Maldita la hora en la que se le ocurrió adquirir otro inmueble en el número 14 de la calle Monte Esquinza, también en Chamberí, cerca de la sede del PP de la calle Génova. Del partido al que sigue apuntado aunque ahora milita en Ciudadanos. Alguien debería asumir el mal trago de avisar a Albert (Rivera) de la desgracia de Eduardo, tras la puesta de largo del líder de Ciudadanos en el Club Siglo XXI apadrinado por Zaplana y Bono. Cierto que el inmueble comprado hace nada, en marzo, es la mitad de grande que el de Castellana (290 metros frente a los 532 de este último), y también es verdad que vendió el primero hace unos meses por 2,8 millones, lo que justifica que el nuevo lo pagara sin necesidad de préstamo. Pero, aun así, un Zaplana en forma jamás habría comprado al contado una vivienda de 1,8 millones. Un error más propio de Francisco Camps. Si estás en la lista de investigados del caso Lezo, si tu nombre ha sido salpicado en Púnica junto con Alejandro de Pedro, si te han grabado conversaciones hablando de jueces, fiscales y chanchullos hídricos… Un Eduardo en forma se habría quedado inmóvil y conteniendo la respiración como esas estatuas humanas que pueblan los lugares de paso turístico en las grandes ciudades.

Cuando se llevan varios meses con el cuello de nuevo enredado con cintas de grabación, cuando has sido señalado junto al amigo Ignacio por oscuros negocios hidráulicos desde la empresa pública madrileña Canal de Isabel II y con el abogado uruguayo, experto en tejer redes societarias opacas, Fernando Belhot de por medio, la prudencia recomienda amarrar el barco y quedarse en puerto una temporada larga. Sí, debió quedarse quieto cuando trincaron a Nacho. No debería haberse reunido jamás con el encargado de limpiar el dinero sucio del amigo. ¿Y si la Guardia Civil piensa que lavaba también el propio? Puede que ya estuviera todo perdido. A lo mejor ya era tarde para salvar los muebles y los inmuebles.

Zaplana conocía el riesgo. No en balde es el Juan Sebastián Elcano de la navegación política. Es lo que más le retuerce el pensamiento esta noche. Lo que le machaca el amor propio, que es lo más parecido a la conciencia en el universo zaplanista.

El nuevo día empieza a clarear. En los viejos tiempos, en los buenos tiempos, Vea (Reig), Mitsouko o alguien le habría entregado ya el dosier de prensa del día, del que leía, sobre todo, las cabeceras y las firmas, a fin de ir ajustando cuentas y satisfacer el hambre compulsiva de poder y la ansiedad por controlar todos sus resortes. Ahora y aquí, Eduardo sólo aspira a contener sus nervios. Pero las mentes son caprichosas e indomables. Inquietas. Sonámbulas. Cada noche improvisan excursiones. La suya de esta madrugada ha sido un viaje al abismo. Un mal sueño. Extraño. Ha soñado que en aquella mudanza de diciembre de 2006, cuando vendió el piso de Valencia con vistas a Viveros, se olvidó de empaquetar las huellas de un par de crímenes. Un sobre con seis páginas donde se esbozaba el plan de atraco, la «hoja de ruta» de las comisiones por la adjudicación de las ITV y el Plan Eólico. El sueño es confuso. Puede que se le pasara bajar la basura de los nueve años que habitó la casa, de los siete que estuvo en el Palau. Y la basura es muy delatora, más chivata que los cadáveres de homicidios. Seis páginas sobre la arquitectura de la trama de sociedades para exportar el dinero de las mordidas a Luxemburgo.

Un boceto en el que figuraba hasta el nombre «Sedesa», la empresa de los Cotino que supuestamente untó a Zaplana en pago por esas concesiones. En los documentos aparecían las palabras Imision International e Inversiones Imison, elegidas para catalizar el botín mediante traspaso de participaciones de ida y vuelta. El sobre del tesoro y de la ruina también contenía un mail para el director general de la policía Juan Cotino. Con el minuto y resultado de la cocina del negocio.

Es como si, en un homenaje onírico al surrealismo, hubiese soñado que el manifiesto de Breton aparecía más de 80 años después en su casa en un sobre junto a la caja fuerte.

Aquellos documentos llegaban a manos de un ciudadano sirio que se instaló como inquilino. Se llamaba Imad Ahmad al Naddaf Yalouk y tenía como casero a un notario. Un día cualquiera, Imad tropezó con los papeles.

La pesadilla seguía y Eduardo sudaba. Imad era amigo de Marcos Benavent, el yonqui del dinero del caso Taula. Y como eran amigos, muy amigos, en 2012 Imad le regaló ese sobre bomba. Luego, en un registro del despacho de abogados que defiende a Benavent, la UCO encontró esas páginas entre la documentación del cliente. Las hojas habrían sido así convalidadas como prueba.

No hay mejor guionista que una mente desbocada por la tragedia, cansada y en modo onírico. Las pequeñas lagunas de verosimilitud se compensan con la carga de intriga. Seguía la historia. Unos agentes interrogaron a Marquitos y al ciudadano sirio en marzo de 2017. Desde entonces, la Guardia Civil, la jueza y el fiscal perseguían a Zaplana sin descanso. Corrían tras él, lo acorralaban, le daban el alto al salir de un garaje… Y, justo en ese instante, Eduardo despertó en la cárcel de Picassent.

Su mente está en ebullición en busca del porqué. El porqué de su derrumbe. La fortaleza del ser humano se expresa en las respuestas; la fragilidad, en las preguntas. El quién soy, de dónde vengo y a dónde voy retratan la desnudez. Tres dimensiones existenciales del porqué. ¿Por qué ha acabado Zaplana en Picassent? Desde su detención, habrá escaneado unas cuantas docenas de crímenes en cuya escena al menos estuvo presente. Seguramente se ha autointerrogado sobre unas cuantas maniobras arriesgadas.

Es posible que Zaplana intente no pensar nada para no perder los papeles que supuestamente ya extravió una vez. Abstraerse de cualquier especulación, por seguridad. Mente en blanco, sin otro objetivo que el de evitar cualquier gesto o impostura delatora. Mirada perdida y obsesión permanente de que las sospechas jamás superen la barrera de las certezas para entrar en el terreno de las pruebas. «No podrán ustedes demostrar nada», desafió una mañana de junio de 2001 al entonces portavoz socialista en las Corts Ximo Puig durante un rifirrafe parlamentario a cuenta de los pagos clandestinos a Julio Iglesias, contratado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), empresa pública autonómica. «Su señoría no podrá acreditar nunca en la vida nada, absolutamente nada.» Jamás pensó que un 26 de febrero de 2004 le publicaría el contrato B, el plan del atraco a la caja de la Generalitat.

¿Constará por escrito en esas seis páginas el entramado de las «comisioncitas» que ya confesaba anhelar en las cintas del caso Naseiro? ¿Así, tal cual? No quiere ni pensarlo, ni elucubrar ni estrujar la memoria. Es demasiado prosaico, demasiado humano para alguien que antes de hacerse hombre fue Dios. Para quien hace años protagonizaba cada viernes el auto de adoración del Consell en pleno a un ser sobrenatural que se sentaba presidiendo la mesa del Palau como anfitrión y dueño de la Generalitat. Hoy también es viernes. Pero las circunstancias han cambiado para él.

Son casi las nueve y comparte mesa con un puñado de presos, de soldados desertores de la infantería social en un comedor carcelario. La hora del desayuno. Cada cual sorbe su taza y rumia su historia, su pena y su tropiezo contra el muro de la prisión por culpa del azar o el fatalismo. Porque en Picassent todos son inocentes. Como Zaplana. Como la ex consellera de Turismo Milagrosa Martínez, que entró en prisión, en Villena, ayer, el mismo día que Eduardo. Para cumplir 9 años de condena por amañar los contratos de Fitur con la trama Gürtel. Inocentes como Jaume Matas, el ex presidente balear e íntimo amigo de Eduardo, compañero de noches de Pachá Ibiza. Amigas también las esposas de ambos. Matas regresará a prisión en unos días. 3 años y 8 meses por prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude en los contratos con el Instituto Nóos, la fundación con la que Urdangarin cosechó tantos éxitos económicos. Condena sobre condena, porque ya le cayeron 6 años en la primera sentencia del caso Palma Arena. Los tres están en esa edad difícil, los sesenta (59 Milagrosa, 61 Matas y 62 Zaplana), a la que a menudo se llega con achaques carcelarios. Una edad en la que suelen manifestarse ya con toda crudeza los problemas con el colesterol o con la ley.

Nadie, ni Zaplana ni ninguno de sus nuevos compañeros, se siente socialmente nocivo. Cuestión de malas compañías, de zombis y de sombras. Cada cual se sienta a la mesa junto a la suya, que cobra de nuevo vida conforme el sol se levanta sobre los muros de la cárcel. Sombras de culpa, sombras que exhuman miedos, sombras que una mañana cualquiera celebran la muerte civil de su dueño pagando una ronda a las incertidumbres y las inseguridades… Sombras que incriminan exhibiendo huellas del pasado, sombras que asaltan al torcer las esquinas del tiempo y remueven los jirones de la desmemoria individual y del imaginario colectivo.

INTRODUCCIÓN

La autopsia

Mucho antes de que los de la banda Gürtel rellenaran sus hojas de Excel con apuntes de dinero B de Barcelona procedente de la Generalitat, con el PP y contratistas de obra pública como catalizadores, hubo otra B también dibujada con dinero público. El contrato estafa de Julio Iglesias, firmado, ejecutado y periodísticamente desenterrado a caballo entre aquel ya lejano siglo xx y este cibernético y líquido xxi, fue el paradigma de todas las impunidades en tiempos en los que la inmensa mayoría de la prensa y buena parte de los fiscales, jueces, notarios, interventores, técnicos de la Administración, secretarios de ayuntamiento y ciudadanos en general habían dimitido de sus funciones mientras contemplaban absortos cómo pastaban unas vacas tan gordas que acabaron muriendo por el colapso multiorgánico generado por su obesidad mórbida.

El caso IVEX-Julio Iglesias,Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o el desfalco de Canal 9 acabaron conformando el gran paisaje lunar de la nada y la decadencia, sembrado de carteles de venta de pisos de banco y de megaproyectos que, como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz, fueron saldados como chollos de mercadillo. A leuro, que dirían los vendedores ambulantes, se regalaron el Banco de Valencia y la CAM a Caixabank y al Sabadell. La volatilización del sistema bancario valenciano certificó la crisis financiera general en una economía infartada por exceso de grasa inmobiliaria. La tercera y cuarta cajas y el séptimo banco español murieron de intoxicación de vuelo (ladrillo), pero sobre todo de suelo. Fallecieron por tener una mala vida de excesos, de falta de profesionalidad en una gestión sometida al poder político, que expropió el timón de las entidades para utilizarlas como inmensos pesebres de colocaciones y mecenazgo de todas las pirámides de los faraones que moraron en el Palau. El control de los medios de comunicación y el de las cajas fueron dos de los pilares sobre los que descansaron el cuerpo y el alma del régimen popular que devastó el País Valenciano.

Terra Mítica, la Ciudad de la Luz o la Fórmula 1 son sólo algunos de los proyectos megalómanos de cartón piedra financiados con dinero público o de las cajas forzadas a costear los caprichos del emperador de turno. Postales como la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) generaron sobrecostes de más 600 millones de euros. Inmensas necrópolis para las cuentas públicas. Dentro de la amplia y variada producción megalómana del Consell podrían establecerse tres categorías básicas: grandes proyectos (de hormigón), eventos (con luces, flashes y decibelios) y una tercera modalidad que habría que denominar castillos en el aire, proyectos fantasma que nunca se consumaron. Tanto de cemento (las Torres de Calatrava, el Centro de Convenciones de Castelló, la Ciudad de las Lenguas o Mundo Ilusión) como de los que no dejan rastro (los Juegos Europeos). Unos y otros resultaron ser los más rentables para llenar sacas privadas. Porque el sobrecoste empezaba en el primer euro invertido en humo, en vacío, en la nada con comisiones del todo.

Una quiebra socializada. Pero tierras de promisión, auténticos paraísos para la corrupción, para esa nueva economía de terciario avanzado cuyo PIB se nutría de comisiones, a menudo camufladas como sobrecostes. Macroproyectos. Ya lo diagnosticó el ex concejal de Valencia Salvador Palop en una de las conversaciones grabadas del caso Naseiro: «En Valencia lo que funciona son las animaladas. Es lo que hay…». Las «animaladas» que se justificaron como motor de dinamización económica, pero también como impulsoras de la autoestima de los valencianos, en estado depresivo. El trauma del 92 (los valencianos vieron por la tele la carrera entre el AVE en dirección a Sevilla y la flecha de Antonio Rebollo hacia el pebetero del Estadio Olímpico de Montjuic), la crónica marginación en inversiones del Estado, con una Nacional III que chocó contra las Hoces del Cabriel y contra José Bono, la «tristeza» lermista, según la derecha, y la corrupción del tardofelipismo aplatanaron el estado de ánimo general. Vista la cuenta de resultados de aquel proyecto presuntamente reconstituyente de la autoestima edificado por el PP, habría salido más económico pagar un tratamiento a base de Prozac a los cinco millones de valencianos.

Cuando la clientela comenzó a practicar el ayuno forzado a partir de la caída de Lehman Brothers, las noticias sobre corrupción pasaron a ser la banda sonora de la actualidad. Lo de la economía fue una dieta milagro. Nada más adelgazar, aquel paisaje valenciano tapizado de margaritas y amapolas flower power amaneció sembrado de gordos maletines atiborrados de mordidas.

Empezando por los medios de comunicación (RTVV y buena parte de los privados) que habían coadyuvado a enmarcar y constreñir la realidad entre los márgenes de una agenda oficial en estado de euforia. La corrupción, como el pulpo, se digiere mejor con el estómago lleno. Una banda sonora con más percusión que cuerda. Antes de la crisis, en contados altavoces mediáticos se oía esa música intrigante, y todavía eran menos quienes la escuchaban. Como esos hilos musicales de acompañamiento. Piezas de ascensor.

¿Por qué tanta corrupción en el País Valenciano? ¿Es la corrupción y no la lengua la principal seña de identidad valenciana? No lo es ni la corrupción, ni siquiera su tolerancia, que la ha habido. Y es lo peor. Sí, lo peor de la corrupción es tolerarla. Y lo peor de lo peor es votarla. Mira que lo había advertido Zaplana en el libro-entrevista hagiográfica Eduardo Zaplana, un liberal para el cambio (Ediciones B, 1995), de Rafa Marí, que fue la puesta de largo del político como candidato a la Generalitat. «Ninguna victoria en las urnas puede interpretarse como un cheque en blanco que imparte el electorado al partido ganador.» Ni Eduardo ni Camps escucharon el consejo de Zaplana.

Pero el déficit de cultura democrática no es ni mayor ni menor al de otras latitudes. Aquí se alinearon un cúmulo de factores («la tormenta perfecta», en palabras del profesor Josep Vicent Boira) que propiciaron la proliferación de casos mediáticos, pero, sobre todo, de lo que podríamos denominar corrupción de baja intensidad. La que tiene que ver con comportamientos y actitudes poco edificantes e incívicas, que conciernen al umbral de tolerancia a los desmanes y que, como la lluvia fina, calan más aunque hagan menos ruido mediático.

Determinados privilegios de los políticos, sostenidos y prolongados, generan a la larga tanto malestar de fondo y ateísmo sobre la política y descrédito del sistema como una chorizada con cartel mediático. El tejido socioeconómico; la economía especulativa ligada a la burbuja inmobiliaria y la reclasificación de suelo; el marco legislativo y de control; una oposición política en estado anémico y en permanente hibernación cainita; un potente intervencionismo y control de los medios de comunicación públicos y privados o una holgadísima mayoría absoluta fueron condicionantes que acabaron hilvanando un relato hegemónico y excluyente con diversos elementos que conformaron un escenario propicio para la corruptela.

Todo ello en concurrencia con la circunstancia clave de que hay instituciones con presupuestos apetecibles. Lo cual resulta determinante. Porque los carteristas son más de frecuentar aglomeraciones en estaciones de tren y campos de fútbol que de aguardar sentados en mitad del desierto a que se acerque una víctima potencial a lomos de un dromedario. El vector urbanismo-financiación de partido ha vertebrado buena parte de la industria de las corruptelas, con suculentas aportaciones de la política de contratación pública y adjudicaciones a menudo vinculadas a la obra civil o hasta a la sotana del papa Benedicto XVI. Ese escenario tan proclive provocó incluso un efecto llamada a los emprendedores de la corrupción. El célebre Álvaro Pérez, el Bigotes, fue enviado por Francisco Correa a Valencia a montar Orange Market, la franquicia valenciana de la red Gürtel, porque allí había negocio y con la llegada de Rajoy a Génova su estatus de empresa de cabecera del PP quedaba finiquitado por las malas relaciones de Pablo Crespo, el número dos de la trama, con el nuevo presidente nacional del partido. Trasladaron así la capital Gürtel a Valencia del mismo modo que, con perdón por el paralelismo, el 7 de noviembre de 1936 se trasladó la capital de la II República. Por necesidad y debido a las circunstancias proclives del destino.

Fallaron los mecanismos de control. Por imperfectos o porque dimitieron de sus funciones. Falló la política, la Justicia, la prensa y la ciudadanía, como en tantos otros sitios. Pero en el caso valenciano los climas propicios para el cultivo tenían trazos particulares que hicieron germinar la semilla de la corrupción.

Aquel régimen que levantó una falla y que acabó, como todas, reducida a cenizas, tuvo directores de obra que incluso reiventaron el cemento como evento. Es el caso de Francisco Camps. Al siguiente en la lista, Alberto Fabra, le tocó, por orden de la crisis económica, empezar a podar el sector público valenciano, la Generalitat paralela, y vender a precio de saldo el patrimonio público desguazado y teñido de rojo.

Y ese régimen clientelar, cuyo motor acabó gripando por la crisis con corrupción (que es como las lágrimas sin pan), tuvo un arquitecto megalómano, un ideólogo que lo puso en marcha. El liberal más intervencionista de la historia tocó todas las teclas y tiró de chequera pública para que nada ni nadie lastraran la construcción de una mayoría política, que evolucionó a hegemonía social y desembocó en la consolidación de un régimen edificado sobre la anulación por compra o inanición de la disidencia y la patrimonialización de una asociación identitaria metonímica entre las partes y el todo. Una calculada construcción identitaria imposible sin el concurso de un control absoluto del ecosistema mediático, intervenido y modelado para macerar un discurso preponderante. Único de pensamiento, obra y omisión. Un dispositivo propicio en el que Canal 9 era solamente uno de los agentes del orden. Del nuevo orden.

El PP era lo valenciano, como Pujol fue Cataluña. El resto, traidores. Así sucedió tanto en el discurso hídrico como en los grandes eventos y proyectos señeros, que vienen de señera. En los albores de ese régimen (a partir de 1996) se datan los primeros trazos de comportamientos pautados que luego darían fructíferas cosechas. Por ejemplo, la primera foto icónica de familia pagada con dinero público e instrumentada por el Consell no fue la de Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos. Por supuesto que tampoco fue la de Camps y Barberá con Bernie Ecclestone. Fue el retrato de Julio Iglesias con el primer presidente del PP en la Generalitat.

El primer condenado, en sentencia firme, por corrupción y como cargo público en la etapa del Partido Popular se llama José María Tabares Domínguez y se remonta a la época en la que el arquitecto del régimen aún era el inquilino del Palau. Por aquel entonces, el Consell hizo transferencias de dinero público sin justificar a favor de sociedades radicadas en Islas Vírgenes Británicas y en cuentas numeradas y secretas de Bahamas. Por ejemplo, en la número WA356115.000 en Union Bank of Switzerland (UBS) en Nasáu. La cuenta de la vergüenza, la del dinero B por un contrato B firmado por el Consell en B mucho antes de que la B de Bárcenas triunfara en los medios. Efectivamente, el caso IVEX-Julio Iglesias es el paradigma de todas las impunidades posibles. De las primeras y más visibles banderas piratas izadas por el PP cuando conquistó el Gobierno autonómico y comenzó a construir un mundo Disney en el que finalmente ondeaban más trapos con tibias cruzadas que banderas azules en las playas. La prueba de que el dinero no tiene patria y el dinero opaco no tiene ni fronteras. Ese escándalo, en su gestación y desarrollo, representa un auténtico manual de zaplanología. De cómo proyectaba y dirigía la obra el arquitecto del régimen. Cómo sellaba casi siempre las bocas y las grietas con billetes.

El autor que empezó a escribir el relato del nuevo poder, que vino a llamar «poder valenciano». El hombre que supo domesticar a sus sombras y convertir en mudos a los testigos silentes de sus crímenes políticos.

Cuando atracó en el Palau de Presidencia, el fantasma de Maruja Sánchez (la tránsfuga que le había dado la alcaldía de Benidorm sólo cuatro años antes), el espectro de Voro Palop, su amigo e interlocutor para negocios bajo mano, y el ectoplasma de Vicente Sanz, ex presidente provincial del PP, se mudaron con él. El caso Marujazo, el caso Naseiro, el caso Sanz… en realidad todos fueron un poco o un mucho el caso Zaplana. Porque Zaplana siempre ha sido un caso en sí mismo. Un empedernido coleccionista de escándalos.

Del mantenimiento de los muertos en el armario se encargó el patrimonio público. Nunca fueron una carga para el eficiente Eduardo. Un ciudadano Kane que siempre actúa con la convicción de que el fin justifica los medios. Empezando por los de comunicación. Un tipo llamado Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro.

Capítulo I

Poder y dinero

La llamada

El lunes 22 de febrero de 2016, pasadas las diez de la mañana, sonó el teléfono. Era Mitsouko Henríquez, la secretaria personal del mismísimo Eduardo Zaplana Hernández-Soro. Mitsouko, Gonzalo Maluenda, el secretario, y Gregorio Fideo, el ayuda de cámara, han sido para Zaplana lo que Jacinta, Francisco y Lucía para la Virgen de Fátima desde que entre mayo y octubre de 1917 quedaron prendados con aquella advocación mariana.

Yo era conocedor desde hacía meses de la delicada salud del ex presidente, al que le habían diagnosticado leucemia. Se estaba tratando de esta enfermedad en el Hospital La Fe de Valencia, donde regularmente recibía las sesiones de quimioterapia, motivo por el que se había desplazado a su piso en una noble calle del centro de Valencia. Intuía el motivo de la llamada y, a la vez, no daba crédito a que alguien en circunstancias personales tan delicadas mantuviese intactos sus usos y costumbres. En su caso, mandar recados, directa o indirectamente, cuando salía perjudicado en prensa. Especialmente desde que se jubiló de la primera línea política, del escenario que iluminan los focos de las cámaras, para ocuparse, con mayor dedicación si cabe, en sus dos grandes pasiones: el dinero y el poder. Dedicarse a los negocios y a potenciar el departamento de marketing personal, a la venta de una imagen endulzada de sí mismo, con especial énfasis en borrar huellas y blanquear el pasado. Del más lejano hasta el más reciente, ligado a su papel como portavoz del Gobierno de José María Aznar y la nefasta gestión comunicativa que se hizo en la crisis de los atentados del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid.

Tras el «hola, ¿qué tal?» de rigor, le pregunté por su salud. Dijo que el tratamiento iba bien y entendí que me estaba llamando desde una habitación de aislamiento tras someterse a una sesión terapéutica. Quería trasladarme varios mensajes. El primero: «Me tienes manía». Recordó que ya hacía tiempo que no estaba en la política activa y expresó su malestar por la información que había publicado el día anterior, domingo 21 de febrero, en la que aludía a un sobrino suyo, Hugo Valverde Zaplana, colocado en Imelsa, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, rebautizada como Divalterra. Una referencia dentro de la información titulada así: «La Fiscalía archivó en 2005 el escándalo de los zombis de Imelsa que ahora investiga la UCO» de la Guardia Civil.

En la conversación, que duró media hora, en tono muy correcto, el ex presidente me reprochó que sacara de nuevo el nombre de este sobrino en un asunto que ya fue publicado en 2005, además de objetar que en la noticia se daba por hecho que él había enchufado al familiar en Imelsa, extremo que él negaba. De igual modo, también advertía que su sobrino no cobraba el sueldo, 44.000 euros anuales, que se le atribuía en la información. Zaplana tenía razón en lo principal: esa noticia era bastante inexacta, faltaban unos cuantos elementos que ayudarían a dibujar el perfil de una colocación irregular de libro. Como se verá, la información, que recordaba hechos ya publicados, se quedaba bastante corta a la hora de relatar todo el cúmulo de irregularidades que envolvieron la contratación, renovación y demás circunstancias vinculadas a la vida laboral del sobrinísimo en la Diputación.

El episodio de enchufismo tampoco era ninguna excepción, porque casi el 90 por 100 de los en torno a 770 empleados de la empresa pública provincial –550 de los empleados eran brigadistas forestales– habían accedido a su puesto sin más prueba de mérito y capacidad que el dedazo. En todo caso, el artículo citaba al sobrino, como a otros familiares y amigos de ilustres, pero el objeto del mismo era apuntar hacia la contradicción que supone que las informaciones publicadas en su día no merecieran más investigación judicial que el archivo circular de la Fiscalía y que esos mismos hechos, la existencia de enchufados y zombis (es decir, los que ni siquiera acudían al puesto de trabajo), conformaran once años más tarde una de las piezas del caso Taula que se dirimía en el Juzgado de Instrucción número 18.

La situación presuntamente irregular de una buena parte de la plantilla no era nueva; la novedad residía en la sobrevenida capacidad de ruborizarse de los partidos y en el esfuerzo investigador de la Justicia, tal como se hacía constar en la información. La UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez Víctor Gómez, instructor de la causa Taula, investigan la presunta malversación de fondos y prevaricación en la contratación a dedo de personal –incluidos asesores del consejo de administración– por parte de políticos del PP, pero también de la izquierda, en tiempos en los que gobernaba Alfonso Rus y Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, era gerente de Imelsa.

En enero de 2005, publiqué una hornada de irregularidades en aquel inmenso pesebre que siempre ha sido Imelsa. El clientelismo, la imelsización de la política, tenía 54 nombres colocados por partidos y sindicatos. Un dirigente del STA-Intersindical Valenciana, Enrique Rodríguez, llegó a presentar una denuncia por malversación de fondos y delito contable. En esencia, se ponía de relieve que recursos que debían destinarse a las brigadas forestales, a los presuntos fines de la empresa, se estaban detrayendo de esas partidas para pagar nóminas de quienes estaban en otros destinos. Incluso, en algún caso, el domicilio particular de alguno que nunca acudió a ningún puesto de trabajo. La Fiscalía del TSJ valenciano decidió el archivo en julio. El entonces fiscal jefe, Ricard Cabedo, firmó el carpetazo al escándalo «por no estimarse los hechos constitutivos de infracción penal».

La fiscal María Teresa Lorente llevó las diligencias previas. «No existen indicios de que personal cuyo salario se paga con fondos de la compañía Imelsa no esté prestando sus servicios para la misma, pues se ha aportado certificación de la Secretaría General de la Diputación en la que se acredita que todos los trabajadores a que hizo referencia la denuncia están contratados por la compañía Imelsa, mediante informe en el que se detalla su categoría y su puesto de trabajo», argumentó ella.

Efectivamente, todos cobraban de Imelsa. El problema es que no trabajaban en Imelsa. Ni el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, ni el diputado de empresas públicas, Enrique Esteve, ni el gerente de la empresa, Rafael Soler, decidieron regularizar la situación anómala. Tampoco los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. La empresa expedientó incluso al sindicato denunciante de las anomalías y el enchufismo. Y este periodista fue amenazado con amagos de querella que nunca llegaron a presentarse, conscientes de que resultaba temerario remover la maloliente charca de la Diputación, en la que la política se viste de organismo en estado de descomposición. Esas aguas fecales siguieron cultivando gérmenes unos cuantos años más.

En aquella relación de trabajadores en situación irregular, muchos de los cuales siguieron hasta ser pasto de la causa de los zombis de Imelsa, figuraban una docena de alcaldes y concejales del PP, asesores políticos de todos los partidos con representación provincial en aquel entonces (PP, PSPV, EUPV y UV) y muchos paisanos de Vallada, el municipio de la Costera que vio nacer y tuvo de alcalde a Fernando Giner. La mayoría de los ausentes y desplazados de aquella relación tenía su puesto real en los servicios generales de la Diputación, aunque la nómina se cargaba a Imelsa. Trece de ellos trabajaban en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVim).

El sobrinísimo

En la institución Alfons el Magnànim lo hacía Hugo Valverde Zaplana. Entró a dedo como «coordinador» de ese instituto. El 4 de julio de 2003. Quizá su tío no fue el padrino, ni el apellido baremara a su favor. Es hijo de Rosa Zaplana y de Justo Valverde, el ex cuñado piloto al que el ex presidente de la Generalitat colocó en Terra Mítica como jefe de compras del parque y que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por su implicación en la trama de facturas falsas con cargo al complejo de ocio. En todo caso, en el texto enmendado por Eduardo Zaplana con su llamada telefónica apenas se relataba una mínima parte de toda la estrambótica e irregular entrada y supervivencia de Hugo Valverde Zaplana en Imelsa. El retrato completo de su trayectoria lo pude componer con información que obtuve posteriormente.

El susodicho se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. El título fue expedido el 5 de marzo de 2003. No tardó en encontrar empleo. Y con sueldo público. No tuvo que superar ninguna oposición, ni siquiera alistarse a bolsa de trabajo. Las condiciones reservadas para el aterrizaje de Hugo en Imelsa eran un tanto especiales. Lo atestiguaba un fax manuscrito en el que constaban el nombre, DNI, dirección, número de afiliado a la Seguridad Social, la fecha de alta (4 de julio de 2003) y las condiciones que se querían para Hugo. «Salario: 300.000 pesetas netas. Categoría: Jefe Superior». Así se recogía en un documento. Tras los seis meses de contrato, el empleado especial firmó una notificación de la empresa en la que se le comunicaba que el «próximo día 3/1/2004 finaliza el contrato temporal […] por finalización del objeto en su día pactado. En cumplimiento de las normas vigentes sobre contratación de personal, se le comunica que con esa fecha quedará rescindida a todos los efectos su relación laboral con la empresa, causando baja en la misma». El técnico que firmó la misiva cometió un descuido: no leer el segundo apellido del trabajador apercibido.

Como toda regla, la del «cumplimiento de las normas vigentes sobre contratación de personal» también tiene excepciones. El contrato de Hugo fue prorrogado hasta el 1 de julio de 2004. La excepción también se prorrogó y ese 1 de julio de 2004, el entonces gerente, Rafael Soler, firmó la conversión de Valverde Zaplana en indefinido con contrato temporal a tiempo completo. Entre el 4 de julio de 2003 y el 3 de enero de 2004, el sobrino de Zaplana figuraba en la categoría de guía turístico y como coordinador de actividades del MuVim.

La relación laboral que iba a durar seis meses, se dilató, se perpetuó, y el sobrino se asimiló al paisaje. Asumió tal grado de confianza que dejó de firmar los controles de asistencia laboral. Al menos durante cuatro meses. Desde mayo hasta agosto de 2007, no estampó su rúbrica en ninguna de las hojas diarias de trabajo. El Departamento de Recursos Humanos le remitió un escrito de advertencia, con fecha de 18 de septiembre de 2007, y le conminó a «alegar cuanto consideres oportuno con relación a dichas incidencias» en el plazo de diez días. Si «una vez trascurrido» ese periodo las «incidencias continuasen sin ser debidamente justificadas, estas pasarían a ser consideradas como ausencia injustificada al trabajo». Y, en ese caso, se le advertía de que le sería aplicado el régimen disciplinario previsto en los artículos 26 al 30 del convenio colectivo de Imelsa. Firmaba el escrito el nuevo gerente, Marcos Benavent. El 31 de octubre de 2007, Benavent y Hugo Valverde Zaplana remitieron un documento al Servef en el que ambas partes manifestaban que el empleado trabaja en Imelsa desde julio de 2003 y pactaron que a partir de la fecha del escrito el trabajador pasaría a cobrar 1.521,64 euros mensuales.

Guía turístico, coordinador de actividades del MuVim o absentista a tiempo completo, el caso es que se pidió a la Institució Alfons el Magnànim que informara sobre las «tareas y funciones desempeñadas por Hugo Valverde» en su presunto trabajo del día a día. Como si de un agente en misión secreta se tratara, le preguntaron directamente a él cuál era su cometido concreto. En doce líneas encabezadas por un «las tareas que realizo son:», Hugo Valverde explicó su labor. «Llevo la base de datos de los suscriptores de la revista Debats. Doy el alta a los nuevos suscriptores y doy de baja a los que ya no quieren seguir. Esas bases de datos las envío a la imprenta para que distribuya la revista», era la primera de las tareas encomendadas. La segunda, «llevar el registro de entrada y salida de todas las cartas que entran o salen de la institución» y el «dosier de prensa: todos los artículos que salen publicados en periódicos, revistas, prensa… de la institución se recorta el artículo y se mete en el ordenador». Tras esta trabajada explicación, daba cuenta de la más complicada de sus presuntas obligaciones: «Plecs, son unos libritos finos de poesía, se publican en cinco idiomas […]. Yo me encargo de cada vez que sale uno de estos Plecs se le mande al autor y al traductor algunos ejemplares. Además cada autor tiene una carpeta donde están todos los datos del autor y del Plecs que las llevo yo» (sic). El listado de tareas fue certificado con la firma de Ricardo Bellveser, director de la Institució Alfons el Magnànim.

El sobrino del ex presidente debió de pensar que el conocimiento del valenciano, si bien no era necesario, sí podria ayudarle a entender mejor los Plecs. Quizá por ello decidió estudiar una de las dos lenguas oficiales. El 3 de junio de 2013 obtuvo el certificado de haber participado como alumno en el curso de Valencià Mitjà con una duración de 57 horas. Desechó el título de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià (JQCV) y orilló la obra magna cultural de su tío Eduardo: la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Prefirió el «diploma» del Mitjà de la Academia Adams, que prestaba sus servicios a Imelsa.

Eduardo Zaplana me llamó por teléfono con un argumento claro: expresar su indignación por haber salido en los papeles a propósito de la colocación de su sobrino Hugo en Imelsa, uno de los escenarios principales del caso Taula. Pero, sobre todo, pretendía levantar un dique de contención para evitar que su nombre saliese contaminado en cualquiera de los vertederos del extenso paisaje de la corrupción. En su etapa de presidente y, en aras de procurarse la docilidad en el trato mediático, siempre combinó la estrategia doble del palo y la zanahoria, que resultó tan cara para el contribuyente como efectiva para el político: presión y amenaza a los medios y a los periodistas combinadas con la compra de voluntades. A través del cultivo y siega de la publicidad institucional y del reparto de premios (cargos o colaboraciones públicas, por ejemplo en Canal 9) a los profesionales afectos.

El dinero y el poder eran sus dos grandes obsesiones. «A él lo que le gustaba era el poder», decía su madrina política María Consuelo Reyna. Fueron colmadas de sobra tras su renuncia a la primera línea política. Su puesto en Movistar, una nave nodriza publicitaria (al margen de los 600.000 euros de sueldo base más medio millón por complementos) y la atalaya del prestigioso, veterano e influyente Club Siglo XXI le brindaban al ex ministro instrumentos excelentes que, añadidos a su natural capacidad de seducción, le permitían intensificar su esfuerzo por blanquear la mancha de la gestión de la crisis de los atentados del 11M y, en general, toda su trayectoria política. Blanquear el pasado, el deporte nacional en el País Valenciano por encima de la pilota. Él nunca dejó de practicarlo. Menos aún cuando se jubiló de la política oficial para dedicarse a la real.

La obsesión liberal

Cuando se apartó de los focos, Eduardo Zaplana pasó a ser un superejecutivo embajador de Movistar en Europa que visitaba el Palau el Nou d’Octubre para celebrar el día de los valencianos. Un directivo con mucho lustre que, tras un periodo de descomprensión, tras salir escaldado de la gestión informativa de los atentados yihadistas (nunca se perdonó fallar en la propaganda, que es como si un delfín muriera ahogado), decidió que la mejor forma de reescribir su historia (en su caso a base de silencios, que se compran con mayor facilidad que las palabras) era seguir siendo coherente con su vida. Acceder a poltronas con cartera de libre disposición (Movistar/Telefónica es una operadora y un medio de comunicación al mismo tiempo) y de influencia para hacer lobby y conformar eso que los modernos llaman relatos. La propia multinacional puso la primera piedra de la reconstrucción del personaje al subrayar sus dotes de ejecutivo/gestor/estratega de reconocido prestigio. Así justificó el fichaje: «Se enmarca en la consolidación de la presencia de Telefónica en Europa, tras las adquisicones de O2 y Cesky Telecom y la entrada en el capital de Telecom Italia el año pasado, donde controla el 10 por 100 de las acciones con derecho a voto».

Este empresario de la política conquistó la presidencia del Club Siglo XXI con el objetivo de travestirse de estadista. Precisamente este foro había sido el elegido por Zaplana para hacer la presentación en sociedad en Madrid de su proyecto como candidato a la Generalitat en 1995. «La Comunidad Valenciana en la hora del cambio», el título del acto, había levantado mucha expectación en un pujante PP nacional que iba a encarar su último año en la oposición y se preparaba para hacer la mudanza a la Moncloa. Pero esa conferencia no llegó a pronunciarse. Zaplana decidió suspender el acto tras el asesinato, ese 23 de enero de 1995, de Gregorio Ordóñez, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, a manos de los etarras Lasarte, Txapote y Zapata.

El 14 de julio de 2015, Zaplana presentó su dimisión de la presidencia del histórico foro de debate nacido en 1969 y escenario destacado durante la Transición. En una carta remitida a los socios, adujo «motivos personales». Ya le habían detectado la enfermedad. Tres años estuvo en ese puesto. Aprovechó la misiva, además de para dar las gracias a los miembros de tan selecto club, para sacar pecho de su gestión. Recordó que bajo su mandato había aumentado el número de debates y conferencias pronunciadas por distinguidos representantes de la economía y la política. También destacó la puesta en marcha de una página web, así como la incorporación de 134 nuevos socios. Todo ello a pesar de las «limitaciones económicas» con las que tuvo que bregar su gestión. Y, pese a todo, presentó un «balance saneado en las cuentas», que registraron «superávit». Eso decía. Sin duda, ese logro suponía un hito jamás conocido en el universo Zaplana.

El mandatario que más dinero público invirtió para edificar un régimen a base de desmontar la competencia política y sellar con billetes cualquier resquicio de disidencia en la sociedad civil (desde las asociaciones vecinales hasta patronales) o el universo mediático, siempre ha vivido la obsesión de proyectarse como un liberal de la talla de sus siempre citados Joaquín Garrigues Walker o Joaquín Maldonado.

Al contrario que Ximo Puig en 2015, cuando Eduardo Zaplana llegó al poder autonómico veinte años antes no solamente no consideraba ya colmada toda su ambición política, sino que pensaba que tan sólo había subido un segundo peldaño de una escalera que llevaba directamente al cielo. Que para cualquier político valenciano que se precie está en Madrid. El «De Madrid al cielo» reformulado como «De Valencia a Madrid». En su caso, el sueño era más ambicioso y apuntaba a la Moncloa.

Para su proyección nacional e incluso internacional necesitaba contactos, formación y suerte. Eduardo Zaplana no sabía inglés. Básicamente porque el conocimiento de idiomas exige estudio. Of course. En 2002, cuando dejó de encargado del Consell a Olivas –quien luego tuvo trabajo hundiendo Bancaja–, tampoco dominaba el idioma de Blair y de Giddens. Pero sus sueños seguían sin tener fronteras y circulaban libres por el mundo, como los ciudadanos pululan por el territorio Schengen.

Al poco de aterrizar en Valencia, entendió que su proyección internacional –la suya, no la de las naranjas y la cerámica– necesitaba una foto con glamour y recorrido. Al igual que su amigo Florentino Pérez, hermanados en la política y en el corazón merengue, Zaplana siempre tuvo claro que allí donde no llega la formación, sea de futbolistas o políticos, o las dotes de seducción, que las tiene por arrobas, llega la cartera. Es lo que popularmente se conoce como «culo veo, culo quiero». Y culo compro. Y políticos, periodistas, sindicalistas, empresarios o líderes vecinales tienen culo. Porque el culo es tan democrático como la muerte.

Lecciones de ética

Con motivo del 20 aniversario del Club Diario Información, foro de debate del periódico líder en Alicante, el entonces director de este medio, Juan Ramón Gil, consiguió sentar a los dos primeros presidentes de la Generalitat (el socialista Joan Lerma y Eduardo Zaplana) para debatir sobre «España y el futuro de las autonomías». Era 8 de febrero de 2013. Viernes. El diálogo, de dos horas, no defraudó las expectativas.

Mi madre, la tía Rosa el Roig, no era Zygmunt Bauman, pero de vez en cuando hacía buenos diagnósticos sobre la condición humana. Solía decir que «la lengua se mueve como quieres porque no tiene hueso». Una máxima muy zaplanista. En aquel debate, el ex presidente popular apostó por la «ejemplaridad de los políticos». En el actual contexto, dijo, «hay que ser tremendamente escrupulosos». «Se han de tomar todas las medidas para garantizar más transparencia, objetividad y claridad», reflexionó. Y, metido en harina, el primer jefe del Consell por el PP se arremangó incluso para recetar soluciones. Desde las listas abiertas hasta adoptar el sistema de subastas en las adjudicaciones de contratos públicos, en el que prima el precio, y dejar de abusar de los concursos, en los que se consideran criterios menos objetivables.

La elección de presidentes de Diputación y alcaldes por voto directo de los ciudadanos era otra de las medidas terapéuticas para la salud de la democracia recetada por Zaplana. Quizás así se evitaría la compraventa de voluntades para conformar mayorías alternativas y derrocar a alcaldes con mociones de censura tan oscuras como, por ejemplo, la que le regaló a él la vara de mando de Benidorm en aquel noviembre de 1991. En tono semicompungido, Zaplana lamentó la percepción social extendida de que la política está impregnada de corrupción. «Es injusto y falso», clamó. Ninguno de los presentes de entre el público se desplomó ruborizado. En todo caso, urgió a los partidos a dar «una respuesta clara o la gente se va a hartar».

Junto con la final de la Champions League que el Barça ganó al Manchester United en Wembley, el 28 de mayo de 2011, no he presenciado mayor espectáculo. De aquellas lecciones de ética en Alicante, Joan Lerma salió profundamente indignado. Se había mostrado reticente a compartir protagonismo con Zaplana y fue el secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien lo convenció para que acudiera a la cita como deferencia con los organizadores del acto.

Aquel Zaplana regeneracionista sobrevenido entroncaba con el líder del PP valenciano que dieciocho años antes, como candidato a presidente de la Generalitat, alertaba sobre los «momentos tumultuosos» que tenían a la población «en un puño» por la sucesión de escándalos de corrupción que casi a diario soliviantaban al Gobierno socialista y a la ciudadanía. «Tenemos que adquirir un fuerte compromiso con la regeneración ética de la política», proclamaba a su interlocutor, el periodista Rafa Marí, en su libro de puesta de largo de Zaplana como candidato del PP al Consell. Porque «hay que devolver a los ciudadanos la confianza en la clase política. Para ello debemos esforzarnos en hacer una política con mayúsculas, donde la honestidad y la transparencia sean los ejes principales del quehacer público», concluía en 1995 como anuncio de sus intenciones.

Fin de la conversación: «Los pusiste tú»

En aquella llamada telefónica me visitó el Zaplana de los mejores tiempos. El que no había perdido la forma y, como los abogados defensores de malotes, prefiere apelar antes a las pruebas que a la ética. Me vino a la cabeza aquel «no podrán ustedes demostrar nada» que le soltó en las Corts al entonces portavoz socialista, Ximo Puig, durante un rifirrafe parlamentario a cuenta de los pagos en A y en B a Julio Iglesias, en febrero de 2001. Es la vieja y buscada confusión entre las categorías ética y jurídica, con la que a menudo, desde la política, se pretende silenciar al periodismo, soterrar cualquier hecho relevante en el plano del comportamiento público con el pretexto de que se ajusta a derecho, y, por tanto, si es legal, no es noticia. Un argumento absurdo que condena a los medios de comunicación a trasladar sus redacciones a la puerta del Tribunal Constitucional, ciñéndose estrictamente a contar las sentencias de esta alta instancia jurídica, porque las de órganos judiciales de menor rango no son firmes. Una costumbre, la de encorsetar la ética pública y lo noticiable entre los márgenes de la legalidad, que por supuesto no es privativa de Zaplana.

En 2009, recién estallado el caso Gürtel, cuando la estrategia de defensa orquestada en Génova dictaminó que se trataba de una conspiración contra los populares maquinada por el juez Baltasar Garzón y la «policía política» de Rubalcaba, el entonces presidente Mariano Rajoy declaraba que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el concejal popular en Estepona Gerardo Galeote habían proclamado que no tenían ninguna culpa. «Estoy seguro de que nadie podrá probar que no son inocentes», manifestó Rajoy. No expresó su convicción sobre la inocencia de ambos, sino la certeza de que nadie sería capaz de demostrar la culpabilidad. Como Zaplana ocho años antes. Como si los márgenes de la política los dictara el BOE y estuvieran recogidos solamente en el Código Aranzadi y nada tuvieran que ver con la conciencia y la ética en el comportamiento público. Como si a un político no se le tuviera que exigir una plusvalía de ejemplaridad.

En la media hora aproximada que Zaplana y yo estuvimos intercambiando impresiones, Zaplana se esforzó en marcar distancias con el régimen de pornografía política que había consagrado la corrupción como pauta sistémica de funcionamiento de las instituciones y la vida pública. Entre otras razones, por la tolerancia y aplauso generalizado desde la anémica y casi inexistente sociedad civil, en la que esos mismos códigos podridos han estado imperando. Le trasladé al ex president que a mi juicio buena parte de la culpa en la cimentación de ese régimen era imputable a él, y fue entonces cuando, en legítima defensa, sentenció que en toda su etapa de presidente no se había registrado «ni un solo caso de corrupción» ni se habían producido condenas por actuaciones políticas en esos años. Es lo que tiene la Justicia, que es lenta.

Le recordé que Rafael Blasco había hecho mudanza para trasladarse a vivir a Picassent entre barrotes. Estaban, además, las circunstancias procesales y la condena de José Luis Olivas, el hombre al que encargó que le calentara y reservara el sillón de la Generalitat al sucesor Francisco Camps. Por no hablar de la condena al ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, así como del fraude y las comisiones de Terra Mítica. «Y a todos esos no los puse yo, president, los pusiste tú.» Discutimos sobre estos aspectos relativos a cuándo se jodió el Perú y hasta sobre nuestras antitéticas formas de entender la vida o la amistad. La mía la veía excesivamente atávica, casi de boina calada, poco ambiciosa. Muy de proximidad. Él expresó mayor amplitud de miras, la verdad. Nos emplazamos a un café, un café pendiente.

Capítulo II

Contra la amnesia colectiva

Memoria histórica, bandos y bandas

Pep Guardiola cultiva el fútbol preciosista, pero no inventó este fútbol. Francisco Camps tampoco inventó la corrupción. Por acción (muchísimo más de lo que algunos sospechaban) u omisión, hizo méritos de sobra para consolidar los pilares de las corruptelas más mediáticas y fabricar otros escándalos de bandera. Cuando Eduardo Zaplana olía peligro, cuando no se fiaba, huía, se apartaba de la escena.«Camps era menos profesional», sentencia un experto en la cocina del poder popular. Una cocina sin tabique de separación. Integrada, pero no con el comedor sino con el cuarto de baño. Camps nunca paró los pies a casi nadie y permitió que, por ejemplo, los comerciales de la trama Gürtel entraran sin llamar en Presidencia y acamparan en la mismísima cocina del Palau para hacer negocios.

Gürtel es a Camps lo que Messi a Guardiola. En la etapa Camps, se consolidaron, crecieron y reprodujeron todas las patas de la Taula de comisiones en ayuntamientos del PP, empezando por el de Valencia, la Diputación de Valencia y hasta la mismísima Generalitat, con focos de podredumbre como la empresa pública Construcciones de Infraestructuras Educativas (Ciegsa), nacida para generar mordidas, según testimonio del propio ex gerente de Imelsa Marcos Benavent. Las tramas institucionalizadas de comisiones sostenidas en el tiempo y el espacio demuestran que en aquellos vertederos volaron y comieron gaviotas zaplanistas y campsistas. Que en territorio de basura nunca hubo dos bandos; se diría que actuaron dos bandas.

Fue con Camps de presidente y líder del PP (por llamar de algún modo al máximo responsable del partido) cuando la formación fue financiada ilegalmente en las campañas electorales de 2007 y 2008. Lo reconocieron los propios empresarios financiadores, contratistas de obra pública. De Enrique Ortiz a Vicente Cotino, de Sedesa, pasando por Rafael Martínez (Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez..) o Enrique Gimeno, de Facsa. Y lo certificó la sentencia sobre la trama Gürtel valenciana en la que se condenó a la cúpula del Grupo Correa y del PP valenciano. A los empresarios que engordaron las cuentas del PP con dinero negro se les conmutaron las penas de entre 1 año y 6 meses de cárcel hasta 1 año y 9 meses por multas que oscilaban entre los 109.500 y 154.500 euros. Pena de calderilla como premio por su confesión.

Con todo, la desgracia del ex presidente Camps, su sepultura política y hasta cívica, no fue la corrupción, sino la corrupción con crisis. Cuando el hambre acecha, el cerebro empieza a razonar políticamente asesorado por el hígado. Antes que Camps, en el Palau de la Generalitat moraba un tal Eduardo Zaplana. Eran tiempos en los que los valencianos, muchos adosados de alguna forma al sector de la especulación del suelo –el útero necesario para incubar la burbuja inmobiliaria–, hacían colas en las carnicerías para elegir qué modelo de ristra de longanizas sentaba mejor a su perro. Quien más quien menos puso una inmobiliaria o un chiringuito de «management and services and reformas y robos en general» o montó un «si me pagas dinero público sales guapo en el suplemento del periódico».

Sería bueno promover una ley para recuperar esta otra memoria histórica, la de la etapa 1995-2008 en Land of Valentia, tierra de oportunidades. Sea porque en los primeros años de esa época no existían las versiones digitales de los diarios, porque no se había inventado Twitter o porque Canal 9 siempre tenía un resquicio para debates escapistas en un No-Do teñido de oscuro, el caso es que todo aquello yace olvidado como si fuese la prehistoria. En una sociedad yonqui de la inmediatez y adicta a la cocina del fast food periodístico, que es al oficio de informar lo que McDonald’s a la dieta mediterránea, las redes sociales han consolidado, paradójicamente, una suerte de presentismo emocional que convierte el «hace 1 hora» en prehistoria y fomenta el adanismo. Conmigo empieza la historia, antes de mí hubo un agujero negro, nada destacable, nada de nada.

Y, en ese océano de memoria de pez, la mala conciencia ha sido desterrada por la interesada falta de conciencia. El olvido o el blanqueo del pasado, con lavado y centrifugado… Muchos valencianos dimitieron de su condición de ciudadanos, lo mismo que la inmensa mayoría de la prensa renunció a su condición de watchdog, perro guardián, de ejercer como cuarto poder, entendido como contrapoder. El anticristo del «Yo estuve en el Mayo del 68» y del «Yo corrí delante de los grises». Algunos corrieron tanto que con el tiempo llegaron casi a doblar a los grises. Se diría que corrían detrás para jalearles. Mucha amnesia y bastante amnesia inversa, creativa, impulsora de liftings en los currículos, inspiradora de reducciones de estómago que en su momento mostraron una enorme capacidad de asimilar todo lo tragado, de digerir un neumático recauchutado sin necesidad de álmax.

Con la crisis empezó a cotizar el no. Nunca voté al Partido Popular, que logró 1.211.112 votos en 2011 (el 50,7 por 100), con Camps camino del banquillo por la rama textil de Gürtel, y 1.277.458 sólo cuatro años antes. No estuve aquel 2 de marzo de 2003 en aquella inmensa plaza de Oriente que fue el paseo de la Alameda clamando agua para todos (agua, una dosis de cemento y dos de arena) en la que las administraciones públicas valencianas gastaron 1,7 millones de euros en la organización y se repartieron 121.000 raciones de paella. Aquella fusión del agua y la paella era la síntesis atávica de los dos elementos centrales del escudo imaginario del pueblo valenciano promovido por la derecha autóctona.

El agua fue, sin duda, el mejor motor de agitación de la política para llevar las papeletas con gaviota al molino del hegemónico PP. La fuerza motriz del agua radica en su capacidad para derribar todas las compuertas de estratificación social. Por su capacidad icónica, es un poderoso elemento para cohesionar las demandas y, en especial, los sentimientos de las distintas clases sociales. Resultaba intrascendente que la reivindicación del milagroso trasvase del Ebro fuera o no económica y ecológicamente factible y/o sostenible. Porque, aunque se planteara en términos de alimentar cultivos, en realidad se pretendía, y en buena medida se logró, alimentar votos. «¿Trasvase para la agricultura? Si ya no queda agricultura; será para sembrar chalés.» La frase no es de Noam Chomsky. Es de mi padre, Francisco, un agricultor de la comarca de la Marina con el sentido común y el olfato de un indio navajo. No le faltaba parte de razón. La proclama «el camp valencià té sed», con la que abría Canal 9, que enviaba un corresponsal especial al Delta en cada crecida del río, tenía más capacidad de enganche que si hubieran dicho «el formigó valencià està abrasit».

El discurso pasado por agua regó lo que el profesor Francesc A. Martínez Gallego llama «liderazgos neopopulistas de Zaplana y Camps» en el libro colectivo El secuestro de la democracia (Akal, 2011). Reunía, en definitiva, los tres ingredientes básicos del neopopulismo: simplicidad simbólica (simplificar el mensaje en aras de mejorar su eficacia), negar las líneas de fractura horizontales (por ejemplo, la división estructural en clases sociales) y proponer divisiones verticales (la pertenencia a la tribu es indistinta de la clase social), y, en tercer lugar, construir una identidad política basada en emociones mucho más que en argumentos. Se trata, por así decirlo, de tirar de discurso de sentimiento antes que de relato argumentativo. Discurso publicitario. La Coca-Cola (el «Agua para todos») es la chispa de la vida y no me vengan ustedes con que tienen un producto, la Cuqui Cola (la desaladoras), que es más barato, ecológico y sano. Aunque la alternativa tuviera todas estas virtudes, me da igual, yo quiero Coca-Cola porque es la chispa de la vida, la sensación de vivir, con musiquilla pegadiza y mucha luz y colores vivos. La comunicación política circulaba por el terreno publicitario y simbólico, y fue el control del mapa de la comunicación el que sirvió de argamasa para edificar esa mole compacta que fue la hegemonía social del PP.

Y el PP arrasaba prometiendo un circuito de Fórmula 1 con entradas a 400 euros mientras los socialistas eran barridos con sus promesas de 400 euros de ayuda a las familias, independientemente de cuál fuera su renta, como recordaba el periodista Víctor Maceda en el libro El despertar valencià (Pòrtic, 2016).

Nadie fue cómplice de aquellas ruinas de poderío hortera y pueblerino llamadas Copa América o Fórmula 1. Nadie que no ocupara altísimos cargos en el seno de las instituciones gobernadas por el PP. Nadie que no fuera político. Porque en la feria de las culpas la responsabilidad de todo cuanto ocurrió se perimetró en torno a la política, cuando ni siquiera en la acción pudieron actuar solos. Los esguinces de cervicales, de tanto giro brusco del cuello para mirar hacia otro lado, podrían considerarse una enfermedad laboral en el gremio de apoderados, interventores, auditores y demás controladores de la caja y la gestión públicas. Técnicos, no políticos. Técnico, la palabra que se convirtió en un salvoconducto para que algunos dimitieran de sus responsabilidades pero no de recibir la nómina. Ser técnico y no político como proclama de inocencia.

Pero sin el concurso de técnicos difícilmente hay paraíso para los corruptos. El papel del técnico es clave para disfrazar de legalidad el desfalco. Los pliegos de condiciones a medida para amañar procedimientos de adjudicación o incluso para garantizar, llegado el caso, el cobro de comisiones (al partido o a bolsillos privados) fueron moneda corriente durante muchos años. Sin el concurso de arquitectos y altos funcionarios de la casa, jamás habría sido posible el desfalco en la empresa pública de la Diputación Imelsa ni el funcionamiento durante años de un cártel del fuego del que formaba parte la valenciana Avialsa T35, que se repartía el mercado de los contratos de extinción de incendios e hinchaba los precios de las adjudicaciones. Y, si no actuaban como colaboradores necesarios o coautores, el político recurría a los técnicos como coartada para intentar lavarse las manos. Algo así como «actué por obediencia debida», hice caso al técnico, que es quien tiene criterio y argumento de autoridad, al menos sobre el papel.

El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, Álvaro Ibáñez Alfaro, corroboraba en Valencia este extremo durante su participación en unas jornadas sobre sistemas de prevención de la corrupción. «Yo firmaba lo que me decían los técnicos» es una frase que forma parte del hit parade de las respuestas de políticos en interrogatorios en los casos de corrupción en los que había participado. Desde la Operación Malaya hasta la Operación Hispaniolus (contra el cártel del fuego, que se saldó con la detención, entre otros, del ex conseller Serafín Castellano), pasando por el caso Palau o el caso Pujol.

En aquellos años en los que se sentaron las bases para que la corrupción –ya existente, sistémica– perdiera la vergüenza, no hubo cómplices, no existió ninguna trama civil. Nadie ordenó caramelizar la realidad en la cocina de Canal 9. Nadie consintió que RTVV orillara los productos podridos de proximidad. La vida en nuestra tele siempre se emitió en blanco y negro. Las noticias de aquí, de un blanco inmaculado; las de fuera, negro carbón. Mientras se diseccionaban con enorme precisión catódica los problemas de Vladimir Putin en Chechenia o Georgia, aquí al lado el Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa, autoproclamado Don Vito, contaban billetes negros a máquina; Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y cía saqueaban el dinero de la Cooperación; Rita Barberá y Francisco Camps lucían foto con el yernísimo Urdangarin; Serafín Castellano regaba con contratos a dedo a su amigo José Miguel Pérez Taroncher, mientras ambos compartían cacerías regaladas y algo más con el macrocontratista de la extinción áerea de incendios Vicente Huerta, cuyas adjudicaciones eran firmadas de puño y letra por el propio Castellano.

Pero, mucho antes de aquella foto-desfalco de Urdangarin con el presidente Camps y la alcaldesa Barberá, hubo otra que salió por muchísimo más del doble que el saqueo de Nóos: la que se hizo Zaplana con Julio Iglesias.

Genéticamente comercial

En el patio del colegio de los Maristas de Cartagena, Eduardo Andrés Julio Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) descubrió bien pronto que debajo de los adoquines no había arena de playa. Huérfano de madre desde los nueve e hijo de un oficial de la Marina, su familia emprendió rumbo a Benidorm, donde vivía una tía suya. Una emigración de bajura para pescar un mejor porvenir. Pisó suelo de la capital de la Marina Baixa siendo adolescente. El alcalde Pedro Zaragoza había convertido aquel pequeño pueblo marinero y agrícola en una multinacional del turismo. Zaragoza inventó la fórmula de Benidorm, pero nunca registró la patente. El pequeño Eduardo levantó la mirada y, deslumbrado por aquellas torres de apartamentos con vistas al mar tan estretégicamente sembradas, se percató de que el sueño americano no solamente anidaba en las plantas altas de los rascacielos de Manhattan. Así renovó sus votos de hambre de comerse el mundo. Todavía resonaba el estallido del Mayo francés y la victoria de un ex portero de su Real Madrid en el Festival de la Canción de Benidorm.

Julio Iglesias acabó por tener más influencia en la vida política de Zaplana que Louis Althusser o Herbert Marcuse. El bachillerato en el instituto público Lope de Vega de Benidorm fue coser y cantar. En cambio, la carrera de Derecho, en Valencia, a donde llegó en 1975 con Franco agonizante, se le atragantó. Porque Eduardo prefería entonces transitar los caminos de la natural rebeldía juvenil antes que combatir con los legajos del Derecho romano.

Desde bien mozo siempre tuvo cierta querencia por volar alto. Julio, quien con el tiempo sería su amigo, y en cierto modo su socio, cantó la vida de Zaplana en aquella obra maestra casi equiparable al Blowin’ in the wind de Bob Dylan. Aquel soplo de poesía tenía un indudable aire premonitorio sobre la posterior ejecutoria de quien sería alcalde de Benidorm y presidente de la Generalitat: «Vuela libre, vuela alto, no seas gaviota en el mar […] la gente tira a matar cuando volamos muy bajo». Todavía faltaban unos cuantos años para que Zaplana se alistara en el partido de la gaviota. Para satisfacer su estratosférica vocación se había apuntado antes a la Academia del Aire de San Javier. Quería ser piloto. Pero a un liberal, partidario del laissez faire, laissez passer, no lo puedes atar a una estricta disciplina académica. Aunque aquel joven espigado se estrelló como aspirante a aviador, la experiencia le sirvió para familiarizarse con la altura, donde la presión es menor si no se sufre vértigo.

Siendo un adolescente, Eduardo ya había sentido la llamada de la política, que es como la de de Dios, aunque sin sotana, pero fue en su etapa universitaria cuando ya se decantó por dedicarse a la más noble de las tareas: la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos desde el ejercicio de las responsabilidades públicas. El primer mitin al que acudió lo impartía Felipe González en Valencia. El Felipe que lideraba el PSOE y quería liderar España, lejano antecedente del que lleva un tiempo opositando a convertirse en consejero delegado de su país.

Los socialistas estaban cerca de coronar el puerto de su puesta a punto para gobernar con su renuncia al marxismo como ideología, un viraje emprendido en Suresnes en 1974 cuando los jóvenes del interior mataron políticamente a Rodolfo Llopis y el exilio socialista. Pero el influjo liberal de Joaquín Garrigues Walker (que fue ministro de Obras Públicas y Urbanismo con UCD) y de Joaquín Muñoz Peirats fue más determinante que aquel mitin. Con ellos «descubrí que se podía ser perfectamente demócrata sin necesidad de ser de izquierdas, cosa que en 1975 no todo el mundo tenía clara», explicó en el citado libro sobre su vida. Se apuntó a un partido, la UCD, al que entonces auguraban un gran futuro y del que llegó a ser secretario de organización en la provincia de Alicante y secretario general de las juventudes en esa provincia, además de miembro de la ejecutiva regional.

Por aquellas fechas empezó a hacer pinitos en Madrid, donde formó parte de la ejecutiva nacional de las juventudes centristas. Fue aquella una buena cosecha. En el puente de mando de la rama juvenil ucedista coincidió con Ángel Acebes, Miguel Ángel Cortés, Mercedes de la Merced, Pedro Pérez (que con los años fue presidente de la plataforma Vía Digital y protagonista de la guerra audiovisual del fútbol)… La que se reveló como cantera de los gobiernos de José María Aznar tenía como guías a Jaime Mayor Oreja, Rafael Arias-Salgado o Pedro Antonio Martín Marín, que ocupaban cargos estratégicos en el partido. Zaplana tejió una red de relaciones en la Villa y Corte a las que acabó sacando una suculenta rentabilidad. Invirtiendo, eso sí, en mimar y acicalar las amistades con el cariño con el que se emplean los cuidadores de bonsáis. Una afición, la de cultivar amigos como inversión, en la que se fue profesionalizando cuando tuvo a mano la chequera pública con la que pagar favores. Pasados o como acciones a futuros.

Zaplana, el hombre que nunca ha dejado tirado a un amigo, siempre ha actuado como mecenas de los silencios de invernadero, con mesa y mantel, aperitivo, primero, segundo, pan, postre, puro y coñac. Las amistades de Zaplana en Madrid se fueron macerando en un piso de la calle Bravo Murillo de la capital, donde sobrevivía con apenas 18.000 pelas de asignación para gastos, que no era ninguna bicoca. Cuenta alguien que convivió mucho con él en aquellos tiempos que ya se le veía una cierta querencia por el dinero. Tampoco constituía ninguna rareza. La afición más universal que existe, por encima incluso del fútbol, es la numismática, en su rama más moderna. La que se dedica al coleccionismo de billetes actuales de curso legal.

Aquella hornada de futuros ministros y altos cargos prometía tanto que para nada desmerecía a sus mayores, ni siquiera al reproducir al milímetro la balcanización que padecía una UCD fragmentada en mil familias. El 13 de enero de 1979, las juventudes eligieron a Javier Arenas Bocanegra como secretario general. Zaplana tuvo que emplearse a fondo como encantador de serpientes –como esos de la plaza Jemaa el Fna de Marrakech– para convencer a Pedro Pérez y a unos cuantos más de que, dos años después de votarlo, había que hacer una excepción al lema congresual («Porque creemos en el hombre») y destronar a Javier Arenas por la vía de la moción de censura. Fue el principio de una gran enemistad entre Zaplana y Arenas.

De natural sacrificado, decidió aparcar los estudios de Derecho entre 1979 y 1982 para ejercer cargo público en Madrid, en el gabinete del ministro de Transportes, Luis Gámir. Fueron tres años de constantes terremotos con epicentro en la casa propia. Un máster de supervivencia para el veinteañero Zaplana, quien dos lustros después ejerció tal control del PP valenciano, que, cuando una mosca levantaba el vuelo en cualquier agrupación local, dicho movimiento quedaba registrado en el sismógrafo del Palau. Una disciplina digna de Kim Jong-un y sus difuntos padre y abuelo. Tres años en los que la UCD pasó toda suerte de calamidades, incluida la intentona de golpe de Estado del 23F, un episodio que le pilló comprando un regalo a su mujer, Rosa Barceló, con motivo del primer aniversario de boda, que justo se celebraba ese día. Una prueba de fuego para quien ya empezó a demostrar su grandeza como estadista.

Antepuso su condición de secretario de organización provincial de UCD a la de esposo y acudió «inmediatamente a la sede del partido, cogí el fichero y lo puse a buen recaudo, en sitio seguro; luego me fui al Ayuntamiento de Benidorm, a saber lo que estaba pasando exactamente». Pero él mismo relata en el citado libro-entrevista cuál fue una de las enseñanzas claves de ese día. Esa materia asimilada que uno incorpora a la mochila mental cada noche al acostarse. «Había gran desconcierto. Luego, durante unas pocas horas comprobé esa misma noche, en otros sitios , lo ingrata que puede llegar a ser la vida política. Observé cómo algunas personas cambian radicalmente en función de los acontecimientos.» Descubrió que los principios y la lealtad, como las palabras, son fácilmente transportables por el viento.

La catástrofe electoral de 1982 condenó a la UCD a la extinción. En las municipales de 1983, los socialistas le ofrecieron integrarse como independiente en su candidatura de Benidorm para ser concejal. Pero rechazó la propuesta «por coherencia política. No me pareció serio siendo liberal». Fue una de las primeras lecciones de integridad de quien nunca flaqueó en sus convicciones liberales. Y cuando las tuvo que contaminar, como el día que aceptó ser alcalde con el voto de una tránsfuga socialista, fue muy a su pesar y en aras de un bien mayor: Benidorm.

Con la implosión de la UCD, a la vida de Zaplana le sucedió lo que años después a la gestión del Hospital de la Ribera: fue privatizada. Pero a la fuerza. «Me puse los vaqueros y acabé la carrera de Derecho», explicaba él mismo. Fue pasante en el despacho de Roberto Botella, hombre próximo al PCE y al PSOE durante la Transición, que acabó abrazando el zaplanismo de bolsillo cuando fue colocado en Terra Mítica. Zaplana abrió luego despacho con el pariente de su esposa Francisco Murcia Barceló, de quien siempre se acordaría a la hora de hacer listas. Porque Zaplana descubrió y cultivó el valor de la amistad mucho antes que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

El ex presidente nunca ha perdido sus referencias, siempre ha sido fiel devoto de uno de los principales mandamientos de Raimon: Qui perd els orígens, perd identitat. Tras acabar la carrera, el futuro jefe del Consell plantó otro pilar fundamental para edificar su carrera política: se casó, a sus escasos 23 años, con Rosa Barceló, la hija de Miguel Barceló, quien viajó de la UCD a Alianza Popular y fue senador desde 1986 hasta 2008. Siendo adolescente ya había empezado a relacionarse con la hija de unos de los clanes familiares más pudientes de Benidorm como empresarios hoteleros. Entre otros negocios, regentaban el conocido hotel Les Dunes.

En 1987, mientras una tal Rita aparecía en los muros de Valencia como candidata de Alianza Popular (AP) a la Generalitat, él colaboraba en la campaña del partido en Benidorm. Un año más tarde decidió afiliarse, apadrinado por su suegro y próceres de la derecha local como Emilio Fernández, Emilione. Otro que luego sería ahijado de Zaplana en su política de favores y colocaciones. «En mis tres años de alcaldía no hay un solo familiar, por lejano que sea, que haya entrado a trabajar en la administración de la que he sido responsable.» Sus declaraciones siempre tienen truco. Como los contratos de telefonía, de seguros o las hipotecas. En realidad siempre ha mimado a la familia, en toda la extensión del concepto, en organismos hijos, hermanos o primos del que él ha dirigido. Instituciones que él ha tutelado.

Dos años después de la llegada de Zaplana al partido, en AP decidieron que la casa en ruinas ya no se sostenía con remiendos y se optó por refundarla como Partido Popular. La alegría que produjo el alumbramiento duró poco.

Capítulo III

Caso Naseiro. El futuro estaba escriturado

Futuro Financiero, la «ejecutiva» del partido

El 11 de febrero de 1990, a eso de las 13:20 horas, un concejal de Valencia de nombre Salvador Palop, Voro, llamó a Zaplana y este le trasladó su intención de «hacerse rico» y sus gustos y ambiciones en la vida: «Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Opel Vectra 16 válvulas?». En esa conversación grabada, Zaplana proponía a su interlocutor Palop que le pidiera a una tercera persona «una comisioncita; dos millones de pelas o tres…» y «me das la mitad bajo mano». Zaplana le planificaba en esa charla la venta de un solar en Ondara (en la comarca de la Marina Alta), un municipio situado cerca de Dénia: «Tú haces de intermediario de la venta, que yo no puedo, y le pides una comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos…».

Cuando la policía intervino el teléfono del despacho del abogado Rafael Palop Martínez, hermano de Voro, en busca de pistas sobre su posible implicación en un delito de narcotráfico, nunca se imaginó la sorpresa que depararían las cintas. Salvador Palop, entonces edil del cap i casal, utilizaba a menudo el teléfono del despacho de su hermano, ubicado en la céntrica calle Cirilo Amorós. Se buscaba droga y se encontraron comisiones, una red de presunta financiación ilegal del PP recién remodelado que implicaba en distinto grado a ilustres del llamado «clan de Valladolid», que, liderado por José María Aznar, gobernaría el timón de la derecha patria desde el X Congreso celebrado el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990 en Sevilla. La operación regreso de Manuel Fraga un año antes, en el cónclave de la refundación de Alianza Popular (AP) en Partido Popular (PP), había fracasado por completo.

En el centro de toda la trama figuraba la sociedad inmobiliaria Futuro Financiero, cuyo nombre era toda una declaración de principios. Fundada en 1989 con 15.000 acciones y 150 millones de pesetas de capital social (el equivalente a 900.000 euros), fue escriturada el 27 de julio de 1989 en la notaría de Félix Pastor Ridruejo, en el número 5 de la calle Génova, a cuatro portales de la sede central de los populares.

Pastor Ridruejo fue uno de los fundadores de Alianza Popular junto a Manuel Fraga y presidente del partido antes que el gallego. Como líder de AP en Soria, apadrinó al inicio la carrera política de Aznar y, antes, a Antonio Hernández Mancha, quien sustituyó a Fraga al frente del partido. Fue, además, mentor de Mario Conde y asesor jurídico de Banesto. Cuando Hernández Mancha le ofreció al otrora triunfador banquero liderar AP, Félix Pastor fue el único testigo, según relató el periodista Luis Herrero. En el congreso de la refundación celebrado en enero de 1989, Fraga colocó a Pastor Ridruejo en la cúpula del partido referente de la derecha. Fue uno de los seis vicepresidentes junto con Miguel Herrero de Miñón, Abel Matutes, Marcelino Oreja, Isabel Tocino y el propio Aznar. Luego se sumaron Javier Rupérez y José Antonio Segurado. En sus Memorias, Aznar considera al notario «uno de los grandes renovadores de la derecha española».

El caso Naseiro estalla el 9 de abril de 1990 con la detención en Alicante del tesorero del Partido Popular, Rosendo Naseiro, amigo y paisano de Manuel Fraga. De Villalba (Lugo). En la redada también cayeron el concejal del cap i casal Salvador Palop, el mejor amigo de Aznar en la capital valenciana (aunque desde ese día se convirtió en un extraño); el delegado de Dragados en Valencia, Luis Janini; el presidente de ETRA (empresa líder en semaforización y señalizaciones luminosas de tráfico), José Balaguer; el responsable de la constructora Huarte Carlos Bonet, y el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre.

La operación policial llevaba ya cuatro meses en marcha. Las detenciones pillaron a Aznar fuera de Madrid. De hecho, decidió no regresar de inmediato para no certificar ante la prensa y la opinión pública la gravedad de la situación. Cuando dos días después volvió a la sede de la calle Génova, tres dirigentes de su más estricta confianza lo aguardaban: el secretario general del partido, Francisco Álvarez Cascos, José Manuel Romay Becaría y el propio Félix Pastor Ridruejo.

Entre los 33 socios de Futuro Financiero figuraban veteranos de la UCD como el ex presidente del Senado Antonio Fontán (poseedor de 300 acciones), quien había liderado la facción liberal en las juventudes centristas y presidió la Unión Liberal. Fue clave en la promoción política de Miguel Ángel Cortés, Carlos Aragonés y Arturo Moreno Garcerán, el tridente fundador del clan de Valladolid y guardia de corps de Aznar. Este eligió a Moreno como vicesecretario general del partido en el congreso de Sevilla. Moreno desembolsó diez millones de pesetas (60.000 euros) para suscribir mil acciones de Futuro Financiero.

El también empresario fue el padre de la idea de montar la consultora inmobiliaria como máquina recaudatoria para engordar las arcas del partido. La esposa de Moreno, María Beltrán Garay (directora de Beta Belgaray, filial de la consultora enchufada a la empresa pública valenciana IVEX), controlaba en su momento 500 acciones de Futuro Financiero. Las primeras 500. De hecho, su nombre encabeza la relación de dueños de las participaciones sociales de la inmobiliaria.

El objeto social de aquella empresa era tan laxo como exigía la misión para la que fue diseñada. El principal de sus cometidos, según constaba en el apartado primero del articulo 2 de sus estatutos, consistía en la «preparación, redacción y emisión de toda clase de estudios e informes sobre cualquier clase de problemas, cuestiones y temas legales, económicos y financieros, así como el asesoramiento sobre ellos…». Productos, los informes, cuyo precio de mercado es difícil de establecer, muy sufridos para las tasaciones y, por tanto, perfecta coartada para camuflar el pago de comisiones, además de servir para el blanqueo de capitales. Como así se ha visto en sonados casos de corrupción, desde el caso Filesa hasta algunos estudios elaborados por la trama Gürtel para justificar pagos de constructoras de obra civil que, en realidad, estaban saldando deudas contraídas por el PP valenciano por actos de las campañas electorales de 2007 y 2008.

La consultoría sería el primer sector en el que se expresó la corrupción con I+D+i. Por si la redacción del primer punto del objeto social no era suficientemente explícita sobre la versatilidad de las funciones de esa empresa, se agregaron cuatro puntos más. Futuro Financiero se dedicaría también, por ejemplo, a «la promoción, gestión y efectuación [sic] de proyectos comerciales, industriales, financieros y en general toda clase de operaciones similares». En definitiva, una empresa del Renacimiento.

El accionariado de aquella consultora mil usos era una especie de ejecutiva o consejo de administración con presencia de nombres, hombres y familias con voz y voto en el partido aglutinador del centro-derecha español. Una mercantil nacida para ser el corazón que bombeara la financiación de la remozada derecha española. El 13 de abril de 1990, el entonces presidente del PP José María Aznar encarga a la joven promesa Alberto Ruiz-Gallardón que elaborara, como presidente del Comité Nacional de Conflictos y Disciplina del partido, un informe sobre el escándalo que se había cobrado varias detenciones, empezando por la del tesorero del partido, Rosendo Naseiro, o la del concejal Palop, así como una receta de recomendaciones.

En la conclusión cuarta de ese documento, el instructor es contundente al señalar a Futuro Financiero como clave de bóveda sobre la que descansaba la ejecutoria de los presuntos recaudadores. «Se acredita entre los miembros del grupo una comunidad de intereses al margen del partido cuya concreción se manifiesta en la sociedad Futuro Financiero». Gallardón cumplió a la perfección su cometido: inculpar a personas concretas, salvar al partido (el bien mayor que debía proteger) y, por supuesto, a los jefes: el presidente Aznar y el presidente-fundador, Manuel Fraga, que por algo era un plato cocinado por encargo.

Así, el redactor del documento/sentencia política concluía: «Esta sociedad no participa en la actividad objeto de este informe ni es destinataria de fondos relacionados con la financiación del Partido Popular, pero es el común denominador de los intereses económicos privados de algunos de sus miembros, concretamente del propio Arturo Moreno, de Salvador Palop y de Miguel Ángel Cortés, que abandona su actividad ejecutiva en la empresa a raíz de su elección como diputado».

En la conclusión tercera insiste en la virginidad del partido y de Aznar, y subraya que invocaban su nombre en vano para cultivar carteras y nichos de mercado para las «comisioncitas»: «Las actuaciones se inician generalmente por Salvador Palop de forma espontánea y sin encargo directo o indirecto del partido […] Se acredita también la utilización indebida, por falsa, del nombre del presidente nacional del partido para avalar su irregular actuación». Y en la séptima conclusión pone el broche a su canto a la inocencia del tándem Aznar-Fraga: «Resulta evidente que tanto el presidente del Partido Popular como su presidente-fundador desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe».

Quizás por tener el copyright de la idea, Moreno Garcerán fue el elegido para presidir el consejo de administración. Ante el notario actuó también en representación de Fontán, quien pasó a controlar 300 títulos de la mercantil. El vicesecretario general del PP desde el congreso de Sevilla era hombre de política, pero con gran vocación para los negocios. Lo que verdaderamente le interesaba era Futuro Financiero. Él mismo se lo explicó al juez, según consta en el folio 121 del sumario del caso Naseiro. Las seis cintas de grabaciones que finalmente se obtuvieron (copias a patir de la cinta matriz) incluían pasajes de conversaciones entre Moreno y Palop. El primero quería que Palop llevara las finanzas del partido en Valencia. Llegó a trasladárselo a Rosendo Naseiro. Palop era consciente de con quién cultivaba una relación que esperaba productiva: «Moreno manda todo, lo manda todo, lo manda todo», repetía en uno de los diálogos intervenidos. Pese a ser mano derecha de Aznar, ni Gallardón pudo salvarlo en sus conclusiones: «Los hechos revelan que el vicesecretario general Arturo Moreno consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido». «De forma no oficial y con actuación al margen de la estructura del partido.» Por supuesto.

En sus Memorias, Aznar lo adoba con pétalos de flor y lamenta haber tenido que firmar el parte de defunción política de Moreno, víctima del caso Naseiro: «El gran damnificado [del caso Naseiro] fue Arturo Moreno, un hombre de gran talento político que, tras soportar un auténtico calvario mediático, me presentó su dimisión como vicesecretario general. La primera vez, el 19 de abril, no la acepté. La segunda, el 11 de mayo, sí. Con mucho dolor. La salida de Arturo fue una pérdida muy importante para el PP y, en lo personal, un golpe fuerte para mí». Porque, agrega Aznar, «Arturo no sólo era uno de los mayores valores del partido. Era un buen amigo». Sobre el resto de los implicados, Aznar se muestra bastante más frío, austero y distante: «El concejal Salvador Palop fue expulsado del partido. Ángel Sanchis, que era diputado nacional[…] tuvo que darse de baja como militante. Y Naseiro dejó el cargo de tesorero».

El vicepresidente del órgano de gobierno de aquel paraguas de las finanzas populares tenía el título de marqués de Casa Pizarro, de nombre Álvaro Alonso Castrillo y Romeo. Pero no figuraba en ese tinglado ni adquirió 500 acciones (cinco millones de pesetas, 30.000 euros) por su condición nobiliaria sino por la de miembro del clan vallisoletano. Alonso Castrillo y Romeo fue tesorero de la UCD ya en las primeras elecciones democráticas, las de junio de 1977, según recordaba el ex ministro y ex correligionario suyo José Manuel García-Margallo.

La mayoría de los tenedores de las acciones eran personas físicas, pero también participaron en la propiedad cinco empresas: la francesa Societé Inmobiliere Auteuil, Tecnología Agraria, Fues, Estudesa y GP Polop. Cortés, que fue secretario de Estado de Cultura con Aznar, poseía 400 acciones de Futuro Financiero y José María Michavila, ex ministro de Justicia, un centenar. Javier Sánchez Lázaro-Carrasco o el propio Salvador Palop eran otros de los ilustres capitalistas de esa sociedad.

En el ya célebre pasaje antes citado en el que Zaplana conminaba a Voro Palop a pedir «una comisioncita» de «dos o tres millones de pelas», el cliente era precisamente Javier Sánchez Lázaro y el «servicio» que se quería prestar consistía en el traspaso y urbanización de un solar. Sánchez Lázaro era ya entonces un destacado empresario del sector turístico e inmobiliario, muy dedicado a la gestión de suelo en la costa y especialmente en Benidorm. Y amigo de quien sería alcalde de la ciudad.

Siete años después de aparecer en las grabaciones, el también senador de AP por Cáceres durante la segunda legislatura fue citado por Zaplana para una comida en Valencia, en el restaurante La Hacienda, cuyo propietario, de la órbita del ya presidente autonómico, hizo también la peregrinación desde Benidorm a la capital valenciana en busca de fortuna. El jefe del Consell, un visionario, sabía ya entonces que la comercialización es tanto o más importante que la producción.

Otro de los protagonistas de las grabaciones de esa película coral que fue el caso Naseiro se llamaba Javier Domínguez y era arquitecto municipal de Cullera. También participaba en el accionariado el notario Antonio Magraner Duart. Emparentado con la acaudalada familia Murcia Puchades, a la que atrajo para invertir en esa mercantil a través de GP Polop, Magraner Duart era tenedor de 2.250 acciones de Futuro Financiero. Con el tiempo, Zaplana lo colocaría en una de las 21 sillas del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a propuesta de la Diputación de Valencia.

La escritura de constitución de Futuro Financiero fue algo así como el testamento en diferido –que diría la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal– de lo que iba a ser en cuerpo y alma el partido refundado. Quiso quitarse, y en parte lo consiguió, la caspa franquista, pero de ninguna manera abdicó –como el tiempo ha demostrado– de la tradición de la escopeta nacional, de la mordida institucionalizada como peaje al contratista y travestida a menudo como sobrecoste. Futuro Financiero fue el tarro de las esencias de todas las prácticas de corrupción que marcarían las pautas del partido y sus instituciones en los cinco lustros siguientes, un cóctel con todos los ingredientes que, como si de una bomba retardada se tratara, acabaron por colapsar el sistema e implosionarlo cuando se envolvió en la atmósfera de la crisis.

La participación en ese capital social fue una inversión con premio garantizado. Como la lotería que compraba Carlos Fabra Carreras, el político más afortunado de la historia, el hombre que adujo haber sido agraciado siete veces con premios de la lotería en diez años para justificar 2,2 millones de ingresos extra.

Efectivamente, el accionariado de Futuro Financiero se conformó como una ejecutiva de gestores y beneficiarios del nuevo poder del PP. Aunque no todos ocuparan cargos de lustre en el partido. A menudo los que mandan no tienen puestos significativos de responsabilidad pública porque el verdadero poder suele ser alérgico a la luz y a las cámaras.

Arturo Moreno, con minuta en el IVEX

Eduardo Zaplana ha dibujado en su vida pública una trayectoria ejemplar en cuanto a la solidez del relato y la coherencia y pervivencia de los personajes que lo conforman. Arturo Moreno Garcerán, como tantos otros, no se despegó de las faldas de su amigo, que le reservó un espacio en el pesebre nada más llegar a la Generalitat. No siempre sucede, pero en este caso a Moreno le rentó haber parido la idea de montar una inmobiliaria y consultora con valor añadido.

Quizá porque Zaplana siempre ha sabido como nadie reconocer el talento y la innovación. Especialmente en el área de la ingeniería financiera. Así, el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) decidió pagarle al ex presidente de Futuro Financiero una minuta fija de un millón doscientas mil pesetas al mes (unos 7.200 euros) como asesor externo. Moreno cobraba a través de su firma Beta Mediterránea por la prestación de «servicios profesionales», en virtud de un contrato suscrito el 3 de marzo de 1997 por el amigo del ya jefe del Consell y el IVEX.

El compromiso se rubricó apenas tres meses después de que Moreno Garcerán se convirtiera en administrador único de esa empresa, radicada en el número 2 de la calle Juan Bravo de Madrid. Cuyo objeto social principal, por cierto, eran los «servicios de urbanismo y arquitectura». El interesado me explicó que esa firma también se dedicaba a la consultoría estratégica y que justamente para eso fue «contratado por el IVEX». Tras recordarle su dimisión por el escándalo del caso Naseiro, subrayó que entonces se fue de la política «con una mano delante y otra detrás» para engrosar «las filas del INEM».

Como fiel practicante de aquella proclama tan habitual en las cintas de la coronas, aquel «tus amigos no te olvidan», cuando tuvo ocasión, Zaplana le procuró un contrato para que pudiera recibir todos los meses un ingreso en la sucursal del Banco Gallego situada en el número 21 de la calle Velázquez de Madrid sin necesidad de personarse cada mañana en las oficinas del IVEX en la plaza América de Valencia.

En los tiempos en los que cobraba de la Generalitat, Moreno era apoderado de Telefónica Media y Telefónica Medios de Comunicación, firmas que controlaban la participación de la compañía en Antena 3TV. Curiosamente, en la misma empresa, en Movistar, recaló Eduardo Zaplana cuando se retiró del escaparate político. Porque la política jamás la abandonó.

El invento del caso Manglano. Se anulan las grabaciones

Eran seis las cintas con grabaciones que sostenían el caso. Conversaciones registradas entre el 12 de diciembre de 1989 y el 6 de abril de 1990. Todas ellas fueron anuladas por el Tribunal Supremo el 19 de junio de 1992 al dictaminar que el juez instructor, Luis Manglano Sada, había vulnerado los derechos de los acusados cuando ordenó la intervención de los teléfonos de los hermanos Palop. Quedaban también invalidados los interrogatorios efectuados por el juez instructor basándose en el contenido de las cintas. Sin las intervenciones telefónicas, la Fiscalía tuvo que retirar todos los cargos contra los acusados, y los magistrados del Alto Tribunal absolvieron a Palop y a los otros tres procesados: el diputado Sanchis Perales, el tesorero Rosendo Naseiro y el empresario presidente de ETRA José Balaguer.

La orden de destrucción de las cintas provocó que se esfumaran las pruebas que sostenían las acusaciones contra los tesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales por presunta financiación ilegal del PP. Junto con Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, acabarían formando un póker de tesoreros del PP imputados. Y en el caso de Sanchis Perales, condenado 28 años después por su colaboración con el también penado Luis Bárcenas. Un club tan selecto como el Bilderberg.

Atacar y desacreditar las formas de la investigación y evitar responder sobre el fondo es una pauta habitual entre los buenos abogados procesalistas en su objetivo de anular las instrucciones judiciales. En este mediático caso, quien logró el éxito de la anulación de cintas fue el penalista procesalista Javier Boix, prestigioso abogado valenciano que ha ejercido también la defensa de Carlos Fabra, Francisco Camps o Rafael Blasco, entre otros ilustres de la familia popular.

En política, cuando se está con el agua al cuello, suelen fintarse las responsabilidades públicas para circunscribir la polémica al terreno judicial, copiar esa estrategia y aliñarla con una dosis concentrada de conspiración y doscientos gramos de andanadas contra el juez de turno, la policía y el fiscal, la santísima trinidad maléfica. No es una práctica de defensa inventada como respuesta contra Baltasar Garzón tras la operación Gürtel. La reacción defensiva del PP ante este escándalo pivotó precisamente sobre la decisión de atacar la forma de acometer la investigación y a todos cuanto la impulsaron, especialmente al juez.

En el libro de su vida, Aznar lo explica con una naturalidad que le honra. Sin que se le torciera un pelo del bigote. «La persona con un papel determinante en aquel durísimo trance para el PP fue Paco Cascos. Demostrando una inteligencia política y una capacidad de reacción fuera de lo común, Cascos consiguió convertir el caso Naseiro en el caso Manglano. Es decir, consiguió que el PP pasara de la defensa al ataque contra quienes, amparados por el poder y desde el propio poder, habían orquestado una operación para abortar la consolidación de una alternativa al socialismo en España.» Para el ex presidente del Gobierno y mantenedor de la teoría de la existencia de armas de destrucción masiva en el Iraq de Sadam Hussein, el caso Naseiro era la «venganza o reacción al caso Juan Guerra». Una parte de la prensa nacional y de los columnistas de derechas sostenían esa tesis y arremetían contra el juez instructor. «El PP ya tiene su caso Guerra», titulaba la periodista Pilar Cernuda su columna en el periódico.

El líder del PP solicitó una «comisión de investigación» sobre las actuaciones del Juzgado número 2 de Valencia y «muy concretamente del juez Luis Manglano, que había ordenado la detención del tesorero del PP y del concejal de Valencia, Salvador Palop, ignorando todos los procedimientos y garantías propias del Estado de Derecho».

El informe Gallardón fue una sentencia de condena, con calificativos de grueso calibre, al juez, la policía y la Fiscalía. De la actuación policial en el caso dijo que supuso una «violación de determinados preceptos legales». Y, además, con oscuras intenciones: «Sugiere la existencia de motivaciones ajenas al buen hacer en la persecución del delito». «La policía de Valencia guardó pruebas durante 15 días, las entregó a un juzgado distinto al que ordenó las diligencias que permitieron obtener las pruebas, eligió arbitrariamente el momento de acudir al juzgado con las pruebas, se amparó en un delito inexistente, o por lo menos no acreditado en las diligencias, de tráfico de drogas, para seguir solicitando prórrogas de la intervención telefónica, y ocultó explícitamente información básica al juez Manglano al solicitar la intervención telefónica el 28/12/1989.»

Gallardón no fue más clemente a la hora de enjuiciar la labor del juez. «El 19 de enero de 1990 la policía le entrega dos cintas grabadas con anterioridad a su intervención en el caso como si se correspondiesen con la intervención por él acordada el anterior 28/12/1989 y las acepta cuando además, según las normas de reparto vigentes en los juzgados de Valencia, la autorización de una intervención telefónica no confiere la competencia sobre los delitos que se descubran al juez anteriormente citado sino que este debe pasar a reparto el asunto.» La Fiscalía se lleva también su parte: «No recurre ninguna de las resoluciones adoptadas por el juez, consintiendo así las irregularidades existentes en el procedimiento y denunciadas en este escrito. Igualmente, por parte del fiscal jefe de Valencia, señor Beltrán, se han producido declaraciones que, además de soeces, prejuzgan el resultado de la investigación sumarial».

Para Luis Manglano, el informe Gallardón no fue más que un intento de exculpar al partido para restringir la responsabilidad a cuatro elementos sueltos e incontrolados. «El PP es honesto, en caso de haber chorizada sería al margen del partido.» Esa era la estrategia, en opinión del hoy presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ valenciano. Poner a la policía, al fiscal y al juez instructor en la diana es la forma que tienen los partidos de intentar camuflar la realidad, y evidencia «falta de respeto por la justicia y de cultura democrática», sostiene quien recuerda todavía hoy, casi treinta años después, con cara de estupor la presión política y mediática a la que fue sometido por quienes desde el primer día se empeñaron en construir el caso Manglano. No cree que Cascos fuera el padre de aquella estrategia, pese a que Aznar lo reivindique como artífice. Sí atribuye méritos posteriores en estas lides a Federico Trillo como intrigante y «gran muñidor» del intento de control de resortes judiciales para hacer más llevadero al PP los distintos casos de corrupción en los que se ha visto implicado. Trillo, que fue coordinador de Justicia del partido, ha tenido siempre un enorme poder de seducción. El fin de semana del 16 y 17 de julio y el lunes 18 estuvo en permanente contacto con Francisco Camps, hasta visitó su céntrica casa en Valencia, para pedirle que dimitiera por los trajes Gürtel. El jueves 21, Camps abandonó para satisfacción de Mariano Rajoy.

El magistrado recuerda aquellos intensos meses entre diciembre de 1989 y abril de 1990, cuando ordenó las detenciones. La presión política y mediática llegaba al «insulto y la calumnia» desde algunos medios. Al juez instructor le investigaron su vida privada en busca de material para el linchamiento. La policía política y los trabajos ad hoc para montar campañas de descrédito personal no son un invento del ex ministro Jorge Fernández Díaz. Era el primer gran caso de corrupción política y la cobertura mediática fue intensiva. «Perdí todo el sentido de la intimidad, no me dejaban trabajar, ni ir a la cafetería, ni entrar ni salir del juzgado, siempre había prensa abordándome. Pero yo creía en la transparencia de la justicia y quería ofrecer información sobre el caso, entre otras cosas para evitar que se especulara tanto.»

En esa tesitura y en una época en la que no existía aún equipo de prensa para difundir comunicados, él y el decano de los jueces, José María Tomás y Tío, arbitraron un mecanismo para gestionar la comunicación. Cada día a las ocho de la tarde, el juez del caso comparecería en rueda de prensa para abordar las novedades de la causa. A cambio, la prensa accedía a no abordar al juez o al fiscal en busca de declaraciones, los célebres canutazos. Me admite que, si fuera hoy, se limitaría a ofrecer notas de prensa, pero no comparecería. Porque el grado de popularidad se multiplicó hasta ser reconocido por la calle, bares o tiendas. «Es que las ruedas de prensa eran hasta retransmitidas en directo por televisión, eso nunca había sucedido», recuerda. La Justicia acababa de subirse al escenario, de entrar en el plató. Cámaras y acción, empezaba el espectáculo.

El Tribunal Supremo anuló las grabaciones y segó de cuajo toda la carga probatoria. El fondo del asunto fue sepultado por razones procesalistas, porque el Alto Tribunal apreció irregularidades en la forma de instruir el asunto. Entendió que no se había sido suficientemente garantista. Porque, de entrada, la policía solicitó al juez la intervención telefónica en la investigación de un presunto delito de narcotráfico. Otra de las objeciones que puso el Supremo y que resultó determinante para anular las cintas es que las grabaciones no eran originales sino copias del registro que se hacía en una única cinta matriz disponible para toda la Jefatura de policía. A partir de ahí, se hacían copias de los pasajes que se consideraban relevantes para la investigación. «Los medios eran los que eran, muy escasos», advierte el magistrado. El Supremo dictaminó que no se podían hacer duplicados y que el original debía estar en poder del juez. Y la selección de las copias debía hacerla el juez y no la policía. En la práctica era imposible, porque, argumenta, el instructor debería haber estado todo el día escuchando las cintas íntegramente para seleccionar los cortes. También se dictaminó que la cadena de custodia de las pruebas había fallado.

Al poco de pinchar el teléfono de Rafael Palop, un policía se dirigió al juez que había autorizado las grabaciones. Era una conversación telefónica entre los dos hermanos que inducía a pensar que había un turbio asunto de posible financiación ilegal del partido. El juez escuchó la cinta en su casa y convocó una reunión a la que asistieron la secretaria y dos agentes de la Brigada de la policía Judicial. Nadie más. Quería aislar al máximo el tema, investigarlo con la máxima discreción para evitar «contaminación» y posibles filtraciones. «La prueba de que la estrategia fue acertada es que en cuatro meses sólo lo sabían cuatro o cinco policías, la secretaria y yo, nadie más», defiende el magistrado. De haberlo sabido el fiscal, habría llegado al ministro de Justicia, y la instrucción debía llevarse «con discreción», insiste.

Cada semana, la policía hacía las copias, se transcribían y la secretaria las aportaba al expediente. La penúltima de las actuaciones consistió en pedir al Banco de España datos sobre cuentas, información patrimonial y movimientos de capital de una docena de implicados. Tras una llamada desde Madrid al director de una oficina bancaria, a este le faltó tiempo para alertar a su cliente de que se le estaba investigando. Los registros sonoros recogieron cómo cundió la inquietud de los integrantes de la supuesta trama y empezaron a hablar de cambiar hábitos y reconfigurar la arquitectura del sistema de financiación. Manglano entendió que había que acelerar las actuaciones. Se citó de urgencia con el fiscal jefe del TSJ Enrique Beltrán. En una hora lo puso al corriente del caso y le explicó por qué no había dado parte a la Fiscalía. Beltrán empatizó con Manglano al considerar que, efectivamente, el asunto exigía máximo sigilo y, de haberlo sabido, habría trasladado la información al fiscal general del Estado porque era su obligación. El fiscal Carlos Almela, en cambio, nunca entendió que Manglano le ocultara la investigación en curso.

Había que actuar con suma urgencia para evitar que se destruyeran pruebas. El 9 de abril de 1990, Lunes Santo, se practicaron las detenciones. El instructor de la causa acabó trasladando el caso al Supremo, dado que dos de los investigados, el tesorero del partido Rosendo Naseiro y el valenciano Ángel Sanchis Perales, tenían la condición de aforados al ser diputados.

El caso Naseiro fue para Zaplana su primera gran mancha curricular por salpicadura de corrupción. Pero ni ese ni otros dos inmensos lunares sepultaron su carrera política. Si Baltasar Garzón fue el primer condenado por Gürtel, en el caso Naseiro el único que purgó una pena fue el juez Luis Manglano, quien acabó pagando a plazos la factura de haber ejercido la independencia y no haber claudicado ante las presiones. Cada vez que ha tenido la oportunidad de promocionar en la carrera judicial y optaba, le ha llegado un pago pendiente en forma de veto. Soñó con ser presidente del TSJ valenciano, con estar al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y aspiró dos veces a convertirse en magistrado del Tribunal Supremo. Nunca resultó elegido. Postulado con el apoyo de Juezas y Jueces para la Democracia, asociación progresista de la magistratura, Manglano siempre tropezó con el veto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. ¿Y cuál ha sido la posición del PSOE al respecto? «Mi percepción es que me ha utiizado para subir las apuestas, me apoyaba aparentemente, yo llegaba a situarme en las ternas de aspirantes y, llegado el momento clave, me dejaba caer para finalmente acabar poniendo a uno de los suyos en la negociación bipartidista», cuenta Manglano sin tapujos.

El instructor del caso Naseiro ha tropezado varias veces con los tentáculos de un régimen de partitocracia que subyuga el poder judicial al político. De tal manera que el partido que controla el legislativo domina el CGPJ, el órgano de gobierno del poder judicial. Y asume así el mando de toda la jerarquía de la judicatura en tanto que tiene la llave para designar a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Sala, los presidentes de la Audiencia Nacional y de cada una de sus Salas, los de los TSJ y sus Salas, los de las Audiencias Provinciales y unas cuantas competencias más. Luis Manglano estuvo quince meses trabajando en el Supremo en comisión de servicios, una etapa en la que dio de sobra la talla, y está considerado un profesional de reconocido prestigio, pero tiene un estigma y dos problemas. El anatema se llama caso Naseiro. La interpretación procesalista extremadamente garantista que hizo el Supremo sirvió para exonerar de culpa a los implicados, pero Manglano había ya orientado el foco hacia quienes estaban montando la primera infraestructura de financiación de los populares que acompañaba la estrategia política de refundar la derecha: de la Alianza Popular de reminiscencias franquistas al Partido Popular.

El juez instructor ha tenido un segundo problema que sospecha que ha lastrado sus opciones de progresar en el escalafón de la carrera judicial en el tramo en el que las conquistas se otorgan con criterios discrecionales: «No tengo amigos en los partidos políticos». El juez admite que sin esas lealtades y fidelidades el techo queda más abajo. Muy por debajo de la independencia. Esa que lleva, por ejemplo, a un magistrado a no aceptar «ni un bolígrafo BIC de regalo» para conservar intacto el criterio, sentencia. Esa que supone un lastre, una mochila llena de piedras, para trepar. Una vez verificado empíricamente que su perfil no es competitivo en altura, una vez «comprobada cuál es la realidad», el juez Manglano decidió hace un tiempo que había llegado ya «al máximo de mis posibilidades».

Militante de una familia acomodada de Valencia y de la izquierda antifraquista, inició su ejercicio profesional como abogado laboralista de Comisiones Obreras. Luego trabajó en el despacho jurídico de Alberto García Estévez, muy vinculado al Partido Comunista. El 24 de octubre de 1982, cuatro días antes de que Felipe González arrasara en las generales que lo convirtieron en presidente, Manglano aprobó las oposiciones a juez. Su preparador fue un tal Juan Luis de la Rúa, con quien con el tiempo llegó a competir por presidir el TSJ.

De la Rúa no pasará a la historia por haber presidido el tribunal de mayor rango en la Comunitat Valenciana. Será recordado porque su voto fue decisivo para archivar, el 9 de agosto de 2009, la causa Gürtel de los trajes de Francisco Camps al entender que esos presuntos regalos en ningún caso podían ser constitutivos de delito. El sobreseimiento fue levantado posteriormente por el Tribunal Supremo, que reabrió la causa. De la Rúa no era amigo de Camps. Amigo era poca cosa. «Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat», llegó a decir Camps en un acto público en septiembre de 2008. El hombre que ocupó el sillón más elevado de la judicatura autonómica representaba por su perfil esa simbiosis perfecta entre las derechas política y judicial que tan bien congeniaron en Valencia, compartiendo a menudo manos de truc en la falla, que viene a ser una representación costumbrista y autóctona del muy sajón truco o trato.

Año y medio después de ese fallo exculpatorio del presidente Camps, De la Rúa negó que entre ambos hubiera una íntima amistad personal y la rebajó a «buena relación institucional». «La causa del presidente Camps para mí era una más», comentó, para añadir que «jamás» ninguno de los dos había entrado en la casa del otro. La de De la Rúa estaba situada exactamente en la última planta del edificio del TSJ en Valencia. Un pisito público de 300 metros cuadrados en el que el Consell se gastó decenas de miles de euros en climatización, reformas, electrodomésticos y otros equipamientos. La sucesora de De la Rúa al frente del TSJ, Pilar de la Oliva, renunció al privilegio de ocupar esa vivienda.

Voro Palop, el fantasma del apestado

A ese colectivo de jóvenes ambiciosos con aspiraciones de conquistar el poder por la derecha llamado «clan de Valladolid» pertenecía Voro Palop. No era un cualquiera dentro de aquel grupo incipiente que tanta vida social y política había hecho en Madrid bajo las faldas de liberales como Antonio Garrigues Walker o Ignacio Camuñas y que en su mayoría cursaron Derecho mientras labraban el camino de control de la derecha para la conquista del poder. Como hemos comentado, en su libro de memorias, Aznar lo liquida con un contundente «en cuanto a los más implicados, el concejal Salvador Palop fue expulsado del partido». Lo nombra justo después de otorgarle al vicesecretario Arturo Moreno la consideración de «buen amigo». Quizá Palop, que provenía del sector liberal de UCD, no llegaba a tanto con Aznar, pero, si no lo quiere llamar amigo, al menos no cabe duda de que era muy, muy conocido, tirando a amigo. No en balde le daba tratamiento de «Voro».

En los tiempos en los que todos eran poco y alguno era nada, en plena hegemonía del socialismo felipista, el concejal de Valencia era de los que tenía interlocución directa con el nuevo jefe de la derecha española. Era, según me expresó uno de los miembros de aquel incipiente clan, el que «mandaba de verdad en Valencia», el representante con más proyección de aquel grupo de pijos con vaqueros. Por supuesto, muy por encima de aquel abogado de Benidorm por el que intermedió, en Madrid y ante Aznar, para que avalara su candidatura a alcalde de la ciudad turística. Una opción promocionada y apadrinada por empresarios y la derecha local, de la que su suegro, Miguel Barceló, era un destacado socio.

En aquel círculo de valencianos con ambiciones militaban Voro, Eduardo, el joven Manuel Tarancón o Francisco Rábena Barrachina, abogado y diplomático que en 2001 fue llamado por Zaplana para ser asesor suyo en el Palau y al año siguiente, con Olivas de presidente, ocupó el puesto de subsecretario de Relaciones Institucionales de la Generalitat. En el último gobierno de Rajoy fue director de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España.

Todos ellos eran asiduos del Club Financiero Génova. «Donde el negocio es ocio y el ocio es negocio» rezaba el lema del añejo club. Aquella declaración de principios estaba tatuada en el alma de Zaplana y de buena parte de aquellos proyectos de gobernantes que, en la España del pelotazo, mascaban su plan de vida con el mismo ímpetu que un adolescente rumiando un chicle con sabor a ganar dinero, triunfar, hacer negocios… Y buscar recursos para financiar el partido, que, a fin de cuentas, era el barco con el que iban a navegar, aunque en algunos casos fuera con bandera pirata y sobre aguas turbulentas.

En la práctica, además, se cumplía el deseo de Arturo Moreno de que Palop llevara las finanzas del PP. Al menos en Valencia, era una pieza clave en las conexiones del partido con empresarios contratistas de la Administración que ya por aquel entonces veían la necesidad de diversificar sus «inversiones» a medio plazo, e incluso a corto en algunos ayuntamientos, a la hora de colaborar con los partidos políticos. Palop, que no era precisamente un tipo cauto ni precavido (a decir de alguien que lo trató mucho), retrata a la perfección el cordón umbilical existente entre partidos y adjudicatarios de dinero público. En una de sus declaraciones ante el instructor de la causa en el Juzgado de Instrucción número 2, Luis Manglano, Palop advertía de que todas las formaciones políticas «ponen el cazo para recoger dinero para las elecciones». Y, a partir de esa premisa, él mismo debió entender que poner el cazo en política es un ejercicio de naturalidad, que el cazo es como una prótesis del brazo, una forma sofisticada de dar la mano para cerrar un trato.

«Cuando cayó en desgracia, pasó a ser un pelele, pero antes era el que sin duda mandaba», observaba la citada fuente. Se ganó involuntariamente el título de don nadie, de apestado, el 10 de abril de 1990, cuando la policía lo sacó esposado del Ayuntamiento de Valencia tras las grabaciones obtenidas de sus conversaciones con políticos y empresarios desde el judicialmente intervenido teléfono de su hermano Rafael. Dos meses más tarde, el 8 de junio de 1990, la policía detuvo al letrado hermano del concejal por un presundo delito de tráfico de drogas en una redada, desarrollada en Valencia, Madrid y La Pobla de Farnals, en la que cayeron una mujer española y un ciudadano chileno, además de decomisarse casi cuatro kilos de cocaína y diversas cantidades de dinero en efectivo.

Finalmente, Rafael Palop salió libre de cargos. Voro también, pero nunca volvió a levantar cabeza políticamente.

El remake de Mari Carmen García Fuster

Entre quienes le dieron la espalda y le retiraron el saludo a Voro figuraba la ex concejala de Valencia entre 1983 y 1987 María del Carmen García Fuster, mano derecha, ojos y oídos de la por aquel entonces diputada Rita Barberá, que había sido la candidata a la Generalitat por el PP en 1987. García Fuster, encuadrada en la otra rama del partido –la de la vieja guardia de AP–, trató a Palop como un auténtico convicto desde el día en que fue detenido en el grupo popular municipal. 25 años, 9 meses y 16 días después la historia empujó al vacío a la ex concejala de Alianza Popular y ex diputada provincial para que plagiara aquel renglón torcido que tantos años antes había protagonizado Palop.

El 26 de enero de 2016, un martes, García Fuster fue detenida en el marco de la operación Taula, un macrocaso, una enmienda judicial a la totalidad contra una forma de gobernar desde las alcantarillas durante toda una época (la etapa del PP al frente de las instituciones valencianas) y en todos los planos (ayuntamientos como los de Xàtiva y municipios de la Costera, el de Valencia, la Diputación o empresas públicas de la Generalitat, como Ciegsa). Una cultura de gobierno marcada por las adjudicaciones con comisiones de peaje y la facturación falsa como autopista para el vaciado de la caja pública en dirección hacia destinos amigos. Aquel día fueron detenidos el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus; sus vicepresidentes primero y segundo, Juan José Medina y Máximo Caturla, o empresarios como José Adolfo Vedri (de la empresa de marketing Engloba) por la comisión de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales. García Fuster formaba parte del reducido e impermeable anillo de confianza de la todopoderosa Barberá, junto con la hermana de esta Asunción «Totón» Barberá, que fue su jefa de gabinete, Silvestre Senent, Vicente Igual o María Miguela Carpio, consejera de Corporación F. Turia, S. A., el holding de la familia valenciana Carpi, propietaria de la antigua cementera Turia en Burjassot.

Aquel 26 de enero de detenciones, Mari Carmen acabó acurrucada en la parte trasera del coche policial, embutida en un anorak, con el pavor asomándose por las desencajadas órbitas de sus ojos y un botellín de agua en su mano derecha como única reserva de oxígeno. Si quieres conocer el estado anímico o el carácter de alguien, sólo es necesario observar cómo anda y cómo mira. El paso y la mirada te delatan en los momentos emotivamente claves en la vida, instantes en los que el alma transpira en hemorragia.

Esa noche quizá se asomó a ese instante cinematográfico que, como esa visita molesta a mesa puesta, siempre nos acecha en los instantes más inconvenientes para regalarnos un rebobinado de los momentos más intensos de nuestra vida. Te estampa contra el espejo y nos dispara los marcadores de la honestidad con uno mismo. En la soledad del calabozo del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta quizá viajó en un flash back a aquellos días de abril en los que tanto vilipendió a Voro. Misma detención, misma causa de fondo (la financiación del partido), mismo cargo público (ambos secretarios del grupo municipal) y, por supuesto, mismo vacío de los correligionarios. Como si el fantasma de Voro Palop, fallecido el 13 de febrero de 2008 con apenas 49 años, hubiese culminado un frío ajuste de cuentas en B con García Fuster y quienes sí alcanzaron la tierra prometida del poder de la ciudad de Valencia apenas un año después de aquel fatídico abril de 1990 y permanecieron en el Edén durante 24 años.

El alter ego de Rita Barberá era, como Palop, la que mandaba. Sólo que Voro administraba expectativas y Mari Carmen, realidades en billetes de 500 euros, según la investigación judicial del llamado pitufeo, el sistema por el que medio centenar de concejales y asesores del grupo popular aportaban mil euros de su bolsillo, que eran permutados por dos billetes de 500, supuestamente en negro, por parte del grupo. De esta manera los populares habrían blanqueado fondos obtenidos de contratistas que pagaban comisiones como compensación por las adjudicaciones de contratos de obras y servicios. Así se financiaban los gastos electorales. Además de representante del partido ante la Junta Electoral y, como secretaria, encargada de gestionar el presupuesto oficial del grupo con cargo a las subvenciones municipales (en función del número de concejales) para gastos de funcionamiento, comidas y viajes, García Fuster fue la persona que supuestamente pidió a ediles y asesores su colaboración en el pitufeo.

Así lo constataba la ya fallecida ex concejala María José Alcón en la grabación de una conversación mantenida con su hijo, Vicente Burgos Alcón, registrada el 15 de abril de 2015. En abril llegó a la Fiscalía un escrito anónimo en el que se alertaba del blanqueo que se estaba llevando a cabo en el grupo de cara a los gastos de la inminente campaña electoral. El 14 de abril, el juez ordenó la intervención del teléfono de Alcón y, curiosamente, apenas 24 horas después el pinchazo dio sus frutos.

La conversación entre Alcón y su hijo constituye un ejemplo de libro de amor materno. Resulta enternecedor comprobar la paciencia con la que la madre explica a su vástago, de forma muy didáctica, la operación de blanqueo en el grupo. «¿No lo entiendes?». «Pues ellos tienen mucho dinero negro.» «Pues de empresas del partido, comisiones, corrupciones…» «Sí, como dijiste tú una vez, en este país lo único que funciona es la corrupción.» «¿Es Rita la encargada?», pregunta el hijo. « Rita, sí.» «Es corrupción total…» y «hay mucho dinero negro», insiste Alcón de forma lapidaria. Habla a su interlocutor, pero cualquiera diría que estaba hablando al micro dirigiéndose al juez. Para que fuera del todo redonda, lo único que le faltó a aquella grabación fue el «uno, dos, probando…».

Tras la redada del 26 de enero, concejales y asesores (incluida García Fuster) fueron pasando a declarar ante la UCO y el juez. La edila Lourdes Bernal indicó que las órdenes las daban entre García Fuster y Asunción Barberá. La asesora Patricia Iserte lo corroboró. El grupo tenía una cuenta abierta en Banc Sabadell, con número 0081 0145 03 000226023, que, según el informe de la Guardia Civil, venía a ser una caja B en la que ingresaban parte de las mordidas pescadas en contratos públicos.

El prófugo y reaparecido Marcos Benavent, yonqui del dinero, definió así esta cuenta en su confesión: una cuenta caja B. Nunca fue declarada al Tribunal de Cuentas. La UCO subrayó que se trataba de una cuenta «oculta a todos los órganos fiscalizadores posibles». Y en ella se depositaban las donaciones. De esta forma, el PP podía superar el techo de gasto electoral. En la campaña de 2011, por ejemplo, se pagaron desde el grupo 167.678 euros a la empresa Trasgos. En la cuenta del Sabadell figuraban como autorizados, además de García Fuster, el vicealcalde Alfonso Grau, la senadora Marta Torrado y la administrativa María José Pi. Se usaba como si fuera la cuenta el partido.

La investigación y el repaso de las libretas de la contabilidad incautadas en los registros acreditan al menos tres aportaciones en metálico realizadas por García Fuster en la cuenta clandestina: el 13 de mayo de 2011, por 28.500 euros; el 20 de noviembre de 2013, por 5.500 euros, y el 11 de junio de 2014, por 4.050 euros. Como concepto figuraba «ingreso efectivo aportación». Al comparecer ante la UCO para dar explicaciones sobre su implicación en las presuntas ilegalidades, García Fuster se acogió a su derecho a no declarar. Ante el juez cometió un enorme error al confesar que recibió más de 240.000 euros de un recaudador del partido al que no quiso identificar.

Descompresión en Aguas de Valencia

Voro Palop era un tipo «muy querido» en los círculos del partido y por todos los que habían compartido andanzas universitarias con él, me explicaba una persona muy próxima al ex concejal. Gozar del afecto general era mucho en momentos en los que, en la orilla conservadora, nadie era todavía nada. Su detención y caída en desgracia provocó un profundo shock en esos ambientes. Era tal el aprecio que sentían por el concejal y amigo de Aznar que, para evitar que se sintiera abrumado por tantas muestras de solidaridad, se convino que la mejor solución para pasar la resaca del escándalo era que pasara una temporada al extranjero, una vez había escampado el horizonte judicial.

Palop viajó a Inglaterra. A cursar un máster y aprender inglés. Fue, en ese sentido y por imperativo de las circunstancias, un adelantado en la moda del viaje en misión lingüística. No se buscó la vida con el clásico contrato de au pair. Tuvo al menos un padrino impulsor de aquel bréxit con el escándalo valenciano, de aquella aventura turística y formativa. Y fue la contratista Dragados, según la misma fuente.

El consejero delegado de la empresa, Manuel Romillo, y su responsable territorial en Valencia, Luis Janini, aparecían en las conversaciones sobre una adjudicación en Torrevieja y las presuntas comisiones que se derivarían. Janini advertía a Palop de que Romillo era hombre de palabra. «¿Tú te crees que la casa mía es una casa de putas, o qué? ¡Es muy seria, Voro!», proclamaba Janini.

Hay dos tipos de manchas absolutamente imborrables, resistentes al aguarrás, las pistolas de espray, la lejía, las pócimas combinadas con vinagre y demás remedios caseros de la abuela. Dos irreductibles manchas rebeldes: la sombra y el testigo mudo. La primera te acompaña de por vida. El segundo es menos cargante para la conciencia, pero más gravoso para el bolsillo. El propio o el de un tercero al que se subroga la hipoteca. Voro Palop regresó de Inglaterra y se convirtió en una mancha incómoda para la conciencia de los amigos y el bolsillo del partido.

El amigo Eduardo ya había alcanzado, a su manera, la alcaldía de Benidorm. El alcalde no sabía qué hacer con Voro y este aguardaba paciente una salida. Cuando Zaplana llegó a Presidencia de la Generalitat, el fantasma de Voro Palop, como el de Maruja Sánchez o el de Vicente Sanz, vagaba por las dependencias del Palau. Nadie sabía qué hacer con Voro, dónde y cómo buscarle acomodo. Pasaba el tiempo y el ex concejal empezó a descubrir que Zaplana no le tenía la consideración que él presuponía. Que él no representaba para el presidente una amistad tan especial, que la veneración era más en sentido de ida (de Voro al nuevo presidente) que de vuelta. Aunque tenía esta convicción, acreditada por los hechos, Voro Palop «no quería reconocer que Eduardo no lo había tratado bien», observaba un político del círculo de ambos. No estaba dispuesto a aceptar que el amor fraternal que se profesaron mutuamente se desgastó por conveniencias postescándalo.

A Zaplana ya no le convenía esa relación. Le incomodaba. Para el nuevo presidente, Palop nunca fue ninguna bomba de relojería con gran carga explosiva extra a la dinamita que ya había estallado en las grabaciones, que, paradójicamente, en vez de abortar su carrera política, devinieron un trampolín para relanzarla. Pero cuando uno se enfunda el traje de presidente es recomendable aumentar el perímetro del cordón sanitario ante agentes externos que puedan dañar la reputación y huir de operaciones de riesgo. Incluso si el presidente se llama Zaplana. Este daba largas al compromiso de buscar un acomodo al «Voro, cabrón» que tan colega suyo había sido años antes.

Pero tampoco reconoció jamás esa actitud de darle la espalda al amigo. El ex concejal tuvo la suerte de ser amigo íntimo de Juan Francisco García, fichado por Zaplana nada más ser designado candidato a la Generalitat y nombrado jefe de gabinete del presidente tras ganar las elecciones del 28 de mayo de 1995, cargo en el que permaneció hasta julio de 2002, cuando el jefe del Consell dejó el Palau. García era otro viejo conocido de Madrid, que pasó por la consultora PriceWaterhouse y asumió un papel relevante para asuntos del subsuelo político, que comprende la fontanería de grueso calibre (no perceptible a la vista), arqueología y enterramientos varios. Juan Francisco era la voz, oído y mano ejecutora de Zaplana en todos los asuntos delicados, en especial los turbios y los tirando a opacos, de esos en los que la discreción va adosada de serie, por interés de las partes. Temas que suelen llevar un prospecto de alertas de efectos secundarios llamado Código Penal y una pegatina con la calavera de las líneas de alta tensión.

Él era el encargado de realizar las llamadas desde el teléfono rojo de Presidencia al mundo real, en especial a los empresarios. Era la voz del presidente. Siempre. Y el brazo ejecutor. ¿Que había que ordenar y dirigir el proceso de privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997 con concesiones a 25 años? Ahí estaba Juanfran. ¿Que había que vigilar y dirigir con control remoto la puesta en marcha de Terra Mítica? Nadie como él para ejercer de arquitecto político y director de obra. Juanfran deambulaba por terrenos sembrados de minas. Alguna de las que pisó llevaba temporizador y le explotó el 22 de mayo de 2018. En realidad, la mina se llamaba Zaplana.

