Datos del libro

Título Original: Carlo III

Traductor: Prieto Palomo, Isabel

©2014, Caridi, Giuseppe

©2014, LA ESFERA DE LOS LIBROS

Colección: Historia

ISBN: 9788490604731

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Generado por: lapmap15, 12/01/2017

Un gran rey reformador en Nápoles y España

PRELIMINAR

REY de Nápoles y de Sicilia durante veinticinco años (1734-1759) y de España durante casi treinta (1759-1788), Carlos III de Borbón desempeñó un papel de primera magnitud en la historia europea del siglo XVIII. Sobre la figura y la obra del monarca hay una extensa bibliografía que, sin embargo, no sigue de forma uniforme los acontecimientos sino que, dependiendo del interés concreto de cada autor, se detiene, exclusiva o preferentemente, en uno de los dos periodos de su vida. La historiografía italiana se ha centrado en la época en la que fue el soberano de Nápoles y de Sicilia, mientras que la española se ha ocupado, sobre todo, de su etapa como rey de España. Aunque, obviamente, hay sustanciales diferencias entre ambos periodos, es posible identificar un hilo conductor entre los dos: la gradual madurez política que comenzó a adquirir como rey de Nápoles lo condujo, en los últimos años de su reinado, a acentuar en España, con la colaboración de Floridablanca —uno de los grandes ministros de la Ilustración europea, al que confió las riendas del reino—, la política reformista iniciada en Nápoles, durante el gobierno de Montealegre, y que la férrea oposición de los estamentos privilegiados frenó en seco. El monarca retomó la vía reformista en los inicios de su reinado en España, pero esta se vio, de nuevo, bruscamente interrumpida por las revueltas o motines que condujeron, en 1766, a la destitución de Esquilache —Squillace, el ministro siciliano que fue su principal artífice— y a la expulsión de los jesuitas. Al trazar la biografía de Carlos III, nos ha parecido, pues, oportuno dedicarle el mismo espacio al periodo napolitano que al español. La forma en la que el rey afrontó las problemáticas de uno y otro reino arrojan un haz de luz sobre cómo evolucionó su personalidad. En ambos reinados desempeñó un papel de primerísima importancia el jurista toscano Bernardo Tanucci. Principal consejero del rey en Nápoles, Carlos III mantuvo con él una copiosa correspondencia durante su etapa española. El asesoramiento de Tanucci constituye, pues, un elemento unificador entre ambos periodos.

El imponente epistolario del ministro toscano es una de las principales fuentes a las que se ha acudido para reconstruir los acontecimientos de los reinados de Carlos III. Para el periodo napolitano, se han consultado también las cartas que el monarca le dirigió a sus padres y la abundante documentación conservada, sobre todo, en el Archivio di Stato, la Biblioteca Nazionale y la Biblioteca della Società di Storia Patria de Nápoles, donde se conservan también importantes fuentes literarias. Los fondos del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo General de Simancas se han consultado, en cambio, para ilustrar los acontecimientos del periodo español. Otras importantes fuentes consultadas para esta época han sido el compendio de leyes dictadas por Carlos III y la relación en la que Floridablanca, meses antes de la muerte del monarca, pasaba revista a la política llevada a cabo con anterioridad al año 1777.

Hasta principios del pasado siglo, los historiadores que se han ocupado del periodo napolitano, llevados por sus distintas posiciones ideológicas, han querido destacar o bien los aspectos positivos o bien los negativos de la compleja y controvertida obra del monarca. Los autores filoborbones, como Becattini, Galanti o Bianchini, han puesto el acento sobre los méritos de Carlos, sin esbozar crítica alguna. Bianchini, por ejemplo, ha subrayado que Carlos inauguró en el Mezzogiorno una monarquía nacional, que dejó, como legado, importantes obras de construcción —los reales sitios y, sobre todo, la residencia real de Caserta—, y que le dio un notable impulso a las industrias artísticas: la porcelana de Capodimonte; las piedras duras y los tapices de San Carlo alle Mortelle. Los historiadores de matriz risorgimentale, especialmente Schipa, han destacado, en cambio, la dependencia con respecto a España bajo la que transcurrieron los primeros doce años del reinado, a causa del férreo control que los reyes ejercieron sobre su hijo hasta el fallecimiento de Felipe V. También han criticado duramente el excesivo gasto de la Casa Real, comparándolo con la austeridad que, por la misma época, regía en la corte de los Saboya. Las importantes obras de construcción promovidas por el rey han sido calificadas de despreciable derroche del dinero público. Michelangelo Schipa, con todo, no ha podido por menos que reconocerle al monarca el mérito de haber impulsado las excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano; solo por esto, sostiene el historiador napolitano, Carlos III debería tener asegurado un lugar en la fama. Entre los autores que han destacado, por el contrario, los aciertos de la época napolitana figura Harold Acton. Este último ha subrayado, sobre todo, la importancia del legado arquitectónico —el teatro San Carlos o el Palacio Real de Caserta— y de las excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano. Giuseppe Coniglio, en cambio, destaca principalmente los aspectos negativos de la gestión del monarca, situándose en una línea semejante, en algunos puntos, a la de Schipa.

En los últimos años, prestigiosos historiadores como Raffaele Ajello y Giuseppe Galasso le han dedicado una especial atención a la monarquía napolitana, expresando sobre ella un juicio más equilibrado y razonado. Aun subrayando el punto de inflexión que supuso la muerte de Felipe V, Ajello considera que, con todo, la dependencia de España durante los primeros doce años del reinado fue un hecho positivo porque fue justo ese proteccionismo lo que permitió que se emprendieran importantes reformas en la administración del Estado. Galasso, a su vez, subraya que la subida al poder de Montealegre no aflojó los lazos de dependencia con respecto a Madrid. El fallecimiento de Felipe V tampoco emancipó, de golpe, al rey de Nápoles. La autonomía no se alcanzó, pues, gradualmente. A lo largo de este trabajo se expondrán otras lecturas de este hecho.

Hasta finales del siglo XIX, la historiografía sobre el periodo español se caracteriza por el tono encomiástico, en la estela del primer biógrafo del rey, el conde Fernán Núñez, gran admirador del monarca, al que sirvió como gentilhombre de cámara y del que obtuvo importantes cargos diplomáticos. Entre estos autores, cuyo juicio sobre la obra de Carlos III es altamente positivo —y que apenas se detienen en sus años como rey de Nápoles—, destacan Antonio Ferrer del Río y Manuel Danvila y Collado. Este último, en particular, publicó una obra monumental sobre el reinado de Carlos III, dividida en seis tomos y apoyada en numerosas fuentes documentales. En el siglo XX, algunos historiadores, como José Antonio Maravall, Pedro Voltes y Antonio Elorza, han empezado a distanciarse del enfoque, sistemáticamente elogioso, con el que se había abordado hasta ahora la obra del monarca, apartándose del coro de panegiristas —según la definición de Francisco Sánchez-Blanco— de Carlos III y de Campomanes (uno de los colaboradores más influyentes del rey). Otros autores, como José Antonio Vaca de Osma y María de los Ángeles Pérez Samper, han insistido, por el contrario, en elogiar en sus biografías la obra del «gran rey» y de su gobierno, subrayando, sobre todo, las importantes obras públicas realizadas y el impulso reformista. Entre las voces críticas, destaca la del ya citado Sánchez-Blanco que niega la supuesta adhesión de los gobernantes españoles a los principios de la Ilustración; según él, entre el reformismo ilustrado y los ministros Esquilache, Aranda y Floridablanca, hubo múltiples y evidentes puntos de divergencia. Antonio Domínguez Ortiz expresa un juicio más equilibrado sobre el reinado de Carlos III, destacando hasta qué punto este no fue sino una continuación del de su predecesor, Fernando VI, monarca con el que la formación del Estado moderno en España ya estaba en una fase avanzada. El nuevo monarca dio un renovado impulso a la actividad de los ministros, reforzó el Consejo de Castilla, auténtico motor de las reformas, y acentuó notablemente el absolutismo centralista, dentro de un contexto de gran estabilidad política cuya única excepción fue el Motín de Esquilache, en el año 1766. En cuanto a las causas que originaron las revueltas de 1766, y cuyo chivo expiatorio fue la Compañía de Jesús —Niccolò Guasti, que ha investigado profundamente el tema, inscribe el episodio dentro de las luchas políticas de la primera década del reinado—, la historiografía está dividida entre quienes sostienen, con Pierre Vilar, que el origen del motín fue una revuelta popular espontánea, y quienes mantienen, siguiendo a Rodríguez Casado, que detrás de dicha revuelta había un complot de los estamentos privilegiados, opuestos al reformismo. Domínguez Ortiz destaca el pragmatismo económico que caracterizó al reinado y el gran interés que Carlos III le prestó a la política exterior, cuyo problema principal lo constituían las relaciones con las colonias.

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Deseo dar vivamente las gracias al personal de los archivos y las bibliotecas italianos y españoles por las facilidades que me han dado a la hora de consultar y reproducir la documentación. Le estoy especialmente agradecido al profesor Giuseppe Galasso por sus inestimables sugerencias y por haber acogido este trabajo en la colección que él dirige, y a los profesores Guido Pescosolido y Giovanni Brancaccio, que han leído pacientemente la primera parte del trabajo y me han proporcionado útiles indicaciones bibliográficas.

ÁRBOL GENEALÓGICO DE CARLOS III

PRIMERA PARTE DESDE EL NACIMIENTO A LA SOBERANÍA SOBRE NÁPOLES Y SICILIA (1716-1759)

I EL INFANTE DE ESPAÑA. DE MADRID A NÁPOLES

Nacimiento de Carlos. Origen de la rama española de los Borbones

EL 20 de enero de 1716, entre las tres y las cuatro horas de una fría noche invernal, la reina Elisabetta Farnese (Isabel de Farnesio) daba a luz en Madrid a su primogénito. La corte, con su numeroso tropel de damas y caballeros, fue inmediatamente informada de ello por los médicos que habían asistido a la ilustre parturienta. La angustiosa espera había acabado. Ya podían, por fin, festejar el alegre acontecimiento. Apenas se hizo pública la noticia, los súbditos de la corona también celebraron con entusiasmo el feliz alumbramiento de su reina italiana. Al recién nacido, hijo del rey Felipe V de Borbón —el nieto de Luis XIV, rey de Francia— se le impuso el nombre de Carlos Sebastián, en recuerdo de Carlos II, el último soberano español de la Casa de Austria. Carlos II había sido el predecesor de Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones que ocupó el trono de la monarquía hispánica, en el año 1700.¹

Reyes de Navarra desde el año 1555, los Borbones se habían consolidado, a finales del siglo xvi, como una de las principales casas dinásticas de Europa. Su miembro más destacado, Enrique III de Navarra, líder de los hugonotes en las guerras de religión que ensangrentaron el suelo francés, había conseguido que su cuñado, Enrique III de Valois, le nombrase heredero del trono de Francia. A la muerte de Enrique III de Valois, a manos de un católico fanático, Enrique de Borbón tuvo que convertirse al catolicismo para poder ceñirse legítimamente la corona francesa, cuyo titular ostentaba el título de Rey Cristianísimo. La decisión la tomó muy en contra de su corazón y solo tras vencer grandes dudas. A raíz de esta conversión, se hizo proverbial la frase «París bien vale una misa» —pronunciada, según parece, por el nuevo soberano, que subió al trono francés con el nombre de Enrique IV— que, en el lenguaje común, aún quiere decir que alguien ha renunciado a sus principios a cambio de alcanzar un objetivo muy codiciado. A Enrique IV le sucedió su hijo, Luis XIII, y, en 1643, su nieto, Luis XIV, el famoso Rey Sol, encarnación del absolutismo monárquico y protagonista, en política exterior, de una larga serie de guerras libradas para imponer la hegemonía francesa a toda Europa. El último conflicto bélico en el que se implicó el Rey Sol fue la Guerra de Sucesión Española, en la que defendió los derechos de su nieto, el futuro Felipe V, a ocupar el trono de España. Carlos II había designado a Felipe como su heredero, pero otras dinastías reinantes, sobre todo la rama austriaca de los Habsburgo, esgrimieron en contra sus hipotéticos derechos sobre los territorios que formaban la monarquía hispánica.

La Paz de Rastatt, que se siguió a la de Utrecht, firmada el año anterior, puso fin, en 1714, a la Guerra de Sucesión Española. Felipe V conservó el trono recibido en herencia, pero no sin sufrir grandes pérdidas territoriales. Las tropas imperiales austriacas habían ocupado, en el año 1707, el reino de Nápoles, expulsando de allí a los españoles, tras más de dos siglos de presencia en la zona. La monarquía hispánica perdió, además, los territorios de Sicilia —que pasó a manos de los Saboya—, Cerdeña, el Milanesado y los Países Bajos meridionales, que quedaron bajo el dominio de la rama austriaca de los Habsburgo. Inglaterra, aliada del emperador, se adueñó de las importantes bases españolas de Gibraltar y Menorca, lo que le permitió empezar a controlar el Mediterráneo occidental. La situación política estaba lejos de estabilizarse, quedaban aún muchos frentes abiertos, y en el horizonte se perfilaban ya las futuras guerras en las que iban a verse implicadas las principales dinastías europeas, desde los Habsburgo y los Borbones a los Hannover, los Wettin, los Saboya y los Hohenzollern.²

Bodas de Felipe V con Isabel de Farnesio. Las ambiciones de la nueva reina

La corte de Madrid no aceptó pasivamente que los Habsburgo ocuparan una parte tan importante de los territorios pertenecientes hasta ese momento a la monarquía hispánica. El descontento generalizado con respecto a Austria se estaba transformando ya en un enfrentamiento abierto, con los consiguientes preparativos para una revancha, cuando Felipe V —viudo desde hacía pocos meses de María Luisa Gabriela, hija de Víctor Amadeo II, duque de Saboya y, posteriormente, rey de Sicilia— se casó en segundas nupcias con la princesa italiana Elisabetta Farnese, la futura Isabel de Farnesio. Hija del príncipe heredero de Parma, Eduardo II Farnese, y de la condesa palatina Dorotea Sofía de Neoburgo, Isabel era, además, la sobrina del duque de Parma y Plasencia, Francisco Farnese, y descendiente, por parte de su abuelo, Renato II, de Margarita de Médicis. Gracias a estos lazos dinásticos, «en las cortes de los Borbones —subraya Francesco Beccatini— se consideraba irrefutable que en su persona se concentraban los derechos de sucesión de los Estados de Parma y Plasencia y del Archiducado de Toscana».³

Para Felipe V, la posibilidad de regresar, de forma legítima e inminente, al escenario político italiano, fue, sin duda, un argumento de peso a la hora de elegir a Isabel como su futura esposa. La joven era descendiente de dos de las principales casas dinásticas de la península italiana —Farnese y Médicis—, las dos, presumiblemente, a punto de extinguirse. En la elección también tuvieron mucho que ver los consejos del abad Giulio o Julio Alberoni, embajador residente del duque de Parma en Madrid. Alberoni que, gracias a sus habilidades políticas, había alcanzado un lugar preeminente en la corte madrileña, había conseguido imponer a Isabel, su candidata —a la que describió como a una joven de carácter dulce y sumiso, una «buena muchacha lombarda, toda ella amasada a base de queso y mantequilla»—, frente a la del cardenal Troiano Acquaviva, el todopoderoso embajador español ante la Santa Sede. El rey, incapaz de aguantar viudo durante mucho tiempo, se había dirigido, inicialmente, a Acquaviva para que le buscase una nueva esposa. Este le propuso a una princesa polaca, nieta del rey Juan III Sobiescki. La posibilidad que le ofreció Alberoni de abrirse de nuevo un camino en Italia por el que intentar recuperar los territorios perdidos le debió parecer, sin duda, más seductora. Por parte de los Farnese, a la hora de aceptar la petición —los príncipes de Este y de Saboya también aspiraban a la mano de Isabel—, debió pesar, ante todo, el prestigio de la corona, pero también tuvo su importancia el clima de resentimiento antiaustriaco que se respiraba en Parma. Los Habsburgo, durante la Guerra de Sucesión Española, le habían impuesto al pequeño ducado onerosos gravámenes tributarios, además de la costosa obligación de alojar a las tropas, «provocando la irritación de Francisco Farnese y de las familias más ricas y poderosas» del Estado. La irritación subió aún más de tono cuando los Habsburgo, ya firmados los acuerdos de paz, persistieron en sus prevaricaciones y llegaron, incluso, a ocupar zonas del territorio ducal. Fue precisamente «la irritación de los Farnese», como observa Guido Quazza, la que «a través de venturosos caminos, impulsó que España volviera al primer plano de la alta política italiana, regreso que lleva los nombres de Isabel de Farnesio y de Alberoni».⁴

Nacida en Parma, en octubre de 1692, Isabel estaba a punto de cumplir los veintidós años cuando, el 16 de septiembre de 1714, contrajo matrimonio por poderes con Felipe V, representado por el duque de Parma, en una fastuosa ceremonia, inmortalizada por el pintor Ilario Spolverini y bendecida por el nuncio apostólico, el cardenal Ulisse Giuseppe Gozzadini. La participación oficial de la Santa Sede en las bodas fue vista con desagrado por parte de la corte de Viena. A través de los cardenales Schrattembach e Imperiali, Austria le expresó al papa Clemente XI su profundo malestar por los derechos dinásticos que el rey de España acababa de adquirir sobre el ducado de Parma y el archiducado de Toscana. El matrimonio de Felipe V con la joven Farnese perjudicaba los intereses austriacos en Italia, sancionados por los recientes tratados de paz.

Pese a su juventud, Isabel estaba ya en posesión de «una fuerte personalidad, una vitalidad y una impetuosidad de carácter —como destaca Mafrici— que, en cierta ocasión, habían obligado a su madre a encerrarla en el granero del palacio».⁵ A despecho de la tranquilizadora imagen que Alberoni había dado de ella, la nueva reina de España no tardó en dar muestras de que poseía una energía viril y una voluntad de hierro a la hora de alcanzar las metas que se había propuesto, lo que le permitió imponerse muy pronto a su marido. Este último, a diferencia de su mujer, era «frío, taciturno, triste, de costumbres recatadas, carente de pasión alguna, salvo la de la caza; esquivaba la compañía de los demás y tampoco se hallaba a gusto consigo mismo; solitario y tímido como era, por carácter y por costumbre, apenas se esforzaba por nada». El monarca español, afirma Saint-Simon, «con frecuencia, no era ni siquiera capaz de dejarse guiar, no se le podía conducir ni gobernar fácilmente», de donde la conocida afirmación de Michelangelo Schipa según la cual Felipe V «valía menos que una mujer», mientras que su esposa, por el contrario, «valía mucho más que un hombre».⁶

El abad Julio Alberoni era uno de los pocos cortesanos que se habían dado cuenta, en Parma, de las férreas dotes de mando y la amplitud de miras políticas con que contaba la sobrina del duque Francisco VI. Alberoni era «uno de esos diplomáticos que, sin renunciar a los lujos y placeres típicos de las cortes europeas del Ancien Regime, no olvidaba sus responsabilidades: sabía muy bien de qué pasta estaba hecha aquella joven y confiaba en convertirla en una eficaz aliada en el gobierno del Estado, en contra de los intereses de Austria y de la dinastía de los Saboya».⁷ Para que España recuperase el puesto que le correspondía en el tablero político europeo era preciso, según Alberoni, que la reina interviniera lo antes posible en los asuntos de gobierno.

No cabe duda alguna de que al abad placentino no le debió costar demasiado convencer a la voluntariosa Isabel para que tomara las riendas efectivas de la política exterior española, tarea en la que puso enseguida de manifiesto la firmeza de carácter de la que ya había dado pruebas nada más llegar a España. Por consejo de su tía materna, Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II —con la que se encontró en una etapa de su largo viaje hasta Madrid—, lo primero que hizo al llegar fue expulsar del país, de forma fulminante, a la ya madura princesa de los Ursinos, la favorita de su marido y, hasta ese momento, quien manejaba los hilos en todas las intrigas de la corte española.⁸

Una vez eliminado el principal obstáculo con el que contaba para ejercer el poder, Isabel, ayudada por el fiel abad, se aplicó, con todas sus fuerzas, a alcanzar el objetivo de obtener un trono para sus futuros hijos. La presencia de los príncipes Luis y Fernando, nacidos del primer matrimonio de Felipe V y, por tanto, legítimos herederos al trono, excluía, en principio, a su descendencia de la corona española. Con tal de ver realizados sus planes, la joven reina —acuciada por el temor constante a que el rey abdicase o falleciese prematuramente, dejándola sola y a merced de una corte que le era hostil— estaba dispuesta a todo, incluso a dividir el territorio español, con el consiguiente riesgo de que eso provocase el estallido de una guerra civil. La tenaz ambición de la soberana, ante la que Felipe V no tardó en someterse casi totalmente, explica «por qué a la diplomacia española, que estaba ojo avizor en todas las cortes de Europa —señala Raffaele Ajello—, no se le pasó por alto ninguna posibilidad de acomodar a los hijos de Isabel en Francia, en Austria, en los Países Bajos, en Polonia, en Portugal».⁹

Las ambiciones de Isabel, sin embargo, se dirigían, sobre todo, hacia Italia. Sus aspiraciones, apoyadas en sus legítimos derechos legales, se vieron, además, reforzadas por la petición inesperada —y, por eso mismo, más de agradecer— de su bisabuelo, Cosme III de Médicis, archiduque de Toscana, quien la instó a que «le pariera pronto un sucesor». Las ambiciones italianas de la nueva reina de España casaban bien con el mal disimulado deseo de revancha que imperaba en la corte de Madrid, en donde el numeroso e influyente «partido italiano» no dejaba de trabajar en esa dirección. El apoyo de los aristócratas de origen italiano —muchos de ellos eran exiliados de los reinos de Nápoles y Sicilia tras la conquista austriaca que estaban deseando regresar a su patria— ya había sido esencial para Alberoni, quien se valió de ellos para mantenerse a flote tras la muerte de su protector, el general francés Vendôme, que era quien lo había introducido en la corte madrileña. Gracias a estos apoyos, y a la expulsión de la princesa de los Ursinos, Alberoni consiguió «adueñarse de los resortes del poder en el Estado español». El abad tuvo, en breve, la suficiente influencia como para alejar «de la corte a los cabecillas del partido “francés” [...], que apoyaban los esfuerzos que el inteligente y libre de prejuicios regente de Francia, el duque Felipe de Orleans, estaba haciendo para que Felipe V y Carlos VI [el emperador de Austria] acercasen posturas».¹⁰

Para poder llevar a cabo los planes expansionistas de Isabel era necesario, sin embargo, reorganizar antes el aparato de la administración del Estado, reconstruir las fuerzas armadas y proceder a una reordenación de las estructuras estatales mediante el reforzamiento del poder central, en la línea de la política absolutista que Luis XIV había llevado a cabo en Francia. El abad placentino, con el pleno respaldo de la reina, se entregó fervorosamente a esta misión, con la que iba a establecer los medios necesarios para que la corona española recuperase el protagonismo en Italia.

La reina de España aspira a que su primogénito herede los territorios italianos

Los esfuerzos del ministro español se intensificaron tras el nacimiento de Carlos. Para asegurarle lo antes posible un trono al primogénito de Isabel, era preciso encuadrar las ambiciones de la reina en un proyecto diplomático más vasto, encaminado a aislar política y militarmente a Austria, contra la que se consideraba inevitable que, antes o después, se reabrieran las hostilidades. Alberoni, sin embargo, no tuvo en política exterior la misma habilidad que había demostrado al hacerse con el control del gobierno de Madrid. No se logró convencer a Inglaterra —país en el que, mientras tanto, las ambiciones dinásticas de Jorge I, elector de Hannover, habían entrado en conflicto con los intereses económicos de la burguesía mercantil— para que abandonara la alianza con Austria. Los importantes beneficios económicos que se le otorgaron a la isla con el Tratado de 1515 resultaron tan inútiles como agitar el fantasma del pretendiente al trono Jaime III Estuardo, recurso manejado torpemente por Alberoni. Tampoco produjeron resultados los intentos de explotar en contra de Austria el recrudecimiento de las tensiones con los turcos y los húngaros o las ambiciones de los monarcas europeos Víctor Amadeo II de Saboya, Carlos XII de Suecia y el zar Pedro el Grande —a este último el debilitamiento de Austria le podría haber proporcionado importantes ventajas territoriales—. Igual de inútil fue el esfuerzo, en la parte francesa, de urdir intrigas y complots contra el regente, el duque de Orleans, cuya línea política era hostil a las ambiciones de Isabel de Farnesio.

El infante Carlos era aún un niño de pocos meses cuando se perfiló en el horizonte el fracaso del ambicioso proyecto de Alberoni. La benevolente postura del abad placentino hacia el Imperio Otomano, con el que contaba para debilitar a Austria, le había enajenado, por otra parte, las simpatías de la república de Venecia y las del Vaticano, siempre interesado en alentar la formación de una liga cristiana contra los infieles. En junio de 1716, Jorge I y Carlos VI firmaron un tratado de mutua amistad que hizo que se esfumaran definitivamente las esperanzas de separar los intereses de Inglaterra de los de Austria. En octubre de ese mismo año, por iniciativa de Dubois, ministro del duque de Orleans, se estipuló un acuerdo entre Francia e Inglaterra que, en enero de 1717, se convirtió en la Triple Alianza al adherírsele Holanda. Pese al aislamiento al que las intrigas de Alberoni precipitaron a España —en el verano de 1717 la empujó a adueñarse de nuevo de Cerdeña—, las potencias de la Triple Alianza intentaron que Austria y la monarquía hispánica alcanzaran un acuerdo.

Para satisfacer las ambiciones dinásticas de Isabel de Farnesio, que ya «se concebían como un problema europeo», se propuso que al pequeño Carlos se le reconocieran sus derechos de sucesión al ducado de Parma y Plasencia y al archiducado de Toscana. A cambio, recibiría dichos territorios solo en calidad de vasallo del emperador, dentro de un amplio proyecto de reestructuración geopolítica de Italia que contemplaba que Sicilia pasase a manos de Austria y que los Borbones le restituyesen Cerdeña a esta última, pero solo para cedérsela a los Saboya. El emperador de Austria, Carlos VI, estuvo conforme con estas propuestas y se adhirió a la Triple Alianza —que, de esta forma, pasó a ser la Cuádruple Alianza—, pero la corte española no las aceptó. Todo lo contrario: Alberoni —que, mientras tanto, había sido nombrado cardenal— instó a Madrid para que intensificara sus acciones militares y ocupara Sicilia, en julio de 1718.¹¹

Los acontecimientos que se produjeron a continuación —la Paz de Passarowitz, firmada por Austria y el Imperio Otomano; la victoria de la armada inglesa sobre la española; la adhesión de Víctor Amadeo II de Saboya a la Cuádruple Alianza— hicieron naufragar los planes del recientemente nombrado cardenal placentino. Los reyes de España, por otro lado, lo abandonaron a su propia suerte cuando las naciones europeas los pusieron contra las cuerdas y les obligaron a aceptar las condiciones de paz que ya les habían propuesto en el Tratado de Londres del 2 de agosto de 1718. El artículo v de dicho Tratado establecía que «ya que cabe aventurar que los Estados actualmente pertenecientes al archiduque de Toscana y al duque de Parma y Plasencia van a quedar sin sucesor», para evitar el estallido de «una nueva guerra en Italia, [emprendida], por una parte, en nombre de los derechos de sucesión que la actual reina de España pretende tener sobre estos territorios [...] y, por la otra, en nombre de los derechos que el emperador y el Imperio pretenden tener sobre los susodichos Estados», se procedía a declararlos feudos imperiales y «que el hijo primogénito de la reina de España, y sus descendientes varones [...] sean los sucesores de ambos Estados». A la espera de que se extinguieran las dos dinastías en el poder, se estipulaba que, para salvaguardar los intereses, reconocidos por derecho, del emperador y de Carlos de Borbón, los cantones suizos establecieran en cada una de las principales fortalezas de esos Estados (Livorno, Portoferraio, Siena, Parma y Plasencia) un contingente militar de seis mil hombres, cuyo mantenimiento correría a cargo de las partes contrayentes.

En enero de 1720, Felipe V, aislado tras el fracaso de la arriesgada política de Alberoni, no tuvo más remedio que aceptar, muy en contra de su corazón, los términos del Tratado de Londres. Los Médicis y los Farnese, por el contrario —refiere Becattini—, «elevaron quejas contra el susodicho acuerdo [...]. Le hicieron ver a la reina Isabel que a ella se le causaba un grave perjuicio y que se cometía una gran injusticia en la persona del infante su hijo al concederle como gracia, y vinculada al régimen feudal, una herencia que le pertenecía por derechos de sangre».¹²El vasallaje al Imperio era, sin embargo, la condición primordial exigida por Viena para reconocer los derechos de los Borbones sobre Parma y Plasencia y por ello fue ratificado por el Tratado de La Haya de mayo de 1720. Por este pacto, se le reconocía al emperador Carlos VI la posesión de Sicilia; a cambio cedía Cerdeña, que pasaba a manos de Víctor Amadeo, poniéndose así fin a las hostilidades de la Cuádruple Alianza contra España, que se vio obligada a renunciar a las dos islas de mayor extensión del Mediterráneo.

La renuncia fue especialmente dolorosa en el caso de Sicilia. Los reyes de España habían enviado dieciséis mil soldados a la isla para hacerle frente al ejército imperial que estaba dotado de cincuenta mil hombres y contaba, además, con el apoyo logístico y económico del vecino reino de Nápoles. Además de abandonar las dos islas, Felipe V rubricó su renuncia a la corona de Francia y a las posesiones de los Habsburgo en Italia y nombró al conde de Santisteban y al marqués Beretti-Landi sus representantes en el Congreso de Cambrais, convocado el próximo mes de octubre para buscarle una solución a los últimos problemas que quedaban aún pendientes.

Preocupado por el regreso de la monarquía hispánica a la península italiana, aunque fuera en régimen de vasallaje al Imperio, Carlos VI, tras tomar posesión de Sicilia, intentó retrasar todo lo que pudo el cumplimiento de las cláusulas del tratado de paz. Mientras «la Casa de Austria intentaba posponer la llegada del infante don Carlos a Toscana», la corte de Madrid, por su parte, «hacía todos los esfuerzos posibles para enviarlo a Florencia, donde se había dispuesto que la hija viuda de Cosme III, la Electora Palatina, lo educara a la usanza de Italia, para que le resultara grato a los italianos ya desde su más tierna edad».

En marzo de 1724, los reyes de España, dispuestos a aprovechar la más mínima oportunidad para que el infante Carlos se librase del vasallaje feudal hacia el emperador, estipularon un acuerdo con Francia. Esta última se comprometió, entre otras cosas, a apoyar los intereses del primogénito de Isabel de Farnesio y a sustituir, lo antes posible, a las tropas suizas acantonadas en las plazas ducales y archiducales por un contingente español. Mediante otro tratado, sellado tres meses más tarde, España le concedía facilidades comerciales a Inglaterra para atraerse las simpatías de los ambientes mercantiles británicos y obtener apoyos en contra del mismísimo soberano, Jorge I. Los intereses patrimoniales del rey británico en Alemania, que le obligaban a mantener buenas relaciones con el emperador, «no coincidían», de hecho, «con los de la nación», como destaca Becattini.¹³

Educación de Carlos

A principios de la tercera década del xvIII, se intensificaron, por parte española, los esfuerzos diplomáticos como alternativa al uso de la fuerza, recurso al que, desde hacía casi veinte años, se acudía, casi sin solución de continuidad, cada vez que había que resolver los conflictos políticos europeos. Silenciadas las armas, sustituidos los campos de batalla por mesas de negociaciones, y con Alberoni apartado ya definitivamente del poder, los reyes de España emprendieron el consabido camino de las uniones dinásticas. Por presión del partido «francés», ahora el más fuerte en la corte, se volvieron inicialmente hacia Francia, con cuyo monarca, por otra parte, tenían lazos de consanguineidad. Para cimentar dichos lazos entre las cortes borbónicas, se concertaron tres matrimonios: la mano de la infanta Ana María Victoria se le prometió al rey Luis XV; Luis, el príncipe de Asturias, primogénito de Felipe V, se prometió con la princesa de Montpensier, la hija del regente, el duque Felipe de Orleans; Carlos, con la hermana pequeña de esta última, Felipa Isabel, princesa de Beaujolais.

Cuando se establecieron estos pactos matrimoniales, a finales del año 1721, Carlos aún no había cumplido los seis años. La encargada de su instrucción y cuidados era la marquesa de Montehermoso, María Antonia de Salcedo, quien lo educó según los tradicionales principios pedagógicos de la corte española, basados en la obediencia absoluta a dos poderes: el humano, encarnado en la majestad de su padres, y el divino; esta última obediencia implicaba la meticulosa observancia de la práctica devocional de la religión católica. Si a la aristócrata española se le encomendó la misión de inculcarle las primeras reglas de buena conducta en el ámbito familiar y en el religioso, el encargado de enseñarle a leer y escribir fue, en cambio, un preceptor francés, José Arnaud. Este último no debió regatear esfuerzos a la hora de desempeñar su cometido: cuando aún faltaban tres meses para que cumpliera los cinco años, el ilustre alumno ya fue capaz de escribir una carta, dirigida a sus padres, la primera del abundante epistolario que sostuvo con los reyes y que, en parte, ha recogido y publicado Imma Ascione.

En otras dos cartas, redactadas, respectivamente, el 22 de septiembre y el 10 de octubre, Carlos expresaba su alegría por la estipulación de las capitulaciones matrimoniales entre su hermana Ana María Victoria y el rey de Francia y entre su hermano Luis y la princesa de Montpensier.¹⁴ Eran cartas de circunstancia, escritas por un niño de menos de seis años, seguramente bajo dictado del preceptor que, junto a la marquesa de Montehermoso, se encargó de él hasta los siete años, edad en la que su educación pasó a ser responsabilidad del jesuita francés Ignacio Laubrusel y de Francisco Antonio de Aguirre, hijo de la marquesa de Montehermoso. El jesuita le enseñó al infante latín e italiano, idiomas que se añadieron al castellano y al francés que ya había aprendido con su anterior preceptor. Años más tarde, para complacer a su mujer, originaria de Sajonia, Carlos también aprendería alemán. Guiado por otros maestros, como el padre Saverio de la Conca, el infante dio muestras de un especial interés por el estudio de la moral, la geografía, la historia sagrada, la historia universal —sobre todo la de España y la de Francia— y siguió con atención las lecciones de táctica militar y naval.¹⁵ Las enseñanzas de estos preceptores, junto a las de algunos miembros de lo más granado de la aristocracia española, inculcaron en Carlos un absoluto respeto hacia los formalismos externos, «los ritos solariegos y los complicados y minuciosos ceremoniales», así como un estilo de vida basado en la «férrea integridad moral y la alta consideración, rayana en el fanatismo, en que tuvo siempre la dignidad de su persona y de su cargo, dignidad ante la que debía doblegarse todo deseo personal y ser sacrificada cualquier pretensión ajena a ella».¹⁶

Reivindicación del ducado de Parma y del archiducado de Toscana

En enero de 1724, la inesperada abdicación de Felipe V a favor del infante don Luis erizó de más dificultades aún, si cabe, el camino de Carlos hacia la posesión de los Estados italianos. La imprevista decisión del rey mantuvo paralizada a Isabel de Farnesio durante casi siete meses, el tiempo que duró el reinado del joven monarca, fallecido en agosto de 1724. El regreso de Felipe V al trono de España le permitió a Isabel de Farnesio recuperar el protagonismo en la corte de Madrid, pero, entre medias, la situación internacional había cambiado y en el horizonte se perfilaba un ruidoso cambio en el sistema de alianzas, que iba a afectar, una vez más, a los compromisos matrimoniales. Si en Londres se acentuaron las tendencias filofrancesas, en Versalles el debilitamiento del partido orleanista, como consecuencia de la muerte del regente, iba a llevar a la corte a tomar la decisión de romper la alianza con España.

El cambio de la orientación política francesa se manifestó de forma ruidosa y contundente con la ruptura del compromiso entre Luis XV y la hermana de Carlos, ruptura justificada por la corta edad de la infanta, que fue enviada de regreso a España. Al parecer, la postura antiespañola se basaba, además de en la urgente necesidad de darle cuanto antes un delfín a Francia, en una motivación de carácter privado. El duque de Borbón, primer ministro francés, se sentía ofendido porque no se le había concedido el título de grande de España al marido de la marquesa de Prie, su amante. Isabel de Farnesio, llena de «despecho» por «la inesperada ofensa recibida, envió de regreso a Francia, como represalia, a la princesita de Beaujolais y a la viuda del difunto Luis I.¹⁷ Fracasaba así el primer proyecto oficial de matrimonio para el infante Carlos. Su madre empezó a buscar inmediatamente una alternativa, atendiendo al nuevo rumbo que había tomado la política exterior española.

Una vez recuperadas las riendas del poder, Isabel de Farnesio «comprendiendo que sin el apoyo de la Casa de Austria era imposible que el infante obtuviese las heredades que había destinado para él la Cuádruple Alianza, decidió dirigir todos sus esfuerzos a lograr» dicho apoyo. Carlos VI no tenía hijos varones. Las herederas eran las archiduquesas María Teresa y Mariana de Austria y el emperador quería que les fueran reconocidos solemnemente sus derechos de sucesión. Con el objetivo de entablar negociaciones directas con Carlos VI, se envió a Viena al factótum holandés Johan Willem o Juan Guillermo Ripperdá, antiguo embajador de su país en Madrid. Ripperdá supo «hacerse eco tanto de las preocupaciones dinásticas de Isabel de Farnesio como de las del emperador de Austria y, a través de una intensa labor negociadora, en pocas semanas dio por concluido un acuerdo que resultó totalmente inesperado para las otras naciones, que llevaban años agotándose en inútiles debates».¹⁸ España y el Imperio estipularon, el 30 de abril y el 1 de mayo de 1725, dos tratados de paz, de comercio y de alianza defensiva. Carlos VI confirmó su reconocimiento de los derechos sucesorios de Carlos de Borbón sobre Parma y Toscana, y Felipe V, a su vez, se comprometió a reconocer la Pragmática Sanción —que, como es sabido, contemplaba la posibilidad de que las mujeres pudiesen heredar la corona en los Estados de los Habsburgo— y la Compañía de Ostende. Los intereses comerciales austriacos se vieron satisfechos, además, con la concesión por parte de Felipe V de importantes privilegios en las colonias españolas de ultramar, en contra de los intereses de Francia, Holanda e Inglaterra.

Las reacciones internacionales a los acuerdos austro-hispanos no se hicieron esperar. En Francia e Inglaterra —cuyos intereses económicos se habían visto seriamente dañados— se debilitaron las corrientes filoespañolas y se impuso una línea política de recíproco reforzamiento de los vínculos que unían a ambas naciones. Los principales valedores de dicha política fueron los ministros Fleury y Walpole. Para hacer frente al peligro que se cernía sobre los dos países, el 3 de septiembre de 1725, tras febriles negociaciones, se estipuló en Herrenhausen, Hannover, una alianza militar entre Francia e Inglaterra, a la que se adhirieron, posteriormente, Holanda y Prusia, que también se habían visto negativamente afectadas por el acuerdo austro-hispano.

A finales del año 1725, parecía ya inminente el estallido de la guerra. Los dos bandos se apresuraron a ampliar el número de sus respectivos aliados. Paralelamente, intentaron consolidar las alianzas establecidas recurriendo a la política matrimonial. El emperador consiguió atraer hacia su bando a la zarina Catalina I de Rusia, heredera del zar Pedro el Grande —dicha alianza sería el pilar de su política oriental—; Luis XV, a su vez, intensificó sus tradicionales lazos de amistad con Turquía y con Polonia, naciones amenazadas por la política expansionista de Austria y Rusia. El rey de Francia estaba unido, además, a los intereses polacos por su matrimonio con la princesa María, hija de Estanislao Leszczynski. En el frente austro-hispano, la necesidad de consolidar los lazos fue el motor del acuerdo secreto establecido, en noviembre de 1725, entre Ripperdá y Sinzendorf, negociador por la parte imperial. Según los términos de dicho acuerdo, Austria se comprometía a apoyar militarmente a España si esta última intentaba recuperar el peñón de Gibraltar y el puerto de Mahón, ocupados por Inglaterra. Carlos VI que, a cambio de esta ayuda, recibiría de Madrid una importante suma de dinero, prometió, además, dar su conformidad al matrimonio entre las dos archiduquesas de la Casa de Habsburgo y los hijos de Isabel de Farnesio, Carlos y Felipe, quienes, de esta forma, tendrían legítimos derechos sobre los territorios austriacos. La reina de España deseaba, en concreto, que Carlos, el futuro esposo de la primogénita, María Teresa, heredase todos los Estados austriacos transalpinos y que a Felipe, por sus bodas con Mariana, le correspondiesen, en cambio, los territorios italianos.¹⁹

El cambio de las alianzas anteriores y el resultado de las negociaciones directas con el emperador abrían ante Isabel de Farnesio unas perspectivas muy superiores a las precedentes. La reina recompensó con largueza a los negociadores de los acuerdos con Austria. A Ripperdá se le concedieron los títulos de duque y de grande de España, y a Juan Bautista Orendáin, el único ministro español que había participado en las negociaciones, se le otorgó el marquesado de la Paz.

Isabel de Farnesio estaba impaciente por ver a sus hijos confirmados como sucesores de sus respectivos y suspirados tronos, en cumplimiento de las promesas de Austria, antes de que la mala salud de su esposo lo condujese a un prematuro final, lo que provocaría su salida de la escena política española. Los motivos por los que la reina estaba deseando que se llevasen a cabo cuanto antes los pactos nupciales eran, sin embargo, los mismos por los que Carlos VI posponía el hacerlo. Totalmente reacio a que Carlos se quedase con los Estados italianos, no tenía intención alguna de permitir que los infantes españoles pudiesen aspirar a sus dominios. El emperador, con la excusa de que los futuros contrayentes eran aún muy jóvenes, posponía continuamente fijar una fecha para que se celebrasen las bodas. La táctica dilatoria de Carlos VI se prolongó durante casi tres años, en los que «mientras en Madrid se cocían ambiciosos proyectos y belicosos planes de guerra, en Viena se intentaban limar las diferencias».²⁰

El verdadero objetivo del emperador —aprovechar cualquier pretexto para ganar tiempo y obstaculizar que la entrada de Carlos en Italia— quedó de manifiesto cuando, a la muerte de Francisco Farnese, duque de Parma, acaecida en febrero de 1727, favoreció el enlace entre el sucesor de Francisco, Antonio, y Enriqueta de Este. Isabel de Farnesio, para averiguar sus auténticas intenciones, envió al marqués de Monteleón como plenipotenciario ante los príncipes italianos. Algunos meses después, la reina de España decidió abandonar la alianza con el poco fiable emperador y acercarse nuevamente a Francia donde, mientras tanto, el cardenal Fleury, conocido por su postura antibelicista, había asumido el control del gobierno. La consecuencia del cambio de rumbo de España, tras dos años de complicadas negociaciones diplomáticas, fue la firma del Tratado de Sevilla, el 9 de noviembre de 1729, con el que se allanó el camino para que Carlos tomara posesión de los Estados italianos.

Por este Tratado, se alcanzó un acuerdo «de paz, unión, amistad y defensa mutua entre las coronas de Gran Bretaña, Francia y España», al que más tarde se adheriría también Holanda, y se le garantizó a Carlos la sucesión del ducado de Parma y el archiducado de Toscana, precedida por la llegada de seis mil soldados españoles a las principales fortalezas de dichos Estados. Otros artículos del pacto establecían que había que informar a Carlos VI sobre la intención de los aliados de introducir milicias españolas en Italia en el plazo de seis meses. En el caso de que el emperador estuviese de acuerdo, España suministraría dieciocho naves para el transporte; Francia tendría aprestados seis barcos de línea en el puerto de Lyon, seis galeras y tres mil soldados; Inglaterra, por su parte, enviaría a Cádiz seis barcos y dos batallones. Si Carlos VI se oponía, los aliados iniciarían la guerra, comprometiéndose a no dar por finalizadas las hostilidades hasta que se cumplieran las cláusulas del tratado.²¹ Los acuerdos de Sevilla no fueron reconocidos por el emperador —que contaba con el apoyo de Rusia—; también se oponían a ellos los príncipes italianos directamente afectados —el duque Antonio Farnese y el archiduque Juan Gastón de Médicis—, el papa y el rey de Cerdeña.

Para facilitar la discutida entrada de Carlos en los Estados italianos, sancionada por el Tratado de Sevilla, era necesario obtener antes el visto bueno de sus respectivos soberanos, especialmente el del archiduque de Toscana, cuyos lazos de parentesco con Isabel de Farnesio eran más débiles y, por lo tanto, no garantizaban plenamente el derecho de su hijo a la sucesión. Para alcanzar dicho objetivo, en Madrid se consideró oportuno entablar negociaciones directas con la corte de Florencia. El ministro José Patiño, al que Isabel de Farnesio le había confiado las riendas de la política española, intentó vencer la desconfianza del archiduque Juan Gastón, alentada por Austria. Le envió una carta en la que se comprometía firmemente a mantener a Toscana al margen de una eventual guerra y, al mismo tiempo, le daba a entender que, bajo el infante español, la región desarrollaría notablemente su potencial económico; por otro lado, le ofrecía amplias garantías con respecto al reconocimiento de los derechos de la electora Ana Luisa María, viuda palatina y hermana y heredera del archiduque.

Concretamente, en el caso de que Carlos, que estaba a punto de cumplir los quince años, «sucediese al Serenísimo Archiduque», la majestad católica le prometía que se instituiría un Consejo «para el buen gobierno de los Estados» del que la serenísima electora formaría parte junto al serenísimo infante. Carlos, además, le dispensaría «los más altos reconocimientos [...], podrá ostentar el título de Archiduquesa y disfrutar de todas las prerrogativas de las que han disfrutado las otras Archiduquesas viudas». Las argumentaciones de Patiño hicieron diana en la corte de Florencia: ya que las grandes potencias habían decidido elegir un sucesor, era preferible que este fuera el hijo de una princesa italiana y de un monarca «que les había ofrecido una asignación lo bastante alta como para que circulase una gran cantidad de dinero en el país».²²

Decidido a recurrir a las armas, si era preciso, con tal de que no se cumpliese el Tratado de Sevilla, Carlos VI reforzó las guarniciones austriacas en Italia, temeroso de que la entrada de las tropas españolas en la península fuese el preludio al intento de apoderarse de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Esta eventualidad —según un anónimo autor de la época— disparó la imaginación de los napolitanos entre los que, en consonancia con cuanto se creía en la corte archiducal, cundió la leyenda de que el infante disponía de fabulosas riquezas. Se decía que su madre estaba a punto de regalarle «un aparador totalmente de oro, fabricado en París y valorado en cincuenta mil doblas».²³

El fantasma de la guerra volvía a cernirse sobre Europa pero, gracias a la férrea voluntad pacifista de Fleury y de Walpole, Francia e Inglaterra, «totalmente entregadas a mantener la paz», recurrieron, una vez más, a la vía diplomática para conjurarlo. Para lograrlo era preciso —como observó, lúcidamente, el rey de Cerdeña, Víctor Amadeo II— conciliar los intereses de España que, «gobernada despóticamente por la Reina», no tenía más objetivo que el de conseguir «los Estados italianos para don Carlos», con los del emperador. Este, a su vez no tenía «más deseo que el de mantener la unidad a favor de sus hijas [para que], en el caso de que [falleciera sin herederos] varones, las otras naciones le garantizasen» que ellas serían sus legítimas sucesoras.

Cuando llegó la fecha establecida para que los tratados se cumplieran, la decidida postura del emperador en contra de estos obligó a que las naciones que habían suscrito los acuerdos de Sevilla se los replantearan, y, como subraya agudamente Becattini, «los ejércitos empezaron a prepararse sin intención alguna de ir a la guerra».²⁴ Los países aliados con España no veían ninguna ventaja en sufrir las consecuencias de una guerra emprendida solo para satisfacer las pretensiones dinásticas de Isabel de Farnesio. Se valoraba, además, el riesgo que supondría para el equilibrio europeo que el emperador, puesto contra las cuerdas en caso de sufrir una derrota militar, accediese a que Carlos se casase con su primogénita, María Teresa. En el caso, más que probable, dadas las precarias condiciones de salud de su padre y de su hermanastro Fernando, de que se abriese ante el infante la posibilidad de subir al trono de España, este habría concentrado en sus manos tanto poder como el emperador Carlos V, ocupando una posición hegemónica en Europa.

La situación pareció a punto de precipitarse a la muerte del duque Antonio, el último miembro de la familia Farnese, acaecida el 20 de enero de 1731, coincidiendo con el décimo quinto cumpleaños de Carlos. El emperador, para salvaguardar los derechos imperiales sobre el ducado, hizo ocupar Parma y Plasencia por sus tropas. La iniciativa de promover la reconciliación entre España y el Imperio, sobre la base de que sus respectivas exigencias se vieran satisfechas, fue asumida por la diplomacia inglesa que se aprovechó de las especiales circunstancias del conflicto para obtener sustanciosas ventajas económicas, en detrimento de las partes en litigio. Inglaterra, que ya había obtenido de España, por el Tratado de Sevilla, importantes beneficios económicos, aprobó la Pragmática Sanción, tranquilizando así a Carlos VI. A cambio, la corte de Londres recibió el consentimiento del emperador para que Carlos y las tropas españolas entrasen en el ducado de Parma y Plasencia y en el archiducado de Toscana —con lo que las ambiciones de Isabel de Farnesio quedaban, al fin, satisfechas— y también el compromiso de suprimir la Compañía de Ostende, una peligrosa competencia para el tráfico comercial inglés.

El marqués Ferdinando Bartolomei, ministro de Juan Gastón en Viena, en una carta dirigida al archiduque, indicó, con amargura, que, al acceder a las peticiones británicas, el emperador había eliminado el último obstáculo que quedaba para que el joven Borbón gobernase en Toscana, lo que suponía el ocaso definitivo de la dinastía de los Médicis. La electora y su hermano tomaron la prudente decisión de hacer de la necesidad virtud y, con un tratado firmado el 25 de julio entre las cortes de Madrid y Florencia, Carlos fue confirmado como sucesor directo de Juan Gastón en el archiducado de Toscana. En lo que respecta al ducado de Parma tuvo antes que verificarse que la esposa de Antonio Farnese, en contra de lo que él creía, no estaba encinta —el duque había nombrado heredero al «vientre preñado» de su mujer— para suscribir, a finales de septiembre, un nuevo acuerdo con Austria. La corte de Viena reconoció los derechos sucesorios de Carlos a los Estados de Parma y Plasencia y, a la espera de la investidura imperial, tomó posesión de ellos, en nombre suyo, su abuela materna, Dorotea de Neoburgo.

Carlos parte hacia Italia

Superadas las últimas dificultades, José Patiño preparó el viaje del infante Carlos que, el 20 de octubre de 1731, sin haber cumplido aún los dieciséis años, salió hacia Italia. Partió desde Sevilla, acompañado de un séquito de unas doscientas cincuenta personas. Entre ellas, ocupaba un lugar de capital importancia el mayordomo mayor, José Manuel de Benavides y Aragón, conde de Santisteban del Puerto, plenipotenciario de Felipe V y hombre de confianza de Isabel de Farnesio, que le había nombrado ayo de su joven hijo. Otras figuras de relieve eran, tanto por la parte española como por la italiana, José Joaquín de Montealegre, marqués y luego duque de Salas, el único secretario del Despacho, antiguo consejero de la corte de Madrid; José Fernández Miranda Ponce de León, más tarde duque de Losada; el príncipe Bartolomeo Corsini; el duque de Tursi; el marqués Giovanni Fogliani; y don Lelio Carafa, a quien se le había confiado el mando de la guardia de corps, constituida por cien soldados de caballería. Antes de partir, el infante se arrodilló ante sus padres que le impartieron su bendición; el padre le ciñó la espada guarnecida de joyas que había pertenecido a Luis XIV y la madre le puso en el dedo un anillo con un valioso diamante.²⁵

Isabel de Farnesio le había encargado a Santisteban que supervisase todos los movimientos de su hijo quien, antes de tomar cualquier iniciativa, tenía que someterla al juicio del todopoderoso mayordomo mayor para obtener su eventual aprobación. El estrecho control al que estaba sometido Carlos se conoce por la propia Isabel de Farnesio quien, en una carta enviada a su hijo al día siguiente de su partida, le advierte que «cuando alguien quiera hablar con vos hacédselo saber a Santisteban y no deis orden alguna sin que él lo sepa».²⁶ Las disposiciones de su madre, en esta época, se explican por la juventud y la inexperiencia de Carlos, que había pasado de «ser un mero objeto en la Historia» a verse catapultado «al centro de la escena política europea». Como indica acertadamente Ajello, no se le había preparado «para interpretar el papel de protagonista principal que le había asignado el amor de su madre».²⁷ La asfixiante vigilancia a la que, por orden de Isabel de Farnesio, le sometió Santisteban durante casi siete años le impidió madurar de forma gradual, lo que marcó profundamente su carácter y le impidió adquirir los conocimientos necesarios para gobernar un reino. Benavides —escribió el embajador veneciano en Nápoles, Alvise IV Giovanni Mocenigo en una relación presentada ante el senado en diciembre de 1739— «además de ser de nobles orígenes, es una persona dotada de gran talento para los asuntos de Estado, sobre todo para los que responden a los deseos españoles, y consigue elevarse por encima de todos los demás cortesanos con la misma pericia con la que sabe plegarse ante el rey, quien, exceptuando las prácticas religiosas, ha recibido una educación totalmente alejada de cualquier conocimiento o ejercicio que le permita, por sí mismo, ser capaz de gobernar».²⁸

La primera parada programada en el viaje del infante —que se embarcó en Antibes, después de un largo recorrido por tierra— era Livorno, ciudad a la que llegó el 27 de diciembre de 1731, después de tener que realizar dos paradas imprevistas, debidas al mal tiempo, en los puertos de Mónaco y de La Spezia. A ningún observador se le escapó, desde el momento mismo en que pisó Italia, el chirriante contraste que había entre la fama y el inmenso prestigio que rodeaban a la figura del primogénito de Isabel de Farnesio, que tantas expectativas había despertado, y su timidez. Carlos parecía incapaz «de decir tres palabras seguidas en italiano, esclavo del personaje que estaba obligado a representar, y obediente en todo momento a cuanto le dictaban autorizados guardas custodios que lo guiaban atendiendo a directrices tan respetuosas de las formas como carentes de consideración hacia [sus] serios problemas de madurez intelectual y de equilibrio psicológico».²⁹

Para evitar el riesgo de que padeciera crisis depresivas como las que sufrían, de forma crónica, su padre y su hermanastro mayor, con el consiguiente deterioro de la estabilidad psíquica, se le estimuló su afición por la vida al aire libre. Se le animó a que practicase la caza, por la que ya sentía una fuerte inclinación, y que iba a terminar convirtiéndose en él en una auténtica manía, a la que no renunció ni siquiera durante el viaje por Antibes. Además de la caza —su entretenimiento preferido, con mucho—, también era aficionado a la pesca y le gustaba dedicarse a la pintura y al grabado. Santisteban le animaba a que se entregase a estas aficiones para mantenerlo al margen de los asuntos de Estado. El mayordomo mayor, según Spiriti —con cuya opinión concuerdan otros testimonios coetáneos, como el del ya citado embajador véneto—, «no se preocupaba», intencionadamente, «por instruir a su regio alumno en lo que atañe a la paz o a la guerra, a las finanzas o a cualquier otro asunto pertinente al gobierno del Estado».³⁰

Los primeros días de su estancia en Toscana no fueron precisamente agradables. Tras los festejos y las cacerías que, a su llegada a Livorno, el archiduque organizó en su honor, en enero enfermó de viruela. Asistido por un enjambre de médicos, el infante sanó de la peligrosa enfermedad en un tiempo relativamente corto, sin que le quedaran siquiera marcas en la cara. Entre los doctores que se habían arremolinado a la cabecera del ilustre enfermo se encontraba su médico personal, Francesco Buonocore, natural de Isquia (Nápoles), que lo había acompañado desde España. A diferencia de los otros médicos, de los que se prescindió apenas sanó, Buonocore permaneció al servicio de Carlos. El médico fue, entre otras cosas, el protagonista de una anécdota muy ilustrativa acerca de la sofocante vigilancia a la que el mayordomo mayor tenía sometido al primogénito de Isabel de Farnesio, incluso cuando este era ya rey de Nápoles y de Sicilia. El trato continuado había creado entre los dos una cierta amistad, y «el primer médico de Su Majestad —nos informa un agudo observador de la realidad napolitana de aquellos años— le había puesto al rey como ejemplo la figura de su abuelo, Luis el Grande; el rey Carlos quiso saber más del tema y el médico le dio la Historia de Luis XIV; nada más verla, Santisteban se la quitó de las manos y, tras informarse de quién era el que se la había dado, estuvo a punto de expulsar al médico» de la corte.³¹

Entre finales de enero y principios de febrero de 1732, Carlos estuvo en Pisa, donde fue recibido con espléndidas luminarias. Le impresionó especialmente la majestuosa catedral —«la más bella de cuantas puedan admirarse en Europa», les escribió a sus padres— y tuvo ocasión de disfrutar de su afición preferida en los alrededores de la ciudad, en los que entonces abundaba la caza. Coincidiendo con su estancia en Pisa, el jurista Bernardo Tanucci fue nombrado auditor de guerra del ejército español. Natural de Stia, en el valle toscano de Casentino, Tanucci era lector de Derecho Civil en la Universidad de Pisa y se había dado a conocer, recientemente, por los amplios conocimientos demostrados al defender la jurisdicción de la autoridad civil frente a la eclesiástica, en el caso de un soldado español, acusado de homicidio, que había sido arrestado en la iglesia en la que se había refugiado, acogiéndose al derecho de asilo eclesiástico. El nombramiento de Tanucci fue el inicio de una brillante carrera que, como es sabido, llevaría al ilustre jurista a ocupar las más altas cimas del gobierno napolitano.

El destino final del viaje del infante era Florencia, la capital del archiducado. Llegó allí el 9 de marzo; hizo, a caballo, su entrada triunfal en la ciudad, y fue «recibido a lo largo de todo el recorrido por una multitud que no se cansaba de colmarle de alegres “¡vivas!”, y de todas partes acudía gente en masa para verlo». Según el programa establecido por Patiño —por sugerencia de la reina Isabel—, el joven Borbón permaneció en Florencia siete meses, desde marzo hasta octubre. Según lo planeado, debía aprovechar la larga estancia para ganarse la estima de los gobernantes, «para atraerse el amor del Archiduque y de la Electora», pero también para ver si los austriacos iniciaban algún tipo de contraataque, «para ver si los Tudescos hacen algún movimiento».³² Mientras tanto, Santisteban procedió a ampliar el organigrama de la corte del infante con nuevos miembros, naturales de Toscana, Parma y Plasencia. Los emisarios de todos los Estados italianos acudieron a Florencia para presentarle al joven príncipe los respetos de sus respectivos gobiernos, desde el representante de la minúscula república de Lucca, que fue el primero en acudir, al enviado del pontífice. Fue en esta época cuando Carlos, en su calidad de duque de Parma y Plasencia, tuvo sus primeros contactos con los habitantes del reino de Nápoles. Los Farnese tenían allí numerosos feudos, desde los que acudieron gobernadores, administradores de las università (centros habitados administrativamente autónomos) y arrendatarios de dominios feudales para rendirle homenaje y hacerle solicitudes.

Los reiterados desplantes institucionales cometidos por el joven Borbón —fue especialmente llamativo que se hiciera prestar juramento por el senado florentino sin contar con el permiso del emperador— acrecentó la tensión entre las cortes de Viena y de Madrid. Inglaterra, una vez más, intervino como mediadora entre ambas potencias. El mantenimiento del equilibrio en Europa era básico para los intereses de Gran Bretaña, centrada en reforzar su hegemonía económica, y para Londres era un motivo de preocupación la posible «formación de una fuerte monarquía borbónica, capaz de dominar el viejo continente y, sobre todo, de obstaculizar o, como mínimo, limitar su tráfico en el Mediterráneo».³³ A cambio de garantizar que respetaría los derechos sucesorios de las hijas del emperador, Madrid, que aún no había renunciado del todo al proyecto de conseguir para Carlos la mano de una de las dos princesas austriacas, les exigía a los ingleses importantes contrapartidas. Se pedía la devolución de Gibraltar y que se respetasen las prerrogativas comerciales de España en América. El firme rechazo, por parte del emperador, a concederle al primogénito de Isabel de Farnesio dispensa por ser menor de edad —requisito imprescindible para ser investido como soberano de los Estados italianos— provocó, sin embargo, la brusca interrupción de las negociaciones. Pese a la mediación del representante toscano, Gian Vicenzo Salviati, Carlos VI le ordenó a la duquesa Dorotea que no le permitiese al infante tomar posesión del ducado de Parma y Plasencia sin haber recibido antes la investidura papal.

Llegados a este punto, se impuso la férrea voluntad de Isabel de Farnesio que, desafiando abiertamente a la corte de Viena, le ordenó a su hijo que tomase inmediatamente posesión directa del ducado parmesano. A su llegada a Parma, el 9 de octubre de 1732, el joven Borbón fue acogido jubilosamente por su abuela Dorotea, por los nobles —de los que había «un gran número», como no dejó de advertir el propio Carlos— y por el pueblo. Se quedó fascinado ante la majestuosidad del palacio ducal y, muy especialmente, ante la magnificencia de las estancias que se le habían asignado. «La entrada es magnífica, y mis habitaciones son espléndidas y del mejor gusto que se haya visto jamás en el mundo» les comunicó, complacido, a sus padres.³⁴ Unos días después, el 22 de octubre, fue a Plasencia, donde recibió una acogida igual de calurosa, para tomar posesión efectiva de la otra ciudad del ducado. Cumpliendo las órdenes de su madre, el infante emanó un título de privilegios con el que, proclamándose «Duque de Parma, Plasencia, Castro y Ronciglione y Gran Príncipe heredero de Toscana», hizo público que había ocupado el trono ducal:

Habiéndonos sido otorgada por designio divino la posesión de estos felicísimos Estados de Parma y Plasencia, y siendo deseo de Sus Majestades Católicas el Rey y la Reina de España, nuestros Veneradísimos progenitores, que viniésemos a Italia para gobernar a nuestros súbditos, hemos decidido, atendiendo al pensamiento de Sus Majestades, prescindir [...] y aunque conozcamos la inveterada costumbre, en la mayor parte de Italia y de Europa, de que no se considere mayor [de edad] a un Príncipe hasta que no haya alcanzado el año décimo cuarto de su edad [...] Por la presente, pues [...], confiados a la gracia divina, estamos dispuestos a regir y a administrar nuestros Estados por nosotros mismos, independientemente y sin subordinación alguna.³⁵

La decidida afirmación de los derechos del infante, en abierta oposición a las disposiciones imperiales, exasperó aún más las ya de por sí tensas relaciones entre los reyes de España y Carlos VI. Como represalia, después de haberle expresado sus quejas a Jorge II de Inglaterra, el emperador hizo borrar del Consejo Áulico el juramento del senado florentino e incrementó la presencia militar en Italia. Isabel de Farnesio, por su parte, buscó el apoyo francés para reforzar la posición española en caso de conflicto; sin embargo, Walpole —que era quien manejaba sólidamente los hilos de la política inglesa— y Fleury, su equivalente en Francia, la aliada potencial de España, no tenían la más mínima intención de precipitar la situación, por lo que interpusieron sus buenos oficios para llegar a un acuerdo. Por el compromiso alcanzado, el emperador le concedía a Carlos la investidura a cambio de que este renunciase al título de gran príncipe de Toscana.

II RECONQUISTA DE LOS REINOS DE NÁPOLES Y SICILIA. CESIÓN A CARLOS DE DICHOS TERRITORIOS

La Guerra de Sucesión Polaca. España recupera el Sur de Italia

EL peligro de la guerra parecía haberse conjurado definitivamente cuando el inesperado fallecimiento del rey de Polonia, Augusto II Wettin, elector de Sajonia, acaecido el 1 de febrero de 1733, abrió un nuevo contencioso entre las naciones europeas, cuya incapacidad para resolverlo por la vía diplomática provocó el estallido de la Guerra de Sucesión Polaca. Francia estaba obligada a apoyar militarmente las aspiraciones de Estanislao Leszczynski, el suegro de Luis XV, en contra de Austria, que apoyaba la candidatura de Augusto III, hijo del difunto monarca. A Isabel de Farnesio le pareció que, con la obligación de Francia de enfrentarse a Austria, había llegado, por fin, la anhelada ocasión de reivindicar los derechos de Carlos sobre los territorios austriacos del Sur de Italia, anteriormente bajo dominio español, y España se alineó junto al bando francés en contra del austriaco (en el que, además de los Wettin estaban también Rusia y Prusia). Las aspiraciones españolas contaban, además con el respaldo de la corte de Versalles porque esta estaba interesada en abrir un frente bélico en el Mezzogiorno para mantener las operaciones militares alejadas de los Países Bajos y evitar, así, que las potencias marítimas, Holanda e Inglaterra, se involucrasen en el conflicto.

La postura del rey de Cerdeña, Carlos Manuel III, cobró de inmediato una importancia crucial de cara al equilibrio de fuerzas. A cambio de adherirse a la alianza austriaca, el monarca pretendía obtener la totalidad del Estado de Milán, comprendida la fortaleza de Mantua. Isabel de Farnesio, sin embargo, también reivindicaba la posesión de esta última, ya que constituía un baluarte fundamental para la defensa del ducado de Parma y Plasencia, que se quería ampliar por el norte. La corte de Viena, imprudentemente, confió demasiado en esta disparidad de intereses, convencida de que Carlos Manuel no iba a permitir que se ampliasen los dominios italianos de España y, por ello, «los acontecimientos cogieron por sorpresa al Imperio, que fue incapaz de llevar a cabo una defensa eficaz de sus Estados italianos». La diplomacia francesa consiguió, en cambio, que se unieran a su bando tanto España como Cerdeña, aplazando la solución de sus respectivas discrepancias mediante un ambiguo compromiso con las dos partes. Se estipularon dos tratados independientes el uno del otro. El primero se firmó en Turín, el 26 de septiembre de 1733, y en él se recogían las exigencias de los Saboya. El segundo, firmado en El Escorial, en noviembre de ese mismo año, contemplaba las reivindicaciones hispánicas, en abierta contradicción con lo estipulado en los acuerdos de Turín.³⁶

Basados como estaban en el equívoco, estos acuerdos bilaterales constituían una precaria base diplomática para el desarrollo de la guerra que, de hecho, estuvo marcada, desde un principio, por las sospechas recíprocas entre las cortes de Madrid y Turín. Felipe V, el 26 de octubre, ordenó que el ejército español avanzase sobre Italia y nombró comandante de este al infante Carlos con el grado de «generalísimo». El mando efectivo se le encomendó, sin embargo, al capitán general José Carrillo de Albornoz y Montiel, conde de Montemar, por su notable experiencia militar. Santisteban seguía teniendo la responsabilidad de asistir al joven Borbón «en todo cuanto concierna a la gestión de su Real persona y al gobierno político de su Real hacienda» en colaboración con el capitán general.

Desde hacía unos pocos meses, el virrey de Nápoles era, por obra y gracia del emperador Carlos VI de Habsburgo, el conde lombardo Julio Visconti. Este, ante la noticia del avance del ejército español, avisó inmediatamente a los eletti (administradores) de la capital, los convocó a su presencia y les recordó sus obligaciones de lealtad para con el soberano Habsburgo. Visconti les comunicó a sus interlocutores que «teniendo necesidad de hombres y de dinero para proceder a la defensa del Reino, recordasen la promesa realizada poco tiempo atrás de hacer un donativo de cien mil ducados».³⁷

Los eletti eran los representantes de las piazze (agrupaciones) que, a su vez, representaban a la nobleza y al pueblo de Nápoles. La nobleza de asiento en Nápoles estaba dividida en las piazze de Nido, Capuana, Montagna, Porto y Portanova. El pueblo, en cambio, se agrupaba en una sola piazza «cuyos cabezas de familia, divididos por ottina (barrio, distrito), elegían, por mayoría, a seis candidatos, entre los cuales —como refiere Schipa— el rey nombraba al capitán de ottina, con carácter anual, reelegible, además de dos procuratori dell’ottina (procuradores de distrito), con carácter bienal». Como Nápoles estaba dividida en veintinueve ottine había, por lo tanto, veintinueve capitanes y cincuenta y ocho procuradores. La «Piazza del Popolo [Agrupación del Pueblo] no era sino la asamblea de los primeros, que solía celebrarse en la Iglesia de San Agustín».³⁸

Tras varias discusiones, las piazze decidieron obtener una parte de la suma que se les requería a través de imposiciones fiscales sobre la cal y el trigo, a la que se añadirían cincuenta mil ducados, que aportarían los barones, y otros veinte mil que se conseguirían de las università del reino. El dinero se lo anticiparían al virrey fuentes privadas, a las que les sería restituido con un interés anual del 4 por ciento. Mientras tanto, el 4 de febrero, con un retraso de unos pocos días sobre la fecha prevista, a causa de una ligera indisposición, Carlos partió de Parma en dirección a Florencia, llevándose consigo «las mayores riquezas muebles de la Casa Farnese. Los palacios, los castillos, las villas ducales fueron despojados de obras de arte, de todos los objetos preciados y lujosos, de libros, de manuscritos, de documentos de todo tipo».³⁹

Unos días después, Felipe V, con una clara intención autopropagandística, le envió una carta a su hijo en la cual, entre otras cosas, intentaba justificar que le hubiese ordenado abandonar las operaciones militares en la llanura del Po —orden que había despertado un profundo desconcierto en el mariscal francés Villars— para dirigirse inmediatamente al Sur de Italia. El soberano católico afirmó, de entrada, que los intereses del infante, «inseparables del decoro» de su «Corona, y de los de [sus] fieles Aliados reclamaban la presencia de [sus] ejércitos en Lombardía» para alcanzar «el justísimo fin para el que [estaban] destinados». Por desgracia, sin embargo, había preferido «rescatar» lo antes posible a los pueblos de Nápoles y Sicilia «de la mucha violencia, opresión y tiranía» que sobre ellos, durante tantos años, había «ejercido el gobierno Alemán». Estos pueblos, según el rey católico, habían sido obligados por la fuerza y mediante engaños a adherirse a la Casa de Austria; para hacer frente a sus justas exigencias, Carlos les concedería un indulto general, garantizaría y ampliaría los privilegios de que disfrutaban y, además, exoneraría a la población de «cualquier tipo de imposición fiscal, especialmente de aquellas que hayan sido creadas y establecidas por la insaciable avidez del gobierno Alemán».⁴⁰ El infante, mediante un decreto propio, emanado en Civita Castellana el 14 de marzo y rubricado por Montealegre, asumió el compromiso de observar puntualmente las disposiciones paternas.

Prosiguiendo su marcha hacia el reino de Nápoles, Carlos, al llegar a los Estados Pontificios, se detuvo en Monterotondo, a poca distancia de Roma; allí fueron a rendirle homenaje el cardenal Acquaviva, embajador de España ante la Santa Sede, y el cardenal español Belluga, junto a numerosos miembros de la aristocracia romana. El infante real, a la cabeza del cortejo, que incluía al Estado Mayor militar y a los dignatarios de su séquito, llegó luego a Aquino, primera población del reino de Nápoles, donde fue acogido jubilosamente por los representantes de numerosas ciudades y tierras que habían acudido a recibirlo. Carlos alcanzó luego Montecassino y, el 9 de abril, Maddaloni, donde fue recibido «con señales de extraordinaria alegría» por el duque de la localidad, Marzio Carafa, y por un gran número de nobles napolitanos.

A Maddaloni habían acudido también los administradores de la capital que, tras la huida de Visconti y de los magistrados filoaustriacos —ocurrida pocos días antes, y de la que hablaremos más adelante—, se habían posicionado, resueltamente, a favor de España, seguidos por la inmensa mayoría del pueblo. Muchos ciudadanos llevaban en los sombreros una escarapela «dividida en dos partes, una roja, por España, y otra blanca, por Francia, unidas las dos [...] para indicar que estaban de parte del ejército español». Los eletti y los diputados del Buen Gobierno, a los que competía el mantenimiento del orden público en la capital hasta la llegada de Carlos, le ofrecieron al infante las llaves de la ciudad y le juraron lealtad. Carlos concedió inmediatamente una audiencia a los eletti, que eran los siguientes: Luigi Attaldo Capece Minutolo, representante del seggio [asiento] de Capuana; Fabio Rosso y Andrea Coppola, por Montagna; Antonio Montalto (Nido); Antonio de Dura Brancaccio (Porto); Carlo Capuano (Portanova); y Giuseppe Brunasso por la Piazza del Popolo. En presencia de Carlos, tras el ceremonial de costumbre, los eletti se cubrieron la cabeza, en virtud de su condición de grandes de España, privilegio que les había sido concedido por el emperador Carlos VI y que, posteriormente, les había sido confirmado por el propio infante, en nombre de Felipe V. Carlos confirmó también otros privilegios que disfrutaba la ciudad y que fueron sometidos a su aprobación «con un docto y largo discurso» del príncipe de Centola.

Ante la inminente llegada del ejército español, el virrey Visconti «viendo que los intereses de su soberano no contaban con apoyo alguno» decidió, el 3 de abril, abandonar Nápoles y retirarse a Bari para esperar refuerzos, «tras haberse llevado de la Ciudad todo el dinero que le fue posible». Con él iban numerosos ministros de origen catalán, partidarios de Carlos VI a raíz de su efímera conquista de Cataluña, que temían las represalias de sus connacionales.⁴¹

Entrada triunfal en Nápoles

Desde Maddaloni, Carlos se dirigió a Aversa, donde permaneció un mes, esperando a que fueran sometidos los castillos napolitanos, y, el 10 de mayo, tras una breve parada en el convento de los Paolotti, hizo su entrada solemne en Nápoles, cruzando la Puerta Capuana. Así describe un cronista contemporáneo la ceremonia:

En primer lugar, avanzaba la caballería española; luego, sin formar, una gran cantidad de Barones, en medio de los cuales cabalgaba el Real Infante, acompañado de los Señores de su Corte y de la Generalità, y los Jefes militares, a distancia de los cuales cabalgaba el Tesorero Real que arrojaba, a ambos lados de la calle, sumas de dinero y doblones de oro y cuartos de España valorados en 24 de nuestros grana [antigua moneda napolitana] que, entre aclamaciones de «¡Viva!» eran recogidos por el pueblo. Le seguía la guardia de corps y, por último, el cortejo real. Vestía el infante una casaca a la Francesa, ricamente drapeada en oro y plata y guarnecida de grandes botones de brillantes, y sobre esta llevaba dos órdenes, la del Toisón de Oro y la del Santo Espíritu. En la cabeza llevaba un pequeño sombrero con una pluma, en uno de cuyos lados había una preciosa joya, también de brillantes, colocada en medio de unas cintas dispuestas a modo de escarapela, de color rojo y blanco, insignia con la que se aludía no solo a los Señores de su Corte, sino también a todo el Ejército.

A continuación, se trazaba la descripción física de Carlos, que se encontraba entonces «en la flor de su edad, apenas rebasados los dieciocho años [y que era] de tez morena, a causa del continuado ejercicio de la caza, de nariz larga y aquilina, ojos azules y estatura mediana».

El cortejo fue hasta la Puerta de la Vicaría, que era el tribunal supremo para asuntos criminales de la capital, y el juez le hizo a Carlos entrega de las llaves. Haciendo gala de la típica magnanimidad de las grandes ocasiones —y la conquista de un reino lo era, sin duda—, el infante católico les concedió el indulto a los prisioneros, que fueron puestos en libertad. Carlos se dirigió luego a la catedral, donde fue recibido por el arzobispo, el cardenal Francesco Pignatelli, el cual, ataviado con los paramentos pontificios, le tendió un crucifijo para que lo besara y celebró la llegada del ilustre huésped con un Te Deum. Finalizada la ceremonia litúrgica de acción de gracias, Carlos, acompañado por el arzobispo, fue a la capilla del tesoro para observar la sangre de San Jenaro que, desde hacía unos días, según lo acostumbrado, estaba licuada. La sangre del mártir estaba «tan hermosa y rubicunda que fue causa de estupor para todos, no habiéndose visto así desde hacía muchos años». En señal de devoción, el infante, que había recibido una profunda educación religiosa, de la que iba a dar repetidas muestras, le hizo entrega al santo de una preciosa joya de diamantes y esmeraldas, valorada en seis mil ducados.

La siguiente etapa del cortejo real fue la cárcel de San Jaime o San Giacomo donde, como ya había ocurrido en la Vicaría, Carlos recibió las llaves de manos del oidor general, Giuseppe Capezzuto, y les concedió la libertad a los detenidos. Mientras tanto, una ingente multitud había acudido a contemplar el paso del infante real y de su cortejo, apiñándose tal muchedumbre a lo largo del recorrido y, sobre todo, en la vía Toledo, que «la milicia urbana apenas pudo alinearse [en la zona comprendida] entre la Puerta Capuana y el Palacio Real».⁴² El diplomático florentino Bartolomeo Interi, que fue testigo ocular de los hechos, ofreció una pintoresca descripción de la cálida acogida que los estratos más humildes de la población napolitana —los famosos lazzaroni— reservaron al futuro soberano:

Imaginad lo que vociferaban esos charlatanes andrajosos, sucios, vestidos sin rastro de decoro alguno. O no llevan calzones o, si los llevan, están rotos y hechos jirones, y sus zapatos están en las mismas condiciones. Las mujeres, atraídas por el jolgorio general, tenían el mismo aspecto que sus maridos, quizá más estrafalario aún. De ese jaez fue la muchedumbre que acudió a cumplimentar al infante real cuando se dirigió a visitar a Nuestra Señora del Carmen junto al conde de Santisteban y el príncipe Corsini. Todos gritaban que Su Alteza Real era guapo, que su rostro era como el de San Jenaro en la imagen que lo representa, imagen hecha con un metal desconocido, que les habían dicho que [el infante] era feo pero que a ellos les parecía hermoso como el sol. Le animaron a que llevara a Nápoles a una virreina y a que tuviera con ella, al menos, doce hijos varones [...]. Y durante mucho tiempo siguieron haciéndole cumplidos de este tipo, no muy delicados, pero sí indicativos de un profundo afecto.⁴³

Las opiniones de casi todos los viajeros extranjeros que visitaron la ciudad por aquella época acerca de los lazzaroni, que constituían una de las características de Nápoles («tan atractiva como el paisaje», según Harold Acton), eran, por lo general, muy negativas. Para el presidente del parlamento de Borgoña, el francés Charles de Brosses, por ejemplo, eran «la chusma más abominable, la canalla más despreciable que se haya arrastrado jamás sobre la superficie de la tierra». El inglés Swiburne, por su parte, algunas décadas después, aseguró que «nunca ha existido una raza de bribones semejante a la del populacho napolitano». Goethe, en cambio, no compartió estas ideas, reflejo de los prejuicios extendidos en los países del norte sobre la gente del sur; según él, los lazzaroni tenían tan mala fama en el norte porque se los consideraba unos vagos que vivían de la sopa boba pero, en realidad, no eran tan gandules como parecían y no se merecían ser despreciados por su típica actitud ante la vida. Si se limitaban a «ir tirando», conformándose con lo mínimo —según el famoso poeta alemán—, no era a causa de una indolencia atávica; su forma de vida era el signo de su libertad interior. Acton también expresó sus simpatías hacia «esas gentes tan maltratadas por los escritores que, sin embargo, poseen cualidades [en potencia] que podrían aflorar si se los guiara de forma comprensiva e ilustrada». Como ejemplo de ello, el escritor inglés recordaba la heroica defensa de Nápoles, en el año 1799, de las tropas francesas de Championnet por parte del pueblo napolitano.⁴⁴ Aquella actuación, sin embargo, analizada desde otro punto de vista, no hace sino avalar la mala fama de los lazzaroni. Su comportamiento de entonces fue indicio de su absoluta incapacidad para comprender las novedades positivas que llegaban desde Francia, así como de su ausencia total de conciencia de clase, rasgo típico del subproletariado, término en el que, en gran medida, cabe englobar al pueblo napolitano del siglo XVIII.

Cesión del reino a Carlos. Coronación en Palermo

Cinco días después de la entrada triunfal de Carlos, llegó desde España un correo portador de un título de privilegios por el que Felipe V le cedía a su hijo el reino de Nápoles. «Ese acto, arrancado a los honrados escrúpulos del consorte de la reina italiana» constituía, según la visión risorgimentale de Michelangelo Schipa, una némesis histórica. Para «España, que había gastado oro y sangre sin obtener, a cambio, beneficio alguno», dicha cesión le suponía «la expiación de dos siglos de daños y ofensas; para Italia era una reparación; al nuevo rey le correspondía entender el valor de esta y lograr que se notasen sus efectos beneficiosos».⁴⁵

Para conmemorar la subida al trono de Carlos se acuñaron en Nápoles una serie de monedas de plata, de un valor de seis y doce carlines. Las monedas, señala Bianchini, llevaban grabada «en el anverso, el escudo del rey, con la corona real encima y rodeado por la leyenda: Carolus Dei gratia Rex Hispaniarum infans (Carlos Rey Infante de las Españas por la gracia de Dios); [...] en el reverso, se veía [la personificación del] río Sebeto, con la cabeza coronada de laurel; en la mano derecha sostenía el jarrón del que brotaban las aguas; en la izquierda, un remo. En lontananza, se vislumbraba el Vesubio; en el pie se leía “1734” y, alrededor, De socio princeps (Príncipe por el aliado)». Esta última inscripción significaba que el príncipe, es decir el rey Carlos, se había convertido en tal por cesión de su poderoso aliado, o sea, su padre, Felipe V. En el reverso de la moneda, se resaltaba que la monarquía napolitana procedía de la española, mientras que en el anverso, por el contrario, se indicaba que Carlos era rey por la gracia de Dios. La contradicción ya fue advertida por Pietro Giannone, que consideró que la inscripción del reverso era totalmente inoportuna y criticó que en el anverso faltara el número de sucesión de Carlos. Giannone, con cierta ironía, observó que los «doctos» artífices de la medalla no se habían «arriesgado a grabar el número porque no estaban seguros de qué era lo correcto poner, si Carlos VII o Carlos VIII».⁴⁶

Giannone no solo llamaba la atención sobre el hecho de que la inscripción del reverso daba a entender que la monarquía napolitana no era independiente con respecto a la española, también ponía sobre el tapete la difícil cuestión del número de sucesión de Carlos. Según el historiador napolitano, si Carlos era considerado el legítimo sucesor del emperador Carlos VI de Habsburgo, el número tenía que ser VII; si, por el contrario, se contemplaban todos los monarcas que habían ocupado anteriormente el trono de Nápoles, no podía olvidarse a Carlos VIII de Francia —que fue brevemente rey de Nápoles, en 1494, como el IV de su nombre— en cuyo caso el número que le correspondería al soberano era el VIII. El problema nunca llegó a solucionarse. El propio Tanucci, al que Montealegre le planteó oficialmente la cuestión, años después, solo supo dar una respuesta ambigua, remontándose a la Casa de Anjou y a las Vísperas Sicilianas.⁴⁷ Al no encontrarse una solución adecuada, en los veinticinco años que duró su reinado, el nombre de Carlos, como rey de Nápoles y de Sicilia, nunca fue seguido por número alguno.

Tras la huida de Visconti, el ejército austriaco, cuyas filas se habían visto muy mermadas por las deserciones, se concentró en Bitonto donde, el 24 de mayo, fue derrotado definitivamente por Montemar. Un día antes, Carlos había asumido, en una solemne ceremonia religiosa, celebrada en la Iglesia de San Lorenzo, el título de rey de Nápoles. Tras la derrota de Bitonto, cayeron las fortalezas de Pescara y Gaeta cuyas guarniciones, perdida la esperanza de que llegaran los refuerzos que les habían prometido los Habsburgo, se rindieron ante las tropas españolas. Mientras tanto, también habían caído las fortalezas de Taranto, Bríndisi, Reggio y Aquila. En el horizonte se perfilaba ya la eliminación definitiva de todos los focos de resistencia austriaca que quedaban. La única fortaleza que seguía en manos de los Habsburgo era Capua que se vería obligada a capitular meses después, incapaz de seguir resistiendo el asedio por la inferioridad numérica de sus fuerzas.

El marqués de la Gracia Real —que sustituyó a Montemar cuando este fue enviado al norte con una parte de las tropas—, gracias a un impresionante despliegue de medios y de hombres, culminó, casi sin encontrar obstáculos, la conquista de Sicilia, que estaba defendida por 5.600 soldados alemanes. Messina, Siracusa y Trápani fueron las fortalezas que tardaron más en capitular. El 3 de julio de 1735, mientras Trápani, el último baluarte austriaco en Sicilia, estaba a punto de caer, Carlos fue coronado rey en la catedral de Palermo por el arzobispo local. Sobre la cabeza de Carlos —escribió el cronista Giovanni Senatore— fue colocada «una majestuosa, riquísima y muy bien ideada corona [...] de forma piramidal, compuesta por un círculo desde el que se elevaban cinco astas curvas que sostenían un globo perfectamente esférico, símbolo del Mundo».⁴⁸

Con esta ceremonia se sancionó solemnemente la conquista de Sicilia, a la que había que añadirse la del reino de Nápoles. Todo el Sur de la península estaba ya bajo el gobierno de los Borbones, dinastía que permaneció en el poder durante cinco generaciones, hasta la unidad de Italia. Si el reino de Nápoles recuperaba su independencia política tras dos siglos de dominación extranjera, en el caso de Sicilia había que remontarse a la segunda mitad del siglo XIII para encontrar en el trono a un monarca que no residiera fuera del Sur de Italia. En el Mezzogiorno continental la monarquía nacional se había extinguido a finales del siglo XV, tras los reinados de Ferrante o Fernando de Aragón y de sus descendientes, Alfonso II, Fernando II y Federico. Tras la rebelión de las Vísperas Sicilianas, en 1282, y la guerra subsiguiente contra los Anjou, Sicilia se convirtió en una provincia aragonesa; posteriormente, pasó a manos españolas, saboyanas y austriacas.

Con la llegada al trono de Carlos, la unión, esencialmente dinástica, de Nápoles y Sicilia bajo un mismo soberano no supuso cambio alguno para ambos reinos. Se mantuvieron en vigor —como observa Galasso— «dos administraciones y dos gobiernos paralelos, dos ordenaciones, cada una con sus propias características históricas e institucionales». El hecho de que el rey residiera en Nápoles era «un problema a la hora de equilibrar el número de miembros, de una y otra parte de la monarquía, presente en el Consejo Supremo del soberano», es decir, en el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) de Nápoles. El desequilibrio, en cualquier caso, podía compensarse fácilmente recurriendo al «nombramiento de extranjeros para dirigir los gobiernos de la monarquía».⁴⁹ Este «dualismo estatal sículo-partenopeo, que reproducía la característica histórica de la tradición constitucional española —observa Francesco Renda—, [...] no excluía una acción política conjunta».⁵⁰

En los primeros doce años del reinado de Carlos la independencia y la reunificación de Italia del Sur, alcanzadas después de tanto tiempo, fueron solo nominales. En realidad, como veremos más adelante, las directrices políticas procedían de Madrid y, hasta 1746, fueron los reyes de España quienes gobernaron el Mezzogiorno, a través de sus hombres de confianza.

Viaje por Sicilia

Carlos llegó a Sicilia en marzo de 1735, tras un largo y dificultoso viaje, efectuado por tierra hasta Palmi (al sur del estrecho de Mesina), que sufrió grandes retrasos debido al deteriorado estado en el que se encontraban los caminos. Senatore ofrece una detallada descripción del itinerario de Carlos, descripción que podemos completar con las informaciones contenidas en las cartas que el soberano les escribía regularmente a sus padres. En dicho epistolario las fechas, a veces, difieren ligeramente de las indicadas por el cronista napolitano en lo que se refiere al día concreto en el que el cortejo real atravesó esta o aquella población. La lectura de estas fuentes nos informa acerca del desastroso estado en el que se encontraba la red de comunicaciones por tierra cuando Carlos subió al trono, y también nos permite entrever algunos de los rasgos de conducta que más tarde serían característicos en el soberano. Fue durante ese viaje, de hecho, cuando empezaron a manifestarse algunos de los rasgos esenciales de su personalidad, desde su desmedida afición por la caza —de la que ya había dado indicios— a la actitud paternalista con la que trataba a sus súbditos —a los que no dejó de dispensar, generosamente, gracias y prebendas—, pasando por su escaso interés hacia los asuntos de gobierno, de los que se ocupaban, diligentemente, los secretarios adscritos a los distintos despachos. Todos ellos trabajaban bajo la supervisión de Santisteban, al que se le había reservado un puesto preeminente en el organigrama del séquito real. Los miembros principales de la nobleza, el clero y las magistraturas provinciales competían entre ellos a la hora de recibir al soberano en sus ciudades y agasajarlo; el pueblo lo aclamaba jubilosamente con continuos «¡Viva!» y se agolpaba al paso del cortejo real.

Carlos partió de Nápoles el 3 de enero de 1735, no sin antes dejar en la capital, en calidad de virrey, al conde de Charny, Emanuel de Orleans, uno de los principales dignatarios de su entorno, para que gobernase en su ausencia. El viaje había sido programado para dos meses antes, pero luego se había preferido esperar a la conquista definitiva de la isla. A principios de año, tras los éxitos obtenidos por los ejércitos españoles, y con los austriacos atrincherados ya solo en tres fortalezas, Siracusa, Mesina y Trápani, la rendición de Sicilia se dio por segura. El rey fue precedido por un gran número de cortesanos de nivel inferior —cocineros y demás personal de servicio— cuyo cometido era adelantarse hasta los lugares en los que estaba previsto que se alojaran el rey y su séquito para ir organizando, con la mayor eficacia posible, todo lo concerniente a la comida y el alojamiento de la comitiva real. Por lo que respecta a Carlos, hay que subrayar que sus comidas siempre se las preparaba el personal adscrito a su cocina y que los ingredientes, siempre de la mejor calidad, los proporcionaron las autoridades locales de las poblaciones en las que estaba previsto que se detuviese.⁵¹

Hacía dos siglos exactos desde la última vez en que un monarca cruzó por tierra el reino de Nápoles. La vez anterior el recorrido fue a la inversa: en 1535, Carlos V, tras derrotar a los turcos, cruzó toda la península italiana desde Sicilia. Como suele ocurrir siempre que se produce un cambio de dinastía, había grandes expectativas entre los habitantes, que se esperaban que el rey les concediese gracias y privilegios. Carlos no defraudó las esperanzas de las comunidades por las que pasó durante su viaje. Muchas de ellas, de hecho, vieron ampliamente satisfechas sus peticiones. Fue el caso, por ejemplo, de Spinazzola, en la provincia de Basilicata, que obtuvo el codiciado título de ciudad. El gobernador de Altamura, en nombre de la ciudadanía, le pidió al monarca que se adelantase la fecha de su feria anual y que se prolongase su duración, privilegio que Carlos le otorgó generosamente. En contra del plan previsto inicialmente, para acortar la duración del viaje —los puentes habían quedado destruidos por la crecida del caudal de los ríos, ocasionada por las lluvias invernales—, se tomó la decisión de no pasar por Catanzaro, capital de Calabria Ultra. Sin embargo, gracias a la insistencia de sus administradores, de la nobleza local, del pueblo y del propio preside o presidente provincial, Carlos no solo decidió detenerse allí, pese al cambio de planes, sino que, además, se le abonó a la ciudad la importante deuda que tenía contraída con ella la hacienda real.

La última etapa del viaje, antes de cruzar a Mesina, fue Palmi, donde el rey se quedó algunos días, esperando a que mejorase el estado de la mar. Carlos pasó alegremente el tiempo, yendo de caza, como de costumbre, por los bosques de los alrededores. Un día, sorprendido por una tormenta, buscó refugio en la modesta cabaña de un pastor. La mujer del pastor había dado a luz hacía poco a un niño y el rey, en un gesto de magnanimidad, de la que daría pruebas en otras ocasiones, se ofreció a ser su padrino. El soberano le dio al niño, al que se bautizó con el nombre de Carlo, la suma de doscientos escudos de oro, y a la madre cincuenta doblas. Al pequeño se le asignó, además, una pensión de veinticinco escudos al mes hasta que cumpliera los siete años, edad en la que, por deseo expreso del rey, sería conducido a la corte para ser educado.

El 9 de marzo, Carlos partió de Palmi con dirección a Mesina, acompañado por Miguel Reggio (o Regio), comandante de la flota napolitana. La nave real cruzó el estrecho rodeada por las de su séquito y por numerosas falúas procedentes de Escila, enviadas por Guglielmo Ruffo, príncipe de la localidad. El rey tenía previsto detenerse en Escila, pero no pudo hacerlo a causa del mal tiempo. Ruffo, entonces, ordenó que zarparan las falúas, en la primera de las cuales iba él mismo, junto a su primogénito y al marqués de Oyra. Otras cinco falúas, ricamente adornadas, iban «llenas de mujeres, las cuales, manejando magistralmente el timón y remando con gran fuerza, no se detuvieron, por orden del príncipe Ruffo, hasta estar bajo la popa de la galera real, donde se encontraba sentada Su Majestad, rodeada de sus grandes y con rostro alegre y gozoso». Otras mujeres, «con instrumentos musicales en las manos fueron hasta el lugar del desembarco, donde tocaron y cantaron sin interrupción, alabando al monarca y acabando siempre las estrofas con un: “Viva, viva el Rey”».⁵² Las mujeres de Escila parecían querer remedar el canto de las sirenas al paso de Ulises, pero «en lo que respecta a Carlos [...] sus cánticos eran en vano —señala, no sin un cierto humour, Harold Acton— porque el rey, además de tener poco oído para la música, era incorregiblemente casto».⁵³

El 25 de marzo la ciudadela de Mesina que, capitaneada por el comandante austriaco, el príncipe de Lobkowitz, había resistido hasta ese momento a las fuerzas numéricamente superiores del marqués de la Gracia Real, capituló en honrosas condiciones. El 1 de junio se rindió Siracusa. El asedio de Trápani duró más tiempo; la ciudadela fue tomada el 12 de julio, cuando el rey ya había abandonado Sicilia. Carlos permaneció cuatro meses en la isla; durante este tiempo alternó las batidas de caza con las visitas a iglesias y monasterios y la asistencia a las recepciones y espectáculos teatrales que la aristocracia siciliana, siguiendo el ejemplo de la napolitana, organizó en su honor, tanto en Mesina como en Palermo. El soberano llegó a la capital de la isla a primeros de junio, inmediatamente después de la rendición de Siracusa, y permaneció allí hasta el 8 de julio, fecha en la que se embarcó de regreso a Nápoles junto a su séquito, a los pocos días de haber sido coronado.

III REORGANIZACIÓN DEL REINO Y UN REY BAJO CONTROL

Regreso a Nápoles. Expectativas de los súbditos con respecto al rey nacional

MIENTRAS tanto, la inquietud de los ciudadanos no había dejado de aumentar. El monarca llevaba fuera nueve meses y llegó a correr, incluso, el rumor de que iba a establecer su residencia definitiva en Sicilia, en la ciudad de Palermo, en la que había sido coronado. Es fácil, pues, imaginarse con cuánta alegría fue recibida por los napolitanos la noticia del inminente regreso del monarca. Se apresuraron los preparativos para recibir dignamente a Carlos, en cuyo honor los eletti hicieron construir, en apenas unos días, un puente cubierto, ricamente decorado, que conducía directamente desde el punto en el que estaba previsto que Carlos desembarcase hasta el palacio real.⁵⁴

Una vez finalizados los festejos, que se prolongaron durante varios días, se impuso la necesidad de seguir ocupándose de la ordenación y consolidación del nuevo régimen, una tarea para la que Carlos, sin embargo, aún estaba preparado. Las directrices tenían que llegar desde España, con cuya corte seguía manteniendo un contacto privilegiado Santisteban, quien —una vez neutralizada la competencia inicial de Montemar, que aspiraba a desempeñar un papel principal también en el plano político— fue, durante varios años, el portavoz, unánimemente reconocido por el gobierno napolitano, de los deseos de la corte española.

Carlos ya había logrado ser coronado rey de Nápoles y de Sicilia. Ahora tenía que empezar a dar muestras de su capacidad personal para el gobierno. Hasta ese momento, de hecho, «el hijo de la Farnesio» había dado pruebas de que poseía unos más que apreciables rasgos de generosidad, de bondad de corazón y de piedad religiosa, pero «no se disponía de dato alguno que indicase que en los asuntos militares y políticos hubiese intervenido la voluntad personal de aquel joven de dieciocho años, que había llegado hasta allí haciendo un paréntesis entre cacerías y representaciones teatrales a cargo de cómicos contratados a sueldo para entretenerlo».⁵⁵ Habían sido las tropas enviadas desde España, bajo el mando efectivo de un general español, Montemar, las que habían conquistado el reino para Carlos, y era de Madrid de donde procedían, sistemáticamente, las órdenes de Isabel de Farnesio, ante la que Santisteban tenía que ponerse firme a la hora de dirigir la corte.

La llegada del joven Borbón despertó entre sus súbditos un gran entusiasmo que, si bien se fundaba —tal y como ocurrió en 1707, con la llegada de los austriacos— en el descontento general provocado por el gobierno anterior y, consecuentemente, por el deseo de que las cosas cambiasen a mejor, ahora parecía contar con bases más sólidas. Según un agudo observador coetáneo, Giovanni Pallante, latía la esperanza de que un monarca «propio» pudiese, por fin, obrar una ruptura con el pasado, es decir, que fuese el «tan ansiado» instrumento que permitiese «pasar de la opresión a la lealtad, de la miseria a la opulencia, de la servidumbre a la civilidad, del desorden al buen gobierno». Las favorables circunstancias que habían conducido a Carlos al trono se consideraban un buen augurio de cara al futuro de los habitantes del reino. Parecía «que la buena estrella de aquel Príncipe, ante la que se había doblegado todo, iba a hacerse extensible a sus nuevos súbditos, y que la presencia de un señor reprimiría los desórdenes causados por el hecho de que los soberanos no residiesen allí».⁵⁶

Durante los primeros años del reinado, sin embargo, la esperanza de que el reino alcanzase una independencia efectiva —esperanza íntimamente relacionada con la de que el Estado recibiese un impulso económico, así como ético y social— chocó contra el férreo control al que Isabel de Farnesio, desde Madrid, tenía sometido aún a su hijo, a través del mayordomo mayor. La mentalidad profundamente conservadora de Santisteban —con la que contaban las estructuras económicas consolidadas y los grupos privilegiados del antiguo régimen— casaba mal con la palpable exigencia de que se llevase a cabo una transformación radical. El mismo Pallante, que confiaba plenamente en que la nueva dinastía llevase a cabo, con eficacia, la necesaria obra de renovación, a finales de octubre de 1737, cuando ya habían transcurrido casi tres años y medio desde la entrada de Carlos en Nápoles, no podía por menos que constatar que este estaba aún preparándose «para dar un nuevo orden y sistema a su Reino». Los súbditos, observó un anónimo autor de la época, «se dieron cuenta muy pronto de que se habían abandonado a falaces esperanzas». El joven Borbón había recibido en España «una educación digna de su alta cuna» que, ahora, era necesario perfeccionar «desarrollando y cultivando su mérito, que garantizaría, en el futuro, la felicidad de los Estados que la providencia había destinado a este Príncipe». Por desgracia, las notables dotes de Carlos no pudieron realizarse en el campo político por la desafortunada elección, por parte de la corte de Madrid, de las personas «que lo acompañaron a Italia y que fueron, en su mayoría, incapaces de llevar a cabo una obra que exigía un talento y unas capacidades de las que carecían». Dichas personas, y muy especialmente Santisteban, que estaba a la cabeza, «no tenían más mérito que el de estar totalmente sometidas a la voluntad de España. Se diría que aquella corte temía que el Rey de las Dos Sicilias no fuese a aprender con suficiente celeridad el arte de reinar y que si, en el futuro, se volvía ilustrado, se negase a seguir alimentándose de sus consejos».⁵⁷

Tras las primeras iniciativas emprendidas por Carlos, en los círculos diplomáticos se creía, sin embargo, que con la llegada al trono de un monarca nacional se estaba empezando, por fin, a poner orden en la administración del reino y a sanear las finanzas. Entre los convencidos de que se estaba produciendo dicha mejora figuraba, por ejemplo, el cónsul británico Edward Allen quien, en julio de 1734, en una carta enviada a Londres, se muestra favorablemente impresionado, entre otras cosas, por el propósito del monarca, declarado por él mismo desde el inicio del reinado, de revisar el gasto público. Las medidas proyectadas por el rey estaban mal vistas, sin embargo, por los beneficiarios de los intereses que iban a verse afectados. Entre estos, destacaban los magistrados nostálgicos del antiguo régimen, a quienes la lejanía del emperador les había consentido maniobrar con una amplia libertad de acción y obtener sustanciosos ingresos:

La Camera delle Finanze [Cámara de las Finanzas], que estaba compuesta por un presidente y doce ayudantes —escribe Allen—, ahora está solo bajo el poder del intendente general, y todo lo relacionado al gobierno y las órdenes de pagos procedentes del Tesoro, que antes estaba dividido y subdividido en un número infinito de ministros y empleados, está en las manos de tres únicas personas: el conde de Santisteban, primer ministro; el marqués de Montealegre, ministro de Estado; y don José Campillo, intendente General; y está previsto que, en breve, la mayor parte de las secretarías vaya a ser reformada o suprimida. Este enorme cambio, que afecta a millares de miembros de la magistratura, está dando lugar a protestas y a un gran descontento entre dicha clase, que antes ocupaba un lugar de preeminencia y que cuenta aún con una enorme influencia [...]. Desde otro punto de vista, sin embargo, para esta ciudad y este reino es una ventaja indudable que el soberano resida aquí ya que esto da lugar a que el dinero entre, en vez de irse fuera, que era lo que ocurría, en grandísima medida, con los alemanes, que habían exprimido a la población para sacarle todo el oro y casi toda la plata para poder hacer grandes donativos al emperador e inagotables pagos anuales a la embajada española en Viena, y que, por la venalidad de todas las secretarías, tanto militares como civiles, en manos de la pésima administración de los Catalanes, fueron la causa principal de la pérdida de Nápoles por parte del emperador. Se advierte, ya desde este mismo momento, una gran circulación y abundancia de dinero, pero, en la opinión de los napolitanos, esto no es suficiente para compensarlos por [la pérdida] de la gran libertad de la que gozaban anteriormente.⁵⁸

Para impedir cualquier tipo de intentona encaminada a regresar al pasado —observó el cónsul inglés— se había «creado una nueva Corte d’ Inchiesta (Corte de Consulta), llamada Giunta d’ Incofidenza (Junta de Desconfianza) que es una especie de Inquisición de Estado». Se nombró como presidente de la Junta al conde de Charny y sus componentes fueron el secretario de Justicia, Bernardo Tanucci, y algunos exponentes de las magistraturas napolitanas. La Junta, instituida con carácter temporal, actuó con notable rigor contra los sospechosos de simpatizar con el gobierno austriaco, muchos de los cuales, a veces mediante juicios sumarios, fueron procesados y encarcelados. Durante la fase inicial de consolidación de la monarquía borbónica se instauró, pues, en Nápoles, un clima de terror, con delaciones y arrestos continuos, que afectó también a los disidentes, que fueron perseguidos por sus ideas políticas. Entre estos últimos hay que citar a Spiriti, literato conocido por sus tendencias antiborbónicas, que, más tarde, denunció abiertamente los excesos del nuevo régimen. Recurrir a la Giunta d’ Incofidenza, con sus consiguientes acciones represivas o preventivas, se volvió algo frecuente en los años siguientes. Se procedió, de hecho, a su restablecimiento cada vez que, a causa de coyunturas especialmente delicadas —es decir, cuando la supervivencia de la monarquía borbónica corría graves riesgos por las amenazas internacionales, así como en época de guerra—, se producía, o se quería evitar que se produjese, un renacer de las intrigas a favor de los Habsburgo.

La necesidad de efectuar reformas radicales, que incidieran profundamente en el tejido político, económico y social del Mezzogiorno, fue destacada desde un principio por los principales representantes de la cultura napolitana. Los intelectuales le enviaron al soberano, por petición expresa de este último, una serie de memoriales en los que le sugerían las medidas que deberían ser adoptadas para la mejora del reino. Los «expedientes» enviados a Carlos por los intelectuales napolitanos estaban, por lo general, precedidos por un análisis —el cuidado y la mesura con que estos estaban redactados variaban según los intereses, la competencia y la sensibilidad personal de cada uno de los redactores— de la situación del reino. Tras diagnosticar los males que lo aquejaban, se exigía la rápida y eficaz intervención del rey para erradicarlos.

No era la primera vez que se efectuaba un examen en profundidad de las condiciones del reino de Nápoles. En los albores y en el ocaso del gobierno austriaco ya se había producido una consulta similar. Los interlocutores del monarca borbónico conocían la existencia de estos antiguos memoriales, muchos de ellos anónimos. Varios de los nuevos análisis se remitían expresamente a los precedentes, como es el caso del redactado por Giuseppe Borgia, autor de una extensa Relazione dello stato del regno di Napoli e suo goberno (Relación sobre el estado del reino de Nápoles y su gobierno) que estaba inspirada en la obra Idea del goberno político ed económico del regno di Napoli (Idea del gobierno político y económico del reino de Nápoles), escrita por Serafino Biscardi en la primera época de la dominación austriaca.⁵⁹

Reorganización de las instituciones. Magistraturas centrales y periféricas

La relación de Giuseppe Borgia nos ofrece un cuadro detallado —aunque deba completarse con otras fuentes de la época— de los organismos centrales y periféricos del gobierno y de la administración judicial y patrimonial. Las miras del soberano debían centrarse en que dichos entes funcionasen de la forma más eficaz posible, mediante una serie de férreas disposiciones encaminadas a eliminar las deficiencias puntualmente indicadas por el relator. Aunque el advenimiento de la monarquía nacional iba a conducir, obviamente, a la eliminación de la ya inútil maquinaria virreinal, a Borgia le pareció oportuno indicar las prerrogativas y destacar la red de relaciones establecidas entre el virrey y los tribunales napolitanos en el anterior régimen.

El virrey colaboraba en la gobernación del reino y la administración de la justicia y del patrimonio real con los cuatro tribunales de la capital: Consiglio Collaterale, Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria y Gran Corte della Vicaria.

El Consiglio Collaterale (Consejo Colateral) era el tribunal supremo del reino de Nápoles y había sido instituido en 1506 por Fernando el Católico para limitar el poder del virrey. La autoridad y la jurisdicción de este tribunal eran muy vastas. Eran competencia suya la promulgación de nuevas leyes, la derogación de las antiguas, la dispensa en casos particulares y la concesión de indultos. Supervisaba de forma especial la Sommaria, la Vicaria y las Audiencias provinciales. La supresión de la maquinaria virreinal implicó la desaparición del Consiglio Collaterale.

El Sacro Reggio Consiglio di Santa Chiara (Sacro y Real Consejo de Santa Clara) era el tribunal supremo de la capital y del reino para las causas ordinarias, civiles y criminales. Era competencia suya dirimir en las causas, civiles y penales, sujetas al derecho feudal; también tenía funciones de tribunal de apelación para las restantes. Instituido en 1442, y ubicado en el monasterio de Santa Clara, del que había tomado el nombre, estaba compuesto por un presidente y veinticuatro consejeros y representaba a la persona del rey, al cual se dirigían las súplicas y en cuyo nombre se dictaban las sentencias. Sus sentencias y decretos eran inapelables.

Las principales funciones de la Regia Camera della Sommaria (Real Cámara del Supremo) consistían en la resolución de las causas fiscales entre el erario real y los súbditos y en la supervisión del cobro de las rentas del patrimonio real. A la cabeza de este tribunal estaba el Gran Camerario —uno de los siete grandes oficiales del reino, sin función alguna ya desde hacía siglos—, pero el cargo efectivo lo ejercía un ministro togado, que tenía el grado de regente del Collaterale y el título de lugarteniente del Gran Camerario. La Sommaria estaba constituida por ocho presidentes togados y tres de capa y espada, un fiscal togado y uno de capa corta.

La Vicaria ejercía la jurisdicción ordinaria sobre las causas criminales de la capital y de las poblaciones rurales dependientes de esta y hacía las veces de tribunal de apelaciones para las causas criminales de todo el reino. Según lo establecido por las pragmáticas, o por concesión especial del virrey, las causas que se derivaban a las Audiencias provinciales quedaban fuera de la competencia de este tribunal. Este tenía jurisdicción de primer grado tanto en Nápoles como en el resto del reino para las causas civiles.⁶⁰

Entre los representantes de la nobleza y del ministerio togado se escogieron algunos elementos de probada fidelidad política para nombrarlos miembros del Consiglio di Stato o Giunta di Gabinetto (Consejo de Estado o Junta de Gabinete), instituido desde la toma de posesión del joven Borbón del ducado de Parma y Plasencia, pero que ahora era preciso ampliar, con vistas a las nuevas tareas, mucho más complejas, de las que iba a tener que ocuparse. Al primer núcleo del Consiglio, compuesto por los españoles Santisteban y Montealegre y por algunos miembros locales, se agregó más tarde, en octubre de 1733, Montemar. A principios del siguiente año, poco antes de que Carlos abandonase el ducado de Parma, fueron excluidos del Consiglio di Stato los miembros locales, a excepción del conde Cerati, proveedor de la Universidad de Pisa y bibliotecario de los duques de Parma; este último también fue apartado al poco tiempo de su cargo. A finales de abril, cuando la corte estaba alojada en Aversa, a la espera de trasladarse definitivamente a Nápoles, entraron a formar parte del Consiglio di Stato —por voluntad, sobre todo, de Santisteban, bajo cuya influencia iban a actuar posteriormente— el príncipe de Francavilla, Michele Imperiali, y el duque de Laurenzano, Nicola Gaetani.

A inicios del reinado de Carlos completaron el organigrama del Consiglio di Stato dos nombres ajenos a los ámbitos de la clase togada y de la nobleza napolitana. Ambos elegidos eran toscanos y formaban ya parte del séquito del joven Borbón. Se trataba de Bernardo Tanucci y de Bartolomeo Corsini, que fueron nombrados con un mes de diferencia el uno del otro: el 29 de abril, se nombró a Tanucci; el 29 de mayo, a Corsini. Tanucci, al entrar a formar parte del Consiglio di Stato, dejó su plaza de auditor de guerra para asumir el puesto de secretario de Justicia, un cargo que estaba, indudablemente, mucho más en consonancia con sus notables dotes de jurisconsulto que el anterior puesto. El príncipe Bartolomeo Corsini, antiguo caballerizo mayor, fue incluido en el Consiglio di Stato tras haber formado parte, durante varios años, de la corte de Carlos. Sin duda, no fue ajeno al nombramiento de Corsini —un personaje, por otra parte, muy estimado en los círculos napolitanos— el hecho de que era pariente cercano del papa Clemente XII, en cuya curia desempeñaba un papel de primer orden un hermano de Bartolomeo, el cardenal Neri.⁶¹

En principio, el Consiglio di Stato debía reunirse todos los días de la semana, con excepción del martes, bajo la presidencia nominal de Carlos, para examinar las consultas, memoriales y relaciones de ministros, juntas y tribunales que se dirigían al soberano a través de las secretarías de Montealegre —sobre cuyos hombros siempre terminaba recayendo el grueso del trabajo— y de Tanucci. A la hora de tomar decisiones, era determinante la opinión de Santisteban, que contaba con la suficiente autoridad como para influir en los restantes miembros del Consiglio. Tal y como subraya un anónimo autor de la época, Benavides «se había hecho la ilusión de que los asuntos se regularían siempre según sus deseos en un Consejo cuyos miembros eran todos criaturas suyas».⁶² El poder del mayordomo mayor, por otro lado, descansaba sólidamente, como ya hemos observado repetidas veces, en las privilegiadas relaciones que mantenía con la corte de Madrid.

A la supresión del Collaterale se siguió la creación del nuevo consejo de la Regia Camera di Santa Chiara. La plana de esta magistratura estaba constituida por el presidente y los jefes de las cuatro ruote del Sacro Regio Consiglio, del que era, por lo tanto, una prolongación, y se configuraba como una asamblea con carácter restringido. El presidente del nuevo órgano, en el que confluían de forma bastante confusa competencias de carácter legislativo, judiciario y administrativo, era el duque de Lauria, Lanzina y Ulloa. Ulloa estaba asistido por los jefes de ruota Domenico Castelli, Vincenzo Ippolito, Francesco Ventura y Antonio Maggiocco. El organigrama de la Camera di Santa Chiara se completaba con el secretario, Gaetano Maria Brancone, que ya había desempeñado este papel al servicio de la ciudad durante el paso del antiguo al nuevo gobierno. Pese a la justificación del rey para abolir el Collaterale —Carlos declaró que lo había hecho por el deseo de «administrar por mí mismo este fidelísimo Reino»—, la nueva cámara ocupó un lugar al lado del soberano. Esta, como destaca Maiorini, «por sus funciones y su importancia expresaba el triunfo de la magistratura como cúpula del sistema jurisdiccional, partícipe de la misma función soberana como supremo órgano consultivo en las principales cuestiones políticas, administrativas y jurídicas».⁶³ Aunque el nuevo órgano tenía, en potencia, esa capacidad, no pudo ejercerla hasta la salida de Santisteban. Mientras el mayordomo mayor permaneció en el poder consiguió, de hecho, con su intervencionismo, avalado por juntas restringidas, relegar a las magistraturas napolitanas, incluida la de nuevo cuño, a un papel meramente consultivo y, por tanto, subalterno. La misma Camera di Santa Chiara, por otra parte, dada su conformación, se presentaba, como se ha podido advertir, como una especie de Giunta del Sacro Regio Consiglio y estaba formada, por lo tanto, por ministros, empezando por el presidente Ulloa, con el que el mayordomo mayor creía que podía contar plenamente.

Paralelamente a la actuación sobre las magistraturas centrales, el gobierno borbónico reorganizó también los órganos jurisdiccionales periféricos. El Reino estaba dividido administrativamente en doce provincias: Terra di Lavoro (alrededores de Nápoles); Principato Citra (la provincia de Salerno); Principato Ultra (Irpinia); Abruzzo Citra (Abruzo Norte); Abruzzo Ultra (Abruzo Sur); Condado del Molise; Capitanata (Foggiano); Terra di Bari; Terra d’ Otranto (Península salentina); Basilicata; Calabria Citra (Calabria Norte); Calabria Ultra (Calabria Sur). En las ciudades y poblaciones tributarias del Reino la justicia ordinaria la ejercían los gobernadores y los jueces nombrados anualmente por designación real; en las comunidades feudales dichos nombramientos eran competencia de los barones. Por lo tanto —observa Giuseppe Borgia en su ya mencionada Relazione— «en las provincias hay repartidos once tribunales, que se denominan Audiencias, en los cuales fallan sentencias los denominados jueces ordinarios, de los que depende la buena administración de la justicia y que el pueblo no se alborote». La provincia de Terra di Lavoro, por su proximidad a la capital, carecía de audiencia; un oficial real, el commissario di campagna (comisario de campo o rural) se encargaba de mantener el orden público. Cada tribunal provincial estaba constituido por un presidente de capa y espada, nombrado durante dos años y sin derecho a voto, que tenía también la calificación de gobernador militar; tres oidores, nombrados ellos también por dos años; un fiscal perpetuo; un abogado de los pobres; un procurador fiscal; un secretario; un mastrodatti o maestro de actas, con responsabilidades semejantes a las del actual canciller; numerosos escribanos y un capitán de campo con decenas de soldados. Los puestos de secretario y de mastrodatti eran veniales y, por lo general, los ejercían sustitutos o personas que habían arrendado el cargo, con el consiguiente perjuicio para el correcto funcionamiento de la justicia. Las sentencias de estos tribunales, tanto en las causas civiles como criminales, podían apelarse en la Vicaria.⁶⁴

De los once presidentes en activo bajo el gobierno austriaco cuyo mandato se había prorrogado, solo fueron confirmados en sus puestos cuatro de ellos, un número muy inferior a la media si se compara con el de las magistraturas centrales, en las que fueron confirmados en sus cargos más de dos tercios de sus miembros. Esta actitud punitiva con respecto a los presidentes se explica, por un lado, por su conducta individual que tuvo, sin duda, una gran influencia en la orientación posterior del nuevo soberano; por otro, debe inscribirse en un contexto más amplio, el de las relaciones de la dinastía borbónica con la nobleza local, estamento del que procedían tanto los presidentes confirmados en su puesto como los de nuevo nombramiento. Se trató, pues, de un relevo efectuado en el seno del estamento nobiliario, en el que —al igual que el régimen anterior— el gobierno de Carlos seguía confiando plenamente para gobernar las provincias, aunque frenase las iniciativas más radicales, procedentes de los seggi napolitanos. Se tendió, por tanto, a garantizar una equilibrada subdivisión de papeles que, en el plano de las estructuras institucionales, calcaba, en esencia, el esquema de los Habsburgo.⁶⁵

La nueva dinastía reinante era consciente, pues, de que era imprescindible mantener buenas relaciones con la nobleza de la capital y de las provincias, cuya colaboración, al igual que la del gobierno napolitano, era necesaria para mantener y gestionar el poder. Se desoyeron las insistentes exigencias, por parte de la nobleza, de que se efectuase un cambio total en las magistraturas centrales, pero, a cambio, se satisfizo el deseo de la aristocracia de tener el control jurisdiccional de las provincias. En las circunscripciones periféricas los presidentes, de extracción aristócrata, continuaban siendo asistidos en sus tareas por los leguleyos, que iniciaban así su carrera encaminada a alcanzar los grados más altos de la magistratura. La depuración total del ministerio habría colisionado con el interés del nuevo gobierno por alcanzar un equilibrio entre los diversos componentes de la sociedad local, de la que los miembros togados constituían un elemento esencial, también por el apoyo que podían ofrecer en los contenciosos de carácter jurisdiccional.

