Por estas espléndidas memorias, que abordan el periodo comprendido entre 1936 y 1975, desfilan en diez apretados capítulos la actividad clandestina del autor en 1946, su paso por tres cárceles, su procesamiento en un peculiar consejo de guerra, su sonada fuga en 1948 del Destacamento Penal de Cuelgamuros y el exilio en Argentina, donde un obtuso golpe militar interrumpió su carrera universitaria en 1968 y le lanzó a un nuevo exilio en Nueva York. En esta ciudad reanudó su docencia e investigaciones históricas hasta su vuelta definitiva a España. La reminiscencia de esas vicisitudes no se reduce a un anecdotario, sino que, cediendo a su condición de historiador, el autor reflexiona sobre el sentido de unos avatares que no le son exclusivos y sobre las circunstancias nacionales e internacionales que los rodearon. La misma condición le ha llevado a reforzar sus recuerdos personales con documentos de la época, recogidos al abrirse los archivos antes cerrados a consulta. La distancia en el tiempo ha ayudado a que Nicolás Sánchez-Albornoz contemple los hechos ingratos sin concesiones, pero con una pluma no carente de ironía.

Nicolás Sánchez-Albornoz

Cárceles y exilios

ePub r1.0

Titivillus 22.07.18

Título original: Cárceles y exilios

Nicolás Sánchez-Albornoz, 2012

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Índice

UMBRAL

1. UN NIÑO EN PALHAVÃ

2. BURDEOS: UN EXILIO JUVENIL A REMOLQUE

3. DE LA VÍA LAYETANA A LA PUERTA DEL SOL: DETENIDO Y ENCAUSADO

4. ALCALÁ DE HENARES, EN LA ESPERA

5. CARABANCHEL Y CONSEJO DE GUERRA

6. CUELGAMUROS: PRESOS POLÍTICOS PARA UN MAUSOLEO

7. UN EXILIO POR PIERNAS

8. EL ROJO EN ULTRAMAR: BUENOS AIRES

9. RUEDO IBÉRICO

10. NUEVA YORK: UN EXILIO ARGENTINO Y DOS FINALES

EPÍLOGO

UMBRAL

El presente libro relata en secuencia cronológica cuatro decenios de mis andanzas durante la etapa hostil de la historia de España comprendida entre 1936 y 1975, un infausto período que los españoles —y yo con ellos— más valdría que nos hubiéramos ahorrado. Sus páginas documentan la violencia cometida a mi alrededor y contra mí mismo en forma de cárceles y de exilios. De ahí su título, en plural por mis tres experiencias en cada modalidad. Mi testimonio se abre en la infancia con el asalto al Cuartel de la Montaña que frustró la intentona de la guarnición de Madrid, en julio de 1936, y se cierra, en abril de 1976, al poner pie en el aeropuerto de Barajas y dar por concluido el último de tres exilios. Cualquier tiempo pasado fue mejor, cantó un Jorge Manrique añorante. Discrepo de esa generalización poética. El lote de cárceles y exilios que se han interpuesto en mi camino en el siglo XX certifica que ese pasado no ha sido benévolo ni con mis contemporáneos ni conmigo mismo. Mis prisiones y destierros no me sumieron en la languidez que trasunta el vate renacentista. Cuanto más ingrato mi padecimiento, más me convencía de que España merecía disfrutar de un futuro más amable, parecido por lo menos a la cara que el país luce en la actualidad a pesar de los oscuros forúnculos que, por desgracia, la afean.

El molde al que la obra se ajusta no es el convencional del género autobiográfico. A diferencia de lo habitual en él, el texto soslaya las noticias íntimas. Pasa por alto asuntos personales como, por ejemplo, los matrimonios y divorcios, los nacimientos de hijos y nietos, las pérdidas dolorosas de parientes, amigos y colegas queridos, las muestras de afecto recibidas y dadas, los reconocimientos profesionales o los proyectos frustrados, motivos de alegría o de aflicción para el que escribe pero comidilla prescindible para el público general al que el libro va destinado. Es más, la narración tampoco desgrana, como en el sofá de un psicoanalista, los estados de ánimo por los que atraviesa el sujeto. A pesar de haber vivido cuarenta años en círculos próximos al psicoanálisis en Buenos Aires y en Nueva York, los dos grandes polos de su difusión mundial, no me he dejado ganar por la atracción que la disciplina y el tratamiento ejercen en muchas personas inseguras. Una introspección pertinaz no ha ocupado mis días ni mis noches. Al salir a la caza de recuerdos para este libro, he tropezado con impresiones y sentimientos no admitidos por mí hasta ahora. Podía haber aprovechado la ocasión para exteriorizarlos, pero no ha sido siempre así. Al sentarme a escribir, bastantes de ellos han vuelto a mis adentros. Su resurrección pasajera supongo que habrá influido de algún modo en mi percepción de los hechos pasados, pero una huella reconocible no ha dejado.

Segunda exclusión del presente relato: mi actividad profesional, condenada a la itinerancia, se ha cruzado cada tanto con corrientes de pensamiento y personalidades eminentes en el campo de la historia y en otros, que autorizarían a añadir al libro modestas estampas sobre determinadas esferas y figuras intelectuales y políticas de mi tiempo. El libro deja pasar la oportunidad. La omisión preveo que me ha de valer reproches de algún amigo. Los de algunos los descuento ya. No se escribe sin embargo al gusto de todos. El mundo del intelecto se reduce en estas páginas a la víctima que fui de los regímenes autoritarios que asolaron la vida universitaria española y argentina en la época bajo escrutinio. Al compendiar cuatro decenios, prescindo asimismo de pormenores, anécdotas, caras y paisajes subsidiarios, que ahorran meandros a la exposición. Consecuencia positiva de las omisiones: el espesor del volumen adelgaza para satisfacción de lectores impacientes y para bien de los bosques septentrionales que proporcionan el soporte del texto impreso. A vida larga, libro, pues, breve.

El presente volumen recoge cuanto mi memoria ha dictado por meses a mi teclado. Sólo los años que pesan sobre mis espaldas han jugado, de tanto en tanto, la mala pasada de un senior moment, por decirlo elegantemente, intervalo en el que algún nombre no acude a la primera llamada. La insistencia no deja sin embargo de recuperar el dato más adelante si es que importa. La evocación escrita de cárceles y exilios padecidos empieza en mí tarde. De ambas circunstancias, he comenzado a ocuparme recientemente. Mi vida no ha transcurrido pendiente del negro pasado, sino más bien en la búsqueda esquiva de un porvenir luminoso. A diario, me sumerjo profesionalmente en un alejado tiempo vencido, pero en el orden personal no me aferro al recuerdo.

Mis primeros comentarios en público sobre cárceles y exilios se remontan a congresos, jornadas y simposios celebrados en los Estados Unidos, donde cumplía mi destierro. A medida que los patricios de la política republicana desaparecían allí, el testigo pasaba de sus manos a otras más jóvenes. Las solicitudes para que interviniera en esos foros se incrementaron a medida que aumentaban las ausencias de personas más calificadas. Mi reserva a tomar el toro —o el tema— por los cuernos, al tiempo que mi máquina de escribir se prodigaba en escritos académicos, no respondió a amnesia, falta de tiempo, inexperiencia, capitulación ante el síndrome de Estocolmo o intención de pasar página. Pasar página sin antes conocer los hechos constituye una mutilación a la que el historiador responsable que creo ser no puede prestarse. No cabe pasar página sin leerla antes, se ha dicho. No me he mostrado diligente —confieso— en la evocación de mis prisiones y exilios, pero nunca he ocultado sus vicisitudes cuando se me ha requerido. Más exactamente, he dejado que partiera de los demás la iniciativa de sacarla a relucir.

Otra razón concurre a la renuencia anotada. Por haber narrado Manuel Lamana las fatigas que pasamos juntos, me he sentido relevado de la responsabilidad o de la tentación de informar sobre ellas.[1] ¿A qué reiterar relatos e impresiones coincidentes? El presente libro no se solapa sin embargo con el de Lamana. No lo duplica ni en forma ni en contenido. Mi prosa, más analítica que literaria, pasa por alto vivencias e insiste en el contexto en el que los acontecimientos se insertan. Las camadas recientes de jóvenes, ajenas a aquellos tiempos, agradecen que se explique el entorno que sus mayores dan por conocido. A mi edad, pocos son los que no son más jóvenes. Mis aseveraciones vienen luego confirmadas con la ayuda de documentos administrativos y judiciales a los que he tenido acceso mientras redactaba esta obra. Lamana ni los buscó ni estuvieron disponibles. Estos papeles no ofrecen sorpresas. A lo sumo añaden detalles curiosos o significativos. Por otro lado, el libro de Lamana y el mío coinciden cronológicamente sólo en parte. Su novela se centra en el segundo lustro de los años cuarenta. El mismo período sólo ocupa cuatro capítulos de los diez que forman este volumen. Los restantes tratan de mis exilios, el anterior y los posteriores.

El relato de este libro abarca un tiempo intermedio de la era franquista poco examinado por la literatura histórica. Las fechorías cometidas en los años de la inmediata posguerra me constan de oídas. Conozco la muerte, el encierro, la tortura, la humillación… prodigados entonces. En los años en que estuve preso, las cárceles no se habían vaciado todavía de las víctimas del terror blanco o azul, como se prefiera colorearlo, y los sobrevivientes del mismo me hicieron partícipe, de preso a preso, de las desventuras de las que sus familias y ellos fueron víctimas. Sin embargo, no me parece procedente valerme aquí de aquellas confidencias. Mi testimonio renuncia a basarse en materiales de segunda mano. Prefiero atenerme al conocimiento directo, siempre más convincente. Mi recuerdo de la represión ejercida por el franquismo es, pues, tardío. Data de 1947 y 1948. Mis treinta y dos años de expatriación forzosa tampoco concuerdan en tiempo y en circunstancia con el éxodo republicano convencional, el multitudinario del invierno de 1939. Mis exilios son más en número y distintos por origen y fecha del clásico. El primer destierro se remonta a 1936, el segundo data de 1948 y el último, de 1968, solapa y simultanea el republicano con otro argentino. Mis cárceles y exilios mal pueden pasar por consiguiente por arquetípicos de la era autocrática padecida. Otra diferencia con respecto a la experiencia general. El franquismo no se anduvo con chiquitas o remilgos al tratar a los obreros, campesinos, maestros…, pero el prejuicio de clase detuvo a veces —no siempre— su mano a mitad de camino. El freno clasista brota varias veces a lo largo de la narración. Corrupción y presiones internacionales se juntaron entonces para aminorar la virulencia en el trato.

Las primeras víctimas de la represión y del exilio han desaparecido, salvo contadas excepciones. De la suplencia que he dicho me tocó ejercer, guardo apuntes, borradores o textos publicados que incorporo a este libro como argumentos, revisados y aumentados en el caso de los capítulos primero y sexto.[2] La cartera de apuntes disponibles no hubiera bastado para animarme a transformar esos parpadeos en una narración continua. Las presiones de amigos, en especial la del recién desaparecido Isaac Díaz Pardo, quien incluso se brindó a publicar el libro, han conseguido vencer mi circunspección. Mesonero Romanos escribió unas memorias de setentón. Con un decenio de edad más a cuestas que mi paisano, acometo un proyecto menos ambicioso sobre la parte más ingrata del siglo español posterior al suyo.

Al escribir no he podido evitar que mi oficio de historiador aflore en el texto. El lector identificará sin inconveniente el hábito profesional en las citas al uso académico y en el tono profesoral de varias recomendaciones, como cuando aconsejo tomar con pinzas determinados documentos oficiales por falta de una crítica y criba previas. El pasado mana, además, en el libro de la memoria con el refrendo de materiales históricos, como he dicho. Un debate público reciente, basado en motivos más políticos que teóricos, ha contrapuesto memoria e historia. No entro aquí en la cuestión heurística que separa ambas puertas de acceso al pasado. Por último, las dos fuentes de información concurrente, memoria e historia, ocupan espacios desiguales a lo largo del texto. La parte dedicada al exilio se basa toda ella en reminiscencias; los documentos oficiales redondean en cambio lo concerniente a la detención y a las cárceles.

Concluidas estas advertencias generales, es hora de situar al autor en el medio del que procede y en el que se ha desenvuelto. Sus recuerdos sobre acontecimientos públicos comienzan poco antes de estallar la guerra civil. El primer capítulo recoge las imágenes grabadas en la cabeza de una criatura de diez años, a la que los sucesos coetáneos y su círculo familiar dotaron de precocidad política, no infrecuente entonces en los niños de su edad. En el protagonista convergen en efecto dos familias de cierto relieve en la Ávila de la Restauración. De su abuelo paterno, Nicolás Sánchez-Albornoz y Hurtado, el niño hereda el nombre de pila y el primer apellido. El abuelo había sido diputado y senador por esa provincia castellana desde 1893 hasta la dictadura de Primo de Rivera, que suprimió las cámaras legislativas con gran disgusto suyo. Dedicación pues la suya por tres decenios al servicio público, cuando el desempeño de esa función era honorario. En las Cortes representó a Ávila por el partido liberal y, más adelante, por el partido conservador después de que la facción encabezada por Germán Gamazo se escindiera del primero y pasara al bando opuesto. El trasvase no le restó talante y credo liberales. Su actuación política, harto moderada, no fue óbice para que el Tribunal de Responsabilidades Políticas, instaurado por los exaltados vencedores de la guerra civil, le confiscara escandalosamente a sus setenta y seis años la cuarta parte de su mermada fortuna personal.[3] Por el lado materno, el abuelo, Siro Aboín Rojas, conde de Montefrío, renunció a la carrera política en la que su padre había intervenido por un tiempo, para atender a sus propiedades. Familia pues la suya característica de políticos y de terratenientes de provincia castellana.

Su padre, nacido ya en Madrid, emprendió en la capital de la nación un camino distinto del de su progenitor, sin desentenderse por ello de la provincia de origen del tronco de la familia. Renunció a los estudios de derecho a los que la tradición paterna le empujaba, y siguió la especialidad de historia. Como medievalista, se doctoró, ganó cátedras y premios, amplió estudios en Austria y Alemania gracias a una beca otorgada por la benemérita Junta para la Ampliación de Estudios, dirigió una sección del afamado Centro de Estudios Históricos y fue elegido muy joven miembro de la Real Academia de la Historia. Durante la Segunda República, ya viudo, fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de la Universidad Central de Madrid. La República le abrió asimismo las puertas de la política activa. En tres legislaturas sucesivas fue elegido diputado por Ávila en representación de Acción, luego Izquierda, Republicana. En la era republicana, desempeñó además la cartera de Estado (hoy nombrada de Asuntos Exteriores), la vicepresidencia de las Cortes y la embajada en Lisboa. Ni los orígenes ni el cursus honorum seguido hasta ese momento le destinaban a rojo. El golpe de Estado de 1936 fue el que le encasilló en esa lábil categoría, al empeñarse los sediciosos en compendiar y desnaturalizar los matices de las filiaciones políticas legales.[4] Si los antecedentes familiares, las ideas propias y la filiación política no coloreaban de por sí de bermejo al padre, tampoco tenían por qué hacerlo con su descendiente. Para el autor del libro, adquirir ese honroso tinte requirió un aprendizaje, que el libro traza y del que no reniega.

Centrados el libro y el autor, anticipemos brevemente el contenido de la obra, repartida en diez capítulos de extensión desigual por tamaño y por tiempo cubierto. El presente umbral abre el libro. Un epílogo lo cierra. El primero de los capítulos abraza tres meses ricos en acontecimientos. Comienza con el asalto y rápida sumisión del Cuartel de la Montaña, que seguí estando en cama desde el domicilio familiar situado frente al acuartelamiento. El juvenil bautismo de fuego recibió su confirmación seis semanas después en Lisboa, cuando las unidades de mayor potencia de la armada portuguesa se rebelaron en el sentido opuesto al de la oficialidad madrileña. Embarcado en esa flotilla hasta pocas horas antes en un apresurado viaje desde Alicante, me tocó ser testigo de los prolegómenos de la sublevación de la marinería contra Salazar y en favor de la República española. La intentona fracasó. Los barcos fueron hundidos al abandonar el estuario del Tajo. Cuando en la madrugada lisboeta resonó el cruce de disparos entre los buques alzados y las baterías costeras, me encontraba a salvo en la embajada de España. Mi estancia posterior en la capital portuguesa, en la que mi padre representaba a la República, me permitió enterarme de la aspereza con la que Salazar se enfrentaba al régimen constitucional español y de la adhesión, que me complazco en evocar, de una parte de la sociedad portuguesa a la causa republicana. El equívoco que presidía las relaciones entre ambos estados peninsulares no tardó en resolverse. El gobierno luso rompió relaciones con la República y tuvimos que abandonar Portugal precipitadamente.

Los cuatro años siguientes, resumidos en el capítulo segundo, transcurrieron en Francia en un exilio a remolque del emprendido por mi padre. La expatriación en edad temprana me libró de los sobresaltos y de las penurias que padecieron mis paisanos durante la guerra, pero no me ahorró tensiones. Necesité adaptarme al extranjero, compaginando el esfuerzo requerido con un irrefrenable deseo de volver a España. La llegada en masa de refugiados republicanos a Francia en el invierno de 1939 puso fin a mi esperanza de un próximo retorno. La familia extensa reconstituida en parte en la expatriación se rompió luego de estallar la guerra europea. Mis abuelos decidieron volver entonces a España, mientras que el resto permanecimos en Burdeos hasta la entrada de los alemanes. Mi padre pudo eludir la redada que la GESTAPO lanzó a instancias de Franco contra destacados republicanos. Mi padre consiguió a continuación poner un océano de por medio. En la imposibilidad de seguirle en sus peripecias, mis hermanas y yo volvimos a la convulsa España de posguerra. La hostilidad que se mascaba en el país amargó el reencuentro con la tierra añorada.

Al adolescente le esperaban complicaciones a su regreso a España. La más simple de todas fue el fastidio de tener que revalidar sus estudios secundarios y recuperar el desfase escolar que arrastraba. El capítulo tercero refiere cómo se le despertó un rechazo activo al régimen mientras estudiaba en la Universidad Central. En las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras le esperaban clases pedestres impartidas por los profesores sustitutos de los depurados. En vez de caer en la tentación del socorrido —y frecuente— ausentismo, su reacción fue la opuesta: emprendió el camino de la responsabilidad y del idealismo. Con compañeros de otras facultades, participó en la reconstrucción del disuelto movimiento estudiantil de preguerra, la afamada FUE (Federación Universitaria Escolar). La cerrazón del régimen condenaba a toda disidencia a operar en la clandestinidad. Lo previsible se cumplió. La dirección de la organización proscrita acabó por ser apresada en marzo de 1947. A la detención siguieron los desabridos interrogatorios en la Dirección General de Seguridad de Madrid y la apertura de una causa no por la justicia ordinaria, sino por la militar, responsable primera y última entonces de la actividad represiva.

La cárcel ocupa los tres capítulos siguientes, dedicados a los establecimientos que me fue dado conocer en mi calidad de encausado o condenado. El primero de ellos (capítulo cuarto) describe la irrupción de una partida bisoña de estudiantes en la Prisión Central de Alcalá de Henares, donde permaneció cuatro meses. En Alcalá, la justicia militar aparcaba a posteriores, presos políticos en su mayoría reincidentes, con convicción y resolución no menguadas por su paso por campos de concentración y cárceles. Sangre juvenil había poca en Alcalá y, por lo mismo, el grupo estudiantil fue bienvenido por los reclusos de todos los colores políticos. Los estudiantes encontraron en prisión la oportunidad negada en la calle de conocer de primera mano la hondura de la represión y de recibir el adoctrinamiento que les faltaba. El trato diario en el patio o en las galerías con militantes políticos y sindicales curtidos, y además locuaces, en vez de surtir el efecto disuasorio que el régimen buscaba, consiguió el contrario. El período de cárcel sirvió de revulsivo eficaz y duradero.

La escena se muda a Carabanchel en el capítulo quinto. Esta prisión, inacabada todavía, se alzaba en la periferia de Madrid y estaba destinada a alojar a los presos preventivos comunes. Abarrotada la cárcel de Alcalá por el aumento de la resistencia popular, Carabanchel habilitó varias galerías para políticos, sin aislarlos por completo de los comunes. Mientras esperaban la celebración de su consejo de guerra, los estudiantes tuvieron la ocasión de tratar al hampa madrileña. Compuesto por oficiales generales de renombre, el tribunal castrense que los juzgó se lució imponiendo condenas superiores a las solicitadas por el fiscal. El relato de esta ignominia combina reminiscencias con información procedente de la causa. En casa dispongo de una copia digitalizada del expediente correspondiente.

El capítulo sexto examina el funcionamiento del Destacamento Penal del Monasterio de Cuelgamuros, uno de los tres destinados a construir el mausoleo que, veintiocho años más tarde, recibiría los restos mortales del Karadžić español. El monumento erigido por el dictador megalómano se levanta en un paraje serrano bautizado después como Valle de los Caídos. La obra fue construida por reclusos condenados en su mayor parte por actividades de guerra o posteriores. La Dirección General de Prisiones alquilaba barata su fuerza muscular a las empresas constructoras. Al destacamento del Monasterio fui enviado para cumplir la pena que acababan de imponerme. La oficina a la que el azar me destinó, me valió de observatorio privilegiado para conocer qué se tejía en el destacamento, el precio por el que el Estado arrendaba a los presos y la sistemática sustracción de los escasos alimentos destinados al consumo de los reclusos con el innoble fin de revenderlos en el estraperlo madrileño. Si el Tesoro Público hacía un negocio redondo al ceder a las empresas mano de obra, los funcionarios abultaban sus bolsillos con la sisa de víveres. La cadena depredadora procedía de arriba abajo. El capítulo se cierra con preguntas generales: de dónde proviene la idea de que el Estado se preste a alquilar condenados a empresarios particulares y si el trabajo exigido merece, en puridad, el calificativo de esclavitud.

A la serie de los capítulos que refieren la vida en prisión, sigue otra tanda de cuatro sobre los exilios posteriores al quebrantamiento de condena. El primero de los nuevos, séptimo del libro, relata la fuga de Lamana y mía del destacamento del Monasterio de Cuelgamuros desde el momento en que fue concebida hasta pisar tierra libre en Francia. A partir del restablecimiento de la democracia en España, libros, prensa y reportajes —españoles y extranjeros— han relatado la evasión. Un largometraje comercial ha contribuido después a popularizar la peripecia. El lector que tenga algún conocimiento previo del asunto no debe esperar demasiadas revelaciones sobre las vicisitudes que abundaron durante la evasión.

Exiliado en la Argentina desde hacía ocho años, mi padre, cuando se enteró de mi llegada a Francia, me llamó a su lado. El capítulo octavo, el más largo de todos, comprime dos decenios de exilio variopinto en Argentina. La euforia que despertó el descubrimiento de la escena americana y de la España peregrina, se mutó a los pocos meses en un escalofrío al percibir que había caído en una ratonera: una universidad y un estilo político análogos a los dejados atrás en España. Las similitudes me han invitado a comparar el régimen de Perón en construcción con la autocracia franquista ya asentada. De la contraposición se desprende que el autoritarismo común a ambos no fue igual por razón de personalidad, estilo y sociedad. Derrocado Perón en 1955, el relato se anima. La vida intelectual y académica argentina fue pródiga en iniciativas durante el decenio siguiente. Me precio de haber participado en la renovación docente, científica y organizativa llevada a cabo entonces en la universidad. El capítulo relata también la fértil apertura profesional al exterior en viajes bajo insólitos pasaportes, a falta de la acreditación que mi país negaba a los exiliados. El sueño universitario se vino abajo abruptamente por intervención militar. El capítulo décimo recoge la repercusión personal de esa calamidad.

El capítulo noveno introduce una cuña en la secuencia narrativa para resumir la trayectoria de Ruedo ibérico, que contribuí a fundar. La editorial exiliada forma parte de mis reminiscencias, lo que justifica su presencia en el libro, pero, además, importa al conocimiento del exilio por cuanto señala un cambio en la relación entre el exilio y el interior, cuya colaboración incidió sobre la descomposición del régimen. En París, Ruedo ibérico editó libros y una revista para los lectores en España, atrajo a sus páginas a los escritores y artistas del interior y abordó los temas del pasado reciente y de la actualidad que la censura se esforzaba por ocultar. Condenado a la difusión clandestina, Ruedo ibérico se las arregló para ser leído en España y arrinconar la retórica franquista. El restablecimiento de la democracia en España tiene contraída con Ruedo ibérico una de sus deudas con el exilio.

Por si no me bastaran un par de exilios, en 1968 contraje un tercero. El violento desmantelamiento de la universidad argentina motivó el suplementario. Mis colegas de la New York University, donde recalé, me tuvieron por exiliado argentino y por tal me sentí hasta que, agotada la dictadura de Onganía sin que la vida universitaria argentina fuera rehabilitada, perdió su razón de ser. Me di de baja mentalmente de él. El destierro español volvió a ser para mí único. Enterrado el anciano dictador, lo di por concluido a su vez al volver a pisar España en 1976. El regreso definitivo se demoró tres lustros. El capítulo décimo recoge pues el fin escalonado de mis exilios. Un corto epílogo reflexiona sobre el papel que les tocó a las cárceles y al exilio en la represión franquista.

El lector descubrirá en el libro escenas duras (torturas, fusilamientos, largas condenas, trabajos forzados…), reales pero recaídas sobre otros. Mis sufrimientos, por fortuna, no llegaron a tanto. Opuestas a estas sombras, hallará páginas distendidas. El franquismo es merecedor también de sonrisas o carcajadas. Para quitar hierro al relato, no he dejado pasar las oportunidades que se me fueron presentando para darles suelta. Las dictaduras, por más caras serias que pongan, no se libran del ridículo, y Franco, en particular, lo hizo a espuertas. Sus pompas, retórica, aspavientos… destilaban histrionismo. Ante ellas, el humor brota con una eficacia corrosiva igual o superior al dicterio. La ironía me sale también con naturalidad por haber alcanzado mis prisiones y destierros un buen fin. A gala tengo que no debo a cancerbero alguno el trabajo de descorrer cerrojos para que saliera a la calle. Mis piernas se encargaron de concederme la libertad. Mi largo exilio concluyó, por otra parte, sin indulto, por extinción del régimen. Rira bien qui rira le dernier, sentencia el refrán francés. El humor resta encono al ánimo. Ahora bien, no tiene por qué amparar tapujos. Los hechos se exponen sin restricciones. ¡Que cada palo aguante su vela!

Si alguna conclusión general cabe extraer del relato recogido en este libro es que la sociedad capitaneada por Franco se mostró incapaz de concebir un país en paz, sin necesidad de cárceles, trabajos forzados y destierros. Ventilar las heridas evita la gangrena. Un propósito del libro es, precisamente, airear las llagas y evitar que se cierren con el pus de la insatisfacción adentro. Los herederos de quienes ejercieron en su tiempo una violencia a manos llenas abogan por el olvido para evitar salpicaduras infamantes sobre sus cabezas o sobre las de sus progenitores, sin importarles que el silencio perpetúe la fragmentación de la sociedad que habita en España. Nuestro país no es por cierto el único de Europa en el que afloran voces contra viejas omisiones y marginaciones en su historia. Lisa Appignanesi ha escrito con respecto a su Polonia natal, un país europeo alejado del nuestro, con experiencias y problemas distintos, pero necesitado por otras razones de repensar su pasado reciente, que la memoria es también un instrumento político en la construcción de las naciones.[5] Por traslación, cabría decir que la construcción de una sociedad más desinhibida y sana requiere en España un ejercicio de memoria. La memoria no se circunscribe al pasado, sino que es garante del futuro.