De buscar un techo y un sueldo al amigo Voro, y ante la desidia mostrada por el presidente, se encargó su jefe de gabinete. Soluciones Juan Francisco intercedió para que colocaran a Voro Palop en Aguas de Valencia (AVSA), empresa que a menudo ha ejercido de balneario para el retiro de jubilados y lesionados de la política, que han recalado en esta sociedad privada cuya economía se riega con potentes adjudicaciones públicas, además del libre mercado. El entonces director general de AVSA, Francisco Pontes, que era amigo de Juan Francisco García desde que Palop los presentó, entendió que darle un empleo al ex concejal era razón de Estado. Gracias a la implicación personal de sus dos amigos, Palop fue puesto en nómina de Aguas de Valencia, donde se instaló en un estupendo despacho. Fue fichado en calidad de abogado, aunque la coartada era lo de menos. A Voro se le pagaba cada mes por leer el Marca. Y poco más.

La mente es el arma más autodestructiva de cuantas existen. Y lo peor es que todo el mundo tiene una sin necesidad de sacarse ninguna licencia y encima nadie instruye para un uso correcto de un aparato con tal potencial destructor. El tiempo libre, la ausencia de un orden del día con deberes que cumplir e intendencia que resolver es, quizá, la peor de las balas que cargan la mente. Un día debió de cansarse de tener noticia de los éxitos de su viejo colega Eduardo, cayó en la cuenta de que este había sido salpicado por las grabaciones pero en cambio salió con el traje impoluto, empezó a cansarse de que el partido se avergonzase de él, de que no se le invitara a los actos, y, tras constatar que no se le daba visado para aflorar a la superficie y estaba condenado a pasar el resto de su vida en las tinieblas, sufrió un ataque de amor propio. Desde ese día, Voro se volvió un tipo muy incómodo para Zaplana y la plana mayor de los mandamases del partido y el Consell. «Empezó a quejarse, a pedir protagonismo y a reivindicar una actitud de Eduardo que nunca encontró», me contaba el amigo del ex concejal.

Voro jamás admitió el desprecio porque habría sido tanto como romper la tarjeta de visita del presidente, su capacidad de acceso directo al Palau de la que tanto presumía. Pero, en realidad, Zaplana no le daba ni los buenos días. Aunque le había fallado, el jefe del Consell fingía, por su parte, aprecio e incluso se apropió de la paternidad de las gestiones para que el ex concejal tuviera una pensión vitalicia en Aguas de Valencia.

Aquella complicada relación no fue ningún capítulo extraño en el serial de los lazos entre elementos de poder. En política, en la economía, en el periodismo o en cualquier otro escenario en el que se gestione dinero, influencias o cualquier moneda canjeable por poder, los sentimientos casi nunca son sinceros. Si aquellos que lo son tienen a menudo fecha de caducidad, porque es ley de vida, los de cartón piedra directamente podrían considerarse material de usar y tirar. En política, la gran feria de los abrazos, saludos de pega y mentiras enlatadas, la deslealtad puede consumarse en menos de lo que tarda en imprimirse el diario o boletín oficial. «Para justificarse y distanciarse, Eduardo tenía la mala costumbre de cuestionar al molesto, decir que es un loco», apuntan. La coartada de la estigmatización. Un clásico.

A las 13:30 horas del 14 de febrero de 2008, Zaplana acudió al Cementerio General de Valencia, donde incineraban el cuerpo de Voro Palop, arrancado de este mundo por un cáncer con apenas 49 años.

Sanchis Perales, el «encargado de pasar la gorra»

«Dada la baja de militancia de Sanchis Perales, no procede la exigencia de responsabilidades disciplinarias», concluía el informe Gallardón sobre el diputado nacional, que había sido tesorero del PP entre 1982 y 1988 para ceder luego el testigo de la hucha del partido a Rosendo Naseiro. La cintas grabadas evidenciaban, según el responsable de asuntos internos del partido, que Ángel Sanchis, «sin competencia orgánica o estatutaria alguna [ya había dejado de ser el contable], pretendió participar junto con Salvador Palop en operaciones de recaudación de fondos, utilizando para obtener su confianza los nombres del presidente fundador y del presidente nacional del partido».

El 13 de julio de 2017, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la financiación del PP organizada en el Congreso, Sanchis Perales insistió en la misma tesis que había defendido 23 años antes en una comparecencia parlamentaria para responder de su implicación en el caso. «El informe [Gallardón] puede decir misa; el señor Gallardón hizo el informe cuando no conocía la verdad, no sabía nada; se precipitó» y «luego, cuando lo supo, rectificó», asestó el ex tesorero. Preguntado insistentemente por el fondo de las conversaciones grabadas en las que maquinaba con Palop supuestos cobros de mordidas, siguió fiel a la estrategia de dar por «no realizadas las conversaciones, no existieron», dado que fueron «anuladas, destruidas» por el Tribunal Supremo «y además fueron manipuladas». «No se le entregaron enteras al juez, fueron troceadas, las partes se fueron uniendo a criterio de la policía y por eso el Supremo las declaró ilegales», sentencia el ex tesorero.

Tanto en ese interrogatorio parlamentario como en una entrevista que me concedió cuatro años y medio antes, el 23 de enero de 2013, Sanchis Perales insistió en que no tenía ninguna constancia de que hubiese existido jamás una caja B («me suena a chino») para la financiación del PP. Partido, suele repetir, en el que no milita, aunque siempre lo votará. Tampoco da credibilidad a que hayan existido pagos de sobresueldos. «No me creo que se repartieran sobres a tantos en el PP; alguien se habría ido de la lengua», me trasladó erigiéndose en letrado defensor de la limpieza de las cuentas del partido, en abogado de las causas imposibles. Admitió, eso sí, que durante su etapa de tesorero se rebasaba a veces el límite de las donaciones por parte de algunos empresarios, una ilegalidad que, afirmó, era práctica común «en todos los partidos».

Ángel Sanchis Perales me contó en su momento que Manuel Fraga lo llamó «para ser el encargado de pasar la gorra» entre los empresarios. «En esos años yo sólo rendía cuentas a “don Manuel”. Recogía pequeños donativos de los empresarios que colaboraban con AP pasando la colecta en cenas que se celebraban muchas veces en mi casa de La Moraleja o con envíos masivos de cartas pidiendo ayuda», explicaba.

El sistema del SOS económico epistolar fue ratificado por su sucesor al frente de la caja, Rosendo Naseiro, durante su comparecencia parlamentaria. Sanchis Perales insistía en que el poder «entonces era del PSOE, yo me limitaba a agudizar el ingenio para ir recogiendo migajillas». Dejar la política a la fuerza y por la puerta trasera no le supuso ningún esfuerzo. «Fue para mí una liberación, una alegría. Me dejé millones, me dejé 10 años de mi vida y nunca nadie me ha agradecido nada», lamentaba el empresario que un día se metió en política. «Que quede claro que yo salí de la política menos rico que cuando entré; me arrepiento de mi entrada en política y de haber sido el contable.» Así de contundente se expresaba quien se define como «hombre de honor» tras verse envuelto de nuevo, 23 años después, en enredos contables ligados a la tesorería popular.

El juez Pablo Ruz lo imputó en el caso Bárcenas al entender que Sanchis Perales ayudó al también ex tesorero popular a ocultar fondos que aquel tenía en una cuenta de Suiza, además de colaborar en blanquear dinero. El también contable del PP Álvaro Lapuerta fue imputado en los papeles de Bárcenas, donde constaban apuntes de entregas al PP por parte de constructoras como Sacyr, FCC, OHL o Constructora Hispánica.

En su segundo choque con la Justicia, la trama de la película de nuevo remitió a la financiación del PP y tenía a un tesorero como protagonista. Apenas catorce días después de que Baltasar Garzón desplegase la operación Gürtel –el viernes 6 de febrero de 2009–, Ángel Sanchis Perales viajó a Suiza a auxiliar a su amigo Luis Bárcenas, quien se disponía a vaciar una cuenta (la 8.401489) en el Dresdner Bank de Ginebra, donde llegó a tener un saldo de 38 millones de euros, procedentes del cobro de comisiones por la financiación ilegal del partido.

Tuve acceso a los documentos que acreditaban el vaciado de esa cuenta, a base de transferir fondos a terceros países (por ejemplo al HSBC y UBS en Nueva York) para salvaguardar sus «ahorros» de la investigación de la Audiencia Nacional. Sanchis Perales hizo una visita al Dresdner el 20 de febrero de 2009 y el 12 de marzo empezaron a registrarse transferencias desde la cuenta suiza a sucursales de los citados bancos. Entre otras, una a nombre de la empresa Brixco S. A., cliente de la sociedad La Moraleja, que gestiona la explotación frutícola y constituye la joya del imperio empresarial de Sanchis Perales. Un dinero que se traspasaba a Brixco como capital supuestamente prestado. En concreto, cuatro swifts bancarios por 4 millones de dólares. A otra de las sociedades usadas para vaciar la cuenta, Liadmel, se traspasaron 784.000 dólares –en tres transferencias– desde la cuenta del Dresdner Bank.

¿A qué viajó usted a Suiza, ha hecho negocios con Bárcenas, le ayudó a transferir ese dinero a una empresa vinculada con usted…? Todas estas preguntas y algunas más se las formulé a Sanchis Perales en enero de 2013, cuando empezaron sus renovados problemas judiciales por la visita y después de que el propio Luis Bárcenas explicase al banco suizo que él tenía participación en los negocios de su amigo valenciano. «Conozco a Luis desde que él tenía 7 años, conocía a su padre», admitió, pero «no tengo ni he tenido negocios con Bárcenas, solamente le presenté a Brixco, cliente mío, nada más que eso.» Semanas después, Sanchis confesó tener intereses en Brixco, además de ser cliente de La Moraleja, la firma madre de todo el grupo empresarial que fue cimentando desde que fundó Nuevo Banco, donde tenía como empleado a Bárcenas padre y fichó al hijo.

Entonces, ¿por qué Bárcenas dijo que era casi socio suyo? «Este hombre lo habrá dicho por hacerse el chulito y el grande, por fardar o aparentar, que tenía algo que ver conmigo abusando de mi amistad… Pero es fácil comprobar que jamás ha tenido una sola acción ni nada en la sociedad La Moraleja. Porque, en sus 35 años de vida, esta empresa solamente ha tenido cuatro accionistas: mis tres hijos y yo.»

¿Dice que utilizó su nombre ante el Dresdner Bank para fardar? «Para aparentar. Cuando vas a abrir una cuenta, el banco te pide avales, te pregunta quién eres, quién puede dar la cara por ti… Y te abren una ficha con los contactos y los negocios que tienen. Él dijo que tenía intereses en La Moraleja y no los ha tenido nunca.» ¿Y usted cómo sabe lo que preguntan? ¿Tiene cuentas en Suiza? «Llevo más de 50 años de empresario y he abierto muchas cuentas corrientes en muchos países del mundo y jamás he tenido cuentas en Suiza. Y, si las tuviera, lo diría, porque no es ilegal, siempre que se declaren.» ¿Usted fue a Suiza porque Bárcenas le dio poderes para que le ayudara a mover su dinero y vaciar su cuenta? «No es verdad. Me dio una autorización para que pudiese preguntar por su cuenta, pero ningún poder.» Sus gestiones consistieron, sostenía, en «supervisar la posición y hacer las consultas que le encomendó» su amigo Bárcenas, además de «revisar las ganancias bursátiles» de Bárcenas, dada la confianza entre ambos y el «ánimo de fardar» de este último.

Esta era la rocambolesca versión que Sanchis me dio sobre su viaje al banco helvético. El juez Ruz le otorgó poco crédito y la Fiscalía Anticorrupción, absolutamente ninguno. El ex tesorero fue condenado en mayo de 2018, dentro de la sentencia Gürtel, a un año de cárcel por colaborar activamente en la ocultación de fondos de Luis Bárcenas. La sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel que daba por probada la existencia de una caja B en el PP, certificaba la colaboración activa de Sanchis Perales en la ocultación de fondos de Luis Bárcenas.

Igual que cuando repasa el capítulo del caso Naseiro, también en este nuevo escándalo Sanchis Perales se «arrepiente» de su actuación. No porque se sienta culpable, sino por los problemas que, dice, le granjeó su comportamiento. «Si pudiese volver atrás, jamás habría hablado con Bárcenas de este tema ni de nada, ni habría hecho esa gestión» en el Dresdner. «Ni siquiera», dice, «le habría puesto en contacto con Brixco S. A.»

El Dorado argentino del xiquet de Albal

Se define como hombre «de honor», «de costumbres normales»… «Vivo igual hoy que hace 50 años. Vivo bien, pero como toda mi vida. No soy hombre de yates, ni aviones, ni de ostentaciones. Todo el dinero que gano lo reinvierto en mis empresas. Vivo en un chalé adosado como cualquier persona de clase media-alta y nada más».

Dejó grabado en una de las conversaciones con Palop una de las máximas por las que se ha conducido en los negocios, donde no tardó en conquistar el éxito: «La clave es no ser avaro, saber dar a ganar a otros». Sea por cumplir a rajatabla este precepto o por un olfato innato, el caso es que este «xiquet d’Albal (1938) que als catorze anys va deixar els estudis i als 35 va muntar un banc», como le gusta decir, pronto mostró aptitudes como coleccionista de patrimonio. Hijo de familia de Acción Católica, llevaba la acción en la sangre. En 1973, mientras los socialistas organizaban el congreso de Suresnes, los comunistas luchaban contra los estertores del franquismo y los países árabes de la OPEP ponían patas arriba el mundo occidental al disparar los precios del petróleo, el menor de los tres hermanos Sanchis Perales se levantó una mañana y montó un banco. Nuevo Banco. En apenas una legislatura lo puso en órbita. Y lo vendió.

El mismo año 1977 que Alianza Popular se constituyó como partido, Sanchis Perales dedicó una parte del dinero logrado en esa operación a comprar la finca La Moraleja, una explotación agrícola de 36.000 hectáreas, el equivalente a 50.000 campos de fútbol, situada en la provincia argentina de Salta, al noroeste del país. Completó así su camino americano, cuya meta en este caso estaba al sur del Ecuador. En el linde con Chile, Bolivia y Paraguay. La Moraleja es la joya de los variados negocios del valenciano ex diputado nacional del PP, en cuyo grupo empresarial cuenta con una hidroeléctrica (Hidro Norte), la promotora inmobiliaria Gordo S. A. o la firma brasileña de maderas de lujo Nobleinvest.

El abanico inversor también alcanzó la renta variable. «En el momento álgido de la bolsa, en 2007, yo tenía mucho, después menos», me decía. Cuando acudió a Suiza a revisar las posiciones del depósito bancario de Bárcenas, comprobó que a su colega ex tesorero también le había afectado el desplome del mercado de valores, según me contó. Parte de la fortuna de Sanchis Perales la canalizó a través de la sociedad de inversiones de capital variable (sicav) Flamcinco, que alcanzaba los 7,3 millones de capitalización cuando el escándalo Bárcenas salpicó a Sanchis Perales. Presidida por su hijo Rafael Sanchis Herrero y con su hija Mari Carmen Sanchis Herrero de consejera, fue constituida el 12 de mayo de 1983 con una aportación inicial de 2.406.000 euros y 24 millones de capital estatutario máximo, diez veces el inicial como marca la ley. El ex diputado nacional del PP controla la sicav a través de su inmobiliaria Gordo. Esta firma cobró relevancia pública cuando avaló un crédito de 18 millones de euros concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la empresa La Moraleja S. A. Argentina para acometer inversiones en la explotación agrícola. A diez años, con un interés nominal del 8 por 100 y un periodo de carencia de tres años. Desde la concesión del préstamo, la institución financiera pública adscrita al Ministerio de Economía no recibió cantidad económica alguna correspondiente a los plazos de amortización pactados.

Cuando en 2000 llegó a la presidencia del ICO, el ex diputado del PP Ramón Aguirre decidió resolver el contrato del préstamo tras infructuosas gestiones para cobrar los impagados. Sanchis Perales denunció animadversión personal de Aguirre hacia él y aseguró que nunca tuvo la intención de burlar sus obligaciones, pero arguyó dificultades de la empresa en Argentina.

La hermandad de los tesoreros del PP imputados, en la que milita Sanchis Perales, actuaba con marcial ortodoxia a la hora de hacer negocios. La primera de las máximas, control de riesgo, diversificar inversiones. Naseiro y Bárcenas tuvieron, además, el privilegio de que los dioses les otorgaron el don de ser sibaritas del arte, campo para el deleite del paladar y refugio para la crianza de dinero. Nadie como Naseiro es capaz de saborear la belleza que irradia el Bodegón con alcachofas y ciruelas pintado por Juan van der Hamen y fechado en 1627, una de las joyas de la colección del Barroco que posee quien ha dado nombre a uno de los casos de corrupción más famosos de la democracia. El BBVA le compró 40 cuadros –menos de la mitad de su patrimonio pictórico– por 26 millones de euros. Bárcenas transformó 350.000 pesetas en medio millón de euros gracias a la operación de compraventa de un óleo de una tía segunda suya.

Sanchis Perales, en cambio, prefirió en su momento la explotación de limones frescos en latifundio antes que cultivar el alma contemplando óleos con alcachofas. Pero diversificando el riesgo. En la finca de Salta. La mitad de las 36.000 hectáreas estaban destinadas a plantar cereal. Y el 8 por 100 de la superficie la dedicó a estos cítricos. Suficiente para convertirlo en uno de los cinco principales exportadores de esa fruta en Argentina, líder mundial en la producción de limones.

Casi toda la explotación iba destinada a Coca-Cola, merced a un contrato de suministro por 20 años, que él no podía revelar por una cláusula de confidencialidad. Era su valor refugio oro, pero con gas. La Moraleja producía 1.000 toneladas diarias en plena cosecha y su facturación anual superaba los 40 millones de dólares, según me contó el propietario. Es la segunda empresa de Salta por plantilla (1.700 trabajadores) y activos, dado que la finca estaba valorada hace años en unos 240 millones de euros. El padre y los tres hijos –Rafael Sanchis Herrero preside la sociedad– se propusieron acometer inversiones hidráulicas y en la industria transformadora del limón. En concreto, extraer y comercializar la pectina, una fibra que se obtiene de la piel de la fruta y que se utiliza para la industria alimentaria. Para alcanzar la esencia del limón, los propietarios necesitaban unos 50 millones de dólares. Había que buscar financiación.

Conscientes de que el dinero es la llave maestra más refinada que existe a la hora de abrir puertas, los Sanchis iniciaron una gira de reuniones por despachos oficiales. El entonces gobernador peronista de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañó al patriarca Sanchis Perales a reunirse con la ministra de Producción, Débora Giorgi, para explicarle el proyecto. «En Salta se me quiere y el gobernador, el que más», comentaba orgulloso. Normal que se sienta querido. En esa provincia, uno de los 23 departamentos que conforman la administración territorial argentina, la actividad industrial estaba exenta de impuestos. Una «política de promoción» para captar inversiones, según defendió Urtubey.

Con todo, en la frontera de Argentina con Bolivia, donde crecen los limoneros de Sanchis Perales, no todos comparten el afecto que el gobernador profesa al ex tesorero de AP. El dirigente comunista Leonardo Juárez declaró en el diario digital argentino El intransigente.com que La Moraleja es «la pus que confirma la podredumbre del poder en Salta». Juárez instó a la Unidad Antilavado de la Nación, la UDEF argentina, a esclarecer «de dónde viene la plata para estas empresas». Vino a ser la contraparte argentina del magistrado Pablo Ruz y de, en su día, el juez Luis Manglano. Intentos de esclarecer el cómo y el cuándo del crimen que siempre acompaña a las grandes fortunas, en este caso la de Ángel Sanchis Perales, el «xiquet d’Albal» que a los 14 años dejó los estudios, a los 35 montó un banco, a los 52 empezó a ser carne de investigación judicial y a los 80 años exactos fue condenado por blanqueo de capitales en concurso con falsedad documental.

Capítulo IV

El ascenso

El marujazo

El caso Naseiro parecía abocado a ser el juicio final del PP y estaba llamado a segar de raíz la carrera política de Zaplana. Pero no pasó de ser un ligero contratiempo. Los hombres de Estado aprovechan el viento de cola y nunca desfallecen cuando el aire sopla de costado. «Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso, te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas.» «Amigo aprovecha el viento, mientras sople a tu favor, que el aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor. Que a aquel que se queda en tierra le va la parte peor, se van cerrando las puertas, le van negando el adiós», dice la letra de «Vuela alto», un tratado de psicología, sociología y política del cantautor Julio Iglesias de la Cueva.

El escándalo de «la comisioncita», lejos de enterrar la carrera política de Zaplana, la relanzó. Bendecido por el clan de Benidorm y por la dirección nacional del partido, fue colocado como cabeza de lista del PP por Alicante en las autonómicas de 1991. Pero, sobre todo, fue el candidato a la alcaldía de Benidorm por los populares. El PSPV había intentado ofrecerle ocupar su cartel electoral en una cita anterior, pero, como se ha dicho, llegó tarde al fichaje de aquel valor en alza. Zaplana se convirtió en portavoz, pero las urnas municipales le negaron la alcaldía. En primera instancia. Fue cuestión de paciencia. De manejar los tiempos y esperar unos meses.

María Sánchez Trujillo es un nombre apto para DNI pero poco glamuroso para los carteles de espectáculo. Incluidos los de tablados playeros, por mucho que puedan considerarse plazas de segunda. Tras un derroche imaginativo, la artista transmutó a Maruja Sánchez. Con este nombre, mucho temperamento y un racial zapateado, Maruja y su pareja artística y en la vida real, Pedro Martínez Carrillo, Pedro «Marti» para los espectadores, hipnotizaban a los guiris de Benidorm en tiempos de Felipe González. Maruja fue ubicada en principio en el número trece de la lista municipal del PSPV que encabezaba Manuel Catalán Chana, pero la ejecutiva nacional del partido acreditó su capacidad como cazatalentos y decidió desde Valencia que Maruja merecía avanzar posiciones. Así fue como adelantó dos puestos y logró acta de concejala.

Zaplana también reparó en el talento de Maruja. Se veía a la legua que llevaba el arte en el cuerpo. Puro temperamento. Una mujer decidida, con arrojo. Una artista que de repente desapareció, sin que nadie de la familia denunciara el caso una vez transcurridas las primeras 48 horas como se entiende que es preceptivo, aunque en realidad puede presentarse denuncia desde el minuto uno. Pronto se vio que Zaplana tenía madera de líder: nunca perdió los nervios cuando medio Benidorm temía por la integridad de la concejala socialista. Ni siquiera cuando el paradero desconocido se alargó una semana. En su momento dio señales de vida para anunciar que se encontraba perfectamente y desmentir los rumores de un posible secuestro. Tras un periplo nacional e internacional (que la habría llevado supuestamente a Portugal, Gibraltar o Andorra), su regreso definitivo al mundo de los vivos –muy escoltada– se produjo un 22 de noviembre de 1991. Fue muy sonado. El voto de Maruja era el que faltaba en la moción de censura impulsada por el PP para que el jefe de la oposición local asiera la vara de mando hasta 1994, cuando dimitió para dedicarse en cuerpo y alma al asalto al Consell. La sombra de Maruja se fundió con la figura de Zaplana y desde entonces lo acompaña, pese a todas las conjuras y sesiones de vudú mediático que ha pagado para espantar a ese fantasma que permanece encerrado en el armario de aquel alcalde por incidente.

En las semanas de ausencia de Maruja no todo fue gira internacional. Estación clave en la huida fue el casino Monte Picayo, en Puçol, cuyo gerente, Carlos González Cepeda, era un viejo amigo de Zaplana de cuando ambos militaban en la extinta UCD. Cepeda fue, salvando las distancias, uno de los Francisco Paesa de la tránsfuga y el anti-Paesa. Fue el hombre que, igual que el espía hizo con Luis Roldán, ayudó a mantener a Maruja huida y a salvo de la contaminación, en este caso socialista. Sólo que Paesa se tomó la licencia de sustraerle al ex director general de la Guardia Civil los 1.700 millones de pesetas (más de 10 millones de euros) que este había robado al Estado, además de cobrarle al ministro Juan Alberto Belloch otros 300 (1,8 millones de euros) por las gestiones de entregar al huido. Por el contrario, Cepeda nunca entregó a Maruja al PSOE. Un compañero de partido señalaba cómo aquel servicio de mantener en cuarentena la conversión política de Maruja fue políticamente cobrado, al menos la parte principal, a diez años.

Al igual que las Administraciones Públicas, Zaplana siempre ha dado la garantía de que paga. No de inmediato. A 90, 180, 360 días o más, pero siempre paga y con intereses de demora. González Cepeda fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana entre 1996 y 2000, cuando fue designado conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el Consell de Zaplana. De Justicia, área en la que sustituyó a Serafín Castellano y en la que pasó el testigo a Víctor Campos, ambos salpicados por asuntos serios de corrupción.

El casino colaboró en la intendencia de la fuga, recordaba un ilustre del PP. Toda una metáfora. El universo de la ruleta acunó a la tránsfuga que dio el pistoletazo de salida al carrerón de Zaplana, el hombre que iba a barrer cualquier vestigio de truc y de brisca, para universalizar el derecho al glamour en una sociedad de póker y una economía de black jack. Por su puesto de gerente en aquel casino, González Cepeda estaba muy bien relacionado. Conocía a lo que un clásico diría «lo más granado de la sociedad valenciana». De la economía, de la política, donde siempre ha habido bastante afición al elegante hábito del casino, que se convierte en vicio y ludopatía cuando lo practica un desgraciado. Lo mismo que un enamorado del vino es un sibarita con tendencia a sumiller o un borrachín si va escaso de recursos. Sería injusto no reconocer que Cepeda siempre ha sido un hombre dispuesto a hacer un favor. Si un jovencísimo político ha tenido un percance con una importante deuda de juego y su padre pide que intercedan por él, ahí está el gerente para echar una mano.

Hubo varios Paesas. En la intendencia de aquel secuestro político por el bien del interés general de Benidorm ocupó también un lugar clave un tal Francisco Damián Giménez Fuster, ilustre vecino de Callosa d’En Sarrià. Al igual que los futurofinancieros, este tampoco pasaría nunca hambre. Ni él ni Maruja, que se adosó a un sueldo municipal desde 1991 hasta 2009, cuando el PSPV devolvió con intereses la moción al PP y el socialista Agustín Navarro desalojó de la alcaldía al popular Manuel Pérez Fenoll por este método de urgencia.

Tras la moción que encumbró a Zaplana, la tránsfuga fue premiada con una dedicación exclusiva, un sueldo de 250.000 pesetas (1.500 euros) del año 1991, para llevar la delegación municipal de Servicios Sociales y Cultura. Otro tanto ingresaba su grupo mixto, formado por ella misma, para gastos de funcionamiento. Con Zaplana ya de presidente autonómico, Maruja fue confirmada en su puesto, como coordinadora de Cultura, en 1995. El nuevo alcalde, el popular Vicente Pérez Devesa, juró que, mientras de él dependiera, a Maruja no le faltaría de nada. Y cumplió. Como jefa de negociado, con puesto en la plaza de toros de Benidorm, la tránsfuga fue haciendo caja. Ella y toda su prole. Cuatro familiares y personas de su entorno lograron plaza en el consistorio, del que cobraron 180 millones de pesetas entre 1991 y 2002, al cierre de la segunda legislatura de Pérez Devesa. Uno de los hijos de Maruja Sánchez fue contratado en la delegación de Canal 9 en Alicante. Su marido, Pedro Martínez Carrillo, fue colocado como asesor de Bomberos en la Diputación de Alicante, con un sueldo de 33.000 euros al año.

A mediados de 2007, el coste del marujazo, solamente en sueldos de la familia de la tránsfuga, alcanzaba ya los 2 millones de euros. En cierta manera, ése fue su sobrecoste. La política fue menos generosa en aplausos que el cante, pero económicamente le salió a cuenta. Cuatro años después de coprotagonizar aquel chusco vodevil, Zaplana admitía no sentirse especialmente orgulloso del modo en que llegó al cargo de alcalde. Al igual que esos ateos que justo un segundo antes de expirar se encomiendan a Dios, el presidenciable aprovechó para acogerse a ese reseteo de conciencia llamado confesión, que es gratis y ni siquiera requiere sinceridad. El arrepentimiento por la moción no fue repentino o, en todo caso, la mala conciencia no la comunicó a su partido. De lo contrario, no se entendería la visita que hizo a Benidorm –con la operación todavía tierna– el entonces vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy, quien con su presencia legitimó el golpe.

Al igual que Maruja, el ángel de la guarda y corredor inmobiliario Giménez Fuster también tenía nombre artístico. Dos: Paco Playas y Paco América. El primer mote tenía que ver con su condición de contratista del servicio de hamacas playeras. Pero el que le permitió adentrarse en RTVV fue el segundo alias. Su acreditada experiencia en el sector audiovisual, regentando el videoclub América, y su participación en el asalto a la alcaldía le valieron un contrato de trabajo bicoca en la televisión pública valenciana.

Zaplana lo premió primero con un puesto de asesor municipal y luego le crearon un cargo –el de coordinador de delegaciones de Canal 9– expresamente para él, vacío de contenido y en el que no desempeñaba ninguna labor en concreto. Era el segundo puesto que ocupaba en el organigrama de la televisión pública, tras ser durante casi un año, jefe de gabinete del primer director, Vicent Tamarit. Giménez Fuster, miembro de la ejecutiva del PP de Benidorm, cobraba 250.000 pesetas netas (1.500 euros) por no hacer nada, según atestiguaron entonces diversas fuentes de la cadena y del consejo de administración del ente público autonómico. Raras veces fue visto por el centro de producciones de Burjassot, donde no tenía despacho, ni tampoco por las tres delegaciones que presuntamente coordinaba: las de Alicante, Castelló y Madrid. Vivía fundido a negro.

La esposa de Paco Playas era María del Carmen Espasa. El contrato de complicidades que es el matrimonio se pone a prueba cuando asoman las situaciones complicadas. En la crisis de la tránsfuga se demostró que este funcionaba como un reloj suizo. Trascendió que Espasa prestó su chalé callosino para esconder a Maruja los días previos al pleno, cuando estaba en capilla. Y Zaplana y el PP tampoco la dejaron en la estacada. Al igual que Maruja, María del Carmen, que trabajaba en el departamento de Playas, siempre tuvo una plaza en la alineación de asesores del partido en el Ayuntamiento. Hasta que en septiembre de 2009 la izquierda recuperó el poder a través de la citada moción de censura. Con todo, meses después, los populares la repescaron como asesora en la oposición. Nadie mejor que una experta en movimientos clandestinos, la operación Maruja, para asesorar en labores de trinchera. Aunque ésta sólo sea una oposición municipal en ciudad turística.

En el capítulo de gastos de la moción hay que incluir los sueldos de los guardaespaldas que el nuevo alcalde le puso a Maruja. Lo justificaron en la necesidad de proteger la seguridad de la tránsfuga, pero en realidad el alcalde quería marcarla de cerca para evitar que recompraran su voluntad. Y, de paso, le colocaron unas cuantas cámaras de vigilancia. Siempre por seguridad. Los escoltas suelen ser leales a quien les paga, no a quien están adscritos. Cualquiera que haya dispuesto de servicio de seguridad sabe que hasta el más mínimo detalle de su vida, pública y privada, está totalmente a disposición del servicio de seguridad.

Los dos guardaespaldas que le puso el gobierno municipal cobraron solamente en horas extras 9,6 millones de pesetas (unos 57.500 euros) en tres años. Por cuenta del Ayuntamiento. Uno de ellos, Sebastián Orias Sénder, compatibilizaba el puesto de asesor de la concejala de Cultura, con funciones de escolta, dado que era policía municipal, con su condición de administrador de la empresa Fayvi S. L. Se da la circunstancia de que esa firma fue engordada con adjudicaciones directas del departamento municipal que dirigía Maruja Sánchez. Incluso con Zaplana fuera de la alcaldía, esa mercantil seguía siendo mimada con dinero público. Así, en 1995 recibió al menos doce contratos directos desde el área municipal de Cultura.

Higiene democrática al margen, el marujazo tuvo, así pues, un notable coste económico para el contribuyente. El esfuerzo en intendencia fue mayor que el que se hizo para construir un argumentario político con el que seducir a la concejala para que se convirtiera en una tránsfuga. Ni siquiera se dieron los meses necesarios para poder echar mano de la clásica coartada de la «ingobernabilidad» para justificar una moción en aras de «dar estabilidad al gobierno» local. Zaplana nunca ha sido persona de perder el tiempo. Y menos para construir excusas. No fueron necesarias muchas razones para convencer a Maruja porque llegaba al Ayuntamiento ya convencida de casa. Desde tiempo atrás. «Al menos en un 50 por 100», subraya un profundo conocedor de aquella operación benidormí muy vinculado al mundo de los negocios políticos. Por eso la moción pudo desplegarse con tanta rapidez como se consumó el tamayazo en la Asamblea de Madrid, cuando los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez se desmarcaron de la disciplina de voto del PSOE y quebraron la posibilidad de pacto de los socialistas con Izquierda Unida para elegir presidente a Rafael Simancas. Una sucia jugada de la que salió beneficiada la popular Esperanza Aguirre, dado que el PP logró mayoría absoluta cuando meses después se repitieron las elecciones.

El tránsfuga se hace, pero, sobre todo, nace. Como la artista. Maruja nació con ambos dones. Luego las aptitudes se cultivan, se entrenan. «Maruja estaba ya apalabrada, tocada», subraya esta fuente. Porque Maruja no iba en las listas del PSOE, iba en las del grupo de empresarios que apadrinaban la candidatura de Zaplana. En toda lista existe el cupo de cada familia o corriente interna del partido, la representación de referentes sociales, y a menudo, en especial en municipios costeros, aparecen los candidatos comodín, colocados por poderes fácticos locales, lo mismo que existen las listas de marcas blancas. Si las cuentas no llegan, ahí estará fulano para la moción de censura o para solucionar esa o aquella votación. Al precio de mercado, aquel en el que el comprado queda satisfecho y al comprador le queda margen de negocio. El precio depende siempre de la cantidad de oro en la veta, además de lo decisorio que resulte el voto para consumar la operación. No sólo a la hora de determinar mayorías, sino también para conformar unanimidades. Que cotizan mucho más de lo que se sospecha.

Por eso la oposición, incluso cuando el gobierno dispone de mayoría absoluta, es susceptible de ser tentada. En especial en operaciones inmobiliarias de calado, cuyos promotores buscan siempre el máximo consenso como el mejor repelente para las críticas. No hay mayor garantía de paz social, política y mediática que la unanimidad en el pleno para bendecir hasta atrocidades. Unanimidad debidamente cultivada con reparto de sobres. Como las meigas, haberlos haylos.

Con protagonistas que reparten lecciones de honradez y se muestran indignados al criticar la corrupción del adversario. Sucedía en tiempos de la gran crisis y también en plena exhumación de escándalos, con fiscales, jueces y medios supuestamente volcados en el desescombro y Alberto Fabra en el desguace de la Generalitat. El flujo de comisiones nunca para, ¿y no tienen miedo a que alguien los delate? «Entre el miedo y el dinero, siempre eligen el dinero», me asestó una vez uno de esos especímenes que circulan por las alcantarillas de la política.

Al asalto del PPCV

En su asalto al liderazgo autonómico del partido para poder aspirar a la Generalitat, Eduardo Zaplana tenía que lidiar con pequeños obstáculos, entre ellos su implicación, tres años antes, en el caso Naseiro, ciertas reticencias de la sociedad más conservadora de la ciudad de Valencia hacia un forastero sin pedigrí derechista y, sobre todo, el hecho de no ser el aspirante mejor colocado para relevar a un presidente regional, Pedro Agramunt, que ya se daba por amortizado. Agramunt se afilió a Alianza Popular apadrinado por su suegro, el empresario Joaquín Sáez Merino, cofundador de la empresa textil fabricante de las marcas Lois, Caroche o Cimarrón, y de la patronal autonómica, con su jefe, Luis Espinosa, de gran valedor. La afiliación de Agramunt a Alianza Popular iba tan de la mano del padre de Carmen Sáez Merino, que al fundador del embrión de AP, Manuel Fraga, le llegó la buena nueva de que en el partido recalaba un tipo yerno de un «empresario de mucho éxito» que arrimaría el hombro económicamente en un momento en que la formación no iba muy sobrada de cuartos. Se prometió «el oro y el moro», hasta «cien millones de pesetas que llegarían a través de una fundación». «El oro nunca llegó», me contaba una fuente profundamente conocedora de la contabilidad del partido en aquellos tiempos.

La sentencia de muerte como presidente y líder del partido de quien había sido cartel electoral del PP en las autonómicas de 1991 era, a la postre, la única certeza en el ecuador de esa legislatura y cuando el partido tenía que decidir el relevo, que se consumaría en el congreso de septiembre de 1993. Para entender por qué y quiénes cocinaron el nuevo liderazgo en el PP valenciano, por qué se eligió como plato a Zaplana, hay que buscar los antecedentes. Dos años antes, en el proceso de fabricación de las candidaturas en la ciudad de Valencia y las Corts en las elecciones del 91.

De entrada, Agramunt, el entonces portavoz del partido en las Corts, gozaba de la enemistad manifiesta de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. No en balde, quien fuera la candidata a la Generalitat en 1987 (Martín Quirós lideró la lista al Ayuntamiento de la capital), no repitió cuatro años después porque fue relegada por un Pedro Agramunt que pasó de presidir la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la autonómica Cierval a dirigir el PP en una maniobra orquestada por el secretario de la patronal, Luis Espinosa, y en cuyo diseño participó el jefe de prensa de aquella entidad, el relevante periodista Iñaki Zaragüeta. Espinosa, arquitecto y director de obra de la CEV, era sin duda uno de los personajes con mayor capacidad para la maquinación, más prolíficos en el arte del contubernio y más urdidores de operaciones de control y disputas de poder que han dado la política y la empresa valencianas. Agramunt fue, sin duda, una de sus obras.

El azaroso destino quiso que en el tramo final de la vida de Rita Barberá, con su carrera política acabada y su reputación seriamente demacrada por el caso del pitufeo en la operación Taula, Agramunt fuera uno de los pocos que permaneció al lado de la ex alcaldesa de Valencia. El tiempo y el enemigo compartido Zaplana restañaron las heridas entre ambos. El macabro capricho quiso que la noche en que Rita expiró en una habitación del hotel Villa Real, en Madrid, acompañada por su hermana María José y su sobrino, el ex líder de la derecha autonómica estuviera alojado en una habitación del mismo pasillo. De hecho, ella se hospedaba en ese hotel por consejo de Agramunt, quien fue alertado desde recepción de que la ex alcaldesa había fallecido de forma repentina. Ambos habían quedado ese mediodía a comer, junto con el ex ministro José Manuel García-Margallo, otro que se había reconciliado con la ex alcaldesa. No obstante, Barberá no acudió porque no se encontraba bien. De ahí que llamara a su hermana, quien acudió desde Valencia en tren para acompañarla.

En 1991, sin ningún entusiasmo, Rita Barberá fue desplazada a encabezar la candidatura a la alcaldía, un puesto que estaba reservado en principio para el concejal José Luis Olivas, quien secundó a Barberá en aquella lista. En cualquier caso, puso condiciones al partido. Entre ellas, que la acompañaran un joven Juan Cotino y algunos amigos como José Rafael García Fuster o Silvestre Senent. A otros miembros de la lista, como el abogado de 29 años Francisco Camps Ortiz, tuvo que tragárselos. En aquellos tiempos, Barberá simplemente lo despreciaba. No pasaba de ser un joven asesor del grupo municipal. No formaba parte del ecosistema de Alianza Popular.

Así pues, Barberá es desplazada al Ayuntamiento, donde la izquierda tenía serias posibilidades de perder el poder (la socialista Clementina Ródenas había relevado al dimitido Ricard Pérez Casado, quien fue cabeza de lista en 1987), pero el PP aparecía en todos los pronósticos y encuestas por detrás de la incipiente Unión Valenciana de Vicente González Lizondo. Cuatro años antes, las dos marcas de la derecha habían empatado a 7 concejales. 77.353 votos (19,8 por 100) obtuvo UV, frente a los 73.830 (18,9 por 100) de Alianza Popular.

Jesús Sánchez Carrascosa y la «gota» de María Consuelo

El jefe de prensa, asistente, director de campaña, responsable de programa, director comercial o representante y hasta Community Manager en redes sociales de Zaplana –en tiempos en los que Internet estaba inventado pero habría sonado a fantasía de Julio Verne para el gran público– se llamaba Jesús Sánchez Carrascosa. Pero, antes de entrar en la corte del faraón, Carrascosa tuvo que hacer mucha mili. Llegado desde Cartagena en los 80, encontró trabajo como redactor en Noticias al día y Diario de Valencia, ambos dirigidos por J. J. Pérez Benlloch, un clásico en el periodismo valenciano y maestro de muchos periodistas. Luego recaló en Las Provincias, porque así lo quiso el destino y Ferran Belda, el director de Levante-EMV, a quien pidió trabajo dos veces. Este último había llegado al diario de Prensa Ibérica en abril de 1983, después de trabajar a las órdenes de María Consuelo Reyna en el periódico conservador.

Nada más ver entrar a Carrascosa en la redacción, entonces situada en la avenida del Cid, algunos periodistas, que habían sido compañeros suyos en los citados diarios, sospecharon que iba a solicitar trabajo. No tardaron en advertir al director de que, si la joven promesa entraba por la puerta como nuevo fichaje, ellos saldrían por la ventana. La advertencia no fue exactamente en esos términos. Tenía más carga sentimental, emotiva, pero el sentido era el apuntado. Así que el director rechazó incorporar al redactor, que luego llamó con éxito a la puerta del diario de los Doménech.

El debut del paisano de Zaplana en el diario decano de la prensa valenciana, y entonces líder indiscutible en difusión, fue apoteósico. Se estrenó con un par de entrevistas veraniegas a los rectores de las dos universidades públicas: Justo Nieto (Universitat Politècnica) y Ramon Lapiedra (Universitat de València). Los textos de los escritos de rectificación remitidos por los afectados superaban casi en extensión los de las entrevistas.

Pero su verdadero salto profesional, de notoriedad y relevancia para la política valenciana, lo alcanzó Carrascosa al contraer matrimonio con su jefa, la subdirectora del diario. El director era José Ombuena. Oficialmente. La persona al mando de la redacción en el día a día, por su juventud, energía y carácter, era, de hecho, la subdirectora, aunque no asumiera oficialmente los galones de la dirección hasta 1992. Con el tiempo y tras la conquista zaplanista de la Generalitat, el paisano del nuevo presidente pudo subvertir el orden preestablecido en la tarjeta de presentación familiar, que pasó de «Carrascosa, el marido de María Consuelo Reyna» a «María Consuelo Reyna, la esposa de Carrascosa».

El enlace entre la jefa del diario de los Doménech y su flamante fichaje y la boda posterior no fueron un asunto meramente privado ni reservado para el papel cuché. Fue quizá más trascendente para la política valenciana que el enlace entre Felipe VI y Letizia Ortiz. Foios no es Madrid y el periodista Baltasar Bueno, metido a oficiante como juez de paz, no es el cardenal Antonio María Rouco Varela, pero el enlace Reyna-Carrascosa tuvo bastante más repercusión que el de la catedral de la Almudena. Esa relación alteró el patio político, económico y periodístico valenciano. Tuvo efectos sísmicos.

Aquella unión sentimental tuvo, además, consecuencias demoledoras para el equilibrio de poderes familiar en el seno de la empresa editora. La deriva de esa pareja afectiva, política y económica acabó cobrándose la destitución de la directora. Con razón le preocupaba la gestión de las noticias sobre esa relación. Hasta tal punto que, cuando se enteró de que el director de Levante-EMV y ex subordinado suyo era conocedor de la misma, no dudó en contactar con él por teléfono. Fue una de las dos llamadas que se cruzaron en los dieciséis años en los que estuvieron a ambos lados de la trinchera periodística.

Reyna le pidió a su colega «un mes» de silencio antes de publicar nada sobre su noviazgo. El diario de Editorial Prensa Valenciana no tenía intención de airear un asunto que circunscribía a la vida privada, según explicaba su director. Pero el compromiso adquirido con la directora no debió de convencer del todo a la pareja Reyna-Carrascosa, que decidió apuntalar su estrategia con una jugada táctica tan genial como desconcertante. Carrascosa visitó de nuevo al director del diario de la competencia. Y otra vez para pedirle trabajo en balde. El director no alcanzó a entenderlo. Y Carrascosa le aclaró tajante que el trabajo es el trabajo y «el amor es el amor». Le comentó que María Consuelo Reyna le había dicho que él lo entendería. «No me gustaría que te equivocaras por segunda vez», vino a trasladarle, antes de marcharse, como conclusión anticipada de la no contratación.

Al poco, Reyna telefoneó de nuevo a su colega del otro lado del Misisipi para refrendar la palabra dada de que la noticia rosa no se publicaría sin previo aviso. «No te dejes cegar por la pasión», le espetó el otro a la directora con retranca.

Por aquel entonces, las relaciones entre Reyna y su homólogo eran las de dos responsables de diarios que eran competencia directa aunque con públicos muy distintos, en planos desiguales (Las Provincias todavía era hegemónico) y con personalidades volcánicas ambos. Unas relaciones complicadas. Pero ni sombra de la tensión que con el tiempo alcanzarían conforme las fuerzas de ambos medios se iban igualando y conforme el periódico conservador y la pareja Reyna/Carrascosa se convertían en portavoces del zaplanismo, agitadores de sus políticas e impulsores y partícipes de algunos de sus negocios.

En esa relación crispada entre los dos faros periodísticos del Polígono Vara de Quart, uno en la calle dels Gremis y el otro en Traginers, había cierto poso de admiración mutua jamás explicitada. A pocos del entorno de Reyna escapaba, por ejemplo, que aquel redactor que tuvo a sus órdenes, y que luego alcanzó la dirección del diario de la competencia, era la niña de sus ojos. Hasta tal punto que la directora lo estuvo tentando para que regresara, con ofertas que le trasladaba a través de Benigno Camañas, que más tarde fue el primer delegado de El Mundo en la Comunitat Valenciana.

María Consuelo Reyna Doménech fue, sin duda, un personaje clave en la política y la sociedad valencianas desde los tiempos de la Transición, aunque ella acostumbra a quitarse importancia y méritos. Por ejemplo, en su capacidad incendiaria en la llamada «Batalla de Valencia». Aznar le puso encima de la mesa la oferta de ser la candidata de la derecha a alcaldesa y a la Generalitat. El profesor Manuel Broseta, gran amigo suyo, había sido tentado en esos mismos términos. Broseta rechazó la candidatura municipal. La opción de ser el cartel del PP a la Generalitat en 1995 no tuvo opción de cuajar porque ETA lo asesinó de un tiro en la nuca el 15 de enero de 1992. Era tal la importancia e influencia de esta atípica periodista de raza que tanto Fraga, primero, como Aznar, después, la tenían como la verdadera interlocutora para pulsar a la derecha local o decidir sobre nombres, caminos y estrategias.

Su influencia era notable. Su columna diaria, que se remataba con un último párrafo bajo el epígrafe «La Gota», marcaba la agenda. Era un efectivo cadalso en el que se ejecutaba al derechista descarrilado o se administraba la correspondiente dosis de cicuta contra cualquier atisbo de normalización lingüística. Reyna tenía atemorizados a medio país y tres cuartas partes de de la ciudad, incluidos políticos de la izquierda que claudicaban ante sus permanentes presiones negro sobre blanco y hasta le rendían vasallaje. Personal e incluso institucionalmente. Ni siquiera colocando al médico amigo de la familia Joaquín Colomer como conseller de Sanidad se libraba el presidente Joan Lerma de las invectivas de la Reyna de Valencia. Más que portadas, las primeras planas del diario de los Doménech eran dianas en las que a menudo colocaba la cara de todo aquel que osara defender los postulados científicos en materia lingüística, con especial querencia por la Universitat y sus rectores Ramon Lapiedra y Pedro Ruiz, desafiara el orden establecido en la derecha o simplemente no se plegara al dictado de la superdirectora. La portada era el tráiler de la sentencia de condena, que se resumía en la página 5. En la columna ubicada a la derecha, en la parte extrema, donde firmaba la subdirectora.

No siempre actuaba con la capacidad destructiva de un pánzer. Su apoyo fue decisivo para la conservación de la Devesa del Saler sin urbanizar ni privatizar o para que el viejo cauce del Turia fuera un llit verd como querían los vecinos y no una autopista, como estaba proyectado. Pero, cuando se metía en el fango de las campañas de descrédito, sus dotes para la creatividad superaban al mejor publicista. La misma energía y convicción mostraba cuando usaba las páginas de su periódico como manto protector de la ultraderecha o de determinados círculos de ese movimiento de sans-culottes anticatalanistas conocido como blaverismo, que amamantó desde la cabecera hasta la contraportada, pasando por la sección El Cabinista, un consultorio sentimental político en el que se levantaba acta tanto de opiniones libres como de insultos sin criba alguna.

Era mucho más que una periodista y más que una persona afín a AP (luego PP) o a Unión Valenciana (UV). Era, en buena medida, la madre, la mano que mecía la cuna… Y, al igual que Mary Shelley inventó a Frankenstein, María Consuelo Reyna podría reclamar legítimamente royalties por poseer buena parte de los derechos de autor de un monstruo político llamado Vicente (González Lizondo). De una personalidad arrolladora, dueño de la fábrica de brochas y pinceles El Greco, perfilaba y contorneaba escenarios y planteamientos ideológicos con brocha gorda o directamente tirando de rodillo. La periodista-política-activista colocó a su marido, Jesús Sánchez Carrascosa, al frente de toda la estrategia de Unión Valenciana.

El partido regionalista, aglutinador del blasquismo sociológico, fue la versión política, la marca, con la que el conservadurismo españolista (primero con las siglas UCD y luego AP y PP) quiso agitar la calle azuzando el anticatalanismo. En realidad, subraya un actor y profundo conocedor de la política del momento, «Unión Valenciana fue un invento de Manuel Fraga, una operación, como otras parecidas en el resto de España, diseñada desde Génova». Hasta el punto, observa, de que en algún momento Fraga reconocía en UV su auténtica marca en Valencia. Con las dos opciones, PP y UV, la derecha cubría perfectamente los dos flancos de la derecha autóctona. «Porque es evidente que el discurso blavero de Lizondo chirriaba, por las formas, a la derecha más fina del Ensanche», explica el interlocutor.

Con vistas a las municipales de 1991 había que ser previsible y organizar la conquista del Ayuntamiento (en manos de la izquierda desde 1979) con orden y concierto, para evitar tensiones posteriores. Como buenos padres o padrinos, María Consuelo Reyna y Jesús Sánchez Carrascosa sentaron en la misma mesa a Lizondo, a Rita Barberá y a Marcelino Oreja, entonces eurodiputado, con mucho predicamento en el PP y amigo de la copropietaria del diario conservador y de Rita Barberá. Alguien tenía que hacer de testigo del trato. Porque ese era el punto único del orden del día de aquella reunión con mesa y mantel en la casa particular de María Consuelo Reyna, en la plaza de la Legión Española.

La cena fue una encerrona a Barberá, a la que se quería forzar a un acuerdo que Carrascosa consideraba ventajoso para su cliente, convencido como estaba de que UV sacaría más votos que el PP. Habrá pacto y el que logre un voto más será el alcalde o alcaldesa. La candidata popular no tuvo más opción que plegarse a la propuesta del jefe de campaña de Lizondo y de Reyna, con la que, por cierto, Barberá no congeniaba lo más mínimo por aquel entonces. Con el tiempo conformaron un dueto de lo más armonioso. El 20 de mayo de 1991, las urnas se mostraron caprichosas y Barberá, contra todo pronóstico, logró 95.238 votos (25,49 por 100), casi 15.000 más que Lizondo (80.500, un 21,54 por 100).

Nueve concejales frente a ocho que daban justo los diecisiete que conforman la mayoría absoluta. «Rita, alcaldesa». Con esta portada Las Provincias recordaba el trato sellado. Barberá se adosó a una vara de mando de la que no se despegó hasta 2015, cuando se llevó una de las más sonoras bofetadas electorales que se recuerdan tras cometer la temeridad de presentarse por séptima vez, uno de los mayores errores jamás vistos, dadas las circunstancias que ya se advertían.

Efectivamente, Agramunt estaba descartado para repetir como candidato a la Generalitat en 1995. El propio Aznar lo había dado por amortizado y así se lo expresó directamente por teléfono y a través de Carlos Fabra. Barberá, que se había consolidado como alcaldesa, tenía opciones de asumir ese reto, pero no quiso postularse. «Las elecciones [autonómicas] se van a perder, yo no me muevo.» Lo trasladaba a sus colaboradores. Siempre lo sostuvo. «Rita era una pésima analista, no solía acertar», explica alguien que la conocía bien. En el momento clave del relevo de Agramunt, la alcaldesa se apartó, no quiso optar y dejó el camino expedito para un señor muy elegante y brillante llamado Luis Fernando Cartagena Travesedo, un urólogo nacido en Madrid y criado en Orihuela, donde era alcalde merced a una moción de censura (marca de la casa) presentada en 1987. Un alcalde que no había cumplido los 40 y cuyo estilo y discurso encandilaba a Rita Barberá y especialmente a María Consuelo Reyna.

Solamente una persona de la cocina en la que se debía resolver la sucesión de Agramunt apostaba por Eduardo Zaplana: Jesús Sánchez Carrascosa, natural de Cartagena y amigo de la infancia del alcalde de Benidorm. Con el recuerdo de los negros capítulos del marujazo y del caso Naseiro, Carrascosa se propuso el reto de convencer a su esposa de que el hombre llamado a llevar a la derecha a la tierra prometida era Eduardo y no Luis Fernando. Con dificultades, el ex arquitecto de la estrategia política de Lizondo logró el plácet de la superdirectora a la opción del alcalde de Benidorm. Entre otras razones porque su homólogo de Orihuela visitó a la directora de Las Provincias para trasladarle que Zaplana era el llamado. De hecho, Cartagena admitió después a alguien muy próximo que en el fondo la apuesta zaplanista fue una conjura suya, con Carrascosa y la directora del periódico. Sin el favor de esta última y sin la influencia propicia del esposo Jesús, Zaplana jamás habría tenido un aterrizaje tan placentero en la cúpula del PP valenciano. En caso de haberlo intentado. María Consuelo Reyna se convirtió, de hecho, en la principal valedora del incipiente líder de la derecha valenciana.

Cartagena trasladó a su rival y amigo benidormí su decisión de autoexcluirse de la carrera sucesoria para apostar por él. El alcalde de Orihuela defendía una muy particular teoría sobre «los periféricos», así bautizada por él, en virtud de la cual consideraba prácticamente imposible que alguien de fuera de Valencia fuera capaz de conquistar el territorio situado dentro de las cruces de término. Explicó su posición a todo el que lo animaba a dar el paso. Postularse era, entendía, un esfuerzo inútil, que aboca inexorablemente a la melancolía. En esencia, jamás un forastero podrá llegar a mandar en Valencia. En el fondo, sentía un miedo atroz a perder. Como me explicó un conocedor de los entresijos de la política, hay dos tipos de políticos: los que no tienen miedo a perder y aquellos que sólo están dispuestos a ganar. Cartagena, como Rita Barberá, pertenecían a este segundo tipo. Por eso la alcaldesa jamás quiso dar ningún salto. Zaplana no tenía miedo a perder. Por eso acudió, acompañado por su colaborador Jesús Sánchez Carrascosa y por el propio Luis Fernando Cartagena, al despacho de alcaldía a acabar de convencer a Barberá de que el nuevo líder se llamaba Eduardo. La alcaldesa dio su beneplácito, aunque, en realidad, la decisión, también en Madrid, estaba tomada. Y contaba con el imprescindible aval del virrey de Castelló, Carlos Fabra Carreras.

En apenas una hora se liquidó el asunto. A quien más conocía Rita Barberá de los tres interlocutores era a Cartagena. Con Carrascosa no se veía desde la cena del pacto por la alcaldía, celebrada dos años antes, y con Zaplana tampoco tenía el gusto. Hay quien sostiene que las primeras impresiones son las que cuentan. A veces se acierta. «No me gusta nada este tipo, tiene una ambición desmedida», fue el comentario de Barberá a una persona de su confianza.

José María Aznar intervino para validar toda la operación y ungir a Zaplana. Hubo alguna otra cita, con mesa y mantel como es tradición. Aznar –que veraneaba en un chalé de José Soriano, copropietario de Porcelanosa–, el citado Fabra, Rita Barberá y el propio Zaplana celebraron un encuentro en Oropesa. La operación del relevo se remató en una cena en el restaurante Mare Nostrum del Grau de Castelló a principios de agosto de 1993, como relató el periodista Luis Herrero.

El 26 de septiembre de 1993, Zaplana consumó la conquista del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Fue elegido presidente regional a la búlgara: con 695 compromisarios a favor y ningún voto en conta. No tuvo rival.

Se sellaba la toma del poder por parte de Zaplana y un puñado de jóvenes ambiciosos sureños, entre ellos el propio Luis Fernando Cartagena. El ex presidente de la Generalitat siempre comulgó con la proclama del activista cívico y cultural Eliseu Climent: Alacant és important. Lo fue especialmente para la reinvención de la derecha autóctona.

Entre las numerosas virtudes que adornan a Zaplana está su sentido de la lealtad hacia quienes en momentos clave lo han avalado o patrocinado. Como María Consuelo Reyna. El ex presidente cometió bastantes errores pero algunos notables aciertos. Una de sus decisiones más sensatas como inquilino del Palau, y precisamente movido por ese sentimiento de gratitud, la tomó con motivo del Nou d’Octubre de 1999. Cuando todavía no se había cumplido un mes desde que María Consuelo Reyna había sido defenestrada como directora de Las Provincias, el Consell quiso rendirle homenaje concediéndole la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural «en atención a su contribución a la cultura valenciana». Se otorgó una medalla cultural a la persona que defendió con titulares de trazo grueso el secesionismo lingüístico, a quien negó la unidad de la lengua. «En su dilatada trayectoria se ha distinguido por ser un referente de las inquietudes y aspiraciones de la sociedad valenciana. María Consuelo Reyna ha sido una de las primeras mujeres en dirigir un diario en la prensa española.» Así justificaba el premio el Consell de Zaplana.

El 14 de septiembre de 1999, el consejo de administración de Federico Doménech S. A., editora de Las Provincias, había decidido destituir a la directora y accionista tras una etapa de tensiones y desavenencias internas entre los Zarranz y Reyna-Doménech, las dos ramas familiares descendientes de Federico Doménech. Los primeros eran críticos con la línea de la directora, quien enarbolaba desde hacía bastantes años la bandera del anticatalanismo más furibundo, una circunstancia a la que se añadió la pérdida de su hegemonía en ventas tras la escalada de su competidor en la OJD. Los negocios de Jesús Sánchez Carrascosa, quien impulsó junto a María Consuelo Reyna la televisión alegal Valencia Te Ve, o las interferencias de esa televisión con los intereses del diario fueron algunos de los factores que agravaron las tensiones internas.

Luis Fernando Cartagena: el hombre que meaba colonia

Entre quienes más a fondo se emplearon en bañar en purpurina las oxidadas siglas de AP estaba, además de Zaplana, Luis Fernando Cartagena. En 1982, mientras otros de su quinta flipaban con la pana felipista, él dejó la UCD dispuesto a travestir a Alianza Popular con traje a la medida del centrismo liberal que preconizó junto a su más tarde inseparable Eduardo. Luis Fernando lo tenía todo. Pedigrí derechista (su padre y su tío fueron alcaldes de Orihuela en la dictadura) en la reserva espiritual del conservadurismo que es la Vega Baja. Tenía porte de estudiante de liceo. Era guapo, educado, con voz de locutor o actor de radionovela y dotes para la oratoria. Siempre iba perfumado.

De él se decía que orinaba colonia. Era algo así como un masón bendecido por el Opus Dei. El ex ministro de Defensa, ex embajador en Londres y cabeza de lista del PP por Alicante Federico Trillo siempre lo tuvo en un pedestal. Con esa percha y creencias y arrobas de ambición estaba llamado a la gloria. La comarca del Segura se le quedó pequeña y alimentó, con su amigo Zaplana, la rebelión en el PP alicantino contra la vieja guardia que encabezaban Juan Antonio Montesinos y José Cholbi. Cuatro años de ventaja le llevaba ya al apóstol Eduardo, quien tuvo que esperar una legislatura más para coger la vara de mando de Benidorm. En 1993, el cirujano Cartagena hizo las maletas para triunfar en Madrid. Lo acompañaban en el viaje al Congreso Diego Such, un fichaje procedente del PSPV, y el compañero de despacho de Zaplana y pariente de su esposa Francisco Murcia Barceló.

En el PP siempre ha circulado la leyenda (falsa, como todas las leyendas) de que Cartagena y Zaplana se echaron a cara o cruz quién encabezaría el asalto al partido y después a la Generalitat, y quién buscaría fortuna en Madrid. Una anécdota tan fascinante que debería ser verdadera. Lo cierto es que Cartagena empezó a destacar. Ni sus más enconados rivales discutían sus dotes de persuasión. Una capacidad para hipnotizar que sedujo a María Consuelo Reyna sólo comparable, hay quien dice que aumentada, a la del propio Zaplana. En mayo de 1995, Cartagena, quien siempre soñó con ser ministro de Sanidad, según explican los que le conocen bien, regresó de Madrid ante la llamada de Zaplana para encabezar la lista del PP por Alicante a las Corts. El sucesor de Joan Lerma pensó que nada mejor que tener al amigo-rival controlado con el rabillo del ojo. Pero Luis Fernando ya tenía tras de sí, por aquel entonces, un camino sembrado de minas fabricadas por un poder omnímodo cimentado sobre mayorías electorales del 75 por 100 y con ascendencia empresarial.

Entre los hombres de negocios de su cuerda sobresalía Ángel Fenoll, el otro condenado junto a él –a un año de prisión– por falsedad documental en el caso de los más de 8 millones de pesetas (el equivalente a 49.000 euros) entregados por la hermana Bernardina, de las monjas del Hospital Asilo San Juan de Dios de Orihuela, al consistorio para obras sociales. El tribunal consideró probado que, en su condición de alcalde, Cartagena recibió del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas en abril de 1993, más otros dos millones de pesetas el 11 de mayo de ese mismo año. Esta cantidad era el remanente de la residencia de las hermanas del Monte Carmelo, cuyo centro oriolano se cerraba para ser trasladadas junto a otras monjas de la misma congregación. El alcalde escondió el dinero debajo de la tapa de un piano y se lo apropió, según sentencia. La historia era tan rocambolesca que, cuando la contaba el ex alcalde por UCD y luego líder de la oposición socialista Paco García Ortuño, era difícil darle crédito. 100 por 100 cierta.

En 1998, con el fin de idear una coartada, el alcalde encargó a su amigo Fenoll, contratista del consistorio de la Vega Baja, que emitiera tres facturas falsas de una supuesta reforma de viviendas en un barrio marginal en un intento de justificar el uso de los fondos. Cartagena fue condenado a los citados cuatro años de cárcel por malversación de caudales públicos y falsedad documental, y el empresario, a un año por falsificación de facturas. No era la primera sentencia desfavorable que recibía Fenoll. Ya había sido condenado antes a un mes y un día de arresto y multa de 35.000 pesetas (210 euros) por comprar votos por correo para la lista municipal del PP de Orihuela.

A una empresa de Fenoll, Compañía de Limpiezas del Sureste (Colsur), le adjudicó Cartagena a dedo la contrata de basuras de Orihuela y sus pedanías. Otros 19 municipios, casi todos gobernados por el PP, siguieron el ejemplo. El ex conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Coput) con Zaplana fue encausado por presunta petición de dinero en la tramitación del PAU número 27 y del 20, que afectaban a dos urbanizaciones de la zona, pero entre todos los escándalos en los que se vio envuelto sobresale el que provocó su salida de la Coput un 15 de marzo de 1998, en plenas Fallas: el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander por valor de 164 millones de pesetas, casi un millón de euros. Se trataba de fondos de nuda propiedad que aseguraban la opacidad fiscal. La imputación del conseller en ese asunto forzó su salida del primer ejecutivo de Zaplana. El ex conseller suscribió las primas únicas entre 1987 y 1988. El volumen de la operación alcanzó los dos millones de euros y la presunta deuda fiscal era de 310.000 euros. La causa se abrió en 1992, cuando Cartagena era alcalde de Orihuela, y fue instruida en sus inicios por el juez Miguel Moreiras, que era titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional.

Las diligencias se dilataron nada menos que por espacio de veinticuatro años. En mayo de 2016 se celebró finalmente el juicio en el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela, dado que Cartagena ya había perdido su condición de aforado en 1995. El ex alcalde fue condenado tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la condena. Acordó con el fiscal Felipe Briones y con la Abogacía del Estado aceptar un año y medio de cárcel por la comisión de un delito de fraude fiscal cometido en 1988 al declarar que tuvo ingresos por 24.000 euros cuando su patrimonio había crecido en casi un millón de euros. Exactamente en 158,5 millones de pesetas (955.000 euros) por el dinero invertido en las cesiones de crédito realizadas en el Santander. Aceptó una multa de 125.700 euros y el reintegro a Hacienda de otros 502.000 euros. Al declararse culpable y reconocer los hechos que se le imputaban, Cartagena evitó una sentencia que habría podido ser más desfavorable, dado que la Fiscalía pedía una pena de tres años de cárcel y multa de dos millones de euros.

Cartagena era uno de los 8.000 clientes del banco beneficiarios de más de 47.000 operaciones con este producto opaco. La causa principal de las primas únicas, que afectaba a importantes directivos del banco empezando por su presidente, Emilio Botín, acabó siendo archivada en la Audiencia Nacional, pero la pieza que afectaba a Cartagena había sido separada por la jueza María Teresa Palacios. Pese a sus condenas judiciales por los casos de las monjitas y de las cesiones de crédito del Banco Santander, Cartagena siempre sería un hombre muy cuidado por Zaplana, por el PP y hasta por ilustres de la llamada clase empresarial valenciana. En su gestión como conseller de Obras Públicas sembró y luego fue recogiendo frutos. Protegido por ilustres de la empresa como Federico Félix, el ex conseller nunca dejó de cobrar un sueldo de la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV). Ni siquiera cuando estaba en la cárcel dejó de percibir la nómina mensual.

La leyenda de una grabación «de mierda»

En la campaña de las elecciones generales de 1996, Aznar fue agasajado por el PP valenciano con la orgía mitin en Mestalla que congregó a 55.000 devotos dentro y 15.000 fuera del campo (según cifras del partido) porque el escenario no tuvo suficiente estómago como para digerir a la multitud que se concentró en defensa de una «nueva mayoría» (era el lema de campaña) en España y en la Comunitat Valenciana. Aquella demostración de fuerza, en la que el Valencia CF de Paco Roig cedió gentilmente su casa para hospedar a los nuevos tiempos que llamaban a la puerta de la Moncloa, dio para muchas fotos con carga simbólica.

En los planos medios tomados a Aznar sentado en zona vip salía, dos filas más atrás, un señor con gafas y densa mata de pelo llamado Vicente Sanz, sentado junto a su pareja, Esther Franco, que fue 20 años diputada en las Corts, apadrinada por su consorte. Sanz dio nombre a uno de los casos de corrupción más sonados de cuantos han salpicado a Zaplana, pero, sobre todo, aportó a la literatura periodística y la leyenda política uno de los principales hits de cuantos han aflorado en el prolijo mundo de esas radionovelas con amor, ambición, celos, dinero y venganza que son las grabaciones que visten a los escándalos: «Yo estoy en política para forrarme». Una frase bastarda, cuya paternidad jamás reconoció quien supuestamente la pronunció (Sanz, el entonces presidente provincial del PP), y atribuida tantas y tantas veces erróneamente a Eduardo Zaplana. Quien bien podría haberla fabricado. Zaplana había confesado a Palop cuatro años antes que él necesitaba hacerse «rico». Lo mismo, pero más fino.

El «yo estoy en política para forrarme» es como los no goles de Pelé: trasciende las fronteras de la realidad para penetrar en territorio de la mitología. Son productos que injustamente no tienen la firma de quienes mejor los encarnan. Porque «yo estoy en política para forrarme» lleva el sello de Zaplana, que merece ser el padre, por justicia poética, porque sintetiza un estilo de vida, un esfuerzo permanente por ganar posiciones centímetro a centímetro, por estar en permanente estado de reciclaje profesional, por ser un auténtico cool hunter del pillaje político, un cazador consumado de las últimas tendencias en picaresca de camisa blanca con cuello almidonado.

Pero la célebre proclama, uno de los lemas mejor construidos en la historia de la publicidad junto con el «sensación de vivir» de la Coca-Cola, no es de Eduardo. Se le adjudicó a Vicente. Y no es del caso Sanz, aunque sin duda es la reseña que mejor lo ancla. Porque el «yo estoy en política para forrarme» no forma parte de la grabación furtiva de una conversación del entonces presidente provincial del PP con un empresario. Grabaciones, porque en realidad hubo dos. Bueno, para precisar, una y media. Una y un intento fallido. Aquella historia fue muy analógica. Tecnológicamente analógica, de los tiempos del radiocasete, de cuando las cintas eran cintas rebobinables a golpe de Bic cristal, de cuando el mp3 o el wav habrían sonado a agencia de inteligencia y a último modelo de mortero antitanques. Pero aquella historia fue analógica también por asimilable a tantas otras vividas en estas tierras políticamente tan proclives a la novela negra, aunque esta tuvo una factura más de la escuela del satírico escritor Bernat i Baldoví. Dinero, poder, ambición, venganza, traición y amor despechado.

Hay una historia real y otra oficial sobre el caso Sanz, la que se publicó en prensa. Piezas de un mecano servidas por interés de parte. Palabras, comas, puntos e interrogantes, elementos de relato entregados en cuentagotas para que se construyera la historia que mejor cuadrara con los intereses del proveedor. Sí, es cierto que siempre sucede, y ese es el drama del periodismo. La fuente siempre es interesada. Algún interés económico, político o de otra índole mueve a alguien a facilitar información. En esencia, el interés es inherente a cualquier actuación humana.

La prueba del algodón para verificar la calidad del material aportado no es, en primer lugar, dirimir a quién beneficia o perjudica, sino si es cierto. Aunque conviene saber los motivos que animan a la fuente. Para formarnos una idea, al menos una sospecha, sobre el grado de toxicidad que pueda haber en el suministro y la carga ética que lo inspira. Siempre hay toxicidad, del mismo modo que siempre hay un punto de parcialidad a la hora de cocinar, servir y emplatar la información.

La objetividad es un dogma, tanto como la sacralización de la realidad unívoca. La realidad se construye, con una agenda oficial y a base de palabras y de silencios. Los conflictos bélicos, las crisis políticas de los países (Turquía, Venezuela…) existen y desaparecen en 24 horas. Mueren en la «realidad», se esfuman en la agenda de «lo que está pasando» con la misma rapidez con la que el mago David Copperfield hizo desaparecer los 90 metros de altura y 450.000 toneladas de la Estatua de la Libertad.

En el caso Sanz se dio la convergencia de tres conflictos: uno en el PP (el pulso entre la gente de Rita Barberá y la de Eduardo Zaplana), otro de unos empresarios contra dos dirigentes del partido y un tercero matrimonial. Los medios mediaron y se expusieron a una guerra de filtraciones. Y hubo uno, el diario Las Provincias, que, con su subdirectora y su esposo Jesús Sánchez Carrascosa, fue protagonista político de aquella rocambolesca historia. Actuó como artificiero. Seguro que hay agentes Tédax que en toda una dilatada carrera no han desactivado una carga explosiva con tanto potencial de fuego. Por la cantidad de munición que llevaba, la entidad de los objetivos a los que apuntaba y especialmente porque señalaba a un partido y un dirigente, Eduardo Zaplana, ya castigados por los bombardeos del caso Naseiro y el marujazo.

Érase una vez Benidorm. Día de San Valentín del año de gracia de 1992. La comisión de gobierno del Ayuntamiento presidido por Zaplana, que todavía no ha cumplido tres meses como alcalde desde el marujazo, autoriza contratar la elaboración de un mapa para detectar problemas de ruido en la ciudad. El «mapa sonoro». Ese mismo 14 de febrero, el alcalde invita por carta a tres empresas (las preceptivas tres ofertas) para participar en un procedimiento negociado sin publicidad: Delta Ingenieros S. A., CRC Ingeniería Cartográfica y TecMma. Finalmente, Zaplana adjudica los trabajos a Delta Ingenieros S. A., propiedad de Vicente Conesa Fernández-Vitoria, quien también era administrador de la segunda. Los contratos alcanzaban conjuntamente unos 30 millones de pesetas de la época, 180.000 euros. Más del doble del precio de mercado.

La realización de una radiografía acústica de la ciudad no fue una idea de Zaplana. Fue Conesa quien le ofreció el proyecto. Pero no llegó a Benidorm a ciegas, sino de la mano de su amigo Vicente Sanz, presidente provincial del partido en Valencia, que fue quien presentó al empresario al alcalde. Sanz y Conesa eran compañeros de promoción mientras cursaban la carrera de ingeniero agrónomo, junto con el también ilustre popular Juan José Lucas, que fue presidente de Castilla y León y del Senado. Sanz y Conesa también coincidieron como empleados del Instituto Nacional de Empleo (INEM) entre 1979 y 1983.

Los Vicentes eran amigos hasta el punto de que Conesa fue padrino de un hijo de Sanz. Los dos actuaban en UTE de intereses para que Delta Ingenieros fuera ganando mercado y ellos dos haciendo relaciones públicas. Sanz estaba muy interesado en cultivar las relaciones con el emergente Zaplana, quien (cuando se hizo la adjudicación) estaba ya en la carrera hacia la toma del poder en el partido, y le había propuesto a su amigo el empresario hacer negocios en aquel Ayuntamiento. Delta Ingenieros subcontrató parte del trabajo con un equipo adscrito a la Universitat Politècnica, al que pagaron 36.000 euros. Conesa abonó al menos una parte de ese dinero. No eran los únicos gastos en que había incurrido para ejecutar aquel proyecto de la ciudad de Benidorm. Y el Ayuntamiento no le pagaba. Con todo, Conesa y sus socios debían seguir tranquilos, aparentando fortaleza, músculo económico y capacidad para abordar futuras concesiones, máxime cuando era evidente que el PP, su PP (en 1985 se afilió a Alianza Popular), progresaba adecuadamente desde el punto de vista de la conquista de poder.

Pero pasaban los meses y tanto Conesa como sus socios Eduardo Casanova y José María Arráiz no cobraban del Ayuntamiento de Benidorm, a cuyo alcalde hicieron visitas para reclamar la cantidad adeudada. Pero no cobran. Y advierten de que se están poco menos que arruinando. Los adjudicatarios estaban subiendo el tono de la reclamación del dinero. Como suele suceder, el que ha dado la cara suele llevarse el puñetazo, como si de un mediador en una pelea se tratase.

Conesa decidió ajustar algunas cuentas con Zaplana y su amigo, que como mínimo era quien los había embarcado en un negocio que estaba resultando ruinoso. Conesa se hartó definitivamente de Sanz durante un viaje de ambos a Madrid para participar en un encuentro de la promoción de ingenieros agrónomos. Le indigestó que el presidente provincial del PP alardeara de tener un bonito horizonte de expectativas por delante, mientras él pasaba apuros con su empresa y seguía sin conseguir que se le liquidase la deuda. Todos los proveedores del Ayuntamiento de Benidorm les adelantaban en la cola de la ventanilla de cobros.

Había otra persona muy interesada en pasar factura a Sanz: su mujer, María Dolores Rodríguez, Loli, en aquellos tiempos asesora de Francisco Camps en la Concejalía de Tráfico de Valencia. Sus motivos tenían que ver básicamente con cuestiones personales. El matrimonio se rompió a finales de 1993. Como amigo de Sanz, Conesa conocía perfectamente a Loli. Y entendió, junto con Arráiz y Casanova, que estaría dispuesta a participar (en un papel discreto y secreto pero decisivo) en una venganza contra su marido, que, a la postre, lo obligaría a desconectarse un tanto de la política; y así recuperarían el espacio familiar, salvarían el matrimonio. «La manipularon totalmente», según una persona de su entorno. El plan se diseñó a la perfección. El amigo quedaría con Sanz en una cafetería, le grabaría una conversación delicada en la que el político relataría los pormenores de la adjudicación de los mapas verde y sonoro de Benidorm y unas supuestas comisiones abonadas, y esta cinta con material sensible sería entregada por Loli a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a la que le explicarían que la grabación la había realizado un periodista.

Eligieron para la conjura a Pepe Gozálvez, un redactor de Las Provincias de la máxima confianza de la directora. Barberá llevaría el asunto a Génova, a la dirección del partido, y esta intervendría. La deuda probablemente se saldaría para evitar que se aireara el escándalo, y Sanz y Zaplana quedarían tocados o hundidos. En el plan tenían previsto que, una vez alertada, Barberá iría a Madrid a poner el asunto en conocimiento de Aznar porque sería la primera interesada en desacreditar a quien en el momento de la grabación, marzo de 1993, todavía no había sido designado presidente del PP en el congreso de septiembre y cuando estalló el escándalo aún no había sido oficialmente proclamado candidato a la Generalitat. El escándalo Sanz reventó en junio de 1994, a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 1995. Sería, en resumen, una grabación comprometida para Vicente Sanz, para Zaplana y, de entrada, para unos empresarios totalmente desconocidos. Aunque ya se encargarían los productores de evitar dispararse ellos mismos al pie.

Pero los planes no siempre salen según lo previsto. A veces hay contratiempos. Igual que una pistola puede encasquillarse en un atraco, un magnetofón puede fallar cuando dos quedan en una cafetería y uno de ellos (Conesa) ejerce de malévolo confesor con el otro (Sanz). Sí, la grabadora falló. Hubo una segunda toma de esa escena de la película. Esta vez no había que escatimar en tecnología punta para perpetrar la operación: Mercedes y Phillips. Así que una mañana fallera del 93 Vicente Conesa se apostó con su Mercedes 300 en la plaza de la Reina, donde se citó con Sanz, quien se acercó desde las Corts, donde era diputado del grupo popular. Conesa emplazó a su amigo con tiempo suficiente para hacer un trabajo limpio, antes de que la mascletà de las dos pudiera contaminar el registro de audio.

Pero las segundas partes, los remakes, raras veces suelen estar a la altura. Menos si se trata de conseguir un bis de secretos inconfesables en alguien como Vicente Sanz. Desconfiado como un gato callejero y siempre a la defensiva, como una loba cuando amamanta a sus crías. De hecho, el «interrogado» se percató de que algo raro había en el tono de la conversación y en el contenido sobre el mismo asunto abordado días antes en la cafetería.

La grabación obtenida, al segundo intento, no era lo esperado, pero les valía. Se hablaba supuestamente de comisiones, del dinero que había que llevar a alguien antes de que se fuera de vacaciones, de los intentos baldíos de cobrar la deuda del Ayuntamiento de Benidorm… En su momento se publicó que en la cinta se hablaba de 100.000 euros en comisiones. Una fuente conocedora del contenido de esa grabación rebaja la cifra a 42.000, «siete millones de pesetas».

Nunca se registró la sentencia «estoy en política para forrarme». Sanz jamás la verbalizó en aquella conversación. Aquella frase es supuestamente de su cosecha, pero la habría pronunciado la noche de las elecciones europeas del 12 de junio de 1994, dos semanas antes de airearse el escándalo, en el Alameda Palace, el restaurante que gestionaba Jesús Barrachina (cocinero del poder) y que albergaba las celebraciones del partido cuando había comicios. Se trata de un comentario presuntamente realizado al compañero de partido Gerardo Santos, quien fue durante dos décadas director de relaciones institucionales y protocolo en Feria Valencia. Persona de la máxima confianza del que era presidente de la institución ferial Alberto Català y yerno de Lucía Esteban, más conocida como Luchi, presidenta de la potente agrupación del PP de Abastos.

Más allá del cargo orgánico, Luchi siempre fue una grupi de Rita Barberá y de Francisco Camps, la directora de las cheerleaders de la alcaldesa y de Paco. Cada viernes de pleno, colgaba la pancarta en la zona de visitantes para que Rita Barberá siéntese el calor de jugar siempre como local. Aquel 20 de mayo de 2009 Paco iba a declarar en sede judicial por los trajes Gürtel. Cuando fue escupido de un coche oficial a las puertas del Palacio de Justicia (sede del TSJ valenciano), lo aguardaban sus familiares políticos (Rita, el padre Juan –Cotino–, el hermano Gerardo Camps y el amigo Vicente Rambla) y un grupo de entusiastas apostado debajo del ficus que lleva 160 años vigilando el Parterre. Luchi no faltó a la cita. Tampoco aquel 12 de diciembre de 2011, cuando arrancó la vista oral y los trajes ya habían servido como mortaja del presidente, reconvertido en ex. Luchi siempre estaba en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. No podía fallarle a Paco, me explicaba emocionada a pie de cola para poder entrar a seguir la vista como público.

Seguían pasando los meses, más de un año desde la grabación, y Conesa no había cobrado sus trabajos para el Ayuntamiento de Benidorm. En la primavera de 1994, dieron el play al plan. La esposa de Sanz contactó con un colaborador de Barberá para explicar la existencia de una grabación realizada por un periodista (así tenía que explicarse) que comprometía a su marido y a quien iba a ser proclamado oficialmente candidato del PP a la Generalitat, Eduardo Zaplana. Una esposa despechada que quiere hundir/recuperar al marido, empresarios, posibles comisiones, un periodista que aparece de la nada… La película tenía lagunas de verosimilitud en el guion y, para esclarecerlas, se convocó una reunión en la sede de la empresa Delta Ingenieros.

La audición, de 45 minutos (con una versión mini de 5 minutos), demostraba que la grabación había sufrido un proceso de corta y pega (literal en aquella tecnología) de tal forma que solamente aparecía Sanz, al menos en pasajes comprometedores. Fue la forma chapucera con la que Conesa quiso evitar complicaciones. El periodista, por supuesto, no salía ni antes ni después del montaje porque en realidad no tenía más misión que la de servir como coartada. Con ese material, Rita Barberá no iba a estar dispuesta a ir a Madrid e implicarse en una crisis de esa magnitud con las elecciones a menos de un año vista. Máxime cuando la alcaldesa estaba convencida de que aquellas autonómicas se iban a perder. No podía, además, visitar a Aznar con una grabación que alguien definió en aquella reunión como «una mierda».

Una «mierda» porque la cinta estaba editada para que el gancho Conesa no saliera también trasquilado. Pero a veces los papistas tienen vida propia y adoptan estrategias no homologadas por el papa porque entienden que serán efectivas para él. Este fue uno de esos casos. Si el camino largo, que pasaba por Madrid, era intransitable, alguien entendió que había un atajo que podía ser provechoso para los intereses de Barberá: María Consuelo Reyna. Esta se lo contaría a su esposo, Jesús Sánchez Carrascosa, que ya se había convertido en jefe de campaña de Zaplana. Apartarían a Sanz, con quien alcanzarían algún acuerdo para intentar cerrar la crisis. Pero desde el entorno de la alcaldesa planearon que, cuando esas maniobras se sucedieran, filtrarían a la prensa que el escándalo también salpicaba a Zaplana, a quien Conesa y especialmente Arráiz querían perjudicar. Su objetivo no era sólo Sanz.

Con estos planes, se decidió que el periodista iría a explicarle a su jefa la existencia de una grabación que provocaría una convulsión en el PP. El periodista Gozálvez se personó en el despacho de la directora. Era miércoles 22 de junio. Antes de que ni siquiera hubiera hecho la introducción al relato, su interlocutora ya sabía perfectamente cuál era la historia. Alguien le había enviado una nota anónima poniéndola al corriente. Y ese alguien la redactó en casa de un entonces jovencísimo Pedro García y con su máquina de escribir, en el piso que tenía alquilado en la avenida Regne de València. Ironías del destino, García sería luego jefe de prensa de Zaplana, de Camps y director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), cargo desde el que contrató con la trama Gürtel la cobertura audiovisual de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia y cuya adjudicación le valió el procesamiento por el presunto cobro de una comisión de medio millón de euros.

Reyna abrió el cajón de la mesa y enseñó a su subordinado el anónimo que había recibido. La periodista supo que no podía mantener en secreto el asunto. Demasiadas personas eran sabedoras de que conocía aquel escándalo. En temas delicados, más de uno es multitud. Así que, con Zaplana de viaje de promoción turística en Moscú, decidió que el diario debía reventar el asunto en la edición en marcha, sin más dilación. Así fue como estalló mediáticamente el caso Sanz. Una explosión controlada. Nunca una bomba nuclear de tantos megatones se arrojó con tanto tacto. Y eso que María Consuelo Reyna no destacaba periodísticamente por una sensibilidad extrema.

La dimensión del asunto no dio para que se le reservara un espacio en la portada. Había que hacer un trabajo de precisión. Quemar a Sanz sin que el incendio afectara al altamente inflamable Zaplana. Así que el trabajo periodístico/político en el que se enterraba a Sanz se escondió prudentemente en una insignificante página 20. Ventura, el quiosquero sin quiosco del Parterre, que durante varios lustros vendió los primeros ejemplares que salían de las rotativas, tuvo esa madrugada algún cliente vip del PP que no alcanzaba a encontrar la exclusiva en la que se ajusticiaba a Sanz como se sacrifica a los animales para ahorrarles sufrimiento: con una sobredosis de anestesia. Fue un entierro vendido casi como un bautizo. Así de desconcertante era el titular de una información que, además, no llevaba firma: «Sanz pone su cargo a disposición del PP». El antetítulo coronaba el desconcierto: «Está siendo objeto de toda clase de presiones anónimas». Y dos destacados sacaban brillo a la pieza: «Habla de extorsiones de alguien que él creía su amigo»; «Pretenden hacer daño al PP».

¿Por qué dimitía Sanz? ¿Presiones anónimas? El texto de la noticia no desmerecía el titular. Desde el mismísimo arranque: «La historia es rocambolesca: desde hace una temporada –empezó en plena campaña electoral– Vicente Sanz recibe llamadas telefónicas en las que lo único que se oye es la reproducción parcial de una conversación que mantuvo con un amigo muy allegado a su familia y que hace tiempo que viene pretendiendo entrar en el Partido Popular, pero con cargo, a lo cual se ha negado siempre Vicente Sanz...».

Y en el relato se ubicaba la misteriosa grabación con la que martirizaban a Sanz por teléfono en el contexto de «una charla distendida, entre la sátira crítica y el sarcasmo sobre el futuro de ambos en política, repartiéndose los cargos y prebendas». Porque la noticia, de lo más sui generis, recogía reacciones de Sanz. Como cita indirecta, una parte, y en formato entrevista pregunta-respuesta, dentro de la misma información. «Reconozco que ambos dijimos alguna que otra barbaridad, pero, al fin y al cabo, todos las decimos cuando estamos entre amigos y hemos tomado unas copas […] Y como no estoy dispuesto a entrar en la guerra de cintas y dossiers, que lo único que pretenden es perjudicar al PP. Por eso pongo mi cargo a disposición del partido», declaraba Sanz. Ni en su boca ni en la información sonaba en ningún caso el nombre del empresario y amigo Vicente Conesa. Nombre y apellido, del interlocutor de Sanz en la grabación, que no se publicaron hasta el cuarto día del serial.

La pseudoentrevista del diario conservador incluida en el texto sin firma era impagable. No se pregunta ni el nombre del interlocutor/grabador. He aquí un pasaje del texto:

Pregunta: ¿Cuándo comienzan las llamadas telefónicas?

Sanz: En plena campaña electoral […] En un momento de la conversación le digo: bueno, vamos a dejar de hablar de ciencia ficción, pero nada de eso aparece..

Pregunta: O sea, ¿que no se escucha en la cinta?

Sanz: No, curiosamente, no. Es una grabación mutilada, supermutilada. Sólo se oye mi voz, parte de lo que dije. Es una cinta manipulada, donde hay muchos silencios.

Y no falta el homenaje al político de cuerpo presente, en forma de pregunta masaje:

Pregunta: Todo esto ocurre cuando usted acaba de triunfar como gestor en el Partido Popular, en la campaña de las elecciones europeas. Logró el éxito de organización del mitin de Aznar en la plaza de toros de Valencia y Madrid se lo llevó allá para que organizara personalmente el mitin final de Aznar, que fue otro gran éxito. ¿No habrá celos, envidias? ¿No se habrá juntado lo político con lo personal para destruirle como político?

Los honores del entierro, sin explicar al lector con claridad la causa de la muerte, los hizo la mismísima María Consuelo Reyna en su célebre columna de la página 5, ese día titulada «Cassettes y política». «Saber dimitir es una rara cualidad que pocas veces se da en los políticos […] Si otros actuasen como él –y asumiesen la parte de culpa que tienen de hablar de lo que no deben cuando no deben–, las guerras de dossiers, los chantajistas de la política, se acababan en un abrir y cerrar de ojos...», escribía la mujer de hierro de la prensa valenciana. Como colofón, lanzaba una velada advertencia a quienes estaban detrás de las grabaciones: «Vicente Sanz ha terminado posiblemente con su brillante carrera política. Pero una cosa queda clara: el hombre de la cassette y los que le impulsaron a ello, han debido quedar escarmentados de por vida».

De forma sorprendente, aquel 23 de junio Las Provincias no fue el único periódico que se hizo eco, a su manera y con sus intereses, del escándalo. La edición valenciana del diario El País publicó un breve sobre el asunto. Con un titular casi calcado al del diario de los Doménech: «Vicente Sanz pone su cargo de presidente provincial del PP a disposición de Zaplana». Se informaba de que la dimisión era consecuencia de «las presiones anónimas que ha recibido por vía telefónica». Detrás de ese breve se intuía la mano de Sánchez Carrascosa, informante de lujo del diario de Prisa. Era el clásico breve de reventón periodístico por filtración a altas horas.

Esos días de junio las páginas de nacional informaban sobre las cuentas del recién fugado ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, quien estuvo diez meses prófugo hasta su detención, el 27 de febrero de 1995. La política valenciana entró también en convulsión. El día en el que se desató el caso, víspera de Sant Joan, Vicente Sanz convocó una urgente rueda de prensa en las Corts. Ratificó que había puesto su cargo a disposición de Zaplana y aludió a «problemas personales que no quiero que afecten ni a mis hijos ni a mi partido». Precisó que estaba recibiendo «presiones, no chantajes». Y señaló las causas: «Me he separado hace seis meses».

El primer mensaje que quiso mandar era culpar a su ex, Loli. Cuestión de faldas, vino a decir. El segundo: apuntar a una supuesta ambición política no colmada de Vicente Conesa, nombre que jamás pronunció. Explicó, en este sentido, que le llamaban por teléfono y le ponían una cinta en la que él hablaba con una persona allegada a él y a su familia «que hace tiempo que viene pretendiendo entrar en el PP, pero con cargo, a lo cual me he negado siempre. Se trata de una reproducción parcial de la conversación ocurrida en Fallas de 1993». Sanz repitió las excusas que había publicado ese día en Las Provincias para justificarse al indicar que en la grabación «ambos dijimos alguna que otra barbaridad, pero, al fin y al cabo, todos las decimos cuando estamos entre amigos y hemos tomado unas copas». Y denunció que la grabación había sido manipulada para hundirlo. Lo que habían hecho con la cinta era, dijo, «quitar toda la conversación de mi teórico amigo, borrar todo lo que había de chiste y de broma, para dejar mis palabras a palo seco y fuera de contexto. Toda una canallada».

El caso Sanz escondía un pulso entre la gente de Rita Barberá y la de Eduardo Zaplana, y desató una guerra de filtraciones en la prensa. El jueves 24 de junio, Levante-EMV entra de lleno en el asunto y abre su edición con el titular «Sanz deja la presidencia del PP por admitir en una cinta que está en política para enriquecerse». Y se citan pasajes concretos de la grabación, en la que Sanz habría confesado a Conesa que estaba en política «para ganar dinero, no para hacer el tonto». La expresión que haría fortuna aparecía en el despiece: «Y ahora, vamos a forrarnos». En esa información, de la periodista Empar Aigües, venía a constatarse que la declaración de intenciones contenida en la cinta no era inédita, sino que reflejaba la voluntad de Sanz, expresada ya otros días y en otros foros.

La sentencia que, luego reversionada como «estoy en política para forrarme», tanta fortuna hizo, habría sido presuntamente proclamada por Sanz la citada noche electoral de las europeas del 12 de junio de 1994. En mitad del recuento y cuando ya se confirmaba la rotunda victoria del PP, habría desplegado todo su estilo. «Vamos a ganar y ahora vamos a forrarnos» o «estás saludando a un futuro conseller», serían algunas de las perlas que sembró esa noche ante su interlocutor, el citado Gerardo Santos, directivo de Feria Valencia y persona de la máxima confianza del presidente de esta institución, Alberto Català. El País le atribuyó a Sanz la misma frase («Ahora vamos a forrarnos») y contó que la cinta fue remitida anónimamente a María Consuelo Reyna. Sanz siempre me ha negado haber pronunciado la frase que le ha perseguido de por vida.

Cualquiera que lleve más de una semana ejerciendo el periodismo sabe que, cuando publicas cualquier escándalo, hay que tener munición para el segundo, tercer y cuarto días, de tal manera que la tensión no decaiga y el tema mantenga el pulso. Si la primera entrega de Las Provincias no decepcionó por la forma tan críptica que se eligió para la voladura controlada del caso, la segunda fue de un alambicado antológico. El diario de Reyna también tenía que contar la supuesta vocación crematística de Sanz en la política. En concreto, su supuesta intención de dar un pelotazo y así poder jubilarse a los sesenta con reservas bancarias suficientes. Y lo hizo con este chocante titular: «Vicente Sanz elucubra sobre futuros negocios para cuando cumpla 60 años poder jubilarse». El diario hablaba del contenido de las grabaciones correspondientes «a una conversación en la que exponía su situación actual dentro del partido y anunciaba su voluntad de buscar fórmulas de ganar dinero antes de cumplir 60 años, con el que poder jubilarse utilizando como plataforma el poder político…».

Se quitaba de nuevo valor a la cinta porque «la grabación está manipulada, llena de cortes e interrupciones que descontextualizan sus palabras», pero, con todo, se calificaba la conversación «en términos generales» como «temeraria e imprudente». «Es más que presumible que el presidente regional del partido, Eduardo Zaplana, acepte su dimisión como medida ejemplarizante acatada por el propio Sanz», apostillaba el periódico de los Doménech.

Levante-EMV era bastante más directo al informar sobre el contenido de la cinta, sobre los presuntos objetivos vitales de Sanz. Publicaba en portada que el presidente provincial del PP hablaba en la conversación grabada de «mangonear como vicepresidente de la Generalitat», cargo al que aspiraba. Y, a largo plazo, quería «jubilarse con 90 o 100 millones de pesetas». Según la información, Sanz celebraba que podía frecuentar caros restaurantes, lujosos hoteles… «He nacido para esto, estoy en el mejor momento de mi vida, me llaman don Vicente». Toda una declaración de principios contenida supuestamente en la cinta. Los dos principales diarios valencianos coincidían en lo esencial. La diferencia estaba en el tratamiento. En que el diario conservador echaba agua al vino. Porque era testigo privilegiado, juez y parte. El 26 de junio, en el diario de Editorial Prensa Valenciana se afeaban a su competidor sus intenciones políticas en el caso, alejadas de cualquier enfoque periodístico. Se hablaba de «reuniones en Gremis, 4» y reprochaban que se inventaran «amenazas» a Sanz «que nunca existieron». Levante-EMV informaba de que allegados a María Dolores Rodríguez, la ex esposa del presidente provincial del PP, «negaron que esto sea una vendetta por su divorcio» y denunciaron que el dirigente popular había «amenazado» a su ex pareja con que dejaría de trabajar en la Concejalía de Tráfico como cargo de confianza de Francisco Camps.

Las Provincias estaba ejecutando el plan de provocar el estallido controlado del escándalo y ocultar su verdadero calado a la dirección nacional del partido. En esencia, se trataba de evitar que Génova supiera que el caso Sanz era otro caso Zaplana y no revirtiera su proclamación oficial como candidato a la Generalitat. El futuro jefe del Consell declaraba desde Moscú, con su habitual flema, que se había enterado del asunto «por la prensa» y negaba que fuera «un caso de corrupción del PP», aunque tuvo que adelantar su regreso.

Esas eran las noticias que se estaban fabricando basadas en hechos reales. Entre bastidores, se libraba la guerra por el poder y el dinero. Como casi siempre.

Con la enigmática página par con la que María Consuelo Reyna reventó el asunto y la filtración del contenido de la grabación que iba publicando su diario rival, el nerviosismo se instaló en todos los despachos del partido y su representación institucional al percatarse de que el escape nuclear provocado para descomprimir el reactor estaba cobrando una potencia no prevista. Con vistas a Madrid. En la sede de Delta Ingenieros, Vicente Conesa, Arráiz y otros colaboradores celebraron una improvisada reunión para estudiar la táctica y estrategia una vez la liebre estaba ya suelta por el campo.

En ese mismo encuentro, los citados empresarios decidieron no entregar las cintas a la prensa y gestionar por su cuenta la rentabilización de aquellas grabaciones al margen de Rita Barberá. Paralelamente, se sucedía una borrasca de llamadas cruzadas entre las Corts, el Ayuntamiento de Valencia y el partido. Se convino celebrar una sesión de terapia, de puesta en común para buscar una salida lo menos sanguinaria posible a la doble guerra: la de los empresarios contra Sanz y Zaplana, porque querían cobrar, y la de Barberá y sus afines contra el líder autonómico del partido, al que querían apartar con la intervención de Madrid, aunque a esas alturas ya era evidente que la dirección nacional no pensaba apear al candidato.

Sobre las seis de la tarde se celebró el gabinete de crisis. En el despacho de Rita Barberá. Fue uno de esos encuentros a los que hay que acudir con cuchillo y tenedor para ir trinchando el tenso y denso ambiente. A la reunión asistieron los tenientes de alcalde José Luis Olivas y Juan Cotino, Eduardo Zaplana, Vicente Sanz y Jesús Sánchez Carrascosa, entre otros. En esa conversación hubo quien exculpó totalmente a Rita Barberá en cuanto a una hipotética participación directa en urdir la conspiración, se hizo un relato/confesión de todo cuanto había acontecido y se informó de quién tenía la prueba de cargo y qué intenciones buscaba. Estaba en manos de Conesa y Arraiz, y su intención era vender la cinta para cobrar la deuda de Benidorm. Con intereses. Eduardo Zaplana fue el primero en levantarse de la mesa. Es lo que tienen las personas resolutivas, que no se pierden en prólogos ni epílogos. Una vez expuesto el nudo se aplican directamente en el desenlace, en la búsqueda de una solución. Esa misma noche ya habían fructificado las gestiones para hacerse con las cintas. Con el fin de convertirlas en serpentina y luego en confeti.

El segundo frente se llamaba Vicente Sanz. Había que forzar su renuncia y garantizar su silencio. Porque Sanz se resistía a dimitir, a interpretar el guion que le habían escrito. Era obvio que estaba abocado a renunciar. Él era el más consciente de su situación. Y sabía que tenía en la mano tres barajas enteras de ases que perfectamente podían rentarle por una jubilación como la que soñaba en la grabación. Una prejubilación desde ese mismo instante. Las Provincias empujaba a favor de una solución, con la sofisticada táctica del palo y la zanahoria. Por primera vez incluyó el asunto en la portada del 26 de junio, en formato declaración de Zaplana: «Este caso puede costarle el cargo a Vicente Sanz». El líder del PP explicaba que antes de irse a Rusia de viaje ya «tenía referencias de la existencia de una cinta con unas conversaciones desafortunadas de Vicente Sanz obtenidas mediante una grabación clandestina». Lo que contradecía su propia versión de que se había enterado por la prensa.

La zanahoria a Sanz la puso María Consuelo Reyna. En su segunda columna sobre el asunto, titulada «Pelotazos». Además de seguir avisando a Barberá de que la estaba vigilando («Cuando en el Ayuntamiento comenzó a comentarse en voz baja lo de las cintas de Sanz, Las Provincias le preguntó directamente a él…»), elogiaba al político cazado. Porque «dimitió». Bueno, en realidad, en el objetivo de la dimisión estaban la periodista, su esposo y Zaplana. Y nuevo recado contra los «dispuestos a linchar a un hombre por su intención de dentro de diez años dar un pelotazo y jubilarse». Visto con perspectiva, hay que reconocer que la periodista tenía razón en su complacencia. Hubo unos cuantos que dieron el pelotazo y, en vez de jubilarse, convirtieron el desfalco en una adicción.

El incendio estaba perimetrado. Las cintas, bajo control. El diario de derechas daba paso al entonces vicesecretario general de acción territorial del PP, Mariano Rajoy, quien sentenciaba: «La solución para conocer la verdad del caso Sanz pasa por que se publique la cinta, si existe». A esas alturas, el verbo existir se conjugaba ya en pasado: existía. El día en el que Rajoy abordó la «rocambolesca historia de una cinta que nadie sabe quién la tiene», la portada del diario de los Doménech daba cuenta de la primera sentencia contra Juan Guerra: «El Supremo lo inhabilita durante seis años». Y el PP nacional no estaba dispuesto a distraer la atención del río de corruptelas que erosionaba al Gobierno de Felipe González.

La negociación con Sanz no estaba siendo fácil, pero el final feliz estaba cantado. El todavía presidente provincial del PP recibió a Sánchez Carrascosa en el Hotel Renasa de Valencia, en la avenida de Catalunya, cercano a su domicilio y al que se había mudado tras la ruptura con la mujer que se conjuró contra él. El encuentro entre Sanz –fumándose un habano, como era costumbre de la casa– y Carrascosa era un duelo de alta tensión. Allí se acabó de sellar la retirada de Sanz, que presentó su dimisión.

Omertà con hipoteca pública

En ambos casos, Conesa y Sanz, el comprador adquirió el silencio con dinero ajeno, básicamente público. Fue una hipoteca pública a largo plazo. Y en una operación que se aplazó hasta que el PP controlara el presupuesto de la Generalitat, hasta que ganara las elecciones. El precio de la omertà que tuvo que pagarle Zaplana a Sanz, la cuota por tener la combinación de la caja fuerte de secretos y miserias de partido y personales, fue entregarle las riendas de todas las adjudicaciones en Radiotelevisió Valenciana (RTVV), primero como jefe de recursos humanos y luego como secretario general del ente. Todo el poder de contratar personas y servicios, de administrar pesebres y cortijos. Nadie le tosía al plenipotenciario. Todos los inquilinos de la octava planta del pirulí de Burjassot, todos, casi sin excepción, fueron, en mayor o menor medida, hombres de Sanz. Porque casi nadie se atrevió a mear el territorio del conocido como El tomaco d’Almassora. En la radiotelevisión pública valenciana coincidió con Jesús Sánchez Carrascosa, que fue director de Canal 9 desde abril de 1996 hasta noviembre de 1997. Y hasta él respetaba la jurisdicción de Sanz en Burjassot. El dueño de los secretos de titadine patrullaba su barriada y cobraba el pizzo en forma de pleitesías.

En febrero de 2010, tres periodistas denunciaron a Sanz por acoso sexual. Relataron estar sufriendo un calvario personal y profesional durante años al verse obligadas, sostenían, a mantener relaciones con su superior, que las amenazaba con destrozarles la vida si no accedían a favores sexuales. El 27 de octubre de 2015 estaba previsto el juicio, pero no llegó a celebrarse la vista. Las partes acordaron, tras dos horas de negociación, una sentencia de conformidad en la que el acusado se declaraba culpable de tres delitos de abusos sexuales y tres de acoso. La Audiencia de Valencia impuso a Sanz una multa de 15.000 euros y orden de alejamiento a 500 metros de las víctimas durante cinco años, pero evitó la cárcel al admitir los hechos. El condenado se comprometía, además, a abonar 60.000 euros a una de las víctimas y 75.000 a cada una de las otras dos. RTVV era declarada responsable civil subsidiaria. Durante años, Sanz siempre había sostenido que las relaciones habían sido consentidas. Pero finalmente tuvo que aceptar el veredicto del material probatorio en su contra.

A Vicente Conesa se le prometio que haría fortuna en la construcción del parque temático Terra Mítica, el proyecto estrella del Consell de Zaplana. De la entrada de Conesa en el complejo de ocio se encargó el conseller sin título para asuntos del subsuelo, Juan Francisco García, detenido en la operación Erial, en la que cayó Zaplana.

En abril de 2016, Conesa fue condenado a 23 años y 10 meses de cárcel y su esposa, Matilde Ripoll, a 23 años y 4 meses, al ser considerado el cerebro de una red montada para defraudar el IVA e Impuesto sobre Sociedades en las facturas de los trabajos para la construcción del complejo, donde su empresa fue contratista. La firma C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente fue una de las implicadas en la trama de facturas falsas. La sociedad, de la que Conesa era administrador único, se constituyó precisamente en 1994, año del caso Sanz.

Al margen de las gestiones efectivas, las que se perpetran en el mercado negro de la política, el candidato a la Generalitat cumplió el guion de la corrección política y se entrevistó con el flamante nuevo secretario general del PP, Mariano Rajoy, para garantizarse su nominación oficial como aspirante al Consell.

Ninguno de los protagonistas conjurados en esos turbulentos días de junio tuvo que sufrir las inclemencias del raso. Con la llegada del PP a la Generalitat, el periodista Gozálvez fue colocado como asesor en la Conselleria de Educación y se convirtió en un superviviente a cualquier cambio de titular. Es más, cuando Esteban González Pons llegó al departamento de Campanar, decidió prescindir de quien había sido persona de confianza de todos los moradores de aquella Conselleria. Pero el presidente Zaplana intervino para restituir en su puesto a este testigo de cargo del caso Sanz. Como es norma de la casa, el ex líder de los populares valencianos decidió que a los protagonistas les cayera encima todo el peso de la ley, se les aplicara sin contemplaciones, sin vacilar, todo el rigor de la misma. De la ley de la omertà, se entiende. Porque, de todos los productos del mercadillo político y/o empresarial, el más caro con diferencia es el silencio. Especialmente gravoso para las cuentas públicas, que son las que a menudo soportan ese coste, ese sobrecoste. Porque el silencio es cualitativamente el peor de los sobrecostes.

En la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), por ejemplo, se acumularon cientos de millones de euros en sobrecostes en obra, sin contar los 42 de más que cobró Santiago Calatrava merced a la mejora de contrato que le firmó el Consell del PP. Pero en Cacsa se pagaron, además, silencios. Como el de quien fue director general Miguel Navarro, persona de confianza de José Luis Olivas, al que en 2004 colocaron en un puesto de asesor remunerado con 66.909 euros, equiparable a la nómina del presidente de la Generalitat, por no hacer nada. O por hacer mucho. Como me dijo un técnico de calderas de gas tras asestarme un facturazo por dos minutos de apretar un tornillo: «¿Sabía usted cuál era el tornillo de la presión? Pues no diga que es caro». Navarro, en realidad, cobraba para evitar que estallara la caldera. Como Vicente Sanz. Las calderas del PP de Zaplana, la de Cacsa y la de Terra Mítica, donde Navarro recaló en 1999 enviado por el presidente de la Generalitat para ser director del parque y gestionar miles de millones de pesetas de la época en el momento en que se construyó el complejo.

Cuando se cimentan los proyectos es cuando se necesitan hombres de firmes convicciones y lealtad ciega, incorruptibles y sólidos como un encofrado. Navarro cobraba por no enseñar los dientes, por no abrir la boca. Lo mismo que el primo de Francisco Correa, Antoine Sánchez, en el conglomerado Gürtel, esa organización criminal –así la describió el juez instructor Baltasar Garzón– en la que la división del trabajo estaba perfectamente delimitada. La delincuencia de alta costura siempre ha aplicado el taylorismo a la hora de organizarse. Antoine se encargaba de prestarse a ejercer de testaferro. Y de callar.

El caso Sanz fue sepultado en apenas una semana por el expeditivo método de la destrucción de las cintas financiada en diferido con dinero público. Pero los socialistas de Benidorm, a los que todavía les supuraba la herida de la moción de censura perpetrada dos años y medio antes, decidieron llevar la presunta adjudicación irregular de los mapas sonoro y verde a los tribunales. La causa cayó en manos del sustituto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, Carlos Morenilla Jiménez. La investigación seguía viva cuando Zaplana ya estaba instalado en el Palau de la Generalitat. El 24 de noviembre de 1995, Vicente Conesa declaró en el juzgado. Al día siguiente, Morenilla archivó el caso.

La casualidad quiso que, dos años después, el mismo juez lidiase una causa contra la tránsfuga Maruja Sánchez, colocada de forma perpetua en el Ayuntamiento. Morenilla detectó «lagunas e irregularidades» en el caso, pero también decretó el archivo. El 29 de junio de 2001, las Corts Valencianes, donde el PP campaba con mayoría absoluta, nombraron a Carlos Morenilla adjunto segundo al Síndic de Greuges. En 2008, durante unos meses, llegó a ejercer el cargo de Síndic de Greuges en funciones y luego pasó a ser adjunto segundo del defensor del pueblo valenciano.

Así fue como Eduardo Zaplana sobrevivió a su tercer gran escándalo, el caso Sanz, tras haber superado el marujazo y el caso Naseiro. El escándalo no arruinó, por supuesto, la carrera política de quien un año después se convirtió en presidente de la Generalitat. El caso, la forma en que se resolvió, provocó, eso sí, dos ruinas económicas y éticas: la de RTVV y la de Terra Mítica, los pesebres en los que recalaron Vicente Sanz y Vicente Conesa.

Capítulo V

La revolución de mayo del 95

Vencidos todos los obstáculos en formato escándalo de corrupción, el popular Eduardo Zaplana comparecía en las elecciones del 28 de mayo de 1995 con el convencimiento de que la Comunitat Valenciana podía anticipar la caída del socialismo en España. Esperanzados en que debajo de los adoquines hubiera más adoquines, más cemento y mucho suelo para reclasificar. Entre otras muchas lecciones, en esos comicios se demostró que menospreciar al rival –error cometido por el presidente socialista Joan Lerma– es un fallo imperdonable. En el deporte y en la política. En las autonómicas del 28 de mayo de 1995, el PP logró los mismos escaños (42) que socialistas y Esquerra Unida juntos. Unió Valenciana obtuvo 5 diputados. La aritmética y las condiciones climáticas abocaban a un pacto entre las dos ramas de la derecha. El orden natural del universo anunciaba un Gobierno autonómico de la derecha española del PP con la derecha española-barraquera de UV. Esto es, una reedición del acuerdo alcanzado cuatro años antes en el Ayuntamiento de Valencia, después de que Rita Barberá y Vicente González Lizondo se disputaran la alcaldía a cara de perro.

En cambio, tras casi un mes de conversaciones, se constató que la inercia no empujaba lo suficiente. Los resquemores entre los negociadores eran demasiados. Y fundados. Así que los empresarios se arremangaron para propiciar un acuerdo fuerte y estable para gobernar el Consell.

La madrugada del martes 4 de julio, el pacto fue alumbrado en el despacho de Federico Félix, el rey del pollo, de los fabricantes de pollo. Porque el pollo, como aquel pacto, se fabrica. El acuerdo se gestó en el número 7 de la valenciana calle Isabel la Católica, donde se radicaban las empresas del máximo responsable de la interprofesional avícola Propollo. Félix era, además, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). El otro padrino de la boda PP-UV fue José María Jiménez de la Iglesia, responsable de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Fue este quien redactó a mano y en una cuartilla el borrador del trato. Se estrecharon la mano y cerraron así una negociación cuyo último e histórico capítulo duró más de seis horas y que tuvo dos encuentros previos en la barraca de Félix en un lugar de l’Horta Nord.

A mediodía de la jornada del alumbramiento, se habían roto las negociaciones, pero se recondujeron tras la llamada de Félix a José Luis Olivas, por el PP, y a Filiberto Crespo, de UV, para que se sentaran de nuevo. Lizondo no era hombre de másters ni de escuelas de negocio, pero, como comerciante de pinceles El Greco, había curtido su olfato natural para hacer tractes. La experiencia de cuatro años sufriendo el abrazo del oso del PP en el Ayuntamiento de Valencia había aumentado su grado de exigencia al encarar la negociación.

En virtud del acuerdo, Unió Valenciana se quedó con la cartera de Agricultura y Medio Ambiente, que fue a parar a manos de Maria Àngels Ramon-Llin, y el propio Lizondo se erigió presidente de las Corts Valencianes. El principal y fundado temor de Lizondo –padre, hijo y espíritu santo de UV– se llamaba Zaplana. El fundador de UV nunca se fio del nuevo líder emergido desde el sur. No era el único que, antes de comprarle un patinete de segunda mano a Zaplana, habría ido al registro de la propiedad a pedir una nota simple para comprobar si tenía cargas.

El nuevo presidente de la Generalitat levantaba también ciertos recelos entre las familias más conservadoras y pudientes de la ciudad, que de entrada no lo tenían por uno de los nuestros. Pero ya se sabe que no infunde el mismo respeto el cardenal vestido de rojo púrpura entrando en el cónclave que cuando sale elegido papa. Que más o menos eso llegó a ser Zaplana, especialmente en la segunda legislatura, cuando ya gozaba de mayoría absoluta. Aunque siempre quedan rescoldos de reticencia, esas prevenciones no fueron óbice para sellar una UTE de intereses en forma de matrimonio político en régimen de gananciales. Zaplana-Consell-PP eran una entidad política una y trina.

El recién llegado al Consell conquistó la principal plaza sin hacer daño. Pronto le tomó la medida a la jefa, Rita Barberá. «Nadie me ha tratado mejor ni me ha engañado más que Eduardo», comentaba a veces la alcaldesa, según uno de sus colaboradores. Porque Eduardo tenía claro desde el primer día, y no erraba, que Rita era caballo ganador y la marca que necesitaba para su propósito cumplido de comerse a Unión Valenciana. Igual que los hijos independizados visitan regularmente a las madres, Zaplana acudía de vez en cuando a ver a la alcaldesa. Son esos actos a medio camino entre el afectivo quedabién y la caza de la fiambrera. El «mi alcaldesa» con el que a menudo se dirigía el presidente a Barberá pretendía ser un bálsamo para embelesar a la jefa local del PP. Pero neutralizaba sólo en parte toda la prevención que suscitaba el nuevo inquilino del Palau. Porque la relación entre ambos nunca fue afectuosa, siempre hubo un poso de desconfianza mutua. «Rita nunca se lo tragó», comenta un buen conocedor de esa coexistencia en las alturas.

El empresariado, a través de su cúpula dirigente, selló un pacto de sangre según el cual la Generalitat actuaría como oficina de representación de los intereses empresariales y la patronal siempre estaría en perfecto estado de revista para acudir a la orden a ejercer de palanganera de la estrategia política de Zaplana y el PP, incluso por encima de sus posibilidades. Así en la catalanofobia como a la hora de ayudar a sujetar y pagar la pancarta del «Agua para todos», que salió por un pico. El Consell gastó 7,2 millones de euros en financiar la fundación Agua y Progreso, instrumento de propaganda protrasvase del Ebro. Porque el pacto, como el pollo, resultó de lo más saludable para populares y destacados empresarios. Rico en proteínas de obra pública y grandes proyectos, bajo en grasas y calorías.

Porque los Lladró, Sáez Merino, Ballester, Gimeno, Carlos Turró, Bautista Soler, Ferrando…. todos «esperaban a Zaplana con los brazos abiertos». «Todos vivieron años de bélle epoque, se divirtieron juntos, hicieron negocios juntos y algunos estrenaron yate juntos». «Zaplana descubrió Valencia –esta Valencia potentada que tanto le sedujo– y para ellos Zaplana fue un hallazgo, aunque siempre quedó un hilillo de desconfianza entre el presidente y los empresarios», explica uno de esos hombres de negocios locales respecto a la actitud de los más notables capitalistas capitalinos hacia los nuevos gobernantes. «Lerma estaba agotado, cuando Zaplana llegó a Valencia supuso un gran revulsivo para todos. Pronto vimos que era un tipo muy inteligente», corrobora un promotor inmobiliario que trató muy de cerca al ex presidente.

El mismo día en que tomó posesión del cargo, el nuevo jefe del Consell empezó a edificar sus sueños megalómanos, a cambiar todo cuanto fuera necesario para construir una Comunitat Valenciana «a su imagen y semejanza». Una gestión intervencionista y clientelar que acabó por ser la tumba de miles de millones de euros públicos, del sistema financiero valenciano y de todo el crédito reputacional de las instituciones implicadas en levantar la ciudad del progreso postizo de cartón piedra, resultado de moldear una colosal estafa. Un timo que llevaba la firma de quien actuó como un farsante que falsificó su condición de presunto liberal y regeneracionista.

Un timo comparable al que perpetraron durante décadas los dos falsificadores de arte más reputados de la histora, el americano Mark Landis y el húngaro Elmyr de Hory. El primero engañó a dos docenas de galerías de arte y museos, a los que regalaba cuadros de su supuesta colección privada de grandes pintores. El falso benefactor empezó a forjar su currículum como timador en California, su particular Benidorm, cuando, en los 80, regaló a un museo un cuadro de un estadounidense llamado Maynard Dixon, un «artista cowboy». Landis copió unas escenas de cowboys que vio en un libro sobre indígenas americanos. ¿Por qué eligió ese tema? «Sabía que el museo quería cuadros de cowboys» porque el público lo pedía, aclaró. ¿Por qué la firma falsa de Maynard? «Porque eso era lo que quería el museo.» En realidad, Landis, como Zaplana, no engañó a nadie. Simplemente supo leer el mercado y responder a sus demandas. En el caso del presidente de la Generalitat, tuvo siempre unas ciertas ínfulas de dotar a su obra de sofisticación. A lo Elmyr de Hory, quien al final, y al contrario de Landis, consiguió que sus falsificaciones adquirieran valor artístico intrínseco y su firma estuviera bastante cotizada. Y llegara incluso a ser falsificada, del mismo modo que Camps siempre quiso falsificar a Zaplana con malas copias. Un auténtico Elmyr de Hory superaba fácilmente los 100.000 euros. Orson Welles lo retrató en 1973 en la película F de fraude. El propio farsante se defendía al proclamar que él no era ningún falsificador sino una víctima de la convención, de la manera de entender el arte. «No es justa la palabra falsificador. Soy víctima de las costumbres y las leyes del mundo de la pintura. ¿El verdadero escándalo no es el propio mercado? Desearía considerarme un intérprete», decía desde su retiro en Ibiza, donde murió en 1976. Un «intérprete» de Monet, Matisse, Picasso o Modigliani, entre otros ilustres pintores. Del mismo modo que Zaplana interpretó el liberalismo, aunque en su caso en una versión muy libre.

En el camino hacia el éxito puede haber atajos, pero jamás existen piedras para alguien con la determinación de Zaplana. Si aparecen pedruscos en el camino, los tritura de forma resolutiva sin reparar en medios. Más aún si los obstáculos perjudican a personas o colectivos que él considera benefectarores de sus intereses políticos. Un interlocutor de su entorno me recordaba, como anécdota elocuente de su forma de ser, cómo cambió el reglamento de l’Hemisfèric para contemplar la posibilidad de albergar bodas bautizos y comuniones, eventos sociales que estaban proscritos en el edificio de Calatrava. Con los años, el cambio de las normas de uso del recinto dio sus frutos.

Aquel pacto de gobierno habilitó a Zaplana como expendedor de visados para que empresarios de Alicante y Valencia pudieran hacer negocios más allá del pacto no escrito de reparto del territorio. Con permiso y protección del presidente, el promotor Francisco Murcia Puchades cruzó el río Molinell para hacer negocios en Valencia, del mismo modo que llegaron, de la mano de Zaplana, políticos como Gerardo Camps o el notario y hombre de negocios Antonio Magraner, quien se hizo, asociado con el constructor Tomás Velasco Gómez, con una de las concesiones de ITV adjudicadas por el Consell de Zaplana. La adjudicación fue para la UTE Control ITV Alicante, de la que formaba parte el Grupo Mayve Obra Civil (Magraner y Velasco).

