La respuesta a las preguntas aquí planteadas y a muchas otras cuestiones se encuentra en el uso de técnicas de marketing aplicadas a la filosofía política que ha dado lugar a un populismo identitario difícilmente rebatible. Un plan táctico que ha permitido pasar de un nacionalismo moderado a un nuevo etnopopulismo o populismo identitario con un contundente objetivo final: la independencia de Cataluña. David Álvaro analiza en las páginas de este libro las estrategias que han permitido que, en poco más de quince años, el porcentaje de independentistas creciera desde un 10 por ciento a un 47 por ciento y cómo se ha logrado crear un relato casi hegemónico en Cataluña, donde las emociones se imponen a la razón y los argumentos viscerales derrotan a los cerebrales. Un viaje por el relato independentista en el que populismo y marketing se dan la mano consiguiendo llegar más lejos de lo que muchos, incluso desde sus propias filas, se hubiesen imaginado jamás.

David Álvaro

Cataluña, la construcción de un relato

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Titivillus 05.04.2021

David Álvaro, 2019

Diseño de cubierta: Sylvia Sans Bassat

Editor digital: Titivillus

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El único lugar donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario.

DONALD KENDALL

Prólogo
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España ha sido, en las últimas décadas, la historia de un gran éxito. Conviene reiterarlo y valorarlo —para preservarlo—, en contra de los que pretenden —contra toda evidencia— negarlo y destruirnos como nación y como democracia.

No somos, lamentablemente, una excepción. Estamos en un momento de auge de todo tipo de populismos y de renacimiento de nacionalismos agresivos y excluyentes que buscan socavar los valores que han conformado lo que conceptualmente hemos decidido llamar Occidente.

Es decir, en lo político, la democracia representativa; en lo económico, la economía de libre mercado basado en la iniciativa privada; en lo social, cultural e ideológico, las sociedades abiertas, en sentido popperiano, fundamentadas en la libertad, la igualdad y la solidaridad; y en lo global, el denominado orden liberal internacional, basado en el multilateralismo, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, la cooperación y la solidaridad.

Probablemente, la mejor y mayor expresión de esos valores lo represente la construcción europea. Un proyecto político apasionante y, también, enormemente exitoso. Un éxito que, asimismo, debemos reiterar en unos momentos de clara crisis de identidad, con cuestionamientos externos e internos, del todo evidentes.

Desde el exterior, con un claro riesgo del retorno del proteccionismo y del abandono del multilateralismo, con una reivindicación de «lo propio» como contrario a «lo de fuera», como si estuviéramos ante un juego de suma cero. Por ello, conviene insistir en que la globalización, la revolución digital o, por supuesto, el libre comercio, son juegos de suma positiva, que los datos objetivos reflejan con claridad meridiana.

En este sentido, la nueva política norteamericana, explicitada como «corpus doctrinal» en el discurso del presidente Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye una revisión a fondo del concepto de Occidente y, por consiguiente, del vínculo atlántico que lo ha sostenido y defendido frente a sus enemigos y adversarios, y que culminó con gran éxito con la victoria indiscutible sobre el bloque soviético, visualizada con la caída del Muro de Berlín y el subsiguiente desmoronamiento de la Unión Soviética.

Paradójicamente, esa victoria evidente ha generado la progresiva irrupción, a una velocidad vertiginosa, de nuevos enemigos (el terrorismo internacional, como mayor ejemplo) y adversarios (nuevas potencias que disputan a Occidente la hegemonía global, sobre principios y valores distintos).

Estos adversarios cuestionan la democracia representativa (que no es solo votar, sino el respeto a la Ley y al Estado de derecho, a las minorías, a la defensa de la libertad de expresión o a la igualdad de género, entre otros muchos aspectos). De hecho, en Rusia, en Irán, en Turquía o en Venezuela, se vota, pero nadie entiende que sean auténticas democracias, sino regímenes autoritarios y represivos. Por no hablar de China. Votar sin reglas no es sinónimo de democracia, sino de imposición.

Cuestionan, asimismo, la economía de libre mercado, con un capitalismo de Estado sumamente intervencionista y con escaso respeto a la libre competencia y a las normas que garantizan la igualdad, como la propiedad privada o la intelectual.

Y, obviamente, están en contra de las sociedades abiertas, con un intenso control de la sociedad y de sus individuos, pues atacan su libertad en todos los ámbitos.

Es consecuencia natural, que todos ellos cuestionen a su vez el orden liberal internacional que surgió después de la segunda guerra mundial y que tuvo un punto de partida en la Conferencia de Bretton Woods, con la promoción del multilateralismo y el libre comercio y, en definitiva, la globalización.

Por ello, la actual política norteamericana, con todos los matices que se quieran, al debilitar esos principios, menoscaba a su vez el vínculo atlántico y el concepto de Occidente y sus valores, y fortalece, objetivamente, a nuestros adversarios, interesados en minar las bases del orden liberal internacional. No en vano, debilitar la Unión Europea forma parte de sus prioridades.

En esa política encuentran aliados objetivos en el propio interior de nuestras sociedades. Los movimientos populistas y nacionalistas que han surgido en Europa cuestionan también nuestras instituciones (no es casual que hablen de democracias «iliberales» como modelo a seguir) y pretenden sustituirlas por mecanismos de «democracia directa», eufemismo para socavar la división de poderes, la independencia del poder judicial o la libertad de prensa y expresión. También cuestionan el libre comercio y el multilateralismo para volver a políticas de cierre de fronteras impregnadas de antiglobalización y de rechazo de la digitalización. Y no les gustan las sociedades abiertas e integradoras e inclusivas, como demuestra un feroz y burdo discurso contra los flujos migratorios.

La fórmula es simple: ofrecer soluciones simples a problemas complejos, buscar un «enemigo» claramente identificable como causante de todos los males, y explotar los sentimientos más primarios con discursos más propios de «barra de bar» que de personas responsables, serias y rigurosas.

Aunque para ello utilicen estrategias y mecanismos más o menos sofisticados, como la manipulación grosera de los contenidos educativos, de los medios de comunicación que controlan o de las redes sociales. Y pensando en el corto, medio y largo plazo, con otras estrategias bien definidas e implementadas de forma implacable.

El independentismo catalán es un ejemplo de libro. Porque es la mejor expresión de lo que el autor de esta obra denomina «etnopopulismo».

El enemigo y, por ende, causante de todos los males, es España. Y, por lo tanto, la solución mágica a todos nuestros males es librarnos de ella. Ridículo y patético si no fuera porque las consecuencias de ello están siendo trágicas: un desgarro interno dentro de la sociedad catalana, con serios riesgos de confrontación civil, un deterioro de las instituciones de autogobierno y un desprecio a la división de poderes y a las normas más elementales del parlamentarismo democrático, un intento de generar el rechazo del resto de la sociedad española (afortunadamente no conseguido) para autojustificar su proyecto de secesión y, en fin, un deterioro claro de uno de nuestros mejores activos internacionales: la marca Barcelona. Aunque a eso ha contribuido también el populismo «colauita», de efectos devastadores.

Todo el procés es explicado, con gran precisión y rigor, y con calidad literaria, por nuestro autor. Lo que me permite recomendar calurosamente la lectura del libro que tienen entre manos. No voy a insistir, pues, en ello, aunque algunos argumentos ya se desarrollaron en una obra colectiva (de la que soy coautor) titulada Escucha España, escucha Cataluña.

Y es un tópico, pero no por ello menos cierto, que toda buena terapéutica necesita previamente un buen diagnóstico. Y el autor lo formula con gran seriedad intelectual y con una enorme valentía moral.

Toda actuación política acaba por ser también pedagogía. Pero la actuación política democrática impide que la pedagogía se impregne de demagogia. Por ello es, a menudo, difícil combatir a nuestros adversarios. Pero no hay alternativa a hacerlo. Desde la denuncia de sus falsos y sesgados argumentos a la denuncia de sus apoyos externos, que, no casualmente, son los mismos que están en contra de los valores occidentales, del orden liberal internacional y de la construcción europea.

De ahí que la defensa de España, como un éxito histórico, y de la construcción europea, como proyecto político, deban formar parte de esa pedagogía democrática.

Porque nunca Cataluña ha sido más libre, «rica» y «plena» que ahora. Y nunca sus ciudadanos habían estado, en términos generales, mejor. Obviamente, existen desigualdades y problemas muy serios, pero la vía de afrontarlos no puede ser otra que la defensa de la ley, de nuestras instituciones democráticas, de los logros conseguidos por tanto esfuerzo y sufrimiento en el pasado, y, en definitiva, de lo que lo sustenta: la Constitución, que es la garantía de nuestra libertad; la de los catalanes y la del conjunto de los ciudadanos españoles.

Está en juego Europa, España y nuestras sociedades abiertas. Y vale la pena, cada uno desde su responsabilidad en cada momento, luchar por ello. Leer este libro, sin ninguna duda, ayuda.

JOSEP PIQUÉ

Ministro del Gobierno de España (1996-2003)

Introducción
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Incredulidad, malestar, tensión, miedo… sensaciones que se agolpaban en mi cabeza y se acumulaban en mi estómago. Cada palabra que escuchaba se me clavaba en el corazón como un quinceañero rechazado por la chica de sus sueños. La diferencia radica en que mientras un desamor se supera y constituye una vivencia necesaria para el desarrollo humano, aquellas palabras que estaba escuchando conformarían uno de los pasajes más negros de nuestra historia democrática. Mientras tanto, no podía hacer otra cosa que removerme en mi asiento en la tribuna del Parlament, a dos filas de distancia de los diputados del Partido Popular y la CUP.

Aquella era la alegoría perfecta de la quiebra de la sociedad catalana. Era 27 de octubre de 2017 y me encontraba solo en una tribuna atestada de partidarios y defensores de la independencia de Cataluña que jaleaban y vitoreaban a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien daba lectura a la propuesta de resolución número 1 presentada por Junts pel Sí y la CUP, que constituiría la declaración unilateral de independencia de Cataluña sobre España.

Minutos antes, los diputados de Ciudadanos y el Partido Socialista, se habían levantado de sus escaños al grito de «Visca Catalunya y visca Espanya». Poco después, harían lo propio los representantes del Partido Popular dejando sus escaños en los que depositaban, a modo de custodia, banderas de España y de Cataluña. La declaración unilateral de independencia estaba a punto de proclamarse.

Propuesta de resolución número 1 presentada por Junts pel Sí y la CUP (27/oct/2017)

Votada en urna secreta aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco.

Después todos en pie cantan Els Segadors mientras gritan «¡Visca Catalunya!».

Texto de propuesta:

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Cataluña, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Cataluña:

Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

Disponemos la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Iniciamos el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.

Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la república catalana y la propuesta de negociación con el Estado español.

Instamos a la comunidad internacional y a las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.

Manifestamos la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de continuar aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas de ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento del Estado español y del autonómico catalán que transponen esta normativa.

Afirmamos que Cataluña tiene la voluntad inequívoca de integrarse tan rápidamente como sea posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.

Apelamos a los Estados y a las organizaciones internacionales a reconocer la república catalana como Estado independiente y soberano.

Instamos al Gobierno de la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república.

Llamamos a todos y cada uno de los ciudadanos de la república catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.

Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república.

Para entender este sinsentido tengo que retrotraerme al día anterior: el 26 de octubre. La mañana es clara en Barcelona. La jornada constituirá uno de los días más ominosos dentro de una semana disparatada que, de no vivirla en primera persona, pensaría que forma parte del relato de una comedia negra digna del mejor Quentin Tarantino. Las 48 horas que comprenden el jueves 26 de octubre y el viernes 27 serán estudiadas en los libros de texto. No por su heroicidad, ni por su valentía, sino por suponer el mayor desafío a la democracia española en los últimos tiempos. Estas fechas se marcarán en negro en el calendario de nuestra vida política.

A las 10 de la mañana, pongo rumbo al Parlament donde me encontraré con mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular y asistiré a la sesión plenaria convocada para las 17 horas. De camino en el taxi, la radio ofrece un relato que hará estallar por los aires los cimientos del independentismo. El trayecto se hace largo, las calles de Barcelona están tomadas por cientos de estudiantes camino al parque de la Ciudadela, donde se encuentra el Parlament, para mostrar su apoyo a los líderes separatistas en su afrenta al Estado de derecho, a la Constitución española y al propio Estatuto de Autonomía.

En esos momentos, el president Carles Puigdemont mantiene una tensa reunión con su equipo de Gobierno, dirigentes del grupo parlamentario de Junts pel Sí, los principales mandatarios del PDeCAT y ERC, dirigentes de la Asociación de Municipios por la Independencia, de la Asociación Catalana de Municipios y el expresident, Artur Mas. Juntos tratan de dirimir si lo más conveniente para sus intereses es convocar elecciones o seguir hacia delante en su intención de proclamar la independencia, después de que, horas antes, Puigdemont rechazase ir al Senado a explicar su hoja de ruta. Algo que también generó sustanciales fisuras dentro del bloque secesionista.

Finalmente, el president Puigdemont cita a los medios de comunicación a las 13:30 horas para anunciar la convocatoria de elecciones anticipadas y evitar así la aplicación, por parte del Gobierno central, del artículo 155 de la Constitución española[1].

Rápidamente aquella manifestación de estudiantes proindependencia viró el rumbo de sus pasos y marcharon en dirección a la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno de Cataluña, donde tiene despacho el president.

El taxista sube la radio y me comenta que, llegados a este punto, ya nada puede sorprenderle. Mientras cruzamos Barcelona en medio del atasco, la emisora narra una secuencia de acontecimientos kafkiana. Mientras el taxista y yo escuchamos como unas 2000 personas se concentraban en la plaza de Sant Jaume dirigiéndose a Puigdemont al grito de «botifler» (traidor) y de «govern traidor, ni olvido ni perdón», decido acudir a las redes sociales para tomar contacto con lo que está sucediendo a escasos metros de nuestro coche.

Entre las 11 y las 13 horas, el independentismo se rompe por completo. El escenario previsto ha dado un giro de 180 grados, entrando en una fase inimaginable para el bloque separatista.

Mientras se hacen públicas imágenes de la diputada de ERC, Marta Rovira, abandonando el Palau llorando, comienza el aluvión de críticas. El primero, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, es el polémico diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien marca un antes y un después con un tuit que pasará a los anales de la historia de la aplicación del pajarito azul, por hacer referencia a lo que él consideraba una traición al pueblo catalán con un clarificador «155 monedas de plata».

Son momentos de máxima convulsión. Arran, la rama juvenil de la CUP, directamente tilda de «traidores» a Puigdemont y a su equipo, al tiempo que anima a acudir a la sede del PDeCAT en señal de protesta. En pocos minutos los Mossos d’Esquadra blindan la sede. Las JERC, la organización juvenil de Esquerra Republicana de Catalunya, se suma al escrache contra el partido de Puigdemont y Mas.

Antonio Baños, exlíder de la CUP, dice que «nos han robado en un despacho lo ganado en las urnas», al tiempo que cambia su foto de perfil en redes sociales por una del president Puigdemont boca abajo, recordando que «el pueblo manda, el Govern obedece».

Comienzan las primeras bajas en el bando independentista. Hasta este momento parecía un bloque sólido, robusto y sin fisuras. Los primeros son Jordi Cuminal y Albert Batalla. No son dos bajas cualquiera. El primero, Cuminal, diputado de Junts pel Sí, había sido presidente de las juventudes de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya, la JNC, y director general de Comunicación del Govern de Artur Mas. Renuncia a su escaño en el Parlament y se da de baja del PDeCAT por discrepar de la posible convocatoria electoral: «No comparto la decisión de ir a elecciones. Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT». El segundo, Batalla, también diputado de Junts pel Sí en el Parlament y alcalde de La Seu d’Urgell (Lleida), anuncia su renuncia como diputado y su baja de militancia en el PDeCAT en un mensaje acompañado de una foto con la bandera estelada y el lema «Visca Catalunya lliure».

No son los únicos críticos con la posible convocatoria de elecciones por parte de Puigdemont. Toni Castellà, diputado de Junts pel Sí y líder de Demòcrates, considera una «decepción» el desenlace de este capítulo secesionista; Marc Castells, alcalde de Igualada del PdeCAT, anuncia rotundamente «no quiero elecciones».

Me había subido a un taxi en el centro de Barcelona con el independentismo más fuerte que nunca y había bajado en el parque de la Ciudadela con un movimiento secesionista que había arrasado con todo, incluidos ellos mismos. Sus guerras cainitas, su canibalismo político y su eutanasia prematura habían descolocado al conjunto de la sociedad catalana.

Al entrar en el Parlament y reunirme con mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, me informan de que la comparecencia de Puigdemont de las 13:30 horas se ha aplazado hasta las 14:30. La expectación es máxima dentro de la institución. Analizamos escenarios, comentamos sensaciones y preparamos posibles estrategias entre el asombro de los hechos producidos las últimas tres horas. Hay pleno convocado para ese día a las 17 horas y a nadie parece sorprenderle que no se sepa si habrá sesión plenaria o no. Cabe recordar que en los últimos meses el Parlament ha permanecido cerrado por decisión del Gobierno de Puigdemont y solo ha abierto en función de los intereses partidistas del bloque nacionalista.

Entre medias se anuncia la anulación de la convocatoria de Puigdemont retrasada a las 14:30 horas y se informa de que comparecerá en el pleno. Los continuos cambios de planes y vaivenes en el frente independentista, perfectamente reflejados en la imagen de perfil de Antonio Baños en Twitter, donde a medida que avanzaba el día él iba girando la foto de Puigdemont (empezó boca abajo, luego pasó a estar ladeada y acabó recta), serían un buen guion para una comedia de enredos si no fuese porque lo que estaba en juego era el futuro de los catalanes, de la nación española y el desafío a la ley y las propias instituciones.

Comemos algo rápido en la cafetería del Parlament mientras especulamos con todas las opciones abiertas. Después acudimos a los despachos de los grupos parlamentarios y se notifica el enésimo retraso: el pleno comenzará a las 18 horas, no a las 17 horas, puesto que a esa hora Puigdemont hará una declaración institucional en el Palau de la Generalitat. Se baraja la opción de que Puigdemont se eche a un lado ante la dificultad de convocar elecciones debido al asedio de sus propios compañeros, y ceda el testigo a Oriol Junqueras para que continúe con el delirio independentista.

Finalmente, comienza el pleno y desde la tribuna de invitados soy testigo del «día de la marmota». El bloque constitucionalista, formado por PP, PSOE y Ciudadanos, alerta al independentismo de las graves consecuencias políticas, económicas y sociales de sus actos y el nacionalismo hace oídos sordos.

A las 21 horas, la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, da por finalizada la sesión del pleno, que se reanudará a las 12 horas del día siguiente. Mientras, en las puertas del Parlament siguen concentradas cientos de personas que en menos de 12 horas han pasado de apoyar al Govern, a renegar de él y a volver a echarse en sus brazos. Su plan es manifestarse de nuevo frente al Parlament al día siguiente.

A esa misma hora, cuando el día parecía terminado, somos testigos de la enésima dimisión en el decadente barco nacionalista. El consejero de Empresa y Conocimiento del Govern y amigo personal del president Puigdemont, Santi Vila, dimite alegando que sus «intentos de diálogo nuevamente han fracasado».

Volvamos al día 27, cuando se produce la Declaración Unilateral de Independencia. Si el 26 terminó dando la sensación de que no se podría tensar más la situación, el 27 demostró que el independentismo catalán siempre puede ir más allá.

Nos habíamos quedado en el momento en que un crisol de malestares emocionales, físicos y racionales se amotinan dentro de mí mientras soy testigo, a escasos 50 metros, de la propuesta de votación de la declaración de independencia. Ya se han marchado los diputados del PP, PSC y Ciudadanos y solamente quedan en el hemiciclo los independentistas y los representantes de la marca catalana de Podemos, Catalunya Sí que es Pot, coalición que integra a los partidos de Podemos, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Equo. Comienza la votación y, justo antes de que termine, mi cabeza debate sobre si seré capaz de presenciar el momento en que se proclama la nueva república catalana en un escenario y entorno hostil a mis principios constitucionales. Decido marcharme, salir del hemiciclo y dirigirme a los despachos de los grupos políticos. De camino, se escucha un estallido de júbilo. Ya está. Ha sucedido. El Parlament de Cataluña ha culminado su desafío independentista, ha roto las reglas de juego y ha tensado la cuerda hasta comprobar que se empieza a deshilachar. En aquel momento solo podía preguntarme: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? De eso va este libro.

Prefacio
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Etnopopulismo marketiniano

¿Cómo es posible que ideas tan sencillas de rebatir como el «derecho a decidir» hayan llegado tan lejos? ¿Cómo puede ser que exista tanta gente que crea que es comparable la situación de Cataluña con la de Escocia o Quebec? ¿Cómo hemos terminado hablando de «presos políticos» en una de las democracias más avanzadas del mundo?

La contestación a estas preguntas, como defendía el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, habría de explicarse partiendo de la idea inicial de que «a menudo no existen respuestas simples para los problemas complicados pero, sin embargo, son las respuestas simples las que mueven al electorado». Un simplismo político bañado de una pátina épica que permite construir una identidad.

Son los elementos del marketing los que determinan el éxito o el fracaso del nuevo etnopopulismo o populismo identitario que impera en Cataluña en los últimos años como evolución del viaje emprendido por el nacionalismo moderado que, hasta hace no mucho tiempo, era capaz de dar una de cal y otra de arena, jugando un doble papel según su destinatario, en una clara estrategia adaptativa en función del público receptor.

Este marketing político apoyado en contrastadas —y, en muchas ocasiones, olvidadas— teorías filosóficas y politológicas, es el que ha permitido que se acepte que el debate político en Cataluña se centre en la identidad por encima de la gestión, primando el catalanismo sobre la educación, el independentismo sobre la sanidad o el nacionalismo sobre las pensiones. De la mano de los preceptos populistas que permiten un amplio abanico de opciones —populismo de derechas, populismo de izquierdas, populismo peronista, populismo identitario, populismo anticapitalista…— se ha ejecutado una efectiva estrategia marketiniana que ha dado paso en poco más de 15 años de contar con un 10 por ciento de catalanes a favor de la independencia a un 40-45 por ciento en la actualidad. Tras varios años y diferentes legislaturas de hegemonía pujolista, los nacionalistas entendieron que no debían caer en los mismos errores de formaciones análogas a lo largo de la geografía global. Y es que en la clásica dicotomía de la ciencia política entre libertad e igualdad, el nacionalismo catalán había apostado por un igualitarismo identitario que había dado lugar a unos hiperliderazgos que se escapaban de la rendición de cuentas generando una élite extractiva susceptible de incurrir en casos de corrupción política, legal y moral. El paso de los años demostró la existencia del famoso tres por ciento en la dominante convergencia y la necesidad de articular un movimiento ajeno al nacionalismo hegemónico, en el que se primase la perpetuación en el poder frente a los liderazgos personalistas. Entraban así en juego los postulados etnopopulistas —al que podríamos llamar coloquialmente «indepopuntismo»— los cuales, conjugados con estrategias de marketing ya probadas anteriormente, darían lugar, en apariencia, al éxito independentista.

Posiblemente, el movimiento nacionalista catalán nunca tuvo mejor espejo en el que mirarse que el de su hermano, el independentismo vasco, complaciente con la violencia injustificable de una banda terrorista y políticamente tosco, minoritario y carente de un relato emocional. Las experiencias propias y ajenas vividas en el seno catalán y en el entorno de los movimientos secesionistas occidentales, permitieron a los ideólogos del nacionalismo en Cataluña elaborar un plan táctico fundamentado en dos principios inquebrantables: el populismo y el marketing.

El populismo encarna una concepción de la política asentada sobre la base de una articulación discursiva cuyo hilo conductual son las emociones, la apelación a nuestros instintos más humanos, a la irracionalidad de las vísceras, dejando de lado la coherencia del pensamiento crítico. Este populismo aglutina diferentes sensibilidades en torno a una misma idea, en este caso, la identidad. El teórico político Ernesto Laclau, en su imprescindible obra La razón populista, definía el populismo como la capacidad de construir identidades sociales frente a unas instituciones liberales que no satisfacen las demandas de los ciudadanos.

Principios que casan a la perfección con las acciones del etnopopulismo catalán, basadas en realizar insistentes llamamientos al pueblo, bajo una constante colectivizadora y cuya finalidad última es la creación de un Estado independiente en forma de república que impulse medidas de corte socialista antagónicamente opuestas a cualquier concepción liberal.

Sin duda alguna, el independentismo catalán ha podido llegar tan lejos gracias, en parte, al acertado uso de distintas técnicas de marketing. Es aquí donde conviene hacer un paréntesis y derribar el mantra de que el marketing es algo negativo, perjudicial o falaz. Como todo en la vida, depende de cómo se emplee. En política se tiende a asociar el marketing con la valla publicitaria, el spot de campaña, el color de la corbata del candidato o el estilo del discurso en un mitin electoral; y puede que haya algo de marketing superficial en ello, pero la profundidad de la carga marketiniana se encuentra en los postulados filosóficos de intelectuales tan dispares como Aristóteles, Maquiavelo, Orwell, Popper, Laclau o Gellner. De estos grandes maestros se pueden extraer interesantes y eficaces conclusiones de gran utilidad para la política, la vida personal o el ámbito empresarial. Se trata de pasar de la esfera teórica a la aplicación práctica.

Decía Trotski que «la estrategia no impedía la táctica», y tenía razón, más aún si hablamos de una gran organización, ya sea política o empresarial, en la que la necesidad de contar con una estrategia de marketing es imprescindible. Marketing entendido como táctica y no como un concepto vacío de contenido.

La realización de un acertado diagnóstico de la realidad, la creación de personajes reconocibles dentro de la construcción del relato, la capacidad de inventar una solución global a los problemas, la articulación de voluntades bien canalizadas y un buen uso de los medios de comunicación, son constantes que se han aplicado en la historia de la civilización desde el origen de los tiempos. Desde Jesús de Nazaret —quien fue capaz de orquestar todo un movimiento social con el objetivo de alcanzar la independencia del pueblo judío de la dominación romana y de los poderes religiosos del momento—, hasta el inolvidable «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor» del primer ministro británico Winston Churchill —como eje discursivo de una ilusión emocional en el devastador contexto de la segunda guerra mundial—, el marketing político y social ha jugado un papel determinante en el éxito de cualquier iniciativa o propuesta innovadora. Por este motivo, vamos a comprobar cómo en Cataluña populismo y marketing se han dado la mano consiguiendo llegar más lejos de lo que muchos se hubiesen imaginado, incluso desde sus propias filas.

Capítulo 1
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Populismo retrospectivo

La quiebra de las sociedades abiertas

«El problema catalán, como todos los parejos a él que han existido y existen en otras naciones, no se puede resolver, solo se puede conllevar; es un problema perpetuo, un caso corriente de lo que se llama nacionalismo particularista. Las naciones aquejadas por este mal son en Europa, hoy, aproximadamente todas menos Francia, debido a su extraño centralismo».

La frase pronunciada en 1932 por el diputado por León y afamado ensayista José Ortega y Gasset, sintetiza el problema de las aspiraciones de Cataluña. Cuánto se sorprendería el filósofo actualmente al comprobar que el chovinismo francés parece ridículo comparado con el mitómano nacionalismo catalán actual.

Los primeros síntomas del surgimiento de un entramado nacionalista en Cataluña con nociones de resonancia pública, mediática y con efectos conscientes socioeconómicos tiene lugar a finales del siglo XIX y principios del XX. Es cuando comienza a asentarse la idea de un materialismo y determinismo histórico antagónico a las sociedades abiertas derivado del nacimiento de un entramado de ingeniería social utópica destinado a crear sociedades colectivistas que suponen, de facto, una amenaza para el progreso y la libertad individual, tal y como defendía el filósofo y pensador Karl Popper.

Ya en la huelga general acontecida durante el Bienio Progresista en 1855, la sociedad obrera catalana demostró una idiosincrasia reivindicativa propia. Bien es cierto que, en aquel momento, Cataluña era el principal centro industrial de España. Aquellos mimbres dieron paso a un periodo caracterizado por un sindicalismo de corte revolucionario que imperaría en Cataluña a finales de siglo y que dejaría de lado la vía terrorista para apostar por lucha organizativa, social y colectivista.

De esta manera, en 1880, tiene lugar el Primer Congreso Catalanista, una asamblea que tenía por objetivo fijar las bases del catalanismo político. Podemos fijar en este periodo el inicio de un movimiento reflexivo de carácter adulto, dejando atrás la propuesta de algarada callejera y de corto recorrido y apostando por reivindicar un espacio sociopolítico virgen, y con amplias posibilidades de crecimiento y expansión.

De aquel congreso surge, dos años después, el Centre Català, una entidad que planteaba una innovadora estrategia aglutinadora en torno a un sentimiento identitario. Estos planteamientos, expuestos un siglo después por los padres del populismo politológico, suponen un cambio de modelo, un rumbo diferente, una quiebra en el sistema conocido hasta entonces. El cleavage ideológico daría paso al identitario. Daba igual si uno era carlista, anarquista o federalista. La mera unión en torno al sentimiento de pertenencia catalán era suficiente como elemento vertebrador.

Entre las demandas públicas de esta asociación se encontraban el reconocimiento del catalán como lengua oficial española, el mantenimiento y reforma del derecho civil catalán, el establecimiento de un Tribunal Supremo catalán y de una administración propia, el fomento del proteccionismo económico y el impulso del carácter mercantil de Cataluña.

Fue el propio Centre Català el encargado de organizar el Segundo Congreso Catalanista, cuyo hito más destacado fue el compromiso de que los catalanes no intervendrían en los partidos de ámbito nacional. Esta decisión derivó en la elaboración de la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, más conocida como Memorial de Agravios, enviada al monarca Alfonso XII en 1885, en la que abordaban las difíciles relaciones, a su juicio, entre Cataluña y el Estado español. No tuvo mayor recorrido puesto que el rey moriría de tuberculosis ese mismo año.

Poco duró la unidad en torno al Centre Català debido a los enfrentamientos entre diversas corrientes. En 1887, una escisión de esta entidad forma la Lliga de Catalunya. Cuatro años después, la Lliga se transformó en Unió Catalanista, cuya primera asamblea celebrada en 1892 aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana, más conocidas como Bases de Manresa, un documento al que se le considera como el acta de nacimiento del catalanismo político.

Con el comienzo del nuevo siglo, surge un inédito partido político impulsado, entre otros, por Francesc Cambó: la Lliga Regionalista. Su primer gran éxito electoral tuvo lugar en las elecciones generales celebradas en 1907, a las que se presentaron unidos una amplia mayoría de partidos nacionalistas, entre ellos la Lliga, bajo el paraguas de Solidaritat Catalana, y obtuvo 41 de los 44 escaños que se elegían en representación de las cuatro provincias catalanas. En las anteriores elecciones generales, celebradas apenas dos años antes, los nacionalistas, por separado, apenas habían logrado seis diputados.

Un tiempo antes, se había puesto en marcha la Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército como consecuencia del asalto militar al seminario satírico ¡Cu-Cut!, vinculado a la Lliga Regionalista, tras la publicación de unas viñetas en las que se mofaban de las derrotas del ejército español.

El triunfo nacionalista en 1907 se explica, en parte, gracias a la inteligente canalización de los sentimientos y afectos de los catalanes, que entendían que había sido atacada su libertad de expresión debido única y exclusivamente a su procedencia catalana. El mensaje era claro, sencillo y altamente comprensible. Se trataba de una censura programada, avalada y defendida por el rey Alfonso XIII, símbolo de la identidad nacional contra un sentimiento regional.

Junto a un discurso polarizado, según el cual era imposible mantenerse al margen y obligaba al ciudadano medio a posicionarse —excluyéndose como catalán o integrándose en la ola nacionalista—, comienza a cobrar gran importancia la iconografía visual, el uso de elementos vertebradores en torno al ideal regionalista. La bandera, el himno y la Diada formaban una trinidad inseparable que nunca debía ser cuestionada.

El nacionalismo seguía expandiendo su poder: consiguió que la Lliga Regionalista lograse que se creara, en 1914, la Mancomunidad de Cataluña, la primera fórmula de autogobierno administrativa de la región en la historia contemporánea. El gran problema era que la Mancomunidad carecía de capacidad legislativa, por lo que la ensoñación nacionalista aún parecía utópica. Para salvar este escollo, Francesc Cambó, líder de la Lliga tras la muerte de Prat de la Riba, propuso la elaboración de un borrador de estatuto catalán que sería redactado por la propia Mancomunidad pero que sería rechazado por las Cortes.

Comenzaba un duro periodo para el nacionalismo catalán. Tras el fracaso en el intento del obtener el primer estatuto de autonomía llegó, años más tarde, la dictadura de Miguel Primo de Rivera.

En un inicio, el dictador consiguió granjearse el apoyo de las clases burguesas y las élites catalanas además de determinados sectores nacionalistas, entre ellos del propio Cambó. Los primeros creían que protegería la industria catalana, una de las más potentes del país, mientras que los segundos daban por hecho que al haber sido capitán general de Cataluña, les favorecería a la hora de obtener más privilegios y libertades.

La realidad fue bien distinta. Primo de Rivera tenía entre sus principales objetivos librar a España del mal del nacionalismo, aplicando las medidas que estimase necesarias, por extremas, represivas y negligentes que fuesen.

«De los males patrios que más demandan urgente y severo remedio, destacan el sentimiento, propaganda y actuación separatistas que vienen haciéndose por odiosas minorías, que ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente el de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado». Así de tajante se mostraba el dictador, antes incluso de su golpe de Estado. Entre sus primeras acciones estuvo la publicación del Real Decreto sobre Separatismo, del 18 de septiembre de 1923, el cual prohibía toda acción que, a ojos del centralista dictador, rompiese la uniformidad nacional. Quedaban terminantemente prohibidos, bajo duras penas, los elementos propios de Cataluña (y de cualquier otra región de corte nacionalista): ni banderas, ni himnos, ni enseñanzas, ni lengua, ni cultura, ni mancomunidad, ni instituciones…

Quedaba patente cómo Primo de Rivera se había servido de aquellos mismos a los que posteriormente intentaría aplastar para alcanzar sus objetivos. No fue nada nuevo, simplemente fue la materialización de los principios políticos más reconocidos y analizados por figuras de la talla de Sun Tzu o Nicolás Maquiavelo. El primero, en su aclamada obra El arte de la guerra, detalla la necesidad de aprovechar las ventajas competitivas y dominar al adversario sometiéndole a través del engaño. El segundo, en la biblia política que es El Príncipe, nos recuerda que «aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza».

El problema de la estrategia dictatorial es que podría ser eficaz de manera cortoplacista pero en el medio y largo plazo generaría un efecto péndulo. El reprimir y oprimir el sentimiento regionalista catalán abonó el terreno para la creación de un sustrato nacionalista de aquellas capas de la sociedad catalana que hasta ese momento habían permanecido ajenas al movimiento identitario.

Tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930 —moriría un par de meses después—, el rey Alfonso XIII encargó al general Dámaso Berenguer la formación de un nuevo Gobierno. Este prometió restablecer la normalidad constitucional y convocar elecciones, pero nunca cumplió su palabra. De esta forma, la oposición republicana, unida tras el Pacto de San Sebastián, se mostraba cada vez más fuerte. Era la época de la dictablanda.

El movimiento republicano cosechaba grandes simpatías, no tanto por su propuesta de república como por su percepción de movimiento a la contra. No fue casual, pues se trataba de cumplir la máxima heideggeriana según la cual definimos la realidad política en función de nuestra relación con el resto del mundo. El republicanismo se entendía como contrapeso opositor a su antagónico directo. Se trataba de establecer un principio bifurcador en el monolítico camino monárquico y plantear una opción opuesta.

Cada vez eran más las voces que pedían que el rey y Berenguer se marchasen. Y así lo hizo este último en febrero de 1931, cuando su Gobierno y él dimitieron en bloque. Alfonso XIII se vio obligado a buscar un sustituto, entre reproches de sus allegados y rechazos al puesto de sus compañeros. El nombramiento recayó sobre el almirante Juan Bautista Aznar, quien se comprometió a restituir la legalidad constitucional y a convocar elecciones municipales, provinciales y generales.

Así, el 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales en las que se demostró el éxito de la estrategia antimonárquica de los republicanos. Las candidaturas republicanas se alzaron con la victoria fundamentada por el apoyo de las grandes ciudades. Se ponía de manifiesto, una vez más, la brecha existente entre el medio rural y el ámbito urbano. Como sucede hoy en día en política, la victoria urbana incrementó la sensación de triunfo entre la sociedad —de los más de 200 millones de votantes en las elecciones estadounidenses de 2016, Donald Trump no logró ganar en ninguna ciudad de más de medio millón de habitantes.

Esa misma noche electoral, el máximo responsable de la Guardia Civil, el general José Sanjurjo, envió un telegrama a los destacamentos de la Guardia Civil informando de su intención de no contener el levantamiento contra la monarquía. Entonces, los funcionarios públicos de Correos y Telégrafos interceptaron el mensaje, extralimitándose en sus capacidades laborales (se les impedía leer las comunicaciones enviadas), y se lo comunicaron a los dirigentes republicanos. Tal fue la afinidad de algunos funcionarios con la República que fueron ellos mismos los que izaron, en el propio Palacio de Comunicaciones, la primera bandera republicana en toda la ciudad de Madrid. Quizá a muchos esta desleal actitud de los funcionarios les recuerde a la adoptada recientemente por algunos trabajadores públicos de la administración autonómica catalana.

Tras esto, el almirante Aznar presentó su dimisión y los republicanos exigieron la marcha del rey antes de la puesta del sol del 14 de abril. Alfonso XIII no opuso resistencia y se exilió debido a la depresión causada por la reciente muerte de su madre y el miedo (lógico) de su esposa de acabar fusilada como algunos de sus colegas reales. Ese mismo día, los republicanos proclamarían la II República.

En Cataluña, aquellas elecciones municipales marcaron un paso más dentro del imaginario nacionalista. La mayoría de votantes apostaron por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido político formado escasas semanas antes de las elecciones y nacido de la unión entre los independentistas Estat Català y el Partido Republicano Catalán. Su líder, Francesc Macià, proclamaba la República Catalana al tiempo que nacía la II República.

Macià y los suyos creyeron que España se formaría gracias a un conjunto de repúblicas regionales, pasando a denominarse Federación Ibérica. Los propios republicanos tuvieron que frenar sus aspiraciones a las que ellos mismos habían dado alas, como contrapartida a obtener el apoyo a la república de los nacionalistas catalanes.

Lograron que la arcadia nacionalista pasase de República Catalana a Generalitat de Cataluña, constituyéndose como Gobierno autonómico dentro de la República española. Poco después tuvieron lugar las elecciones generales, que reafirmaron el apoyo a las formaciones republicanas.

ERC sustituyó a la Lliga Regionalista como elemento vertebrador del nacionalismo catalán debido, por un lado, a su apoyo inicial a la dictadura de Primo de Rivera y, por otro, a la enfermedad de su líder Francesc Cambó y a la gran popularidad alcanzada por la cara visible de ERC, Francesc Macià.

A pesar de las diferencias y disputas entre las dos formaciones, ambas apoyaron la consulta popular sobre el proyecto de Estatuto aprobado por las Cortes en septiembre de 1932. Ese mismo mes de noviembre tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas de Cataluña. En ellas, ERC se alzó con un abrumador triunfo obteniendo 57 de los 85 escaños, 41 más que los 16 escaños conseguidos por la Lliga Regionalista, eligiendo a Lluís Companys, de ERC, como presidente del Parlamento de Cataluña, y a Francesc Macià, también de Esquerra, presidente de la Generalitat de Cataluña.

En 1933 tuvieron lugar las segundas elecciones generales de la Segunda República española y, al contrario que años atrás, en esta ocasión la derecha se presentó unida y la izquierda disgregada. Esto supuso la victoria de la derecha republicana y el enfrentamiento progresivo con el nacionalismo catalán dominante en la Generalitat. Un año más tarde y de manera unilateral, Lluís Companys, quien sustituyó a Francesc Macià a su muerte, proclamó, en nombre de la Generalitat, el Estado Catalán dentro de la República Federal española. Algunos historiadores apuntan a que lo hizo presionado por los radicales independentistas y por los catalanistas marxistas. Tras esto, Companys y el Gobierno catalán al completo, fueron detenidos y se suspendió la autonomía.

En 1936 tendrían lugar las terceras y últimas elecciones generales de la Segunda República, en las que triunfó el Frente de Izquierdas, que amnistió a los presos políticos y restableció la Generalitat. Meses después tuvo lugar el golpe de Estado que provocó la guerra civil, que acabó con la victoria del frente sublevado.

Curiosamente, y como muestra del poder marketiniano del nombre, los sublevados se autodenominaron «bando nacional» tras el consejo ofrecido a los sublevados por Joseph Goebbels, ministro alemán de propaganda nazi, con la intención de proyectar en el imaginario colectivo la idea de defensores y salvadores de la nación. Pareciera que tuvieran presente también las opiniones de su adversario George Orwell, quien relató su experiencia combatiendo en Cataluña durante la Guerra Civil, cuando decía aquello de que «el pensamiento corrompe el lenguaje y el lenguaje también puede corromper el pensamiento».

La Transición: revolución visual y discursiva

Toda reivindicación política, social o económica debe ir acompañada de un buen eslogan. Un mensaje breve, directo y comprensible que inocule en la cabeza de nuestro receptor la idea amplia que tratamos de transmitir. Debajo de la pátina propagandística de un lema, subyace la clara e inequívoca intención de crear un marco cognitivo en el ideario colectivo. La historia está repleta de ellos.

Ya en el siglo XV, después de la publicación de la obra El Príncipe, escrita por el polímata y padre de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo, a quien se le atribuye falsamente la frase de «el fin justifica los medios», debido a la interpretación de sus postulados. Maquiavelo, a quien debemos contextualizar en un periodo de gran inestabilidad política y social, abogaba por defender la tesis de que un buen gobernante debe emplear todos los medios disponibles a su alcance para alcanzar sus objetivos finales, sin tener en cuenta preceptos morales o éticos. El único límite es el que se marca uno mismo. Toda esta idea pivota sobre dos ejes centrales: el realismo y el pragmatismo en detrimento de los ideales o los principios. Como él mismo recomendaba, «es más seguro ser temido que ser amado».

La expresión cuestionadora de los principios éticos atribuida a Maquiavelo, tendría continuación a través de uno de los mayores representantes del Siglo de Oro español como es Baltasar Gracián, quien en su obra Oráculo manual y arte de prudencia, publicada a mediados del siglo XVII en pleno Barroco, defendía que «todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los desaciertos de los medios». Esta idea sigue plenamente vigente si observamos los comportamientos, propuestas y actuaciones de líderes políticos como Donald Trump, Vladimir Putin, Nicolás Maduro o Marine Le Pen, entre otros muchos.

Del mismo modo, en la segunda mitad del siglo XVIII, en pleno periodo de despotismo ilustrado, nace la máxima que reza «todo para el pueblo pero sin el pueblo», como síntesis de la influencia de los filósofos de la Ilustración en los monarcas del Antiguo Régimen, cuando se implantó un sistema político asentado en la idea de salvaguardar las necesidades básicas del ciudadano para mantenerle satisfecho sin necesitar de su opinión o criterio.

Esta filosofía termina con la Revolución francesa que destronó a los monarcas absolutistas del Antiguo Régimen e implementó un nuevo periodo democrático, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de la primera Constitución francesa (1791) —que instauraría una monarquía parlamentaria— y de la posterior Declaración de los Derechos de la Mujer (1793), surgiendo con fuerza un grito común: «Libertad, igualdad y fraternidad».

Nadie representaba mejor este espíritu que Olympe de Gouges, quien, pocos años después de la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reivindicó los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres. Demandó los valores más básicos, primarios e inalienables que todo ser humano pueda tener. Derechos políticos, derecho al voto, a la propiedad privada, poder participar en la educación, ejercer cargos públicos y la igualdad de poder en el ámbito familiar.

Cuando Olympe luchaba por defender los derechos más primarios de las mujeres, no lo hacía sobre la base de alcanzar única y exclusivamente una igualdad entre hombres y mujeres. Lo hacía persiguiendo mayores cotas de libertad, a través de las cuales conseguir esa añorada igualdad.

El lema nacido en medio de la convulsa Revolución francesa ponía de manifiesto que libertad e igualdad no eran (ni son) conceptos excluyentes, sino que ostentan grandes dosis de complementariedad.

Eran tiempos de cambio en el viejo continente. Mientras la Revolución francesa acuñaba el ideal basado en «libertad, igualdad y fraternidad», la Revolución Industrial inglesa, de la mano de los principios defendidos por el economista británico Adam Smith, pergeñaba el concepto de libre mercado sobre la base de los postulados fisiocráticos y resumido en la famosa frase «laissez faire, laissez passer» (dejar hacer, dejar pasar). Detrás de esta sencilla expresión subyace un amplio ideal político-económico que defiende el empuje de la iniciativa privada, la limitación regulatoria de los poderes públicos y la libertad de capitales en el mercado como parte de un sistema natural económico que genera mayores grados de libertad individual frente a la intervención del Estado y el paternalismo asistencialista de las instituciones públicas.

A finales del siglo XVIII, una corriente heredera de ese movimiento liberal basado en el «laissez faire, laissez passer» extrema sus ideas y radicaliza sus principios de la mano del profesor universitario Jakob Mauvillon. Este abogaba por la privatización completa del sistema educativo, desde la etapa primaria hasta los periodos universitarios. Del mismo modo, apostaba por la privatización del sistema postal, de la provisión de la seguridad y del sistema de mantenimiento de los clérigos. Con la misma vehemencia y seguridad defendía la libertad de prensa y de expresión como principio básico de la libertad individual.

Sus ideas penetraron dentro del movimiento político alemán del momento y tuvieron gran influencia en la historia del liberalismo europeo gracias a la acuñación de su lema de cabecera que se extendió rápidamente por el continente europeo: «Libertad para poseer, para disfrutar, para ganar».

Estos seis eslóganes son el claro ejemplo del éxito de diferentes ideologías complejas, disruptivas e innovadoras, las cuales, a través de la creación de marcos cognitivos, identifican e instauran en el imaginario colectivo un concepto emocional y racional de mayor transcendencia. El lema tiene un sinfín de beneficios: es fácil de recordar, muestra un beneficio claro, cohesiona a la vez que distingue y transmite unos principios.

Esto no es patria potestad de movimientos alejados en el tiempo y en el espacio. En Cataluña, en los últimos coletazos de la dictadura franquista, en 1971, surgió un grito común que reivindicaba tanto el paso de los oscuros años del franquismo a la luz como la esperanza de una democracia libre. Ese grito no fue otro que el famoso «libertad, amnistía y estatuto de autonomía».

La reivindicación inicial no era diferente a la que se realizaba en cualquier otra región de España. El franquismo, a pesar de su etapa final modernizadora y tras haber pasado de ser una dictadura autoritaria a una dictablanda aperturista, seguía representando el anacronismo de un régimen que se demostraba agotado. Esto fue aprovechado por parte de la sociedad catalana que, influida por su fuerte tradición histórica anarquista, aprovechó para ligar el concepto de libertad y nuevo tiempo con el de mayor autogobierno y espacios políticos propios.

Este debate constituirá uno de los ejes centrales de la discusión política en un espacio constantemente dicotómico fundamentado en la disputa dual entre un nacionalismo regionalizador o una globalización mundializadora.

Es cierto que el franquismo se asentaba sobre el principio de uniformidad nacional, pero también es cierto que el escenario geopolítico internacional daba muestras de virar hacia la cesión de soberanía nacional en favor de entidades supranacionales. Es el caso de la incipiente Unión Europea, que, ya en la década de los 70, contaba con nueve sólidos socios y repetía insaciablemente la idea de solidaridad interterritorial plasmada en 1950 por Robert Schuman, uno de los fundadores del actual viejo continente: «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto; se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho».

A pesar de que pudiera parecer paradójico que en medio del embrionario escenario globalizador surgiesen movimientos regionalistas de corte nacionalista, como es el caso de Cataluña, en muchos casos tiene una explicación lógica.

Desde el comienzo de los procesos descolonizadores, el número de países existentes en el planeta ha ido en aumento. Así, en 1946 había 74 Estados reconocidos en todo el mundo, y a día de hoy existen 194 países reconocidos internacionalmente. Es precisamente la mano globalizadora la que permite romper las cadenas de la uniformidad y la homogeneidad.

Es la libertad globalizadora la que ha permitido que, como bien apunta el expolítico y economista Guillermo de la Dehesa, la descolonización de África diese lugar a 48 nuevos Estados, a que la caída de la Unión Soviética albergase el nacimiento de 15 nuevos países o a que la extinta Yugoslavia se transformase en cinco nuevas naciones. Naciones y Estados inviables si no fuese por la existencia de un sistema económico, político y social abierto y globalizador en el mundo.

Los nacionalistas necesitan de la globalización para poder expandirse, tanto es así que una de sus principales inquietudes, como veremos más adelante, es la imagen exterior y las relaciones bilaterales con terceros países. Podríamos decir que la libertad global es aprovechada por el ámbito local en la misma medida que lo hace el nacional.

El grito cohesionador «libertad, amnistía y estatuto de autonomía» proclamado por los antifranquistas catalanes les diferenciaba de los demócratas de otras regiones de España, a pesar de compartir las mismas reivindicaciones políticas, económicas y sociales. Los antifranquistas catalanes consiguieron crear la idea política de que mayor autogobierno se traduciría en mayor libertad. Y les funcionó. Así, tras la muerte de Franco, las fuerzas políticas catalanas y los colectivos sociales consiguieron uno de sus primeros éxitos. Entendieron, como siguen haciendo actualmente, que en una sociedad moderna el poder de una buena imagen es mejor que mil campañas publicitarias. La imagen no podía ser otra que la de cientos de miles de catalanes saliendo a la calle para apoyar las demandas existentes bajo el paraguas del mencionado lema.

Hubo varias manifestaciones en las calles de Barcelona, pero la primera, celebrada el 1 de febrero de 1976, supuso un antes y un después por varios motivos. El primero fue la abrumadora movilización que se produjo y que sorprendió incluso a los propios convocantes. Aquella era una movilización que había sido declarada ilegal y, por tanto, prohibida por el Gobierno, lo que generaba amplias dudas sobre la posible adhesión de ciudadanos dispuestos a jugarse el tipo ante unos 2000 agentes de la policía. Pero aquel día se estima que acudieron más de 50 000 catalanes a reivindicar una amnistía a los presos políticos y un Estatuto de Autonomía que les dotase de mayor autogobierno. Fue una de las mayores protestas vividas en la época de la dictadura.

El segundo motivo, y casi más importante que la gran afluencia de gente a la manifestación, fue el hecho de que diversas imágenes de las cargas policiales se colaron entre las páginas de rotativos internacionales de gran difusión y repercusión como The Times, The New York Times, Le Figaro o Der Spiegel, aumentando la sensación internacional del agotamiento de la dictadura y de la necesidad de un nuevo periodo político y social en España.

Aquellas imágenes sirvieron de acicate para las siguientes convocatorias. El movimiento antifranquista era consciente de la necesidad de aprovechar la euforia derivada por la mediatización de la anterior manifestación y convocaron una nueva movilización una semana más tarde, el 8 de febrero de 1976. Esta vez la movilización fue más política y los convocantes y asistentes estaban más mentalizados de las posibles consecuencias de aquellas reivindicaciones. El Gobierno también, y por eso cuadriplicó el número de efectivos policiales.

Menos de seis meses después, el rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez y se publicó el primer decreto de amnistía. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la dictadura, y Adolfo Suárez conservó su poder logrando reunir a socialdemócratas, conservadores, liberales o democristianos en torno a un proyecto reformador.

La UCD de Suárez había sido la fuerza política más votada en 12 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, y la segunda en otras tres; solo en el País Vasco y Cataluña obtuvo unos resultados diferentes.

En Cataluña, la Unión de Centro Democrático fue la tercera fuerza política por detrás del PSOE y de los comunistas del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el cual casi empata con el Pacte Democràtic per Catalunya, coalición de diferentes partidos en el que se integraba Convergència Democràtica de Catalunya, la formación creada por Jordi Pujol.

Socialistas y comunistas catalanes compartían la reivindicación de autogobierno que tanto éxito les había dado gracias a la utilización del eslogan «libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Entendían que aquella fórmula era altamente explotable y que aún le quedaba recorrido, después de que el joven Suárez apostase firmemente por una Ley de Amnistía de presos políticos.

Así plantearon el objetivo de conseguir un Estatuto de Autonomía, aprovechando las movilizaciones sociales derivadas de la defensa de una amnistía. De esta manera, quisieron celebrar, el domingo 11 de septiembre de 1977, una Diada histórica que demostrase la voluntad popular en favor del autogobierno catalán. Aquella movilización fue un nuevo éxito: alcanzó cifras récord de asistencia que se estiman por encima del millón de personas. «La mayor concentración de masas de la historia», según recogía el Diario 16, fue un baño de catalanismo en el que se entremezclaron senyeras con esteladas junto con pancartas que solicitaban un estatuto de autonomía.

En el periódico Arriba, fundado por José Antonio Primo de Rivera y diario de cabecera del franquismo, ya en 1977 en manos del Estado, se defendía la voluntad del rey de apoyar el proceso autonómico de Cataluña:

«La decidida voluntad de la Corona por conseguir un hogar nacional confortable y autentificado para todos los españoles, capaz de articular la personalidad regional específica con la personalidad global española, ha puesto en marcha una solución que refleja la aspiración popular catalana y es susceptible de normalizar las relaciones intrarregionales españolas por tanto tiempo alteradas o sofocadas. La última palabra la tiene la Corona. Porque no existe atribuida a ninguna otra Instancia la facultad de legalizar la Generalitat de Cataluña. La capacidad jurídica del Rey se pone al servicio del consenso de la clase política española y del largo, intenso y tantas veces frustrado anhelo autonomista catalán, que lejos de ser un particularismo se constituye en adelantado de un proceso general por el que han de discurrir, para ser más españolas, las nacionalidades de España».

Tres semanas después, el 29 de septiembre de 1977, se restableció la Generalitat de Cataluña mediante un decreto ley que comenzaba diciendo: «La Generalitat de Cataluña es una institución secular, en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica, dentro de la unidad de España». Menos de un mes después se producía la vuelta del exilio de Josep Tarradellas, quien llevaba viviendo en el ostracismo desde 1954; fue recibido en Barcelona entre multitudes, donde pronunció la famosa frase «ja sóc aquí», recordando su legitimidad histórica.

Desde un punto de vista meramente estratégico, la jugada de Suárez era claramente vencedora. Con la vuelta del exilio de Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat, desmontaba los argumentos del catalanismo más radical que apostaba por la ruptura, al tiempo que allanaba el camino a una nueva Constitución que fijase los límites de las autonomías.

En el ámbito del marketing y la negociación, este tipo de estrategias se definen como «win-win», debido a la victoria emocional que genera a las dos partes que defienden intereses divergentes o directamente contrapuestos.

De esta manera, el 6 de diciembre de 1978 se aprobó la Constitución española con un apoyo mayoritario de la sociedad. En Cataluña no fue distinto. De hecho, la participación allí fue superior a la media nacional y el texto fue apoyado por el 91,1 por ciento de los catalanes, casi tres puntos por encima del porcentaje de síes en toda España, que fue del 88,54 por ciento. Cabe recordar que de los siete padres de la Constitución, dos eran catalanes: Jordi Solé Tura y Miquel Roca. Por lo que la sensibilidad territorial catalana quedaba ampliamente recogida en el texto constitucional.

La Constitución de 1978 es tajante sobre las opciones separatistas. Ya en su segundo artículo deja claro «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», al tiempo que en el mismo artículo reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Además, el título octavo de la Carta Magna, concretamente en su tercer capítulo, refleja de manera inequívoca la organización territorial del Estado, fijando los límites y estableciendo una serie de derechos y deberes.

Previamente, en los debates sobre las enmiendas a la Constitución realizados en el Congreso de los Diputados, se valoró la propuesta del parlamentario Francisco Letamendía, de Euskadiko Ezkerra (La izquierda de Euskadi), una coalición formada por marxistas e independentistas vascos, que defendía la necesidad de incluir en la Carta Magna un nuevo título que regulara el derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado español, permitiéndoles optar entre seguir formando parte de España o formar otro Estado independiente.

La enmienda fue rechazada con cinco votos a favor, 268 en contra (incluidos los de los diputados del PNV) y 11 abstenciones (de las que 9 correspondían a diputados de la minoría catalana). Quedó claro que no existía la necesidad de incluir en la Constitución un artículo que prácticamente no existe en ninguna Constitución del mundo, ni tampoco había una demanda social que empujase a valorar opciones similares.

Una vez aprobada la Constitución, todos los diputados y senadores elegidos por las cuatro circunscripciones catalanas en las elecciones generales de junio de 1977, formantes de la Asamblea de Parlamentarios catalanes, designaron un equipo compuesto por veinte miembros que se encargarían de redactar el anteproyecto del nuevo Estatuto de Autonomía.

Estos se reunieron en el parador de Sau, de ahí que el Estatuto de Autonomía fuese también conocido como el Estatuto de Sau, y el 29 de diciembre de 1978 presentaron el anteproyecto que fue aprobado.

Antes de ser refrendado, tuvieron lugar las segundas elecciones generales después de la dictadura y tras aprobarse la Constitución de forma mayoritaria. Tuvieron lugar el 1 de marzo de 1979 y en ellas volvió a ganar la UCD de Suárez, aunque sin mayoría absoluta. Obtuvieron más escaños y porcentaje que en 1977, quedándose con 47 diputados más que el segundo partido más votado, que volvió a ser el PSOE.

Ganaron en once Comunidades Autónomas, más Ceuta y Melilla, y fueron segundos en las otras seis autonomías, en cinco empataron en escaños con el PSOE, que fue primera fuerza política, y en el País Vasco también fueron segundos, empatados con los socialistas tras el Partido Nacionalista Vasco.

Varios meses después, el 25 de octubre de 1979, el Estatuto de Autonomía sería aprobado por el 88,1 por ciento de los catalanes que acudieron a las urnas en una jornada con una participación inferior al 60 por ciento. Tras este hito para el autogobierno catalán, un año después, en 1980, llegaron las primeras elecciones autonómicas, que constituyeron el comienzo de una escalada nacionalista que continúa hoy día.

Hegemonía política pujolista

En aquellos comicios autonómicos de 1980, resultó vencedora con 43 escaños Convergència i Unió (CiU), coalición integrada por Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), esta última fundada por Jordi Pujol, quien había obtenido escaño en el Congreso en las elecciones de 1977 y abandonó su breve paso por la política nacional para liderar la candidatura de los nacionalistas catalanes en aquella primera cita electoral autonómica.

Comenzaba así, en términos gramscianos, la hegemonía política del nacionalismo catalán, creando un discurso dominante que obligaba a las demás formaciones a posicionarse constantemente e ir a rebufo del discurso nacionalista, polarizando cada vez más a la sociedad y agrupando a los ciudadanos en torno a un eje que abandonaba las coordenadas derecha-izquierda para asentarse en un vértice nacionalista-no nacionalista.

CiU y, sobre todo, Jordi Pujol se convirtieron en los siguientes años en figuras predominantes y hegemónicas, tal y como establecía el investigador italiano Giovanni Sartori en su obra Partidos y sistemas de partidos. Una maquinaria arrolladora perfectamente engrasada dispuesta a mantenerse en el poder a cambio de bascular un mensaje nacionalista dentro de Cataluña y un mensaje central, estable y moderado en sus negociaciones con el Gobierno de la nación.

Estos fueron los años en los que Pujol se decantó por un discurso adaptable en función del receptor: si el público a quien se dirigía era más nacionalista, su coqueteo con la posible independencia era mayor que cuando le estaban escuchando opciones más moderadas. Sirva de ejemplo aquellas casuales y prolongadas toses que le entraban al president cuando le entrevistaban en medios catalanistas y le preguntaban «si Cataluña era España»; sin embargo, cuando hablaba para el conjunto de españoles no tenía reparos en confesar abiertamente que «Cataluña no se va a separar de España por diversos y poderosos motivos; el peligro del secesionismo no es racional»[2].

Una de las cualidades llamativas de ese liderazgo hegemónico ejercido férreamente por Jordi Pujol fue su marcado carácter religioso. Llamativo en tanto en cuanto España acababa de salir de un periodo dictatorial fundamentado en el nacionalcatolicismo y la esencia de la tradición más catalanista era diametralmente opuesta a lo que esto representaba. El movimiento social catalán se había caracterizado históricamente por un sesgo anarquista y agnóstico, si bien es cierto que las cifras de católicos en España en los años ochenta nada tienen que ver con las de la actualidad. A mediados de los años ochenta, más del 90 por ciento de los españoles se consideraban católicos, y la gran mayoría eran practicantes habituales. Actualmente, el dato del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2018 revela que el 68 por ciento de los españoles se considera católico y, de estos, el 60 por ciento no acude nunca o casi nunca a un oficio religioso. Tal fue el fervor religioso de Pujol que no dudó en acudir en 1988 al Vaticano acompañado por su esposa, la plana mayor de su Gobierno, destacados referentes eclesiásticos regionales y más de 4000 catalanes para celebrar el milenario de Cataluña. Las palabras del papa Juan Pablo II fueron recibidas con mucha expectación. Cuando Wojtyla comenzó a hablar en castellano haciendo alusiones a la españolidad de Cataluña, se escucharon numerosos pitos entre los asistentes, que pronto tornaron en aplausos y vítores cuando el sumo pontífice se dirigió al público en catalán. Fue un discurso complaciente con la historia de Cataluña, pues incluyó incluso referencias a las sardanas y a los castells.

Algunos se preguntarán, de manera muy acertada, qué era esto de la celebración del milenario de Cataluña. Como veremos ahora, no fue más que una estratagema ajena a la realidad construida con la única finalidad de aumentar el sentimiento de pertenencia a una comunidad y, por tanto, las posibilidades de maleabilidad de la sociedad. Desde Sun Tzu defendiendo la idea de que «la mentira es una parte esencial de la guerra» hasta Henry Kissinger aludiendo a «la moral diferenciada entre ciudadano y Estado» para justificar las invenciones y falsedades políticas, la mentira ha jugado siempre un papel determinante en el relato político. Muchos líderes, a lo largo de la historia, eran conscientes de ello, y Pujol no era una excepción. De hecho, su estrategia parece basarse en los principios planteados hace algo más de tres siglos por el escritor escocés John Arbuthnot, quien en su obra El arte de la mentira política —falsamente atribuida a su buen amigo Jonathan Swift— argumentaba que la mentira política es sencilla y contundente: «El arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables con un buen fin».

Solo así se entiende que el Parlament de Cataluña aprobase una moción, en 1987, para que se celebrara «el milenario de la independencia de hecho de los condados catalanes, basándose en la negativa del conde Borrell II de Barcelona a prestar vasallaje al rey de los franceses Hugo Capeto el año 988». Para ello, se creó la Comisión del Milenario del Nacimiento Político de Cataluña, entre cuyas conclusiones destaca, a la par que sorprende, la siguiente: «No nos ha interesado tanto la defensa de la exactitud de una fecha milenaria precisa, el 988, sino probar documentalmente la existencia de un pueblo diferenciado y consciente de lo que era hace mil años». Reconocer sin tapujos la creación artificial y ficticia de una historia imaginada propia tiene su mérito. Pero más mérito tiene aún ser capaz de trasladar esa falsa creación a la sociedad catalana. Y es que las palabras «catalán» o «Cataluña» tardarían aún siglos en aparecer. Es la ensoñación de la historia que no fue y que al nacionalismo le hubiese gustado que fuese. Recomendables por pausadas, equilibradas y estudiadas son las crónicas de la época del escritor, poeta y político Carlos Barral[3].

Esta construcción ficticia de la historia y del sentimiento nacionalista catalán, junto con su pragmatismo, su equidistante ambigüedad y su habilidad negociadora, llevaron a Jordi Pujol a mantenerse en el poder durante 23 años de manera ininterrumpida, previo paso de seis citas electorales, ofreciendo su apoyo y facilitando la estabilidad de todos los gobiernos centrales, desde la UCD de Suárez y Calvo Sotelo hasta el PSOE de Felipe González, pasando por el Partido Popular de José María Aznar y el famoso Pacto del Majestic. Todo a cambio de más competencias para Cataluña.

El papel de Jordi Pujol para negociar lealtades con partidos políticos nacionales de pensamiento tan dispar fue crucial a la hora de crear un discurso identitario que conectase con las demandas de autogobierno en torno a un principio nacionalista ausente de ideología aparente.

Esta lógica se asienta sobre los preceptos de corrientes politológicas populistas, propias de América Latina, y que han sido planteadas por el filósofo Ernesto Laclau, quien asegura que el mantenimiento en el poder genera unos hiperliderazgos que escapan de la rendición de cuentas y mitifican la figura del líder, tal y como se demostraría años después.

Durante estos años, CiU y el PSOE se sienten cómodos con el rol que ha adoptado cada uno. Existía una convergencia de voto dual, según la cual los catalanes votaban diferente en clave nacional y local, y en clave autonómica. Mientras en clave nacional apostaban por el socialismo que representaba Felipe González, en las autonómicas mostraban su apoyo a la desideologizada apuesta nacionalista de Pujol.

Esta tónica se rompe con la victoria electoral de José María Aznar en 1996 y el pacto de gobierno ofrecido por CiU al Partido Popular. Es en este momento en el que el PSC (el PSOE catalán) vira su discurso hacia postulados más nacionalistas y logra obtener la victoria en votos en las elecciones catalanas de 1999, pero no en escaños. CiU necesitaba pactar y el Partido Popular, preso del Pacto del Majestic, ofrece su apoyo a la investidura de Jordi Pujol.

La entente cordiale entre PSOE y CiU quedaba en el olvido y se iniciaba así una legislatura en la que los socialistas reprocharían de manera enfática —y casi por primera vez— el perfil derechista de los nacionalistas.

En la legislatura 1999-2003, Jordi Pujol comienza a preparar su sucesión, que termina en 2001 cuando designa personalmente a Artur Mas como heredero al trono del sillón hegemónico de la política catalana que representaba CiU. Mas había sido desde 1997 consejero de Política Territorial y Obras Públicas y, posteriormente, de Economía en los gobiernos de Pujol. Este nombramiento generó cierta controversia en CiU, formación compuesta por dos partidos, al ver cómo se premiaba a Artur Mas en detrimento del otro aspirante y líder de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida. ¿Habrían sido distintas las cosas en Cataluña si aquel proceso sucesorio hubiese sido diferente? Nunca se sabrá, pero las especulaciones están servidas.

Aquel nombramiento pretendía mantener la lógica gatopardiana basada en el hecho de cambiar todo para que nada cambie, pero los socialistas vieron en la sustitución de caras una ventana de oportunidad que les permitiría romper con la tónica continuista.

Identidad lampedusiana

En la misma época tuvieron lugar dos acontecimientos determinantes como consecuencia de los resultados electorales de las elecciones generales del año 2000. En primer lugar, el Partido Popular consiguió la victoria con mayoría absoluta, por lo que no necesitó de la muleta nacionalista y pudo poner fin a las negociaciones de gobierno con formaciones minoritarias que exigían mucho a cambio de mantener la estabilidad del Gobierno. En segundo lugar, Joaquín Almunia, candidato del PSOE y secretario general del partido, dimitió, dando lugar a la celebración del XXXV Congreso Federal socialista en el que se presentaron cuatro candidatos: Matilde Fernández, Rosa Díez, José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero. Un joven Zapatero se alzó, contra todo pronóstico, con la secretaría general con nueve votos de diferencia sobre Bono, siendo determinante el apoyo al leonés de la federación catalana.

Estos hechos dieron pie a una carrera nacionalista sin retorno de cara a las elecciones autonómicas del año 2003, las más igualadas desde 1980. En aquellos momentos, la homofilia reinante en las filas socialistas les condujo a ir más allá en las demandas de autogobierno de lo que había ido antes el propio nacionalismo catalán.

Pasqual Maragall, líder de los socialistas catalanes, abanderó una propuesta de reforma del Estatut que, hasta ese momento, ni era una demanda ciudadana, ni había sido solicitada políticamente más que por ERC, y de manera residual. Pretendía ganar a CiU usando las mismas armas que el pujolismo y aprovechando que Artur Mas no tenía la fortaleza de su predecesor.

El PSC consiguió su objetivo y ganó las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, dando paso a uno de los episodios más reprochables desde el punto de vista democrático de la política catalana hasta aquel momento: el llamado Pacto del Tinell. Aquel fue un acuerdo de gobierno firmado entre socialistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), que establecía, entre otras premisas, más y mejor autogobierno para Cataluña[4] y la puesta en marcha de un cordón sanitario contra el Partido Popular[5]..

En la perversa lógica populista de Mouffe y Laclau, se establece que todo discurso construye una identidad, nacionalista en este caso, reuniendo a un conjunto de elementos. Aquí lo forman los diferentes partidos políticos catalanes, que son diferentes pero pueden ser reunidos en torno a su común oposición a una alteridad radical que no es solo una diferencia más, sino aquella que supone una amenaza para todo el conjunto. Es decir, el Partido Popular, como única fuerza no nacionalista, supone un impedimento político en el camino nacionalista, de ahí que deba ser excluido de la vida pública.

La experiencia excluyente debía reeditarse con éxito en las elecciones generales de 2004. De ahí que empezasen a cobrar sentido aquellas famosas declaraciones de un Zapatero ya candidato a la presidencia del Gobierno: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán»[6]. Años más tarde, el propio Zapatero, en un programa de televisión, confesó ser consciente del error de aquella afirmación: «Es verdad que la frase no fue muy afortunada. Intenté rectificar. Quise decir que apoyaría que el Parlamento de Cataluña aprobara un Estatut conforme a la Constitución»[7].

Pájaros de papel estatutarios

La propuesta inicial de Estatut muestra claramente algunos de los grandes males endémicos del nacionalismo. Ofrece constantemente una visión colectivista en la que el individuo queda anulado y supeditado a la voluntad intervencionista de la «nación catalana». Esta voluntad colectivizadora queda patente si hacemos un rápido análisis lingüístico del texto inicial, que revela que la palabra «Cataluña» aparecía 481 veces, mientras que la palabra «ciudadanos» lo hacía en 34 ocasiones y «catalanes» solamente en nueve. No debe sorprender, pues, que «España» aparecía reflejada únicamente en un par de ocasiones a colación de los tratados internacionales existentes.

Una muestra más de su carácter regulador e intervencionista era su amplia extensión de 227 artículos frente a los 169 de la española, los 146 de la alemana, los 139 de la italiana, los 89 de la francesa o los siete de la estadounidense. Lógicamente, en un texto de este carácter no es de extrañar que la palabra «competencia» apareciese en 329 ocasiones.

Era un texto que bebía claramente de la influencia de las constituciones mejicana de 1917 y de la de Weimar de 1919, y que establecía una hoja de ruta de ruptura, al tiempo que se hacía con el control regulatorio y planificador de la vida de los catalanes.

El Partido Popular decidió abanderar la oposición al texto estatutario y comenzó una campaña en la calle de recogida de firmas contra el texto inicial. Dicha campaña servirá, desde aquel momento hasta nuestros días, como argumento entre los nacionalistas de la idea represora de la derecha española y su cerrazón al autogobierno regional.

Probablemente, la distancia que nos otorga el paso del tiempo nos haga reflexionar y plantearnos si aquella estrategia fue del todo acertada. Es evidente que se estaban cruzando líneas rojas en la política territorial del Estado y que el escenario auguraba una escalada nacionalista que muchos ciudadanos y votantes moderados pedían que fuese frenada. Comenzaba a vislumbrarse la soledad del discrepante con el catalanismo y la orfandad del defensor del modelo de las autonomías tal y como se conocía, haciéndose necesaria la presencia de alguna formación política con espíritu cohesionador y no disgregador.

Dicho esto, aquella estrategia basada en negarse a introducir enmiendas al proyecto inicial del Estatut, a recoger firmas en la calle contra el texto y a acudir al Tribunal Constitucional, polarizó el fragmentado escenario político en Cataluña y colocó al Partido Popular en un extremo como antagónico natural del nacionalismo. No cabe duda de que uno de los marcos cognitivos más efectivos en las sociedades occidentales —y España no es una excepción— es aquella que plantea que «en el medio está la virtud», que evidencia que los extremos son tremendamente negativos y peligrosos.

En un primer momento, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó el texto estatutario con los votos en contra del Partido Popular y de ERC, después de que los republicanos hubieran votado a favor del texto que salió del Parlamento catalán. No obstante, se eliminaron los artículos sobre las selecciones deportivas catalanas, la transferencia y gestión de puertos y aeropuertos a la Generalitat y el hecho de que Cataluña se constituyera como circunscripción electoral independiente en las elecciones al Parlamento Europeo. En aquellos años, el apoyo social a la independencia de Cataluña no llegaba ni al 15 por ciento[8].

Finalmente, el Estatut se aprobó en un referéndum que no despertó interés alguno entre los catalanes, a tenor de la baja participación que no llegó ni al 50 por ciento —fue respaldado solo por el 36 por ciento de los catalanes con derecho a voto— y que marcó el comienzo de la quiebra de confianza entre los socialistas y los republicanos de ERC. Como estocada al texto estatutario, llegó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. No fue el único, pues también fue recurrido por el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas: Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja y Aragón. De los 114 artículos denunciados por el Partido Popular ante el Constitucional fueron declarados ilegales 14[9], y más de una veintena fueron sometidos a restricciones interpretativas. De lo que no quedaría ninguna duda es de que aquella sentencia, en ningún momento, hacia retroceder en el autogobierno que ostentaba Cataluña antes de la propuesta del nuevo Estatuto. Contrariamente a lo que la efectiva maquinaria nacionalista intentó hacer creer, se ampliaban las competencias de la autonomía, pero no en la medida deseada inicialmente por sus impulsores.

Entre 2003 y 2010, los siete años que duraron los debates en torno al Estatut de Cataluña, los socialistas fueron desangrándose electoralmente. Entre 2003 y 2006, el PSC perdió 235 000 votos, y otros 225 000 entre 2006 y 2010, es decir, prácticamente la mitad de sus votantes dejaron de confiar en ellos durante el travestismo nacionalista al que se sometieron.

La estrategia socialista, lejos de calmar las ansias nacionalistas, se convirtió en la gasolina del fuego independentista, incrementando sus expectativas, afianzando sus posibilidades y legitimando sus utópicas reivindicaciones. Dejaron el Gobierno en 2010 siendo la comunidad autónoma más endeudada, habiendo fracturado el consenso constitucionalista y habiendo convertido las particularidades de una de las regiones más prósperas del país en un elemento disgregador en lugar de algo enriquecedor. Creyeron ver un sinfín de posibilidades electorales en el hermanamiento entre la izquierda y el nacionalismo, y terminaron enfrentándose entre ellos y quebrando la paz de toda Cataluña.

La perspectiva de los años les ha permitido admitir el inmenso error de aquellas políticas. Fue el propio Pasqual Maragall quien, en el año 2007, en una entrevista del diario italiano Europa, reconocía que la reforma del Estatut no había merecido la pena puesto que habían obrado sabiendo la inconstitucionalidad de su texto y la necesidad previa de modificar la Constitución.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica de Catalunya, confesó en el año 2005, por medio de una tribuna en el diario El País, que «siempre he dicho que nos equivocamos con el nuevo Estatuto. No lo hicimos bien en Cataluña. Fue un error hacerlo solo con una de las Españas. También el PSOE se equivocó»[10].

Pedro Solbes resumió el sentimiento de muchos al afirmar que «en cierta medida, el Estatut nos complica a todos la vida». Muchas otras voces autorizadas dentro de las filas socialistas, desde Susana Díaz a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, confesaron la mala y equivocada gestión que se hizo en Cataluña durante aquellos años.

Sin embargo, la izquierda de hace diez años y la de hoy día sigue intentando monopolizar el debate y, conscientes de que las palabras que escogemos son también una pieza clave para el posicionamiento, introducen el término «nación de naciones» para referirse a la realidad territorial e identitaria. Desde el punto de vista gramatical, este concepto tiene el mismo sentido y lógica que «coche de coches», «libro de libros» o «casa de casas». Constituye una simplificación absurda pero de la cual subyace la idea de cohabitación pacífica de territorios. Una terminología que, a pesar de haber sido aceptada y empleada hasta por los adversarios socialistas, no cuaja entre el conjunto de la sociedad[11].

Aquel Estatut tenía la curiosa capacidad de enfadar a cualquiera, de no contentar a nadie y de frustrar las aspiraciones de todos: de los nacionalistas por sentirse censurados por el Estado central y de los no nacionalistas por entender que se habían excedido las funciones propias de cualquier autonomía.

Esto permitió a los nacionalistas comenzar a experimentar en una tierra que parecía abonada para las pruebas de cara al objetivo final que era, para algunos, la independencia. Fueron los meses en lo que la forma de trabajar consistió en el formato ensayo-error, es decir, ir probando diferentes fórmulas y escenarios hasta alcanzar el éxito variando la técnica. El objetivo final era lograr sistematizar los procesos naturales de la lógica secesionista.

En los meses previos a que se conociera la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que tuvo lugar en junio de 2010, se produjeron diferentes consultas no vinculantes ni oficiales sobre la independencia de Cataluña en más de 500 municipios. La primera y con más repercusión mediática fue la que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2009 en 166 municipios. A pesar de que las cúpulas de Esquerra Republicana de Catalunya y de Convergència Democràtica de Catalunya habían hecho campaña y habían realizado un llamamiento masivo a las urnas, apoyándose en figuras reconocibles como fue el propio Pasqual Maragall —en una demostración de la enantiosemia socialista— o Joan Laporta —en ese momento presidente del FC Barcelona—, la consulta fue un fracaso. Evidentemente, no existía ninguna garantía democrática: los censos no eran estrictamente controlados, podían votar menores de edad, no existían mesas de votación con miembros independientes… Aun existiendo una gran facilidad para manipular, inflar o falsear los resultados, los propios organizadores ofrecieron la bajísima cifra de un 30 por ciento de participación. Lo que en palabras de algunos de los organizadores se podía considerar como un «fracaso».

No obstante, para el consejero de Educación del Gobierno de Montilla y hermano del expresidente Pasqual Maragall, Ernest Maragall, fue un éxito. El entonces socialista Ernest —hoy en las filas de ERC—, calificaba aquella consulta como «magnífica» y como «fiesta del soberanismo»[12].

La misma perspectiva temporal es la que no nos debe permitir pasar por alto una «anécdota» que tuvo lugar en aquellos años, en concreto en 2008, no en Cataluña sino en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde el reciente excandidato del Partido Popular en Cataluña y exministro del Gobierno de Aznar, Josep Piqué, sufrió uno de los primeros escraches de la historia moderna de la política patria. Lo relevante no es el acoso en sí contra un exdirigente catalán del Partido Popular en un contexto de tensión política, lo destacable es que los autores materiales e intelectuales del mismo tenían nombres y apellidos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Rita Maestre, entre otros. Quizá, y solo quizá, aquel odio radical, canalizado años más tarde de manera democrática, sirva para explicar la posición equidistante de la filial catalana de Podemos con el movimiento independentista.

Lustro populista (2010-2015)

El padre del populismo moderno, Ernesto Laclau —junto con sus predecesores filosóficos como Lacan, Saussure y Gramsci—, pone el acento en la necesidad de emplear un elemento vertebrador a través del cual articular toda una suerte de procesos hegemónicos en disputa en el discurso político. Ese elemento aglutinador por excelencia es el significante vacío. Unas superestructuras en las que convergen diferentes intereses, aparentemente inconexos, por medio de un lazo contingente en el discurso que les agrupa y otorga sentido.

Trasladar esta concepción científica de la ciencia política a la esfera práctica de la contienda electoral es lo que hicieron los nacionalistas a partir de principios de la década con el término «derecho a decidir». Una idea que comienza a probarse en la manifestación que tuvo lugar en Barcelona contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y en favor de la cultura catalana, que congregó al Gobierno socialista de aquel momento (presidente Montilla incluido), a representantes políticos nacionalistas, a los principales sindicatos, a Òmnium Cultural y a varias decenas de asociaciones proindependencia. El lema: «Som una nació. Nosaltres decidim». Aquella convocatoria tuvo una gran repercusión por el elevado número de asistentes —la más multitudinaria desde 1977—, pero lo más relevante fue la demostración de la efectividad del significante vacío.

Bajo el amparo de la idea del «derecho a decidir» se habían congregado aquellos que estaban en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, nacionalistas contrarios al Gobierno —el presidente Montilla tuvo que salir escoltado de la manifestación antes de tiempo por algunos intentos de agresión—, independentistas que portaban banderas esteladas y algún que otro antisistema con ganas de algarada callejera.

Tras esto, llegaron las elecciones autonómicas y municipales de noviembre de 2010, en las que Convergència i Unió recuperó votos respecto a la anterior cita electoral y le arrebató el bastón de mando a los socialistas; Montilla pasó a la oposición y fue nombrado president Artur Mas. En el mismo debate de investidura, Mas reforzó el significante vacío que constituye la premisa del derecho a decidir encuadrándolo dentro de una etapa de «transición nacional».

En este momento se produjo un acontecimiento clave que marcaría para siempre el viraje independentista de los tradicionales nacionalistas catalanes. En junio de 2011, y ante la difícil situación económica que vivía el país y las distintas administraciones públicas, el nuevo Gobierno de Artur Mas se disponía a celebrar la votación de los presupuestos autonómicos, que incluían duros recortes. Fuera del Parlament se congregaron varios centenares de violentos que increparon, coaccionaron, amenazaron y agredieron a diputados y periodistas. Tal fue el asedio que mientras algunos diputados entraban en el Parlament escondidos dentro de los furgones policiales, otros, como el propio presidente Mas, tuvieron que acceder al hemiciclo en helicóptero.

Este hecho fue significativo porque sirvió de reflexión a Artur Mas acerca de la política que debía seguir si quería mantenerse en el poder. Consciente de que los recortes eran generalizados, entendió que podía jugar la carta de culpar de los males de Cataluña —los mismos que aquejaban a las demás comunidades autónomas— a una entidad superior, en este caso, el Gobierno central, es decir, España. Con un cambio de estrategia basado en el modelo populista, lograría un doble objetivo: por un lado, aglutinar a todos los descontentos en su empeño por la independencia, y segundo, esconder su fracaso e ineficaz gestión política de los asuntos clave —como la sanidad, la educación o las políticas sociales— bajo la alfombra del derecho a decidir.

La constatación de esta realidad la tendríamos años después al comprobar que los mismos antisistema que en 2011 asediaban el Parlament desde fuera de la valla del hemiciclo, años más tarde —y escaño mediante—, primero mantuvieron a Mas en el poder y, después, cuando les dejó de ser útil, lo dejaron caer.

Pero todo movimiento populista necesita un momento. En palabras de la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe, ese periodo temporal se denomina «momento populista» y se produce en el preciso instante en el que se pueden canalizar las inquietudes, demandas y frustraciones sociales a través de un discurso potente basado principalmente en las emociones y en las expectativas de futuro.

En palabras de uno de los politólogos fundadores de Podemos, para la formación morada aquel momento populista fueron las elecciones europeas de 2014. Según su propia explicación, aquella contienda electoral era la primera desde el comienzo de la crisis en la que se podían establecer comparaciones altamente comprensibles. Su momento populista no debía ser al comienzo de la recesión, puesto que la inmensa mayoría de la gente lo estaba pasando mal, sino cuando amaina, de tal forma que se pueda establecer una comparación palmaria entre aquellas élites extractivas que comenzaban a generar beneficios millonarios y aquella clase media que continuaba sufriendo los estragos del peor periodo económico de los últimos tiempos.

En Cataluña, el momento populista comenzó incluso antes. Mientras que en el terreno nacional el PSOE estaba deslegitimado socialmente por su gestión económica, el Partido Popular acababa de llegar al poder, por lo que en un claro escenario bipartidista no había un tercer actor de reconocido prestigio que zarandease el árbol populista. En Cataluña la situación era distinta. Allí sí existía un movimiento nacionalista de prestigio electoral que pudiese aprovechar el escenario de crisis económica, social e institucional en su propio beneficio. Y lo utilizaron impulsando un populismo etnitizador sobre la base de un sentimiento de pertenencia regionalista. Sin duda alguna, los movimientos populistas, bien sean de derechas o de izquierdas, utilizan la identidad como arma arrojadiza, así los populistas de derecha en Francia culpan a la globalización de haber traído una ingente e inasumible cantidad de inmigrantes, mientras que los populistas de izquierdas de Grecia, Italia o España cargan las tintas contra el proceso mundializador liberal que empobrece a los países periféricos.