Debo a mi memoria y a mi salud el haber llevado a buen fin la tarea que me propuse, pero en el transcurso del trabajo que me he impuesto he contraído una amplia deuda que no quiero dejar de saldar en parte al menos. Agradezco a los directores de los archivos estatales Alfonso Dávila, del Archivo General de la Administración, Rosana de Andrés, del Archivo del Ministerio del Interior, y al comandante auditor Salvador Rodríguez del Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, que hayan puesto a mi disposición los documentos que custodian sobre mi situación penal y alguno más. Para Miguel Ángel Hernández Capponi, Pedro Carlos Díaz Zazo, Jorge Marco y Daniel Gozalbo Gimeno va mi reconocimiento por su colaboración en localizar y reproducir documentos. Al editor y amigo Jorge Herralde, gracias van dadas por la confianza depositada al incluir el manuscrito en sus prestigiosas colecciones, y a su equipo por la pulcritud de la edición.

Dibujos y fotografías, reproducidos en un sobrio blanco y negro para homogeneizar su presentación, constituyen un conveniente complemento gráfico de la prosa. De mi paso por la cárcel de Alcalá de Henares conservo apuntes a lápiz o a pluma trazados por compañeros a cuyo recuerdo rindo homenaje al darlos a conocer. Las fotos proceden unas de mi fondo particular y otras, a título documental, del expediente de la causa militar incoada. Las imágenes del Valle de Cuelgamuros pertenecen a Ralph B. Brage, periodista norteamericano, quien las tomó en junio de 1948, en una visita guiada al lugar con todas las licencias oficiales. De él sólo sé lo que me manifestó entonces de pasada delante de los barracones del destacamento. No volví a saber de Brage hasta mayo de 1976, cuando, enterrado el dictador, volví a pisar Madrid. Alertado por la prensa de mi regreso, acudió desde Biarritz, donde residía, y en el hall del Hotel Wellington, en el que me alojaba, me entregó de pie y sin demasiadas explicaciones el rollo de negativos que había conservado y del que no había hecho uso ni se disponía a hacerlo. Su generosidad vino unida a un pedido de discreción que he cumplido hasta ahora, sin conocer los motivos para el sigilo. De este rollo, ha alcanzado ya cierta difusión una foto en la que aparecemos Manuel Lamana, Ignacio Faure y yo, los tres presos de la FUE recluidos en el destacamento. Esta imagen tiene por fondo las inconfundibles espaldas del Risco de la Nava, sin aditamentos cruciformes todavía. Otras tomas de la misma procedencia han servido para ilustrar la comunicación citada en la nota 2 de esta introducción.

1. UN NIÑO EN PALHAVÃ

El pueblo portugués nunca pecó de indiferente ante la República española y la guerra civil. Compartió esperanzas y emociones con sus vecinos orientales y dividió sus simpatías entre los bandos enfrentados con el mismo apasionamiento con que lo hicieron los ciudadanos de naciones más alejadas de España por geografía y cultura. El Portugal gobernado por Salazar permitió en 1936 que se fraguara en su suelo la conspiración para derribar a la República y no disimuló luego su apoyo a los sediciosos. Estoril, la playa elegante del estuario del Tajo, hirvió de conjurados y de sus alrededores despegó y luego se estrelló el avión que debió trasladar al general Sanjurjo al territorio rebelde para encabezar el golpe. Un accidente aéreo fortuito abrió la pugna por la sucesión entre varios cabecillas rebeldes. La lid se resolvería en favor del general Francisco Franco.

A Salazar le había contrariado la caída de la Monarquía en España en abril de 1931. La proclamación de una República que traía aires renovadores a la Península le sorprendió cuando él llevaba tres años al frente del Ministerio de Hacienda luso, trampolín para su asunción de la presidencia del gobierno en 1932 y para la implantación de la larga dictadura del Estado Novo. Temió que la oposición republicana local a la que su policía mantenía a raya pudiera cobrar bríos por contagio. En 1936, una España conservadora, sujeta a una autoridad castrense, le venía como anillo al dedo para perpetuarse en el poder, como efectivamente consiguió por siete lustros más. Salazar no escatimó el respaldo estratégico que los militares golpistas necesitaban cuando, al fracasar la sublevación de las guarniciones de las principales capitales y regiones de España, el territorio rebelde quedó reducido a dos bolsas discontinuas, norte y sur, necesitadas de alimentos, dinero y pertrechos bélicos.

El gobierno portugués permitió el aprovisionamiento de la zona rebelde y consintió que en suelo lusitano se alistaran combatientes españoles y portugueses que marcharon a pelear en el frente. En cambio, negó asilo a cuantos huían despavoridos de Galicia y León o lo hacían ante el avance de sur a norte por Extremadura del ejército sublevado. El gobierno luso mandó cerrar la frontera para impedir una avalancha de refugiados y para evitar que Portugal se convirtiera en un corredor hacia el territorio republicano o hacia los países dispuestos a dar asilo a los perseguidos. Insensible a todo argumento humanitario, devolvió incluso a una muerte segura a quienes habían conseguido burlar el cierre fronterizo y fueron hallados en suelo portugués.[1] El gobierno se convirtió en frío cómplice de los asesinatos perpetrados por los facciosos. El salazarismo no permaneció, pues, equidistante ante el conflicto que ensangrentaba al país con el que compartía la Península. Ofreció una retaguardia segura a las fuerzas sublevadas contra el gobierno constitucional y legítimo. Al cabo de tres meses rompió las tensas relaciones diplomáticas que mantenía con la República. Si el reconocimiento oficial de la Junta rebelde de Burgos se demoró hasta 1938, el retraso se debió a presión británica.

Las fuerzas conservadoras y los medios de comunicación —prensa y radio— al servicio del gobierno luso crearon la impresión de que la nación entera se alineaba en favor de la política oficial. La supuesta unanimidad no fue tal. Impuesta sordina a las manifestaciones públicas en favor de la República asediada, ¿cómo adivinar qué sentimientos abrigaban muchos portugueses a quienes podía costar caro manifestarlos? En este capítulo aporto indicios basados en recuerdos de infancia, así como por herencia oral y escrita de mi padre. Los hechos que paso a relatar se encuentran por cierto entre los primeros de orden político que guarda mi memoria infantil. El niño de entonces que ahora escribe cargado de años no recuerda la proclamación de la República, pues acababa de cumplir cinco años cuando fue aclamada. El recuerdo de los acontecimientos públicos se incrementa a medida que fue ganando en edad, así como por el ambiente que respiraba en casa. Mi padre, catedrático de la universidad y activo opositor a la dictadura de Primo de Rivera, desempeñó bajo el régimen constitucional siguiente cargos académicos y políticos de relieve. La sublevación militar de julio de 1936 le sorprendió de embajador en Lisboa.

Desde su observatorio diplomático, el progenitor se enteró de los tejemanejes que se traían el gobierno portugués, determinados sectores sociales y medios de comunicación antes y después de que estallara el golpe de Estado en España. Al tiempo que crecía la hostilidad oficial hacia la causa republicana, mi padre recibía abundantes muestras en sentido contrario provenientes de las capas medias y populares. Sus informantes se las ingeniaron por un tiempo para burlar la vigilancia a la que la embajada estaba sometida. Unos apuntes tardíos de la pluma de mi padre han dejado constancia de la amarga y arriesgada experiencia que le tocó vivir entonces. Los papeles oficiales de la embajada española en Lisboa publicados confirman documentalmente el testimonio previo.[2]

A medida que la guerra se acerca, mis recuerdos infantiles se precisan. Prueba de los extremos a los que el debate político llegó en los meses que la precedieron son los puñetazos que crucé con un vecino varios años mayor por defender uno la República y el otro —el futuro conde de San Luis— la Monarquía. La discusión concluyó en sangre y con el tabique de mi nariz desviado hasta ahora. Como tantas peleas de niños, ésta no enturbió la amistad, pero sí revela hasta qué punto la discusión política de los adultos descendía hasta la infancia, con ráfagas de violencia incluidas. También recuerdan mis ojos el agobio creado por la campaña electoral del 16 de febrero de 1936. Todas las mañanas, el autobús que me llevaba desde mi casa hasta el Instituto-Escuela en el que me eduqué, atravesaba las calles o avenidas centrales de Madrid que separan la Plaza de España de la zona entonces conocida como los Altos del Hipódromo. Mi retina guarda de ese largo recorrido la imagen de una Puerta de Alcalá empapelada de arriba abajo con carteles de Gil Robles, el candidato de la derecha, clamando con el dedo en alto: «A por los trescientos». Los diputados que la CEDA consiguió con ese abrumador despliegue propagandístico fueron sin embargo notablemente menos. La mayoría de votos dio la victoria al Frente Popular. Recuerdo visual de los meses siguientes son las imágenes del noticiero de un cine de la Gran Vía sobre la sesión de compromisarios reunidos en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. De ella salió elegido presidente de la República Manuel Azaña. Días después presencié junto con mis hermanas desde una de las ventanas altas de la fachada del Congreso de los Diputados la solemne llegada del presidente electo a la carrera de San Jerónimo para la ceremonia de juramento y transmisión del mando. Mi padre salió a recibirlo como presidente en funciones de la Cámara.

Cuando mi padre marchó luego, el 15 de mayo de 1936, a hacerse cargo de la representación diplomática en Lisboa, no pude viajar con él. Quedé atrás enfermo al cuidado de mis abuelos paternos. La sublevación militar me sorprendió en cama, pero mi estado de salud no me impidió seguir los acontecimientos desde un observatorio en cierto modo privilegiado. Las barridas de ametralladoras procedentes del Cuartel de la Montaña me despertaron a primera hora del 18 de julio. Las balas facciosas entraron en las habitaciones del piso en el que vivía en la calle Ferraz. Por años guardé algunas de las incrustadas en la pared del cuarto vacío de mis hermanas. Ellas se encontraban por fortuna en Lisboa con mi padre, de modo que no corrieron peligro alguno. Recuerdo también el amor con que mi abuela Teresa me cubrió con su cuerpo de una metralla que, por suerte, no penetraba hasta el cuarto interior en el que me hallaba acostado. Los disparos de armas cortas y largas sonaban sin cesar en la calle. Las bombas arrojadas por la aviación republicana no dieron en su objetivo, el Cuartel de la Montaña, sino que explotaron en los jardines de la Plaza de España a pocos metros de mi domicilio. Este bombardeo constituyó mi bautizo de fuego aéreo. Un lustro después, en Francia, volvería a quedar expuesto a asaltos de la aviación alemana más intensos.

El piso en el que me encontraba postrado no tardó en cobrar animación. Sus ocupantes y los vecinos salieron de su silencio y se agolparon para compartir entre ellos preocupaciones. La algarabía formada se cortó de cuajo al ver los primeros milicianos sangrando en el portal del edificio. Mientras esperaban ser evacuados, se los extendió sobre colchones requisados en el edificio. El teléfono, situado en el pasillo contiguo al dormitorio en el que me hallaba acostado, sirvió, por otra parte, de enlace con el Ministerio de la Guerra. Por su hilo fluyeron hasta el puesto de mando las noticias sobre las operaciones en curso y llegaron las órdenes para el asedio final del reducto rebelde. En mis oídos resuenan todavía las voces de los informantes, pero no lo dicho. Al final de la mañana, los disparos se espaciaron y cesaron. La casa recobró entonces los sonidos familiares. El Cuartel de la Montaña se había rendido. Mi primera experiencia bélica terminaba así con la excitación a la que invita el triunfo. El ejército no me resultaba extraño, pues contaba con varios militares en la familia, entre ellos un hermano de mi padre al que le tocó permanecer leal a la República. Los sublevados no gozaban de mi simpatía ya entonces.

La rendición del Cuartel de la Montaña destapó una caja de novedades. Desde los balcones se divisaban en la Plaza de España hombres armados enfundados en un mono azul, vestimenta poco frecuente en el centro de la ciudad. Por otro lado, llegó la noticia de que un primo carnal bastante mayor que yo, cadete de la Academia de Toledo, había sido herido dentro del Cuartel de la Montaña. Mi abuelo Nicolás lo localizó en un hospital, pero no volvió a saberse nada más de él. Los acontecimientos los seguía con una radio de galena, el equivalente antiguo de los transistores. El somier de acero de mi cama hacía las veces de antena. En la España leal, la situación se agravaba a cada paso, pero mi salud, al revés, mejoraba.

Mi padre, inquieto por la suerte que corría su familia, me reclamaba insistentemente junto a él en Lisboa. Badajoz había caído en manos rebeldes y el viaje a Portugal por ferrocarril quedaba por lo tanto descartado. A oídos de la embajada de Lisboa llegó la noticia de que el gobierno portugués proyectaba repatriar a connacionales desde un puerto del Mediterráneo y consiguió que mi tío Luis y yo fuéramos admitidos en la expedición. Al llegar a Alicante por tren nocturno del 27 de agosto, nos enteramos de que las primeras bombas de la aviación rebelde habían caído sobre Madrid pocas horas después de que el convoy en el que viajábamos abandonara la estación de Atocha. Una llamada telefónica disipó la alarma por la suerte que pudieran haber corrido los familiares durante el ataque a la capital. Al cabo de días de espera en un hotel próximo al colorido paseo marítimo de Alicante, los barcos estuvieron listos para zarpar. El 7 de septiembre levaron anclas. Eran dos unidades de guerra: el Afonso de Albuquerque, buque insignia de la armada lusa, y el torpedero Dão, una nave auxiliar menor. Por deferencia, mi tío y yo ocupamos dos literas en la pequeña enfermería del buque de mayor porte. Los otros dos ocupantes eran portugueses, un hombre joven del que no guardo recuerdo y otro de mayor edad con aire preocupado. Luego supe que éste era un destacado opositor refugiado en España. Me figuro que era bastante moderado por avenirse a romper su exilio en vez de plegarse a la defensa del régimen constitucional español. La policía lusa lo detuvo sin embargo nada más poner pie en tierra en Lisboa.

Era ésta la primera vez que subía a un barco y, para mayor excitación infantil, uno de combate. Era también la primera ocasión en que tenía que vérmelas con el portugués. La curiosidad infantil no paró hasta que recorrí de arriba abajo los puentes, los lanchones, los cañones, el puesto de mando… El mar ofrecía además varias distracciones, como la de avistar delfines y ballenas o el intercambio de saludos con banderas coloridas al cruzarnos con barcos de otras clases y nacionalidades. El resto del pasaje civil del Afonso de Albuquerque lo formaban portugueses modestos, a quienes un buque de guerra no ofrecía grandes comodidades.

La primera etapa de la travesía fue lenta y corta. A las pocas horas de zarpar de Alicante, los barcos viraron de rumbo y entraron en una extensa bahía en la que se encontraban ancladas naves de guerra de mayor tamaño que las unidades que nos transportaban. La ensenada a la que accedimos era la de Cartagena y la flota anclada en su fondeadero habitual era la de la República, a cuyas órdenes permanecía leal. La marinería había frustrado el levantamiento de la oficialidad contra el gobierno, pero los barcos no transmitían beligerancia. La ropa tendida en cubierta secándose al sol les restaba empaque marcial. La flotilla portuguesa echó ancla a la entrada de la rada, no lejos de las naves españolas. Los pasajeros comentaron sorprendidos lo inesperado de la escala, sobre la que no se proporcionó explicación alguna. ¿Acaso nos deteníamos para embarcar más repatriados o para repostar? Ninguna de ambas suposiciones parecía verosímil, pues nos separaban pocas millas del punto de arranque de la misión. Mientras contemplábamos desde la cubierta el magnífico paisaje de la bahía cartagenera y, dentro de ella, una armada inerte, por un costado del buque insignia portugués bajaron lanchones con marineros que se dirigieron a remo hacia los barcos sublevados. ¿Visita protocolar? La ausencia notoria de oficiales portugueses en las lanchas podía explicarse por falta de equivalencia del lado español. Los de su rango se hallaban, en efecto, detenidos o muertos.

El viaje continuó poco después por mar bordeando la costa andaluza. Por fin llegamos al Estrecho, momento emocionante al divisar un continente simbólicamente distinto. La flotilla aminoró la marcha, pero siguió su camino sin poner proa a la bahía de Gibraltar, como algunos supusieron que haría en gesto de cortesía a la marina británica paralelo al demostrado antes con la flota española. Llegados a aguas del Atlántico, los barcos aceleraron su velocidad, mientras se desencadenaba a bordo un zafarrancho. Los marineros revisaban cada intersticio y verificaban escrupulosamente el funcionamiento de los cañones, las armas automáticas y las de mano. La agitación de la marinería portuguesa contrastaba favorablemente con la dejadez observada en la flota republicana en Cartagena. El barco relucía y, en mi ignorancia de las cosas del mar, me preguntaba si se trataba de una rutina vespertina o respondía a circunstancias excepcionales. El capitán del barco, con más aire de contertulio de café que de hombre de guerra, contemplaba impasible los ejercicios de una tripulación que le saludaba rigurosamente cuadrándose al pasar delante de su tumbona. Más tarde me he preguntado qué encubría la flema del capitán, si satisfacción por la diligencia observada en sus subordinados, preocupación por la misión encomendada, resignación ante el peligro en ciernes o simplemente inopia.

Al llegar la noche se nos invitó a acostarnos temprano porque se suponía que desembarcaríamos en Lisboa a primera hora de la mañana. A eso de las dos, la consigna fue rectificada y se nos despertó para bajar a tierra de inmediato. Mi tío y yo fuimos de los primeros en hacerlo. Mi padre, avisado de los nuevos planes, esperaba en el muelle del dique de Alcântara. Minutos después hacíamos nuestra entrada en el hermoso palacio de Palhavã, residencia del embajador, construido para los hijos naturales del rey Juan V, los llamados meninos de Palhavã. De sus amos heredó el nombre. Abrazos y puesta al día sobre las vicisitudes del viaje y sobre el estado de la familia que habíamos dejado en Madrid. Esa noche, volví a acostarme por segunda vez.

A las pocas horas, pasadas las siete de la mañana del 8 de septiembre, un estruendo me despertó y vi entrar en mi dormitorio a mis hermanas, somnolientas, y a mi padre. Éste nos abrazó cubriéndonos con su cuerpo en un gesto instintivo que me recordó el que su madre había tenido semanas antes conmigo. Tal vez se temió que la embajada estuviera siendo atacada, suposición que nada tenía de particular puesto que las tensiones entre el gobierno portugués y la República española iban de mal en peor. Un oído aguzado podía sin embargo percibir que los estampidos se alejaban. La explicación del estrépito no tardó en llegar. La marinería de los buques en los que había viajado había reducido a los oficiales y se había apoderado de los barcos, como habían hecho sus camaradas de Cartagena. Izada bandera roja, los buques de guerra enfilaban hacia la desembocadura del estuario. Las noticias recogidas más tarde precisaron que parte de los disparos oídos provenían de las baterías instaladas en la desembocadura del Tajo. Los barcos fueron alcanzados por la artillería de las fortificaciones costeras y hacían agua. El efímero sueño concebido por los marineros de unirse a la flota republicana en Cartagena llegaba a su fin. La información hacía que cobraran sentido las impresiones sueltas de la víspera: la inexplicable escala, el vaivén de botes, la escrupulosa revisión del armamento, el desembarco a horas intempestivas… La sublevación hilvanaba esa secuencia de imágenes y les otorgaba intencionalidad. La prensa lisboeta dio cuenta horas después de lo sucedido alabando, como era de esperar, la eficacia demostrada por las baterías de tierra. Los periódicos informaron de la liberación sin daños de los oficiales y de la rendición de los revolucionarios.

A principios de 1961, hallándome en Londres, traté a portugueses allí exiliados. En nuestras charlas les conté lo que había presenciado un cuarto de siglo antes. De aquella sublevación no tenían noticias. La censura se había ocupado de que pasado el estrépito no se volviera a hablar del asunto. La generación posterior de opositores al régimen ignoraba la revuelta y su significación. José Saramago, el admirado novelista portugués, me argumentó en contra de la impresión que me había formado en Londres. Sostuvo que la tradición había preservado su recuerdo dentro de las filas comunistas. Él mismo había recogido la noticia en el último capítulo de su famosa novela O ano da morte de Ricardo Reis (1984).

Después de la Revolución de los Claveles, varios libros de historia consignaron la sublevación que me constaba personalmente y la engarzaron en la liturgia de la oposición de las Fuerzas Armadas a Salazar que convertía el alzamiento marinero en un eslabón de la cadena de resistencia militar a la dictadura salazarista. La proclamación de la República en España coincide por cierto en el tiempo con otro levantamiento de la marina en la isla de Madeira, en 1931. Reducir la acción naval de 1936 a un hito de las intervenciones militares portuguesas sustrae la carga ideológica que el acontecimiento encierra y le resta la resonancia que la guerra civil española concitó en los sectores populares portugueses.

Años han transcurrido desde la insurrección de los principales buques de la armada portuguesa en una sublevación que recuerda de lejos la del acorazado Potemkin, inmortalizada en la famosa película soviética dirigida por S. Eisenstein que dio la vuelta al mundo. Las hazañas del Potemkin y del Afonso de Albuquerque, de proporciones y consecuencias desiguales, presentan sin embargo tramas con similitudes. De mi infancia conservo fresca en mi pupila la figura de aquellos marineros de uniforme impoluto, compostura impecable, deferentes con los civiles, y puntillosos en la revisión de las armas, marineros por cuyo pecho debieron de cruzar la exaltación y la preocupación en el momento preciso en el que yo los observaba. Al mes de ser reducidos, los sublevados fueron sometidos al Tribunal Militar Especial de Lisboa. En la condena emitida, el tribunal prefirió resaltar el obvio quebrantamiento de la disciplina y no entrar en el fondo político de la sublevación. La acusación se contenta con calificar el hecho de atentado contra el gobierno constituido, sin entrar en detalles. Soslayar el problema no impidió que el consejo de guerra dictara condenas que los marineros cumplieron en el campo de concentración de Tarrafal, erigido en la isla de Santiago del archipiélago de Cabo Verde, entonces colonia portuguesa. Este campo es conocido como Campo da Morte Lenta por su alta letalidad y los malos tratos dispensados. A ese lugar lejano, el gobierno de Salazar deportó a los políticos dispersos por prisiones del continente y de ultramar. Tarrafal fue cerrado en 1952, el mismo año en el que los presos políticos fueron retirados del Valle de los Caídos, coincidencia curiosa del tempo represivo de las dictaduras que compartían el territorio de la Península.

¿Qué vale el testimonio de ese niño que correteaba por el barco ajeno a la conspiración? El relato que someto a consideración viene a añadir imágenes y precisiones que espero convenzan a los incrédulos. La novela del desaparecido Saramago deja entender que el proyecto fue concebido en unos barcos fondeados plácidamente en el estuario del Tajo a la vista de la ciudad. También supone que el objetivo era zarpar hacia las Azores para apoderarse de Angra do Heroísmo en la isla Terceira, liberar a los presos políticos allí recluidos y apoyar desde las islas atlánticas un levantamiento en territorio peninsular. Al pasar de una generación a otra, la memoria suele jugar malas pasadas. Mi relato contradice las últimas páginas, más literarias que históricas, de la muerte de Ricardo Reis.

La rápida reacción de las baterías costeras supone una justificación de la especie sostenida de que el gobierno había recibido un soplo sobre las intenciones de los marineros. Dudo sin embargo que la conspiración corriera en boca de los familiares, como supone la novela. De ser cierto, el gobierno no habría enviado fuerzas navales a repatriar connacionales. Sus oficiales, de estar prevenidos, no se habrían dejado reducir fácilmente. Tampoco sostiene la hipótesis de un conocimiento previo el hecho, difícilmente explicable, de que el mando de la flotilla permitiera que los barcos lusos recalaran en Cartagena y que su tripulación confraternizara en esa base naval con los amotinados. Por su horario, el zafarrancho que presencié la tarde que precedió a la sublevación sugiere que los marineros debieron de tomar la decisión después de la visita a Cartagena, sin perjuicio de que la conspiración se hallara presente en sus cabezas antes. El contacto con los marineros republicanos fue en todo caso, a mi parecer, el detonante. La espera hasta que desembarcaran los civiles evidencia responsabilidad y dirección efectiva en la conjura. Atracar a altas horas de la noche y zarpar al alba contradice la suposición de que las naves estuvieran fondeadas. Angra pudo ser un objetivo de la conjura concebido en otro momento, pero la secuencia entre la parada intempestiva en Cartagena y la insurrección lleva a suponer, con harta probabilidad de acertar, que el Mediterráneo era el rumbo al que los sublevados tenían previsto poner proa.

El levantamiento naval no fue la única adhesión a la causa republicana y la única oposición a la política oficial. A la reacción proletaria que representa el motín marinero se añade una actitud menos conocida en sectores sociales medios. La información histórica disponible desde hace unos años lo confirma, pero me gustaría añadir algunas pinceladas basadas en una combinación de recuerdos ajenos y propios. En su mencionado Anecdotario político, mi padre recuerda su viaje en ferrocarril para tomar posesión de la embajada de España. Una multitud, estudiantes en su mayoría, acudió a recibirlo en la estación del Rossio al grito de «Viva la República». Las autoridades interpretaron ese clamor, con toda razón, como una permutación deliberada. En sus ansias de recuperar la República secuestrada, los opositores al régimen vitoreaban a la española vecina. El gobierno, en un exceso de aprensión, detuvo a buen número de manifestantes.

Al estallar la sublevación militar en España, muchos ciudadanos portugueses se acercaron a la representación diplomática republicana indignados para informar de las actividades que los secuaces de los rebeldes realizaban en territorio luso. Informaron de sus desplazamientos, de las entradas y salidas de aviones, de los créditos bancarios concedidos, de las entregas de armas y de los aprovisionamientos despachados. Dieron igualmente noticia de la colaboración de las autoridades lusas y de los lúgubres relatos provenientes del territorio ocupado por los insurgentes. Gracias a esa colaboración espontánea, la embajada dispuso de detalles precisos en los que sustentar sus frecuentes reclamaciones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores portugués. Ante la incomodidad que creaban esas protestas, el gobierno optó por cerrar la espita de la información que llegaba a la embajada. Sometió al palacio de Palhavã a un cerco policial estrecho. Cuantos se acercaban a la residencia del embajador eran interpelados o detenidos. La policía introdujo incluso en el servicio de la embajada un agente espigado y cetrino. So capa de camarero, servía la mesa del comedor a la escucha de lo que captara su oído.

La parte risueña, aunque desfachatada, de aquel asedio fue que, instalada la cancillería interinamente en el edificio de la residencia por haber sido tomadas las oficinas de la Rua do Salitre por los diplomáticos sumados a la rebelión, los telegramas cifrados eran entregados en ella cerrados, pero con un sello en su interior que decía censurado. Los códigos empleados en el tráfico diplomático habían sido facilitados al gobierno portugués por los diplomáticos desertores sin importarles una higa quebrar el secreto oficial a su cargo. El gobierno luso no sólo se aprovechó de la revelación de la cifra para descodificar los mensajes intercambiados, sino que tuvo el descaro de presumir de que lo hacía. El archivo de la embajada guarda docenas de documentos con señal de la desvergüenza.

Las carpetas de documentos de la embajada española en Lisboa que forman ese archivo fueron recuperadas fortuitamente en Francia en los años setenta del siglo pasado. En la actualidad se encuentran depositadas en el archivo de la Fundación Largo Caballero de Madrid. En estas carpetas se conservan las notas insólitas que los portugueses afectos a la República hicieron llegar al representante del gobierno español. Unas son casi anónimas, como las suscritas por un llamado Frente Popular portugués, y otras, más atrevidas, figuran firmadas con nombre y apellidos y, para colmo, extendidas, algunas de ellas, sobre papel con membrete del establecimiento comercial propio. Las enviadas por comerciantes españoles fueron redactadas en español; los portugueses escribieron en su lengua. Algunas comunicaciones ponían tres puntos formando un triángulo, que sugiere la condición de masón del corresponsal. La masonería había sido disuelta por el gobierno portugués el año anterior. Nada tiene pues de particular que los miembros de esa confraternidad quisieran ayudar al triunfo del orden republicano en España, donde sus hermanos eran influyentes. Es digno de admirar el atrevimiento mostrado por estos corresponsales espontáneos por el riesgo que incurrían de ser identificados. La temeridad duró apenas unas semanas. El cerco impuesto a la embajada se encargó de cortarla.