Esa empresa fue contratista de las Corts Valencianes cuando la cámara autonómica estaba presidida por el zaplanista Julio de España. En 2005 y 2006, Mayve o empresas participadas por ella lograron 4,1 millones en adjudicaciones de las Corts. Al igual que Magraner Duart, Tomás Velasco también resultó salpicado por el caso Naseiro. Y por otro asunto oscuro con caché internacional: el escándalo de la lista Falciani. En los archivos robados por el informático Hervé Falciani a su banco, el suizo HSBC, aparecía el nombre de Tomás Velasco Gómez asociado a tres cuentas con un saldo máximo conjunto de 1.044.307 dólares abiertas en la entidad helvética en agosto de 2001, según documentación publicada por el periodista Víctor Romero en Levante-EMV.

El propio Velasco declaró que en 2009 había regularizado esas cuentas con Hacienda, después de que Falciani entregara los listados de clientes a las autoridades españolas y francesas. Velasco fue uno de los 659 contribuyentes españoles identificados, sobre una lista inicial de 1.972 evasores, que pudo acogerse a la medida de gracia de presentar declaraciones complementarias decidida por el Gobierno. Un total de 306 contribuyentes con cuenta abierta en el HSBC regularizaron su situación a través de la amnistía fiscal decretada sin tener que enfrentarse a ningún juicio, pese a que las cantidades defraudadas superaban en muchos casos los 120.000 euros, el límite a partir del cual el fraude a la Agencia Tributaria se convierte en delito fiscal.

Castelló seguía siendo territorio Fabra. La llave que abría la puerta de entrada a los grandes empresarios para hacer negocios en esa provincia estaba en manos de Carlos Fabra en virtud del citado reparto del territorio acordado entre los jerifaltes del PP y trasladado a las instituciones que gobernaban.

Antonio Gil-Terrón, zaplanismo empresarial

Propietario de la promotora inmobiliaria Valencia Urbana, Gil-Terrón fue un pionero del zaplanismo empresarial, uno de los principales cicerones del nuevo jefe del PP autóctono en su inmersión en la sociedad y la economía valencianas, el introductor en círculos de poder y negocio en Valencia.

Este empresario le enseñó el camino junto con el presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque; el notario Carlos Pascual o, por supuesto, el dúo Reyna-Carrascosa. No fue casualidad que este promotor y Virosque fueran elegidos por Zaplana para la estratégica misión de presidir el consejo de administración y la junta general, respectivamente, de la Cartera de Participaciones Industriales de Bancaja y la CAM, el primer paso en el camino hacia la fusión de las dos grandes cajas valencianas, un propósito del Consell de Zaplana que resultó fallido.

Gil-Terrón pagó de su bolsillo el congreso y la multitudinaria comida de puesta de largo del aspirante a presidente de la Generalitat. No fue un gasto, fue una provechosa inversión en una apuesta política con un enorme potencial de negocio. En cualquier caso, el promotor inmobiliario es un tipo encantador y generoso. Lo puede certificar cualquiera que lo haya tratado. Un dandi. Ún hombre extremadamente detallista. De los que nunca olvidan un cumpleaños ni un aniversario de boda de los amigos ni de los amigos de los amigos, que, por código de política internacional, son amigos propios.

Felicitar la Navidad de forma efusiva, con algún detalle, era una de sus sanas costumbres. Las tarjetas regalo de El Corte Inglés eran moneda corriente para el dueño de una promotora, Valencia Urbana, que cimentó su expansión sobre la construcción de miniviviendas para modernos single urbanitas, un modelo alejado de la gran familia numerosa tan bien retratada en el cine franquista. Pero Gil-Terrón es un hombre absolutamente polivalente y de pensamiento versátil. Igual de certero que al entender que la familia se había jibarizado era al interpretar que, en cuestiones catódicas, la moda apuntaba a un aumento de tamaño de los televisores. De hecho, todavía hay algún político que recuerda las dificultades que tuvo para calzar el televisor gentileza de Antonio en el ascensor para subirlo a su casa.

El dueño de Valencia Urbana no era de los que pedía, la elegancia es su religión, pero Zaplana sabía corresponder a quienes le prestaban servicios tan importantes para la causa como los que desempeñó este empresario. Por eso el jefe del Consell lo colocó como vicepresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), para que ejerciera el control de los créditos que otorgaba esta. La CAM creó su propia división inmobiliaria, alentada entre otros por este promotor. Fue delegado de la entidad crediticia en Valencia y vicepresidente entre 1995 y 2010. Estuvo durante esos quince años en la cocina de una de las financiadoras de las aventuras megalómanas del Consell, a mayor gloria de los intereses políticos y/o personales de sus más notables integrantes. Operaciones ruinosas como la financiación de Terra Mítica, en las que la caja sepultó parte de su crédito, que abocaron a la entidad a su quiebra y a la extinción del sistema financiero valenciano. Los actores, cómplices y testigos mudos fueron desfilando ante la comisión de investigación creada en las Corts Valencianes. En ese escenario protagonizó Gil-Terrón en octubre de 2012 una chocante comparecencia en la que lamentó sentirse como si tuviera «un cubo de basura en la cabeza». Se sentía en la lista negra de medio centenar de ex cargos de esa caja acusados por el Banco de España por una gestión más que deficiente.

En su actuación parlamentaria dio muestras de su carácter peculiar y un tanto estrambótico. Un empresario amigo suyo contaba que él acostumbraba a repetir que nunca salía de casa antes de las diez de la mañana. ¿Y eso, Antonio, a qué se debe? Pues a que ETA «siempre mata de nueve a diez». El empresario estaba absolutamente convencido de que retrasar su salida a la calle era una buena medida para protegerse de la banda terrorista.

Tras abandonar el mundanal ruido, el empresario inmobiliario retomó su carrera de escritor para adentrarse en una prospección intimista y religiosa, en la ya clásica revisión del quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, en su obra mística El velo rasgado. Reencarnación y cristianismo (Gil-Terrón Puchades, 2012). La habitual estrategia de presentar una enmienda a la totalidad contra la sociedad podrida por parte de quienes en cierto modo han pasado varios lustros aportando carretas de estiércol a ese mundo de mierda, selvático y consumista. Una especie de confesión civil para lavar la conciencia con una pose zen con efluvios tibetanos. La Audiencia de Alicante condenó a Gil-Terrón a año y medio de cárcel y 21.000 euros de multa por apropiación indebida en el cobro ilegal de dietas en su etapa de consejero de la CAM, una sentencia en la que se condenó igualmente al ex presidente de la entidad Modesto Crespo, al ex director general Roberto López Abad y a otros tres consejeros.

¡Gol en Mestalla!

La paternidad de aquel éxito en éxtasis que fue el mitin de Mestalla, tuvo, así pues, dos accionistas principales: Gil-Terrón y Carrascosa, uno de esos tipos que convierten el oficio de mercenario en una religión. En su Cartagena natal había asesorado al partido cantonalista de aquella plaza, pero cuando saltó a la fama en la corrala política valenciana fue tras auxiliar a la UV de Lizondo en las municipales de 1991. Cuatro años después coordinó la campaña autonómica del PP, que elevó a Zaplana a los altares del Palau. Sánchez Carrascosa fue nombrado entonces secretario general de Presidencia de la Generalitat. Él y el empresario Antonio Gil-Terrón fueron los dos principales artífices de la organización (incluida la búsqueda de financiación) del macromitin de Mestalla en las generales de 1996, el mayor regalo que Zaplana podía hacer a José María Aznar.

El esfuerzo valió la pena. El del equipo de intendencia popular y el económico de varios empresarios y ciudadanos que, por voluntad o sentido del deber, se rascaron el bolsillo. El entonces presidente del Valencia CF, Paco Roig, cedió gratis el estadio; el empresario audiovisual Paco Grau, dueño de Trivisión, se encargó del montaje (por 7 millones de pesetas, dijo, 42.000 euros) y, de paso, hizo de mantenedor. Fue su mejor inversión, visto su recorrido posterior en la RTVV guionizada y gestionada por el PP. A tenor de los contratos que se llevó. Recuerdo cómo encendía Grau el éxtasis del público cuando recitaba, cual speaker de pabellón NBA, los nombres de quienes no habían podido ir o incluso llegar por la congestión de tráfico, pero mandaban sus mensajes de apoyo. On road. Fue anunciando a quienes tomaban la palabra. Entre otros, el cabeza de lista por Valencia, un joven concejal llamado Francisco Camps, que, en su recién estrenada segunda legislatura en el consistorio, había pasado, con 33 años, de concejal de Tráfico a responsable de Hacienda y Patrimonio y teniente de alcalde de Rita Barberá. Con esa edad de Cristo hoy cualquiera está ya en el eclipse de su carrera, pero en 1996 todavía existía «la mili». La militar y la laboral, y las tribus de los millennials y los Zetas no habían sido aún concebidas para dejar a todos los viejunos en evidencia.

El día del mitin publiqué en el diario una entrevista de campaña electoral a doble página que le hice al candidato Camps, el número uno del PP al Congreso. Lo recuerdo perfectamente en el despacho. Pronto me percaté de que haría mucha carrera. Le di el bon dia y me respondió con un «Vamos a valencianizar España». Desde la primera hasta la última pregunta me repitió la cuña del día, la frasecita de marras del argumentario. Cuando nos despedimos nos intercambianos dos amables «Vamos a valencianizar España». Y finalmente, tras una profunda reflexión de un minuto y diecisiete segundos, en el periódico entendimos que el titular debía ser «Vamos a valencianizar España».

Parece una frase hueca, nimia, de salir del paso, de quedabién regionalista de quinta fila, de regionalismo bien entendido, de raqueta en batalla de flores, pero tiene una indudable carga de profundidad. Esa noche en el mitin me percaté de por qué Camps era tan avezado pensador. Y de qué escuela era aventajado discípulo. En aquel escenario del atestado Mestalla compareció su maestra Rita Barberá para dejar suspendido en el éter uno de esos pensamientos que, por su calado, permanencen durante siglos colgados de las conciencias colectivas, perennes en los imaginarios de los pueblos. Subió, cogió aire y gritó: «Felipe, hakuna matata». Y el estadio rugió como «El rey León».

Jamás vi una demostración de fuerza con tanta carga de energía e impaciencia y hasta rabia acumulada. Tres años antes se le escapó a Aznar el triunfo por el voto del miedo agitado por el PSOE. El dóberman que sacó Alfonso Guerra a pasear sin bozal. Aquel sonido apisonadora en Mestalla, aquella excesiva percusión movilizó a una parte de la izquierda que acudió a votar al PSOE, incluso con una máscara antigás para proteger la nariz, y evitó así la mayoría absoluta del PP. Esa fue al menos la lectura de Pedro Arriola, el sociólogo y consultor demoscópico de cabecera de Mariano Rajoy y antes de Aznar.

Todos los esfuerzos y contribuciones resultaron provechosos, aunque sólo fuera porque dejaron embelesado al hierático Aznar. En su libro de memorias evoca aquella campaña:

Hicimos algunas demostraciones de fuerza. La más espectacular fue el mitin celebrado el 29 de febrero en el campo de fútbol de Mestalla, en Valencia. Fue la concentración política y electoral más grande de la democracia española. Ningún partido en España ha conseguido convocar a tanta gente en un acto político, ni antes, ni después. En el aforo cabían 50.000 personas y se llenó. Mucha gente tuvo que seguir el mitin desde la calle por pantallas gigantes. Eduardo Zaplana, que entonces era el presidente de la Comunidad Valenciana, consiguió una movilización sin precedentes. Recuerdo el mar de gente desde el escenario. Era tal la cantidad de personas y era tan grande la distancia desde el fondo del estadio donde estaba colocado el escenario, que la interacción con el público no fue todo lo fácil y ágil que en otro grandes mítines de aquella campaña. Sin embargo, no lo olvidaré jamás.

«Si és picarol, a menjar del perol»

En aquel reparto del pollo entre PP y UV, Zaplana dio cuarto y mitad a Benidorm. A los amigachos de la ciudad turística, empezando por la casi totalidad de la peña festera Picarol. «No et calfes el perol, picarol» era el lema de la colla que cada segundo domingo de mes se reunía en el bar Cariñoso de Benidorm.

En el troceado de muslos y pechugas, la patria chica de Zaplana se llevó cuatro directores generales, cuatro diputados y varios cargos intermedios. En esa alineación de los amigos del sur, tan amplia como variopinta, militaban Roberto Botella, quien compartió despacho de abogados con Zaplana y éste incorporó a Terra Mítica como asesor jurídico; Fernando Modrego, que fue nombrado conseller de Medio Ambiente, y Roc Gregori, director de la Agència Valenciana de Turisme (AVT). También Joaquín Barceló Llorens, alias Pachano, colocado como director de los Centros de Desarrollo Turístico (CDT) y también detenido en la operación Erial al ser considerado por la UCO testaferro de Zaplana en el entramado societario tejido para cobrar y blanquear unos 10,5 millones de euros en comisiones por las adjudicaciones de las ITV y el Plan Eólico. Otro picarol que hizo carrera a rebufo del jefe fue Juan Manuel Cabot, diputado en Corts. O el médico Manuel Pérez Fenoll, que llegó a alcalde de Benidorm. El amigo Zaplana les buscó a todos acomodo en la Generalitat y en la industria auxiliar de esta, en el sector público empresarial en general, desde que desembarcó en el Palau tras la victoria electoral del 28 de mayo de 1995. Por supuesto que también comieron pollo de corral ilustres del «clan de Valladolid», alejados de experimentos etnográficos como la picarol.

De inquilino a propietario de un chollo

Al igual que esos estudiantes de pueblo que cuando se mudan a la ciudad a cursar la carrera se apalancan en casa de su tía, Zaplana se instaló en cierto modo en casa de su madrina política, María Consuelo Reyna, cuando aterrizó en Valencia para hacer carrera pública. Podría decirse que lo adoptó. El presidente vivía «de alquiler» en un piso de José Reyna, hermano de la directora y también accionista de Las Provincias. Cenaba con frecuencia en casa de María Consuelo. Allí se dibujaban la táctica, la estrategia y el futuro mismo, del modo como se construyen castillos en el aire en las comidas de los pisos de estudiantes. La vivienda le salía muy a cuenta al presidente. Y vivía en uno de los rincones más cotizados de la ciudad. Junto a los jardines de Viveros y en una finca que no es precisamente de VPO.

Pero, quieras que no, el español de pura cepa lleva en el ADN su aspiración a ser propietario. Aunque él no tenía prisa. Como casi siempre que uno se sienta en el quicio de la puerta a esperar, la ganga acabó pasando por delante de su casa. Un buen día tuvo la suerte de que un ciudadano detallista le vendiera un piso en la misma plaza de la Legión Española, con vistas a los jardines y en condiciones muy ventajosas.

Sobre la génesis de cómo el destino dejó caer un chollo en el camino de Zaplana hay dos versiones. La más enternecedora la contó el propio vendedor. Resulta, explicó, que compró el piso de arriba para su hija, pero esta no quiso luego instalarse en él porque le parecía que estaba demasiado cerca de los padres. La chica quería más independencia. Pero no lo dijo antes, lo argumentó cuando su papá ya se había gastado 420.000 euros (70 millones de pesetas de 1998) en comprar el inmueble.

Un día, Zaplana, de visita en casa de ese padrazo, que se llama Enrique Roig, comentó que estaba pensando en adquirir una vivienda. Y su interlocutor le ofreció el piso que había comprado, en principio, para su hija. ¿A qué precio se lo vendió a Zaplana? Al mismo que lo había conseguido para la niña: 420.000 euros. El propietario no ganó un solo euro de plusvalía en la compraventa.

La segunda versión es más prosaica. Enrique Roig supo que el vecino de arriba, que era joyero, tenía el piso embargado y lo adquirió con vistas a ofrecérselo a Zaplana en condiciones ventajosas. Quedar bien con el nuevo presidente nunca es una mala inversión. El bendito amigo es un arquitecto que se hizo también promotor para poder así diseñar los edificios como él quería, para que la economía no le recortara las alas como artista. No quiso hacer negocio con «un amigo», según explicaba a todo aquel que dudara de su generosidad en tiempos en los que era casi imposible no hallar brotes verdes de especulador en el alma de cualquier emprendedor, aficionado o profesional. «Es amigo mío, lo quiero, respeto y admiro», insistía Roig sobre Zaplana en una entrevista con Miquel Alberola en El País.

Los lazos entre ellos eran extremadamente consistentes. Tanto que, hecha la venta, Roig se encargó de acometer una reforma a la carta, al gusto de Zaplana y de su esposa, Rosa Barceló. No le cobró un euro de beneficio, una peseta entonces, por esas mejoras en la vivienda.

Las relaciones entre verdaderos amigos son siempre primarias, auténticas, de vuelta a las esencias. Por eso a veces se rigen por la economía de trueque y carecen de registro contable. Entre amigos, nunca se repara en un abrazo de más, un beso de menos, un favor extra, acercar al taller a recoger el coche o dejar el pase para que vaya al partido gratis. Así era el trato entre Eduardo y Enrique, dos tipos cuya elegancia acompañaba al señorío de monarca inglés otorgado por sus nombres. Además de obsequiarle con todos los extras del piso para convertirlo en vivienda full equip, en su momento se publicó que Roig le había regalado un precioso reloj Hublot de 7.100 euros, extremo que el promotor negó, si bien admitió que, de haberlo hecho, no lo contaría, pero tampoco sería nada extraordinario.

El presidente, por su parte, tampoco se mostró rácano en la relación. Zaplana avaló el nombramiento del arquitecto como vicepresidente quinto de Bancaja, puesto al que accedió a propuesta de Unión Valenciana, partido del que Roig se declaró votante. Al menos en los comicios de mayo de 1995. De joven había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y se sentía orgulloso de ello. «En las mismas circunstancias, lo volvería a hacer», proclamaba.

Pero había evolucionado hacia el liberalismo. Enrique Roig no era muy partidario del intervencionismo del Estado. Un convencido de que es la iniciativa privada la que genera riqueza, y de que los bolsillos particulares son el mejor refugio para el dinero. Llevaba sus convicciones al extremo. Hasta el punto de que en mayo de 2008 fue condenado a dos años de cárcel por defraudar 595.000 euros a Hacienda.

Eduardo Zaplana escrituró el piso, situado en el número 13 de la mencionada plaza de la Legión Española, el 14 de enero de 1998. Ahí fijó su residencia hasta julio de 2002, cuando marchó a Madrid para ser ministro. El 18 de diciembre de 2006 vendió ese inmueble al matrimonio formado por el notario Jorge Iranzo y M.ª Vicente Císcar Casabán por 1.562.631 euros, según información del Consejo General del Notariado, que aparece en el folio 2.248 del sumario de la causa Erial. El 30 de junio de 2008, apenas año y medio después de adquirirlo, Iranzo lo transfirió a otro notario llamado Pablo Gómez y su esposa, Carmela Villena.

El traspaso de ese inmueble fue una maldición para Zaplana. El ex presidente ganó millón y medio de euros en la operación, pero acabó perdiendo todo el patrimonio de la impunidad. Quizá por un olvido en la mudanza. Por dejarse en la vivienda un sobre con el guion de dos adjudicaciones perpetradas con comisiones: la privatización de las ITV y la adjudicación del Plan Eólico. Seis páginas que se convirtieron en el epitafio de la trayectoria triunfal del hombre de negocios que utilizó la política como tapadera. El sobre bomba fue encontrado en la casa por un empresario sirio llamado Imad Ahmad al Naddaf Yalouk, que fue inquilino de esa vivienda. Le hizo entrega del sobre a su amigo Marcos Benavent, el yonqui del dinero del caso Taula, y la documentación acabó en manos de la Guardia Civil y de la jueza. La versión ofrecida por el ciudadano sirio y por Benavent es que el sobre fue hallado en la vivienda que había sido de Zaplana. Durante la entrevista con los agentes, el autor del hallazgo se refirió a los documentos como «basura». Seguramente no sabía hasta qué punto era basura. O puede que sí.

Capítulo VI

Zaplana Kane. Cuando el fin dulcifica los medios

Eduardo Zaplana no había bebido en esa tradición agrícola que, mucho antes de que se inventaran las escuelas de negocios y el concepto especulación, ya constataba que la cadena de intermediarios es el herbicida para el productor. James Carville, asesor de campaña de Bill Clinton en su duelo contra George Bush padre, habría podido sustituir su mítico «es la economía, estúpidos» por «es la venta, estúpidos».

El ex presidente siempre ha sabido que la comercialización es tanto o más importante que la producción. En el circo público, donde la publicidad se llamaba propaganda y, en los últimos tiempos, periodismo, el primer producto que ha de saber vender el comercial es a sí mismo. Es esa perversa metonimia invertida del todo por la parte según la cual, si el presidente de la Diputación, alcalde o jefe del Consell premia al medio con una campaña publicitaria institucional, el producto que en realidad se coloca en el mercado es el propio político. La diferencia entre argumento y tema tampoco es privativa de la política.

Antes de alcanzar la alcaldía de Benidorm, Zaplana debió de comprarse El príncipe de Maquiavelo y lo colocó en el altar de su mesilla de noche, metió el tratado «Ojo con recurrir a cualquier medio para lograr un fin» en un armario ropero, cerró la puerta con un candado y echó la llave al mar en la playa de Levante. Y siguió actuando como obispo, si no cardenal, de la Iglesia maquiavélica. Cuya verdad revelada y clave de bóveda es el principio según el cual el fin justifica los medios. Incluidos los de comunicación, básicos en la construcción de marcos referenciales, de identidades y liderazgos.

Eduardo siempre tuvo claro que sin el favor mediático no hay reto político asumible ni pecado olvidado. Porque uno mismo puede maquillar su currículo, pero la amnesia ajena no se regala, se vende. Uno mismo puede cometer olvidos de marujazos en la biografía oficial que se cuelga en la página web del Ministerio de Trabajo. Ahí contaba Zaplana que «durante el proceso de refundación del PP, liderado por José María Aznar, decidió militar en esta formación». «Tras estas elecciones [las municipales de 1991] fue elegido alcalde de Benidorm y portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas.» El «tras» se produjo seis meses después de las elecciones y con moción de censura incluida. «Durante» fueron dos años antes. Porque Zaplana se afilió en 1987 a Alianza Popular, siglas desterradas por el ministro. El mismo año en el que Luis Fernando Cartagena, que fue su socio en el asalto al poder del partido, accedió a la alcaldía de Orihuela también mediante moción de censura.

Desde bien pronto, Zaplana evidenció su vocación de remedo de William Randolph Hearst, el magnate de la comunicación que inspiró a Orson Welles y su Ciudadano Kane. Periodista, publicista, empresario, político… El hombre que usó su imperio mediático hasta para alentar guerras a beneficio de su cartera sería el sol del universo zaplanista. Zaplana, su ejemplo y su herencia son el rosebud que descifra unas cuantas claves políticas, económicas y sociales de nuestro pasado más inmediato y de nuestro presente.

Las grabaciones del caso Naseiro, anuladas por el Supremo, constituyen, desde el primer segundo hasta el final, una declaración de principios. Son como una carta del suicida que, deshinbido de ataduras mundanas y socializantes, dice la verdad, toda la verdad. Sin complejos. En materia mediática, aquel bachiller Zaplana, en términos de carrera política, ya expresaba su querencia por el favor de la prensa, su desmedida obsesión mediática. Sabedor de que el uso de los medios de comunicación y los sistemas de medición de la opinión pública son instrumentos clave en la construcción de regímenes neopopulistas.

En la conversación telefónica con el concejal Salvador Palop, datada el 11 de febrero de 1990 a las 13:22, Zaplana le reprocha, en tono coleguil, que no lo llamara para acompañarle a un acto que el de Benidorm entendía importante. «De entrada –le dijo Zaplana a Palop– eres un maricón, un hijo puta, un cabrón y de todo». «¿Por qué?», inquirió el otro. «¿Eh? […] te vas a Madrid a la presentación de la revista de Fontán. No me llamas para que vaya contigo…». La publicación Nueva Revista se presentó a un mes del congreso del PP que encumbró a Aznar, y ese medio se convirtió en el faro del pensamiento del partido.

La carrera política de Eduardo Zaplana siempre fue a rebufo de una estela mediática que intentó, y normalmente consiguió, modelar a su gusto y mediante acciones perfectamente planificadas. Porque el alcalde, presidente y ministro siempre ha sido en sí mismo una empresa y ha funcionado como tal, por objetivos. Y cada uno de ellos, cada siguiente estación, le exigía retoques en el ecosistema comunicativo. Estrategias y tácticas adaptadas. Por eso, pese a sus firmes creencias en la necesidad del control mediático y siempre consciente de que eres lo que pareces, como candidato a presidente de la Generalitat tuvo que dejar su credo en hibernación hasta que pudiera ejecutarlo una vez alcanzado el poder. Y actuar conforme a sus convicciones sobre fines y medios. El aspirante a timonear la Generalitat se esforzó, en el inicio de su carrera de lanzamiento a la primera división política, en perfumar la escena pública de liberalismo, con sosegados alegatos contra una política de injerencia en los medios de comunicación que no sólo practicó, sino que la elevó hasta el paroxismo intervencionista. El primer capítulo de su larga trayectoria de instrumentación de los mass media consistía precisamente en negar esa voluntad de intervención.

He aquí su declaración de intenciones mediáticas contenida en capítulo 6, versículo 2 («El control de los medios») del libro de los incumplimientos del liberal para el cambio. Decía Zaplana: «Yo aseguro que mi política en ningún momento intentará controlar, ni siquiera influir en los medios de comunicación. Y eso por dos motivos, para que vea la sinceridad de mis palabras. En primer lugar, por convencimieto personal de respeto a la libertad de expresión. Y, en segundo, por pragmatismo. A los que crean que se pueden controlar los medios de comunicación, yo les digo que cometen uno de los mayores errores que se pueden cometer. Eso sólo se consigue coyunturalmente». En su ejecutoria como presidente demostró, en política comunicativa, la misma coherencia que en el resto de su gestión política. Puede dar fe especialmente el diario Levante-EMV, al que boicoteó informativa y publicitariamente, incluso saltándose la ley, desde el primer minuto de su mandato y en su intento de someter su línea editorial a sus intereses y caprichos megalómanos.

Con su habitual «sinceridad», reflexionaba sobre lo contraproducente que resulta, según él, usar los medios como altavoces de propaganda. Así, a botepronto, recurrió a tres ejemplos para ilustrar que el control de los medios nunca da réditos políticos y está abocado al fracaso: Franco, los países de la órbita soviética y el Canal 9 de la etapa socialista.

El primero, Franco. «Controló todos los medios de comunicación y no hay más que mirar la opinión que tiene hoy el pueblo español de su talante e ideología. No hay ningún medio que hoy en día se atreva a hablar bien de Franco», reflexionaba. Como es sabido, murió de viejo en la cama gracias a su buena gestión y pese a las masivas manifestaciones clamando libertad impulsadas por un ecosistema comunicativo nítidamente antifranquista, dado que no le convenía controlarlo.

En segundo lugar, los Estados de la órbita soviética. «En los países del Este –continuaba con su razonamiento–, el poder también controló todos los medios y la propaganda funcionaba con toda intensidad. Y, sin embargo, la opinión que tienen los ciudadanos hoy en día de aquellos dirigentes es terrible.» «Al final, la verdad siempre resplandece», decía. En esto último no le faltaba razón. Bien lo sabe.

El tercer ejemplo que demostraba que, según él, no es rentable controlar los medios era RTVV. «Pese al control de Canal 9, el PSOE perdió en la Comunitat Valenciana por 15 puntos en las europeas de 1994, lo que pone absolutamente de manifiesto la diferencia que hay en algunos casos entre la opinión pública y la opinión de los medios públicos», remataba Zaplana en su reflexión. Acto seguido, el que sería futuro presidente pasó a revelar el enigma sobre la construcción de las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos hace 4.600 años, los misterios del Santo Grial y la Sábana Santa: cómo conseguir que los medios fueran justos y lo reconocieran como líder superdotado como servidor público. Fácil:

Hay que esforzarse por tener una buena comunicación y relación con los profesionales de los medios. Mantenerlos bien informados y ser transparente. Hacer un esfuerzo de comunicación permanente con los que son intermediarios entre el gobierno y la opinión pública. Y no pasar de ahí. Esa es la mejor política, la más sensata y la que da mejores resultados a la larga […]. Es lo que pienso hacer. Explicar permanente y reiteradamente el porqué de las acciones de gobierno, se coincida o no con los medios. No se puede estar metido en un búnker y no explicar por qué se hacen las cosas.

Sus naturales dotes de estratega solamente eran equiparables a su vocación de servicio público. Siempre fue consciente de que el ruido de la propaganda impide escuchar cómo chirría el mecanismo de la ética. De que el elogio a las metas alcanzadas prima sobre cualquier otra consideración. Por eso, siendo alcalde de Benidorm impulsó, y el pleno lo aprobó, un contrato de 660.000 euros para promocionar la ciudad en 89 anuncios y 30 programas. Como ministro de Trabajo, en vísperas de las elecciones generales de 2004, invadió los medios de comunicación con una campaña de publicidad sobre la imagen de su departamento con el lema «Lo nuestro son las personas» y otra sobre revalorización de las pensiones. «Un año más, cumplimos» era la proclama. El coste de las dos campañas ascendió a 29 millones de euros, según los datos publicados en el BOE. Otros 12,4 millones se gastaron en distintas campañas a lo largo del año. En total, 41,4 millones, más del doble (un 130 por 100 más) de lo que dedicaba cada año al mismo fin su antecesor en ese ministerio, Juan Carlos Aparicio.

Como en esos anuncios vintage de dietas milagro donde se adosan fotografías del antes y el después, la distancia entre el Zaplana candidato y el Zaplana presidente fue considerable en cuestión mediática. Incluido, por supuesto, Canal 9. Sobre todo Canal 9. Como aspirante al Palau se mostraba preocupado ante el «incumplimiento» de «uno de los principios básicos de la televisión pública, como es la protección de la juventud y la infancia». «Se incumple sistemáticamente con una programación infantil y juvenil que apela frecuentemente a la violencia, al machismo y la xenofobia como valores aceptados en la sociedad de consumo. Muchas películas para adultos se emiten a menudo en horarios infantiles y juveniles. Esto hay que cambiarlo», lamentaba el candidato del PP en el libro de Rafa Marí. Y seguía diagnosticando la precaria salud democrática de RTVV. «Otra cosa que considero rechazable son los informativos. Tienen la calidad técnica deseable, pero carecen de objetividad e imparcialidad […]». «El PP considera que un Estatuto de Redacción es la única garantía que permitirá a los profesionales de TVV ejercer libremente su trabajo sin estar sometidos a ninguna presión partidista». Canal 9 le parecía, además, una televisión pública que salía por un potosí al Consell. Era cara, carísima. 12.000 millones de pesetas al año (72,1 millones de euros). «No es lógico que cueste tanto», decía Zaplana.

Heredó de Lerma una plantilla de 653 trabajadores, que requerían 25 millones de euros para gastos de personal. Cuando Zaplana huyó del Consell en julio de 2002, la partida para salarios había engordado hasta los 61 millones. El nuevo inquilino de la Generalitat ya había creado una redacción paralela en RTVV, donde se llevó a cabo una purga en toda regla y una sustitución «étnica», de tal forma que los veteranos quedaron recluidos en la especie de reserva india en que se convirtió Punt 2, el segundo canal autonómico montado por el PP. Los gastos para producciones externas y derechos de retransmisiones deportivas (una vía encubierta de financiación de los clubes de fútbol valencianos de la elite con dinero público) se habían disparado para consolidar un desequilibrio crónico entre ingresos y gastos. En el periodo hasta el año 1995 se alcanzó un máximo anual de 11 millones de gastos, capítulo que ya se había triplicado en 1997 y en 2001 se disparaba hasta los 46 millones. Un desajuste que fue engordando la deuda, hasta superar los 1.200 millones de euros cuando Alberto Fabra decretó el cierre en noviembre de 2013.

El año 1999, tras apenas tres ejercicios y medio de gestión zaplanista, el desfase entre ingresos y gastos había multiplicado ya por seis el legado recibido. La aportación del Consell compensaba las cuentas del ente público y cubría así las pérdidas, hasta que ese 1999 Zaplana cambió la ley para que RTVV pudiera endeudarse por sí misma y no tuviera que asumir la deuda la Generalitat. A partir de entonces empezó a ensancharse el agujero negro a la velocidad de la luz.

Hasta tal punto había empeorado la salud económica de la radiotelevisión pública valenciana que el Síndic de Comptes ya certificó en su informe del siguiente ejercicio, el del año 2000, la situación de quiebra técnica, dado que el saldo patrimonial no alcanzaba la mitad del capital social «como consecuencia de las pérdidas acumuladas en TVV y RAV y de la insuficiencia de las aportaciones de fondos de la Generalitat».

La primera decisión de Zaplana sobre la nueva RTVV, cuando llegó al poder en 1995, no fue ordenar la inmediata elaboración de un Estatuto de Redacción para liberar a los periodistas de cualquier cadena. Fue situar al diputado electo del PP Josep Vicent Villaescusa como jefe de informativos. Se armó el escándalo y, a las 48 horas, Zaplana se arrepintió. Y después se arrepintió de haberse arrepentido. Fue un momento de flaqueza, un resquicio de conciencia sobre la ética de la estética.

Las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 tuvieron para el Partido Popular (para el PP valenciano y especialmente para Zaplana) el mismo efecto que tomarse tres cafés cargados. Le abrieron los ojos. Sobre la «necesidad» de construir un potente aparato de propaganda a base de comprar medios y de crear otros.

Se conducía como pocos en el reparto de la publicidad para engordar a unos y matar por inanición a otros, se manejaba como nadie en el ataque y en la defensa. Las negociaciones para mantener espesas capas de oscuridad protectora. Contaba con un equipo bien preparado para abordar asuntos delicados. Por ejemplo, para neutralizar a tipos de dudosa catadura moral. A personajes como el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, condenado por su implicación en el vídeo sexual del periodista Pedro J. Ramírez e instigador, por ejemplo, de una entrevista a un falso Antonio Anglés (el prófugo criminal de las niñas de Alcàsser) en el diario Ya, del que era editor. Sacó a los quioscos el semanario Dígame, un vertedero en formato revista en el que se lanzaba basura sobre la vida privada de famosos y políticos.

Aquellos comicios de 1996 del mitin de Mestalla le sirvieron al presidente, además, para subrayar la posibilidad que les brindaba esa dulce derrota (el PP no alcanzó su ansiada mayoría absoluta) como coartada para subyugar a unos medios públicos que, como dijo el propio Zaplana de Canal 9, eran «el último bastión socialista». El comité electoral de sabios del PP valenciano, formado por Serafín Castellano, Antonio Lis, Víctor Campos y Juan Manuel Cabot, no vaciló en su diagnóstico sobre por qué los populares no habían rematado su éxito. Canal 9, entendieron, no se había empleado a fondo en la colecta valenciana de votos para José María Aznar. Es lo que tiene haber situado en la dirección general de RTVV a una especie de contable (el catedrático de Derecho financiero Juan José Bayona) y a un artista (el realizador Vicent Tamarit) de director de Canal 9. Tocaba enterrar complejos. ¿Cómo un hombre como Zaplana, que conquistó la cima del PP valenciano el 26 de septiembre de 1993 gracias a una conjura político-mediática, había cometido ese error? No volvería a suceder.

El espacio informativo nocturno de Canal 9 A mitjanit fue desterrado de la programación. Más de 30 periodistas acabaron en la calle. Fue la primera gran purga de RTVV. Casi nadie lloró por ellos. «A mitjanit era una ventana de aire fresco que ha constipado a los más conservadores del PP», me comentó el director del espacio Josep López, quien dejó la corresponsalía de Canal 9 en Bruselas para llevar las riendas del espacio informativo de la noche. «Desde el primer día en que se puso en marcha, siempre tuve la impresión y supe que no duraría mucho», me confesó. No iba errado en su intución.

Canal 9, periodismo sin información

El presidente seguía sin ser un hombre ilustrado en exceso sobre teoría de la comunicación, el concepto de fabricar noticias, de que los medios median, la construcción de relatos y la institucionalización de la realidad a través de la delimitación de una agenda por parte de los medios de comunicación. Dicho de otro modo, son los medios de comunicación los que marcan el orden del día de la opinión pública (sobre qué hablar, pensar, opinar…), los que constriñen la realidad, lo que sucede únicamente a la parte de la realidad que queda enmarcada por la agenda, que siempre está mediatizada y dictada por el poder. De todo tipo. En ese sentido, Canal 9 fue clave como locomotora de una socialización del discurso triunfalista del régimen popular. Fue vital en dos aspectos: por acción, al convertirse en un mero altavoz del Consell, en su principal terminal mediática hasta el punto de convertir los informativos de RTVV en un mero No-Do, pero también por omisión. Y es en este segundo aspecto en el que la radiotelevisión pública prestó su mejor servicio a la causa popular.

Porque la principal acción manipuladora consistió, más que en primar la voz del PP, en silenciar cualquier otra voz que cuestionara mínimamente el orden «natural» de las cosas. Cualquier elemento discrepante, en la política, en la educación, en el mundo laboral o cultural, cualquiera, fue relegado al ostracismo, por no decir al exilio interior. Los informativos de Canal 9 pasaron a convertirse en pintores de cámara del Consell popular. Pintores hasta la caricatura de una sociedad bucólica en la que el Gobierno autonómico abanderaba políticas para universalizar el derecho a la alegría del porro, a la plena satisfacción. Grandes proyectos para todos, agua para todos, segunda residencia en la playa para todos… Aquellos dirigentes vivieron y vendieron por encima de nuestras posibilidades.

El profesor Martínez Gallego subraya el renacimiento, a finales del siglo xx, de una nueva versión de la teoría de los efectos fuertes de los medios de comunicación sobre la sociedad. Recordaba que, en los años de ascenso de los fascismos y totalitarismos en Europa y en el mundo, la teoría de la aguja hipodérmica vaticinaba un comportamiento conductista de la audencia, que respondía mecánicamente a los estímulos recibidos desde los medios de comunicación. Tras la Segunda Guerra Mundial, estas teorías perdieron predicamento a favor de las llamadas «de efectos limitados», que ponían en valor la capacidad de los individuos para fijar sus criterios y actuar con voluntad propia y no teledirigida. En el renacimiento de la corriente teórica que subraya la influencia casi determinante de los medios a la hora de moldear a la opinión pública, pierde peso el factor conductista y precisamente se incide en lo determinante que resulta el ecosistema mediático para delimitar la agenda.

Canal 9, destaca el profesor, «consagró el modelo de periodismo sin información, el que prescinde de los datos relevantes para el conocimiento de los acontecimientos de interés general y lo sustituye por fiestas, meteorología, deportes, sucesos y frivolidades». «La política es la gran ausente.» Ya lo decía Franco a sus ministros para zanjar discusiones –o, al menos, la leyenda se lo atribuye–: «Haga como yo, no se meta en política». Una de las herencias del franquismo es precisamente ese poso de estigmatización de la política, una ocupación nada apropiada para la gente de bien, aquella «que no se mete en líos».

Los informativos de Canal 9, por llamar de alguna manera a los Notícies 9, generaron, así pues, un doble impacto en la audiencia: por cómo trataron al Consell y al PP específicamente (la manipulación más evidente, grosera y hasta pornográfica) y por la manera en que ningunearon la política y dibujaron ese remanso de paz. Sobre la incidencia, basta recordar los resultados de los estudios del CIS sobre consumo de medios. La encuesta realizada en el periodo enero-marzo de 2010 revelaba que el 90,3 por 100 de los valencianos recibía la información política sólo a través de medios audiovisuales. Y el 15 por 100 únicamente se informaba a través de Canal 9. Una televisión pública que, en efecto, contribuía a asentar la percepción de que ni siquiera el Partido Popular, siendo un partido, tenía como prioridad hacer política sino gestión. Como sostiene el profesor Antoni Laguna, «el PP es el partido de la eficacia, pragmático antes que político».

El 2 de abril de 1996, Zaplana envió a la dirección de Canal 9 a Jesús Sánchez Carrascosa, quien había sido su jefe de campaña, para atar en corto la televisión. Con una correa de paseo. Con él, los informativos, efectivamente, empezaron a emitir en rosa frivolidad y negro suceso. El comité de redacción lo denunciaba en un informe de noviembre de 1997: el 62 por 100 del minutado de los Notícies 9 se dedicaba a crónica negra de sucesos, frivolidades relacionadas con la prensa del corazón, fútbol, fiestas y tradiciones populares, y solamente un 3 por 100 de la rejilla de informativos se ocupaba de la política valenciana. La política desterrada para hacer la política de la no política y crear un marco para contribuir a la construcción del relato de esa Comunitat Valenciana bucólica en el que no cabía el desagradable ruido de la bronca partidista.

La vida es una Tómbola

Como director de Canal 9, Jesús Sánchez Carrascosa era el zaplanista encargado de maniatar a la televisión pública. Carrascosa estuvo 19 meses al mando de la cadena, aunque, por el grado de crispación y polémica que generó, parece que fueron 19 años.

En su lista de deberes se propuso molestar a todos los colectivos y gremios del condado, salvo, obviamente, a Eduardo Zaplana. A la oposición de todos los colores, por supuesto, pero incluso a la propia Unión Valenciana, formación socia de gobierno del PP; al director general de RTVV, Josep Vicent Villaescusa; hasta al jefe de recursos humanos, el todopoderoso Vicente Sanz; a las amas de casa Tyrius… Empezaba a resultar molesto y muy cargante incluso en sectores del PP, empezando por el jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o algunos de los consejeros de administración del ente público (como Aurelio Hernández), a base de provocaciones tomboleras. Los excesos de Tómbola y del espacio El juí d’Alcàsser fueron consumiendo la paciencia de diversos sectores sociales y religiosos. El juicio paralelo que cada día se acometía en Canal 9 sobre el triple crimen de las niñas Míriam, Toñi y Desiree acabó de enervar a dos poderes fácticos: la parte más sensible de la Iglesia, el Opus Dei, y dirigentes de cierto peso como Alfonso Rus Terol, entonces alcalde de Xàtiva. Sí, El juí d’Alcàsser, en el que cada día se vertía un saco de estiércol a propósito de teorías conspiranoicas sobre el crimen, fue el último y desbordante exceso de Carrascosa.

El director de Canal 9 no pudo satisfacer su ilusión de retransmitir en directo la vista oral. No logró la autorización del tribunal. Con todo, Carrascosa ofreció con creces, como era costumbre de la casa, suficiente excremento catódico sobre el proceso que se desarrolló en la Audiencia Provincial de Valencia entre el 12 de mayo y el 30 de julio de 1997. Hubo otra causa paralela. La que se celebró en platós televisivos convertidos en pistas circenses a las que diariamente acudían, entre otros, Fernando García, padre de Míriam, una de las niñas asesinadas, haciendo tándem con el ex periodista de El Caso y criminólogo Juan Ignacio Banco. La pareja artística actuaba en sesión doble en Canal 9 y en el late night Esta noche cruzamos el Mississippi, el programa de Pepe Navarro en Tele 5, que luego mutó en La sonrisa del Pelícano, en Antena 3. García y Blanco esparcían las dosis diarias de teoría de una conspiración que presentaba a Antonio Anglés y Miguel Ricart como meras cabezas de turco y apuntaba hacia una supuesta trama de políticos notables y empresarios envueltos en orgías de sexo y sangre, además de lanzar sombras de sospecha de manipulación en las autopsias y las pruebas para encubrir a los verdaderos y ocultos culpables. La basura inventada que escupieron contra guardiaciviles, forenses y hasta contra el entonces fiscal jefe de Tribunal Superior de Justitica valenciano, Enrique Beltrán, les acarreó una condena a penas de prisión por injurias graves y calumnias, que obligó a RTVV al pago de 430.000 euros de indemnización a los perjudicados, como responsable civil solidaria.

En octubre de 1997, el vertedero de la telebasura estaba ya más que colmatado y el juicio había acabado hacía tres meses. Una noche apareció en el espacio de Pepe Navarro un tipo llamado Juan Cano que aseguraba haber enterrado los cuerpos de las tres niñas y el de Antonio Anglés, un trabajo para el que había sido contratado, por 500.000 pesetas (3.000 euros), por gente importante. Su pretendida confesión manuscrita fue publicada también por el diario Las Provincias. En ella, y en su testimonio televisivo, aseguraba haber visto a las niñas con vida entrando en un chalé en el que se encontraban personajes conocidos. Citó el nombre de un alcalde importante. De ese macabro testimonio se hizo eco también Canal 9. En su declaración judicial, el tal Cano confesó que su historia fue inventada para subir las audiencias. Los marcadores de pseudoperiodismo macabro en TVV rompieron todos los registros con la cobertura del caso Alcàsser. Y el munícipe calumniado se ocupó de llamar personalmente al presidente Zaplana, al que avisó de que iba a «encargarse de que Carrascosa acabara en la cárcel».

En estas circunstancias, y una vez acreditados méritos de sobra, el director de Canal 9 fue crucificado, muerto y sepultado en el puente de Todos los Santos de 1997. El balance de la ejecutoria al frente de la televisión autonómica se resume en que sacrificó el valenciano, la ley de RTVV, la dignidad y la decencia informativa (más allá de la pluralidad) y hasta las cuentas para ganar audiencia. Con él se había instalado el escándalo y los informativos alcanzaron el éxtasis pornográfico como altavoces de los grandes polvos del Consell popular que luego trajeron tantos lodos. El «todo por la audiencia» era la divisa de una radiotelevisión pública que, justo es reconocerlo, fue en muchos aspectos una cadena pionera en la puesta al día de la telebasura, más allá del clásico cóctel de tetas y culos que tanto brío alcanzó con la berlusconiana Tele 5 al principio de los noventa con la puesta en marcha de las privadas. Canal 9, con Tómbola como producto estrella escoltado por Parle vosté, calle vosté, aportó tanto al PIB de la teleporquería como el Consell del PP a la corrupción.

En su primer año de gestión, Carrascosa ya presumía de haber elevado la audiencia del 15 por 100 al 21 por 100. Se vanagloriaba especialmente de los registros de TVV en la provincia de Alicante, donde el share medio se había disparado desde el 10 por 100 al 17 por 100. Al poco de llegar al pirulí de Burjassot se arremangó para que Canal 9 hiciera su aportación a la vertebración territorial valenciana, con especial mimo hacia el sur, allá donde flaqueaba Televisió Valenciana porque el valenciano está menos presente. Quiso vertebrar a base de grandes eventos, por supuesto. Porque alquilar un paquebote condenado al desguace para convertirlo en plató flotante para emitir un programa diario puede considerarse tirar la antena por la borda cuando se pagan 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros) de renting. El barquito se llamaba Elisa B, de Boluda, el agraciado con una operación en la que participó muy activamente, mucho, pero mucho, el entonces presidente del consejo de administración de RTVV, Leonardo Ramón, hombre de Unión Valenciana muy afín a Lizondo y comerciante de naranjas en Faura. De nou a la mar se llamaba el espacio vespertino emitido desde la cubierta de aquella remozada chatarra flotante. De Orihuela a la fama, De festa en festa o el karaoke itinerante Canta, canta, de María Abradelo, fueron sólo algunas de las apuestas concretas del nuevo director para que Canal 9 se acercara al sur.

Las dos marcas franquicia eran, sin duda, el citado Tómbola y el padre Apeles, personaje estrella del Parle vosté. Este cura, irredento abanderado del espectáculo televisivo a base de provocación incendiaria, no fue un descubrimiento de Carrascosa, sino del productor Ramón Fusté, quien lo lanzó a la fama desde el Carta Blanca (producido por Pirtel). Cuando la audiencia entraba en zona valle, Apeles subía el tono de sus soflamas y el termómetro registraba un nuevo calentón de la cuota de pantalla. Aunque Carrascosa proclamó con todo el cinismo (en eso era un superdotado) que en la gestión de RTVV «es imposible despilfarrar dinero público», lo cierto es que cada punto de audiencia que se ganaba salía por un pico. Por casi seis millones de euros. Un elevado coste en dinero y en reputación e imagen de una marca que pasó a ser una especie de anticristo del modelo exigible a una televisión pública.

Los dos espacios señeros de Canal 9 eran de la factoría del productor Ángel Moreno, marido de la periodista Nieves Herrero. Sus empresas Producciones 52, Anny Producciones y Producciones Universal facturaron en 1997 a RTVV 1.695 millones de pesetas (10,2 millones de euros) por los cuatro programas (los citados Tómbola y Parle Vosté, y En exclusiva o En primera persona) que tenía en antena en la televisión pública valenciana. Dos tercios del presupuesto del departamento de Programas, que ascendía a 2.580 millones de pesetas (15,5 millones de euros), se destinaban a las producciones de Moreno, por aquel entonces rey del mambo televisivo.

Si hubo un programa que marcó una época televisiva ese fue sin duda Tómbola, un producto audiovisual inventado por Sánchez Carrascosa. La bombilla, el equivalente a la llamada de Dios en el mundo del emprendimiento audiovisual, se le encendió el día que Canal 9 emitió un Parle vosté, calle vosté sobre la vida privada de los famosos en el que participaron como invitados Jesús Mariñas y Karmele Marchante, entre otros. El espacio reventó los audímetros al lograr un 43 por 100 de share. El director de TVV llamó de urgencia al productor Ángel Moreno a su despacho. «Quiero que lo que hicimos ayer, lo hagamos todas las semanas», le transmitió Carrascosa al empresario audiovisual.

Además de ideólogo del invento, el director de la televisión autonómica fue también el padre del nombre del programa. Nada de cuanto sucedía en el plató de aquel espacio era ajeno a Carrascosa, quien decidía hasta el más mínimo detalle, ejercía un control férreo de la escaleta y decidía cuándo y cómo había que calentar el ambiente para que se disparara el audímetro. «Decidía hasta el decorado», me contaba el presentador, Ximo Rovira.

Había nacido una pócima tan polémica como rentable en términos económicos: cinco periodistas del corazón, cinco famosos, un presentador ( «un chico de Gandía con cara de tonto», bromea Rovira) y un relato repleto de bragas y braguetas, amor, sexo, celos, traiciones y todas las bajas pasiones que cupieran en la imaginación de los periodistas, famosos e invitados que se sentaban en el sofá con forma de labios. Rovira estaba presentando entonces en la propia Canal 9 el concurso Si l’encerte l’endevine, un espacio de Gestmusic.

El presentador relata, más de 20 años después, el momento en el que Carrascosa le comunicó su intención de ficharlo como presentador. «¿Tú presentarías este formato?». «Le dije que no tenía ni puñetera idea del quién es quién en el mundo del corazón; no sé ni quién está casado con quién ni quién se ha separado de quién», le admitió Rovira a Carrascosa tras recibir la oferta. El director quedó encantado con la respuesta: «Justo eso es lo que queremos; cuanto menos sepas, mejor… Haremos una prueba y veremos».

El día del estreno del programa, que se emitía los jueves en directo, Ximo Rovira tenía su prueba de fuego, un ensayo por la tarde con figurantes y actores. «Fue desastroso, estaba muy nervioso. Sánchez Carrascosa me dijo que quería hablar conmigo y estaba convencido de que iba a despedirme.» Error. «Me dijo que tuviera confianza, que todo saldría bien.» «Me enredé en ese proyecto y me cambió la vida», admite el presentador, que se convirtió en una superestrella cotizada en la televisión, el conductor del guirigay más «deslenguado, zafio y procaz». Visto con perspectiva, el presentador se sincera sobre el atentado que suponía un espacio como ese en la rejilla de Canal 9: «Cuanto más tiempo pasa, más claro tengo que ese programa jamás se debió haber emitido en una televisión pública, eso jamás debería haber pasado; no era un formato adecuado ni daba el perfil de lo que ha de ser una cadena pública». «¿Qué función social tuvo? Ninguna. ¿Ayudó a la vertebración del territorio? En absoluto. ¿Ofreció algún servicio público? Jamás. No era propio de una tele pública.»

Aunque matiza que en aquellos años las autonómicas eran televisiones públicas que querían competir con las comerciales. Y Tómbola era muy competitivo. En esa franja horaria, «éramos líderes por delante de Crónicas marcianas, de Tele 5». Tómbola tiró el audímetro hasta el punto de incrementar seis puntos la audiencia media de la cadena en un año.

Las cuarenta entregas que se emitieron ese año 1997 costaron 670 millones de pesetas (más de 4 millones de euros), a 16,75 por entrega. El coste total del programa en toda su vida televisiva ascendió a 32 millones de euros. Una fortuna que mereció muchas críticas. Y que, pese a todo, resultó rentable en términos económicos. Solamente en términos económicos. «Tómbola no costó un euro al erario público», sentencia Rovira. Efectivamente, Tómbola era una máquina de generar dinero, además de porquería. Ángel Moreno explicó que cada programa recaudaba unos 50 millones de pesetas (300.000 euros) en publicidad. Gracias a los índices de audiencia que cosechaba. El mejor registro histórico de audiencia se alcanzó, no obstante, con una visita poco polémica: Jesús Puente. Matías Prats padre y Toni Leblanc forman parte de la lista de invitados que más interés despertaron en los telespectadores, perfiles todos alejados de los escándalos de alcoba que marcaban la tónica general del programa.

Era tal negocio, que Antena 3 echó el resto para adquirir el programa. El director de la cadena privada, Jesús Hermida, llamó a Moreno y lo conminó a poner la cifra que quisiera para que la televisión de Antonio Asensio se quedara con el programa rosa, según una fuente de la RTVV de entonces conocedora de aquella oferta. Hermida trasladó el máximo interés en colocar Tómbola en la rejilla de Antena 3. Tenía casi preparado un camión para que cargara decorado, sofá y demás atrezo del plató a los estudios de Antena 3. Fichaba a toda la alineación de colaboradores y al presentador, y a la semana siguiente el espacio ya se emitiría en su nueva cadena. Pero Moreno se negó a poner precio. Le interesaba seguir vinculado a Canal 9, donde Producciones 52 y sus filiales tenían en la rejilla, además de los referidos cuatro espacios, el Tela marinera o La música es la pista, con Mar Flores.

El filón de Tómbola llevó al productor a plantearse montar un restaurante temático para aprovechar el tirón de un programa que se convirtió prácticamente en un fenómeno social. El local de hostelería se ubicaría en la Gran Vía Marqués del Turia y se servirían platos bautizados con nombres de famosos y periodistas del programa. Pollo a la Mariñas o Paella Rovira… El proyecto estaba bastante maduro, lo mismo que la posibilidad de lanzar un juego de mesa con el nombre de Tómbola, pero finalmente se descartaron ambas iniciativas por problemas de propiedad de derechos de explotación comercial del programa, que estaban compartidos entre la productora y la televisión pública valenciana.

Cuando Rovira repasa el hit parade de los escándalos más sonados de aquel debate de entrepierna que se emitía en directo durante cuatro horas, recuerda, entre otros, el abandono del plató de Chábeli Iglesias Preysler al grito de «¡Esta gente son gentuza!».

Aquel episodio, de la noche del 13 de marzo de 1997, fue uno más de la larga lista de numeritos que se sucedieron en el gallinero de colorines timoneado por Rovira y con Jesús Mariñas y Karmele Marchante entre la tripulación de lujo. Mariñas era, sin duda, el Messi del programa, «la puñetera estrella», en palabras de Rovira. Eran los albores del teléfono móvil y al único al que se le permitía tenerlo en el plató y mantenerlo conectado mientras duraba la emisión en directo era a él. Tenía, además, carta blanca para dar un volantazo al programa en plena emisión si era necesario para que la audiencia repuntara. Tenía licencia para matar.

Con este magacín rosa, Telemadrid y Canal Sur (autonómicas que luego se desengancharon de la fiebre tombolera) rendían tributo a la carta de principios exigibles a una televisión pública: pluralidad, debate sereno, difusión de valores cívicos, rigor y honestidad intelectual. Por parte de los invitados y de los anfitriones. Había material para realizar un Tómbola sobre Tómbola. Sobre el uso del dinero público. Sobre los taxis Valencia-Sevilla ida y vuelta para traer a este o aquel; sobre los gastos en un hotel cercano a la estación de autobuses convertido en cuartel general tombolero; sobre el día en que una empleada de limpieza se encontró un neceser con un fajo de billetes y pertenencias que había descuidado el ilustre invitado de la noche anterior: Pocholo «el de la mochila». Se hizo el discreto encargo a los de seguridad del centro de producciones de Burjassot de que devolvieran las pertenencias al intelectual orgánico de la marcha ibicenca. Tómbola era una bomba de relojería, un festival de excesos, una orgía de despropósitos, un espectáculo grosero que cada jueves se emitía en directo en el plató y se vivía detrás de las cámaras en los camerinos, en los de clase media y en el conocido como camerino vip.

El secuestro de Bárbara Rey

Capítulos televisados o desconocidos que, todos, quedan reducidos a una mera anécdota comparados con la crisis de Estado que se desató la noche del jueves 17 de julio de 1997. El día de la no entrevista a Bárbara Rey en Canal 9, cuando temblaron los cimientos del Estado, el Cesid (antecedente del CNI, nacido en 2002), la Zarzuela, la Moncloa y las raíces del Occidente judeocristiano. Lo viví en primera persona. Llevaba año y medio encargándome de cubrir la información de televisión y comunicación, dentro de la sección de Cultura. Un sector, el comunicativo, que, como siempre, estaba bastante convulsionado. Me dedicaba especialmente a Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Habíamos publicado diversas noticias sobre contratos irregulares que acabaron en el juzgado. Canal 9 era un nicho de escándalos e información política tanto o más fértil que cualquier partido o institución. Por algo era una de las principales apuestas estratégicas del PP para cimentar su régimen y construir su hegemonía política y social.

Serían las once de la noche cuando sonó el teléfono que tenía asignado en la mesa del periódico, justo al lado de los ruidosos teletipos. A esas horas apenas quedábamos tres o cuatro personas en la redacción. Descolgué y era ella. María García García, de nombre artístico Bárbara Rey. «Me han secuestrado en una habitación cerrada en la tele, no me dejan hablar con nadie ni participar en el programa, te llamo a escondidas.» «No quieren que salga en Tómbola porque lo voy a contar todo […] Me han dicho que la orden de no dejarme salir ha llegado desde muy arriba. Estoy amenazada de muerte, temo por mis hijos.» Fue su mensaje enigmático, con voz entrecortada. Así, a bocajarro.

Con la máxima discreción nos emplazamos a vernos al día siguiente en el hotel, un NH, en el que se hospedaba. Me hizo reiteradas advertencias de que hasta su vida corría peligro. Entonces me pareció una exageración, pero, con el paso del tiempo, el conocimiento de los personajes que participaban en aquel embrollo y la magnitud del caso, mi impresión se atemperó. Aquella teatralización de dama en apuros y amenazada por conocer secretos de Estado, de alcoba de Estado, no fue tan excesiva como me había parecido entonces. Por lo que respecta a que peligrara su integridad. El «todo» al que se refería Bárbara Rey eran los detalles escabrosos sobre el romance que había tenido con el rey Juan Carlos, las grabaciones de algunas de esas citas en un chalé propiedad de los servicios de inteligencia (del CNI) situado en el número 6 de la calle Sextante de Aravaca, en Madrid. El «todo» eran también las amenazas, robos de material comprometedor y supuestas extorsiones que decía estar sufriendo para que no revelase estos detalles.

Una trama de novela negra en la que estaban implicados personajes tan mediáticos como oscuros: desde el banquero Mario Conde hasta el empresario amigo de Zarzuela Manuel Prado y Colón de Carvajal, implicado en el caso De la Rosa. Se habían publicado algunos episodios de este culebrón. En el mes de junio, la actriz había denunciado ante la policía el robo en su domicilio de varios documentos, carretes de fotos, tres grabaciones de audio y cinco cintas de vídeo que contenían escenas y conversaciones «comprometedoras» para ella y para «una persona importante de este país», según su relato en la denuncia. En la misma apuntaba hacia Manuel Prado como posible cerebro del robo, que se había producido a principios de enero.

La denuncia fue aireada por el malogrado periodista Antonio Herrero en la COPE y por El Mundo. Según el periódico, Bárbara Rey acudió al banquero Mario Conde (contactó a través del abogado de este, Mariano Gómez de Liaño) para pedir auxilio y expresarle que estaba siendo muy presionada por Manuel Prado para que no difundiera esas informaciones. Es más. Hizo escuchar a Conde una de las grabaciones y este informó a los afectados. En el Tómbola del 26 de junio, el cronista del corazón Jesús Mariñas, colaborador de Herrero en la radio, exhibió la denuncia. La afectada llamó al programa en directo, al teléfono de los aludidos, y confirmó la veracidad de los hechos, según ella, además de explicar que tenía micrófonos ocultos en su casa y que temía por la vida de sus hijos. «He dado cariño a alguien que lo necesitaba», dijo, sin precisar la identidad de ese alguien. «Bárbara, tú lo que tienes que hacer es venir al programa», la invitó el presentador por indicación de la directora del programa, Carmen Rodríguez (Carmen Ro, de nombre artístico).

Bárbara Rey estaba invitada a participar en el citado espacio del 17 de julio. La expectación creada era máxima. El mismo día 17, cuando la actriz llegó a Barajas para coger el avión hacia Valencia –el AVE todavía tardaría unos años en levantar el vuelo–, la esperaba una nube de periodistas, a los que anunció que esa noche lo contaría «todo». «La entrevista en la que Bárbara Rey va a contarlo todo» fue precisamente el cebo que utilizó Canal 9 durante la semana para crear expectación.

La directora del programa había hablado en los días previos con la artista para tomar el pulso a las verdaderas intenciones de la actriz y vedete. «Ella lo tiene muy claro, sabe hasta dónde va a llegar, no pasará de la mención a una alta personalidad del Estado. Estaos tranquilos que sabe qué terreno no tiene que pisar», trasladó Carmen Ro al equipo. La directora solía sondear a los invitados cuando se trataba de entrevistas complejas para evitar lluvias de querellas. Para torear posibles acciones judiciales o, en todo caso, minimizar el riesgo, en cada programa se personaban el propio Moreno y el abogado de la productora. De paso patrullaban su explotación valenciana –Producciones 52 tenía sede en Valencia– como quien recorre un cafetal.

La tarde de aquel jueves de autos la directora de Tómbola llamó a Ximo Rovira a su casa para convocarlo, por orden del director, Jesús Sánchez Carrascosa, a una reunión inmediata en el despacho de este. Estaba presente todo el equipo de dirección. «Bárbara Rey no puede salir.» «Pero si tiene un contrato firmado, le recordaron al director.» «Da igual, son órdenes de arriba, de muy arriba; habrá que salir y hacer el programa con lo que tenéis, a ver si podéis conseguir algún invitado más, sería perfecto», se les trasladó.

Así relataba luego el veto el productor del programa, Ángel Moreno, en el libro La vida es una Tómbola (Punto Rojo, 2014): «A primera hora de la tarde comencé a recibir llamadas. Eran del director de Canal 9 [Jesús Sánchez Carrascosa], pero venían de más arriba. En ellas se me anunciaba que, si Bárbara pisaba el plató del programa, lo cerraban».

Y prosigue: «Cuando Bárbara llegó a las instalaciones, la metimos por la puerta de atrás para evitar a los fotógrafos. Nos reunimos en un despacho y le dijimos que no salía, pero que se le pagaría el caché. Ella se puso como una furia, no sé si iba a soltar la bomba atómica, pero un racimo de bombas, seguro. Aparecieron dos señores que se identificaron y, tras hablar con ella cinco minutos, la convencieron y los tres se marcharon».

El presentador todavía tiene grabadas las voces que se escuchaban desde el plató, la tensión acumulada que se mascaba dentro y fuera del estudio. «Recuerdo ir por el pasillo en las pausas publicitarias y oír gritos. “Que yo salgo”, vociferaba Bárbara Rey. Estaba muy nerviosa, fuera de sí, aterrada… Creo que estaba convencida de que la entrevista la protegía, aunque hay que decir que era una mujer muy inestable y estaba en tratamiento, ella misma lo comentaba», apunta Rovira con mirada retrospectiva. La artista seguía gritando amenazas de irrumpir en el plató mientras parte del equipo del programa intentaba tranquilizarla. Como temían que irrumpiera en el estudio, llamaron a guardias de seguridad para que se colocaran en la puerta y evitaran así que el problema pasara a mayores. La trasladaron al camerino vip, que estaba más cerca del plató, para lograr que se calmase. Los dos guardias y las reiteradas promesas de que se le iba a pagar el caché comprometido aunque no hubiese participado consiguieron relajarla en parte. Rovira recuerda que hubo un momento en que respiró de alivio cuando la directora le informó por el pinganillo: «Ximo, problema resuelto, a Bárbara se la llevan».

La actriz cobró, efectivamente, los dos millones de pesetas (12.000 euros) pactados. El día de autos, la explicación oficial de la productora sobre por qué no había participado Bárbara Rey en el programa pese a haber sido anunciada su presencia como plato fuerte del día, fue que había «órdenes superiores» que impedían su intervención. El director general de RTVV, Josep Vicent Villaescusa, evitó pronunciarse sobre los hechos.

Los dos tipos que se personaron en Burjassot «disuadieron» a la ex vedete de contar sus andanzas reales. Pero no evitaron su cita conmigo al día siguiente. Acudí al hotel con la intención de hacerle una entrevista, pretensión a la que se mostraba reacia, aunque en cierta manera también favorecía su estrategia de responder a la presión con la misma moneda. Por eso acudí con el compañero redactor gráfico Fernando Bustamante. Nos emplazó a subir a su habitación para conversar más discretamente, pero finalmente nos vimos en un rincón de la planta baja del hotel. Con bastante retraso y muchas salvedades, peros y temores expresados por su parte. Durante más de una hora estuvo fintando cualquier alusión al nombre y apellidos de su ilustre compañero, que tanto había soliviantado las cloacas del Estado, pero cualquier ciudadano de Marte recién aterrizado en el aeropuerto de Manises habría sabido perfectamente de quién hablaba.

No deja de tener su ironía, observaba Rovira, que María García García se bautizara con el apellido artístico Rey y pusiera de nombre a su hija Sofía.

En la entrevista que nos concedió, se definía como «sensata, responsable y discreta» para justificar que no daba el nombre del personaje relevante de la vida española con el que había mantenido una dilatada relación, pero advertía: «en la vida todo tiene un límite […], todos tenemos aguante hasta cierto punto». «A las personas cuyo nombre he mantenido en secreto y no desvelo les digo que desde luego conmigo no se están portando bien», avisaba.

¿Su silencio tiene una fecha de caducidad? «No tengo un plazo, depende de cómo evolucionen las cosas. Si ellos siguen atacándome de esta forma, habrá un momento que tendré que defenderme. Han cometido un grave error al no dejarme intervenir en Tómbola», respondió la artista. ¿Quiénes son ellos? «No voy a dar nombres».

A lo largo de la conversación, la artista insistió en que no fue ella la que recabó pruebas para intentar chantajear sobre la relación mantenida. «Pregúnteselo a los que nos grabaron. Yo no he ido juntando pruebas. Algunas fotografías personales sí hay, y en ese caso con consentimiento. Los amigos se fotografían con los amigos», aseveró. Bárbara Rey se esforzó reiteradamente en negar que ella hubiese participado en ningún montaje para sacar rédito económico. Y me enseñó una segunda denuncia presentada el 1 de junio sobre un presunto robo de material que se habría producido el 20 de mayo. Mostró una supuesta fotocopia que habría sido remitida a los medios de comunicación, pero que no coincidía con el original. «Es una pasada, la firma no coincide, ¿ve cómo aparece encima del sello de la comisaría?», observaba. Y agregaba: «Es una trampa más. Pretenden decir que soy yo la que he sacado el asunto, presentándolo como un robo, para así poder justificar la posterior aparición del material en los medios» a cambio de dinero, «según los que me quieren hacer daño», argumentaba. Vamos, ¿que está convencida de que el material aparecerá tarde o temprano en algún medio? «No lo sé. Hay tantas personas que tienen problemas en este país y están presionando. Es evidente que algún uso harán de ello, pero no sé cual», concluía.

De nuevo había que sellar bocas con billetes. Con varias facturas y gordas. La de Canal 9 se abonó entre 2000 y 2005, las temporadas que estuvo en antena un programa de cocina –sí, de cocina– con el que premiaron a la vedete. Cinco millones de euros costó En casa de Bárbara, espacio que en 2012 fue repuesto a la antena, ya en los últimos meses de vida de RTVV. A nadie en la televisión autonómica, y a pocos fuera de ella, se le escapaba el motivo por el que habían elegido a la actriz de Totana para conducir un espacio culinario. Porque conocía lo que se cocía en los fogones de la Zarzuela y sabía de primera mano el hedor de los desagües de la llamada seguridad y servicios de inteligencia del Estado. Así de escueto era el productor de Tómbola al contar el regreso triunfal de Bárbara Rey a Canal 9 menos de tres años después de ser vetada: «Después de aquello, a Bárbara le dieron un programa de cocina en Canal 9». Fin de la cita, que diría Rajoy.

Veinte años después de aquel episodio que no llegó a golpear los pilares de la Monarquía porque entonces todavía estaban la institución y el rey Juan Carlos blindados por el tabú, el periodista Manuel Cerdán exhumó aquella polémica. Con Juan Carlos jubilado políticamente como rey emérito tras abdicar, y muy tocado socialmente, al contrario que cuando acontecieron aquellos episodios de calentura de satén. Cerdán contó que el CNI «compró el silencio de Bárbara Rey, amante de Juan Carlos I, con fondos reservados en Luxemburgo». Un agente se reunió con la actriz en una cafetería y le ofreció como pago por su «discreción» 500 millones de pesetas (3 millones de euros), en minutas de 26 millones al mes. Espías del Centro Nacional de Inteligencia depositaron entre 1996 y 1997 el dinero en un banco de Luxemburgo para que la vedete no difundiera vídeos comprometidos ni aireara una relación que se remontaba a los inicios de la Transición. Los agentes habilitaron la cuenta el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg y tres meses después ingresaron 26,3 millones de pesetas (160.000 euros). La cuenta fue abierta a nombre de la firma W. K. Dibiapu, una sociedad off shore. El dinero procedía de los fondos reservados.

Tras la salida de Sánchez Carrascosa de Canal 9, Tómbola siguió en la rejilla. Una semana después de la defenestración, el director general de RTVV, Josep Vicent Villaescusa, compareció en las Corts para explicar el relevo. Y anunció que el programa seguiría en antena porque la ley, el marco jurídico de las televisiones, dijo, «nos impone la necesidad de ser competitivos». Aun a costa de emitir basura, según se desprendía de su intervención. En esa línea, el nuevo director, José Forner, que había ejercido como secretario general de RTVV, sentenció que Canal 9 era «antes que nada una empresa y, después, una televisión». Eso sí, se comprometió a «suavizar el tono del Tómbola y del Parle vosté». Un imposible que como tal jamás llegó a producirse.

Echar un cable a Valencia Te Ve

Zaplana explicó que la marcha de Carrascosa era una «dimisión por motivos personales». Una coartada también proclamada por el director general del ente público. En una reunión con la cúpula del partido, el presidente Zaplana apuntaló esas razones al atribuir el recambio a «motivos estrictamente personales». El cesante explicó que pasaría a hacerse cargo de la próxima campaña electoral del PP. Esto es, que seguiría como cuando estaba al frente de TVV: ejerciendo de estratega de un partido en campaña electoral permanente sin escatimar en recursos públicos ni en el uso, abuso y manoseo de todas las instituciones públicas a su alcance, subyugadas a los intereses partidistas.

Carrascosa se mudó a la televisión local Valencia Te Ve, cuya accionista mayoritaria (el 51 por 100 del capital) era la directora de Las Provincias, María Consuelo Reyna. Su esposa. Un canal local montado por los empresarios del mundo de la publicidad Arturo Blanch, Gonzalo Iranzo y Asensio Molina –que llegaron a poseer el 40 por 100 de las acciones– a través de Mediterránea de Medios de Comunicación, sociedad controlada por Reyna y que arrancó sus emisiones después del verano de 1996 por el canal 33 de la UHF, en tiempos de televisión analógica. En el accionariado de esa televisión también participaban empresarios valencianos de lustre como Francisco Segura, los hermanos Lladró o Fernando Roig, dueño del 15 por 100 de la emisora a través de la empresa Paselén. Con las sucesivas operaciones de compra y venta de acciones, Carrascosa llegó a controlar el 60 por 100 del capital social, en el que también estaban representadas la familia Ferrando Giner (a través de Inversiones en Sistemas Locales de Comunicación S. L.), Ignacio Monzonís, Tevemon S. L. o RAT TV, de Arturo Blanch.

Valencia Te Ve ofrecía una programación en horario vespertino y nocturno desde los estudios de la calle Fuencaliente, esquina con Gas Lebón, que en su día pertenecieron al centro territorial de TVE, popularmente conocido como Aitana. Los citados empresarios Blanch, Iranzo y Molina impulsaron esa televisión como vía de acceso al entonces prometedor sector del cable. Adquirieron el 5 por 100 de las acciones de Valencia de Cable, concesionaria del cableado de la capital valenciana. Los tres socios, junto con la agencia de publicidad Dimarco S. A. y Crespo y Cabrera (CCA), poseían la central de compras Mediterránea de Medios, una de las principales mayoristas publicitarias de España. En ese 1996 facturó más de 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros).

Carrascosa compró luego la cabecera histórica Diario de Valencia por 42.000 euros. El rotativo volvió a los quioscos el 26 de septiembre de 2000. Entre sus accionistas estaban de nuevo Francisco Segura (poco más del 10 por 100), Aura y el empresario Ignacio Monzonís, sendas participaciones del 5 por 100, o Enrique Roig (10 por 100).

Antes que Sánchez Carrascosa, en la televisión local recaló el que fue persona de su máxima confianza como jefe de programas de Canal 9, Francisco Aura. Este ocupó la dirección de la cadena privada y fue también accionista. Junto con el subdirector de TVV Vicente Andreu montaron la productora Astel Producciones S. L., que intermedió en retransmisiones taurinas para Canal 9 a cambio de comisiones y cuando seguían siendo personal de plantilla de la cadena pública. Astel Producciones resultó también beneficiaria de la privatización del espacio infantil de TVV Babalà. Por producir un paquete de programas de ese espacio para niños percibieron 477 millones de pesetas (2,8 millones de euros) por lo que antes de su privatización costaba 60 (360.000 euros).

Carrascosa favoreció sin recato los intereses de Valencia Te Ve y algunos de sus socios desde la dirección de Canal 9. Mientras los platós de RTVV estaban parados, en barbecho, el director de la cadena pública ordenaba grabar en los estudios Galaxia Televisión. Entre otros programas, El camp setmanal, de la productora Phytoma, de Iranzo y Blanch. El favoritismo de Carrascosa desde la segunda planta del pirulí de Burjassot hacia productoras y empresas cercanas a sus intereses y a los de la cadena participada por su mujer llegó hasta tal extremo que la Federación de Empresas Valencianas del Audiovisual (FEVA) llegó a denunciar ante la Fiscalía esas prácticas de «amiguismo». En su escrito mencionaban en concreto a tres «empresas afines al director de Canal 9». «Sin solvencia» ni experiencia, a precios superiores a los de mercado y en condiciones de pago ventajosas, lamentaban los denunciantes. Mencionaban a Astel Producciones, Galaxia y Phytoma. Astel, por ejemplo, se había constituido el 31 de octubre de 1996 con un capital social de 500.000 pesetas (3.000 euros) y en el año 1997 facturó más de mil millones de pesetas a Canal 9. Mientras los estudios de doblaje, por ejemplo, cobraban de RTVV a 240 o 270 días, las firmas amigas recibían los pagos semanalmente.

«McCarthy» Vea Reig y la tristeza del presidente

La cadena local de Valencia siguió siendo beneficiada, sin reparar en irregularidades, desde Canal 9 cuando en la segunda planta de la tele de Burjassot recaló Genoveva Reig en sustitución de Carrascosa. Reig había sido la encargada de peinar y perfumar la imagen de Zaplana desde que llegó a alcalde como jefa de prensa y protocolo en el Ayuntamiento de Benidorm. En realidad, nunca dejó de ejercer de jefa de prensa de Zaplana. Primero como directora general de Medios de Comunicación en la Generalitat, luego como subdirectora del gabinete del presidente y, sobre todo, desde que se trasladó a la dirección de Canal 9.

El 24 de septiembre de 1998, de visita en la Expo de Lisboa, Zaplana fue inquerido por este nombramiento al frente de TVV por si entendía que no se estaban ni siquiera cuidando las apariencias. «No querrán que ponga en la dirección de Canal 9 a una persona con la que tenga poco que ver, ¿verdad?». «Es una persona muy querida por mí», zanjó Zaplana para justificar la designación al frente de la televisión pública. Con toda naturalidad. Tan «querida» que en las listas del PP en las autonómicas de 1995 la había colocado de cinco por la circunscripción de Alicante. De las Corts saltó inmediatamente al Palau.

No fue la primera persona ni la última que hacía el puente aéreo de ida o de vuelta entre el Palau y el pirulí de Canal 9, dos terminales propagandísticas del PP y el Consell. Tras Carrascosa y Reig, otros que hicieron el natural tránsito fueron Pedro García, Lola Johnson (cuyo viaje fue en sentido inverso, de la tele al Palau), Nuria Romeral (recaló en Ràdio 9 tras la dimisión de Camps) o Paula Messeguer, responsable de Comunicación con Alberto Fabra.

24 horas antes del desembarco de Carrascosa en Canal 9, el 1 de abril de 1996, un lunes, en la radio pública autonómica se produjo un incidente propio de cabos chusqueros en dependencias cuartelarias. Los directivos de Ràdio 9 Santiago Lumbreras y José Ramón Varó acorralaron al jefe de programas, Pasqual Martorell, y le trasladaron la consigna de elaborar una lista negra de periodistas desafectos al nuevo régimen. Por «orden de las alturas». El mandato procedía de una altura aproximada de metro sesenta, la talla de la directora general de medios (adscrita a la Conselleria de Presidencia) Genoveva Reig, quien había colocado al tándem. Ser vecino de chalé en Alicante fue mérito para uno de ellos. «Porque ahora es el momento de limpiar esto de rojos y maricones […], para que luego no nos podamos quejar de que lo que hay es lo que me encontré al llegar.» La frase no es de Oscar Wilde sino de los ordenantes de hacer una purga, según denunció Martorell en un informe que le entregó al director de la radio, Francisco Mora. Pero la reflexión sincera podría haberla firmado el mismísimo presidente de la Generalitat. Mora avaló al jefe de programas. Remitió una carta al director general de RTVV, Juan José Bayona, en la que le trasladó el mismo relato de los hechos que Martorell le había denunciado. Y expresó a Bayona su malestar, además de pedirle la destitución de los dos instigadores de las listas negras.

El director general prefirió quitar trascendencia al incidente. Lo mismo que hizo Genoveva Reig, que lo tildó de «chiquillada». El propio jefe de informativos, Santiago Lumbreras, habló de «malentendido». «Lo que pedimos (a Martorell) fue un informe sobre cómo funcionaban laboralmente los redactores para elaborar la nueva programación de verano», argumentó el ordenante de la purga. En su comparecencia parlamentaria para abordar aquel negro episodio, Francisco Mora llegó incluso a afear el comportamiento de los becarios de McCarthy. La oposición en las Corts aplaudió a Mora y a Martorell. No era para menos. Los dos acabaron siendo despedidos. El ex jefe de programas recaló luego en el periódico. Y Mora acabó siendo colaborador del diario en las páginas de opinión.

Con el sabor agridulce de aquella victoria popular insuficiente en las generales de marzo de 1996, Zaplana estaba moviendo todas las piezas volcado en la construcción de un ecosistema mediático valenciano en el que todos fueran proclives. Por decirlo de una forma gráfica, Zaplana y el PP pretendían convertirse en las ballenas del océano y para ello se esforzaron en construir un oceanográfico en el que encerrar a medios y políticos y hasta a una sociedad civil (entidades vecinales, artistas, empresarios…) que fue jibarizada hasta desaparecer (por extinción o saldo) y convertirse en un mito del que se habla pero en realidad casi no existe. Como la agricultura. En ese hábitat acuático cabían pingüinos, leones marinos, bastantes morsas y algún cangrejo rojo que cumplía la cuota de disidencia discutiendo, por ejemplo, en Blanques i negres (un microespacio en el Notícies 9 de RTVV) sobre galgos y podencos mientras el Consell tomaba al asalto las cajas de ahorro para que se convirtieran, bajo amenaza, en financiadoras de proyectos megalómanos como Terra Mítica o Ciudad de la Luz, que sirvieron de percha para el clientelismo de las colocaciones y el cobro de mordidas sobrecoste mediante. Cabían focas y hasta belugas, pero Zaplana nunca estuvo dispuesto a tolerar la presencia de un solo lemur, un gorila o un avestruz. Los animales de pelo y de pluma, medios o periodistas, no podían encajar. Estaban condenados al ostracismo más estruendoso.

El presidente estaba triste. ¿Qué le sucedía al presidente? Pues estaba apenado porque no lo tenía todo. Tenía Canal 9, reducida a un mero altavoz y terminal de Presidencia con su ex jefe de gabinete al mando. Pero la obsesión del presidente Zaplana por controlar el ecosistema mediático era absoluta. Incurable. No, no bastaba con RTVV, ni con los parabienes de la inmensa mayoría del panorama mediático. Entre la prensa escrita no le faltaban adhesiones, desde luego. En formato tabloide o arrevistado, casi todas de bolsillo. Pero la fuerza nunca está de más, especialmente cuando se atisban guerras en el horizonte. Los gobernantes como Zaplana valoran, además, especialmente el control de un medio privado, incluso aquellos cuya difusión y audiencia son menores a las de uno público. Someter a un medio es una de las mejores expresiones de abuso de poder en democracia. Y eso erotiza, especialmente a los adictos al mando. Por mucho que la línea editorial del medio comulgue sin titubeos con el catecismo del régimen o gobierno de turno, casi siempre tendrá un plus de credibilidad y legitimidad respecto a un medio público. Tiene que ver con la evolución del sistema de conexiones entre la prensa y el poder, que ha pasado del cable de lo público y la prensa de partido al bluetooth con el que sintonizan los deseos del que gobierna con la línea editorial del medio. La cuenta de resultados actúa como router gracias a la conectividad que permite la anemia de la crisis publicitaria.

El intervencionismo enfermizo de Zaplana solamente era comparable, por su energía, con el desparpajo que siempre exhibió para rebatir cualquier acusación de abuso de poder y de posición en su intento, a menudo exitoso, de amordazar empresas de comunicación y periodistas.

Además de para el servicio público, Zaplana nació superdotado para la estrategia y la seducción, dos constantes que puso al servicio de su proyección mediática como un líder del PP liberal y superador de la derechona casposa.

Operación Diario 16

Consciente de que detrás de todo gran empresario hay un pozo de soluciones y de que un amigo es siempre una extraordinaria inversión, pidió ayuda al ya presentado Javier Sánchez Lázaro, socio de la inmobiliaria naseira, para sus cuitas mediáticas. En cierto modo le pidió una comisioncita, un embarque en un proyecto de comunicación. El 14 de enero de 1997 cerraron el trato con mesa y mantel: el capitalista invertiría 1 peseta simbólica en adquirir la cabecera valenciana de Diario 16, que estaba en suspensión de pagos, para convertirla en un escaparate que ensalzaría la gestión y figura de Zaplana, especialmente en Madrid, que era adonde enfocaba su carrera el ambicioso presidente de la Generalitat. La adquisición de la cabecera se haría a través de la empresa de Sánchez Lázaro Eurofinanciación y Euroinversión S. A. Según el contrato suscrito el 20 de junio de 1997, esta sociedad adquiría el 65 por 100 de las acciones de Nueva Prensa de Valencia S. A., la edición regional de esta histórica cabecera.

El contrato, que llegó a mis manos, estipulaba que el nuevo accionista de referencia asumiría los créditos de la editora «anteriores y posteriores» a la suspensión de pagos y aportaría 15 millones de pesetas (el equivalente a 90.000 euros) para cubrir «todo o parte de los pasivos laborales». Una bonita cantidad para la época, pero insuficiente para reflotar un medio abocado al cierre. Salvo que, como era el caso, la Generalitat tuviera la intención de regar a manta la economía del rotativo para convertirlo en una terminal mediática de Zaplana. De hecho, en los acuerdos escritos se fijó una cláusula (la número 9 del pacto de compra) en la que se amarraba la disponibilidad de las páginas del periódico al servicio de un presidente que, como subrayaba entonces el periodista Carlos Dávila, tenía aspiraciones de convertirse en delfín de Aznar. Para aspirar a «delfín», Zaplana montó, siempre con dinero público, un delfinario de periodistas madrileños cuya cuenta corriente estaba conectada con el presupuesto de Canal 9. Un coro mediático del que formaron parte durante años el propio Dávila, Pilar Ferrer, Julián Lago, Isabel Durán o Javier Sánchez Dragó, y cuya misión alcanzaba más allá del pantano de Contreras y consistía en promocionar al jefe del Consell en los cenáculos políticos de la capital. Un lobby constituido por capital 100 por 100 público.

En una de las cláusulas del contrato, la editora de Diario 16, una vez se consumara la compra, se comprometía a «reservar dos espacios semanales de la sección que puntualmente se le requiera de su diario nacional para que en ella figure el artículo o noticia de ámbito regional con repercusión nacional que le remita Iniciativa Editorial Valenciana S. L.».

En el certamen de Fitur de ese año, el empresario que había sellado la alianza propagandística con el presidente fue un invitado de honor a la tradicional comida del día de la Comunitat Valenciana. Había que brindar por el éxito de la operación cerrada por una peseta. Pero en esta tierra de oportunidades, de luz, amor y flores reclasificadas a urbanizables siempre cabe la posibilidad de que irrumpa en escena un juez o fiscal, un periodista o un político de la oposición para aguar la fiesta. Lo primero era raro, lo segundo improbable y lo tercero casi imposible. Sucedió lo primero. La intervención judicial no autorizó el contrato de compra, como era preceptivo para que este tuviera validez.

El naufragio de la operación Diario 16, al no lograr el plácet judicial, dejó a Sánchez Lázaro sin periódico, a Eduardo Zaplana sin un nuevo altavoz propagandístico privado que abriera camino al presidente valenciano en la frondosa selva política madrileña y a Álvaro López Alonso sin un despacho de director. Porque en el punto número seis del contrato que nunca llegó a ejecutarse se determinaba hasta el nombre del director. López Alonso, un veterano periodista, que había sido director de la Hoja del Lunes de Madrid, editada por la Asociación de la Prensa de la capital, una entidad de la que fue secretario general. Antes que el rotativo de los lunes, trabajó en los diarios Idea y Patria, de Granada, Telerradio, Gaceta Ilustrada y La Actualidad Española. Fue, además, jefe de local del diario ABC en Madrid. No era el primer nombre que se había pensado para la misión. Sánchez Lázaro quiso traer a su amigo José Higuero Manzano, que dirigió El Periódico de Extremadura y Diario de Córdoba.

Y ellos se juntan: Bárcenas, Sánchez Lázaro y el tamayazo

Sánchez Lázaro no pudo prestarle ese servicio al amigo Zaplana, quien lo empujó hacia el escenario en las grabaciones del caso Naseiro. El empresario ha compartido inquietudes políticas y negocios con otros ilustres del PP. Fue socio por ejemplo de un ex tesorero de los populares llamado Luis Bárcenas y del ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, marido de la ex ministra Ana Mato y uno de los protagonistas del pago de comisiones en la trama Gürtel, que, en su rama madrileña, salpicó a ayuntamientos del pudiente noroeste de Madrid, como Boadilla o Majadahonda, además del citado. La Audiencia Nacional condenó a Sepúlveda a 14 años de cárcel por su implicación en la trama Gürtel y considerarlo culpable de falsedad documental, blanqueo de capitales y cohecho.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revelaba que los tres (Sánchez Lázaro, Bárcenas y Sepúlveda) habían sido socios en la firma de consultoría tecnológica Netcheck. La presidía precisamente Sánchez Lázaro, que fue senador del PP por Cáceres. Bárcenas entró en la sociedad en 2001 y amplió su participación en 2004 al comprarle a Sepúlveda su paquete de 3.000 acciones. El ex tesorero del PP admitió su participación en esa empresa en declaraciones judiciales. Sánchez Lázaro y Bárcenas son, desde hace años, más que socios, amigos. O socios por ser amigos. Los apellidos Sánchez Lázaro se hicieron un hueco de éxito a raíz del escándalo de la crisis de fe y deserción de los socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuando con su transfuguismo en la Asamblea de Madrid evitaron que el candidato del PSOE, Rafael Simancas, liderara un gobierno de izquierda en esta comunidad autónoma en 2003.

La abstención de Tamayo y Sáez propició la presidencia de Esperanza Aguirre. El entonces secretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, estaba en nómina, con otra treintena de personas, muchas vinculadas al partido, en una empresa de fotocopias llamada MIC, propiedad de dos hermanos de Javier Sánchez Lázaro: Juan Carlos y Fernando. Según la Cadena Ser, ejercían de meros testaferros de los negocios de Romero de Tejada, considerado el padre del tamayazo. Al menos de organizar la logística. Los Sánchez Lázaro no solamente prestaron cobertura en el antes y el durante. También en el después. Así, Tamayo alumbró un partido, Nuevo Socialismo, y, en un gesto de transparencia y honestidad, estableció su sede en el domicilio social de la empresa Mercados Inmobiliarios de Promociones Europeas (MIC), una de las numerosas sociedades de los Sánchez Lázaro. Tamayo fue a Aguirre lo que Maruja Sánchez a Zaplana. Pero Maruja no se tomó la molestia de construir una coartada con siglas e inscribirla en el registro de partidos del Ministerio del Interior.

Cuando despertó, Levante-EMV todavía estaba allí

El jefe del Consell no cejaba en sus planes de impulsar una cabecera que le permitiera diversificar riesgos y aligerar la carga de la hipoteca con determinados medios, especialmente con el diario Las Provincias. Suele salir más a cuenta vivir en casa propia que de realquilado. Mientras tanto, cada mañana, cuando el presidente despertaba y alguno de sus solícitos servidores le traía el dosier de prensa –entonces aún no se llamaba clipping–, el diario Levante-EMV todavía estaba allí. Como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, como la encarnación del mal. La obsesión del presidente por ejercer un control mediático absoluto, sus angustias, sus fijaciones, sus alergias a los titulares fuera de control no eran meras fabulaciones de una pesadilla empapada en sudores fríos.

En el apabullante coro de voces blancas mediáticas que ponía la banda sonora al régimen zaplanista, eran muy escasas las veces en las que sonaba algún gallo. Y, fuera de la coral, había contadísimos solistas con repertorio propio y al margen de la partitura oficial. Pero los pocos que había le soliviantaban mucho. Era el caso del diario de Editorial Prensa Valenciana, cuya línea era marcadamente crítica, lo mismo que la de su periódico hermano, Información de Alicante. En el ejercicio del periodismo, incómodo para aquel Consell, militaban, entre otros, profesionales de Levante-EMV y de los medios del Grupo Prisa, que también destaparon episodios y escándalos protagonizados por consellers y altos cargos. Pero este influyente grupo prestó, editorialmente, un servicio al zaplanismo que ningún diario ni radio de credo derechista habría podido ofrecer con la credibilidad que se requería: le dieron el marchamo de modernidad, lo homologaron como el sello renovador de la derecha. Se cumplía así la aspiración de Zaplana: que desde la prensa progresista se le diera una pátina de legitimidad a ese barniz liberal del que tanto alardeaba.

Cuando Zaplana llegó al poder, tras ganar las elecciones de mayo de 1995, el director del diario de Editorial Prensa Valenciana era Ferran Belda. Llevaba doce años en la casa y ocho al frente del periódico. Fue director en dos etapas: la primera entre 1987 y 1998, y una segunda entre mayo de 2009 y el 9 de octubre de 2013.

Había recibido el testigo de Jesús Prado, el hombre que lo fichó por recomendación de José Vicente Aleixandre, uno de los referentes del periodismo deportivo valenciano y el columnismo desde Jornada, Valencia Semanal, la Cadena Ser o el diario Levante-EMV. «En Las Provincias hay un tipo con el que tienes que hablar», le prescribió Aleixandre. Se citaron los tres en la cafetería San Patricio, en la plaza del Ayuntamiento, y se consumó el fichaje de Belda. Era 1983. Prado acababa de aterrizar en la dirección del periódico, procedente de Información de Alicante, y con la privatización del diario perteneciente a Medios de Comunicación Social del Estado en ciernes. Cogía la batuta de un periódico en una situación crítica. Básicamente porque eran contados los periodistas; los redactores que no sentían alergia a las noticias. Casi 40 años en manos de Prensa del Movimiento, tras ser incautado por el régimen tras la Guerra Civil, hacen mella, siembran vicios y aniquilan cualquier brote de periodismo. Con la herencia de José Barberá, padre de la ex alcaldesa, tuvieron que lidiar José Manuel Gironés, primero, y, luego, Jesús Prado. Uno de esos tipos raros que consideran que el periodismo resulta de un compendio de raza, estudios y experiencia. Y que las noticias se detectan por el olfato. De la vieja escuela. En su caso, de la Escuela de Periodismo de Madrid, donde fue compañero de promoción de Manuel Martín Ferrand, José Luis Balbín, Basilio Rogado, Lorenzo Contreras y de una tal María Consuelo Reyna.

El editor Javier Moll le confió la responsabilidad de impulsar Información y Levante-EMV, cabeceras que adquirió en la subasta de medios del Estado en 1984. Fue Prado, por cierto, quien incluyó al diario radicado en la capital valenciana en los planes del editor, que de entrada no tenía intención de pujar por este periódico. En 1987, el director eligió a Belda como su sustituto y pasó a asumir responsabilidades ejecutivas en Editorial Prensa Valenciana y Editorial Prensa Ibérica (EPI) para coger las riendas (como consejero delegado y como director general) de la expansión del grupo en el arco mediterráneo con la adquisición o puesta en marcha de la Opinión de Murcia, Diario de Ibiza, Diario de Mallorca, Diari de Girona o la Opinión de Málaga.

La relación entre el diario y el Consell del PP estaba viciada de origen, desde el momento en que el nuevo presidente tenía las acciones (política y económicamente) sindicadas con María Consuelo Reyna, la directora y copropietaria de Las Provincias, que, como se ha explicado, había sido decisiva en el ascenso del ex alcalde de Benidorm al liderazgo del PP.

Zaplana hizo una visita de cortesía al periódico en la precampaña de 1995. Ocasión que el director, primero, y el entonces responsable de política, Josep Torrent, después, aprovecharon para preguntarle por la colocación de Jesús Sánchez Carrascosa (jefe de campaña del candidato y luego presidente) en el grupo popular de las Corts para que asumiera un control total de los diputados, un cargo en el que ya habría empezado a ejercer. Información que había llegado a la redacción de Traginers. «Quien os haya dicho eso, miente», fue la respuesta de Zaplana. «Mira, te voy a decir una cosa. Puede que no te diga toda la verdad, pero mentirte no te voy a mentir nunca», le asestó el líder del PPCV al director. En presencia de Jesús Prado, consejero delegado de Editorial Prensa Valenciana, el líder emergente de la política valenciana garantizó que no tenía en mente aupar a Carrascosa a ningún cargo importante. «Oigáis lo que oigáis.» Casi no había salido por la puerta cuando nombró al responsable de su campaña electoral jefe de gabinete.

Pero «yo nunca os voy a mentir» había avisado Zaplana. De nuevo su obsesión por marcar distancias con la mentira, como si fuera un pecado capital en la política española, como si Valencia fuera Washington. El periódico invitó a Zaplana a protagonizar un acto en el Club Diario Levante para que presentara sus credenciales y propuestas en sociedad. Zaplana pronunció una conferencia en el foro de debate del periódico, que fue su puesta de largo. La primera y última visita de Zaplana al rotativo de Prensa Ibérica.

Al poco tiempo de ese evento, sonó el teléfono directo del despacho del director. Era Genoveva Reig, la directora general de medios y ángel de la guarda de las relaciones de Zaplana con la prensa desde la etapa en que era alcalde de Benidorm. Pedía explicaciones sobre la noticia que mandaba en portada. Unos minutos de tono airado de Reig y silencio de su contraparte, que solamente le respondió con un «debe de haberse confundido usted» y colgó el auricular. Al minuto volvió a llamar. «¿Ferran?». «Sí, soy Ferran y al director de este diario no le llama nadie de fuera a pedir explicaciones.» Y colgó de nuevo. Ahí acabó la interlocución entre el Palau y el director.

Una de las medidas que adoptó el nuevo presidente cuando se instaló en el Palau de la Generalitat fue acometer obras para la puesta al día del edificio gótico con objeto de que tuviera, por ejemplo, un molt honorable cuarto de baño, que no es tal si carece de jacuzzi. El diario lo contó y Genoveva Reig llamó a Jesús Prado para pedirle explicaciones e impartir una lección acelerada de lo que el nuevo Gobierno consideraba que era o no publicable. La respuesta desde el periódico fue recordarle que cualquier decisión sobre los contenidos del diario se tomaba exclusivamente en el diario.

Esos episodios no fueron, desde luego, el desencadenante de una relación anómala entre el Consell y el periódico líder en la Comunitat Valenciana, al que el nuevo presidente quiso someter al dictado. Como candidato, Zaplana había prometido «esforzarse» en desarrollar una política de prensa consistente en «mantener bien informados» a los periodistas, «hacer un esfuerzo de comunicación permanente con los que son intermediarios entre el Gobierno y la opinión pública. Y no pasar de ahí». Como presidente, no reparó en medios para conseguir un paisaje mediático bucólico. Quería controlar hasta las guías comerciales locales. No intentó someter a las redes sociales porque no existían.

En plena vorágine de dimisiones en múltiples ámbitos, el periódico y sus periodistas nunca renunciaron a su papel de watchdog (perro guardián), a contar los desmanes, como recuerdan los dos directores que tuvo en aquellos años. Y Zaplana no escatimó en ajustes de cuentas. Literalmente. El hegemónico poder autonómico, avalado por el central desde marzo de 1996, aplicó con los dos diarios valencianos de Prensa Ibérica la sutil estrategia de convencer por hostigamiento político y estrangulamiento económico. Hubo vacío a los periodistas y apagón informativo, pero, además, esa presión política iba acompañada, casi desde el minuto uno, de un fuerte acoso económico directo e indirecto (presionando a empresarios y anunciantes), que a menudo adquirió el formato chantaje. La publicidad institucional apenas llegaba de forma testimonial. Ni aquellas inserciones legalmente obligatorias. Jesús Prado concluye, tras bucear en la memoria como directivo y periodista, que la estrategia de «ataque irredento» de Zaplana al periódico se tradujo en tres frentes: cerrar completamente el grifo de la publicidad institucional, luego «aislarnos sociológicamente por completo» y, para rematar, aplicó un apagón informativo total.

En los periódicos de Moll no se insertaban ni los edictos y comunicaciones oficiales sobre, por ejemplo, propiedades afectadas por expropiaciones para infraestructuras públicas. En señal de protesta, el diario llegó a publicar páginas de este tipo de inserciones oficiales de forma gratuita y con la advertencia de que se trataba de un anuncio que el periódico ofrecía «por servicio público» después de que el Consell no lo hubiera publicado por el veto del presidente y contraviniendo la ley.

Una segunda vía de discriminación económica fue la exclusión del periódico de los convenios de Prensa-Escuela, que combinan el pago de anuncios con la adquisición de ejemplares para su reparto en bibliotecas, colegios y centros oficiales. En ese convenio estaban todos los principales diarios menos los dos valencianos de Prensa Ibérica. Sin ser líderes en difusión, Las Provincias y El Mundo eran los que más dinero ingresaban por ese programa. El efecto positivo para los periódicos beneficiarios de estos acuerdos no sólo se limitaba a los ingresos generados por la venta al número, sino que producía, además, un incremento de facturación publicitaria gracias a la mejora de la difusión.

La línea editorial del periódico estaba muy marcada por la personalidad del director –sagaz, volcánico y poco dado a las concesiones–, quien contaba con el aval del editor, Javier Moll. «Nunca recibí presiones de la empresa ni instrucciones políticas. Ni antes de Zaplana ni con Zaplana. Es la pura verdad», explica Belda. La puesta en marcha de las ediciones comarcales –la primera la de La Safor en julio de 1987– y la línea de denuncia de los excesos del poder aceleraron un crecimiento que era paulatino desde que el diario pasó a manos de Editorial Prensa Valenciana. El incremento de las ventas fue espectacular.

El máximo responsable de la redacción fija su mirada retrospectiva en aquellos años y recuerda que se sentía «intocable». Y hace el paralelismo con los «entrenadores de fútbol» cuando el equipo encadena una excelente racha de resultados.

Levante-EMV tenía en 1987 una difusión media de 27.384 ejemplares, menos de la mitad que Las Provincias, con 56.498. El año del cambio en el Consell, 1995, el diario de Prensa Ibérica alcanzaba los 56.383, apenas 3.000 menos que el periódico conservador. En 1998 se registró prácticamente un empate técnico y, ya en el siguiente, el diario del Grupo Moll se convirtió en líder en ventas con 58.357 ejemplares, según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), frente a los 52.910 de Las Provincias. Para que la OJD certificara los datos reales de ventas, Editorial Prensa Valenciana llegó a contratar a una agencia de detectives que demostró que el diario directamente competidor y líder hasta ese momento regalaba ejemplares de forma fraudulenta para mantener su posición de ventaja.

La publicidad institucional fue borrada de las páginas del diario (apenas llegaba de forma muy testimonial), al que ni siquiera sirvió a estos efectos convertirse en líder en difusión y audiencia. Una discriminación sostenida en el tiempo que le costó al Consell de Zaplana varias sentencias de condena.

Mantener una línea editorial crítica consagró a Levante-EMV como referente entre los sectores progresistas e impulsó su crecimiento. En ese sentido, hubo una comunión entre la fidelidad a un planteamiento periodístico y un incremento de la publicidad comercial por crecimiento en lectores. Ambos aspectos se retroalimentaban y apuntalaban empresarialmente las convicciones periodísticas. Pero no es menos cierto que esa posición editorial conllevó el pago de un alto peaje económico por la hostilidad del hegemónico poder autonómico y central. Pues, al margen de los anuncios oficiales, Zaplana recurrió a todos los entornos económicos, valencianos y foráneos (radicados en Madrid y Barcelona), para pedirles que contribuyeran al boicot publicitario al periódico con el fin de estrangularlo y forzar su rendición y sometimiento al régimen popular.

Hubo presiones a grandes anunciantes, a agencias de publicidad y centrales de compra, a contratistas de obra pública y a entidades bancarias que tenían en la Generalitat a un importante cliente. El jefe del Consell tejía telarañas envolventes para mermar la facturación publicitaria del diario. «Quería asfixiarnos económicamente», advierte Prado. «Zaplana intentó influir y presionar al editor por 18.000 canales, pero la verdad es que resistió el pulso, hizo frente a todos los envites», recuerda el hombre de confianza de Moll.

Hasta José María Aznar expresó sus quejas sobre la línea informativa de los diarios de EPI en Valencia y Alicante tanto en el tratamiento propio como a su correligionario Zaplana. Lo hizo en el transcurso de una reunión con directivos de Editorial Prensa Ibérica celebrada en Madrid en la precampaña de las generales de marzo de 1996. Aznar era persona de cuaderno azul, pero también de guardar recortables de prensa cuando entendía que no salía muy favorecido.

En otro encuentro, este celebrado en Barcelona, el ya ex jefe del Consell se quejó de que el diario había publicado todos los detalles de la compra del piso de la Castellana. Empezó con su memorial de agravios reprochando que se hubiera publicado, dijo, el número del portal y la dirección exacta de la vivienda. «Es mentira, tráeme la información donde lo dice. La Castellana tiene varios kilómetros y no hemos publicado ninguna dirección», aclaró Prado a Zaplana.

La estrategia de hostigamiento se asentaba sobre una segunda pata, que consistía en aislar el periódico por completo. En cualquier acto, debate o conferencia que se organizaba en el Club Diario Levante o Información, en las entregas del Premio Importante, las autoridades del Consell y demás instituciones hacían el vacío. Llamaban empresarios a los responsables del diario para excusar su ausencia con un «oye, yo iría, pero me han llamado para que no acuda, y ya sabes que dependo de las contratas de esta gente…». En esa constante obsesión por el veto al diario y por intentar invisibilizarlo, Levante-EMV, al igual que Información, fue expulsado de los reculls de prensa de las instituciones. Como corolario de esta presión, Zaplana ejecutó una política de apagón informativo hacia los medios de Prensa Ibérica.

Nadie que tuviera una mínima responsabilidad en la Administración zaplanista o en el PP osaba conceder una entrevista o hacer declaraciones con nombre y apellidos a redactores del periódico. Ni siquiera era fácil encontrar a alguien con mando en el partido o el Consell dispuesto a tomarse un café en público. Salvo que fuera alguien que quisiera alardear de ser un intocable como depositario de un activo tóxico llamado silencio o que fuera algo así como el tacógrafo, la caja negra, de todos los episodios vividos en el partido.

¿Cómo fue posible aquel desprecio a la libertad de prensa con total impunidad? No existían las redes sociales. «Y nos dejaron solos. Estuvimos muchos años predicando en el desierto.» Son palabras de Ferran Belda. «Es verdad que hay héroes y hay gente normal, hay quien tiene una constructora que ha de facturar, que tiene trabajadores a los que ha de pagar la nómina, porque las personas actuamos por necesidades, pero el silencio de los corderos fue total», lamenta Jesús Prado. Un silencio «que, en el caso de los colegas de profesión, todavía duele más», zanja, en alusión a la Unió de Periodistes. La organización profesional vino a entender que el acoso desde el Consell a un diario se circunscribía a una mera batalla empresarial y política entre un periódico y un Gobierno. Como si no acarreara consecuencias en los periodistas.

Belda escribía diariamente su columna de opinión, «Bastos», en la que fijaba posición y «marcaba territorio» frente a su contraparte, María Consuelo Reyna. De hecho, el «Bastos» había surgido como respuesta a la «Gota». El nombre de la sección era toda una declaración de intenciones sobre el perfil de la columna. Dar bastonazos para «hacernos respetar». De eso se trataba en su origen, cuenta el ex director que le trasladó a Prado. El estilo retrataba, como suele suceder, a su autor, quien no fue becario Erasmus en la escuela diplomática del Vaticano. Era una columna corrosiva, irreverente y con mucho nervio. En cierto modo, como el periodismo.

Nadie estaba exento de triunfar en «Bastos». Recuerdo que un compañero me llamó una noche, media hora después de salir del periódico, para avisarme de que yo mismo aparecía en negrita en la columna de Ferran que se publicaría al día siguiente. Me convertí en acreedor de tal honor por una comparación que hice en el perfil que había trazado de un empresario de esos que navegaban con bandera de tibias cruzadas. «Llama a Ferran para que te quite, que es surrealista que un redactor del propio diario salga criticado en su columna», me dijo el compañero periodista que me alertó. «Mira, casi que no lo llamo y así me evito salir de nuevo en negrita pasado mañana y seguramente junto a ti», vine a rebatirle. Creo que acerté.

En enero de 1998, Pedro Muelas sustituyó como director a Belda, que fue nombrado subdirector general de contenidos en la Comunitat Valenciana y Cataluña y, a partir de 2004, se incorporó a los medios del grupo en Baleares, ya como director general de contenidos. «Por mucho que se dijera, no es verdad que a Ferran lo apartaran Zaplana y los anunciantes, en absoluto», sentencia Prado. «Yo era director general, tenía bajo mi responsabilidad la zona mediterránea del grupo, y para mí Ferran era el perfil ideal para que se encargara de todos los periódicos del área catalanohablante. No me equivoqué, me ayudó mucho. Insisto, de ningún modo fue una patada por elevación», remarca Prado.

Si el director saliente había sido un fichaje suyo, el entrante podía considerarse un ahijado periodístico del máximo responsable de Editorial Prensa Valenciana. No en balde, Muelas empezó con su valedor en el diario Información en Elx.

Lo cierto es que, con el nuevo director, la vida de las relaciones con el Consell siguió exactamente igual. El diario destapando escándalos y Zaplana presionando y vetando. No se estaba dispuesto a normalizar relaciones desde el respeto mutuo a la parcela de cada cual. «La línea informativa siguió invariable y las relaciones personales no se atemperaron», rememora. Cuando prácticamente llevaba un año al frente del periódico, comió en Presidencia con Zaplana y con el director general de Medios de Comunicación, José Luis Colvée. «Recuerdo que fue un encuentro muy tenso y de corta duración», explica Muelas. El anfitrión aprovechó para enseñar a la visita el jacuzzi que se había instalado junto a su despacho. Y para recriminarle, en su tónica habitual, que el periódico informase de un asunto que venía a etiquetar como menor. Ya no hubo más encuentros en los cuatro años en los que director y presidente coincidieron. Con el jefe de gabinete de Presidencia, Juan Francisco García, no se cruzó ni una palabra en toda la etapa que estuvo al frente del diario. «No he hablado con él ni una vez. Y eso da la medida de cómo estaban las relaciones», apunta el ex director. La portavoz del Consell, Alicia de Miguel, sí llamaba habitualmente «para protestar», aunque «mucho menos que a otros medios» con los que tenía más confianza.

A Muelas le «dolía», dice, la incomunicación entre diario y Consell. «Más que nada, porque era un problema no poder contrastar nada de información», aunque, agrega, «nos sentíamos fuertes; teníamos lectores y publicidad, y como director veía respaldada la línea informativa por el editor y por la figura de Prado, que fue nuestro principal apoyo. Era el más exigente en cuanto a rigor informativo, pero también nuestro principal sostén». «Los redactores hicieron un esfuerzo profesional impresionante», reivindica.

La llegada de Francisco Camps al Palau, tras las elecciones de mayo de 2003, supuso una cierta distensión, ocho años después del acceso del PP al Gobierno de la Generalitat. «Se empezaron a normalizar las relaciones. Hubo gestos de acercamiento, en especial a través de González Pons, que vino a los premios Tirant, organizados por el periódico», cuenta el ex director.

El cambio no se tradujo en ningún tratamiento especial ni publicitario ni a la hora de facilitar información. Basta recordar que Camps no concedió ni una sola entrevista al periódico. En plena guerra con Zaplana, el nuevo presidente no quería evidenciar demasiado el deshielo, porque habría agravado más aún sus relaciones. «No hubo entrevista porque le tenía miedo a Zaplana, aunque era de las pocas personas que lo había engañado al hacerle creer que lo podía teledirigir», sostiene Muelas. Conseguir entrevistas con consellers tampoco era misión fácil.

En realidad, la distensión consistió en que el Gobierno autonómico dejó de chantajear directamente y de presionar a las empresas para que no se anunciaran en el periódico. «El deshielo consistió en que el nuevo Consell dejó de escupirnos», sintetiza Belda. Y periodistas del diario siguieron contando escándalos. Por ejemplo, los contratos de Orange Market con el PP o en Fitur, los del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin o los diversos escándalos de Blasco. Muchísimo antes de que los casos se judicializaran. Incluso bastante antes de que ruborizaran a la mayoría de aquella Comunitat Valenciana sedada por tanto dinero y por el euforizante que dispensaba el Consell en pastillas de 500 miligramos de eventos y en una farmacia 24 horas llamada Canal 9.

La Prensa de Alicante y el caso Tabarka pasado por agua

La antes citada Genoveva Reig, Vea para los amigos y enemigos, tuvo que dimitir como directora de Canal 9 en 2004 tras varios enfrentamientos con Pedro García, director general del ente público, en lo que fue la traslación del combate zaplanistas-campsistas al cuadrilátero de la radiotelevisión valenciana. Pedro García empezó su carrera en el periodismo como becario en el ABC, antes de colaborar en el equipo de campaña de UV en Valencia. Rápidamente pasó a ser mano derecha de Zaplana, en cuya defensa se aplicó en cuerpo y alma. Hijo de un conocido sastre de Alzira, García nació con una predisposición genética a ser mano derecha de personas importantes. Igual que otros son paridos atravesados y en toda su vida se muestran incapaces de enderezarse.

En octubre de 1997, apenas unos meses después de fracasar la puesta en marcha de la terminal mediática zaplanista a través de Diario 16, fue inscrita en el Registro Mercantil la sociedad Grupo de Comunicación Arco Mediterráneo (GCAM) para editar La Prensa de Alicante, que salió a los quioscos el 15 de noviembre de 1997 con el ánimo de intentar minar la hegemonía del diario Información, líder indiscutible en las comarcas alicantinas y ajeno al dictado del Palau. El 85 por 100 de propiedad de la nueva cabecera impulsada por el Consell pertenecía a Tabarka Media (constituida el 26 de septiembre, un mes antes que el Grupo Arco Mediterráneo) y el 10 por 100 de las acciones estaba en manos del empresario Eliseo Quintanilla. El panfleto de nueva creación se dedicó al terrorismo informativo contra cualquier atisbo de disidencia respecto al régimen, tanto en los medios como en la política, y a laudar al amado líder del PP, de la Generalitat y de la Comunitat Valenciana.

La Prensa tuvo una vida artificial conectada a la caja de la Generalitat como si fuera un gotero. Resultó beneficiaria del convenio Prensa-Escuela y de otros acuerdos institucionales con el Consell que la mantuvieron con vida hasta el 1 de mayo de 2000 como diario. Las ventas reales en quiosco llegaron a cifras siderales: 250 ejemplares. Con este bagaje y pese a los regalos de la Generalitat, sus pérdidas la llevaron a desaparecer como diario y mutar a semanario, hasta que en junio de 2002 se extinguió definitivamente. Un mes antes de que Aznar llamara a Zaplana para convertirlo en ministro de Trabajo. La Prensa acumuló una deuda de 204 millones de pesetas (más de 1,2 millones de euros): diez (60.000 euros) a los bancos, 8,5 (51.086 euros) de incidencias judiciales, 22,5 (135.227 euros) a otros acreedores y nada menos que 100 millones de pesetas (600.000 euros) a Las Provincias, en cuya rotativa se imprimía el nuevo periódico alicantino.

El favor público al engendro periodístico no se limitó a incubar y alimentar aquel medio con publicidad institucional. El Institut Valencià de Finances (IVF), el banco público de la Generalitat, con José Manuel Uncio al mando, se mostró muy generoso con aquel experimento. Uncio, persona de la máxima confianza del conseller de Economía y luego presidente José Luis Olivas, concedió en 1998 un préstamo de 90 millones de pesetas (el equivalente a 541.000 euros) al Grupo Arco Mediterráneo para la «ampliación, instalación y equipamiento» de sendas redacciones en Benidorm, Elx y Elda, además de la sede central en Alicante. Nunca llegó a ponerse en marcha ninguna delegación. El préstamo se otorgó pese a las objeciones técnicas de los profesionales del banco público, que acabó siendo el beneficiario de todas las acciones de la empresa deudora ante el impago. La Prensa llegó a disponer de 64,5 millones (387.652 euros) de los 90 del préstamo aprobado.

Una vez consumado el naufragio de este segundo intento de impulsar un gabinete de prensa en formato periódico para sumarlo al ya de por sí amable panorama mediático que abrigaba al nuevo poder, el presidente redobló su apuesta para centrarse en la necesidad de potenciar a Tabarka como grupo multimedia con implantación local y comarcal. Empresarios de la construcción y hasta de las basuras (caso de Ángel Fenoll) entrarían en el accionariado. Pero se requería un potente capitalista inversor. Para regar al grupo, nadie mejor que la empresa Aguas de Valencia (AVSA), pensó el presidente. La idea le surgió justo en el momento en que la ciudad de Valencia estaba en puertas de convocar el concurso para la adjudicación, por 50 años, del multimillonario contrato de suministro de aguas a la capital y a otros 44 municipios del área metropolitana. Aguas de Valencia resultó adjudicataria de esa concesión.

Se trataba de empujar al capital privado a financiar caprichos políticos de nula rentabilidad económica, pero a los que, entendía con razón el Consell, no se negarían los empresarios para evitar represalias a la hora de acceder a los contratos públicos. Empresarios muchos de los cuales entendían esas inversiones ruinosas como coste de oportunidad, como dinero a consignar en el capítulo dos de gasto corriente y no como inversión. Más o menos como el pago de mordidas. Por ejemplo, Andrés Ballester perdió en Terra Mítica, pero ganó en el resto de negocios que hizo en la Marina Baixa. En este caso, Zaplana pensó que Aguas, por el volumen de negocio que manejaba, era una buena candidata.

Pero hubo problemas serios con el accionista de referencia, la francesa Grupo Bouygues, que poseía el 31 por 100 de la mercantil a través de la firma Saur. Bouygues, además, controlaba TF1, la televisión francesa que había sido pública. «El presidente de la Comunidad Valenciana desea favorecer la emergencia de un grupo de medios de comunicación integrado por activos existentes de televisión, radio y prensa.» Medios, decía el informe, «que sean útiles al poder local» y para «evitar que sean tomados por Prisa o El Correo (Vocento)», para «sacarlos de su situación financiera tan delicada» y cuya «línea editorial es muy favorable a las autoridades en el poder». Porque «los accionistas son, a menudo, empresarios próximos al equipo de Gobierno». En francés, pero con esta contundencia, recogía un informe de TF1, fechado el 14 de febrero de 2002, la intención de Zaplana de hacer de Tabarka un grupo potente y afín. En ese documento, la empresa gala constataba la agónica situación de los integrantes de aquel conglomerado para concluir que la inversión no tenía el más mínimo interés.

Un correo electrónico remitido por el consejero de AVSA David Lion al director general de Saur, Jean François Talbot, fechado el 11 de enero de 2002 subrayaba los inconvenientes de una apuesta económica de todo punto improductiva en términos económicos para la empresa, aunque contemplada por Zaplana como de alta rentabilidad y prioritaria para sus intereses políticos. Por eso encargó la misión a la consellera portavoz y mano derecha suya Alicia de Miguel, brazo armado para presiones a periodistas y mentiras por escrito en comunicados oficiales. En aquel e-mail, David Lion desaconsejaba la operación por varias razones. De entrada, entendía que esa «inversión» amenazaba con «llevarse por delante los beneficios de Aguas de Valencia».

Consideraba, además, que la decisión de entrar en la propiedad del Grupo Tabarka no reportaba ningún beneficio a Bouygues y podía generar malestar y reacciones contrarias de otros grupos editoriales. Y había un tercer factor que aconsejaba no saltar desde el negocio del agua al charco de Tabarka: «se podría establecer relación entre nuestra entrada en estos medios y la concesión del contrato de aguas de Valencia» por parte del Ayuntamiento de la capital. Al parecer, en Francia, al menos en aquellas fechas, todavía se estilaba guardar las formas y preocuparse de que los medios y la opinión pública pudiesen atar cabos, aplicar la lógica deductiva o inductiva. Si hay humo, hay incendio. Si huele a cacicada, es que hay como mínimo un cacique.

El jefe del Consell viajó a París, al menos en dos ocasiones, para desplegar sus dotes de seducción y convencer a los llamados a ser inversionistas. La primera visita se produjo en junio de 2001. Durante esa excursión a la capital del amor, Zaplana se entrevistó con Martin Bouygues, presidente del grupo accionista de referencia de AVSA. El presidente valenciano no voló solo. Le acompañaron colegas de militancia y de vocación. Hombres de negocios y políticos o viceversa. Como Pedro Pérez, que fue colega de militancia en el Club Liberal en los tiempos mozos y luego presidente de la plataforma Vía Digital y reputado productor audiovisual. Su productora Cartel y la filial valencianizada Intercartel resultaron agraciadas con millonarios contratos de RTVV y subvenciones a series como Entre naranjos, sobre la vida de Blasco Ibáñez, pese a no ser empresas valencianas.