El éxito se encontraría tras lograr alcanzar el sacramental triunvirato formado por la miscelánea de propuestas de Chantal Mouffe, Antonio Gramsci y Karl Marx. La primera determinaba que todo movimiento populista que se precie debe emplear un discurso transversal. El segundo establecía la necesidad de construir una hegemonía política que constituyese un nuevo orden político, a través del cual definir la preeminencia de un determinado sector mediante la inclusión de diferentes sectores sociales. El tercero añadiría los medios de producción ideológica para expandir la hegemonía entre sectores hasta el momento no politizados y ajenos al juego democrático.

El trío ideológico que compone el abecé del populismo nacionalista —nunca debemos entender «populismo» bajo el prisma de la concepción peyorativa sino como precepto politológico— encontró en el concepto identitario el nexo aglutinador entre diferentes sectores sociales. Solo necesitaban establecer el rol del líder puesto que en el populismo los argumentos quedan en un segundo plano en detrimento de los afectos que se estiman determinantes. Para canalizar las diferentes pasiones y emociones se requiere de un buen líder que actúe casi como un guía espiritual. Alguien capaz de canalizar las esperanzas de futuro por medio de expectativas. Como nos recuerda el psicólogo Robert Greene en El arte de la seducción, las expectativas siempre son más poderosas que las realidades puesto que nos permiten idealizar y no necesitan ser contrastadas.

El «derecho a decidir» articula un conglomerado de sentimientos que se aglutinan y canalizan por medio de un único fin frente a la etnofagia diferencial de los partidos nacionales que, aun reconociendo la pluralidad cultural, tratan de incorporar y absorber las distintas sensibilidades culturales en una identidad central, diluyendo la heterogeneidad bajo un manto de homogeneidad.

En julio de 2012, Artur Mas, consciente de la asfixia económica que sufría la Generalitat, planteó a Mariano Rajoy la posibilidad de un nuevo pacto fiscal para Cataluña al estilo del concierto económico vasco. Fue una petición inteligente, no por su viabilidad, sino por lo que dejaba entrever. Desde el punto de vista de la Generalitat —y dada la difícil situación económica de las instituciones—, tenía sentido plantear un nuevo sistema que les pudiese otorgar liquidez. El problema radicaba, y esto era conocido por el Gobierno catalán, en que la mala situación financiera en el Gobierno central era igual de calamitosa que la de cualquier comunidad autónoma. Eran épocas de vacas flacas para toda institución pública y el Gobierno central no podía hacer otra cosa que lamentar el nulo margen de negociación que existía ante semejante petición.

La cuestión del pacto fiscal sirvió durante mucho tiempo de argumento entre el nacionalismo como ejemplo de un inexistente agravio comparativo con otras regiones y del expolio al que se sometía a Cataluña.

El último cuatrimestre de 2012 supuso la abrupta eclosión de la hoja de ruta nacionalista. En escasos meses tuvieron lugar diferentes acciones coordinadas, preparadas, estudiadas y calibradas para dar la imagen —dentro y fuera de Cataluña y dentro y fuera de España— de que algo se movía en los cimientos del Estado.

En septiembre, más de 80 municipios aprobaron mociones municipales por las que se constituían simbólicamente en «territorios libres catalanes» e instaban al Parlament de Cataluña a convocar un referéndum de autodeterminación. En la Diada de ese mismo año, la recién creada Asamblea Nacional Catalana (ANC), presidida por Carme Forcadell, convocó una manifestación bajo el eslogan «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Más de medio millón de personas acudió para apoyar la independencia catalana.

Dos años habían sido más que suficientes para que Artur Mas y el nacionalismo catalán entendiesen que la fórmula efectiva para perpetuarse en el poder era jugar al juego populista y emplear la técnica del palo y la zanahoria con una independencia que consideraban utópica pero resultadista. Por eso, a finales de septiembre de 2011, Mas convocó elecciones anticipadas argumentando, por un lado, que España —ya no el Estado central— se niega a un nuevo pacto fiscal con Cataluña y, por otro, que la sociedad catalana demanda pasos en favor de un nuevo modelo identitario.

Si Lenin logró unificar a sectores aparentemente dispares a través de un discurso que focalizaba sus iras contra los kulaks —aquellos agricultores y campesinos que poseían propiedades y contrataban a trabajadores—, Mas podía hacer lo propio aglutinando las sensibilidades de todos aquellos que, de una u otra manera, se hubiesen sentido agraviados y quisieran volcar esa rabia contra Mariano Rajoy y el Gobierno de España. Y si Lenin sustituyó el materialismo dialéctico por la sencilla idea de ofrecer «paz y pan», Mas podía dejar atrás el nacionalismo identitario para vender la simple premisa del «derecho a decidir».

Para ello, era fundamental el papel de los partidos políticos. Como decía Gramsci, son el «resultado de un proceso dialéctico en el cual convergen el movimiento espontáneo de las masas revolucionarias y la voluntad organizativa y directiva del centro».

Tras las elecciones de 2012, Artur Mas aceptó entrar de lleno en terreno del independentismo y firmó un pacto de gobierno con ERC, antes incluso de ser investido, en el que el Gobierno de la Generalitat se comprometía a convocar un referéndum para que el «pueblo de Cataluña» pudiera decidir si quería constituirse en un «nuevo Estado de Europa». Fue el llamado Acuerdo para la transición nacional comúnmente reconocido como Pacto por la libertad, que fue firmado con mucha pomposidad entre Mas, líder de la extinta CiU, y Junqueras, al mando de ERC.

Comenzó así una escalada de declaraciones y hechos que ha llegado, prácticamente, hasta nuestros días. Los siguientes pasos fueron la aprobación, en 2013, en el Parlamento, sede de la soberanía regional de todos los catalanes, de una declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Como era previsible, votaron a favor el conjunto de fuerzas (ya) abiertamente independentistas (CiU, ERC y ICV-EUiA), pero lo llamativo fue la ruptura del consenso constitucionalista en el seno socialista: se produjo una fractura en el grupo del que 15 votaron en contra de la declaración y cinco se negaron a votar, a pesar de encontrarse en el hemiciclo. Una muestra más de la contagiosa perturbación nacionalista.

Evidentemente, y basándose estrictamente en principios jurídicos, normativos y legislativos, el Tribunal Constitucional echó atrás aquella propuesta al admitir que la declaración de soberanía era inconstitucional y nula.

Más allá de las acciones parlamentarias y estrictamente políticas, una de las principales características de este nuevo etnopopulismo en el que se había transformado el moderado nacionalismo convergente era la necesidad de incluir en la causa a diferentes sectores sociales, como apuntábamos anteriormente tras disertar sobre los principios de Mouffe, Gramsci y Marx. Este giro aglutinador mostró su máximo exponente en el concierto por la libertad celebrado en el Camp Nou —campo de fútbol del FC Barcelona— en junio de 2013, organizado por Òmnium Cultural de la mano de la joven Asamblea Nacional Catalana o la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, y en el que actuaron decenas de músicos. Asistieron unas 90 000 personas con un precio de entrada que iba desde los 10 hasta los 150 euros. Entre los asistentes estuvieron seis consejeros del Gobierno catalán —curiosamente el presidente Mas estuvo ausente, puesto que su hija se había casado el día antes en Menorca— y destacados líderes de entidades proindependencia. De este acto cabe destacar varios hechos que demostraban el cambio estratégico hacia un modelo estrictamente populista identitario. Así, por ejemplo, es reseñable el hecho de que en un Camp Nou prácticamente a rebosar, y en pleno espíritu festivo, los asistentes al campo, como suele pasar en los partidos de fútbol de mayor trascendencia, realizaron un mosaico gigante con cartulinas que cubría todo el estadio en el que se podía leer «Freedom Catalonia 2014». Una muestra más, como veremos más adelante, de la necesidad consciente de internacionalizar la causa nacionalista mostrando no ya un mensaje de llamamiento a las urnas sino una petición de libertad. Un giro discursivo, un quiebro del lenguaje, que permite mostrarse al mundo como víctima de una gran trama urdida contra el pueblo indefenso y oprimido de Cataluña. Otro punto destacable es el hecho de que la televisión pública catalana, TV3, retransmitiese íntegramente el concierto, conscientes de ser consentidores y coautores de una demanda y reclamación quimérica e ilegal.

Este nuevo planteamiento se entiende sobre la base de la doctrina Kulturnation, que plantea, según el historiador alemán Friedrich Meinecke, un modelo de Estado moderno de impronta cultural en el que, a diferencia de las naciones territoriales, las posesiones culturales conquistadas en común esfuerzo permiten la construcción de una nueva nación cultural. Estos elementos comunes serían la lengua, los símbolos, la literatura, la historia… todo elemento propio que dé cuenta de una identidad autónoma.

Para lograr la extensión de esa hegemonía cultural capaz de crear un Estado moderno propio sería imprescindible contar con una estrategia comunicativa bien definida y engrasada. Siguiendo la lógica histórica de la conocida teoría crítica de la comunicación inaugurada por los llamados pensadores de la Escuela de Frankfurt, los medios de comunicación y la cultura tienen una clara función de «creación de sentido». De esta forma, los medios de comunicación audiovisuales de nuestro ecosistema regional nos permiten construir una percepción de la realidad subyugada a los propios intereses del poder, dando lugar a una transversalidad entre los ciudadanos ante nuestros postulados etnopopulistas.

De forma más directa, clara y llana, y sirviéndonos de las palabras de uno de los mayores expertos patrios en populismo, Íñigo Errejón, «para la nueva voluntad colectiva en formación necesitamos una nueva cultura, nuevos símbolos, canciones, representaciones e historias»[13]. El etnopopulismo catalán tenía todos estos elementos creados, y los que no, los estaba construyendo. Como, por ejemplo, la idea del procés, un concepto extraído del Manifiesto por la convocatoria de un proceso constituyente en Cataluña elaborado por la religiosa tertuliana Teresa Forcades y el economista Arcadi Oliveres, con el doble objetivo de acabar con el capitalismo y alcanzar la independencia de Cataluña. Una propuesta que mezcla conceptos marxistas, comunistas, socialistas e independentistas, revestido de una pátina social, ajena a la vida institucional y sin vinculación política, que obtuvo un amplio respaldo inicial entre parte de la sociedad catalana.

Otro de esos elementos en construcción es la escenificación de la voluntad ciudadana de independencia puesta en marcha año tras año cada 11 de septiembre. En cada Diada se plantea una acción reivindicativa diferente. En 2013 se llevó a cabo bajo la representación de una vía catalana hacia la independencia, y por primera vez se formó una cadena humana de personas perfectamente uniformadas con camisetas amarillas. La idea viene de la comparación con la llamada «cadena Báltica» que llevaron a cabo los ciudadanos miembros de los Estados que surgieron de la descomposición de la Unión Soviética. Pudiera parecer paradójico que copiasen la idea de una acción cívica que trataba de escapar de las garras del fracasado comunismo de finales de los años 80 aquellos que lo que precisamente pretenden es crear una nueva república socialista. Esto no es ningún problema, puesto que el hecho de poder incurrir puntualmente en alguna contradicción es totalmente justificable en aras del fin último. Como suele recordar el politólogo y padre de Podemos Pablo Iglesias, «hacer política es cabalgar contradicciones».

Si el ciudadano medio considera complicada la independencia de Cataluña, la creación idílica de los Países Catalanes se percibe como imposible. Una especie de ínsula Barataria que incluiría a las Islas Baleares y a la Comunidad Valenciana. Tal es la creencia por parte de los defensores de la independencia, que en la celebración de la Diada de 2013 los organizadores pretendían extender su festejo reivindicativo hasta Guardamar del Segura. Posiblemente al lector no le resulte familiar el nombre de este precioso pueblo costero de la provincia de Alicante, situado a escasos kilómetros de Murcia, pero para los secesionistas Guardamar constituye el último municipio que debería componer la ensoñación catalanista por ser el último pueblo en el que se habla valenciano en el extremo meridional. Quien no conozca esta localidad, ubicada a más de 360 kilómetros de distancia del primer municipio de Cataluña, debería aprovechar y sondear la opinión de sus vecinos. Y es que los guardamarencos tienen de catalanes lo mismo que un gallego de andaluz.

Dicho esto, el objetivo de la Diada no es la lógica del relato coherente. La finalidad de este tipo de acciones es la resonancia internacional y la venta de una imagen victimista que les represente como ciudadanos a los que no se les permite ejercer libremente su derecho a decidir lo que quieren ser. Y desde ese punto de vista, todas y cada una de las Diadas desde 2012 consiguieron este propósito.

Parecía que ya no había vuelta atrás. El referéndum debía celebrarse a cualquier coste y saltándose las leyes que hiciesen falta. El etnopopulismo había prometido asaltar los cielos a través de la independencia, y muchos catalanes sentían que ese paraíso estaba cada vez más cerca, de modo que la presión social sobre los hombros de los líderes separatistas era cada vez mayor.

El ansiado momento había llegado, y en diciembre de 2013 el president Artur Mas anunciaba la fecha y pregunta de la consulta. Sería el 9 de noviembre de 2014 y la pregunta sería doble: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y «En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?».

Lo primero que hicieron fue solicitar al Congreso de los Diputados la cesión de la competencia en materia de referéndums para que pudiesen votar. Como podía esperarse, el Congreso rechazó aquella petición. Sabedores de que no podían ver frenadas sus aspiraciones segregadoras, optaron por elaborar una ley de consultas propia que amparase la convocatoria del 9 de noviembre. Como veremos más adelante, tampoco puede sorprender que esta campaña secesionista coincidiese en el tiempo con el referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. El nacionalismo catalán necesitaba que el mundo viese con los mismos ojos dos reivindicaciones que poco tienen que ver entre sí con argumentos, historias y acciones dispares.

Entre medias, tuvo lugar una nueva Diada, esta vez con el eslogan «Ahora es la hora, unidos por un país nuevo». Era el momento de mostrar el músculo del independentismo y, por ello, se volcaron en recoger firmas que apoyasen la votación del 9 de noviembre y en mostrar una Cataluña unida en torno a una demanda que no podía ser silenciada.

El Tribunal Constitucional, cumpliendo con su cometido, suspendió la ley de consultas catalana, el decreto de convocatoria electoral y la comisión de control de la consulta. Artur Mas reconoció la incapacidad del Gobierno autonómico de dar validez jurídica a aquella consulta y optó por transformar el 9 de noviembre en una consulta popular, un proceso de participación ciudadana simbólico.

Aquel 9 de noviembre de 2014 no cambió nada, al menos en materia jurídica. Cataluña seguía siendo España y jurídicamente no era una entidad distinta a lo que había sido antes. Pero aquel 9 de noviembre los impulsores de aquella consulta lograron al ciento por ciento su objetivo discursivo y comunicativo. Lograron poner urnas. Votaron más de dos millones de personas, a pesar de no existir ningún control democrático ni ninguna garantía. Las imágenes internacionales de colas de personas votando por la independencia de Cataluña era la mejor campaña a favor del cambio de relación entre la región y el resto de España que podían tener.

La contrapartida al tremendo espaldarazo social que recibió parte de Cataluña el 9 de noviembre fue la querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones presentada por la Fiscalía General del Estado contra el presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau.

Tras constatar nuevamente la imposibilidad de convocar un referéndum pactado con el Estado central, ni de llevar a cabo una consulta legal, Artur Mas, cuatro días después del anuncio de la querella contra él por parte de la Fiscalía, presentó la siguiente fase en el desafío independentista. Su plan consistía en proclamar la independencia de Cataluña en el plazo de un año y medio a partir de las siguientes elecciones autonómicas que debían anticiparse, tener carácter plebiscitario y presentar una lista única de formaciones independentistas.

«Si hay más de una lista conjunta a favor del sí a la independencia, tiene que haber una candidatura que por sí misma obtenga la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento», dijo, añadiendo una frase que determina el grado de transformación del nacionalismo catalán desde unas posturas regionalistas moderadas hasta convertirse en un etnopopulismo identitario secesionista: «No podemos decidir en los despachos lo que corresponde a la gente». Esa mención al pueblo en la que directamente se arroga la potestad y voluntad de la sociedad en su conjunto es uno de los ejes centrales del populismo laclauiano que fracciona a la ciudadanía, como planteaba Carl Schmitt en su concepto amigo-enemigo, generando un escenario divisorio, en el que se produce una bifurcación entre el Estado central y la gente o el pueblo, dando lugar a la construcción de un relato político con historia propia.

La puesta en escena de aquel acto también estaba milimétricamente preparada por la propia Generalitat. Más de 3000 invitaciones y un amplio elenco de representantes políticos de todas las formaciones (incluida el PSOE), a excepción del Partido Popular y Ciudadanos. El neopopulismo identitario entiende a la perfección la importancia, no solo de lo que se dice, sino del cómo se dice, apostando por la utilización de un marketing político de alta eficacia.

El año 2015 comenzó con el anuncio de Artur Mas en rueda de prensa de un nuevo adelanto electoral, el segundo consecutivo. Las elecciones serían el 27 de septiembre de ese mismo año y tendrían carácter plebiscitario.

Una vez más, la simbología fue determinante y el uso del lenguaje se retorció hasta los confines de la verbalidad. Por un lado, la fecha electoral elegida no fue fruto del azar o la suerte, sino que se debió a un cálculo estudiado que permitió que la campaña electoral comenzase la víspera de la Diada; convirtiendo el 11 de septiembre de 2015 en una Diada de gran carga política, siguiendo la escalada secesionista de las últimas fiestas catalanas. Por otro lado, se mencionaba reiteradamente el carácter plebiscitario de dichas elecciones, presuponiendo que lo que se procedería a votar en septiembre de 2015 no sería la formación del nuevo Gobierno regional, sino la decisión de formar un nuevo Estado independiente en forma de república. Esto, en materia discursiva es tremendamente efectivo e, incluso, movilizador, pero en el terreno jurídico no tienen ningún efecto, puesto que el concepto de elecciones plebiscitarias, directamente, no existe en el ordenamiento normativo español. De hecho, el decreto de convocatoria electoral —Decreto 174/2015, de 3 de agosto, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución— siguió paso a paso lo establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que estipula las convocatorias electorales como era el caso de estas elecciones autonómicas. Se podría decir que lo de «plebiscitarias del BOE» es una contradicción en sí misma.

A medida que había ido avanzado la deriva independentista y los postulados populistas se adueñaban de Artur Mas, CiU se iba resquebrajando poco a poco. Recordemos que Convergència i Unió era la coalición formada por Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya. Los primeros, liderados por Jordi Pujol en sus inicios y posteriormente por Mas, y los segundos por Josep Antoni Duran i Lleida. CDC y UDC eran la viva imagen de una «i griega». Comenzaron su andadura juntos con objetivos compartidos, estrategias conjuntas y un único proyecto y, con el paso de los años, se fueron separando cada vez más. A medida que uno se radicalizaba más y se acercaba a posiciones independentistas, el otro apostaba más fuertemente por un nacionalismo catalán respetuoso con el constitucionalismo español y defensor de las reglas del juego dadas.

Treinta y siete años después de comenzar un tándem de constatados éxitos electorales, el llamado procés independentista se cobró las primeras víctimas. En verano, la tensión entre ambas formaciones a cuenta de la hoja de ruta secesionista, llevó al líder de UDC, Duran i Lleida, a consultar a sus bases si debían seguir la senda abierta por los separatistas de CDC o si, por el contrario, como el propio Josep Antoni creía, debían poner fin a la coalición y apostar por un nacionalismo moderado dentro de la ley. La militancia apostó por apoyar a la dirección del partido y romper con CDC por un escaso margen de 125 votos sobre la otra opción.

La ruptura de CiU culminaba el divorcio entre las históricas formaciones y permitía a Mas soltar lastre y volcarse en su plan soberanista. Un mes después de la disolución de CiU, el equipo de Mas comenzó una intensa negociación para explorar la posibilidad de presentarse a las elecciones de septiembre bajo una lista unitaria que incluyese a la propia CDC, a ERC, a entidades soberanistas —fundamentalmente Òmnium y la ANC— y a líderes de la sociedad cultural, económica y social de la órbita independentista. A pesar de las profundas reticencias iniciales en el seno de los republicanos, no tardaron en llegar a un acuerdo. El pacto alcanzado estipuló que la lista de Barcelona estaría encabezada por tres personalidades independientes que serían, en primer lugar, Raül Romeva, exeurodiputado de ICV, seguido de Carme Forcadell, expresidenta de la ANC, y de Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural. En cuarto lugar estaría Artur Mas, seguido de Oriol Junqueras y otros dos independientes más como el presidente de la plataforma Súmate, Eduardo Reyes, y el economista Oriol Amat. A partir de ahí se irían alternando puestos en una proporción del 60 por ciento para CDC y 40 por ciento para ERC. Cerraba la lista por Barcelona, de manera simbólica, el exjugador de fútbol y actual entrenador Pep Guardiola.

Los miembros de la radical Candidatura de Unidad Popular (CUP) se negaron a participar de la lista unitaria pero mantuvieron su apuesta radical y extrema de una república socialista e independiente catalana. De esta forma, se presentaba el 20 de julio, delante del Museo de Historia de Cataluña, la nueva opción electoral denominada «Junts pel Sí», aunque para muchos fuese «la lista de Mas».

La partida en Cataluña se jugaba claramente a todo o nada. Susto o muerte. Independencia o el abismo. Artur Mas había logrado dirigir el debate político en una sola dirección. Nadie hablaba de empleo, política social o educación; el eje discursivo era una pregunta de respuesta cerrada. Así, la primera gran Diada, en términos plebiscitarios, según los planteamientos independentistas, coincidente con el primer día de la campaña electoral, se llevó a cabo bajo el eslogan «Ahora es la hora». El propio Mas hizo un llamamiento a votar en las elecciones con un discurso centrado en tres principios: orgullo, confianza e ilusión. El independentismo apostaba continuamente por el uso de un lenguaje basado en grandes valores, en principios emocionales que, en muchas ocasiones, lograban empatizar con los sentimientos de los catalanes.

Junts pel Sí no era una coalición de siglas, ni una especie de sopa de letras típica de la izquierda occidental y cainita. Pretendía ser la creación de un nuevo ente con personalidad propia que naciese a partir de diferentes sensibilidades políticas que convergerían en un mismo fin: la independencia.

La campaña electoral discurrió por los derroteros polarizadores que se podía esperar. Cualquier discurso exógeno, ajeno a la cuestión separatista, caía en el cajón del olvido. La prensa, la televisión, los debates electorales, los mítines… todo pivotó en torno al eje dicotómico y a la existencia de dos identidades políticas antagónicas: separatistas versus unionistas.

A pesar de tener el viento a su favor, por lo menos en la construcción de una terminología discursiva y la creación de una hegemonía política, los independentistas no obtuvieron el resultado que esperaban en aquellas elecciones plebiscitarias —autonómicas, en realidad— del 27 de septiembre de 2015. La lista unitaria no logró alcanzar la mayoría absoluta, quedándose con 62 diputados, necesitando obligatoriamente de los votos de la CUP, que obtuvo 10 parlamentarios, para poder formar Gobierno. El independentismo en su conjunto había obtenido la mayoría en escaños… pero no en votos. De haber sido un auténtico plebiscito en clave separatista, los independentistas habrían perdido. Así lo reconoció el número uno de la CUP, Antonio Baños, quien asumió que no habían ganado el plebiscito que planteaban para las elecciones y, por ello, descartaban una declaración unilateral de independencia, algo que defendían si se producía una victoria secesionista en votos y escaños: «La declaración unilateral de independencia iba ligada al plebiscito: no hemos ganado el plebiscito, luego no hay declaración unilateral de independencia». Más claro no podía ser una figura tan radical y extremista como el propio miembro de la CUP, al tiempo que anunciaba que no apoyarían la investidura de Artur Mas: «Nuestra línea roja es que no reconoceremos ni trabajaremos con recortadores ni corruptos. Si en CDC encuentran a una persona libre de estas lacras, adelante».

De esta manera, el 10 y el 12 de noviembre se llevaron a cabo sendas investiduras fallidas con Artur Mas como candidato. La CUP iba en serio y no se planteaba investir a Mas. Delegó la decisión en los miembros de la Asamblea Nacional de la CUP, donde se produjo uno de los hechos políticos más simbólicos —por lo menos hasta ese momento— dentro del independentismo: hubo un empate. Se contabilizaron 1515 votos a favor de investir a Mas y otros 1515 en contra de la investidura. Como no soy matemático y, en su día, corrieron ríos de tinta con multitud de artículos calculando la probabilidad estadística de que se produjese un empate, dejo la conclusión en manos del lector. En cualquier caso, aquella Asamblea ponía de manifiesto el poder de la CUP. Una formación con escasamente 10 parlamentarios tenía como rehén a todo el independentismo, crecido después de años de baños de masas callejeros. La decisión final la tomarían en la reunión entre el consejo político y el grupo de acción parlamentaria de la CUP, donde definitivamente rechazaron investir a Artur Mas de presidente. Un pequeño partido político, que tenía cinco veces menos votos que la maquinaria oficial nacionalista, era capaz de echar al todopoderoso Artur Mas. El radical David tumbaba al convergente Goliat.

Para sustituir a Mas y evitar la convocatoria de nuevas elecciones, se barajaron tres nombres del agrado de la CUP: Carles Puigdemont, alcalde de Gerona y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia; Neus Munté, vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Mas; y Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural. Finalmente, y a solo 24 horas de que expirase el plazo para formar un nuevo Gobierno, se llegó al acuerdo para investir presidente a Puigdemont. Una vez más, resulta curiosa la forma de oficializar la noticia. No son ninguno de los miembros negociadores sino Jordi Sànchez, presidente de ANC, quien, a través de su cuenta de Twitter, anuncia lo siguiente: «El hilo de esperanza ha culminado con éxito. Hay acuerdo. Tendremos Govern y estabilidad. Ahora a trabajar valiente para ganar la independencia». Poco después, comparecía el propio Artur Mas con un discurso un tanto derrotista al saberse expulsado por los mismos que le habían convencido de emprender el camino independentista: «Lo que os comentaré ahora no estaba previsto hace 24 horas. Teníamos todo a punto para convocar las elecciones el lunes, pero era el peor de los escenarios».

Así, al día siguiente —dos horas antes de que finalizara el plazo para la investidura y evitar nuevas elecciones— ocho de los diez diputados de la CUP votaron a favor de investir presidente a Carles Puigdemont mientras que dos se abstuvieron con el fin de ofrecer la mayoría absoluta justa y necesaria. Comenzaba así la era Puigdemont.

Todos dicen independencia

La presunta superioridad moral de la izquierda, defendida desde los tiempos de Karl Marx, impera también en clave nacionalista. Esta superioridad moral se observa perfectamente en la divertidísima comedia musical de Woody Allen Todos dicen I love you, en la que se nos ofrece la visión de una familia progresista cuyo hijo menor, Scott, decide ser liberal conservador, desconcertando a padres, hermanos, cuñados, amigos… hasta descubrir que el joven padece un coagulo en una arteria cerebral que le oprime la cabeza y le impide pensar «correctamente». Tras ser operado, el muchacho vuelve al redil de las ideas progresistas para tranquilidad de la familia. Evidentemente, esta escena es parte de una sátira en la que subyace una idea real que se denomina «sesgo de confirmación». Este sesgo es el que nos lleva a vivir en una burbuja compuesta por los marcos cognitivos creados por nosotros y nuestro entorno, y condicionados por los medios de comunicación que consumimos, la música que escuchamos o los libros que leemos. El sesgo de confirmación es la mayor muestra de la endogamia ideológica que sumada a la superioridad moral determinista forma un cóctel molotov que el nacionalismo catalán ha sabido explotar.

En el inicio del ciclo independentista pos Artur Mas, Puigdemont actuó y se comportó como Bob, el intransigente socialista padre de Scott, incapaz de entender que alguien piense diferente a él. El terceto formado por el sesgo de confirmación, la superioridad moral y el materialismo dialéctico fue el que le impidió al nuevo etnopopulismo comprender la mera existencia de un legítimo antagonismo. «Todo aquel que estuviese en contra de la independencia era un enfermo, un fascista, un enemigo de Cataluña o, directamente, no entendía nada».

Solo así se concibe que, en su estreno en el Parlament en sesión de control al Gobierno, la primera respuesta de Carles Puigdemont a la oposición, apenas tres semanas después de la investidura, fuese esta: «Ustedes se han dado cuenta demasiado tarde de que la independencia iba en serio». La polarización política y la dualidad planteada por medio de un escenario binario es una de las máximas del populismo. Una simplificación del espacio que ofrece una visión radical y disruptiva contraria al modelo popperiano del piecemeal engineering —ingeniería poco sistemática—, basada en los cambios lentos y progresivos y que caracterizaba a las democráticas sociedad abiertas. Llegados a este tipo de situaciones, debemos reconocer la dificultad, en ocasiones directamente imposibilidad, de virar la estrategia. Podemos determinar que nos vemos inmersos en un punto de no retorno. Cualquier acción encaminada a desandar nuestros pasos sería percibido como una traición populista y la asunción de una derrota política.

Esto lo sabía Puigdemont. Era plenamente consciente de que estaba ahí, colocado por la inercia etnopopulista para dirigir al nacionalismo hasta los pasos finales de su relato, asumiendo conscientemente las posibles consecuencias en todos los sentidos. Si la partida de Artur Mas, entre susto o muerte, terminó con su caída a los infiernos políticos, la de Puigdemont debía concluir alcanzando el objetivo de la independencia o sufriendo un prolapso superior. La radicalidad de sus postulados eliminaba cualquier opción intermedia.

Solo así se explica que un mes después de la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat, Junts pel Sí de la mano de la CUP, aprobasen iniciar los trámites de las llamadas «leyes de desconexión», que no eran otra cosa que las tres leyes previstas en la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2014 y que fueron anuladas, por ilegales, por el Tribunal Constitucional. Se trataba de tres normas que constituirían las principales estructuras de Estado y que tenían que ver con la Seguridad Social, la Hacienda y el régimen jurídico.

Una vez más, cobra especial relevancia el momento elegido para poner sobre la mesa la tramitación de estas leyes y, en definitiva, el nuevo órdago secesionista. Recordemos cómo en 2012, Artur Mas encuentra su «momento populista» —como sugería la politóloga Chantal Mouffe— en el mayor escenario de crisis económica del último siglo que afectaba a cualquier democracia europea y que azotaba de manera especial a los países del eje sur del continente. Mas se plantó ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la típica pregunta de «¿qué hay de lo mío?», en formato pacto fiscal, sabedor de la imposibilidad negociadora y de la debilidad económica de las administraciones. Cuatro años más tarde, a comienzos de 2016, Puigdemont encontró ese momento populista, en el que aprovechar la debilidad del hipotético adversario, en la existencia de un Gobierno en funciones en España. Recordemos que el 20 de diciembre de 2015 se producen unas elecciones generales en las que el Partido Popular, pese a dejarse 63 diputados, se mantiene como primera fuerza política a más de seis puntos y 33 escaños del segundo, el Partido Socialista. Son unas elecciones diferentes en cuanto al resultado que arrojan, al ser las primeras en mucho tiempo que rompen el bipartidismo de facto reinante en España y sustituyen el escenario político por un innovador tetrapartidismo en el que irrumpen con fuerza dos formaciones jóvenes como Podemos y Ciudadanos. Aquella undécima legislatura duró apenas unos meses ante la imposibilidad de formar Gobierno. Mariano Rajoy rechazó presentarse a la investidura sabedor de la falta de apoyos y el socialista Pedro Sánchez lo intentó —con los apoyos de Ciudadanos, liderados por Albert Rivera, y los nacionalistas canarios— con escaso éxito, puesto que no prosperó y abocó a los españoles a una repetición electoral que tendría lugar el 26 de junio de 2016.

La fragmentación parlamentaria, la fragilidad de un Gobierno en funciones y los vetos cruzados que imposibilitaban cualquier tipo de acuerdo, fueron vistos como símbolos claros de la debilidad de las instituciones del Estado y aprovechados por el etnopopulismo catalán para continuar, con más ahínco si cabe, en su camino secesionista. Gruesas acciones emprendidas por el independentismo acompañadas, siempre, por la épica en su lenguaje. Como ejemplo de este heroico léxico cabe recordar las declaraciones de la diputada de la CUP Anna Gabriel, quien, ante la posibilidad de terminar inhabilitada por el Tribunal Constitucional, recordaba: «¿Qué harán, inhabilitarnos? Que lo hagan, otros ocuparán nuestro puesto». El problema de fondo se encuentra en el hecho de que terminaron creyéndose la comparación real con líderes históricos de la talla de Mandela o Gandhi.

Aquellas tres leyes de desconexión debían terminar de tramitarse parlamentariamente en un plazo de unos 18 meses y, posteriormente, había que elaborar un referéndum de autodeterminación. Así, los cuatro grupos de la oposición formados por PP, PSOE, Ciudadanos —constitucionalistas y contrarios a la independencia— y Catalunya Sí que es Pot, filial catalana de Podemos —partidaria del derecho a decidir pero contraria a la independencia— solicitaron opinión a los servicios jurídicos del Parlament para valorar la legalidad de las leyes de desconexión. El informe expuesto por los servicios jurídicos de la cámara dejaba claro que la tramitación de dichas leyes podría constituir un acto arbitrario e inconstitucional. Pese a la advertencia de los expertos juristas independientes, el bloque etnopopulista formado por Junts pel Sí y la CUP siguieron hacia delante, lo que llevó a que PP y PSOE llevasen al Tribunal Constitucional la creación de las ponencias conjuntas de desconexión por considerar que vulneraba los derechos de los diputados.

El independentismo catalán se echó en brazos de los postulados más radicales y entraron de lleno en una estrategia basada en contestar a cada acción apelativa del constitucionalismo con una escalada de tensión. Cada vez que se sentían atacados, respondían con más altivez, soberbia y crispación. Estaban echando un pulso al Estado, tratando de mirarlo de tú a tú, creyéndose con la legitimidad moral de responder siempre por elevación. ¿Que los partidos contrarios al separatismo apelaban a las instituciones superiores del Estado?, pues el bloque secesionista respondía con una moción que reivindicaba la plena vigencia de la declaración de independencia del 9 de noviembre, en una clara alusión desafiante y provocativa ante el Tribunal Constitucional que la anuló. Nuevamente, constatamos el uso del marketing discursivo en boca de la diputada Anna Gabriel, quien defendía la moción en los siguientes términos: «La legalidad no es nunca un límite cuando tenemos la razón. Lo haremos sin miedo». Desasociar el plano legal del debate jurídico-político trasladándolo al emocional es una de sus máximas, sabedores de que desde el punto de vista racional su argumentación pierde todo el peso frente al espacio sentimental.

Mientras tanto, la ley seguía imperando y el Constitucional trabajando. Ahora tendría que dilucidar el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno, con el aval del Consejo de Estado y el informe favorable de la Abogacía del Estado, sobre la creación de estructuras de Estado por parte de Cataluña. El Constitucional declaró de manera unánime la ilegalidad y consiguiente anulación de las estructuras de Estado de la Generalitat, que pretendía dotarse de una hacienda propia y de infraestructuras estratégicas en sectores como la energía, los transportes o las telecomunicaciones. Una cosa es dotarse de herramientas de autogobierno y de mayor soberanía dentro del marco legal, como se había ido consiguiendo con los años en la España de las autonomías, y otra es implantar estructuras propias del Estado central para alcanzar la independencia de manera unilateral al margen de la ley.

El problema que se observaba con frecuencia es que en la pugna entre la razón contractualista, de la que beben los Estados de derecho bajo los principios de figuras como Locke o Hobbes, y la verbalidad dicotómica del etnopopulismo identitario, de inspiración laclauiana y marketiniana, los mecanismos de la ley son más lentos que la agitación emocional. Con frecuencia se tiene la sensación de que el verbo rápido del sentimentalismo populista llega mucho antes que la racionalidad de los principios democráticos y del imperio de la ley, yendo este último a rebufo del discurso hegemónico visceral.

En ese escenario imaginario de transición al nuevo Estado catalán, los etnopopulistas liderados por Puigdemont plantearon la necesidad de abrir un proceso constituyente. Proceso que no es otra cosa más que la enésima vuelta de tuerca al lenguaje, el retorcimiento de la lengua para disfrazar de legalidad un escenario constituyente cuando la realidad que plantea es el opuesto: la ruptura democrática. Para ello, desde el Parlament pusieron en marcha una Comisión de Estudio del Proceso Constituyente entre el tándem formado por Junts pel Sí y la CUP, esta vez de la mano de Catalunya Sí que es Pot. No debe sorprendernos que la filial de Podemos se adhiriese a tal iniciativa, puesto que comparten con el separatismo catalán esa concepción asamblearia, de corte revolucionario, y ese sentimiento común profundamente antiliberal. Como era de esperar, las conclusiones de aquella Comisión —elaboradas únicamente por los defensores de la independencia para un público netamente independentista siguiendo el sesgo de confirmación— apuntalaron todos y cada uno de los argumentos que pivotaban alrededor del derecho a decidir, su legalidad y la capacidad de crear un Estado nuevo en el panorama europeo. Una vez más, el Constitucional tuvo que interceder para solicitar de manera unánime el cumplimiento de la Constitución española, de las leyes y de las normas del Estado de derecho que se estaban viendo violadas de manera flagrante.

Entre medias, se produjo un hecho que puede parecer poco relevante pero que ejemplifica, una vez más, la concepción de la política de parte de los independentistas. El 8 de julio de 2016 tuvo lugar el congreso refundacional de Convergència Democràtica de Catalunya tras la ruptura de la coalición que integraban con Unió Democràtica de Catalunya y que conformaba CiU. Las crónicas periodísticas dieron buena cuenta del mal ambiente que se percibía en los pasillos del Centro de Convenciones de Barcelona donde se celebraba el congreso. Se pretendían debatir dos ponencias, la organizativa y la ideológica, en la que finalmente se definieron como un partido «demócrata, catalanista, independentista, europeísta y humanista». Pero la polémica llegó a cuenta del nombre del nuevo partido. Se había prometido que habría total transparencia y que sería sometido a escrutinio público, pero, sin embargo, los asistentes comprobaron cómo los organizadores intentaban imponerles un nombre concreto, en una muestra más de reivindicarse como renovación política pero actuar de la misma manera jerárquica que lo hacía CDC. El debate en torno a la nomenclatura del nuevo partido derivó en un sinfín de propuestas: Més Catalunya, Catalans Convergents, Junts per Catalunya —nombre que terminarían utilizando para presentarse a las elecciones del 21 de diciembre de 2017—, Partit Demòcrata Català y Partit Nacional Català. Finalmente, y tras verse envueltos en diferentes polémicas, acabaron constituyéndose como Partit Demòcrata Europeu Català —PDeCAT—. La Convergència de siempre se disfrazaba de neoconvergente con las siglas PDeCAT en la pechera.

Mientras tanto, España seguía con un Gobierno en funciones y la repetición electoral presentaba una nueva oportunidad para las demandas independentistas. Si sumaba una coalición de izquierdas populistas sería más sencillo alcanzar los objetivos del secesionismo, puesto que el constitucionalismo que representaba Mariano Rajoy era claramente conservador del statu quo, de las normas que el pueblo español nos habíamos otorgado y del cumplimiento estricto de la ley dentro del marco del Estado de derecho. La esperanza de Puigdemont consistía en la posibilidad real de un sorpasso del populismo de Podemos, que según las encuestas venía empujando fuerte, apoyado por un socialismo inmerso en su propia crisis. De no ser viable esta opción, siempre quedaría la posibilidad de un pacto de izquierdas liderado por los socialistas y que necesitase inevitablemente de la muleta populista. En cualquiera de estos dos escenarios, la probabilidad de ver cumplidos sus deseos de realizar un referéndum pactado con el Estado crecían. Sin embargo, la repetición electoral favoreció única y exclusivamente al Partido Popular, quien incrementó en número de diputados, en votos y en distancia con el perseguidor inmediato que fue el PSOE y no Podemos, como apuntaban las encuestas. En octubre de 2016 se produjo nuevamente la investidura de Mariano Rajoy como presidente en el segundo debate de investidura, tras fracasar el primero, con los votos favorables de Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro Asturias y la abstención de 68 diputados socialistas —15 socialistas, entre ellos los siete de la federación catalana, rompieron la disciplina de voto acordada por el Comité Federal del partido—. Se cerraba así el mayor periodo de Gobierno en funciones de la historia democrática española, 314 días después de la celebración de las elecciones generales de 2015.

Entre el infructuoso primer debate de investidura de estas segundas elecciones —nada más comenzar septiembre— y el segundo debate que terminó con la investidura de Mariano Rajoy —a finales de octubre— tuvo lugar la quinta Diada independentista consecutiva desde que en 2012 comenzasen a instrumentalizar la fiesta grande de todos los catalanes en favor de los intereses del secesionismo. El momento no podía ser más proclive para celebrarla, puesto que acababa de fracasar un nuevo intento de formación de Gobierno y el bloqueo era inimaginable. La sombra de unas terceras elecciones era alargada. Esto agigantaba los ánimos del sector más radical e incrementaba la sensación de éxito de la estrategia separatista. Por este motivo arriesgaron en la escenificación de la Diada y optaron por presentarla como «el primer 11 de septiembre en el que Cataluña contaba con un Parlament de mayoría independentista» —en escaños, que no en votos—, mostrándose a punto de alcanzar la meta final de conseguir el sueño de constituir la República catalana. De hecho, el eslogan utilizado en esta Diada fue «a punto». La propuesta planteada por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, organizadores del evento, era trasladar la imagen de que existía una demanda masiva en Cataluña de independencia, descentralizando la marcha y organizando encuentros multitudinarios en cinco ubicaciones diferentes: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salt y Berga. La teatralización de los sentimientos no acabó ahí. Cada uno de los municipios que acogió la convocatoria representaba uno de los vectores centrales de la que sería la nueva República: Barcelona representaba la libertad; Tarragona, el progreso; Lleida, el equilibrio territorial; Salt, la justicia social; y Berga, la cultura. A pesar de la recurrente interpretación y construcción de un relato propio, la Diada de 2016 fue la menos multitudinaria desde que en 2012 comienzan a utilizarlas como plataforma independentista. De hecho, la Diada de 2016, según los datos facilitados por los propios organizadores, contó con casi la mitad de asistentes que el 11 de septiembre menos concurrido[14].

Pocas semanas después de aquella Diada, Puigdemont volvió a hacer uso del marketing político para escenificar su compromiso con el desafío independentista. Bajo el pretexto del desacuerdo sobre los presupuestos, se sometió a una cuestión de confianza cuya finalidad real no era otra que la de materializar y visibilizar el final de la andadura de Cataluña dentro de España. Según sus propias palabras, se trataba de «referéndum o referéndum». La parada final del viaje secesionista sería, aproximadamente, en «la segunda quincena de septiembre de 2017», cuando tendría lugar la consulta.

Como era evidente, Puigdemont superó la cuestión de confianza con los únicos votos favorables de Junts pel Sí y la CUP. Ocho días después, se aprobó en el Parlament una resolución que instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña en el plazo máximo de un año, al tiempo que reclamaba, nuevamente, la creación de estructuras de Estado. Como había venido pasando en los últimos tiempos, tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien anulase por unanimidad la convocatoria del referéndum ilegal. En esta ocasión, y debido a la reiteración de acciones manifiestamente contrarias a la ley, el Tribunal Constitucional decidió denunciar ante el fiscal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros soberanistas de la Mesa.

Dos mil diecisiete debía ser el año en que Cataluña comenzase siendo una comunidad autónoma dentro de España y terminase transformada en Estado independiente en forma de república catalana. Siguiendo esa lógica, la primera mitad del año estuvieron volcados en lo que los líderes independentistas denominaron «internacionalizar el conflicto», es decir, aprovechar el tótum revolútum que ofrece el cóctel formado por posverdad, fake news, infoxicación y redes sociales para construir un relato en el escenario internacional de una Cataluña oprimida por el Estado español. Finalmente, en junio, Puigdemont, arropado por todo el bloque secesionista, anunció que la celebración del referéndum tendría lugar el 1 de octubre con una pregunta de respuesta clara: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».

Una vez aclarada la fecha y la pregunta, la segunda mitad del año 2017 estuvo destinada a materializar y sustentar legislativamente el futuro de la hipotética nueva república catalana. El 6, 7 y 8 de septiembre, en el Parlament de Cataluña se vivieron escenas más propias de regímenes bananeros de corte autoritario. Los que vivimos aquellos plenos en primera persona jamás olvidaremos la crispación y tensión generados por el bloque independentista y la sensación de que en cualquier momento podrían producirse escenas más propias de cámaras de países como Uganda, Taiwan o Georgia.

El primero de aquellos pasos para transitar hacia la independencia consistió en aprobar, el 6 de septiembre, la llamada «ley de referéndum», que tuvo que ser suspendida de urgencia, al día siguiente, por el Tribunal Constitucional. Mientras el Constitucional cumplía con su cometido como garante de la Carta Magna española, el independentismo echaba el enésimo pulso al Estado y consumaba su ataque a la democracia aprobando la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, cuyo proyecto legislativo había sido presentado a finales de agosto. La idea era que la nueva ley de transitoriedad y fundacional de la república constituyera la norma suprema del ordenamiento jurídico de la futura Cataluña independiente, a la espera de dotarse de una nueva Constitución catalana si el 1 de octubre arrojaba un resultado favorable a la independencia. Pero no se quedaba ahí: vulneraba flagrantemente las normas superiores del Estado español. Así, por ejemplo, permitía recuperar todas las leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, establecía una justicia propia con un tribunal supremo, planteaba la posibilidad de amnistiar a los condenados o investigados por delitos vinculados con el procés —beneficiando, entre otros, al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, condenados por la consulta del 9N—, asumía el control de los funcionarios de la Administración General del Estado que estuviesen en Cataluña y creaba una única autoridad recaudatoria compuesta por una Hacienda y Seguridad Social propias. En definitiva, se dotaba de estructuras de Estado que vulneraban no solo las propias leyes españolas, sino también las catalanas.

No es de extrañar que en las votaciones de dichas normas jurídicas, los días 6 y 7 de septiembre, las fuerzas constitucionalistas compuestas por Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos decidiesen ausentarse de la votación de la ley de transitoriedad y fundacional. Tampoco debería sorprender, desde una mera perspectiva de alineación —y alienación— ideológica, que los populistas de la marca blanca de Podemos en Cataluña decidiesen abstenerse de la votación de una ley que vulneraba flagrantemente los principios de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Siguiendo las lógicas doctrinarias, y a pesar de las posibles diferencias en cuanto a detalles logísticos, la pinza formada por Junts pel Sí y la CUP era inquebrantable en términos de construcción identitaria.

La imagen gráfica que representaba el odio visceral e irracional de los independentistas hacia todo lo que tuviese que ver con España, la personificó alguien que, paradójicamente y en apariencia, pertenecía a un grupo parlamentario contrario a la secesión. Àngels Martínez Castells, diputada de Catalunya Sí que es Pot, subió tranquilamente desde su escaño las escaleras del hemiciclo hasta llegar a la bancada del Partido Popular, vacía, tras la negativa de los grupos constitucionales a votar cuestiones que violaban la ley, y en la que los 11 diputados populares habían dejado banderas españolas y catalanas. Àngels retiró una a una las banderas de España en una muestra más de rencor y desprecio al país.

En aquellos tres días de pleno, alargados reiterada e intencionadamente hasta la madrugada en lo que conformaría la perfecta ficción de cómo aprobar normas ilegales con nocturnidad y alevosía, se violaron todos los derechos de los que son propietarios los representantes públicos. Los cambios constantes en las órdenes del día, en las que se modificaban los horarios y las leyes a aprobar sin previo aviso, la negativa a escuchar los informes de los letrados de la cámara avisando de las ilegalidades que se estaban cometiendo, la imposibilidad de presentar enmiendas, la prohibición de solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, la privación en el uso de la palabra… Todo aquel diputado contrario a la independencia era silenciado, obviando los deseos de la mayoría de catalanes —como demuestran las urnas— y creando un escenario de confrontación, tensión y ruptura inimaginable en el seno de cualquier democracia en el mundo.

A la hora de aprobar las leyes de desconexión, el Consejo de Estado aprobó la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad; este las suspendió días después. El 1 de octubre era ilegal, ilegítimo y nulo de pleno derecho. Un día antes de conocerse la sentencia definitiva del Constitucional sobre las leyes de desconexión, tuvo lugar la celebración del día grande de los catalanes, la Diada. Se celebró en el momento de mayor tensión vivida hasta ese momento en el pulso que los independentistas le estaban echando al Estado. La consigna era mostrar el apoyo al referéndum del 1 de octubre bajo el lema: «Votaremos, quieran o no quieran». Una vez más, la guerra de cifras entre convocantes, organizadores y autoridades estuvo servida. En lo que sí coincidieron todos fue en que la asistencia a dicha celebración fue la segunda más baja desde 2012, solo por delante de la Diada del año anterior. Si cada festividad catalana tenía una reivindicación que iba más lejos que la de la edición anterior, en 2017 no existía una demanda concreta, más allá del llamamiento a los ciudadanos de acudir masivamente a las urnas veinte días después.

La campaña electoral, a pesar de que el referéndum había sido declarado ilegal, se llevó a cabo bajo dos parámetros centrales: el marketing y la necesidad de visibilizar la legalidad del 1 de octubre dentro y fuera de Cataluña. Evidentemente, fue una campaña en la que solamente participaron aquellos que promovían todavía una votación ilegal, es decir, los independentistas. Por eso, sus mensajes estuvieron centrados en cargar de argumentos emocionales el referéndum. No se trataba de centrar el debate en torno a la legalidad, puesto que este ya se había perdido: se trataba de vincular el derecho a decidir con un sentimiento de libertad, como un ejercicio extremo de democracia, con la añoranza y los sentimientos del pueblo catalán. A pesar de que el marketing había jugado un papel destacado en los últimos años, en estos momentos se convirtió en pieza clave del posible éxito del 1 de octubre, ya que, al haber sido declarado ilegal, el imperio de la ley y el Estado de derecho debían hacer todo aquello que estuviese a su alcance para evitar tanto la votación, como la propia existencia de una campaña electoral.

Así, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, previo mandato judicial, procedieron al cierre de páginas web que animaban al referéndum, entre ellas, la habilitada de manera oficial por la propia Generalitat de Cataluña. Se emprendió una especie de juego de ratón y el gato en el que por cada web cerrada por orden judicial, se abría una nueva en otro dominio. En la época de la tecnología, ponerle puertas al campo a la red de redes parece tarea imposible a pesar de los esfuerzos de la Guardia Civil por hacer cumplir los mandatos judiciales.

La tensión se incrementó el 20 de septiembre cuando, a pesar de las múltiples advertencias y avisos a la Generalitat por parte de diferentes instancias para que cesase en su empeño de llevar a cabo un hecho manifiestamente ilegal, la Guardia Civil efectuó 41 registros en instituciones públicas, entre ellas varias consejerías, con un saldo final de una veintena de investigados por desobediencia, prevaricación y malversación.

Aquel día, mientras a primera hora de la mañana la Guardia Civil registraba la consejería de Economía —entre otras muchas—, el independentismo organizó un asedio a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, impidiéndoles salir de las dependencias públicas. La retención terminó 19 horas después, a pesar de que dos principales líderes sociales, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, se subieron encima de un vehículo de la Guardia Civil para animar a continuar la movilización y la presión callejera.

Las imágenes vividas aquella jornada no correspondían con el grado de madurez que se le presupone a una sociedad abierta, avanzada y tolerante: una secretaria judicial saliendo de madrugada por los tejados, camuflada entre el público que salía de un teatro cercano, armas robadas del interior de los coches policiales, vehículos destrozados, forcejeos, insultos… El independentismo etnopopulista estaba en manos del radicalismo más absoluto.

Desde comienzos de la década, y más especialmente en las semanas previas al 1 de octubre, el independentismo hizo suya la idea del filósofo francés Michel Foucault, quien, fuertemente influenciado por las teorías políticas de Marx y Heidegger, planteó la imposibilidad de que existan relaciones de poder sin resistencia.

Fantaseaban con hacer algo icónico como mayo del 68, con la legitimidad moral de los monjes birmanos o con el éxito de los rumanos que luchaban contra Ceaucescu, quien representaba la última dictadura comunista de Europa. Puede que algún radical, en una momentánea enajenación, valorase aquella idea defendida por Lenin en la que decía sin tapujos que «sin una guerra civil no ha habido todavía ninguna revolución importante en la historia, sin una guerra civil ningún marxista serio se imagina el tránsito del capitalismo al socialismo». Entiendo que para el lector estas palabras puedan parecer exageradas, alarmistas e irreales, pero era una evidencia que lo que estaban obviando, de manera intencionada, los etnopopulistas catalanes era aquella parte de la teoría foucaultiana que remarca que la resistencia se hace necesaria en tanto en cuanto existan relaciones de dominación, algo que no parece suceder en uno de los pocos países del mundo que, según los diferentes rankings existentes, componen el selecto club de democracias consideradas plenas.

Y llegó el día: el 1 de octubre. La primera gran batalla antes de ganar la guerra. La ultima meta volante antes de alcanzar el podio. Aquel día, el pulso entre los indómitos independentistas y los contractualistas estatales lo ganaron los etnopopulistas. Hubo los dos elementos marketininanos necesarios para que la jornada representase el triunfo del independentismo: urnas y violencia.

De nada habían servido los más de 6000 agentes de Policía y Guardia Civil desplazados de toda la geografía nacional a dar apoyo a los otros 6000 agentes que forman parte de la plantilla de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. No importa el número —insignificante— de colegios electorales en los que se requisaron las urnas, ni la pasividad de los Mossos d’Esquadra. Lo realmente destacable fue la imagen de cientos de catalanes metiendo la papeleta en las urnas.

Del mismo modo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se vieron obligados a requisar las urnas, tal y como indicaba un mandato judicial. La resistencia, en ocasiones pacífica y en otras no tanto, de los defensores del referéndum provocó que los agentes de la autoridad tuviesen que emplear todos los medios disponibles para desempeñar su función. Aquí tampoco importaba recordar que —como estableció Max Webber en La política como vocación, obra que se convirtió en la teoría predominante en la filosofía del derecho y filosofía política desde el siglo XX— el Estado es la fuente de la legitimidad del uso de la violencia. Daba igual correr el riesgo de, como decía Maquiavelo, acabar siendo deslegitimado por la sociedad en su conjunto al hacer frente a la violencia que legítimamente ostenta el Estado. Mucho menos importaba la realidad detrás de la manipulación en las cifras de heridos, la exageración de historias concretas o, directamente, la invención de hechos ni contrastados ni acontecidos.

Mientras algunos trataron de hacer hincapié en el hecho de que aquel referéndum carecía de validez jurídica, de garantías democráticas y que, gustase o no gustase, al día siguiente Cataluña seguiría formando parte de España, los independentistas estaban disfrutando de las mieles del éxito de su estrategia.

El 1 de octubre constituyó el momento clave del etnopopulismo identitario, el día de mayor gloria táctica, la muestra de la habilidad marketiniana de un movimiento, la pericia de la emotividad gestual frente a una instrumentalidad obsoleta. El deadline separatista llegó y la sensación generalizada era de victoria en la estrategia independentista, gracias a que las imágenes de ciudadanos introduciendo sus papeletas en las urnas —incluidos los principales líderes del movimiento segregacionista— y de votantes heridos, dieron la vuelta al mundo.

Un par de días después tuvo lugar una huelga general que pretendía paralizar la economía catalana y denunciar la represión vivida 48 horas antes. La convocatoria fue un fracaso, secundada por poca gente y con escasa repercusión en el día a día de la región.

El domingo 8 de octubre hubo una multitudinaria manifestación en Barcelona, inimaginable tiempo atrás. Casi un millón de personas contrarias a la independencia, convocadas por Sociedad Civil Catalana, inundaron las calles de la Ciudad Condal en un ambiente festivo en el que se entrelazaron banderas españolas y senyeras. El delirio nacionalista debía llegar a su fin y el temor a la unilateralidad es lo que llevó a reunir a perfiles diferentes: profesores universitarios, el premio Nobel Vargas Llosa, el exsecretario del Partido Comunista de España, Francisco Frutos, y miembros destacados del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.

Sin embargo, las presiones para avanzar en la construcción de la nueva república eran cada vez mayores, más aún cuando todo el independentismo —desde los republicanos pasando por los neoconvergentes hasta los radicales— asumía que el mandato del pueblo, reflejado en la aplastante victoria del independentismo el 1 de octubre, les facultaba para romper con España. Los días siguientes al 1 de octubre fueron un hervidero de especiales en los informativos en los que infinidad de expertos y tertulianos opinaban y teorizaban sobre las distintas opciones existentes sobre la mesa, sobre cuáles serían los siguientes pasos a dar y cómo se presentaría el futuro de los catalanes.

Parecía que la duda generalizada se despejaría en la primera comparecencia de Puigdemont en el Parlament, que tuvo lugar el 10 de octubre, pero aquel día el president articuló una meliflua virguería dialéctica por la cual aprobó la declaración de independencia de Cataluña bajo el «mandato popular surgido de las urnas el 1 de octubre» para, seguidamente, suspenderla y ofrecer un gesto de diálogo y negociación al Gobierno central. Aquellos 56 segundos de fugaz independencia fueron vividos por la multitud agolpada en las puertas del Parlament con grandes dosis de desazón, aflicción e inquietud. Para el recuerdo —y para la historia de los memes— quedará la imagen de la mujer de camisa blanca, cuya capacidad para pasar del feliz éxtasis a la triste incredulidad quedó inmortalizada.

En un nuevo golpe de efecto marketiniano, los diputados independentistas firmaron un documento para constituir la república catalana «como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Lo relevante de aquello fue que la firma del documento que acreditaba la supuesta independencia de Cataluña no se firmó ni durante la sesión plenaria ni dentro del hemiciclo. Se firmó una vez concluido el pleno, y en el patio del Parlament. Al hacerlo así, carecería de validez jurídica y no sería publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. Se trataba, una vez más, de la pugna entre lo visual y lo legal, entre lo reivindicativo y lo racional, entre la escenificación y la realidad.

A partir de ahí vivimos días de relación casi epistolar entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña, en la que el intercambio de misivas pareció no arrojar excesiva luz pero confirmó la importancia del marketing político. En una primera instancia, Rajoy escribió a Puigdemont solicitándole que respondiese si había proclamado la independencia. En previsión de una respuesta en la que se diesen amplios rodeos y se evitase contestar, la carta del Gobierno de España apuntaba que la negativa a responder la pregunta concreta sería interpretada como una respuesta afirmativa. Las opciones se limitaban a que la respuesta fuese que «no se había proclamado la independencia» y, entonces, todo seguiría como hasta ese momento, o que respondiese afirmativamente —sin contestar claramente a la pregunta o que directamente no contestara a la misiva—, lo que derivaría en el inicio de los trámites de aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Y así fue.

Después de que el Parlament, con Puigdemont a la cabeza, declarase unilateralmente la independencia tras una votación que tuvo lugar de forma anónima para evitar posibles represalias jurídicas, el Gobierno de España, en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, disolvió el Parlamento, destituyó al Gobierno de la Generalitat y convocó nuevas elecciones para el 21 de diciembre, primera fecha posible para respetar los 54 días que marca la ley electoral entre la convocatoria de elecciones y la celebración de las mismas.

La cronología de los acontecimientos es, como el etnopopulismo, inconcebible. Viernes 27 de octubre: proclamación de independencia, al tiempo que el Senado autorizaba al Gobierno a aplicar el 155. Domingo 29 de octubre: fuga clandestina de España de Puigdemont y de cinco de sus exconsejeros a Bruselas. Mientras unos se fugaban, los constitucionalistas contrarios a la independencia volvían a sacar músculo en las calles de Barcelona en otra convocatoria multitudinaria. A partir de ahí, la única fuga que se produciría no sería solo la de los dirigentes insurrectos, pues les siguieron miles y miles de grandes empresas que huyeron de Cataluña, con dirección a otras comunidades autónomas, en busca de la seguridad jurídica que no les garantizaba la situación catalana.

Tocata y fuga

Existe una leyenda recurrente que se cuenta dentro del circuito filarmónico y entre diversos melómanos que asegura que en el estreno de una de las obras del inigualable Johann Sebastian Bach, uno de los trompetistas que la interpretaba murió al quedarse sin aire intentando alcanzar el ritmo que impregnaba el músico a sus partituras. El chascarrillo va más allá y asegura que antes de morir el malogrado trompetista tuvo tiempo para pronunciar unas últimas palabras: «Este Bach, ha conseguido acabar conmigo».

En el seno del independentismo, los fieles a la ruptura con España sintieron los mismos problemas respiratorios y sensación de ahogo cuando comprobaron cómo su máximo líder político y, en ocasiones, espiritual, había emprendido una fuga que dejaba sin argumentos y desnortados a los etnopopulistas. Un abandono en toda regla que por la logística y la puesta en escena se mostraba un tanto improvisado. Por un lado, nadie dentro de su propio partido conocía las intenciones del ya expresident y los exconsejeros que le acompañaron. La espantada de quien había conducido al movimiento independentista hasta un callejón sin salida tenía cierto tinte esperpéntico. Una marcha que Puigdemont llevó a cabo oculto en un vehículo, cambiando de automóvil varias veces y con la ayuda y compañía de una pareja de Mossos d’Esquadra, todo con el objetivo de llegar a Bruselas y huir de las evidentes consecuencias penales de sus actos.

La estratagema no solo pasaba por organizar una fuga clandestina de la que ni sus propios compañeros tuviesen conocimiento sino que trató de hacer creer a la sociedad, especialmente al bloque independentista, que él seguía al pie del cañón. Tanto es así que el lunes 30 de octubre, cuando Puigdemont ya había abandonado a sus ciudadanos, subió a sus redes sociales una foto del interior de la sede del gobierno regional acompañado de un lacónico «buenos días» y de un emoticono de una cara sonriente. El juego del despiste no hacía más que caldear los ánimos en el bloque independentista justo cuando atravesaban uno de los momentos más duros política, judicial y socialmente de los últimos años. Octubre terminaba con el Tribunal Constitucional suspendiendo cautelarmente la declaración de independencia aprobada días antes. De esta manera, octubre de 2017 quedará en el recuerdo como el mes más tenso, agitado e insólito de la historia de la región catalana en las últimas décadas.

Mucho se especuló y se debatió sobre si la aplicación del 155 debía ser dura o blanda. La realidad es que el 155 de nuestra Constitución conformaba un escenario inexplorado en la democracia española, por lo que calibrar la intensidad de su aplicación era algo complejo. El Gobierno de Mariano Rajoy sabía que estaba jugándose el crédito político y la capacidad de resolver el mayor problema que afrontaba la democracia española en su historia, por ello, de manera inteligente, apostó por convocar elecciones en Cataluña al tiempo que disolvía el Gobierno insurrecto de la región. La aplicación del artículo 155 duraría los 54 días naturales que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que comprendían desde el sábado 28 de octubre al jueves 21 de diciembre —luego se prorrogaría tanto tiempo como tardasen en conformar el nuevo Gobierno autonómico, algo que ya no dependía del ejecutivo central—. Ni tan siquiera se quiso esperar a que las elecciones coincidiesen con un domingo como tradicionalmente sucedía. De haberse buscado esa fórmula los catalanes se podían encontrar votando el domingo 24 de diciembre, día de Nochebuena; el domingo 31 de diciembre, día de Nochevieja, o el domingo 7 de enero, día después de Reyes. El calendario parecía demandar una acción rápida que no alargase el 155 hasta fechas innecesarias.

Aquella decisión del gobierno central convertía en creíble el relato basado en el discurso que aseguraba que la aplicación del 155 fue una acción desagradable y triste pero inevitable dado lo extremo de la situación. Trataba de demostrar que no fue el Gobierno central el que aplicó dicho artículo sino el gobierno regional con sus actuaciones.

Los 54 días de implantación del 155 fueron los más duros para el independentismo y en los que el etnopopulismo pareció desmoronarse. Su aparente unidad se resquebrajaba al tiempo que el Estado de derecho y el imperio de la ley aplicaban sus preceptos jurídicos. En aquellas siete semanas y media vivimos el encarcelamiento de medio Gobierno de Puigdemont, entre ellos el número dos del ejecutivo catalán, Oriol Junqueras; la anulación de la Declaración Unilateral de Independencia por parte del Constitucional o los embargos a Artur Mas por parte del Tribunal de Cuentas como fianza por la causa derivada de los hechos del 9 de noviembre de 2014. Todos estos hechos debilitaron la moral independentista pero, quizá, el mayor golpe de efecto se logró cuando tanto Forcadell como los miembros de la Mesa del Parlament, los exconsejeros del Gobierno regional y los líderes de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana ante el juez del Supremo se comprometieron a acatar la Constitución Española, a aceptar la aplicación del artículo 155 y a cumplir con la legalidad vigente, además aseguraron que la declaración de independencia había sido meramente simbólica y carecía de validez alguna. Las costuras del independentismo se rompían a escasos días de unas nuevas elecciones autonómicas.

Los enésimos comicios regionales en Cataluña volvieron a demostrar un hecho trágico. Se trata de la constante subestimación entre los polos opuestos. Los independentistas menosprecian incesantemente la fuerza de la democracia y el imperio de la ley y los constitucionalistas infravaloran reiteradamente el apoyo social, nada desdeñable, con el que cuenta el etnopopulismo en Cataluña. Y, nuevamente, el 21 de diciembre se volvió a poner de manifiesto. Las elecciones con mayor afluencia de electores de la historia catalana, con casi un 80 por ciento de participación, hicieron vencedor en votos y escaños a Ciudadanos, la joven fuerza constitucionalista que había irrumpido con fuerza en la última década. Inés Arrimadas se convertía en la más legitimada para dirigir el futuro Gobierno catalán. Sin embargo, la lectura política era otra. La suma de escaños de los partidos independentistas alcanzaba una mayoría absoluta de 70 escaños. Se retomaba un escenario parlamentario similar al anterior con la excepción de que, por primera vez, el partido más votado y con más escaños, era una fuerza constitucionalista y contraria a la secesión.

Un escenario complejo que generó una amplia desdicha en el bloque constitucionalista al comprobar que a pesar de ganar en votos y liderar las opciones de los votantes, el espacio político volvía a estar en manos del independentismo. Muchos en aquellos días fueron incapaces de entender cómo era posible que después de todo lo que había sucedido siguiesen existiendo dos millones de catalanes dispuestos a avalar la radicalidad etnopopulista.

La base de los postulados del reconocido economista socialdemócrata John Kenneth Galbraith, que prestó servicio a diferentes Gobiernos demócratas en Estados Unidos, desde el de Roosevelt al de Truman pasando por el de John F. Kennedy, pueden dar respuesta a este tipo de motivaciones electorales. En sus prolijos estudios, Galbraith afirmaba que se había producido una quiebra en el escenario político que movía el eje motivacional del votante, pasando de un sistema ideológico propio de la racionalidad a un modelo motivacional sustentado en las expectativas. De esta manera establecía dos grandes bloques: por un lado la mayoría electoral satisfecha y, por otro, una subclase funcional que vivía de la frustración. Esta idea central enraiza con el concepto de democracia excluyente que el propio Galbraith acuñó años más tarde y que, trasladándolo a nuestro escenario político actual, podemos constatar la existencia de una burbuja existente en el seno de las sociedades opulentas que, en determinados momentos y condiciones, se pincha dando lugar a una serie de reajustes sociales derivados de la creación artificial de falsas necesidades.

Una minoría excluyente en Cataluña que nunca ha sido tal pero que sí se ha sentido así y que ha crecido generacionalmente con la adulterada necesidad de alcanzar el maná de la independencia como fin último de sus propias insatisfacciones. Una frustración siempre acompañada de un inexplicable sentimiento de rabia que desde el 1 de octubre había ido en aumento a medida que crecían las propias decepciones y que desencadenó en un panorama político muy similar al existente en la legislatura anterior.

El primer paso consistió en conformar el nuevo Parlament que eligió a Roger Torrent, de ERC, como presidente de la cámara regional, tras la renuncia de Carme Forcadell a volver a presidir la institución. Torrent había protagonizado diversos debates electorales y era considerado uno de los valores más en alza dentro de los republicanos. Pese a que comenzó su mandato con un discurso de aceptación sin menciones a la independencia y de corte autonomista, días después propuso a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat. Se trataba del enésimo desafío y el primero después de las elecciones. En realidad, constitucionalistas e independentistas, sabían que aquello era imposible. Puigdemont se encontraba fugado y debía ofrecer el discurso como candidato desde el Parlament, algo imposible puesto que de volver a España sería requerido por la justicia. Él mismo era consciente y la materialización de aquel pensamiento general llegó con la grabación de unos mensajes que le había enviado a Toni Comín en los que le confesaba: «Supongo que tienes claro que esto ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Yo ya estoy sacrificado». A lo que añadía lo siguiente: «El plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no, el ridículo histórico, es histórico…».

Meses después y ante la situación de bloque, Puigdemont renunció a continuar intentando presentarse como candidato y propuso a Jordi Sànchez, ya entonces expresidente de la ANC, que se encontraba en prisión preventiva acusado de un delito de sedición. La imposibilidad de salir de prisión para convertirse en candidato, el rechazo a esta propuesta por parte de la CUP, las tensiones derivadas de la ristra de candidatos inelegibles y la parálisis política terminaron, en apariencia, con la propuesta del exconsejero de presidencia y exportavoz del Gobierno de Puigdemont, Jordi Turull.

La primera votación en la que debía alcanzar una mayoría absoluta se produjo el jueves 22 de marzo, con la particularidad de que el nuevo candidato contaba con un horizonte judicial más que complejo. Tanto es así que, al día siguiente, el viernes 23, el juez del Supremo, Pablo Llarena, había citado al nuevo candidato a presidente y a otra veintena de imputados para notificarles el auto de procesamiento en el que se determinaría si debían ingresar en prisión por un delito de rebelión. La CUP se negaba a votar a favor de Turull al considerar que con él al frente de la Generalitat el procés se encontraría en un punto muerto, al tiempo que sentían la presión de ser considerados culpables de lo que pudiese pasar en la jornada siguiente si Turull finalmente era enviado a prisión. Los cuatro diputados de la CUP se abstuvieron argumentando que «no podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado», por lo que Turull no pasó el proceso de investidura.

Aquel día el ambiente en el Parlament fue desagradable. Recuerdo las miradas acusatorias de los miembros de Junts per Catalunya —la nueva marca electoral de los convergentes— y ERC hacia los parlamentarios de la CUP, la tensión irrespirable entre quienes habían sido un bloque sólido y ahora cruzaban acusaciones, incluso la dureza de los tristes rostros de la familia de Turull que intuían el desenlace de lo que sucedería al día siguiente. La emotividad chocaba de lleno con la racionalidad de quienes habían llevado a Cataluña a un callejón sin salida, violando las leyes y violentando las calles. En la vida, jamás debemos olvidar que las acciones tienen consecuencias. Quizá el entorno de Turull podía haberle hecho ver que llevaba instalado en la ilegalidad demasiado tiempo. No fue fácil presenciar aquellas escenas en las que el independentismo nos acusaba a todos los demás de lo que solamente ellos podían haber evitado.

Al día siguiente, como era previsible, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, envió a prisión a Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Josep Rull. Además, se produce la enésima huida de la justicia. En esta ocasión es Marta Rovira, la que fuera esperanza blanca de ERC, la que decidió fugarse a Suiza y no acudir al Supremo, sumándose a la lista de prófugos compuesta por el propio Carles Puigdemont, los exconsejeros Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y la exportavoz de la CUP, Anna Gabriel, la última en desertar.

Ante la ingente cantidad de fugados en Bélgica y Suiza, el presidente del Parlament acudió a Ginebra a la sede de Naciones Unidas para «defender los derechos políticos de todos los diputados y denunciar las injerencias ilegítimas del Estado en el Parlament». Un viaje que debía servir para, una vez más, magnificar el relato basado en la disputa de la libertad de un pueblo enfrentada a la represión de un Estado despótico. Sin embargo, el viaje resultó como se esperaba y el rédito discursivo fue nulo. En la sede de Naciones Unidas nadie quería recibir al nuevo presidente del Parlament y se optó por un encuentro intrascendente con una funcionaria sin visibilidad alguna. A la salida de la sede de la histórica organización internacional, Torrent ofreció una raquítica rueda de prensa ante cuatro medios de comunicación, tres de los cuales eran medios catalanes nacionalistas.

Cada día que pasaba el relato etnopopulista, tan efectivo meses antes, parecía perder enteros y credibilidad a pasos agigantados. La puntilla vendría cuando días después era detenido Puigdemont en un área de servicio de Alemania debido a la existencia de una orden de detención internacional emitida por el Tribunal Supremo. Es en ese momento cuando se intenta reactivar el relato basado en convertir una mera detención por vulnerar la ley en una detención arbitraria fruto de la lucha por una noble causa política. Dos de las personas que visitaron a Puigdemont en prisión fueron Josep Costa, que ostentaba de manera reciente la vicepresidencia primera del Parlament, y Bernd Lucke, eurodiputado alemán y cofundador del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Tras pagar una cuantiosa fianza, por la que el círculo independentista tuvo que habilitar numerosas cuentas bancarias para recaudar donaciones, el expresidente Puigdemont quedó en libertad.

El etnopopulismo volvía a liderar la hegemonía discursiva con la salida de prisión del líder moral del movimiento independentista y recibió un gran espaldarazo cuando el tribunal del estado federal de Schleswig Holstein —región en la que fue detenido el mandatario catalán cuando entró en territorio alemán procedente de Dinamarca— aceptó extraditarlo por malversación pero no por rebelión, en contra del criterio de la propia fiscalía regional alemana y del Tribunal Supremo. La justicia española rechazó la extradición en dichas condiciones y mantuvo —y mantiene— vigente la orden de detención nacional que se haría efectiva en cuanto Puigdemont estuviese en territorio español.

Ante la incertidumbre parlamentaria y la inestabilidad política, Puigdemont propuso como candidato a presidir la Generalitat a Quim Torra, que logró alcanzar el Gobierno autonómico gracias a la abstención de la CUP. El plácet de la formación radical se explica por el perfil extremista del nuevo president. Torra había sido director de uno de los referentes del independentismo, el Born en Barcelona, miembro del grupo fundador de la ANC y presidente interino de Òmnium Cultural entre el mandato de Muriel Casals y Jordi Cuixart. Su lealtad y fidelidad a Puigdemont y a los postulados etnopopulistas estaba fuera de toda duda. Se trataba de un activista radical que había dejado buena muestra de su supremacismo en diversos artículos en los que comparaba a los contrarios a la independencia con bestias y que podrían ser constitutivos de delitos de odio. Un perfil que cobró visibilidad desde su toma de posesión en la que no hubo bandera de España, ni foto del rey, ni se acató la Constitución, ni contó con la tradicional invitación a los medios de comunicación con la excepción de la televisión pública catalana. El nuevo presidente de la Generalitat representaba a la perfección el concepto de etnopopulismo. Su creencia en una etnia catalana diferenciada del resto de España queda plasmada en sus múltiples escritos, donde la hemeroteca da grandes muestras del perfil del político. Un perfil político que engarza con la idea de un populismo binario y cuyo eje dicotómico ya planteaba en el año 2009 cuando afirmaba que el debate político en Cataluña «ya no es más catalanismo de derechas o de izquierdas, ni liberalismo o socialdemocracia, ni siquiera democracia cristiana o socialismo, hoy batalla es unionismo o independentismo».

La continuación del desafío estaba sobre la mesa y la primera toma de temperatura se produjo cuando nombró un gobierno compuesto por algunos consejeros con causas pendientes con la justicia, en concreto dos en prisión y otros dos fugados, lo cual fue rechazado por el ejecutivo central, que obligó a una nueva composición. Parecía que el choque de trenes entre los dos niveles de la Administración del Estado, el nacional y el autonómico, seguiría constante en el tiempo. Pero se produjo un hecho inesperado que consistió en el registro de una moción de censura por parte del PSOE contra el gobierno encabezado por Mariano Rajoy. Es probable que en cualquier otra situación aquella moción de censura estuviese abocada al fracaso pero, una vez más, se demostró la importancia del contexto. El martes 22 de mayo era detenido Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y cohecho. Más allá de haber sido ministro y portavoz en los gobiernos de Aznar, presidente de la Comunidad Valenciana o portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Zaplana era una de las caras más reconocibles, recordadas y visibles de la historia reciente del Partido Popular. Dos días después, el 24 de mayo, la Audiencia Nacional resolvía la primera macrocausa del caso Gürtel. Al día siguiente, en una jugada de inteligencia política, el PSOE registraba una moción de censura que terminaría destituyendo al Gobierno de Mariano Rajoy.

La primera moción de censura que prosperaba en España salía adelante con 180 votos a favor, incluyendo el de los grupos parlamentarios de los independentistas de ERC y el PDeCAT. Su aval, sumado al de grupos como Compromís o Bildu, ponía de manifiesto el apoyo de los partidos periféricos de corte separatista y cariz populista. El independentismo albergaba la esperanza de que el nuevo Gobierno nacional tendiese la mano a los etnopopulistas y comenzase enviando señales en forma de referéndum pactado. Así lo expresaba el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano: «Necesitamos escuchar que delante de un problema político es necesaria la política y seguro que no se necesita la represión, querellas penales, cárceles, intervención del autogobierno, etc. […]. Nos toca mirar al futuro y darnos a todos una oportunidad». Frente a este aparente buenismo político, la CUP, que recordemos que, pese a ser un partido minoritario en cuanto a representación, es determinante en las decisiones que se adoptan, avisó que apoyar a Pedro Sánchez era avalar la represión. Para los radicales independentistas el apoyo a la moción les convertía en «cómplices de la represión y el marco autoritario que nos quieren imponer».

La realidad es que poco o nada cambió. El etnopopulismo continuó trabajando en su propio relato emocional, envolviendo su quebrantamiento normativo en un manto emancipador y libertario que legitimase interna y externamente su eje discursivo. De ahí las puestas en escena con los lazos amarillos, los homenajes a los fugados, las manifestaciones populares, los órdagos políticos… Y una de las puestas en escena más significativa para el independentismo es la celebración de la Diada. En 2018 se celebraba la séptima Diada multitudinaria y la primera después del 1 de octubre, de la fallida independencia y de un año convulso en todos los sentidos. Existían todos los componentes necesarios para asistir a una celebración con récord de asistentes, pero ni siquiera las cifras ofrecidas por el Govern sirvieron para vender una imagen icónica. Las cifras del propio independentismo hablaban de un millón de asistentes cuando en otras ediciones llegaron a cifrar la asistencia en más de 1,8 millones de personas.

Donde sí tuvo el éxito que el etnopopulismo siempre persigue es en los medios de comunicación internacionales, que suelen hacer seguimientos y reportajes especiales de este tipo de acontecimientos. Sin embargo, el que más ayudó a consolidar el relato independentista fue el propio ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, Josep Borrell, que concedió una entrevista en la británica BBC donde aseguraba que Cataluña era una nación y mostraba su preferencia por que los líderes del independentismo en prisión estuvieran libres. Pese a que en dicha entrevista el ministro reiteró la necesidad de cumplir la ley y la imposibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, el titular de aquella entrevista favorecía los intereses del independentismo y reforzaba el relato victimizador del oprimido pueblo catalán.

En paralelo, ante la situación de bloqueo y la falta de salidas claras a la situación de anormalidad social, el etnopopulismo fundó el enésimo entramado social independentista retomando colectivos ya creados antaño. Así vio la luz la Crida Nacional per la República, heredera de la Crida a la Solidaritat e impulsada por Carles Puigdemont, Quim Torra y Jordi Sànchez con el objetivo de mantener a Puigdemont como un líder con visibilidad al tiempo que se convertía en otro mecanismo más de recaudación de fondos. Y es que si algo ha entendido tradicionalmente bien el independentismo es que en su terreno y, especialmente, en Cataluña, debido a su propia idiosincrasia, han funcionado mejor las organizaciones sociales y colectivos que los partidos políticos al uso. De ahí el protagonismo desmedido del asociacionismo catalán en el devenir político de la región.

Por entristecedor que parezca y de cara al ciudadano medio, poco o nada ha cambiado en Cataluña. Una región que vive sumida en una división continua, en una confrontación sin posibilidad de mantenerse al margen y donde las instituciones públicas no funcionan. La Administración debe servir al ciudadano y no servirse de él. El rodillo independentista ha tenido meses y meses paralizada y bloqueada la cámara de representación política, sin plenos en el Parlament. Una administración autonómica que ha estado más de un año sin legislar y que desde el 1 de octubre ha desatendido todas sus responsabilidades gubernamentales. Un independentismo que empieza a dar muestras de agotamiento mutuo y cuyas diferencias se han evidenciado a cuenta de la situación de los diputados procesados por rebelión y malversación, lo que ha generado un agrio enfrentamiento entre ERC y Junts per Catalunya.

Mientras tanto, continúan apostando por la escenificación, la construcción de un relato creíble, la creación de una hegemonía discursiva y apostando por lo visual, lo emotivo, lo empático por encima de cualquier argumentación racional. Una estrategia que, discutible o no, encuentra aceptación en una parte importante de Cataluña y que genera simpatías en algunos lugares del mundo.

Capítulo 2
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El món ens mira: la internacionalización

De la representación a la confrontación

Cuando en 1975 Amancio Ortega abrió en La Coruña su primera tienda de ropa llamada Zara, no podía imaginar que terminaría convirtiéndose en el ideólogo del mayor imperio textil del mundo. Con una estrategia de crecimiento basada en la conocida como «mancha de aceite», se extendió primero por toda Galicia, abriendo tiendas en las cuatro provincias de la región, y después por diferentes ciudades de España. Amancio podía haber apostado por mantener el modelo de negocio que le estaba funcionando, pues generaba interesantes beneficios. Podía haber seguido apostando por un esquema conservador, sin abrir más tiendas de las que ya tenía y consolidar así su éxito. Sin embargo, arriesgó. Apostó por la internacionalización de su modelo de negocio y por expandirse a nivel mundial. Así, sus dos primeras tiendas fuera de la península se abrieron en Nueva York en 1989 y en París al año siguiente. La elección de ambas ubicaciones no fue casual: las dos ciudades estaban consideradas como la cuna de la moda, las capitales del negocio textil. Además, Francia era un país vecino que podría constituir la base experimental para determinar la posible expansión por el resto de Europa.

Hoy en día, Inditex, matriz de Zara, cuenta con una plantilla de más de 170 000 empleados, tiene presencia en los cinco continentes a través de miles de tiendas físicas y su fundador es una de las personas más ricas del planeta. Desde que en 1989 abrieron la primera tienda en Nueva York hasta la actualidad, su expansión, solo en Estados Unidos, ha implicado la apertura de más de 70 tiendas diferentes y la creación de más de 5000 puestos de trabajo. Inditex se estudia como caso de éxito en las escuelas de negocio más prestigiosas del mundo, desde Harvard pasando por la London Business School hasta la Indian School of Business.

La internacionalización de Zara fue determinante para su propio futuro. Las empresas que se internacionalizan, a medio y largo plazo, se convierten, de media, en cuatro veces más grandes que las que no invierten ni exportan.

Como venimos viendo, no son pocas las ocasiones en las que si algo se demuestra válido en el ámbito empresarial, también lo será en la esfera política. De esta manera, el nacionalismo etnopopulista catalán comprendió que para alcanzar sus objetivos finales tenía que comenzar un proceso de internacionalización. Y lo hicieron con el derecho a decidir. Los líderes catalanistas sabían que no podían ir llamando a puertas extranjeras sin tener nada que venderles, puesto que el ridículo sería mayúsculo. Debían vender algo concreto, y ese algo no era otra cosa que el derecho a decidir, la opresión de un pueblo que quiere ser libre como el responsable hijo mayor de edad que sigue bajo la tutela de un estricto padre que amenaza con arrearle un soberano guantazo si el joven no obedece y cumple sus viejas normas. Para ello, debía seguirse una estrategia que llevaría años y mucho trabajo a sus espaldas. Debían dotarse de una poderosa infraestructura y contar con un cronograma de tiempos que les permitiese entender qué pasos debían dar en cada momento.