Magistraturas extraordinarias y reforma de la «Università degli Studi» de Nápoles

En el reino, además de las ordinarias, existía un gran número de magistraturas extraordinarias con competencias específicas en determinados sectores, sobre los que ejercían su jurisdicción particular. El delito de alteración o fraude en pesos y medidas, por ejemplo, se juzgaba en el tribunal de la Zecca; el de ocupación abusiva del suelo público era competencia de la Portolania; las causas concernientes al comercio marítimo estaban sometidas al Consolato del Mare (Consulado del Mar) y las relativas a la caza abusiva al tribunal del Montiero Maggiore (Montero Mayor) Entre las numerosas magistraturas particulares destacaba en Nápoles el tribunal del Cappellano Maggiore (Capellán Mayor) compuesto, además de por el titular, por un consultor, un fiscal, un mastrodatti y algunos escribanos. El tribunal del Cappellano Maggiore ejercía su jurisdicción sobre los capellanes, los clérigos y los músicos de la Capilla Real, además de sobre todo el clero dependiente de las iglesias de patronato real de Bari, Altamura, Altavilla, Canosa, Acquaviva, Sant’ Angelo de Fasanella. Tenía también competencia sobre el personal de la universidad, la Università degli Studi de Nápoles, llamada entonces de Pubblico Studio (Público Estudio). Cuando Carlos subió al trono el cargo de capellán mayor lo ocupaba Celestino Galiani, arzobispo de Taranto. Galiani pertenecía a varias y prestigiosas academias científicas internacionales y era un miembro destacado de la intelectualidad napolitana.⁶⁶

El clima de confianza generado por la presencia de un monarca nacional motivó que en los círculos intelectuales no tardase en abrirse camino la idea de que era preciso modernizar la Università degli Studi. En octubre de 1734 se solicitó que el Pubblico Studio se trasladase a locales más confortables que los del convento de San Domenico Maggiore, donde estaba ubicado. El promotor de esta iniciativa fue Celestino Galiani que, durante el gobierno de los Habsburgo, ya había formulado, sin éxito, una solicitud parecida. Por petición de Galiani, portavoz de las exigencias de renovación, el gobierno nombró, en la primavera de 1735, una Junta para tratar los problemas de la Universidad. Además del propio capellán mayor, formaban parte de esta comisión gubernamental los secretarios de Estado, Montealegre y Tanucci, y los magistrados Carlo Mauri, Domenico Caravita y Antonio Maggiocco. Se presentaron ante la Junta una serie de proyectos relativos, sobre todo, a la modificación de los planes de estudio tradicionales; uno de estos proyectos contemplaba, en concreto, la institución de, al menos, diecisiete nuevas cátedras. Entre las nuevas cátedras solicitadas destacaban algunas de carácter científico, como la botánica, la mineralogía, la química y la mecánica. Se propuso, además, coadyuvar a estos estudios con la creación de un laboratorio de química, un jardín botánico y un observatorio astronómico. Casi todos los proyectos fueron, sin embargo, rechazados con la explicación de que eran «en su mayoría utópicos y poco adecuados a las circunstancias actuales». Su realización, además, se daba de bruces contra las exigencias presupuestarias: para la Universidad estaba previsto un fondo total de siete mil ducados que no se tenía intención alguna de aumentar.

En cualquier caso, en 1736, aun con muchos límites —entre los que destacaba una dotación económica a todas luces insuficiente—, se puso en marcha la reforma de la Universidad. Entre las propuestas aprobadas por la Junta figuraban las que había defendido, con ahínco, Galiani, personaje encaminado ya a convertirse (como veremos con más detalle en páginas siguientes) en uno de los principales colaboradores del secretario de Estado, Montealegre, el miembro del gobierno más abierto a las innovaciones. Se trasladó la Universidad a la primitiva sede que le había sido asignada en el siglo pasado, ahora ocupada por un cuartel; sus locales, situados extramuros de la Puerta de Constantinopla, se reacondicionaron en un tiempo récord y se instituyeron las nuevas cátedras de Botánica, Química, Astronomía, Mecánica y Náutica. Apoyado «por la Junta instituida por Carlos de Borbón», el capellán mayor, al llevar a cabo el proyecto, consiguió vencer la fuerte resistencia ofrecida «por los sectores más retrógrados de la cultura católica».⁶⁷ Dichos sectores, sin embargo, lograron bloquear posteriores iniciativas reformistas en el ámbito universitario. Tuvieron que pasar muchos años para que las circunstancias madurasen en Nápoles y se crease, en un clima político y cultural radicalmente distinto, y gracias a la financiación privada, una cátedra de economía política —que ocupó Antonio Genovesi— que respondía, plenamente, a la necesidad de renovación de los estudios universitarios.

Intendencia general de las finanzas y nuevas secretarías de Estado

En septiembre de 1734, llegó a Nápoles desde Madrid la orden de separar de la secretaría de Estado el sector de las finanzas y de confiárselo a Giovanni Brancaccio, que se ocuparía de él con el título de intendente general de las rentas reales. Lo que había llevado a los soberanos católicos, por consejo del todopoderoso ministro José Patiño, a dar dicha orden —que, como de costumbre, debía acatarse sin ningún tipo de discusión previa— había sido «la necesidad y conveniencia de regular y estabilizar convenientemente las rentas reales de aqueste Reino y del de Sicilia». La corte española había quedado muy satisfecha con la eficacia y el celo con los que Brancaccio había desempeñado un cargo análogo en España, al servicio de la Real Hacienda, por lo que estimó oportuno enviarlo a Nápoles. José Patiño tomó esta iniciativa tras las alarmantes noticias llegadas a Madrid sobre la situación financiera del reino. Al intendente general se le hizo una serie de «advertencias» que iba a marcar las líneas —como destaca Ruggiero Romano— de la política económica y financiera de la corte napolitana. Como medida inicial había que eliminar, según el ministro español, «los diversos abusos en la recaudación de las rentas que son cometidos por parte de los administradores privados o de los tribunales que la dirigen». Ya que no se estimaba oportuno introducir modificaciones en el método de exacción seguido hasta ahora, se recomendaba a Brancaccio que vigilase estrechamente «las operaciones de los individuos que manejan [las finanzas] para excluir, sin parcialidad alguna, a los que sean nocivos y mantener en su cargo a los que sean útiles y leales».

Siguiendo las advertencias de Patiño, el intendente general consideró oportuno introducir algunas importantes novedades en el sistema financiero del reino. Las profundas modificaciones planeadas por Brancaccio presuponían que las funciones de carácter financiero se concentrasen en sus manos, en detrimento de los organismos judiciales napolitanos, en primer lugar de la Sommaria —hasta ese momento, el tribunal que había ejercido dichas funciones—, que se opusiesen al cambio. El intendente de las rentas reales sufrió también, indirectamente, la obstaculización de Montealegre y del propio Tanucci, celosos de las prerrogativas concedidas al recién llegado y, por tanto, reacios a prestarle su colaboración.

La consecuencia del intento fallido de reorganización de las finanzas del reino fue un persistente estado de confusión, causante, entre otras cosas, de «gastos desorbitados», con palpables efectos negativos sobre la situación política en su conjunto, que el propio Brancaccio no dejó de denunciar en tono encendido.⁶⁸ En Nápoles —constata en enero de 1735 el intendente general— tras «nueve meses de estancia, está todo aún más embrollado que el primer día, cuando llegó su Majestad; se han ido sin dejar las disposiciones necesarias, desde el comandante hasta el último, hay que dar parte con correos continuos y lo peor es que no se resuelve nada».⁶⁹ Pese a la resistencia que encontró en Nápoles a la hora de ejercer sus funciones, Brancaccio supo sacar partido en beneficio propio de la creciente enemistad entre Santisteban y Montealegre para obtener el prestigioso cargo de secretario de Estado.

En junio de 1737, Santisteban, envió a Madrid un proyecto —elaborado con hombres de leyes de su confianza, entre los que destacaba Gaetano Maria Brancone, personalmente interesado en la iniciativa— de reestructuración de las secretarías de Estado, cuyo número pretendía duplicar y que pasaran a ser cuatro, en vez de dos. El motivo que argumentaba el mayordomo mayor para justificar el cambio era de carácter meramente técnico. La modificación era necesaria, según Benavides, para eliminar una serie de disfunciones que impedían el normal funcionamiento de las secretarías ya existentes.

Tras obtener la aprobación de Madrid, a finales de julio de 1737 la nueva planta de las secretarías entró en funcionamiento. Las secretarías gestionadas por el marqués de Montealegre —que fue el que sufrió la reestructuración mayor— y por Tanucci dejaron de tener competencia en los asuntos económicos y eclesiásticos, que pasaron a depender de dos nuevas secretarías de Estado creadas ex profeso para ello. Los asuntos económicos se confiaron a Giovanni Brancaccio, que fue nombrado secretario de la Hacienda Real; al frente de la secretaría de asuntos eclesiásticos se puso a Gaetano Maria Brancone, famoso porque en el pasado había ocupado, con gran eficacia, el cargo de secretario de la ciudad.⁷⁰

Tras la reestructuración de las secretarías, la posición de Santisteban en la corte se volvió incompatible con la presencia de Montealegre. Este último, tras superar el abatimiento inicial, desestimó la idea de abandonar la vida política napolitana y regresar a España, y empezó a preparar cuidadosamente su revancha. En otoño de 1737, Santisteban parecía haber llegado a la cima más alta en la corte de Nápoles gracias el éxito obtenido con la reforma de las secretarías. Pocos meses después, por obra, sobre todo, de Montealegre, Benavides iba a precipitarse al vacío desde esa misma cima.

Liderazgo de Santisteban y posición subalterna de Carlos

Los miembros de la intelectualidad local más abiertos a las ideas innovadoras —que ya habían actuado con apreciables resultados bajo el gobierno anterior— estaban dispuestos a colaborar con el nuevo régimen en la ofensiva iniciada contra las prevaricaciones de la nobleza y del ministerio togado, así como contra los privilegios eclesiásticos. En los primeros cuatro años, sin embargo, importantes personajes de tendencia preilustrada —los denominados afrancesados— como Francesco Ventura, Celestino Galiani y Pietro Contegna que, junto a Bernardo Tanucci, iban a tener una importancia crucial en el futuro, cuando Montealegre se hizo con las riendas del gobierno napolitano, no tuvieron la oportunidad de traducir en hechos concretos sus ambiciosas ideas reformistas. Sus pasos en pro de la modernidad se vieron frenados por Santisteban, alineado junto a Roma, y en quien la reina de España había depositado su total confianza, otorgándole el gobierno efectivo del reino. El pensamiento neomercantilista y librecambista, que Montealegre había aprehendido de Patiño, en el clima afrancesado de la corte madrileña, solo pudo consolidarse tras el regreso de Santisteban a España. Fue entonces, y solo entonces, cuando pudo desarrollarse una eficaz «ruptura del círculo económico involutivo que había prevalecido en el Mezzogiorno por efecto de la connivencia instaurada entre las antiguas formas de la producción feudal y las nuevas del parasitismo estatal».⁷¹

Si bien es cierto, como ha afirmado Raffaele Ajello, que, en contra de lo que ha sostenido tradicionalmente la historiografía de orientación risorgimentale —especialmente Schipa—, la influencia ejercida por Isabel de Farnesio hasta 1746 en el gobierno napolitano fue, en su conjunto, positiva, hay que esperar al año 1738 para hablar del inicio de un periodo en el que, en términos de reformismo, «la fuerte unión entre Nápoles y Madrid favoreció al reino». Durante los primeros cuatro años, Santisteban —que seguía manteniendo a Carlos sometido a su voluntad, por deseo de Isabel de Farnesio— no actuó con la necesaria determinación contra las fuerzas conservadoras del feudalismo, de la Iglesia y del aparato judicial, compuesto por magistrados que, en gran medida, eran los causantes de la enorme deuda pública del Reino. El soberano, de hecho, fue totalmente manipulado en el plano político por el mayordomo mayor —un auténtico «valido», en expresión del propio Tanucci— quien se constituyó en un elemento de resistencia contra la voluntad del grupo de reformadores que se congregó en torno a Montealegre. El poder de este último, que ya había sufrido un duro golpe con la muerte de Patiño, su protector en Madrid, se vio notablemente disminuido por la reforma de las secretarías de julio de 1737. Con esta iniciativa, el mayordomo real, como ya hemos observado, pretendió poner una barrera que frenase el creciente ascenso político del personaje al que, con toda razón, consideraba su rival más importante en la gestión del poder.⁷²

Con respecto al estado de sometimiento en el que Santisteban mantenía al nuevo rey de Nápoles, son muy esclarecedoras las informaciones enviadas por Vignola al senado de Venecia. Carlos, según un despacho, fechado el 25 de mayo de 1734, del diplomático véneto —que, obviamente, disponía de una información de primera mano sobre la corte napolitana—, no podía «mantener trato con quien deseara» si esa persona no le era antes «presentada» por Santisteban; este último estaba «siempre celoso y preocupado por si alguien entabla amistad [con el Rey]. Para impedir esto, no se aleja de él ni un minuto durante todo el día; y por la noche, ha buscado un sustituto en su propio hijo, que duerme en la misma habitación [que Carlos]. Así pues, nadie puede acercársele sin que él se entere». La asfixiante vigilancia del mayordomo mayor impedía al joven soberano «elevar su espíritu y estimularlo con ejercicios [que aumenten] su mérito; no se le cultiva en estos últimos, por lo que solo se dedica, asiduamente, a actividades pueriles como cazar aves en su propio jardín o pescar, ocupaciones nada indicadas para el futuro que le aguarda y menos aún dado los tiempos que corren». Carlos, que llevaba una vida apartada y que únicamente se dejaba ver en público a la hora de la comida y la de la cena, solo ejercía formalmente como soberano; todo el poder efectivo estaba en manos de Benavides, fiel ejecutor de los deseos de la reina Isabel. En las «sesiones del Consejo de Estado» el joven Borbón participaba «más como una figura representativa que como un superior; no abre la boca, y se remite, por lo general, al parecer de Santisteban, que se impone sobre el de todos porque se supone que esa es la voluntad del soberano».

Dos años y medio más tarde, a finales de noviembre de 1736, Vignola, tras poner de manifiesto que «la principal ocupación» del gobierno napolitano era la de «ejecutar las órdenes» procedentes de Madrid —«donde los reyes deciden por su cuenta qué es lo que conviene hacer aquí»—, destacaba el hecho de que el poder no lo ejercía «la respetable persona del príncipe, a quien le corresponde legítimamente», sino que quien lo detentaba en la práctica era «el señor conde de Santisteban, que tiene más la autoridad de un regente que la posición subalterna de un ministro».⁷³ Por su parte, el cónsul inglés, Edward Allen, impresionado por el asfixiante control de Benavides, anotaba que este no dejaba solo «al príncipe ni un solo momento; se diría que todos sus pensamientos y toda su atención se encuentran concentrados sobre su persona. Nadie puede hablar con él si el Primer Ministro no está presente».⁷⁴

Proyectos nupciales y perspectivas políticas

La única oportunidad que se le ofrecía a Carlos para emanciparse de la tutela de Santisteban y empezar a liberarse de los asfixiantes lazos que lo mantenían sometido a su madre era la de contraer matrimonio. Una vez casado y convertido en cabeza de familia, Carlos —fue la firme opinión de su suegro, como veremos más adelante— estaría en condiciones de actuar de forma independiente, sin necesidad de un ayo que lo tutelase. Los planes de matrimonio, sin embargo, debían encuadrarse en el marco de las negociaciones, aún en curso, con las que se intentaba hallar una solución a las intrincadas cuestiones que impedían alcanzar los acuerdos necesarios para que concluyese la Guerra de Sucesión Polaca. Las negociaciones nupciales se entremezclaron, pues, con las conducidas por la diplomacia hispánica para dar legitimación internacional al reino de Carlos. Las coyunturas políticas no eran las más favorables. Era necesario volver a alcanzar un entendimiento con Francia, con la que se habían enfriado las relaciones a causa de la manifiesta tendencia de España a estipular una paz por separado con Austria, paz a la que se adheriría el reino de Nápoles, cuya política exterior se dirigía desde Madrid.

El acercamiento al Imperio motivó que desde Madrid se mirase con renovado interés hacia la corte de Viena en busca de una prometida para el primogénito de Isabel de Farnesio. El soberano de Nápoles fue informado en enero de 1736, el día en que cumplía veinte años, de que sus padres habían decidido encontrarle novia cuanto antes. Carlos, ansioso por contraer matrimonio, empezó a seguir con toda atención las negociaciones diplomáticas, que tuvieron como protagonista al embajador español en Venecia, Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara, al que Isabel de Farnesio le confió el encargo de iniciar las conversaciones con Austria, encaminadas a alcanzar un doble objetivo: estipular un acuerdo de paz y sellar un acuerdo matrimonial; dicho acuerdo preveía que el joven Borbón se casase con la archiduquesa Mariana, segundogénita de Carlos VI, ya que la primogénita, María Teresa, la primera —y muy deseada— opción de Isabel de Farnesio para su hijo, se había casado con Francisco Esteban de Lorena.

El inicio de las negociaciones, sin embargo, tuvo que posponerse por voluntad del emperador, que quería esperar a que María Teresa diese a luz. Si nacía un varón, Carlos VI tendría, por fin, un heredero en la persona de su nieto, y era de prever que la actitud de las naciones —España entre ellas— que aún no habían reconocido la Pragmática Sanción se modificase a raíz de ello. Si, en cambio, María Teresa y Francisco Esteban no tenían hijos varones, el eventual hijo de Carlos y de la archiduquesa segundogénita podría aspirar al trono de los Habsburgo, lo que abriría un camino a los Borbones españoles por el que acceder a la corona imperial. En el caso de que Carlos, como era probable, «heredase el trono de España y su hijo el de Viena, toda Europa se transformaría en una heredad borbónica». Para evitar este peligro, Francia, que, por su posición geográfica, era la nación más expuesta a las consecuencias de una alianza austro-hispánica, le propuso a los soberanos católicos una alternativa en la persona de la hija de nueve años de Luis XV. La corta edad de la delfina, que imposibilitaba que se cumpliese el deseo de Carlos de darles cuanto antes un nieto a sus padres, indujo a Isabel de Farnesio a responder de forma negativa. La reina, por otro lado, aún no había olvidado la grave afrenta que le infligió la corte de Versalles cuando envió de regreso a Madrid a la infanta Mariana Victoria.⁷⁵

Alcanzado un acuerdo con Austria, por el que se le reconocía a Carlos su soberanía sobre los reinos de Nápoles y Sicilia, así como sobre el Estado de los Reales Presidios, en la Maremma toscana, a cambio de cederle al emperador Parma, Plasencia y Toscana, parecían superados ya todos los obstáculos para que el hijo de Isabel de Farnesio se casase con Mariana de Habsburgo. A finales del año 1736, en Madrid se retomó pues la «vía nupcial» vienesa. El emperador se mostraba ahora proclive a concederle a Carlos la mano de su hija segundogénita, siempre y cuando eso no le supusiera «enfrentarse con alguna nación que esté celosa del excesivo engrandecimiento de la Casa de España. El hecho de que María Teresa diera a luz a una niña no contribuyó a disipar las dudas que aún le quedaban a Carlos VI y a las cortes europeas, ante las que se abría la inquietante perspectiva de una hegemonía hispánica. La corte francesa —como subraya Giuseppe Galasso, retomando lo expuesto por el embajador véneto— se mostraba especialmente hostil a la boda de Carlos con una hija del emperador, en parte porque «no se veía con agrado que la línea segundona [de los Borbones de Madrid se encaminase] a cobrar tanta importancia», pero también porque se temía que una promoción dinástica de tal calibre «le ofreciese a España una base desde la que turbar, un día, la tranquilidad de Europa».⁷⁶

En la primavera de 1737 se abandonó el ambicioso proyecto de alcanzar la unión dinástica con los Habsburgo de Austria porque era prácticamente irrealizable. Ya había pasado un año desde que los reyes de España le prometieran una esposa a su hijo, así que orientaron la búsqueda de su futura nuera hacia otras direcciones. Por las cartas que Carlos intercambió durante esta época con sus padres se deduce que, por una parte, compartía las prisas paternas por encontrarle una esposa, por la otra, delegaba totalmente en ellos la responsabilidad de elegirla, dando por hecho que la elegida tendría las cualidades necesarias en una reina. La futura esposa tenía que estar capacitada para tener hijos, el requisito principal, pero también era preciso que estuviese sana, que no tuviera defectos físicos, y que fuera de religión católica. El descendiente de los Reyes Católicos se habría negado a casarse con una «hereje».

La necesidad de que su hijo contrajese matrimonio lo antes posible, acontecimiento que en Nápoles se consideraba ya inminente, empujó a los reyes de España a abandonar definitivamente el escenario vienés, con gran disgusto por parte de la emperatriz. Esta última, con todo, le propuso a Isabel de Farnesio, como alternativa a su hija, a otra candidata: su nieta de doce años, María Amalia Wettin, hija de Augusto II de Sajonia, rey de Polonia, y de María Josefa de Habsburgo. La princesa sajona tenía, sin embargo, dos competidoras: la nieta del elector del Palatinado, una hermosa joven de diecisiete años, y una princesa bávara, María Antonieta de Wittelsbach, hija del elector Carlos Alberto, que aún era demasiado joven. Aunque sus preferencias se dirigían hacia la joven palatina —«graciosa y bastante alta de estatura», y con una edad, además, muy adecuada para que fuera madre en breve—, Carlos se plegó, como siempre, a lo que decidieran sus padres, quienes, ante la insistencia de la emperatriz, se decantaron por María Amalia, en el convencimiento de que, de las tres candidatas, la princesa sajona era la elección más ventajosa de cara a sus intereses dinásticos.

Al comunicarle a su hijo, en octubre de 1737, la decisión tomada, los soberanos católicos hicieron hincapié en las favorables perspectivas políticas que se le abrían gracias a su matrimonio con la hija del rey de Polonia, cuyo aspecto físico —no muy atractivo, a decir verdad, al igual que el de Carlos, por otra parte— se le había someramente descrito en una carta anterior. Los futuros suegros del joven Borbón pertenecían a dos linajes, los Wettin y los Habsburgo, que se contaban entre los más prestigiosos de Europa. Si María Josefa, la madre de María Amalia, era la primogénita del emperador José I, que había emanado a su favor una Pragmática Sanción, el padre, Augusto III, era, por su parte, miembro de una familia que podía vanagloriarse de tener derechos sobre el trono imperial. Ya que los reiterados esfuerzos realizados para que contrajese matrimonio con la hija de Carlos VI no habían llegado a buen puerto, casarse con la nieta, María Amalia, era la opción más ventajosa que se le ofrecía al rey de Nápoles. En el contexto de las uniones dinásticas, esenciales en la estrategia familiar de los reyes de España, Carlos podía alimentar ambiciosos propósitos en el escenario político europeo. Esta boda, además, para la reina de España, que no había olvidado el agravio sufrido por parte de la corte de Versalles, era una suerte de sutil revancha con respecto a Luis XV. El padre de María Amalia, Augusto III, había salido victorioso en su enfrentamiento con Estanislao Lezczynski, suegro del rey de Francia, por el trono polaco. La noticia de la elección conyugal del joven Borbón provocó, por su parte, un cierto resentimiento en Versalles, como refirió más tarde el embajador francés en Nápoles.

Nacida en Dresde, el 24 de noviembre de 1724, María Amalia necesitaba la dispensa papal para casarse con Carlos, no solo por su corta edad, sino también por los lazos de parentesco existentes entre las familias de sus respectivas madres, los Habsburgo y los Farnese o Farnesio. El encargo de negociar con la Santa Sede la concesión de la dispensa recayó en Fuenclara, que también se ocupó de establecer cómo iba a efectuarse el viaje a través del Estado Pontificio de la reina, que iba a llegar a Nápoles por tierra. Pese a su fracaso como negociador en Viena, Isabel de Farnesio designó asimismo a Fuenclara representante de las cortes de Madrid y Nápoles para estipular las capitulaciones matrimoniales con el emisario polaco, Giovan Battista Bolza. Según dichos acuerdos, suscritos el 31 de octubre de 1737, a la princesa María Amalia le fue asignada por sus padres una dote de 90.000 florines.

En diciembre de 1737 se superó el obstáculo de carácter religioso para la celebración de las bodas mediante la dispensa papal otorgada por Clemente XII. Por Nápoles empezó a circular el rumor de que los lazos que mantenían a Carlos en un estado de subordinación con respecto a Madrid estaban empezando a aflojarse por deseo expreso de la corte española. El rumor, oportunamente referido por Vignola, encajaba con la noticia del nombramiento del duque de Berwick como embajador extraordinario de España en Nápoles, un nombramiento que disgustó profundamente a Benavides. Este ya había demostrado en el pasado que sentía «fuertes celos» hacia el aristócrata inglés y, «por lo tanto, lo había mantenido siempre alejado de cualquier injerencia» en la corte napolitana. Se pensaba, pues, que «la reina de España, cansada, probablemente, de las relaciones contradictorias que le llegaban continuamente desde Nápoles, y no pudiendo, acaso, discernir cuál era la auténtica naturaleza de Santisteban», del que dependía «la buena o mala situación de su real hijo», ya a punto de casarse, decidió enviar a Nápoles al duque de Berwick. Se pensaba que al nuevo embajador se le había confiado la misión de «vigilar los actos y decisiones que estuviese a punto de emprender y tomar el susodicho conde que, sin duda, no podrá seguir manteniendo [a Berwick] alejado de la persona real, ahora que ostenta el cargo de embajador católico».

En la decisión de Isabel de Farnesio se adivinaba la influencia de la mujer de Montealegre, que había viajado a Madrid unos meses antes con el preciso objetivo de poner a la reina a favor de su marido, en contra de Santisteban. Montealegre estaba muy disgustado por la ya mencionada subdivisión de las secretarías llevada a cabo por el mayordomo mayor, cuya posición hegemónica en la corte napolitana empezó a tambalearse a partir de entonces. En cualquier caso, ya se había manifestado un primer indicio de desconfianza hacia Benavides en septiembre de 1737, cuando Gaetano Boncompagni, duque de Sora, fue enviado a Nápoles desde Madrid en misión reservada. Debía transmitirle a Carlos, de palabra, una serie de noticias que Isabel de Farnesio no quería poner por escrito para evitar que el mayordomo mayor entrase en conocimiento de estas. La feliz conclusión de las negociaciones matrimoniales discurrió, pues, en paralelo a la caída en desgracia de Benavides, cuyo destino político en Nápoles estuvo estrechamente ligado con los avatares nupciales del joven soberano. Este, mientras tanto, a través de una serie de severas medidas de castigo, oportunamente adoptadas contra determinados miembros de la nobleza, empezó a manifestar —en línea con lo decidido por su madre— los primeros indicios de independencia, una actitud inesperada en él, que produjo una gran sorpresa. Los aristócratas napolitanos, observó el residente véneto, aún no se daban cuenta «de que tenían ante ellos a un Rey con todo el derecho y el poder suficientes como para vengar en el sitio cualquier infracción [que cometieran], y que ya no podían dirigirse, como hacían bajo el virrey, a una lejana autoridad superior».⁷⁷

Apenas llegó a Nápoles el comunicado oficial de que las bodas del rey iban a celebrarse próximamente, Santisteban, para que la nueva situación no le sorprendiese desprevenido, se apresuró en enviar a su hijo a Sajonia, para atraerse el favor de la corte. El intento del mayordomo mayor, como se verá más adelante, no tuvo éxito y, mientras tanto, en Nápoles se empezaron a hacer los preparativos para las bodas reales, según la rígida etiqueta española.

Ampliación de la corte y etiqueta de la Casa Real

La inminente llegada a Nápoles de María Amalia obligaba a ampliar los rangos de la corte, en la que debía insertarse la «familia» de la reina; dicha «familia» tenía que constituirse mediante la selección del personal destinado a su servicio. Por indicación de sus padres, Carlos le encargó al mayordomo mayor que se encargase de la composición de la corte de María Amalia. Este se dispuso, pues, a cumplir la que iba a ser una de sus últimas misiones en Nápoles, donde, como ya hemos indicado, su etapa al mando del gobierno estaba irremediablemente a punto de concluir. Santisteban nombró mayordomo mayor de la reina a Gaetano Boncompagni Ludovisi, duque de Sora, que ya había sido vicario general en Abruzo y, posteriormente, embajador de Nápoles en España, y, como caballerizo mayor, al siciliano Giacomo Moncada, príncipe de Calaruso. Otros miembros importantes del séquito fueron los príncipes Geronimo Colonna, hermano del príncipe de Stigliano, y Giuseppe Pappacoda, a los que se les encomendó el cargo de mayordomos de semana; la princesa viuda de Colubrano, hermana de Lelio Carafa, comandante de la guardia de corps del rey, que fue nombrada camarera mayor, y la duquesa viuda de Calvizzano, elegida para ser guardia mayor.

Las doce damas de la reina que preveía la planta original fueron seleccionadas entre las principales familias de la aristocracia titulada de los reinos de Nápoles y Sicilia: la princesa de Stigliano, la duquesa de Andria, la condesa Buccino, la condesa Savinano, la condesa Ventimiglia, la princesa de Camporeale, la duquesa de Castropignano, la duquesa de Maddaloni, la marquesa de Fuscaldo, la princesa de Sansevero, la princesa de Villafranca, y la marquesa Spaccafurno. A estas se añadieron otras dos más —la marquesa de Solera, española, que era la nuera de Benavides, y la romana duquesa de Sora, esposa de Boncompagni—, sin alterar el equilibrio previsto entre el componente napolitano y el siciliano. Por orden de Carlos, las damas vestirían según la etiqueta española. Esta decisión fue acogida con desagrado por muchos napolitanos que —como señala el embajador veneciano, Cesare Vignola— hubiesen preferido que «Su Majestad no insistiese tanto en mantener exactamente iguales las costumbres y la etiqueta españolas, cuando debería, mejor, alejarse de ellas para dar a entender que estos Reinos son ahora independientes y están separados de dicha monarquía».⁷⁸ Ya que el primer médico del rey, el ya mencionado Francesco Buonocore, era natural del reino, se le asignó a la reina como primer médico a un español, Manuel de Larraga, y se decidió traer desde Francia a su cirujano personal.

A continuación, le seguían, distribuidos por su función —señor de honor, azafata, camareras, dueñas de retrete, mozas de retrete, barrenderas, almidonadora, lavandera, sastra, contralor, grefier, tesoreros, sumiller de corps, jefe de guardarropa, zurcidora, porteros de cámara, mozos de cuadra, furriera, ayuda de furriera, zapatero—, numerosos cortesanos de ambos sexos, divididos en la «familia» femenina y la masculina de María Amalia. La marquesa Silva, la princesa viuda de Pado, y la duquesa Antonia Provenzale, viuda de Casimiro de Dura, cubrían los cargos de damas de honor. A doña Francesca de Lescano, viuda de Giuseppe de la Cueba, que había sido miembro de la secretaría de Estado y Guerra, se le asignó la función de azafata, cuyo cometido oficial consistía en llevar los guantes de la soberana.

El séquito de la reina comprendía, en total, a setenta y cuatro personas, cifra que había que añadirse a los ciento quince componentes del séquito del rey, también ellos distribuidos atendiendo a una rigurosa jerarquía interna. Cincuenta de ellos eran titulares del «ejercicio», es decir, estaban en posesión de la «llave de oro» que les permitía entrar en todas las estancias del palacio real. Los restantes cortesanos, denominados «de entrada», no podían acceder, en cambio, a las habitaciones reservadas y solo se les permitía pasar hasta la cuarta antecámara del palacio.

Mientras, con vistas a la boda de Carlos, para poner orden en «el aumento de la servidumbre de la reina» se había redactado en Nápoles el «Reglamento, o sea Etiqueta» que debía establecerse «en la Casa Real para la dirección y gobierno de sus jefes y despachos en la parte que a cada uno corresponda». Se trata de una serie de meticulosas disposiciones —firmadas en febrero de 1738, por orden de Carlos, por el secretario de Estado, el marqués de Montealegre— que nos permiten dar una interesante ojeada al interior de los mecanismos que regulaban la corte napolitana e identificar su composición, la jerarquía de los diversos dignatarios, los cometidos de cada uno, la orden de precedencia y la conducta que debían observar dentro del rígido ceremonial que tenían que seguir al servicio de los soberanos y, especialmente, de María Amalia.⁷⁹

Se distinguían, inicialmente, las atribuciones del mayordomo mayor del rey, que era el jefe de la Casa Real, de las del caballerizo mayor y del sumiller de corps. El caballerizo mayor tenía el cometido de gestionar la «caballeriza», es decir, el organismo que comprendía al conjunto de los oficiales subalternos adscritos a las caballerías que se empleaban en las ceremonias de la corte. La principal «función de la caballeriza era la de facilitar la movilidad del rey y de su séquito» y, por lo tanto, tenía asignados a un gran número de empleados que —como destaca Elena Papagna— desempeñaban «funciones diversas, desde el cuidado de los animales a la conducción de los vehículos arrastrados por estos».⁸⁰

El sumiller de corps era el oficial que había sustituido, en la tradición española, al camarero mayor, que estaba al frente de la dirección de la Cámara mayor, figura que con el paso del tiempo había caído en desuso a causa de los frecuentes conflictos de competencias con el mayordomo mayor. En la escala jerárquica de la corte borbónica, el sumiller de corps ocupaba el segundo escalón, inmediatamente después del mayordomo mayor. Dada su estrecha relación con el soberano, a cuyo servicio personal estaba adscrito, las competencias del sumiller tendían a ampliarse. Para este cargo, especialmente importante, Carlos eligió a un hombre de confianza: Miranda, duque de Losada.

Los oficiales bajo el mando del mayordomo mayor, el caballerizo mayor y el sumiller de corps, que eran los principales de la Casa mayor, tenían que transmitir las órdenes de las reales majestades al contralor, el grefier y el tesorero, funcionarios adscritos a la gestión económica a los que incumbía, además, la responsabilidad de su ejecución efectiva.

El contralor era el principal responsable de la economía de la Casa Real y, en el cumplimiento de su cargo, se servía de la colaboración de un «jefe» que tenía la calificación de secretario ad honorem del rey. También formaban parte del despacho del contralor un oficial mayor, tres funcionarios subalternos y un portero; este último tenía la misión de filtrar las solicitudes de audiencia ante el soberano. El interlocutor directo de los principales dignatarios de la reina (camarera mayor, mayordomo mayor y caballerizo mayor) era el secretario de Estado, «bajo cuya responsabilidad quedaba todo lo concerniente a la Casa Real», y quien, a su vez, tenía que informar al rey para que este diese las órdenes oportunas para satisfacer el «mayor servicio» de la consorte. A diferencia de Madrid, donde la administración financiera era más compleja y estratificada, en la corte de Nápoles la contabilidad y la tesorería estaban concentradas en las manos del contralor, del que dependían el grefier y el tesorero. Este último era el depositario de la suma de cincuenta mil escudos destinada a la Real Cámara de la reina. En el caso de que María Amalia quisiese gastar una parte de este dinero tendría que hacerlo mediante una orden expresa del rey emitida a través de la camarera mayor. Esta última, a su vez, lo habría comunicado «de viva voz o por escrito, según lo estableciera la susodicha orden, al Contralor de la Real Casa, y este al Tesorero de la misma». Por disposición del rey, se tenía que rendir cuentas al principio del año económico al «Contador especial» de los gastos efectuados «con mercaderes, o con cualquier tipo de oficiales que estén al servicio de la reina».

A continuación, venían las reglas que debían observarse para las comidas y cenas de los soberanos, ocasiones en las que, además del mayordomo mayor y del contralor, desempeñaba un papel principal el despensero, funcionario al que competía el aprovisionamiento de víveres de la cocina real. La camarera mayor dirigía al personal femenino de la «familia», y el mayordomo mayor al masculino. Una extensa sección de la etiqueta estaba dedicada al protocolo que debía seguirse por parte de los dignatarios masculinos y femeninos de la Casa Real durante las salidas de los soberanos, con indicación de los puestos que debía ocupar cada uno y de las precedencias de las respectivas carrozas, que reflejaban el orden jerárquico que ocupaban cada uno de ellos.

El reglamento concluía con la minuciosa enumeración del personal (gentilhombres de cámara y de ejercicio, sumiller, mayordomo mayor, camarera mayor, guardia mayor, damas de honor, camareras de corte, damas, pajes, mozos) que debía servir a los monarcas en la mesa, así como del protocolo que había que seguir dependiendo de si sus Majestades comían o cenaban en el cuarto del rey o en el de la reina; de la bendición de la mesa se encargaba el capellán mayor que, en caso de ausencia o enfermedad, previa orden del rey, podía ser sustituido por alguno de los obispos que residían en Nápoles.⁸¹

Para la formación del séquito de la reina, con el que había aumentado el personal de la corte de Nápoles, se hizo necesaria una serie de disposiciones, enumeradas por Montealegre por orden de Carlos. A los cortesanos les fueron asignadas funciones precisas, siguiendo la etiqueta que se observaba en la corte de Madrid que, como se deduce por la correspondencia de Carlos con sus padres, era aún un constante punto de referencia para el joven monarca. Con la ampliación de la plantilla se acentuaba, además, el peso de la corte en el ámbito del gobierno napolitano sobre el que, tras la inevitable etapa de aclimatación, la propia reina iba a ejercer un cierto ascendente, con la ayuda de los miembros principales de su «familia». Los dignatarios, siguiendo el ceremonial y las normas de conducta prescritos por el protocolo, no se limitaban a cumplir diligentemente con sus funciones y a ejercer de marco de la pareja real. Algunos de ellos, dependiendo de la influencia que tenían sobre los soberanos, con los que vivían en estrecho contacto, desempeñaron un importante papel político que iba a ser fundamental en la orientación de la monarquía borbónica.

Celebración de las bodas. La extraña luna de miel del rey virgen

Superadas las últimas dificultades, el 9 de mayo de 1738 se celebró en la capital de Sajonia el matrimonio por poderes entre Carlos, representado por el príncipe Federico Augusto, hermano de la novia, y María Amalia. La ceremonia, «aún siendo de corta duración —subraya Platania—, no pudo desarrollarse con más cuidado, más atención y mayor orden por parte de los encargados».⁸² Tres días más tarde, tras los festejos de rigor, toda la familia real polaca viajó hasta Pilnitz, la residencia de verano de la Corte, para regresar luego a Dresde desde donde, tras despedirse de sus padres, la reina partió hacia Nápoles. La joven esposa iba acompañada por su hermano y por un numeroso cortejo, del que formaba parte Fuenclara, que tenía el encargo de acompañar a la reina y de informar detalladamente a su mayordomo mayor, el duque de Sora, del desarrollo de las diversas etapas del viaje.

El encuentro con Carlos debía producirse en Portella, en la frontera del reino de Nápoles. El soberano llegó allí el 19 de junio y, tras dos horas y media de espera, ya entrada la noche, se reunió por fin con su «suspirada» esposa, con la que regresó a Nápoles. Según el itinerario establecido hicieron un alto en Gaeta, a donde el cortejo real llegó al día siguiente por la noche, para consumar el matrimonio.

Fue el propio Carlos quien, a petición de sus padres, les informó detalladamente sobre cómo transcurrió la noche de bodas y cómo eran sus relaciones sexuales con la jovencísima esposa. Los soberanos españoles querían estar seguros de que su hijo que, como veremos más adelante, aún no había tenido experiencia sexual alguna, había sido capaz de consumar el matrimonio y de que se daban las condiciones fisiológicas necesarias para que su nuera les diese cuanto antes un heredero. Felipe V recordaba los contratiempos sufridos en la noche de bodas con su primera mujer, María Gabriela. Dado que, al igual que su nuera, la novia era apenas una niña fue presa de una crisis de llanto y le impidió que se le acercase; el matrimonio no se consumó hasta dos días después de la boda. En la correspondencia con los soberanos católicos, el rey de Nápoles, tras unas comprensibles timideces iniciales, les describió, pues, detalladamente, las diversas fases de su mènage con su jovencísima esposa. A una primera carta, redactada el 8 de julio, es decir, a los veinte días del encuentro en Gaeta, le siguió una segunda misiva, escrita, ya en un tono totalmente distinto, un año después. Santisteban, mientras tanto, había caído en desgracia y había abandonado Nápoles definitivamente. El rey, liberado de la sofocante vigilancia de su ayo, y gracias también al apoyo de su mujer, había empezado por fin a sentirse seguro de sí mismo y a intentar actuar con independencia.

De la lectura de las dos cartas, sobre todo de la segunda, fechada el 29 de septiembre de 1739, resulta evidente que el soberano era de una castidad extrema —hasta el punto de rozar la inhibición— y que había llegado virgen al matrimonio, además de en un estado de ignorancia total con respecto a cómo debía actuar con su esposa. Se advierte también su absoluta dependencia de Santisteban, cuyo agobiante control sobrepasaba los límites de los asuntos de Estado, llegando hasta los aspectos más íntimos y privados de la vida del soberano que, cuando contrajo matrimonio, tenía ya veintidós años y medio. Tras explicarles a sus padres que, por decisión propia, se limitaba a practicar dos coitos al día con su mujer —en parte para no cansarse en exceso y en parte porque, según la opinión extendida en la época, era mejor cumplir con las damas poco, pero de forma continuada, en vez de hacerlo mucho, en una sola vez, y luego dejarlas descansar durante mucho tiempo—, Carlos les contó, en la primera carta, que había consumado enseguida el matrimonio y que había alcanzado con la reina un entendimiento perfecto, tanto físico como espiritual, por lo que se consideraba el hombre más feliz del universo. Añadía que, sin embargo, iba a tardar un poco en darles un nietecito porque su mujer aún no había menstruado.⁸³

Un año y dos meses después, con motivo del inminente enlace de su hermano Felipe con la hija de Luis XV, el rey de Nápoles se decidió a confesarles a sus padres qué había ocurrido realmente durante los primeros días de su matrimonio, animándoles a que le proporcionasen al futuro esposo los consejos oportunos para que no actuase como él a la hora de cumplir con sus deberes conyugales. Una vez más, aparece en escena el omnipresente Santisteban, que vigilaba estrechamente hasta la vida privada del joven Carlos al que controlaba, como ya hemos señalado, incluso por las noches. Dos o tres días antes de la boda, Carlos se dirigió al mayordomo mayor para preguntarle cómo debía comportarse con su joven mujer. Benavides, evidentemente incómodo, ya que nunca había tratado con su pupilo semejantes argumentos, se limitó a darle unas instrucciones meramente «técnicas», por así decirlo. Las instrucciones fueron tan sucintas que el soberano, aunque, en principio, consumó el matrimonio, tuvo que esperar quince días —en los que lo que estuvo haciendo con su mujer no tenía nada que ver con el acto sexual— para darse cuenta, él solo y de casualidad, de qué era lo que tenía que hacer. Por lo que les contaba, sus padres podrían advertir, observó el rey, las consecuencias de no contar con un buen maestro y en qué estado de ignorancia y estupidez —«tonto como un burro», ironizó Carlos— llegó al matrimonio:

Dos o tres días antes de casarme [...] —escribe Carlos— le dije al conde de Santisteban que, ya que aquí no tenía padre ni madre, tuviese a bien decirme cómo debía actuar. Dicho esto, me explicó lo que tenía que hacer para introducir el nervio; y me dijo que, una vez introducido, me entrarían ganas de hacer algo, y que ese algo era lo que debía hacer. Así que introduje el nervio y luego me quedé largo rato descansando; al cabo, sentí deseos de hacer una cosa; y durante quince días, esa fue la cosa que hice. Las ganas que me entraban, por lo que descubrí después [...], eran de orinar [...]. Pero un día, después de la cena, no sentí ganas de hacer nada, y como seguía sin ganas, empecé a esforzarme; y, de pronto, sentí que algo me recorría todo el cuerpo, hasta el punto que temí que iba a sufrir un ataque. Pero, al mismo tiempo, noté que salía algo que no era lo mismo de otras veces; y luego me sentí muy tranquilo, tanto que entendí de qué se trataba; y a mi mujer, que me preguntaba qué estaba haciendo, le dije lo que era, y desde entonces ya no me he equivocado ni una sola vez. Sus Majestades pueden imaginarse, por lo que les he contado, qué bien me hubieran hecho unas buenas instrucciones y hasta qué punto era tonto como un burro.⁸⁴

Los cónyuges salieron de Gaeta el 22 de junio. La ciudad les había dispensado una calurosa acogida; entre otras cosas, se «agasajó al rey con un jarrón de oro de dos mil ducados de valor y un menú de treinta platos». Al día siguiente, los soberanos entraron en Nápoles de forma privada, dirigiéndose hacia el palacio real entre las aclamaciones del pueblo que había acudido en masa a recibirlos. En los siguientes días, y hasta finales del mes, «se hicieron luminarias en toda la ciudad, y en los barcos y galeras del puerto, divirtiéndose mientras tanto los Esposos en los Teatros y yendo de caza; la reina mató ella misma, con la escopeta, a algunos animales pequeños». La entrada solemne en la capital, prevista para el 2 de julio, tenía que efectuarse, según la tradición, «por la Puerta Capuana; desde allí, los monarcas debían pasar por todos los sedili. Los eletti de la ciudad, sin embargo, consideraron que, para la mayor comodidad de sus majestades y del público, era mejor que pasearan por las calles más amplias y majestuosas y trasladar los sedili a la avenida del Palacio Real en donde debía alzarse un gran escenario entre el público». Las máximas autoridades religiosas y civiles de la ciudad fueron al encuentro de los reyes: el arzobispo, cardenal Spinelli, vestido con traje de ceremonia, a la cabeza del capítulo; los eletti, admitidos al besamanos de los soberanos, junto con los dignatarios de la corte, el real ministerio y toda la nobleza. Tras haber cenado en público, sus majestades y el cortejo real se pusieron en marcha en el orden siguiente:

Abría el cortejo la guardia de los alabarderos reales, con su teniente, el duque de Campochiaro Mormile, a caballo; le seguía un tiro de ocho caballos de reserva, con otros diez tiros de seis caballos con la alta corte, cuyos miembros vestían todos un mismo uniforme con casaca a la francesa de color azul, con solapas y chaleco escarlata con ricas trencillas de oro. Detrás aparecieron sus majestades, el rey y la reina, en una carroza tirada por ocho caballos, tan rica y perfectamente hecha en todas sus partes que, según la opinión general de todos los forasteros, no fue vista jamás una igual, por haberla pintado el famoso pincel de Francesco Solimena, en la que se habían gastado más de treinta mil ducados. Iban alrededor de ellos pajes a pie, y, a cierta distancia, dos ayudantes de Cámara a caballo que, con liberalidad, arrojaban monedas al pueblo [...]. Le seguían después otros tiros de seis caballos con el séquito de las damas y las camareras de la reina, terminando todo el cortejo con la guardia de corps, a caballo, compuesta de ciento cincuenta guardias, todos ricamente vestidos.⁸⁵

Costumbres de Carlos y estrecho control de sus padres

Como en parecidas circunstancias anteriores (la primera entrada en Nápoles; el regreso de Sicilia tras la coronación), la llegada de la reina le ofrecía a Carlos la oportunidad de desfilar solemnemente con su séquito por las calles de la capital y de ser aclamado por los ciudadanos, ceremonia eficazmente explotada para sugestionar psicológicamente al pueblo. Los personajes más festivos y vocingleros eran los lazzaroni, que competían entre sí para agarrar al vuelo las monedas lanzadas a la multitud y que veían cómo estaba a punto de hacerse realidad el feliz augurio —una esposa y una docena de hijos varones para garantizar la continuidad dinástica— con el que, cuatro años atrás, habían acogido al joven Borbón a su llegada a Nápoles.

En los círculos más próximos a la corte se deseaba que el matrimonio determinase un cambio radical en la conducta del rey de Nápoles, que hasta ese momento había demostrado escasa aptitud para las cuestiones políticas. Dejaba dichos asuntos en manos de sus secretarios de Estado que actuaban —como ya hemos observado— bajo la supervisión de Santisteban, el cual, a su vez, actuaba siguiendo las órdenes de Madrid. Carlos dejaba pasar los días llevando siempre la misma rutina. Por las mañanas participaba en el Consiglio di Stato (los días en que se reunía dicho Consejo), con actitud desganada, delegando en el mayordomo mayor la tarea de sacar conclusiones y de tomar las decisiones finales. Dos veces a la semana concedía audiencias públicas; el ceremonial variaba según la categoría de las personas a las que les había sido concedida la audiencia. Las tardes las dedicaba a cazar y a pescar. El domingo asistía a misa en la Iglesia del Carmen del Mercado y participaba en las procesiones principales de la capital, como la del Corpus Cristi. Una vez al año, el 8 de septiembre, encabezaba un grandioso desfile que partía del Palacio Real y llegaba hasta Piedigrotta donde, entre salvas de cañón, iba a rendir homenaje a la iglesia de la Madonna. Carlos, precedido por la guardia de alabarderos, pasaba en medio de «alrededor de cinco mil soldados, entre infantería y caballería, de diversos regimientos [...] formados durante todo el recorrido que deben cubrir el rey y la reina para llegar a dicha iglesia desde el palacio», subido «en la carroza real [ya usada] en sus esponsales». Le seguían luego los cortejos de ambos soberanos y, por último, «la guardia real a caballo con música de trompas y timbales». A lo largo del camino que conducía a Piedigrotta había numerosas carrozas y las ventanas y balcones de las casas estaban ricamente engalanados. En las cercanías de la costa navegaban «galeras ricamente pertrechadas y el gran bajel y la gran fragata real [...] y mientras pasa la susodicha corte es saludada desde las galeras y el bajel, que se pasean por el mar, con salvas reales, y esta fiesta se hace con esta misma pompa todos los años».⁸⁶

Carlos se desplazaba con frecuencia a los diversos sitios reales, acompañado de los miembros más importantes de la corte. En Nápoles, de hecho, pasaba muy poco tiempo, y parte de este lo dedicaba a cazar por los alrededores, acompañado por su séquito. Los gastos de estos desplazamientos eran tan excesivos que, a finales de 1746 —cuando Montealegre había sido sustituido por Giovanni Fogliani, como veremos más adelante—, se decidió reducirlos a la mitad. Carlos solía pasar los primeros tres meses del año en Caserta, interrumpiendo su estancia allí «durante unos veinte días para ir a cazar a Bovino, y luego a Venafro». Regresaba a la capital en semana santa y se quedaba en Nápoles hasta mediados de septiembre, cuando daba comienzo de nuevo a «las “incursiones” contra los faisanes de Procida; y nuevamente en Portici, con las “incursiones” contra las perdices de Ottaiano». A primeros de noviembre, para el día de difuntos, el rey regresaba a Nápoles para trasladarse luego a Persano.⁸⁷

A través de correos semanales, su madre era puntualmente informada acerca de las ocupaciones del joven soberano, cuyo comportamiento vigilaba desde España. Ya que Isabel de Farnesio desempeñaba un papel determinante en la corte de Madrid y que, con su actividad incansable, había conseguido que Felipe V venciese la indolencia que le aquejaba, en Nápoles latía la esperanza de que la presencia de su joven esposa obrase en Carlos la misma positiva influencia. El diplomático veneciano Alvise Mocenigo se había hecho portavoz de dichas expectativas, como refirió al senado de la serenísima república:

Como este monarca demuestra inclinaciones parecidas a las del rey su padre, puede ser que la compañía de la reina su esposa lo espabile y despierte su interés y su empeño por hacerse un día digno de admiración y de [ocupar] los puestos aún mayores a los que parece destinado por la naturaleza [enfermiza] del príncipe de las Asturias y la esterilidad de la princesa del Brasil, su esposa.⁸⁸

Se pensaba que María Amalia podía tener el suficiente ascendente sobre su marido como para sacarlo del letargo en el que había vivido hasta ahora, siempre a la sombra de su ayo, y animarlo a que asumiese un papel político más activo, en consonancia con sus títulos de rey de Nápoles y de Sicilia. El cambio, para Mocenigo, era doblemente necesario porque —según se especulaba en los círculos diplomáticos— la mala salud de su hermanastro, Fernando, sumada a la esterilidad de María Bárbara de Braganza, abría ante Carlos la posibilidad de ocupar un día el trono de España. El augurio, en lo que respecta al futuro de Carlos, se cumplió. Las esperanzas depositadas en la reina de Nápoles, en cambio, no tardaron en verse defraudadas. María Amalia, quizá también por su corta edad, tenía una índole completamente distinta a la de su suegra, y, al menos durante los primeros años de reinado, su interés por la política fue escaso. El mismo Mocenigo no dejó de advertir, en la relación presentada en diciembre de 1739 ante el senado de Venecia, que «hasta ahora la Reina no ha mostrado interés por participar en asunto político alguno ni en nada concerniente al Estado».⁸⁹ Por su parte, Carlos, desde los inicios de su matrimonio, no demostró ningún interés en que su esposa colaborase con él en el gobierno del reino. Prefirió, en cambio, que fuera su asidua acompañante en las batidas de caza, en las ceremonias de la corte y en las funciones religiosas. Hubo que esperar —como veremos más adelante— al nacimiento del primer varón para que la reina tuviese derecho a asistir al Consiglio di Stato, pero fuera de la capital y de forma pasiva, sin contar con la posibilidad de expresar su propia opinión.

De un «valido» a otro: Montealegre, sucesor de Santisteban

Tras un efímero regreso a las altas esferas del poder, Santisteban —que había perdido la confianza de la reina de España quien, por instigación de la mujer de Montealegre, había ordenado a su hijo que no le dejase leer sus cartas al mayordomo mayor—, en el verano de 1738, salió derrotado en la lucha por el poder que mantenían las facciones opuestas del gobierno napolitano, con sus respectivos partidarios en el gobierno de Madrid. En la lucha que Montealegre sostenía ya desde hacía tiempo contra Benavides intervino, en contra del mayordomo mayor, el duque de Sora, mayordomo mayor de la reina, que había sustituido al difunto duque de Berwick en el papel de confidente de Isabel de Farnesio. Consciente de que había perdido crédito ante la reina y de que su posición en Nápoles, por lo tanto, era cada vez más débil, Benavides, coincidiendo con la boda de Carlos, solicitó regresar a España. Esta jugada de Santisteban se presta a una doble interpretación, motivada por lo contradictorio de su personalidad en la que se aunaban «la austeridad, la dignidad, el rigor y el orgullo de un gran aristócrata español» con la astucia y la habilidad para las intrigas típicas de un experimentado cortesano. Por un lado, la solicitud de regresar a la patria podía obedecer al orgulloso deseo de Santisteban de anticiparse a su humillante destitución, considerada ya casi inevitable, o, en el mejor de los casos, a la oferta de que ocupara un puesto inferior. La solicitud dirigida a Madrid también podía, sin embargo, entenderse como un último intento del mayordomo-tutor por recuperar el terreno perdido y volver a hacerse fuerte en el seno de la corte napolitana en detrimento de sus rivales, especialmente del emergente Montealegre. En cualquier caso, la posición de Santisteban saldría reforzada si la reina de España no acepaba su dimisión.

Los pasos dados por Benavides durante este tiempo nos llevan a inclinarnos por la segunda hipótesis. Ya en abril de 1738, cuando comenzaron a manifestarse claramente los síntomas de que la corte de Madrid empezaba a desconfiar de él, Santisteban había intentado, en vano, forzar a Isabel de Farnesio a mover ficha a su favor. Le solicitó que ampliase el organigrama de la corte de la reina de Nápoles —decidido ya desde hacía tiempo y en el que, como hemos visto, figuraba su nuera— para incluir en él a su mujer, en calidad de camarera mayor, y a su hija, entre las damas. El objetivo de Santisteban no consistía solo en reforzar su tambaleante primer puesto en el seno de la corte napolitana, sino también en poner los cimientos para conservar en el futuro, tras las bodas de Carlos, su hegemonía en palacio. Como ha señalado Ascione, el honor concedido a las mujeres de su familia al permitirles «el acceso directo a las habitaciones de la reina era de capital importancia, máxime porque se suponía, no sin razón, que María Amalia, dada su corta edad, iba a ser fácilmente influenciable por las damas de su séquito». Santisteban sabía que podía contar con el apoyo del joven monarca a la hora de realizar su proyecto. Este último, al defender su causa, les aseguró a sus padres que le agradaba mucho la afabilidad con la que lo trataba su mayordomo, quien, además, no dejaba de inculcarle, continuamente, sentimientos de «respeto, veneración y amor por las majestades católicas».⁹⁰

Al mismo tiempo, casi, en que presentó la dimisión, Santisteban solicitó que su sustituto en el cargo de mayordomo mayor fuese Bartolomeo Corsini; con esta propuesta, Benavides pretendía evitar que su salida de Nápoles provocase el triunfo de la facción que le era hostil —y a la que, además del ya citado Montealegre, pertenecían los duques de Atri y de Castropignano— y, al mismo tiempo, intentaba atraerse a un personaje tan influyente como Corsini que, al igual que el prudente Tanucci, aún no había tomado partido por ninguna de las facciones que se disputaban el poder en la corte.

La corte madrileña no aceptó tampoco la nueva solicitud de Benavides. En Nápoles se perfilaba ya, claramente, la victoria del grupo capitaneado por Montealegre, como no dejó de subrayar a finales de julio, siempre con su habitual perspicacia, Tanucci. Aunque estuviese previsto que «todo» se debía «llevar a cabo con los secretarios y con el Consiglio di Stato», la opinión generalizada era «que todo será asumido por el señor Montealegre porque [...] la infatigable ambición y la osadía con que acomete todo cuanto atañe a su poder, proporciona justos motivos para pensar de esta forma».⁹¹ El parecer del secretario de Justicia era compartido por Alvise Mocenigo quien, sin embargo, albergaba aún algunas dudas sobre que Benavides estuviese realmente dispuesto a abandonar Nápoles. Tras referir que en la corte se aguardaba con impaciencia a que llegara «respuesta desde España» a la solicitud de dimisión de Santisteban y que, mientras tanto, todos los miembros de la corte, desde el duque de Atri hasta Fuenclara, cambiaban «la cara del gobierno a la medida de sus conveniencias y de sus intereses», el embajador véneto afirmó que «cuando el conde Santisteban regrese efectivamente a España todo indica que el primer puesto [en el gobierno] lo ocupará el marqués de Montealegre, ministro [que despierta] confianza, con buena reputación y conocimientos y muy bien visto por el Rey».⁹²

La fuerte presión del rey de Polonia —es decir, del suegro de Carlos— fue lo que provocó que en Madrid se disiparan las últimas dudas acerca de si llamar o no a Santisteban de regreso, determinando el mutis definitivo del mayordomo mayor que, durante siete años había ejercido un control asfixiante sobre Carlos. Augusto III, de hecho, en agosto de 1738 le pidió insistentemente a Isabel de Farnesio que alejase a Benavides porque era indispensable «por su propia dignidad, que el rey de Nápoles, en estado ya de contraer matrimonio, sea capaz de gobernarse por sí mismo, sin necesidad de un ayo».⁹³ Aunque aún siguiera sin salir del nido, Carlos, liberado, gracias a su matrimonio, de la agobiante presencia de Santisteban, ya podía empezar a prepararse para desempeñar, por fin, un papel más decisivo en el gobierno de su reino, donde muy pronto iba a verse confirmado el liderazgo de Montealegre.

El regreso a España del mayordomo mayor parecía abrir ante Carlos la posibilidad de actuar con un mayor margen de libertad. Sus padres, que habían nombrado a Montealegre primer ministro, no estaban dispuestos, sin embargo, más que a concederle un reducido espacio de maniobra. Esta vez —a diferencia de la pasividad con la que había soportado durante cuatro años el liderazgo de Santisteban, al que estaba unido por profundos lazos de estima y afecto—, el rey, apoyado por la reina y por parte de su corte, no aceptó de buena gana el papel subalterno que se le volvía a adjudicar. Obligado, por el respeto y la gratitud que creía que debía observar hacia sus padres, a disimular esta frustración —de la que, a veces, sí daría claros indicios—, ante Carlos, aún sin libertad para ejercer plenamente el poder, se abría una larga época de aprendizaje a la sombra del nuevo hombre fuerte de Madrid.

IV OPOSICIÓN A LAS REFORMAS El largo aprendizaje del rey

Reordenación de los tribunales y freno provisional al poder judicial de las baronías

MESES antes de que Montealegre tomara las riendas del gobierno, se había conseguido ultimar un importante plan de reformas institucionales, preparado por el ministro español y de cuya ejecución se encargó Tanucci. En una carta dirigida al príncipe Corsini y fechada el 8 de marzo de 1738, el secretario de Justicia anunciaba que estaba a punto de ser publicada la «famosa reforma de los tribunales que, después de pasar por el canal del señor Montealegre para su perfeccionamiento», había vuelto a ser de su competencia tras el «el terremoto de las secretarías». Para la preparación de la reforma, Salas nombró a una comisión de magistrados presidida por Francesco Ventura, un hombre de su confianza. La reestructuración de poderes y competencias efectuada por Montealegre había retrasado la conclusión de los trabajos, a los que Tanucci dio el empuje definitivo. El secretario de Justicia confiaba en el éxito de las nuevas medidas, con las que se creía que «se eliminarán, en gran parte, los abusos y las intrigas» que solían verificarse en los procesos judiciales. Con este fin se había «instituido también una segunda rueda para lo criminal en la Vicaria y dos abogados fiscales. Ahora se acomodarán los tribunales de Sicilia. Por lo que parece, nos domina una gran calma y hay que reposar holgadamente sobre el buen método que se ha introducido».⁹⁴

Pocos días después, el 14 de marzo, tal y como ya había anunciado Tanucci, se promulgó la pragmática De ordine et forma judiciorum que contemplaba la reestructuración de los tribunales. En junio se promulgó una segunda pragmática, con la que se pretendía poner un freno al desorbitante poder de las baronías en el terreno judicial. Se estableció que las magistraturas centrales sometieran «las cortes locales feudales [...] a controles periódicos y limitaciones». Se dispuso, por tanto, que «todos los gobernadores de las cortes públicas y baronales, cuando se produjesen homicidios en sus jurisdicciones, presentasen una relación ante las Reales Audiencias». Las baronías solo tendrían en casos particulares «la facultad de demandar el desistimiento de estas causas [...] y cuando estas fueran desistidas deberían ser despachadas por los puros términos de justicia en el curso de dos meses bajo pena de avocación de las mismas».⁹⁵

El objetivo de la pragmática del 15 de junio de 1738, en cuya redacción tuvo un importante papel Tanucci, era disminuir el número de homicidios, castigándolos con una pena que se correspondiese con la gravedad del delito. Hasta ese momento, en las cortes reales y baronales se podía llegar a un acuerdo con los culpables de homicidio que, a cambio de una determinada suma de dinero, podían salir indemnes. Dos años después, con motivo de los festejos organizados para celebrar el primer alumbramiento de la reina, las piazze de la capital, a cambio del donativo de quinientos mil ducados, solicitaron la gracia de que la pragmática sobre los homicidios se modificase a favor de las cortes feudales. Se envió al rey, en nombre de las baronías, «un sucinto memorial para que se dignase moderar la susodicha Pragmática con respecto a aquellos individuos que hubieran sido previamente juzgados por los Barones».⁹⁶ Carlos admitió la instancia «con Paternal Amor» y la remitió al parecer de la Cámara de Santa Clara, que retrasó lo más posible el emitir un juicio. En junio de 1742, las reiteradas quejas de los señores feudales —unidas a otro generoso donativo— lograron que el rey derogase las normas que limitaban el poder judicial de las baronías. En agosto la pragmática sobre los homicidios fue sustituida por una nueva, con la que se les daba a los feudatarios la posibilidad —con la condición de que no abusaran de ella— de conmutar o condonar las penas a los delincuentes.⁹⁷

Complejas negociaciones para la investidura papal

En el último periodo del gobierno de Santisteban se logró solucionar, tras largas y complejas negociaciones, la intrincada cuestión del reconocimiento de la monarquía borbónica por parte del papa y se le concedió a Carlos la suspirada investidura. Las relaciones con la Santa Sede que, como es sabido, ejercía su soberanía sobre el Mezzogiorno, «constituyeron el primer y más serio problema» que tuvo que afrontar Carlos de Borbón nada más conquistar el reino de Nápoles.⁹⁸ La necesidad de resolver esta cuestión se consideró, incluso, prioritaria con respecto «a las negociaciones que condujeron [...] a la Paz de Viena» con la que concluyó, en 1738, la Guerra de Sucesión Polaca. Estas últimas afectaban, única y exclusivamente, al lugar ocupado por el nuevo monarca en el contexto internacional. Las relaciones con la Iglesia, como subraya Michelangelo Schipa, «afectaban, por una parte, al trono, cuya investidura correspondía al papa; por la otra [...] a un número infinito de intereses vitales [...] para la sociedad napolitana».⁹⁹

Los esfuerzos de la diplomacia napolitana —que no estaba adecuadamente apoyada por Madrid, más interesada en resolver, primero, sus propios problemas con la Santa Sede— chocaron de frente, durante bastante tiempo, contra la resistencia de la curia romana, la mayoría de cuyos miembros era favorable a que el papa siguiese reconociendo los derechos del emperador Carlos VI sobre Nápoles y Sicilia. Las negociaciones, interrumpidas a causa del conflicto suscitado por el reclutamiento de soldados, por parte de España, en el Estado de la Iglesia, se reanudaron a comienzos del año 1737, cuando obtuvieron permiso para regresar a Roma los cardenales Luis Belluga y Troiano Acquaviva. Estos últimos fueron precedidos por el arzobispo de Nápoles, Giuseppe Spinelli, que, en enero de ese mismo año, se encontraba ya en Roma. Spinelli, demostrando una notable apertura de miras con respecto a las exigencias jurisdiccionales, denunció el daño que hacía al Estado y a las comunidades ciudadanas el excesivo número de eclesiásticos y de diplomados, exceso que tampoco favorecía a la Iglesia.¹⁰⁰ El cardenal Acquaviva llegó a Roma el mes de marzo, seguido por el capellán mayor, Celestino Galiani, encargado de defender ante la Santa Sede las peticiones del gobierno napolitano que, como ya hemos observado, estaba interesado en intensificar las negociaciones. Giuliani contaba con la confianza de los círculos jurídicos, a cuyas posiciones también se había acercado Tanucci. Este último, sin embargo, en una larga carta enviada al capellán mayor el 19 de marzo, se mostraba escéptico sobre las intenciones reales de Madrid de concluir el litigio relativo al reino de Nápoles. Según el secretario de Justicia, resultaba evidente que los intereses de España «difieren mucho de los nuestros, y que, en algunos casos, son incluso contrarios a nosotros, pues los nuestros están mucho más cercanos y conformes a los de Roma». Era conveniente que hubiera buenas relaciones entre Nápoles y el resto de Italia, por una parte, y entre Nápoles y la Santa Sede, por la otra, y formar un frente común, tanto en el plano económico como en el político, contra las naciones extranjeras. Roma, en concreto, observa Tanucci:

Cuanto más rica y abundante sea en bienes ultramontanos, más de provecho será para nosotros y para toda Italia, de la misma forma en que nosotros podemos contribuir a la libertad de Italia y de Roma, si esta última no se opone, considerando (como ha hecho hasta ahora, no sé con cuánta razón) que la esclavitud de Italia a las naciones extranjeras y su división en multitud de minúsculos Estados le sean ventajosas.

Tanucci se auguraba el arrepentimiento de la Santa Sede, en cuya corte se albergaban «las pasiones privadas, el interés individual y el abandono, por no decir ignorancia, del estado secular del mundo católico». Si se proseguía por el mismo camino y no se tomaban los remedios adecuados, se iría hacia una inminente «ruina»:

No hay príncipe que hable con sus ministros de las tres inmunidades eclesiásticas y del dispendio de los eclesiásticos y no oiga, inmediatamente, fuertes quejas contra esta corte; no hay hombre mediocre y menos que mediocre que no sepa en qué abismo se precipitan por este motivo los seculares; los eclesiásticos se han apartado, universalmente, de las buenas costumbres; por sus delitos se han granjeado el desafecto y el odio universales, de forma especial en este reino, y su insolencia es de todos conocida. Roma, con su actual sistema de gobierno, daña a diario, quizá, tanto a los eclesiásticos como a los seculares.

Del análisis del secretario de Justicia emerge un negro retrato de la corte pontificia. Tanucci, confirmando su cercanía a las corrientes jurisdiccionalistas napolitanas, concluye la carta recomendándole a Galiani que defienda ante la Santa Sede «a nuestros leguleyos, que no son tan dignos de censura como allá se cree».¹⁰¹

Unos meses más tarde, Acquaviva, alcanzado un acuerdo con Madrid en lo referente al Concordato, le envió una carta a Montealegre en la que le sugería que aceptase las condiciones que le había ofrecido a la Santa Sede para que otorgara la investidura, problema cuya solución se le había encargado personalmente. El requisito previo consistía en anular las innovaciones introducidas «tras la llegada al trono de Nápoles de Su Majestad». El cardenal Corsini le había comunicado al embajador español que no era posible resolver con prontitud los problemas existentes entre las dos cortes. En Roma se pensaba que, sobre la base de la revocación ofrecida, había que suscribir «un acuerdo preliminar entre las dos partes en conflicto, sin hacer mención al tema de la investidura, y que, una vez firmado este, el Papa otorgaría la investidura, prosiguiendo, mientras tanto, con las negociaciones encaminadas a resolver los conflictos que aún están pendientes».¹⁰² La respuesta de Nápoles fue que el rey no creía haber introducido ninguna novedad y que, en el caso «de que se constatase que Su Majestad ha hecho alguna innovación», Carlos no tendría inconveniente alguno en revocarla, «deseoso como está de demostrar la buena fe y la sinceridad con las que desea actuar con la Santa Sede».¹⁰³ Las negociaciones prosiguieron hacia adelante y, en mayo de 1738, Clemente XII le otorgó por fin a Carlos de Borbón la investidura de los reinos de Nápoles y de Sicilia.¹⁰⁴

Paz de Viena y reconocimiento internacional de los reinos de Nápoles y de Sicilia

Cuando Santisteban abandonó la escena política napolitana aún quedaban sin resolver otros importantes problemas para que el nuevo régimen estuviera legitimado internacionalmente. Carlos, como ya se ha visto, había conquistado los reinos de Nápoles y de Sicilia mientras se estaba librando la Guerra de Sucesión Polaca. Aunque ya se estaban negociando los acuerdos diplomáticos finales, esta aún no había concluido. El tratado de paz entre los Estados beligerantes se firmó en Viena, el 18 de noviembre de 1738. Según sus cláusulas, fruto del acuerdo alcanzado tras arduas y complejas negociaciones, se les reconocía a Austria y a Rusia el derecho a que su candidato, Federico Augusto III de Sajonia (el suegro de Carlos) fuese reconocido como rey de Polonia. Como contrapartida, los Habsburgo tenían que abandonar gran parte de los territorios que poseían en Italia. El rey de Cerdeña, Carlos Manuel III, tuvo que conformarse con añadir a su reino una pequeña área comprendida entre Novara y Cortona y se vio obligado a renunciar al Milanesado, que quedó en manos de Carlos VI. A despecho de Austria, Carlos de Borbón fue reconocido internacionalmente como el legítimo monarca de los reinos de Nápoles y de Sicilia.

El ducado de Parma y Plasencia y el archiducado de Toscana pasaron a manos de Austria, como compensación por la pérdida del Sur de Italia. Para Isabel de Farnesio fue especialmente doloroso renunciar a su tierra natal y a sus derechos de sucesión —a decir verdad, muy lábiles— al archiducado de Toscana. Carlos VI no se quedó con Toscana, que estaba previsto que pasase a manos de su yerno, Francisco Esteban de Lorena, el marido de su primogénita María Teresa, la presunta heredera de las posesiones de los Habsburgo. Francia e Inglaterra, como destaca Giuseppe Coniglio, desempeñaron un papel fundamental en la definición del nuevo mapa geopolítico de Italia. Ambas naciones querían darle una «solución antiaustriaca» al problema del Mediterráneo para conjurar el peligro que suponía «la presencia de esta nación en Italia del Sur [...]. Dicho peligro se veía agravado por el hecho de que al reino de Nápoles se añadía el Estado de los Reales Presidios, posiciones estratégicas en el litoral toscano y en la isla de Elba desde las que se controlaban las rutas hacia Europa occidental».¹⁰⁵ Francia e Inglaterra compartían el interés común de mantener apartado del Mediterráneo al Imperio austriaco, un temible competidor en el campo comercial.

Las exigencias de Carlos en política exterior, inscritas en el contexto más amplio de las relaciones internacionales, se vieron satisfechas con la Paz de Viena coincidiendo con el momento en que las riendas del gobierno napolitano habían pasado ya a Montealegre. Este último tenía ante sí una serie de problemas de política interior cuya solución, en algunos casos iniciada tímidamente por su predecesor, iba a ser competencia suya, con la ayuda de un círculo de intelectuales de inspiración preilustrada. Durante sus primeros cuatro años a la cabeza del gobierno, Montealegre, con el aval indispensable de Carlos y de la corte de Madrid, puso en marcha una serie de iniciativas que le dieron una orientación decididamente reformista a la política napolitana. En este nuevo contexto, el papel del soberano, superada ya la fase del asfixiante control al que lo tenía sometido su ayo, fue más incisivo y partícipe de las reformas emprendidas bajo el gobierno de Salas. El periodo comprendido entre 1739 y 1742 ha sido definido, acertadamente, por Raffaele Ajello como «el mediodía del tiempo heroico» ya que, justo en esos cuatro años, se concentraron algunas de las principales iniciativas de la monarquía borbónica.¹⁰⁶ La expresión «fundación y tiempo heroico de la dinastía», según Tanucci, de quien está tomada, se refería, en realidad, al decenio 1729-1738, comprendido entre el Tratado de Sevilla y el final del gobierno de Santisteban como no ha dejado de señalar, repetidas veces, Anna Maria Rao.¹⁰⁷

Galasso, por su parte, ha dividido el susodicho decenio en un periodo inicial (1729-1734), que se correspondería con la fundación de la dinastía, y una segunda época (1734-1738), en la que Santisteban tomó las riendas del gobierno.¹⁰⁸ Ajello ha querido extender el «tiempo heroico» de Tanucci hasta los primeros años del mandato del marqués de Salas, distinguiendo la primera fase, en la que fue evidente el esfuerzo realizado para modernizar las estructuras estatales, del periodo siguiente que, en cambio, se caracterizó por una clara recesión. Las baronías, la Iglesia y las magistraturas centrales, pero también —como ha destacado Galasso— el sector mercantil del estamento popular, cuyos intereses se veían afectados, bloquearon las reformas e incluso provocaron que estas fueran revocadas.¹⁰⁹ El vuelco en las tendencias del gobierno coincidió con el ocaso político de Montealegre. La decisión de destituir al duque de Salas se tomó, una vez más, en Madrid, pero el propio Carlos, junto a una importante facción de su corte, contribuyó a ella, cediendo ante la presión de los ambientes conservadores, hostiles a cualquier tipo de innovación.

«Supremo Magistrato del Commercio»: una reforma pensada para el desarrollo económico del «Mezzogiorno»

Las principales iniciativas emprendidas por Carlos durante el primer periodo del gobierno de Montealegre se centraron en la economía, las relaciones con la Iglesia y el fisco. La principal reforma pensada para desarrollar la economía del reino de Nápoles fue la institución, el 30 de octubre de 1739, del Supremo Magistrato del Commercio (Magistratura Suprema del Comercio).¹¹⁰ La función de este organismo central, dotado de una amplia competencia —y considerado por Giuseppe Galasso «la mayor innovación»¹¹¹ introducida durante el gobierno de Montealegre—, era la gestión de todos los contenciosos que tuviesen como objeto las relaciones comerciales; dichos contenciosos quedaban así fuera de la jurisdicción de los otros tribunales. Ya que desde un punto de vista realista era imposible «derruir el entero conjunto de los innumerables privilegios que habían proliferado en las aguas estancadas del sistema vigente», la fundación de «nuevas magistraturas era el único medio para ofrecer algún tipo de defensa a los intereses emergentes [...] aplicando la misma lógica que había hecho surgir a las otras, pero con mayor energía y mirando hacia el interés general».¹¹² Un mes más tarde, mediante el edicto del 28 de noviembre de 1739, Carlos instituyó el Supremo Magistrato di Commercio también en Sicilia.¹¹³

El edicto de fundación del Supremo Magistrato di Commercio se abría con un preámbulo en el que se llamaba la atención sobre el chirriante contraste existente entre los grandes recursos naturales con los que contaba el reino de Nápoles, que disponía, por tanto, de un gran potencial de desarrollo, y la secular incapacidad para que dicho potencial diese fruto. Las diversas provincias del reino:

Ya sea por la naturaleza del terreno que las hace prósperas, ya por la benignidad del clima que las fecunda, ya por su oportuna situación [geográfica], ya por la comodidad y abundancia de puertos, ya, por último, por la índole vivaz y trabajadora de los pueblos, no tienen que sentir envidia de ninguna otra afortunada parte de Europa. Pero todas estas prerrogativas y excelsos dones, que durante siglos hicieron a este reino envidiable, parecen, en parte, ser inútiles para alcanzar el fin al que las ha destinado la Divina Providencia y, en parte, volverse perniciosas y dañinas para nosotros, por varias razones, una parte de las cuales a todo el mundo le es sobradamente conocida.¹¹⁴

La flagrante incongruencia obedecía a la ausencia de directrices eficaces en materia de política económica, ausencia que se derivaba, a su vez, de la falta de un guía competente. A pesar de que «la naturaleza ayudada por el arte, [...] los elementos mismos [... y los] numerosos y Celestiales dones que le llovían largamente» compitiesen entre sí a la hora de «enriquecer las nobilísimas Regiones de este Reino», estas «por extrañas desventuras, casi podría decirse que por su misma opulencia desoladas» veían cómo «los principales fundamentos de su felicidad se volvían en otros tantos argumentos de compasión y de luto».

La llegada al trono de Carlos iba a suponer que se pusiera remedio, por fin, a la degradación, dándole un impulso definitivo a la política económica del reino. El deseo de que se fuese a invertir la tendencia a la baja, a través, sobre todo, de la expansión del comercio, se basaba en la política del monarca borbónico, oportunamente orientada por el núcleo de reformadores que se había congregado en torno a Montealegre. La confianza en el nuevo soberano, como ya hemos observado, se había extendido, ya en los inicios de su reinado, por amplios estratos de la opinión pública local. Sus expectativas, sin embargo, no se habían visto aún satisfechas cuando concluyó el primer quinquenio.¹¹⁵ En lo que respecta a la actividad mercantil, ya más en concreto, se esperaba mucho del clima que se crearía por la presencia in situ de un monarca «tan esperado». La esperanza de que, contrariamente a cuanto había ocurrido en el pasado, con la llegada de Carlos se procediese a una reforma estructural ya había sido expresada, por otra parte, en junio de 1737, por la Junta de Comercio en las conclusiones de una extensa relación. Tras un amplio y meticuloso análisis de la situación, la Junta había propuesto importantes innovaciones, encaminadas a eliminar las prevaricaciones de los distintos oficiales y a reducir los trámites burocráticos:

En la presente estación en curso, en la que, por señaladísimo don y favor del Cielo, nos hemos visto consolados —se afirmó— teniendo por soberano a Su Majestad, maravillosamente interesado en [procurar] nuestro bien, sabemos muy bien que podemos esperar, no solo que este Reino recobre su prístina dignidad, sino también que mejore de forma incomparable, y se perfeccione todo aquello que tiene necesidad de ser mejorado o perfeccionado.¹¹⁶

El extenso abanico de competencias atribuidas al Supremo Magistrato suscitó, con todo, numerosas críticas, no solo instrumentales, como era el caso de las procedentes de los togados y de los barones, que veían notablemente mermado su poder judicial. Intelectuales que no pertenecían, precisamente, a círculos reaccionarios, como Niccolò Fraggianni y Bernardo Tanucci, también hicieron objeciones. Llamaron la atención sobre los abusos que la amplia extensión de prerrogativas del Supremo Magistrato podía provocar si sus consejeros no obraban con mesura y sentido del equilibrio. El presidente, Francesco Ventura, hombre excesivamente ambicioso, no contaba con estas cualidades. Tanucci, en particular, consideraba que debía ser el propio Carlos quien pusiera límites a los excesos del Tribunal, denunciados por él. «Si la cosa sigue así —observó el secretario de Justicia— es muy probable que el rey tenga que poner freno cuando sea claramente informado. El favor de Miranda, sin embargo, protegerá [a Ventura] durante algún tiempo».¹¹⁷ Fraggianni, a su vez, destacaba que «todas las causas serán competencia de este Tribunal, en el que se refugiarán todos los deudores y los estafadores» y que, por lo tanto, el «nuevo Tribunal [...] terminará engullendo la autoridad y la jurisdicción de todos los demás».¹¹⁸

Incluso el anónimo autor de las Memorie sopra el Regno di Napoli (Memorias del Reino de Nápoles) que, según Ajello, procedía de las filas de los afrancesados, estrechamente unidas a Montealegre, al describir, de forma bastante sucinta, las competencias jurisdiccionales del Supremo Magistrato, subrayó que la posibilidad de apelar las sentencias emitidas por las cortes provinciales, cuando estas eran superiores a los cuatrocientos ducados, fue, a la larga, «el inconveniente más palpable». Dicho inconveniente —subraya Raffaele Ajello— era un grave obstáculo a la hora de acelerar la administración de la justicia, el objetivo principal por el que se había instituido el Supremo. En el caso de apelación ante el Tribunal, «la ejecución del primer juicio» se suspendía; «los deudores, con mala fe» se aprovechaban de ello para prolongar todo lo posible las causas, lo que perjudicaba gravemente a los acreedores. Destacaba también que el gobierno se había «alejado totalmente de los objetivos que se había propuesto inicialmente». En vez de atribuir al Supremo Magistrato la «inspección general sobre los diferentes sectores del Comercio», siguiendo el ejemplo francés, había «restringido insensiblemente la autoridad [...] al solo conocimiento de la causa».¹¹⁹

Tratados con Constantinopla, Trípoli y con otros estados europeos

Ya en los inicios mismos del reinado se advirtió la necesidad de estipular una serie de tratados con otros Estados europeos, así como con el Imperio Otomano y las regencias norteafricanas, para incentivar el comercio internacional. La cuestión se inscribía en un contexto más amplio, el de las relaciones con los otros Estados que la nueva dinastía tenía que empezar a establecer, con el apoyo indispensable de la corte de Madrid, bajo cuya tutela comenzaba a reinar el soberano de Nápoles. Se consultó a la Junta de Comercio acerca de la conveniencia o no de estipular un tratado con el Imperio Otomano. Esta, en abril de 1736, tras una larga relación en la que se recogían diversos pareceres, concluyó, por unanimidad, que la condición indispensable era que el rey «se asegure antes de que las otras naciones, amigas nuestras y enemigas de los turcos, sobre todo España, vean con agrado, o no, [este acuerdo] de paz y comercio, y que si se va a interrumpir o a continuar con estas el comercio, que más nos favorece y conviene».¹²⁰

Un acuerdo de paz con los Estados musulmanes tendría repercusiones enormemente favorables para el comercio marítimo interno, gravemente obstaculizado por los actos de piratería de los corsarios otomanos, que atacaban a las naves de los países cristianos con los que no tenían estipulados acuerdos de ningún tipo. Las embarcaciones con bandera napolitana estaban especialmente expuestas a la piratería turca. La flota navegaba con temor incluso por aguas costeras, lo que reducía su número y potencial. Para definir los aspectos técnicos de los diversos tratados se pedía consejo, como hemos visto, a la Junta de Comercio, cuyas competencias pasaron posteriormente al Supremo Magistrato. El papel de este ente fue, pues, esencial para establecer los supuestos sobre los que se redactaban los acuerdos con otros Estados; dichos acuerdos se sometían a la aprobación de la corte de Nápoles y, posteriormente, como ocurría siempre con los asuntos de importancias, a la de Madrid.

Las negociaciones con los países islámicos se veían obstaculizadas por las otras naciones europeas, sobre todo por Francia, que ya mantenía un discreto intercambio comercial con los musulmanes, gracias a sus tradicionales relaciones de amistad, y temía la competencia de Nápoles.¹²¹ Las negociaciones —gracias, sobre todo, a la tenacidad y la habilidad de Montealegre— condujeron a la firma de dos acuerdos altamente satisfactorios. El primero se firmó en Constantinopla el 7 de abril de 1740 con la Sublime Puerta; el otro, el 3 de junio de 1741 con la regencia de Trípoli.¹²² El tratado con los turcos fue un importante éxito de la diplomacia napolitana, representada por el livornés Giuseppe Faulon Finocchietti al que, en reconocimiento a su labor, se le concedió el título de conde y fue ascendido a coronel. Se había logrado —como señala Galasso— que quedara garantizada «la protección contra la piratería ejercida por los súbditos turcos, entre los que, además de los [habitantes de] las regencias berberiscas, eran temidos por dañinos los albaneses de Dolcigno, en la orilla opuesta del Adriático».¹²³ No deben tampoco infravalorarse las repercusiones positivas, a nivel internacional, que los acuerdos tuvieron para Nápoles, cuya diplomacia, gracias también al aval de Madrid, había logrado un indudable éxito.

A la firma del tratado se siguió un intercambio de regalos entre Nápoles y Constantinopla. Carlos envió a la corte otomana al príncipe de Francavilla, Michele Imperiali, que, a bordo de la nave San Carlo Partenope, escoltada por el navío San Filippo, llevó al sultán obsequios valorados en más de cincuenta mil cequíes. A su vez, el dignatario turco Hagi Hussein Effendi, por disposición del sultán, se embarcó en una de las naves que volvían de regreso a Napoles para corresponder al homenaje recibido por el monarca borbónico, al que obsequió con varios regalos. Entre estos, destacaba «una espada con la empuñadura de oro, un grueso zafiro oriental en el pomo de la misma, 89 diamantes [...] y cuatro caballos árabes, con aperos [recubiertos] de joyas y una gran esmeralda incrustada en el antepecho» y «otras numerosas piedras preciosas».¹²⁴ El embajador otomano llegó a la capital a finales de agosto de 1741, tras una parada en Mesina para pasar la cuarentena que, por motivos sanitarios, se les exigía a los viajeros procedentes de Levante.

La presencia del enviado turco despertó en Nápoles una gran curiosidad, pero esta no fue nada comparada con el estupor que produjo «un enorme y monstruoso elefante» que Carlos se hizo traer por el embajador Finocchietti cuando este regresó al reino. Finocchietti, tras cerrar el acuerdo con el sultán, fue llamado de regreso por el rey, que lo sustituyó por Niccolò de Maio, el capitán de la fragata San Carlo Partenope. El nuevo embajador salió hacia Turquía en octubre de 1741, acompañado por Hussein Effendi, que regresaba a su patria tras una larga estancia en Nápoles. Hussein fue recibido en la corte con todos los honores debidos a su rango, pero no dejó de tener algún que otro contratiempo con el protocolo. La destitución de Finocchietti, artífice del tratado con el sultán, se produjo por presión de Francia, irritada por la «conducta del gobierno napolitano en Turquía»; con la destitución del embajador se pretendían aplacar las iras de Francia, país con el que, mientras tanto, «los nuevos acontecimientos políticos hacían necesario mantener relaciones de buena amistad».¹²⁵

A pesar del compromiso contraído por la Sublime Puerta, que había garantizado que todas las regencias berberiscas se adherirían al Tratado de Constantinopla, no se llegó a acuerdo alguno con Túnez y Argel. Los éxitos alcanzados en el plano diplomático no se vieron refrendados en el terreno económico. Pese a los Tratados de Constantinopla y de Trípoli —que, sin embargo, sí que favorecieron un cierto incremento en los intercambios comerciales—, los mercaderes napolitanos no se animaron, en contra de lo esperado, a armar nuevos barcos. El miedo que inspiraba la piratería musulmana, y que era el principal impedimento para el desarrollo del comercio marítimo de cabotaje, no fue vencido.¹²⁶

Además de con los Estados islámicos, el nuevo régimen intentó estipular también tratados con los países del norte de Europa para incentivar el comercio. Entre 1738 y 1739 se iniciaron negociaciones con las principales potencias marítimas, Inglaterra y Holanda; estas, sin embargo, como observa Galasso, «mostraron un escaso interés por llegar a acuerdos comerciales con Nápoles».¹²⁷ Las relaciones con Holanda parecían, en un principio, muy prometedoras porque este país estaba interesado en penetrar en el mercado de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Sin embargo, estos últimos carecían de los recursos económicos necesarios para adquirir las «ricas mercancías exportadas por los holandeses y estos, poco a poco, perdieron interés». En 1742 —tal y como subraya Giuseppe Coniglio—, el enviado extraordinario de los Países Bajos, que había llegado a Nápoles tres años antes, «fue sustituido por un simple cónsul», como demostración de la escasísima importancia que se le concedía al mercado napolitano. Pese a la mediación de España, no se tuvo más suerte con el acuerdo alcanzado en 1540 con Dinamarca. Tampoco dieron mayores frutos los estipulados con Suecia y los países alemanes, en 1742 y 1759, respectivamente, que no pasaron de ser «un mero acto diplomático».¹²⁸

Algunas décadas más tarde, Giuseppe Maria Galanti, constató, lúcidamente, que los tratados de comercio estipulados por el reino de Nápoles no determinaron el deseado despegue económico por una doble orden de motivos de carácter estructural, internos y externos, empresariales y militares. Por un lado, en el Mezzogiorno no existía «comercio interno, una cierta actividad, espíritu [emprendedor] en la ciudadanía; y eso es porque gran parte de la nobleza cree que no puede subsistir dignamente» sin invertir en la adquisición de títulos de deuda pública; por el otro, «porque, en vez de mercaderes y marinos tenemos un número superior al necesario de monjes y causídicos». Los tratados, además, eran papel mojado si no estaban «garantizados por la fuerza», garantía muy difícil de ofrecer por el reino, que no podía competir militarmente con «las naciones ultramontanas que comercian en el mediterráneo» y cuyas potentes armadas sí eran capaces de proteger adecuadamente su flota comercial.¹²⁹

Readmisión y nueva expulsión de los judíos

El 3 de febrero de 1740 se emitió una proclama por la que se permitía el regreso de los judíos, expulsados de Nápoles en 1541.¹³⁰ Se trataba, de nuevo, de una iniciativa (sugerida por Pietro Contegna y, por lo tanto, por el propio Supremo Magistrato) que Montealegre y su equipo consideraban fundamental para estimular el comercio napolitano. La proclama, suscrita por Carlos y rubricada por Montealegre, constaba de treinta y siete capítulos y concedía a los judíos que se trasladasen a los reinos de Carlos unas prerrogativas mucho más generosas que las que se les brindaban «en los restantes estados italianos, especialmente en la ciudad rival de Livorno».¹³¹ Se suponía que la llegada de un importante número de judíos, animados a instalarse en el Mezzogiorno por las garantías que se les ofrecían, contribuiría a reforzar notablemente el sector mercantil y manufacturero. Los judíos habían destacado en ambos campos en los estados cristianos en los que tenían permiso de residencia. Por Nápoles corrió el rumor de que los judíos, a cambio de poder regresar al reino, le habían ofrecido al rey tres millones de ducados, pagaderos en tres años. Para entregarle dicha suma, que Carlos podría emplear en «volver a comprar sus efectivos reales alienados» —lo que supondría una importante disminución de la deuda pública—, los judíos parece ser que pusieron la condición de que se les dejase vivir en el reino «sin llevar ninguna señal [distintiva] y sin que se les recluyera en guetos».¹³² Los círculos eclesiásticos más reaccionarios, que nunca habían visto con buenos ojos el intento de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con los países musulmanes, no tardaron en adoptar una postura intolerante también con respecto a los judíos.

El padre Nobili, de la orden capuchina, y el padre Pepe, jesuita, fueron dos de los principales agitadores antisemitas. Ambos amenazaron con que la familia real sufriría inminentes retorsiones divinas, y aseguraron que el hecho de que el rey no tuviera aún un hijo varón era una prueba de la ira de Dios. Según Tanucci —autor de una documentada relación con la que intentó dar una respuesta razonada a quienes se oponían al edicto real del 3 de febrero de 1740—, detrás del padre Pepe estaba el influyente duque de Sora. De ahí procedía el descaro del jesuita «que predica al pueblo y habla al rey en contra de los judíos, y, de forma expresa, en contra de Montealegre».¹³³ Pepe era, en realidad, el portavoz de «una oposición temible porque procede, en peligrosa medida, de los círculos de la corte» y su actuación era la demostración palpable de lo que Galasso define como «la instrumentación política de la cuestión judía».¹³⁴ También se alzaron fuertes protestas en contra de la posibilidad de los asentamientos judíos desde «las magistraturas, las asambleas ciudadanas, las corporaciones y los despachos de todo tipo, que veían lesionados sus privilegios con la proclama».¹³⁵

En contra de lo esperado por Contegna y por los demás miembros del Supremo Magistrato —que, junto a Montealegre, eran quienes habían aconsejado a Carlos que procediera a la readmisión—, los judíos, intimidados por las continuas amenazas de las que eran objeto, llegaron a Nápoles en un número muy escaso, a pesar de las facilidades que se les habían concedido, y su actividad, por lo tanto, no le dio al comercio napolitano el impulso que se esperaba. En septiembre de 1746, cediendo ante las reiteradas peticiones, el rey revocó el edicto que les había concedido a los judíos y ordenó que fueran expulsados de nuevo del reino de Nápoles. Se les dio un plazo de nueve meses para que abandonaran el reino. El decreto de expulsión se publicó el 30 de julio de 1747. La comunidad judía, de todas formas, en 1742 ya se había reducido a apenas setenta y cinco individuos, de los ciento veintiuno que llegaron en el mes de agosto del año anterior.¹³⁶ El decreto de expulsión, que significaba el fracaso del experimento emprendido siete años atrás, se añadía a la redimensión del Supremo Magistrato, solicitada por los círculos clericales y aristócratas. Estos últimos, por lo tanto, habían conseguido imponerse sobre las corrientes más avanzadas, capitaneadas por Montealegre, cuya labor al frente del gobierno estaba llegando ya a su fin.

Redimensión del «Supremo Magistrato di Commercio» y derrota del reformismo

El marqués Giovanni Fogliani —que, como veremos más adelante, sucedió al frente del gobierno al duque de Salas—, animado por «el típico deseo de los sucesores de granjearse simpatías deshaciendo aquello por lo que su antecesor se había hecho odioso», apoyó la solicitud de las piazze napolitanas. En enero de 1746, a cambio de un donativo de tres mil ducados, las piazze le habían pedido al rey que restringiera las competencias del Supremo Magistrato al comercio exterior. Con el decreto de julio de 1746, Carlos aceptó la petición de la ciudad, que se había hecho eco de los intereses de los barones, de los otros tribunales ciudadanos y de las mastrodattie. El rey reguló «la actividad del Supremo Magistrato del Commercio con una nueva normativa, básicamente punitiva, que sofocaba su funcionalidad, lo privaba de las delegaciones de las artes, desnaturalizaba su composición de organismo técnico-comercial, además de jurídico, y reducía su actividad contenciosa al comercio exterior, entendido en sentido reducido».¹³⁷

Concediéndole la gracia solicitada a la ciudad de Nápoles, a cambio del donativo, Carlos «estableció, por el reglamento del 1 de agosto de 1746, que en el futuro la jurisdicción del Magistrato del Commercio se restringiría a las causas comerciales que surgiesen entre los extranjeros, o entre un nacional y un extranjero, restituyendo a los otros jueces y tribunales los otros asuntos ordinarios cuya competencia se le había adjudicado en 1739».¹³⁸ Las sesiones del Supremo Magistrato se hicieron menos frecuentes y se fueron eliminando de ellas, progresivamente, al componente aristócrata y al mercantil. Fueron abolidos, asimismo, muchos de los consulados de tierra y de mar; solo siguieron operativos los de Barletta, Manfredonia, Gallipoli, Crotone y Reggio. Aunque no fue abolido totalmente —como afirmó, erróneamente el cónsul inglés, William Allen— a la caída de Montealegre, el tribunal corría el riesgo «de volverse totalmente obsoleto y perder la poca legitimidad política que aún le quedaba». Para evitar su supresión definitiva, los magistrados tuvieron que reinventarse el papel del Supremo Magistrato «recortándole un nuevo ámbito de intervención»¹³⁹ con competencias mucho más limitadas de las que tenía en origen.

Al redimensionar el Supremo Magistrato, Carlos infligía un duro golpe a la política económica llevada a cabo por Montealegre con el apoyo de los principales miembros de la corriente de los afrancesados. La hostilidad hacia los promotores y los miembros del Tribunal Supremo, especialmente Salas y Ventura, empujaron al propio Tanucci a sintonizar con las corrientes conservadoras y recibir con evidente satisfacción la reducción de poderes del Supremo:

Este tribunal —le escribió el secretario de Justicia a Corsini, en julio de 1746—, con todas sus ramas, fue, como sabe Su Excelencia, una arquitectura de Salas y de Ventura, disgustados, el primero porque, con el reparto de las secretarías, a él, secretario de Guerra y de Asuntos Extraordinarios, no le quedaba poder alguno en el [gobierno] interno del pueblo; el segundo porque, al darle la Presidencia del Consejo a Ippolito [Porcinari], quedaba excluido, él, que se considera el príncipe de los togados maiorum gentium, como compañero y heredero de Argento, famoso charlatán de los Alemanes [...]. Este parto, pues, de la soberbia, la lascivia, el engaño, la envidia, la confusión, va a terminar muriendo, destino universal de las obras de la estupidez.¹⁴⁰

Las apremiantes exigencias financieras de la monarquía borbónica, incapaz de recorrer caminos que no fueran los tradicionales para satisfacerlas —pese a las sugerencias procedentes de los círculos más avanzados—, terminaron por bloquear el Supremo Magistrato di Commercio. Y, sin embargo, de haber actuado con el rigor previsto en el decreto de institución y en las instrucciones anexas, esta institución podría haber contribuido de forma notable a la evolución económica del reino de Nápoles en su conjunto. En la fase inicial, la rapidez del nuevo tribunal fue tal que, según Montealegre, que acudió con asiduidad a las primeras sesiones, la cantidad de asuntos que se conseguía despachar en una sola sesión era tanta que «de haber estado a cargo de las magistraturas» ordinarias se hubieran necesitado seis meses.¹⁴¹ Una vez más, la puesta en marcha de planes de reforma capaces de renovar las antiguas estructuras se daba de bruces en el Mezzogiorno contra la invencible resistencia de los estamentos privilegiados, que conservaron durante mucho tiempo su posición hegemónica.

Entre las desgracias que, según las siniestras amenazas del padre Pepe, iban a caer sobre el rey como castigo divino por el edicto a favor de los judíos había una que, varios años después de la readmisión de los hebreos, sí parecía ser cierta: el monarca aún no tenía un heredero varón. La reina dio a luz, consecutivamente, a cinco niñas. El 16 de septiembre de 1740 María Amalia alumbró a su primogénita, María Isabel. El feliz acontecimiento fue anunciado de inmediato con una triple descarga de cañones. La gobernanta llevó en brazos a la recién nacida a una sala del Palacio Real para presentársela a los eletti, a los dignatarios de la corte, a los ministros, a los embajadores extranjeros, al cardenal Spinelli y a las autoridades laicas y religiosas, a las que ya les había sido comunicado el feliz acontecimiento.¹⁴²

La dama elegida para ser la gobernanta era la marquesa Elena Sforza, viuda del noble San Marco Cavaniglia. El rey, posteriormente, manifestó su satisfacción acerca de la eficacia con la que Elena Sforza desempeñaba su cargo, pero la dama no había sido la primera opción. El puesto había sido rechazado antes por otras cuatro damas, pertenecientes a lo más granado de la aristocracia napolitana y siciliana. El rechazo provocó la indignación de Carlos, que se quejó amargamente de ello a sus padres, considerándolo sintomático de la falta de respeto con la que, en líneas generales, lo trataba la nobleza del reino.¹⁴³

Para celebrar el nacimiento de su primogénita, Carlos dispuso que durante tres días permaneciesen cerrados los tribunales y que, durante tres noches, se iluminase la capital. Concedió un indulto general a los delincuentes y a los deudores y concedió el cordón de la Orden de San Jenaro a diecinueve nuevos caballeros. Los festejos oficiales, que duraron cinco días, se celebraron en noviembre, en la explanada situada frente al Palacio Real, en la que se erigieron imponentes pabellones con forma de anfiteatro y de pirámide. Se construyó una carroza alegórica, ricamente adornada, sobre la que se acomodaron unos cincuenta músicos «vestidos con caprichosos atuendos de plata y hermosos penachos sobre la cabeza, y tres figuras a los pies que representaban a las tres Gracias». La carroza llegó hasta el Palacio Real atravesando la via Toledo; iba seguida por centenares de personas disfrazadas, «con tambores, pífanos y trompas, y antorchas encendidas en las manos, que producían un gran placer a la vista, sobre todo a la de sus majestades el rey y la reina». Desde un balcón, Carlos y María Amalia disfrutaban del espectáculo, amenizado por «la melodía de otros cuatrocientos músicos, situados alrededor de la pirámide». Para que el pueblo participase también activamente en los festejos, se levantó una cucaña de la que no solo se colgaron víveres, como era lo habitual, sino también tejidos de seda, lana y lino, zapatos, calzas y objetos de cobre labrado.¹⁴⁴

Entre esa fecha y el año 1745, María Amalia dio a luz a otras cuatro niñas, con una distancia de un año, aproximadamente, entre un parto y otro. La reina, como se verá más adelante, tuvo que esperar hasta el mes de junio de 1748 —cuando ya hacía más de un año que los judíos habían sido expulsados nuevamente del reino— para ser la madre de un varón.

Concordato con la Santa Sede y tasación de los bienes eclesiásticos

La denodada oposición de las fuerzas conservadoras hizo que, además del Supremo Magistrato, fracasaran también otras dos importantes iniciativas, muy significativas del «mediodía del tiempo heroico»: la estipulación del Concordato con la Santa Sede y la reforma fiscal. Esta última medida estaba encaminada a sanear las finanzas del reino; el propio Concordato también se contemplaba con una finalidad propedéutica o preparatoria de cara a la puesta en marcha de la reforma.

Una vez resuelta la añosa cuestión de la investidura, los esfuerzos de las cortes de Nápoles y de Madrid, representadas por Belluga, Acquaviva y Galiani, se concentraron en alcanzar la firma del Concordato. Para respetar el compromiso de continuar con las negociaciones, asumido a la firma de los preliminares, Celestino Galiani regresó a Roma en el mes de julio de 1738. El obstruccionismo de la diplomacia vaticana, sin embargo, impidió que se avanzara en el tema.¹⁴⁵ La subida al poder del marqués de Montealegre, que mantenía estrechos lazos con los círculos locales regalistas —sobre todo con Contegna y con Ventura—, produjo un cambio en la orientación política que determinó, a su vez, que las tendencias contrarias a la curia cobraran nuevo impulso. A diferencia de su predecesor, Santisteban —quien, al margen de tecnicismos puntuales, siempre había evitado que se recrudeciesen los conflictos con Roma—, Montealegre estaba convencido, y así lo había manifestado repetidas veces ante la corte española, de que era preciso adoptar una postura de total firmeza en las negociaciones con Roma. A la vista de las considerables dificultades que había que superar, consideró más viable, sin embargo, apoyar los esfuerzos del capellán mayor, que estaba dando grandes pruebas «de tacto, destreza y eficacia». Estas cualidades, unidas al hecho de que, a diferencia de los otros negociadores por la parte borbónica, Galiani no actuaba movido por intereses personales, hacían de él, a ojos del nuevo jefe del gobierno napolitano, el único personaje capaz de llegar a un acuerdo con la Santa Sede.¹⁴⁶

El 6 de febrero de 1740 falleció Clemente XII, y se iniciaron los preparativos del cónclave para la elección del nuevo papa. Las deliberaciones del cónclave se prolongaron durante siete meses; en agosto fue elegido Prospero Lambertini, que tomó el nombre de Benedicto XIV. El nuevo pontífice, que renovó los principales cargos de la Santa Sede, no tardó en dar muestras de que poseía una capacidad dialéctica y una apertura mental muy superiores a las de su antecesor. Unos meses después de la elección papal, «habiéndose retomado [las negociaciones para establecer] el tratado» que, obviamente, se habían interrumpido durante el cónclave, Acquaviva y Galiani regresaron a Roma.

Las condiciones parecían ser favorables para que se agilizasen las negociaciones, conducidas, por parte de la Santa Sede, por una Junta formada por los cardenales Corradini, Gotti, Aldovrandi y Valenti, y por Acquaviva y Galiani por la parte borbónica. Dado que la Junta estaba compuesta por «hombres muy razonables [y que] Corradini, a causa de los años, se ha vuelto más manejable; y que el papa tiene una postura conciliadora», Fraggianni confiaba en que las negociaciones resultarían productivas.¹⁴⁷ Tal y como había previsto el delegado de la Real jurisdicción, los trabajos concluyeron rápidamente con la redacción del Concordato que, en mayo de 1741, fue enviado a Nápoles para su aprobación definitiva. Por orden de Carlos, Montealegre convocó enseguida la «Junta de Roma», de la que también formaba parte Bernardo Tanucci, que informó inmediatamente a Galiani. Tanucci le escribió al capellán mayor, a quien se le reconocía el mérito de haber «servido de forma utilísima al Rey y a la patria», que «reunidos desde las 23 horas hasta las cinco, oímos todo y aprobamos todo lo esencial».

El Concordato se firmó, pues, el 2 de junio. Inmediatamente después, el secretario de Justicia expresó su satisfacción por los resultados alcanzados. Aunque «habrá que tolerar muchas críticas contra la corte, aquí y en Roma, por muchas novedades que recibirán diversas interpretaciones», Tanucci sostenía, en una carta privada, dirigida el 6 de junio a uno de sus interlocutores más queridos, el padre Salvatore Ascanio, que en el «acuerdo con Roma, ambas cortes han resultado, en esencia, ganadoras, y se ha salvado el decoro tanto de una como de la otra».¹⁴⁸ En una carta posterior, dirigida al príncipe Corsini, el secretario de Justicia, tras expresar la satisfacción del gobierno de Nápoles por la firma del Concordato, sintetizó los principales puntos:

Los casos [en los que pueda solicitarse el] asilo [eclesiástico] se han reducido a poquísimos, las exenciones [de tributos] de los eclesiásticos a una pequeña cantidad [...]. Estos tendrán que pagar uno de los platillos de la balanza que actualmente pagan por entero los seculares. El papa podrá asignar a los eclesiásticos de su estado veinte mil ducados anuales de pensiones y el rey podrá imponer otros tantos sobre los beneficios que no estén bajo su jurisdicción [...]; todos aquellos que, siendo forasteros, hayan obtenido pensiones y beneficios en el reino y no hayan obtenido ya el exequátur, lo obtendrán. Los obispos podrán tener algunos alguaciles que, en los delitos pequeños, estén exentos de la jurisdicción laica del lugar, y otras cosas de este género se han dado en Roma que para nosotros son de poco quilate pero que, negadas antes, ofendían al decoro en que pretendía mantenerse aquella corte.¹⁴⁹

El Concordato tuvo un amplio eco internacional, como no dejó de subrayar el propio Tanucci. El embajador de Polonia, por ejemplo, tras comunicarle inmediatamente a la corte que las negociaciones con la Santa Sede habían llegado a buen puerto, le anunció el próximo nombramiento de un embajador napolitano extraordinario que sería enviado a Roma por el rey para rendirle homenaje al papa.¹⁵⁰

El primero de los nueve capítulos en los que se subdividió el Concordato contemplaba la inmunidad fiscal de la monarquía, para dar fe de la importancia que había cobrado ya esta cuestión y pensando en la inminente reforma fiscal, basada en los impuestos directos, que iba a afectar también al ingente patrimonio de la Iglesia. Se estipuló que estaría sujeta a imposiciones fiscales la mitad de los bienes de los organismos eclesiásticos que fuera propiedad de la Iglesia a la fecha de la firma del Concordato. Los bienes adquiridos con posterioridad a dicha fecha estarían sujetos a impuestos en su totalidad. Se hacía una excepción con los inmuebles de parroquias, seminarios y hospitales, que seguirían exentos de cualquier tipo de tasa. Tras dejar constancia, a modo de preliminar, de que «gran parte de los bienes del Reino han pasado in manus mortuas, sin que se pague por ello un solo céntimo para satisfacer a las necesidades del Estado [y que] los bienes poseídos por los laicos son insuficientes para aliviar las necesidades de los pobres y de las comunidades», se decidió que en los catastros se censasen todos los bienes del clero y de los organismos eclesiásticos, en presencia de sus representantes y a expensas de los laicos.

Solo se estableció la exención fiscal para el «patrimonio sagrado» de los clérigos, que, en cualquier caso, solo lo usufructuarían cuando fueran elevados a subdiáconos. El patrimonio sacro —como veremos en detalle más adelante— era la suma que las autoridades eclesiásticas les requerían a los clérigos para que pudieran alcanzar el sacerdocio y debía ser lo suficientemente alta como para garantizar una renta anual aceptable.

Con respecto a los anteriores bocetos «de conciliación», el Concordato de 1741 supuso para el reino de Nápoles un importante paso hacia delante en la senda jurisdiccional. Las importantes novedades introducidas sobre la tasación de los bienes de la Iglesia permitieron poner en marcha la reforma fiscal. Esta se basó en el catastro onciario o por onzas, un sistema impositivo directo que, aún aquejado de evidentes limitaciones que no dejaron de denunciar algunos economistas de la época, fue una de las principales reformas llevadas a cabo por Carlos de Borbón.

Exigencias financieras y reforma fiscal

La normativa para la elaboración del catastro que, según Pasquale Villani, es «el primer intento serio de reforma global emprendido por la monarquía borbónica»,¹⁵¹ permaneció en vigor durante los veinticinco años en los que Carlos ocupó el trono de Nápoles. Hasta finales de los años setenta del siglo XVIII no se les permitió a las università optar por los impuestos indirectos. Más tarde, a principios del siguiente siglo, dentro de las innovaciones introducidas en el Mezzogiorno por los napoleónicos, se puso en marcha una nueva reforma fiscal y el catastro onciario fue abolido definitivamente.¹⁵²

Animado por las mejores intenciones, y con la colaboración decisiva del equipo dirigido por Montealegre, Carlos, «para reorganizar el Estado» en el terreno financiero —observa Giuseppe Maria Galanti— «hizo lo que suelen hacer los más grandes monarcas: devolvió a los pueblos, generosamente, lo que debían al fisco y, para que la balanza pública se compensase de forma proporcional a las fuerzas de cada uno, introdujo el catastro y obligó a los eclesiásticos a contribuir».¹⁵³

Aunque los resultados no coincidieron con lo esperado, como veremos más adelante, la reforma basada en el sistema onciario fue, como destaca Galasso, «la iniciativa que, quizá más que cualquier otra de las tomadas en el «tiempo heroico» del nuevo gobierno, tuvo el efecto de hacer sentir la voluntad reformista del gobierno borbónico y su seria determinación en avanzar por el camino de las reformas, incluso prescindiendo de la suerte que corrieran estas últimas». Se produjeron numerosas contraofensivas, «tanto por parte de las clases privilegiadas y de las fuerzas conservadoras, como por el lado de los círculos intelectuales más activos y sensibilizados de la nueva cultura política reformista, precisamente porque se percibía la existencia de unas directrices generales de gobierno sobre las que se podían pedir cuentas».¹⁵⁴

La acumulación de la deuda de las provincias que, ya en 1733, tenían que desembolsar a las cajas del Estado la ingente suma de más de dos millones de ducados, empujó a Carlos, en junio de 1736, a ordenarle a la Sommaria, a través de Montealegre, que llevara a cabo una investigación para determinar el número exacto de «fuegos» (núcleos familiares), para proceder, posteriormente, a una revisión de los datos del anterior «cómputo». La Cámara de la Sommaria llevó a término la revisión que le había encargado la corte. Los trabajos, concluidos en junio de 1737, desembocaron en un nuevo cómputo, basado en los registros de las cargas anuales de las doce provincias «en los que se describió cada università por el número de fuegos que había que añadírsele» a partir del 1 de enero de aquel mismo año.¹⁵⁵ Sobre la base de las informaciones recogidas en la reforma del sistema tributario, el gobierno borbónico estableció fijar el número total de los fuegos del reino en 368.378, con una flexión del 6,7 por ciento con respecto al resultante en 1669.¹⁵⁶

Contemporáneamente al establecimiento del nuevo cómputo, Carlos decidió perdonarles a las università morosas las importantes deudas contraídas con el fisco real antes de su entronización y que, a finales del año 1736, aún no habían sido abonadas. Esta disposición, aunque supuso un notable alivio, no eliminó del todo el déficit financiero de las università que siguieron debiéndole al Estado las sumas adeudadas durante los años posteriores a la entronización de Carlos.¹⁵⁷

Un año después de que la corte de Nápoles adoptara las medidas descritas para reequilibrar el fisco, el abad Pietro Contegna que, a la vista de la crisis financiera, ya había subrayado la urgente necesidad de proceder a una tasación de los bienes del clero, afirmó que el remedio más eficaz para sanear el erario real era «hacer el catastro general de todos los bienes del Reino, sin distinción, y someterlos todos [...] a la balanza pública».¹⁵⁸

Sin embargo, hubo que esperar al mes octubre de 1740, fecha en la que las negociaciones con la Santa Sede ya se habían encauzado satisfactoriamente para llegar a la firma del Concordato, para que en Nápoles se tomara la decisión de emitir un bando para regular y uniformizar, a través de la redacción del catastro, las modalidades de exacción tributaria en las diversas università del reino. Esta disposición, como se deduce por una carta de Montealegre, se llevaba preparando desde hacía ya algunos meses. El propio monarca opinaba que el «donativo» —eufemismo con el que se indicaba un impuesto extraordinario— establecido recientemente no debía recaudarse gravando «a los ciudadanos [...] con nuevos tributos», sino dividiendo el pago «con justa proporción entre las baronías, las università y las otras clases».¹⁵⁹

El catastro «onciario»: instrucciones para la compilación y fuertes críticas

En marzo de 1741, la Cámara de la Sommaria envió a todas las università las instrucciones que debían seguir escrupulosamente para la compilación del catastro. Como ya hemos señalado, dos meses después de que fuera emitido el bando en el que estaban contenidas dichas instrucciones, se firmó el Concordato con la Santa Sede. Fue preciso, por lo tanto, redactar unas nuevas disposiciones que completasen y, eventualmente, modificasen las anteriores. Estas fueron emitidas por la Cámara de la Sommaria en dos momentos sucesivos, el 15 de octubre de 1741 y el 20 de septiembre de 1742. En el primer bando se contemplaba el procedimiento a seguir con respecto al clero y a los organismos eclesiásticos, cuyos bienes eran ahora objeto de tasación. Con el bando siguiente, contradiciendo lo establecido anteriormente, se asignó a las università, en vez de a la Sommaria, la decisiva tarea de compilar el onciario y se detalló la forma de hacerlo.

El catastro onciario —llamado así porque la base imponible se expresaba en onzas, moneda meramente nominal, equivalente a seis ducados— se subdividía en cuatro partes. La primera sección estaba constituida por las denominadas «actas preliminares», consistentes en los «estados de las almas» —una especie de recuento de las familias que vivían en la localidad— redactados por los párrocos; los nombramientos de los seis «diputados» laicos (dos por cada estado), en representación de los ciudadanos, de los dos diputados eclesiásticos (uno por el clero secular y otro por el regular), y de los cuatro apprezzatori (dos locales y dos forasteros), es decir, de los expertos a los que competía redactar el apprezzo. En las actas preliminares se detallaban también los criterios que debían seguirse para tasar los bienes y los precios del ganado y de los principales productos alimenticios. Se seguía el ya mencionado apprezzo, que era un registro en el que se detallaban la ubicación, los límites, la extensión, el tipo de producción, quiénes eran los dueños y, por último, el valor de las distintas partidas inmobiliarias. La tercera sección comprendía las rivele, es decir, las declaraciones firmadas de los cabezas de familia —la firma consistía, con frecuencia, en el signo de la cruz— en las que se detallaba la composición de los fuegos, la edad de cada uno de sus miembros, la actividad desarrollada por los varones en edad de trabajar, además de la cantidad y la calidad de los bienes poseídos y de los pesi, es decir, los gastos que podían detraerse de la base impositiva. La última parte del catastro estaba compuesta por el onciario propiamente dicho, en el que se sintetizaban los datos precedentes, previa verificación de los diputados, sobre cuya base se establecía la carga tributaria de cada uno de los fuegos y de quienes poseían bienes en el territorio de las università.¹⁶⁰

Al margen de la oposición de muchas università a que se realizara el catastro, el complicado sistema de obtención de datos establecido por la Sommaria, mantenido sin alteraciones en años posteriores, suscitó fuertes críticas, empezando por las del economista Carlo Antonio Broggia. Este último, que se había ofrecido a cooperar en los trabajos «para que llegue a buen puerto una obra tan grande como es la del catastro», denunció más tarde, en 1754, sus graves limitaciones de carácter metodológico, puestas en evidencia tras doce años de aplicación,

¿Por qué hemos de servirnos de un método tan farragoso [...] que la gente ignorante, e incluso la ilustrada pero poco diestra en la ciencia de los números (casi toda, en la época presente), pierde la epacta? [...] En el presente, nuestra moneda son los ducados, con ellos contamos y comerciamos, no con libras, ni con onzas: nunca será meritorio que, sin provecho alguno, es más, con nuestra incomodidad, se deba usar una moneda que en nuestro comercio ni siquiera es imaginable.¹⁶¹

Según Broggia, los impuestos sobre las actividades laborales y el dinero invertido en los negocios eran «tributos dañinos y los peor concebidos posibles» porque de ellos «el fruto que recoge el Estado es escaso y, [en cambio], es muy grande el daño que sufre el comercio». Era preciso, a su juicio, centrarse en las tasas inmobiliarias, a las que se oponían las clases pudientes —favorables a las gabelas o impuestos que «herían a la pobre masa»—, pero que eran las únicas que podían garantizar una distribución equitativa de la carga fiscal y contribuir «al mayor poderío del Estado».

Las graves críticas de Broggia al catastro onciario no fueron las únicas. A lo largo del siglo XVIII recibió varias más, elevadas desde distintas posturas ideológicas. Algunos, como Nicola Fortunato y Antonio Genovesi, sostenían que era necesario abolir los impuestos personales, que afectaban negativamente a los sectores productivos de la población, y hacer recaer el peso fiscal solo sobre los bienes; otros, como Giovanni Battista Maria Jannucci, pedían que se pasase de los impuestos directos a los indirectos.¹⁶² Este último sistema que contaba, comprensiblemente, con el apoyo de las clases pudientes porque —como ya había puesto Broggia de manifiesto— era más ventajoso para ellos, fue el que terminó adoptando, años después el gobierno napolitano. En 1778, la Cámara de la Sommaria fue solicitada para dirimir un pleito entre la università y el clero de Francavilla de Otranto. La Cámara que, en junio de 1767, ya le había concedido a la università de Andria que sustituyese el catastro por las gabelas, reconoció que el peso de los impuestos «era casi insensible para todos, y más para los pobres» mientras que el catastro dañaba a los ricos y «era casi insoportable para los pobres». Un real decreto concedió a todas las università la posibilidad de poder elegir su propio sistema de tributación fiscal, liberalización que, como subraya Francesco Barra, se volvió luego «la praxis, sancionada oficialmente, del Estado borbónico», con el consiguiente abandono de la obligación del catastro.¹⁶³

Al igual que otras iniciativas reformistas emprendidas en el primer periodo del reinado de Carlos, la reforma fiscal basada en el catastro onciario no alcanzó el objetivo deseado y acabó por convertirse —destaca Renato Zangheri al reseñar los catastros en los Estados italianos anteriores a la Unidad— en un «vano esfuerzo».¹⁶⁴ Una vez más, al igual que ocurrió con la institución del Supremo Magistrato del Commercio, las fuerzas reaccionarias y las clases privilegiadas, gracias al amplio espacio de maniobra de que disponían, tanto a nivel central como local, consiguieron, inicialmente, que la reforma apenas tuviera incidencia y, más tarde, bloquearla. La reforma, sin embargo, aun dentro de sus limitaciones, tendía a encauzar al reino de Nápoles, a través de la reordenación fiscal, por la vía de la modernización. Los resultados positivos alcanzados con la introducción del catastro y su obligatoriedad extensible a todas las università —como la tasación, aunque fuera parcial, de los bienes eclesiásticos, ya sancionada, por otra parte, por el Concordato, y el levantamiento de acta de datos uniformes para todo el reino—, destacados por Villani, resultan nimios ante el enorme esfuerzo realizado por miles de administradores, diputados y funcionarios para llevar a cabo una obra que fue, a la postre, una ocasión fallida de renovación.