Del aislamiento al que quedó sometida la misión diplomática española conservo recuerdos precisos. Mi padre recibió varias amenazas de que sus hijos seríamos secuestrados. La Junta de Burgos envió incluso a un tirador de élite para abatirnos, lo que a Salazar le pareció excesivo, de modo que lo impidió. De no ser por la intervención del dictador portugués, justo es reconocerlo, no estaría aquí para contarlo. En todo caso, el clima al que llevaron las intimidaciones obligó a extremar precauciones y a que mis hermanas y yo permaneciéramos encerrados en Palhavã, salvo alguna escapada improvisada a la hora del atardecer a las solitarias playas atlánticas cercanas al Cabo da Roca.

El encierro encontraba una grata compensación en la hermosura de un jardín de armonioso diseño barroco con fuentes escultóricas, bojes recortados y frondosos recovecos. Este jardín de estilo portugués clásico ha sufrido un atentado histórico no hace muchos años y ha sido sustituido lamentablemente por una insulsa pradera de césped más despejada y menos costosa de mantener. En el par de meses que duró mi encierro en Lisboa apenas tuve la oportunidad de conocer las calles de la ciudad, como tampoco de visitar sus parques o sus monumentos. La fascinación que Lisboa despierta en cualquiera quedó para otra hora. La espina que arrastré clavada contribuiría tal vez a que dos semanas después de la afamada Revolución de los Claveles me plantara en Lisboa para colmar a mis anchas la frustración sentida en aquellos comienzos del otoño del año 36. También habrá influido sobre el ánimo que arrastro y que me hace no rechazar oportunidad alguna para regresar una y otra vez a Lisboa.

2. BURDEOS: UN EXILIO JUVENIL A REMOLQUE

A los tres meses de estallar la sublevación militar en el protectorado de Marruecos, el gobierno portugués rompió las tensas relaciones diplomáticas que mantenía con el gobierno republicano. En previsión de que el rápido avance de las tropas insurrectas se apoderara de la capital, Salazar decidió sincerarse. Al embajador de la República le fueron concedidos tres días para abandonar Portugal. El primer barco de pasajeros que atracó en el puerto de Lisboa con rumbo al norte de Europa fue el británico Almeda Star, procedente del Río de la Plata. Se dirigía a Boulogne-sur-Mer, Amberes y Londres. El buque, mixto de carga y pasaje, que los submarinos alemanes hundirían cuatro años después, transportaba entonces, en camarotes confortables, a un número reducido de viajeros. Entre ellos, se encontraban el ex presidente argentino Marcelo T. de Alvear y su esposa, en el viaje anual que la pareja hacía a París. Mi padre entabló buena relación con él, y yo también por razones frívolas.

Entrado el otoño, el mar se agitó. El fuerte oleaje hizo que los viajeros se refugiaran en sus camarotes, incluida mi gente. Sólo Alvear y yo aguantamos de pie el violento zarandeo del barco. Lo escaso del pasaje en cubierta no pareció motivo suficiente a la flemática oficialidad británica para cancelar el programa de juegos previsto para entretener a los pasajeros. Concebidos para un público rioplatense selecto y, por lo mismo, afecto a los burros y a las apuestas, se celebró a bordo un simulacro de carreras de caballos. Unas tallas de madera pintada fingían caballo y montura y avanzaban sobre una pista numerada en el suelo al galope impreso por la suerte de los dados. Al verme contemplar los preparativos, Alvear sugirió que mi mano inocente tirara los dados. La suerte le acompañó. Ganó y me tomó simpatía.

Al entrar en el canal de la Mancha el oleaje se calmó y el grueso de los viajeros empezó a asomar por los pasillos y por el comedor. Para mi padre, llegó el momento de tomar decisiones. En su precipitación, había abandonado Lisboa sin rumbo previsto. Varios destinos se agolpaban en su mente. Una larga conversación con Alvear que presencié, le convenció de que Londres o Bruselas no parecían ser los lugares más indicados para esperar que aclarara en España. El ex presidente le animó a que desembarcara en Boulogne-sur-Mer y, como argentino, le recomendó que, mientras esperábamos la salida del tren a París, visitáramos el monumento al general San Martín, héroe de la Independencia argentina, fallecido en el destierro en esa localidad de la costa francesa. Dicho y hecho. Nada hacía prever entonces que el destino nos llevaría a mi padre y a mí a vivir años decisivos de nuestra existencia en la Argentina. De San Martín, me tocaría presenciar en Buenos Aires el apoteósico centenario de su defunción.

París fascina a cualquier edad. Su atractivo no mengua sino que se transforma con el paso de los años. Después del encierro forzoso de Lisboa, libertad de movimientos para mis hermanas y para mí. Ni siquiera estábamos sujetos al incordio de tener que acudir a clase en plena temporada escolar. Nada de escuela, pero aprendizaje a espuertas. Mi padre, meticuloso en la educación de sus hijos, estaba empeñado en que la estancia intempestiva, y acaso corta, en París dejara el mayor poso de conocimientos posible a una edad como la nuestra, capaz ya de gustar y de recordar. Ningún monumento o museo quedó sin conocer en esos días cargados de continuas sorpresas. Días también fueron aquellos de un primer apuro lingüístico. Mis hermanas y yo hablábamos español y alemán entre nosotros. Mi padre se esforzaba en que no perdiéramos la segunda lengua aprendida durante su estancia en Viena en disfrute de una beca concedida por la Junta para la Ampliación de Estudios. El idioma alemán gozaba en aquella época de gran prestigio en los círculos intelectuales y culturales españoles, convencidos de que seguiría siendo así en el futuro. No convenía perderlo, pues nos sería útil de mayores. Pronóstico incumplido. La guerra desencadenada por la Alemania nazi se encargó de impedirlo. El caso es que, al llegar a Francia, aunque las cabezas de mis hermanas y mía se hallaban preparadas para el uso de idiomas extranjeros, el francés nos pilló desprevenidos. De esa estancia en Austria, con viajes por Alemania, conservo por cierto, entre otros recuerdos, una curiosa silueta infantil enviada de recuerdo a mis abuelos paternos desde Dachau (véase figura 1). Está fechada seis años antes de que se erigiera en los alrededores de esa apacible población bávara, próxima a Múnich, el primer campo de concentración nazi para presos políticos alemanes. En la perspectiva del tiempo transcurrido, la imagen estremece por la carga premonitoria asociada a ese nombre.

Figura 1. Silueta del autor a la edad de año y medio. Dachau, 1927. Caligrafía del padre.

Además de monumentos, visitas a amigos o a personalidades a quienes mi padre quería presentar su prole, mientras él hablaba de sus asuntos. Los nombres de Aurelio Viñas, de la pareja formada por Pierre Vilar y Gabriela Berrogain, de Marc Bloch, Ferdinand Lot, Ramón Menéndez Pidal, Eduardo Zulueta y otra larga serie de franceses y de expatriados españoles, quedaron grabados en mi memoria. Sólo años más tarde descubrí el significado intelectual de cada personaje. Un hotel de la rive gauche, situado a la entrada del Boulevard Raspail, albergó provisionalmente a la familia. De España llegaban noticias públicas o privadas cada vez más sombrías. Guerra parecía que habría para rato. Madrid resistió el asedio al que los rebeldes lo sometieron. Mis abuelos seguían en la ciudad, sujeta a constantes cañonazos y bombardeos aéreos para socavar, en vano, la entereza de la población civil. Por haber quedado su piso de la Plaza de España en primera línea de fuego, hubieron de desalojarlo. Mi padre, inquieto por la suerte que corrían sus mayores, procuró que salieran a Francia. A fines de diciembre del año 36, pisaron finalmente París. Su llegada descartó cualquier veleidad de regreso de la familia a una España republicana en guerra. Puesto que la ausencia pintaba para largo, nos mudamos del hotel a un apartamento amueblado alquilado mes a mes, enfrente del Champ de Mars. La construcción de los pabellones de la Exposición Internacional de París había puesto patas para arriba esa explanada. Presencié las obras, pero la magna muestra sólo se inauguraría meses después, en marzo de 1937.

Mantener a ocho miembros de tres generaciones (mis dos abuelos, mi padre y su hermano Luis —mi acompañante a Lisboa—, así como los tres hijos —María Cruz, Concepción y yo—, más una sirvienta española, Antonia) resultaba imposible sin ingresos regulares. Mi padre tuvo suerte al buscar trabajo. Consiguió que la Universidad de Burdeos, de la que era por cierto doctor honoris causa, le contratara para enseñar historia de la civilización española. París quedó atrás. La familia se trasladó al completo y se instaló en una villa con amplio jardín situada en el suburbio de Caudéran, localidad en la que residiríamos los tres años y medio siguientes.

El aplazamiento de la escolarización concluyó al encontrar la familia asiento fijo. A mitad de curso, mi hermana menor y yo nos incorporamos a la escuela pública local, más que nada para aprender francés y familiarizarnos con el sistema educativo galo. Mi hermana mayor entró en cambio en el liceo de señoritas. Durante la Tercera República francesa, la enseñanza secundaria seguía aún separada por sexos, criterio inimaginable hoy en un centro público y laico. Al comenzar el otoño siguiente, aprobé los exámenes de admisión al bachillerato e ingresé en el Lycée Longchamps para garçons en la clase de sixième. En el sistema escolar francés, los años se enumeran siguiendo una cuenta atrás, igual que en el lanzamiento de los cohetes espaciales. El primer año de bachillerato se conoce como sexto. El último como primero.

La integración escolar no recuerdo que me resultara más difícil de la que afronta cualquier niño al ingresar en un centro de secundaria sin la compañía de sus condiscípulos del ciclo anterior. Aparte de despertar mi presencia una lógica curiosidad inicial, el hecho de ser extranjero no suscitó problema mayor. Mi memoria, en todo caso, no registra inconvenientes. La confraternidad entre condiscípulos creció con los parloteos y, años después, con los primeros pitillos fumados a escondidas a la salida del colegio. Compañeros y profesores tal vez me recibieron sin problema por ser el único extranjero en el aula. Aparte del lugar de nacimiento y de un acento que desapareció pronto, era el más alto de la clase y figuraba en el prestigioso tableau d’honneur. Poco asidero encontraban los prejuiciosos para tenerme a menos, a diferencia de lo que ocurre ahora por color de piel, educación y gustos con los jóvenes inmigrantes del Tercer Mundo que pueblan la enseñanza francesa.

La escuela gala, incluida la secundaria, conseguía entonces dotar a los alumnos de un sólido sentimiento de pertenencia nacional, lo que no parece ocurrir ahora en una sociedad francesa menos homogénea. Los manuales y las clases, tras una reverencia profunda a la Antigüedad clásica de la que Francia se consideraba heredera privilegiada, insistían en la permanente contribución francesa al conocimiento y a las artes, desde la química a la literatura, por poner ejemplos. En literatura, el único enlace con las letras españolas se daba a través de la recreación francesa de figuras dramáticas señeras del país vecino: Le Cid de Corneille y Don Juan de Molière. Las literaturas extranjeras se enseñaban con la lengua, de modo que el alumno que no estudiaba español no tenía por qué conocer la literatura española. Francia se ofrecía como intermediario imprescindible para la relación con el resto del mundo. La matraca patriótica tocada no resultaba demasiado injustificada entonces. Francia podía presumir de aportes de primera fila, pasados y recientes, en casi todos los órdenes de la ciencia y de la cultura. El goteo intenso de autocomplacencia terminaba por calar en jóvenes poco entrenados en aplicar filtros críticos. Tampoco yo escapé a su efecto. Mi temprana edad no me invitaba a marcar distancias con respecto a las creencias de mis compañeros. Al contrario. Me amoldé al discurso transmitido en las aulas.

La intrusión del mundo francés se detenía a la puerta de mi casa. Lengua, cocina, usos seguían siendo en ella españoles. Un hogar cálido compuesto por tres generaciones me cobijaba. Mi abuela Teresa llevaba en casa las riendas descargando de su gestión a su hijo, que siendo viudo no contaba con colaboración femenina para la vida práctica. Gracias a su madre, mi padre pudo dedicar entonces más atención a sus clases e investigaciones y a los asuntos mayores. También le permitió ausentarse de Burdeos cuando lo necesitó. La universidad tropezó, por ejemplo, con dificultades para renovar su contrato para el semestre de invierno de 1938 y hubo, en consecuencia, de aceptar una oferta para enseñar durante ese tiempo en la Universidad de La Habana. Aprovechar la ocasión que se presentaba para abandonar Europa y trasladarse con su familia a Cuba o a otra parte de América no pasó por su cabeza, aferrada como estaba a un retorno inminente a España. Desde Burdeos, realizó también una escapada a Valencia, sede entonces del gobierno republicano, para consultas con sus correligionarios y para tratar de recuperar las notas y los documentos acopiados por él durante años de trabajo. Habían quedado atrás en Madrid y corrían peligro de ser destruidos accidentalmente o de extraviarse. Su rescate le permitió seguir trabajando durante años en historia medieval fuera de España.

A pesar de estar rodeada por parte de su familia, mi abuela Teresa no dejaba, naturalmente, de pensar en los hijos que habían quedado atrás, uno en cada lado. El modelo de expatriación que albergaba en su cabeza era el de una abuela suya con muchas agallas. Durante las guerras carlistas del siglo XIX, su predecesora impuso su voluntad y arrancó a sus hijos de los bandos opuestos en los que se hallaban alistados y se los llevó con ella a Francia hasta que el conflicto terminó y volvieron juntos a España. El conflicto del siglo XX, más complejo, no le permitió repetir la hazaña de su abuela.

Mi abuelo Nicolás se adaptó en cambio a Burdeos y lo hizo de una manera singular. Gran andarín, a sus setenta y tantos años recorría las calles de la ciudad del Garona envuelto en su capa de paño pardo castellano sin que le importara si llamaba o no la atención por su atuendo. Sus caminatas terminaban a menudo en casa de los que llamaba sus «electores». Durante la Primera Guerra Mundial, gran número de abulenses habían emigrado a Burdeos para reemplazar a los trabajadores franceses enviados al frente. Muchos de esos paisanos recordaban haberle tratado y votado en su día. Seguían apreciando su campechanía y no salían de su estupor al tropezar con su antiguo y anciano representante parlamentario lejos de su tierra común y en condición de expatriado. Tal era el número de sus paisanos, que mi abuelo sostenía en broma que le bastaban para conquistar un acta de diputado por Ávila. En el exilio, mi abuelo recreó pues, a su modo, el mundo del que provenía. En cuanto a mi tío Luis, nombrado lector de español en el liceo de Béziers, no faltaba en casa durante las vacaciones escolares.

El país seguía presente en la conversación diaria, atenta a las vicisitudes de la guerra que, según fueran los combates, parecían acercar o alejar la vuelta al terruño. Más lo segundo que lo primero. La geografía de España la conocí por los periódicos, no en clase, en función de como se desplazaban los frentes. Los topónimos que aprendía no evocaban en mí paisajes o monumentos, sino tierras ensangrentadas. De Guernica no sabía de su árbol, pero sí de los bombardeos que la arrasaron. En la espera, las noticias de la familia ocupaban un lugar destacado. El golpe del 36 había sorprendido a sus miembros en zonas diferentes. Mi rama materna se hallaba casi toda en territorio rebelde, y a gusto. De ella se sabía, de tanto en tanto, que algún varón había caído en el frente.

A principios de 1939, en el último coletazo de la guerra, el ejército de la República y la población civil cruzaron en masa los Pirineos en busca de refugio. Francia abrió para ellos campos de internamiento en las playas del Mediterráneo. Algunos refugiados pudieron salir del encierro e instalarse en el Mediodía francés. Hasta Burdeos llegaron unos pocos a la espera de embarcar hacia América en el primer barco que dispusiera de plazas. Amigos y correligionarios de mi padre de Madrid o de Ávila —los Sahagún, por ejemplo— pasaron por casa, mientras esperaban embarcarse. Por boca de estos infortunados me hice cargo de las penalidades que acarreó el brusco desarraigo. Los instalados en Burdeos y sus alrededores fueron contados, entre ellos el presidente Azaña, instalado en Arcachon, a orillas del Atlántico. La conclusión adversa de la guerra acabó por excluir un pronto retorno a España.

El drama de la derrota y el vivido por los refugiados me distanciaba de mis compañeros de colegio y de la Francia en la que residía. La mayoría de los chicos de mi edad con los que trataba se mostraban indiferentes ante la suerte que corrían mis compatriotas. Su actitud procedía en parte de la despreocupación propia de la juventud, pero traducía también el sentimiento percibido en el hogar. Para desgracia suya y nuestra, los franceses sólo tardaron meses en ver hollada su tierra por el enemigo y a sus compatriotas en estampida. La declaración de guerra entre Alemania y Francia hizo que los adultos dentro de la familia sopesaran si procedía que el grupo familiar permaneciera en Burdeos al completo. No parecía tener sentido que mis abuelos, que se habían librado de las miserias y sustos de la guerra civil, quedaran expuestos a su edad a un conflicto internacional mayor como el que se avecinaba. En su propia tierra, la represión de posguerra no parecía que fuera a afectarles físicamente, aunque mi abuelo no escaparía a la represalia económica. Aludida en la introducción, volveré a ella al final del capítulo. Mis abuelos no regresaron a Madrid, donde habían perdido su casa. Se instalaron en Ávila, a pasos de donde vivía una hija.

La guerra con Alemania trastocó la rutina escolar. Nuevos profesores y compañeros aparecieron por las aulas. Los enseñantes más jóvenes habían sido incorporados a filas. El novelista e historiador católico Henri Petiot, conocido por su seudónimo Daniel-Rops, reemplazó a nuestro profesor de literatura. Dispuesto siempre a entablar conversación con los alumnos, dotó a la materia a su cargo de un aire menos libresco y más vivo y, por lo tanto, más atractivo. El número de alumnos aumentó un tercio por clase, como queda bien reflejado en la acostumbrada fotografía de fin de curso que conservo (véase figura 2). Los refugiados procedían sobre todo de Alsacia y Lorena, franja fronteriza en la que se temía que se produjeran combates inminentes, que nunca llegaron a materializarse. El sudoeste de Francia, en el que se sitúa Burdeos, se convirtió en área de refugio de la población civil francesa.

Figura 2. Clase de 3ème A del Liceo Longchamps de Burdeos, mayo de 1939.
El autor, el más alto de la segunda fila; Nguyen, última fila, primero por la derecha.

Entre los desplazados, acudió —entiendo que desde París— un joven natural de Saigón, Nguyen Van Nu, o nombre parecido, hijo de un médico residente en Francia y perteneciente por lo tanto a la capa ilustrada de la sociedad colonial. Menudo, cetrino, de inteligencia viva y con una buena formación, se mostraba reservado con los compañeros de curso. Yo constituí la excepción por ser extranjero. Por las confidencias que me fue haciendo, conocí la animosidad que despertaba la sujeción colonial en los adolescentes originarios de los territorios de ultramar. Los textos escolares franceses describían la expansión colonial decimonónica como una obra civilizadora y cerraban los ojos a los sentimientos que la intrusión provocaba en sus habitantes. Al terminar la guerra mundial, la descolonización que recorrió Asia y África no me tomó de sorpresa. Los ojos que los comentarios de Nguyen me abrieron, me valieron para entender y simpatizar con el proceso descolonizador de mediados del siglo XX. Vietnam constituyó el ejemplo más sangriento de empecinamiento, en el que las potencias dominantes —Francia y los Estados Unidos— se turnaron en vano para impedir la emancipación. Los periódicos y las imágenes de la televisión que cubrieron los combates en esa región se llenaron de horrores. En ellos, el nombre Nguyen se mencionaba a cada instante, sólo que referido, como descubrí, en mi ignorancia de la lengua y de la cultura del país, a multitud de personas de cualquier bando. Recientemente he sabido que Nguyen es el apellido más común en Vietnam. Tropezar a menudo con él no menguó mi curiosidad por la suerte que el azar podía haber deparado a mi compañero de estudios de Burdeos y que no he llegado a satisfacer. El recuerdo que conservo de sus opiniones y de su carácter me decía que tenía que estar en Vietnam y en el bando anticolonial.

El estallido de la guerra entre Francia y Alemania afectó a las horas lectivas habituales. En toda Francia, los civiles, las empresas, los centros de enseñanza fueron instruidos para aprender a protegerse ante los previsibles ataques aéreos. Madrid, Guernica, Barcelona y otras ciudades españolas habían sido sometidas meses atrás a violentos bombardeos de la aviación alemana. Era de suponer que el entrenamiento adquirido en la Península sería aplicado para castigar desde el aire a las poblaciones francesas. Cuando la sirena de alarma sonaba para iniciar el simulacro, el liceo se vaciaba y cada clase, con los profesores al frente, se dirigía al refugio asignado, dejando colgados en la pizarra aoristos griegos o fórmulas algebraicas. Los alumnos, en vez de dejarse ganar por el pánico, recibían con beneplácito la interrupción de la clase, a pesar del molesto encierro en sótanos oscuros y la asfixia que provocaba el respirar con la mascarilla antigás puesta para formar hábito. De tanto ensayo, el rendimiento escolar se resintió.

La guerra apenas se dejó sentir en la población civil en los primeros meses de contienda. En el frente, el intercambio de cañonazos o algún golpe de mano interrumpían de tanto en tanto la calma reinante. Nada parecido pues a las batallas costosas en vidas humanas que los franceses recordaban de la guerra anterior. La drôle de guerre, como los comentarios bautizaron a esa etapa, encendió las soflamas y aumentó la gesticulación patriótica, pero aportó pocos sufrimientos o privaciones al día a día de la mayoría de los franceses. Las naciones enfrentadas prefirieron medirse en esa fase del conflicto lejos de la frontera común, en Polonia, en Noruega…

El tono de la guerra cambió sin previo aviso en mayo de 1940. Las tropas del Reich invadieron Bélgica, Luxemburgo y Holanda, para sorpresa del ejército y de la generalidad de los ciudadanos franceses. La línea Maginot, detrás de cuyas fortificaciones Francia se había sentido protegida sin que nada lo justificara, fue tomada por la espalda por los alemanes. Las divisiones acorazadas germanas avanzaron de modo arrollador por las llanuras del norte de Francia haciendo honor al nombre de blitzkrieg, o guerra relámpago, con que se bautizó al género de operaciones concebido por el Estado Mayor teutón. Ante el inminente asalto a París, el gobierno francés se apresuró a replegarse en Burdeos. La ciudad aquitana se convirtió por segunda vez en setenta años en capital de la República amagada por su vecino germano. Las administraciones precisaron requisar los edificios públicos para seguir funcionando. Entre ellos se encontraban los escolares. El desalojo llegó un mes antes de terminar el curso escolar.

Una mañana, el provisor del liceo, como se llamaba al director, irrumpió en las clases y en cada una de ellas anunció que el gobierno requería el edificio para alojar creo que las oficinas del Ministerio de Educación. El año escolar se daba por concluido sin convocar exámenes. La noticia suscitó las fuertes emociones que eran de esperar. Los alumnos, encabezados por el director y el profesor de la clase, prorrumpieron a cantar la Marsellesa. La vieja letra prometía gloria, pero la boca que la emitía mascaba derrota. Nguyen y yo nos pusimos de pie con nuestros compañeros franceses. El avance alemán nada presagiaba de bueno para mí. Hombres y pertrechos enviados por Alemania habían contribuido al triunfo de quienes impedían que viviera en mi tierra. Nguyen escuchó el himno en posición de firmes, pero sus labios no se abrieron. Nunca volví a verlo y perdí por consiguiente la oportunidad de averiguar si su silencio ocultaba pesar o satisfacción por la humillación infligida a la metrópoli.

Los temidos ataques aéreos llegaron. Una noche de principios de verano, las sirenas de la alarma aérea sonaron a altas horas para avisar de la inminencia, esta vez de veras, de un bombardeo germano. En pijama y con mantas a cuestas salimos de la casa, según el plan de evacuación ensayado, y nos tumbamos a tientas en unas trincheras algo húmedas que la protección civil nos había hecho cavar en medio del jardín en prevención de lo que sobrevendría. La ciudad quedó a oscuras. Unos haces de rayos recorrían el cielo buscando aviones enemigos que las baterías antiaéreas que defendían el puerto se proponían abatir. Antes de inventarse el radar, los aparatos eran detectados por el sonido y por medio de la vista. El ronroneo monótono de sus motores se acercaba, seguido al instante por el estrépito causado por las bombas que caían sin precisión desde gran altura. La defensa se mostró ineficaz para detener la oleada. Algunos proyectiles alemanes explotaron no lejos de donde vivíamos, como pudimos comprobar al llegar el día. Una joya del arte románico estuvo a punto de recibir su impacto.

Esa primera incursión aérea causó destrozos y muertos en la ciudad y alrededores, pero no fue ni insistente ni larga. Los alemanes seguramente pretendían demostrar al gobierno francés su capacidad ofensiva y su dominio del espacio aéreo. También anticipaba a la población la ocupación inminente de la capital provisional del país. El ejército galo tardó pocos días en rendirse al invasor. El armisticio concedió a Alemania el derecho a ocupar la franja del litoral atlántico de la nación. El hexágono quedó dividido en dos zonas: una ocupada por el ejército alemán y otra, sedicente, libre. El gobierno títere constituido tras la derrota trasladó la capital administrativa a la ciudad balnearia de Vichy, en el corazón de la zona no ocupada.

Para los refugiados españoles, la llegada de los alemanes aumentó la incertidumbre en la que vivían. Con los alemanes al mando, el gobierno francés dejó de sentirse responsable de lo que pudiera ocurrir con los republicanos españoles. Éstos quedaron a la discreción del ocupante y expuestos a que éste diera satisfacción a los requerimientos de su aliado transpirenaico. Al principio, el ejército alemán tuvo asuntos más urgentes de que ocuparse que de los Rotspanieren. Para los franquistas, obsesionados en perseguir a sus adversarios dentro y fuera de España, la ocupación alemana de Francia brindaba una oportunidad de oro para echar el guante a quienes habían escapado de su cerco un año antes. Franco remitió al gobierno alemán una relación de republicanos que quería que le fueran entregados. La GESTAPO nazi encargó su detención a la policía francesa. En la redada cayó, entre los más salientes, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fusilado sin contemplaciones semanas después de su entrega.

La lista remitida era larga, pero no todos los reclamados fueron localizados. Mi padre figuraba en la relación, pero la policía francesa le hizo saber por conducto indirecto a qué hora iba a ser detenido. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sus reflejos funcionaron. José Félix Llopis recuerda en sus memorias que la policía francesa hizo saber también en París sotto voce que se avecinaba una redada contra señalados republicanos españoles. La indiscreción surtió resultados desiguales. El político y periodista socialista Julián Zugazagoitia remoloneó y terminó fusilado en España. Victoria Kent reaccionó en el acto y salvó su vida.[1] Mi padre no dudó de la veracidad del soplo. Volvió a casa para despedirse de nosotros y recoger documentos y algo de ropa. Cuando la policía se presentó en el domicilio familiar, él se hallaba ya en la llamada zona libre. Había conseguido cruzar la línea de demarcación aún confusa y recaló en Marmande, una pequeña localidad a orillas del río Garona. Mientras tomaba aliento, empezó a pensar cómo ponerse a salvo, es decir cómo salir de Francia. Hacer correr a sus hijos la incertidumbre que le perseguía no le pareció justificado. Los tres hermanos menores de edad tampoco podíamos quedar en Burdeos por nuestra cuenta. En esas circunstancias, la solución que se impuso fue que volviéramos a Ávila junto a nuestros abuelos, al menos hasta que el horizonte mundial despejara.