Pérez quería aprovechar el viaje para lo mismo que Zaplana: convencer a la potente y capitalizada Bouygues de las ventajas de invertir en sus empresas. Otro que se desplazó en el mismo avión, fletado por la compañía francesa, fue el empresario naviero Fernando Fernández Tapias. En su libro El brazo incorrupto de Zaplana (Foca, 2007), Alfredo Grimaldos recuerda que se especuló con que esa presencia tuviera relación con una «hipotética privatización de la gestión del Canal de Isabel II», empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, se habló en círculos empresariales y llegó a trascender a los medios el interés de Zaplana en que su amigo Florentino Pérez entrase en el capital social de Aguas de Valencia para acometer luego una fusión entre la empresa valenciana y la pública madrileña, que estaba llamada a pasar a manos privadas, y conformar así una gran compañía contrapeso de Aguas de Barcelona. Era la versión hídrica del que llamaron «eje de la prosperidad Madrid-Valencia», como contrapeso a la pérfida Cataluña. Pero el proyecto del Gobierno de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón no llegó a cuajar. En aquellas fechas se dirimió una auténtica guerra por el control de AVSA entre el citado grupo francés e inversores valencianos, comandados por Eugenio Calabuig, actual presidente de la compañía, con el aval financiero del Banco de Valencia.

En ese viaje a París de junio de 2001, al igual que en el segundo en enero de 2002, lo acompañó el consejero delegado de Aguas, Aurelio Hernández. Empleado de banca y alcalde de Càrcer (la Ribera Alta). Era, además, consejero de administración de RTVV. En realidad, el benidormí Emilio Fernández, Emilione, presidía el órgano de gobierno de la radiotelevisión popular, más que pública, pero, más allá de reinar, quien gobernaba en parte era Aurelio Hernández. Uno de esos tipos que siempre acaparan más poder que cargo.

La operación Tabarka no encontró el agua suficiente para ser navegable. En el mapa mediático color de rosa para los intereses del PP, el Consell ya había pintado el logo de Canal 37 Alicante, Onda Mariola, Televisión Vega Baja, Visión Castellón o la sociedad Medipress Valencia, entre otras empresas integrantes del Grupo Tabarka. También Radio Algemesí, Difusión Torre, Valencia TeVa o Valenciana de Ediciones y Publicidad, que editaba MiniDiario en Valencia, un gratuito afín a Unión Valenciana y a los populares que salió a la calle en 1992. El primer diario gratuito aparecido en el cap i casal y cuya tirada superaba los 40.000 ejemplares, de ahí el interés por controlar esa cabecera.

El intento de buscar una inyección económica directa por parte de Aguas de Valencia fracasó, así pues, ante la negativa de los franceses, pero Presidencia ya había activado, días antes de los contactos con la multinacional francesa, un plan B, una vía alternativa para lograr de forma indirecta el dinero de Aguas. El Banco de Valencia, que poseía el 19,1 por 100 de las acciones de la contratista del suministro de agua de la capital, concedió un préstamo de 1,2 millones de euros a Tabarka, un crédito que fue avalado por Aguas de Valencia a través de un documento en el que se comprometía a mantener en el banco un «depósito indisponible» por importe similar al del préstamo. Ese seguro no se tocaría hasta que Tabarka no devolviese la totalidad del préstamo otorgado el 15 de febrero de 2002 y el crédito fuese cancelado. Condiciones fijadas en el documento suscrito y reconocidas en una carta remitida por el citado consejero delegado de Aguas, Aurelio Hernández, a su homólogo en el Banco de Valencia, Domingo Parra, el hombre que ejerció de mamporrero de créditos vip otorgados por el banco tan históricamente vinculado a familias de la burguesía autóctona como los Noguera o los Villalonga. No acaba ahí el compromiso de Aguas con Tabarka Media. En el caso de que ninguno de los socios del grupo suscribieran su parte alícuota en una hipotética ampliación de capital, la empresa del agua se comprometía a concurrir para capitalizar al conglomerado multimedia.

El primer vencimiento del crédito llegó en julio de 2002 y quedó sin cubrir. Parra urgió a Hernández a actuar, porque la operación vencía en noviembre. El Consell ya había puesto en marcha una maniobra para destituir al consejero delegado de Aguas de Valencia, y este no escatimó munición. Hernández firmó una declaración notarial en la que aseguraba que el préstamo a Tabarka y las obligaciones que asumía la empresa de la que él era directivo se adoptaron sin su conocimiento. Estalló así uno de los capítulos de guerra sucia, con detectives, robo de ordenadores y amenazas de por medio, más destacados de los veinte años de régimen del PP. Y ya es decir, dado el elevado nivel de la competición.

Zaplana se encargó personalmente de que Aurelio Hernández fuese destituido como consejero delegado de Aguas de Valencia, una empresa privada. El mismo dedo que lo colocó lo apartó del cargo por su supuesta incapacidad de presionar suficientemente a los franceses para que fraguara la construcción de un grupo privado a la medida de los intereses del rey Eduardo. Aurelio Hernández acabó dos lustros después salpicado por el caso Taula, el caso de todos los casos, el que compareció en escena para sentar en el banquillo de los acusados toda una época, una manera de hacer, un partido y un colectivo de dirigentes y cargos públicos populares que funcionaban presuntamente como organización para el cobro de comisiones a cambio de la concesión de contratos públicos.

El presidente Zaplana intentó colocar en el puesto que dejó vacante Hernández a quien había sido su jefe de gabinete, Juan Francisco García. Pero no consiguió hacer pleno con sus deseos.

En abril de 2005, unos meses después de retirarse de la dirección de Canal 9, Genoveva Reig fue nombrada consejera delegada de Tabarka Media, un conglomerado audiovisual que contaba con el entusiasta apoyo político del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, pero, sobre todo, con la financiación de la institución provincial. Un informe policial revelaba que, en apenas tres años y con Reig al frente del Grupo Tabarka, esa Diputación le inyectó 921.000 euros. Cuando el dinero público no le llegaba directamente, lo hacía blanqueado como capital privado a través del policondenado contratista público Ángel Fenoll, el rey de los vertederos, de todo tipo de vertederos. Fenoll era, por expreso deseo de Ripoll y de la muy zaplanista alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente, el accionista de referencia de Canal Vega Televisión de Orihuela, Canal 37 de Alicante y Onda Mariola de Alcoi.

Con «navidalidad» y alevosía

Este fracaso de Zaplana en el impulso de un potente grupo mediático afín para blindar a su favor el panorama comunicativo valenciano privado fue el segundo gran intento del presidente en este campo, donde, pese a todo, tenía subcontratada con dinero público la labor de agitación, gloria y pétalos de flor a su favor. La primera gran apuesta sí que salió adelante. En la Nochebuena de 1998, con premeditación, alevosía y «navidalidad», el Consell de Zaplana repartió 15 licencias de emisoras de FM. Tantos años sin repartir concesiones se notó en la avalancha de solicitudes presentadas: 375 por parte de 73 sociedades. Las Provincias, Radio LP, resultó agraciada con una de las mejores estaciones, la emisora de mayor potencia, con 20.000 watios. Pero la gran ganadora del concurso fue, sin duda, Medipress Valencia S. A., que se llevó dos emisoras en Castelló, una en Valencia y otra en Benidorm. Su administrador único era Francisco Miguel Gaya, que era consejero de Unedisa (El Mundo) en representación del empresariado valenciano que había invertido en la puesta en marcha de la edición valenciana del periódico. Entre otros, Fernando Roig, socio de Tabarka Media en la televisión castellonense Visión Castellón. Tabarka controlaba el 15 por 100 de las acciones de Medipress Valencia, empresa que se constituyó el 2 de septiembre de 1998, cuando ya hacía mes y medio que se había convocado el concurso para adjudicar las FM.

Siete años más tarde, el discípulo de Zaplana Francisco Camps ejecutó, a través de Esteban González Pons, la concesión de dos canales autonómicos de Televisión Digital Terrestre (TDT) y 42 locales en un total de 14 demarcaciones territoriales. Camps no fue, desde luego, más proselitista que Zaplana en cuanto a promoción de la pluralidad en las ondas. El presidente de la Generalitat no quiso desaprovechar la nueva oportunidad de construcción de otro abrevadero de adhesiones mediáticas que le brindaba la ley que concedía a las comunidades autónomas la competencia de repartir las licencias de TDT. Finalmente se presentaron al concurso 71 empresas, de las que solamente 23 lograron alguna de las concesiones en liza.

La sociedad Mediamed, del constructor imputado en Gürtel José Luis Ulibarri, arrasó. Logró adjudicarse licencias en trece de las catorce áreas. Las dos emisoras autonómicas, las más codiciadas y potentes, fueron a parar a Las Provincias TV y TV Mediterráneo, de la COPE. Las editoras de Información y Levante-EMV lograron sendas concesiones en las demarcaciones de Alicante y Valencia. Las dos concesiones de ámbito autonómico emitían por el múltiplex compartido con Canal 9. Por eso la Generalitat tuvo que mantener ese múltiplex incluso después del apagón de RTVV en noviembre de 2013, pese a que la televisión autonómica emitía barras de colores. El uso del múltiplex en régimen de alquiler no estuvo amparado en un contrato hasta que se firmó, el 30 de marzo de 2010, un acuerdo con efecto retroactivo al 1 de enero de 2008, para dar vida al convenio. Pero las dos televisiones que lo usaban no pagaban. Ni la COPE ni Las Provincias. Al cierre de 2012 ocupaban un lugar preferente en el epígrafe contable de RTVV, «deudores comerciales y otras cuentas por cobrar». «A fecha de la realización del presente trabajo (septiembre de 2013), estas televisiones no han atendido los pagos estipulados, sin que RTVV haya emprendido ninguna acción para cobrar», denunciaba el órgano de fiscalización de las cuentas de la Generalitat.

La deuda de estas privadas a Canal 9 por el uso del múltiplex durante cuatro años ascendía a 1.302.600 euros. El ente público autonómico perdonó directamente 519.050 euros a través de lo que llamaron «corrección valorativa». El Síndic de Comptes denunció diversas irregularidades y subrayó la falta de diligencia de la empresa pública a la hora de cobrar.

El proceso de adjudicación de 13 TDT al nuevo grupo Mediamed fue llamativo. El jefe del despacho del ex ministro José María Michavila, Alberto Dorrego de Carlos, fue juez y parte cuando participó directamente en el proceso de licitación del concurso de las 42 TDT que el Consell adjudicó el 30 de diciembre de 2005. En la víspera de Nochevieja. De nuevo con «navidalidad» y alevosía. Porque, mientras asesoraba personalmente a Presidencia desde el bufete jurídico Eius en la preparación del concurso, Dorrego era, además, secretario de Mediamed Comunicación Digital. También ocupó cargos en empresas públicas como Valenciana Community Investments (VCI) o Cabanyal 2010. La sociedad beneficiaria de TDT en la práctica totalidad de las demarcaciones se cocinó adrede para este concurso con vistas al control absoluto del mercado privado de la televisión.

De hecho, los propietarios de algunos de las antenas que ya llevaban años en el aire en situación de alegalidad denunciaban, fuera de micro, hasta el chantaje que habían sufrido para forzarles a entrar en el neonato grupo de Ulibarri. La Generalitat presionó a propietarios de pequeñas televisiones locales alegales para que se asociasen con Ulibarri y otros accionistas próximos al poder popular para garantizarles la continuidad de sus emisiones. En la sombra, el despacho de abogados Eius, en el que trabaja José María Michavila –hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps–, preparaba los pliegos y giraba una factura de 150.000 euros. De esa joint venture cogida con fórceps nació Mediamed, que resultó adjudicataria de 13 licencias de TDT.

El capital social de Mediamed era una representación de adeptos al PP. El presidente del grupo era Javier García del Moral. Además del constructor José Luis Ulibarri (a través de Producciones Digitales de Alicante S. L.), el accionariado estaba constituido, según se recoge en El secuestro de la democracia (Akal, 2011), por Construcciones Navales Palacio S. L. (Perfecto Palacio de la Fuente), El Semanal Digital (Martín Beaumont), Promociones Mogar (Andrés Selma, diputado del PP en las Corts), Corrado Holding (Juan Luis Marqués Romero), Piqueres Audiovisual (Isabel Piqueres Pérez), Anroca 91 S. L. (Ana María Royo Cabrera), Borancla S. L. (Ángel Raga), Atalanta Centro Deportivo (Juan Carlos Gómez Pantoja), Engloba Grupo de Comunicaciones S. L. (José Adolfo Vedri), Reseca Inmobiliaria S. L. (Federico Serratosa Caturla), Inmobiliaria Electra (Rafael Serratosa Caturla) o la Fundación Universitaria San Pablo CEU (a través de Alfonso Bullón de Mendoza). Como en cualquier alineación, en la de ilustres socios de Mediamed había actores principales y otros secundarios.

Englobándolo todo

Entre los accionistas de Mediamed figuraba, así pues, Engloba Grupo de Comunicación. No es una empresa más del sector de la comunicación y la publicidad. Ni lleva cuatro días. La campaña de Rita Barberá a la alcaldía en 1995 la llevaba la mercantil cofundada y dirigida por José Adolfo Vedri. La llegada de Zaplana a la Generalitat, con su impulso de la economía espectáculo asentada sobre los grandes eventos y proyectos, favoreció la expansión del negocio de esta fábrica de propaganda con couché de lujo, situada entonces en la noble calle de Isabel la Católica.

Casi todas las Consellerias tenían cuenta publicitaria abierta en Engloba en aquellos primeros años de gobierno de PP. Hasta tal punto copó el mercado de las adjudicaciones oficiales, que el mismísimo Francisco Correa «Don Vito» se quejaba de que no había forma de meter la cabeza en la Comunitat Valenciana. En conversación con Correa, a la puerta de la sala del TSJ donde iba a declarar, el cabecilla de la Gürtel me trasladó su malestar por la atención mediática y judicial que se le prestaba cuando las adjudicaciones recibidas por sus empresas eran de bastante menos calibre, decía él, que las campañas publicitarias desde diversas Consellerias adjudicadas a Engloba.

Además de montar eventos, Vedri contaba con toda la infraestructura de una agencia. Orange Market, por contra, subcontrataba la práctica totalidad de los servicios que prestaba. Orange Market era, de facto, Álvaro Pérez, el Bigotes, provisto de una agenda de contactos que incluía a todo el Consell (empezando por Francisco Camps y buena parte de los alcaldes del PP), un móvil de última generación y muchísimas dotes para la seducción, las que cultivó al lado de su tío Andrés Pajares, en la compañía de Concha Velasco y como técnico con el periodista deportivo José María García. En lo que se llama la universidad de la vida.

Precisamente con Francisco Camps, el volumen de negocio de Vedri perdió intensidad. Su gran amigo era otro Camps, Gerardo, quien desde Grandes Proyectos había colmado a Engloba de grandes contratos. Su currículum de empresa protegida bajo el ala de la gaviota era muy conocido en círculos empresariales y periodísticos, pero su salto a la fama se produjo el 26 de enero de 2016, cuando Vedri fue detenido por agentes de la UCO de la Guardia Civil, en la macrooperación Taula, y se produjo el registro de sus oficinas, situadas en un edificio muy cool de la calle Gobernador Viejo, de Valencia.

En el círculo de amistades íntimas del dueño de Engloba militaba el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent. No en balde, antes de huir a Sudamérica por el pufo que había generado como gestor de la empresa pública provincial, Benavent pasó a saludar a su amigo Vedri. El Grupo Engloba recibió al menos 520.575 euros en contratos adjudicados por el autobautizado como yonqui del dinero en la etapa en la que fue gerente de la empresa pública de la Diputación. Las concesiones abarcaban diversas sociedades del grupo de Vedri. Bussines Loft ingresó 278.142 euros desde 2010 como pago por el alquiler de un local de planta baja y primer piso propiedad de Engloba en la calle Poeta Liern. Allí instaló Benavent el servicio de atención telefónica de gestión tributaria, el Call Center cuya gestión privatizó y adjudicó a la firma Servimun. Con todo, los 4.800 euros mensuales de alquiler del local y gastos de agua, luz y demás corrían por cuenta del erario público provincial. La empresa cobró 842.975 euros por prestar este servicio hasta el 31 de diciembre de 2015, cuando expiró el contrato y no le fue prorrogado por el nuevo equipo de gobierno de la institución provincial.

Servimun tiene una cara A y un lado oscuro. Su administrador es Fernando Palomares. Un nombre que, de entrada, y competencia profesional al margen, no resulta nada relevante. Palomares es socio de un tal Pablo Sánchez en otra firma, que tampoco es importante. Sánchez está casado con María García Romeu, que fue portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante. Esto último ya tiene más cuerpo.

Pero la clave de la concesión a Servimun se localiza en Xàtiva y se llama Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent. El hijo de López y hermano de Nina fue «elegido» por Palomares para dirigir el Call Center. La colocación del hijo de don Mariano y cuñado de Benavent iba en el pack predestinado a resultar elegido para encargarse de esta encomienda de gestión licitada por 2,26 millones. Aunque el propio Palomares me negó que la colocación del hijo de López fuera una condición impuesta como imprescindible para poder ganar la concesión. El área de Hacienda estaba entonces en manos de Máximo Caturla, pieza clave en el presunto aparato de financiación del PP y de bolsillos privados en Taula. El informe de necesidad para la contrata de este servicio lo firmó Salvador Deusa, el mismo que elaboró los pliegos del concurso. Próximo a López, fue otro de los detenidos por su presunta participación en el amaño de contratos y presunto reparto de comisiones.

Otras firmas del grupo Engloba también comieron del caldero de Imelsa. La gráfica Integral Servicios Básicos recibió 103.447 euros; la matriz Engloba, 111.876 euros; Triatlón Turístico, 9.000, y Pliego Digital, otros 18.109. Contratista de un sinfín de campañas publicitarias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, Engloba recibió la adjudicación del centro de La Rambleta a través de la UTE Bulevar del Arte y la Cultura, participada, entre otras, por la constructora Cyes. Una concesión en la que hubo cambios de accionistas tras los reajustes de un proyecto que no salía a cuenta y que incluía la administración de ese contenedor cultural (las obras y el programa de actividades) por 20 años. Las grabaciones judiciales realizadas a Benavent contenían pasajes de conversaciones con la entonces concejala de Cultura María José Alcón en los que se hablaba sobre el presunto pago de comisiones por esa concesión.

Interferencias del Tribunal Supremo

Una de las empresas que se sintió perjudicada en aquel reparto de las TDT fue Tele Elx. Al contrario que otras, esta recurrió las adjudicaciones en los tribunales. En 2012, el Tribunal Supremo anuló aquel concurso al entender que el Consell había externalizado la baremación y los criterios de selección, fijados por la consultora privada de comunicación Doxa Consulting, del que fue vicepresidente del FC Barcelona Carles Vilarrubí, delegado en España de la Banca Rotschild. El socio mayoritario de la consultora de las TDT era también copropietario y presidente de Oxer Sport, la firma que controla los derechos de la Global Champions Tour, la Fórmula 1 de la hípica que, como la del motor, también hizo negocio en la Valencia de Francisco Camps. El informe de valoración de las ofertas elaborado por Doxa amparaba la concesión de 13 TDT a Mediamed.

La mesa de contratación que bendijo el informe estaba presidida por la entonces secretaria autonómica de Comunicación, Paula Sánchez de León. Tras desembarcar en el mar (Copa América) y por tierra (los bólidos de Ecclestone), esta vez el glamour llegaba a cuatro patas y al galope para acampar, en plena depresión económica, junto al Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La lámina de agua era desecada y el lago de 3.655 metros cuadrados se convertía en una pista hípica en la que compitieron 160 caballos y los mejores jinetes y amazonas del mundo. La prueba podía considerarse técnicamente un evento. Reunía los dos principales requisitos: se asentaba en un lugar faraónico y salía por un pico al erario público. ¿Por qué Oxer Sport eligió Valencia como escenario del Gran Premio de España hípico? Vilarrubí me explicó que Valencia ofrecería al mundo una «postal espectacular».

Sí, pero, ¿por qué en Valencia? Pues resulta, me contó, que él tenía el contacto con Sánchez de León desde que le encargaron la cocción de las TDT. Y un día se percató de que nadie mejor que la Generalitat como cliente al que endosarle la prueba y poder así rentabilizar los derechos que Oxer Sport había comprado para explotarlos en España a Jan Tops, el Ecclestone de la Global Champions Tour. Aunque con mucha elegancia, su explicación no fue, la verdad, mucho más prolija en disimulo. Vilarrubí es un catalanista bien relacionado con el mundo de la cultura e ilustre miembro de la alta burguesía catalana. Pero empezó desde abajo. Desde la altura del asiento de chófer de Jordi Pujol, cuando el ex presidente fue candidato por primera vez en 1977 y salió elegido diputado en el Congreso por Barcelona. Se ha codeado con Diego Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa o Josep Piqué, y es íntimo de los Pujol, en especial de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la saga. Convergente reconocido, compartía barco velero a menudo con el emérito rey Juan Carlos. El hombre de negocios y miembro de la jet barcelonesa que acompañó a Sandro Rosell en el camino hacia la presidencia del Barça fue uno de los impulsores de los inicios de la carrera empresarial del yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, como organizador de eventos deportivos, y ambos comparten amistad con Joan Cuscó, de la firma Octagon Esedos, organizadora del Open 500 de Tenis. Es lo que ha tenido Valencia, que ha sido tanta la densidad de eventos, que promotores, socios y participantes de los mismos acababan tocándose, conociéndose y compartiendo intereses, como esos pueblos conformados por una cadena de primos y parientes.

Las concesiones de TDT de Camps se adjudicaron con el mismo criterio que el reparto de las FM por parte de Zaplana. Y con el mismo ánimo de impulsar un grupo mediático afín con el que el primer presidente de la Generalitat popular quiso engordar el Grupo Tabarka. Que fue para Zaplana lo que Mediamed para Camps.

Las dos principales actuaciones del Consell de este último en materia audiovisual fueron enmendadas por el Tribunal Supremo. Se invalidó la concesión de las citadas 42 licencias de televisión digital terrestre en 14 demarcaciones y se condenó el apagón de TV3 en el País Valenciano por parte de la Generalitat a base de precintos de repetidores de Acció Cultural (ACPV), propietaria de los diez que distribuían la señal de la televisión pública catalana, e imposición de cuantiosas multas a la entidad cívica. Las denuncias alcanzaron los 800.000 euros, de los que Acció Cultural llegó a abonar 475.000 en una campaña de apoyo a TV3.

Tras 28 años de emisiones, el 17 de febrero de 2011, se precintaron los tres últimos reemisores. En el fallo de 2012, el Alto Tribunal tumbó de plano la política de persecución a TV3 y a ACPV, ejecutada por la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, y avalada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Decretó ilegal el cierre de las torres de emisión de la Carrasqueta, Montdúver y Bartolo, así como la sanción de 300.000 euros impuesta en este caso, al dictaminar que la actuación del Consell fue «disconforme a derecho», por lo que declaró la «nulidad de las resoluciones» por haber sido dictadas y ejecutadas por una «Administración que no era competente para sancionar las conductas objeto de litigio».

El Tribunal Supremo recordó que «solamente el Gobierno [central] puede precintar repetidores y multar» en una tesitura como la que se juzgaba. Porque, subrayaba la sentencia, Acció Cultural no actuaba como un operador televisivo «sin título habilitante». Esto es, no emitía «en régimen de gestión indirecta sin concesión administrativa», circunstancia en la que la Generalitat sí habría sido competente, sino que simplemente «reemitía» la señal. Por tanto, sólo podía ser sancionada en tanto que cometía una «infracción de las normas reguladoras de las condiciones y parámetros técnicos [...] que rigen el uso del dominio radioeléctrico». Y esa competencia de control y sanción «corresponde al Estado» exclusivamente, según dictaminó el Alto Tribunal.

El presidente Zaplana fracasó en su intento de levantar un grupo mediático, con una rama principal de prensa escrita, que pudiera manejar desde el Palau y cuya propiedad estuviese directamente a las órdenes de la Generalitat. Finalmente ni él ni Camps lo necesitaron. Porque siempre tenían presto y dispuesto a Canal 9, pero también porque para ser el amo de medios de comunicación privados no es necesario comprar las acciones, basta con comprar la voluntad.

Capítulo VII

Ruina mítica

Si hay un icono que concentra todas las perversiones, irregularidades e ilegalidades que han desvalijado la Comunitat Valenciana, ese es el parque de ocio de Benidorm Terra Mítica. La ejecución de este proyecto es una síntesis de los sobrecostes (en unos 150 millones sobre los casi 400 que se acabaron enterrando), las inversiones ruinosas de las cajas de ahorro instrumentadas por el Consell, la concesión de contratos de forma ilegal, las facturas falsas por servicios nunca prestados, el enchufismo o la reclasificación de suelo a la salud de los amigos del poder. El auténtico negocio se hizo antes de cortar la cinta inaugural, en julio de 2000. El pelotazo lo dio, por ejemplo, un viejo conocido del ex alcalde de Benidorm llamado Eliseo Quintanilla, quien, además, fue vicepresidente del parque temático. Un cargo del que económicamente sacó menos rédito del que obtuvo por la reclasificación de más de medio millón de metros cuadrados a nombre de Explotaciones Turísticas Finestrat, de la que poseía el 15 por 100 de las acciones.

El precio de la parcela se disparó de los aproximadamente 450 millones de pesetas (2,7 millones de euros) a unos 1.350 millones (8,1 millones de euros). Las sospechas de que el ex presidente de la patronal alicantina Coepa y de la Cámara de Comercio de Alicante se había podido valer de información privilegiada para adquirir terrenos que luego fueron reclasificados o que la ubicación del complejo se decidió para favorecer negocios de amigos fueron despejadas de forma concluyente por el interesado. «En el municipio costero en el que se hubiese ubicado el parque temático posiblemente habría tenido terrenos dentro, y más extensión que en el que nos ocupa», arguyó Quintanilla. Tras inaugurarse Port Aventura en Salou, en mayo de 1995, el también dueño del grupo farmacéutico Asac Pharma adquirió por 48.000 euros parte de los campos del secarral beneficiado luego por la reclasificación. Quintanilla explicó que la ubicación del parque había sido una decisión de «dos empresas de consulting de primera línea mundial y las dos, junto al asesor español Price Waterhouse S. A., coincidieron y propusieron a la sociedad del parque la ubicación».

En la zona elegida para albergar el complejo se localizaban ilustres de la mítica familia zaplanista y hombres de negocios, algunos, como el notario Antonio Magraner Duart, presentes, como se ha visto, también en la no menos mítica Futuro Financiero, la sociedad matriz del caso Naseiro. Murcia Puchades tenía 666.000 metros cuadrados urbanizables en el plan director del parque a través de la firma Los Almendros de Alicante, de la que eran socias dos empresas participadas por la suegra de Zaplana, María Dolores Martorell Llorca, y su hermano Miguel Martorell Llorca. Este último canalizó a través de su firma inmobiliaria la mayoría de las operaciones de compra de terrenos en la partida Alfarella, en Finestrat, donde estaba previsto ubicar el complejo turístico con campo de golf y hotel de lujo al calor de Terra Mítica. Los Almendros de Alicante fue constituida el 21 de julio de 1999 con un capital social de 7,5 millones, que llegó a duplicarse tras una ampliación en abril de 2014.

En el accionariado participaban, además de los citados, otros parientes más lejanos de Zaplana como Manuel Torrubia Climent (propietario del mítico hotel Don Pancho, donde tenía su sede social la citada inmobiliaria) o Andrés Torrubia Arenas, según datos del Registro Mercantil. En la firma, que aglutinaba buena parte de los intereses inversionistas de los hoteleros locales, familiares y amigos de Zaplana y a rebufo de su llegada a la Generalitat, también estaban presentes el ex presidente de la patronal alicantina Coepa José Luis Montes Tallón o el hotelero Roc Fuster, además de Francisco José Sánchez Jurado, Francisco Javier Marroquin, Carmen Jesús Cases, José María Berge o Agustín Pérez Espinosa, entre otros.

A una buena parte de los propietarios de los terrenos, quienes disponían de ellos hacía años, les tocó la lotería en el verano de 1992. La zona sufrió un incendio que afectó a más de 450 hectáreas rústicas. El alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, prometió que jamás se cambiaría el uso de aquel suelo, para el que estaba previsto un proyecto de regeneración financiado con más de 600 millones de la Unión Europea. Fiel a su trayectoria, Zaplana incumplió su palabra y el conseller picarol Fernando Modrego redactó un plan de usos e infraestructuras del parque asentado sobre la reclasificación de todos aquellos terrenos.

El Consell necesitaba justificar la inversión pública y semipública de las cajas de ahorro con un informe que avalara la viabilidad del complejo de ocio. Dos consultoras presentaron sendos estudios poco optimistas para el negocio. De hecho, el primero de los informes requeridos por Zaplana, a Economic Research Associates, concluía que el experimento megalómano tenía una viabilidad «discutible». El informe vaticinaba apenas un millón de visitantes para el parque, al que no auguraba viabilidad en competencia con Port Aventura, en Salou, o el parque Warner de Madrid. Un segundo estudio, de Baker Leisure Group, una consultora arraigada en Orlando, que es a los parques temáticos lo que California al vino, elevaba la cifra de visitas a los dos millones. Insuficiente.

Las previsiones no casaban con los aires de grandeza de Zaplana. Hasta que Price Waterhouse, en la que trabajaba Juan Francisco García antes de pasar a ser jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, elaboró el estudio de mercado a la carta, por encargo del Consell, que ofrecía la cifra de visitantes, 3 millones, que generaría el volumen de negocio suficiente para rentabilizar una inversión prevista de 270 millones de euros. Así fue como se vistió un santo que la realidad se encargó de desnudar al poco tiempo. Jamás se superaron los dos millones de visitas, en la mejor de las temporadas. En 2010 se tocó fondo con apenas 536.000 visitas. La Generalitat controlaba políticamente el tinglado a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), que llegó a poseer el 22,5 por 100 de las acciones, mientras que las terminales financieras del Consell, las cajas de ahorro (la CAM y Bancaja), eran propietarias de sendos paquetes accionariales del 24 por 100. Un tercio de las participaciones estaba en manos de empresarios privados. Hoteleros de Benidorm y padrinos de la financiación del PP como Enrique Ortiz, la Sedesa de los Cotinos o Lubasa, empresas que acabaron admitiendo judicialmente en el caso Gürtel (y fueron condenados por ello) haber costeado ilegalmente las campañas electorales populares de 2007 y 2008, que comprendían una de las piezas de esa macrocausa.

Una parte importante de los sobrecostes que alcanzó la construcción del complejo de Benidorm se explicaba en sumarios abiertos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante y en el 3 de Valencia. En el primer caso, se incoaron diligencias contra la SPTA por delitos contra la Hacienda pública, malversación y falsedad documental. En el de Valencia se inició una investigación por fraude fiscal. Se hincharon los costes de obras en viales, asfaltado, excavaciones o canalización de agua, e incluso se falsificaron íntegramente facturas.

Fiscalía señaló desde el principio a ex directivos y empresarios como el ya citado Vicente Conesa o José Herrero. El primero fue procesado como supuesto cabecilla de una trama para defraudar en el IVA e Impuesto sobre Sociedades por valor de unos 4,4 millones de euros en los años 2000 y 2001. La Fiscalía imputó a Conesa un fraude de 2,7 millones de euros a través de su empresa C-3 Ingeniería de la Construcción y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimientos. Primero le adjudicaron en el parque algunos trabajos de movimientos de tierras y jardinería, pero acabó por convertirse en un importante contratista del complejo de ocio. En el banquillo de esta causa de 40.000 folios se sentaron 35 procesados, entre ellos los principales responsables políticos del parque temático y una treintena de acusados de delitos contra la Hacienda pública, estafa y falsificación en documento mercantil.

En abril de 2016 y tras un dilatado y mediático juicio, la Audiencia de Valencia condenó a dos directivos de Terra Mítica y a 20 empresarios por la citada trama de las facturas falsas a un total de 305 años y cuatro meses de prisión, y multas que sumaban 71,2 millones de euros. Uno de los responsables del parque, condenado a cinco años y diez meses de prisión, es Justo Valverde, ex cuñado de Zaplana. La misma pena recibió el ex director técnico Antonio Rincón. Conesa también fue considerado culpable, mientras que el primer director general del proyecto, Miguel Navarro, fue absuelto, pese a que la Fiscalía lo consideraba responsable de haber contactado con Conesa para adjudicar los trabajos «fuera de control para lucrarse». Otros 11 empresarios y el ex presidente del parque Luis Esteban también salieron indemnes del proceso.

A Conesa, considerado el cerebro de la red montada para defraudar, le cayeron 23 años y 10 meses de prisión, y a su esposa, Matilde Ripoll, 23 años y cuatro meses. Sus dos hijos fueron absueltos. Las penas más severas, de más de 40 años de prisión, fueron impuestas a dos de los contratistas y subcontratistas: José Luis Rubio (41 años) y Antonio Moreno Carpio, al que le cayeron 46 años y 10 meses. Y a José Herrero García, 11 años. En enero de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia.

Entre los 330 testigos que comparecieron en el juicio no se encontraba Eduardo Zaplana, el padre intelectual de la construcción del parque y de la colocación de algunos de los condenados, como el propio Conesa o su ex cuñado Justo Valverde. Como casi siempre, el ex presidente resultó salpicado por corruptelas, en este caso las que emanaban del complejo de ocio. Y, como siempre, Zaplana siguió adelante.

Dos hombres y unas bolsas de comisiones

Diez años antes de ser condenados, los subcontratistas del parque temático Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García habían sido imputados en la causa del fraude de las facturas falsas. Los dos empresarios estaban muy relacionados con el principal adjudicatario de las obras, Vicente Conesa, coprotagonista del caso Sanz, el hombre que fue compensado con un nicho de negocio en Terra Mítica tras ayudar a echar paladas de tierra sobre el escándalo que él mismo desató. Moreno y Herrero decidieron defenderse de forma proactiva, que diría un CEO 4.0, para intentar no salir judicialmente trasquilados, objetivo que no lograron. Los empresarios transmitían, además, señales de estar muy molestos con el Consell del PP; tenían la sensación de que les habían dejado en la estacada. Venganza, dinero y presión para superar el trance judicial eran los móviles por los que se echaron a la carretera. Llamaron a alguna puerta que no se les abrió, porque alguien entendió que pretendían cobrar la exclusiva, como si de un posado del Hola se tratara. Luego acudieron al PSPV. Los socialistas no parecían una gran opción si pretendían vender material inflamable. Además de las razones estrictamente éticas, difícilmente iban a entrar en un juego de altísimo riesgo con dos personas de la órbita de Conesa y el PP. Y el partido, económicamente, estaba ya entonces más para ir vendiendo y liquidando que para meterse en compras.

Moreno y Herrero querían hablar. Cuando alguien tiene un problema, quiere desahogarse. Necesitaban comentar, por así decirlo, algunas roturas de desagües provocados por las retroexcavadoras del complejo de ocio de Benidorm. Hablar de la basura de las presuntas comisiones enterradas en sobrecostes. El responsable socialista de fiscalizar la política de grandes proyectos de la Generalitat era el diputado José Camarasa. Contactaron con él. Cuando uno se mueve en terrenos con escasa consistencia para soportar la pisada (la mierda es menos firme que la roca), conviene andar con cautela. La prudencia, precisamente, es una de las virtudes que adornan a Camarasa, cuyo perfil no casa precisamente con el juego sucio. El parlamentario socialista decidió, de entrada, celebrar un encuentro en las Corts, en su propio despacho. Conforme se salía del ascensor a la derecha, curva a la izquierda y de nuevo a mano derecha. Un habitáculo reducido. En sede institucional para que no hubiese la menor duda de que la reunión se enmarcaba dentro del trabajo de control del Consell. Por si intentaban hacer un uso torticero de aquella conversación. Camarasa y el asesor de comunicación del grupo Fabrizio Muzzati adoptaron una segunda medida profiláctica aconsejados por los letrados del partido: grabar la conversación.

De aquello no hace mil años en términos cronológicos, pero sí tecnológicos. El método elegido no había sido plagiado de ninguna de las entregas de James Bond. Metieron una grabadora analógica de las que usaban microcintas en una bolsa y la colgaron en la percha situada justo detrás de la silla del despacho de Camarasa.

Al poco de finalizar la reunión, Muzzati transcribió el contenido de aquella grabación. Las revelaciones de aquellos visitantes atacaban directamente al corazón y al bolsillo del ex presidente y entonces ministro Zaplana. Los contratistas del parque explicaban, según constaba en el registro sonoro y su transcripción entregada a la Fiscalía y el juzgado, que Conesa les comentó en alguna ocasión que durante la ejecución de las obras del parque se habían manipulado facturas para hinchar precios por entre 2.500 y 3.000 millones de pesetas y que se pagaban comisiones a quien facilitaba los contratos. Que él, Conesa, cobraba mordidas y decía que «parte se las entregaba a Zaplana», que se «repartía la pasta» con él. «Yo vi cómo el señor Conesa se metía la bolsa en el maletero», comentaban en otro pasaje de la cinta.

¿Qué hacer con esa información? Había que presentar denuncia ante la Fiscalía y/o filtrarla a los medios. La opción de exportar este nuevo episodio a Madrid ganaba enteros. En la duda hamletiana entre ser o no ser, el PSPV eligió la Ser de Madrid. En una de las misiones a Gran Vía, 32, se filtró el alcance de la grabación. Nunca el audio. Desde el mismo instante en que tuvo noticia del contenido de aquella cinta, la emisora lo reclamó de forma insistente. Lógico. Y los socialistas se negaron a entregarlo de manera reiterada. Más lógico.

Los abogados de la Ser buscaban un acomodo legal a la difusión de una información con carga nuclear. Por eso insistieron en pedir el consentimiento del autor de la grabación. Pero el parlamentario se negó a asumir toda la responsabilidad política y especialmente la judicial que se derivara de la difusión de ese sonido tan molesto para Zaplana. Consideraba que la maniobra era demasiado arriesgada. Camarasa soportó también algunas presiones internas para que asumiese la entrega del audio. El diputado resistió y la emisora no quiso lanzarse sin paracaídas. La dirección del PSPV tenía mucho interés en que las corruptelas populares saltaran el pantano de Contreras. Si hubo alguien que se esforzó en que los escándalos valencianos fueran mediáticamente exportados al mercado nacional, ese fue Fabrizio Muzzati. Los socialistas veían, además, la oportunidad de abrir un boquete y una vía de agua en la marmórea fortaleza popular. Se decidió que Camarasa estuviese arropado por Antoni Such, en tanto que miembro de la dirección del grupo y persona de la máxima confianza de Pla. Such estaba plenamente al corriente. No estaba presente el día de la grabación. Los dos diputados presentaron denuncia ante la Fiscalía sobre los hechos relatados por los dos confidentes.

El viernes 12 de mayo de 2006, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) se vestía de gala para celebrar un acto de reconocimiento a los primeros alcaldes democráticos. Zaplana estaba exultante entre los invitados. Se sentía protagonista, como si el evento reconociera a los primeros alcaldes que entraron a gobernar con votos de tránsfugas. Los periodistas no habíamos podido acceder al reducido salón de actos y esperábamos en una pequeña sala.

En el boletín de las 13 horas, la Ser descargó la bomba: «Dos empresarios imputados en Terra Mítica acusan a Zaplana de cobrar comisiones». Así, a palo seco. La noticia daba cuenta de la existencia de grabaciones, «que ya están en poder del fiscal», y de «encuentros celebrados entre los dos empresarios y un parlamentario del PSOE». En la página web de la emisora se colgó una información en la que se explicaba que los interlocutores del diputado socialista detallaban «cómo inflaban la facturación de sus trabajos en la construcción de Terra Mítica, llegando a multiplicar por cinco o por seis el coste real». «En las grabaciones se cita en varias ocasiones el nombre de Eduardo Zaplana», decía la noticia. Uno de los empresarios contaba que facturó por la jardinería del parque unos 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, pero que a su empresa «no fueron a parar más de 1.000». El resto, añadía, se dedicaba al pago de comisiones, «bien entregando bolsas con dinero en metálico o a través de ingresos en cuentas bancarias». La denuncia ante la Fiscalía recogía citas textuales de las grabaciones entregadas. «Vi cómo el señor Conesa metía la bolsa en el maletero y dijo delante de mí que el dinero se lo repartía con Zaplana. Vamos, que eso lo digo yo en el Juzgado.» Calculaban los contratistas que por los trabajos de jardinería y acondicionamiento, en parte adjudicados a sus empresas, «se debieron de pagar entre 2.500 y 3.000 millones de pesetas en comisiones», entre 15 y 18 millones de euros.

En la información se explicaba, además, que Moreno y Herrero se ofrecían para hablar ante el juez e incluso en los medios a cambio de «dinero y un pacto con las acusaciones que les beneficie en el proceso judicial en el que están implicados». También aparecía en esa cinta el nombre de Justo Valverde, ex cuñado de Zaplana cuando fue colocado como director de contratación del complejo de ocio. Los empresarios relataban que Terra Mítica había pagado los 40 o 50 millones de pesetas (240.000 o 300.000 euros) que costó la reforma del chalé particular de Valverde. La emisora complementó luego la noticia de alcance con una entrevista de José Antonio Marcos a Camarasa en Hora 14. Preguntado por si daba crédito al relato de los empresarios, explicó que consideraba que la información «tenía recorrido, importancia y podía afectar sustancialmente a lo que habían sido los sobrecostes de Terra Mítica».

Contó que ya había entregado la documentación a la Fiscalía, por recomendación de los letrados del partido. Explicó que habían sido estos quienes le habían aconsejado grabar la conversación «ante la posibilidad de que pudieran emplearse de forma inadecuada o maliciosamente malinterpretarse». ¿Le merecen a usted credibilidad? «A mí, al partido y a los servicios jurídicos nos merecía credibilidad porque existía un nivel de detalle que entendimos que se podrá comprobar. En cualquier caso, ni prejuzgamos, ni aseveramos, ni culpabilizamos a nadie», respondió Camarasa al periodista radiofónico. ¿Y tiene usted la sensación de que Zaplana está implicado en esta historia? «Mire usted, mi sensación y la del partido es que en todos los grandes proyectos [de la Generalitat] hay un denominador común: el sobrecoste. Un ejemplo: en Terra Mitica se presupuestó un gasto de 45.000 millones de pesetas al principio. Al final terminó costando 62.000 millones. De 270 millones de euros a 370 millones», argumentó. Camarasa citó también el ejemplo de la Ciudad de las Artes, donde el PP dijo que iba a gastar 50.000 millones de las antiguas pesetas. «Ahora queremos que el presidente Camps, que dijo en las Corts que avalaba de la A a la Z la gestión del señor Zaplana, diga si la sigue avalando», concluyó el parlamentario.

Nada más saltar la noticia, la sede de la FVMP, entonces en la calle Conde Trénor, al lado de las Torres de Serrans y de las Corts, se convirtió en destino preferente de cámaras, micros y periodistas. Los que estábamos dentro salimos y los que estaban lejos se acercaron. Todos aguardábamos en la puerta la salida de Zaplana. Descartada la posibilidad de que abandonara el edificio por alguna salida trasera, porque no la hay, se cruzaban apuestas sobre si saldría corriendo al galope, al trote, andando a paso ligero, rajoniano, o si daría la cara pese a la delicada situación. No defraudó. Nunca lo hace. Cuánta razón tenía Rafael Díaz Sánchez, el cocinero y amigo del ex alcalde de Benidorm. El hombre que emigró a Valencia a gestionar el restaurante La Hacienda, cuya cuenta de resultados se nutrió con una dieta hiperproteica a base de tarjetas públicas de representación. «Eduardo es un hombre de porte muy correcto, un caballero total y, sobre todo, muy sencillo», me dijo en una ocasión. Pues sí.

Zaplana salió de la FVMP con andares de modelo, con un plus de elasticidad saltarina, tocándose intermitentemente los gemelos de uno y otro puño de la americana. Se ancló ante el muro de periodistas y lanzó un speech con una cadencia tan al ralentí que denotaba un excesivo celo calculador, sólo explicable por la gravedad de las acusaciones en forma de cañón de luz sobre un uso del dinero público envuelto por la sombra. Zaplana negó todas las acusaciones y anunció acciones legales contra Moreno y Herrero y los socialistas Camarasa y Such. El 17 de mayo, el ministro presentó la querella ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano contra los diputados y los empresarios por un presunto delito de calumnias sin publicidad o, alternativamente, por injurias graves.

El ex presidente no tardó en mover hilos. Once días después de la explosión del escándalo, El Mundo le echó un capote al jefe del Consell. «Un empresario asegura que el PSOE le ofreció 1,8 millones por decir que Zaplana cobraba comisiones», rezaba el titular con grandes caracteres. En una entrevista al diario, Antonio Moreno Carpio declaraba: «la referencia a Zaplana no es verdad, les decía [a los socialistas] lo que ellos querían oír para que me ayudaran». Además de los 1,8 millones, Moreno aseguraba en la entrevista, realizada en el despacho de su abogado Antonio La Torre, que el PSPV le había ofrecido trabajo en los ayuntamientos gobernados por los socialistas y ayuda ante la Fiscalía y la Agencia Tributaria a cambio de su declaración contra el ex presidente.

Moreno explicaba al diario entonces dirigido por Pedro J. Ramírez que había mantenido cuatro o cinco encuentros con Camarasa y que las grabaciones hechas públicas respondían a un «montaje del diputado», que había «manipulado las conversaciones». ¿Le ofrecieron dinero por implicar a Zaplana? «José Camarasa, sí. Lo apuntó en un papelito. 1,8 millones de euros, la ayuda con el fiscal, las obras en ayuntamientos socialistas. Todo eso. Abiertamente no lo dijo, apuntó la cifra en un papel sin decirla en voz alta. Quizá temía que lo estuviera grabando como hacía él.»

Entonces, ¿no le consta que en Terra Mítica se pagaran comisiones a Zaplana?, se le preguntó para dar un buen acabado en brillo al posible encargo del ex presidente de limpiar, fijar y dar esplendor a su imagen. «No, no, de Zaplana nada. No le puedo imputar nada, no hay pruebas de ninguna clase, y, si se ha cometido alguna difamación, que lo pague quien corresponda».

Los diputados fueron llamados a declarar y aportar judicialmente la grabación. José Camarasa y Antoni Such entregaron la cinta de microcasete. Silencio en la sala. Alguien le dio al play y se escuchó un sonido aterrador a medio camino entre una psicofonía grabada a un espectro agonizante y el zumbido de una abeja desnortada. Problema de desajuste entre la velocidad de la grabación, el número de revoluciones, y de reproducción. «¿Ustedes oyeron esto? Como comprenderán, esto no puede ser ninguna prueba», vinieron a advertirles. Por caprichos de la técnica, la cinta solamente podía reproducirse de modo inteligible en la vieja grabadora de autos. Que estaba en un cajón en las Corts. Tuvieron que regresar otro día a traerla. Y entonces el audio se escuchó nítidamente. El aparato debe de estar abandonado en algún armario o cajón en sede judicial.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ acordó el sobreseimiento libre de la causa porque no había constancia de que los diputados facilitaran personalmente la difusión del contenido. No se dio crédito a la versión de que el PSPV intentó comprar un testimonio acusatorio contra Zaplana. El relato presentaba problemas de verosimilitud. No acababan de ligar los elementos de la historia.

La causa del ministro contra los empresarios siguió viva. El Juzgado de lo Penal número 2 señaló el juicio por un delito de calumnias sin publicidad para el martes 24 de febrero. El día anterior, Zaplana retiró la acusación después de que los dos empresarios se retractaran y le pidieran perdón. Tras la vista celebrada en la sala 28 de la Ciudad de la Justicia, el juez absolvió a los empresarios.

Aquel episodio sirvió para que el ex presidente evidenciara su compromiso con el espíritu del 78 y los valores de perdón y reconciliación sobre los que se cimentó aquel consenso constitucional. Aunque no es un pensamiento muy habitual en los tratados de sobres de azúcar, hay que constatar que, cuando se perdona, actúa el corazón, pero piensa y habla la cabeza. Así fue como aquel incidente no tuvo otra consecuencia para Zaplana que convertirse en un apunte más en su florido palmarés.

En aquellas conversaciones entre empresarios y diputados se reveló un número de cuenta corriente de un banco de Andorra en el que presuntamente se habrían ingresado al menos una parte de las comisiones por las adjudicaciones de Terra Mítica. La referencia de ese número de cuenta fue escrita en un documento guardado en uno de los PC del grupo socialista. El documento se habría perdido por un problema informático. Habría resultado muy provechoso para los letrados y para el PSPV en su batalla por aclarar los sobrecostes del parque. Los socialistas contrataron un par de empresas de servicios de recuperación de datos de discos duros, pero el esfuerzo fue baldío. El fiscal del caso Terra Mítica sostuvo en esa causa que había serios indicios de que el dinero estafado fue enviado precisamente a cuentas radicadas en Andorra. Con el tiempo se constató que la Banca Privada d’Andorra (BPA) era un destino preferente para el excursionismo evasor de capitales.

Los audios, que entraron en el juzgado acompañados de la grabadora, tuvieron un recorrido que trascendió el escándalo político relatado. Cuando se abrió el juicio oral de la causa Terra Mítica, las defensas de los empresarios Antonio Moreno y José Herrero pidieron que las cintas fueran anuladas y no tuvieran efecto probatorio en ese caso, como solicitaba la Fiscalía. Pero finalmente la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia validó las grabaciones de esas conversaciones entre los contratistas y el diputado José Camarasa, en las que los primeros admitían haber participado en la trama de facturas falsas para el pago de comisiones. En la instrucción no se pudo profundizar más sobre el alcance de las supuestas mordidas, en las que implicaban a Zaplana, aunque los dos empresarios fueron condenados por las pruebas acumuladas que los situaban en la red de fraude en las facturas.

Asalto a las cajas de ahorro

En aquel gran casino en que se convirtió la Comunitat Valenciana, las cajas, Bancaja y la CAM, acabaron reventadas por la ruleta, por las inversiones en caprichos ruinosos –desde Ciudad de la Luz a Terra Mítica– forzadas desde el Palau y bajo amenazas. La tercera y la cuarta caja más importantes de España fueron enterradas en el subsuelo de la historia, al igual que el Banco de Valencia. Bancaja tuvo que abrazarse por decreto a Caja Madrid y engendrar así Bankia. Las otras dos entidades fueron vendidas a precio de saldo, a un euro simbólico. La CAM, al Sabadell, y el Banco de Valencia, a Caixabank.

Su excesiva exposición al riesgo crediticio inmobiliario no fue el único pecado de las cajas valencianas en aquella vida loca. El Consell las empujó durante quince años hacia el precipicio. A tener que financiar los fastos de aquel País Valenciano en estado de despedida de soltero permanente: desde la citada Terra Mítica hasta la Fórmula 1. Y la crisis las arrojó al abismo. Embarcar al Banco de Valencia en el engorde de un grupo mediático de más que dudosa viabilidad como Tabarka revela la importancia de la propaganda para ir forjando un relato hegemónico. El control de esas cajas que estaban llamadas a financiar las fallas públicas era, en definitiva, clave de bóveda de la arquitectura del régimen.

El asalto a la banca necesitaba de un gran golpe. El presidente Zaplana lo dio cuando cambió la Ley de Cajas para amarrar su control político y poder así garantizarse la sumisión de los consejos de administración a los intereses del Consell. La ley socialista 31/85 ya consagraba una presencia política al otorgar a los ayuntamientos el 35 por 100 de los puestos en los órganos de gobierno, pero la nueva norma, de 1997, consumaba la total subyugación de estos.

El proyecto, elaborado por José Manuel Uncio y José María Mas Millet, daba al Consell el 28 por 100 de la representación, el mismo porcentaje que impositores y corporaciones locales. Con el cambio de la norma, la Generalitat asumía todo el control de las entidades bancarias. El ex conseller Diego Such me admitía que aquella reforma de la ley de cajas fue clave: «nos daba tranquilidad». Zaplana pudo así forzar la dimisión de José María Simó y luego la de Emilio Tortosa en Bancaixa. El PSPV denunció aquel golpe, pero al final consintió a cambio de entrar en el reparto. La vieja fórmula paz por territorio.

Con el nuevo marco financiero, Bancaja y la CAM ya no pudieron escatimar en créditos ruinosos a Terra Mítica, donde eran socios de referencia. En noviembre de 2003, las dos entidades arriesgaban ya casi 200 millones de euros en capital y créditos al parque temático de Benidorm. Al mes siguiente, el 20 de diciembre, un informe de Moody’s alertaba a la caja alicantina del elevado riesgo contraído. En mayo de 2004, Terra Mítica presentaba suspensión de pagos. El parque que iba a transformar un secarral a los pies de la Serra Cortina en una mina de oro, el complejo en el que se colgaron 400 millones de euros de gasto disfrazado de inversión, nunca fue rentable. Desde un punto de vista empresarial. La gestión se profesionalizó cuando se concedió a Paramount, que situó a John Fitzgerald al frente del complejo. El enfermo no tenía remedio. El gestor americano lo constató al poco de entrar en aquella cueva diseñada para rendir tributo a todas las culturas mediterráneas y muy especialmente a una ecuménica, presente en todos los mares y océanos que bañan la Tierra y a lo largo de la historia: la piratería.

El parque de Benidorm acabó vendiéndose a precio de saldo, 65 millones, a Georges Santamaría, el dueño de Aqualandia. Fuentes empresariales admitieron que aquella aventura se concibió a la medida de los amigos del poder y que era un clamor que el parque era un nido para enchufes, pelotazos y corruptelas. Incluso así, advirtieron, el bluf superó los peores augurios. «No nos esperábamos una ruina de esa envergadura, nadie se lo esperaba», confesaba un hotelero de Benidorm. La Generalitat recuperó 6,2 millones de euros y las cajas de ahorro 6,7 cada una. La inversión resultó ser tan provechosa como una macroapuesta en la ruleta.

Las cajas, además, fueron asimiladas a Canal 9 y todo el sector público en general en su condición de macroteta a disposición del Consell y el nuevo poder para convertirlo en abrevadero de amigos y fontaneros de la causa, amén de surtidores de créditos tómbola para los empresarios en sintonía popular. CAM y Bancaja fueron incorporadas a esa Generalitat paralela, que llegó a contar con más de 120 empresas, entidades y organismos públicos que ejercían de centrifugadora de deuda pública y surtidores de contratos a la sombra de los mecanismos de control y fiscalización.

La liquidación del sistema financiero valenciano se produjo después de que naufragaron varios intentos de fusión entre las dos principales cajas de ahorro. Zaplana llegó a impulsar la llamada Cartera de Participaciones Empresariales, conocida también como Corporación Financiera, como trampolín para lanzar la fusión, pero fracasó en esa misión. Los órganos de gobierno de las dos entidades habrían ratificado sin duda la unión, dado el control político de los mismos, pero sus presidentes y directores generales, Julio de Miguel y Fernando García Checa, por Bancaja, y Vicente Sala y Roberto López Abad, por la CAM, no estaban por la labor de perder su poder y trono.

En el diseño de la estrategia de fusión de las dos grandes cajas participó muy activamente junto a Zaplana el ex conseller de Industria Diego Such. El esquema de equilibrio territorial en el reparto de poder contemplaba ubicar la operativa en Valencia, de ahí sería el futuro director general, y radicar la sede social y representativa en Alicante, donde tendría despacho el presidente de la nueva entidad. Para llegar a esa meta y neutralizar las resistencias internas de ambas cúpulas, había que empezar por arañarles el control de las participaciones industriales de las dos entidades, que pasarían a gestionarse bajo un mismo paraguas, la citada Corporación Financiera CAM-Bancaja. Por aquel entonces, a finales de 2002, la rama de negocio estrictamente bancario, la operativa, empezaba ya a flojear, mientras que la verdadera rentabilidad se localizaba en las inversiones inmobiliarias e industriales.

El plan trazado por el Consell consistía en vaciar a las entidades de músculo y dejarlas en los huesos. Con el tiempo se vio que el músculo en realidad era grasa, pero en ese momento en el horizonte no se divisaba todavía ni rastro del gran crack que convirtió las bolsas de suelo y activos inmobiliarios de las cajas en cementerios sin cruces. Un síntoma de que la buena salud de las participaciones salvaba el negocio global de las cajas es la negativa de estas a entregar los balances separados de cara a preparar la fusión, según me contaba el emisario del Consell que los solicitaba.

En los primeros planes diseñados por Zaplana y que debía ejecutar José Luis Olivas, a quien dejó de encargado de la Generalitat cuando en julio de 2002 dio el salto a Madrid para ser ministro de Aznar, se contemplaba que el presidente de la Corporación sería Virosque y el vicepresidente ejecutivo Diego Such. Antes de la primera reunión formal para comenzar a edificar la convergencia de las cajas, hubo un encuentro en el Palau entre Olivas, De Miguel, García Checa, Sala y López Abad. Y una llamada de Olivas a Zaplana para trasladarle que los allí presentes vetaban a Such como vicepresidente. Finalmente, ocupó sillón de consejero. En cualquier caso, la confianza de Zaplana en Such a esas alturas estaba muy deteriorada.

Primero naufragó el intento de fusión y luego las dos cajas por separado. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) creado para racionalizar el sistema bancario español tras la crisis financiera de 2008 acometió milmillonarias inyecciones de dinero público y créditos ventajosos a las cajas y el Banco de Valencia, la centenaria entidad participada mayoritariamente por Bancaja, que llegó a ser el séptimo banco español por capitalización bursátil, y otrora joya de la corona de la burguesía valenciana. La fusión acabó produciéndose por absorción y a favor del oro catalán del Sabadell y Caixabank.

El poder valenciano, hacia el sumidero

Los grandes estadistas suelen pasar a la historia por haber liderado a sus pueblos en momentos de crisis. Ahí está el ejemplo de Winston Churchill. Eduardo Zaplana trascendió por su obra monumental, por haber edificado un nuevo cuerpo para el País Valenciano, que pasó de enano regordete a espigado, bronceado y cosmopolita. La postal para la proyección turística dejó de ser el Micalet para pasar el cetro a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias como icono de modernidad. Pero, como suele suceder, los cuerpos danone eclipsan almas y espíritus profundos. Desde antes de acceder a la presidencia, el candidato popular tenía entre sus prioridades «construir y articular una sociedad que desemboque en la creación del poder valenciano». Así lo expresaba.

La política de aliñar el territorio valenciano con macroproyectos, territorialmente repartidos de forma compensada, era entendida no sólo como factor dinamizador de la economía sino como elemento clave en la configuración de un nuevo estado de ánimo colectivo, en la labor de apuntalamiento de la autoestima. Urgía enterrar el bocata de atún con oliva, de mortadela con aceite, para institucionalizar el canapé. La labor propagandística de Canal 9 resultó en este sentido decisiva en la construcción del discurso dominante. Tan determinante resultó la contribución de la radiotelevisión pública a consolidar el axioma identitario «El PP es la Comunitat Valenciana» (y, por tanto, el resto son foráneos o enemigos) como su aportación a consolidar la sensación colectiva de que los valencianos «la tenim més llarga». Gracias al PP, se sobreentendía.

El concepto «poder valenciano», repetido por Zaplana, los dirigentes y cargos públicos del PP y toda la cosmología popular como un mantra, no significaba acumular ministros en Madrid, aclaró el candidato a la Generalitat Eduardo Zaplana. No se trataba de cargos sino de poder. Como buen marxista, el ex alcalde de Benidorm siempre ha sabido distinguir entre estructura y superestructura. El reto consistía en hacer valer el potencial de la Comunitat Valenciana para «defender nuestras posiciones y legítimos intereses en España y en Europa». Hacer lobby. Ahí incardinaba la necesaria convicción de la opinión pública de que ser valenciano era una bendición de Dios. De paso, ya que se reclamaba presencia y reconocimiento en el Estado, se postulaba como capitán general para sacar provecho político personal en sus aspiraciones de hacer carrera política en Madrid, como quedaría patente.

El cultivo del nuevo concepto de poder autóctono acabó por dinamitar Bancaja y la CAM, las dos torres que testimoniaban el músculo valenciano en el sector financiero, uno de los campos en los que la Comunitat Valenciana pesaba más del clásico 10 por 100 que viene a representar en casi todo. Salvo en corrupción y algún otro sector emergente de la nueva economía.

Otra Terra Mítica en Valencia: hormigón y fotos

«Al final, las obras quedan, las gentes se van.» No le falta razón al filósofo Julio Iglesias. Aquel himno con el que ganó el Festival de Benidorm en el 68 ha sido, es y será la banda sonora que marca el paso de la gestión de tantos políticos. Zaplana no fue, desde luego, una excepción. Efectivamente, quiso inmortalizarse con grandes proyectos de hormigón llamados a ser monumentos funerarios a mayor gloria de algunos políticos y unos cuantos comisionistas. Hasta se constituyó una empresa pública de nombre rimbombante para gestionar los caprichos megalómanos de la Generalitat, la citada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). Es como si una empresa privada montara un departamento, dentro del área de protocolo, para controlar los gastos en alcohol y cuchipandas.

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias, proyectada por el Consell socialista de Joan Lerma, fue remodelada por el nuevo Gobierno popular después de que el PP se hartara de denunciar durante la campaña electoral que la Ciudad de las Ciencias (así se llamaba en origen) no era cara, era «carísima». Unos 180 millones de euros iba a costar. El precio final de la postal rondaba los 1.300 millones. «Es una obra descomunal sin rentabilidad», lamentó en septiembre de 1995 el primer conseller de Economía del PP, José Luis Olivas, quien con los años haría una decisiva contribución a hundir Bancaixa. El PP anunció que paralizaría y archivaría el proyecto, pero al final optó por darle una denominación de origen propia. La torre de telecomunicaciones se cayó del plano, pese a que un estudio del Consell la consideraba infraestructura básica y a que el Ayuntamiento de Valencia usó ese elemento para autorizar fincas de 18 plantas o más –como la Torre de Francia, que tiene 35 y 115 metros– para armonizar un entorno de altura. Pero en unos meses se pasó de denunciar el despilfarro que auguraba esa obra a anunciar que se ampliaba el proyecto incluyendo el Palau de les Arts y l’Oceanogràfic.

Olivas aparcó la ocurrencia de incorporar una fuente, bautizada como «el chorrito», en una revisión del proyecto parida en una noche y que fue un cúmulo de despropósitos. Zaplana cambió el proyecto inicial porque no quiso que otro faráon se arrogara la paternidad de esas pirámides. El internacional Santiago Calatrava engordó su cuenta corriente con más de 94 millones de euros, gracias a los sobrecostes que generó el proyecto. El arquitecto, ingeniero, pero, sobre todo, escultor de caprichos de megalómano, tenía estipulados unos emolumentos equivalentes al 11 por 100 del presupuesto aprobado para el complejo. En la etapa socialista.

Con el cambio de gobierno, su caché creció de forma proporcional a los sobrecostes. Pasaba a cobrar el 12 por 100 del coste final del proyecto. Cuanto mayor era la desviación, más ingresos extra percibía. Se fijaba así un sistema de cobro en el que se premiaba el error en la previsión, se incentivaba la desviación en la ejecución de la obra con respecto al proyecto. Este estímulo invertido resultó provechoso, dado que se triplicó el presupuesto inicial del complejo del antiguo cauce del Turia. Doblemente rentable porque, además, Calatrava tiene su residencia fiscal en Suiza, en Zurich. El Museo de las Ciencias costó casi 170 millones (la previsión era de 62); l’Umbracle 35,6 (frente a los 14 presupuestados); l’Oceanogràfic, 202, cuando había consignados 39; el Palau de las Arts costó 479, frente a los 109 previstos; l’Hemisfèric pasó de 18 a 32,3; el Àgora, de 41,4 a 102,4, y el Pont de l’Assut de l’Or costó 68,9 cuando debía haber costado 23,2. Todo ello sin contar los gastos de urbanización de la zona. Calatrava cobró otros 17,7 millones de euros por dos producciones fantasma que nunca llegaron a pasar de ectoplasma, jamás tuvieron cuerpo: el Centro de Convenciones de Castelló y las tres Torres enroscadas previstas para coronar el complejo de Cacsa. Por el primer proyecto no ejecutado, el arquitecto llegó a estar imputado en la causa abierta en el juzgado número 5 de Castelló. Fueron 2,7 millones tirados a la basura.

Pero el remate de altura para la gran falla de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias estaban llamados a ser los tres rascacielos proyectados para ser sembrados como altares de la ciudad mirando al mar y por los que la sociedad pública abonó al escultor 15 millones de euros. Nunca un boceto resultó tan gravoso para las cuentas públicas. El 30 de agosto de 2006 se pagaron 137.000 euros por la maqueta propiamente dicha y los planos.

Una reproducción en miniatura que fue presentada por el propio Santiago Calatrava por todo lo alto y como un gran hito para la ciudad en un acto presidido por el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá en diciembre de 2004. Solamente el solar costaba 450 millones. En él debían elevarse tres torres de 58, 70 y 80 pisos. La cima del trío alcanzaría los 308 metros. Y desde allá arriba, con una mano en un micro y la otra tocando el satélite Hispasat, Camps, emulando a Francis Fukuyama, proclamaría el fin de la historia una vez alcanzado el estado supremo, la arcadia feliz reversionada como Eventilandia. Esto último no estaba en el guion, pero, de haberlo incluido, pocos se habrían escandalizado. Y Canal 9 habría abierto el Notícies 9 de mañana, tarde y noche con la noticia del anuncio a lo Nostradamus.

Por supuesto que ningún promotor valenciano –ni fondo de inversión asiático, americano ni del Golfo Pérsico–, consideró viable un proyecto que dejó en evidencia que Calatrava sólo es asequible para presupuestos públicos en manos de gestores de moral distraída. Los 15 millones viajaron a Suiza y nunca más regresaron, y la maqueta acabó desapareciendo. Pero no sería justo decir que aquel gasto no sirvió para nada. Los 15 millones que costó el anteproyecto de las torres para oficinas sirvieron a Cacsa como recurso para maquillar la contabilidad de la empresa pública. Hasta en la liquidación del presupuesto de 2013 se mantenía un apunte con esa cantidad en el epígrafe «Inmovilizado en curso y anticipos del inmovilizado material» del balance. Esto es, consignado como inversión dentro del activo. La auditora Auren advertía a Cacsa de que ese apunte «debería ser deteriorado en su totalidad», reduciendo así el resultado del ejercicio «porque las expectativas de que dicho proyecto se lleve a cabo son remotas». Se ordenaba así que se computara esa cantidad como lo que eran: pérdidas.

La misma advertencia ya se había hecho un año antes sin que Cacsa hiciera ningún caso. No solamente el contenido fue pasto de la ingeniería financiera del Consell. También el continente, el solar catalogado como M3, resultó provechoso para el maquillaje de los resultados del complejo de ocio. Año tras año era incluido como previsión de ingresos por venta patrimonial. Una forma de reducir las pérdidas, aunque ni siquiera así se cuadraba la liquidación presupuestaria. Llegó a valorarse, en 2011, en 416 millones en la contabilidad, pero con la crisis inmobiliaria la tasación atribuida fue cayendo hasta que en 2014 se redujo el peritaje a 191 millones. Pese a que el Consell puso el cartel de «se vende», nunca ha encontrado comprador.

El segundo eje de la acción megalómana del primer presidente autonómico popular, también asumido y a menudo corregido al alza por Olivas y Camps, fue la búsqueda de fotografías con famosos que le dieran proyección. De entre todas hay una que retrata como pocas una época marcada por la impunidad (no ya la judicial, sino inclusive la política) en los desmanes perpetrados con dinero público: la contratación de Julio Iglesias por parte de la Generalitat zaplanista para promocionar presuntamente a la Comunitat Valenciana en el exterior. El fichaje se formalizó a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).

Capítulo VIII

Un truhán vestido de señor

Aquella foto se enmarcó en la campaña de promoción de un político con aspiraciones de volar alto y quiso adosarse a una estrella a la que, además, se le abonaba la minuta de telonero de mítines de José María Aznar en aquella campaña electoral de las generales de 1996, rematada con el macromitin de Mestalla, el 29 de febrero. El artista acudió a ese acto y se sentó a la derecha de la esposa de Aznar y futura alcaldesa de Madrid, Ana Botella, pero ese día no cantó. Aunque sí actuó. Subió al escenario a saludar y levantó el puño de Aznar. Manolo Escobar, residente en Benidorm, puso ese día las notas musicales, al igual que el eterno Francisco.

Mario Puzo escribió en El Padrino que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Cuando el pelotazo es político, el crimen suele ser económico. Casi siempre hay una coartada, una percha de la que se cuelga el disfraz del móvil. En este caso, la estafa se ocultó bajo el paraguas de la promoción de productos valencianos por el mundo, cuando en realidad se estaban promocionando la figura del presidente valenciano y la economía de un Julio Iglesias cuya carrera no estaba en su punto más alto. El sentimiento de admiración y deuda del jefe del Consell hacia empresarios y próceres de Benidorm se extendía en cierto modo a Julio Iglesias, en quien Zaplana veía un espejo en el que proyectarse.

De triunfar en la ciudad turística (sea el Festival de la Canción del 68 o la moción de censura del 91) a comerse el mundo. Zaplana le había puesto un busto al artista y había bautizado el conocido auditorio del Parc de l’Aigüera con el nombre del ex portero del Real Madrid. Hasta en debilidades futboleras son dos clones. «Un hombre muy ambicioso, que corre mucho. Es un campeón», dijo Julio Iglesias del ex alcalde cuando presentaron su nueva colaboración on tour. Cualidades compartidas. Personalmente había, así pues, un valor añadido en las ganas que tenía el presidente de rendir un tercer tributo del político al amigo.

Con fedatario público

La feliz idea de programar una gira de conciertos en destinos con ferias comerciales a las que acudirían los empresarios valencianos empezó a cocerse un año antes de firmarse el acuerdo comercial. En realidad, la idea empezó a incubarse a raíz de la campaña de las generales que llevó a Aznar a la Moncloa y en la que el cantante fue uno de los ilustres animadores. En junio de 1997, Julio Iglesias regresó al escenario del mitin central de aquella campaña, a Mestalla, pero esta vez a dar un concierto por cuenta propia. Aprovechó el viaje para saludar a su amigo, el ex alcalde de Benidorm, y en ese encuentro se ratificaron en el compromiso de que debían sincronizar sus agendas en un calendario de bolos en el extranjero. En la cita estaban presentes, además de los dos amigos famosos, sus respectivos fieles escuderos: el representante del artista, Luis Fernando Esteban, y el jefe de gabinete del presidente, Juan Francisco García. Tras esa reunión se encargó al director del IVEX, José María Tabares, que preparara ya el borrador del contrato que iba a sellar una luna de miel comercial de una de las parejas escénicas más compenetradas de la historia. Quizá porque el artista siempre ha tenido un marcado acento político y el ex presidente siempre ha destacado por su vena de artista.

Pero la ocurrencia del fichaje ya le rondaba en la cabeza al presidente cuando, tras el verano de 1996, aprovechó el viaje oficial a Miami para quedar con Julio. Entre un acto de la Cámara de Comercio española y un evento del Puerto de Valencia cupo en la agenda una cena en la casa de Julio Iglesias en Indian Creek (Miami). Fue un encuentro informal. A la mesa se sentaron el cantante y su pareja, Miranda Rijnsburger, como anfitriones. Los invitados eran molt honorables, honorables y algún ilustre. Asistieron Eduardo Zaplana; su conseller de Industria y Comercio, Diego Such, uno de los ex socialistas fichados por Zaplana para su proyecto; el representante del artista, el citado Luis Fernando Esteban, y el delegado del IVEX en Miami, José Marquina. A aquel ágape de familia también acudió un reputado notario del cap i casal llamado Carlos Pascual de Miguel. Como si hubiera que levantar acta del entremés.

Fueron días inolvidables en los que la comitiva fue recibida en el Ayuntamiento de Coral Gables (municipio del condado de Miami) por su alcalde, Raúl Valdés-Fauli. En tan distinguida zona se ubica el establecimiento que eligieron para alojarse, el esplendoroso hotel Biltmore, un edificio cuya arquitectura se inspiró en distintos monumentos emblemáticos europeos mediterráneos. Su torre evoca la Giralda. El presidente Zaplana podía haberse alojado en cualquier habitación, pero lo hizo justo en la suite Al Capone. Esas cosas pasan.

Además de Zaplana, el otro gran entusiasta de aquel fichaje fue Diego Such, quien recuerda que en una cena con el cantante en la mansión de Miami se le planteó la propuesta de ser la imagen de la Comunitat Valenciana.

La rúbrica del contrato, de los contratos, coincidió con otra misión comercial para la apertura de una oficina de Bancaja en Miami, en diciembre de 1997. En aquella expedición se enrolaron el presidente de esta entidad, Julio de Miguel, y el entonces conseller de Economía, José Luis Olivas. El director del IVEX, José María Tabares, voló para firmar el contrato con el artista. Se hospedaron en el hotel Hyatt Centric Brickell, donde estaba preparado el contrato para los últimos retoques. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en el hotel Intercontinental.

La presencia del notario Carlos Pascual en la cena con Julio Iglesias con ocasión del primero de los viajes de Zaplana a Miami sorprendió a alguno de los presentes. A alguien poco informado del papel de liebre que el notario hizo en la carrera de Zaplana. De entrada, Carlos Pascual le llevaba al presidente, por así decirlo, cinco trajes de ventaja, pero, finalmente, el político profesional acabó sacándole cinco mangas. Con todo, siempre le regaló el rebufo en la carrera en señal de gratitud.

Este ilustre notario del reino resulta fundamental en la trayectoria política de Zaplana. El fedatario público llevó de la mano al político, al forastero, al intruso, en sus primeros pasos por la selva capitalina. Pascual es notario de reconocido prestigio, pero su posición social con palco vip en la zona noble de la sociedad valenciana, como miembro de una de las familias bien, le permitía, sin desmerecer el papel del promotor y constructor Antonio Gil-Terrón, ejercer como introductor del benidormí en los círculos de poder de la ciudad de Valencia. Los Boluda, los Roig, los Ferrando, la saga de los Quesada, Trénor, Reyna, Ballester, Lladró, Sáez Merino, Noguera, Carpi, Maldonado, Segura, Serratosa… son los apellidos con solera en la burguesía valenciana, los que mandaban de verdad. Los que deslumbraron a Zaplana. La mayoría, fortunas con trienios que el nuevo presidente de la Generalitat necesitaba conquistar. Es normal. A los gobiernos se entra con votos, pero para mantenerse hacen falta, además, padrinos.

Los dos, Eduardo y Carlos, se utilizaron mutuamente, Eduardo invirtió en Carlos y este sacó mucho rédito de su relación con el poder político. No en balde estuvo considerado el notario más rico de España. Jubilado en 2015 con 70 años, durante todo el régimen popular fue la viva encarnación del éxito y el triunfo social, un destacado testimonio de una época de frenesí inmobiliario en la que las escrituras de compraventa de casas, solares y terrenos se agolpaban en las mesas de las notarías.

Un año después de su retirada del mundo laboral tuvo el honor de ejercer de padrino en la boda de su hija Andrea, quien emparentó con los Borbón al casarse con Beltrán Gómez-Acebo, el cuarto hijo de la infanta Pilar. El enlace fue bastante discreto. Para tratarse de dos contrayentes de familias con tantos posibles. Y el papel de padrino le llenó de orgullo y satisfacción –que diría el más notable de los Borbones hasta esa fecha– después de la mala noticia que recibió al ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el caso Banco de Valencia, junto a la antigua cúpula de la entidad centenaria, entre otros José Luis Olivas, Domingo Parra o el promotor Salvador Vila, a raíz de una querella interpuesta en febrero de 2013 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estos contratiempos no fueron óbice para que el supernotario recibiera un merecido homenaje. Atesoraba méritos de sobra, pero el elegido fue su condición de presidente de la Fundación Adeit Universitat i Empresa. «A Carlos Pascual de Miguel. Presidente de esta fundación desde 1995 a 2013, bajo cuyo mandato se construyó este edificio. En reconocimiento a su labor para estrechar las relaciones entre la Universitat de València y el mundo de la empresa. València, 9 de marzo de 2015.» Es la inscripción completa que llenaba la placa descubierta por el presidente Alberto Fabra en un homenaje de la Universitat de València al que no faltaron, además del rector Esteban Morcillo: el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora; el abogado y empresario Manuel Broseta; el presidente de la patronal Cierval, José Vicente González; el del Puerto, Rafael Aznar; el entonces delegado del Gobierno, el detenido e imputado Serafín Castellano; los consellers Máximo Buch y María José Català, y buena parte de la plana mayor del PP.

Como sucedió con otros insignes peones, torres, alfiles o caballos del zaplanismo, Carlos Pascual ocupó casilla en el tablero de los grandes proyectos. Fue socio de Producciones Aguamarga, la firma liderada por el cineasta Luis García Berlanga y propietaria del 25 por 100 del capital social de Ciudad de la Luz. El 75 por 100 estaba en manos de Generalitat a través de la pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV).

Al igual que Terra Mítica, el Hollywood valenciano se fue a pique. La Administración autonómica invirtió/gastó 274 millones de euros en un invento cuya gestión fue catastrófica. En sus primeros cinco años de funcionamiento (2005-2010) las pérdidas acumuladas superaron los 84 millones de euros, cuando se habían previsto 12 de beneficios. La Unión Europea declaró, además, ilegales las ayudas recibidas del Consell y obligó a la Generalitat a devolverlas. La idea inicial de construir un Hollywood valenciano partió del director Luis García Berlanga, quien concibió el proyecto como una escuela de cine y pensó en Sagunt como ubicación para contrarrestar el mazazo económico de la reconversión industrial en esa comarca.

A+B=6 millones libres de impuestos

El 29 de diciembre de 1997, el artista y el director general del IVEX, José María Tabares Domínguez, rubricaron en Miami el contrato por el que el primero se convertía en embajador de los intereses exportadores valencianos coincidiendo con la celebración de ferias comerciales en las que el instituto público participaría dando cobertura a misiones empresariales. Se comprometía a celebrar cinco conciertos (en Tokio, Orlando, Moscú, Las Vegas y Shangai), una visita al Festival de la Canción de Benidorm y una comparecencia en Fitur 1998.

El acuerdo fijaba oficialmente unos emolumentos para el cantante de 375 millones de pesetas (2,25 millones de euros) y el IVEX corría con todos los gastos de organización. Las condiciones establecidas en el documento oficial no se hicieron públicas. Se conocieron gracias a que la entonces diputada de Esquerra Unida Glòria Marcos solicitó la documentación y el Consell accedió a que la viera, aunque no se le permitió fotocopiar el contrato. El día que acudió a la sede del IVEX en la plaza de América de Valencia, leyó los papeles grabadora en mano y luego hizo público el registro sonoro para que la prensa y la opinión pública conocieran los detalles del contrato.

El acuerdo oficial era tan ficticio que ni siquiera se iba a cumplir el calendario de bolos establecido en el Anexo I (el programa de actos referido), cuya última frase daba pie a que el artista acoplara el multimillonario compromiso firmado con el IVEX a su agenda artística. En realidad se abría la puerta a incumplir, de hecho, los términos pactados por escrito. Fue una concesión más al cantante. «Las partes podrán cambiar o modificar las acciones, actos, su contenido, fechas u otros detalles, con el objetivo de conseguir el máximo efecto de la promoción», rezaba el último epígrafe del citado anexo. El único apéndice que se enseñó a la diputada. Un añadido que pertenecía al orden de la teoría, como el resto del documento.

El cantante incumplió su compromiso de asistir a Las Vegas y a Benidorm, y, para compensar, se incorporaron nuevas citas en su agenda, que se reprogramaba en un nuevo Anexo II al contrato. El 24 de abril de 1998 se firmaba esa adenda, que el Consell también escondió y en la que se alteraba sustancialmente el calendario de actos para ajustarlo a los intereses de la agenda del embajador comercial. Las partes acordaban en Miami «cancelar el evento» de Las Vegas y la «acción promocional prevista para junio de 1998 en Benidorm, en coincidencia con el Festival de la Canción». Estas actividades se sustituían por «la feria exposición de la Comunidad Valenciana a celebrar en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) durante el primer trimestre de 1999» y una «feria comercial o turística de carácter internacional a celebrar en España o en el exterior antes de la finalización del contrato y a definir de mutuo acuerdo entre los firmantes». Una redacción que vendría a ser equivalente al «ya veremos qué hacemos, pero algo habrá que hacer». Y se hizo un evento en México en abril de 1999, imprescindible para redondear al alza el saqueo. El segundo anexo, para variar, también se incumplió, porque jamás hubo noticias de acto alguno por la zona de Dubai, ni palmo arriba ni dos dedos hacia abajo conforme miras el mapa.

El mismo día 29 de diciembre de 1997 en que se rubricó el acuerdo oficial se firmó un contrato B, llamado Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias, en el que se anulaba el contrato oficial (lo invalidaba explícitamente por escrito) y se fijaban unas nuevas condiciones infinitamente más ventajosas para el ex portero del Real Madrid y amigo del presidente autonómico. En ese segundo contrato, clandestino y escondido, se mejoraba ostensiblemente la remuneración del artista en tres aspectos fundamentales: se elevaba la minuta a 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros), se declaraba la cantidad libre de impuestos, limpia, y, además, se ofrecía al cantante la posibilidad de que empresas por él designadas (y controladas, plenamente o a medias con amigos) montaran los recitales. De esta forma se ofrecía un cauce por el que canalizar el sueldo pactado bajo mano a través de facturas falsas o hinchadas en concepto de gastos de organización. Así se amparaba el vaciado de las cuentas públicas y, de paso, se generaban economías, nichos de mercado para emprendedores del tanto por cien.

Aquellos eventos comerciales con karaoke de lujo acabaron costando a las arcas públicas valencianas al menos 1.435 millones de pesetas (8,6 millones de euros), cantidad acreditada con documentos que fui publicando, si bien el coste real fue bastante superior. El dinero amparado en ese contrato B fue ingresado en cuentas numeradas y secretas de paraísos fiscales y a través de un entramado que pivotó sobre Bahamas, Islas Vírgenes Británicas o las Islas del Canal, Jersey y Guernesey.

Aquella estafa, en términos políticos, comerciales y económicos, que supuso la operación Julio Iglesias requirió de un esfuerzo mancomunado en la aportación de dinero público. Básicamente para que el agujero fuera digerible para el IVEX. El Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) tuvo que aportar 325 millones de pesetas (1,9 millones de euros). El Consell reconoció esa cantidad cuando la información se publicó. En realidad, la aportación fue superior. Al menos de 374.162.708 pesetas (2.248.709 euros), cifra que constaba en la relación de gastos del convenio IVEX-Impiva recogido por la Agencia Tributaria.

El presidente Zaplana fue autor, inductor y colaborador necesario del fichaje del artista. Participó directamente en el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el cuánto y el porqué. Testimonios al margen, su participación en la negociación en la que se determinaron el sueldo y todas las condiciones ocultadas a los medios, la prensa, las Corts y la Sindicatura de Comptes, está acreditada en una carta remitida por el representante del artista, Luis Fernando Esteban (ex cónsul honorario de España en el estado de Washington) al propio Eduardo Zaplana, quien oficialmente no tenía por qué participar en unas gestiones que correspondían a la empresa pública IVEX. En la misiva, de 25 de julio de 1997 (cinco meses antes de rubricarse el acuerdo), el representante del artista, del artista Julio, explicaba a Zaplana que Tabares y José Manuel Uncio (el director del banco de la Generalitat, el IVF) ya habían «finalizado» el borrador del contrato tras el «acuerdo de ambas partes». Le emplazaba a «tratar de cerrar el acuerdo» cuanto antes y le adjuntaba esa propuesta de contrato en la que, bajo el epígrafe «remuneración y costes», se concretaba que por cada uno de los eventos en los que tomara parte el artista –«un mínimo de seis ferias internacionales o visitas institucionales a países extranjeros»– cobraría 165 millones de pesetas.

Y se hacía mucha pedagogía al sacar las cuentas: «165×6=990 millones de pesetas» por anualidad. El negociador que representaba al artista se dirigía al jefe del Consell, al que tuteaba en estos términos: «Como me indicaste, la remuneración global anual de nuestra propuesta original se debería dividir en los siguientes conceptos que te adjunto». Y en el documento anexo, titulado «Propuesta para unir la imagen de don Julio Iglesias a la de la Comunidad Autónoma de Valencia» (sic) se desglosaban, efectivamente, las obligaciones que contraerían el cantante y la Generalitat. El borrador recogía una lista de citas susceptibles de conformar la primera agenda comercial del dúo Julio y Eduardo, una UTE artístico-político-empresarial que hizo furor.

Prácticamente sin tocar ninguna coma, ese documento se convirtió en el contrato B, porque era demasiado pornográfico para ser consagrado y exhibido en A. Se fijaba la citada remuneración de 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros) para cada una de las tres campañas de promoción que se contratarían. Finalmente el acuerdo no se prorrogó tras el primer año, dado el escándalo que suponía.

Si hubo sobrecostes millonarios, que a menudo superaron el 100 por 100 en proyectos como Cacsa, Terra Mítica o Ciudad de la Luz, ¿cómo no iba a haberlos en el montaje de un concierto clandestino en Shangai o en México a través de firmas opacas radicadas en paraísos fiscales? En esencia, a Julio Iglesias se le dio tratamiento de estrella del fútbol pagada con dinero público y con emolumentos debidamente fraccionados en tres conceptos muy apropiados para cometer fraude fiscal y generar comisiones. Una parte se abonó como ficha, la menor; oficialmente 375 millones de pesetas (2,2 millones de euros) y realmente 990 (casi 6) por prestar su imagen. En segundo lugar se le ofreció la opción de hacer negocio a través de organizar o decidir sobre quién montaba los conciertos que pagaba la Generalitat. Se facturaría, además, a través de firmas a menudo off shore por la gestión de los derechos de imagen. Y en tercer lugar, como en las grandes estrellas del balón llegadas desde el extranjero, se fijó una cantidad libre y limpia de impuestos.

De aperitivo, avales con estafa

El primer gran escándalo localizado en el Instituto Valenciano de la Exportación no fue el caso IVEX-Julio Iglesias. Tuvo que ver con las irregularidades en la gestión de los avales concedidos por el organismo público a Ford para generar derechos de compensación a favor de la multinacional con el fin de que esta pudiera exportar coches a Túnez. Un asunto que se saldó con sendas penas de cinco años de cárcel para José María Tabares, director del instituto, y el empresario francés Jean-Luc Lagier por delito continuado de estafa y falsedad documental. Sus actuaciones encubiertas e ilegales generaron una deuda del IVEX con el Arab Bank de 3,2 millones de euros. Para reducir ese pufo, Tabares y Lagier maquinaron en 1998 una estrategia consistente en poner en circulación 30 letras de cambio vinculadas a aparentes operaciones de movimientos de mercancías en los que participaba la empresa belga Sonotube como libradora y la belga Graficom –también de Lagier– como librada. El IVEX era el avalista, con la firma de Tabares. Las presentaron a varios bancos «sabiendo Tabares y Lagier de antemano» que Graficom «no las atendería a su vencimieno», al tratarse de una sociedad inactiva e insolvente, según relataba la sentencia de condena.

Lagier fue descontando las letras, en concreto, en el BBVA, BSCH, Fortis Bank y KBC Banc, lo que generó un quebranto económico en el instituto para el fomento de las exportaciones de entre 6 y 9 millones de euros. Tabares fue destituido a finales de 1999 cuando trascendió el escándalo. En mayo de 2005, la Audiencia Provincial de Valencia dictó la sentencia condenatoria y el Tribunal Supremo la confirmó el 7 de septiembre de 2006. El fallo fijaba, además, una multa de 21.900 euros a cada uno y el pago de las costas, incluidas las de las acusaciones particulares del IVEX y dos bancos (BBVA y BSCH), que reclamaban las letras impagadas y avaladas por el organismo público con la firma de Tabares. Se ratificaba que Tabares y Lagier habían provocado «una deuda en el Arab Bank por un importe de 3,2 millones de euros, que había percibido Lagier contra una cuenta del IVEX en ese banco». Todas estas actuaciones se llevaron a cabo, siempre según el fallo judicial, «sin conocimiento ni autorización del consejo de administración ni de ningún departamento del IVEX».

Un fallo posterior del juzgado de primera instancia número 23 de Valencia condenaba al ex director del IVEX a pagar 1.875.334 euros al KBC Banc por el daño ocasionado en sus cuentas como consecuencia de los avales. Once años después de la llegada del PP al poder autonómico, José María Tabares Domínguez se convirtió en el primer cargo público popular condenado por delinquir, estafar al IVEX, en el ejercicio de su responsabilidad pública.

¿Quién es Tabares? El ex director del IVEX siempre estuvo muy bien considerado profesionalmente, tanto en la etapa socialista como por los nuevos rectores del PP que conquistaron la Generalitat en 1995. Abogado experto en comercio internacional y dirección de empresas, formaba parte de la plantilla de Promociones de la Comunitat Valenciana (Procova) desde que este organismo, antecedente del IVEX, se fundó en 1989 con el socialista Joan Lerma de presidente. Cuando Such llegó a Industria, rebautizó Procova como Instituto Valenciano de la Exportación y mantuvo al frente de este a Joan Mir. Zaplana fue investido presidente el 30 de junio de 1995. Ese mismo día, víspera de prometer el cargo, el nuevo jefe del Consell acudía a la Noche de la Economía Alicantina. Allí hizo entrega del premio economista del año a Mir. Este presentó su dimisión a Such, quien no se la aceptó. «Espérate a hablar con el presidente», le trasladó.

Tras un mes de espera, Zaplana lo recibió. «Los empresarios me han hablado muy bien de ti, ¿Quieres trabajar con nosotros? Sólo te pido que seamos leales y honestos.» Fue un instante mágico para Mir, quien difícilmente podía replicarle un no a quien con tanta sinceridad había desnudado el secreto de su éxito: lealtad y honestidad. «Pensé que las exportaciones valencianas no tienen color político», fue la reflexión del que recibió la oferta de continuar, según confesó años más tarde. Y pensó bien. Pero a mediados de 1997, Joan Mir dimitió. Y fue entonces cuando Diego Such decide que el número dos, José María Tabares, sea el nuevo director del IVEX.

En noviembre de 2006, la Audiencia Provincial de Valencia ordenó el inmediato ingreso de los dos condenados en prisión, Tabares en Picassent y Lagier en el centro penitenciario español que eligiera. La comunicación le fue remitida al ex cargo público a su domicilio en Valencina de la Concepción (Sevilla), a través de un exhorto en los juzgados de ese municipio. Pero el juez de aquella pequeña localidad situada a 12 kilómetros de Sevilla nunca pudo notificarle la orden. A Tabares no le seducía la idea de dormir en una cárcel a pensión completa, de ser el primero del nuevo régimen popular en pernoctar entre barrotes. Así que, cuando el agente del juzgado llamó al timbre de su casa, Tabares ya se había largado al lejano Oriente. Optó por mudarse a un enclave situado a 15.415 kilómetros de su Sevilla natal. Tokio. Allí fijó su domicilio, junto a otros 12.064.040 vecinos de la capital nipona, para ejercer su profesión de experto mediador en relaciones comerciales tanto en Japón como en otros destinos de la zona como Corea del Sur. La elección del país de retiro no era baladí. Japón carecía de convenio de extradición con España.

Lagier también optó por practicar el escapismo. La Sección Quinta de la Audiencia Provincial dictó una orden de busca y captura de ambos, que pasaron, además, a engrosar la lista de prófugos perseguidos por Interpol. Agentes de la policía francesa en colaboración con el Grupo de Localización de Fugitivos de la policía española detuvieron a Lagier el 20 de julio de 2007 en uno de los aeropuertos de París mientras esperaba a su mujer, que llegaba en un vuelo procedente de Cannes, donde la pareja residía. La orden europea de detención y entrega (Oede) acabó por abortar la nueva carrera profesional de este emprendedor, que regentaba una inmobiliaria en la ciudad de la Costa Azul. Lagier falleció a mediados de enero de 2010 mientras cumplía condena en la prisión de Vitoria, tras pasar sus primeros meses como recluso en la cárcel de Aranjuez. Los médicos penitenciarios le detectaron un cáncer bastante avanzado y se le dio la libertad condicional en diciembre de 2009. Antes de un mes se apagó su vida.

Tabares se enteró del deceso desde Tokio, donde seguía dedicándose diariamente al comercio exterior. Quizá no es la actividad más indicada para alguien que figura como fichado en los registros de la policía internacional, pero el ex director del IVEX medía cada paso. Procuraba moverse lo menos posible por los aeropuertos para evitar los controles de pasaporte, según indicaron a este periodista desde su entorno. Pese a la circular de Interpol y la orden de busca y captura, nunca lo apresaron. Jamás pisó ninguna cárcel. Fue quemando días, semanas, meses y años hasta que, en diciembre de 2012, la Audiencia declaró prescrita la condena al haber trascurrido cinco años desde que se produjo el fallo judicial.

En septiembre de 1999, Tabares fue relevado en el Instituto de la Exportación por Carmen de Miguel, hermana de la entonces portavoz del Consell de Zaplana, Alicia de Miguel. Nunca un nombramiento se ajustó tanto a la necesidad de guardar omertà sobre lo sucedido en el IVEX. Un silencio con bastantes más decibelios de lo que entonces se sospechaba.

Diego Such, el ex socialista de confianza

En julio de ese año, Diego Such cesó como conseller de Industria, responsabilidad que había ejercido desde 1995. Zaplana prescindió de quien había sido uno de sus fichajes ilustres para su proyecto de conquista de la Generalitat. Militó en el socialismo en la Transición. Desde 1975, fue destacado dirigente del Partido Socialista Popular (PSP) de Enrique Tierno Galván. En 1976 accedió al cargo de secretario general de esta formación y un año después pasó a ser vicepresidente. En las generales de junio de ese año fue candidato al Congreso por la Unitat Socialista del País Valencià (USPV). Desembarcó en el PSPV-PSOE, como el resto de sus compañeros, incluido el ex alcalde de Alicante y rival suyo Ángel Luna, y también en esa nueva casa ocupó cargos. En 1978, tras la unificación de todo el socialismo, fue secretario general adjunto del partido.

Catedrático de Economía aplicada de la Universitat de Alicante, a sus 38 años se percató de que en su carrera política las cuentas le iban a cuadrar mejor si fichaba por el PP de su paisano en la comarca de la Marina Baixa Eduardo Zaplana. El intermediario de aquel fichaje fue quien había sido alcalde de La Nucia por UCD y amigo de Such, Camilo Cano. Como buen maestro de escuela, tenía olfato para detectar el talento. Incluso en personas maduras. «Has de conocer a este, que es un tío espabilado», solía decirle a su amigo Diego sobre Zaplana. Convencido de que esa pareja política tenía un gran porvenir, organizó una comida en un restaurante de Benidorm. Sentó en la mesa a su ex correligionario ucedista Eduardo y a su amigo y entonces vicerrector de la Universitat de Alicante, Diego Such. Se consumó el fichaje y fue el comienzo de una fructífera relación.

Con la incorporación de Such, el que sería nuevo líder conservador seguía con su obsesión de maquillar a la carca derecha valenciana en el marco general de la refundación de Alianza Popular en el Partido Popular. «Un político de centro, intelectual, activo y con prestigio profesional», así presentó Zaplana públicamente el fichaje. Su carrera fue de velocista. En sus primeras elecciones, las de 1991, Zaplana convenció a Aznar para que el flamante ex socialista fuese el candidato del PP a la alcaldía de Alicante.

Logró el acta de concejal. Y consolidó la compra de opciones de futuro para un posible desembarco en la Generalitat, con la garantía de quien en noviembre de ese año se convertiría en alcalde de Benidorm tras asumir la vara de mando en diferido gracias a la ya referida moción de censura.

La llegada de Such a Industria como mano derecha de Zaplana estaba programada desde años atrás. Su papel en la Generalitat y en el proyecto del líder popular era mucho más discreto y menos reconocido que el del también socialista de origen Rafael Blasco, pero Such desarrolló una notable labor estratégica en las cañerías del sector empresarial en el que militaban los padrinos del pacto de gobierno PP-UV. No tardó en establecer relaciones con el zaplanista de pro Antonio Gil-Terrón, propietario de Valencia Urbana y persona muy próxima al presidente.

Los empresarios son para cualquier Gobierno material especialmente sensible, territorio sembrado de minas. Para el Consell del PP eran, sobre todo, un caladero de oportunidades. Y, como conseller de Industria, Such ejecutó misiones empresariales muy delicadas, encargos de alto voltaje y siempre por orden de Zaplana. «Siempre actuaba de parte del presidente», subraya un reputado empresario.

Igual que un promotor ve un desierto y lo cubica mentalmente por deformación profesional, un político del núcleo de confianza del Palau en aquellos tiempos siempre veía en un empresario una ventana de expectativas. La adhesión de los dirigentes patronales a la causa era incondicional.

En julio de 1999, y tras la pérdida de confianza del presidente, Diego Such dejó el cargo de conseller (desde 1997 había sumado la competencia de Empleo a las de Industria y Comercio) para dedicarse a la alcaldía de La Nucia, que acababa de conquistar en las municipales hacía apenas un mes. La maniobra pactada incluía presentarse a las locales de su pueblo y, si se lograba la alcaldía (la ganó con mayoría absoluta), permanecer un tiempo y luego dar el salto a una alta misión. Con todo, resultaba desconcertante aquella salida para ser alcalde de un municipio entonces de menos de 8.000 habitantes. Era su pueblo, pero Such nunca ha actuado en política por sentimentalismo. Es un municipio, eso sí, próspero, situado a escasos 10 kilómetros de Benidorm. En el epicentro del maná de la promoción inmobiliaria y el urbanismo. Eran tiempos en los que en localidades como La Nucia, en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, se cultivaban ya de forma intensiva Planes de Actuación Integrada (PAI), que han sido a la costa valenciana lo que los melones a Almería. Años en los que Construcciones Ballester desarrollaba una frenética actividad en la costa –la urbanización de lujo Altea Hills, desarrollada a través de Edificaciones Calpe, es el buque insignia de ese grupo empresarial– y en los que Enrique Ortiz ya se ha convertido en el indiscutible rey del ladrillo en tierras de Alicante.

El 28 de marzo de 2001, casi a mitad de legislatura, Such dejó el Ayuntamiento de La Nucia. Pero no acabó en la indigencia política. Zaplana lo colocó, como estaba previsto, de conseller de la corporación empresarial CAM-Bancaixa con encargo de trabajar por la fusión de ambas entidades financieras. La unificación de las cajas resultó fallida. Y las cajas en sí. Porque luego se volatilizaron y acabaron en manos del oro catalán (compradas por Caixabank y el Sabadell) por un euro simbólico. 2.999 euros menos que la remuneración mensual que percibían los consellers de ese órgano de gobierno bancario. En realidad, lo que estaba apalabrado era que Such fuera vicepresidente de la corporación industrial, pero, en una reunión en el Palau con el entonces presidente José Luis Olivas, los cuatro máximos dirigentes de las cajas vetaron al catedrático de Economía aplicada.

Such y su sucesor en la alcaldía, Bernabé Cano, se distanciaron hasta divorciarse políticamente. Y ello a pesar de que el ex conseller le dejó el sillón en herencia. Bernabé Cano, Berna para los de su círculo de confianza, es hijo de Camilo Cano, el hacedor del fichaje de Such para el PP de Zaplana. Y sigue siendo alcalde tras encadenar cuatro mayorías absolutas municipales a la que ya había logrado el ex conseller.

El distanciamiento entre padre e hijo político es un clásico municipal, pero en este caso fue especialmente violento. Hasta el punto de que Cano llegó a definir a Such como un «cáncer», el «enemigo público número uno». Quien relevó a Such fue el alcalde más votado de España en 2007 entre los municipios de más de 10.000 habitantes, al lograr el 72,53 por 100 de los votos, 14 de 17 concejales. Pero cuando verdaderamente tocó techo político fue cuando se convirtió en anfitrión de Francisco Correa, «Don Vito», el cabecilla de la trama Gürtel que presumía de haberse hecho «íntimo amigo del alcalde» y que participó en una «fiesta pollo de puta madre con tías» en la que también intervino el ex director general de RTVV, Pedro García, según la transcripción policial de las grabaciones que constaba en el sumario Gürtel. Otro que se apuntó a esa fiesta fue Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag, desde que ambos compartieron pupitre en la escuela y, ya de mayores, negocios.

Allí estaban todos «en pelotas, cada uno con una tía», relataba Correa en uno de los pasajes de las grabaciones del caso sobre los negocios urbanísticos de la trama en La Nucia. La fiesta se celebró, según Correa, en el txoco o local para fiestas del alcalde. Gordon era el encargado de negociar «técnicamente» las inversiones de la trama en la Marina Baixa. Entre otras, en los PAI Pie de Monte y La Serreta en La Nucia, proyectos con los que la red de Correa calculaba que podía ganar 12.000 millones de pesetas, pero que no cuajaron porque la Confederación Hidrográfica del Júcar los desautorizó, al no garantizarse la suficiencia hídrica.

También invirtió allí la trama, a través de la sociedad patrimonial Castaño Coporate S. L., una parte de las comisiones que cobró por la organización de la cobertura audiovisual de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, en julio de 2006. RTVV desembolsó 7,5 millones de euros por unos servicios que en realidad no costaron más de 3,6. El resto se dilapidó en comisiones como la de 957.000 euros del maletín que fue entregado en Sevilla al número dos de la trama Pablo Crespo Sabaris. Al menos 230.000 euros del dinero desviado del evento papal fue derivado a la compra de una parcela en La Nucia, terreno que pasó a ser urbanizable e incluido en un PAI. La compra se hizo a nombre de la citada Castaño Corporate, empresa gestora de patrimonio Gürtel, lo mismo que Inversiones Kintamani, Cresva u Osiris Patrimonial.

Las gestiones que realizó el ex conseller a favor de la fusión bancaria sirvieron para recomponer mínimamente una relación con Zaplana que se había deteriorado. A Such le reprochaban un exceso de ambición. Ese distanciamiento degeneró en una ruptura total cuando el ex presidente era ya ministro del Gobierno de Aznar. Las diferencias entre Zaplana y Such tenían poco que ver con disensiones sobre la deriva del Estado del bienestar reformulado como sociedad del bienestar. La causa de divorcio entre el ex presidente y quien fue su conseller, y al que calificó como «un buen amigo mío», anidaría más bien en malentendidos y pérdida de confianza.

El Gran Hotel Bali de Benidorm, el hotel que llega más alto en la ciudad de los rascacielos, como reza su propio lema, fue testigo de un encuentro posterior entre los dos viejos amigos que, lejos de servir para la reconciliación, tras la salida de Such de la Conselleria y la alcaldía, selló la ruptura definitiva. De hecho, la reunión para conversar estaba prevista la noche anterior, pero Zaplana dio plantón a Such y la pospuso a la mañana siguiente. Hubo reproches del presidente al ex conseller. Los planes del presidente no habían fraguado según lo previsto. Los lazos de confianza entre el jefe del Consell y Such, igual que la relación con Bernabé Cano, lejos de reconstruirse, quedaron rotos.

En cualquier caso, el horizonte del presidente trascendía ya Valencia y mucho más la Marina Baixa, su comarca. Iba a instalarse en Madrid como ministro y tenía intención de echar raíces. No en balde, no tardó en comprarse un piso en la Castellana (a los cuatro meses de tomar posesión como ministro), con comodidades y espacio que denotaban voluntad de larga estancia. Fue escriturado en noviembre de 2002 (a los cuatro meses de llegar) y le costó oficialmente 1,62 millones de euros. Una ganga, porque fue tasado en 2,65.

Como ya se ha dicho, Diego Such no sólo era catedrático de Economía aplicada en la Universitat de Alicante, sino que en 1986 fue nombrado vicerrector de Asuntos Económicos, cargo que dejó cuando ingresó en el PP. Como responsable del área económica universitaria asistió a la adjudicación de las obras de la Facultad de Medicina de Alicante a Dragados y Construcciones, un contrato de 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros) que se ejecutó en 1987 y 1988. Dragados fue la empresa que construyó para Such y para el vicerrector de Ordenación Académica, Jaime Merchán, sendos chalés, colindantes y clonados, en una urbanización de lujo, El Ciprés, en Sant Joan d’Alacant, en la partida La Condomina.

La constructora de obra civil edificó los chalés privados para el futuro conseller y para su hombre de confianza en la Universitat al tiempo que acometía las obras en el campus. Uno de los arquitectos del proyecto público, Marcelo Franco, dirigió las obras de las viviendas privadas, situadas, por cierto, a escasos dos kilómetros del campus de Medicina. Such y Merchán adquirieron el solar, un proindiviso de unos 2.500 metros cuadrados, en el que levantaron las dos viviendas de 250 metros. El terreno fue escriturado ante el notario Antonio Manteca López el 11 de mayo de 1987. La propiedad fue segregada en partes iguales el 27 de enero de 1989 en documento público ante el ilustre notario Magraner Duart. Otra vez, por cierto, el socio de la firma matriz del caso Naseiro.

En diciembre de 1996, el diario El País publicó esa información. Diego Such negó que existiera ningún cohecho y desmintió que Dragados les hubiera regalado las obras de sus chalés en pago por la concesión del contrato universitario para edificar la Facultad de Medicina. El conseller sí admitió la participación de la constructora de obra pública, aunque tanto él como su amigo Merchán habían omitido el nombre de la constructora en los documentos y permisos, así como en el expediente municipal, según la información. Sí que aparecía, en cambio, en el Libro de Órdenes e Incidencias de la obra, que constaba en el Colegio Oficial de Arquitectos.

Such aseguró entonces, y me reiteraba 22 años después, que Dragados se había limitado a construir la «estructura» y a venderle algunos materiales, y garantizó que el resto de los trabajos los acometieron pequeñas empresas de albañilería. El conseller proclamó públicamente en su momento que podía demostrar el pago de 18 millones de pesetas (108.000 euros). Convocó una rueda de prensa en la que presentó copias de las letras bancarias con las que aseguró que había abonado las obras. El asunto obviamente había soliviantado al conseller. Y se empleó a fondo en preparar una estrategia política y comunicativa para hacer frente a la crisis.

El conseller compareció en rueda de prensa, en la que presentó las letras bancarias con las que, según él, había pagado las obras. Ya jubilado de la política, explica que el error de quienes sostenían la tesis de que Dragados «le había regalado» el chalé radicaba en que lo valoraban en unos 30 millones de pesetas y la escritura hablaba de 11. Pero, advertía, había una segunda escritura por diez millones de pesetas. En total, 21. Sostenía que esa cantidad era un dineral para una vivienda que, según contaba, carecía de cualquier lujo.

Aquel escándalo saltó apenas dos meses después de un choque de trenes que se produjo entre Zaplana y el rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño –ambos oriundos de Cartagena–, en el acto de inauguración del curso académico universitario. Zaplana había impulsado la creación de una nueva universidad en Elx a costa de segregar facultades y escuelas de la de Alicante. En respuesta a esa iniciativa, el rector invocó la autonomía universitaria e impidió que el presidente de la Generalitat abriera y clausurara el acto, aunque sí le permitió presidirlo. El incidente protocolario y político se saldó con el abandono del campus por parte de Zaplana, acompañado de una nutrida corte de cargos públicos que habían desembarcado allí conscientes del riesgo de incendio tras meses de polémica. Such acusó a Pedreño de ser la mano que meció la filtración de todos los datos relativos a la concesión de las obras de Medicina a Dragados. El conseller contuvo la respiración y salió indemne de aquel accidente. Por supuesto que Zaplana no lo destituyó.

Desde su puesto de conseller mantuvo contactos con el empresariado de todos los sectores, incluido el incipiente mundo del urbanismo. Tras dejar la política activa, Diego Such compatibilizó el trabajo universitario con el mundo de los negocios. Nadie mejor que un catedrático de Economía para saber que las grandes carreras se forjan en las notarías y no en las universidades. El caso es que se dedicó en especial a la construcción y la promoción inmobiliaria.

El 5 de abril de 2004, Such y su esposa, María Lucía Irusta Aguirre, constituyeron la empresa Branat S. L. en la notaría. No eligieron un fedatario público cualquiera, sino, de nuevo a Antonio Magraner Duart, el ilustre notario con pedigrí zaplanista. Branat se constituyó con 260.000 euros de capital social, dividido en 520 participaciones de 500 euros. Para la suscripción, los cónyuges aportaron parte del patrimonio compartido en gananciales. Entre otros, el citado chalé unifamiliar protagonista del escándalo. El valor catastral de esa vivienda en 2004 era de 364.598 euros, según consta en la escritura de constitución de Branat S. L.

También puso en marcha Albicor Construcciones, Operaciones y Construcciones Quelonio S. A., así como otras sociedades de consultorías o de gestión de aparcamientos con su hijo Eduardo u otros socios. Edusula S. L., Truc Consultores, Dula Consultores, Nucimon, Quality Parking, Quality Progreso o Quality Rafael, entre otras. Y el radio de acción de Such no se ciñe a promover pisos o apartamentos en La Nucia y la Marina Baixa.

El ex conseller es un hombre discreto, austero y ahorrador. De los que exprimen el último aliento al coche y a la suela de los zapatos. Es la antítesis de esa adicción enfermiza al glamour, la notoriedad y los focos que enganchan a los fanfarrones a los bon vivant de casino y pajarita como Enrique Bañuelos, el tiburón de Sagunt. En los firmamentos de la empresa y la política hay dos clases de ambición: la de los que quieren todo el poder de la luna desde una posición discreta, de estrella apagada (caso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex), y la de aquellos que no se conforman con gestionar el poder a la manera de las sociedades secretas, sino que quieren ser la Osa Mayor, la estrella más reluciente. Zaplana pertenece a esta estirpe; Such, al club de la discreción. Pero es internacional. Como el socialismo en el que militó o el zaplanismo que cruzó océanos de la mano de Julio Iglesias. Bañuelos no es el único que trasladó sus sueños de ladrillo a Brasil, tras el hundimiento espectacular de Astroc en bolsa.

El ex conseller de Industria se embarcó en la expedición de conquista del progreso brasileño junto con Carlos González Cepeda, que fue conseller de Justicia y Administraciones Públicas entre 2000 y 2003. La aventura transatlántica de Such acampó en Ilha Grande, una ciudad situada al noreste de Brasil, en el estado de Piauí, a unos 500 kilómetros de Fortaleza. Allí, en el delta del río Parnaiba, se proyectó el macrocomplejo residencial Ecocity Brasil, una ciudad ecológica para 160.000 habitantes que comprendía zonas de hostelería, golf y resort o una marina, con más de 80 millones de metros cuadrados. Un 25 por 100 de esa superficie era propiedad de la sociedad World Ecologic Center Proyectos Turísticos e Ecologicos Ltda, firma constituida el 30 de agosto de 2005 y registrada el 22 de noviembre de 2006.

El 10 por 100 del capital social de ese proyecto estaba en manos de Ecodelta Ecologia e Turismo Ltda, registrada en Brasil el 15 de diciembre de 2006. Ecodelta está controlada casi en su totalidad (1.699.990 participaciones, todo el capital menos 100 acciones) por su filial Eurodelta Ecología e Turismo Ltda, la empresa con la que Such, vía Quality Progreso, canalizó su participación en el complejo brasileño. Eurodelta tiene su domicilio social en el número 1.789 de la avenida Santos Dumont en Fortaleza. El 2 de marzo de 2007, el Ayuntamiento de Ilha Grande aprobó la declaración de los terrenos del complejo como zona de expansión urbana.

El ex titular de Industria usó también su empresa Quality Progreso para divulgar el proyecto brasileño, cuyo diseño corresponde a José Ignacio Bedia Urbano, un referente internacional en la arquitectura ecológica. Suyo es también el proyecto del hotel Wine Spa Las Viñas, un cinco estrellas que la promotora valenciana Zaya 2014 pretende desarrollar en una ladera abancalada de cepas en la Font Santa, entre Teulada y Moraira (Marina Alta). La novedosa instalación sería subterránea: se construiría perforando las terrazas de cepa y constaría de 43.256 metros con 59 habitaciones de lujo. La volumetría del proyecto es escasa. Se limita a un pequeño edificio para la recepción, visible desde el exterior, así como un edificio para el spa y los tratamientos de vinoterapia.

El proyecto brasileño está actualmente en punto muerto. El ex titular de Industria explicó que su participación y la de Cepeda se limitaban a actuar de comerciales en operaciones de venta de parcelas a cambio de una comisión, que cobraban, me explicó, en terrenos. Ahora, la sociedad de estos dos ex consellers tiene una bolsa de suelo muerto, «que hoy no vale ni un euro». A la espera de tiempos mejores, el macrocomplejo Ecocity Brasil es, de momento, un macrofiasco, a decir de los inversores valencianos.

Altruismo 5 estrellas y noche de tráiler

En el hotel de la urbanización de lujo Altea Hills, un 5 estrellas, se presentó la UTE económico-política formada por Construcciones Ballester y el cantante Julio Iglesias. Una matrimonio en gananciales acelestinado por Zaplana. Su puesta de largo en sociedad se celebró en julio de 1999. En las citas importantes es cuando el individuo renueva los votos de sus principios. En ese caso, el artista reiteró durante la visita al complejo de Altea que no es él un tipo de esos que vive muy pegado a los bienes materiales. Su querencia por la Comunitat Valenciana nada tenía que ver, vino a decir, con asuntos crematísticos. «Esto de la Comunidad Valenciana me interesa, me gusta y me entretiene. No se crean que me hago multimillonario con esto», explicó a propósito del contrato que el 29 de diciembre de 1997 firmó con el IVEX para promocionar los productos valencianos en el exterior. «El dinero no es lo más importante de mi vida», llegó a proclamar el cantante en aquella visita de fin de semana a Altea.

El artista fue incluso más allá al asegurar que la gira comercial con la Generalitat era «gratis y con mucho cariño». Palabras que pronunció el 12 de junio de 1998 en el Hotel President en Moscú. Confesó, junto al amigo «presidente campeón» Zaplana, que comía paella y hacía el amor «todos los días». En esa jornada había comido paella de noche. Un sobresfuerzo que, unido a la liberación de endorfinas de cada día, no se paga ni con mil millones de pesetas libres de impuestos. Como tampoco su labia en la defensa de los productos señera de la Comunitat Valenciana. Ya lo dijo el ex presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque, al político que tenía sentado al lado, según me contó, mientras escuchaban al artista cantar las excelencias de los productos valencianos durante la muestra de la Comunitat en el Palacio de Hierro en septiembre de 1997: «Xe este tio és un fora de série». «Anit, sopant, li vam parlar de les taronges, dels mobles… i ara se’n recorda de tot.» Si se acuerda de las letras de las canciones, complejas como pocas, era hasta cierto punto lógico que recordase los productos primarios. Pero la admiración y la exaltada amistad del artista con Zaplana no condonaron un euro del desfalco que había firmado con la Generalitat.

Apenas unos días después de que el Instituto anunciase, en septiembre de 1999, que se querellaría contra José María Tabares por el quebranto ocasionado en la operación de los avales a Ford, me llamó alguien con influencia en el Consell. «El escándalo no es el tema de Tabares, sino Julio Iglesias.» Una de las dos personas presentes en la cita concertada en una cafetería de la zona de la Alameda vino a explicar que al cantante se le había pagado bastante más que los 375 millones de pesetas que se habían reconocido. Que la Generalitat había ejercido de productora de su gira y que el artista es quien había establecido el calendario de bolos.

Salieron nombres suficientes, de personas y de empresas, como para establecer un plan de citas ineludibles para empezar a ir juntando las piezas de aquel puzle. El calado del asunto era evidente y las coordenadas estaban perfectamente dispuestas y el GPS programado.

Pasados los años y conforme iba avanzando en la obtención de datos, comprobé cómo se cumplía a rajatabla el guion planificado y escrito por Eduardo Zaplana y Julio Iglesias. En esencia: cantante amigo de ex alcalde se vuelca en campaña electoral del PP de Aznar, ex alcalde ahora presidente Zaplana se cuelga medalla en Madrid y sigue abonando sus aspiraciones de emigrar a la Villa y Corte; Zaplana paga favores a Julio Iglesias por sus servicios y de paso le abre al artista un nicho de mercado en el que hacer negocios; Zaplana aprovecha foto con famoso de proyección internacional para alcanzar fama. Y unos cuantos quizás aprovechan el flujo de dinero para hacer negocio. Era el coste de oportunidad o los daños colaterales, según se mire.

¿El precio? Mil millones de pesetas (6 millones de euros) libres de impuestos, sin contar gastos ni comisiones. Pero la tarifa del artista era demasiado escandalosa. El PP de la austeridad acababa de conquistar la Moncloa tras la erosión que los casos de corrupción y la crisis habían provocado en el Gobierno socialista y en la Generalitat, por simpatía, y los populares todavía no habían fagocitado a Unión Valenciana para consagrarse en el poder con mayoría absoluta. Así que se convenció al artista para que aceptara firmar un caché por derechos de imagen de 375 millones de pesetas. Pero Julio Iglesias no se fio y exigió que constara por escrito la ampliación de ese contrato.

Desde el Consell lo negaron, mintiendo de manera vehemente en el momento en que iba aflorando la información que completaba el puzle. Pasados los años y una vez que hasta el propio Julio Iglesias reconoció ante el juez la «estafa» a la ciudadanía, el ex conseller Such me admitía con total normalidad que una parte del contrato se hizo pública y otra se escondió. ¿El motivo? «Consideramos que no era el momento» de difundir el coste real, «podía parecer caro.» «Fue una estrategia política, decir una cantidad cuando en realidad era otra,», confesaba el ex titular de Industria. Y volvería a actuar de la misma manera. «No creo que nos equivocáramos, porque es la operación más rentable que ha hecho la Comunitat Valenciana, con diferencia. En cada evento con empresarios vendían lo que no está escrito, recaudaron 60.000 o 70.000 millones de pesetas.» Efectivamente, en las campañas de agitprop del Consell se daban cifras estratosféricas sobre multiplicaciones de panes y peces en los play back internacionales de Julio Iglesias. Cantidades que, en todo caso, no alcanzaban para los agujeros negros de aquel fichaje.

Capítulo IX

La cuenta WA356115.000

Que no lo represento, que no…

Las piezas del puzle que conforma el mapa del gran desfalco ejecutado desde el Consell con pulso de relojero empezaron a conseguirse y a colocarse sobre la mesa a partir de marzo de 2000, si bien el operativo me había sido esbozado a grandes trazos, sin un solo documento ni prueba, meses antes. El 31 de marzo publicamos la primera noticia sobre pagos a través de sociedades en paraísos fiscales. La primera en salir a escena fue International Concerts Ltd, una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas, en Road Town, isla de Tórtola. Esa firma off-shore exigía al IVEX el pago de 350.000 euros en concepto de provisión de fondos para acometer los gastos de organización del concierto de Shangai (China).

La factura llevaba fecha del 28 de noviembre de 1998, pero fue remitida el 2 de junio de 1999. ¡El anticipo, la provisión, se reclamaba siete meses después de celebrarse el recital, que en un principio cerraba los compromisos del cantante con la Generalitat, si bien luego tuvo que acudir a México en abril de 1999, precisamente para compensar las dos citas que se habían caído del cartel: el Festival de la Canción de Benidorm y Expocalzado en Las Vegas. Esa misma sociedad, que en sus comunicaciones con «Mr. Tabares» actuaba en nombre de Luis Fernando Esteban y de la firma Anchor Marketing (representantes del artista), ingresó otros 600.000 euros como parte de los gastos por montar los conciertos de Tokio y Orlando, celebrados en marzo y abril de 1998. International Concerts fue constituida el 26 de agosto de 1997, apenas un mes antes de que el cantante hiciera su primera aparición en un evento promocional de la Comunitat Valenciana en el extranjero. Concretamente en México, en septiembre del 97. Fue una exposición de productos valencianos en el Palacio de Hierro, que viene a ser El Corte Inglés de Ciudad de México.