V LABOR CONSTRUCTORA Institución de la Orden de los caballeros de San Jenaro Y fuerzas armadas

LA introducción del catastro onciario supuso la culminación de la actividad reformista pero, en el año 1742, por una serie de coyunturas internas e internacionales, se inició la parábola descendente que conduciría, en unos pocos años, a la crisis del proceso de modernización del reino. La transformación de las ya anticuadas estructuras no fue posible pero, a cambio, durante ese mismo periodo de tiempo, Carlos empezó a independizarse del asfixiante control a que lo tenían sometido los reyes de España. Se empezaron a perfilar las condiciones que iban a permitir que, tanto él como su reino, acabaran por fin con esa situación de soberanía limitada impuesta por Madrid.

Palacio Real y teatro de San Carlos

Con ocasión de sus bodas con María Amalia, Carlos dispuso que se ampliase y embelleciese el Palacio Real. La ampliación era necesaria para alojar convenientemente al séquito de la reina, con el que se iba a aumentar notablemente el número de cortesanos. Ya en abril de 1734, ante la inminente llegada de Carlos a Nápoles, se efectuaron urgentemente unas primeras obras de restauración y ampliación del Palacio Real. Durante la época virreinal se había descuidado el mantenimiento del edificio, cuyo progresivo deterioro hizo inviable que el joven Borbón, en su calidad de rey nacional, fijase allí su residencia. El mobiliario, además, era escaso, por lo que hubo que proveerse de muebles; algunos los cedió, en préstamo, el Banco de Piedad; otros fueron alquilados a propietarios privados. Los trabajos de reestructuración del palacio le fueron encargados al ingeniero real, Giuseppe Papis, bajo la dirección del ingeniero mayor del reino, el teniente coronel Giovanni Antonio Medrano. El constructor elegido fue Angelo Carasale, un maestro de obras emergente, que más tarde se haría con los contratos para realizar otras importantes obras de la Casa Real. La ampliación del palacio, con el añadido de otras salas, entre las que se encontraban los aposentos de Santisteban, hizo peligrar su estabilidad. Se tuvieron que acometer nuevas obras para reparar las grietas que habían aparecido en los techos y las paredes y asegurar todo el edificio; las reparaciones duraron mucho tiempo. Para decorar el palacio el rey mandó llamar a algunos de los mejores pintores de la época: Giuseppe Bonito, Francesco Solimena, Francesco de Mura, Alessandro Fischetti. Sus frescos, junto a los tapices, recubrieron las paredes de los amplios salones, en los que encontraron, por fin, un digno acomodo las obras de arte procedentes de la colección Farnese que Carlos se había traído consigo desde Parma y que yacían, desde hacía tiempo, en sótanos húmedos y oscuros, con el consiguiente peligro de deterioro.¹⁶⁵

Junto al ala occidental del Palacio se construyó más tarde el teatro San Carlos, acabado en tan solo ocho meses, de marzo a noviembre de 1737, gracias al esfuerzo de Carasale, a quien se le encargó su construcción, bajo la dirección de Medrano. El teatro San Carlos se inauguró el 4 de noviembre, día en que se celebraba el santo del rey, con la representación de una ópera, Achille in Sciro, con música de Domenico Sarro y libreto de Pietro Metastasio. Según parece, antes de la representación Carlos le expresó a Carasale su deseo de contar con un camino privado para poder acceder al teatro directamente desde el palacio. Cuando terminó la función, Carasale le enseñó al rey un pasillo que conectaba con el palacio y que había hecho construir en las tres horas que duraba la ópera para satisfacer los deseos de Carlos, que quedó gratamente impresionado. Para paliar la humedad de los muros, que aún no se habían secado, el constructor los recubrió de tapices.

Nos podemos hacer una idea de cómo eran los interiores originales del teatro San Carlos (destruidos en 1816 por un incendio), las costumbres y el clima que se respiraba entre los espectadores gracias a la vivaz descripción que trazó el viajero inglés Samuel Sharp quien, en 1765, asistió a la representación de una ópera:

El teatro del rey, a primera vista, es, quizá, lo más admirable que uno pueda ver en sus viajes. Las fabulosas dimensiones del escenario, el prodigioso círculo de los palcos y la altura del techo producen un maravilloso efecto [...]. Hay que admitir que el escenario es muy hermoso; el vestuario es nuevo y lujoso; y la música está muy bien elegida; pero el escenario, sobre todo, es tan amplio y noble que da realce a la representación [...]. Es costumbre que los caballeros se visiten los unos a los otros, yendo de un palco a otro, incluso durante la representación; las damas, en cambio, una vez sentadas, no abandonan su palco durante toda la noche. Está de moda citarse en el teatro, esta o aquella noche [...]. Las butacas tienen brazos, algo, creo yo, que solo ocurre en este teatro. La platea es muy amplia: hay quinientos o seiscientos asientos, con brazos, por lo que parece que cada sitio es una gran butaca; además, hay un espacio libre en el centro y otro todo alrededor, debajo de los palcos, por lo que, a mi juicio, cuando el teatro está lleno, puede contener a unas cien o doscientas personas de pie. El asiento de las butacas se levanta como si fuera la tapa de una caja, y hay un cerrojo para cerrarlo [...]. Las tres filas más bajas de los palcos las alquilan, por turnos, elegantes damas, durante todo el año; el precio anual de un palco es de doscientos cuarenta ducados. Las otras tres filas de palcos se alquilan por noche. Cada fila tiene treinta palcos; es decir, serían ciento ochenta en total si el palco real, en el centro, no ocupase el lugar de cuatro.¹⁶⁶

En un manuscrito de la época se reproducen otras impresiones sobre la acústica y las condiciones ambientales del San Carlos, en cuyo interior «las voces de los intérpretes no se oyen bien desde los palcos [que están] alejados [del escenario] y el lugar, al ser muy grande, estar pegado a un jardín y cerca del mar, resulta demasiado frío». La calidad de las representaciones impresionó favorablemente al presidente del parlamento francés, De Brosses. En 1739 asistió, en calidad de invitado del rey, a una representación de la ópera Partenope. De Brosses aseguró que la interpretación y la puesta en escena habían sido «perfectas». Carlos, sin embargo, no pareció muy interesado por la función; según el político francés, al principio estuvo todo el rato hablando; luego se abandonó a los brazos de Morfeo.

El testimonio de De Brosses coincide con otros muchos que también destacan la escasa afición del rey de Nápoles por el arte lírico. En cambio, parecía estar totalmente a sus anchas en las ceremonias de la corte, como los bailes de máscaras, por ejemplo. En un baile, organizado en carnaval por la mujer de Santisteban, según escribe Acton,

... el rey llegó después de la cena, con el rostro cubierto por una máscara y vestido como en la corte papal romana, con un traje color carmesí, adornado con encajes blancos, un maravilloso diamante sobre el sombrero y otro en la boca de la máscara. Cuando todos los invitados terminaron de besarle la mano, abrió el baile, bailando un minueto con la marquesa de Solera. Terminada la pieza, se inclinó ante su dama y ante todos los asistentes mientras sonaba la música. En el segundo baile el rey apareció [disfrazado] como un poderoso señor africano, aparentemente desnudo, pero en realidad cubierto por una piel finísima, perfectamente adherente, con una máscara del mismo tipo. Para los otros bailes se vistió de húngaro, con terciopelo azul oscuro con bordados españoles de plata, de jenízaro, de campesino griego, de indio y de Neptuno. En el séptimo y último baile fue dispuesta, en una habitación cercana, una mesa de hierro con alrededor de ochenta cubiertos. Entre los adornos que la decoraban había una estatua de azúcar que reproducía la imagen del rey.¹⁶⁷

El teatro San Carlos no tardó en convertirse en el emblema de aquella cultura musical de la que «Nápoles fue el centro más brillante» de Italia. Según un experto como Lalande «la música es el triunfo de los napolitanos. Se diría que este pueblo [tiene] el oído más sensible, más armónico, que el resto de los europeos. Toda la nación canta: los gestos, la inflexión de la voz, la cadencia de las sílabas, la forma de hablar, todo expresa música». La conclusión es inevitable: «La principal fuente de la música es Nápoles».¹⁶⁸

Tras la salida de Santisteban, en diciembre de 1738, el monarca constató que durante los dos últimos años se había gastado demasiado dinero en obras en el palacio, continuamente necesitado de reformas, y en vestir al personal de sus dependencias. Se habían empleado, subrayó Carlos, «sumas considerables de dinero tanto del reino de Nápoles como del de Sicilia en la decoración de mi Real Palacio de Nápoles, en obras y reparación del mismo, en la vestimenta de la Real Casa, incluida la guardia de corps y la guardia de los alabarderos». Dado que el desembolso y distribución de estas sumas había sido responsabilidad de los diversos oficiales encargados de ello, los cuales deberían haber «presentado las cuentas de su trabajo», el rey decidió instituir una junta al respecto, una especie de comisión de investigación compuesta por el abogado fiscal Matteo Ferrante y por otros funcionarios expertos en materia financiera.¹⁶⁹

Caza y sitios reales: Prócida, Capodimonte, Portici y el Palacio Real de Caserta

La constatación del derroche del dinero público «no impidió ni frenó» —como destaca Schipa— «que se emprendieran obras igual de costosas o más aún». Una de las principales características de los veinticinco años del reinado de Carlos fue el empleo de una gran cantidad de dinero en la construcción de residencias en diversos lugares de su territorio, edificios que, junto al terreno circundante, expresamente acondicionado, se denominan «reales sitios». Para el moralismo tardo-risorgimentale de Schipa, cuyo modelo de referencia es la sobriedad de la corte de los Saboya, estos gastos eran totalmente desproporcionados con respecto a las posibilidades económicas reales del reino. El historiador napolitano considera que los reales sitios, en su conjunto, eran fruto del derroche, sin más justificación que la manía por la ostentación de Carlos, digno heredero en eso de Luis XIV. El monarca elegía, además, los lugares con caza más abundante para satisfacer su pasión cinegética.

Otros observadores, con menos prejuicios hacia el monarca, han sido más indulgentes a la hora de juzgar su vasta e impresionante labor constructora. Esta obedecía, en primer lugar, al deseo personal de Carlos —más concretamente: a su necesidad de disponer de lugares donde disfrutar de su pasión por la caza—, pero no puede explicarse solo por el típico narcisismo de los Borbones. La labor constructora también respondía al deseo de que la imagen de la monarquía napolitana fuese equiparable a la de las cortes europeas más fastuosas. El fin perseguido con dichas obras era consolidar, tanto de cara a los súbditos como ante las cortes extranjeras, la credibilidad de la dinastía nacional que se iniciaba con Carlos y que precisaba de estos signos externos para legitimarse. La pasión constructora que recorrió el reinado de Carlos contribuyó también, notablemente, a la creación de «aquella atmósfera de renovación que caracterizó a Nápoles durante la primera mitad del siglo [xvIII]. Lo que quedó de ello —destaca Venturi— fue ese estilo entre grandioso e improvisado, que quiere ser racional y equilibrado pero que siempre conserva algo de gratuito, de forzado, carente de contención y de íntima proporción, característico de la arquitectura borbónica meridional, incluso en sus inicios»¹⁷⁰, un juicio, este último, que tampoco está plenamente justificado.

En las provincias del reino había numerosos lugares boscosos donde se podía practicar la caza. Los bosques de Astroni, Calvi, Capriati, Agnano, Licola, Patria, Cardito, Carditello, Caiazzo, Sant’Angelo di Caserta, Venafro, Torre di Guevara, Persano, fueron los elegidos por Carlos. El soberano había comprobado personalmente, en las etapas de su viaje a Sicilia, que algunos de estos tenían abundante caza. Otros los eligió basándose en las informaciones facilitadas por los expertos que envió, ex profeso, para comprobar que hubiera caza y, eventualmente, repoblar la zona para que las expectativas del rey no quedaran defraudadas. Todos los lugares seleccionados para las residencias reales tenían que tener caza abundante, requisito indispensable para que el monarca pasase allí una temporada.

Carlos iba a cazar todos los días del año, salvo el Viernes Santo. No le arredraba ni siquiera el mal tiempo. Cuando había tormenta y alguien le recomendaba que fuera prudente, él solía contestar que la lluvia nunca le ha roto los huesos a nadie. Las localidades en las que se detuvo la comitiva real para descansar durante el viaje a Sicilia fueron elegidas en función de la caza. El rey se sentía muy orgulloso del número de piezas que cobraba y, cuando este era especialmente alto, informaba de ello a sus padres, entusiasmado. Fue el caso de la cacería efectuada en los alrededores de Rosarno, en febrero de 1735, en la que cayeron abatidos por su escopeta veintidós jabalíes, dos ciervos, dos zorros, un faisán y una chocha.¹⁷¹

Las diversas localidades le ofrecían a Carlos —al que acompañaba frecuentemente su mujer— tipos específicos de caza: crías de aves y codornices, en Portici; faisanes, en Prócida; oropéndolas, corzos, ciervos, conejos y faisanes, en Capodimonte. Tras contar meticulosamente las piezas cobradas y ordenarlas por especies, el rey solía darle una parte a su séquito; el resto lo distribuía entre los demás dignatarios de la corte, los oficiales de los regimientos y los albergues de los religiosos.¹⁷² Dependiendo del tipo de caza, Carlos empleaba jaurías de distintas razas de perros —perdigueros, mastines, lebreles, mastines corsos, perros rusos, alemanes, españoles—, criados y entrenados con todo esmero por personal especializado.¹⁷³ La frecuencia con la que salía a cazar también obedecía a su deseo de pasar el mayor tiempo posible al aire libre, conducta que consideraba una especie de terapia preventiva contra el riesgo de padecer crisis neuróticas y depresivas como las que habían sufrido su padre y su hermanastro Fernando. La caza se consideraba en la época un antídoto eficaz contra la hipocondría, que se pensaba que estaba producida por un desorden en la circulación cerebral de la sangre.¹⁷⁴ Consciente del peligro que lo amenazaba, Carlos quería evitar permanecer ocioso. Al no gustarle ninguna actividad cultural —la literatura, el teatro, la música— cuya práctica, además, exigía llevar una vida sedentaria, la caza, para Carlos, no era solo un mero pasatiempo. Su gentilhombre de corte, el conde Fernán Núñez, mientras le servía en la mesa, en el Palacio de El Pardo, le escuchó afirmar que si la gente supiera lo poco que, a veces, se divertía cazando, le compadecería, en vez de envidiarlo, por entregarse a esa inocente diversión.¹⁷⁵

Una vez localizadas las áreas más idóneas para construir los reales sitios, muchas de ellas propiedad privada, el rey consiguió adueñarse de estas recurriendo a sistemas diversos, desde la confiscación por motivos políticos, en el caso de que sus propietarios fueran sospechosos de simpatizar con Austria, al desembolso de, a veces, elevadas sumas de dinero con las que se intentaba doblegar la resistencia a vender de los propietarios. En cualquier caso, estos últimos siempre terminaron cediendo, a veces contra su voluntad.

El primer lugar por el que se interesó el soberano fue la isla de Prócida. Los aires saludables y la abundancia de faisanes ya habían impulsado al padre de Carlos, Felipe V, a requisarle la isla, durante su breve estancia en el reino, a principios del siglo, al feudatario local, Michelangelo d’Avalos, marqués del Vasto, acusado de simpatizar con Austria. Tras la conquista austriaca, el nieto de Michelangelo, Giambattista d’Avalos, recuperó la propiedad. A la llegada de Carlos al trono, Giambattista estaba cargado de deudas, situación de la que se aprovechó el monarca para arrebatarle la isla y dar las oportunas disposiciones para convertirla en un coto privado de caza. La orden fue cumplida sin dilaciones por el abogado fiscal Ferrante, y el magistrado Domenico Caravita, quienes, en abril de 1735, le escribieron al rey:

Habiéndose dignado su majestad en ordenarnos que, con motivo del secuestro ordenado, y por nosotros ejecutado, de las islas de Prócida e Isquia, nos ocupásemos con especial cuidado de la caza que hay en Prócida, reservando la misma a su solo real entretenimiento, y dando todas las disposiciones y providencias oportunas para el crecimiento de esta, y para que nadie ose matar a faisán alguno, o conejo, o cualquier otro animal que pueda ser cazado [...]. No dude su real majestad de que la caza, sobre todo de faisanes, se encuentra actualmente muy disminuida en comparación con la que se encontraba antes en Prócida, a causa, quizá, del poco genio que tenía el marqués del Vasto, cuyos oficiales más tendieron a destruirla que a conservarla. El primer paso dado por nosotros [para su recuperación] ha sido contar, de la forma más diligente que se ha podido [...] el número de faisanes que hay en total en la isla [...]. Hemos emitido un bando rigurosísimo, declarando que toda la caza de esta isla está reservada al solo entretenimiento real de su majestad y prohibida a todos los demás. Especialmente, hemos prohibido matar faisanes, conejos y cualquier especie de animales hábiles para ser cazados bajo pena, a los nobles, de 50.000 ducados y de siete años de reclusión en la cárcel, y a los plebeyos de 200 ducados y siete años de prisión.¹⁷⁶

Para evitar que los faisanes —las aves que más le gustaba cazar a Carlos y cuya población era especialmente abundante en la isla— fueran víctimas de los gatos, a los que se debía, en gran parte, la disminución del número de aves, se ordenó a los dueños que acabasen con ellos. Se amenazó, como de costumbre, con graves castigos a quienes incumplieran la orden. La desaparición de los gatos provocó que aumentara considerablemente el número de ratas y ratones, lo que puso en un grave peligro no solo los productos agrícolas —los ratones «roían los frutos del campo»—, sino también a los recién nacidos. Se dieron casos en los que las ratas «se comieron la nariz y les sacaron los ojos a los niños a quienes sus madres habían dejado solos en casa». A pesar de las airadas protestas de la indignada población local, que exigió que se revocase el bando real, en 1755 este todavía seguía en vigor en Prócida. Así se deduce de una carta del gobernador local, en la que informaba al primer ministro, Fogliani, del esfuerzo —digno, sin duda, de mejor causa— que se estaba realizando para exterminar la población de gatos:

Habiendo descubierto que, pese al riguroso bando que hice publicar [...], han sido escondidas y criadas tres gatas en el hospicio de huérfanas, he dado orden al procurador del mismo, que es el sacerdote don Tommaso Ferrara [...], que me las haga llegar de inmediato. Habiéndose informado Ferrara de que esto era cierto, pero [...] apiadado por las lágrimas de las huérfanas, me ha enviado como respuesta que a él le parece ser una gran crueldad que se les arrebaten las gatas a las huérfanas, toda vez que al estar encerradas en el hospicio no pueden causar daño alguno a la real caza. Por lo cual, entendiendo que por la debilidad de este [Ferrara], que también es confesor, se iba a dar un [...] ejemplo de desprecio por el bando [...], he dado orden a Ferrara de que, en el plazo de cuatro días, salga de esta isla y permanezca desterrado durante dos meses [...]. A las pocas horas me han enviado un saco con las tres gatas dentro, a las cuales, sacándolas [del saco] una por una, he dado muerte yo mismo con la escopeta.¹⁷⁷

El castillo feudal de Prócida se restauró y amplió para convertirlo en una morada digna del rey. El ejemplo fue seguido en los otros centros elegidos como residencias reales. Los edificios existentes se rehabilitaron para que resultasen más confortables o, como fue el caso de Persano, se construyó uno nuevo, sin reparar en gastos. En el Palacio Real de Persano, según se deduce por un documento fechado en el año 1753, se estaban gastando desde hacía tiempo veinte mil ducados anuales.¹⁷⁸ Carlos se prodigó también en mejorar el estado de las comunicaciones entre la capital y los reales sitios, mediante la restauración y apertura de nuevos caminos. A este respecto, es esclarecedor el testimonio de Giuseppe Maria Galanti, según el cual, para llegar cómodamente a Persano, uno de los lugares a los que acudía con más frecuencia, el monarca «gastó grandes sumas en allanar y reacondicionar el camino desde Salerno a [aquel lugar de] caza, camino que antes era impracticable y estaba lleno de baches».¹⁷⁹

Caserta, al igual que Prócida, se convirtió en una posesión de Carlos mediante la confiscación a su anterior dueño, el príncipe Francesco Gaetani, señor feudal de la localidad. Implicado en la conjura antiborbónica de Macchia, en diciembre de 1701 el príncipe fue condenado al exilio por la Giunta d’Incofidenza, instituida por Felipe V, y privado de sus posesiones, que le fueron restituidas tras el triunfo de los austriacos. Al conquistar Carlos el trono, Gaetani, considerado un peligroso partidario de los Habsburgo, fue procesado por rebeldía. Se le incautaron todos los bienes y las rentas que tenía en el reino. Se nombró un gobernador real en Caserta, ciudad que cayó bajo la jurisdicción directa de Carlos, junto con el vecino bosque de Sant’Angelo, abundante en caza, y también incautado a sus propietarios anteriores, los Spinelli, duques de Caivano, por motivos políticos.¹⁸⁰

Capodimonte y Portici, dos reales sitios en los que Carlos residió con frecuencia, sobre todo en el último, pasaron a manos del monarca por distintos procedimientos. En ambas localidades habían existido, desde siempre, extensas zonas boscosas, que incitaban a practicar la caza; en Capodimonte, además, situada muy cerca del mar, se añadía el atractivo de la pesca, actividad a la que Carlos era también un gran aficionado. Los terrenos pertenecían a ricos propietarios que, muy a pesar suyo, se vieron obligados a vendérselos a Carlos, cuyos «gastos por aquellas adquisiciones y expropiaciones» fueron enormes, también porque, al no estar disponible la totalidad de la suma, «se compró a débito, por lo que hubo que pagar intereses». El proyecto del palacio de Capodimonte se le encomendó al ingeniero Giovanni Medrano. Cuando se dio cuenta de que era incapaz de llevar a término él solo un proyecto de esa magnitud, solicitó la colaboración del romano Antonio Canevari, uno de los mejores arquitectos de la época. Los trabajos, una vez solucionados los problemas que planteaba la naturaleza del terreno, se iniciaron en septiembre de 1738, y cuando Carlos regresó a España, es decir, veintiún años después, aún no habían concluido. Se ha calculado que el real sitio de Capodimonte, incluyendo los gastos necesarios «para que todo quedara perfecto», le costó al erario público alrededor de un millón de escudos.¹⁸¹

La villa de Portici, en la que se decidió construir otro palacio real, estaba situada a los pies del Vesubio y, por tanto, corría el peligro de sufrir los efectos de una erupción volcánica. Según se cuenta, cuando alguien, prudentemente, le llamó la atención sobre el riesgo que corría, Carlos, siempre confiado en la divina providencia, le contestó, cándidamente: «Dios, María Inmaculada y San Jenaro se ocuparán de eso».¹⁸² En realidad, el monarca no confió solo en la divina providencia en lo que respecta a la geología de la zona y a las medidas de precaución, también recurrió a la experiencia de los mejores técnicos de la época antes de iniciar los trabajos. Estos comenzaron bajo la dirección de Medrano; posteriormente, al igual que pasó con Capodimonte, estuvieron supervisados por Canevari. La decoración y la pintura al fresco de las salas corrieron a cargo de algunos de los artistas más renombrados de la época, como el escultor Giuseppe Canart y el pintor Giuseppe Bonito. A este último se le encargó, en principio, que decorara al fresco todas las paredes del palacio; luego se redujo el encargo a una sola parte para contener los gastos. En cualquier caso, también esta obra, inconclusa cuando finalizó el reinado de Carlos, le supuso un importante desembolso a las arcas reales.

En Caserta se erigió «la obra que —según los detractores de Carlos— marca la culminación de la fastuosidad dispendiosa, la más cumplida y más descarada encarnación de una monarquía que no pensaba sino en su propia grandeza»¹⁸³ Carlos colocó la primera piedra el 20 de enero de 1752, coincidiendo con su trigésimo sexto cumpleaños. El monarca empleó una paleta de albañilería y un martillo de plata que luego le regaló al proyectista, Vanvitelli, quien, a su vez, los entregó como exvoto a la iglesia romana de San Felipe Neri.¹⁸⁴ A la ceremonia inaugural de los trabajos fueron invitados el nuncio pontificio y numerosos diplomáticos extranjeros, que asistieron junto a un seleccionado grupo de miembros de la aristocracia del reino. El perímetro de la impresionante construcción fue trazado por regimientos de infantería y pelotones de caballería. En los cimientos el rey y su esposa arrojaron monedas de oro y plata con sus efigies grabadas junto a la inscripción Deliciae Regis, felicitas Populi («Delicia del rey, felicidad del pueblo»). Este lema, con el que, obviamente, se quería dar a entender que los intereses de Carlos coincidían con los de sus súbditos y que estos, por lo tanto, tenían que sentirse gratificados al ver feliz a su rey, fue criticado con aspereza por Schipa. El historiador napolitano consideró que esta premisa era totalmente engañosa porque el abismo que se abrió en las cuentas públicas por los gastos de esa obra faraónica solo se podía tapar, inevitablemente, a costa del creciente sacrificio de la población del reino.¹⁸⁵ Algunos días después, los ministros napolitanos que estaban en el extranjero fueron informados acerca del inicio de las obras. El primer secretario de Estado, Giovanni Fogliani, les envió desde Caserta el siguiente despacho:

El jueves pasado esta corte resplandeció y estuvo jubilosa por un doble motivo, ya que, además de conmemorarse el feliz cumpleaños de su majestad, se celebró el fastuoso momento en el que se colocó la primera piedra del real palacio que aquí se ha decidido erigir. Y, habiendo los monarcas llevado a cabo por sí mismos la ceremonia, y monseñor el nuncio celebrado lo concerniente al rito eclesiástico [...] todo se hizo, en verdad, con esplendor y magnificencia, a la que contribuyeron también la numerosa asistencia de ministros extranjeros y de [miembros de la] nobleza, [vestidos] con lujosa gala y graciosamente recibidos por los patronos reales para el besamanos.¹⁸⁶

El deseo de Carlos —que ya estaba prácticamente seguro de que iba a ser coronado rey de España a la muerte de su hermanastro Fernando— era que la residencia real de Caserta, siguiendo el ejemplo de la de Versalles, fuese, con sus lujosas obras de arte, sus parques, sus jardines y fuentes, el extraordinario símbolo que diera eternamente fe, en el reino de Nápoles, del esplendor de su dinastía. La cantidad inicial presupuestada para esta obra en verdad impresionante, encargada al arquitecto romano Luigi Vanvitelli, fue de cinco millones de ducados; al resultar inferior a la suma final, el dinero, como ocurría siempre con los reales sitios, no salió del presupuesto de la Casa Real. Se asignó una cantidad anual de quinientos mil ducados para la continuidad de los trabajos, que se prolongaron durante varios años, ya bajo Fernando IV. En la construcción del palacio y de los edificios adyacentes se empleó a una multitud de obreros, a los que se añadieron galeotes y esclavos musulmanes. Para decorar las numerosas salas se contrató a los mejores artistas de los dos reinos.

Carlos que, a menudo, seguía personalmente los trabajos, le prestó especial atención a la capilla del palacio, a la que destinó unas pequeñas columnas con mármoles «de colores y pulimentos finísimos y bellísimas vetas». Las columnitas despertaron la admiración del embajador saboyano, Monasterolo, que en febrero de 1753 había acudido a Caserta, en compañía del rey, para observar la marcha de los trabajos. Carlos, dándose cuenta del interés con el que su invitado observaba las columnas, le preguntó qué le parecían los mármoles. El diplomático piamontés le respondió que no había visto «anteriormente [mármoles] más hermosos ni más finos», añadiendo que las columnitas le parecían «idóneas [...] para adornar tabernáculos». El monarca le dio la razón, complacido, y le dijo a Monasterolo que se trataba de muestras de todos los tipos de mármol que había en las montañas de los reinos de Nápoles y de Sicilia, y que las columnas estaban destinadas a adornar la capilla real. Durante las excavaciones se ha había descubierto una rica mina de plomo de la que se estaba extrayendo una plata purísima; el rey, concluyendo, le dijo que ya había recibido dos grandes piezas y que estas «se estaban trabajando para formar cálices y otros pequeños ornamentos para mi capilla, ya que justo es ofrecerle las primicias a Dios».¹⁸⁷

El palacio —concluido, como ya hemos dicho, cuando Carlos ocupaba ya el trono de España— fue considerado, por sus dimensiones y su riqueza, «uno de los edificios de este tipo más nobles de Europa» y atrajo muy pronto el interés de los visitantes extranjeros, que se quedaban asombrados al verlo. El conocido viajero Henry Swiburne, por ejemplo, sacó una excelente impresión cuando lo visitó, en 1770, escribiendo al respecto:

Las amplias dimensiones de sus salas, la audaz perspectiva de sus techos, la excelente calidad y la belleza de los materiales empleados en la construcción y en la decoración, la fuerza de los muros, todo despierta la admiración de quienes lo observan y que no pueden sino admitir que, por sus dimensiones y magnificencia, es un edificio digno de albergar a los antiguos romanos [...]. Las dos fachadas principales miden alrededor de 238 metros y tienen cinco pisos con treinta y siete ventanas por cada uno de ellos. Las otras dos alas miden alrededor de 186 metros y tienen también cinco pisos, cada uno de los cuales tiene veintisiete ventanas. El interior está dividido en cuatro patios, y en el centro del palacio hay una soberbia escalinata que conduce a un salón circular que comunica con otras estancias. Se han empleado, profusamente, los mármoles más ricos y preciados, y la mayor parte de ellos han sido extraídos de las canteras del Reino.¹⁸⁸

Tres de las fachadas del palacio estaban rodeadas por extensos jardines; al sur, en la zona a la que daba la fachada principal, se abría el camino que conducía a Nápoles. Parques, grupos escultóricos de mármol, fuentes con varios estanques y cascadas artificiales le conferían el magnífico y lujoso aspecto que Carlos había soñado.

Obras públicas: el Real Hospicio para pobres

La labor constructora del soberano no se limitó a las residencias reales. Además de estas obras —las predominantes—, cuya finalidad era satisfacer exigencias privadas y de imagen, Carlos también promovió, durante su extenso reinado, una serie de iniciativas de interés público, tanto en el sector de las infraestructuras como en el de las manufacturas.

El soberano dio un nuevo impulso a la construcción de puertos, carreteras, obras de bonificación, edificios públicos, que, como subraya Galasso, a partir de su reinado «caracterizaron [...] la acción del gobierno borbónico, mucho más que la de los gobiernos precedentes».¹⁸⁹ No faltaron, dentro de este contexto, proyectos grandiosos como, por ejemplo, el que propuso, en 1740, el inglés Pelham: «excavar un canal en las tierras del reino de Nápoles para comunicar el mar Mediterráneo con el golfo Adriático». El proyecto de construcción del canal despertó un vivo interés en los círculos científicos y en el periódico francés Mercure historique et politique se llegó a publicar la noticia, especificándose, incluso, cuál sería el recorrido: desde Gaeta hasta Pescara. En el artículo se destacaban las enormes ventajas que supondría el canal para el comercio de la zona, ya que evitaría que los barcos tuvieran que bordear toda la costa del sur de Italia para pasar de un mar a otro. Este entusiasmo por los proyectos novedosos, unido a las iniciativas emprendidas en el sector comercial y manufacturero, fue la causa, como señala Franco Venturi, de que «en la corte se tendiera a dar cada vez más poder a los hombres nuevos, en detrimento de los tétricos y mojigatos consejeros a los que Felipe V encomendó a su hijo cuando este llegó a Nápoles». En la corte de Carlos destacaron personajes como Tanucci, en el terreno jurídico, pero también «hombres como Angelo Carasale, el herrero que llegó a ser empresario, el proveedor sin escrúpulos del que estaba celosa la nobleza». Carasale, que —como veremos más adelante— acabó sus días en la cárcel, era «el hombre del pueblo que representaba, tanto por su capacidad y energía como por sus peores defectos, ese espíritu emprendedor, sin control y sin medida alguna, que estaba invadiendo el entorno de Carlos de Borbón».¹⁹⁰

Entre las obras públicas, ocupa un lugar de honor el gran edificio del Real Hospicio o Real Albergue para los pobres, destinado a dar cobijo a la multitud de mendigos que vagabundeaba por la capital. Se trataba de «gente de todas las edades, de uno y otro sexo, sin oficio ni trabajo alguno, que vivía de las limosnas que les daban; estaban por todas partes y, durante el día, casi forzaban a los transeúntes [para que les dieran una limosna]; por la noche se convertían en ladrones callejeros o se dedicaban a otras actividades deshonestas». Para ponerle un freno a esta desagradable situación que, entre otras cosas, provocaba serios problemas de orden público, Carlos decidió construir un enorme establecimiento, cuyo proyecto se le encargó al ingeniero Ferdinando Fuga. Se escogió un amplio solar, en la colina de Capodimonte, que fue adquirido por el gobierno por veinticinco mil ducados, y, en marzo de 1751, se iniciaron los trabajos que, dada la envergadura de la obra, se prolongaron durante bastante tiempo. Un mes antes, en febrero, Carlos había emitido la pragmática Xenodochium totius Regni (Hospicio para todo el reino) para regular la actividad del Real Hospicio que estaba previsto que acogiera al mayor número posible de mendigos y vagabundos; a estos se les proporcionara comida y ropa, y se intentaría introducirlos en el mercado laboral. La pragmática real establecía también que el monarca fuese el jefe y protector del Albergue, cuya administración dependería de una comisión de once personas que ocuparían el cargo durante tres años.

Los miembros de la comisión los elegiría un consejo, compuesto por 196 personas, del que formarían parte la reina, ministros reales, nobles, magistrados, eclesiásticos y sesenta y ocho mujeres, elegidas entre las damas de más alta alcurnia del reino. Siguiendo el ejemplo del rey, que facilitó los fondos iniciales para la construcción de esta «obra pía», que costó alrededor de novecientos mil ducados, los organismos eclesiásticos y los ciudadanos adinerados también aportaron importantes sumas. Gracias a la rica dotación y al esfuerzo de los administradores, el Albergue «mejoró cada día más» y, en los momentos de crisis, como la grave carestía, «seguida de homicida enfermedad», que azotó al reino en 1763, desempeñó un papel fundamental en el campo de la asistencia social. En aquella fatídica ocasión, encontraron cobijo en el Albergue alrededor de ochocientos pobres «a los que se les dio lo necesario para que se alimentaran y vistieran».¹⁹¹

Industrias textiles y artísticas

El notable interés demostrado por Carlos hacia el sector de las manufacturas, a cuyo desarrollo prestó una especial atención, hizo que durante su reinado, como observa Bianchini, «se establecieran de nuevo en nuestra tierra fábricas de armas, de tapices, de piedras duras [...] de telas y de tejidos de algodón en los diversos lugares del Reino». Las tejedurías de algodón eran especialmente numerosas en Portanova, Catanzaro y Cava de’ Tirreni, donde había mil ochocientos telares que producían quince mil piezas de todo tipo. Las de lino se localizaban, sobre todo, en Amalfi y en otros centros de Campania, Abruzo y la zona de Bari. En Aquila, Lecce y Trani había centros que destacaban por la excelente calidad de sus trabajos de hilo de lino, que podían competir con los productos extranjeros más refinados. Estos últimos, sobre todo los procedentes de Holanda y Alemania, gracias a las innovaciones técnicas introducidas para su fabricación, se volvieron, sin embargo, cada vez más competitivos. Los tejidos alemanes y holandeses no tardaron en inundar el mercado meridional, comprometiendo seriamente la producción local que, anclada en los viejos sistemas de producción e incapaz, por tanto, de soportar la competencia, fue perdiendo progresivamente nichos de mercado y entró en declive.¹⁹²

En el campo de la industria textil se impulsó de forma especial la producción de paños de lana. Cuando Carlos llegó a Nápoles solo había unas pocas fábricas dedicadas a ello, de las que, además, salían productos de muy baja calidad. Gracias a diversas iniciativas emprendidas por el monarca, la producción aumentó y mejoró notablemente su calidad. Carlos hizo obligatorio que en la confección de los uniformes militares se empleasen tejidos de fabricación nacional y favoreció, mediante las medidas oportunas, las actividades empresariales de los hermanos Quarini. Estos últimos instalaron una fábrica de paños de lana en Arpino a la que, atraídos por las facilidades que se les brindaban, acudieron a trabajar numerosos artesanos procedentes de Holanda, Francia e Inglaterra. En 1739 el francés Baduel fundó en Arpino una escuela de capacitación profesional para instruir a los obreros en las técnicas más avanzadas para la fabricación de tejidos de lana. La escuela permaneció en activo después de la quiebra de los hermanos Quarini y en ella se formaron hábiles artesanos. La producción textil de Arpino no consiguió, sin embargo, satisfacer la demanda interna ni de paños finos ni de paños bastos, y se tuvo que seguir recurriendo a la importación.¹⁹³

El deseo de Carlos de emular a la familia de su mujer en la producción de objetos de lujo dio lugar, en 1743, al nacimiento de la fábrica de porcelana de Capodimonte, que tendría un enorme éxito, descollando entre el resto de industrias artísticas potenciadas por los Borbones. El abuelo de María Amalia, el elector de Sajonia, había instalado en Meissen, en el año 1710, una fábrica de porcelana que utilizaba el mineral extraído de las minas locales. A partir de 1736 empezó a producir las famosas estatuillas de porcelana de Meissen que, muy pronto, se hicieron famosas en toda Europa. En el siglo XVIII, la fabricación de porcelana se había convertido, además, en «el fetiche de los nobles y los potentados, de los príncipes y los gobernantes, que hicieron de ello una cuestión de prestigio», hasta tal punto que, como señala Francesco Strazzullo, «poseer una fábrica de porcelana era como, hoy en día, tener un equipo de fútbol o una cuadra de caballos de carreras para un rico industrial».¹⁹⁴

Carlos, al poco de casarse, se quedó asombrado ante la refinada elegancia de las porcelanas de Sajonia, las más apreciadas de la época. Por influencia de su mujer, empezó a cultivar la afición por la porcelana, además de por la caza, y pensó en instalar una fábrica en el reino de Nápoles. Impulsó las prospecciones en busca de caolín, el mineral necesario para que la porcelana local tuviera la misma consistencia que la sajona. Tras años de búsquedas —dirigidas por Livio Ottavio Schepers, un grabador que trabajaba en la ceca napolitana—, en diciembre de 1743 se encontró la preciada arcilla blanca en Calabria, entre las localidades de Pola y Fuscaldo. Schepers consiguió moler y cocer el caolín calabrés y obtener una pasta blanda. Ya era posible la producción de porcelana a gran escala. La fábrica se instaló en la villa de Capodimonte, en un edificio construido por el arquitecto Ferdinando Sanfelice. A los reyes se les ofreció como regalo una gran cantidad de objetos de porcelana, pero a estos se les ocurrió poner también la porcelana a la venta y se abrió una tienda a tal efecto, en el teatro San Carlos. La porcelana se hizo «tan famosa que, en el xvIII, el nombre de Capodimonte era inseparable de la palabra porcelana». Carlos sentía tanto apego por la fábrica de Capodimonte que, en 1759, cuando dejó Nápoles rumbo a Madrid, desmanteló las instalaciones y quiso transportar la maquinaria y los modelos a Madrid.¹⁹⁵

A Carlos de Borbón se debe también la fundación, en 1738, de la Real Fábrica de Tapices y de un Real Taller de Piedras Duras, en San Carlo alle Mortelle. Las primeras cuadrillas de maestros artesanos que trabajaron en la fábrica de tapices procedían de Florencia. El intendente, Voschi, estableció, en 1739, el reglamento interno, tomando como ejemplo las instalaciones florentinas, cuya producción era entonces muy apreciada. Voschi, antiguo funcionario al servicio de los Farnese, había sido el administrador de los bienes alodiales de la familia. Tras el cierre de la fábrica de tapices de los Médicis, los mejores tapiceros florentinos se trasladaron a Nápoles. Carlos había tenido ocasión de apreciar el elevado grado de perfección técnica que habían alcanzado durante su estancia en la capital del archiducado. En 1757 la Regia Arazzeria di San Carlo o Real Fábrica de Tapices de San Carlos fue dividida en dos partes: una, dedicada a la fabricación de tapices de alto lizo o cordelillo, se puso bajo la dirección del romano Pietro Duranti; la otra, especializada en tapices de bajo lizo, la dirigió el florentino Domenico del Rosso. El futuro director del taller de piedras duras, Francesco Ghinghi, también procedía de Florencia. Detrás de estos nombramientos estaba el padre Salvatore Ascanio, también florentino, hombre de confianza de Isabel de Farnesio y uno de los personajes con los que Tanucci mantenía correspondencia regularmente. En la fábrica y en el taller trabajaron algunos de los mejores especialistas del sector, pintores, escultores y grabadores famosos como Giovanni Francesco Pieri, los hermanos Beniamino y Gennaro Zamparelli o Francesco Cipriani.

La estancia de Carlos en Florencia —subraya Strazzullo— fue, pues, «determinante para la fundación de las dos manufacturas de San Carlo alle Mortelle», de la misma forma en que las bodas con María Amalia de Sajonia tuvieron una influencia decisiva en la instalación de la fábrica de porcelana en Capodimonte.¹⁹⁶

Institución de la Orden de los caballeros de San Jenaro

Para honrar su matrimonio y, al mismo tiempo, ensalzar la dignidad de la monarquía con una iniciativa que implicase a la elite aristocrática, Carlos, de común acuerdo con los reyes de España, y siguiendo una práctica habitual de las dinastías reinantes, decidió instituir una orden militar, denominada de San Jenaro, en honor al santo patrono de la capital. La finalidad de la nueva orden, según la intención del monarca, era la de seleccionar a un grupo de nobles de confianza, cuyos vínculos de lealtad a la corona se verían reforzados con la concesión de la cruz de San Jenaro. Detrás de la iniciativa también latía la necesidad de amalgamar, bajo la insignia común de la orden, a los miembros de la aristocracia procedentes de diversos puntos geográficos: Nápoles, Sicilia, los ducados italianos y España. Lo que Carlos pretendía —como subraya Galasso— no era, en definitiva, sino alcanzar «el objetivo común a todas las iniciativas de este tipo: ofrecer una imagen destacada y rotunda de su dinastía, así como de la monarquía como institución y como realidad sociopolítica, equiparable a la de las otras [dinastías] europeas ya consolidadas».¹⁹⁷ Carlos ya había acariciado la idea de instituir una orden en el verano de 1737, un año antes de la celebración de su matrimonio, pero las dificultades que estaba teniendo con el tema de su investidura le hicieron dejar el proyecto para más adelante.¹⁹⁸ En febrero del año siguiente, coincidiendo con los preparativos para su boda con María Amalia, retomó la idea y, a los pocos días de celebrarse la unión, el 3 de julio de 1738, se instituyó por fin la Orden de San Jenaro.

A los aspirantes a caballero se les exigía el doble compromiso de actuar «en pro de la defensa y de la mayor grandeza de nuestra santísima religión» y de ser «para nuestros pueblos, heroico ejemplo y modelo de piedad hacia Dios y de lealtad hacia su príncipe». Para alcanzar tales fines debían observar, rigurosamente, las ocho prácticas siguientes, en las que los deberes religiosos se trenzaban con la lealtad hacia la corona: 1) defender a toda costa la religión católica; 2) hacer siempre de pacificador entre los compañeros; 3) jurar fidelidad absoluta al rey, que era el gran maestre de la Orden; 4) en caso de fallecimiento de uno de los compañeros, comprometerse a ofrecer una misa por su alma, recitar el oficio de difuntos y comulgar. A la muerte del caballero «se enviarán cartas circulares con la notificación del secretario de la Orden, que deberá ser comunicada a los hermanos del difunto, devolviendo, en el plazo de tres meses, el real collar con la cruz que se le entregó»; 5) asistir a misa a diario; 6) recibir la comunión en Pascua y en la festividad de San Jenaro, el 19 de septiembre; 7) no desafiar en duelo a nadie, ni aceptar ningún reto, sin la previa autorización del gran maestre; 8) asistir personalmente «a todos los oficios religiosos [a los que también asista el rey] en honor del Santo Protector, en los cuales los caballeros ocuparán su lugar por orden de antigüedad en la Orden». Se estableció que el número de caballeros no pasara de sesenta, aunque Carlos se reservó el derecho a modificar esta cantidad. Inicialmente, se requería que el caballero tuviera cuatro cuartos de sangre noble. Más tarde, esto fue sustituido por la condición de que el candidato estuviese en posesión de «nobleza sin mancha ni tacha».¹⁹⁹

Los caballeros lucían una banda roja —que simbolizaba el martirio de San Jenaro—, de uno de cuyos lados colgaba una cruz. Sobre la parte izquierda del pecho llevaban otra banda, bordada en plata, con la inscripción: In sanguine foedus («Pacto en la sangre»). Se distribuyeron los diversos cargos: el de secretario se le asignó a Gaetano Brancone, secretario del Ecclesiastico; el de canciller, a Mondillo Orsini, arzobispo de Capua; el secretario de Hacienda, Giovanni Brancaccio, fue nombrado tesorero. Los primeros en ser nombrados caballeros fueron los dos hermanos de Carlos, los infantes Felipe y Luis, y su cuñado, Federico Augusto Wettin, príncipe elector de Sajonia. Posteriormente, fueron elegidos otros cuarenta y tres caballeros, escogidos entre la «principal nobleza del país» y los miembros más destacados de la corte, con la llamativa excepción de Montealegre. El primer secretario de Estado que, a finales de ese mismo año, iba a obtener el permiso del rey para agregarse a la nobleza napolitana de seggio, fue admitido en la orden en el mes de octubre, junto a sus compatriotas José Miranda, Melchor de Solís y Joseph Bach i Castellar. Al rey de España se le concedió la facultad de designar a seis caballeros.²⁰⁰

En contra de lo esperado, entrar a formar parte de la orden de San Jenaro no se convirtió en un objetivo especialmente codiciado entre las altas esferas de la aristocracia. El propio príncipe elector de Sajonia, a finales del año 1739, tras haber obtenido del rey de España el prestigioso toisón de oro, renunció a la orden napolitana, cuyo «lustre [...] no era el que se esperaba». Pese a ello, «el objetivo de que la Orden fuera, para la monarquía napolitana, el equivalente al Toisón de oro —observa Galasso—, sí se alcanzó de alguna forma». En cambio, no tuvo ningún éxito el siguiente intento de Carlos: fundar una nueva orden militar, con un carácter más selectivo que la de San Jenaro, y de la que se nombró canciller a un personaje de la relevancia del capellán mayor, Celestino Galiani. En esta orden, denominada de San Carlos, en honor a su santo patrón, el rey quería incluir «a todos aquellos oficiales que se hubieran distinguido por sus méritos en acto de servicio».²⁰¹ Carlos, sin embargo, no tardó en abandonar el proyecto y, como nos informa su «panegirista» Pietro d’ Onofri, prefirió recurrir para esos mismos fines a la antigua y ya sobradamente reconocida Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, que se creía instituida por el primer emperador cristiano y, por lo tanto, contaba con gran prestigio.²⁰²

Ejército, armada y plazas fuertes

La fundación de la Orden de San Jenaro —como subraya Anna Maria Rao, citando una oración fúnebre en memoria de Carlos—, se inscribe dentro del mismo contexto en el que debe ser también incluida «la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas a «infundir en la nobleza el fervor hacia la patria y hacia la defensa de esta con las insignias del honor» y devolverla al pleno ejercicio de la función connatural al hecho de ser noble, es decir, la militar».²⁰³ Desde la subida al trono de Carlos, se había planteado el problema de la formación de un ejército nacional capaz de sostener eficazmente a una monarquía que se había establecido en el Mezzogiorno gracias a los ejércitos españoles y que ahora precisaba de milicias locales para legitimar sus aspiraciones a ocupar un lugar independiente en el contexto político internacional. La ocasión propicia para lograr dicho objetivo se presentó —como veremos a continuación— con la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748), durante el curso de la cual se pusieron las bases de «una nueva relación entre la corona y la nobleza [...] al recurrir a la gran nobleza feudal y patricia de Nápoles para el reclutamiento y el mando de los regimientos provinciales», dado que, anteriormente, por obvios motivos políticos, se había procedido, en cambio, a un auténtica desmilitarización de la aristocracia meridional.²⁰⁴ La actitud extremadamente sospechosa de las dinastías reinantes hacia sus propios súbditos era algo de lo que eran plenamente conscientes los eletti de la capital. Así se lo habían puntualmente indicado al último virrey austriaco, cuyos predecesores, por orden de Viena, habían optado por recaudar grandes sumas de dinero como alternativa al reclutamiento de tropas.

El organigrama del ejército que se envió a Nápoles se había definido en Madrid, basándose en una ordenanza de 1728, y constaba de casi treinta y dos mil hombres, entre infantería y caballería. Los príncipes de Colubrano y de Torella, antes de la llegada de Carlos, habían agregado a las tropas aportadas por España dos regimientos Borbone, uno formado por soldados de infantería reclutados en Lombardía, y otro por dragones alistados en Toscana. Otros miembros de la nobleza, siguiendo su ejemplo, se dedicaron a reclutar soldados, tanto en el reino como fuera de él. El Estado pontificio, Liguria y Suiza fueron las zonas del extranjero donde más reclutamientos se produjeron. A lo largo del año 1734 se consiguieron, así, formar seis regimientos; en los tres años siguientes se constituyeron otros cinco. Entre estos últimos destacaba el regimiento Macedonia, así llamado porque sus soldados procedían de Grecia y Albania, áreas de gran interés económico para la república de Venecia. El senado véneto observaba con preocupación dichos reclutamientos, guiado por el temor, en realidad infundado, de que podían ser ejercicios preparatorios para una política expansionista de Carlos por el bajo Adriático oriental y la península balcánica.²⁰⁵

Por indicación de Madrid, tras el regreso a España de Montemar, en abril de 1737, se puso al mando del ejército napolitano, con el grado de capitán general, al ya mencionado conde de Charny, que presidía la junta de guerra, de la que también formaba parte el comandante de la armada. El importante peso específico concedido al conde francés se explica —destaca Galasso— por el deseo de España de «no subordinar del todo el poder militar al político, en nombre de una lógica, presumiblemente, de equilibrio de los poderes periféricos».²⁰⁶ En 1740, a la muerte de Charny —que, en el ínterin, había sido nombrado duque—, los efectivos del ejército comprendían poco más de veinte mil unidades, de las cuales dieciocho mil soldados eran de infantería y dos mil quinientos de caballería. Al mando del ejército de tierra, en sustitución de Charny, se puso, en mayo de 1740, a Francesco Eboli, duque de Castropignano. Eboli había sido teniente general y, por lo tanto, el segundo en la cadena de mando después de Charny. Cuando se reclamó su presencia en Nápoles, Castropignano, que era uno de los hombres de confianza de los reyes de España, se encontraba en Francia, donde desempeñaba el cargo de embajador. En la vigilia de la entrada del reino de Nápoles en la Guerra de Sucesión Austriaca —sobre la que nos detendremos más adelante—, el ejército de Carlos comprendía un regimiento de artillería, uno de guardias italianas, cuatro regimientos suizos, catorce de infantería, cuatro de caballería, tres de dragones y un batallón de marina. A estos efectivos había que añadir una compañía de guardia de corps, constituida por tres brigadas de cuarenta y cinco hombres cada una, y dos compañías de alabarderos; la primera de estas dos últimas, denominada Napoli, estaba compuesta por cien soldados; la segunda, llamada Sicilia, constaba de cincuenta unidades. Al frente de cada regimiento había un Consejo de guerra, formado por un coronel y siete capitanes.

El comandante de la armada, con el grado de capitán general de galeras, era el español Miguel Reggio y Brachiforte, también él nombrado por los reyes de España. Con la ayuda de Reggio, Montealegre, en su calidad de secretario de Guerra, se encargó de la formación de la armada del reino. Tras el hundimiento del buque almirante San Luigi por el almirante austriaco Pallavicini y del traslado de los barcos restantes a Mesina, fue necesario formar una nueva armada. España, que había contribuido con miles de soldados a la formación del ejército de tierra, no suministró, en cambio, ayuda alguna, y Nápoles tuvo que recurrir a sus propios medios. En 1734 se le compraron al Estado pontificio, por seis mil ducados, tres cascos de galera, que fueron completados y botados con los nombres de San Gennaro, Concezione y Sant’ Antonio. Al año siguiente se construyó la nave Capitana y, en mayo de 1739, se botó la fragata San Carlo-la Partenope, cuya construcción se había iniciado en otoño del año anterior. Con independencia de unas pocas falúas y algunos jabeques, en los años siguientes no se construyeron más embarcaciones militares, de manera que, como subraya Schipa, «en el décimo año del reinado de Carlos toda la flota del Reino se reducía a un navío, una fragata y cuatro galeras, además de algunos barcos menores, situación a todas luces inferior a la de los últimos tiempos del virreinato».²⁰⁷

Para dotar mejor a la armada se intentó, en un principio, conseguir la ayuda de algún armador privado, pero el esfuerzo fue inútil; se pensó, entonces, en comprar los barcos ya construidos. En el mercado, sin embargo, la única oferta era la del imperio austriaco y consistía en las mismas naves que, a la llegada de las fuerzas españolas, Pallavicini había conseguido trasladar primero a Mesina y, más tarde, a sus propios puertos. La oferta, pues, implicaba sufrir el escarnio de tener que pagar por unos barcos que habían pertenecido al reino y que no se habían conseguido recuperar con las armas. El comandante Reggio no se prestó a algo tan poco honroso. Durante los años siguientes no se botaron nuevas naves en el reino de Nápoles y, en 1759, cuando Carlos se trasladó a Madrid, dejó en Nápoles una armada que no contaba más que con dos navíos —el San Filippo, de sesenta y cuatro piezas de artillería, y el San Carlo, de sesenta—, dos fragatas, Concezione y Amalia, ambas dotadas de treinta piezas, y seis jabeques con veinte cañones cada uno.²⁰⁸

Junto al ejército y a la armada, otro elemento fundamental para el sector militar era el constituido por las fortalezas, que representaban los baluartes defensivos en caso de invasión enemiga, como hemos podido ver al recorrer los momentos principales de la conquista borbónica de los reinos de Nápoles y de Sicilia. Carlos le encargó a Montealegre que se ocupase de la fortificación de los castillos y las fortalezas, especialmente los de la capital. Este no escatimó esfuerzos durante los primeros meses del nuevo gobierno, cuando aún se estaba en guerra contra Austria. Se consiguió reparar, en Nápoles, el torreón del Carmine, el castillo de Sant’ Elmo, el castillo dell’ Ovo y las caballerizas de la Vittoria, de Chiaia, de Caramanico, y del Puente de la Magdalena. Además, se rehabilitaron y fortificaron el real presidio de Pizzofalcone, el arsenal y el barrio de la Dársena. En el resto del reino se prestó una especial atención a la reestructuración de las fortalezas de Gaeta, Pescara y Capua, y de los castillos de Baia e Isquia. En Sicilia se hizo un esfuerzo análogo, restaurándose las fortalezas de Mesina, Trápani y Siracusa que, como ya hemos visto, habían obligado al ejército borbónico a someterlas a un largo asedio, y que tenían un alto valor estratégico para dominar la isla. La fortificación de las fortalezas no se acompañó, sin embargo, del necesario suministro de víveres y de municiones. Si, en 1738, con motivo de la fundación de la Orden de San Jenaro, Carlos pudo afirmar, evidentemente complacido, que se habían «restaurado, mejorado, y armado potentemente cuantos castillos y fortalezas había en ambos dos reinos»,²⁰⁹ cuatro años más tarde, en una fase crucial para Nápoles de la Guerra de Sucesión Austriaca, Tanucci denunció con acritud la «desolación en la que se encuentran nuestros castillos, sin artillería, sin artilleros, sin pólvora, sin balas, sin provisiones ni el más mínimo equipamiento».²¹⁰

VI GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRIACA Muerte de Felipe V y fin del sometimiento a España

Estallido de la Guerra de Sucesión Austriaca

LA dura declaración del secretario de Justicia se producía poco después de que los ingleses —como se verá con más detalle en páginas siguientes— le infligieran a Carlos una grave humillación al entrar, el 19 de agosto de 1742, en la bahía de Nápoles con una flota de barcos de guerra. El comandante británico amenazó con bombardear la ciudad si Carlos no firmaba una solemne declaración de neutralidad en la guerra que, desde hacía años, estaban librando España e Inglaterra, además de otras naciones.²¹¹ Las hostilidades entre ambos países, surgidas por un conflicto de intereses en la explotación de las colonias de ultramar, se habían iniciado en 1739, pero, como observa Giorgio Spini, para que estallase la guerra general era preciso que «a los conflictos económicos se uniesen los dinásticos» que eran «los que realmente importaban en las cortes europeas». El detonante que hizo que estallase la que se conoce como Guerra de Sucesión Austriaca fue la muerte, en octubre del año siguiente, del emperador Carlos VI de Habsburgo. Los conflictos coloniales pasaron a un segundo plano. El protagonismo fue ocupado por los distintos intereses dinásticos que se enfrentaron en Europa. El difunto emperador no dejaba herederos varones; según la Pragmática Sanción, suscrita por las otras naciones europeas, la heredera al trono era su hija primogénita, María Teresa de Habsburgo, que estaba casada con Francisco Esteban de Lorena. Este último reclamaba para sí el trono de Austria. Varias naciones europeas, incluidas las que habían suscrito la Pragmática Sanción, decidieron aprovecharse de la coyuntura para satisfacer sus propias ambiciones: «Felipe V de Borbón piensa en recuperar las provincias italianas que antaño pertenecieran a España; Isabel de Farnesio fantasea de nuevo con la idea de encontrarle un trono a todos sus hijos; el elector de Baviera desea para sí la corona del Sacro Imperio Romano Germánico y, posiblemente, también la de Bohemia; Augusto III quiere el título de rey de Sajonia y algunas “porciones” del territorio austriaco; Carlos Manuel III de Saboya sueña, por enésima vez, con adueñarse de Lombardía».²¹² El poco escrupuloso rey de Prusia, Federico II, no tardó en unirse al conflicto con el objetivo —que alcanzó plenamente— de anexionarse Silesia, arrebatándosela a María Teresa.

Felipe V, sin dejar de lado el conflicto con Inglaterra, esgrimió sus derechos como sucesor de Carlos VI, recordando que era el descendiente de la cuarta mujer de Felipe II, Ana de Austria. Para hacer valer sus derechos, en mayo de 1741 estipuló un acuerdo con el elector de Baviera al que se adhirieron su sobrino Luis XV, rey de Francia, que además era su consuegro, Federico II de Prusia y Augusto III de Sajonia. El rey de Nápoles, «cumpliendo las órdenes de la Corte Católica de la que, como es sabido —se contaba en los círculos napolitanos—, depende totalmente»²¹³ apoyó esta alianza. Por consejo de Madrid, sin embargo, se declaró neutral para evitar verse directamente implicado en la guerra, arriesgándose a perder su trono. El bando enemigo estaba formado por Austria, Inglaterra y Saboya. España reconoció los derechos de Carlos Alberto de Baviera al trono imperial y a la Alemania austriaca a cambio de que apoyase los «nuevos planes» de la reina Isabel de Farnesio, que quería para su segundogénito, Felipe, los territorios que habían pertenecido a su familia y a la monarquía española y que ahora estaban en manos de Austria.

El objetivo primordial de Isabel de Farnesio era la conquista de Lombardía pero, para alcanzarlo, tenía que salvar dos obstáculos. El rey de Cerdeña (primer escollo) también ambicionaba el ducado de Milán. María Teresa (el segundo) estaba decidida a conservar el ducado a toda costa. Para alcanzar su objetivo, la reina de España, «siguiendo las sugerencias de sus consejeros militares, pensó en usar el reino de Nápoles como base para la expedición militar que planeaba». Dada la importancia estratégica del reino saboyano, en Madrid se pensó, inicialmente, en atraerlo hacia su causa. Se le propuso a la corte de Turín, aún indecisa acerca de a qué alianza adherirse, que se uniera a España en contra de Austria para arrebatarle a esta última el ducado de Milán, incluida la fortaleza de Mantua, y el ducado de Parma y Plasencia; dichos territorios, una vez conquistados, se repartirían entre Felipe, segundogénito de Isabel de Farnesio, y Carlos Manuel III. El rey de Cerdeña no aceptó la propuesta de España que, de tener éxito, ampliaría notablemente la presencia de los Borbones en Italia, lo que perjudicaría a los intereses de los Saboya. Gracias a la mediación de Inglaterra, temerosa de que se rompiera el equilibrio entre las naciones continentales, en detrimento de Austria, Carlos Manuel III se alió, en cambio, con María Teresa.²¹⁴

El motivo que realmente acabó con las dudas del rey de Cerdeña acerca de a qué bando adherirse fue la salida, en noviembre de 1741, de un ejército español con dirección a Lombardía, compuesto por diecinueve batallones, bajo las órdenes de Montemar. El plan previsto por Madrid contemplaba que a este ejército se le unieran las tropas napolitanas, dotadas de diez mil hombres, al mando de Castropignano, además de un segundo contingente. El infante Felipe, con el grado de generalísimo, asumiría el mando de la totalidad del ejército. En Francia, una vez silenciadas las tendencias pacifistas del primer ministro, el cardenal Fleury, que quería mantener al país al margen del conflicto, Luis XV le proporcionaría a su yerno, Felipe, un importante apoyo militar. La vanguardia del ejército español llegó a Toscana a principios de diciembre; los otros contingentes, que avanzaban por tierra, estaban ya cerca de Liguria.

Fue entonces cuando Carlos Manuel denunció públicamente la expedición borbónica en Italia, tildándola de «un acto de prepotencia en una declaración, distribuida a todos los ministros públicos residentes en Turín, en la que anunció la inminente acción, en defensa de sus derechos y de la seguridad de los otros príncipes italianos, que había acordado con la reina de Hungría», María Teresa.²¹⁵ Ante esta firme toma de postura, Madrid respondió retirando de Turín a los embajadores de España y de Nápoles. La aireada invasión de Lombardía preocupó seriamente en Londres. El gobierno británico, liderado por lord John Carteret, estaba decidido a impedir todo intento de expansionismo borbónico en Italia. El reino de Nápoles estaba especialmente expuesto a las represalias británicas, dada la ya mencionada debilidad de su armada y la fragilidad de sus defensas costeras. Carlos se apresuró en pedirles a los ingleses, a través de un representante, enviado ex profeso a Londres para ello, que reconocieran su neutralidad en la guerra.

Inglaterra, que ya se había negado a reconocer oficialmente la neutralidad de los reinos de Carlos en sus conflictos coloniales con España, se cuidó muy mucho de hacerlo ahora, cuando un ejército napolitano se disponía a cruzar las fronteras del reino. Este ejército, además, estaba dispuesto a ayudar a las tropas borbónicas a conquistar los territorios pertenecientes a los Habsburgo, es decir, a arrebatárselos a María Teresa. Londres había ratificado la Pragmática Sanción, garantizándole solemnemente a la hija del difunto emperador el respeto a sus derechos sucesorios. Carlos, con una alta dosis de ingenuidad por su parte, le dijo a su emisario que le comunicase a la corte británica que «acudir en ayuda de su padre no contradecía su posición neutral». El gobierno británico respondió que el reino de Nápoles solo podría considerarse libre de temor si, por indicación expresa de Madrid, su monarca empleaba sus mejores oficios en alcanzar cuanto antes un acuerdo de paz entre las naciones beligerantes.²¹⁶ La respuesta de Londres, con independencia de la situación concreta en que se produjo, revela hasta qué punto no se le reconocía a Carlos, internacionalmente, un papel independiente y autónomo. Inglaterra solo lo consideraría un interlocutor válido si actuaba siguiendo las indicaciones de sus padres, es decir, se seguía dando por hecho que el reino de Nápoles estaba totalmente sometido a España. El propio Montemar, por otra parte, también estaba plenamente convencido de ello; según denuncia Tanucci, el militar español se mostraba «más obstinado que nunca en querer capitanear y dirigir a los dos ejércitos [el español y el napolitano] como si fueran uno solo». La conclusión del secretario de Justicia era «que se sigue insistiendo en hacer creer al mundo que somos una provincia española y que nuestro soberano [Carlos] es un representante del otro [Felipe V]».²¹⁷

En Madrid no se tenía intención alguna de asignarle a Carlos el papel de pacificador propuesto por Londres. Animados por los éxitos de las fuerzas francoespañolas contra Inglaterra en América y por las dificultades que estaban atravesando los ejércitos enemigos en Europa, los reyes de España pensaron que la conquista de Lombardía era ya inminente. Las derrotas sufridas por Inglaterra en Cuba y en Cartagena de Indias habían sido la causa, precisamente, de que se sustituyera al pacifista Robert Walpole por Carteret. Este último era partidario de que se intensificasen los esfuerzos militares en Europa y se destinase más dinero a la guerra, considerando necesario acudir en ayuda de las tropas austriacas que se encontraban encerradas entre el ejército de Federico II de Prusia, que había ocupado Silesia, y el francobávaro, que había llegado a entrar en Viena. Felipe V, antes de que su ejército lo invadiera, emitió un diploma de cesión del ducado de Milán a favor de su hijo Felipe, que había salido de Madrid en febrero de 1742. El marqués de la Ensenada, nombrado secretario de Estado, le hizo entrega a Felipe, en Barcelona, del acta de cesión firmada por el rey de España. Poco después, Felipe zarpó con las tropas rumbo a Antibes; desde Antibes fue a Orbetello, localidad toscana situada en el Estado de los Presidios, perteneciente a su hermano Carlos, y desde allí inició la marcha hacia Lombardía.²¹⁸

En los siguientes meses, sin embargo, el curso de la guerra dio un giro desfavorable para España. Inglaterra, como ya hemos indicado, aumentó su apoyo económico y militar a la alianza austro-sarda. María Teresa, a su vez, estipuló en julio de 1742 un acuerdo de paz con Federico II por el que le cedía a Prusia grandes extensiones territoriales en Alemania; a cambio, pudo despejar el frente oriental y dirigir a sus tropas contra los ejércitos borbónicos y bávaros. La reina de Hungría contó con el decisivo apoyo militar de Carlos Manuel de Saboya, que frenó con su ejército la avanzada de las tropas borbónicas hacia Parma, Plasencia y Milán, obligando al enemigo a desplegar a sus efectivos por una línea de combate mucho más amplia. El infante Felipe, encajonado entre el ejército de Carlos Manuel, que le impedía avanzar hacia los dominios de los Habsburgo, y la armada inglesa, desplegada en el Mediterráneo para bloquear eventuales envíos de refuerzos, se encontró en graves dificultades. Carlos, tras renunciar por deseo expreso de Madrid al papel de pacificador que había querido asignarle el gobierno de Londres, envió, en marzo de 1742, al leal Miranda a la corte de su hermano, en calidad de embajador, y, en julio, le mandó por barco «utillaje militar», pero los ingleses interceptaron los navíos y se incautaron del cargamento.²¹⁹

La participación en la Guerra de Sucesión Austriaca no contó con simpatía alguna en Nápoles, donde se pensaba que la adhesión de Carlos obedecía, única y exclusivamente, al respeto que sentía hacia su madre. Esta última, tras haber conseguido que se conquistara un reino para su primogénito, quería que su otro hijo, Felipe, tuviera también una corona en Italia. En la corte se aceptó, pues, de mala gana la petición de enviar una expedición militar en ayuda del ejército español. Tanucci se dio cuenta del descontento reinante y, en la correspondencia que mantuvo durante esa época, no deja de insistir en que la reina Isabel de Farnesio usaba el reino de Nápoles como un medio para alcanzar sus fines. Las grandes ambiciones que la reina de España tenía con respecto a su segundogénito hicieron que en Nápoles llegara a correr el rumor de que la reina, en connivencia con Luis XV y con el propio Montealegre, estaba pensando en obligar a Carlos a renunciar a sus derechos al trono de España «a favor del señor infante don Felipe para obtener ahora la Toscana con los ducados de Parma y Plasencia». Tanucci, al corriente de los rumores, confiaba en que Isabel de Farnesio no insistiese en llevar sus planes adelante, pues, de ser así —le escribió al príncipe Corsini, en octubre de 1741— le parecía que sería «imposible defenderse, pues España nos envía sus decretos, inevitables e inescrutables, como si fueran los rayos de Júpiter, con la orden de ejecutarlos y de contestar enseguida que así se ha hecho».²²⁰

Al conocerse en Nápoles las primeras derrotas sufridas por las tropas borbónicas, los opositores al gobierno, todavía muy numerosos a pesar de la intensa actividad de las Giunte d’ Incofidenza, recobraron la esperanza. En la capital, subraya Schipa, había «muchos a los que, por odio al presente Estado y deseo de cambiarlo, les alegraba su propio daño; dispuestos a cambiar de fe, solo aguardaban la ocasión propicia y a un jefe». El régimen borbónico se denigraba fuera del reino a través de la difusión de octavillas, subrayando los que se consideraban sus aspectos negativos, desde la presunta opresión de las baronías y de la Iglesia al incremento de los impuestos, las facilidades concedidas a los judíos y el odio que se había difundido entre los habitantes hacia el ejército. Se intentaba poner en guardia a la población de Lombardía contra los graves perjuicios que le supondría que el infante Felipe conquistase sus tierras. Se sostenía, paralelamente, que, a causa del descontento generalizado, extendido por todas las capas sociales, después de ocho años de mal gobierno, solo con que se acercase un ejército austriaco a las fronteras, en Nápoles se produciría una gran revuelta popular.²²¹

Circulaban insistentes rumores acerca de complots antiborbónicos y pactos secretos entre los opositores al gobierno y los ingleses. Fue muy indicativo, a este respecto, el caso de Carmine Vigliante, conocido vendedor de macarrones y capopopolo de la piazza Mercato, que fue acusado de tener acuerdos secretos con los enviados de Londres. Según la denuncia formulada a Montealegre por un marido traicionado, Vigliante estaba esperando la inminente llegada de las naves británicas para organizar una revuelta antiborbónica en su barrio. En junio de 1742, al secretario de Estado le llegaron más informaciones acerca de la inminente llegada de una flota inglesa a aguas napolitanas. Esta vez, las noticias procedían de dos autorizadas fuentes diplomáticas: el príncipe de Ardore, embajador de Nápoles en Francia, en sustitución de Castropignano, y el propio embajador francés en Nápoles, el marqués Paul François de l’Hôpital.²²²

«Insulto» inglés a Nápoles

Fue en este clima enrarecido, lleno de sospechas y recelos, en el que se produjo el ya mencionado «insulto» de los ingleses al monarca borbónico. Montealegre, para prevenir el estallido de una revuelta popular, había infiltrado a numerosos agentes entre la población para que espiaran a los elementos considerados más sospechosos, pero, pese a las reiteradas advertencias, no consideró oportuno tomar medidas para contraatacar en caso de que se produjese el tan anunciado ataque marítimo enemigo. El duque de Salas, creyendo que los ingleses habían reconocido de facto la neutralidad napolitana, no ordenó que se reforzaran las fortalezas de la capital ni las aprovisionó convenientemente de víveres y de munición.

La noche del 18 al 19 de agosto, una violenta sacudida sísmica despertó de golpe a los napolitanos que salieron, precipitadamente, a las calles y plazas de la ciudad. Superado los primeros momentos de pánico, empezaron a dirigirse hacia las iglesias, sobre todo a la catedral, donde estaba custodiada la venerada reliquia de San Jenaro. Tras darle las gracias al santo patrono, como era habitual, por haber conjurado el peligro, empezaron a implorarle que intercediera para que no se produjeran nuevas sacudidas. El pánico desatado por el terremoto aplacó el espíritu de revuelta que se estaba extendiendo por la ciudad, casi como si el terremoto hubiese sido una advertencia divina sobre las consecuencias que acarrearía sublevarse contra el soberano. El pueblo napolitano «se mantuvo en calma, sobre todo porque por las calles —señala un cronista de la época— circulaban espías, que dispersaban a los grupos de agitadores [...]. La muchedumbre congregada se fue disolviendo y lo que más cuenta en una revuelta popular espontánea, el impulso inicial, se esfumó».²²³

Aplacados los ánimos, la mañana del 19 de agosto se produjo la temida —y no prevista por Montealegre— entrada de la flota británica en las aguas de la bahía. Compuesta por unas quince embarcaciones en total, cuatro o cinco de las cuales eran buques de guerra, la flotilla estaba al mando del capitán Martin que, en un principio, se confundió con el almirante Matthews, comandante en jefe de la armada británica. Los barcos, procedentes de Baia, dejaron atrás el cabo Posillipo y anclaron cerca del puerto, sin saludar, como era entonces de rigor, a las autoridades portuarias. Una masa ingente de napolitanos acudió a la costa, sin tomar aún ninguna iniciativa, solo para observar el insólito espectáculo. En la piazza Mercato, Vigliante, confirmando los rumores que se habían difundido sobre él, consiguió congregar a un grupo de revoltosos. El miedo, quizá, causado por el terremoto, impidió que se les uniera nadie. A duras penas, consiguieron evitar que los capturaran, yendo a refugiarse a los barcos ingleses.

Entre la multitud que había acudido en peregrinación al Duomo para venerar a San Jenaro se encontraban el rey y la reina que, como de costumbre, fueron luego a la Iglesia del Carmen para asistir a los oficios religiosos. A lo largo del recorrido, Carlos fue aclamado por la multitud, que no dejó de vociferar que estaba dispuesta a derramar su sangre por él e ir a incendiar la flota inglesa. El rey se quedó muy satisfecho con estas manifestaciones de lealtad y de afecto y, en señal de reconocimiento, ordenó que bajase el precio de la harina, entre otras demostraciones de gratitud hacia la ciudadanía.

Mientras tanto, el duque de Salas, apenas se repuso del estupor que le produjo la llegada de la flota británica, mandó llamar al cónsul inglés residente en Nápoles y le pidió que fuera a hablar con el comandante de la flota anclada en la bahía y le preguntara cuál era el motivo de su presencia allí. El capitán Martin le contestó al cónsul:

Que él tenía órdenes del almirante Mattews de notificarle a su majestad siciliana que, siendo inglaterra aliada de la reina de Hungría y del rey de Cerdeña, y habiendo el rey de las Dos Sicilias, mientras Inglaterra y España estaban en guerra, unido sus tropas a las de esta última para invadir los Estados de la reina de Hungría, en contra de lo acordado en los tratados de paz, el comandante había sido enviado para procurar que su majestad siciliana no solo volviese a llamar a las tropas que había enviado [para que se uniesen] a las de España, sino que también se comprometiese, con juramento solemne, a no prestarle más [a España] ningún tipo de ayuda.²²⁴

Nada más conocer la respuesta del capitán inglés, Montealegre convocó inmediatamente una reunión de la cúpula militar mientras el rey ordenaba que se sacasen del arsenal gran parte de los cañones. La artillería fue llevada al muelle, al bastión de Santa Lucía, al castillo dell’ Ovo, a la torre semiderruida de San Vincenzo y a otros puntos estratégicos desde los que se podía mantener a raya a las naves británicas. Se tomaron disposiciones para proveer de víveres a las fortalezas, que carecían de ellos, y se trajo desde Santa María de Capua a la caballería, que tomó posiciones a lo largo de la playa de Chiaia para impedir un eventual desembarco enemigo. Se llamó también a la infantería, que se encontraba acantonada en las inmediaciones, para que, junto a la guardia urbana, vigilase por las noches los barrios para reprimir cualquier conato de revuelta popular.

Carlos convocó luego al Consejo de Guerra y Estado para decidir qué posición tomar ante el ultimátum del capitán británico. Este último exigía, además, que se le diese una respuesta de inmediato. Numerosos ministros opinaban que había que responder con las armas a la insolencia de los británicos quienes «con tanta arrogancia quieren obligar a un monarca a que no preste ayuda ni socorra a su propio padre». Carlos también era partidario de rechazar al enemigo con la fuerza de los cañones. Llevado por el alto concepto en que tuvo siempre su cargo, justificó su postura por motivos de prestigio internacional, «para no ser tildado en Francia y en España de cobarde ya que ante la simple amenaza de cuatro naves enemigas se había avenido a capitular de forma poco honorable para él y de poco decoro para la Real Casa de Borbón». La mayoría de los militares optó, sin embargo, por ceder ante las exigencias británicas. Temían, por un lado, que estallase una revuelta popular en el instante justo en el que se produjese el ataque; por el otro, recordaron que la ciudad estaba desguarnecida de soldados y de artillería y que no había provisiones ni munición suficientes como para resistir un ataque durante mucho tiempo. Para evitar que la ciudad fuese bombardeada, se tomó la decisión de declarar oficialmente la neutralidad, tal y como había exigido el comandante inglés. Al capitán Martin, en la persona del oficial inglés que había desembarcado ex profeso para ello con las credenciales de su comandante —y que «con el reloj en la mano y ademanes impacientes, estaba en palacio esperando una resolución»—, se le dio la siguiente respuesta:

El rey ya ha ordenado que las tropas que iban a unirse a las de España regresen para servir a la defensa de sus propios Estados. Su majestad me ordena que le prometa, en su nombre, que reiterará sus órdenes para que las susodichas tropas, que se encuentran en Romaña, regresen cuanto antes a este reino y que no ayudará ni asistirá de manera alguna a las de España en la presente Guerra de Italia.²²⁵

El gobierno borbónico aceptó, pues, todas las exigencias británicas. Esta actitud, absolutamente sumisa, levantó fuertes polémicas. El principal centro de las críticas fue Montealegre. El primer secretario de Estado fue acusado de haber sido el principal inductor de la rendición incondicional, pero, sobre todo, se le recriminó que, pese a los reiterados avisos de alarma, no hubiera tomado a tiempo las disposiciones oportunas para que Nápoles contara con el suficiente número de soldados y municiones como para hacer frente a un ataque. El incidente, considerado, justamente, como una grave ofensa de la armada inglesa a la persona del propio rey, que se quedó profundamente afectado, marcó el inicio del ocaso político del duque de Salas, al que se consideró el máximo responsable de lo ocurrido. Tras los éxitos alcanzados en diferentes áreas durante los primeros cuatro años de gobierno, el declive se volvió imparable, por una serie de factores, y, en 1746, el duque de Salas dio por concluido su mandato.

Carlos, que había aceptado muy a su pesar la propuesta de rendición que le plantearon los militares —conscientes del grave riesgo que corrían la ciudad y la persona misma del soberano a causa de las deficiencias que presentaba el sistema defensivo—, empezó a incubar un gran resentimiento hacia Montealegre. El descontento del monarca se unió al malestar extendido en la corte, en la que se formó, incluso, un bando claramente hostil al duque de Salas cuya política reformista, por otra parte, ya hacía tiempo que le había granjeado la enemistad de amplios sectores de la sociedad, sobre todo entre las clases privilegiadas y el pueblo llano. Las primeras eran hostiles a Montealegre porque temían que el proyecto de modernización de las estructuras estatales que estaba llevando a cabo minase sus seculares privilegios. El pueblo napolitano, acostumbrado a llevar un tipo de vida anárquico, siempre se oponía, por principio, a los gobernantes y a quienes pretendían imponerle el respeto a las normas.

El temor a que se le considerase un cobarde a nivel internacional, y que esto repercutiese negativamente sobre toda la Casa de Borbón, empujó a Carlos a intentar justificarse ante sus padres por haber cedido deshonrosamente ante la prepotencia británica. A principios de octubre, en un tono especialmente compungido, les escribió que:

[...] en lo que respecta al incidente con los ingleses, les suplico, postrándome a sus pies, que me perdonen por todo cuanto pueda haber hecho que les sea de disgusto a sus majestades y que, si así lo consideran oportuno, me castiguen, que yo recibiré de muy buena gana el castigo porque no quiero, ni querré nunca otra cosa, que no sea agradar a vuestras majestades.²²⁶

Tal y como se temía el monarca, la sumisa actitud de la corte napolitana no tardó en ser motivo de críticas. El gobierno francés, informado de los hechos por l’Hôpital, se quejó ante los embajadores de España y de Nápoles por la falta de reacción ante la humillación sufrida por los ingleses. Montealegre tuvo que intentar explicar los motivos por los que se había cedido ante las exigencias británicas. En una carta dirigida al ministro Villarias, el primer secretario napolitano, visiblemente afectado por lo ocurrido, subrayaba, lo primero, el angustioso estado de ánimo en el que se encontraba cuando tuvo que decidir qué respuesta le daba al capitán inglés: «Si fuese cierto que los cabellos se vuelven blancos en unas pocas horas a causa de una violenta agitación del ánimo», escribió Montealegre, «al alba del 20 de agosto yo los hubiera tenido más nevados que las altas cimas». Luego continuó asegurando que no había tenido alternativa: «Era indispensable tomar una rápida decisión y, entre dos males, elegir el menos malo. Me tomé todo el tiempo que pude; les contesté a los Ingleses en el tono que se merecía su propuesta, valoré todas las soluciones imaginables y, por último, le supliqué al rey que se dignase en escuchar a los militares y a los miembros de su corte». El embajador francés —que era «mi enemigo mortal», subrayó el duque de Salas, «y no iba a dejar pasar una oportunidad así de hacerme daño»— había dado una versión totalmente distorsionada de los hechos, afirmando, entre otras cosas, que la ciudad carecía de defensas; en cambio, según Montealegre, «todos los castillos contaban con artillería y munición». El Consejo de Estado, convocado por Carlos, tomó unánimemente la decisión de ceder ante las exigencias británicas por los motivos «que han quedado expuestos en mi extensa relación». Los resultados de dicha decisión, sostenía Salas, habían sido básicamente positivos porque se había determinado «el restablecimiento, en el interior del reino, de la calma que se había perdido totalmente, de la libertad de comercio, de la navegación y del mar». A estos beneficios cabía añadir las promesas del almirante Matthews de observar, en el futuro, una «religiosa neutralidad» y estrechar, incluso, lazos de amistad con Nápoles.

Pese a lo irreprochable de su conducta, se habían difundido rumores que lo acusaban, incluso, de tener un acuerdo secreto con los ingleses. El ministro español, contra tales acusaciones, esgrimía la probada fidelidad con la que había servido al rey durante veinte años y concluía así la larga misiva:

No me voy por el mundo; estoy aquí y aquí seguiré estando, a disposición de sus majestades, a quienes pido, humilde e insistentemente, que me juzguen con acuerdo a justicia y no a clemencia [...] Le hago presente al rey hasta las cartas de mi mujer y en esta franqueza y este candor consisten todo el arte de mi ministerio y toda la paz interior de mi espíritu.²²⁷

La epidemia de peste en Mesina y Reggio del año 1743

Las tropas, tal y como había prometido Carlos solemnemente, regresaron al reino. Unos meses más tarde, un contingente de dos mil soldados, al mando del teniente general, el conde de Mahony, fue empleado para impedir que se extendiera una grave epidemia que se había declarado en Mesina. En febrero de 1743, un barco procedente de oriente había introducido la peste en la ciudad del estrecho. A causa de la ineficacia de las autoridades sanitarias locales que, pese a que ya se habían producido algunas muertes sospechosas, declararon al principio que no se trataba de una enfermedad contagiosa, la peste se propagó rápidamente por toda la ciudad, causando miles de víctimas. Los médicos mesineses habían minimizado el alcance de la enfermedad para no bloquear las actividades comerciales que, en cambio, deberían haberse interrumpido en el acto para evitar la propagación de la enfermedad.²²⁸ La peste no tardó en extenderse por la parte calabresa del estrecho; primero, apareció en un pueblo cercano a Reggio y luego en la misma capital, en el mes de marzo. Las tropas enviadas por Carlos «formaron un estrecho cordón desde Squillace hasta Sant’ Eufemia, con fosos y empalizadas; Mahony dividió en dos esa zona del país, de forma que no pudiese salir ni un alma». Otro cordón sanitario, tendido «desde Reggio hasta la playa de la Scalea separó toda Calabria de Basilicata y del resto del reino, de forma que la enfermedad no saliese de Reggio».²²⁹ Gracias a estas precauciones, tomadas en un tiempo récord, se consiguió que la epidemia solo atacase a la población de las ciudades del estrecho. Estas dos últimas, además de las gravísimas pérdidas en vidas humanas —alrededor de 27.000 muertos en Mesina y 4.000 en Reggio—, sufrieron también grandes daños económicos a causa de la interrupción del tráfico comercial.²³⁰ El erario real también tuvo que hacer frente a altos costes para detener eficazmente la propagación de la epidemia y contribuir a que las ciudades afectadas se rehicieran luego económicamente.

Durante esos meses, también se vivieron momentos tensos en Nápoles, donde «por orden de la Diputación de la Salud, las milicias urbanas se desplegaron por todas las playas y ensenadas, en cada una de las cuales, además de un buen número de artesanos, dos diputados [...] y un noble de piazza vigilaban para que no anclase ningún barco sin las debidas Fes de Sanidad». Para conjurar la epidemia se imploró la protección de la Inmaculada, cuya imagen se llevó en procesión por la ciudad, junto con el busto de San Jenaro, «acompañados por toda la nobleza, los padres teatinos, y los eletti [...] el cardenal arzobispo y todo el clero secular y regular con hábito de penitencia». Además, fueron suspendidos «por la infausta noticia del contagio» los festejos previstos para celebrar el nacimiento de la tercera hija del rey, María Isabel, el 30 de abril de 1743.²³¹

Victoria de Velletri

Mientras tanto, proseguían las operaciones bélicas de la Guerra de Sucesión Austriaca, en la que Carlos iba a verse obligado a intervenir directamente. La intervención militar supuso un importante desembolso, a cargo de las arcas reales, ya bastante menguadas para hacer frente a los daños provocados por la epidemia de peste de Mesina y Reggio.

Tras los éxitos iniciales logrados por el infante Felipe, que entró en Saboya a finales del año 1742, y la victoria parcial alcanzada en Camposanto, en la zona de Módena, en febrero del año siguiente, por el conde Juan de Gages —que sustituyó a Montemar al mando del otro ejército español, que avanzaba hacia Lombardía desde Emilia—, la guerra en los Alpes se estaba decantando a favor de los austro-sardos. A finales de septiembre de 1742, Carlos Manuel III partió de Romaña y, al mando de un ejército de veinte mil hombres, se dirigió a Saboya para detener el avance de las tropas francoespañolas, al mando de Felipe.²³²

En Austria se opinaba que la neutralidad que tan insistentemente se le había exigido al gobierno napolitano aún no había sido reconocida oficialmente por Londres y que, si los británicos empleaban una fuerza naval aún mayor, podrían obligar a Carlos a abandonar el reino y usar luego a este último como moneda de cambio con España. Si los reyes de España querían recuperar el trono para su hijo, tendrían que firmar un tratado de paz por el que quedaran garantizados tanto los intereses británicos en América como los austriacos en Italia. Inglaterra, sin embargo, no se decidía a actuar en contra de Carlos. Viena veía en la indecisión de Gran Bretaña la mano de Carlos Manuel III, que tenía mucho que perder si se ampliaba la influencia austriaca en Italia. La sospecha podía tener alguna base en el caso de los Saboya pero «con respecto a los ingleses —observa Galasso— no se tenía en cuenta que Inglaterra ya había llegado a la conclusión de que un reino de Nápoles gobernado por una dinastía autónoma era lo más favorable a sus intereses». La conclusión de esto era «que incluso un alejamiento provisional e instrumental del nuevo soberano, que era lo que perseguía Viena, presentaba unos riesgos que no estaban dispuestos a correr».²³³

Tras la batalla de Camposanto, los austriacos necesitaban el apoyo de las tropas saboyanas y la ayuda de los ingleses para avanzar sobre el Mezzogiorno. El 1 de septiembre de 1743, en Worms, María Teresa estipuló con Carlos Manuel III un tratado por el que este último reconocía sus derechos de sucesión sobre los territorios que habían pertenecido a su padre, es decir, le aseguró que conservaría el ducado de Milán. A cambio, el rey Saboya obtenía la provincia de Plasencia, la ciudad de Finale, en Liguria, y el derecho a extender sus dominios en el Piamonte hasta Ticino. Un artículo secreto preveía que, en caso de que Austria reconquistase el reino de Nápoles, Carlos Manuel III se quedaría con el reino de Sicilia. Por este motivo, en Viena se consideraba —según refirió al senado el embajador veneciano, Contarini— que a Carlos Manuel III le convenía apoyar a Austria en su intento de conquistar el Mezzogiorno y, además, compartir un plan estratégico que giraba en torno al almirante Matthews. Este último, según los planes militares vieneses, debía coger «algunas naves de su flota y desembarcar en las playas de Nápoles, para distraer a los hispano-napolitanos, y facilitar el avance, más allá del Tronto, del ejército de Lobkowitz» que, a la cabeza del ejército austriaco, se dirigía hacia las fronteras de Nápoles.²³⁴ La respuesta inmediata de Francia y España al Tratado de Worms fue consolidar su alianza, estipulando en Fontainbleau, en el mes de octubre, el Pacto de Familia, por el que se comprometían a prestarse mutuamente ayuda en caso de un ataque enemigo.²³⁵

En contra de lo que suponían en Viena, los intereses del rey saboyano, centrado en detener el avance del ejército francoespañol de Felipe en Piamonte, no coincidían con los de María Teresa, cuyo «deseo de recuperar las Sicilias», pese a la falta de apoyo de sus aliados, era tan fuerte que «no tenía otro objetivo en la cabeza». En el seno del gobierno austriaco, sin embargo, surgieron dudas acerca de la eficacia de llevar a cabo una acción contra Nápoles sin la ayuda de las fuerzas saboyanas e inglesas; lo que se consideraba sensato era, en cambio, enviar las tropas a Lombardía para que combatieran junto a las de Carlos Manuel III.

Pese a ello, María Teresa seguía firme en su empeño de «convertirse en reina de Nápoles» y le ordenó a Lobkowitz que continuara avanzando hacia el sur; mientras, publicó un manifiesto para intentar atraerse las simpatías de los estamentos afectados por las reformas de Montealegre. La reina de Hungría se comprometía a devolverles al clero y a los barones los privilegios jurisdiccionales que les había arrebatado el gobierno borbónico, a abolir el catastro onciario y a concederles a las piazze de la ciudad la libertad de asamblea. Una serie de medidas con una finalidad claramente propagandística, encaminada a sentar una base política para la reconquista militar del reino.²³⁶

El manifiesto, sin embargo, obró el efecto contrario al deseado. Los ciudadanos se dieron cuenta de la instrumentalización de que eran objeto por parte de los Habsburgo y eso los empujó a cerrar filas en torno a su monarca. Apenas llegaron a Nápoles las primeras copias del manifiesto, «el cuerpo de la nobleza, primeramente, y luego el de la ciudad —refiere Francesco Becattini—, indignados porque se quisiese de esa forma corromper su lealtad, redoblaron su ardor para darle a su amado soberano nuevas pruebas de su inquebrantable lealtad y constante celo». Los aristócratas y los administradores de la ciudad celebraron una reunión en la que se acordó enviarle un delegado a Carlos —que, mientras tanto, ya se había puesto en marcha con el ejército para ir al encuentro del enemigo— para confirmarle, solemnemente, «los sentimientos de fidelidad expresados antes de su partida y repetidos más de una vez, con la rápida ejecución de las órdenes recibidas». Como ulterior prueba de lealtad, la ciudad decidió ofrecerle un donativo de trescientos mil ducados junto «a la oferta de tener listas y a sus órdenes provisiones y munición en cantidad suficiente, cantidad que se irá reponiendo a medida que fuera llegando a los almacenes».²³⁷

Cuando se enteró de que el ejército austriaco estaba avanzando hacia las fronteras de su reino, Carlos se indignó por lo que consideraba —y era— un quebrantamiento de la neutralidad, pero también vio en el hecho la ocasión propicia para lavar la afrenta que le infligieran los ingleses en agosto de 1742. El monarca era optimista sobre las posibilidades de derrotar a las tropas de Lobkowitz, a pesar de que este último —como les escribió a sus padres en enero de 1744— hubiese recibido importantes refuerzos de Alemania.²³⁸ Carlos dejó en Nápoles al almirante Miguel Reggio como lugarteniente y capitán general y, el 25 de marzo, salió de la ciudad, a la cabeza del ejército, tras haber dispuesto que la reina María Amalia se trasladase a Gaeta. La ciudadanía le había suplicado que dejase a la reina en la capital, donde se encontraría a salvo porque sus súbditos estaban dispuestos a defenderla a costa de cualquier sacrificio. El rey agradeció esta demostración de afecto, pero justificó su decisión por el embarazo de su mujer —que, de hecho, parió en julio en la ciudadela fortificada—, a la que era conveniente evitarle sobresaltos.²³⁹ La niña que nació en Gaeta, bautizada como María Josefa Carmela, era la cuarta hija de Carlos. Las anteriores eran María Isabel Antonia, la primogénita, María Josefa Antonia (1742) y María Isabel Ana (1743). El rey no conseguía ocultar su desilusión por no haber tenido aún un hijo varón. Había dispuesto, incluso, que los festejos con los que se celebraba habitualmente el nacimiento de los hijos del rey fueran lo más austeros posible y que, en vez de la triple descarga de artillería, se disparase «una sola descarga de cañón».²⁴⁰

Mientras tanto, las tropas al mando de Juan de Gages estaban ya muy cerca de las fronteras de Abruzo. El ejército de Lobkowitz, por su parte, llegó a Fermo a finales de mayo y desde allí avanzó hacia Spoleto, en la actual región de Umbria. A finales de mayo, Carlos, unidas ya sus tropas a las españolas, entró en el Estado pontificio y, a principios de julio, acampó en Velletri (actual provincia de Roma) donde, el 11 de agosto, se enfrentó al ejército austriaco. Según las crónicas de la época, Carlos combatió en primera línea, arriesgando su vida. Los austriacos habían desencadenado al alba un ataque por sorpresa, provocando el caos en el cuartel general del monarca, en el que también se encontraban el embajador de Francia, l’Hôpital y el duque de Módena, Francisco III de Este, que lo acompañaban en la expedición. El embajador francés se despertó «por el ruido y fue a refugiarse a la casa del rey que, levantándose de un brinco del lecho, se vistió a toda prisa, lo mejor que pudo; afortunadamente, encontró un momento propicio para ponerse a salvo y, entre los disparos de arcabuz del enemigo, pudo refugiarse en el campamento del soberano de Módena». Según algunos rumores que corrieron después de la batalla, Carlos, en realidad, consiguió evitar que lo capturaran sobornando a un soldado enemigo. Se dijo que el rey «conservó su libertad gracias al grueso diamante que le ofreció al oficial húngaro que estaba a punto de capturarlo». Becattini pone en duda la veracidad de estos rumores, que ensombrecen el comportamiento del monarca, y, aunque no deja de reseñarlos, insiste en que no tienen base alguna: «El hecho no es cierto, y no hay prueba alguna que lo sustente, por lo que puede considerarse una de las muchas habladurías que se difunden, ridículamente, en tiempos de guerra».²⁴¹ Unos meses más tarde, dos de sus partidarios, el coronel Nicolò Sanseverino y el príncipe de la Ruccia, corrieron peor suerte que el monarca. En una escaramuza de los austriacos, el primero sufrió la fractura de ambas piernas; el segundo, herido en la parte superior del muslo por el fuego austriaco, sufrió daños irreversibles en el aparato genital, «por lo que quedó inútil para la procreación, extinguiéndose así con él esta noble casa».²⁴²

Los soldados de Lobkowitz saquearon el palacio en el que estaba alojado Carlos, al igual que gran parte de las casas de Velletri. Las tropas austriacas, en vez «de preocuparse por perseguir a los enemigos, se mostraron más deseosas de saquear y de hacerse con un botín que de combatir, dándoles así tiempo a los hispano-napolitanos para recuperarse». Entraron en acción los destacamentos del ejército borbónico compuestos por extranjeros, cuya contribución fue decisiva para el resultado de la batalla. La guardia valona, un regimiento de irlandeses y dos de suizos consiguieron rechazar a los agresores y recuperar la ciudad. Mientras tanto, había fracasado la intentona de Lobkowitz, quien, al mando de nueve mil hombres, había desencadenado un ataque contra los atrincheramientos borbónicos situados en la montaña que dominaba la ciudad. «El fuego de los Españoles fue tan incesante y estaba tan bien apuntado» contra los austriacos «que todos los que avanzaban caían rodando, muertos, hasta el fondo del valle, de manera que, tras unas horas de pertinaz ataque, Lobkowitz se vio obligado a batirse en retirada y abandonar las posiciones ganadas».²⁴³

La victoria del ejército hispano-napolitano fue total y las tropas austriacas —tras un breve lapso de tiempo en el que intentaron organizar el contraataque—, hostigadas por Carlos, se vieron obligadas a reemprender el camino hacia el norte. La iniciativa y el valor de las tropas borbónicas resaltaron aún más comparadas con la apatía de las austriacas. Estas últimas, según el embajador Contarini, «o bien por la desigualdad de fuerzas, o bien por la tibieza de quien estaba a su mando, permanecieron ociosas [...] durante tanto tiempo que, disminuidas [sus filas] por las deserciones, las enfermedades y el ataque de las guerrillas, siempre desfavorable para los Austriacos, nunca pudieron intentar llevar a cabo acción militar alguna y no pasaron de Velletri».²⁴⁴

El éxito de Carlos en Velletri, en agosto de 1744, destaca Galasso, «tuvo una importancia decisiva tanto para la historia del reino [de Nápoles] como para la italiana y la europea». La victoria del ejército borbónico dirimió de forma irreversible «los dos puntos fundamentales de la problemática relativa al Mezzogiorno: el primero era que a Viena le iba a resultar ya prácticamente imposible recuperar el territorio conquistado en 1707 y perdido en 1734; el segundo, y más importante, era que la monarquía meridional ya había constituido, al margen de la dependencia que aún la ataba a la corte de Madrid, un Estado gobernado por una dinastía autónoma».²⁴⁵

Visita de Carlos a Benedicto XIV

Antes de regresar a Nápoles, Carlos, acompañado, entre otros, por el duque de Módena, quiso acudir a Roma para visitar al papa Benedicto XIV. El papa, informado de los deseos del soberano, la mañana del 3 de noviembre de 1744, envió «al capitán con la guardia suiza vaticana y un convoy de carrozas con el decano y el palafrenero» para recibir dignamente al ilustre huésped, que había pasado la noche en las inmediaciones de la ciudad, y que lo acompañaran hasta su presencia. Carlos aceptó complacido la invitación del pontífice pero, «para observar mejor las magnificencias de Roma», prefirió recorrer a caballo el trecho de camino que llevaba hasta la sede papal. El trayecto del cortejo real y el encuentro entre Carlos y Benedicto XIV aparecen descritos en una crónica de la época, en la que se describen detalladamente las diversas fases del ceremonial:

Iba el rey (bajo el nombre de conde de Pozzuoli) acompañado de todos los de su corte y de un gran número de barones romanos que eran feudatarios suyos, todos a caballo, sin formar, ricamente ataviados. Llevaba el rey, además de la guardia pontificia, su guardia de corps y un regimiento de carabineros, que formaban un nobilísimo acompañamiento. Entrado en la ciudad con este séquito, saludado y aclamado por el pueblo, que gritaba: «¡Viva el rey de Nápoles!», llegó a Montecavallo, al palacio pontificio donde, tanto en el exterior como en el interior, los caballeros del papa abrieron un pasillo ante él. A la señal dada por los cañones situados en la plaza del quirinal, el rey fue saludado por la salva real de toda la artillería del castillo de Sant’Angelo; al llegar a la puerta del jardín pontificio (por la que fue introducido), descendió su majestad del caballo, y salieron a su encuentro y le saludaron el primer y el segundo maestros de ceremonias pontificios, y el copero y el perfumero de su santidad, con los cuales encaminó el paso a lo largo de la amplia avenida de este mismo jardín. Al llegar al susodicho apartamento, le salió al encuentro monseñor maestre de cámara con toda la cámara secreta y muchísimos prelados y nobles romanos, como el cardenal Acquaviva, por los cuales fue conducido hasta el umbral de la estancia principal, donde se encontraban los cardenales Valente; Gonzaga, secretario de Estado; y Colonna, primer mayordomo. Estaba el pontífice sentado en su trono pontificio, asistido por los susodichos cardenales, a la vista del cual, el rey se arrodilló una primera vez, luego una segunda, y, por último, acercándose [al papa], al arrodillarse por tercera vez, le besó los pies, siendo [a continuación] recibido y abrazado [por el papa] con tales demostraciones de afecto, y de ternura, que logró conmover a todos los presentes.

Al sonido de una campana, todos los dignatarios laicos y religiosos abandonaron la estancia. Carlos se quedó a solas con el pontífice; la audiencia privada duró una hora. El rey le pidió luego a Benedicto XIV que les permitiera besarle los pies a los numerosos cortesanos que lo habían acompañado, ofreciéndose a hacer de «cicerone» mientras se los presentaba. El papa accedió y, el rey, a medida que los diversos miembros del séquito real se iban acercando al pontífice, indicaba el nombre y el título de cada uno. En un determinado momento, sin embargo, «el papa sonrió y, volviéndose hacia el rey, le dijo: “Su Majestad debe saber que estos señores me son sobradamente conocidos”».

El pontífice le regaló al rey dos pequeñas gargantillas de lapislázuli «enlazadas en oro, con medallas también de oro», una para el soberano y otra para su esposa, junto a dos breves (epístolas apostólicas in forma brevis) que contenían «muchos tesoros espirituales». A los miembros de la corte se les regalaron también guirnaldas y trigo bendecido. Además, se les ofreció un abundante refrigerio. Tras recibir la bendición apostólica, Carlos se despidió de Benedicto XIV. Por sugerencia de este último, fue a visitar algunos monumentos y plazas de Roma, deteniéndose con especial admiración ante «la famosa fontana de Trevi», que el propio pontífice había mandado terminar.²⁴⁶ El soberano y su séquito regresaron luego a Velletri. Tras unos días de descanso, Carlos prosiguió el viaje hacia Gaeta, donde lo aguardaba la reina. La pareja real se encaminó luego a Nápoles, a donde llegó el 9 de noviembre. Los reyes entraron en la ciudad por la Puerta del Espíritu Santo; acompañados de su séquito, recorrieron luego la via Toledo «que estaba toda ella engalanada y compartimentada en varios doseles, con los retratos de sus dos majestades». El cortejo real, como era costumbre en la ocasiones solemnes, avanzaba flanqueado por «un número infinito [de miembros] del pueblo, que festejaba su regreso gritando incesantemente: “¡Viva!”». Al día siguiente, el rey y la reina, llevados de su devoción habitual, acudieron a la catedral para agradecerle a San Jenaro la protección dispensada al ejército borbónico durante la victoriosa batalla de Velletri.²⁴⁷

El Plan de D’Argenson: Italia, libre de naciones extranjeras

Entre 1744 y 1745, a la fallida conquista del Mezzogiorno, se añadieron nuevas derrotas de los austriacos y de sus aliados, que, sin embargo, recuperaron el terreno perdido años después. En el momento de mayores éxitos militares del bando borbónico, el ministro francés d’ Argenson elaboró un plan para finalizar la guerra que preveía la expulsión de la península italiana de los austriacos y de todas las naciones extranjeras. D’Argenson propuso, a finales del año 1745, que se formara «una república o asociación perpetua de las naciones italianas», una federación nacional, formada por diversos Estados, siguiendo el modelo de Alemania, Holanda y Suiza. Según el Plan de d’Argenson, Carlos Manuel III se quedaría con Lombardía, con la fortaleza de Mantua y con Parma; esta última, sin embargo, no pasaría a manos del rey Saboya hasta que falleciera Isabel de Farnesio, que la poseería a título vitalicio. El infante Felipe de Borbón se quedaría con Saboya y Cerdeña. Génova, con Niza y con una franja del litoral provenzal. En el caso de que el hermano pequeño de Carlos no tuviese herederos, o lograse otro trono, cedería Cerdeña a España y Saboya a Francia. El resultado de este plan sería la independencia de los Estados italianos y el fin de la hegemonía de los emperadores alemanes sobre la península que, durante siglos, había «causado graves turbaciones y había sacudido muchas veces la religión en la Sede del Santo Padre». Por último, se conseguiría también independizar a los Estados italianos, especialmente a los del Sur, de toda injerencia española porque «lo que quedaba de español [en el Mezzogiorno] se convertiría en italiano y ya no dependería más de España».²⁴⁸

El plan propuesto por D’Argenson no se apartaba, en lo básico, de la línea seguida tradicionalmente por la diplomacia francesa en lo que respecta al asentamiento político de Italia. Respondía, en última instancia, a su propio interés: liberándola de la presencia de las naciones extranjeras, Francia se libraba, a su vez, de rivales potencialmente peligrosos. La propuesta, que no llegó jamás a ponerse en práctica por la férrea oposición de los Habsburgo y los Saboya —que, en el ínterin, habían conseguido superar la difícil situación en la que se encontraban militarmente—, no hubiese amenazado nunca, en cualquier caso, la permanencia de Carlos en los tronos de Nápoles y de Sicilia.

Muerte de Felipe V y plena independencia del «Mezzogiorno»

La muerte de Felipe V, en julio de 1746, sí causó, en cambio, que la continuidad de la monarquía napolitana se cuestionase internacionalmente. Tal y como estaba previsto, el nuevo rey de España fue el hermanastro de Carlos, que subió al trono con el nombre de Fernando VI. Consecuencia inmediata de la coronación de Fernando fue el confinamiento de Isabel de Farnesio en el palacio de La Granja de San Ildefonso y, por lo tanto, el cese repentino de su influencia en la corte española.²⁴⁹

Fallecido su padre y con su madre apartada del poder, ante Carlos se abría un nuevo escenario. Tras doce años de obediencia incondicional a sus padres, el cordón umbilical que lo mantenía atado a la corte española se había roto por fin. El Mezzogiorno dejaba de ser un Estado satélite, regido por un monarca totalmente dominado por los reyes de España, y alcanzaba su plena independencia. Las primeras reacciones en Nápoles fueron, sin embargo, de inquietud. España se había alejado de las posturas francesas en un momento crucial de la Guerra de Sucesión Austriaca y el previsible cambio de orientación en la política española infundía no pocos temores. Tanucci, como de costumbre, se dio perfectamente cuenta de la preocupación que suscitaba el nuevo rumbo que Fernando VI le había impreso a la vida política española. A los dos meses de la muerte de Felipe V, el secretario de Justicia, en una carta dirigida al príncipe Corsini, expresaba la esperanza de que España no se portase con el reino de Nápoles igual que con la república de Génova, a la que había abandonado totalmente a su suerte en la guerra aún en curso.

En el mes de enero de 1747, Tanucci, tras comentar positivamente la postura de Holanda e Inglaterra «contraria [a la posición] de Austria, que quiere invadirnos», indicaba que las dos potencias marítimas se habían dado cuenta de que «la muerte de Felipe ha provocado la indiferencia de España hacia los asuntos italianos». La consecuencia de ello era que los reinos de Carlos, al no contar ya con la protección de Isabel de Farnesio, podían ser utilizados como moneda de cambio por España en los acuerdos de paz. En los círculos diplomáticos se consideraba probable —proseguía Tanucci— que «tienten a España para que permute las cosas italianas por las americanas». Nápoles, aislada internacionalmente, no tenía una posición lo bastante fuerte como para modificar la orientación de las grandes potencias, las cuales eran conscientes de «que nuestro mal o nuestro bien no influyen en el buen resultado de sus intenciones». Era necesario, pues, poner a mal tiempo buena cara para no irritar a los principales Estados beligerantes y que parezca que aceptamos como si fuera en beneficio nuestro cuanto hagan por nosotros en su propio interés».²⁵⁰

La Paz de Aquisgrán y las penalizaciones del artículo 7

El secretario de Justicia, con la gran agudeza que lo caracterizaba, no se equivocó en sus profecías. El papel de la diplomacia napolitana en las largas negociaciones que condujeron a la firma, en octubre de 1748, de la Paz de Aquisgrán, fue del todo irrelevante. Poco antes del fallecimiento de su padre, Carlos había nombrado a un nuevo jefe de gobierno, Giovanni Fogliani, para acentuar el peso de su diplomacia, pero la medida no tuvo éxito. Y, sin embargo, la firma del tratado de paz fue recibida en Nápoles con gran alivio. Cuando ya se estaban delineando las condiciones del acuerdo, Tanucci le escribió al conde Giuseppe Finocchietti: «Ya empezamos a respirar; en la desgracia, confiamos en que nuestra indiferencia nos proporcionase la calma, así que ahora nos vemos incapaces de hacer valer nuestras pretensiones». Tanucci era consciente del papel marginal que desempeñaba Nápoles en el marco internacional. Preveía, por tanto, que se estipularía «una paz a la usanza de los poderosos, sin tener en cuenta a los inferiores»,²⁵¹ categoría a la que pertenecía el reino de Carlos.

La Guerra de Sucesión Austriaca, como destaca Spini, fue «una guerra sin finalidades concretas» que acabó con «una paz, sancionada por el Tratado de Aquisgrán, con la que tampoco se concluyó nada». Con la Paz de Aquisgrán se quiso, básicamente, recomponer el statu quo, abandonando los territorios conquistados durante las operaciones militares. Las únicas excepciones fueron Silesia y el ducado de Parma, que pasaron, respectivamente, a Federico II de Prusia y a Felipe de Borbón, y la alta Novara (en el Piamonte) que pasó a Carlos Manuel III de Saboya, junto a una pequeña zona en Lombardía. La peor parte se la llevó María Teresa, que tuvo que renunciar a Silesia y a Parma; su resentimiento hacia Inglaterra, su aliada, estaba justificado. Las demás cortes europeas tampoco podían darse por satisfechas, y más si se tenían en cuenta los costos de la guerra. Los objetivos alcanzados habían sido muy inferiores a sus ambiciones.²⁵² El único monarca que había conseguido adueñarse de un amplio territorio, gracias a su pragmatismo libre de prejuicios, era Federico II. Por eso se dijo que la guerra, en el fondo, se había librado en nombre del rey de Prusia.²⁵³

Si Francia se había «desangrado para quedarse en el mismo sitio», Inglaterra y Holanda no obtuvieron mejores resultados. Las dos se quedaron tan desilusionadas con los resultados como Francia y España. Los Borbones de ambos reinos solo habían logrado para su pariente, Felipe, «un pequeño Estado» que, como comentó Tanucci, «hará que el príncipe que lo reciba parezca ridículo». No podía sino calificarse de «ridícula —precisó el jurista toscano— una paz con la que, supuestamente, se ha resuelto el conflicto ocasionado por la herencia de Carlos VI, que España y Francia se han disputado con razones para ello, con enormes esfuerzos [militares] y con grandes conquistas, y se dicte una sentencia por la que, a tan grandes pretendientes, solo se les conceda el miserable Estado Farnese, en todo semejante al despreciado reino de Ulises».²⁵⁴

En lo que respecta a los reinos de Nápoles y de Sicilia, en Aquisgrán se estableció que los heredasen los sucesores de Carlos, ya que Felipe V se los había concedido a su hijo sin condiciones de ningún tipo. La decisión, como subraya Giuseppe Coniglio, solo podía considerarse «una victoria de Carlos de Borbón» en apariencia, a pesar de que él «no había contribuido en modo alguno a la guerra». En realidad, una de las cláusulas del Tratado de Aquisgrán penalizaba a la descendencia de Carlos. El artículo 7 establecía que, en el caso de que Carlos ciñese un día la corona de España, cosa muy probable, dadas la mala salud y la falta de descendencia de Fernando VI, el heredero de la corona de Nápoles y Sicilia sería su hermano Felipe que abandonaría, en este caso, el ducado de Parma, Plasencia y Guastalla. El territorio se repartiría entonces entre Austria, que se quedaría con Parma y Guastalla, y el rey de Cerdeña, que obtendría Plasencia.²⁵⁵ A causa de este artículo, Carlos se negó a suscribir el Tratado de Aquisgrán y en los años siguientes todos los esfuerzos de la diplomacia napolitana se concentraron en derogarlo.

Para alcanzar este objetivo era necesario, como subrayaba Tanucci en noviembre de 1748, que España acercase posturas con Inglaterra. El toscano, que inscribía la cuestión napolitana en el más amplio contexto de la italiana, consideraba que sería «utilísimo todo aquello que contribuya a conciliar a ingleses y españoles». Estaba convencido de que «la amistad de estos pueblos puede mantener a Italia a salvo de la soberbia de Viena y del molestísimo yugo de París». El otro gran peligro que amenazaba a la estabilidad política de la península italiana era la ambición de Carlos Manuel III. Si la «máquina italiana está ahora mismo tan desajustada», la culpa, según el jurista toscano, no es solo de los «Franceses, los cuales han sido o se han fingido tontísimos para hacernos un daño grandísimo», sino también de las persistentes «insidias de Turín».²⁵⁶

Ocaso y caída de Montealegre

En junio de 1745, como ya se ha indicado, Montealegre fue destituido, después de haber permanecido ocho años en la cúspide del poder. Carlos lo sustituyó por el parmesano Giovanni Fogliani. La caída del ministro español se debió a una serie de factores, entre los que no hay que olvidar el resentimiento del monarca por la humillación, nunca olvidada del todo, que sufrió en agosto de 1742 y de la que responsabilizaba, sobre todo, a Montealegre. Además, con el paso del tiempo, Carlos cada vez soportaba peor la autoridad con la que Montealegre actuaba en Nápoles, siempre con el apoyo constante de Madrid. En uno de los raros momentos en los que se dejó llevar por los sentimientos, les escribió a sus padres que el primer secretario de Estado se comportaba como si el rey fuera él.²⁵⁷

La reina María Amalia era quien criticaba con más dureza la arrogancia de Salas. En torno a la reina y a su favorita, Zenobia Revertera, duquesa de Castropignano, se formó un grupo abiertamente hostil al primer ministro, del que también formaban parte la princesa de Colubrano, el pintor Sebastiani, la princesa de Belmonte y el duque de Sora, personajes que, por su cercanía con el rey, tenían una fuerte influencia en la corte.²⁵⁸ La protección de Montealegre al empresario Angelo Carasale fue otra importante tesela en el mosaico de las acusaciones que se formularon contra Salas. Carasale, uno de los protagonistas principales de la impresionante labor constructora impulsada por Carlos, había sido declarado culpable de haberse apropiado indebidamente de enormes sumas de dinero, y en la corte se sostenía que lo había hecho con la connivencia o la aprobación, en cualquier caso, del primer secretario de Estado. Mientras tuvo el pleno respaldo de Madrid —donde contaba con el decisivo apoyo de la reina más el de influyentes ministros, como Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada—, Montealegre consiguió desembarazarse de dos de sus adversarios más peligrosos, la princesa de Belmonte y el pintor Antonio Sebastiani a quienes, basándose en distintas razones, se les obligó a que abandonaran Nápoles. La princesa fue acusada de ser una espía al servicio de Austria; para acabar con Sebastiani se recurrió a acusarle «de mantener conversaciones con la corte de Polonia».²⁵⁹

La facción enemiga, sin embargo, no fue desarticulada del todo; es más, tal y como señala Tanucci, en agosto de 1745, no tardó en contar con nuevos adeptos, como Gages, Acquaviva y Quadra. Estos últimos, junto al duque de Sora —le escribió Tanucci a Bartolomeo Corsini— tras «una guerra intensa, constante, secreta [...] han asesinado, por fin, al duque marqués, que hasta ahora era invencible y parecía inmortal».²⁶⁰ El delegado de la Real jurisdicción, Niccolò Fraggianni, nos aporta un testimonio más acerca del declive de Montealegre y de la fuerte oposición con que contaba su política. En una carta, fechada en julio de 1745 y dirigida a Corsini, Fraggianni recurre, prudentemente, a una fábula alegórica para comentar los hechos. Según Fraggianni, en una antigua crónica del reino se cuenta que «hubo una vez un joven rey que tenía la sabiduría y la fuerza en la mano derecha y la gloria y la abundancia en la izquierda». En la corte de este monarca se alzó un gran ídolo —alusión evidente a Montealegre— que

[...] no tenía igual, ni en el cielo ni sobre la tierra; su cabeza se elevaba por encima de las nubes y cuando extendía los brazos abarcaba con ellos [toda la extensión] del reino. Sus piernas eran como un arco extendido sobre las puertas de la justicia, de la fuerza [armada], del tesoro y de los cargos públicos, civiles, militares y eclesiásticos, de forma que todos los que entraban o salían tenían que pasar por debajo de él y besar, con respeto idólatra, las dos aldabas de la puerta trasera. Y todo el pueblo, tanto los grandes como los pequeños, se postraban ante este ídolo real y lo adoraban porque temían su poder.

Cuando Carlos se ausentó de Nápoles para combatir contra los austriacos, acudieron en ayuda de la corte «dos poderosos gigantes» que no quisieron someterse al ídolo y que consiguieron enrolar bajo su bandera a numerosos «campeones audaces». La corte recobró el valor y «los cortesanos se quitaron la máscara, y los eclesiásticos comenzaron a predicar en contra de las abominaciones del ídolo. Combatieron con gran furia contra él y creyeron que lo habían derribado». Según Fraggianni, la lucha, sin embargo, aún no había acabado y «el poder del ídolo puede imponerse una vez más». El delegado de la real jurisdicción opinaba, pues, que Montealegre tenía aún munición suficiente como para rehacerse y vencer a sus enemigos; tampoco estaba muy seguro de que la caída del ídolo fuese a acarrear los beneficios esperados. En Nápoles imperaba la confusión, se atacaba «a todo tipo de personas, sobre todo a las más íntegras», y hasta los religiosos participaban en ello. El tiempo diría «si el orgullo, la vanidad, el amor propio y una extraña circulación de intrigas y tejemanejes llevarán a un togado al consejo de estado».²⁶¹

Días después, Fraggianni volvía sobre el argumento, constatando que las tensiones se habían exasperado. En contra de Montealegre —«el gigante», como ahora lo denomina—, abandonado ya por muchos de sus partidarios, se había alzado un sacerdote que ejercía gran influencia sobre la corte y la población. Galasso sugiere que este religioso no era otro sino el jesuita Francesco Pepe,²⁶² que había sido uno de los principales opositores al regreso de los judíos al reino, como ya hemos visto. Entre las causas de la caída de Montealegre no hay que olvidar tampoco la férrea oposición de los estamentos privilegiados —desde las baronías y los círculos eclesiásticos a las magistraturas— a su política reformista, llevada a cabo con la colaboración de los intelectuales locales de inspiración preilustrada.