Todo esto deberían hacerlo sabiendo que planteaban una estrategia que divergía en un punto primordial con la esfera comercial. Mientras que en el ámbito de los negocios existen infinidad de leyes, tributos y normas que establecen cómo internacionalizar un proceso empresarial, en ciencia política no hay ningún convenio o tratado que se refiera a conflictos internacionalizados. Únicamente existen dos tipos de conflictos: internos e internacionales. Por lo tanto, el objetivo de los independentistas catalanes debía ceñirse exclusivamente a que la disputa local trascendiera nuestras fronteras y encontrase un aliado exterior que, por medio de las relaciones internacionales, sirviese de altavoz de sus demandas y, en última instancia, se posicionase públicamente en favor de las reivindicaciones nacionalistas, cuya mínima oferta consistía en un referéndum de independencia pactado con el Estado.

En este sentido, los nacionalistas catalanes supieron adelantarse a los demás nacionalismos, tanto en España como en Europa, y fueron capaces de tejer una tela de araña con conexiones en todo el continente. Para entender el inicio de ese planteamiento exterior, debemos retrotraernos, una vez más, a los años de la Transición. Recordemos que el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres tras la dictadura, el 13 de julio comenzó la legislatura constituyente, y el 26 de julio el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en una de sus primeras decisiones políticas, solicitó oficialmente la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, que por aquel entonces contaba con nueve países miembros. No fue hasta 1985, es decir, ocho años después, cuando España consiguió el objetivo de pertenecer al selecto club europeo tras la firma del Tratado de Adhesión que tuvo lugar en Madrid y que establecía la integración efectiva y plena a partir del 1 de enero de 1986.

Los nacionalistas catalanes fueron los primeros en detectar en esta entidad supranacional una oportunidad de recibir fondos, de servir de altavoz de determinadas reivindicaciones y de visibilizar a la región en una Europa que prometía continuar su expansión incluso años antes de materializarse la integración. Ya desde la fecha en la que España solicitó su adhesión a la comunidad europea, los nacionalistas catalanes estuvieron dirimiendo cómo beneficiarse de la construcción de la nueva Europa. El primer gran paso que dieron en este sentido fue la creación, en el año 1982, del Patronat Català Pro Europa, con el objetivo de «promover y coordinar actividades de información sobre la Unión Europea velando por los intereses de Cataluña». Se trataba de una entidad creada por la Generalitat de Cataluña, liderada por Jordi Pujol, en régimen de consorcio con sede en Barcelona, delegaciones en Tarragona, Girona y Lleida, y representada en Bruselas. La idea era impulsar en Cataluña el conocimiento de Europa y realizar un seguimiento de las políticas comunitarias con influencia en la región. Durante sus primeros años, se encargó de organizar diversos seminarios educativos, cursos de formación y talleres de asesoramiento.

El mismo año 1986 en el que nos integramos en Europa formalmente, lo primero que hicieron los nacionalistas, tanto catalanes como vascos, fue establecer una oficina de representación permanente en Bruselas. Fueron las primeras comunidades en hacerlo, las pioneras. Después les siguieron el resto de regiones españolas, y así en 1987 abrió en Bruselas una delegación las Islas Canarias; en 1988, Galicia; en 1989, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia; en 1990, Andalucía; en 1992, Castilla y León y Extremadura; en 1993, Aragón y Navarra; en 1994, la Comunidad de Madrid; en 1995, Asturias; en 1996, las Islas Baleares, Castilla-La Mancha y La Rioja; y, por último, en 1998, Cantabria. En la década de los noventa, todas las comunidades autónomas contaban con una oficina o delegación autonómica en Bruselas.

Hasta aquí todas las acciones exteriores regionales entraban dentro de la lógica normalidad de una serie de comunidades autónomas que ven en la construcción de una Europa unida una ventana de oportunidad para atraer talento, inversión y posibilidades de prosperar. Algo que a cualquiera le parecería sensato, siempre y cuando no supusiesen un coste excesivo al contribuyente —en el caso catalán, los más de 2300 metros cuadrados y el millón de euros de alquiler de la oficina podrían parecer elevados— y en el proceso de rendición de cuentas se demostrase la utilidad, rentabilidad y necesidad de dichas oficinas representativas. Pero el comienzo del nuevo siglo aumentó las ansias expansivas del nacionalismo pujolista y comenzaron los solapamientos y, por ende, los conflictos.

El primer encontronazo entre la Generalitat y el Gobierno central tuvo lugar en 2002 a raíz de la apertura de una delegación de inmigración en Varsovia. Se trataba de una oficina de orientación a la inmigración para facilitar la contratación de trabajadores polacos en los sectores de la economía catalana en la que existiese demanda de mano de obra; entre sus actividades destacaban el asesoramiento o la impartición de clases de catalán.

El problema radicaba en que la administración regional carecía de las competencias necesarias en materia de inmigración y, a pesar de ello, el Gobierno de la Generalitat, en palabras del conseller en cap, Artur Mas, afirmaba su intención de «tirar por la vía directa» y crear sus propias oficinas de inmigración. Comenzaba así un pequeño pero llamativo conflicto diplomático y competencial, puesto que el competente en este tipo de cuestiones era el Ministerio de Asuntos Exteriores, al corresponderle al Estado la regulación de la contratación de inmigrantes.

A pesar de la desaprobación del Gobierno central que implicaba que no habría presencia de ningún miembro de la embajada en la inauguración de dicha oficina, la delegación española en Polonia ofreció un exquisito trato protocolario a la delegación catalana. El embajador, Juan Pablo de Laiglesia, acudió personalmente al aeropuerto a recibir (y posteriormente a despedir) a Artur Mas, con quien mantuvo una reunión de trabajo y un almuerzo.

En cuanto al Gobierno polaco, sí tenían constancia de la intención de la Generalitat de abrir dicha oficina de inmigración. ¿El problema? No se habían enterado a través de los cauces oficiales existentes entre cualquier administración, sino que supieron de las intenciones del Gobierno nacionalista a través de la prensa española durante la visita a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores polaco.

En un gesto de soberbia nacionalista y con la pretensión de reafirmar su estrategia de expansión internacional, los servicios de protocolo de la Generalitat ordenaron retirar la bandera española de la oficina en Varsovia, colocada junto a la catalana, la polaca y la europea. Comenzaba así una estrategia de suplantación de las competencias del Estado, en su intención de mostrarse como una entidad independiente propia capaz de hablarle de igual a igual al Estado español.

Pero la fuente de mayor conflicto aconteció un año después, en 2003, con la creación de la embajada catalana en Marruecos. Aquello supuso una auténtica crisis con el Gobierno central de la que los medios de comunicación de la época dieron buena cuenta.

El problema radicaba en que la Generalitat había decidido, de manera unilateral y sin consultar al Gobierno, abrir una oficina de representación en Casablanca. Por aquel entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado en ese momento por la popular Ana Palacio, reprochaba a la Generalitat que no hubiese definido las competencias de dicha oficina de representación a la par que les recordaba que, según los convenios internacionales, carecían de carácter político y diplomático. Evidentemente, era muy distinto abrir una oficina de inmigración en Polonia que una pseudodelegación consular en Marruecos, en un contexto de creciente tensión diplomática derivada del reciente incidente de la isla de Perejil[15], que había tenido lugar ocho meses antes. A esto había que sumarle que el encargado de dirigir la embajada catalana sería el independentista Àngel Colom. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue claro al afirmar que aquella delegación rompía «la uniformidad y la unidad de la representación española en el extranjero».

No extraña —en ninguno de los sentidos— que a la inauguración de la embajada catalana acudiese el entonces conseller en cap, Artur Mas, quien plantó en reiteradas ocasiones al embajador español, con quien había pactado entrevistarse para asistir a un acto de la mano del independentista Colom.

Haciendo gala de un buenismo verbal habitual en la concepción populista, Artur Mas defendía no querer «pelearse con nadie y menos con las autoridades españolas», al tiempo que aseguraba que «respetaremos nuestro marco de competencias porque somos gente de ley» —frase que, lamentablemente, fue olvidada años después—. Ya entonces, Artur Mas y el propio Pujol reivindicaban sin titubeos la aspiración de conseguir un canal propio que les permitiese articular su particular política exterior.

Por aquel entonces, la Generalitat contaba con una amplia red de más de 60 oficinas del Gobierno catalán en el extranjero, dependientes en su mayoría del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), un organismo público creado a finales de los años ochenta con el objetivo de atraer inversión extranjera a Cataluña, siendo su única finalidad de carácter empresarial.

No todas las oficinas exteriores funcionaban y eran rentables. De hecho, la polémica oficina en Marruecos, abierta en 2003, cerró sus puertas un año después. El motivo no fue otro que la ineficacia de su director, el independentista Colom, quien combinaba su inacción laboral con la avalancha de marroquíes a los que habían frustrado después de falsas expectativas laborales.

Años después, en 2007, la Generalitat decidió refundar el Patronat Català Pro Europa, creado en 1982, que pasó a llamarse Patronat Catalunya Món (Patronato Cataluña Mundo), en una demostración semántica de las ambiciones globales del nacionalismo. Europa no podía ser el único campo de actuación y debían poner sus ojos en una expansión a nivel mundial. El objetivo de este nuevo patronato era potenciar la proyección y la presencia de Cataluña y sus instituciones en el ámbito internacional. Entre sus funciones como nueva entidad se encontraban la de conocer, informar y difundir los posibles eventos internacionales que suscitasen interés para Cataluña y la formación de expertos en relaciones internacionales. Esto último es cuestionable desde la duda razonable en torno a si se formaban expertos internacionales aleccionados en el ideario nacionalista o si eran realmente especialistas independientes.

En 2008 la Generalitat comenzó a abrir embajadas fuera de sus fronteras, en concreto, en ese año se inauguran las embajadas catalanas en Berlín, París y Londres. No deja de ser llamativo la época y el Gobierno que materializa esta internacionalización catalana, puesto que en el año 2008 el Gobierno central estaba en manos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el Gobierno de la Generalitat estaba presidido por el también socialista José Montilla, quien gobernaba formando un tripartito junto con Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Las inauguraciones de las delegaciones-embajadas corrían a cargo del vicepresidente de la Generalitat, el republicano Josep-Lluís Carod-Rovira —quien hacía gala de manera pública y notoria de su independentismo—, y se localizaban en ubicaciones privilegiadas.

La primera en inaugurarse fue la de Berlín, en una de las esquinas más cotizadas de la capital alemana. Lo más llamativo de aquella puesta en escena internacional fue el hecho de que ningún representante del Gobierno alemán quiso estar presente en el acto de inauguración junto a Carod-Rovira, pese a las insistentes y continuas invitaciones realizadas. A esta le siguió la embajada en París, ubicada en un antiguo palacete señorial donde los alquileres no bajaban de los 30 000 euros mensuales. En este caso, lo más sorprendente fue el nombre del máximo responsable de la delegación parisina: Apeles Carod-Rovira, hermano de Josep Lluís, el vicepresidente del Gobierno catalán. Después llegó la delegación en Londres, que se encontraba alojada en un edificio de gran valor histórico, de los pocos que sobrevivió al incendio que arrasó la capital en 1666, situado en el número 17 de Fleet Street. Al año siguiente, en 2009, abrieron una en Nueva York, ubicada en el prestigioso y exclusivo edificio Rockefeller Plaza, en el corazón de Manhattan.

El argumento oficial era expandir los lazos económicos, políticos y culturales de Cataluña alrededor del mundo, pero no podemos olvidar que en aquel momento (año 2009) comenzaba a hacer estragos la crisis económica, y la Generalitat fue cuestionada públicamente por el derroche de dinero que suponía mantener una oficina tan lujosa con una plantilla de más de 10 empleados. La respuesta que el propio Carod-Rovira ofrecía daba muestras del trasfondo del pensamiento nacionalista: «Es de sentido común que en un momento de crisis económica internacional sería un error replegarse y cerrarse sobre sí mismos. No hay Estados europeos que cierren embajadas, ni Francia, ni España, ni Italia… Lo que hacen es potenciar la presencia exterior para defender sus intereses». Realmente, los dirigentes nacionalistas de Cataluña estaban convencidos de que debían compararse con otras naciones europeas en lugar de con otras regiones españolas. Asumían el papel de actor político nacional y negaban su identidad regional, en un ejercicio de autoengaño político.

Poco tiempo después, en ese mismo año 2009, se expandieron a América Latina con la apertura de una delegación catalana en Buenos Aires, con la intención de que cubriese Argentina, Chile y Uruguay. La oficina porteña se ubicaba enfrente del emblemático Obelisco de la ciudad y en cuya entrada lucían las banderas de Cataluña, Argentina y la Unión Europea. No había rastro de la enseña española. Al igual que había sucedido con la delegación catalana en Marruecos, la de Buenos Aires tuvo que cerrar sus puertas en el año 2012 como consecuencia del elevado gasto de mantenimiento y sus escasa, por no decir nula, hoja de resultados. Según la Generalitat, se trataba de reestructurar la acción exterior catalana, por lo que priorizaban el mantenimiento de las otras cinco embajadas existentes en Berlín (Alemania), Londres (Reino Unido), Nueva York (Estados Unidos), Bruselas (Bélgica) y París (Francia).

Hasta 2012 mantuvieron esta estructura de representación que costaba más de 30 millones de euros anuales, a la que había que añadir los más de 10 millones de euros al año que suponían las 27 agencias comerciales. Así hasta llegar a un total de 48 unidades administrativas en el exterior. Cabe destacar que otras comunidades autónomas contaban con menos de la mitad: la siguiente región con mayor representación exterior era la Comunidad Valenciana con 23, Andalucía con 22, País Vasco y Asturias con 13, la Región de Murcia y Galicia con 12, la Comunidad de Madrid con 11, Canarias con ocho, Castilla y León, Aragón y Navarra con cinco, Extremadura con cuatro, y La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria con dos cada una.

Diplomacia líquida

Con el comienzo de la deriva independentista de corte populista se vislumbraba un cambio en la acción exterior catalana, que dio paso a una representación más radical y que generó el caldo de cultivo necesario para impulsar las bondades de una hipotética Cataluña independiente. El primer paso se dio en noviembre de 2012 y consistió en reconvertir el Patronat Catalunya Món en el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat. Compartía con los anteriores organismos y entidades la idea central de impulsar la mejor imagen posible de Cataluña y obtener una mayor reputación internacional, al tiempo que persigue potenciar el mercado laboral y económico exterior en un entorno altamente globalizado. La gran diferencia con las asociaciones existentes hasta ese momento radicaba en que ya no ocultaba sus fines políticos. Entre sus objetivos principales se encontraba el de trasladar la idea de la legitimidad del pueblo catalán a decidir libremente su futuro, pudiendo optar a seguir formando parte de España o a separarse de manera pacífica y democrática. Para ello, trabajaban desde diferentes perspectivas. Por un lado, se encargaban de escribir artículos de prensa, para ser publicados en medios de todo el mundo, alentando el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Por otro lado, organizaban reuniones y encuentros con parlamentarios extranjeros, animándoles a apoyar una hipotética independencia y alertándoles de la situación vivida en Cataluña. Todo esto sin olvidar la importancia de la diplomacia virtual, a través de la cual difundían directa o indirectamente argumentos en favor del separatismo y otorgaban todo el apoyo necesario a las entidades de la sociedad civil afines a los intereses segregacionistas. En su composición participaban diferentes actores políticos y sociales: la Generalitat, ayuntamientos de las cuatro capitales de provincia, diputaciones y asociaciones de administraciones locales; las universidades y las escuelas de negocios con sede en Cataluña; las asociaciones empresariales, sindicales, cámaras y patronales; y entidades sociales y deportivas.

En definitiva, el Diplocat constituyó la primera criatura de laboratorio capaz de expandir sus tentáculos por distintas zonas del planeta a diferentes niveles, llegando a multitud de públicos. Así lo ponía de manifiesto el propio Gobierno de la Generalitat después de la reunión del consejo ejecutivo que aprobó su creación, y que en palabras de Francesc Homs, portavoz en aquel momento del Gobierno autonómico, nacía con el objetivo de «desarrollar una estrategia diplomática pública para divulgar la causa catalana en el mundo». No dejaba lugar a dudas que las relaciones internacionales serían clave en el hipotético proceso de autodeterminación por el que se estaba apostando fuertemente desde el Gobierno de Artur Mas. Esto suponía pasar de una representación exterior disfrazada de buenismo pujolista a constituir un desafío frontal con las competencias directas del Estado, puesto que es la propia Constitución española la que reserva la competencia de representación exterior exclusivamente al Gobierno central.

Se trataba de aprovechar la zozobra internacional derivada de la gran crisis económica. Esta recesión y la modernidad de la «sociedad líquida» de la que hablaba el filósofo Zygmunt Bauman, formaban una dupla en la que los valores eran cada vez más endebles, los principios más volubles, los ideales más permeables y los convencimientos más inestables.

En esa lógica marketiniana, según la cual el Diplocat se concebía como una especie de red de diplomacia amateur encargada de explicarle al mundo la necesidad y legitimidad del proceso soberanista catalán, se encuadran sus primeros trabajos. Uno de sus primeros argumentarios, publicado en abril de 2013 en inglés, francés y alemán y destinado a ser distribuido entre todas sus organizaciones colaboradoras alrededor del mundo para que lo difundiesen de forma masiva, presentaba a España como «un país caótico, intolerante, uniformizador y recentralizador que rechaza el multiculturalismo y que maltrata económicamente a Cataluña» en contraposición al «espíritu de optimismo, tolerancia y modernización que está en el corazón del movimiento hacia la independencia». Además, ofrecía como argumento de autoridad una mera interpretación sesgada del sentir mayoritario de los catalanes al afirmar que «hay un sentimiento común entre la mayoría de los ciudadanos catalanes en favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación». Al profundizar en los supuestos motivos de la cuestionable demanda mayoritaria de independencia, argüía como idea central que «Cataluña paga mucho a las regiones más pobres de España que, gracias a su contribución, cuentan con sistemas de bienestar propios, mientras disfruta de carreteras y sistemas ferroviarios, significativamente peores que aquellos existentes en las regiones que está ayudando». Repetían una y otra vez como grandes mantras la escasa inversión del Estado en Cataluña, la imposibilidad de alcanzar un nuevo pacto fiscal y la sentencia del Constitucional sobre la reforma del Estatut, que se mezclaban en un atractivo cóctel en el que había un buen puñado de falaces datos y porcentajes retorcidos para mostrar un apoyo amplio, mayoritario y plural a la celebración de un referéndum de independencia. Un relato desolador y completamente artificial sobre la relación de un Estado con una de sus regiones.

«Injusticia», «negación», «intolerancia», «fracaso» o «invasión» son algunos de los términos empleados en el informe para referirse a España mientras que para hablar de Cataluña usaban un léxico plagado de referencias a la solidaridad, la libertad, el optimismo, la tolerancia, el corazón…

Si a comienzos del siglo XX, algunos intelectuales, en su afán por liquidar las democracias liberales existentes, defendían la necesidad de visualizar la existencia de antagonismos terminológicos, a comienzos del siglo XXI el nacionalismo catalán retoma aquellos postulados centenarios. De hecho, se pueden encontrar multitud de similitudes entre los principios defendidos por uno de los mayores exponentes del realismo político, Carl Schmitt, y su teoría del amigo-enemigo y las estrategias seguidas por el separatismo identitario. Este viejo nacionalismo utiliza elementos del neopopulismo formando una miscelánea en la que se aprovechan las bondades de la globalización, de las sociedades abiertas y de la internacionalización para dar voz a un movimiento identitario que busca todo lo contrario a lo que ofrecen los canales de los que se sirve: levantar fronteras nuevas, empequeñecer a la sociedad, retroceder, ensimismarse…

Para transformar la distopía decadente catalana en una idílica Arcadia feliz se hacía imprescindible articular una estrategia de marketing que pivotase en una doble vertiente. Una interior que constituyese una primera fase del planning, con el objetivo final de relevar de cualquier cargo de responsabilidad a aquellas personas de las que se tuviese duda acerca de su compromiso con la independencia, como fueron los casos de los nombramientos de Roger Albinyana como secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea o de Albert Royo como secretario general del Diplocat. Se trataba de dos activistas conocidos en el circuito nacionalista por su marcado perfil independentista. Pero el máximo exponente del rodillo etnopopulista fue el cese, por no llamarlo purga, de Joan Prat como responsable de la delegación catalana ante la Unión Europea. Su delito fue recordar ante Europa que Cataluña era una comunidad autónoma integrante de España y poner sobre la mesa las posibles consecuencias de una hipotética independencia. Una vez articulada la catarsis ideológica, debía llevarse a cabo la segunda acción del plan, centrada en el aspecto exterior.

La diplomacia de la ruptura se centró en organizar jornadas de trabajo sobre el proceso independentista en entornos universitarios. La idea era dotar de legitimidad académica a la propuesta separatista, envolviéndola en un halo de autoridad ilustrada avalada por supuestos expertos y estudiosos de la materia, es decir, emplear una argumentación ad verecundiam según la cual la veracidad del tema en cuestión no depende tanto del planteamiento como del emisor. De esta forma, intentaban que fuera de nuestras fronteras dejasen de verles como una obsoleta corriente separatista más propia de siglos pasados para pasar a ser considerados como un movimiento ciudadano cargado de legitimidad, tanto moral como jurídica.

La gran puesta de largo de la gira internacional de conferencias universitarias que pretendía organizar el Diplocat tuvo lugar en junio de 2013 en París. La elección de la capital francesa no fue aleatoria. Para el independentismo, era fundamental conseguir que el país vecino se posicionase en favor de sus argumentos prorreferéndum para presionar a España, en primera instancia, y a la Unión Europea, finalmente. Si lograban crear una brecha o fractura en las opiniones de los líderes políticos del Estado contiguo verían alentadas sus posibilidades de éxito. No se buscaba un cambio de posicionamiento radical de manera inmediata, más bien se perseguía cocinar a fuego lento un discurso que pudiese generar dudas entre los dirigentes franceses y que les permitiese cuestionarse el argumento de autoridad, apoyado mayoritariamente por los actores políticos nacionales.

La conferencia, centrada en el famoso derecho a decidir y en la defensa de la celebración de un referéndum de autodeterminación, tuvo lugar en el afamado y prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, por cuyas aulas han pasado numerosos líderes políticos como Juppé, Jospin, Lagarde, Sarkozy, Hollande o Macron.

Una conferencia con un título marketiniano ( La Ley al servicio de los pueblos), un célebre escenario (como la Science Po) y unos invitados en representación de instituciones de reconocido prestigio (como el periódico Le Monde o catedráticos de la propia universidad), dotaban a estas conferencias de un elevado nivel con el que se pretendía aumentar la credibilidad y solidez del movimiento independentista. No obstante, el Diplocat siempre se garantizaba de que hubiese una mayoría de ponentes partidarios de la independencia, contando siempre con la asistencia de miembros de las entidades satélites como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana, además de políticos independentistas. Como buena técnica de marketing, se debe arriesgar pero garantizando el éxito final de la acción.

A París le siguió, meses después, Londres, con un debate organizado por el Diplocat en colaboración con el European Institute del University College London, donde diferentes juristas, politólogos y periodistas debatieron sobre el encaje que tendría una Cataluña independiente en el seno de la Unión Europea. El hecho de realizar esta segunda experiencia internacional en tierras inglesas fue aprovechada por el independentismo catalán para resaltar —de forma ciertamente cuestionable— los parecidos y similitudes entre Escocia y Cataluña y la diferencia de trato del Gobierno inglés y español.

Un año más tarde, en 2014, y en plena gira promocional de la consulta del 9 de noviembre, el Diplocat volvió a organizar unas jornadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa bajo el título El proceso político en Cataluña. Una vez más, se rodearon de expertos, políticos y periodistas, tanto catalanes como portugueses, e intentaron mostrar apoyos al más alto nivel con la presencia y participación de Francesc Vendrell, diplomático español y exalto funcionario de Naciones Unidas, quien mostraba ciertas simpatías hacia el movimiento secesionista calificándolo de «esperanzador» y criticando la rigidez del Estado español. Aunque el que acaparó el foco mediático fue Francesc Homs, en aquel momento consejero de Presidencia de la Generalitat, quien durante su estancia en Portugal se encargó de realizar cuantas entrevistas pudo en radio, televisión y prensa para narrar las bondades de la independencia catalana y criticar al Gobierno de España por «tratar de confundir» a la opinión pública.

La siguiente parada debía implicar un salto cualitativo. Para ello, los entusiastas de Diplocat se esmeraron en organizar una sesión al otro lado del charco. Querían desembarcar en Estados Unidos y hacerlo por la puerta grande. Y, en parte, así fue. Organizaron un seminario bajo el título El futuro político de Cataluña. Visión desde una perspectiva global en la respetadísima Universidad de Princeton. Decía que en parte era un éxito porque detrás de la deslumbrante Princeton se escondía el auténtico organizador del encuentro, que no era otro que el Liechtenstein Institute on Self-Determination, una institución de la universidad —de las tantas existentes en una entidad de semejante envergadura— que, desde hace poco más de una década, apoya la investigación en torno a los temas relativos a la autodeterminación y la identidad sociocultural. Una vez más, junto con los dirigentes del Diplocat, se rodearon de aparentes expertos exógenos que en realidad procesaban un grado de obstinación secesionista mayor que la de los propios oficialistas. Era el caso del profesor de Ciencias Políticas en la propia Universidad de Princeton, Carles Boix, quien, a pesar de la distancia física, formó parte, durante años, del inconstitucional Consejo Asesor para la Transición Nacional y escribió numerosas columnas de opinión en medios partidarios del referéndum defendiendo la independencia. Otro de los ponentes volvió a ser el diplomático Francesc Vendrell, cada vez más cercano a los postulados separatistas.

Aprovechando la presencia de la pseudodiplomacia catalana en Estados Unidos, el Diplocat continuó con su ambiciosa ofensiva para captar seguidores del proyecto secesionista y, días después de la conferencia en Princeton, organizó una nueva charla-coloquio en la Universidad George Washington de la mano del Instituto de Diplomacia Pública y Comunicación Global de la propia institución educativa. En esta ocasión, se trataba de un debate que giraba en torno al futuro político de Cataluña y el papel de la diplomacia pública. Para ello, se volverían a rodear de fieles defensores del procés como Roger Albinyana en calidad de secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat o el habitual en este tipo de actividades organizadas por la diplomacia catalana, Albert Royo, secretario general del Diplocat; también de algunos nuevos participantes en el endogámico circuito segregador, como el politólogo Marc Sanjaume, quien compaginaba su actividad docente con el papel de asesor en materia de políticas comparadas de autogobierno de la Generalitat.

Es cierto que en Estados Unidos, especialmente en Washington, se celebran diariamente infinidad de debates, coloquios y seminarios sobre tantas materias como el lector podrá imaginar y de la mano de diferentes instituciones, medios de comunicación o de numerosos think tank, pero no es menos cierto que esta fue la primera vez que se debatía abiertamente en suelo norteamericano sobre una posible independencia de Cataluña.

Una vez llegado Puigdemont al poder, la escasa repercusión internacional que estaban recogiendo las conferencias internacionales obligó a plantear un cambio en la estrategia de marketing. La gira internacional se estaba saldando con más ganas que resultados, y ningún dirigente político internacional había cambiado de opinión tras las impetuosas actividades de la supuesta diplomacia catalana. Así, a mediados de 2016 se avivó la polémica desde la Generalitat al acusar al Gobierno de España de impedir una conferencia del Diplocat en el extranjero. Se trataba de una nueva sesión académica, esta vez celebrada en la Universidad de Nápoles Federico II que llevaría por título Movimientos de autodeterminación y secesión postcoloniales al área europea: el caso de Cataluña. El presidente Puigdemont acusó a la embajada española de boicotear el acto al solicitar que el título del seminario se cambiase por un lacónico La cuestión catalana, y no dudó en tildar aquella presunta maniobra como «otra vergüenza más». Posiblemente, el independentismo entendió que generar un nuevo conflicto con el Gobierno central les serviría para avivar el interés por su gira internacional, retomar la atención mediática y permitirles presentarse como víctimas de una persecución nacional. Es igualmente probable que de pretender boicotear la susodicha conferencia, el Estado tendría más recursos que limitarse a plantear un cambio de título, más aún cuando previamente se habían celebrado numerosos encuentros similares en instituciones de mayor trascendencia. De hecho, pocos meses después, ya en 2017, el Diplocat celebró sin ningún tipo de problema diferentes actos en numerosas universidades extranjeras. Desde unas jornadas denominadas Procesos de autodeterminación en Europa: El caso catalán en las universidades japonesas de Kobe y de Waseda, pasando por la alemana universidad de Augsburgo, que acogería una conferencia bajo el título ¿Qué está pasando en Cataluña? Repensar la autodeterminación en la Europa occidental. Casualmente, el acto alemán se celebró pocos días después de que el Tribunal Constitucional germano rechazase la posibilidad de que Baviera —uno de sus lands y donde, paradójicamente, se ubica la ciudad de Augsburgo— pudiese llevar a cabo un referéndum de independencia. Hay que destacar el esfuerzo de marketing empleado por el Diplocat para contar con miembros académicos en apariencia independientes pero en realidad independentistas. Fue el caso del catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, Ferran Requejo, quien podría parecer una figura ecuánime pero al que se le recuerda más, mediáticamente, por esta famosa afirmación: «He dejado de ser idiota, ahora soy independentista».

No cabe duda de que la sociedad alemana, pragmática donde las haya, está en las antípodas de las argumentaciones de corte populista y sesgada del independentismo catalán. Basta recordar que en los meses previos al 9 de noviembre de 2014, la comunidad de directivos alemanes asentados en Cataluña fueron los primeros en advertir de las «nefastas» consecuencias para la economía que supondría la independencia de Cataluña, al advertir de su inminente salida de la Unión Europea y del euro como moneda común. Tiempo después, en una reunión organizada por el Diplocat con empresarios alemanes, la directora general de Germany-Land of Ideas, una iniciativa del Gobierno alemán en colaboración con varias entidades privadas cuyo objetivo es el de mejorar la visibilidad internacional de Alemania como centro de ideas, innovación de calidad y creatividad, fue tajante en su opinión sobre el separatismo. Les recordó que el objetivo final de cualquier empresa era potenciar su actividad, expandirse y crecer, y no fomentar actitudes políticas perjudiciales para los ciudadanos. Sus categóricas declaraciones no podían ser más clarificadoras: «La buena reputación de Cataluña está cambiando. Todos somos conscientes de que el mundo cambia mucho, pero debemos estar juntos si queremos ser exitosos».

Después del 1 de octubre y de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017, ya entrado el 2018, en un desayuno organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana en el Círculo Ecuestre con el presidente del Parlament, Roger Torrent, algunos empresarios manifestaron su deseo de ver en prisión a los dirigentes independentistas que se habían saltado —o pretendían seguir saltándose— las leyes, mientras le recordaban públicamente que «si los gobiernos nos obligan a cumplir las leyes, nosotros también obligaremos a los gobiernos a cumplirlas».

Aquellos a los que la animadversión alemana por el independentismo les sorprenda, deberían recordar que el denostado artículo 155 de la Constitución española no es más que una copia, prácticamente literal, del artículo 37 de la Constitución alemana[16]. Para despejar dudas, los constitucionalistas alemanes, en su artículo 21, apuntaban que «los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal». Algo similar a lo que sucede en la inmensa mayoría de países en los que trataron de captar simpatías y generar defensores a la causa secesionista. En Francia, el artículo 89 de su Constitución recuerda que «ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio». En Italia, la Carta Magna, en su artículo 126, prevé un par de acciones tajantes contra aquellos «que hayan realizado actos contrarios a la Constitución o incurrido en violaciones graves de la ley»; se trataría de, en primera instancia, disolver el consejo regional pertinente y, finalmente, revocar al presidente de la junta en cuestión. En el vecino país luso, la Constitución portuguesa establece los límites de los estatutos de autonomía de Azores y Madeira, marcando claramente su margen de acción; de sobrepasarse dichas competencias se disolverían inmediatamente las asambleas y se convocarían elecciones regionales. Mentalidad que comparte el Reino Unido, que, a pesar de no dotarse de una Constitución escrita, no ha dudado en suspender hasta en cuatro ocasiones —la más prolongada entre los años 2002 y 2007— la autonomía de Irlanda del Norte gracias a la denominada Direct Rule británica.

Al otro lado del charco siempre han tenido en cuenta la voluntad de los Padres Fundadores de mantener una unión estable y duradera. Ya en 1869, la Corte Suprema de Estados Unidos recordó que «la Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles». No es de extrañar que, a pesar de los esfuerzos de la Generalitat, tanto Barack Obama como Donald Trump hayan mostrado su compromiso con una «España fuerte y unificada».

Sin entrar en un análisis pormenorizado y detallado de la jurisprudencia occidental, queda claro que en todas las sociedades avanzadas, democráticas y modernas, en caso de conflicto entre los diferentes niveles de la administración siempre se debe atender a la entidad superior, es decir, en una supuesta disputa entre la soberanía nacional y la normativa de las entidades locales, el Estado central se debe imponer a las demandas regionales. Como hemos visto, así se recoge en numerosas Constituciones, a cuya lista podemos sumar las Cartas Magnas de Estados tan diferentes como Rusia, Perú, Brasil, Noruega, Estonia o Bulgaria.

Por importantes o duros que fuesen los reveses que recibía la independencia, sus líderes le restaban gravedad. Siguiendo el símil empresarial, podríamos decir que el secesionismo estaba aún lejos del punto de no retorno en el que tuviese que abandonar sus objetivos. De hecho, en su plan de negocio previo quedaban claras las metas y la táctica de venta. Uno de los principales objetivos, aunque no el único, era legitimar públicamente el movimiento separatista. Para ello, una de las técnicas comerciales que debían emplear era la realización de seminarios, charlas, conferencias y debates en espacios académicos de prestigio y con ponentes de nivel. Bien es cierto que, principalmente, el público objetivo de la operación de marketing de la Generalitat se encontraba fuera de nuestras fronteras, aunque supieron entender la necesidad de intentar articular un movimiento legitimador dentro del campo de juego nacional. Por este motivo, no dejaron de lado la organización de seminarios en las universidades españolas, a pesar de ser conscientes de que al organizarlo en territorio patrio, el público estaría mucho más informado de lo que supondría la independencia de Cataluña, sería conocedor de la legislación —tanto española como catalana— y tendría prefijada una posición difícilmente moldeable sobre el asunto en cuestión.

Al margen de las actividades académicas llevadas a cabo en las distintas provincias catalanas, el Diplocat organizó diversos coloquios en universidades de diferentes regiones, como la sevillana Pablo de Olavide en la que bajo la premisa Tensiones intergubernamentales en España: ¿Hacia un nuevo modelo de Estado?, debatieron personalidades tan opuestas como las de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura; Manuel Gracia, expresidente del Parlamento de Andalucía; el histórico dirigente del PNV, Iñaki Anasagasti, y Joan Tardá, portavoz de ERC en el Congreso. En otros escenarios, como fue el caso del debate organizado en la Universidad de Zaragoza llamado El derecho a decidir: ¿eufemismo o idea fuerza?, el Diplocat no estaba tan abierto a la pluralidad de opiniones y trataba, como en las mesas redondas celebradas en el extranjero, de rodearse de personalidades académicas afines a sus postulados, como fueron los casos del catedrático, politólogo y escritor Ramón Cotarelo —quien, además, ha sido miembro electoral de las listas de ERC—, o del catedrático de Filosofía del Derecho y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, Josep María Vilajosana —fue nombrado por la Generalitat como uno de los juristas que debía supervisar el referéndum.

Como hemos podido comprobar, el Diplocat siempre ha prestado una gran atención en recabar apoyos de personalidades afines a sus objetivos secesionistas pero bañados con una pátina de imparcialidad de cara a la opinión pública. Se trataba de sumar a personalidades ya convencidas pero que, por diferentes motivos, pudiesen generar agrado, simpatías o credibilidad entre la ciudadanía. Tras comprobar que esta estrategia les resultaba útil en las conferencias internacionales, en las que contaban con expertos teóricamente objetivos pero realmente posicionados, en la fase más tensa del desafío independentista, en pleno año 2016 y con Puigdemont en el poder, el Diplocat creó un consejo consultivo formado por reconocidas figuras provenientes de campos diametralmente opuestos. Esta acción debe enmarcarse dentro de los principios del populismo, cuyo recurso habitual es el uso de la transversalidad que ofrece el marketing político para dar sensación de conexión entre inquietudes compartidas. Así, entre los 39 miembros que conformaban este nuevo órgano asesor se encontraban personas tan reconocibles como el futbolista Xavi Hernández, el extenista Àlex Corretja, la televisiva monja Lucía Caram, el tenor Josep Carreras o la cocinera galardonada con tres estrellas Michelin Carme Ruscalleda. Además de cubrir el flanco mediático, trataron de conformar un grupo con influencias económicas y políticas contando con la presencia de la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, el polémico catedrático de economía Xavier Sala-Martín, el exministro socialista de Industria y Energía Joan Majó o el exconsejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell.

A medida que el Diplocat iba expandiendo su poder, la Generalitat se encargaba de ir engordando el presupuesto público destinado a la internacionalización del proyecto independentista. Crecía el número de viajes y de visitas de responsables del Gobierno catalán al extranjero y se multiplicaban las casas regionales, oficinas, delegaciones y embajadas de Cataluña en el exterior. Durante años, se trabajó en un plan de comunicación capaz de transmitir el mensaje secesionista a los medios internacionales sin necesidad de intermediarios y de forma efectiva y eficaz.

De esta manera, y antes del desafío independentista del 1 de octubre, la Generalitat de Cataluña contaba con embajadas en Bélgica —como sede de la Unión Europea—, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda, Austria, Portugal, Dinamarca, Italia y una en Estados Unidos, encargada de cubrir también México y Canadá. La intención del Gobierno regional era aumentar su presencia y expandirse, por medio de nuevas embajadas, hasta llegar a Polonia, Suiza, Croacia, Marruecos, Corea del Sur, Argentina y México. En total, solamente en personal, se cubrían más de 70 nóminas, de las cuales, el 70 por ciento eran de elevado nivel salarial. Un presupuesto global de 18 millones de euros en el año 2015 que el Gobierno de Puigdemont incrementó fuertemente en el presupuesto de acción exterior del año 2017 hasta alcanzar los más de 39 millones de euros. Durante el mandato de Puigdemont, no solo se duplicaron el número de embajadas, también el de oficinas de representación del instituto de enseñanza y promoción del catalán Ramón Llull, las sedes compartidas del Instituto Catalán de Empresas Culturales o las oficinas de la Agencia Catalana de Turismo; así hasta llegar a más de dos docenas de dependencias. La intención pública del Gobierno independentista era alcanzar el medio centenar de dependencias en los próximos años.

El entramado institucional catalán llegaba hasta lugares insospechados, como era la italiana isla de Cerdeña; en la ciudad de Alguer, donde casi la mitad de los habitantes hablaba catalán hace un siglo. Sin embargo, hoy en día menos de un cuarto de los 44 000 habitantes lo emplean como lengua principal. Pese a ello, desde el año 2009 la Generalitat contaba en este enclave con una subdelegación dirigida por el poeta valenciano Joan-Elies Adell, cuyo rastro en redes sociales y en manifestaciones de apoyo a la independencia catalana dan muestras de su lealtad ideológica.

Una curiosa tónica general que parece que desplazaba a los tradicionales conceptos de mérito y capacidad en la designación de altos mandos de las delegaciones en el exterior en favor de la pureza ideológica, la lealtad identitaria y el apoyo inquebrantable al procés. Basta comprobar algunos de los perfiles de los principales responsables de las embajadas catalanas, cuyo salario anual sobrepasa el del presidente del Gobierno de España. Así, encontramos que la embajada en Francia la dirigía el periodista Martí Anglada, quien, en diversas entrevistas, reconocía la ilusión que le generaba una Cataluña independiente a la vez que denunciaba el «parasitismo fiscal» que ejerce el Estado español sobre Cataluña. La oficina alemana la dirigía la diseñadora gráfica Marie Kapretz, cabeza de Esquerra en el municipio de Cercs y miembro de la lista de ERC en las elecciones europeas de 2014. En Austria y Eslovenia, el máximo responsable de la embajada era Adam Casals, coautor del libro Llibre Blanc de Barcelona, capital d’un nou Estat. La oficina italiana estaba en manos de Luca Bellizzi, quien fue miembro del Consell Català del Moviment Europeu y de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CDC. En la vecina Portugal, dirigía la delegación el periodista Ramón Font, quien anteriormente había sido secretario de Comunicación de la Generalitat y presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña. Un último ejemplo lo encontramos en la embajada danesa, destinada a promulgar las bondades del independentismo entre los países nórdicos, que estaba dirigida por Francesca Guardiola, hermana de Pep Guardiola, exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona e independentista confeso.

Si Amancio Ortega diseñó la expansión de Zara desde sus tiendas en París y Nueva York como cunas de la moda, el independentismo articuló su estrategia de internacionalización desde Bruselas y Washington como ejes mundiales de la política global. Muestra de ese poderío mundial son los más de 10 000 profesionales del lobby que hay en Washington y los entre 20 000 y 30 000 lobbistas ubicados en Bruselas, que tratan de influir en las decisiones de las instituciones europeas y en sus Estados miembros. De hecho, en suelo norteamericano los líderes del independentismo, a través de sus oficinas de representación y embajada, ejercieron su poder de lobby para presionar, mediante encuentros privados, a más de 30 altos cargos de la política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, e intentar convencerles para que respaldasen el proceso de independencia de Cataluña.

Desde comienzos de la deriva independentista a principios de la década, el Gobierno de Cataluña ha contratado —que se tenga constancia pública— los servicios de alguna firma de lobby en dos ocasiones. La primera, con Artur Mas en el poder, en el año 2013 cuando la Generalitat contrató los servicios de Independent Diplomat, una empresa que había trabajado en los procesos de secesión de Somalilandia y Sudán del Sur y que se presentaba como experta en materias como la autodeterminación, la resolución de conflictos, la diplomacia o la política exterior. El acuerdo firmado a través del Diplocat establecía unos emolumentos de 54 000 euros mensuales en labores de lobby. En total, en los dos años que trabajaron para la Generalitat, entre 2013 y 2015, se embolsaron 1,6 millones de euros procedentes de las arcas públicas. Además, la propia embajada catalana en Estados Unidos encargó diversos trabajos a esta agencia de lobby.

La llegada de Puigdemont al poder no cambió la estrategia pero sí los actores. Se sustituyó Independent Diplomat por SGR Government Relations & Lobbyng, con sede en Washington. Por 60 000 dólares mensuales, la empresa de lobby tenía como objetivo «sensibilizar a los medios de comunicación y a los políticos estadounidenses sobre el contexto político de Cataluña». Uno de los consultores más destacados de esta compañía era el lobbista Jim Courtovich, quien, según diversas informaciones en distintos medios de comunicación como The Wall Street Journal, ha sido investigado por el FBI y la Fiscalía en relación a la ocultación de una serie de sobornos provenientes de empresas farmacéuticas y cuenta, presuntamente, con relaciones poco transparentes con Moscú. La implicación de Courtovich llegó a tal punto que Pedro Morenés, embajador de España en Estados Unidos, le envió una carta para advertirle de la posibilidad de que sus servicios se estuviesen sufragando con fondos públicos, y le recordó que era «muy probable que el Gobierno catalán haya violado las leyes españolas al contratar sus servicios».

Todo recurso público destinado a conseguir apoyos internacionales para la independencia de Cataluña se entendía como una inversión para alcanzar el éxito del procés. El desembolso económico no sería destacable en comparación con la consecución del objetivo final de convertirse en una república independiente. Un Estado real alejado de las utópicas ensoñaciones del nacionalismo histórico.

Mediatización exterior

La esfera internacional siempre ha estado presente dentro del ámbito de los regionalismos locales; sin embargo, en Cataluña ha pasado por diferentes etapas. Sintetizando al extremo, podríamos establecer tres periodos bien diferenciados. Durante los gobiernos de Jordi Pujol se vivió un catalanismo que basculaba entre el discurso autonomista basado en mayor autogobierno y la asunción de la centralidad nacional. Posteriormente, durante los gobiernos del tripartito (2003-2010), liderado por los socialistas con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, el catalanismo moderado dio paso a un nacionalismo expansivo y reivindicador de mayor soberanía. Esto supuso el inicio de una escalada de demandas, protestas y auge en torno al debate identitario, ligado a mayores cotas de autogestión. Ese escenario termina con la victoria de la opción más radical, basada en un proyecto netamente independentista que empieza a destapar sus verdaderas motivaciones separatistas a comienzos de la década.

En la secuencia catalanismo-nacionalismo-independentismo, el punto de inflexión se sitúa en la fase nacionalista. Durante los años del tripartito nacionalista, los socios de Gobierno de los socialistas le imponen una estrategia marketiniana de expansión y difusión internacional. Una externalización del mensaje identitario bajo el pretexto de crear «una estructura propia en el exterior capaz de defender sus intereses», según palabras del vicepresidente de la Generalitat durante esta época, Josep-Lluís Carod-Rovira. El líder republicano argumentaba que los medios de comunicación internacionales ofrecían una imagen «tergiversada y manipulada» de la realidad catalana, haciéndose imprescindible crear canales de comunicación propios que eliminasen intermediarios y permitiesen hacer llegar el mensaje de manera directa. Carod-Rovira no dudaba en señalar al culpable principal de esta manipulación mediática, que no era otro que el Gobierno español, representado por el centralismo de Madrid como capital de España. «La imagen de Cataluña en el exterior se ve mediatizada, a menudo, por el hecho de que la mayoría de corresponsales de prensa extranjera que informan sobre el Estado español residen en Madrid» o «viven y perciben el clima político y mediático que se respira en la capital del Estado, impregnado permanentemente de anticatalanismo», fueron algunas de las frases que este pronunció al respecto.

Esta visión no era aleatoria o improvisada. Forma parte de una corriente de pensamiento concreta representada inicialmente por el marxismo y adaptada por el nacionalismo catalán de izquierdas, y que utiliza el marketing político de manera excelente. Entendían la lógica comunicativa de la misma forma que veían la economía, es decir, como una lucha de clases. Una concepción originaria del marxismo que defendía que no solo los medios de producción, sino también los medios de comunicación, estaban en manos de la élite burguesa, que los empleaba como medios de difusión de una ideología que justifica la dominación. Es ahí donde entra en juego el factor marketiniano, que nos permite ver la política bajo un prisma más práctico y que nos recuerda que el control de la sociedad no se consigue únicamente con la represión sino también con la hegemonía cultural. Una hegemonía que se podía alcanzar a través de los medios de comunicación. Por ello, era fundamental crear canales externos capaces de influir en los medios internacionales, siendo las embajadas un pilar fundamental de dicha estrategia.

Dentro del relato político construido por el nacionalismo catalán, el storytelling ha jugado desde siempre un papel fundamental. Se trata del arte moderno, defendido por infinidad de gurús y asesores políticos, según el cual somos capaces de transformar un relato político en una historia que transmita emociones, valores y sensaciones. La idea es generar una atracción inicial y una necesidad posterior en el usuario, consiguiendo que finalmente sea nuestro cliente. Esta visión que puede parecer únicamente mercantilista, no solo es absolutamente extrapolable al ámbito político, sino que además es necesaria. El terreno de juego político es un campo en constante disputa en el que uno de los objetivos finales es alzarse con la victoria sobre el directo competidor para, después, ejecutar un programa de gobierno propio. Por este motivo es imprescindible contar nuestro relato en forma de historia, más entendible y emotiva. Y para ello debe existir una serie de personajes. Es ahí donde Carod-Rovira sabe que debe introducir un enemigo identificable y reconocible entre la sociedad catalana, y dictamina que sea Madrid el foco de los grandes males acaecidos en el panorama catalán. Nada importa que sea veraz, real o ajustado a los hechos: lo relevante es que sea reconocible, entendible y resulte lo suficientemente creíble para que se genere un «efecto bola de nieve».

Lo que para el nacionalismo tripartito era una estrategia de difusión exterior que utilizaban para amplificar los supuestos agravios que sufría Cataluña —y así contar con un elemento para negociar la posibilidad de prebendar con el Estado central—, para el independentismo se convirtió en obsesión. Una fijación irracional que se plasmó a través de los relatos del libro publicado en 1994 por un joven Carles Puigdemont, que ejercía como periodista a pesar de carecer de la correspondiente formación universitaria, y cuya obra decidió titular Cata… qué? Cataluña vista por la prensa internacional[17]. La explicación del porqué de aquel título la dio en la presentación de una reedición que tuvo lugar en el año 2016, aprovechando que se acababa de convertir en president de la Generalitat: «Cata… what?», acompañado de un gesto de incomprensión absoluta, era la respuesta habitual que recibía Puigdemont por parte de los recepcionistas de los hoteles extranjeros cuando este les decía que era de un país llamado Cataluña y les enseñaba su documento de identidad catalán —una suerte de DNI que tuvo cierto éxito entre los acérrimos defensores de la independencia y que, obviamente, carecía de valor legal o jurídico alguno—. El joven independentista Puigdemont aprendió a registrarse en los hoteles por las noches, como los rateros que intentan pasar desapercibidos tras cometer una fechoría, y así evitar miradas enjuiciadoras. A esas horas, según sus propias palabras, había «un personal de servicio que solía ser gente inmigrante, gente que acababa de llegar y que tenía un dominio del francés o del inglés muy inferior al mío, y fácilmente les podía colar el carné de nacionalidad catalana que llevaba en el bolsillo, y les decía que era “from Catalonia”». Esta idea dejaba traslucir los terribles esquemas mentales y morales del president. Una visión de la sociedad basada en un eje bidimensional centrado en las coordenadas sumisión/dominación y que mostraba que dentro del territorio español se sentía sometido por el poder de un gran Estado, mientras que en el extranjero, al tratar con personas de menor conocimiento, disfrutaba de aquella sensación de superioridad. El engaño que trataba de urdir no le resultaba eficaz cuando el receptor estaba en igualdad de condiciones informativas, pero cuando ese poder era desigual, cuando existía un desequilibrio, sentía la dominación que le facilitaba el éxito de su representación.

No era su única obstinación maniática. Su fijación por creer y hacer creer a los demás que provenía de un reciente y pequeño país moderno del noreste de España le llevaba a pasar por los peajes de las carreteras en función de si el rótulo luminoso decía «peaje» o «peatge». Mientras el común de los mortales presta atención fundamentalmente al modo de pago, el empeño de Puigdemont consistía en pasar por debajo de aquellos que estuviesen escritos en catalán. «Por si nos cuentan», decía él. Algo similar a lo que le sucedía cuando tenía que viajar en avión desde Barcelona a Madrid. En lugar de utilizar el puente aéreo, como hacen más de dos millones de personas cada año, Puigdemont contrataba asiento en vuelos internacionales y así entraba en el aeropuerto de Barajas por la puerta de vuelos internacionales. Estaba dispuesto a sacrificarse económicamente y pagar más por su billete a cambio de no tener que parecer ciudadano español. Evitaba así mostrar su DNI.

Más allá de lo anecdótico de este comportamiento, lo importante es comprender que detrás de estas sorprendentes actitudes radica un modo de entender y de hacer política estrechamente vinculado a una fuerte carga ideológica. No se trata de las oscuras y enigmáticas conductas de un reducto de personas con sus capacidades alienadas, sino de un movimiento de deriva independentista nacida del odio a un tercero, en este caso, todo lo que tuviese que ver con España. Como explica el filósofo francés Jacques Rancière, se trata de formaciones identitarias cerradas y agresivas que niegan y excluyen al otro del mundo compartido. Lo resumía muy bien Antón Chéjov cuando afirmaba que el amor, la amistad o el respeto no unen tanto a la gente como un odio común hacía alguna cosa.

La siembra del odio hacia España como sustrato de la viabilidad futura de una Cataluña independiente debía comenzar a cultivarse en el exterior, en la esfera internacional, y para ello necesitaban contar con esa estructura de Estado que permitiese utilizar sus embajadas como semillas de crecimiento. Las ramas del independentismo debían crecer por todo el globo terráqueo hasta crear un tupido follaje que hiciese creíble el fruto de su relato.

Según esta lógica, debían destinarse y centrarse gran parte de los recursos del nacionalismo, reconvertido en independentismo, en las relaciones internacionales. Para ello, caminan en el fino alambre de la internacionalización, cual funambulista, empleando como pértiga el discurso emocional frente al abismo jurídico en el que evitar caer. Se mueven hábilmente entre la concepción generalizada defendida por multitud de constitucionalistas, entre los que cabe destacar los aportes del profesor de derecho público Robert Redslob, quien defiende la idea de que la diplomacia es consustancial al ser humano, tan antigua como los mismos pueblos y la idea germana de heimat —traducido normalmente como «hogar», «patria» o «país de origen», pero que conlleva una profunda carga afectiva—, que representaría el patriotismo suave, una suerte de chovinismo inocuo y del que, últimamente, los nacionalismos de diferentes lugares se están apropiando, como en el caso de Alemania, donde los radicales de AfD se sirven de esta idea para dividir a la sociedad entre los poseedores de una auténtica pureza identitaria frente al invasor extranjero. Misma idea —y ejecutada de manera similar— es la que llevó a Donald Trump a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca.

Los etnopopulistas catalanes podían haber optado por omitir la vía exterior y entender la diplomacia bajo el prisma del dictador italiano Benito Mussolini, que la entendía como «solo una práctica de hipocresía y cobardía, si vamos a hacer algo hagámoslo, sin preguntar a nadie». Sin embargo, de manera inteligente, apostaron por cocinar a fuego lento una acción exterior a través de un uso acrobático de la diplomacia, que se centraba en la histórica tesis bajo la que se conciben este tipo de uniones bilaterales, como un producto de las relaciones entre los grupos humanos organizados que actúan por interés mutuo de manera libre, soberana y autónoma. Una visión tan legendaria, como decía Donoso Cortés, que existe desde el surgimiento del propio Estado, al igual que existen transacciones desde que existe el propio ser humano. Si bien es cierto que la diplomacia, tal y como la entendemos hoy en día, nace en el siglo XV, a comienzos de la Edad Moderna, cuando las embajadas de los Estados pasan de ser itinerantes a permanentes. En este punto, la inmensa mayoría de los expertos jurídicos vinculan las relaciones internacionales, única y exclusivamente a los sujetos de Derecho Internacional. Es decir, para regular estas relaciones internacionales de manera pacífica, lejos de posibles conflictos, debían servirse de una serie de normas. Por este motivo, dos disciplinas aparentemente complementarias como el derecho y la diplomacia confluyen en la figura única del derecho diplomático, a través del cual regimos todas las relaciones entre Estados y los diferentes actores internacionales.

Aquí surge el primer gran escollo del cualquier nacionalismo. Un problema que de haber sido superado por el independentismo catalán, ahora tendría un escenario diferente. Y es que para que puedan existir relaciones diplomáticas entre diferentes actores internacionales, es imprescindible que ambos se reconozcan mutuamente.

En este punto es interesante conocer algunas de las diferentes teorías sobre el reconocimiento de Estados, amparadas por el derecho internacional público. Dos de las más estudiadas son la doctrina Tobar y la doctrina Estrada. La primera, en honor al secretario de Relaciones Exteriores de Ecuador a comienzos del siglo XX, Carlos Tobar, establecía que no debía reconocerse internacionalmente a un Gobierno surgido del uso de la fuerza o de la violencia y contrarios al orden constitucional. En la misma línea encontramos también la doctrina Wilson, establecida seis años después, que defendía que este tipo de alzamientos violentos amenazan el desarrollo y la paz de los pueblos; la doctrina Stimson, que negaba el reconocimiento de aquellos Gobiernos nacidos de situaciones contrarias al derecho internacional o la doctrina Betancourt, promulgada en los años sesenta, cuyo criterio principal establecía no mantener relaciones políticas, ni comerciales con Gobiernos no legitimados a través del voto popular. La segunda, establecida por el diplomático del Gobierno mexicano, Genaro Estrada, defendía que cada pueblo tiene el derecho de establecer su propio Gobierno y de cambiarlo libremente, de tal forma que los Gobiernos extranjeros no deberían juzgar los cambios en los Ejecutivos de otros Estados, ya que esto implicaría una violación de su soberanía.

Como vemos, las relaciones internacionales se mueven entre aquellas doctrinas que apuestan por opinar, actuar e intervenir en el surgimiento de naciones nacidas por acontecimientos o sucesos cuestionables, y aquellas doctrinas que defienden la neutralidad de los actores internacionales con independencia de la forma en la que surja un Gobierno.

Entre las diferentes visiones establecidas por la diplomacia internacional, el nacionalismo catalán ha intentado durante años establecer una percepción que recuerda a la promulgada por la Alemania del Este durante la segunda mitad del siglo XX, según la cual las relaciones diplomáticas entre el lado este y el oeste serían normales siempre y cuando existiese un reconocimiento mutuo. A esta visión se le denominó doctrina Ulbricht, opuesta y confrontada a la doctrina Hallstein, defendida por la Alemania del Oeste y que sostenía que Alemania Occidental era el único Estado alemán legítimo. La doctrina defendida por Alemania del Este recibió el apoyo de las naciones del bloque comunista con las que compartía postulados ideológicos, lo que, con el paso de los años, obligó a la República Federal a reconocer a la República Democrática. En 1972 firmaron el Tratado Base entre las dos entidades, lo que permitió que ambas se reconociesen como actores de pleno derecho.

El ejemplo alemán sirvió de inspiración a los etnopopulistas catalanes, convirtiéndose en el paradigma de sus aspiraciones independentistas. Realmente creían que si eran capaces de establecer un entramado internacional de amplio espectro, terminarían manteniendo relaciones diplomáticas con algún Estado extranjero, lo que forzaría a su reconocimiento como actor de pleno derecho en la esfera exterior. Ese reconocimiento, que podía ser constitutivo o simplemente declarativo, era el elemento clave con el que convertirse en sujeto de derecho internacional, para establecer relaciones diplomáticas y presionar al Gobierno español con la necesidad de alcanzar un referéndum pactado o seguir por la vía, hipotéticamente legitimada, de la unilateralidad. Para ello, en los inicios de la época del desbocamiento del independentismo, durante los años 2012 y 2013, el Gobierno secesionista, liderado por Artur Mas, comienza a trabajar en una ley de acción exterior propia con el objetivo, según recogía el preámbulo del anteproyecto, de «internacionalizar los anhelos mayoritarios de Cataluña para expresar su voluntad de forma democrática y proyectar la nación catalana en el exterior en sus dimensiones histórica, económica, social, lingüística y cultural».

Con el fin de terminar con las pretensiones nacionalistas de internacionalizar un conflicto artificial y de reafirmar, aclarar y concretar los límites parcelarios de la acción de cada actor público, el Gobierno central aprobó en 2014 la primera Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado en 35 años de democracia. Un texto final que se descafeinó en reiteradas ocasiones y del que hubo más de 30 borradores por la incapacidad de acuerdo entre las diferentes fuerzas parlamentarias y los propios nacionalismos periféricos. La perspectiva del tiempo nos hace cuestionarnos el éxito de semejante norma, puesto que, por un lado, no logró contentar a la carrera diplomática ni a las diferentes fuerzas políticas —unos por exceso y otros por defecto— y, por otro lado, no parece haber dado los resultados esperados a la hora de frenar las unilaterales aspiraciones del independentismo.

Dicho esto, la ley supuso un gran avance en determinadas cuestiones. Por ejemplo, establecía la obligatoriedad de informar al Gobierno central del establecimiento de oficinas de representación y promoción exterior con carácter previo a su apertura. Sin embargo, por el camino de su tramitación cayeron las propuestas presentadas por el Partido Popular, que planteaban la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pudiese vetar la apertura de delegaciones autonómicas en el extranjero en el caso de aquellas comunidades autónomas que no cumpliesen con el objetivo de déficit fijado o la creación de un registro público de viajes autonómicos.

Uno de los aspectos que más irritó a las regiones más reivindicativas y nacionalistas como Cataluña fue la recomendación de que las oficinas de representación y promoción regionales se instalasen dentro de los locales de las misiones del Estado. Esto no implicaba integración alguna a nivel normativo o de servicio consular, sino que pretendía evitar que determinadas oficinas regionales usurpasen o suplantasen, en modo y apariencia, las competencias de un Estado. Como no podía ser de otra forma, la mayoría de regiones aceptaron el planteamiento ofrecido por la ley nacional mientras que Cataluña no solo omitió el mensaje, sino que continuó con su política de expansión internacional.

En este sentido, el Gobierno de la Generalitat jugó siempre la baza del aval que le ofrecía la jurisprudencia previa. Para ello, no dudaba en invocar una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1994[18], según la cual se afirmaba que no todas las actividades de relaciones exteriores de las comunidades autónomas suponían una infracción del artículo 149, apartado 1 sección 3[19] de la Constitución española. Se argumentaba que, si bien es cierto que las relaciones internacionales, según las leyes diplomáticas, solamente podían ser mantenidas entre sujetos reconocidos por el derecho internacional —lo que excluía cualquier posibilidad de que una región de España alcanzase acuerdos o tratados con Estados soberanos u organizaciones internacionales gubernamentales—, sí podían establecer relaciones o vínculos con terceros actores siempre y cuando no entrasen en conflicto con las actividades del Estado central. Es decir, la sentencia venía a avalar de manera permisiva la necesidad expansiva de las regiones del Estado sin menoscabo de los legítimos intereses de la autoridad superior que representaba, en este caso, el Estado español.

Este fue el resquicio legal empleado por el independentismo para mantener y expandir sus pseudoembajadas, y el que le sirvió como aval para justificar la puesta en marcha de una ley de acción exterior propia. Les permitía interpretar, de manera torticera, que el concepto de soberanía había quedado diluido al modificar la geopolítica internacional, lo que les legitimaba para emprender una acción exterior en pro de la defensa de los intereses catalanes y de su proyección internacional. El problema es que esta grieta jurídica, a través de la cual pretendían constituirse como Estado de facto no reconocido, chocaba frontalmente con el monopolio de las relaciones internacionales que ostenta el Estado central por medio de la Carta Magna, cuya jerarquía normativa aduce que siempre prevalece el interés y la norma superior, lo que impide que las comunidades autónomas perjudiquen o contradigan la política exterior del Estado.

Aunque debemos de reconocerle al Gobierno de Cataluña una gran habilidad y pericia a la hora de redactar su ley de acción exterior, ya que fue capaz de serpentear y bordear los planteamientos más controvertidos, cabe señalar que desde el principio parecía inevitable que el Tribunal Constitucional la invalidase, pues invadía las competencias exclusivas del Estado. Y así fue. El Gobierno central interpuso un recurso contra la ley, y el fallo de la sentencia recordaba que no podía llevar a cabo acciones que la propia Constitución reserva en exclusividad al Estado. De esta manera, quedaban sin efecto los artículos que regulaban las relaciones bilaterales de la Generalitat con otros países o aquellos que hacían mención a la diplomacia pública catalana.

Como vimos anteriormente, la Constitución española en su artículo 149 establece las 32 materias que son competencia únicamente del Estado, siendo imposible llevarlas a cabo por comunidades autónomas o entidades locales. En cambio, a pesar de su impugnación, se mantuvieron en la ley de acción exterior catalana: los artículos que hacían referencia a los acuerdos de colaboración, siempre que no implicasen la firma de tratados; los artículos en los que se hablaba de «actor internacional», puesto que el estatuto de autonomía se reserva algunas materias de la acción exterior; y los puntos en los que se hacía referencia a los «intereses del país», puesto que, según el Constitucional, puede referirse a una «entidad territorial no dotada de subjetividad internacional, cuyos intereses en su proyección exterior estarán ligados al desempeño de sus competencias». Esta permisividad se justificaba aludiendo a que realmente no se trataba de relaciones diplomáticas al uso, sino más bien de «relaciones paradiplomáticas» que «comprenden los contactos políticos y administrativos que se entablan con actores internacionales (estatales, subestatales y no estatales) con el objetivo de promover los intereses propios».

Con semejante armazón jurídico, podían dedicarse de manera opaca a la difusión en el extranjero, vía fondos públicos, del relato en favor del derecho a decidir y la viabilidad de un hipotético Estado catalán independiente en forma de república. Por tanto, no es de extrañar que según informes de la Guardia Civil entregados al Tribunal Supremo, el Diplocat invirtiese más de 40 000 euros en sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento de más de 45 supuestos observadores internacionales, entre los que se encontraban miembros de Syriza, del Partido Pirata o del Sinn Féin.

Famosos por el branding

En muchas ocasiones, se nos recuerda que ser un personaje famoso, reconocible y popular encierra una responsabilidad. Esta será mayor cuanto más grande sea la repercusión mediática de la celebridad. Para los que conformamos el grueso de la humanidad y representamos el común de los mortales, puede que nos sea complicado ver esta responsabilidad en personas con cuentas corrientes fuera de lo normal, sin problemas económicos y con la vida aparentemente resuelta, pero la realidad es que los personajes famosos, voluntaria o involuntariamente, se convierten en patrones de conducta de muchas personas; modelos a seguir y espejo en el que se miran generaciones completas. Deportistas, cantantes o actores representan los referentes de infinidad de personas, ya que son capaces de transmitir valores de una manera tremendamente eficaz.

Por simple que parezca, cada individuo asocia una serie de valores a diferentes personajes famosos. Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo puede que se le asocie con «chulería o soberbia», y a Rafa Nadal con «humildad y/o cercanía». Fuera de nuestras fronteras, es posible que el nombre de Will Smith nos transmita valores y principios mucho más positivos que si pensamos en Justin Bieber.

Desde un punto de vista evolutivo, psicológico y cerebral, el ser humano está destinado a simplificar en su cabeza. Desde la infancia se nos tiende a educar sobre la base de una simplificación de la realidad que divide a todos los actores entre buenos y malos, y las consecuencias de una acción entre premios y castigos. En la vida adulta, cuando tenemos que tomar una decisión que consideramos importante, establecemos divisiones entre «pros y contras» o «beneficios y perjuicios».

Diversos estudios neurológicos han concluido que el cerebro humano tiende a simplificar la realidad siguiendo las reglas de la dicotomía. De esta manera, nuestro raciocinio genera hábitos de comportamiento y de percepción de la realidad que condicionan nuestra interpretación del mundo en base a baremos duales. Prueba de esta simplificación cerebral son los sencillos (pero eficaces) ejemplos que constituyen la memoria visual, las reglas nemotécnicas, la repetición o los juegos de palabras como mecanismos de aprendizaje. La motivación y la argumentación son técnicas que nos llevan a la asociación de ideas y a la simplificación. Se trata de una cuestión neurológica, científica y psicológica.

Esto lo saben los publicistas. Por ello, el marketing empresarial se sirve de la simplificación publicitaria y del uso de personajes famosos para hacer de nexo de unión a un producto por medio de la asociación de valores, o para disputar el terreno al competidor directo en un escenario duopolístico.

No cabe duda de que existen compañías que han logrado lo que cualquier empresario desearía en un escenario ideal: conseguir que su marca sustituya al producto gracias a un poderosísimo ejercicio de asociación de ideas y simplificación. De esta manera, por ejemplo, solemos hablar de «pan Bimbo» en lugar de «pan de molde». No es el único caso. De hecho, hay bastantes más de los que, a priori, podríamos pensar. Solemos referirnos a «Aspirina», «Kleenex», «Chupa-Chups», «papel Albal», «Cola-Cao» o «CocaCola» por la propia marca, en lugar de por el nombre del producto que, siguiendo esta serie, serían el ácido acetilsalicílico, los pañuelos, el caramelo con palo, el papel de aluminio, el cacao en polvo o el refresco de cola. La sublimación de esta acción, llamada metonimia, llega cuando la marca consigue aparecer reflejada en el diccionario como término del producto, no ya como un mero sinónimo del mismo, sino como acepción más empleada por encima del nombre del propio elemento.

En algunos de estos casos, compiten en un espacio duopolístico donde prima una marca sobre la otra. Es el caso de CocaCola y Pepsi. Ambas marcas tienen años de prestigio a sus espaldas, ingentes cantidades de empleados y millonarias tasas de facturación anual; sin embargo, Coca-Cola se sitúa por encima de Pepsi en la práctica totalidad del planeta. De hecho, mientras los anuncios y comerciales del primero se centran en el plano emocional y en el relato de historias, los segundos tienden a recurrir a personajes famosos para tratar de recortar terreno sobre su directo competidor. Así, Pepsi ha apostado durante años por spots protagonizados por futbolistas de relumbrada reputación —algunos de ellos quedarán en la memoria de muchas generaciones, como aquel duelo del Oeste entre jugadores del Manchester United y el Real Madrid del 2003— o por cantantes de reconocido prestigio —como el protagonizado en la década de los 80 por la joven estrella Michael Jackson llamado Pepsi Generation o la campaña Generation Next de los años 90, en la que los protagonistas eran estrellas del momento de la talla de las Spice Girls, Jamiroquai o Ricky Martin.

Se trata de transmitir una serie de valores asociados a la marca. Por este motivo, en cuanto una de las figuras famosas deja de ser transmisor de positividad, ejemplaridad y de otorgar un beneficio claro a la marca, esta opta por romper amarres publicitarios. Al respecto, Pepsi, no dudó en desvincularse profesionalmente de la cantante Britney Spears cuando comenzó a realizar apariciones públicas en aparente estado de embriaguez, con la cabeza rapada y emprendiéndola a golpes con la prensa de manera reiterada. No fue la única. Kate Moss, por ejemplo, perdió millonarios contratos con H&M, Chanel o Rimmel al publicarse unas fotografías suyas en las que parecía que estaba drogándose; y Gillette o General Motors anularon suculentos contratos con el golfista Tiger Woods cuando se destapó su escandalosa vida extramatrimonial.

Una vez más, comprobamos que lo que funciona en el ámbito empresarial suele hacerlo también en el político. Aunque es cierto que mientras en el espectro empresarial se suelen tener en cuenta todos los detalles, pros y contras, en política, en ocasiones, suele dar la sensación de que hay más improvisación y falta de baremación y estudio. La historia política moderna está repleta de aciertos y fracasos en la elección de ilustres seguidores. Dos ejemplos de la misma moneda son Barack Obama y Donald Trump. Ambos acabaron alzándose con la presidencia de Estados Unidos; sin embargo, en un caso los apoyos mediáticos sumaron muchísimo cualitativamente y en el otro no generaron efecto alguno. Obama, en su primera campaña en el año 2008, contó con el apoyo de figuras muy mediáticas como George Clooney, Beyoncé, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson o The Black Eyed Peas —grupo que grabó la famosa canción Yes We Can, en la que aparecía más de una treintena de caras conocidas apoyando abiertamente la candidatura del demócrata—. Se trataba de trasladar la idea de que tanta gente de moda, influyente y famosa no podía estar equivocada. Obama era sinónimo de molón, algo así como el novedoso producto que todo el mundo quiere comprar y que se agota de manera inmediata.

No cabe duda de que elegir el compañero de viaje es fundamental. Y, una vez más, volvemos a recalcar la eficacia de la simplificación. Si cuando éramos niños nuestros padres nos recordaban aquello de que no debíamos juntarnos con malas compañías, de adultos pasamos a juzgar a la gente por el entorno que les rodea. De esta manera, mientras la figura de Barack Obama se construía sobre una base de apoyos mediáticos, carismáticos y ejemplares, la de Donald Trump, años después, no pudo haber escogido peores apoyos. El fracaso en el caso del magnate podía deberse a dos cuestiones: a un nefasto casting a la hora de seleccionar caras reconocibles que apostasen por el candidato republicano o directamente a que estos eran los únicos dispuestos a mostrarle su apoyo público, sabiendo la animadversión popular que aparentemente generaba el político y las consecuencias que les podía acarrear. Fuese por una u otra razón, Donald Trump recabó los apoyos públicos de figuras cuestionadas, que estaban muy lejos de ser consideradas como un ejemplo público o que ya habían caído en el olvido tras haber alcanzado la fama en el pasado. Así, al magnate le apoyaron actores algo anticuados o pasados de moda para el gran público como Tom Selleck, o Jon Voight; polémicas figuras de dudosa reputación y coleccionistas de problemas legales, como el exboxeador Mike Tyson, el exbaloncestista Dennis Rodman o el cantante Kid Rock; y políticos detestados a la par que temidos por gran parte del público, como la francesa Marine Le Pen, el británico Nigel Farage o el entorno del dictador Kim Jong-un, quienes, a través del único medio de comunicación oficial, el DPRK Today, calificaron a Trump como un «político sabio» y un «candidato presidencial con amplia visión», al tiempo que afirmaban que era «el presidente por el que los ciudadanos de Estados Unidos deberían votar» y no a la «anodina Hillary Clinton». Es evidente que cualquier asesor de comunicación desaconsejaría contar con semejantes compañeros de viaje, a no ser que el objetivo fuese transgredir, provocar y hacer ruido. Aquello que Salvador Dalí sintetizaba diciendo «que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas».

La diferencia entre la visión de Obama y la de Trump se basaba en que, como apunta el experto lingüista George Lakoff, «Obama comprendió por qué Reagan ganó en 1980: la gente no vota tanto basándose en detalles programáticos como en algo más profundo, como son tus valores. ¿Dices lo que piensas? ¿Podemos confiar en ti? ¿Sabes comunicarte con nosotros? ¿Nos identificamos contigo? Esas son las grandes preguntas de los electores. Y Obama siempre caminó por esa senda, convirtiéndose en un orador muy elegante y un gran narrador de historias. La gente entiende mejor lo que dices cuando se lo cuentas como una historia».

En la construcción del relato, los personajes juegan un papel crucial. Ellos determinarán el éxito o el fracaso de toda campaña, al convertirse en víctimas o verdugos. Por ello, no debemos olvidar que el posible perjuicio que genera defender una causa no solo puede debilitar al objetivo del apoyo, sino también al generador del mismo. En España existen ejemplos de desgaste público y notorio de reconocidas figuras que han decidido libremente secundar determinadas causas. Así, casos como los de los actores Javier Bardem o Willy Toledo han terminado dando que hablar más por sus palabras fuera de los escenarios que por sus interpretaciones cinematográficas. En el caso de Bardem, han sido constantes las ocasiones en las que los medios o las redes sociales han puesto de manifiesto sus contradicciones entre sus declaraciones políticas y su modelo de vida, mientras que en el caso de Toledo sus posicionamientos extremos y extenuantemente polémicos han terminado por convertir al actor en una posible caricatura de sí mismo, siendo cuestionada en ocasiones la veracidad de sus afirmaciones o la defensa de determinadas causas, las cuales, según sus palabras, le han generado numerosos vetos profesionales.

En la esfera privada, el objetivo de las empresas es que el ciudadano perciba su marca como «short list», es decir, como una de las primeras que se le viene a la cabeza cuando necesita el producto que venden (si uno piensa en marcas de leche, por ejemplo, inmediatamente recordará Pascual, Lauki, Puleva, Central Lechera Asturiana, Reny Picot o Rio). Todas ellas compiten por estar en lo que se denomina como «top of mind» de la cabeza del cliente. No obstante, para garantizar el éxito y la victoria sobre el competidor directo, deben también situarse en el «top of heart» del consumidor. Esta contienda por conquistar la cabeza y el corazón del ciudadano se disputa también en el terreno político. Y, al igual que en el marketing empresarial, en el político se sabe que la utilización de personajes famosos asociados a nuestro producto vende.

En la esfera del etnopopulismo independentista de los últimos años, se ha buscado atraer a figuras de renombre a nivel nacional e internacional para humanizar la causa secesionista y generar una ventaja competitiva sobre el bloque constitucionalista. De hecho, no debería sorprender que el etnopopulismo catalán y el populismo de Trump compartan defensores. Figuras como la de Nigel Farage o el líder de la Liga Norte italiana, Matteo Salvini, comparten simpatías y la defensa acérrima de ambos movimientos populistas. Otro ejemplo común es el apoyo explícito del partido populista, radical, antiinmigración y de extrema derecha alemán AfD, que felicitó a Donald Trump tras su victoria electoral con un «somos presidente» en redes sociales, y visitó a Puigdemont durante su breve paso por la prisión alemana. En concreto, fue a verle Bernd Lucke, uno de los cofundadores del partido.

Una primera aproximación a la idea de atraer personajes famosos al independentismo la impulsó la asociación defensora del referéndum, Òmnium Cultural, que en el año 2014 puso en marcha un manifiesto denominado Let catalans vote (dejen votar a los catalanes), en el que se comparaban con Quebec y Escocia, y solicitaban que fuese escuchada su demanda de votar, como única salida al «largo desacuerdo entre los Gobiernos de Cataluña y España sobre el grado de autonomía cultural, política y financiera de que deberían gozar los catalanes, a pesar de los numerosos intentos de alcanzar una solución aceptable». Por primera vez, un manifiesto político en Cataluña buscaba eco mediático y ruido comunicativo por medio del empleo de rostros conocidos. Así, en 2014 firmaron el manifiesto más de una veintena de personalidades de perfiles aparentemente transversales. La campaña, en aquel momento, tuvo un poco de repercusión fuera de nuestras fronteras y poca o ninguna dentro de España. Por ello, volvieron a intentarlo con otra veintena de caras conocidas en el año 2017, con el posible referéndum más cerca que nunca.

El problema fue que en lugar de centrar mediáticamente la atención en figuras respetadas intelectualmente, en políticos o en intelectuales —como Desmond Tutu, Dario Fo, Zygmunt Bauman, Rigoberta Menchú o Jody Williams—, eclipsaron el manifiesto los firmantes más llamativos de cara a la opinión pública —como Yoko Ono, Éric Cantona o Hristo Stoichkov—. Probablemente, el documento hubiese tenido mucho más rigor, validez y aceptación con una cantidad menor de firmantes pero con una mayor altura. Debió haberse primado la calidad por encima de la cantidad.

Otro de los apoyos más sonados durante los momentos más tensos del procés fue el de Julian Assange. Las redes sociales del fundador de Wikileaks publicaban un comentario en favor del secesionismo catalán cada 13 minutos. De hecho, un tercio de sus tuits hacían referencia a la independencia de Cataluña, convirtiéndose en uno de los cinco mayores influencers sobre la consulta en Twitter. Algunos eran de carácter ciertamente inquietante, pues parecía hacer un llamamiento al uso de la fuerza. Recordemos el tuit en el que decía que «hay 7,5 millones de catalanes (entre ellos un millón de hombres en forma); una fuerza que, si es movilizada, eclipsa enormemente las capacidades de la Policía y del Ejército español». En otros, cuestionaba que España fuese una democracia plena —hizo numerosos comentarios sobre Franco, el fascismo y el nazismo, y los comparaba con el momento presente— y mezclaba el cuestionamiento democrático con la violencia: «España es un país del voto o la bala», afirmaba a principios de octubre de 2017. Su incontinencia tuitera le llevó, en alguna ocasión, a protagonizar momentos que rozaban el esperpento, como cuando llamó «Pancho Sánchez» al quijotesco personaje Sancho Panza, o cuando confundió una información del digital satírico El Mundo Today con una del periódico El Mundo.

Tal ha sido su injerencia en el debate político catalán que el propio Gobierno de Ecuador —país en cuya embajada en Londres reside Assange desde hace cinco años, en calidad de asilado político— le pidió en diversas ocasiones que dejase de entrometerse en cuestiones que podrían deteriorar las relaciones entre el país andino y España. De hecho, en la propia embajada Assange se llegó a reunir con el empresario y cofundador del diario Ara, Oriol Soler, considerado por muchos uno de los ideólogos del procés. Según los informes de la Fiscalía General del Estado, todo apunta a que este tipo de posicionamientos en favor del secesionismo por parte de personalidades famosas poco tendría que ver con el espontáneo altruismo y el compromiso político, y se acercaría más, presuntamente, a meras transacciones económicas como contrapartida de determinados comportamientos en favor del independentismo.

A estos nombres habría que añadir el de algunos personajes difíciles de encajar en el debate político, como la exvigilante de la playa Pamela Anderson, pasando por el actor y concejal de ERC Juanjo Puigcorbé (ahora se hace llamar Joan Josep Puigcorbé) hasta la tertuliana del corazón Karmele Marchante. Frente a estos personajes de dudosa utilidad mediática, encontramos uno que sí que ha sido, es y será efectivo para conseguir visibilidad internacional: el entrenador de fútbol Pep Guardiola.

El exfutbolista, más allá de participar en actos en favor del referéndum de independencia, ha sido clave a la hora de visibilizar las demandas del independentismo en la esfera internacional. Su posición hegemónica en el ámbito futbolístico le otorga una presunta autoridad moral que permeabiliza el discurso secesionista fuera de las fronteras nacionales. Primero en Alemania y luego en Inglaterra, donde Pep entrena en los momentos de mayor tensión política, han sido continuas sus llamadas de atención a la comunidad internacional en favor de un posicionamiento claro que permita a Cataluña votar por la independencia. El hecho de entrenar a equipos de primera talla mundial que disputan competiciones internacionales, le permite llevar allá donde vaya un discurso basado en los sentimientos del presunto catalanismo oprimido por el Estado español. Un victimismo del que ha hecho gala en los últimos años, a pesar de la contradicción que pudiera encerrar el hecho de haber defendido la camiseta de la selección española de fútbol durante varios años. En definitiva, Guardiola se ha convertido en un icono del independentismo. Socio de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y miembro simbólico de la lista electoral de Puigdemont, el de Sampedor es el mejor embajador del separatismo alrededor del mundo. Una figura comprometida a la que se encargan de cuidar y mimar los ideólogos del procés.

Ciberpopulismo viralizador

Si existe un campo en el que trascienden fronteras, en el que desaparecen todas las barreras y en el que se puede circular de manera global, ese es internet. Todo proceso internacionalizador debe contar con una estrategia bien definida en el ámbito offline, pero también en el online. El éxito de la expansión trasnacional debe conjugar ambas acciones, pues es prácticamente imposible prosperar sin emplear una bicefalia planificada.

Anteriormente analizábamos la propagación mundial del modelo de negocio del gigante textil de Inditex. Zara ha logrado establecer una red mundial de tiendas físicas que cubren las necesidades de la práctica totalidad de los habitantes del planeta. Líder mundial en el sector textil, con más de 23 000 millones de euros en ventas, el emporio fundado por Amancio Ortega es una máquina de generar beneficios, no solo a nivel económico, también como valor y gestión de marca.

Habrá quien se sorprenda al saber que de los más de 7000 establecimientos que tiene Zara alrededor del mundo, el que más factura por cota diaria es su tienda virtual. Un sitio web que genera el 10 por ciento de las ventas totales de la compañía. El otro 90 por ciento se reparte entre el millar de tiendas que tiene alrededor del mundo. El 2 de septiembre de 2010, el gigante español abrió sus puertas digitales al comercio electrónico de manera simultánea en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Y desde entonces su crecimiento ha sido exponencial. En menos de un año, la posibilidad de comprar online a través de la web de Zara estaba disponible en casi toda Europa, América, Asia y Oceanía.

La apuesta por el e-commerce demuestra la adaptabilidad y versatilidad de una empresa que, siendo líder en su sector, es capaz de liderar también la apuesta por la integración digital. Ajustarse a las necesidades y hábitos del cliente es una de las premisas fundamentales en el ámbito comercial.

La estrategia de marketing online de Zara se basa en entender que el mejor escaparate para la empresa es su propia página web. Una plataforma sencilla e intuitiva que permite eliminar los intermediarios generados por las campañas publicitarias sin necesidad de rechazar la exclusividad en el fondo y la forma. De esta manera, la marca no solamente cuenta con modelos de primer nivel y estilistas prestigiosos, sino que, además, para la realización de las fotografías publicadas en la web, contrata a los mejores fotógrafos (David Sims, Patrick Demarchelier, James Hawkesworth o Steven Meisel. De hecho, con este último la campaña se bautizó Zara by Steven Meisel).