Entonces todavía no había firmado el contrato, aunque todo estaba atado. Hasta el punto de que, en esa cita mexicana, el artista explicó a los medios los bolos que haría. Someramente. «Vamos a ir, imagino, de China a Rusia en los próximos 12 meses, si Dios quiere, a conocer seis o siete grandes eventos relacionados con todo lo que es la vida empresarial de la Comunidad Valenciana por todo el mundo», explicó el cantante. La negociación se había desarrollado con toda la discreción que suele acompañar a los desfalcos. Pero dejó rastros y evidencias documentales –tardé tres años en exhumarlas–, algunas epistolares, sobre cómo, cuándo y quiénes perfilaron, fijaron y velaron por el cumplimiento del suculento acuerdo para que Julio Iglesias oficiara de embajador comercial y político.

Contacté con Luis Fernando Esteban, quien, según acreditaba la documentación publicada, actuaba en nombre del artista. «Yo no organicé nada. No tengo nada que ver con Julio Iglesias. Bueno, soy amigo y me invita a cosas, pero nada que ver», declaró para mi sorpresa. Explicó que International Concerts «lleva todos los conciertos del señor Iglesias en el extranjero». Entonces, si nada tenía que ver con el cantante, ¿cómo sabía de la existencia de esta empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas? «Es una empresa normal y corriente, al igual que Anchor Marketing. Lo digo porque lo conozco, no porque haya trabajado en ninguna de las dos». Esa fue su respuesta. Al margen de la carta reveladora de su participación en la negociación del fichaje, Esteban, el hombre que dijo no haber «organizado nada» aparecía también como destinatario, el 26 de marzo de 1999, de los contratos de organización del recital de México, en los que intervino una productora local y que, como se verá, constituyeron el epicentro del desfalco.

Plagio y visita al licenciado Vicente

Conforme iba agotándose el año 2000, afloraba más y más documentación sobre los viajes de los euros del contribuyente valenciano a países caribeños de noche y con pasaporte falso. Y entre revelación y revelación, el 10 de febrero de 2001, un sábado, el diario publicó que el libro El acierto de España, en el que Zaplana formulaba su propuesta de modelo de financiación autonómica, llevaba la firma del presidente de la Generalitat como autor, aunque se trataba de una paternidad un tanto subrogada. Porque la obra, con puesta de largo en Madrid 48 horas antes, tenía aroma y sabor a plagio. Contenía frases literales idénticas, párrafos calcados y una estructura similar a la de otro libro, Análisis del sistema de financiación autonómica: bases para un nuevo modelo, editado ocho meses antes por Bancaja y que ya recogía la mayor parte de las propuestas que luego firmó el jefe del Consell.

La primera obra era colectiva y estaba dirigida por el diputado valenciano del PP Vicente Martínez-Pujalte. Ese primer libro fue presentado en Valencia el 12 de junio de 2000, en un acto al que acudió el ministro de Administraciones Públicas Jesús Posada. El trabajo, de 420 páginas, que fue elaborado por prestigiosos profesores universitarios, llevaba un preámbulo firmado por Zaplana y un prólogo del entonces vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Participaron como autores, entre otros, el profesor de Derecho financiero de la Universidad de Sevilla Francisco Adame Martínez, el profesor Javier Lasarte o el entonces eurodiputado José Manuel García-Margallo. La obra de Zaplana era más modesta en cuanto al grosor (215 páginas), pero la presentación madrileña fue a lo grande. Allí mismo, el presidente repitió que él había escrito «hasta la última coma».

El ex ministro de Defensa de Alemania y delfín de Merkel, Theodor zu Guttenberg, dimitió en su día al trascender que había copiado parte de su tesis doctoral en Derecho. Tuvieron que pasar muchos años para que España incorporara el hábito de dimitir por un quítame allá un Trabajo de Fin de Máster (TFM) fantasma aliñado con unos potingues de belleza birlados en un súper, caso de la popular Cristina Cifuentes, o un máster de corta y pega, en el supuesto de la socialista valenciana Carmen Montón. Jueces, fiscales, policías, periodistas y políticos, patrocinados todos por la depresión económica que abrió el país en canal, tuvieron que componer muchas piezas de mecano de corruptela para que prendiera en la opinión pública la mecha de la capacidad de escandalizarse. Para que las dudas sobre el currículum académico de Pedro Sánchez o de Pablo Casado fueran al menos pasto de polémica y debate. Pero en aquellos tiempos de cambio de siglo y en aquel espacio, el País Valenciano, que un presidente de la Generalitat plagiara un libro y luego mintiera sobre el particular no daba para despertar al personal del sopor de la siesta de panzas atiborradas y apenas provocaba alguna apnea en un ecosistema de mass media que entonces era más granja que selva.

Apenas una semana después de la publicación de este nuevo escándalo con el inquilino del Palau de protagonista, el director del periódico, Pedro Muelas, me llamó a su despacho. Tenía una misión para mí. Un viaje. De repente tuve un sueño. Que me iría de enviado especial a una de esas zonas calientes. A un destino de esos en los que se plantean conflictos de calado, dilemas tales como elegir entre mojito o caipirinha… en una playa de Aldabra, en viaje organizado por el Patronato de Turismo de las Seychelles. Pero sospechaba que la misión con la que me iban a obsequiar sería menos relajante.

Cuando crucé la puerta y vi la cara del director, supe que... lo segundo. Premio envenenado. Muelas es uno de esos tipos afables que genera confianza. Pero nadie es perfecto. Él llegó tarde al reparto de aptitudes para el disimulo. Me sepultó con flores y emborrachó mis oídos con todo tipo de parabienes. Era la clásica anestesia. «Te irás a México con Zaplana, de viaje.» Confirmado. Cuando un director te reclama para un buen encargo, un premio, es como si un comercial de pisos de banco te llama para ofrecerte ese chollo coqueto, con encanto, mucha luz y grandes posibilidades Esto es, un quinto sin ascensor, con las bajantes podridas y hedor a desagüe.

Me embarqué en un vuelo hacia México DF el 18 de febrero de 2001.Un vuelo de aproximadamente once horas en el que parte de la guardia pretoriana de Zaplana para asuntos periodísticos, la que capitaneaban Pedro García y Pilar Carbonell, me sometió a una tortura psicológica en un interminable recuento de todo cuanto estaba publicando sobre el presidente y su implicación en los pagos en paraísos fiscales, y el caso del libro plagiado como postre. En el avión no estaba Zaplana, quien viajó en otro vuelo y otro día. Lo vimos ya en destino. Lucía su clásico bronceado, en ese caso un moreno muy playero.

En aquella misión más política que comercial, el jefe del Consell iba a ser recibido por el mismísimo presidente de la República de México en la residencia oficial de Los Pinos, la Moncloa del país azteca. Zaplana estrechó la mano de Fox horas después de George Walker Bush, nada menos que el presidente de los Estados Unidos. El mandatario americano fue la primera visita oficial que recibió Fox tras tomar posesión del cargo, el 1 de diciembre de 2000, cuando relevó a Ernesto Zedillo, al que derrotó en las elecciones presidenciales del 12 de junio de ese año. Zaplana fue el segundo mandatario internacional que visitó al hombre que tumbó al PRI, el partido/régimen que detentó todo el poder en México durante 71 años.

La reunión de Zaplana con Fox era el tercer encuentro entre el presidente valenciano y el líder del Partido de Acción Nacional (PAN), el PP de allá. En aquel viaje de tres días, Zaplana se entrevistó también con el ministro de Exteriores Jorge Castañeda y con el alcalde de México DF Manuel López Obrador, quien estaba a punto de recibir la multitudinaria marcha de los zapatistas sobre la plaza del Zócalo de la capital. Pero ninguna de todas esas reuniones distrajo la mirada del presidente valenciano, clavada en el espejo de Fox. El carrerón de Vicente alentaba las aspiraciones sucesorias del licenciado Eduardo, empezando por los horizontes ministeriales. El hombre que lo recibía en la residencia oficial de Los Pinos había conseguido desalojar ocho meses antes al partido omnipotente. Fox había sido gobernador de Guanajuato –allí lo había visitado Zaplana– y desde ese estado mexicano dio el salto a la presidencia de la república.

De esa forma culminaba el segundo tramo de su particular recorrido del american way, pero en el lado sur del río Bravo. Antes que esa progresión política, culminó otra empresarial. Esta travesía la arrancó al volante de un camión de reparto de la Coca-Cola. Y así, latita a latita, alcanzó la presidencia de la compañía en México y América Latina. Entre otras razones porque tuvo la suerte de no competir con ningún comercial de la compañía de la talla de su compadre Eduardo. Con sus aptitudes de vendedor, Fox había conseguido desde el centro derecha rebañar votos por la vía social incluso en sectores agitados por el conflicto de Chiapas. Lo cual era tremendamente meritorio si se considera que no estaba siendo asesorado por el ex FRAP Rafael Blasco, el estratega de cabecera de Zaplana para montajes y operaciones especiales con el fin de reducir y seducir/comprar a la izquierda política y social.

Mirando a la sucesión de Aznar

Por aquellas fechas, Zaplana se sentía políticamente pletórico. Liquidada Unión Valenciana en las autonómicas de 1999, el PP estrenaba una mayoría absoluta que se prorrogaría hasta 2015. Encaraba el ecuador de su segunda legislatura con la mirada puesta en Madrid y en su ansiada progresión hacia el Gobierno de España. Eran tiempos en los que no solamente no estaba descartado, sino que su nombre sonaba entre los candidatos a suceder a Aznar. Ya se encargaba él de pagar, con dinero público –por ejemplo de Canal 9–, el patrocinio de opiniones de periodistas con cierto predicamento en los medios de la capital. «Él quería ser presidente del Gobierno [...] sabía que Aznar iba a estar ocho años y quería estar allí para cuando llegara el momento», admitía María Consuelo Reyna al periodista José Ricardo Seguí en una entrevista en Levante-EMV años más tarde.

El mismísimo José María Aznar explicaba que hasta el último minuto Zaplana estuvo en la pomada de los aspirantes a sucederle. Subraya el ex presidente del Gobierno que la terna favorita eran Rajoy, Rato y Mayor Oreja, pero, señala, «el debate no se cicunscribía a los tres citados». «También se especulaba con los nombres de Acebes, Ruiz-Gallardón y, en algunos círculos del partido, con el de Eduardo Zaplana», advierte Aznar en su libro autobiográfico. El ex inquilino de la Moncloa relata que el entonces ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno cuando sucedieron los atentados del 11M se había ganado la confianza y hasta la admiración de la plana mayor del partido y del Ejecutivo, incluido Mariano Rajoy.

El 31 de agosto de 2003, cuando el presidente se disponía a anunciar públicamente la buena nueva de a quién señalaba su dedo, a quién ungiría como dueño y señor del PP, llamó a Rajoy y a su mujer Elvira Fernández, Viri, a la finca toledana de Quintos de Mora, donde Aznar y su esposa, Ana Botella, iban a pasar el fin de semana. Revelaba el ex presidente que, tras haberle comunicado 48 horas antes y en total secreto que él era el elegido, ese día, en un ambiente más informal, le legó a Rajoy su permiso para que volara solo. Ese que los padres políticos transmiten a sus hijos, un tiempo antes de que estos les asesten unas cuantas puñaladas para cumplir con el precepto freudiano de matar al padre. «Tienes toda la libertad para tomar las decisiones que tengas que tomar. Cuando lo consideres necesario, me llamas. Y si no lo consideras necesario, no me llamas», explica Aznar que le transmitió.

Como suele suceder en este tipo de relevos, el hijo se tomó la licencia de seguir el consejo y llamarle todos los 30 de febrero de los años bisiestos. «No le sugería ningún nombre, ni aquel día, ni después», prosigue su relato Aznar sobre el día D de la sucesión. Pero el heredero tenía sus elegidos: «Rajoy me comunicó allí mismo su primera decisión: Quiero que mis colaboradores principales sean Ángel Acebes y Eduardo Zaplana», le trasladó quien sería candidato a la Moncloa en 2004, aunque tuvo que demorar siete años su llegada a la Presidencia tras el vuelco a las encuestas que se produjo a favor de los socialistas después de los atentados de Madrid y de la nefasta gestión política y comunicativa realizada por el Gobierno y el PP, precisamente con Acebes (ministro del Interior) y Zaplana (ministro portavoz) como dos de los principales responsables de lidiar aquella crisis, junto con Aznar.

El cortejo del embajador

No hacía falta esperar a que Aznar escribiera sus memorias para constatar que Zaplana tenía un porvenir prometedor en Madrid. Si un político quiere conocer su cotización en el mercado de futuros, saber sus opciones de hacer carrera, no necesita acudir a una vidente. Basta con que observe con qué grado de pasión le manifiestan pública y privadamente aprecio representantes de quizá los tres sectores profesionales con más vocación servil: empresarios, periodistas y diplomáticos. Durante los días de estancia mexicana de Zaplana, el embajador de España, José Ignacio Carbajal, se convirtió en escudero del presidente valenciano y se deshizo en halagos y cumplidos. Alabó la gestión de Zaplana en el Consell desde 1995 y puso su ejecutoria política como modélica.

En el desayuno organizado por el Comité de Hombres de Negocio de México, antes de la visita a Los Pinos, Zaplana cantó las excelencias de su gestión ante Carbajal y toda la expedición oficial valenciana, conformada por unos cuantos políticos de aquel Consell y hombres de negocios, valga la redundancia. «No quiero exagerar, pero es el proyecto cultural más importante que se está realizando en toda Europa», predicó de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Estaba en lo cierto. Difícilmente podría encontrarse en Europa un proyecto que haya acumulado más de 600 millones de sobrecoste para acabar duplicando su presupuesto. Terra Mítica, dijo, «está dando excelentes resultados». Como que acabó en bancarrota, tras enterrar 400 millones de euros en un secarral que tuvo que liquidarse a precio de saldo. Por 65.

«La Ciudad del Cine, el Aeropuerto de Castellón…», desgranaba el presidente ante el entusiasmo del vicepresidente del Consell José Luis Olivas; el conseller Fernando Castelló; la subsecretaria de Promoción Cultural, Consuelo Císcar; el presidente de Cierval, Rafael Ferrando; el del Puerto de Valencia, Rafael del Moral, o el de Feria Valencia, Alberto Catalá. Es parte de la alineación de expedicionarios comparsas que acompañaron a Zaplana aquellos días y que, sea por las malas compañías o por el fracaso del sistema de enseñanza, acabarían en muchos casos siendo carne de cañón de imputaciones, condenas por delitos de corrupción y, en algún caso, como Rafael Blasco, mudándose a la cárcel. Como Zaplana.

Nunca he notado un gran fervor patriótico en sentido militar. Soy de los que entiende la patria como el olor a tierra mojada o el recuerdo de mi abuela en la mecedora, pero he de confesar que aquella estampa mexicana de tantos empresarios –unos cuantos del sector de los sin empresa– y servidores públicos transoceánicos cerrando filas para arropar a Zaplana en su lanzamiento hacia Madrid provocó en mi la misma emoción que, imagino, sentía el emigrante cuando salió de su tierra y volvió la cara llorando porque lo que más quería atrás se lo iba dejando.

En manos del mejor estilista

Además de apoyo político, el jefe del Consell contó con ayuda de expertos en consultoría para empujar su carrera hacia Madrid. El IVEX pagaba una minuta mensual al asesor de imagen José Luis Sanchis. En teoría, parecía que para asesoramiento exterior, pero el instituto de la exportación no tenía más misión que pagar. En realidad se le contrató para que cantara las bondades de ese presidente valenciano que es un hacha y tiene pinta de que sería un gran sucesor de Aznar.

El Consell requirió los servicios de Sanchis y Asociados Imagen y Comunicación, el 1 de marzo de 1998. En el año Julio Iglesias, cobró 80.000 euros a través de su filial chilena Celedón, Sanchis y Asociados. De esta forma, las facturas se pudieron emitir en divisas. Las órdenes de pago, lo mismo que en el caso de los cheques de Julio Iglesias, fueron firmadas por el director general del IVEX, José María Tabares, y el director general de Comercio, Joaquín Berenguer. Efectos bancarios emitidos por Bancaja y Argentaria (la sucursal del número 1 de la calle Pintor Sorolla) y que se liquidaron a través de oficinas de la entidad suiza Swiss Bank y del Banco Exterior de España en Nueva York (en el 320 de Park Avenue).

José Luis Sanchis (Albocàsser, la Plana Alta, 1943) es uno de los asesores de comunicación política más conocidos de España. Este aventajado estudiante en los jesuitas, en Valencia y Deusto, prestó sus servicios, según él mismo contaba, en casi un centenar de procesos electorales de más de una docena de países. De sus primeros y más célebres trabajos fue su colaboración con Adolfo Suárez en 1977. Él asegura haber asesorado a Jordi Pujol, a Manuel Fraga y, en la época en la que cobraba del IVEX, a al menos cinco presidentes latinoamericanos: México, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Chile. Ha asesorado a los presidentes Aníbal Cavaco Silva, Ricardo Lagos o Carlos Menem, entre otros muchos. Y uno de los trabajos que más fama le reportó y polémica generó fue la campaña de Alberto Fujimori en las presidenciales de Perú de 2000, antes de que el mandatario con nacionalidad también japonesa tuviera que huir del país, tras verse envuelto en acusaciones de fraude y extorsión que también salpicaron al comunicólogo valenciano.

En las facturas emitidas por Celedón, Sanchis y Asociados no constaba el servicio concreto de asesoramiento por el que cada mes se abonaban 8.000 euros. Era la tarifa para contar con una red de propagandistas, para hacer lobby para impulsar la carrera del jefe del Consell en la política española. Cuando contacté con el asesor para recabar su versión de por qué y para qué había sido contratado, este fue tajante: «Para el IVEX, nunca». Pese a que era el Instituto el que pagaba la minuta. Había trabajado, explicó, «para la Generalitat, estando Zaplana de presidente». «Asesoraba al presidente de la Generalitat, a ninguna Conselleria ni al IVEX, que no se digan tonterías», comentó de forma elocuente. Luego corrigió la declaración y matizó. «Bueno, ya ni me acuerdo de cuándo fue, hice un trabajo en Chile para potenciar la imagen de la Generalitat en América». Y en una tercera versión (las explicaciones se iban adaptando a la información que publicaba con soporte documental) adujo que cobró del instituto por asesorar en materia de inversiones en Latinoamérica. Elaboraba, dijo, informes sobre oportunidades de negocio para las empresas valencianas. En lo que nunca cambió la versión es en su declaración de «aprecio» por igual al presidente Zaplana y a su antecesor Lerma.

Una de las máximas de todo asesor es dosificar la información para sacarle más rendimiento económico. Lo hacen los abogados cuando orientan sobre una separación, los fontaneros cuando explican cómo paliar los efectos del atasco del desagüe o el analista de bolsa al aconsejar sobre compra de acciones. Si se cuenta la película entera en vez de ofrecer el tráiler, se está apostando por el suicidio profesional. Quizá por eso, Sanchis no quiso explicar al corresponsal del diario en Madrid Juan Antonio Blay, cuando lo entrevistó, que había sido contratado por Zaplana. Como experto en comunicación, era consciente de que esa circunstancia habría mermado el valor de sus opiniones sobre el presidente valenciano. «¿Le gustaría asesorar a Aznar o a Zaplana?», se le preguntó. «¿Asesorar a Zaplana? Me gustaría muchísimo…». «Zaplana ha elegido una estrategia de tener presencia total y continua en todos los foros posibles [...] Zaplana vende muy bien en Madrid y es uno de los tres o cuatro políticos que pueden ser candidato del Partido Popular en las próximas elecciones. Es una persona que ha tenido éxito en su Comunidad, que ha sabido bregar con la oposición con éxito. Es joven, con futuro político y ha tomado como propios algunos asuntos nacionales, por ejemplo la financiación autonómica, es un político activo», es sólo una parte de la oda de Sanchis al jefe del Consell.

Tanto el presidente como los directivos del IVEX darían por bien empleados los al menos 80.000 euros pagados al consultor cuando leyeron el remate de su exaltación zaplanista. «¿Es fácil vender a un político en los medios de comunicación o se ha de vender él solo?», se le preguntaba al consultor. La respuesta no decepcionó: «Es fácil vender a un político que tiene vocación, tiene planta y tiene ideas. Ya los griegos requerían ethos, pathos y logos, es decir, la ética, el cuerpo o imagen y la palabra. Zaplana tiene las tres cosas: una ética, un cuerpo y una palabra. Por lo tanto, es un producto político que se tiene que vender con mucha facilidad». Pues eso, ética, cuerpo y palabra.

Una misión con aroma de estadista

Al día siguiente, tras la reunión con Fox, Zaplana visitó a exiliados republicanos valencianos y descendientes de estos en el Casino Español y el Ateneo de México DF, fundado el 4 de enero de 1949 como centro de activismo antifranquista en el que se reunía la diáspora española y que luego derivó en foro cultural al que acudían intelectuales y artistas mexicanos y españoles como Salvador de Madariaga o Luis Buñuel, además de anónimos comunistas, anarquistas, sindicalistas y republicanos liberales en el exilio azteca. Zaplana departió durante más de una hora con gente como Antonio Such, un viejo republicano que evocaba su niñez correteando por Las Carolinas en su Alicante natal.

Zaplana puso mucho interés en que aquel viaje, con su foto con Fox, se proyectara como un éxito sin precedentes. En la ponencia del PP sobre política exterior en el XIV Congreso del partido, en enero de 2002, se hacía mención: «Con acierto, nuestro presidente ha abierto un nuevo espacio de relaciones con la nueva Administración mexicana presidida por Fox». En la preparación de aquella misión y en la configuración de una repleta y potente agenda de contactos tuvo una participación muy notable el entonces delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, quien ostentaba este mismo cargo en Cuba, pero en este segundo caso como promotor de negocios (prone) en representación del Instituto. Esto es, como colaborador sin nómina asignada. Además, en Cuba gestionaba su propia empresa de intermediación en operaciones de importación y exportación, el Grupo Industrial Marítimo.

La confusión entre sus dos cometidos era tal que en las tarjetas de visita se presentaba, a la vez, como apoderado de esa empresa y como delegado del IVEX. Las dos mercantiles (la pública y la privada) compartían oficina en la calle Tercera de Playa Ciudad de La Habana. Mientras que el IVEX cobraba un 2 por 100 del volumen de la transacción en concepto de gastos de gestión, la particular elevaba la comisión hasta el 5 por 100, de ahí el malestar de los exportadores, que denunciaron desvío de clientes a la firma privada.

En todo el año 1999, la oficina de representación del organismo exportador en Cuba solamente canalizó una operación. Unas cifras que daban solidez a la denuncia de desvío de clientes a la firma privada. El Consell decidió retirar a Sendra la representación del IVEX en Cuba, pero este siguió al frente de IVEX-México. A Zaplana le interesaba un embajador solvente en México, país con cien millones de habitantes y puerta de entrada para los productos valencianos a Canadá y Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio firmado por los tres países. Pero el jefe del Consell no tenía el más mínimo interés en buscar fotos con Fidel Castro ni ningún otro dirigente de la revolución cubana.

El presidente valenciano estaba muy satisfecho con los servicios políticos prestados por Sendra en aquel viaje. Más que como delegado del instituto de la exportación, como embajador del Consell y comercial encargado de la proyección política del presidente valenciano como estadista. Vicente Sendra le gestionó a Zaplana dos fotos cotizadas en Los Pinos: la que se hizo con el presidente mexicano Ernesto Zedillo, el último presidente del PRI, en septiembre de 1997 y la de su encuentro con Vicente Fox, cuatro años después.

Midway International Ltd

El Real Decreto 1080/1991 recoge una lista negra de 48 paraísos fiscales elaborada por el Ministerio de Hacienda en la que figura Islas Vírgenes Británicas. No fue el único destino que frecuentaron los fondos salidos de las arcas del IVEX. Bahamas y las Islas del Canal (Jersey y Guernesey) fueron otros puntos del recorrido de otra gira paralela a la artística: la del dinero público valenciano por cuentas secretas de paraísos fiscales. El modus operandi que se había empleado para canalizar los pagos en B al artista, camuflados en buena parte dentro del sufrido y flexible concepto de gastos de organización de los conciertos, tampoco fue único.

En la mayor parte de los pagos a cuenta de los conciertos programados en el extranjero el dinero salía de las cuentas que el IVEX tenía abiertas en la oficina de Bancaja de la calle Pintor Sorolla de Valencia o del Arab Bank, cuya sucursal valenciana estaba ubicada en un piso de la calle Colón. En el caso del evento celebrado en México, el vaciado de cuentas se canalizó a través de una sociedad off shore denominada Midway International Ltd. Bancaja emitió al menos nueve cheques bancarios en divisas y nominales a favor de esa empresa por en torno a un millón de dólares. El banco en el que se harían efectivos era una oficina de la Union de Bank Suisse (UBS) en Washington. Esos cheques estaban soportados por unas facturas de supuestos gastos de organización del concierto ofrecido por cuenta de la Generalitat en el Auditorio Nacional de México el 10 de abril de 1999. Las facturas llevaban fecha de 13 de marzo. En concreto figuraban cuatro partidas: alquiler de luces, alquiler de sonido, traslado y estancia de músicos. No se desglosaban esos gastos ni se aportaba mayor detalle. Se trataba de camuflar la parte correspondiente de la retribución pactada bajo mano con el artista bajo epígrafes relacionados con los montajes de sus actuaciones.

Las facturas llevaban la firma de un tal Stephen Hickey, que resultó ser uno de los socios de Midway, firma domiciliada en el 65 de Cliff Road, en el condado de Wateford, en el sur de Irlanda. A tiro de piedra de las Islas del Canal. En Jersey y Guernesey precisamente tenían su residencia Simon Ashley Couldridge y Anntoinette Caragh, que constaban como directores de la sociedad irlandesa. Las órdenes al banco para la emisión de los talones a favor de todas las empresas que facturaban estaban rubricadas por el director del Instituto, José María Tabares Domínguez, y Joaquín Andrés Berenguer, vicepresidente primero del consejo de administración del IVEX en tanto que director general de Comercio. Tabares y Berenguer tenían firma mancomunada por los cargos que ocupaban.

Pero el documento más escandaloso cayó en mis manos a principios de mayo. Para interpretarlo mantuve un encuentro con un especialista en fiscalidad internacional con larga trayectoria en Luxemburgo, Gibraltar o Andorra. Un profesional conocedor de los entramados societarios con secuencia de empresas pantalla para poner a buen recaudo patrimonios oscuros en países con muchísima luz solar y enorme opacidad bancaria. El documento de claves y códigos demostraba que parte del dinero de los cheques emitidos por Bancaja contra la cuenta del IVEX en esa entidad había sido cobrado a través de la oficina valenciana del Arab Bank. Desde el banco jordano se ejecutó una transferencia de 475.000 dólares a una cuenta numerada y secreta en una oficina del UBS en Nasáu (Bahamas).

Alguien con poderes en Midway International se había encargado de gestionar la transferencia o había endosado el cheque a favor de una tercera persona para que esta ordenase el swift bancario. Una operación que, al menos telemáticamente, pivotó sobre la oficina del Arab Bank en Madrid para pasar por UBS Nueva York, antes de dar el salto a Bahamas. El documento justificante de esta transferencia contenía la clave de seguridad de 32 dígitos, el nombre de los bancos intervinientes y lo más relevante: la cuenta a la que se ingresaba el dinero. Por supuesto que no figuraba el nombre del titular de la misma. Que para eso se recurre a un banco suizo en un paraíso fiscal. Para garantizar la opacidad. Se trataba de la cuenta numerada y secreta WA356115.000. Quién o quiénes están detrás de la misma era y sigue siendo hoy un secreto. A esa cuenta fueron a parar nada menos que 1,6 millones de dólares remitidos directamente desde el Arab Bank de Valencia.

¿Qué pinta una empresa de la República de Irlanda organizando recitales de Julio Iglesias en México? Simplemente, no montó nada. Midway era meramente una empresa instrumental que no emitía notas musicales. Se creó para, a través de facturas falsas, justificar el vaciado de fondos del IVEX y vehicular ese dinero hacia el Caribe. Esa era su finalidad. Las sospechas las confirmé cuando tuve las pruebas de que Midway se creó, lo mismo que International Concerts, para cobrar. Y murió cuando se extinguió su misión. La irlandesa fue constituida en febrero de 1997, unos meses después de que se alumbrara la idea de la gira mundial del cantante patrocinado por la Generalitat y antes de la firma del acuerdo. Facturó, engordó y, en noviembre de 1999, fue disuelta, poco después de liquidar los últimos cobros tras el recital del Auditorio Nacional de México, celebrado en abril de 1999. Sus administradores no se molestaron en depositar las cuentas de los tres ejercicios en los que estuvo activa. Comprobé que se saltaron la obligación de presentar sus balances en la llamada Companies Registry Office, de Irlanda. Le correspondía entregar la documentación en la sección 31, exactamente con el número 1.963. Todavía las están esperando.

Todos los caminos conducen a Benidorm

No todos los fondos cobrados con la percha-coartada de la organización del concierto de México acabaron en un paraíso fiscal. Cuando, en tiempos de Zaplana, cumplías a rajatabla la consigna de quien fue número dos del FBI William Mark Felt «Garganta profunda» y seguías la pista del dinero, acababas comprobando que casi todos los caminos conducían a Benidorm, el origen y el fin del cosmos zaplanista. Una parte muy menor del dinero pagado a Midway International fue derivada a la empresa Distar Producciones S. A., cuyo propietario y administrador único era el representante de artistas Antonio Caravaca Almeida, uno de los organizadores del Festival de la Benidorm en la etapa en la que Eduardo Zaplana fue alcalde de la ciudad. Apenas una semana después de recibir el dinero de la Generalitat, la firma irlandesa abonó 64.152 euros a Distar, empresa domiciliada en la madrileña calle María de Guzmán. «Servicios prestados para la realización del concierto de Julio Iglesias en México el día 10 de abril de 1999»: es el concepto exacto que aparecía en la factura 27/99 librada por Distar y pagada por Midway.

El pago de Midway a Distar se realizó mediante transferencia bancaria a la cuenta de esa firma en una oficina del BBVA en el paseo de la Castellana. Caravaca era socio de Emilio Carnicero y José Azpiroz en otras empresas. Los tres impulsaron el certamen de la canción de Benidorm y los tres contrataron varios programas con Canal 9 en la época zaplanista. Entre otros, el karaoke Canta, canta, que presentaba María Abradelo, o el programa presuntamente humorístico La nit d’Arévalo.

Jamás una actuación de los Rolling Stones o de U2 en el mayor de los estadios generó tanto negocio. El auténtico motivo por el que esa firma recibió el dinero nunca se aclaró, pero podría tener relación con que se hubiese caído del programa de bolos pagados por el Consell a Julio Iglesias el Festival de Benidorm. La edición de junio de 1998 era muy especial. Por eso Zaplana la quiso incluir en el calendario de citas del embajador comercial. Ese año se cumplía el 30 aniversario de la victoria del cantante en aquel certamen con «La vida sigue igual».

La idea de celebrar un festival de la canción que hiciese sombra al de San Remo comenzó a gestarse una tarde en el bar del Tío Quico, un clásico en el Benidorm del desarrollismo. El invento cuajó, como tantas cosas en Benidorm, por el empeño del alcalde Pedro Zaragoza. Pero el festival falleció tras cumplir sus bodas de plata. Fue Zaplana quien lo resucitó, en 1993 y de la mano de Caravaca y compañía. Puede que, para poder saldar esa hipotética «deuda moral» contraída con Distar o por compromisos contractuales no explicados, se aprovechase el pozo sin fondo del evento mexicano para hacer un montoncito con el que satisfacer a Distar. La cantidad de 64.152 euros viene a coincidir con la cifra pactada por contrato entre la organizadora del recital mexicano, Rac Producciones, y el cantante –International Concerts–, por el que la primera pagaba a este esa cifra por la «prestación del servicio de producción, consultoría y apoyo para los ensayos del artista». Esto es, el cantante cobraba por sus ensayos y lo hacía a través de International Concerts. De hecho, en nombre de esa mercantil estampó su firma Julio Iglesias, en la tercera de las hojas del contrato, junto a la de Carlos Santos, por Rac Producciones. La cantidad se fijaba en «dólares de los Estados Unidos de América» y no en euros. Y Distar cobró en euros, con lo que tuvo un beneficio adicional del 7 por 100. Calderilla.

La conversación con Caravaca para que justificara los pagos de Midway International a Distar Producciones por los teóricos «servicios prestados» en el concierto mexicano fue muy esclarecedora. Distar no había participado como subcontratista para organizar los ensayos, lo que habría justificado en parte el cobro, aunque en ningún caso desde Midway, que no aparecía en ningún contrato como organizadora del recital. «Desconozco ese concierto, no me suena de nada Midway y no sé qué es el IVEX.» Así de elocuente resultó Antonio Caravaca. El que cobró ignoraba el acto por el que se justificaba la factura, no tenia la más remota idea sobre la empresa pagadora y menos aún sobre el organismo público del que se habían detraído los fondos. «Vamos, no sabía ni que se había hecho ese concierto», explicó el administrador único de Distar Producciones ante la pregunta insistente de si su empresa había participado en la organización del concierto de México. «He hecho algunas actuaciones con Julio Iglesias en España, algunos conciertos con otros dos promotores», comentó, pero fuera de España, «no, en absoluto». Y Midway «no me suena de nada», remarcó.

¿Y ha trabajado directamente para el IVEX? «Nunca he hecho nada para el IVEX ese, no sé ni qué es el IVEX.» Entonces, ¿cómo explicaba que Distar, su empresa, hubiese cobrado esos 64.152 euros? «Es imposible», dijo. De entrada. Luego matizó. «Diré al administrador que lo mire. Yo no me puedo acordar de hace años.» Horas después, esta segunda persona, que llevaba las cuentas de la empresa, declaró: «Yo tampoco me acuerdo de nada; sé que hicimos una gira con Julio Iglesias, pero en España». Con el IVEX «no tenemos nada que ver». Son cosas que suceden a las pymes. Les ingresan 64.152 euros por unos servicios que en teoría prestaron a unos miles de kilómetros en relación con un cantante tan desconocido como Julio Iglesias y les paga una empresa irlandesa, pero nada de ello pervive en la memoria.

Capítulo X

El escudo Tabares

Zaplana acusa al condenado

La publicación de las nuevas revelaciones sobre cómo se traficó con el dinero del IVEX, con cuenta de destino del dinero incluida, elevaba la intensidad del escándalo a código rojo. Al presidente Zaplana el asunto le preocupaba en privado, pero aparentaba públicamente no inmutarse lo más mínimo. «Sé de esto lo que he leído en algún medio de comunicación. No conozco yo que nadie de la Administración haya hecho esas prácticas que no sea lo que he leído en algún medio de comunicación. Eso el que más sabe debe de ser el señor Tabares… Y lo único que sé es que, ante una situación de anomalía, el IVEX puso el tema a disposición de la Justicia.»

Las palabras del jefe del Consell evidenciaban una estrategia para afrontar este escándalo que se asentó siempre sobre tres ejes. De entrada, sacar partido al panorama mediático proclive a golpe de talonario público y hacer el vacío al diario. En segundo lugar, confundir al personal al vincular el caso Julio Iglesias con el de los avales de la Ford (en el que la Generalitat acudió al juzgado), que nada tenían que ver, y, por último, trasladar al ex director del instituto, José María Tabares, toda la responsabilidad del fichaje y de los pagos en paraísos fiscales a cuenta de la firma y ejecución del contrato B, que nunca quiso reconocer.

Fuera de micrófonos, de cámaras y de luces, el Gobierno de Zaplana emprendió una auténtica caza de brujas en la Conselleria de Industria y en el propio Instituto de la Exportación para intentar poner freno a lo que entendían que era un goteo de filtraciones que estaban minando el escaso crédito que tenía la institución o dejando en evidencia al presidente. Las alrededor de doscientas informaciones relevantes que fui publicando después de aquel episodio demostraron que disparar a discreción sin escrúpulos y cegados por la rabia para ajustar cuentas hasta con el paisaje no fue un método eficaz, ni siquiera para saciar la sed de venganza.

Aquellas publicaciones no solamente aceleraron las pulsaciones en despachos oficiales de la plaza de América y del Palau. También provocaron sudores fríos en la oficina valenciana del Arab Bank. Una sede bancaria sin ningún distintivo de la marca en la puerta ni placa en la calle o en el portal que anunciara la presencia de la oficina. Una vocación de clandestinidad propia de las entidades que tienen un nombre y una reputación como anticristo entre clientes cultivados con el boca-oreja, al estilo de los más prestigiosos camellos. Ni siquiera en la correspondencia que enviaba esta entidad figuraba ningún logo, anagrama ni señal distintiva que identificara al remitente.

El presidente reta a Puig: «No podrá acreditar nada»

«Si su señoría tiene esa sospecha, ya que ha ido infinidad de veces a los juzgados, vaya en esta ocasión», retó Zaplana a quien el 17 de mayo de 2001 era portavoz del PSPV en las Corts, Ximo Puig. Similar órdago lanzó al entonces síndic de EU, Joan Ribó: «Le pido por favor que acuda a la justicia».

A esas alturas, Zaplana estaba inquieto ante el constante goteo de informaciones cada vez más subidas de tono que facilitaban una munición extraordinaria a la izquierda parlamentaria. Un mes después, el 14 de junio, evidenció su nerviosismo en las Corts: «Mi tranquilidad, señor Puig, es absoluta. Y cuanto más se dedique usted a estas cuestiones, políticamente mejor. Si quiere, suscribimos un acuerdo para venir todos los primeros de mes en la comparecencia a hablar del señor Iglesias y del contrato. Y su señoría no podrá acreditar nunca en la vida nada, absolutamente nada, porque todos son fantasmas de la subcontratación que usted ha realizado del ejercicio de la oposición». No podrá demostrar nada. Nunca el subconsciente habló de forma tan elocuente. En respuesta parlamentaria, Castelló había sentenciado que los 375 millones de pesetas eran «la única contraprestación por la cesión de imagen». Y en similares términos se había pronunciado la portavoz del Consell, Alicia de Miguel. Tres apóstoles de una misma mentira. Era la reacción arrogante del presidente y sus colaboradores ante un escándalo que ya empezaba a incomodarle sobremanera.

Zaplana no ofreció una sola explicación a todas las revelaciones, cuya última entrega situaba compartiendo cuenta en la misma sucursal bancaria (el suizo UBS) en Nasáu (Bahamas) a dos empresas radicadas en paraísos fiscales (International Concerts y Midway International) que distan 7.000 kilómetros (Islas Vírgenes Británicas e Irlanda e Islas del Canal) y que en teoría nada tenían que ver. Una de esas casualidades que suceden cada cien años. La estrategia de Zaplana y su Consell, con todo, se modificaría ligeramente en los meses posteriores para pasar del silencio elocuente a una estrategia de defensa con doble pivote: actuar como el calamar y echar tinta sobre la oposición, y subrogar todas las culpas al subordinado, a falta de un muerto al que colgar la responsabilidad. Zaplana llegó incluso a denunciar un complot contra él maquinado y activado por los socialistas, el ex director general del IVEX, José María Tabares, y el diario Levante-EMV, a quien, según el jefe del Consell insistía en subrayar, habían «subcontratado el ejercicio de la oposición».

¿Pero cuánto acabó costando Julio Iglesias? En su exceso de celo en el disimulo, el presidente vaciló en las Corts ese día incluso al hablar de la cifra oficial. «375-372 millones de pesetas», dijo, pero dejó caer con toda la apariencia de normalidad un detalle que no me pasó inadvertido: «No hay nada más que pagos extraordinarios…». De esta forma venía a admitir muy sutilmente extras fuera de contrato (de los 375), sin precisar nada más. Asumió así, tácitamente, una posibilidad de irregularidades por si el goteo de informaciones que regaban el escándalo arreciaba, como sucedió. También en materia de estrategia de culpar a los directivos del IVEX y desentenderse del asunto, Zaplana era la ley y el conseller Fernando Castelló, el reglamento que la desarrollaba.

El servil Castelló y el señor que nunca firma

Castelló siempre actuó con Zaplana con el servilismo que el papa exige a los papistas por el sueldo que les paga y un 30 por 100 de dosis de fervor añadido gratis. Es uno de esos tipos tan dotados para la genuflexión hacia el alto mando que andan políticamente encorvados. Puro darwinismo. El conseller no tardó en salir a la palestra para disparar a discreción contra los directivos del instituto, en especial contra Tabares. No sólo abundó en la estrategia de Zaplana de señalarlo como responsable de todo cuanto tuvo que ver con el contrato. Entró al detalle. De él fue, dijo, la responsabilidad de pagar a firmas de paraísos fiscales, que exigieron los ingresos en el Caribe. «El responsable de la ejecución del contrato fue José María Tabares. En sus atribuciones, y dentro del ámbito del citado contrato, adoptó las decisiones que consideró oportunas, como la contratación de Midway International.» «El director general contrató con la empresa que consideró más idónea, supervisó la ejecución de los servicios y entregó las facturas al director financiero para que gestionara los documentos de pago. Una vez confeccionados los cheques, fueron recogidos por el director general para remitirlos personalmente al proveedor.» Así, con esta soltura y como si nada, el nombre de Midway aparecía por primera vez en boca de un representante de la Generalitat, nada menos que un conseller, quien apuntaba con su dedo acusador, además de a Tabares, al responsable financiero del IVEX, Joaquín Barber. Siguiendo, por supuesto, las directrices de Zaplana.

Castelló lamentaba «el modo como se gestionó la contratación de Julio Iglesias por el entonces director general del IVEX, José María Tabares», si bien defendía los «importantes beneficios que nos ha reportado». Es más, el contrato «ha sido ampliamente financiado con un ahorro en medios de comunicación», según Castelló. En Fitur, la primera de las citas a las que acudió el artista, «el ahorro fue de unos 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) y el ahorro ha sido mayor en los demás eventos por realizarse en el exterior». El responsable de calcular todos esos beneficios seguramente sería el mismo que cifró en tropecientos mil millones de euros la riqueza generada por la Copa América y en cinco millones de visitantes los turistas que acudirían en avalancha a Terra Mítica.

Cualquiera que se haya visto en la tesitura de recibir órdenes de esas que invitan a invocar cláusulas de conciencia sabe que caben básicamente tres actitudes en la respuesta. Se pueden acatar y cumplir sin soliviantar ánimos, como robot en cadena de montaje, por obediencia debida. La segunda opción es la épica, la desobediencia radical, el boicot. En circunstancias extremas, son estas conductas las que glorifican la condición humana. La historia reserva altares a partisanos que, en la mayoría de las empresas, no pasarían de auxiliar de ayudante de becario. En los partidos no suelen durar ni media asamblea. La tercera posibilidad de respuesta consiste en acatar con observaciones que, reales o no, generen un caos en los algoritmos que motivan la decisión y amenazan los principios del superior que da la orden: la cartera y el confort. «Sepa, mi general, que con el frío los conductos de combustible se han congelado y yo no intentaría calentarlos, porque piense que, si hay una deflagración, los tanques están al lado de su despacho. Yo dejaría el bombardeo para el verano», podría ser un argumento tipo para justificar este planteamiento.

El conseller Fernando Castelló, que llegó por la cuota del líder provincial del PP y presidente de la diputación castellonense, Carlos Fabra, es del tipo de gente que siempre desborda los guiones. Para bien, como Teresa de Calcuta, o para el progresa adecuadamente. Es de los de «perfecto, pero yo empezaría dos horas antes porque ahora el día ya se acorta y llenar los depósitos de los aviones es mucha faena».

Sortear las tempestades en política es un arte que consiste básicamente en mantener el temple necesario para ofrecer a la grada del circo alguna cabeza con cuello rebanado y servida en bandeja de plata, pero sin deteriorar excesivamente las capas de cargos intermedios que blindan al líder máximo. Como si de un sistema de matrioskas se tratara, el político de mayor rango es la muñeca situada en el corazón de la cadena de figuras envasadas. Conforme van cayendo muñecas, aumenta el riesgo para el jefe. Zaplana siempre lo llevó a rajatabla. En este escándalo, tras las revelaciones, alguien tenía que cesar. El director financiero del IVEX, Joaquín Barber, ya había presentado su dimisión para huir hacia la empresa privada sin más explicaciones.

La segunda víctima del caso fue el director general de Comercio, Joaquín Berenguer, quien, junto a Tabares, había estampado su firma en las órdenes de pago en paraísos fiscales a las sociedades International Concerts y Midway International. El jefe del Consell y su responsable de Industria liquidaron al titular de la firma mancomunada. Al igual que el secretario general de Industria José Antonio Manteca, Berenguer procedía del departamento del conseller Diego Such en la Facultad de Economía de Alicante. Pero rompió con Such y había abrazado a Castelló por instinto de supervivencia. La Facultad de Economía de Alicante fue para el primer presidente popular de la Generalitat lo que la de Valencia para el socialista Joan Lerma: una cantera de cargos públicos del Consell. Del Departamento de Disciplinas Económicas y Financieras, provenía Juan José Bayona de Perogordo, el primer director general de RTVV con Zaplana.

José Antonio Manteca tenía un poder omnímodo y era de los pocos integrantes del selecto club de quienes conocían la verdad y nada más que la verdad en los pagos al cantante. Aunque puede que no toda la verdad. Entre todos custodiaban todas las piezas del mapamundi que radiografiaba el movimiento de empresas, capitales, conciertos y comisiones del año Julio Iglesias. Tabares y el director del Institut Valencià de Finances (IVF), José Manuel Uncio, completaban –Zaplana aparte– este particular grupo de expertos. No en balde, Manteca sobrevivió a la muerte política de Such (a quien había tomado el relevo en su departamento universitario); a Castelló, quien en el colmo de la torpeza se enfrentó hasta con los empresarios azulejeros castellonenses, y a Peralta. Los consellers del ramo fueron pasando y Manteca siempre sobrevivió. Es uno de esos tipos que, como los tiburones anguila, encuentra su hábitat natural en las aguas más turbias y las oscuras profundidades.

Pero la baraka se le acabó el 21 de enero de 2005, cuando el Consell acordó en el pleno su destitución. Quizá solamente Vicente Sanz podría disputarle el cetro de supervivencia por saber guardar a buen recaudo la caja negra de episodios comprometidos del PP y de la Generalitat. Fue muy cauteloso, especialmente en el estampado de su firma. Un autógrafo puede resultar decisivo para salvar la ballena blanca o la selva amazónica, pero a veces a cambio de una firma regalan un billete a Picassent sin escalas.

Manteca era una de las tres personas con capacidad de firma para autorizar pagos o cualquier otra operación contable en el IVEX. Tabares y Berenguer eran los otros dos. Entre los tres tenían la llave y la combinación de la caja. Se requerían al menos dos rúbricas mancomunadas. Sea porque no sabía firmar, muy improbable en un profesor de Economía que fue secretario general de Industria y luego subsecretario de Empresa, o porque, cuando se le requería, nunca se le encontraba, el caso es que en ninguno de los documentos relacionados con el escándalo del IVEX apareció la firma de Manteca. Y fueron centenares de papeles entre facturas, cheques, albaranes y contratos.

Capítulo XI

El contrato B sale del armario

Una «chorrada importante»

El presidente del Gobierno, José María Aznar, quiso que Zaplana cumpliera el sueño húmedo de buena parte de los políticos valencianos: irse a Madrid a ser ministro. El 10 de julio de 2002 tomó posesión de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales. Siete años había tardado en alcanzar el apeadero para hacer el transbordo a la línea Moncloa. El presidente ya había detectado que a la pista de despegue le faltaba recorrido. Para aspirar a estar en la terna sucesoria de Aznar, era necesario jugar en la liga de Madrid, para estar en el sitio indicado en el momento oportuno. La meta era exigente, pero, como dijo Julio Iglesias, «Eduardo es un hombre muy ambicioso y rápido, corre mucho, es un campeón».

El salto a Madrid le servía, de paso, para cumplir con el manual de instrucciones del embaucador ambulante, que recomienda no permanecer un tiempo excesivo, por así decirlo, en el lugar del crimen. Los vendedores de crecepelos y elixires de la eterna juventud suelen ser nómadas y practicar la trashumancia. Se trasladan de aquí para allá con la cabra, el acordeón y la escalera antes de que sea demasiado evidente que la cabra no es una yegua pura sangre. En la Comunitat Valenciana de Zaplana, las cañadas ya no daban abasto para garantizar la circulación de cabras, ovejas, cabritos y chotos paridos o impulsados por la Generalitat.

En el Palau dejó a un tal José Luis Olivas como encargado de guardarle el sillón a Francisco Camps, el sucesor de Zaplana, el heredero como rey y señor de la plaza de Manises. Al contrario que su estratega de cabecera Rafael Blasco, Zaplana no había desarrollado sus dotes comerciales vendiendo enciclopedias en su juventud, como no había cultivado su instinto de supervivencia a rebufo de las crecidas y desbordamientos del feroz Xúquer. Pero tenía tan acentuadas esas condiciones de forma innata que pocos podrían tutearle en estas suertes. Aznar sabía de su labia cuando lo nombró portavoz del Gobierno.

Desde ese cargo tuvo que lidiar con la publicación de la prueba definitiva de la estafa en el IVEX. Un documento de una sola página, con membrete del Instituto Valenciano de la Exportación y en el que bajo el título Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias se establecían, en seis puntos, las verdaderas condiciones económicas del fichaje, rubricadas con la firma de José María Tabares, como director general del instituto, y Julio Iglesias de la Cueva. Se firmó el mismo día, 29 de diciembre de 1997, que el contrato oficial. Aquel papel que cayó en mis manos daba la razón a quienes cinco años antes me convocaron en una cafetería para trasladarme que el verdadero escándalo coprotagonizado por Tabares no era el caso de los avales sino los pagos al cantante.

Cualquiera que se haya matriculado en primero de zaplanología sabe que el ex presidente no es de los que delega en terceros la gestión de los asuntos que considera importantes. Básicamente aquellos que tienen que ver con la política, esto es, con el mundo de los negocios. Un espacio en el que cultivar amigos genera rentabilidad más garantizada que los bonos del Estado. Era evidente que se había ocupado personalmente de la contratación de Julio Iglesias, pero faltaba la prueba definitiva, ese remate de escándalo que, en los países en los que el PIB de cultura democrática anda a la par que el otro PIB, se convierte en la tarjeta roja que expulsa a los políticos de la vida pública si no se han ido antes, en la fase de sospecha o en la de evidencia. En España, la prueba solamente se utiliza en los juzgados y no siempre reporta una condena.

El día que publicamos el borrador de la negociación (el 13 de diciembre de 2000) de unos emolumentos muy superiores a los oficialmente declarados y en la que Zaplana participaba directamente, el presidente estaba en Bruselas para asistir a una reunión del Comité de las Regiones. Así valoró desde el corazón de las instituciones comunitarias las revelaciones sobre su protagonismo en el fichaje. En el quién, en el cuánto, en el cómo y en el dónde. «Es una chorrada importante y una manipulación una vez más de los que llevan en esa posición mucho tiempo», quiso zanjar el máximo mandatario de la Generalitat.

Negro sobre blanco se habían consolidado finalmente las condiciones manejadas en los borradores de la negociación. La que había sido directamente supervisada por Zaplana, como atestiguaba la carta que le había remitido el representante del artista, en la que se conminaba al presidente a dar su plácet tras las condiciones pactadas con José Manuel Uncio, del IVF. Cuando emergió ese ventajoso borrador de acuerdo, el presidente dijo que era «una chorrada importante y una manipulación». Pero ahora se demostraba que no sólo la «chorrada» había fructificado, sino que se había consolidado con sobrecoste para el contribuyente.

Era una chorrada sin carga fiscal. «Se entienden como cantidades netas, libres de impuestos. Cualquier retención de impuestos será por cuenta del IVEX», se establecía en el punto número cinco. Esa era una de las cláusulas clave que había sufrido un cambio radical a favor del artista respecto de las condiciones del acuerdo oficial, en el que se decía, bajo el epígrafe «impuestos», que será «responsabilidad de Julio Iglesias la declaración y pago de todos los impuestos derivados del presente contrato, efectuando el IVEX todas aquellas retenciones o pagos a cuenta de impuestos a los que hubiese lugar de acuerdo con la normativa fiscal de España». Al eximirle de tributar, se cumplía así el deseo del cantante, expresado en el primer borrador, remitido por su representante a Zaplana. En ese documento, la fiscalidad del contrato merecía tres líneas muy significativas: «Cualquier retención que fuera requerida por la legislación fiscal vigente sería por cuenta de la Generalitat, con un límite del 25 por 100, siendo responsabilidad de D. Julio Iglesias cualquier cantidad superior a ese 25 por 100». Esa era la voluntad del artista, una remuneración libre de cargas fiscales. Al final se cumplió el deseo del cantante. Ya que nadie sabría nunca del documento, no había ninguna necesidad de prudencia, austeridad ni disimulo. Si ni siquiera la había en aquello que se aireaba en la plaza pública…

Al igual que sucede con los fichajes de primeras figuras deportivas, aquí la cantidad era neta, del mismo modo que se fijaba la remuneración en concepto de derechos de imagen. Si el IVEX fuera un banco, podría decirse que el plan de atraco estaba escrito negro sobre blanco. Un desfalco fraccionado en dos tramos: 375 por cantar y 615 por derechos de imagen. Los pagos se disfrazaron con facturas falsas sobre gastos de organización hinchadísimos que probablemente sirvieron, de paso, para canalizar comisiones. Artísticas. Anotaron en el contrato toda la operativa del asalto a la caja. Podría decirse que pusieron la hora en la que alguien entraría al grito del clásico «esto es un atraco, si obedecen nuestras órdenes y no cometen ninguna estupidez, nadie sufrirá ningún daño». Estaba apuntado el modelo y matrícula del coche que esperaría en la calle con el motor en marcha, el nombre del motel en el que pasarían la primera noche tras la huida y hasta dónde comprarían la calculadora para repartirse el botín.

Nunca un desfalco se había calculado con tanta precisión ni se había levantado acta con tanto rigor. Es lo que tiene no fiarse de la otra parte, que se piden papeles. Ni siquiera el contable de la trama que lideraba Francisco Correa, José Luis Izquierdo, había sido tan metódico a la hora de recoger todos los asientos contables en A (de Alicante) y en B (de Barcelona) en sus famosas hojas de Excel que guardaba en el pendrive que le incautó la policía aquel viernes 6 de febrero de 2009 cuando Baltasar Garzón desplegó la operación Gürtel.

El jueves 26 de febrero de 2004, el diario Levante-EMV abría su edición con la noticia del contrato de la vergüenza a cinco columnas y dos páginas. Comparecía así en escena la prueba concluyente, lo que los americanos llaman smoking gun –«arma humeante» sería la mala traducción– del desfalco a los fondos públicos. El asesino había firmado en la pistola con dedicatoria incluida. Una actitud solamente explicable por el grado de impunidad ambiental, mediática y judicial que decoraba el régimen zaplanista desde que se instauró.

En materia de corrupción existen sospechas, certezas y pruebas. Para la publicación de una noticia y más aún para la condena judicial, no basta con las sospechas y los indicios, se precisa el documento, la foto. La publicación del contrato B dejaba en evidencia a un Zaplana que había empeñado su palabra en las Corts al defender la limpieza del fichaje y al que preocupaba por encima de todo que nunca nadie lo pillara en un renuncio, que jamás quedara como mentiroso. Que no se le fotografiara flirteando con la mentira era una de sus obsesiones, según un veterano del partido que lo conoce desde el mismo momento en que dio el salto desde la política local a la autonómica. Como si ejerciera en Estados Unidos. «Es más rentable ser sincero que mentiroso», asestó Zaplana a su interlocutor Rafa Marí en la entrevista de presentación en sociedad como candidato a la Generalitat. Y remató su declaración postiza proclamando que no era nada «rencoroso». «Hasta las mayores faenas se le olvidan pronto», explicaba el periodista cincelando el perfil de este Nelson Mandela blanco.

La apariencia por encima de todas las cosas. «No podrá usted acreditar nunca en la vida nada», le había asestado a Ximo Puig en junio de 2001. La prueba de la farsa había sido publicada en portada. Apenas 48 horas después de destaparse el contrato B, Zaplana comparecía, como portavoz del Gobierno, en la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de los viernes para dar cuenta de los asuntos tratados. Eludió en todo momento hablar del contrato, más allá de intentar descalificar el escándalo al enmarcarlo en el pasado. Pero, conforme se acercaban las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que estuvieron marcadas por los dramáticos atentados del 11M en Madrid, el ministro iba recobrando la memoria y corrigiendo la versión. Es la clásica estrategia de ir remodelando matices a una velocidad casi imperceptible para el ojo humano, pero, que pasado un tiempo, acaba por moldear una posición bien distinta. Como las manijas del reloj, que giran sin que se advierta a simple vista.

Un lunes de marzo, Zaplana se dirigió a una reunión con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el conocido lobby de grandes empresarios, encabezados por Juan Roig (Mercadona), volcados en marcarle la agenda al Consell. Antes de la reunión, le formulé la pregunta: «¿Cuánto ha cobrado Julio Iglesias?». Siete años después del fichaje, el ya ministro empezó a circunvalar la verdad como fórmula para evitar la mentira en crudo. Una declaración antológica digna de ser incorporada por el psicopedagogo Francesco Tonucci a uno de sus manuales como ejemplo de eficacia didáctica: «Le voy a decir una cosa que es muy clara. Usted sabe que el contrato de Julio Iglesias… había un contrato que era por el que cobraba directamente Julio Iglesias y otro por el que se pagaban lógicamente los servicios que iba a prestar». Imposible ser más elocuente y transparente en la oscuridad.

Eximir al cantante del pago de impuestos le reportó unos beneficios de 247,5 millones de pesetas (1,48 millones de euros), al librarse de tributar a la Hacienda pública el 25 por 100 fijado como tipo para los no residentes. En realidad, el IVEX aplicó las correspondientes retenciones, pero luego se le compensó al pagarle esas cantidades detraídas a través de facturas falsas por supuestos gastos de organización que camuflaban, entre otros términos del acuerdo, esa exención fiscal. Los oficiales 375 millones se pagaron en cheques de Bancaja a favor de Julio Iglesias, con domicilio en La Romana (República Dominicana). No a través de ninguna sociedad. El IVEX presentó a la Agencia Tributaria el correspondiente modelo 210 del IRPF en el que se aplicaba el 25 por 100 de retención al artista. En total, 93.750.000 pesetas (563.000 euros). Un documento presentado a la AEAT el 10 de febrero de 1998.

Tras publicar el beneficio fiscal añadido otorgado por el «presidente campeón» al amigo de comer paella a diario y practicar sexo «dos veces al día», como confesó desde el evento de Moscú, el «Gobierno valenciano» publicó un comunicado presuntamente para aclarar la fiscalidad de la contratación. Cinco párrafos en los que no aparecía la palabra impuesto, ni fiscal, ni pago, ni tributación ni derivados. La Conselleria de Industria y los organismos dependientes «han cumplido con todos los controles de legalidad establecidos en la legislación vigente respecto a los contratos que se firmaron para la promoción exterior de la Comunidad».

¿Y qué pasa con el botín del atraco, con el contrato B? Que, lógicamente, no se declaró. El «Gobierno valenciano» que intentaba sepultar el posible fraude fiscal añadido a la presunta malversación de fondos estaba ya presidido por Francisco Camps Ortiz, declarado por Zaplana su heredero universal y al que el albacea testamental Olivas había reservado la silla como usufructuario del Palau entre la huida de Zaplana a Madrid y las elecciones autonómicas de 2003. Pese al distanciamiento del padre y el hijo, por mediación del espíritu santo Juan Cotino, el nuevo presidente no renegó de la gestión de su antecesor.

En diciembre de 2004, el mando a distancia con el que Zaplana pretendía dirigir el Consell desde Madrid apenas tenía cobertura. Rita Barberá y el citado Cotino se habían esforzado en mantener activo el inhibidor de frecuencias. Se habían vivido incluso capítulos públicos en las desavenencias entre el ministro y el jefe del Consell que no le cogía el teléfono. La más célebre, sin duda, el desplante de diputados zaplanistas en las Corts ese verano, una asonada que fue planificada en el chalé del presidente de la Cámara Autonómica, el doctor Julio de España, y en la que tuvo un papel muy activo y protagonista el portavoz del grupo, Serafín Castellano, quien luego se pasaría a las filas del campsismo, después a las del fabrismo y, sin perder nunca las referencias del carterismo y el amiguismo como fórmula para otorgar contratos públicos. En política, la lealtad es una chaqueta que suele dejarse colgada en la percha que está justo al lado de la puerta de entrada a los cementerios.

«Asumo de la A a la Z la gestión del IVEX en estos años.» «Sobre la gestión del IVEX no hay ninguna sombra de duda.» Entonces pocos lo advertimos, pero el presidente Camps, como Goya, tuvo varias etapas en su gestión marcadas por su estado de ánimo fruto del entorno y de los acontecimientos históricos. Con esa declaración arrancaba su etapa de las tinieblas, de la decadencia, que se alargó hasta su dimisión, aquella tarde del 20 de julio de 2011 asfixiado por el traje.

El PSPV se querella

Los socialistas llevaban un tiempo barajando la posibilidad de elevar la causa a los tribunales, del mismo modo que se habían personado en Terra Mítica. «¿Crees que hay base para presentar una querella?», me preguntaron desde el entorno del secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla. Había base para que a esas alturas hubiese dimitido ya hasta el apuntador. Pero la ley y la justicia no siempre van de la mano. En mayo de 2004, el PSPV decidió llevar a los tribunales el escándalo del que estábamos informando desde hacía seis años sin que ningún medio se sumara al tema. Los socialistas presentaron la querella por malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude fiscal contra Zaplana; Julio Iglesias; el ex conseller Diego Such; el ex director general del IVEX, José María Tabares; el representante del artista, Luis Fernando Esteban; el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio y todo el consejo de administración del instituto.

En 1998, el año clave en que se ejecutó el contrato, estaba constituido, al margen del conseller Such, por: Joaquín Berenguer, Salvador Martí, José Antonio Manteca, Juan Francisco García, Javier Quesada, Carlos García Sandoval, Carlos Fabra, Arturo Virosque, José Antonio Sánchez, Enrique Rico, Társilo Piles, Luis Esteban, Juan Antonio Tomás y Enrique Claver. En el momento de celebrarse el último acto del programa, el de México, el órgano de gobierno del IVEX estaba integrado también por Andrés Candela, José Manuel Vela, Juan Ramón Puchades y José Manuel Carrillo, quienes participaron en la votación que aprobó las cuentas de 1998. Del mismo modo, las de 1999 fueron bendecidas por un órgano de gobierno al que se había sumado ya a Fernando Castelló como presidente, dado que era el conseller.

La querella se presentó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la condición de aforado de Zaplana en tanto que diputado en el Congreso. La iniciativa judicial fue firmada por la dirección del grupo socialista en las Corts, puesto que el grupo parlamentario tiene personalidad jurídica propia, de la que carece el PSPV, que a esos efectos solamente es la marca valenciana del PSOE. Antonio Moreno, Ximo Puig, Antoni Such, Carmen Ninet, Antonio Torres, Cristina Moreno, Carmen Sánchez Brufal, Nuria Espí y Mercedes Sanchordi rubricaron aquella decisión de intentar esclarecer el escándalo en los tribunales y depurar responsabilidades judiciales, visto que las políticas nunca se asumieron.

El camino judicial del caso IVEX se inició así en el Supremo con la querella interpuesta por los socialistas. Desde Madrid, el asunto fue desviado a una carretera secundaria, un juzgado de Instrucción de Valencia que en poco tiempo se reveló como una vía lenta, un carril de desaceleración, que conducía a una vía muerta. El caso acabó en manos del titular del juzgado número 19, Luis Carlos Presencia Rubio, hermano de Pepe Presencia, un histórico de los juzgados de Valencia a quien alguien que lo conocía bien definió como «un señor con mala leche y un gran profesional como juez». Decir profesional es el mejor calificativo que se puede aplicar a quien se dedica al usufructo de la justicia.

Desde que la causa entró por la puerta, se constató que no era bien recibida por el juez, que sólo aceptó una de las veinte imputaciones inicialmente solicitadas por la acusación popular. En uno de sus primeros autos, el instructor exigió a Bancaja que justificara la «autorización por parte del Banco de España de las emisiones de cheques» en divisas que fueron librados a favor del cantante y de empresas de paraísos fiscales como las referidas International Concerts o Midway International. También reclamó al delegado de la Agencia Tributaria en Valencia que informara al juzgado sobre si «respecto a los pagos efectuados por el IVEX a la persona de Julio Iglesias se han seguido actuaciones de algún género y su resultado, así como si tales pagos fueron oportunamente liquidados ante la Agencia Tributaria». Efectivamente, fueron «liquidados», pero fue el Consell quien asumió el coste fiscal por contrato.

El juez empezó por la menor, por investigar el posible delito fiscal. Quizá sabedor de que Al Capone dobló la rodilla por fraude tributario, lo mismo que le sucedió a Carlos Fabra Carreras 82 años después. De hecho, en noviembre de 2013, Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por defraudar a Hacienda 700.000 euros entre 1999 y 2003. La Audiencia Provincial de Castelló lo condenó por no haber tributado por ingresos de casi dos millones de euros en sus cuentas (3,3 millones si se incluyen las de su entonces esposa, Amparo Fernández Blanes). El tribunal le impuso, además, una multa de 1,4 millones y entendió que había una «fuente oculta» de ingresos de dinero, pero fue absuelto de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Fue condenado porque no tributó por el botín logrado en lo que el tribunal sospechaba que era un atraco, un ingreso de dinero con una posible conducta de cohecho. Pero no se acreditó que el dinero canalizado en parte a la través de la consultora Carmacas S. L., administrada por Fabra, fue abonado por el empresario de productos fitosanitarios Vicente Vilar en pago de sobornos por favorecer sus intereses empresariales.

Capítulo XII

Caso IVEX-Julio Iglesias, el paradigma

El caso Julio Iglesias es el paradigma de todas las impunidades, de todas las inmunidades. Siendo buenistas, evidenció el mal funcionamiento de la Justicia; siendo realistas, certificó la barra libre del Consell edificada sobre la imposición del Ejecutivo sobre el Judicial. La política buscó amparo en los tribunales, la política sometió a los tribunales, la política se confundió con los tribunales. Las Corts fueron aplastadas por una mayoría absoluta apisonadora que las redujo a un desierto (a partir de 1999) en el que clamaban algunos diputados. Aquella foto icónica del nuevo régimen, aquel photocall de Julio Iglesias y Eduardo Zaplana, se sostenía sobre un encofrado mediático y una clase dirigente empresarial cautiva, que había contribuido a la construcción de una hegemonía política y social. El caso IVEX-Julio Iglesias es un manual de cómo se forjó la carrera de un tipo llamado Eduardo, un hombre que siempre tuvo claro que el self made man progresa más a base de escrituras que de lecturas. Dinero, poder, mentiras, compras de voluntades, omertà, propaganda, megalomanía, glamour, sobrecostes, paraísos fiscales…

A Zaplana siempre le preocupó el asunto, de ahí que no ahorrara esfuerzos ni dinero en echarle paladas de tierra. «Cuando Eduardo está de verdad preocupado, le suda el bigote», me solía advertir un viejo conocido del ex presidente. En las Corts le sudó tres o cuatro veces con este asunto. En una entrevista que años después, ya retirado de la política con cargo, le hizo Juan Ramón Gil en Información, Zaplana sacó a colación este caso sin venir a cuento para ilustrar que su gestión en el Consell había sido limpia e impecable. Excusatio non petita…

El Consell puso todo su empeño, chequera en mano, para que el caso Julio Iglesias no existiese. Veintiún años después de la firma de aquel contrato, el ex conseller Such todavía borraba las evidencias en conversación conmigo: «¿El caso Julio Iglesias? No hubo ningún caso». Such también negaba que se firmaran dos contratos, el A y el B. «Fue un único contrato, con una parte que no se hizo pública», me insistía. Como si esconder el acuerdo a las Corts, la opinión pública y la Sindicatura de Comptes fuera un pecado menor. En realidad, ninguna parte se hizo pública por voluntad del Consell y, en todo caso, se llamara contrato B o Margarita, la Carta de Intenciones escondida durante años era esencial ya de entrada al convertir 375 millones de pesetas con carga tributaria en 990 libres de impuestos. «Es que parecía que fuera dinero B», se quejaba Such. Ya se sabe que el Consell no puede pagar en dinero B, pero sí facturas por servicios no prestados para justificar la salida de fondos con transferencias a paraísos fiscales. Falsificar facturas para canalizar el vaciado de cuentas públicas. Poca cosa. Una modalidad de pago que no fue la empleada, por cierto, para abonar la parte «oficial» del caché.

La espiral del silencio

La publicación del documento oculto culminaba una primera secuencia de revelaciones que desnudaron las mentiras del Consell en el caso IVEX-Julio Iglesias. Informaciones demoledoras, documentadas y sin una sola rectificación que solamente merecieron el silencio del Gobierno valenciano o ataques, insultos y descalificaciones, consciente como era el aparato del régimen de que en un panorama mediático propicio para el PP no sería difícil que triunfase la táctica de orillar a los disidentes, empujarlos al rincón, a la marginalidad, a ese limbo que la politóloga alemana y teórica de la comunicación Elisabeth Noelle-Neumann denominó «la espiral del silencio».

Esa revelación era motivo más que suficiente para haber segado de cuajo la carrera política de Zaplana y haber provocado la dimisión de Diego Such, el conseller de Industria que, junto con José María Tabares, diseñó y ejecutó la operación por orden del presidente. De haber volatilizado el futuro político de quienes le sucedieron hasta esa fecha: Fernando Castelló y Miguel Peralta. Todos negaron la existencia de pagos encubiertos, bajo mano, camuflados como gastos de organización de los conciertos y con supuestas comisiones. Y es muy probable, pero mucho, que no todo el dinero fuera a parar al cantante.

«Todo es absolutamente falso», clamaba, sin detallar las partes del todo, el conseller Castelló el 14 de diciembre de 2000 en respuesta a la información sobre la participación directa de Zaplana en el fichaje del artista. «Es un hito más de la oscura e inconfesable estrategia de Levante-EMV e Información contra el Gobierno valenciano desde que legítima y democráticamente el Partido Popular asumió tal responsabilidad», proclamaba el ex conseller de Industria.

«Mienten más que escriben», fue uno de sus más reputados exabruptos con sello oficial de la Generalitat pronunciados tras una de las informaciones sobre los amaños. Llevaba la firma de la portavoz del Consell, Alicia de Miguel. El tiempo barajó y repartió razones, pero jamás asumieron responsabilidades ni pidieron disculpas.

No eran aquellos tiempos de cierres de filas ni condenas al hostigamiento a la prensa desde un Gobierno. Ni siquiera por parte de organizaciones profesionales. Entre los años xii y i a.G. (antes de Gürtel), el respeto al poder democráticamente elegido todavía primaba sobre la iconoclastia. Aún no estaban en circulación muchos de los que inventaron el periodismo a partir de febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón ejecutó la operación para desarticular a la banda de Correa. Los niños de 35 no se habían enganchado aún a la Play Station para matar las horas del paro, como sucedió a partir del crack inmobiliario, para desesperación de sus padres. Se vivía una atmósfera general de té y simpatía.

Además de sellar afinidades, Zaplana patrocinaba con dinero público maniobras de contraataque y acoso contra todo aquel que osara cuestionarle. Estos servicios eran subcontratados a medios privados. A veces en formato convenio y contrato de publicidad institucional, otras como sueldo al periodista colaborador.

Una hoja de contabilidad del IVEX a la que tuve acceso era bien reveladora en este sentido. Era una lista de la compra de voluntades y pago de favores especiales de aquella Generalitat. Aparecían las inyecciones de liquidez a la televisión local Valencia Te Ve o a Valencia Life, una revista para residentes británicos afincados en la Costa Blanca y editada desde Benissa por Peter Gooch. The english language magazine for the Valencian Community tenía consignadas facturas de 1.740.000 pesetas (10.457 euros) pagadas por el IVEX por «confección, edición, maquetación, publicación y distribución de la revista». Era uno de los medios encargados de cultivar una opinión favorable al zaplanista PP entre la nutrida colonia británica.

La revista servía como órgano de propaganda del Consell y de los populares en una comunidad extranjera con derecho a voto en las europeas y las municipales, pero tenía una segunda función: pagar a opinadores favorables al poder político por servicios prestados allende las páginas de Valencia Life. Hoy a cuenta del IVEX, mañana por Terra Mítica. El Consell dispensaba un doble trato de favor a la revista: la atiborraba de publicidad institucional y adquiría regularmente una parte nada desdeñable de la tirada para hinchar sus ventas. Ejemplares que se amontonaban por los rincones del Palau.

El caso IVEX-Julio Iglesias nunca encontró abono mediático con el que crecer. De ahí la extrema dificultad de romper la barrera del silencio, políticamente y en los medios. De ahí las complicaciones para que el escándalo saltara a Madrid. Al margen de la nómina de colaboradores de Canal 9 cuya misión principal era hacer lobby a favor de las opciones sucesorias de Zaplana, en la capital de España había también unas pocas voces interesadas en contar que la Comunitat Valenciana no era Disneylandia, ni Zaplana había transformado aún la barraca valenciana en un palacio de cuento. Estaba en ello.

Entre esas voces estaban algunos profesionales de la Cadena Ser en Madrid que consideraban que el presidente Zaplana lucía un bronceado político excesivamente atractivo incluso en casa propia. En esta tesitura, la cúpula de la raquítica oposición socialista valenciana estableció un canal de colaboración directa con algunos periodistas de la emisora de Gran Vía, 32 porque el malestar de la dirección del PSPV, comandada por Joan Ignasi Pla, con la emisora valenciana era evidente. Tanto como el enfado de la dirección de la Ser de Valencia con la cúpula socialista por puentearles y acudir directamente a Madrid.

Oposición, pressing catch y lobos solitarios

Si en los medios de comunicación, en los sectores empresariales y en los judiciales el terreno era, en general, estéril y refractario a cualquier crítica al nuevo orden, en la ladera política tampoco las enmiendas al Consell popular encontraban, en general, tierra excesivamente fértil, ni agua, ni solecito para crecer.

La oposición estaba muy debilitada, anémica. Y a veces desaparecida. La oposición en clave de partidos. Sus gritos eran más oídos que escuchados. Más que de ejércitos, fueron tiempos de guerrilleros y de francotiradores, de lobos solitarios, la mayoría armados con tirachinas. La sana labor de molestar al Consell era ejercida, en parte, por «subcontratas», según definición del propio Zaplana expresada desde la tribuna de las Corts en alusión, en ese caso, a Levante-EMV. Los rectores Pedro Ruiz (Universitat de València) o Andrés Pedreño (Universitat d’Alacant), el editor Eliseu Climent y su revista El Temps, algún consejero de RTVV como Josep Maria Sánchez Tébar (designado por EU) o Miguel Mazón (por el PSPV), sindicalistas de la radiotelevisión autonómica y diputados socialistas y de Esquerra Unida eran algunos de los integrantes de una lista negra de desafectos de todos los palos que no era precisamente kilométrica. Un régimen que tenía en Castelló a Carlos Fabra como Estado libre asociado que corregía y hasta aumentaba los tics autoritarios de la metrópoli.

En esa religión militaban, por citar algunos, socialistas como María Antonia Armengol, Segundo Bru (azote de Zaplana hasta que dejó el escaño en 1997), Antonio Moreno –que fue portavoz, o su sucesor como síndic, Ximo Puig–; José Camarasa, Cristina Moreno, Antonio Torres, Ana Noguera, María José Mendoza o Andrés Perelló –quien fue diputado autonómico entre 1983 y 2007, salvo en la primera legislatura de Zaplana como presidente–. Perelló hablaba de política como colaborador de Crónicas Marcianas, el mítico late night show presentado por Javier Sardá, que se emitió entre 1997 y 2005 en Tele 5. Trasladó al plató el sentido del espectáculo y el estilo punzante que exhibió en las Corts.

El secretario general del PSPV en los tres últimos años del Consell de Zaplana fue Joan Ignasi Pla, que gobernó el partido desde septiembre de 2000 hasta octubre de 2007. Como líder socialista impulsó la estrategia de llevar a los tribunales o personarse en los primeros casos de corrupción mediáticos (IVEX-Julio Iglesias, Terra Mítica o Fabra), aunque, al igual que Puig, compaginó esa labor con la de negociar y sellar el pacto político que dio pie a que se aprobara la ley de creación de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el 2 de septiembre de 1998, con los votos de populares y socialistas y la oposición, por razones absolutamente antitéticas, de Unión Valenciana (UV), partidaria del secesionismo lingüístico, y Esquerra Unida. Tras un dictamen encargado al Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia se constituyó en julio de 2001.

El pacto lingüístico liderado por Jordi Pujol y Eduardo Zaplana se gestó a rebufo del acuerdo de gobierno sellado en el hotel Majestic de Barcelona por el PP de Aznar y Convergència i Unió (CiU). La victoria de los populares en marzo de 1996 era insuficiente para conformar una mayoría de gobierno. Aznar necesitó recabar los apoyos nacionalistas catalanes y los vascos del PNV. Y en ese contexto se impulsó el pacto encaminado a superar el debate sobre la unidad de la lengua y promover su normalización. «La cabeza de Aznar pendía de dos hilos que sostenían Jordi Pujol y el vasco Xabier Arzalluz. Este era el bien supremo a preservar por parte de los populares», observaba el periodista Víctor Maceda.

Con todo y pese al pacto, la instrumentación política del valenciano para sacarle rédito electoral al conflicto lingüístico no se ha extinguido. La tradición manda que, en cada cita con las urnas, el fantasma de la amenaza catalanista sea sacado a pasear por la derecha.

Mientras se negociaban los acentos, hubo unos cuantos que no paraban de robar a cuenta del cemento.

Esquerra Unida (en coalición con Els Verds en la legislatura 1995-1999) conformaba junto con el PSPV la oposición parlamentaria. Contaba con un potente grupo de diez diputados, cuyos referentes eran Glòria Marcos, portavoz en la primera legislatura de Zaplana, Joan Ribó, que lo fue a partir de 1999, o Pasqual Mollà. A los partidos más minoritarios apenas les daba para sobrevivir con sus escasos recursos y el mecenazgo inducido de cuatro empresarios, que siempre son más de invertir en la gran industria que en pymes de la política. En aquellos tiempos analógicos, sin redes sociales ni universo digital, ser extraparlamentario comportaba vivir en la clandestinidad.

El PSPV, partido hegemónico en la izquierda, quedó totalmente noqueado tras la derrota de 1995. La corrupción en los estertores del felipismo y el hartazgo barrieron a los socialistas valencianos. En buena medida, el PSOE sepultó electoralmente al PSPV de Joan Lerma. La ilusión de cambio doblegó al marujazo, el caso Naseiro o el caso Sanz, y su protagonista fue investido presidente de la Generalitat. El partido que había puesto en pie las estructuras administrativas y políticas del autogobierno quedó en estado de shock. Absolutamente catatónico. «Lerma era la Generalitat, parecía imposible su derrota a manos de Zaplana. Que pudiera presentarse después de tanto escándalo era otro escándalo», evoca el periodista Juanjo García Gómez, quien durante 27 años de cronista en las Corts desnudó la política parlamentaria con precisión de orfebre y un agudo olfato.

Tras perder el poder, en el PSPV se enredaron en los permanentes ajustes de cuentas de congreso en congreso y de asamblea en asamblea. El socialismo valenciano tenía el infarto como estrella polar y su estado natural pendulaba entre el congreso y el poscongreso. Fueron trece años de crisis y convulsión en una formación que nunca acabó de digerir la derrota de mayo de 1995. La crónica de la deriva hacia el precipicio tiene su prólogo en esa pérdida de la Generalitat, pero su capítulo primero arranca unas semanas después, el 3 de julio. El día en que Zaplana toma posesión del cargo, pero, sobre todo, la fecha en que Lerma consuma su marcha a Madrid para convertirse en ministro de Administraciones Públicas con Felipe González y deja descabezada a la segunda federación del PSOE.

Se abre un periodo de riña y efervescencia en la antropofagia socialista cainita. Las cuatro gestoras (presididas por Diego Macià, Juana Serna, Francisco Granados y Joan Lerma) y cinco congresos celebrados entre 1997 y 2008 atestiguan que la formación que había gobernado los primeros 13 años de autonomía se moldeó como un partido de trincheras con tal capacidad pirotécnica que hasta las cenizas estallaban.

En aquella brega orgánica se malgastron muchas calorías. El primer periodo de gestoras se cerró en septiembre de 2000, cuando Joan Ignasi Pla accedió a la secretaría general tras ganarle el congreso de Alicante a José Luis Ábalos. Pla no era diputado y confió la portavocía en las Corts a Ximo Puig. Quien accedió a la presidencia de la Generalitat en julio de 2015, valora con la perspectiva del tiempo la labor de aquel grupo, dadas las circunstancias. «Es cierto que de alguna forma los problemas internos afectaban, pero a pesar de las dificultades se hizo una oposición bastante contundente y un buen trabajo en momentos en los que Zaplana había cogido viento de cola muy favorable desde el punto de vista económico, y la gente no estaba por esperarnos a nosotros. Zaplana gobernó en un clima general de impunidad.» Puig admite que el partido entró en «convulsión» interna, tras una derrota que dolió especialmente: «los datos de gestión nos avalaban y encima se perdió con Zaplana, que venía avalado por una trayectoria de escándalos».

La crisis del PSOE federal también tuvo efectos nocivos en el socialismo valenciano. La derrota de Felipe González en marzo de 1996 y su marcha de Ferraz, un año después, abrieron una etapa de inestabilidad que dio paso al invento de las primarias llamadas a reforzar al sucesor Joaquín Almunia, pero José Borrell se impuso contra pronóstico y contra el aparato felipista, que no dejó de complicarle la vida hasta que el elegido candidato tuvo que dimitir a raíz del fraude fiscal cometido por dos colaboradores suyos, Ernesto de Aguiar y Josep Maria Huguet.

La interlocución de los socialistas con Zaplana en el Consell era muy complicada. «No había ninguna relación entre el Palau y el grupo parlamentario socialista», recuerda Puig. Aunque, añade, era mucho mayor el grado de hostilidad del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, cuyo acoso permanente sufrió Puig como alcalde de Morella y portavoz de su partido en la institución provincial a partir de 1995. «Era pura persecución, nos negaba el pan, el agua y la sal a los alcaldes de izquierdas, era totalmente antidemocrático, un uso y abuso caciquil de la institución por parte de Fabra», lamenta.

Aquella era una oposición invertebrada que no funcionaba como un ejército regular. Cada cual interpretaba la partitura en estilo libre, según su criterio. Cada cual elegía el instrumento. Igual que hay medios, pero sobre todo hay periodistas, del mismo modo hay partidos y grupos parlamentarios, pero, sobre todo, hay políticos y diputados. Unos eligieron el violín, un sonido dulce y agradable, y otros el bombo. «Jamás hubo consignas desde la dirección para hacer una oposición más contundente o más llevadera.» Si se optaba por una línea dura, «nadie te llamaba la atención»; si se elegía el estilo blanco y amable, «tampoco», recuerda una persona que se sentó en la bancada socialista.

Las circunstancias ambientales, el ninguneo a las Corts desde el Consell y la vida longeva que se auguraba al PP gobernante dibujaban un marco propicio para ejercer una oposición de pressing catch más que de boxeo. En general, no abundaba la contundencia en la pegada. Eran contados los políticos que se atrevían a meter la pierna, aunque fueron legión si se compara con los empresarios que se arriesgaron a meter la cartera. Cuando arrecia la lluvia combinada con viento, los paraguas de las siglas de un partido, y más aquel PSPV descompuesto, o la cabecera de un diario ofrecen la misma protección que esos toldos de apeadero de estación de mala muerte. En esas situaciones, la única opción para no mojarse es no salir de casa y observar la tormenta desde la ventana de la sala de estar, con pantuflas y pijama de felpa. Ya escampará y saldremos a comentar la tormenta. De la furia de Zaplana y de aquel Partido Popular a la hora de ajustar cuentas pueden dar fe diputados como la socialista Armengol, Glòria Marcos o Pasqual Mollà. La diputada del PSPV fiscalizó con firmeza las adjudicaciones y negocios de «los amigos de Zaplana» en Terra Mítica. Y una buena mañana parlamentaria le airearon en las Corts episodios de su vida privada.

Lo mismo le sucedió a Mollà, quien fue, sin duda, uno de los diputados más temidos por Zaplana. De los que le hacían torcer el gesto con sus intervenciones contundentes, bien estructuradas (no en balde es matemático) y en un tono pausado pero demoledor. Su compañera Glòria Marcos, que, entre otros méritos, tiene el de haber exhumado las cifras del contrato oficial de Julio Iglesias, también sufrió ataques en su vida personal como respuesta a su labor parlamentaria.

El citado Juanjo García recuerda estrategias de alto voltaje: «El PP no reparaba en el uso de resortes políticos y mediáticos para dar escarmientos que a veces rozaban el matonismo y para que el resto de parlamentarios tomaran nota». Nota de que el que ponía la pierna arriesgaba la tibia y el peroné. Cuando la bancada popular ya no tenía estómago para tragar más quina, «entonces salía al estrado el diputado Manuel Ortuño, alias el Legionario». Y procedía a atacar con descalificaciones personales. Ortuño es un tipo con la elegancia de Rambo y la finura de Robocop.

Este tipo de acciones disuadían o hacían repensar el tono de la labor de la oposición. Exponerse y asumir riesgos no salía gratis. Años después, los socialistas Camarasa, Such o Ángel Luna tuvieron ocasión de comprobar la capacidad de respuesta de un partido hegemónico, engrasado y que funcionaba como maquinaria de poder sin miramientos ni complejos. Mònica Oltra, de Compromís, también fue objeto en 2010 de un gravísimo insulto público por parte del entonces vicepresidente del Consell Juan Cotino como respuesta a la denuncia de las irregularidades en los negocios de las empresas de la familia de éste.

Además de panorama mediático y ciudadano escasamente receptivo, el temor a represalias fue otro de los factores que también explican el escaso o insuficiente jugo político que los socialistas obtuvieron de las denuncias judiciales de los distintos casos mediáticos de corrupción en los primeros años del régimen. Los socialistas valencianos dieron la batalla en los tribunales, incluso en una causa como la del IVEX, que el juez instruía a veces al ralentí y casi siempre en punto muerto. Pero la explotación política no siempre se correspondió con el esfuerzo económico.

El PSPV acudió al juzgado por el IVEX, Terra Mítica, Gürtel, Brugal, o en el caso Fabra, a través de la afín Unión de Consumidores de España (UCE), que ejerció la acusación popular.

El freno de Ferraz

Prácticamente nadie creyó en el caso IVEX-Julio Iglesias. La decisión de llevar a los tribunales el escándalo publicado la adoptó Joan Ignasi Pla en la cuarta planta de la sede de Blanquerías, tras escuchar el dictamen favorable de los letrados del partido, José Luis Vera y Virgilio Latorre. La fe inicial de la dirección socialista valenciana se fue diluyendo hasta convertirse casi en un estorbo, cuando no en moneda de cambio.

La intervención de Ferraz en esa causa siempre fue más como freno que como acelerador. Lo experimentó Pla. Con su sucesor, Jorge Alarte, embajador de José Blanco en el socialismo valenciano, la causa siempre presentó escasos visos de reflotar políticamente. Blanco, al igual que el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, ejercían de amigos de Zaplana y residentes en Madrid. En el caso de Rubalcaba, trabaron una sólida amistad en la etapa en la que el ex presidente valenciano fue ministro de Aznar. Después de 2004, cuando el PP perdió el poder y Zaplana se convirtió en portavoz popular en el Congreso (de abril de 2004 a abril de 2008), esa relación se intensificó. Muy amigos. En más de una ocasión, tanto Blanco como Rubalcaba trasladaron a la dirección del PSPV, y esta a los abogados, que sería conveniente no remover el caso para no salpicar al ex presidente valenciano.

Pla, Alarte y los letrados pueden dar fe. A Alarte se lo pidió Blanco, de parte de Zaplana y de José Bono, el ex presidente de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y muy colega del ex presidente de la Generalitat.

Desde Ferraz, este asunto judicial no dejaba de ser visto como un arma diplomática y de intercambio de cromos con un tipo como el ex jefe del Consell, partidario como pocos de mantener los puentes en las alturas de los partidos. Un político que siempre presumió de interlocución. La cara amable y liberal del PP, a ojos del PSOE. Lo dicho, té y simpatía.

Estalló la crisis económica y los estómagos pasaron de ronronear a gruñir de hambre. En septiembre de 2008 se produjo una alineación astral, como diría la vidente y ex ministra Leire Pajín Iraola, de dos fenómenos a uno y otro lado del charco atlántico. Lehman Brothers, el cuarto banco estadounidense con 680.000 millones de dólares en activos, presentó su declaración formal de quiebra el día 15; fue el mayor crack empresarial en la historia del país. Y, en este lado del océano, Jorge Alarte se convirtió en secretario general del PSPV, el 27 de septiembre. Se impuso a la candidatura de Ximo Puig por 282 a 262 votos. Fue una excepción en la dinámica habitual de los procesos orgánicos del socialismo valenciano, en los que, siempre que se dirime un escenario de confrontación, suele perder la opción avalada por Ferraz.

En la etapa de Jorge Alarte al frente de la organización (de septiembre de 2008 a marzo de 2012), la ejecutiva del partido y el grupo parlamentario, con Ángel Luna de síndic, hicieron bandera de la lucha contra la corrupción como pilar casi único de su acción política. Y no era para menos. El caso Gürtel estalló el 6 de febrero de 2009, un viernes. El PSPV de Alarte se personó como acción popular, aunque tarde Camps ya había ido a declarar al TSJ valenciano, el 20 de mayo de 2009, como imputado por presunto cohecho en la causa de los trajes Gürtel.

Los socialistas se personaron por convicción política regeneracionista, por supuesto. La corrupción gürteliana acabó por cobrarse hasta la cabeza de Mariano Rajoy en la primera moción de censura que prosperó en la democracia española.

Pero en la decisión del PSPV también pesó, y mucho, el interés en utilizar el caso para intentar afianzar sus apoyos mediáticos y su alianza con Ferraz. Alarte quería tener acceso a la documentación que regularmente generara la causa para filtrarla al Grupo Prisa, con el que selló tácitamente un pacto de colaboración. Una estrategia con la que mimaba las relaciones con estos medios y cultivaba el favor del entonces todopoderoso secretario de organización federal, José Blanco. Entendió que el atajo más fácil para mantener las riendas del partido era la excursión permanente a Madrid. De las dos líneas de actuación, la regeneracionista y la mediática, participaba como destacado impulsor el director de comunicación y mano derecha de Alarte, Josep Moreno, que luego fue diputado y siempre un hiperactivo muñidor de estrategias políticas y mediáticas del partido en su lucha entusiasta y militante contra la corrupción, tanto en Gürtel como en el caso Cooperación, que se saldó con la condena y encarcelamiento de Rafael Blasco.

Los socialistas llegaron a acumular hasta catorce casos de corrupción judicializados. El partido fue acumulando encargos de representación a los letrados, en algunos casos en asuntos judiciales en los que, por razón de su responsabilidad política, estaban envueltos dirigentes como el síndic parlamentario Ángel Luna. En total, la deuda acumulada por el PSPV con sus abogados ascendía a 516.761 euros en vísperas de la celebración del decisivo congreso en el que por segunda vez se enfrentaban Alarte y Puig, el de Alicante del 30 de marzo al 1 de abril de 2012.

Alarte esgrimió su lucha contra la corrupción en los tribunales y en las Corts, con Luna como abanderado, como principal activo, al tiempo que no se privaba de acusar a Puig y al nucleo duro del lermismo (el embrión sobre el que el luego presidente fue expandiendo su proyecto) de haber sido tibios con la corrupción. El secretario general reprochaba las reticencias de estos ante la querella interpuesta por el partido por financiación ilegal del PP en la que se incluía a las ocho empresas constructoras. Contratistas de obra pública que finalmente acabaron por pactar con la Fiscalía la confesión de haber pagado bajo mano parte de las campañas de los populares en 2007 y 2008. Estos empresarios fueron condenados en junio de 2018 por la Audiencia Nacional en la sentencia de la rama Gürtel valenciana sobre el engorde en B del PPCV.

En su última intervención como líder del PSPV, Alarte se despachó con un discurso en el que dudó del compromiso regeneracionista de Puig. «Todos luchan contra la corrupción, pero es la primera vez que algunos han criticado que luchemos tanto con la corrupción», asestó. Luego alertó sobre la involución interna que se produciría en caso de ganar el de Morella, y a continuación proclamó que con el «pasado» no había «futuro». Pese a la exhibición de elegancia, Alarte no pudo evitar convertirse en el primer secretario general socialista amortajado en un congreso y no en una urna autonómica. Puig se impuso al secretario general por 321 votos (61,14 por 100) frente a 179 (34 por 100).

En varias reuniones, los letrados urgieron a Alarte y a su secretario de finanzas, José Ruiz, a ir saldando la deuda, dado que los abogados no estaban dispuestos ni tenían músculo económico para seguir asumiento gastos de procuradores, peritos y demás costes procesales. Alarte decidió entonces podar el mapa de las ofensivas judiciales del partido para aligerar la carga. Y ordenó a los abogados la retirada en seis de las causas, entre ellas el caso Terra Mítica, el IVEX-Julio Iglesias o la personación en el Tribunal de Cuentas como denunciante del presunto fraude en las ayudas otorgadas a la trama de ONG impulsada desde Solidaridad con Rafael Blasco de conseller. El líder del PSPV dio instrucciones para continuar en la rama de la causa Gürtel sobre supuesta financiación del PP.

El despliegue de esa amplia batalla judicial contra la corrupción fue uno de los factores que contribuyó a la ruina económica del partido, con una deuda que fue engordando hasta sobrepasar los 9,5 millones de euros, casi 1.600 millones de las antiguas pesetas. El PSPV se arruinó en parte por el dinero que gastó en bregar contra la corrupción en los tribunales. Es cierto. Pero concurrieron diversas causas para elevar el pasivo hasta esos niveles. Empezando por la amortización de la hipoteca de la sede, ubicada en el número 4 de la calle Blanquerías. Un lastre para la economía del PSPV. Inaugurada por Zapatero en enero de 2001, fue, eso sí, la única buena noticia para el partido en mitad de su travesía invernal tras perder el poder.

En la dirección del partido, primero en la etapa de Joan Ignasi Pla y luego con Jorge Alarte, solían coincidir con Keynes en quitar importancia a la política monetaria como instrumento para procurar la estabilidad económica, en este caso las cuentas de la formación. Consideraban que la influencia de la masa monetaria en circulación era mínima. A menudo surgían imprevistos. Por ejemplo, en la campaña de 2007, la ex ministra Carmen Alborch ya no pudo resistirse más a las invitaciones de Ferraz a ser candidata y se presentó contra la popular Rita Barberá, a petición de José Luis Rodríguez Zapatero. En esa campaña municipal, una geganta (la candidata en formato cabezudo) se paseó por las calles, se dispuso un globo y se editó una revista en papel cuché (La ciudad de las 100 caras) de apoyo a la candidata, entre muchas iniciativas. Aquel menú electoral y una ambiciosa propaganda costaron 600.000 euros y Blanquerías tuvo que contribuir. Con la llegada de Alarte se disparó el gasto en nómina,s porque el núcleo de sus colaboradores pasó a cobrar del partido al no estar conectados a sueldo público.

La Ley de Financiación de Partidos de 4 de julio de 2007 prohibió las donaciones anónimas y elevó la cantidad máxima para las aportaciones a 100.000 euros. España y el País Valenciano no son Estados Unidos. Las entregas de dinero por este cauce fueron nulas. Las repetidas catástrofes en las urnas también fueron dañinas para la salud económica de la organización, porque se perdieron parte de las ayudas que se conceden en función de los resultados en las autonómicas y locales. Entonces eran 12.786 euros por parlamentario y 0,64 céntimos por voto. La partida que conceden las Corts a los grupos para funcionamiento también se redujo, al igual que la subvención de la Generalitat a los partidos (depende también de los resultados), en un contexto de crisis económica. En tres años, esas cantidades se rebajaron en aproximadamente un 60 por 100.

A principios de 2012, el Consell de Alberto Fabra adeudaba, además, casi dos millones de euros por subvenciones electorales y ayudas a las formaciones políticas. La oposición (PSPV, Compromís y EU) denunció reiteradas veces que el Gobierno valenciano ahogaba a propósito a la izquierda por la vía del estrangulamiento económico. Al tener menos cargos públicos, el PSPV también vio sensiblemente reducida la partida derivada de la cuota que estos aportan y que entonces equivalía al 8 por 100 del sueldo público percibido, un porcentaje conocido como «impuesto revolucionario» aprobado por el comité nacional de los socialistas valencianos, el máximo órgano entre congresos. Otro de los factores que damnificó la economía del partido fue la deserción de afiliados. Entre 2008 y 2012 se contabilizaron unas 5.000 bajas en un censo que de cara al congreso de Alicante apenas alcanzaba los 20.232 militantes.

La sede tuvo que ser rehipotecada (en Bancaixa) para hacer frente a las deudas. Casi desde el mismo día en que fue inaugurada por Zapatero, en enero de 2001, la dirección del partido, en concreto la secretaría de organización y finanzas, buscó fórmulas para sacar rendimiento a un edificio situado en lugar tan privilegiado, junto a las Torres de Serrans. Se quiso alquilar la planta baja para montar un bar, pero finalmente no hubo acuerdo con el dueño de un restaurante del paseo marítimo que estaba interesado. Se barajó, en distintos momentos, la venta de plazas de garaje y hasta la explotación comercial de la azotea, pero por distintas razones, la seguridad entre ellas, fue misión imposible sacar rédito a un inmueble que siempre ha estado infrautilizado. En 2009, la ejecutiva implantó una cuota extraordinaria de 2,5 euros a los militantes para la amortización hipotecaria.

Desde abril de 2012, la ejecutiva de Puig prolongó la agonía, con restricciones que redujeron en 1,2 millones los números rojos, durante cinco años hasta que finalmente el 5 de abril de 2017 la dirección del PSPV tuvo que autorizar la venta del inmueble situado en el número 4 de la calle Blanquerías para abordar una solución definitiva a las deudas. Se rubricó un contrato de venta por 5,8 millones de euros a Myr Hoteles, del grupo Comatel, uno de los mayores distribuidores de máquinas recreativas. Tenía previsto convertir la sede socialista en un hotel cuatro estrellas superior, que abriría sus puertas a finales de 2019. Los compradores dieron al PSPV un plazo de 12 meses para hacer la mudanza y abandonar el edificio.

Mientras los socialistas valencianos ejecutaban una dieta económica severa que acabó con la decisión de colgar el cartel de «Se vende» en la sede, una jueza recibía el informe policial elaborado a partir de una denuncia sobre presunta financiación ilegal del PSPV presentada por el diputado del PP José Císcar, ex vicepresidente del Consell de Alberto Fabra. La documentación que Císcar llevó a la policía se la facilitó, según explicó el político en las Corts, el diario ABC. En esencia, se aportaban facturas y correos electrónicos para imputar a los socialistas y al Bloc, partido matriz de Compromís, el haber montado una Gürtel propia. Haberse financiado a través de la empresa de comunicación y marketing Crespo Gomar S. L., que les habría prestado servicios abonados por contratistas públicos como Metrovacesa, Fomento Urbano, Lubasa o Blauverd, según información avanzada en su momento por El Mundo. Crespo Gomar se encargó de la campaña autonómica del PSPV en 2007, con Joan Ignasi Pla de candidato, y de la campaña «Adéu PP» de los valencianistas del Bloc.

La jueza Nieves Molina recibió la denuncia en diciembre de 2016 y no entró siquiera en el asunto del delito electoral, al entender que, incluso en el hipotético caso de haberse cometido, estaría prescrito, dado que caduca a los cinco años. Respecto a la posible malversación, falsedad y prevaricación que hubieran podido cometer administraciones de estos partidos que contrataron con Crespo Gomar, la jueza se inhibió a favor de los juzgados competentes por jurisdicción: Gandia, Benidorm y dos juzgados de Madrid, dado que también se dirimían adjudicaciones de cinco contratos desde los ministerios de Vivienda y de Sanidad o de la empresa pública estatal Acuamed.

Los dos juzgados madrileños archivaron las causas al no apreciar indicios de delito. Los casos siguen vivos en Benidorm, donde se adjudicó la compra de opinómetros con alto sobrecoste a Opinomedia (participada por la ya extinguida Crespo Gomar), y en Gandia, donde se investiga una subvención a la Federación Valenciana de Fútbol para adquirir un inmueble a la mercantil Mora Gomar. El consistorio, entonces gobernado por el socialista José Manuel Orengo, aportó el 50 por 100 de los 525.000 euros que costó. El ex alcalde negó tajantemente cualquier irregularidad.

La documentación que llegó a la comisaría y luego al juzgado no sólo era conocida por el ex alcalde popular de Gandia, Arturo Torró, según él mismo admitió, sino que llegó a intentar presionar y sacar rédito político de la misma, según fuentes socialistas.

El 13 de junio de 2015, Arturo Torró perdió la alcaldía de Gandia porque PSPV, Més Gandia (coalición liderada por Compromís) y Ciudadanos sumaron sus 13 votos para elegir alcaldesa a la socialista Diana Morant en un tenso pleno. Torró quedó fuera del poder. Dentro, toda la documentación, en ordenadores y cajones. La alcaldesa ordenó un dispositivo de custodia policial y control de acceso a los despachos y a la empresa Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la macroempresa catalizadora de inversiones millonarias. Torró se querelló por ello contra Morant, pero el juez acabó archivando esa causa.

El ex alcalde popular no era el único afectado por la pérdida del poder. En igual o mayor medida perdió Alberto Gomar, hijo del teniente de alcalde socialista Toni Gomar y copropietario de la empresa Crespo Gomar. Torró y el socio de esta agencia de comunicación empezaron juntos sus carreras empresariales, uno en la agencia y el futuro alcalde como dueño de Óptica Gandia, que luego dio pie al Grupo +Visión, la segunda cadena de ópticas más importante de España. La crisis llevó a la quiebra a Crespo Gomar, que renació como Ossido Comunicación. Si la primera recibió contratos de la izquierda, la nueva versión fue regada por la derecha, por el alcalde Torró con contratos por cerca de 3 millones de euros.

El empresario de la comunicación disponía, obviamente, de la documentación sobre los servicios prestados a PSPV y Bloc, la que acabó en el juzgado. Jamás ha reconocido a la izquierda que él facilitara a Torró esa información, que el ex alcalde popular admitía conocer.

Un dirigente socialista asegura que, tras aquella pérdida traumática de la alcaldía, desde el entorno de Torró hicieron saber a Compromís que, si ayudaban a destituir a Morant a través de una moción de censura, esos papeles supuestamente comprometedores nunca entrarían en un juzgado ni verían la luz. Y un planteamiento similar se hizo al PSPV, primero sobre la alcaldesa y luego pidiendo la retirada de acciones judiciales en marcha contra Torró –la principal, una querella por una subvención de 3,5 millones otorgada, desde la citada IPG, a dos emisoras privadas, una de ellas para la compra de Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L. (Tele 7), canal muy cercano a Torró–. La misma fuente indicó que los socialistas no accedieron a lo que calificaban como «chantaje». El ex alcalde del PP habría llegado a trasladarles que tanto la líder autonómica del PP, Isabel Bonig, como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, le habían mostrado mucho interés en disponer de esa documentación comprometedora y que acabó en el juzgado.

Zaplanismo vs campsismo: Maluenda se cae del caballo

Parece obvio que el auténtico poder está en manos de quienes no ocupan cargo público, aunque los primeros suelen regalar en régimen de concesión una parcela a los segundos para que la usufructúen y sirvan, en mayor o menor medida, de tapadera. Y el poder tiene su liturgia, un elemento clave para proyectarse y sobrevivir como tal. La Iglesia jamás habría sobrevivido tantos siglos y a tantas catástrofes sin cuidar la escenografía. ¿Qué sería la democracia sin liturgia? Las Corts Valencianes, por ejemplo, tuvieron que ser mantenidas pese a haber sido reducidas a un mero órgano de sellado de cambios legales por decreto de la mayoría absoluta popular y reconvertidas a contenedor sin contenido en su presunta labor de debate y control del Ejecutivo.

El uso de la bota para pisotear derechos de la oposición generó una docena de condenas del Tribunal Constitucional a la Mesa de las Corts (controlada por el PP) por vulnerar, en tiempos de Zaplana y de Camps, derechos fundamentales de Compromís, PSPV o EU al negarse a tramitar iniciativas de control. Pero como foro teatral ofrecía elementos sueltos en la escenografía y hasta representaciones enteras que permitían intuir por dónde iban las nuevas tendencias políticas del Consell o en el seno del Partido Popular. El Parlamento valenciano fue, junto con los editoriales de algún medio, el mejor escaparate sobre la guerra cainita que se estaba librando en el PP entre zaplanistas y campsistas en los primeros años de Francisco Camps.

El 27 de julio de 2004, el PP escenificó en las Corts ese desgarro interno con toda la crudeza. Se celebraba un pleno extraordinario, a petición del Consell, para la presentación del «plan de inversiones más ambicioso de la historia». De la historia, en general. De los 48 diputados populares, 21 se ausentaron, 18 de ellos por expresa y confesa voluntad de echar un pulso a Camps. Entre los tres que abandonaron el hemiciclo sin ánimo de desafiar al jefe del Consell figuraba Rita Barberá. Una actitud insólita la de la alcaldesa. Lo habitual era que ni siquiera acudiese.

Otras veces, no eran sólo imágenes parlamentarias las que retrataban las divergencias en el PP, una de cuyas facciones, la zaplanista, había decidido asumir el ejercicio de la oposición en una actitud responsable. Quizás al advertir cierta dejación de funciones por parte de la izquierda. Las diferencias en el seno de los populares no sólo se manifestaban plásticamente, con imágenes de plantes y ausencias. En alguna ocasión se escucharon voces divergentes y psicofonías.

Quizás el mayor hito como fenómeno paranormal vivido en las Corts, algo parecido al misterio de las caras de Bélmez con registro sonoro, sucedió el miércoles 19 de octubre de 2005. A eso de las once de la mañana. Ese día se debatía la propuesta socialista, avalada por Esquerra Unida, de crear una comisión de investigación sobre los pagos opacos a cuenta del fichaje del artista. El PP acabó haciendo valer, como siempre, su mayoría absoluta para vetar la puesta en marcha de esa comisión, pero tras cuatro años de intentos baldíos de la oposición esta vez los populares sí habían dado curso a la iniciativa. Al menos se debatiría. Ya era una señal premonitoria de que en esta causa había un «Más allá» en el PP. Se estaba cociendo un toque de atención del campsismo a Zaplana.

El portavoz adjunto del PP, Rafael Maluenda, subió a la tribuna como mantenedor de la previsible exaltación de Eduardo Zaplana, de quien siempre había sido el más entregado de sus devotos. Maluenda nunca se había conformado con lanzarle flores a Zaplana, él lo bendecía con pétalos. Puede que el más entusiasta y completo elogio a la personalidad del ex presidente, por su riqueza en matices, lo hiciera él: «Zaplana es el mejor».

Ese día arremetió contra quienes desde la oposición pretendían «manchar con infamias» una gestión «ejemplar». Fueron loas de anestesia antes de dejar atónita a la Cámara con el recado que mandó al entonces ministro y a todas sus huestes. Una guardia pretoriana en la que nadie como Maluenda había ejercido con tanto entusiasmo. No en balde, fue el veterano diputado, el decano de las Corts, quien, junto con Julio de España, urdió el citado plante de parlamentarios, la asonada que se planificó en la casa de este último.

Nadie como Maluenda había masajeado tanto el lomo de Zaplana, como recordó luego el ex diputado zaplanista Felipe del Baño. Pero ese día Maluenda se sometía al rito iniciático para la conversión al campsismo y, como en toda prueba de fuego, tuvo que jurar la nueva fe sin la más mínima flaqueza ni tibieza. Aparentando total normalidad, que siempre es la antesala de toda catástrofe, el incombustible diputado –se sentó en un escaño en 1983, seis años después de afiliarse a Alianza Popular, y no se levantó hasta 2015– reveló con todo lujo de detalles una información trascendente sobre la fiscalidad de los pagos al cantante y a empresas de paraísos fiscales. Sin inmutarse, se dispuso a leer un acta de la Agencia Tributaria abierta el 23 de junio de 2004 para investigar tres pagos realizados por el IVEX en julio de 1999 por 318.558.243 pesetas (1,9 millones de euros) a International Concerts, a Midway International y a Gold Peak Trade Service, empresas de Islas Vírgenes Británicas, Irlanda y Hong Kong, por organizar los conciertos de México y Shangai.

El diputado popular se explayó en la revelación hasta el punto de advertir que la AEAT decidió actuar un mes y dos días antes de que prescribiese el delito fiscal. El delantero centro del PP iba marcando goles presuntamente en propia puerta. No era así. Se había cambiado la camiseta. Se había caído del caballo para formalizar la conversión de furibundo zaplanista a campsista empedernido. En realidad, a esas alturas, era más que evidente que el partido estaba partido. Los dos bandos, las dos bandas. La de Zaplana y la de Camps. Y Maluenda estaba haciendo méritos como nuevo fichaje campsista, siempre aparentando una feroz defensa de la gestión del ex presidente. Maluenda retorció el cuello y comentó sobre el expediente que Hacienda sólo detectó «una única posible irregularidad». Consideró que esos gastos no eran fiscalmente deducibles para el IVEX porque «no se justificaron de forma suficiente». La ley que regula el impuesto de sociedades exige un «plus de justificación»para gastos desgravables cuando se trata de pagos a «empresas de paraísos fiscales».

En la bancada de la izquierda asomaban algunas bocas tan abiertas que se habría podido montar el escenario para que actuara Julio Iglesias. El síndic socialista, Joan Ignasi Pla, no acudió esa jornada a las Corts. Ni falta que hacía. Rafael Maluenda fue por un día el jefe de la oposición.

El final de la función no decepcionó. El portavoz adjunto del PP informó que el expediente se había resuelto con una «propuesta de sanción» en la que se imponía al IVEX una multa de 191.457 euros, en concepto de pago del impuesto de sociedades por las retenciones aplicables a las facturas pagadas en paraísos fiscales. Así fue como, sin inmutarse, en un tono sosegado para quien destacaba precisamente por una indómita verborrea y vehemencia, explicó Maluenda la «única posible irregularidad». Nada menos que una multa derivada del pago de presuntas facturas falsas por servicios no justificados en el montaje de dos recitales. Un frente, el de los pagos de México y Shangai, que, efectivamente, era el epicentro de la facturación falsa dentro de la estafa general que fue la gira artística y comercial y el negocio que generó, en especial en B. Hablar de «una única posible irregularidad» que consistía en haber pagado facturas falsas por servicios no prestados es como decir que el niño siempre tuvo un comportamiento ejemplar, con la única salvedad de que tras la celebración de su cumpleaños cometió una única trastada: enterrar a su mamá viva en el jardín. Al finalizar el pleno, la consellera Gema Amor, zaplanista de Benidorm, reprendió a Maluenda, quien, con gestos de nerviosismo, le contestó que había dado la información pertinente.

Entre las empresas investigadas por la Agencia Tributaria figuraba la referida Gold Peak Trade Service Limited, que facturó al menos 146 millones de pesetas (877.000 euros) por el recital de Shangai. Un evento por el que International Concerts percibió al menos 350.000 dólares, el 2 de junio de 1999, en concepto de «provisión de fondos» para afrontar el montaje del concierto chino. El dinero a cuenta se pidió unos 200 días después de que la garganta del artista emitiera el último gorgorito en aquel concierto.

Capítulo XIII

Una causa global

Purga de delegados, borrado de huellas

Desde que emergió el contrato B y el mapa de la corrupción en torno al IVEX iba completando piezas, la Generalitat ejecutó una campaña de destituciones y ajustes de cuentas con varios de sus delegados en el extranjero. Antes se habían sucedido varios despidos en Industria y el Instituto en busca de filtradores. Como es evidente, nunca dieron con la tecla. Destituciones unas veces justificadas en que se cargaban gastos personales al instituto público –en el caso de Antonio Ricor en Casablanca era cierto– y otras en la falta de productividad de las oficinas en el exterior, la baza esgrimida contra el delegado en Miami, José Marquina, o el de México, Vicente Sendra. Hubo casos en los que se actuó sin dar explicaciones. Por ejemplo en Hong Kong.

Para entender los motivos oficiales que sirvieron como coartada para depurar las delegaciones, conviene explicar el funcionamiento del instituto en sus relaciones con las empresas exportadoras. El IVEX, heredero de la antigua Promociones de la Comunidad Valenciana (Procova), creada por el Consell socialista de Lerma en 1989, tenía unos cuantos pecados originales que complicaban su eficiencia. Uno de los vicios demoledores consistía en fijar el precio de los servicios a comisión. La tarifa resultaba de fijar un porcentaje sobre el volumen facturado en la operación. Un sistema que invitaba a reducir en lo posible la cantidad que se declaraba. El resto, o la totalidad, podía derivarse a través de empresas privadas de terceros, que a veces eran de los propios delegados. Porque los embajadores comerciales, delegados o los llamados «prones» (promotores de negocios), que facturaban servicios pero no estaban en nómina, eran en la mayoría de los casos personas vinculadas al sector de la exportación y bien relacionadas en la plaza en la que estaba enclavada la oficina. Aunque no siempre la selección desde la Generalitat atendía a criterios de conocimientos del mercado y del sector exportador.

El delegado en Moscú, por ejemplo, un tal Mihail Beliakov, llegó una mañana a la oficina del IVEX situada en la céntrica y carísima avenida Terverskaia a firmar un contrato de 400 dólares para ejercer de traductor. No tardó en ser nombrado delegado. Su experiencia comercial era nula, pero era un tipo bastante simpático. Justo el perfil que se requería para un destino que entre el 8 y el 12 de junio de 1998 se convertiría en la capital artística y gastronómica del mundo. Nadie del Libro Guinnes certificó el récord, pero es más que probable que jamás se hayan desplazado tantos valencianos y tan lejos para comerse una paella cocinada con ingredientes denominación de origen 100 por 100 Valencia. Como los sobrecostes que generó el evento. Más de 300 políticos y empresarios cenaron el plato universal la noche del 12 de junio. Sí, cenaron paella. Como si se pretendiera lanzar el mensaje de que la paella, como el agua y el sexo, sienta bien a todas horas. Ya lo dijo Julio Iglesias: dos veces al día. En realidad no fue paella para 300 sino 300 para paella. Porque, del mismo modo que existe la ley de la gravedad, hay una norma no escrita según la cual resulta casi imposible que en una macropaella no se pase el arroz. De ahí que se optara por servir paellas individuales.

Aquella y otra cena estilo buffet costaron unos 40 millones de pesetas de la época (alrededor de 240.000 euros), incluido el sueldo de los 20 cocineros desplazados. Acudieron pocos rusos a esos banquetes y a la muestra de productos valencianos, aunque oficialmente fue un exitazo. Más triunfal resultó el concierto celebrado en el Teatro del Kremlin para 4.000 personas.

La asistencia, como en el resto de conciertos por cuenta del IVEX, era gratuita. En teoría. Desde Valencia se remitieron 2.500 entradas al Ayuntamiento de Moscú y a la delegación del instituto en la capital rusa para su reparto entre empresarios, instituciones y demás «sociedad civil». Pero una parte de las invitaciones fue revendida. Esas cosas suelen ocurrir. Los gastos de todos los saraos moscovitas, incluidas las reservas a granel en el lujoso Hotel President, corrieron por cuenta de la Generalitat, lo mismo que todo el montaje del recital del día 8 de junio. Porque hubo dos actuaciones más, las noches del 9 y el 10 de junio, pero en ese caso a título privado. Julio Iglesias aprovechó la infraestructura técnica pagada con dinero público para ofrecer sus actuaciones comerciales cobrando entrada.

Por la «organización» del concierto telonero el IVEX pagó 156.492.400 pesetas (940.515 euros). La factura la presentó una empresa californiana, radicada en Palo Alto (a 50 kilómetros al sur de San Francisco), denominada Red Group. Esta misma firma cobró otros 63 millones de pesetas (378.000 euros) por organizar la misión comercial. Pese a que la cantidad era sensiblemente menor a la del montaje del concierto, en este caso sí se desglosó la factura por conceptos. Parte de los servicios de Red Group se abonaron con dinero aportado por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva), que, como se ha dicho, tuvo que contribuir con 2,76 millones de dólares para hacer frente al aluvión de facturas que recibió el IVEX por los eventos de Tokio, Florida y Moscú en marzo, abril y junio de 1998.

Hubo una segunda firma californiana que engordó sus arcas gracias al evento moscovita: International Creative Management (ICM), domiciliada en Wilshire Boulevard (Beverly Hills), facturó al menos 137.000 dólares por once conceptos de organización de aquel concierto. Entre ellos el abono del alquiler del Teatro del Kremlin, o gastos por los equipos de luces y sonido, o por el vuelo chárter que trasladó a Rusia a músicos, técnicos y material necesario para el recital. Todos estos pagos se hicieron mediante transferencia a una cuenta de ICM en el Chase Manhattan Bank. ICM es una firma prestigiosa en el montaje de espectáculos y representación de artistas y personalidades mundiales. Por ejemplo, llevaba la representación de la ex premier británica Margaret Thatcher, fallecida en 2013.

Mihail Beliakov no era el caso más pintoresco de nombramientos de delegados con currículum poco comercial. Antonio Ricor fue fichado para encargarse de la oficina comercial del IVEX en Casablanca el 3 de marzo de 1997. El Florentino Pérez de la operación fue Diego Such y quien oficiaba de representante, el Jorge Mendes de turno, nada menos que José Antonio Manteca, el secretario autonómico superviviente a todos los cambios de conseller. Ricor, alicantino como Such y Manteca, era policía, inspector del grupo de delincuencia económica de la comisaría provincial de Alicante. Se tomó una excedencia para incorporarse al IVEX y se acomodó con rapidez en el país magrebí y en la ciudad en la que Humphrey Bogart daba caladas al cigarrillo mientras flirteaba con la Bergman. Tanto se aclimató que pronto empezó a cargar gastos personales al instituto público, irregularidades que fui publicando y que le valieron varias llamadas de atención por parte del director financiero, Joaquín Barber.

A Ricor siempre le quedará Casablanca. El 22 de noviembre de 2004, la directora del IVEX, Maritina Hernández, le comunicó por escrito que se le retiraban todos los poderes y se le rescindía el contrato. Hernández dio la orden de tomar la delegación, aprovechando que el titular estaba en Valencia en un encuentro de embajadores comerciales. Cuando Ricor regresó, no se le permitió el acceso a los archivos ni la entrada a la sede. El responsable de la red exterior del IVEX, Faustino Salcedo, asumió directamente el mando en la plaza marroquí y la custodía de los papeles incautados. El Consell vetó en las Corts el acceso de la oposición a los documentos con la excusa de que pertenecían a la esfera privada. Facturas pagadas con dinero público.

La estrategia de la toma de la delegación al asalto, entre policial y militar, por sorpresa, que se había aplicado en Casablanca se ejecutó también para controlar las oficinas de México y Hong Kong. El hombre que había gestionado para Zaplana una agenda de jefe de Estado en la visita a Fox, Vicente Sendra, tropezó también un buen día con las tropas del «comando Maritina», que tomaron la oficina azteca el 22 de noviembre de 2004. Hacía meses que las relaciones de Sendra con la dirección del instituto eran tensas al calor de las quejas de empresarios que lo acusaban de desviar clientes a su empresa, Grupo Industrial Marítimo, para hacer las transacciones al margen del IVEX. El delegado estaba molesto porque quería convertirse en «prone» y dejar de cobrar nómina para pasar a ser un intermediario colaborador externo.