En septiembre parecía que Montealegre estaba ya a punto de «sucumbir en la guerra que le ha declarado el Triunvirato», formado por su viejo opositor Gaetano Boncompagni, duque de Sora, José Miranda y Francesco Ventura. Este último había sido uno de los magistrados más valorados por Salas pero, intuyendo un cambio en la dirección del viento, se había apresurado a pasarse al otro bando para que no lo arrastrara el vendaval. Con todo, se daba por hecho que el ministro español iba a caer en blando, que se le concederían «nuevos honores de Estado y saldrá por unos doce mil ducados al año» de pensión, sin tener que «estar sometido a trabajo o esfuerzo alguno porque en el país al que va no se preocuparán de que cumpla con el cargo que se le va a conceder».²⁶³

Atacado desde varios frentes, Montealegre consiguió mantenerse a flote hasta la primavera de 1746, fecha en la que el rey le obligó a dejar su cargo de secretario de Estado y regresar a España. Allí, tal y como se suponía, se le cubrió de cargos meramente honoríficos y le fue asignada una sustanciosa pensión.²⁶⁴

VII PLENA SOBERANÍA DE CARLOS EN NÁPOLES

Fogliani, nuevo jefe de gobierno. Protagonismo del rey

CARLOS nombró primer ministro al parmesano Giovanni Fogliani, en sustitución de Montealegre. El relevo —tal y como le refirió el embajador Giacomo Antonio Piatti al senado veneciano— se produjo a principios del mes de junio de 1746, pocos días antes del fallecimiento de Felipe V.²⁶⁵ A diferencia de lo ocurrido hasta ahora, Carlos fue consultado a la hora de elegir a Fogliani y no hubo ninguna imposición por parte de Madrid. No es casual que la destitución de Montealegre coincidiera con el empeoramiento de la salud del rey de España y el consiguiente mutis de su protectora, Isabel de Farnesio, del escenario político. El rey de Nápoles ya no tenía que acatar las decisiones de sus padres y pudo participar activamente en algo tan importante como era la elección de la persona a la que se le iban a confiar las riendas del gobierno. El nuevo primer secretario de Estado contaba con una amplia experiencia internacional: había desempeñado diversos cargos diplomáticos en Florencia, Génova, La Haya, Londres, Madrid y Roma al servicio de Carlos, de quien era su gentilhombre de cámara.²⁶⁶

La experiencia diplomática fue un argumento de peso a la hora de elegir a Fogliani. El rey de Nápoles quería contar con un apoyo válido en las negociaciones que iban a llevarse a cabo cuando acabase la guerra. Carlos confiaba en que los años de experiencia y su familiaridad con las cancillerías europeas permitirían a Giovanni Fogliani defender adecuadamente los intereses de Nápoles en unas negociaciones que se adivinaba que iban a ser largas y complejas. Las expectativas del monarca, como ya hemos visto, no se cumplieron. Las grandes potencias relegaron a un papel totalmente marginal a la diplomacia napolitana. El plenipotenciario enviado a Aquisgrán fue un pariente de Fogliani, el conde placentino Alfonso Sanseverino d’Aragona, que ya había estado al servicio de Carlos en Francia y, posteriormente, en Inglaterra. En contra de lo esperado, la actuación de Sanseverino —descendiente de una de las principales familias napolitanas desde la época de los Anjou— fue totalmente decepcionante. Se llegó a rumorear, incluso, que el plenipotenciario de Carlos, en vez de defender los intereses de Nápoles, había seguido las directrices de Luis XV. Este último, de hecho, lo nombró luego ministro y consejero de Estado, según Schipa, para recompensarle por haber favorecido a la causa francesa.²⁶⁷ La aireada traición del plenipotenciario de Carlos sembró el desconcierto en Nápoles. El propio Fogliani, pariente y protector de Sanseverino, fue objeto de duras críticas.

Excavaciones arqueológicas en Pompeya y Herculano: «un lugar eterno en la fama mundial» para Carlos

En el mes de junio de 1746, otro pariente de Fogliani, Ottavio Antonio Baiardi, fue nombrado director de la Biblioteca Real. La prestigiosa institución cultural, germen de la Biblioteca Nacional Vittorio Emanuele II, había sido fundada en 1740 por el monarca, que había nombrado como su primer director a Matteo Egizio, ilustre y reconocido erudito, experto en arqueología e historia antigua. Al quedarse vacante la plaza de bibliotecario, a la muerte de Egizio, Fogliani consiguió el puesto para su primo, con una remuneración bastante alta. Baiardi dirigió la Biblioteca hasta 1755, durante todo el tiempo que su pariente ocupó el cargo de primer ministro de Nápoles. Carlos, siempre por sugerencia de Fogliani, le confió el encargo, mucho más importante, de examinar, describir y catalogar los hallazgos arqueológicos que se estaban produciendo en aquellos años en Pompeya y Herculano. Baiardi, a pesar de estar considerado como un docto erudito y de ser miembro de importantes academias humanistas, cumplió su cometido de forma asaz torpe.²⁶⁸

Las excavaciones arqueológicas se habían iniciado en la época austriaca, en el año 1711, cuando unos obreros descubrieron una estatua antigua mientras perforaban un pozo en la falda del Vesubio. Por iniciativa del príncipe Elbeuf, se empezó a excavar en la zona, bajo la dirección del arquitecto napolitano Giuseppe Stendardi. Se encontraron nuevas piezas, entre ellas varias estatuas que fueron enviadas a Viena, donde despertaron la admiración general. Poco después del fin de la dominación austriaca, el príncipe regresó a su patria y las excavaciones fueron abandonadas. Por iniciativa de Carlos, las obras se reemprendieron bajo la dirección del ingeniero español Roque Joaquín de Alcubierre, que fue llamado expresamente desde España para ello. Los resultados superaron todo lo previsto. Todos los hallazgos anteriores «palidecieron ante la fabulosa cosecha que la fortuna había puesto en las manos del rey Carlos». En realidad, aunque la suerte tuvo su importancia, fue, sobre todo, la tenacidad del monarca, su visión de futuro al promover los trabajos, lo que permitió que saliera a la luz el impresionante patrimonio arqueológico de Pompeya y Herculano. El descubrimiento de las dos ciudades, según Schipa —que no es precisamente benévolo con el monarca napolitano—, «bastaría, por sí solo, para asegurarle un lugar eterno en la fama mundial» a Carlos de Borbón.²⁶⁹ Las ruinas subterráneas de Herculano no estaban abiertas al público y se podían visitar solo con un permiso especial, que se le concedía únicamente a unos pocos elegidos. Entre estos últimos se encontraba el hijo del primer ministro inglés, el escritor Horace Walpole, «cuyo entusiasmo —escribe Acton— aún conserva el latido vital». Walpole, como buen escritor, le confió a la pluma la emoción que le produjo visitar la antigua ciudad sepultada por el tiempo:

Esta ciudad subterránea —escribió— es, quizá, una de las más nobles curiosidades que se hayan descubierto jamás [...]. Se han encontrado, entre otras cosas, algunas hermosas estatuas, huesos humanos, medallas, y algunas bellísimas pinturas [al fresco]. No existe nada igual en el mundo, es decir, una entera ciudad romana de esa época que no haya sido estropeada por las restauraciones modernas [...]. Para los estudiosos es, sin duda, una ventaja que esta ciudad haya permanecido sepultada durante mucho tiempo. En Roma, la mayor parte de los descubrimientos se hizo en la época de los Bárbaros, que saqueaban las ruinas en busca de tesoros.²⁷⁰

Aún más impresionante fue el descubrimiento de la ciudad de Pompeya, cuyos restos estaban diseminados por un área mucho más amplia y más accesible. Fascinado por las antigüedades de Pompeya y Herculano, Carlos puso el máximo empeño en promover la recogida, restauración y conservación de los restos y en difundir su conocimiento; para ello, se contrató a algunos de los mejores estudiosos y artistas de la época, tanto napolitanos como extranjeros. Arqueólogos, escultores, pintores, grabadores, atraídos por los sorprendentes descubrimientos y por las generosas retribuciones del monarca, compitieron entre ellos para ofrecer sus servicios.

Para recoger aquella ingente cantidad «de obras de arte, de las que hubiera bastado una centésima parte para despertar la admiración, y ha bastado en la misma Roma»²⁷¹ y que el público pudiera disfrutar de ellas, Carlos decidió fundar un museo. En un principio se pensó en ubicarlo en la villa de Portici, que estaba cerca del recinto arqueológico. Luego se optó por Capodimonte, donde ya se había pensado en instalar la Biblioteca Real (la idea fue luego descartada). La restauración de los mármoles y los bronces se les encargó a Giuseppe Canart y a Tommaso Valenziani, que no estuvieron a la altura de su cometido. El propio Alcubierre —el arqueólogo más importante de su época, según Winckelmann— «tenía tanto que ver con las antigüedades como la luna con las gambas; de ahí que se perdieran muchas obras hermosas y se excavara con unos métodos brutales, destrozando el teatro de Herculano». La situación mejoró en el año 1755, cuando se cesó a Fogliani, Tanucci tomó las riendas de la Casa Real, y se puso fin a «la dictadura arqueológica de Baiardi». Por consejo de Tanucci, el rey instituyó la Reale Accademia Ercolanese (Real Academia de Herculano) para evaluar, conservar y estudiar los hallazgos. La Academia «fue la última de las instituciones que dieron fama al Reino de Carlos».²⁷²

Críticas a Fogliani y «vendimia parmesana» en Nápoles

Baiardi y Fogliani fueron el blanco principal de las duras críticas que recibió el grupo de parmesanos instalados en Nápoles. El «hipercrítico» Tanucci denunció repetidas veces la incompetencia y la codicia de ambos, sobre los que tenía una pésima opinión. A Fogliani, en concreto, ya le había reprochado, en noviembre de 1746 (poco después de ser nombrado primer secretario de Estado), que perteneciera al «partido güelfo», es decir, que fuera «amiguísimo y cortesano» del cardenal Giuseppe Spinelli, arzobispo de Nápoles. Al ministro parmesano se le llegó a acusar, incluso, de estar favoreciendo la temida introducción de la Inquisición en la capital (intento llevado a cabo por el arzobispo sobre el que nos detendremos más adelante). El secretario de Justicia criticaba también la conducta de Fogliani en la corte, totalmente inadecuada para su cargo. El parmesano estaba muy unido a la todopoderosa favorita de la reina, la duquesa de Castropignano; de hecho, se le consideraba «el chichisbeo político» de la dama. Tanucci también denunció repetidas veces, con envidia mal disimulada, la elevada remuneración económica que Carlos le había asignado a su primer secretario de Estado. Este, además, logró que muchos de sus parientes y conciudadanos obtuvieran puestos muy bien retribuidos. El pago de los sueldos corría a cargo del erario real, por lo que llegó a hablarse de una auténtica «vendimia parmesana» en Nápoles.²⁷³

El juicio del anónimo autor de las Notizie del governo politico ed economico di Napoli (Noticias sobre el gobierno político y económico de Nápoles) sobre el talento, no muy abundante que digamos, de Fogliani como estadista no se aparta mucho del de Tanucci. Así describía dicho autor los rasgos que definían la personalidad del primer secretario:

Nacido para la vida social, adora los banquetes y los placeres; el trabajo le sobrepasa, escucha con disgusto a quienes le hablan de asuntos [de trabajo] y olvida [dichos asuntos] por falta de memoria, o los deja sin resolver porque le desagradan, por lo que siempre está sobrecargado [de trabajo pendiente]. Es desconfiado hasta el exceso, sospecha de todos los oficiales de sus secretarías que, en represalia, no le ayudan en nada y solo le sirven a disgusto. Sus intenciones son buenas, pero su talento no está a la altura de su probidad. En pocas palabras, no se le estima ni está bien considerado porque carece de autoridad y le faltan la destreza y la fuerza de espíritu necesarias para volver a imponer [la autoridad] sobre quienes se la han arrebatado.²⁷⁴

El análisis del anónimo cronista —que, por otros datos contenidos en las Notizie, demuestra conocer muy bien el ambiente napolitano— traza el perfil de un primer ministro que carece de todas las cualidades necesarias para cumplir con su cometido, carencia que nunca se había detectado en sus antecesores en el cargo. La desconfianza hacia sus subalternos, a la que ellos correspondían colaborando lo mínimo con él, y su falta de autoridad repercutían en su gestión, lenta e ineficaz. El ministro parmesano atendía a sus obligaciones con honradez pero sin «talento» y con una lentitud tal que los «asuntos» se quedaban, sistemáticamente, «sin resolver». La proximidad de Fogliani a los círculos clericales y su cerrazón ante las ansias de renovación tuvieron como consecuencia inmediata, subraya Ajello, que se pusiese fin a esa colaboración entre el gobierno y la intelectualidad que había sido, en cambio, una de las características de la etapa reformista de Montealegre.²⁷⁵

Intento fallido de introducir la Inquisición en Nápoles

La orientación, básicamente conservadora, del nuevo primer secretario le granjeó enseguida las simpatías de los estamentos privilegiados, celosos por mantener sus atávicas prerrogativas, y animó al sector más reaccionario de la Iglesia a buscar su apoyo para introducir la Inquisición en Nápoles, una iniciativa que siempre había suscitado el rechazo unánime de la capital. Tanucci ya había denunciado, en noviembre de 1746, al señalar que Fogliani pertenecía al partido güelfo, que la estrecha relación existente entre el primer secretario y el arzobispo Spinelli había animado a este último a aprovecharse del cambio de orientación de la cúpula del gobierno para intentar tomar esta medida, a la que se oponía toda la población napolitana. Además de a Fogliani, Spinelli intentó atraer hacia su causa al propio monarca, empleando unos métodos que Tanucci tildó de engañosos. Carlos se dio cuenta del peligro hacia el que se encaminaba y se distanció del asunto.²⁷⁶ La firmeza y la determinación con las que Carlos actuó en esta circunstancia, especialmente delicada, son sintomáticas del cambio que se había obrado en él al hacerle frente a las cuestiones relativas a las áreas de su competencia. El rey de Nápoles ya no delegaba, como ocurría antes, en sus ministros, impuestos por Madrid y dirigidos desde la corte española; si era necesario, intervenía personalmente para tomar decisiones y resolver problemas.

En realidad, en Nápoles se llevaba hablando de las intenciones del cardenal Spinelli de celebrar los procesos religiosos con acuerdo al ritual del Santo Oficio desde el año 1744. El secretario de la ciudad, Antonio Vassallo, apenas tuvo noticia de ello, informó a los eletti que, «celosísimos sobre este particular», convocaron inmediatamente a las piazze; se acordó enviar una delegación para tratar el tema con el rey en persona. Carlos respondió que no sabía nada del asunto y —como era habitual durante el gobierno de los primeros ministros españoles— le encargó a Montealegre que se ocupase de él. El duque de Salas hizo llamar a Vassallo y le preguntó de dónde procedían sus informaciones; este se negó a revelar sus fuentes y acabó en la cárcel del castillo de Isquia. Este primer intento de Spinelli —que, por otro lado, ya había tenido un violento encontronazo con la piazza del Nido, en 1743, a causa de la jurisdicción sobre una iglesia situada en ese barrio— volvió a la memoria de todos al poco de abandonar el gobierno Montealegre, cuando tres religiosos fueron recluidos en las cárceles del arzobispado «por materia [que compete a la] Inquisición».²⁷⁷

Estos presentaron un recurso a la nueva Deputazione del Sant’Uffizio (Diputación del Santo Oficio, una comisión de cardenales adscritos a la Inquisición); los diputados se pusieron enseguida «en marcha. Y lo primero que hicieron fue actuar de manera tal que muchos del pueblo, mientras los diputados parlamentaban en San Lorenzo, iniciaron una revuelta». Los delegados se dirigieron a continuación a hablar con el cardenal al que le pidieron que les dejara revisar las actas relativas al proceso de los tres religiosos encarcelados. El cardenal se negó y uno de los diputados, el conde de Conversano, «llevado de un celo excesivo, le habló de forma tan airada y en unos términos tan poco respetuosos —narra un cronista de la época— que, ya de regreso a su casa, murió de repente». El repentino fallecimiento del conde fue atribuido «por ciertas gentes, muy escrupulosas [con la religión], a la venganza de Dios [...] por el poco respeto que había demostrado hacia el cardenal». Pese a esto, los diputados revolucionaron a la población de Nápoles, donde «no se hablaba de otra cosa en los corrillos que no fuera del nuevo tribunal del Santo Oficio». El blanco principal de las iras era el cardenal Spinelli, a quien se consideraba el autor intelectual de la idea de instituir el tribunal de la Inquisición en el reino, y cuya integridad física llegó a peligrar seriamente durante los tumultos que agitaron la capital. Un día, de hecho, mientras «Su eminencia estaba paseando por la Puerta Capuana, el populacho rodeó su carroza y empezó a insultarle; con modales rudos e irreverentes, le dijo que no quería sus bendiciones, sino que se ocupase de eliminar el Santo Oficio porque si no lo hacía el pueblo se encargaría de hacerlo». En la mira de los alborotadores y de los diputados estaban también los parientes de Spinelli y el eletto del pueblo, Gabriele Boragine, considerado «partidario de su eminencia».

Los diputados decidieron recurrir al rey que le ordenó en el acto al delegado de la Real giurisdizione, Niccolò Fraggianni, que acudiera a la curia arzobispal y se hiciera entregar por el vicario general las actas de acusación de los tres religiosos imputados. Siempre por orden de Carlos, Fraggianni llevó luego las actas a la Cámara de Santa Clara —de la que él era caporuota— para que fueran examinadas y se redactase un informe o relación al respecto. Tras estudiar la relación, que confirmaba los temores de los diputados y de la ciudadanía napolitana, el monarca ordenó que fueran desterrados del reino los canónicos Tommaso Ruggero y Domenico Giordano, supuestos oficiales del tribunal de la Inquisición, y les impuso importantes límites a la curia arzobispal y a todos los obispos del reino en los procesos judiciales por temas de fe. El 29 de diciembre de 1746 se emitió un despacho real con estas disposiciones, suscrito por el secretario del tribunal Eclesiástico, Gaetano Brancone, que fue enviado a los diputados «que hicieron que se grabara en mármol y fuera colocado en la escalinata del tribunal de San Lorenzo, en eterna memoria para las generaciones futuras».

Fraggianni envió luego circulares a todos los obispos del reino para ponerles al corriente de las órdenes del rey contenidas en el despacho. El vicario arzobispal, monseñor Cioffi, le hizo luego entrega al delegado de la Real giurisdizione de las credenciales de los magistrados del tribunal eclesiástico local y de las actas de los procesos en curso. El vicario informó, además, a Fraggianni de que había procedido a quitar la placa de mármol, colocada en la sala del Santo Oficio, en la que estaba grabada la inscripción Sanctum Officium, sustituyéndola, tal y como había dispuesto el rey, por una en la que se leía Archivium. La sustitución, hecha por orden expresa del monarca, les fue comunicada luego a los diputados por Brancone, quien también los puso al corriente del cambio de nombre de las cárceles del Santo Oficio, que a partir de ahora pasarían a llamarse de San Francisco y de San Pablo.

En abril de 1747, el papa Benedicto XIV, para evitar posteriores disputas con las autoridades reales, envió a Nápoles al arzobispo de Benevento, quien propuso que se llegara a un definitivo «acuerdo» mediante el envío de un breve pontificio por el que se le concedería a la ciudadanía el privilegio de quedar exenta, también en el futuro, de la institución del Santo Oficio. Los ministros, Fraggianni entre ellos, a los que Carlos les había encargado que hablaran con el arzobispo rechazaron la propuesta, argumentando que «en Nápoles ya se había hecho grabar en mármol esa gracia, concedida por su majestad, y que no querían comentar más sobre el asunto». Las autoridades gubernamentales adoptaron, pues, una postura abiertamente contraria a la curia, impidiendo toda injerencia de la Iglesia, a la que no se le reconoció ningún margen de intervención en la cuestión de competencias sobre la que el monarca ya había tomado una decisión irrevocable. La ciudad, en agradecimiento al rey por haber conjurado el peligro de que fuera instituido el odiado tribunal eclesiástico, votó a favor de que se le hiciera un donativo de trescientos mil ducados, «que fue graciosamente aceptado».²⁷⁸ El cardenal Spinelli, cuya derrota en el conflicto con los adversarios del intento de prevaricación eclesiástica había sido absoluta, asumió a partir de ese momento una actitud lo más discreta posible con respecto a los problemas relativos a la jurisdicción y, años después, renunció ante el papa a su cargo de arzobispo de Nápoles, sucediéndole, en 1754, monseñor Antonino Sersale.

Entre los ministros designados por el rey para mantener conversaciones con el arzobispo de Benevento no figuraba el jefe del gobierno. Carlos le había dejado al margen, dada su amistad con el cardenal Spinelli y sus conocidas simpatías hacia la Santa Sede, ya durante la fase más turbulenta del conflicto jurisdiccional. A diferencia de cuanto ocurría en años anteriores, cuando los primeros ministros españoles desempeñaban un papel de primer orden en la solución de los problemas del gobierno, Carlos desautorizó a Fogliani. Libre por fin de los condicionamientos impuestos por Madrid, el rey de Nápoles había empezado a dar muestras de que estaba ejerciendo plenamente su soberanía. Le había confiado las riendas del gobierno al ministro parmesano por su reconocida competencia en las relaciones internacionales, pensando en las negociaciones, aún en curso, que se habían entablado tras la Guerra de Sucesión Austriaca. Fracasado en su cometido, aún no se habían perdido las esperanzas de que Fogliani fuera capaz, con el dominio de los canales diplomáticos que se le suponía, de borrar el malhadado artículo 7 de la Paz de Aquisgrán y permitirle a los descendientes directos de Carlos mantener el trono de Nápoles y de Sicilia incluso después de su cada vez más previsible traslado a Madrid.

La numerosa prole de Carlos y de María Amalia

El 13 de junio de 1747 la reina María Amalia, después de haber alumbrado a cuatro niñas, tuvo por fin un niño, al que se le impuso el nombre de Felipe Antonio. Las crónicas de la época narran que, nada más parir su mujer, Carlos, «loco de alegría, olvidándose de la majestad real, cogió al recién nacido en brazos, besándolo, enseñándoselo a los presentes y levantándolo en el aire, como si le diera las gracias al cielo». El feliz acontecimiento tuvo lugar en Portici, donde acostumbraba a residir la corte durante el mes de junio, por lo que la celebración del nacimiento del tan suspirado heredero se pospuso hasta que la familia real regresase a Nápoles. Mientras, acudieron a Portici, para congratularse con los soberanos «toda la nobleza, el ministerio, la oficialidad y la ciudad en cuerpo». La Piazza del Popolo, a su vez, le encargó al abogado Giannantonio Sergio, «hombre sobradamente conocido en la República de las Letras» que recitara en presencia del rey un discurso que más tarde fue impreso.²⁷⁹

Inmediatamente se suscitó la cuestión de qué título concederle al príncipe real que acababa de nacer. Carlos convocó una junta, compuesta por algunos de los cargos institucionales más importantes del reino, entre ellos el capellán mayor, el secretario de Justicia, el presidente del Supremo Magistrato del Commercio y el lugarteniente de la Sommaria. La junta, reunida el 29 de junio, propuso que al principito Felipe se le concediese el título de duque de Apulia, el mismo que le otorgó el papa al condottiero normando Roberto Guiscardo que, en el siglo xi, conquistó el Mezzogiorno, junto a su hermano Roger o Ruggiero, dando origen a un reino independiente. La Academia de Cosenza argumentó que era más adecuado el título de duque de Calabria, el mismo que, en la época aragonesa, le concedían los reyes de Nápoles a los herederos al trono. El barón Giambattista Brunetti, diputado de los casali de Cosenza, presentó un memorial al rey en el que defendía esta última opción. Fogliani, por petición del hermano del barón, también se inclinó por ella y gracias, en parte, a los buenos oficios del parmesano, se decidió que el primer hijo varón de Carlos recibiese el título de duque de Calabria.

El nuevo rey de España, Fernando VI, se ofreció a ser el padrino, por poderes, de su sobrino, al que concedió el honor del infantado y una pensión anual de cuatro mil piastras. El bautizo se celebró en febrero de 1748, en el Palacio Real. Administró el sacramento el arzobispo de Nápoles; para representar a los reyes de España fueron elegidos el duque de Medinaceli y la princesa de Colubrano.²⁸⁰

Los monarcas regresaron a Nápoles el 23 de julio, un mes después del nacimiento de su hijo; lo primero que hicieron fue acudir a la catedral para darle las gracias a San Jenaro por el feliz alumbramiento de la reina. A continuación, se iniciaron los preparativos para la celebración, en la que no se reparó en gastos. La dirección de los grandiosos festejos se le encomendó al mayordomo de semana mayor, cargo que entonces ocupaba el conde parmesano Raffaello Tarasconi. El 4 de noviembre, onomástica de Carlos, dieron comienzo «las mayores fiestas que jamás se vieron en Nápoles» y que se prolongaron durante quince días. Durante este periodo, todas las noches había «gala en la corte con festejos públicos» que abría la reina. Por lo general, María Amalia

[...] salía danzando con el rey desde detrás de la portezuela para no obligar a que le hicieran reverencias u otros [agasajos] las damas que estaban reunidas en gran número en la gran sala; se les había dado permiso para que asistieran también a los oficiales militares desde [el grado de] teniente coronel para arriba, con su propio uniforme, al igual que a los ministros togados [que vestían] su acostumbrada toga. En una de las susodichas noches, el baile fue de máscaras y [se celebró] en el Gran Teatro de San Carlos que a tal efecto se acondicionó para ser engalanado con los adornos más soberbios que podían darse, con la orquesta estruendosísima por el gran número de instrumentos para [que se pudiera] bailar en todas las partes de aquel gran piso, y con abundantes refrigerios para cada uno; y en el susodicho teatro había dos escalinatas por las que el rey y la reina bajaban a bailar desde su palco. Y estaba este teatro tan adornado e iluminado y bien dispuesto que su vista era, en verdad, tan soberbia y majestuosa que no solo en Nápoles, sino en las otras cortes de Europa [era difícil que] pudiera observarse algo igual.

Se acuñó una moneda de plata para la ocasión con la efigie del recién nacido por una cara y la de sus padres por la otra, con la inscripción: Firmata securitas y Populis spes nat. 1747. Los festejos debían cerrarse con un impresionante castillo de fuegos artificiales, pero la mecha prendió antes de lo previsto y empezaron a saltar chispas. La multitud que se había congregado en las cercanías del castillo para ver el espectáculo huyó despavorida.²⁸¹ En la huida perdieron la vida y resultaron heridas muchas personas. Los napolitanos, supersticiosos por tradición, consideraron el incidente una señal de mal agüero de cara al futuro que le aguardaba a un niño que, para más inri, había nacido un día 13, número que, por lo general, nunca hace presagiar nada bueno. El príncipe Felipe Antonio no tuvo, en efecto, un futuro feliz. Padeció desde su más tierna edad crisis epilépticas —que se achacaron a que una de sus amas de cría tenía la rabia; aunque fue despedida nada más saberse, el supuesto mal ya estaba hecho— y luego sufrió una enfermedad irreversible, física y mental, que, como veremos más adelante, obligó a Carlos a excluirlo de la línea sucesoria.

Felipe fue el primero de los seis varones que alumbró María Amalia, con gran satisfacción de Carlos, que veía así asegurada la sucesión. El 12 de noviembre de 1748 nació Carlos Antonio, el heredero al trono, dada la incapacidad mental de su hermano mayor. Dos años después, el 12 de enero de 1751, vio la luz Fernando Antonio; en su calidad de tercer nacido, su destino inicial era la carrera eclesiástica, dándose por hecho que llegaría a ser cardenal y que cubriría, mientras, los puestos de arzobispo de Nápoles y de Monreale (Sicilia), las dos sedes diocesanas más importantes de los dos reinos. El 6 de mayo de 1752 nació Gabriel Antonio, seguido, al año siguiente de Antonio Pascual. Por último, cinco años después, el 6 de mayo de 1758, la reina alumbró a su último hijo, Francisco Javier. Entre estos partos, María Amalia tuvo a otras dos niñas, María Teresa (12 de noviembre de 1749) y Mariana o Ana María (6 de julio de 1754). Antes del embarazo de Mariana, la reina sufrió un aborto, provocado, según parece, por la imprudencia de la reina, que se agotó de cansancio por acompañar a su marido en sus habituales expediciones de caza por Persano.²⁸²

Carlos y María Amalia tuvieron pues, en total, trece hijos, siete niñas, de las cuales cinco nacieron consecutivamente, y seis varones. Cuatro de las niñas (María Isabel, María Josefa, María Teresa y Mariana) murieron antes de cumplir los dos años, y una quinta, María Isabel Ana, falleció a los seis años y medio. Las únicas que alcanzaron la edad adulta fueron María Josefa Carmela y María Luisa; ambas fueron educadas, según la costumbre de la época, por maestros que, además de buenas maneras, les inculcaron conocimientos de equitación, canto, música y danza. Las dos hijas supervivientes de Carlos tuvieron un destino diametralmente opuesto. María Josefa, de complexión grácil, poco desarrollada, se negó —como veremos luego— a casarse con su tío paterno, Luis, y se quedó soltera. Su hermana María Luisa se casó, en 1765, a la edad de veinte años, con Pedro Leopoldo de Habsburgo, archiduque de Toscana, quien, en 1790, subió al trono imperial.²⁸³ Entre los varones, el primogénito, Felipe, y el último, Francisco Javier, fueron los que tuvieron una vida más breve: fallecieron, respectivamente, a la edad de treinta y de catorce años. Gabriel, que estaba casado con la princesa portuguesa Mariana Victoria de Braganza, murió en 1788, con treinta y seis años, un mes antes de que se produjera el fallecimiento de Carlos. Los tres hermanos restantes, en cambio, fueron muy longevos, para lo que era la esperanza de vida en el xvIII. Carlos Antonio, que en 1788 sucedió a su padre en el trono de España, con el nombre de Carlos IV, murió en 1819, a los setenta y un años. Fernando, que —como veremos más adelante—, tras renunciar a la carrera eclesiástica, sucedió a su padre como rey de Nápoles y de Sicilia, fue el más longevo de todos, muriendo a la edad de setenta y cuatro años, en 1825. El penúltimo hijo de Carlos y de María Amalia, Antonio Pascual, que contrajo matrimonio con María Amalia de Borbón-España, pasó a mejor vida en 1817, a la edad de sesenta años.²⁸⁴

Siguiendo la costumbre de las casas reales, Carlos y María Amalia confiaron la educación de los hijos a maestros escogidos entre las filas del clero y de la alta aristocracia. Los monarcas le prestaron una atención especial a la educación de Carlos y de Fernando, destinados a ceñir las coronas de España y de Nápoles. Un jesuita natural de Bohemia, el padre Cardel, se hizo cargo de su instrucción, enseñándoles idiomas. Tras la partida de Carlos, el jesuita continuó su obra con Fernando. El príncipe seguía las lecciones de mala gana; en vez de estudiar latín, francés y alemán, como pretendían sus padres que hiciese, se dedicaba con fruición a aprender el dialecto napolitano. Al nuevo rey de Nápoles se le asignó luego como maestro al canónigo lateranense Benedetto Latilla y, como ayo, al príncipe de San Nicandro, Domenico Cattaneo; este último estaba unánimemente considerado como un hombre «basto, hipócrita e ignorante, sin más conocimientos que los que atañían a sus privilegios».²⁸⁵ Además de tener una escasa cultura, Cattaneo «estaba convencido, como muchos de su clase social, de que la práctica de las actividades físicas era [un trabajo] más que suficiente para un gentilhombre» y solo se preocupó por estimular en su pupilo la pasión por la caza que, siguiendo el ejemplo de su padre, Fernando sintió desde niño. Además de la caza, al rey le gustaba mucho montar a caballo. La nula capacidad pedagógica de su preceptor tuvo mucha parte de responsabilidad en el reprochable estilo de vida que llevó luego el monarca napolitano. En vez de «inculcarle al joven cuya educación se le había confiado el respeto hacia la dignidad real», San Nicandro prefirió consentirle que tuviese un contacto excesivo con el pueblo, lo que lo condujo a asumir una conducta poco apropiada para un rey.²⁸⁶

El ayo del futuro Carlos IV y de sus hermanos, Gabriel, Antonio y Francisco Javier, que llegaron a España en el año 1759, junto a sus padres, fue el duque de Béjar, Joaquín de Zúñiga. Béjar había sido sumiller del rey y su papel en la corte del difunto monarca, Fernando VI, había sido de primer orden. El rey de España le confió la educación del príncipe de Asturias y de sus hermanos, poniendo en sus manos las expectativas de todo el reino, en agradecimiento por los cuidados que Béjar le había prodigado a su hermanastro durante su enfermedad.²⁸⁷

En lo que respecta al futuro Carlos IV, los resultados no fueron los esperados, ni por el perfil cultural del príncipe ni por cómo se desarrolló su personalidad. A diferencia de su hermano Gabriel, que demostró muy pronto que tenía una gran facilidad para la música y las humanidades —predisposición que se le cultivó y que su padre apreciaba mucho—, al príncipe de Asturias lo único que le atraían, ya desde pequeño, eran las actividades manuales y el ejercicio físico, con predilección especial hacia la caza.²⁸⁸ Su preceptor cultivó en él esta última afición, sin preocuparse por instruirle adecuadamente en el arte de la política y por ayudarle a que adquiriese confianza en sí mismo, así como la firmeza de carácter y la determinación necesarias en un futuro rey. Cuando contrajo matrimonio, con tan solo diecisiete años, Carlos aún no había madurado y fue víctima fácil de la influencia de su mujer, con grave disgusto para su padre. Al rey —como veremos más adelante— también le desconcertaba el desordenado estilo de vida que llevaba su hijo Fernando, por no hablar de la sumisa actitud que tenía ante su mujer.

Leopoldo de Gregorio: un «hombre nuevo» en la secretaría de Hacienda

Una de las primeras iniciativas que tomó Carlos tras la muerte de su padre, Felipe V, fue acoger en su círculo al siciliano Leopoldo de Gregorio. De Gregorio era uno de los «hombres nuevos» que se habían abierto camino gracias a la eficacia y el alto nivel de compromiso demostrados en el ejercicio de sus funciones a los que el monarca quiso recompensar por sus méritos. De humildes orígenes, De Gregorio se trasladó a Nápoles para trabajar de contable en un importante negocio de la capital, en el que se le asignó la tarea de ocuparse del aprovisionamiento del ejército. El contable siciliano, debido a su trabajo, entró en contacto con Carlos «que advirtió y elogió su prudencia, su ingenio vivaz, su diligencia y extraordinaria capacidad de trabajo». Gracias a estas virtudes, en 1746, nada más abandonar Montealegre la escena política napolitana, De Gregorio fue propuesto para trabajar en la administración general de las aduanas de Nápoles. Más tarde, Carlos le encomendó al diligente funcionario siciliano que ocupara el cargo de ayudante del secretario de Hacienda, Giovanni Brancaccio. Cuando este último, tras una larga carrera, le solicitó a Carlos que le concediera el retiro, debido a su avanzada edad y mala salud, De Gregorio le sustituyó en su puesto. El prestigioso cargo que ocupaba ahora le permitió sacar todo el provecho posible a la experiencia adquirida en años anteriores, con plena satisfacción del monarca. Leopoldo de Gregorio llegó a convertirse, de hecho, en el ministro más respetado por el rey, tal y como le refirió, en 1754, el embajador Ossorio a Carlos Manuel III.²⁸⁹

Carlos dejó patente cuánto apreciaba al nuevo secretario de Hacienda: le concedió títulos nobiliarios y le facilitó que adquiriera feudos a un precio de favor. Leopoldo de Gregorio fue nombrado marqués de Vallesantoro y, más tarde, de Squillace o Esquilache. El feudo anexo al título pudo adquirirlo en unas condiciones privilegiadas; no tuvo que pujar por él en pública subasta y se le permitió que lo pagara a plazos. Carlos, además, le asignó un sueldo que, aunque era algo inferior al de Fogliani, el primer ministro, sí era más alto que el de los otros dos secretarios, Tanucci y Brancone, mayores que él.

El claro favoritismo de Carlos hacia De Gregorio, sumado a las prebendas que le concedió, despertó la envidia de sus colegas, lo que tuvo consecuencias negativas en la gestión del aparato estatal, pues dio pie a que se abriera una nueva época de intrigas en la corte. En los círculos de palacio se habían formado dos facciones, cuya lucha entre sí se recrudeció a raíz de la caída de Montealegre, a la cabeza de las cuales estaban, respectivamente, el rey y la reina. Esta última, después del nacimiento de su primer hijo varón, empezó a interesarse vivamente por la política y, libre ya del asfixiante control de sus suegros, aspiraba a desempeñar un papel protagónico en la corte. Las aspiraciones de María Amalia contaban con el apoyo de la facción capitaneada por la duquesa de Castropignano. Al «partido» de la reina se oponía firmemente el del rey, cuyo cabecilla era su íntimo confidente, Miranda; este último, gracias a las mediaciones amorosas de «la Minervino», era el protector de Francesco Ventura.²⁹⁰

Edicto contra la masonería, expulsión extramuros de las prostitutas y sintonía con la Santa Sede

En el ínterin, bajo la conducción de Carlos, el gobierno seguía haciéndole frente a otros problemas de política interior. El principal, sin duda, era conseguir que la joven dinastía obtuviese el respaldo y el reconocimiento internacional para continuar en el poder. Para prevenir una posible alteración del orden público, tras la calurosa bienvenida que se le dispensó al embajador austriaco, se procedió a constituir, en 1750, una nueva Giunta d’ Incofidenza que tomó las oportunas disposiciones contra los elementos sospechosos. Al año siguiente, para prevenir un riesgo similar, fue necesario tomar otra importante medida. Esta vez lo que estuvo en el punto de mira de Carlos fue la masonería, que había penetrado en el reino de Nápoles desde hacía ya unos años. En mayo de 1751, el papa Benedicto XIV reiteró la condena de dicha sociedad secreta que ya había formulado su antecesor, en 1738. La bula papal de excomunión provocó que en los círculos religiosos más extremistas de Nápoles se endureciesen las posturas contrarias a los masones.

El elemento más activo de estos círculos era el famoso padre Pepe. El jesuita, que ejercía un notable ascendente sobre los reyes, ya había protagonizado anteriormente la «cruzada» contra los judíos. Con sus habituales sermones incendiarios, el religioso exigió esta vez que se tomaran severas medidas contra los miembros de la masonería. El 10 de julio de 1751, por petición del propio pontífice que, a través del padre Pepe, le había hecho llegar la bula de excomunión, Carlos emitió un edicto por el que prohibía la formación de logias masónicas y condenaba a sus adeptos. Tras un preliminar en el que se informaba de que «hace ahora unos años, cruzó el mar el instituto clandestino de una nueva sociedad denominada de los Libres Constructores», el rey subrayaba que numerosos «soberanos, en sus Estados, habían emitido decretos de prohibición» contra esta secta, y que «ahora, merecidamente, la Santa Sede la ha condenado, reiterando la pena de excomunión» para sus miembros. Para impedir que en los reinos de Nápoles y de Sicilia se extendiese «una Sociedad sumamente sospechosa», Carlos había tomado la siguiente disposición:

Prohibimos absolutamente en nuestros dominios [a la susodicha sociedad], bajo pena de que los Libres Constructores sean castigados como perturbadores del orden público y como reos de haber violado los derechos de nuestra soberanía. Ordenamos expresamente a todos nuestros súbditos, sean cuales sean su grado, dignidad y condición, que en virtud de la publicación de esta nuestra sanción, no osen afiliarse a la susodicha sociedad, ni participar en ella, ni que de ninguna forma, directa o indirecta, la protejan, o le den en pensión, en préstamo o bajo cualquier otro título, sus casas, casinos o cualquier otro tipo de inmueble, y la aloje.²⁹¹

El monarca convocó a la cúpula del gobierno para que se ejecutase a la mayor brevedad posible el edicto, por el que se condenaba no solo a los masones sino también a sus eventuales simpatizantes y a quienes los apoyasen. Se le encargó al duque de Castropignano, comandante del ejército, «que procediera contra los militares adeptos [a la masonería], al presidente del Sacro Consiglio, contra los “miembros de los tribunales”, al duque de Miranda contra los oficiales de la corte y al regente de la Vicaria contra los caballeros y el pueblo entero».²⁹² Se prescribió que «cada libre constructor» jurase «ante los diversos jefes del gobierno que renunciaba [a pertenecer] a la sociedad y que toda persona sospechosa [jurase] que no pertenecía, ni quería pertenecer a ella». Se descubrió entonces, observa Tanucci, que «todo el ejército, la curia, la corte, hasta la Iglesia, estaban llenos de esos cofrades. Tanto puede en el género humano el deseo de singularizarse y distinguirse».²⁹³ Ante la amenaza de sufrir severas sanciones penales, «la capacidad de la vilipendiada sociedad —observa Galasso— resultó ser muy débil». El edicto contra la masonería, emitido por petición del pontífice, «era, al igual que las presiones de los jesuitas, una expresión del [...] reflujo» que se había producido en la corte de Nápoles tras su vigorosa oposición al Santo Oficio.²⁹⁴

Carlos ya había dado muestras, con anterioridad, de ser especialmente sensible a las peticiones de los círculos clericales que le reclamaban que tomase medidas drásticas en contra de las malas costumbres. El «fervoroso nuncio apostólico» Gennaro Sarnelli, emulando al padre Pepe, protagonizó, en 1738, una cruzada contra las prostitutas, que ejercían su oficio en algunas de las principales calles de Nápoles. Carlos, a instancias del religioso, pero también «para alejar del cuerpo de la ciudad a todas las meretrices, las cuales, con su suciedad y escandalosa vida, no solo enferman a la soldadesca sino también a la incauta juventud», prohibió, mediante un despacho emitido por la Gran Corte della Vicaria, que las prostitutas ejercieran en las calles de la ciudad y las confinó en un barrio extramuros, detrás de la Puerta Capuana, llamado Ponte oscuro. La orden del rey fue ejecutada «con tal rigor que, si las mujerzuelas se resistían a irse de sus casas, se arrojaban sus cosas por la ventana, con lo que fueron expulsadas de la ciudad más de un millar de meretrices».²⁹⁵

Deuda pública y «Giunta delle ricompre»

En los años siguientes, Carlos secundó los esfuerzos del nuevo secretario de Hacienda, Leopoldo de Gregorio, por sanear las finanzas del reino. Los esfuerzos de De Gregorio se dirigieron, sobre todo, a rescatar el ingente patrimonio real, expropiado a los particulares bajo forma de impuestos directos e indirectos. Se calculaba que, en caso de recuperarse totalmente estos títulos de deuda pública, en las cajas reales podría entrar la enorme cantidad de doce millones de ducados al año. Mediante dos despachos, fechados, respectivamente, el 10 de febrero y el 20 de noviembre de 1751, Carlos instituyó, por petición del secretario de Hacienda, una Giunta delle ricompre (Junta de las recompras). Se dio inicio, con ello, a lo que Bianchini ha definido como «una de las reformas más memorables que hayan hecho jamás en nuestra administración pública».²⁹⁶ Las alienaciones de títulos de deuda pública —desde los arrandamenti, es decir, los arrendamientos de impuestos indirectos y tributos, a los pagos fiscales de las università— eran práctica común desde hacía siglos. En circunstancias especialmente difíciles, desde el punto de vista financiero —la revuelta de Mesina (1674-1678) y, en época borbónica, la Guerra de Sucesión Austriaca, sobre todo el periodo comprendido entre los años 1743 y 1744, que coincidió con la epidemia de peste en Mesina y Reggio—, se recurría profusamente a este canal de crédito.

Siguiendo el ejemplo del gobierno inglés, que había adoptado medidas similares hacía dos años, la junta propuso a los acreedores de los pagos fiscales una reducción anual al 4 por ciento o, como alternativa, la compra de sus capitales, valorados al 7 por ciento. Los titulares de los pagos fiscales prefirieron la rebaja de los intereses y, por este sistema, el erario real obtuvo un ahorro anual de doscientos mil ducados. Otros cincuenta mil ducados anuales se consiguieron recuperar «de las rentas de la [...] finanza vendidas con carácter vitalicio, muchas de las cuales fueron liquidadas por la junta». Las mayores dificultades procedieron de los arrendamientos y de otros impuestos aduaneros, que constituían la deuda estatal más alta y cuyos titulares le oponían a la junta el carácter indisoluble de los contratos de compra de sus créditos. Pese a la opinión de Broggia, según el cual «sea el que sea, el contrato de un Soberano en perjuicio del Estado y de lo universal está, por su naturaleza, sujeto a rescisión»,²⁹⁷ el poderoso lobby de las clases adineradas, titulares de los arrendamientos y de los impuestos —nobles, miembros de la Iglesia, los propios magistrados— consiguió imponerse y logró bloquear las recompras. Como ya había ocurrido en anteriores ocasiones, los resultados de la reforma de 1751 no fueron los esperados y las sumas que se consiguieron recuperar fueron totalmente irrisorias si se comparan con los millones de ducados que, según los planes de De Gregorio, se podrían haber obtenido.

Con independencia del daño fiscal directo, la persistente conveniencia de la renta financiera, garantía de la deuda pública, liberaba a los inversores de meter capital en las actividades productivas del comercio y las manufacturas, lo que se traducía en un grave obstáculo para el desarrollo económico del Mezzogiorno.

Incipiente interés de la reina por los asuntos de Estado y mayor seguridad en sí mismo del rey

Tras el nacimiento de su primer hijo varón, María Amalia vio aumentada su influencia en la corte y empezó a adquirir mayor confianza en sí misma. Además de participar en las ceremonias y los besamanos de rigor, la reina comenzó a demostrar un interés creciente por los temas políticos. Empezó a asistir a los consejos de Estado, al principio muy tímidamente, escondiéndose para escuchar sin ser vista. Más tarde, para esquivar la praxis tradicional que impedía, en Nápoles, asistir a las reinas a los consejos de Estado, María Amalia «convenció al rey para que convocara los consejos, para los asuntos más graves, en las residencias de veraneo, donde no existía la prohibición, imperante en la capital, de que ella participase». Llegó, incluso, a mentir, asegurando que había salido de cuentas, cuando estaba embarazada de su undécimo hijo, para permanecer en Portici y continuar siguiendo los asuntos de Estado. El interés cada vez mayor de la reina por la política corría parejo a la creciente toma de conciencia, por parte de Carlos, del papel preeminente que desempeñaba en la gestión de la vida política del reino. El monarca tenía una actitud cada vez más desenvuelta, gracias a la seguridad en sus propias capacidades que había adquirido, logrando vencer la timidez que había caracterizado su conducta en los primeros años.

El embajador del rey de Cerdeña, Lodovico Solaro, conde de Monasterolo, que había conocido la corte durante el primer periodo del reinado de Carlos —es decir, cuando el poder lo ejercía, de facto, un primer ministro español que ejecutaba las órdenes procedentes de Madrid—, se dio cuenta, cuando regresó a Nápoles en septiembre de 1750, del notable cambio que se había producido en el monarca e informó de ello al rey saboyano:

He observado en este reinante —le escribió Monasterolo a Carlos Manuel III— una presencia de ánimo y una franqueza y libertad al hablar que no le había conocido durante mi primera embajada, ya que ahora concede audiencias privadas y sin testigos a quienes lo solicitan y cada vez que alguien lo hace, asegurándome que, siempre que alguien quiera hablar con él, lo encontrará dispuesto a hacerlo, pues un príncipe, para gobernar bien, debe oír a todos.

Tras contar que había notado, también, que Carlos era ahora más moderado en la mesa —se había reducido notablemente el número de platos de los menús, así como la cantidad de comida, que «antes se servía en grandes fuentes» y ahora se distribuía en recipientes más pequeños—, el embajador refirió que el monarca le había informado, confidencialmente, sobre cómo «administraba actualmente su reino». Le dijo a Monasterolo que se levantaba todas las mañanas a las cinco, leía y tomaba notas hasta las ocho, se vestía y acudía al Consejo de Estado. Luego le dijo que confiaba en:

[...] hacer florecer de nuevo este reino, y liberarlo de los impuestos, tanto más —prosiguió el rey— que este año terminaré de pagar todas las deudas contraídas en la pasada guerra, y que me encuentro ahora con trescientos mil ducados ahorrados que puedo ingresar en las arcas; prueba de ello es que he rechazado el habitual donativo del Parlamento de Sicilia, que [los parlamentarios] habían establecido que fuera más alto que otros años, haciéndoles saber que no tenía necesidad de dineros y que lo conservasen para cuando se les pidiera; además, he abolido un impuesto, empleando todo mi esfuerzo en beneficiar a mis súbditos, ya que quiero salvar mi alma e ir al Paraíso a toda costa.²⁹⁸

La imagen que perfilan estas palabras, reproducidas por el embajador saboyano, es la de un monarca que entendía que la correcta administración financiera del Estado era no solo un deber moral, sino también religioso, un objetivo que tenía que perseguir como buen cristiano. El ahorro que se derivase de contener los gastos le permitiría a Carlos reducir los impuestos y tener su conciencia tranquila. El devoto monarca consideraba que estar en paz consigo mismo y no tener remordimientos por cómo gestionaba el reino era la premisa necesaria para poder aspirar a la salvación eterna.

VIII POLÍTICA EXTERIOR HASTA EL TRASLADO A ESPAÑA

Establecimiento del deseado eje Nápoles-Turín para la estabilidad política de Italia

LA segunda parte del encuentro con Monasterolo se centró en la organización militar y en la política exterior de Carlos; más concretamente: en sus relaciones con el rey de Cerdeña. Los dos interlocutores deseaban que se establecieran relaciones de mutua amistad entre ambos reinos, poniéndose fin a la tradicional rivalidad entre los dos, que había desembocado en que se posicionaran en bandos distintos durante la Guerra de Sucesión Austriaca. El rey de Nápoles, afirmó Monasterolo:

[...] me llamó [y me preguntó] si había observado a sus tropas durante el desfile [organizado] para la fiesta de Pedigrotta y qué me habían parecido; a lo que yo le contesté que [me habían parecido] muy hermosas, bien vestidas y bien equipadas. Y él añadió: «Vea, señor embajador, no he dado de baja a un solo oficial, he preferido disminuir la fuerza de las compañías para mantener siempre el mismo pie de batallón, porque tenía pendiente una guerra, y dedico todo mi esfuerzo a establecer la paz en Italia». Entonces yo tuve el honor de decirle que el único medio para alcanzar tan loable fin era llegar a un acuerdo con su majestad, ya que habiendo el supremo Dios situado en las dos fronteras de Italia a los dos príncipes más poderosos en ella reinantes, que eran como los dos polos, entre los que debía consolidarse la calma y la tranquilidad de tan amplios estados, era necesaria la unión, tan deseada por todos y tan ventajosa para ambas coronas, pues existiendo la cual, ninguna potencia podrá ponerse en medio para enturbiarla. Su majestad me contestó con vivacidad: «Yo sé muy bien el valor de esta unión y puede decirle de mi parte a su rey que yo no seré jamás el primero en apartarme de ella».²⁹⁹

En junio de 1750 el conde de Monasterolo recibió de la corte de Turín las instrucciones a las que debía atenerse durante el ejercicio de su cargo en Nápoles. Las instrucciones denotaban el punto de vista saboyano sobre la Guerra de Sucesión Austriaca, sobre el matrimonio de Víctor Amadeo, duque de Saboya, con la infanta María Antonia, hermana de Carlos, y sobre las relaciones entre Nápoles y España. Se pensaba, con razón, que Carlos no había querido suscribir la Paz de Aquisgrán porque sus intenciones eran que un hijo suyo ocupase los tronos de Nápoles y Sicilia cuando él se trasladase a España. El matrimonio del duque de Saboya, según la diplomacia saboyana, le resultaría muy útil a la corte napolitana porque ponía los cimientos de una alianza política con Turín. En cuanto a las relaciones con Madrid, se resaltaba la tendencia pacifista de Fernando VI que, con su prudente conducta, había reforzado la posición internacional de España. En un contexto más amplio, se llamaba la atención sobre la probabilidad de que el trono de Francia quedara vacante, se juzgaba muy improbable que Carlos mantuviese los acuerdos con Constantinopla y se constataba que la política de la Santa Sede era muy favorable para con el reino de Nápoles. Tras diez años de ausencia, el embajador saboyano se quedó impresionado ante la transformación urbanística que había experimentado la ciudad, «sobre todo por el muelle, el fortín y el nuevo paseo Marítimo [...]. Entre las diversas novedades, le llamó mucho la atención que la reina interviniese en el Consejo, y le desagradó el nuevo primer secretario de Estado. Le agradó mucho el recibimiento que le había dispensado el rey, desde la primera audiencia, y la nueva actitud que observó en el soberano».³⁰⁰

El matrimonio entre María Antonia y el duque Víctor Amadeo le ofreció la oportunidad a las cortes de Nápoles y de Turín de acercar posturas, acercamiento sancionado por el intercambio de embajadores. Carlos había enviado a Turín al conde de Cantillana en representación suya; a su vez, el rey de Cerdeña, como ya hemos visto, envió a Nápoles a Monasterolo. Todo parecía indicar que ahora, a mediados del xvIII, se daban las condiciones propicias para estipular un sólido acuerdo entre los dos mayores Estados italianos. Mientras las naciones europeas se esforzaban en constituir nuevas alianzas, ante la falta de objetivos alcanzados por la Paz de Aquisgrán, la formación de un eje Nápoles-Turín parecía mutuamente ventajosa.

Liberado de los fuertes vínculos que lo tenían sometido a Madrid, Carlos podía ahora tomar las iniciativas que considerara más oportunas para conseguir que se suprimiera el artículo 7 de la Paz de Aquisgrán. Para ello, se estimaba que sería útil establecer relaciones más distendidas con las potencias anteriormente enemigas. Estas últimas podrían ayudar al monarca a alcanzar su objetivo principal, es decir, transmitirle a un hijo suyo las coronas de Nápoles y de Sicilia. Por eso era necesario evitar que las potencias extranjeras turbasen la estabilidad política de Italia, peligro que se podría conjurar más fácilmente si los dos Estados principales de la península hacían frente común contra ellas.

Diferencias con Francia y acercamiento diplomático a Austria

La línea de independencia efectiva que Carlos quería seguir en política exterior chocó contra la resistencia, cada vez más fuerte, de Francia. Versalles no dudó en recordarle sus obligaciones en el ámbito dinástico, en el que Francia quería ejercer una hegemonía absoluta, relegando a un segundo plano a la novel dinastía napolitana. Carlos, sin embargo, no tenía la más mínima intención de sustituir la dependencia de España por la de Francia. Para contener el intrusismo de Versalles —donde, por otra parte, era evidente que Luis XV apoyaba los intereses de su yerno, Felipe de Borbón, que diferían de los del rey de Nápoles—, la diplomacia napolitana consideró oportuno acercarse posturas con Viena. A finales de 1749 los avances napolitanos tuvieron éxito y se procedió a un intercambio de embajadores con Austria. El siciliano Pietro Bologna-Reggio, príncipe de Camporeale, fue enviado a Viena. El conde Paul Anton Esterházy von Galantha llegó a Nápoles en representación de Austria.³⁰¹

A Camporeale se le había confiado la misión de averiguar cuáles eran las intenciones de Viena con respecto a la reordenación política de Italia e intentar descubrir, al mismo tiempo, qué relaciones mantenía con las otras cortes europeas, sobre todo con Rusia, Inglaterra y Holanda. La llegada de Esterházy se recibió en Nápoles con un sorprendente entusiasmo, que disparó las alarmas de las autoridades locales, temerosas de que brotasen de nuevo las simpatías hacia Austria. El caluroso recibimiento dispensado al representante de Viena tuvo también un amplio eco en los círculos diplomáticos, tal y como refleja la relación del embajador veneciano en Nápoles. Para no correr riesgos, Fogliani decidió (como ya hemos visto) instituir una nueva Giunta d’ Incofidenza. Inmediatamente después de la llegada del embajador austriaco, a los temores suscitados por cómo fue acogido por la opinión pública, se añadieron algunos problemas de protocolo. Gracias a la buena voluntad demostrada por ambas partes, meses más tarde se pudieron solucionar estos conflictos imprevistos. Allanadas las diferencias, a partir del mes de julio de 1752 Nápoles y Viena unieron filas. Desde ese momento, subraya Schipa, «establecidas, por fin, relaciones regulares entre las dos cortes, dieron inicio los amores sículo-austriacos, que duraron hasta la muerte de la tercera dinastía borbónica».³⁰²

Mientras tanto, las relaciones del rey de Nápoles con Carlos Manuel III también evolucionaban positivamente. La actitud del rey de Francia, Luis XV, ayudó a que se produjera un acercamiento a la corte de Turín y, sobre todo, a la de Viena. El monarca francés se mostraba cada vez más hostil a que se modificase el malhadado artículo 7 del Tratado de Aquisgrán. Luis XV, que apoyaba incondicionalmente a Felipe de Borbón, el hermano de Carlos, llegó a proponer, por boca de su nuevo embajador en Nápoles, el marqués de Ossun, que el rey se trasladase inmediatamente a España y le cediese los tronos de Nápoles y de Sicilia a su hermano Felipe. Ante una postura semejante, y no pudiendo ya contar con el apoyo incondicional de España, a la diplomacia napolitana no le quedó más remedio que establecer relaciones amistosas con las potencias contrarias a que Francia ampliase su área de influencia en Italia sentando en los tronos del Mezzogiorno al yerno de Luis XV.

Carlos no le ocultaba al embajador sardo su profundo rechazo a la postura francesa con respecto a los reinos de Nápoles y de Sicilia. El monarca que, como hemos podido comprobar, tenía una relación casi confidencial con Monasterolo, le expresó varias veces su preocupación por los planes de Versalles para los Estados italianos, cuya estabilidad no quería que se viese comprometida. Carlos pensaba que Francia, pese a las promesas que le había hecho a la república de Génova, no se iba a retirar de Córcega; al contrario, no iba a cejar hasta que la isla formase parte, oficialmente, de su territorio. Este convencimiento —que el tiempo iba a demostrar que fue profético— le fue comunicado al embajador sardo en agosto de 1752: «Le diré que los franceses no van a irse jamás de Córcega; no dejarán de poner obstáculos, ni de pedir aplazamientos, y los señores genoveses seguirán bailando al son que ellos toquen».³⁰³

Un año después, el rey mantuvo una larga conversación con el embajador saboyano sobre la situación política europea, en especial sobre Inglaterra y las intenciones francesas con respecto a Córcega. Tras comentar que Francia estaba al borde de una guerra civil, Carlos aseguró que no tenía la más mínima intención de intervenir en las cuestiones internas del país, siempre y cuando no afectasen a la paz de los Estados italianos. El crudo lenguaje empleado por el monarca sorprendió al embajador piamontés, que le comunicó a su soberano que:

«En cualquier caso», me contestó el reinante (perdone su majestad si empleo la misma expresión que salió de los reales labios), «que se rompan los cuernos entre ellos, si quieren; mientras dejen tranquila a Italia, a mí me da igual».³⁰⁴

La inútil esperanza, perseguida y alimentada a mediados del XIX por Fernando II de Borbón, de que las potencias europeas dejasen «tranquilo» al reino de las Dos Sicilias hundía, pues, sus raíces en el fundador de la dinastía de los Borbones de Nápoles.

Carlos no suscribe el Pacto de Neutralización de Italia

Mientras tanto, todos los esfuerzos de María Teresa estaban concentrados en recuperar Silesia, que le había sido arrebatada por Federico II. El objetivo primordial de la diplomacia vienesa era, pues, establecer las alianzas necesarias para alcanzar dicho fin. En el caso de que se produjese un enfrentamiento armado con Prusia, Austria tenía que estar protegida en el frente italiano, por lo que se consideró oportuno estipular un acuerdo de mutua defensa con España. El conde de Esternhátz —que, en el ínterin, ya había regresado de Nápoles— fue enviado a Madrid a tal efecto. En el gobierno español había dos bandos enfrentados en cuanto al rumbo que debía seguirse en política exterior: el francófilo, representado por el marqués de la Ensenada, y el partidario de Austria, capitaneado por el ministro José de Carvajal y Lancaster. El segundo consiguió imponerse al primero y, en junio de 1752, se firmó en Aranjuez un tratado entre Austria y España, al que se adhirió el rey de Cerdeña. El Tratado de Aranjuez fue llamado también Pacto de Neutralización de Italia o Pacto de Garantía porque las tres potencias que lo firmaron se garantizaban entre sí el cumplimiento de las cláusulas de la Paz de Aquisgrán. Se solicitó la adhesión del archiduque de Toscana, del duque de Parma y del rey de Nápoles, pero Carlos, a diferencia de los dos primeros, tras consultarlo con su entourage, se negó a hacerlo.

A Francia, como destaca Galasso, la habían dejado fuera para bloquear la influencia y el expansionismo franceses en Italia y en el Mediterráneo. Para salvaguardar sus propios intereses «España y los Saboya se adhirieron [al Pacto] junto a Viena, bajo la égida de Londres. Nápoles podía ser comprensiva, hasta cierto punto, con respecto a las razones que habían impulsado a España a firmar el Pacto de Italia, pero no podía serlo con Viena y, menos aún, con Turín».³⁰⁵ En Nápoles no se ocultó la desilusión ante el hecho de que estas dos últimas hubiesen suscrito un pacto que cristalizaba los acuerdos de Aquisgrán. Aunque la intención era mantener a Francia alejada de Italia —este era el objetivo primordial de Viena y de Turín—, la confirmación de las cláusulas de Aquisgrán podía desembocar en un aumento de la influencia francesa en la península, al abrir la puerta a la posibilidad de que el yerno de Luis XV ocupase los tronos de Nápoles y de Sicilia.

La decisión de Carlos de no suscribir el Tratado de Aranjuez no se había tomado, sin embargo, por unanimidad. Fogliani sí lo había animado a que rechazase un acuerdo que podía comprometer la paz de sus reinos, pero Baiardi —«enamoradísimo de la corte de Turín, además de la de Viena»— le aconsejó, en cambio, que se adhiriese al tratado. Cuando se le preguntó que por qué, Baiardi le respondió al rey —que sentía por él gran estima— que, una vez suscrito el Tratado, ya se vería la forma de encontrar un hilo del que tirar para deshacer el «lío». Luego precisó mejor su pensamiento:

[...] firmado el tratado, y calmados los ánimos, mediante consejos amistosos, en vez de acuerdos, les haremos ver a las cortes de Viena, Turín e Inglaterra lo perjudicial que sería, para el interés común y la pública tranquilidad, permitir que don Felipe tome posesión de estos reinos, que quedarían sometidos a Francia y con tropas francesas acantonadas en ellos, capaces de imponer su ley en toda Italia, que ya no podría liberarse del yugo de Francia.³⁰⁶

Baiardi era perfectamente consciente, pues, del daño que le hacía a los intereses de Carlos el Tratado de Aranjuez; sin embargo, a diferencia de cuantos aconsejaban que no se suscribiera, Baiardi creía que sería una buena táctica el hacerlo: desde dentro, resultaría más fácil persuadir a las otras potencias firmantes para que lo suprimiesen. La teoría de Baiardi no convenció a Carlos, que siguió el consejo de Fogliani y de cuantos le recomendaban que no suscribiera el tratado. Entre estos últimos se encontraba el ministro español Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada. Contrario al Pacto de Italia entre España, Austria y Cerdeña, había asumido una postura favorable a Carlos, con quien mantenía correspondencia en secreto. En julio de 1754 fueron descubiertos sus contactos secretos con el rey de Nápoles y fue destituido de su cargo y desterrado de la corte.³⁰⁷

La política de acercamiento a Viena y a Turín, emprendida por la diplomacia napolitana para aislar a Francia, no dio los frutos esperados. Tras manifestar su firme oposición al Pacto de Neutralización de Italia, la corte de Nápoles intensificó las relaciones con las principales cortes europeas, a la espera de que se diesen las condiciones oportunas para lograr la supresión del artículo que les negaba a los descendientes de Carlos el derecho a ocupar el trono de Nápoles y de Sicilia.

Diferencias con la Orden de Malta

Gracias a las buenas relaciones entre Carlos y la Santa Sede pudo resolverse, durante este periodo, un espinoso conflicto de carácter jurisdiccional que había surgido con la Orden de Malta. La Orden le había prohibido al obispo de Mileto (Calabria) que ejerciera su jurisdicción sobre dos tierras, propiedad de la Orden, que pertenecían a su diócesis. Se desencadenó un contencioso jurídico y el obispo se dirigió a Roma, a la Congregación del Concilio, que emitió un decreto que le era favorable. El procurador de la Orden se negó, durante años, a acatar dicho decreto que, entre otras cosas, había obtenido el visto bueno del rey. El delegado de la Real Giurisdizione, Niccolò Fraggianni —llamado a solucionar el conflicto por su competencia en el tema de las relaciones con la Santa Sede—, amplió el ámbito del contencioso, haciéndolo extensible a las iglesias de la isla de Malta. Según reputados pareceres jurídicos, las iglesias de la isla también tenían que estar sujetas a la jurisdicción del clero ordenado diocesano del reino. Fraggianni solicitó la intervención del rey para hacer valer dichos derechos y Carlos envió a Malta al obispo de Siracusa para que ejerciese su autoridad mediante la visita pastoral a las iglesias locales. Al obispo, sin embargo, se le negó el permiso para desembarcar en la isla y un representante de Carlos —que esgrimía antiguos derechos de soberanía sobre la isla— llegó a ser amenazado con un cañón. El rey, en respuesta al agravio, mediante un despacho fechado el mes de enero de 1754, ordenó el secuestro de los bienes de la Orden de Malta que se encontraban en los reinos de Nápoles y Sicilia y la suspensión de las relaciones comerciales con la isla.³⁰⁸

Las duras medidas tomadas por el monarca causaron graves dificultades a los caballeros de la Orden que, al no poder comprar trigo en Sicilia, su habitual proveedora, tuvieron que dirigirse a Cerdeña. El cambio les suponía tardar más tiempo en recibir los aprovisionamientos y un mayor gasto económico. Para resolver la delicada situación, Malta solicitó la intervención del pontífice, así como la de las cortes católicas de Francia, España, Austria y Cerdeña. Luis XV, en quien delegaron los otros monarcas para la solución del problema, envió a un representante a Roma con el objetivo de convencer a Benedicto XIV para que interpusiera sus buenos oficios para poner fin al conflicto. El papa le escribió una carta a Carlos en la que le pedía que tuviera un gesto de generosa clemencia para con los caballeros de la Orden de Malta. Benedicto XIV subrayó que la petición se la hacía no como «príncipe secular», sino en calidad de «Vicario de Jesucristo», por lo que, concluyó el papa, «estaríamos muy equivocados con respecto a nuestro queridísimo hijo el rey de las Dos Sicilias si pensáramos, por un solo instante, que quiera negarnos la alegría de darnos una respuesta favorable». Atacado por su punto débil, Carlos, que, siguiendo el ejemplo de sus padres —los monarcas «católicos» por excelencia—, siempre había querido presentarse a ojos de los demás como un obediente devoto de la suprema autoridad religiosa, se apresuró en aceptar la petición del papa. El rey le respondió a Benedicto XIV que: «Ya he dado orden para que sea reabierto el comercio de mis Estados con la isla de Malta y he levantado el secuestro que pesaba sobre los bienes de esta [orden] religiosa».³⁰⁹

El conflicto jurisdiccional con la Orden de Malta, que duraba ya desde hacía unos años, concluyó, pues, con la aceptación total, por parte del rey, de las decisiones de Roma. Exceptuando su firme oposición a que se introdujera en Nápoles el tribunal del Santo Oficio, Carlos siempre tuvo una actitud sumisa hacia la Santa Sede. Por presión de los círculos eclesiásticos napolitanos —cuyo miembro más combativo era el padre Pepe—, inspirados por Roma, emanó el edicto contra la masonería, al que habían precedido el decreto de expulsión de los judíos y las severas medidas tomadas contra las prostitutas. La estima y el afecto paternal que Benedicto XIV decía profesar a su «queridísimo hijo» el rey de Nápoles estaban más que justificados. El embajador sardo, Monasterolo, pudo constatar que en aquella época Calos era, junto al rey de España, el monarca más querido por la Santa Sede.

Intercambio de embajadores con Londres y frenética actividad diplomática

Carlos pensó que era oportuno intensificar las relaciones diplomáticas con Inglaterra, cuya política financiera se había intentado imitar. La importancia de la mayor potencia marítima de la época en el escenario político internacional impulsó al monarca a solicitarle a Londres, al igual que ya había hecho con Turín y con Viena, un intercambio de embajadores. La propuesta fue aceptada. El príncipe Sanseverino Albertini fue enviado a Londres, en representación del monarca napolitano, y Londres envió a Nápoles a lord Johnny Gray en calidad de embajador. El embajador napolitano tenía el encargo de poner las bases para la estipulación de un tratado comercial con Londres, ofreciendo una serie de ventajosas condiciones que seguirían en vigor cuando Carlos se trasladase a España. Este paquete de ofertas, según creía la diplomacia napolitana, empujaría a Inglaterra a considerar la conveniencia de apoyar la continuidad dinástica —en la persona de un hijo de Carlos— en los reinos de Nápoles y de Sicilia. Se podría, así, obtener el apoyo de Londres para burlar el Tratado de Aranjuez, que ratificaba las cláusulas de la Paz de Aquisgrán. Según las instrucciones recibidas, Sanseverino no debía tratar directamente con los diplomáticos ingleses el tema de la Paz de Aquisgrán, sino que debía ir enterándose gradualmente de cuál era la posición de Inglaterra e informar en el acto al ministro Fogliani.³¹⁰

El intercambio de embajadores con Londres, que se produjo en los primeros meses de 1753, fue la primera de una serie de acciones diplomáticas, promovidas por la cancillería napolitana, que tuvo por escenario a otras cortes europeas. Se intentó convencer a España y a Francia de las buenas razones que habían animado a Carlos a no suscribir el Tratado de Aranjuez. Para ello, se pensó en enviar en misión secreta a las dos cortes borbónicas a Domenico Caracciolo, un joven y prometedor magistrado que había sido juez de la Vicaria.

Caracciolo, después de un largo viaje, durante el que se detuvo en Roma y en Turín, llegó a París en febrero de 1753. En contra del plan inicial, en vez de enviarlo luego a Madrid, se decidió que el joven magistrado permaneciera en Francia como embajador de Carlos, en sustitución del príncipe de Ardore, al que se había hecho regresar a Nápoles. Mientras tanto, se envió a España, en calidad de embajador, al duque de Santa Elisabetta. En junio del siguiente año, Caracciolo fue trasladado a Turín, en sustitución de Cantillana, destinado a la embajada de Francia. Este frenético traslado de embajadores de una sede a otra, verificado entre los años 1753 y 1754, era indicativo de la voluntad de Carlos de intensificar los contactos con las diversas cancillerías europeas para sondear su opinión y lograr cuanto antes que se suprimiera el artículo 7 de la Paz de Aquisgrán. Las noticias procedentes de Madrid, donde las pésimas condiciones de salud de Fernando VI hacían prever que su coronación como rey de España iba a ser inminente, empujaron al monarca napolitano a acelerar sus pasos. En abril de 1754, para evitar el vacío de poder que podía producirse a la muerte de su hermanastro Fernando, redactó en Portici un acta secreta por la que nombraba a su madre, Isabel de Farnesio, regente de España hasta que él llegase a Madrid.³¹¹

Unos pocos días antes había muerto el ministro José de Carvajal, una de cuyas acciones más controvertidas fue la firma del Tratado de Madrid (1750), también llamado Tratado de Límites o de Permuta, con Portugal. Carvajal, de común acuerdo con la reina, Bárbara de Braganza, había convencido a Fernando VI para que, por la firma del susodicho tratado, le cediera a Portugal varias colonias españolas situadas en la orilla norte del río de la Plata a cambio de la colonia portuguesa de Sacramento (en el actual Uruguay). Fernando VI se había comprometido, además, a cederle al hermano de su mujer el municipio de Tui, en Pontevedra, en la frontera con Portugal que, de esta forma, ampliaba su territorio en detrimento de España. Al conocer los términos del tratado, claramente desfavorables para España, el marqués de la Ensenada se apresuró a informar de ello a Carlos quien, en su calidad de presunto heredero de su hermano, consiguió que se paralizaran algunas de las permutas. Acusado de haberle facilitado información reservada a Carlos, Ensenada, para evitar el previsible castigo, agravó aún más su situación urdiendo planes —con el apoyo de Fogliani— contra Inglaterra, la poderosa protectora de Portugal. Sus intrigas fueron descubiertas y el ministro español —como veremos luego con más detalle—, por presiones de Londres, fue cesado de todos sus cargos y desterrado a Granada.³¹²

Sustitución de Fogliani y reestructuración de las secretarías de Estado

La caída de Ensenada, dadas sus buenas relaciones con Fogliani, tuvo importantes repercusiones en Nápoles. Se acusó al primer secretario de Estado de haber sido el instigador de los complots del ministro recién defenestrado. En el coro de acusaciones, destacaron las voces del duque de Castropignano y de la reina María Amalia, hostiles a Fogliani desde hacía tiempo, junto a la de José Miranda, duque de Losada, sumiller y hombre de confianza del rey. Las críticas al ministro parmesano, desoídas en el pasado, esta vez sí hicieron mella en Carlos. El apoyo de Fogliani a Ensenada en sus intrigas contra Inglaterra, país con el que se contaba para que respaldase la política exterior napolitana, fue la típica gota que hizo desbordar el vaso. En junio de 1755, el monarca cesó a Fogliani como primer secretario de Estado y lo nombró virrey de Sicilia.³¹³

A diferencia de lo ocurrido en el pasado (en 1738 y en 1746), el primer ministro cesado no fue sustituido por uno con unas funciones análogas. Carlos, tras la destitución de Fogliani, decidió subdividir las competencias que hasta ese momento estaban concentradas en las manos del primer ministro. El rey quería establecer un cierto equilibrio entre las diversas secretarías de Estado y ejercer plenamente su poder sobre ellas. Carlos ya contaba con la experiencia necesaria como para desempeñar el papel principal en el gobierno de sus Estados, papel al que sus padres le habían obligado a renunciar, de facto, durante los primeros doce años de su reinado. Entre 1746 y 1755, con el gobierno en manos de un ministro que él mismo había elegido, sin imposición externa alguna, el monarca se había librado del sometimiento a España y había empezado a dirigir personalmente la política napolitana. Una vez destituido Fogliani, ya no había motivo alguno para en los años —presumiblemente pocos— que le quedaban como rey de Nápoles fuese un primer ministro el que gobernara realmente. El monarca ya se sentía perfectamente capacitado para asumir, en primera persona, la responsabilidad de regir sus reinos. La gestión directa del Estado le serviría, además, de aprendizaje de cara a la tarea, sin duda más ardua, que le aguardaba: regir la monarquía hispánica.

Dos de las antiguas competencias de Fogliani, la Casa Real y los Asuntos Exteriores, recayeron en manos de Tanucci; Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, asumió las secretarías de Guerra, Marina y Comercio; la jurisdicción de los teatros pasó a depender de Brancone. Michelangelo Schipa señala, oportunamente, que en los años siguientes «dos fueron los intereses principales del ministerio así reformado. El marqués de Esquilache, en el desempeño de sus nuevas atribuciones, se ocupó de reforzar las fuerzas armadas [...]; el marqués Tanucci, en el desempeño de las suyas, puso todo su empeño y cuidado en conseguir que la obra de su colega resultara superflua».³¹⁴ Los esfuerzos —militares y diplomáticos, respectivamente— de ambas secretarías se dirigían hacia un mismo objetivo: la supresión del artículo 7 de la Paz de Aquisgrán, el norte de la política exterior de Carlos. Por una parte, a De Gregorio se le encargó que reforzara las fuerzas armadas para estar preparados en caso de guerra; por la otra, Tanucci, excelente jurista y, además, experimentado político, puso todo su empeño en obtener los apoyos internacionales necesarios para que el rey de Nápoles pudiera dejar a un hijo suyo en los tronos de Nápoles y de Sicilia.

Guerra de los Siete Años, neutralidad de Carlos y acuerdos internacionales para la sucesión en sus reinos

El estallido, en 1756, de la Guerra de los Siete años, precedida por un vuelco en el sistema de alianzas, contribuyó a agilizar notablemente los esfuerzos de la diplomacia napolitana, dirigida ahora con extraordinaria habilidad por el nuevo secretario de Asuntos Exteriores. Francia, sorprendentemente, se posicionó en el bando austriaco, del que también formaban parte Rusia, Suecia y Polonia. En el frente contrario, prácticamente aislado en la Europa continental, se encontraba Federico II de Prusia, que contaba, sin embargo, con el apoyo de Inglaterra.³¹⁵ Al estallar la guerra, en la que no participó España, Carlos se apresuró en declararse neutral. Esta vez, en contra de lo ocurrido durante la Guerra de Sucesión Austriaca, pudo mantener la neutralidad. En agosto de 1756, Federico II, cercado por naciones enemigas y dando por hecho que, tarde o temprano, alguna de estas entraría en Prusia, decidió tomar la delantera e invadió Sajonia, sin previa declaración de guerra. La invasión indignó a la corte de Nápoles, sobre todo a María Amalia, que temía, con razón, por la suerte que pudieran correr sus padres. En la capital, mientras tanto, se habían formado dos bandos, cada uno de ellos partidario de una de las dos facciones en guerra. Para evitar posibles alteraciones del orden público se estimó conveniente instituir, una vez más, una Giunta d’Inconfidenza.³¹⁶

Pese al enojo que sentía hacia el rey de Prusia por la afrenta infligida a su suegro, Carlos continuó manteniendo una postura equidistante con respecto a las naciones beligerantes, con las que no quería tener conflictos para no comprometer sus planes en política exterior. Austria y Francia —las potencias principales de uno de los dos bandos— estaban interesadas en interferir en la sucesión al trono de los reinos de Nápoles y Sicilia. La primera obtendría Parma en cuanto Felipe de Borbón se ciñese la corona de Carlos. A la segunda le convenía, indirectamente, que el yerno de Luis XV se sentase en el trono napolitano. En el bando opuesto, era conveniente seguir cultivando las buenas relaciones con Inglaterra, principal protectora del rey de Cerdeña, al que era preciso convencer, con el apoyo británico, para que renunciase a sus pretensiones sobre Plasencia, sancionadas por el Tratado de Aranjuez. Al igual que el resto de las cortes europeas, Tanucci desconfiaba abiertamente de las intenciones de Carlos Manuel III. «A río revuelto, ganancia de pescadores», se solía comentar en Viena refiriéndose a él.

A despecho de los intentos del embajador Caracciolo por establecer un clima más distendido, el nuevo secretario de Asuntos Exteriores adoptó una postura firme e intransigente. En Nápoles se sospechaba que, siguiendo el ejemplo de Federico II, el rey de Cerdeña, que contaba con el apoyo económico y militar de Inglaterra, estaba dispuesto a emprender cualquier tipo de acción para sacar provecho de la guerra en curso, en la que todavía no se había decidido a participar. Tanucci, además, estaba convencido de que Turín estaba detrás de las revueltas que habían estallado en Córcega por aquella época. La isla, al mando de Pasquale de’ Paoli, antiguo oficial del ejército napolitano, se había rebelado contra la república de Génova y, a pesar de que Caracciolo aseguraba lo contrario, intentando calmar los ánimos, en Nápoles se creía que Carlos Manuel III tenía los ojos puestos en ella. Debido a sus ansias expansionistas, que turbaban el equilibrio de los Estados italianos, Tanucci consideraba al monarca saboyano una bomba ambulante que había que desactivar cuanto antes. El embajador napolitano en Londres, Albertini, intentaba por eso convencer al rey Jorge II para que empleara la gran influencia que ejercía sobre Carlos Manuel III para hacerle renunciar a los planes que pusieran en peligro la estabilidad política de Italia.

Las ambiciones del rey de Cerdeña eran un motivo de preocupación para Carlos. Puesto al corriente de los temores del monarca napolitano, Jorge II —le refirió Albertini a Tanucci en marzo de 1757— «me dijo que lamentaba que el rey nuestro señor estuviese inquieto por la corte de Turín, la cual piensa en todo, menos en turbar la paz de Italia». Albertini le contestó al monarca inglés «que la inquietud nacía de la experiencia pasada, pero que esta se había aplacado, en parte, desde el momento en que su majestad tuvo la bondad de asegurarle a nuestra corte que la amistad de Gran Bretaña con Turín no pretendía turbar [la paz de] Italia y, mucho menos, [la de] los reinos de las Dos Sicilias».³¹⁷ Londres, sin embargo, no se comprometió en modo alguno a aconsejarle a Carlos Manuel III que renunciase a sus derechos sobre Plasencia; al contrario, Jorge II consideraba que los tratados de Aquisgrán y de Aranjuez le daban pleno derecho a reivindicar la posesión de dicha ciudad.

La diplomacia napolitana acentuó entonces la presión sobre Viena, ahora aliada de Francia. El Tratado de Aranjuez, como ya hemos visto, se había estipulado, sobre todo, en contra de los intereses franceses. Los ingentes gastos a los que Austria estaba teniendo que hacer frente a causa de la Guerra de los Siete Años —que ella misma había desencadenado, con el objetivo de recuperar Silesia— llevaron a la corte de Viena a pedirle un préstamo a Carlos, aprovechando las buenas relaciones que se habían establecido con Nápoles. Tanucci pensó que se había presentado la ocasión propicia para que Austria se implicase activamente en el proyecto de revocar las cláusulas del Tratado de Aranjuez. El ministro toscano dijo que sí, inmediatamente, a la petición de Austria. Traspasó a su departamento la operación financiera, apartándola de la competencia del secretario de Hacienda, Leopoldo de Gregorio, y empezó a reunir la suma necesaria para satisfacer las exigencias de Viena. El préstamo tenía que efectuarse en secreto para no herir la susceptibilidad de Inglaterra, enemiga de Austria. El embajador austriaco, Von Firmian, no actuó, sin embargo, con el mismo sigilo que Tanucci y la noticia se filtró a los círculos diplomáticos. Pese a las protestas del embajador Gray, apenas se enteró del hecho, la operación se concluyó con éxito gracias a la habilidad de Tanucci.³¹⁸ Además de obtener el crédito, alcanzó el objetivo, mucho más importante y codiciado, de que Viena se comprometiese a apoyar diplomáticamente las aspiraciones de Carlos.

En diciembre de 1758, Austria firmó un nuevo acuerdo con Francia, por el que renunciaba a sus derechos sobre Parma, y convenció a Luis XV para que no apoyase las pretensiones de su yerno a ocupar el trono de los Estados italianos de Carlos. Para compensar a Felipe de Borbón, se decidió que María Teresa le cediese su derecho de «reversión» sobre Parma, Plasencia y Guastalla. Felipe, a cambio, renunciaba a Bozzolo y Sabbionetta, territorios que se disputaba con Austria. Carlos entró también en este juego de intercambios, renunciando a sus derechos sobre los bienes alodiales de los Médicis.³¹⁹ El último obstáculo que quedaba por salvar para que se suprimiera el artículo 7 era la oposición del rey de Cerdeña, que contaba con el apoyo de Inglaterra.

Cuando estalló la Guerra de los Siete Años, en Inglaterra se pensó, en un principio, en formar una alianza militar continental para enfrentarse al enemigo. Los planes ingleses preveían que España, Cerdeña y las Dos Sicilias formasen parte de la alianza. Dada la situación de incertidumbre interna que atravesaba España, debido a las condiciones de salud de Fernando VI, cuyo fallecimiento se consideraba inminente, y la antipatía de Nápoles hacia Turín, el plan no era factible. La diplomacia inglesa se conformó con la neutralidad de Madrid y de Nápoles. Entre seguir apoyando a Carlos Manuel III o aceptar las peticiones de Carlos, Jorge II decidió inclinarse por el monarca napolitano, que ya estaba a punto de sentarse en el trono de España. Puestos a elegir, interesaba más mantener buenas relaciones con España, no solo por las ventajosas perspectivas económicas que ofrecía el Imperio español. Londres aún estaba en guerra y, desde el punto de vista militar, también era más ventajosa la amistad con la monarquía hispánica.

Gracias a la trama hábilmente tejida por la diplomacia napolitana, bajo la batuta de Tanucci, se consiguió hacer el vacío alrededor del rey de Cerdeña, abandonado hasta por Inglaterra, su tradicional aliada. Carlos Manuel III, firmemente decidido a que se aplicase el artículo 7 de la Paz de Aquisgrán, se dirigió entonces a Luis XV, en un intento desesperado por encontrar apoyo. El rey de Francia, que ya había convencido a su yerno para que renunciase a los reinos de Carlos, le ofreció al rey de Cerdeña, a cambio de que dejase de reclamar Plasencia, una compensación económica, cuyo desembolso correría a cargo de Felipe. Carlos Manuel III, aislado diplomáticamente, aceptó la oferta francesa y, en el mes de febrero de 1759, se comprometió a no emprender ninguna acción militar contra Felipe a la muerte de Fernando VI.³²⁰

Carlos III de España y Fernando rey de Nápoles y de Sicilia

Algunos meses después, el 10 de agosto de 1759, agotado por la larga enfermedad y la depresión en que había caído a raíz de la muerte de su mujer, María Bárbara, acaecida un año antes, murió Fernando VI.³²¹ A finales de 1758, Fernando había hecho testamento a favor de su hermanastro Carlos, declarándolo su heredero universal. El primer ministro, Ricardo Wall, fue el encargado de comunicarle oficialmente Carlos, a través de un correo, que había fallecido el rey de España. En el último periodo de la vida de Fernando VI, Carlos le había encargado a Wall que le mantuviera informado, con todo detalle, de las condiciones de salud de su hermano y de las terapias que se le prescribían. La información contenida en los boletines, enviados periódicamente, era sometida a la opinión de los médicos napolitanos, entre los que figuraba Francesco Buonocore. Isabel de Farnesio, según lo establecido, en un documento secreto, en abril de 1754, asumió la regencia de España hasta la llegada de Carlos. Antes de abandonar Nápoles, el nuevo rey de España reorganizó las secretarías de Estado, que pasaron, de las tres que eran, a ser cuatro. En mayo de 1758 había muerto Gaetano Brancone y su puesto en la secretaría del Eclesiástico lo había asumido Giulio d’ Andrea, anteriormente gobernador de Foggia. Carlos, que había decidido llevarse consigo a España a Leopoldo de Gregorio, para darle un puesto de importancia en su nuevo gobierno, redistribuyó las competencias de este último en Nápoles. D’ Andrea obtuvo la secretaría de Hacienda y la de Comercio; los departamentos de Guerra y de Marina se le asignaron al español Antonio del Río. El nuevo secretario Carlo de Marco se hizo cargo de las secretarías de Gracia y Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Bernardo Tanucci siguió al frente de la Casa Real y de Asuntos Exteriores. Para hacerle frente a cualquier peligro eventual, se envió un contingente de tropas, al mando del general Raimondo de Bourg, a la frontera de Nápoles.³²²

El correo con la noticia del fallecimiento de Fernando VI llegó a Nápoles el 14 de agosto de 1759. Miranda, el gran sumiller, se la comunicó a Carlos, que asumió en el acto el título de Carlos III de España. Al no poder mantener el título de rey de las Dos Sicilias, pues era «incompatible que la monarquía española y la italiana se concentrasen en la misma persona», según lo dispuesto por los «tratados establecidos entre las dos cortes», Carlos se nombró «Señor de aquellos reinos», a la espera de regularizar su sucesión. El 24 de agosto se instituyó una junta, compuesta por los altos dignatarios de la corte y los magistrados del reino, más seis médicos, para evaluar las condiciones físicas y mentales de Felipe, el desafortunado primogénito del monarca. Tras un examen que se prolongó durante trece días, la junta dictaminó que Felipe sufría una incapacidad total y que, por lo tanto, no podía ser el sucesor de su padre.³²³ Ya que el segundogénito, Carlos Antonio, príncipe de Asturias, estaba destinado a suceder a su padre en el trono de España, se designó al tercer hijo varón de Carlos para sucederle en el trono de los reinos italianos con los títulos de Fernando IV rey de Nápoles y Fernando III rey de Sicilia.

La educación del nuevo rey, que aún no había cumplido nueve años, se le confió —como ya se ha indicado— al canónigo lateranense Benedetto Latilla, obispo de Avellino; como tutor se le asignó a Domenico Cattaneo, príncipe de San Nicandro. Para asesorar a Fernando en las tareas de gobierno, dada su corta edad, Carlos instituyó un Consejo de Regencia, compuesto por altos dignatarios y por los principales miembros de la cúpula institucional de Nápoles y de Sicilia: Bernardo Tanucci; Domenico Cattaneo; Giovanni Fogliani, virrey de Sicilia; Miguel Reggio, comandante de la armada; Domenico di Sangro, jefe del ejército; el príncipe Pietro Bologna y el marqués Giovanni Milano, gentilhombres de cámara; Giuseppe Pappacoda, príncipe de Centola; y Stefano Reggio, príncipe de Campofiorito. El Consejo de Regencia permanecería operativo hasta que Fernando cumpliese los dieciséis años de edad. Se estableció que las decisiones del Consejo se tomasen por mayoría. En caso de empate, Carlos «dispuso que se tratase otro día el mismo asunto y que, si se daba de nuevo la paridad [de votos], que se le refiriese por escrito en las Españas para que él tomase la decisión que le pareciese más oportuna».³²⁴

El 11 de septiembre de 1759 —como veremos mejor en páginas siguientes— Carlos fue proclamado en Madrid rey de España. El 4 de octubre se celebró el acontecimiento en Nápoles con festejos y luminarias que se prolongaron durante tres días. El día anterior, 3 de octubre, Tanucci había firmado un acuerdo con el embajador austriaco, Ludwig von Neipperg, al que se sumó Felipe, duque de Parma. Por este acuerdo se establecía que, solo en el caso de que se extinguiese una de las dos ramas de la casa de Borbón en Italia, las dos coronas podrían «estar unidas en una misma persona». Carlos le cedía, además, a María Teresa de Habsburgo la mitad del Estado de los Presidios, en Toscana, y la mitad de los bienes alodiales de la familia Médicis que ella se comprometía, a su vez, a dejárselos a su marido, Francisco Esteban, emperador y archiduque de Toscana. María Teresa les reconocía, pues, a los descendientes de Carlos, el derecho a ocupar los tronos de Nápoles y de Sicilia, y hacía oficial —como ya se había previsto por el acuerdo de Versalles de diciembre de 1758— su renuncia, a favor de Felipe y de su línea dinástica, a la «reversión» de Parma y Guastalla, que se le había garantizado por los Tratados de Aquisgrán y de Aranjuez.³²⁵

Con este Tratado, que el embajador Caracciolo definió como «el sello a la gran obra» de la diplomacia napolitana, dirigida por Tanucci, concluía el largo y tortuoso camino que había llevado a Carlos a alcanzar la ansiada meta de poderles garantizar a sus descendientes directos el trono de sus reinos italianos. Con el Tratado de Viena, que anulaba, de facto, los de Aquisgrán y Aranjuez, Carlos le asestaba, según Caracciolo, «un golpe fatal a las esperanzas y a los planes del rey de Cerdeña»,³²⁶ cuyos descendientes tendrían que aguardar todavía un siglo para incorporar a sus territorios la codiciada Lombardía y, a continuación, toda Italia.

Tras ceñirse las coronas de Nápoles y de Sicilia, Carlos no había tenido ninguna veleidad expansionista, encajonado como estaba entre las ambiciones de su madre, que quería asegurarle un trono a su hermano Felipe, y la necesidad de mantener sus propios reinos a salvo de los intentos de reconquista austriaca. A la luz de este contexto, resultaba totalmente infundada la suposición del diplomático veneciano Vignola. Este último, en abril de 1734, en la vigilia de que el infante español subiese al trono, refirió que en Nápoles «todos aseguran, sin ninguna reserva, que [Carlos], tras haberse adueñado de estos dos reinos, asumirá el título de rey de Italia», perspectiva con la que se «complace, solo con imaginársela, toda la nobleza».³²⁷ Tampoco tuvieron eco alguno, años después, los augurios del intelectual piamontés Alberto Radicati di Passerano que se dirigía a Carlos de Borbón y no a su soberano, Carlos Manuel III, exhortándolo para que «lleve a cabo lo que en Turín no han sido capaces de hacer». Passerano —destaca Franco Venturi— «se declaraba súbdito del rey de las Dos Sicilias no por nacimiento, sino porque lo veía convertido, un día, en el soberano de toda Italia».³²⁸

La ceremonia por la que Carlos le otorgó a Fernando la soberanía sobre los Estados italianos se celebró el 6 de octubre de 1759 en el Palacio Real, «estando su majestad en el Consejo de Estado» —tal y como había quedado establecido por un despacho oficial emitido el día anterior—, en presencia de la Cámara de Santa Clara del reino de Nápoles, de la Giunta consultiva del reino de Sicilia, de los eletti y del alcalde de la ciudad de Nápoles, de los diputados del reino de Sicilia y del lugarteniente de la Camera della Sommaria. Carlos, sentado en el trono,

[...] teniendo a sus reales flancos a su tercer y regio hijo, don Fernando, y asistido por el Real Consejo de Estado, en presencia de los sujetos ya nombrados en el despacho antedicho, hizo pública, en la forma más solemne y mediante regia acta, su intención, renunciando [a favor] del susodicho su regio hijo, a su corona y al dominio absoluto de ambas Sicilias.³²⁹

La renuncia fue leída por Tanucci y «luego suscrita por Carlos III rey católico y por el susodicho don Fernando», que fue declarado oficialmente «Rey y legítimo soberano». Terminada la ceremonia, Carlos le regaló a su hijo la misma espada que Luis XIV le entregó a Felipe V, cuando salió de Francia para ceñir la corona de España, y que Felipe V, a su vez, le regaló a él, Carlos, cuando partió hacia Italia. Ese mismo día, por la noche, Carlos III, junto a su mujer y a sus otros hijos, fue al puerto, donde aguardaba la flota hispano-napolitana que, a la mañana siguiente, zarparía rumbo a España.³³⁰

Se concluía así el reinado de Carlos en el Mezzogiorno, que había recuperado la independencia bajo su cetro. Tras los veinticinco años de experiencia napolitana, a la edad de cuarenta y tres años, en la plenitud de su madurez, el monarca católico se encaminaba a tomar posesión del prestigioso trono de España, en el que iba a permanecer durante casi treinta años.

SEGUNDA PARTE REY DE ESPAÑA (1759-1788)

I DE FERNANDO VI A CARLOS III

Subida al trono de Fernando VI

LA muerte de Felipe V, en 1746, marcó el inicio de la emancipación efectiva de su hijo Carlos —y, por consiguiente, de los Estados italianos que estaban bajo su cetro— de la larga y a menudo asfixiante tutela española, pero, sobre todo, provocó un vuelco en las altas esferas de la política española. Al quedarse viuda, Isabel de Farnesio vio cómo se perfilaban en el horizonte los mismos y densos nubarrones que, solo a duras penas, había conseguido disipar veintidós años atrás, cuando el rey, en contra de la voluntad de su esposa, abdicó a favor de su primogénito, Luis. El regreso al poder de Felipe V, tras la breve permanencia en el trono de su hijo, fallecido a los pocos meses de ser coronado, le permitió entonces a Isabel de Farnesio —cuya influencia sobre su marido, a través del Consejo de Castilla, fue siempre decisiva— recobrar en la corte de Madrid el protagonismo que había ejercido desde que se casó. A partir de ese momento, la sola presencia de su hijastro Fernando, legítimo heredero de Felipe V, fue considerada por la reina italiana un constante motivo de amenaza. Isabel de Farnesio —subraya Domínguez Ortiz—, para protegerse de eventuales injerencias, no dudó en recurrir a todos los medios posibles para mantener a Fernando alejado de las deliberaciones y los asuntos de Estado con el resultado de que, al subir al trono, el nuevo soberano «entró a reinar sin la necesaria experiencia».³³¹

De carácter apacible y más bien maleable, Fernando VI evitó tomar medidas que pudieran ser interpretadas en el exterior como señales de fractura de la armonía familiar. Es más, en su calidad de nuevo cabeza de familia, se esforzó en presentarse a sí mismo como el garante de dicha armonía. España no abandonó, por lo tanto, la Guerra de Sucesión Austriaca y siguió apoyando las aspiraciones de Felipe, el hermanastro menor de Fernando vi, hasta la firma, en 1748, de la Paz de Aquisgrán, por la que Felipe fue reconocido duque de Parma y Plasencia. Las ambiciones de Isabel de Farnesio quedaban, por fin, totalmente satisfechas. Con respecto a Carlos —que se mantuvo siempre fiel al compromiso contraído por el Pacto de Familia de prestar ayuda a su hermano pequeño—, el soberano español quiso confirmar los estrechos lazos de amistad que habían presidido las relaciones de Felipe V con Nápoles. La actitud de Fernando VI hacia Isabel de Farnesio fue, sin embargo, diametralmente opuesta. Se la obligó, literalmente, a abandonar la corte madrileña y fue confinada —como ya se ha señalado— en el real sitio de La Granja de San Ildefonso, residencia habitual de los Borbones durante los meses de verano, pero un lugar especialmente inhóspito durante el resto del año debido a su clima riguroso.

Aunque ya no estuviera sometido por vínculo alguno a su patria de origen, Carlos se siguió manteniendo informado acerca de todo cuanto sucedía en España a través de su madre y del embajador de Nápoles en Madrid, el príncipe de Jaci, con los que mantenía una correspondencia regular. El interés de Carlos por los acontecimientos españoles se acentuó con el paso de los años, cuando se hizo evidente que, a causa de la esterilidad de su cuñada, Bárbara de Braganza, él iba a ser el sucesor al trono. La futura coronación de Carlos abrió ante Isabel de Farnesio la posibilidad de regresar a la primera línea de la política española, a los ocho años del fallecimiento de su marido. En abril de 1754, Carlos —como ya hemos señalado— nombró a su madre regente de su futuro reino. Isabel de Farnesio debía ocupar dicho cargo desde el momento en que se produjera la muerte de Fernando VI hasta la llegada de Carlos a España, gobernando mientras tanto el Estado «con amplio y absoluto poder, sin ninguna restricción». Gracias a su «afabilidad y clemencia notoria», Isabel, según su hijo, durante la regencia «de los reinos y dominios de España manifestaría con su dulce y suave gobierno, la felicidad y alivio que siempre había deseado a su amada española nación».³³²

Finalizada la Guerra de Sucesión Austriaca, Fernando VI, que no dudaba de que un periodo de paz solo traería consigo efectos beneficiosos, consiguió que España se mantuviera neutral en el siguiente enfrentamiento bélico que desgarró a Europa, la Guerra de los Siete Años. Rodeándose de ministros capaces y eficientes, el nuevo monarca continuó con éxito la obra de reestructuración emprendida por su padre. En la estela de su abuelo, Luis XIV, Felipe V había conseguido, por una parte, reforzar el poder real, aprovechando que las coyunturas le eran favorables; por la otra, se había propuesto como objetivo «realizar las reformas que se dirigían a proporcionar paz, instrucción, prosperidad y cultura al cuerpo entero de la sociedad española». Para alcanzar dicho objetivo, resalta Danvila, fue limando gradualmente las asperezas debidas a la irregularidad de sus derechos sucesorios y a su origen extranjero. El monarca consiguió «dejar a su sucesor Fernando VI un vasto campo donde desarrollar, bajo los mejores auspicios, el plan magnífico de sus pensamientos reparadores y de sus propósitos pacíficos. El mayor mérito que contrajo Felipe V para conquistar el aprecio de los españoles, consistió en haber resistido, luego que tuvo plena posesión de su autoridad, las pretensiones avasalladoras de Francia bajo el gobierno del Regente». A pesar de esto, «Felipe V fue siempre un príncipe francés. El primer rey español de la dinastía de Borbón se llamó Fernando VI».³³³

Durante el reinado de Fernando VI recibieron un fuerte impulso las ansias de renovación que latían en el país y se modificó, sustancialmente, la forma de gestionar el poder real: se dejó de recurrir al valido, figura que fue sustituida por la del ministro, que ya había demostrado su eficacia como colaborador del soberano. Entre los ministros, destacó Zenón de Somodevilla y Bengoechea, más tarde marqués de la Ensenada, al que se debe un proyecto orgánico de reformas ideado para ampliar el campo de acción de la monarquía y aumentar el prestigio del poder real. Dotado de una notable capacidad de organización, el marqués de la Ensenada centró su interés inicial en las finanzas, partiendo de la base de que era necesario conocer, primero, los ingresos del Estado para, posteriormente, ajustar las salidas con acuerdo a las entradas. Una vez efectuado el balance, el ministro procedió a examinar cada una de las salidas con objeto de eliminar los gastos excesivos de la Casa Real. Se redujo el desorbitado número de caballerizas, palacios y reales sitios, así como el número del personal y su correspondiente retribución. La reducción del volumen de gastos fijos de la Casa Real tenía un objetivo ejemplarizante: si las esferas más altas —es decir, el propio monarca— daban ejemplo de ahorro, las personas de rango inferior se resignarían con más facilidad a sufrir una reducción de gastos similar.

Los recursos obtenidos gracias a estos ahorros fueron invertidos, sobre todo, en el sector militar. Se procedió a la reorganización del ejército y la fortificación de las fortalezas, se incrementó la dotación de artillería y se aumentó la fabricación de armamento, medidas indispensables en un Estado que quería basar su política exterior en la neutralidad. Se prestó una especial atención a la armada y se botaron nuevos buques, a cuya construcción se hizo frente con la madera extraída de los numerosos bosques que entonces aún cubrían extensas zonas del suelo español. Los aparejos náuticos y el armamento fueron suministrados por las industrias textiles —creadas expresamente para la producción de jarcias y de velamen—, y por las fábricas de piezas de artillería y de munición, que se nutrían del abundante hierro que entonces proporcionaban las minas. Se instituyeron escuelas de náutica y de ingeniería naval, en las que se matriculó una juventud entusiasta, y así «en pocos años pudieron flotar en los dos mares sesenta navíos de línea de nueva construcción, que infundieron respeto a las potencias marítimas».³³⁴

Junto al marqués de la Ensenada—que había empezado a ejercer su ministerio en tiempos de Felipe V—, también desarrolló una intensa actividad el nuevo secretario de Estado, José de Carvajal y Lancaster. A diferencia del primero, Carvajal asumió una postura anglófila en política exterior y estaba a favor de un acercamiento a Inglaterra y a Portugal. Entre los dos ministros surgió una fuerte rivalidad, que tenía sus raíces en los orígenes familiares de los dos personajes. La familia del marqués de la Ensenada, natural de La Rioja, era de extracción hidalga; Carvajal procedía de la nobleza latifundista (era sobrino del duque de Linares) que se diferenciaba notablemente de la primera. Desde su posición de primer secretario de Estado, Carvajal se esforzó en consolidar «la neutralidad española a pesar de las presiones de Francia e Inglaterra y de su anglofilia, al contrario que el marqués de la Ensenada, que se inclinaba por una alianza con Francia».³³⁵ La línea política llevada a cabo por Carvajal se basaba sobre tres elementos fundamentales: «un centro, el cuidado estratégico de las Indias; un sistema, la paz; un modo, el equilibrio».³³⁶ Para que su proyecto tuviera éxito era necesario abandonar la alianza con Francia, que él consideraba un enemigo irreconciliable, y formalizar acuerdos con Portugal, Inglaterra y Austria, con el fin de garantizar la paz en las colonias y permitir la reconstrucción interna.

Tratado con Portugal y política exterior de Ensenada y de Carvajal

El primer requisito para mantener la paz en Europa, según Carvajal, era eliminar todo posible motivo de conflicto; ello implicaba la necesidad de alcanzar la neutralidad tanto en Italia como en América. Por la Paz de Aquisgrán, ratificada posteriormente, en 1752, por el Tratado de Aranjuez (sobre cuyas consecuencias positivas para Italia nos detendremos más adelante), se alcanzó la neutralidad en territorio italiano. Para alcanzar la segunda, era preciso acabar con los conflictos fronterizos entre España y Portugal, requisito previo e imprescindible para el despegue económico de las colonias españolas en América. Con miras a lograr dicho objetivo, en enero de 1750 se estipuló el Tratado de Límites hispano-portugués, cuyas negociaciones fueron llevadas a cabo directamente por Carvajal. Según el embajador portugués en Madrid, Carvajal era, entre otras cosas, el único español que tenía un conocimiento exhaustivo de la realidad americana. Había sido presidente del Consejo de Indias y siempre había puesto un empeño especial en identificar y establecer qué era lo más útil para la conservación y el desarrollo de las colonias. Pese a ello, la firma del Tratado con Portugal no se hubiera alcanzado sin la intervención personal de la reina Bárbara de Braganza, cuyos vínculos familiares con la corona lusitana permitieron solucionar, por fin, el secular problema de las fronteras americanas y establecer los límites entre Brasil y los territorios españoles del Río de la Plata.³³⁷

Con el Tratado de 1750, Portugal reconocía la soberanía española sobre la parte oriental del río de la Plata, territorio que se corresponde con el actual Estado de Uruguay, y España por su parte, reconocía el dominio portugués sobre un vasto territorio interior, que comprendía siete misiones o reducciones fundadas por los jesuitas en el territorio de los indígenas guaraníes. Las reducciones tenían, en total, una población aproximada de treinta mil personas, cuya evacuación estaba previsto que se completase en el espacio de un año. En virtud del acuerdo, España reconocía, pues, la legalidad de los dominios portugueses establecidos con posterioridad al Tratado de Tordesillas (1494). A cambio, recuperaba la colonia de Sacramento y los territorios situados en la orilla izquierda del río Amazonas y se hacía, además, con el monopolio de navegación por el río de la Plata. El Tratado debería haber garantizado una paz duradera entre las colonias americanas de las dos potencias ibéricas, incluso en el caso de que estallara una guerra entre España y Portugal.³³⁸ Sin embargo, a los pocos meses de establecerse el acuerdo, en julio de 1750, murió Juan V. Su sucesor, José I, nombró ministro de Asuntos Exteriores a Sebastião José de Carvalho, futuro marqués de Pombal. El nuevo responsable de los territorios coloniales portugueses era contrario al tratado y adoptó una serie de medidas dilatorias para retrasar que este fuera llevado a la práctica. Por otro lado, el cumplimiento del tratado también contaba con fuertes obstáculos por parte española. La Compañía de Jesús, en concreto, se resistía a abandonar las reducciones, resistencia que contaba con el apoyo del marqués de la Ensenada y del confesor del rey, Rávago, quienes intentaban impedir que se efectuase la entrega de territorios acordada con Portugal. En 1754, cuando el cumplimiento del tratado parecía ya inminente, el marqués de la Ensenada, en un último intento por bloquearlo, se dirigió a Carlos, llamándole la atención sobre los daños que podrían derivarse para la monarquía hispánica de los intercambios territoriales. El rey de Nápoles elevó enérgicas protestas y el marqués de la Ensenada logró su objetivo. El ministro español —como ya se ha indicado—tuvo que pagar, sin embargo, un alto precio por su éxito diplomático: la destitución y el destierro. Como ha destacado Domínguez Ortiz, es difícil precisar qué fue más determinante en la toma de postura de Ensenada, si «el patriotismo del hombre de Estado o el sentimiento de un amigo de los jesuitas. Lo que es indudable es que, a costa de un sacrificio personal y de una acción técnicamente reprobable, consiguió evitar un desafuero».³³⁹

Al tratado con Portugal le siguió, en octubre de 1750, un acuerdo con Inglaterra, que denotaba un proceder autónomo de la política exterior española con respecto a Francia. Por dicho acuerdo se consiguieron modificar algunas de las cláusulas comerciales favorables a Inglaterra que se habían establecido en el Tratado de Utrecht, como el derecho de asiento de negros y el navío de permiso. La Compañía de los Mares del Sur renunciaba a estas ventajas a cambio de cien mil libras esterlinas que España se comprometió a pagar en un plazo máximo de tres meses. Aún quedaban sin resolver, sin embargo, algunos motivos de conflicto que eran puntos vitales para los intereses políticos y económicos españoles, como la recuperación de Menorca y Gibraltar, el contrabando, los asentamientos ingleses en América Central y la libertad de navegación por aguas de ultramar.³⁴⁰

En febrero de 1753 se suscribió el nuevo Concordato con la Santa Sede, cuyas negociaciones fueron llevadas a cabo, por la parte española, por el plenipotenciario Manuel Vicente Figueroa, enviado a Roma en 1750 con este fin. Se puso un freno a los tradicionales y exorbitantes privilegios de la Iglesia y se cerró con éxito para las posiciones regalistas «una convención diplomática, mediante la cual quedaron aclaradas todas las dudas referentes al Patronato de la Corona, y los eclesiásticos obligados a satisfacer la cuota equitativa que les correspondiese para sostener las cargas del Estado». Tras cincuenta años de controversias se acordó la concesión, al soberano español y a sus sucesores, del derecho a nombrar a las personas a las que asignar oficios y beneficios eclesiásticos seculares y regulares en todas las iglesias y diócesis metropolitanas en los dominios españoles. Además se limitaron las competencias que «por las corruptelas del tiempo se había atribuido el tribunal de la Inquisición».³⁴¹

En Italia se aseguró la neutralidad en junio de 1752, gracias al ya citado Tratado de Aranjuez —que Carvajal consiguió que suscribiera María Teresa de Austria—, y en el que se retomaban y completaban algunos puntos del Tratado de Aquisgrán, firmado cuatro años antes. A los firmantes iniciales —Fernando VI, en calidad de rey de España; María Teresa, como duquesa de Milán; y Francisco Esteban de Lorena, como archiduque de Toscana—, se sumó después el rey de Cerdeña, Carlos Manuel de Saboya. El matrimonio del hijo y heredero de este último, Víctor Amadeo, con María Antonia de Borbón, hermana de Fernando VI, había contribuido a hacer más sólidos los lazos entre España, Austria y Cerdeña, las principales potencias de la escena política italiana. En virtud de dicho acuerdo, Italia permaneció en paz durante cincuenta años y, por su parte, «Austria y España cerraron un campo de batalla en el que no volvieron a desperdiciar fuerzas».³⁴²

Una vez pacificada la península italiana, en el Mediterráneo aún quedaba abierto un grave conflicto, el de las relaciones de España con Marruecos y con la regencia de Argel. El problema llevó a España a un enfrentamiento con la ciudad de Hamburgo y con Dinamarca. El conflicto con Hamburgo lo provocó el tratado que la ciudad alemana acordó con Argel, en febrero de 1751, por el que se comprometía a proporcionarle armas. La prohibición española de comerciar con Hamburgo marcó el inicio de las hostilidades, a las que solo se puso punto final cuando quedó rescindido el tratado, en agosto de 1752, como consecuencia de las negociaciones. Acuerdos análogos, suscritos por Dinamarca con Argelia, Trípoli, Marruecos y Túnez, fueron considerados por España incompatibles con el mantenimiento de relaciones con el Estado danés, relaciones que, de hecho, se in- terrumpieron, y no se reanudaron hasta 1757, tras largas y complejas negociaciones.³⁴³

La muerte de Carvajal en abril de 1754 puso fin al equilibrio que hasta entonces había marcado la política interior del reinado de Fernando VI. A la desaparición del primer secretario de Estado le siguió, pocos meses después, por voluntad del rey, el cese de su rival, el marqués de la Ensenada. Acusado de haber revelado secretos de Estado, en 1754, fue destituido de todos sus cargos y confinado en Granada. La destitución del marqués de la Ensenada fue acogida con gran satisfacción por la diplomacia británica, que había presionado para que se tomara dicha medida punitiva y que, con su cese, se veía libre de un peligroso adversario.

Gobierno de Wall y neutralidad inicial en la Guerra de los Siete Años

La salida de escena, prácticamente al mismo tiempo, de los dos protagonistas de los primeros años del reinado de Fernando VI marcó un cambio en la política exterior española. Para suceder a Carvajal fue designado el irlandés Ricardo Wall, que dirigió la política internacional de España hasta los primeros años del reinado de Carlos III. Bajo la dirección del nuevo primer ministro, partidario de un acercamiento a Inglaterra, se verificó un cambio en la política exterior hispana, pasando de una «neutralidad constructiva a una neutralidad parecida». Se alentaron las relaciones con Francia y se empezó a tener un comportamiento condescendiente hacia Gran Bretaña.³⁴⁴

Esta postura, unida al carácter pacifista del soberano, mantuvo a España inicialmente al margen del nuevo enfrentamiento bélico que ensangrentó Europa a partir de1756. Al estallar la Guerra de los Siete Años, las dos naciones beligerantes, Francia e Inglaterra, intentaron, en vano, atraer hacia sí a la indecisa España. Para disipar las dudas del titubeante Wall y conseguir que tomara partido a su favor, Francia le ofreció a España la recuperación de Menorca y Gibraltar. La ocupación británica de las dos plazas, una espina clavada en el corazón del nacionalismo hispano, constituía aún, a pesar de la predisposición favorable del ministro irlandés, el principal impedimento a la hora de entablar cualquier tipo de alianza con Inglaterra. La diplomacia francesa contaba con el deseo de recuperar dichos territorios, perdidos a inicios del xvIII, para abrir una brecha en la resistencia española a entrar en guerra. En junio de 1756, Francia les arrebató Menorca a los ingleses y se la ofreció en el acto a España; asimismo, se comprometió a facilitarle a la monarquía hispánica una importante ayuda militar en el caso de que intentase recuperar Gibraltar. En el plano diplomático, se ofreció a apoyar las aspiraciones de Felipe de Borbón, hermanastro de Fernando, al trono polaco.³⁴⁵

El lisonjero cortejo de Francia no fue capaz de modificar la postura neutral adoptada por España, que también rechazó las propuestas de Gran Bretaña. Para inclinar a su favor al indeciso gobierno español —cuya negativa a apoyar a Francia podía considerarse ya como un factor positivo—, Londres, tras los primeros reveses militares, no dudó en poner sobre la mesa de negociaciones una serie de concesiones. A cambio de que Fernando VI entrase en guerra contra Francia, se le llegó a ofrecer la devolución de Gibraltar y el abandono de los asentamientos ingleses en Honduras y en el golfo de México. Además, para propiciar un clima distendido en las negociaciones con Madrid, el nuevo primer ministro británico, William Pitt, ordenó a los corsarios ingleses que no atacasen las naves con bandera española, prohibió a los colonos de Georgia establecerse al sur del río Altamaha, y destituyó al gobernador de Jamaica, mal visto por los españoles. El rey de España, sin embargo, firme en su decisión de mantenerse neutral, no cedió ni siquiera ante estas ofertas especialmente tentadoras de Gran Bretaña.

Sí se intentó, en cambio, aprovechar las dificultades que atravesó Inglaterra al inicio de las hostilidades para intentar resolver algunas cuestiones que seguían pendientes en los territorios de ultramar. Wall le pidió al gobierno inglés que le concediese a España facilidades para la captura de bacalao en aguas de Terranova, la tala de palo de Campeche o palo de tinte, el reparto de los botines de guerra y la redefinición de las fronteras de Florida. El gobierno británico, envalentonado por las victorias que estaban empezando a cambiar, a su favor, el curso de la guerra, no solo no tuvo en cuenta las demandas de Madrid, sino que, al fracasar el intento de alianza, comenzó a adoptar una postura cada vez más hostil hacia España. Los corsarios reanudaron los abordajes a las embarcaciones españolas, los colonos ingleses siguieron estableciendo asentamientos ilegales en América Central, y a los pescadores vascos se les prohibió faenar en aguas de Terranova. Además, la expansión inglesa en Canadá constituía un grave peligro para las colonias españolas en América, el mantenimiento de cuya integridad era el objetivo prioritario de la política exterior de Fernando VI. En determinados círculos políticos españoles comenzaba a cundir la idea de que era necesario poner fin a la neutralidad para frenar, mediante la alianza con Francia, el expansionismo británico en las colonias americanas, conducido gracias a su supremacía marítima, consolidada por las recientes victorias militares. Sin embargo, el gobierno español fue incapaz de salir del aislamiento internacional en el que había caído al no aliarse o, en su defecto, no acercar posturas con alguna de las naciones que podrían haberle garantizado la defensa de sus intereses en el Atlántico. Madrid no aceptó ni siquiera las repetidas solicitudes que, entre 1756 y 1757, le dirigió la corte de Viena para cerrar una alianza contra las naciones protestantes, haciendo hincapié en que ambos países compartían una misma fe, la católica, y que sus respectivas monarquías estaban unidas por lazos de parentesco.³⁴⁶

Pese a la buena voluntad demostrada por el anglófilo Wall, que suspendió los preparativos militares contra los colonos ingleses en Honduras, no se logró dar con una solución a los seculares conflictos coloniales que enfrentaban a España e Inglaterra. La causa de dichos conflictos permanentes eran los asentamientos ingleses en América Central, el ataque a las naves españolas en el Atlántico, y el derecho de los españoles a faenar en aguas de Terranova. A medida que proseguían sus éxitos militares, la postura del gobierno británico con respecto a Madrid se volvía cada vez más dura. En 1758 el recrudecimiento de las crisis depresivas de Fernando VI, debido al fallecimiento de su esposa, la reina Bárbara de Braganza, hizo que el gobierno español atravesara momentos críticos. La salud del soberano, que no dejaba de empeorar, era un fuerte obstáculo a la hora de tomar iniciativas en el ámbito internacional. La pasividad de España, comprometida exclusivamente en reforzar las defensas de sus colonias, resultaba aún más llamativa en el marco del conflicto colonial anglo-francés, que había llegado a un punto crucial en el que la intervención de Madrid podría haber resultado decisiva.

Muerte de Fernando vi. Regencia de Isabel de Farnesio

El inminente final de Fernando VI hizo que las cancillerías europeas dirigiesen su atención hacia Carlos, el heredero del trono de España, que, aprovechando que la coyuntura internacional le era favorable, había conseguido —como ya se ha visto— que su hijo Fernando, haciendo una excepción a lo estipulado en el Tratado de Aquisgrán, fuese reconocido como su legítimo sucesor a los tronos de Nápoles y de Sicilia.

La lenta agonía de Fernando VI acabó a las cuatro y media de la madrugada del 10 de agosto de 1759. Isabel de Farnesio, a la que Carlos había nombrado su regente cinco años atrás, asumió provisionalmente el gobierno del reino hasta la llegada de su hijo, que fue inmediatamente informado, por el ministro Wall, de la muerte del rey Fernando. Convertida nuevamente en «reina y gobernadora —observa Vaca de Osma— doña Isabel se lanza sobre el poder como un halcón sobre su presa. En su papel anterior de gallina ha ido dejando a sus polluelos bien colocados». No obstante, parece evidente que obraba también «con un sentido del Estado y una visión política que justifica en gran parte su invencible ambición».³⁴⁷

Siguiendo la praxis institucional, Isabel de Farnesio presentó sus credenciales al obispo de Cartagena, presidente del Consejo de Castilla. Inmediatamente después, dispuso el envío a Nápoles, para el traslado de Carlos y su séquito, de una flota al mando de Juan José Navarro, marqués de la Victoria, y de Andrés Reggio como segundo al mando, por si el marqués, dado su precario estado de salud, no podía cumplir con la importante misión que se le había asignado. Mientras aguardaba la llegada de su hijo, al que era preciso prepararle un alojamiento adecuado, la reina ordenó que fuera desalojado el Palacio del Buen Retiro, empezando por los aposentos ocupados por el duque de Alba, personaje muy influyente en la corte —más adelante nos detendremos sobre él—, que se retiró a sus posesiones en Piedrahíta. El conde de Valparaíso, secretario de Hacienda, dio orden a la tesorería de que se le anticipase a Isabel el dinero necesario para la ceremonia de proclamación de Carlos III como rey de España, suma fijada en 126.752 reales, que era la misma cantidad gastada en la proclamación de Fernando VI, en 1746. Para la decoración del Palacio del Buen Retiro y para los pequeños gastos la reina puso cincuenta mil doblones de su patrimonio personal.³⁴⁸

Tras trece años desterrada en La Granja de San Ildefonso, Isabel de Farnesio había regresado a Madrid, a dirigir la corte que ya la había visto desempeñar el papel de protagonista absoluta durante el reinado de su marido. La «larga y dolorosa espera» de la reina madre, «casi ciega y con sesenta y seis años, que eran muchos para entonces estaba a punto de ser recompensada».³⁴⁹

El 18 de agosto Isabel de Farnesio promulgó un decreto para establecer el protocolo de la proclamación de Carlos III, y la ciudad de Madrid nombró una junta para organizar los festejos.