El marketing online de Zara pivota sobre el tridente formado por la actualización, la adaptación y la versatilidad. Algo que se consigue gracias a acciones como actualizar la página web una media de 300 veces a la semana, recibir más de tres millones de visitas al día o ajustar las prendas a las preferencias y maneras de vestir en cada región. La innovación es otro de los grandes valores de Zara como empresa. Continuamente, trabaja en la implementación de nuevos sistemas o fórmulas que faciliten la compra al usuario, sirviéndose de las nuevas tecnologías al alcance de la gran mayoría de público. Desde opciones como el pago en tiendas físicas a través del teléfono móvil hasta propuestas tan exitosas como el same day delivery, que permite recibir la compra realizada a través de la red en el mismo día y que está presente en las grandes ciudades como Madrid, Londres, París, Estambul, Taipéi o Shanghái.

A esto se suma una estrategia comunicativa basada en la viralidad de las redes sociales, con la que consiguen atraer a públicos de forma sencilla, barata y eficaz. No hay más que echar un vistazo a los perfiles de Zara en las redes: en Facebook cuenta más de 26,5 millones de fans, en Twitter tiene 1,3 millones de followers y en Instagram 27 millones de seguidores. Entre sus competidores más directos encontramos grandes marcas que destinan ingentes cantidades de su presupuesto a publicidad en redes sociales para, en el mejor de los casos, igualar sus cifras de seguidores —es el caso de H&M— o ni tan siquiera aproximarse someramente a los niveles de atracción de Zara —como es el caso de Mango, que tiene entre tres y cuatro veces menos de seguidores que la gallega—. Al éxito en redes sociales de la marca se suma que las famosas no dudan en vestirse con sus prendas, haciendo que se agoten al instante. Kate Middleton, de hecho, lo ha conseguido en diversas ocasiones: los vestidos, abrigos o botas de Zara que ha lucido, se han acabado al instante en la tienda online de la compañía.

La propuesta de valor añadido mostrada en el ámbito empresarial puede ser replicada en el espectro político, añadiendo a la ecuación algunos factores filosóficos que han sido analizados a lo largo de los años por diferentes expertos. Una de las premisas básicas que debemos tener en cuenta es que, según diferentes estudios, internet ayuda a movilizar pero no cambia la intención de voto en exceso. Es una poderosísima herramienta para crear opinión con capacidad de influencia sobre la voluntad popular, especialmente útil en espectros vírgenes, como lo era el ámbito internacional para el independentismo catalán. De esta manera, internet deja de ser únicamente un medio para comunicarse y pasa a ser una herramienta de marketing directo. No solo se emplea para difundir mensajes, sino también para crearlos.

Una de las autoras más interesantes en este campo es Saskia Sassen, socióloga galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2013 e icono de determinados movimientos populistas. Su premisa es clara: «Puedes usar internet para matar o para construir una casa».

El discurso de Sassen es interesante porque logra hilar dos conceptos clave. Por un lado, postula que las políticas basadas en la economía liberal que han fomentado la globalización han traído consigo un efecto rebote, es decir, a medida que se iban transnacionalizando o extranacionalizando los proyectos estatales por medio de cesiones de soberanía a entidades supranacionales —por ejemplo, los bancos centrales—, el ciudadano medio sentía que sus necesidades, derechos e inquietudes dejaban de tener un protagonismo central en pro de algo más lejano. De esta manera, se incrementaba día a día la distancia existente entre la sociedad y las instituciones públicas. Esto lo vincula con el segundo concepto fundamental, internet, que puede ser una herramienta para hacer circular información pero también para ejecutar estrategias y participar de una acción política concreta. Según la socióloga, la red debía ser empleada por entidades ajenas al Estado y que actuasen como catalizador del cambio político de manera práctica.

En el imaginario etnopopulista catalán esto ha sido entendido como la necesidad de articular modelos, en apariencia de participación masiva, que empleen internet como eje fundamental y que sean capaces de conjugarlo con el uso de los medios de comunicación de masas. Si esto no era viable, habría que adaptar aquellos que estuviesen bajo nuestro dominio. Desde esta lógica marketiniana, debemos entender el uso de los medios de comunicación llevado a cabo por el independentismo catalán. Entidades como el Diplocat han llegado a publicar material en diversas lenguas (fundamentalmente inglés, francés, alemán e italiano, pero también en portugués, croata o danés), y han enviado a los corresponsales internacionales información puntual en su propio idioma. Desde comienzos de la década de 2010, el Diplocat enviaba periódicamente a los medios extranjeros diversas newsletters sobre asuntos como la autodeterminación, el absolutismo lingüístico o las oportunidades aparejadas a la independencia de Cataluña. Siempre disponibles en varios idiomas.

Un martilleo constante monotemático que logró imperar en la mente del foráneo debido a la incomparecencia argumental, comunicativa y discursiva del Gobierno central o de los actores políticos contrarios a la independencia. La propia Generalitat de Cataluña saca músculo habitualmente de la tupida red de contactos internacionales con la que cuenta gracias al uso de las nuevas tecnologías. Argumenta que, mientras que en el referéndum de Escocia hubo 500 periodistas convocados, para la consulta del 9 de noviembre de 2014, sin ser el momento de mayor atención internacional, había más de 850 corresponsales de 120 nacionalidades diferentes; y en el tenso mes de octubre de 2017, más de 180 medios de todo el mundo cubrieron la información diaria del procés.

Otro de los grandes expertos de internet y las estrategias online en política fue el malogrado Gianroberto Casaleggio. El italiano fue el verdadero artífice del Movimiento 5 Estrellas, el creador de la estrategia marketiniana y el que apostó por derribar los preceptos de la democracia representativa valiéndose de la tecnología. Defendía que había que cristalizar la ruptura con la vieja política por medio de un cambio tecnológico, auspiciado por la necesidad de un relevo generacional capaz de instaurar una hiperdemocracia. Fue él quien, años antes de crear el populista Movimiento, diseño, guionizó y escribió las entradas en el blog de Beppe Grillo, popular cómico italiano y amigo suyo. Logró convertir el blog de un famoso humorista que denunciaba los fallos del sistema en una de las diez bitácoras más influyentes del mundo[20] y en la que participaban más de ochocientas mil personas.

De la mente de Casaleggio surgió la propuesta de impulsar una iniciativa popular para evitar que políticos condenados se sentaran en el Parlamento italiano, que este limitase los mandatos y que modificase la ley electoral bajo una movilización de italianos indignados que se denominó V-Day (Vaffanculo Day o, lo que es lo mismo, «el día de a tomar por culo»). Con una simbología basada en la película V de Vendetta logró reunir a miles de decenas de personas que formaban la base del experimento de ingeniería social que constituiría el Movimiento 5 Estrellas. Frente a la opacidad de los partidos tradicionales, internet les permitía mostrar una transparencia inimaginable hasta ese momento. En su lucha para derribar la democracia representativa y sustituirla por una democracia participativa, el partido expuso públicamente el proceso de elecciones primarias de los candidatos a través de internet. Casaleggio lo calificó como un «ejercicio de democracia directa». La suma de populismo y tecnología creó un ciberpopulismo de nuevo cuño que pasó de alzar su mensaje megáfono en mano a ganar unas elecciones generales en Italia, donde tiene una representación política que se extiende a 45 alcaldías, 15 parlamentarios europeos, 92 diputados, 36 senadores y 1700 concejales.

Los adversarios de Casaleggio trataban de criticarle argumentando que no era más que un profeta de la red, un mánager fallido, alguien que entendía la política como un producto. El verdadero problema lo tiene quien no entiende que la política tiene mucho de empresa y de comercio, que va de satisfacer las necesidades de los votantes —como en el mercado de los clientes— por medio de los partidos políticos que actúan como productos al servicio del ciudadano. Mientras algunos tratan de descalificar la política tratando de satanizarla por medio de su mercantilización, otros aprovechan las bondades del marketing para colocar su mensaje donde y cuando más les conviene.

El nuevo ciberpopulismo se sirve de las redes sociales y de los diferentes canales online para articular una hegemonía política que ofrezca una respuesta, en forma de discurso, capaz de agrupar y de dar sentido a distintas realidades que, hasta entonces, no tenían nada que ver entre sí. De esta manera, este ciberpopulismo es capaz de ir construyendo un proceso hegemónico y de disputar el sentido del discurso político.

Como suele recordar el escritor José María Lassalle, el ciberpopulismo es el elemento más desestabilizador de la política actual. Los motivos son varios: su amplia permeabilidad —especialmente en sectores poblacionales hiperconectados y entre la generación de los llamados millennials—, la evidente ruptura de los mecanismos de autoridad intelectual, y el exceso de información circulante —del que la política se aprovecha, ya que nos impide discriminar entre lo real y lo falaz—. Esto último es lo que coloquialmente definimos como el «cuñadismo político», una corriente de comentaristas carentes de opinión sólida pero con una vehemencia desmedida. En las sociedades occidentales, especialmente en las latinas y en la española, encontramos que en el interior de cada ciudadano parecen cohabitar un entrenador de fútbol y un político. No hay más que comprobar cómo cada vez que se disputa un Mundial o una gran competición deportiva, todos somos capaces de argumentar acerca de la convocatoria de jugadores (a quién hay que elegir de un determinado equipo), acerca del sistema de juego (si hacerlo con falso nueve o con un sistema basado en el clásico 4-4-2), etc. Lo mismo sucede en el terreno político. Cada vez que hay un debate político, son muchas las voces que dicen aquello de «lo que debería hacer el presidente es…». Nos transformamos en expertos legisladores conocedores de las leyes más recónditas o emitimos juicios de valor como si nos hubiese poseído el espíritu de un economista profesional.

Esto ha sucedido siempre. La gran diferencia es que las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, han amplificado y magnificado esta sensación de jungla política, de jaula de grillos, de patio de colegio, de griterío generalizado… donde prima el que más chilla frente al que más argumenta. Esto da lugar a auténticas jaurías humanas organizadas que se articulan en torno a unos mecanismos horizontales carentes de filtros e igualitaristas, que son las redes sociales. Surgen así cibermovimientos populistas cuyo mensaje tiene la cualidad de ser transfronterizo debido al uso de herramientas digitales. El concepto de verdad y mentira se diluye hasta el punto de transformar el lenguaje —comenzamos a hablar de conceptos como posverdad o fake news— y la espontaneidad tecnológica da paso a linchamientos digitales que producen auténticas muertes civiles.

En la época de la posverdad como concepción de falsedad emocional, nos cuestionamos si hoy en día somos más permeables a las informaciones ficticias, a los embustes populares y a las erróneas falacias. No cabe duda de que en la actualidad nos parecería increíble dar por buena una invasión extraterrestre contada por un tercero, sin embargo en Halloween de 1938 un joven Orson Welles fue capaz de sembrar el pánico, el terror y la alarma de medio Estados Unidos teatralizando por la radio la novela de H. G. Wells La guerra de los mundos. Los 60 minutos que duró el programa especial de radio, en formato breaking news, en el que se narraba en directo la presunta llegada de alienígenas a la Tierra, fueron suficientes para que se generase una histeria colectiva. La gente colapsó las carreteras, asaltó comercios, acudió a comisarías… A pesar de que en dos ocasiones diferentes a lo largo de toda la transmisión se avisaba al oyente de que estaba escuchando una dramatización, fueron muchos los ciudadanos que dieron por cierto el relato que estaban oyendo, hasta el punto de que se llegaron a producir diferentes suicidios ante el terror que estaban creyendo vivir. Al día siguiente, las portadas de los periódicos titularon a toda página « Fake radio war stirs terror through US» y el propio autor de la interpretación, Welles, tuvo que salir públicamente a pedir perdón por las consecuencias generadas. Confesó que jamás se hubiese imaginado la repercusión que tendría aquello, ni que los oyentes creyesen semejante relato.

La mentira es una de las armas más poderosas que existen. Y erran quienes consideran que el embuste solo es permeable a las mentes menos preparadas y con pocos conocimientos, como podrían ser los humildes oyentes de la CBS. Las personas más capacitadas y los mejores profesionales no escapan de las garras de una treta bien urdida. Sirva de ejemplo el caso de Janet Cooke, una joven periodista que con apenas veintiséis años veía cumplidas sus aspiraciones profesionales al tener un empleo en el prestigiosísimo diario norteamericano The Washington Post. Cooke fue la autora de un reportaje titulado «El mundo de Jimmy», que fue publicado en primera página en la edición dominical del último fin de semana de septiembre de 1980. La historia narraba las vivencias de un niño de ocho años procedente de una barriada marginal de Washington que consumía heroína desde los cinco años. El nivel de detalles del relato era extremo, llegándose a dar testimonio de cómo el propio padrastro del niño le inyectaba la droga en presencia de su madre, también adicta. Aquella historia enmudeció a la sociedad norteamericana, que exigió responsabilidades a las autoridades. La narración era tan especial que ganó el Pulitzer en el año 1981, el premio más prestigioso y codiciado en el mundo del periodismo. Cooke estaba en la cima de su carrera profesional, siendo un referente para cientos de articulistas de todo el mundo.

El problema comenzó cuando los políticos, al verse coaccionados, y los servicios sociales, al sentirse cuestionados, decidieron investigar. Les resultó imposible localizar al niño, a la familia, la vivienda… a pesar de los detalles ofrecidos en el reportaje. El escrutinio público al que fue sometida la historia obligó a Janet Cooke a confesar que todo aquello había sido una invención y que el pequeño Jimmy solo había existido en su imaginación. Se vio obligada a devolver el galardón y a presentar su dimisión en el periódico.

El mayor y más antiguo periódico de Washington, alumbrador de exitosas investigaciones periodísticas como el Watergate, había caído en el engaño de una novel periodista veinteañera. El diario tuvo que entonar el mea culpa y publicó un editorial que repasaba durante tres páginas y media todos los errores en la cadena de mando, asumiendo que falló completamente el sistema de control y pidiendo disculpas públicas por no haber cumplido con los principios periodísticos básicos basados en el rigor, la objetividad y la honestidad.

Como dijo por aquel entonces el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, el pequeño Jimmy, como tantos niños de las novelas, podría no ser más que una metáfora legítima para hacer más cierta la verdad de su mundo. El problema es que era mentira. Y hoy lo llamaríamos «hijo de la posverdad».

Al igual que la maldad existe desde que nace la bondad, la mentira aparece tras cada verdad. La historia está repleta de ejemplos de mentiras, cuentos, bulos, trolas y engaños. Han existido desde que el mundo es mundo. Lo que ha cambiado con el paso de los años es la globalidad, la inmediatez de la información y la conectividad. Características que harían difícil reproducir una nueva guerra de los mundos, puesto que al instante de escuchar un relato similar acudiríamos a las redes sociales y a los medios digitales para contrastar y verificar la veracidad de la historia.

La contrapartida de esto la encontramos en que en esta sociedad, plagada de infoxicación, la capacidad para crear noticias, relatos e historias susceptibles de llegar al gran público es mucho mayor. Esto permite extender las informaciones falsas y facilitar la máxima que defendía Martín Lutero, según la cual una mentira necesita otras siete para poder parecerse a la verdad o tener aspecto de verdad. Y para que esto suceda se necesita más de un único actor.

En el ámbito empresarial, hablaríamos de la existencia de un marketing relacional capaz de generar un beneficio mutuo, un B2B (business-to-business) entre dos entidades en la que ambas se benefician de una misma estrategia creando un conjunto evocado. Algo similar sucede en el campo de la geopolítica internacional, donde, en muchas ocasiones, existen actores políticos con intereses mutuos capaces de establecer relaciones de interés basadas no en un B2B, sino en un B2C, en el cual el consumidor o votante se convierte en el eje central de la acción.

Durante el siglo XX, este tipo de estrategias conjuntas se centraban en tratar de influir directamente sobre los decisores últimos, ya fuesen políticos, empresarios o magistrados. Sin embargo, la geopolítica estratégica del siglo XXI pivota sobre un eje tecnológico en el que se trata de omitir al poderoso intermediario, pasando directamente a tratar de persuadir al decisor final, que es el ciudadano medio como sujeto politizado con criterio propio. Este nuevo escenario tiene como herramientas instrumentales la creación de campañas de desinformación, la injerencia electoral, la creación de falsas noticias, la intoxicación mediática, la viralización en redes sociales, el ciberespionaje…

En este sentido, el máximo exponente de este tipo de estrategias y del cambio de paradigma es Rusia. En el siglo XX y en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética centraba sus esfuerzos en contrarrestar los efectos negativos de los artículos críticos que se publicaban en diferentes medios de comunicación alrededor del mundo con el envío masivo de cartas a sus respectivos directores, escritas por funcionarios públicos. En las misivas, los rusos alababan las bondades del sistema comunista soviético. Un siglo después han descubierto la eficacia, permeabilidad y utilidad de los medios de marketing online para desestabilizar el sistema, y emplean las redes sociales y los medios de manera magistral (para sus propios intereses).

Durante las semanas previas al referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, una de cada cuatro publicaciones en redes sociales relativas a la consulta provenían de cuentas bots que funcionan de manera automatizada y cuyo origen tiene vínculos con Rusia. De hecho, los perfiles prorrusos en redes sociales aumentaron el volumen de sus mensajes sobre Cataluña en un 2100 por ciento. Los meses posteriores a la consulta, diferentes instituciones y empresas realizaron estudios sobre la campaña en favor de la independencia de Cataluña en redes sociales. Así, por ejemplo, la norteamericana Universidad George Washington llevó a cabo un análisis sobre cinco millones de mensajes en redes favorables a la independencia, y descubrió que un 32 por ciento de las cuentas falsas automatizadas provenían de Venezuela y un 59 por ciento de Rusia. Del porcentaje de estos perfiles rusos, un tercio se dedicaba en exclusividad a difundir contenidos sobre Cataluña provenientes de medios oficialistas como Russia Today o Sputnik. Similares resultados arrojaron los estudios de la Universidad de Nueva York, publicados en la revista especializada Big Data, o el análisis llevado a cabo por la empresa especializada Audiense sobre cinco mil perfiles automatizados en Twitter, que demostró que publicaron un millón de tuits los días previos a la consulta con la clara intencionalidad de desestabilizar y zarandear la política española.

En noviembre de 2017, representantes de las principales empresas tecnológicas (Twitter, Facebook y Google) declararon en el Senado de Estados Unidos sobre la injerencia de Rusia en las plataformas de sus compañías. Las tres multinacionales habían sido empleadas para la creación, elaboración y difusión de mensajes desde bots procedentes de Rusia. Muestra de ello son las declaraciones del profesor Joshua Tucker, director del Jordan Center for the Advanced Study of Russia: «Hay mucho interés en comprender cómo los regímenes usan bots para influir en la política, y Rusia ha estado a la vanguardia en tratar de dirigir las conversaciones en las redes sociales».

Como vemos, no se trata de una estrategia aislada y conspiranoica que se circunscriba única y exclusivamente a Cataluña. Según una investigación del diario The Washington Post, 126 millones de personas pudieron haber visto en Facebook contenidos producidos por agentes rusos durante la campaña electoral que aupó a Trump a la presidencia. El mismo modus operandi se empleó durante el brexit, la anexión de Crimea o las elecciones generales en Holanda. En definitiva, se trata de una estrategia geopolítica que utiliza los medios tecnológicos —especialmente de las redes sociales— para influir y reconfigurar el tablero político mundial, que debilita las democracias occidentales gracias al auge de los diferentes movimientos populistas y que obtiene un beneficio que posiciona a Rusia como el actor político más poderoso a nivel global en su disputa con otras grandes potencias, como Estados Unidos o la Unión Europea.

Ciberseguridad transfronteriza

El ciberpopulismo también utiliza las nuevas tecnologías para interceptar información y comunicaciones aduciendo cuestiones de seguridad. Lo suelen llevar a cabo los regímenes populistas una vez que han alcanzado el poder: usan todos los resortes públicos, bien del Estado o bien de la región que lideran, para perpetuarse y mantenerse al frente del liderazgo social y eliminar las posibilidades del contrincante o rival político.

El etnopopulismo catalán se ha caracterizado a lo largo de los años por hacer un uso partidista, sesgado e interesado de las instituciones públicas. Se han valido de las embajadas y oficinas de representación en el exterior y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Esta entidad pública, creada por la Generalitat en el año 2009, en la época del ocaso tripartito, tenía una doble finalidad: por un lado, la argumental, basada en lograr implementar una estrategia de seguridad propia, proteger las infraestructuras críticas, asesorar a las empresas catalanas de seguridad… y, por otro, el estético, fundamentado en la idea estatista de expandir y sobredimensionar la administración catalana.

Podrá cuestionarse la necesidad o no de dicho organismo, pero el fin inicial de garantizar la seguridad de las telecomunicaciones parecía inocuo. El cambio, como en muchos otros organismos —el Diplocat es otro ejemplo—, surge a partir del año 2012, cuando el Gobierno independentista de la Generalitat ve en el Centro de Seguridad de la Información la posibilidad de ser utilizado como una suerte de Agencia de Seguridad Nacional, un sucedáneo de CNI a la catalana, que ampliase las estructuras de Estado propias. Se trataba de omitir los objetivos finales del centro para ser sustituidos por el apoyo al proceso unilateral de independencia. De esta manera, comenzaron a incrementarse los recursos económicos y humanos destinados a la institución, al tiempo que se iniciaba una etapa centrada en el ejercicio de actividades irregulares como la censura y eliminación de páginas web, la creación de listados de bases de datos ciudadanas, la elaboración de informes sobre empresarios o el control de las comunicaciones a través de la interceptación de correos electrónicos y conversaciones telefónicas. De esta forma, asumían, una vez más, competencias de las que carecían, que legalmente están asignadas en exclusividad al Estado central y que solo podrían haber llevado a cabo bajo mandato y supervisión de un juez.

No es de extrañar que a partir de este momento los propios Mossos d’Esquadra comenzasen a contactar con el CESICAT, bajo el pretexto de la creación de un nuevo grupo de inteligencia virtual y seguridad informática, para que les asesoren a la hora de realizar actividades que escapaban de sus propias competencias, como era el clonado de tarjetas SIM o los ataques a redes wifi.

Un año más tarde, en 2013, Anonymous, el famoso grupo de hackers ciberactivistas, filtró documentos que acreditaban el seguimiento y monitorización de diferentes perfiles relevantes en redes sociales, además del acceso a datos personales de activistas catalanes que incluían números de teléfono, direcciones y datos académicos y profesionales. El CESICAT, reconvertido en una mezcla de agencia de inteligencia y servicio secreto, no se pronunció al respecto, solo exigió que se eliminasen los documentos filtrados alegando una posible vulneración de derechos de autor.

El cibercontrol que ejercía el CESICAT se iba extendiendo cada vez más. El número de personas sometidas a vigilancia y susceptibles de estar siendo analizados no paraba de aumentar. Se creó un departamento bajo la nomenclatura de «equipo de respuestas de incidentes», cuya misión consistía en interceptar las comunicaciones telemáticas de todas aquellas personas que, de una u otra manera, trabajasen para el Gobierno de Cataluña, evadiendo así el control policial y judicial necesario.

Podría plantearse la pregunta de para qué necesitaba la Generalitat interceptar las comunicaciones de funcionarios, trabajadores públicos, políticos o activistas. La principal y más obvia hipótesis es que se trataba de un rastreo sistemático a toda aquella persona que pudiese mostrarse contraria al mal llamado procés, y que podría ser obstáculo hacia la independencia y, por tanto, un enemigo de Cataluña.

Después de las elecciones de septiembre de 2015, con Puigdemont en la presidencia y la independencia como fin último, se decidió que el CESICAT se convirtiese en una pieza fundamental del catálogo de estructuras propias de Estado, a modo de CNI catalán, pasando a depender directamente del departamento de Presidencia de la Generalitat y abandonando su supeditación de la consejería de empresa. El problema, como ya había sucedido en otras ocasiones, es que esto excedía el ámbito competencial de una comunidad autónoma, lo que originó que la Guardia Civil elevase atestado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde se argumentaba la posible existencia de un delito de sedición[21].

En el periodo comprendido entre la llegada al poder de Puigdemont y el referéndum ilegal del 1 de octubre, se produjeron los hechos más gruesos y preocupantes. Tenían incluso tintes cinematográficos. Son, por ejemplo, las reuniones que se llevaron a cabo entre el director del Centro de Seguridad de la Información y distintos miembros de la Generalitat con las empresas de seguridad que suministraban material al servicio secreto del Gobierno de Israel, con la intención de negociar una posible venta de material sensible de espionaje por importe superior a 20 millones de euros. Al mismo periodo corresponden los espionajes conjuntos entre los Mossos d’Esquadra y el Centro de Seguridad de la Información a políticos del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, a periodistas de diferentes medios de comunicación, miembros de la sociedad civil, abogados, incluso a los responsables del Sindicato de Policías de Cataluña. Se trataba de seguimientos, vigilancias, grabaciones telefónicas, interceptación de comunicaciones, realización de fotografías… a diferentes personalidades cuyo único punto en común era su oposición al proceso de independencia unilateral emprendido por la Generalitat.

Se llegó al extremo de espiar y vigilar a diferentes figuras políticas que eran consideradas un lastre para los objetivos independentistas. La popular Alicia Sánchez Camacho llegó a ser espiada en su propia casa a través de una furgoneta de la televisión local Flaix TV, un medio afín a los intereses independentistas y con amplia vinculación con los gobiernos de Artur Mas.

En paralelo, el CESICAT continuaba elaborando y gestionando decenas de bases de datos con el fin de emplearlas para facilitar la votación telemática y el recuento del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, siendo partícipes de una actividad manifiestamente irregular.

Este tipo de actividades, cuanto menos cuestionables desde el punto de vista moral y legal, dejaron de ser especulaciones el 26 de octubre de 2017, un día antes de la proclamación unilateral de independencia y de la consiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución. Momento en el que la Policía Nacional intercepta tres furgones de los Mossos d’Esquadra camino de una incineradora, donde pensaban destruir y quemar diferentes documentos. Ante la sospecha del contenido de dicha documentación, la Audiencia Nacional decide intervenir las 36 cajas de archivos que contenían más de 30 000 legajos, además de pendrives y discos duros, para analizarlos en presencia de funcionarios judiciales.

Unos comportamientos, actitudes y decisiones que podrían parecer extravagantes, aisladas y singulares pero que, en realidad, muestran la forma de gestionar el poder de las formaciones de ideología populista. Una capacidad única para pasar de gestionar la frustración política bajo un manto de empatía emocional cuando forman parte de la oposición, a dirigir el devenir político con mano férrea aniquilando las posibilidades y manifestaciones del adversario electoral.

Como vimos con el caso de las fake news, los servicios secretos de terceros países, como pudiera ser Rusia, han influido de manera directa o indirecta en el devenir de la región española. Así lo confirmó Hans-Georg Maassen, presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, es decir, los servicios de inteligencia interior de Alemania, quien explicó el concepto de amenaza híbrida ejemplificado en la actitud de Rusia respecto al debate político catalán, pues orquestó una amplia campaña de desinformación con el objetivo de generar división en el seno de la Unión Europea a la vez que desacreditaba y debilitaba su papel como actor a nivel global.

Y no son el único caso. Más de 20 000 correos electrónicos del Partido Demócrata y de su candidata electoral, Hillary Clinton, fueron pirateados y, posteriormente, filtrados, presuntamente por los servicios secretos rusos, a Wikileaks para beneficiar al populista Donald Trump. Se lanzó un bulo en los medios de comunicación rusos sobre la supuesta infidelidad homosexual de Emmanuel Macron a su esposa en plena campaña electoral frente a la radical Marine Le Pen. Recordemos también la continua promoción mediática desde Rusia del entonces líder del UKIP, Nigel Farage, en medio del debate sobre el brexit; el falso selfie de la canciller Angela Merkel con uno de los terroristas que se inmolaron en un atentado en Bruselas —en realidad se trataba de un refugiado anónimo— difundido por Russia Today, que beneficiaba claramente a los extremistas de AfD; o la aparición de centenares de perfiles en redes sociales originarios de Rusia que replicaban de manera constante y viral mensajes en favor de la independencia de Cataluña las semanas previas al 1 de octubre. Todos estos son ejemplos de lo que algunos analistas han comenzado a denominar «injerencia rusa» o «guerra híbrida», en la que el objetivo principal del gigante ruso sería el debilitamiento de las democracias occidentales y el encumbramiento de figuras de corte populista más favorable a los intereses soviéticos.

Una disputa geoestratégica centrada en el ámbito cibernético que tiene consecuencias tangibles. En esta nueva guerra híbrida que enfrenta a bloques y a modelos políticos, Estados Unidos ya ha comenzado a imponer una serie de sanciones a Rusia por la injerencia política en sus procesos electorales. Así, en marzo de 2018, el Gobierno norteamericano sancionó a cinco entidades y a diecinueve personas rusas, impidiéndoles su acceso a suelo estadounidense y prohibiéndoles transacciones financieras con ciudadanos norteamericanos. Uno de los cinco organismos sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano es la Agencia de Investigación de Internet rusa, a la que se acusa de utilizar perfiles falsos en redes sociales de supuestos ciudadanos norteamericanos para verter opiniones y comentarios políticos. Otras de las instituciones sancionadas son el Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Departamento Central de Inteligencia ruso. Para algunos analistas se trata del choque de trenes más potente desde los años de la Guerra Fría. Un nuevo paradigma geopolítico que se extiende por las diferentes naciones y que no es exclusivo del eje ruso-americano.

De hecho, estas estrategias son copiadas por los principales movimientos populistas alrededor del mundo. En Venezuela, Nicolás Maduro se sirve de los servicios secretos del país para detener arbitrariamente a los opositores y para censurar a la prensa. En España, en plena negociación para la formación de gobierno después de las elecciones generales de diciembre de 2015, Pablo Iglesias, líder de Podemos, incluía en su listado de exigencias para pactar con los socialistas la dirección del Centro Nacional de Inteligencia. El populista griego Alexis Tsipras planteó, nada más ser elegido primer ministro, el cambio de nombre y de organización de los servicios secretos.

Comportamientos y actitudes propias de los partidos y gobiernos de corte populista y que, en ocasiones, han imitado desde Cataluña. Baste de ejemplo el uso de los medios de comunicación y del Centro de Seguridad de la Información. En cualquier caso, la llamada «estrategia de internacionalización del conflicto» perseguía el apoyo directo, claro e inequívoco de alguna pequeña o lejana nación a modo de espita, a través de la cual desencadenar un efecto dominó que permitiese que los Estados extranjeros perdiesen el miedo a reconocer a Cataluña como nación de pleno derecho. La realidad es que de los 194 países reconocidos oficialmente por Naciones Unidas, ninguno ha asumido los postulados del secesionismo catalán. Haciendo un símil futbolístico, diríamos que el partido terminó con una derrota estrepitosa en el marcador pero con el consuelo de que la sensación ha sido de mayor posesión del balón. Un partido en el que no se alcanzó la victoria cuantitativa pero se disputó el espacio cualitativo, lo que les obligó a cambiar el modo de juego a medida que la derrota iba siendo más abultada.

Capítulo 3
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Educación y medios de comunicación,
ejes de la acción marketiniana

Oligopolio colectivista

En la esfera política, son muchos los elementos que generan unas discusiones constantes entre diferentes actores. Todos los elementos que sustentan el Estado del Bienestar moderno son susceptibles de ser instrumentalizados políticamente. Así sucede con la sanidad, la justicia, las infraestructuras y, sobre todo, con la educación y los medios de comunicación. Estos dos últimos de manera especial, pues abarcan dos ámbitos de amplio espectro. Por un lado, los jóvenes, como elemento garante del futuro del Estado-nación y, por otro, la información y el entretenimiento de masas. El primero garantiza el modelo de sociedad en el medio y largo plazo, y el segundo posibilita la creación de un sesgo informativo que reeduque a la sociedad.

Esto debe entenderse desde la lógica supeditada a una disyuntiva previa que no debe ser analizada bajo la estricta polarización izquierda-derecha, sino que bascula en el clivaje generado por el eje ideológico que enfrenta los modelos liberales y los sistemas intervencionistas. En el caso de las sociedades liberales puras, se tratará de hacer llegar los beneficios del Estado del Bienestar a todas aquellas personas sin recursos o capacidades, concibiéndose a las instituciones como complementos de las necesidades individuales; es decir, lo público debería llegar adonde no llega lo privado en las cuestiones más vitales y de primera necesidad, cubriendo las carencias que imposibilitan el desarrollo humano. Se trata de una visión garantista de la sociedad, en la que primaría el individuo y la iniciativa privada como motores del impulso social y en la que el papel del Estado se limitaría a atender y garantizar que nadie se quede fuera del sistema. Sin embargo, la visión intervencionista entiende que el Estado debe constituirse como eje central de la vida pública y privada de los ciudadanos, dotándose de cuantos más tentáculos posibles pueda para alimentar, a través de los ciudadanos, al mastodóntico ente público.

Ante un mismo problema, estos dos modelos políticos ofrecen soluciones distintas. Por ejemplo, ante el desempleo, el liberalismo entiende que las instituciones ni pueden ni deben crear empleo. Su objetivo es generar las condiciones económicas necesarias para que sea el individuo el que pueda encontrar trabajo o emprender. Mientras, el intervencionismo aboga por la existencia de un amplio y numeroso pool de empleos públicos que dinamicen la economía y el mercado laboral desde una perspectiva keynesianista, y que sea el Estado el principal empleador.

En este sentido, la disputa en torno a la educación y a los medios de comunicación también genera una fricción evidente. El sistema liberal aboga por un sistema educativo basado en el mérito y la capacidad desde la defensa de la libertad de elección de los padres. En cuanto a los medios de comunicación, entiende que debe haber los mínimos posibles en manos públicas, con la finalidad de garantizar un acceso a la información veraz, de calidad y plural, al margen de intereses corporativistas, para defender la libertad de criterio y metodología de los medios de comunicación privados.

Alquimia educativa

Desde tiempos de Platón, se concibe el lenguaje como un poderosísimo instrumento de marketing capaz de someter a la mente humana; como una herramienta de incalculable valor idónea para transformar el pensamiento y modificar el comportamiento social. En esa fórmula de dominación conductual juega un papel clave el idioma como constructo colectivo capaz de cohesionar y unir diferentes grupos heterogéneos alrededor de una misma causa.

Esto es algo que siempre tuvo presente el visionario empresario, Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company y padre de la modernidad industrial de comienzos del siglo XX, al revolucionar el sector del transporte e innovar en los sistemas de producción. Ford atesoraba grandes riquezas y tenía fama mundial. Era una persona intelectualmente inquieta. Sabía que para continuar haciendo grande a su empresa, debía hacerles sentir a sus empleados parte de algo grande, crear una simbiosis emocional que implicase a los trabajadores no solo en el proyecto de empresa, sino también en el proyecto de país. Para ello, Ford impuso clases obligatorias de inglés para todos aquellos trabajadores de la compañía de origen extranjero. Y es que, igual que se pueden utilizar las palabras para crear nuevas realidades, se puede utilizar el idioma para articular nuevos convencimientos. De hecho, lo primero que Ford pedía que se les enseñase en la lengua patria era la frase « I am a good American». No cabe duda de que para muchos, especialmente para Ford, ser un buen estadounidense comenzaba por conocer la historia, las costumbres y la lengua norteamericanas, elementos creadores de un sentimiento nacional, generadores de una identidad que, en común, les hacía más fuertes. Una suerte de sinergia patriótica que capacitaba para alcanzar el sueño americano.

La creencia de Ford sobre la identidad era tan fuerte que entendió que no debía limitarla únicamente al ámbito de sus negocios. Debía extenderla más allá, ser capaz de implantarla a lo largo y ancho de Estados Unidos. Por eso, Ford fue una de las tres fortunas privadas, junto con la familia Rockefeller y los Carnegie, que ejercieron una labor filantrópica por medio de amplias sumas de dinero con el objetivo de controlar, en la medida de sus posibilidades, el sistema de educación pública en Estados Unidos a comienzos de siglo.

Una vez más, se genera un punto antipodal entre aquellos que entienden la educación como fuente de conocimiento imprescindible en la sociedad del bienestar y los que la conciben como un mecanismo de control. Entre estos últimos, se extiende un pensamiento dominador basado en la idea de que quien controla la educación, controla el mundo —o, por lo menos, la región geográfica sobre la que ejerce el poder—. Una visión educativa fundamentada en un intervencionismo que impulsa a sus defensores a ejercer ese sometimiento mental e intelectual sobre los jóvenes cuando se alzan con el poder, y que especula sobre los poderes fácticos y económicos que alienan los dóciles cerebros de los bisoños estudiantes, evitando que reflexionen, se hagan preguntas, piensen por sí mismos y tengan espíritu crítico cuando no ostentan la responsabilidad de gestionar la educación.

Una visión intervencionista sustentada en el principio del Estado, como Gran Hermano, que controla la educación de las generaciones venideras. Algo que comenzó a fraguarse en Cataluña en los tiempos de la Transición, cuando educación y lengua se convirtieron en los protagonistas del debate político y social. Para entenderlo es necesario echar la vista atrás y ponderar acontecimientos. Es cierto que después de 1939 los catalanoparlantes sufrieron un periodo de sometimiento, presión y arrinconamiento lingüístico, puesto que el bando vencedor de la Guerra Civil —en el que, por cierto, había un número de catalanes nada desdeñable— trató de silenciar en cierta medida la lengua y cultura catalana. Y digo en cierta medida puesto que, por suerte y para enriquecimiento de nuestra sociedad, el catalán siguió estando presente en las calles de Cataluña después del franquismo. Es en ese momento, terminada la dictadura y en plena transición, cuando se cometen dos grandes errores. Por un lado, algunos dirigentes catalanes no entendieron que la Cataluña real de finales de los setenta y principios de los ochenta poco tenía que ver ya con la Cataluña de los años treinta. El franquismo había durado demasiado y la sociedad había cambiado. Las lenguas ya no eran entendidas por los españoles como un arma arrojadiza, ni como un elemento divisorio. Atrás quedaban las épocas de vetos, ocultamientos o prohibiciones. España contaba con una Constitución que consagraba la cooficialidad de diversas normas y debía entenderse que el debate lingüístico estaba superado. Pero algunos trataron de eliminar los años de la dictadura y continuar con el debate previo a las casi cuatro décadas de oscuridad democrática. Obviar la historia de una nación es un error innecesario y perjudicial. Por dañinos que sean los acontecimientos vividos, todos fraguan la identidad, carácter e idiosincrasia de la sociedad y el país.

En medio de ese nuevo tiempo que vivía España, en Cataluña algunos seguían asociando la lengua a la ideología, en un ejercicio de infantilismo que implicaba que si hablabas catalán eras progresista, pero si te comunicabas en castellano debías ser conservador. Esta aberración divisoria, en un momento histórico en el que la sociedad en su conjunto construía la España moderna —dejando a un lado las lógicas y evidentes diferencias ideológicas—, daba lugar al segundo gran error cometido en Cataluña. Lo que podríamos denominar como la aplicación del principio del péndulo, según el cual, tras unos largos años de ostracismo del catalán, debería recuperarse el tiempo perdido a costa del castellano. Los mismos que denunciaban la persecución del catalán y sufrían la necesidad de comunicarse en su lengua únicamente desde la clandestinidad, fueron los mismos que décadas después defendían la necesidad de primar la lengua catalana hasta arrinconar al castellano para crear una sociedad mayoritariamente catalanohablante cuyo objetivo final era el monolingüismo.

En ese contexto, en enero de 1981 se publicó en el extinto Diario 16 el manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, más conocido como «el manifiesto de los 2300», por el número de firmantes. Se trataba de una serie de intelectuales y profesionales que vivían y trabajaban en Cataluña, y que decidieron mostrar su profunda preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña con el objetivo de que la Generalitat impusiera el catalán como única lengua en la administración. Para ello, denunciaban ejemplos concretos como el hecho de que los comunicados y documentos de la administración regional fuesen exclusivamente en catalán, la omisión del castellano en las reuniones oficiales, las rotulaciones públicas únicamente en catalán o el desprecio público del uso del castellano, como sucedía en el Parlament de Cataluña, cuando algunos parlamentarios abandonaban ostensiblemente airados la sala en cuanto alguien hablaba en castellano. Se trataba de una llamada de atención a la sociedad catalana, a la que recordaban la necesidad de entender las lenguas como un elemento enriquecedor y vertebrador de la sociedad y no como un elemento de detección del adversario. Ya se advertía en ese manifiesto del peligro de intentar sustituir, a golpe de imposición, el castellano por el catalán como lengua escolar.

«Póngase remedio a esta situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas, y no intentando empobrecer y desprestigiar la lengua castellana», defendían los firmantes del texto que incomodó (y mucho) entre determinados sectores del catalanismo más radical. Pocos meses después de la publicación del manifiesto, y en pleno debate lingüístico, uno de los firmantes, Federico Jiménez Losantos, entonces profesor de Lengua y Literatura castellana en un instituto de Santa Coloma de Gramanet, fue agredido de madrugada por dos individuos que le dispararon un tiro en la pierna, tras obligarle a bajar de su vehículo, atarle y amordazarle en un descampado. Uno de los asaltantes llegó a pedirle la documentación para cerciorarse de su identidad, al tiempo que le preguntaba si era él uno de los que encabezaban el manifiesto de los dos mil trescientos. Cuando Jiménez Losantos respondió afirmativamente, los agresores le avisaron, literalmente, de que le iban «a dejar un recuerdo». Horas después, el atentado fue reivindicado por Terra Lliure, grupo terrorista que se autodefinía como independentista, de extrema izquierda y ecologista.

El espíritu del centenar de escritores castellanos que en 1924 solicitaron al Directorio Militar que se frenase la persecución política, social y cultural contra la lengua catalana, es el mismo que compartieron, 57 años después, los firmantes de la declaración por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. El «manifiesto de 1924» y el «manifiesto de los 2300» comparten el principio basado en la libertad, en uno del catalán y en otro del castellano. No obstante, no cabe duda de que ilustres firmantes del primer documento, como Gregorio Marañón, hubiesen estampado su rúbrica en el segundo escrito.

Diktat catalanista

Recién iniciada la primera legislatura en Cataluña, el nuevo president de la Generalitat, Jordi Pujol, tuvo que hacer frente al debate sobre el modelo educativo a implementar en Cataluña. La ideología y postulados del mandatario convergente le llevaban a sentirse más cómodo con los principios basados en la doble vía, según la cual los padres serían los decisores últimos de la lengua vehicular elegida de forma principal para la educación de sus hijos.

Este sistema es el que se aplica en los países en los que existe una segunda lengua. Buena muestra de ello son los modelos educativos de Finlandia, donde se puede escoger entre el sueco y el finés; de Gales, donde las opciones son el inglés o el galés; o de Eslovaquia, donde los padres pueden decidir si sus hijos son educados en eslovaco o en húngaro. Tampoco hace falta irse muy lejos para comprobar la viabilidad y bondades de este sistema, puesto que es el que se adoptó en Andorra, donde la libertad de elección de lengua abarca hasta tres opciones: catalán, castellano y francés. En el Principado este modelo es un éxito, pues los 10 000 alumnos matriculados que hay se dividen en partes iguales en cada lengua, habiendo, por tanto, unos 3000-4000 estudiantes que cursan sus asignaturas en catalán, castellano o francés.

El bloque formado por CiU, UCD y ERC, que había aupado a la presidencia a Pujol con su voto afirmativo en la investidura de abril de 1980, se resquebrajó. En materia educativa, ERC se posicionaba con el bloque de izquierdas formado por el PSOE y el PSUC, cuyos herederos en la actualidad se ubican en las filas de Catalunya en Comú —filial de Podemos en Cataluña—. Estos apostaban por continuar con el principio del péndulo e imponer así un sistema educativo netamente catalanista. Para avalar aquella visión revanchista de un tiempo pasado en el que la lengua fue un elemento de presión, el catalanismo azuzó los principios adversariales en una cadena lógica en la que el castellano era el enemigo y debía hacerse a un lado para que la lengua catalana pudiese dar un paso al frente y hacer justicia histórica en la región. Para justificar esta imposición lingüística contaron con diferentes miembros de la comunidad educativa catalana. Una de las más destacadas fue Marta Mata, pedagoga y miembro central del socialismo catalán. A ella y a los miembros del movimiento de renovación escolar Rosa Sensat, del que es cofundadora, se les atribuye gran parte de la creación de la inmersión lingüística y del relato argumental, que terminaría por convencer a Jordi Pujol. La pedagoga socialista alegaba que no debíamos consentir que los jóvenes de la misma región se enfrentasen en, por ejemplo, partidos de fútbol entre castellanohablantes y catalanoparlantes. Aquel grafismo postestructuralista caló en los dirigentes catalanes y permitió la aplicación de un sistema que trataba de recatalanizar a la sociedad y erigir una nueva Cataluña.

Una vez más, subyace la pugna clara y evidente entre la contraposición de cosmovisiones políticas encarnadas por un catalanismo intervencionista y unas tesis liberales que terminan siendo derrotadas por su mera incomparecencia. En la disputa entre los que consideran que lo más democrático es dejar en manos de los padres la decisión acerca del idioma en el que quieren educar a sus hijos y los que defienden que son los poderes públicos los que, encarnados en la figura del «papá Estado» como entidad superior, protectora y dirigista, decidan unilateralmente una única lengua, se impone por ley un modelo de inmersión único y excepcional en Europa que determina que el catalán es la lengua vehicular en la educación pública y concertada.

El único sistema similar al aplicado en Cataluña lo encontramos en Groenlandia, una isla constituida como región autónoma perteneciente a Dinamarca. Una inmensa isla donde cerca del 80 por ciento de la superficie está cubierta de hielo y que cuenta con uno de los índices de despoblación más altos del mundo. Allí, el sistema de inmersión trata de frenar la irremediable huida de groenlandeses a las urbes danesas. Es evidente que los dirigentes políticos catalanes no debían tener el mismo temor que los dirigentes de Groenlandia, puesto que Cataluña ocupa un lugar geográfico envidiable y goza de unos niveles de vida que convierten a nuestras comunidades autónomas en unas de las regiones más prosperas a nivel global. Por eso hay que entender que la intención de los mandatarios catalanes era otra. Se trataba de incrementar los postulados etnopopulistas que predominarían durante años en la región.

Para cumplir una de las máximas de cualquier movimiento populista basada en la división social y en la construcción de dos figuras antagónicas alrededor de la lengua, se debía perseguir que la contienda fuese en desiguales condiciones. Se trataba de que el proceso de creación de un «nosotros» catalanista se definiese siempre por la existencia y contraposición de un «ellos» castellanohablante, alcanzando así una desigualdad manifiesta desde la que disputar una guerra de posiciones. Por medio de la imposición de la lengua catalana en la educación, sería mucho más sencillo alzarse con la victoria en el medio y largo plazo entre el «nosotros catalanista» y el «ellos castellano/español». El siguiente paso, que sería la asociación de conceptos por medio de la atribución de roles basados en «buenos» y «malos», se alcanzaría de manera relativamente sencilla. Es la sublimación schmittiana del concepto amigo-enemigo sobre la base idiomática e identitaria. El poder de la lengua a la hora de construir identidades es uno de los elementos más valiosos que se pueden encontrar, por eso en el contexto de la Transición española, algunos políticos con vocación de taumaturgia predijeron que debía protegerse el catalán y excluir el castellano.

Solo así se entienden declaraciones como las realizadas por la consejera de Cultura del Gobierno de Quim Torra, Laura Borràs, quien dijo que el castellano es «una lengua de imposición» que se implantó mediante «un proceso de colonización donde hubo un proceso de sustitución lingüística»[22]. Pudiera ser que a nivel político algunos dirigentes hayan asociado de manera torticera el castellano con el colonialismo o el franquismo pero, por suerte, la realidad de la sociedad catalana es otra. Por mucho que se haya tratado de construir la idea de que el sistema de inmersión lingüística ha sido, es y será apoyado por el conjunto de los ciudadanos de Cataluña, los datos desmontan dicho mantra.

Como sucede en regímenes de corte autoritario, el simple cuestionamiento político o la discrepancia ideológica se interpretan como un ataque al conjunto. Una perversión basada en que si se toca al líder o se cuestionan sus acciones, se está atacando al conjunto del pueblo. Se trata de un lugar común de los diversos populismos que han aflorado a lo largo de la historia y Cataluña no es una excepción. Una región en la que la inmensa mayoría de consejeros de Educación desde los años ochenta hasta nuestros días han afirmado o sugerido que atacar el modelo de inmersión lingüística es atacar a Cataluña.

Si echamos un vistazo a los datos vemos una curiosa paradoja en Cataluña. La inmensa mayoría de catalanes dice estar a favor de la inmersión lingüística, pero cuando se les pregunta de manera concreta vemos respuestas muy diferentes. La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó acerca de las preferencias lingüísticas de los ciudadanos fue en 1998. Aquel estudio revelaba que solo el 9 por cierto de los catalanes apostaba por una educación exclusivamente en catalán, mientras que el 50 por cierto de los encuestados afirmaba que lo ideal sería un sistema en el que la mitad fuese en castellano y la mitad en catalán. Habrá quien diga, y no sin razón, que una encuesta de hace dos décadas no debe ser utilizada con fundamento por el escaso rigor contextual. Por ello, podemos hacer alusión a la llevada a cabo por la empresa GAD3 en 2015, en la que se preguntaba exactamente lo mismo. Los resultados no fueron muy diferentes. Se observa que solamente el 14 por ciento de los encuestados considera que debe educarse únicamente en catalán frente al 34 por cierto que defiende un modelo trilingüe compuesto por catalán, castellano e inglés a partes iguales y un 28 por ciento que apuesta por ofrecer un sistema basado en la mitad en castellano y la otra mitad en catalán. En la misma línea van los resultados ofrecidos por la encuesta realizada en 2017 por la empresa GESOP, que revelan que el 75,6 por ciento de los catalanes apuesta por una educación trilingüe, un 14 por ciento por un sistema bilingüe y un exiguo 8,8 por ciento por un modelo basado únicamente en el catalanismo. Por lo tanto, los datos prolongados en el tiempo ponen de manifiesto el escasísimo apoyo a un modelo de inmersión lingüística excluyente.

Por sorprendente que resulte, es probable que la inmensa mayoría de ciudadanos, dentro y fuera de Cataluña, no sean conscientes de lo que implica el sistema de inmersión lingüística. Es un modelo que utiliza la lengua como instrumento para fomentar el sentimiento de identidad nacional entre los jóvenes. Para ello, imponen el catalán como lengua vehicular y limitan el uso del castellano a dos horas semanales. En algunos centros educativos, el arrinconamiento del castellano llega a tal extremo que circunscriben las dos horas de clases a materias como la propia lengua castellana o a la asignatura de educación física. A pesar de los continuos avisos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que, por medio de diferentes resoluciones, recuerda que emplear la asignatura de educación física como la única materia que se imparte en castellano es, literalmente, un «artificio de mera apariencia».

La realidad es que en Cataluña no se puede escolarizar a los niños y niñas en castellano o en sistema de bilingüismo equilibrado. La única opción que se ofrece es que en caso de que así lo solicitasen los padres, el centro tendría la obligación de facilitar el 25 por ciento de la educación en lengua castellana. Una opción elegida por un limitadísimo porcentaje de familias. El planteamiento del sistema educativo catalán choca frontalmente con los datos ofrecidos por la encuesta de usos lingüísticos de la población del año 2013, realizada por el departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), dos entidades poco sospechosas de ser partidarias del uso del castellano. Según sus datos, el catalán es el idioma habitual del 36,3 por ciento de la población catalana, mientras que el castellano lo es para el 50,7 por ciento de los habitantes de Cataluña. El castellano es la lengua más empleada, por encima del catalán, en las relaciones con los amigos (44 por ciento castellano-31 por ciento catalán), con los vecinos (49 por ciento-32 por ciento) o a la hora de tomar notas (56 por ciento-28 por ciento). También es más utilizada que el catalán en el trato con los bancos, con el médico, en el gran comercio y pequeño comercio y con la Administración General del Estado.

Los hechos tangibles, objetivos y cuantitativos desmontarían la necesidad de un proteccionismo idiomático cuando la realidad demuestra que el ciudadano medio lo que demanda es libertad. La posibilidad real de conocer y utilizar ambas lenguas de manera indistinta, sin imposiciones ni obligaciones. La mera exclusión del sistema de una lengua bajo el precepto de proteger a la otra es lo que genera el silenciamiento de la libertad de los padres acerca de cómo educar a sus propios hijos. El argumento habitual de los defensores de la inmersión es que un sistema bilingüe crearía guetos lingüísticos en los que se dividiría entre castellanohablantes y catalanoparlantes. Los ejemplos de otros modelos educativos alrededor del mundo con sistemas de doble vía permiten cuestionar dicha afirmación. De lo que no cabe duda es de que las minorías aisladas se crean impidiendo educar en un idioma que, no debemos olvidar en ningún momento, en Cataluña es tan oficial como el castellano. De hecho, es inevitable preguntarse si un alumno que cursa únicamente dos horas semanales en castellano tendrá el mismo grado de conocimiento de la lengua oficial de su país que cualquier otro niño de cualquier otra región de España, cuya educación contiene entre veinticinco y treinta horas semanales de castellano. Una vez más, debemos volver a los datos objetivos para concluir que en Cataluña se habla más castellano que catalán de manera generalizada, pero se tiene un conocimiento y dominio más bajo y pobre de la propia lengua cervantina. Según un estudio de Convivencia Cívica Catalana en base a los datos del informe PISA de 2015 y del Instituto Nacional de Evaluación en la Educación, solamente el 33 por ciento de los alumnos catalanes de secundaria son capaces de transcribir un texto en castellano a nivel básico, situándose 18 puntos porcentuales por debajo del resto de España. En lo relativo al conocimiento de periodos históricos, autores y obras de literatura española, la media obtenida por los alumnos catalanes es de un 35 por ciento de aciertos frente al 79 por ciento de los alumnos del resto de España. Los resultados de los alumnos catalanes no llegan ni a la mitad de los alumnos de otras regiones. Lo mismo sucede en materias como la ortografía, la acentuación, el análisis morfológico o la sintaxis.

Hay que hacer especial hincapié en los datos objetivos para reforzar la idea de que en Cataluña el arrinconamiento de la lengua castellana genera agravios, carencias y problemas de integración. Y es que el porcentaje de fracaso entre alumnos castellanoparlantes es el doble que entre estudiantes catalanohablantes. Tal es el grado de diferenciación que en Cataluña encontramos que existe casi el triple de castellanohablantes que catalanohablantes entre los repetidores de primer curso y hasta nueve veces más castellanohablantes que catalanohablantes entre los repetidores de segundo o más cursos. Otro de los datos que demuestran la difícil integración de los alumnos castellanoparlantes en el sistema de inmersión lingüística es el hecho de que Cataluña sea la única región de España en la que los inmigrantes hispanoamericanos se sienten menos integrados en la escuela que los inmigrantes de otras lenguas extranjeras.

Desmontada la idea del apoyo masivo a la inmersión, toda vez que los datos avalan que los ciudadanos de Cataluña están muy lejos del consenso amplio sobre el modelo, y demostrado que el proteccionismo lingüístico del catalán perjudica el conocimiento y dominio del castellano, queda superar la falaz idea sobre el apoyo internacional al modelo. Aquí la trampa nacionalista es de libro: la mención a la comunidad exterior ante el probable desconocimiento del ciudadano medio acerca de las opiniones de países extranjeros en relación al modelo educativo basado en la inmersión. Existen desde informes de entidades internacionales de reconocido prestigio, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que avalan la necesidad de educar a los jóvenes en la lengua materna, es decir, en castellano y catalán, hasta dictámenes del Consejo de Europa que advierten de la necesidad de reconocer el derecho de los padres a decidir la lengua de escolarización de sus hijos y que recuerdan que la inmersión debería ser voluntaria y no obligatoria. Lo más llamativo es que los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados demuestran que el propio nacionalismo catalán en los años setenta defendía la libertad que años más tarde negaron.

Otra perversión generada por el sistema de inmersión lingüística es el del profesorado. Según la experta en educación, asesora del Gobierno sueco, ensayista y profesora universitaria Inger Enkvist, la clave del «existo en el sistema» radica en la calidad. No solo de las materias y conocimientos, sino también del profesorado. Para Inger, los docentes son la pieza clave del sistema; si no se cuenta con los mejores difícilmente se podrán transmitir buenos conocimientos y educar a una generación mejor y más preparada que la anterior. Esta idea queda ejemplificada en el caso finlandés, en el cual a los profesores se les exigen unas notas de corte muy altas y titulación complementaria, lo que choca con el hecho de que en Cataluña uno de los baremos que más puntúe sea el conocimiento del catalán. Tal es el extremo que se convierte en un requisito imprescindible para acceder a una plaza pública. Se entiende mejor echando mano de algunos borradores de programas del nacionalismo catalán[23] en los que abogaban por que los profesores fuesen transmisores de valores de la realidad nacional catalana; se supervisaban los tribunales de oposición y se controlaba la elección de profesores para asegurar una correcta catalanización de la enseñanza. Inquieta comprobar que la idea no se basa en crear un sistema educativo que enseñe con eficacia y eficiencia, sino que se prioriza ideologizar a los jóvenes desde su más tierna infancia en el espacio donde más horas pasan al cabo del día: las aulas.

Así y solo así se entiende que más del 40 por ciento de los profesores en Cataluña afirme sentirse únicamente catalán —el sector profesional con los datos más altos, seguido del agrícola— y que más del 60 por ciento se muestre partidario de la independencia de Cataluña. En ambas preguntas doblan la cifra media de ciudadanos catalanes, según el análisis de los datos de los barómetros del CIS llevado a cabo por Convivencia Cívica Catalana. La conclusión objetiva, una vez más, es que los profesores constituyen el gremio más independentista de toda Cataluña. De hecho, los maestros catalanes votan a ERC en una proporción que duplica a la media de la población catalana, y forman el colectivo más movilizado políticamente.

Bajo el mantra del proteccionismo a la lengua, se impuso un sistema monolingüe de recatalanización que persigue el adoctrinamiento político y social. Solo así se explican casos como el del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, en el que la Fiscalía denunció a nueve profesores por humillar y señalar a alumnos cuyo único delito era ser hijos de guardias civiles. Para defender públicamente a estos nueve docentes, otro profesor del centro se erigió en portavoz público y mediático del instituto. Siguiendo la coherencia interna de este nuevo etnopopulismo, el altavoz comunicativo de los profesores denunciados fue un dirigente de un sindicato anarquista y militante del partido Liga Internacionalista, organización integrada en la CUP. Habrá quien piense que puede ser más una anécdota aislada que un hecho que muestre una tónica general, pero la realidad es que, según fuentes del Ministerio de Educación, existe más de un centenar de casos —en torno a los 150— constituyentes de posibles situaciones de adoctrinamiento y más de 500 profesores han sido investigados por incitación al odio vivida en las aulas catalanas en los últimos tiempos. Alumnos a los que se les obliga a manifestarse sin el consentimiento de los padres, urnas en los centros educativos, pintadas contra España en las paredes de los colegios, charlas independentistas, insultos y persecución por hablar en castellano tanto en horas lectivas como en los recreos, cánticos proindependencia… son actitudes reales y documentadas que en algunos centros escolares han tomado un cariz de aterradora normalidad.

Si la opereta secesionista no fuese surrealista al extremo, podría sorprendernos que los hijos de la práctica totalidad de expresidentes de Cataluña o de los principales líderes independentistas estudien en colegios privados internacionales donde no existe inmersión en lugar de estar matriculados en el sistema educativo que tanto defienden, jalean y promocionan.

El hecho es que a día de hoy, y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, solo existe una docena de escuelas en Cataluña en las que se esté impartiendo el 25 por ciento de clases en castellano. A pesar de la lluvia de sentencias que obligan a restaurar la llamada casilla lingüística en la preinscripción que comenzó en 2004 a raíz de varias denuncias de padres —reafirmada por diversos fallos judiciales en 2004, 2005, 2008 o 2013—, seguimos asistiendo al veto al castellano en las aulas. Incluso durante el periodo de aplicación del artículo 155, el Gobierno central no podía jurídicamente modificar el sistema al tratarse de una cuestión competencial exclusiva del Parlament de Cataluña.

Existen alternativas basadas en la libertad de elección de los padres y mucho más inclusivas que el sistema de inmersión lingüística prácticamente único en el mundo. Un modelo trilingüe al estilo luxemburgués sería una opción más integradora que el excluyente formato actual. Se trata de un sistema en el cual, de manera paulatina y con el paso de los cursos, se van introduciendo lenguas nuevas, comenzando por el luxemburgués, pasando por el alemán y terminando con el francés. Todo esto compatibilizándolo con el aprendizaje del inglés. De este modo, los jóvenes de Luxemburgo terminan su educación obligatoria con un alto dominio de cuatro idiomas diferentes. Otra opción sería el modelo basado en el bilingüismo integral o la conjunción lingüística, es decir, en la cohabitación en igualdad de condiciones de ambas lenguas oficiales: castellano y catalán, sumándole el aprendizaje de una tercera lengua extranjera. Un paso previo (y casi evidente) sería la obligatoriedad de cumplir con el establecimiento de una casilla en la preinscripción escolar para que los padres puedan escoger libremente el idioma en el que serán educados sus hijos. Algo que, como hemos mencionado anteriormente, la Generalitat ha incumplido e incumple de manera reiterada a pesar del sinfín de sentencias judiciales que la avalan. En definitiva, se trataría de que cualquiera de las alternativas que se planteen pasasen de manera inexorable por romper la imposición monolingüe y apostar por un bilingüismo en el que los dos idiomas oficiales tengan carácter de lengua vehicular.

La realidad es que el modelo de inmersión lingüística, que quedó definitivamente blindado en 2009 con la nueva Ley Educativa Catalana, consolida el éxito sin precedentes en la ingeniería social educativa, cuya redacción legislativa aprobada en 1983 llevó más tiempo que la de la Constitución española o que el propio Estatuto catalán. Un modelo que trasciende de la educación obligatoria y cuyos tentáculos se extienden a las etapas educativas complementarias, en las que la universidad no es una excepción. Quien crea que en el epicentro del pensamiento racional, de la enseñanza superior de corte erudita y de los debates amplios no se rige por una especie de ley del silencio por parte de aquellos contrarios a la independencia es que no conoce el mundo universitario catalán. Las secuelas del modelo impositivo monolingüe se observan en los múltiples campus universitarios, donde imperan las referencias constantes al procés, las movilizaciones, las fiestas antiespañolas[24] y las huelgas, todo ello aderezado de infinidad de esteladas, lazos amarillos o fotografías de los «mártires» del independentismo. Un espacio en el que no existe cabida para el discrepante. Para aquellos que conocimos y conocemos la vida universitaria del campus de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, lugar de nacimiento de la formación política Podemos y banco de pruebas del populismo patrio de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Irene Montero o Ramón Espinar, no sorprende la ingente cantidad de similitudes en cuanto a acciones, comportamientos y estéticas entre lo que sucede en las facultades de Cataluña y lo que sucedía en la de Somosaguas. Al fin y al cabo, se trata de movimientos populistas que necesitan la fuerza de acción de colectivos como el estudiantil para conseguir sus objetivos. Para ello, no dudan en seguir los principios basados en el conflicto, la iconografía, la creación de identidades y la utilización de las pasiones, lugares comunes en el ideario populista.

El problema surgió en los últimos años cuando los jóvenes silentes contrarios a subvertir el orden establecido y las normas acordadas alzaron su voz y comenzaron a perder el miedo a discrepar con el rodillo del pensamiento único basado en la creencia del advenimiento de la salvación social, política y económica tras alcanzar la independencia de la región. Existen infinidad de relatos de chavales universitarios que se han visto amenazados o coaccionados por su pensamiento o acciones, entre ellos, desgraciadamente, tienen especial experiencia la rama juvenil de la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana. No son los únicos que tienen las espaldas curtidas. El colectivo de profesores, anteriormente uniforme en sus alusiones políticas, también ha perdido el miedo a recordar a las instituciones educativas que las universidades son espacios para la enseñanza donde debe imperar la neutralidad y no el adoctrinamiento. En el mayor periodo de tensión y fractura social, los taciturnos docentes contrarios al procés firmaron un manifiesto a favor de la democracia constitucional y en contra de la unilateralidad que vulnera la ley. Después de aquel acuerdo, vinieron infinidad de documentos avalados por decenas y decenas de profesores, algunos de ellos contra la violencia en la universidad y en defensa del pluralismo, la tolerancia y la libertad de expresión.

Que el control de la educación y los medios de comunicación es una premisa básica del etnopopulismo lo demuestra el hecho de que en la conferencia nacional de ERC celebrada a mediados de 2018, la formación independentista aprobase su ponencia política, en la que se afirmaba que para alcanzar el objetivo final de instaurar una nueva república catalana independiente deberá conseguirse el control total y la soberanía plena de la escuela y los medios de comunicación. Una lógica que continúa la vía abierta años atrás por el catalanismo nacionalista de Jordi Pujol, quien, en un acto homenaje organizado por la asociación Els Amics de Jordi Pujol en la Institució Cultural CIC, confesó que «toda construcción de país requiere que haya una gente que abra camino y deje una retahíla de huellas»[25]. En ese camino recorrido hasta la actualidad, el expresidente no tiene ningún reparo en enumerar los cuatro elementos clave en el proceso de construcción de un nuevo Estado independiente: la escuela, la lengua, los medios de comunicación y los Mossos d’Esquadra. Una clara alusión a la teoría que establece la existencia de cuatro poderes que permiten gobernarlo todo y que serían la violencia, la riqueza, el conocimiento y los medios de comunicación. De ahí que Pujol recalque tanto la necesidad de mantener estos elementos bajo su dominio a través de una pugna constante con el adversario nacional. En palabras del que fuera fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, «estamos en un momento en el que el viento del desierto amenaza con borrar todas las huellas que hemos dejado, pero debemos ser capaces de mantener las buenas huellas alcanzadas».

Medios herbolados

Tradicionalmente, el nacionalismo histórico ha entendido la comunicación con la misma lógica que entendía la política. En términos identitarios. Es decir, desde la perspectiva de la sutil introducción de valores propios, de la creación de sentimientos de arraigo y la pertenencia a un colectivo, todo ello, con el fin último de construir identidades nacionales en un proceso de inadvertida programación mental. Una cosmovisión comunicativa que se complementa con la lógica que desprenden los movimientos populistas. Para ellos, la comunicación debe articularse sobre nociones dicotómicas, estableciendo un escenario de polarización entre unos y otros. Una polarización fundamentada en la teoría del exterior constitutiva del filósofo francés Jacques Derrida, según la cual la creación de una identidad propia implica el establecimiento de una diferencia con el otro, con el interior transitivo que conformaría la identidad política colectiva y segregadora en contraposición del antagónico directo.

El propio padre del populismo moderno, Ernesto Laclau, a lo largo de su trayectoria académica fue profundizando cada vez más en la trastienda de esta ideología. Ya en sus primeras obras escritas en la década de los setenta del pasado siglo, el teórico argentino mostraba la necesidad de modernizar la idea defendida por su coetáneo colega, el filósofo marxista Louis Althusser, sobre la dicotomía «base» y «superestructura». Para ello, Laclau apostó por trasladar esa idea polarizadora y modernizarla bajo el velo de «pueblo» y «élite». Ya en los ochenta y tras comenzar a formar tándem con la politóloga belga Chantal Mouffe, ambos ofrecieron una definición concreta de lo que consideran populismo: «Aquella dimensión de ciertos discursos que los construye sobre la base de dicotomizar ciertos espacios sociales […] hay populismo siempre que las identidades colectivas se construyen en términos de frontera dicotómica que separa a los de arriba de los de abajo[26]». En su última etapa, en el nuevo milenio, Laclau estableció toda una teoría compleja y desarrollada acerca del populismo, estableciendo la necesidad de producir significantes vacíos y elevando el populismo a la categoría de «ingrediente necesario de la política tout court»[27].

Parece evidente la pregunta práctica que debemos realizar. ¿Cómo este etnopopulismo puede alcanzar ese escenario dicotómico en el que crear nuevas identidades colectivas basadas en la sentimentalidad y la emoción? La respuesta, para muchos, pasa por los medios de comunicación. Así lo defendía el politólogo experto en nacionalismo y relaciones internacionales y padre del concepto de «comunidades imaginadas» Benedict Anderson, quien aseveraba que existe una relación fundamental entre el progreso del nacionalismo y los medios de comunicación, otorgándole a la imprenta y a la difusión de la literatura un papel determinante en el nacimiento de movimientos de corte nacionalista. Anderson consideraba que el auge de nacionalismos en los siglos XVIII y XIX se explicaba en gran parte por el creciente número de libros impresos y por los avances en la difusión de información, cada vez más accesible para el ciudadano medio.

En ese contexto, en el que la expansión de los medios de comunicación era incipiente y en el que el principal medio no era el visual sino el escrito, se inscribieron los postulados de Karl Marx, uno de los espejos en los que se mira buena parte del independentismo que pretende instaurar una República catalana socialista, feminista y ecologista para «barrer el capitalismo, el patriarcado, la corrupción y la monarquía», como solía afirmar la CUP. El filósofo comunista admiraba la inteligente capacidad de utilización de la comunicación por parte de la burguesía, dejando a los marxistas en una posición muy debilitada o de mera inacción. Entendía que estos debían ir a rebufo de las técnicas empleadas por los poderosos para alcanzar una auténtica revolución proletaria. Esta situación le generaba a Marx sentimientos encontrados: por un lado desconfiaba del papel que jugaban los medios de comunicación en el terreno político, pero por otro sentía una inevitable envidia y desdicha ante el éxito de sus contrincantes políticos y el consiguiente fracaso entre sus filas. Y es que durante muchos años, en la estrategia comunicativa de ciertos movimientos políticos, imperaba la idea de que los medios de comunicación no aportaban nada a la expansión del ideario político propio y, por tanto, no se debían destinar recursos ni económicos ni temporales a este cometido. Si acaso, los esfuerzos en este sentido debían virar hacia el exterminio comunicativo y a la creación de una comunidad cerrada, donde predominase la ausencia de información y se crease una especie de autarquía mediática, en la que el hermetismo y la falta de información evitasen cuestionamientos políticos. Esta idea fue defendida por el Che Guevara, quien no dudaba en afirmar que «hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa»[28].

La eclosión de un nacionalismo tradicional fusionado con el moderno populismo dio lugar a un nuevo etnopopulismo en Cataluña que trajo aparejada una evolución de la estrategia comunicativa. Siguiendo el análisis histórico, mantienen la desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales pero introducen un factor nuevo a la par que sencillo. Se trata de una argumentación que sustente su rechazo a los medios clásicos. Este rechazo no es otro que la idea de que los medios, al ser entidades de carácter privado y estar sometidas a la constante búsqueda de beneficio económico, están al servicio y dictado de las grandes corporaciones. Corporaciones, empresas y poderes fácticos que mueven los hilos del mundo en la sombra, en función de intereses ocultos, eludiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas y teledirigiendo —nunca mejor dicho— la línea argumental de los grandes medios. Mantienen la coherencia discursiva que defiende que si hay una élite política, social y económica corrupta, también habrá una élite comunicativa corrupta. La estrategia se lleva a cabo en un momento poscrisis en el que el ciudadano medio ha ido cultivando a fuego lento una creciente desconfianza hacia las instituciones, las empresas y, también, los medios, dándose así una simbiosis entre la mayor receptividad social hacia teorías conspiranoicas y la constante emisión de mensajes del etnopopulismo alentando a la rebelión mediática.

El etnopopulismo catalán fue capaz de darle la vuelta a las tesis de Noam Chomsky y Edward Herman, que aseguraban que los medios de comunicación solo procuran ofrecer espectáculo y «divertir, entretener, informar e inculcar a los individuos los valores, creencias y códigos de conducta que les integrarán en las estructuras institucionales de la sociedad»[29]. En lugar de criticar la «infoxicación» de la que hablaban ambos pensadores, el etnopopulismo catalán, consciente de su utilidad, intenta utilizarlo en su propio beneficio tratando de monopolizar el espacio informativo de Cataluña para liderar un relato hegemónico capaz de ser inoculado de manera imperceptible. Nadie duda de que el discurso basado en la dicotomización terminológica, política y social requiere de la eliminación de intermediarios en la transmisión de mensajes.

Solo de esta forma se consigue que el discurso en favor del procés se convierta en un punto del relato, dejando a los unionistas en el otro extremo, en un debate en el que solo pueden tener cabida dos posiciones enfrentadas. Al lograr mediáticamente que el discurso se polarice hasta este punto, el independentismo consigue que el adversario les legitime. Cuando el propio antagonista del independentismo les reconoce como principal rival y les disputa el terreno de juego, significa que son la alternativa, lo que les otorga una credibilidad absoluta entre sus propios seguidores, que siguen fieles a su lado aunque se destapen contradicciones, corruptelas o engaños en el seno independentista. De hecho, genera el efecto contrario: lejos de desacreditarles, les refuerza en su marco y les fortalece entre sus adeptos.

Ya casi no cabe duda de que en la política moderna el éxito gravita, en gran parte, sobre el poder de los medios. Unos medios que en la gran mayoría de las ocasiones juegan un papel determinante, por lo que se convierte en imprescindible contar con su bendición durante la construcción de un relato. Por eso es habitual que determinados políticos levanten sus teléfonos para contactar con destacados líderes comunicativos y que estos transmitan un mensaje, veten determinadas cuestiones o, directamente, hagan proselitismo. Se trata, por tanto, de materializar una guerra de posiciones haciendo un uso personalista de los medios, algo que en Cataluña parecen haber tomado al pie de la letra, pues hay un cierto mimetismo entre medios y etnopopulistas difícilmente diferenciable.

Más allá del populismo, los proyectos políticos monolíticos y personalistas requieren indispensablemente de una retroalimentación mediática. Figuras tan dispares como Barack Obama, Donald Trump, Vladímir Putin, Justin Trudeau, Hugo Chávez o Fidel Castro han construido un relato político único con la ayuda de los medios de comunicación. No solo sucede circunscrito a personas, también a causas. De esta manera, reivindicaciones como las derivadas de los movimientos ecologistas, el brexit o la ideología animalista constituyen una vertiente dicotómica y polarizadora que necesita del altavoz de los medios para sumar apoyos. En este contexto, se entiende la alusión a los medios de comunicación como el cuarto poder, después del legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se dice que la expresión la acuñó en el siglo XVIII el filósofo inglés Edmund Burke, quien desde la tribuna del Parlamento británico afirmó que existían tres poderes que eran los políticos, la nobleza y la Iglesia, a lo que sumaría un cuarto: la prensa.

En los inicios del pujolismo, los medios públicos se empleaban como colaboradores necesarios en la construcción de esa identidad catalanista puesta en marcha de origen. Comienza un paulatino proceso de exaltación de lo local, poniendo énfasis en el folclore regional y fomentando lo genuinamente «nacional». En esos años, el presidente Jordi Pujol ya concibe los medios de comunicación no como una herramienta informativa sino como un elemento de manipulación de masas, entendiendo que la selección, nombramiento y línea de los medios públicos entraban dentro de una superestructura partitocrática. Es evidente que rara vez, por no decir nunca, los medios públicos son estrictamente independientes. De hecho, es altamente complicado, puesto que el oyente, vidente o lector siempre va a ser capaz de extraer una conclusión política a cualquier tipo de noticia, un afán politizador en ocasiones real y en otros, fruto de la imaginación personal. Admitiendo que los medios públicos están al servicio de la administración pública y, por ende, de los partidos políticos, existe un amplio abanico en la capacidad y mentalidad intrusiva de estos actores políticos en la actuación de los medios. Basta con comprobar las diferentes concepciones mediáticas de distintas naciones en un mismo periodo de tiempo para darnos cuenta de que hay tantas formas de actuar como países existentes. Así, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX en la Europa occidental predominaban los medios públicos como opción mayoritaria entre los ciudadanos. Unos medios que se regían por unas normas claras de independencia respecto del gobierno de turno para garantizar la calidad de la información. Frente a la modernidad incipiente que representaba el viejo continente, encontrábamos el modelo imperante en la extinta Unión Soviética, donde el Estado era el decisor último de todo aquello que salía en televisión, se emitía en la radio o se leía en los periódicos. Se trataba de un centralismo informativo que eliminaba cualquier atisbo de independencia periodística y que ha perdurado en el tiempo en los legajos soviéticos.

Los medios de comunicación pública deben atender al interés general, pues son un mecanismo reconocido por los Estados y de existencia e implementación mayoritaria en todo el planeta. Esa es la visión que ha imperado en Europa y que se explica tras las duras consecuencias vividas tras la segunda guerra mundial, cuando se establece la necesidad de implementar sistemas democráticos más participativos, transparentes y abiertos capaces de evitar una nueva contienda bélica que amenazase la propia existencia del continente. Es ahí donde se considera que los medios públicos deben fomentar un espíritu democrático, social y cultural que ayude a reconstruir la dañada sociedad. Según los expertos en información Van Cuilenburg y McQuail, «con respecto a la radiodifusión, el espíritu de la reforma social, alentado por el reconstruccionismo de posguerra, enfatizaba los beneficios sociales positivos de la radiodifusión guiada por objetivos de servicio público, así como también compensando el injusto equilibrio político de la prensa escrita capitalista. En el continente europeo, el fin de la segunda guerra mundial otorgó la posibilidad, y en ciertos casos la necesidad, de reconstruir íntegramente el sistema de medios sobre líneas más democráticas después de la guerra, la ocupación o la dictadura. Incluso la sagrada prensa gráfica pudo legítimamente ser conducida dentro del alcance de la política. El espíritu general de la época estaba favorablemente predispuesto al cambio progresivo y al planeamiento social en todas las esferas de la vida»[30].

Para muchos, los medios de comunicación públicos son un elemento imprescindible para el progreso social. Los defensores de esta visión suelen poner como ejemplo casos como el de Sudáfrica o Uganda. El primero garantizó por ley en 1993 la independencia de los medios en manos del Estado hasta el punto de que sus cúpulas directivas fueron seleccionadas por medio de entrevistas públicas en las que primaba la capacidad y el mérito. El segundo cuenta con uno de los medios escritos más fiables, reconocidos y prestigiosos del continente africano. Evidentemente, todo no es de color de rosa en el mundo de la comunicación y existe otra cara no tan amable en estos mismos ejemplos. En Sudáfrica, las mujeres, los discapacitados o las personas procedentes de medios rurales han sido sistemáticamente vetadas de los medios públicos; sin olvidar la constante amenaza por parte del Estado de retirar la publicidad institucional de los medios privados. Esto supone un duro golpe en la maltrecha economía de las pequeñas empresas africanas dedicadas a ofrecer otro estilo informativo, limitando su viabilidad futura. En Uganda, como en muchos otros países de su entorno, los medios son vistos como un elemento para perpetuarse en el poder: eliminan toda referencia a los adversarios y opositores y silencian los ingentes abusos de poder y casos de corrupción. El pretexto de la importancia de construir una nueva nación africana justifica el silenciamiento, la censura o la manipulación mediática. Algo que recuerda altamente a la política de medios vivida en Cataluña.

Es importante entender que los medios de comunicación pueden buscar beneficios más allá de los económicos. En no pocas ocasiones las plataformas comunicativas persiguen un fin basado en la capacidad de influencia y en la posibilidad de medrar en el poder. Un ejemplo que ilustra la búsqueda de este tipo de rentabilidad es la campaña que cada cierto tiempo los medios británicos emprenden contra el turismo en las islas Canarias. Según datos oficiales del año 2017, a Canarias llega una media de unos 15 millones de turistas anuales, de los cuales 5 millones se estima que son británicos. De hecho, las islas atraen al 7 por ciento de los más de 50 millones de turistas británicos que viajan cada año fuera de su país para disfrutar de sus vacaciones, lo que se traduce en unos 4500 millones de euros cada año. En este contexto se entiende que los medios de comunicación, antes de cada periodo vacacional emprendan acciones en contra de las islas Canarias como forma de presionar al sector turístico y hotelero canario en favor de las demandas de los touroperadores británicos, que llevan años reclamando precios más bajos. En este contexto, se entienden noticias como las aparecidas en mayo de 2018, previa campaña de verano, en diarios y tabloides ingleses como Daily Mirror, The Sun, Express, Newsweek, Daily Star, The Independent, Euroweekly o The Daily Mail, que advertían de una «megaerupción inminente» del Teide, alertando a los posibles turistas de los riesgos vitales de acudir a las islas. Un batiburrillo informativo aderezado de fotografías de la erupción del volcán Kilauea en Hawái sucedida el mismo mes de mayo como si de una imagen premonitoria se tratase. La maldad informativa y la manipulación mediática de los tabloides ingleses no es nueva. En 2017, algunos medios llegaron a vaticinar que tendría lugar un gran tsunami en las islas Canarias, incluso el Daily Star publicó un artículo titulado «¿Es segura España para los turistas?», en el que advertía del riesgo real de viajar a las islas. Todo ello acompañado de fotomontajes de las islas sometidas a olas devastadoras que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Más allá de la pretendida rentabilidad económica que beneficie a los turistas y empresas inglesas, lo que buscaban los medios británicos era un beneficio en influencia. Una capacidad de dominar aquello que estaba fuera de su control.

El nacionalismo catalán, desde los primeros tiempos de Jordi Pujol, buscaba en los medios de comunicación un beneficio exclusivamente ideológico. Una rentabilidad electoral, una sharecracia en la que más audiencia equivaldría a más seguidores, una propuesta comunicativa más propia de una secta manipuladora que de un Gobierno democrático. Una maquinaria al servicio de la administración catalana cuyo fin último sería la creación de una hegemonía electoral y cultural propia. Así lo atestiguaba el documento de trabajo filtrado a la prensa en 1990, que circulaba entre distintas consejerías de la Generalitat y atribuido a las altas esferas de CiU, cuyo objetivo era alcanzar la nacionalización de Cataluña. Este programa, que vio la luz a mitad del tercer mandato de Jordi Pujol, pone de manifiesto la intencionalidad clara e inequívoca de construir un Estado catalán independiente en el que la estrategia a seguir consistía en la creación de un escenario polarizado entre buenos y malos catalanes. El escrito abordaba las siguientes áreas: pensamiento, enseñanza, universidad e investigación, entidades culturales y de ocio, mundo empresarial, proyección exterior, infraestructuras, administración y, cómo no, medios de comunicación. Todos y cada uno de ellos divididos en dos apartados: objetivos y actividades fundamentales. El referente a los medios de comunicación indicaba, literalmente, lo siguiente:

Lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Para ello se utilizarán y difundirán de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana:

Depuración del lenguaje. Es necesario emplear un catalán estándar y sin incorrecciones, teniendo en cuenta las diversas fonéticas.

Posibilitar una programación global catalana entre todos los canales de televisión, con un porcentaje superior entre las emisoras de radio.

Una mejor y mayor difusión de los productos culturales catalanes con producciones sobre hechos, personajes, episodios de nuestra historia y una mayor atención a la actual realidad cultural, científica y social catalana.

Extender el marco de actuación de los medios audiovisuales al ámbito de los Països Catalans con una mayor atención a las comarcas. Captación de la señal de 11/3 Canal 33 y TVV desde cualquier punto de los Països Catalans por medio de una política audaz de captación de audiencia popular.

Difusión del contenido de líneas de sensibilización elaboradas para el ámbito de pensamiento (creación del estado de opinión nacional).

Proyección del espacio de comunicación catalán mediante la coproducción con televisiones europeas, programas europeos, etcétera, que permitan la difusión de nuestra lengua e identidad nacionales.

Ampliar el alcance de las radios nacionales catalanas a la onda media.

Potenciar la prensa escrita en catalán.

Incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana. Crear los códigos de comunicación.

Inducir a las empresas de publicidad a crear un mensaje publicitario positivo y bien hecho que transmita el modelo cultural y social catalán.

Normalizar la producción y exhibición de cine catalán, así como el doblaje al catalán de películas y vídeos.

Actividades fundamentales:

Introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios de comunicación.

Convertir el periódico Avui en un gran diario de alcance nacional dotándolo de los necesarios medios técnicos y los referidos a redactores, corresponsales y colaboradores que lo conviertan en un medio competitivo. Actuar de forma parecida con un semanario de información general y con un magazine.

Favorecer las estrategias con el fin de que las revistas y publicaciones en catalán cubran todo el abanico nacional y, especialmente, facilitar el paso al catalán de los periódicos comarcales de Lérida y Tarragona, así como otros medios.