El primer problema que se nos presentó a mis hermanas y a mí para regresar a España era la falta de papeles. Mientras los gestionábamos, mi padre maquinó una reunión de despedida en Marmande. El cruce de la línea de demarcación se había endurecido en pocos días. Era imprescindible disponer de documentos en regla. Mi padre había hecho buenas migas con el cónsul de Cuba en Burdeos en ocasión de su viaje a La Habana. Este diplomático, que es sabido que prestó cuanto apoyo pudo a los refugiados españoles, atendió el favor que mi padre le pidió y, ni corto ni perezoso, nos extendió a mis hermanas y a mí pasaportes cubanos. Con ellos, no encontramos inconveniente alguno para cruzar de ida y de vuelta la línea de demarcación entre las dos zonas. Esa identificación, que no recuerdo si devolvimos al consulado o si se ha traspapelado, constituye el primer eslabón de una larga serie de pasaportes pintorescos de los que me he valido para deambular por el mundo, como se verá en el capítulo octavo. En todo caso, los ciudadanos cubanos improvisados que mis hermanas y yo fuimos por una semana pudieron despedirse de su padre en Marmande.

Al ocupar Burdeos, el ejército alemán pidió a las autoridades locales que alojaran cómodamente a sus oficiales superiores. La casa que ocupábamos en el suburbio de Caudéran era amplia y confortable. Por el regreso a España de mis abuelos y la ausencia de mi padre quedaban en ella dormitorios vacíos. Habitada sólo por menores, ofrecía garantías de seguridad para los huéspedes en una ciudad hasta hacía poco enemiga. El municipio de Caudéran destinó, conforme a las instrucciones recibidas del Alto Mando, dos dormitorios con baño para dos coroneles teutones. Es de reconocer que ellos se esforzaron por incomodar lo menos posible. Desde primera hora de la mañana hasta tarde pasaban el día afuera en sus ocupaciones y sus asistentes se encargaban de los detalles domésticos concernientes a ambos jefes militares. Problema para entendernos con ellos no teníamos. Mis hermanas y yo hablábamos alemán y ellos chapurreaban algo de español. Conocían España, según dijeron, por haber pertenecido a la Legión Cóndor. Ese antecedente no los hacía los huéspedes más apetecibles en casa. La convivencia forzada no duró, por suerte. De España llegaron por fin noticias de que nuestra entrada estaba arreglada. Un hermano de nuestra madre, Mariano, se acercaría a la frontera de Irún para recogernos en el puente internacional y acompañarnos hasta Ávila, donde, como he dicho, vivían nuestros abuelos paternos.

En los andenes de la estación de Saint-Jean nos despedimos de nuestro tío Luis, compañero de exilio, así como de la ciudad de Burdeos, donde en fin de cuentas habíamos crecido. La tragedia de España había enraizado mi sentimiento de extranjero en Francia, pero sus gentes y su lengua habían dejado de parecerme ajenas, contradicción sólo aparente. Había adquirido incluso la entonación más abierta propia del francés hablado en Burdeos. Volver a España me llenaba naturalmente de ilusión, pero al mismo tiempo echaba de menos las dulzuras de una vida familiar, interrumpida por la invasión alemana. Esos pensamientos ocupaban mi mente mientras el tren corría en medio de las landas densamente cubiertas por pinos. Al final del trayecto, el tren nos depositó en Hendaya, a pocos metros de la frontera. Estaba previsto que cruzaríamos el puente internacional a pie esa misma tarde. El retén alemán impidió lo convenido. En los papeles que presentamos, echó en falta el permiso de la kommandantur para salir de Francia. El tío que nos esperaba del otro lado del puente vio cómo retrocedíamos y nos dirigíamos al Hôtel du Midi, a pocos pasos de la frontera. Había que hacer noche indefectiblemente. La kommandantur de Bayona no abría hasta la mañana siguiente.

El plan se había complicado inesperadamente. Telefoneamos a mi tío Luis en Burdeos para informarle de lo sucedido. A la mañana siguiente se plantó en Hendaya. Los trámites ante el mando alemán consumieron días. Mientras tanto, el tío que nos esperaba del otro lado necesitó regresar a Ávila. Otro tío, por parte paterna, también llamado Mariano, vino a Irún a reemplazarlo. Que había llegado y que nos esperaba lo supimos por un recado que dejó en el mostrador del hotel uno de los tantos residentes de la franja fronteriza que iba y venía de un lado para otro por sus ocupaciones. La tierra codiciada se hallaba a tiro de piedra. Podíamos ver en el otro extremo del puente cómo se movía la gente con la naturalidad de los gestos cotidianos. Los tiempos muertos, que abundaban, permitían observar también cómo camiones cargados de joviales soldados alemanes cruzaban el puente internacional sin detenerse. Al decir de la gente iban de paseo a San Sebastián. Los tiempos no daban como para que las autoridades fronterizas españolas exigieran que vistieran de paisano, como mandan las convenciones internacionales. Armas, visiblemente, no llevaban.

La autorización sellada por la kommandantur alemana puso punto final a la espera. El problema que nos esperaba al otro lado de la frontera se resolvió, por suerte, rápido. Gracias a las averiguaciones hechas y a los trámites adelantados por ambos tíos, nuestro ingreso en un albergue de internamiento de menores en Fuenterrabía, regentado por la Sección Femenina de Falange, duró lo mínimo. Las autoridades del mismo nos pusieron, a mis hermanas y a mí, en manos del pariente que nos esperaba. La rapidez del trámite de admisión no impidió que me compadeciera de los chicos internados allí, que observaban con sorpresa y envidia nuestro paso fugaz. Me molestó además el despliegue de crucifijos, yugos y flechas y retratos de Franco y del «ausente» colgados por todas las paredes. Símbolos e imágenes inconfundibles hacían patente que a mis espaldas había quedado una República laica sin abalorios.

En Marmande empezó la cuenta atrás que pondría fin a un exilio juvenil bajo el ala paterna. La persistente inquina política que la solicitud a la GESTAPO remataba, obligó a mi padre a procurar ponerse a salvo lo antes posible ante la amenaza de que las redadas pudieran repetirse. En la Francia no ocupada por los alemanes, permaneció tres meses hasta que se le presentó la doble oportunidad —transporte y empleo— de partir a América. Un trayecto rocambolesco le llevó de Marsella a Argel en barco y de ahí por ferrocarril a Casablanca, cruzando Argelia y Marruecos, para terminar embarcándose en este puerto marroquí para Lisboa. En la ciudad del Tajo logró abordar el único transatlántico portugués en vaivén entre Lisboa y Río de Janeiro. De Brasil pudo alcanzar su destino final, la Argentina. Un socorrido contrato gestionado y financiado por la Fundación Rockefeller le salvó del peligro y le abrió la puerta para que enseñara en la joven Universidad de Cuyo, al pie de los Andes.

Entre tanto, en España, yo me enfrentaba a un medio que resultaba ajeno y hostil a pesar de que el entorno familiar me salvó de pasar las penurias comunes en la posguerra, empezando por las alimenticias. De mi abuelo materno, mis hermanas y yo habíamos heredado una finca cerca de la ciudad de Ávila que nos aseguró subsistencias. El ambiente callejero resultaba por otra parte tenso, dominado como estaba por consignas vocingleras, proliferación de uniformes rimbombantes y aplausos a las victorias alemanas. La cara opuesta la constituían las cartillas de racionamiento escaso, el sórdido estraperlo y las cuerdas de presos macilentos con que se topaba uno en plena calle. A la asfixia contribuían las exigencias eclesiásticas preceptivas y sin límites que proliferaban en una pequeña capital de provincia como era Ávila.

La hostilidad que se respiraba afectó de modo específico al bolsillo de mi abuelo Nicolás. En la introducción de este libro, he aludido brevemente a su trayectoria política moderada. Para los energúmenos del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, ni sus antecedentes conservadores ni su avanzada edad valieron para dar carpetazo al juicio seguido contra él. La sentencia número 74 del 11 de febrero de 1941, bien temprana, cierra el recurso de alzada con el texto siguiente, que transcribo: Nicolás Sánchez-Albornoz y Hurtado, significado político conservador de la Provincia de Ávila, Diputado Provincial y a Cortes por su capital y Senador Vitalicio durante la Monarquía, al ser implantada la República, y con motivo de presentarse su hijo Claudio por el partido de Acción Republicana en las elecciones a Diputados a Cortes que posteriormente se convocaron, arrastró al campo republicano a un gran número de amigos políticos de toda la provincia que le habían sido fieles en sus tiempos monárquicos, con cuya ayuda y apoyo salió Diputado su expresado hijo. El segundo considerando tampoco tiene desperdicio. Dice así: El Movimiento Nacional le sorprendió en Madrid, consiguiendo salir para Francia por mediación de la embajada del mismo País, en septiembre de 1936, permaneciendo en diferentes puntos de [la] expresada Nación, hasta agosto de 1939 en que regresó a España alegándose por el Sr. Sánchez-Albornoz, que su estancia en el extranjero obedeció a la enfermedad que padece, según certificados médicos unidos al expediente (Centro Documental de la Memoria Histórica [Salamanca], Legajo citado en la nota 3 de la introducción).

En su dictamen, el tribunal le reprocha fundamentalmente dos cosas faltas de asidero jurídico o racional: la supuesta cesión de padre a hijo de un prestigio político en beneficio de la República, así como no haber vuelto de Francia a la zona rebelde, no obstante su avanzada edad. De la presunta transferencia del crédito personal, la sentencia no se atreve a reprochar que el acta de diputado conseguida por mi padre hubiera sido empleada en perjuicio de la provincia o del Estado. Sólo objeta su signo republicano. El abono de la condena confiscatoria impuesta obligó a mi abuelo a vender casas en Ávila y Madrid y a apretarse el cinturón.

Recibido de forma tan poco acogedora en mi país, las amarguras sentidas en el exilio se convirtieron en una oculta añoranza. La decisión personal de matricularme en el Liceo Francés de Madrid para reanudar el bachillerato interrumpido por mi vuelta a España traduce en parte esa nostalgia. Entre liceo, universidad y cárceles habrían de pasar ocho años antes de que volviera a cruzar la frontera en sentido contrario, para pedir asilo en Francia. En ocho años, la situación en España no había sido enderezada a pesar de la derrota del nazismo. La expatriación volvió, por desgracia, a hacerse necesaria.

3. DE LA VÍA LAYETANA A LA PUERTA DEL SOL:
DETENIDO Y ENCAUSADO

El inspector jefe de la Brigada de Información dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, Francisco de la Guardia Gilaber, designó el 26 de marzo de 1947 a los policías Conrado Casimiro Arribas, Roberto Conesa Escudero, Antonio Ruiz Fernández y Rafael Benito Asensio, así como a Antonio Menéndez Conde en calidad de secretario, para integrar la unidad encargada de la detención de los dirigentes de la Federación Universitaria Escolar (FUE), conocida, en palabras suyas, «por el reparto de periódicos clandestinos, la colocación de pasquines y letreros subversivos». El Conesa nombrado es el tristemente famoso policía que varias generaciones conocieron por la tenacidad y crueldad desplegadas en la persecución de antifranquistas. El presente capítulo relata fundamentalmente la detención y la apertura de una causa ante la justicia militar a ese grupo estudiantil, a partir de recuerdos personales refrescados y completados por la lectura reciente del expediente que conserva el archivo del Tribunal Militar Territorial Primero, de Madrid.[1] Al lector no le costará trabajo reconocer qué parte de lo narrado procede de reminiscencias y qué otra cuenta con respaldo documental.

La FUE llevaba agitando la Universidad Central de Madrid desde fines de 1945. Poco más de un año después, a comienzos del 47, había conseguido implantarse en unas facultades o escuelas más que en otras. De una primera etapa dedicada a la captación sigilosa de miembros, pasó después a una campaña pública para darse a conocer a los estudiantes y al público general. Sus afiliados pegaron pegatinas, pintaron consignas en los muros y repartieron octavillas o modestos periódicos, por lo que fueron acusados de atentar contra la seguridad del Estado. Algunos participaron también en las protestas estudiantiles espontáneas del mes de febrero por la subida de las tarifas del tranvía de la Ciudad Universitaria. Las autoridades, que tenían a gala no atender a reclamaciones, recibieron con enfado y nerviosismo la sencilla queja estudiantil e instruyeron al servicio de vigilancia de la universidad que identificara a los participantes en los alborotos. Sus nombres fueron elevados nada menos que al ministro de Educación.[2] El aumento del número de afiliados a la organización, aunque no pasó de modesto, aconsejó desdoblar la dirección en una responsable del ámbito local y otra del nacional: FUE y UFEH (Unión Federal de Estudiantes Hispanos), en la terminología de antes de la guerra. La UFEH se encargaría de promover la constitución de federaciones y de coordinar sus actividades en otras universidades del país, así como de mantener relaciones con organizaciones sociales o partidos políticos clandestinos y con uniones estudiantiles fraternas de otros países.

Para conseguir una difusión mayor sin incrementar los riesgos, la federación de Madrid ideó dos métodos de propaganda inéditos hasta entonces. El primero consistía en lanzar racimos de pasquines por medio de un mecanismo de relojería con retardo que los dejaba caer desde el aire sobre un público paralizado por la sorpresa. Las pruebas realizadas con esos artilugios habían tenido éxito, pero la campaña se hallaba en sus comienzos. Al allanar el domicilio de Ignacio Faure, la policía requisó una docena de cohetes sin usar (Causa 140.189, fol. 21). El segundo procedimiento fue llevado a la práctica: consistía en una pintada en la fachada exterior del paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras y dio lugar a bastantes comentarios de entonces hasta ahora. La película titulada Los años bárbaros de Fernando Colomo (1998) empieza precisamente con esa escena. En un día frío y claro de enero, el sol del amanecer hizo aparecer las consignas trazadas a media noche con nitrato de plata. Las letras permanecieron ilegibles en la oscuridad hasta que la luz las hirió, en una reacción análoga a la que experimenta esa sustancia en el laboratorio fotográfico. El producto había sido sustraído de la Facultad de Química por los compañeros que concibieron el plan. Los poros de los ladrillos se impregnaron del lema: «FUE. Viva la Universidad Libre». Los disolventes aplicados sobre la superficie afectada no fueron capaces de ocultar lo escrito. Para borrar las letras, sólo restó picar la fachada. Tal fue el ahínco que los obreros pusieron en su cometido que la pintura desapareció, pero los rasgos quedaron incisos a martillazos. Una mirada atenta puede reconstruir aún hoy los trazos de hace más de sesenta años. ¡Buen trabajo! Todos los ejecutantes —Pintado, Vega, Renart, Faure y Carreras— volvieron a dormir a sus casas.

El edificio afectado era de los primeros reconstruidos después de la guerra. Detenido el asalto sedicioso a Madrid en la Ciudad Universitaria, el recinto pasó a ser campo de batalla durante casi tres años. Los edificios, inaugurados apenas un lustro antes, quedaron destruidos o seriamente dañados en los enfrentamientos, mientras que los alumnos y los profesores se incorporaban al frente o al esfuerzo de guerra. Los de opiniones opuestas se escondieron en la capital sitiada o pasaron a territorio rebelde. Para la Universidad de Madrid, las mayores pérdidas humanas se produjeron sin embargo al acabar la guerra. Profesores hubo muertos, encarcelados y exiliados en gran número. Una severa depuración administrativa afectó a todo el personal docente, de investigación y técnico. Según estimación reciente de su heredera, la actual Universidad Complutense, fue purgado nada menos que el cuarenta y cinco por ciento de la plantilla. Para agravante, los excluidos fueron los más calificados. Sumados sus antecedentes con los aportes científicos que muchos hicieron fuera de España, la excelencia académica dilapidada por los triunfadores de la guerra fue descomunal. Varias promociones de jóvenes se vieron además impedidas de proseguir (o siquiera de comenzar) sus estudios por muerte, prisión, exclusión o por penuria. Buena parte de las familias de los perseguidos o desafectos no pudieron en efecto costear que sus hijos estudiaran en la universidad.

El régimen llenó las vacantes docentes con candidatos cuyos méritos, más que científicos, fueron conquistados en el frente de batalla o en competencia de obsecuencias. En 1945, los años triunfales del régimen habían quedado por fortuna atrás. Las primeras hornadas de excombatientes del bando vencedor habían sacado ya tajada de los títulos obtenidos en cursos acelerados y en exámenes pasados con uniforme de Falange y pistola al cinto. Los antiguos combatientes habían encontrado acomodo en una administración pública hipertrofiada para dar satisfacción a los adictos. Tras la derrota de los ejércitos del Eje en 1945, la ostentación fascista comenzó a remitir. Las camisas azules, las botas y los correajes se veían menos por los pasillos universitarios, sin haber desaparecido del todo. La doctrina que su indumentaria encarnaba, los estudiantes la miraban por lo general con indiferencia. En las aulas, abundaban los chicos y chicas de un conformismo político adquirido en escuelas religiosas fieles al régimen, pero ansiosas de que su credo ocupara el hueco que el declive iniciado por Falange dejaba libre. El mayor afán de esos jóvenes tibios consistía en general en obtener un título profesional habilitante con un esfuerzo personal mínimo. Para conseguir empleo, más que saber valía entonces la recomendación y el enchufe. Algunos jóvenes dejaban entrever inclinaciones clericales o monárquicas más por herencia familiar que por convicciones profundas.

El puñado de estudiantes que reaccionó contra el lamentable estado de la universidad fue por fuerza minoritario. En las aulas, se encontraba en clara desventaja política y sociológica. Los hijos de obreros o de campesinos rara vez habían accedido antes a la universidad. Menos ocasiones encontraron para hacerlo bajo el régimen militar y clasista. De las familias de cepa republicana o liberal, sólo las más desahogadas pudieron matricular en la universidad a sus vástagos, después de haberlos educado en determinadas escuelas particulares o en el refugio de los colegios extranjeros como el Liceo Francés. Del grupo estudiantil que terminaría en la cárcel, su composición y actuación responden a la herencia social y política a la que me refiero. En las filas de los detenidos coincidieron, en efecto, jóvenes combatientes republicanos o represaliados (Rubio, Lozano, Rico, Vega, Kriales), hijos o hermanos menores de víctimas de la represión (Pintado, Renart, Matanzos, LópezLinares), así como otros con parientes cercanos, padres o hermanos, en el exilio. Éste era el caso de los cuatro dirigentes de mayor rango (Soria, Llopis, Lamana y yo). Las familias republicanas giraban en Madrid, igual que sus vástagos, en círculos socialmente cerrados. El intercambio de ideas y acciones por parte de los herederos de los vencedores y de los vencidos tardaría, salvo excepciones, diez años todavía en darse abiertamente en la universidad.

En 1945 habían transcurrido siete años desde que terminó la guerra, un tiempo no demasiado largo como para que vetos y censuras hubieran borrado de la memoria los nombres de antes de la guerra. La organización estudiantil surgida para combatir la asfixia reinante echó mano de las siglas FUE y de las menos conocidas de UFEH. La FUE había ganado fama como eficaz opositora a la dictadura de Primo de Rivera, al punto de que a nadie le sorprendió ver asomar en segunda fila de una foto informal del gobierno provisional de la República las caras de dos conocidos dirigentes estudiantiles de la época, Arturo Soria y Antonio M.ª Sbert. En la etapa republicana, las federaciones redujeron su actitud reivindicativa y destacaron en actividades culturales o deportivas, con las que ganaron popularidad. Enarbolar bajo Franco el nombre de una organización disuelta constituía un reto inequívoco. La disconformidad con la universidad que teníamos delante no brotaba por compararla con sistemas académicos extranjeros o ideales, sino por algo más cercano: por echar de menos la plenitud alcanzada antes de la guerra. El recuerdo de los profesores exiliados o expulsados devaluaba la autoridad del docente de turno ante los ojos de los alumnos. Los estudiantes contestatarios no preconizaban cambios radicales, sino la restauración de los valores conculcados. Era hora de recuperar un mínimo de salud mental y moral.

Una confianza bastante ingenua en el profesorado de antes de la guerra, por emplear un calificativo usual durante años para denotar calidad, aplicado por igual a unas cerillas que prendían, a unos zapatos que duraban o a un cocido completo y sabroso, hizo que la FUE clandestina se decidiera a tantear a catedráticos de prestigio excluidos de la universidad pero vueltos a Madrid después de unos años de exilio.[3] El sondeo empezó por lo más granado. Los primeros entrevistados fueron los catedráticos que habían hecho causa común con los estudiantes en la lucha contra Primo de Rivera, en el orden siguiente: Gregorio Marañón, médico y escritor sobresaliente; José Ortega y Gasset, el filósofo por antonomasia, y Teófilo Hernando, médico de gran renombre. Los tres compartían fama, talla intelectual y un liberalismo moderado. Al estallar la guerra, ellos —y otros— marcharon al extranjero y renunciaron a abanderarse a favor de cualquier contendiente. Su proclamada equidistancia se oponía en especial a la deriva radical que el republicanismo había adquirido al tener que enfrentarse a una sublevación armada. Acabada la guerra, esos profesores negociaron uno a uno con la dictadura su regreso a España, sin restitución de las cátedras ganadas y desempeñadas por ellos en su día. En 1946, ninguno se caracterizaba por sostener posturas avanzadas. Los recuerdos de su trayectoria pasada hacían sin embargo esperar de ellos un hartazgo con un régimen de intolerancia probada, tanto más cuanto que, derrotado el Eje, la democracia había sido recuperada en Europa. Sobre las entrevistas celebradas, rompo ahora un silencio que la FUE se impuso y que ha respetado incluso después de que cada uno de los abordados falleciera, es decir cuando el régimen no podía ya molestarlos. Tampoco se habló de estas conversaciones al hilo de la Transición, cuando la noticia podía haber dado lugar a comentarios o reproches del tipo de la trahison des clercs. El recuerdo ahora de aquellos sondeos sólo constituye más que nada una nota curiosa.

El primer encuentro lo concertó Álvaro Llopis. Como estudiante de medicina acompañaba a Marañón en la visita a las salas de su especialidad en el hospital. Marañón lo conocía, por lo tanto, bien. Yo había visto a Marañón a fines de 1936 en las escaleras de la iglesia de la Madeleine a la salida de la misa de 12, la última celebrada en todo París los domingos. A ella acudían españoles poco afectos a madrugar. Mi padre asistía a la misa acompañado por sus hijos. Tras el servicio religioso, aquellos refugiados de la primera hora intercambiaban saludos, noticias y rumores. Marañón acababa de llegar a París y me impresionó su corpulencia. Diez años después de aquel encuentro circunstancial, Álvaro y yo le abordamos en un aparte en el hospital madrileño. Nos dimos a conocer con nombre y apellido y manifestamos el objeto de nuestra visita. Aceptó hablar, pero, por discreción, prefirió hacerlo en su consultorio, situado en la plaza que lleva hoy su nombre. Carmelo Soria nos acompañó en la segunda cita. La acogida fue afable, pero con un no por delante. La reacción no dejó sin embargo de sorprendernos por la vehemencia puesta en descartar cualquier restauración de la República y por su decidida apuesta por una lenta liberalización del régimen desde dentro, tan lenta que él no llegaría a verla rematada.

Los mismos tres entrevistamos a continuación a Ortega y Gasset en su despacho de la Revista de Occidente, en la calle Bárbara de Braganza de Madrid. Días antes, yo había releído la dedicatoria a la FUE que encabezaba su libro Misión de la Universidad (1930). Hacía dieciséis años (con una guerra civil de por medio) desde que había apostado por la capacidad renovadora de la juventud estudiantil. Nos escuchó, pero dejó claro que no deseaba asumir compromiso alguno, ni mantener tratos. La falta siquiera de palabras de aliento moral a un proyecto de regeneración universitaria confieso que decepcionó. Costaba ver al filósofo admirado replegado en su circunstancia.

La tercera entrevista resultó más alentadora. En su consultorio del barrio de Salamanca, el doctor Teófilo Hernando atendió a la delegación que encabezaba yo por ser compañero de facultad y amigo de su hija. Escuchó con atención la exposición sobre la FUE y las reticencias con que tropezamos con los colegas suyos entrevistados. Trató de explicar la reacción de ambos, en particular la de Marañón. Simpatizó con nuestros objetivos universitarios y, en un momento dado, preguntó de qué manera podía ayudar. Su buena disposición nos llevó a confesar nuestra penuria de recursos. Hernando pasó a una habitación contigua y volvió con un sobre en la mano. El sobre contenía veinticinco mil pesetas —recuerdo fielmente—, una cantidad generosa para la época, que nos sirvió para afrontar el pago de algunos encargos de imprenta y algunos viajes. El interés demostrado era genuino, como pude confirmar más adelante en París, en noviembre de 1948, después de fugarme de la cárcel. En un viaje acompañado por su familia, procuró localizarme y me invitó a comer con ellos. No sólo se interesó por mi situación como prófugo y exiliado, sino que, en un plano de la conversación más elevado, lamentó la falta de cambios en España, por más que descartara que pudieran esperarse por haber empezado la guerra fría.

Al volver a lindar España en 1944 con una democracia al otro lado del Pirineo, cabía confiar en que el país se democratizara a la par del resto de Europa. Condenada en la conferencia de Potsdam por su vinculación con las potencias del Eje, excluida de la asamblea constituyente de las Naciones Unidas en la que los representantes de la República española en el exilio estuvieron presentes, la dictadura no parecía encajar en el orden mundial de posguerra. En ese clima esperanzador, la FUE renació no sólo en Madrid. En París, capital entonces del exilio y del gobierno republicano, se constituyó una delegación en apoyo de la actividad interior. Dos jóvenes refugiados, Enrique Cruz Salido y Carlos Vélez Ocón, la encabezaron. El padre de Enrique había sido entregado por los alemanes y fusilado por Franco. Carlos había venido a París desde México para estudiar física, materia en la que sobresaldría al punto de terminar siendo el representante de México en la Comisión Internacional de la Energía Atómica. Otros refugiados, como Ángel Rizo, José Félix Llopis, hermano de Álvaro, y Arturo Cimadevilla, se acercaron a colaborar. Al núcleo de refugiados se fueron incorporando becarios o huidos procedentes del interior. Francisco Benet Goitia, antiguo compañero mío en primer año de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, se encontraba entonces estudiando en París. Audaz e imaginativo, tenía las espaldas cubiertas por no estar fichado y pudo realizar importantes misiones en España, como la que referirá el capítulo séptimo.

La delegación en París se proponía actuar de portavoz de la FUE en el exterior, facilitando información a la prensa, a las organizaciones estudiantiles de otros países y a los organismos del exilio. Aspiraba también a recaudar fondos para su actividad en el interior. Con dos pesetas de cuota mensual que pagaba cada afiliado (Causa 140.189, fol. 26 vª) y algunas donaciones, como la mencionada, las campañas de propaganda no podían llegar demasiado lejos. Por más que determinación e imaginación suplan a menudo la escasez de medios, la acción clandestina incurre, como cualquier otra actividad, en gastos. Para reforzar la recaudación de recursos, la UFEH se resignó a prescindir por un tiempo de dos miembros del interior de primer rango. En septiembre y en diciembre de 1946, Álvaro Llopis Lamela y Carmelo Soria Espinosa salieron de España para recabar ayuda afuera, sin perjuicio de las razones personales que concurrieron en la decisión. Los padres de Álvaro vivían refugiados en París, y en Santiago de Chile residía Arturo, hermano de Carmelo.