La solemne proclamación tuvo lugar el 11 de septiembre, en la plazuela de la Pelota, cerca del Palacio del Buen Retiro, y estuvo a cargo del alférez mayor del reino, el conde de Altamira. Acompañado de un numeroso séquito formado por grandes de España, gentilhombres de cámara, caballeros y nobles, todos a caballo, el rey llegó a las cinco de la tarde al Palacio del Buen Retiro, donde, reunidos en torno a una enorme tarima, ya se encontraban esperándoles la reina madre y el infante Luis, junto a un gran número de embajadores y dignatarios. El conde de Altamira, haciendo ondear el estandarte regio, pronunció en voz alta la fórmula ritual: «¡Castilla por el rey nuestro señor, Carlos III!», a cuyo eco el pueblo, que atestaba la plaza, comenzó a gritar: «¡Viva!», mientras los maestros de ceremonia lanzaban monedas desde las cuatro esquinas de la tarima, donde se apiñó una gran muchedumbre que la guardia de infantería y los alabarderos apenas si conseguían contener.³⁵⁰

La ceremonia se repitió en la Plaza Mayor y en otros lugares de la capital. Los festejos con luminarias y fuegos artificiales se prolongaron durante otros tres días y, el 12 y 13 de septiembre, se celebraron corridas de toros a las que concurrió mucha gente, alguna incluso venida de fuera. La proclamación de Carlos también fue recibida con entusiasmo en otras ciudades de España. En Barcelona, en concreto, el 24 de septiembre se izó el estandarte real. Isabel de Farnesio en persona envió a la ciudad catalana 126.000 reales, además de una gran cantidad de pólvora y nitrato potásico para los fuegos artificiales.³⁵¹ Barcelona fue el punto escogido por Carlos para desembarcar en la península ibérica y, apenas se supo esto en la corte, numerosos dignatarios se apresuraron en ir a recibir al soberano. El 19 de septiembre partieron hacia Barcelona los principales personajes de la corte, con la excepción del duque de Alba, que adujo motivos de salud para no emprender el viaje, y que fue sustituido por el marqués de Villagarcía para ejercer de mayordomo de semana. Entre los ilustres personajes que fueron a Barcelona destacó, por los ingentes gastos a los que hizo frente —unos 600.000 pesos—, el rico duque de Medinaceli.³⁵²

Las naves encargadas de transportar y acompañar al rey y a su séquito partieron hacia Nápoles en momentos distintos. Tres embarcaciones zarparon el 19 de agosto de Cartagena y llegaron a Nápoles tras doce días de feliz travesía. La flota principal, compuesta por once navíos, dos fragatas y dos tartanas, zarpó de Cádiz el 29 de agosto y llegó a la bahía de Nápoles el 27 de septiembre. Al día siguiente, el teniente general Pedro Stuart, que había llegado el mes anterior en una de las naves procedentes de Cartagena, subió a bordo de la nave almiranta, Fénix, con la orden del rey, dirigida al marqués de la Victoria, de que se efectuase el desembarco. Poco después, les fue comunicada la misma orden a los comandantes de las otras naves, que bajaron a tierra y se dirigieron directamente al Palacio Real, donde les fue concedido el honor de besarles la mano al rey y a la reina. La ceremonia del besamanos se repitió al día siguiente, esta vez por el resto de oficiales de la flota. La fecha para que la familia real embarcase se fijó el 6 de octubre, y la partida para el día siguiente, por la mañana. Se tomaron las disposiciones oportunas para abastecer a la flota de agua y víveres. Para hacer frente a los gastos previstos, se le ordenó al tesorero, Juan Antonio Enríquez, que le hiciera entrega al intendente de Nápoles de 30.000 pesos, tomados de la suma de dinero que había sido enviada desde España por disposición de la reina madre.³⁵³

El 5 de octubre, el rey les concedió la orden de San Jenaro a veintiún nuevos caballeros, entre los que figuraban los tres comandantes de la flota procedente de España: el marqués de la Victoria, Andrés Reggio y Pedro Stuart. La mañana del 6 de octubre tuvo lugar la ya mencionada ceremonia de renuncia de Carlos al reino de las Dos Sicilias en favor de su tercer hijo, Fernando, que estaría asistido por un Consejo de Regencia hasta su mayoría de edad. Tras confirmar oficialmente su incapacidad, los soberanos dejaron en Nápoles al primogénito, Felipe. A pesar de las manifestaciones externas de dolor por la separación, Carlos y María Amalia no dieron mayores muestras de amor hacia su hijo discapacitado, quien, por sus deterioradas condiciones de salud, hubiera necesitado, más que sus hermanos, de los cuidados y el afecto que solo habría podido proporcionarle la cercanía de sus padres.

De Nápoles a España

Tras despedirse calurosamente de los principales miembros de la corte de Nápoles que habían acudido a rendirle homenaje —entre los que figuraban el príncipe de San Nicandro y el capitán general de la armada, Miguel Reggio—, no sin antes encomendarles que cuidaran del pequeño Fernando IV, su nuevo soberano, el rey de España, junto a la reina y los infantes Carlos, Gabriel, María Josefa y María Luisa, subió a bordo del Fénix, a cuyo mando se puso el comandante general, el marqués de la Victoria. En la nave Triunfante, al mando de Andrea Reggio, se embarcaron los otros dos infantes, Antonio y Francisco Javier.³⁵⁴ La ubicación de la familia en dos naves distintas obedecía a un obvio motivo de precaución: en el caso de que, por desgracia, naufragara una de las dos naves no perecerían todos los miembros de la familia real y se mantendría a salvo la continuidad de la dinastía. En el traslado de la familia real borbónica no se hizo, pues, una excepción a lo que era, y sigue siendo, una regla de carácter general. A la luz de la crónica oficial de las distintas fases del viaje que estamos siguiendo parece, pues, infundada la anécdota —relatada por Fernán Núñez y retomada después por otros autores— según la cual, por orden expresa de Carlos, toda la familia se embarcó en la misma nave porque el monarca confiaba plenamente en la providencia divina. Según esta hipotética versión de los hechos, cuando el marqués de la Victoria advirtió al rey de los riesgos que entrañaba esta decisión, el monarca respondió: «Victoria, ya he dicho que a las tres y juntos. Dios sabe las veras con que he pedido por la salud de mi hermano, y el ningún deseo que tenía de poseer sus inmensos bienes. Su Divina Majestad ha querido [que] vaya a España; él cuidará de nosotros, y se hará su santa voluntad».³⁵⁵

En cambio, sí está plenamente respaldada por las fuentes la anécdota acerca de los fuertes mareos que sufrieron la reina y sus hijas mientras cruzaban el Mediterráneo. Carlos, entre la conmiseración y el reproche, le dijo a su mujer, víctima de las náuseas: «Ah pobre mujer, que no vales para nada», y la reina, a su vez, levantando la cara hacia el marido, confirmó, desconsolada: «No valgo niente». Durante la travesía, el rey solía conversar con los oficiales de a bordo. Se informaba sobre las condiciones del viento, el rumbo que llevaba la nave y las maniobras náuticas. Ante la afabilidad y llaneza de Carlos, el capitán del Fénix, Francisco de León y Guzmán, se atrevió a darle algunos consejos, en vez de limitarse a responder a sus preguntas. En concreto, lo puso en guardia contra los aduladores que, en su opinión, anidan frecuentemente en los palacios de los poderosos. El rey le rebatió, diciéndole que en su palacio no tendrían nunca cabida semejantes individuos porque llevaba ya veintiséis años aprendiendo a reinar y jamás les permitiría la entrada; y, de todas formas, siempre sabría cómo neutralizarlos.³⁵⁶

De esta anécdota se deduce —como destaca Pedro Voltes— que cuando Carlos llegó a España estaba firmemente convencido de que podía cumplir eficazmente con su papel de rey y de que no iba a tener problemas a la hora de desempeñar las tareas que se disponía a asumir. Este convencimiento es común en los soberanos que ocupan el trono de una nación después de haber pasado un tiempo rigiendo otra, circunstancia «que debe tal vez traducirse en una halagadora persuasión de poseer la verdad y una sobrevaloración de la técnica abstracta del gobierno a costa de las realidades a que se aplica». Por eso es inevitable, quizá, que se produzca un choque entre el nuevo rey, con sus colaboradores extranjeros, y sus nuevos súbditos, hostiles a los elementos llegados de fuera.³⁵⁷ Carlos no podía prever que la presencia de extranjeros en el organigrama del gobierno pudiera provocar el estallido de un conflicto con la población española, como ocurrió a los seis años de su reinado. Al contrario, el saberse rodeado de colaboradores de probada eficacia y lealtad, los mismos que le habían ayudado a gobernar durante el largo periodo transcurrido en el trono de Nápoles, contribuía, sin duda, a infundirle determinación y a reforzar la seguridad en sí mismo y en sus propias capacidades que demostraba haber adquirido.

Durante el viaje, Carlos se entretenía con frecuencia hablando de caza. Cuando el tesorero, Enríquez, le comentó, complacido, el gran número de piezas que había cobrado Fernando VI durante una batida en la finca de El Campillo, cerca de El Escorial, en noviembre de 1757, el rey le dijo que no le gustaba la caza de montería, como a su hermanastro, al que le «vendían gato por liebre». El placer de la caza consistía en ir uno mismo en busca de las piezas por el monte, sin temer a la lluvia ni al viento; y añadió que, dado que había sido durante muchos años infante, sabía muy bien lo que significa la palabra: un infante es un soldado de a pie que debe saber hacer de todo.

El interés del rey por los aparejos navales animó, un día, al carpintero mayor, Juan Pagarrá, a enseñarle un ingenio, inventado por él, para facilitar la botadura de las naves. Tras examinar la máquina, Carlos le indicó una serie de defectos por los que no se le podría dar el uso para el que había sido construida. Aunque el diseño de la maquina era bueno, por las leyes de la estática, sus componentes no serían capaces de aguantar el peso de las naves.³⁵⁸

Estas anécdotas, reseñadas en la crónica del viaje y retomadas luego por sus biógrafos, arrojan una interesante luz sobre el carácter de Carlos III y demuestran que el rey había adquirido ya una madura capacidad crítica, que estaba siempre dispuesto a ser informado y a solicitar la opinión de los demás pero que, al mismo tiempo —como observa Vaca de Osma—, era capaz de valorar la información recibida y tomar, de forma autónoma, la decisión que considerase más oportuna.³⁵⁹ Los veinticinco años transcurridos como rey de Nápoles, a los que se había referido expresamente el propio monarca, no habían transcurrido en vano. Carlos, apoyándose en la experiencia adquirida, era un hombre con plena seguridad en sí mismo, consciente de que estaba perfectamente preparado para asumir las riendas de un Estado que ocupaba un lugar de capital importancia en el tablero político mundial.

Llegada a Barcelona y acogida triunfal

El 15 de octubre, a los ocho días de salir de Nápoles, fue avistada tierra firme, ya cerca de Barcelona. Nada más saberlo, Carlos, en reconocimiento por el feliz resultado de la travesía, le otorgó el grado de capitán general al marqués de la Victoria; posteriormente, les concedió también otras distinciones a los comandantes y a los oficiales de la flota, prestando especial consideración a los del Fénix y el Triunfante, en los que viajaba la familia real. Además, se gratificó con una paga suplementaria a todos los componentes de la tripulación, desde los capitanes hasta el último de los marineros. Al día siguiente, por la mañana, subieron a bordo del Fénix, para rendir homenaje a los soberanos, los marqueses de la Mina, el duque de Medinaceli, el de Medina Sidonia y el de Bournonville, el conde de Oñate, y otros grandes y nobles, la gran mayoría llegados de Madrid. El marqués de la Mina, general de Cataluña, le dirigió al rey el siguiente discurso: ³⁶⁰

«Señor: Consigue Cataluña la envanecida dicha de haber preferido vuestra majestad sus orillas para la primera posesión de sus vastos Estados, que, dominando los mares con velocidad imponderable, le trae la Providencia, yo la honra de ofrecer los pies de vuestra majestad, con una de las mejores y más pobladas de sus provincias, la felicidad, el amor y los votos de cuantos vasallos la componen. Veneró vuestra majestad en sus menores años, infante don Carlos, mi respeto; le buscó duque de Parma mi feliz destino; le escoltó desde aquella ciudad mi cuidado, obedeciéndole subalterno como generalísimo de las gloriosas armas del rey, su padre (que está en el cielo), hasta Bitonto y Bari, dejándole coronado rey de Nápoles. Ahora, señor, por el más estimable influjo de mi estrella, soy el primer soldado español que recibe y se postra [ante] vuestra majestad como su rey. Dígnese vuestra majestad de admitir mis humildes tributos».

Carlos, tomando afectuosamente al marqués por el brazo, le dio la orden de iniciar los preparativos para el desembarco, que se efectuó al día siguiente. El rey y la reina se acomodaron en una falúa al mando del marqués de la Victoria. En señal de saludo, desde las naves fondeadas en el puerto, se lanzaron tres descargas de cañón y se izó la bandera en el palo mayor del Fénix. Para el descenso a tierra de la pareja real, el marqués de la Mina había preparado un puente, una escalera y un arco de triunfo. Carlos y María Amalia fueron acogidos con alegría por la multitud congregada a su paso, que había acudido desde diversos puntos de España para aclamar a los nuevos soberanos.

La noticia de la proyectada llegada de Carlos se había extendido por Barcelona desde primeros de septiembre y, bajo la dirección del marqués de la Mina, diversos círculos ciudadanos —autoridades laicas y religiosas; asociaciones colegiales; corporaciones; la Junta de Comercio— rivalizaron para organizarle una digna acogida al rey. La familia real se detuvo en Barcelona solo una semana que estuvo marcada por un apretado programa de festejos, ceremonias religiosas y actos públicos. Entre los festejos celebrados en honor de los soberanos destacó la «mascarada real», ofrecida por las corporaciones y las asociaciones ciudadanas durante las dos noches siguientes a la llegada de los reyes. El festejo consistía en un desfile de carrozas, ricamente adornadas y seguidas por ciudadanos a caballo y a pie, acompañado de música, cantos, bailes, luminarias y fuegos artificiales. Las máscaras estaban inspiradas en la mitología clásica, y, siguiendo la concepción grecolatina del universo, se subdividían en tres secciones que representaban, respectivamente, el mundo celestial, presidido por Júpiter; el terrestre, regido por Saturno; y, por último, el mundo marino, gobernado por Neptuno.³⁶¹

Los festejos se alternaron con ceremonias religiosas, en las que Carlos y su familia dieron muestras de su habitual devoción, y actos de carácter político. El soberano aprovechó la estancia en Barcelona para observar personalmente —«pues era necesario lo examinase por mis propios ojos», como le escribió a su madre— importantes aspectos de la vida pública ciudadana. El sector militar recibió una especial atención por parte del rey, preocupado por las condiciones del ejército y la armada, sobre todo de cara a la eventual entrada de España en la guerra que llevaba ya tres años ensangrentando el suelo de las principales naciones europeas. Carlos, pues, pasó revista a las tropas e inspeccionó las fortificaciones de la ciudad.

La impresión que sacó de este primer contacto con la situación militar española no fue para nada tranquilizadora, como no dejó de subrayar María Amalia en una de las primeras cartas que le envió Tanucci tras su llegada a Barcelona. La reina destacó, además, el estado generalizado de desorden en el que se encontraban los diversos sectores de la administración pública y las eficaces medidas que su esposo había adoptado de forma inmediata:

Ninguno sabe lo que dice en relación con su cargo, además de la abundancia de empleos y de gente inútil que aquí existe. La justicia está desorganizada. El arsenal que visitó anteayer el rey, está falto de toda clase de cosas, siendo peor su estado de lo que el rey juzgaba antes de examinarlo y poner las cosas en orden. Los días que hemos empleado aquí, los hemos entretenido en ver las tropas y las fortificaciones, y el tiempo no se ha perdido, pues muchos están ya profundamente persuadidos de que es necesario cambiar las cosas.³⁶²

La elección de Barcelona para efectuar su entrada en el suelo español respondía a una evidente exigencia de carácter político. Carlos quería aprovechar la oportunidad que le brindaba el regreso a su patria para establecer un clima más distendido en las relaciones entre la corona y la ciudad catalana, tras un largo periodo marcado por las discordias y las incomprensiones mutuas. El recuerdo de la Guerra de Sucesión Española, en la que los catalanes se alinearon en el bando de los Habsburgo, aún no se había extinguido. La iniciativa del rey tenía como objetivo poner fin, de una vez por todas, al resentimiento recíproco aún existente. La sociedad local comprendió los motivos de la elección de Carlos y «no desaprovechó la ocasión que se le brindaba para obsequiar al nuevo monarca y solicitar una política más acorde con sus intereses y aspiraciones».³⁶³ En el campo económico, se produjo un acercamiento entre el rey y los sectores más dinámicos de la burguesía catalana, que confiaba en que Carlos tomase disposiciones encaminadas a proteger sus intereses y fomentar el desarrollo de estos, haciendo especial hincapié en el comercio con los territorios de ultramar. Carlos quiso informarse personalmente acerca de las expectativas de los comerciantes catalanes; tomó nota de las demandas adelantadas por la Junta de Comercio durante la audiencia que le fue concedida, restituyó varios de los privilegios que habían sido revocados a causa de las revueltas contra Felipe IV y Felipe V, abonó las deudas contraídas por ellos con la Hacienda Real hasta el 31 de diciembre de 1758 y, unos meses más tarde, ratificó las concesiones económicas que habían sido otorgadas por su hermanastro Fernando VI.³⁶⁴

Dignatarios de procedencia napolitana en el séquito del rey y de la reina

El duque de Béjar, Joaquín de Zúñiga, antiguo sumiller de corps del difunto monarca, fue uno de los primeros dignatarios que se presentó en Barcelona ante Carlos III, con quien había mantenido una frecuente correspondencia durante la enfermedad de Fernando VI. El rey recibió al duque de Béjar con gran afecto, agradecido por los atentos cuidados con los que había asistido a su hermano cuando estuvo enfermo y, para demostrarle de forma concreta su reconocimiento, le nombró (como ya se ha señalado) ayo del príncipe de Asturias y de sus otros hijos, Gabriel, Antonio y Javier.³⁶⁵ Sin embargo, el cargo de sumiller de corps le fue confiado al duque de Losada, José Fernández de Miranda Ponce de León, uno de los hombres de confianza del rey en Nápoles, donde ya había desempeñado de forma irreprochable dicha función. Miranda había estado junto a Carlos desde que este partió de Sevilla rumbo a Italia; el soberano había establecido con él una relación tan familiar que quería tenerlo siempre a su lado. Fernán Núñez traza un brillante perfil del sumiller de corps de Carlos, resaltando, sobre todo, su lealtad. El duque de Losada era considerado un «favorito era digno de un tal rey, que, que si no hubiera sabido serlo sin abusar de su favor, no le hubiera tenido a su lado hasta que murió en El Escorial, en el cuarto inmediato al suyo, que siempre ocupaba, el año 1783. Honrado, noble, franco, verdadero amigo de sus amigos, incapaz de intrigas, de hacer mal ni de hablar mal de nadie, y solícito en alabar y hacer bien a cuantos podía».³⁶⁶

Además del duque de Losada, nombrado en Barcelona grande de España, el rey se trajo consigo a otros personajes de relieve de la corte napolitana, que viajaron en el Fénix con él. Entre ellos destacaban Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache; Juan de Garaicoechea, el caballerizo de campo; y su ayuda de cámara favorito, Almerico Pini. A Esquilache, que había desempeñado el cargo de supraintendente de la Hacienda Real en Nápoles, Carlos III le confió un cargo análogo en su nuevo reino, con el añadido del sector del comercio. El rey contaba con el ministro italiano por la competencia y el celo que ponía en atender tanto sus asuntos personales como los relacionados con «el bien de la nación». Garaicoechea, que ejercía las funciones de contralor, era «de una viveza y actividad incansable en el servicio y buen orden de los oficios subalternos de la Casa Real». Pini, por su parte, «une al mayor desvelo en cuanto mira al servicio particular de la real persona, una refinada policía y atención con todos, con lo que consigue aplausos y se asegura en cierto modo la duración del favor que disfruta». Junto a estos tres altos dignatarios, también acompañaron al rey en su regreso a España otros dieciséis miembros de la corte napolitana: el marqués Dusmet, brigadier de los ejércitos reales y gentilhombre de cámara; Luigi Marescoti, gentilhombre de cámara; el médico Manuel de Larraga; el cirujano Pedro Perchet; el boticario Luis Gazel; los ayudas de cámara Luigi Rebufa, Juan Langlasé, Carlos Ruta, Domenico y Luigi Bonicelli; los ayudas de furriera Blas de la Vega y Joseph Gutiérrez; el alférez de la guardia de corps conde Marazani; el exento Gennaro Sangro; el brigadier primero Giuseppe Sabatucci. Los tres últimos regresaron luego a Nápoles junto a ocho guardias de corps.

En el séquito de la reina, en cambio, el número de miembros procedentes de Nápoles era notablemente inferior. Las damas de la corte de María Amalia que vinieron a España, junto con su secretario, Francesco Antonio Paglia, fueron la camarera mayor, la duquesa de Castropignano, por la que —como ya hemos visto— la reina sentía una especial predilección; la camarera Petronila Farias, cuya presencia, a pesar de su aspecto exterior, escasamente atractivo, resultaba muy agradable por su ingenio y cordialidad; y la azafata de las infantas, Josefa Nelatón, viuda de un oficial de alta graduación, que se hacía querer por su garbo y sus buenas maneras. Junto a estas, también llegaron a España Bárbara Clausmén y Bárbara y Mariana Franckín, que ocupaban el cargo inferior de mozas de retrete. Cuando llegaron los soberanos a Barcelona, la princesa Pío y la marquesa de la Mina fueron nombradas damas de la reina.³⁶⁷

Primeros contactos con la realidad española

El rey, la familia real y su séquito salieron de Barcelona el 22 de octubre, en dirección a Zaragoza, segunda etapa de su viaje hacia Madrid, que se alargó más de lo previsto. En Zaragoza, a donde los soberanos llegaron el 28 de octubre, el príncipe de Asturias contrajo el sarampión, que no tardó en contagiar a sus hermanos. La reina, cuyas condiciones de salud ya eran precarias de por sí, acusó el cansancio del viaje y enfermó también. Los problemas de salud que afectaron a toda la familia real, salvo a Carlos, obligaron al cortejo real a detenerse durante bastante tiempo en la capital aragonesa. El rey no permaneció inactivo durante aquella parada forzosa, alternando el placer con el deber, «impaciente como estaba por asumir la carga efectiva del gobierno». Las tardes las empleaba, generalmente, en ir a cazar; por la mañana, con la colaboración de Esquilache, se ocupaba de los asuntos políticos más urgentes. Desde la llegada del rey a Barcelona, la reina madre se había abstenido, prudentemente, de ocuparse de los asuntos del gobierno, de los que también parecían haberse desentendido hasta los ministros. La falta de noticias sobre el proceder de estos últimos —no se sabía si actuaban por cuenta propia, es decir, sin informar acerca de lo que hacían o si lo que ocurría era, simplemente, que no hacían nada— molestó a Carlos, «un monarca muy celoso de sus prerrogativas regias y muy diligente en el trabajo».³⁶⁸ A través de Esquilache, el rey mandó de inmediato un despacho a Madrid para exigirles a los secretarios que cumplieran sus deberes institucionales. La orden de Carlos fue ejecutada en el acto y, a partir de ese momento, los ministros se apresuraron en someter al juicio del rey los asuntos de Estado que estaban en curso. El monarca, asistido por Esquilache, tomaba las disposiciones que consideraba más oportunas.

Las exigencias del rey obligaron a los secretarios a modificar la actitud indolente y abúlica que había caracterizado su gestión durante el último periodo del reinado de Fernando VI. El rey, desde el primer momento, quiso servir de estímulo para los funcionarios públicos, empezando por los miembros del gobierno. Estos, a su vez, se dieron cuenta muy pronto del cambio que se había producido con la llegada de Carlos, un rey acostumbrado a desarrollar una intensa actividad, y cuyo ritmo de trabajo iba a aumentar notablemente a causa del abanico de cuestiones, mucho más amplio y variado, al que iba a tener que enfrentarse en su nuevo reinado. Por eso era necesario que los miembros del gobierno se empleasen a fondo para hacer frente a las exigencias de su cargo. Su trabajo se iba a desarrollar ahora bajo las directrices de Carlos III, mucho más exigente que su predecesor. La propia reina, en una de sus cartas a Tanucci, destaca que los ministros españoles habían cobrado consciencia del nuevo clima que se estaba instaurando a la hora de cumplir con sus deberes —gracias a la intervención del rey, que los había obligado a acelerar el ritmo laboral—, al tiempo que subraya cuánto apreciaban los súbditos el proceder del soberano:

Los secretarios se hallan todos llenos de terror y trabajan como perros. Más hacen en una semana que antes en seis meses. El país contento de su señor, no cesa de bendecirle y confía que esto irá en aumento por las sabias disposiciones que se van dando.³⁶⁹

Durante su estancia en Zaragoza, lo que más pareció interesar al monarca fueron las cuestiones militares y diplomáticas, aunque, a veces, también se fijaba en detalles menores, como el calzado de los soldados, por ejemplo. Esta atención hacia los detalles más nimios denota la escrupulosidad y el celo de Carlos III, su notable propensión «a la disciplina y el orden que —destaca Pérez Samper— ya prefiguraba futuras líneas de actuación durante su reinado, encaminadas a las reformas de las ordenanzas del ejército».³⁷⁰

Restablecidos los enfermos, tras haber pasado un largo periodo en cama, el 1 de diciembre de 1759 el cortejo real dejó Zaragoza para ir a Madrid, a donde —tras algunas breves etapas intermedias y una imprevista parada nocturna en Alcalá de Henares— llegó el día 20 del mismo mes, bajo una intensa lluvia. El rey se dirigió inmediatamente al Palacio del Buen Retiro, en cuyo salón principal le estaba esperando su anciana madre a la que no veía desde hacía veintiocho años. Es imposible describir con palabras —comenta Fernán Núñez, testigo de la escena— el cariño con el que Isabel de Farnesio abrazó de nuevo a su hijo,

que había amado siempre tiernamente [....], un hijo que venía a ocupar el trono de su padre, no obstante de haber nacido el tercero y de haber reinado sus dos hermanos mayores, hijos de otro matrimonio; a un hijo que se le presentaba rodeado de una numerosa y hermosísima familia de cuatro hijos y dos hijas, dejando en manos de otro de sus nietos el hermoso reino que la política y los esfuerzos de su misma madre había sabido adquirirle.

Verdaderamente, era un caso único —concluye el biógrafo de Carlos III— que se produjese una coyuntura así «sobre todo si se considera la tranquilidad con la que, en medio de una guerra, casi general, en Europa, veía esta soberana coronados a sus hijos y nietos en varias partes de ella». El rey se arrodilló ante su madre y le presentó a su familia. Isabel de Farnesio le dio un regalo a cada uno. A Carlos le obsequió con una espada cuajada de diamantes que ella misma le ciñó a la cintura. A María Amalia, con un rico servicio de aseo de oro y porcelana china, guardado en un estuche con espejo, un reloj y un abanico. Luego, la reina madre saludó afectuosamente a sus nietos y, tras haberse despedido de todos, se retiró a sus aposentos. El hijo, la nuera y los nietos fueron a verla a diario hasta el día de su muerte, acaecida en Aranjuez en julio de 1766.³⁷¹

Las relaciones de Isabel de Farnesio con su nuera durante el breve periodo en que esta última —como veremos más adelante— siguió con vida, a pesar de la aparente cordialidad que reinaba entre ambas, no fueron precisamente idílicas; sobre la costumbre de visitar a diario a su suegra, sin ir más lejos, María Amalia le escribió a Tanucci, en enero de 1760, que debía concluir ya la carta porque no tenía más remedio que irse a aguantar las dos horas de rigor que tenía que pasar, sí o sí, con «la vieja».³⁷² Dos meses después, María Amalia le expresó claramente a su interlocutor napolitano el juicio totalmente negativo al que había llegado con respecto a su suegra. Cuando vivía en Italia se había formado una alta opinión de ella pero, ahora, a la vista de los hechos, no había tenido más remedio que rectificar. Isabel de Farnesio había dado muestras de desconocer totalmente el valor de las cosas; su ineptitud llegaba al extremo de no darse cuenta del valor del dinero. «En ella todo es apariencia y, en ella todo es apariencia, y en cuanto a los asuntos políticos comprendí [...] que ella esta penetrada de unas pocas máximas, y según mi pequeña inteligencia [...] a todo dice amén. No es difícil deducir cómo iban sus asuntos y cómo estaban las cosas en esta pobre monarquía. Ahora estamos pagando las consecuencias».³⁷³

Entrada oficial en Madrid

A su llegada a Madrid, numerosos representantes de la nobleza acudieron al Palacio Real para presentarles sus respetos a los soberanos. El agasajo, no obstante, fue aplazado al día siguiente debido al cansancio de la familia real tras el largo viaje. La entrada oficial del rey en la capital no se festejó hasta el 13 de julio de 1760, día en que los soberanos se dirigieron a la iglesia de Santa María de Atocha, entre las aclamaciones de júbilo de una multitud exultante. Al día siguiente, en la Plaza Mayor, se celebró una corrida de toros en presencia de la familia real. Carlos III aprovechó la ocasión para conceder numerosas gracias, como ascender a oficiales a determinados miembros del ejército y de la armada, y cancelar la deuda de más de cuatro millones de reales, contraída entre 1748 y 1754 por los agricultores de Murcia, Andalucía y Castilla la Nueva. El juramento del rey y la proclamación de su hijo, Carlos Antonio, como heredero al trono, se celebró en la Iglesia de San Jerónimo, el 15 de julio. A Carlos le había tenido preocupado la posibilidad de que el pueblo español no aceptase que su hijo, nacido y educado en el extranjero, fuera el heredero, pero sus inquietudes se disiparon ya en Barcelona. Los catalanes —cuya aprobación, dada su desconfianza hacia la dinastía de los Borbones, era más dudosa— habían aclamado tanto al nuevo soberano como al príncipe de Asturias, título detentado tradicionalmente por el heredero al trono. Carlos y María Amalia suspiraron de alivio al comprobar que el pueblo catalán legitimaba la línea sucesoria e informaron en el acto a Tanucci.³⁷⁴

El arzobispo de Toledo, conde de Teba, máxima autoridad religiosa en España, celebró la misa solemne. La fórmula del juramento fue leída por Colón de Larreategui, decano del Consejo de Castilla. Carlos III y su hijo juraron sobre las manos del duque de Alba, mayordomo mayor de Fernando VI. Fernán Núñez expresa una opinión muy negativa sobre la figura de este alto dignatario. El cronista subraya, entre otras cosas, la ingratitud del duque de Alba con respecto al difunto soberano, de quien había recibido, sin embargo, numerosos honores y prebendas. El duque intentó, inútilmente, ganarse la estima de Carlos III y de los dignatarios que le habían acompañado desde Nápoles. Cuando comprendió que le iba a resultar imposible entrar a formar parte del círculo de favoritos del nuevo monarca —al que, sin duda, no le era desconocida la deplorable conducta que había tenido anteriormente— prefirió presentar su dimisión y alejarse de la corte.³⁷⁵

Una vez tomada solemne posesión de su nuevo reino, Carlos III, ayudado por sus colaboradores, continuó, con renovada energía, la labor de gobierno que ya había iniciado desde su llegada a España.

II LOS PRIMEROS AÑOS DEL REINADO

LOS primeros contactos del nuevo soberano con la realidad española no fueron en absoluto sencillos. La inercia con la que, básicamente, se había gobernado durante el último año del reinado de Fernando VI había provocado la acumulación de una serie de problemas que, posteriormente, durante el periodo de regencia de Isabel de Farnesio no hicieron sino agravarse, como ya había advertido y denunciado, con tono sarcástico, la reina María Amalia. Se palpaba la urgente necesidad de llevar a cabo una competente acción política, encaminada a recuperar lo antes posible el terreno perdido. Carlos III, que se había mantenido puntualmente informado sobre la situación del país, conocía de sobra la complejidad del reto al que se enfrentaba, y, desde el momento mismo de su llegada a España, decidió intervenir en las distintas ramas de la administración del Estado para introducir los cambios imprescindibles, destinados a frenar la caída en picado de la nación.

Ministros e instituciones en los albores del reinado

La labor del monarca requería de la ayuda de un equipo de colaboradores que pudieran enfrentarse con la debida competencia a las complicadas cuestiones de su sector, es decir, de ministros eficientes y, al mismo tiempo, fiables, a los que asignar las tareas de gobierno. El soberano optó, sin vacilar, por mantener una línea de continuidad. La elección respondía, por una parte, a la necesidad de confirmar en su puesto a los ministros que ya conocían la maquinaria estatal; por la otra, obedecía al propio carácter del rey, propenso a mantener en su cargo a los funcionarios que se habían hecho merecedores de su confianza. La continuidad del conjunto del gobierno, sin embargo, colisionaba con la palpable necesidad de llevar a cabo urgentes reformas que no requirieran, además, del estímulo, la coordinación y la vigilancia continuos del monarca. Nada más tomar las riendas del Estado, el rey confirmó en sus cargos a casi todos los ministros del gobierno anterior —eso sí, adecuadamente motivados y sometidos a un estrecho control— e incorporó a un hombre de su confianza, el marqués de Esquilache, al que, como ya hemos visto, nombró ministro de Hacienda y, más tarde, de Guerra.

Según el esquema típico de las monarquías absolutas, imperante en Europa, en la cúspide del Estado español se encontraba el rey, que, teóricamente, ejercía un poder sin límites. Desde los tiempos de los Habsburgo, el soberano era asistido en el desempeño de sus funciones por distintos consejos, órganos colegiales que desarrollaban la doble tarea de consulta y ejecución de las disposiciones reales. De los asuntos exteriores se encargaba el Consejo de Estado; los internos estaban bajo la jurisdicción del Consejo de Castilla que, a veces, también hacía las funciones de tribunal supremo de justicia. El Consejo de Hacienda tenía competencia sobre el fisco. El Consejo de la Inquisición se ocupaba de lo concerniente a la fe y la moral y, por su carácter especial, era el más independiente de todos. También estaban el Consejo de Indias, con jurisdicción sobre las colonias de América y del Pacífico, y el de las Órdenes militares, que gestionaba los extensos territorios de estas y otorgaba cargos y títulos. Los Borbones conservaron esta estructura, pero fueron reduciendo gradualmente las competencias de los consejos. Además, suprimieron los Consejos de Italia y de Flandes que, al igual que el ya eliminado Consejo de Portugal, no tenían razón de ser tras la pérdida de dichos territorios.

El resto de los consejos perdieron con el tiempo gran parte de sus atribuciones en favor de las Secretarías de Estado, entes similares, en muchos aspectos, a los actuales ministerios, dirigidas por hombres de confianza de los soberanos «cuyo papel e influencia fueron aumentados por los Borbones, algo que estaba en consonancia con el reforzamiento de su absolutismo personal».³⁷⁶ De hecho, los consejos, aun estando, en última instancia, sometidos a la voluntad del rey, puesto que eran «cuerpos colegiales que no podían renovarse en bloque, tenían mayor independencia respecto a los secretarios o ministros, [que por el contrario] recibían órdenes directamente del rey, que podía sustituirles en cualquier momento». Desde hacía tiempo, no desarrollaban ya ninguna función política efectiva las Cortes, reorganizadas por Felipe V mediante la fusión de las antiguas Cortes de Castilla con las de Aragón, Cataluña y Valencia, estas últimas privadas, a su vez, de los representantes del clero y de la nobleza. La convocatoria de esta asamblea —integrada por setenta y dos procuradores de las treinta y seis ciudades (dos por cada una de ellas) a las que se les reconoció el derecho de representación— tuvo como objetivo prestar juramento de lealtad al nuevo rey Carlos III y al príncipe heredero. Se privó así a las Cortes de «cualquier antojo de oposición o resistencia» y, por lo tanto, de los privilegios del pasado, «su significación era meramente ceremonial y de pura apariencia». En la sesión inaugural del 17 de julio, las Cortes le pidieron al rey que le solicitara al papa que la Inmaculada Concepción fuera declarada patrona de los reinos hispánicos, sin demérito de la protección de Santiago Apóstol. Se atribuía a la intercesión de la Inmaculada «la felicidad de estos reinos en la conservación de la pureza de la fe y religión católica, apostólica y romana». En una sesión posterior, los diputados aragoneses, tras haber señalado los daños sufridos por la institución de los Decretos de Nueva Planta solicitaron y obtuvieron una distribución más equitativa de los altos cargos. En cambio, no fue aceptada su demanda de modificación del régimen municipal impuesto por Felipe V, que asignaba el nombramiento de los cargos públicos municipales a las Reales Audiencias.³⁷⁷

Las Secretarías eran cuatro: Estado; Gracia y Justicia; Hacienda; Marina e Indias. Carlos III confirmó en sus cargos a tres de los secretarios anteriores. Ricardo Wall mantuvo la secretaría de Estado; Alfonso Muñiz, la secretaría de Gracia y Justicia; la de Marina e Indias siguió gestionada por Julián de Arriaga. La novedad la constituyó Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, que fue nombrado secretario de Hacienda, cargo al que, más tarde, se uniría también el de secretario de Guerra.

De origen irlandés, Wall era un político de largo recorrido que procedía de las filas del ejército y de la diplomacia. Al servicio de España, Wall tomó parte en la batalla naval contra la armada inglesa en aguas de Sicilia. Después pasó a Italia, formando parte del ejército capitaneado por Montemar y, gracias a sus méritos militares, alcanzó el grado de coronel de dragones. Enviado a las Antillas, preparó un plan para arrebatarle Jamaica a los ingleses; posteriormente, prestó servicio como agente secreto español, primero en Aquisgrán y luego en Londres, donde entró a formar parte del organigrama de la diplomacia. Nombrado embajador en Gran Bretaña, el irlandés coronó su carrera con el nombramiento como secretario de Estado. Como primer ministro, cargo en el que sucedió a Carvajal, Wall orientó, como ya se ha visto, la política exterior española hacia el acercamiento con Inglaterra, en contraposición al marqués de la Ensenada, que, por el contrario, se inclinaba por Francia. Ricardo Wall —subraya Vaca de Osma— puede considerarse un personaje «digno de ser protagonista de una novela o de una película», sin detrimento de sus dotes políticas y su valor militar, cualidades que le permitieron «llegar a ser un verdadero primer ministro, y mariscal de campo y teniente general, sin el menor abuso en cuanto a caudales, honores y valimientos, lejos de algunos de los personajes que antes y después de él ejercieron altos cargos públicos».³⁷⁸

El secretario de Gracia y Justicia, Alfonso Muñiz, marqués de Campo del Villar, procedía de las filas de los colegios mayores, un mérito muy importante en la época, y sobre el que nos detendremos más adelante. Muñiz, que tenía reputación de ser una persona muy recta, no era realmente un personaje de relieve dentro de la judicatura y había conseguido su alto cargo gracias al apoyo de los ambientes eclesiásticos cercanos a la corte. Julián de Arriaga procedía de la Orden de Malta y fue el sustituto del marqués de la Ensenada en el ministerio de la Marina y de las Indias. De índole reservada y bastante introvertido, Arriaga había sido teniente general de la armada y tenía fama de ser un ministro muy íntegro y prudente, cualidades muy apreciadas por Carlos III. Como Muñiz, también Arriaga alardeaba de poderosas amistades en el ámbito eclesiástico, en particular entre los jesuitas.³⁷⁹ De Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, ya se ha perfilado su carrera política que le llevó, en Nápoles, a ocupar el cargo de secretario de Hacienda, cargo que le fue confirmado por el rey en el gobierno de Madrid. Esquilache sustituyó a Juan de Gaona y Portocarrero, conde de Valparaíso, el único ministro del anterior gabinete que fue cesado. El ministro italiano no tardó en destacar por su diligencia y capacidad de trabajo —que contrastaba con el comportamiento, más bien flemático, que sus colegas, sobre todo Arriaga, habían tenido hasta entonces—, cualidades muy apreciadas por el rey y que debían servir de estímulo para los otros secretarios. Desde su llegada a Madrid, sin embargo, a Esquilache no se le ahorraron críticas en los ambientes locales; dichas críticas estaban alimentadas, sobre todo, por el rechazo al gran número de italianos que Carlos III y María Amalia se habían traído de Nápoles. Esquilache, cuyo aspecto físico era todo, menos atractivo, era objeto de maliciosas burlas por la «insinuante» belleza de su mujer, Pastora Paterno; asimismo, se criticaba la lujosa vida que llevaba la pareja y el pingüe patrimonio que había acumulado.³⁸⁰

Un rasgo común a los cuatro ministros de Carlos III era su avanzada edad y, por tanto, la larga experiencia adquirida en la administración pública. El rey, hombre extremadamente rutinario, como veremos más adelante, no manifestó interés alguno por introducir cambios dentro del personal a su servicio, cuya lealtad ya estaba demostrada, y, salvo en casos concretos, procuró mantener a la gente de su confianza el mayor tiempo posible en sus puestos de trabajo. A quienes solicitaban que se les eximiera de sus funciones, por motivos de salud o a causa de su avanzada edad, Carlos solía responderles que si él no abandonaba a nadie, nadie debía abandonarlo a él. El monarca, según Fernán Núñez, actuaba así para evitar que la inactividad provocase en sus servidores ya ancianos ese trauma depresivo que, con frecuencia, conduce a la tumba.³⁸¹ En los casos, más bien raros, en los que alguien era apartado de sus funciones sin mediar la petición expresa del interesado, el rey se preocupaba por asignarle al funcionario destituido un cargo igualmente digno, como se ha podido observar, por ejemplo, con el ya citado caso del duque de Béjar.

Además de Esquilache, también adquirieron un peso relevante en las altas esferas del Estado español otros italianos que los reyes siguieron manteniendo a su servicio en el nuevo reino. La secretaría de Estado, que Wall gestionó algunos años más, recayó luego en manos del genovés Gerolamo o Jerónimo Grimaldi, que había llegado a Madrid, comisionado por la república ligur, en tiempos de Felipe V. Tras destacar por sus habilidades diplomáticas, Grimaldi pasó al servicio de España, y fue enviado como embajador a La Haya y, más tarde, a París, en sustitución del anciano Jaime Masones, firme defensor de la línea política de neutralidad seguida hasta entonces por el gobierno español. El embajador de origen italiano, que asumió una postura francófila, destacó por su incansable actividad, que le permitió despachar en tiempo récord asuntos que su predecesor llevaba arrastrando desde hacía años. A su capacidad de trabajo, Grimaldi unía una notable habilidad en el campo de la diplomacia, lo que despertó la admiración de Carlos III —como se deduce, entre otros detalles, de la lectura de la carta que el monarca le envió a Tanucci en febrero de 1761—³⁸²que le ascendió hasta el puesto más alto del gobierno.

Junto a los ministros, otros personajes del entorno de los soberanos tuvieron también una notable influencia en la política española. Además del duque de Losada, de quien ya se ha subrayado el grado de estrecha familiaridad que mantenía con Carlos, desempeñó un papel relevante en la corte el confesor del rey, fray Joaquín Eleta, de la orden de los franciscanos, así como su predecesor, Bolaños, que había sido su mentor. Eleta tenía un carácter rudo, solía estar de mal humor, se irritaba con facilidad y, según algunos —entre ellos Tanucci, que lo conoció en Nápoles—, era, además, impertinente e ignorante. El ministro napolitano le afeaba no solo su ignorancia en materia religiosa, sino también su conducta extremadamente contradictoria. Eleta, escribió Tanucci, desconocía «por completo la historia, la exégesis eclesiástica y la doctrina de los Padres de la Iglesia: esas son las cualidades negativas del confesor de tan gran monarca. Por eso, ya afirma, ya niega; ya aprueba, ya rechaza; ya aplaude, ya censura». A causa de sus evidentes defectos, Eleta fue a menudo objeto de habladurías y de sátiras en los ambientes madrileños. La presencia en la corte de este personaje suscita interrogantes, incluso entre los biógrafos más favorables a Carlos III, que ponen en tela de juicio que fuera la elección más adecuada.³⁸³ El propio Tanucci, estrecho colaborador y fiel admirador del monarca, la criticó.

Actividades cotidianas del rey

Cuando ocupó el trono de España, con casi 44 años, Carlos III era un hombre en la plenitud de su madurez, cuyas elevadas dotes morales coinciden en destacar casi todos sus biógrafos, siguiendo a Fernán Núñez. Manuel Danvila, por ejemplo, subraya que el rey era un hombre «maduro, de intachables virtudes, amoroso padre, fiel esposo y monarca que cuidó y se preocupó tanto de la felicidad del pueblo que gobernó por más de un cuarto de siglo, que fue aclamado y deseado por los españoles como nuncio de ventura y probada felicidad».³⁸⁴ A Fernán Núñez, su fiel colaborador, se debe la descripción física de Carlos III: de una altura de poco más de cinco pies y dos pulgadas (alrededor de 1,60 metros), proporcionado, de complexión fuerte y delgada, nariz larga y aquilina. Su fisonomía producía un efecto contradictorio. A primera vista, el exagerado tamaño de su nariz hacía que su rostro pareciera muy feo; sin embargo, superada esta primera impresión, en ese mismo semblante se vislumbraban «una bondad, un atractivo y una gracia que inspiraban amor y confianza». En su niñez, el soberano:

[...] había sido en su niñez muy rubio, hermoso, blanco; pero el ejercicio de la caza —observa Fernán Núñez— le había desfigurado completamente, de modo que cuando estaba en camisa, como le vi muchas veces cuando le servía como gentilhombre de cámara, parecía que sobre un cuerpo de marfil se había colocado una cabeza y unas manos de pórfido.³⁸⁵

En los largos periodos que pasaba en el campo, Carlos III vestía, generalmente, trajes muy sencillos y modestos. El rey prefería vivir fuera de la capital, alejado de las ceremonias y los compromisos oficiales. La libertad de la que disfrutaba fuera de Madrid se adecuaba más a su carácter, «pues podía salir fácilmente y sin séquito de caza a los jardines». Cuando estaba en el campo, Carlos vestía casi siempre ropa de caza; en invierno, una «casaca de paño liso de color de corteza de árbol claro, chupa de ante con un galón de oro estrecho al borde, y calzón de ante negro». Los tejidos procedían de la fábrica textil que él mismo ordenó instalar en Aravaca, localidad cercana a Madrid. En verano, solo variaban los tejidos con los que estaba confeccionada la ropa. La casaca era de «camelote [color] ceniciento, la chupa de seda azul con galón de plata y el calzón el mismo». Cuando tenía que vestirse de gala, «se ponía, de muy mala gana, sobre la chupa de campo un vestido rico de tela, guarnecido a veces con una muy rica botonadura de diamantes, y, abotonándose la casaca hasta debajo, cubría la chupa» de la que, a veces, asomaban los faldones.

Nada más terminar las ceremonias oficiales, religiosas o civiles, el rey

[...] apenas había entrado en su cámara [...] se quitaba la casaca, echando un gran suspiro y diciendo: “¡Gracias a Dios!”, como quien se había liberado de un gran peso; y si era verano se quitaba el corbatín y la peluca para retirarse a dormir la siesta. Cuando tenía zapatos, vestido o sombrero nuevo, era para su majestad un martirio, y antes de que se determinase a tomar el nuevo sombrero estaba este, a veces, ocho días sobre la mesa, al lado del viejo, de[l] que poco a poco se iba desprendiendo y que, dejado un día, no se le volvía a poner allí porque no volviera a él.

A pesar de su apego a la ropa usada, Carlos III le concedía una gran importancia a la limpieza. No podía soportar que en su ropa hubiese alguna mancha; si, al quitarle la camisa, en un descuido, le rompían los encajes, solía decirle al sirviente, «aparentemente sin cólera: “Poca habilidad, poca habilidad, amigo”».³⁸⁶

El rey se comportaba de manera cordial y afable con sus criados. Se interesaba por las cuestiones familiares de cada uno de ellos y, sobre todo por las de los más necesitados. Exigía de los demás la misma franqueza y sencillez de trato con las que él se conducía con ellos y no soportaba «la falsedad, la ficción o la mentira». Nada le disgustaba más que la mentira y el engaño, y estaba dispuesto a perdonar hasta las faltas más graves con la condición de que se le dijera la verdad. Por su parte, trataba de ser siempre fiel a la palabra dada, que se comprometía a respetar a toda costa, tanto en su vida privada como en los asuntos del Estado. Ese era el motivo, según Fernán Núñez, de que las naciones extranjeras no dudasen jamás de «la fe de sus inalterables tratados. Así es que toda la Europa dio siempre una fe ciega a lo que dijo, y que su palabra era creída y respetada por todos los monarcas, que jamás dudaron en ella».³⁸⁷

Otro aspecto de la personalidad de Carlos III que destacan todos sus biógrafos es que era extremadamente puntual y de costumbres metódicas. A las seis de la mañana entraba a despertarlo su ayuda de cámara favorito, Almerico Pini, que dormía en una habitación cercana a la suya. El rey se vestía, rezaba durante un cuarto de hora, y luego se quedaba en sus aposentos hasta las siete menos diez, hora en la que entraba el sumiller de corps, el duque de Losada. A las siete en punto, el rey se dirigía a la habitación en la que ya le estaban esperando los gentilhombres de cámara de guardia y los ayudas de cámara. Se aseaba, y se tomaba un chocolate preparado por Silvestro, un anciano pastelero que se había traído de Nápoles y con el que solía conversar cordialmente. Silvestro le rellenaba, sistemáticamente, la taza en cuanto la dejaba vacía. También era frecuente la presencia de los médicos, los cirujanos y el boticario. A continuación, oía misa. Luego iba a ver a sus hijos y, a las ocho, volvía a sus aposentos, en donde se quedaba trabajando hasta las once, salvo los días en los que tenía que despachar con sus subalternos. Al acabar, sus hijos acudían a verlo; el rey pasaba un rato con ellos y luego recibía al confesor, al presidente del Consejo de Castilla y, a veces, a algún ministro. Luego se dirigía a una sala en la que ya le estaban esperando los embajadores de Francia y Nápoles. Tras hablar un poco con ellos, le hacía una señal al gentilhombre de cámara para que este mandara llamar a los ujieres, cuyo cometido era hacer entrar a los cardenales y a los demás embajadores, con los que el rey conversaba brevemente. Llegaba la hora de la comida, que se hacía en una de las salas públicas de palacio, y durante la cual el rey, normalmente, hablaba con cualquier persona de las allí presentes. Tras la comida, se procedía a la presentación de los huéspedes extranjeros y al besamanos de los invitados nacionales que acababan de llegar o que ya se despedían. A continuación, el rey volvía a reunirse con los cardenales y los embajadores con los que había departido por la mañana y a los que, mientras tanto, se les habían unido otros miembros del cuerpo diplomático, grandes de España y altos oficiales del ejército. El monarca pasaba con ellos alrededor de media hora.

En invierno, después de comer, y en verano después de la siesta, Carlos III se iba a cazar hasta la puesta del sol. Al principio lo hacía en compañía de su hermano Luis; luego empezó a ir con sus hijos Carlos y Gabriel. Al volver, contaban las piezas abatidas y comentaban la jornada con el resto de la familia real. Acto seguido, les daba la bendición a sus hijos y preparaba la agenda para el día siguiente. Cuando tuvo nietos solía ir a verlos antes de la cena, prevista para las nueve y media. Si aún le quedaba tiempo, lo solía emplear en jugar a las cartas con sus subalternos, sobre todo con el duque de Losada.

El menú de la cena era siempre el mismo: una sopa, un asado, por lo general de ternera, un huevo fresco, ensalada con agua, azúcar y vinagre, y una copa de vino dulce de Canarias; Carlos empapaba dos trocitos de miga de pan tostado en el vino y luego se bebía el resto. En la mesa había también una bandeja con rosquillas cubiertas de azúcar y una fuente con fricasé, rodeado de pan. Hacia la mitad de la cena que, a diferencia de la comida, se realizaba en las habitaciones privadas de palacio, irrumpían los perros de caza —a los que el rey daba trocitos de pan—, con tal ímpetu que, una vez, estuvieron a punto de tirar al suelo a un desventurado mayordomo. Todas las noches, después de beberse el huevo, Carlos repetía siempre un mismo juego: cogía la cucharilla, la apuntaba hacia la cáscara, colocada de nuevo en una huevera con forma de copa, y la lanzaba. El rey siempre conseguía que la cucharilla entrase directamente dentro de la cascara; se formaba así una especie de pirámide, compuesta de cuatro partes: plato, huevera, huevo y cucharilla. Para el gentilhombre de cámara, que servía la cena —comenta Fernán Núñez, que desempeñó ese papel más de una vez—, era toda una hazaña retirar la «pirámide» sin que se desmoronase.

Al cuarto de hora o veinte minutos, Carlos III se retiraba a sus habitaciones privadas, acompañado por Pini y Losada; citaba para las siete del día siguiente al gentilhombre de cámara y, por último, se retiraba a dormir. El rey hacía pocas excepciones a esta rutina; estas dependían de la estación del año o del lugar en el que se encontraba. Alguna vez, por la mañana, cuando estaba en La Granja de San Ildefonso, salía al jardín para cazar oropéndolas; en El Pardo solía ir al monte a cazar buitres; en Aranjuez se dedicaba a la pesca.³⁸⁸ La caza siguió desempeñando, pues, un papel fundamental en la vida del rey también durante su etapa española.

A pesar de que la pasión cinegética ocupara gran parte de su tiempo, Carlos III nunca dejó de dedicarle el tiempo necesario a los asuntos de Estado, las audiencias y las reuniones con los ministros. Ello le permitía estar perfectamente al corriente de cuanto sucedía y le capacitaba para tomar personalmente las decisiones más importantes con independencia de criterio, sin delegar esta delicada tarea en sus colaboradores, como hiciera Fernando VI en su último año de vida.

Actos de clemencia. Limpieza y mejora urbanística de Madrid

A su llegada a Madrid, la familia real se alojó en el Palacio del Buen Retiro, a la espera de que concluyesen las obras del nuevo Palacio Real, que debía sustituir al Alcázar, devorado en 1734 por un incendio. Carlos se trasladó al nuevo Palacio Real en diciembre de 1764, aunque todavía no estaba acabado. En la capital permanecía solo tres meses. Al igual que hiciera en Nápoles, Carlos III distribuía el año entre los diferentes sitios reales. Residía en Madrid desde la Navidad, incluida, hasta el Domingo de Ramos. Luego se mudaba a Aranjuez, donde permanecía hasta el inicio del verano. El resto del año lo dividía entre El Escorial y La Granja de San Ildefonso.³⁸⁹ En Navidad solía poner el nacimiento junto a su mujer, siguiendo la costumbre napolitana que, por influencia suya, se extendió a toda España.

El monarca empezó su nuevo reinado bajo los mejores auspicios, entre ceremonias públicas y fiestas populares. Una de las primeras disposiciones adoptadas por Carlos III, con la clara intención de ganarse las simpatías de sus nuevos súbditos, que le habían recibido con manifestaciones de entusiasmo, fue la concesión de desgravaciones fiscales; también se comprometió a efectuar el pago, en plazos distribuidos a lo largo de varios años, de las deudas contraídas por la Corona desde los tiempos de Carlos V.³⁹⁰ El rey podía permitirse estos gastos gracias al excedente acumulado por el erario real durante el reinado de Fernando VI, sobre todo en el último año, en el que, básicamente, se habían despachado los asuntos pendientes, sin hacer mayores desembolsos.

El monarca también concedió varios indultos. Entre los indultados figuraron el exministro Ensenada y el intelectual Melchor Rafael de Macanaz. Asimismo, extendió su protección al fraile benedictino Benito Jerónimo Feijoo, «objeto de injustas persecuciones de los anteriores gobiernos», según Danvila y Collado. El marqués de la Ensenada, gracias al perdón real, pudo dejar el destierro y regresar a la corte. En contra de cuanto se esperaba, no recuperó el protagonismo de que disfrutó en tiempos de Fernando VI. Melchor Rafael de Macanaz había sido uno de los opositores a la facción que agrupaba a los partidarios de Isabel de Farnesio; procesado en ausencia por la Inquisición española, pasó gran parte de su vida en el exilio; a su regreso a España fue encarcelado, a la edad de ochenta años, en el Castillo de San Antón, en A Coruña. El indulto real le llegó cuando era ya nonagenario; regresó a su ciudad natal, Hellín, donde murió poco después.³⁹¹ El ensayista Benito Jerónimo Feijoo fue, junto al historiador y lingüista Gregorio Mayans i Siscar, uno de los principales representantes de la primera ilustración española. Autor de dos obras fundamentales del xvIII español, el Teatro crítico universal y las Cartas eruditas y curiosas, sufrió las hostilidades de los jesuitas, que mandaron quemar algunas de sus obras favorables a la beatificación del obispo Palafox.³⁹²

Una de las primeras preocupaciones de Carlos III fue mejorar las pésimas condiciones higiénicas y la degradación urbanística en las que se encontró sumida a la capital de España, y se aplicó a ello con tal empeño y diligencia «que —subraya Fernán Núñez— de la corte más puerca del mundo hizo la más limpia que se conoce». En Madrid existía entonces la mala costumbre de arrojar por las ventanas todo tipo de desperdicios, incluidos los orgánicos. Las calles estaban impregnadas por ello de un olor nauseabundo. Los perros y los cerdos deambulaban a su antojo, rebuscando comida entre la basura que llenaba la ciudad. Madrid carecía, además, de alumbrado, y las calles no estaban pavimentadas; en invierno, se enfangaban a causa de las lluvias, y en las estaciones secas estaban cubiertas de polvo. Todo ello repercutía gravemente en la seguridad de los ciudadanos, sobre todo durante la noche, y en las condiciones higiénicas.

El monarca prohibió que se arrojara basura a la vía pública y la libre circulación de perros y cerdos por las calles. Al arquitecto italiano Francesco Sabatini, discípulo de Vanvitelli, le encargó que dirigiera las obras de mejora urbanística de Madrid. Las calles se adoquinaron y se construyeron canales para el desagüe de las aguas pluviales; las casas se dotaron de pozos negros y se pusieron aceras, a cargo de los propietarios. Además se instalaron miles de faroles de cristal en las principales calles de la capital, lo que aumentó la seguridad de los ciudadanos durante las horas de la noche.³⁹³

Incomodidades y muerte prematura de María Amalia

Carlos III se adaptó con rapidez a la realidad que se encontró en España, pero María Amalia, en cambio, aprovechaba la más mínima ocasión para manifestar cuánto añoraba la vida que había llevado en Nápoles. La reina nunca llegó a sentirse a gusto en su nuevo reino. En las cartas que le escribía regularmente a Tanucci, se detiene con frecuencia para comentarle las muchas incomodidades que sufría en Madrid. No soportaba ni el clima de la ciudad ni el ambiente de la corte. Cuando iba a visitar a su suegra, María Amalia se veía obligada a permanecer encerrada durante un buen rato en una sala enteramente cubierta de tapices, en la que se notaba que no habían ventilado desde hacía al menos quince días; al estar todo cerrado, y con las estufas encendidas, corría el peligro de resfriarse.³⁹⁴ Las paredes del alojamiento que le fue asignado en el Palacio del Buen Retiro consistían en un armazón de madera, parecido al de los barracones que se levantan provisionalmente tras un terremoto. Las paredes, además, tenían muy poco grosor, por lo que apenas protegían de los abrasadores rayos del sol. La reina estaba deseando salir cuanto antes de aquella especie de estufa que —como le escribió a Tanucci en julio de 1760— podría haberle causado la muerte.³⁹⁵ La nostalgia del reino de Nápoles, al que definía como «la niña de mis ojos, que tengo en mi corazón», era cada vez más intensa. En Aranjuez, donde la familia real acostumbraba a pasar una parte del año, cuando no llovía sin cesar, soplaba el viento, y el frío era insoportable. En los días de sol, en cambio, no se podía aguantar el calor. La comparación con la capital partenopea era inevitable: «Oh, qué clima [más atroz], sobre todo para alguien que viene de Nápoles. [....] Una persona que haya alcanzado ya una cierta edad, después de haber vivido en Nápoles, nunca podrá adaptarse [a la vida] en estos países. La fruta de Aranjuez no vale nada; la de Nápoles, en cambio, era excelente».³⁹⁶

Igual de negativa era la opinión de la reina sobre la corte de Madrid, que le parecía que se merecía con toda justicia el apelativo de «Babilonia occidental». Con el paso del tiempo, se reforzó en María Amalia la impresión de que en la capital española «no ha habitado jamás señor, ni gobierno». Entre tanto desorden, la administración de la justicia, que parecía estar en buen estado, era la excepción.³⁹⁷ En todo entreveía una cierta «barbarie», acompañada de una gran soberbia y del desprecio hacia todo lo que era típico del lujo parisino. «¡Qué país tan singular! —exclamaba la reina—, no se puede usted hacer una idea de lo que es esto».

En estas despectivas críticas también estaban incluidas las mujeres españolas. En Italia se tenía, erróneamente, un buen concepto de ellas, pero, a ojos de la reina, en realidad eran unas intrigantes, «las criaturas más malvadas del mundo». No se podía mantener ningún tipo de conversación con ellas, dado que eran de «una ignorancia increíble», por lo que, concluía irónicamente María Amalia, no era difícil imaginar «el placer que se siente al tratarlas».³⁹⁸ Cuando Tanucci le expresó que el juicio le parecía demasiado severo, la reina insistió: la sola compañía de esas mujeres habría bastado para hacerla caer en una depresión. Afortunadamente, al igual que en Nápoles, estaba tan ocupada que no tenía ni un momento libre. Una de las pocas novedades que María Amalia apreció de España fueron las corridas de toros que se celebraron en Madrid con motivo de la solemne entrada de los reyes en la capital y del juramento del infante don Carlos como príncipe de Asturias. La reina, al principio, sintió un gran temor, pero luego, «al observar la sangre fría y la habilidad de aquella gente», su miedo desapareció y siguió con entusiasmo el espectáculo.³⁹⁹

Las críticas de la reina hacia la monarquía y la nación españolas eran, según Danvila —el primero que recurrió al epistolario con Tanucci—, muy desagradecidas.⁴⁰⁰ No se puede negar, sin embargo, que, en muchos aspectos, eran críticas constructivas. Era cierto que España había caído en un estado de pobreza extrema y que iba a necesitar de muchos años de paz para rehacerse. La reina estaba convencida de que Carlos había sido destinado por Dios para reorganizar su nuevo reino, empresa a la que había empezado a dedicarle todos sus esfuerzos, ya desde su estancia en Zaragoza, y ella confiaba en que lo lograría. El rey quería contar con el respaldo de la opinión pública, y a su mujer le satisfacía profundamente que su esposo tuviese en cuenta a la nación, con la que, por otra parte, no era nada difícil entrar en sintonía, como demostraba el entusiasmo demostrado por los jóvenes ante ese «Soberano que era una bendición».⁴⁰¹ No obstante, era imprescindible un largo periodo de paz para que se creasen las condiciones necesarias para que España se rehiciese. El país aún no había sido conquistado del todo por los Borbones, según la reina, que también opinaba que la conquista total le estaba reservada a Carlos III, a quien ella «inspiró [... constantemente] sentimientos contrarios a la guerra».⁴⁰²

En cuanto a la Guerra de los Siete Años —que entonces aún estaban librando las principales potencias europeas—, la opinión inicial de María Amalia era que Francia solo se avendría a firmar la paz en caso de derrota y que, aún así, las negociaciones para estipularla no serían fáciles. Más tarde, en abril de 1760, a la luz del nuevo rumbo que estaban cobrando los acontecimientos, claramente favorables a la victoria de Inglaterra, la reina constató que la posición de Francia había cambiado. Los franceses buscaban ahora la «paz y para conseguirla serán capaces de sacrificarlo todo. En cuanto a nosotros, nos conviene conservar la neutralidad [...]. Estando España bien armada, se hará respetar y todos desearán tenerla como amiga. La guerra solo puede traerle la ruina, como nos está demostrando la experiencia».⁴⁰³ La opinión de María Amalia coincidía con la del rey y con la de Tanucci, aunque este último estaba convencido de que Carlos III, antes de asumir la tarea de pacificar Europa, debía reformar el ejército y la armada.⁴⁰⁴ La reina desconfiaba de Francia, que no iba a dudar en implicar a España en una guerra que solo podría perjudicarla con tal de alcanzar sus objetivos. Hacia Inglaterra, se mostraba más suave. Los éxitos militares habían aumentado el orgullo de los ingleses, pero estos jamás se habían dirigido a Carlos III en tono amenazante y, aunque hasta ahora habían rehuido que el monarca actuara como mediador, no cabía duda de que «aprovecharán la más mínima ocasión para utilizar los buenos oficios que el rey les ha prometido para intervenir en este asunto».⁴⁰⁵

A finales del reinado de Fernando VI, el resultado de la Guerra de los Siete Años parecía estar ya prácticamente decidido. La situación de Francia, tras las victorias inglesas en Canadá y la pérdida de Quebec, era desesperada. El ministro Choiseul era consciente de que el curso de la guerra podía cambiar si se aliaba con España. En octubre de 1759 le pidió ayuda, apremiantemente, al embajador español en París, asegurándole que «de dos maneras podía salvarnos el rey de España. El primero y el más eficaz, prestándonos veinte millones. El segundo, procurándonos la paz. Nuestras desgracias nos obligan a desearla, aunque sea en condiciones desfavorables».⁴⁰⁶

Con el paso del tiempo, las dificultades para alcanzar la paz no hacían sino aumentar. María Amalia preveía que cuando esta se firmase sería «una tarta [...] que, cuando se reparta en trozos, no va a dejar satisfecho a nadie» con la porción que le haya tocado.⁴⁰⁷ La negativa española a aceptar las demandas francesas empujó al ministro Choiseul a entablar negociaciones directas con Inglaterra para obtener unas condiciones de paz dignas. El encuentro se celebró en La Haya. Carlos III, inquieto ante la posibilidad de que el acuerdo perjudicase a España, envió a Holanda a Jerónimo Grimaldi para que siguiera la marcha de las negociaciones. En cualquier caso, Francia no aceptó que Prusia, contraria a un acuerdo bilateral francobritánico, participase en las negociaciones, tal y como había solicitado Inglaterra, y el encuentro no alcanzó resultados positivos. El rey de España intentó sacar algún provecho de la situación. A través del embajador Fuentes, pidió que se solucionasen algunos problemas que estaban pendientes: la prohibición a los pescadores vascos de faenar en aguas de Terranova; los abordajes de embarcaciones españolas por parte de los corsarios ingleses; el abandono de los enclaves ingleses en Honduras; y la tala del palo de tinte o palo de Campeche. Las negociaciones no tuvieron éxito debido a la táctica dilatoria adoptada por el primer ministro inglés, William Pitt el Viejo. Este último aprovechó la muerte del soberano británico, Jorge II, para desentenderse de Fuentes y trasladar las negociaciones a Madrid, donde el embajador inglés, Bristol, convenientemente aleccionado por su primer ministro, dio, en septiembre de 1760, una respuesta «ofensiva, altisonante e intransigente» a las peticiones españolas.⁴⁰⁸ En ese mismo septiembre de 1760, a la edad de treinta y seis años, murió la reina María Amalia. Su muerte, probablemente, se debió a las secuelas de una caída de caballo que había sufrido durante la última etapa de su estancia en Italia pero, sin duda, también contribuyeron a minar su salud los numerosos embarazos, en muy corto lapso de tiempo, y el abuso del rapé.

Tercer Pacto de Familia y participación en la Guerra de los Siete Años

La consecuencia inmediata de la muerte de María Amalia no fue solo el desconsuelo de su fiel esposo, que —como veremos más adelante— se negó a contraer nuevas nupcias, a pesar de que solo tenía cuarenta y cuatro años cuando enviudó. En la corte de Madrid, con la muerte de la reina, se apagó la voz más favorable a la paz, justo en el momento en que las negociaciones con Londres se habían zanjado, básicamente, con un fracaso. La intransigente actitud de Inglaterra modificó la línea política de Carlos III que, hasta ese momento, como hemos visto, había sido un convencido defensor de la neutralidad, al igual que su primer ministro, Ricardo Wall. El peso de este último en la toma de decisiones se había debilitado, de todas formas, tras la muerte de Fernando VI. Es probable —opina Domínguez Ortiz— que el monarca pensara que si los ingleses se mostraban ya tan intransigentes, su arrogancia aumentaría si ganaban la guerra. Ya que el estallido del conflicto parecía inevitable, era mejor hacerle frente ahora, cuando aún se podía contar con el apoyo francés.⁴⁰⁹ Carlos III decidió, pues, acordar con Francia el Tercer Pacto de Familia, suscrito el 15 de agosto de 1761 y ratificado el 8 de septiembre del mismo año. El soberano borbónico no calculó, sin embargo, que, aunque el conflicto con Inglaterra fuera inevitable, hubiera sido, probablemente, más conveniente esperar a que acabara la guerra. Eso le habría permitido ganar el tiempo necesario para reforzar militarmente a España y estar preparado para el enfrentamiento con una potencia que, aunque hubiera obtenido la victoria, estaría sin duda debilitada por el largo y agotador conflicto bélico del que acababa de salir.

El Pacto de Familia, que constaba de 28 artículos, era un tratado de alianza, cuyo principal objetivo era el de establecer un vínculo permanente e indisoluble entre los dos soberanos, Carlos III y Luis XV, y sus respectivos descendientes y sucesores; dicho vínculo estaba basado en el parentesco y la amistad que unía a ambas dinastías. En virtud del Pacto de Familia, a partir de ahora las Coronas de España y Francia considerarían como un enemigo común a cualquier potencia que lo fuera de una sola de las dos naciones. Ambas monarquías «se garantizaban recíprocamente todos los estados, tierras, islas y plazas que poseyeran en cualquier parte del mundo»; la misma garantía se les concedía a los otros dos soberanos Borbones, Fernando IV, rey de las Dos Sicilias, y Felipe, duque de Parma. Sentado el principio de que «quien atacase a una corona atacaba a la otra, se estableció, que la corona requerida de suministrar el socorro tendría en uno o muchos de sus puertos tres meses desde la requisición, doce navíos de línea y seis fragatas armadas a la entera disposición de la corona demandante».⁴¹⁰

Carlos III calculó mal la importancia y la eficacia de la ayuda militar que podía proporcionarle a Francia. A pesar de que el nuevo monarca ya había emprendido serias medidas para mejorar el estado de las fuerzas armadas españolas, el país aún carecía de tropas bien adiestradas y de oficiales expertos. En diciembre de 1761, tras un intercambio de duras notas diplomáticas, Inglaterra le declaró la guerra a Francia y puso inmediatamente en marcha su maquinaria bélica. El primer ministro británico, William Pitt el Viejo, decidido partidario de la guerra, contaba con iniciar la ofensiva antes de que se hubieran ultimado los preparativos militares de España, que se estaban apresurando, mientras, en los arsenales de la península y en las plazas americanas. La dimisión de Pitt, a causa de sus diferencias con el nuevo monarca, Jorge III, contrario a la guerra, no modificó sustancialmente la línea política británica. El conde de Egremont, el sucesor de Pitt, le declaró la guerra a España el 2 de enero de 1762.⁴¹¹ Uno de los primeros frentes abiertos fue Portugal, aliado de Inglaterra. España le solicitó al país vecino que cerrara sus puertos a la armada británica, pero la petición no fue aceptada por los portugueses, por lo que, en el verano de 1762, el ejército español inició la invasión del país limítrofe. Las tropas españolas, al mando del marqués de Sarriá, en vez de avanzar hacia Lisboa, se entretuvieron ganando los territorios comprendidos entre el Duero y el Miño. Se perdió, pues, un tiempo precioso, que permitió a los portugueses recibir de Inglaterra los refuerzos necesarios para la defensa de Lisboa. Cuando el conde de Aranda sustituyó al inepto Sarriá al mando del ejército español, la conquista de la capital lusa ya era imposible y las operaciones continuaron sin modificaciones sustanciales hasta la firma de la paz. La idea de no avanzar directamente sobre Lisboa, que era el plan que había aconsejado Wall, se achacó a Carlos III, que quería ahorrarle los horrores de la guerra a la reina Mariana Victoria, su hermana predilecta.⁴¹²

En los otros frentes, el desarrollo de la guerra fue aún más desfavorable para España. En el Caribe, la armada inglesa atacó La Habana. La ciudad cubana hizo frente al ataque con unas tropas mal preparadas al mando de oficiales incompetentes, por lo que, en agosto de 1762, se vio obligada a rendirse. En Filipinas las cosas no le fueron mejor para España. La armada inglesa consiguió conquistar Manila, cuyo arzobispo, que hacía las veces de gobernador interino, tuvo que capitular ante la inferioridad de las fuerzas de que disponía. Además, para satisfacer el rescate exigido por los ocupantes, se vio forzado a entregar sus bienes personales y los tesoros de la Iglesia. Sin embargo, los ingleses no fueron capaces de extender su control a las zonas interiores de Filipinas, defendidas con éxito por el oidor local, Simón de Anda y Salazar, que organizó la resistencia mediante acciones de guerrilla para las que reclutó a indígenas. El único éxito de relevancia conseguido por España en la Guerra de los Siete Años fue la ocupación de la colonia portuguesa de Sacramento, en la orilla este del Río de la Plata, materializada por las tropas dirigidas por el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Cevallos.⁴¹³

Hacia finales de 1762, el curso de la guerra parecía ir claramente a favor de Gran Bretaña. Las derrotas sufridas por Francia indujeron al gobierno de París a presionar al de Madrid para que emprendieran juntos negociaciones de paz. Carlos III, que se había dado cuenta demasiado tarde de la falta de preparación de sus fuerzas armadas, no quería, sin embargo, abandonar la guerra. Aún confiaba en que el ejército español remontase, lo que le permitiría obtener unas condiciones más ventajosas. El primer ministro francés, Choiseul, contraatacó ofreciéndole a Madrid, a cambio de que se aviniera a firmar la paz, una serie de compensaciones por los sacrificios territoriales que iba a tener que sufrir a favor de Londres. Luis XV y su primer ministro consideraban que a Francia le interesaba conservar, aunque fuera a costa de concesiones territoriales, la alianza con España, a la espera de que se presentase la ocasión propicia para reanudar las hostilidades contra Inglaterra, cuya supremacía no se resignaban a aceptar.

Paz de París

El tratado de paz, firmado en París el 10 de febrero de 1763, sancionó la hegemonía marítima de Inglaterra y fue especialmente punitivo para Francia, que había sufrido graves derrotas y se vio forzada por ello a abandonar definitivamente toda posesión en América del Norte. Las condiciones impuestas a España fueron menos duras. Tenía que devolverle a Portugal la colonia del Sacramento; recuperaba La Habana y Manila, ocupadas por los ingleses, a los que, a cambio, les cedía Florida. En los territorios cedidos a Inglaterra estaban incluidas, al oeste, la bahía de Pensacola, también llamada Florida occidental, y, al norte, San Agustín, la primera ciudad fundada por colonos españoles en América del Norte. En compensación por dicha pérdida, Francia le cedía a España la Luisiana, cesión que solo le sirvió a Carlos para salvar la cara.⁴¹⁴ El territorio cedido por Francia era mucho más extenso que el que había pasado a manos de Inglaterra, pero desde el punto de vista económico y estratégico, el acuerdo era, sin duda, desventajoso para España.

En el territorio de Luisiana solo existía un enclave de interés: la ciudad de Nueva Orleans que, por otra parte, estaba habitada por colonos franceses muy unidos a la madre patria. El resto los constituían inmensas llanuras improductivas, recorridas por manadas de bisontes, y escasamente pobladas por tribus indígenas. Con la pérdida de Canadá a manos de Inglaterra, Francia ya no tenía, además, ningún interés en conservar Luisiana, un territorio que no habría podido defender en caso de un eventual ataque inglés. En cambio, para Gran Bretaña, la posesión de Florida, unida a la de Canadá, le permitía dominar una vasta franja de tierra a lo largo del Atlántico que estaba en plena expansión demográfica y económica.

Las cuestiones pendientes con Inglaterra, que habían determinado que España entrara en la guerra, se resolvieron a favor de la potencia británica. Se mantuvo la prohibición de faenar en aguas de Terranova; los colonos ingleses, aunque tuvieran que demoler algunos fortines, podían seguir talando árboles en las selvas de Honduras; y los corsarios angloamericanos aún podían, de facto, continuar abordando las naves españolas. Además, no se consiguió frenar el avance británico en América, ni recuperar, en la península ibérica y en el Mediterráneo, Gibraltar y Menorca, perdidas en la Guerra de Sucesión Española. De todos modos, el tratado de paz puso fin a una guerra que no había suscitado entusiasmo alguno en España. La economía española, además, podía ahora recuperarse de la fuerte crisis provocada por el bloqueo del comercio atlántico, que volvía a su ritmo anterior.

Remodelación del gobierno, ascenso de Campomanes y primeras reformas

Los resultados negativos de la guerra, que había dejado al desnudo algunas carencias estructurales del conjunto del Estado, tuvieron fuertes repercusiones en la configuración del gobierno español. Carlos III, finalizada la fase de asentamiento inicial, remodeló el gobierno para acentuar la tendencia reformista. De los secretarios que le habían ayudado en el inicio de su reinado, el soberano solo mantuvo en su cargo a Arriaga y a Esquilache. Además, a partir de 1763, las atribuciones de este último se vieron ampliadas al asignarle el monarca la secretaría de Guerra —separada de la secretaría de Estado— que fue a sumarse a la de Hacienda. En sustitución del anciano Ricardo Wall, se puso a Grimaldi al frente de la secretaría de Estado, ascenso que era un reconocimiento al trabajo desarrollado por el funcionario italiano en la embajada de París.⁴¹⁵ En la secretaría de Gracia y Justicia, Manuel de Roda tomó el relevo a Alfonso Muñiz. El nuevo secretario de Justicia pertenecía al «partido aragonés» —sobre el que nos detendremos más adelante— compuesto por aristócratas de orientación reformista y antijesuítica.

Una nueva designación, destinada a obtener éxitos muy importantes en los campos económico y legal, fue la de Pedro Rodríguez de Campomanes como fiscal del Consejo de Castilla. Campomanes sería uno de los principales protagonistas de la política reformista impulsada por Carlos III desde los primeros años de su llegada al trono español. Nacido en Asturias en 1723, de familia hidalga de modesta solvencia económica, estudió Leyes y fue un apasionado de las disciplinas económicas. Entró en la Real Academia de la Lengua y en la de Historia y emprendió la carrera en la administración pública con el cargo de superintendente de Correos y Postas. El puesto de fiscal del Consejo de Castilla permitió a Campomanes, que procedía de las filas de los golillas o manteístas, promover una serie de reformas que le obligaron a enfrentarse a la fuerte oposición de los estamentos privilegiados, es decir, de la alta nobleza y de los colegiales mayores, que predominaban en la administración pública. De carácter arrogante y altivo, Campomanes no gozó de mucha simpatía en los círculos de la corte, pero su acreditada competencia y su flexibilidad le permitieron acometer importantes iniciativas durante su larga permanencia en el equipo de los más estrechos colaboradores de Carlos III.⁴¹⁶

La política de reformas puesta en marcha durante los primeros años del reinado afectó a diversos sectores: el fiscal; la administración pública; las relaciones con la Iglesia; las fuerzas armadas; y la economía. A partir de 1760, se tomaron varias disposiciones de carácter fiscal por la secretaría de Hacienda, que estableció la regulación de la importación de mercancías, de la tasa sobre la fabricación de tejidos finos, sobre la exportación de la seda y sobre la venta del trigo. Además, se fijaron los impuestos para notarios, procuradores y abogados, y se concedió a los habitantes de Madrid la posibilidad de redimir el derecho de alojamiento. Para imponer la contribución única y universal —tarea muy difícil de llevar a cabo, según quedaría demostrado— se formó la Junta del Catastro, compuesta por Esquilache, Villarias, Ensenada, el Comisario de Cruzada, los duques de Sotomayor, de Alba y de Cuéllar, que hizo las funciones de secretario. Por iniciativa de Esquilache, se instituyó, en 1763, la lotería real, que explotó con fines sociales la tradicional pasión de los españoles por el juego.⁴¹⁷

Para los numerosos puestos vacantes del Consejo de Castilla se procedió a la designación de universitarios de ideas reformistas y de origen manteísta. Esta orientación política, que presuponía dejar al margen a los colegiales, llevó a un enfrentamiento con la nobleza, que se sentía atacada por las innovaciones. Con el término colegiales —destaca Martínez Ruiz— se designaba a aquellos estudiantes de procedencia noble que hacían sus estudios universitarios en un colegio mayor, donde permanecían tras haber concluido dichos estudios hasta que sus familiares o protectores les encontraban un puesto en la administración pública desde el que podían empezar a hacer carrera política. Los manteístas, cuyo nombre procedía de la ropa que solían usar, el manteo (una capa larga con cuello), eran, por el contrario, «de ascendencia más modesta y basaban sus perspectivas futuras en una adecuada formación profesional y en la protección de algún poderoso de origen social parecido al suyo». Los colegiales llevaban mal la competencia de los manteístas y consideraban un deshonor su presencia en las filas de la administración pública. Sin embargo, dicha resistencia no bloqueó la línea reformista llevada a cabo por Carlos III, que se movió en una doble dirección para sortear el obstáculo que suponía la vieja nobleza. El soberano, por un lado, instituyó la Orden de Carlos III, que sancionaba el éxito de las nuevas clases emergentes y, por el otro, abrió la mano para conceder títulos y grandezas de España.⁴¹⁸

El monarca prestó una especial atención a la seguridad pública. Reformó, para ello, el Regimiento de Inválidos y creó las compañías sueltas, una especie de milicias urbanas al mando de un teniente coronel. Por el reglamento de mayo de 1761 quedaron definidas las estructuras, modalidades de reclutamiento y paga de estas formaciones paramilitares, a las que les fue encomendado el mantenimiento del orden público. Se promulgaron disposiciones dirigidas a mejorar la disciplina de las fuerzas armadas: se prohibió la concesión de pasaportes a los miembros del Ejército y de la Armada, salvo que se desplazasen por motivos de servicio, y se dio orden de que ningún oficial, incluidos los coroneles, pudiese ausentarse del regimiento sin el permiso del rey. Además, los oficiales estaban obligados a llevar siempre el uniforme reglamentario, so pena de expulsión. Para poder frenar las deserciones, fenómeno muy generalizado, se dispuso que los desertores que se acogieran al derecho de asilo eclesiástico, como castigo, serían enviados a las Indias. A las localidades donde estaban acuarteladas las tropas les fue asignada una compensación anual de cien reales.⁴¹⁹

Los privilegios del clero también se vieron afectados por las reformas, tanto en el aspecto jurisdiccional como en el económico. Danvila menciona, en este sentido, la promulgación, entre los años 1759 y 1760, de una serie de cédulas y órdenes reales: «En el orden eclesiástico se nombraron los ministros de la Junta Apostólica, y defendiendo las prerrogativas reales, se exigió el real consentimiento para las permutas de oficios». Se prohibió a los jueces eclesiásticos arrestar a laicos y confiscar sus bienes sin la intervención del brazo secular. Se dispuso que los indultos apostólicos tuvieran que someterse al examen de la Cámara. En diciembre de 1760 se asignó a la Hacienda Real el cobro directo del Excusado, impuesto a pagar por el clero, y sobre el que nos detendremos más adelante. Dos años más tarde, fue promulgada la pragmática que introducía el regium exequátur (necesidad de licencia real para publicar en España los documentos pontificios).⁴²⁰ Las numerosas intervenciones regias en las cuestiones eclesiásticas —cuyos límites entre lo temporal y lo espiritual no estaban muy claros— tenían un doble objetivo. Por un lado, se quería evitar el aumento del poder económico de la Iglesia y la fundación de nuevos conventos; por el otro, se pretendían corregir ciertas costumbres que perjudicaban a la Hacienda Real; para ello, el gobierno emprendió una persistente lucha para conseguir que los numerosos religiosos que estaban diseminados por todo el país regresasen a sus sedes.⁴²¹ La acción del gobierno pretendía alcanzar tres objetivos distintos, pero complementarios entre sí: aumentar el control del Estado sobre la Iglesia, pero sin que esta perdiese su naturaleza y condición; mejorar la formación del clero y garantizar que este desarrollase plenamente su función; depurar la devoción popular de las prácticas y costumbres supersticiosas.⁴²²

En el sector económico, la agricultura —considerada la base de la economía española— constituía el principal problema. Para solucionarlo, era preciso contemplar los múltiples aspectos que impedían que se desarrollase. En primer lugar, aún regía un sistema señorial, que garantizaba considerables ganancias a los señores, en perjuicio de quienes trabajaban las tierras, a los que les resultaba muy difícil convertirse en propietarios, en gran medida por culpa de los bienes de manos muertas (bienes y tierras pertenecientes a la Iglesia, los ayuntamientos, etc. que no podían ser comprados ni vendidos). Otros obstáculos al desarrollo del mundo rural lo constituían las condiciones edafológicas y climáticas, las dificultades en la comercialización de los productos y la presión fiscal sobre los terrenos. Importantes avances en la reforma del sector agrícola fueron la Pragmática de 1763, por la que concedió la perpetuidad de los foros gallegos, y la incorporación de los señoríos jurisdiccionales. Otra importante medida que le fue propuesta al Consejo de Castilla para salvaguardar los derechos regios sobre los bienes vinculados fue la posibilidad de limitar la adquisición de tierras por parte de la Iglesia. Dicha disposición —basada en el Tratado de la regalía de amortización de Campomanes, publicado en 1765— no fue aprobada por la mayoría del Consejo, pero la propuesta es indicativa de las tendencias reformistas que estaban avanzando en aquellos años.⁴²³ En el 1764, Campomanes había publicado la Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos, obra en la que, inspirándose en las ideas fisiócratas, proponía, como antítesis a la tradicional política proteccionista, la liberalización del comercio del trigo. Esta medida —puesta en marcha en julio de 1765 por una pragmática de Carlos III—⁴²⁴según la entendía Campomanes, debería haber logrado un doble beneficio: la disminución de los precios y el desarrollo del comercio de cereales.

El liberalismo económico, del que Campomanes fue el principal artífice, también se aplicó a otros sectores, en particular al comercio con las colonias americanas, cuyo monopolio, hasta ese momento, estaba en manos del puerto de Cádiz. Dicho comercio, que consistía en la importación de metales preciosos y productos coloniales (cacao, algodón, cuero, tintes) y en la exportación de productos manufacturados, se fue extendiendo progresivamente a otros puertos españoles como Sevilla, Málaga, Barcelona, Alicante, Cartagena, Santander, Gijón y La Coruña, a los que se les permitió efectuar intercambios con cinco puertos americanos.⁴²⁵

Las iniciativas reformistas emprendidas por el gobierno tuvieron el apoyo de algunos grupos minoritarios, imbuidos de las ideas ilustradas procedentes de Francia y decididos a luchar por la modernización del país. El círculo más importante fue el de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, surgida en 1765, durante una fase crucial del programa gubernamental de reformas. El objetivo principal de los Amigos del País, que tenían como modelo las «Sociedades económicas» que, desde hacía tiempo, estaban funcionando en otros Estados europeos, era la mejora de las técnicas agrícolas mediante el impulso de la enseñanza científica.⁴²⁶ Para tal fin se crearon cátedras de Francés, Historia, Física experimental y otras materias no incluidas en los planes de estudio tradicionales. Siguiendo el ejemplo de la Sociedad Bascongada, más tarde se fundaron en España otras muchas Sociedades de Amigos del País, como veremos más adelante.

En el cuadro de iniciativas encaminadas a divulgar la cultura científica, en sintonía con los principios ilustrados, se sitúan algunas publicaciones de aquel periodo, entre las que destacan la Historia Natural de Martín Sarmiento, los Principios de Botánica de Miguel Barnades y los primeros tomos de la monumental obra Flora española o Historia de las plantas que se crían en España del médico y naturalista José Quer y Martínez. Además, con el fin de difundir las nuevas ideas ilustradas, proliferó la publicación de almanaques y revistas. Entre estas últimas, tuvo un particular éxito El pensador, publicada por José Clavijo y Fajardo entre 1761 y 1767, y que polemizaba contra «aquellas costumbres sociales que se hallaban en desacuerdo con los grandes principios de las luces o simplemente con las modas consideradas modernizadoras».⁴²⁷

A mediados de los años sesenta del siglo XVIII, Carlos III puso, pues, en marcha —con su equipo de colaboradores y a instancias de un grupo de intelectuales de tendencia ilustrada— una serie de reformas encaminadas a modernizar las estructuras del Estado y la sociedad española. Este impulso reformador, sin embargo, colisionó contra quienes veían sus intereses afectados, desde la vieja aristocracia, al clero —con los colegiales mayores y los jesuitas en primera fila—, que no querían renunciar a sus tradicionales privilegios. Por lo tanto, se generó una fuerte tensión entre principios e intereses contrapuestos, tensión que apuntaba ya al establecimiento de esas «dos Españas», cuyos contornos aún no estaban netamente definidos desde el punto de vista social.⁴²⁸ Un dualismo que amenazaba con desembocar en un enfrentamiento abierto apenas se presentara la ocasión.

III EL MOTÍN DE ESQUILACHE Expulsión de los jesuitas

Resistencia a las reformas de los estamentos privilegiados y descontento popular

LAS reformas puestas en marcha por Carlos III en los primeros años de su reinado despertaron la alarma de los estamentos sociales acostumbrados a disfrutar de sus tradicionales privilegios y a imponer su supremacía gracias al apoyo de la Corona y de las altas esferas de la administración pública que, por solidaridad de clase, les garantizaban el mantenimiento de sus prerrogativas. El nuevo soberano, que ya en Nápoles había tomado diversas medidas encaminadas a lograr la modernización del Estado, se rodeó en Madrid de un grupo de colaboradores, en parte de origen extranjero y en parte de extracción manteísta, proclives todos, en su conjunto, al despotismo ilustrado. El gobierno de Carlos III representaba, pues, una seria amenaza para los estamentos privilegiados que no tardaron en cerrar filas para oponerse a su gestión. El miedo a perder o ver mermadas sus prerrogativas fue el elemento de cohesión que unió en un mismo frente a los miembros de la vieja nobleza titulada y al clero. Ambos grupos sociales, en cuyo seno desempeñaban un papel decisivo los jesuitas, colegiales mayores, y los tradicionalistas del denominado partido castizo o español, dirigido por el duque de Alba⁴²⁹ —los primeros eran claramente hostiles a los ministros y cortesanos manteístas; los segundos, a los italianos—, tenían todos los motivos del mundo para intentar desestabilizar el panorama político. Incapaces de oponerse, desde dentro del gobierno, al equipo formado por Carlos III —la resistencia del rey a cambiar de colaboradores era de todos conocida—, los opositores estaban dispuestos a apoyar cualquier elemento desestabilizador que procediera de fuera.

A mediados de la década de los años sesenta, este clima de hostilidad, extendido entre las clases altas, confluyó con el descontento popular contra las autoridades estatales en Madrid y contra los administradores locales en otras ciudades españolas. El descontento del pueblo —causado por la combinación de una serie de factores que no guardaban relación alguna con los motivos de preocupación de las clases altas— desembocó, en 1766, en el famoso Motín de Esquilache, así llamado porque el ministro italiano fue el primer blanco contra el que arremetió el pueblo madrileño.⁴³⁰ La posible raíz política de los tumultos ha dado lugar a un interesante debate entre los historiadores. Aunque todos coinciden en señalar la complejidad del problema, se han posicionado, por lo general, en dos bandos contrapuestos. Unos, como Pierre Vilar, sostienen que el motín fue fruto de una revuelta popular espontánea; otros, de acuerdo con Rodríguez Casado, mantienen que en su génesis hubo una conspiración, urdida por los opositores al reformismo ilustrado que instrumentalizaron el descontento popular para sus fines antigubernamentales.⁴³¹

Danvila y Collado ofrece una crónica puntual de los acontecimientos que culminaron en el Motín, así como de sus inmediatas consecuencias, a la que se han remitido todos cuantos se han ocupado posteriormente del tema. El blanco de los insurrectos, además del ya mencionado secretario de Hacienda, fue la guardia valona, hacia la que el pueblo madrileño albergaba un fuerte rencor cuyas causas se remontaban a sucesos ocurridos un año antes. En 1765 se celebraron en Madrid las bodas de la infanta María Luisa con el archiduque Leopoldo de Habsburgo, heredero del archiducado de Toscana. Como era habitual en estas ocasiones, hubo festejos con luminarias y fuegos artificiales que se celebraron en la plaza situada frente al Palacio del Buen Retiro, donde se congregó un enorme gentío. La guardia valona (llamada así porque sus primeros efectivos procedían de la Valonia católica) hizo uso de la fuerza para contener a la multitud, golpeando indiscriminadamente a los asistentes. Esta violenta actitud provocó que estallara un tumulto, reprimido sangrientamente por la guardia, que sembró las calles de decenas de muertos y heridos.⁴³² Los responsables de la masacre, entre cuyas víctimas hubo muchas mujeres, quedaron sin castigo, lo que exasperó aún más al pueblo madrileño que no dejó de incubar desde entonces un odio feroz hacia la guardia valona, compuesta también, ya desde hacía tiempo, por suizos y alemanes.

El odio a los extranjeros, profundamente arraigado en la población, se dirigía, sobre todo, hacia los que ocupaban altos cargos. Esquilache, en concreto, el ministro más cercano al rey y el principal promotor de las reformas, era el blanco principal de las críticas. Por diferentes motivos, las masas populares y las clases altas, que temían por sus privilegios seculares, le odiaban por igual. Los poseedores de títulos de deuda pública y quienes habían contratado rentas del Estado sentían una fuerte preocupación por sus derechos adquiridos, que el secretario de Hacienda había puesto en tela de juicio. La tendencia generalizada era la de mantener el precio de compra original, por lo general notablemente inferior al del mercado. Por ejemplo, al marqués de Estepa, por la venta de los derechos sobre los tributos de su ciudad, le correspondió la misma suma que, para adquirirlo, había pagado al fisco real su antepasado, en el lejano año de 1558. La propiedad de las salinas de Valencia se adquirió por setenta mil reales, cuando rentaba cien mil al año.⁴³³

Desde principios de los años sesenta, España, al igual que el resto de Europa, sufría una crisis en la producción, debida a una serie de malas cosechas; dicha crisis se había visto agravada porque los especuladores, a menudo en connivencia con las autoridades locales, acaparaban los productos. Las malas cosechas y la especulación, unidas a las dificultades para el transporte de las mercancías, consecuencia del deficiente estado de las comunicaciones, hicieron que el precio del trigo y el de otros productos de primera necesidad subiera notablemente. En Madrid, en concreto, se disparó además el precio del aceite a causa de la fuerte demanda provocada por el mantenimiento de los faroles.

La liberalización del comercio del trigo no había producido los resultados esperados; se achacaba, incluso, a esta medida el incremento del precio de los cereales y hasta la propia escasez. En Madrid la reestructuración e iluminación de las casas, que corría a costa de los particulares, incrementó la subida de las rentas de alquiler porque los propietarios hicieron recaer estos gastos —impuestos por las autoridades gubernamentales, más en concreto por Esquilache— en los inquilinos, el segmento más pobre de la población, que estaba ya al límite de sus fuerzas por el considerable aumento del precio de los productos básicos. La instalación del alumbrado público se había debido, como ya hemos señalado, a la exigencia de garantizar la seguridad de los ciudadanos durante las horas nocturnas. Otro motivo de desórdenes públicos, a cualquier hora del día, lo constituía el uso, muy arraigado entre el pueblo madrileño, de llevar capas largas y sombreros chambergos (sombreros de ala ancha). Esta típica indumentaria permitía a los maleantes taparse fácilmente la cara y cometer atracos y otros delitos sin correr el riesgo de ser reconocidos. Dentro de las iniciativas encaminadas a frenar la delincuencia, plaga que había aumentado notablemente debido a la crisis económica, Esquilache había propuesto que se prohibiera el uso de dichas prendas. La prohibición, promulgada mediante bando el 10 de marzo de 1766, de llevar capas largas y sombreros chambergos se hizo extensible a todos los habitantes de Madrid y de los reales sitios, fueran cuales fueran su clase y procedencia social. Meses antes, el 22 de enero, Carlos III ya había dado orden de que los empleados públicos no llevaran capas largas y sombreros chambergos que les ocultaran la cara, por considerar que ello suponía un grave «perjuicio para la política y buen gobierno». Los funcionarios públicos debían llevar, en Madrid, capa corta o redingot, «peluquín o pelo propio» y sombrero de tres picos «de modo que fuesen siempre descubiertos; pues no debía permitirse que usasen el traje que los ocultaba, cuando no debía presumirse que ninguno tuviese justo motivo para ello».⁴³⁴

En 1722, en tiempos de Felipe V, las autoridades ya habían adoptado una medida similar; el hecho de que hubiera que reiterarse la prohibición denota que esta primera medida no tuvo éxito. Melchor Rafael de Macanaz ya alertó entonces al monarca sobre los riesgos de tal prohibición para el orden público:

No permita el soberano— advirtió Macanaz — se den por sus ministros ni consejeros disposiciones para que los vasallos muden su traje natural por introducir en el reino alguno extranjero. Estas órdenes las recibirá el público como violentas y terminantes a acabar con el traje español, que ha sido en todas las edades tan respetado, y, alterándose los ánimos pueden motivar una sublevación difícil de remediarse, si no fuese a costa de perder el Estado muchos miembros y el Monarca bastante reputación.⁴³⁵

El vaticinio del político e intelectual español se cumplió, puntualmente, cuarenta y cuatro años más tarde.

La prohibición no fue fruto de una decisión improvisada. Previamente, Carlos III les había consultado la medida a los fiscales del Consejo de Castilla. Estos, el 28 de febrero y el 4 marzo, señalaron algunos inconvenientes. La orden perjudicaría a los transeúntes, que no podrían protegerse de la lluvia y del frío; además, el cambio de indumentaria les supondría un gasto extra. Se recomendó también que la orden se ejecutara con prudencia, que no se les encomendara su cumplimiento a las autoridades militares, sino a los funcionarios locales, alcaldes, corregidores y tenientes de Madrid. En cualquier caso, era conveniente evitar, en caso de incumplimiento, los castigos corporales y no proceder a confiscar las prendas, porque eso habría provocado que se extendiera el descontento entre la población.⁴³⁶ Aun así, Carlos III dio su consentimiento a la prohibición. Esquilache le convenció de que la medida era necesaria para proseguir con los trabajos de mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la capital.

Las copias del bando, colocadas en los muros de las calles de Madrid, fueron arrancadas por la noche. En su lugar se puso un amenazador cartel en el que se advertía «que se hallaban cincuenta españoles prontos a defender la capa y sombrero redondo; y que todo aquel que verdaderamente lo fuese y quisiese agregarse a este partido se le proveería de armas, municiones y de todo cuanto necesitase».⁴³⁷ Además, se distribuyeron octavillas satíricas en las que se resaltaban la codicia y el abuso de poder de Esquilache, denunciando abiertamente la enorme influencia que el ministro ejercía sobre el rey, influencia a la que no era ajena la apabullante belleza de la mujer del siciliano. Los funcionarios encargados de hacer respetar la prohibición, contrariando las recomendaciones del Consejo de Castilla, actuaron con brutalidad contra quienes la incumplían. Además de imponer elevadas multas, procedían a cortar las capas, arrancaban los sombreros de la cabeza, amén de cometer otros abusos. La tensión subió de tono y el descontento, fomentado por las numerosas octavillas satíricas que circulaban por la ciudad, desembocó en un conato de levantamiento popular. Varios grupos de manifestantes empezaron a recorrer las calles, con sombreros provocativamente calados hasta las cejas, lanzando gritos contra Esquilache.⁴³⁸ Eran los primeros indicios de una revuelta que las fuerzas públicas no supieron contener a tiempo.

Estallido del motín

El motín propiamente dicho se inició el 23 de marzo, Domingo de Ramos. La chispa que encendió la mecha saltó en la plazuela de Antón Martín, donde algunos manifestantes, tocados con los sombreros prohibidos, se negaron a obedecer la orden de quitárselos que les dieron dos guardias del cercano cuartelillo de los Inválidos. Le siguió una refriega en la que las fuerzas del orden, pese a recurrir al uso de las armas, se vieron superadas por una multitud que gritaba: «¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Muerte a Esquilache!», mientras profería, de paso, graves insultos contra la esposa del ministro. La muchedumbre, cuyo número ascendía a miles de personas, se dirigió desde allí hacia la residencia de Esquilache, situada en el periférico barrio de San Fernando. El ministro, a la vista del tumulto, corrió a refugiarse al Palacio Real. Su esposa, a su vez, se escondió en el Convento de las Salesas, donde se educaban sus hijas. Los amotinados saquearon la residencia de Esquilache, arrojaron los valiosos muebles por las ventanas e hicieron añicos las ricas cristalerías; no la incendiaron porque el propietario no era el ministro sino el marqués de Murillo, que se la había alquilado al siciliano. Otros grupos de revoltosos fueron a la residencia del secretario de Estado, Grimaldi, limitándose a romper los cristales de las ventanas. Después, el grueso de los amotinados se dirigió hacia el Palacio Real. Por el camino, se encontraron con el duque de Medinaceli —que estaba de caza pero que, apenas se enteró de la revuelta, se apresuró en regresar a la capital— y los amotinados más exaltados le obligaron a bajarse del carruaje para que les acompañara hasta la presencia del rey y le trasladara sus exigencias, es decir, que se diera muerte a Esquilache. El duque informó a Carlos III, alertándole sobre la extrema violencia de los insurrectos. El monarca, que se quedó muy afectado, convocó a sus colaboradores, con los que estuvo reunido toda la noche, y dio las órdenes oportunas para que se redoblase la Guardia de Palacio y se mantuviese en alerta la guardia real. Mientras, la revuelta arreció por las calles. La muchedumbre, enfurecida, arremetió contra los faroles del alumbrado público —obra de Esquilache, pero también de Sabatini—, que fueron arrancados y destruidos. Los desórdenes terminaron, ya entrada la noche, con la quema de un retrato de Esquilache en la Plaza Mayor.⁴³⁹

Al día siguiente, Lunes Santo, continuaron los tumultos. Los amotinados, cuyo número había aumentado notablemente, se congregaron ante el Palacio Real, protegido por la doble barrera de las guardias española y valona. La masa de los revoltosos no se atrevió a intentar abrirse paso entre los soldados, pero la guardia real, que estaba protegiendo los consejos, perdió el control, disparando varias descargas de fusil que provocaron muertos y heridos. Los amotinados, entonces, comenzaron a arrojar piedras contra la guardia valona. La guardia española también se vio en dificultades; para repeler el ataque de los asaltantes necesitó la ayuda de un gran contingente de la guardia de corps del rey. El clima estaba cada vez más caldeado. Fue entonces cuando, para intentar aplacar al gentío —tras la fallida intervención de algunos padres oratorianos o filipenses— dio un paso al frente un predicador, el padre Cuenca, «un hombre verdaderamente religioso, de vida y costumbres ejemplares», que se ofreció a entregarle al rey en persona una lista con las demandas de los insurrectos. Los amotinados redactaron rápidamente una solicitud en la que, tras la invocación de rigor a la Santísima Trinidad y a la Virgen María, expusieron sus demandas. En el primer punto se pedía que Esquilache y toda su familia fueran desterrados del país; a continuación, que todos los ministros extranjeros fueran sustituidos por españoles; que se suprimieran las Juntas de Abastos; que fuera expulsada de Madrid la guardia valona; que el pueblo tuviera libertad para vestirse como quisiera; que bajara el precio de los productos alimenticios. Además, se exigía que el rey, en persona, acudiera a firmar la concesión de estas gracias a la Plaza Mayor, donde se habían congregado alrededor de treinta mil personas, dispuestas a asaltar el Palacio Real si el monarca no accedía a sus demandas.

Las reivindicaciones de carácter político ocupaban el primer lugar en la lista de las demandas. La destitución de los ministros italianos, empezando por Esquilache —el responsable de la prohibición de llevar capa larga y sombrero chambergo—, se consideraba, pues, prioritaria. Era como si se hiciera recaer sobre ellos toda la culpa de la crisis en el abastecimiento que había provocado el aumento del precio de los alimentos. La bajada del precio de los productos básicos ocupaba el último lugar de las peticiones. La desestabilización del equipo ministerial era también un objetivo primordial para las fuerzas económicas y sociales que querían que se produjese un cambio en la dirección política del gobierno y que quedase interrumpida la política reformista, puesta en marcha por los ministros italianos junto a los procedentes del ámbito manteísta. El descontento popular coincidía, pues, con el de una parte de los estamentos privilegiados, que convirtió la revuelta en un medio para alcanzar sus fines. La ocasión tan largamente esperada se presentó bajo la forma de una revuelta popular, surgida de manera espontánea y por causas fortuitas, es decir, sin ninguna premeditación. No nos parece sostenible la teoría de que el Motín de Esquilache fue el resultado de un complot organizado por elementos ajenos al pueblo llano madrileño —entre otras cosas, no hay pruebas de ello—, aunque sí es indudable que dichos elementos estaban predispuestos a subirse al carro de las reivindicaciones populares para canalizarlas hacia la consecución de sus propios objetivos.

El padre Cuenca se presentó ante el rey con el aspecto humilde de un penitente, en claro contraste con el tono «insolente» de las reivindicaciones populares. El religioso se había ceñido la cabeza por una corona de espinas y se cubrió el pelo de ceniza; del cuello le colgaba una cuerda y empuñaba un crucifijo entre las manos. Carlos III se mostró dispuesto a ir de inmediato a parlamentar con los amotinados. Alguno de los presentes se lo desaconsejó, asegurándole entonces el padre Cuenca que:

Señor, nada tema su majestad porque sus vasallos, en medio de las temeridades que practican hoy, no desean otra cosa que ver la real persona de vuestra majestad a quien veneran y aman con una ciega lealtad; y desde luego ofrezco mi cabeza al cuchillo, cuando ninguno haga el más leve movimiento; antes bien, verá su majestad una confusa aclamación, que exhalarán sus corazones, llena de repetidos vivas.⁴⁴⁰

El rey le dijo a Cuenca que fuera a informar a los insurrectos de que aceptaba sus peticiones. Acto seguido, se reunió con un pequeño grupo de colaboradores para que le aconsejaran sobre cómo hacerle frente a la situación. En la reunión con Carlos III estaban el duque de Arcos, el marqués de Sarria, y los condes de Gazzola, Priego, Oñate y Revillagigedo. Hubo divergencia de opiniones: el duque de Arcos y los condes de Gazzola y de Priego propusieron que se recurriera a la fuerza; los otros tres, por el contrario, recomendaron una actitud clemente; el conde de Oñate, en concreto, llegó a sostener que la revuelta estaba en parte justificada por las iniciativas de Esquilache, y el conde de Revillagigedo recordó que la hostilidad hacia la guardia valona era fruto de la violencia con la que esta se había conducido, un año antes, contra el pueblo madrileño.⁴⁴¹ Tras oír los diversos pareceres, el rey optó por la clemencia y le comunicó su decisión al padre Cuenca, que se apresuró en informar de ello a la muchedumbre, exhortándola, al mismo tiempo, a que pusiera fin a los tumultos y le diese las gracias al soberano por su magnanimidad. Inmediatamente después, bajo la responsabilidad de la Sala de Alcaldes de la Casa y Corte de Madrid, se colocaron, en los principales lugares de la ciudad, copias del bando por el que se permitía a las personas de cualquier condición que usaran la ropa tradicional, con capa larga y sombrero chambergo. También se anunciaba que el precio del pan y del aceite se reduciría un cuarto y se concedía un indulto general a los amotinados que se declararan culpables de los desórdenes hasta la promulgación de dicho bando. Tras la lectura de la disposición real, la muchedumbre, entusiasmada, dio gritos de júbilo proclamando: «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!».

Poco después, el rey dispuso la inmediata excarcelación de los insurrectos arrestados durante los motines y, a continuación, le comunicó al gobernador del Consejo de Castilla —para que informase, a su vez, al del Consejo de la Sala de Madrid— la destitución de Esquilache, la retirada de Madrid de la guardia valona, y la supresión de las Juntas de Abastos; el abastecimiento sería gestionado como antes o bien según las modalidades establecidas por el Consejo de Castilla. Por último, el monarca dio la orden de fijar en ocho cuartos el precio del pan, y de bajar en dos cuartos la libra el del jabón y el de la manteca de cerdo. Este nuevo bando, fijado en lugares públicos de la corte, fue acogido con un entusiasmo aún mayor por los manifestantes, que se congregaron en gran número, con palmas y banderas, en la plazuela situada frente al Palacio Real.

Huida de Carlos III

Así, con estas escenas de júbilo, concluyó el Lunes Santo. Según las estimaciones oficiales, el balance de los desórdenes fue de más de cuarenta muertos y numerosos heridos, la mayor parte de ellos alcanzados por armas de fuego.⁴⁴² Aún a costa de un gran derramamiento de sangre, los amotinados habían logrado un completo éxito: todas sus demandas fueron aceptadas por Carlos III, al que se le había impuesto por la fuerza destituir nada menos que a un ministro en el que él tenía depositada su plena confianza.

Amargado por la revuelta popular y sus trágicas consecuencias, el monarca pensó que ya no estaba seguro en Madrid, por lo que decidió trasladarse, de noche, junto a su familia, a Aranjuez.⁴⁴³ Esquilache partió con el rey; más tarde se desplazó, escoltado, a Cartagena, desde donde salió en barco hacia Italia, acompañado de su familia. A la mañana siguiente el pueblo madrileño, que había salido a la calle para festejar la concesión de las gracias reales, se enteró de la fuga de Carlos III e, inmediatamente, la alegría se transformó en cólera y consternación. Se corrió la voz de que Carlos III se había ido a Aranjuez para concentrar tropas en Castilla y después marchar sobre Madrid, revocar las concesiones anteriores y castigar a los responsables de los motines. Las vías de comunicación entre Madrid y Aranjuez fueron bloqueadas. Se cerraron las puertas de la capital para impedirles la salida a los secretarios del despacho y a los cortesanos y, por si acaso tenía que hacerse frente a un ataque inminente, se asaltaron varios cuarteles, entre ellos el de las compañías de Inválidos, para conseguir armas. Los ánimos se volvieron a caldear y algunos, incluso, propusieron dirigirse en masa hacia Aranjuez para obligar al rey a volver por la fuerza. Al final, se optó por la vía institucional y, a través del presidente del Consejo de Castilla, Diego de Rojas, obispo de Cartagena, se le pidió oficialmente al soberano que volviese a Madrid. Diego de Rojas, bajo presión de los manifestantes, redactó un memorial dirigido al rey en el que tildaba a Esquilache de «mal monstruo» y le hacía responsable directo de todo tipo de calamidades: la guerra con Inglaterra y la derrota de España; la reforma de las secretarías; la escasez de trigo; la subida de impuestos. Entre las acusaciones formuladas contra el ministro siciliano figuraban el alumbrado de Madrid y las normas higiénicas adoptadas. Tras esta larga lista de acusaciones contra Esquilache —el chivo expiatorio de casi todos los males que afligían a la nación española— se solicitaba al soberano que confirmase las concesiones hechas anteriormente y que regresase a Madrid.

El memorial le fue entregado a Carlos III en Aranjuez por medio de un detenido, liberado para la ocasión, que se ofreció voluntario y que, posteriormente, solicitó y obtuvo el indulto y un puesto en el ejército. El rey le ordenó al secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, que redactara un comunicado oficial en el que se confirmaban las concesiones ya acordadas; al mismo tiempo, en un bando adjunto, se ordenaba a todos los habitantes de Madrid que pusieran fin de inmediato a las concentraciones en calles y plazas, que abrieran las puertas de la ciudad para no impedir el comercio, y que retomaran su vida habitual. El regreso a la calma, que se comprobaría mediante «pruebas permanentes de dicha tranquilidad», era la condición sine qua non que Carlos III había puesto para regresar a la capital.⁴⁴⁴

Propagación de los motines

Confirmadas las gracias concedidas y alejado el temor de que se produjeran represalias, la normalidad se instaló de nuevo en la capital. El rey, sin embargo, aplazó su regreso a Madrid. El aplazamiento se debió, en parte, a que la circulación de libelos y pasquines contra el gobierno aún no había cesado, pero el motivo principal fue el inesperado estallido de motines semejantes en otras muchas ciudades. Las protestas populares no se extendieron de forma homogénea por todo el territorio de la península; también fue distinta su intensidad. Las regiones más afectadas por los disturbios fueron el País Vasco, Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. En Aragón, Extremadura y Andalucía tuvieron menos alcance y, en el resto de España, solo se dieron casos aislados. La carestía de alimentos era, por lo general, la causa de las revueltas. A diferencia de lo ocurrido en la capital, donde se acusó de ello a Esquilache —y, con él, al gobierno del que formaba parte—, en los centros de la periferia nacional la carestía se achacó a la corrupción de las autoridades locales, acusadas, con frecuencia, de estar en connivencia con los especuladores. Domínguez Ortiz, que ha estudiado minuciosamente la génesis y la dinámica de los motines, los agrupa en tres categorías distintas, atendiendo a su intensidad: 1) disturbios graves, que se saldaron con derramamiento de sangre; 2) protestas populares, limitadas a la amenaza y, a veces, la destitución de las autoridades locales; 3) descontento generalizado, expresado mediante libelos y pasquines. No forman parte de este esquema los casos aislados, como los de las provincias de Guipúzcoa y Sevilla.⁴⁴⁵

Los motines tuvieron consecuencias cruentas, además de en la capital, en Zaragoza y en la provincia de Guipúzcoa. La peculiaridad de la revuelta que estalló en Guipúzcoa se debió tanto a la fuerte oposición a los diezmos eclesiásticos como a la «mini guerra civil» desencadenada por la aristocracia local contra los insurgentes. Afectado por la carestía —un problema común a otras regiones—, el pueblo llano reclamaba que se redujesen los diezmos eclesiásticos y se bajase el precio de los alimentos. Los nobles —entre los que figuraban miembros de la Ilustración, como el conde de Peñaflorida y el marqués de Navarro— reclutaron bandas armadas y la sublevación, que había arrastrado a cerca de dos mil personas, fue reprimida de manera sangrienta.⁴⁴⁶

En Zaragoza, las iras de los insurgentes se dirigieron contra el intendente local y los grandes comerciantes de trigo, acusados de especular y de ser los causantes de la miseria del pueblo. Se pidió que bajara el precio de los productos de primera necesidad y que estos fueran depositados en determinados almacenes, para que resultara más fácil su compra. Fueron saqueadas las residencias del intendente y las de algunos comerciantes sospechosos de acaparar alimentos para especular luego con ellos. Los intentos de pacificación del clero y del capitán general, el marqués de Castelar, que declaró que estaba dispuesto a aceptar las demandas de los insurgentes, no tuvieron un resultado positivo. Solo la intervención de grupos de campesinos, que colaboraban con las autoridades locales, consiguió que los más exaltados accedieran a poner fin a los motines. Los líderes de la revuelta fueron castigados con extrema severidad. Once insurrectos pagaron su osadía con la horca; otros muchos fueron condenados a graves penas.

En Palencia y en Béjar los motines cobraron el aspecto de conflictos sociales por la masiva participación de los trabajadores de las fábricas textiles de la localidad, que eran propiedad de la nobleza. Las sublevaciones que estallaron en algunas localidades de Valencia tuvieron un marcado carácter antiseñorial. Significativo fue el caso de Elche, donde sus habitantes, tras haber intentado incendiar el palacio, asaltaron el Castillo de Santa Pola, propiedad del duque de Arcos, uno de los tres nobles que habían aconsejado a Carlos III que recurriera al uso de la fuerza contra los amotinados de Madrid. En Sevilla, a los insurrectos se les unieron quinientos soldados de un regimiento de Córdoba que acababa de regresar de La Habana y que protestaban porque no se les había abonado el suplemento de paga al que tenían derecho. Los militares, para protestar de forma más contundente, se refugiaron en las iglesias. Solo una orden tajante del rey, advertido por las autoridades locales, les hizo abandonar su actitud que, pese todo, no fue castigada con severidad. Centros tradicionalmente tranquilos también se hicieron eco de los motines de Madrid. Los libelos y los pasquines en contra del gobierno se difundieron prácticamente por todas partes.⁴⁴⁷

Destitución de Esquilache y nombramiento de Aranda como presidente del Consejo de Castilla

En sustitución de Esquilache, cuyas atribuciones fueron nuevamente desdobladas, Carlos III nombró a dos ministros españoles: Miguel de Múzquiz, que se hizo cargo de la secretaría de Hacienda, y Gregorio Muniain, que se puso al frente de la de Guerra. Múzquiz, originario de Navarra, era un funcionario experto que había prestado veintisiete años de servicio en la administración de Hacienda, colaborando, pues, con Esquilache. Primer ministro en Parma con el duque Felipe, el hermano de Carlos, Muniain poseía, a su vez, una larga experiencia en el gobierno y tenía como consejero político al ya citado Melchor Rafael de Macanaz, persona especialmente competente para los asuntos de Estado.⁴⁴⁸

Tras la dolorosa destitución de Esquilache, Carlos III decidió cesar al presidente del Consejo de Castilla, Diego de Rojas, obispo de Cartagena y autor del citado memorial, acusado de debilidad, por no decir de condescendencia, con los insurrectos. Carlos III siguió profesando una gran estima hacia el ministro italiano —posteriormente nombrado embajador en Venecia—, a pesar de las graves acusaciones dirigidas contra él desde diversos frentes.⁴⁴⁹ El anónimo autor de El motín matritense ofrece una imagen especialmente siniestra del ministro siciliano. En el opúsculo se sostiene que el rey —que estaba cercado, de facto, por sus colaboradores— desconocía los graves errores cometidos por el secretario de Hacienda y de la Guerra. Este era considerado el responsable del enorme déficit financiero en el que se encontraban las arcas del Estado, así como de la notable disminución de los efectivos del ejército y del tamaño de la armada. Tras destacar el considerable enriquecimiento de Esquilache, fruto, en su opinión, de la corrupción, el autor del opúsculo se dirige al mismísimo soberano para recordarle que debe depositar su confianza exclusivamente en súbditos españoles. Solo a estos últimos les importa el bien del Estado y abrigan una devoción sincera hacia su monarca, mientras que «el amor del extranjero es aparente porque es venal, en tanto estima en cuanto le interesa».⁴⁵⁰ El acento puesto en la falta de fiabilidad de los ministros extranjeros denota la procedencia del autor anónimo: las filas del partido castizo, especialmente hostil hacia los italianos, que componían el núcleo principal del elemento extranjero del equipo de Carlos III.

Para rebatir el contenido de las graves acusaciones dirigidas contra Esquilache, sus admiradores elaboraron dos documentos, redactados en abril de 1766, en los que, como prueba de la corrección y eficacia del proceder del ministro, se daban cifras completamente distintas de las referidas en la crónica del motín. Para rebatir el presunto desconocimiento del rey acerca de la conducta de los componentes de su equipo, se destacaba que Carlos III siempre estaba disponible para escuchar a cualquiera que tuviera quejas que exponerle. Por tanto, sostener que el rey se creía, ingenuamente, las informaciones interesadas que le facilitaban acerca de los ministros significaba menospreciar su perspicacia e independencia de juicio.⁴⁵¹ A partir de 1760, habían sido lanzadas graves acusaciones contra Esquilache incluso por parte de Tanucci,⁴⁵² cuyas opiniones —como es sabido— Carlos III tenía muy en cuenta. No hay que olvidar, sin embargo, que el ministro napolitano, que estaba al corriente de la alta estima en la que el monarca tenía al secretario de Hacienda, no le expresó directamente su juicio, juicio influido, probablemente, por los celos hacia Esquilache, que se había ganado hasta tal punto el aprecio de Carlos III que se lo trajo consigo a España.