Creación de una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia.

Llevar a cabo una campaña para favorecer el hábito de lectura entre los ciudadanos de Cataluña y de los Països Catalans. Pedir la colaboración de los editores.

Creación de colecciones de vídeo con las películas de más éxito traducidas al catalán. Creación de una productora de vídeo de TV3 y difusión de programas con este soporte.

Incidir en los canales normales de distribución con tal de que difundan mejor los productos culturales catalanes.

Llegar a acuerdos con los principales distribuidores de películas, con el fin de que todos dispongan de la correspondiente versión catalana y garantizar que al menos 10 películas de estreno e importantes se exhiban en catalán, así como también 20 vídeos.

Que TV3 amplíe la adquisición de los derechos de antena de películas que dobla al catalán a los derechos de difusión de proximidad (vídeo, pantalla).

Firmar acuerdos con otros canales de televisión para realizar series o reportajes sobre personalidades o hechos de Cataluña.

Conseguir que las emisoras de la Generalitat de Cataluña emitan en onda media y corta.

Favorecer la concesión de ayudas para emisoras con programación catalana.

Si resulta escalofriante la frialdad con la que este denominado «Programa 2000» establecía los cauces y pautas para crear identidades catalanistas a través de los medios de comunicación, los demás apartados del documento resultan igual de inquietantes y poco alentadores. No obstante, es cierto que desde el punto de vista estratégico constituye todo un ejemplo de metodología de trabajo al establecer un cronograma de tiempos, unos objetivos bien definidos, un claro y evidente reparto de tareas, una estructuración temática y unos roles definidos para cada uno de los actores políticos.

Una estrategia que ha perdurado en el tiempo, situándose por encima de las propias personas. La mentalidad catalanista creada por el pujolismo perduró y se fue incrementando con el paso de los años. Así, no es de extrañar que en uno de los primeros actos de Francesc Homs como portavoz del Gobierno de la Generalitat en el primer mandato de Artur Mas, en 2011, afirmase que el nuevo Ejecutivo debía apostar «de una forma muy clara y potente por que Cataluña disponga de unos medios públicos muy potentes, que ya tenemos y que hay que preservar y potenciar». Para ello no dudaba en asegurar que los medios de comunicación públicos, especialmente Catalunya Ràdio y TV3, tenían la obligación de «contribuir a configurar un determinado imaginario colectivo, a la construcción y reafirmación de unos valores compartidos de país», y «a una mirada de la realidad, a una identidad, a un sentimiento de pertenencia y también de orgullo». El número dos de Artur Mas resumía la visión comunicativa del nuevo Gobierno catalán defendiendo que TV3 tenía como finalidad «crear un determinado relato sobre lo que somos», y que los medios públicos catalanes eran parte del «proceso de construcción nacional de Cataluña»[31].

Atlántida comunicativa

Al igual que sucedía con la inmersión lingüística, la estrategia destinada a crear identidades colectivas a través de los medios de comunicación nació en 1983 con la entonces denominada Corporación Catalana de Radio y Televisión, que en 2007 pasó a llamarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Un organismo mastodóntico de la Generalitat de Cataluña, que se dedica a producir y difundir productos audiovisuales siguiendo el dictado del nacionalismo identitario. Cuenta con cinco canales de televisión: TV3 (creada en 1983 y de corte generalista), 3/24 (canal de noticias surgido en 1994), Canal 33 (nacido en 1989, centrado en el contenido cultural), Super3 (canal infantil con emisiones desde 2009) y Esport 3 (dedicado a información deportiva cuya emisión comenzó en 2011); y con cuatro emisoras de radio: Catalunya Ràdio (emisora generalista nacida el mismo año que TV3), Catalunya Informació (creada en 1992 y centrada en noticias), Catalunya Música (emisora musical nacida en 1987) e iCat (dedicada a la música y a la cultura desde 2006).

Todo este entramado de medios públicos debe cumplir con su pertinente libro de estilo impulsado por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. El más reciente se aprobó en el año 2013 tras varios meses de debate. A priori podría parecer una cuestión inocua. Es más, se trata de un elemento habitual en todos los medios de comunicación y grandes empresas cuyo fin último es el de armonizar, estandarizar y homogeneizar criterios. Tiene sentido que en una entidad grande en recursos económicos y capital humano, se persiga una unidad de criterio que eluda posibles contradicciones futuras dentro de la misma empresa. La diferencia radica en que mientras en una gran corporación comunicativa el libro de estilo busca evitar conflictos futuros por diferencias de criterios —por ejemplo, el mismo criterio para menciones bibliográficas, uso de cursivas, palabras con doble acentuación, mismos epígrafes en las enumeraciones…—, en el espectro etnopopulista catalán se entendió como una oportunidad de crear identidades ideológicas en disputa. Más allá de establecer el marco editorial, el marco lingüístico y las normas periodísticas del ente público catalán, el libro de estilo por el que se rigen las cadenas y emisoras públicas en Cataluña establece que entre sus objetivos prioritarios se encuentra la «normalización del uso de la lengua catalana» o «favorecer la cohesión social y a expresar la identidad nacional de Cataluña». Entrando en ejemplos concretos, el manual de estilo establece cuándo y para qué deben utilizarse términos como «nación», «país», «España» o «Estado español» a la vez que impone que «desde la perspectiva de los medios de la CCMA, términos como país, nación, nacional, Gobierno y Parlamento, entre otros, hacen referencia a Cataluña si no se indica otra cosa».

En este sentido, prohíbe que, por ejemplo, desde los medios públicos catalanes se haga referencia a la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación en esos términos, teniendo que sustituirse por la fórmula «Debate de Política General del Estado». Del mismo modo, veta la utilización de la expresión «presidente del país» cuando se refiera al Gobierno central, que deberá cambiarse por «presidente español». «Presidente del país» queda reservado única y exclusivamente al presidente de la Generalitat de Cataluña.

No solo impone el lenguaje secesionista sino que hace suya la idea de un independentismo anexionista cuya finalidad es la creación de los llamados países catalanes, que incluirían la Comunidad Valenciana, las islas Baleares o el sur de Francia. Cuando se trate de información relativa a estas regiones, en los medios públicos catalanes se hará mención únicamente a los países catalanes: «Utilizamos la expresión “Països Catalans” para referirnos al conjunto de territorios de habla catalana desde el punto de vista histórico, geográfico, lingüístico o cultural». En el caso de los territorios del sur de Francia, el libro de estilo ofrece una segunda opción: además de denominarlo «Països Catalans», puede emplearse el término «Cataluña del Norte».

El etnopopulismo catalán es plenamente consciente de la importancia que tiene el lenguaje como campo de batalla. Entienden perfectamente que si pretenden cambiar la sociedad y construir una nueva identidad catalanista al margen de la lógica patria, deben cambiar el lenguaje, no solo a la hora de transmitir conceptos concretos, sino en todos y cada uno de los usos. Así, el empleo de determinada terminología desde los medios de comunicación públicos juega un papel crucial, y por eso ahonda en un grado de detalle que podría parecer excesivo e incluso kafkiano.

Sabedores de que en la creación de identidades las figuras referenciales juegan un papel destacado, prestan especial atención al ámbito deportivo. Este es el motivo por el que los medios de comunicación públicos en Cataluña dedican «una atención especial a los deportistas, entidades o acontecimientos de los Països Catalans, de acuerdo con el criterio de proximidad. Hacemos seguimiento de las selecciones deportivas catalanas y de las competiciones en las que participan. En nuestros medios, el término “selección” se refiere a la catalana, si no se indica otra cosa». Sobre esto último muestran como ejemplo la necesidad de referirse al «combinado español de fútbol» en lugar de la clásica «selección nacional de fútbol», que haría referencia a la selección catalana.

Como sucede en el ámbito educativo, los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat persiguen una cultura monolingüe en la que el catalán sea la lengua vehicular y el idioma utilizado de manera institucionalizada. No dudan en plasmar en su libro de estilo que «el catalán es la lengua de uso de nuestros medios. Los profesionales, colaboradores fijos y, en general, todas las personas contratadas utilizan el catalán en las intervenciones por antena, y en esta lengua se difunden los contenidos, sean de producción propia o no. Usamos el catalán con nuestros interlocutores, siempre que nos entiendan, sea cual sea su lengua. Solo de manera excepcional y motivada utilizamos otras lenguas en la difusión. En igual de condiciones por lo que respecta al valor de los contenidos que nos ofrecen, damos prioridad a la presencia de invitados, especialistas o testigos que se expresen en catalán».

Un libro de estilo que demuestra la nula necesidad de contar con un formato de medios de comunicación públicos que no están al servicio de los ciudadanos, sino de los políticos en el poder, y que no representan al conjunto de la población catalana sino que se limitan a ofrecer una programación al dictado de los intereses independentistas que conforman menos de la mitad de la población de Cataluña. Solo de esta manera se viven auténticas barbaridades televisivas, barrabasadas que exceden el espectáculo o lo estrictamente informativo. Habrá quienes piensen que este tipo de excesos puede ser anecdótico, que no representa la tónica general de los medios de comunicación públicos. Habría que aplicar la máxima basada en la idea de que una vez es accidente, dos es casualidad, tres es tendencia. Y en los medios de comunicación la tendencia es muy inquietante.

La selección de tertulianos por el mero hecho de hablar catalán; el veto en 2015 al exministro socialista Josep Borrell por haber publicado un libro en contra de la independencia; la entrevista a Carles Sastre, miembro de Terra Lliure condenado por terrorismo después de haber asesinado al empresario José María Bultó en 1977 y al que se presentó en antena como «preso político» —en el mismo programa en el que se le llamó «nazi» en diferentes ocasiones a Josep Ramon Bosch, expresidente de Sociedad Civil Catalana—; la quema de un ejemplar de la Constitución española en el programa Els Matins por parte de Empar Moliner; la defensa pública de la alcaldesa de Berga que fue detenida por no comparecer en dos ocasiones ante el juez y de la que la radio pública dijo haber sido detenida por «cuestiones políticas»; la emisión de dibujos animados en espacios infantiles en los que se mostraba a los policías como malos y a los votantes en el referéndum ilegal como buenos y víctimas; la eliminación de la palabra «España» de los subtítulos para sordos en el canal infantil Súper 3; la referencia al «mexicano» para evitar referirse a la lengua española durante la cobertura de la manifestación contra el terrorismo tras los atentados yihadistas en Cataluña; la imposición de público en los programas televisados equipados con gafas, camisetas, bufandas y lazos amarillos como si fuese una acción espontánea; los anuncios en espacios publicitarios de los medios de comunicación públicos animando a participar en el referéndum ilegal del 1 de octubre; la solicitud a los oyentes por parte de una presentadora para que retransmitiesen los movimientos de la Policía Nacional y Guardia Civil; el uso de las redes sociales de los medios públicos en las que se han realizado preguntas como «¿estáis dispuestos a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?»; la emisión de las campanadas de nochevieja en las que se pedía como deseo de año nuevo la libertad de los presos políticos y el fin del artículo 155 de boca de alguien que en sus redes sociales definía a los españoles como «panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda»; la emisión pública de datos personales del juez Pablo Llarena y su familia; o la entrevista en horario de máxima audiencia a un miembro de la banda terrorista ETA condenado por asesinar a un comerciante, cuya mujer se suicidó poco después entre carcajadas cómplices de la presentadora, son solo algunos ejemplos de lo que componen la programación de los medios públicos en Cataluña.

Lejos de convertirse en anécdotas, los ejemplos anteriormente expuestos constituyen hechos habituales, una tendencia que inunda los medios públicos catalanes de situaciones que sobrepasan lo que constituiría el mero interés general. Se trata de unos medios de comunicación que en lugar de comportarse como un servicio de información general, actúan como agentes políticos y artefactos propagandísticos.

Todo ello a pesar de existir un Consejo Audiovisual de Cataluña encargado de velar por la pluralidad informativa, las buenas prácticas y por el periodismo de calidad. El problema, una vez más, es que el organismo depende del Gobierno regional y está compuesto por miembros designados por el Parlament, existiendo una división entre los miembros partidarios de la independencia y los defensores de las normas constitucionales. Todas las disputas en el seno del Consejo terminan decidiéndose gracias al voto de calidad de quien ostenta la presidencia de la entidad, quien, como no podía ser de otra manera, es un defensor de la vía unilateral. No podemos olvidar que el etnopopulismo concibe las instituciones como extensiones de ellos mismos, lo que les lleva a legitimar que ocupen de manera unilateral todos los cargos institucionales y de representación, orillando la posibilidad de una mínima discrepancia y eliminando el principio básico de la separación de poderes. De esta manera, no es de extrañar que en la inmensa mayoría de los casos anteriormente expuestos, el Consejo Audiovisual de Cataluña determinase que se trataba de un ejercicio de libertad de expresión o una cuestión de pluralidad.

Ya la propia existencia del Consejo Audiovisual de Cataluña nació con polémica y críticas al ser considerado un organismo censor que limitaba la parcialidad y la pluralidad. Diversas entidades, como el Instituto Internacional de Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos, el Comité Mundial de Libertad de Prensa o la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, cuestionaron la amplia discrecionalidad de un organismo destinado a determinar lo que es verdad y lo que no lo es, lo que es bueno y lo que no. Algo impropio de sociedades modernas y que, inevitablemente, nos retrotrae a otro tiempo al resucitar un sistema censor casi olvidado. A juicio de las diferentes asociaciones de periodistas nacionales e internacionales y de diversas ideologías, suponía un claro ejemplo de inconstitucionalidad y advertían de que sus facultades censoras y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental[32].

A diferencia de otras regiones y comunidades españolas, en Cataluña, los etnopopulistas entienden que los medios de comunicación públicos son un entramado poderoso y amplio que constituye una estructura más de Estado. Han llegado a tal extremo que ni tan siquiera tratan de disimular que conciben los medios como una herramienta propia en lugar de un instrumento al servicio de los ciudadanos. De hecho, en el programa electoral de la coalición independentista Junts pel Sí, ganadora de las elecciones, se afirmaba que «el país cuenta con una verdadera estructura de Estado como es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)».

De todo el gasto que suman las 12 corporaciones de radio televisión autonómica (Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia, Comunidad de Madrid, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Extremadura, Principado de Asturias y Región de Murcia), la catalana representa más del 30 por ciento del total, es decir, que el presupuesto de la radio y televisión pública de Cataluña es un tercio del total de los canales autonómicos de toda España. Tiene un presupuesto por encima de los 300 millones de euros anuales y una plantilla que supera los 2300 empleados. Es evidente que la rentabilidad de este conglomerado de medios es nula; de hecho, en 2016 ingresaron 66 millones de euros a través de la venta de publicidad —Mediaset y Atresmedia ingresan en torno a 1000 millones de euros anuales en publicidad, unas 15 veces más que la autonómica catalana— mientras que solamente en gastos de personal incurrieron en un desembolso de 159 millones de euros. Y es que, además de contar con una de las plantillas más amplias —con más empleados que cualquier otro medio autonómico y por encima del número de empleados de gigantes comunicativos como Atresmedia o Mediaset—, tiene a los trabajadores mejor retribuidos —el salario medio de un empleado de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es de 68 771 euros—. Se trata de un modelo audiovisual deficitario pero que constituye un poderosísimo instrumento de propaganda al servicio del etnopopulismo creando una especie de prensa de partido. Como pudimos comprobar al analizar a los trabajadores del sistema educativo catalán, los empleados de los medios públicos de comunicación también son fieles defensores de la causa. Son, sin duda, otro de los gremios más politizados de Cataluña. Históricamente, hemos podido comprobar que allá donde se riega con dinero público florecen comunidades paniaguadas dispuestas a defender y conservar su entramado por encima de cualquier otra consideración.

Muchos alegarán las buenas audiencias que realiza TV3 para justificar la necesidad del medio. Y no es falso: los datos de espectadores de la pública son buenos. En honor a la verdad hay que reconocer también que ha pasado de datos de audiencia superiores al 20 por ciento en la década pasada a sobrevivir peleando por mantener el 10 por ciento. No podemos olvidar tampoco que muchos de los partidos de fútbol del FC Barcelona se emitían en TV3, por ejemplo los de la Champions League, lo que no solo generaba picos de audiencia muy elevados sino también un efecto arrastre en los contenidos previos y posteriores, condicionando la parrilla audiovisual y congregando a muchos más televidentes. Se especula que el contrato por el cual TV3 ofrecía los partidos de fútbol del FC Barcelona rondaba los 30 millones de euros por temporada, si bien es cierto que son meras estimaciones debido a la existencia de cláusulas de confidencialidad en los contratos que impiden conocer las cifras exactas.

Es un hecho que la deriva independentista, la falta de pluralidad y las situaciones vividas en los medios públicos catalanes no solo han traído aparejada una disminución sustancial de audiencia, sino también de ingresos. Si en 2006 recibían 153 millones de euros por publicidad, en la actualidad son unos 40 millones anuales. Es decir, las grandes compañías prefieren emitir sus comerciales y anuncios publicitarios en otro tipo de medios de comunicación y han ido huyendo de los espacios públicos catalanes a medida que la deriva independentista eclipsaba al resto de cuestiones, lo que se traduce en un descenso de más de 100 millones de euros de ingresos publicitarios en diez años. De hecho, una de las primeras medidas del Gobierno del independentista Quim Torra fue aprobar una inyección de 20 millones de euros que evitase que TV3 tuviese que hacer recortes en su programación. La propia portavoz del Govern, Elsa Artadi, confesó que es probable que no fuese el último rescate económico que harían de la televisión pública, al considerar a la cadena una herramienta indispensable para sus fines políticos.

El etnopopulismo catalán entiende que para generar un contenido capaz de crear nuevas identidades binarias debe ser capaz de proyectar sus mensajes más allá de sus propios medios. La finalidad última de su estrategia sería lanzar estímulos que provoquen una reacción en el receptor del mensaje que le haga más proclive a las soflamas independentistas. Se trataría de que más allá de los medios públicos, en los canales, emisoras o periódicos privados, la figura del gatekeeper no sea alguien del propio medio, sino un intermediario dependiente del poder político, de tal forma que los medios privados reciban directa o indirectamente la influencia de los intereses del nacionalismo etnopopulista. Se trata de una concepción comunicativa basada en una interpretación propia del funcionalismo que representaban algunos teóricos como Wilbur Schramm, Robert Merton, Paul Lazarsfeld o Harold Lasswell. Este último acuñó la llamada teoría hipodérmica, que defiende que la propaganda realizada a través de diversos medios de comunicación permitiría alcanzar la adhesión de los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la violencia, únicamente mediante la manipulación. Se trata de un proceso intencional y medible, en el que, con el paso del tiempo, podremos cuantificar el número de adeptos a nuestra causa política por medio de la manipulación, el aislacionismo o la unidireccionalidad.

Sobre esta concepción comunicativa descansa la idea de traspasar el nivel de influencia política a la esfera de los medios privados. Por ello, y siempre según la información pública ofrecida por los Presupuestos Generales de la Comunidad, se destinan unos 20 millones de euros anuales en subvenciones a un total de más de 500 medios de comunicación privados. Un desglose de casi 100 medios digitales que abarcan todo tipo de contenido informativo: religión, viajes, cocina, sociedad…, más de 200 medios impresos, casi 20 emisoras de radio y otra veintena de cadenas de televisión privadas. La clave, según la perspectiva etnopopulista, es la politización de espacios vírgenes, un proceso de expansión transversal que imposibilite que ningún ciudadano escape del cedazo secesionista.

Así se explica la aparición en algunos medios de noticias manipuladas, inexactas o, en ocasiones, directamente falsas. Algo que resulta preocupante cuando sucede en un pequeño medio de comunicación en el que podría achacarse a la falta de recursos o medios logísticos, pero que habrá quien justifique con la idea de que «al ser pequeños espacios, su repercusión es limitada». Y es cierto. Por eso inquieta leer en ciertos medios escritos de amplia tirada e historia noticias falsas creadas con la mera intención de incrementar las expectativas ante un posible proceso de independencia. Sirva de ejemplo una noticia publicada por uno de estos grandes medios privados catalanes, titulada «El Banco de Inglaterra respalda que Escocia conserve la libra en caso de independencia» el mismo día que los medios ingleses afirmaban que «el Banco avisa a los escoceses sobre conservar la libra». Evidentemente, se trata de una información ofrecida con una única finalidad e intencionalidad política. Algo similar a lo que sucedió con un reportaje publicado en la prestigiosa revista Nature en noviembre de 2016 y titulado «Aguantando la tormenta: Catalunya resiste la crisis financiera española y mantiene sus niveles de investigación sorprendentemente en buena forma. ¿Cómo lo ha hecho?». El problema es que se trataba de un publirreportaje que había sido pagado con dinero público desde las instituciones catalanas con la única finalidad de posicionar a la Cataluña del procés como un ejemplo de gestión. A pesar de descubrirse el engaño y la manipulación comunicativa, el mismo medio privado catalán anteriormente referido se empeñó en seguir haciendo pasar aquel artículo teledirigido por un artículo objetivo, voluntario e improvisado. La propia Nature tuvo que explicar la realidad.

Se trata de acciones que pueden parecer reprochables desde un punto de vista ético o moral pero que debemos reconocer que son totalmente legítimas tratándose de medios de comunicación privados. Será el usuario o lector el que determine si este tipo de información merece ser leída o no. Aunque también merece el usuario saber la motivación que se esconde detrás de ciertas lógicas o líneas editoriales. Puede que el más de millón de euros anuales en subvenciones de este medio tenga algo que ver. Según los datos ofrecidos por un estudio de la Universidad Autónoma de Cataluña[33], en la región existen unos 800 medios escritos, casi 300 emisoras de radio, unos 70 canales de televisión y más de 1200 medios digitales. La misma lógica nos lleva a entender que de las diez productoras contratadas por los medios públicos catalanes para la realización de contenido externo, la inmensa mayoría tengan vínculos con el activismo en favor de la independencia. El gasto que supone la contratación de empresas externas desde el año 2005 alcanza los 669 millones de euros, que han ido a parar a las arcas de empresas fuertemente vinculadas con el movimiento etnopopulista.

Esta metodología subvencionadora perseguía cumplir una de las máximas del populismo, que no es otra que la imposición de una frontera que permita mostrar qué y quién está dentro y qué y quién no pertenece al movimiento oficial. Por ello, era necesario un elemento excluido para definir las fronteras de la estructura. Todo ello se materializaba en suculentos pagos a agencias de comunicación, medios y foros extranjeros para que publicasen noticias favorables a la independencia de Cataluña, que pudiesen ser replicadas por los propios medios catalanes. Una práctica que se llevaba a cabo con todo tipo de países, desde los escandinavos hasta los de Europa del Este pasando por países de otros continentes. Evidentemente, en este tipo de acciones el Diplocat era el responsable último de inyectar el dinero a los diversos actores internacionales. Pero, sin duda alguna, el mejor y más claro ejemplo de la creación de esas fronteras que permiten conformar un elemento excluyente fue el editorial conjunto publicado por los 12 periódicos con sede en Cataluña el 26 de noviembre de 2009, bajo el título de «La dignitat de Catalunya» en favor del Estatuto de Cataluña y en el que se criticaba duramente al Tribunal Constitucional. No se producía un editorial conjunto en España desde 1977. Una acción que fue criticada desde ámbitos de la judicatura por medio de la Asociación Profesional de la Magistratura y del periodismo a través de diarios como El País, ABC o El Mundo. La práctica totalidad de estas 12 cabeceras reciben anualmente subvenciones por parte de la Generalitat.

Al igual que recibía subvenciones públicas el semanario local de Valls en Tarragona El Vallenc, registrado por la Guardia Civil en septiembre de 2017 ante la sospecha de que pudiera estar albergando o encargando imprimir material electoral para el referéndum ilegal del 1 de octubre. El director del seminario fue investigado por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Y es que la estrategia del independentismo pasaba por que fuesen empresas privadas de total confianza las que cubriesen los gastos derivados del referéndum ilegal de independencia a través de las subvencionadas públicas de la Generalitat, con el fin de eludir el control y supervisión del Estado central y de la Justicia. El seminario se erigía como cuasiportavoz del Ayuntamiento de Valls, gobernado por el independentismo y donde la hija del editor del medio local ejercía de teniente de alcalde. Una muestra más de que en Cataluña los medios de comunicación y la política se retroalimentan. Una sociedad comunicativa en la que no hay más agenda pública que el procés, y en la que la relación entre los medios y el poder obedece, en muchas ocasiones, a razones estrictamente económicas. Para el etnopopulismo los medios de comunicación son una mera herramienta para contribuir y dimensionar la creación de un imaginario independentista.

Esta concepción politológica asentada en el dicotómico escenario entre un «nosotros» y un «ellos» en constante oposición y conflicto busca la extrema dimensión de hostilidad hacia el conjunto de antagónicos que se ubican fuera de la identidad política propia, excediendo del anagomismo democrático y transformándose en un espacio de confrontación no negociable. En ese escenario de creación de fronteras, quedarían dentro de ellas todas aquellas acciones encaminadas a confundir los medios públicos con medios propios. Esto explica hechos tales como las lonas en la fachada de la sede de TV3 en favor del referéndum ilegal del 1 de octubre o los suculentos contratos y subvenciones recibidos desde medios públicos a la esposa de Puigdemont.

Fuera de la frontera marcada por el etnopopulismo quedan los excluidos; y, como tales, deben ser marcados, señalados y acosados. Así, ha sido habitual escuchar en cada manifestación, protesta o algarada callejera gritos de «televisión, manipulación», «prensa española, manipuladora» o «fuera, fuera, fuera» cada vez que un medio de comunicación nacional realizaba conexiones informativas. Una presión que han tenido que soportar de manera estoica decenas de jóvenes reporteros y avezados periodistas cuyo único delito radicaba en intentar informar a los telespectadores de la actualidad en la región. El independentismo más radical no ha tenido ningún pudor en amedrentar y amenazar desde medios de comunicación en su conjunto, como fue el caso de los destrozos y pintadas en la fachada de la sede del periódico digital Crónica Global a periodistas, a título personal, por el mero hecho de pensar diferente y hacerlo público. Conocidos son los carteles de «se busca» con la cara del periodista Javier Negre, los ataques al domicilio particular del periodista deportivo Tomás Guasch, los pasquines amenazantes contra Jordi Évole o las amenazas en redes sociales a periodistas como Nacho Martín Blanco o Toni Bolaño.

El etnopopulismo identifica Cataluña con su obtuso pensamiento segregador, por ello todo aquel que se salga de esa frontera no solo cuestiona a la persona, sino a la colectividad. El mayor ejemplo de esto lo vivimos tras los desgraciados, nefastos y trágicos atentados yihadistas en Cataluña sufridos en agosto de 2017, cuando, días después, el diario El Periódico informó de la existencia de un aviso de la CIA que alertaba de que Barcelona era un objetivo prioritario de los terroristas. Inmediatamente, el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el consejero de Interior, Joaquim Forn, y el propio presidente Puigdemont criticaron duramente al director de El Periódico, Enric Hernández, acusándolo de ir no solo contra las instituciones catalanas, sino contra toda Cataluña. Tiempo después, el propio Govern y los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmaron la existencia de aquel aviso. La nota por parte de la CIA a los Mossos fue encontrada junto a documentación clave del 1 de octubre que iba a ser incinerada por los propios Mossos y que fue interceptada por orden judicial gracias a una operación de la Policía Nacional.

Tal es el grado de hostigamiento al discrepante que asociaciones como Reporteros Sin Fronteras, la Federación de Asociaciones de Periodistas, el Grupo de Periodistas Pi i Margall, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación de Periodistas Europeos o el Consejo de Europa han alertado de la falta de libertad periodística en Cataluña, de las amenazas, ataques y riesgos para el desarrollo de la actividad profesional comunicativa y de la intimidación constante a los medios y profesionales que no comulgan con el ideario independentista.

De esta manera, se entiende que, según las encuestas, dos de cada tres catalanes piensen que los medios de comunicación públicos en Cataluña están únicamente al servicio del independentismo[34].

Capítulo 4
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Actores políticos

Del agonismo plural a la exclusión adversarial

Concluíamos el epígrafe anterior analizando el asedio al que son sometidos todos aquellos periodistas que osan cuestionar o rebatir el dogma oficial impartido por los partidos políticos que defienden la independencia. El modelo de pluralidad integradora heredero de la experiencia de la Transición y arraigada en la cultura democrática española durante las últimas décadas dio paso, de manera progresiva, a un nuevo paradigma en la política catalana.

Un escenario en el que el conflicto y la política basada en los antagonismos cobran especial relevancia. Un proceso pasional y sentimental en el que se fueron creando una serie de identidades en disputa en las que la concepción agonística —que daba lugar al debate entre adversarios desde una perspectiva atildada y respetuosa— derivó en un escenario de exclusión en el que el adversario se transformaba en enemigo y, por tanto, no solo debía ser derrotado, sino también aniquilado.

La reflexión, el debate pausado, la confrontación ideológica y la sosegada contraposición de cosmovisiones quedaron fuera del escenario político, fruto de la creencia de que se trataba de un modelo obsoleto y arcaico que debía dar paso a una polarización no negociadora y asentada sobre principios binarios. El debate planteado en términos racionales daba paso a uno visceral en el que primaban las concepciones morales e identitarias sobre la reflexión, el intelecto o el entendimiento.

Sobre esta anteojérica visión descansa el aislamiento y persecución sobre aquel que contradiga la cátedra oficial. Desde que se puso en marcha la maquinaria etnopopulista de cara al referéndum ilegal del 1 de octubre, los cargos públicos contrarios a la unilateralidad y defensores de la ley fueron perseguidos y coaccionados. Basta recordar aquel alegato realizado por el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el que animaba a los ciudadanos de Cataluña a asaltar por la calle a los alcaldes o concejales contrarios al independentismo y espetarles un clarificador «mírame a los ojos: te debes a mí. ¿Me dejarás votar o me impedirás que vote?»[35]. La estrategia del señalamiento había echado a andar. La clave radicaba en obligar a los alcaldes de los casi mil municipios de Cataluña a posicionarse a favor o en contra de la deriva secesionista. Para ello, el 7 de septiembre de 2017, es decir, al día siguiente de la aprobación —con nocturnidad y alevosía— de la ley del referéndum y de haber firmado el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre, los entonces presidente y vicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, remitieron un escrito a todos los regidores de Cataluña en el que se les notificaba lo siguiente: «Nos dirigimos a usted con el objetivo de comunicarle que esta administración electoral del Gobierno de la Generalitat de Cataluña contará con los locales que se utilizan habitualmente en su municipio como centros de votación y que fueron utilizados en las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el pasado 27 de septiembre de 2015». Para ello les otorgaba un plazo máximo de 48 horas para que confirmasen si aceptaban ceder los espacios electorales o no. Es decir, una forma clara e inequívoca de mostrar las cartas: ya no habría dudas acerca del posicionamiento de todos y cada uno de los 947 alcaldes de la región. Para aumentar la presión y el marcaje público, surgieron diferentes páginas web cuya única función era ofrecer un mapa de los municipios que apoyaban el referéndum y la posibilidad de denunciar si tu municipio era contrario al mismo. Una forma de señalamiento que, desgraciadamente, nos retrotrae a otros tiempos, periodos oscuros de nefastas consecuencias.

La escalada de tensión era evidente desde el momento que el propio presidente regional animó al señalamiento al discrepante. Después de aquello, todas las acciones se materializaban por elevación. La primera tuvo lugar frente al Ayuntamiento de Barcelona, donde se dieron cita más de 600 personas vinculadas al independentismo. Allí exigieron a Ada Colau y a su partido, Barcelona en Comú, la colocación de urnas el día de la consulta entre gritos de «desobediencia», al tiempo que calificaban como «demófobos» a los miembros de PP, Ciudadanos y el PSC. Días después, durante la celebración de la Diada, se colgó una pancarta en la fachada del Ayuntamiento barcelonés en la que avisaban a la alcaldesa con un revelador «Colau, votaremos contigo o sin ti».

Todos aquellos alcaldes que decidieron no contestar a la carta del Puigdemont en la que exigía la cesión de espacios electorales o que contestaron con una negativa remitiéndose al cumplimiento de la ley, fueron sometidos a presiones, coacciones e incluso amenazas. En Lérida, el bloque constitucionalista formado por PP, Ciudadanos y PSC tuvo que ver cómo la ciudad era empapelada con carteles con las caras de sus representantes acompañados de las expresiones «señalémosles» y «son enemigos del pueblo». En Tarragona, Tarrasa o Mataró hubo escraches frente a los consistorios contra los alcaldes que se negaron a saltarse la ley. En el municipio barcelonés de Palau-solità i Plegamans, de unos 15 000 habitantes, aparecieron pintadas en la fachada del Ayuntamiento en las que se comparaba a la alcaldesa con Adolf Hitler y el régimen nazi, todo ello acompañado de esvásticas y mensajes en favor del referéndum.

Unas coacciones a las que los sectores más radicales del independentismo daban rienda suelta en las redes sociales gracias al anonimato que les ofrece este tipo de plataformas comunicativas. El envalentonamiento cibernético convertía las redes sociales en un vertedero en el que los más extremistas vomitaban su odio, intolerancia y rencor contra todo aquel que divergía del pensamiento único etnopopulista. Así, diferentes miembros de los partidos contrarios a la unilateralidad han recibido amenazas de muerte y han visto cómo se mostraban sus datos personales, se publicaban referencias a sus familias y se les deseaban las mayores atrocidades posibles. La filtración de datos personales, mezclado con los instintos más bajos de algunos, dieron lugar a la aparición de pintadas amenazantes en los domicilios particulares de diferentes políticos, a los destrozos en los vehículos particulares de cargos públicos o al arrinconamiento de familiares directos de los representantes electos que se mantenían firmes en el cumplimiento de las leyes y se mostraban contrarios a la arbitrariedad independentista. Las sedes de PP, Ciudadanos y PSC han sido saboteadas, incendiadas o atacadas con excrementos en numerosas ocasiones. Es lo que denominan «violencia de baja intensidad», una forma de coacción que amedranta, señala y arrincona al discrepante sin llegar a la violencia física. Una forma de terror sibilina o de soft fighting. El ahora tildado como «moderado» Santi Vila tras su aparente arrepentimiento, en su no tan lejana época como consejero de la Generalitat, calificaba este tipo de acciones como «perfectamente conllevables» y hacía un llamamiento a los constitucionalistas para evitar el «excesivo alarmismo»[36].

Un acoso que no se limita únicamente al ámbito político o periodístico. Va más allá y ha afectado de lleno a los funcionarios públicos, especialmente a los dedicados a preservar la seguridad. De esta manera, hemos sido testigos de situaciones que difícilmente podrían producirse en cualquier democracia occidental. Ejemplo de este sometimiento fue el acoso que sufrieron más de 500 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes se vieron obligados a abandonar los hoteles en los que se alojaban debido a la presión social o fueron expulsados por los propietarios de los establecimientos hoteleros ante las amenazas del radicalismo etnopopulista. Lo grave fue la quiebra del bloque constitucionalista ante situaciones tan desbordantes como la expuesta. En este caso, la teniente de alcalde de Pineda del Mar, localidad de la que tuvieron que huir los policías nacionales, afirmó que «se tienen que ir, no hay motivo para que estén aquí porque no está pasando nada». Unas declaraciones que encajarían dentro del enjambre etnopopulista pero que deberían sorprender viniendo de una representante pública que milita en un partido constitucionalista como es el Partido Socialista. La quiebra o resquebrajamiento del bloque formado por los defensores de la ley es el mayor ejemplo del éxito de la estrategia etnopopulista. Conseguir abrir fisuras en el seno de las filas del enemigo es parte del ideario independentista.

Lo mismo que se vivió en estos hoteles, se extendió por comercios, bares, gimnasios o establecimientos varios en los que se les negaba la entrada a los policías. No solo se buscaba su expulsión, cargando directamente contra ellos, también se ejercía presión directa incendiando, destrozando o inutilizando los vehículos y furgones policiales con los que desempeñaban su actividad profesional. Un moobing similar al vivido en los años de plomo en el País Vasco y que no se restringía a los policías nacionales, también a todos aquellos Mossos d’Esquadra que no pasasen por el aro independentista. Lo confesaba el cantautor y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, en una conferencia en la que afirmó que «en el momento en que tengamos la Ley de transitoriedad jurídica, esta obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. Quien no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios». Unas declaraciones que seguían la línea de las efectuadas poco antes por el exjuez y entonces senador de ERC, Santiago Vidal, en las que proclamaba que la Generalitat tenía todos los datos fiscales de todos los residentes en Cataluña y que los presupuestos del Govern tenían una partida camuflada, de 400 millones de euros, para construir estructuras de Estado. Él mismo resumía con un clarificador «estáis todos fichados». Esta presión y miedo psicológico provocó que diferentes sindicatos —de Mossos, policías y funcionarios en general— denunciasen la actitud autoritaria y persecutoria del etnopopulismo catalán.

Preocupa comprobar cómo la distorsión entre instituciones y etnopopulismo llega, aún hoy, a extremos kafkianos. Es habitual escuchar a los líderes del movimiento separatista alzar la voz en nombre de todo Cataluña. Esa sensación de que la administración y, por ende, sus trabajadores deben rendir pleitesía es una muestra más de la disonancia de la realidad que ha imperado en Cataluña en los últimos tiempos. Solamente así se explicarían afirmaciones como la realizada por el otrora consejero de asuntos exteriores de la Generalitat, quien, en uno de los momentos de mayor tensión política tras el 1 de octubre, lanzó un aviso al presidente Mariano Rajoy: «No seguirán órdenes del Gobierno de Madrid», dijo, utilizando a los funcionarios públicos catalanes como arma política. Más allá de la alteración de la realidad y el delirio mitómano, detrás de una afirmación como la anterior subyace una despótica actitud colectivizadora que ignora y fulmina la voluntad individual de los propios funcionarios, a quienes se les niega la posibilidad de negarse a cumplir con la ilegalidad al impedirles aferrarse al cumplimiento normativo.

En esta sociedad que pretenden instaurar desde el etnopopulismo basado en la exclusión del adversario, cualquiera que ose cuestionar el ideario monolítico debe ser señalado. Poco importa la profesión, trayectoria, situación personal o familiar de la persona… nadie está libre de ser acusado de traidor a la patria catalana. El mayor exponente de esta presión psicológica ejercida por el radicalismo lo representa Joan Manuel Serrat. El cantante era un icono del nacionalismo. Su compromiso con el fomento de la cultura catalana estaba fuera de toda duda, hasta el punto de haber rechazado en 1968 interpretar en el festival de Eurovisión la canción La, la, la, con la que luego se alzaría con la victoria Massiel, porque no le permitieron cantarla en catalán. Durante años fue una figura icónica dentro del nacionalismo autonomista hasta que viraron a posiciones independentistas. Entonces, Serrat alertó de que la independencia de Cataluña no traería nada bueno, más allá de constituir un disparate y una fórmula para marginar a la oposición. Estos postulados sirvieron para que el etnopopulismo le señalase como uno de los enemigos de Cataluña, un fascista y un traidor.

Puede que sea el caso más llamativo pero no es el único. La lista de personajes reconocibles con cierta autoridad social para desacreditar al movimiento independentista que se han convertido en blanco de las críticas y odios de los más radicales es extensa: cantantes como Loquillo, Montserrat Caballé, Estopa o Joaquín Sabina; actores como José María Pou o Antonio Banderas; presentadores como Javier Cárdenas, Mercedes Milá, Jorge Javier Vázquez o Bertín Osborne; escritores como Isabel Coixet, Albert Boadella, Eduardo Mendoza o Juan Marsé; o deportistas como Mireia Belmonte, Marc Márquez, Pau Gasol o Rafa Nadal.

Se trata de una creencia fundamentada en la idea de que Cataluña no es de todos los catalanes. Es de una parte. La que defiende una determinada forma de pensar. La que apuesta por el independentismo, la unilateralidad y la desobediencia. La que señala, marca y hostiga al adversario. No podemos olvidar que Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Cataluña, durante su mandato al frente de la Asamblea Nacional Catalana manifestaba sin titubeos que el adversario del independentismo era «el Estado español y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular, que no debería llamarse Partido Popular de Cataluña, sino Partido popular en Cataluña. Estos son nuestros adversarios. El resto somos el pueblo catalán, los que conseguiremos la independencia». No se trata de unas declaraciones aisladas, pues el grueso de los líderes destacados del independentismo catalán piensa de esta manera, fomentan el hostigamiento al adversario —para ellos, enemigo— y propugnan la expulsión del discrepante. Jordi Turull, exconsejero de presidencia, portavoz del Govern y excandidato a suceder a Puigdemont, recordaba que Cataluña se componía de ciudadanos y súbditos. Al primer grupo pertenecían todos aquellos que siguieran a pies juntillas el ideario etnopopulista, mientras que el grupo de súbditos se convertía en una especie de saco roto o cajón de sastre en el que incluían a todo aquel que se desviase mínimamente de la oficialidad.

Esta visión quedó resumida a la perfección en el discurso del presidente de la mesa de edad, Ernest Maragall —al ser el diputado más mayor— en el pleno de constitución del Parlament en enero de 2018. Un discurso parejo al viraje político del hermano del expresidente de la Generalitat, puesto que durante más de dos décadas abrazó la socialdemocracia y se sintió cómodo ostentando cargos de responsabilidad dentro de la izquierda moderada pero que se radicalizó en la medida que lo hacía el Gobierno de Cataluña, hasta abrazar el independentismo allá por el año 2012. Tras pasar por diferentes formaciones independentistas de escaso tirón electoral, encontró acomodo en las filas de ERC. En las filas republicanas pronunció el discurso de referencia en el que introdujo todos los elementos propios del marketing independentista: sus personajes, sus visiones históricas, sus aspiraciones, sus anhelos… Realmente, fue un discurso digno de ser leído para comprender el poder del marketing etnopopulista, aunque todo el texto puede resumirse en la idea final del alegato de Maragall: «Este país será siempre nuestro». Esa sensación de propiedad de los sentimientos, esa atribución de las identidades, esa posesión de las instituciones solamente ha podido llegar tan lejos gracias al favor de diferentes actores, cuya única finalidad era orquestar la emotividad etnopopulista y amplificar los mensajes independentistas. Por todo ello, Ernest Maragall vio premiada su obediencia discursiva con la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat en el Gobierno de Quim Torra.

Para alcanzar semejante nivel de polarización, el etnopopulismo necesita de la bendición y el apoyo de los movimientos sociales. Una serie de actores aparentemente independientes y ajenos al poder pero altamente politizados y que se mimetizan creando una simbiosis casi perfecta entre la clase dirigente y la masa social. Este tipo de movimientos sociales, autoproclamados transversales, actúan y se comportan de manera completamente antiliberal. Bajo la pátina emancipadora se encuentran en realidad movimientos y actores que ejecutan acciones en entera colaboración coordinadas con el poder político. No es algo nuevo. La historia está repleta de ejemplos. Desde el varguismo en Brasil hasta el chavismo en Venezuela, pasando por el salazarismo en Portugal.

Medios de producción ideológica: Òmnium Cultural y ANC

Lo que subyace de fondo es una lucha constante y continua por alzarse con la hegemonía política. Una hegemonía que no se refiere a la primacía de determinados actores políticos sobre otros, sino a la concepción filosófico-política planteada por Gramsci.

Dicho concepto es de gran utilidad para lo que él denomina «Estados occidentales», no como concepto geográfico, sino político. Estados en los que hay toda una serie de instituciones de la sociedad civil que naturalizan un determinado orden, y que hacen necesaria una guerra de posiciones que desbarate el rol que se otorga a cada actor social.

Esta hegemonía política no se entiende solamente como la yuxtaposición de diferentes actores, sino como una construcción nueva que determina un orden político. Se trataría de cristalizar la primacía de un determinado sector social, incluyendo a otros sectores sociales.

Aquí se incorpora lo que históricamente Marx denominó «medios de producción ideológica», como son la escuela, la iglesia, los partidos políticos o los sindicatos. Su función sería la de expandir una visión del mundo adherida a las necesidades de la clase dominante. En palabras de Gramsci: «El proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora».

Extrapolando esta teoría hegemónica a la situación vivida en los últimos años en Cataluña, destacaríamos algunas entidades que han conseguido establecer una capacidad de dirección, tras tejer una amplia red de alianzas y ensanchar su base social. Existen determinadas organizaciones sociales que han sido capaces de interconectar las demandas insatisfechas de diferentes actores sociales que aparentemente actuaban de manera individualizada y con completa estanqueidad (indignados, profesores, funcionarios, pensionistas, colectivos de jóvenes…), dándoles una forma de aparente homogeneidad —a pesar de su heterogeneidad manifiesta— y canalizando sus demandas por medio de un liderazgo dinámico.

En este sentido, encontramos dos actores principales en la construcción de este liderazgo movilizador, capaz de agitar las pasiones sociales y aunarlas bajo un mismo paradigma. Se trata de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana. Ambas entidades han jugado un papel destacado y fundamental en todo el proceso evolutivo del nacionalismo al independentismo. Son las dos caras más visibles del movimiento secesionista, a pesar de contar con trayectorias bien diferenciadas.

Òmnium Cultural es una veterana organización que cuenta con más de medio siglo de vida, lo que, en apariencia, le dota de una poderosa legitimidad. La realidad es que poco tiene que ver la organización creada en 1961 por Joan Baptista Cendrós, Lluís Carulla, Fèlix Millet, Pau Riera y Joan Vallvé, cinco intelectuales de la clase alta catalana cuyo objetivo principal era el fomento de la cultura y la lengua catalanas en un contexto de represión dictatorial con la entidad que conocemos a día de hoy, y cuyo único fin es la consecución de la independencia catalana.

En origen, las reivindicaciones de Òmnium no eran solo legítimas, sino también necesarias. La visión de España que tenía el dictador en aquellos años la resumen sus propias palabras: «El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española». No cabían, por tanto, elementos enriquecedores fruto de la heterogeneidad de nuestro país y del crisol de sentimientos y costumbres regionales. La esencia inicial del franquismo como férrea dictadura animaba en Cataluña a utilizar como lengua principal «la lengua del imperio». Incluso, se llegó a multar en algunas ocasiones a quien se manifestaba públicamente en catalán.

Lo que subyacía era el miedo a la rebelión, una obsesión compartida por todos los dictadores de la historia a lo largo y ancho del planeta. La obsesiva visión de una serie de fantasmas conspiranoicos cuyo único fin es el derrocamiento del dictador. Los denominados «enemigos de la patria». Así lo reflejan las palabras de Ramón Serrano Suñer, quien desempeñó un papel determinante en los primeros compases de la dictadura franquista. En enero de 1939 se manifestaba de la siguiente forma respecto al catalán: «¿El lenguaje catalán? ¿Por qué no? Si el catalán es un vehículo del separatismo, lo combatiremos. Imagínese que el castellano —aunque esto no pueda suceder— llegara alguna vez a ser un factor contrario a la grandeza de España. ¿No estaríamos obligados a combatirlo? Si el catalán es un elemento de la grandeza de España, ¿por qué no respetarlo?». Ese miedo a la sublevación, ese temor a la insurrección de una parte del pueblo es el que motivó que el franquismo eliminase el estatuto de autonomía de Cataluña y la cooficialidad de la lengua catalana, siendo la única región española que había logrado alcanzar estos hitos.

Las demandas originarias de Òmnium trataban de poner de manifiesto que la sociedad catalana, al igual que la del resto de España, era mucho más moderna, integradora y plural que la visión en color sepia y monocromática que ofrecía el franquismo. La experiencia, en aquel momento de más de 20 años de férreo control dictatorial, hacía necesario la creación de plataformas que impulsasen una visión diferente en un contexto en el que tanto las instituciones como los partidos regionales estaban prohibidos.

La iniciativa de Òmnium Cultural comenzó a recabar apoyos y simpatías dentro de esferas como la académica, la literaria, la artística, incluso en algunos sectores políticos, lo que sirvió para azuzar los miedos más primarios de la dictadura y el recelo a la actividad que desempeñaban. En 1963, solo dos años después de su fundación, fue registrada y clausurada por las autoridades del régimen.

Cuatro años más tarde, en 1967, Òmnium Cultural alcanzó su legalización gracias a que hubo una tímida apertura del régimen al exterior, a unos planes de desarrollo que potenciaron el país y a la esperanza de un tránsito de dictadura a dictablanda. Justo un año antes, en 1966, se había aprobado la Ley de Prensa e Imprenta impulsada por Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo. Aquella ley, popularizada como Ley Fraga, sustituía a la restrictiva ley de 1938 promovida por Ramón Serrano Suñer. Esta nueva legislación suponía terminar, en parte, con la censura. Había una mayor libertad de ideas y pensamiento que propició que algunos medios de comunicación publicasen opiniones críticas y contrarias al régimen caudillista. Un hecho impensable en las décadas previas.

Este nuevo escenario posibilitó que Òmnium comenzase un proceso de expansión geográfica por toda Cataluña al tiempo que su acción efervescente potenciaba, amplificaba e incrementaba todas sus actividades. Así se mantuvo hasta el final de la dictadura y comienzos de la democracia, cuando la Transición trajo aparejada la resolución de todas las demandas y reivindicaciones de la asociación cultural. El autogobierno volvió a Cataluña, se firmó un nuevo estatuto de autonomía, se normalizó el uso de la lengua catalana, se impulsó una identidad cultural regional… De un plumazo, todas las legítimas reclamaciones que el franquismo había omitido y silenciado durante años, habían sido satisfechas, resueltas y reconocidas.

Durante los años siguientes, entre la década de los ochenta y los noventa, Òmnium Cultural perdió gran parte de su fuerza agitadora. Comenzó a reducir sus actividades. Centró sus esfuerzos en legitimar un relato que le permitía articular una visión basada en la existencia de una nación cultural fundamentada en los postulados de Meinecke. Se trataba de introducir, en el debate comunicativo, la noción de nacionalidad y su encaje dentro del ordenamiento constitucional; el objetivo era justificar la existencia de una comunidad con identidad propia y ampliamente diferenciada del resto de España.

Estos tiempos pausados y sosegados dieron paso a una nueva etapa más agitada, que tiene lugar a comienzos del nuevo milenio, coincidiendo con la mayoría absoluta del Partido Popular de José María Aznar en el año 2000, lo que eliminaba la necesidad de pactar con formaciones periféricas. En aquellos años, se abrió un proceso acelerado que se ajustaba a los principios de Lampedusa y El gatopardo, es decir, cambiar todo para que nada cambie. Se trataba de seguir justificando la necesidad social de la entidad cultural catalana dando un giro copernicano a las reivindicaciones previas y coincidiendo con la carrera nacionalista sin retorno que se había emprendido en Cataluña tras el anuncio de retirada de Jordi Pujol. Eso sí, el presidente Pujol, en una decisión meramente personal, optó por que en la última reunión de su último Ejecutivo se concediese una subvención extraordinaria de 600 000 euros a Òmnium Cultural para que pudiese afrontar la compra de una nueva sede. Atrás dejaron el tradicional Palau Dalmases y adquirieron por tres millones de euros de aquel momento un edificio de dos plantas y más de 800 metros cuadrados ubicado en el número 276 de la calle de la Diputación de Barcelona. Como curiosidad, las crónicas del momento relataron que aquella compra se realizó a través de la Fundación Òmnium Cultural, cuya figura jurídica permitía un mayor ahorro fiscal en la compra.

Con la llegada de Jordi Porta a la presidencia de la asociación en el año 2002, la entidad cultural adquirió un cariz eminentemente politizado y enfocado a recabar el mayor número de subvenciones y ayudas públicas, al tiempo que se convertía en ariete social de los postulados de la Generalitat. Porta venía de dirigir la Fundación Jaume Bofill desde 1971, y al abandonar la fundación para dirigir Òmnium Cultural le sucedió en el cargo el que había sido director adjunto desde el año 1996. Se trataba, ni más ni menos, de Jordi Sànchez, quien a la postre sería presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Este hecho pone de manifiesto la endogamia ideológica existente en el entramado asociativo catalán, que actúa como mera prolongación de la Generalitat de Cataluña. Donde no llega el etnopopulismo a través de las administraciones públicas, llegan los satélites sociales del independentismo.

Durante los años de mandato de Porta, las subvenciones anuales oscilaron entre los 300 000 euros hasta superar el millón de euros en algún ejercicio. A medida que crecían las cuantías de las ayudas públicas recibidas y que se radicalizaba el discurso nacionalista, los posicionamientos de la entidad cultural se escoraban más y más hacia postulados abiertamente independentistas. Así, en los años del debate político y social en torno a la constitucionalidad de determinados artículos del estatuto de autonomía del 2006, Òmnium comenzó a hacer suyo el relato basado en el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.

En el año 2010, Òmnium Cultural eligió a Muriel Casals, cara visible y reconocible del mundo independentista, para ser la nueva presidenta de la entidad. Fue ella la principal impulsora de dos hechos que supusieron una demostración de fuerza del movimiento defensor de la secesión. Se trataba de la manifestación contra el recorte del estatuto llevado a cabo por el Tribunal Constitucional y del llamado concierto por la libertad celebrado en 2013 en el Camp Nou.

La manifestación contra la sentencia del Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, tuvo lugar un caluroso 10 de julio de 2010 y estuvo encabezada por una pancarta con el eslogan en catalán «Somos una nación. Nosotros decidimos». Aquella convocatoria fue un éxito, pues logró el apoyo de todas las formaciones políticas representadas en el Parlament con la excepción del Partido Popular y Ciudadanos —aquel día asistieron, entre otros, el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, el expresidente también socialista Pasqual Maragall o el predecesor Jordi Pujol—, los principales sindicatos y más de 1600 entidades sociales. A pesar de la guerra de cifras habitual en torno al número de asistentes —que varió desde el millón y medio de personas, según los convocantes, hasta las poco más de 400 000 personas, según el diario El País—, la manifestación fue una de las más multitudinarias vividas en Cataluña. A aquel éxito mediático y comunicativo, obra de Òmnium Cultural y especialmente de Muriel Casals, le siguió la celebración del concierto por la libertad con el que llenó por completo el estadio del FC Barcelona y al que asistió gran parte del Gobierno de la Generalitat, ya en manos de Artur Mas. En aquella ocasión, el lema era «Freedom Catalonia 2014». Fue un evento musical aderezado de cánticos por la independencia.

Casals era una maestra en el uso del marketing político. Sabía combinar los principios comunicativos con el uso inteligente de las herramientas que ofrece el populismo político para combinarlas creando un relato efectista y disruptivo. No dejaba nada al azar y siempre buscaba la intencionalidad política. Como ejemplo, sirva recordar sus palabras en el acto de celebración del cincuenta aniversario de Òmnium Cultural: «Las relaciones con España no funcionan, la crisis aprieta, la lengua ha de afrontar agresiones que creíamos superadas. En este contexto, los partidos y las instituciones reclaman ayuda e incluso liderazgos de la sociedad civil […] ¿Y ahora qué? Ahora toca asumir la independencia cultural, y después nuestra independencia fiscal. En los próximos cuatro años, Cataluña ha de poder dar un paso adelante en dos aspectos: ha de recaudar y administrar sus impuestos y ha de ejercer el poder que le corresponde como pueblo a la hora de determinar su política económica».

El horizonte para la entidad catalanista no terminaba ahí, sino que se trataba de «construir un futuro nacional emancipado» al tiempo que se animaba a «impulsar radicalmente el derecho a decidir nuestro propio futuro». Muriel Casals tenía muy claros los objetivos futuros en los que Òmnium Cultural debía trabajar: «Por una parte, fortalecer nacionalmente la sociedad para que cuando llegue el momento de un referéndum oficial y vinculante el “sí” sea mayoritario y decidido y, por otra, impulsar a nuestros representantes democráticos para que se comprometan, en un plazo de tiempo razonable, al ejercicio irrenunciable y efectivo del derecho a la autodeterminación».

En aquella celebración del cincuenta aniversario de Òmnium estuvieron presentes, y lo más importante, aplaudiendo enfervorizadamente las palabras de la presidenta Casals, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert o los consejeros de Cultura, Economía e Interior del Gobierno de la Generalitat, entre otros. Una muestra más de la difusa línea que separa lo institucional de lo social en el entramado etnopopulista catalán.

Entre el mandato de Jordi Porta y el de Muriel Casals es innegable que se produce una escalada de dureza y radicalidad en los postulados políticos de la asociación, pero lo que se mantiene como nexo común entre ambas presidencias es la capacidad de recabar fondos públicos de las administraciones catalanas. Así, en los años más duros de la crisis económica, mientras el Gobierno de Artur Mas llevaba a cabo severos recortes en áreas tan delicadas como sanidad o educación, regaba de ayudas públicas que superaban los 400 000 euros anuales a la asociación cultural. Tal era la importancia que Artur Mas le otorgaba a Òmnium Cultural que integró a su presidenta, Casals, en la Comisión de Conmemoraciones, es decir, el órgano que determinaba qué celebraciones se debían conmemorar y cuáles no, imperando siempre el criterio basado en la catalanidad de los personajes o acontecimientos a recordar. Políticamente, Mas y Casals formaron un tándem: uno hacía política desde las administraciones públicas por medio de su cargo institucional y la otra se encargaba de lanzar los mensajes y las consignas que el partido del president no se atrevía a hacer. De esta manera, se testaba a la sociedad catalana ante posibles nuevos escenarios y se encauzaba a la población hacia el redil de la independencia.

En julio de 2015, Muriel Casals abandonó la presidencia de Òmnium tras aceptar la oferta para formar parte de la lista electoral de Junts pel Sí, la coalición formada por Artur Mas y Oriol Junqueras, de cara a las elecciones autonómicas que tendrían lugar en septiembre de ese mismo año y que habían sido planteadas por el independentismo como unas plebiscitarias para afrontar la ruptura con España. Hasta la celebración de nuevas elecciones en el seno de la entidad cultural, el hueco dejado por Casals lo ocuparía de manera interina el vicepresidente de la asociación, el abogado y editor Quim Torra, quien en su presentación como presidente de Òmnium Cultural afirmó que «tenemos que querer ser muchos, debemos querer sentirnos partícipes del país que construimos juntos, debemos querer saltar juntos los retos que tenemos por delante».

El mandato del que tiempo después terminaría siendo presidente de la Generalitat fue fugaz. En diciembre de 2015, la asamblea de Òmnium Cultural nombró como nuevo presidente de la entidad a Jordi Cuixart, quien anteriormente había sido vicepresidente y encabezaba la única candidatura a presidir la organización de la que formaba parte desde 1996. El objetivo principal de Cuixart al frente de la entidad era que Òmnium siguiese manteniendo un papel determinante en el proceso hacia la independencia de Cataluña. De aquella asamblea, que renovó la presidencia de la entidad, destacó también la marcha de Vicent Sanchis de la vicepresidencia, que ocupaba desde el año 2008. Año y medio más tarde se convertiría en el nuevo director de TV3. Una muestra más de que el circuito asociativo vinculado al independentismo mantiene hilo directo con las instituciones catalanas y que, en la práctica, actúan como vasos comunicantes.

De esta manera, no extraña que entre los años 2006 y 2016 —que comprenden parte de los mandatos de Porta, Casals, Torra y Cuixart—, Òmnium Cultural recibiese de las arcas públicas más de diez millones de euros, ni que, según sus propias cuentas publicadas en su página web, sus ingresos actuales —del último ejercicio publicado correspondiente al año 2016— se situasen por encima de los cinco millones de euros.

Es innegable que el giro en las acciones llevadas a cabo por Òmnium Cultural —que dejó a un lado sus reivindicaciones culturales y lingüísticas para pasar a centrarse en la radicalidad del independentismo, sumado a las fuertes cantidades de dinero recibido vía subvenciones—, ha dado sus frutos. Por lo menos, en cuanto a repercusión y notoriedad, lo que ha traído aparejado un incremento exponencial de afiliados. Si en el año 2007 contaba con unos 17 000 socios, diez años más tarde rondaba los 60 000 inscritos. Los acontecimientos vividos en los últimos tiempos han sido utilizados por la entidad soberanista para captar nuevos adeptos e incrementar el número de socios hasta superar los 117 000 afiliados[37].

Así, Òmnium Cultural se ha convertido en el segundo organismo con más afiliados al corriente de pago de su cuota, solamente superado por el anteriormente inalcanzable FC Barcelona. El club blaugrana cuenta con casi 145 000 abonados, lo que estrecha la diferencia entre ambos colectivos y cuestiona la supremacía culé como entidad referente en Cataluña. Sin embargo, la otra gran entidad del paisaje político y social de la región, la Asamblea Nacional Catalana, no ha sabido rentabilizar tan acertadamente, como su asociación hermana, la escalada de tensión y crispación auspiciada por ambos. Mientras Òmnium Cultural crecía en número de socios de pleno derecho, la ANC se estancaba en poco más de 92 000 asociados, de los cuales casi 55 000 son simpatizantes —sin necesidad de pagar cuota— y unos 37 000, afiliados —que sí están al corriente de sus obligaciones financieras.

Hay diversas lecturas para explicar esta divergencia entre las cifras de dos entidades que, en la práctica, desarrollan idéntica actividad. Ambas destinan todos sus recursos a la consecución del objetivo final: la independencia de Cataluña. Dos factores diferenciadores pueden dar respuesta al crecimiento de una y al estancamiento de otra. Por un lado, hay que destacar la estrategia emprendida por cada asociación: mientras Òmnium Cultural mantenía una cercanía equidistante con todos los partidos políticos defensores de la independencia, la Asamblea Nacional Catalana se posicionaba de forma partidista del lado de Puigdemont, obviando los argumentos defendidos por ERC o la CUP. Este servilismo a una opción concreta frente al posicionamiento práctico de la entidad cultural que busca la unión de todas las fuerzas soberanistas, ha perjudicado la imagen de la Asamblea Nacional Catalana. Por otro lado, es evidente que es difícil comparar un colectivo que cuenta con más de 55 años de historia con una joven organización que apenas atesora siete años de vida. Recordemos que la Asamblea Nacional Catalana se constituyó como asociación en marzo de 2012 con el objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña.

El nuevo colectivo etnopopulista nace del embrión independentista que había impulsado un año antes la celebración en el Palacio de Congresos de Barcelona de la Conferencia Nacional para el Estado Propio, un encuentro que reunió a más de 1300 personas y que puso de manifiesto la existencia de un hueco que cubrir dentro de la sociedad civil catalana.

Desde el comienzo de su andadura, la Asamblea Nacional Catalana ha ido siempre de la mano de su entidad hermana Òmnium Cultural. Las dos han trabajado, colaborado y progresado juntas. Su primer gran éxito fue la convocatoria de la manifestación en favor de la independencia de Cataluña de 2012 bajo el lema «Cataluña, nuevo Estado de Europa». El éxito mediático y la afluencia masiva de aquella convocatoria supusieron un punto de inflexión en las pretensiones independentistas de Cataluña y un recrudecimiento del discurso independentista. Poco tiempo después, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantuvo un encuentro con las presidentas de las dos asociaciones, Muriel Casals —de Òmnium Cultural— y Carme Forcadell —de la Asamblea Nacional Catalana—. En poco tiempo, ambas mujeres se convirtieron en la cara visible del movimiento independentista y en dos de las interlocutoras más codiciadas, reputadas y consolidadas del movimiento etnopopulista, ostentando unas cotas de poder inimaginables años atrás.

Durante los años siguientes, el engranaje compuesto por el binomio Òmnium-ANC se mostraba perfectamente engrasado. Juntas llevaron a cabo campañas como la de la «soberanía fiscal» —en la que animaron a pagar los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana—, la denominada «ahora es la hora» —para presionar a las instituciones—, la recogida de firmas bajo el lema «firma un voto por la independencia» o la convocatoria de una «gran cacerolada» contra la presencia en Cataluña del rey —con motivo de la celebración del Mobile World Congress—. Pero, sin lugar a dudas, la gran atención mediática la acaparaban anualmente con las convocatorias masivas con motivo de la Diada. Cadenas humanas, concentraciones simultáneas, manifestaciones uniformadas… la puesta en escena, la convocatoria y la repercusión de las diadas desde el año 2012 siempre han supuesto el mayor hito del tándem formado por la ANC y Òmnium.

Una de las grandes diferencias entre Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana era la capacidad de esta última de establecer diferentes sectoriales por medio de las que ir aglutinando perfiles muy diferentes bajo una misma causa. Aunaba, bajo el objetivo común de la independencia, a colectivos aparentemente dispares. Dos de las sectoriales más destacadas con las que cuenta la ANC son los «cristianos por la independencia» y los «Mossos por la independencia». Conviene no desdeñar la importancia de estas sectoriales, que han dado lugar a imágenes muy poderosas desde el punto de vista visual y discursivo. El hecho de haber sido testigos de misas en favor de la independencia, de escuchar a curas y monjas defender el derecho a decidir, de vivir convocatorias bajo el eslogan de «Plegaria por el referéndum» o de conocer las misivas enviadas por cristianos catalanes al papa Francisco, supone poner sobre la mesa una dimensión legitimadora de las demandas independentistas. Una estudiada estrategia de marketing que trata de ablandar el debate y dulcificarlo por medio de uno de los elementos más importantes que han acompañado al nacionalismo catalán desde sus inicios, que no es otro que la religión.

Algo similar sucede con la utilización de los Mossos al tratar de dar una imagen de unanimidad en favor de la independencia dentro del cuerpo policial autonómico. A pesar de saber que, como en cualquier otro colectivo, existen diferentes sensibilidades, opiniones y posicionamientos, el etnopopulismo independentista se ha encargado durante años de crear un relato único según el cual los Mossos d’Esquadra están al servicio de la causa secesionista. Como en el caso de los cristianos, se seguía una doble estrategia: visual y discursiva. La visual se ha ceñido a ligar la imagen del cuerpo policial autonómico a los símbolos independentistas, de esta manera han centrado sus esfuerzos en viralizar imágenes de Mossos con banderas esteladas en las culatas de sus armas reglamentarias mientras patrullaban uniformados. En lo discursivo, han jugado con el relato de la insumisión y la desobediencia, alegando que la policía autonómica no podría actuar contra sus conciudadanos por el mero hecho de perseguir un fin legítimo como es la independencia. La mezcla perfecta de lo visual y lo discursivo lo vivimos el 1 de octubre con la celebración del referéndum ilegal. Aquel día, los Mossos estaban obligados a actuar para que se cumpliese la ley, con independencia de la opinión personal que pudiese tener al respecto cada uno de los agentes. Lo que sucedió ese día fue un ejemplo de pasividad, dejar hacer y desobediencia laboral organizada, que posicionó en el imaginario colectivo a los Mossos d’Esquadra del lado de la independencia.

Durante años se produjo un hecho paradigmático. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural creen mandar sobre el Gobierno y llevar la voz cantante al tiempo que los partidos en el poder consideran que controlan a la ANC y Òmnium. En cualquier caso se trataba de un win-win con intereses compartidos, en el que tanto instituciones políticas como asociaciones civiles obtenían un beneficio mutuo.

En mayo de 2015, Carme Forcadell dejó la presidencia de la Asamblea Nacional Catalana al cumplirse el periodo máximo de tres mandatos vigente en los estatutos de la asociación. Su mandato se caracterizó por un fuerte liderazgo personalista y un carisma organizativo que, tras su marcha, dejaba un gran hueco y enfrentaba a la organización a una dura pugna por la sucesión. El proceso para elegir nuevo presidente no estuvo exento de polémicas, puesto que competían por el mismo cargo dos candidaturas de peso encabezadas una por Jordi Sànchez y la otra por la editora norteamericana Liz Castro. La revuelta interna se produjo cuando en el voto de afiliados ganó la escritora Liz Castro por unos 500 votos de diferencia, pero los miembros de la dirección optaron por encumbrar a la presidencia a Sànchez en una votación en la que 54 miembros de la mesa del secretariado defendieron su candidatura frente a 20 votos que apostaban por la norteamericana.

Justificaron la decisión alegando que la figura de Jordi Sànchez generaba más consenso en el seno de la organización y que su perfil era más adecuado para enfrentar la etapa de radicalización del clima político y social de Cataluña. Había tenido experiencia pública en el independentismo como portavoz de la plataforma catalanista radical Crida y como miembro de Iniciativa per Catalunya, además había sido consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, director de la Fundación Jaume Bofill —sucediendo a su amigo Jordi Porta, quien abandonó para liderar Òmnium Cultural— y adjunto del Síndic de Greuges, el órgano que actúa como defensor del pueblo en Cataluña. Un currículum que no dejaba duda de su compromiso con la hoja de ruta independentista marcada por el etnopopulismo imperante. Además, Sànchez contaba con el apoyo de Forcadell y era considerado como una persona mucho más próxima al presidente Mas que Castro, lo que resultaba también determinante en el seno de una organización con unos vínculos tan directos con el poder político.

Las primeras palabras de Jordi Sànchez al frente de la Asamblea Nacional Catalana dejaban claras sus prioridades: «Trabajaremos como un único equipo para cumplir con nuestra razón de ser, que es que algún día este país tenga la plena independencia». Tras las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña en septiembre de 2015 en las que es investido presidente Carles Puigdemont, la expresidenta de la Asamblea, Carme Forcadell, fue nombrada presidenta del Parlament de Cataluña. El circuito asociativo y político actuaba de forma circular, retroalimentándose el uno del otro.

Pero no solamente la elección de su cúpula directiva genera recelo entre la sociedad. La financiación de la asociación también es una constante fuente de polémicas, dudas y sospechas. Y es que mientras, en apariencia, su entidad hermana, Òmnium Cultural, es transparente con sus ingresos y gastos al publicar anualmente, a través de su página web, su contabilidad y estado financiero, la Asamblea Nacional Catalana es opaca al respecto. No hace públicas sus cuentas ni los datos que trascienden llegan a través de los medios de comunicación, los que se hacen eco de las memorias económicas que la organización remite a sus afiliados. Según estos datos, la ANC ingresa anualmente cifras que oscilan entre los tres y los ocho millones de euros; esto no significa que sea una entidad económicamente viable puesto que durante varios años ha terminado el ejercicio en números rojos al gastar más de lo que ingresaba. De hecho, en el año 2017 cerraron con un déficit de 332 000 euros.

Las dos fuentes principales de ingresos de la asociación son las cuotas de los socios afiliados —a los cuales les han aumentado la cuota mínima en los últimos tiempos— y la venta de toda clase de productos publicitarios —llaveros, banderas, pulseras, camisetas, gorras—. Al respecto, en la página web de la asociación destacan dos grandes apartados: el dedicado a las donaciones y el destinado a la tienda. Esta visión contradictoria y capitalista de una asociación que busca alcanzar una república de corte socialista, les cosechó algún que otro disgusto. En el año 2015, la Agencia Tributaria comenzó una investigación al sospechar que la Asamblea no estaba pagando los impuestos pertinentes derivados de la venta de artículos propagandísticos. Finalmente, tras la inspección fiscal, la entidad soberanista tuvo que pagar 176 850 euros a Hacienda. Y es que mientras la entidad dilapidaba el dinero en los gastos derivados de sus campañas propagandísticas, en los múltiples y multitudinarios desplazamientos de manifestantes a los que cubría el transporte y en abonar las nóminas de los empleados, los ingresos no llegaban para cubrir tanto derroche. Esta mala gestión económica, sumada a la opacidad reinante y al control que ejercían Mas y Puigdemont sobre la entidad en detrimento de ERC y la CUP, generó un intenso debate en el seno de la Asamblea, donde muchos dirigentes cuestionaron la labor de Jordi Sànchez al frente de la misma. De hecho, se llegó a valorar el cese de Sànchez en favor de Liz Castro, quien había ganado las elecciones internas o incluso de una opción diferente como la que representaba el exdiputado de la CUP Antonio Baños.

La realidad es que ni la Asamblea Nacional Catalana ni Òmnium Cultural han sido grandes gestores económicos. De hecho, ambas asociaciones han tenido que hacer frente a diferentes multas a lo largo de los años. En el año 2015, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a las dos entidades por el uso irregular de datos personales recogidos durante la campaña denominada «Gigaenquesta», en la que iban puerta por puerta por los municipios de la región encuestando a los catalanes sobre cómo debería ser una Cataluña independiente. Aquella irregularidad les supuso un desembolso de 440 000 euros. Dos años más tarde, en abril de 2017, la Agencia Española de Protección de Datos volvió a sancionar a las dos entidades, en esta ocasión por el uso irregular de una base de datos alojada en Estados Unidos. La multa inicial de 90 000 euros a cada organización se convirtió en dos embargos por valor de 110 000 euros como consecuencia de los intereses de demora producidos por la negativa a pagar por parte de los dos colectivos independentistas. En total, en pocos años Òmnium y la ANC acumulaban multas por más de 650 000 euros debido a su mala gestión.

Se justificaron por medio de un comunicado alegando que «el Gobierno español continua con el intento de debilitar» a las organizaciones sociales y que «nunca se han puesto en riesgo datos personales de nadie». Lejos de asumir el error, la conclusión de ambas entidades fue que «el Estado nos quiere arruinar». Lo que el Estado sí hizo fue acreditar por medio de la Guardia Civil en un informe remitido a la Audiencia Nacional el supuesto gasto de un millón y medio de euros de las arcas de la Asamblea Nacional Catalana para el referéndum ilegal del 1 de octubre. El mismo informe establece que el binomio compuesto por Òmnium y la ANC no solo movilizaban a su masa social, sino que eran parte activa del apoyo logístico y financiero de las acciones encaminadas a la materialización del referéndum ilegal y sus diferentes derivadas. Tal era el grado de conocimiento de lo que estaban haciendo ambas entidades que la Guardia Civil ha acreditado, por medio de distintos correos electrónicos analizados, que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart coordinaban la hoja de ruta que se debía seguir y la metodología que se debía emplear, llegando a plantear el uso de «personas mayores y niños» para el referéndum del 1 de octubre. En uno de los mails conocidos, Jordi Cuixart solicitaba a la dirección de Òmnium llevar a cabo una campaña por la independencia «más bestia y potente». Las instrucciones que debían llevar a cabo en cada momento quedaron por escrito y son altamente reveladoras. Por un lado, se estableció la estrategia basada en el liderazgo de Cuixart, que debía ser «protagonista como presidente de Òmnium, y ser un líder capaz de movilizar a la gente cuando sea necesario; mantener a la parroquia movilizada y tensionada». Mientras, Sànchez preparaba el 1 de octubre recibiendo instrucciones claras: «Aparcar coches particulares delante de los colegios electorales […] para hacer grandes colas, para hacernos amos y señores de las avenidas y carreteras en el entorno de los colegios […] En caso de presencia policial, siempre actuaremos desde la resistencia pacífica: hay que garantizar ser mucha gente de todas las edades». La evidencia de que sabían que sus ilegalidades tendrían consecuencias jurídicas lo pone de manifiesto el hecho de que el propio Cuixart pidiese a su organización reservar medio millón de euros «para la campaña de defensa de la Junta Directiva» cuando sus miembros estén «en la cárcel, haciendo una campaña muy potente de gran repercusión internacional».

A ojos de la Justicia, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern», para lo que «se valieron de la población, alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso». Resulta inquietante la frialdad con la que los líderes de los dos buques insignias del independentismo social prepararon milimétricamente la actuación que debía llevarse a cabo para plantear una estrategia de todo o nada en la consecución de la independencia de Cataluña. Si se pudo llegar tan lejos fue gracias al uso inteligente que hizo el etnopopulismo del marketing político al servicio de una causa que, en poco tiempo, ha pasado de minoritaria a disputar el relato existente.

Los Jordis —Cuixart y Sànchez— siempre han sido conscientes de que en Cataluña, al igual que en el resto de regiones del planeta, es fundamental la labor y el desempeño del asociacionismo, de la sociedad civil y de las entidades políticas. Como defendía el filósofo Friedrich Hayek, «la sociedad civil es la expresión necesaria de la libertad individual». Esta idea de Hayek conecta con las reflexiones de otro pensador clásico, Alexis de Tocqueville, quien en su afamada obra La democracia en América, reflexiona mientras recorre Estados Unidos y concluye que la fuente de la libertad, la democracia y la prosperidad de los norteamericanos era una fuerte sociedad civil. La pasión irracional por la asociación como medio para resolver los problemas por uno mismo, sin necesidad de paternalismos ni apoyo externo, sino con una respuesta directa a los problemas que les presentaba la vida.

Una visión liberal que puede sintetizarse en la idea de que cuanto más fuerte sea la sociedad civil, más débil será el Estado como estructura administrativa. Y lo mejor para el bienestar individual es un Estado de menor poder, tamaño y dimensión y una sociedad civil fuerte.

El problema, tanto de Òmnium Cultural como de la Asamblea Nacional Catalana, es que han actuado a las órdenes y el dictado del etnopopulismo independentista que dominaba las instituciones, al tiempo que se disfrazaban de entidades de la sociedad civil. Se daba así una situación de retroalimentación entre la aparente —pero ficticia— sociedad civil y las instituciones catalanas. De esta forma, cuanto más aumenta el poder de la Generalitat a manos de los independentistas, más crecen las entidades satélites que promulgan los mismos principios. Y es que ninguna de estas asociaciones cumple con los preceptos y características básicas de cualquier agente de la sociedad civil. Ni son objetivos, ni llevan a cabo análisis pausados y sosegados sobre diferentes políticas públicas, ni actúan con ecuánime profesionalidad, ni son autónomos del poder. Más que organizaciones independientes, se trata de colectivos independentistas. Y no son las únicas.

Hikikomori catalán

Posiblemente, hablar del síndrome de hikikomori fuera del continente asiático resulte extraño. De hecho, lo más probable es que el lector no tenga referencia ni conocimiento sobre lo que implica dicho término. «Hikikomori», en japonés, vendría a traducirse como «apartarse», y es el nombre que se ha empleado para definir al tipo de trastorno mental que conduce al aislamiento social y a la reclusión. En Japón es un problema de salud mental que afecta cada vez a un mayor espectro de la población y que, según los expertos en psiquiatría, está comenzando a extenderse por el continente europeo y americano.

El perfil del enfermo es el de una persona de mediana edad que decide, por voluntad propia, recluirse en uno mismo, vivir aislado y sin contacto con el exterior. Desde un punto de vista de la patología médica, se podría definir de forma sencilla como el fenómeno psicopatológico y sociológico según el cual el enfermo decide retirarse completamente de la sociedad y se recluye en el hogar para evitar cualquier compromiso social, como la educación, el empleo o las amistades. Los efectos secundarios más palpables son la pérdida de habilidades sociales y de referentes morales necesarios para vivir en sociedad.

Salvando las evidentes distancias existentes —y sin afán de frivolizar sobre un problema de salud que afecta a miles de personas en el mundo—, en Cataluña el etnopopulismo imperante en los últimos tiempos ha buscado crear un efecto similar al que produce el síndrome de hikikomori. Por medio de la creación de todo un entramado social en necesaria colaboración con los partidos independentistas, el etnopopulismo ha articulado una red de aislamiento ideológico, político y social cuyo efecto es visible en una amplia mayoría de ciudadanos. Este hikikomori catalán no se podía alcanzar solamente con dos grandes entidades, como son Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana: era necesario un mayor entramado asociativo capaz de llegar a provocar una reclusión doctrinaria sin precedentes en la sociedad moderna.

Desde comienzos de lo que podemos denominar como «el quinquenio populista en Cataluña», correspondiente al espacio de tiempo entre los años 2010 y 2015, se llevaron a cabo diversas iniciativas sociales para imponer el relato independentista sobre todos los demás y así propiciar esa reclusión discursiva que permitiría ganar apoyos entre la ciudadanía catalana. Una de las más llamativas de aquellos años fue la denominada iniciativa «El Clauer» —el llavero, en catalán—. Se trataba de una plataforma ciudadana que englobaba a 14 de las asociaciones independentistas más importantes del momento: Òmnium Cultural, la Asamblea Nacional Catalana, la Asociación de Municipios por la Independencia, CIEMEN, el Colectivo Emma, la Plataforma por la Lengua, la Asociación Catalana de Profesionales, el Círculo Catalán de Negocios, L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, la Fundación Cataluña Estado, la Fábrica, la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catalanas, Soberanía y Justicia y Soberanía y Progreso. La iniciativa no tuvo el éxito esperado y su mayor logro consistió en crear una página web en la que articulaba una serie de preguntas y respuestas sobre el proceso de independencia de Cataluña. Aquel formato de preguntas y respuestas fue ampliado por medio de la publicación de un libro titulado El Llavero, claves sobre la independencia de Cataluña[38]. Curiosamente, meses después de la publicación de la obra, se llevó a cabo una reedición del libro para ser vendido en los kioskos de prensa junto al diario vasco Gara, un periódico de corte nacionalista y muy próximo a los postulados de la izquierda separatista vasca. Se trataba de la búsqueda de alianzas entre movimientos nacionalistas de corte populista que pudiesen fortalecerse mutuamente para desafiar al poder del Estado central.

A esta misma época corresponde el surgimiento de entidades asociativas aparentemente independientes, pero en muchas ocasiones tuteladas por los partidos políticos independentistas. Uno de los ejemplos más destacados de aquellos años lo tenemos en el nacimiento en 2013 de la entidad Súmate, cuya principal característica era el uso del castellano y el dirigirse a un público castellanohablante para promover el apoyo a la independencia de Cataluña. Su escasa o nula autonomía lo demuestra el hecho de que en su acto de presentación ante el gran público, en octubre de aquel año, las butacas estaban repletas de altos dirigentes tanto de ERC como de Convergència y de líderes sociales de Òmnium y la ANC. Aunque la entidad había nacido unos meses antes de su puesta de largo, en concreto en el mes de mayo, en un encuentro en Sant Vicenç dels Horts, el pueblo del que Oriol Junqueras era alcalde, entre el que sería el presidente de la asociación, Eduardo Reyes, y Manolo Ortega, quien —tras un polémico paso por UPyD— terminó siendo socio de Junqueras en la alcaldía. A ambos les unía que, a pesar de haber nacido fuera de Cataluña, tenían un sentimiento de apoyo al independentismo. Comenzaron realizando vídeos en los que el propio Ortega se definía como español, hincha de la selección nacional de fútbol y defensor de la independencia de Cataluña. Todo un ejercicio de complejidad argumental cargado de sentimentalidad y alusiones identitarias.

A pesar de definirse como una entidad apartidista, sin ánimo de lucro y de contar con un reducidísimo número de socios que no alcanza los 700 afiliados, Súmate es considerada por muchos como la cantera política de ERC. Y es que una de las caras más visibles de los republicanos catalanes es Gabriel Rufián, quien tras un fugaz paso por la organización fue designado como cabeza de la lista de Esquerra Republicana en las elecciones generales de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. Puede que este fuese el caso más conocido y mediático, pero no fue el único: en el número 4 por Girona de la lista de ERC al Congreso aparecía Ana Hinojosa y en el número 8 por Barcelona Manuel Bueno, ambos miembros de Súmate. Además, en el décimo lugar de la lista por Barcelona se encontraba Paloma Tevar Poyato, concejal de Sant Vicenç dels Horts, municipio del que, como hemos dicho anteriormente, fue alcalde Oriol Junqueras y donde nació Súmate. Era la cuadratura del círculo entre ERC y la entidad separatista, con el doble objetivo de dulcificar su imagen y centrarlos políticamente a la vez que trataba de disputarle a la antigua Convergència ese perfil de castellanohablante que tradicionalmente había votado a CiU y que, en el momento de su descomposición, podía sentirse huérfano.

Junto con el descubrimiento de Gabriel Rufián, destaca en el seno de Súmate la colocación de su presidente y fundador, Eduardo Reyes —cuya esposa también formaba parte de la dupla compuesta por ERC y Súmate—, en el sexto puesto de las listas de Junts pel Sí, la coalición formada por convergentes y republicanos, de cara a las elecciones autonómicas de septiembre de 2015, en las que consiguió el escaño. Tras entrar en el Parlament abandonó la presidencia de la organización no sin antes ser parte de una buena polémica. Tras aquellas elecciones autonómicas de septiembre de 2015, la junta de Súmate se reunió para dirimir el futuro de la organización y, según las crónicas periodísticas, Gabriel Rufián y José Rodríguez, otro miembro de la organización, estuvieron a punto de llegar a las manos y agredirse. Los gritos, la tensión y las amenazas venían de la disputa entre los defensores de Reyes, de los que Rufián formaba parte, y los que cuestionaban la línea oficial.