Álvaro salió para representar a la FUE en el primer congreso de la Unión Internacional de Estudiantes de después de la guerra, convocado en Praga. El viaje tuvo por segundo objetivo publicar en Francia un libro de dibujos y versos inéditos para recaudar fondos mediante la venta de ejemplares y que prestigiara al mismo tiempo a la FUE en el orden cultural. Álvaro cruzó el Pirineo vasco a pie con un cartapacio debajo del brazo —modo insólito de escapar— que contenía los dibujos y poesías que habrían de formar Pueblo Cautivo. La primera intención fue publicar la obra en España, pero los costes y la negativa comprensible de varias imprentas de calidad a correr riesgos obligaron a sopesar otras posibilidades. En París, el libro consiguió financiación parcial del gobierno republicano. Pesarosos por haber tenido que renunciar a imprimirlo clandestinamente, los compañeros fingieron que provenía de España. Los tipógrafos galos dejaron sin embargo rastros inadvertidos que tres decenios más tarde levantarían la liebre. Pueblo Cautivo, condenado desde el principio a formar parte del círculo exquisito de los libros raros, mereció pronto varias ediciones, íntegras o en extractos.[4]

Fanny Rubio, crítica literaria reputada y ojo avizor, descubrió una vocal con acento grave y otras anomalías impropias de una imprenta española. Por análisis textual aventuró quién podría ser el autor anónimo y acertó. El laureado poeta Eugenio de Nora ocultó la paternidad de los versos más tiempo de lo que la prudencia aconsejaba. Sólo se decidió a admitirla en la entrega concertada de un ejemplar de la primera edición a la biblioteca de la Residencia de Estudiantes de Madrid. En ese acto, Eugenio añadió a su confesión un detalle incisivo: que los versos salieron de su pluma en el campamento de la Milicia Universitaria de La Granja en vísperas de que le fueran entregados los despachos de alférez de complemento. Armas y letras se juntaron según esta circunstancia en la gestación de la obra, al gusto de los corifeos literarios del régimen. Sólo que el vate que empuñaba el arma en este caso no exaltaba como ellos la fuerza indomable, sino que anatematizaba la desolación que la guerra había causado al pueblo. La milicia se oponía al militarismo. En el mismo acto de la Residencia de Estudiantes, Álvaro Delgado confirmó que las ilustraciones eran obra suya. Aclaración suplementaria: Carmelo Soria había sido quien concibió el proyecto y apalabró a los autores.

Antes de viajar a Chile, Carmelo dejó ordenado su relevo. En España representaba a la editorial chilena Cruz del Sur, creada por su hermano Arturo. ¡Buen pretexto el de la representación comercial para circular por el país sin llamar la atención de la policía! En Barcelona, Carmelo firmó en nombre de la UFEH un pacto estudiantil con las organizaciones también clandestinas FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya) y EIA (Euzko Ikasle Alkatasuna). El pacto refrendaba el acuerdo alcanzado previamente en París por las delegaciones en el exterior. Al suscribirlo, la UFEH reanudaba los lazos trabados con la FNEC durante la República. Esta organización estudiantil nació en 1932 de la fusión del Bloc Estudiantil Nacionalista y la Federació Estudiantil. Disuelta por la dictadura, no tardó sin embargo en renacer. Desde 1943, editó, aunque sin regularidad, boletines y organizó movimientos de protesta en Barcelona. EIA era, en cambio, nueva en plaza. El País Vasco, falto de una universidad pública, se veía obligado a enviar a sus jóvenes a estudiar fuera del territorio. Buena parte de ellos acudía entonces a la Universidad de Valladolid. A fines de 1943, se formaron en varias localidades de Euskadi núcleos de estudiantes de ideas nacionalistas que cursaban estudios superiores en diversos sitios. La idea de agruparse también en el lugar en el que cursaban sus estudios surgió poco después. A falta de coordinación, la labor que las células nacionalistas pudieran realizar en las universidades respectivas corría el riesgo de interferir con la actividad que había de realizar la FUE en el mismo distrito. La triple alianza suscrita en un espíritu plural opuesto al unitarismo falangista deslindó competencias. Para seguimiento del acuerdo, la UFEH designó un representante permanente en Barcelona, aprovechando que un compañero y amigo mío de la facultad, Manuel de Rivacoba, había trasladado su matrícula a la capital catalana. Sin pelos en la lengua espetó incontinenti a uno de sus profesores de filosofía que sus enseñanzas resultaban circenses. La continuidad de sus estudios quedó ipso facto comprometida en la Universidad de Madrid. Optó por trasladar la matrícula a la de Barcelona.

La clandestinidad comporta riesgos, pero no excluye, como tampoco en la guerra, episodios risueños. De uno de ellos daré cuenta ahora. A mediados de septiembre de 1946, Carmelo Soria viajó de Barcelona a Valencia en una de sus giras. El objeto era entrevistarse con estudiantes dispuestos a resucitar la FUE local. En vísperas de volar a Chile, convenía que el reemplazante previsto para el cargo provisionalmente vacante, es decir un menda, participara en las conversaciones y quedara conectado con los interlocutores acordados. Carmelo me advirtió que me recogería en la estación de Valencia al llegar el tren nocturno procedente de la capital. Como las clases en la universidad no habían empezado todavía, me encontraba aún fuera de Madrid. Lamana quedó pues encargado de organizar mi viaje. En el andén de la estación de Atocha, me entregó un billete de primera clase. La deferencia me pilló por sorpresa, pero no tardé en descubrir el veneno que el regalo encerraba. La CNT (Confederación Nacional del Trabajo) había impreso pegatinas y manifiestos para la FUE en una imprenta controlada laboralmente por sus militantes. Correspondía pues que devolviéramos el favor. Al enterarse de que uno de los nuestros viajaba a Valencia, un responsable del sindicato pidió a Lamana si podíamos llevar ejemplares del boletín unitario UGT-CNT en prensa. Se trataba del primer número publicado después del pacto de acción conjunta suscrito en la clandestinidad por ambas organizaciones sindicales. Corría prisa dejar constancia de que el acuerdo recién firmado empezaba a dar frutos. Además del billete, Lamana me entregó un bocadillo por toda cena y un paquete poco voluminoso envuelto en papel de periódico, mientras susurraba a mi oído las explicaciones del caso.

El confortable asiento reservado en el compartimento estaba situado junto a la ventanilla, de frente al sentido de la marcha del tren. El bulto no era llamativo y lo deposité tal como venía, no encima de mi asiento, sino sobre el portaequipajes opuesto. El vagón se fue llenando de a poco. Al arrancar el tren sin que el asiento frente al mío se ocupara, me hice la ilusión de que nadie tocaría el bulto para colocar su maleta. Y así fue. Al rato, apareció el policía de turno en todo tren de pasajeros. Revisó los salvoconductos que estábamos obligados a exhibir. Acabado su servicio, vino a sentarse en el lugar dispuesto para él, que no era otro que el situado debajo del paquete de prensa clandestina. Equipaje por suerte no traía, por lo que no le prestó atención y se aprestó a dar una cabezada. A cada parada, tenía que espabilarse y recorrer el tren para vigilar la bajada y subida de pasajeros. Yo pegué el ojo menos que él, aunque disimulaba. Naturalmente, no las tenía todas conmigo. Peligraba que el bulto levantara sospechas en cualquier momento y, aunque me cuidara de reivindicar su propiedad y no me fuera a ocurrir nada, nadie me iba a quitar el susto. El policía llegó a Valencia sin oler qué papeles comprometidos se habían mecido encima de su cabeza. Poco antes de que concluyera el trayecto, el agente abandonó el asiento para cumplir con sus últimas obligaciones. Al detenerse el tren en la terminal de Valencia, el vagón se vació de a poco, mientras que yo me entretenía. Cuando ya no quedaba nadie más en el compartimento, recuperé el paquete y me apeé rápidamente.

En el andén me esperaban Carmelo y un joven, a quien solté el bulto con alivio. Cruzamos saludos y desapareció. Años más tarde me enteré, en París, de su identidad. Quien se hizo cargo del boletín sindical fue José Martínez, el futuro fundador y alma de la editorial Ruedo ibérico en el exilio, de la que me ocuparé en el capítulo noveno. Del paquete me deshice sin tropiezos, pero no de su fantasma. Cuando Paco Ríos rodó para Televisión Española un documental sobre Ruedo ibérico me entrevistó en mi condición de cofundador de la casa. En el curso de la conversación recordé la anécdota de mi encuentro fugaz con Pepe Martínez en Valencia. El realizador me preguntó si había leído alguna vez el boletín de marras. En el curso del viaje, me cuidé muy mucho de hacerlo y, después, no tuve ocasión ni interés por buscarlo. Al encuentro siguiente, Ríos puso en mis manos con una amplia sonrisa un facsímile de aquel número, que había tenido la suerte de localizar en un archivo libertario de Barcelona. ¡Vueltas del destino! Su lectura no me hizo sin embargo gracia alguna. La sarta de tópicos hilvanados en una prosa sin fuerza y de una retórica poco convincente…, ¿valía la pena haber corrido riesgos por algo tan insulso? Bien está lo que acaba bien, que dicen los franceses.

El regreso de Valencia a Madrid no fue menos pintoresco que la ida. Concluida la misión, Carmelo y yo tomamos otro tren nocturno. En vez del asiento mullido de primera, nos esperaban, como era de rigor, los listones de madera del banco de tercera clase. ¡Quia! El asiento resultó ortopédico. Los listones quedaron en un santiamén acolchados. El compartimento se llenó de mujeres ligeras de equipaje y vestidas con toquillas negras y refajos holgados, características ambas prendas del vestuario aldeano. Su compañía no sorprendía, pero su comportamiento pasmó. Concluida la revisión policial de rigor con el tren en marcha, cada vez que éste se detenía en una estación de la huerta valenciana, las mujeres abrían las ventanillas y, en medio de la algarabía, aterrizaban unos talegos de alrededor de una arroba y desaparecían súbitamente entre las faldas. Los talegos sumaban más que las mujeres a las que iban destinados. Sin pedir permiso o detenerse en formalidades, nos hicieron levantar del asiento sobre el cual depositaron un saco; otro hizo de respaldo y un tercero de apoyo para los pies a modo de escabel. Inútil protestar. Lo hacían por nuestra comodidad.

El inconveniente de las atenciones de las estraperlistas era que, en caso de inspección, los benditos sacos asomarían por debajo de nosotros por no vestir faldones. Los sacos contenían arroz, vitualla codiciada producida en la región. El griterío en cada parada del tren revelaba que una multitud participaba en el comercio ilegal. La escena, aparentemente nada inusual, debía de repetirse a diario. Para que el negocio prosperara, era de cajón que los encargados de la vigilancia del tren y de la línea ferroviaria hacían la vista gorda. A lo hecho pecho. Sólo quedaba confiar en que el negocio en el que nos veíamos envueltos sin comerlo ni beberlo estuviera bien rodado, como parecía estar, y que la suerte que me había acompañado a la ida no se torciera a la vuelta. Así ocurrió. El riesgo incurrido no era imaginario, sino real. Meses después me enteré de un contratiempo en el que un celoso funcionario de la Fiscalía de Tasas descubrió documentación política comprometida al revisar minuciosamente en busca de estraperlo un vagón en ruta hacia el norte. Un alto responsable de la CNT cayó detenido de esa manera fortuita.[5]

En el viaje nocturno los músculos descansaron (sobre todo los glúteos), pero la mente poco. Un nuevo estrépito nos sacó al amanecer de la modorra que nos había vencido. El tren se acercaba a Madrid y redujo la velocidad de la marcha. Los talegos volaron por las ventanillas. Los recogían voces que oíamos y no veíamos. La operación de carga y descarga hay que admitir que estaba sincronizada a la perfección. No la enturbió ningún fallo. Sin habérnoslo propuesto, habíamos conocido una de las entrañas del estraperlo de Madrid. El arroz, que confío en que los consumidores cocieran a conciencia antes de llevárselo a la boca, no ingresaba en la urbe por la estación de Atocha, sino bajo cuerda desde los arrabales del sur. El ingenio popular vencía el torpe dirigismo gubernamental y resolvía el abastecimiento de los pudientes de la ciudad. Los últimos kilómetros los hicimos sentados sobre las tablillas de los asientos de tercera clase. Los documentos llegaron a salvo con nosotros.

La FUE tenía más ambiciones que militantes y recursos, lo que es perfectamente legítimo. El desajuste entre medios y objetivos invitaba a sumar fuerzas con los demás grupos opositores. La FUE aceptó pues la propuesta hecha por la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas para que nos incorporáramos a su brazo juvenil. La Alianza reunía al Partido Socialista, a varios partidos republicanos y a las organizaciones sindicales UGT y CNT en un frente dispuesto a negociar con otros sectores políticos, sin excluir a los monárquicos, las modalidades del cambio de régimen. Ni el Partido Comunista, en un primer momento, ni los partidos nacionalistas se incorporaron al acuerdo. El Partido Comunista lo haría más tarde tras fracasar, al cabo de una persecución sangrienta, su proyecto de liberar España por la vía insurreccional y militar. La Alianza no se hallaba supeditada al gobierno de la República, ni sus partícipes a las respectivas organizaciones exiliadas en Francia. De su adhesión a la Alianza, la FUE no sacó ventaja alguna que no gozara en los tratos bilaterales previos, ni renunció a negociar por su cuenta con los grupos estudiantiles monárquico-constitucionalistas o democristianos, en estado embrionario en la Facultad de Derecho. Interesaba dialogar con ellos para coordinar acciones.

El 4 de septiembre de 1946, la Brigada Político-Social de Madrid inició un procedimiento para detener a los dirigentes de otra organización que operaba con el mismo nombre de FUE. La policía supo de su existencia a raíz de la detención en Córdoba de un enlace con la guerrilla comunista activa en la sierra de esa provincia. El mismo sujeto se relacionaba en Madrid con Victoriano Claudín, hermano de Fernando, miembro renombrado de la dirección del Partido Comunista en el exilio y con el que el lector volverá a encontrarse en el capítulo noveno después de su sonada expulsión del partido dos decenios más tarde.[6] Tirando del hilo, la policía llegó hasta Luis Escobar Mitjavila y veinticinco individuos más. De los detenidos acabó por inculpar a catorce, dejó en libertad a once y trasladó el caso de Mercedes López González a la causa abierta contra las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), brazo juvenil del Partido Comunista.[7]

De las tres secretarías que componían el comité de dicha organización, según las declaraciones registradas, una de ellas era la militar, ajena a la estructura tradicional de la FUE. La confesión de Pedro París Salvadores precisa las funciones encomendadas a ese brazo de la organización estudiantil: «una agrupación de constitución, carácter y encuadramiento militar que tenía por objeto agrupar, captar, organizar los Cuadros de Mando militar de milicias estudiantiles. Que por esta razón, los Cuadros de Mando de esta Organización estarían encarnados en antiguos oficiales del Ejército rojo, por ofrecer esto una seguridad mayor de éxito» (Causa 137.130, fol. 23). La FUE refundada por sus antiguos comisario y secretario general respondía pues claramente a un plan concebido por el Partido Comunista para dotar de oficiales a los grupos armados que operaban todavía en el país. En las conversaciones que sostuvimos en la cárcel meses después para unificar ambas FUE, ese cometido fue ocultado. ¿Bochorno o disimulo? Aunque la AFARE y la secretaría militar no llegaron a cuajar, el brazo estudiantil ocupaba a todas luces un lugar subordinado en la organización, al revés del central asignado en nuestro grupo.

En las declaraciones del expediente policial consta la variedad de vínculos extrauniversitarios que la FUE capitaneada por Muñoz Suay mantenía: guerrilla, Partido Comunista, JSU, Agrupación Fuerzas Armadas de la República Española (AFARE), Juventud Combatiente, Unión de Intelectuales Libres (UIL), Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Los lazos estrictamente estudiantiles se limitaban, según las declaraciones recogidas, a la Federació d’Estudiants Catalans y el Front Universitari de Catalunya en Barcelona, a una supuesta Casa de la FUE en Toulouse, Francia, de obediencia comunista, y, a título exploratorio, a nuestra propia organización. Eslabón estudiantil de un conjunto de organizaciones vinculadas al Partido Comunista de España, no respondía a inquietudes estrictamente universitarias, como en nuestro caso.

Para reforzar su escueto componente universitario, sus dirigentes aducían la legalidad de sus mandatos. Ricardo Muñoz Suay y Ricardo Bastid habían sido elegidos en efecto en el último congreso estudiantil celebrado en Barcelona en 1938, en plena guerra. Disuelta la UFEH por la dictadura, al mismo tiempo que las demás organizaciones de sello republicano, ambos directivos capearon la represión escondiéndose. En los siete años que permanecieron fuera de juego, no pudieron lamentablemente volver a sus estudios, ni ejercer su mandato.[8] Cuando en 1945 dejaron su Valencia natal, donde habían pasado inadvertidos, para reorganizar la FUE en Madrid, conectaron por fuerza con antiguos compañeros o correligionarios faltos igualmente de presencia en las aulas. El expediente judicial deja ver que los inculpados rondaban o superaban entonces los treinta años, o sea un decenio por encima de la media de edad de nuestro grupo. Años, amén de consideraciones políticas, legales y presencia universitaria, separaban a un grupo de otro.

Intentos de acercamiento entre ambas FUE se produjeron tan temprano como el mes de enero de 1946. En el atestado policial, Ricardo Bastid definió nuestra organización como libertaria y dio un nombre. En la declaración ampliada posterior fue más allá y proporcionó, quien sabe bajo qué condiciones, un teléfono de contacto. El número condujo a Ricardo Fernández Palomero, amigo personal de Carmelo Soria (Causa 137.150, fol. 27). En el interrogatorio al que fue sometido, Palomero declaró que sabía de una primera cita de Álvaro Llopis con María de los Ángeles Díaz Ribargoda y Justo Cañamares, y de una segunda, en el Café María Cristina, en la que estuvieron presentes Álvaro Llopis y «Artigas» (interpreto que se trataba de Carmelo Soria) de un lado y Cañamares y Bastid del otro. De esos encuentros no salió entendimiento alguno, pero sí pistas para la policía.

La prisión y el procesamiento dictados contra nuestros contendientes podían habernos hecho ver las orejas al lobo. No escarmentamos sin embargo en cabeza ajena. Páginas más arriba he referido la intensificación entonces de la campaña propagandística. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dice el refrán. Durante la Semana Santa del año 1947, días sin clases y sin que circulen rumores, la policía emitió en frío y con la cautela conveniente la orden de detención que figura en cabeza del capítulo. Los documentos reunidos en la causa 140.189 no dejan traslucir de qué manera la policía se hizo con los nombres y domicilios que llevaron a nuestra captura, ni tampoco cuánto tardó en recopilarlos. Poco importa a estas alturas. El caso es que el día 27 de marzo fueron detenidos de una sentada diez sujetos: Lozano, Castelo, Rico, Rubio, Lamana, Kriales, Vega, Pérez, Renart, Sanz Faure. En cambio, Pintado, Faure, Matanzos, López-Linares y Gil cayeron una semana después, entre el 4 y el 10 de abril. Cuando la policía fue a echarme el guante, se llevó la sorpresa de no encontrarme en casa. La carrera de historia organizaba cada año un viaje de estudios durante las vacaciones de primavera, al que se apuntaban a voluntad los alumnos del curso. En los años anteriores, habíamos visitado los principales monumentos y museos de Andalucía, Valencia y Baleares. En 1947, tocó hacer lo mismo en Aragón y Cataluña, o mejor dicho en Zaragoza y Barcelona. Al no dar la policía conmigo, la facultad debió informar en qué punto del itinerario previsto se hallaba la expedición.

A la noche siguiente de la detención en Madrid de la primera tanda de compañeros de la FUE, dos agentes preguntaron por mí en la pensión de la Rambla de las Flores en la que mis camaradas de excursión y yo nos alojábamos. Fuera del comedor, donde estábamos cenando, los policías pidieron registrar mi maleta y mi habitación. No habiendo sacado nada en limpio de su inspección, me invitaron a acompañarlos so pretexto de aclarar confusiones. No necesitaba —me dijeron— llevar conmigo efecto alguno, pues se trataba de un trámite. Ante el tono cortés empleado, se me ocurrió preguntar si podía terminar de cenar. Delante de mis compañeros, no solté prenda mientras acababa mis platos y repasaba para mis adentros la situación en la que me encontraba. El delegado de la FUE en la capital catalana, Rivacoba, me había presentado esa misma tarde en el Ateneo de Barcelona a un dirigente de la FNEC. Con él había quedado en que nos reuniríamos allí a las once de la noche con más miembros de su organización. Rivacoba había quedado en pasar a buscarme por la pensión después de cenar. Lo primero que se me ocurrió pensar al ver a la policía fue que él y sus contactos barceloneses habían sido detenidos y que la policía, al haberme visto con ellos esa tarde, había seguido mis pasos. Ni por asomo se me pasó por la cabeza que el asunto coleaba desde Madrid. Mientras me llevaba la comida a la boca, estudié el terreno de reojo, pero no descubrí por dónde escabullirme. De haber podido hacerlo, ¿adónde ir en una ciudad que visitaba por primera vez y en la que mi único contacto estaría probablemente detenido? Los agentes de paisano cerraban categóricamente toda escapatoria, a las puertas del comedor.

La caminata hasta la Jefatura de Policía, un lúgubre edificio de la céntrica Vía Layetana, duró apenas unos minutos. Preguntas o explicaciones no hubo en el camino, ni antes de cruzar la puerta de los calabozos. Aquella noche me tocó compartir suelo con los quinquis. Cuarenta años más tarde, dormí invitado por la Universidad de Barcelona en la misma casa burguesa convertida en pensión que la bonanza turística de los años ochenta había rehabilitado como Hotel Montecarlo. La coincidencia no era tal vez casual. Los hados se habían confabulado para compensarme por la noche frustrada y por la hosca recepción que Barcelona me brindó decenios atrás. La lejana noche del 47 la pasé cavilando, charlando con los asiduos de la casa y oyendo las procacidades que intercambiaban las celdas de los hombres y las de las mujeres, parte de ellas de la calle. Entre los recluidos en mi celda, se distinguía por su mayor edad, porte fuerte y ánimo calmado un pasador furtivo de personas por el Pirineo, según me confesó. Nunca me había topado antes con alguien que ejerciera esa ocupación. Año y meses después le echaría de menos intensamente tras perder el contacto con quien se había comprometido a cruzarme a Francia. En los calabozos de la Jefatura, el tiempo se eternizaba sin que nadie se ocupara de mí. Mi desconcierto fue en aumento al avanzar la noche.

A media mañana del día siguiente, un policía joven que en el expediente consultado figura como Manuel Martínez Rabonilla me informó en el cuarto de guardia que unos estudiantes habían sido detenidos en Madrid y que la Dirección General de Seguridad requería mi traslado a la capital para aclarar mi relación con ellos. Dos opciones fueron sometidas a mi consideración. El traslado ordinario corría por cuenta de la Guardia Civil, que me llevaría esposado de una cárcel a otra en las conducciones que fueran surgiendo, según las necesidades. El itinerario por etapas se me dijo que llevaría entre una y dos semanas. Velando por mi comodidad y para que pudiera quedar cuanto antes fuera del asunto, se me ofrecía viajar en tren directo y sin esposar. La Jefatura, me advirtió el agente, no disponía de presupuesto para pagar mi traslado en esas condiciones. Si aceptaba la solución que se me ofrecía, tendría que abonar mi pasaje. Dinero suficiente le constaba que tenía, pues, a la entrada, me había sido retenido el que llevaba encima, junto con el cinturón y con algún otro efecto personal. Si me decidía, podríamos hacer el viaje esa misma noche. La propuesta del sabueso resultaba desfachatada. Las prisas por verme en Madrid las tenían sus colegas de la Brigada de Información. Ahora bien, nada ganaba, sino incomodidad, con conocer una serie de cárceles antes de llegar a la misma Puerta del Sol. En mi soledad, me mordía además la curiosidad por saber lo ocurrido en Madrid. Me urgía compartir la suerte de mis compañeros. Es así como me metí por mi cuenta en la boca del lobo.

El régimen franquista me había proporcionado ya ocasiones pintorescas de viajar en ferrocarril. A diferencia de la ida y vuelta a Valencia descritas, durante el recorrido desde Barcelona no sentí temor de caer preso. Ya lo estaba. Las caras que mis compañeros de compartimento ponían al verme expresaban haber captado en qué condición viajaba. Presos escoltados, a pie o en un vehículo, en cuerda, sueltos o esposados, no eran motivo de sorpresa en aquellos días. El gobierno no ocultaba a los presos, sino que explotaba la imagen doblemente: para dar seguridad y satisfacción a los de su bando y, para los demás, con sentido pedagógico para que constara qué esperaba a los desmandados. La noche pasó en el tren en una monotonía que invitaba a meditar. Que la policía franquista me hiciera pagar mi traslado en tren ponía de manifiesto los pocos medios que el régimen ponía a disposición del aparato represor. Meter la mano en el bolsillo del rojo era doctrina consagrada. Incautaciones y multas arbitrarias proliferaron durante años so pretexto de que los vencidos habían de reconstruir el país, después que los gerifaltes del régimen lo hubieran llevado a la ruina. Pero había algo más que esa socorrida explicación. De repente, el habitual comportamiento violento de la policía dejaba de sorprender. La paliza en los interrogatorios, la tortura en todas sus formas daban ciertamente rienda suelta al sadismo que los matones de la profesión llevaban dentro, pero, como se argumentaría más tarde en la base de Guantánamo, los procedimientos violentos ahorraban gastos y tiempo. Extraer información respetando los derechos del interpelado requiere profesionalidad e investigaciones minuciosas previas, como se ha demostrado recientemente en España. Los costes de la indagación se disparan. El franquismo, ajeno a los derechos humanos y sin inhibiciones morales, prefería que la policía repartiera palos indiscriminados que gravar los presupuestos del Estado.

Del andén de la estación de Atocha a la Puerta del Sol, mi escolta y yo fuimos andando cuesta arriba un domingo soleado por la mañana. Dinero para coche celular o taxi tampoco había. El edificio de la Dirección General de Seguridad, que dominaba la plaza céntrica madrileña, me engulló por la puerta principal. Por delante de su fachada había cruzado innumerables veces ajeno, como cualquier ciudadano, a lo que sucedía de puertas para adentro. El descenso al averno siguió los trámites prescritos: entrega e ingreso del detenido, despojo de sus pertenencias, reconocimiento médico… Al depositar el maletín que traía conmigo, rescaté un frasco de digitalina que tomaba para regular una vieja afección cardiaca heredada de una escarlatina infantil. La clandestinidad había desencadenado una taquicardia y agravado el soplo. El médico de la Dirección General de Seguridad me auscultó, confirmó la dolencia y la medicación indicada. Entregó el frasco al guardia de turno con la indicación de que las gotas me fueran administradas mañana y tarde. Mal y prescripción me valieron —quiero creer— para evitar brusquedades en los interrogatorios. Traspasadas varias rejas y oído rechinar detrás de mí muchos cerrojos, ingresé finalmente en un calabozo estrecho. Cuando ajusté mi visión a la oscuridad, percibí en él a dos hombres. Poco tardé en enterarme de que también estaban allí por causas políticas. Uno era un obrero acusado de pertenecer a la CNT; el otro un pintor a quien la policía le achacaba formar parte de la Unión de Intelectuales Libres, de la que no había oído hablar hasta entonces. Con el artista, habría de compartir galería en la prisión de Alcalá de Henares, concluidas las indagaciones.