El rey le asignó el cargo de presidente del Consejo de Castilla, antes cubierto por el obispo Rojas, a Pedro de Abarca y Bolea, conde de Aranda, que iba a convertirse en uno de los protagonistas principales de la política española. Nacido en 1719, en el seno de una de las familias más acaudaladas de la aristocracia aragonesa, Aranda fue residente del Colegio Español de Bolonia; incorporado a las filas del ejército, prestó servicio en Italia, donde destacó por sus notables cualidades. De allí pasó a Prusia, a la corte del rey Federico II, y después se trasladó a París, donde residió una larga temporada. Fernando VI lo nombró embajador en Portugal. Posteriormente, abandonó la carrera diplomática y, gracias a la experiencia adquirida en Lisboa y a las dotes militares de las que había dado prueba, Carlos III —como ya hemos visto— le confió el mando del ejército español en Portugal. Terminada la guerra, fue nombrado capitán general de Valencia, cargo que ocupaba cuando fue ascendido por el rey a presidente del Consejo de Castilla. Al principio, Carlos III había pensado en asignarle el cargo de capitán general de las dos Castillas, pero él solicitó —y obtuvo— el puesto, mucho más codiciado, de presidente, cargo que simultaneó con el de capitán general de Castilla la Nueva.⁴⁵³

Aranda no decepcionó las expectativas del rey que, en el despacho del nombramiento, le había recomendado cumplir los deberes de su cargo con celo y rapidez. En poco tiempo, el nuevo presidente del Consejo de Castilla consiguió restaurar el orden en Madrid y en el resto de España, eliminando todo residuo de los motines de la primavera del año 1766, con lo que quedó plenamente demostrado que la elección de Carlos III había sido la acertada. Aranda actuó en una doble dirección: por un lado, reprimió a los participantes en los tumultos; por el otro, condujo las investigaciones oportunas para tratar de descubrir a los cabecillas. Paralelamente, era necesario confirmarle al soberano que ya había cesado todo peligro y que podía regresar a Madrid. Para alcanzar este objetivo, Aranda apeló a los órganos más representativos de la capital para que cursaran a Carlos III una invitación oficial para que regresara.

Regreso del rey a Madrid y castigo a los alborotadores

El presidente del Consejo de Castilla actuó en sintonía con un Consejo de Estado extraordinario —la llamada Junta Cortesana—, instituido por el mismísimo rey e integrado por cinco secretarios del despacho, los duques de Alba y de Sotomayor; el marqués de Lima; el confesor, padre Eleta; y Ricardo Wall. El rey le encomendó a este organismo que organizara su regreso a Madrid y que emprendiera las acciones oportunas contra los responsables de la revuelta. Aranda consiguió que la municipalidad de la Villa y Corte, las corporaciones mayores y menores de Madrid, los cabildos eclesiásticos y los ciento diecisiete aristócratas residentes en la capital le dirigieran al rey, conjuntamente, una serie de peticiones. Tras culpar de los motines al populacho, que había intentado minar la confianza de la nación en la corona, se suplicaba al rey que regresara a Madrid y que revocara las gracias concedidas a los insurrectos. El monarca solicitó la opinión de los fiscales del Consejo de Castilla y, por indicación suya, decidió anular las concesiones acordadas a los amotinados con la excepción del indulto.⁴⁵⁴ No obstante, la mayor parte de las gracias permanecieron en vigor. Esquilache ya había sido apartado del gobierno y la Junta de Abastos se había suprimido; en cuanto a los productos alimenticios, y en particular, el trigo, aunque se había revocado la bajada del precio, se procedió a aumentar las importaciones desde Sicilia y a reabastecer con regularidad los depósitos. En mayo de 1766, ya que las protestas contra la corrupción y la ineficacia de las autoridades locales habían sido una de las principales causas del estallido de las revueltas en otras poblaciones, Carlos III dispuso que se instituyeran dos nuevos cargos municipales: el «síndico personero del común» y, algo después, el «diputado del común»; el cometido de este último, inicialmente, era «tratar y conferir en punto de abastos». Ambos cargos eran electos y los votantes eran miembros del pueblo llano (el «común», como se denominaba entonces).⁴⁵⁵

El propio monarca contribuyó notablemente a apaciguar los ánimos con sus gestos de clemencia. Aranda solo secundó en parte la política conciliadora del rey. Las investigaciones que llevó a cabo revelaron, entre otras cosas, que ciertos miembros del clero habían tenido una conducta un tanto ambigua durante las revueltas. Entre los eclesiásticos sospechosos de estar implicados en el motín figuraba, por ejemplo, el abate Miguel Antonio de la Gándara, que había sido agente de preces en Roma. Otro personaje de relieve investigado por el conde de Aranda fue el padre Isidro López, jesuita famoso por sus amplios conocimientos; partidario del marqués de la Ensenada, fue acusado junto a este último de haber desempeñado un importante papel en el estallido de los tumultos. Tampoco faltaron entre los imputados ilustres miembros de la alta aristocracia, como el marqués de Valdeflores, autor de impresos subversivos y de pasquines. Aranda actuó con firmeza y decisión contra los acusados de haber participado, directa o indirectamente, en las sublevaciones populares. El presidente del Consejo de Castilla ordenó arrestar a numerosos miembros del pueblo llano. Las víctimas principales de las redadas fueron, sobre todo, vagabundos y mendigos; en abril de 1767 se había encarcelado a 1.161. Por orden del secretario de Gracia y Justicia, de acuerdo con el rey, los arrestados fueron concentrados en el correccional de San Fernando, cerca de Madrid, «donde las condiciones de vida eran muy duras, los castigos corporales frecuentes, y el trato a los prisioneros tenía muy poco de humano».

La dirección del hospicio de San Fernando fue confiada a Pablo Antonio de Olavide, ilustrado peruano que —como se verá enseguida— ocupó más tarde otros importantes cargos. Gran parte de los arrestados fue utilizada como mano de obra en la reestructuración urbanística de la capital; otros fueron reclutados a la fuerza para el ejército.⁴⁵⁶ Con el Auto acordado, promulgado por el Consejo de Castilla en mayo de 1766, fueron revocados los indultos concedidos a quienes habían participado en los motines fuera de Madrid y se reafirmó el principio, ya expuesto por Campomanes, de que el pueblo llano «no podía forzar, con el chantaje de las armas y de las amenazas, a los magistrados (y mucho menos al Soberano) a que concedieran disposiciones particulares o derogaran normas generales válidas en todo el Reino».⁴⁵⁷

Investigaciones para descubrir a los instigadores del Motín de Esquilache. Las sospechas recaen sobre el clero y se acusa a los jesuitas

Una vez perdonados —o condenados, según los casos— los participantes directos en los motines, se planteó el espinoso problema de averiguar quiénes habían sido los presuntos instigadores de la revuelta. Las autoridades gubernativas —presionadas por el grupo que sostenía la existencia de una conspiración— empezaron a indagar. La simultaneidad con la que estallaron las revueltas hacía sospechar de la espontaneidad de estas, lo que probaría la teoría de la conspiración. La variedad de causas que detonaron el levantamiento contradecía, en cambio, la tesis de que este hubiera tenido una matriz común. La línea de acción seguida fue la identificación, a cualquier precio, de los responsables. Tras algunos titubeos iniciales, las investigaciones, oportunamente conducidas, apuntaron hacia una única dirección: la Compañía de Jesús.

Uno de los primeros que afirmó que la sublevación del pueblo madrileño había sido instigada por el clero fue el embajador francés en Madrid. Este último, en un despacho, enviado el 10 de abril de 1766 al primer ministro, Choiseul, añadió, no obstante, que también estaban implicados algunos miembros de la alta burguesía. Un mes más tarde, el mismo diplomático, mejor informado, precisó que en el origen de los motines habían confluido la miseria del pueblo y la hostilidad hacia el gobierno de una parte del elemento eclesiástico, que veía amenazados sus privilegios. La iniciativa, según refería el embajador, el marqués de Ossun, la habían tomado miembros de alto clero, que habían movilizado a «un cierto número de subalternos».⁴⁵⁸ El diplomático francés se hacía eco de los rumores que circulaban por los círculos madrileños que él frecuentaba. En la corte, el escaso interés demostrado por los miembros de la aristocracia en reprimir los motines, unido a la masiva circulación de impresos satíricos, sin duda escritos por personas instruidas, llevó muy pronto a barajar la posibilidad de que en las revueltas habían estado implicados miembros de la nobleza y el clero. El hecho de que las pesquisas terminaran apuntando contra un blanco muy concreto, como ya se ha subrayado, denota que detrás de la acusación había motivaciones de orden político, orquestadas por personajes muy cercanos al rey, en particular, Campomanes, Tanucci y Roda.

La pista que conducía a la implicación del estamento nobiliario fue abandonada muy pronto. El castigo solo afectó a unos pocos miembros de la nobleza, entre los que se contaba el marqués de la Ensenada. La implicación directa en la revuelta del antiguo ministro de Fernando VI, que fue confinado en Medina del Campo, nunca se probó. Su alejamiento de la corte —Grimaldi y Roda lo justificaron porque el marqués había sido vitoreado por los insurrectos— se debió, en realidad, a su conocida oposición al gobierno y, en particular a Esquilache, hostilidad compartida, por otra parte, con las «muchas personas poderosas», a las que hace referencia explícita Fernán Núñez, que también subraya la inexperiencia con la que actuó inicialmente el ministro siciliano. Su desconocimiento de los entresijos de la secretaría de Hacienda le llevó a ponerse «en las manos de esas personas que se llaman proyectistas». Fue la influencia de dichos individuos —quienes seguramente le indujeron a llevar a cabo «una odiosa investigación sobre todos los antiguos privilegios»— lo que provocó el odio contra Esquilache de todos aquellos que veían amenazados sus intereses.⁴⁵⁹

El clero, sin duda, figuraba entre estos últimos. El secretario de Hacienda, como hemos visto, había tomado medidas que limitaban notablemente su poder económico y jurisdiccional. Esquilache había introducido una importante novedad en el sistema de recaudación del excusado, impuesto anual que la Iglesia española debía entregar al Estado. El excusado había sido instituido por el papa en tiempos de Felipe II para contribuir a sufragar los gastos de este último en su lucha contra los turcos otomanos. Inicialmente, la corona elegía una casa o propiedad en cada parroquia para que esta le entregase al Estado el diezmo que, hasta ese momento, le correspondía a la Iglesia. (El propietario quedaba así «excusado» de tributar a la Iglesia; de ahí el nombre que recibía este tipo de impuesto.) Posteriormente, se acordó que la Iglesia le entregara al Estado, anualmente, un montante a tanto alzado, evitando así el cobro directo del excusado. A finales del siglo xvII, a raíz de la fuerte crisis de producción que sufrió la península ibérica, en el marco de la recesión que afectó a toda la economía europea, se acordó reducir el importe del excusado. La suma se mantuvo inalterable durante todo el siglo XVIII, a pesar de que la recuperación económica determinase un considerable aumento de las rentas. Esquilache decidió invalidar el acuerdo anterior y procedió a la exacción directa del excusado, que alcanzó cifras muy elevadas, con evidentes ventajas para las arcas reales, pero no para el clero.⁴⁶⁰

Posteriormente, también se tomaron importantes medidas para reducir las competencias jurisdiccionales de la Iglesia que, ya con el Concordato de 1753, había tenido que renunciar, a favor de la monarquía, al nombramiento de los principales cargos eclesiásticos, un derecho ya vigente en las Indias que no se había conseguido hasta entonces hacer extensible a la península. A instancias de los ministros regalistas se intentó limitar el poder de la Inquisición, con la plena aprobación de Carlos III, quien —como ya se ha visto anteriormente— había hecho fracasar, con el apoyo de sus colaboradores ilustrados, el intento de las autoridades eclesiásticas locales de introducir el tribunal del Santo Oficio en Nápoles. Se procuró, así, por ejemplo, reducir el control que ejercía la Inquisición sobre las publicaciones y las representaciones teatrales. Además, el monarca, en su calidad de titular del brazo secular de la Iglesia, se consideró con derecho a intervenir para eliminar ciertas costumbres del clero, condenadas ya por el mismo Concilio de Trento. Se pretendió, en concreto, que el número de religiosos regulares se adecuase a los medios de subsistencia con que contaba su convento, así como evitar que los miembros del clero regular y secular vivieran fuera de sus diócesis. Las disposiciones que tomó el rey a este respecto, siempre con la colaboración de sus ministros, produjeron un hondo malestar en diversos círculos eclesiásticos, en los que no se dudó en redactar numerosos pasquines contra el gobierno. Ante la temida intención de restablecer el teatro, contra el que algunos miembros del clero habían adoptado una posición muy dura, es significativo el caso del convento de los Carmelitas de Cuenca, en el que se publicó una cancioncita satírica que atribuía al gobierno nada menos que la voluntad de eliminar la religión cristiana de España.⁴⁶¹

Las medidas represivas de Aranda también incluyeron a los eclesiásticos, a los que, en abril de 1766, se les volvió a prohibir que vivieran fuera del convento o de la parroquia a la que estaban asignados. Tal prohibición, ignorada anteriormente, se aplicó con un rigor extremo por el presidente del Consejo de Castilla que, como destaca el embajador francés, a mediados de mayo había limpiado Madrid, no solo de vagabundos y malhechores, sino también de religiosos en busca de donativos y prebendas.⁴⁶² Otra importante disposición contra los privilegios jurisdiccionales del clero fue la derogación de su derecho al fuero eclesiástico para los delitos de lesa majestad. Los artífices de esta disposición —cuya finalidad era impedir las críticas al rey y al gobierno por parte de los eclesiásticos— fueron Aranda y Grimaldi; este último consiguió obtener el consentimiento del nuncio, Pallavicini, para su promulgación.⁴⁶³

En un determinado momento, en el punto de mira del gobierno, además de miembros aislados del clero, entró toda una orden religiosa, la Compañía de Jesús, acusada de haber conspirado contra el rey y de ser la responsable de las sublevaciones populares en Madrid y en las otras localidades españolas. Los jesuitas se convirtieron en el chivo expiatorio del Motín de Esquilache. Aprovechando una serie de circunstancias desfavorables para la Compañía de Jesús, esta fue atacada con la clara intención de eliminar a una orden religiosa cuyo pensamiento político se oponía al regalismo ilustrado. Los jesuitas fueron acusados hasta de incitar al regicidio, y se llegó a asegurar que el objetivo de las reducciones jesuíticas guaraníes era el de establecer territorios independientes políticamente de la corona. El fiscal del Consejo de Castilla, el ya mencionado Pedro Rodríguez de Campomanes, fue quien persiguió con más dureza a la Compañía de Jesús.

La historiografía se ha preguntado con frecuencia cuáles fueron los motivos que empujaron a Campomanes a asumir una postura tan hostil hacia los seguidores de San Ignacio de Loyola. Domínguez Ortiz, por ejemplo, tras subrayar que el odio de Campomanes hacia los jesuitas era algo fuera de lo común, se pregunta: ¿les odiaba por algún motivo personal, por convicción o sencillamente por exigencias de su carrera política? Según el historiador español, no es fácil responder a esta pregunta.⁴⁶⁴ Ante la ausencia de una base documental que atestigüe la existencia de motivos de índole personal, se puede barajar la hipótesis de que en el odio del fiscal del Consejo de Castilla confluyeron las dos últimas causas, a las que cabe añadir la tradicional hostilidad de los golillas o manteístas —grupo del que procedía Campomanes— hacia los colegiales mayores, estrechamente vinculados a la Compañía de Jesús.

Otros firmes enemigos de la Compañía fueron, en el seno del gobierno, el secretario de Gracia y Justicia, Manuel de Roda, y, entre los consejeros con más influencia sobre Carlos III, Bernardo Tanucci, en cuyo epistolario es frecuente que exprese su desconfianza hacia la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Los jesuitas, por otra parte, también eran objeto de fuertes críticas en el seno mismo de la Iglesia, sobre todo por parte de las órdenes religiosas de los dominicos y los agustinos, además de por el jansenismo, movimiento este último muy influido, teológica y moralmente, por el agustinismo. La hostilidad de las citadas órdenes religiosas tenía razones muy específicas. El auge y consolidación de la Compañía de Jesús había hecho perder a los dominicos su tradicional supremacía en el ámbito cultural. La influencia de los jesuitas, que detentaban una especie de monopolio en el campo de la enseñanza, había desplazado a los seguidores de Santo Domingo de las altas esferas políticas. Los jesuitas eran, de hecho, los responsables de la dirección espiritual de los miembros de las principales familias reinantes de Europa.

Desde el punto de vista teológico y moral, los principales motivos de enfrentamiento entre los jesuitas, por un lado, y los agustinos y los dominicos, por el otro, eran la mayor o menor importancia concedida a la gracia divina para alcanzar la salvación del alma, y el criterio adoptado para juzgar moralmente los actos humanos. Dominicos y agustinos consideraban que la salvación dependía, sobre todo, de la gracia divina (la «ayuda», por así decirlo, que Dios le concede al hombre para salvarse), idea de raíz tomista. Los jesuitas ponían el acento en el libre albedrío, es decir, en la capacidad del ser humano para elegir, libremente, entre el bien y el mal. En lo referente a la moral, los jesuitas tendían al probabilismo para juzgar los casos de conciencia; los agustinos y, sobre todo, los jansenistas consideraban que el probabilismo degeneraba en laxismo o moral relajada. Los jesuitas también eran atacados por su flexibilidad ante los cultos locales de los lugares de misión —en particular en China y en las Indias— y por su resistencia a pagar los diezmos al clero secular en América.⁴⁶⁵

La influencia de la Compañía de Jesús aumentó aún más con la llegada de los Borbones a España. Los confesores de Felipe V y de Fernando VI, quienes les consultaban sobre cuestiones de vital importancia para la organización eclesiástica, como los nombramientos episcopales, fueron jesuitas, no dominicos. La situación cambió con la llegada de Carlos III, que eligió como confesor a un franciscano, el padre Eleta, aunque confiase a los jesuitas la educación de sus hijos, lo que demuestra que el monarca no estaba predispuesto contra la Compañía de Jesús. La muerte de Isabel de Farnesio, que había sido una firme defensora de los jesuitas, los privó de una importante protectora en la corte.

La hostilidad de los enemigos internos se sumó a la intolerancia procedente del exterior y a la fuerte oposición que, en el nuevo clima creado por la Ilustración, se había extendido también por España, en contra de la orden de San Ignacio, «sus métodos educativos, y en general, su concepto de la autoridad del Estado. Una monarquía cada vez más laicizada y más absoluta empezó a considerar a los jesuitas no como colaboradores útiles, sino como competidores molestos».⁴⁶⁶ Los motines de Madrid fueron la ocasión propicia para sentar en el banquillo de los acusados, en una especie de proceso sumario cuyo veredicto se había dictado ya de antemano, a la Compañía de Jesús. En vez de buscar y verificar responsabilidades individuales, se persiguió a la orden fundada por San Ignacio en su conjunto, «presentándola como un enemigo permanente de la monarquía española, un peligro constante contra ella».⁴⁶⁷

Condena y expulsión de los jesuitas

Las investigaciones para descubrir a los instigadores de los motines, así como a los autores de los libelos clandestinos, fueron responsabilidad, en un primer momento, del Consejo de Castilla en pleno; más tarde, el rey restringió dicha responsabilidad a un Consejo extraordinario —completamente controlado por la facción manteísta-tomista— al que se le recomendó que actuara con la máxima discreción. En la formación de ese consejo fue decisiva la influencia de Roda y de Campomanes que, con sus amplios conocimientos jurídicos y su perspicacia política consiguió darle «al partido tomista una adecuada cobertura institucional y amplísimos poderes para tomar decisiones». Por tanto, dentro del Consejo extraordinario cuajó «el núcleo duro de esa parte de la alta burocracia borbónica adversaria de los colegiales mayores y de la Compañía, desde el momento en que todos los consejeros seleccionados eran de origen manteísta y de una indiscutible orientación tomista».⁴⁶⁸ Los consejeros elegidos eran famosos por su antijesuitismo, postura que, sin embargo, era minoritaria en el Consejo de Castilla, cuyo presidente, el conde de Aranda, era considerado un valedor de la Compañía. En enero de 1767, la Pesquisa secreta, como se denominó la investigación conducida por el consejo extraordinario, llegó a la previsible conclusión de que la Compañía de Jesús era culpable, aunque las pruebas y los testimonios recogidos fueran dudosos y tuvieran importantes lagunas, lo que suscitó muchas dudas acerca de la veracidad de la conspiración contra la monarquía que se achacaba a los jesuitas.

A los resultados de la Pesquisa secreta le siguió el Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España de Campomanes, que lo redactó en su calidad de fiscal del Consejo de Castilla. En su Dictamen, que constaba, nada menos, que de setecientos artículos, Campomanes recurrió a todo el armamento antijesuítico acumulado durante siglos. La Compañía fue acusada, sobre la base de meros indicios, de haber inspirado los motines para cambiar la forma de gobierno y derrocar al rey. Se hizo referencia, a este respecto, a la doctrina del tiranicidio, elaborada por el jesuita Juan de Mariana. Además, la Compañía fue acusada de laxitud moral, de sed de poder y de riqueza, y de urdir intrigas en América. Las controversias teológicas y doctrinales mantenidas con las otras órdenes religiosas también fueron usadas en su contra.⁴⁶⁹ Especialmente duras habían sido las disputas con los agustinos a causa de la beatificación de Juan de Palafox, arzobispo de México, a la que los jesuitas se opusieron con firmeza, o la que se suscitó cuando la Compañía consiguió que se incluyera en el Índice de libros prohibidos la Historia Pelagiana o Historia del pelagianismo del cardenal Henry Noris. En las otras órdenes, también había suscitado un considerable malestar la publicación de la obra crítico-satírica Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas, alias Zotes del jesuita José Francisco de Isla, el Padre Isla, que ridiculizaba la conducta pastoral de los frailes.⁴⁷⁰

La Pesquisa y el Dictamen fueron presentados al Consejo de Castilla en enero de 1767, pero Aranda solo los puso en conocimiento de un reducido número de consejeros —todos de conocida orientación antijesuítica—, con los que se constituyó otro consejo extraordinario, que examinó y dio por buenos los resultados de las investigaciones, sugiriendo al rey que decretase la expulsión de la Compañía de Jesús de España y de las Indias, una disposición parecida a la tomada por Portugal, en 1759, y por Francia en 1762. Carlos III estuvo de acuerdo aunque, para conseguir un aval adicional, fue convocado otro consejo extraordinario, presidido por el duque de Alba, del que formaron parte los cinco secretarios del despacho, Grimaldi, Arriaga, Muniain, Múzquiz y Roda; este último, en su calidad de secretario de Gracia y Justicia, también tenía competencia sobre los asuntos eclesiásticos. Este segundo consejo confirmó los resultados del precedente y corroboró la necesidad de tomar la drástica medida contra los jesuitas. Además, se le sugirió al rey que, para evitar polémicas, no explicitase los motivos de la expulsión, que fue decretada el 20 de febrero de 1767

[...] por gravísimas causas relativas a la oblicacion en que me hallo constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias que reservo en mi real animo, usando de la suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mis manos para la proteccion de mis vasallos y respeto a mi corona.⁴⁷¹

Carlos III, además, quiso conocer el parecer de los obispos españoles y de los dominios de ultramar que, aunque con un notable retraso, se declararon favorables, en su inmensa mayoría, a la expulsión,⁴⁷² una demostración concluyente de que la hostilidad hacia la Compañía estaba también ampliamente extendida en el ámbito eclesiástico.

La noche entre el 1 y el 2 de abril de 1767, las ciento cuarenta y seis residencias que la Compañía tenía en España fueron rodeadas por el ejército. Se les hizo entrega de la orden de expulsión, de la que solo fueron excluidos los novicios que habían elegido renunciar a la vida religiosa. La operación —cuidadosamente preparada en el más absoluto secreto y ejecutada con gran eficacia bajo la dirección de Aranda— afectó a 2.641 jesuitas en España, a los que se añadieron otros 2.630, forzados a dejar América y Filipinas.⁴⁷³ Los expulsados fueron derivados a una serie de puertos preestablecidos para ser embarcados rumbo al Estado de la Iglesia. El papa Clemente XIII —que, puesto al tanto por el rey, había intentado, inútilmente, convencerle para que revocara la drástica disposición—⁴⁷⁴se negó a acoger a los expulsados. La república de Génova les concedió, más tarde, permiso para desembarcar en Córcega. Al año siguiente, sin embargo, Córcega pasó a manos de Francia, país que, como ya hemos indicado, también había expulsado a los jesuitas. Obligados a reemprender el viaje, el papa accedió, al fin, a acogerlos en sus Estados.⁴⁷⁵ Para el sustento de cada uno de los expulsados, España pagaba una suma anual de cien pesos, sacada del rendimiento de las temporalidades, es decir, de los bienes inmuebles confiscados a la Compañía. Las propiedades pertenecientes a la Compañía eran numerosas y productivas, pero estaban lastradas por importantes cargas y los rendimientos netos no eran tan ingentes como se creía en general. Las propiedades fueron subastadas y los lugares de culto se les asignaron a los obispos. Para tratar de llenar la gran laguna que se había producido en el sector de la enseñanza, los colegios y las residencias de los jesuitas se convirtieron en institutos educativos eclesiásticos y laicos. Parte de los edificios destinados a usos religiosos fueron reconvertidos en seminarios; el resto fue transferido a otras órdenes.⁴⁷⁶

Supresión de la Compañía de Jesús

Tras la expulsión de los jesuitas, Isidoro de Carvajal y Lancáster, obispo de Cuenca, criticó la presión de la monarquía sobre la Iglesia española, «perseguida, saqueada en sus bienes, ultrajada en sus ministros y atropellada en sus inmunidades». Los fiscales del Consejo de Castilla —José Moñino, fiscal de lo criminal, y Campomanes, de lo civil— refutaron estas afirmaciones; el primero, basándose en el derecho canónico, y el segundo, alertando sobre la repercusión que los ataques de un prelado al Estado podrían tener sobre el pueblo, de regreso de las revueltas instigadas por los jesuitas. Las acusaciones del obispo de Cuenca a Carlos III se tildaron de mezquinas, y se subrayó —sobre todo Moñino — que el monarca había demostrado, en todo momento, una actitud favorable al clero, ya que consideraba que era su deber la protección de la Iglesia. Según Campomanes, sostener que la Iglesia en España estaba perseguida implicaba predisponer al pueblo contra la monarquía y amenazar la soberanía del rey.⁴⁷⁷

En 1768 se volvió a plantear la cuestión del plácet regio para la concesión del exequátur, medida introducida de nuevo por Carlos III, que otra vez chocó con el papa Clemente XIII. En represalia a la política regalista llevada a cabo por las cortes borbónicas, el papa publicó entonces el breve Monitorio de Parma, por el que, valiéndose del poder que ejercía sobre el pequeño ducado, abolió la legislación en materia eclesiástica introducida por el ministro Guillaume du Tillot. La ocasión elegida para la publicación del breve pontificio fue la promulgación, en enero de 1768, de la ley por la que se prohibía a los súbditos recurrir a los tribunales extranjeros, incluido el de Roma, sin autorización ducal. No obstante parece evidente que «el pontífice había golpeado al más pequeño de los estados borbónicos solo porque no osaba hacerlo con España, Francia o las Dos Sicilias».⁴⁷⁸ Al igual que los otros reinos borbónicos, la reacción de Madrid a la disposición papal fue inmediata y contundente. Los fiscales del Consejo intervinieron en la polémica con la publicación del Juicio imparcial, que atacaba con un tono muy acido la pretensión eclesiástica de inmiscuirse en cuestiones temporales. El enfrentamiento con la Iglesia alcanzó cotas tan altas que fue necesario modificar ciertas partes del Juicio para evitar que Campomanes, autor de la primera redacción en 1768, fuese procesado por el tribunal de la Inquisición, imputación que consiguió evitar gracias a la protección de Carlos III. Una comisión de cinco obispos confió a Moniño, al que se consideraba más prudente y moderado que su colega, la tarea de publicar una segunda versión de la obra.⁴⁷⁹ El fiscal de lo criminal eliminó los puntos más radicales, pero se reafirmó en la opinión de que, en cuestiones temporales, los eclesiásticos debían someterse al poder secular, y denunció la teología ultramontana típica de los jesuitas, que habían introducido prácticas contrarias al espíritu de la antigua legislación.⁴⁸⁰

Firmemente convencido de la necesidad de expulsar a la Compañía de Jesús, Carlos III, en los años sucesivos, le solicitó repetidas veces al papa que la suprimiera. En 1773, el nuevo pontífice, Clemente XIV, aceptó la petición del rey y decretó la supresión de la Compañía de Jesús. En esta decisión fue fundamental el papel desempeñado en Roma por José Moñino, que ya había destacado, en calidad de fiscal del Consejo de Castilla, durante las investigaciones sobre la responsabilidad de los jesuitas en el Motín de Esquilache. Como recompensa por el fructífero trabajo realizado ante la Santa Sede, a donde fue enviado por el rey en 1772, a Moniño se le concedió el título de conde de Floridablanca.⁴⁸¹ El éxito cosechado en Roma fue el trampolín desde el que el recién nombrado conde de Floridablanca inició una brillante carrera política que le conduciría a la cumbre del gobierno español.

Tras conocer en primicia la disposición papal de la supresión canónica de la Compañía, el soberano informó inmediatamente a Tanucci y después se felicitó con Luis XV. En las cartas enviadas a sus interlocutores, Carlos III, por fin tranquilo, manifestó su alivio por la desaparición de una orden cuya existencia consideraba, sinceramente, que era una constante amenaza para la estabilidad de sus reinos e incluso para su vida y la de sus familiares.⁴⁸² El soberano demostró, pues, estar en plena sintonía con los elementos más extremistas de su entorno, cuyas razones para la expulsión había compartido plenamente. Con independencia de la mayor o menor implicación de los jesuitas en la presunta conspiración de 1766, Carlos III consideró que la expulsión había sido inevitable para alejar un peligro que amenazaba al Estado y a su familia.

IV PRESIDENCIA DEL CONDE DE ARANDA ENTRE PATERNALISMO Y DESPOTISMO ILUSTRADO

Corrientes político-sociales: manteístas, aragoneses y castizos

LOS siete años transcurridos entre el Motín de Esquilache y la supresión de la Compañía de Jesús coincidieron con la presidencia de Aranda al frente del Consejo de Castilla. La determinación y la eficacia con las que el noble aragonés había conseguido reprimir las revueltas de la primavera de 1766 y restablecer el orden en la capital y en el resto de España, fueron muy apreciadas por Carlos III, que lo mantuvo en su prestigioso cargo, recurrió a su colaboración y le confió importantes misiones. El rey actuó con el apoyo del partido manteísta, promotor del regalismo ilustrado que, con la expulsión de la Compañía de Jesús y su sucesiva supresión, había alcanzado en España «la máxima expresión».⁴⁸³ De acuerdo con Carlos III, el secretario de Gracia y Justicia, Manuel de la Roda —que, junto a Campomanes, era el elemento más combativo de este grupo político— se las ingenió para que la responsabilidad de ejecutar el decreto de expulsión recayera enteramente sobre los hombros de Aranda. El motivo era doble. Por un lado, el presidente del Consejo de Castilla, que había dado pruebas de contar, de sobra, con la energía y habilidad necesarias para ejecutar las órdenes reales, parecía la persona más idónea para una misión tan delicada; por el otro, encomendarle este encargo era la forma de implicarlo activamente en la lucha contra la Compañía.

La actitud del conde de Aranda hacia los jesuitas, a diferencia de la de otros miembros del Consejo, no había sido abiertamente hostil. En realidad, el conde aragonés, al igual que Grimaldi —cuya posición se podía justificar por el miedo a un nuevo estallido de los motines; en los anteriores su integridad física se vio seriamente comprometida— se mantuvo más bien al margen en las fases previas al decreto de expulsión, a diferencia de Roda, Campomanes y el padre Eleta, que desempeñaron un papel claramente protagonista. Fue el propio Roda quien calificó al conde de Aranda de «terciario» —es decir, en este contexto: un devoto seguidor de los jesuitas— y, por lo tanto, de poco fiable para conducir la investigación, cuyo resultado ya estaba decidido de antemano. La desconfianza de Roda en el conde aragonés era compartida por los miembros del partido manteísta, que también alimentaban sospechas contra Grimaldi, considerado simpatizante de los ignacianos.⁴⁸⁴

El término «partido», aunque impropio, se usa con frecuencia por la historiografía española para indicar los distintos elementos presentes en la escena política y social de la península ibérica en el siglo XVIII. Cada una de estas corrientes tenía características en común, pero los matices variaban de una a otra. El partido aragonés, liderado por Aranda junto con su primo, Fuentes, se situaba, bajo ciertos aspectos, en una posición intermedia entre el partido castizo o español y el de los manteístas o golillas. El término «golilla» era el diminutivo de «gola», es decir, un adorno hecho de tafetán u otro tejido, que se ponía alrededor del cuello, cuya moda introdujo en España Felipe IV. En el siglo XVIII cayó en desuso, pero el término siguió empleándose para designar a los miembros de la facción política de origen manteísta. Estos procedían, por lo general, de las filas de la hidalguía o pequeña nobleza y de la burocracia. En su seno convivían distintas tendencias, todas cohesionadas, sin embargo, por la fuerte aversión que sentían hacia los castizos.⁴⁸⁵

El partido castizo, en las antípodas del anterior, lo constituían miembros de la alta aristocracia; estaba alentado por un fuerte espíritu nacionalista y, en consecuencia, por una actitud abiertamente xenófoba hacia los extranjeros, cuya presencia en las altas esferas del Estado y de la corte les resultaba intolerable. La procedencia geográfica era el denominador común de los partidarios del partido aragonés, también llamado militar porque gran parte de sus adeptos procedían de las filas del ejército. A veces, podía darse el caso —Manuel de la Roda, por ejemplo— de que una misma persona fuese aceptada en el partido manteísta, por su extracción social, y en el aragonés por su lugar de nacimiento. El conde de Aranda compartía con los miembros del partido castizo los prejuicios clasistas hacia los golillas; por ello su postura despertaba una cierta preocupación entre estos últimos. El conde aragonés, al igual que los demás miembros de su partido, compartía, en cambio, con los golillas la orientación regalista y el espíritu reformista, a los que se oponían los castizos, atados a las tradiciones y, por tanto, a una visión política retrógrada e inmovilista.

El nombramiento de Aranda como presidente del Consejo de Castilla, dadas las características del personaje, le permitió a Carlos III encontrar un equilibrio entre las diferentes tendencias de su gobierno. El noble origen del conde aragonés representaba, de hecho, una garantía para los miembros de la alta aristocracia y, por consiguiente, para el propio partido castizo. El aperturismo de Aranda hacia las ideas ilustradas y su inclinación por la línea reformista, hacían, por otro lado, que estuviera bien visto por los manteístas. Aranda tenía, además, otro punto en común con los golillas: el odio hacia el duque de Alba, personaje que se situó, de inmediato, en las filas de la oposición y al que, más tarde, Carlos III intentó atraer a su favor. En el caso de Aranda, se trataba de una cuestión de rivalidad personal; los golillas le atacaban por ser el jefe del partido castizo.

El nombramiento del conde de Aranda supuso también una importante novedad: por primera vez, el cargo de presidente del Consejo de Castilla no lo ocupaba un castellano que, según la praxis establecida, fuera, además, miembro del clero (dicha práctica solo se había interrumpido en casos muy concretos, cuando el laico designado era un funcionario avalado por una consolidada experiencia jurídica). Esta novedad, sin duda, era indicio del deseo de Carlos III de ampliar la base geográfica del Consejo, implicando en el gobierno al partido aragonés a través de la persona de su máximo representante, en el que, además, la lealtad a la monarquía iba unida a un concepto de patria mucho más amplio: Aranda, por patria, no entendía fundamentalmente el reino de Aragón, sino la totalidad de la monarquía hispánica. En la elección del conde aragonés hubo también un último motivo: dada la gravedad de las circunstancias, el monarca quería apostar por un miembro del ejército, de probada experiencia militar. A este respecto, Aranda estuvo a la altura de las expectativas del monarca. Una vez superada la situación de emergencia, hay que reconocerle al soberano que fue capaz de fusionar en su gobierno, de manera equilibrada, las distintas tendencias político-sociales, y de actuar, en definitiva, como árbitro absoluto de este. Si el componente manteísta ganó ventaja y, como veremos más adelante, terminó por imponerse definitivamente cuando el conde de Floridablanca llegó al poder, fue con la aprobación del monarca y bajo su supervisión. Al igual que avaló la expulsión de los jesuitas, fue el rey quien promovió los demás cambios y las importantes reformas que se produjeron en su reinado, dentro de una concepción de la realeza y del gobierno en la que el paternalismo se conjugaba con el despotismo ilustrado ministerial.

Reformas administrativas y medidas de orden público promovidas por Aranda

La rápida ejecución de las órdenes impartidas por Carlos III, por sugerencia de Manuel de la Roda, despejó toda sospecha sobre la lealtad del conde de Aranda aunque, al mismo tiempo, le hizo aparecer a los ojos de la opinión pública como el principal responsable de la expulsión de los jesuitas. Este protagonismo ha sido cuestionado por la historiografía jesuítica, que ha tratado de hacer pasar al conde de Aranda por un «simple “soldadito” que cumplió, a regañadientes, las órdenes recibidas desde arriba, ocupándose exclusivamente del aspecto burocrático-logístico de la expulsión, y que acabó convirtiéndose por ello en el chivo expiatorio de todo lo ocurrido».⁴⁸⁶ Al margen de cuáles fueran los auténticos sentimientos del noble aragonés hacia la Compañía de Jesús —de la que formaban parte, por otro lado, un hermanastro y dos primos suyos—, lo que está fuera de toda duda es «el hecho incuestionable de que [....] no se opuso a la estrategia ideada por el “triunvirato” Campomanes-Roda-Eleta, y que aceptó que la rama española de la Compañía de Jesús fuese suprimida».⁴⁸⁷

Artífice de la recuperación de la normalidad tras los motines, Aranda demostró con la ejecución del decreto de expulsión de los jesuitas que era una persona leal y de probada eficacia. Contando, a raíz de ello, con la plena confianza del heterogéneo partido manteísta, que había salido claramente victorioso del enfrentamiento con los defensores de los jesuitas, en los años siguientes el conde de Aranda, con el respaldo de Carlos III y el apoyo del partido aragonés, consiguió aumentar su peso dentro del gobierno. El soberano contó con la ayuda fundamental del conde para llevar gradualmente a buen puerto la reorganización de las fuerzas de seguridad interior, es decir, de constituir un auténtico cuerpo de policía. La iniciativa se tomó a raíz de los motines de 1766, aprovechando el miedo que habían despertado las revueltas en los estratos de la población plenamente integrados en el sistema que tenían todo que perder en el caso de que se desencadenaran futuros desórdenes y que, por lo tanto, estuvieron de acuerdo con la actuación del gobierno. Por ello, desde el punto de vista del orden público, «la reforma policial que se puso en marcha, por un lado, reclamó el apoyo de esos grupos “de orden” y, por otro, se presentó como resultado de la preocupación desinteresada de la corona por el bienestar de sus súbditos», cuando la que se benefició fue, sobre todo, la propia corona, que sacó adelante la reforma con habilidad «y sin prisas».⁴⁸⁸

Las carencias de las fuerzas del orden, puestas en evidencia de forma clamorosa durante los disturbios, impidieron una adecuada labor preventiva, así como la rápida y eficaz intervención que exigía la gravedad de los hechos. Una medida que demostró su eficacia durante las convulsas jornadas fue la ya citada reforma de las administraciones locales, con la entrada de alcaldes y diputados electos, reforma encaminada a hacer partícipe a las clases populares de la gestión de los ayuntamientos. Basándose en el éxito conseguido en los núcleos periféricos, Aranda avanzó la propuesta de introducir algunas reformas en la administración de Madrid —la denominada Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en la capital y sus alrededores— con el objetivo de hacer más rápidos los procedimientos judiciales y, sobre todo, de permitir al poder local ejercer un control más estricto sobre los ciudadanos. Dicha vigilancia parecía necesaria para prevenir que se repitieran los incidentes que incluso forzaron al rey a huir de la capital. A finales de 1766, la propuesta de Aranda fue sometida al examen del Consejo de Castilla, que expuso sus consideraciones y, posteriormente, se presentó a la Sala para que emitiese su parecer. Toda la documentación fue luego analizada por Campomanes, en su calidad de fiscal de lo civil, y reenviada al Consejo de Castilla que, en septiembre de 1768, expuso su dictamen final a Carlos III.⁴⁸⁹ El monarca, al mes siguiente, emanó una Real Cédula por la que se reformaba la administración de Madrid.

La reforma afectó tanto al ámbito judicial como al del orden público, en los que se introdujeron las novedades más importantes. Se estableció reducir a ocho los once cuarteles en los que estaba subdividida la capital y poner al frente de cada uno de ellos a un alcalde de Casa y Corte, con jurisdicción civil y criminal sobre la población del cuartel, en el que tenía la obligación de residir junto al resto de personal subalterno. A estos ocho alcaldes titulares se les añadían después otros cuatro, con el cometido de sustituirles en caso de ausencia y de desarrollar actividades de investigación mediante la recogida de quejas, informaciones y testimonios. El conjunto de los doce alcaldes constituía la Sala, que ejercía las funciones de un tribunal, presidida por un gobernador y dividida en dos secciones, una para las causas civiles y la otra para las criminales. Las cuestiones de carácter general se examinaban previamente por ambas secciones en sesión conjunta. En cuanto al orden público, la Real Cédula preveía la subdivisión de cada cuartel en ocho barrios, para cuya dirección había un alcalde de barrio. Se precisaba que estos alcaldes, que desarrollaban su labor de forma gratuita, tenían que ser ciudadanos honrados, elegidos con las mismas normas requeridas para la elección de los diputados y personeros de los municipios. Sus atribuciones consistían en llevar un registro de todos los residentes habituales del barrio, así como de los que entraban y salían. Además, tenían que

[...] velar por la limpieza y buen orden de las fuentes y empedrados, penando á los contraventores con arreglo a los bandos y órdenes publicadas en estos asuntos; y si en ambos notaren alguna necesidad de reparos, lo participarán al corregidor de Madrid, para que los disponga; [... velar] sobre la pública tranquilidad y buen orden de los habitantes del suyo [...]. Por lo que mira a vagos y malentretenidos, constando serlo por las diligencias que hagan, y noticias que tomen de ellos, se dará por el alcalde del barrio cuenta al de corte de su cuartel, y por este a la Sala, para que se les aplique al destino que les corresponda, sumariamente [...]. ⁴⁹⁰

En cuanto a los mendigos y los niños huérfanos o abandonados,

[...] es preciso que descubran [a] los que se hallen sin destino, los mendigos, los vagos, y los niños abandonados por sus padres o huérfanos: por tanto se les encarga muy seria y estrechamente, que atiendan a todos los que se hallaren de estas clases, y den cuenta al alcalde de su respectivo cuartel, para que se destinen al hospicio los mendigos que no puedan aplicarse a las armas o marina.

Con esta medida se logró ejercer un estrecho control sobre los habitantes de cada uno de los barrios, vigilancia de importancia fundamental para mantener el orden público y, al mismo tiempo, se descentralizó la administración de los cuarteles, aligerando la tarea de sus respectivos alcaldes. Los positivos resultados del decreto real, promulgado a propuesta de Aranda, hicieron que la reforma se extendiera a las ciudades sedes de cancillerías y audiencias. En 1769, Barcelona, Granada, Valladolid, Sevilla, A Coruña, Valencia, Zaragoza, Oviedo y Palma de Mallorca fueron divididas en cuarteles, barrios y manzanas, que se identificaban con un azulejo colocado en el muro en el que se indicaba el número de la manzana, del barrio y del cuartel correspondientes.

Posteriormente, otras ciudades, como Córdoba y Ciudad Real, solicitaron y obtuvieron que se les aplicara la misma medida, prueba concluyente de su eficacia. A instancias de Aranda, el gobierno se dotó, por tanto, de «la plataforma adecuada para promulgar una legislación contra los tumultos y asonadas, en su afán de hacer irrepetible lo ocurrido en 1766».⁴⁹¹ De hecho, sobre esta base se apoyaría la Pragmática del 14 de abril de 1774, llamada Ley de Asonadas, con la que se estableció, entre otras cosas, que las concesiones bajo presión de los rebeldes no tendrían ningún efecto y

[...] para evitar que se soliciten —decretó el rey—, prohíbo absolutamente a los delincuentes bulliciosos, que mientras se mantienen inobedientes a los mandatos de las justicias, puedan tener representación alguna, ni capitular por medio de personas de autoridad, de cualesquiera dignidad, calidad y condición que sean, con los jueces; y prohíbo también a las expresadas personas de autoridad, que puedan admitir semejantes mensajes y representaciones.

La Pragmática supuso por ello un «valioso instrumento del Estado en la prevención y represión de tumultos y asonadas, al tiempo que robustecía el poder civil y la jurisdicción ordinaria» y, a la vez —subraya Martínez Ruiz—, trazó la ruta que más tarde recorrería «la acción gubernamental hasta desembocar en la creación de la policía».⁴⁹²

Crisis demográfica y propuestas para repoblar Sierra Morena

Mientras se llevaba a cabo la investigación que condujo a la expulsión de los jesuitas, en la corte se abordó el problema de la crisis demográfica que afectaba a España desde hacía tiempo. El problema de la despoblación ya había sido objeto, en el pasado, de la reflexión de estudiosos y políticos, quienes indicaron diversas causas de esta. Para algunos, la necesidad de mantener el prestigio en el plano mundial que se había alcanzado en los inicios de la Edad Moderna llevó a la monarquía hispánica a hacer enormes esfuerzos en tierras lejanas, lo que obligó a muchos de sus súbditos a abandonar la patria. Según otros, la emigración se explicaba por el ansia de oro que empujó a un gran número de españoles a ir a América para apoderarse de las inmensas riquezas que, según se fantaseaba, escondía el Nuevo Mundo. Otros, por último, sostenían que la despoblación se debía a la expulsión de los judíos y de los musulmanes. En realidad, ninguna explicación excluía a las otras. Todos estos motivos, cada uno en distinta medida, pudieron ser la causa de la crisis demográfica en España, de la que ya se tuvo plena consciencia a principios del siglo xvII. En 1619, de hecho, el Consejo de Castilla ya había presentado al rey Felipe III un célebre informe en el que se comunicaba «que la despoblación y falta de gente es la mayor que se ha visto ni oído desde que vuestros progenitores empezaron a reinar, de suerte que se va acabando y arruinando la Corona».⁴⁹³

A finales del siglo xvII, la tendencia demográfica se invirtió en la península ibérica, al igual que en el resto de Europa. Aún así, en el siglo XVIII todavía seguían despobladas grandes zonas de la península. La situación era especialmente dramática en el territorio comprendido entre las provincias de Ciudad Real y Córdoba. A lo largo del camino que iba desde Madrid a Cádiz, el principal puerto de embarque hacia las Indias, entre las localidades de Viso del Marqués y Bailén solo se hallaba la actual pedanía de Puerto del Rey, donde se descargaban las mercancías de los carros para ponerlas a lomos de incómodas cabalgaduras, sometidas continuamente al peligro de los asaltos que, casi todos los días, perpetraban ladrones y bandoleros. La necesidad de garantizar la seguridad de los transportes de mercancías en una arteria vital para el comercio español se unió, pues, a la exigencia de construir nuevos asentamientos en una zona prácticamente desierta, y crear así las condiciones para un futuro desarrollo. En realidad, durante el reinado de Fernando VI ya se habían realizado, sin éxito, algunos intentos de repoblación. En concreto, por iniciativa del marqués de la Ensenada, en 1749 se les ofreció a cientos de familias húngaras y alemanas la posibilidad de trasladarse a España o a América, y en 1753, se pensó en hacerle una propuesta análoga a irlandeses y a alemanes de religión católica. Otros proyectos para establecer colonias agrícolas con inmigrantes alemanes y suizos tuvieron el mismo resultado negativo en 1754.⁴⁹⁴

Desde el principio de su reinado, Carlos III prestó una especial atención a la vieja cuestión demográfica y, con el respaldo del gobierno, solicitó a una serie de aventureros extranjeros que le hicieran propuestas para llevar a cabo la repoblación. Entre estos auténticos traficantes de seres humanos destacó por la eficacia de su propuesta el coronel bávaro Johannes Caspar o Juan Gaspar Thürriegel, que se había instalado hacía poco en España junto a su familia. Al principio, Thürriegel se comprometió a reclutar a seis mil colonos para poblar la isla de Puerto Rico o cualquier otra zona de América. Como contrapartida, pedía que se le otorgaran el grado y la paga de coronel. El rey aceptó su propuesta por el decreto de octubre de 1766, pero le negó la concesión del grado de capitán de infantería a ocho de sus colaboradores alemanes y flamencos y se estableció que, en lo que se refiere a los inmigrantes, quedaban «al arbitrio de su majestad los clérigos o frailes que se deben destinar para su pasto espiritual».⁴⁹⁵ La oferta de Thürriegel se sometió al parecer del ya mencionado Pablo Antonio de Olavide quien, tras haber discutido el tema con Arriaga, ministro de la Marina y de las Colonias, defendió que era más conveniente llevar negros a América. Los seis mil colonos prometidos por Thürriegel, según Olavide, era mejor que se instalasen en Sierra Morena, y que los centros habitados en esa zona funcionasen como modelo para futuros asentamientos.

Olavide había nacido en Lima en 1725. Tras licenciarse brillantemente en Teología por la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, las instituciones académicas lo propusieron al rey de España para que ocupara un puesto en la Real Audiencia de Lima. La propuesta fue aceptada por Felipe V, que nombró a Olavide oidor general de guerra del virreinato de Perú. Desde dicho cargo, Olavide hizo todo lo posible para ayudar a la población afectada por el terremoto que, en 1746, destruyó la capital peruana. Se le confió entonces la tarea de recuperar los bienes, sepultados bajo los escombros, de los fallecidos. Lo recuperado fue suficiente como para costear la construcción de una iglesia y un teatro. Acusado de malversación de fondos públicos, en 1749 fue suspendido de su empleo y huyó a España. En 1752 fue arrestado en Madrid por orden del fiscal de Lima. Poco después, obtuvo la libertad condicional, alegando motivos de salud, y se estableció en Leganés. Allí conoció a una rica viuda con la que se casó y, gracias a la cual, pudo hacerle frente a sus deudas, resolver sus problemas judiciales pendientes y regresar a Madrid. La pareja hizo, posteriormente, varios viajes a París, donde fueron habituales de los principales salones de la ciudad. Olavide tuvo así la oportunidad de entrar en contacto con los máximos representantes de la ilustración francesa: Diderot, D’Alembert, el barón de Holbach y el propio Voltaire, que sintió por él un gran aprecio. Fascinado por la cultura que estaba floreciendo al norte de los Pirineos, cuando regresó a Madrid hizo traducir y representar varias comedias francesas e inició una estrecha relación con Aranda, también él fervoroso admirador de la Ilustración. El presidente del Consejo de Castilla le encargó a Olavide la tarea de redactar un plan para la educación de la juventud y, después, le nombró director de los hospicios de Madrid, cargo que ocupaba cuando Carlos III quiso conocer su opinión sobre la propuesta de Thürriegel.⁴⁹⁶

En noviembre de 1766, el rey decretó que la propuesta de Olavide de repoblar Sierra Morena y Andalucía con los colonos traídos por Thürriegel fuese sometida a examen por el Consejo de Castilla. El fiscal Campomanes había expresado una opinión plenamente favorable sobre el proyecto de Thürriegel, apoyándolo sin reservas. El Consejo de Castilla lo aprobó, pero con la modificación sugerida por Olavide con respecto al destino de los colonos. El Consejo puso algunas condiciones. Los asentamientos se iniciarían en el plazo de ocho meses y los colonos serían agricultores o artesanos de religión católica. También se estableció una subdivisión por edades; de los seis mil individuos que se esperaban, se especificó que mil, entre hombres y mujeres, debían tener una edad comprendida entre los cuarenta y los cincuenta años; tres mil, entre diecisiete y cuarenta; mil, entre siete y dieciséis; los mil restantes debían ser niños menores de siete años. Ante la opinión favorable del Consejo de Castilla, en febrero de 1767 Carlos III dio su consentimiento a la llegada de colonos a Sierra Morena, dispuso las medidas necesarias para su acogida y abogó para que estas fueran aplicadas con la máxima diligencia, «de manera que la opinión del buen trato que se dé a estos colonos facilite la venida de otros».⁴⁹⁷

Unos meses más tarde, en julio de 1767, se promulgó el Fuero de las Nuevas Poblaciones, que regulaba los aspectos de la vida económica y social de los nuevos colonos. Los núcleos habitados deberían tener una extensión limitada y se asentarían en terrenos no cultivados y de propiedad pública. Su administración correría a cargo de un consejo electo. Se les asignarían sacerdotes para atender a sus necesidades espirituales, pero estos tendrían la prohibición explícita de fundar conventos; también quedaba prohibida la presencia de orden religiosa alguna. Se estableció que se abrieran escuelas populares para la formación de los agricultores y de los artesanos y se asignó a cada núcleo familiar un lote de tierras de 50 fanegas (equivalente a 32,5 hectáreas). Las parcelas debían dedicarse a la explotación agropecuaria y se pensó que su extensión era la adecuada para el sustento de una familia. Para impedir que, con el paso del tiempo, se modificasen las condiciones originales, se prohibió la enajenación, fragmentación y agrupación de las parcelas asignadas. Por la misma razón, es decir, para que todos los habitantes pudieran mantener un nivel de vida sostenible, se prohibió la fundación de mayorazgos y de propiedades vinculadas. Se decidió dotar a las nuevas localidades de un pequeño contingente militar, al mando de un coronel, cargo que le fue confiado a Thürriegel.⁴⁹⁸

La intendencia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía

Olavide fue puesto al frente de la denominada Intendencia de las Nuevas Poblaciones para que pusiese en marcha el proyecto. Además, se le otorgaron los cargos de intendente de los cuatro reinos de Andalucía (Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada) y de asistente corregidor de Sevilla, que habían quedado vacantes, lo que testifica la confianza que Carlos III había depositado en el peruano. El monarca se cuidó mucho, sin embargo, de aceptar todas las demandas de Thürriegel. Este último, consciente de la favorable acogida que había tenido su propuesta, iba cada vez más lejos en sus peticiones, convencido de que contaba con el apoyo de Campomanes. A pesar de la opinión favorable de este último, se desoyó la solicitud del coronel bávaro de que se les proporcionaran uniformes a él y a sus colaboradores para certificar que estaban al servicio del rey.⁴⁹⁹ La negativa, motivada porque Carlos III no quería asumir la responsabilidad de la conducta de Thürriegel y su equipo, denota una cierta desconfianza hacia el aventurero alemán que, con el tiempo, se demostró fundada.

Campomanes, dando muestras de la «universalidad de sus conocimientos», le sugirió al secretario de Hacienda, Múzquiz, cuál era la zona más apropiada para los primeros asentamientos. Se trataba de un territorio cerca de Almería, de aproximadamente 6.400 fanegas de tierra de regadío abandonada, que se estaba echando a perder y en la que podían establecerse ciento dos familias, con un total de quinientas personas. En 1767 la Tesorería asignó una cantidad de 1.584.927 reales para hacerle frente a los gastos necesarios para acometer la compleja operación de crear los nuevos centros poblacionales. Entre los colonos, algunos estaban enfermos de escorbuto o de viruela, por lo que fue necesario facilitarles un alojamiento y prestarles atención sanitaria. Para ello, Olavide se vio obligado a ocupar los colegios de los jesuitas expulsados y a utilizar los hospitales más cercanos. Además, hacía falta proporcionarles comida, ropa y los aperos necesarios para trabajar el campo, necesidades a las que se hizo frente gracias al envío de todo lo preciso desde los colegios de Baeza, Andújar y Córdoba. El Consejo de Castilla le pidió a Olavide algunas indicaciones sobre qué medidas adoptar para mejorar la agricultura y él, en marzo de 1768, presentó un voluminoso trabajo, dividido en treinta y ocho secciones. Tras examinar la situación del campo en las provincias andaluzas, el superintendente hizo un listado de problemas, indicando una solución para cada uno de ellos que iban desde la división y roturación de las fincas hasta el tipo de cultivo más apropiado, el pago de los diezmos, la prohibición de instituir mayorazgos y capellanías, la necesidad de crear academias de agricultura práctica. Por último, para agilizar la salida al mercado de los productos, propuso que se establecieran en cada provincia dos ferias al año, una en abril y la otra en septiembre.⁵⁰⁰

La mayor parte de las propuestas formuladas por Olavide fueron recuperadas «en trabajos posteriores en relación a la ley agraria». Requerido para que diera su opinión previa sobre la validez del proyecto del intendente para las Nuevas Poblaciones, Campomanes, a propósito de la modalidad de división de lotes, consideró que si no era posible proceder a la partición ordinaria «se hacía forzoso establecer a los colonos dentro de los mismos cortijos con inmediación a las tierras que cultivaban», opinión compartida por el Consejo de Castilla, que expresó su parecer en mayo de 1768.⁵⁰¹ Un mes antes, para evitar que se contrajeran enfermedades en verano, Campomanes señaló a Múzquiz la conveniencia de obligar a los colonos a beber cerveza en vez de vino, cuyo consumo se consideraba más perjudicial para la salud. Al principio del verano ya estaban completados los asentamientos de los primeros cuatro centros —La Peñuela, Guarromán, Carboneros y Santa Elena— y otros nueve estaban en avanzada fase de formación. Mientras tanto, habían llegado a Sierra Morena más de dos mil trescientos colonos, y muchos aragoneses y catalanes solicitaban permiso para ir a las nuevas localidades. El alemán Juan Mauricio de Gunsberg presentó, a su vez, un proyecto para el asentamiento en alguna zona de España de dos mil familias católicas, en total unas dieciséis mil personas. No obstante, esta nueva propuesta de colonización no fue tomada en cuenta ya que las cincuenta fanegas de tierras concedidas a cada colono habrían extendido considerablemente el territorio ocupado por los asentamientos, hasta llegar a los límites de La Mancha.⁵⁰²

A pesar de que la colonización se realizó en los tiempos previstos y sin apartarse de las modalidades preestablecidas, a Olavide no tardaron en lloverle las primeras críticas. Una vez más, el peruano se vio obligado a defenderse de sus detractores. Especialmente duro fue el tono empleado por un grupo de capuchinos alemanes —que habían acudido a Sierra Morena para cerciorarse de las condiciones de las iglesias, muchas de las cuales estaban todavía en fase de construcción—, y por José Antonio Yauch, mayor general del cantón suizo de Ury. Este último se había comprometido a traer de Suiza a cien familias de colonos; solo consiguió traer a doce pero, en vez de disculparse por ello, le presentó a Carlos III un memorial en el que denunciaba el desorden existente en las nuevas localidades, donde —en su opinión— se maltrataba a los colonos. En varios centros carecían de atención pastoral y de alojamientos suficientes, dado que muchas casas no estaban aún acabadas. Estas acusaciones, que ponían en entredicho el proceder de Olavide tanto como el de Campomanes y el del propio soberano, fueron debidamente rebatidas por el peruano. Carlos III renovó su confianza en el intendente. Este informaba periódicamente al ministro de Hacienda acerca de los gastos efectuados y del estado de las colonizaciones. Con una real orden de marzo de 1769, Carlos III, tras haber elogiado la conducta de Olavide, y a petición del Consejo de Castilla, al que se había remitido el memorial de Yauch, decretó el envío del visitador Pedro Pérez Valiente para inspeccionar las colonias. El rey decía estar seguro de la corrección del proceder de Olavide y justificaba la inspección por la necesidad de despejar cualquier duda y silenciar las calumnias.⁵⁰³ En agosto, Carlos III volvió a confirmar su confianza en el intendente, manteniéndole todavía en su doble cargo de intendente de Andalucía y de asistente corregidor de Sevilla. Dos meses más tarde, Valiente presentó al ministro de Hacienda el informe de su visita para que se la entregara al rey. Siguiendo el parecer del Consejo de Castilla, el soberano nombró una junta —constituida por los marqueses de Montenuevo, de la Corona y de San Juan de Tasó, y por el fiscal José Moñino— que estudió el memorial y, en enero de 1770, escuchó, a petición suya, al propio Olavide. Tras escuchar al intendente, la junta redactó un informe en el que se indicaba «objeto de la visita; gestión del visitador; informe del mismo; exposiciones de Olavide vindicándose; planos de las poblaciones; datos estadísticos acerca de las mismas; estado de los trabajos; gobierno espiritual y temporal de las poblaciones; alcaldes mayores y sus atribuciones, y las diversas disposiciones que a juicio de la junta debían adoptarse». Carlos III hizo propias estas disposiciones y, en agosto de 1770, se publicó un decreto por el que se invitó a Olavide a tomar nota de las directrices de la junta, divididas en cincuenta y dos artículos, y llevarlas adelante, especialmente en lo referente a la manera de designar a los alcaldes mayores de cada localidad, que el rey en persona debía escoger entre un par de nombres propuestos por el superintendente. A los alcaldes mayores, que podían actuar de oficio contra los delincuentes, les competía la jurisdicción de los contenciosos civiles y criminales de pequeña importancia, reservando para el superintendente los asuntos relacionados con las finanzas, la policía y la economía. En octubre de 1770, Olavide le comunicó al Consejo de Castilla «que ya las colonias podían mantenerse por sí mismas», tras haber sido expulsados los inmigrantes que habían resultado ser unos vagabundos y unos gandules.⁵⁰⁴

En realidad, la repoblación de Sierra Morena y Andalucía se produjo solo en parte con los colonos traídos por Thürriegel; de los seis mil individuos prometidos por el coronel bávaro solo una tercera parte se estableció definitivamente en las nuevas localidades de ambas zonas. Muchos colonos alemanes, a causa de las enfermedades o por su nula disposición al trabajo, regresaron a sus lugares de origen, siendo sustituidos por inmigrantes procedentes de Francia y de otras regiones de la península ibérica. En noviembre de 1775, Olavide envió al ministro de Hacienda un listado de los centros habitados que se habían creado en Sierra Morena y Andalucía, indicando cuáles eran los núcleos principales o feligresías y cuáles los secundarios o aldeas. En Sierra Morena la capital era La Carolina, donde residía el intendente; en Andalucía la feligresía principal era La Carlota. Ambas localidades habían sido llamadas así en honor del monarca.⁵⁰⁵ En total, se crearon once feligresías y once aldeas en Sierra Morena, más cuatro feligresías y quince aldeas en Andalucía. Entre las dos regiones se establecieron 2.446 familias, 10.420 habitantes en total. A esta cifra había que añadir a los cerca de 3.000 individuos, que, en calidad de jornaleros asalariados y criados de los colonos, vivían en aquellos lugares. Del cuidado espiritual de los habitantes se encargaban veintiséis iglesias y capillas.⁵⁰⁶

El proceso de Olavide: condena de la Inquisición

En mayo de 1773, tras una crisis de abastecimiento que había provocado un fuerte descontento en Sevilla, Olavide, a propuesta del Consejo de Castilla, fue enviado a dicha ciudad. Los alcaldes de las nuevas poblaciones, sin embargo, solicitaron el regreso inmediato del intendente, que siguió dándoles disposiciones desde Sevilla. Una vez establecido en la ciudad andaluza, Olavide promovió una intensa actividad cultural y no tardó en ser el centro de la vida mundana. Su casa se convirtió en la meta habitual de los intelectuales, un lugar donde no faltaban debates de carácter literario, artístico, político y económico. Uno de los asiduos a estas tertulias era un joven asturiano, que desempeñaba los cargos de alcalde del crimen y oidor en la ciudad hispalense, llamado Baltasar Gaspar Melchor de Jovellanos,⁵⁰⁷ destinado a convertirse, con el tiempo, en uno de los máximos representantes de la Ilustración española.

Anteriormente, a partir del año 1768, ya se habían producido críticas esporádicas contra el estilo de vida de Olavide, acusado de no comportarse como un buen católico. Mientras duró la repoblación, las críticas se quedaron en meros rumores, pero cuando el intendente fijó su residencia en Sevilla comenzaron a arreciar. Uno de los críticos más duros hacia su conducta fue el fraile Romualdo de Friburgo, prefecto de los capuchinos en las localidades de nueva creación. En un principio, sus relaciones fueron buenas. Es más, en una carta dirigida a Grimaldi, el fraile había solicitado el regreso de Olavide a Sierra Morena, cuya partida —en su opinión— había dejado desconsolados a los colonos, que veían en él a un líder seguro y eficiente. Luego, sin embargo, se produjeron algunos choques entre ellos, a causa de la conducta observada por los capuchinos en las nuevas poblaciones. El fraile lanzó, pues, una serie de acusaciones contra el peruano, en unas cartas enviadas entre junio y octubre de 1774 al tribunal del Santo Oficio. En diciembre de ese mismo año le hizo llegar a la Inquisición un amplio y detallado listado de las transgresiones que, se suponía, habían sido cometidas por Olavide. Se le acusaba de tener imágenes obscenas, de leer libros prohibidos, de no respetar los periodos de ayuno y los días festivos, de pensar que la tierra se movía y que los difuntos no debían ser sepultados en las iglesias.⁵⁰⁸ El tribunal de la Inquisición, basándose en esta denuncia, instruyó, en octubre de 1776, el proceso contra él, que fue declarado culpable del grave delito de herejía. La sentencia de condena se leyó, en noviembre de 1778, en un «autillo» (un tipo de auto de fe que se celebraba en privado, en los locales de la Inquisición, y al que solo asistían las personas expresamente convocadas), en presencia de Campomanes y de otras muchas autoridades, estableciendo para el funcionario peruano la pena de ocho años de reclusión en un convento, a determinar por el Tribunal, en el que seguiría, obligatoriamente, un programa de reeducación católica. A la pena de reclusión se añadieron la confiscación de sus bienes y el destierro permanente de Madrid, de los sitios reales, de Lima, de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de los Reinos de Sevilla y Córdoba, más la inhabilitación para detentar cargos públicos.⁵⁰⁹

La condena de Olavide, según las intenciones de la Inquisición, debía servir de advertencia a los defensores de las nuevas ideas ilustradas, y, muy especialmente, a los que fueran, además, miembros de la corte y del gobierno, como era el caso de Aranda y Campomanes, los principales protectores del peruano. Con el proceso el Tribunal eclesiástico trató de reafirmar su papel protagónico en la escena política española, en la que, sin embargo, el avance del regalismo era ya imparable. El éxito conseguido con la dura condena impuesta a Olavide constituyó, pues, la excepción en un panorama en el que la Inquisición y el resto de instituciones eclesiásticas opuestas al nuevo rumbo que había tomado la Historia habían iniciado ya su declive. La expulsión de los jesuitas y la posterior supresión de la Orden habían sido el ejemplo más evidente de ello. Está claro que fue el chivo expiatorio, sacrificado a la Inquisición por Carlos III y su gobierno, cuya sumisa y culpable actuación en este caso arroja una sombra sobre el proceso reformista llevado a cabo en España en las últimas décadas del siglo XVIII.

La cuestión educativa y los proyectos de reforma de las universidades

A partir de 1766, podía considerarse «terminado el enfrentamiento entre conservadores y reformistas, con el triunfo claro de estos últimos».⁵¹⁰ Los reformistas se sirvieron de las ya citadas Sociedades Económicas de Amigos del País, que fueron el instrumento operativo de personalidades como Campomanes y Floridablanca y, en años posteriores, Jovellanos y Francisco Cabarrús, para llevar a la práctica sus proyectos. El interés primordial, sin embargo, antes que hacia la economía —más tarde, a causa de la creciente influencia de Campomanes en el Consejo de Castilla y, por lo tanto, en el gobierno, el tema sí recibió una gran atención—, se dirigió a la educación. El sector educativo estaba estrechamente ligado a la cultura y a las corrientes de pensamiento que, en el ámbito de la Ilustración, constituyeron la matriz de las diversas iniciativas puestas en marcha.

El interés por el problema de la educación en España era anterior a la llegada de Carlos III y la consolidación de la corriente reformista, como demuestra el gran éxito conseguido por la obra del religioso portugués Luís António Verney titulada Verdadero método de estudiar para ser útil a la República y a la Iglesia, en la que se destacaba la importancia de los métodos educativos y la necesidad de que estos sufrieran una reforma. En la obra, publicada en 1746, con el seudónimo de Barbadiño, se criticaba la pedagogía tradicional, la filosofía aristotélica y, aunque fuera implícitamente, el sistema de enseñanza de los jesuitas. Las tesis expuestas por Barbadiño abrieron un encendido debate. Los defensores del método educativo tradicional se enfrentaron a quienes, como los intelectuales Macanaz y Feijoo, defendían la necesidad de que se produjese una reforma en el ámbito de los estudios.⁵¹¹ Unos años más tarde, en 1751, el diplomático español Ignacio de Luzán, envió al padre Rávago, confesor de Fernando VI, la obra Memorias literarias de París: actual estado y método de sus estudios, en la que se comparaba el sistema educativo francés, en el que se habían introducido importantes novedades, con el español que, por el contrario, seguía anclado en los métodos tradicionales.⁵¹²

La cuestión pedagógica se volvió a plantear de manera urgente inmediatamente después de la expulsión de la Compañía de Jesús, que dejó en el sector de la enseñanza un hueco difícil de llenar. Para los defensores de la reforma, sin embargo, se trataba no solo de colmar un vacío, sino de implantar un nuevo sistema educativo que estuviese a la altura de los tiempos, «programa ambicioso que solo alcanzó éxitos parciales, incluso en la enseñanza universitaria, que era la meta perseguida con mayor interés».⁵¹³ Durante la segunda mitad de la década de los años sesenta del xvIII, en España había una treintena de universidades, diferentes entre ellas por calidad, organización y planes de estudio. Todas, sin embargo, tenían en común una misma matriz eclesiástica. La Iglesia estaba en los cimientos de su fundación y seguía ejerciendo una gran influencia. Cada universidad disfrutaba de una amplia autonomía desde el punto de vista administrativo y cultural, aunque desde finales del siglo xvi, a través del Consejo de Castilla, había aumentado cada vez más la injerencia del Estado. Siguiendo a Mariano y a José Luis Peset, se pueden distinguir tres categorías de universidades: las de mayor prestigio y autonomía, como la de Salamanca que, aunque entonces estuviera atravesando un mal momento, contaba con un patrimonio que le garantizaba una cierta independencia económica y seguía siendo la más importante de España; los llamados colegios universitarios, entre los que había muchas modalidades: había casos en los que la universidad dependía estrechamente del colegio, como sucedía con la universidad de Alcalá con respecto al colegio de San Ildefonso, y otros, como ocurría con la universidad de Sevilla con respecto al colegio de Santa María, en los que la universidad gozaba de gran autonomía. La considerable consistencia patrimonial permitía ejercer a los colegios —entidades sobre las que nos detendremos más adelante— un gran poder sobre las universidades, poder que se manifestaba, sobre todo, en su intervencionismo en la elección de los docentes. A la tercera categoría pertenecían las universidades ligadas a las autoridades municipales. Estos centros, en concreto, eran característicos de la corona de Aragón, sobre todo de Valencia, donde a los profesores, generalmente, los nombraba la administración local.⁵¹⁴ En Cataluña, durante el reinado de Felipe V, las cinco universidades existentes hasta ese momento, por su apoyo a la casa de Austria, fueron integradas en la universidad de Cervera, recientemente creada, que tenía estrechos vínculos con Madrid. Al ser un centro de nueva creación, no tenía las fuertes ataduras con la tradición que aquejaba a otras universidades, lo que le permitió situarse en la vanguardia educativa.

Los títulos académicos estaban formados por tres grados sucesivos: bachillerato, licenciatura y doctorado. El título de bachiller era el más común y otorgaba la habilitación para el ejercicio profesional. Para obtener la licenciatura había que completar un segundo ciclo de estudios; dado sus elevados gastos, solo estaba al alcance de un reducido grupo de estudiantes. Por el mismo motivo, todavía era más exiguo el número de los que obtenían el doctorado. Este último, en cualquier caso, era un título meramente honorífico que no se consideraba que certificase una mayor preparación académica. En cuanto a las disciplinas académicas, en plena Ilustración, aún había graves carencias. En la estela de la tradición medieval, la Teología y el Derecho ocupaban un lugar preeminente; los textos fundamentales eran, respectivamente, la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino y el Corpus Juris Civilis de Justiniano. La Mitología y la Historia Clásica, aun siendo consideradas básicas para la formación cultural, no eran objeto de una enseñanza sistemática. La obra de Galeno era la base de los estudios de Medicina y se evidenciaban notables límites en el estudio de las Ciencias Naturales, como la Botánica y la Química. Fundamentos de Matemáticas solo se enseñaban en la universidad de Salamanca y la Física estaba incluida en la Filosofía Natural, que se basaba en los anticuados principios aristotélicos sin abrirse a los nuevos conocimientos aportados por la física experimental. En lo que respecta a las lenguas, dominaba la enseñanza de latín, considerado el vehículo indispensable para la transmisión de la cultura. El griego se estudiaba mucho menos y ningún plan de estudios contemplaba la enseñanza de las lenguas modernas, por lo que su aprendizaje solo se podía realizar recurriendo a docentes privados.⁵¹⁵

Además, a lo largo del siglo XVIII, las universidades españolas vieron cómo se reducía considerablemente el número de estudiantes, inflexión que —según el viajero italiano Caimo— cabía atribuirse, principalmente, a los anticuados métodos didácticos. Los propios profesores desaprobaban «altamente un método de enseñar que no sirve más que para llenar de tinieblas la inteligencia en lugar de aclararla». A la llegada de Carlos III, España estaba en pleno debate contra la Escolástica. El objeto de la polémica era qué papel había que asignarle a las Ciencias experimentales y al Derecho. La necesidad de reformar el estudio de la Lógica, de la Física y de la Moral se veía fuertemente apoyada por «todos aquellos novatores o eclécticos que conocen los defectos de la escolástica y su inutilidad tanto para el Estado como para la Iglesia».⁵¹⁶ En este contexto se inscribió el proyecto gubernativo de proceder a la reforma de la universidad, que empezó a tener consistencia en octubre de 1766 cuando el monarca le pidió a Gregorio Mayans i Siscar, uno de los mayores intelectuales españoles, que presentara una propuesta.

Nacido en 1766 en Oliva, Valencia, Mayans se licenció en Derecho por la universidad de Salamanca, regresando luego a Valencia, en cuya universidad fue profesor durante algunos años. Tras abandonar la enseñanza por desacuerdos con el mundo universitario, Mayans profundizó en sus conocimientos, publicó importantes volúmenes dedicados a las Ciencias sociales y al Derecho y mantuvo correspondencia con eminentes personalidades de la cultura europea, alcanzando una notable fama. Aun siendo contrario a la escolástica y proclive a una modernización de los planes de estudio, Mayans se apartaba de las posiciones de los innovadores más radicales y se situaba en el territorio de los eclécticos. Por lo tanto, la elección de dirigirse al profesor valenciano era indicio, según Sánchez-Blanco, de la voluntad de Carlos III y de su gobierno —especialmente Roda, con el que Mayans mantenía un estrecho contacto— de proceder con moderación en el camino de la reforma universitaria.⁵¹⁷

Mayans elaboró su proyecto, con el significativo título Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las universidades de España, y se lo presentó al soberano en abril de 1767. No obstante, el rey y sus colaboradores no aplicaron inmediatamente las propuestas de Mayans, sino que quisieron conocer otros pareceres antes de iniciar una reforma que estaba destinada, de antemano, a tener importantes repercusiones. Entre los planes de estudio sometidos a la opinión del soberano y de sus colaboradores el de mayor relevancia fue el proyecto que el famoso Pablo de Olavide, en su calidad de asistente corregidor de Sevilla, había dispuesto para la universidad. En realidad, este plan de estudios, según parece, no fue obra exclusiva de Olavide, sino que el intelectual peruano se aprovechó de la colaboración de un grupo de ilustrados con los que mantenía una estrecha relación y de los que se consideraba su portavoz. Sus propuestas introdujeron modificaciones sustanciales de carácter administrativo y didáctico. Separaba completamente la universidad del colegio mayor, acabando así con la tradicional subordinación de la primera al segundo, lo que permitiría elegir directamente a los profesores, que antes eran nombrados por el colegio. Los frailes, que en general defendían las tesis de sus respectivas órdenes, fueron excluidos de la enseñanza universitaria y, en lugar de las diversas cátedras de Teología —tomista, suarista y escotista—, se implantó una sola, en cuyo programa se reducía el espacio ocupado hasta entonces por la Escolástica y se daba más peso al estudio de las Sagradas Escrituras y de la Patrística. El Derecho Canónico se debía basar en autores de fuerte impronta regalista y, junto al Derecho Romano, también se debía enseñar el Español. Además, la Física experimental debía sustituir a la aristotélica. Pese a estas importantes novedades, se mantenían intactos aspectos tradicionales de la universidad, como la raíz eclesiástica, los tres grados de título académico y la organización por facultades.⁵¹⁸

El plan de estudios presentado por Olavide, si bien fue muy apreciado, no se llevó a la práctica de una forma sistemática. Se adoptaron solo algunas medidas, concernientes a algunas universidades en concreto, y determinadas partes de su proyecto. Por ejemplo, se suprimió la cátedra de Teología suarista, coincidiendo con la expulsión de los jesuitas, se nombró un director para cada universidad, y, por la real cédula de septiembre de 1770, se estableció asignar un «Censor Regio» a cada centro que velara por la prohibición de que «... en lo sucesivo se promuevan, enseñen ni defiendan cuestiones contra la autoridad real y regalías en estos ni otros puntos».⁵¹⁹ A partir de 1771, se aprobaron los planes de estudio que propuso cada universidad; hasta el 1786 no hubo un intento de unificarlos sobre la base del plan elaborado por la universidad de Salamanca.

Al igual que «otras reformas emprendidas por aquellos gobernantes, la de las universidades se quedó a mitad de camino, limitándose a retoques que no atacaban los males en su origen». En España, al igual que ya ocurriera en Nápoles, la causa principal de la fallida transformación estructural de las universidades radicaba, sobre todo, en los escasos recursos disponibles, carencia que no permitió dotar adecuadamente a las cátedras existentes e instituir otras más útiles, ni atraer y mantener a docentes de valía. Los profesores consideraban la enseñanza universitaria solo como un trampolín desde el que acceder a cargos más prestigiosos y mejor remunerados. A esto hay que añadir que no se podía improvisar un cuerpo docente ni cambiar de golpe la mentalidad de los estudiantes que era, además, el reflejo de una nación que —como destacaría con amargura Jovellanos, años después— lo que se esperaba es que de las universidades salieran burócratas, juristas y eclesiásticos en lugar de agrimensores, astrónomos y arquitectos.⁵²⁰

En el ámbito de la enseñanza universitaria hay que señalar la creación de los Reales Estudios de San Isidro, que Carlos III instituyó por el decreto de enero de 1770 en los locales del ex Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. El nuevo centro que, según la intención de Carlos III, debía servir de estímulo a las universidades españolas «para que despertaran de su letargo», tenía como asignaturas fundamentales, el Latín, la Poesía, la Retórica, las Lenguas Orientales (griego clásico, hebreo y árabe), las Matemáticas, la Filosofía, el Derecho natural de gentes y la Disciplina Eclesiástica. A estas primeras asignaturas se les fueron añadiendo otras posteriormente. En total, se instituyeron quince cátedras, los profesores fueron seleccionados por concurso oposición, y se introdujeron algunas novedades en los métodos de enseñanza. A los profesores se les asignó el considerable sueldo anual de mil ducados, una prueba de la consideración en que se empezaba a tener a esta profesión. El puesto de docente en los Reales Estudios fue, por ello, muy codiciado. Las cátedras se concedían tras una rigurosa selección, para contratar a los candidatos más preparados. Los Reales Estudios de San Isidro fueron inaugurados solemnemente el 1 de octubre de 1771, con la presencia del rey y de la corte. Poco después, se anexionó una biblioteca al Instituto, en la que se reunieron los volúmenes de las residencias y los colegios de los jesuitas.⁵²¹

Reforma de los colegios mayores

Aunque no fueron capaces de llevar a cabo la reforma de las universidades, Carlos III y sus colaboradores sí consiguieron, en cambio, reformar los colegios mayores, objetivo que, todo hay que decirlo, persiguieron con más determinación. En España había siete colegios mayores; cuatro (Oviedo, Cuenca, San Bartolomé y Fonseca) estaban en Salamanca, y los otros tres en Valladolid (Santa Cruz), Sevilla (Santa María de Jesús) y Alcalá (San Ildefonso). El propósito de estos colegios, cuyo origen se remontaba a la Edad Media, era el de facilitarles a los estudiantes con escasos recursos económicos el acceso a la educación mediante generosas becas de estudio. En el siglo xvi, sin embargo, se cambiaron los estatutos de los colegios y los aspirantes estuvieron sometidos a los estatutos de limpieza de sangre, es decir, tenían que demostrar que no descendían de conversos. Muchos colegiales, aunque no fuese obligatorio, se sometían a la prueba de nobleza, práctica que, con el tiempo, llevó a que los vástagos de la aristocracia y de la alta burocracia se adueñaran de las plazas de los colegios, a costa de los estudiantes procedentes de las clases menos pudientes, a los que se les privaba de los medios necesarios para asistir a los cursos universitarios, a los que solo podían acceder mediante becas de estudio. Los colegiales, poco a poco, consiguieron ocupar los cargos más prestigiosos, tanto seculares como eclesiásticos —magistraturas, consejos, prelaturas, canonjías—, apoyados por los excolegiales que les favorecían llevados del inquebrantable corporativismo que se había establecido entre ellos. Por tanto, en el siglo xvII, los colegiales cubrían la mayor parte de los cargos en el Consejo de Castilla, a través del que ejercían una considerable influencia y conseguían ocupar los más altos cargos estatales y eclesiásticos. Los colegiales, los excolegiales y sus afiliados constituían una gran asociación que se ramificaba por toda España, desde el centro del gobierno a los consejos, los cabildos y las universidades.⁵²²

La situación no cambió con la llegada de la dinastía borbónica y colegiales y excolegiales continuaron constituyendo un fuerte grupo de presión que ejercía su poder en todos los ámbitos del Estado, hasta tal punto de que la reina María Amalia llegó a afirmar que eran como una secta, parecida a la masonería. Los manteístas —enemigos tradicionales de los colegiales— presionaron a Carlos III para que frenara su inmenso poder. Los colegiales, al sentirse amenazados, trataron de defenderse con una voluminosa obra, escrita por el marqués de Alventos y dedicada al monarca, cuyo tema era el colegio de San Bartolomé, cuyas alabanzas se cantaban profusamente, destacando la gran contribución de este tanto al Estado como a la Iglesia. Sin embargo, tuvo más éxito con el soberano el memorial del filólogo y hebraísta valenciano Francisco Pérez Bayer —antiguo profesor en la universidad de Salamanca y después preceptor de los infantes — en el que se destacaban los enormes abusos perpetrados por los colegiales. La obra, titulada Por la libertad de la literatura española y publicada en 1770 —tras ser sometida al juicio de Campomanes, Roda y Aranda, que la apreciaron notablemente—, le causó una gran impresión a Carlos III.⁵²³

Con una serie de reales cédulas, promulgadas en el año 1771, el soberano procedió a la reforma de los colegios mayores. Se ordenó a los colegiales cumplir rigurosamente los estatutos originarios en lo que hacía referencia a la clausura, el juego y las salidas nocturnas. Para llevar a cabo las intenciones de los fundadores, se decidió dotar a los colegios de becas de estudio para los estudiantes con méritos suficientes para ser admitidos, pero que carecían de medios, con lo que se evitaría que el acceso estuviera reservado a los nobles y a los procedentes de familias acaudaladas.⁵²⁴ A la reforma decretada por Carlos III y puesta en marcha por el ministro Manuel de la Roda se opusieron los colegios mayores que, en mayo de 1771 recurrieron al rey, al que le presentaron, por medio del padre Eleta, un memorial redactado por su portavoz, Rodrigo de la Torre Marín. Tras manifestar el «más vivo dolor al considerar el desgraciado concepto que se halla en el real ánimo de vuestra majestad» los colegios y, aun admitiendo «que se hallaran en algunos abusos y omisiones en orden a sus estatutos, porque esto es efecto de la flaqueza humana», reivindicaron, en sesenta y tres artículos, la corrección de su labor y solicitaron que se suspendieran «los efectos de las reales cédulas» relacionados con «hospedería, pobreza y reserva de la provisión de becas, de cuya ejecución pueden seguirse perjuicios que con dificultad se repararán en lo sucesivo».⁵²⁵ El recurso, cuyo objetivo era eliminar los puntos clave de la reforma, no fue admitido por el soberano. Hubo otros conatos de resistencia, vencidos definitivamente en febrero de 1777, cuando se publicaron los decretos de la reforma. Al final, «el resultado de todas estas luchas e intrigas fue que los colegios mayores quedaron desacreditados, degradados, sin el firme apoyo que antes habían tenido en el Consejo de Castilla»,⁵²⁶ hostigados por sus vínculos con los jesuitas, odiados por Campomanes, Azara, Roda y por los otros ministros de procedencia manteísta.

En el ámbito de la instrucción, la insuficiencia de la reforma universitaria se compensó, en parte, por el progreso de las escuelas técnicas, importante instrumento para el desarrollo económico en el marco de una intensificación de la acción reformista, de la que uno de sus mayores artífices fue Campomanes. Este —definido por Domínguez Ortiz como «el gobernante más activo de la centuria»— se convirtió en el miembro más influyente del Consejo de Castilla, tras la sustitución en la presidencia, en 1773, de Aranda por Manuel Ventura Figueroa, que era «una marioneta en las manos de Campomanes».⁵²⁷

V CAÍDA DE ARANDA Y DE GRIMALDI ASCENSO DE FLORIDABLANCA

LA caída de Aranda hizo que cobrara mayor relieve en el Consejo de Castilla el fiscal de lo civil, Rodríguez Campomanes. Este ya había promovido iniciativas reformistas durante los primeros años del reinado de Carlos III, iniciativas que se intensificaron en años siguientes, sobre todo a partir de 1777, cuando el rey le confió a Floridablanca las riendas del gobierno. Fiel al principio de no abandonar jamás a ninguno de sus colaboradores, en 1773 el rey le asignó a Aranda, tras su destitución como presidente del Consejo de Castilla, el prestigioso puesto de embajador en París. El cargo era una suerte de recompensa por el fructífero trabajo llevado a cabo por el aristócrata aragonés al frente de la presidencia del Consejo de Castilla. La fuerte personalidad de Aranda había sido decisiva para reforzar la monarquía tras los motines de la primavera de 1766. La situación interna, sin embargo, se había estabilizado y ya no se precisaban «su fuerza de voluntad, el crédito de su nombre y su gran disposición para el mando» que tan útiles habían sido en los momentos críticos. En los últimos años, Aranda había perseverado en mantener esos defectos —destaca Ferrer del Río— que ya le habían costado dos veces el ser alejado de la corte. La primera vez, el aragonés fue enviado a Polonia, en calidad de embajador; la segunda, a Valencia, como capitán general.⁵²⁸

Crisis de las Malvinas y caída de Aranda

El hecho que decidió la destitución de Aranda, en 1773, fue su enfrentamiento con el secretario de Estado, Grimaldi, por un asunto de política exterior. La posición flexible y conciliadora de este último con respecto a Inglaterra —postura que contaba con el visto bueno de Carlos III— chocaba con la del presidente del Consejo de Castilla, partidario, en cambio, de mantener una férrea actitud contra Gran Bretaña, potencia con la que consideraba inevitable entrar en guerra tras la crisis de las islas Malvinas —llamadas Falkland por los ingleses—. Este pequeño archipiélago, situado en el océano Atlántico, frente a las costas de la actual Argentina, había sido motivo de un enfrentamiento diplomático entre las cortes de Madrid y Londres, que se disputaban los derechos de colonización del territorio. Al estar en un área geográfica situada bajo su influencia, España consideraba que el archipiélago de las Malvinas entraba dentro de su jurisdicción y, cuando en enero de 1764 el francés Bougainville fundó allí una colonia, bautizada Port Saint-Louis o Puerto San Luis en honor a su soberano, la presión diplomática de Madrid logró que el gobierno francés ordenase su inmediato desalojo. Un contingente español, al mando del capitán Felipe Ruiz Puente, atracó en las Malvinas. Ruiz Puente fue nombrado gobernador. La soberanía española sobre las islas fue reconocida por Francia, pero no por Gran Bretaña que, en abril de 1767, envió allí una expedición, al mando del capitán Hunt de Tamar. Nada más llegar a la isla de la Gran Malvina, Tamar levantó en la punta occidental un fuerte llamado Puerto Egmont y le dio al gobernador español un plazo de seis meses para que abandonara la isla, cuya posesión reivindicaba en nombre de su país. Al conocer la amenaza inglesa, el gobierno de Madrid, a través del secretario de las Indias, Julián de Arriaga, le dirigió un despacho a Francisco de Paula Bucarelli, capitán general de Buenos Aires, por el que se le ordenaba que le prestase ayuda al gobernador Ruiz Puente con un fuerte contingente militar y que obligase a los ingleses a abandonar el archipiélago. En junio de 1770, Bucarelli cumplió las órdenes recibidas de Madrid y el comandante inglés, ante la amenaza del ejército, se vio obligado a evacuar las Malvinas.⁵²⁹

El episodio tuvo graves repercusiones diplomáticas. El gobierno británico consideró que había sufrido una ofensa y, presionado por la opinión pública, le exigió a España que permitiese que la colonia de Puerto Egmont se restableciera de inmediato y que tomara severas medidas contra Bucarelli. Antes de expresar su opinión personal sobre el tema, Carlos III quiso saber cuál era el parecer de Aranda como presidente del Consejo de Castilla, pero también por su condición de máximo experto en temas militares. Aranda inscribió el incidente de las Malvinas en el contexto general de las relaciones entre España e Inglaterra e indicó la necesidad de entrar en guerra con esta última potencia, que se consideraba prácticamente aislada tanto en el plano político como en el militar. España podía contar con el apoyo de Francia y con la neutralidad de los restantes Estados europeos. El conde aragonés, dando muestras de sus dotes de hábil estratega, expuso un plan organizado cuyo objetivo era derrotar a Gran Bretaña y recuperar definitivamente el papel de potencia hegemónica.

Según el presidente del Consejo de Castilla, el primer paso consistía en reforzar las defensas de las colonias americanas más susceptibles de sufrir el ataque de Inglaterra —Puerto Rico, Cuba, Veracruz, Campeche, Panamá, Cartagena de Indias, Caracas y Buenos Aires—, despreocupándose, en cambio, de aquellas que, debido a la distancia, estaban menos expuestas a una ofensiva militar —Perú y Chile—. El plan de Aranda contemplaba que se enviasen a América veintiún batallones desde España, para cuya defensa serían suficientes las tropas restantes, mientras se evitaba, por vía diplomática, el eventual estallido de una guerra en Europa; para prevenir el riesgo de un ataque por parte de Portugal, el único Estado del continente con cuyo apoyo podían contar los ingleses, se establecerían treinta batallones a lo largo de la frontera. Se protegerían asimismo los arsenales de Ferrol y Cartagena, el puerto de Cádiz y las plazas de San Sebastián y Alicante, operación para la que bastarían dos batallones. Dos flotas, una española, compuesta por veinte barcos de guerra y algunas fragatas, y otra francesa, compuesta por treinta barcos y su correspondiente número de fragatas, se dirigirían a Brest para mantener a Inglaterra bajo amenaza y, al mismo tiempo, bloquear sus fuerzas navales. Otras dos flotas, una española y otra francesa, de diez barcos cada una, se dirigirían al Caribe, la primera a Cuba y la segunda a Santo Domingo, con el objetivo de proteger el golfo de México de la armada británica y de amenazar, a su vez, la isla inglesa de Jamaica. Los dos Estados aliados mantendrían a sus restantes fuerzas navales en los puertos de Cartagena y Tolón para impedirle a Inglaterra el tráfico comercial con Italia y el Levante. La flota napolitana, que Fernando IV pondría a su disposición, les ayudaría en dicha operación.

Una vez derrotada, Inglaterra se vería obligada a aceptar las condiciones de paz impuestas por las potencias victoriosas. A España se le restituirían Gibraltar y Menorca y se le garantizaría el fin de las injerencias británicas en América. Francia, por su parte, recuperaría Canadá y la isla de Cabo Breton y podría rehacer la fortaleza de Dunkerque, en el canal de la Mancha.⁵³⁰

El plan de Aranda, «amplio, patriótico y para nada quimérico», solo hubiera podido realizarse si las tres potencias implicadas —España, Francia y Nápoles— hubiesen estado de acuerdo en llevarlo a la práctica. La realidad, en contra de los propósitos del conde aragonés, era que ni Francia ni el reino de Nápoles tenían intención alguna de apoyar militarmente a España frente a Inglaterra. En Francia, tras la muerte de la Pompadour, se tambaleaba la posición del ministro Choiseul, mal visto por la nueva favorita. Luis XV, por influencia de esta última, se mostraba reticente ante la idea de ofrecerle a España apoyo militar, aunque estuviese obligado a hacerlo por las cláusulas del Pacto de Familia. Fernando IV, por su parte, no se había adherido al Pacto de Familia y no parecía dispuesto a hacerlo, como se demuestra por una carta de Carlos III a Tanucci. Y en el ámbito del gobierno español, la postura claramente hostil hacia Inglaterra del presidente del Consejo de Castilla no era compartida por Grimaldi, con cuya línea blanda estaba más de acuerdo el propio soberano, consciente de lo escasamente fiables que eran los aliados y proclive, por ello, a evitar la guerra.

Al final, se impuso la tendencia pacifista. Ante las exigencias inglesas, Madrid dio un no muy honroso paso atrás. Se presentó a Bucarelli como el único responsable de lo ocurrido, se reconoció —pese a la férrea oposición de Aranda— que se había obligado a los ingleses a abandonar por la fuerza las Malvinas y se les permitió que regresaran. En enero de 1771 el embajador español en Londres, Maserano, reconoció que las protestas del monarca inglés por el abuso sufrido en las islas eran legítimas. Es más, afirmó que Carlos III le había ordenado declarar que:

[...] considerando su majestad católica el amor de que está animado por la paz y por el sostenimiento de la buena armonía con su majestad británica, y reflexionando que este suceso podría interrumpirla, ha visto con desagrado aquella expedición capaz de turbarla; y [...] desaprueba la susodicha empresa violenta y, por tanto [...], su majestad católica se obliga a dar sus prontas órdenes para que en el citado Puerto Egmont de la Gran Malvina vuelvan precisamente las cosas al ser y estado que tenían antes del 10 de junio de 1770.

Además del fuerte de Puerto Egmont, se debían restituir a Inglaterra la artillería, las municiones y el resto de efectos que había allí antes de la conquista española, con la condición de que, a cambio, el monarca inglés —para mitigar, de alguna forma, lo oneroso de la cesión— no pusiese en tela de juicio los anteriores derechos de soberanía de España sobre las Malvinas. Pese a alguna protesta por parte de los sectores más radicales del gobierno británico, Londres aceptó la propuesta de Madrid y se evitó que el incidente de las Malvinas degenerase en un enfrentamiento armado.⁵³¹

La solución del conflicto con Inglaterra satisfizo a Grimaldi, reacio a iniciar una guerra, pero no fue bien acogida por Aranda. Apoyado por el partido aragonés, no ahorró críticas a la postura pacifista del gobierno y acusó abiertamente al primer secretario de Estado de debilidad y de haberse rendido ante el enemigo. La polémica entre los dos miembros principales del entorno de Carlos III no amainó durante los meses siguientes, al revés, se recrudeció. El rey, para poner fin al conflicto, que estaba minando la estabilidad del gobierno, se vio obligado a tomar partido por uno de los dos. El elegido fue Grimaldi. En la elección pesó también el carácter del ministro genovés, más dócil y reflexivo que Aranda. El aragonés, por el contrario, era impulsivo, testarudo y, con frecuencia, arrogante. En la corte circulaba una anécdota acerca de su testarudez, de la que era plenamente consciente el soberano. En cierta ocasión, Carlos III perdió la paciencia con el conde aragonés y le dijo: «Aranda, eres más testarudo que una mula aragonesa». El conde, según parece, rebatió: «Perdone su majestad, pues hay quien me gane a testarudo». «¿Quién?», preguntó el rey. «La sacra majestad del Sr. D. Carlos III, rey de España e Indias» respondió Aranda en el acto. Al rey le hizo gracia la salida y zanjó el asunto con una sonrisa.⁵³²

A principios del año 1772, Aranda detentaba aún una notable influencia en la política española. Consiguió, por ejemplo, que le concedieran a un pariente suyo, el conde de Ricla, miembro del partido aragonés, el importante cargo de secretario de Guerra, que había quedado vacante a la muerte de Juan Gregorio Munianin.⁵³³ Ricla ya había sido el sucesor del marqués de la Mina en el puesto de capitán general de Cataluña. Pese a ello, al cabo de unos pocos meses, fue el propio Aranda quien, consciente de que Carlos III, pese a la oposición del partido aragonés, pensaba cesarlo como presidente del Consejo de Castilla, solicitó el puesto de embajador en Francia, cargo que, según insistentes rumores, estaba a punto de abandonar el conde de Fuentes. El soberano accedió en el acto.⁵³⁴ En París, Aranda seguiría contando, en cualquier caso, con el apoyo del partido aragonés que, por instigación suya, se oponía a Grimaldi —máximo portavoz de los golillas—, como gran parte del ministerio español, por otro lado.

El alejamiento de Aranda de la política interior coincidió con una fase crucial en la realización de las reformas que Carlos III estaba impulsando, animado por la creciente fuerza del pensamiento ilustrado. Jovellanos, uno de los principales exponentes de la Ilustración española, defendió la necesidad de avanzar por el camino del reformismo, sin dudas ni distracciones. En su obra Elogio de Carlos III, advertía sobre el riesgo de que se produjera un retroceso y hacía votos porque el proceso reformista siguiera su curso:

¡Oh, cuán grandes, cuán increíbles hubieran sido sus progresos, si la preocupación no hubiese distraído el celo, provocándole a la defensa de otros objectos menos preciosos! La nación no discerniendo bien todavía los que estaban mas unidos con su interés, volvía su espectación hacia las nuevas disputas que el espíritu de partido acaloraba más y más cada día. Era preciso llamarla otra vez hacia ellos, mostrarle la luz que empezaba a eclipsarse, y disponerla para recibir los rayos bienhechores.⁵³⁵

Fracaso de la campaña de Argel y destitución de Grimaldi

Los intereses que amenazaban con comprometer el desarrollo interno de España se vieron reforzados, sin embargo, por la política exterior emprendida por Carlos III. Este se propuso, entre otros objetivos, conquistar Argel. La campaña concluyó con un clamoroso fracaso, cuya consecuencia inmediata fue la destitución de Grimaldi. La política exterior volvía a desempeñar un papel decisivo en los cambios ministeriales.

En septiembre de 1774 —cuando se cumplía un año desde la salida de Aranda del gobierno de Madrid—, el rey de Marruecos, con el que se había firmado, en 1766, un tratado de paz, le envió una carta a Carlos III por la que se desdecía de lo acordado. De común acuerdo con la regencia de Argel, reclamaba que desaparecieran todas las fortalezas cristianas situadas a lo largo de la costa africana, desde Ceuta hasta Orán. Tras esta amenazadora declaración, dos meses después, las tropas marroquíes, con un contingente de trece mil hombres, pusieron Melilla bajo asedio. Los defensores de la ciudadela rechazaron el ataque, causando grandes pérdidas entre las filas musulmanas. Pese a ello, estos últimos reiniciaron las hostilidades y, en febrero de 1775, desataron un feroz ataque contra el peñón de Vélez de la Gomera, otro importante bastión español en la costa africana. La rápida intervención de la armada española, que proporcionó a los asediados un vital refuerzo de hombres y víveres, impidió, una vez más, que la intentona marroquí llegara a buen puerto. Fracasados, pues, todos los intentos por acabar por la fuerza con las plazas españolas, el soberano de Marruecos se vio obligado a firmar la paz, aceptando las mismas condiciones que se establecieron en 1766, con el agravante de que tuvo que reconocer oficialmente que había infringido los términos del acuerdo.⁵³⁶

La victoria, muy aclamada por la prensa madrileña, indujo a Carlos III a proseguir la campaña militar en África del Norte, con el objetivo de infringir un golpe mortal a la regencia de Argel —culpable de haber instigado a Marruecos para que iniciara las hostilidades— conquistando dicha ciudad que, además, era la guarida de los piratas que infestaban el Mediterráneo. El padre Joaquín de Eleta, confesor del rey, desempeñó un gran papel en la decisión de atacar Argel. Le describió la campaña al monarca como una guerra justa, librada contra el infiel; además, le aseguró que un religioso que residía allí le había comunicado que la conquista de la plaza musulmana era relativamente fácil. La responsabilidad de preparar la expedición militar, considerada un «importantísimo asunto de Estado», le fue encomendada a Grimaldi, en su calidad de primer secretario. En un principio, se pensó en poner al mando de las tropas a Pedro de Cevallos, que había tenido una brillante actuación en la conquista de la colonia portuguesa de Sacramento y sobre cuya experiencia y eficacia no existían dudas. Cevallos, sin embargo, pidió que se le dotara de un contingente que se consideró excesivo, y se optó por el irlandés Alejandro O’Reilly, al que había recomendado su compatriota Ricardo Wall. Grimaldi dio su pleno consentimiento a la elección de O’Reilly como comandante de la expedición. El secretario de Estado asumía con ello una enorme responsabilidad. O’Reilly había participado en diversas operaciones militares pero, a diferencia de Cevallos, nunca había estado al mando de un ejército.

Los preparativos militares para la campaña de Argel se emprendieron en la fortaleza de Cartagena. Se movilizaron veinte mil hombres y se armaron ocho barcos y otras tantas fragatas, a las que se añadieron veinticuatro jabeques y otras embarcaciones para el transporte de las tropas, de la munición y de los víveres. Se puso a Pedro González de Castejón al mando de la flota española que, a principios del verano de 1775, zarpó en dirección a Argel. El factor sorpresa era indispensable de cara al éxito de la expedición. Era imprescindible coger desprevenidos a los argelinos para evitar que tuvieran preparados sus dispositivos de defensa, por lo que se intentó mantener dentro del máximo secreto todo lo concerniente a la expedición. Los argelinos, sin embargo, fueron avisados de que se iba a producir el inminente ataque. Al parecer, fue la diplomacia francesa la que filtró la información. Francia, por motivos comerciales, tenía todo el interés del mundo en evitar que España se librase, por fin, del inveterado peligro que constituía la piratería argelina.⁵³⁷

Las tropas españolas desembarcaron el 8 de julio en la costa africana. Los argelinos, conveniente camuflados, las estaban aguardando y fueron un blanco fácil para la artillería argelina. El lugar del desembarco, una playa muy arenosa por la que resultaba extremadamente dificultoso transportar los cañones, les supuso un obstáculo añadido a los asaltantes. Los españoles estaban en notables condiciones de inferioridad con respecto al enemigo y la expedición amenazaba con convertirse en una carnicería; para minimizar las pérdidas, O’Reilly, a la mañana siguiente, ordenó a las tropas que volvieran a embarcar y se hizo a la mar. Pese a la rápida retirada, la derrota del ejército español fue muy grave. En el campo de batalla perdieron la vida quinientos veintiocho hombres; el número de heridos ascendió a 2.279.⁵³⁸ La desastrosa conclusión de la expedición contra Argel, de la que informó la Gaceta de Madrid, reproduciendo, incluso, la versión de O’Reilly sobre los hechos, tuvo enormes repercusiones en la opinión pública española. Se pidió la cabeza del comandante irlandés, al que se acusó de ineficacia por no haber previsto las dificultades de la empresa, pero además, y sobre todo, se pidió la de Grimaldi. El militar irlandés no tardó en sufrir las consecuencias negativas del desastre de Argel. Alejado de la corte, fue enviado con cometidos subalternos a América y, más tarde, a Andalucía. Grimaldi, en cambio, gracias a la estima en la que le tenía el rey, se mantuvo aún durante algunos años en su puesto de primer secretario de Estado, pese a los ataques recibidos.⁵³⁹

La posición del ministro genovés, sin embargo, no dejó de debilitarse con el paso de los meses. Objeto continuo de los ataques de las octavillas satíricas que circulaban por España y enfrentado al partido aragonés, que pedía el regreso de Aranda, la caída en desgracia de Choiseul, su valedor ante el gobierno francés, le dejó aislado internacionalmente. En el gobierno también se había quedado sin apoyos. Julián de Arriaga había muerto en enero de 1775 y su sucesor al frente de la secretaría de Marina y de las Indias fue José de Gálvez, un hombre muy cercano a Múzquiz. Este último siempre había mantenido una actitud hostil hacia el primer secretario de Estado, al igual que Roda, secretario de Gracia y Justicia, y Ricla, secretario de la Guerra.⁵⁴⁰

La situación terminó volviéndose insostenible y el propio Grimaldi, consciente de que ya no podía seguir desempeñando tranquilamente su cargo, le presentó la dimisión a Carlos III, a través del secretario de Gracia y Justicia, aduciendo problemas de salud.

El rey aceptó la dimisión de Grimaldi pero, para demostrar abiertamente la estima en que seguía teniendo a su fiel colaborador y que «estaba muy satisfecho con sus servicios», lo nombró embajador en Roma. Con la destitución de Grimaldi —que el rey asumía presionado por la opinión pública, al igual que ocurrió con la de Esquilache, diez años atrás— finalizaba la presencia, después de veintidós años, de ministros extranjeros en el gobierno de España, acontecimiento que no dejó de subrayar Ferrer del Río. Y, sin embargo, el mismo autor subraya también que el ministro italiano «cayó venciendo a sus enemigos, pues, lejos de legarles el poder, a que aspiraban con anhelo, lo transmitió a una de sus más legítimas hechuras; que tal era y por tal se reconociera el conde de Floridablanca».⁵⁴¹

Nombramiento de Floridablanca como primer secretario de Estado

En contra de las expectativas de Aranda que, con el apoyo de sus seguidores, ambicionaba ocupar el cargo desde hacía tiempo, el rey nombró primer secretario de Estado a un subalterno del aristócrata aragonés: José de Moñino y Redondo, conde de Floridablanca. Aranda hizo de tripas corazón y, nada más conocer la noticia del nombramiento del nuevo secretario de Estado, le envió una carta, en noviembre de 1776, felicitándole y deseándole lo mejor «en su desenpeño por su personas y por bien de la monarquía». Asimismo, declaró que se ponía a la entera disposición del nuevo primer ministro: «Ofrezco a vuestra señoría ilustrísima un noble corazón, así como todo mi patrimonio y la promesa de obedecer vuestras órdenes con voluntad inquebrantable». Floridablanca contestó cordialmente a Aranda «cuyas expresiones —subrayó— mi ánimo agradece porque las creo sinceras», manifestándole su estima y animándolo a que fuese su estrecho colaborador:

Siempre hemos tenido una especie de genio reciproco, a pesar del petegolismo (pase la voz italiana) de nuestros pasados encargos [...] He recibido la noticia de mi promoción con aflicción de ánimo, por la desproporción de mis fuerzas con el gran peso de los objectos a que la Providencia y la bondad del rey me han querido destinar [...] En fin yo me conformo, pues que así lo quiere el amo, y voy a partir esperando en España los preceptos de V. E.

El gobierno de Floridablanca se inauguraba bajo los mejores auspicios para Carlos III y para España. Se había acabado, por fin, «la guerra sorda [...] levantada contra Grimaldi» y se había instaurado «una buena armonía entre personajes que rayaban en valer y ascendiente a la altura de los condes de Aranda y de Floridablanca».⁵⁴²

Como él mismo escribió, Floridablanca tuvo el honor, el 19 de febrero de 1777, «de presentarse a los pies de Vuestra Majestad para empezar a servir en el ministerio de Estado». José de Moñino y Redondo, conde de Floridablanca desde 1773, había nacido en Murcia en 1728, en el seno de una familia hidalga con escasos recursos económicos. Se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y, una vez obtenida la licenciatura, empezó a ejercer como abogado. En 1766 fue nombrado fiscal de lo criminal del Consejo de Castilla e inició, bajo la protección de Grimaldi, su brillante carrera política. En 1772, como ya se ha indicado, Carlos III lo envió a Roma para que convenciera al pontífice de que era necesario suprimir la Compañía de Jesús. El rey, en aquella ocasión, ya delineó sintéticamente los rasgos característicos de su emisario ante la Santa Sede:

He nombrado para mi ministro interino en Roma —escribió Carlos III— a don José Moñino, fiscal de mi Consejo de Castilla [...] buen regalista, prudente y de buen modo y trato, pero al mismo tiempo muy persuadido de la necesidad de la extinción de los jesuitas porque ha visto cuán perjudiciales son.⁵⁴³

Cuando quedó vacante el puesto de primer secretario, Carlos III, por consejo del propio Grimaldi, pensó en Floridablanca para que ocupase el puesto de máxima responsabilidad del gobierno. Grimaldi, a su vez, fue enviado a Roma como embajador, en un intercambio de papeles con su expupilo. Gracias a la confianza que el soberano depositó en su primer ministro, Floridablanca ejerció «un predominio indiscutible en la vida política de la monarquía» por lo que «como máximo responsable del gobierno se ha considerado la manifestación más específica del reformismo político y del gobierno del Despotismo Ilustrado español».⁵⁴⁴

Iniciativas de Campomanes y fundación de las Sociedades Económicas

El nuevo secretario de Estado iba a trabajar en sintonía con Campomanes, cuya importancia política, como ya se ha observado, había aumentado notablemente cuando Figueroa fue ascendido a presidente del Consejo de Castilla. En 1774, un año después de la caída de Aranda, Campomanes publicó su Discurso sobre el fomento de la industria popular, obra que proporcionó las bases sobre las que se fundó, en 1775, la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que tenía como modelo la ya citada Sociedad Bascongada de Amigos del País, fundada diez años antes.⁵⁴⁵ En realidad, ya durante el reinado de Felipe V, el ilustrado Melchor Rafael de Macanaz, con la visión de futuro que lo caracterizaba, había advertido sobre la necesidad de fundar sociedades cuya finalidad fuera el desarrollo de las industrias manufactureras y había dirigido, a tal efecto, una instancia al monarca. «Es preciso—escribía Macanaz— recurrir a establecer y fomentar la industria popular»; a los pobres, continuaba, les reportaría abundantes beneficios y al Estado inmensas riquezas. Por eso era altamente conveniente que se establecieran sociedades patrióticas en los centros suficientemente poblados, así como fábricas para enriquecerlos.⁵⁴⁶ La propuesta de Macanaz que, en su época, no obtuvo la respuesta esperada, fue, pues, retomada y llevada a cabo muchos años después en el País Vasco, dentro del clima de renovado interés por las actividades económicas que se desarrolló bajo Carlos III. Los principales objetivos de la Sociedad Bascongada de Amigos del País era mejorar las técnicas agrícolas, desarrollar las ciencias, las artes y todo cuanto pudiera ser de ayuda para lograr el bienestar del ser humano. El promotor de esta primera Sociedad de los Amigos del País fue Javier María Munibe, conde de Peñaflorida, quien, en 1764, había presentado el Plan de una Sociedad de Economía o Academia de agricultura, ciencias y artes y útiles y comercio, adaptada a la economía y circunstancias particulares de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa en el que estaban expuestos los principios fundadores.⁵⁴⁷

El tratado de Campomanes sobre la industria popular, dirigido a todo el clero y a los mayores funcionarios de España, constaba de veintiún capítulos. Tras subrayar, preliminarmente, la necesidad de aplicar los conocimientos técnicos a la agricultura, se indicaban cuáles eran los medios más idóneos para el desarrollo de las fábricas, la utilidad de estudiar ciencias naturales, las causas de la decadencia de la industria popular y los beneficios que proporcionarían determinadas manufacturas. Se sugería, a continuación, que se prohibiese la exportación de materias primas, se facilitase el flujo de artesanos extranjeros al país, y que se emplease a la población penitenciaria como mano de obra para realizar determinados trabajos; se denunciaban, asimismo, los abusos cometidos por las corporaciones y la necesidad, por consiguiente, de que estas fueran reformadas. Los tres últimos capítulos trataban sobre cuáles eran los instrumentos necesarios para incentivar la industria en cada una de las distintas provincias españolas; el fiscal del Consejo de Castilla proponía que se creasen sociedades económicas en las principales capitales del reino, argumento sobre el que se centró en el último capítulo:

«La educación cristiana y política de las ciencias y oficios», añadía, «instruye a todas las clases sus oblicaciones y en los medios de adelantar su caudal; aparta a los hombres de los sofismas y les hace discurrir con acierto, templanza y respeto a la autoridad legítima. Facilitados los medios de mantener su familia con tanta variedad de ocupaciones, se aumenta rápidamente la población, o vienen a incorporarse en ella con preferencia los extranjeros. Los hijos bien mantenidos y criados con buenas constumbres son más reglados y robustos, y por un encadenamiento de hechos se acrecienta incesantemente el número de los vecinos. Por estos principios adquiere el Estado aquella solida consistencia que de la respeto y vigor, y enseñados los naturales a la actividad, solo piensan en el bien general de la sociedad donde prosperan, porque el interés común está perfectamente unido con el particular de cada familia».

No puede tener enemigo alguno —concluía el fiscal— una nación cuyo pueblo está ocupado e instruido en las artes de la paz.⁵⁴⁸

Mediante la Sociedad Económica Matritense, fundada a instancias suyas, Campomanes se proponía «disponer de un instrumento para exportar a otras regiones ideas que favorezcan las actividades industriales y comerciales» y que, al mismo tiempo, mellasen la solidaridad de las corporaciones de artesanos.⁵⁴⁹ La iniciativa para instituir en la capital una Sociedad de Amigos del País había partido de tres ciudadanos que, inspirándose en las propuestas que hacía Campomanes en su escrito sobre la industria popular, le presentaron una solicitud al Consejo de Castilla que fue recibida favorablemente.⁵⁵⁰ Tomando como modelo la institución madrileña, no tardaron en surgir otras sociedades en el país. La eficacia de estas, así como la visión de futuro de sus promotores, queda demostrada por el hecho de que —como destaca Voltes— son los únicos organismos de la época de Carlos III que han llegado hasta nuestros días manteniendo prácticamente intactos la estructura y los fines con que se crearon en el xvIII.⁵⁵¹ Valencia, Sevilla y Zaragoza fueron las primeras ciudades, después de Madrid, en las que se fundaron Sociedades Económicas, en medio del entusiasmo general.

Estas instituciones —observa Ferrer del Río— «mudaban súbito el semblante de la monarquía, donde el gobierno, receloso y la Inquisición perseguidora habían acostumbrado a los españoles al más lamentable aislamiento, durando el espíritu de asociación solo en las órdenes religiosas o en las cofradías o hermandades».⁵⁵² Ahora, en cambio, se estimulaba que se reuniesen «todas las personas interesadas en la renovación y ampliación de la burguesía de cada una de las ciudades importantes del reino».⁵⁵³ Carlos III apoyó de forma decisiva dichas iniciativas a través de la real cédula de fundación de la Sociedad Económica Matritense en la que, además de especificar cuáles eran sus tareas y objetivos, se dotaba al organismo de una subvención anual:

La Sociedad Económica de los Amigos del País, que se ha formado en Madrid, constará de un número indeterminado de individuos. Su instituto es conferir y producir las memorias para mejorar la industria popular y los oficios, los secretos de las artes, las máquinas para facilitar las maniobras y auxiliar la enseñanza. El fomento de la agricultura y cría de ganados será otra de sus ocupaciones, tratando por menor los ramos subalternos relativos a la labranza y crianza.

Para rubricar cuánta importancia le concedía a la fundación, Carlos III dio orden a la Tesorería Real para que le suministrase anualmente tres mil reales a la Sociedad, suma destinada a la concesión de dos premios.⁵⁵⁴

Posteriormente, fue aprobada, mediante un real decreto, la fundación en Madrid de una Junta o Sociedad de Damas, una especie de ala femenina de la Sociedad Económica constituida, originalmente, por catorce representantes de la alta aristocracia a las que se añadirían otras muchas damas de alcurnia, incluidas las propias infantas. La Sociedad fue el primer ejemplo en España de asociación femenina autorizada por un real decreto. Solo por haber avalado una iniciativa de este tipo —sostiene Vaca de Osma, con la vista dirigida hacia nuestros días—, Carlos III puede ser considerado un precursor y un espíritu moderno incluso en materia de feminismo.⁵⁵⁵

Campomanes fue el primero en ampliar el radio de acción de las Sociedades de Amigos a través de los principios económicos expuestos en su obra Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, así como en los cuatro voluminosos Apéndices a esta. La obra fue publicada entre los años 1775 y 1777, en cuatro tomos, junto con las obras de Francisco Martínez de Mata y sus correspondientes comentarios a estas.⁵⁵⁶ El Discurso fue utilizado por el gobierno con fines propagandísticos. Se imprimieron 30.000 copias, una tirada excepcional para la época, y se envió un ejemplar a todas las entidades del reino para animar a que se instituyesen sociedades económicas semejantes a la vasca.⁵⁵⁷ Paralelamente a la difusión del Discurso, surgieron en diversas ciudades numerosas academias de dibujo y escuelas técnicas. Se instituyeron premios para incentivar la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes alumnos y se publicaron memoriales destinados a su instrucción. La notable importancia de las obras de Campomanes está atestiguada por el juicio que Jovellanos expresó al respecto.

Tras elogiar al fiscal del Consejo de Castilla por la influencia que ejerció como «primer representante del pueblo», gracias al cual habían florecido rápidamente las sociedades económicas, y por la pasión, en concreto, que puso en fundar la Matritense, el insigne pensador ilustrado traza un breve repaso de la metodología seguida por el autor en sus escritos.

Los antiguos economistas, aunque inconstantes en sus principios, habían depositado en sus obras una increíble copia de hechos, de cálculos y raciocinios tan precisos como indispensables para conocer el estado civil de la nación y la influencia de sus errores políticos. Faltaba solo una mano sabia y laboriosa que los entresacase y esclareciese a la luz de los verdaderos principios. El infatigable magistrado lee y extracta estas obra: publica las inéditas, destierra las ignoradas; comenta unas y otras; rectifica los juicios y corrige las consecuencias de sus autores; y mejoradas con nuevas y admirables observaciones, las presenta a sus compatriotas.