Todas las tomas relámpago de las oficinas para destituir a los responsables e incautarse del material quedaron reducidas a maniobras del movimiento scout en campamento de verano comparadas con la actuación que se llevó a cabo en la oficina de Hong Kong, situada en el edificio Warf T&T Centre Tsimshatsui. La mismísima comandante en jefe Hernández se desplazó hasta China, acompañada de la directiva del instituto Cristina Villó, para asumir directamente el mando de la operación de destituir a Gustavo Fuentes y asumir el control de los documentos de la delegación. Fuentes estaba de vacaciones en España. Regresaba el 6 de agosto. El modus operandi se ajustaba al protocolo de actuación de la operación purga de delegados: aprovechar su ausencia para entrar en las sedes exteriores.

Aquella mañana, día de San Salvador, nada hacía presagiar la caída de la oficina. Cuando Fuentes llegó, se encontró con tres personas que le esperaban. Las dos citadas y un abogado. Se le entregó la carta de despido y se le comunicó que el IVEX asumía la indemnización pertinente a quien era el decano de entre los encargados de las 22 delegaciones.

En toda la operación de purga de delegados siempre se adujo como explicación oficial de los relevos que no se estaban consiguiendo «objetivos». Irregularidades al margen de que la eficiencia no era la principal fortaleza de la red exterior del IVEX. Ni de la interior. Aunque también es cierto que algunos delegados implantaron novedosos y atractivos estímulos para los empresarios locales que importaran productos valencianos. El premio I+D+i al espíritu emprendedor al fomentar las exportaciones valencianas sería, sin duda, para el citado Antonio Ricor. En todo el año 1999, la oficina que él dirigía en Casablanca solamente captó un cliente para las exportaciones valencianas: la empresa marroquí Graniti S. A., que apenas hizo una compra. Concretamente una máquina de cortar mármol adquirida a la firma alicantina Viuda de Blas Gisbert por 12,4 millones de pesetas (algo más de 72.000 euros). Ricor contrató a la esposa del propietario de Graniti como comercial del IVEX en esa plaza. Regina María Silva sustituyó de este modo a Abdelatif El Khamlichi, que había sido despedido ese mismo año.

Con todo, la falta de productividad no había sido, ni era, ni iba a ser el motivo principal que guiaba los cambios en el organigrama del IVEX, ni mucho menos la cadena de relevos en el exterior. Hubo otros factores.

Salvo el caso marroquí, el resto de destinos que fueron objeto de abruptas sustituciones (Miami, México o Hong Kong) tenían un denominador común: habían sido estaciones de la gira Julio Iglesias y, además, los puntos calientes de los pagos vinculados con empresas de paraísos fiscales. Borrar huellas y controlar pruebas, pistas e indicios documentales era una de las máximas que animó aquella actuación, disfrazada de búsqueda de mejores rendimientos para las exportaciones valencianas.

De nuevo, la consigna «siga la pista del dinero», aplicada como mandamiento sagrado por los periodistas del Washington Post Bernstein y Woodward en el caso Watergate, cobraba categoría de ciencia. El Consell de Camps aplicó la receta a rajatabla en su estrategia depurativa.

«Me ordenaron falsificar facturas»

Otro de los defenestrados fue José Marquina, responsable del IVEX en Florida y profesional de amplio recorrido y prestigio en el mundo del comercio exterior. Llegó a Estados Unidos como becario del Consejo Regional de Cámaras de Comercio. Estuvo en los inicios de Procova, antecesora del IVEX, en Nueva York y en la inaguración de la oficina del instituto en Miami. Ejerció, además, como comercial de industrias azulejeras de Castelló, de donde es natural. Fue durante dos años secretario de las Cámaras Españolas en Latinoamérica, tres años presidente de la Cámara de Comercio Española en Estados Unidos y, durante diez, director del IVEX en Miami.

Unía a su condición de comercial de vendedor de cerámica y baldosas la de representante de Sergio García, entonces todavía conocido con el apelativo de «El Niño», la figura emergente en el mundo del golf que desde Borriol amenazaba con arrebatar a Tiger Woods el cetro de número uno del mundo. Desde que Sergio García despuntaba con apenas 12 y 13 años en el Club de Campo Mediterráneo, en Borriol, Marquina ejerció de mánager y mentor de la joven promesa. Para lo cual constituyó la sociedad Sergio Team Strategies & Solutions, y en la que también participaban los padres del genio de los palos.

Marquina es un tipo muy despierto y habituado a nadar entre tiburones y pirañas. Su papel fue clave para evitar que «El Niño» fuese alistado en International Management Group (IMG), la poderosa multinacional americana de representación y negocios deportivos creada por el abogado, escritor y representante de deportistas Marc McCormack, fallecido en 2003. IMG puso el ojo en quien en 2017 acabaría ganando el Masters de Augusta, a sus 37 años. Marquina era consciente de que el chaval no tenía un swing muy ortodoxo, pero que tenía mucho talento y hasta algún día podría enfundarse la chaqueta verde que ya lucieron Severiano Ballesteros y Chema Olazábal, como así sucedió. Pero quería proteger al golfista de los tentáculos de la multinacional en sus primeros años de carrera. Al también delegado del IVEX, las negociaciones no se le dan nada mal. Bien temprano le arrancó a Adidas y a otra marca un contrato con «El Niño» de diez millones de dólares por cinco años.

El golfista y Marquina tenían un muy buen amigo común: Carlos Fabra Carreras, hijo de Carlos Fabra Andrés, quien en 1978 fundó ese club de golf conocido popularmente en Castelló como La Coma. El padre de Carlos Fabra también fue presidente de la Diputación de Castelló, entre 1955 y 1969. Igual que su abuelo (Luis Fabra Sanz, entre 1918 y 1919, y 1919 y 1922) y su bisabuelo, Victorino Fabra Adelantado (en 1895), entre otros miembros del clan caciquil.

Carlos Fabra apadrinó orgulloso a Sergio García en sus inicios en el club de Borriol que él dirigía. Un campo que acogió entre 2008 y 2011 el Castelló Masters de Golf, en el que la Generalitat y aquella Diputación gastaron más de 10 millones de euros para impulsar el torneo. Con todo, el Club de Campo Mediterráneo llegó a acumular unas deudas de casi 5 millones de euros, entre otros motivos por el lastre de este torneo, y al final tuvo que ser el propio Sergio García quien se hiciera cargo de la gestión para reflotar el complejo y resolverle una difícil papeleta a un Fabra que estaba ya acorralado en los tribunales.

Marquina había organizado la misión comercial y política que llevó a Zaplana, a los consellers Such y José Luis Olivas y a otras autoridades valencianas a Miami en abril de 1998, cuando se celebraba la feria cerámica Covering’s, dentro del calendario de la gira del cantante. En aquella visita americana, Zaplana se entrevistó con la alcaldesa de la ciudad Glenda Hood, un encuentro al que asistieron alcaldes de los municipios de la zona de influencia de Terra Mítica, como Benidorm, Finestrat y la Vila Joiosa, interesados en discernir con Hood sobre las repercusiones de los parques temáticos en las ciudades que los albergan. Orlando contaba entonces con seis macrocomplejos de ocio de ese tipo. Una parte del coste de aquella visita la facturó el delegado (técnicamente ejercía como promotor de negocios independiente) a través de su empresa Strategies & Solutions. Un porcentaje significativo (318.000 de los 438.000 euros) de lo cobrado fue por «organizar el programa institucional y la presentación de la Autoridad Portuaria de Valencia y Alicante». Pero aquel trato tenía una parte oculta. La firma de Marquina fue utilizada por el IVEX para canalizar la salida de fondos sin más soporte que un puñado de facturas falsas. Un asunto turbio que tardó en conocerse.

La delegación de Miami había participado de la estafa diseñada en Valencia y perpetrada a escala planetaria. Me lo confirmó quien había sido responsable de aquella oficina durante diez años, entre 1994 y 2004. ¿Estaba dispuesto a explicar públicamente la mecánica del timo? De entrada no, pero finalmente accedió a ser entrevistado. «Todo lo que digo lo puedo demostrar», me avanzó.

El domingo 13 de noviembre de 2005 se publicó la entrevista en la que Marquina constataba todo cuanto se había ido publicando: «El IVEX ordenaba emitir facturas falsas y el dinero que abonaba se transfería a Bahamas». «Determinadas oficinas del IVEX emitieron facturas falsas, la sede central abonaba ese dinero a las delegaciones y el mismo se transfería a las cuentas de International Concerts [...] Se emitieron facturas falsas a Valencia y se derivó el dinero a paraísos fiscales por varias decenas de millones. Era tanta la cantidad que se tenía que transferir que en el IVEX intentaron por todos los medios con esas facturas falsas enmascarar la operación e impedir la correcta auditoría por parte de la Sindicatura de Cuentas», explicaba en la entrevista. Contó con todos los detalles el ejemplo de Miami, las cuentas de la citada visita comercial e institucional que en abril de 1998 realizó a Florida la nutrida representación empresarial encabezada por Eduardo Zaplana. La organización de aquel recital costó 207.926 dólares. Marquina aportó todos los justificantes de los gastos al Juzgado de Instrucción número 19 el día en que compareció como testigo para declarar durante dos horas ante el juez Luis Carlos Presencia. El 17 de enero de 2006.

Esa cifra no incluía la totalidad de los gastos reales acometidos en aquella visita. Una excursión por todo lo alto, como era norma de la casa. La cena para vips celebrada con motivo del recital en el Hotel Peabody contó con unos 950 invitados. La beautiful people de Miami se dio cita. Llegó el momento de liquidar las viandas y bebidas, y varios empresarios trasladaron su malestar cuando se les informó de que cada cual tenía que pagar su cubierto a escote. El anfitrión, Eduardo Zaplana, no estaba dispuesto a que nadie se fuese de allí con un regusto amargo. Té y simpatía. Serà per diners?, pensó el presidente, quien trasladó la debida orden al director general del IVEX. Tabares pidió la cuenta. Cualquiera habría revisado el ticket, por si finalmente los chupitos los habían cobrado tras anunciar que invitaba la casa, por si al nene le habían cargado un Frigodedo de más o una Fanta de menos. Pero Tabares es cualquier cosa menos un tipo cutre. Así que desenfundó la American Express, sin límite de crédito, que manejaba por razón del cargo, y abonó la cena.

En total, 87.450 euros. Barato, porque en el Peabody se come bien. El cargo apareció en la contabilidad de aquel evento bajo el concepto «Banquete». No fue el único calentón de la tarjeta a disposición de Tabares que sirvió para centrifugar gastos de aquel fastuoso año y de este modo enmascarar un tanto el despilfarro. En la primera de las excursiones del programa, en Tokio, en marzo, Tabares pagó 29.316 euros con la misma tarjeta, vinculada a una cuenta del IVEX en Bancaja. El 15 de noviembre de 1998, saldó sendas facturas de 24.860 euros y 54.955 euros en Shangai, el evento que cerraba el año, a expensas del acto pendiente en México. En la contabilidad del instituto público no existía ningún documento justificativo de ese gasto, pero sí figuraban como conceptos las referencias «músicos Shangai» y «Hotel Ritz», respectivamente. Cuando se está en la otra punta del mundo no puede uno escamotear presupuesto por pensiones esquineras.

Pero, como contó Marquina en la entrevista y rubricó en la Ciudad de la Justicia, además de los pagos en los que realmente incurrió el IVEX en aquel recital del 23 de abril de 1998 en Orlando y el abono de Tabares con la tarjeta de crédito, hubo un flujo de dinero fuera de control. Desde Valencia ordenaron a Marquina emitir una factura de gastos ficticios por 325.000 dólares, una factura falsa para justificar la salida de fondos. Para que los asientos contables recogieran ese importe hubo que modificar hasta cuatro veces la contabilidad. Al final se ajustó, a martillazos, al importe recogido en la factura falsa, según relató el ex delegado. ¿Quién se lo ordenó? «Me llamó una persona que trabaja en el IVEX que se llama Faustino Salcedo y que por aquel entonces era director del área internacional [...] Fue bajo coacciones y amenazas directas. El comentario era que, si no se emitían esas facturas, podría no renovarse el contrato con mi oficina [...] Pediría al señor Salcedo que fuéramos juntos al juez para explicarle detalladamente la manera en la que se realizó el montaje.» Esa fue su respuesta. En el juzgado, el ex «prone» del IVEX en Miami citó también como ordenante de la factura falsa al director del instituto José María Tabares. Le ordenaron «el marrón», dijo. Desde Valencia se emitió ese cheque de 325.000 dólares a favor de Strategies & Solutions, la empresa de Marquina, para ser cobrado en una oficina del Banco Exterior de España (BEX) en la capital de Florida. Tal cual le llegó, Marquina lo endosó a favor de International Concerts, que lo ingresó en la cuenta secreta de UBS en Nasáu (Bahamas). No se ingresaron los 325.000, sino 324.935. Hubo que descontar los 65 euros que el BEX cobró como comisión. La empresa de Marquina habría sido utilizada como tapadera y catalizadora de la salida de fondos públicos.

El delegado dijo haber informado de todas estas presuntas ilegalidades al conseller Justo Nieto, sucesor de Diego Such; a Carmen de Miguel, la directora general que relevó a Tabares, y a Maritina Hernández, que sustituyó a De Miguel. Según el relato de Marquina, informó del asunto «en reiteradas ocasiones a la directora general, Maritina Hernández, mediante entrevistas personales en su oficina. En vista de su nula respuesta durante meses, la primera semana de septiembre del año pasado [...] mantuve una reunión con el conseller Justo Nieto en su despacho para detallar una serie de actuaciones irregulares que en mi opinión debía conocer, puesto que acababa de acceder al cargo y era importante que dispusiera de determinada información al margen de la que le suministraban desde las oficinas de Valencia», contó Marquina, quien, según su testimonio, trasladó a Nieto el malestar por los despidos acometidos en las delegaciones en el exterior. ¿Cuál fue la respuesta del conseller? «Me indicó que estudiaría la situación, puesto que acababa de llegar. Le dije que sería el momento de hacer borrón y cuenta nueva y levantar las alfombras, pero lo cierto fue que dos meses después me enviaron la carta de cancelación de mi contrato, seis horas antes de su renovación automática», explicó.

«Falsas, indiscretas e imprudentes.» Así calificó Justo Nieto las explosivas declaraciones de Marquina, que el conseller achacó a una reacción de venganza por haber sido despedido del IVEX. Anunció que la Generalitat presentaría «esta semana» una querella contra el ex delegado del instituto en Miami por «las falsedades y calumnias que ha vertido». Una iniciativa judicial que estaría compartida con la directora general Maritina Hernández. En realidad, matizó, se presentaría la querella si era «pertinente» para aclarar «todo este tipo de calumnias y de orgías del rumor». Y finalmente no fue «pertinente». Porque nunca se sustanció ninguna querella. Nieto tampoco aclaró si conocía la existencia de facturas falsas ordenadas por directivos del IVEX. En realidad, la contribución de Nieto a esclarecer el escándalo, sanear las prácticas del instituto y depurar responsabilidades fue más bien escasa. Nieto fue un fichaje estrella de Francisco Camps que pasó por la remozada Conselleria de Universidad y Empresa con más pena que gloria. Con mucha pena y escasa gloria. Mira que Carlos Fabra se lo advirtía repetidamente a Zaplana y a Camps: «No pongas a técnicos, pon a políticos». Pues ni caso.

En los días posteriores a la publicación de la entrevista contacté con un abogado con probada solvencia en la gestión de sociedades off shore, como las que habían sido catalizadoras del vaciado de fondos en la operación Julio Iglesias. Mercantiles que sirven para la evasión fiscal, pero especialmente para la ocultación de patrimonios. Este tipo de sociedades, radicadas en países en los que no ejercen actividad ni tributan, saltaron a la fama y se pusieron mediáticamente de moda a raíz del estallido de los llamados Off shore leaks y Panama Papers, la mayor filtración de documentos de la historia. 2,6 terabytes de información, nada menos que 11,5 millones de documentos, que fueron procesados y publicados al alimón a partir del 3 de abril de 2016 por 110 medios de comunicación (El Confidencial y La Sexta, en España) de casi 80 países. Un logro que fue posible gracias al trabajo exhaustivo y discreto de casi 200 periodistas coordinados por el ICIJ (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación).

Documentos confidenciales de la base de datos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, uno de los cinco bufetes más importantes del mundo en la creación de este tipo de empresas en paraísos fiscales. Estos documentos confidenciales destapaban la evasión fiscal y el ocultamiento de bienes por parte de políticos de todo el planeta, además de personalidades del mundo de los negocios, el deporte o el espectáculo. La filtración arrancó con un e-mail de un anónimo, que se hacía llamar el genérico John Doe (el equivalente al español Fulano o Mengano), a los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del Süddeutsche Zeitung.

Viveros de empresas

Este tipo de despachos no dejan de ser cultivadores de viveros de empresas, que ponen a disposición de quien busca pantallas mercantiles de opacidad para aligerar la carga tributaria y especialmente para esconder bienes. En esencia, una versión 3.0 de la actividad que desde hacía años desarrollaba el valenciano de Ontinyent Ramón Cerdà Sanjuan, proveedor de S. L. a todo aquel que quiera facturar con urgencia sin tener que constituir una sociedad. Y con el valor añadido de evitar aparecer en la operación. El criadero de empresas del abogado Cerdà contaba con unas 8.000 sociedades a su nombre, en las que ocupa unos 9.500 cargos. Cerdà Sanjuán suministró S. L. a protagonistas de las principales tramas de corrupción del País Valenciano e incluso de más allá (también en los casos Marsans o Nueva Rumasa). Desde el caso Gürtel o el caso Nóos hasta el caso Taula o el caso Fabra.

La consultora con la que operaba el ex presidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra, por ejemplo, se llamaba Carmacas S. L. y estaba a nombre de su entonces esposa, María Amparo Fernández Blanes, Mampa para la familia; de Montserrat Vives, casada con el empresario de Artana Vicente Vilar (el industrial de fitosanitarios que denunció a Fabra), y del propio Ramón Cerdà Sanjuán. Este productor de empresas, como quien produce caquis o rosquilletas, montó Berceo Mantenimientos, la firma utilizada por Marcos Benavent, el «yonqui del dinero», como sociedad pantalla para poder cobrar comisiones de los contratos que, como gerente de Imelsa, adjudicaba a terceros que, en realidad, eran una cartera de testaferros usados para justificar la salida de fondos de la empresa pública provincial. Benavent contaba con 17 empresas controladas por afines a las que regaba con dinero público y a las que Berceo luego cobraba por servicios que no prestaba a través de facturas falsas. Con este sistema tan clásico, pero efectivo, logró embolsarse unos 1,4 millones en comisiones entre 2008 y 2013, años en los que adjudicó unos 5,6 millones en contratos a esas empresas «colaboradoras», según la investigación de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Berceo estaba a nombre de sus testaferros Jaime José Úbeda y José Estarlich, pero había sido adquirida a Ramón Cerdà Sanjuán.

La hiperactividad societaria de Cerdà le costó al letrado y empresario de Ontinyent una condena de la Audiencia Nacional a 13 años y un mes de cárcel por fraude, falsedad continuada en documento público y asociación ilícita por una trama para defraudar en el IVA en negocios de telefonía móvil y material de informática. Es lo que tienen las malas compañías. La abogada de Cerdà explicó durante ese proceso que no todas las empresas creadas por su cliente están relacionadas con tramas de corrupción. No siempre opera el determinismo social. Nacer en el barrio de empresas de Cerdà Sanjuán no aboca necesariamente a ser carne de cañón de la corrupción. Hay salida, pero no es fácil.

En su negocio con las llamadas self companies Cerdà dispone hasta de una web para acelerar el proceso, una especie de Amazon para servicios rápidos de entrega de empresas a quienes quieren ahorrar trámites, opacar el cristal del despacho; además, a través de una mercantil con años de antigüedad, lo que aporta un plus de disimulo. Ofrecía en ocasiones hasta testaferros, personas de paja que figuraban como propietarios para preservar el anonimato de los verdaderos dueños del negocio, como reveló la investigación del asunto por el que fue condenado.

Rumbo a Miami

El abogado con el que contacté, explicó la frenética actividad que desarrollaban algunos despachos en una ciudad situada a menos de una hora en avión de la capital de Bahamas y a escasas dos horas y media de Islas Vírgenes Británicas. Son pymes expertas en la gestión de patrimonios con seguro de vida en el Caribe. Estos países basan la casi totalidad de su Producto Interior Bruto (PIB) en este mercadeo del desfalco y por eso necesitan atar y blindar a su gallina de los huevos de oro. Los cimientos del negocio se basan en establecer toda clase de preceptos legales que favorecen y protegen a los desertores del fisco y foragidos varios con las alforjas llenas de dinero negro, ensangrentado o con restos de cocaína.

Pero las garantías no se asientan, como puede parecer, sobre una especie de anarquía de sol y playa, sobre un supuesto vacío jurídico. El secreto bancario y la confidencialidad son el santo grial tras el que acuden los clientes de la banca de esos países. La discreción absoluta se garantiza a través de sociedades con acciones al portador, no nominales. Basta una caja de seguridad en la que guardar los títulos que acreditan la propiedad de la mercantil. Otra forma, más extendida, de preservar el anonimato del dueño real de una sociedad off shore radicada por ejemplo en Irlanda, caso de nuestra Midway International, consiste en establecer un contrato fiduciario entre el interesado y el despacho de abogados (el llamado «Nominee Shareholder»), que pasará a ser el tenedor nominal de las acciones. Bien como personas físicas, alguno o todos los socios del despacho u hombres de paja que designen, bien jurídicas, a través de sociedades a las que se adscriben los títulos. Se firma un contrato privado (la «declaration of trust») en el que el accionista fiduciario declara ser simplemente el que custodia y gestiona el dinero (por ejemplo, mueve sus cuentas) y/o las propiedades del dueño real, cuyo nombre ahí sí se detalla.

Acceder a la «declaration of trust» es, sin duda, la mejor si no la única forma de conocer a ciencia cierta quién o quiénes se esconden detrás de una cuenta o de una sociedad off shore, de la que están nominalmente desvinculados. Entre los formalmente propietarios de Midway International figuraban Simon Ashley Couldridge, Anntoinette Caragh Couldridge, Gail Walsh o Stephen Hickey (estos últimos la disolvieron el 11 de noviembre de 1999, finalizada ya su misión) como administradores y/o propietarios. Varios de ellos tenían su residencia en Jersey y Guernesey (Islas del Canal). Quién o quiénes eran los dueños reales de Midway, así como el o los beneficiarios de la cuenta WA356115.000, seguía siendo una incógnita. La incógnita.

En aquellos días en Miami tuve ocasión de reunirme con José Marquina. Un encuentro de varias horas en un hotel de Cayo Vizcaíno, el que me expresó su temor a salir salpicado en el juicio por la querella presentada por el PSPV, pero a la vez se mostró muy firme en su decisión de declarar cuando lo llamaran y aportar todo el material documental que obraba en su poder. Llegó a la cita montado en un carrito de los de recorrer los campos de golf. Esos días se celebraba un torneo en el campo adosado al hotel. Por su manera de actuar no aparentaba demasiada preocupación. No era la suya la estampa de un hombre que en realidad llevaba ya un tiempo andando por una cornisa, con las presiones que estaba recibiendo. La charla se trasladó al jardín de la parte trasera, donde un tipo moreno y flemático escanciaba piña colada a través de una pajita incrustada en el centro de la carcasa de una pieza de esa planta que muchos teníamos por fruta. La pericia del camarero era casi tan hipnotizante como las explicaciones de un tipo fabricado en Castelló pero que llevaba el comercial made in USA estampado en la frente. El decorado ahogaba la tensión.

No podía desaprovechar la ocasión de visitar la sede del IVEX, el lugar de autos, la escena de uno de los crímenes de la cadena del desfalco en serie que fue el año Julio Iglesias. El instituto público valenciano se repartía con la Cámara de Comercio de España en Florida un amplio espacio de la séptima planta en el edificio de oficinas Greenberg Traurig, en el 701 de Brickel Avenue. Iba a visitar a Faustino Salcedo, el killer, que era el nuevo delegado. Hasta entonces había sido el responsable de la red de oficinas exteriores y había tomado directamente el control de una de las sedes más calientes y en la que urgía tanto un delegado como una Felowes C-125I, la eficiente destructora de documentos que compró la Diputación de Valencia en abril de 2015, recién estallado el escándalo del caso Rus. Capaz de devorar veinte hojas de un trago y 100 por 100 antirruidos. Tan buen rendimiento dio, que al mes compraron otra del mismo modelo en la Diputación.

Apenas llevaba dos minutos sentado junto a una bandera de España y una señera cuando del despacho adyacente salió Salcedo. Me miró, le miré, me volvió a mirar, le devolví de nuevo la mirada sin perder de vista la puerta de entrada que de repente se había cerrado. Calculé en centésimas de segundo mi peso, la fuerza de sus antebrazos, incluido el efecto palanca, y respiré aliviado. Nunca nos habíamos cruzado, pero tuve la sensación de que el tipo que tenía enfrente había compartido conmigo escuela, instituto, mili, carrera y grada en campo de fútbol. Me era tan familiar. Tuve la sensación de que él tenía la misma percepción respecto a mí. «¿Y tú, qué haces aquí?» «Mira, pasaba y digo, subiré a saludar un momento a Tino.» «Pasa, pasa y siéntate.» Fue bastante amable. Mucho, si se considera que una semana antes había sido publicada la entrevista que lo señalaba como el principal responsable de orquestar y ordenar que se falsificaran facturas para justificar la salida de fondos hacia Bahamas.

Nada más entrar en su despacho, barrió con las manos todos los papeles de su mesa. La conversación duró media hora corta. Él declinó la propuesta de hacerle una entrevista y trasladó que sólo hablaría ante el juez si lo citaba a declarar, como era previsible. Todavía no había pisado la calle, tras bajar toda la torre en el ascensor, y Salcedo ya había pasado a Valencia el parte sobre la visita.

En esos días, aproveché para reunirme con protagonistas directos del caso y con su «industria auxiliar». Las explosivas declaraciones de Marquina despertaron el interés de actores de la causa y de algunos medios. El embajador del IVEX en Miami estaba solicitado. Me acerqué a ver la mansión de Julio Iglesias en la selecta zona de Indian Creek. En parte del periplo me acompañó Max Antonio Alfaro, un tipo que llevaba 24 años enganchado al volante de uno de esos taxis amarillos que surcan las calles de la Pequeña Habana y adyacentes. Max Antonio dejó de patrullar por Santiago de Chile y acudió a la llamada del Tío Sam, quien le abrió la puerta que daba directamente a una tierra de oportunidades desde bastante antes de que Eduardo Zaplana teorizara sobre el hombre hecho a sí mismo en la ponencia del congreso del PP celebrado en enero de 1999. En aquel viaje relámpago al sureste de los Estados Unidos de América, que viene a ser la versión Atlántica del Levante Feliz, pude constatar que Miami es un edén al que peregrinan miles de almas como el chileno del taxi a probar fortuna al norte del ecuador. Uno de tantos destinos en los que el camino americano puede conducir al precipicio, como en el sur, pero con menos curvas.

Becarios y delegados vip

En enero de 2000, un tal Eduardo Gordo Zaplana, sobrino del ex presidente de la Generalitat, saltó el charco para hacer las Américas por cuenta del IVEX tras resultar agraciado con una de las becas que por periodos de doce meses concedía el instituto público. No eran becas esclavistas, de esas con las que uno apenas puede pagarse la gasolina, de esas que habitualmente conceden los medios de comunicación, por poner un caso. Su dotación económica dependía del destino, del coste de la vida de la plaza asignada. Por ejemplo, en Miami la remuneración del becario Gordo Zaplana ascendía a 4,5 millones de pesetas, el equivalente a unos 30.000 dólares. No se incluía ningún plus de peligrosidad por la amenaza de huracanes como el Wilma, que un mes antes había hecho estragos.

La nómina del becario tampoco incluía ningún complemento de molestia por la humedad ambiental, que suele rondar el 80 por 100. Y mucho menos la especial capacitación de este particular becario. Bien es cierto que las bases de la convocatoria (de 10 de septiembre de 1999) de aquella beca establecían como requisito mínimo para poder optar estar en posesión de un título de licenciado ajustado al perfil del puesto –«Económicas, Empresariales, Marketing, Derecho o similar»– y el aspirante vip era licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia. También es verdad que, para ser admitido en las pruebas, era indispensable un perfecto «dominio del idioma inglés hablado y escrito», una aptitud que no adornaba al candidato. Eduardo Gordo Zaplana no despuntó en la prueba escrita (celebrada el 27 de octubre) ni en la oral (el 8 de noviembre) sobre competencia lingüística en inglés, pero se salió en la entrevista personal. Y así fue como consiguió la beca en el sprint final gracias a no perder la fe en ningún momento. Fue una de esas lecciones sobre la forja del espíritu de la constancia y la tenacidad.

No es habitual ni está contemplada la posibilidad de aumentar el sueldo de los becarios, porque no es un salario. Pero el interesado, que se instaló en un apartamento de Miami Beach, lo solicitó. Tampoco es frecuente que se pida una prórroga. El sobrinísimo la pidió. Pese a estar mal pagado, su vocación de servicio público, quizás heredada del tío, le llevó a expresar su deseo de prolongar su estancia americana. Le fue concedida la prórroga y este trotamundos se mudó a otro destino habitual de quienes llevan en la sangre el espíritu de la cooperación y la solidaridad con los más débiles: Nueva York. La sede del IVEX en la Tercera Avenida acogió durante seis meses a Eduardo Gordo Zaplana, quien tenía entre sus competencias realizar estudios de mercado.

Gordo Zaplana todavía no había encontrado su lugar en el mundo desde el que aplacar esa adicción a trabajar por los intereses generales. Había estado empleado como colaborador del grupo popular en las Corts Valencianes. De ahí dio el salto a una institución con sabor anacrónico y olor a naftalina llamada Diputación de Valencia. Eduardo se presentó a unas oposiciones a técnico superior, grupo A. La 42/2003, a la que concurrieron 23 licenciados en Historia o Bellas Artes. Tenía un perfil competitivo, pero perdió deportivamente contra una aspirante que iba bastante mejor preparada. Se llama Consuelo Salom Císcar, hija de la ex directora del IVAM Consuelo Císcar, esposa del ex conseller Rafael Blasco, quien acabó de inquilino en la cárcel de Picassent. Pero Eduardo no desfalleció. Siguió estudiando y siete convocatorias después (la 49/2003) ganó una plaza de técnico medio de cultura. Luego disfrutó de una comisión de servicios en el IVAJ, otorgada el 3 de marzo de 2005 por la diputada de personal, Sagrario Sánchez.

Miami no sólo ha sido un destino ansiado por los profesionales de la canción y del entertainment en general. La plaza tampoco era despreciada por los becarios del IVEX, que venían a ser como los Erasmus pero con un plus de I+D+i. Una sobrina de la ex consellera de Agricultura Mari Àngels Ramon-Llin también pasó un año en Florida. Su competencia profesional y lingüística superaba, a decir del personal de la casa, la del sobrino del ex presidente. Otro que también disfrutó del clima templado de la ciudad de los cayos fue un hijo del ex diputado y ex concejal de Alicante Luis Concepción, quien entró en el PP de la mano precisamente del conseller de Industria Diego Such. Jorge Concepción estuvo también doce meses en Miami.

No son los únicos ejemplos que demuestran que el IVEX era una multinacional, con delegaciones en 27 países –donde tenía oficina propia o «prones»–, ytambién una empresa (pública) familiar. Parientes de sangre o familiares políticos de otros dirigentes del PP (una allegada a la ex directora general del instituto Carmen de Miguel, por ejemplo) o empresarios ilustres se desplegaron asimismopor medio mundo como becarios. Es el caso de Luisa García Pastor, quien logró plaza en Pekín en 2004 gracias a que la directora general del IVEX, Maritina Hernández, atendió amablemente la petición de su padre, José Ramón García Antón, que fue conseller de Infraestructuras. Su esposa, Luisa Pastor, presidió la diputación de Alicante.

La genética y la masterización dictaminan que un hijo de empresario exportador, político o alto cargo es más competitivo. Para ser becario o para ocupar plazas de responsabilidad, en algunos casos avalados por una trayectoria solvente y competencia políglota.

Teresa Almerich es hija de Antonio Almerich Soliva, quien fue vicepresidente de la Cámara de Comercio y consejero de administración del IVEX. Llevaba los negocios de su padre en la zona del Golfo. El organismo público abrió oficina allí y la nombraron directora. Cuando defenestraron a Gustavo Fuentes en Hong Kong, Almerich fue enviada a ocupar esa plaza. A ella la reemplazó un Luis Aznar Bonilla, sobrino de Rafael Aznar, quien fue presidente del Puerto de Valencia. Otro sobrino, en este caso político, del hombre fuerte del PP en el Puerto logró beca en Nueva York, una codiciada plaza en la que estuvieron de responsables Faustino Salcedo. Y luego Eva Blasco, licenciada en Derecho, experta en comercio e hija de Vicente Blasco, responsable de la agencia de viajes Europa Travel, contratista de la Generalitat en tiempos del socialista Joan Lerma y durante toda la etapa popular.

Otro presidente del Puerto, el predecesor de Aznar, el empresario Juan Antonio Mompó, también tuvo a su hijo Juan Antonio Mompó Palacio de becario en Shangai, donde ejerció asimismo de comercial para las empresas de su padre. También en China, en este caso en Pekín, ganó una plaza un hijo del empresario textil José Miguel Castilla en 2002. Se le prorrogó la beca y se le envió a Guangzhou para inagurar nueva oficina como director con apenas 25 años. Algunos de estos becarios vip estaban sobradamente preparados. Emilio Cano Fenoll ganó una beca en Hong Kong en 2003. Es hijo de Emilio Cano, entonces presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad de Elx. Fue nombrado por el Consell a propuesta del conseller de Cultura, Educación y Deporte. El PP intentó que este ex UCD fuera su candidato a la alcaldía en 2003, pero hubo tensiones internas y dimitió antes de presentarse.

Uno de los fuera de serie era el hijo de Manuel Ortuño, el histórico dirigente del PP ilicitano. Estuvo un año becado en Pekín. Hablaba chino, inglés, italiano, alemán y un poco de francés. Logró la beca a través de la universidad merced a un convenio. Otra que despuntaba junto con Ortuño era Rocío Ramón, hija de Leonardo Ramón, el primer presidente del consejo de administración de la RTVV gestionada por populares y UV merced al Pacto del Pollo. Disfrutó de una beca en Nueva York, tras haber cursado los últimos años del bachillerato en Estados Unidos. Estudió Direccion de Empresas y, de regreso a Valencia, estudió un máster de la Universidad y la Cámara de Comercio en el Parque Tecnológico. Había base para lograr la beca del IVEX. «La xiqueta era de les millors», explicó su padre. «Sabe muchos idiomas», proclamaba orgulloso. Media beca la pasó en Valencia, en la patronal textil Ateval y en la Escuela Textil en Alcoi. Antes de acabar su beca en Nueva York, le ofrecieron hacerse cargo de aquella oficina, según contó Leonardo Ramón.

«Actué por orden del señor presidente»

Desde mayo de 2004 a diciembre de 2005, la investigación judicial avanzaba al ralentí, por no decir que estaba en punto muerto. Tabares había sido condenado a cinco años de prisión por estafa, junto con el empresario Jean-Luc Lagier, y el juez temía que el ex director general del IVEX pasara a ese limbo existente entre los vivos y los muertos que es el país de los desaparecidos, a donde emigran, si pueden, los prófugos de la justicia. De todas las solicitudes de imputación formuladas por el PSPV como acusación popular, Presencia Rubio sólo había aceptado la del ex director del instituto. Quiso tomarle declaración por exhorto en un Juzgado de Sevilla, el lugar de residencia del ex director del IVEX. Después de tres citaciones judiciales infructuosas por parte del juzgado de Instrucción número 14 de la capital andaluza, se declaró una orden de busca y captura de Tabares. Finalmente dio señales de vida y compareció en el juzgado. El 16 de enero de 2006. Lunes.

En sus más de dos horas de declaración, ocho años después de firmar el contrato con el cantante, Tabares cumplió con el guion de los manuales de defensa en los tribunales. A saber. Cuando no se puede negar la evidencia constatada (en este caso, la existencia del contrato B y los pagos en paraísos fiscales), intentar defender su legalidad, mancomunar responsabilidades y alegar obediencia debida, esto es, derivar la mayor carga de culpa al superior. Siempre que no haya un muerto al que achacarle la autoría de todas las fechorías, que no era el caso. Tabares aliñó toda su comparecencia con repetidas alusiones al «por orden» y «se me dijo». El principal de todos los «por orden» le llegó, reiteró varias veces, del «señor presidente». «Don Eduardo Zaplana» le dio, dijo, «instrucciones verbales» para que firmara con Julio Iglesias el contrato B, al que se refirió como el «anexo Carta de Intenciones». En su línea argumental aseguró que todo fue legal, pero, por si acaso, completó la alineación de todos cuantos le trasladaron «consignas» verbales para perfilar las condiciones del contrato. Citó al jefe de gabinete de Presidencia, Juan Francisco García, además de a Manteca, Berenguer, Barber y Diego Such, el segundo de sus superiores por rango, después de Zaplana.Todas las decisiones y todos los pagos fueron «visados y supervisados por arriba y por abajo», agregó el ex director general del IVEX. El fichaje y ejecución del compromiso firmado con el artista «no es un tema de responsabilidad contable sino política, que debe valorar el contribuyente en las urnas».

El imputado se desentendió totalmente de la «génesis» del contrato. Y subrayó que él «ni siquiera era director general cuando se gestó la idea». Fue ascendido a director general del IVEX a mediados de julio de 1997. Hasta entonces había sido el responsable de las delegaciones en el exterior, con rango de subdirector general del instituto. A preguntas del juez expuso que suponía que la paternidad de la contratación del embajador comercial sería atribuible a «los cargos correspondientes de la Generalitat». Y atribuyó a Luis Fernando Esteban, el representante del artista, la redacción del documento contractual. Sin más. Ante la pregunta del juez sobre por qué firmó el contrato B, que llamaban Carta de Intenciones, Tabares explicó en el juzgado que «se le dijo que se firmaban dos documentos, uno con los derechos de imagen de don Julio Iglesias» y el otro «se me dijo que era para establecer un cálculo del coste total de las acciones, suponiendo que la estructura en torno a Julio Iglesias y su representante se encargarían de todos los gastos y subcontrataciones derivadas de cada acción». Subrayó que él «no tomaba decisiones» y, por tanto, no era el responsable del contenido de ambos documentos». Insistió en que le comentaron que en la «cantidad que figuraba en los contratos, que se iba a retribuir a Don Julio Iglesias, parte era por los derechos de imagen y otra parte para los gastos de organización, previamente justificados y por un coste total de 900 millones de pesetas aproximadamente».

Una versión que no casa ni con las cifras de gastos de organización, en ningún modo justificados, ni con el contenido de los dos contratos, donde queda claro que los 990 millones eran por la «participación en labores de promoción y cesión de imagen». En modo alguno se incluían los gastos de organización de los eventos, un concepto que sirvió como percha de la que colgar facturas falsas. Los gastos reales del montaje fueron cantidades que se computaron al margen de los emolumentos del artista, esto es, a contar a partir de esos casi mil millones de pesetas. De ahí que la factura total del año Julio Iglesias rozara los 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) solamente computando la cantidad acreditada documentalmente.

En la declaración de Tabares abundaron las mentiras y los olvidos. Negó cualquier participación en la negociación con el cantante, porque, cuando se gestó el acuerdo, todavía no era director. Los papeles tumban su versión. Es cierto que el caché estaba ya fijado, pero él participó del cierre del acuerdo con sus condiciones y lo firmó.

Admitió que estuvo en esa reunión con Luis Fernando Esteban y José Manuel Uncio, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), pero negó que, como sostenía el representante del artista, en ese encuentro se abordara la remuneración del cantante y el coste de la operación Julio Iglesias, tanto los derechos de imagen como los gastos reales de organización de los conciertos o las facturas falsas para justificar la salida de fondos con los que abonar una parte de los emolumentos o satisfacer presuntas comisiones. No se abordó nada concerniente a las «condiciones y términos económicos del contrato», sentenció el declarante. El único punto del orden del día de aquella cita consistió, según Tabares, en establecer el calendario de bolos. Y si el repertorio de aquella reunión era meramente artístico y comercial y sin ningún alcance económico, ¿qué pintaba el responsable del IVF, el banco de la Generalitat, en esa negociación? El director del IVEX no lo aclaró.

Tabares tuvo algunos olvidos en su declaración judicial. Por ejemplo, se le perdieron recuerdos sobre el uso de su American Express. Sobre los cheques abonados a Midway por México, atribuyó toda la responsabilidad al director financiero, Joaquín Barber. Y respecto al swift bancario desde el Arab Bank a una cuenta de Nasáu, se mostró muy interesado en «aclarar» que la transferencia «pudo ser ordenada, bien por alguien del IVEX, bien por otra persona». No precisó en quién estaba pensando.

Aquella tarde de declaración en el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, Tabares cantó lo justo y necesario para defenderse, pero evidenció que sus planes no pasaban por una voladura sin paliativos de Zaplana y su Consell.

El juez enterrador

El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia demostró escasa euforia cuando se convirtió en anfitrión de la querella presentada por los socialistas.

De todas las imputaciones solicitadas por el letrado de la acusación popular para arrancar la instrucción (las de Eduardo Zaplana, Julio Iglesias, Diego Such, Luis Fernando Esteban, José Manuel Uncio, José María Tabares y todo el consejo de adiministración del instituto público), Presencia Rubio sólo aceptó llamar a declarar como investigado a Tabares. Ni siquiera a Berenguer (vicepresidente y consejero), el que firmaba todos los pagos de forma mancomunada con el director del instituto público.

La estrategia política del Consell fue virando del silencio inicial ante las informaciones con las que se iba conformando el mapamundi de este escándalo y la negación de los hechos a derivar todas las culpas hacia Tabares cuando la basura que se escondía debajo de las alfombras del IVEX abultaba más que una manada de elefantes. Al igual que los peones zaplanistas, el juez también apuntó en exclusiva hacia el ex director general del instituto.

Cuando casi se cumplían los dos años desde que el asunto estaba judicializado, solamente se había tomado declaración a Tabares. Una sola declaración en dos años. Por exhorto en Sevilla. Por el Juzgado número 19 de la Ciudad de la Justicia no había pasado absolutamente nadie a declarar por deseo del instructor. Nadie. Ni como imputado, ni en calidad de testigo. Ni los que pagaron, ni los que cobraron, ni los que firmaron, ni los que autorizaron los pagos, ni los banqueros, ni políticos del consejo de administración del IVEX, ni cantantes, ni coristas, ni delegados en el exterior, ni quienes alquilaron los recintos, ni representantes de las empresas presuntamente organizadoras de los eventos comerciales e institucionales... Ni siquiera después de las explosivas declaraciones de José Marquina el juez Presencia activó la causa.

Marquina viajó desde Miami a Valencia para declarar voluntariamente ante el juez, que no había recabado su testimonio, y con el fin de aportar todas las pruebas documentales de cuanto había denunciado. En su comparecencia judicial, explicó que el 23 de marzo de 2000 leyó con sorpresa la información mía en la que daba cuenta de pagos del IVEX por extras en la misión comercial y política a Florida en abril de 1998. Una parte de esos gastos fueron facturados por su empresa Strategies and Solutions. En ese momento Marquina habló con la directora del IVEX Carmen de Miguel para ponerla al corriente del montaje de la facturación falsa por la cita de Orlando y aclararle que él no había sido el beneficiario último de esos pagos, que su empresa sólo había servido para canalizar la salida de fondos que acabarían en Bahamas. Trasladó al juez que, tras leer la citada información, expresó su malestar a De Miguel, en presencia de Faustino Salcedo.

Lejos de desdecirse de las revelaciones en la entrevista del diario, en sede judicial las corroboró al alza. Tanto el fiscal del caso, José Antonio Nuño, como la acusación popular, representada por el PSPV, entendieron que la investigación judicial estaba atascada y el juez había metido la marcha atrás. De ahí que instaran al juez a citar a declarar a una docena de protagonistas de la causa como imputados o testigos. Entre ellos, el conseller Diego Such, José Manuel Uncio (IVF), Luis Fernando Esteban (representante de Julio Iglesias) o Faustino Salcedo (jefe de delegaciones del IVEX). A Presencia Rubio le bastaron un par de folios y dos renglones para tumbar todas las testificales solicitadas, así como la totalidad de las actuaciones sugeridas, por ejemplo la entrada y registro en la sede del instituto en la plaza de América, pedir al organismo público todas las facturas del año Julio Iglesias o requerir a la Sindicatura de Comptes para que remitiera las notas o papeles de trabajo de las auditorías del IVEX. Es en esta documentación de campo, en los apuntes en bruto, donde se detectaban las irregularidades en crudo, antes de ser convenientemente edulcoradas para que resultaran digestivas para el Consell y el buen gusto. Solía ocurrir que, por ejemplo, se borraban nombres de empresas, técnicos o políticos protagonistas de los incidentes contables o de contratación a fin de rebajar el tono, hasta convertir el asesinato con premeditación, nocturnidad y alevosía cuantificada en doscientas puñaladas con sello de autor, en el clásico «alguien ha matado a alguien» del chiste de Miguel Gila.

Sí, Presencia rechazó todas las actuaciones solicitadas. El registro del IVEX le pareció «una medida desproporcionada por el tiempo transcurrido» y por «tratarse de una medida restrictiva de los derechos que sólo se puede adoptar para casos en que no pueda obtenerse de otra forma o sea necesaria para el buen fin de la investigación». En esencia: la documentación no se pidió ni se envió a la policía a recogerla. Quedaba una tercera posibilidad, altamente improbable, de que llegaran al juzgado nuevos documentos que pudieran resultar relevantes: que una racha de viento soplara en la plaza de América, se colara en la sede del IVEX, se llevara las facturas, cheques y contratos y los arrastrara hasta el Juzgado de Instrucción número 19, situado a un par de kilómetros en direccion a El Saler. Finalmente no confluyeron estas circunstancias meteorológicas.

El instructor entendió que no bastaba con negar a las acusaciones sus solicitudes de comparecencia y quiso aprovechar para enviarles un recado en forma de reprimenda. Instar a llamar a declarar en el juzgado a los aludidos por Marquina, incluso como meros testigos, era, para el juez Presencia Rubio, una petición descabellada y «basada en conjeturas». Solamente podía partir de quien había «entendido la declaración del Sr. Marquina de forma sectaria», llegó a espetar Luis Carlos Presencia a las acusaciones, aunque les concedió el «derecho» a tener una «perspectiva subjetiva» sobre las declaraciones del ex delegado del IVEX en Miami. En el auto, que lanzaba nuevas paladas de tierra sobre la investigación de la causa, se aludía a la factura falsa de 325.000 dólares que Tabares y Salcedo ordenaron emitir a Marquina para sacar fondos, según la versión de este último. «El cheque no aparece en ningún sitio», sentenció su señoría, que tampoco lo reclamó al IVEX. Ni falta que hacía, porque estaba exactamente en el juzgado, incorporado al sumario, junto a otra documentación aportada por el ex responsable de la oficina de Florida cuando acudió a declarar voluntariamente. El documento existía porque, según declaró Marquina al juez, «no se había hecho desaparecer la factura falsa como se me prometió».

No era la primera vez que el titular del Juzgado de Instrucción número 19 abortaba la iniciativa de las acusaciones de impulsar la investigación. Todas las listas de testigos solicitados, de la A a la Z que diría Camps, fueron rechazadas. Incluida la B, de Berenguer, cofirmante de los pagos, junto con Tabares.

La Audiencia corrige a su señoría

La Audiencia Provincial de Valencia falló a favor del fiscal y en contra del juez y dictaminó que, si Tabares declaraba como imputado, Berenguer también debía hacerlo en la misma condición. Aunque la grafía de su firma en los cheques fuera de tamaño ligeramente más reducido. La Seccion Primera de la Audiencia, presidida por Pedro Castellano, propinó un segundo correctivo al juez y ordenó que tomara declaración como imputado a Faustino Salcedo y, como testigos, a Carmen de Miguel, Felipe Espinosa Bolaños (director del Arab Bank), Joaquín Barber (director financiero) y al ex delegado en México, Vicente Sendra. La instrucción de la causa tomaba un leve impulso a golpe de desautorización de la Audiencia Provincial al juez Luis Carlos Presencia.

Joaquín Andrés Berenguer Ramírez se personó en el juzgado a las 10:43 horas del jueves 9 de marzo de 2006. Había estampado su firma a la izquierda de la de Tabares en todos los documentos de pago. Y en su declaración sostuvo precisamente eso, que era un cero a la izquierda de Tabares. Como no había rubricado el contrato B –en el que aparecían las firmas del director del IVEX y de Julio Iglesias–, Berenguer ejecutó la estrategia de defensa previsible: alegar desconocimiento de ese documento y despejar hacia arriba (Tabares), hacia los lados y hacia abajo (los departamentos de financiero y contabilidad) toda la responsabilidad de las facturas y cheques autorizando los pagos.

¿Un contrato B? No tenia ni idea. Es más, le parecía «sorprendente e inaudito». ¿Por qué firmó todas las órdenes de pago? Porque estaban verificadas, dijo, por los departamentos financiero y de contabilidad a instancias de Tabares, que era quien «llevaba el día a día» del IVEX. Durante la hora y cuarenta minutos que duró su declaración como imputado, insistió en que de la operación Julio Iglesias sabía lo mismo que el resto del consejo de administración del organismo público. Y subrayó, para marcar distancias, que su puesto de trabajo estaba en la sede de la Conselleria de Industria y no en las oficinas del IVEX en la plaza de América. En noviembre de ese 2006, el responsable del departamento financiero, Joaquín Barber, uno de los señalados por Berenguer, admitió ante el juez la existencia del contrato B, dijo que a las dos semanas de entrar a trabajar en el instituto fue puesto al corriente y que su misión fue custodiarlo y controlar la evolución de los pagos.

Capítulo XIV

México, la gran mordida

Felipe, el amnésico, y Faustino, el ignorante

Unos meses antes que Barber, acudió al juzgado el ex director del Arab Bank en Valencia Felipe Espinosa Bolaños, quien entre abril y julio de 1999 asistió en vivo y en directo a la transferencia de 1,8 millones de dólares desde la oficina de su banco en la calle Colón a la cuenta numerada y secreta de UBS en Nasáu (Bahamas). No es una entidad bancaria convencional, comercial, donde se forma una cola en la caja. Ni siquiera podría considerarse banca privada o patrimonial al uso. El Arab Bank es otra cosa. Entre las ocupaciones diarias de Espinosa no figuraba el reparto de vajillas, cuberterías o toallas entre clientes vip, ni bolis o fundas para tarjetas. Pero estar exento de este ajetreo no evita que a partir de cierta edad la memoria empiece a generar lagunas y a flaquear.

Compareció el 9 de mayo de 2006. Un jueves. Su testifical duró cuarenta minutos. En su declaración confirmó que desde su entidad se hicieron cuatro transferencias a la cuenta WA356115.000 de UBS en Bahamas, pero no desveló los enigmas principales: quién abrió la cuenta en el Arab Bank a nombre de Midway, quién ordenaba las transferencias y si tenía constancia del titular o titulares de la cuenta de destino. Espinosa se parapetó tras el argumento técnico de que las transferencias pivotaron, desde el punto de vista del rastro informático, en la oficina de Madrid y en la de UBS en Nueva York. Sí, pero ¿quién movía el dinero desde la oficina? Efectivamente la memoria había dimitido. Remitió a preguntar al banco, que sí podría aclarar la identidad de quién abrió la cuenta en el banco jordano. Una entidad de la que era también cliente el propio IVEX.

El mismo día que Bolaños declaró, también estaba citado, este como imputado, Faustino Salcedo, pero no encontró combinación de vuelo desde Miami. Finalmente, compareció el 29 de junio. Era el único de los implicados en la gestión de la campaña promocional de la Comunitat Valenciana vinculada a la imagen de Julio Iglesias (un escándalo con protagonismo coral) que seguía en nómina del IVEX. Salcedo había sido premiado con un buen destino, Miami, tras completar su acta de servicios al régimen del PP capitaneando la purga de delegados por orden del conseller Justo Nieto y de la directora general del instituto Maritina Hernández, y como persona de máxima fiabilidad para los campsistas de esa Conselleria. Como reputado profesional, Salcedo era, sobre todo, un hombre de confianza. Lo había sido de Zaplana, a través de su lugarteniente Juan Francisco García. Salcedo y el jefe de gabinete del presidente compartieron jornadas de reflexión en torno al green del hoyo. Miami era el mejor destino para Salcedo, tras años de estrés acumulado. El paraíso del golf ofrecía las condiciones necesarias para relajarse comprobando si el hierro 3 tiene tanto recorrido como acreditó un chaval llamado Seve Ballesteros desde que golpeara furtivamente en el campo de Pedreña.

Quizás el frenesí de una década de sobresaltos y el estrés acumulado habían dejado mella en quien fue jefe de delegaciones exteriores, incluidas las cinco que acogieron conciertos de Julio Iglesias por cuenta del instituto. El bloqueo mental, el despiste o el desinterés explicarían que Salcedo confesase no haber visto una sola factura de gastos de organización de aquellos recitales. Unos costes, en parte reales, hinchados o enteramente falsos, que dispararon en ese 1998 los gastos del departamento internacional del IVEX, el que dirigía Salcedo, en nada menos que 1.100 millones de pesetas (más de 6,6 millones de euros), sin contar los 374 millones de pesetas (2,24 millones de euros) que aportó realmente el Impiva. No entregó ni un solo documento de los que le había requerido el juez. Remitió al departamento financiero, como había hecho Berenguer. Y regresó a Miami Beach. Tranquilamente.

La recompensa al discreto director del Arab Bank

Tres meses después de mantener tan discreta posición en el juzgado, González Pons fichó al ex director del Arab Bank como gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), dependiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Felipe Espinosa Bolaños. Uno de esos profesionales que, como el camaleón o el guepardo, se mimetizan con el paisaje. En su caso, con la filosofía y la cartera de valores del banco. Una de esas entidades que, si le traes un saco de billetes manchados de sangre, te dirán «lávelos, séquelos y traígalos de nuevo, no porque nos importe el origen de ese dinero, sino, más que nada, para no mancharnos el traje ni ensuciar la moqueta cuando contemos los billetes».

Espinosa dirigía la oficina del Arab Bank, pero no era un ejecutivo de importación. Ni mucho menos un desconocido para el Consell. Cursó estudios de Derecho con Francisco Camps, Gerardo Camps y Esteban González Pons, los tres más ilustres del clan de El Agujero, que cobraba nombre del bar cercano a la Facultad en el que se fue macerando la amistad y el colegueo entre quienes luego fueron insignes miembros del PP. Los tres y uno más, Juan Gabriel Cotino Ferrer, compartieron piso en Madrid en tiempos en los que Cotino fue director general de la policía, Pons portavoz del PP en el Senado y Gerardo Camps y Francisco Camps secretarios de Estado. La amistad era tan sólida que, de regreso a Valencia para llevar la batuta del partido y la Generalitat con Francisco Camps ya de presidente, mantuvieron reuniones periódicas, semanales, en un conocido restaurante de Pinedo. Una tertulia en la que también participaba José Manuel Uncio y en la que se abordaba la actualidad de la política y la economía productiva.

A Felipe Espinosa los estudios de Derecho le sirvieron para saber exactamente dónde están los límites de la ley. Una información tan necesaria como conocer todos los detalles del sistema de seguridad de ese museo del que se quiere sustraer la mejor de sus obras expuestas. En el Arab Bank, Espinosa circulaba peligrosamente por esa zona fronteriza que parece reservada para exponer miserias en una especie de mercado del que se abastecen los traficantes sin escrúpulos. En la misma época en la que se ordenaban las transferencias de divisas desde esa entidad a Bahamas, Espinosa «colaboró» de forma «complaciente» y decisiva con el entonces director del IVEX, José María Tabares, en la operación de convertir al organismo público en avalista de las empresas de Jean-Luc Lagier y en el marco de la generación de derechos de exportación para la Ford a Túnez. El IVEX, como se ha dicho, tenía cuenta en la entidad.

El instituto acabó teniendo que asumir una deuda millonaria como responsable civil, tras haber contraído un débito que llegó a alcanzar los 3,2 millones con el Arab Bank. Es la sentencia de condena a Tabares y a Lagier por estafa, en mayo de 2005, la que retrató la participación de Espinosa en los hechos. No le cayó ninguna pena porque no se pudo probar que actuara con dolo ni fue formalmente acusado. Justo un año después de librarse de cualquier responsabilidad penal en el juicio de los avales, que causaron un quebranto millonario en el organismo público, Espinosa compareció en el juzgado en la querella por malversación de fondos públicos, falsedad documental, fraude fiscal y otros delitos contra administración en la firma y ejecución del contrato B de Julio Iglesias. A esas alturas, su carrera de banquero se había visto truncada tras diez años. Ocupar titulares y protagonismo en casos judiciales mediáticos tras haber generado supuestos daños a las cuentas de la entidad no es la mejor receta para consolidar cargos o promover ascensos en ningún banco, y menos en una de esas marcas que, como los vampiros, son alérgicas a la luz.

Tres meses después de esta comparecencia como testigo, Felipe Espinosa abandonó el paro. El Consell de Camps reparó en que su perfil encajaba perfectamente en sus necesidades. Y así fue como este banquero con experiencia en trabajos delicados y discreto hasta la amnesia fue nombrado, como ya se ha señalado, gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), adscrito a la Conselleria de Territorio y Vivienda de Esteban González Pons.

Habían llovido muchos escándalos políticos en Valencia desde que fueron compañeros en Derecho, pero es lo que tienen los estudios, la vieja mili o compartir trinchera, que nace una relación de confianza que jamás se quiebra, por mucha distancia que las circunstancias pongan de por medio. Espinosa Bolaños sustituyó a José Fermín Doménech, en quien Pons había perdido precisamente eso, la confianza. «El gerente de una sociedad pública, igual que un asesor o un jefe de prensa, es, al fin y al cabo, personal de confianza de un conseller», explicó González Pons tras el relevo de Doménech, quien llevaba muchos años ejerciendo de mano derecha de Rafael Blasco y había sido el impulsor de las polémicas sociedades mixtas para la promoción de viviendas constituidas por el Ivvsa con constructores privados. Doménech trabajaba a las órdenes de Blasco ya en la etapa en la que este fue conseller de Obras Públicas con el socialista Joan Lerma de presidente. Otro del equipo era José Miguel Bellver, quien también acompañó a Blasco en su periplo por la Generalitat del PP, tras embarcarse el jefe con Zaplana.

Una vez alistado en el Consell, Espinosa pasó pronto de soldado a cabo y de cabo a sargento. Y fue cogiendo de nuevo el ritmo que había perdido en los meses en los que estuvo fuera de juego. En 2007 cerró su breve etapa en el Ivvsa y fue nombrado director general de Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), en la misma Conselleria, con José Ramón García Antón de titular. Antón asumió la cartera de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en sustitución de Luis Fernando Cartagena. Entre las primeras actuaciones acometidas nada más llegar a ese departamento figura haber pedido un listado de todos los PAI de más de 200.000 metros que estaban en marcha en todo el territorio valenciano. Para planificar el trabajo que tenía por delante.

Cuando llegó Juan Cotino a la Conselleria, ratificó a Espinosa en el cargo. Fue en ese nuevo destino donde el funambulista que tantas veces había cruzado la línea roja, con algún susto y advertencia judicial (como en el caso de los avales de la Ford), se cayó al vacío y estuvo a punto de romperse la crisma. En cuatro años de gestión, entre 2007 y 2011, Espinosa acumuló actuaciones ilegales que le valieron una inhabilitación para ejercer cargo público durante 18 años.

Decía la canción de Els Pavessos que el día de Sant Jaume «és un dia senyalat». Para Espinosa Bolaños lo es. El 25 de julio de 2016 recibió las dos condenas de golpe. Dos penas de inhabilitación de diez y ocho años por prevaricación administrativa. Fueron, en ambos casos, sentencias de conformidad, pactadas, al aceptar el acusado la comisión del delito. En el primero, por autorizar ilegalmente pagos de complementos de sobresueldos durante cuatro años (2007 a 2010) a empleados de Vaersa por un total de 1,8 millones de euros, sin la debida autorización del Consell. La denuncia por el saqueo de fondos en esa empresa pública la presentó la sección sindical de CGT. Espinosa admitió los hechos y se declaró culpable para evitar una pena mayor en esta pieza separada del llamado caso Vaersa. Según el fallo, el ex director general «actuó al margen de la legalidad y sabedor de las disposiciones vigentes en la materia», puesto que, pese «al apercibimiento recibido y sin contar con la autorización del Consell, el acusado, en el ejercicio de sus funciones como director general, autorizó repartir con cargo a los fondos públicos la cantidad de 367.475,75 euros» en 2007.

Esa práctica irregular la repitió en los tres años siguientes. En 2008 distribuyó 416.000 euros. En la siguiente anualidad fueron cerca de 478.000. Repartidos «graciosamente, en perjuicio de los fondos públicos que manejaba». De forma «contumaz y persistente», Espinosa «siguió instalado en la más absoluta ilegalidad» en 2010. «Inmune» a los recortes de salarios públicos por la crisis, advertía la sentencia, él siguió pagando complementos a algunos empleados. Hasta 501.707 euros. Se incluyó a él mismo en el reparto, para ingresarse en su cuenta 25.000 euros. Cuando su sucesor, Enrique Simó, le reclamó el reintegro a las arcas de Vaersa, sólo le devolvió 5.000.

El mismo día le cayó una segunda sentencia de inhabilitación por prevaricación administrativa. Esta de ocho años, por haber autorizado la compra de 67 vehículos todoterreno (Nissan Pathfinder blancos) saltándose la Ley de Contratos de la Administración Pública. Al igual que en el primer caso, el acusado prefirió reconocer los hechos y el delito cometido y firmar una sentencia de conformidad tras el acuerdo entre la defensa del acusado, el fiscal y la Abogacía de la Generalitat. Quizá pensó que una inhabilitación no era tan lesiva como puede parecer. Tras la pérdida del poder del PP en la Generalitat y los principales ayuntamientos, podría parecer obvio que de hecho ya no tenía ninguna opción de que los nuevos gobernantes le encargasen la gestión de ningún proyecto, empresa u organismo público. Si lo pensó, Espinosa demostró un profundo desconocimiento de la izquierda valenciana.

En la condena por la adquisición de los vehículos, la sentencia subrayaba que el ex director general había actuado al margen de la legalidad a sabiendas, al contratar sin iniciar ningún expediente administrativo y sin someter la adjudicación a los «principios de publicidad, concurrencia y transparencia». Además, había fraccionado los contratos para evitar el control desde los otros departamentos de la empresa pública dependiente de Territorio y Medio Ambiente.

En los años en los que Felipe Espinosa estuvo al frente de Vaersa, no solamente gestionó fondos públicos (ilegalmente) para engordar el negocio de algún concesionario de coches y para engrasar con sobresueldos a algunos elementos clave de la plantilla.Tanto él como su antecesor, Juan Miguel Bellver, fueron generosos consigo mismos para incentivar su propia productividad como gestores. Entre ambos recalentaron la Visa pública para fundirse 138.525 euros en los años en los que llevaron las riendas de la empresa pública. El «residuo» contable que dejaron acredita que la posible ilegalidad no radica en el cuánto sino en el qué: cuentas de restaurantes (hasta 12.000 euros) en comidas de fin de semana (al menos 65 de las 89 registradas en un solo establecimiento de hostelería); adquisición de ropa en El Corte Inglés; cestas de la compra en supermercados; vacaciones en la estación de esquí de Grandvalira en Andorra; material de bricolaje y hasta una factura de 1.200 euros en el veterinario. Gastos de «muy dudosa o inexistente relación» con el desempeño del cargo de director general de Vaersa, según subrayaba la Intervención General de la Generalitat en un informe que fue puesto a disposición de la Fiscalía, según reveló el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en marzo de 2017. En mayo de 2008, el ex director del Arab Bank gastó 726 euros en tres compras en Hugo Boss, en los citados grandes almacenes.

Quizá conscientes del abuso que cometen las entidades bancarias en el cobro de comisiones a los comercios, estos directivos de Vaersa optaron por sacar dinero en efectivo de los cajeros automáticos para evitar pagos con tarjeta. Una tercera parte de la cantidad apuntada (concretamente 45.265 de los 138.525) fueron cargos a la tarjeta por extractos en cajeros. A cada uno de los dos directivos se les imputaba haber sacado unos 23.000 euros. La práctica era bastante habitual. Hasta 238 extracciones computó la Intervención. Unas operaciones por las que Vaersa tuvo que soportar, además de los 45.265 euros, un gravamen extra de 1.869 euros en comisiones, porque los directivos acudieron a cajeros de entidades distintas a la emisora de la tarjeta y que ni siquiera formaban parte de la misma red de cajeros.

El universo Espinosa Bolaños es monetariamente fértil y siempre depara alguna sorpresa. Al periodista, pero también a la policía o al juez. Cuando, en junio de 2014, el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ordenó la entrada y registro en el domicilio del entonces director general de Vaersa, en el marco de la investigación del pago de los complementos salariales y la compra de los todoterreno (asuntos que le valieron las citadas condenas), encontraron unos 30.000 euros en efectivo. Trascendió otro hallazgo evocador de su pasado como directivo del Arab Bank. La policía encontró documentación que acreditaba que Espinosa tenía una cuenta a su nombre con 80.000 euros en Bank of China. Antes de que se descubriera ese depósito bancario y cuando ya le había sido retirado el pasaporte, dentro de esa investigación sobre Vaersa, Espinosa Bolaños había intentado que el juez le autorizara poder viajar a Zibo, en la provincia china de Shandong. El juez Vicente Ríos le denegó el permiso.

Epicentro del desfalco

De entre todas las declaraciones judiciales, dos tuvieron especial relevancia: la de José María Tabares, quien confirmó el qué se hizo, y la de José Marquina, por haber corroborado en sede judicial el cómo se hizo, el modus operandi. Primero en la entrevista y luego ante el juez, Marquina desgranó los detalles de la facturación falsa por supuestos servicios prestados y teóricos gastos acometidos en la organización de conciertos, la coartada para sacar el dinero de las cuentas del IVEX en Valencia para engordar otras en paraísos fiscales. Marquina relató el ejemplo de la misión comercial e institucional a Orlando, pero, sobre todo, refrendó que el suyo no fue el único caso ni el más sangrante en esa especie de colecta para generar recursos con los que saldar la diferencia entre el contrato oficial y el B y las comisiones de turno, el coste de oportunidad. Marquina indicó que, si en Miami el IVEX abonó al menos 325.000 dólares por gastos que no se acometieron, en México la cifra fue bastante superior: 1,8 millones de dólares aproximadamente.

El concierto que ofreció Julio Iglesias en el Auditorio Nacional de México, el 10 de abril de 1999, fue el último de la gira del artista con la Generalitat como productora. Se incorporó al calendario para compensar que el cantante había desatendido su obligación contractual de acudir a la feria Expocalzado de Las Vegas. Se explicó la cita mexicana como un «gesto de responsabilidad» del artista. Creo que comparable al que podría tener un atracador que se duerme y, entre que se ducha, desayuna y se enfunda el pasamontañas, cuando llega a la sucursal bancaria elegida, ya está cerrada. Llama al delegado de zona y le avisa de que abra la sucursal el sábado por la mañana y que, como gesto de responsabilidad, acudirá a dar el golpe. Más o menos. Porque tanto el IVEX como especialmente el artista necesitaban un evento más que diera cobertura a la salida de fondos.

Con México como destino elegido se cerraría así el ciclo abierto en septiembre de 1997, cuando el cantante anunció la gira en un acto comercial de la Generalitat en la capital azteca. Un millón de euros se abonó desde Valencia, sin pivotar sobre la delegación mexicana del IVEX (al contrario que en Miami), y estaba soportado por facturas emitidas por Midway International, por conceptos vinculados al montaje del recital. Y otros 822.113 dólares se pagaron en dos transferencias ¿Qué pintaba una empresa de Irlanda organizando conciertos en México? Marquina desveló que en realidad no lo organizó. Aunque cobró seis veces el coste real de aquella actuación en el Auditorio Nacional cuyo montaje en realidad nunca acometió. Estos pagos fueron clave en la multa de 191.457 euros impuesta por la Agencia Tributaria al IVEX que había sido revelada por el diputado Maluenda. Se trataba de facturas falsas que de ninguna manera eran fiscalmente deducibles como gastos.

Quien se encargó realmente de aquel montaje fue la mexicana Rac Producciones, una firma solvente en el mundo del espectáculo mayoritariamente participada en su accionariado por la Compañía Iberoamericana de Entretenimiento (CIE), un referente en el sector del ocio del mercado hispano. Rac Producciones no cobró un solo dólar al IVEX ni a Valencia ni a la delegación que gestionaba Vicente Sendra, uno de los defenestrados de la operación limpieza de delegados para borrar huellas. La organizadora mexicana asumía el coste del montaje («equipo de producción, pago a los músicos, catering del artista...») a cambio de que el IVEX le cediera la explotación comercial del concierto para unas 9.775 personas. Rac se obligaba a reservar a la Generalitat unas 300 entradas para atender compromisos de aquella misión comercial. La organización asumía dos obligaciones extra, además de correr con todos los gastos. La primera, contratar a International Concerts (la empresa presidida por Julio Iglesias) para que se encargara de «organizar los ensayos» del artista. De esta forma se justificaba la firma de un contrato de «prestación de servicios» por el que la empresa de Julio Iglesias recibía 64.000 dólares que serían derivados a Distar Producciones, la empresa vinculada al Festival de la Canción de Benidorm, cita a la que el cantante dio plantón. La segunda obligación que asumía Rac consistía en hacer un donativo de 800.000 pesos (unos 80.000 dólares) a la ONG México Unido, que trabaja por la infancia, y en el marco del llamado Teletón, un maraton benéfico muy conocido en aquel país, que se emite por varias cadenas de televisión y radio. De hecho, la cesión a Rac Producciones de los derechos del artista la hacía el IVEX a través de la Fundación México Unido.

El trato descrito fue cerrado por el delegado del Instituto de la Exportación Vicente Sendra, quien firmó el contrato matriz junto con Carlos Santos, en nombre de Rac Producciones, y Fernando Landeros, por la Fundación México Unido. El acuerdo ofrecía ventajas a las dos partes. El Consell se ahorraba los gastos del recital y disponía de las entradas necesarias para la promoción, y Rac no tenía que pagar el caché del artista y explotaba más de 9.000 entradas, que se vendieron a un precio que oscilaba entre los 20 y los 150 dólares. La contabilidad del evento entregada por Rac en el juzgado revelaba unos ingresos de 3,3 millones de dólares. Pero hubo un tercero que todavía ganó más: la firma Midway International, a la que paralelamente le fueron abonando las citadas facturas desde Valencia a espaldas del delegado Sendra. Unos pagos que no se amparaban en ningún servicio realmente prestado.

Testigo de cargo del gran atraco

Tras la declaración judicial de Marquina, era urgente contactar con Vicente Sendra, quien había optado por el citado modelo de organización de aquel recital para ahorrar costes, y precisamente después de asistir al evento de Miami celebrado un año antes que el azteca. «Me di cuenta de que se podía hacer de otra forma, ahorrando más dinero», me explicó. Corroboró todos los extremos de la declaración del ex delegado en Miami y confesó que no tenía ni idea de «quién ni qué es Midway», pero insistió en que esta empresa, por mucho que hubiera cobrado a cuenta de supuestos trabajos para el IVEX en el Auditorio Nacional azteca, no tenía absolutamente «nada que ver con el recital de México». ¿Estaba usted convencido de que lo de México había salido gratis? «No es que estaba convencido, es que salió gratis, o al menos debería haber salido gratis». Ni él ni el responsable de Rac, Carlos Santos, sabían de la existencia de la firma irlandesa y menos aún que hubiera engordado sus cuentas con pagos millonarios por un montaje que no realizó.

Quedé con el hombre que le consiguió a Zaplana un tratamiento de jefe de Estado por parte de Vicente Fox y una entrevista prioritaria en la residencia oficial de Los Pinos, justo después de Bush. Francisco Vicente Sendra Aparisi es de esos zorros viejos que, antes de adentrarse en cualquier agujero, evalúa probabilidades y riesgos de la salida. De esos que, conforme van conversando, extienden y retiran lindes entre la elucubración y la certeza, la alerta y la sospecha, con la celeridad con la que los agentes de tráfico despliegan sus ristras de pinchos de bloqueo en un control de tráfico. Como persona bregada en la selva de los negocios, domina mil teclas y registros. En un minuto, la hiena se transmuta en cordero, luego se transforma en piraña y acaba siendo un cervatillo.

Sendra viajó finalmente a Valencia para personarse de incógnito en la Ciudad de la Justicia y entregar al fiscal del caso toda la documentación probatoria del desfalco mexicano. Aportó documentación que corroboraba que las facturas de México no estaban hinchadas, eran enteramente falsas, desde el primer dólar. Exactamente 980.321 dólares abonados a través de nueve cheques emitidos entre el 1 de abril y el 12 de mayo de 1999 contra la cuenta del IVEX en la oficina de Bancaja de la calle Pintor Sorolla. Y otros 822.113 dólares que se remitieron directamente, en dos swifts bancarios, desde el Arab Bank de Valencia a la cuenta de UBS-Nasáu. Mientras se realizaban esos pagos desde Valencia, a 9.500 de kilómetros, en México DF, Vicente Sendra estaba convencido de que el montaje del recital había salido gratis al organismo público.

La cuenta WA356115.000 volvió a ser, de nuevo, la destinataria del dinero canalizado a través de Midway. Desde que el ex delegado en México supo de la existencia de esta firma y de las denuncias de Marquina, se puso a la faena de recopilar los documentos que acreditaran el cuánto y el cómo se organizó el concierto mexicano. Contactó con Carlos Santos, de Rac Producciones, y ambos comparecieron el 31 de julio ante el notario mexicano José Rubén Valdez Abascal, para que levantara acta de su testimonio. El fedatario público validó todos y cada uno de los 23 documentos que en su día ampararon el montaje del recital. Entre ellos, toda la contabilidad real del acto o los dos contratos formalizados por quienes intervinieron en la operación: el suscrito por el IVEX, Rac y la Fundación México Unido, y un segundo firmado por la productora que Santos representaba e International Concerts.

El representante legal del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho Pérez, aportó, por su parte, el acuerdo entre la empresa que gestionaba ese recinto, Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (Fuaan), y Rac Producciones, por el que esta empresa abonaba como alquiler del recinto 87.000 pesos (unos 8.700 dólares al cambio de entonces) o el 12 por 100 de los ingresos brutos de la taquilla, la cantidad que resultara más alta. Se estableció, además, el pago de 43.500 pesos (unos 4.300 dólares) por cada una de las dos sesiones en las que quedaba inutilizable el recinto: el día del montaje y el de recoger los trastos del espectáculo «Julio Iglesias en concierto».

El juez valenciano remitió a México nueve preguntas para Cacho Pérez, en la declaración por exhorto. «¿Conoce usted el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX)?». «Desconozco totalmente dicho instituto», respondió el representante del Auditorio Nacional en su declaración jurada. Entonces, «¿cuál fue la participación del IVEX en el evento musical?». «En nuestros archivos no consta ninguna participación», contestó el interrogado. No había hecho absolutamente nada.

Expuesto y avalado con papeles el «yo no he sido» el culpable del saqueo, y proclamado el «yo no lo sabía», ¿hacia quién apuntó Vicente Sendra como responsable, técnica y políticamente, de aquel montaje para el vaciado de las cuentas públicas? Siempre elevaba el tiro por encima de José María Tabares. «Una expresión muy típica de Tabares era “déjame que lo consulte”. Hay que decir que era un hombre muy justo en el trato con los delegados, pero no un hombre valiente; nunca tomaba decisiones propias. Siempre pedía autorizaciones; te llamaba y te decía: Vicente, esto está autorizado», me contaba. «Una cosa de ese nivel jamás la habría hecho Tabares por su cuenta, ni pensarlo», comentaba Sendra. El ex delegado de IVEX-México apuntó directamente al Palau de la Generalitat en los amaños en torno al recital del Auditorio Nacional. «Le puedo garantizar que Tabares y el conseller Diego Such seguro que lo sabían», sentenciaba.

«José María Tabares me dijo, además, que lo propuso a Presidencia y en aquel momento la persona que ejercía en Presidencia era Juan Francisco García, con el que todo el mundo hablaba», explicaba Sendra, quien relató cómo se gestó aquel evento comercial/musical/institucional/contable… «Tabares me llamó y me dijo si me gustaría tener una actuación de Julio Iglesias en México. Le dije que sí, y yo le propuse la forma de organizarlo. El director lo comunicó a su entorno, lo hablaron con Luis Fernando Esteban (representante del artista) y lo pusieron en contacto conmigo.» Según la versión de Sendra, desde ese mismo momento «Tabares dejó el asunto» y ya lo llevaron el productor Carlos Santos, Luis Fernando Esteban, Fernando Landeros y él mismo, como delegado del IVEX en México.

Todavía le quedaba al empresario, que también representó al IVEX en Cuba, una última sorpresa, que se reservaba para el día en que finalmente el juez Luis Carlos Presencia Rubio tuviera a bien llamarle a testificar, comparecencia que no se produjo hasta el 9 de noviembre de 2006. Sendra explicó al juez que la adjunta a la dirección del IVEX Maritina Hernández le advirtió en 2001 de que el concierto de México no había salido gratis. Se lo trasladó cuando asistió a un encuentro de delegados del instituto, Redivex, celebrado ese año en Valencia. Pero nunca le enseñó las facturas de Midway, según el ex delegado. Hernández pasó a ser directora del organismo público en 2002, en sustitución de Carmen de Miguel cuando esta fue llamada por el ministro Zaplana a ocupar un alto cargo Madrid.

Dos fotos en el álbum de familia

A esas alturas de la evolución de un régimen en permanente estado de campaña electoral, ya habían sido abonadas integramente, con dinero público, dos de la fotografías de familia más conocidas de cuantas se fueron haciendo los dirigentes populares para su proyección política: la de Zaplana con Julio Iglesias, por supuesto, y la de Francisco Camps y Rita Barberá con Iñaki Urdangarin, que costó 4,5 millones al erario público por los tres Valencia Summit montados al calor de la Copa América y el primer pago (382.203 euros) de unos Juegos Europeos fantasma. Porque nunca se celebraron. La foto con Bernie Ecclestone, el magnate de la Fórmula 1, se fue pagando por anualidades hasta 2012, y la de Camps, el vicepresidente Juan Cotino y la alcaldesa de Valencia con el papa Benedicto XVI se abonó también ese año, con la cuota de corrupción adosada en forma de pagos a la trama Gürtel por el contrato de instalación de pantallas y sonorización, que ascendió a 7,49 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad fueron gastos no justificados, comisiones como la de 957.000 euros que fue entregada al número dos de la trama, Pablo Crespo, en Sevilla. Solamente la Fundación V Encuentro gastó 22,2 millones en aquel evento, 3,1 en urinarios portátiles. Los retratos con Al Capone, Lucky Luciano o Totó Riina nunca llegaron a encargarse. Seguramente por problemas de agenda de estos prohombres.

Pero todavía faltaban dos años para la quiebra de Lehman Brothers. Cabe recordar que el Partido Popular estaba a punto de encadenar su tercera mayoría absoluta consecutiva, en mayo de 2007, con el resultado más espectacular de cuantas elecciones autonómicas se han celebrado y la segunda victoria con más apoyo de toda la serie de convocatorias electorales de la historia valenciana desde que se restableció la democracia. El PP logró en esos comicios 1.277.458 votos, el 53,3 por 100 de los emitidos.

En el mapa comunicativo valenciano, con capital en Canal 9, apenas se hallaban rastros de este escándalo. La prensa en general seguía sin sumarse a las revelaciones sobre el caso IVEX-Julio Iglesias. Desde la oposición parlamentaria se escuchaban voces que clamaban por este escándalo. Otras callaban, ley de vida.

La presencia de Julio Iglesias convertía la causa en un asunto goloso para determinados programas televisivos, como el entonces popularísimo Aquí hay tomate, un vespertino de cotilleos y polémica rosa copresentado por Jorge Javier Vázquez. Las cámaras y los micrófonos de este espacio de Tele 5 se personaron aquel 22 de septiembre de 2006 en la sede del IVEX en la plaza de América para acompañar a los portavoces adjuntos del querellante PSPV Andrés Perelló y Antoni Such en su visita a la sede central del instituto para pedir la documentación sobre el contrato y los pagos, en especial todo el material relacionado con la misión comercial a México. La entonces directora del IVEX, Maritina Hernández, capeó el temporal como pudo.

Capítulo XV

La confesión off shore

Mientras en Valencia se iban apilando capítulos de la estafa de Zaplana en el IVEX, su ex director, José María Tabares, seguía huido en Tokio, tras haber preferido pasar diez años en la clandestinidad y sin poder entrar en España antes que cinco en la cárcel. Su pena prescribía en 2012, según lo previsto en el artículo 133 del Código Penal. Pero, cuando llevaba un año como prófugo de la justicia, fue llamado a declarar de nuevo como imputado por la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato B con Julio Iglesias. Un contrato que, según había declarado en enero de 2006, lo había rubricado «por orden de Don Eduardo Zaplana», del «señor presidente». En su nueva tesitura, Tabares dudó poco entre venir a declarar y ser detenido o renunciar a defenderse y asumir que podría enfrentarse a una segunda condena a otros diez años de cárcel. Prefirió quedarse en Tokio para contemplar desde la distancia cómo iban pasando las hojas del calendario de forma nítida y sin la interferencia visual que suponen los barrotes a la hora de contemplar el paisaje de la vida. Acudir a testificar no iba a reportarle ningún beneficio penal, por lo que prefirió seguir en la clandestinidad.

El pintoresco «Wanted Iglesias»

Al considerar que estaba en «rebeldía voluntaria», el juez planteó su intención de retirarle el derecho de defensa. El viaje asiático de Tabares sin billete de vuelta era una mala noticia para el juez, pero por cada puerta que se cierra siempre se abre otra. Las circunstancias de la política brindaron una oportunidad inesperada a la instrucción. Eduardo Zaplana dimitió como diputado el 29 de abril de 2008. El 9 de marzo había renunciado a su puesto de portavoz del PP en el Congreso. El ex presidente perdía así su condición de aforado y, por tanto, ya no era carne de Tribunal Supremo (y con él, la causa), sino que, desprovisto del blindaje, podía ser llamado a testificar ante el juez instructor. Con su abandono de la primera línea política para asumir el cargo de «delegado de Telefónica para Europa», la multinacional incorporaba a un consumado experto en tráfico de información y el juez instructor ganaba a un posible cliente de su juzgado. Pero nunca quiso explotar ese caladero de conocimiento, pese a toda la documentación que apuntaba a una participación directa del ex presidente en el fichaje y a las declaraciones de Tabares o de Sendra señalando hacia el Palau.

Presencia Rubio prefirió mirar el dedo antes que el cielo. Y en marzo de 2010 archivó la causa amparándose en la imposibilidad de localizar al prófugo Tabares. Tras cinco años y dos meses, decidió enterrar el caso sin haber citado a declarar ni al cantante ni a ninguna de las empresas que facturaron. Nadie de los que cobró pasó por el juzgado. De apenas ocho que comparecieron para declarar como imputados o testigos (José María Tabares, José Marquina, Vicente Sendra, Faustino Salcedo, Joaquín Barber, Joaquín Berenguer, Felipe Espinosa Bolaños y Luis Norberto Cacho), solamente el director del IVEX y el directivo del Auditorio Nacional de México (Cacho), por exhorto, fueron llamados a declarar por voluntad del juez Presencia Rubio. El resto acudió por propia iniciativa o por imposición de la Audiencia Provincial de Valencia, que enmendó la plana al instructor. Esa misma instancia judicial asestó en julio de 2010 otro severo correctivo al juez al levantar el archivo con un auto, de 22 de julio, en el que apuntaba indicios de facturación falsa como mecanismo para la malversación de fondos y ordenaba al instructor que llamara de una vez a declarar a Julio Iglesias.

La Sección Tercera, presidida por el magistrado Carlos Climent, estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el PSPV y rebatió en una resolución de catorce páginas el auto de sobreseimiento provisional del Juzgado de Instrucción número 19 con apreciaciones muy concretas acerca de pagos sin contraprestaciones. «No parece que la orden de pago de la indicada cantidad tuviere respaldo en servicios prestados con ocasión del evento de Julio Iglesias en Orlando», refería la sala respecto a los pagos de Florida, donde Marquina denunció que se habían falsificado facturas. Respecto a México, indicaba el auto: «Los pagos efectuados por el IVEX a Midway International por el evento de México [...] no han quedado debidamente justificados, no pareciendo que fuere adecuado que debiere satisfacer los mismos si, como se ha dicho, se hicieron efectivos por Rac Producciones, debiendo añadirse, de otro lado, que el testigo Sr. Sendra manifestó que Midway International no intervino en el evento de México. Se duda, por tanto, de la autenticidad de las facturas en cuestión», sentenciaba.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial ordenaron a Presencia Rubio tomar declaración como testigos al cantante; a su representante, Luis Fernando Esteban; a los legales representantes de Midway e International Concerts; al representante de Rac, Carlos Santos; al delegado del IVEX en Shangai, Ricardo Blázquez y al legal representante de Distar Producciones, así como recabar del organismo público todas las actas del consejo de administración y juntas generales de socios (la Generalitat) en las que se adoptaran acuerdos relativos a la verificación o validación de las facturas de las firmas que cobraron por la gira del artista.

Seis años y dos meses después de presentada la querella, más de 2.200 días después de que arrancara la presunta instrucción judicial, la Audiencia Provincial ordenaba llamar a declarar a los principales protagonistas del escándalo. En términos inmobiliarios, podría decirse que, 74 meses después de iniciada la construcción de la casa, se obligaba al arquitecto a proyectar y ejecutar los cimientos.

La decisión de la Audiencia Provincial de obligar al juez a citar a Julio Iglesias no alteró los planes de boda del artista, que el 20 de agosto de 2010 (apenas tres semanas después de la resolución judicial) se casó con Miranda Rijnsburger, su pareja desde hacía 20 años, en la capilla privada de su domicilio en Ojén (Málaga). La noticia copó portadas en la prensa del corazón, pero, como Presencia Rubio no leía papel cuché, no era sabedor de que el cantante tenía casa en España, además de negocios inmobiliarios en la Costa Blanca de la mano de Construcciones Ballester. Quizá por ello ordenó a la policía que averiguase si seguía teniendo residencia en Miami como sucedía en los años 1997, 1998 y 1999, en los que se ejecutó el golpe al IVEX. Porque quería tomarle declaración por exhorto en un juzgado americano. Por eso pidió a las partes personadas en la causa que le remitieran las preguntas escritas de su interrogatorio.

Pasó otro año y Julio Iglesias, que seguía sin ser localizado por el juez, anunció un bolo en Gandia, a 67 kilómetros del Juzgado de Instrucción número 19. El letrado de la acusación popular, José Luis Vera, instó al juez a aprovechar su gira española para tomarle declaración. Pero no es tan fácil acceder a un artista para pedirle un autógrafo o entregarle una citación judicial. «[...] Desconociendo su alojamiento, su horario, entre otras cosas...».

¿Qué tal hacerle llegar la citación en el escenario de su show? ¿Por qué no entregarle el papel en mitad de la actuación? Podría quedar resultón, como esas peticiones con cartel a Bruce Springsteen. Se haría viral en YouTube. Pero el juez no lo veía: «La realización de dichos eventos no significa que el testigo esté en dicho lugar con anterioridad o posterioridad al acto», explicó en una resolución en la que denegaba la idea de aprovechar su presencia para llamarlo a declarar. Que habría sido tan cruel como romper la magia de una noche de verano en «Gandía, el mar donde se unen las estrellas», según rezaba el cartel que anunciaba la actuación. El verano siguiente visitó de nuevo Valencia. El 7 de julio de 2012. Para actuar incluso más cerca del juez. Enfrente. En el Palau de les Arts. Te plantas en la puerta de la Ciudad de la Justicia y, mirando hacia el río, a la izquierda.

A esas alturas, el representante del artista ya había remitido una carta al juzgado en la que le facilitaba la dirección del cantante en Punta Cana (República Dominicana). Dos años tardó el juez en poder cumplir la orden de llamarlo a declarar. Ya que venía a Valencia, decidió esta vez citarlo. El día 10 de julio a las diez. Una comparecencia judicial que a última hora se anuló. Porque el artista quiso evitar la nube de micrófonos y cámaras ante el juzgado. Y para burlar a la prensa prefirió declarar antes en Higüey, a 50 kilómetros de Punta Cana, donde tenía su residencia el artista. Por eso a última hora el juez anuló la declaración en Valencia, que habría permitido a las partes poder repreguntar al testigo.

Fue una declaración off shore y en el Caribe, muy propia del caso investigado. El juez dominicano Yohan Carlos Morales explicó que el artista había sido «claro en las respuestas». Como testigo no gozaba del privilegio de poder mentir. Durante hora y media, Julio Iglesias cantó las excelencias de aquella gira en la que el IVEX actuó como productor, pero, sobre todo, admitió haber cobrado 6 millones de euros, cuatro más de lo declarado oficialmente y defendido por tierra (por escrito en el contrato registrado y en comunicados de prensa), mar (en las Corts y ante la Sindicatura) y aire (incluso en el juzgado) por diversos protagonistas del saqueo. Empezando por el propio Eduardo Zaplana.

La declaración judicial de Julio Iglesias, impuesta por la Audiencia Provincial al juez Presencia Rubio, cuyas actuaciones siempre fueron más proclives a enterrar que a exhumar, vino a ser la rúbrica a un asunto que constituye la quintaesencia de la impunidad. Hubo saqueo, falta determinar la cuantía exacta. El cantante declaró una parte de la verdad oscurecida por el Consell: que cobró 990 millones de pesetas y no 375. El ex presidente Zaplana no se sintió aludido por una confesión que sonaba a incriminación a quien fue durante siete años inquilino del Palau. El fichaje, y en las condiciones en que se hizo, «fue una gran decisión de la que me siento muy orgulloso». Así habló Zaplana una vez se supo que el cantante había cantado quince años después y por imperativo legal.

Como en cualquier atraco, el asalto tuvo un coste mayor que el botín. En este caso, mucho mayor, dado que se orquestó en seis países (España, Japón, Estados Unidos, Rusia, China y México), a través de media docena de sociedades off shore y con gran volumen de facturación y participantes a sueldo o comisión. Las superproducciones cuentan con un mayor cuadro de actores y volumen de negocio, por eso siempre salen más caras. Especialmente cuando el productor, en este caso la Generalitat de Eduardo Zaplana, tiene aires de grandeza.

Porque nunca se escatimó en glamour. Desde Occidente hasta el Lejano Oriente. Si Julio Iglesias ha de actuar en Tokio, el IVEX pagaba el billete de avión. Que no era en turista ni en primera clase. Se le pagaba el alquiler de un jet privado de la compañía Executiver Skyfleet Inc que trasladó al cantante de Miami a la capital japonesa pasando por Los Ángeles. De vuelta, se hizo escala en Vancouver. La factura aérea ascendió a 120.000 dólares. 30 horas a 4.000 dólares la hora.

El servicio de limusinas del Hotel Okura facturó unos 7.000 euros (960.400 yenes) a la oficina del instituto público en Tokio por el alquiler de los coches de lujo con los que Zaplana, el conseller Such y el cantante se pasearon tres días (23, 24 y 25 de marzo de 1998) como marajás por el país del sol naciente con motivo de la participación valenciana en la feria Expoconsumo. El Hotel Takinawa ofreció una cena para un millar de comensales, la mayoría valencianos de las 154 empresas desplazadas para participar en el certamen ferial. El IVEX abonó 153.000 euros por aquel ágape, a 153 el cubierto. Sin contar el gasto de la orquesta, en la que Julio Iglesias era vocalista. Siempre pendiente de acicalar a los medios, el presidente Zaplana puso todo el interés en que aquella visita tuviera una cobertura mediática local a la altura. La rueda de prensa que se organizó para presentar la participación valenciana en la feria del consumo costó más de 6.000 euros (776.729 yenes al cambio). Fue una rueda de prensa de alta gama.

La tasación del gran golpe

La falta de documentación –alguna se hizo desaparecer convenientemente–, la nula transparencia y la poco exigente investigación judicial complican la tasación del desfalco. Pero las dos periciales que se llevaron a cabo acreditan que la firma y ejecución del contrato no fue, desde luego, un ejemplo de transparencia, eficacia en la gestión ni cumplimiento escrupuloso de la legalidad. El perito economista Vicente Pérez Rodríguez llegó a manifestar su impotencia e incapacidad para poder emitir conclusiones sobre los pagos a Midway por México, dada la insuficiente documentación aportada por el IVEX al juzgado. Aunque hizo constar que «queda claro, por la escasa información facilitada, que Rac Producciones asumía los gastos del evento y los ingresos». Por tanto, denunciaba, «el IVEX no debería haber soportado ningún gasto relativo al concierto... gastos que aparecen duplicados en la relacion de la liquidación remitida por Rac». El experto también alertaba sobre los dispendios acometidos en Orlando, donde el ex delegado denunció que se habían falsificado facturas. La de organizar el programa institucional y empresarial, con la presentación de la Autoridad Portuaria de Valencia como plato fuerte, ascendía a 346.125 dólares y fue «doblemente registrada como gasto», advertía el perito.

Hubo una segunda tasación, mucho más exhaustiva, realizada por la Agencia Tributaria, que pudo contar con documentos remitidos por el IVEX, directamente o a través del juzgado, además de los archivos propios. Las conclusiones de este informe forense del asesinato de las cuentas públicas fueron demoledoras. La pericial fue solicitada por el juez en diciembre de 2010 y se entregó firmada el 10 de marzo de 2011. Al perito inspector, con Numa 27306, se le encargó la misión de evaluar el «coste total efectivo de la ejecución del contrato» con Julio Iglesias, la «determinación de las empresas ejecutantes de los contratos», con la revisión de las cuentas utilizadas, cheques, etc., y, como tercer objetivo, analizar la «realidad de los servicios prestados», eufemismo que equivalía a estudiar si los servicios se prestaron de verdad o las facturas eran falsas porque no respondían a ningún trabajo realizado.

Sobre este último aspecto, el perito reiteró que la «falta de documentación justificativa existente» en el expediente impedía ser concluyente en este aspecto. Pero el material revisado fue suficiente como para dejar en evidencia a los gestores del IVEX y al Consell: «En algunos casos no existe ningún tipo de justificante, en otros sólo existe algún documento ordenando a una entidad bancaria la realización de una transferencia y en otros existen unas facturas sin que vayan acompañadas de albaranes, contratos, notas de entrega, etc., que justifiquen su contenido». La Agencia Tributaria ahondaba en la anómala escasez de documentos sobre «los servicios realizados». «En la mayoría de los casos se limitan a una factura» y por ello «no ha sido posible determinar con la amplitud necesaria el tipo de trabajos o servicios realizados». Además, «no se ha podido identificar a todos los proveedores», subrayaba. Entre otras razones, denuncia el inspector de Hacienda, porque «el IVEX no suministra toda la información, ya que se limita a poner de manifiesto un gasto y cómo se ha pagado, pero no a quién se ha pagado».

Del repaso pormenorizado de los libros mayores de la contabilidad del IVEX correspondientes a 1998 y 1999, así como de las facturas, cheques y otro tipo de efectos contables, el perito concluyó que el coste acreditado del año Julio Iglesias alcanzaría las 1.435.710.969 pesetas (el equivalente a 8,62 millones de euros). Desglosaba la cantidad por eventos: Tokio (140.669.842 pesetas) 845.422; Orlando (148.573.508) 892.923; Moscú (276.532.913) 1.661.956; Shangai (278.483.548) 1.673.679 y México (216.451.158) 1.300.865. Unas cifras, sólo de la contabilidad oficialmente registrada como gasto de los conciertos, a las que hay que sumar los 375 millones de pesetas (2,2 millones de euros) del caché del artista.

El reparto de estopa por la gestión del dinero público lo administraba el perito en un análisis por eventos. Sobre Tokio lamentaba que la «mayoría de los gastos corresponden a proveedores no identificados contablemente y respecto de los cuales no existe ninguna documentación». Alude a facturas pagadas a International Concerts por unos 356.332 dólares y advierte de que sobre estos gastos «no existe más justificación» que las facturas. Las mismas objeciones refiere para Orlando, donde «la mayoría de los gastos corresponden a proveedores no identificados contablemente y respecto de los cuales no existe ninguna documentación».

Se contabilizó un importe de 325.000 dólares pagado el 9 de marzo de 1998 a través del City Bank de Nueva York previa transferencia de una cantidad procedente del Banco Exterior de España (BEX), pero «no existe documentacion relativa a ese pago». Analiza en concreto una factura, la 980601 emitida el 1 de mayo, de la empresa de Marquina Strategies and Solutions por 346.125 dólares por organizar la misión institucional y empresarial con presentación de la Autoridad Portuaria de Valencia e inauguración de una oficina de Bancaja en Miami.

Pero desde Valencia se envió mucho más dinero. Según el expediente, 460.000 dólares en cuatro transferencias, entre el 20 de abril y el 12 de junio, por los conceptos «provisión de fondos y anticipos de gasto». No acabó ahí el trasvase transoceánico de fondos. El 25 de agosto se hizo otra transferencia por 20.246 dólares; para abonar una factura, la 80721, «que no guarda relación con la 980601», observa el perito al borde de la impotencia por casar números, actos y conceptos. Un maridaje imposible. Y hubo más. El 3 de mayo se efectuó otro pago de 130.411 dólares. «Sin documento ni factura que identifique al proveedor», apuntó. Y, como remate, el 7 de julio y el 4 de agosto se efectuaron sendos envíos de 55.000 y 19.234 dólares desde el IVEX a International Concerts. En este caso, la primera cantidad voló sin más rastro documental que el recibo de la transferencia. La segunda cifra correspondía a una supuesta «provisión de fondos sin ninguna justificación», lamentaba el inspector.

En Moscú, las órdenes de transferencias a favor de presuntas empresas organizadoras tampoco fueron acompañadas por «ningún tipo de justificación respecto al contenido material de dichas facturas». En concreto, 471.765 dólares (71.846.313 pesetas) que fueron a parar a Reed Group y otros 1.039.000 dólares (156.490.400 pesetas) a International Concerts.

Cualquiera que viaje por motivos de trabajo es consciente de la necesidad de guardar los tickets y justificantes de gastos para que la empresa abone las cantidades anticipadas con cargo al bolsillo propio o compruebe el buen uso del dinero facilitado previamente para gastos. El IVEX es una excepción a la regla. Su director general circulaba por el mundo con la American Express de empresa. Y sea porque entonces no se llevaba aquello del «¿quiere resguardo?» o porque en determinados tugurios low cost la factura es un lujo, el caso es que abonó 13.280.639 pesetas (79.815 euros) con la tarjeta (más de 9 millones en el Hotel Ritz) en Shangai y no le dieron ni ticket ni factura. Y si lo hicieron las perdió. Porque el inspector perito constató que no existía factura ni documento justificativo del gasto. Pudo averiguar de qué se trataba porque el cargo aparecía en la cuenta del IVEX.

La misma ausencia de justificantes se apreciaba en la provisión de fondos a International Concerts para el concierto chino. En ocasiones sí hubo facturas. Por ejemplo, en aquella misión a Shangai, Gold Peak Trade Services Limited emitió dos facturas, el 1 y el 21 de junio de 1999, por gastos de la campaña para publicitar la presencia comercial valenciana en China por 76.054.093 pesetas (471.323 dólares) y 69.950.180 pesetas (428.000 dólares). En ese caso, las deficiencias apreciadas e indicios de sospecha de facturación falsa tenían que ver con la ausencia de una «justificación adicional de los gastos». Esto es, se facturaban, pero no se aportó un solo ticket de que efectivamente el servicio se prestó y por esa cantidad. De ahí que la Agencia Tributaria considerase que eran «gastos no deducibles», después de que el representante de esa empresa radicada en Hong Kong no aportase ninguna documentación complementaria sobre dichas facturas. Lo tenía verdaderamente difícil.

Lo mismo sucedió con la inspección tributaria por los gastos de México. Tras la comprobación inspectora se verificó que no podían ser desgravados por el IVEX en el Impuesto sobre Sociedades de 1999, y la AEAT le impuso la sanción de 191.457 euros que el popular Rafael Maluenda reveló en las Corts. Una multa que habría podido ser mayor si la inspección de la Agencia Tributaria hubiese abarcado el ejercicio de 1998, en el que se ejecutaron la mayoría de los pagos acometidos por el IVEX a cuenta del fichaje del artista.

Ocho años después de judicializarse el escándalo, la causa entró en parada cardíaca, podría decirse que estaba clínicamente muerta. Sólo faltaba enterrarla. El 12 de diciembre de 2017, el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia decretó el sobreseimento provisional del caso hasta que se pudieran cumplimentar sendas comisiones rogatorias a Islas Caimán y a Shangai, y fuera localizado José María Tabares, perfectamente localizable en su domicilio de Tokio. Tres de los investigados (el propio Tabares, a través de un abogado de oficio; Joaquín Berenguer, cofirmante de los pagos al cantante, y Joaquín Barber, que era jefe del departamento financiero del IVEX) presentaron un recurso a la Audiencia valenciana en el que pedían el archivo definitivo, al entender que los supuestos delitos imputados habían prescrito, incluso el de malversación, el más grave de los incluidos en la querella socialista. Los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia, Carlos Climent, Lamberto Rodríguez y Lucía Sanz, consideraban, en cambio, que no había caducado la causa, porque desde la declaración del último testigo (17 de septiembre de 2012) no habían pasado los diez o quince años que marca la prescripción, según se aplique el tipo penal más gravoso para los acusados. Por ello, la Audiencia de Valencia decidió ratificar el auto de archivo provisional y negar a los recurrentes el definitivo que reclamaban.

La causa quedó en hibernación a la espera de alguna novedad que permita reabrir las diligencias. Esta Sección Tercera de la Audiencia actuaba, de nuevo, como impulsora de la causa judicial. En cada una de sus resoluciones ha enmendado la plana al instructor del caso. La Audiencia Provincial y el letrado de la acusación popular José Luis Vera han sido los principales artífices de mantener viva la causa, aunque sea con respiración asistida. «La instrucción fue absolutamente errática y con escasa o ninguna convicción por parte del juez.» Es el dictamen de este letrado sobre la labor de Presencia Rubio.

En 12 años de presunta investigación de la causa, el juez nunca tuvo tiempo de juntar las piezas que constan en el sumario para aclarar el enigma. Tiene la c, la o, una r, una u, también una c, una i, una o y una n documentadas. Juntas apuntan al vocablo «corución». Si el juez Luis Carlos Presencia Rubio hubiese acometido un ejercicio de investigación bastante básico, quizás habría logrado pistas valiosas para encontrar la letra que le faltaba, rematar la palabra y completar un puzle, el del desfalco del contrato de Julio Iglesias, que ofrece un buen retrato de lo que pasó en un paisaje bucólico en éxtasis permanente. Es tarea difícil, pero no imposible. Incluso leída un par de veces, el esbozo de palabra da pie a albergar serias sospechas.

Capítulo XVI

Chalé en Calp y pisazo en la Castellana

La euforia colectiva impulsada desde la Generalitat zaplanista tuvo efectos secundarios que resultaron perniciosos hasta para el Consell. Una de las drásticas consecuencias es que opacó aspectos curriculares del presidente Zaplana que por sí mismos ya habrían otorgado suficiente proyección al personaje. Poco trascendió, por ejemplo, sobre su profunda conciencia medioambiental. Zaplana estaba extraordinariamente preocupado por el cormorán moñudo y la gaviota patiamarilla. Sobre todo por la gaviota. La conciencia ecológica y la preocupación por el dinero público, dos constantes que inspiraron la gestión del ex presidente, fueron los argumentos que se esgrimieron para justificar la compra de 33.096 metros cuadrados de terrenos en la ladera norte del Penyal d’Ifac, en Calp, una operación a la que la Generalitat destinó 1.913 millones de pesetas (11,5 millones de euros). El Consell se amparó en un precepto legal, el artículo 20 de la Ley 3/86 de 24 de octubre, para que la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública pudiera adquirir directamente varias parcelas que eran propiedad de Edificaciones Calpe S. A. (26.009 metros), de Matilde Ivars Ivars (6.456 metros) y de varios pequeños propietarios de un proindiviso de 630 metros cuadrados.

Terrenos que resultaban de un proceso de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Calp el 7 de agosto de 1992, pero cuyo valor había sufrido una considerable merma después de que el 11 de abril de 1995, en vísperas de las elecciones que llevaron a Zaplana al Palau, el conseller socialista de Urbanismo, Eugenio Burriel, firmase la resolución que aprobaba definitivamente la revision del Plan General de Ordenación Urbana de Calp en el que se reclasificaban esos terrenos, encuadrados en la Unidad de Actuación número 3. El suelo urbanizable pasaba a ser de especial protección paisajística. Era como verter varias cubas de antídoto contra el más potente de los herbicidas, el hormigón.

Edificaciones Calpe, empresa con la que el Grupo Ballester actuaba en la Costa Blanca, y Matilde Ivars interpusieron sendos recursos contenciosos contra una resolución que recortaba notablemente el valor de mercado de ese suelo, y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ les dio la razón en lo básico. La sentencia número 1.219 de 20 de diciembre de 1997 reconocía el derecho de los demandantes a ser indemnizados por daños y perjuicios por esa reducción de aprovechamiento urbanístico. Una segunda sentencia, de mayo de 1998, corroboraba la primera. Andrés Ballester Ríos, en nombre de Edificaciones Calpe, solicitó a la Conselleria de Urbanismo una indemnización o que le comprara unos terrenos que valoraba, a precio de urbanizables, entre 1.964 y 2.397 millones de pesetas (entre 11,8 y 14,4 millones de euros), según la ponencia de valores y la tasación de la empresa privada Aquitasa.

La Generalitat había recurrido en casación al Supremo, como era preceptivo, pero políticamente decidió acometer la compra. El servicio de contratación y expropiaciones de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput) valoró el suelo en 46.392 pesetas el metro (278 euros), en total 1.535 millones (9,2 millones de euros) más los intereses generados, si se aplicaba un coeficiente de edificabilidad de 1,4, pero se descontaban 1.173 pesetas por metro (7 euros) por costes de urbanización no ejecutada. Sobre estos parámetros, en diciembre de 1997 la Conselleria remitió a los interesados una propuesta de convenio para adquirir los terrenos y todos la aceptaron. El coste de la operación se establecía en los citados 1.913 millones de pesetas (11,5 millones de euros), de los que 1.529 (7 millones) irían a parar a Edificaciones Calpe, 373 (2,2) a Matilde Ivars y 10,1 (60.000 euros) a los pequeños propietarios del proindiviso.

El Consell defendió la opción de compra por dos motivos básicos: para evitar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat en el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios por la pérdida de aprovechamiento urbanístico, y porque ese suelo clasificado como no urbanizable e incorporado al patrimonio público haría posible la ampliación del Parque Natural del Penyal d’Ifac, que había sido recomendada por Medio Ambiente. La extensión de los terrenos de Ballester cuadruplicaba la de las parcelas 14 y 15, de Matilde Ivars. Pero el presidente Zaplana tenía especial interés en éstas. Entre las dos sumaban 6.454 metros (7.814 y 2.165 medían las fincas antes de las cesiones de la reparcelación) y ese «trozo de tierra de secano» alojaba un chalé en una posición inmejorable, a los pies del peñón. Al final de la calle Isla de Formentera, que da acceso a la gran roca, en la ladera norte, con vistas a la bahía.

Una firma Molt Honorable

Tanto interés tenía el Molt Honorable en esa compra que el 7 de enero de 1999 quiso acudir personalmente a Calp para firmar, de su puño y letra, el convenio para la adquisión de esa propiedad. Zaplana acudió junto al conseller de Economía, José Luis Olivas, y al subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial, Fernando Modrego (amigo de Zaplana y socio de la peña festera Picarol), para firmar el acuerdo con Matilde Ivars, que estuvo representada por Francisco Javier Zaragoza Ivars. En virtud de ese acuerdo, la propietaria renunciaba a emprender acciones judiciales o administrativas contra la Generalitat por la merma de valor de su suelo o a instar la ejecución de la sentencia que reconocía ese daño. El precio pactado se cifró en 373.240.611 pesetas (2.243.167 euros), de los que cien millones (600.000 euros) se abonaban como anticipo y el resto cuando se otorgase la escritura pública, lo que sucedió el 27 de abril de 1999 ante el notario de Valencia Enrique Robles.

La vendedora «aceptará expresamente que con el precio de enajenación percibido y pagado por la Generalitat queda completamente compensada de cualesquiera daños o perjuicios», recogía el convenio rubricado por Zaplana. Se trataba de una vivienda unifamiliar, de dos alturas, con más de 350 metros por planta. Un inmueble conocido popularmente en Calp como el «chalé de Mas», por su anterior propietario. Había sido la vivienda de veraneo de la familia de José Mas Capó, vecino de Valencia, que en 1951 adquirió todos los terrenos del peñón a sus antiguos dueños, los herederos de Vicente Paris, por 1,6 millones de pesetas, 9.600 euros.

Pese a que una de las dos razones que presuntamente motivó la compra era la necesidad de ampliar el parque natural, una vez adquiridas las propiedades se archivó esta precocupación. La hierba y el cormorán moñudo cedieron el paso en la agenda de prioridades del Consell al pavimento, las molduras y los revestimientos. El chalé iba a ser debidamente reformado y acondicionado para convertirse en «residencia para invitados ilustres» de la Generalitat. Para ese uso tan rimbombante fue anunciado un proyecto aplaudido por el entonces alcalde de Calp, Javier Morató, quien años más tarde, en 2013, fue condenado a un año y dos meses de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por ocultar el origen de una cantidad similar de ingresos no justificados en los años 1995 y 1996.

El chalé pasaría a ser gestionado por la Agència Valenciana de Turisme (AVT) para ese presunto uso institucional y protocolario. La Conselleria de Medio Ambiente cedió el inmueble el 25 de enero de 2000 por un año prorrogable de forma tácita por periodos anuales hasta un máximo de 50 años. Allí recalarían hombres y mujeres importantes que, por ejemplo, visitaran la cercana Terra Mítica, que estaba a punto de ser inaugurada. Pero antes urgía acondicionar el chalé (de dos módulos, un edficio principal con semisótano y otro anexo) de ocho dormitorios con cinco baños y un aseo. Había que remodelarlo para convertirlo supuestamente en hotelito para alojamientos gratis en una zona, la Costa Blanca, en la que es sabida la dificultad de encontrar un techo bajo el que pernoctar. Es lo que tienen los pueblos rurales como Benidorm, Altea, Calp, Xàbia o Dénia, que son páramos sin hoteles ni apartamentos ni chalés alquilables. Por eso urgía el proyecto del chalé de Ifac.

Las obras fueron contratadas con El Corte Inglés, tras una solicitud pública de oferta difundida por Turismo. De entrada, la mejora de aquel viejo inmueble consistía en trabajos de pintura interior y exterior, renovación de los cuartos de baño, cocina e instalaciones eléctricas, decoración, amueblamiento… Las pistas de tenis y el frontón fueron remodelados para albergar aparcamiento y una pista de pádel, más acorde con los nuevos tiempos y las aficiones de la clase política emergente del PP. José María Aznar, pala en mano, hacía furor en aquellos años como veraneante en la urbanización Les Platgetes de Bellver en Orpesa (Castelló), en un chalé prestado por el dueño de Porcelanosa, José Soriano, y donde practicaba este deporte con el periodista Luis Herrero, entre otros.

Entre la compra del inmueble y su remodelación, la Generalitat enterró unos 4,6 millones de euros públicos. Lo que vendría a costar un colegio, en un chalé al que jamás se dio un uso público permanente ni como hotel para invitados ilustres ni como aulario de formación de hostelería y cocina del Centro de Desarrollo Turístico (CDT), adscrito a la Agència Valenciana de Turisme (AVT). Solamente se organizó un pequeño concurso de hostelería. Y quizás alguno de bebedores de litronas en las acciones de okupación temporal de que fue objeto hasta el año 2016.

El chalé para ilustres invitados no cumplía ninguna función aparente, aunque hacía su papel al presidente Zaplana. Diez años después de constatarse el «fracaso» del proyecto como residencia de invitados ilustres, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda atendió la petición de la AVT y rescindió la autorización del inmueble por parte de Turismo para revertirlo a favor del departamento gestor del Parque Natural. Una resolución firmada por el vicepresidente tercero y conseller del ramo Juan Cotino. Turismo admitió el fiasco. «Está cerrado no habiéndose destinado al uso para el que fue autorizado y resulta innecesario para cumplir los fines de la Agència Valenciana de Turisme», argumentaba al pedir la reversión del usufructo del edificio.

Medio Ambiente tampoco le dio ningún uso. De hecho, el 11 de abril de 2011 se cedieron esas instalaciones gratuitamente a la Universidad Miguel Hernández de Elx por tiempo limitado. Luego continuó su degradación, fue objeto de robos y pillaje, lo que agravó su deterioro. Porque se había abandonado la vigilancia contratada en los primeros años, cuando el chalé sí registraba actividad, especialmente de noche, el momento preferido para los grandes golpes. De noche y en cenas se cocieron ocurrencias megalómanas y ruinosas como el parque Terra Mítica o la Ciudad de la Luz. En el primer contrato de vigilancia del recinto, la AVT abonaba entre 6.280 y 8.465 euros mensuales. Habitualmente, por encima de los 8.000. Un total de ocho cámaras de seguridad recogían todos los movimientos en la parcela y el perímetro del recinto. Se instaló una centralita de control del circuito interno que costó más de 5.000 euros.

La casa seguía siendo una ruina a principios de 2019, aunque la vicepresidenta del Consell del Botànic y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, tenía en su momento pensado darle un uso social.

El proyecto de reforma encargado en su día a El Corte Inglés y firmado por el arquitecto Ignacio Ortiz Moreno marcó las directrices de unas obras en las que no se escatimaron recursos. Marca de la casa. La mayor factura de certificación de obras ascendía a 489.234 euros, sin incluir partidas suculentas como los 69.329 euros que se dedicaron a la remodelación de la piscina, ni los 57.344 que costó la pista de pádel para que las «visitas ilustres» quemaran calorías. Cualquiera que se meta en obras sabe que al final se acometen más demoliciones, con sus desescombros, de las previstas, que uno acaba estirándose en las calidades y, casi sin querer, la instalación eléctrica para la piscina y el pádel acaba costando 224.527 euros. La relación de facturas de gastos de la reforma, desde las obras hasta el equipamiento, un secreto guardado bajo cien llaves, cayó en mis manos años más tarde. Revelaban un gusto muy refinado y también que en el tránsito del siglo xx al xxi el oficio de la decoración ya había mutado en el arte del interiorismo, con el pertinente encarecimiento. Lo mismo que se encareció la barbería cuando evolucionó a peluquería y esta cuando se transformó en estilismo.

Para vestir las obras de remodelación del chalé, el Consell de Zaplana gastó 15.929 euros en amueblar el dormitorio y el baño principal (abonados en seis facturas, la mayor de 5.707 euros) y 6.248 en ropa de hogar para el chalé. La climatización costó 453.000 euros (del año 1999) y el mobiliario de la piscina, 3.568. Entre los gastos acometidos por la AVT, dirigida entonces por el benidormí Roc Gregori, otro de la peña Picarol, había algunos de ropa y menaje del hogar por 6.248 euros, uno consignado como lencería que comprendía toallas de lavabo, de baño y de bidé, mantas, juegos de cama y tres mantelerías. La climatización generó tres facturas de 169.040, 284.434 y 90.882 euros, incluidos los costes de fontanería para la canalización de agua. Dieciocho teléfonos con una centralita, cinco vídeos y televisores se instalaron al acabar la obra para equipar la casa como si fuera un hotel.

Caseros de confianza

Pero ni fue un hotel ni residencia para invitados ilustres. Jamás se desveló ningún registro ni relación de invitados, pese a que la oposición lo reclamó de forma persistente en las Corts. Consciente de que regularmente se alojaba algún ilustre. El Consell utilizó como coartada para su manto de silencio y opacidad el argumento de que la información amenazaba la seguridad de tan destacados supuestos inquilinos. Los únicos moradores destacados eran los caseros. Porque había caseros. Y no unos cualquiera: el matrimonio formado por Salvador Gil Sever y Henriette Van Krimpen. Gil había sido conductor del coche oficial de Eduardo Zaplana como presidente desde mayo de 1996. A raíz de una denuncia de UGT tuvo que dejar el volante, porque el puesto estaba reservado a funcionarios de la Generalitat. Gil siguió dedicándose a ejercer de persona de máxima confianza del presidente hasta que en septiembre de 1999 cesó como cargo de libre designación «a petición propia» según Presidencia, si bien el comité de empresa denunció que en noviembre seguía cobrando la nómina pese a no acudir al Palau de la Generalitat.

El 16 de diciembre de ese año, el director de la AVT, Roc Gregori, lo nombró responsable de la residencia para invitados ilustres, el Casal d’Ifac. Gregori y el conseller de Economía, José Luis Olivas, destacaron que para ese puesto necesitaban a una persona de confianza. Y Gil lo era de Zaplana. Amigos desde que el presidente fue alcalde de Benidorm, Salva era el hombre de casi todos los encargos delicados del alcalde y luego presidente. Cuando se actúa con lealtad en los servicios prestados, la deuda que se genera es eterna, como la del ex presidente con su conductor personal.

«Tú siempre deberás hacer lo que te diga éste», ordenaron el jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y la secretaria del Molt Honorable, Mitsouko Henríquez, en una ocasión a un chófer de conseller el día que aterrizó en Valencia y fue llamado al Palau para recibir instrucciones. «Éste», el hombre al que se debía atender, el que daba las órdenes, era Salva Gil. Y Salva se llevó al neófito al restaurante Escocia, el de la esquina, al lado del Palau, para leerle la cartilla mientras Juan Carlos Botella, ex centrocampista del Hércules CF y dueño del bar, les servía un par de cañas. Botella era una prueba más del desembarco alicantino en el cap i casal a rebufo de Zaplana. El nuevo presidente era un polo de atracción de inversiones en carreras políticas y empresariales, como lo es la Ford respecto a toda su industria auxiliar.

Cuando la residencia para invitados ilustres estaba todavía por inaugurar, Gil ya la dirigía. Ocupaba la plaza número 1.073 de la relación de puestos de trabajo de la Agència de Turisme, y de forma interina, «durante el proceso de selección y promoción para su cobertura definitiva». Proceso que nunca se celebró. El ex chófer y ex asesor pasaba a cobrar 4.903.234 pesetas (29.468 euros) en catorce pagas. En 1999. Fue colocado a dedo en un puesto catalogado como de titulado superior, una plaza para grupo A, correspondiente a licenciados, ahora graduados. Tanto Gil como su esposa tenían el certificado de escolaridad. Nada más. Una circunstancia que ya había motivado el recurso del comité de empresa por su contratación en Presidencia, al considerar que no reunía la formación básica para el puesto que ocupaba. Henriette Van Krimpen ocupó el puesto 1.074, para ejercer funciones administrativas y dotado con un salario de 2.674.462 pesetas anuales (16.073 euros), más un complemento de 642.488 (3.861 euros).

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT presentó un recurso contencioso-administrativo contra esas contrataciones y el juez dictó su nulidad, ratificada luego por el TSJ. Este tribunal no accedió en cambio a la petición de que el matrimonio devolviera los sueldos cobrados de forma ilegal, al entender que, en ese caso, la Generalitat habría sido beneficiaria del llamado enriquecimiento injusto.