Que las cuatro paredes de un sótano lúgubre, cerradas por una puerta de hierro con mirilla minúscula y bajo vigilancia permanente, pudieran convertirse en un centro de información parece difícil de creer, pero así fue. Salvado el recelo ante el desconocido, mis compañeros de celda me confesaron de qué se les acusaba y me hablaron de nuestros vecinos. Desde hacía dos días, el sótano albergaba a unos estudiantes. El cruce fugaz de una cara por delante de la mirilla o una voz inconfundible llamando al guardia para que le condujera hasta la letrina, me confirmaron la presencia de mis compañeros. Enterados a su vez de que compartía su suerte, me dieron la bienvenida con canciones en cuya letra mechaban nombres y noticias. Los guardias solían terminar mandando callar. Por Manuel Lamana, el más asiduo con las jotas, llegué a enterarme de la lista de los detenidos, de los materiales hallados y de por dónde iban los interrogatorios. También habían inventado sobre la marcha un código al modo Morse. Unos golpecillos secos en la pared servían para comunicarse de una celda a otra. La emisión y el desciframiento de los mensajes eran muy lentos, pero el tiempo sobraba. De nada valía que estuviéramos oficialmente incomunicados. Por uno u otro conducto, me enteré de qué sabía la policía a nuestro respecto. El retraso de mi detención me libró de la primera ronda de interrogatorios. Cuando llegó mi turno, lo que había averiguado por el procedimiento descrito me permitió no encerrarme en un mutismo contraproducente, sin soltar prenda de más, sólo lo justo (véase mi declaración ante el juez según la prosa policial recogida en la causa, figura 3).

Figura 3. Declaración prestada por el autor ante el juez coronel Eymar.

La ausencia de Álvaro Llopis y Carmelo Soria nos vino como anillo al dedo como disculpa. Promotores de la reconstitución de la FUE, habían ejercido la dirección máxima hasta salir de España. Por hallarse fuera del alcance de la policía, nos escudamos en ellos, como es lógico. La consecuencia menor de nuestras declaraciones es que no pudieron volver a España. En su exilio venezolano, Álvaro destacó por su acción epidemiológica en los trópicos, que le valió una merecida reputación mundial en ese campo de la medicina. Carmelo Soria, indomable espíritu libertario, murió en Chile en julio de 1976 en manos de la tristemente afamada DINA, la policía política del dictador. Las Naciones Unidas, de las que era funcionario cuando fue detenido, torturado y asesinado, acaban de rendir el debido reconocimiento a una de las más sonadas víctimas del general Pinochet.

La exculpación perseguida surtió un efecto limitado. En el registro de varios domicilios aparecieron pasquines, periódicos, anotaciones e incluso cohetes listos para ser usados, pruebas contundentes de nuestra responsabilidad. En la primera tanda de arrestos, la policía dio en un establecimiento comercial con la multicopista en la que imprimíamos nuestros boletines. Un empleado de la firma fue detenido, pero luego puesto en libertad al concluir el juez que nada tenía que ver con el asunto. Una semana después, cayó también el archivo de la FUE localizado en un vestuario del Liceo Francés de Madrid, de la calle del Marqués de la Ensenada. Un empleado de ese centro de enseñanza, Antonio Gil Burillo, fue arrestado y liberado a los dos meses sin pasar por prisión (Causa 140.189, fol. 227). Gil, combatiente del ejército republicano, conocía y simpatizaba con nuestras andanzas, pero supo desvincularse del contenido de la caja requisada. El allanamiento del Liceo acarreó complicaciones e inconvenientes a la investigación policial en curso. El Liceo gozaba de extraterritorialidad y la policía pasó trece días sopesando las ventajas y los perjuicios que la operación podría ocasionar. La entrada de la policía necesitaba la anuencia de las autoridades del establecimiento y, por elevación, de la representación diplomática gala. Ésta se hallaba reducida a mínimos por el boicot diplomático internacional al que el régimen se hallaba sometido entonces. El coronel Enrique Eymar, juez del Juzgado Especial del Fuero de los Españoles de la Capitanía General de la Primera Región Militar, un título entre tantos otros que ostentaría en su larga carrera represiva,[9] emitió el 10 de abril la orden de registro. Horas después, René Paris firmaba en nombre del Liceo el acta que detallaba lo encontrado (Causa 140.189, fols. 27 a 28 vª).

El archivo, amén de documentos internos, contenía la parafernalia habitual de tampones de caucho, hojas de papel con membrete, cabeceras de periódico para su edición en multicopista, tinta, dibujos y textos originales, ejemplares de manifiestos y de pasquines hechos en imprenta. También guardaba propaganda de otras organizaciones clandestinas, así como correspondencia cruzada con ellas. Lo menos corriente fue el hallazgo de un talonario de cheques a nombre de Álvaro Llopis, así como la carcasa de una granada y un petardo. En el expediente, no consta adónde fueron a parar los materiales incautados. Los periódicos y pasquines requisados en el domicilio de Albina Pérez fueron por fortuna incorporados a la causa. Gracias a esas piezas (véanse figuras 4 y 5), disponemos hoy de muestras de la propaganda impresa y repartida por nuestra organización (Causa 140.189, fols. 167-179).

Figura 4. Juego de pegatinas, incorporado al expediente de la causa.

Figura 5. Portada del boletín F.U.E. núm. 3, del 1 de febrero de 1947, editado a ciclostil.

El hallazgo representó un éxito para la policía al conseguir pruebas contundentes, pero también se le volvió en contra. El allanamiento de un centro cultural extranjero en Madrid saltó a la primera página de los periódicos, en particular de los galos. La causa fue cerrada apresuradamente por el escándalo armado, a pesar de los flecos que permanecían todavía sueltos. La policía, por otra parte, más interesada en perseguir pistas más prometedoras desde el punto de vista político, renunció a ahondar en el caso estudiantil. Un par de días después del allanamiento del Liceo Francés de Madrid, el 12 de abril, el jefe superior de Policía de Madrid dispuso el traslado a prisión de los principales inculpados en este asunto, sin esperar siquiera a que el juez firmara los autos de prisión preventiva. Policía y juez se dieron por satisfechos con el desmantelamiento del Comité Nacional de la UFEH, la Junta de Gobierno de la FUE de Madrid y el grupo a cargo de acciones de propaganda especiales. Al primer núcleo pertenecíamos Lamana, Rubio, Lozano, Rico y yo. A la Junta, Pintado, Vega, Kriales, Pérez, Sanz Faure y López-Linares. El grupo de acción adscrito a la Junta de Madrid estaba formado principalmente por Faure, Renart y Matanzos.

La noticia de nuestra detención sembró la consternación entre los compañeros de dentro y de fuera de España. Manuel de Rivacoba, el mencionado enlace en Barcelona, optó por vengar por su cuenta nuestra detención con actos desmesurados de compañerismo. Por conexiones hechas, consiguió lápices explosivos. Uno lo hizo estallar, el 12 de abril, coincidiendo casualmente con nuestro ingreso en prisión, para reventar una reunión de la Milicia Universitaria que se celebraba en un aula del primer piso del edificio central de la Universidad de Barcelona. La explosión provocó sustos y destrozos. Menos estrepitoso fue el atentado siguiente contra el local del SEU efectuado el 24 de abril. Rivacoba fue detenido semanas después. Las acusaciones que se presentaron contra él y contra sus compañeros de redada se encuentran recogidas en el procedimiento sumarísimo 35.836, publicado fragmentariamente.[10] De la cadena perpetua a la que fue condenado, rebajada de una petición inicial de pena de muerte, Rivacoba pasó diez años recluido, la mayor parte de ellos en el infame penal del Dueso.

De un sentimiento igual de intenso, pero de conclusión feliz, fue la reacción de Carmelo Soria. La conocí por boca suya cuando nos reencontramos en Chile. Minutos después de depositar una carta dirigida a mí en el buzón de una calle céntrica de Santiago, leyó en un matutino local la noticia de nuestra detención. La crónica incluía nombres para él de sobra conocidos. No le cupieron dudas sobre la veracidad de la noticia. Mi padre se enteró por cierto de la misma manera intempestiva por la prensa de Buenos Aires. En la carta recién despachada, Carmelo me informaba de la marcha favorable de las gestiones efectuadas hasta ese momento ante la federación estudiantil de Chile. Por más que redactada en el lenguaje críptico convenido, Carmelo temió que, una vez interceptada, fuera descifrada y sirviera de pieza acusatoria. En un gesto característico del agudo sentido de responsabilidad que guió los actos de su vida, Carmelo removió cielo y tierra hasta conseguir que la administración postal chilena respondiera a instrucciones recibidas de las esferas gubernamentales y que, por la gravedad del caso, aceptara devolver la carta al expedidor, contraviniendo los reglamentos que formalmente lo prohibían. Para devolver la carta hacía falta primero localizarla. Dos días y dos noches de un fin de semana Carmelo pasó dentro del edificio del correo central de Santiago revisando las sacas amontonadas hasta que, milagrosamente, dio con el sobre escrito de su puño y letra. Entonces pudo respirar.

Las declaraciones recogidas en el sumario 140.189 se ajustan a un modelo estereotipado de preguntas y respuestas que la policía redactó a gusto y con ortografía muy suya. De su lectura, no se desprende con claridad cómo concatenaron las averiguaciones. Las declaraciones ante el inspector de la Brigada de Información van fechadas y agrupadas por tandas. El primer grupo ocupa las declaraciones de los últimos días de marzo y el segundo varias fechas salteadas de comienzos del mes de abril. El día 27, comparecieron ante el inspector los primeros arrestados: Antonio Lozano, José Castedo, Manuel Lamana, Fernando Rico y Luis Rubio. Con intervalo de un día, el 29 de marzo fueron detenidos y declararon Óscar Kriales, Mercedes Vega, Albina Pérez, Gerardo Renart y Javier Sanz Faure. El testimonio que presté al llegar de Barcelona fue el último de la primera rueda. Cuatro días en blanco para atender asuntos más urgentes separan la segunda de la primera tanda. El 4 de abril fue detenido Pablo Pintado y el 7 José Antonio Matanzos e Ignacio Faure. El día 8 le tocó el turno a Eleuterio López-Linares y el 10, finalmente, a Antonio Gil.

Tras varios días de calabozo, la puerta se abrió de noche y un gris, nombre popular de la policía uniformada, me ordenó recoger mis pertenencias y seguirle. Subimos un par de plantas hasta el entrepiso de la antigua Casa de Correos y sede actual de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El guardia me hizo entrar en una habitación con una luz intensa que permaneció prendida de día y de noche. A través de medio ojo de buey, se alcanzaba a divisar el patio occidental delantero del edificio. Al rato, el gris me entregó un colchón de lana que extendí sobre un camastro situado en un rincón. Llevaba días durmiendo sobre una manta en el suelo. Al ver el colchón me las prometí felices… hasta que descubrí en su forro manchas de un rojo vivo, como si la sangre no hubiera terminado de oscurecerse. Un vocerío, pasillo de por medio, me sacó de dudas: ocupaba una antesala de torturas. ¿Qué hacía yo allí? ¿Por qué me separaban de mis compañeros?

El tiempo pasaba sin que vinieran por mí. La inquietud y la luz me impedían dormir. La sola idea de tumbarme sobre un colchón con rastros de sangre ajena me resultaba repulsiva. El oído me traía además la agitación que reinaba en el pasillo. Según estuvieran abiertas o cerradas las puertas de las demás habitaciones, las voces llegaban hasta mí con mayor o menor nitidez. Los alaridos no tardaron en estallar. Las preguntas oía que se repetían; respuestas y alaridos saltaban de una voz a otra. Los interrogados se sucedían y también la aplicación de torturas. La pasividad impuesta por mi encierro me acongojaba al no poder dar salida a sentimiento alguno. No estaba en mi poder poner fin a los malos tratos que se repetían a pocos metros de distancia. No podía protestar, no podía aporrear la puerta con mis puños, ni insultar a los verdugos. A hora muy avanzada de la noche, el vocerío se calmó y lo reemplazaron risotadas. El trabajo parecía concluido a satisfacción de los policías: algún torturado había soltado prenda. La información obtenida abría nuevas pistas para seguir adelante con la indagación.

A muy primera hora de la mañana siguiente, las voces casi familiares de la víspera ocupaban de nuevo los pasillos y las habitaciones contiguas. La charla era esta vez ligera. Los sabuesos presumían de la indumentaria que llevaban puesta. Minutos después, las voces se alejaron, los pasillos se aquietaron y por la ventana pude ver en un ángulo del patio a un grupo de hombres jóvenes vestidos con monos y gorras de visera características del atuendo obrero de la época. Los torturadores de la noche anterior se mostraban ahora a pleno sol con porte joven y disfrazados en una mañana —creo recordar— de domingo. Se aprestaban a sorprender a hombres ajenos a lo que se les avecinaba, en una cita concertada en un barrio obrero de la ciudad. Me parece recordar que era por Cuatro Caminos. La trampa tendida se proponía hacerse de una nueva hornada para la sala de tortura. Lugar de encuentro e identidad de los citados habían sido extraídos en atroces palizas. A mis oídos llegaron nombres y direcciones que no puedo recordar. Esa información de nada me valía en mi encierro. A nadie podía advertir de la inminencia de la operación programada. Me carcomía la rabia de poder anticipar la detención pero no prevenirla. Un hado inexorable parecía haberse detenido sobre la escena, como en una tragedia griega, a la espera de que la acción se precipitara. El encierro me resultaba más asfixiante que nunca. La exasperación y el desprecio agitaban mi ánimo crispado. Menosprecio contra quienes la víspera entregaron a sus compañeros bajo tortura. Me los imaginaba débiles ante el dolor infligido, pero no cínicos. Su ánimo debía de sentirse abatido por el desfallecimiento sufrido.

El silencio se apoderó al rato del patio de la Dirección General. La operación se había puesto en marcha. La puerta se abrió y un uniformado me trajo las gotas de digitalina prescritas y un cuenco de latón con achicoria templada que hacía las veces de café. La banalidad de los gestos me devolvió cierta tranquilidad. El alivio duró sin embargo poco tiempo. A media mañana, llegaron señales inequívocas de que los disfraces habían surtido efecto y que la redada de la Brigada Político-Social había tenido el éxito esperado. Una nueva tanda de detenidos quedó sometida a un turno de interrogatorios y torturas. La captura había sido gorda. Después supe que el comité provincial de la CNT había quedado desbaratado aquel día. Más alaridos en varias salas a la vez, sin siquiera tomar la precaución de cerrar las puertas para apagar el sonido. Quizá las mantenían abiertas como forma de intimidar a los pendientes de ser interrogados. La tortura cobraba por instantes una intensidad infernal.

En aquellos días de ponzoña, nadie se acordó de mí. Ni siquiera entraron con amenazas para que, de lo oído, no me diera por enterado. Seguros de sí mismos, no se tomaban la molestia de borrar huellas, ni de evitar testigos. Mi turno nunca llegó, contrariamente a los temores que nunca me abandonaron. Inopinadamente, un guardia me condujo del entrepiso de vuelta a los calabozos, no a la celda de la que procedía, sino a una individual, con tarima de ladrillo y jergón encima. Una hilera de recintos de esa categoría se alineaba cerca de la entrada del sótano. Se reservaban en previsión de que un torero, caso raro, no diera muerte al animal que se habían comprometido por contrato a inmolar en el coso de Las Ventas dentro del tiempo reglamentario. Comparadas con las celdas comunes, parecían de lujo. Algunos de los compañeros de la primera tanda habían sido trasladados también a celdas contiguas seguramente por necesidad, para hacer lugar más abajo a los detenidos en las redadas recientes. El tráfico por la DGS de detenidos por razones políticas era entonces intenso. En mi nuevo encierro dejé de sentirme solo y volví a recibir información a gritos o por la pared.

Nuestra procedencia social tuvo por efecto desconcertar a la policía. El franquismo y sus agentes eran de un marxismo primario. Creían a pie juntillas en la lucha de clase, pero en el sentido inverso al propugnado por el famoso ideólogo de Tréveris. La policía no se proponía la redención de la clase obrera, sino apalearla para afianzar el dominio de la clase pudiente sobre ella. Tener que perseguir a señoritos —y encima tiernos de edad— evidentemente les descolocaba. Los policías, servidores de los estratos sociales superiores, no concebían que individuos cercanos a esos sectores no se condujeran como ellos, sino al revés. El policía que detuvo a Javier Sanz Faure le echó en cara crudamente que, viviendo en un piso tapizado de alfombras muelles, se metiera en berenjenales. En fin de cuentas, el esbirro resentía que los esquemas que le habían sido inculcados se derrumbaran. Ese agente no hacía asco alguno a allanar casas obreras y detener a sus moradores, pero hacer lo mismo en un domicilio en barrio acomodado le enervaba. Estaba acostumbrado a que el obrero se opusiera al régimen que tan mal lo trataba, incluso podía llegar a entender las razones que le asistían, pero que el detenido se comportara por ideales no cabía en su cabeza pedestre. Un chasco mayúsculo les esperaba todavía: un estudiante de medicina, Óscar Kriales, invocó al ser detenido su condición de oficial del ejército. Hacía medio año que le habían sido entregados sus despachos de alférez de complemento al concluir la milicia universitaria y exigía ser tratado de acuerdo con el respeto y las formalidades que exigían su grado.

Concluida la indagación, la policía puso a disposición del juez especial de Espionaje y Comunismo de la Primera Región Militar a una primera hornada de detenidos. Éste, el ya mencionado coronel Eymar, personaje descentrado psicológicamente y vengativo, constituyó durante veinticuatro años una pieza clave del aparato represor del régimen bajo rótulos distintos. El coronel nos hizo conducir a su despacho de la Dirección General de Seguridad, uno por uno y de noche, donde desplegó su proverbial estilo hosco. El tono más ligero que se permitió durante las diligencias fue el de anunciarnos que nos enviaba a comer almendras garrapiñadas, especialidad de la ciudad del Henares. Mediante esa insulsa ironía nos comunicaba que nos remitía a la cárcel de Alcalá.

El traslado a prisión se efectuó por tandas. La conducción más numerosa, con ocho encausados, fue despachada el 12 de abril, como queda dicho. La compusimos Antonio Lozano, Luis Rubio, Manuel Lamana, Pablo Pintado, Fernando Rico, Gerardo Renart, Javier Sanz Faure y yo. Para la cárcel de mujeres de Ventas salieron esa misma tarde Albina Pérez y Mercedes Vega, y para prisiones militares, Óscar Kriales por su condición de alférez. José Antonio Matanzos e Ignacio Faure esperaron su traslado hasta el 18 de abril. Eleuterio López-Linares llegó a Alcalá el 11 de mayo, en una conducción con seis presos de otros expedientes. Los encausados sumaron finalmente catorce: tres estudiantes de derecho y tres de arquitectura, más dos de cada una de las siguientes facultades o escuelas: Filosofía y Letras, Medicina, Química y Aparejadores.

En el patio de la Dirección General de Seguridad nos esperaba el pelotón de la Guardia Civil que llevaríamos de escolta. Abrazos efusivos por reencontrarnos cara a cara. A algunos compañeros los veía por primera vez. Con ellos no había tenido contacto antes en la calle. La Guardia Civil nos esposó. Me tocó compartir esposas con un preso ajeno al grupo, mi tocayo Nicolás Mallo, del que he referido en la nota 5 de este capítulo las circunstancias infaustas de su detención. El gallego me duplicaba en edad y cojeaba de una pierna. En Alcalá, hicimos buenas migas. De Atocha, un tren ordinario nos llevó a destino vigilados por tricornios y mosquetones. Para asombro de los números encargados de la custodia, no se nos veía cariacontecidos. Cruzábamos chistes entre nosotros y cantábamos. Más que presos, parecíamos una alegre partida de quintos. En el vagón que nos había sido reservado, los guardias nos dejaron hacer. No tenían instrucciones en contra. En la caminata entre la estación y la prisión, por las calles de la vieja ciudad universitaria, se contentaron con pedirnos silencio. A pesar de andar esposados, no sentíamos pesadumbre. Al fin y al cabo, estábamos dejando atrás sótanos lóbregos e interrogatorios tensos. Nos sacudíamos el fingimiento obligado que impone la actuación clandestina. Cobrábamos autenticidad. Nuestras palabras concordaban con nuestros sentimientos y pensamientos. El reencuentro con uno mismo ayudaba a sobreponerse a la inminencia de la prisión. La de Alcalá de Henares no tardaría en desplegar ante nuestros ojos su semblante más hosco.

4. ALCALÁ DE HENARES, EN LA ESPERA

El régimen franquista no es concebible sin el espantajo de la cárcel. Medio millón de combatientes republicanos pasaron por campos de concentración improvisados durante y después de la guerra civil, sin perjuicio de los civiles que entraron directamente en ella. De los recluidos, unos salieron en libertad, firme o con condiciones. Varias decenas de miles —se dice pronto— lo hicieron en la dirección opuesta: hacia el pelotón de fusilamiento. La masa restante, compuesta por combatientes, militantes políticos, funcionarios públicos, obreros, campesinos o simples ciudadanos de inclinaciones republicanas permaneció, convenientemente demonizada, detenida durante años a la espera de ser depurada o juzgada por tribunales castrenses. Las penas impuestas en consejo de guerra se cumplieron luego en campos de trabajo militarizados, prisiones, talleres penitenciarios, destacamentos penales o en cárceles de mujeres. El frondoso sistema punitivo cubrió la superficie del país entero. Un lustro después del triunfo por las armas, ejecuciones o puestas en libertad habían reducido el apelotonamiento de los primeros años, pero quedó un remanente abultado de presos que las hornadas de posteriores, llamados así por su actuación política posterior a la implantación de la dictadura, se encargarían de incrementar. Los resistentes detenidos en la Capitanía de la Primera Región Militar fueron recluidos a título preventivo en una prisión especial cerca de Madrid. En el segundo lustro de los años 40, primero fue en Alcalá de Henares y luego en Ocaña.

El presente capítulo y los dos siguientes trazan mi peregrinación, en 1947 y 1948, por tres prisiones que ilustran tres modalidades de privación de libertad. En la Prisión Central de Alcalá de Henares, coincidí en la primavera y verano de 1947 con cerca de un millar de los reclusos posteriores, a disposición del coronel Eymar y en espera de consejo de guerra. Luego pasé a la Prisión Provincial de Madrid, de nueva planta, levantada en el entonces pueblo de Carabanchel. Su derribo hace tres años provocó una polvareda de protestas del vecindario para mí incomprensible. La Provincial, destinada a los presos preventivos comunes, recibió, sin embargo, posteriores en dos pabellones. En uno de ellos pasé varios meses. Una vez celebrado el consejo de guerra correspondiente y condenado, se me trasladó para que redimiera la pena impuesta al Destacamento Penal del Monasterio, uno de los tres situados en el valle de Cuelgamuros, cerca de la capital. El presente capítulo cubre mi paso por Alcalá. Mis recuerdos de los dos otros centros ocuparán los dos capítulos siguientes.

Alcalá de Henares albergó en la posguerra muchas prisiones por inercia histórica y por conveniencia. A mediados del siglo XIX, transferida su decaída universidad a Madrid, la ciudad perdió su secular aire universitario. La desamortización de los bienes de la Iglesia y de las corporaciones civiles dejó sin uso conventos y colegios mayores. Sus espaciosos y vetustos edificios se destinaron en buena parte a cárceles o cuarteles. La demanda inmoderada de prisiones y de acuartelamientos al acabar la guerra reforzó la tónica impresa un siglo antes al casco urbano. En la era franquista, cárcel y cuartel se complementaban de maravilla. Los soldados proporcionaban la vigilancia exterior de las prisiones y la oficialidad proveía de vocales a la retahíla de los consejos de guerra celebrados habitualmente en la ciudad.

En los cuatro meses de 1947 que pasé preso en Alcalá de Henares, los consejos de guerra estuvieron normalmente compuestos por antiguos alféreces provisionales, oficiales de complemento improvisados durante la guerra para reemplazar a los mandos de baja graduación caídos o ascendidos en el frente. Los sobrevivientes de esas camadas que, acabada la guerra, optaron por proseguir la carrera militar, recibieron una formación compendiada en academias. Su obediencia ciega al mando y su entusiasmo por la profesión con la que la guerra les había premiado, nublaba su conciencia y les impedía cumplir su cometido con ecuanimidad. Simples capitanes, o a lo sumo comandantes, presidían los consejos de guerra sumarísimos. En la justicia castrense, sumarísimo no significa resolución urgente, sino la aberración de privar al inculpado de las garantías procesales que el derecho le acuerda por principio. El calificativo invitaba a los miembros del tribunal a saltarse el derecho a la torera, con igual soltura a la adquirida en el frente. Para mayor inri, los militares se erigieron en jueces y acusaron a los civiles leales de rebelión militar o de auxilio a la rebelión, cuando eran ellos los merecedores del peso de la ley por haberse sublevado.

Los tribunales sesionaban entonces en un cuartel próximo a la cárcel en las mañanas de los miércoles y de los viernes, si mal no recuerdo. Cuando se haga la estadística de condenados y de las penas impuestas —lo que confío en que no tarde en hacerse—, quedará patente que, un decenio después de iniciada la sublevación, el aparato represor no había dejado de funcionar implacablemente. Ningún integrante de esos inicuos consejos ha escrito, que yo sepa, un testimonio íntimo que recoja las entretelas de los juicios en los que tomaron parte. En las filas de la Iglesia, la otra institución cómplice, algún sacerdote ha tenido en cambio la honradez de dar cuenta de los problemas de conciencia que despertó su participación o su presencia silenciosa en la represión.

La prisión de Alcalá ocupaba un antiguo convento dominico situado a las espaldas del edificio central de la antigua y actual universidad. Sobre el solar que ocupó acaba de inaugurarse un confortable Parador de Turismo, cuyo uso contrasta con el dado al anterior. Del portón, por donde entraban y salían los presos, hasta la capilla de la cárcel, se alzaba en dos plantas un frío pabellón moderno de celdas alineadas a ambos costados de un corredor central. El pabellón albergaba a castigados, condenados a muerte o los ingresos en cuarentena. Al entrar en la cárcel, no se daba entrada inmediata a los confinados en las galerías, sino que, por prevención higiénica o por otra razón, se les sometía a observación durante un par de semanas, no los cuarenta días prescritos por la antigua práctica marítima.

El tamaño de la celda en la que se nos recluyó, de tres por dos metros, daba para extender de noche cinco jergones de paja, uno por preso, de 60 centímetros, ancho insuficiente para dormir todos de espaldas. En un rincón de la celda, apenas restaba espacio para un lavabo y una taza de retrete. Un ventanuco alto y enrejado, de difícil acceso hasta él, servía para ventilación e iluminación de la celda. Los reclusos encargados de repartir la primera cena descubrieron caras nuevas y, al concluir su cometido, se apresuraron a correr la voz, en las galerías donde dormían, de que la cárcel contaba con nuevos huéspedes.

Al día siguiente de nuestra llegada, la prisión amaneció estremecida. El griterío denunciaba que algo grave sucedía. Tres condenados a muerte habían sido pasados por las armas al alba. La noticia nos llegó a pesar de estar sometidos a estricta incomunicación. El encierro gozaba de un mínimo de porosidad. Los ejecutados llevaban semanas esperando el indulto o la confirmación de la condena. Ellos y sus compañeros habían concebido la esperanza de que la sentencia no se cumpliera. Su ejecución venía a demostrar que, en 1947, los vencedores no habían saciado todavía su rencor y que fusilaban a los posteriores igual que hacían con los presos de guerra.