Súmate era una más en el firmamento asociativo del independentismo del que también forma parte, y con luz propia, la Asociación de Municipios por la Independencia, también conocida por sus siglas: AMI. Nació un par de años antes que Súmate, en diciembre de 2011, en ese lustro populista que modificó el escenario social catalán. La idea era constituir una organización que agrupase diferentes entidades locales, bien fuesen ayuntamientos, diputaciones o comarcas, que tuviesen como punto en común la defensa de la independencia de Cataluña.

En sus estatutos establece que uno de sus principales objetivos es «convertirse en un amplio espacio de debate donde compartir ideas, iniciativas (legales o cívicas), experiencias, información, herramientas de gestión y todo aquello que pueda ser útil para llevar al pueblo de Cataluña hacia la independencia para alcanzar las plenas competencias municipales»[39]. Bajo esta idea ha logrado en escasos años reunir a 787 municipios de 948 y a 52 consejos comarcales, diputaciones y otros entes locales. La AMI sirve de herramienta de presión contra el Gobierno central al tratar de manifestar una sensación de unanimidad municipal en torno a la defensa de la independencia de Cataluña, todo ello aderezado de una serie de presuntos agravios económicos y fiscales y del relato histórico de la Cataluña milenaria. En la práctica, los informes de gestión publicados en su propia página web revelan una escasa actividad, más allá de sumarse a toda acción emprendida en el seno del separatismo. En lo económico maneja un presupuesto de unos 350 000 euros anuales del que casi el 60 por ciento se destina a gastos de personal.

Una de las iniciativas más reconocibles de la Asociación de Municipios por la Independencia fue la creación en 2016 de la denominada asamblea de electos de Cataluña a la que debían sumarse todos aquellos concejales, alcaldes o diputados que quisiesen ayudar a culminar el proceso independentista. En realidad, se trataba del plan B del etnopopulismo catalán ante la posibilidad de que el recrudecimiento de la unilateralidad llevase a la suspensión del Parlament o de que se produjesen detenciones o inhabilitaciones. La idea era crear una especie de parlamento paralelo en el que poder dar cobijo a los más de 9200 cargos electos que existen en Cataluña.

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, era clara al respecto de la finalidad de esta asamblea de electos: «Si se producen situaciones en las que pueda haber una imposibilidad de que los cargos electos ejerzan sus funciones, nuestra obligación es estar preparados para garantizar que la voluntad popular expresada por los catalanes se materialice». El órdago del independentismo de establecer unas instituciones paralelas estaba en una fase más que avanzada. Contaba con una base de más de 4000 cargos públicos apuntados voluntariamente a los que se pretendía identificar por medio de una tarjeta personal, con un código QR incorporado que guardaría un número de identificación; además existían unos estatutos y un reglamento de funcionamiento de lo que sería la nueva institución parlamentaria de una Cataluña llevada al límite.

Pese a la seriedad que aparentaba semejante desafío, la asamblea de electos jamás llegó a reunirse. De hecho, no tenían ni un espacio físico elegido para celebrar sus encuentros. Sin embargo, sí que hubo una investigación solicitada por el Tribunal Supremo contra la presidenta, Neus Lloveras, por rebelión, al considerarla miembro fundamental del grupo organizador del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tras el revuelo mediático y judicial de los hechos emprendidos por la AMI, Lloveras dimitió como presidenta de la asociación. Desde el momento en que conoció la noticia de que el magistrado Llarena la investigaba, anunció su intención de dejar la política de forma activa. Desde enero de 2018, su puesto al frente de la organización municipal lo ocupa el alcalde del El Port de la Selva, Josep Maria Cervera. Otra muestra más de la autopista creada entre entidades sociales y partidos políticos la encontramos en el hecho de que durante los últimos seis meses del año 2015 presidió la Asociación de Municipios por la Independencia el alcalde de Gerona, Carles Puigdemont, quien dejó su fugaz presidencia de la AMI al ser investido presidente de la Generalitat en enero de 2016.

La Asociación de Municipios por la Independencia buscaba convertirse en una competidora directa de la tradicional Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, creada en 1981 con el objetivo de defender los intereses de los municipios y ser su voz representativa. En la actualidad, la entidad municipalista engloba a más del 95 por ciento de los entes locales de Cataluña, contando con unos 1000 asociados. Se trata de un instrumento legítimo de asesoramiento económico, judicial, formativo o comunicativo en un modelo de Estado en el que los municipios juegan un papel destacado.

En los últimos años ha sido más conocida por sus polémicas que por su actividad al servicio de las entidades locales: en prensa protagonizó varias portadas debido al desvío de dinero de la entidad municipal por parte de miembros de la antigua ejecutiva —y también miembros de Convergència Democràtica de Catalunya—, a los que se les acusó de malversación y falsedad continuada al apropiarse de fondos de la entidad por medio de facturas falsas.

Entre 2011 y 2018, la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas estuvo presidida por Miquel Buch, alcalde del barcelonés municipio de Premià de Mar, quien le dio a la organización su propia impronta independentista e hizo que la entidad virase hacia posiciones más centradas en el secesionismo y menos en la gestión y apoyo logístico a los municipios. Al igual que sucedió con Carme Forcadell y Jordi Sànchez en la Asamblea Nacional Catalana, con Muriel Casals y Quim Torra en Òmnium Cultural o con Carles Puigdemont en la Asociación de Municipios por la Independencia, Miquel Buch —después de presidir una entidad próxima al independentismo— acabó formando parte del Gobierno secesionista de Quim Torra como consejero de Interior. Seis ejemplos que demuestran que en el panorama político catalán existen realmente unas puertas giratorias que conectan las altas esferas políticas con las entidades sociales.

En este sentido, conviene recordar y resaltar la inteligencia estratégica del independentismo a la hora de tener presente la necesidad de agrupar a diferentes colectivos, que nada tienen que ver entre sí, en torno al significante vacío que representa la independencia. Utilizando la terminología de Laclau, diríamos que el proceso de negociación y creación de lealtades previo a la agrupación de diversos colectivos en uno solo es el paso clave para el establecimiento de una hegemonía política. Para ello, es fundamental articular un tejido asociativo amplio con el denominador común de la independencia que alcance el mayor número posible de colectivos y sensibilidades. Es ahí donde encajan entidades como el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales (CIEMEN), fundado en 1974. Se trata de una asociación nacida en honor al trabajo llevado a cabo por Aureli Maria Escarré, el religioso benedictino crítico con el franquismo, defensor de la nación catalana y pionero en ofrecer las homilías en catalán, y que se convirtió en un icono del nacionalismo identitario.

En su afán por defender la realidad nacional catalana, intenta crear un paralelismo con otras minorías nacionales alrededor del mundo en general y de Europa en particular para establecer un principio de complementariedad con el que poner sobre la mesa el debate catalán. Su actividad se fundamenta en la elaboración de material de corte académico por medio de la publicación de diferentes revistas especializadas para llegar a un público más elevado, y la organización de charlas, seminarios y conferencias en las que traduce de manera más coloquial los argumentos reivindicativos y comparativos entre supuestas minorías nacionales reprimidas. Habitualmente, centra su relato discursivo en el paralelismo entre la situación de Cataluña y las existentes en Quebec, Córcega, Kosovo, Irlanda o Flandes.

Entre sus ejes de actuación también figura la defensa de la lengua catalana. Durante años ha promovido la coorganización de la Conferencia Mundial de los Derechos Lingüísticos; además forma parte de la red Mercator de documentación sobre legislación y derechos lingüísticos de los 40 millones de personas que hablan alguna de las lenguas minorizadas de Europa. En diferentes ocasiones, ha presentado ante Naciones Unidas proposiciones sobre el derecho universal a la lengua propia. Más allá del buenismo habitual que caracteriza el tejido asociativo etnopopulista, la posición real sobre el uso de la lengua catalana en la región la pudimos conocer en el año 2014 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy planteaba introducir un cambio en el sistema educativo e implantar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que establecía un bilingüismo escolar, lo que en palabras del presidente de CIEMEN suponía «un ataque a uno de los pilares, quizás el más importante, de nuestra construcción nacional y social», al tiempo que hacía un llamamiento a la desobediencia y a «no ceder ni un milímetro» ante la propuesta del ejecutivo central.

Tras este posicionamiento tan obtuso sobre las lenguas que excluye la lengua castellana, arrinconándola, para imponer el catalán, no es de extrañar cómo actuarían ante la radicalización del procés. Y es que ante el referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre, el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales emitió un comunicado mostrando su posicionamiento en el que hablaba de «coacciones jurídicas y episodios de guerra sucia contra el movimiento independentista catalán con el objetivo de desactivar el proceso democrático de autodeterminación» por parte del Gobierno central. Además, dejaba clara su posición al respecto al determinar que «en coherencia con los objetivos de la entidad, con la trayectoria de sus 43 años de historia y con el horizonte de alcanzar la plena emancipación del pueblo catalán, desde el CIEMEN damos pleno apoyo a la celebración de este referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre de 2017. En este sentido, ponemos a disposición del tejido cívico, social e institucional las capacidades y posibilidades técnicas, logísticas y relacionales del CIEMEN, para llevar a cabo este referéndum, con el objetivo de conseguir la máxima participación posible»[40].

Por diferente que parezca la finalidad de una asociación como el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y Nacionales, la realidad es que comparte los mismos patrones que las entidades hasta el momento analizadas. Cuantiosas ayudas públicas en forma de subvenciones para programas de fomento de la identidad nacional de Cataluña, recibidas durante años y presidentes de la entidad con una trayectoria comprometida con el independentismo. Entre 2010 y 2015, estuvo al frente de CIEMEN Carles Riera, cargo que dejó al ser elegido para formar parte de las listas electorales de la CUP, organización antisistema de izquierdas con la que alcanzaría el escaño en las elecciones autonómicas de 2017. La trayectoria de Riera es un ejemplo de compromiso con el independentismo desde los tiempos del nacionalismo pujolista: fue portavoz de la Crida, miembro de la Assemblea d’Unitat Popular, de la cooperativa La Fàbrica y de la organización independentista Endavant.

A Riera le sucedió en la presidencia de la entidad otro independentista acérrimo, David Minoves, miembro de ERC, organización en la que llegó a liderar la rama juvenil como secretario general de la organización política. El presidente del Centro Internacional Escarré para a las Minorías Étnicas y Nacionales protagonizó en verano de 2017 una de las imágenes más fuera de lugar y bochornosas que se recuerdan en la política catalana. En plena manifestación contra el terrorismo tras los atroces atentados yihadistas vividos en Barcelona y con la región y el país en duelo, Minoves decidió utilizar aquel momento de duelo para hacer política y recibir al rey Felipe VI con una pancarta en la que acusaba al monarca de traficar con armas. La imagen se hizo viral y sonrojó a un amplio espectro de la población, más allá de los postulados políticos de cada uno. Tras esto, ya en el año 2018, compitió, sin éxito, por presidir la Asamblea Nacional Catalana, obteniendo finalmente un hueco en la mesa del secretariado nacional de la entidad independentista. Se trata del enésimo ejemplo del cambio de cromos y puestos que supone el colectivismo institucional y asociativo de Cataluña.

Una de las virtudes innegables del etnopopulismo marketiniano es su capacidad para envolver bajo el manto de la independencia a colectivos completamente dispares y, en ocasiones, aparentemente antagónicos. Son capaces de articular un mensaje segmentado que busca la misma finalidad entre minorías étnicas del mundo o empresarios regionales. Para ello, cada colectivo debe encontrar una entidad que le represente. Y, en este sentido, el empresarial estaba huérfano de una asociación que defendiese los intereses independentistas. Por ello, en el año 2008 surgió el Círculo Catalán de Negocios con la clara intención de actuar como grupo de presión que defiende la segregación de Cataluña de España. Se escudaban en la pasividad de las patronales catalanas tradicionales, que se mantenían distanciadas de significaciones políticas. Fue creado por un grupo reducido de empresarios liderados por Ramón Carner, dedicado profesionalmente a la venta de productos artesanos de Cataluña y que presidió la organización hasta 2013. Para la Diada de aquel año, Carner puso a la venta por medio de su empresa El Zurrón de la Cadena, un kit de merienda y bebidas por 12 euros y que incluía alimentos y bebidas con mensajes independentistas. A pesar del rancio y pobre contenido de la oferta del jefe de los empresarios independentistas, aquella iniciativa le funcionó muy bien. Carner siempre supo obtener rentabilidad de la independencia; tanto es así que una de sus empresas fue la encargada de gestionar el catering del acto inaugural de la Asamblea Nacional Catalana, pese a que su oferta no era, ni de lejos, la más económica.

Entre los hitos más destacados del Círculo Catalán de Negocios se encuentra la retirada de PIMEC —la patronal más representativa de la pequeña y mediana empresa y autónomos de Cataluña— ante la negativa de la patronal de celebrar una votación sobre el apoyo a un Estado catalán propio o la campaña que en 2010 impulsó en numerosas emisoras de radio con cuñas publicitarias sobre los beneficios de la independencia. Aquella campaña fue ciertamente polémica, puesto que muy pocas emisoras se negaron a emitir el comercial en favor del independentismo, escuchándose en otras muchas como la SER, RAC1, Radio Tele Taxi, Flaix FM o Radio Flaixbac. En su estrategia por expandir la visión marketiniana del etnopopulismo, ha apadrinado la creación del Círculo Mallorquín de Negocios, como ellos mismos confiesan, con la clara intención de extender el soberanismo en las islas.

Desde 2013, preside el Círculo Catalán de Negocios Albert Pont, cuyo vicepresidente, David Fernández, publicó y después borró una ristra de 19 tuits en octubre de 2017 entre los que pedía a Puigdemont que apretase el «botón nuclear de la independencia». La estrategia del vicepresidente de la entidad empresarial era hundir económica y financieramente a España, obligar a la Unión Europea a nombrar un mediador y así reconocer la independencia catalana. Terminaba congratulándose de «tener la sartén por el mango», unas palabras que ponían de manifiesto la distorsión de la realidad con la que analizaban la situación política. David Fernández había sido otro de los candidatos, junto con David Minoves, a presidir la Asamblea Nacional Catalana. Corrió la misma suerte que el presidente de CIEMEN.

El tejido clientelar etnopopulista era capaz de crear movimientos como Sobirania i Progrés, es decir, soberanía y progreso, a medio camino entre el partido político y la asociación. La plataforma vio la luz en 2006 y en su manifiesto fundacional defienden «la idea de que el bienestar de nuestra sociedad depende de la consecución de la soberanía política plena. Sin soberanía, los Países Catalanes no podrán alcanzar los niveles adecuados de desarrollo, bienestar y cultura para convertirse en una sociedad moderna del siglo XXI. En este sentido, el próximo paso hacia la soberanía de los Países Catalanes debe ser el ejercicio del derecho de decidir o derecho a la autodeterminación».

La plataforma, muy próxima a ERC, comenzó su andadura promoviendo la insumisión fiscal y la autodeterminación en Cataluña y, en los últimos años, ha formado parte del grupo de entidades que organizaba pitadas al himno de España durante las finales de la Copa del Rey de fútbol jugadas por el FC Barcelona. Entre sus promotores iniciales se encontraban Oriol Junqueras, Elisenda Paluzie —quien sucedió a Jordi Sànchez al frente de la Asamblea Nacional Catalana—, Xavier Vinyals —presidente de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes además de cónsul honorario de Letonia en Barcelona— o el actor Joel Joan —que un año después sembró la polémica durante la celebración de la Diada al reivindicar como suyas las palabras del exsenador independentista Lluís Maria Xirinacs, en las que este afirmaba ser «amigo de ETA y de Herri Batasuna» y por las que fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por enaltecimiento del terrorismo, pena que jamás cumplió.

Pareciera pertinente alertar sobre la posibilidad de incurrir en una confusión entre las entidades Soberanía y Progreso y Soberanía y Justicia. Esta última fue fundada en el año 2009, y tenía como objetivo complementar a las ya existentes. Surgió como consecuencia de las más de 800 adhesiones que había tenido un año antes su manifiesto en defensa de la independencia de Cataluña. La característica principal de esta entidad es que, a diferencia de otras, huye de la algarada y el griterío al tiempo que defiende la secesión por vías pacíficas y democráticas. Su actividad está centrada en la organización de debates, mesas redondas y comidas coloquio, pero en los últimos años ha ampliado su actividad a la defensa internacional de la causa separatista. De hecho, en noviembre de 2016 se inscribió en el registro de transparencia de Bruselas para hacer lobby a favor de la independencia de Cataluña.

Pese a no llegar a los 200 afiliados y a manejar un modesto presupuesto que excede los 10 000 euros, la fundación ha tenido un protagonismo nada desdeñable en la construcción de un discurso creíble de cara a la sociedad. Se trata de las pocas entidades con un perfil de miembros activos de corte intelectual y académico capaz de construir identidades a base de un relato independentista.

Desde su fundación en 2009 hasta 2011, la organización estuvo presidida por Agustí Bassols, que había sido miembro destacado de Òmnium Cultural durante el franquismo y consejero de Justicia y de Gobernación en los mandatos de Jordi Pujol. El día de la puesta de largo de Soberanía y Justicia, el entonces presidente Pujol se desmarcó de la fundación secesionista, pese a que años después él mismo y el resto de los convergentes emprendiesen el camino hacia el etnopopulismo independentista. Tras comprobar cómo funciona el tejido asociativo en Cataluña, no sorprende conocer que quien sucedió a Agustí Bassols al frente de la asociación fue el editor Quim Torra.

Con un enfoque totalmente distinto al hasta ahora analizado, surgió en 2009 el llamado Colectivo Emma, dedicado a analizar las informaciones que aparecen en los medios de comunicación internacionales y señalar los errores existentes. Se trata de una especie de fact check o verificación de hechos que, sirviéndose de los tiempos de inmediatez, bulos y posverdad, trata de arrojar algo de objetividad al escenario político catalán. Para ello, el colectivo cuenta con un equipo humano que ronda la docena de colaboradores centrados en analizar y replicar las informaciones vertidas sobre Cataluña, al tiempo que complementan la acción exterior de la Generalitat.

El nombre del colectivo, que es de los pocos a nivel asociativo que no recibe financiación pública, proviene de la hija de Wifredo el Velloso —del que hablaremos más adelante—, que a la muerte de su padre asumió la tarea de repoblar las comarcas centrales de Cataluña desde el monasterio de San Juan de las Abadesas.

Otra entidad que optó por la nomenclatura colectiva y que surgió en el explosivo quinquenio populista fue el Colectivo Wilson, impulsado por reputados y afamados catedráticos de economía como Xavier Sala i Martín de la Universidad de Columbia, Pol Antràs de la Universidad de Harvard, Carles Boix de la Universidad de Princeton, Gerard Padró i Miquel de la London School of Economics, y Jordi Galí y Jaume Ventura, ambos de la Universidad Pompeu Fabra. Al igual que el Colectivo Emma, su objetivo es dotar de profesionalidad y rigor el criterio, relato y discurso en favor de la independencia de Cataluña.

En noviembre de 2012 presentaron su ideario político en un documento resumen de 14 puntos y cuya filosofía inspiracional puede sintetizarse en el primero de ellos, que reza: «El derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental de cualquier nación y, por lo tanto, también de Cataluña. Este derecho incluye la potestad de escoger democráticamente su forma de organización política». Pese a parecer un movimiento centrado en el campo de las ideas, la Guardia Civil investigó la vinculación del movimiento con los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre. No se trata de meras especulaciones puesto que al suspendido juez Santiago Vidal, al que se le descubrió la autoría de un proyecto de Constitución catalana y la estructura judicial de un nuevo Estado catalán, se le interceptaron comunicaciones en las que se refería al colectivo Wilson como «el equipo de trabajo» encargado de gestionar la independencia fiscal y económica en una nueva Cataluña independiente. El colectivo, que toma su nombre del vigésimo octavo presidente de Estados Unidos, bien podría recordar aquellas palabras suyas en las que afirmaba que «no podemos tenerles simpatía a quienes tratan de arrebatar el poder del Gobierno para satisfacer sus propios intereses personales».

Con idéntico objetivo pero con diferente enfoque encontramos al también colectivo Gente de la Tierra, cuyos integrantes, en otro ejemplo de la importancia que le otorga el independentismo al presunto aval histórico de su causa, tomaron su nombre de la época de la guerra de sucesión en la que los partidarios de la casa de Austria eran calificados por los defensores del reinado borbónico como «gente de la tierra». La mayor atención comunicativa la obtuvieron durante las elecciones autonómicas del año 2012 en las que emprendieron una campaña denominada «100 diputados independencia» a través de la cual defendían que con semejante cifra —unas tres cuartas partes del hemiciclo— conseguirían legitimar y acelerar el proceso de independencia de Cataluña, al tiempo que demostrarían su capacidad de cohesión a la escena internacional.

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, el entramado social de Cataluña compone toda una red clientelar en forma de tela de araña que envuelve bajo el sedoso manto de la independencia diferentes inquietudes, demandas o necesidades de colectivos tan dispares como los aquí analizados o los de otras muchas entidades que existen o han existido en la escena catalana, entre las que podemos encontrar a la Fundación Cataluña Estado, los Bomberos por la Independencia, la Plataforma Barcelona Decide, la Plataforma Som Escola, la Fundación CatDem, Deumil.cat, el European Partnership of Independence, la Coordinadora Nacional por la consulta, UNESCOCAT, la Fundación Exitosa…

En palabras de Gramsci, el objetivo final de toda esta ola de «movimientos espontáneos de las masas revolucionarias» consiste en canalizar por medio de un único relato las diferentes voluntades organizativas y directivas existentes. En esa vorágine de movimientos interdisciplinares que fluyen hacia la consecución del objetivo independentista juega un papel destacado la lengua como instrumento potenciador de los sentimientos. Por eso, hemos de detenernos en analizar uno de los colectivos más potentes en este sentido, se trata de la Plataforma por la Lengua. Creada en 1993, su finalidad es preservar, difundir e impulsar el uso de la lengua catalana por encima de cualquier otra alegando motivos históricos y geográficos.

La entidad ha sido premiada por la Generalitat de Cataluña con el Premio Nacional de Cultura en el año 2008 y ha recibido diferentes reconocimientos por su labor en la proyección social del catalán. Pese a su aparente noble objetivo, detrás, como suele ser habitual en el tejido asociativo catalán, se encuentra la potente maquinaria independentista que utiliza los recursos sociales y asociativos para construir su hegemonía política, que legitime el argumento secesionista. De hecho, la entidad está avalada por un consejo consultivo en el que figuran destacadas personalidades de otras asociaciones como la Asamblea Nacional Catalana —Jordi Sànchez incluido—, Òmnium Cultural o Soberanía y Progreso.

Según su página web, sus objetivos se resumen en cinco puntos esenciales de los que, a priori, parece complicado discrepar. Se trata de los siguientes:

Conseguir que el catalán se configure como la lengua común, de cohesión social y de interrelación entre todas las personas del ámbito lingüístico.

Garantizar y promover el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos para que esté presente como lengua de pleno derecho.

Promover los derechos lingüísticos y culturales de las personas que hablan catalán y de las que viven en los territorios de habla catalana.

Impulsar y colaborar en campañas de normalización lingüística de la lengua catalana.

Interesarse por los problemas que afecten a la sociedad catalana, siempre y cuando contribuyan a la mejora del uso de la lengua catalana.

A pesar de la aparente visión complementaria de la lengua catalana en clara cohabitación con cualquier otra lengua oficial, en este caso el castellano, la realidad de sus acciones demuestra que están lejos de dicha visión. Se trata más de un movimiento que busca la imposición lingüística como forma de articular una identidad catalanista opuesta y excluyente de la española.

En 2017, la entidad en defensa del catalán publicó una guía titulada ¿Qué hago si…? repleta de consejos sobre el uso del catalán en la vida cotidiana. Entre ellos explica que el castellano ha sido la lengua impuesta por el Estado y que España, como entidad política, ha impulsado la «represión y exterminio» contra el catalán, lo que ha fomentado la «baja autoestima» y el «autoodio». Del mismo modo, ante la petición de alguien que nos pide hablar en castellano el manual plantea una recomendación clara: «No recurrir a esta lengua y continuar hablando en catalán, y si no podemos hacernos entender recurrir a otras lenguas». La misma entidad, que se autodenomina ONG del catalán, ante la posibilidad de introducir el castellano en las aulas en igualdad plena de condiciones que el catalán, considera que la medida únicamente buscaría «la división en las aulas de las escuelas de Cataluña» generando una enorme «fractura social», lo que constituiría una auténtica «ocurrencia incendiaria».

Durante las polémicas derivadas de la negativa del Gobierno de Italia a acoger refugiados, la entidad aprovechó el ofrecimiento por parte de las instituciones españolas poniendo al servicio de las distintas embarcaciones nuestros puertos para editar 4000 trípticos con el encabezado «El català, llengua d’arrelament» (el catalán, lengua de arraigo), en el que se anima a los inmigrantes y refugiados a hablar en catalán. Misma directriz y consejo que brindan a las entidades que trabajan en el ámbito social, como es Cruz Roja, con el objetivo de que atiendan e inculquen a los recién llegados la cultura, idioma y realidad catalanas. Entre sus iniciativas más polémicas destaca la de impulsar una aplicación móvil que señalaba a los comercios que no usaban la lengua catalana, algo que ya habían realizado anteriormente otras entidades independentistas, o la acción reivindicativa en favor del etiquetado en catalán y que llevaron a cabo en un famoso supermercado y en una importante tienda textil, en las que cambiaron las etiquetas en castellano de los productos por otras en catalán. Conviene recordar que gran parte de estas actividades son sufragadas por medio de fondos públicos, puesto que la inmensa mayoría de actores sociales del panorama catalán los reciben. En el caso de la entidad lingüística catalana, más de cuatro millones de euros en los últimos seis años.

Vetustos retales

Se equivoca quien piense que la existencia de diferentes stakeholders en la política catalana es un fenómeno de reciente creación. Es cierto que en los últimos años de viraje etnopopulista y focalización marketiniana hemos asistido a una ebullición asociativa sin precedentes, pero la realidad es que ya en la segunda mitad del siglo XIX existía en Cataluña un entramado asociativo que podía ir desde el histórico Centre Català hasta los diferentes colectivos industriales de la región. De hecho, la comunidad autónoma con un mayor número de empresas registradas antes de 1900 es Cataluña. Y es que históricamente, Cataluña, junto con el País Vasco, ha sido una de las zonas de España con más tejido asociativo, con mayor tradición y arraigo colectivista del país.

Sirva de ejemplo el hecho de que la anteriormente analizada Plataforma por la Lengua es, en realidad, heredera directa de otra entidad existente a finales del siglo XX. Nos referimos al Llamamiento a la Solidaridad en Defensa de la Lengua, la Cultura y la Nación Catalanas, más conocida como Crida. La Crida fue un movimiento nacido a la contra, una entidad que surgió en marzo de 1981 como respuesta al manifiesto de los 2300 firmantes que en enero de 1981 abogaron por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. Una plataforma que, como todos los movimientos «anti» (antiglobalización, antisistema, antivacunas, antitaurinos…) tienen un origen reaccionario que aglutina diferentes sensibilidades en torno a un enemigo común. Más que propositivos son reactivos.

Su presentación en sociedad se hizo acompañada de la lectura de un manifiesto en defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas, a la que se adhieren unas 1300 entidades de distinto signo. Una vez más y con la retrospectiva que nos permite el paso del tiempo, observamos la complicidad y equidistancia de determinadas formaciones y plataformas constitucionales con el sentir y demandas independentistas, lo que ha provocado con el paso de los años una legitimación del discurso secesionista. A nadie le sorprende ver a entidades como Òmnium Cultural o Xarxa Cultural apoyando un manifiesto en favor de la nación catalana. Puede que sorprenda más que un equipo de fútbol como el FC Barcelona optase por defender semejantes posicionamientos políticos. Lo que no debería entenderse bajo ningún concepto, si partimos de la creencia de que impera un Estado de Derecho que rige unas normas básicas constitucionales, es el apoyo que en su momento ofreció el Partido de los Socialistas de Cataluña a un texto de corte independentista.

Sin duda, la virtud de la Crida fue el hecho de ser capaz de agitar las pasiones más emocionales y activar a la sociedad catalana, sacándola a la calle para demandar una mayor defensa de su lengua propia y así generar una imagen de agitación social. Combinaron a la perfección una innovadora capacidad imaginativa con una movilización sin precedentes para convertirse en uno de los actores sociales más destacados del momento.

La primera convocatoria tras su constitución como movimiento catalanista tuvo lugar el 23 de abril de 1981 para celebrar el día de Sant Jordi, patrón de Cataluña y uno de los días más reivindicativos de la cultura catalana. Aquel primer llamamiento se saldó con un fracaso de público y repercusión.

Sin embargo, pocos meses después, en junio de ese mismo año, lograron un éxito inimaginable tiempo atrás con la celebración de un concierto de música celebrado bajo el lema «Som una nació», en el que actuaron cantantes del momento como Lluís Llach, Marina Rosell, La Trinca o Al Tall. El escenario fue el campo de fútbol del FC Barcelona, que fue testigo de un lleno a rebosar de unos 100 000 espectadores que habían pagado su entrada —no era gratuita— entregados al combo formado por música y política.

Aquel año terminaría con una gran polémica suscitada en torno al debate sobre la ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico, la conocida como LOAPA. La Crida estaba totalmente en contra de dicha norma y convocó una manifestación en Barcelona que se celebraría meses después, en marzo de 1982, para mostrar su rechazo a la ley. Aquello provocó una disputa entre la Crida y los partidos políticos, tanto por el fondo como por la forma de la manifestación. Hubo disputas sobre el mensaje de la pancarta que encabezaría la movilización y por el exceso de protagonismo de unas formaciones en detrimento de otras. Todo aquello generó una desvinculación del PSC y un distanciamiento de CiU con la Crida.

Tras este enfrentamiento, la Crida encaró la celebración de la Diada de aquel año como una escenificación de la ruptura de relaciones entre la entidad y los partidos políticos que hasta el momento la habían apoyado.

Ya en 1983, durante la celebración del día de Sant Jordi, la Crida convocó una serie de movilizaciones ante la sede de la Generalitat en Barcelona en defensa de la lengua y contra los ataques del Gobierno español. Aquella convocatoria, a la que acudieron unas 15 000 personas, terminó con graves disturbios en los que se quemaron banderas de España, se corearon vítores en favor de las organizaciones terroristas ETA y Terra Lliure y se incendió una caseta del PSC instalada en las Ramblas, agrediendo a sus ocupantes, entre los que se encontraba una concejal del Ayuntamiento de Barcelona, al grito de «botiflers».

Ante aquellos graves hechos, el entonces alcalde de la Ciudad Condal, el también socialista Pasqual Maragall, compareció para calificar lo sucedido como «fascismo» y añadió que «el totalitarismo ha ido siempre de la mano del nacionalismo». Unas palabras que años después siguen estando de plena vigencia y que muchos en las filas del constitucionalismo han olvidado. Es en esos momentos en los que se empieza a hablar de la Crida como una entidad llamada a fracasar y con serias opciones de convertirse en el germen de un nuevo partido independentista.

Comenzaba así el viraje hacia la radicalidad más absoluta en la entidad catalanista que abarcaría hasta el final de su existencia. La sucesión de actividades constituían una escalada de fanatismo: en 1984 amenazaron con acometer acciones directas contra los comercios que no se catalanizaran; meses después congregaron a más de 10 000 personas que se manifestaron por el centro de Barcelona antorcha en mano contra las torturas del Gobierno de España; en 1985 un centenar de activistas ocuparon la Estación de Sants; en 1986 pintaron de color rosa una fragata de Estados Unidos como señal de protesta contra la potencia norteamericana; boicotearon la implantación de la ley antiterrorista española… todas estas acciones eran visualmente poderosas y mostraban la radicalidad de la organización.

Hasta tal punto llegaba su extremismo y su bordeamiento de lo moral, lo ético y lo legal, que en 1987, después del terrible atentado terrorista de ETA en el Hipercor de Barcelona en el que murieron 21 personas —varias de ellas niños— y 45 resultaron heridas, la Crida publicó un comunicado plenamente coincidente, desde el punto de vista argumental, con el emitido por Herri Batasuna en el que criticaban la «actitud intencionadamente irresponsable de la dirección de la empresa comercial y de la policía que, conocedores […] de la existencia del coche-bomba provocaron con su silencio una tragedia evitable con objeto de utilizarla propagandísticamente». La organización nunca ocultó sus simpatías por ETA y Terra Lliure, habiendo realizado diversos homenajes a diputados de HB en los que se coreaban gritos en favor de ETA y habiendo solicitado la excarcelación de diversos miembros de ambas organizaciones terroristas.

En aquellos años, la Crida estaba dirigida por Àngel Colom y Jordi Sànchez —conocido años después por liderar la Asamblea Nacional Catalana— y cuyo portavoz era Carles Riera —quien años después sería presidente de CIEMEN y diputado de la CUP—. También en aquellos años la Fiscalía abrió una investigación tras las sospechas policiales del desvío de subvenciones de la Generalitat a la Crida. Se creía que el dinero público que la administración pública otorgaba a la entidad independentista terminaba en cuentas personales de los líderes de la organización. Aquel asunto terminó con el cese de algunos cargos medios de la administración Pujol.

En 1993, doce años después de su constitución y en el mismo escenario, el paraninfo de la Universidad de Barcelona, anunciaron su disolución al considerar que su espacio político estaba ya ocupado, principalmente por ERC. La realidad, además de esta, era que sus acciones eran cada vez más cuestionadas, el factor sorpresa se había diluido y la organización se encontraba totalmente rota a nivel interno.

Durante los años de existencia de la Crida, la entidad independentista mostró una cuestionable complicidad y simpatía por Terra Lliure, a la cual se ha aludido anteriormente. Se trataba, ni más ni menos, de una organización terrorista de corte independentista y de extrema izquierda surgida en 1978. Tras la muerte de Franco y el proceso de modernización y democratización de España, algunos reductos radicales del independentismo catalán consideraron que era el momento adecuado para presionar en favor de una Cataluña independiente por medio de la violencia. Para ello buscaron inspiración en la banda terrorista ETA, soñando ser su homólogo catalán. Ambas compartían ideología separatista y de izquierda radical. Tal era el grado de hermanamiento que el entrenamiento, formación y estructura de la nueva Terra Lliure sería llevada a cabo en el denominado País Vasco francés por parte de miembros de ETA.

Este no fue el primer intento de articular un movimiento terrorista en Cataluña. De hecho, un año antes, en 1977, el Exèrcit Popular Català, más conocido por su acrónimo EPOCA, le había adherido una bomba en el pecho a José María Bultó, presidente de la química Cros y de la empresa de motos Bultaco, con la exigencia de que pagase 500 millones de pesetas para que se la retirasen. Al final sucedió lo que sucede con las bombas, que explotan. Bultó murió asesinado cruelmente. Su verdugo fue Carles Sastre, miembro de EPOCA y de quien también se sospechaba que presuntamente cometió el atentado que, un año más tarde, les costó la vida al exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y a su mujer. Sastre se fugó a Francia y desde allí ayudó a fundar Terra Lliure. A pesar de haber sido condenado a 48 años de cárcel por el atentado contra Bultó, pasó únicamente 11 entre rejas. Ya en plena efervescencia del procés independentista, Sastre formó parte de las listas electorales de la CUP para las autonómicas de los años 2012 y 2017, además ha sido entrevistado en la televisión pública catalana en diferentes ocasiones en las que se le ha llegado a presentar como «la gran reserva del independentismo». No es algo anecdótico o casual, puesto que TV3 también entrevistó, en 2018 y en horario de máxima audiencia, al miembro de ETA conocido como Maguila, que fue condenado por el asesinato de un comerciante, Rafael Vega, cuya esposa se suicidó tres meses después. En ambos casos, ninguno de los terroristas pidió perdón ni mostró el más mínimo arrepentimiento.

Terra Lliure fue una especie de recolector de terroristas procedentes de otras organizaciones radicales y extremistas ya existentes en el panorama catalán, fundamentalmente miembros de EPOCA y del Front d’Alliberament Català (FAC) o el Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). Las primeras acciones de la nueva organización terrorista se centraron en la realización de múltiples atracos como única forma de financiación. De hecho, en 1979 se producen las primeras muertes por la acción de Terra Lliure, el problema es que el amateurismo de los miembros les llevó a ser ellos mismos las víctimas. La primera, debido a una fuga ante la negativa de los terroristas de parar ante la demanda de unos guardias civiles que les dieron el alto, y la segunda como consecuencia de una bomba que le explotó en la cara a uno de los terroristas mientras la manipulaba.

Su acto más mediático llegaría dos años después, en 1981, con el secuestro y atentado contra Federico Jiménez Losantos, entonces profesor de Lengua y Literatura castellana en un instituto y uno de los firmantes del manifiesto de los 2300 en defensa de la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña. Tras esto, aprovecharon el concierto celebrado en el Camp Nou, organizado por la Crida bajo el lema «Som una nació», para presentar el «Manifest de Terra Lliure» en el que se definían como una «organización revolucionaria que lucha por la independencia total de los Países Catalanes» al tiempo que animaban a la «lucha contra el proceso de destrucción sistemática a la que está sometida nuestra nación». El texto terminaba con unas reclamas que acabarían siendo parte de la cultura popular de la organización terrorista y que defendían una «Independència o mort! Visca la lluita armada! Una sola nació, Països Catalans!».

Entre 1981 y 1984, Terra Lliure llevó a cabo diversos atentados contra oficinas del INEM, comisarías de policía y mandos militares, repetidores de televisión y diversos objetivos empresariales, tanto españoles como franceses —estos últimos como contrapartida al apoyo brindado por ETA en sus comienzos—. El tercer muerto provocado por la organización terrorista llegaría, una vez más, por la manipulación de un artefacto explosivo por parte de uno de sus fanáticos miembros. En aquellos años decidieron copiar la estrategia de su organización hermana vasca y lanzaron una publicación en la que plasmar sus soflamas y reivindicaciones, la revista Alerta. Curiosamente, casi 35 años después, los CDR catalanes han denominado así a su principal canal de comunicación. Un año más tarde fallecía otro de los terroristas de Terra Lliure al manipular una bomba. La falta de conocimientos, de entrenamiento y de profesionalidad hicieron que todas las víctimas de la organización, menos una, fuesen sus propios militantes. A esto había que sumarle las divisiones y disputas internas en el seno de la organización terrorista, lo que les debilitaba interna y externamente.

El atentado de Hipercor en el que murieron 21 personas y cometido por sus hermanos vascos de ETA sumado el asesinato de una pobre anciana cuyo único delito fue vivir pared con pared de los juzgados ante los que atentaron, supuso la estocada para la ya de por sí debilitada Terra Lliure. Así, en 1991 el panorama era desolador en el seno de la organización: una parte había optado por abandonar la lucha armada, otros se integraron en ERC, otros se escindieron y unos pocos seguían creyendo en la actividad terrorista pura y dura.

En 1995, coincidiendo con la celebración de la Diada, la revista Alerta comunicaba oficialmente la disolución de la organización debido a «un agotamiento de la propaganda armada y de los recursos humanos». Sus peleas internas y la acertada presión judicial y policial supusieron el fin de la organización terrorista. La mayoría de sus miembros estaban en la cárcel, en el extranjero o muertos.

No cabe duda que la década de los años 70 y 80 del pasado siglo vieron proliferar diferentes movimientos sociales en un contexto nacional de agotamiento y cuestionamiento de una larga dictadura y de la necesidad de explorar nuevos horizontes de modernidad y liberación. Cataluña no era ajena a las demandas existentes en el resto de la geografía nacional pero es cierto que, al igual que en el País Vasco, el grado de demanda de mayor autogobierno derivado de su propia idiosincrasia hizo florecer un número más elevado y potente de entidades sociales.

Años antes del surgimiento de la Crida o Terra Lliure, nacía en 1971 un movimiento de oposición antifranquista denominado Asamblea de Cataluña. La asfixia del franquismo y el anhelo de libertad llevaron a que unas 300 personas procedentes de la clandestinidad política, social y cultural se reunieran en secreto en una iglesia del Raval de Barcelona para conformar un nuevo actor social legitimado para protagonizar el futuro de Cataluña.

La Asamblea de Cataluña era heredera directa de la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña que en los años sesenta había sido capaz de reunir, por primera vez en décadas, a formaciones políticas como Esquerra Republicana de Catalunya, el Front Nacional de Catalunya, el Moviment Socialista de Catalunya, la Unió Democràtica de Catalunya o el Partit Socialista Unificat de Catalunya con el objetivo de articular un movimiento transversal unitario.

El mayor éxito de la Asamblea, elevado a la categoría de mito e icono, fue la creación del famoso eslogan «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía». Con este claim trataron de vincular el concepto de libertad a mayor autogobierno y el de nuevos tiempos con la conquista de espacios políticos propios. Aquella causalidad interesada entre libertad y autogestión propició que la Asamblea fuese capaz de sacar a las calles de Cataluña a cientos de personas bajo aquel sencillo lema. Habían logrado movilizar a diferentes segmentos y estamentos sociales con comportamientos e inquietudes heterogéneas bajo un mismo principio aglutinador, al tiempo que alejaba a muchos jóvenes de los tentadores movimientos vandálicos callejeros.

Sus principios y objetivos más allá del eslogan los articularon en cuatro puntos concretos:

La reivindicación de libertades sociales y políticas.

Una amnistía para los presos políticos de la dictadura.

El restablecimiento en Cataluña del Estatuto de Autonomía de 1932 con todas las instituciones implícitas.

Procurar coordinar estas acciones con las organizaciones democráticas del resto del Estado español.

La Asamblea de Cataluña fue el primer gran fenómeno de masas capaz de construir hegemonía entre sectores aparentemente antagónicos como socialistas, democristianos, comunistas, nacionalistas, independentistas, sindicalistas, universitarios, colegios profesionales, asociaciones gremiales, entidades deportivas, organizaciones culturales o asociaciones de vecinos.

Vivió uno de sus momentos más críticos en octubre de 1973 con la «caída de los 113», que supuso la detención por parte de las fuerzas represoras del franquismo de 113 personas de la entidad en la ciudad de Barcelona. Inmediatamente después se orquestó una movilización social sin precedentes para solicitar la liberación de los detenidos que obtuvo una gran repercusión internacional.

Tras la muerte del dictador, la actividad de la Asamblea se incrementó hasta la llegada de la democracia. De hecho, la Asamblea fue la organizadora de las dos manifestaciones multitudinarias celebradas en febrero de 1976 en Barcelona, poco después de la muerte de Franco, y de la convocatoria de la primera Diada no clandestina celebrada en Sant Boi de Llobregat. Con la celebración de las primeras elecciones libres y la victoria de las fuerzas de izquierda nacionalista, la Asamblea perdió su razón de ser y optó por disolverse.

A aquellos años corresponde un movimiento de carácter temporal pero cuya capacidad movilizadora hacen necesaria su mención. Se trata del Congreso de Cultura Catalana que se inició en 1975 y se cerró en 1977, y que fue impulsado por el Colegio de Abogados de Barcelona. El objetivo final era promocionar y reivindicar la cultura catalana en un escenario de posfranquismo que comenzaba a vislumbrar las bondades de la libertad tras años de represión y autoritarismo. Desde el punto de vista logístico, el Congreso se articulaba en un total de 25 áreas de trabajo divididas por bloques temáticos, en las que intervenían diferentes expertos. Todo muy centrado en preservar y engrandecer la identidad catalanista como elemento diferenciador del resto de regiones de España. Se introdujo la idea de que los Països Catalans era un concepto más amplio que Cataluña y que debía integrar otros territorios próximos. Se trataba de defender una visión anexionadora y expansiva de la catalanidad.

Desde el punto de vista de los actores políticos en la clandestinidad, el Congreso representaba una oportunidad única para obtener cobertura mediática y un altavoz para exigir su vuelta al circuito democrático, pero al ser legalizados, estos partidos políticos perdieron el interés en el Congreso. Pese a esto, se adhirieron más de 1500 entidades sociales y participaron 12 000 asistentes. No obstante, la previsión de los organizadores estimaba la asistencia de 30 000 personas, lo que redujo sustancialmente los ingresos por entradas —cada entrada costaba 1000 pesetas, es decir, 6 euros actuales—, además se preveía contar con una financiación inicial que rondaría los 100 millones de pesetas y finalmente se recaudaron 70. Para el independentismo catalán, aquel congreso constituyó un ejemplo del patrimonio civil y de la memoria colectiva de los Països Catalans.

Los antecedentes históricos del movimiento asociativo catalán asentaron, consciente o inconscientemente, los mimbres para el colectivismo actual. Las entidades civiles de la esfera secesionista del siglo XXI están influenciadas por aquellos movimientos, de los que beben y se nutren como espejo en el que mirarse hasta el punto de replicar patrones y modelos con pequeñas pinceladas innovadoras. El ejemplo más claro es que la Asamblea de Cataluña de la década de los 70 es la inspiradora directa de la Asamblea Nacional Catalana de la actualidad.

Opio popular

Si Karl Marx volviese a escribir Crítica de la filosofía del derecho de Hegel en el contexto actual y no en el siglo XIX posiblemente reformularía su afamada expresión en la que defendía que la religión era el opio del pueblo y sustituiría el concepto de religión por el de fútbol.

El padre del marxismo, uno de los mayores ejemplos del éxito del marketing político que ha trascendido al pasar de los años, trataba de argumentar que las clases dominantes empleaban la religión como instrumento de control colectivo por medio del alivio, la distracción y la falsa sensación de ofrecer respuestas a una serie de demandas insatisfechas.

Sin duda alguna, si existe un discurso hegemónico a lo largo de la historia, ese es el religioso. Un movimiento espiritual que por medio de un liderazgo claro —con independencia del tipo de religión— ofrece una ilusión intangible a través de la cual calmar las ansias poblacionales ante las frustraciones generadas por la sensación de vacío existente en todos los periodos históricos.

Comparar la religión con el fútbol pudiera parecer una blasfemia o una ofensa a los sentimientos religiosos, pero al analizarlo de manera objetiva ofrece puntos en común más allá de los evidentes. Son dos herramientas poderosísimas para ofrecer felicidad, desasosiego y una sensación de distancia con la difícil realidad cotidiana. Permiten abstraerse de los problemas y construir un refugio imaginario en el que cobijarnos del dolor producido por los acontecimientos que la vida nos pone en el camino.

En la actualidad, el fútbol tiene un fuerte componente religioso para muchos. Se trata de una ceremonia ritual capaz de movilizar a grandes masas sociales. Al igual que la religión, el fútbol iguala a todos los seres humanos: poco importa la edad, los ingresos, la formación… todos sienten, sufren o disfrutan de la misma manera. Se trata de adhesiones incondicionales a proyectos incuestionables en la que la fe juega un papel crucial. Incluso llegan a compartir terminología. En ambas esferas, religiosa y futbolística, se habla de seguidores, de parroquias, de discípulos, de dioses, de fe, de milagros.

El opio del pueblo en el siglo XXI es el fútbol en la medida en la que constituye toda una religión profana. Tal es el efecto opiáceo y anestésico de este deporte que en campeonatos importantes —sirvan de ejemplo las finales del Mundial o de la Champions League—, las urgencias hospitalarias quedan totalmente vacías. Además, desde un punto de vista psicológico el opio y el fútbol comparten similares componentes adictivos y la falsa sensación de felicidad que producen en el momento y que se diluye cuando pasan los efectos.

Esto es algo que no se escapa a ojos del secesionismo, que en ese proceso de muda de piel del nacionalismo catalanista al independentismo etnopopulista entendió que debía introducir su relato en el ámbito deportivo. Por eso, en 1998 surgió la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes con el objetivo de que Cataluña pudiera disputar competiciones deportivas internacionales en todas aquellas categorías en las que desearía hacerlo. En su afán por elevar a la comunidad autónoma de Cataluña a rango de país independiente, trataron de articular un movimiento de presión para que Cataluña fuese aceptada en las competiciones mundiales como una selección nacional más.

Uno de los fundadores e impulsores de esta plataforma fue Jaume Llauradó, quien ostentó la presidencia de la entidad, al tiempo que era vicepresidente del FC Barcelona, club que intentó liderar desde la presidencia en el año 2003 pero al que Joan Laporta derrotó en las urnas blaugranas.

El primer paso que dio la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes fue emprender una recolecta de firmas que les permitiese presentar una iniciativa legislativa popular en la que se emplazaba al Parlamento de Cataluña a modificar la ley del deporte de tal forma que facilitase que las federaciones catalanas fuesen reconocidas internacionalmente. Aquella iniciativa prosperó y lograron el cambio normativo, lo cual, en la práctica, no implicó un cambio de reconocimiento.

Ante el estancamiento de la ley de selecciones deportivas catalanas derivada de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el Gobierno, Llauradó intentó organizar un campeonato europeo de naciones sin Estado que estuviese plenamente abierto a los equipos de aquellas regiones que demandaban un reconocimiento deportivo internacional. La propia entidad en favor de las selecciones catalanas era consciente de la dificultad y complejidad de su objetivo, por ello llegaron a plantear que los jugadores pudiesen competir en la selección catalana y en la española indistintamente.

Pese al empuje inicial de la plataforma, entre los años 2000 y 2005 su actividad se redujo a la mínima expresión. Limitaron su radio de acción a declaraciones públicas de su presidente y a alguna que otra campaña de perfil bajo más ruidosa que efectista. Esto cambió al tiempo que lo hacía la presidencia de la plataforma. Tras Jaume Llauradó llegaría Xavier Vinyals, dispuesto a reactivar la maquinaria deportiva independentista. Vinyals contaba con un marcado y comprometido perfil separatista y conocedor de la política, ya en las elecciones autonómicas catalanas del año 2003 había formado parte de las listas electorales de ERC. Con Vinyals al mando se optó por apostar por el cóctel molotov compuesto de dos de los ingredientes favoritos del etnopopulismo: la confrontación y la polémica. Una mezcla que alcanzó su momento álgido en el año 2006 con el spot publicitario difundido en la televisión pública catalana, TV3, y que pretendía emitirse hasta la celebración de un partido amistoso entre las selecciones de Cataluña y Euskadi, en un claro reto al modelo de Estado imperante en España.

La polémica del anuncio publicitario se debía a dos cuestiones. Por un lado, por la utilización de niños para fomentar la confrontación y el desafío catalanista y, por otro, por el contenido y escenas del propio spot. Se trataba de un anuncio que reivindicaba la legitimidad de que las selecciones deportivas catalanas pudiesen jugar competiciones internacionales. Para ello, representaba un partido de futbol entre niños en el que se veía como uno de ellos, con camiseta roja, muy similar a la de la Selección Española de Fútbol, impedía jugar a otro niño que vestía con la camiseta de la selección catalana. En ese momento, el niño con la camiseta de la selección catalana se deshace de la prenda y entra en el campo a pecho descubierto, gesto que es copiado por otros niños dando pie a la disputa de un partido entre chavales con y sin camiseta. Al final, en el pecho del niño vetado por vestir la camiseta de la selección catalana se puede leer «una nació, una selecció».

El Partido Popular y Ciutadans presentaron una denuncia ante el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) para que prohibiese la emisión del anuncio alegando que su contenido era esencialmente político, lo cual vulneraba el artículo 93 de la Ley de Comunicación Audiovisual catalana que prohíbe expresamente «la publicidad de contenido esencialmente político dirigida a la consecución de objetivos de esta naturaleza». El Consejo Audiovisual de Cataluña analizó de urgencia la reclamación y rechazó, por seis votos a uno, la denuncia presentada por ambos partidos políticos. Una opinión similar a la del Gobierno central, en manos del PSOE en aquel momento, que —por medio de la entonces ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera— daba por bueno el informe del Consejo Audiovisual catalán y declinaba censurar el anuncio. Curiosamente, la visión de la ministra sobre el debate independentista era que aquello se trataba de «un debate agotado». La perspectiva temporal anima a cuestionarse aquellas palabras.

Sin embargo, el juzgado de lo contencioso-administrativo ordenó su suspensión cautelar al considerar que el spot podía fomentar «comportamientos discriminatorios» y provocar «daños y perjuicios de difícil reparación». La sentencia bloqueaba la emisión de anuncio de manera momentánea hasta que el juzgado resolviese en firme alegando que «podría fomentar entre los niños, aunque también entre los mayores, comportamientos discriminatorios en cuanto a la participación en un deporte por el hecho de portar un tipo u otro de camiseta cuando es sobradamente conocido, a poco que se sepa de fútbol, lo que el color de una y otra representan», especialmente en «un medio publicitario tan directo y con tanta influencia como es la televisión». La sentencia final confirmó la ilegalidad del anuncio en la que se utilizaban menores con fines políticos.

A pesar de la polémica —o gracias a ella—, el objetivo de la campaña resultó un éxito para la plataforma. Logró plantear el debate sobre la conveniencia, legalidad y legitimidad de las selecciones catalanas como nunca antes se había logrado en términos mediáticos y políticos. La finalidad de alcanzar un fuerte ruido y repercusión comunicativa se había logrado con creces.

En el año 2007, la Plataforma decidió emprender otra campaña mediática centrada, una vez más, en la polémica y en la que el objetivo era la Real Federación Española de Fútbol al haberse negado a autorizar la celebración de un encuentro entre las selecciones de Cataluña y Estados Unidos. Por medio de su página web, habilitó un escrito de protesta contra la federación en la que, al añadir una serie de datos, se enviaba al correo directo de la entidad española.

En la desesperada búsqueda de apoyos exteriores y de que alguna entidad les abriese las puertas del reconocimiento internacional, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes presentó en el año 2006 como el primer gran paso para su éxito mundial el hecho de que la Federación Internacional de Icestock —un deporte similar al curling pero mucho más minoritario aún— reconociese a Cataluña como uno de sus miembros, al mismo nivel que cualquier otro país. Aquello fue replicado en infinidad de ocasiones por los medios independentistas y sus organismos satélites como el principio del fin de una Cataluña oprimida. El problema, como suele suceder con el relato etnopopulista, es que era irreal y falseado. Lo que el Congreso de la Federación Internacional de Icestock, celebrado en Finlandia en 2006, sometió a votación fue la incorporación de España como miembro de pleno derecho aprobándose su entrada por 119 votos a favor y ninguno en contra. Esto fue aprovechado por la Cataluña populista para, ante el desconocimiento del gran público sobre un deporte residual, fabricar un relato discursivo basado en una ficción irreal. De hecho, dos años más tarde, en el mismo Congreso se debatió la inclusión de Cataluña como miembro de la federación, lo que fue rechazado por 93 votos frente a 26 apoyos. De aquellas dos grandes mentiras del independentismo dan buena cuenta las actas de la Federación que, a día de hoy, no muestra ni rastro de Cataluña en su página web oficial.

A pesar de aquel rechazo, según la información ofrecida por la propia Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, existe un total de 21 deportes en los que los catalanes pueden competir a nivel internacional. Aunque la cifra pudiera parecer elevada, se trata de deportes muy minoritarios y casi desconocidos para la gran mayoría de la sociedad como pueden ser el korfbal —una especie de baloncesto con canastas de mimbre—, el futbol australiano —un derivado del rugby—, los bolos o los dardos. El sueño utópico de la plataforma es ver competir a Cataluña en disciplinas mayoritarias como el fútbol, el baloncesto, el tenis, el rubgy, la natación, el atletismo o el balonmano.

En el periodo de mayor expansión del relato independentista correspondiente al llamado lustro populista, la plataforma publicó un estudio en el que defendían que la independencia aportaría cada año 176 millones de euros más al sector del deporte catalán. Una cifra que es, cuando menos, cuestionable y refutable. Lo que es objetivo es el hecho de que, al igual que el resto de actores sociales del panorama independentista, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha sido una de las entidades más beneficiadas de las ayudas públicas de la Generalitat. Se calcula, según diversas fuentes, que solo entre los años 2005 y 2010, la plataforma fue regada con unos cinco millones de euros en subvenciones de distinta índole. Desde el año 2010, las ayudas públicas se han mantenido en el orden de 200 000 euros anuales en conceptos como «actividades deportivas y actos de impacto significativo o relevancia social e histórica» o para «la proyección internacional del deporte catalán y el pleno alcance de las selecciones deportivas catalanas». El equidistante populismo de ámbito estatal que representa la formación morada Podemos también optó por aumentar las ayudas y subvenciones a la Plataforma nada más llegar a la alcaldía de Barcelona, pasando de los 50 000 euros anuales a 90 000 euros en los primeros meses de mandato de Ada Colau.

No es de extrañar que en la web de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes tanto los estatutos como la última memoria económica aparecen con el mensaje «aquesta pàgina no es pot trovar», es decir, el clásico «página no encontrada». Y es que, a pesar de los esfuerzos del soberanismo por articular una presión social en torno a la necesidad de que las selecciones catalanas compitan en campeonatos internacionales, la plataforma se encuentra lejos, muy lejos, de poder ser considerada una entidad importante en el panorama catalán.

Quien sí es un elemento determinante, importante y trascendental en la construcción de una identidad catalanista es el Fútbol Club Barcelona. Los dirigentes más nacionalistas, entre ellos el propio Jordi Pujol, alegaban que Cataluña no tenía una selección de fútbol que pudiese competir en torneos internacionales porque el equipo nacional de Cataluña era el Barça. Sobre él se han creado muchos mitos, algunos falsos relatos y una gran variedad de informaciones inexactas capaces de hacer creer que el equipo más importante de la Ciudad Condal, con permiso del RCD Espanyol, ha sido siempre la punta de lanza del nacionalismo y el movimiento independentista. Y es que el FC Barcelona es el poseedor de una hegemonía social por encima de la deportiva, clave en el escenario catalán gracias al uso de técnicas de marketing aderezadas de un discurso populista.

Es imprescindible comenzar recordando cómo surge el nacimiento del que, con los años, ha sido uno de los mejores equipos del planeta. Todo comenzó un 22 de octubre de 1899 cuando el suizo Hans-Max Gamper Haessing publicó un anuncio en una revista deportiva para crear un equipo de fútbol. A aquel mensaje respondieron doce personas de distintas nacionalidades: seis españoles, tres suizos, dos ingleses y un alemán. Estos hombres, el 29 de noviembre de aquel mismo año fundaron el club blaugrana bajo el nombre inglés de «Football Club Barcelona» y optaron por designar como presidente al mayor del grupo, que era el suizo Walter Wild. Esto da una muestra de la ausencia total de fronteras mentales, políticas o sociales entre el grupo fundador del club catalán en el que se encontraba un reducido número de personas de cuatro nacionalidades diferentes.

Poco o nada podían imaginar sus fundadores sobre la deriva política que terminaría adoptando el club con el paso de los años. Y es que el grupo fundador no fue una excepción, puesto que de los diez primeros presidentes del FC Barcelona, seis fueron extranjeros. Empezando por el primer presidente de la entidad, Walter Wild, que como acabamos de ver era suizo de nacimiento. Tras él, llegaría a la presidencia el catalán Bartomeu Terradas Brutau al que de nuevo sucedería otro suizo, Paul Haas. Este cedió el testigo al británico Arthur Witty Cotton. El quinto, sexto y séptimo presidentes serían españoles: Josep Soler, Juli Marial Mundet y Vicente Reig Viñals, quien estaría al frente de la entidad culé solamente 22 días, la presidencia más breve del club. El octavo presidente sería el suizo Hans-Max Gamper Haessing, más conocido por su nombre catalanizado Joan Gamper, fundador del club barcelonés, además de otro equipo en Zurich, quien ostentaría el poder en cuatro periodos distintos. A Gamper le siguió el alemán Otto Helmut Gmelin para cederle el testigo nuevamente al suizo Gamper. No parece que la catalanidad fuese un elemento crucial en estos primeros años de vida del equipo.

Es cierto, sin embargo, que el FC Barcelona, desde sus inicios, ha tenido posicionamientos políticos que iban más allá del ámbito estrictamente deportivo. Así, cuatro años después de la creación de la Mancomunidad de Cataluña —la primera fórmula de autogobierno administrativa de la región en la historia contemporánea—, en 1918, el club se adhirió a la petición de un estatuto de autonomía para Cataluña siguiendo la demanda de otros colectivos sociales. Tiempo después, en 1921, el equipo optó por redactar sus propios estatutos en catalán, a pesar de que aquella lengua no tenía carácter oficial en aquel entonces.

Con la llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, aupado por una parte de la sociedad burguesa catalana, comenzó una dura etapa basada en la represión y silenciamiento del nacionalismo. En esos años, el campo del FC Barcelona se convierte en el último reducto de libertad del catalanismo, donde se podía conversar en la lengua propia sin ningún peligro. Y así fue hasta que en 1925 el campo del club, el bautizado como Les Corts, fue clausurado y el club suspendido de actividad por los silbidos del público contra el himno de España durante un partido homenaje al Orfeón Catalán. Aquello fue considerado como un acto de «desafecto al patriotismo» y la sanción se justificó alegando que «existe en la citada Sociedad —en referencia al FC Barcelona— la tendencia intencionada que se ha acentuado en los últimos tiempos con motivo de la victoria alcanzada en el último campeonato, rehuyendo citar el nombre de España y llamándole impropiamente campeonato peninsular».

Es habitual escuchar, no solo en el seno del independentismo —lo cual da muestra del éxito de su estrategia—, que el marcado perfil nacionalista del FC Barcelona se debe a que durante la dictadura franquista el equipo catalán fue, deportivamente, duramente maltratado. Para contrastar hasta qué punto esta afirmación es real hay que retrotraerse a los años previos a la dictadura. En los años previos al franquismo, durante la Segunda República, el FC Barcelona fue un equipo en constante crisis y de escaso éxito deportivo. Entre 1931 y 1936, mientras el Real Madrid se hizo con dos campeonatos de Liga y dos Copas de España, los culés pasaron aquellos años en blanco. La última Liga que levantó el Barcelona antes de la Segunda República fue en 1929 y habría que esperar hasta 1945 para repetir la gesta. Esta crisis deportiva fue pareja al apoyo social recibido, pasando de 14 000 socios antes de la Segunda República a poco más de 2000 al final de los años cuarenta.

Tras una dura guerra civil, comenzaron las oscuras décadas de la dictadura. En la actualidad, es habitual escuchar decir de boca de cualquier culé que el equipo de Franco era el Real Madrid y que, por tanto, no dudó en beneficiarlo siempre que pudo. Esto se rebate echando un vistazo a los datos objetivos, y es que desde 1939 el FC Barcelona ganó cinco campeonatos de Liga hasta que el Real Madrid fichó a Alfredo Di Stéfano en 1953 y terminó la hegemonía blaugrana. El equipo madridista volvió a levantar la copa de la Liga en 1953, 21 años después de su última conquista y comenzó una época gloriosa en Europa que se saldó con la consecución de cinco títulos europeos seguidos. Otro dato revelador lo compone el hecho de que en los años que duró la dictadura franquista, el equipo español que más Copas del Generalísimo —entregadas por el caudillo— ganó fue el FC Barcelona, alzándose con el título en nueve ocasiones por seis del equipo blanco. En total, desde 1939 hasta 1975 el FC Barcelona conquistó 20 títulos nacionales frente a los 21 del Real Madrid. Una trayectoria pareja como ha sido siempre y que demuestra que en aquellos años, como en el pasado y el futuro, ninguno de los dos grandes equipos españoles ha sido beneficiado o perjudicado por cuestiones políticas.

El franquismo no solo no generó trato discriminatorio en el seno del FC Barcelona sino que lo favoreció en diferentes ocasiones. En algunas facilitando recalificaciones de terreno que permitían tomar oxígeno a las ruinosas cuentas del club, y en otras permitiendo fichajes de futbolistas que sin la mediación política serían complicados. Es el caso de Ladislao Kubala, estrella húngara que hizo disfrutar a los aficionados culés durante más de una década. El franquismo le otorgó la nacionalidad y le permitió jugar con la selección española de fútbol, convirtiéndose así en el primer futbolista nacionalizado que jugó con España. El que todavía hoy sigue siendo el tercer máximo goleador del FC Barcelona, solo por detrás de Messi y César Rodríguez, llegó a la Ciudad Condal gracias a que el franquismo utilizó su figura y su llegada a España para lanzar una campaña contra el comunismo que representaba Hungría, ubicada al otro lado del telón de acero.

No es de extrañar que, a pesar del relato oficioso del independentismo actual, en 1951, un año después de la llegada al club de la estrella húngara, el presidente del FC Barcelona, Agustí Montal Galobart, le impusiese la insignia de oro y brillantes al dictador Francisco Franco.

Años más tarde, en enero de 1968 durante el acto de proclamación del nuevo presidente de la entidad azulgrana, el gerundense Narcís de Carreras acunó el famoso lema «més que un club» en un discurso de investidura en el que proclamaba que «vengo con todo aquel entusiasmo que vosotros podéis pedir porque el Barça es algo más que un club de fútbol, el Barça es más que un lugar de esparcimiento donde los domingos vemos jugar a un equipo, más que todas las cosas es un espíritu que llevamos muy arraigado, son unos colores que estimamos por encima de todo». En la actualidad, los dirigentes barcelonistas alegan que aquel «més que un club» aludía al compromiso social y político del club con Cataluña, lo que, de inicio, era falso: solo es una construcción marketiniana que ha logrado permear en todos los estamentos de la sociedad. Acudiendo a su enunciado original nos damos cuenta de que el presidente del equipo hablaba de sentimientos, pero de sentimientos no identitarios de carácter político sino futbolístico. Quizá el toque místico que buscaba otorgarle Narcís de Carreras a su intervención es lo que ha permitido que con el paso de los años algunos hayan falseado su intención. Tanto es así que el propio Narcís había sido un estrecho y fiel colaborador del franquismo en sus primeros años, llegando a escribir artículos en prensa en los que elogiaba la figura del caudillo.

Año y medio más tarde de acuñarse la frase que pasaría a la posteridad del equipo catalán, en octubre de 1969 veía la luz el artículo titulado Barça! Barça! Barça! del escritor español Manuel Vázquez Montalbán, en el que defendía que el club blaugrana debía ser un símbolo del catalanismo y un actor social de primer orden más allá de su mero carácter deportivo. Para ello argumentaba la idiosincrasia y peculiaridades de un club que se diferenciaba de todos los demás existentes en el panorama futbolístico español: «En los ojales de muchas de estas personas que avanzan hacia el Nou Camp hay un escudo con cuatro barras rojas sobre fondo amarillo. ¿A que esto no lo han visto en otros campos de España?».

La gran virtud del artículo de Vázquez Montalbán fue que anticipó lo que en el siglo siguiente reivindicaría el etnopopulismo. Un relato en el que predomina lo sentimental sobre lo racional, en el que se habla de agravios y bandos opuestos, un discurso que constituye una apelación directa a las emociones y que pone al FC Barcelona por delante de todo afirmando que «el equipo del Club de Fútbol Barcelona, del Barça, también actúa como médium, estableciendo contacto nada más y nada menos que con la propia historia del pueblo catalán. Es el Barça la única institución legal que une al hombre de la calle con la Catalunya que pudo haber sido y no fue. Y con ese médium mantiene una relación ambivalente de amor y rechazo, de fanatismo y crítica despiadada, aunque una y otra vez vuelva, domingo tras domingo, al Nou Camp».

Aquella carga emocional, el llamamiento a lo sentimental, el alegato a la activación de las pasiones o la vehemencia romántica de un equipo convertido en actor social no fueron parejos a los pasos que desde el club se fueron dando. De hecho, en los años posteriores el FC Barcelona premió en dos ocasiones al dictador. La primera en 1971, cuando el caudillo recibió a la junta directiva del club en el palacio del Pardo tras haber colaborado con más de 40 millones de pesetas —unos 240 000 euros— de dinero público en la construcción de unas nuevas instalaciones blaugrana. En señal de agradecimiento, el FC Barcelona le impuso la medalla de oro del Palau Blaugrana. La segunda ocasión fue en 1974, cuando el equipo barcelonista le otorgó al dictador Franco la medalla de oro con motivo de los 75 años de vida del club.

Terminaba la dictadura con un club fuerte en lo deportivo y con más de 80 000 socios a sus espaldas. En los años de la Transición y el comienzo de la democracia, los dirigentes del equipo, al igual que hicieron los líderes de los diferentes partidos políticos, optaron por una reconciliación nacional que huyese de la confrontación, los bandos y las tensiones. De esta forma, entre 1975 y el comienzo del nuevo milenio el FC Barcelona centró todos sus esfuerzos en lo deportivo dejando en un segundo lado su labor como agente social. Lo que hacía fuera de los terrenos de juego poco o nada tenía que ver con la política o con los guiños al radicalismo independentista a pesar de mantener la disponibilidad de su estadio para la celebración de actos en favor de un mayor autogobierno o para la mera exaltación del nacionalismo identitario. Entre otros motivos se encuentra el hecho de que entre 1978 y 2000 ostentase la presidencia del equipo José Luis Núñez, el presidente más longevo de la historia del club, cuyos intereses empresariales e inmobiliarios hacían que mantuviese una sana relación con todos los niveles de la administración.

Toda esta visión cambió en 2003 con la llegada al poder presidencial de Joan Laporta, quien viró bruscamente el rumbo del club imprimiendo un fuerte carácter nacionalista tendente al flirteo con el independentismo. Es en estos años en los que se instaura en el seno del club blaugrana una simpatía errónea con el movimiento secesionista, lo que se traduce en continuas y diversas pancartas en las gradas del Camp Nou con lemas como «Catalonia is not Spain», «Independencia» o «Freedom Catalonia», al tiempo que se establece como costumbre que en el minuto 17 con 14 segundos el estadio coree cánticos en favor de la independencia.

El etnopopulismo independentista había entrado en el club para quedarse e ir afianzándose con el paso del tiempo. Tanto es así que el propio presidente del equipo blaugrana, Joan Laporta, no dudaba en acudir a manifestaciones, actos o convocatorias secesionistas en las que se pedía abiertamente la independencia de Cataluña. No dudaba en afirmar que su sueño era el de ver convertida en realidad una «nación catalana organizada en un Estado propio. Este es el sueño que yo tengo, especialmente para mis hijos. Lucharé y trabajaré para hacer de este sueño una realidad»[41]. La realidad es que el independentismo de Joan Laporta no era algo nuevo o pasajero. Ya en los años noventa había formado parte, junto con Pilar Rahola y Àngel Colom, del grupo fundador del Partit per la Independència, una aventura electoral cuyos mejores resultados jamás llegaron al 1 por ciento de los votos.

En junio de 2010, Laporta abandonó la presidencia del FC Barcelona y un mes más tarde fundó su propio partido bajo el nombre de Democràcia Catalana. La idea de Laporta era la de convertirse en el líder aglutinador de todas las formaciones políticas partidarias de la independencia; para ello, hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas para concurrir en una misma lista. Aquel llamamiento no fue escuchado y Laporta integró a su partido, Democràcia Catalana, en una coalición electoral denominada Solidaritat Catalana per la Independència (SI), en la que también se integraron Catalunya Nació Independència, Partit Republicà Català, Els Verds-Alternativa Verda y Solidaritat per la Independència. En las elecciones autonómicas celebradas en noviembre de aquel mismo 2010, la denominada Solidaritat Catalana per la Independència obtuvo más de 100 000 votos y cuatro escaños, entre ellos el de Joan Laporta. En menos de dos años, tiempo que transcurrió hasta las siguientes elecciones, el partido de Laporta se rompió internamente debido a sus disputas y conflictos derivados de la estrategia a seguir, y en las siguientes elecciones autonómicas de 2012 perdieron dos terceras partes de su voto y se quedaron sin representación parlamentaria.

El independentismo de Laporta era tal que a final de su mandato vetó la propuesta de acuerdo ofrecida por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, el socialista Miguel Sebastián, para que firmasen el mismo convenio que había firmado con el Real Madrid para el fomento y promoción del turismo en el país y que llevaba como lema «Visit Spain». Además de con el equipo blanco, el convenio se había firmado con la selección española de fútbol, con la de baloncesto, con MotoGP y con algunos deportistas individuales. El ministro aseguró literalmente que «no hubo forma».

Volviendo al plano deportivo, y ya con Sandro Rosell en la presidencia, el FC Barcelona siguió estando dominado por el independentismo, en el que el poder del sentimiento contra España era predominante hasta el punto de prohibir a su máximo delantero, David Villa, portar la bandera española en sus botas. El delantero asturiano, en aquellos años uno de los europeos más eficaces de cara a la portería, solía calzar unas botas con la bandera española, la asturiana y los nombres de su mujer y sus hijas. El entorno del club animó al jugador a prescindir del emblema nacional alegando que la identidad del club era otra. Del mismo modo, mostraron las reticencias del FC Barcelona a que celebrase sus goles escenificando pases toreros.

Rosell manifestó siempre su intención de mantener al equipo catalán en una situación de neutralidad total con respecto a una hipotética independencia de la región, pero los miembros del club que componían la junta directiva y la cada vez mayor presión social obligaban a Rosell a mantener una equidistancia política que rompía en función de intereses comunicativos. Así, entre manifestar que «institucionalmente el FC Barcelona no tiene que entrar en estos temas […] en el momento en que Cataluña decida que la independencia es lo mejor, el Barça estará a su lado[42]» y afirmar que «somos diferentes, somos parte de un país que se llama Cataluña[43]» hay escasos meses de diferencia.

En el veraniego mercado de fichajes del año 2013, Rosell llevó al Camp Nou a Neymar, la última joya futbolística salida de Brasil. Su llegada supuso una gran alegría para la afición pero también el final de Rosell al frente del FC Barcelona al descubrirse las oscuras cifras y operaciones que se escondían tras el fichaje. Tras la marcha de Rosell, en las elecciones al club, los cuatro candidatos que se presentaron para dirigir el equipo blaugrana firmaron un documento denominado «Compromiso de país» promovido por la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes en el que se comprometían a luchar por el derecho de autodeterminación de Cataluña, por la oficialidad de las selecciones catalanas y por dar apoyo a las iniciativas de las administraciones públicas en favor de la lengua catalana.

Las elecciones las ganaría Josep Maria Bartomeu frente al otro gran favorito, Joan Laporta, que trataba de volver a la presidencia del club tras su fracaso político. El mandato de Bartomeu comenzó con polémica puesto que tras las elecciones autonómicas celebradas en septiembre de 2015, el club, desde su cuenta oficial en redes sociales, felicitó al nuevo presidente Carles Puigdemont de la siguiente forma: «Felicidades, presidente Puigdemont. Que el acierto os acompañe en esta etapa histórica y apasionante que hoy inicia nuestro país, Catalunya». La mera alusión a Cataluña como país en la proclamación de un presidente que su único objetivo era conseguir la independencia de la región daba buena cuenta del papel que el FC Barcelona quería jugar en el procés.

Poco tiempo después, a principios de 2017, el equipo de la Ciudad Condal daba un paso más allá y se adhería al Pacto Nacional por el Referéndum con el objetivo de recoger apoyos para la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña. Ya en 2014, cuando Bartomeu ocupaba la presidencia del club de manera interina tras la dimisión de Rosell, el FC Barcelona se sumó al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir alegando ser un club catalán y catalanista. Ambos apoyos fueron aplaudidos por todo el engranaje político y social del etnopopulismo independentista.

Desde el inicio de la era Laporta hasta nuestros días, se ha ido produciendo una escalada de tensión y crispación en el seno del club blaugrana que ha alcanzado límites insospechados. Todo lo que tenga que ver con símbolos nacionales es percibido como un ataque por parte de la entidad culé y parte de la afición. Sin embargo, a medida que pasaban los años los elementos separatistas han ido adueñándose del escenario futbolístico catalán. Concretando en acciones determinadas podemos recordar como en el partido que enfrentaba al FC Barcelona contra el Atlético de Madrid en la última jornada de la temporada 2013-2014 y en el que ambos se jugaban la Liga, los servicios de seguridad del club blaugrana requisaron a los aficionados cualquier bandera de España que portasen. Habrá quien se escude en el argumento de los hechos aislados, pero la red está plagada de videos de aficionados que han tenido que esconder sus banderas de España, que han sido abucheados o que han tenido problemas por vestir la camiseta de la selección nacional en un partido de los blaugranas. Uno de los más recientes y que acumula centenares de miles de visitas en internet es el que muestra a un aficionado portando una bandera de España durante los cuartos de final de la Copa del Rey en enero de 2018 entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol. La reacción de un grupo de radicales es tan hostil que los propios servicios de seguridad del club le requisan la bandera pese a su pacífica actitud. Una muestra constante y continua de autoritarismo que el FC Barcelona no solo protege y defiende sino que también promulga. Así se pudo demostrar durante un reportaje de Barça TV —la televisión oficial del equipo— con motivo de la final de la Copa del Rey del mismo año entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el que se observa cómo una reportera de la televisión blaugrana le pide a un aficionado azulgrana que esconda la bandera de España durante la entrevista para no tener problemas con sus superiores.

En los últimos años, este tipo de acciones ha ido acompañado constantemente por pitos al himno nacional. La endofobia de la que hace gala la directiva y una parte no representativa de la afición blaugrana se demuestra en el hecho de que el último partido que disputó la selección nacional de fútbol en Cataluña fue en febrero de 2004, hace más de 15 años, cuando el combinado español se midió a Perú en el estadio olímpico Lluís Companys. Algo similar a lo que sucede en el País Vasco, donde la selección nacional no pisa el césped de los estadios vascos desde 1967, hace más de 50 años. Recientemente, el Partido Popular impulsó una proposición no de ley para que el equipo español pudiese volver a jugar en tierras vascas, pero que fue rechazada por el PNV y EH Bildu y la abstención de Podemos.

El rechazo y repulsa que genera la selección nacional en Cataluña no es, ni mucho menos, mayoritaria. Lo que existe es, una vez más, un éxito marketiniano que ha permitido al etnopopulismo independentista hacer hegemónico el relato basado en el rechazo a todo lo español en el seno de la región. Este falaz discurso lo desmontó magistralmente la propia selección nacional de fútbol cuando encadenó victorias en la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Aquello hizo que las banderas de España inundasen las calles y balcones de Cataluña y convirtió a la final de aquel Mundial en el espacio televisivo más visto en la historia de Cataluña.

A pesar de la unión deportiva que genera la selección nacional de Cádiz a Santander y de Badajoz a Palma de Mallorca, en Cataluña las administraciones públicas han vetado progresivamente la instalación de pantallas gigantes en las calles y plazas para ver los partidos de las competiciones internacionales.

El 1 de octubre de 2017, después de la complicada jornada del referéndum ilegal de independencia, el FC Barcelona amenazó con no disputar el partido de Liga correspondiente a aquella jornada, que le enfrentaba aquella misma noche contra la UD Las Palmas. Varios jugadores y directivos del club apostaban por negarse a disputar el encuentro a pesar de la sanción correspondiente, pero fue uno de los pesos pesados del conjunto blaugrana, Lionel Messi, el que impuso el criterio futbolístico al político recordando que aquello era un equipo de fútbol y no un partido político o entidad social. Aun así el equipo culé solicitó a la Liga el aplazamiento del encuentro, pero tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Real Federación Española de Fútbol, además de los propios Mossos d’Esquadra, aseguraron que se cumplían todas las condiciones y requisitos necesarios para que se disputase el partido. Ante ello, el FC Barcelona, en señal de protesta, optó por celebrar el encuentro a puerta cerrada. Por su parte, la UD Las Palmas, en un gesto sin precedentes en el club canario, decidió jugar el encuentro con una bandera de España en la pechera de la camiseta. La decisión fue anunciada en un comunicado en el que, entre otras cosas, se decía lo siguiente:

«La UD Las Palmas podría haberse limitado a ser testigo mudo de esta encrucijada histórica o tomar partido. Nos decantamos por lo segundo. Decidimos bordar en nuestra camiseta una pequeña bandera española y la fecha de hoy, 1 de octubre de 2017, para testimoniar sin estridencias nuestra esperanza en el futuro de este país y en la buena voluntad de quienes convivimos en él, en busca del mejor entendimiento. Por muy lejos que esté el Estadio Gran Canaria, nunca hemos sentido la menor tentación de formar parte de un país que no sea este […]. Con la bandera española bordada en nuestra equipación queremos votar de forma inequívoca en una imaginaria consulta a la que nadie nos ha convocado: creemos en la unidad de España […]. Lo hacemos confiando en que a nadie le incomode este gesto. Como nunca nos incomodó ver ondear senyeras en la grada, extendidas sobre el césped o envolviendo el cuerpo de nuestros rivales que, una vez terminado el partido, son compatriotas que nos llenan de orgullo al formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, o de una de las mejores selecciones del planeta».

El orden y la vara

Todos los actores anteriormente analizados forman parte del cuerpo central de instituciones de lo que el etnopopulismo independentista viene a definir como nación catalana. Es aquí donde se hace necesario introducir una diferenciación politológica entre conceptos que se suelen utilizar como sinónimos pero que en realidad representan cuestiones distintas. Se trata de los términos «nación», «Estado» y «Estado-nación». Grosso modo podríamos establecer que la nación es aquella entidad formada por un pueblo, una cultura, una identidad y un territorio. Frente a esto encontramos el concepto de Estado que, de manera sintética, determinamos que se compone de un ejército o cuerpo de seguridad, una moneda propia y una representación exterior. La combinación de ambas ideas es la que conforma el Estadonación.

En este sentido se entiende que desde los inicios de un nacionalismo creciente en Cataluña se tendiese a referenciar la nación catalana y no el Estado catalán, al ser más complicado desde un punto de vista argumental negar la existencia de un colectivo concreto unido en torno a una lengua, unas costumbres y un territorio determinado. Si bien es cierto que la inmediata respuesta nos deriva a preguntarnos si estas mismas expresiones identitarias son diferentes a las del resto de España o si no forman parte de unos matices complementarios entre todas las regiones de la geografía española.

La realidad es que cuantificar qué parte de un determinado pueblo se considera que forma parte de una nación diferenciada y cuál se identifica con el conjunto es complejo. Por este motivo, la única validez tanto política como jurídica la fijan las normas y leyes que todos nos hemos dado. Así, tras la dictadura, se elaboró una Constitución española que reconocía una única nación que es la española, siendo esta refrendada por el conjunto de la ciudadanía, con mayor fervor aun en Cataluña.

Dicho esto, el etnopopulismo catalán fue altamente hábil a la hora de construir un relato legitimador de la idea de nación catalana, siendo comprado hasta por parte de sus adversarios. De esta forma, la vocación soberana de ese concepto primario de nación catalana es la que persigue convertirse en un Estado-nación con plenos poderes y elevar el debate político a un nivel superior.

Entendiendo que la representación exterior estaba cubierta y activa desde la Generalitat y que en el aspecto monetario la idea era mantener el euro como elemento europeizador —pese a la dificultad expuesta desde Bruselas—, solamente quedaba hacerse con un ejército o cuerpo de seguridad fiel y leal. Y esta cuestión no era un tema menor puesto que para el populismo la seguridad y el orden siempre han sido elementos cruciales de su ideario. En el control de las sociedades modernas, como ya apuntaba George Orwell, la politización de la seguridad juega un papel trascendental. El independentismo siempre ha tratado de disputarle el monopolio de la fuerza al Gobierno central y ha perseguido legitimar a sus propios cuerpos y fuerzas de seguridad frente a los estatales.

Es el dilema clásico planteado por el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman y que establece la disputa compuesta por el clivaje formado por la libertad y la seguridad. Dos conceptos difíciles de conciliar y en constante tensión. Para el polímata polaco, la idea central consistía en la división entre ceder terreno a la seguridad en detrimento de la libertad u ostentar mayores cotas de libertad renunciando a la seguridad. Un dilema que el populismo tiene resuelto desde sus inicios, puesto que para esta escuela de pensamiento la seguridad se ha de anteponer a la libertad.

Dentro del panorama político español, esta idea estaría representada por la figura del politólogo y diputado Íñigo Errejón, en su doble condición de estudioso experto en populismos y testador práctico de sus principios desde la organización política Podemos. No es de extrañar que el propio Errejón, poco tiempo después de comenzar su andadura política, afirmase en un programa de televisión que «lo más revolucionario que se puede hacer hoy es poner orden para que se cumplan las normas y no haya gente por encima de las leyes», al tiempo que hacía un llamamiento a sumarse a «un proyecto general de orden con autoridad y prestigio»[44]. Una idea que terminaba de rematar en una entrevista complementaria para el diario francés Le Figaro en la que aseguraba que «es un error de las fuerzas progresistas haber dejado a los conservadores el monopolio de la idea de orden, de estabilidad social y de continuidad. Porque, en mi opinión, este orden es inseparable de la lucha contra las desigualdades sociales […]. Es el orden entendido en el sentido de comunidad». En lenguaje fácilmente comprensible Errejón hablaba de la vara. Del poder. Del control. De la autoridad.