Todos podían beneficiarse de la labor de Campomanes y, por lo tanto, concluye Jovellanos «las luces económicas circulan, se propagan y se depositan en las Sociedades y el patriotismo lleno de ilustración y celo funda en ellos su mejor patrimonio».⁵⁵⁸

El papel fundamental desempeñado por Campomanes en la difusión de las sociedades económicas fue reconocido por el propio Floridablanca, quien, a finales del reinado de Carlos III, aseguró, complacido, que se habían constituido unas sesenta. La mayoría de estas estaban comprometidas en «contribuir al socorro, educación y aplicación al trabajo de los pobres, fomentando, principalmente, la agricultura, las artes y oficios, y el decoro material y moral».⁵⁵⁹ El número de las sociedades económicas aumentó notablemente en los últimos años del siglo XVIII; en el XIX, alcanzaba ya el centenar. Algunas surgieron por iniciativa de las autoridades locales, otras en cumplimiento de directrices procedentes directamente de Madrid. Su distribución por el territorio español fue desigual; en las zonas periféricas solo se fundaron unas pocas. Un examen de las listas de socios nos indica que gran parte de estos procedía del estamento medio. Solo una pequeña proporción era de extracción noble; menor aún era el número de agricultores y artesanos. Las sociedades actuaban dentro de un clima paternalista, se obraba desde la exigencia de «ayudar al pueblo a mejorar su situación, de lo que también resultaría beneficiado el conjunto de la sociedad y el propio Estado». Para intentar superar la crisis económica entonces en curso, las sociedades trabajaban sobre el elemento humano, poniendo en marcha iniciativas en el campo de la educación y la formación profesional tales como la apertura de escuelas de enseñanza primaria, la divulgación de técnicas agrícolas, la implantación de talleres de costura para las mujeres y, en un nivel más elevado, las «enseñanzas de la nueva ciencia que empezó a llamarse Economía política».⁵⁶⁰

Tras reconocer que habían sido el «diligente magistrado» Campomanes y el Consejo de Castilla los que habían promovido la fundación y proliferación de las sociedades económicas, Floridablanca resaltaba su contribución personal al desarrollo de estas. Carlos III, de hecho, había conseguido, gracias a la labor de su secretario de Estado, generosas financiaciones económicas para sostener a las sociedades, empezando por la de Madrid, a la que estaban destinados ochenta mil reales anuales, suma a la que se añadía la cantidad depositada para la institución de un Monte Pío; para dotar a otras sociedades se había recurrido a la imposición de tributos y, para hacer frente a sus exigencias, el soberano le había encargado a Floridablanca que llevase a la práctica sus ideas y proyectos «de lo que han resultado grandes beneficios». Se demostró que la mayor parte de las sociedades era sumamente útil y que todas, en cualquier caso, contaban con el mérito de haber logrado «reunirse a los primeros ciudadanos, ocupar el clero y la nobleza dignamente su tiempo y cuidados, y excitarse en todas las clases de emulación y el deseo de hacer algo bueno en servicio de la patria».⁵⁶¹

Las Sociedades de Amigos del País incentivaban el estudio con concursos y premios, favorecían las reuniones de expertos para analizar los problemas económicos y debatir acerca del desarrollo de la producción, intentaban localizar los obstáculos de carácter burocrático y legal que frenaban el crecimiento. Luego se enviaban al gobierno los resultados de los análisis para que se adoptasen las medidas oportunas. Los principales ataques de las Sociedades económicas se dirigían contra las corporaciones tradicionales, que se mantenían impermeables ante cualquier tipo de innovación. La propagación de la cultura y de los conocimientos científicos tenía como objetivo combatir, por ejemplo, el anticuado sistema de aprendizaje de dichas corporaciones; se pretendía, además, «inventar y construir con perfección», y según las reglas más apropiadas, la maquinaria de las diversas actividades artesanales. Ensenada ya había intentado que los reglamentos de las corporaciones fuesen menos rígidos, pero fracasó en su empeño porque en su época las condiciones aún no estaban maduras para que se aceptasen innovaciones de ese alcance. Campomanes arremetió contra las organizaciones corporativas, ataques que intensificó Jovellanos quien —en línea con otros países europeos, más avanzados en los conocimientos de carácter económico— defendió la libertad de las artes y los oficios.⁵⁶²

Sánchez-Blanco cuestiona la eficacia de las Sociedades de Amigos del País, así como la de gran parte de las iniciativas reformistas emprendidas durante el reinado de Carlos III. Según el historiador español, dichas Sociedades económicas representaban «la mejor expresión de la artificialidad social en que se movía ya el absolutismo». La tesis quedaría avalada porque, en primer lugar, estas pretendían aunar las diferentes fuerzas económicas de la nación sin mermar la estructura vertical de la sociedad con la obvia consecuencia de que «la doctrina económica no concuerda exactamente con los intereses de los estamentos del Antiguo Régimen». Campomanes tenía enfrente «tanto la solidaridad gremial y sus instrumentos proteccionistas, como también el pernicioso estanco de la propiedad en las manos muertas». De ahí, pese a su evidente utilidad, la fuerte hostilidad hacia las nuevas perspectivas económicas por parte de «nobles y eclesiásticos, los cuales ven en la prohibición de crear mayorazgos o en el control de las rentas un peligro para su estamento» y, por tanto, se limitan a interesarse por cuestiones menos conflictivas, como son la introducción de nuevos cultivos o la instalación de fábricas en algunas localidades.⁵⁶³

La resistencia de los estamentos privilegiados a las innovaciones en el terreno económico que, con el imprescindible aval de Carlos III, Campomanes intentó llevar adelante, no constituye, sin embargo, la demostración del fracaso de las iniciativas reformistas. Es la consecuencia de las comprensibles dificultades con las que no podía por menos que encontrarse una política de inspiración ilustrada en una sociedad del Antiguo Régimen. La obstinación con la que políticos como Campomanes y, posteriormente, Floridablanca, persiguieron el objetivo de renovar las estructuras económicas de España, encontró su apoyo puntual en los decretos emanados por Carlos III —que contaba plenamente con su eficacia— y permitió que se hicieran importantes mejoras. Solo una revolución que, como sabemos, no se produjo, podría haber subvertido el orden social existente, pero la subversión, obviamente, no figuraba entre las intenciones de los ministros de Carlos III.

Las Cinco Corporaciones Mayores de Madrid

La organización corporativa más importante de España era la de las Cinco Corporaciones Mayores de Madrid, que se regían por las ordenanzas del año 1686 y por los decretos reales emanados por el Consejo de Castilla, la Junta de Comercio y otros tribunales supremos. Estas corporaciones estaban constituidas, originalmente, por comerciantes de paños, seda, telas, especias, drogas, quincallería y joyas. El motivo por el que habían sido fundadas fue la necesidad de vender las mercancías a un precio conveniente y de depositarlas en almacenes públicos, sistema que agilizaba la reposición. A partir del año 1763, la actividad financiera se unió a la comercial cuando las Cinco Corporaciones fundaron una Compañía privilegiada (es decir, que contaba con el privilegio de gozar de la protección del Estado) para la recaudación de las rentas reales, durante doce años. Se instalaron fábricas en Valencia, Cádiz, y en las principales ciudades de España y de las Indias. La Compañía se hizo cargo también del abastecimiento de víveres a las fuerzas armadas y a la ciudad de Madrid, e impulsó, además, la actividad comercial con el extranjero con una flota mercante propia. Las Corporaciones mayores, gracias a sus múltiples actividades, consiguieron acumular un ingente capital, valorado en 1778 en unos doscientos sesenta millones de reales. La riqueza acumulada se reinvertía única y exclusivamente en interés de las Corporaciones que, gracias al gran capital disponible, actuaban en régimen de monopolio y constituían, por ello, un elemento perturbador dentro del mercado interno.

Con los decretos promulgados por Carlos III para la liberalización del trabajo agrícola e industrial, se inició la decadencia de las Corporaciones, que perdieron «su razón de ser, y el espíritu de reglamentación y monopolio que respiraron desde el comienzo de su legal existencia, quedó destruido por el ambiente de la libertad económica, que tanto había de contribuir a la prosperidad de la nación».⁵⁶⁴

Medidas y propuestas para el desarrollo de la agricultura

Las Sociedades Económicas de los Amigos del País, gracias a las innovaciones técnicas que promovieron, le dieron un notable impulso al desarrollo del sector agrícola. En ese sentido, fue ejemplar el papel desempeñado por la Sociedad Patriótica de la ciudad de Vera (actual provincia de Almería), en el reino de Granada, cuyo estatuto de fundación contemplaba la institución de una Comisión de agricultura y de economía rural. Los miembros de la Comisión tenían que averiguar qué labores agrícolas y qué tipo de cultivos era los más adecuados para la región. Posteriormente, se difundiría el conocimiento de los diversos usos de cortezas de árbol, hojas, flores y frutas en la medicina, las artes mecánicas y el comercio. Los miembros de otras sociedades, reunidos en las Comisiones de manufacturas y fábricas; de tráfico y comercio interno y de navegación y comercio exterior, se beneficiarían de estos datos. Los resultados de los estudios se harían públicos periódicamente, tras recibir la aprobación de las Sociedades y de los escritores de economía.⁵⁶⁵

El propio Carlos III contribuyó personalmente a la mejora del sector agrícola mediante la fundación de una escuela práctica de agricultura en el real sitio de Aranjuez, cuya finalidad era servir de modelo para otras experiencias análogas. En Aranjuez, con la participación de los infantes en los trabajos, se introdujeron nuevos métodos de explotación de los terrenos, destinados, en función de sus características, a los cultivos más productivos. En los suelos secos y áridos se plantaron miles de olivos y de vides; en los más fértiles, cereales; los más húmedos se destinaron al cultivo de hortalizas, plantas textiles, legumbres y frutales.⁵⁶⁶ Los infantes Carlos, Antonio y Gabriel emprendieron iniciativas semejantes a la de Aranjuez en sus propiedades de Calanda y de San Juan.⁵⁶⁷ El monarca consideraba que el desarrollo de la agricultura —estrechamente conectado al crecimiento demográfico—, sector en el que se basaban las actividades manufactureras y comerciales, era fundamental para la economía, como afirmó en la Instrucción reservada:

Recelo que se ha empleado siempre más tiempo y desvelos en la exacción y cobranza de la real Hacienda que en el cultivo de los territorios que los producen y en el fomento de sus habitantes. Ahora se piensa diferentemente, y este es el primer encargo que hago a la junta y al celo del ministro encargado de mi real Hacienda; esto es, que tanto o más se piense en cultivarla que en disfrutarla [...]. El cultivo consiste en el fomento de la población con el de la agricultura, el de las artes e industria, y el del comercio.⁵⁶⁸

En un territorio en gran parte árido a causa de la escasez de lluvias como es el de la península ibérica, tuvo una extraordinaria importancia para el desarrollo de la agricultura, «la fuente más segura para el sustento humano y para su riqueza y prosperidad» la construcción de una serie de canales, medida tomada por Carlos III. Estas impresionantes «obras de riego que —según el vaticinio de Floridablanca— despertarán la admiración de las generaciones futuras más lejanas», junto a los beneficios que trajeron consigo, figuraron en el listado de logros que el secretario de Estado le presentó al monarca en octubre de 1788. Las obras comenzaron por el Canal Imperial de Aragón y Cataluña, un viejo proyecto iniciado ya en tiempos del emperador Carlos V, que Carlos III logró culminar, no sin antes superar grandes dificultades. Tras recorrer muchas leguas, el trazado del canal llegaba a Zaragoza, desde donde continuaba hasta alcanzar el Mediterráneo. El proyecto se debió a Ramón Pignatelli y Moncayo. El canal era también navegable y constaba de

el primero y más seguro manantial de los sustentos del hombre, y de su riqueza y prosperidad sólida; las obras de riego que dejarán sorprendida la posteridad más remota; con más corazón que posibilidad; obras tan grandes, tan atrevidas y tan útiles, que para honor de la nación y de los que le han dirigido, y para gloria de vuestra majestad, se publicarán oportunamente su plan con una relacion circunstanciada de los mismos obras, de los terrenos que ya se cultivan y riegan, de los nuevos plantíos que se han hecho y continúan, y de los molinos y artefactos que se han construido y construyen para adelantamiento y facilidad de todo genero de industrias.⁵⁶⁹

El Canal Imperial de Aragón y Cataluña se ramificaba en el de Tauste, también empleado para el riego. En el giro de unos pocos años se construyó el canal de Tortosa, que salía del Ebro, en las cercanías de la localidad de Amposta, y llegaba hasta el puerto de Alfaques. Este último, además de ser navegable, servía para regar los extensos territorios limítrofes, muy áridos en su mayoría, a causa de la escasez de lluvias. Cerca de la desembocadura del canal se fundó el núcleo urbano de San Carlos y las obras se prosiguieron «para darle la mayor perfección y utilidad posibles».

Se continuó la construcción de los canales del Manzanares y del Guadarrama, obras subvencionadas por el Banco Nacional, que había cedido para ello la mitad de los beneficios derivados de la extracción de plata. También se intentó construir un canal en el campo de Urgel para el riego de árboles y otros cultivos en el reino de Granada, aprovechando las abundantes aguas de las fértiles y extensas llanuras de Albacete. Por último, se estaban también llevando a cabo las obras de bonificación de los terrenos pantanosos en los límites de la ciudad de Villena, en el reino de Galicia, y en otras provincias. En las zonas boscosas y deshabitadas se fundaron núcleos de población, como fue el caso de Almuradiel, situada en la camino de Andalucía, «donde ahora se ven edificios públicos, casas de colonos, plantas y terrenos cultivados, que producen todo tipo de cereales y de frutos, siguen el camino y alejan a los malhechores».⁵⁷⁰

Uno de los principales problemas para el desarrollo de la agricultura lo constituían las propiedades fundiarias. Campomanes ya intentó resolverlo, sin éxito, con la publicación del ya mencionado Tratado sobre la regalía de amortización. El fiscal partía del presupuesto de que la riqueza del Estado dependía de la población, la cual, a su vez, era dependiente del grado de arraigo de los campesinos a la tierra. Para que los trabajadores del campo tuvieran un nivel de vida mínimamente aceptable, las autoridades gubernativas pensaron en modificar la distribución de las propiedades rurales. «Un principio, este último, arriesgado y que quedó en el plano teórico».⁵⁷¹ La única propuesta del fiscal que llegó a llevarse a la práctica fue la ley sobre la liberalización del comercio del trigo que, como ya hemos visto, fue uno de los motivos que provocaron el estallido de las revueltas de 1766, y que, en su conjunto, resultó un fracaso porque, por una serie de imprevistos, el precio de los terrenos, de los arriendos y de las mercancías, en vez de bajar, subió. El incremento de la producción agrícola, objetivo primordial, que se perseguía para hacerle frente a las crisis que, cíclicamente, se producían cada vez que había malas cosechas, no se alcanzó ni mediante la liberalización de los precios y del comercio, ni con los intentos del gobierno de mejorar la agricultura a través de las Sociedades económicas.

El problema de la distribución de la tierra entre los campesinos fue afrontado por Carlos III con la ley de mayo de 1770, por la que se hacían extensibles a todo el territorio nacional dos medidas que ya se habían adoptado en los reinos de Andalucía y en Extremadura. La ley tuvo una importancia extraordinaria porque con ella se pretendía regularizar la repartición de fincas rústicas y el sistema de arrendamientos, los dos puntos que más interesaban a los campesinos. En lo que concierne a la subdivisión de los terrenos se dispuso que se asignaran ocho fanegas por cada par de bueyes a los agricultores que ya fueran propietarios de animales de labor. A los jornaleros sin tierra se les concedían tres fanegas, una asignación mucho más modesta con la que, difícilmente, mejorarían sus condiciones de vida y dejarían de ser braceros. Tanto los primeros como los segundos tenían que pagar un pequeño canon anual por las concesiones.⁵⁷²

El canon de los arrendamientos, en una situación caracterizada por la subida continua de los precios, no podía sino aumentar. Los propietarios, obviamente, obtenían grandes beneficios de esta coyuntura. Rescindían los contratos para recuperar la plena propiedad de las tierras y arrendar de nuevo las tierras, a un precio más alto y por menos tiempo. Las protestas de los arrendatarios, especialmente intensas en algunas zonas de Castilla la Vieja, llevaron al rey a promulgar un decreto, en diciembre de 1768, por el que quedaban bloqueados los cánones de arrendamiento. Los propietarios recurrieron y, por la ley de 1770, se eliminó el bloqueo y se estableció que podían dar en arriendo sus tierras según los precios del mercado.

Cinco años más tarde, por la real cédula de diciembre de 1775, en respuesta a las insistentes reclamaciones de los concesionarios, se establecieron las condiciones por las que los propietarios tenían que rescindir unilateralmente los contratos de arrendamiento. Se estableció que el arrendatario podía ser obligado a dejar el terreno solo si el propietario demostraba que contaba con los medios necesarios para explotarlo directamente y era vecino de la localidad en la que estaba situada la propiedad.⁵⁷³ Esta ley, que constituía, sin duda, un importante reconocimiento de los derechos de los arrendatarios, no llegó casi a aplicarse porque las administraciones locales —formadas, generalmente, por terratenientes— no tenían el más mínimo interés en hacerlo.

El gobierno, para intentar darle una solución a tan espinoso problema, en el que se veían enfrentados intereses totalmente contrapuestos, y hacerlo, además, con imparcialidad, se dirigió a los interesados para conocer su opinión. La respuesta superó todas las expectativas. No hubo problema sobre el que se acumularan tantos informes como sobre el agrario. Al gobierno le llegó «una montaña de papel de las que surgen las voces más discordantes: los labradores acusan a los ganaderos y viceversa; los labradores se quejan de los nobles y eclesiásticos; los jornaleros, de los labradores, sin que de este coro de acusaciones mutuas sea fácil sacar conclusiones».⁵⁷⁴ El gobierno extrajo una síntesis del inmenso material recibido que publicó, en 1784, bajo el título de Memorial ajustado sobre el establecimiento de una Ley Agraria. Jovellanos, a su vez, a petición de la Sociedad económica de Madrid, escribió un Informe sobre la Ley Agraria. Entre otros estudios publicados sobre el tema, cabe citar el ya mencionado trabajo de Pablo de Olavide, que se sirvió de la preciosa colaboración de los expertos que asistían a su tertulia de Sevilla. En Andalucía, además de los propietarios y los arrendatarios —cuyo enfrentamiento, a nivel local, era un reflejo del que estaba extendido por todo el país—, había una gran cantidad de figuras intermedias, como subarrendatarios, quinteros, pequeños propietarios, unidos por la común búsqueda de terrenos para explotar en arriendo. Aunque la mayor parte de las disposiciones tomadas por el gobierno estaban encaminadas a satisfacer las expectativas de esta variada gama de trabajadores del campo, la sorda oposición de las oligarquías impidió que dichas disposiciones se pusiesen en práctica.

El problema de la Mesta y las malas condiciones de vida de los agricultores

La región de Extremadura sufría de forma especial el problema de la mala distribución de la tierra. Los agricultores estaban obligados a padecer las consecuencias de los privilegios de la Mesta, antigua corporación —regida por el Honrado Concejo de la Mesta de Pastores— formada por los ganaderos dedicados al pastoreo trashumante. La Mesta tenía derecho adquirido a que sus rebaños pastasen libremente en cañadas y pastos. Los propietarios de las tierras por las que pasaba el ganado tenían prohibido roturar las tierras y protegerlas con un cercado. La prohibición de roturar suponía un gran obstáculo a la hora de explotar los terrenos y perjudicaba gravemente a los agricultores. Los pastos se consideraban más importantes que el trigo «como si el hombre hubiese nacido para el ganado y no el ganado para el hombre».⁵⁷⁵

Tanto Moñino como Campomanes, en su calidad de fiscales del Consejo de Castilla, se opusieron a los privilegios de la Mesta. La consecuencia fue la real cédula de abril de 1779 con la que se intentó asestar un duro golpe a las tradicionales prerrogativas de la Mesta, concediéndoles a los agricultores la posibilidad de acabar con los obstáculos que les impedían desarrollar sus actividades. Con el apoyo de Floridablanca que, en el ínterin, había sido ya elegido como secretario de Estado, Campomanes fue nombrado presidente del Concejo de la Mesta. Nada más ocupar su cargo, se esforzó por llevar a la práctica las medidas en contra de los privilegios de la corporación que, hasta ese momento, sus antecesores en el puesto habían conseguido bloquear. Fue preciso recurrir al apoyo de los agricultores y de los propietarios de ganado estabulado de Extremadura. Estos, sin embargo, a pesar de sus reiteradas quejas por los daños que les infligía la trashumancia, solo pensaban en su propio interés, despreocupándose del general, por lo que las limitaciones impuestas a los miembros de la Mesta no cambiaron de forma significativa la situación.⁵⁷⁶

La cuestión agraria tenía características peculiares en Galicia y en el reino de Valencia. En Galicia, aunque la mayoría de la tierra era propiedad de la Iglesia y de la alta nobleza, los beneficiarios eran, en realidad, los arrendatarios de extracción hidalga. Los terrenos, arrendados a muy bajo precio y por periodos muy largos, a veces incluso a perpetuidad, solían subarrendarse a un precio mucho mayor, lo que dejaba un amplio margen de beneficio. El apoyo de la Audiencia local a los concesionarios anuló la tentativa de los propietarios de recuperar la explotación de sus tierras y beneficiarse de la subida de los precios. El fuerte aumento de la población, cuya subsistencia no estaba garantizada por la producción agrícola, aunque esta hubiese crecido de volumen, provocó fuertes corrientes migratorias entre el campesinado; los que permanecían en sus lugares de origen seguían viviendo en un estado rayano en la indigencia. Aún peores eran las condiciones de vida de los trabajadores del campo en el reino de Valencia, donde los propietarios, pertenecientes a la nobleza, imponían contratos muy duros a los colonos, sin que la autoridad real interviniera para impedirlo «porque el problema estaba ligado al de régimen senorial, que no se quería atacar en su raíz».⁵⁷⁷

Habilitación de los artesanos para los cargos públicos

A los trabajadores del mundo rural no se les ponía, por lo general, ninguna traba para que compatibilizaran su actividad con el desempeño de los cargos públicos. Podían acceder tanto a la administración del Estado como a la hidalguía. La población urbana, en cambio, sí sufría problemas al respecto. Los que ejercían actividades consideradas viles o mecánicas —comerciantes, profesionales liberales, artesanos— eran discriminados y no podían ocupar determinados cargos públicos. Durante el reinado de Carlos III este problema fue uno de los puntos focales del interés de políticos e intelectuales. Campomanes, en concreto, le prestó una especial atención. El fiscal, basándose en consideraciones de carácter social pero, sobre todo, políticas y económicas, defendió vivamente a aquellos que eran discriminados a causa de su oficio. El nulo reconocimiento social que tenían las actividades manuales provocaba que los trabajadores apenas se esforzasen, con el daño consiguiente para la producción y para el estado. A instancias de Campomanes y de otros miembros del gobierno de tendencia ilustrada, grupo que, a partir de 1777, pudo contar con el pleno apoyo de Floridablanca, Carlos III promulgó algunas disposiciones legislativas con las que intentó solucionar el controvertido asunto. La medida principal fue la real cédula de marzo de 1783, por la que se le concedía a una amplia categoría de artesanos la posibilidad de acceder a cargos públicos y de ser admitidos en las filas de la hidalguía:

[...] que no solo el oficio de curtidor, sino también los ciertas artes y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a este modo son honestos y honrados: que el uso de ellos no envilece la familia ni la persona del que los exerce; ni la inhabilita para obtener los empleos municipales de la República en que estén avecindados los artesanos o menestrales que los exerciten; y que tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el goce y prerrogativas de la hidalguía.

Se prometía, además, la concesión de privilegios, incluido el acceso a la nobleza, a quienes se hubiesen distinguido, durante tres generaciones, en el desempeño de actividades productivas o comerciales y hubiesen obtenido importantes progresos.⁵⁷⁸ Como complemento de esta ley, al año siguiente se dictó una disposición que permitía a los hijos ilegítimos ejercer todos los oficios.⁵⁷⁹ Otra importante medida a favor de los artesanos y los agricultores fue la disposición de mayo de 1786, por la que se prohibía que fueran arrestados o que se les confiscaran sus útiles de trabajo por deudas civiles o faltas leves.

Tras la real cédula de 1783, hubo artesanos e incluso corporaciones —fue el caso de los carniceros de Valencia— que solicitaron su inscripción en organismos reservados, hasta ese momento, a la nobleza.⁵⁸⁰ Las solicitudes fueron rechazadas porque se contradecían con el espíritu de la ley, cuyo objetivo no era que los trabajadores manuales tuvieran acceso a los privilegios de la nobleza. Se trató, con todo, de casos aislados, que no pueden considerarse representativos de una supuesta aspiración de los artesanos a que se les equiparase a los aristócratas para disfrutar de sus privilegios, como destaca, en cambio, irónicamente, Sánchez-Blanco, que subraya «Lo ridículo de tal receta ha pasado inadvertido a muchos historiadores».⁵⁸¹ La real cédula, por el contrario, tenía que servir de estímulo a los miembros del estamento nobiliario para tomar iniciativas en el ámbito de las denominadas industrias nobles: la metalurgia, la minería, la cristalería, la industria textil. Muchos aristócratas, de hecho —el marqués del Viso, el duque de Béjar, el conde Fernán Núñez y el propio Aranda— emprendieron actividades productivas e instalaron industrias, aunque, como subraya Domínguez Ortiz, estos «no habían esperado a la real cédula para establecerlas, en bien de los vasallos y del suyo propio».⁵⁸²

La ley de 1783 puede, con todo, considerarse un importante ejemplo del gran esfuerzo realizado por el gobierno de Floridablanca para desarrollar la economía, objetivo que el secretario de Estado consideraba que era el prioritario en política interior y cuyas iniciativas a este respecto siempre contaron con el respaldo de Carlos III. El apoyo del monarca fue imprescindible para salvar los graves obstáculos que quienes detentaban los privilegios amenazados por las reformas de Floridablanca no dejaron de ponerle a sus proyectos cargados de visión de futuro.

VI INICIATIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES Y OBRAS PÚBLICAS DURANTE EL GOBIERNO DE FLORIDABLANCA

EL 10 de octubre de 1788, un par de meses antes del fallecimiento de Carlos III, Floridablanca le volvió a solicitar al monarca que aceptara su dimisión como secretario de Estado. Antes redactó un detallado informe —conocido como la Representación de Floridablanca— en el que pasaba revista a las iniciativas tomadas en política interior y exterior durante los casi doce años que había durado su mandato, incluyendo también algunas propuestas que, según él, deberían ser llevadas a cabo. Carlos III no solo volvió a negarse a aceptar su dimisión, sino que, antes de morir, le recomendó encarecidamente a su hijo, el futuro Carlos IV, que mantuviese a su lado al primer ministro, en el que la corona podía depositar enteramente su confianza y cuyo fructífero trabajo —del que daba fe la Representación que entregó al monarca y, posteriormente, a su hijo— solo había merecido la más viva aprobación por parte del rey. Los motivos que impulsaron a Floridablanca a pedir la dimisión estaban relacionados, básicamente, con las críticas de sus adversarios políticos del partido aragonés, difundidas a través de impresos satíricos. La oposición se había intensificado con el regreso de Aranda que, a sus sesenta y cinco años, había vuelto a casarse y, tras abandonar su puesto de embajador en Francia, había regresado a la capital en octubre de 1787.⁵⁸³ En el memorial, escrito también para defenderse de las acusaciones de sus enemigos, el secretario de Estado quería exponer

todas las operaciones ministeriales que desempeñó desde que fue elevado a aquella dignidad en febrero de 1777, y otras muchas y diversas comisiones que su majestad le encargó, y se verificaron con feliz suceso en beneficio de la patria y del Estado.⁵⁸⁴

A la Representación le fueron añadidas algunas sugerencias sobre las nuevas iniciativas que debían tomarse en el futuro, dictadas por la experiencia madurada en años pasados. Carlos III, por consejo de Floridablanca, había tomado diversas decisiones en política interior, encaminadas a acrecentar el bienestar de los súbditos y el prestigio de la corona.

Incentivos al sector agrícola

En el terreno económico ocuparon un lugar fundamental las intervenciones en el sector agrícola, al que estaba dedicado, directamente, el 70 por ciento de la población española; a este tanto por ciento había que añadir el conjunto de los trabajadores que dependían de forma indirecta del sector. Además de construir canales de riego, de proceder a la bonificación y reconversión de terrenos y de abrir escuelas técnicas de agricultura, como ya hemos visto, Floridablanca propuso que se actuara con determinación contra los vínculos de mayorazgo, convencido de que constituían uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la agricultura española. El secretario marcó, a este efecto, tres directrices para orientar la acción del gobierno.

Según Floridablanca, era preciso, en primer lugar, concederles a quienes tuvieran en arriendo bienes sujetos a vínculos de mayorazgo el derecho a deducir las mejoras efectuadas, que serían evaluadas por las autoridades legales, y de convertirse, a su vez, en propietarios. Esta disposición actuaría como un incentivo para mejorar el rendimiento de las tierras sometidas a restitución, que solían explotarse de forma intensiva y luego se abandonaban. Además, era preciso permitir que en Madrid, para estimular la edificación de inmuebles, dentro de un ambicioso plan de desarrollo urbanístico, se pusiesen a la venta los terrenos sin cultivar o abandonados aunque estuviesen sujetos a mayorazgo o a algún otro tipo de vínculo, instituyéndose una junta a tal efecto. La suma obtenida por la venta se depositaría a beneficio de los propietarios del inmueble, a los que se les daba la posibilidad de invertirla en títulos del Estado, censos o acciones bancarias. La tercera medida propuesta por el secretario de Estado consistía en prohibir la vinculación a perpetuidad de las mejoras de los fondos agrícolas y de cualquier otro tipo de bienes. La prohibición se consideraba básica para evitar una de las causas principales del atraso de la agricultura. Era habitual, de hecho, vincular las mejoras a favor de los herederos, incluso por parte de la gente humilde, propietaria de patrimonios exiguos, que quedaban a merced de «la vanidad y la holganzonería, y aprisionando muchos bienes que no puedan cultivarse bien en manos pobres, ni venderse a las ricas que los restauren».⁵⁸⁵

Una vieja reivindicación de los concesionarios de terrenos en las localidades de nueva fundación era la de tener derecho a cercarlos. El derecho les fue concedido, en 1778, a los habitantes de los centros poblacionales surgidos a lo largo del camino que unía Madrid con Extremadura. Posteriormente, se hizo extensible a los pobladores de la nueva localidad de Encinas del Príncipe. Para evitar las reiteradas protestas de los agricultores de los núcleos poblacionales de nueva fundación por el uso comunal de los terrenos, se permitió, por la real cédula de abril de 1788, que se cercasen las propiedades privadas. En caso de que las tierras estuviesen destinadas al cultivo de árboles silvestres, el permiso se concedía por veinte años, transcurridos los cuales la ganadería podía volver a entrar a pastar. En el caso de que estuviesen dedicadas a la agricultura intensiva —olivares; viñedos; frutales; hortalizas— no había límite temporal alguno; los propietarios o los arrendatarios podían mantener sus tierras cercadas a perpetuidad.⁵⁸⁶

En los últimos años del reinado se intensificaron las disposiciones para mejorar la administración de los Montes de Piedad y de las Casas de Misericordia, instituidas junto a los depósitos rurales por sus predecesores para aliviar las condiciones de los agricultores más pobres y facilitarles el acceso al crédito. Estas medidas, a pesar de la clara visión de futuro que animó adoptarlas, no tuvieron luego continuación, dado que —subraya, polémicamente, Danvila a finales del XIX— «De entonces acá toda la ciencia moderna no ha acertado en trasformar los antiguos pósitos en verdaderos bancos agrícolas, satisfaciendo la primera necesidad de la agricultura, que consiste en tener capital bastante para la producción».⁵⁸⁷

Fomento de la industria manufacturera y de las ciencias

La atención prestada por Carlos III a los problemas de la agricultura se acompañó de un vivo interés por fomentar las actividades artesanales, la industria manufacturera y el comercio; este último sector, como ya hemos visto, fue objeto de un especial interés por parte del monarca ya en su etapa napolitana. En lo que respecta al sector de las manufacturas, gracias al esfuerzo de Floridablanca, ayudado por el nuevo secretario de Hacienda, Pedro López de Lerena, se logró traer del extranjero a miles de artesanos e introducir nuevos modelos de maquinaria. Tanto la mano de obra cualificada como la maquinaria eran necesarios para desarrollar «las artes y alcanzar con economía y ahorro en el gasto» los mismos beneficios que ya se estaban obteniendo en el extranjero. Se instalaron numerosas curtidurías o tenerías en Sevilla, siguiendo el modelo inglés; fábricas textiles, especializadas en todo tipo de paños y de tejidos de algodón, en Ávila; quincallerías, joyerías, fábricas de relojes, ebanisterías y talleres de productos de lujo en Madrid y en otras capitales. Las instalaciones no requerían de grandes inversiones de capital y favorecían, al mismo tiempo, la creación de muchos puestos de trabajo. Por orden del rey, se fundaron también escuelas técnicas para la producción de medias, cinturones, lencería íntima y encajes, y se fomentaron otras iniciativas de carácter industrial. En Madrid se instaló una fábrica de maquinarias con la aportación de inversores extranjeros y se puso en marcha la creación de un depósito para custodiar «colección de modelos de las mejores que se conocen en los países más industriosos y económicos de Europa».⁵⁸⁸

El traslado de un artesano de la corporación de su ciudad de origen a la de otro núcleo urbano se veía, con frecuencia, obstaculizado, arbitrariamente, por esta última. Para facilitar el traslado, Carlos III, en marzo de 1777, emanó una Real Cédula por la que le arrebataba a las corporaciones la potestad de decidir en estos casos y se la cedía a las autoridades locales.⁵⁸⁹ Ese mismo año se tomaron iniciativas a favor de los productores de tejidos de seda y de telas de lino y cáñamo, otorgándoles el permiso para fabricar todo tipo de tela, con independencia de la calidad y de las medidas, que considerasen que demandaba el mercado. En 1786 se abrieron escuelas para el hilado de fibras de lana y, al año siguiente, mediante una ordenanza que derogaba todas las anteriores, se concedió el permiso a todos los habitantes del reino para instalar telares, entendiendo que cualquier medida restrictiva a ese respecto constituía un obstáculo para el desarrollo de la industria nacional.

El monarca realizó notables esfuerzos para aumentar la cantidad disponible de materia prima para la industria textil española. En mayo de 1779 se decretó la exención de tarifas aduaneras para las importaciones de lino y cáñamo que pasasen por los puertos de Andalucía, Murcia, Cataluña, Valencia, Mallorca y Canarias. La medida se añadía a una similar, tomada cuatro años antes, para los puertos de otras regiones de España.⁵⁹⁰

Por la real orden de diciembre de 1779 y la cédula de Junta de Comercio del mes siguiente, fueron acordadas diversas exenciones fiscales a las fábricas de obenques o jarcias muertas y de cabos que surtiesen a las flotas de los reinos de Castilla y de Aragón. En julio y noviembre de 1779 se tomaron más disposiciones en apoyo de la producción de paños de todo tipo y de tejidos de lana. Posteriormente, la Junta de Comercio concedió exenciones del impuesto denominado «de alcabalas y cientos» para la venta de tejidos, pieles, pelo y papel.⁵⁹¹ Carlos III emanó también disposiciones análogas a favor de las fábricas de cristal. El dinero que el Estado dejaba de ingresar por las desgravaciones fiscales concedidas se recuperaba a través de un impuesto sobre las rentas.

Para reservar el mercado español a los productos nacionales, en 1760, durante la guerra contra Inglaterra —país del que se importaba una gran cantidad de productos textiles—, se prohibió la importación de tejidos del extranjero. Se tomaron medidas proteccionistas para incrementar la producción de determinadas industrias, como la real fábrica de cristales de La Granja que, en 1772, ya había obtenido el monopolio de venta en Madrid, en los reales sitios, y un área de veinte leguas alrededor de dichos núcleos. La fábrica se había instalado en el real sitio de San Ildefonso, por iniciativa personal del monarca. Para incentivar con su ejemplo las iniciativas de carácter industrial, Carlos III invirtió elevadas sumas de su fortuna personal en diversas instalaciones, como la fábrica de algodón de Ávila y la de porcelana del Palacio del Buen Retiro, a donde fue trasladada parte de la maquinaria de Capodimonte. Las iniciativas industriales del monarca no se vieron, sin embargo, coronadas por el éxito; como destaca Danvila, se invirtieron ingentes capitales «ventajas del erario ni del público». La fábrica de porcelana, en concreto, «consumió gruesas sumas, pero ni sus productos llegaron a igualar la fabricación de Sèvres y Sajonia, ni se difundió la manufactura, ni se consiguió impedir la entrada de la porcelana extranjera».⁵⁹²

Estas intervenciones directas en el sector económico —que, pese a no obtener resultados positivos, son muy reveladoras de la firme voluntad de impulsar el desarrollo industrial de España— se sumaron a una serie de iniciativas encaminadas, implícitamente, a la obtención del mismo resultado. Carlos III, plenamente consciente, como afirma Floridablanca, de que «las artes no pueden perfeccionarse sin las ciencias y, especialmente, sin las exactas y naturales», fundó la Real Academia de Ciencias cuyo objetivo, en principio, era el de emular o incluso superar a las academias extranjeras «más conocidas y celebradas». Para ello, el rey «diseminó [...] por el mundo a un creciente número de vasallos de gran talento e instrucción» para que, con el apoyo económico del Estado, «adquieran todos los conocimientos y experiencias necesarias, vean y observen, y nos traigan la mejor y más útil» para cada sector. Además, para incentivar los estudios de botánica y de química se instituyó el Real Jardín Botánico, y el propio Floridablanca, con la autorización del rey, promovió personalmente la construcción de un imponente Palacio de las Ciencias sin cargo alguno para las arcas del Estado. El «soberbio edificio [... en el que] la grandiosidad se conjugaba con la solidez, y la utilidad con la elegancia y la belleza» se empezó a erigir en un área de setecientos pies y, a finales del reinado de Carlos III, las obras estaban ya muy avanzadas. En su interior debían albergarse el Gabinete de Historia Natural y la Real Academia de Ciencias. El proyecto se le encomendó al arquitecto mayor del reino, Juan de Villanueva (1739-1811), autor también del Observatorio Astronómico, el Oratorio del Caballero de Gracia, la remodelación de la Plaza Mayor y otros muchos lugares destacados de Madrid. En la actualidad, el bellísimo edificio es la sede del Museo Nacional del Prado. También se prestó especial atención al desarrollo de las «nobles artes de la arquitectura, la escultura, la pintura y el grabado». Antes de la llegada de Floridablanca al gobierno ya se habían instituido academias para fomentar dichas artes, pero la intervención del ministro, siempre guiada por el rey, contribuyó notablemente a su desarrollo mediante la concesión de premios y de una importante dotación salarial para el personal docente.

Análogo interés se prestó a la medicina y la cirugía, profesiones para cuyo desarrollo «se han costeado y costean sus viajes fuera del reino a varios sujetos de conocida habilidad». Jóvenes llenos de talento eran enviados al extranjero, a las cortes de Europa, Asia y África para aprender idiomas, y, a su vez, se traían a España a «extranjeros expertísimos en [lenguas] orientales, que pueden ser igualmente útiles a la religión y al Estado».⁵⁹³

Red viaria y obras públicas

Consciente de que el comercio, sector que interesaba de forma especial a Carlos III, no podía desarrollarse adecuadamente sin el soporte de unas infraestructuras que agilizasen el transporte de mercancías, el gobierno presidido por Floridablanca consideró «absolutamente necesaria la construcción de caminos y canales, que son como las venas y arterias de circulación del cuerpo del Estado». Se hicieron notables esfuerzos en este sentido, invirtiéndose grandes sumas de dinero, cuyos resultados fueron expuestos en la Representación en un tono de evidente satisfacción. El ministro destacó, además de la ya citada construcción de canales, los enormes progresos que se hicieron durante su mandato en la mejora de la red viaria de la península. Desde los inicios del reinado de Carlos III hasta 1779 solo se habían terminado cinco leguas de camino entre Valencia y Aranjuez, y otras tantas desde esa ciudad en dirección a Barcelona. Más tarde se inauguraron tres leguas cerca de A Coruña y dos en la camino de Andalucía. En total, solo se construyeron veinte leguas de red viaria. La situación cambió radicalmente tras la llegada al poder de Floridablanca. Carlos III le hizo responsable, en 1779, de la Inspección General de Caminos y Canales y, en 1788, pudo ofrecer un balance muy satisfactorio de su gestión. Mientras estuvo en el cargo, se construyeron ciento noventa y cinco leguas y unas doscientas, ya existentes, fueron mejoradas y ampliadas. Se levantaron trescientos veintidós puentes y cuarenta y cinco fueron restaurados y asegurados mediante parapetos, muros de contención, arcos y demás obras indispensables para su mantenimiento. Asimismo, para conservar los caminos en buen estado y evitar el abandono en que solían caer en épocas anteriores, se decidió contratar a peones camineros; cada peón estaba encargado del mantenimiento de una legua de camino. El trabajo de los peones estaba supervisado por un celador; cada celador, por su parte, se responsabilizaba de un tramo de ocho leguas. Al personal contratado para mantener los caminos se le facilitaba una vivienda que podía servir también para ofrecer refugio a los viajeros, en caso de que sufriesen algún incidente.

A lo largo de los caminos recién inaugurados se edificaron posadas, tabernas, iglesias y nuevos núcleos de población. También se construyeron casas de postas para la toma y cambio de caballerías, infraestructuras inexistentes con anterioridad a lo largo de las más de cien leguas del trayecto que cubría la distancia de Madrid a Cádiz. La medida fue de gran utilidad para esta última ciudad, entonces un importante enclave comercial, así como para los puertos cercanos y para las ciudades de Sevilla, Córdoba y Écija. En el camino que conducía a Francia se estaban ya instalando servicios parecidos. Un servicio de diligencias cubría semanalmente el trayecto Madrid-Bayona, a lo largo del cual se instalaron cómodas posadas.

Durante los nueve años en los que Floridablanca estuvo al mando del gobierno se gastaron noventa millones de reales en infraestructuras viarias; de estos, veintisiete procedían de las tasas sobre la sal. Para hacer frente al resto, se recurrió a distintas fuentes de financiación que el propio Floridablanca se encargó de buscar. La realización de semejante volumen de obras precisó de la ayuda de varios entes públicos, laicos y religiosos, así como privados, que contribuyeron a la financiación:

Es verdad —reconocía Floridablanca— que a todo me han ayudado los mismos pueblos deseosos de su bien, los arzobispos y obispos que he nombrado en otra parte, las sociedades patrióticas, y aun las personas particulares bien intencionadas.⁵⁹⁴

A estas contribuciones había que añadir el excedente de las rentas de los correos, que sus predecesores habían destinado a otros fines y que él le solicitó al rey que fueran invertidos en la red viaria. También se emplearon las rentas de los bienes vacantes —es decir, los bienes que se habían quedado sin propietario o no tenían dueño conocido— que, abandonados por la administración en manos de las cortes judiciales, se estaban perdiendo. La realización de esta importante y extensa red de infraestructuras se llevó a cabo, pues, sin recurrir a los fondos de la Tesorería general y no había supuesto ninguna carga para el ministerio de Hacienda.

Pese a ello, Floridablanca sufrió continuas críticas por parte de quienes, reacios a cualquier innovación que amenazase con lesionar sus intereses, protestaron por el uso que se le había dado a las elevadas cantidades que había conseguido reunir gracias a su eficiencia y contando, siempre, con el indispensable apoyo del rey. Según estas voces críticas, el dinero, en vez de ser invertido en infraestructuras, debería haberse destinado a reducir la deuda de la corona. El secretario de Estado se defendió con una serie de argumentaciones, justificando el uso que le había dado al dinero. Explicó que el total de las deudas contraídas por la corona era tan elevado que, para satisfacerlo con las sumas procedentes de los impuestos ordinarios, se requerirían dos siglos. En lo que se refiere a la deuda de Carlos III, los acreedores se daban por satisfechos con el pago de los intereses anuales, a los que el erario público podía hacer frente sin problemas. Para la deuda contraída anteriormente, sería preciso buscar medios y recursos más abundantes, pero sin privar por ello a las ciudades de su actividad comercial, que era lo que hubiera ocurrido de no construir la red viaria y las demás infraestructuras:

¡Oh, y cómo se olvidan las necesidades y los trabajos de los infelices vasallos, atascados en esos caminos antiguos, ahogados en los ríos y torrentes, volcados y destrozados sus carruajes con pérdida de su vida, o de la de sus bestias de carga! ¡Cómo se olvida, repito, la escasez a que la misma corte y capitales se veían sujetas en los inviernos de nieves y lluviosos, hallándose cerrados los pasos, y faltando hasta el pan en Madrid y sitios reales, como sucedió más de una vez!

La propuesta de sus «censores» de no invertir capital en las infraestructuras debía considerarse «tan extravagante, como lo sería la de dejar morir de hambre» a los soldados, a los funcionarios y a los empleados del Estado por no pagarles sus salarios para destinar el dinero a satisfacer las deudas de la Corona.⁵⁹⁵

Gracias al uso que se le había dado al capital disponible, se habían conseguido realizar al menos dos importantes obras públicas en cada una de las veintiséis intendencias en las que estaba subdividida España —sin contar las islas Canarias— y se le había proporcionado trabajo a un considerable número de súbditos, que debían por ello estarle agradecidos al monarca. El mérito, con todo, debía ser compartido con el director de los trabajos, cuya competencia y esfuerzo habían permitido que se realizara la red viaria con unos costes muy inferiores a los empleados en el pasado. Antes, en cada tramo de una legua se gastaban alrededor de un millón de reales; bajo Floridablanca, ayudado por directores eficientes y vigilantes, los costes habían disminuido dos tercios y, a veces, incluso tres cuartos.

Liberalización del comercio con las colonias

Además de al comercio interno, notablemente agilizado gracias al desarrollo de las estructuras viarias, Floridablanca también prestó una gran atención al comercio exterior, especialmente con las colonias de ultramar. Con el respaldo y la ayuda de José de Gálvez, ministro de la Marina y de las Indias, en octubre de 1778, se dio un giro hacia la liberalización con la apertura de treinta y tres puertos destinados al intercambio comercial entre España y sus colonias.⁵⁹⁶ Esta medida, apoyada decididamente por Campomanes —quien, como ya se ha observado, había promovido anteriormente un apertura algo más limitada— rompió con el monopolio que hasta ahora habían detentado los comerciantes del puerto de Cádiz, cuyas protestas fueron desoídas por el monarca. La liberalización condujo a un importante incremento del comercio con las colonias y de las entradas aduaneras de la metrópolis, que pasaron, de los 60.000.000 millones de reales de los años anteriores, cuando el tráfico era especialmente intenso, a 130.000.000 millones. El aumento, destacó el propio Floridablanca, «parecería increíble si no estuviera probado por los documentos» redactados por el ministerio de Hacienda. Al aumento contribuyó también la reorganización de las tarifas de aduanas sobre las mercancías que se importaban a España, que fueron regularizadas, eliminándose algunos de los privilegios concedidos anteriormente, de forma arbitraria, a los empresarios de algunas naciones extranjeras.

Según el secretario de Estado, gracias a las disposiciones adoptadas por el «ilustrado gobierno» nombrado por Carlos III, el volumen de los intercambios con las colonias de ultramar —en las que se disponía de abundantes productos— había aumentado considerablemente, con el consiguiente descenso de las importaciones de países europeos, novedad que benefició al erario público. Una de las decisiones que más contribuyó a darle un impulso crucial al tráfico comercial con las colonias fue la reorganización y ampliación de la Real Compañía de Comercio de Filipinas. Vuelta a fundar, prácticamente, en 1785, no tardó en convertirse en «otro manantial de riquezas y de recursos para el estado». Para ponerla en marcha fue necesario vencer la fuerte resistencia que oponía Holanda, país que, para defender los intereses de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, pretendía impedir que los barcos de la Marina mercante española se dirigiesen directamente a Filipinas, bordeando el cabo de Buena Esperanza. La oposición de Holanda, que ya había impedido una operación similar, proyectada en 1733 por Felipe V, fue eficazmente neutralizada gracias a la actividad diplomática desarrollada en las cancillerías europeas por el gobierno de Madrid, una prueba del aumento de la influencia de España en el plano internacional, influencia que tuvo, también, efectos altamente positivos en el campo económico.⁵⁹⁷

Fundación del Banco Nacional de San Carlos

El secretario de Estado controlaba escrupulosamente el balance del Estado. Floridablanca —con la colaboración de su colega Miguel de Múzquiz y Goyeneche, secretario de Hacienda— intentó obtener el dinero necesario para poner en marcha sus múltiples iniciativas no solo a través de los impuestos, sino también mediante un sistema crediticio basado en el que estaba en vigor en los países más avanzados financieramente. En este contexto se inscribió la fundación del Banco Nacional de San Carlos que —subrayó, satisfecho, Floridablanca, cuyo papel en dicha operación fue decisivo— constituía «una de esas [obras] inmortales que, pese a la guerra que contra ella han librado los intereses de los enemigos sordos del Estado, tanto extranjeros como nacionales, será en los siglos venideros un monumento de gloria para vuestra majestad».

Para hacer frente a los enormes gastos de la guerra que, como veremos más adelante, España estaba librando contra Inglaterra desde el año 1779, el fisco real tuvo que recurrir a un aumento de los impuestos ya que las entradas de la corona apenas si bastaban para cubrir las salidas ordinarias. Para no gravar excesivamente a los súbditos, el ministro de Hacienda pensó en crear una mutua y se dirigió, para ello, a las Cinco Corporaciones Mayores de Madrid. Estipuló con dicha compañía un contrato por el cual se le concedía al Estado un préstamo de sesenta millones de reales, que se entregarían en seis plazos semestrales, de diez millones cada uno. Tras efectuar los tres primeros préstamos las Corporaciones se dieron cuenta de que no podían cumplir con los siguientes plazos porque no tenían suficiente efectivo, dado los otros gastos a los que debían hacer frente. El secretario de Estado, entonces, interpuso sus buenos oficios con la república de Génova y con Holanda para que les concedieran a las Corporaciones Mayores el dinero que precisaban.

La operación no tuvo, sin embargo, resultados positivos, recurriéndose entonces a las casas bancarias, que proporcionaron diez millones de reales con un interés anual del 4 por ciento, pagadero con vales o bonos reales que tendrían el mismo valor que la moneda. Pese al parecer de Floridablanca, contrario a la operación, la emisión de los bonos —decidida por una comisión presidida por el gobernador del Consejo de Castilla— fue superior a la suma prevista, lo que provocó una depreciación de más del 20 por ciento de su valor, con el consiguiente descrédito del gobierno.⁵⁹⁸ Para superar la grave crisis financiera, el primer ministro, apartándose abiertamente de la iniciativa de la junta, propuso que se instituyese un banco que, según explicó, «evitase la total ruina de nuestro crédito, facilitase el fomento y las operaciones del comercio general y particular de España», siguiendo el ejemplo de cuanto ocurría en Inglaterra, en Holanda y en otros países, «que conocen sus intereses sólidos y verdaderos».

Para llevar adelante una operación tan compleja como es la fundación de un banco era preciso contar con la colaboración de alguien de probadas capacidades. Floridablanca puso al corriente de su proyecto a Francisco Cabarrús —un hombre de negocios de probada competencia— que le presentó a Carlos III una detallada propuesta para la institución del banco. Tras someter el proyecto al examen de una junta de ministros y expertos, que emitieron un juicio favorable, el monarca, por la real cédula del 2 de junio de 1782, autorizó la fundación del Banco Nacional. En el acta fundacional se indicaban las finalidades del Banco, llamado de San Carlos: creación de una caja general para el pago de las letras de cambio y de los bonos reales; administración de los asientos del ejército y de la armada; pago de todas las deudas exteriores con una comisión del 1 por ciento.⁵⁹⁹ El capital del banco, fijado inicialmente en 300.000.000 reales, se redujo posteriormente a 240.000.000, gran parte suscrito por el mismo Carlos III, las órdenes militares y organismos estatales. Pese a las acerbas críticas que suscitó —observa Danvila—, hay que reconocerle el mérito a la iniciativa de Floridablanca, patrocinada por Carlos III, de haber liberado «a la nación de una vergonzosa bancarrota».⁶⁰⁰

Entre las operaciones de interés público financiadas por el banco figuraron la apertura de canales, la construcción de puertos y hospitales y el anticipo de un fondo para la institución de la Real Compañía de Comercio de Filipinas. En estas iniciativas se emplearon en total alrededor de 45.000.000 reales. El Banco de San Carlos se reservó el monopolio de la salida de dinero de España, haciendo más fácil vigilar esta emisión que ahora se producía a través de un solo canal mientras que antes —subraya Floridablanca para destacar su utilidad— estaba en manos de banqueros y hombres de negocios difícilmente controlables. En 1786, a los cuatro años de su fundación, los accionistas del banco percibieron un interés en moneda del 7 por ciento y uno del 5 por ciento en 1787.

Diputaciones de caridad y asistencia a los necesitados

Aunque su principal foco de interés fueran los problemas económicos y financieros, Floridablanca no descuidó por ello otros aspectos de la política interior como eran los de carácter social, íntimamente relacionados, por otra parte, con los primeros. Una plaga que afligía desde hacía siglos a la sociedad española era la ingente cantidad de mendigos y vagabundos. Estos desheredados, junto a la minoría nómada de los gitanos, constituían, en la segunda mitad del xvIII, un numeroso componente de la población marginada del país al que se consideró necesario ayudar —con independencia de las labores de asistencia de las autoridades religiosas— para que se integrara en el mundo laboral y en el conjunto de la población.⁶⁰¹

Nada más llegar al poder, el secretario de Estado se planteó qué hacer con respecto a la muchedumbre de adultos y niños que abandonaban sus lugares de residencia para acudir a los reales sitios a la llegada de Carlos III, atraídos por las generosas limosnas que les dispensaba el rey durante sus habituales cacerías. A propuesta de Floridablanca, el rey, tras calcular a cuánto ascendía, en total, el volumen de las limosnas, decidió, en 1777, subdividir la cantidad y repartirla, en periodos preestablecidos, entre los auténticos necesitados de los sitios reales, Madrid incluida. Esta disposición estaba encaminada a «impedir la mendiguez voluntaria, desterrar la ociosidad y promover la educación y la aplicación al trabajo de las gentes pobres».

Tras someter el problema al examen del Consejo de Castilla, se dispuso que se constituyesen, a tal fin, dos diputaciones de caridad en cada uno de los sesenta y cuatro barrios en los que Aranda había subdividido los cuatro distritos de la capital. Las diputaciones dependían de una junta general y superior de caridad, instituida ex profeso para ello, dotada con un fondo inicial de 30.000 ducados, cuyo cometido era coordinar las actividades de las diputaciones e intervenir, en caso de que fuera preciso, para socorrer a las más necesitadas. Las diputaciones tenían la obligación de asistir a los súbditos, de diversas formas y dependiendo del tipo de dificultades. Se ocupaban del mantenimiento de los parados hasta que estos volviesen a trabajar; se atendía a domicilio a los enfermos pobres a los que no era preciso ingresar en los hospitales; gestionaban escuelas para niños y niñas indigentes o abandonados a los que, además de doctrina cristiana y normas de buena educación, se les enseñaban oficios, adaptados a su sexo. A las niñas, en concreto, se las iniciaba en el mundo laboral en las fábricas de cinturones, en los telares y en los talleres de encajes y bordados existentes en los barrios madrileños. Siguiendo el modelo establecido en la capital, se fundaron juntas y diputaciones de caridad en otras muchas ciudades españolas y se abrieron hospicios y casas de caridad para atender a los necesitados. Junto a las estructuras caritativas laicas, se incentivó la formación y potenciación de las religiosas, administradas por los obispos, cuyo compromiso en ese sentido fue muy apreciado por Floridablanca:

Debo hacer justicia a la mayor parte del clero superior y sus prelados que, en mis tiempos y con mi consenso, han contribuido a [alcanzar] estos objetivos con celo y liberalidad dignas del mayor encomio, dotando y reestructurando hospicios o casas de caridad para acoger a los pobres, casa de expósitos y hospitales [...] llevando a cumplimiento muchas obras públicas con gastos crecientes para darles un trabajo a los pobres y a los jornaleros y socorrer a los miserables en estos calamitosos años.⁶⁰²

En las obras caritativo-sociales, el clero secular era imitado por el regular, cuyas diversas órdenes habían puesto en marcha numerosas iniciativas a favor de los indigentes y los marginados, siguiendo el ejemplo de los franciscanos, cuya eficiencia en este campo hizo que las instituciones laicas los tomaran como modelo. El clero español, en los últimos cincuenta años, había aumentado en un 50 por ciento sus entradas, gracias al aumento de la población y al desarrollo económico; un tercio de estas, aproximadamente, se destinaba a obras sociales. Fue necesario, con todo, coordinar estas actividades mediante la institución de un fondo pío que, a instancias de Floridablanca, se constituyó, mediante un breve pontificio del año 1780, publicado tres años después.⁶⁰³

Disposiciones para la integración de vagabundos y gitanos

Pese a la ampliación de la red asistencial, tanto laica como religiosa, el vagabundeo, la mendicidad y la ociosidad seguían muy extendidos. Por la disposición real de mayo de 1788 se consideró que: «En la clase de vagos se comprehenden y deben tratarse como tales los menestrales y artesanos desaplicados, que aunque tengan oficio, no trabajan la mayor parte del año por desidia, vicios u holgazanería».⁶⁰⁴ Para atajar este problema, causante, en gran medida, de la lacra, mucho más grave, de la delincuencia, se instituyeron comisiones especiales en todas las capitales del reino, en las sedes de las audiencias y cancillerías, y en las demás ciudades importantes.

Otra disposición encaminada a transformar en individuos útiles para el Estado a un grupo étnico que, tradicionalmente, vivía al margen de la sociedad, fue la pragmática sanción sobre los gitanos, emanada por Carlos III en septiembre de 1783. Mediante esta disposición, apartándose totalmente del espíritu de las emanadas con anterioridad por sus predecesores, el monarca partía del presupuesto —enunciado en el primero de los cuarenta y tres artículos de la ley— de que los cíngaros, comúnmente llamados gitanos, no descendían de una raza «infecta». Era, pues, posible conseguir que se integrasen en la sociedad española, por lo que se les prohibía que hablasen en su idioma, vistiesen según su usanza, y llevaran vida nómada. En un plazo de noventa días tenían que indicar la localidad que habían elegido para fijar su domicilio; en caso contrario, se les castigaría con penas corporales y, en caso de reincidir, podría aplicárseles la pena capital. Los niños y los adolescentes menores de dieciséis años quedaban excluidos de estos castigos. En caso de que los padres incumplieran las disposiciones reales, los niños les serían arrebatados y se les iniciaría en el aprendizaje de algún oficio o se les recluiría en hospicios o instituciones educativas.⁶⁰⁵

Según las estadísticas oficiales, las disposiciones de Carlos III dieron el fruto esperado: de los 10.458 gitanos censados en 1784 en los reinos de Castilla y Aragón, Cataluña excluida, solo noventa no cumplieron la pragmática real.⁶⁰⁶ Prueba de los efectos positivos de la disposición, según Floridablanca, fue la notable disminución, en los años siguientes, del número de gitanos arrestados, lo que, según el ministro se debía a que habían abandonado su estilo habitual de vida, a los márgenes de la legalidad.⁶⁰⁷

Aumento demográfico. El Censo de Floridablanca

Las medidas adoptadas en política interior durante los últimos doce años del reinado de Carlos III tuvieron, en su conjunto, un resultado altamente positivo, como no dejó de señalar, orgullosamente, Floridablanca. Una prueba del notable desarrollo que habían experimentado la nación y la monarquía era el aumento de la población, según se constataba por el censo de 1787. En julio del año anterior se emitió un decreto por el que el monarca ordenó que se efectuase un nuevo censo demográfico, a instancias de «varios cuerpos políticos y personas respetables del reino han hecho presente al rey cuán necesario sería repetir la enumeración de gente que se hizo en el año de 1768 para saber el estado de nuestra población». En los preliminares del decreto, Carlos III afirmaba que era plenamente consciente de lo útil que era «esta operación, ya para calcular la fuerza interior del Estado, ya para conocer los aumentos» que se habían producido gracias al desarrollo económico, así como para demostrar en el extranjero que el reino no estaba tan despoblado como se creía. El censo precedente —conocido como el censo del conde de Aranda porque fue el presidente del Consejo de Castilla quien lo puso en marcha—, con el que debía ser comparado el actual, se había efectuado en 1768 y la recogida de datos se le había encomendado al clero. Los datos recabados de las diversas diócesis en las que estaba subdividida España arrojaron un total de 9.307.804 unidades.

La realización y supervisión del censo del año 1787 se le encargó a Floridablanca (de quien tomó el nombre); para llevarlo a cabo, el ministro se dirigió a los intendentes, que procedieron a efectuar el recuento de los habitantes de cada una de las provincias que estaban bajo su jurisdicción. La suma total ascendió a 10.409.879 individuos; se registró, pues, un incremento de 1.102.075 habitantes más del 11,8 por ciento) con respecto a la cifra del año 1768. A diferencia del precedente, en el censo de Floridablanca, realizado con métodos más avanzados, se indicaba también la distribución de la población por franjas de edad y categoría profesional.⁶⁰⁸ Se procedió, además, a la confección de un registro o listado, ordenado alfabéticamente, de todos los núcleos de población de España, desde la capital a la localidad más pequeña, indicando las condiciones en que se encontraba cada núcleo y cuáles eran sus necesidades, para que el gobierno fuera consciente de ello y tomara las medidas oportunas.⁶⁰⁹

Junta de Estado e «Instrucción reservada»

Cuando la problemática recaía en el ámbito de las competencias de otros secretarios de Estado —algo que ocurrió con bastante frecuencia—, para poner en marcha las numerosas iniciativas emprendidas por Floridablanca con el apoyo de Carlos III era preciso que se estableciera un alto nivel de colaboración entre las distintas secretarías, cosa que no siempre era factible. Se impuso, pues, la necesidad de idear un sistema de consulta permanente entre los responsables de los distintos departamentos para agilizar y hacer más eficaz la gestión, evitando los retrasos y descuidos que se habían producido en el pasado. El nuevo ministro Antonio Valdés, que sustituyó al frente de la secretaría de las Indias y de la Marina al difunto marqués de Castejón, le habló al respecto a Floridablanca.⁶¹⁰ Este último, plenamente de acuerdo con Valdés, le propuso a Carlos III que se crease un órgano colegial de coordinación, constituido por todos los secretarios del despacho. El monarca aprobó en el acto la propuesta y, por el decreto del 8 de julio de 1787, quedó instituida la Junta de Estado, compuesta por los secretarios de los departamentos quienes, durante el ejercicio de sus funciones, debían trabajar en sintonía.⁶¹¹ Floridablanca fue acusado por sus adversarios políticos de haber promovido la creación del nuevo organismo para imponerles su voluntad a los demás secretarios. Estas acusaciones —subraya Danvila— eran, sin embargo, «grandemente injustas» porque olvidan que la junta se estableció en «una monarquía absoluta en que no existía más voluntad que la del rey, y a un monarca que como Carlos III intervenía en todos los asuntos graves del Estado, los dirigía y les imprimía la dirección que estimaba más conveniente al progreso y felicidad del país».⁶¹²

La junta se reunía todas las semanas para tratar los asuntos de interés general y solucionar los eventuales problemas de competencias que surgieran entre las distintas secretarías o entre estas y los tribunales supremos. Los secretarios del despacho, en principio, actuaban coordinados entre ellos, como un consejo de ministros, y desde una visión conjunta de los problemas, lo que beneficiaría claramente a la monarquía. Las actividades de la junta estaban orientadas por la ya citada Instrucción reservada —dividida en trescientos noventa y cinco capítulos—, redactada por Floridablanca, quien se la leyó personalmente a Carlos III. Este último, a su vez, la corrigió e hizo algunos añadidos antes de convertirla en la base del programa del gobierno. La Instrucción, pues, es un documento de extraordinaria importancia «recoge todos los aspectos de la política interior y exterior y es la mejor fuente para calibrar las grandes líneas de fuerza de aquel reinado».⁶¹³ A través de la Instrucción reservada «el soberano, como cabeza que es de la gran familia que se llama Estado, presenta a su consejo la verdadera situación en que se hallan los negocios y le transmite sus mas íntimos pensamientos acerca de ellos, sin estudiados adornos y sin más artificios retóricos que el deseo de profundizar, ya de por sí tan elocuente».⁶¹⁴ Este amplio y detallado documento se refería, inicialmente, a las relaciones con la Santa Sede, a la que se le reconocía su supremacía y el deber de obediencia en los asuntos espirituales. Era preciso, sin embargo, salvaguardar los derechos de la corona, y por ello se justificaban algunas medidas de carácter regalista, a las que se oponía la Iglesia, a cuyos prelados se les recomendaba que combatiesen la actitud poco respetuosa con respecto al Estado extendida entre determinados sectores del clero. Se reafirmaba la necesidad de intensificar las iniciativas en curso en el sector económico y social, desde el desarrollo de las sociedades patrióticas a la lucha contra los mayorazgos y la asistencia a los niños abandonados. Se dedicaba un amplio espacio a los problemas de las colonias de ultramar, al comercio exterior, a las fuerzas armadas y a la Hacienda real.

Los últimos capítulos de la Instrucción reservada estaban dedicados a la política exterior, sector al que Floridablanca prestó una especial atención durante su mandato y donde, gracias a la eficacia del primer ministro, siempre apoyado por Carlos III, España consiguió resultados altamente positivos.

VII POLÍTICA EXTERIOR, ACONTECIMIENTOS FAMILIARES Y MUERTE DE CARLOS III

Nuevo Tratado con Portugal

EN febrero de 1777, pocos días después de la toma de posesión de Floridablanca como secretario de Estado, murió el rey de Portugal, José I. El fallecimiento del monarca luso abría nuevas y prometedoras perspectivas para la mejora de las relaciones entre los dos reinos peninsulares. Al difunto monarca le sucedió en el trono su hija primogénita, María Francisca, que estaba casada con su tío paterno, Pedro; según las leyes vigentes en Portugal, a este último también le correspondía el título de rey. El todopoderoso primer ministro portugués, el marqués de Pombal, cuya política exterior se había caracterizado por la animadversión hacia España y la amistad con Inglaterra, presionó para que María Francisca abdicase a favor de su hijo José, príncipe de Brasil. Pombal, vislumbrando que con el cambio de monarca corría el riesgo de ser cesado, buscó el apoyo del joven príncipe para conservar en sus manos las riendas del poder. La reina Mariana Victoria de Borbón, hermana de Carlos III, que había asumido la regencia del reino durante la grave enfermedad de su esposo, había manifestado una fuerte hostilidad hacia Pombal y su línea política. El intento del marqués de modificar la línea sucesoria no obtuvo resultados y, tal y como él mismo se temía, fue sustituido por Ayres de Saa y Mello que, con el respaldo del nuevo monarca, inició un acercamiento a Madrid, en el cuadro del nuevo rumbo que había tomado la política exterior portuguesa.⁶¹⁵

Floridablanca fue de los primeros en darse cuenta del cambio que se había producido en la corte portuguesa con respecto a España. El embajador luso en Madrid, Francisco Inocêncio de Sousa, le expresó su voluntad de llegar a un acuerdo que pusiese fin a las viejas diferencias entre ambos países. El primer ministro español, con el consentimiento de Carlos III, se declaró dispuesto a entablar inmediatamente las negociaciones solicitadas. La única condición que puso fue que, en contra de lo que había sido habitual en el pasado, Francia e Inglaterra se mantuvieran al margen. Las dos naciones, según la opinión de Floridablanca, veían en España a una peligrosa rival en el terreno político y económico y estaban, por ello, demasiado interesadas en favorecer a Portugal, país del que, a cambio de su apoyo, se esperaban concretas recompensas en términos comerciales.⁶¹⁶ Sobre la base de esta premisa, aceptada por Lisboa, se condujeron las negociaciones que desembocaron en la firma, el 1 de octubre de 1777, de un acuerdo preliminar sobre las fronteras. A este le siguió un segundo tratado de amistad, garantía y comercio, estipulado en marzo de 1778,⁶¹⁷ coincidiendo con el viaje que hizo la reina madre a Madrid, sobre el que nos detendremos más adelante.

Con el tratado se estableció que la colonia de Sacramento pasase definitivamente a manos españolas. España había conquistado la colonia tres veces consecutivas, pero siempre había tenido que volver a cedérsela a Portugal por las presiones diplomáticas de Francia e Inglaterra. Se estableció también el interdicto sobre los Estados del Río de la Plata, con lo que se logró «quitar a nuestros enemigos la proporción de turbar desde allí la quietud de nuestras provincias con sublevaciones, y de apoderarse o aprovecharse de todas las riquezas de nuestra América meridional».⁶¹⁸ Otras importantes adquisiciones territoriales, desde el punto de vista estratégico y comercial, fueron las islas africanas de Annobón y Fernando Poo, situadas cerca de las costas de Guinea. España, además de las islas, obtuvo también permiso para ejercer la trata de esclavos. Esta última concesión era vital para la economía española, dada la necesidad de mano de obra de las colonias americanas. En el Tratado de Utrecht se había establecido que el tráfico de esclavos procedentes de África fuera monopolio de Gran Bretaña (el famoso asiento de negros); al tener que efectuarse la trata a través de otras potencias, los costes eran muy elevados. A cambio de las concesiones territoriales, España se comprometió a devolverle a Portugal la ciudad de Río Grande, con los territorios circundantes, y la isla de Santa Catalina, situada cerca de las costas de Brasil, que había sido conquistada por el general Pedro de Cevallos. La cesión de estos territorios no perjudicaba mayormente a los intereses españoles; en caso de ataque, además, hubiera resultado muy difícil proceder a su defensa. A la ampliación territorial se sumaba el compromiso contraído por Portugal de salvaguardar el virreinato del Perú y las demás colonias españolas en América del Sur del ataque de enemigos exteriores y de las sublevaciones internas. Este último compromiso asumido por Lisboa resultó extremadamente útil años después, cuando Inglaterra amenazó seriamente con adueñarse de las colonias españolas, o cuando en Perú estalló la revuelta de Túpac Amaru.

Intensa actividad diplomática y favorable situación internacional

La firma del tratado con Portugal se inscribía dentro de un ambicioso proyecto diplomático, conducido por Floridablanca, que estaba encaminado a reforzar la posición internacional de España, con vistas al posible reinicio de las hostilidades con Inglaterra. Las mismas medidas cautelares que impulsaron el acuerdo con Portugal, empujaron a Floridablanca a sugerirle a Carlos III la conveniencia de consolidar aún más los vínculos con Marruecos, la utilización de cuyos puertos podía ser determinante si se pretendía reconquistar Gibraltar. Por mediación del embajador Reden Otoman, el monarca marroquí renovó y mejoró el tratado de paz y amistad, estipulado anteriormente con Madrid, por el cual los barcos con bandera española tendrían libre acceso a los puertos marroquíes que, en cambio, permanecerían cerrados a los ingleses. Las Indias Orientales constituían otra área que debía cuidarse de cara a un posible conflicto bélico. Se consolidaron, por ello, las relaciones de buena amistad con Hider Ali-Han, el sultán de Mysore, en el actual estado de Karnataka, India. En caso de guerra contra Inglaterra, la alianza con el príncipe asiático sería muy útil por las maniobras de distracción que este podría llevar a cabo, comprometiendo a las fuerzas británicas en otro frente e impidiéndoles que alcanzasen el objetivo de adueñarse de Filipinas.

En el continente europeo, por el que la guerra amenazaba con extenderse, era preciso establecer buenas relaciones con las potencias emergentes, Prusia y Rusia, para evitar, al menos, que apoyasen al enemigo. Las relaciones entre Carlos III y Federico II de Prusia mejoraron hasta tal punto que, en 1777, se procedió a efectuar un intercambio de embajadores entre ambas cortes. Floridablanca no dejó de subrayar que atentaba contra toda lógica que aún no se hubieran establecido relaciones diplomáticas entre Prusia y España.⁶¹⁹ El establecimiento de relaciones con Rusia presentó más dificultades. Entre otras cosas, surgió un problema de protocolo porque la zarina Catalina II exigía que se la tratase con arreglo al rango de emperatriz. Con todo, se consiguió llegar también a un acuerdo con Rusia; la diplomacia española secundó, hábilmente, los deseos de la zarina de ponerse a la cabeza de los países neutrales, que querían hacer valer sus derechos en el terreno comercial, en contra de las prevaricaciones de las naciones beligerantes. Quedó así constituido el bloque de la denominada neutralidad armada. Además de Rusia, cabeza del bloque, formaban parte de él Suecia, Dinamarca, Holanda, Prusia, Génova, Venecia, y otros Estados menores.

Lo que impulsó a los países neutrales a decantarse por esta solución fue la propuesta española —la idea, una vez más, partió de Floridablanca, y fue aceptada en el acto por Carlos III— de dispensar a Inglaterra el mismo trato vejatorio que esta les reservaba a ellos. Gran Bretaña, valiéndose de su superioridad naval y contraviniendo las reglas establecidas, confiscaba las mercancías destinadas al enemigo, aunque estas estuvieran transportadas en naves con bandera de un país neutral. En represalia, España comenzó a actuar de la misma forma. Se bloqueó el estrecho de Gibraltar, que tenía que atravesar, necesariamente, la mayoría de los barcos de carga, y se obligó a que las mercancías destinadas al enemigo se descargaran en los puertos españoles. La respuesta de Madrid ante las airadas protestas de los países neutrales fue muy clara: España estaba dispuesta a dejar de incautarse el contenido de los barcos, siempre y cuando Inglaterra actuara de la misma forma y permitiera a las naciones neutrales transportar mercancías de propiedad española. Llegados a este punto, las potencias neutrales volvieron sus quejas contra Inglaterra y, en defensa de su derecho de libre transporte, establecieron una especie de código general marítimo, al que era obligatorio atenerse, y cuyo principal promotor fue el Estado ruso.⁶²⁰

Guerra entre Francia e Inglaterra. Neutralidad inicial de España

La red internacional de alianzas, tejida por la diplomacia española al mando de Floridablanca, demostró ser de extrema utilidad durante la guerra en la que, en 1779, se volvió a ver implicada España, aliada de Francia, en contra de Inglaterra. El 4 de julio de 1776 los colonos americanos se habían rebelado contra la madre patria, declarando solemnemente su independencia. Francia decidió apoyar militarmente a los sublevados. La intención de París era explotar las dificultades que estaba atravesando Gran Bretaña con la rebelión de sus colonias para cobrarse la revancha y recuperar una parte, al menos, del extenso territorio colonial que había perdido tras la Guerra de los Siete Años. En virtud del Pacto de Familia entre las cortes borbónicas, París, a través del nuevo embajador, Armand Marc de Montmorin, intentó implicar a Carlos III en el conflicto. El monarca, sin embargo, rehusó ayudar a Francia, optando, prudentemente, por esperar a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. En Madrid no se infravaloraba el peligro que constituía la declaración de independencia de los Estados Unidos de América. Las colonias españolas podían verse animadas a avanzar por la misma dirección.

Para justificar su neutralidad, España se escudó en el incorrecto comportamiento observado por la corte francesa, que había intentado enfrentarla ante hechos consumados. París, sin ningún tipo de consulta previa con Madrid, se había comprometido oficialmente a apoyar a los colonos rebeldes y luego le había declarado la guerra a Inglaterra.⁶²¹ A España le convenía mantenerse al margen del conflicto por una serie de motivos estratégicos lúcidamente expuestos por Fernán Núñez, que entonces ocupaba el cargo de embajador de España en Portugal y estaba, por lo tanto, perfectamente al corriente de la postura de las diversas cancillerías con respecto a la guerra. Según la diplomacia de Madrid, fuera cual fuera el resultado de la guerra entre Inglaterra y sus colonias, España, si se mantenía neutral, solo obtendría beneficios. En caso de que los Estados Unidos resultaran victoriosos, Inglaterra, además de salir muy debilitada militarmente del conflicto, sufriría un duro golpe en términos políticos y militares. Si, por el contrario, la potencia vencedora era Gran Bretaña, no por ello dejaría de pagar un duro precio; los gastos bélicos habrían sido inmensos, en cualquier caso, y los rebeldes no iban a resignarse ante la derrota, tarde o temprano retomarían las armas, obligando a la madre patria a mantenerse en continuo estado de guerra, lo que la dejaría extenuada. En ambos casos, la situación de Inglaterra cambiaría diametralmente una vez finalizada la contienda y sería más fácil obligarla a hacer sacrificios territoriales.⁶²²

Carlos III tenía un último motivo para mantenerse neutral. Antes de involucrarse en un nuevo conflicto era preciso reforzar las fuerzas armadas españolas para que no se repitiese lo ocurrido ya otras veces, en las que España había entrado en guerra sin la preparación militar adecuada. Floridablanca apoyaba sin vacilar la postura del monarca, favorable a buscar salidas diplomáticas que defendieran los intereses del país, y así se lo comunicó, en julio de 1777, a Aranda, que no dejaba de presionar, desde su puesto de embajador en París, para que España se alinease junto a Francia:

Tal vez una negociación que yo no veo imposible, aunque sí difícil —escribió Floridablanca— pudiera valernos más que la guerra más gloriosa y ponernos en paraje de ir recobrando el crédito; todo esto requiere madurez, previendo de antemano lo que puede suceder después de muchos días.⁶²³

España mantuvo, pues, la neutralidad y se iniciaron negociaciones con las dos naciones beligerantes para alcanzar un acuerdo digno que pusiese fin a las hostilidades y en el que tuvieran cabida las aspiraciones de Madrid. Francia e Inglaterra, sin embargo, se habían enrocado en sus respectivas posturas y eran irreconciliables. Londres exigió, como requisito previo antes de entablar negociaciones, el cese inmediato de la ayuda francesa a los sublevados. Francia, a su vez, pedía que fuese reconocida, ya, la independencia de Estados Unidos. Las dos potencias se negaron a que continuaran las negociaciones trilaterales. La propuesta de Carlos III de que se celebrase en Madrid una cumbre de los principales países europeos para alcanzar un acuerdo fue rechazada. El fracaso de la vía diplomática reforzó la posición de Aranda, que no dejaba de insistirle a Floridablanca —con el que mantenía correspondencia regularmente— en que había que dejarse de dudas y entrar en guerra al lado de Francia porque, tal y como subrayó en agosto de 1778, nunca se le iba a volver a presentar a España una ocasión mejor para vengarse de los agravios que le había infligido Inglaterra.

En los siguientes meses, el embajador español en Versalles entró en conocimiento de la firme voluntad de Carlos III de insistir en la vía de la mediación; hasta ese momento se le había mantenido al margen por su postura abiertamente favorable a la entrada en guerra. En una carta que le escribió a Floridablanca en abril de 1779, Aranda no ocultaba su desilusión por la actitud del soberano. A pesar de que las opiniones personales de los ministros no siempre coincidiesen con las de Carlos III, el embajador consideraba que había que obedecer al rey, cuya suprema autoridad no admitía discusiones:

No entro en nada de esta negociación, que debo respetar, pues el rey nuestro señor la ha juzgado preferente. Yo, como hombre privado [...] he pensado diversamente. Muchas veces sucederá a V. E. el opinar de otro modo que su majestad y ceder a sus superiores luces, obedeciendo sus superiores determinaciones, y en el mismo caso están cuantos le sirven [...] las razones son las que conducen mi opinión, y la autoridad superior arregla mis acciones.⁶²⁴

Con la esperanza de que el monarca, al que le correspondía decir la última palabra, cambiase de idea, el embajador español elaboró un plan de acción que contemplaba la invasión de Inglaterra por un contingente de fuerzas españolas y francesas. El ataque, según el plan de Aranda, se llevaría a cabo con unos sesenta barcos de guerra, seguidos por otras tantas embarcaciones con ochenta batallones a bordo. En cuanto la armada hispano-francesa venciese a la británica en aguas del canal de la Mancha, las tropas aliadas desembarcarían en las cercanías de Londres, sembrando el pánico entre los ingleses. Estos, sin duda, no vacilarían en sacrificar sus lejanas colonias si con ello evitaban que se invadiera la isla. Llegados a ese punto, concluía Aranda, España entablaría negociaciones con Inglaterra y, con sus tropas en suelo británico, podría obligar a Inglaterra a que le devolviese Menorca y Gibraltar.⁶²⁵

España entra en guerra contra Inglaterra

Aranda expuso sus planes militares en el mes de mayo de 1779. Pocos días después, Floridablanca, que hasta ese momento había mantenido una actitud extremadamente reservada con el embajador, le comunicó, a través de un correo, la inminente entrada de España en la guerra contra Inglaterra; el embajador español en Londres, Almodóvar, fue llamado inmediatamente de regreso al país.⁶²⁶ Pese a los esfuerzos de Carlos III, que había confiado hasta el último minuto en que se pudiese evitar la guerra, las negociaciones bilaterales con Inglaterra habían fracasado definitivamente. Madrid acusaba al gabinete inglés de haber rechazado, arteramente, todas las propuestas de mediación, mientras seguía lesionando los intereses españoles: a los reiterados abordajes a los barcos con bandera española, se habían sumado los intentos británicos de sublevar a las colonias españolas para, posteriormente, adueñarse de ellas.

Carlos III pensó en iniciar las hostilidades con dos acciones simultáneas. Por un lado, la armada bloquearía Gibraltar; por otro, acometería, previo acuerdo con Luis XVI, que se mostró favorable a la idea, el desembarco en Inglaterra, tal y como había aconsejado Aranda. Para llevar a cabo esta última operación, era preciso que las armadas española y francesa actuasen conjuntamente; sus respectivos almirantes, Luis de Córdoba y Orvilliers, trazaron un plan de acción que preveía que las fuerzas navales de ambos países se concentrasen lo antes posible en el canal de la Mancha. La fecha prevista era el mes de junio de 1779, pero una serie de contratiempos retrasó el inicio de las operaciones hasta finales de julio. Cuando la flota aliada llegó al canal de la Mancha, sufrió otra serie de graves imprevistos de carácter meteorológico y sanitario. La noticia del temido desembarco había llegado ya a la isla, aterrorizando a la población, cuando los fuertes vientos obligaron a los almirantes a llevar a puerto las naves, dañadas por el oleaje, para repararlas. En vísperas del ataque a la armada inglesa —al mando del almirante Hardy, que consiguió, hábilmente, rehuir al enemigo— una epidemia de disentería, probablemente causada por las pésimas condiciones higiénicas, hizo estragos entre las tropas y la tripulación de los barcos. Cayeron enfermos unos catorce mil hombres, la mayoría de ellos franceses, dada su escasa inclinación por la limpieza. A mediados de septiembre, la armada aliada se vio obligada a regresar a Brest; solo había conseguido capturar un barco enemigo que, imprudentemente, había zarpado del puerto de Plymouth y se había encontrado aislado del resto de la flota inglesa.⁶²⁷

Pocos días después, tres convoyes británicos —compuestos por quinientas noventa y cuatro embarcaciones cargadas de mercancías— procedentes de las Indias orientales y occidentales consiguieron alcanzar, indemnes, los puertos ingleses. Parecía realmente increíble, comentó Fernán Núñez, que «con fuerzas tan considerables se perdiese una ocasión única de abatir a poca costa el orgullo inglés».⁶²⁸ A finales de octubre, Aranda, que se había trasladado a Brest para seguir de cerca los preparativos militares, informó a Floridablanca —que presionaba para que se acelerasen las operaciones, quejoso, entre otras cosas, por su gasto desorbitado— que era imposible, de momento, realizar una rápida acción conjunta de las flotas aliadas porque la armada francesa tenía que reparar sus barcos y proceder a limpiarlos.⁶²⁹

Con la llegada del invierno, las iniciativas militares de España se centraron en mantener el bloqueo de Gibraltar, rodeada por tierra por unos catorce mil hombres, al mando del teniente general Martín Álvarez de Sotomayor, y, por mar, por la flota al mando de Antonio Barceló. El principal cometido de este último era impedir la llegada de refuerzos a la plaza británica, en la que estaba acuartelado un contingente de mil ochocientos soldados que, si no recibían refuerzos rápidamente, se verían obligados a rendirse. Madrid y París tomaron la decisión conjunta de aguardar el paso del convoy inglés, que se preveía que iba a acudir con ayuda para los sitiados, en dos puntos distintos, uno cerca de Brest y el otro en el estrecho de Gibraltar. Por una serie de errores y de contratiempos, el plan no tuvo éxito; la armada inglesa, al mando del almirante Rodney, alcanzó su objetivo y, en enero de 1780, consiguió vencer a la española, mandada por Juan de Lángara, que fue capturado junto a muchos de sus barcos.⁶³⁰

Las repercusiones de la derrota fueron extremadamente graves. Los refuerzos ingleses consiguieron llegar a Gibraltar y el fortín británico pudo resistir el asedio durante largo tiempo. Inmediatamente después de la derrota sufrida por Lángara, llegó a Cádiz la armada española, al mando de José Miguel Gaston, a la que se unieron cuatro navíos franceses que, mientras tanto, ya habían terminado de ser reparados en Brest. Los comandantes de la flota hispano-francesa, aun disponiendo de un tercio más de barcos que la inglesa de Rodney, fondeada en Gibraltar, no consideró oportuno atacarla, decisión con la que no estuvo de acuerdo Floridablanca, que responsabilizó implícitamente al ministro español de la Marina de la medida.⁶³¹

Los reiterados fracasos en aguas europeas, a pesar de la inferioridad numérica del enemigo, se vieron contrarrestados por las brillantes campañas de la armada y de las tropas españolas en ultramar, donde las operaciones militares se habían iniciado antes que en Europa por la rapidez con la que se difundió la noticia de la declaración de guerra contra Inglaterra. En septiembre y octubre de 1779 el gobernador interino de Yucatán, Roberto de Rivas Betancourt, organizó dos expediciones militares, desde Campeche, con las que obligó a los ingleses a abandonar el territorio de la actual Belice, donde habían establecido algunos asentamientos. Bernardo de Gálvez, sobrino del ministro de las Indias (José de Gálvez y Gallardo) y gobernador interino de Luisiana, obtuvo una serie de importantes victorias sobre las fuerzas británicas, arrebatándoles Pensacola (Florida), lo que permitió a España extender su dominio sobre toda la Florida occidental. Otro miembro de la familia Gálvez, Matías (hermano del ministro de la Marina y padre del gobernador interino de Luisiana), presidente de la Real Audiencia de Guatemala, tras solicitar y obtener refuerzos del capitán general de Cuba y del virrey de México, infligió graves derrotas a los ingleses.⁶³²

Tras la derrota de Lángara, se tomó la decisión de enviar fuerzas navales y de tierra, al mando del marqués del Real Socorro, José Solano, a las colonias americanas, sobre todo a las islas de Cuba y Puerto Rico, que estaban especialmente expuestas a los ataques del enemigo. Gracias a esta decisión, y a la rapidez con la que fue puesta en práctica (el mérito de la operación fue de los secretarios de la Guerra y de las Indias, es decir, el conde de Ricla y del marqués de Castejón), se consiguió impedir la invasión de América Central por parte de la armada inglesa, al mando de Rodney.

A causa de la enfermedad del ministro de la Marina, Floridablanca asumió temporalmente la responsabilidad de dicha secretaría; sirviéndose de una preciosa información que le había llegado de Inglaterra, consiguió que la flota española interceptara y capturara, en aguas de las islas Azores, un convoy inglés compuesto por cincuenta y cinco embarcaciones, cargadas de tropas, armas y equipamientos, que se dirigían hacia Jamaica y las Indias orientales. Este éxito, si se hubiera explotado convenientemente —se dolería más tarde Floridablanca—, le habría permitido a España invadir Jamaica, defendida por Rodney, cuyas fuerzas eran inferiores a las de Solano, y privada de los refuerzos militares que aguardaba.⁶³³

Tras el fallido intento de invadir Inglaterra, planeado para recuperar, por vía indirecta, Gibraltar y Menorca, en Madrid se decidió reconquistar militarmente la isla. Para que la operación tuviera éxito se consideró imprescindible el efecto sorpresa. Los preparativos, por ello, en vez de realizarse en un puerto del Mediterráneo, se llevaron a cabo en Cádiz, base utilizada, por lo general, para intervenciones militares en otras áreas geográficas. Además, se quiso conocer antes cuáles eran los sentimientos de la población, tarea que Floridablanca le encomendó al marqués de Sollerich. Este constató que los menorquines seguían siendo leales a España. Un ejército de trece mil hombres desembarcó en la isla, siendo calurosamente acogido por la población local; se asedió el fuerte de San Felipe y, en poco tiempo, se logró vencer la resistencia de los ingleses, cogidos por sorpresa e indebidamente preparados para hacerle frente a un ataque. Entre las tropas de asedio había también un contingente de dos mil soldados enviados por el gobierno francés que, tras el resentimiento inicial por no haber sido informado acerca de la expedición, se unió a ella comprendiendo los motivos por los que España la había planeado con el máximo secreto.⁶³⁴

Recuperada Menorca, los esfuerzos militares se dirigieron hacia Gibraltar, el último baluarte inglés en territorio español. El bloqueo naval se convirtió en un asedio; para abrir una brecha en las sólidas estructuras defensivas de la fortaleza se recurrió a un nuevo ingenio militar, las baterías flotantes, invento del ingeniero Arzón. Estas, sin embargo, se usaron sin haber sido antes convenientemente probadas, y fueron incendiadas por la artillería enemiga. La fortaleza inglesa consiguió resistir al ataque conjunto de las fuerzas hispano-francesas, al mando del general Crillon, que se desencadenó en agosto de 1782. Floridablanca, con todo, pensó que era conveniente, desde el punto de vista político, mantener el asedio para tener mayor peso en las negociaciones de paz que ya comenzaban a perfilarse en el horizonte e intentar obtener la devolución de Gibraltar por la vía diplomática. La táctica española pareció tener éxito. En diciembre de 1782 se decidió que la condición previa para iniciar las negociaciones de paz fuera la restitución del peñón. Inglaterra recibiría a cambio, como compensación, territorios en Guadalupe y en otras islas francesas. Francia, a su vez, recibiría de España algunas posesiones en Santo Domingo.

El Tratado de Paz de 1783

En contra de las esperanzas iniciales, Francia e Inglaterra no aceptaron este intercambio de territorios. Las negociaciones se interrumpieron y se volvió a recurrir a las armas.⁶³⁵ Para obligar a Inglaterra a que bajase el tono, las cortes de Francia y España acordaron, por propuesta del conde de Estaing, enviar a las Indias una gigantesca expedición militar, formada por setenta navíos de guerra con cuarenta mil soldados a bordo. Cuando ya estaban a punto de zarpar de Cádiz los primeros cincuenta barcos —el resto, según el plan establecido, se les unirían lo antes posible— el ministro inglés hizo una nueva propuesta de paz.

El tema de la eventual restitución de Gibraltar se dejó para tratarlo en posteriores negociaciones pero, a cambio, Londres se comprometió a reconocer la definitiva soberanía de España sobre Menorca. España y Francia no tendrían que sufrir, por tanto, pérdidas territoriales en las islas del Caribe. España obtuvo la zona oriental de Florida, que quedó así añadida a la parte occidental, ya en manos españolas, y —gracias a negociaciones sucesivas, conducidas por el marqués del Campo—, el abandono de los asentamientos ingleses en América Central, desde Honduras hasta el territorio de Campeche. El repliegue inglés se debió a la amenaza representada por la poderosa flota hispano-francesa que, según Floridablanca, en caso de haber zarpado, habría obligado al ministerio británico a hacer ulteriores concesiones. En enero de 1783, los plenipotenciarios Aranda y Fitz-Herbert, sobre la base de estos acuerdos, firmaron en Versalles en nombre, respectivamente, de España e Inglaterra, los preliminares del tratado de paz; ese mismo año, en septiembre, se firmó el acuerdo definitivo.⁶³⁶ Unos meses antes, se había dominado completamente en Perú la rebelión de Túpac Amaru II, que fue ajusticiado junto a los principales sublevados.⁶³⁷

La nueva guerra contra Inglaterra, conducida por Carlos III con más habilidad que la de los Siete Años, había modificado a favor de España la situación establecida por la Paz de París de 1763. Se habían ampliado notablemente las posesiones españolas en América, lo que le permitió al monarca alcanzar la máxima extensión colonial. Para evitar que esta nueva recomposición territorial, tan favorable a España, sufriese cambios en el futuro, Carlos III, reforzado militarmente, desarrolló un papel decisivo como mediador en los contenciosos entre las naciones europeas.⁶³⁸ En América, sin embargo, existía el riesgo de que las colonias españolas quisiesen seguir el ejemplo de Estados Unidos. Además, tras el reconocimiento de su independencia, la nueva nación podía intentar anexionarse territorios españoles. Para prevenir dichos riesgos, Aranda elaboró un proyecto visionario que contemplaba la división de la América hispana en tres grandes Estados: Perú, que comprendería el virreinato del Perú más todo el Cono Sur; México, que abarcaría toda Mesoamérica y Centroamérica; y Tierra Firme, que incluiría a las actuales Venezuela, Colombia y Ecuador. Los tres Estados se repartirían entre los hijos del monarca, que los gobernarían en calidad de vasallos del rey de España, que recibiría el título de emperador y al cual, en señal de sometimiento, le entregarían un tributo anual. El proyecto nunca se llevó a cabo.⁶³⁹

Bombardeos de Argel y Tratado de Paz con los regencias berberiscas

Concluida con un notable éxito la guerra contra Inglaterra, quedaba por resolver el problema de las incursiones de los piratas berberiscos en el Mediterráneo, que seguían provocando graves daños al comercio español. La diplomacia de Madrid se ocupó del asunto, intentando alcanzar un acuerdo con las regencias berberiscas, especialmente con la de Argel, el principal nido de piratas. Los argelinos, con los que se habían entablado negociaciones ya antes de la guerra, se comprometieron a suscribir un acuerdo, con la condición de que España sellase antes la paz con la Puerta Otomana. Pese a los obstáculos interpuestos por las potencias extranjeras, que tenían todo el interés del mundo en evitarlo, en septiembre de 1783 se consiguió estipular el tratado de paz con Estambul. La regencia de Argel, sin embargo, no mantuvo la palabra dada en Madrid y hubo que recurrir a la fuerza. Argelia fue sometida a dos intensos bombardeos por parte de la armada española, el primero en julio de 1783, y el segundo al año siguiente. Al final, se vio obligada a estipular un tratado de paz, que fue suscrito en junio de 1786.⁶⁴⁰ Para justificar estos bombardeos, que se juzgaron excesivamente costosos, Floridablanca esgrimió un triple motivo: en primer lugar, se quería inducir al pueblo argelino, castigado duramente por los bombardeos, a que le exigiera a sus gobernantes que pidieran la paz; en segundo, era necesario liberar los mares del peligro de los corsarios, que solían zarpar en primavera y verano de los puertos argelinos; el tercero, se había aprovechado la oportunidad de emplear la munición almacenada para la fallida expedición de Cádiz, munición que, de otra forma, habría caducado.⁶⁴¹

Poco antes de estipular la paz con Argelia se había firmado un tratado similar con la regencia de Trípoli. Posteriormente, se selló un tercer tratado de paz con la regencia de Túnez, la única que quedaba para alcanzar totalmente la paz con las regencias berberiscas.⁶⁴² Gracias a estos acuerdos, Carlos III consiguió garantizar la libertad de navegación y que la bandera española fuese respetada por todos los países de la costa norteafricana, desde Marruecos hasta Túnez.

Doble matrimonio y reforzamiento de las relaciones con Portugal

Mientras estaban en curso las negociaciones con las regencias islámicas, Carlos III se preocupó por reforzar también los vínculos con Portugal. Poco antes de que estallase la guerra contra Inglaterra, como ya hemos visto, España había firmado un tratado con el país vecino, gracias, en parte, a los buenos oficios de la reina Mariana, hermana del rey. Tras quedarse viuda, y con su hija ocupando ya el trono lusitano, la reina madre, nada más firmarse el acuerdo, viajó a Madrid para encontrarse con su hermano, al que no había visto desde hacía cincuenta años. El monarca, impaciente por reunirse con ella, acudió a recibirla a Galapagar. «No es posible expresar» —escribió Fernán Núñez— «el gozo que tuvieron estos hermanos cuando, contra todas sus esperanzas y contra la constante costumbre y suerte de los príncipes, volvieron a abrazarse al cabo de tanto tiempo». La reina permaneció en la corte de Madrid durante todo un año. «No es creíble el afecto del rey a su hermana, ni las demostraciones de cariño, y aun de galantería, con que este quería demostrársela, dándola siempre el brazo y tratándola como si fuera su enamorada», recuerda Fernán Núñez. Al cabo de este año que pasaron juntos y que «probablemente había sido el más feliz de su vida», «se separaron con el dolor que es natural, contando no volverse a ver».⁶⁴³

Carlos siguió manteniendo una estrecha y afectuosa relación con su hermana después de que esta regresara a Lisboa. Cuando consideró oportuno que su penúltimo hijo, Gabriel, contrajese matrimonio, eligió a la hija de su hermana, la infanta portuguesa Mariana Victoria, como su futura nuera. La corte portuguesa acordó con la de Madrid celebrar un doble matrimonio y que la nieta de Carlos III, Carlota Joaquina, hija del príncipe de Asturias, se casase con el infante Juan, futuro príncipe de Brasil.⁶⁴⁴ Las negociaciones matrimoniales fueron conducidas por Floridablanca y el embajador portugués; el conde Fernán Núñez, embajador español en Lisboa, fue el encargado de concluirlas. Las bodas de Gabriel con Mariana Victoria se celebraron en mayo de 1785. El novio tenía treinta y tres años, diecisiete más que su joven esposa. El matrimonio se había decidido para asegurar la descendencia directa al trono que hasta ahora solo estaba garantizada por Fernando, el único hijo varón del príncipe de Asturias que seguía con vida. Los otros cuatro hijos varones nacidos del matrimonio del futuro Carlos IV con María Luisa, princesa de Parma, celebrado en septiembre de 1765, habían muerto siendo muy niños, y el propio Fernando no gozaba de muy buena salud.

Bodas del infante don Luis y pragmática sobre los matrimonios desiguales

Carlos III sentía un cariño especial por Gabriel, su hijo predilecto. A raíz de la boda de su hermano Luis, era Gabriel quien solía acompañarle cuando salía de caza. El infante don Luis había sido destinado a la carrera eclesiástica pero, al darse cuenta de que no iba a ser capaz de respetar el voto de castidad, decidió renunciar al capelo cardenalicio —que su madre, Isabel de Farnesio, se había encargado de conseguirle— y volver a la vida seglar. Vivió junto a su madre en Aranjuez durante el reinado de Fernando VI, su hermanastro. Cuando Carlos III se trasladó a España, solía acompañarle a cazar. Al enterarse el rey, por el padre Eleta, de que Luis estaba pensando en contraer matrimonio, pensó en concederle la mano de su hija María Josefa. Esta, que había pasado ya de los treinta años y tenía una constitución muy grácil y poco desarrollada, rehusó casarse con su tío. Ante la firme negativa de su hija, Carlos III no tuvo más remedio que aceptar que su hermano, cuyo deseo de contraer matrimonio era inamovible, buscase esposa entre las damas de la alta aristocracia española.⁶⁴⁵ La elección recayó sobre María Teresa Villabriga y Rozas, perteneciente a una ilustre familia aragonesa. Para evitar posibles reivindicaciones al trono por parte de los futuros hijos de Luis, Carlos III emanó en marzo de 1776, tres meses antes de que se celebrase la boda de su hermano, una pragmática sanción sobre los matrimonios desiguales, como el de su hermano Luis. En la pragmática, entre otros puntos, quedó establecido que:

[...] la mujer, o el marido, que cause la notable desigualdad, quedará privado de los títulos, honores, y prerrogativas, que le conceden las leyes de estos reynos, ni sucederán los descendientes de este matrimonio en las tales dignidades, honores, vínculos o bienes dimanados de la corona, los que deberán recaer en las personas a quienes en su defecto corresponda la sucesión; ni podrán tampoco estos descendientes de dichos matrimonios desiguales usar de los apellidos y armas de la casa de cuya sucesión quedan privados.⁶⁴⁶

Luis se fue a vivir lejos de la corte, primero a Cadalso y luego a Arenas, donde a veces iba a visitarle su hermano el rey. Aunque el matrimonio de Luis fue «una espina que le atravesó el corazón», Carlos III, que solía decir que primero era hombre, y luego rey, siguió demostrándole en privado el mismo afecto de siempre, una vez, eso sí, que hubo conjurado el peligro de que sus hipotéticos sobrinos reclamasen para sí el trono de España.

El rey, disgustado por la conducta de sus hijos Carlos y Fernando

El príncipe Gabriel era el preferido del rey por sus notables dotes intelectuales y por la constancia y aplicación con que las cultivaba, desde la Música a la Literatura. Sus hermanos eran todo lo contrario. El príncipe de Asturias, Carlos, no ocultaba los celos que sentía hacia Gabriel por ser el predilecto. El futuro rey de España, además, estaba totalmente sometido a su esposa, cosa que disgustaba profundamente a su padre. En cierta ocasión, el príncipe y su mujer criticaron, al unísono y en público, la política del gobierno. Carlos III reprendió con dureza a su hijo: una crítica formulada de ese modo solo podía traer consigo que cundiera entre los súbditos la desconfianza hacia el monarca. Además, le recomendó que no se dejara influir más por su esposa. Las mujeres, le previno el rey, son, por naturaleza, débiles y ligeras de pensamiento, carecen de la instrucción necesaria y tienden a observar la realidad solo superficialmente; por eso es muy fácil que asuman como propias ideas ajenas, sin darse cuenta de que se las han inculcado terceros que solo miran por su interés personal y por alcanzar sus fines.

La reprimenda no debió surtir ningún efecto en el príncipe de Asturias. Un día, según una anécdota que recoge Pedro Voltes, le comentó a su padre, muy ufano, que los reyes no debían temer que sus esposas les fueran infieles. Una reina solo tendría relaciones con un igual, y su único igual es el rey, su esposo. Parece ser que Carlos III le escuchó pacientemente y luego exclamó, desconsolado: «Hijo mío, ¡eres completamente idiota!».⁶⁴⁷

El tercer hijo, Fernando, también vivía sometido a la influencia de su consorte. Carlos III, al traspasarle a su tercer hijo varón la corona de Nápoles y de Sicilia, había nombrado un Consejo de Regencia, presidido por Tanucci, estadista en el que el rey tenía máxima confianza. En realidad, el monarca confiaba en poder ser él quien siguiera decidiendo, desde Madrid, los destinos del Mezzogiorno, a través del leal Tanucci, un calco de la situación que vivió él mismo como rey de Nápoles hasta el fallecimiento de su padre. Durante un tiempo, esto fue así. En Nápoles se siguieron las directrices marcadas por Madrid, sobre todo en asuntos de máxima importancia, como fue la expulsión de los jesuitas. La situación cambió cuando Fernando IV contrajo matrimonio con María Carolina de Habsburgo, hija de la emperatriz de Austria, María Teresa. La fuerte personalidad de la reina condicionó la voluntad de su esposo. En varias ocasiones, sobre todo en política exterior, Fernando IV se apartó de la línea marcada por su padre, con gran disgusto por parte de este. El desordenado estilo de vida que llevaba el monarca de Nápoles también desazonaba a Carlos III. Imprudente, con el pensamiento dirigido, básicamente, a satisfacer sus caprichos, el rey, secundado por su mujer, se pasaba la vida entre bailes, paseos a caballo, juegos de azar, intrigas palaciegas y escapadas nocturnas. A veces, salía disfrazado por las noches y se dedicaba, por diversión, a despertar a los vecinos que estaban durmiendo tranquilamente en sus casas.⁶⁴⁸ Carlos III, informado repetidas veces sobre la conducta escandalosa del rey de Nápoles, le llamó al orden, pero sin éxito:

Nunca hubiera creído —le escribió el rey a su hijo en septiembre de 1769— que llegase a tanto el desorden, la indecencia ni el peligro que podrá resultar a vuestra salud y crédito en el mundo, que es el objeto más importante que tengan los hombres, y especialmente los soberanos [...] Espero del corazón que Dios te ha dado, de tu amor filial, de tu talento y capacidad, y de lo que debes a un padre que tan entrañablemente te ama y que te ha hecho rey, que procurarás de aquí en adelante, en lugar de darme sentimientos, darme gustos; pues solo se te pide lo que es para tu bien, estimación y gloria.⁶⁴⁹

Fernando VI parecía sentirse arrepentido al oír estos reproches; aseguraba que no era digno del perdón de su padre y le prometía que iba a cambiar de vida, pero no tardaba en recaer de nuevo en sus vicios. La situación, además, se había deteriorado notablemente en Nápoles por el abierto apoyo «de la reina a la causa masónica, tema sobre el que Fernando le escribía a su padre en unos términos que, por un lado, delatan su evidente dependencia, aún, de Carlos III, por otro, demuestran hasta qué punto había sucumbido ya a los efectos de la relación familiar y política que mantenía con María Carolina».⁶⁵⁰ Otro gran disgusto que le causó su hijo fue la destitución, en 1776, de Tanucci, con quien Carlos III seguía manteniendo una correspondencia regular. El toscano fue sustituido por el marqués de la Sambuca, antiguo embajador en Austria. El cambio fue el preludio de una creciente política de acercamiento del rey de Nápoles a la corte de Viena.⁶⁵¹

Su hija María Luisa era una de las personas que mantenía puntualmente informado a Carlos III acerca de la desordenada vida que llevaba Fernando IV. María Luisa se había casado con Pedro Leopoldo de Habsburgo, hijo de María Teresa y archiduque de Toscana, que, más tarde, en 1790, sería nombrado emperador de Austria. La hermana mayor de María Luisa, María Josefina o Josefa, se había negado a casarse con su tío paterno, Luis de Borbón, y se quedó soltera. El penúltimo hijo varón de Carlos III, Antonio Pascual, a diferencia de Gabriel, dio indicios desde pequeño de una más que escasa inclinación por el estudio. El infante Antonio, para no estar todo el día mano sobre mano, solía entretenerse cazando y haciendo trabajos manuales; le gustaba mucho, en concreto, trabajar con el torno para madera. Más tarde, se sintió atraído por la química, fundó un laboratorio y fue el promotor de varias tertulias científicas, a las que asistían prestigiosos especialistas. La universidad de Alcalá, en reconocimiento a sus intereses, le concedió el título de doctor honoris causa, por lo que su sobrino Fernando, para tomarle el pelo, se refería a él, con frecuencia, como «mi tío, el doctor». En agosto de 1795, a la edad de cuarenta años, Antonio se casó con su sobrina María Amalia, la segundogénita de Carlos IV; la infanta tenía dieciséis años. El más pequeño de los hijos que Carlos se trajo consigo a España, Francisco Javier, murió, como ya se ha indicado, en 1771, a la edad de catorce años.⁶⁵²

Lutos familiares y muerte de Carlos III

Gabriel y Mariana Victoria tuvieron tres hijos, dos de los cuales murieron al poco de nacer. A los pocos días de dar a luz por tercera vez, el 2 de noviembre de 1788, fallecía también la princesa Mariana, con menos de veinte años, a causa de la viruela. Dos meses antes, su hermano José, príncipe de Brasil, había fallecido víctima de la misma enfermedad. Gabriel, despreciando el peligro de contagio, no se separó ni un segundo del lecho de su mujer por lo que él también contrajo la viruela. (Fernán Núñez lamentó en su momento que «las ideas religiosas, mal entendidas, impidan que las Casas de España y Portugal adopten el sistema de la inoculación, tan general y útilmente establecido en la Europa»). El 13 de noviembre siguió a su joven esposa a la tumba, «víctima de su amor conyugal».⁶⁵³

Destrozado por la muerte de su hijo predilecto, Carlos III exclamó: «¡Gabriel ha muerto! Yo le seguiré muy pronto». Durante los siguientes días, el rey, cada vez más afectado por la muerte de su hijo, permaneció en el real sitio de El Escorial, víctima de una depresión. Floridablanca, a petición de sus hijos, deseosos de ayudarle a superar el dolor, intentó convencerlo para que regresase lo antes posible a la capital. Carlos III, resignado ya ante lo peor, le contestó: «Déjate de eso, Moñino. Pues qué, ¿no sé yo que dentro de pocos días me han de traer, para hacer una jornada mucho más larga, entre estas cuatro paredes».

El soberano volvió a Madrid, como de costumbre, el 1 de diciembre. Pocos días después, al regresar de una cacería, notó los primeros síntomas de una enfermedad que le afectó a las vías respiratorias. Sus condiciones de salud se agravaron y, el 13 de diciembre, los médicos confirmaron que el fin ya estaba próximo. El nuncio apostólico le dio la extremaunción. Acompañado por sus familiares y por el nuevo confesor real, Luis Consuegra, sustituto del difunto padre Eleta, Carlos III se enfrentó serenamente a la muerte, como demuestran las palabras que le dirigió a Floridablanca, que lloraba desconsoladamente a su cabecera: «Qué, ¿creías que había yo de ser eterno? Es preciso que paguemos todos el debido tributo». El soberano murió en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1788 y, dos días después, recibió sepultura en el real monasterio de El Escorial.⁶⁵⁴

Carlos III vivió casi setenta y tres años. Veinticinco de estos los transcurrió en el trono de Nápoles, corona que ciñó con poco más de dieciocho. Fue rey de España durante veintinueve. Durante su extenso reinado, supo sacar partido de su experiencia en Nápoles y, sin dejar de mantener jamás una estrecha relación con Tanucci, su principal consejero, se rodeó siempre de fieles colaboradores, capaces y eficientes, tanto nacionales como extranjeros: Wall, Esquilache, Grimaldi; Campomanes, Aranda, Floridablanca. Aunque algunos de ellos estaban «abiertos a la influencia de los enciclopedistas, la línea política que siguieron no estaba basada en ningún tipo de ideología precisa», ya que su objetivo «no era formular una nueva filosofía, sino dar soluciones concretas a los problemas administrativos, económicos y culturales del país».⁶⁵⁵

Durante el gobierno de Floridablanca, cuyas iniciativas secundó con sincera convicción, en política interior se intensificó la labor reformista, dentro de un absolutismo monárquico inspirado, cada vez con más fuerza, en los principios de la Ilustración. Estos principios fueron perfectamente compatibles con el paternalismo que caracterizó al largo y complejo reinado de Carlos III, que tuvo siempre en muy alta consideración a la realeza y que no dejó nunca de pensar —como se lee en la leyenda de las monedas que mandó acuñar en Nápoles— que el bienestar de sus súbditos y su placer personal eran una misma cosa. En los últimos años del reinado, gracias a una eficaz actividad diplomática, se consolidó la posición internacional de España. Fue derrotada en la Guerra de los Siete Años, pero se rehízo en la siguiente guerra contra Inglaterra y, aunque no recuperó Gibraltar —herida que aún sigue abierta en el orgullo nacional— sí consiguió recobrar Menorca y ampliar las posesiones coloniales. El balance del reinado de Carlos III en España, sobre todo en la última época, es pues esencialmente positivo, las luces prevalecen sobre las sombras. La experiencia adquirida en Nápoles, donde solo empezó a reinar con plena independencia tras la muerte de su padre, fructificó, primero, en el Mezzogiorno de Italia, y posteriormente en España, por lo que Carlos III está considerado, con toda justicia, el mejor soberano de la rama española de los Borbones.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AGS | Archivo General, Simancas.
AHNM | Archivo Histórico Nacional, Madrid.
ASN | Archivio di Stato, Nápoles.
AST | Archivio di Stato, Turín.
ASV | Archivio Segreto Vaticano, Ciudad del Vaticano.
BALR | Biblioteca dell’Accademia dei Lincei, Roma.
BAV | Biblioteca Apostólica Vaticana, Ciudad del Vaticano.
BNM | Biblioteca Nacional, Madrid.
BNN | Biblioteca Nazionale, Nápoles.
BSNSP | Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, Nápoles.
RAHM | Real Academia de la Historia, Madrid.

Título original: Carlo III

Giuseppe Caridi, 2014

Traductor: Isabel Prieto Palomo

Editorial: LA ESFERA DE LOS LIBROS

Colección: Historia

ISBN: 9788490604731

notes

Notas a pie de página

¹ BNM, Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1716; Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III di Borbone Re cattolico delle Spagne e delle Indie, Pitteri Sansoni, Venecia, 1790, p. 8. Carlos fue bautizado el 25 de enero en el monasterio de San Jerónimo por el obispo de Toledo, Francisco Valero y Losa (cfr. Danvila y Collado, M., «Reinado de Carlos III», en Historia general de España, ed. Cánovas del Castillo, A., Real Academia de la Historia, Madrid, 1891-1898, vol. I, pp. 7-8).

² Caridi, G. Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 3-5.

³ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., p. 2.

⁴ Quazza, G., Il problema italiano e l’equilibrio europeo 1720-1738, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1965, Turín, p. 10. Otras competidoras de Isabel de Farnesio fueron las princesas María Victoria e Isabel Luisa de Saboya, la princesa de Portugal y la hija del príncipe elector de Baviera (cfr. Mafrici, M., Fascino e potere di una regina. Elisabetta Farnese sulla scena europea (1715-1719), Cava de’ Tirreni, Avagliano, 1999, p. 23). La elección definitiva de Isabel de Farnesio la hizo Luis XIV (cfr. Baudrillart, A., Philippe V et la cour de France 1700-1715, Firmin-Didot, París, 1890-1901, vol. I, p. 593).

⁵ Mafrici, M., Fascino e potere di una regina, op. cit., p. 28. Sobre la fuerte personalidad de Isabel de Farnesio cfr. también Memoirs of Elizabeth Farnese, T. Gardner, Londres, 1746, y Ballesteros y Berretta, A., Historia de España y su influencia en la historia universal, P. Salvat, Barcelona, 1929, vol. y.

⁶ Schipa, M., Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Luigi Pierro e figlio, Nápoles, 1904, p. 70.

⁷ Mafrici, M., Fascino e potere di una regina, op. cit., p. 28.

⁸ Bourgeois, E., Alberoni, madame des Ursins et la Reine Elisabeth Farnèse, A. Picard, París, 1891, pp. 10-18.

⁹ Ajello, R., La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico» della dinastia, en Storia di Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, Nápoles, 1976, IV, p. 449.

¹⁰ Quazza, G., Il problema italiano, op. cit., p. 13. Con Alberoni «la autoridad central había recobrado [...] una fuerza que no tenía desde hacía mucho tiempo, y así se había forjando rápidamente el instrumento de la “reconquista” italiana».

¹¹ Baudrillart, A., Philippe V et la cour de France, op. cit., pp. 273-277; Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 448-449. Isabel de Farnesio consiguió que Alberoni obtuviera el obispado de Málaga, que más tarde cambió por Sevilla y Toledo que eran diócesis más ricas: cfr. Castagnoli, P., Il cardinale Giulio Alberoni, Collegio Alberoni-Libr. Ed. F. Ferrari, Plasencia-Roma, 1929-1932, vol. I, pp. 194-196.

¹² Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 11-12. Sobre el comportamiento de los Médicis con respecto a la sucesión del archiducado cfr. Robiony, E., Gli ultimi dei Medici e la successione del Granducato di Toscana, Seeber, Florencia, 1905, pp. 134-152.

¹³ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., p. 14.

¹⁴ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, editado por Ascione, I., Ministero per I Beni e le Attività culturali, Roma, 2001-2002, vol. I, pp. 97-99, carta 1 del 12 octubre 1720, 3 del 18 septiembre de 1721, 4 del 22 septiembre de 1721, 5 del 10 octubre de 1721.

¹⁵ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., I. pp. 13-14.

¹⁶ Ajello, R., Carlo di Borbone, en Dizionario Biografico degli Italiani, Ist. della Enciclopedia Italiana, Roma, 1977, vol. XX, pp. 239-251.

¹⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., I, pp. 24-26.

¹⁸ Quazza, G., Il problema italiano, op. cit., p. 108. Sobre las negociaciones de Riperdá cfr. Moscati, R., «La politica estera degli Stati italiani dalla caduta di Alberoni al terzo trattato di Vienna (1720-1731)», en Rassegna storica del Risorgimento, 1948, xxxv, pp. 26-29.

¹⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 83; Ajello, R., Carlo di Borbone, op. cit., p. 240. Si se hubieran realizado los planes de Isabel de Farnesio, «la marcha nupcial de España y Austria» habría podido resultar «una marcha fúnebre para Francia e Inglaterra» debido a los obstáculos interpuestos para su predominio comercial en el Mediterráneo y en el Atlántico: cfr. Mafrici, M., Fascino e potere di una regina, op. cit., pp. 68-69.

²⁰ Ajello, R., Carlo di Borbone, op. cit., p. 240.

²¹ Mafrici, M., Il re delle speranze. Carlo di Borbone da Madrid a Napoli, Esi, Nápoles, 1998, pp. 36-37.

²² Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 20-21. Sobre el papel de Patiño, estrecho colaborador de Isabel y árbitro de la política hispánica de 1726 a 1736, cfr. para todos Rodríguez Villa, A., Patiño e Campillo, Rivadeneyra, Madrid, 1882, y Béthencourt, A., Patiño en la política internacional de Felipe V, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1954.

²³ BSNSP, Fondo Capasso, «Racconto di varie notizie accadute nella Città di Napoli dall’anno 1700», p. 238, en Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 87. A Carlos «se le esperaba en la primavera de 1730, y con él la guerra». Il Racconto, publicado, anotado y editado por De BlasIIs, G., en Archivio Storico per le Provincie Napoletane, 1906-1907, reimpreso en edición anastática en 1997, con introducción de R. Ajello (Società Napoletana di Storia Patria, Nápoles).

²⁴ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., p. 22.

²⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 90-92.

²⁶ AGS, Estado, Nápoles, legajo 2732, 21 de octubre de 1731. Carlos, siguiendo las disposiciones maternas, para las cuestiones políticas era completamente fiel a Santisteban. De hecho, una frase recurrente del infante en las cartas a sus padres era: «En lo que se refiere a los asuntos de política, yo me atengo a lo que dice el conde» (cfr. I. Ascione, Le lettere ai «padres» (1720-1734), en Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., I, p. 87).

²⁷ Ajello, R., Carlo di Borbone, op. cit., p. 241.

²⁸ BSNSP, ms. XXII A 3/88, ff. 91v-92r.

²⁹ Ajello, R., Carlo di Borbone, op. cit., p. 241. La timidez de Carlos durará todo el periodo de la tutela de Benavides. El embajador extraordinario Alvise IV de Moncenigo informó en abril de 1738 al senado veneciano que generalmente Santisteban no permitía «que el rey fuera visto por los embajadores nada más que en las audiencias públicas, para no aumentar su timidez en los encuentros extraordinarios» (cfr. Corrispondenze diplomatiche veneziane. Dispacci, XVI., 10 de junio de 1732-4 de julio de 1739, editado por Infelise, M., Roma, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992, p. 539, despacho 902 del 29 de abril de 1738).

³⁰ Spiriti, S., De Borbonico in Regno Neapolitano Principatu, en Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 71-72.

³¹ BSNSP, ms. XXII A 3/88, f. 92r.

³² Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., I pp. 188-189, carta 114 del 8 de marzo de 1732.

³³ Mafrici, M., Il re delle speranze, op. cit., p. 77.

³⁴ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., I, pp. 242-243, carta 192 del 11 de octubre de 1732.

³⁵ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 48-49

³⁶ Quazza, G., Il problema italiano, op. cit., pp. 220-238.

³⁷ BNN, ms. XV G 32, ff. 1r-2r.

³⁸ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 34-35.

³⁹ Ibid., p. 105.

⁴⁰ Senatore, G., Giornale storico di quanto avvenne ne’ due Regni di Napoli e Sicilia l’anno 1734 e 1735, Stamperia Blasiana, Nápoles, 1747, pp. 56-57. Según un cronista anónimo de la época, «el ejército constaba de trece mil soldados de infantería, y cincuenta mil de caballería, aunque estaba algo mermado a causa [...] del largo viaje» (cfr. BNN, ms. XV G 32, f. 13v). Sobre el número de las tropas españolas que partieron al reino de Nápoles hay disparidad en las fuentes, según estas el numero total de soldados sería entre 19.707 y 38.024 unidades: cfr. Mafrici, M., Il re delle speranze, op. cit., pp. 89-90.