Las ejecuciones cortaron en seco meses de una tranquilidad inusual en una cárcel de políticos aguerridos. En el mes de octubre anterior, los reclusos de Alcalá habían declarado una huelga de hambre, larga y de seguimiento prácticamente unánime, en contra de la decisión del director de que los preventivos vistieran uniforme de preso. El reglamento obligaba a llevarlo únicamente a los condenados. La medida tampoco se prestaba a ser aplicada, pues los funcionarios de prisiones eran los primeros interesados en que no se usaran. Preferían darlos de baja para su venta como trapos, lo que en realidad eran. A que el plante estallara, concurrieron también agravios de vieja data. Los reclusos venían reivindicando un trato humano, respetuoso y normas claras. Su osadía no llegaba a objetar que los oficiales de prisiones ejercieran su función de vigilancia. Se oponían a la conducta arbitraria, del director para abajo. Los presos contaban con una ventaja para su movilización. En Alcalá no había comunes. De haberlos habido, ellos se habrían mostrado reacios a secundar un plante político. Habrían tendido a comportarse como caballo de Troya. Por confidencias suyas, el director se habría enterado de quién dirigía la huelga y qué líneas de fisura entre los huelguistas eran previsibles, para explotarlas. Las organizaciones políticas de la cárcel pospusieron en esta ocasión las rencillas heredadas de la guerra civil o las surgidas después por diferencias en la forma de plantear la lucha contra la dictadura. La dirección se estrelló en esta ocasión contra un muro.

Centenares de presos, curtidos y bisoños, desafiaron el hambre, el debilitamiento físico, las amenazas de represalias o las promesas insidiosas de los funcionarios. Las condiciones de salud se fueron deteriorando a la vista y oído de la prensa extranjera, que dio noticias de lo que sucedía. La administración de prisiones no podía permitirse una hecatombe, por lo que aceptó tratar para poner fin al conflicto con los representantes del comité de huelga clandestino. Lo paradójico de esa actitud fue que, de muros para adentro, el Estado admitía la interlocución con las células locales de los mismos partidos u organizaciones obreras que proscribía en la calle. La dirección de la prisión se comprometió a no tomar represalias si los presos deponían la huelga y admitió algunas de las reivindicaciones básicas, bastante razonables. Los presos preventivos siguieron sin vestir uniforme y se comprometieron a autorregular la disciplina de la prisión de manera que el director o los funcionarios intervinieran lo menos posible en los detalles. Los representantes de los presos serían también oídos en la designación de los destinos.[1]

Hasta en los campos nazis los presos se las ingeniaron para que reclusos afines ocuparan puestos administrativos estratégicos. En Alcalá, como en las demás cárceles españolas, los nombramientos más codiciados fueron los empleos de oficina y los de paquetería, por cuyo conducto fluía la información. En la oficina, los destinos se enteraban de oídas o por los papeles de qué se cocía en la cárcel y en la administración penitenciaria central. Lo averiguado permitía anticipar, ya que no prevenir, ciertas actuaciones. Entre la ropa o la comida que las familias hacían llegar, pasaba disimulada la correspondencia, las circulares, las consultas, la prensa clandestina y los documentos institucionales de los partidos u organizaciones. En la muda devuelta o en los cubos de basura, salían a la calle los acuerdos tomados por las células o pormenores sobre la situación en la prisión. El intercambio de entrada y salida dependía —sobra decirlo— del temple e ingenio desplegados por los paqueteros, que cumplían su cometido bajo la atenta mirada de los funcionarios de servicio dispuestos a frustrar cualquier movimiento sospechoso. Este flujo de información dependía no menos del coraje y de la complicidad de las compañeras, esposas, madres, hijas o hermanas que cargaban y recogían los paquetes trucados. De descubrirse el ardid, ellas podían acabar presas, peligro que arrostraron sin pestañear.

Los riesgos incurridos a la entrada se replanteaban luego en el interior de la cárcel. La inspección de una galería o el cacheo de un recluso podían sobrevenir en cualquier momento, por rutina o por sospecha. El hallazgo de documentos comprometedores terminaba con un castigo ejemplar o, en casos mayores, con la entrega a la policía y la apertura de un nuevo expediente penal. Leer, redactar y guardar los papeles orgánicos exigía precauciones extremas para seguridad de sus poseedores, pero también para que el contenido confidencial de las resoluciones o consultas de los comités centrales o confederales no llegara a conocimiento de la policía. Presos y familiares arrostraban graves y frecuentes peligros para evitar que los presos se sintieran al margen de la vida orgánica y mantuvieran viva su adhesión.

El director bajo el cual estalló la huelga de hambre fue trasladado. Su sustituto, Justo Herraiz, se atuvo a lo acordado. La calma duró meses, pero Herraiz no se resignó al recorte de autoridad heredado de su predecesor y se mantuvo al acecho. La protesta generada por los fusilamientos debió de parecerle momento oportuno para intentar recuperar el terreno perdido. Caldeados los ánimos como estaban, sonó la hora de la misa dominical. Asistir al servicio religioso seguía siendo obligatorio en Alcalá. En Carabanchel, observé después que sólo concurrían a misa por voluntad propia los delincuentes creyentes. Obligar a presos políticos probadamente recalcitrantes a asistir a un servicio religioso tenía mucho de provocación. En Alcalá, sólo había un recluso que se proclamara católico. Éste era Luis Michelena, el luego conocido por Koldo Mitxelena, miembro del PNV y que, en el orden profesional, destacaría como lingüista de primer orden. Michelena tenía fe, ayudaba a misa y comulgaba, ante la perplejidad, pero también el respeto, de tantos descreídos. En una España en la que las esferas oficiales presumían de que la nación era católica en su totalidad, un núcleo privado de libertad atestiguaba lo injustificado de esa pretensión.

Los presos ocuparon la nave de la iglesia de pie, por orden de galería. Los sometidos a cuarentena formamos en el coro alto, aislados del resto. Unos pasos delante de nosotros, el director, el jefe de servicios y otros altos funcionarios se repartieron por orden jerárquico la primera fila, provista de asientos y reclinatorios. En su sermón, el capellán, hombre espigado y altivo, motejado «Palo alto», tuvo la mala ocurrencia de comentar ese domingo los diez mandamientos. Al llegar al quinto, una voz joven y poderosa profirió espontáneamente: «¡El quinto no matar!». La reacción tomó de sorpresa incluso a los presos. Nadie podía anticipar el contenido del sermón. El capellán acusó el golpe, acortó su intervención y aceleró el rezo. El director entre tanto gesticulaba y, desde lo alto, apuntaba con su bastón de mando hacia algunos presos, mientras seguía la misa santiguándose y arrodillándose. Sus gestos mecánicos tenían algo de cómico, pero el presentimiento de una tragedia reprimía cualquier amago de sonrisa entre los que le observábamos desde atrás. Las filas fueron devueltas precipitadamente a las galerías y los presos encerrados en ellas por el resto del día. Al paso de las filas, un grupo de funcionarios, encabezados por uno especialmente violento, apellidado Fraile, sacaba de ellas a empujones a los presos señalados por el director. Individualizar al responsable del grito no parecía que fuera el objeto principal del despliegue. La cosa iba a más.

En el corto trayecto de retirada, del coro alto a las celdas de cuarentena, pudimos observar de reojo cómo, en la planta baja y en doble hilera, funcionarios uniformados vociferaban mientras descargaban sus porras negras sobre unos presos que corrían de uno a otro lado tratando de protegerse la cabeza con los brazos. Algunos yacían ya en el suelo ensangrentados. El trato propinado era, lo supe después, práctica consagrada en las cárceles franquistas. Los presos le habían puesto sardónicamente el nombre de tubo de la risa. La demostración de fuerza quitó al director su máscara. Su comportamiento podría haber tenido graves consecuencias de haber perdido los presos los nervios y pasado a mayores. Viendo, sin embargo, que ellos no entraban al trapo, el director se contentó, de momento, con la ostentación de poder hecha y respetó los compromisos convenidos.

La conclusión de la cuarentena llegó sin haberse disipado la tensión creada por los fusilamientos y las palizas. Se nos alojó de entrada en la galería 2, con los miembros de la fracción de la FUE detenida seis meses antes. No conocíamos sus nombres ni habíamos visto sus caras. Desavenencias y suspicacia no duraron entre rejas. Compartir suerte ayuda a confraternizar. La nota 7 del capítulo anterior consigna la lista completa de quiénes fueron apresados en esa redada. De ella, solamente una parte fue acusada de pertenecer a la FUE. Ricardo Muñoz Suay y Ricardo Bastid Peris la encabezaban, seguidos por Luis Escobar Mitjavila, Carlos Robles Soldevilla, José Bueno Ortuño, Enrique Cañamares y José Luis del Pino Tomás. Victoriano Claudín se incorporó directamente al Partido Comunista de la cárcel. De las compañeras que fueron a parar a la cárcel de mujeres de Ventas, sólo llegué a conocer a Carmen Tapia en Buenos Aires, donde compartió exilio con Ricardo Bastid. Los veteranos se desvivieron por organizar una recepción rumbosa. Se las arreglaron para conseguir vino blanco en el economato que circuló con generosidad a la hora de la siesta. El día era de luto y no de alegrías, pero que interrogatorios, calabozos y cuarentena hubieran quedado a nuestras espaldas invitaba a fraternizar.

El fin de la cuarentena me permitió hacerme cargo de la configuración de la prisión y de la composición de su población. Cuatro edificios flanqueaban un patio cuadrangular de tamaño mediano, salpicado con acacias de sombra escuálida. Tres naves de doble planta sin divisiones internas, usadas como dormitorios, rodeaban el patio, cerrado en su cuarto costado por un edificio de una sola planta destinado a cocina, comedor y almacén. Adjuntos al cuadrilátero se encontraban el pabellón de celdas, la capilla y dos patios contiguos irregulares. La dirección de la cárcel repartía a los presos por pertenencia política en las galerías. Los reclusos no veían con malos ojos la segregación, que restaba ocasiones para el enfrentamiento y auspiciaba la cohesión y la militancia. Las plantas altas y bajas de la galería 3 alojaban a los comunistas y a los enlaces apresados en las sierras del Sistema Central por colaborar con la guerrilla de esa obediencia. Perpendicular a ella, la galería 2 baja reunía a los miembros de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas: anarcosindicalistas y en menor medida socialistas y algunos republicanos. La parte alta acogía una suerte de enfermería y otras dependencias. De la galería 1, situada frente a la 3, patio de por medio, sólo se habilitó la planta superior.

A ella fue destinado un grupo mixto compuesto fundamentalmente por los dos grupos de estudiantes, los miembros de la Unión de Intelectuales Libres y los dirigentes de los partidos nacionalistas vasco y gallego detenidos juntos, el mencionado Michelena y Ramón Piñeiro. El segundo hacía poco que había vuelto de París, donde había representado al nacionalismo gallego en negociaciones con el gobierno republicano y con los representantes vascos y catalanes. Piñeiro volvió de Francia para impulsar al galleguismo a entrar en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas.[2] A la galería 1 fueron adscritos igualmente un antiguo comisario de policía republicano y exiliados como Progreso Alfarache, Enrique Marco Nadal o Pachi Alberdi. Los tres habían vuelto desde México o Francia para reforzar las organizaciones del interior. Los dos primeros militaban en la CNT y el guipuzcoano en el Partido Comunista. Al acabar la guerra, Pachi había dado con sus huesos en la República Dominicana. De su estancia en la isla, hilvanaba con chispa anécdotas sobre la vida que conoció en las colonias agrícolas fronterizas con Haití. El dictador Trujillo las pobló con refugiados republicanos de procedencia urbana e ineptos para la agricultura tropical. Las colonias no tardaron en despoblarse. Los prófugos se las ingeniaron para pasar de la isla a otros países, mayormente a Cuba o a México.

La holgura relativa entre petate y petate de la que dispusimos durante las primeras semanas se estrechó a medida que seguían cayendo presos y no cabían en las galerías correspondientes a su filiación. El punto de hacinamiento lo alcanzamos en la galería al llegar una partida considerable de guerrilleros andaluces de la CNT. El nombre de uno de ellos, Felipe Alcaraz, de mote Pajarito por su delgadez, lo recuerdo asociado a las historias jocosas con que recordaba la toma pacífica de pueblos de las sierras del norte de Andalucía. Al reducirse el espacio disponible sobre el suelo, volvimos a dormir de costado. Con el verano encima, el amontonamiento se volvió peligroso. Las organizaciones de presos extremaron las recomendaciones de higiene personal.

El patio constituía un punto de encuentro fundamental en la vida de la prisión. Mañana y tarde salíamos a él formados y, tras romper filas, nos desentumecíamos del encierro bajo la mirada vigilante de los funcionarios de servicio. Solos, por pares o en grupos pequeños dábamos vueltas de noria al patio para alargar la caminata, demasiado corta en su cruce de un extremo al otro. A veces, alguien se detenía en la ventanilla del economato para adquirir tabaco, un vaso de vino, alguna conserva de comida o sellos o postales. El pago se hacía en cupones. La posesión y circulación de dinero en la cárcel estaba prohibida. De encontrarse efectivo, era confiscado. La correspondencia permitida era, por otra parte, una tarjeta por semana a la familia y censurada. Más de una me fue devuelta por el funcionario que hacía las veces de censor por no expresar el estado de ánimo gozoso de rigor. Ingenuo de mí, lejos de mi intención estaba sembrar la alarma en la familia. Simplemente quería restar convencionalismo a mi misiva y agregar un toque ligero de sinceridad, que pareció excesivo.

Un día a la semana correspondía comunicar de viva voz por orden alfabético con la familia o con persona autorizada. Por mi apellido, mi turno recaía a fines de la semana. Dos rejas y un pasillo separaban a los presos de los visitantes. Un funcionario paseaba enjaulado dentro del pasillo, a la escucha de lo que se decía. Por la cantidad de comunicaciones simultáneas y la emoción del encuentro, las conversaciones acababan a gritos. A los españoles tampoco les cuesta elevar el diapasón. El alto tono, más el lenguaje críptico convenido para asuntos delicados, hacían que lo hablado resultara impreciso y a menudo indescifrable. El reparto de paquetes posterior a la comunicación prolongaba el estado de alerta hasta que el preso oía vocear su nombre. Recibir paquetes alegraba el estómago y el ánimo, por cuanto probaba que alguien afuera seguía pendiente de uno. Una vieja relación de familia, Ninfa, residente en Alcalá, se ocupó con afecto y puntualidad encomiables de que no me faltaran ropa limpia y comida apetitosa.

Los presos mataban el tiempo conversando entre ellos, evocando asuntos personales, comentando las noticias sobre la tramitación de la causa pendiente o desmenuzando la situación política española e internacional. Del giro favorable de esa política dependía la pronta libertad para todos. Por resolución de las Naciones Unidas, todos los Estados menos dos habían retirado los embajadores acreditados en Madrid. Los presos y también la calle interpretaron el gesto como lo que era, un claro repudio de la dictadura, pero también como el preludio a medidas más contundentes contra ella. Nada tiene pues de sorprendente que, al salir del consejo de guerra, algún condenado no se inquietara por haber recibido cadena perpetua, pues estaba convencido de que saldría pronto a la calle sin cumplirla. Salvo la pena de muerte, irreversible si se ejecutaba, las demás penas daban casi igual ante la inminencia del derrumbe del régimen. La impresión de que la pelota estaba en el aire la compartían los fiscales y demás integrantes de los consejos de guerra. Por un tiempo, las peticiones solicitadas y las condenas impuestas aflojaron comparadas con las de años anteriores.

En momento alguno mis compañeros y yo perdimos la esperanza de reanudar nuestros estudios al salir de la cárcel. Cada uno se hizo de libros de medicina, arquitectura, derecho o de otras materias para evitar atrasarnos en nuestras carreras. Se nos ocurrió incluso organizar una suerte de universidad libre aprovechando la presencia en prisión de médicos, ingenieros, matemáticos, filósofos, lingüistas… El traslado semanas después a Carabanchel impidió que el proyecto llegara a cuajar. Lo que prosperó en Alcalá fue un proyecto de mayor calado. En la galería 3 funcionó una escuela de alfabetización de la que se beneficiaron sobre todo los detenidos por auxilio a la guerrilla en el Valle del Tiétar. Buena parte de ellos eran simples cabreros a los que la Guardia Civil acusaba de haberse desprendido de una hogaza de pan al cruzarse con una partida en las montañas o de haberse prestado a llevar recados a los enlaces del llano, sin conocer su contenido ni ser capaces de leerlos. Provenientes del mísero medio rural de las provincias de Ávila y Cáceres, muchos de esos hombres de campo eran analfabetos, como lo habían sido sus antepasados desde tiempo inmemorial. Sin formación política alguna, en su contacto ocasional con guerrilleros habían cedido a un impulso humano o, a lo sumo, a vagas simpatías. Sus compañeros de galería se dedicaron a la loable tarea de enseñarles a leer y escribir. La permanencia en la cárcel confío en que les valiera para volver a casa con, por lo menos, un rudimento de instrucción. En la campaña de alfabetización no faltaron toques proselitistas pro comunistas.

La galería 1 a la que se nos había trasladado hospedaba a personas de trato estimulante. Las conversaciones con Ricardo Muñoz Suay me introdujeron a la lectura de Faulkner y Dos Passos, en ediciones llegadas de Buenos Aires que adelantaron mi familiaridad con giros lingüísticos que no dejaría de oír, y a veces de usar, durante el resto de mi vida. Con Ricardo cambié también impresiones sobre cine, vocación en la que destacaría al salir de prisión. Gracias a José Bueno Ortuño leí a Dilthey, obsesión que me valió la fina caricatura que reproduzco de José Ramón Uribe-Echeverría, coloreada por Pablo Pintado (véase figura 6). A la pluma precisa y prolífica del bilbaíno debo otros apuntes míos que guardo con afecto como testimonio de la amistad profesada (véanse figuras 7 y 8). De la mano de Michelena adquirí rudimentos de gramática histórica, en comentarios y lecturas de los trabajos de Menéndez Pidal. Con Bastid y Ballesteros, la charla giró hacia la pintura. De Ballesteros, adjunto un apunte a lápiz de nuestro grupo en Alcalá en el que me detendré más adelante; de Bastid, reproduzco un retrato mío al óleo de fecha posterior. Bastid quiso soltar su mano en la cárcel como retratista pintando a los más jóvenes del grupo. Cuando llegó mi turno para posar, nuestro traslado repentino a Carabanchel dejó mi retrato en un boceto escueto. No sorprende que se perdiera en uno de los traslados de Bastid de cárcel en cárcel. La intención puesta no la olvidó sin embargo. Al reencontrarnos en Buenos Aires en 1957, me recordó su vieja promesa. No me pintó de memoria, sino con diez años más. De grueso empastado conforme al estilo expresionista desarrollado entre tanto, el óleo de aire aún juvenil me ha acompañado de país en país. Siempre ha ocupado una pared de mis despachos, incluso del actual (véase figura 9). En las charlas organizadas en las horas muertas de la galería 1, el ingeniero Fidel Moncada nos habló de organización industrial y de relaciones laborales. Martínez Sanz, otro de los que recalarían luego en Buenos Aires, trató de higiene y de medicina. Y así los demás… Confinada entre cuatro muros insalvables, la mente no permaneció ociosa a diferencia de lo usual en otras cárceles carentes de las incitaciones que abundaban en Alcalá.

Figura 6. Caricatura en tinta del autor en la Prisión Central de Alcalá de Henares.
Dibujo de José Ramón Uribe-Echeverría; color de Pablo Pintado Ribas.

Figura 7. Perfil en tinta, firmado por Uribe-Echeverría.

Figura 8. Apunte a lápiz, vistiendo mono, por José Ramón Uribe-Echeverría.

Figura 9. Retrato al óleo, firmado por Ricardo Bastid en 1957.

La conversación diaria no respetaba las prohibiciones oficiales. En la calle, preferir Lorca a Giménez Caballero levantaba sospechas, pero no terminaba en comisaría. En el orden político, la cosa cambiaba. Por hablar bien de Marx, Bakunin o Azaña, sí se podía acabar detenido. En estas condiciones, no es de extrañar que la inopia juvenil fuera general, cuando además el comportamiento de los encargados de combatir la ignorancia redundaba en lo mismo. En el primer curso de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, huérfana de Ortega y Gasset, Gaos y otros eminentes pensadores, el flamante catedrático de introducción a la filosofía Juan Francisco Yela Utrilla, conocido por un librito sobre la independencia norteamericana publicado en Lérida y por su manejo de la ametralladora durante el sitio de Oviedo, cerraba los últimos días del curso con una serie de improperios sobre Descartes. Cualquier pensador posterior al filósofo francés quedaba sin citar y, menos aún, sin explicar. Para él, la filosofía culminaba con la escolástica y dejaba a sus alumnos en el desconocimiento de cuanto se había concebido y escrito después, que no es poco. Si las autoridades de la universidad o del Ministerio de Educación no objetaron el comportamiento del catedrático encargado de una asignatura básica sin méritos para enseñarla, ¿qué cabía esperar de círculos menos cercanos a la vida intelectual o de los funcionarios responsables de la censura?

El joven de los años cuarenta navegaba por el mundo sin brújula. Sin libros, unos chamuscados y otros prohibidos, y sin enseñanza, el acceso a la información quedaba reducido a la transmisión oral en el seno de la familia o por boca de amigos de plena confianza. En mi caso, con mi padre en el exilio el handicap se ahondaba. Sólo me quedaba la fuerza del ejemplo. Un sentido protector, bien humano, hacía que familiares y amigos se afanaran por eludir las cuestiones espinosas. Las libertades de pensamiento y de expresión quedaron por lo tanto reducidas al ámbito de la cárcel. Sólo en prisión cabía hablar a calzón quitado. Preso no se podía caer. Ya se estaba. En su encierro, los jóvenes encontraron para mayor provecho a los remanentes de las generaciones que habían conocido la libertad en España. Éstos se mostraron encantados de encontrar oídos sobre los que verter sus pasadas experiencias.

La prisión de Alcalá no contenía altos cargos de la administración republicana, ni responsables de primer rango de las organizaciones políticas y sociales de preguerra. Tampoco se hallaban en ella intelectuales de primera fila. La mayoría de personas de esas categorías se encontraban en el exilio. A prisión habían ido a parar quienes, en ausencia de éstos, tomaron su relevo y encabezaron la resistencia al régimen. El patio de Alcalá desplegaba, como en un mercado, todas las opciones políticas y sociales de izquierdas vivas en España. Por lo general, la oferta venía duplicada. Los comunistas, seguidores de la línea moscovita, compartían galería con los adherentes de la fracción monzonista, recientemente desplazada de la dirección del partido. En la CNT, el sector mayoritario en el interior, tildado de colaboracionista por posponer el tradicional apoliticismo anarcosindicalista al urgente derrocamiento de Franco, se enfrentaba a los partidarios de la línea anarquista pura, cuya dirección residía en Toulouse. Partido socialista y UGT unidos arrastraban su división entre prietistas y negrinistas. Su sayo amparaba también a algún joven militante trotskista procedente del POUM. La contracción experimentada por las formaciones de obediencia estrictamente republicana hizo, por otra parte, que Izquierda Republicana asumiera la representación de las demás (Unión, radicales y federales). Los partidos nacionalistas vasco y gallego se hallaban personificados en Alcalá por los individuos mencionados. La ausencia más llamativa en esta cárcel era la de los catalanistas. Al monolitismo político oficial, la cárcel oponía el rico abanico de opciones que, con suerte desigual, habrían de sobrevivir al régimen.

El proselitismo peripatético entre las cuatro esquinas del patio se había ganado el apodo de barba por concluir la caminata con la cara sombreada, se decía, al cabo del largo monólogo o de la conversación mantenidos. El método de instrucción, oral y sin libros, remedaba en los hechos el de la Antigüedad helénica. En la cárcel, los libros eran pocos y entraban estrictamente censurados, tanto más los de historia, sociología y política contemporáneas. El capellán de la cárcel no se contentaba con la censura oficial ejercida en la calle. Llegó a ensuciar con un nihil obstat las páginas de los caros manuales de medicina en uso en la universidad, disminuyendo así su futuro precio en las librerías de lance. La barba, que conjuntaba la paciencia del expositor con la del interlocutor, no acostumbraba desgranar improperios contra el régimen, que se reservaban para chirigotas o conversaciones ligeras. El tono de la barba apuntaba más alto. Pretendía transformar el rechazo juvenil instintivo a la dictadura en una impugnación racional y fundada.

Convivir en la cárcel con estudiantes entusiastas, flexibles y sin formación política por su edad y por otras razones despertaba la simpatía de los dirigentes presos y la esperanza en ellos de conquistar adeptos para el futuro de su causa. Barbas de todos los colores nos fueron puestas sin respiro por los responsables máximos, que no desdeñaban pegar la hebra con los jóvenes. Por nuestros oídos penetraron las virtudes de cada partido u organización, las ideas sustentadas y los métodos preconizados, así como el perfil de sus prohombres y la recapitulación de su actuación durante la República, la guerra y la clandestinidad. Como en todo mercadeo, tampoco faltaron las críticas a los competidores. Por no librarnos, ni siquiera escapamos de las barbas que los veteranos de la FUE nos pusieron de petate en petate, en la galería. Muñoz Suay y Bastid habían estudiado bajo la República y habían militado en el Partido Comunista, por más que en prisión se distanciaron de él. En nuestras propias filas, Lozano y Rubio habían recibido una preparación militar y sirvieron en el ejército de la República. Galones y experiencia les otorgaban pues una sapiencia de la que carecía el resto de los miembros del expediente. Tan convincente debió de ser la labor de todos, que los aprendices quedamos paralizados como el asno de Buridán, sin saber por qué formación o ideología decidirnos. Afiliaciones no hubo, pero las conversaciones sostenidas no cayeron en saco roto. Las ideas comunes prendieron para el resto de la vida.

Figura 10. Corro estudiantil en la galería 1 de la prisión de Alcalá de Henares, agosto de 1947. Apunte a lápiz del pintor Ballesteros. Los números identifican a: 1, Eleuterio López-Linares; 2, Ignacio Faure; 3, Antonio Lozano; 4, Pablo Pintado Ribas; 5, Luis Rubio Chamorro; 6, Javier Sanz Faure; 7, Gerardo Renart; 8, Juan Antonio Matanzos; 9, Irreconocible (¿Manuel Lamana?); 10, Fernando Rico, y 11, el autor.

Del grupo de estudiantes sometidos a ese adoctrinamiento intensivo se han salvado un par de imágenes: una a lápiz y otra en verso. El dibujo, firmado y fechado por el ya mencionado Ballesteros, presenta en corro, unos miembros de frente y otros de espalda o de perfil, a los once recluidos en Alcalá (véase figura 10). Javier Sanz Faure ha conservado milagrosamente el original cuyo deterioro, obra del tiempo, resulta perceptible en la reproducción impresa. Faltan en él, naturalmente, las dos compañeras encerradas en Ventas, y Óscar Kriales, recluido en prisiones militares. El romance anónimo, como son los clásicos, destila afecto. Dice así:

Romance de los once

Once: número oportuno,

que os retrata con justeza,

ya que si con uno empieza,

también acaba con uno.

Juzgando por separado

sois todos iguales: «de abrigo»,

y eso que soy un amigo

que se expresa con cuidado.

1. —Sánchez-Albornoz:

¡cuando se cree lanzallamas

adiós ropas y adiós camas!

Éste os quema hasta la voz.

2. —Luis Rubio Chamorro:

otro estupendo angelito

que si se encuentra expedito

no es pedito, que es pe… dorro.

3. —Faure: un ex-terrorista

que, con sus ricos paquetes,

está adquiriendo filetes

de dama renacentista.

4. —Lamana: ¡Cuidado!

Porque, con su aire inocente,

sé que engaña a mucha gente

(informes a Pablo Pintado),

y también a una pastora

y otrosí a una molinera

que hoy está tras la frontera

llora, que llora, que llora.

5. —Renart: ¡Puta mierda!

Con él no hay Dios que discuta,

mientras le dure la cuerda:

¡Puta mierda y mierda puta!

6. —¿Que no lo conocéis?

Tragaldabas, Gargantúa [Matanzos].