Este concepto tan conservador de preservar el orden social se complementa con un populismo punitivo incipiente en las sociedades modernas. Un populismo punitivo que fundamenta su estrategia en la creación artificial de inseguridades y miedos que justifican la lucha contra un enemigo real o imaginario. En el caso del etnopopulismo independentista en Cataluña, esta doble vertiente basada en el orden y el castigo ha entroncado en la construcción de un enemigo reconocible representado por España, sus instituciones y sus representantes políticos. Todo aquello que lleve a cabo España como entidad soberana en territorio catalán será percibido como una amenaza al conjunto del pueblo.

Una visión que justifica la disminución del nivel de libertad individual en pro de mantener un nivel de autonomía propio en el que no se inmiscuya el Estado español. Es ahí donde el etnopopulismo catalán entiende que juegan un papel determinante cuerpos y fuerzas de seguridad como los Mossos d’Esquadra. Este cuerpo policial autonómico, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en 1983, aunque su existencia como fuerza de seguridad se remonta a más de cien años atrás. De hecho, fue suprimido por el franquismo en 1939. Con el paso de los años, los Mossos fueron adquiriendo competencias antes exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil como eran las cuestiones relativas al tráfico, el orden público o la seguridad ciudadana. Se trata de un cuerpo de seguridad que, al igual que sucede con Policía Nacional y Guardia Civil en toda España, encabeza siempre los rankings y encuestas de las instituciones más valoradas. Se da la coincidencia a lo largo de toda la geografía nacional de que los cuerpos y fuerzas de seguridad, nacionales o autonómicos, siempre son mejor valorados que las instituciones políticas. Así, en Cataluña, los ciudadanos confían más en los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil que en el Gobierno de la Generalitat[45]. La valoración media de los Mossos d’Esquadra en Cataluña tiende a situarse en torno al notable de nota media. Es decir, son percibidos como un cuerpo policial fiable, eficaz y garante de la seguridad.

Lamentablemente, es habitual que en los regímenes políticos en los que se persigue el control férreo de la población se termine por emplear políticamente instituciones al servicio del ciudadano. Es una característica común de los gobiernos totalitarios pero no es exclusiva de ellos, también es puesta en práctica por aquellos gobiernos intervencionistas que justifican el uso político de instituciones asépticas con el argumento de preservar el bien común. En este sentido, los radicalismos ideológicos de diferentes extremos han empleado siempre a los cuerpos y fuerzas de seguridad con fines políticos. Desde el Chile de Pinochet hasta la Venezuela chavista pasando por China se han servido de los cuerpos de seguridad en su beneficio político, para construir un relato hegemónico. En contra de lo que pudiera parecer esto no es potestad exclusiva de las dictaduras, también sucede en diferentes democracias globales desde Rusia hasta Estados Unidos.

En Cataluña, el etnopopulismo imperante durante años ha dedicado recursos y esfuerzos en establecer una estrategia basada en utilizar a los más de 17 000 agentes que componen los Mossos d’Esquadra para alcanzar la independencia. Así se desprende del escrito emitido por la Fiscalía General del Estado tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre en el que se concluye que «la Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular por lo que se refiere a la policía autonómica». Para la Fiscalía no existían dudas de la utilización política del cuerpo policial autonómico por parte del independentismo, y puso de relieve que «la estrategia de la Generalitat basada en la movilización de la sociedad parte de una actuación por parte de los Mossos comprometida con la línea de actuación diseñada desde el Govern».

El relato marketiniano del etnopopulismo independentista comienza a hacer aguas cuando el 30 de octubre, apenas dos días después de que se aprobase en el Parlament la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, el presidente Carles Puigdemont, acompañado de varios de sus consejeros, emprenden una huida de la justicia en coche, de manera clandestina y con destino a Bélgica. En esta esperpéntica fuga para eludir sus responsabilidades legales, Puigdemont y sus consejeros contaron con la ayuda de los Mossos d’Esquadra. Una vez en Bélgica, Puigdemont contó con los servicios de escolta ofrecido por Mossos sin tener competencias para ello. Tanto los informes judiciales como los policiales, determinaron que aquella complicidad policial no podía haberse producido sin el conocimiento, la autorización y la colaboración de los altos cargos del departamento de Interior de la Generalitat.

Hasta ese momento de evasión ante el deber y desde el comienzo del lustro populista, el independentismo había ido haciendo uso de las entidades centradas en temas relativos a la seguridad para apuntalar y legitimar el relato separatista. Como pudimos ver en páginas anteriores, el ciberpopulismo moderno emplea las nuevas tecnologías como una herramienta más en la interceptación de información amparándose en la seguridad de la región. En este sentido destaca el protagonismo de dos instituciones concretas: el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) y, como hemos visto, los Mossos d’Esquadra. El grado de colaboración entre estas dos organizaciones siempre ha sido estrecho. Lo cuestionable surge cuando su colaboración trasciende del interés general y traspasa las barreras competenciales y legales de las que son poseedores. Esto sucedió desde el año 2012 —por lo menos que se tenga acreditado— cuando el CESICAT, actuando como agencia de inteligencia y ciberseguridad, comienza a instruir a los Mossos en tareas tales como el espionaje informático, el pinchazo telefónico o el pirateo de redes privadas de internet. Todas ellas prácticas ilegales que solamente puede realizar la Policía bajo autorización judicial.

Durante años, los Mossos han sido empleados por el Gobierno autonómico para velar por los intereses del separatismo. Por aquella época comenzaron de manera paulatina los seguimientos y espionajes a líderes políticos, periodistas, abogados, profesores o miembros de la sociedad civil. Se trataba de vigilancias a personalidades relevantes opuestas al proceso independentista: políticos del PP, PSOE y Ciudadanos; periodistas de Antena 3 o El Confidencial; miembros de organizaciones como Sociedad Civil Catalana… Para ello, además de los seguimientos se recopilaba información de la trayectoria laboral y personal —domicilio, número de teléfono, DNI…— todo acompañado de la pertinente sesión fotográfica documental. La lista de personas espiadas es inenarrable debido a su amplia extensión. Uno de los casos más llamativos, aunque no el único, es el de los seguimientos al exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, cuyos escoltas interceptaron a diferentes vehículos en labores de vigilancia y comprobaron que se trataba de automóviles con placas camufladas y adscritos al departamento de presidencia de la Generalitat. El exministro fue objeto de seguimientos en sus años como máximo representante del departamento de Interior, después de dejar el cargo. Una vigilancia de varios años contra uno de los muchos objetivos del independentismo.

Todos los objetivos tenían un denominador común. Ser enemigos del procés. Una lógica propia del populismo que entiende que en la construcción de un relato político existen dos bandos opuestos y enfrentados donde se debe excluir al adversario. En este sentido, el espionaje ilegal masivo que llevaba a cabo el cuerpo policial autonómico contaba con todo tipo de recursos, tanto humanos como económicos. Tanto es así que solo en el año 2015 el etnopopulismo gobernante destinó más de 160 000 euros a estas tareas.

Dentro de esa visión dicotómica en dos colores en la que solo existe el tono blanco de los compañeros y el negro de los enemigos, los cargos políticos al servicio del independentismo crearon un relato basado en el odio de los Mossos a cualquier otro cuerpo policial español, fundamentalmente Policía Nacional y Guardia Civil. Así, el día más importante para el etnopopulismo independentista, el del referéndum ilegal del 1 de octubre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo intensos seguimientos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para ello, se sirvieron de todo un operativo bien organizado y aprobado por el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, en el que se determinaba que el seguimiento y espionaje a la Policía Nacional y Guardia Civil era una misión prioritaria. Dicho operativo establecía que patrullas de los Mossos, estratégicamente ubicadas, tenían como finalidad recabar datos de los vehículos —tipo, marca, modelo, color, matrícula…— y de los agentes —si iban uniformados, camuflados, cuántos eran, su aspecto…— y fotografiar toda la actividad de los cuerpos policiales estatales durante el 1 de octubre. El objetivo de todo aquello era controlar constantemente la actividad de Policía Nacional y Guardia Civil y articular un relato en el que los cuerpos nacionales quedasen retratados como fuerzas de ocupación opresoras frente a los empáticos y cercanos Mossos.

Días después de la celebración del referéndum ilegal, el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, durante una entrevista[46] definía la actuación de los Mossos aquel día como «impecable» y aseguró que «cumplieron con las instrucciones recibidas», demostrando que más allá del cumplimiento de la ley, el cuerpo policial autonómico tenía instrucciones políticas concretas. Esta radicalidad ha dado lugar a que los Mossos d’Esquadra sean un cuerpo de policía autonómico roto a la mitad, en el que los partidarios de la independencia tienen una existencia más cómoda y plena frente a los constitucionalistas que viven silenciados y coaccionados dentro del cuerpo. Testimonios de uno y otro lado dan buena cuenta de la difícil convivencia dentro de los Mossos entre defensores y críticos del procés.

El desvío de efectivos para tareas que nada tenían que ver con las competencias encomendadas al cuerpo y la mala praxis policial no son acciones aisladas, circunstanciales o anecdóticas. Dan buena muestra de un comportamiento servil a los intereses políticos del independentismo.

Recordemos que el 26 de octubre de 2017, un día antes de la proclamación unilateral de independencia y de la consiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Policía Nacional interceptó varios vehículos de los Mossos d’Esquadra camino de una incineradora donde pensaban destruir y quemar documentación confidencial. Aunque los Mossos alegaron que se trataba de una acción rutinaria, la realidad es que el contenido de aquellos vehículos revelaba todo un historial de actividades ilícitas al servicio de los intereses políticos e independentistas del etnopopulismo. A pesar de que durante años los padres del procés y sus defensores se pensaron intocables, la perspectiva temporal nos ha demostrado que el marketing político jamás está por encima del imperio de la ley. Por este motivo, el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, tuvo que responder ante la justicia acusado de sedición y de pertenencia a organización criminal debido a su implicación en los hechos ocurridos durante el 1 de octubre y sus días previos.

A pesar de la utilización partidista y política de los Mossos de la que hacían uso los independentistas, todavía les faltaba dotarse de un cuerpo militarizado que les permitiese contar con todos los elementos propios de un Estado. La dificultad de enfrentarse a los peligros de otras potencias permaneciendo desarmados es un riesgo que casi ninguna nación se permite. De hecho, solo Costa Rica, Panamá e Islandia son grandes países sin un ejército profesional, a pesar de contar con acuerdos, tratados y convenios de apoyo en terceros países en caso de agresión exterior. Si una Cataluña independiente quería diferenciarse de los microestados existentes alrededor del mundo debía contar con un ejército propio.

El etnopopulismo catalán apostaba por un modelo de defensa homologable al de países como Austria, Dinamarca o Suiza debido a las similitudes en población y extensión con Cataluña. Los cálculos que se hacían desde la Generalitat en época de Puigdemont determinaban que debía destinarse en torno a un 3 por ciento del presupuesto catalán a un cuerpo militarizado de unos 20 000 efectivos. Y es que desde el comienzo de la deriva independentista durante los mandatos de Artur Mas, ya se valoraba la opción de dotarse de un ejército propio. En el año 2014, el Consejo Asesor para la Transición Nacional, constituido un año antes, publicó el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Se trataba de un documento de 141 páginas estructurado en tres partes: el proceso constituyente, la organización de Cataluña como nuevo Estado y las relaciones de Cataluña con el Estado español, la Unión Europea y la comunidad internacional. Dentro del segundo apartado existía todo un bloque destinado a la seguridad y defensa en el que se valoraban diversas opciones, desde crear un ejército propio hasta la militarización de parte de los Mossos d’Esquadra. El independentismo entendía que la seguridad y la defensa constituían un pilar fundamental a la hora de conseguir los objetivos finales y que era una herramienta de fuerza contra aquellos que se opusiesen a los designios del etnopopulismo.

Años más tarde, en plena efervescencia prerreferéndum de independencia, en 2017, el Gobierno de Puigdemont valoró la posibilidad de implementar un sistema de mili obligatoria en Cataluña como elemento imprescindible para la creación de un ejército profesionalizado. Aquella idea se desechó bajo el argumento de que los catalanes asociaban la mili al Estado español y a épocas anteriores, lo cual generaba un marco mental perjudicial para sus intereses. Después de la celebración del 1 de octubre de aquel año, el propio presidente Puigdemont, siguiendo el argumento defendido en su día por Artur Mas, abogó por la necesidad de contar con unas fuerzas de seguridad militarizadas bajo la premisa de que «la política de defensa es absolutamente indispensable». Puigdemont consideraba imprescindible dotarse de un ejército propio si llegaban a constituirse como Estado independiente puesto que «se ha de poder defender y sindicar la voluntad de defensa con otros países […]. No tengamos complejos, Cataluña ha de poder tener una política de defensa homologable a la que hacen naciones aliadas»[47].

El relato del independentismo oficialista estaba meridianamente claro y consistía en la utilización de los medios públicos a su alcance —fundamentalmente los Mossos aunque no únicamente— y en la posibilidad de dotarse en el futuro de una fuerza militar propia. Sin embargo, el etnopopulismo asociativo más radical y fanatizado apostaba por una acción más directa. Frente al orden y la vara que defendía el etnopopulismo institucional, los sectores más extremistas planteaban exclusivamente una campaña basada en la vara. Una estrategia que pivotaría sobre tres vectores: la resistencia, la desobediencia civil y el soft fighting. Esta exaltada visión se materializó a mediados de 2017 con la creación de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República). En los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre nacieron dos entidades asociativas denominadas Comités de Defensa del Referéndum (CDR) y Comités de Defensa del Barrio (CDB) con el único objetivo de velar por la celebración de la prohibida consulta. Aquellas dos iniciativas trataban de aglutinar a los sectores más polarizados, movilizados y agitados del independentismo catalán. Con el paso de los días y las semanas fueron recabando más apoyos hasta contar con la colaboración oficial y extraoficial de partidos políticos como la CUP, ERC o el PDeCAT, y asociaciones como Òmnium Cultural o la Asamblea Nacional Catalana.

Su objetivo principal era que el 1 de octubre se pudiese producir la votación que determinaría, al margen de la legalidad vigente, si Cataluña debía constituirse como Estado independiente o no. Su llamamiento a la desobediencia civil y a la resistencia se materializó aquel día con la ocupación masiva de colegios electorales, la formación de cadenas humanas o la negativa a responder a los cuerpos policiales. Cualquier acción, aparentemente no violenta, era dada por buena para impedir el cierre de los colegios o el requisamiento de urnas electorales.

Tras el 1 de octubre, el movimiento callejero adopta el nombre de CDR, es decir, Comités de Defensa de la República, entendiendo así que han superado el umbral del referéndum y que el siguiente ítem consiste en la defensa de una república independiente ya proclamada. La unificada nueva nomenclatura no es casual y debe su origen a los grupos de acción, control político y delación del Partido Comunista en Cuba, denominados Comités de Defensa de la Revolución, es decir, también CDR. El cambio de nombre trajo aparejada un extremismo mayor en sus acciones. Y es que, a pesar de la aparente espontaneidad e independencia de estos CDR catalanes, se encontraban perfectamente orquestados y seguían las técnicas clásicas del movimiento anarquista tradicional sirviéndose de los canales de comunicación que ofrece la modernidad capitalista: redes sociales, WhatsApp, Telegram… Actualmente existen más de 200 asambleas de los CDR en toda Cataluña y desde el 1 de octubre han acaparado una fuerte atención mediática por sus acciones basadas en bloquear las carreteras por medio de violentos piquetes, encadenarse frente al palacio de Justicia de Barcelona, generar tumultuarios disturbios, convocar manifestaciones contra el Mobile World Congress u organizar protestas contra el Rey de España, Felipe VI. Su estrategia es clara: generar caos por medio de la algarada y reventar la situación de normalidad en señal de protesta por los hipotéticos ataques a Cataluña por parte del Estado español o de cualquier ente, institución o actor social que cuestione la independencia de Cataluña. Tal es el grado de radicalidad, fanatismo y exacerbación de los Comités de Defensa de la República que, en varias ocasiones, han llegado a enfrentarse a los independentistas al frente de la Generalitat acusándolos de melifluos y dóciles. Así, al mes de llegar Quim Torra al poder como presidente de la Generalitat —de quien no hay duda de su nivel y grado de independentismo—, los CDR asaltaron varias consejerías y edificios públicos exigiendo la implantación de la república y la excarcelación de los políticos independentistas presos. Estas acciones las llevaron a cabo bajo el siguiente argumento: «Ya lo hemos comprobado: cuanto más hemos cedido, peor nos ha ido. Basta de excusas, basta de renuncias. Independencia efectiva[48]».

Esto explica el viraje discursivo del propio Quim Torra con los CDR. El mayor ejemplo de esto lo vimos en los actos conmemorativos del 1 de octubre, llevados a cabo por parte del Govern en Sant Julià de Ramis —el pueblo en el que un año antes en el referéndum ilegal pretendía votar Carles Puigdemont—, cuando el presidente de la Generalitat animó a los CDR a continuar con sus cuestionables acciones con un clarividente: «Apretáis, y hacéis bien en apretar». Dicho y hecho. Esa misma mañana los CDR asaltaban por la fuerza el edificio de la delegación del Govern en Gerona y sustituían la bandera española que ondeaba en la fachada por una estelada. Ante la pasividad de los miembros de seguridad y la mirada complaciente de los dirigentes políticos separatistas, aquello no podía más que crecer exponencialmente.

Aquella noche icónica para el independentismo los CDR, pasamontañas en ristre, asaltaron el Parlament y hostigaron a los integrantes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ante la incrédula mirada de los Mossos d’Esquadra muy inferiores en número y equipamiento. Las imágenes y los vídeos del asedio a la cámara regional son realmente incomprensibles en una democracia consolidada y generan una inevitable sensación de conmoción social. No fueron sus únicas acciones conmemorativas puesto que además cortaron líneas ferroviarias, carreteras, calles…

Lejos de suponer un problema o preocupación para el president Quim Torra, el dirigente independentista ha mantenido encuentros y reuniones con ellos y se ha jactado en sede parlamentaria de mantener un contacto fluido: «Hablo con los CDR muy a menudo porque miembros de mi familia pertenecen a ellos […]. Yo no puedo criminalizar a los CDR. No lo haré. Tienen todo el derecho a trabajar a favor de su proyecto político». Solo así se explica que en la ronda de manifestaciones que ha llevado a cabo por toda la geografía nacional el colectivo Jusapol, que persigue la equiparación salarial de los policías nacionales con los autonómicos, el único lugar donde hubo problemas, insultos, agresiones y violencia fue en Barcelona. Y es que los CDR optaron por convocar una contramanifestación ilegal contra los policías para hostigarles y amenazarles. Uno de los miembros de los Comités de Defensa de la República, con numerosos antecedentes policiales, le rompió la nariz a uno de los agentes que se manifestaban pacíficamente. La respuesta del etnopopulismo a estos hechos es sencilla: los defensores de la legalidad —ya sean políticos, periodistas, policías o ciudadanos anónimos— provocan con sus actos a los sectores más radicales del independentismo en busca de una imagen victimizadora.

Desde un punto de vista científico y empírico debemos asumir la existencia de una corriente de pensamiento político y politológico que justifica determinadas acciones violentas argumentando que se encuentran al servicio de un fin mayor parapetado en el principio de desobediencia civil. Así, algunos analistas, entre los que destacaría el trabajo académico realizado por Pablo Iglesias, a la postre fundador de Podemos, establecen una marcada diferenciación entre la violencia como instrumento político ejercida por los Estados y la conflictividad social expresada desde el conflicto físico. Esta revisión del concepto clásico de desobediencia civil vendría a desbaratar algunos de los axiomas incuestionables hasta el momento como es el requisito imprescindible de ausencia de violencia para su lógica legitimación. Este vuelco argumental comienza a cobrar fuerza con el intento de disculpar la agresiva acción callejera de los movimientos antiglobalización de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

De esta manera se entiende que, a pesar de la innumerable ristra de diferencias existentes, el etnopopulismo catalán terminase creyendo que sus acciones se asimilaban a la legítima y pacifica desobediencia civil ejemplificada en las figuras de líderes de la talla de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi.

No deja de resultar paradójico que los intentos de desobediencia civil se ejerzan fundamentalmente en las democracias liberales y no en los espacios carentes de libertad. Esto tiene una explicación bastante simple y es la forma en que afronta este tipo de acciones una democracia liberal y otro tipo de estado. La democracia liberal en su firme convicción de priorizar la libertad individual en un marco de cumplimiento normativo es laxo en sus acciones frente a la dura represión a la que se enfrentaría un movimiento de estas características en un estado autoritario. Todo ello a pesar de cobrar mucho más sentido ejercer este tipo de desobediencia en aquellas regiones en las que se vive una ausencia de libertad y una privación de derechos fundamentales.

Capítulo 5
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Elementos y mensajes marketinianos

El arte de la seducción

Todavía recuerdo la sorpresa que me llevé a las pocas semanas de iniciar mi etapa de estudiante universitario cuando, en una de las clases de aquel nuevo mundo que representaba la universidad para cualquier estudiante de dieciocho años, el profesor entró por la puerta del aula y sin haber llegado aún a la tarima pronunció una de las palabras más temidas por cualquier estudiante: «¡Examen!». Mientras mis compañeros se mostraban aturdidos y trataban de averiguar si lo había avisado en clases anteriores y qué tipo de materia podía entrar en aquel examen inaugural apenas unas semanas después de nuestros primeros pasos por aquella facultad, mi corazón se aceleraba y los nervios se apoderaban de mí. «Coged un folio en blanco y contestad a esta única pregunta: sois un alto dirigente del Gobierno de una nación en la que se ha producido un escape radiactivo en una central nuclear. ¿Cómo actuáis? ¿Qué decisiones tomáis? Tenéis cincuenta minutos y debéis saber que será anónimo». Aquella última palabra nos relajó a todos. Si era un examen sin nuestros datos podíamos respirar tranquilos.

Estábamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y, salvo rarísima excepción, nadie tenía ni idea de física, química o energía nuclear. Así que mientras algunos dejaban volar su imaginación, otros se postraron sobre aquel folio en blanco tratando de descifrar qué debían contestar. Al pasar aquellos 50 minutos, el profesor recogió los exámenes, los mezcló y los volvió a repartir entre los alumnos. Empezamos a leer en voz alta varios de ellos. Ese fue uno de los momentos más divertidos que viví dentro de un aula. Las respuestas anónimas eran de lo más dispares. Desde el clásico «convoco un comité de expertos en la materia, comparezco cada hora y si se demuestran negligencias claras presento mi dimisión» hasta las más ocurrentes entre las que destacaban la respuesta de algún alumno que despachó aquella prueba con un escueto «la escarpada orografía y el relieve de la nación que represento no permiten la existencia de una central de este tipo por lo que este supuesto no es válido en nuestro caso»; otro elaboró toda una teoría conspiranoica para culpar a un tercero de aquel escape radiactivo, argumentando que había sido un ataque que implicaba a personalidades del gobierno, los servicios secretos, China, la mafia y el narcotráfico para debilitar al país y ganar dinero a través de transacciones económicas ilegales; por último, otro compañero simplemente había negado la mayor, en la nación a la que él representaba no se había producido ningún incidente nuclear, era un bulo que corría por internet.

Cuando terminamos, entre risas y mucho más tranquilos de lo que habíamos empezado, el profesor nos explicó que lo que pretendía era hacernos ver que en política es fundamental la creatividad. La capacidad de construir un relato creíble hasta en las condiciones más adversas.

No cabe ninguna duda de que las cabezas pensantes del nacionalismo en Cataluña han sido capaces de crear un relato único, con una historia diferenciada, retocada y, en muchas ocasiones, falseada, con unos argumentos propios y unos personajes reconocibles en su narrativa, sirviéndose de las mejores herramientas del marketing y de la filosofía teórica para crear un sustrato que les permitiese alcanzar la hegemonía política, discursiva y social.

Sobre la idea de que son las demandas sociales las que constituyen al pueblo y que, por tanto, este siempre se conforma como oposición al poder, el etnopopulismo catalán ha articulado todo un movimiento cuya demanda principal y sobre la que gravitan todas las demás es la constitución de un nuevo Estado catalán y la independencia de España. Han sido capaces de crear una identidad catalana, fuertemente asentada sobre un vértice emocional, que es radicalmente antagónica de todo aquel atisbo de oposición a sus demandas, y se han convertido en el eje de su pugna identitaria sobre el que volcar cualquier sentimiento contrapuesto.

La clave se encuentra en la seducción, como explica Robert Greene en su obra que da título a esta sección. Una seducción que no se limita a la esfera amorosa o a la vida de pareja, sino que trasciende y es útil en campos tan dispares como los negocios o la política puesto que nos permite alcanzar un nivel de persuasión colectiva que posibilita imponer las ideas propias sobre la masa sin necesidad de presionar o coaccionar. Se trataría de construir un discurso fundamentado en las esperanzas de futuro empleando un relato inventado. El éxito radica en que las expectativas son mucho más poderosas que la realidad. Una es imaginada y la otra es tangible, por lo que resulta más atractivo el discurso basado en expectativas que nos permite idealizar el futuro.

Todo esto se articula en torno a una estrategia que tiene muy presente la idiosincrasia propia de España. El etnopopulismo catalán es plenamente consciente de que la fisonomía del escenario en el que se mueve es sustancialmente diferente a la de otros países cercanos. Mientras que en los últimos años entre nuestros socios europeos han surgido formaciones políticas centradas en volcar las frustraciones ciudadanas y las demandas insatisfechas en culpables externos —inmigrantes, Bruselas, los especuladores…—, en España el populismo principalmente ha volcado el descontento social en figuras internas —el bipartidismo, Madrid…— dejando en un segundo plano las críticas al exterior. Esto no es casual y demuestra una característica propia del pueblo español. Se trata de la endofobia. Un rechazo a nuestros elementos propios, a las características históricas propias, a los rasgos que nos caracterizan como nación. Una repulsa a identificarse con la cultura y los símbolos que representa tu país. Un sentimiento opuesto a la xenofobia que podría explicar que en España no haya surgido una formación populista de extrema derecha —si bien es cierto que existe asentada en la izquierda—, como podría ser el británico UKIP, el griego Amanecer Dorado, el francés Frente Nacional, la italiana Liga Norte o el holandés Partido por la Libertad. En España genera mucho más rédito político —y es más efectivo— vincular los símbolos como la bandera o el himno con el franquismo, el reduccionismo político consistente en tildar de facha a todo lo que sea discrepante con la opinión propia o aprovechar ese aparente complejo de inferioridad respecto a los logros y éxitos de nuestros países vecinos.

Una endofobia que han vivido algunas potencias mundiales después de convulsos momentos históricos, como sucedió en Alemania después de la segunda guerra mundial, pero que en pocos casos perdura en el tiempo de manera prolongada y de generación en generación como sucede en España, donde el complejo por la propia españolidad es aprovechado por el etnopopulismo para construir un relato propio basado en falaces argumentaciones, capaz de seducir y atraer a perfiles sociales heterogéneos.

La nación inventada

En ese proceso de seducción romántica son igual de importantes las expectativas de futuro como la construcción de hitos pasados, más allá de su verosimilitud. Es en este sentido donde el independentismo ha destinado ingentes recursos en construir una historia ficticia para hacerla pasar por real e incrementar la presunta validez de sus argumentos políticos. Bien es cierto que el inicio del relato romántico sobre la Cataluña pujante, independiente y autónoma varía en función del nivel de desinformación y/o manipulación intencionada del emisor.

Existe una tónica general que resulta cuando menos inquietante. Y es que las versiones más falaces de la historia de Cataluña las encontramos en textos infantiles o libros de dibujos destinados a ser leídos por niños en proceso de aprendizaje, es decir, con una capacidad crítica o cuestionadora propia de la inocencia de un menor. Ejemplo de ello es el libro infantil La meva història de Catalunya en el que se explica a los niños que la historia de Cataluña se remonta al año 800 cuando se constituye como un país pirenaico. No es una excepción puesto que encontramos diversas obras dirigidas al público infantil o adolescente en las que, en el mejor de los casos, se narra la historia de manera inexacta. En otras ocasiones, directamente se prostituye la realidad de los hechos dando lugar a auténticas fabulas jamás existidas. Es el caso del libro Petita Història de la Nació Catalana, en el que se asegura que desde el inicio de los tiempos Cataluña es «una nación tan importante como otras de Europa». No cabe duda de que es más sencillo introducir elementos ficticios de marketing en las mentes más jóvenes, más aún si el argumento ofrecido se retrotrae en el tiempo a más de diez siglos de historia. El objetivo no es otro que crear un sentimiento de pertenencia y comunidad desde las primeras etapas de la vida.

De esta manera, los más puristas ubican el origen de la potencia catalana en el reinado del imperio carolingio, cuando arrebataron a los musulmanes el control de Gerona en primer lugar, de Barcelona tiempo después y Tarragona en última instancia. La realidad es que desde los tiempos de los romanos, quienes bautizaron a lo que hoy conocemos como España con el nombre de Hispania, o lo que actualmente denominamos Cataluña no se diferenciaba en absolutamente nada al resto de regiones. Tanto es así que la capitalidad de la Hispania romana se instauró en Tarragona. Lo que realmente sucedió fue que la Hispania visigoda, en la que la capitalidad se trasladó a Barcelona, se resquebrajó al tiempo que se fraguaba una invasión musulmana. Para aplacar dicha invasión, el reino franco, que dominó la dinastía carolingia, pujó para frenar el avance de la expansión musulmana, conquistando territorios del norte de Hispania y dando lugar a la creación del condado de Barcelona. Resulta altamente significativo el hecho de que el área de poder de los reyes francos que hacía las funciones de frontera con los territorios bajo dominio musulmán fuese denominada por el imperio carolingio como «Marca Hispánica». Estos territorios se dividían en condados dependientes de los reyes francos.

El imperio carolingio no tenía ninguna intención expansionista o conquistadora más allá de retener el avance musulmán que podría constituir una seria amenaza a su gran poder. Hay que aclarar que en los documentos de aquella época en los que se hace mención al surgimiento del condado de Barcelona nunca se menciona ni a Cataluña ni a los catalanes. Por el contrario, aparecen constantes referencias a los españoles.

Uno de los mayores empeños del etnopopulismo catalán es hacer pasar a Wilfredo el Velloso como el primer rey de la dinastía catalana y, por tanto, padre de la Cataluña nacionalista. Una figura que debe ser elevada a los altares. Puede parecer poco trascendente pero el hecho de contar con una figura histórica propia les permite, en primer lugar, rebatir a los discrepantes y, en segundo lugar, crear iconografía propia. Posiblemente, en cualquier debate en el que un nacionalista establezca a Wilfredo como padre de la patria catalana tendrá difícil contraargumentación por el simple hecho de que la inmensa mayoría de la sociedad no tiene nociones históricas tan detalladas y retraídas en el tiempo. Esto sucede también en los debates en los que un tertuliano, opinador o comentarista hace alusión a un dato concreto de un estudio determinado. Pocos podrán rebatirle, al tratarse de una cuestión muy concreta sobre la cual los demás no tendrán conocimiento. El riesgo de este tipo de acciones es dar con alguien que tenga un conocimiento real y no tergiversado de lo que se está contando.

Más allá de la leyenda artificial y errónea, lo que demuestran los documentos de la época y los estudios y análisis de diversos historiadores es que lo que allí sucedió en realidad fue que Carlos el Calvo, rey franco, como le sucedía a la inmensa mayoría de monarcas de la época, contaba con un amplio abanico de enemigos. Uno de ellos era Bernardo de Gothia, conde de Barcelona, quién decidió sublevarse en el momento de mayor debilidad del rey franco y cuando, además, se encontraba de viaje en Roma. A pesar de la situación, el alzamiento del conde de Barcelona resultó infructuoso y Carlos el Calvo decidió premiar la fidelidad de un joven conde de Urgel llamado Wilfredo, otorgándole todos los títulos de los condados catalanes, convirtiéndose así en el fundador de la dinastía de la Casa de Barcelona.

La única cuestión destacable a nivel histórico es que Wilfredo sería el último conde designado por la monarquía franca. A partir de este momento, el legado se transmitiría de manera hereditaria con el visto bueno de los reyes francos. Por tanto, no existe en estas disputas reales ningún atisbo de sentimentalidad catalana, de creación de nuevas identidades o de demandas colectivas propias. De hecho, hubo que esperar más de un siglo para que se llevase a cabo una desvinculación real de los condes de Barcelona sobre la corona franca. Wilfredo era un súbdito del reino franco y siempre tuvo presente quién y por qué le habían colocado aquel lugar. Jamás hubo en él un mínimo atisbo de sublevación o intento de rebelarse contra la corona franca.

En esa reinterpretación de la historia ha jugado un papel determinante la figura de Jordi Pujol, quien, durante sus más de 20 años de president, recibió a todos y cada uno de los líderes internacionales que acudieron a la región con la misma fórmula: «Bienvenido a esta nación milenaria». Para el mandatario catalán era imprescindible crear la falsa idea de que el nacimiento de Cataluña es anterior al del Estado español, lo que otorgaría a Cataluña una superioridad moral para mirar de tú a tú a España en base a una relación horizontal y no jerárquica. Para ello, no dudó en dotar de grandes recursos económicos y políticos durante el segundo lustro de la década de los ochenta a conmemorar el milenario de Cataluña como punto de partida de la nación catalana. En realidad, en el año 988 lo que sucedió fue la ruptura del vasallaje por parte del conde Borrell II del monarca franco Hugo Capeto aprovechando una situación de debilidad imperial y de guerras civiles que limitaba el poder del imperio.

A tenor de las certezas históricas existentes, resulta muy osado hablar de una Cataluña reivindicativa y milenaria como consecuencia de una independencia política, fruto de un dudoso acto de insubordinación feudal por parte del conde Borrell en un contexto de hiperfragmentación de pequeños reinos.

Para otros, el surgimiento consciente de la nación catalana iría parejo a la aparición, en el siglo XI, de los primeros escritos conocidos en catalán como son «Les Homilies d’Organyà» o restos de textos de juramentos feudales. Una vez más, circunscribir un sentimiento identitario propio ligado a un nacionalismo de corte separatista a una época en la que predominaban los reinos de taifas es cuando menos inexacto e imprudente. No hay que olvidar que hasta el siglo XVIII el continente europeo era un crisol de culturas y de lenguas. En casi todos los Estados surgidos a lo largo de la Edad Media cohabitaban varios idiomas. Una frugalidad de lenguas que perdura hasta nuestros días, sin que ello implique que cada una de las más de 80 lenguas que hay en Europa representen o constituyan un sentimiento nacional propio. De hecho, en la Unión Europea son oficiales 24 lenguas, las otras 60 son regionales y/o minoritarias. Todos los países europeos son multilingües y algunos de ellos cuentan con una diversidad idiomática mayor de la que atesora España hoy en día. No parece que el argumento de una lengua propia sea suficiente para aceptar que existe una nación diferenciada. De hecho, cabría preguntarse si cada una de las más de 7000 lenguas[49] que existen en el mundo en la actualidad, algunas de ellas milenarias, deberían ser constituidas como nación y dar lugar a un mundo multidiverso —lingüísticamente hablando— en el que sustituyésemos los actuales 194 países por los más de 7000 Estados lingüísticos. A su vez, esto implicaría el reconocimiento explícito de los araneses como usuarios del aranés como vehículo lingüístico de ser reconocidos como nación aranesa independiente de la catalana y la española.

El siguiente hito histórico en la fábula independentista tiene lugar en 1137 cuando el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, rompe la tradición dinástica de contraer matrimonio con alguna mujer proveniente de la zona situada al otro lado de los Pirineos y se une en matrimonio con la princesa Petronila de Aragón. Lo que para el etnopopulismo y el radicalismo independentista supuso la creación de la Confederación catalano-aragonesa en realidad fue la integración del condado de Barcelona en la Corona de Aragón. Una vez más, constatamos cómo diferentes libros infantiles y, lo que es más preocupante, libros de texto de estudiantes de bachillerato mencionan la inexistente nomenclatura de Corona catalano-aragonesa. La falsedad histórica se cuela de manera intencionada en la web oficial de la Generalitat de Cataluña.

La realidad es que Cataluña nunca actuó como reino frente al Reino de Aragón, al Reino de Valencia y al Reino de Mallorca, ni jamás se utilizó esa terminología, ni en aquel momento ni posteriormente. De hecho, los títulos que heredaron los sucesores de Petronila y Berenguer IV fueron los de «rey de Aragón y conde de Barcelona». La realidad es que lo que hoy entendemos como Cataluña formaba parte de un todo más amplio, sin identidad propia ni noción identitaria. A pesar de ello, al independentismo la corona de Aragón le ha servido a lo largo de los años como nutriente para falsear y manipular una historia sesgada y tergiversada.

Cuando se comienza edulcorando la historia desde etapas tan antiguas, se genera un efecto bola de nieve que hace imparable una escalada de inexactitudes, falsedades y manipulaciones cada vez mayores. De esta manera, si para el populismo independentista el matrimonio de Berenguer IV con Petronila iniciaba la confederación catalano-aragonesa, sus descendientes no podían más que incrementar esa catalanidad nacionalista. Por eso, no es de extrañar escucharles defender que el primogénito del matrimonio, Alfonso II de Aragón el Casto fue el artífice de la creación de una organización propia que podríamos asimilar a día de hoy con una estructura de Estado. Así, defienden cosas como que Cataluña conquistó Valencia y Aragón cuando la realidad es bien distinta. Además, insisten en hacer pasar a los condes de Barcelona como reyes cuando jamás ostentaron tal título. El reinado era Aragón y así lo defendían los propios condes de Barcelona.

Otro ejemplo más de esta historia de diseño lo encontramos en la figura del rey de la casa de Aragón, Jaime I, conocido como el Conquistador. La maquinaria propagandística al servicio del etnopopulismo creó la ficción de un rey de Cataluña, no de la corona de Aragón, llamado Jaume I, quien, según uno de los libros infantiles anteriormente señalado, «emprendió la expansión de Catalunya por tierras hispánicas».

La discrepancia con la edulcorada versión nacionalista es la ausencia de documentación. Por el contrario, la obra Llibre dels feits escrita por el propio Jaime I —quien parece ofrecer mayor credibilidad testimonial— muestra cómo el rey de la corona de Aragón corrió en auxilio de Alfonso X de Castilla el Sabio cuando este se vio amenazado por la invasión musulmana. Lo justificaba de la siguiente forma: «Porque lo hemos hecho en primer lugar por Dios, en segundo por salvar a España, y en tercero para que tengamos el gran honor de que gracias a nosotros se haya salvado España». De igual manera, a la salida del segundo Concilio de Lyon, celebrado en 1274, expresaba su apoyo a una nueva cruzada afirmando «barones, hoy a lo menos hemos dejado bien puesto el honor de España». Parece evidente que los catalanes medievales, como el resto de miembros de la corona de Aragón, sentían pertenencia a una entidad muy distinta a lo que pudiera ser Cataluña, como pretenden hacer creer algunos.

Para no incurrir en un debate estéril sobre la credibilidad de unos o de otros, la prueba fehaciente de las falacias del etnopopulismo independentista la encontramos en los escritos de historiadores como Pere Ribera de Perpinyà, Ramón Muntaner o Bernat Desclot: todos ellos dejaban claro que no existía ni rastro de un sentimiento identitario catalán, ni de una nacionalidad propia. Todo lo contrario. Si algo gritaban los soldados cuando iban al combate no era «Cataluña» sino «Aragón». De lo que sí existe registro es de ese sentimiento de unidad de los diferentes reyes de España que formaban una identidad única bajo la frugal diversidad y que anhelaban la posibilidad de volver a formar un único todo después de la azarosa invasión musulmana. Por duro que resulte para las ensoñaciones independentistas, la historia documental de la que tenemos constancia nos revela que los condes de Barcelona a lo largo de los siglos y en sus múltiples viajes al exterior solían presentarse como caballeros de España.

Bajo esta unidad de mando llegamos en nuestro repaso histórico a través de la verdad única que demuestran los hechos hasta el siglo XV, en el que Barcelona pierde poder como potencia comercial en favor de otras ciudades y regiones como Valencia. Este hecho coincide en el tiempo con la unión dinástica entre la Corona de Castilla y la de Aragón, lo que prácticamente inhabilita a los que pretenden reescribir la historia para crear mitos propios nuevos debido a su imposible credibilidad.

No es hasta comienzos del siglo XVIII cuando el etnopopulismo catalán establece su gran hazaña. La creación del hito mágico. El establecimiento de una fecha memorable. Hablamos de 1714. El surgimiento de Cataluña como Estado soberano propio. Una guerra entre castellanos y catalanes. La lucha por la libertad contra el absolutismo y de la vanguardia identitaria contra el sistema feudal. Un conflicto bélico basado en la secesión. Si Estados Unidos sustenta gran parte de su identidad emocional en aquel 4 de julio de 1776, Cataluña cuenta con su propio 11 de septiembre de 1714 como eje central de la sentimentalidad catalana.

Tal es la obsesión del independentismo con dicha fecha que en la entrada del Born centro cultural de Barcelona, del que fue director el presidente Quim Torra, se ordenó instalar una bandera catalana de 17,14 metros cuadrados y cuyo mástil mide 17 metros y 14 centímetros. Algo similar sucede en el campo del FC Barcelona cada vez que hay partido: en el minuto 17 y 14 segundos se escuchan cánticos en favor de la independencia catalana. Todo lo que gire en torno a 1714 se ha convertido en un fetiche del movimiento independentista.

Para desenmarañar la liada madeja populista lo más acertado es tirar del hilo histórico para comprobar qué es lo que sucedió en realidad. Para ello, es necesario remontarse a un tiempo atrás, en concreto a finales del siglo XVII cuando Europa entera admiraba las posiciones españolas tras el descubrimiento y colonización de América al tiempo que iba perdiendo influencia y poder efectivo en detrimento de Francia. En este contexto, el debate se centraba en la posible sucesión del rey de España Carlos II el Hechizado debido a su maltrecha salud y al hecho de que careciese de descendencia. Consciente de su delicado estado, Carlos II redactó un testamento en el que legaba el trono a Felipe de Anjou bajo el argumento de conservar la unidad e integridad de la monarquía. En 1700 comenzaba el reinado borbónico de Felipe V el Animoso, quien le había ganado la partida al archiduque Carlos de Austria. Terminaba así el mandato de la Casa de Habsburgo en pro del reinado de la Casa de Borbón.

Se trataba de una disputa entre la Francia convertida en todopoderosa y gran potencia —y a quien muchos preferían tener de compañera que de enemiga— y el imperio Austria, el otro gran protagonista de la escena internacional, más convulsa y alejada geográficamente. Comenzaba así una guerra de sucesión, que no de secesión, algo fundamental que debe ser remarcado constantemente para evitar las falacias del etnopopulismo. Es cierto que en Cataluña hubo más partidarios de la Casa de Austria que de la Borbónica debido a un sentimiento mayoritariamente antifrancés derivado de las amenazas y ataques sufridos en localidades como Barcelona, Ripoll, Seo de Urgel, Rosas, Palamós o Gerona. Pero no es menos cierto que en toda España existía una división entre los partidarios del bando borbónico y los defensores del bando austracista con el único objetivo de alzarse con el trono de España. De hecho, en los primeros años de reinado de Felipe V Cataluña juró lealtad y obediencia.

Lo que posteriormente se dio fue una serie de alianzas y movimientos estratégicos con los ojos puestos en la geopolítica continental, de tal forma que la propuesta austracista tenía el apoyo de Inglaterra, Países Bajos o Portugal, mientras que la borbónica contaba con el aval francés y de la oficialidad monárquica previa. Dentro de España también existían divisiones. Mientras el reino de Castilla o ciudades como Alicante o Castellón mostraban su apoyo al Borbón, en las regiones catalanas, en Toledo o en Madrid apostaban por el de la Casa de Austria. Incluso, yendo más allá, dentro de lo que entendemos como Cataluña también existían fuertes discrepancias. Por un lado, las clases más humildes que mostraban sus simpatías por el imperio Austria y, por otro, las clases industriales e ilustradas, ilusionadas con la opción borbónica.

La división entre los divididos era tal que nadie con conocimientos reales de la historia acontecida durante la guerra de sucesión podrá defender jamás de manera objetiva que lo que allí tuvo lugar fue una lucha de catalanes contra españoles o que supuso el nacimiento de la Cataluña independiente. Simple y llanamente fue un conflicto entre seguidores de dos candidatos a suceder en la corona de España al rey, que había fallecido sin descendencia.

Los años y siglos posteriores carecen socialmente de imaginario propio, dada la imposibilidad de crear un relato o fábula que pudiera ser creíble ante la innegable realidad que no es otra que Cataluña ha sido tan España como España ha sido catalana. Y es que Cataluña jamás llegó a ser un reino, como sí lo fue Aragón o Valencia, y mucho menos una nación propia e independiente que fuese maltratada por una España colonizadora.

Aun así, los mandatarios etnopopulistas de las últimas décadas no cejan en su empeño de falsear la historia tratando de crear hitos que o son falsos o tienen una alta dosis de manipulación. Es el caso de la propia Generalitat de Cataluña y su lista de presidentes. En los últimos años, ha sido y es habitual escuchar a los que han ostentado el cargo de presidente de la Generalitat decir que les precedía una lista de más de 100 mandatarios. El último de ellos el propio Quim Torra, quien aseguraba sentirse realizado al convertirse en el 131 president de la Generalitat. Pero ¿es esto real? Evidentemente no. Dicha afirmación nace de la necesidad de justificar una demanda de mayor autogobierno —cuando no de una independencia clara— en el seno de una nueva Cataluña.

La Generalitat que nació en 1359 poco o nada tiene que ver con el concepto institucional de hoy en día. En aquel momento, la Diputación General —que posteriormente mudaría de nomenclatura hasta definirse como Generalitat— era el organismo que se encargaba de recaudar los impuestos para la Corona de Aragón, por lo que su ámbito de actuación se extendía hasta Valencia. Esta institución recaudatoria quedaría en el olvido hasta 1931, cuando a comienzos de la Segunda República el ministro socialista Fernando de los Ríos le propuso a Francesc Macià recuperar el término como forma de autogobierno provisional hasta que las Cortes aprobasen la nueva Constitución y el Estatut. Por lo tanto, lo lógico sería hablar de presidentes de la Generalitat desde 1931 y no desde 1359 tratando de incluir al clero, a la nobleza o a caudillos locales como máximos dirigentes de la región cuando jamás sucedió tal cosa. La realidad, una vez más, contradice el relato ficticio independentista. No han existido 131 presidentes de la Generalitat, sino diez: Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra.

En algunos supuestos es más complicado rebatir determinadas falacias o ficciones creadas por el etnopopulismo, puesto que requieren de mayores conocimientos históricos, como sucede con la mitómana lista de presidentes o con personajes icónicos para el independentismo como Wilfredo el Velloso o Jaime I, alias Jaume I. En otras ocasiones, el intento del independentismo por patrimonializar absolutamente todas las gestas que pudieran parecer atractivas con el único objetivo de engrandecer una historia inexistente a través de un relato imaginario dentro de una comunidad imaginada, termina cayendo en el más absoluto de los ridículos. De esta manera, la osadía en la creación de una realidad paralela completamente alejada de cualquier realidad histórica ha alcanzado sus cotas más vergonzosas con la asunción de la paternidad y maternidad catalana de figuras tan dispares y reconocibles como Miguel de Cervantes, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, Cristóbal Colón, Leonardo da Vinci, Erasmo de Róterdam, Marco Polo, Francisco Pizarro o los autores de obras tan antológicas y representativas como La Celestina o El lazarillo de Tormes.

Tal es la manipulación y falsificación histórica que Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales y Administración Pública del Gobierno de Quim Torra, durante su militancia en la Juventud Nacionalista de Cataluña, escribió el prólogo y el epilogo de un documento titulado La gran mentira del Milenio: ¿Cristòfor Colom, Cristóbal Colón o Christopher Columbus?, en el que el hoy consejero concluía que «la manipulación de la historia ha sido constante, ha sido y es el arma que tiene el vencedor para terminar de rematar al vencido; y es que un país sin historia es historia. Castilla antes, y España más recientemente, lo han intentado varias veces. Afortunadamente, han fracasado. Creo pues, que tenemos suficientes motivos para empezar a dudar de la historia que nos han enseñado nuestros amigos los españoles; y concretamente en el tema del descubrimiento de América, ya es hora de que empecemos a entender que aquella hazaña náutica no podía ser, jamás de los jamases, llevada a cabo por un puñado de golfos, que ni sabían dónde iban, ni con quién iban, ni quién los guiaba. Nosotros, los catalanes, hemos descubierto América. Y el resto ha sido una gran mentira al servicio de España que ahora ya no debe preocuparse ni asustar, ni siquiera el hecho de que esté tan ampliamente extendida y haya sido tan largamente sostenida. ¿Qué hay que hacer ahora? pues un poco de publicidad, señores. Que lo sepa todo el mundo…».

Una vez más, debemos recordar que frente a la elucubración, los hechos; frente a la fabulación, la realidad; frente a lo intangible, lo palpable; y frente a las especulaciones, las palabras. Y las de los que han sido considerados mejor político y mejor escritor de la Cataluña histórica, Francesc Cambó y Josep Pla, respectivamente, son ciertamente reveladoras.

Cambó, en sus memorias, recuerda que «en su conjunto, el catalanismo era una cosa mísera […]. Aquel era un tiempo en el que el catalanismo tenía todo el carácter de una secta religiosa. Puede decirse que todos los catalanistas se conocían entre sí». Una afirmación que corroboraba Pla al afirmar que «los catalanistas eran muy pocos. Cuatro gatos. En cada comarca había aproximadamente un catalanista: era generalmente un hombre distinguido que tenía fama de chalado».

Resumiendo este pensamiento y demostrando la inexistente sentimentalidad catalanista a lo largo de la historia, conviene tener presente las palabras de Antoni Rovira i Virgili, que fue diputado regional de Esquerra Republicana de Catalunya durante la Segunda República y presidente del Parlamento de Cataluña en el exilio: «Había unos cuantos catalanistas en Barcelona y algunos otros diseminados por las comarcas. Se los podía contar».

A tenor de lo analizado, no podemos más que determinar que las incoherencias históricas mostradas no tienen importancia cuando de lo que se trata es de crear ese sentimiento colectivo de unión y cohesión en torno a personajes, situaciones o valores compartidos por el grueso de los potenciales votantes. En este sentido, el nacionalismo catalán, como tantos otros movimientos nacionalistas, ha sido capaz de fraguar magistralmente una forma de percibir la realidad sublime gracias al efectivo y efectista marketing político. Si nos retrotraemos al análisis historicista veremos que poco o nada del relato independentista es real. Basta recordar al afamado historiador inglés, Hugh Seton-Watson, quien afirmaba que la distinción entre las viejas naciones basadas en la concepción moderna del Estado-nación y las nuevas naciones basadas en la artificialidad de la naturaleza sentimental era una cuestión esencialmente europea, y no dudaba así en recordar continuamente que «en 1789 las viejas naciones de Europa eran la castellana, la inglesa, la escocesa, la francesa, la neerlandesa y la portuguesa en occidente; la danesa y sueca en el norte; y los húngaros, polacos y rusos en el este».

Esto pondría de manifiesto que el etnosimbolismo de naciones inventadas no tenía ninguna base histórica y que creaciones cuasimíticas como «1714» o «el milenario» son una construcción falaz, artificial y mitómana.

Sociedad agraviada

En el entramado separatista, el ficticio e imaginario relato histórico anteriormente expuesto prosigue según una secuencia lógica en la que la siguiente idea central será que España margina a Cataluña; que lo ha hecho históricamente y continúa haciéndolo.

Esta idea es fácil y sencilla de implementar puesto que en ella predomina lo emocional sobre lo racional, lo intangible de las sensaciones sobre lo visible de los hechos. Se trata de teatralizar la idea del desamor después de años de admiración en una especie de complejo de Electra hecho trizas por la marginalidad del superior. Una efectividad que sin embargo tiende a ser momentánea puesto que cae cual castillo de naipes con un simple repaso a los hechos acaecidos en nuestra joven democracia. De hecho, al comienzo de la misma fueron siete brillantes mentes las encargadas de escribir y asentar los principios constitucionales de esa nueva España. De los siete padres constituyentes, dos eran catalanes: Jordi Solé Tura y Miquel Roca. Desde entonces hasta hoy, el número de diputados en el Congreso elegidos por Cataluña supera los 600 parlamentarios, comparado con los poco más de 400 de Madrid.

Resulta ridículo defender que España ha marginado a Cataluña cuando en casi todos los ámbitos de la política nacional hay representantes catalanes y cuando los partidos regionalistas catalanes han sido los que han prestado su confianza y sus votos a la inmensa mayoría de presidentes del Gobierno.

A pesar de su aparente invalidez argumental, el mensaje centrado en la marginalidad sigue siendo efectivo en parte del imaginario social. Aun así, debe ser reforzado con algunos elementos más del marketing político. Es por esta razón por la que toda vez que se ha construido un relato histórico basado en la artificialidad y arbitrariedad más absoluta pero que cumple la función de elemento agregador, se debe continuar ahondando en la creación de estructuras emocionales que conformen un sentimiento integrador asentado en el principio de dualidad populista.

En este momento entra en juego, con toda su potencialidad, el discurso basado en los agravios sistemáticos. Se trata de emplear una serie de estímulos y condicionantes que potencien la dimensión polarizadora del escenario de juego, no solo político, sino también social. El mensaje basado en el agravio diferenciador es tremendamente eficaz a la hora de establecer un principio de oposición y complementariedad. La generación de bloques antagónicos por medio de un principio agraviador permite al colectivo desarrollar una visión de sí mismo en relación a los demás que a la vez que lo cohesiona, lo distingue. La opción de identificar al adversario implica la integración misma a un proyecto político que forja un sentimiento de pertenencia. Un sentimiento propio de agravio que construye un sustrato ideológico en favor de los preceptos etnopopulistas.

Para que el efecto del agravio comparado sea eficaz debe ir aparejado de una figura retórica visual fundamentada en sencillos estereotipos sobre la que se puedan establecer infinidad de analogías, a partir del cuales muchas ideas tienen o dejan de tener sentido. Para ello, el etnopopulismo nacionalista creó uno de los primeros y más efectivos eslóganes independentistas. Se trataba del famoso «Espanya ens roba» o, lo que es lo mismo, «España nos roba». Se lo hemos escuchado pronunciar a Pujol, a Mas, a Puigdemont, lo hemos visto en la televisión pública, en los medios escritos… un mantra que, durante una época prolongada, retumbaba en las cabezas de los españoles día si, día también. Lo más escandaloso de esta atrevida afirmación es que los mismos líderes y partidos políticos que la pronunciaban a voz en grito eran los que, al mismo tiempo, ocultaban fortunas ilícitas en el extranjero y urdían tramas ilegales para cobrar el tres por ciento del presupuesto de las obras públicas de las administraciones. En apariencia, una maniobra de distracción brillante digna del mejor trilero o ilusionista, según la cual mientras se distraía la atención de los incautos ciudadanos apuntando a España, los que realmente robaban eran los propios.

Hay que reconocerle el éxito al gráfico mensaje de «España nos roba». Una idea que permite establecer una serie de agravios principalmente en el ámbito económico pero también en el cultural, en el histórico, en el social… hasta en el deportivo. El eslogan tuvo tal éxito que una parte nada desdeñable de la sociedad catalana realmente consideraba, y sigue considerando, que España roba a Cataluña. Una especie de expolio continuado a lo largo de la historia que sirve como amplificador de los sentimientos de frustración y odio hacia el culpable de los males de la región, que no es otro que España en su conjunto y Madrid de manera especial. Durante años, ha sido habitual escuchar al entonces vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras afirmar que «Cataluña contribuye con el 24 por ciento y solo recibe el 9 por ciento».

Una vez más, conviene no quedarse en la superficialidad de la consigna potente y ahondar en las profundidades de la realidad más allá del llamativo titular. Para ello, debemos partir de la base de que el Estado del Bienestar que nos dimos todos los españoles al inicio del periodo democrático se fundamenta en un principio redistributivo, de tal manera que las personas que más renta atesoran contribuyen a ayudar a las de menor nivel. Por lo tanto, es importante entender que son las personas —y no los territorios— en base a lo que se hace el cálculo redistributivo. Se trata de un factor de renta y no geográfico.

El sistema constitucional español es uno de los modelos de mayor solidaridad interterritorial de los existentes en nuestro entorno. Permite acudir en ayuda de las administraciones que se encuentren en dificultades económicas cuando la situación lo requiere, preservar los servicios públicos o simplemente realizar inversiones en infraestructuras. En este último aspecto y en el espacio comprendido entre 1996 y 2016, Cataluña ha sido la comunidad autónoma más beneficiada por la inversión presupuestaria del Estado. En los 20 años de mayor intensidad nacionalista, el Gobierno central, comandado en unos periodos por el Partido Popular y en otros por el Partido Socialista, invirtió más de 35 000 millones de euros, de los cuales más de 11 000 se presupuestaron entre los años 2012 y 2016. En comparación, Cataluña recibió un 14 por ciento más de inversión que la segunda comunidad autónoma con mayor transferencia económica estatal —que fue Andalucía, a pesar de contar con el triple de extensión geográfica—, doblando los ingresos que recibe la Comunidad de Madrid.

No solo Cataluña cuenta con sus cuatro provincias conectadas por la alta velocidad del AVE, sino que además se han producido grandes obras en territorio catalán, como el corredor Mediterráneo, el acceso al puerto de Barcelona o importantes mejoras en diferentes carreteras catalanas. Todo esto al margen de los más de 68 000 millones de euros que el Estado ha inyectado a Cataluña en los últimos cinco años para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos —fundamentalmente en materias como la sanidad o la educación—, el pago de las retribuciones de sus funcionarios o de las deudas con los proveedores de las administraciones catalanas. Unas cifras muy por encima del peso poblacional o económico de la región.

Posiblemente las cifras en sí mismas no digan gran cosa, aunque sean ciertamente reveladoras, pero lo fundamental es comprender que la región que abanderaba la idea del agravio escenificada en el famoso «Espanya ens roba» ha sido la comunidad más beneficiada por el Estado del que anhela escindirse.

El maltrato económico al que se remiten constantemente lo explican con la sencilla idea de que aportan mucho más de lo que reciben, es decir, que ingresan más al Estado de lo que el Estado les transfiere a ellos. Una vez más, estamos ante una falacia o una verdad a medias. Es cierto que Cataluña aporta más de lo que recibe por el lado de los ingresos fiscales, pero esto se explica porque sus habitantes disponen de mayor riqueza que la media nacional y, por tanto, contribuyen más en materia impositiva. Lo mismo le sucede a Madrid. Es sencillo entender que las dos regiones más industrializadas del país y con mayor actividad económica sean parte de los motores de una economía nacional.

Es aquí donde suele aparecer otra consigna que se ha repetido en los últimos años y que ha venido a sustituir al «España nos roba» por una formulación más técnica para hacerla pasar por más creíble. Se trata de la falsa idea de que Cataluña tiene un déficit fiscal de 16 000 millones de euros.

Viene siendo habitual que los distintos gobiernos de la Generalitat falseen las cuentas públicas para ofrecer datos de su balanza fiscal en base a sus propios intereses discursivos. Una vez más, debemos recurrir a una fuente oficial para contrastar la veracidad del discurso etnopopulista. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas[50], el déficit fiscal de Cataluña era de poco más de 9000 millones de euros, es decir, el 5 por ciento de su producto interior bruto, una cifra mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid, cuyo déficit fiscal se establecía en 19 205 millones de euros, un 9 por ciento de su PIB.

Del mismo modo, conviene no olvidar que las comunidades autónomas disponen de un nivel de autogobierno económico y presupuestario bastante elevado. La OCDE, en su clasificación de autonomía fiscal de administraciones regionales y locales, atribuye a las comunidades autónomas un 23 por ciento de los ingresos impositivos, un porcentaje superior al de los estados de países federales como Alemania, con un 21 por ciento, o Estados Unidos, con un 20 por ciento.

En base a los datos reales y objetivos, podemos concluir que si bien es cierto que Cataluña está ligeramente peor financiada que la media nacional —una décima por debajo—, se encuentra a un nivel similar al de Madrid o Andalucía y mucho mejor que autonomías como la valenciana o la murciana. Los datos —sin manipulación partidista— demuestran que ni existe expolio fiscal, ni maltrato económico, ni Cataluña aporta mucho más de lo que recibe, ni España roba a ninguna región.

Cancamusa social: del diálogo a la ley

Suele ser habitual escuchar a los independentistas defender el argumento de que cada vez que ellos ofrecen diálogo sincero y mano tendida, el Gobierno de España les responde dando un sonoro portazo con la fuerza de la ley. En puridad habría que matizar que la administración central, como ente garante del Estado de derecho, ofrece diálogo dentro del marco de la ley. Esta constituye el contorno formal de la democracia, por lo que entablar un diálogo al margen de la misma supondría la quiebra de una sociedad democrática.

Habida cuenta de que el resultado de las negociaciones entre el Estado central y la Generalitat de Cataluña se revelaban estériles ante el afán independentista de los segundos respecto de los primeros, el manual marketiniano del etnopopulismo establece que debe crearse un marco cognitivo claro que permita entender y justificar las acciones que van más allá del ordenamiento jurídico. Por ello, con cada vulneración de la ley es necesario alegar la ausencia de diálogo por parte del interlocutor directo al que se apela constantemente como objeto culpabilizador de nuestras acciones.

Se trata del mismo mecanismo primario que impulsa al adolescente rebelde a incumplir las normas impuestas por la autoridad paterna o materna, alegando que cuando trató de negociar con el progenitor este se mostró reacio a modificar sus planteamientos, lo que le abocó a un inevitable callejón sin salida que conducía a la desobediencia como única posibilidad.

El diálogo siempre ha estado sobre la mesa en una cuestión tan importante para el devenir del conjunto de los españoles y, más especialmente, de la sociedad catalana. De esta manera y desde la radicalización del etnopopulismo a comienzos de la década de 2010, el Gobierno central ha ofrecido una interlocución directa con los líderes del independentismo y con los mandatarios de Cataluña. De hecho, los distintos presidentes del Gobierno de España han tenido a Cataluña entre sus principales interlocutores, convirtiéndose Cataluña, en algunas ocasiones, en la comunidad autónoma cuyo presidente más veces se ha reunido con el presidente nacional. En los últimos años el presidente Mariano Rajoy mantuvo diversos contactos tanto con Artur Mas como con Carles Puigdemont. Algunos presenciales, muchos otros telefónicos y algunos más por medio de la clásica vía epistolar.

El propio Artur Mas confesó años después que durante la época de las negociaciones por el pacto fiscal, mantuvo diferentes y amplias reuniones con el presidente del Gobierno. Durante los mayores periodos de crispación y tensión social previos al 1 de octubre fueron habituales los encuentros y reuniones entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, y de sus vicepresidentes, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. No solo se limitaron a ofrecer y mantener un diálogo de manera bilateral y privada, sino que se le dio a Puigdemont la posibilidad de acudir al Congreso y al Senado a explicar y debatir su propuesta independentista. En este sentido, solo existe un precedente que pudiera considerarse similar: la propuesta del llamado «Plan Ibarretxe» vasco, que pretendía modificar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de que el País Vasco dejara de ser una comunidad autónoma para convertirse en un Estado Libre Asociado. Corría el año 2005 cuando el entonces lehendakari vasco —del PNV— acudió al Congreso de los Diputados a exponer y debatir su propuesta, donde fue duramente derrotada.

En palabras de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «la competencia sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación no es algo que competa negociar o discutir a un ejecutivo en concreto o a un partido ni a ningún poder del Estado, sino al conjunto de los delegados en las Cortes de la soberanía nacional». A pesar de aquel primer ofrecimiento y de uno posterior para acudir al Senado como cámara de representación territorial, los resultados resultaron infructuosos.

Y es que en los momentos de mayor tensión y choque de trenes entre el Gobierno central y el autonómico, no todos los ministros del ejecutivo español apostaban por seguir la misma estrategia. Podríamos establecer dos visiones contrapuestas. La más agresiva y beligerante, liderada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, apostaba por suspender la autonomía catalana y aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Por otro lado, estaba la apuesta por el entendimiento y el consenso, representada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, partidaria del diálogo con los líderes políticos de Cataluña. El presidente del Gobierno optó por la segunda opción: la vía más suave, la del acuerdo y el entendimiento que representaba la vicepresidenta. A aquello se le denominó, en política y en la prensa, «operación diálogo».

El problema radicaba en que, en un escenario bipolar sostenido por principios populistas, el planteamiento basado en el diálogo y la reconciliación nacía abocado al fracaso. El agonismo político había sucumbido a una política antagónica y la política adversarial mutó en conflictual. Mientras el Partido Popular en el Gobierno lanzaba una campaña de simbólicos gestos verbales de acercamiento como, por ejemplo, la asunción por parte de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, del error de no haber llegado a un entendimiento previo con el PSOE ante la reforma del Estatuto de Autonomía o la aceptación, por parte de diferentes y destacados líderes del Partido, de la equivocación de recoger firmas en contra del Estatut, el etnopopulismo independentista hacia oídos sordos. Los intentos del Gobierno central por relajar el ambiente y destensar la enconada situación fueron infructuosos. No era aleatorio o casual. El proceso de creación de identidades requiere de la radicalización de los postulados discursivos de un escenario bipolar.

Solo así se explica que mientras unos buscaban una salida al convulso escenario, Puigdemont optase por cesar a tres consejeros de su Gobierno de los denominados autonomistas —Neus Munté de Presidencia, Jordi Jané en Interior y Meritxell Ruiz de Educación— además de al responsable de la secretaría del Govern —Joan Vidal— por sus dudas con el proyecto unilateral de independencia. No se trataba de la primera purga de sospechosos de traicionar al procés: diez días antes había sido cesado de manera fulminante el consejero titular de la cartera de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, cuyo único delito había consistido en mostrar públicamente sus reservas sobre la viabilidad de la consulta independentista. En estas mismas fechas se produjo la enésima purga, en este caso en forma de dimisión. El protagonista fue el director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, al mostrarse firme en su defensa y compromiso con el mantenimiento del orden y negarse a romper con la legalidad.

Todos ellos fueron sustituidos por perfiles claramente comprometidos con la unilateralidad y dispuestos a asumir las consecuencias jurídicas, políticas y sociales de las acciones impuestas por la cabeza visible del independentismo.

No cabe duda de que la estrategia defendida por el tándem formado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras nada tenía que ver con el diálogo y sí con el choque de trenes. Como afirmaba el mismo Puigdemont en la declaración institucional como presidente de la Generalitat del 9 de junio de 2017, se trataba de «o referéndum o referéndum». Este planteamiento encarna la visión más belicista del conflicto. Una guerra sin cuartel en la que solamente puede salir victorioso un bando, o gana Cataluña y pierde el Estado español o gana España y pierde la república independiente de Cataluña.

La realidad es que el diálogo siempre ha estado sobre la mesa. Es uno de los principios básicos de todo buen gobernante. Como decía el filósofo John Locke, «pocas veces la idea de un hombre coincide con la de los otros», y es ahí donde surge el diálogo como excepcional técnica de acuerdo civil que posibilita, por medio del entendimiento, una solución real y efectiva a los problemas.

La mayor y mejor muestra de la predisposición del Gobierno central al diálogo tuvo lugar cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue víctima de una broma radiofónica organizada por el programa de Ràdio Flaixbac El matí i la mare que el va parir, en la que un imitador de Carles Puigdemont lograba hablar con él durante un rato y se emplazaban a reunirse a los pocos días.

Una demostración tangible de que no existía un rechazo al diálogo. Lo que existía y existe es un rechazo al diálogo en los términos planteados por el etnopopulismo independentista, es decir, fuera del marco de convivencia democrática que nos hemos dado todos y fuera de los cauces del Estado de derecho.

Entre Mariano Rajoy afirmando que «siempre he estado dispuesto a hablar pero no me he encontrado voluntad de diálogo, sino de monólogo[51]» y Artur Mas definiendo a los independentistas como «apóstoles del diálogo» cuya «voluntad de diálogo no es postureo» pero que «siempre se han topado con las puertas cerradas, el no y los tribunales[52]» hay un ligero pero importante matiz: el marco reglamentario, legislativo y democrático.

La ley es el muro de contención de la barbarie, las puertas que sostienen el orden y que permiten que convivamos en sociedades libres alejadas de atisbos antidemocráticos que pudieran sustentarse en principios anárquicos o dictatoriales. Un sistema basado en checks and balances que permiten una separación de poderes real y efectiva y que rige las normas del juego en el que todo individuo u organización cuenta con una serie de derechos pero también de obligaciones. Es en ese marco de convivencia normativa en el que se deben resolver los conflictos territoriales, políticos o sociales.

A pesar del poder dialéctico, la sonoridad o la relevancia de afirmaciones como que «Cataluña se topa continuamente con el muro de la ley», la negación al diálogo o la imposición de normas por parte de España, la realidad es que es esa misma jurisprudencia constitucional la que ha permitido que, desde el final de la dictadura, los catalanes hayan expresado en más de sesenta ocasiones su voluntad por medio del voto. Entre ellas, destacan siete elecciones europeas, 13 elecciones generales, 10 elecciones municipales y 12 elecciones autonómicas —cuatro de ellas en los últimos siete años (2010, 2012, 2015 y 2017)—. La lista se completa con 16 consultas locales y cinco referendos: el de la Constitución, los relativos a los dos Estatutos de Autonomía de Cataluña (1979 y 2006), la entrada de España en la OTAN (1986) y la Constitución europea (2005).

Para argumentar la falta de voluntad ciudadana o la opacidad de la democracia, los catalanes median un referéndum cada nueve meses desde 1977. Una cifra que lo sitúa muy por encima de la media europea como una de las regiones con mayor libertad y legalidad.

De igual manera resulta contradictorio argumentar que existe un muro constitucional cuando el 30 por ciento de los miembros redactores de la Constitución española eran catalanes y cuando más del 90 por ciento de los catalanes dieron su aprobación a la Carta Magna, situándose como una de las comunidades autónomas donde recabó más apoyo popular. Por lo tanto, cabría determinar que afirmaciones como las basadas en la idea de que el Gobierno central utiliza la Constitución para «silenciar al pueblo[53]» carecen de rigor histórico, si bien es cierto que sirven para agitar esas bajas pasiones y esos instintos emocionales que trata de zarandear el etnopopulismo.

No importa que el mensaje del obstáculo constitucional choque con la lógica coherente de los hechos, puesto que lo que persigue este etnopopulismo es tender puentes entre la ideología del movimiento secesionista y las necesidades, demandas y frustraciones de los distintos grupos de la sociedad catalana. Es ahí donde su mensaje consigue alcanzar su fin. Lo logra partiendo de una cruda pero veraz premisa fundamental. Y es que mientras en la esfera privada la incoherencia y el perjuicio llevan aparejadas una serie de consecuencias directas como puede ser la quiebra o la desaparición de la empresa, en el ámbito público estos mismos comportamientos no suelen ser penados. De hecho, cuando los partidos políticos alcanzan el poder pueden generar graves daños a la sociedad en forma de crisis económicas, recortes de prestaciones sociales o quebrantamiento de la separación de poderes y, en ocasiones, las consecuencias de sus actos no son castigados por medio del voto. Esta aparente paradoja se explica con la irracionalidad ciudadana que muestra que nosotros mismos no somos coherentes con las administraciones públicas como lo somos con las empresas.

Así se explica que identidades concéntricas como la catalana y la española puedan transformarse en excluyentes por medio del marketing etnopopulista. Convirtiendo en incompatible aquello que en realidad es complementario. Para anular la querencia normativa y jurídica, el independentismo, por medio de un tótum revolútum, ha mezclado conceptos e ideas enfangando el escenario de un Estado democrático y de derecho como es el español para obtener un beneficio argumental. De esta manera, es habitual escuchar a los líderes del movimiento secesionista defender que instancias como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el Supremo o los jueces y magistrados se encuentran al servicio de los políticos cuando se trata de instituciones independientes que cumplen el principio de la separación de poderes. Imparcialidad, legalidad, objetividad e interés general son los fundamentos de nuestro sistema. Tal es nuestro grado de pulcritud que a los dos grandes partidos que han gobernado España, PP y PSOE, se les han juzgado casos de corrupción durante sus mandatos en el Ejecutivo central. Algo impensable en sistemas con baja o nula calidad democrática como podrían ser algunos Estados de Latinoamérica o de Europa del Este, donde no siempre existen las mínimas garantías procesales o la necesaria independencia judicial.

Con todo y con esto, la batidora independentista es capaz de revolver conceptos técnicos para ofrecer un potingue de ideas que se presentan en un formato sencillo de consumir por aquellos con escasas nociones metodológicas. Su materialización se visualiza con expresiones como «represión», «politización de la justicia» o su derivada «judicialización de la política» que sirven de manera útil para justificar todo tipo de desmanes, incoherencias o sublevaciones. Resulta paradójico escuchar estos alegatos provenientes del populismo cuando su concepción de la justicia es que debe constituirse como un tentáculo más del poder político. En Cataluña, esta afirmación pasó de hipótesis a confirmación con la aprobación de ley de transitoriedad y fundacional de la República catalana que se aprobó con nocturnidad y alevosía el 7 de septiembre de 2017 y que fue suspendida posteriormente por el Tribunal Constitucional. Entre otras barrabasadas, dicha norma establecía la creación de un nuevo poder judicial catalán, en el que el presidente del Tribunal Supremo de la nueva República sería nombrado directamente por el presidente del Estado catalán. Además, decretaba que la dirección del nuevo poder judicial sería ejercida con participación directa del poder político. De haberse llegado a producir tal tropelía, podríamos haber afirmado, sin miedo a equivocarnos, aquello de «Montesquieu ha muerto»[54].

Del mismo modo, conviene hacer un repaso al historial jurídico del asunto para demostrar que el relato del etnopopulismo es artificial e irreal. Es aquí donde adquiere un protagonismo determinante el Tribunal Constitucional, pues es el órgano competente para interpretar los límites de la Constitución en base a valores como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. La hemeroteca jurídica está repleta de sentencias y resoluciones aprobadas por unanimidad en las que el Tribunal Constitucional se ha posicionado en contra de la celebración de referéndum de autodeterminación alguno al exceder el límite constitucional existente. Sirvan de ejemplo las sentencias como la 138/2015, de 11 de junio, o la 259/2015, de 2 de diciembre; autos como el 141/2016, de 19 de julio, el 170/2016, de 6 de octubre, o el 24/2017, de 14 de febrero; providencias como la del 7 de septiembre de 2017 o la del 12 de septiembre del mismo año o la resolución del 20 de septiembre de 2017. En todas y cada una de ellas, se advierte de la ilegalidad jurídica y constitucional de la deriva soberanista. Algunas de ellas se expresaban de manera tajante, clara y contundente en los siguientes términos: «La legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Sin conformidad con la Constitución no puede predicarse legitimidad alguna. En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución», al tiempo que advertía que el Parlament «no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad». «Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario[55]».

Empleando el raciocinio más básico, cabría preguntarse cómo se pretende que el independentismo cumpla las sentencias y dictámenes del Tribunal Constitucional cuando los mismos actores políticos que impulsaron y redactaron el Estatuto de Autonomía catalán, tras el que se escudan y al cual juran lealtad, son los que impulsan un referéndum ilegal que vulnera todos y cada uno de los procedimientos de sus normas estatutarias. Como muestra de la contradicción podemos ver como la ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional, afirmaba en su artículo 2 que «el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y, como tal, ejerce el derecho a decidir libremente y democráticamente su condición política», lo cual choca frontalmente con la condición que le otorga el Estatuto de Autonomía en cuyo primer artículo se fija que «Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica». La ley del Referéndum de Autodeterminación también marcaba que dicha norma «prevalece jerárquicamente sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto con la misma», mientras que el Estatuto de Autonomía dejaba meridianamente claro en su artículo 2.4 que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución». Además, en su tercer artículo, el Estatut recuerda que las relaciones entre la Generalitat y la Administración General del Estado se basan en el principio de la mutua lealtad institucional.

Dicho esto, la sublimación de la utopía etnopopulista se pone de manifiesto al comprobar la capacidad que tienen los dirigentes independentistas de vulnerar las propias leyes que ellos mismos han establecido para llevar a cabo el procés. Mientras el decreto 140/2017, de 7 de septiembre, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña regula las normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación y establece una serie de pautas, el propio Gobierno, tiempo después, anima a su vulneración. Puede que estés pensando si lo has entendido bien. En efecto, se trata de la autoenmienda de lo que uno mismo ha dicho. La capacidad de decir una cosa y su contraria. Un contradictio in adiecto. Un oxímoron. Una incongruencia in terminis. Una enantiosemia. Una confusa bipolaridad que lleva a animar a imprimir papeletas desde casa a pesar de su invalidez normativa, al uso de voluntarios para cubrir las mesas electorales en contra del criterio establecido o a la violación de la independiente composición de la sindicatura electoral.

La mundialización de la mentira

En este proceso de marketing en el que fundamenta su relato el etnopopulismo es habitual escuchar que los catalanes tienen derecho a decidir, alegando un derecho de autodeterminación que —siempre según el independentismo— ha posibilitado que los ciudadanos de lugares como Escocia o Quebec escojan libremente qué camino desean seguir. A esta narración no le falta el componente de la presunta simpatía a nivel mundial que genera el movimiento independentista o la necesidad de contar con unos mediadores internacionales que ayuden a alcanzar la solución al conflicto.

De esta manera, en los últimos años ha sido habitual escuchar afirmaciones como la de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, que en un acto por la independencia afirmaba que «no renunciaremos nunca al derecho a la autodeterminación[56]» o las del entonces consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, que aseveraba que «no se trata solo de hablar del derecho de autodeterminación en sí mismo, sino de entender que lo que hacemos es interpretar el poder estatal en la medida de si entronca con la voluntad del pueblo, el principio democrático y, finalmente, con la dignidad humana»[57].. Hasta Julian Assange, fundador de WikiLeaks, no dudaba en gritar a los cuatro vientos que «los catalanes tienen derecho a la autodeterminación». Y es que todas estas expresiones tienen en común que consiguieron arrancar el aplauso de un público entregado a un discurso basado en la falsedad argumental y la sentimentalidad de lo épico.

Como hemos podido comprobar anteriormente, el intento de saltarse las normas a base de discursos emotivos no es algo que se circunscriba o se limite a las leyes nacionales. Por eso, cuando hablan de derecho de autodeterminación lo suelen hacer apoyándose en conceptos más amplios y de carácter buenista como pudieran ser los derechos universales o la voluntad colectiva. Esto hace necesario contrastar si el derecho de autodeterminación se ajusta al escenario catalán y si su caso es comparable al de Escocia, Quebec, Baviera, Lombardía, Véneto, Kosovo, Noruega, Islandia, Irlanda, Malta, Macedonia, Montenegro o los países bálticos, todos ellos ejemplos utilizados de manera habitual por el etnopopulismo secesionista.

Una vez más, hay que comenzar puntualizando que nuestra Constitución no reconoce el derecho a la secesión. No lo hace la Carta Magna española, ni casi la de ningún país del mundo. Las excepciones se cuentan con los dedos de una mano: Uzbekistán, Etiopía, San Cristóbal y Nieves y Liechtenstein.

En tres de ellas, Cataluña no podría alcanzar su objetivo. En el caso del microestado caribeño de San Cristóbal y Nieves se establece que la ley de secesión, primero debe contar con el apoyo de, como mínimo, dos tercios de los parlamentarios y, en segundo lugar, debe ser aprobada en referéndum por, al menos, dos terceras partes de los votantes. Algo que en Cataluña no pasaría a día de hoy en base a los resultados electorales y las encuestas de opinión. En cuanto a la República de Uzbekistán, su Constitución recoge el derecho a escindirse del país, única y exclusivamente, a la República Autónoma de Karakalpakstán que durante 60 años fue la República Autónoma Socialista Soviética de Karakalpakia. Una vez analizada la historia real de Cataluña como parte activa del bagaje histórico de España tampoco parece que sea una opción válida. Por último, en Etiopía, la Constitución permite la convocatoria del referéndum de escisión pero los términos de la consulta los marca el Gobierno federal y no el territorio que promueve la separación, además siempre debe respetarse la ley, algo que en el caso del etnopopulismo independentista catalán tampoco sería una cuestión aceptable.

Al independentismo catalán solo le quedaría mirarse en el espejo de Liechtenstein, donde la Constitución prevé que los municipios puedan separarse del principado. Es inevitable dudar de la validez argumental de la comparación entre la situación de Cataluña con la del cuarto Estado más pequeño del mundo, conocido por ser un paraíso fiscal y con la mitad de población que toda Castelldefels. De llevarse a cabo esta comparación se correría el riesgo de someterse al ridículo. Esto es algo que sabe y conoce el independentismo. Por ello, de manera inteligente establecen la comparación con los casos de países que carecen de una Constitución escrita y, por tanto, los procedimientos no están reglados sobre el papel. Curiosamente, ni Reino Unido ni Canadá cuentan con una Constitución escrita.

Conviene dejar claro que ni la legislación británica ni la canadiense permiten a sus regiones convocar unilateralmente un referéndum de autodeterminación. Lo que sucedió en Escocia y Quebec es que se llevaron a cabo sendos referéndums en estricto cumplimiento con su ordenamiento jurídico.

En el caso británico, el propio Gobierno central advirtió al Partido Nacional Escocés de que cualquier ley aprobada por el Parlamento escocés para celebrar un referéndum de independencia excedería sus competencias y sería inmediatamente suspendido. En la experiencia canadiense, el Tribunal Supremo de Canadá en su dictamen publicado en 1998 despejó cualquier atisbo de duda al afirmar que «cualquier tentativa de efectuar la secesión de una provincia de Canadá se deberá llevar a cabo de conformidad con la Constitución de Canadá, en caso contrario se violará el orden jurídico canadiense».

Hay que destacar también que en ambos casos son el Parlamento de Canadá —y no el de Quebec— y el Parlamento de Westminster —y no el de Escocia— los que fijan las reglas del juego. Es decir, extrapolando el caso, sería el Parlamento español el que debería conformar el marco legal y no el Parlament de Cataluña, como han intentado.

El propio impulsor del independentismo escocés y exministro principal de Escocia, Alex Salmond, en una entrevista televisada le recordó a Carles Puigdemont que mientras él había pactado un referéndum legal con David Cameron, entonces primer ministro del Reino Unido, en Cataluña se habían saltado todas las leyes, roto los puentes del diálogo y optado por la unilateralidad. Podría haberse añadido que mientras que Escocia fue un reino independiente que por medio del Acta de Unión de 1707 formó junto con Inglaterra como socio el Reino Unido, Cataluña nunca ha sido independiente en toda su historia.

No es una excepción puesto que en el ejemplo canadiense sucede algo similar. Stéphane Dion, conocido por ser el impulsor de la llamada Ley de Claridad en la que se establecieron los criterios por los que Quebec podría ser independiente, diferencia, cada vez que tiene oportunidad, la situación de Cataluña y la de Quebec. Para el exlíder del Partido Liberal de Canadá y exministro de Asuntos Intergubernamentales, «la democracia y el principio de legalidad son inseparables» siendo la secesión «un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el que se elige a los conciudadanos que se desea conservar y los que se desea convertir en extranjeros»; todo esto le lleva a determinar que cualquier referéndum secesionista genera un «traumatismo social»[58].

Por lo tanto, el argumento comparativo con Escocia y Quebec se cae al saltarse el precepto jurídico y apostar por la unilateralidad. La realidad es que nuestro sistema jurídico, político y normativo poco o nada tiene que ver con el canadiense o el del Reino Unido. Sin embargo, sí que se asemeja al de otras democracias como pudieran ser Francia, Italia, Estados Unidos o Australia, cuyas Constituciones tienen en común con la española el establecimiento de la indivisibilidad del Estado. Algunas constituciones como la francesa, la portuguesa o la italiana van más allá y prohíben tajantemente modificar los artículos referidos a la unidad de la nación.