Salvador Gil ejerció perfectamente su labor de ángel de la guarda de la seguridad de los visitantes, mayormente el visitante ilustre, y de los secretos sobre sus identidades. Era, en ese sentido, un casero modélico. Aunque no era un muy avezado en conocimientos de protocolo y ni siquiera de hostelería, pese a que al menos en teoría se trataba de regentar un establecimiento hotelero. Pequeño, apartado y de capital 100 por 100 público, pero hotel. El único conocimiento que podía acreditar en su currículum como experiencia hostelera eran los dos puñetazos que propinó a un joven en un bar enfrente del Ayuntamiento de Benidorm en 1997. La agresión le valió una condena a nueve meses de cárcel dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante y ratificada por aquella Audiencia Provincial. Los hechos sucedieron cuando el agredido entró al bar con su novia y, al dirigirse al baño, rozó con el codo a Gil y a un amigo, que también fue condenado. Las disculpas que pidió el joven no le libraron de llevarse los golpes que le causaron lesiones. «No sabes quién soy yo», le espetó Gil a la víctima. Entonces era aún el chófer de Zaplana, «lo que explicaría la prepotencia» mostrada por el agresor, según la sentencia. En realidad, era mucho más que el conductor y que un asesor. Era un socio de confidencias y secretos. Uno de esos amigos que puede sostenerte en el pedestal o empujarte al precipicio de la ruina.

532 metros cuadrados con hipoteca CAM

El artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a la vivienda. Zaplana, creyente y practicante del capitalismo de rostro humano –para él nunca fue un oxímoron–, entendió que la compra de un piso representa esa doctrina más que ninguna otra acción. Porque ese acto encarna el acceso a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Por eso, en un ejercicio de coherencia con su credo, decidió comprarse un piso en Madrid, donde se acababa de instalar en julio de 2002, tras ser nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid es el cielo para cualquier político valenciano que se precie. Pero, como en el cielo hay suelo, pues también hay clases. Esto es, grada de fondo norte y sur, grada central, tribuna, palco vip (donde se instalan los políticos y visitas) y palcos vip exprés, los que compran las grandes empresas.

Zaplana seguramente buscó en los arrabales de la gran ciudad pero finalmente acabó comprando en zona noble. En el paseo de la Castellana, muy cerca del Bernabéu, en un edificio que alberga una sola vivienda por planta. Un octavo piso de 532 metros cuadrados útiles: 479,20 metros más una terraza principal de 31,22 y una segunda de 21,5. Caben en la vivienda dos pistas de tenis, incluidos los pasillos de dobles. La vivienda constaba de las dependencias imprescindibles para tener una calidad de vida mínimamente digna en un país de la OCDE. La escritura hace el inventario: vestíbulo, salón con chimenea, sala de estar, comedor, cuarto de armarios, dos cuartos de baño y uno de aseo «para los señores», un cuarto de vestir, cuatro dormitorios «para los señores», un despacho, un vestíbulo «para los niños», oficio, comedor «para el servicio», cuarto de plancha, un dormitorio «para el servicio», un cuarto de baño y cuarto de entrada y armarios, y cocina.

Le costó 1.622.732,68 euros, unos 270 millones de pesetas al cambio. El precio incluía un trastero en el sótano y dos plazas de garaje. Fue tasado en 2.658.723 euros, unos 442 millones de pesetas. Fuentes del sector inmobiliario situaban la tasación media en la zona en 4.700 euros por metro cuadrado.

La anterior propietaria del inmueble recibió el dinero en dos cheques, gracias a un préstamo hipotecario concedido por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al matrimonio Zaplana-Barceló, casados en régimen de gananciales. La operación se cerró el 19 de noviembre de 2002, según consta en la escritura de compraventa formalizada en la notaría de Juan Carlos Caballero Gómez. El préstamo tenía tres años de carencia para el pago del principal a un interés que el primer año era del 3,36 por 100. A partir de entonces se pagaría al euríbor más 0,40 por 100 a 25 años. Las cuotas de ese periodo alcanzaban los 8.044 euros. Su sueldo como ministro en 2003 era de 6.004,08 euros al mes, 72.048,96 euros brutos anuales, sin contar extras. La información sobre la compra del piso y las condiciones de la misma fueron fruto del trabajo del corresponsal de Levante-EMV en Madrid, Juan Antonio Blay.

Cuatro años después de la compra y firma de la hipoteca, el ya ex ministro y portavoz del grupo popular en el Congreso logró incluso mejorar la hipoteca. Zaplana y su mujer modificaron mediante una nueva escritura, de 19 de diciembre de 2006, las condiciones originales del crédito de la CAM. Se fijaba un nuevo periodo de carencia que finalizaría el 19 de diciembre de 2008 y se establecía que el pago de los intereses durante ese nuevo periodo se realizaría en plazos anuales. En la primera escritura se determinaba el pago de intereses en el periodo de carencia por trimestres vencidos.

Disponer de una vivienda en formato XXL en el corazón de Madrid tiene serios inconvenientes, por ejemplo la desazón que provoca divisar el horizonte del trabajo pendiente fregona en mano, pero también ventajas. Como poder invitar a los amigos a pasar el fin de semana en la capital cuando acuden a ver el musical El Rey León o poder alojar en casa la consultora que montas. Es lo que hizo Eduardo Zaplana con su sociedad familiar Decuria Consulting, creada el 30 de mayo de 2008, apenas un mes después de cruzar la puerta giratoria para fichar por Telefónica. La firma está administrada por él mismo y por su hija mayor, Rosa María Zaplana Barceló. El ex ministro fichó como responsable financiero de la consultora a su íntimo amigo Francisco Grau Jornet, a quien, como se ha dicho, había colocado de secretario del consejo de administración de la CAM en 1998. Grau, también detenido en la operación Erial, tuvo que cerrar su etapa en la vida pública en 2007, cuando cesó en ese cargo. Pero no se apartó de su valedor. Los auténticos socios de Zaplana tienen carácter vitalicio, como los matrimonios de antes. Decuria poseía entonces un 40 por 100 de participación en Atalaya Pádel S. L., dedicada a la promoción inmobiliaria y las «explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo», además de la organización de eventos. Desde su nacimiento hasta diciembre de 2015 facturó 2.166.799 euros, de los que 236.000 correspondían a 2015, según contó Eldiario.es.

La firma de Zaplana tenía como principal actividad el «asesoramiento en el diseño, implementación, gestión y control de medidas estratégicas para sociedades y fundaciones», además de la «explotación de los derechos de propiedad intelectual de sus socios en todas sus manifestaciones, en cualquier tipo de soporte o medio de comunicación existente o que pueda crearse en el futuro». Ahí es nada. Decuria decía tener dos empleados y en ese ejercicio declaró gastos por 57.811 euros por remuneraciones a sus administradores, además de 10.000 euros en donativos a organizaciones sin ánimo de lucro. El ex presidente de la Generalitat era, además, consejero de Logista desde 2012, un puesto, el de «vocal independiente», por el que en 2015 cobró 98.000 euros brutos. Como patrono de la Fundación FAES no cobraba. Le bastaba el honor de pertenecer a una entidad presidida por José María Aznar.

Capítulo XVII

Una época en caída libre

Enredado con las cintas y ahogado por el agua

La trayectoria política de Eduardo Zaplana ha discurrido a menudo por el linde entre lo políticamente reprobable y lo jurídicamente prohibido. Con capítulos estelares en los que ha atesorado un protagonismo judicial del que había salido indemne. Incluso con grabaciones de por medio en las que por acción o alusión ha cobrado relevancia. El caso Naseiro, el caso Sanz o el caso Terra Mítica le pillaron en el momento de eclosión o consolidación de su carrera como servidor público, pero, incluso retirado de la escena y cuando se dedicó a los negocios desde un segundo plano, se vio involucrado en más que cameos, antes de obtener el papel protagonista en la operación Erial. Por ejemplo, en el caso Púnica o en el caso Lezo.

El nombre de Zaplana ya había regresado a la actualidad mediática el 19 de abril de 2017 cuando la UCO de la Guardia Civil detuvo a una docena de personas, entre ellas al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a su hermano, Pablo González, a su cuñado, José Juan Caballero, o al consejero delegado de la editora de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, en el marco de la operación Lezo, en la que se investigaba una presunta trama de corrupción y saqueo de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso, al igual que del entramado Púnica, no es un desconocido para el ex presidente valenciano. Eloy Velasco fue el primer director general de Justicia e Interior del Consell del PP comandado por Zaplana. Ambos se conocen. Y bastante.

El agua y la empresa pública madrileña estuvieron en los planes de Zaplana en 2002. El entonces jefe del Consell quiso apuntalar el eje Madrid-Valencia fomentando una fusión entre el Canal de Isabel II y Aguas de Valencia para contrapesar a Aguas de Barcelona. El agua de la sociedad pública madrileña salpicaba al ex líder de los populares valencianos quince años después por otras razones.

Eloy Velasco investigaba la presunta participación de Zaplana e Ignacio González en una supuesta operación de compra del 50 por 100 de una empresa vinculada a la desinfección del agua, a través del abogado uruguayo Fernando Belhot, una operación mercantil que habría servido para blanquear fondos que el ex presidente madrileño habría obtenido mediante comisiones ilegales. «González sondeó al abogado uruguayo Fernando Belhot, relacionado con el blanqueo de capitales en un caso argentino de corrupción. El objetivo era crear algún tipo de estructura financiera para canalizar capitales a largo plazo junto con Eduardo Zaplana, un hecho que apunta, de forma indiciaria, la posesión de activos financeros en el exterior», sostenía el juez Velasco en su escrito, según informaba El Mundo el 21 de abril de 2017.

El ex presidente de la Generalitat negó entonces categóricamente estos extremos. «Ni he tenido ni tengo ninguna relación mercantil con don Ignacio González», sentenció en un comunicado. Y remataba: «Ni he participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno». Así de tajante negaba Zaplana tener relaciones económicas con quien sin duda es considerado, en círculos zaplanistas, como el alumno más aventajado del ex presidente valenciano.

Los pinchazos ordenados por Eloy Velasco en 2016 habrían alertado sobre unos planes que no acabaron de cuajar. El nombre de Zaplana formaba parte de una lista de 57 personas investigadas por el citado juez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. En la lista publicada por El País, aparecía otro insigne valenciano: el constructor Carlos Turró, también imputado vip en el caso Taula por financiar presuntamente al PP de forma ilegal. Cleop recibió contratos del Ayuntamiento de Valencia por al menos 20 millones de euros, con Rita Barberá de alcaldesa. La empresa de Turró se hizo con el control del geriátrico de Xàtiva gracias a una presunta comisión de 90.000 euros que habría pagado al alcalde Alfonso Rus, según declaró el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent, convertido a la fuerza en colaborador del juez y los fiscales que investigan el caso Taula. Cleop actuó, además, en consorcio con Inassa, la empresa del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Esta UTE resultó adjudicataria de un contrato de obra pública en Panamá también investigado judicialmente. En el auto del juez Velasco se señalaba que la licitación «se manipuló» para que el contrato fuera a parar a Inassa-Cleop, «representada por el ciudadano español Sergio Vidal, que habría pagado una comisión ilegal de 273.672 dólares», según informaba José Antonio Hernández en El País. Vidal actuaba «de forma ilícita mediante un contrato de prestación de servicios inexistentes. Un acuerdo suscrito con la firma Eduholding Corps, ubicada en Islas Vírgenes Británicas». Según Velasco, Vidal era el hombre encargado de pagar las mordidas para pescar contratos públicos, junto con el directivo de Cleop Carlos Isidro Bell. Pero Turró estaba al corriente de cuanto se cocía. «Lo tenía [Bell] siempre informado», agregaba el juez que un día había sido político subordinado de Zaplana.

Cleop se codea en este caso de corrupción con constructoras de renombre en el panorama español, como el grupo OHL de Juan Miguel Villar Mir. Su yerno y consejero de la constructora, Javier López Madrid, también fue detenido y encarcelado.

Zaplana y González cultivaron su relación en diversos encuentros celebrados en el Hotel Villa Magna, cuando el político madrileño fue relegado de la primera línea política (no fue nominado candidato y su lugar fue ocupado por Cristina Cifuentes) y se dedicó de pleno a los negocios, como su amigo valenciano.

Los amigos de verdad son aquellos que dejan mil euros aunque sepan que no tienen retorno, los que se ofrecen para ayudar cuando el otro se mete en líos sin enjuiciarle ni reprenderle y, sobre todo, los que, con independencia del delito cometido por el allegado, siempre están disponibles para llevarle tabaco a prisión. Pero entre todas las tipologías del grado de amistad la más superlativa la conforman aquellos que a la ayuda material suman la espiritual, la terapia desinteresada y tranquilizadora previa a tener que llevar la cajetilla de Marlboro a la cárcel. Aquellos que ante la amenaza de los barrotes analizan el mapa de isobaras, observan los nubarrones judiciales y consuelan. Zaplana, por ejemplo, tranquilizaba a González, quien anunciaba la llegada de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción. Al ex presidente madrileño hay que atribuirle, además, la capacidad de haberle brindado al amigo una primicia.

Unos tres meses antes de que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, propusiera a Moix para ese destino, González y Zaplana ya valoraban el nombramiento, según revelaba una de las conversaciones telefónicas grabadas por la Guardia Civil. En la grabación, publicada por El Español el 20 de abril de 2017 y cuyo contenido había adelantado Ernesto Ekaizer en Ara el día anterior, se constata cómo Zaplana tranquilizaba al ex presidente madrileño, preocupado y molesto por la labor de la Fiscalía Anticorrupcion en el caso del ático de Estepona que le regaló una empresa constructora a cambio de una reclasificación, según la investigación judicial.

González explicaba a Zaplana que Moix es «un tío serio y bueno». «A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción… Creo que va a ser él, si sale es cojonudo», se sinceraba González. Moix había sido fiscal jefe de la Fiscalía de Madrid y en el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad. Y Zaplana correspondía a su interlocutor aportando todo el sosiego posible. Uno de los capítulos sonoros corroboraba la condición de maniático del control de todo el entorno, incluido el decorado, que siempre ha adornado al ex presidente de la Generalitat. Pero los milagros están fuera del alcance de los hombres, incluso si se llaman Eduardo Zaplana, quien lamentaba no poder ayudar a González con los jueces. «El problema está en la instrucción, Nacho. Aquí no manda nadie…». Era la respuesta del valenciano a la reflexión de González sobre la supuesta facilidad para poner y quitar jueces según sus intereses.

Decía el ex presidente madrileño: «Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos al juez que está provisional… tú lo asciendes, yo le digo: a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño». Es más, González le recordaba a Zaplana que ya habían apartado a un juez, por lo que advertía de que podían volverlo a hacer. «Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente Rogelio… y le dan magistrado de enlace en Londres… no sé, después gana una pasta, o Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro», le trasladaba al ex jefe del Consell en un pasaje de las grabaciones Lezo difundidas por La Sexta.

La sindicación de negocios entre González y Zaplana destapada por la instrucción de Eloy Velasco en el caso Lezo incluía una serie de gestiones a favor del empresario de Tenerife Conrado Rodríguez-López Braun, quien mantenía un pleito con el Ministerio de Defensa por el uso de unos terrenos. El juez Velasco sostenía en su auto que esos servicios se prestaron y a cambio esperaban una «contraprestación económica».

Según el sumario del caso Lezo, el 1 de agosto de 2016 se produjo una reunión en el Hotel Eurobuilding entre los ilustres lobbistas y el empresario canario. La grabación, adelantada por José María Olmo en El Confidencial, ilustra sobre las conclusiones que los políticos en la reserva sacaron de aquel encuentro. «Tiene muy buena pinta, este debe de ser uno de esos cacicotes canarios», decía González–. «Lo que quiere –advertía Zaplana– es si somos capaces de que con toda la base jurídica que el tío tiene y la sentenca y tal… Coño, y como es razonable, buscar un acuerdo, el que sea…». Tres meses después, González y Zaplana seguían enfrascados en ese posible negocio y se planteaban acceder a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, con cuyo departamento tenía abierto el litigio el empresario canario cliente de los conseguidores.

Zaplana analizaba la situación: «Hay dos vías para hacer lo de los terrenos, una eres tú, que te llevas bien con María Dolores, y la otra, que no he hecho nada todavía, es José Antonio Sánchez, que es íntimo amigo del marido de María Dolores… ¿Qué vía tomamos?». José Antonio Sánchez, presidente de RTVE, no solamente es amigo del marido de la ministra, Ignacio López del Hierro. También lo es del propio Zaplana, desde que este era alcalde de Benidorm. Al igual que el ex ministro, Sánchez tiene lazos laborales con el Grupo Telefónica, en concreto con la empresa Admira Media, en la que se tomó una excedencia para asumir las riendas de RTVE.

En esa conversación entre ex presidentes autonómicos asociados con la vista puesta en el negocio de mediación en el conflicto del empresario canario con Defensa, Ignacio González explica que sería conveniente «dejar que María Dolores aterrice», antes de plantearle el asunto. La ex presidenta de Castilla-La Mancha acababa de asumir esa cartera ministerial. González comentaba a Zaplana que el asunto lo había estado llevando en el Ministerio «el general ese que conoce el Conrado [Rodríguez-López Braun] … si ese tío sigue, pues lo único que hay que hacer, en el momento que tengamos confirmación de que ese tío sigue, es llamar a esta tía [la ministra] y con la que hayan puesto ahí, que no sé a quién se llevará a la Secretaría de Estado, pero no creo que deje al otro que tenía…». En su informe, la Guardia Civil sostenía que no estaba acreditado que las gestiones se hicieran y que, por tanto, los consultores cobraran. De hecho, el equipo de Cospedal defendió que jamás contactaron con la ministra ni con nadie de su entorno, pero las conversaciones acreditaban, como mínimo, que la relación entre González y Zaplana iba mucho más allá de una simple y desinteresada amistad.

El Canal de Isabel II aparecía también como suministrador de caudal económico para que Ignacio González pagara a la trama Púnica para que acicalaran su imagen en las redes sociales. Alejandro de Pedro fue el conseguidor de esa red en la Comunitat Valenciana como empresario que entre 2010 y 2011 cobró varias facturas a ayuntamientos del PP y gobernantes autonómicos valencianos (de Rafael Blasco a Juan Cotino, pasando por Alejandro Font de Mora) por servicios para mejorar su reputación. Zaplana también se vio salpicado en ese asunto. De Pedro declaró haber contactado con el ex jefe del Consell «porque necesitaba que me abriese las puertas de la Comunidad Valenciana». De hecho, en un pasaje de las grabaciones, revelado por Miguel Ángel Campos en la Cadena Ser el 9 de junio de 2015, se llega a hablar de dinero «para la campaña o lo que sea», y en otro momento se dice que «lo de Elche está hecho», supuestamente en alusión a un contrato de imagen de la entonces alcaldesa popular Mercedes Alonso, que no llegó a suscribirse. Esas palabras las pronunciaba Zaplana en conversación con el comisionista De Pedro y ejerciendo como mediador para facilitar un encuentro de este con la alcaldesa ilicitana.

La UCO de la Guardia Civil localizó unas quince conversaciones entre el ex ministro y De Pedro entre agosto de 2013 y 2014, en su mayoría a través de mensajes de texto. Entre otros, hay uno que revela cómo el ex presidente valenciano puso en contacto al empresario de la Púnica con el entonces jefe del Consell Alberto Fabra.

Todas las grabaciones de la UCO y la fonoteca completa que perfila la banda sonora de la trayectoria de Zaplana no son óbice para que quienes quieren y admiran al ex presidente valenciano siguieran otorgándole enorme valor profesional y personal. Ni siquiera su detención en la operación Erial quebró la consideración de algunos sobre el ex jefe del Consell. Por ejemplo, el ex presidente de Murcia y vicepresidente del Parlamento Europeo como eurodiputado popular, Ramón Luis Valcárcel, mantenía imperturbable su gran estima por quien fue su homólogo en la Comunitat Valenciana, vecino, paisano y colega de tantas y tantas complicidades. «Es una gran persona que en cualquier sitio ha ejercido sus responsabilidades con acierto e inteligencia», un «gran presidente de comunidad autónoma», sentenció Valcárcel en declaraciones recogidas por Europa Press.

El guion con las huellas se cayó de la Taula

Hay crímenes perfectos. E incluso los hay pluscuamperfectos. Aquellos en los que, además de no haber culpable, no hay ni asesinato. Porque vive disfrazado de muerte natural. En estos homicidios, como en el misterio sobre la existencia de Dios, solamente el muerto puede desvelar el enigma. En eso consiste la excelencia criminal. No es fácil alcanzarla. Menos aún cuando la especialidad son los asesinatos en serie. En esa materia se había doctorado, políticamente hablando, Eduardo Zaplana. Se jubiló de la política como distracción en abril de 2008 para dedicarse a jornada completa a los negocios. Con sueldo y tarjeta de visita de Telefónica y despacho de asesoría abierto, Decuria Consulting. Pero el pasado siempre acaba llamando a la puerta. Los errores del pasado. Que a veces se pierden por agujeros negros y otras se conjuran con mil factores y en el alambique se tuerce el destino. A Zaplana se le juntaron circunstancias fatales: el supuesto olvido del DNI en forma de plan para el cobro de unas mordidas, un ciudadano sirio que se instaló como inquilino en la que fue su casa, que halló el documento y se interesó por el contenido, y la coincidencia de que tuviera un amigo llamado Marcos Benavent, judicialmente contra las cuerdas, que recibió ese tesoro de regalo. Una secuencia con resultado de detención y cárcel.

Los agentes de la UCO entrevistaron el 22 de marzo de 2017 a Marcos Benavent, cuya confesión y testimonio han sido clave para ir desenmarañando el caso Taula, y al ciudadano sirio Imad Ahmad al Naddaf Yalouk, quien dijo haber encontrado los papeles «hacía unos 10 años» junto a la caja fuerte en el piso que fue de Zaplana. Imad estuvo de arrendatario en esa vivienda, en la que constaba como empadronado entre 2009 y 2015.

Sin entrar a valorar la versión sobre dónde y cómo encontraron el sobre con los papeles con carga explosiva, la UCO sí ve claros indicios de que el ex presidente «haya poseído los documentos en algún momento».

En 2012, el amigo sirio entregó las seis páginas a Benavent. Y, a finales de 2015, la UCO se incautó de la documentación durante un registro en el despacho de abogados Blasco Morales, que lleva la defensa del ex gerente de Imelsa, una actuación policial ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 18, Víctor Gómez, y en el marco del caso Taula. El acceso a esa información permitió la apertura de la investigación del caso Erial por parte de Isabel Rodríguez, del Juzgado número 8. El sobre con las huellas de Zaplana se había caído de la Taula para cobrar vida propia en otro juzgado. Arrancaba así la causa Erial.

Las pesquisas empezaron por el contenido de esos documentos, la «hoja de ruta», en palabras de los investigadores, en la que se esbozaba la operativa diseñada para vehicular el presunto pago de comisiones a Zaplana a cambio de las adjudicaciones de la privatización de las ITV y del Plan Eólico al Grupo Sedesa, de la familia Cotino. En esos papeles se perfilaba la constitución de las sociedades que resultarían ganadoras de los concursos, así como de la firma de Luxemburgo Imison International y de la valenciana Inversiones Imison, según se detalla a partir del folio 2.253 del sumario Erial.

En esos documentos se alude también a contactos con tres directivos de Bancaja para que financien Proyectos Eólicos Valencianos (Pevsa) –esta entidad entró en el accionariado– y se determinan las zonas de esa concesión. Figura, además, un correo electrónico de 18 de octubre de 2000, con el asunto «para entregar a D. Juan Cotino», en el que se informa de las «condiciones habladas con Endesa respecto a los Parques Eólicos» y se desglosan participaciones en la sociedad que concurrirá a las adjudicaciones. En la fecha de ese mensaje, Juan Cotino era director general de la policía. De hecho, el mail se envía al correo suyo en el Ministerio del Interior. El sexto documento se corresponde con información mercantil de la empresa Poinds Net S. L., dedicada a la asistencia sanitaria y gestión de residencias geriátricas. Su administrador único es José Carlos Paz, nombre que aparece manuscrito en esa hoja. Carlos Paz es el dueño de la Clínica Benidorm. Hizo fortuna gracias a la privatización de las resonancias en 2000, decisión que tomó el Consell de su amigo Zaplana. Los dos compartían paseos en el Nacavi, el yate del empresario.

Zaplana: una multinacional con «patrimonio oculto»

Se lo decía Zaplana a su amigo y aventajado alumno Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid: «El problema está en la instrucción, Nacho». Efectivamente, el problema no fueron los papeles perdidos, sino la investigación a la que dieron pie. Las pesquisas llevadas a cabo por la UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza Isabel Rodríguez desde la convalidación judicial de la «hoja de ruta» a finales de 2015 vienen a concluir que el ex presidente Zaplana es el «jefe» y uno de los «beneficiarios» de una trama organizada para el cobro de unos 10,5 millones de euros en comisiones por la concesión de las estaciones de ITV, en noviembre de 1997, y el Plan Eólico, en febrero de 2003 (siendo presidente José Luis Olivas), al grupo Sedesa, de la familia Cotino. El sumario del caso Erial constata la «participación velada» de Zaplana en toda la operativa societaria montada para catalizar las comisiones, así como en la recepción de parte de los fondos repatriados (2,9 millones) y blanqueados como activos inmobiliarios a nombre de cuatro sociedades instrumentales, pero que tendrían al ex ministro como «titular real de algunos de los bienes», según consta en el folio 2.704 del sumario.

La investigación determina la existencia de 3,5 millones de esas mordidas no localizados, si bien apunta hacia la estructura societaria de blanqueo de capitales controlada por el abogado uruguayo Washington Fernando Belhot. «Podría ser la persona que mantiene el control de los fondos pendientes de ubicar», advierten los investigadores. Este abogado habría llevado a cabo algunas operaciones en Andorra con empresas de su país y panameñas. Que dispondrían de cuentas abiertas con el objetivo de acercar los fondos hacia el ex jefe del Consell.

El experto en ingeniería contable tendría a su nombre «patrimonio no declarado de Zaplana». «Un patrimonio oculto» y ubicado «principalmente fuera de España», en palabras de la UCO. El abogado ejercía de fiduciario de Zaplana y de Joaquín Barceló, según la investigación. El propio letrado de Montevideo lo reconoció en su declaración judicial por videoconferencia en enero de 2019. Como se ha dicho, los fiduciarios gestionan patrimonio en virtud de un contrato privado en el que actúan como tenedores nominales de las acciones de terceros y mueven el dinero. En este caso, los acuerdos y la rendición de cuentas eran «verbales», porque Zaplana nunca quiso que hubiera constancia por escrito, según el testaferro. En nueve años de contactos no se cruzaron ni un mail ni un solo whatsapp. La relación era únicamente vía móvil o a través de Mitsouko Henríquez, la secretaria personal del ex presidente valenciano.

Belhot había creado «en el extranjero sociedades pantalla y las dirige en nombre de algunos de los investigados», según consta en el tomo VI del sumario Erial. En esa declaración desde Uruguay, el letrado aseguró haberle administrado casi 8 millones de euros a Zaplana a través de una estructura societaria en la que el «señor Zaplana tenía un papel protagónico». Era el que lo «decidía todo», según el abogado, y a quien el especialista en tramas societarias «consultaba constantemente».

En la operativa de cobro de comisiones, ocultación de fondos y posterior blanqueo participaron, además de Zaplana, dos personas muy próximas como testaferros: su amigo de la infancia Joaquín Barceló, Pachano, al que colocó en Turismo y en Terra Mítica, y el que fue su jefe de gabinete en Presidencia, Juan Francisco García, quien presidió la Mesa de Contratación de las adjudicaciones de ITV. La esposa de Barceló, Felisa López, y la de García, María Teresa García –esta, en menor medida–, desempañaron cargos en las diversas sociedades que canalizaron el retorno de fondos. El «artífice de toda la ingeniería», en palabras de Barceló, es Francisco Grau, profesor de Economía financiera al que Zaplana colocó de secretario del consejo de administración de la CAM. Es el asesor fiscal del ex presidente. Fue él quien creó la estructura societaria y el que la administraba. Su esposa, Paloma Domínguez, ocupó cargos en algunas de las sociedades pantalla.

La secretaria de Zaplana, la citada Mitsouko Henríquez, desempeñó también un papel en esta dinámica de movimientos societarios y financieros. «Su actividad sobrepasa lo meramente profesional», subraya la UCO. Tras el análisis de las llamadas que interfieren, los agentes concluyen que Mitsouko «hace de nexo entre los investigados» y «conoce el uso instrumental que Zaplana hace de las sociedades». Hasta tal punto que el testaferro uruguayo reveló que, de los 2,3 millones que hizo llegar al ex ministro en siete años, el 90 por 100 de ese dinero lo recepcionó Mitsouko personalmente en Madrid y a través de cambistas. El mago de las finanzas ordenó, además, un traspaso de 1,8 millones desde una cuenta suiza a otra del Sabadell («que era de Zaplana», dice el letrado) para la compra de parte de Marina Greenwich, sociedad concesionaria del puerto deportivo antes llamado Luis Campomanes, en Altea, y uno de cuyos socios es Roberto Bataouche, persona vinculada al ex presidente. La operación finalmente no se consumó. La Guardia Civil sospecha que dos de los yates allí amarrados, de 15 y 20 metros de eslora, pertenecen a Zaplana, extremo este último que fue publicado por mi ex compañero Sergi Pitarch en Eldiariocv.es, cuya contribución periodística fue clave en los casos Cooperación y Emasa.

Del entramado de empresas formaban parte dos sociedades creadas en Luxemburgo en 2001: la citada Imison International y Fenix Investments. En las mismas actuaban como testaferros Joaquín Barceló y Juan Francisco García. Luego se montaron otras dos firmas en Valencia (Inversiones Imison e Inversiones Impega), que nacieron con vistas a operar con las luxemburguesas para facilitar el viaje de ida y vuelta del dinero de las comisiones.

Las mordidas fueron abonadas por Asedes Capital, matriz del grupo Sedesa, condenada por financiar ilegalmente al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. La venta de los activos de Valenciana de Revisiones, la sociedad de las ITV, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) reportó a Asedes unos ingresos de 86.511.400 euros. Parte de ese dinero «se habría destinado al pago de comisiones», señala la UCO en el sumario. En concreto, 10,5 millones. 8,5 se transfirieron a Luxemburgo a través de una operación de recompra de acciones. Asedes controlaba el 99,99 por 100 de los títulos de Inversiones Imison. La luxemburguesa Imison International los adquirió en 2001 por su valor nominal: 582.900 euros. El 5 de septiembre de 2005, la empresa valenciana recompra esos títulos a un precio 6,4 millones superior. Las comisiones ya estaban en manos de la firma luxemburguesa. La misma mecánica se ejecutó en los 2,1 millones que fueron a parar a Fenix Investments, pivotando sobre Inversiones Impega.

Para capitalizar esas dos sociedades luxemburguesas, el ex presidente de las Corts Valencianes Juan Cotino hizo llegar 640.000 euros en metálico a Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía del caso Roldán y administradora fiduciaria de esas firmas hasta que se disolvieron. Según la investigación, la entrega de esa suma se realizó en 2001, cuando Cotino era director general de la policía.

Pero el dinero había que repatriarlo a España. Para ello se montó una estructura de inmobiliarias instrumentales que blanquearían los fondos a través de los movimientos accionariales y la compra de inmuebles. Joaquín Barceló administraba las cuatro mercantiles: Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Costera del Glorio y Turnis Sylvática. En todas estas sociedades pantalla, domiciliadas en Benidorm y Alicante, consta Pachano como administrador único. Imison International, que tiene a buen recaudo 6,4 millones de la mordida, procedió a repatriar 2,9 con la compra del 99,8 por 100 del capital social de Medlevante. Cuando se disuelve Imison, esa participación pasa a ser controlada por dos firmas uruguayas vinculadas a Belhot: Disfey y Misnely. El financiero del ex presidente explicó a la jueza Isabel Rodríguez que Zaplana le había reconocido que la mayoría del capital controlado por esas sociedades era suyo y que Barceló y Grau apenas tenían «una pequeña participación».

Imison destina otros 2,2 millones a Gesdesarrollos Integrales. Con ese dinero adquiere, entre otras propiedades, parcelas en la Vila Joiosa. Es la firma principal para la inversión inmobiliaria de los fondos procedentes de Luxemburgo.

Costera del Glorio tiene a su nombre un piso en la calle Núñez de Balboa en Madrid. La investigación halló claros «indicios de que Zaplana es el verdadero propietario». El inmueble se vendió por 1.235.000 euros. Los seguimientos de la UCO comprobaron cómo Mitsouko contrataba y organizaba la mudanza para vaciar el piso de su jefe. Desde la cuenta de esa empresa se registraron traspasos de dinero a una de Barceló y, desde esta, a «una de Zaplana o a una tercera cuenta de la que este era beneficiario», según el sumario.

Una parte de las mordidas, concretamente 1,9 millones, fueron abonadas por Sedesa a firmas valencianas y no salieron de España. Se utilizó la fórmula clásica del pago por servicios no prestados. Así, la firma Dobles Figuras Consultores, constituida por Juan Francisco García el 24 de octubre de 2002, recibió 1.355.351 euros. Y la consultora Imarol, 580.000 en 2008. Esta firma pertenece al ex presidente José Luis Olivas y a su esposa, Mercedes Álvarez. Olivas fue el primer conseller de Economía con Zaplana, vicepresidente primero de la Generalitat y presidente, entre julio de 2002 y junio de 2003. En esta última etapa se adjudicó el Plan Eólico. En el tramo final de su mandato, en febrero de su último año en el Palau.

Los investigadores consideran que los citados 3,5 millones no localizados podrían estar vinculados en parte a una cuenta bancaria andorrana en la que tienen «algún tipo de participación» Zaplana, Belhot, Barceló, Grau y el abogado Saturnino Suanzes, hermano de la ex diputada zaplanista del PP Elvira Suanzes, también investigada en esta causa. «Podría tratarse de fondos procedentes de Imison», señala la UCO. La cuenta estaría vinculada a operaciones de la mercantil panameña Plaza Fountains, en la que figura también como administrador Joaquín Barceló.

El 7 de febrero de 2019, la jueza decretó la libertad del ex presidente tras bloquearle más de seis millones de euros en una cuenta en Suiza y al entender que ya no existía riesgo de fuga ni de hacer operaciones para esconder patrimonio. Cuando todavía no había abandonado La Fe, donde estaba ingresado y había superado un episodio de crisis por su leucemia, el ex jefe del Consell emitió un comunicado en el que reiteraba su inocencia y negaba tener cuentas en paraísos fiscales: «No tengo cuentas en Suiza ni en otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros». «Nunca participé en las adjudicaciones de contratos en las que se me acusa de haber cobrado comisiones ilícitas», agregó en alusión expresa a la privatización de las ITV y el Plan Eólico. «Nunca cobré ni un euro en sobornos», reiteraba, para proclamar que se volcaría en demostrar su inocencia.

«Ignacio no me está dando dinero de Andorra»

«Necesito liquidez. A mí Ignacio no me está dando […] dinero de Andorra». «Pero, joder […] estoy... ¡Que no hay forma! Sin riesgo, eh, sin riesgo». «Yo tengo mi sueldo, que es un buen sueldo […] Yo puedo sacar […] que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de… Primero porque no los tengo ahora, porque me he metido en un problema, pero, segundo, que es que aunque los tuviera […] tengo que decir aquí en España, me van a decir, ¿usted dónde va?». Así se dirigía Zaplana a Fernando Belhot en la reunión de negocios que mantuvieron en la sobremesa del 18 de abril de 2018 en la Sala Wellington Club del hotel del mismo nombre en Madrid, según la transcripción que se ofrece a partir del folio 2.659 del sumario Erial.

La conversación, con bastantes momentos «ininteligibles», captada por los micros colocados por los agentes de la UCO, gira sobre el dinero de Andorra y las complicaciones para poderlo utilizar en el circuito de curso legal. El contenido de ese encuentro avalaría, según la investigación, la existencia del citado patrimonio andorrano, en el que participarían, además del ex presidente y Belhot, Barceló, Grau y el abogado Saturnino Suanzes. En un momento de esa reunión en el Wellington, Belhot habla de billetes de 500 euros, a lo que Zaplana observa que mejor si son de 50. «Si son de 50 los puedo…». El abogado uruguayo y tutor de patrimono oculto de Zaplana, según la investigación, le comenta a su interlocutor: «Te lo iré devolviendo poco a poco y no te digo que sea en dos días, una semana, diez, quince días…». Mejor «un mes», apostilla el otro.

Había caído el amigo Nacho González, Belhot estaba en el foco judicial y policial, y el propio Zaplana formaba parte de la lista de investigados del juez Velasco en el caso Lezo. El magistrado vinculaba a los tres a la presunta operación de compra del 50 por 100 de una empresa de desinfección de aguas y a la creación de «una estructura para canalizar capitales» en el exterior. Zaplana negó entonces tener relación mercantil alguna con el ex presidente de Madrid. Pero tomó nota del aviso. Por eso insistía a Belhot en seguir la política del «sin riesgo». Con todo, los hechos demostraron que infravaloró a la Guardia Civil y al aparato judicial. Son los efectos secundarios de tres décadas de impunidad.

Capítulo XVIII

Camarada Víctor, alias «Rafael Blasco»

Un caso de hombre

No sé si detrás, delante o al lado de todo gran hombre hay una gran mujer y viceversa. Ignoro si detrás, al lado o delante de todo Francisco Camps hay un Mariano Rajoy, pero está sobradamente demostrado que no hay pilotos como Carlos Sainz sin copilotos como Luis Moya. Sin un estratega no se pueden ganar dos mundiales de rally ni construir sólidos cimientos para un régimen. Si Zaplana fue el arquitecto, el camarada Víctor fue el aparejador de todas las tramas clientelares del zaplanismo, sostenidas y a veces ampliadas con el campsismo. Incluido el pesebrismo mediático. Y el clientelismo no deja de ser una forma de dominación política, que diría el historiador José Antonio Piqueras.

El espíritu del camarada Víctor, que a veces también hizo uso del alias Carlos cuando militaba en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), actuó durante cuarenta años en política con el alias oficial de Rafael Blasco Castany (Alzira, 9 de febrero de 1945), su nombre en el DNI. Está cumpliendo pena de seis años y medio de cárcel en Picassent por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental en el llamado caso Cooperación. El 30 de enero de 2019 obtuvo el tercer grado, tras haber sobrepasado la mitad de la condena.

Al ex conseller le cayeron también 20 años de inhabilitación para cargo público en esa misma sentencia por haber otorgado trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la llamada Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a quienes la Conselleria de Cooperación, de la que Blasco era titular, adjudicó 1,6 millones de euros para proyectos en Nicaragua, entre otros la construcción de un pozo, y sólo llegaron 47.953 euros. Apenas se salvó de la ilegalidad el 3 por 100 de la ayuda pública concedida, según detallaba el auto del Tribunal Supremo, que rebajó la condena inicial de ocho años de cárcel a seis y medio. La mayor parte del dinero fue desviada para comprar pisos y garajes en Valencia. Con todo, el Alto Tribunal falló el 10 de junio de 2015 que Blasco había permitido que los fondos se usaran para otros fines a los establecidos, pero no se utilizaron «en beneficio propio sino de otros». En ese supuesto, la condena habría sido mayor aún.

En la cárcel de Picassent está acompañado por el empresario Augusto César Tauroni, que fue su principal testaferro como contratista público a lo largo de una trayectoria política que discurrió por diversos departamentos de la Generalitat. De aquella concesión de ayuda para Nicaragua, que en su mayor parte no llegó ni a embarcarse para cruzar el charco, Tauroni se llevó una comisión de 416.702 euros, el 25 por 100 de esos 1,6 millones.

Rafael Blasco fue siete veces conseller con cuatro presidentes (Lerma, Zaplana, Olivas y Camps) y dos partidos (PSPV y PP). Nunca una biografía política fue tan coherente y compacta. Blasco, en realidad siempre estuvo imbuido del espíritu Ikea, porque a la postre solamente fue conseller de la República Independiente de su casa, una mansión situada en la Barraca d’Aigües Vives, núcleo rural perteneciente a Alzira. De igual modo, estuvo salpicado por diversos escándalos y casos de corrupción (Calp, Lonerson, PSD, Cooperación..), pero en realidad todos se resumen en un solo caso: el caso Rafael Blasco.

En el sumario de la causa Avialsa (el escándalo de las cacerías pagadas por un contratista de la Generalitat que participaba en un presunto cártel del fuego), la UDEF hacía un retrato demoledor sobre el ubicuo Blasco a propósito de la participación de un testaferro suyo en el cobro de lo que la policía entiende que es una comisión por la venta de la condición de agente urbanizador de un PAI en Alfara d’Algímia: «Rafael Blasco Castany ha estado relacionado desde antaño con actividades criminales, participando de hecho incluso este mismo grupo policial en la investigación en la que se ponía de manifiesto que, a pesar de no ejercer labor de dirección alguna sobre departamentos urbanísticos, todavía de forma indirecta ejercía su influencia para que determinados proyectos salieran adelante, pudiendo ser esta la explicación, o incluso tratarse de una comisión diferida por una resolución anterior, como consecuencia de un procedimiento mantenido en el tiempo o incluso por su intervención como autoridad competente dentro de esa nueva Conselleria, donde de hecho habría cometido ilícitos penales por lo que ya habría sido condenado». En síntesis: su poder trascendía el cargo.

Fue el estratega de cabecera de Zaplana en las maniobras de seducción de la izquierda social, y hasta parte de la política, a través de la compra de voluntades. Su mano acunó operaciones quirúrgicas para minar flancos críticos de potencial oposición y darle al PP rédito en forma de clientelismo de pesebre. De paso, Rafa se cobraba su comisión política de influencia, que lo convertía en imprescindible para la causa. Y, más de paso, veía retribuida su labor con otro tipo de comisiones que no se abonan con carnés sino con sobres. Las ayudas que, como conseller de Solidaridad y Ciudadanía, concedía a las ONG estaban amañadas y «tenían como finalidad el enriquecimiento personal de Augusto César Tauroni, Rafael Blasco y Marc Llinares [...], quienes recibieron dinero de esas subvenciones», según la Fiscalía.

El dinero no se le entregaba a El Conill o Rogger Rabit (con esos motes lo conocían en la banda) en gasolineras de polígono industrial a las tantas de la madrugada. Se lo llevaban en un sobre que se entregaba a su secretaria en las Corts, donde Blasco fue hasta portavoz del grupo popular. La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción concluyeron que parte del dinero de las subvenciones era detraído para que los integrantes de la trama cobraran las mordidas. El dinero salía de la plaza pública por una autopista y acababa llegando a Blasco, Tauroni o Marc Llinares por carreteras comarcales y locales de madrugada y sin luces de cruce.

Un ejemplo tipo de cómo circulaba el dinero: la ONG Esperanza sin Fronteras recibió 137.377 euros en 2011 para un proyecto alimentario para «niños huérfanos y pobres» en Uchiza (Perú). Esa asociación ingresó 12.000 euros en la empresa Chust Alzira, controlada por Tauroni a través de un testaferro, quien derivó esa cantidad a otra empresa de su órbita, Matuscas S. L. Su propietario, José Luis Mezquita Alcañiz, ocultó 5.000 en un sobre «para llevárselo a la secre del Conill entre el viernes y el lunes», según revelaba Arturo Tauroni (hermano del empresario en prisión) en un correo enviado el 26 de julio de 2011. Lo contaba la periodista Laura Ballester. Marc Llinares, que fue jefe del área de Cooperación, era menos agropecuario que Blasco y, antes que guardar el dinero debajo del colchón, prefería que se depositara en el banco. Y no en una Caja Rural. Llinares abrió una cuenta en el City Bank of America el 4 de octubre de 2010 para «recibir el pago de favores hechos a la trama, como facilitar la adjudicación de subvenciones a los proyectos presentados por la Fundación Hemisferio –controlada por Tauroni– o dar el visto bueno a facturas y gastos que tenían que presentar en la fase de justificación para facilitar el cierre de expedientes».

Según la investigación, Tauroni, que era el cajero que repartía las mordidas, llegó a ingresar 40.000 dólares en la cuenta de Llinares. De entrada, 25.000. Pero Llinares no se conformó. Quería más. Tenía «necesidad de dinero». Y Tauroni le anunció por correo que «pondría los huevos». Los huevos fueron incubados y de ahí salieron polluelos valorados en 15.000 dólares. Y se convirtieron en gallinas ponedoras, gallinas de huevos de oro. Que no otra cosa fue el negocio de la cooperación para la banda del Conill.

«Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE»: Rafael Blasco hizo esta declaración a principios de enero de 1995. Zaplana lo fichó y, nada más llegar al Palau, lo nombró subsecretario. Incorporó a su equipo a un profundo conocedor del enemigo. No en balde, Lerma lo había echado del Consell el día de los Santos Inocentes de 1989. Nunca fue «uno de los nuestros» para la derecha con pedigrí. Ni siquiera cuando se afilió al PP en julio de 2004. «Éstos del PP», solía decir cuando hablabas con él como para marcar distancias ideológicas con sus correligionarios.

La contribución de Blasco no fue menor a la hora de desplegar una estrategia de patrimonialización de las señas de identidad, tan bien diseñada para apuntalar la hegemonía social de los populares. Pero su aportación más decisiva consistió en dinamitar los agentes de la sociedad civil que pudieran contestar la acción del Consell, así fuera el movimiento vecinal o el sector de la cooperación. Su trayectoria política, desde su condición de antisistema a la de profesional del poder, lo avalaba. En toda su ejecutoria curó una natural adicción enfermiza por el poder, por la gestión del poder al modo vaticanesco, el que lleva las dosis justas de diplomacia, matemáticas y cicuta. Y con un generoso aliño de dinero balsámico.

El Padrino por bandera

«Si queréis entender la política, tenéis que ver El Padrino». Todos los presentes en aquella reunión celebrada en un antro de Valencia, en la primavera del 85, quedaron embelesados con el consejo que el camarada Víctor ofreció a aquel auditorio de contubernio ahumado en nostalgia de clandestinidad en el que llevaba la voz cantante Vicente Pérez Plaza, persona a las órdenes de Rafael Blasco en la Generalitat e ideólogo suyo desde que ambos militaron en el PCE (Marxista-Leninista). «Venancio Vega» –era el alias de Pérez– estaba en misión de conquistar almas del PSPV para un «blasquismo» que ganaba pujanza desde la comarca valenciana de la Ribera, con su hermano Paco Blasco de punta de lanza en Alzira, donde fue alcalde entre 1979 y 1992, y presidente de la Diputación de Valencia entre 1987 y 1991.

Hijo de republicano liberal represaliado por Franco, Rafael Blasco siempre fue de esos tipos que circulan por la vida como un flautista encantador acumulando una legión de seguidores en romería, como los santos en las procesiones de antaño. La mitad lo seguía para matarlo, la otra para pedirle un autógrafo. Porque sus admiradores también han abundado. Durante años, la iglesia de la blascología gozó de notable predicamento. Político y mediático. De él se ha destacado su gran capacidad de trabajo y la personalidad cautivadora de quien en el trato resulta cercano, afable y literalmente encantador. Al igual que la cobra, Rafa baila, seduce y se deja seducir. Y, cuando se siente amenazado, transmuta en Blasco, que tiene colmillo. La cobra tiene lengua, pero también tiene colmillo.

Su compromiso político arrancó estudiando Derecho. En el Sindicato Democrático Universitario contactó con Ciprià Císcar, que después se convirtió en su cuñado. A través de él conoció a Consuelo Císcar, que sería su mujer. Antes fue secretaria personal del presidente Joan Lerma. Con ella constituyó una UTE matrimonial que encarnaba su fe verdadera: la familia y los negocios. Su auténtico partido y su credo, sus únicos principios irrenunciables y ajenos a todas las modas en las que ejerció apostolado: PSPV, PP, zaplanismo, campsismo… En 1982, mientras Naranjito lloraba por el ridículo de España en el mundial, Blasco decidió cerrar su ciclo de antisistema para convertirse en un profesional del poder. Entró de subsecretario de Presidencia y, desde junio 1983, fue conseller de esa área. «Lerma confiaba ciegamente en él», explicaba un dirigente lermista de la época.

Pero el idilio se quebró. El 28 de diciembre de 1989, Lerma lo destituyó de conseller de Obras Públicas y Urbanismo. No era una inocentada. La directora general Blanca Blanquer denunció en Fiscalía a dos funcionarios por ofrecerse a reclasificar suelo en Calp a cambio de 500 millones de pesetas (3 millones de euros). Se ordenaron pinchazos telefónicos y se descubrió un posible amaño en la venta de una parcela de la empresa pública Institut Valencià de la Vivenda (Ivvsa) en Paterna.

El fiscal jefe se querelló contra Blasco y otras cinco personas. Un 18 de enero de 1990. Llevaba tres semanas de ex conseller, pero seguía en la dirección del PSPV. Y mantenía el carné del partido. Ese en el que se recuerda la llamada de Pablo Iglesias a hacer proselitismo de los valores socialistas y no limitarse a practicarlos en la intimidad. El juez instructor era Juan Climent, el que presidió el juicio a Camps por los trajes Gürtel. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano anuló la cintas por defecto de forma (la policía había pinchado los teléfonos de la Conselleria de Obras Públicas, gobernada por Blasco) y, en julio de 1991, absolvió a Blasco y los otros cinco acusados tras esfumarse la prueba fundamental. Vidas paralelas las de Blasco y Zaplana, agraciados ambos con una anulación de cintas que allanó la rampa de despegue de sus carreras políticas. Vidas paralelas que de nuevo se cruzaron en la cárcel de Picassent un 24 de mayo de 2018.

Entre el 28 de junio de 1983, cuando entró en el Consell de Lerma, y el 15 de junio de 2015, día en el que entró en prisión, fue conseller de palos tan distintos como Presidencia, Obras Públicas, Empleo, Bienestar Social, Territorio, Sanidad e Inmigración. Fue varias veces enterrado, dado políticamente por desaparecido, pero demostró tener más vidas que el malo de El Cabo del miedo. Como el personaje de De Niro, Blasco siempre emergía de las procelosas aguas. Blasco siempre flotaba. Porque navegaba. A Blasco le dabas un palillo, lo dejabas en medio del océano y flotaba. Su alma de superviviente la lleva en los genes y el doctorado lo cursó en la ribera de ese Xúquer que cada octubre vomitaba riadas de muerte y desalojaba a la gente a la carrera para salvar sus enseres de entre las aguas.

Como ya hemos apuntado, el espíritu combativo se modeló en la lucha antisistema, a finales de los sesenta, en el PCE (Marxista-Leninista), que alumbró el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP). Esa militancia activa le valió su primera entrada en la cárcel. Fue un 2 de junio de 1976 cuando pisó la Modelo de Barcelona, tras ser detenido en la frontera al regresar de una reunión clandestina en Francia.

El camarada Víctor estaba resuelto a instaurar la dictadura del proletariado a través de la lucha armada y la movilización de masas. Era tal su ortodoxia que, en 1977, decidió, con Venancio, expulsar a algunos correligionarios a los que acusaron de fraccionalistas por reclamar la puesta al día de la organización tras la muerte de Franco. Blasco entendía de fracturas. A principios de los 70 protagonizó una escisión del Movimiento Comunista de España (MCE) para montar el MCE fracción marxista-leninista. Con esa marca entró en el PCE (M-L) y el FRAP. Es más, Blasco, Venancio y Josep Garés (quien luego fue tránsfuga socialista en las Corts) rompieron con el PCE (M-L) de Raúl Marco y Elena Odena y montaron nuevo partido que no cuajó. Sus ex compañeros los tildaban de «mencheviques sarnosos», pero ellos se proclamaban PCE (M-L) «auténtico» y luego se llamaron «La Causa», como su órgano de expresión.

El caso Blasco tuvo mucho recorrido político. El PP ganó un aliado sólido por ese principio de política internacional según el cual el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Blasco se afilió al PP en julio de 2004, recién perdida la Moncloa, pero catorce años antes ya había jurado desprecio eterno al PSOE. Siempre sostuvo que Lerma lo aniquiló para eliminar competencia en el partido, porque tenía miedo a su carisma, que desde la Ribera irradiaba hacia otras comarcas valencianas.

Blasco fue expulsado del Consell y del partido pero siguió en la bancada socialista, sentado donde le correspondía. En el escaño de la B, entre la A de Armengol y la C de Castro. Tenía todo el tiempo para tramar un proyecto de supervivencia y desquite. El Conill no dejaba de rumiar su plan de venganza. Primero atacó por el flanco nacionalista al impulsar, en 1993, Convergència Valenciana, intento fracasado de aglutinar al regionalismo bien entendido de Unión Valenciana con el nacionalismo fusteriano de Unitat del Poble Valencià (UPV), antecedente del Bloc, partido matriz de Compromís. Fracasó. Era querer casar el agua con el aceite. Demasiado hasta para Blasco. Y en enero de 1995 hizo la gran declaración de fe antes apuntada: «Estoy dispuesto a trabajar con cualquier partido para echar al PSOE».

Zaplana tomó nota y lo fichó. El ex alcalde de Benidorm anotó un triple: incorporó a un profundo conocedor del enemigo o rival (socialistas y UV), se dio un barniz centrista para maquillar la imagen de derechona del PP y logró un aliado en un territorio, la ciudad de Valencia, en el que al presidente popular le costó ser santo de la devoción de los poderes fácticos de la derecha, que veían en Zaplana a un arribista. Blasco llegó a consolidar un poso de admiración en las bases del PP y en cuadros del partido de la provincia de Valencia, sobre todo cuando sindicó sus acciones con el presidente provincial de los populares y de la diputación, Alfonso Rus. No tenía pedigrí popular, pero, como mercenario de la política, se aplicó en la defensa del PP y como asesor del judicialmente hostigado Francisco Camps de forma muy profesional. Y se le reconocía el mérito.

En el políticamente dopado, económicamente quebrado, partidariamente asesinado y policialmente apagado Canal 9 chupaba más cámara que el presentador. Por su cultura ideológica obrerista, siempre tuvo claro que la estructura se cae si no apuntalas la superestructura. Por eso circulaba por el andamio político burgués con casco de seguridad. Por eso cuidaba y endulzaba a medios y periodistas dispuestos. Usaba la prensa para promocionar al PP y a sí mismo. Porque Blasco es un gran comercial. Y en su catálogo siempre destacó Rafael Blasco como producto estrella y recomendado por la casa. No en balde, de joven se curtió vendiendo enciclopedias a domicilio.

Él ayudó a hinchar leyendas sobre su figura construidas, eso sí, sobre certezas. La historia de quien fue hombre fuerte de Zaplana y luego de Camps es como esas películas basadas en hechos reales, pero con un punto de ficción. Él se aplicó en proyectar que Zaplana no transitaba por la indigencia intelectual, dándole una pátina de persona leída. Él cocinó, vuelta y vuelta, a Giddens para que Zaplana se proyectara como librepensador, con la ponencia «La España de las oportunidades», en el congreso nacional del PP de 1999. Él impulsó la operación de fagocitar a UV para que el PP apuntalara una mayoría absoluta que duró 16 años.

Para ello, diseñó la citada estrategia de patrimonialización de las señas de identidad y hasta apropiación de la herencia política de Vicente González Lizondo, fundador de la regionalista Unión Valenciana. La hegemonía social del PP, que derivó en régimen, se edificó sobre esa asociación identitaria, esa perversa metonimia que confundía la parte con el todo. Lo valenciano era el PP y el PP era lo valenciano. Lo valenciano era el PP, como Pujol era Cataluña; Bono, Castilla-La Mancha o Fraga, Galicia. El resto sólo eran traidores a la patria. Y en el resto estaba Zapatero, que marginaba a la Comunitat con su «valencianofobia», llegó a decir Blasco, constructor del discurso de la muy asentada teoría de la hostilidad del socialismo hacia la Comunitat Valenciana. Cuasi científica. La realidad se exponía en términos absolutamente reduccionistas, en la más clásica ortodoxia populista destripada por el filósofo y politólogo argentino Ernesto Laclau, quien subrayaba la simplificación dicotómica en el análisis de la realidad, convenientemente dividida entre buenos y malos, tan característica del populismo. Arriba, las elites, las castas, el poder; abajo, el pueblo, el Partido Popular.

Aparejador del divide y subvenciona

En el laboratorio de ideas de Blasco –él solo constituía un think tank– y después de consumadas sus operaciones para aglutinar a todo el centro-derecha valenciano, se atrevió a impulsar una formación para arañar votos al PSPV. El Partido Social Demócrata (PSD) se «constituyó» en 2006 a partir de la Unión Social Demócrata (USD), creada un año antes desde el PSI de Alzira, una formación montada en 1993 por los blasquistas cuando Paco Blasco –el mayor de la saga– fue desalojado de la alcaldía de la ciudad a través de una moción de censura patrocinada por el propio PSPV, después del escándalo judicial protagonizado por Rafael Blasco y de haber sido expulsado del Consell socialista. El cambio de nombre de USD a PSD fue posible porque el ex ucedista José Ramón Lasuén les cedió las siglas del partido creado en 1976 por el socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez.

El PSD figuraba en la agenda del número dos de Correa y ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, como contó la periodista Alicia Gutiérrez en Público. El dirigente Gürtel anotó en la página 124 del dietario de 2006 una reunión con el secretario general del PPCV Ricardo Costa, «el presi Camps» y los vicepresidentes Vicente Rambla y Víctor Campos. Asunto: «Nuevo partido político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos [del PP]. Necesitan ayuda económica».

La agenda de Crespo, presente en el sumario Gürtel, avalaba el escandaloso montaje del PSD a base de clientelismo pagado con dinero público. Resultaban procaces las conexiones entre la formación y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana (Favcova), que pasaba a tener un brazo político que sería segunda marca del PP, intentaría erosionar votos a la izquierda y competir en ayuntamientos importantes con listas que pretendían, además, complicar cualquier vuelco en los gobiernos de las diputaciones, donde los diputados se eligen por partidos judiciales a partir de la suma de votos obtenidos por las candidaturas en las municipales en toda la circunscripción. Favcova actuaba como una entidad más teledirigida por Blasco y orbitando en torno a los populares y la Generalitat. Ya desde 1999 se había significado a favor de los populares. Por ejemplo, en actos protrasvase del Ebro.

En la puesta en marcha de la marca blanca del PP participó muy activamente Bernardo Blasco, hermano del ex conseller y que había sido dirigente de Unión Valenciana en Alzira, partido en el que también militó el ya citado Augusto César Tauroni, condenado en el caso Cooperación. Tauroni y Bernardo Blasco eran algo más que amigos. Ambos fueron socios en la empresa hortofrutícola Grupo Alpecine.

Antes que el partido nació la sociedad civil que lo alumbró. Un espacio regado con dinero público. Entre 2003 y 2006, Favcova y todo el tinglado de asociaciones pantalla recibieron subvenciones millonarias. Unos 12 millones de euros públicos entre 2003 y 2009 para la siembra política en diversas asociaciones del entorno blasquista. Favcova se llevó la mitad y el resto la Fundación Central Ciudadana o la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez para cursos de formación e inserción laboral. Subvenciones de todas las Consellerias salvo Agricultura y Turismo a menudo plagadas de irregularidades en su concesión o en la deficiente o nula justificación del destino del dinero. Un directivo de ese tinglado, Juan Manuel Delgado, llegó a firmar convenios consigo mismo, un convenio espejo. Desde dos asociaciones distintas que él dirigía, Favcova y Jóvenes Consumidores, y para poder cobrar 417.000 euros de una subvención. En otra ocasión, intentaron justificar 41.510 euros como gastos de alquiler de material de oficina y fotocopias.

Como vicepresidente y secretario de la entidad vecinal regada con subvenciones figuraban Carlos Ruiz y Fernando Piera, dos ex cargos públicos socialistas que compartían una profunda amistad –el segundo siempre fue para el primero como un hijo, a decir de personas involucradas en esa organización– y un ejemplo sobre cómo observar la vida. Ruiz y Piera mandaban, aunque el cargo de presidenta lo ocupaba Ana María Rodríguez, quien sustituyó al propio Ruiz en ese puesto. Él fue el artífice del montaje y expansión de Favcova (que decía aglutinar a 450 asociaciones de vecinos y a 150.000 familias) para expandirla hacia otros sectores asociativos como la tercera edad, consumidores o grupos culturales.

Como marca paraguas crearon la citada Central Ciudadana, que recibió 1,64 millones del Consell y de las diputaciones de Alicante y Castelló, y llegó a gestionar hasta centros de enfermos mentales. Englobaba, entre otras organizaciones, a Jóvenes del Movimiento Vecinal o la Federación de Asociaciones de Ciudadanos Mayores (CIMA). La orden de 11 de junio de 2004 por la que Central Ciudadana era inscrita en el registro de fundaciones detallaba sus fines sociales: «La creación y desarrollo de respuestas e iniciativas adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea y, en particular, a la lucha por la defensa de la democracia en el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos y la profundización de los derechos humanos». Ahí es nada.

Las ayudas al tinglado asociativo blasquista estaban minadas de irregularidades. El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) reclamó, por ejemplo, la devolución de 217.000 euros no justificados, pero Favcova no retornó los fondos. Pese a ser deudora de la Administración, siguió recibiendo ayudas. Lo denunció reiteradamente el diputado socialista Antonio Torres, quien fiscalizó siempre con firmeza y rigor la «heterodoxa» gestión de Blasco y su instrumentalización política del movimiento vecinal con su estrategia de fracturarlo con dinero público.

El policonseller era muy amigo de remitir comunicados al diario ejerciendo el derecho de rectificación, y muy partidario de interponer querellas, pero jamás instó ninguna actuación por todas estas informaciones. Ni él ni, por supuesto, sus allegados Ruiz y Piera.

Con las municipales y autonómicas en el horizonte de 2007, a finales de 2006 impulsaron el PSD. Compartía con la entidad vecinal recursos y personas, además del blasquismo como fuente de inspiración. La convención fundacional se celebró en el Hotel las Arenas (un cinco estrellas situado en el paseo marítimo de Valencia) el 4 y 5 de noviembre de ese año. Asistieron 355 delegados y 67 invitados. El partido no alcanzó grandes éxitos en los comicios de 2007. Cosechó 12.091 votos en las municipales, que se tradujeron en 14 concejales y una alcaldía (Pobla de Benifassà). Y sacó 10.187 votos autonómicos, 1.500 menos que ERPV, la filial valenciana de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pero, allí donde logró representación y tuvo ocasión, demostró cuáles eran sus intenciones. En 2008 favoreció con su voto sendas mociones de censura para desalojar al PSPV de las alcaldías de Dénia y Calp.

El entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, colocó a Carlos Ruiz como asesor provincial de Bomberos, en pago de favores. Ripoll y Ruiz militaban en teoría en partidos distintos, pero los dos eran leales a una persona que a esas alturas había perdido bastante predicamento en el seno del PP valenciano en favor de Camps: Eduardo Zaplana. Uno y otro guardaron siempre lealtad a su padrino. Carlos Ruiz estuvo presente en primera fila en el acto de presentación del libro-fichero sobre los logros de la etapa de Zaplana, un acto celebrado en el Club de Encuentro Manuel Broseta, que se conformó como una muestra de adhesión al ex presidente y en el que los dirigentes populares tuvieron que optar entre asistir y soliviantar a Camps o darle plantón al ex y alinearse con el que a esas alturas tenía firma en el DOCV.

Pero el verdadero homenaje de Ruiz a Zaplana se lo tributó en 2004 a través de la Fundación Vecinal Vicente Blasco Ibáñez, que presidía Agustín Cosgaya. El Gobierno de José María Aznar pagó dos millones de dólares al lobby estadounidense Piper Rudnik para que promoviera la imagen del entonces presidente y pudiera así lograr las firmas necesarias para que se le concediera a Aznar la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos. El dinero público para pagar el capricho se canalizó a través de la embajada en Washington. El reconocimiento de Ruiz y Cosgaya a Zaplana fue más sincero, sentido y humilde.

Durante la campaña de las generales de 2004, organizaron una matanza del cerdo a la que el ex presidente valenciano asistió para presidir con todos los honores tan emotivo acto. Para el resto de políticos suministradores de nutrientes a las arcas del tinglado encabezado por Favcova tampoco faltaron gestos. Al poco de asumir Carlos Ruiz la presidencia de la federación vecinal, el Consell de Zaplana le concedió una subvención de 90.000 euros (15 millones de pesetas de entonces). Tres semanas antes de las elecciones de 1999, Favcova celebraba su Gala Vecinal en el Benidorm Palace, y decidieron premiar a la Generalitat. Recogió el galardón el entonces conseller de Hacienda, José Luis Olivas, quien tres años después sería presidente. En la edición de 2002, el premio al ciudadano del año recayó en José Joaquín Ripoll.

La misma estrategia del divide, subvenciona y vencerás que aplicó al movimiento vecinal, la ejecutó Rafael Blasco en el mundo de las ONG como conseller de Solidaridad y Ciudadanía. Impulsó la Federación de Asociaciones para el Codesarrollo (Fedacod) y partió así en dos la Coordinadora Valenciana de ONG, a la que no le salieron gratis sus constantes denuncias de la política de recortes en cooperación. Al igual que Favcova, su versión en el negocio de la solidaridad internacional también fue regada con cuantiosas subvenciones. La Fedacod se llevó unos 7 millones de euros en ayudas. La trama tenía como buque insignia a la Fundación Solidaria Entre Pueblos. Y empresas montadas por dirigentes de esta matriz, como las consultoras Dinamiz-e o Arcmed, se llevaron 1,5 millones por supuestos servicios facturados a las ONG beneficiarias de las ayudas. Unos trabajos que, por supuesto, jamás fueron realizados. La primera de estas firmas estaba dirigida por Adolfo Soler Sempere, conocido ex militante de Unión Valenciana (como Bernardo Blasco o Tauroni), que luego recaló en el PSD y había sido representante de artistas como Juan Bau o Emilio Solo. Arcmed estaba timoneada por el piloto de aviación Alfonso Navarro Torres. Entre los fondos desviados en esta pieza del caso Cooperación figuraban las ayudas a la construcción de un hospital en Haití.

Tanto Soler como Tauroni eran viejos conocidos de los Blasco. Compartían escena en distintos escándalos. En 2002 ya recibieron contratos del conseller a través de Lonerson Trade S. L., que se llevó por 6,7 millones de euros la concesión por tres años de los centros «Mujer 24 Horas» de atención a las mujeres maltratadas. Cuando estalló el caso Cooperación, Soler Sempere seguía en Lonerson. Esta mercantil logró el contrato en UTE con Tissat. La adjudicataria Lonerson era una firma «dormida» y comprada ocho meses antes de la concesión para ser activada. Detrás de Lonerson estaba el de siempre, Augusto César Tauroni. El 18 de mayo de 2002, la periodista Julia Ruiz publicó la demostración de que el testaferro de Blasco movía los hilos de esa empresa, que compartía recursos y sede social con General de Comunicaciones y Servicios (GCS), dedicada a servicios informáticos. ¿Quién era su administrador? El mismo Tauroni. GCS también bebió directamente dinero público. Facturó al menos dos proyectos a Bienestar Social por 223.000 euros, al resultar adjudicataria del servicio de atención telefónica al mayor y de la prestación del servicio técnico informático en la sede central de la Conselleria. Procedimientos ambos abiertos por la vía de la tramitación urgente.

El político de los caramelos

Blasco siempre fue persona de acción, pero nunca descuidó la teoría. Esa capacidad de análisis es precisamente uno de los puntales del mito. Igual regalaba a la prensa el libro No pienses en un elefante de Lakoff, gurú de la izquierda norteamericana, que asistía a un curso de la fundación FAES, el think tank de Aznar. Obsesionado por ejercer el poder al estilo siciliano, siempre actuó en áreas de influencia social como el fútbol. Forzó a Paco Roig a vender su parte del Valencia CF a Juan Soler y pirarse. Incluso intervino en el esperpéntico intento de la firma uruguaya Dalport de quedarse con el club de Mestalla. Una de las tantas astracanadas vividas en torno a las crisis sociales y económicas del Valencia CF y del Levante UD.

La trayectoria de quien fue albacea de las devaluadas acciones políticas de Camps hasta que el presidente tuvo que dimitir aquel 20 de julio de 2011 demuestra que quien acuñó el concepto erótica del poder pensaba en Rafael Blasco Castany. Se diría incluso que a veces estuvo transitando por el linde entre la erótica y la pornografía del poder. Tampoco fue el único.

Acosado en el frente judicial, el 25 de junio de 2013 decidió irse del grupo popular de las Corts cinco minutos antes de que lo expulsaran. Y pasó a adquirir la condición de diputado «no adscrito», uno de los pocos carnés políticos que faltaba en la colección del camarada Víctor. Se convirtió en un apátrida parlamentario sentado en el escaño número 92 (justo detrás del portavoz de Esquerra Unida, el combativo Ignacio Blanco), al que el PP, eso sí, le cedió el ático como despacho. Le reservó la estancia de lujo en el edificio de la cámara autonómica, la más cercana al cielo. Gesto seguramente achacable a que era uno de los mejores conocedores del subsuelo del partido y de la Generalitat popular. Un experto en canalización de desagües. No en balde fue uno de los responsables de diseñar el trazado.

Un 28 de mayo de 1995 se consumó el desquite de Blasco con los socialistas cuando, como mercenario del PP, reconquistó la Generalitat. E, ironías del calendario, un 28 de mayo de 2014 el TSJ lo condenó a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación para cargo público. No sobrevivió al segundo entierro judicial, tras salir vivo del ataúd del urbanicidio de 1991. La condena del TSJ constituía el epílogo de la carrera política más dilatada de la democracia valenciana y cerraba un cuarto de siglo perseguido por la sospecha. El submarino Blasco había navegado más de 284.000 horas por la política valenciana. Había demostrado gran capacidad para emerger o esconder el lomo según dictara la carta de navegación de quien siempre actuó bajo el síndrome de la clandestinidad. Pero finalmente el submarino fue hundido por un torpedo judicial. En aguas de Nicaragua. Tres magistrados firmaron una sentencia de condena a prisión con carga simbólica, con sabor a declaración de ruina por aluminosis del régimen popular. En esta historia de relatos cruzados, Blasco tropezó de nuevo con el magistrado Juan Climent, quien ya dejó tocado al ex conseller cuando en mayo de 1990 dio por válidas las grabaciones sobre el pago de comisiones en la compra del solar del Ivvsa en Paterna.

El 15 de junio de 2015, minutos antes de las nueve de la mañana, el camarada Víctor entró en la cárcel de Picassent. Entró con dos grandes maletas, una en cada mano, e impecablemente trajeado. Como es costumbre, de azul marino. En la misma prisión lo esperaba Tauroni, su compadre en la construcción de una sólida pista de dinero, una autopista de cuatro carriles, por la vía de las adjudicaciones en todas las Consellerias por las que pasó Blasco. Una ruta que tenía el kilómetro cero en Alzira y el 31 en Picassent. En el límite entre las comarcas de l’Horta y la Ribera. Allí, justo allí, pasan sus días los amigos y socios. Rafa y Augusto. Muy adaptados. Rafa despliega su carisma y dotes de mando en la escuela y Augusto trabaja de auxiliar en la biblioteca.

Presos ejemplares, como ejemplar debió de ser su trayectoria para haber ocupado ministerios del Consell durante 27 años. Lo fue, según uno de los empresarios que lo trató muy intensamente: «Rafa es el más honesto de todos, el más serio, el que te dice si se puede o no se puede hacer. Le gustaba mucho mandar, eso sí. Nadie le ayudó cuando el Opus fue a por él. Y eso que Rafa había repartido caramelos a todo el mundo». Amén.

Capítulo XIX

El delfín Serafín

La policía detiene a su jefe

El 29 de mayo de 2015 amaneció como un día cualquiera para Serafín Castellano Gómez (Benissanó, agosto de 1964). El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tenía programada una visita a las obras «de emergencia» que el Ministerio de Medio Ambiente ejecutaba en Nules (la Plana Baixa), en Castelló. A las diez en punto se haría una de esas fotos absurdas que suelen hacerse los políticos. Con chaleco reflectante, casco (básicamente para mantener el cerebro en cuarentena y evitar que se contamine con factores externos), sonrisa y un atril de metacrilato entre fango y hormigón para completar el clásico atrezo. Ese viernes el PP todavía estaba en estado de shock, consternado por la pérdida del poder autonómico y buena parte del municipal en las elecciones celebradas cuatro días antes. Punto final a 20 años (24 en el Ayuntamiento de Valencia) de ocio y negocio. La noche del urnicidio del PP valenciano, Castellano había sintetizado lo ocurrido en cinco palabras, musitadas a Rita Barberá. Con su natural finezza. «¡Qué hostia, Rita, qué hostia!».

El ex alcalde de Benissanó es muy del PP. Se afilió a AP en 1988 y llevaba 16 de los 20 años de régimen popular en primera línea política, tras pasar por tres Consellerias: Justicia y Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación. No era un cualquiera y estaba afectado, pero personalmente tenía garantizado el trono mientras Mariano Rajoy y su partido gobernaran en Madrid. Era un motivo para que el responsable último de la policía y la Guardia Civil en esta zona de Levante se levantara optimista. Pero la desgracia se cebó con él y nunca llegó a Nules. A las 7:15 de la mañana, cinco agentes de la UDEF de la policía se personaron en el domicilio de quien a la postre era su jefe político acompañados por Patricia Todolí y Vicente Torres. Que no son dos carteros con plaza en Benissanó, sino la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt y uno de los fiscales Anticorrupción.

El secretario judicial le informó del motivo de tan temprana visita. Los policías procedieron a detener a su jefe y le leyeron sus derechos. Elaboraron un acta que «en un primer momento el detenido se negó a firmar», decía el documento. Finalmente la rubricó, pero hizo constar una anotación: «Estoy en desacuerdo con los hechos que me imputan». Las seis horas de registro acabaron sobre las 13:50 horas, momento en el que el delegado del Gobierno salió de su casa escoltado por la policía, que lo trasladó al juzgado de Sagunt.

Esa mañana se produjo el gran golpe de efecto de la bautizada como operación Hispaniolus, que significa Castellano en latín. Además del ex conseller de Gobernación, en la operación fueron apresadas otras ocho personas, entre ellas sus dos contratistas de cabecera de su etapa en la Generalitat: el empresario de extinción aérea de incendios Vicente Huerta y el constructor y amigo José Miguel Pérez Taroncher.

La detención del ex conseller, por los presuntos delitos de malversación de caudales, cohecho, prevaricación o blanqueo de capitales, consagraba jurídica y policialmente un escándalo que empecé a destapar 662 días antes: el 4 de agosto de 2013, domingo, cuando arranqué el relato de las concurridas cacerías que el contratista de las avionetas antiincendios regalaba al conseller. El empresario compensaba con obsequios de todo tipo para poder gozar de favores de Gobernación, tanto en los precios como en las prórrogas y en la manga ancha a la hora de controlar la prestación del servicio. Un episodio, el de este remedo de La escopeta nacional, que conducía hacia otro de dimensión internacional: la existencia de un cártel de una veintena de empresas de extinción del fuego y fumigación de cultivos que se habrían conchabado durante años para hinchar precios y repartirse el mercado violando las leyes de la competencia, con la necesaria complicidad de políticos y técnicos debidamente untados. Un presunto amaño de contratos a escala internacional. La jueza situó a Castellano en una «organización criminal» de más de 50 políticos y empresarios.

El 29 de mayo de 2015 es, así pues, la segunda fecha en la inscripción sobre la tumba política de Serafín. En realidad tenía que haber sido aquel 4 de agosto de 2013, pero dos prestigiosos médicos y socorristas llamados Alberto Fabra, jefe del Consell, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, decidieron prolongarle artificialmente la vida pública. El primero lo mantuvo como conseller de Gobernación y secretario general del PP, cargo que asumió en el congreso de mayo de 2012 celebrado en Alicante.

En junio de 2014, cuando ya había publicado varias entregas de las excursiones cinegéticas pagadas con presuntas facturas falsas por la Fundación Huerta, del empresario de las cacerías, fue nombrado delegado del Gobierno. Lo designó un tal Rajoy, que vivía en La Moncloa. El mismo Rajoy que un día de febrero disparó políticamente contra otro Mariano, de apellido Bermejo, quien, en plena operación Gürtel se fue de montería con el juez Baltasar Garzón, instructor de la causa. El Rajoy entonces jefe de la oposición entendió en aquel lejano 2009, y con buen criterio, que el momento judicial era inoportuno. Bermejo era ministro de Justicia. Y además «en plena crisis económica», agregó. Pero es que, reflexionó, «la cacería es un acto obsceno en sí mismo». En fin, «una muestra de la degeneración democrática que provoca el Gobierno de Zapatero».

Esa imagen «de los animales muertos y la sangre es de un desahogo extraordinario y de una falta de cuidado que ofende», apostilló Esteban González Pons sobre las correrías escopeteras de Bermejo. Aquel ministro dimitió, un 23 de febrero de 2009. «Algo tiene que ocultar», sospechó entonces Serafín Castellano, quien, por su parte, jamás renunció al cargo. Nadie le obligó a hacerlo. Es más, como premio, el mismo Mariano que había hablado del «acto obsceno» del ministro socialista, encumbró al número dos del partido en la Comunitat Valenciana al cargo de delegado del Gobierno.

Al igual que le sucede a Cristiano Ronaldo con Messi, Serafín Castellano tuvo la desgracia de ser coetáneo de Rafael Blasco. De lo contrario, habría sido el número uno indiscutible, el indiscutible niño de los ojos de Eduardo Zaplana en Valencia. De no existir Blasco, habría establecido un récord de longevidad política y, sobre todo, de capacidad de metamorfosis. Porque Serafín es uno de esos tipos que nunca se van y cada cierto tiempo vuelven. De esos actores a los que, sin destacar por guapos ni por elegantes ni por la textura de su voz, les llueven los rodajes. De esos mediocentros defensivos que son un tostón para la grada y una joya para cualquier entrenador de los que prefiere ganar con un «písalo» antes que empatar con el jogo bonito. Uno de esos hombres revestidos en tonos mate y alérgicos al brillo. De los que hacen del orden y la disciplina su única arma. Quizá fue el influjo de su tío, el sargento Gómez. Gran aficionado y practicante del deporte de la pilota, nieto de Miquelet, trinqueter de Benissanó, y devoto de la valencianía, Serafín Castellano fue, como Blasco, parte activa en el envenenamiento de Unión Valenciana (UV), la jugada maestra que le permitió a Zaplana aglutinar a todo el centro derecha valenciano bajo el paraguas de las siglas PP. Fue una pieza clave para Eduardo Zaplana, con quien volvió a emparentar ya con la llegada de Alberto Fabra al Consell, en julio de 2011, tras la dimisión de Francisco Camps.

Castellano siempre cultivó esa querencia por los usos y costumbres presididos por la señera como especialidad propia dentro del partido. Fue artífice, junto con el socialista Joan Ignasi Pla, de la reforma del Estatut de 2006 como síndic del grupo popular en las Corts. Por aquel entonces estaba ya deslumbrado por la capacidad de liderazgo y la genialidad de otro gran amante de los tonos grises llamado Francisco Camps. Porque Serafín siempre fue de esos políticos enamoradizos del primero que tenga firma en el DOCV y capacidad para nombrar altos cargos.

Sí, Serafín había sido y volvió a ser muy zaplanista. Tanto que para el ex presidente y su entorno era el preferido para la sucesión en el Consell. Habría sido el heredero de Zaplana de no haber existido Madrid, Génova y Moncloa en la coctelera en la que Eduardo Zaplana quería elaborar el batido; de no haber tenido que respetar la voluntad de los círculos de poder aznarista para propiciar las mejores condiciones para lo que de verdad importaba a Zaplana: un horizonte prometedor en sus aspiraciones de llegar lo más lejos posible en su carrera madrileña. Si no al palacio donde residen los presidentes, al menos al distrito Moncloa.

Castellano fue, de hecho, el cabecilla de la revuelta parlamentaria zaplanista contra Camps aquel verano de 2004. Luego abrazó el campsismo. Y después se hizo imprescindible para Alberto Fabra, especialmente en su pulso con el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, y con Rita Barberá. Ah, y también fue olivista. Cabe recordar que José Luis Olivas fue presidente entre la huida de Zaplana a Madrid en julio de 2002 y junio de 2003, cuando dio el relevo a Camps. En Serafín Castellano se hace bueno el dicho de considerar al jefe, el que sea, como alguien mucho mejor que el anterior e infinitamente peor que el que vendrá.

Años de plata y plomo

El conseller casi perpetuo tuvo una vida política longeva porque siempre dominó el control del espacio frente al rival, al que solía observar como enemigo. Convirtió en un arte esa mecánica que en deporte se conoce como ganar la posición. Hasta que se le disparó la escopeta y el tiro rebotó del pie al bolsillo. El rey Juan Carlos perdió mucho crédito a los pies del elefante que abatió en Botsuana. A Castellano lo desplumaron políticamente patos, perdices y torcaces. Pero sobre todo la mezcla de esa caza menor con otras monterías políticas de caza mayor en forma de 45 millones en contratos con Avialsa T35, la adjudicataria de la extinción aérea de incendios en la Comunitat Valenciana.

Castellano firmó dos adjudicaciones a Huerta y dos prórrogas en sus siete años al frente de la Conselleria también competente en materia de Justicia. La primera de las concesiones, por 11.172.035 euros, se otorgó el 4 de febrero de 2008. En aquel procedimiento, Avialsa no rebajó un céntimo el presupuesto base de licitación. En enero de 2009, se firmo una prórroga por dos meses y 341.789 euros. La segunda gran adjudicación cristalizó el 17 de marzo de 2010. Nada menos que 22.662.352 euros. Esta vez Huerta fue más generoso. Mejoró su oferta en 4.500 euros. Un «temerario» 0,019 por 100 de rebaja. Justo era corresponder al «gesto» de Castellano, quien convocó el procedimiento por tramitación urgente y sin dotación presupuestaria. Lo cual no significa que Huerta tuviera problemas para cobrar. Al contrario. Cuando el Consell de Alberto Fabra debía a proveedores 3.812 millones de euros, el conseller de Gobernación abonaba las facturas de Avialsa casi al día. «Nos deben y no nos pagan», lloraba un contratista presente en una de las cacerías ante Vicente Huerta. «Pues nosotros no tenemos problemas», respondió el patrocinador del jolgorio cinegético, según explicó a este periodista un testigo de la charla.

Antes de saltar desde Gobernación a la Delegación del Gobierno (en junio de 2014), Serafín Castellano quiso dejarlo todo atado. Así que firmó una prórroga del contrato para que Vicente Huerta siguiera vinculado con el Consell hasta febrero de 2016, cuando socialistas y Compromís llevaban siete meses gobernando. Fueron otros 11,2 millones, también por tramitación urgente.

Un par de meses antes de la firma del primero de los contratos, Castellano y Huerta compartieron matanza de patos en el coto El Allozo, en las lagunas de Ruidera (Ciudad Real). No fue fácil conseguir la foto que levantaba acta de aquel logro, la clásica estampa de la alfombra de piezas abatidas (montaña con cornamenta si es caza mayor). Una instantánea, que se publicó en portada, en la que Castellano y Huerta posaban sin el más mínimo rubor. Como esa se celebraron en 2007, 2008 y 2009 no menos de una docena de excursiones escopeteras, la mayoría en cotos de Albacete y Ciudad Real (El Allozo, Cortijo de Trifillas o Coto La Villa), que son a la caza lo que la Rioja al vino. Serafín Castellano acudía con relativa frecuencia.

Aquellos maravillosos años fueron de plata para muchos ilustres del Consell. Y de plata y plomo para Serafín, que está más pegado al terreno, tiene una mayor querencia por lo salvaje. Lo habitual eran las partidas de caza menor, pero no todas las piezas de esa época dorada entre plumas y cornamentas cabían en el morral. Hubo al menos dos expediciones a cotos en busca de medallas de oro. O sea, de bichos (ciervos, venados, muflones….) cuyo pelaje y monumentalidad de la leña de la cabeza los convirtiera en trofeos merecedores de tal título. Una de las cacerías fue en la finca El Tochar en Ciudad Real, propiedad del rey de las tragaperras Jesús Franco. Otra montería fue de bajura, en la finca La Hedrera, en Penáguila. Siete ciervos, dieciocho muflones y doce jabalíes fueron el balance.

Entre los destinos preferidos estaba, sin duda, el Cortijo de Trifillas, en Albacete, donde la cuadrilla de Huerta acudió media docena de veces a cazar perdices al ojeo, que es como pescar en piscifactoría. Uno espera, hasta sentado, y el personal del coto, el llamado batidor, le levanta las piezas en dirección al puesto donde aguarda el escopetero. En un fin de semana abatieron 1.934 perdices. A 39 euros las pagó Huerta para deleite de sus ilustres invitados. Para que el fuego a discreción no cesara, ahí estaba el secretario, el que va cargando la escopeta para entregársela al cliente cuando a la que tiene en uso ya no le quedan más cartuchos que vomitar.

En el todo incluido que ofrecía Huerta al módico precio de gratis entraban los servicios de secretario y, por supuesto, batidores. «En el ojeo participaron al menos 30 personas del pueblo», comentó uno de los participantes. Y reveló: «Para que las mujeres no se aburrieran, las llevaron a la postura», los puestos fijos hacia los que espantan las perdices. Cenar a la luz de la luna con velitas o contemplar un atardecer a la orilla del mar cogidos de la mano son dos situaciones que formarían parte de cualquier guía de momentos románticos top. Abatir pájaros a tiros seguramente no. Pero tiene su encanto. Como tomar Moët Chandon en los tacos, las paradas para reponer fuerzas que se organizaban bajo un toldo entre ráfaga y ráfaga de tiros. Todo, según la investigación, por cuenta del dueño de Avialsa, quien cada Navidad preparaba sus envíos de cestas muy especiales en las que no faltaba Jamón 5 Jotas puro de bellota. No todas las dádivas eran comestibles. No lo es, por ejemplo, un Rólex OP Cron Daytona, de 18.000 euros, ni tampoco otro peluco Nautilus AC Autom, de 19.000, ni un colgante de oro y brillantes… Entre 2009 y 2011, la policía encontró al menos diez facturas de joyas adquiridas en Giménez Joyeros para políticos, empresarios y señoras. Regalos con quilates comprados en Navidad y época de comuniones, pero cuyos beneficiarios, políticos y empresarios y familia, no pudieron ser identificados porque el establecimiento adujo que no guardaba datos de los destinatarios.

Tampoco era comestible el Volkswagen Tuareg con el que Huerta obsequió, según los investigadores, al ex director general de Interior Pedro Hidalgo, ni el Golf que le regaló al ex director de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) en Valencia, Salvador Alepuz. Aesa es el organismo encargado de homologar las empresas capacitadas para conceder certificados de aeronavegabilidad, que se otorgan tras las revisiones pautadas. Son las conocidas como CAMO, las ITV de la aviación. Alepuz concedió una de esas CAMO a Aviarq, del Grupo Avialsa. Ese mismo cargo público de Fomento hizo negocios con la trama. Lo publiqué el 15 de junio de 2015. Tres días después fue destituido. Alepuz es la constatación de que Huerta tenía un novio en cada puerto y todos eran agasajados a base de regalos, incluso dándoles participación en negocios para que todas las puertas estuvieran siempre engrasadas y pudieran abrirse con facilidad, para garantizarse manga ancha, laxitud y generosidad en el trato que le dispensaba la Administración a la hora de aplicarle leyes y reglamentos.

Vicente Huerta no gastaba en cacerías. Invertía. Hacía como Jaume Canivell, el personaje del empresario catalán fabricante de porteros encarnado por José Sazatornil en La escopeta nacional, obra maestra de Luis García Berlanga. Canivell acudió a la cacería para hacer clientes y lograr apoyos para su causa comercial entre los políticos franquistas y empresarios que se daban cita en las jornadas de caza, que venían (o vienen) a ser el parqué bursátil de la caspa empresarial hispana. El patético Canivell quería colocar su producto, vender porteros para los chalés de las nuevas urbanizaciones de la gente con posibles, que se decía entonces. En ese objetivo no escatimaba en someterse a humillaciones ni hacer el ridículo. Huerta pretendía cuidar sus contratos, a sus contratistas y conseguir un trato preferente. Es cierto que ya contrataba con la Generalitat desde mucho antes de la llegada de Serafín Castellano –el empresario me lo recordó con insistencia–, pero con este la tarifa pasó de entre 3,3 y 3,5 millones de euros por año a 5,5. Sólo una de las múltiples ventajas que lograba por cuidar las relaciones con los encargados de las adjudicaciones.

Las cacerías las pagaba la Fundación Medioambiental Huerta, pero esos gastos se camuflaban en otros conceptos. Las facturas que presentaba el organizador de las partidas de caza, Andrés Emiliano Castedo, nada tenían que ver con perdices, patos ni torcaces. Este empresario cobró recibos por supuestos servicios ambientales o inmobiliarios a través de dos sociedades: Aprovechamientos Cinegéticos S. A. e Intermediaciones Rústicas, ambas dedicadas a la gestión de cotos de caza. La fundación de Huerta pudo desgravarse los servicios que en realidad encubrían el pago de los cotos: un teórico estudio sobre biomasa forestal y uno topográfico, ambos supuestamente enfocados a la reforestación aérea en Vilamarxant, en la comarca del Camp de Túria, cercana a la ciudad de Valencia. El subarrendamiento de la finca Casa Aliaga para acometer estudios de reforestación y proyectos antiincendios, un estudio topográfico en el polígono industrial de Alfara d’ Algímia (31.372 euros) o los servicios de intermediación en la compraventa de determinadas parcelas en la localidad de Viver (20.880 euros) son otros conceptos que amparaban los pagos de las cacerías. Facturas presuntamente falsas que alcanzaron al menos los 429.000 euros.

Uno de los supuestos servicios urbanísticos facturados por Andrés Emiliano Castedo tenía que ver con la compra de tierras para alojar la base logística de Avialsa en la localidad castellonense de Viver (comarca del Alto Palancia), cuya licencia se concedió en menos de una semana. Más que una de tramitación en tiempo récord podría hablarse de milagro a la hora de gestionar la construcción del aeródromo de la que es una de las más importantes compañías europeas de aviación en la lucha contra el fuego y en la fumigación de campos. Las instalaciones de Viver acogen también a Air Tractor Europe, firma del Grupo Avialsa que tiene la representación para Europa, Norte de África y Oriente Medio de la americana Air Tractor, uno de los más importantes constructores mundiales de aviones para sofocar incendios. El 2 de febrero de 2007, la Conselleria de Territorio autorizó ese aeródromo en suelo no urbanizable.

Más viva aún si cabe fue la concesión de la licencia de actividad, que tropezaba con la existencia de una línea de alta tensión de un parque eólico cercano en la localidad de Barraques, una infraestructura que afectaba directamente a la pista de despegue. Para acometer las obras y desbrozar jurídica y burocráticamente el camino se requería una Declaración de Interés Comunitario (DIC), que permite tramitar actividades estratégicas en suelo no urbanizable sin necesidad de reclasificar los terrenos afectados. La tramitación de este tipo de permisos, las DIC, suelen demorarse años. Habitualmente. Estaba tan asumido institucionalmente el problema de los retrasos en esos permisos que la Conselleria de Territorio anunció públicamente en 2011, en un comunicado oficial, el compromiso de llegar a reducir esas gestiones a tres meses «en vez de tres años como hasta ahora», decía la nota. Pues, en el caso de Avialsa, la pista forestal para el uso de avionetas estuvo operativa en cuestión de semanas. Y en el mismísimo corazón de la Serra d’Espadà.

Brothers in arms. El caso Taroncher

Como cualquier actividad en la que se gestiona la muerte, cazar es una de esas experiencias íntimas que uno no puede compartir con cualquiera. El mejor compañero de armas es el amigo. O el socio. O alguien que encarne esta doble condición. Castellano solía acudir al coto acompañado por su inseparable José Miguel Pérez Taroncher, «Carlampio» para los vecinos de la Pobla de Vallbona, la localidad natal de este constructor ya fallecido. Taroncher se hizo a sí mismo e hizo fortuna a rebufo de los más de 200 contratos públicos que le adjudicó la Generalitat entre 2000 y 2008. Contratos menores, inferiores a 50.000 euros, a menudo resultado de fraccionar grandes adjudicaciones. En total se llevó 7 millones de euros, 1,7 directamente concedidos por su amigo Serafín Castellano, quien le abrió las puertas de la Generalitat en 2000 como conseller de Sanidad. Por supuesto que Castellano jamás se ausentó a la hora de rubricar una adjudicación, como marca la ley y aconseja la ética. Al contrario, se personó para hacerla efectiva. En los tres años en los que estuvo al frente de Sanidad, Taroncher acometió la ampliación del centro de salud de Riba-roja (227.970 euros), hizo obras en el laboratorio de hormonas de La Fe (63.523 euros) y las reformas en puertas y suelos de los quirófanos del mismo hospital por 99.956 euros.

Castellano dejó Sanidad, pero Taroncher siguió. Tuvo un encargo de reformas de diversos centros de salud, como el de Manises (102.841 euros), hizo trabajos de impermeabilización del pabellón central de La Fe (91.556), de remodelación y mejoras en otros centros de salud (89.926 euros), en quirófanos de La Fe (80.780) o las obras de unificación de la farmacia del pabellón infantil y del maternal del mismo hospital (76.238 euros). De julio a septiembre de 2008, siendo conseller de Gobernación, Castellano adjudicó a su amigo trabajos en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 por 57.000 euros, además de la reforma de su despacho en la Conselleria, entre otros. Taroncher cobró 27.000 euros por ampliar el baño y el recibidor de la tercera planta de la sede de Gobernación.

El escándalo del trato de favor por parte de Castellano al amigo de jugar a pilota los martes en el trinquete de la Pobla de Vallbona (Camp de Túria) conformó el llamado caso Taroncher. El 16 de febrero de 2009, en el boletín de las 20 horas de la Cadena Ser, contó desde Madrid que un conseller «lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos». Era una información de suficiente calado como para provocar la destitución inmediata de Castellano, pero quien debía haber tomado la medida, Francisco Camps, estaba ocupado en un problema de mayores dimensiones. Hacía exactamente diez días que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había ordenado el registro de todas las sedes de la trama Gürtel (dos en Valencia) y la de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT). La riada Gürtel se llevó el escándalo Taroncher. Ni la prensa ni la oposición le concedieron entonces el protagonismo que merecía.

Taroncher y Castellano eran más que amigos. Ambos compartían afición por el parany, arte tradicional de caza de aves declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en 2002 y por el Tribunal Supremo en 2005. Aunque Castellano aducía que él no era paranyer. Es más, el 3 de noviembre de 2008, la Guardia Civil intervino a Taroncher aves de reclamo y material para esa caza. Compartían también la propiedad de una finca de 27.000 metros comprada en Llíria (Camp de Túria) por el matrimonio Castellano-Nuria Rioja y por la esposa de Taroncher, María Ángeles González, a través de la sociedad l’Alqueria Vella. Los terrenos fueron escriturados el 25 de abril de 2008 por un valor de 130.392 euros.

El 92 por 100 de la facturación de Taroncher era pública y a través de la empresa Construcciones Pérez Taroncher y Asociados, que fue constituida el 14 de agosto de 1996, un años después del aterrizaje del PP en la Generalitat. Hacía unos meses que una de las socias fundadoras de esa mercantil, la esposa de Taroncher, Marian González, había sido colocada por el amigo Castellano en el grupo popular de las Corts Valencianes. Unas semanas después de que Taroncher y Castellano abatieran palmípedos en el coto de Ciudad Real, en noviembre de 2007, el constructor presentó al cobro a Sanidad una factura de 1.205.691 euros por unas obras de refuerzo estructural del pabellón central del antiguo Hospital La Fe. No tardó ni dos meses en cobrarla: el 20 de febrero le ingresaron el dinero. Doblemente sorprendente. Primero, porque los proveedores ni soñaban con esa celeridad. Y menos cuando se trataba de una adjudicación realizada no solamente a dedo, sin concurso, sino, además, bajo mano. No existía ni siquiera expediente, circunstancia que, además de anómala, es ilegal.

La intervención fue blanqueada para que Taroncher pudiera cobrar gracias a un informe avalado por el conseller del ramo, Manuel Cervera, y después de que el director económico del Área de Salud 7 certificara la prestación de los servicios y suministros. Con ese trámite de expediente del llamado «enriquecimiento injusto», la Administración reconoce que el servicio ha sido efectivamente prestado aunque el procedimiento de adjudicación sea ilegal. Otra factura de 648.691 euros por una intervención similar requirió de la misma dinámica de validación para hacer efectivo el cobro.

Las empresas de construcción tienden a especializarse en un segmento de mercado, en un perfil de cliente. Pero siempre cabe la excepción. Dragados y Construcciones, por ejemplo, se dedica a la obra pública, pero ello no fue óbice para compaginar, como se ha visto, los trabajos en el campus de Sant Vicent con levantar chalés gemelos para Diego Such y Jaime Merchán. La especialidad de Taroncher no era la obra civil, desde luego. Con no más de cinco empleados no se pueden acometer macroproyectos. A no ser que te cunda mucho, como al parecer era el caso.

Tan competentes eran que compaginaban las obras estructurales de La Fe con una pequeña reforma al otro lado del viejo cauce del río Turia, en un piso situado en el passeig de la Petxina. Un piso particular. Tan particular que era propiedad de una tal María Fernanda Sáiz, quien casualmente era directora económica precisamente de La Fe. Lo fue en los años en los que Castellano era conseller. Construcciones Pérez Taroncher compaginó en la segunda mitad de 2007 las obras en el hospital de referencia, ilegalmente adjudicadas y tramitadas pero legalmente cobradas, con las de la vivienda particular de Saiz.

Las facturas de la reforma demostraban que Taroncher abonó a proveedores, en muchos casos compartidos con los de La Fe, y subcontratistas materiales y mano de obra. Una empresa de instalaciones eléctricas de Llíria, una firma de fontanería de Alzira u otra de pintura y decoración de Torrent participaron en las obras de la casa de María Fernanda Sáiz acometidas por el contratista de Castellano en Sanidad. Incluso algunos trabajos de pintura en el materno-infantil de La Fe se facturaron junto con otros acometidos en la vivienda, como se acreditaba en la factura de 6.423 euros de septiembre de 2007 pagada por el constructor de la Pobla. Incluía más de mil metros cuadrados embadurnados. Y ello a pesar de que el piso de este alto cargo no era el de Zaplana en Madrid. Sáiz negó haber sido beneficiada por el contratista de la Generalitat y dijo haber abonado la obra, pero en su momento no aportó un solo documento de pago de la reforma de su casa.

El padrino político de Sáiz era Máximo Caturla, entonces subdirector del área económica y de recursos humanos de Sanidad. Y pieza importante en el caso Taula, tanto desde la empresa pública de Educación Ciegsa como en su puesto de vicepresidente de la Diputación de Valencia y como tesorero recaudador del PP provincial presidido por Alfonso Rus. Y cuñado de Asunción Quinzá, mano derecha de Castellano. Cuando la información se publicó, en julio de 2013, Sáiz era directora general de recursos económicos de Sanidad. Fue nombrada para el cargo en diciembre de 2012 para bregar con proveedores, farmacéuticos y afectados en general por la bancarrota del Consell en el terreno sanitario. Antes de gestionar la lista de quienes querían cobrar, fue secretaria de la Sindicatura de Comptes, el órgano encargado de fiscalizar cada euro gastado por el sector público valenciano.

Tres meses después de publicarse el escándalo, el Consell la destituyó. Sáiz tenía la posibilidad de ser repescada en el puesto que había dejado vacante en la Sindicatura. El síndic mayor, Rafael Vicente Queralt, y sus escuderos Antonio Mira Perceval y Marcela Miró dudaban sobre si reincorporar a la ex colega. Al final prefirieron no asumir riesgos.

De los 3,4 millones de euros que las empresas de Taroncher se llevaron en Sanidad, a través de 26 concesiones a dedo (el llamado negociado sin publicidad) o bajo mano, la mitad se tramitaron sin ningún expediente y al margen de cualquier procedimiento legal. Una parte de esas adjudicaciones las recibió cuando Máximo Caturla era subsecretario de recursos económicos de Sanidad. En concreto, concedió 16 contratos menores por valor de 850.000 euros. Luego saltó a la empresa pública Construcciones de Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa), la firma montada por Zaplana para la construcción del mapa escolar valenciano, al tiempo que accedía al cargo de tesorero en la dirección provincial de Valencia del PP de Alfonso Rus. Desde Ciegsa, Caturla adjudicó 1,8 millones a Taroncher.

El juez no dudó en investigar el pago de presuntas mordidas en esas adjudicaciones sin expediente ni contrato. Taroncher tenía una gran riqueza varietal de empresas. Aunque agosto es un mes inhábil a efectos judiciales y en vía muerta en muchas empresas, el constructor y su esposa siempre aprovecharon esos días de canícula para registrar mercantiles, sembrar negocios de recolección de adjudicaciones públicas. Porque en la facturación utilizaron también, además de Construcciones Pérez Taroncher y Asociados, Jopeta Gestión de Patrimonios. Y, cuando el escándalo en las concesiones en Sanidad y Educación saltó a la prensa, el matrimonio constituyó, de nuevo un 14 de agosto, en este caso de 2009, la firma DV-Cuatro. En honor a Daniel y Vanessa, sus hijos. Con esa marca siguieron facturando a Sanidad y a Educación.

Serafín y «Carlampio» compartían también gustos automovilísticos. No en balde tenían el mismo modelo de Mercedes ML320. Cuando acudían a las cacerías, Taroncher hacía de chófer, quizá para que el amigo no perdiera el hábito de tantos años de disfrutar los privilegios del cargo público y vehículo oficial.

La ingeniería financiera, las redes de empresas pantalla para camuflar beneficiarios reales de operaciones económicas, parece terreno acotado a expertos en fiscalidad y tramas societarias como el inspector de Hacienda en la reserva Ramón Blanco Balín, el compañero de promoción de José María Aznar, artífice del tinglado de evasión de capitales de la red Gürtel. El perfil de Taroncher, una pequeña pyme de la construcción, no casaba con ese retrato. Pero las apariencias parece que engañaban. La investigación judicial descubrió que el amigo y socio de Castellano habría evadido 2 millones de euros hacia Luxemburgo en la etapa en la que era contratista de Sanidad. Utilizó la patrimonial Jopeta Gestión de Patrimonios para sacar en divisas «un dinero que no ha vuelto a España», según el sumario. El swift bancario detectado era de 2006, cuando llevaba ya seis años recibiendo adjudicaciones a dedo, «sin acudir a los procedimientos legales, con fragmentación de importes y sin presentarse a licitaciones públicas», según la información del sumario.

La sociedad se constituyó justo antes de servir como catalizadora para expatriar el dinero y con un capital social elevado, circunstancia muy propia de este tipo de sociedades patrimoniales: 900.000 euros, que fueron «depositados en efectivo en una cuenta de Banesto cuya existencia no ha sido posible confirmar en la Agencia Tributaria», advertía el juez. El instructor subrayaba que el volumen de dinero aportado para montar la patrimonial «no guarda correlación con los ingresos legales atribuibles a Pérez Taroncher, quien añadió además otros 90.000 euros como socio de la mercantil». Juez y Fiscalía sospechaban que se trataba de una maniobra para blanquear dinero utilizando «una sociedad patrimonial muy sospechosa» de camuflar procedimientos de «blanqueo para derivar capitales a los circutos económicos internacionales».

Taroncher siempre tuvo una liquidez por encima de la actividad de sus empresas. En 2011, ingresó otros 800.000 euros para capitalizar Construcciones Taroncher y Asociados. El juez subrayaba en uno de sus autos que «en principio no tiene ingresos suficientes para hacer esos pagos».

De aquel tinglado aerocinegético de políticos y empresarios en el que Avialsa T35 financiaba cacerías a pensión completa, formaban parte también dos personas de total confianza de Castellano: Francisco Huguet y Emilio Máñez. Huguet fue alcalde de Quartell (un pequeño municipio del Camp de Morvedre) durante 28 años (entre 1987 y 2015) y siempre fue considerado el hombre de Castellano en la comarca. No en balde fue el peón del ex conseller y ex secretario general del PP en su lucha sin cuartel contra Alfonso Rus, el líder provincial del PP, por controlar ese territorio. Castellano lo colocó en 2007 en Avialsa, donde ejercía como responsable de relaciones institucionales, esto es, la persona encargada de la interlocución con la Generalitat y el resto de las administraciones. Tenía una segunda competencia, de no menos enjundia: encargarse de ciertas tareas financieras, concretamente pagos de menos de 10.000 euros. El segundo cometido ayudaba a lubricar la primera de las funciones, que de esta forma rodaba más engrasada. Como directivo de Avialsa, Huguet se sentaba en el consejo de administración de Aviarq, la referida concesionaria de una CAMO o ITV aérea.

Emilio Máñez fue teniente de alcalde de ese mismo municipio y mano derecha de Huguet. Muy a la derecha. Dueño de una empresa de excavaciones y maquinaria de obra, Máñez conoce a Huerta (natural de Sagunt) de toda la vida, una amistad que se remonta a su padre, el fundador de Avialsa. Entre 2003 y 2007 estuvo en nómina de la empresa pública provincial Impulso Económico Local (Imelsa), el epicentro del caso Taula en la Diputación, uno de los reputados pesebres de la política valenciana. Un destino que fue refugio para empleados zombis, de esos que cobran sin ser capaces de localizar, ni con GPS, el lugar exacto donde se ubica su puesto de trabajo.

Máñez era la persona realmente encargada de montar las expediciones y cuidar al máximo toda la intendencia. Cazador empedernido, era él quien tenía el contacto con el dueño de Aprovechamientos Cinegéticos S. A., Andrés Emiliano Castedo. Compraba la munición y la custodiaba en una nave que tiene en el polígono de Quartell, explicaron fuentes conocedoras de aquellas expediciones cinegéticas. Munición al por mayor que se cargaba, me explicaron, en cajas sobre palets. Máñez era el que daba la cara en la armería Peña Armes Esports de Sagunt, que tenía en la empresa de la extinción aérea de incendios y en su fundación a uno de sus clientes vip. El más vip, el vip platino. No es extraño que los dueños del establecimiento intentaran engañar al juzgado de Sagunt y, para proteger al cliente, quisieran camuflar las facturas de material de armas, balas y cartuchos como si fueran ropa y artículos deportivos.

Advertidos por el juez de que las facturas entregadas «no se corresponden con las compras realizadas» y de las responsabilidades penales del intento de engaño, Peña Armes Esports retiró los recibos de «forros polares», «chubasqueros forrados», «sudaderas de algodón» o «pack de 3 calcetines» para aportar las facturas reales, las que reflejaban la compra de «balas», «fundas de carabina» o «visores». Referencias estas que figuraban en la factura de 26 de noviembre de 2008 por un total de 25.473 euros.

En ese mes, el siguiente, y diciembre de 2007, Avialsa y la Fundación Medioambiental Huerta pagaron siete facturas en esa armería. En total fueron tres compras. Pero de esas de llenar el carro hasta los topes: 77.781 euros en total. Porque la caza, como cualquier otra actividad, no es cara ni barata. Depende. En su versión más popular, uno puede echarse al monte que le pille más a mano con su fiel podenco, una vara y entusiasmo por presenciar el espectáculo del rastreo. Si se estira un poco, puede patearse la montaña pertrechado con la paralela o superpuesta heredada del abuelo y, con tres docenas de cartuchos, dar abasto a la temporada cinegética. Poco gasto, al margen de la cuota a la sociedad de cazadores y la comida y veterinario del braco, el pointer, el podenco o el bretón. Luego está la bussiness class de la caza. En la que se enrolaban Castellano y cía. Para ello iban provistos de un arsenal.

«Todos los gastos costeados por el señor Huerta», al igual que otros «regalos a políticos» y demás «conseguidores» para «obtener favores para su grupo empresarial», según sostuvo el ex gerente de Avialsa Francisco Alandí cuando en octubre de 2014 acudió a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar el presunto cohecho, falsedad y delito fiscal. Catorce meses después de que empezara a publicar capítulos de esta presunta trama de corrupción, este directivo declaró en la Fiscalía para presentar denuncia.

Francisco Alandí se convirtió en un testigo clave. La pensión completa patrocinada por Huerta incluía estancia, comida, pago del coto, munición y hasta el arma. En las facturas remitidas finalmente por la armería al juzgado se referían al menos catorce escopetas y rifles. Ninguna se registró a nombre de Avialsa, sino de sus receptores finales, que son quienes figuran como propietarios y responsables del arma en la llamada guía, la ficha o DNI del rifle o escopeta. Ahí figura, además del número de esa guía, la marca, procedencia, calibre, número de registro, así como los datos del propietario y la firma del interventor de armas de Sagunt. Huerta siempre fue desprendido a la hora de tener detalles. Pero por encima de todos los obsequios, el regalo estrella quizá fue el rifle Browning semiautomático del calibre 30 con el que obsequió a Serafín Castellano. Más que por el precio, 1.861 euros, por el valor sentimental de un detalle que sellaba la militancia compartida en el club de los brothers in arms. La factura del rifle fue pagada el 26 de noviembre de 2008 por la Fundación Huerta y el arma, entregada a Castellano. Con su correspondiente funda.

El citado ex teniente de alcalde de Quartell no fue desde luego discriminado en el reparto de presentes, que por algo asumía todo el peso de organizar la logística e intendencia. Así, Huerta le regaló también un rifle semiautomático Browning F. N., una maravilla. Y una escopeta Beretta del calibre 12. El dueño de Avialsa tuvo también atenciones para el hijo, Emilio Máñez Julve, al que le entregó otros dos rifles exactamente iguales y una escopeta como la del padre. En esto de las armas de caza, como en cualquier otra prenda deportiva, es conveniente tener recambio de quita y pon. Las escopetas costaron 1.565 y 1.965 euros.

Negocio con plumas, fuego y cemento

En cualquier equipo u organización, incluidas las de tipo criminal, hay piezas clave en el engranaje que carecen de proyección, notoriedad de foco o de cargo. El citado Emilio Máñez es una de esas figuras de perfil bajo y alta relevancia en esta trama. La UDEF de la policía lo consideraba «pieza esencial». Y no precisamente por ser el encargado de comprar las provisiones de munición para abatir collverds. Su papel tenía mucho más calado y un perfil claramente económico y político. Estaba considerado el «conseguidor», el hombre que, conocedor del quién es quién en la comarca del Camp de Morvedre y sus consistorios, podía mover hilos urbanísticos en ayuntamientos. Porque en esa red de medio centenar de empresarios y políticos bajo el foco de la investigación las plumas y las escopetas eran el atrezo, pero el negocio estaba en los contratos públicos suculentos y en el cemento. Como siempre. Porque la trama Avialsa no vivía en una burbuja al margen de la inmobiliaria.

Emilio Máñez hizo en este caso de perro rastreador de Huerta. Fue él quien casó en una UTE a Avitractor, del Grupo Avialsa, con la empresa Consroca para que se les adjudicara el PAI Nova Alfara, un proyecto de 200.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Alfara d’Algímia. Los adjudicatarios cedieron por seis millones de euros la condición de agentes urbanizadores a la mercantil Prodaemi. Máñez hizo de mediador en la venta de ese pase. La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que se habría llevado 450.000 euros de mordida, debidamente camuflada en un documento de «reconocimiento de deuda», que no era sino «una comisión ilícita no declarada». En ese acuerdo privado y clandestino se establecía que, en caso de impago, Máñez se quedaba con tres apartamentos.

Hubo otros comisionistas que comieron de aquel puchero de intereses inmobiliarios. Otros muy vinculados a políticos que han sido referentes de prestigio en el sector de la corrupción. Personajes de culto como Rafael Blasco. El sumario revela que uno de sus asesores en Territorio, Jesús Garrido, cobró mordidas en ese PAI. A Garrido le correspondía una presunta comisión de 300.000 euros, que tenían que ser abonados a su empresa Consult & Develop Gamar S. L., radicada en Picanya y constituida el 17 de noviembre de 2006. Dedicada supuestamente a la intermediación inmobiliaria pero que carecía de actividad real, según la UDEF, que consideró a Garrido un mero testaferro de Blasco en esta comisión pactada por los presuntos favores bajo mano que se hicieron desde la Conselleria para la buena marcha del proyecto.

Con independencia de su legalidad, un trato es un trato y la palabra dada tiene fuerza de ley para la gente de honor. A veces, incluso más que la ley que regula el cohecho o la prevaricación. Así lo entendió el considerado hombre de paja de Blasco. En vista de que no se le abonaba la totalidad de lo acordado, Jesús Garrido interpuso una demanda en un juzgado de Sagunt en nombre de Consult & Develop Gamar contra la sociedad Air Tractor Europe (la concesionaria del PAI que vendió el pase), a la que reclamaba 87.000 euros de una supuesta «deuda». Le estaría exigiendo una parte de la mordida. El impago se produjo a raíz de que la Comisión Territorial de Urbanismo acordó, el 12 de diciembre de 2008, denegar la homologación de ese plan parcial al existir informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Blasco había dejado Territorio el 30 de mayo de 2006 para pasar a Sanidad. Sin el árbitro a favor, el negocio no acabó de cuajar. Ya no salían las cuentas ni podían atenderse los compromisos de pago.

Cuando los pagarés a nombre de Garrido, firmados por Huerta para disfrazar una supuesta intermediación legal en aquella operación de venta, vencieron, el asesor de Blasco no pudo cobrar por falta de fondos. Por eso acudió al juzgado de guardia a reclamar. «Es justicia que pido en Sagunt a 3 de octubre de 2012», rezaba el escrito de la demanda. Un vez más, la justicia no maridaba con la ley. Ya lo dijo la UDEF: «Todo lo acaecido con este PAI es cuando menos peculiar, abundando los indicios de operaciones irracionales desde el punto de vista económico, en las que se presentan visos de intentar ocultar a los beneficiarios, disfrazar determinadas comisiones y alterar incluso escrituras públicas ya otorgadas».

Ese cruce endogámico entre los escándalos y sus actores vivido en el País Valenciano aporta un capítulo más que incluye cameos en el caso Avialsa del empresario principal testaferro de Blasco, Augusto César Tauroni, que cayó con él en el caso Cooperación. Tauroni compró con dinero negro al menos tres aviones a Servicios Aéreos y Mantenimiento (SAM), del Grupo Huerta. Todas avionetas modelo Piper PA-34-200. Lo más relevante del asunto no era el modelo de aparato ni el precio, sino la forma de pago. En uno de los casos, se establecía que una parte de la cantidad pactada, unos 15.000 euros, se abonaba en el momento de la firma del contrato de compraventa y el resto en pagarés de 3.000 euros para ser cobrados en la oficina del BBVA de la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

En los tres contratos formalizados se determinaba que los pagarés «podrán rescatarse antes del vencimiento mediante el pago en metálico del importe de los mismos». Se fijaba, además, como lugar de entrega del efectivo la sede de Avialsa en Sagunt. Una cláusula, la de establecer la opción del rescate y en metálico, tan inusual como pintoresca. Lo común es que el tomador acuda al banco y este le adelante el dinero a cambio de una comisión. La primera de las adquisiciones era de 2005 y se fijó un precio de 60.000 euros. Tauroni envió un e-mail a Avialsa en el que ordenaba la forma de liquidar el dinero: 36.000 en la firma del «contrato A» y el resto en virtud de un «contrato B, de prestación de servicios, incluido remozar el avión». «Por supuesto, este contrato B será destruido tras el último pago y sólo existe para asegurar el cobro de Avialsa», explicaba Tauroni en el correo.

El mismo sistema de pago se adoptó en la compra de una tercera aeronave, por 80.115 euros, acordada el 10 de septiembre de 2007. Tauroni, como sus interlocutores en la empresa de Huerta, quisieron evitar malos entendidos y desde el principio fijaron las condiciones con toda claridad. Al pan, pan y al B, B. Que el motor de esas transacciones, blanquear dinero negro, eran tan importante como las alas de las avionetas.

En cualquier contrato u operación de compraventa hay dos factores esenciales: el qué y el cuánto; el producto o servicio y el precio. Compartir cacerías y negocios con Serafín Castellano y su entorno abonaba el terreno al empresario Vicente Huerta para que pudiera permitirse determinadas licencias a la hora de saltarse las condiciones de la adjudicación. En el qué y en el cuánto. Incumplía el acuerdo y le salía gratis. El primero de los contratos firmados por Castellano y Huerta para la extinción aérea de incendios lleva fecha del 1 de enero de 2008. Se acabó de cocinar entre pato va y pato viene en la cacería compartida dos meses antes. Tenía una vigencia de dos campañas y un precio de 11,17 millones. El empresario, como es preceptivo, se comprometía a cumplir «los pliegos de condiciones técnicas y cláusulas administrativas».

El 11 de junio, en puertas de iniciarse la temporada alta de incendios, Avialsa remitió un escrito a la Conselleria de Gobernación en el que pedía «modificar el punto 1.2 del pliego de prescripciones técnicas». El 1 de agosto, un directivo de la contratista remitió un segundo documento, directamente al conseller, en el que solicitaba modificar un detalle del contrato. Nada importante. Simplemente cambiar el modelo de aeronave que la empresa había incluido en su oferta y que pensaba sustituir por otro tipo de avioneta más antiguo y con peores prestaciones. El motivo que adujo fue la «imposibilidad material de la empresa de suministrar dichos aviones [...] debido al retraso en la fabricación de los mismos por parte de la fábrica norteamericana Air Tractor». En concreto, cambiaron cuatro unidades del modelo Air Tractor AT502B por avionetas PZL Dromader M18A, una aeronave considerada inferior. Para evitar cultivar úlceras, el jefe de Emergencias, Vicente Aguiló, llegó a remitir un escrito a Huerta en el que le recordaba que la «disponibilidad final de la flota de aviones por parte de Avialsa T35 no es coincidente con la ofertada por ustedes en el contrato vigente».

El responsable técnico del 112 hizo una propuesta de ubicación de los aviones «ante la inminencia del inicio del periodo de contratación del refuerzo estival de julio a septiembre». E hizo saber a la compañía que dos Dromader se aparcarían en Vistabella, otros dos en Mutxamel y el único Air Tractor disponible, en el aeroclub de Castelló. Al final de su escrito, el jefe de emergencias le insinuó a Huerta muy sutilmente que podían tomarse medidas para hacer cumplir el contrato y que las condiciones iniciales de adjudicación mandaban. «Todo ello sin perjuicio de las decisiones que se pudieran adoptar en relación con lo dispuesto en los pliegos técnicos y administrativos que rigen el actual contrato», le avisaba.

Aguiló hacía constar así sus objeciones y, en cierta medida, se curaba en salud. Al menos lo intentaba. Como era previsible, Castellano accedió al «timo del tocomocho» y el 27 de agosto se sentó con Huerta para firmar un nuevo acuerdo de dos páginas en el que se hacían constar las cláusulas que modificaban el contrato inicial. No se aplicó ninguna penalización por la sustitución de los aviones. Peor calidad al mismo precio. En esa campaña 2008, en el servicio 112 de l’Eliana miraban cada mañana la temperatura y el riesgo de incendios y rezaban. Conscientes como eran, explicaron fuentes de Emergencias, de que algunas de las chatarras con alas que aparcaron en los puntos habilitados como estaciones base desde las que volar en caso de alerta no estaban para muchos trotes.

Llegó el verano de 2009, la segunda campaña del contrato, y de nuevo tuvieron que modificarse las condiciones de la adjudicación para que Avialsa pudiera ajustar otra vez el acuerdo con Gobernación a la flota que la compañía tenía disponible. Porque los aviones Air Tractor todavía no estaban fabricados. Si es que algún día se encargaron. En la Conselleria seguían sin poner pegas. Haber tenido que cambiar dos veces el trato inicial porque el empresario no se ajustaba al pliego de condiciones no fue óbice para que se ampliara la duración inicial del contrato con una prórroga de dos meses. Así, el 30 de diciembre de 2009, Castellano y Huerta firmaron que la Generalitat pagaría 341.769 euros más por las tareas de extinción aérea de incendios en enero y febrero de 2010. Meses en los que, como es sabido, la montaña suele arder a discreción al estar en plena campaña de verano. En realidad, donde sí se calentaba el monte por esas fechas es en los cotos donde se desplegaba la artillería de caza de la cuadrilla de Serafín Castellano.