⁴¹ BNN, ms. XV G 32, ff. 14r-15r.

⁴² Ibid., ff. 20r-21r.

⁴³ Acton, H., I Borboni di Napoli, trad. it. de Giunti Martello, Florencia,1985, pp. 24-25.

⁴⁴ Ibid., pp. 8-10. Para los tópicos extendidos a lo largo del siglo contra los habitantes del Sur de Italia, cfr. De Francesco, A., La palla al piede. Una storia del pregiudizio antimeridionale, Feltrinelli, Milán, 2012.

⁴⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 128-129.

⁴⁶ Giannone, P., Epistolario, edición de Minervini, P., Fasano, Schena, 1992, p. 1063. Para la descripción de las monedas cfr. Bianchini, L., Storia delle finanze del Regno delle Due Sicilie, edición de De Rosa, L., Esi, Nápoles, 1971, p. 368.

⁴⁷ Tanucci, B., Epistolario, I. 1723-1746, edición de Coppini, R.P.; Del Bianco, L.; Nieri, R., Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980, pp. 605-606, carta 435 del 3 de julio de 1742, apunte para el marqués de Montealegre.

⁴⁸ Senatore, G., Giornale storico, op. cit., pp. 367-373. Sobre la polémica interpretación de la coronación real de Carlos en Palermo cfr. Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 509-510, y Renda, F., Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Sellerio, Palermo, 2003, vol.II, pp. 731-733.

⁴⁹ Galasso, G., «Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno borbonico e napoleonico (1734-1815)», en Storia d’Italia, edición de Galasso, G., Utet, Turín, XV/4 2007, pp. 194-195.

⁵⁰ Renda, F., Storia della Sicilia, op. cit., II, p. 732.

⁵¹ Senatore, G., Giornale storico, op. cit., pp. 270-81. Para las condiciones de la red de comunicaciones en el primer periodo borbónico cfr. Bulgarelli Lukacs, A., Le comunicazioni nel Mezzogiorno dall’arrivo di Carlo di Borbone al 1815. Strade e poste, en «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCIV 1977, pp. 283-309. Carlos había fomentado la construcción de 207 millas de carreteras aptas para carruajes: cfr. Corniola, D., Rispetto all’Europa si recuperò il ritardo? Aspetti socio-economici del Regno di Napoli nel XVIII secolo, Guida, Nápoles, 2004, pp. 67-69.

⁵² Senatore, G., Giornale storico, op. cit., pp. 310-311.

⁵³ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 28-29.

⁵⁴ BNN, ms. XV G 32, ff. 55r-62r.

⁵⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 127.

⁵⁶ Pallante, G., Lo Stanfone o sia memoria per la riforma del Regno di Napoli, Morano, Nápoles, 1885, pp. 5-6. El rey tenía que poder reorganizar el reino para que «se eliminaran los abusos provocados por la maldad de los mercenarios, y por la política necesaria para un amo lejano, [y así] puediera disfrutar de las grandes ventajas que, naturalmente, surgen al ser gobernados por un Amo presente». Sobre la persona y la obra de Pallante cfr. Ascione, I., Memoria per la riforma del Regno: Stanfone 1735-1737, Consorzio Editoriale Fredericiana-A. Guida, Nápoles, 1996.

⁵⁷ BNN, ms. C 16, ff. 241-42: «En efecto, parece que la corte de Madrid no tenga [...] otro interés que mantener al Rey de las dos Sicilias en estado de sumisión».

⁵⁸ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 36-37.

⁵⁹ «Relazione dello stato del Regno di Napoli e suo Governo scritta da Giuseppe Borgia de’ duchi di Valmezzana avvocato napoletano, nell’anno mdccxxxiv», edición de Ajello, R., en Frontiera d’Europa. Società economia istituzioni diritto del Mezzogiorno d’Italia, VIII, 2002, pp. 99-178.

⁶⁰ Ibid., pp. 114-117. Sobre el papel del virrey en el ámbito de la monarquía española cfr. Musi, A., L’impero dei viceré, Il Mulino, Bolonia, 2013.

⁶¹ Caridi, G., Essere re e non essere re, op. cit., pp. 50-73.

⁶² BNN, ms. C I 16, f. 244. En el Consejo de Estado, Santisteban sin embargo «alguna vez tuvo contradicciones. El duque Ulloa, y Borgia, no fueron siempre de su agrado; cuando murieron se cuidó bien de reemplazarlos. Se dio cuenta al mismo tiempo de que el marqués de Montealegre estaba adquiriendo demasiado poder y autoridad en el Consejo».

⁶³ Maiorini, M.G., I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle province, Giannini, Nápoles, 1999, p. 70.

⁶⁴ Ibid., pp. 58-59.

⁶⁵ Caridi, G., Essere re e non essere re, op. cit., pp. 126-131.

⁶⁶ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 59-60.

⁶⁷ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 585-586.

⁶⁸ Caridi, G., Essere re e non essere re, op. cit., pp. 73-80; C. Salvati, «L’azienda e le altre segreterie di Stato durante il primo periodo borbónico», en Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, nº 14, 1962, pp. 11-13. Sobre el estado de las finanzas napolitanas a la llegada al trono de Carlos de Borbón cfr. Romano, R., «La situazione finanziaria nel Regno di Napoli attraverso il bilancio generale dell’anno 1734», en Archivio Storico per le Province Napoletane, n.s., xxx, 1944-1946, pp. 162-174.

⁶⁹ AGS, Estado, Nápoles, legajos 5847, f. 57r.

⁷⁰ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 359-360. Santisteban se había dado cuenta de la creciente influencia del marqués de Montealegre, que «tenía tal habilidad para presentar cualquier negocio que, forzosamente, inclinaba muchas opiniones hacia la suya». Esta toma de conciencia «fue suficiente para hacer sombra al conde de S. Esteban, y los celos le infundieron la idea de debilitar la reputación del Marqués, quitándole una parte de los asuntos que tenía a su cargo, así que convenció a la Corte española de que era necesario nombrar a otros dos secretarios de Estado» (cfr. BNN, ms. C I 16, ff. 244-245).

⁷¹ Ajello, R., «Carlo di Borbone re delle due Sicilie», en Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., I, pp. 13-64.

⁷² Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 359-360.

⁷³ Correspondencia diplomática veneciana, op. cit., XVI, p. 402, despacho 641 del 27 de noviembre de 1736.

⁷⁴ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., p. 37. Según Bartolomé Corsini, para hacerse pronto con una reputación Santisteban necesitaba «tener toda la confianza en él [...] no mostrar dependencia más que de él, y ante las dudas y las cosas embarazosas recurrir a él antes de dar ningún paso» (cfr. Nicolini, N., «Appunti e documenti sulla riconquista ispano-borbonica del Regno di Napoli», en Id., La spedizione punitiva del Latouche-Tréville ed altri saggi sulla vita politica napoletana alla fine del secolo XVIII, Le Monnier, Florencia, 1939, pp. 192-195).

⁷⁵ Caridi, G. «Una moglie per l’emancipazione del Re: Carlo di Borbone dai progetti nuziali al matrimonio», en Mediterranea. Ricerche storiche, II, 2005, pp. 136-148.

⁷⁶ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 10.

⁷⁷ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, p. 511, despacho 843 del 31 de diciembre de 1737. Para la cita precedente cfr. Caridi, G., Una moglie per l’emancipazione del Re, op. cit., pp. 139-141.

⁷⁸ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, pp. 520-521, despacho 861 del 18 de febrero de 1738.

⁷⁹ BSNSP, ms. XXX A 13, ff. 64r-69r; Caridi, G., «Regolamento o sia Etichetta della casa reale borbónica (1738)» en Archivio Storico per le Province Napoletane, cxxxi, 2013, pp. 93-117.

⁸⁰ Papagna, E., La corte di Carlo di Borbone, il re «proprio e nazionale», Guida, Nápoles, 2011, pp. 50-51.

⁸¹ BSNSP, ms. XXX A 13, ff. 68r-69r.

⁸² Platania, G., Viaggio a Roma sede d’esilio (sovrane alla conquista di Roma, secoli XVII-XVIII), Bulzoni, Roma, 2002, p. 129. Sobre María Amalia de Sajonia cfr. Oliveros de Castro, M.T., María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, C. Bermelo, Madrid, 1953; Ríos Mazcarelle, M., Reinas de España. Casa de Borbón, Aldebarán, Madrid, 2000, pp. 127-148, y Mafrici, M., «Una principessa sassone sui troni delle Due Sicilie e di Spagna: María Amalia Wettin», en All’ombra della Corte. Donne e potere nella Napoli borbonica (1734-1860), edición de Mafrici, M., Fridericiana Editrice Universitaria, Nápoles, 2010, pp. 31-49.

⁸³ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., II, pp. 330-334, carta 645 del 8 de julio de 1738.

⁸⁴ Ibid., pp. 440-443, carta 716 del 29 de septiembre de 1739.

⁸⁵ BNN, ms. XV G 32, ff. 96r-97r.

⁸⁶ Ibid., ff. 97v-98r.

⁸⁷ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 319-321.

⁸⁸ BSNSP, ms. XXII A 3/88, f. 93r.

⁸⁹ Ibid., f. 93v.

⁹⁰ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., II, pp. 305-306, carta 634 del 29 de abril de 1738.

⁹¹ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, pp. 300-301, carta 234 del 26 de julio de 1738.

⁹² Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, p. 573, despacho 944 del 29 de julio de 1738. Según el embajador veneciano, en caso de que fuera aceptada la propuesta de Santiesteban de nombrar al príncipe Corsini como su sucesor, que era «tan odiado como el primero, el pueblo se sentiría aún más descontento».

⁹³ Ibid., p. 571, despacho 942 del 22 de julio de 1738; Caridi, G., Essere re e non essere re, op. cit., pp. 190-193.

⁹⁴ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 248, carta 188 del 8 de marzo de 1738 al príncipe Corsini.

⁹⁵ Grimaldi, G., Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli, Nápoles, stamp. vari, 1767— 1774, XII, pp. 20-21. Le correspondió a Tanucci «el mérito del planteamiento final de las medidas, en especial el doble esfuerzo realizado tanto para superar los largos procedimientos para las prohibiciones de los tribunales de baronía y reales, que podían tener voz en las cuestiones en discusión, como para imponer una disciplina que pusiera límites a las cortes de los barones» (cfr. Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 68-70).

⁹⁶ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 616-617.

⁹⁷ Grimaldi, G., Istoria delle leggi, op. cit., XII, p. 41. A cambio de revocar la ley impugnada por los barones, el Parlamento napolitano aprobó un donativo de un millón de ducados. La ley que restablecía la jurisdicción de los barones sobre los homicidios se publicó el 17 de agosto de 1742.

⁹⁸ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., p. 489.

⁹⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 199. Al principio del reinado de Carlos III se delinearon dos novedades, por una parte «el relanzamiento del regalismo, impulsado por las exigencias jurídico-políticas y económico-sociales [...] en torno a la figura del monarca», recobrada finalmente, y por otra, «la atención, puesta prevalentemente por parte del derecho público y de la clase política [...] sobre los privilegios exagerados del clero, derivados de la inmunidad real» (cfr. Rosa, M., «Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel Regno di Napoli sotto Carlo di Borbone», en Riformatori e ribelli nel ’700 religioso italiano, Dedalo, Bari,1969, p. 123).

¹⁰⁰ ASV, Arch. Nunz. Nápoles, vol. 477 f. 91r. Desde la Santa Sede se ejercía «una fuerte presión tanto en Madrid como en Nápoles, en un intento de restablecer en el Reino aquellas condiciones que le eran favorables y que caracterizó el periodo de dominación española» (cfr. Brancaccio, G., Il trono, la fede e l’altare. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nel Mezzogiormo moderno, Esi, Nápoles, 1997, p. 258).

¹⁰¹ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., ipp. 37-40, carta del 21 del 19 marzo 1737 a monseñor Galiani. En el mismo mes de marzo, en Roma, estaban en curso las conversaciones entre Acquaviva y Spinelli: cfr. ASV, Arch. Nunz. Spagna, III, Giornale della negoziazione intrapresa tra il Sig. Cardinale Acquaviva e il Sig. Cardinale Spinelli [...] dal dí 8 marzo fino al dí 26 marzo 1737.Celestino Galiani, arzobispo de Tarento, sucedió en febrero de 1732 a Diego Vincenzo Vidania en el cargo de capellán mayor (cfr. Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 60).

¹⁰² AGS, Estado, Nápoles, legajos 5816, f. 42; Melpignano, A., L’anticurialismo napoletano sotto Carlo III, Herder, Roma, 1965, p. 205.

¹⁰³ AGS, Estado, Nápoles, legajos 5816, f. 43.

¹⁰⁴ BNN, ms. XXI B 47, impreso; Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 103-105. La bula papal se envió al Sacro Colegio el 12 de mayo de 1738. En junio siguiente, Carlos concedió el reconocimiento de feudo a la Santa Sede, por medio del condestable Colonna, que gastó cuarenta mil escudos (cfr. Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 294, carta 227 del 25 de junio de 1738 al príncipe Corsini).

¹⁰⁵ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, Tea, Milán, 1992, pp. 21-23.

¹⁰⁶ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., p. 628.

¹⁰⁷ Rao, A. M., «L’apprendistato di un re: Carlo di Borbone a Napoli», en Elisabetta Farnese principessa di Parma e regina di Spagna, edición de Fragnito, G., Viella, Roma, 2009, pp. 317-320.

¹⁰⁸ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 41.

¹⁰⁹ Ibid., pp. 154-158.

¹¹⁰ ASN, Segreteria di Stato di Azienda, b. 7, ff. 1r-6r. El «Edicto para la publicación del Real Decreto de Creación del Tribunal Supremo de Comercio», publicado el 30 de octubre de 1739, lo imprimió Francesco Ricciardo, «impresor del Palacio Real», el 26 de noviembre de 1739. El texto después está incluido en De SarIIs, A., Codice delle leggi del Regno di Napoli, Nápoles, V. Orsini, 1795, lib. VIII pp. 5-12. El intento de instituir una «magistratura especial para los casos relativos al comercio se inspiró en el supuesto de que la falta de una administración de la justicia eficaz y rápida era un gravísimo obstáculo para el desarrollo de la actividad mercantil» (cfr. Allocati, A., «Il Supremo Magistrato del Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)», en Studi economici, X, 1955, 1-2, pp. 108-141).

¹¹¹ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 80-87. Para una descripción detallada del sistema productivo de la capital, cfr. Mascilli Migliorini, L., Il sistema delle Arti, Corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento, Guida, Nápoles, 1992.

¹¹² Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., p. 637.

¹¹³ Sciuti Russo, V., Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia, en «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», XIV, 1968, pp. 253-300. Sobre la política económica de Carlos de Borbón en Sicilia cfr. Bottari, S., «“Per sollievo e beneficio di questo Regno”: Carlo di Borbone e il governo economico della Sicilia (1734-1759)», en La Corte de los Borbones: crisis del modelo cortesano, ed. Martínez Millán, J.; Camarero Bullón, C.; Luzzi Traficante, M., Polifemo, Madrid, 2013, vol. I, pp. 121-166.

¹¹⁴ ASN, Segreteria di Stato di Azienda, b. 7, f. 2r.

¹¹⁵ Caridi, G., Essere re e non essere re, op. cit., pp. 193-194.

¹¹⁶ BSNSP, ms. XXI D 30, f. 237r-y.

¹¹⁷ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 377, carta 299 del 2 de enero de 1740 al príncipe Corsini.

¹¹⁸ Fraggianni, N., Lettere a B. Corsini (1739-1746), edición de Del Curatolo, E., Jovene, Nápoles, 1991, pp. 31-32, 42-43, carta XIV del 3 de octubre de 1739 y XX del 7 de noviembre de 1739.

¹¹⁹ BNN, ms. I C 16, ff. 309-10. La inspección general sobre varios sectores comerciales sería «el medio más seguro para conocer y remediar las causas que hasta ahora se han opuesto al progreso del comercio en Nápoles» (BSNSP, ms. XXI D 30, f. 26v).

¹²⁰ BSNSP, ms. XXI D 30, f. 26v.

¹²¹ Venturi, F., Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Einaudi, Turín, 1969, pp. 71-73. A pesar del apoyo diplomático de Madrid, entre el reino de Nápoles y Francia existieron «negociaciones [...] que fueron perjudiciales, que trastornaron el tráfico entre los dos países, y que nada solucionaron» (cfr. Romano, R., «Il commercio franco-napoletano nel secolo XVIII», en Napoli dal Viceregno al Regno. Storia económica, Einaudi, Turín, 1976, p. 69). No se logró estipular ningún tratado ni siquiera con Venecia, que también estaba recelosa de la competencia comercial napolitana en levante y en el sur de África: cfr. «Un tentativo di stipulazione di trattato commerciale tra Napoli e Venezia nel 1739», en Studi economici ed aziendali, III, 1948, pp. 437-452.

¹²² Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 252-256. El acuerdo de paz, comercial y de navegación con Trípoli lo firmó en nombre de Carlos III el plenipotenciario Giacinto Voschi: cfr. Filesi, T., «Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747», en Clio, vi, 1971, pp. 205-247.

¹²³ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 114-115.

¹²⁴ BNN, ms. XV G 32, ff. 139r-140v.

¹²⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 253-254.

¹²⁶ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 662-664.

¹²⁷ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 111-113.

¹²⁸ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 108-109.

¹²⁹ Galanti, G. M., Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, edición de Assante, F. y Demarco, D., Esi, Nápoles, 1969, vol. II, pp. 169-171.

¹³⁰ BSNSP, ms. XXX C 6, ff. 198r-202v. Con esta «Proclamación, o verdadero Decreto [...], se concede a la Nación Hebrea un salvoconducto, para que pueda venir a negociar, y a establecer su domicilio en el Reino de las Dos Sicilias, y sus dependencias».

¹³¹ Giura, V., Gli Ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747, Droz, Ginebra, 1978, p. 29.

¹³² Fraggianni, N., Lettere a B. Corsini, op. cit., p. 52, carta xxiv del 5 de diciembre de 1739.

¹³³ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 699, carta 494 del 17 de agosto de 1743 al príncipe Corsini.

¹³⁴ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 159.

¹³⁵ Giura, V., Gli Ebrei e la ripresa economica, op. cit., pp. 75-76.

¹³⁶ Ibid., pp. 69-73.

¹³⁷ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., p. 682.

¹³⁸ BNN, ms. C I 16, f. 311.

¹³⁹ Zaugg, R., Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento, Viella, Roma, 2011, pp. 97-98; Brancaccio, G., «Nazione Genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna, Guida, Nápoles, 2001, pp. 167-181. Privados de «una fuerza política suficiente para competir con las otras magistraturas supremas», los representantes del Supremo Magistrato intentarían más tarde «atacar la jurisdicción de los jueces delegados». Para garantizar mayor seguridad en el transporte marítimo, en 1751 se fundó la Real Compañía de Seguros, que sin embargo no surtió los efectos esperados (cfr. Assante, F., Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecento. Storia della «Real Compagnia» 1751-1801, Giannini, Nápoles, 1979).

¹⁴⁰ Tanucci, B., Epistolario, II. 1746-1752, edición de Coppini, R. P. y Nieri, R. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1980, pp. 82-83, carta 54 del 22 de julio de 1746 al príncipe Corsini.

¹⁴¹ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., p. 637.

¹⁴² BNN, ms. XV G 32, f. 130r-y.

¹⁴³ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., III, pp. 71-76, carta 747 del 26 de abril de 1740 y 748 del 3 de mayo de 1740.

¹⁴⁴ BNN, ms. XV G 32, ff. 131r-133v.

¹⁴⁵ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 302, carta 235 del 29 de julio de 1738 al padre Ascanio.

¹⁴⁶ AGS, Estado, Nápoles, legajos 5808, f. 101.

¹⁴⁷ Fraggianni, N., Lettere a B. Corsini, op. cit., p. 228, carta CVI del 20 de mayo de 1741.

¹⁴⁸ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, pp. 457-460, carta 347 del 26 de mayo de 1741 a mons. Galiani y 349 del 6 de junio de 1741 al padre Ascanio.

¹⁴⁹ Ibid., p. 464, carta 352 del 17 de junio de 1741 al príncipe Corsini.

¹⁵⁰ ASN, Ministero degli Affari Esteri, vol. 4807, ff. 86v-88r; Caridi, G., «Dall’investitura al Concordato: contrasti giurisdizionali tra Napoli e Santa Sede nei primi anni del Regno di Carlo di Borbone», en Mediterranea. Ricerche storiche, VIII, 2011, pp. 553-560.

¹⁵¹ Villani, P., Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione, Laterza, Roma-Bari, 1977, p. 105.

¹⁵² Villani, P., Italia napoleonica, Guida, Nápoles, 1978.

¹⁵³ Galanti, G. M., Della descrizione geografica e politica delle Sicilie, op. cit., I, p. 115. Según el intelectual de Molise, con la llegada al trono de Carlos III «nuestro Reino se hace próspero, y las fuerzas de la naturaleza superan a las de la enfermedad [...]. El nuevo monarca, aborreciendo la política cruel de aquellos a los que les gusta reinar sobre el pueblo abatido, se aplicó todo él para conseguir una nación ilustrada y feliz».

¹⁵⁴ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 108.

¹⁵⁵ ASN, Sommaria. Dipendenze, I/32 VI, carta del 15 de junio de 1736.

¹⁵⁶ ASN, Sommaria. Consultazioni, vol. 179 f. 17v.

¹⁵⁷ Bianchini, L., Storia delle finanze, op. cit., p. 372; Zilli, I., Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742, Esi, Nápoles, 1990, p. 87.

¹⁵⁸ BSNSP, ms. XXXI A 2, f. 288v.

¹⁵⁹ BALR, Corsiniana, Lettere di Montealegre a Bartolomeo Corsini, vol. 2495, carta 8 del 27 de agosto de 1740. Ya al principio de 1739, la Giunta dell’Allivio delle Università, establecida junto a la Sommaria, había propuesto encomendar a los decanos de las audiencias el encargo de realizar la re— dacción de los catastros en las provincias correspondientes. La operación, sin embargo, «tenía vida limitada y sobretodo obtuvo resultados decepcionantes teniendo en cuenta la cantidad de documentos catastrales finalizados» (cfr. Bulgarelli Lukacs, A., Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto, gruppi di potere, ceti emergenti nel Regno di Napoli nel XVIII secolo, Esi, Nápoles, 2004, p. 257). «Los años decisivos para desarrollar la idea» y la realización del catastro «coincidieron con los de mayor fortuna política de Montealegre» (cfr. Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 105).

¹⁶⁰ Caridi, G., La modernizzazione incompiuta nel Mezzogiorno borbonico 1738-1746, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 145-178. En lo concerniente, en particular, a los procedimientos para la redacción de la «valoración», se hacía referencia a la norma de 1333 de Roberto de Anjou. En el periodo aragonés Fernando I de Aragón emitió en 1467 la ley De appretio seu bonorum aestimatione, que permanecerá en vigor hasta el catastro y que en algunos aspectos se basó en el marco regulatorio del de Anjou (cfr. Salvati, C., «Dalla “De Appretio” di Ferdinando I d’Aragona alla “De Catastis” di Carlo di Borbone», en «Il Mezzogiorno settecentesco attraverso I catasti onciari, I. Aspetti e problemi della catastazione borbónica», Actas del Seminario de estudios 1979-1983, edición del Centro Studi Antonio Genovesi, Esi, Nápoles, 1983, pp. 107-108). Sobre la reforma catastral y sobre la necesidad de disponer de métodos uniformes en las operaciones topográficas y en las estimativas, cfr. Brancaccio, G., «Il Collegio dei Tavolari: un istituto cittadino dell’Età moderna», en Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Guida, Nápoles, 1991, y Labrot, G., Quand l’histoire murmure. Villages et campagnes du Royaume de Naples, xvie-xvIIe siècle, École Francaise de Rome, Roma, 1995.

¹⁶¹ Broggia, C. A., Memoria ad oggetto di varie politiche ed economiche ragioni e temi di utili raccordi, Nápoles, s.t., 1754, pp. liv, lvII.

¹⁶² Fortunato, N., Discoverta dell’antico Regno di Napoli col suo presente stato a pro della Sovranità e de’ suoi Popoli, G. Raimondi, Nápoles, 1767, pp. 117-122; Jannucci, G. B. M., Economia del commercio del Regno di Napoli, edición de F. Assante, Giannini, Nápoles, 1981, vol. III, pp. 514-516.

¹⁶³ Barra, F., «Pensiero riformatore e azione di governo. Il dibattito sul catasto nel Mezzogiorno settecentesco», en Il Mezzogiorno settecentesco attraverso I catasti onciari, op. cit., I, pp. 40-41. A finales del siglo XVII, Giu— seppe Maria Galanti hizo duras críticas al catastro onciario, en contra de los impuestos personales y a favor de las tasas sobre los bienes inmuebles (cfr. ibid., pp. 45-52).

¹⁶⁴ Zangheri, R., Catasti e storia della proprietà terriera, Einaudi, Turín, 1980, p. 101.

¹⁶⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 278-280. Durante «el periodo carolino, en Nápoles se cultivaron todas las artes con gran éxito: la arquitectura barroca se integra con la pintura y la escultura, hay artistas que se dedican a las tres a la vez con un único estilo». Entre ellos Solimena, «resume en su personalidad artística las artes figurativas [...] identificándose con la crisis barroca» (cfr. Gleijeses, V., Il Regno dei Borbone a Napoli, Edizioni del Giglio, Nápoles, 1981, pp. 112-113). Según la costumbre de la época, en la construcción de los palacios «sobre todo se daba importancia a la fachada [...]. Se realizaban salones inmensos para recepciones y fiestas, galerías y escaleras monumentales de estilo barroco; pero las estancias para fines residenciales se sucedían una detrás de otra sin pasillos ni vestíbulos y se adaptaban mal a la vida cotidiana de los que los habitaban» (cfr. Ramaglia, C., Napoli ai tempi di Carlo di Borbone, Il Chiostro, Benevento, 2010, p. 218).

¹⁶⁶ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 40-41. Sobre el teatro San Carlos cfr. sobre todo Mancini, F., Il teatro di San Carlo 1737-1987. La storia, la struttura, Electa, Nápoles, 1987.

¹⁶⁷ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 45-46.

¹⁶⁸ Ibid., p. 37. Durante el siglo XVIII «Italia era, eminentemente, la tierra de la música, y Nápoles se convirtió en el centro más brillante de la cultura musical».

¹⁶⁹ ASN, Segreteria di Stato di Casa Reale, fasc. 5, 14 de diciembre de 1738.

¹⁷⁰ Venturi, F., Settecento riformatore, op. cit., pp. 78-79: «Un estado en vías de formación, una dinastía nueva necesitan palacios nuevos, teatros, carreteras, puertos [...]. Es evidente, en cualquier caso, que prevalecieron las obras representativas, a expensas de las [destinadas a mejorar la] infraestructura económica». Sobre los sitios reales, cfr. Brancaccio, G., «I Siti reali», en Il governo del territorio nel Mezzogiorno moderno, Itinerari, Lanciano, 1996, pp. 85-116.

¹⁷¹ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., II, pp. 48-49, carta 457 del 23 de febrero de 1735.

¹⁷² Giordano, V., I Sovrani cacciatori, en La caccia al tempo dei Borbone, edición de L. Mascilli Migliorini, Vallecchi, Florencia, 1994, pp. 53-54.

¹⁷³ Brancaccio, G., I Siti reali, op. cit., p. 97.

¹⁷⁴ Baldini, F., Dell’esercizio della caccia atto a conservare e a restituire all’uomo la sanità e il vigore, Nápoles, s.t., 1778, pp. 107-122.

¹⁷⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, Librería de los Bibliófilos, Madrid, 1898, vol. I, pp. 52-53. El soberano «resultaba que jamás estaba un momento en inacción, y acabada una cosa, pasaba luego a otra».

¹⁷⁶ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 287-289.

¹⁷⁷ ASN, Segreteria di Stato di Casa Reale, fasc. 63, 8 de enero de 1755.

¹⁷⁸ ASN, Siti Reali, fasc. 20.

¹⁷⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 288.

¹⁸⁰ Ibid., pp. 294-295.

¹⁸¹ BSNSP, ms. Longobardo, f. 668, en Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 296.

¹⁸² Colletta, P., Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, Hauman e C., Bruselas, 1847, I, p. 40.

¹⁸³ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 314. La elección de Caserta para la construcción del Palacio Real parece que se debió tanto a la presencia de «buenos sitios de caza» como a la seguridad que proporcionaba el que se encontrase a suficiente distancia de Nápoles y del mar: cfr. D’Onofri, P., Elogio estemporaneo per la gloriosa memoria di Carlo III, P. Perger, Nápoles, 1789, p. cxlv.

¹⁸⁴ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 86-87. El proyecto de Vanvitelli «preveía la creación de un palacio de planta cuadrangular; la instalación de una plaza amplia semicircular; la construcción de un “capricho real”, consistente en un parque, un castillo medieval, un estanque, una alberca, una cascada de agua, un establo, una caballeriza y un coto de caza» (cfr. Caroselli, M. R., La reggia di Caserta. Lavori, costo, effetti della costruzione, Giuffrè, Milán, 1968, p. 23).

¹⁸⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 316-317.

¹⁸⁶ ASN, Ministero degli Affari Esteri, vol. 357, 25 de enero de 1752.

¹⁸⁷ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 87-88.

¹⁸⁸ Ibid., pp. 88-89.

¹⁸⁹ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 128. Según el embajador veneciano Bartolini, en 1744 se estimaba que se habían gastado 70 millones de ducados desde la llegada de Carlos a Nápoles «y se consumió la mayor parte en gastos excesivos, en un manteniemiento demasiado fastuoso, en construcciones inútiles, y sobre todo se condena la administración irregular, por la cual algunos se enriquecen y se empobrece más la capital y todo el Reino» (cfr. Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVII, pp. 529-530, 28 de abril de 1744).

¹⁹⁰ Venturi, F., Settecento riformatore, op. cit., pp. 79-80.

¹⁹¹ Bianchini, L., Storia delle finanze, op. cit., pp. 422-423. Cfr. Cilento, G., La metropoli agraria napoletana nel secolo XVIII, La Scena Territoriale, Nápoles, 1983, y G. Labrot, La città meridionale, en Storia del Mezzogiorno, dir. Galasso, G. y Romeo, R., Aspetti e problemi del Medioevo e dell’Età moderna, Edizioni del Sole, Nápoles, 1992, VIII, pp. 261-275.

¹⁹² Bianchini, L., Storia delle finanze, op. cit., pp. 445-446.

¹⁹³ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 120-121.

¹⁹⁴ Strazzullo, F., Le manifatture d’arte di Carlo di Borbone, Liguori, Nápoles, 1979, pp. 150-151.

¹⁹⁵ Ibid., p. 151. En 1759 el intendente y el director de la fábrica de Capodimonte «hicieron destruir los hornos y las herramientas de trabajo» (cfr. ibid., pp. 198-199).

¹⁹⁶ Ibid., pp. 93-99.

¹⁹⁷ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 96.

¹⁹⁸ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, p. 479, despacho 791 del 16 de septiembre de 1737.

¹⁹⁹ BNN, ms. XV G 32, ff. 109v-117v. Sobre la historia de la Orden de San Jenaro cfr. L’insigne Ordine di San Gennaro. Storia e documenti a cura del Gran magistero dell’Ordine, edición de G.C. Bascapé, L’Arte Tipografica, Nápoles, 1963.

²⁰⁰ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 326-327. Normalmente, el hábito y la corona se les imponía a los caballeros «con pomposa solemnidad. Solo en casos excepcionales se hacía en privado, bien porque el rey, el gran maestre, estuviese en la villa, o bien porque las condiciones especiales del “novicio” exigieran una atención especial».

²⁰¹ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, p. 591, despacho 973 del 4 de noviembre de 1738.

²⁰² D’Onofri, P., Elogio estemporaneo, op. cit., p. lxxxII.

²⁰³ Rao, A. M., «Antiche storie e autentiche scritture.Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento», en Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’Età moderna, edición a cargo de Visceglia, M. A., Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 279.

²⁰⁴ Ibid., pp. 280-281. La nobleza napolitana, que aprovechó la guerra para obtener que se atenuasen las medidas antifeudales, había demostrado en la batalla de Velletri sus aptitudes militares: cfr. Chiosi, E., «Il Regno dal 1734 al 1799», en Storia del Mezzogiorno, op. cit., IV/2, 1986, pp. 412-413.

²⁰⁵ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, pp. 362, 370, 380, 382, 389, 404, 449, 453, 456, 459, despacho 560 del 12 de junio de 1736; 575 del 10 de julio de 1736; 593 del 14 agosto de 1736; 597 del 21 de agosto de 1736; 615 del 2 octubre de 1736; 646 del 4 de diciembre de 1736; 735 del 4 de junio de 1737; 743 del 14 de junio de 1737; 749 del 25 de junio de 1737; 752 del 2 de julio de 1737.

²⁰⁶ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 60.

²⁰⁷ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 382-385.

²⁰⁸ Ibid., pp. 386-387.

²⁰⁹ BNN, ms. XV G 32, f. 111r.

²¹⁰ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 617, carta del 25 de agosto de 1742 al príncipe Corsini. Se había pensado proporcionar la munición y los materiales que faltaban mediante «trasporte con barcos pequeños, pero—se pregunta Tanucci— ¿cómo exponerse a perder la artillería, evidenteente en peligro, a la vista de tantas embarcaciones enemigas?».

²¹¹ BNN, ms. XV G 32, ff. 142v-143r.

²¹² Spini, G., Storia dell’Età moderna, III. 1661-1763, Einaudi, Turín, 1982, pp. 1037-1038.

²¹³ Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, s. III. (Secolo XVIII). Francia, edición de Moscati, R., Ist. per gli Studi di Politica Internazionale, Milán,1943, p. 97.

²¹⁴ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 57-58. El rey de Cerdeña temía que Milán pudiera escapar «de manos de los Habsburgo solo para caer en las de los Borbones, con el peligro de que los dominios de los Saboya se viesen rodeados por parte de Francia» (cfr. Spini, G., Storia dell’Età moderna, op. cit., III, pp. 1.039-1.040).

²¹⁵ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 399.

²¹⁶ ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc. 596, 16 de agosto de 1742.

²¹⁷ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, pp. 496-497, carta 375 del 16 de octubre de 1741 al duque de Montealegre.

²¹⁸ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., I, pp. 225-227.

²¹⁹ BSNSP, ms. Longobardo, f. 687: «Todo ha sido presa de los ingleses: además de haber incendiado tres galeras españolas, y de haber mandado a pique a otras dos, que fue en el mes de julio». Las amenazas inglesas «empezaron a tener cuerpo, mientras España azuzaba a los ministros franceses en beneficio del yerno de Luis XV» (cfr. Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 402-403).

²²⁰ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, pp. 498-499, carta 376 del 20 de octubre de 1741 al príncipe Corsini.

²²¹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 407-409. Tanucci fue nombrado presidente de la Giunta di Inconfidenza costituida durante la Guerra de Sucesión Austriaca, y tras haber «verificado [Tanucci] que existían centros de espionaje a favor de Austria, fueron detenidas más de ochocientas personas» (cfr. Gleijeses, V., Il Regno dei Borbone, op. cit., p. 49).

²²² ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc. 323, 25 y 26 de junio de 1742.

²²³ BNN, ms. XV G 32, ff. 140v-141r.

²²⁴ Ibid., ff. 143v-144r.

²²⁵ Ibid., f. 145r. Montealegre fue intimidado por el capitán «Martin, ferozmente [...], para que retiráramos a nuestras tropas y no diéramos ninguna ayuda a los españoles» (cfr. Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 618, carta del 25 de agosto de 1742 al príncipe Corsini).

²²⁶ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., III, pp. 321-322, carta 877 del 2 de octubre de 1742.

²²⁷ AGS, Estado, Nápoles, legajos 5839, f. 5.

²²⁸ Bottari, S., «L’ingresso nella modernità: da Ferdinando il Cattolico al terremoto del 1783», en Messina. Storia, cultura, economia, edición de Mazza, F., Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 157-159.

²²⁹ BNN, ms. XV G 32, ff. 146v-147r.

²³⁰ Caridi, G., Reggio Calabria dal secolo XIV al terremoto del 1908, Falzea, Reggio Calabria, 2008, pp. 183-186. Sobre la propagación de la peste en Reggio, cfr. Gangemi, M., «La morte indecente. Reggio Calabria e la pestilenza del 1743-1745», en Nuova rivista storica, lXXXIX, 2005, pp. 625-686.

²³¹ BNN, ms. XV G 32, ff. 146r-147r.

²³² Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 22.

²³³ Ibid., p. 28.

²³⁴ Relazioni di ambasciatori veneti al Senato. Tratte dalle migliori edizioni disponibili e ordinate cronologicamente, edición a cargo de L. Firpo, Bottega d’Erasmo, Turín, 1965-1984, 14 vols., IV, 1968, pp. 870-872.

²³⁵ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., p. 65. El 30 de septiembre de 1743, Luis XV había declarado la guerra a Carlos Manuel III y por eso «los Borbones de Francia se vieron obligados a quitarse la careta, ya no podían esconder, bajo una seudoneutralidad, la intervención armada contra Cerdeña, que se negociaba desde hacía tiempo, y que permitía a Felipe de Borbón salir de las bases francesas para atacar Saboya y el Piamonte».

²³⁶ BNN, ms. XV G 32, f. 149r-y.

²³⁷ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 146-147.

²³⁸ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., III, pp. 437-438, carta 945 del 21 de enero de 1744.

²³⁹ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 140-141.

²⁴⁰ BNN, ms. XV G 32, f. 149r.

²⁴¹ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., p. 148.

²⁴² BNN, ms. XV G 32, ff. 149v-150r.

²⁴³ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 149-150.

²⁴⁴ Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, op. cit., IV, p. 872.

²⁴⁵ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 31. Con la victoria de Velletri se hizo realidad, tal y como dijo, en 1736, el embajador veneciano, Marco Foscarini, «la idea de un reino que [...], perdida la condición de provincia, ha llegado a establecer una nueva signoria en Italia».

²⁴⁶ BNN, ms. XV G 32, ff. 150r-153r.

²⁴⁷ Ibid., ff. 154v-155r.

²⁴⁸ Moscati, R., Direttive della politica estera sabauda da Vittorio Amedeo II a Carlo Emanuele III, Ist. Per gli studi di política internazionale, Milán, 1941, pp. 244-245; Galasso, G.—L., Mascilli M., «L’Italia moderna e l’Unità nazionale», en Storia d’Italia, dir. Galasso, G., op. cit., XIX, 1998, p. 403.

²⁴⁹ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 159-160.

²⁵⁰ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, pp. 181-182, carta 117 del 24 de enero de 1747 al conde Finocchietti.

²⁵¹ Ibid., p. 324, carta 227 del 31 de octubre de 1747 al conde Fi— nocchietti.

²⁵² Spini, G., Storia dell’Età moderna, op. cit., III, pp. 1.044-1.045.

²⁵³ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 33. El rey de Prusia había sido «el verdadero vencedor de la guerra, ya que había sido capaz de burlarse del tan venerado principio de legitimidad y apropiarse de Silesia, mal que le pesara a todas las monarquías europeas» (cfr. Spini, G., Storia dell’Età moderna, op. cit., p. 1.045).

²⁵⁴ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, pp. 388-389, carta 283 del 27 de mayo de 1748 al conde Finocchietti.

²⁵⁵ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 82-83.

²⁵⁶ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, p. 422, carta 316 del 5 de noviembre de 1748 al conde Finocchietti.

²⁵⁷ Carlos de Borbón, Lettere ai sovrani di Spagna, op. cit., III, pp. 476-479, carta 963 del 5 de mayo de 1744.

²⁵⁸ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 365-368.

²⁵⁹ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, pp. 497-498, carta 376 del 20 de octubre de 1741. La confianza del pintor Sebastiani con los soberanos «era total; no solo tiranizaba a los que eran de su profesión, estropeando los tapices con pésimos dibujos y cartones», sino que, además «organizando mal el teatro y liando malamente todo lo perteneciente a las excavaciones de las pinturas antiguas, los mármoles, y los bronces de Portici». Sobre el poder adquirido por Belmonte en la corte, gracias al favor de la reina, cfr. Mafrici, M., Una principessa sassone, op. cit., pp. 36-37.

²⁶⁰ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., I, p. 825, carta 559 del 29 de agosto de 1745 al príncipe Corsini. Sebastián de la Cuadra sustituyó a Patiño en el gobierno español.

²⁶¹ Fraggianni, N., Lettere a B. Corsini, op. cit., pp. 544-546, carta cclxxvi del 24 de julio de 1745.

²⁶² Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 148.

²⁶³ Fraggianni, N., Lettere a B. Corsini, op. cit., pp. 560-561, carta cclxxxiv del 11 de septiembre de 1745.

²⁶⁴ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 453-454. En Madrid Montealegre recobró, primero, su puesto en el Consejo de Estado y, posteriormente, en 1748, fue enviado por el rey Fernando VI a Venecia en calidad de embajador.

²⁶⁵ Correspondencia diplomática veneciana. Despacho XVII. 30 de junio de 1739, 24 de agosto de 1751, edición de Tonetti, E., Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1994, p. 696, despacho 986 del 14 de junio de 1746.

²⁶⁶ Ibid., p. 43.

²⁶⁷ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 487.

²⁶⁸ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 225. Alentado por el apoyo de Fogliani, Baiardi aspiraba a la Capellania del Reino que, en mayo de 1753, Celestino Galiani se había visto obligado a abandonar por graves motivos de salud.

²⁶⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 713.

²⁷⁰ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., p. 55.

²⁷¹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 714.

²⁷² Ibid., p. 720. La Academia constaba de quince miembros y debía reunirse dos veces al mes en la secretaría de Tanucci.

²⁷³ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, p. 152, carta 95 del 14 de noviembre de 1746 al príncipe Corsini.

²⁷⁴ BNN, ms. I C 16, f. 265.

²⁷⁵ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 691-92. Los intelectuales napolitanos, muy vinculados a Montealegre, al que tenían como modelo de referencia, «mirarán a partir de ahora a Tanucci, no al molesto Fogliani, al “pequeño y vano” Brancone, o al “loco y pródigo” Brancaccio».

²⁷⁶ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, pp. 151-152, carta 95 del 14 de noviembre de 1746 al príncipe Corsini.

²⁷⁷ BNN, ms. XV G 33, ff. 1r-2v.

²⁷⁸ Ibid., ff. 3r-8r.

²⁷⁹ Ibid., ff. 8r-9v.

²⁸⁰ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 461-464. En honor del principito, el duque de Medinaceli, «riquísimo como era, ofreciendo banquetes lujosos, todas las noches acogía en su casa a lo más granado de la aristocracia, que se divertía durante horas cantando y bailando».

²⁸¹ BNN, ms. XV G 33, ff. 9v-11r.

²⁸² Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 464-465.

²⁸³ Pesendorfer, F., La Toscana dei Lorena. Un secolo di governo granducale, Sansoni, Florencia, 1987, pp. 40-42. María Luisa, descrita a la familia del futuro esposo como una joven poco atractiva, conocida en persona, le agradó a Pedro Leopoldo.

²⁸⁴ Oliva, G., Un Regno che è stato grande. La storia negata dei Borboni di Napoli e Sicilia, Mondadori, Milán, 2012, p. 247.

²⁸⁵ Acton, H., I Borboni di Napoli, op. cit., p. 128. El padre Cardel demostraría ser «más un cortesano que un preceptor y estaba decidido a no incomodar a su real alumno: ponía más atención en [vigilar] su conducta que en las lecciones, y aún esta tampoco es que la vigilase mucho».

²⁸⁶ Gleijeses, V., Il Regno dei Borbone a Napoli, op. cit., pp. 124-125; De Maio, S., Ferdinando IV. Sessantacinque anni di regno tra riformismo, restaurazione e rivoluzione, Newton Compton, Roma, 1996.

²⁸⁷ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 147-148.

²⁸⁸ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», en Vidal, J. J. y Martínez Ruiz, E., Política interior y exterior de los Borbones, Istmo, Madrid, 2001, pp. 333-334; Muriel, A., Historia de Carlos IV, M. Tello, Madrid, 1893.

²⁸⁹ AST, Affari Esteri. Nápoles, fasc. 11, 18 de mayo de 1754. Sobre Leopoldo de Gregorio cfr. Strazzullo, F., Il marchese di Squillace Leopoldo de Gregorio ministro di Carlo di Borbone, Liguori, Nápoles, 1997.

²⁹⁰ Ajello, R., La vita politica napoletana, op. cit., pp. 700-701. La Minervino, sobrina de Ventura, era la amante de Miranda. Sobre la formación en la corte de un «partido» de la reina, al cual se unió también la camarera mayor, la princesa de Colubrano, cfr. Mafrici, M., Una principessa sassone, op. cit., pp. 36-37.

²⁹¹ BNN, ms. XV G 33, ff. 22v-23r.

²⁹² Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., xvIIp. 895, despacho 1396 del 20 de julio de 1751.

²⁹³ Tanucci, B., Epistolario, op. cit., II, p. 684, carta 574 del 26 de julio de 1751 al conde Finocchietti.

²⁹⁴ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 175.

²⁹⁵ BNN, ms. XV G 33, ff. 20r-21r.

²⁹⁶ Bianchini, L., Storia delle finanze, op. cit., pp. 376.

²⁹⁷ Ibid., p. 377.

²⁹⁸ AST, Affari Esteri. Nápoles, 15 de septiembre de 1750, en Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 470-471.

²⁹⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 471.

³⁰⁰ Ibid., pp. 492-493.

³⁰¹ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 208.

³⁰² Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 499.

³⁰³ AST, Affari Esteri, Nápoles, 1 de agosto de 1752.

³⁰⁴ Ibid., 24 de abril de 1753.

³⁰⁵ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 207.

³⁰⁶ AST, Affari Esteri, Nápoles, 17 de octubre de 1752, en Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 504. Il Baiardi añadió que las otras potencias no permanecerían indiferentes frente al hecho de que Francia, «dueña de Córcega, con un pie en Módena y dominando las dos Sicilias» asumiera la hegemonía en Europa. Ante la propuesta de Baiardi «el rey suspiró tres veces y dijo: “Lo pensaré”».

³⁰⁷ Lafuente, M., Historia general de España, Montaner y Simon, Barcelona, XIV, 1889, pp. 20-22.

³⁰⁸ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 180-182. Después de la conquista de Rodas por los turcos, Carlos V, en calidad de rey de Sicilia, cedió Malta en feudo a los caballeros hospitalarios y por lo tanto Carlos de Borbón, como sucesor del monarca Habsburgo, consideraba que tenía derechos soberanos sobre la isla.

³⁰⁹ Ibid., pp. 182-184.

³¹⁰ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 154-155.

³¹¹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 511.

³¹² Lafuente, Historia general de España, op. cit., XIV, pp. 21-22.

³¹³ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 231-232. Tras la destitución de Fogliani en la dirección del gobierno, «se comprobó que las presiones de la corte, el politiqueo de los grupos que estaban en el cogollo del poder y, al parecer, la propia influencia de la reina, no habían desempeñado el papel que se esperaba; en cambio, fue decisiva la opinión del rey».

³¹⁴ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 522.

³¹⁵ Spini, G., Storia dell’Età moderna, op. cit., pp. 1.062-1.063; Galasso, G., «Storia d’Europa», en Età moderna, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 177-178.

³¹⁶ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 535.

³¹⁷ ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc. 611, 18 de marzo de 1757.

³¹⁸ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 538-539: «La habitual imprudencia de la corte imperial, contra el consejo de Tanucci, que quería que todo se llevase a cabo con el mayor secreto, y las excesivas pretensiones del conde Firmian, ministro austriaco en Nápoles, retrasaron y debilitaron la operación». Esta, sin embargo, se llevó a término, violando incluso «las propias leyes del Estado [...] al servicio de las necesidades financieras de Austria» (cfr. ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc. 37, 25 de marzo de 1758).

³¹⁹ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., pp. 156-157.

³²⁰ Carutti, D., Storia della Diplomazia della Corte di Savoia, F.lli Bocca, Turín, IV, 1880, p. 367.

³²¹ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 190-191.

³²² Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 254-255.

³²³ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., p. 548.

³²⁴ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 199-200.

³²⁵ Coniglio, G., I Borboni di Napoli, op. cit., p. 158. Como Carlos tenía derechos por parte materna sobre el archiducado de Toscana, surgió un delicado problema que la diplomacia europea creyó resolver mediante un doble matrimonio, destinado a consolidar la alianza entre los Borbones y los Habsburgo. Una hija de Carlos, María Luisa, se había casado con un hijo de María Teresa, Pedro Leopoldo, futuro archiduque de Toscana, y una hija de María Teresa, María Carolina, se casó con Fernando, hijo de Carlos y su sucesor al trono de Nápoles y Sicilia.

³²⁶ ASN, Ministero degli Affari Esteri, fasc. 1952, 7 de noviembre de 1759.

³²⁷ Corrispondenze diplomatiche veneziane, op. cit., XVI, p. 178.

³²⁸ Venturi, F., Alberto Radicati di Passerano, Utet, Turín, 2005, p. 175.

³²⁹ Schipa, M., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 550-551.

³³⁰ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 200-201. Toda la población napolitana, «grandes, pequeños, hombres, mujeres, niños, jóvenes y viejos, de todas las edades de ambos sexos y todas condiciones estaban en la orilla para ver por sus propios ojos la salida de su amabilísimo Señor». Aunque muchos de los súbditos no pudieron contener «las lágrimas y sollozos de dolor y pesar por perderlo», sus corazones estaban, sin embargo, llenos «de alegría y de satisfacción al verlo elevado a un trono mayor y más poderoso, y porque les dejaba en su real prole a una parte esencial de sí mismo».

³³¹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III y la España de la Ilustración, Alianza, Madrid, 1988, p. 61.

³³² Ibid., p. 63. Si la atención «de Fernando VI y de sus ministros se dispersaba entre los numerosos problemas que planteaba el gobierno de un vasto imperio», la de Carlos se centró en planificar la sucesión al trono.

³³³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., I, p. 554.

³³⁴ Ibid., pp. 555-556. El reconocimiento de los recursos disponibles en función de los gastos por parte de Ensenada fue crucial porque: «Un país que no tiene conciencia de su fortuna, ni sabe moderar sus necesidades en proporción de sus recursos, es como un individuo desordenado y pródigo, que de error en error y de despilfarro en despilfarro, camina inevitablemente a su ruina».

³³⁵ Gómez Molleda, M. D., «El pensamiento de Carvajal y la política exterior española del siglo XVIII», en Hispania, núm. 58, 1955, pp. 117-137.

³³⁶ Gómez Molleda, M. D., «España en Europa. Utopía y realidad de una política» en Arbo.

³³⁷ Vidal, J. J., «Los reinados de Felipe V y Fernando VI», en Vidal, J. J. y Martínez Ruiz, E., Política interior y exterior, op. cit., pp. 237-238. Al Tratado entre España y Portugal se añadieron el de España e Inglaterra y el comienzo de las negociaciones con la Santa Sede, lo que llevaría al Concordato de 1753.

³³⁸ Ibid., p. 239.

³³⁹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 63. Rávago, que favoreció el acuerdo, cambió después de opinión.

³⁴⁰ Vidal, J. J., Los reinados de Felipe V y Fernando VI, op. cit., pp. 239-240

³⁴¹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 556-557. Las doctrinas regalistas, que llegaron a su apogeo entre los ministros y los juristas del entorno de Felipe V, promovieron en Roma «polémicas interminables, en las cuales la curia romana se obstinó en que no se definiesen las confusas atribuciones de los dos poderes». Sobre el Concordato de 1753 cfr. Sánchez Lamadrid, R., El concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación, Jerez gráfico, Jerez de la Frontera, 1937.

³⁴² Vidal, J. J., Los reinados de Felipe V y Fernando VI, op. cit., p. 240.

³⁴³ Palacio Atard, V., «La neutralidad vigilante y constructiva de Fernando VI», en Hispania, nº 1, 1976, pp. 301-320.

³⁴⁴ Wall, junto con el embajador británico Keene, fue el artífice de la caída de Ensenada (cfr. Vidal, J. J., Los reinados de Felipe V y Fernando VI, op. cit., p. 241). Sobre la actividad diplomática de Wall, cfr. Téllez Alarcia, D., «Ricardo Wall: luces y sombras de un ministro», en Mágina, 12, 2004, pp. 41-55.

³⁴⁵ Vidal, J. J., Los reinados de Felipe V y Fernando VI, op. cit., pp. 241-242.

³⁴⁶ Spini, G., Storia dell’Età moderna, op. cit., III, pp. 1.062-1.063.

³⁴⁷ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, Rialp, Madrid, 2005, p. 122. Isabel de Farnesio recorrió en dos días el tramo muy accidentado de 14 leguas que hay desde La Granja de San Ildefonso hasta Madrid «donde le esperaban cortesanos, secretarios y todas esas gentes que rodean al que va a gobernar para ver si pueden sacar algo de la nueva situación». Algunos meses antes, Carlos le había confirmado a su madre el encargo de gobernar los reinos de España a la espera de su llegada: cfr. AHNM, Estado, legajos 2850, c. 23, 13 de febrero de 1759.

³⁴⁸ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 3-4. Después de informar a la corte de Nápoles de la muerte de Fernando VI, Wall no se presentó a la reina madre «porque, escribe a Tanucci, con los soberanos no es de obsequio presentarse, solo obedecer».

³⁴⁹ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 121.

³⁵⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 9-10.

³⁵¹ AHNM, Estado, legajos 2562. Fue particularmente curiosa la ceremonia que se llevó a cabo en Níjar, en la provincia de Almería: uno de los alcaldes haciendo de alférez mayor, alzó la voz, y «enseñando la cruz de la vara, dijo: “¿Creéis por esta que Dios es Dios? ¿Y creéis que Carlos III, que es hermano de nuestro difunto rey, el que está en Italia, es nuestro monarca?”. A lo que respondieron todos: “Sí, creemos”; y repitiendo este acto por tres veces, a la última hicieron una gran salva de mosquetería y repique de campanas. Se bebió tambien una considerable cantidad de vino y aguardiente con el resultado de que muchos se emborracharon y se encolerizaron, provocando daños considerables entre la ciudadanía» (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 10).

³⁵² Ibid., II, p. 11. Al célebre cantante Farinelli, objeto de muchas habladurías durante el reinado de Fernando VI, se le permitió regresar a Italia, a petición suya. La presencia de Farinelli se debía a la creencia de que la música era el mejor antídoto contra la depresión. Después de la muerte de la reina Bárbara de Brangaza, sin embargo, «de nada sirvieron los acordes de la regia orquesta ni las arias cantadas por el mejor tenor de Europa» (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 64-65).

³⁵³ «Relación del viaje que ha hecho la esquadra del mando del marqués de la Victoria desde su salida de Cádiz por el rey nuestro señor hasta su vuelta al mismo puerto», en Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 17-18.

³⁵⁴ Ibid., p. 19.

³⁵⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 98-99. Según Voltes, P., Carlos III y su tiempo, Juventud, Barcelona, 1964, pp. 59-64. La anécdota, contada por él, debe interpretarse no tanto como un abandono de Carlos III a la voluntad divina, sino como la afirmación de la idea de «que Dios ha entregado directamente la corona al nuevo soberano, tesis que veremos rebrotar en múltiples ocasiones y que representa el núcleo de las convicciones políticas del rey».

³⁵⁶ «Relación del viaje», op. cit., p. 22.

³⁵⁷ Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., p. 66.

³⁵⁸ «Relación del viaje», op. cit., p. 23. La anécdota precedente, sin embargo, parece contradecir lo que afirma Domínguez Ortiz, para quien la caza que practicaba Carlos III era poco deportiva ya que él «y sus acompañantes se instalaban en puestos cómodos, bien provistos de munición y esperaban que una muchedumbre de ojeadores hicieran desfilar ante ellos los animales» (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 74).

³⁵⁹ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 125.

³⁶⁰ «Relación del viaje», op. cit., p. 21. El Fénix, con los otros buques de la escuadra, en la rada de Barcelona, cerca de tres leguas de la ciudad, y al amanecer del 17 saludó esta al estandarte real.

³⁶¹ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, Barcelona, Planeta, 1998, pp. 106-107. De las representaciones de máscaras en honor de Carlos III ha quedado constancia en algunos grabados

³⁶² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 38-39.

³⁶³ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., pp. 105-106.

³⁶⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 38.

³⁶⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 147-148.

³⁶⁶ Ibid., p. 147.

³⁶⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 33-34. «La reina gobernadora nombró al marqués de Villagarcía mayordomo de semana, para mandar la casa del rey, por enfermedad del mayordomo mayor duque de Alba; al duque de Béjar, sumiller de corps; al duque de Bournonville, capitán de cuartel; a los duques de Santisteban, conde de Benavente y al duque de Medinaceli caballerizo mayor; príncipe Pío, gentil hombre de cámara; y a don Buenaventura Fernández de Córdoba, para que desempeñase las funciones de patriarca. Para la casa de la reina se nombró mayordomo mayor al marqués de Montealegre, conde de Oñate; caballerizo mayor al duque de Medina Sidonia, y primer caballerizo, por ausencia del conde de Valparaíso, a su hijo el marqués de Añavete».

³⁶⁸ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., pp. 110-111. A petición de la ciudad, Carlos III revocó en Zaragoza la prohibición de hacer representaciones teatrales que había sido emitida por la presión de las autoridades civiles y religiosas (cfr. AHNM, Estado, legajos 2996, 29 de noviembre de 1759).

³⁶⁹ AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 12 de febrero de 1760.

³⁷⁰ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., p. 110.

³⁷¹ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 150-151.

³⁷² AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 15 de enero de 1760.

³⁷³ Ibid., 11 de marzo de 1760.

³⁷⁴ Ibid., 25 de octubre de 1759.

³⁷⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, p. 154. El duque de Alba era «hombre de gran talento, pero no del mejor carácter, y sumamente inconstante y altivo».

³⁷⁶ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 81-82. Después de la caída de Barcelona en septiembre de 1714, Felipe V procedió a la eliminación de las instituciones tradicionales catalanas y, con la Nueva Planta, notificada en enero de 1716, llegó a «la transformación de España de un mosaico de provincias semiautónomas en un estado centralizado» (cfr. Elliot, J. H., Imperial Spain 1469-1716, London, Edward Arnold Limited, 1981; trad. it. La Spagna imperiale 1469-1716, Il Mulino, Bolonia, 1982, p. 436).

³⁷⁷ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 269-270.

³⁷⁸ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 154-155; Téllez Alarcia, D., «Richard Wall: light and shade of an irish minister in Spain (1694-1777)», en Irish Studies, XI, 2003, pp. 53-70. Wall era un«hombre de talento y amable, pero nada ambicioso ni amigo del trabajo». Carlos III aceptó de mala gana su solicitud de retiro, con tal de que «todos los años viniese a hacerle una visita a Aranjuez, lo que hizo hasta su muerte, conservando la amistad tan apreciable de un tal Soberano» (cfr. Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 185-186).

³⁷⁹ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 156. Según Tanucci, los jesuitas eran personas con las que no podía tener amistad el ministro de un monarca.

³⁸⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 301-302. Enviado como embajador a Polonia, después de la sustitución de Esquilache, Valparaíso murió algunos meses más tarde. Las rentas reales, que eran de 280 millones cuando las administraba el marqués de la Ensenada, las aumentó este hasta 360, pero en 1759 solo ascendían a 241y se ordenó a Valparaíso que justificase las cuentas (cfr. ibid., pp. 42-43, 63).

³⁸¹ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, p. 147. El rey «trataba como hermanos y amigos a los que tenían la honra de servirle, y les cobraba un verdadero cariño, al que era difícil no corresponder».

³⁸² AGS, Estado, Nápoles, Carlos III a Tanucci, 24 de febrero de 1761. Sobre Grimaldi escribió el rey, que le había abierto los ojos, de forma que podía tomar sus medidas sin ser engañado.

³⁸³ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 157.

³⁸⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 4-5.

³⁸⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., II, pp. 39-40.

³⁸⁶ Gutiérrez de los Ríos, C. J., Vida de Carlos III.

³⁸⁷ Ibid., p. 41.

³⁸⁸ Ibid., pp. 52-53.

³⁸⁹ Ibid., pp. 43-44; Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 79-80.

³⁹⁰ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, p. 151. Entre los gastos más importantes se encuentran 120 millones por los intereses de capitales reintegrados a la corona, 15 millones entregados al rey de Cerdeña por la conocida transacción, 140 millones de la guerra contra Inglaterra y 20 millones por la dote de la infanta María Luisa (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 75-77).

³⁹¹ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 268-269. Según María Amalia, la caída en desgracia de Ensenada se debió totalmente a su oposición al tratado con Portugal (cfr. AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 3 de junio de 1760).

³⁹² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 90-91. Fejioo había atacado muchas de las costumbres radicadas en el pueblo, expresiones de una España intolerante y barroca (cfr. Cortés Peña, A. L., La política religiosa de Carlos III, Universidad de Granada, Granada, 1989, pp. 42-43).

³⁹³ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 151-152. Para evitar que cayeran sobre los transeúntes, los desperdicios se arrojaban precedidos solamente del grito: «¡Agua va!». El alumbrado y el adoquinamiento de las calles de Madrid se instalaron por disposición de Carlos III, emitida en septiembre de 1765 (cfr. Novísima Recopilación, lib. III tit. XIX, ley II, 25 de septiembre de 1765, pp. 150-151).

³⁹⁴ AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 27 de mayo de 1760.

³⁹⁵ Ibid., 15 de julio de 1760.

³⁹⁶ Ibid., 1 de julio de 1760.

³⁹⁷ Ibid., 24 de marzo de 1760.

³⁹⁸ Ibid., 6 de mayo de 1760.

³⁹⁹ Ibid., 22 de julio de 1760.

⁴⁰⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 54.

⁴⁰¹ AGS, Estado, Nápoles, legajo 317, María Amalia a Tanucci, 1 de abril de 1760.

⁴⁰² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 57.

⁴⁰³ AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 29 de abril de 1760. Una semana antes, la reina había escrito a Tanucci que ya solo la palabra «guerra» le horrorizaba.

⁴⁰⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 57.

⁴⁰⁵ AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 5 de febrero de 1760.

⁴⁰⁶ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 89-90.

⁴⁰⁷ AGS, Estado, Nápoles, legajos 317, María Amalia a Tanucci, 13 de mayo de 1760.

⁴⁰⁸ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 273-274. Desde Londres, Fuentes impulsó la alianza con Francia y pensó que la guerra era necesaria para «poner coto a los abusos y excesos ingleses», opinión compartida por el embajador napolitano Sanseverino.

⁴⁰⁹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 90-91. De este supuesto razonamiento de Carlos III, sin embargo, «no quedan huellas escritas».

⁴¹⁰ AHN M, Estado, legajos 4176; Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 148-157. Sobre el Pacto de Familia borbónico de 1761, cfr. Palacio Atard, V., El Tercer Pacto de Familia, Madrid, CSIC, 1945.

⁴¹¹ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 274-275. La caída de Pitt fue muy bien acogida por Madrid y París. La conducta de Egremont, que enseguida entró en negociaciones secretas con España, resultó ser tan arrogante como la del ministro dimisionario (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 140-141).

⁴¹² Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 164-178. La declaración de guerra contra Portugal tuvo lugar el 3 de junio de 1762. Wall era contrario a la decisión del rey de confiarle el mando del ejército, compuesto por cuarenta mil soldados, al marqués de Sarriá. La reconstrucción de Fernán Núñez sobre la causa del ataque fallido a Lisboa contradice la postura adoptada en otras ocasiones por Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 89: Carlos III actuó siempre de forma que «en las grandes decisiones nunca influyeron en su ánimo motivos personales».

⁴¹³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 187-209. Wall informó a Grimaldi que el asedio a la fortaleza de Sacramento había durado desde primeros de noviembre al 3 de diciembre de 1762 y que la conquista había costado a las fuerzas españolas una gran cantidad de artillería y municiones y solo había causado la pérdida de 12 muertos y 200 heridos (cfr. AGS, Estado, Nápoles, legajos 4553, Wall a Grimaldi, 25 de marzo de 1763).

⁴¹⁴ Anes, G., El siglo de las luces, en Artola, M., Historia de España, Alianza, Madrid, IV, 1996, pp. 267-268. Para defender sus colonias americanas, Francia necesitaba el apoyo de España y ambos países acordaron desarrollar la armada con la perspectiva de futuros enfrentamientos con Inglaterra.

⁴¹⁵ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 305-306. Tanucci fue de la opinión de que Grimaldi no duraría mucho tiempo en el puesto de primer ministro debido a la ambición desmedida de Esquilache, que no admitía rivales (cfr. Tanucci, B., Epistolario, XI. 1762-1763, a cargo de Lollini, S., Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990; Tanucci a Centomani, 22 de octubre de 1763).

⁴¹⁶ Imbruglia, G., «Qualche nota sul conte di Campomanes», en Rivista Storica Italiana, xciv 1982, pp. 204-229. Sobre el pensamiento político de Roda cfr. para todo Pinedo Iparraguirre, I., Manuel de Roda. Su pensamento regalista, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 1983.

⁴¹⁷ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., p. 127.

⁴¹⁸ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 279-280. A estos proyectos «la vieja aristocracia se mostraba contraria [...] y recelosa del monarca que los posibilitaba, recelo que se percibe también en los gremios mayores madrileños».

⁴¹⁹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 83-86.

⁴²⁰ Ibid., pp. 86-87.

⁴²¹ Cortés Peña, A. L., La política religiosa de Carlos III, op. cit., pp. 27-28.

⁴²² Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 281.

⁴²³ Fernandez Alonso, J., «El “Tratado de la regalia de amortización” de Campomanes y el primer proyecto de ley general de amortización a través de los despachos de la Nunciatura», en Hispania sacra, XI, 1958, pp. 65-83. Sobre el pensamiento económico de Campomanes cfr. para todo Bustos Rodríguez, M., El pensamiento socioeconómico de Campomanes, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1982, y Campomanes y su obra económica, ed. Comín Comín, F. y Martín Aceña, P., Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 2004.

⁴²⁴ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 282.

⁴²⁵ Bernal, A. M., El comercio libre entre España y América latina (1765-1824), Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987. Los puertos americanos estaban en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad.

⁴²⁶ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces en el reinado de Carlos III, Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 156-158.

⁴²⁷ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., pp. 130-131. En el periódico El Pensador Clavijo y Fajardo «critica con ironía las muchas extravagancias de sus compatriotas en la vida cotidiana: educación de los hijos, tertulias, casamientos, espectáculos teatrales, etc.» (cfr. Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo, op. cit., pp. 25-26).

⁴²⁸ Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., pp. 67-69.

⁴²⁹ Guasti, N., Lotta politica e riforme all’inizio del Regno di Carlo III. Campomanes e l’espulsione dei gesuiti dalla monarchia spagnola (1759-1768), Alinea, Florencia, 2002, pp. 139-141. A partir de 1760, para dirigir al llamado «partido español» había puesto al duque de Alba que fue uno de los principales promotores de los panfletos satíricos contra el gobierno. La alianza del duque de Alba con los jesuitas solo fue temporal y con la finalidad de eliminar a Esquilache (cfr. Olaechea, R., «En torno al exjesuita Gregorio Iriarte hermano del conde de Aranda», en Archivum Historicum Societatis Jesus, xxxIII 1964, pp. 182-188).

⁴³⁰ AGS, Gracia y Justicia, legajos 1009, Aranda a Roda, 9 de abril de 1766. En la carta enviada al secretario de Gracia y Justicia inmediatamente después de tomar posesión de su nuevo cargo como gobernador del Consejo de Castilla, Aranda afirma que los rebeldes tenían como único objetivo eliminar a Esquilache, pero, al mismo tiempo, «los primeros motines populares» [...] surgieron de «otra clase que se descubría haber preocupado las primeras acciones polulares para complemento de sus ideas» (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 321).

⁴³¹ Vilar, P., «El motín de Esquilache y la crisis de Antiguo Régimen», en Revista de Occidente, 107, 1972, pp. 199-233. La multiplicidad de las causas de los disturbios y también su propagación por «simpatía» cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 117-118, para la tesis de la espontaneidad. Según Rodríguez Casado, V., La política y los políticos en el reinado de Carlos III, Rialp, Madrid, 1962, para validar la teoría de un complot de matiz política más que a la falta de compromiso de la nobleza en la represión, la pasividad de las autoridades locales y la difusión de pasquines. Para Egido, T., «Madrid 1766. Motines de Corte», en Cuadernos de investigación histórica, 3, Csic, Madrid 1979, pp. 125-53, la responsabilidad de los movimientos que se atribuye a las intrigas de la corte. Es poco fiable y apoyan otras tesis como la de Eguía Ruiz, C., Los jesuitas y el motín de Esquilache, 1947, que señala a la masonería como promotora de las revueltas.

⁴³² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 298-299.

⁴³³ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 119-120.

⁴³⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, p. 309. La prohibición del rey se acató de inmediato. Esquilache escribió a los representantes de las Cinco Corporaciones Mayores de Madrid para dar a conocer la orden del monarca y para que le informen de cualquier incumplimiento (cfr. RAHM, Discurso histórico de lo acaecido en el alboroto ocurrido en esta Villa y Corte de Madrid).

⁴³⁵ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 169-170.

⁴³⁶ RAHM, Dictamen de los fiscales del Consejo, causa del motín de Madrid, 4 de marzo de 1766. Para la aplicación de la prohibición se aconsejó dar un plazo de un mes para la capital y dos meses para otros lugares y hacer que se cumpliera sin abusos que lo hicieran odioso para el sentido común.

⁴³⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 311-312.

⁴³⁸ Ibid., pp. 313-315. El 12 de marzo se extiende un documento que dictaba las normas para la formación de una asociación secreta reservada únicamente a los españoles, cuya finalidad era proteger al rey y a la patria y hacer justicia directamente, eliminando a Esquilache y a Grimaldi, en caso de que lo apoyara (cfr. RAHM, Constitutiones y Ordenanzas que se establecen para un nuevo cuerpo que en defensa del Rey y la Patria ha erigido el amor español para quitar y sacudir la opresión con que intentan violar estos dominios).

⁴³⁹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 324-326. En los disturbios que tuvieron lugar en la casa de Esquilache resultaron gravemente heridos dos de sus sirvientes, uno de los cuales murió después.

⁴⁴⁰ Ibid., pp. 328-329.

⁴⁴¹ RAHM, Discurso histórico, op. cit. El primero en exponer su opinión era el duque de Arcos, que era teniente general y capitán de la primera compañía de la guardia real.

⁴⁴² Ibid. En los hospitales General, Buen Suceso y de la Pasión fueron ingresados 49 heridos, a los que hay que añadir los que acudieron al hospital para no ser arrestados.

⁴⁴³ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 201-202. Isabel de Farnesio trató en vano de convencer a su hijo para que permaneciera en Madrid.

⁴⁴⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 337-339.

⁴⁴⁵ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 109-116.

⁴⁴⁶ Ibid., pp. 114-115. En Motrico, donde las revueltas cobraron un cariz anticlerical, los revoltosos (unos ochocientos hombres) obligaron a los párrocos a renunciar a los diezmos sobre algunos productos, y a reducir a 8 reales la tarifa por contraer matrimonio.

⁴⁴⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 380-385. En Barcelona, donde los pasquines predecían revueltas para el 20 de abril, la situación fue controlada por el capitán general, el marqués de la Mina, con un gran despliegue de fuerzas (cfr. Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 183-184).

⁴⁴⁸ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 181.

⁴⁴⁹ AGS, Estado, Nápoles, legajos 6055, Carlos III a Tanucci, 1 de abril de 1766. Inmediatamente después de salir de Aranjuez el exministro, Carlos III le declaró a Tanucci: «Pobre Esaquilache, que vino y se sacrificó por mí en estas circunstancias desafortunadas». Esquilache fue nombrado embajador de Venecia en septiembre de 1772. Llegó a Nápoles en diciembre de 1766, después de una larga estancia en Mesina. Su llegada fue precedida por la de unos 1.500 baúles de su propiedad, lo que demuestra la riqueza acumulada en España (cfr. Strazzullo, F., Il Marchese di Squillace, op. cit., pp. 115-116, 139-140).

⁴⁵⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 340-342. Según el autor de la crónica, Esquilache al asumir el cargo tenía 600 millones en efectivo, 60.000 hombres en el ejército y 50 buques de guerra y al final de la misión la consistencia de la hacienda se redujo a 600.000 mil reales, la tropas a 25.000 soldados y toda la flota militar a 25 buques. Durante su permanencia en el gobierno, el ministro siciliano había pensado solo en enriquecerse y también había causado a España la pérdida de la provincia americana de Quito.

⁴⁵¹ Ibid., pp. 344-345. Se destaca, entre otras cosas, que los disturbios que estallaron en Quito no dependían en absoluto de las medidas adoptadas por Esquilache.

⁴⁵² Tanucci, B., Epistolario, IX, 1760-1761, edición de A.V. Migliorini, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1985, 1 de enero de 1760, 22 de enero de 1760, 19 de febrero de 1760, 25 de marzo de 1760, 1 de abril de 1760, 15 de abril de 1760, 29 de abril de 1760, 20 de mayo de 1760, 26 de julio de 1760, 16 de septiembre de 1760. Esquilache fue acusado, entre otras cosas, de ser demasiado pródigo, de ser, junto con Losada el artífice del regreso de Ensenada y de ordenar intrigas en connivencia con Castropignano y Ensenada.

⁴⁵³ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 285. Aranda «debía ser el hombre fuerte de la nueva situación».

⁴⁵⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., II, pp. 393-394. El presidente del Consejo de Castilla podía jactarse «de obtener mediante persuasión lo que Esquilache no obtenía por la fuerza». Después del regreso del rey a Madrid, que se produjo en diciembre de 1766, Aranda, para evitar que los habitantes de la capital volvieran a amotinarse, promovió una serie de actuaciones públicas (corridas de toros, obras de teatro, óperas, bailes de máscaras) y para ello puso en marcha un imponente programa de obras públicas (cfr. Guasti, N., Lotta politica, op. cit., pp. 178-179).

⁴⁵⁵ Novísima Recopilación, lib. VII, tit. XVIII, ley II, 5 de mayo de 1766, pp. 441-442. Con esta medida se pretende «agilizar las anquilosadas estructuras municipales» (cfr. Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 288-289).

⁴⁵⁶ Soubeyroux, J., «Le “motin de Esquilache” et le peuple de Madrid», en Caravelle. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien, 31, 1978, pp. 59-74. El edificio de San Fernando, que se utilizaba como un refugio para los detenidos en redadas de la policía, era una fábrica textil del Estado, ya abandonada.

⁴⁵⁷ Guasti, N., Lotta politica, op. cit., p. 173.

⁴⁵⁸ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 115-116.

⁴⁵⁹ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 196-197.Sin embargo, Fernán Nuñez le reconoce a Esquilache «la bondad natural del marqués de Esquilache, su deseo de quitar abusos y de aumentar las rentas del rey».

⁴⁶⁰ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 121-122.

⁴⁶¹ Ibid., pp. 123-124.

⁴⁶² Olaechea, R.; Ferrer Benimeli, J. A., El conde de Aranda. Mito y realidad de un político aragonés, Diputación Provincial de Huesca, Zaragoza, 1998, pp. 223-226. Aranda también se las arregló para traer a Madrid, en julio, a la guardia valona, a pesar de las fuertes amenazas anónimas recibidas contra esta medida (cfr. Olaechea, R., «Contribución al estudio del Motín contra Esquilache», en Estudios en homenaje al Dr. Eugenio Frutos, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1977, pp. 298-299).

⁴⁶³ Castro, C., Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid Universidad, Alianza, 1996, p. 158. El secretario del Estado Pontificio, Torrigiani, que había considerado en un principio muy condescendiente la conducta de Pallavicini, más tarde se vio obligado a ratificar la decisión del nuncio (cfr. Guasti, N., Lotta politica, op. cit., pp. 170-171).

⁴⁶⁴ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 131-132.

⁴⁶⁵ Egido, T., «La expulsión de los jesuitas de España», en Historia de la Iglesia en España, ed. García Villoslada, R., Biblioteca de Autores Cristianos, vol. IV, Madrid, 1979. Es significativo el caso del capítulo de Puebla de los Ángeles, que en noviembre de 1764 presentó una petición a Carlos III en la que los jesuitas fueron acusados de no querer pagar los diezmos por los ingresos de sus empresas (cfr. AHNM, Estado, legajos 2851, c. 86, 17 de noviembre de 1764).

⁴⁶⁶ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 136-137.

⁴⁶⁷ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., p. 154.

⁴⁶⁸ Guasti, N., Lotta politica, op. cit., p. 185. El mismo procedimiento (constitución de un comité extraordinario formado por antijesuitas) sería recomendado por Roda a Tanucci en junio de 1767 para pedir la expulsión de los jesuitas del Reino de Nápoles y Sicilia (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 72-74).

⁴⁶⁹ Rodríguez de Campomanes, P., Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-1767), Fundación Universidad Española, Madrid, 1977. Campomanes dijo, entre otras cosas, que la expulsión de los jesuitas no era una medida «doctrinal y dogmática, sino una medida económica para librar al reino de doctrinas sanguinarias, sediciosas, contrarias al respeto y la obediencia debidos a las leyes por los sujetos» doctrinas mantenidas por el jesuita Suárez, Mariana y Molina.

⁴⁷⁰ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 292-293.

⁴⁷¹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., III, p. 67. Sobre la conexión entre las revueltas de 1766 y la expulsión de los jesuitas, «uno de los temas más polémicos del siglo XVIII español, o si se prefiere del reinado de Carlos», cfr. Ferrer Benimeli, J. A., Los jesuitas y los motines en la España del siglo XVIII, en Carlos III y su siglo. Actas del Coloquio internacional de Madrid, 14-17 de noviembre de 1988, Universidad Complutense, Madrid, 1990, vol. I, pp. 453-484.

⁴⁷² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 429-430. De los 56 prelados consultados, solo 6 estaban en contra de la expulsión.

⁴⁷³ Ibid., pp. 88-89; Martí Gilabert, F., Carlos III y la política religiosa, Rialp, Madrid, 2004, pp. 124-125.

⁴⁷⁴ AGS, Estado, Nápoles, legajo 6000, 2 de mayo de 1767. El papa, que con el breve de 16 de abril había tratado de separar la responsabilidad de los individuos de la orden ignaciana y pidió al menos la suspensión de la orden de expulsión, Carlos III dijo que había pruebas abundantes de la culpabilidad de toda la Compañía y que la medida se había tomado «por el bien de mis pueblos, los cuales estoy obligado a defender no solo los bienes temporales, sino también las ventajas espirituales».

⁴⁷⁵ Martí Gilabert, F., Carlos III y la política religiosa, op. cit., pp. 132-133. Muchos jesuitas se establecieron en la delegación de Bolonia y Ferrara. La oposición papal se había justificado en la pequeña extensión de los Estados Pontificios y en cualquier conflicto que la diversidad de idiomas y de costumbres habría podido causar entre los jesuitas españoles e italianos. También le preocupa que «y más aún que la escasez de las cosechas diera origen a tumultos populares, atribuyéndola al mayor consumo de comestibles por el repentino aumento de moradores» (cfr. Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, Madrid, Imprenta Matute y C., 1856, vol. II, p. 179).

⁴⁷⁶ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 140-141. Entre los institutos seculares, el más importante fue Los Reales Estudios de San Isidro.

⁴⁷⁷ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., pp. 88-90. Sobre otro tema controvertido, relacionado con la censura de libros, Campomanes se opuso al obispo de Cuenca que, en lo que respecta a la impresión y el comercio los ejemplares era competencia del poder real, mientras que la Inquisición se reservó la censura a posteriori.

⁴⁷⁸ Venturi, F., Settecento riformatore, op. cit., II, pp. 226-227. La imprenta española la definió a exequátur una «ley prudentísima» (cfr. BNM, Gaceta de Madrid, 9 de febrero de 1768). Guillaume du Tillot, que llegó a Parma desde París en 1748, fue «el artífice de la reforma general del ducado» (cfr. Mafrici, M., «Felipe de Borbón, el ducado de Parma y la corte de Madrid», en La Corte de los Borbones, op. cit., II, pp. 1.377-1.396, 1.388-1.389).

⁴⁷⁹ Martí Gilabert, F., Carlos III y la politica religiosa, op. cit., pp. 135-136. El título completo del escrito de Campomanes es Juicio imparcial sobre las letras en forma de Breve que ha publicado la curia romana, en que se intentan derogar ciertos edictos del Ser.mo Señor infante duque de Parma, y disputarle la soberanía temporal con este pretexto.

⁴⁸⁰ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., pp. 92-94.

⁴⁸¹ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., pp. 155-156.

⁴⁸² Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 143-144.

⁴⁸³ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., p. 157.

⁴⁸⁴ Guasti, N., Lotta politica, op. cit., pp. 261-264. Las sospechashacia Grimaldi se debían también a su comprometido parentesco con el exgeneral de los jesuitas, Centurione, y con el mismo nuncio papal Pallavicini. No es de extrañar entonces que el ministro italiano de Roda fuera considerado demasiado «romano» y «fanático» de la Compañía de Jesús (cfr. I. Pinedo Iparraguirre, Manuel de Roda. Su pensamiento regalista, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, 1983, pp. 105-106, y Castro, C., Campomanes, op. cit., pp. 152-153).

⁴⁸⁵ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 154-156. El partido castizo o español había comenzado a formarse después de la llegada de Felipe V, quien se rodeó de ministros extranjeros (cfr. Egido, T., Las élites de poder, el gobierno y la oposición, en Historia de España, ed. Menéndez Pidal, R., Espasa-Calpe, Madrid, xxxi, 1988, pp. 133-170).

⁴⁸⁶ Guasti, N., Lotta politica, op. cit., p. 261; Olaechea, R. y Ferrer Benimeli, J. A., El conde de Aranda, op. cit., pp. 206-208.

⁴⁸⁷ Guasti, N., Lotta politica, op. cit., pp. 261-262. No se han encontrado documentos que justifiquen la ausencia de Aranda de la Junta cortesana (cfr. Olaechea, R. y Ferrer Benimeli, J. A., El conde de Aranda, op. cit., pp. 225-227).

⁴⁸⁸ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 297.

⁴⁸⁹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 164-166.

⁴⁹⁰ Novísima Recopilación, lib. III, tit. XXI, ley X, 21 de octubre de 1768, pp. 182-186. La división en manzanas, marcadas con un número, fue también «una medida de urbanismo» (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 166).

⁴⁹¹ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 299.

⁴⁹² Ibid., p. 300. Desde 1801 los alcades de barrio de Madrid, en lugar de ser elegidos, los nombraba la Sala de Alcades. El cargo de alcalde de barrio no era nada codiciado por el pueblo porque ocupaba mucho, no se pagaba ni daba especial prestigio (cfr. Guillamón Álvarez, J., «Disposiciones sobre policía de pobres: establicimiento de diputaciones de barrio en el reinado de Carlos III», en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, I, 1980, pp. 31-50).

⁴⁹³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 3-4. Según el «padre Sarmiento, figura muy interesantey poco estudiada de aquel siglo (1695-1771)», un factor determinante de la despoblación de España fue la mala distribución de la propiedad de la tierra, condenando a muchos pobres a la soltería (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 180). Sobre la demografía de España en el siglo XVII, cfr. Pérez García, J. M., La demografía española peninsular del siglo XVIII: los modelos periféricos noratlántico y mediterráneo, en Carlos III y su siglo, op. cit., I, pp. 105-138.

⁴⁹⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 5-6. Los proyectos de población se congelaron tras la destitución de Ensenada, seguido de la muerte de la reina Bárbara y Fernando VI.

⁴⁹⁵ Ibid., p. 6. Thürriegel había estado al servicio del rey de Prusia Federico II y había levantado una fábrica de espadas inspirada en las de Solingen (cfr. Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 221-222).

⁴⁹⁶ M. Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’afrancesado, París, Presses Universidad de France, 1959; Perdices de Blas, L., Pablo de Olavide, el Ilustrado (1725-1803), Universidad Complutense, Madrid, 1992.

⁴⁹⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 8-9. Se estableció que el Consejo de Castilla redactase la medida en latín y castellano «para su más fácil inteligencia aquí y en Alemania».

⁴⁹⁸ Novísima Recopilación, lib. VII, tit. XXII, ley III, 5 de julio de 1767, pp. 487-493. La disposición real constaba de 79 artículos. Campomanes acogió con entusiasmo el proyecto de Olavide, que, además de poblar las regiones desoladas, tenía el objetivo de establecer un prototipo de sociedad ideal (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 181-182).

⁴⁹⁹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, p. 10. El nombramiento de Olavide como intendente del ejército de Andalucía y asistente de Sevilla se llevó a cabo para reemplazar a Ramón de Larumbe, que el 10 de junio había dejado los dos cargos por ancianidad (cfr. BNM, Gaceta de Madrid, 23 de junio de 1767).

⁵⁰⁰ RAHM, Papeles varios. Economía política, VII, b. 125. Acerca de lotes adjudicados no se podía imponer tributos ni suscribir hipotecas.

⁵⁰¹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, p. 20.

⁵⁰² Ibid., p. 21. En octubre de 1768 Campomanes informó al ministro de Hacienda, Múzquiz, de la necesidad de proporcionar la ropa de los colonos y de dar nombres «augustos» a las nuevas localidades. Por Real Orden de 23 de noviembre, Carlos III ordenó que se distribuyera a los pobladores de Sierra Morena ropa y las camas de los jesuitas expulsados de los colegios cercanos de Andalucía y de La Mancha. Mientras tanto habían pasado más de 4 millones de reales para el suministro de los colonos y se pidió a Olavide que calculara todo lo que era necesario hasta final de año (cfr. AGS, Estado, Nápoles, legajos 496, a. 1768).

⁵⁰³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 24-28. En una carta enviada 14 de marzo de 1769 el ministro de Hacienda, Campomanes defendió las acciones de Olavide y acusó a Yauch de desacreditar la colonización para tapar sus deficiencias.

⁵⁰⁴ Ibid., pp. 34-38. Muchos colonos habían resultado ser «artesanos, malos labriegos y hasta vagabundos [...]. Al establecerse en pleno verano, en tierras calurosas como las de las zonas de su destino, no podían resistir las altas temperaturas, tan distintas de las que soportaban antes en los lugares de que eran originarios», y por lo tanto fue necesario permitir también a los españoles establecerse en las nuevas localidades (cfr. Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., pp. 259-260).

⁵⁰⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 222-223.

⁵⁰⁶ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 40-41. A Thürriegel y sus acreedores se le pagaron 501.395 reales y, hasta finales de 1775, se habían gastado para la colonización de Sierra Morena y Andalucía un total de 43.150.443 reales.

⁵⁰⁷ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., p. 154. En 1773 Jovellanos publicó una comedia sentimental, género literario en boga en el círculo literario de Olavide.

⁵⁰⁸ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 223-224.

⁵⁰⁹ Voltes, P., Carlos III, op. cit., pp. 86-87; Perdices de Blas, L., Pablo de Olavide, op. cit., pp. 182-190. Después de obtener el indulto, Olavide se trasladó a Francia.

⁵¹⁰ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., p. 304.

⁵¹¹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 255.

⁵¹² Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., p. 100.

⁵¹³ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 256.

⁵¹⁴ Peset, M., La Universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974. Desde un punto de vista organizativo, la Universidad de Salamanca se caracteriza por «una distribución equilibrada del poder» entre la Iglesia, representada por el rector, que participaba en todas las actividades académicas, y el Estado, a través del Consejo de Castilla a quien, desde 1621, correspondía el nombramiento de profesores.

⁵¹⁵ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 258-260.

⁵¹⁶ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y Las Luces, op. cit., pp. 100-102. Durante el siglo XVIII, la universidad había perdido el atractivo y las familias que tuvieron la oportunidad optaron por la educación privada de sus hijos en lugar de enviarlos «a perder el tiempo en los colegios salmantinos o en otras universidades, cuyos profesores [...] se ven obligados a impartir las mismas doctrinas de siempre».

⁵¹⁷ Ibid., p. 103.

⁵¹⁸ Aguilar Piñal, F., «Planificación de la enseñanza universitaria en el siglo XVIII español», en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 268, 1972, pp. 26-47.

⁵¹⁹ Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. y, ley III, 6 de septiembre de 1770, p. 30. El censor debía informar al Consejo de Castilla «de cualquier delito para que se castigara y se inhabilitara a los delincuentes en cada promoción».

⁵²⁰ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 263-264. Se confió la dirección de la universidad a los miembros del Consejo de Castilla, cargados de compromisos y a menudo ajenos a las novedades, y no se tenía previsto suprimir las pequeñas universidades, que tenían un reducido personal docente y pocos estudiantes. Las directrices del gobierno no dieron frutos por «tímidas y contradictorias» (cfr. Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., p. 111).

⁵²¹ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 210-212.

⁵²² Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., pp. 211-212.

⁵²³ Mestre, A., Mayans y Pérez Bayer, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1977; Serra Pons, I., Pérez Bayer educador de príncipes y reformador de Colegios Mayores, en Educación y ilustración en España. Actas del Tercer Coloquio de Historia de la Educación, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1984, pp. 186-191.

⁵²⁴ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 266-267.

⁵²⁵ AHNM, Estado, legajos 2851, c. 87. Al recurso se adjunta una lista de 64 personajes famosos que habían estudiado en los colegios mayores.Sobre la gran influencia de estos en la realidad española cfr. Carabias Torres, A.M., Colegios Mayores: centros de poder, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1986.

⁵²⁶ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 291.

⁵²⁷ Martínez Ruiz, E., «Los reinados de Carlos III y Carlos IV», op. cit., pp. 406-407. Figueroa era un «clérigo intrigante y venal, al estilo del padre Rávago».

⁵²⁸ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 105-106. Aranda había sido llamado por primera vez desde Polonia para tomar el mando de la expedición contra Portugal y por segunda vez del Reino de Valencia para sofocar los disturbios en Madrid.

⁵²⁹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 110-113. El presidio español tomó el nombre de Puerto Soledad. Para los gastos imputables Bougainville recibió de España una compensación de 603.000 liras tornese. La intención de Bougainville era establecer una base en las Malvinas para la pesca de bacalao y ballenas (cfr. Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 228-229).

⁵³⁰ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 70-73.

⁵³¹ Ibid., pp. 88-90. En Inglaterra se difundió una hoja satírica titulada «Junius», con la que se hacía mofa del soberano.Una real orden del 7 de febrero de 1771 —enviada por el secretario de las Indias y de la Marina, Arriaga, a Felipe Ruiz Puente— con la que se exigía la entrega «del puerto de la cruzada y su fuerte y dependencias, puso término a este asunto, que evitó una guerra sangrienta y facilitó la reconciliación de las Cortes de España e Inglaterra» (cfr. Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, p. 149). Sobre las operaciones militares en las Malvinas cfr. Gil Munilla, O., Las Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1948.

⁵³² Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, p. 105.

⁵³³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 269-270.

⁵³⁴ Pérez Samper, M. D., La vida y la época de Carlos III, op. cit., pp. 163-164. La decisión de Carlos III de destituir a Aranda «no se redujo a un simple cambio de personas, sino que significaría un verdadero cambio social en el gobierno».

⁵³⁵ Jovellanos, G. M. de, Obras en prosa, ed. Caso Gonzáles, J., Castalia, Madrid, 2002, p. 189. Sobre la figura y la obra de Jovellanos cfr. Varela, J., Jovellanos, Alianza, Madrid Universidad, 1988.

⁵³⁶ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 245-246; Pino, D. del, La última guerra con Marruecos: Ceuta y Melilla, Argos Vergara, Barcelona, 1983. Los presidios de Melilla y de la fortaleza de Vélez fueron valerosamente defendidos por los comandantes respectivos, Juan Skarlok y Florencio Moreno.Durante el asedio español de Melilla, las pérdidas españolas fueron de 94 muertos y 574 heridos (cfr. Gaceta de Madrid, 4 de abril de 1775). Grimaldi informó a Aranda de la intención de Carlos III de conceder la paz al rey de Marruecos, convencido de que este último, una vez recibida la lección merecida, se cuidaría mucho de no infringirla (cfr. AHNM, Estado, legajos 4351, 10 de abril de 1775).

⁵³⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 220-226.

⁵³⁸ Gaceta de Madrid, 16 de julio de 1775. Murieron 27 oficiales y 501 soldados y fueron heridos 191 oficiales y 2.088 soldados.

⁵³⁹ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 258-260. Tomaron abiertamente partido contra Grimaldi el príncipe heredero Carlos y su esposa, instigados por el partido aragonés, cuyo líder en la corte después de la salida de Aranda, fue Ramón Pignatelli, hermano del conde de Fuentes.

⁵⁴⁰ Martínez Ruiz, E., Reinados de Carlos III y Carlos IV, op. cit., p. 317.

⁵⁴¹ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 151-152.

⁵⁴² Ibid., pp. 176-180. La elección de Floridablanca «fue una de aquellas que hacen más feliz al elector que al elegido» (cfr. Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, p. 275).

⁵⁴³ Cit. en Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 288. Al parecer, Clemente XIV, ante la noticia del nombramiento de Moñino embajador en Roma, exclamó satisfecho: «Dios se lo pague al rey católico». Sin embargo el nuncio consideraba al nuevo embajador hostil a la Santa Sede (cfr. ibid., p. 289). Sobre la vida política de Floridablanca cfr. El conde de Floridablanca y su época, coord. Alberola Romá, A., Casa de Velázquez, Madrid, 2009.

⁵⁴⁴ Martínez Ruiz, E., Reinados de Carlos III y Carlos IV, op. cit., p. 318.

⁵⁴⁵ Rodríguez Campomanes, P., Discurso sobre el fomento de la industria popular, Antonio de Sancha, Madrid, 1774.

⁵⁴⁶ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 231-232.

⁵⁴⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 401-402. El conde de Peñaflorida dirigía un círculo de hidalgos y clérigos, que se reunían dedicando cada día de la semana a discutir un determinado problema. Los lunes se discutía de Matemáticas, los martes de Física, miércoles: estudios históricos y traducción de los clásicos, los jueves de Música, los viernes de Geografía, los sábados de problemas de actualidad y los domingos: concierto.

⁵⁴⁸ Rodríguez Campomanes, P., Discurso sobre el fomento, op. cit.

⁵⁴⁹ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., p. 157.

⁵⁵⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 406-407. La institución de la Sociedad Económica de Madrid fue encomendada a Vicente Rivas, director de la Compañía de Caracas, a la que se asociaron José Faustino de Madina y José Almarza, en su propio nombre y en el de otros habitantes de la ciudad (cfr. Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, p. 236).

⁵⁵¹ Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., pp. 151-152. La iniciativa fue secundada por las autoridades en varias ciudades españolas. Los representantes de la aristocrácia local solían «presidir las nuevas asociaciones, que nacen con el espíritu de mejorar materialmente el país y demostrar espíritu patriótico así como el amor al progreso» (cfr. Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., p. 157). Sobre el modelo regional de la Sociedad económica, cfr. Carretero Zamora, J. M., Las Sociedades Económicas de Amigos del País en La Mancha: nuevos datos para el análisis de un modelo regional, en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 819-849.

⁵⁵² Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., IV, pp. 236-237. Una contribución a los primeros gastos de la Sociedad la dieron el obispo de Valencia y otros prelados.

⁵⁵³ Rodríguez Casado, V., La política y los políticos, op. cit., pp. 250-251.

⁵⁵⁴ Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. XXI, ley I, 6 de octubre de 1775, pp. 171-172. El propio monarca introdujo a sus hijos en la Sociedad Económica de Madrid: «Y condescendiendo con los deseos que me han manifestado el príncipe y los infantes don Gabriel y don Antonio, mis muy caros y amados hijos, he venido en que se les tenga por socios de ella». (cfr. Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., p. 166).

⁵⁵⁵ Vaca de Osma, J. A., Carlos III, op. cit., p. 219. Solo se aceptó a las mujeres como socias en 1786, «tras once años de agrias polémicas [...] bajo el respaldo del rey y con la presidencia de la condesa de Benabente» (cfr. A. Rueda-P. Ríos-E. Zabalo, Carlos III y la Junta de Damas, en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 683-706).

⁵⁵⁶ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 405-406. Además de los dos discursos sobre el desarrollo de la industria popular y la educación de los artesanos, Campomanes redactó un tercer Discurso sobre la educación de los agricultores españoles, que permaneció manuscrito y, por tanto, poco conocido «no obstante la importancia del mismo, asimilable a la de los otros dos discursos» (cfr. Bustos Rodríguez, M., «Una obra fundamental de Campomanes: el “Discurso sobre la educación de los labradores españoles”», en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 773-793).

⁵⁵⁷ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 278-279.

⁵⁵⁸ Cit. en Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 240-241.

⁵⁵⁹ Conde de Floridablanca, «Representación hecha al Señor Rey D. Carlos III», en Escrito clásico del reinado del señor don Carlos III, ed. Mariana, J. Catalina Piñuela, Madrid, 1829, pp. 52-53. Las «excelentes obras de educación popular, trabajada y publicada por el conde de Campomanes, había difundido las ideas más convenientes al Estado» y dado un apoyo decisivo a la «extensión y fundación de las sociedades que hoy existen».

⁵⁶⁰ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 278-279. Una treintena de Sociedades se crearon en Andalucía, patria de Campomanes y Olavide, y «aunque algunas no llegaron a consolidarse, otras mostraron gran vitalidad» (cfr. ibid., pp. 313-314). La aristocracia y la alta administración eran en general los componentes que primaban en las Sociedades andaluzas. Entre los socios fundadores de la de Sevilla se encontraban siete marqueses, tres condes y seis magistrados de la Audiencia local (cfr. Aguilar Piñal, F., La Universidad de Sevilla en el siglo XVIII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1969).

⁵⁶¹ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 53-54.

⁵⁶² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, p. 242.

⁵⁶³ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., pp. 158-159.

⁵⁶⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 242-44.

⁵⁶⁵ Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., pp. 55-58. Había que hacer «el cálculo de los gastos en escoger las semillas, abonar y preparar el terreno, máquinas para hacer la sementera, escardas, riegos». También se debía tratar de identificar las causas del atraso de la agricultura que «podrían depender del suelo y de preocupaciones o errores de quienes cultivaban la tierra. Así, los socios podían aplicar a todo el conveniente remedio».

⁵⁶⁶ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 71-72.

⁵⁶⁷ Ibid., p. 71. Se había favorecido «todo género de agricultura de los señores infantes y de su augusto hermano el príncipe de Asturias. Son bienes notorios —observa Floridablanca— los terrenos incultos, que casi de repente han convertido SS. AA. en fecundas y abundantes huertas, y en jardines deliciosos, y los demás cultivos y plantíos que los tres hermanos han hecho en los sitios reales, trabajando con sus propias manos».

⁵⁶⁸ «Instrucción reservada», op. cit. en Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., p. 144. «Los descubrimientos científicos intrigaban per se a los ministros del rey [...], pero al gobierno le interesaban especialmente porque quería mejorar la calidad y el número de los productos manufacturados y agrícolas de la nación» (cfr. Herr, R., España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar, Madrid, 1971, p. 47).

⁵⁶⁹ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 67-68.

⁵⁷⁰ Ibid., p. 70. Los canales de Campos y de Castilla fueron construidos a expensas de la Hacienda pública. Las otras obras (canales, vías fluviales, carreteras y edificios públicos mencionados en el memorial,«son todas las que afirma el secretario de estado con mi intervención se han hecho o hacen sin gasto alguno de la real hacienda de V. M. [...] y que todo lo que por mi mano se ha ejecutado y ejecuta es sin gravamen del erario real».

⁵⁷¹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 196.

⁵⁷² Novísima Recopilación, lib. X, tit. X, ley III, 16 de mayo de 1770, pp. 38-39.

⁵⁷³ Ibid., real cedúla del 6 de diciembre de 1775. Las repentinas modificaciones legislativas «evidencian la falta de un criterio fijo en tan importante materia» (cfr. Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 198).Sobre el intento legislativo para evitar conflictos sociales en Castilla cfr. Ortega López, M., La lucha por la tierra en la Corona de Castilla al final del Antiguo Régimen. El Expediente de Ley Agraria, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986.

⁵⁷⁴ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 198-199.

⁵⁷⁵ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 226-227.

⁵⁷⁶ Marín Barriguete, F., «Campomanes, presidente de la Mesta», en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 93-114. Campomanes emprendió la revisión de todo el aparato de la Mesta y «el resultado fue el paulatino ataque sufrido por la organización, donde ninguna de sus leyes, costumbres, privilegios y ordenanzas dejó de examinarse con atención si servía para la consecución de tan perseguido descrédito». En la segunda mitad del setecientos la trashumancia ovina entró en crisis en parte debido a la tendencia de los precios relativos, que no seguían el ritmo de los agrícolas (cfr. Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., pp. 59-60).

⁵⁷⁷ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 200-201.

⁵⁷⁸ Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. xxIII, ley VIII, 18 de marzo de 1783, pp. 182-183.

⁵⁷⁹ Ibid., ley IX, 17 de marzo de 1784, p. 183.

⁵⁸⁰ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 205. El gremio de carniceros de Valencia pidió que sus miembros fueran admitidos en las filas del ejército. En 1806, con real cédula quedó claro que la disposición de 1783 no tenía como finalidad la admisión de los artesanos en los órganos reservados a la aristocracia.

⁵⁸¹ Sánchez-Blanco, F., El Absolutismo y las Luces, op. cit., pp. 159-160. Los artesanos habían sido inducidos por la ley de 1783 y «querían equipararse a los privilegios que disfrutaban las clases superiores, que no eran pocos», se planteaba por tanto una «cuestión de fondo que no se solucionaba con el retoque cosmético alusivo al honor».

⁵⁸² Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 206.

⁵⁸³ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 531-532. Las críticas de Aranda al real decreto de mayo de 1788, que estableció para conferir el tratamiento de excelencia, fueron especialmente duras, «a los grandes de España y consejeros de Estado, al arzobispo de Toledo, a los caballeros del Toisón, y grandes cruces de Carlos III a los capitanes generales del ejército y armada y a los que fueren o hubieren sido Virreyes o embajadores». Con este decreto también se establecía que todos aquellos que disfrutaban del tratamiento de excelencia fueran tratados con honores militares (cfr. Novísima Recopilación, lib. vi, tit. XII, ley IV, 18 de mayo de 1788, pp. 178-179).

⁵⁸⁴ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 3.

⁵⁸⁵ Ibid., pp. 73-74. Sobre el intento de desamortización cfr. Herr, R., «El significado de la desamortización en España», en Moneda y Crédito, 131, 1974, pp. 59-94.

⁵⁸⁶ Novísima Recopilación, lib. VII, tit. xxiv, ley XIX, 29 de abril de 1788, p. 531. En virtud de esta medida real, los propietarios o gestores podrían cerrar las posesiones o la tierra [...] sin la necesidad de solicitar concesiones especiales, como se había hecho hasta ahora.

⁵⁸⁷ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 223-224.

⁵⁸⁸ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 75.

⁵⁸⁹ Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. xxIII, ley VII, 24 de marzo de 1777, p. 182. Para la admisión había un examen que determinaba la competencia del artesano que quería unirse al gremio.

⁵⁹⁰ Ibid., lib. VIII, tit. xxv, ley III, 12 de febrero de 1775, p. 196. Para las prestaciones específicas y exenciones fiscales concedidas a los fabricantes de lana, lino y cáñamo cfr. ibid., lib. VIII, tit. xxv, ley VIII, 27 de julio de 1779, p. 198; lib. VIII, tit. xxiv, ley VII, 1 de octubre de 1784, p. 190; lib. VIII, tit. xxiv, ley XIX, 10 de mayo de 1787, p. 192.

⁵⁹¹ Ibid., lib. VIII, tit. xxv, ley X, 17 de abril de 1781, p. 203.

⁵⁹² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, p. 239. Las instrucciones impartidas por Carlos III para proteger las industrias nacionales fueron tan numerosas que «si hubieran de enumerarse todas las disposiciones protectoras de la industria que Carlos III dictó durante su reinado, su catálogo resultaría muy prolijo» (cfr. ibid., p. 238).

⁵⁹³ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 76-77. Otras iniciativas de apoyo a las artes se habían tomado antes, como la fundación de una academia especial en Valencia, dedicada a San Carlos, ordenada por la voluntad soberana en 1768 (cfr. Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. XXII, ley III, 14 de febrero de 1768, p. 176).

⁵⁹⁴ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 79-80. cfr. Valladares Ramírez, R. J., Las obras públicas bajo Carlos III: el sistema radial de carreteras, en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 351-362. Entre los directores de la obra, también estuvo Jovellanos, a quien en 1783 se le confió la responsabilidad de la carretera de León hasta el puerto de Gijón, a través de Oviedo (p. 356). En diciembre de 1776 se había establecido un Consejo Real para supervisar los correos reales y la oficina de correos (cfr. Novísima Recopilación, lib. III, tit. XIII, ley I, 20 de dicembre de 1776, pp. 99-100).

⁵⁹⁵ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 81-82.

⁵⁹⁶ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 239-240. Como indicador del gran desarrollo económico determinado por la liberalización del comercio exterior, se produjo un aumento en los diezmos de la Iglesia de las diócesis americanas de Oaxaca, México, Puebla y Guadalajara, cuya cantidad entre 1779 y 1789 pasó de 9.733.919 a 14.484.674 pesos. Sobre las relaciones comerciales entre España y las colonias de ultramar cfr. Walker, G., Política española y comercio colonial, Ariel, Barcelona, 1979, y El comercio libre entre España y América latina, 1765-1824. Actas y comunicaciones del Simposio organizado [...] en El Puerto de Santa María, en diciembre de 1985, coord. Bernal, A. M., Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987.

⁵⁹⁷ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 98-99. Las medidas en apoyo del comercio habían dado «a la nación una energía tal, que se van formando diariamente nuevas compañías de seguros, y otras para fábricas y otras empresas mayores, de las cuales, si se protegen, han de resultar la prosperidad de España». En 1787, la Compañía de Filipinas obtuvo el monopolio de la trata de negros en Perú, Chile y Río de la Plata (cfr. Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., p. 97).

⁵⁹⁸ Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., pp. 97-98.

⁵⁹⁹ Novísima Recopilación, lib. IX, tit. III, ley vi, 2 de junio de 1782, pp. 243-245. En 1783 se realizó la emisión de 52 millones de reales en papel moneda, garantizados por el gobierno con una reserva de 30 millones de reales de oro cfr. Pérez García, M. P., De las Casas de Moneda al Banco de San Carlos, en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 916-917. Sobre las iniciativas de Cabarrús cfr. Maravall, J. A., «Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII», en Revista de Occidente, XII, 1968, pp. 272-300.

⁶⁰⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 273-277. Cabarrús presentó en 1781 su proyecto de fundar un Banco Nacional con el objetivo de romper el monopolio ejercitado por los gremios, «definidos como Compañía compuesta por una sola clase de personas, que actuaba en un solo pueblo que era la capital de una vasta monarquía, con exclusión formal y absoluta del resto de la Nación» (cfr. Anes, G., El siglo de las luces, op. cit., p. 108). Sobre el sistema bancario español en la Edad Moderna, cfr. Ruiz Martin, F., La banca en España hasta 1782, en AA.VV., El banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España, 1970, pp. 1-196.

⁶⁰¹ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 206.

⁶⁰² Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 48-56. Señala en particular el compromiso del confesor del rey fray Joaquín de Eleta, arzobispo de Tebas, quien, «antes y después de obtener el obispado de Osma, ha hecho en él tantas y tales cosas en obsequio de la religión y del Estado, que merece memoria y lugar distinguido en esta exposición» (cfr. ibid., p. 60). Para tener una visión general de la asistencia social en la España del setecientos, cfr. Carasa Soto, P., «La asistencia social en el siglo XVIII español. Estado de la cuestión», en Carlos III y su siglo, op. cit., I, pp. 425-452.

⁶⁰³ Becattini, F., Storia del Regno di Carlo III, op. cit., pp. 346-351.

⁶⁰⁴ Novísima Recopilación, lib. VIII, tit. xxIII, ley XVI, 15 de mayo de 1783, p. 186.

⁶⁰⁵ Ibid., lib. XII, tit. XVI, ley XI, 19 de septiembre de 1783, pp. 367-369; Sánchez Ortega, M. H., Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII, Editora Nacional, Madrid, 1977, pp. 74-87.

⁶⁰⁶ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., vi, pp. 193-194. La de los gitanos es todavía «una historia de difícil reconstrucción, porque acerca de ellos casi no nos quedan más que textos legales, algunas referencias literarias y muchos folios de procesos. Nada escribieron de sí mismos; el 99 por ciento no sabían escribir» (cfr. Domínguez Ortiz, A., «Documentos sobre los gitanos españoles en el siglo XVII», en Homenaje a Julio Caro Baroja, reunido por Carreira, A., Centro de investigaciones sociológicas, Madrid, 1978, pp. 319-326).

⁶⁰⁷ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 66-67. Durante el reino de Carlos III, que coincide con «la verdadera Ilustración española», la integración de los gitanos, como de cualquier otra clase ociosa, «se perfila desde el poder [...] provisto con el doble instrumento de la ley y la educación, convertir en buenos españoles los que hasta entonces han sido considerados malos» (cfr. Rico Giménez, J., Legislar y administrar. El despotismo ilustrado y los gitanos, en Carlos III y su siglo, op. cit., II, pp. 151-165).

⁶⁰⁸ Martín Galán, M., «Dos importantes fuentes documentales sobre la historia de la población española», en Cuadernos de Historia Moderna, 9, 1988, pp. 209-216. Para los datos demográficos de España entre la Edad Moderna y Contemporánea, cfr. Nadal, J., La población española (siglos XVI a XX), Ariel, Barcelona, 1988. Sobre la forma del catastro español cfr. Pro Ruiz, J., Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España (1715-1941), Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1992.

⁶⁰⁹ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 117.

⁶¹⁰ Ibid., p. 120.

⁶¹¹ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 508-530; Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., pp. 153-155. La junta fue en muchos aspectos considerada como una vista previa del consejo de ministros: cfr. Egido López, T., Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Estado, Madrid, CSIC, 1979.

⁶¹² Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, p. 508. Las observaciones contra Floridablanca «resultaban grandemente injustas, y solo pudieron inspirarse en la malevolencia de las fracciones o partidos que ambicionaban el disfrute del poder y encontraban desacertado y hasta malo lo que realizaban los gobernantes».

⁶¹³ Domínguez Ortiz, A., Carlos III, op. cit., p. 152.

⁶¹⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, p. 530.

⁶¹⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 283-285. La boda despertó muchas inquietudes, deseada por José I y celebrada antes de su muerte, entre el propio sobrino José y su anciana tía materna, Ana María Benedetta, que difícilmente habría podido tener hijos.

⁶¹⁶ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 4.

⁶¹⁷ AHNM, Estado, legajos 3373-1, cc. 3-4, 1 de octubre de 1777, 11 de marzo de 1778. Los preliminares se firmaron en Aranjuez por Floridablanca y Sousa. El tratado definitivo se firmó en El Pardo el 11 de marzo de 1778 y luego ratificado en Portugal. En julio de 1783, también se unió al tratado de Francia: cfr., en el mismo, legajos 3373-2, 16 de julio de 1783.

⁶¹⁸ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 5-7.

⁶¹⁹ Ibid., pp. 9-10. Sobre las relaciones entre España y Prusia durante el reinado de Carlos III, cfr. Sánchez Diana, J. M., «El despotismo ilustrado de Federico el Grande y su influencia en España», en Artor, XXVIII, 1954, pp. 518-543, y Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., pp. 215-221. Para las negociaciones con Marruecos, cfr. Rodríguez Casado, V., Política marroquí de Carlos III, CSIC, Madrid, 1946.

⁶²⁰ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 340-343. Catalina II el 13 de julio de 1780 publicó el manifiesto con el que anunciaba «el armamento de su escuadra y el propósito de sostener el lustre de su pabellón y el comercio de sus vasallos». Para las relaciones entre España y Rusia durante la guerra con Inglaterra, cfr. Sánchez Diana, J. M., «Relaciones diplomáticas entre Rusia y España en el siglo XVIII: 1780-1783», en Hispania, XII, 1952, pp. 590-605.

⁶²¹ AHNM, Estado, legajos 4199, 22 de enero de 1778, 4 de marzo de 1778. Solo en marzo de 1778, Floridablanca fue informado oficialmente por el primer ministro francés, Vergennes, del tratado de amistad y comercio concluido meses antes de Francia con Estados Unidos.

⁶²² Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 322-323.

⁶²³ Floridablanca a Aranda, 19 de julio de 1777, op. cit. en Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, p. 263.

⁶²⁴ AHNM, Estado. Francia, Archivo de la Embajada, 1779, legajos 4116, Aranda a Floridablanca, 3 de abril de 1779. En agosto de 1778 Floridablanca había informado a Aranda de la desconfianza de Carlos III en contra del ministro francés, que podría abandonar España después, cuando le conviniera (cfr. ibid., legajos 4199, Aranda a Floridablanca, 24 de agosto de 1778).

⁶²⁵ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 269-272. Entre las diferentes propuestas presentadas por Aranda, a Floridablanca le pareció la más eficaz la de bloquear el comercio inglés con una gran escuadra en el Canal (cfr. AHNM, Estado. Francia, Archivo de la Embajada, 1779, legajos 4116, Floridablanca a Aranda, 6 de agosto de 1779). Ya en febrero de 1776, en el caso de un conflicto, Aranda había propuesto un plan para separar a Irlanda de Inglaterra (cfr. ibid, legajos 2845, 22 de febrero de 1776).

⁶²⁶ AHNM, legajos 4199, Floridablanca a Almodóvar, 17 de mayo de 1779. En abril 1779 se firmó un acuerdo entre Floridablanca y el embajador francés en Montmorin para una alianza hispano-francesa contra Inglaterra (cfr. ibid, legajos 3373-2, c. 7, 12 de abril de 1779). Antes incluso de ir a la guerra, España había proporcionado una sustancial asistencia financiera para los colonos de Estados Unidos (cfr. Vaca de Osma, Carlos III, op. cit., pp. 246-247).

⁶²⁷ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 285-289.

⁶²⁸ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 329-330.Un convoy de 303 buques proveniente de Jamaica, otro de 280, de las Antillas y un tercero, de 11 barcos, de Bengala y China.

⁶²⁹ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 290-291. Aranda se había quedado en Brest toda la segunda quincena de octubre para solicitar la partida de la flota francesa.

⁶³⁰ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 105-107. El comandante De Lángara, que resultó herido en el enfrentamiento, fue posteriormente objeto de intercambio con otros oficiales británicos. De los barcos españoles capturados por los ingleses curiosamente solo se salvaron los que tenían nombres de santos (cfr. Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, p. 298).

⁶³¹ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 22. El secretario de Estado señaló, sin embargo, no querer «culpar ni acusar a nadie en la relación de estos hechos, sino defenderme de las imputaciones y censuras con que entonces se me persiguió, como si yo fuera el autor de las desgracias».

⁶³² Ibid., p. 23; Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 302-304.

⁶³³ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., pp. 24-25. Los españoles se apoderaron de un botín de un valor aproximado de un millón y medio de libras esterlinas y capturaron 3.144 marineros británicos (cfr. Gaceta de Madrid, 1 de diciembre de 1780).

⁶³⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 163-176.

⁶³⁵ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 404-411, II, pp. 2-4. Para una descripción detallada de las baterías flotantes, que eran diez barcos muy fuertes, cfr. ibid, pp. 404-405.

⁶³⁶ AHNM, Estado. Francia, Archivo de la Embajada, 1783, legajos 4101, 20 de enero de 1783. Los preliminares del tratado de paz, compuesto de 11 artículos y escritos en español y francés, fueron aprobados por Carlos III en el Pardo el 31 de enero de 1783. La guerra tuvo importantes consecuencias económicas: cfr. Voltes Bou, P., «Repercusiones económicas de la intervención española en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos», en Hispania, 21, 1961, pp. 49-150.

⁶³⁷ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., III, pp. 377-379; Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 413-462; Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 422-468.

⁶³⁸ Ibid., pp. 500-506. Gracias a la intervención de Carlos III, se produjo un acercamiento entre Francia e Inglaterra. El rey de España llevó a cabo, de hecho, un trabajo de mediación eficaz para mantener el equilibrio europeo derivado de la paz de 1783 y evitar una guerra que podían provocar Inglaterra y Francia, ya que instigaban respectivamente la Puerta Otomana contra Rusia y la corriente política holandesa hostil a su gobierno, vinculada a Inglaterra (cfr. Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., II, pp. 32-35).

⁶³⁹ Ferrer del Río, A., Historia de Carlos III, op. cit., III, pp. 403-404. El rey de Perú habría tenido que pagar en oro el tributo al emperador, el rey de México en plata y el de Tierra Firme en productos coloniales.

⁶⁴⁰ AHM, Estado, legajos 3373-2, c. 16, 14 de junio de 1786. El tratado de paz, amistad y comercio fue confirmado por Carlos III el 27 de agosto de 1786 y por el rey Hassan el 13 de agosto de 1791.

⁶⁴¹ Conde de Floridablanca, «Representación», op. cit., p. 44.

⁶⁴² Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., II, p. 15. Para el tratado con la Regencia de Trípoli cfr. AHNM, Estado, legajos 3373-2, c. 14.

⁶⁴³ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, pp. 290-291.

⁶⁴⁴ Ibid., II, pp. 18-19. En esta ocasión, con la dispensa papal y el consenso del gran maestre de la orden fue secularizado el infante Gabriel al que dejó en herencia el Gran Priorato de la Orden de Malta que él poseía, y que tenía una renta de alrededor de cuatro millones de reales.

⁶⁴⁵ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 137-143; Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 493-496.

⁶⁴⁶ Novísima Recopilación, lib. X, tit. II, ley IX, 28 marzo 1776, pp. 13-14. Aunque Luis se casó con la autorización de Carlos III, «sería difícil que, si por desgracia de España, llegase el caso de disputarse sus derechos o los de su línea, pudiesen ser suficientes ni la pragmática [...] ni la declaración del rey de no deber usuar los hijos del nombre de su padre» (cfr. Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., I, p. 273).

⁶⁴⁷ Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., pp. 195-196.

⁶⁴⁸ Ferrer del Río, A., Historia del reinado de Carlos III, op. cit., III, pp. 164-165.

⁶⁴⁹ Carlos III a Fernando IV, 19 de septiembre de 1769, op. cit. ibid., pp. 165-166.

⁶⁵⁰ Galasso, G., Il Regno di Napoli, op. cit., pp. 486-489.

⁶⁵¹ Ibid., pp. 486-487. A pesar de las acusaciones a su esposa, por la cual estaba muy dominado, en la destitución de Tanucci, permanece la duda de «en la actitud real de Fernando, que [...] da toda la impresión de esconderse detrás de ella para disfrazar un plan del que de alguna manera seguramente participaba».

⁶⁵² Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., pp. 193-194.

⁶⁵³ Conde de Fernán Núñez, Vida de Carlos III, op. cit., II, pp. 35-36.

⁶⁵⁴ Danvila y Collado, M., Reinado de Carlos III, op. cit., y, pp. 534-538. «Entre las preces de la Iglesia y el dolor del pueblo español, abandonó este mundo uno de los más grandes reyes que tuvo España». De acuerdo con la práctica, poco antes de la muerte se le presentaron a Carlos III las reliquias de San Isidoro y Santa María del Capo, y la exhortación de su confesor a solicitar el indulto de la vida terrenal, se dice que el rey respondió: «La vida espiritual y eterna pido» (cfr. Voltes, P., Carlos III y su tiempo, op. cit., p. 198).

⁶⁵⁵ Lynch, J., La penisola iberica, en Storia del mondo moderno, Cambridge, VIII. Le rivoluzioni d’America e di Francia (1763-1793), edición de Goodwin, A., Milán, Garzanti, 1969, pp. 459-460. La influencia de la Ilustración era utilitaria ya que «los intentos reformistas del gobierno de Carlos III nacieron únicamente por el deseo de aumentar la fuerza y la prosperidad del Estado».