Aun así, la manipulación etnopopulista trata de equiparar referéndums como los celebrados en 2017 en las regiones de Véneto y Lombardía con el referéndum ilegal de Cataluña. Y es que las diferencias son notables, puesto que lo que callan los independentistas catalanes es que las consultas celebradas en ambas regiones italianas no perseguían la independencia sino mayor autonomía. De hecho, trataban de alcanzar un nivel de autonomía mayor del que tenían hasta el momento y que nunca será tan elevado como el que ostenta Cataluña en la actualidad.

Por si quedaba alguna duda, en 2015 el Tribunal Constitucional italiano advirtió a la región del Véneto de la imposibilidad de celebrar, no ya un referéndum de independencia, sino una consulta sobre la ampliación de su autonomía fiscal. Recordemos que la Constitución italiana, al igual que la española, determina en su articulado la unidad e indivisibilidad de la nación.

Otro de los intentos de legitimar el secesionismo por medio de la desinformación y la confusión lo encontramos en su intento de trazar un paralelismo entre Cataluña y Baviera. Aprovechan en su beneficio el desconocimiento del movimiento independentista bávaro —que pese a tener una larga tradición no llega ni al 5 por ciento de los votos— para hacer pasar por reales sus argumentos. Así, en su ficticio relato suelen aludir a que mientras en España el Constitucional es implacable con el independentismo catalán, en Alemania este evita pronunciarse sobre la independencia de Baviera, dando a entender que permite, tolera y hasta ve con buenos ojos su escisión.

Una vez más, la realidad dista mucho del relato artificial construido por el etnopopulismo. Lo que verdaderamente sucedió fue que el Tribunal Constitucional alemán en diciembre de 2016 acordó por unanimidad inadmitir la posibilidad de la convocatoria de una consulta de autodeterminación en la región tras la petición de respuesta en torno a la legalidad del mismo interpuesta por un ciudadano ligado al Partido de Baviera —la principal formación independentista bávara—. Su argumentación fue la siguiente: «En la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los estados no son amos de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio para que los Estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional». La sentencia no dejaba lugar a dudas.

Un par de semanas antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales hicieron pública una declaración en la que recogían la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretendía celebrar días después en Cataluña. El texto, que estaba firmado inicialmente por unos 80 catedráticos y profesores especialistas en derecho internacional público o privado, contó con el apoyo y adhesión de más de 400 docentes de los aproximadamente 550 profesores de Derecho Internacional que existen en toda España. Es decir, una mayoría cualificada de los principales expertos en la materia daban la voz de alerta sobre el error que suponía dar fundamento jurídico a la ley del referéndum bajo el paraguas del derecho internacional.

La declaración seguía una estructura muy sencilla de seis puntos en los que iba exponiendo los argumentos jurídicos que otorgaban rigor académico a su rechazo al referéndum. Entre las conclusiones del documento conviene destacar esta referencia: «Según la doctrina de las Naciones Unidas y la jurisprudencia internacional, las normas del Derecho Internacional General relativas al derecho de autodeterminación de los pueblos solo contemplan un derecho a la independencia en el caso de los pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras». Ni Cataluña ha sido nunca una colonia, ni sufre explotación, dominación o subyugación. Todo lo contrario, goza de uno de los niveles de autogobierno más altos del mundo y de un sistema de los más democráticos del planeta, según diversos rankings oficiales.

Por si con este argumento no fuese suficiente, el texto nos pone de relieve el hecho de que «nada en los Pactos Internacionales de 1966, en ningún otro tratado sobre derechos humanos, ni en la jurisprudencia internacional apunta a la consagración de un derecho de las comunidades territoriales infraestatales a pronunciarse sobre la independencia y separación del Estado». Esto debería ser suficiente para despejar las dudas de aquellos que se preguntan si las leyes internacionales avalan el secesionismo etnopopulista catalán. Además, los profesores universitarios nos recuerdan que la tónica global no es la división, sino, precisamente, la contraria. Así lo defienden cuando afirman que «la inmensa mayoría de los Estados proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional».

Otra de las construcciones marketinianas a las que recurre el independentismo es el presunto apoyo y las simpatías que genera el procés en el seno del continente europeo. Para ajustarse a la realidad, los especialistas en Derecho Internacional afirman que «la Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige a estos que respeten y hagan respetar el Estado de derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales». Una muestra más de que se puede negociar, dialogar o debatir de casi todo, siempre y cuando se haga dentro de los preceptos legales y de las líneas que marca la Constitución.

A modo de resumen y conclusión, la declaración avalada por la práctica totalidad de profesores universitarios expertos en leyes internacionales es que «como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional». Puede que existan diferentes maneras de expresarlo, pero es evidente que la claridad y la luz arrojada por los más de 400 expertos de toda España que han firmado semejante manifiesto dejan poco lugar a dudas.

En cualquier circunstancia o escenario social, empresarial o político, los argumentos hasta ahora aportados bastarían para enrojecer las mejillas de aquellos que han defendido la falacia separatista creada desde el engaño, la tergiversación y la manipulación más absoluta. El problema es que el relato ofrecido por el etnopopulismo ha calado tan hondo que se hace necesario reforzar la realidad con argumentos de autoridad de diferentes fuentes objetivas.

De esta manera cabría resumir que la legislación internacional y los diferentes tratados existentes ponen siempre el foco en la defensa de la integridad territorial de los Estados, reservando la autodeterminación a casos excepcionales, puntuales y residuales.

A lo largo del periodo de intensificación de las demandas separatistas vivido en Cataluña desde comienzos de los años 2011 y 2012, han sido continuas las alusiones y llamamientos del etnopopulismo independentista a Naciones Unidas, en tanto en cuanto es la mayor organización internacional existente. Hemos visto al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, dar una rueda de prensa frente a la sede de la ONU en Ginebra pidiendo «complicidad» a las instituciones internacionales y denunciando la «vulneración de derechos y libertades» que, presuntamente, se cometen en Cataluña por parte del Estado español; a la prófuga de la Justicia y exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, denunciar desde dentro de las instalaciones de Naciones Unidas que los catalanes tienen «los derechos básicos y fundamentales suspendidos» o el envío de cartas por parte del Gobierno de Puigdemont a la ONU denunciando la «persecución judicial» y la «naturaleza antidemocrática» que impera en España.

Por más gestos, alegatos o llamamientos que lleve a cabo el movimiento independentista, los postulados de la ONU están más que claros. Y es que a lo largo de la historia moderna, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha manifestado su rechazo a las técnicas y fines promovidos por el secesionismo catalán. Ya en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General establecía que «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Diez años más tarde, en 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la resolución 2625, volvía a recordar que «ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con este principio […] y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color».

En la misma línea se expresaron en la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de 9 de noviembre 1995, con motivo del cincuentenario de la ONU, que recuerda que «nada de lo anterior se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes». Un texto que se mantiene presente, sin una coma modificada, en la Declaración dictada con ocasión del 70 aniversario de Naciones Unidas en noviembre de 2015.

Un año antes, en 2014, y en relación a la integridad territorial de Ucrania, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que «exhorta a todos los Estados a que desistan y se abstengan de cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania». Va más allá y establece que «el referendo celebrado en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol el 16 de marzo de 2014, al no tener validez, no puede servir de base para modificar el estatuto de la República Autónoma de Crimea o de la ciudad de Sebastopol».

Cuando todas estas comparaciones se han demostrado engañosas, siempre queda un último cartucho en la recámara del relato independentista. Se trata de Kosovo. El propio presidente, Carles Puigdemont, en el Parlament de Cataluña llegó a afirmar que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acabaría recibiéndole al igual que recibió al primer ministro de Kosovo, Isa Mustafa.

El sucesor de Mustafa y actual primer ministro kosovar, Ramush Haradinaj, huye sin tapujos de la comparación con Cataluña afirmando que «nunca reconoceríamos la independencia de Cataluña. Kosovo y Cataluña no tienen nada en común, y establecer cualquier analogía es un sinsentido. Kosovo nació de la desintegración de la Federación Yugoslava, en un proceso sangriento de todos contra todos. No es el caso de España, donde se respetan los derechos civiles y políticos. No se puede comparar la represión bajo el régimen de Milosevic con el Estado de derecho español; hacerlo resulta incluso ofensivo. Y no se trata de obviar los parecidos, es que no existen»[59].

A pesar de la realidad plasmada a la perfección en las palabras de Ramush Haradinaj, el independentismo se empeña en mezclar conceptos e ideas y, en este caso, meter de por medio al Tribunal Internacional de Justicia. Lo hace a raíz de la opinión consultiva emitida por dicho tribunal en relación al caso de Kosovo. Normalmente, el independentismo se queda ahí, en decir que si la justicia internacional avala la secesión de Kosovo también debería hacerlo con Cataluña.

La realidad es que el Tribunal Internacional de Justicia estableció que la declaración de independencia de Kosovo de 17 de febrero de 2008 «no violó el Derecho Internacional General», algo que si sucedería en el caso catalán. Del mismo modo, quedó perfectamente claro el carácter sui géneris del caso de Kosovo, dada la intervención previa de Naciones Unidas y las violaciones masivas y reiteradas de los derechos humanos. Es evidente que, como veíamos en el análisis de la jurisprudencia internacional, en Kosovo se daban situaciones de subyugación, dominación o explotación que en Cataluña ni se han dado, ni se dan, ni se darán.

Todas las comparaciones con terceros actores políticos —Escocia, Quebec, Baviera, Lombardía, Véneto, Noruega, Islandia, Irlanda, Malta, Macedonia, Montenegro, los países bálticos…— suelen ir acompañadas de la apelación a la Comisión de Venecia. Para la inmensa mayoría de la sociedad se trata de un organismo desconocido cuya mera mención persigue dotar al relato independentista de cierto poso jurídico o normativo. La Comisión de Venecia no es más que un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Su creación data del año 1990 cuando, tras la caída del muro de Berlín, se demanda, de manera urgente, de asistencia constitucional en Europa central y oriental. El nombre oficial de la comisión es «Comisión Europea para la Democracia por el Derecho», pero debe su alias al lugar de ubicación de su sede.

El etnopopulismo independentista suele hacer reivindicaciones de la Comisión con afirmaciones tales como que no desautorizaba el referéndum del 1 de octubre, que invita a España a pactar una consulta o que el Gobierno central la presiona para rechazar el secesionismo. De hecho, con este organismo han seguido la misma técnica epistolar que con Naciones Unidas o las instituciones europeas, puesto que Puigdemont siendo presidente les remitió una carta en la que apostaba por conseguir un referéndum pactado con el Estado y apelaba a «la pericia» de esta Comisión para reforzar «las instituciones democráticas y la protección de los derechos humanos». La respuesta del presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, no se hizo esperar y dejó claro que «tanto el referéndum como cualquier cooperación con esta institución debe llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas» al tiempo que remarcó que todos sus dictámenes «abogan por la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo en pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable».

No debería sorprender una respuesta tan clara —muy en la línea de todos los organismos internacionales— dado que el Código de Buenas Prácticas sobre Referendos, desarrollado por la Comisión de Venecia, señala que «el uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad» y matiza que «en particular los referendos no pueden celebrarse si la Constitución o una ley conforme a esta no los estipula». Además, la compilación de las opiniones y los informes de la Comisión de Venecia de marzo de 2017 advierte de la necesidad de «evitar que los referendos se usen para minar la legitimidad de las instituciones representativas». También recuerda algo básico en democracia y es que el Gobierno se debe comportar, si no neutralmente, al menos evitando la «excesiva campaña unilateral». Una neutralidad que en Cataluña no existe y donde todos los elementos públicos —medios de comunicación, funcionarios, educación…— sirven de altavoz de la manipulación independentista.

Por lo tanto, podríamos concluir que jurídica y argumentalmente, la independencia de Cataluña es una utopía, una ensoñación, una creación artificial por medio de la cual se evaden de la responsabilidad de la mala gestión política. El derecho a decidir, el procés y la agitación sentimental les permite cubrir las carencias de la mala praxis pública. Esto se demuestra en el rechazo internacional del independentismo. No solo el presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, ha criticado públicamente la actitud del independentismo catalán. También lo han hecho socios europeos como Romano Prodi, expresidente de la Comisión; Herman Van Rompuy, expresidente del Consejo Europeo; Martin Schulz, expresidente del Parlamento Europeo; Antonio Tajani, actual presidente del Parlamento Europeo; Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea; Francesca Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea y Comisario para el Estado de Derecho y la Carta de Derechos Fundamentales; Gianni Pittella, presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Guy Verhofstadt, ex primer ministro de Bélgica y líder de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa; Philippe Lamberts, copresidente del grupo de los Verdes; Patrick le Hyaric, vicepresidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea; Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo. Entre los Gobiernos europeos que se han mostrado en favor del constitucionalismo español encontramos a políticos como David Cameron, exprimer ministro del Reino Unido; Helen McEntee, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Irlanda; los franceses Emmanuel Macron, François Hollande o Manuel Valls; la canciller alemana, Angela Merkel, y el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.

Fuera del continente europeo se han manifestado especialmente duros con el independentismo catalán figuras como Ban Ki-moon, exsecretario general de Naciones Unidas; el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el actual, Donald Trump; Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, o el portavoz del Gobierno de Marruecos, Mustapha El Khalfi.

Guerra de posiciones y estrategia electoral

Durante las últimas décadas, en Cataluña se ha potenciado la creación de un escenario bipolar al más puro estilo schmittiano en el que la polarización alcance unas cotas de tensión similares a las de una situación prebélica. De hecho, el lenguaje empleado por el populismo a lo largo de la historia tiene mucho que ver con la terminología militarista.

Una concepción de la estrategia política basada en la polarización del conflicto por medio de la guerra de la que beben teóricos e intelectuales históricos. Desde Sun Tzu y su antológica obra El arte de la guerra, pasando por Carl von Clausewitz y su disruptiva visión de la ciencia militar moderna, hasta llegar a Antonio Gramsci diseccionando la guerra de posiciones y su estrategia durante la primera guerra mundial. La ciencia política está repleta de nutridos ensayos y estudios sobre la aplicación práctica del marketing militar en el terreno político. Coinciden todos ellos en la necesidad de impulsar los sentimientos y emociones como mecanismo posicionador en un escenario continuamente en disputa.

Subyace de estos principios teóricos una necesidad de aglutinar a las masas en torno a conceptos genéricos que zarandeen sus instintos más primarios y que permitan al movimiento alcanzar la hegemonía política en detrimento del competidor directo. Esta acción requiere de una inversión de tiempo y esfuerzos, conscientes de que durante su desarrollo se avanzará y se retrocederá en una contienda que inevitablemente se alargue en el tiempo. La conquista de posiciones políticas no se obrará de la noche a la mañana y requerirá de paciencia y constancia. Se trata de un proceso de transformación social en el que se debe articular todo un movimiento capaz de disputar el sentido común, los consensos y las voluntades, y aunarlas en una colectividad que orille la legitimidad del rival.

El propio pensamiento de Gramsci habla de la sustitución del bloque histórico por otro que construya una nueva identidad social. Se complementa con la visión basada en los antagonismos enfrentados de Schmitt o Laclau. A pesar de las diferencias estratégicas entre el pensamiento del filósofo italiano y el del revolucionario Trotski —que se centraban en la comprensión de la evolución de la guerra de posición a la guerra de maniobra—, ambos intelectuales comparten la necesidad de ganar a las masas por medio de la agitación y la unidad frente al adversario. Esto debe entenderse bajo el prisma compartido con la creencia manifiesta por Lenin de que la insurrección constituye todo un arte que debe legitimarse.

Es aquí donde resulta interesante complementar este modelo adversarial con el concepto de guerra asimétrica. El nacimiento de dicha asimetría puede partir de los medios, las capacidades o los fines, de las reglas dadas, del capital disponible o de los riesgos que se está dispuesto a asumir. Todos estos elementos juegan un papel desequilibrante en la escena catalana, en la que, además, se introduce el factor ideológico como potenciador del conflicto entre dos cosmovisiones antagónicas con desproporcionados recursos. Mientras el statu quo transformador del etnopopulismo cuenta con recursos económicos, medios de comunicación, capital humano disponible o aparataje asociativo, el bloque constitucional únicamente acepta emplear el poder normativo como elemento determinante. Pudiera parecer contradictorio, pero mientras el etnopopulismo ostenta una posición de debilidad ante el innegable poder del Ejecutivo central y la aparente incuestionabilidad del Estado de Derecho, el independentismo emplea los recursos a su disposición para amplificar el relato victimizador.

El bloque dispuesto a comenzar esa guerra de posiciones basada en la asimetría transformadora se sirve del discurso marketiniano para avanzar posiciones a la vez que defiende las conseguidas a lo largo de los años. Se trata de una dialéctica que, si bien no persigue el uso efectivo de la fuerza, sí que plantea un escenario de imposición y arrinconamiento en la que únicamente se legitime el razonamiento de uno sobre el otro.

En un interesante estudio realizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre la guerra asimétrica[60] se concluye que la bélica asimetría se apoya en los principios napoleónicos basados en «tener ideas sencillas y precisas» y orientados a buscar las fisuras del oponente, aprovechándose de las constricciones del Estado de Derecho y del Derecho Internacional. Se trata de cumplir el objetivo final que no es otro que el colapso total y absoluto del enemigo, cumpliendo la premisa basada en la resistencia, la perseverancia y el mantenimiento de la fe en la victoria. Dicha asimetría anula los esquemas tradicionales basados en la distribución y relevancia de los niveles jerárquicos. De esta forma, en el escenario catalán el nivel jerárquico y competencial de las administraciones —nacional sobre autonómico— pierde relevancia en detrimento de la importancia táctica y discursiva.

Como venimos defendiendo a lo largo de estas páginas, al igual que la política adopta técnicas de marketing propias de la esfera privada, el arte de la guerra bebe en ocasiones de las lógicas implementadas en el ámbito empresarial. Por eso, en el conflicto asimétrico o en las posiciones de trinchera juega un papel determinante el benchmarking. Se trata de la técnica consistente en observar, analizar y, en última instancia, aprender de lo que está haciendo el adversario para adaptarlo a nuestras propias técnicas, realizando los cambios necesarios para adoptar una posición de ventaja competitiva sobre el adversario. No se trata de un sistema por el cual se busque la copia de los rituales del enemigo, sino la adaptación en el contexto concreto de las técnicas efectivas del contrincante. En el escenario actual basado en la multipolaridad, la difusión y el estrechamiento de las fronteras ideológicas, el benchmarking se emplea cada vez más para alcanzar el éxito en la contienda política.

No es de extrañar que uno de los mayores expertos en la guerra asimétrica, el profesor Jorge Verstrynge, sociólogo de guerra y especialista en análisis de política comparada, fuese elevado a los altares a comienzos del nuevo milenio por el venezolano Hugo Chávez, quien abrazó los ideales de la doctrina defendida en su obra La guerra periférica y el islam revolucionario hasta el punto de adquirir más de 30 000 ejemplares del libro para el ejército bolivariano, convirtiéndose en una lectura obligatoria para los alumnos de la escuela militar. Los postulados ideológicos y terminológicos del padre político de Pablo Iglesias y asesor del chavismo más populista son los mismos que emplea, defiende y comparte el etnopopulismo catalán. Se trata de la cuadratura del círculo que pone de manifiesto que los movimientos populistas alrededor del mundo comparten relato y estrategia a pesar de que, en muchas ocasiones, les separen abismales diferencias ideológicas. Basta con comparar partidos como el UKIP o la Liga Norte con Podemos o Syriza para constatar que más allá de opiniones divergentes y contrapuestas, la técnica empleada sigue una misma hoja de ruta.

Una de las consecuencias de este tipo de visiones político-militares es el hecho de que, tras analizar, estudiar y reeducar a la sociedad sobre la que se pretende operar, se busca articular una uniformidad que permita detectar visualmente la existencia de los bloques antagónicos. Una uniformidad estética que propicia la agitación de sentimientos y visualiza las identidades en disputa. Históricamente, los uniformes sirven para aglutinar a la vez que diferencian de otros. No importa que se trate de un uniforme escolar, de ir ataviado al estadio de fútbol con la camiseta de tu equipo, de vestir el atuendo policial o de enfundarse en una bata blanca de médico. Todas y cada una de las acciones descritas generan una doble percepción, por un lado, la que uno mismo adquiere al sentirse uniformado y, por otro, la que genera en quienes nos observan. Es importante entender una diferencia que explicará los comportamientos y actitudes que se circunscriben a la uniformidad del etnopopulismo catalán. Y es que mientras el militar, el religioso, el policía, el médico o el estudiante visten de forma homogénea por obligación práctica, el hincha que acude junto con sus compañeros a un estadio a animar a su equipo uniformado con la camiseta del club lo hace por simbolismo, no por imposición. Es este segundo ejemplo el que sirve para explicar la imposición de un pensamiento colectivo identitario que promulga la fácil identificación de los dos bloques antagónicos e irreconciliables de una manera sencilla, sin necesidad de mediar palabra y gracias a diferentes elementos visuales. Es aquí donde se nos pueden venir a la cabeza los lazos amarillos o las guerras de banderas en los balcones de los distintos municipios de la región.

En palabras de Josep Martí, antropólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hablar de uniformes es referirse a la presentación social del cuerpo. «La lógica social nos pide saber en todo momento quiénes somos dentro de la comunidad. Y los uniformes sirven para eso, para mostrar los parámetros de identidad, de orden social y de necesidad de intercambio[61]». Los primeros uniformes de los que se tiene constancia histórica nacieron, más de 3000 millones de años antes de Cristo, con el objetivo de diferenciar a las distintas clases sociales. El impacto racional que genera darse cuenta de que más de 5000 años después algunos movimientos siguen concibiendo los uniformes como técnicas para diferenciar clases políticas es, cuando menos, perturbador. El independentismo catalán saca su lado más etnopopulista a la hora de identificar visualmente a los buenos y malos del procés. Poco importa que sea con esteladas, con lazos o con prendas amarillas.

En estos últimos ejemplos, los lazos y las vestimentas amarillas representan la anulación absoluta del individuo en pro del colectivo. Una forma de mostrar de un solo golpe de vista quién pertenece al grupo correcto y quién está en el bando equivocado.

En la España afectada por la peor crisis económica que se conoce en Europa y, especialmente, en los países del sur del continente, ya habíamos experimentado con la asociación de toda una paleta de colores organizadas en torno a mareas y basadas en la uniformidad para diferenciar cada reivindicación temática. De esta manera, surgieron la marea blanca, asociada a las demandas del personal sanitario; la marea verde, en torno a la defensa de la educación pública; la marea violeta, que reivindicaba los derechos y la igualdad de la mujer; la marea negra, crítica con los recortes en la administración pública; la marea roja, contra el desempleo… En total, existían más de una docena de mareas de colores que perfectamente uniformadas tomaban las calles a golpe de reivindicación sectorial.

Muchos pueden pensar que precisamente la ausencia de una marea amarilla fue el motivo por el que el independentismo catalán abrazó dicho color. Pero la carga simbólica y el significado político del color amarillo a lo largo de la historia es mucho más potente. De hecho, en Cataluña, siglos atrás ya había sido objeto de instrumentalización. Concretamente en el contexto de la guerra de sucesión en la que la disputa entre Borbones y Austrias se representó de forma gráfica asociando un color determinado a cada bloque, así el bando borbónico se identificó con el color azul y el bando austracista con el color amarillo. En Barcelona, donde predominaba el sentimiento antifrancés y, por tanto, antiborbónico, algunos ciudadanos comenzaron a colocar lazos amarillos en sus sombreros en señal de protesta contra las autoridades borbónicas. El entonces virrey de Cataluña, Francisco Antonio Fernández de Velasco y Tovar, prohibió en 1704 el uso de estos símbolos para evitar enfrentamientos, tensiones y conflictos entre partidarios de un bloque y de otro.

En las últimas décadas, el amarillo se ha asociado a reivindicaciones políticas concretas. La primera vez que volvimos a ser conscientes del uso del amarillo como instrumento transmisor de unos ideales fue en el Irán de 1979. Entonces, el sah Mohammad Reza Pahlaví, en el poder desde 1941 tras suceder a su padre, era cuestionado por gran parte de la población al considerar que se plegaba constantemente a los intereses y designios de Estados Unidos. Por eso, en el mes de noviembre y aprovechando que el sah se encontraba en Nueva York tratándose un cáncer, el ayatolá Ruhollah Jomeini, que acababa de volver tras años en el exilio por sus duras críticas al monarca iraní, aprovechó para comenzar una revolución islamista. Aquel noviembre de 1979 será recordado por el asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de algunos seguidores del ayatolá como protesta ante el intervencionismo estadounidense. La permisividad de Jomeini ante estos hechos provocó la denominada crisis de los rehenes en la que 52 estadounidenses fueron secuestrados durante 444 días.

Es aquí donde entra en juego el uso de lazos amarillos por parte de ciudadanos de Estados Unidos como forma de solidaridad con los norteamericanos secuestrados. Un movimiento que amplificó su efecto cuando Penelope Laingen, mujer de uno de los rehenes, colocó un lazo amarillo en un árbol de su propio jardín. Aquel gesto sirvió de impulso para el comienzo de la campaña «Tie a yellow ribbon», que significa «ata un lazo amarillo» —en honor a la canción Tie a yellow ribbon round the ole oak tree escrita en 1972 por Irwin Levine y L. Russell Brown— y que fue apoyada por infinidad de ciudadanos, convirtiendo el lazo amarillo en todo un símbolo de resistencia, solidaridad y apoyo a los retenidos. Detrás de aquella reivindicación subyacía la disputa entre el modelo de libertad democrática estadounidense y la cuestionable república teocrática iraní.

El simbolismo del lazo amarillo caló en la sociedad norteamericana y en los años noventa, en medio de la guerra del Golfo, se convirtió en una forma de manifestar el apoyo a las tropas militares, a la vez que mostraba un deseo de éxito en las misiones desempeñadas y el respeto por los soldados caídos en el combate. A comienzos de siglo volvió a utilizarse con motivo de la guerra de Irak. Un significado similar se le otorga a este llamativo color en países como Canadá o Alemania. En otras zonas del planeta tiene significados dispares. Así, mientras en Italia es símbolo de solidaridad con los prisioneros de guerra, en Singapur forma parte de un proyecto que busca la reintegración en la sociedad de las personas que han pasado por prisión. En Estonia se utilizó en el año 2011 para mostrar solidaridad hacia siete ciudadanos de dicho país que habían sido secuestrados en Líbano. Sin embargo, para los japoneses es una manera de reconocer a los profesionales que se han convertido en modelos públicos, en Nueva Zelanda se emplea para combatir los suicidios y en Indonesia simboliza la solidaridad con las víctimas de la revolución de 1998.

Algunas de estas reivindicaciones ligadas al lazo amarillo se pueden apreciar en escenas de películas como Argo, en la que se relata el secuestro en la embajada de Estados Unidos en Irán, o en series como Homeland.

En España, hasta el impulso del etnopopulismo, el lazo amarillo se asociaba a la solidaridad y apoyo de las personas afectadas de espina bífida. Conscientes de que se trataba de un instrumento potentísimo de transmisión de valores, el independentismo catalán hizo suyo el lazo amarillo y se apropió del llamativo color de manera casi exclusiva. Muchas personas caen en el error de creer que el color amarillo y el lazo han sido parte de una campaña del independentismo a raíz del encarcelamiento de los llamados Jordis: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, respectivamente, y encausados por sedición.

La realidad es que durante el mandato de Artur Mas ya se produjeron intentos por vincular el independentismo al color amarillo siguiendo una estrategia de señalamiento propia del populismo binario. Así, en octubre de 2014, un mes antes del ilegal proceso de consultas del 9 de noviembre, los representantes de CiU en el Senado acudieron a la cámara alta ataviados con lazos amarillos en sus solapas en señal de apoyo a la consulta soberanista. En este mismo periodo, la recién creada Asamblea Nacional Catalana impulsó una campaña para inundar de telas amarillas las farolas, marquesinas, monumentos y árboles de cuantos más municipios catalanes mejor. Se trató de una acción perfectamente coordinada que se enmarcaba dentro de una estrategia de planificación correctamente diseñada por la ANC. El siguiente nivel, más propio de otra época histórica, consistía en dar un paso más y marcar los comercios amigos del independentismo por medio de carteles. En palabras de la organización independentista, se trataba de «crear una red de comercios que colaboren en la difusión del mensaje de la ANC para poder ampliar y así llegar a otras tipologías de personas». Para ello, se debían «colgar carteles en el exterior del establecimiento o en el interior de los escaparates con un distintivo donde conste que “sois un Comercio Amigo de la ANC”». A continuación, la entidad secesionista subía en su página web un listado de establecimientos afines al procés. Ya en aquellos años, se producía un curioso caso de boicot callejero consistente en pintar bandas rojas encima y debajo de todos los plásticos amarillos colocados en las calles, transformando un símbolo del independentismo en una bandera española.

A partir del encarcelamiento de aquellas personas que impulsaron y materializaron un referéndum que había sido declarado ilegal y a las que se acusa de delitos como la rebelión, la sedición, la conspiración y la malversación de caudales públicos, sumado a la fuga de algunos dirigentes políticos para evitar ser juzgados, el lazo amarillo pasó a convertirse en una manera de uniformar a las tropas defensoras del procés. Hemos visto lazos amarillos en los escaños vacíos de los diputados huidos, en los balcones de ayuntamientos tan importantes como el de Barcelona o en las solapas del entrenador Pep Guardiola en cada partido de fútbol hasta que fue expedientado y multado por la Federación Inglesa de Fútbol, que prohíbe mensajes políticos en los estadios.

Así, en apenas unas pocas semanas, el color amarillo inundaba las calles de Cataluña y el lazo se convertía en la visualización de la falsa idea de la existencia de presos políticos. En cuanto a lo estético, se trataba de una forma evidente y reconocible de apoyar el proceso soberanista. En política, se trataba de una estrategia de confrontación de bloques que permite visualizar la creación de una identidad catalanista antagónica de la del constitucionalismo. En términos laclauianos, el lazo amarillo sería el significante vacío sobre el que se articulan distintas inquietudes que son aglutinadas tras un elemento inocuo. A priori, nadie podría oponerse a un simple lazo, independientemente del color del mismo. Se trata de un trozo de tela anodino que no presenta peligro alguno. Es sobre este elemento sobre el que se van agregando diferentes demandas sociales: las aspiraciones de cambio, el deseo de mayores niveles de autogobierno, el rechazo a la presunta judicialización política, la ilusión por un futuro diferente… que terminan por confluir en una pretensión de independencia. El relato político del etnopopulismo necesita de la existencia de unos personajes buenos y malos que sean fácilmente reconocibles, así, la uniformización de las filas separatistas allana el camino de la disputa discursiva.

El resultado fue un incremento de la escalada de tensión social. Hemos sido testigos de cómo en los coches y domicilios de policías, políticos o periodistas contrarios a la independencia aparecen lazos amarillos pintados con spray; de cómo se utiliza a niños —como los del coro del Palau de la Música— para que luzcan los lazos, para que los vendan en la calle para recaudar fondos por medio de la ANC; o de las peleas y enfrentamientos derivados de la plantación de cruces amarillas en las playas catalanas. El objetivo real es precisamente ese: un enconamiento, una quiebra social, una ruptura de la convivencia que permita crear el caldo de cultivo para un escenario de legitimación moral de los anhelos independentistas.

Pero los lazos amarillos no son la única fuente de choque visual entre los partidarios de la independencia y los constitucionalistas. Otro de los enfrentamientos enconados lo podemos encontrar en la llamada «guerra de banderas». Durante años, el independentismo ha hecho uso, de manera ostentosa y con orgullo ideológico, de la estelada como bandera reivindicativa. Uno de los primeros errores que cometemos como sociedad y que constituye el enésimo acierto marketiniano del independentismo consiste en colocar al mismo nivel la estelada, la senyera o la bandera española. El debate se suele enturbiar cuando entramos en el uso de terminología alejada del relato altamente comprensible y nos enredamos en cuestiones como legalidad, oficialidad o constitucionalidad. En ese instante, el independentismo ya ha ganado, al legitimar sus símbolos como reivindicaciones de una sentimentalidad propia.

Lo primero que hay que dejar claro es que al igual que la Constitución española, por medio de su artículo 4.1, establece que «la bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas», el Estatuto de Autonomía de Cataluña fija, en su artículo 8.2, que la bandera oficial es «la tradicional de cuatro barras rojas en fondo amarillo». Todo lo que salga de estas apreciaciones jamás podrá ser considerado oficial, a no ser que se modifiquen ambas normas. Por lo tanto, hay que partir de la base de que la bandera estelada, al igual que la tricolor republicana, no es inconstitucional o ilegal pero tampoco es oficial.

Esta razón es la que explica la prohibición de portar esteladas en determinados recintos o momentos. Por ejemplo, en el año 2015 y en el contexto de las elecciones municipales, la Junta Electoral Central dictaminó que los interventores y apoderados no pueden concurrir a la jornada electoral, en el interior de los colegios electorales, con camisetas o ropa que contengan estampación de banderas esteladas al considerarse símbolos de carácter partidista[62], al tiempo que ordenaba la retirada de las banderas esteladas en edificios públicos y locales electorales durante el período electoral, al ser incompatibles con la obligación de neutralidad de los poderes públicos y simbolizar las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella[63].

Esto marcaría como línea roja que banderas como la estelada no pueden ser empleadas en actos o edificios públicos como sustituta de la bandera oficial o con una finalidad partidista, siendo perfectamente legítimo y legal portarla en una manifestación o colgada de un balcón particular. No obstante, existen algunas limitaciones más que constituyen la fuente central de la polémica. Son los casos en los que se prohíbe acudir a determinados recintos con la bandera estelada, por ejemplo, como ha sucedido en las finales de la Copa del Rey en las que ha jugado el FC Barcelona. De hecho, la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha acogido la final de la copa en los años 2016, 2017 y 2018, prohibió el uso de banderas independentistas en el estadio donde se disputaba la final bajo el amparo del artículo 2.1 de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte del año 2007, que contempla como delitos o faltas «la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de manifiesto desprecio a las personas participantes en el espectáculo deportivo». En otro de los artículos se recuerda que «los organizadores tendrán que garantizar que los espectáculos que se celebren no sean utilizados para difundir o transmitir mensajes o simbología que, pese a ser ajenas al deporte, puedan incidir negativamente en el desarrollo de las competiciones».

La Delegación del Gobierno recordaba el contexto para entender la, a priori, dureza en las decisiones. En este sentido hay que recordar que de las ocho últimas finales de la Copa del Rey celebradas desde el recrudecimiento de la estrategia independentista que podemos ubicar en el año 2011, el FC Barcelona ha estado presente en todas las finales menos en una. Siete de ocho. En todas y cada una de ellas, se ha asistido a cánticos en favor de la independencia y pitadas perfectamente organizadas contra la figura real, algo paradigmático cuando se trata de la propia Copa del Rey. En puridad y coherencia, si uno no se considera a gusto con una competición deportiva, lo normal sería no acudir al estadio.

La entonces delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, justificaba la decisión de prohibir las esteladas en la final de la Copa aduciendo que «el fútbol no tiene que convertirse en un escenario de confrontación política». Del otro lado, tanto el club de fútbol como las asociaciones independentistas, defendían que se trataba de una «censura previa», de un «perjuicio irreparable», de que la prohibición estaba «inmotivada e injustificada», siendo «desproporcionada» o que vulneraba «la libertad de expresión». Desde un punto de vista más jurídico, defendían la existencia de una resolución del Parlament de Cataluña que describe la estelada como símbolo de un anhelo, y de una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta, lo que haría imposible su prohibición. Finalmente, la Justicia se pronunció por medio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló la decisión adoptada por la Delegación del Gobierno a pesar de que Dancausa recibió amenazas por aquella decisión, entre las que destaca una carta anónima en la que la advertían de que no «saldrá indemne» acompañado de un aterrador «te tatuaremos la estelada en la frente». Dicha misiva fue denunciada ante la Policía.

Además, debemos recordar que no es la única excepción deportiva. En las competiciones europeas, por ejemplo en la Champions League que juega cada año el FC Barcelona, está prohibida la exhibición de banderas como la estelada. De hecho, el Comité de Disciplina de la UEFA tuvo que imponerle sanciones económicas al Barça por la acumulación de expedientes relativos a la exhibición de banderas esteladas durante los partidos de Liga de Campeones. El club prefiere pagar las multas a aceptar la norma, algo altamente llamativo. En otras competiciones internacionales, como ha sido el Mundial de Clubes, también han negado la entrada a los estadios portando banderas esteladas. La posición de los organismos internacionales, tanto FIFA como UEFA, es clara al respecto. Para el que no esté familiarizado con el entorno futbolístico le costará entender el porqué de tanto hincapié estratégico en este deporte. La realidad es que el fútbol español, sus clubes, sus jugadores y sus competiciones son las más prestigiosas del mundo, un foco generador de riqueza económica, de movilizar pasiones y, cómo no, un altavoz mundial que puede ser empleado para magnificar un mensaje político como el del independentismo catalán. Esto, sumado a que el FC Barcelona cuente entre su plantilla con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia y que aparece año a año en todos los rankings de futbolistas más rentables, conocidos y admirados del planeta.

La prohibición no solo se limita a entornos deportivos ni está únicamente ligado a la estelada, sino también a cualquier espacio en el que se puedan derivar alteraciones del orden público. Un ejemplo alejado de los terrenos deportivos lo encontramos en la prohibición de portar la bandera tricolor republicana en los actos de coronación del rey Felipe VI y en el posterior desfile al considerar que su exhibición podría generar problemas de seguridad y de orden público.

En Cataluña, el uso de la estelada como instrumento ideologizador y aglutinador de sentimientos en torno a un bloque independentista ha llevado a situaciones tan fuera de lugar como asistir a cabalgatas de reyes como la vivida en Vic y emitida por TV3, en la que los protagonistas no eran ni los niños ni el espíritu navideño, sino las esteladas; la aparición de pasos de cebra pintados como si fueran una estelada en blanco y negro o el izado de banderas independentistas en los balcones de los ayuntamientos de Cataluña gobernados por el separatismo en contra de la normativa vigente, como sucedió en Berga. El mayor ejemplo de sectarismo ligado a este tipo de acciones etnopopulistas lo vivimos en septiembre de 2015, con motivo de la celebración de la fiesta mayor de La Mercè en Barcelona. Tradicionalmente, la corporación del ayuntamiento de la capital catalana sale al balcón del consistorio a saludar a una plaza de Sant Jaume abarrotada. Aquel año fuimos testigos de cómo mientras un concejal de ERC sacó una estelada y la colgó del ayuntamiento sin ningún tipo de problema, el concejal portavoz del Partido Popular, Alberto Fernández, intentó hacer lo mismo con la bandera española y fue recriminado y zarandeado por el teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, que trataba de evitar la presencia de la bandera oficial. Más allá de la escena de tensión, impacta la normalidad y tolerancia a un símbolo del independentismo carente de oficialidad alguna, mientras otros prohíben la exhibición de símbolos y signos constitucionales, acorde a la ley. Sin duda, los gestos del vicealcalde, el político argentino de la rama catalana de Podemos, sirvió para posicionar públicamente a algunos miembros del equipo de la alcaldesa Ada Colau.

Este tipo de actitudes y comportamientos no son aleatorios o casuales. Forman parte de una estrategia etnopopulista meditada y estudiada que consiste en polarizar a la sociedad y aglutinarla alrededor de nuevos símbolos que avancen en la construcción de una nueva república catalana. El exconsejero de la Presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, cuando tuvo que ir a declarar a los juzgados acusado de un delito de desobediencia, afirmó que iría «a declarar al Supremo con la estelada colgada». Fue juzgado, condenado e inhabilitado, pero nunca fuimos testigos de aquella promesa. La suma de infinidad de comportamientos y situaciones como las anteriormente descritas propició que floreciesen banderas esteladas en los balcones de casi toda la geografía catalana. En muchos municipios no había bloque de edificios o viviendas en cuya fachada no estuviese colgada una bandera independentista. La imagen era poderosísima a la par que potente, pero el paisaje fue cambiando cuando, a medida que se recrudecía la tensión, los catalanes defensores de la ley y contrarios al secesionismo comenzaron a perder el miedo a colocar la bandera de España en sus ventanas y terrazas. Durante años, en España —y especialmente en regiones con un nacionalismo fuerte como Cataluña— se asoció la defensa de los símbolos nacionales con simpatizar con las ideas de la ideología fascista, así el reduccionismo populista traducía «bandera de España» a «facha». Los éxitos deportivos de la selección nacional de fútbol, ganadora de la triple corona futbolística —Eurocopa en 2008, Mundial en 2010 y Eurocopa en 2012— comenzaron a devolver el prestigio a la insignia nacional, algo que se acrecentó con el desafío soberanista del procés. De hecho, hoy en día en cualquier parte de España, especialmente en Cataluña, se pueden observar banderas de España ondeando en las fachadas.

A pesar de este efecto en contra, hay que reconocerle al independentismo el éxito de ser capaz de colocar, en parte del imaginario colectivo, la idea de que estelada y senyera tienen la misma validez y de que se encuentran al mismo nivel. El etnopopulismo catalán ha cargado de legitimidad a la estelada y ha tratado de deslegitimar otros símbolos regionales, nacionales o supranacionales. Esto hace que la conquista de posiciones y la guerrilla de trincheras sean más sencillas al hacer reconocible a todas las partes, tanto al partidario del independentismo como al defensor de la unidad y la legalidad vigente. En su contra, ha jugado el apoyo, como vimos en páginas anteriores, de figuras internacionales que lejos de dignificar las aspiraciones independentistas cuestionan su viabilidad en el escenario internacional. Hablamos de personas como el vicepresidente y ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga Norte Matteo Salvini, o del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes no han dudado en posar públicamente con una bandera estelada para apoyar las reivindicaciones del populismo catalán con el que ambos comparten ideología.

Utopía idealizadora

Íñigo Errejón, doctor en Ciencias Políticas y uno de los fundadores de Podemos, profundiza en su tesis doctoral acerca del concepto de la problematización política. Lo hace partiendo de los postulados de la obra Introducción a los movimientos sociales de John Wilson, en la que se establecen tres principios fundamentales para movilizar políticamente a la sociedad: diagnóstico, pronóstico y motivación. Errejón adapta estos tres vectores de cambio y los traduce en el lenguaje de la política práctica sustituyendo los tres principios por tres etapas.

Se trataría de, en primer lugar, definir los problemas y agruparlos en torno a una serie de injusticias globales cuyo punto de encuentro sea un significante vacío. En el escenario catalán este punto sería el momento en el que el Gobierno de Artur Mas comprende que debe distraer la atención de la ciudadanía ante la grave y dura crisis económica global y articula una salida idealizadora llamada «independencia». Se trataba de colmar las aspiraciones de los catalanes y anular las frustraciones emocionales.

Una vez alcanzado este objetivo, se pasaría a la segunda etapa en la que se debe politizar la injusticia. Es en ese momento en el que entra en juego el relato basado en los bloques enfrentados, los buenos y los malos, el lenguaje schmittiano y la creación artificial de identidades. Es ahí cuando surge un discurso que culpabiliza a España como entidad global y al Gobierno central como actor concreto de todos los males de los catalanes.

Toda vez que se ha alcanzado y consolidado esta etapa, se concluye con una llamada a la acción. Un aumento de la motivación sentimental y de creación de expectativas basadas en un futuro mejor. En esta última fase es donde aparecen las alusiones a una Cataluña mejor, una nación ilusionante, un paraíso terrenal. Para que la problematización política sea un éxito es fundamental cumplir con una máxima laclauiana basada en la idea de la generalidad como forma de acción política. Navegar en el plano verbal, discursivo y emocional huyendo de la concreción y el debate profuso.

El etnopopulismo catalán abraza el principio fundamentado en la divagación y en la ausencia total de detalles en sus promesas de futuro. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja indudable es que hay un amplio sector de la población que observa dichas medidas con ilusión y esperanza, así lo que a priori era un movimiento minoritario como el independentismo termina disputando la hegemonía discursiva al bloque principal. Por el contrario, los inconvenientes se articulan en dos grandes ejes. Por un lado, las consecuencias generales de índole económica, política y social que ha dejado la unilateralidad y que se han podido comprobar sin tan siquiera llegar a alcanzarse la soñada independencia y, por otro lado, las consecuencias concretas que se ponen de manifiesto cada vez que en cualquier exposición mediática, ya sea un debate, una tertulia o una entrevista, deja de manifiesto el independentismo ante la imposibilidad de ofrecer respuestas más allá del titular, generando situaciones en las que los representantes de este movimiento etnopopulista bordean el ridículo argumental.

Aun así, hay dos factores que minimizan las consecuencias negativas de esta estrategia y que suponen dos factores clave en el mundo del marketing. Se trata de la expectación y de la motivación.

Al hablar de expectativas, debemos volver a poner de manifiesto la importancia que tienen como consecuencia de la posibilidad de idealizar. Imaginar algo siempre es más poderoso que verlo. Es un mecanismo primario del cerebro que se pone de manifiesto en infinidad de situaciones: cuando nos imaginamos de vacaciones, comprando un coche o disfrutando de un buen rato en compañía de seres queridos. Todo ello genera felicidad, pero no es comparable con el instante en el que se dibujaba en la imaginación. El ejemplo más claro lo tenemos en las relaciones de pareja. Uno tiende a imaginar noviazgos idílicos, convivencias perfectas y vidas felices, y la realidad es que en Europa se producen casi siete rupturas por cada diez matrimonios. Aun así seguimos casándonos. Cuestión de expectativas.

Lo mismo sucede en el plano político, y es ahí donde el marketing etnopopulista explota su faceta más exitosa: los independentistas profundizan y se centran en esa primera etapa de imaginación futura para construir un relato basado en las expectativas de un mañana mejor, en el que todo parece posible; de manera ciertamente inteligente, dejan en un segundo plano o directamente obvian las posibles dificultades, trabas o apuros que pudieran derivarse del procés. De hecho, gran parte del discurso y del relato etnopopulista se centra en un único objetivo: alcanzar la independencia. Lo que venga después no debe ser relevante en la hoja de ruta marcada para conseguir el fin último. Resulta curioso que se trata de la misma estrategia que plantean los ideólogos del marxismo histórico, basada en centrar los esfuerzos en la conquista del poder y que obvia cómo se va a gestionar el mismo. Se trata de una visión reduccionista según la cual la política no es un medio, sino un fin en sí misma.

Para que esta estrategia sea un éxito debe combinarse la creación de expectativas futuras con una alta dosis de motivación emocional. Para entender la importancia de las motivaciones existentes en torno a determinadas acciones vamos a acudir a un ejemplo que, no teniendo absolutamente nada que ver con el tema que nos ocupa, expone a la perfección la trascendencia del concepto. Se trata de aquellos musulmanes que terminan convertidos en yihadistas y que en un momento dado deciden inmolarse en nombre de Alá en el combate de la guerra santa. Si hacemos una lectura desde los ojos de un ciudadano medio de una población media del planeta parece imposible comprender las motivaciones que se esconden detrás de semejante atrocidad en forma de vil terrorismo. Sin embargo, en un escenario de pobreza, desarraigo, ausencia de valores y experiencias fruto de la juventud, el mensaje impulsado por el fundamentalismo radical termina por permear en las frágiles mentes de los adolescentes musulmanes. Organizaciones terroristas como el Estado Islámico o Al Qaeda aprovechan este tipo de perfiles débiles para prometer una vida plena en el paraíso celestial como consecuencia de un sacrificio en la vida terrenal. Se trata de trasladarse a un lugar donde sensaciones como el daño, el dolor, el miedo o la vergüenza desaparecen para dar paso a un estado de plena y constante felicidad absoluta.

Dentro de los siete niveles de los que consta el paraíso, según los libros sagrados del islam, el séptimo y más codiciado, llamado Firdaws, está reservado a los profetas y mártires. Si esto no fuese suficiente, el Corán establece como promesa a los mártires de la yihad 72 huríes —mujeres vírgenes—. Si la oferta de 72 mujeres en el paraíso en exclusividad no fuese lo suficientemente embaucadora, se determina que las mujeres serán «de grandes ojos en pabellones protegidos, a las que ningún humano o genio habrá tocado antes de ellos[64]» y voluptuosas: «Ciertamente para los justos habrá un cumplimiento de los deseos; jardines encerrados y vides y mujeres voluptuosas de la misma edad.»[65]. En cambio, los textos sagrados estipulan que para las mujeres que decidan convertirse en mártires habrá un único hombre «con el que estarán satisfechas».

Esta mezcla de expectativas y motivaciones no es nueva en la política global, ni es Cataluña su primer ejemplo, aunque puede que sí sea el más extravagante. Lo cierto es que ya en la década de los años setenta, el economista brasileño Edmar Bacha bautizó a su país natal como Belindia, puesto que argumentaba que los dirigentes políticos del país aspiraban a convertir a Brasil en una especie de Bélgica cuando en realidad se vivía como en la India. Una paradoja similar a la que ha planteado el independentismo durante años. Aspiraba a ser una nación independiente pujante, desarrollada y atractiva, y la simple visión separatista empobreció a los catalanes, propició la fuga de empresas y la amenaza de salir de las instituciones europeas.

En esa Bélgica utópica en la que se pretendía convertir la república catalana, el etnopopulismo no dudó en construir un relato idílico en el que las expectativas futuras desbordaban optimismo, ilusión y positividad. El propio presidente Artur Mas defendía en una entrevista en 2013[66] que una Cataluña independiente seguiría manteniendo el apoyo del sistema bancario puesto que «los bancos españoles tienen el 20 por ciento de su mercado en Cataluña» y «los catalanes tienen 28 000 euros de renta per cápita, como los alemanes». Esa misma idea han defendido todos y cada uno de los líderes del movimiento secesionista siguiendo las premisas argumentales del populismo político. Se trata de negar cualquier posible consecuencia negativa derivada de la unilateralidad y de ofrecer un panorama futuro de arco iris y unicornios. Lo importante es construir un horizonte temporal que por medio de incentivos sea capaz de aglutinar diferentes sensibilidades bajo un prisma paradisiaco. Esta mentalidad se materializa en las palabras de figuras destacadas del independentismo como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Raül Romeva, quienes reiteradamente animaban a los catalanes a no preocuparse ante los agoreros vaticinios del unionismo puesto que el potencial de una nueva república sería incalculable. Así sucedió cuando, por ejemplo, en septiembre de 2015 el presidente de la multinacional de moda nupcial Pronovias remitió una carta a sus empleados notificándoles que la compañía sería «difícilmente viable» en una Cataluña independiente. Algo similar, en tiempo y forma, fue lo que hizo el presidente de la farmacéutica Almirall, quien a través de un vídeo interno advirtió de las «consecuencias negativas» que tendría la unilateralidad para los intereses de la empresa.

No fueron los únicos grandes empresarios que advirtieron de las dañinas consecuencias del desafío independentista. José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio de España; Félix Revuelta, presidente de Naturhouse; Josep Bou, presidente de Empresaris de Catalunya; Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España; Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell; o Antonio Garamendi, presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE fueron algunas de las voces más claras sobre la secuelas que produciría una hipotética independencia unilateral al margen de la legalidad vigente.

A medida que los efectos del perverso secesionismo eran visibles a los ojos de todos, se produjo una cascada de empresas que alertaban de lo que podía suceder en una hipotética nueva república, pero el primero, el que desde el principio apostó por alzar la voz contra la independencia, fue el empresario catalán José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, que ya en el año 2012 manifestó públicamente que trasladaría las sedes de sus empresas fuera de Cataluña si se producía una independencia unilateral.

Ante esto, el etnopopulismo siempre ha defendido que se trata de un boicot del capitalismo de amiguetes, que es una acción de las cloacas del Estado o que se trata de la vieja política tratando de medrar. Cualquier argumentación es útil para desacreditar a todo aquel que se oponga argumentalmente a los delirios etnopopulistas.

Lo que no es discutible de ninguna manera es que, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre hasta el mes de mayo de 2018, es decir, siete meses después, más de 4000 empresas con sede en Cataluña abandonaron la región. Se trata de la mayor fuga de empresas de una economía occidental de la historia moderna. Las empresas más importantes lo hicieron a los pocos días de celebrarse la consulta, y de las grandes empresas catalanas del Ibex 35 solamente la farmacéutica Grifols, fundada por un ferviente defensor del independentismo, mantiene su sede social.

El problema no solo es la fuga de empresas, también la ausencia de compañías nuevas. Desde octubre de 2017, en Cataluña el ritmo de creación de empresas ha caído casi un 10 por ciento frente al 0,1 por ciento de la media nacional. Un problema para el empleo y la economía de la región que no termina con el hundimiento empresarial regional, puesto que otra de las grandes promesas era que una Cataluña independiente seguiría siendo miembro de la Unión Europea y, también, de la Unión Monetaria.

El argumento habitual del etnopopulismo es que una Cataluña independiente utilizaría como moneda única el euro al igual que sucede en Andorra, Mónaco, El Vaticano o San Marino, por medio de un acuerdo con la Unión Europea. De hecho, la comparación por antonomasia es Kosovo, que también tiene como moneda el euro. Sin embargo, la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros emitieron en septiembre de 2015 un comunicado institucional en el que avisaban de que «la exclusión de Cataluña de la zona euro, como consecuencia de la ruptura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica».

Que la independencia era inviable desde el punto de vista económico es algo tan objetivo que hasta los propios independentistas en el Gobierno lo sabían. Así se desprende de una conversación intervenida por la Guardia Civil por orden del Juzgado entre el número dos de Junqueras y Secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, y el asesor especial en materia de difusión institucional del Gobierno catalán, Raúl Murcia Tobalo, en la que el primero le confiesa al segundo que «en el mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas ni un banco. La cosa no pinta, está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mí me da pánico que si transmitimos las cosas como son en realidad […] estos no lo acaben autorizando para decir que Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia».

En el caso de una independencia unilateral, Cataluña debería hacer frente a una deuda inasumible, con un PIB muy reducido por la escisión, con un desplome de la inversión extranjera, y todo ello sin el paraguas de las instituciones europeas al quedar automáticamente fuera del Banco Central Europeo, el Ecofin, el Eurogrupo o los mecanismos de rescate. También quedaría fuera de la Organización Mundial del Comercio, perdería las ventajas arancelarias y levantaría nuevas fronteras físicas. La solvencia y la liquidez de la región se hundirían en cuestión de semanas, al tiempo que se producirían recortes de prestaciones sociales ante la inviabilidad financiera. Salir de un mercado común de más de 500 millones de consumidores es inasumible para cualquier gestor público que se precie. Y es que al salir de la cuarta economía europea, una nueva Cataluña independiente perdería el modelo público de pensiones, la red universal de servicios sanitarios, el sistema de seguridad y defensa, la sólida estructura financiera o la amplia red de comunicaciones y transportes.

El etnopopulismo siempre dirá que estos son mensajes creados por el constitucionalismo destinados a crear alarma, miedo y dudas en el seno del independentismo, pero lo que sí es demostrable son hechos como que en los meses posteriores al 1 de octubre las reservas hoteleras en Cataluña cayeron un 50 por ciento y la facturación hostelera un 30 por ciento. La fuga de depósitos bancarios en el último trimestre de 2017 ascendió a 31 400 millones. Las ventas en grandes superficies cayeron un 20 por ciento desde el referéndum ilegal y la facturación de los pequeños y medianos comerciantes en torno a un 30 por ciento. Del mismo modo, se desmoronaron la venta de viviendas y automóviles en la región derivada de la inseguridad económica provocada por el etnopopulismo.

Uno de los efectos inmediatos más recordados y llamativos de los días posteriores al referéndum ilegal fue la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento. Y es que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la agencia que se ubicaba en Londres debía buscar nuevo destino. De esta forma, se presentaron 19 candidaturas de 19 países para albergar la agencia encargada de la evaluación científica, la supervisión y la vigilancia farmacológica en el seno de la Unión Europea. Se trata de un organismo esencial para el funcionamiento del mercado único de los medicamentos en la Europa comunitaria. Estructuralmente posee una plantilla de más de 900 funcionarios, genera unos 4500 empleos indirectos y cuenta una red de más de 1600 empresas con las que trabaja estrechamente —principalmente agencias de comunicación, consultoras y asesorías jurídicas—, organiza anualmente más de 500 reuniones y ferias con una media de 36 000 visitantes y maneja un presupuesto de 322 millones de euros procedentes de los fondos comunitarios.

Albergar la sede de la agencia implica, además de convertirse en el centro europeo de la industria farmacéutica, un beneficio directo e indirecto a través de gastos en consumo e impuestos en la región donde se ubica. Una ventaja competitiva que atrae talento, posiciona globalmente y genera riqueza.

Tras la retirada de las candidaturas de Dublín, Malta y Zagreb, Barcelona se situaba como una de las principales favoritas al contar con la mejor preparación técnica. La Ciudad Condal contaba con unas instalaciones punteras disponibles de manera inmediata para albergar en la afamada Torre Glòries la sede de la agencia. No solo eso, sino que también contaba con el apoyo y respaldo de la Agencia Española del Medicamento, una de las más potentes a nivel europeo y gran colaboradora de la Agencia Europea. La capacidad hotelera y la amplia red de transportes o el acceso a servicios sanitarios y la amplia oferta educativa, criterios baremados para tomar la decisión final, también situaban a Barcelona como ciudad favorita.

A pesar de que la capital catalana se situaba a la cabeza de todas las quinielas, Barcelona salió derrotada y tuvo que ver cómo la Agencia Europea del Medicamento elegía a Ámsterdam no por ser mejor opción, sino por la inestabilidad política generada por la unilateralidad de los etnopopulistas. El proceso secesionista lastró todas sus opciones y acabó con la posibilidad de albergar una de las agencias más importantes y cuya industria genera el 7 por ciento del PIB catalán, da empleo a 42 000 personas y concentra más de la mitad de las empresas farmacéuticas internacionales instaladas en España. Además, se calculaba que, solo en gastos de alojamiento, Barcelona ingresaría más de 13 millones de euros anuales como sede de la agencia.

La clave del atrayente relato marketiniano del independentismo es que mientras los argumentos de parte del constitucionalismo y la unidad se centraban casi en exclusividad en las consecuencias económicas de una hipotética independencia, el etnopopulismo iba mucho más allá. Cataluña no solo se convertiría en un país de oportunidades a nivel económico, sino también social. Incluso en lo deportivo. Un ámbito que se suele despreciar por carecer de trascendencia en el día a día de las sociedades pero que, siguiendo la máxima romana de «pan y circo», constituye uno de los ejes de debate más comentados. Para ello, y de manera ciertamente inteligente, la independentista y anteriormente analizada Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes encargó, en los prolegómenos del 1 de octubre, un estudio que conjugaba los beneficios económicos y deportivos de una Cataluña independiente.

A nivel económico, el informe aseguraba que la independencia traería aparejado un beneficio económico en concepto de ingresos deportivos de hasta 93 millones de euros anuales y generaría más de 700 nuevos puestos de trabajo. En lo deportivo, una Cataluña independiente presente en unos Juegos Olímpicos contaría con más de 130 representantes y unas ocho o nueve medallas olímpicas. Del mismo modo, la publicación hacía un ejercicio de ciencia ficción por el cual calculaban el impacto económico y las opciones deportivas de una selección de fútbol catalana en el inmediato Mundial de 2018. En el plano financiero ingresaría unos 48 millones de euros por su participación pero, sin embargo, los propios independentistas asumen que no pasarían, ni tan siquiera, la fase de grupos. Tras el fracaso de la selección española en aquella cita mundialística muchos independentistas aprovecharon para afianzar su mensaje.

Este debate puede parecer estéril, pero en el momento más álgido del independentismo acaparó portadas de diarios deportivos y llenó horas de debates televisivos. Hay que tener en cuenta que el FC Barcelona es uno de los equipos de fútbol más prestigiosos, ricos y competitivos del mundo dentro de la liga de fútbol más elitista del planeta. Abandonar España supondría un descenso económico de los ingresos, la imposibilidad de jugar la Liga de Campeones y la Liga española, teniendo que crear una liga catalana de fútbol o negociando ingresar en una liga menor, como la francesa, en calidad de invitado. Este argumento es el que empleaba el etnopopulismo utilizando el ejemplo del AS Monaco FC, que siendo de Mónaco jugaba en Francia, aunque la situación no tenga nada que ver puesto que el club monegasco está inscrito en el campeonato francés desde 1924, cuando firmó un acuerdo para ser miembro de la Federación Francesa de Fútbol. A tal extremo llegaba la preocupación de que la principal estrella y buque insignia del barcelonismo Lionel Messi atrasó reiteradamente su renovación con el club hasta vislumbrar el futuro de Cataluña. Cuando por fin optó por renovar su contrato, introdujo una cláusula que recoge las condiciones por las que podría dejar el equipo en el caso de que Cataluña se independizase de España.

En definitiva, el etnopopulismo construyó un relato idílico, basado en la motivación y en las expectativas, según el cual una Cataluña independiente sería, no solo viable, sino atractiva y seductora a ojos internacionales. Lejos de abrirse un nuevo mundo de posibilidades, los catalanes siguen pagando a día de hoy el alto coste de los desmanes del secesionismo étnico y populista que dirigía los designios políticos de una de las regiones más prósperas y reflejo de España. Y es que, a pesar del acierto de su estrategia marketiniana y del excelente uso del relato populista, la superioridad jurídica logró imponerse a la vanidad de la verborrea independentista. Llegado el momento de afrontar un horizonte penal, después de años de tensión y visceralidad, el independentismo optó por recular en sus postulados y abandonar el relato emprendido años atrás. Así, tras la imposibilidad manifiesta de alcanzar la independencia y proclamar la república socialista de Cataluña, llegamos a escuchar que no tenían apoyos sociales suficientes —según el propio Joan Tardà—, que la declaración de independencia fue simbólica —para Carme Forcadell—, que los partidos independentistas debían buscar más apoyo social a su proyecto y acompasar sus ritmos a la realidad de los hechos —como reconoció Carles Campuzano—, que ahora toca fijarse en los límites y ser conscientes de que la independencia requiere un trayecto más largo —en palabras de Toni Comín—, que el independentismo estaba jugando al póquer e iba de farol —como aseguraba Clara Ponsatí— o que es posible otra relación con España distinta a la independencia —como confesaba el propio Carles Puigdemont.

Epílogo

El 30 de octubre de 1974 tuvo lugar el más espectacular combate de boxeo de la historia. Fue la denominada The Rumble in the Jungle, y no debía su nombre a las dos fieras pugilísticas que competían —Muhammad Ali y George Foreman— sino al lugar de la velada: Kinsasa, en el Zaire (actualmente República Democrática del Congo).

Aquella velada fue el primer combate de boxeo en el que el marketing desempeñó un papel fundamental. Por un lado, el dictador Mobutu Sese Seko pretendía limpiar la imagen de su férrea dictadura y proyectar una visión modernizadora del país. Por el otro, el polémico promotor Don King quería lograr la mayor recaudación de la historia del mundo del boxeo. La pelea estaba tan diseñada para ser un espectáculo mediático que tuvo lugar a las cuatro de la madrugada —hora del Zaire— para que pudiese verse en prime time en Estados Unidos. De hecho, la única cadena de televisión de la dictatorial Zaire no emitió el combate. Don King consiguió su objetivo de convertir el evento en el que más recaudación de la historia generaba: cosechó más de diez millones de dólares de beneficios que se repartieron entre los púgiles, Mobutu y él mismo como promotor. Y el Gobierno del Zaire consideró un éxito el haber albergado semejante acontecimiento deportivo, que había traído aparejada la visita de las caras más famosas e ilustres de la época y que consiguió reunir a más de 60 000 espectadores. Kinsasa nunca había brillado tanto, aunque aquella deslumbrante luz fuese fugaz y efímera.

En lo deportivo, Foreman llegaba como gran favorito. Le avalaba nada más y nada menos que un récord de 40 victorias consecutivas, 37 de ellas por KO. En sus últimas ocho peleas había logrado tumbar a su oponente antes del segundo asalto. Se encontraba en estado de gracia y su forma física daba, literalmente, miedo. Por el contrario, Ali ya no era el boxeador que había deslumbrado años atrás: con treinta y dos años muchos ya le daban por amortizado y se pensaba más en su retirada que en alcanzar una nueva gesta deportiva.

Objetivamente se trataba de un combate entre un joven boxeador de veinticinco años y vigente campeón mundial de los pesos pesados que no conocía la derrota en su amplia trayectoria y un púgil de treinta y dos años que había perdido la corona mundial tres años atrás y cuya forma de boxear mostraba indicios de declive. A priori parecía que la apuesta segura era Foreman, mientras que sobre Ali se podía debatir cuánto tiempo aguantaría antes de besar la lona.

Llegado el momento, Foreman dominó con soltura y sin problemas en los primeros compases del combate. A medida que se iban sucediendo los asaltos, la victoria de Foreman parecía clara. Ali se limitaba a protegerse y a mantener la retaguardia mientras que Foreman encadenaba golpe tras golpe en el aparentemente frágil cuerpo de su oponente. Parecía que el desenlace del combate estaba cerca y el vencedor de la noche sería el imbatido Big George. Pero todo cambió en el octavo round. Ali despertó de su letargo y encadenó una ristra de golpes contra su adversario, agotado tras liderar los siete asaltos previos, que lo mandaron a la lona. Foreman perdía el combate por KO y Ali recuperaba los títulos que había perdido dos años y medio antes, y se convertía en el segundo púgil de la historia en ser bicampeón mundial del peso pesado por segunda vez.

¿Cuál había sido la diferencia entre ambos boxeadores? La estrategia. La estrategia consiste en establecer una serie de acciones en el tiempo encaminadas a la consecución de unos objetivos plausibles. Y Muhammad Ali subió a la lona con una estrategia clara. Había analizado los combates de su adversario y estaba convencido de que si era capaz de aguantar los golpes asalto tras asalto, Foreman comenzaría a quedarse sin fuerzas, dejando un hueco para la oportunidad. Sería ahí cuando Ali tendría que atacar con todo y derribar a su contrincante.

Ali había estudiado minuciosamente a su adversario y sabía cuál era su punto débil. Era un púgil explosivo pero escasamente resistente. Acostumbrado a ganar los combates en los primeros rounds, no había experimentado la sensación de tener que disputar una pelea larga y agotadora.

De hecho, Ali había comenzado a trabajar su estrategia desde mucho antes de subir al cuadrilátero. Los meses previos al combate, los dos boxeadores los pasaron en Kinsasa para aclimatarse al sofocante calor y la elevada humedad y para adaptarse al horario de la pelea. Durante esas semanas, mientras Foreman entrenaba recluido en su hotel, Ali estableció la rutina de entrenar por las calles de la ciudad, generando simpatías y apoyos entre los habitantes de la capital. Esto derivó en que el día del combate en el recinto principal hubiese más seguidores del excampeón que del invicto número uno.

Ali venció porque su estrategia estaba más estudiada y era más solvente que la de su adversario. Foreman, por el contrario, fiaba toda su hoja de ruta a pegar más fuerte que su rival. Uno entendía que el boxeo debe dotarse de una metodología y un estudio teórico previo y el otro lo visualizaba como una cuestión de números y de fuerza bruta.

Salvando las distancias existentes entre un deporte de contacto como es el boxeo y la política, debemos tener en cuenta que en ambos campos la estrategia es fundamental. De hecho, comparten conceptos como pudieran ser la estrategia, la técnica o la táctica. Incluso emplean una terminología y lenguajes similares: «tener cintura», «asestar un golpe certero», «golpes bajos», «peleas de guante blanco», «estar noqueado», «tirar la toalla», «salvarse por la campana»…

En la disputa dicotómica entre constitucionalistas e independentistas, los primeros han fiado gran parte de su estrategia al cumplimiento de la ley y a centrarse en el ángulo racional, mientras que los segundos han elaborado una estrategia de largo recorrido y gran impacto que potenciase la emocionalidad como punto a explotar ante las carencias de su adversario. Fundamentalmente, el nacionalismo se ha apoyado en la idea de un etnicismo que, combinado sabiamente con postulados populistas, ha sido capaz de construir una serie de identidades en pugna.

Argumentar que la catalana es una etnia propia es simplemente falso, puesto que, al igual que por el resto de España, han pasado fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, árabes… pero los dirigentes políticos catalanes abrazaron lo que Anthony D. Smith definiría como «teoría etnosimbolista», asentada sobre la idea de que la etnia constituye parte esencial de la nación y que dichas agrupaciones establecen un principio de complementariedad y exclusión definido por un principio básico de nosotros/ellos. Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas —y tal y como defiende el propio Smith— existe un tipo de nacionalismo étnico consciente de que sus interpretaciones históricas son falaces y que contienen un relato mitificado o inexacto pero que sirve de pegamento de sentimientos identitarios compartidos. Smith determinaba que este tipo de relatos marketinianos tienen como única finalidad justificar posiciones políticas concretas.

Conscientes de la importancia del vínculo solidario entre los miembros del nacionalismo catalán, el etnopopulismo independentista trató de crear un marco según el cual los catalanes eran diferentes al resto de españoles, ergo debían separarse. Conviene recordar como en los primeros escritos del expresidente Jordi Pujol, en concreto en los publicados en 1976, se refería a los andaluces como «hombres que viven en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual». Pujol siempre pensó así y trató de conseguir que una amplia mayoría de catalanes compartiesen con él sus postulados etnopopulistas. Ya en 2004 afirmaba tener pavor a la ruptura de la pureza racial al afirmar que «hemos de vigilar el mestizaje, porque hay gente en Cataluña que lo quiere, y ello será el final de la misma». Tras los años de hegemonía pujolista, entró en acción como actor secundario pero de vital importancia el republicano Oriol Junqueras, que al poco tiempo de alzarse con el poder en ERC, afirmó que «Hay tres Estados —¡solo tres!—, donde ha sido imposible agrupar a toda la población en un único grupo genético. En Italia, en Alemania (siguiendo la vieja frontera lingüística entre el alemán marítimo y el continental) y en el Estado español (entre españoles y catalanes) […]. En concreto, los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles, más con los italianos que con los portugueses, y un poco con los suizos. Mientras que los españoles presentan más proximidad con los portugueses que con los catalanes, y muy poca con los franceses. Curioso…».

Toda vez que se leen las declaraciones pasadas de los líderes de este etnopopulismo, uno puede pensar que se trata de un ridículo estrepitoso y sin precedentes, pero no reconocer el éxito estratégico del independentismo catalán es negar una realidad.

Lo que hace treinta años parecía impensable, hoy ya no lo es tanto. Lo que al principio fue un relato de radicales minoritarios cada vez fue ganado más adeptos. Lo que parecía innecesario rebatir dada su estridencia ahora aparece legitimado en diferentes niveles de la sociedad. Todo ello se debe a una mezcla de conceptos necesarios en la modernidad actual, en la que el marketing político juega un papel crucial para la consecución de objetivos estratégicos. Esta fue la gran innovación de Pujol, Mas, Puigdemont y sus adláteres.

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DAVID ÁLVARO GARCÍA (Madrid, España, 1986) se licenció en Ciencias Políticas y se especializó en Administración Pública en las aulas del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación con un MBA, un Máster en Comunicación Política y Empresarial y diversos cursos MOOC sobre macroeconomía y mercados financieros.

Ha participado en varias campañas electorales, incluyendo la que llevó a Mariano Rajoy a la Moncloa en 2011 y las que le mantuvieron en el poder en 2015 y 2016. También ha trabajado en campañas municipales, autonómicas y europeas y en diversos niveles de la Administración Pública.

Actualmente es Director del Gabinete de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular.

Speechwriter de diferentes líderes políticos, autor de artículos de opinión y colaborador en medios de comunicación, compagina su actividad política con la docencia impartiendo clases en distintas universidades sobre comunicación, asuntos públicos o marketing político.

Su pasión por viajar le ha llevado hasta Caracas, donde colaboró con la oposición venezolana durante las últimas elecciones ganadas por Hugo Chávez o a los campos de refugiados del Sáhara.

Su familia es su bien más preciado y el cine una de sus mayores aficiones (es un devoto incondicional de la saga de Rocky). Si no le encuentran búsquenle en Guardamar del Segura.

Notas

[1] Artículo 155 de la Constitución española. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. <<

[2] Entrevista en La Vanguardia el viernes 12 de abril de 1996. <<

[3] Destacable la tribuna de opinión de Carlos Barral, publicada en el diario El País el 20 de diciembre de 1988 bajo el título «Lecturas del milenario». <<

[4] Pacto Tinell-puntos de acuerdo

«Más y mejor autogobierno. Más calidad democrática.»
«Un nuevo impulso económico para Cataluña.»
«Cataluña, una nación socialmente avanzada.»
«Una nueva política territorial y ambiental». <<

[5] Pacto Tinell-exclusión PP

Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado.

Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales.

Retirada de las medidas contrarias a la plurinacionalidad, pluriculturalidad y plurilingüismo, e impulso de un nuevo marco que las reconozca. El apoyo a un cambio de Gobierno a nivel estatal por parte de las fuerzas representadas en el pacto deberá comportar, como contrapartidas imprescindibles: El compromiso de dejar sin efecto el conjunto de normas contrarias a la plurinacionalidad, de cualquier rango, aprobadas durante el período gobernado por el PP, así como la retirada de los recursos interpuestos por el gobierno del Estado ante la jurisdicción ordinaria o el Tribunal Constitucional contra normas emanadas de las instituciones de Catalunya.

El establecimiento de un nuevo marco legal donde se reconozca y se desarrolle el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado. <<

[6] Frase pronunciada el 13 de noviembre de 2003, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en el mitin central de la campaña socialista. <<

[7] Frase pronunciada en Viajando con Chester, un programa de entrevistas presentado por Risto Mejide en Cuatro, y emitido en febrero de 2014. <<

[8] Según el Centro de Estudios de Opinión, cuando se aprobó el Estatut solo el 13,9 por ciento de los catalanes estaba a favor de ser un Estado independiente. <<

[9] Artículos declarados inconstitucionales:

Artículo 100. Control de los actos del Consejo de Justicia de Cataluña

1. Los actos del Consejo de Justicia de Cataluña serán recurribles en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, salvo que hayan sido dictados en el ejercicio de competencias de la comunidad autónoma.

Artículo 101. Oposiciones y concursos

2. El Consejo de Justicia de Cataluña convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados en Cataluña en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 111. Competencias compartidas

En las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado, corresponden a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. En el ejercicio de estas competencias, la Generalitat puede establecer políticas propias. El Parlamento debe desarrollar y concretar a través de una ley aquellas previsiones básicas.

Artículo 120. Cajas de ahorros

2. Corresponde a la Generalitat, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Cataluña, la competencia compartida sobre la actividad financiera, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan las bases estatales, que incluye, en todo caso, la regulación de la distribución de los excedentes y de la obra social de las cajas.

Artículo 126. Crédito, banca, seguros y mutualidades no integradas en el sistema de seguridad social

2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la estructura, la organización y el funcionamiento de las entidades de crédito que no sean cajas de ahorro, de las cooperativas de crédito y de las entidades gestoras de planes y fondos de pensiones y de las entidades físicas y jurídicas que actúan en el mercado asegurador a las que no hace referencia el apartado 1, de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos fijados en las bases estatales.

Artículo 206. Participación en el rendimiento de los tributos estatales y mecanismos de nivelación y solidaridad

3. Los recursos financieros de que disponga la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás comunidades autónomas, con el fin de que los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales esenciales del Estado del bienestar prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el conjunto del Estado, siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En la misma forma y si procede, la Generalitat recibirá recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. Los citados niveles serán fijados por el Estado.

Artículo 218. Autonomía y competencias financieras

2. La Generalitat tiene competencia, en el marco establecido por la Constitución y la normativa del Estado, en materia de financiación local. Esta competencia puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e incluye la capacidad para fijar los criterios de distribución de las participaciones a cargo del presupuesto de la Generalitat. <<

[10] Tribuna de Josep Antoni Duran i Lleida publicada en el periódico El País el 3 de septiembre de 2015 bajo el título de «A Felipe González… y a los españoles». <<

[11] Según una encuesta de 2017 de NC Report para el diario La Razón, el 76,3 por ciento de los electores socialistas se muestran contrarios a la idea de España como «nación de naciones». <<

[12] Entrevista en Rac1 el 14 de septiembre de 2009. <<

[13] Tuit de Íñigo Errejón del 16 de septiembre de 2014. <<

[14] Cifras de asistencia a las Diadas según la Generalitat:

2012: la manifestación masiva en el paseo de Gracia (1,5 millones)
2013: de la Vía Catalana (1,6 millones)
2014: la de la V en Diagonal y Gran Vía (1,8 millones)
2015: la de la Vía Lliure en la Meridiana (1,4 millones)
2016: organizada simultáneamente en cinco municipios (800 mil). <<

[15] El incidente de la isla de Perejil fue un conflicto armado que involucró a España y Marruecos entre el 11 y el 20 de julio de 2002. <<

[16] Artículo 37 de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania:

«Si un Land no cumpliere los deberes federales que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno Federal, con la aprobación del Bundesrat, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Land al cumplimiento de dichos deberes por vía coactiva federal».

«Para la ejecución de las medidas federales coactivas, el Gobierno Federal o su representante tiene el derecho de impartir instrucciones a todos los Länder y a las autoridades de los mismos». <<

[17] Cata… qué? Cataluña vista por la prensa internacional, La Campana Editorial, 1994. <<

[18] Sentencia 165/1994 del Tribunal Constitucional, de 26 de mayo de 1994, en el conflicto positivo de competencias promovido por el Gobierno de la Nación frente al Gobierno del País Vasco. BOE n.º 51, de 26 de junio de 1994. <<

[19] Artículo 149 de la Constitución española:

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

3.ª Relaciones internacionales. <<

[20] El periódico inglés The Guardian publicó el 9 de marzo de 2008 un ranking de los 50 blogs más influyentes y poderosos del mundo. En novena posición se encontraba el blog de Beppe Grillo. <<

[21] Artículo 544 del Código Penal que regula la sedición:

Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. <<

[22] Declaraciones de la consejera de Cultura, Laura Borràs, en una entrevista en 8TV el 4 de junio de 2018. <<

[23] Documento de propuestas publicado por El Periódico de Catalunya el domingo 28 de octubre de 1990. <<

[24] El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes organizó en mayo de 2018 una fiesta llamada «Rectoparty» en la Universidad Autónoma de Barcelona en cuya convocatoria se afirmaba que «no se va a tolerar ningún tipo de actitud españolista». <<

[25] Palabras pronunciadas el 7 de mayo de 2018 en el acto de homenaje a Jordi Pujol organizado por la asociación Els Amics de Jordi Pujol en la Institució Cultural CIC de Barcelona. <<

[26] Extracto del artículo escrito por Ernesto Laclau titulado «Populismo y transformación del imaginario político en América Latina», publicado en junio de 1987 en el Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, número 42. <<

[27] Extracto de la obra de Ernesto Laclau La razón populista, publicada en 2005. <<

[28] Extracto recogido en el libro Fidel y el Che, escrito por José Pardo Llada y que fue pronunciado por el Che en 1959. <<

[29] Extracto recogido en el libro Los guardianes de la libertad escrito por Chomsky y Herman en 1990. <<

[30] Extracto del estudio elaborado por Jan Van Cuilenburg y Denis McQuail, titulado «Cambios en el paradigma de política de medios. Hacia un nuevo paradigma de políticas de comunicación», publicado en 2005. <<

[31] Conferencia de Francesc Homs en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull pronunciada el jueves 14 de abril de 2011. <<

[32] Carta remitida al entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en diciembre de 2005 y firmada por el Instituto Internacional de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos. <<

[33] Datos del informe realizado en 2008 por el Laboratorio de Comunicación Pública (LCP) de la UAB en el que se dibuja un mapa de los medios de comunicación en Cataluña. <<

[34] Encuesta publicada en 2017 y realizada por GESOP, que determinó que el 65,4 por ciento de los catalanes consideran que los medios de comunicación públicos en Cataluña se muestran favorables a la independencia, frente al 22 por ciento que considera que son neutrales. Un 12 por ciento NS/NC. <<

[35] Declaraciones de Carles Puigdemont el viernes 8 de septiembre de 2017 en una rueda de prensa convocada para pedir un apoyo «masivo» a la Diada del 11 de septiembre, que tendría lugar tres días después. <<

[36] Declaraciones de Santi Vila, entonces consejero de Empresa e Innovación de Cataluña, el 18 de septiembre de 2017. <<

[37] Número de socios a mayo de 2018. <<

[38] Claves sobre la independencia de Cataluña. Editorial Comanegra, Barcelona, 2013. <<

[39] Artículo 6 a) de los Estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia que marcan el objeto y finalidad de la entidad. <<

[40] Documento fechado el 26 de julio de 2017 sobre el posicionamiento de CIEMEN sobre el referéndum de independencia convocado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. <<

[41] Declaraciones de Joan Laporta en noviembre de 2009 al recibir el Premio Nacional President Lluís Companys entregado por ERC. <<

[42] Declaraciones de Sandro Rosell a Catalunya Informació el 20 de septiembre de 2012. <<

[43] Declaraciones de Sandro Rosell al programa 60 Minutes de la cadena norteamericana CBS en enero de 2013. <<

[44] Declaraciones de Íñigo Errejón en una entrevista en el programa Salvados, presentado por Jordi Évole en La Sexta. <<

[45] Dato del informe del Centro de Estudios de Opinión dependiente de la Generalitat, publicado en julio de 2017. <<

[46] Entrevista al consejero de Interior, Joaquim Forn, en el medio Vilaweb el 11 de octubre de 2017. <<

[47] Declaraciones de Carles Puigdemont emitidas a través de la aplicación Facebook Live. <<

[48] Mensaje de los Comités de Defensa de la República en Twitter en junio de 2018. <<

[49] Según The Ethnologue: Languages of the World, en el año 2018 el número de lenguas que existen en el mundo es de 7099. <<

[50] «¿Qué nos dicen las Cuentas Territorializadas?», de Ángel de la Fuente (FEDEA e Instituto de Análisis Económico), publicado en 2014. <<

[51] Entrevista a Mariano Rajoy en el programa Más de uno de Onda Cero, en septiembre de 2015. <<

[52] Intervención de Artur Mas en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en octubre de 2016. <<

[53] Discurso de Artur Mas en el castillo de Cardona el 21 de septiembre de 2014. <<

[54] Frase que se le atribuye a Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, cuando en 1985 el PSOE utilizó su mayoría parlamentaria para reformar la Ley del Poder Judicial. <<

[55] Sentencia del Tribunal Constitucional en la que, por unanimidad, declaró inconstitucional y nula la declaración soberanista del Parlament aprobada el 9 de noviembre de 2015 sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. <<

[56] Declaraciones de Jordi Cuixart en el acto de apoyo al imputado exconsejero de presidencia, Francesc Homs, organizado por la ANC, Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis en septiembre de 2016. <<

[57] Declaraciones de Raül Romeva, entonces consejero de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, en la presentación del seminario «El derecho de autodeterminación en el siglo XXI» celebrado en julio de 2017. <<

[58] Palabras de Stéphane Dion en la conferencia titulada «La respuesta federal a la tensión secesionista» en la Universidad de Barcelona, organizada por la plataforma Federalistas de Izquierda y celebrada en marzo de 2014. <<

[59] Entrevista al primer ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, en el diario El País, publicada el 30 de abril de 2018. <<

[60] « Repensando la guerra asimétrica», documento de análisis firmado por Federico Aznar Fernández-Montesinos y publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en marzo de 2018. <<

[61] Declaraciones extraídas del artículo firmado por Jon Fernández y titulado «Los poderes del uniforme» en el periódico La Vanguardia del 12 de febrero de 2011. <<

[62] Acuerdo de la Junta Electoral Central con el número de acuerdo 619/2015 y número de expediente 271/116. <<

[63] Acuerdo de la Junta Electoral Central con el número de acuerdo 225/2015 y número de expediente 293/544. <<

[64] Corán 55: 72-74. <<

[65] Corán, 78: 31-33. <<

[66] Entrevista a Artur Mas en el diario italiano La Repubblica el 27 de diciembre de 2013. <<