La secretaria autonómica de Gobernación y mano derecha del ex conseller, Asunción Quinzá, admitió en las Corts Valencianes el fiasco. Por eso, explicó, «dadas las circunstancias, el contrato no se prorrogó otros dos años y se sacó una nueva licitación». Concretamente, por 22.662.352 euros. ¿Y quién se llevó esta suculenta adjudicación? Efectivamente, de nuevo Avialsa T35. En señal de «castigo» por incumplir las condiciones, no se prorrogó el anterior dos años más; se le dio uno nuevo para cuatro años. Vencía el 28 de febrero de 2014.

Ningún problema. Llegó ese día y Serafín Castellano concedió una prórroga de dos años por 11,2 millones de euros. De este modo había dejado atado el negocio del amigo cuando, el 13 de junio de 2014, fue nombrado delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El señor del que usted me habla…

La profesión de político no tiene un epígrafe propio en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Sería asimilable a los artistas en general, en tanto que unos y otros fabrican espectáculo. Y, como residentes en la escena pública, están llamados a vivir el éxito y el fracaso bajo el foco mediático. Políticos y medios de comunicación, periodistas para concretar, están condenados a soportarse. Hay políticos mediáticos, que crecen y se multiplican en platós y titulares. Y otros alérgicos a la prensa. Los de la segunda especie abundan tanto o más que los de la primera, aunque no lo parezca. Normalmente son los que consideran que periodistas y moscas no tienen otra misión conocida que la de molestar y deleitarse con la mierda. Serafín Castellano, un aventajado político huidizo y desconfiado, siempre ha practicado el hermetismo. Que, combinado con el nerviosismo, presenta un cóctel de máxima tensión. La experimentada cuando recabé su versión acerca de las cacerías compartidas y presuntamente regaladas por quien era amigo y contratista de la extinción aérea de incendios. Era un viernes por la tarde. «No quiero hacer declaraciones», repitió varias veces, porque «no tengo que dar explicaciones absolutamente a nadie sobre a dónde voy. Y allí donde voy me lo pago yo». ¿Por qué ha ido ocho o nueve veces a cazar con Huerta, a quien usted adjudica contratos? «¿Ocho o nueve? No es cierto, se lo han dicho mal, he ido 235 veces, 235 veces, 235…», repetía con voz atropellada y nerviosa.

Bastante más oficio acreditó Emilio Máñez, pese a tener mucho menor rango jerárquico. Llamé al ex teniente de alcalde de Quartell advertido como estaba de que su papel en este enredo de balas, cemento y negocios empresariales era crucial. El también presidente del PP en esa localidad del Camp de Morvedre y mano derecha del alcalde Huguet había compartido hasta una empresa, Nova Osmond, dedicada a la promoción inmobiliaria, con el ingeniero Ignacio de Julián, entre otros. De Julián, también detenido en la operación Hispaniolus, trabajaba en la gestión de permisos de aeronavegabilidad de los aviones y estaba considerado por la policía como testaferro de Salvador Alepuz, su jefe y director de Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) en Valencia.

Máñez adoptó con bastante maestría el papel de hombre humilde y sencillo, trabajador y totalmente ajeno a perfiles asociados a especuladores, vividores, ingenieros financieros o trileros de la nueva economía. Una persona sin aditivos, que manejaba con bastante soltura el tono de sorpresa, de ignorancia absoluta de cuanto le comentaba. De entrada, negó ser el hombre encargado de las compras de munición y de organizar la intendencia de la cacería. ¿A cazar invitado por Vicente Huerta y con Serafín Castellano? «Tengo amistad de toda la vida con Vicente, los dos somos de Sagunt y nos conocemos de siempre, y hemos ido a cazar dos o tres veces. Yo tengo dos fincas de caza arrendadas, en Albacete y Cuenca, son fincas que las alquilo para mí, he tenido tres o cuatro fincas, pero hace ya un montón de años. Para el disfrute mío, de mis amigos, de mi cuñado, mi tío… Vicente ha venido una o dos veces a un coto que yo tenía alquilado en Pozo Cañadas». ¿Hasta qué punto es amigo de Huerta? «Su padre y mi familia se conocen de toda la vida, su padre empezó a pulverizar huertos hace 50 años. Y hace 30 se metió en el rollo de los incendios. Los de Sagunt nos conocemos todos».

Al recordarle que Huerta lo había citado como uno de los empresarios a los que invitaba, respondió tajante: «No, él ha venido al coto de Pozo Cañadas. El que lo traía era yo, no él a mí. Yo he ido un par de veces con él a cazar y eran fincas mías». ¿Lo organizaba usted y con la empresa Aprovechamientos Cinegéticos porque conocía al dueño? No, no, yo no me dedico a explotar fincas de caza. Tengo una empresa que no tiene nada que ver con el tema. ¿Pero usted se encargaba de organizarlo todo, de comprar los cartuchos…? «Pues va a ser que no. No me dedico al tema. Yo me dedico a las excavaciones, ni monto cacerías ni compro munición.» Al insistirle en que no se trataba de montar la cacería como empresa, sino «encargarse de algunos aspectos por la amistad que tenían», siguió anclado en negarlo todo. «Pues no.» Sí corrigió su negativa inicial a la cuestión de si había acudido a cacerías invitado por Huerta. «He ido una vez o dos o tres, igual que él ha ido a mis fincas, y nada más», rectificó quizá sospechando que había fotos que podían evidenciar la mentira. ¿Y acudía el conseller Castellano? «Conmigo, desde luego, no ha venido nunca», sentenció.

Cuando se le comentó el nombre de Salvador Alepuz, su respuesta fue «¿Quién es?». Y ante la pregunta de su participación en Nova Osmond, en cuyo órgano de gobierno figuraba, hizo un comentario similar. «Le estoy hablando con toda la sinceridad. No tengo ninguna empresa de construcción, nos hemos dedicado a las excavaciones y hemos hecho también parques eólicos por toda España, con Gamesa, etc.», apostilló.

El piloto y dueño de Avialsa, Vicente Huerta, demostró también saber manejarse en situaciones complicadas. Acreditó mucho temple en su reacción tras preguntarle por el puchero de contratos, patos, perdices, amistades y regalos. Verosimilitud al margen, acreditó hasta capacidad de improvisación con fuertes dosis de imaginación. El hombre que tiene al menos tres escopetas Beretta semiautomáticas con la guía a su nombre empezó por confesarme: «No soy cazador y no es habitual que vaya a cazar porque no me gusta». La primera de las cacerías registradas, la matanza de patos en las lagunas de Ruidera, no la podía negar porque había fotos. «Nos encontramos allí de casualidad, como podríamos haber coincidido en la Fórmula 1 o en los toros de Segorbe. Fui con varios de mis trabajadores y no sabíamos a quién íbamos a encontrarnos allí.» Claro, uno se gasta entre 30.000 y 40.000 euros en organizar unas jornadas cinegéticas y no sabe a quién invita. Normal. Uno elige pasar un fin de semana en el coto El Allozo y tropieza con el conseller que le adjudica millonarios contratos. «Coincidí con él y con 50, 60 o 70 personas más.» Entre otros, confirmó, el empresario de Alicante Vicente Martínez, socio de Amancio Ortega. «Podrían habernos hecho fotos también», se defendió. Sostuvo que las fotografías se hicieron «porque no nos escondimos, ya que no había ninguna maldad». Las fotografías fueron tomadas en un reducido círculo de confianza.

«Coincidimos y hablamos 30 segundos», se justificó Huerta. Medio minuto es lo que se tarda en hacer una sola de las fotos, siempre que alguien previamente haya ordenado y dispuesto en hileras el decorado de cadáveres de patos que conformaban una alfombra de plumas y picos a los pies de los orgullosos cazadores. Le advertí de que tenía pruebas de más «coincidencias» y entonces amplió a «un par de ocasiones» los encuentros furtivos con Castellano escopeta en mano. «Pero no hemos hablado de contratos, ni de temas que no sean el típico, ¿cómo va el trabajo?, ¿cómo estás?…». Huerta negó su amistad con el responsable de Gobernación y ciñó su relación a meramente de trabajo. «Hemos coincidido en muchas ocasiones en el puesto de mando avanzado de los incendios. Acudo a asesorar en este operativo porque son mis aviones los que están extinguiendo el fuego», comentó.

En todo momento descargó las culpas en quien fue gerente de su empresa, Francisco Alandí, con quien acabó enfrentándose en los tribunales al imputarle una apropiación de fondos. Era Alandí, dijo, el que como gerente y aficionado a la caza organizaba las partidas y «lo pagaba con dinero de la empresa». Huerta estaba, dijo, al tanto y consideraba lógico que se pagaran «los gastos de nuestra gente». ¿Y los de Serafín Castellano? Respuesta de Huerta: «¿Cómo voy a pagar yo lo del conseller si luego se me puede volver en contra? Que nosotros invitáramos a un conseller sería un suicidio, por el amor de Dios, en la vida habría yo autorizado eso. Sería tener yo poca cabeza, como empresario, y alguien podría ponerme la cara roja. De ninguna manera me casaría con un partido político…». Efectivamente. Entonces, la empresa Aprovechamientos Cinegéticos, cuando factura las cacerías a la Fundación Medioambiental Huerta… «¿Cinegéticos de qué…?». Se hizo así el sorprendido y atribuyó «el chanchullo» al ex gerente.

El propietario de Avialsa se querelló contra su ex gerente Alandí por estafa y apropiación indebida por cargar presuntamente a la compañía miles de euros de gastos personales, entre otros una veintena de viajes de placer (desde Eurodisney hasta Dubai), que nada tenían que ver en principio con el desempeño de su trabajo como directivo de la empresa de extinción aérea de incendios. Solamente la factura de estas excursiones ascendió a 94.300 euros, según la documentación que obra en el sumario instruido en el Juzgado número 2 de Sagunt. El ex responsable de la gestión de Avialsa habría gastado otros 36.000 euros a cuenta de la empresa en restaurantes y compras de artículos de lujo.

En el arte de la toga (los tribunales no dejan de ser una modalidad de teatro, entre la tragedia y la comedia) suele haber proporción entre la factura del abogado y la intensidad del alegato. Si quieres saber cómo de gorda es la minuta, escucha al letrado en el juicio, cuenta los palabros y pesa la cantidad de paja accesoria con la que se adorna. Cuanto más cobre, más necesidad de alargar los fuegos artificiales y construir argumentos tan vacíos como ampulosos. Es el mitin de la minuta. Que también se aplica por escrito y en el trato con los periodistas. Se trata, a fin de cuentas, de justificar el sueldo. El despacho de abogados de Mercedes Delgado Pino, que representaba a Huerta, se ganó el sueldo cuando lidiaba las primeras informaciones. «Lamentando y desagradablemente sorprendido por su persistencia y obstinación…», decía el despacho en una de las cartas. Y otrosí decían: «Se les requiere por última vez al objeto de que cesen en la publicación de informaciones sesgadas [...]. De no atender este requerimiento [...] el Sr. Huerta y Avialsa nos veremos en la libertad de ejercitar las correspondientes acciones judiciales».

Esa carta, de 2 de octubre de 2013, fue la última que remitieron al periódico. Las acciones nunca se concretaron. Quizá porque los cinco de la UDEF, el fiscal Torres y la jueza Todolí entendieron, tras una investigación, que debían entrevistar a Huerta, a Castellano, a Huguet, a Máñez, a Pedro Hidalgo y a una treintena más de implicados después pasar a recogerlos en un coche policial aquella mañana de mayo de 2015. A primera hora. Los ex cargos públicos están investigados por delitos como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, cohecho o negociación prohibida a funcionario público.

La empresa Avialsa salió al paso de la crisis con un comunicado en el que negaba haber recibido «trato de favor» y subrayaba que contrataba con administraciones de todos los signos políticos. Para desacreditar las informaciones, construyeron su estrategia de defensa sobre la base de que Castellano y autoridades de Aviación civil no le dispensaron un trato preferencial pagado con regalos y sobornos. Prestaban servicio desde hace lustros («desde 1983 trabajamos para la Generalitat, e incluso en 1973 hicimos una campaña antiincendios») y para muchos gobiernos en varios países: Portugal, Francia, Italia, Croacia, Macedonia, Montenegro... Y, si se llevaban los contratos, era, entre otras razones, porque no concurrían más ofertas, se justificaban. Pero hubo regalos y caros. La investigación corroboró también el incumplimiento no penalizado de condiciones básicas, los precios facturados alcanzaron el doble de los que se manejaban antes de Castellano y efectivamente sólo concurría un candidato.

Un cártel con acta y taquígrafos

Pero, ¿por qué solamente se presentaba una empresa al concurso? Por varias razones. Porque se tramitaba por procedimiento urgente acortando plazos. Con Castellano, en apenas ocho días había que presentar las plicas. Pero, sobre todo, porque no había competencia real. Un cártel de catorce empresas dedicadas a la lucha aérea contra el fuego y a la fumigación de cultivos pactaba bajo mano repartirse el mercado. Acordaban precios y condiciones, junto con políticos y técnicos de las administraciones adjudicatarias, y de esta forma hinchaban beneficios y se garantizaban una caudalosa facturación.

El caso del cártel del fuego pasó a la Audiencia Nacional para ser juzgado. Allí se unificaron en una macrocausa los casos abiertos en tribunales de toda España, que pasaron a manos de la jueza María de los Reyes Flores Canales. La compleja investigación judicial afecta a esa docena larga de empresas radicadas en todo el Estado y que operan en varios países. Entre otras, Avialsa T35, Martínez Ridao Aviación (y otras dos empresas del grupo), Trabajos Aéreos Espejo, Fumigación Aérea Andaluza (Faasa), Compañía de Extinción General de Incendios (Cegisa) –que comprende, entre otras, a Inaer Aviones Anfibios S. A. e Inaer Helicópteros–, Coyotair S. A., Helicópteros Sanitarios S. A., Sky Helicópteros, Taf Helicòpters, Hispánica de Aviación, Helicópteros del Mare Nòstrum, Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP Aviación), Trabajos Aéreos Extremeños y la Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca), que agrupa a todas estas empresas. Los responsables de esas firmas fueron acusados de pertenecer a organización criminal, además de delitos continuados de falsedad en documento mercantil o de alteración de precios en concursos públicos.

Al igual que sucedió en el caso IVEX-Julio Iglesias, aquí también se detallaba por escrito el croquis y guion del golpe. Los miembros de este selecto club social levantaban acta del reparto del botín y del modus operandi. Como si de una reunión de una comunidad de vecinos se tratara, en estos encuentros se anotaban hasta las discusiones. En vez de en el patio de la escalera, las reuniones se celebraban en Manzanares (Ciudad Real). En el hotel de carretera El Cruce. Aunque hubo una anterior en Palma del Río (Córdoba). Los encuentros empezaron a tener lugar, según se desprende de la investigación, en 2001. Como en cualquier otro grupo humano, desde una peña de fútbol hasta una falla pasando por un centro excursionista, la «Asociación» tenía un núcleo de socios fundacionales. Empezaron los cuatro gigantes de la extinción aérea de incendios (la valenciana Avialsa, líder del sector, T. A. Espek, Martínez Ridao y la andaluza Faasa), pero luego se sumaron Cegisa y T. A. Extremeños, según se desprende de la investigación. Esa media docena constituían una especie de consejo de administración, los que nunca fallaban a aquellos encuentros para repartirse presuntamente el mercado de los macrocontratos apagafuegos en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y Aragón. Y, por supuesto, tenían su particular y dudosamente legal escritura de constitución y objeto social.

Todos prometían «respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público». De entrada, se respetaban las barriadas de cada uno, de la misma manera que las clásicas familias de la mafia de Nueva York (los Colombo, los Gambino, los Lucchese…) convinieron en su momento, por inspiración de Lucky Luciano, en repartirse la ciudad para distribuirse los nichos de mercado a fin de no acabar durmiendo en otro tipo de nichos. En aquel Llibre del Repartiment se establecía que la jurisdicción de Avialsa comprendía Cataluña y la Comunitat Valenciana; a Martínez Ridao le correspondía el reino de Mallorca, el «condado» de Castilla-La Mancha y el «ducado» de Andalucía... E incluso se estipuló el pago de una cuota por parte de los socios para constituir algo así como un consorcio de compensación de seguros un tanto rocambolesco, de forma que, si alguien salía perjudicado por perder un concurso en el área que tenía asignada, se le resarciría económicamente. No quisieron dejar sin cobertura el pequeño porcentaje de riesgo que siempre existe por mucho que se planifique el negocio. Siempre hay un margen para la traición o puede aparecer un despistado que concurra a la adjudicación y, por esas rarezas que a veces se dan en la Administración, resulte ganador del contrato.

El andamiaje de esta organización en la que se conchabaron para la distribución del botín se internacionalizó para alcanzar a Portugal, Italia, Chile o Francia. En Portugal se abrió un proceso similar al de Sagunt, que llegó a provocar la imputación del ex ministro portugués responsable de los contratos antiincendos Miguel Macedo.

El número de asociados se amplió a los citados 14 (agrupados en la Asociación Española de Compañías Aéreas, Aeca), según constaba en las indagaciones del titular del Juzgado número 2 de Sagunt, donde se abrió el primer frente judicial contra el cártel. Todas las empresas se conjuraron para «alterar los precios» de las licitaciones e incluso para que los concursos quedaran desiertos cuando les interesaba para incrementar el precio. «O acudiendo en la mayor parte de los concursos tan sólo una empresa, por el precio máximo o presentando varias ofertas, conociendo previamente cuál iba a ser la adjudicataria.» Y siempre «causando un importante perjuicio económico», sostenía el juez Héctor Ignacio Santamaría, que incluso llegaba a tasarlo en alrededor de 250 millones de euros para el conjunto de las administraciones afectadas por esta maraña de actuaciones para burlar las leyes de la competencia y saquear la caja pública.

En las pintorescas reuniones para burlar las normas y de cuyas deliberaciones y acuerdos se levantaba acta, se abordaban los salarios de los pilotos terrestres y anfibios, y hasta se reprochaban los supuestos incumplimientos de estos pactos de caballero que, con todo, preferían la huella de la tinta a la honorabilidad de la palabra. Por ejemplo, en una de las actas sobre una reunión celebrada en noviembre de 2007, uno de los empresarios asistentes, Ángel Martínez Ridao, expresó a Vicente Huerta sus quejas ante las interferencias de este en Galicia, un espacio que era territorio Ridao. Huerta había olvidado que cada barrio tenía un padrino. El reparto del negocio atendía a un riguroso orden turnista, según se acreditaba en las actas. Como en la cola de la carnicería pero sin cacharro expendedor de papelitos.

A cada uno de los empresarios se le asignaba un número que daba derecho a colocar una avioneta en los concursos públicos que se iban sucediendo dentro del territorio de actuación, que, de entrada, era toda España y Portugal. Por ejemplo, el 29 de marzo de 2005 se abordaron los dos concursos a la vista y se recordaban los turnos y el funcionamiento de cártel. Así, en la adjudicación prevista en Portugal les tocaba entrar en el negocio a Avialsa, Martínez Ridao, Espejo y Faasa, con los números 32, 33, 34 y 35. Cada uno aportaría un «avión hidro» en la licitación. Si la firma a la que le correspondía colocar el aparato no disponía del modelo requerido, podía alquilar uno a un «socio», que haría así valer su turno. Explicado con las palabras del propio cártel: «Como T. A. Espejo no dispone de avión para este concurso, debe proponer a la empresa que corresponda el avión número 36 (la siguiente en la lista), esto es, Avialsa, que le alquile uno y en este caso Avialsa cede el turno a favor de la empresa siguiente, T. A. Martínez, a la que corresponde el avión número 37. Y Faasa alquila el avión a la compañía Cegisa, a la que corresponde el siguiente turno, el avión número 38», se explicaba en el acta.

Varios de esos empresarios, miembros de esa especie de consejo de administración de una UTE de supuestos amaños de adjudicaciones, cayeron en la operación Hispaniolus, que se saldó con registros y detenciones en cinco comunidades autónomas, además de la valenciana: Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura. Entre las empresas registradas por el Grupo 24 de la UDEF figuraba Inaer, radicada en Mutxamel (Alicante) y concesionaria de los helicópteros de extinción de incendios, coordinación, emergencias, policía y urgencias sanitarias. Por prestar esos servicios entre febrero de 2013 y noviembre de 2015 se llevó 37.790.264 euros. El nuevo Gobierno valenciano, el Consell del Botànic, le prorrogó el contrato hasta febrero de 2017 por 15.692.886 euros.

El fraude de los contratos de extinción aérea de incendios se ocultaba en las horas facturadas. Los pliegos de condiciones fijaban una tarifa plana que incluía un número de horas de vuelo muy superior a la media de servicio realmente prestado en las últimas campañas. De esta forma se hinchaba la factura, aunque con mucho disimulo. Por poner un caso, el contrato de la campaña 2007-2008 adjudicado por la Generalitat de Cataluña incluyó 4.000 horas de vuelo. Las que se pagaron cuando se prestaron en realidad 1.111, apenas el 27,7 por 100 de lo facturado. El servicio se adjudicó por 4,3 millones de euros. El modelo de fijar un cupo de horas, seguido también por el Consell, resultado de una media ponderada a partir de las últimas campañas antiincendios, se adoptó tras evidenciarse que el contrato antiguo, en el que se facturaban sólo las horas de vuelo realizadas, entrañaba demasiados riesgos. Si había más incendios, se cobraba más. Es lo que en el sector se conoce como «economía del fuego». Ese sistema estaba bastante generalizado en los 80 y, con la crisis, algunas comunidades autónomas lo recuperaron para ahorrar.

Al igual que Apple, el cártel del fuego estaba pensado desde lo local (urdido en Manzanares, Ciudad Real, aunque no en un garaje) para actuar globalmente. Una de sus patas se asentó firmemente en Chile, a través de Faasa Aviación, Martínez Ridao y el Grupo Inaer Helicópteros. La brutal campaña de incendios que vivió el país andino en enero y febrero de 2017 destapó las deficiencias del dispositivo contratado y el amaño de las adjudicaciones en la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), situadas bajo la lupa de la Fiscalia de aquel país.

Las empresas del cártel del fuego comenzaron a operar en Chile en 2011, con Sebastián Piñera al frente del Gobierno. Se licitaron los contratos de las regiones con mayor riesgo de incendios y Faasa e Inaer Helicópteros lograron cuatro concesiones en otras tantas zonas. En 2015, la Conaf contrató directamente a Martínez Ridao como adjudicataria de la lucha contra el fuego en las regiones de la Araucanía y Valparaíso. Por unos 760 millones de pesos, el equivalente a un millón de euros. En total, las tres firmas del cártel se llevan cada año 2.000 millones de pesos (2,7 millones de euros) en Chile, más 1,8 millones por hora adicional de vuelo en caso de emergencia.

En el turno de oficio

Prejubilado de la política, de un cuarto de siglo ocupando cargos en la Administración local, autonómica y estatal, el cazador cazado Serafín Castellano se volcó en la abogacía. Se apuntó al turno de oficio y se estuvo preparando para su defensa ante la Audiencia Nacional, competente en procesar el resultado de las comisiones rogatorias tramitadas en Chile o Portugal. Acusado de malversación, prevaricación y cohecho, el ex titular de Gobernación encaraba su defensa de la imputación de haber participado en el presunto amaño de adjudicaciones a cambio de dádivas como relojes, cacerías y hasta dinero en metálico. El ex conseller arguyó en el juzgado los mismos argumentos que pregonaba en círculos políticos y periodísticos, y que tantas veces aducía con cada nuevo episodio de los escándalos que protagonizó, tanto el caso Taroncher como los de las cacerías de Avialsa y el cártel del fuego.

Castellano es hombre de Benissanó, muy arraigado a su tierra, que vive «en su domicilio familiar, propiedad de su padre, desde hace 26 años», argumentaba su abogado en el escrito remitido al juzgado en el que explicaba el origen de las obras de arte halladas en su domicilio y para desligarlo de cualquier actividad delictiva. «Tras haber gestionado 13.000 millones de pesetas [78,1 millones de euros], tengo un apartamento hipotecado hasta 2025, un campo de naranjos adquirido por préstamo hipotecario por mi mujer hasta 2018, un coche pagado en tres años y un segundo vehículo de 13 años de antigüedad. Vivo en una segunda vivienda que construyeron mis padres», proclamaba Castellano desde la tribuna de las Corts en marzo de 2009.

«Se está llevando a cabo una causa general contra mi representado al objeto de investigar la totalidad de su patrimonio», lamentaba el letrado en el escrito fechado a 20 de julio de 2015. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la policía consideraron que la «estructura económica de Serafín Castellano» y su mujer incluía «operaciones económicas que podrían ser sospechosas, por contener datos que pudieran conducir a deducir que ese patrimonio está conformado con ingresos de origen sospechoso».

Los investigadores constataron «la realización de numerosos pagos de más de 3.000 euros mediante cheque a través de cuentas abiertas en La Caixa, Caja Rural del Mediterráneo y Bancaja, pero que se presentaron a compensación en la oficina en la que residen las cuentas del grupo societario» de Vicente Huerta. Detectaron 42 cheques, que son «pagos atribuidos a Huerta en persona, librados por prestación de servicios falsos, con la única pretensión de generar liquidez que pudiera utilizarse para cometer cohechos, bien mediante entregas de dinero en metálico o para adquirir bienes que, bajo la apariencia de regalos, se dirigieran a quienes desde el ámbito público deben resolver a favor de Huerta», según la Fiscalía Anticorrupción. Todos esos cheques emitidos y cobrados por el empresario para generar efectivo entre 2007 y agosto de 2012 sumaban 252.640 euros.

Entre 2006 y 2008, Castellano y su esposa, casados en gananciales, adquirieron un apartamento en Dénia (con garaje y trastero), además de las fincas rústicas en Llíria, compradas junto al constructor Pérez Taroncher y su esposa, que figuraba como copropietaria. Anticorrupción consideró «plausible» que en la compra de la vivienda de Dénia «hubo pagos en dinero negro», ya que se adquirió en 2006 por 200.000 euros, aunque su precio real de mercado sería de 357.000, según los investigadores. Castellano y su esposa pidieron un préstamo hipotecario de 240.000 para pagar el piso, aunque en la escritura notarial de compra «se confiesa haber recibido con anterioridad, sin reflejar la forma de pago», los 200.000 euros que abonaron. La investigación descubrió que esta transacción nunca existió de cara a la Agencia Tributaria.

Durante el registro de la casa del conseller, practicado el 29 de mayo de 2015, la policía encontró, además del rifle que le regaló Huerta o una mira telescópica, facturas de la empresa organizadora de las cacerías (hacía casi dos años desde que había empezado a publicar material sobre las jornadas cinegéticas pagadas por la Fundacion Mediombiental Huerta con facturas por conceptos falsos), doce relojes, uno de ellos Rolex (de los que adquiría Avialsa para regalos), una vidriera esmaltada de Ximo Roca, un cuadro de Rafael Sempere y otro de Ripollés. El ex conseller justificó la compra de la vidriera y dijo que los cuadros eran regalos que recibió como conseller y se los quedó.

La economía aparente de Castellano, lo mismo que la de los presuntos cabecillas de la trama en la que militaba, no parecía demasiado boyante, al menos de cara a Hacienda, aunque presuntamente exportaran millones a Luxemburgo, en el caso de Taroncher. El ex conseller, su esposa Nuria Fundamento Rioja, la esposa de Taroncher, María Ángeles González, su hijo Daniel Pérez, el propio Pérez Taroncher, Francisco Huguet y Emilio Máñez presentaron varios años en la Agencia Tributaria declaraciones de la renta negativas. Una presunta red delictiva para recolectar contratos de la Administración y supuestos cohechos de los adjudicatarios que tenía, al parecer, problemas de eficiencia en el modelo de negocio.

Cualquier trama dedicada al expolio de dinero público o a otros negocios al margen de la ley afronta un doble reto: generar los recursos –ahora se llama economías– y esconder o camuflar el dinero para que quede perfectamente acicalado con el cuño de la legalidad y respetabilidad. La investigación periodística, judicial y policial del caso Avialsa permitió concluir, y así consta en un informe de la UDEF, que el Grupo Avialsa no solamente servía para coleccionar adjudicaciones amañadas y cultivadas con regalos y sobornos o actuando como franquicia valenciana del cártel del fuego. El holding de Vicente Huerta sirvió presuntamente, además, para el blanqueo de capitales.

El conglomerado controlado por el empresario de Sagunt estaba constituido por unas diez sociedades: Holding Empresarial Avialsa, Avialsa T35, Servicios Aéreos y Mantenimiento S. L., Air Tractor Europe S. L., Aviación Agrícola de Levante S. A., Ideas Urbanas Sagunto S. L., Advance Networks Development, Airhuerk S. L., Avitractor S. L. y Fundación Medioambiental Huerta. Estas firmas se cruzaban entre sí facturas falsas para poderse desgravar unos servicios que no habían sido prestados, compartían participaciones en terceras sociedades y se hacían préstamos entre ellas. Toda esa compleja estructura financiera operaba bajo el principio llamado de «caja única». Conformaban un entramado típico del «blanqueo de capitales», sostiene la UDEF, además de señalar que estructuras «personales y societarias» como las del Grupo Avialsa acreditan una «metodología» de operaciones accionariales y transacciones económicas cruzadas «propia de estructuras desarrolladas para blanquear capitales».

La policía constató diversos movimientos sospechosos. Por ejemplo, un préstamo de 1.111.429 euros que Aviación Agrícola del Levante concedió a Avialsa en 2007. Con vistas al blanqueo de capitales, Holding Empresarial Avialsa y Air Tractor Europe tenían participaciones accionariales cruzadas y mantuvieron «relaciones económicas y financieras entremezcladas con un único propósito», señaló la UDEF en alusión al blanqueo. A la policía no le pareció anecdótico que todas las sociedades del grupo hubiesen cambiado con frecuencia de auditor de cuentas censado, según puede comprobarse en el Registro Mercantil, donde existe la obligación de depositar las cuentas auditadas. Gasso & Cía Auditores, BDO auditores, Milla Martínez y Asociados Auditores SLP, se fueron sucediendo en apenas cuatro años. Quizás estos relevos fueron una mera cuestión «anecdótica», matizaba la UDEF, pero puede que quizá «trascienda a una realidad de interés», dado que, de acuerdo «con los hechos denunciados, la manipulación de la contabilidad para la comisión delictiva ha sido una herramienta clave». Y para esta Unidad de Delincuencia Económica no eran casuales los cambios de auditor, porque, además, a esta figura se le atribuye legalmente «la función inspectora», la de «detectar estos hechos y proceder a su denuncia». Al menos en teoría. Lo mismo que, también en teoría, un notario ha de vigilar que no circule dinero negro en las compraventas.

Las sospechas de que el entramado societario del Grupo Avialsa sirvió para el blanqueo de capitales y para encubrir el pago de mordidas, se ampara, entre otras circunstancias, en la detección de facturas falsas. Esa práctica de abonar servicios inexistentes jamás prestados tendría varias finalidades. Permitía desgravaciones fiscales al considerarse gastos deducibles. Además, esas facturas justificaban la salida de fondos que bien podrían ir destinados al pago de comisiones ilegales, de sobornos.

Entre los presuntos proveedores que facturaron a las empresas de Vicente Huerta los hubo de diversos sectores económicos y abundaban las firmas cuya actividad no guarda ninguna relación con la desarrollada por las mercantiles de un grupo eminentemente aeronáutico, vinculado a la extinción de incendios y a la fumigación de campos agrícolas. «La mera observación de los objetos sociales de las empresas que facturan y de las facturadas nos permite inferir que poco o nada sería necesario para el ciclo normal de explotación del grupo Avialsa recurrir a los servicios de estas empresas.» La firma textil Gastón y Daniela S. A., Todolí Jardins S. L., HPH Piscinas o la empresa de electrodomésticos Viddatec Project S. L. son sólo algunas de las sociedades que presentaron diversos cargos, entre 7.416 y 46.743 euros a empresas de Huerta como Avialsa T35 o Servicios Aéreos y Mantenimiento.

Capítulo XX

Pitu, el guardián de las esencias

El año 1957 fue excepcional en el País Valenciano por tres razones: la nieve tapizó la ciudad de Alicante, el agua de la riuà inundó Valencia y José Joaquín Ripoll Serrano llegó al mundo. Un 17 de mayo, en la capital alicantina, a apenas 130 kilómetros al norte de donde Eduardo Zaplana había sido engendrado un año antes. El destino los había alineado para que casi 40 años después conquistaran de la mano la Generalitat. El joven Ripoll hizo su primera incursión en Valencia para estudiar arquitectura, pero debió de intuir que el promotor gana más que el arquitecto y quizá conoció aquel dicho según el cual mejor que tener barco es tener un amigo con barco. Se disfruta igual sin pagar amarre ni gasoil. Con el tiempo se aplicó dos de las normas básicas del manual de instrucciones de la vida al entablar amistad con el mejor de los promotores de la provincia de Alicante y dueño del imponente barco Elena: Enrique Ortiz Selfa.

Decidió abandonar los planos por los planes políticos a mediados de los 80. En 1979 dio un primer paso para enrolarse en una empresa tan apasionante como atractiva: construir la democracia. De hecho, se apuntó a la más prometedora de las empresas constructoras de la democracia, la que más empleo generaba, la UCD. Pero fue en el Partido Popular donde consiguió convertir su vocación política en su medio de vida. Como concejal de Alicante (1987-1991) y luego como senador (1991-1993) y diputado provincial. En mayo de 1995, Pitu Ripoll recaló en Valencia como parlamentario autonómico y miembro del ejército de conquista de la capital que capitaneaba su amigo Eduardo Zaplana, con quien formaba una unidad de destino en lo universal, que hasta entonces y años después era lo provincial. Lo provincial de Alicante, por supuesto.

En los años de Zaplana en el Palau de la Generalitat, el consejero de Presidencia, primero, y vicepresidente, después, ejercía en todos los sentidos de mano derecha de, de hombre de confianza de, en todos los ámbitos políticos, institucionales y empresariales. Ejercía de gallito por ser afín al gallo. Como el triunfador hortera que en la puerta de la disco saca el pase vip, le guiña el ojo al portero cachas, que lo tiene calado como el amigacho del dueño del local, y da paso a toda la pandilla que lo acompaña en la fiesta. Los ricitos de Pitu pusieron mucha espuma y burbujitas a aquella larga noche de juerga pepera en la que él también dedicó más tiempo al negocio que al ocio, como posteriormente se descubrió. Pitu Ripoll siempre ha sido excesivo en casi todo, como esos tipos enganchados a devorar la vida a tragos y sin masticar, esos que conectan el desayuno con café con leche y croasán a las diez con el gintónic a las tantas, un campechano con olfato de feriante y palique de vendedor ambulante.

Siempre se comportó como una extensión de Zaplana, como depositario de las esencias zaplanistas. Cuando el padre Eduardo emigró a Madrid para ser apóstol de Aznar, Joaquín encarnó la misión de escudero de un tal José Luis Olivas, como vicepresidente primero de la Generalitat, en la misión prioritaria de reservarle la silla al elegido Francisco Camps. Cuando la tensión entre este y Zaplana se agravó, tras las elecciones de 2003, Pitu batió en retirada para hacerse fuerte como presidente de la Diputación de Alicante. La sacrosanta provincia de Alicante, el PP provincial, Ripoll, la Diputación y el zaplanismo eran sinónimos, partes y todo, un todo metafísico que encarnaba la lealtad y el tributo a siete años de gloria. Cinco jinetes que se conjuraron para procurar el apocalipsis del campsismo. Ripoll mantenía reuniones constantes con Zaplana para diseñar táctica y estrategia. Como la planificación de aquella revuelta de parlamentarios zaplanistas en las Corts que en el verano de 2004 plantaron al presidente Camps en una demostración de fuerza y declaración de guerra.

Convirtió la diputación en secretaría de organización de su partido, puesto de control de la fontanería orgánica desde la que montó la resistencia frente al campsismo. El congreso provincial de 2004 lo ganó de forma aplastante. Desde el control absoluto de la organización provincial aplicó el viejo manual de negociación para ir arrancando a Camps cuotas de influencia en la política autonómica. A saber: declaración de guerra, negociación y cobro de la pertinente factura por firmar la paz. Así fue como, por ejemplo, colocó a media docena de zaplanistas en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la renovación de los órganos de gobierno de la entidad en 2006 y contra la voluntad inicial del presidente de la Generalitat. Ripoll pactó con los socialistas una lista al margen de la oficial, avalada por el propio Mariano Rajoy (entonces presidente nacional del PP) y el jefe del Consell. Finalmente, hubo consenso en torno a una candidatura en la que los campsistas se resignaban a ceder espacio a los zaplanistas por las presiones de Ripoll, quien, una vez más, ganaba un pulso en nombre de la provincia con la que siempre dijo tener sincronizados sus intereses.

2008 fue una buena añada de congresos populares. El aznarismo, encabezado por Esperanza Aguirre, puso en jaque a Mariano Rajoy, a quien hasta el último suspiro le rondó la amenaza de una candidatura alternativa. El respaldo del PP valenciano de Francisco Camps fue decisivo para revalidar su liderazgo. Aquel cónclave se celebró, además, en territorio valenciano, en Feria Valencia, una Asociación de Utilidad Pública cuyo patronato está presidido por el alcalde/alcaldesa de Valencia, el vicepresidente es el director general de Comercio de la Generalitat y del que forman parte como vocales los presidentes de las tres diputaciones valencianas y otros cargos políticos, además de los presidentes de las Cámaras de Comercio. Era, en definitiva, un órgano primo hermano de la ejecutiva del Partido Popular. En esos años, el PP, como Dios, tenía el don de la ubicuidad. Quizá por ello desde las dos márgenes del partido hicieron una interpretación abierta del artículo 3 de los estatutos feriales, cuando se establece que la institución «podrá ceder sus instalaciones para la celebración de congresos, convenciones, conferencias, exposiciones…». Y una interpretación muy estricta de la expresión «sin ningún fin de lucro» que se atribuye a la actividad de la entidad ferial unas líneas antes.

Así que la factura de 568.512 euros que el PP de Rajoy debía abonar por el alquiler del recinto en el XVI Congreso Nacional de los populares se convirtió en deuda. Un cónclave, por cierto, organizado por Orange Market, la matriz valenciana de la red Gürtel. Ello pese a que ese año las empresas Gürtel facturaron 1,4 millones a Feria Valencia. Y la deuda se convirtió en «deuda de difícil cobro» a efectos contables hasta que nueve años después del evento político un juez condenó al moroso PP a saldar su cuenta pendiente y abonar 625.000 euros a Feria Valencia. El principal y los intereses.

En aquella victoria congresual de Rajoy frente al aznarismo fue decisiva la contribución del PP valenciano. En palabras del histriónico presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, investigado en el caso Taula: «Camps le dio a Rajoy la peseta que le faltaba para el duro».

Ripoll observaba con sus tropas desde Alicante, esperando una orden de Zaplana. Finalmente no movieron ficha, aunque, como buen comercial, se puso en valor al hacer amagos de sumarse a la contra liderada por Esperanza Aguirre.

Victoria en los minutos basura

La guerra interna entre el campsismo y el zaplanismo que arrancó a finales de 2003 seguía encendida, pero en el congreso regional del PP valenciano no se desataron las hostilidades. En esa cita, de octubre de 2008, celebrada también en Feria Valencia, Camps ganó a la búlgara al ser elegido con el 98 por 100 de los votos. En el congreso de Castelló, en 2004, había tenido que contentarse con el 78 por 100, porque hubo 122 abstenciones de castigo del sector de Zaplana. Esta vez, el zaplanismo ya había mutado en ripollismo atrincherado en la provincia de Alicante. Ya no se aspiraba a conquistar, sino a retener. Por ello, consciente de su inferioridad de fuerzas, el tándem Ripoll/ Zaplana prefirió invertir en un gesto de distensión con vistas a su inminente congreso provincial. Esa sí era su guerra. A cambio del apoyo recibido, Camps se comprometió a garantizar que no impulsaría una candidatura para intentar descabalgar a Ripoll de la presidencia provincial en el congreso alicantino que se celebraría en Orihuela.

El trato acabó en un contenedor de basura y Camps apadrinó al alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, para que disputara a Ripoll la presidencia provincial del PP. El presidente de la Diputación ganó aquel cónclave disputado a cara de perro por apenas 5 votos. 556 a 551. Cuatro compromisarios depositaron una papeleta en blanco y 35 se abstuvieron en aquella votación del 14 de diciembre de 2008 en la capital de la Vega Baja. Entre los que no votaron estaba el propio Eduardo Zaplana, que quiso guardar las formas por una vez, después de haberse retirado del escenario político ocho meses antes.

Ripoll ganó gracias a que jugaba en casa, en el feudo de la alcaldesa Mónica Lorente, zaplanista de pro que le brindó el apoyo de los 61 compromisarios que aportaba Orihuela. Antes de las votaciones, Ripoll ungió a Lorente como su sucesora al anunciar que sería la nueva secretaria general provincial, la número dos en sustitución de Miguel Peralta, ex alcalde de Alcoi. Aquel cónclave honró el nombre del local que lo albergaba, el Teatro Circo de Orihuela. Peralta reivindicó durante su intervención a Zaplana y Aznar, y una parte de los compromisarios abuchearon a Camps cuando entró al recinto, y lo acusaron de fracturar el partido. Del congreso salió el PP provincial partido en dos mitades y con una dirección conformada por la guardia pretoriana de Ripoll, quien había dado asilo a los cuadros de su ejército con nóminas públicas de la Diputación.

Aquella victoria por cinco votos fue especialmente celebrada por los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Mientras bajo el foco mediático se representaban las obras clásicas de costumbrismo político, asambleas y congresos, incluido algún giro de guion dramático, detrás del escenario se construía el relato del poder. En paralelo al congreso provincial, estos dos empresarios, Ripoll y Lorente cocinaban la adjudicación del contrato de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja. Negociaban la manera de repartirse los beneficios, según el fiscal del caso Brugal. Los dos querían ganar la concesión y a los dos querían contentar tanto Ripoll como la alcaldesa Lorente, que preferían a Fenoll, pero no querían molestar a Ortiz, cuya propuesta fue mejor valorada en junio de 2007 por los técnicos del consorcio de basuras encargados de puntuar las tres ofertas que concurrieron.

La adjudicación todavía no se concretó. Quedaba por desarrollar una fórmula que contentara a los dos empresarios. Y se concibió un plan. Que Ortiz ganase el concurso (en UTE con Cespa), como estaba cantado, y a continuación que comprara a Fenoll los terrenos para instalar la planta de tratamientos en Orihuela en vez de en Albatera, donde estaba prevista en un principio. La victoria congresual de Ripoll era el primer escollo salvado para poder concretar el plan. Ripoll seguía demorando administrativamente el proceso a la espera que los dos empresarios llegaran a un acuerdo.

Ortiz y Fenoll sellaron un pacto para que el primero comprase al segundo suelo para construir la planta en la finca Las Pistolas. La junta de gobierno del consorcio abría la puerta a la opción de modificar la ubicación de la planta inicialmente prevista en Albatera. El fiscal subrayaba en su informe que la adquisición efectiva no se concretaba porque los empresarios querían tener la certeza de que Ripoll y Lorente seguirían controlando el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación. Para ello, era necesario seguir al frente del partido. Apenas una semana después del reñido congreso, el consorcio aprobó la ubicación definitiva de la planta en La Ermita de Torremendo, donde está la finca Las Pistolas, propiedad de Ángel Fenoll. Y, en enero de 2009, Ortiz adquirió por 3 millones de euros los terrenos colindantes a esas parcelas para poder llegar a los metros exigidos por los técnicos para construir la planta. Fenoll tuvo un detalle con Ripoll para agradecerle el interés que había mostrado de que no quedara al margen de la concesión de ese negocio. El empresario oriolano compró la televisión Canal 37, uno de los altavoces del ripollismo, y asumió sus deudas. Aunque, la verdad, no se rascó el bolsillo para capitalizarla y sanearla. Tanto la adjudicación definitiva como la operación de compra de los terrenos quedaron paralizadas por el estallido del caso Brugal y la caída en desgracia de Ripoll y Lorente.

Mientras se dirimía la lucha congresual, por una parte, y precocinaba la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, el juez Garzón estaba ultimando la operación Gürtel. El 6 de febrero de 2009 se desplegó el dispositivo policial y judicial para las detenciones de cabecillas de la trama y la entrada y registro de sus sedes. El caso fue aprovechado por Ripoll, que, mientras se enfangaba en la basura de Brugal, remarcaba su distanciamiento con Camps, al que situaba entre las «manzanas podridas del PP». El presidente provincial de los populares de Alicante insinuaba que Gürtel salpicaba a dirigentes situados más arriba de Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, y urgía a tomar medidas «pese a quien pese». Ripoll denunció haber recibido amenazas desde el comité regional del partido tras criticar los nombramientos de Camps, después de la salida de Ricardo Costa de la secretaría general.

Está usted detenido

Los trajes Gürtel iban asfixiando a Camps mientras insuflaban oxígeno a Ripoll. Hasta que el presidente de la Diputación de Alicante fue detenido por la policía la víspera de San Fermín de 2010 en el marco de la investigación del caso Brugal. Junto a Ripoll, también fueron arrestadas otras diez personas, entre ellas los dos empresarios beneficiados por la concesión de las basuras (los mencionados Enrique Ortiz, en UTE con Cespa, y Ángel Fenoll), tres concejales de Orihuela (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez) y el hijo de Fenoll. A las 20 horas, Ripoll quedó en libertad tras prestar declaración durante toda la tarde en la comisaría provincial. Durante la operación dirigida, por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 3 de Orihuela, se practicó el registro de los domicilios particulares de Fenoll, Ortiz y el propio Ripoll.

Unas actuaciones que soliviantaron no sólo al político sino fundamentalmente a Margarita de la Vega, quien es algo más que su esposa y su socia. Es, sobre todo, «lo más importante que me ha pasado en la vida», proclamó un día el político tras un pleno del Consell, en una de las declaraciones de amor más impresionantes que se recuerdan en la tierra de las flores, de la luz y del amor. «Si no estuviera casado con Margarita de la Vega, yo probablemente no sería consejero de Presidencia», remató ante los periodistas que seguían emocionados su intervención. La proclama afectiva, que siempre es adecuada, venía a cuento de la polémica que se generó en torno a la designación de De la Vega como responsable de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elx. Fue el primer cargo de confianza que designó el rector, Jesús Rodríguez Marín, tras coger las riendas de la universidad creada a partir de una segregación de la de Alicante forzada por Zaplana. Margarita de la Vega tenía «todos los méritos intelectuales y personales para ocupar ese puesto o cualquier otro», sentenció Ripoll. Cualquier otro. Por ejemplo, presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Margarita es mujer de gustos tan refinados como los de José Joaquín. Las grabaciones del caso Brugal acreditan su natural sibarita y una exquisita elegancia. También un sentido muy democrático y participativo sobre el uso de los recursos públicos. No son de todos como mera declaración teórica; son de todos porque, cuando los necesitas, están ahí, disponibles. Las grabaciones policiales acreditan cómo la esposa de Ripoll se aprovechaba del personal auxiliar de la Diputación para que le concertara citas con el médico, recados para un taller de coches o hasta que estuvieran pendientes desde fijar la hora para una visita de una empresa hasta recoger un mueble para reparar. El personal de la diputación atendía incluso la petición de tinta para la impresora de la casa de los Ripoll-De la Vega.

Otras veces, las gestiones que se demandaban estaban más justificadas. Básicamente porque la ayuda se solicitaba desde el extranjero, donde uno siempre se siente indefenso, frágil y vulnerable cuando le asaltan urgencias de primera necesidad. Así, Margarita estaba de compras en París con unas amigas en diciembre de 2009, de «vorágine compradora», según el relato de la UDEF en un informe remitido al juzgado oriolano, y llamó a una de las secretarias de su marido en la Diputación para pedirle que le reservara mesa en la ostrería del actor Gerard Depardieu. Mujer de paladar sofisticado. En esos días llamó también a una amiga para preguntarle a qué galería comercial acudían a comprar normalmente el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, y su mujer, Carla Bruni.

Una vida a todo tren

La policía concluía en su informe sobre las escuchas practicadas que el matrimonio llevaba un tren de vida y de gastos que excedía bastante los de «cualquier familia media». Cutre que es la policía. En ese viaje a París, De la Vega adquirió un abrigo de visón de 2.100 euros. Ese mismo mes de diciembre, el presidente de la Diputación de Alicante acordó la compra de un BMW de unos 50.000 euros, que se matriculó el 28 de enero de 2010.

En su afán por vivir, además de respirar, el matrimonio Ripoll-De la Vega gastó 6.100 euros en los billetes de avión en clase business para ellos y sus hijos a Nueva York en enero de 2010. En el registro sonoro practicado por orden judicial también se constata la afición de Ripoll al arte. El 11 de febrero recibió el siguiente mensaje, del que dieron cuenta varios medios: «Hola, Joaquín, soy Pepe Ribes. Me dicen que querías comprar un cuadro de Luis Casanova. Que lo dejan en 53.000, un saludo».

El infome de la UDEF concluía que, entre enero de 2008 y junio de 2010, Ripoll gastó unos 290.000 euros que no salieron de su sueldo. Unos 10.000 euros al mes. La investigación policial quiso dirimir el origen del dinero empleado para poder adquirir tanto artículo de lujo. Pero también aclarar presuntos regalos por parte de contratistas de la Diputación, que habrían sido pagos en especie como compensación por adjudicaciones recibidas. La investigación se centraba en el cohecho, el tráfico de influencias y la revelación de información privilegiada, entre otros delitos.

Entre los supuestos obsequios, un Mini Cooper de importación cuya compra gestionó el apoderado del Grupo Subus, Antonio Arias. La cucada de coche habría sido el regalo de cumpleaños para la esposa de Ripoll y estaría vinculado a la adjudicación a la empresa Samsa, filial de Subus (después llamada Vectalia) de un contrato de 230.000 euros en el MARQ, el museo arqueológico de Alicante.

Dos casas suelen tener más valor que un mini. «El quinto D, de dedo, y E, de España» de una promoción inmobiliaria en Alicante. Dos pisos valorados entre 800.000 y 1 millón de euros. Formaban parte de la supuesta comisión ilegal que Ortiz pagaba a Ripoll por el contrato de la basura de Orihuela, según la investigación. «La contraprestación» a favor de Ripoll por otorgar el contrato «se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora Calamerced», apuntaba la UDEF. Ripoll siempre lo negó. La policía llegó a fotografiarle, a él y a su esposa, visitando los inmuebles junto con el empresario Rafael Gregori, quien ejerció de intermediario entre los adjudicatarios de aquel macrocontrato y el presidente de la Diputación a la hora de gestionar el pago de favores en moneda inmobiliaria, por así decirlo. Lo atestiguan varias conversaciones telefónicas grabadas a Gregori por separado con Ripoll, Margarita de la Vega, Ángel Fenoll o con su hermano José Gregori. En la conversación que mantienen los Gregori, que participan en la promoción inmobiliaria, los hermanos coinciden en que, antes de comprometerse a entregar los pisos, hay que amarrar el negocio de las basuras.

El campsismo había acorralado a Ripoll y la operación Brugal remató su carrera política. Tuvo que dejar la presidencia de la Diputación de Alicante y del PP provincial. Pero tampoco fue una salida abrupta, de desalojo de emergencia. Que te detengan y te imputen cohecho, fraude y tráfico de influencias tampoco es que sea ningún terremoto que obligue a salir a la calle con lo puesto. Por eso Ripoll agotó la legislatura con total tranquilidad. La condena del PP valenciano, entonces liderado por el presidente Alberto Fabra, consistió en no permitirle un tercer mandato al frente de la Diputación. Así que Pitu se inscribió en el paro para transmitir al mundo, esto es, a la provincia de Alicante, la normalidad con la que afrontaba su salida de la política. Una salida pactada en condiciones tan ventajosas para él que no llegó a cumplir dos meses de antigüedad como desempleado. El 30 de septiembre de 2011, el Consell de Fabra, el de las líneas rojas, le procuraba a Ripoll un destino alejado de la fría intemperie, un lugar tocado por la agradable brisa del mar: presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante. Tenía el mejor perfil para el cargo. El Consell decía estar convencido de que el nombramiento «redundará en beneficio de la ciudad». De entrada, fue beneficioso para el núcleo duro del zaplanismo. Ripoll colocó a media docena de sus afines en el Puerto, entre ellos Vea Reig, la ex directora general de RTVV y propagandista de cabecera de Zaplana desde que era alcalde de Benidorm.

A la toma de posesión del imputado Ripoll acudió la responsable del ramo portuario, la entonces consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. El presidente Fabra no quiso contemplar cómo se consumaba el incumplimiento de su propio código rojo. Con todo, Ripoll intuía que sus días en la política tenían fecha de caducidad en esa misma legislatura. Por eso dedicó el tiempo a mejorar su formación y poder ser competitivo en el sector privado el día que tuviera que pisar la calle. Se matriculó en un máster de dirección de empresas de la escuela de negocios Fundesem. El día de la entrega de los títulos, el encargado de pronunciar el discurso de clausura fue su padre político. El mismísimo Eduardo Zaplana. Estaba preparando el camino para la vida civil, para abrir, como hizo unos meses después, un despacho de consultoría empresarial.

Alberto Fabra arrastró la mala conciencia e incoherencia tacticista en el nombramiento de Ripoll hasta noviembre de 2014, cuando defenestró al presidente del Puerto de Alicante, al aproximarse la precampaña de las autonómicas de 2015.

Fue destituido de un cargo para el que había sido nombrado tras exhibir como aval su «trayectoria profesional», según había proclamado la portavoz del Consell, Lola Johnson, en el momento de la designación. La «trayectoria profesional» y la personal, también. Para ser autoridad portuaria, nadie mejor que un hombre en cuya hoja de servicios constaban cientos, miles de millas de navegación como huésped ilustre del Elena, el yate que el amigo Enrique Ortiz tenía amarrado en ese puerto. El arquitecto de formación, político de vocación y marinero de weekend por devoción seguía teniendo el barco a mano, pero las condiciones de la mar habían cambiado levemente. Y las de tierra más. El patrón del Elena, que es marinero en tierra, ya no estaba tan dispuesto a montar excursiones con Pitu y Margarita. Y menos a pagar el gasoil.

Capítulo XXI

Y el zaplanismo se reencarnó en Ciudadanos

El bautizo de Albert Rivera

El 28 de mayo de 2013, la victoria del PP de Zaplana que desterró a la izquierda valenciana al túnel de la insignificancia cumplía su mayoría de edad. No eran tiempos para macrofiestas de cumpleaños. Es cierto que el ex presidente y ex ministro volvía a tener mano en el Palau desde que Alberto Fabra sustituyó a Camps por grave lesión política. Pero el nuevo jefe del Consell no tenía otra misión que la de desguazar la pompa del régimen (el legado que también contribuyó a engordar con sus complicidades), por ejemplo el extraordinariamente hinchado sector público empresarial, y organizar el funeral del PP gobernante. En esas circunstancias, al ex ministro le traicionó el subsconsciente y justo el 28 de mayo montó un acto –la economía ya no daba para eventos– sencillo y esperanzador. El mejor posible contra la depresión, la mejor vacuna contra la desazón del fin de trayecto: un bautizo.

Eduardo Zaplana fue el padrino de una criatura llamada Albert Rivera, que tomó el sacramento del agua en la pila del Club Siglo XXI, donde el líder del partido emergente pronunció la conferencia «La Transición ciudadana». Ante un público típico de esos desayunos y cenas patrocinadas que habitualmente se perpetran en hoteles con grandes lámparas con lagrimales y olor a naftalina. Esos típicos actos de masturbación del establishment en los que abundan las corbatas y cuellos planchados, pero especialmente las ideas almidonadas.

A la derecha del ponente se situó Zaplana y, a su izquierda, el socalista José Bono. Nunca una foto ilustró tan claramente una bendición generacional y bipartidista a la nueva derecha sin pedigrí liderada por políticos de nuevo cuño alejados del estigma de ser «hijos de» viejas glorias. Zaplana no solamente abrió a Rivera las puertas del foro de debate guardián de las esencias del espíritu del 78, también lo introdujo en otro foro no menos influyente: el IBEX 35. Podría decirse que Ciudadanos se convirtió en el valor número 36 del IBEX, una cotizada 2.0, una tecnológica, en el mercado de quienes necesitaban preservar el establishment, como el tiempo y los acontecimientos acabaron revelando. El partido de Rivera nació como un «proyecto de clase, fruto de la burbuja inmobiliaria y financiera, y en el que el nacionalismo periférico es sólo un pretexto», subraya el politólogo Francesc Miralles, coautor, junto a Pep Campabadal, del libro De Ciutadans a Ciudadanos, la otra cara del neoliberalismo (Foca, 2015).

Aquella presentación en sociedad del líder y del partido que estaba ya en capilla para dar su salto a la política española desde la catalana, revelaba la apuesta del ex presidente por la nueva formación, que en la Comunitat Valenciana iba a acoger a significativos restos del naufragio zaplanista en su lucha encarnizada contra el campsismo. Nombres claramente alineados con el zaplanismo empezaron a contactar con el partido y a trabajar en el montaje de una estructura valenciana, en parte con los mimbres de formaciones independientes locales o agrupaciones del Centro Democrático Liberal (CDL), que acabó integrándose en Ciudadanos, al igual que un buen número de dirigentes y militantes de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido de Rosa Díez.

La primera fase de la operación de despegue de Ciudadanos en todo el Estado consistió en poner en marcha la plataforma Movimiento Ciudadano para escenificar que la formación respondía a una demanda que emanaba desde la base social, desde la calle. En ese alumbramiento participó activamente el ex ministro socialista y dirigente del PSPV Antoni Asunción. Como candidato a la Generalitat en 1999 y portavoz socialista en las Corts, fue, probablemente, el socialista que mejor interlocución mantuvo con el presidente Zaplana.

En esa iniciativa política se embarcaron, entre otros, el ex director general de Arquitectura y ex concejal de Gandia Fernando Mut, o los ex concejales populares de Elx Emilio Argüeso y Emigdio Tormo, todos con acreditado pedigrí zaplanista. Los dos últimos, en la órbita del ex ministro a través del citado José Joaquín Ripoll. Entre los que llegaron al mismo destino por el camino de UPyD estaba el portavoz de Ciudadanos en Elda y director del CEU San Pablo de Elx, Francisco Sánchez, persona alineada también con el ripollismo. Argüeso, Tormo y Sánchez conforman el llamado Clan del Dátil, por sus raíces políticas ilicitanas. Una terna que acaparó todo el poder de Ciudadanos, cuya gestación en la Comunitat Valenciana pivotó sobre Alicante. El zaplanismo, que se había edificado veinte años antes también desde el ala sur valenciana, esta vez ejercía de muñidor de la formación de Rivera.

El patrón del proceso del salto del PP a Ciudadanos se repite en lo esencial en la práctica totalidad de los zaplanistas que hicieron el tránsito hacia el partido naranja tras perder pulsos con los campsistas en sus respectivos feudos, y con el mando a distancia activado por Zaplana como si fuera la batuta que marcaba el ritmo de las operaciones. En unos casos por refriegas orgánicas y en otros por problemas con la confección de listas electorales, fueron unos cuantos los zaplanistas que dieron el salto a Ciudadanos.

En Gandia, Ciudadanos se introdujo a través del citado Fernando Mut, quien formó parte del organigrama de la Conselleria de Infraestructuras desde los tiempos de Zaplana hasta que en 2007 cesó como director general tras perder el pulso por ser candidato del PP a la alcaldía de Gandia, condición para la que fue designado el campsista Arturo Torró. El aspirante zaplanista montó la Plataforma de Gandia, que logró dos concejales y entró en el gobierno local presidido por el socialista José Manuel Orengo. Tras las europeas de mayo de 2014, Mut y otros ex populares que habían recalado en esa formación local con carácter transitorio, dieron el salto a Ciudadanos. Al ex director general lo nombraron coordinador territorial del partido en Valencia, pero tuvo que dimitir al poco tiempo tras ser imputado en el llamado caso Innova, del que salió indemne. Mut se embarcó posteriormente en Sociedad Civil Valenciana (SCV), una de esas entidades con apellido «cívica», que viene a ser en la política lo que la etiqueta «bio» en la alimentación: una estrategia comercial. En este caso, para abrirse un hueco en el competitivo mercado de quienes aspiran a vivir o seguir viviendo del sueldo público.

El ex alcalde de Alcoi entre 2003 y 2011, Jorge Sedano, es otro de los ilustres zaplanistas –de la máxima confianza de su antecesor en la alcaldía y ex conseller Miguel Peralta– que abrazaron la fe del centrismo español de nuevo cuño made in Cataluña. De nuevo tras un conflicto en el seno local del PP, Sedano abandonó este partido en septiembre de 2012 y fue el candidato a alcalde por Ciudadanos en 2015.

El sector zaplanista de los populares de Orihuela, que lideraba Pepa Ferrando, constituyó la plataforma Foro Demócrata, que concurrió a las municipales de 2015 y logró un acta de concejal, la que pasó a ocupar la propia Ferrando. Sus seguidores entraron en bloque en Ciudadanos, comandados por el ex secretario de organización local del PP Miguel Picher.

El coordinador del partido de Albert Rivera en la ciudad de Valencia y mano derecha de Argüeso, Juan Córdoba, hizo el tránsito de forma directa. En su gestación y montaje en la capitanía general valenciana podría decirse que son la más viva expresión del zaplanismo en versión 2.0, una clonación del PPCV perfilado a imagen y semejanza del ex presidente.

Pero sin duda los perfiles que mejor plasman el modelo de reencarnación del zaplanismo en Ciudadanos son los citados Emilio Argüeso y Emigdio Tormo. En ambos casos la refriega orgánica en el PP que les redirigió hacia Ciudadanos se sitúa en Elx. Los dos chocaron con la presidenta local del partido, la campsista Mercedes Alonso.

Concejal desde 2003, Emigdio Tormo asumió la portavocía municipal dos años más tarde. Miembro de la ejecutiva provincial de Ripoll desde 2005, el también presidente de la Diputación de Alicante lo situó al frente de la Agencia Provincial de la Energía de Alicante (APEA). Tormo fue suspendido de militancia en el PP en octubre de 2009, tras un enfrentamiento con Mercedes Alonso, a la que disputó el liderazgo de la formación y hasta la candidatura a la alcaldía en 2011, en contra de la dirección regional comandada por Camps y de la práctica totalidad del grupo. En junio de 2012, Génova le devolvió el carné, pero este abogado decidió que ya no le convenía volar políticamente con la gaviota, así como unos meses después se enroló en Ciudadanos. Tormo entendió que Rivera le ofrecía una pista de aterrizaje con mayor recorrido y, por tanto, mejores opciones de despegue para elevarse mucho más. Y Emigdio Tormo tiene criterio, porque, además de abogado, es piloto de la compañía Air Nostrum. Piloto de líneas comerciales. No hay mejor profesión para controlar todas las claves para navegar en política. Tormo encabezó la lista de Ciudadanos a las Corts Valencianes por Alicante en 2015.

No tardó en evidenciarse que el hombre fuerte del partido se llamaba Emilio Argüeso, secretario de organización del mismo en la Comunitat Valenciana. Ha llevado las riendas de la formación con gran determinación, según los afines, y como un auténtico capataz de plantación, a decir de quienes han osado cuestionar mínimamente su poder o querer que su plan de ruta se torciera media micra. La salida rápida por la puerta de emergencias y por expulsión ha sido la resolución habitual de cualquier desafío o discrepancia con quien desde el primer momento fue designado para poner en marcha el partido de Rivera como si de una franquicia empresarial se tratara.

El zaplanista Argüeso también recaló en Ciudadanos tras perder un pulso en el PP de Elx. En su caso, la batalla por ser secretario local en 2012, una aspiración en la que contó con el apoyo del propio Emigdio Tormo. Podría considerarse como académica, profesional y políticamente hiperactivo. policía, guardia civil, periodista, abogado, criminólogo, forense… son algunas de las capacitaciones y actividades desarrolladas, más otros tres grados (Publicidad, Comunicación y Educación Infantil y Primaria) y varios másteres en camino. Argüeso se ha convertido en un especialista en exprimir al máximo las posibilidades de las convalidaciones para ir engordando el currículum académico con nuevas titulaciones cursando los menos créditos posibles. Pero, sobre todo, confiesa a su entorno que estudiar es para el un deporte para mantener la mente activa, por prescripción médica, y fintar así a la genética, que, según él, le predispone al Alzheimer, enfermedad que sufrieron todos sus abuelos, según contó al periodista Víctor Romero en El Confidencial.

En política, como buen espíritu libre, se ha revelado como un inadaptado al sistema de partidos, incapaz de permanecer varias temporadas en una misma formación. Se afilió a Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular con 17 años, pero pronto se percató de que sus ideales eran más internacionalistas. Y tampoco le gustaba el funcionamiento de la organización en Elx, según contó años después. Se apuntó a las Joventuts Socialistes del País Valencià (JSPV) en 1990, pero al cabo de unos meses aprobó las oposiciones a la Guardia Civil y se tuvo que dar de baja, «porque no podía pertenecer a ninguna organización política», al ser ese un cuerpo militar.

Sobre su paso por las filas socialistas ha declarado varias veces no tener «nada que ocultar». Suele decir que muchos de los cargos actuales del Partido Popular han militado antes en otras formaciones; «hay quien ha estado en Falange, otros en Izquierda Unida». Pidió la excedencia de la Guardia Civil en 2005 para incorporarse a la policía local de Archena (Murcia) y en 2009 se afilió de nuevo a un partido. Eligió al gobernante PP, pero, tras su fracaso en el proceso interno local de Elx, se incorporó a Ciudadanos, donde fue nombrado «delegado territorial» en Murcia y luego también en la Comunitat Valenciana. O sea, de la zona de Levante, un esquema de organización más propio de aseguradoras, bancos o empresas de alimentación. Argüeso era algo así como el distribuidor oficial de la marca Ciudadanos en el sureste de España. Finalmente asumió el cargo, ya con tintes más políticos, de secretario de organización en la Comunitat Valenciana, la mano derecha de Fran Hervías, quien tiene todo el poder orgánico estatal.

El diputado Argüeso fue elegido secretario primero de la Mesa de las Corts Valencianes. Tocó moqueta y se sentó en el altar de la cámara autonómica, pero aspira a llegar mucho más alto. Espera una mayor recompensa por todos los cuellos que ha rebanado en nombre del poder que se le confirió con tres atributos básicos: la confianza de la dirección estatal, un modelo de partido en el que los jefes de fontanería no dependen del director de obra (del líder autonómico del partido) sino de la dirección de la constructora (de Rivera y Hervías), y unas normas orgánicas que están en las antípodas del asamblearismo y en algunos puntos se diría que hasta del funcionamiento democrático.

Ciudadanos se implanta en la Comunitat Valenciana con un reglamento de estatutos que en la práctica ampara la posibilidad de expulsar a un militante con menos de seis meses de antigüedad, sin más procedimiento reglado que indicarle la puerta de salida, incluso sin necesidad de justificación o motivación política. Esos seis meses son el periodo fijado como de prueba antes de adquirir la condición de militante con plenos derechos. En esas decisiones de expulsión, ni caben alegaciones ni se da opción real a la garantía de defensa en un expediente disciplinario.

Si no se ha cumplido el plazo de medio año como afiliados interinos, no cabe ningún procedimiento contradictorio que dé cabida a la presentación de alegaciones y a que el afectado pueda defender su posición. Lo sabe, por ejemplo, el afiliado de Alicante que allá por el mes de marzo de 2015 pidió que se votara la lista municipal. Ni siquiera haber aceptado al número uno, José Luis Cifuentes, le valió para librarse del «despido». Su rebelión consistió en sugerir en la asamblea, tras explicitar su apoyo a Cifuentes, que el resto de los puestos deberían votarse. Al día siguiente estaba expulsado. Con el tiempo, el propio candidato a alcalde acabaría también apartado de la organización en febrero de 2017 por alinearse con el sector crítico, encabezado por la candidata a presidenta de la Generalitat y luego portavoz en las Corts, Carolina Punset.

Antes de pasar el periodo de pruebas de medio año para adquirir la condición plena de militante, el afiliado no tiene derecho, por ejemplo, a optar a presentarse a primarias. Salvo que la ejecutiva nacional, a propuesta del secretario de organización, Fran Hervías, autorice la excepción. Como sucedió cuando en marzo de 2015 se concedió el permiso a Alexis Marí para optar a la lista autonómica, donde fue de dos, o a Fernando Giner para aspirar a ser el candidato a la alcaldía de Valencia, objetivo que cumplió.

La carta blanca para la expulsión cuando el afectado no podía acreditar seis meses de militancia sirvió como pócima mágica para liquidar disidencia. Como ingrediente añadido para facilitar el control orgánico y los dedazos, la dirección explotó la norma estatutaria que permitía imponer al candidato en cualquier municipio cuyo colectivo local no alcanzara los 150 afiliados. En esos casos, no era obligatoria la celebración de primarias. Sucedió en Elda, donde César González era virtual candidato a alcalde tras ganar las primarias, pero el coordinador provincial, Emigdio Tormo, y Argüeso impusieron al citado Francisco Sánchez, quien había liderado en las municipales de 2011 la lista de UPyD. A la coordinadora local del partido, Emi Miralles, se le abrió expediente de expulsión, al igual que al resto de afiliados, tras anular la asamblea que eligió a González. La responsable de la agrupación abandonó antes. La cláusula de los 150 militantes luego se elevó a 400, por lo que son escasísimas las ciudades en las que estatutariamente han de celebrarse primarias para elegir al cabeza de lista, quien luego conforma la candidatura.

Tanto el aspirante a alcalde como Punset se habían enrolado en una formación que en sus estatutos se consideraba socialdemócrata, cuando el PP gobernaba, y que aspiraba a abanderar la regeneración para marcar distancias con los populares, pero que luego fue dibujando una deriva derechista conforme se iba consolidando en su afán de sustituir a los populares y ocupar su espacio.

Un partido que en tierras valencianas siempre, desde el primer día, ha estado gobernado por Argüeso con mano férrea. Se entraba como se salía: a dedo y porque le daba la gana al encargado de Rivera, según los críticos. El ejemplo citado de Cifuentes lo acreditaría. Catedrático de Lengua Española en la Universidad de Alicante, militaba en el PSOE, aunque en la corriente escéptica, sin hacer vida orgánica. Se planteó recalar en Ciudadanos a principios de 2015, convencido de que la formación emergente encarnaba al centro-izquierda, de que era socialdemócrata sin ninguna «concesión» a los nacionalismos periféricos. Entendía que la formación emergente de Rivera era un PSOE no contaminado de ismos. Fue otro profesor, muy próximo a él y también con carné socialista, el que llamó a la sede central en Barcelona para alinearse con el partido que estaba en fase de implantación en Valencia. «José Luis, que dicen si quieres ser candidato a alcalde», le trasladó el amigo. A las dos semanas. Argüeso se reunió con ambos en Alicante y el catedrático acabó encabezando la lista municipal de Ciudadanos. En aquellas elecciones autonómicas y municipales de 2015 cotizaban los perfiles que disimularan el origen popular, zaplanista para ser más exactos, de una buena parte de los cuadros del partido.

La venganza contra el campsismo

La estrategia inicial se asentaba sobre una política de guiños al PSOE para marcar distancias con un PP en decadencia, discurso de la regeneración y catarsis en pleno terremoto de corrupción, todo ello aliñado con el telón de fondo de la guerra entre campsistas y zaplanistas librada en los años anteriores y que se saldó con la expulsión, marcha o ninguneo del zaplanismo.

En la línea de los gestos significativos se enmarca el voto de Ciudadanos en la investidura del socialista Gabriel Echávarri como alcalde de Alicante. El partido de Rivera, cuya lista estaba encabezaba por José Luis Cifuentes, había logrado el mejor resultado en una capital de provincia, con el 18,3 por 100 del voto y 6 concejales de los 29 que conforman aquella corporación municipal. La consigna general en la formación era votar al candidato propio en todos los ayuntamientos y no pactar con nadie entrar en los gobiernos, salvo en el caso de que el acuerdo conllevase que el candidato de C’s era el que asumía la vara de mando local. El 13 de junio de 2005, el socialista Gabriel Echávarri fue proclamado alcalde de Alicante con 21 votos. Los 15 previstos en virtud del pacto de progreso (6 del PSPV-PSOE, 6 de Guanyar Alacant, la franquicia de Podemos, y 3 de Compromís) y 6 más de regalo. Los de Ciudadanos. Echávarri se había reunido con el líder local del partido para recabar su apoyo a la investidura. Pidió el sí como mero trámite, como un formalismo preceptivo, pero el alcaldable socialista no confiaba de ninguna manera en recibir ese apoyo. El portavoz de Ciudadanos tampoco esperaba darlo.

Ante la sopresa general, el portavoz centrista explicó el sentido de este respaldo como una apuesta por «dar seguridad al cambio y estabilidad institucional». Pero el primer sorprendido por el sí fue el portavoz municipal de C’s. La cocina de ese sí fue de lo más elocuente. El 12 de junio, a eso de las ocho de la tarde, recibió una llamada de Argüeso. «¡Tenemos que vernos urgentemente!». Ningún sitio mejor que El Corte Inglés, donde hay todo tipo de género para él y para ella. «Mañana tenéis que votar al PSOE», ordenó Argüeso. «Si no necesita el voto, si el tripartito de izquierdas tiene mayoría», aclaró su interlocutor. «Órdenes de arriba», vino a replicar el jefe del aparato.

El portavoz empezó a elucubrar que igual se trataba de una maniobra sofisticada para contaminar a la izquierda con el voto de Ciudadanos y de esta forma empezar a desestabilizar desde el minuto uno. Una operación tan absolutamente genial que sólo coeficientes intelectuales de 160 (como los de Albert Einstein o Stephen Hawking) podrían valorar en todo su alcance. Pero, al mismo tiempo, consideraba que el votante de Ciudadanos difícilmente iba a entender un respaldo gratuito a un acuerdo de toda la izquierda. Es lo que tiene ser catedrático, que uno construye hipótesis, teje razonamientos persiguiendo la lógica, reformula análisis, recopila claves para interpretar fenómenos. Entretenimientos de sabios.

El pleno arrancaba a las 11 de la mañana. Cifuentes convocó por whatsapp a sus cinco compañeros para reunirlos y anunciarles el cambio de planes justo antes de arrancar la sesión de investidura. «Que ha dicho Argüeso que hay que votar a Echávarri», transmitió el portavoz a su grupo, al que ofreció una somera explicación estratégica. Básicamente, marcar distancias con el PP; con un partido al que Ciudadanos estaba lanzando una OPA y que particularmente en el Ayuntamiento de Alicante, había construido nidos de corrupción. Se daba, con todo, la paradoja de que quienes sostenían ese planteamiento, Argüeso el primero, eran precisamente los ripollistas que habían pastoreado desde el PP las instituciones alicantinas, que luego quedaron en manos del campsismo tras la cruenta guerra entre las dos bandas.

El pacto de gobierno del Botànic, rubricado por socialistas, Compromís y Podemos, fue suscrito el 11 de junio de 2015, por lo que no tendría sentido interpretar el sí a Echávarri como brindis a favor de un hipotético acuerdo de socialistas y Ciudadanos para gobernar la Generalitat, una opción remota de gobernar en minoría que llegó a ser barajada por la dirección del PSPV ante las dificultades de la negociación con Compromís. Es verdad que el partido de Ximo Puig utilizó ese plan B como arma de presión frente a Mónica Oltra, pero no es menos cierto que en el entorno del ex alcalde de Morella había firmes partidarios de la opción Ciudadanos, entre ellos el ex presidente Joan Lerma.

El sí de C’s a la proclamación de Echávarri como alcalde era más un ajuste de cuentas con el PP, encarnado en ese momento por la candidata a alcaldesa Asunción Sánchez Zaplana, que fue consellera de Bienestar Social con el presidente Alberto Fabra y concejala con la alcaldesa Sonia Castedo. Argüeso vendió esa decisión impuesta «desde arriba» como un anticipo de una comunión del partido con los socialistas para ir preparando el terreno de las generales que se celebrarían en diciembre de 2015, tras las cuales hubo un pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera para que el primero se instalase en la Moncloa. El acuerdo de investidura no contó con los votos suficientes al negarse Podemos a secundarlo.

Tras la investidura de Echávarri, concejales, militantes y dirección de Ciudadanos fueron a celebrar el éxito a un restaurante cerca del ayuntamiento alicantino. Unas cuarenta personas. Mientras los camareros preparaban las mesas para la amplia comitiva, alguien se percató de que Argüeso estaba sudando. Tenía motivos. La dirección estatal acababa de trasladarle su amenaza de expulsar a todo el grupo y a la dirección por haber votado sí al PSPV. Pues resulta que la decisión de apoyar a Echávarri era cosecha propia de Argüeso, quien tuvo que emplearse a fondo para calmar los ánimos de la dirección nacional de su partido, a la que no sentó nada bien el cambio del sentido del voto casi en el último minuto. Argüeso tuvo que otografiar el discurso del portavoz local en el que argumentó ante el pleno el porqué del sí de Ciudadanos (marcar distancias con el PP, «dar seguridad al cambio» y contribuir a la «estabilidad institucional») y lo remitió a Fran Hervías, el hombre fuerte de organización. Argüeso salvó la situación crítica.

Unos 125 km al norte de Alicante está Gandia. Si el voto de Ciudadanos en la capital del sur fue una sorpresa, el que emitió el único concejal del partido en la ciudad ducal fue directamente un milagro. El viernes 12 de junio de 2015, víspera del pleno de investidura, el alcalde era el popular Arturo Torró, campsista que desterró en el PP municipal al citado zaplanista Mut, que gobernó con los socialistas entre 2007 y 2011. Salvo sorpresa, el alcalde popular estaba a punto de iniciar una segunda legislatura. Había logrado 12 concejales, uno menos que la mayoría absoluta; el PSPV, 7; la coalición Més Gandia (liderada por Compromís y con EU y Esquerra Republicana), 5, y Ciudadanos, 1. Se daba por hecho que gobernaría la lista más votada. Sería un milagro que se vertebrara un frente antipopular. El edil de C’s, Ciro Palmer, había reiterado que se votaría a sí mismo, en línea con la tónica del partido. Pero a eso de las 17:30 del viernes sucedió el milagro. Emilio Argüeso ordenó a Palmer votar a la candidata socialista Diana Morant. Torró tenía un problema.

Compromís no salía de su asombro ni ocultaba sus reticencias ante la extraña operación. Finalmente aceptó, entre otras razones porque vio peligrar el apoyo del PSPV a la investidura de Joan Ribó como alcalde de Valencia. A la una de la mañana, la noticia del estrambótico trío político que se había conformado para aupar a Morant a la alcaldía llegó a oídos del PP, que empezó a movilizarse para presionar a Palmer. Pero a esas horas, el edil de Ciudadanos ya se había aislado. Durmió en casa de un familiar e hizo inútil la presencia de personas de confianza de Torró en su casa para intentar convencerlo de que no propiciara la pérdida de la vara de mando popular. O para evitar que acudiera al pleno. Fue inútil. La socialista Morant se convirtió en alcaldesa por 13 votos a 12 y descabalgó a Torró. En un pleno tenso del que el único edil de Ciudadanos salió escoltado. Como entró. La plana mayor de Ciudadanos consumó su operación contra uno de los adalides del campsismo. Contra el hombre que se fundió en un abrazo con el presidente Camps cuando este salió de declarar en el TSJ valenciano, el 20 de mayo de 2009, por la causa de los trajes Gürtel.

En su fase embrionaria y cuando dio sus primeros pasos en las instituciones, hubo una convergencia de intereses entre el zaplanismo, que, tocado en el estómago y en su amor propio político (por este orden), estaba ansioso por ajustar cuentas con el campsista PP, y la estrategia de marcar distancias con los populares establecida desde la dirección estatal de Ciudadanos. Un partido que, en aras de ganar músculo, no reparaba en revisar las trayectorias personales ni las motivaciones políticas de quienes se embarcaban en el proyecto. No había mecanismos de selección y control de las afiliaciones. Nada que ver con aquella costumbre histórica del Partido Socialista de requerir el aval de dos militantes para apadrinar la entrada de un nuevo «compañero». La ficha del alta se exponía, además, en la agrupación durante un tiempo por si alguien tenía algo que objetar, alguna mancha curricular que entendiese que lo inhabilitaba para militar en el partido fundado por Pablo Iglesias. Aun así, se colaban roldanes.

Ciudadanos nunca ha sido tan exigente, al contrario que UPyD, donde se cerró la puerta a algún ex popular con cuentas pendientes con la justicia. «A Ciudadanos se han incorporado los despojos que representan a las corrientes más rancias», llegó a comentar la ex portavoz de C’S Carolina Punset. Su sustituto en el cargo, Alexis Marí, afinó la andanada: «los desechos del ripollismo más rancio». La ex portavoz municipal popular de Alicante y actual senadora, Asunción Sánchez Zaplana, fue igual de elocuente al explicarle a un concejal de Ciudadanos cuál era, a su entender, el perfil dominante de los cuadros del partido naranja: «Vosotros tenéis a los que no hemos querido en el PP».

El 20 de febrero de 2015, el diario Información entregaba sus premios «Importante», unos galardones que reconocen a personalidades y entidades de la sociedad alicantina que destacan en diversos campos. La comitiva local de Ciudadanos estaba entre los invitados. Nada más llegar, Emigdio Tormo se fundió en un abrazo con su ex jefe en el PP, José Joaquín Ripoll, el todopoderoso sheriff de Zaplana en el condado de Alicante. El candidato a alcalde Cifuentes observaba la escena desde cierta distancia, junto con algún otro neófito del partido. No daban crédito ante esa exaltación pública de la amistad con quien estaba tan contaminado por la corrupción que el 6 de julio de 2010 fue detenido por el supuesto cobro de comisiones en la trama de la basura vinculada a la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de 27 municipios de la Vega Baja. «¿Qué haces juntándote con éste?», llegó a recriminarle a Tormo uno de los recién aterrizados en Ciudadanos. Un militante novato que, vista su escasa capacidad para leer pisadas, olores y accidentes geográficos, no habría sobrevivido una sola noche como explorador en la selva amazónica.

Ripoll alardeaba en círculos políticos de controlar el partido de Rivera en Alicante. Y no iba de farol. El propio secretario nacional de organización, Fran Hervías, admitió un tiempo después a la portavoz del grupo de Ciudadanos en las Corts, Carolina Punset, que efectivamente en el partido estaban recalando agrupaciones enteras del PP ripollista /zaplanista y que el expresidente de la Diputación de Alicante les había estado ayudando. Hervías le expresó también su temor a que algún día esa conexión pudiera pasarles factura. No iba desencaminado.

El ajuste de cuentas zaplanista no sólo se expresó en la sesión de investidura del alcalde de Alicante. La Diputación fue un segundo escenario. Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, en las que el PP perdió nada menos que 12 diputaciones en toda España, la de Alicante era la principal plaza que podía salvar en tierras valencianas después de que sólo pudieron retener el gobierno de la Diputación de Castelló y las alcaldías de Orihuela y Benidorm como ciudades significativas.

El PP había logrado 15 diputados provinciales, exactamente los mismos que el bloque de izquierdas (PSPV, 11; Compromís, 3, y Guanyar Alacant, la marca impulsada por Podemos, 1). El único diputado de Ciudadanos, el concejal de Alicante Fernando Sepulcre, rompía el empate.

Coordinador provincial de Ciudadanos en Alicante y cabeza de lista por esta circunscripción a las Corts Valencianes, Tormo estaba llamado a ser quien llevara las riendas de la negociación poselectoral para formar el gobierno de la Diputación. Y de hecho fue el protagonista oficial, junto con Paco Sánchez, el segundo de los tres miembros del Clan del Dátil. Pero quien realmente se encargó de los tejemanejes y movió los hilos de la negociación fue Emilio Argüeso.

Los populares postulaban al presidente provincial del partido, José Císcar, como aspirante a presidir la diputación. El campsista Císcar había sido uno de los artífices del inicio, junto con el ex vicesecretario de organización regional David Serra, de la reconquista del PP en la provincia en la que el zaplanismo se fortificó con Ripoll de comandante en jefe.

La lucha enconada por controlar la provincia de Alicante dejó un buen repertorio de batallas y demostraciones de fuerza por ambos sectores. Uno de los momentos cumbre por haber evidenciado la ruptura total, la existencia de dos partidos en uno, aconteció en Teulada el 4 de abril de 2007, cuando Císcar todavía era alcalde de este municipio de la Marina Alta. Eligieron un conocido salón de banquetes, el Canor, para celebrar un gran mitin de precampaña, que en realidad era una ofrenda de poder al presidente Francisco Camps, una jura de bandera al campsismo con todas las de la ley. Estaban citados todos los alcaldes, cargos públicos y orgánicos de la provincia de Alicante para acompañar al jefe del Consell. Pero ya se sabe que, cuando Hegel inventó los restaurantes de bodas, bautizos y comuniones, les inoculó el virus de la dialéctica. De tal manera que en toda celebración de boda anida una conmemoración de divorcio. Justo lo que sucedió aquel día en el Canor.

Ripoll fue uno de los grandes ausentes. Dio plantón a Camps. El presidente de las Corts, Julio de España, asimismo de la familia política del ex ministro, tampoco acudió. Ripoll quiso que su ausencia resultara de lo más atronadora. Por eso eligió justo ese día para celebrar un acto en la sede de la UNED en Dénia, a poco más de 20 kilómetros de Teulada. Para que se notara más el desplante, la visita académica acabó justo antes del almuerzo-mitin. Ripoll subió al coche oficial, pasó por delante del camino que da al restaurante, tomó la autopista en Benissa y comió en Alicante. Sí estuvo el secretario provincial y también zaplanista, Miguel Peralta. Alguien tiene que ir para repartir puyas en el discurso y poder contar a los ausentes del bando propio cómo ha discurrido el acto sin tener que recurrir a fuentes poco fiables. Císcar ejerció, como alcalde, de telonero de Camps.

Ese mismo Císcar, ya como presidente provincial del partido, aspiraba a tomar las riendas de la Diputación como sucesor de Luisa Pastor, alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig hasta 2015. Pero la dirección zaplanista de Ciudadanos vetó al ex conseller y ex vicepresidente de la Generalitat con Alberto Fabra. El «no» de Ciudadanos llegó ipso facto. Císcar fue tachado y apartado de la negociación para proceder a investir presidente a la segunda opción del PP, el alcalde de Calp, César Sánchez. «Císcar no es ni interlocutor», sentenció Tormo antes de sentarse a cerrar los detalles del acuerdo junto con su correligionario Francisco Sánchez y con el candidato popular a la Diputación en un restaurante de Elda. El diputado provincial de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, tampoco estaba presente en el encuentro. No era necesario disimular. La enésima batalla entre zaplanistas y campsistas se había saldado esta vez con la decapitación de Císcar, como vendetta por su activismo en los enfrentamientos entre ambas facciones, que fueron especialmente crudos en las comarcas de Alicante.

«No apoyaremos a Císcar. Es el artífice de una política absolutamente desastrosa para la Comunitat Valenciana. Creemos que por su papel en la Generalitat no está cualificado para presidir la Diputación de Alicante», declaró Emigdio Tormo en aquellos días de negociaciones sin luz ni taquígrafos. Haberse significado como vicepresidente del último Consell de Fabra y haber sido nombrado conseller por Camps era el motivo esgrimido para segar sus aspiraciones. Su perfil estaba manchado y no casaba con la idea de regeneración que quería trasladar Ciudadanos. En realidad, sólo era una coartada. En el «creemos» militaba, además de la plana mayor de Ciudadanos, José Joaquín Ripoll, partícipe activo del veto al campsista.

Tras postularse el zaplanista ex alcalde de Altea Miguel Ortiz, finalmente se buscó a una tercera persona, el alcalde de Calp, César Sánchez, campsista afín a Císcar, extremo que retrató todavía más que el veto era un asunto estrictamente personal contra quien había combatido tan activamente al ripollismo. El propio Alberto Fabra brindó a Ciudadanos la cabeza de Císcar en bandeja y concedió a este que pudiera sugerir el nombre que finalmente sería aceptado por Ciudadanos, quienes se gastaban una mejor interlocución con Fabra de la que este tenía con el jefe provincial de su propio partido. No en balde, Fabra había reestablecido la conexión del Palau con un Zaplana que en los años de Camps no tenía ninguna interlocución con el Consell.

José Císcar renunció a su pretensión de presidir la Diputación porque «el proyecto del PP está por encima de las personas». Un partido, el PP, que debía apostar por la «transparencia, la regeneración democrática y la ética», según la línea política adoptada en la convención que se había celebrado recientemente en Benidorm. Tras la tormenta de escándalos, desfalcos, imputaciones, condenas y encarcelamientos, el propósito sonaba a como si la tribu caníbal korowai hubiese convocado una asamblea en Papúa Nueva Guinea para declararse vegana en su ponencia de estatutos.

Sin ejercer ningún cargo en la institución provincial, Argüeso y Tormo aprovecharon que Ciudadanos tenía la llave del gobierno para acomodar a todo su séquito de ex populares descolocados en derrotas zaplanistas en organismos públicos provinciales como el Instituto Juan Gil Albert, donde fue colocado Francisco Sánchez, o el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Entre otros, se enchufaron a la nómina pública José Alberto Cortés, Pepe Ferrándiz, Juan Molina o Belén González.

Fernando Sepulcre había ocupado el número tres en la lista de Ciudadanos en las municipales de Alicante. Profesionalmente comercial, sobre todo de sí mismo, procedía de UPyD, donde simpatizaba con el sector enfrentado internamente a Toni Cantó. Tras dar el gobierno al PP en la Diputación se fue distanciando de la dirección de su partido y a sumar su voto al de los populares por sistema. En junio de 2016, el diputado Sepulcre dejó Ciudadanos y pasó al grupo de No Adscritos, tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Alicante, tras protagonizar una polémica sobre el supuesto intento de pagar una revisión de su vehículo privado con dinero del grupo provincial. Un episodio polémico que emergió gracias al fuego amigo. Como es costumbre en estos casos. Esa marcha no implicó ningún cambio en la titularidad de la presidencia de la Diputación, que siguió en manos del popular César Sánchez.

Matar por aproximación

La pérdida de poder del PP contribuyó a que Ciudadanos se fuese aproximando a los populares en su afán de ocupar su espacio. Agotada la primera etapa de atacar marcando distancias, quedaba inaugurada la segunda fase de la estrategia: matar por aproximación. Una deriva derechista que se consumó en la asamblea del partido celebrada el 4 de febrero de 2017 y que sirvió para enterrar los estatutos vigentes hasta esa fecha y en la que la organización se ubicaba en el centro-izquierda. En el lifting al ideario se eliminaba cualquier referencia a la socialdemocracia. En su nueva definición, el partido se situaba en el poco trillado espacio del «liberalismo progresista». «Están intentando convertir a Ciudadanos en una marca blanca del PP», denunció la que fue portavoz del partido en las Corts, Carolina Punset, en puertas de esa asamblea. En febrero de 2016 dimitió como portavoz en las Corts para ocupar euroescaño en Bruselas. Argumentó motivos personales y explicó que era «lo mejor para el partido». En octubre de ese año, dejó la ejecutiva nacional de Albert Rivera. «Un error estratégico, un fraude ideológico», fue su lectura del giro de Ciudadanos, para denunciar un «entreguismo que le ha salido gratis a un PP que nos ningunea». «En un congreso puedes cambiar de propuestas, pero no de principios», sentenció Punset, representante del ala socialdemócrata del partido, con un toque ecologista y enfrentada con los ex populares. Rompió definitivamente su último lazo con la formación de Rivera en octubre de 2018, cuando anunció que dejaba el partido, aunque no el escaño en el Parlamento Europeo.

Punset abandonó unas siglas que ya hacía un tiempo que la habían abandonado a ella. Al menos eso se desprendía de la carta de despedida en la que acusaba de nuevo a su partido de haber hecho «transfuguismo político» y de ser «cómplice de la corrupción» al no votar la moción de censura que desalojó a los populares del Gobierno. «Vi a mi jefe más enfadado y descolocado que al propio Rajoy», asestaba en la misiva. En todo caso, su marcha más que cantada se hizo efectiva cinco minutos antes de que el partido la expulsara por haberse reunido con Carles Puigdemont en Waterloo. Punset explicó el contenido de aquel encuentro en TV3. El pack, así pues, estaba completo y ofrecía todas las garantías para ganarse la tan ansiada tarjeta roja. «Dialogar con Puigdemont no es delito, Rivera debería hacerlo; creo que la democracia es sentarse a hablar con los rivales políticos. La solución no es la cárcel ni pegarles palos a los independentistas», alegó la eurodiputada para despejar cualquier duda y garantizar el expediente de expulsión.

Desde la dirección, José Manuel Villegas la acusó de «querer blanquear a un huido» de la justicia y la llamó tránsfuga por «quedarse con el sueldo».

El sector más derechista del partido estaba liderado en Valencia por el concejal Fernando Giner, que fue candidato a alcalde y asumió las riendas de portavoz del grupo municipal. Junto con otro ex PP, Juan Córdoba, copó todo el poder orgánico en los dos grupos institucionales (Corts y Ayuntamiento de la capital) más importantes de Ciudadanos cuando se produjo la marcha de Punset a Bruselas. El diputado Alexis Marí fue nombrado síndic de Ciudadanos, pero el control del grupo parlamentario lo tenía Juan Córdoba como coordinador de los diputados a partir de febrero de 2016.

Tres días después del congreso de Ciudadanos que consagró el giro del partido a la derecha, su portavoz en la Diputación, José Enrique Aguar, dejó la formación. En la misma línea que Punset, Aguar denunció que C’s se había convertido «en una marca blanca del PP» y había «traicionado los principios de progreso, centralidad y liberalidad» (sic). Al igual que su homólogo en Alicante, Sepulcre, Aguar tampoco renunció al escaño provincial. Pasó al grupo de los No Adscritos. Ex dirigente del PSPV, había participado muy activamente en la implantación territorial de Centro Democrático Liberal (CDL), formación con presencia municipal que se disolvió en Ciudadanos. Tras abandonar el partido naranja impulsó Contigo Somos Democracia (CSD), una formación que se define como «centrista, socio-liberal, progresista y europeísta» (un tapeo ideológico) y de la que fue elegido presidente estatal en el congreso fundacional celebrado en Madrid en diciembre de 2017. Contigo se ha convertido en estación de destino de cargos públicos y afiliados que han causado baja en Ciudadanos por renuncia o expulsión.

El giro a la derecha de la formación de Rivera se fue consolidando, mientras la nueva ponencia apostaba por entrar en los gobiernos autonómicos en 2019 si la aritmética lo hacía posible. La deriva derechista iba acompañada, además, de un endurecimiento de las sanciones disciplinarias. Se recogía como causa de expulsión del partido la expresión pública de una «discrepancia grave con la ideología, principios o fines del partido, realizada durante actos de propaganda, reuniones públicas o a través de medios de comunicación». La lista de los críticos que fueron expulsados o dimitieron por discrepancias ideológicas ha ido engordando. Entre otros, la candidata a alcaldesa de Pincaya, Laura Palacios, de Sedaví, Aurora Aquino, o el de Requena, Juanmi Cebrián. También Nuria Moratalla, de Alzira; Luis Martínez, de Catarroja; la candidata en Ibi, Ascensión García, o quien fue alcaldable de Ontinyent por Ciudadanos, Sergio Ramiro.

Otros se han resistido a entregar el acta, de diputado provincial o concejal, aunque hayan causado baja en el partido. Es el caso, además del citado Sepulcre y de José Enrique Aguar, de Carmen Ibor (que fue cabeza de lista en Catarroja), Pedro Gallén (en Bétera), Salvador Murgui, candidato a alcalde de Casinos, Yolanda Santos (en Aldaia), Juan Carlos Mellado (Alaquàs), Montse Romeu (Callosa d’En Sarrià) o Juanjo Ramírez, cabeza de lista en Manises.

En cualquier escenario, incluso cuando las normas no entienden de números, resulta más difícil de controlar un estadio de fútbol que una mesa camilla, es más complicado atar en corto a una multitud que a una junta de cuatro. La obsesión de los responsables de Ciudadanos por desbrozar el camino de posibles contingencias y resistencias les llevó a evitar a toda costa el debate, las asambleas, a capar el crecimiento por la base y constreñir el partido casi a una marca electoral sin vida orgánica.

Argüeso, quien siempre ha sabido aplicar su experiencia y oficio como policía al control exhaustivo del partido, y Tormo se mostraron reacios a la constitución de grandes colectivos, conscientes de que necesitaban asentar su control y poder institucional antes de que el partido creciera exponencialmente en número de afiliados. En la ciudad de Alicante, por ejemplo, la constitución de un colectivo local se fue demorando sistemáticamente ante el temor de Argüeso y Tormo a perder el control y pese a que el portavoz municipal urgía sistemáticamente a conformar una agrupación. El propio dirigente local considera que este aspecto fue su cruz, su tumba política.

Ampliar la base complicaba el control absoluto en la gestión de la formación naranja. Tras el éxito electoral, el portavoz municipal y personas de su confianza entendían que era el momento de aprovechar el tirón para crecer en militantes y consolidar un colectivo local. Pero ese interés chocaba con quienes pretendían y lograron seguir gestionando C’s de forma muy personalista, «autoritaria». Es la percepción de quienes empezaron a convertirse en moscas molestas por querer alentar la vida en la organización en los meses posteriores a las elecciones de 2015.

«Ni Argüeso ni Tormo querían más gente, sino preservar el poder suyo y el del caudillo Rivera», observaba el ex portavoz municipal. «Ya se hará, ya se hará», despejaba Argüeso cuando le urgían a consolidar una agrupación local fuerte en Alicante. El hombre fuerte del partido llegó a explicar la estrategia política que interesaba a la dirección para mantener su poder: desmovilizar y evitar un crecimiento desaforado que le privara de controlar la agrupación. «Después de la campaña electoral, ahora hay que hacer la descampaña»: con estas palabras tan elocuentes trasladaba a las caras visibles del partido la consigna de desmovilización. Con el tiempo, no se pudo demorar más la constitución de la agrupación local alicantina. Se constituyeron cuatro colectivos distintos en la ciudad de Alicante, que se dividió en otras tantas zonas a efectos de organización con el objetivo de diluir la fuerza de la militancia.

La huella zaplanista en Ciudadanos es muy alargada y uniforme. «Los zaplanistas se han refugiado en Ciudadanos para pillar cacho, les importa una mierda la regeneración.» No es una opinión muy académica, pero tiene valor porque pertenece a otra persona que también fue expulsada del partido por Argüeso y que conoce muy bien la cocina de la organización en la época en la que Rivera abrió las puertas de la franquicia valenciana.

Desde su gestación, Ciudadanos siempre tuvo una magnífica interlocución con los socialistas valencianos. Compartían el objetivo de reducir el poder popular a la mínima expresión. En los foros y escenarios sometidos al foco de las cámaras la relación ha sido, en general, más que aceptable, pero es en la intimidad donde Eduardo Zaplana siempre se mostró dispuesto a colaborar con el partido de Ximo Puig para echar un cable allá donde fuera necesario. Con o sin Ciudadanos, Zaplana, el comercial del té y la simpatía, siempre se ha mostrado dispuesto a hacer trajes a su ex partido y jamás escatimó un «Ximo, lo que necesites», así coincidieran en una tribuna vip presenciando la entrada de moros y cristianos en Alcoi o lo llamara por teléfono expresamente; con relativa frecuencia. A fin de cuentas, a los dos y a Ciudadanos los unían las ganas de desalojar a los populares de las instituciones.

Un solo voto al PP en esta mesa

El 16 de abril de 2018 faltaban apenas 36 días para que agentes de la UCO se apostaran en la salida del garaje de la calle Pascual y Genís para detener al ex presidente. 864 horas de cuerda le quedaban al mito para derrumbarse, 51.840 minutos para que el semidiós se reencarnara en hombre, para que se firmara la declaración formal de ruina del régimen con la caída de su arquitecto. Esa tarde del 16 de abril, Zaplana tenía función programada en el Ateneo Mercantil de Valencia. El cartel y el tráiler del evento (el equivalente al acto, conferencia o coloquio de toda la vida) justificaban la magnitud de la cita. «El Ateneo Mercantil, como no podía ser de otra forma, sensible siempre a las efemérides más destacadas, va a rendir un sentido homenaje a los 40 años de la Constitución Española. Y lo hará con un ciclo de conferencias que reunirán durante los meses de abril y mayo a tres importantes ponentes». La terna estaba conformada por el ex presidente Joan Lerma, como representante de la fe socialista; el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, por el tercio eclesiástico y la fe católica, y Zaplana, como exponente del zaplanismo. De la fe en sí mismo. Una fe que es una, el zaplanismo, y se asienta sobre una trinidad de mandamientos que vive como obsesiones: la comercial monetaria, la liberal y la de falsificar su pasaporte político a base de propaganda.

No había mejor recinto para el blanqueo de su figura, en esa labor autobiográfica, que el Ateneo Mercantil de Valencia, la institución fundada en 1879 e impulsora de las escuelas de comercio, la bolsa, las ferias de muestras y organizadora de la Exposición Universal de 1909; motor del intercambio de mercancías e ideas, en definitiva. «El éxito de la España de las autonomías y las reformas necesarias», así se titulaba la primera de las funciones de la trilogía, como podría haberse bautizado «Eduardo, contigo empezó todo» o «El cultivo de tomate en los invernaderos de El Ejido». Lo de menos era el argumentario, lo prescindible eran los argumentos; lo verdaderamente importante era el tema, el porqué. Que no era otro que seguir construyendo el relato que conecta al Zaplana pospolítica de cargo con el Zaplana candidato «liberal para el cambio» de 1995. Un relato que actúa como un manto que tapa todas las contradicciones del presidente y el ministro. Un discurso para apuntalar la amnesia colectiva.

La institución presidida por Carmen de Rosa hizo una apuesta segura. Al igual que los divos de la escena, Zaplana llenó. Es un grande. Entre los asistentes se encontraban insignes supernumerarios del zaplanismo como Miguel Peralta, Alicia de Miguel o Susana Camarero. También, por supuesto, Emigdio Tormo, al igual que Fernando Mut. Había expectación y no era para menos.

El telonero condiciona tanto la suerte de un espectáculo como los entrantes la de un banquete. Zaplana se aplicó en la selección del telonero. ¿Un señor muy de derechas, un tipo de esos que cuelgan un don a cualquier nadie, un político de los de carné de partido tatuado en el pecho y quince trienios de militancia? Nada de eso. Eligió a Joan Mir Piqueras. El cargo de la etapa de Lerma que más tiempo resistió con los nuevos gobernantes populares que llegaron al Consell en 1995. El responsable del organismo público promotor de las exportaciones Procova (luego mutó en IVEX), indultado por el emperador Eduardo por recomendación de los empresarios. El hombre al que el nuevo presidente le confesó el secreto de su éxito («lealtad y honestidad») como norma que debería presidir las relaciones entre ambos.

El presentador sería, así pues, Joan Mir, director general de Anecoop, la cooperativa de cooperativas, la principal exportadora mundial de cítricos, la empresa agroalimentaria más importante de España. Ese era el perfil elegido por Zaplana para el acto de exaltación de su figura. «Doy las gracias a Eduardo Zaplana por pensar en mí; fue toda una sorpresa que se acordara de mí», se sinceró Mir. Obviaba que la memoria propia es una de las virtudes que adornan a quienes cultivan la desmemoria ajena. Instinto de supervivencia.

Mir no defraudó como pintor de cámara. Fue una mina de noticias. Ofreció rasgos inéditos del perfil del ex presidente. Por ejemplo, que es «escritor de tres libros». Cuando «en mayo del 95 ganó las elecciones, lanzó su primer libro, Un liberal para el cambio». Lo definió como un «liberal con sensibilidad social y que cree en la negociación»; «Es dialogante». Como prueba, Joan Mir habló de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o del impulso de la ley de uniones de hecho, logros que el presentador puso en valor.

En los 19 minutos y 10 segundos que duró la lluvia de pétalos (poco metraje para tantos méritos), explicó que en el periodo 1990-1995 el ex presidente tuvo «una actividad frenética». Pues sí. Caso Naseiro, marujazo en Benidorm, caso Sanz… De locos. Como remate para el perfil, una anécdota que ilustra a las claras el ansia devoradora de cultura, el ángulo librepensador del ex jefe del Consell. «La primera vez que llegamos a Nueva York, me dijo, sé que te gustan los libros, tenemos que ir a comprar libros de John Fitzgerald Kennedy. Y adquirió unas cuantas biografías.» Ese es Eduardo Zaplana. Aplausos en el auditorio.

Silencio y el ex presidente se dirige al atril. Toma la palabra. «Esos casi ocho años, creo que fue la época de mayor transformación de la Comunidad de Valencia [sic] en su historia reciente», asestó Zaplana sobre su etapa al frente de la Generalitat. No tardó en sacar su manual de ética, el que había desempolvado cinco años antes en el Club Diario Información. «Me he pronunciado poco sobre lo que ha ido sucediendo desde que en 2008 dejé la política; quizá lo más importante lo dije en 2010, cuando comenté que me daba pena, mucha pena, lo que estaba sucediendo en la Comunidad Valenciana», espetó el ex presidente en el abarrotado Salón Stolz, en la tercera planta del Ateneo Mercantil.

Y justo en ese preciso instante renovó la apuesta regeneracionista que ha gobernado su trayectoria: «Reivindico el noble ejercicio de la política», proclamó. El ex presidente recordó que es un librepensador –«me considero un liberal»– y rindió tributo a los que considera que han sido sus fuentes de inspiración política. Citó a «Garrigues, Fontán, Muñoz Peirats, Broseta, Fernando Abril o contemporáneos como José María Aznar». Para rematar su intervención, Zaplana animó a la sociedad civil y a «todas las fuerzas sociales de esta región a que se movilicen». Porque «esta tierra necesita despertar». Es lo que tienen los estadistas, que los demás miran pero ellos ven. Los demás oyen y ellos escuchan. Los demás hablan y ellos transforman. Y sin pedir nada a cambio. Sacrificio en estado puro, a la manera kennedyana.

«Compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes, pregunten qué pueden hacer ustedes por su país», prescribió el presidente Kennedy el 20 de enero de 1961 en su discurso de toma de posesión. «Soy una persona que no aspira a nada, pero quiere profundamente a una tierra que le ha dado las cosas más importantes de su vida; si puedo modestísimamente aportar algo, lo hago»: esta fue la adaptación libre de EZ sobre aquel mandato que su admirado JFK trasladó al mundo desde el pórtico este del Capitolio.

La conferencia del ex presidente fue todo un gesto con el Ateneo Mercantil. Hizo un paréntesis en unos días de actividad frenética en sus negocios. Durante las siguientes 48 horas, mantuvo hasta cuatro reuniones en Madrid con Fernando Belhot, el confeso fiduciario de su «patrimonio oculto» en el exterior, y con su supuesto testaferro y amigo Joaquín Barceló, Pachano. En el referido encuentro del Hotel Wellington se abordó el complicado acercamiento del dinero de Andorra al bolsillo del ex jefe del Consell.

El «necesito liquidez» porque «Ignacio no me está dando dinero de Andorra», pronunciado por Zaplana aquella tarde del 18 de abril de 2018, entronca con el «tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir», con el que se sinceró con el concejal de Valencia Voro Palop el 11 de febrero de 1990. Entre las grabaciones del caso Naseiro (invalidadas por el Tribunal Supremo) y las del Erial median tres décadas, pero revelan la coherencia de Eduardo Zaplana. Aunque ha progresado. Ha pasado de jugar en la liga autonómica del trapicheo a codearse con un letrado de nivel Champions en esto de las estructuras societarias internacionales para canalizar fondos opacos.

Ha evolucionado en su actividad empresarial, lo mismo que en sus creencias políticas. El PP también quedó atrás. El de Zaplana fue un discurso de altura, libre de hipotecas y de miradas constreñidas por la partitocracia. El Partido Popular fue desterrado de la conferencia. Ni rastro de las siglas PP en los 41 minutos y 56 segundos que duró la lección magistral. En la mente del ciudadano Zaplana y en el bolsillo del consultor Zaplana, la política ya hacía años que no se contemplaba a vista de gaviota.

Para celebrar que el tratamiento de la leucemia había superado con éxito los primeros grandes escollos, dos años después de serle detectada la enfermedad, el ex presidente convidó a una comida de asistencia muy reducida a médicos, familia muy cercana y algún invitado de postín. Entre comentarios intrascendentes de mesa y mantel, y alegría contenida por estar ganándole el pulso a la muerte, Zaplana reveló buena parte de la explicación del crecimiento de Ciudadanos en el País Valenciano y cómo echó raíces en territorio zaplanista en tan escaso tiempo. No fue un análisis sociológico denso, ni cargado de citas de autoridades académicas, pero sí muy certero, como casi siempre. «En esta mesa sólo hay una persona que vota al PP», se sinceró el ex presidente Zaplana con la mirada clavada en su hija María.

AGRADECIMIENTOS y algunos porqués

Los libros no se escriben, los libros son fotocopias de las historias que estaban escritas en las mentes, en las vidas vividas, pensadas o soñadas. Incluso cuando el relato es periodístico también tiene un punto de autobiográfico. O quizá lo tiene especialmente. Con permiso del sacrosanto mito de la objetividad (como si fuéramos objetos en vez de sujetos), nunca entendí el culto al periodismo como liturgia de la asepsia, sino como propósito permanente de gestionar la independencia. El gran tesoro del periodista, el bien más preciado del mundo. Más caro incluso que la tinta de impresora doméstica. Y que la de imprenta. Claro que hay hipotecas. El secreto radica en que sean asumibles. Es una de las escasas verdades de esta profesión. Se intuye y se verifica a pie de obra.

Aterricé profesionalmente en el periodismo (entré en Levante-EMV por la puerta del Diario de Ibiza) cuando el Consell socialista de Joan Lerma apuraba el escaso oxígeno que le quedaba en los años del tardofelipismo. Luego asistí en primera línea al espectáculo piromusical que ofreció el presidente Eduardo Zaplana entre 1995 y 2002, los primeros siete años del programa de la fiesta que en Valencia «no se acaba nunca», como dijo Ricardo Costa. Aquella primera etapa del régimen superó todas las expectativas. Lo vimos, lo vivimos y cada cual lo contó o lo calló a su manera.

Recalé en una redacción en la que encontré compañeros de una calidad humana y periodística extraordinaria. Al igual que los perros de caza, el buen periodista es el resultado de la genética, la formación y el oficio. Y es buena persona. En esto tenía razón Kapuscinski. Hay más virtudes para redondear el perfil del periodista ideal. Una fundamental, por supuesto, es la humildad intelectual. Los periodistas somos ignorantes en casi todo. El ansia por preguntar, por satisfacer la curiosidad, el afán por saber no es una opción, es una emergencia. Que provoca inseguridades, dudas... Es la base del periodismo. Dudar. Solamente los imbéciles y los cretinos están exentos de la duda. Por ello es tan importante trabajar en equipo, percibir al compañero como una red protectora por si te caes del cable o del trapecio.

Yo tuve la fortuna de compartir cables, trapecios y redes desde el principio con compañeros del periódico por los que siento una profunda gratitud. Por colegas de la infantería y por quienes desde su puesto de alta responsabilidad protegieron un espacio sagrado llamado redacción. Que es, de hecho, el útero del periodismo. Un barrio transitado las 24 horas. Y en él, las madrugadas siempre han sido más llevaderas compartiendo complicidades con Juanjo Garcia, Julia Ruiz, Alfons Garcia, Víctor Romero, Paco Piera, Pilar G. del Burgo, Juan Antonio Blay… por citar sólo a algunos de los relatores de la acción del zaplanismo en sus distintas terminales en los años más oscuros. Los contratiempos son más soportables conviviendo con Rafel Montaner, Minerva Mínguez y… tantos otros.

Sin embargo, el periodista ha de salir cada día de ese útero. Y, cuando consigue acceder a un sumario gracias a una filtración, alcanza, sin duda, el éxito. Más aún si consigue datos que están bajo secreto. Con todo, la aspiración profesional más ambiciosa pasa por contar historias que acaben alimentando sumarios. La consumación del periodismo de investigación se produce cuando el escándalo salta del diario al juzgado y motiva la apertura de una causa judicial. En realidad, ese es el reto del periodismo. Contar la realidad oculta. Del periodismo a secas. Porque el periodismo siempre es investigador, como bien observó García Márquez.

Desde abril de 1996, y durante casi dos años, me fue encomendada la misión de cubrir periodísticamente cuanto sucedía en Canal 9. Fundamentalmente aquello que no se emitía. El «último bastión socialista», en palabras de Zaplana, fue convertido en el NO-DO del régimen. La torre de Burjassot era un minarete con llamadas al rezo del éxtasis triunfal. Un torreón sobre una peana de corrupción y expolio. Pero la radiotelevisión pública autonómica fue sólo cabeza de puente de aquella conquista mediática.

¿Por qué hubo tanta barrera de silencio? ¿Por qué la hemeroteca y la fonoteca de esos años podrían llevar la firma de Hans Christian Andersen? ¿Por qué todos veían y muy pocos contaban el desnudo del rey? Es materia para quince tesis doctorales.

En octubre de 2016 me decidí a iniciar una. «La complicidad de la prensa en los 20 años de gobierno del PP en el País Valenciano. Silencios y altavoces mediáticos», con especial énfasis en la etapa zaplanista. Me embarqué con el apoyo de la profesora de Periodismo, Dolors Palau, que se prestó a dirigirla. Le debo una tesis y haberme animado a escribir este libro.

Eduardo Zaplana me llamó en febrero de 2016 desde el Hospital La Fe, donde estaba ya siendo tratado de su leucemia, para reiterarme que la corrupción llegó cuando él se había marchado. Constatar que seguía con su modestia habitual declinando méritos sobre la paternidad de aquel régimen podrido me ayudó a curar la idea de escribir esta historia sobre el zaplanismo. Así que, unos meses después, me puse a construir esta crónica de aquella Belle Époque sobre algunos qué y muchos porqués pendientes.

Era el momento de revisitar fuentes y escenarios, sumar nuevos protagonistas y testimonios, rescatar documentación inédita y procesar también información publicada para hilvanar un relato muy personal sobre los cimientos de los paisajes y las raíces de los protagonistas de un universo de dinero y poder que se ha sostenido durante treinta años. La cercanía a los hechos permite apreciar los detalles y conocer la textura y la pincelada, pero tomar cierta distancia aporta perspectiva para contemplar el cuadro.

Este macrorreportaje nació también de la estupefacción de comprobar cómo nunca pasó nada. Ni siquiera cuando se publicó en portada un número de cuenta numerada y secreta, la WA356115.000 de UBS en Nasáu (Bahamas), a la que se habían transferido casi dos millones de euros de dinero público valenciano para abonar un contrato B, el de Julio Iglesias. Este relato brota en parte de la desazón provocada al constatar que el tiempo transcurrido y la amnesia prescrita por autores, cómplices y colaboradores acabaron sepultando la memoria. Los alumnos que hoy estudian periodismo nacieron en esa primera fatídica legislatura zaplanista. O más tarde. Urgía, por tanto, un ejercicio de memoria.

Porque este no es, obviamente, un libro de encargo. Se escribió cuando el mito del Zaplana jurídicamente inmaculado, el gran cacique de la impunidad, tenía toda la vigencia, pese a las manchas curriculares, algunas de ellas grabadas. Otra más. La publicación de esta larga crónica llega con un año de retraso sobre lo previsto. Circunstancias personales me obligaron a aparcar el proyecto, a finales de 2017, cuando ya estaba muy avanzado. Lo retomé a principios de mayo de 2018. Semanas antes de que la UCO de la Guardia Civil y la jueza desplegaran la operación Erial.

La detención me sorprendió en el estudio de À Punt donde debutaba como contertulio en la radio pública valenciana. En el preciso instante de conocer la noticia, me planteé archivar las casi 400 páginas que tenía escritas. Todavía no contaba con una editorial. Un café con el periodista Adolf Beltran, con quien compartí programa aquella mañana, y un par de conversaciones más me animaron a rematar el trabajo. A fin de cuentas, pensé luego, de pie o derrumbado el mito, las causas de la mitificación seguían siendo igual de vigentes.

Para un periodista es imposible abstraerse de una tormenta de titulares. Es cierto que una detención, como la de Zaplana y sus colaboradores, y una causa judicial cambian el presente y el futuro de los protagonistas. Pero el pasado sigue en pie. Podía haber tenido la tentación de reescribir completamente el relato porque ahora contaba con la ventaja de que la UCO de la Guardia Civil había hecho spoiler. No lo hice porque este no es un libro de titulares. Incorporé la información necesaria para explicar por qué el semidiós se hizo hombre.

El profesor Francesc A. Martínez Gallego es de esos docentes que te dejan huella. En mi caso, en la carrera de Periodismo. De los que enseñan a ejercer el pensamiento crítico, que viene a ser los abdominales del cerebro. Le agradezo haber creído en esta historia y propiciar que acabara en manos de Jesús Espino.

El caso IVEX-Julio Iglesias ilustra todas las plagas del zaplanismo. Dediqué muchísimo tiempo e ingentes energías a ir exhumando porquería. Cuando llevaba unos seis años publicando capítulos de este escándalo, el PSPV lo denunció en los tribunales. Conocí entonces al letrado José Luis Vera, también presente en la causa Terra Mítica y crucial en el caso Fabra. Uno de esos contados tipos que se implican hasta asumir el riesgo de lesionarse. De los que uno se encuentra casualmente al doblar una esquina en este oficio y te regala su sincera amistad.

Algunos moradores de las cloacas han colaborado en esta crónica. Y algún fino rastreador del subsuelo. Lo mismo que algunos cuantos funcionarios que arriesgaron su trabajo cuando aportaban información mientras un conseller cazaba brujas a escobazos. A ellos, y muy especialmente a Moisés, les estoy agradecido.

Esta historia no habría sido posible sin la contribución de personas con responsabilidades en la Generalitat o los partidos, particularmente el PP, que decidieron hacer uso de su espacio de libertad (de un kilómetro o un palmo a su alrededor) para convertirse en informadores. Y, por supuesto, empresarios. Esos testigos privilegiados y protagonistas de cuanto acontece en la política.

El magistrado Joaquim Bosch y el periodista Javier Ruiz merecen mi gratitud. Por su complicidad, por su lectura acelerada del libro y por regalarme sus elogios.

La compañera Laura Ballester es un ejemplo de compromiso al escribir a contracorriente y contra el olvido. Sin su apoyo habría sido menos llevadera esta reflexión sobre los tiempos de relatos en el desierto.

Paco Cerdà es periodista. Con todas las letras. Cuenta historias con alma porque tiene un octavo sentido. Me ha arropado con su calor, su criterio y sus dosis de sensatez siempre que le he pedido consejo en la elaboración de esta crónica.

Si alguien merece mi gratitud, ese es mi amigo del alma Víctor Maceda. Mi psiquiatra de cabecera. Nadie es capaz de narrar lo que se cuece entre bastidores de la actualidad política con la precisión quirúrgica y ese punto de acidez que aliña sus reportajes. Su aportación sobre la arquitectura de este libro ha sido muy valiosa.

Mi reconocimiento a mi familia por acompañarme siempre a pie de página, por regar permanentemente mis raíces y anclarme a mi gente, a mi patria sentimental.

Y a Patri, por llenar tantos diarios de mi vida. Por su paciencia infinita y por todas las concesiones que ha hecho al periodismo. Por su lealtad y su generosidad.