¿Quién su apetito evalúa?

¡Para qué nombrar al seis!

7. —Pablito Pintado:

habla en alemán, francés,

en italiano y en inglés.

¡El caso es no estar callado!

8. —Es el primo del tres [Ignacio Faure],

y, además, tan buena pieza

que se sabe cómo empieza,

pero el final no le ves.

Ciertas lenguas maliciosas

dicen que le gusta el vino.

Como si cada vecino

no las cogiera… y ¡hermosas!

El 9. —Aparejador [Antonio Lozano],

muy correcto, muy cortés,

de los que en un dos por tres,

con su sonrisa mejor

y palabra mesurada,

te suelta una sola frase,

una, pero ¡qué clase!

(la despacha condensada).

10. —A la hora de la siesta

que nadie pierda el compás

porque si uno le molesta…

¡él despierta a los demás! [López-Linares]

El 11. —¡Caray con Rico!,

se le encuentra en cualquier parte,

y siempre dándole al pico

sin que puedas escaparte.

Por lo demás tan buen chico

como los diez anteriores,

dispuestos a hacer favores

y a contarte chascarrillos,

dispuestos a una putada

y a invitarte a limonada

y a fumarse los pitillos

del ingeniero Moncada.

Once, en fin, tal para cual,

que nos han hecho el favor

de darnos su buen humor

sin cobrarnos un real.

Y ya, amigos de la FUE,

¡basta ya!

Que salgáis pronto a la rue.

¡Y nosotros, claro está!

Codearse el día entero lima asperezas. Las dos facciones de la FUE acabaron por fusionarse en la cárcel. El acuerdo de unificación no se selló con un simple apretón de manos o con un abrazo, que hubieran bastado para el caso, sino que, con vistas a los compañeros de afuera y al futuro de la organización, rubricamos un documento pulcramente caligrafiado por Pablo Pintado, nuestro excelso amanuense. Poco importaba cuánto el gesto tenía de retórico en la situación en que nos encontrábamos. En la clandestinidad y en la cárcel costaba renunciar a los formalismos a pesar de los riesgos incurridos. De haberse descubierto el papel firmado, las autoridades de la prisión no hubieran dejado de tomar medidas disciplinarias y de dar parte al juzgado instructor de nuestra causa. Por precaución entregamos el documento suscrito a un libertario amigo, Progreso Martínez, alias de Sebastián Martínez del Hoyo. Él lo guardó en un hueco de la pared detrás del horno de la cocina en la que trabajaba. En ese escondite, los funcionarios de prisiones no se atreverían a fisgar. Allí estuvo en la espera de que pudiera sacarse de la cárcel o recuperarse en mejores tiempos. El pacto suponía una conclusión lógica del diferendo sostenido en la calle: en él, los veteranos se cortaban la coleta y cedían los bártulos a los neófitos. El acuerdo alcanzado venía a reconocer el salto generacional ocurrido.

Al firmarlo, confiábamos en que los compañeros en libertad reconstituirían la FUE rebanada por nuestras detenciones. Suponíamos que la prudencia impondría un tiempo de espera, pero que la actividad no tardaría en reanudarse. Para recuperar fuerzas de inmediato, la FUE necesitaba haber contado con un vivero de militantes curtidos, como el que tenían las organizaciones políticas y sindicales. Los dirigentes caídos en ellas no tardaban en ser sustituidos. En la FUE el reemplazo resultaba más difícil. La protesta estudiantil tardaría en rebrotar hasta hacerlo bajo nuevas siglas.

La fusión concluida desató una intensa labor conjunta: asambleas (de las que Ballesteros captó la imagen reproducida), elección de responsables, asignación de tareas, relación con las demás agrupaciones de reclusos. Tantas iniciativas plasmaron en un periódico de ocho carillas caligrafiadas (dos folios doblados por la mitad), de cuyo contenido quedé encargado. El formato comprimía en letra menuda una gran cantidad de texto. La letra y las ilustraciones del ejemplar confeccionado brotaron de la pluma y de la acuarela del mencionado Pablo Pintado, arquitecto entonces en ciernes y luego profesional reputado. A redactar los textos contribuimos todos. De ese primer periódico, doblemente clandestino (ante las autoridades de la cárcel y ante la policía), no queda rastro, que yo sepa. Sí se ha salvado en cambio un segundo intento fechado en octubre y compuesto en Carabanchel siguiendo los mismos moldes. El ejemplar único de este número consiguió salir de la Prisión Provincial y terminó, no sé por qué conducto, en París. José Martínez, el editor de Ruedo ibérico, lo dio a conocer en 1976 en un libro dedicado a las prisiones de Franco.[3] Su portada y contraportada se reproducen aquí (véanse figuras 11 y 12). Valen de ejemplo de la labor de permanente reafirmación que cualquier organización realizaba entre rejas.

Figura 11. Portada del ejemplar único del periódico de la FUE, escrito y caligrafiado en la Prisión Provincial de Carabanchel, octubre de 1947.

Figura 12. Contraportada del mismo ejemplar.

Entre barbas y reuniones, los funcionarios de prisiones debieron de sospechar que el grupo estudiantil, que al principio tenían por simplemente ruidoso, se estaba transformando y se propusieron buscarle las cosquillas. La prueba del cambio de humor en la plantilla se desprende de nuestra inclusión en la lista de incidentes provocados. Una tarde, el director mandó formar a los presos en el patio y la emprendió a bofetadas con un joven comunista al que ordenó encerrar en una celda de castigo. No recuerdo la explicación que corrió de boca en boca sobre el comportamiento del director, pero resultaba evidente que pata chula, su apodo por el defecto que arrastraba, no la tenía contra un preso en particular, sino que se proponía humillar a todos, y lo consiguió.

Después de este episodio sobrevinieron otros hasta que un domingo, a la vuelta de misa, los funcionarios nos sacaron a Antonio Lozano y a mí de la fila. El jefe de servicio de turno nos reprochó que no hubiéramos seguido el oficio con la devoción debida. Sin dejarnos contestar, nos preguntó por nuestras creencias religiosas. Confesé haber dejado de ser católico. Exigida mayor precisión, me conformé con declararme agnóstico. La palabra le olió a cuerno quemado, pero no se dignó debatir los méritos del catolicismo. Mientras ordenaba que nos cortaran el pelo al cero, espetó: «¡Por falta de devoción, a barrer el patio!». Los escobones desvencijados que los funcionarios pusieron en nuestras manos alargaron la duración del barrido. El baldeo resultó no obstante refrescante al final de una mañana de mediados de agosto en la que el calor apretaba. Concluido el trabajo a satisfacción, nos reincorporamos a la galería común en la que los compañeros nos esperaban nerviosos por lo que pudiera habernos ocurrido. El dislate al que habíamos sido sometidos me hizo soltar una sonora carcajada al contar el incidente: ¡la escoba como un instrumento más de los históricamente empleados para fomentar la devoción!

El riesgo de quedar sometido a más provocaciones se disipó al anunciarse que abandonábamos Alcalá de Henares y que se nos trasladaba más cerca de la capital, a Carabanchel. La celebración de nuestro consejo de guerra se acercaba. La presencia de un alférez de complemento en nuestro expediente exigía reglamentariamente que el tribunal estuviera compuesto no por simples oficiales, sino por militares de rango superior, de coronel para arriba. Por lo que se comentó entonces, los sorteados para formar el consejo de guerra alegaron su elevada graduación para negarse a desplazarse hasta Alcalá de Henares y exigieron que los inculpados fueran conducidos a su presencia en Madrid. Es así como acabamos en la Prisión Provincial para mayor comodidad de tan egregios uniformados.

5. CARABANCHEL Y CONSEJO DE GUERRA

La pesada puerta que nos encerró a cinco compañeros en una celda de la Prisión Provincial de Madrid en una tarde de verano, se abrió bruscamente al atardecer. El recluso que blandía un cazo para servirnos el rancho nocturno, espetó demudado: ¡Ha muerto Manolete! Aislados como estábamos en cuarentena, nuestro ánimo no daba para suscribir la fuerte emoción del joven delincuente. Una cornada fatídica había segado la vida del mítico diestro cordobés el 28 de agosto de 1947 en la plaza de Linares. La fecha quedó grabada en mi memoria como el comienzo en verdad de una nueva experiencia carcelaria.

La arquitectura de la cárcel de Carabanchel respondía al diseño racionalista de cárceles modelos, más espaciosas y más respetuosas con los derechos de los reclusos que lo estilado hasta principios del siglo XX y en fuerte contraste también con las prisiones improvisadas en antiguos conventos, como la de Alcalá. La posguerra, con su demanda excesiva de centros de detención, vio convertidos en cárceles importantes monumentos nacionales que sufrieron daños con ese uso improcedente. A la hora de reedificar la «Modelo», destruida durante el asedio de la capital, la administración franquista mudó de emplazamiento y renunció, sorprendentemente, al estilo herreriano blando con el que los arquitectos favoritos del régimen sembraron de adefesios al país en la posguerra. El diseño funcional adoptado, sin disipar el horror que toda cárcel despierta, aportaba por lo menos una distribución eficaz del espacio. Pabellones, de varias alturas, partían en rueda de un panóptico que servía para el conjunto de distribuidor de los flujos interiores y de cabina de vigilancia. Un muro elevado, salpicado de garitas custodiadas por soldados de reemplazo, circundaba el perímetro, aislando férreamente la prisión del exterior.

Dos tipos de pabellones habían sido concebidos para esta prisión. Uno clásico, como la galería 5, destinada a cuarentenas, cargaba sobre los muros laterales hileras de celdas cerradas por pesadas puertas metálicas. Un espacio diáfano entre ellas dejaba vigilar varios pisos de un vistazo. En otras galerías como la 2, a la que se nos trasladó al terminar la cuarentena, un eje edificado ocupaba el centro de la nave. A ambos costados del mismo se abrían dos niveles de celdas sin puertas, separadas de unos ventanales vidriados por un ancho pasillo. Cerrados los ventanales por sólidas rejas, dejaban entrar la luz y el aire no disponible en el otro modelo de galería. Los arquitectos habían proyectado cada celda para un preso con cama, pero el hacinamiento condenó a que cinco jergones se apelotonaran sobre las baldosas de ese corto espacio. Al final del verano de 1947, no todos los pabellones de la Prisión Provincial estaban concluidos ni habilitados.

La primera galería alta albergaba a los caballistas, presos comunes de fuste y de cartera en mano que se hacían servir por congéneres más necesitados. Por dinero, estos sedicentes caballeros —de ahí el apodo cáustico— conseguían quien les lavara el cazo o los platos, la ropa interior y las sábanas y quien les tendiera y recogiera a diario el petate. El caballista no perseguía tanto, aunque también, la comodidad personal como una ostentación que valiera para realzar su prestigio. Ver cómo esos personajes recreaban en la cárcel la abominada y combatida desigualdad social fomentada por el régimen irritaba a los presos políticos. Éstos se llevaban mejor con el pequeño maleante, a quien tenían, por convicción ideológica, por víctima de la sociedad que le empujaba a la transgresión.

La galería de privilegiados albergaba también a los destinos, reclusos imprescindibles para que la prisión funcionara. La mayoría de ellos eran políticos con formación superior y mayor estabilidad en el trabajo. El preso común pasaba en efecto menos tiempo en prisión preventiva. Si la justicia civil tenía fama de lenta, la militar lo era más aún. Aparte de caballistas y de destinos, la primera galería alta alojaba una miscelánea de antifranquistas de características singulares. Caso atípico era el aristocrático coronel de poblados bigotes rubios que había intentado proclamar la Monarquía en Sevilla al frente de sus tanques. Condenado, degradado y expulsado del ejército, se encontraba en Carabanchel de buen semblante y humor, en tránsito hacia un penal ordinario. Otros eran intelectuales de cierta notoriedad antes y durante la República. Jaime Torrubiano era un teólogo seglar de posiciones progresistas en cuestiones de sexo y guerra y cuyas ideas en materia religiosa molestaban al franquismo en lo que más le dolía. En las antípodas del teólogo, se encontraba Álvaro Retana, novelista libertino y decadente, a punto de concluir una condena de ocho años conmutada de pena de muerte.

El ingreso más sonado en la galería 1 de todos los que tuve noticia fue el del servicio de información montado por el gobierno vasco en el exilio en Madrid. Lo encabezaba un empresario, nada corto de dinero, ocupado en recoger información política, económica y social segura que se las arreglaba para remitir a la sede de su gobierno en París. Cuando en Buenos Aires leí, más tarde, los excelentes boletines que el gobierno vasco remitía a mi padre con regularidad durante años, el recuerdo de aquel personaje garantizaba para mí su contenido informativo. Suponía que otro equipo o más de uno habrían tomado el relevo con igual eficacia y seriedad. A base de habilidad, talento y sobornos, el agente vasco había conseguido penetrar en distintos niveles de la administración franquista. Los presos políticos de Carabanchel quedaron de una pieza al ver entre rejas a un funcionario de prisiones cuya notoria ferocidad en el trato hizo que los presos de las cárceles en las que estuvo destinado le conocieran por El Lobo. La policía lo había descubierto pasando información por dinero sobre expedientes, cárceles y presos. Junto a él cayeron también un inspector de policía destinado en la Puerta del Sol, varios funcionarios y algún uniformado. La indagación se detuvo prudentemente al llegar a los escalones superiores. Víctimas colaterales de la redada fueron algunos contactos. Era el caso del corresponsal de un periódico belga en Madrid o del pintor, entonces próximo a la CNT, Juan Manuel Díaz Caneja. Prueba risueña de la extensión de los tentáculos que el hábil hombre de negocios había tejido es que, al tomarle declaración el coronel Eymar, sobre la mesa del despacho del juez descansaba el ejemplar de la Biblia que él le había regalado, gesto que tuvo la presencia de ánimo de recordarle al confundido militar.

Caneja, hombre parco de palabras pero inclinado al afecto, se sintió perdido al encontrarse bruscamente sin sus pinceles y sin sus contertulios habituales. Próximo por amistad a Carmelo Soria y a Álvaro Llopis, estaba al tanto de la actuación de la FUE. Tenía pues más en común con nuestro grupo que con sus compañeros accidentales de expediente. Por esta razón, urdimos su traslado de la galería 1 a la 2 para que compartiera celda con Luis, Antonio y conmigo. Tuvimos que hacerle lugar desplazando de nuestra celda a dos excelentes compañeros ugetistas, campesinos de Daimiel, acusados de haber puesto explosivos en las vías del ferrocarril que desciende hacia Andalucía. No se me olvida el nombre de pila de uno de ellos, para mí sorprendente hasta que, años más tarde, descubrí que, en Sicilia, los hombres también se llamaban Rosario. Caneja introdujo animación y color a nuestra celda con sus invectivas y su desorden. La compañía fraguó en una amistad no afectada por el tiempo, la distancia y la separación. Siendo yo director del Instituto Cervantes muchos años más tarde, su viuda, Isabel, cedió en préstamo cuatro cuadros suyos de distintas épocas para decorar la sede desnuda en sus comienzos del edificio cedido por el Ayuntamiento en Alcalá de Henares. Durante mi mandato al frente de la institución tuve la satisfacción y el privilegio de levantar los ojos de la mesa de mi despacho para mirar el cuadro que más me gustaba de los cuatro depositados.

La galería 2 a la que fuimos destinados alojaba a un conglomerado variado de presos políticos, anarcosindicalistas los más, pero también socialistas, republicanos o, como en nuestro caso, sin partido. De los individuos con los que conviví en ella algunos meses, quiero recordar a tres, representativos de los varios caminos que la política conducía a la cárcel. De Vicente Moriones me impresionaron sus convicciones y su tesón. Combatió en el maquis francés, fue detenido por la Gestapo el 11 de junio de 1943 e internado en Buchenwald bajo su nombre de guerra. Liberado dos años después por el ejército aliado, Francia le impuso la Cruz de Guerra con palmas por los servicios prestados en la resistencia y recibió varias condecoraciones británicas y americanas, según indican las enciclopedias. Tras la imprescindible recuperación de su salud maltrecha en el campo de concentración, renunció a una vida tranquila bien ganada y pidió que la CNT le enviara a España. Su actividad acabó en la cárcel, donde le conocí fuerte pero con una delgadez que recordaba todavía su paso por Buchenwald. Más adelante supe que el consejo de guerra le condenó el 23 de marzo de 1949 a veinte años de prisión mayor y que no recuperó la libertad hasta la friolera de diecisiete años después. Vida sacrificada y emblemática la suya, de gran luchador.

Isidoro, un leonés joven de buena planta, cuyo apellido no logro recordar ahora, si es que supe el verdadero alguna vez, empleó ingenio y humor en una contribución menos dramática a la historia de la resistencia antifranquista. Forjado en la lucha antinazi en Francia, militaba en el sector de la CNT principista, es decir contrario a la colaboración con las fuerzas políticas republicanas, tendencia esta última predominante en el interior, como he dicho. La dirección de Toulouse envió a Isidoro a España a potenciar la fracción que le respondía. El proyecto urdido para hincar al régimen de rodillas llevaba el sello imaginativo del anarquismo de principios de siglo. Perseguía herir de muerte primero al sistema capitalista y, de rebote, al franquismo. El método concebido consistía en sembrar la desconfianza pública en el dinero circulante poniendo en manos de la gente billetes falsificados en Francia. La inseguridad consiguiente se esperaba que hubiera de desencadenar un imparable pánico financiero fatal. Isidoro fue capaz de montar en Madrid una red de trueque de billetes falsos por legales. Para su distribución llegó, al decir suyo, a contar incluso con un cajero de banco que los daba en ventanilla por buenos. Para colar las denominaciones más bajas, empleó a las vendedoras de lotería que en la Puerta del Sol reparten suerte. Con el dinero de curso legal reunido por canje compró información y complicidades en el más alto nivel. La policía acabó por detener a Isidoro en la Estación del Norte durante una afectuosa despedida con la amante del director general de Seguridad, o poco menos. Al entrar en la Puerta del Sol, fue recibido por los policías de guardia con expresiones de admiración y respeto por haber coronado al jefe, mérito que excusó los malos tratos indefectibles en otros casos.

El tercer personaje de la galería constituye la víctima fatal conocida por mí más de cerca. Consuegra era un guerrillero también cenetista de los que defendieron sus vidas en los montes de la provincia de Córdoba. Dormía dos o tres celdas más allá de la mía. La vecindad, su inteligencia y su humanidad hicieron que tuviera buen trato con él. El consejo de guerra le condenó a muerte, pero se esperaba su conmutación por la de cadena perpetua. El 20 de noviembre de 1946, estando yo en la enfermería curándome de una hepatitis, me llegó la noticia de que le habían fusilado a él y a otros en un descampado cercano a Carabanchel en una mañana despejada y fría. En el mismo lote, fue ejecutado un estudiante comunista que sostuvo al mando de una guerrilla una batalla campal con la Guardia Civil en Peguerinos, en la sierra de Guadarrama. La fecha elegida para la ejecución correspondía deliberadamente al calendario ritual establecido, coincidente con el fusilamiento del fundador de la Falange por los republicanos. Once años más tarde, la venganza sangrienta seguía inspirando a la capitanía militar. Cuando me dieron de alta de la enfermería y volví a la galería, mis ojos le buscaban en vano negándose a admitir el horror de que Consuegra no estuviera con nosotros.

La falta de contacto limita mis observaciones sobre las galerías restantes. La vida diaria se desenvolvía en Carabanchel en espacios segmentados, sin patio común para todos los presos como sucedía en Alcalá. En la Prisión Provincial de Madrid, los comunistas profesos eran alojados en los bajos de la galería 3, con patio propio, aparte de los demás reclusos políticos y comunes. Una cosa era la acusación genérica de comunista, que los consejos de guerra endilgaban a cualquier opositor, y otra la discriminación hilada más fino del director de la prisión. La cárcel miraba a la realidad más de frente que la calle. El piso alto de la galería 3 reservaba, por otra parte, celdas para los condenados a muerte y otras para delincuentes de guante blanco, de un rango superior al de los caballistas. Las más cómodas las ocupaban entonces los implicados en el sonado escándalo del asocio de las harinas. El régimen no había podido evitar que saliera a relucir la irritante especulación con el trigo importado de Argentina, en los días en que se pasaba hambre en la España de Franco. Los acusados contrastes sociales y de trato, habituales en la calle, se reproducían en el submundo de la delincuencia. Comparadas las composiciones sociales respectivas, la prisión de Alcalá resultaba más igualitaria que Carabanchel.

Que los presos comunes abundaran en la segunda valió para que los políticos pudieran comunicar con parientes y amigos con más frecuencia y por más tiempo. La cercanía a la capital facilitaba además las visitas. Es así como los compañeros de curso de la facultad vinieron a charlar conmigo por turno en un gesto de camaradería que agradecí. También pasaron por el locutorio algunos profesores. Por vieja amistad familiar lo hicieron los historiadores Luis García de Valdeavellano, José María Lacarra y Luis Vázquez de Parga. Por haber sido discípulo suyo en el primer año de especialidad de la carrera, Santiago Montero Díaz se presentó asimismo a verme. En Carabanchel, la calle estaba más cerca y los deseos de volver a pisarla acuciaban más.

Los rumores que llegaban desde afuera presagiaban que no tardaría en ser convocado el consejo de guerra que habría de juzgarnos. Llevábamos ya ocho meses en prisión. Para lo que se gastaba entonces, poco tiempo. El expediente encabezado por Muñoz Suay, ejemplo próximo, tardó el doble en ser sentado en el banquillo. Entre septiembre de 1946, cuando él y sus compañeros fueron apresados, y febrero de 1949, cuando sesionó el consejo, transcurrieron dos años y medio. Entre los números 137.930 y 140.189 que corren entre ambas causas, median 2.179 casos. De éstos, los menos debieron de responder a asuntos castrenses. La mayor parte debió de pertenecer a actuaciones políticas. De la diferencia de ambos números corridos cabe especular sobre la dimensión que revistió la represión política en la Primera Región Militar en aquel medio año fatídico. A razón de diez procesados por causa en término medio (en nuestro caso fuimos 14, y no fue la más numerosa), los hombres y mujeres detenidos pudieron ascender a unos veinte mil. Entre ellos no se cuentan los apresados en las restantes regiones militares, ni los muertos en combate o desaparecidos en acción de represalia. Sumados éstos, la hipótesis se dispara.

El Juzgado Especial de los Delitos de Comunismo y Espionaje, dependiente de la Sección Justicia de la Capitanía General de la Primera Región, llamado para andar por casa «Juzgado Militar de Comunismo», fue el encargado de instruir nuestra causa. Al frente del mismo se encontraba el ya conocido coronel de Infantería Enrique Eymar, auxiliado en su labor por el capitán de Artillería Manuel Drake, en calidad de secretario. Concluidas las diligencias policiales, el juez concluyó que nuestros actos constituían delitos contemplados en el artículo 288 del Código de Justicia Militar (Causa 140.109, fol. 132). El expediente fue girado para su calificación al Coronel Fiscal Jefe Auditor de la misma Región. El 26 de julio, éste la emitió a título provisional confirmando el dictamen del instructor. El improvisado informe fiscal comienza disertando sobre la posición de España en el mundo, aislada, vejada, como consecuencia de las maniobras urdidas por el comunismo internacional. La acción externa de éste —alega— se complementaba con otra interna. El Partido Comunista, creado para controlar a las masas, fundaba además organizaciones cuyo nombre no levantaba sospechas, incluso de ideología diversa: democrática, socialista, anarquista… En su visión del mundo, intencionalmente simplificadora e inadvertidamente paranoica, todos los partidos eran en suma agentes del Partido Comunista. En el orden intelectual y universitario, la Unión de Intelectuales Libres y la FUE, proseguía, cumplían idéntico papel. El galimatías argumental, y por ende mental, puede leerse en el escrito adjuntado al expediente.

Concluidas sus pintorescas consideraciones generales, el fiscal pasó a desgranar imputaciones individuales de las que reproduzco a título de ejemplo la que me concierne. NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ –escribe— regresó del exilio, donde había convivido con sus padres huidos por su condición de políticos destacados del Frente Popular Español, por el mes de Julio de 1940. Encuadrado por conducto del también procesado MANUEL LAMANA en la FUE, fue delegado de la misma en la Facultad de Filosofía y Letras hasta la terminación de 1946 en que fue nombrado Secretario General del Comité ejecutivo de dicha FUE, cargo que vino desempeñando hasta el instante de su detención, lo que constituía el primer puesto de dicho comité. Entre otras misiones específicas ha tenido la de convocar las reuniones del comité ejecutivo para tratar de cuestiones de propaganda, organización del aparato militar, distribución de propaganda subversiva, y uso de las cotizaciones, siendo el encargado de las relaciones con las distintas juventudes que trabajaban clandestinamente al servicio de la rebelión contra el régimen español. Por su orden se confeccionaban los periódicos clandestinos en multicopista en los que se atacaba de forma violenta e inexacta al régimen español, fomentando el odio contra las Instituciones Armadas —Folio 177 y autoridades del régimen, llamando a todos a la acción directa contra el mismo. Estuvo encargado de la adquisición de cohetes para lanzar propaganda clandestina en la Gran Vía de esta capital, que había recibido de manos del también procesado FERNANDO RICO RODRÍGUEZ, y que hizo llegar a la también encartada MERCEDES VEGA MARTÍN; reconociendo haber dirigido diversas cartas a otras organizaciones revolucionarias clandestinas cuya entrega se hacía a través de los procesados en este sumario LUIS RUBIO, MANUEL LAMANA y ANTONIO LOZANO.[1]

Inexactitudes aparte, que es tarde ahora para rebatir, los cargos que podrían sernos hechos en un Estado de Derecho constituirían a lo sumo faltas y nunca fundamento para imponer condenas largas. El fiscal termina no obstante su escrito de acusación con una petición de pena de ocho años de prisión mayor para cada encartado, «con las accesorias legales de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la condena». Los hechos se decían contemplados en el artículo 289 del Código de Justicia Militar y en el artículo 2 de la Ley de 2 de marzo de 1943. La acusación de rebelión militar concurría pues con la de atentado a la Seguridad del Estado (Causa 140.109, fol. 247 vª).

El 9 de agosto siguiente, el defensor, teniente coronel de Infantería, destinado en la Guardia Civil, Luis Ayuso SánchezMolero, adjuntó a la causa una única hoja de descargo en la que no desmontaba la visión obsesiva del fiscal sobre la mano omnímoda del Partido Comunista, tampoco aportaba argumentos jurídicos contra las precipitadas conclusiones del fiscal y se internaba en cambio por el terreno resbaladizo de la «falta de intención subversiva» (Causa 140.189, fol. 255). El terreno subjetivo en el que se colocó conducía a lo sumo a proponer atenuantes, pero nunca a la exculpación (véase figura 13).[2] El defensor se limitó a pedir benevolencia y no puso el menor empeño en entrevistarse con sus defendidos para recabar elementos de juicio sobre los que basar su defensa. Creía a pies juntillas la palabra de la policía y del juez instructor. Con los inculpados sólo habló la víspera de la celebración del consejo de guerra. Ese día nos hizo pasar uno a uno al despacho habilitado en Carabanchel para esos menesteres. Nos leyó el pliego de cargos y las penas solicitadas que, a diferencia de la calificación provisional extendida por el fiscal meses antes, habían sido individualizadas y reducidas a la baja en todos los casos. Nos comunicó que los jueces se inclinaban por la indulgencia (es de suponer pues que había hablado con ellos o con una parte de ellos). Paternalmente nos exhortó a procurarnos salvar uno a uno, ya que los demás compañeros irían a lo suyo. En general, restó importancia al asunto e insinuó incluso que habría alguna libertad inmediata. La confianza entre nosotros no tenía fisuras y, a la salida, comentamos cada entrevista, por lo que dedujimos que el defensor, de poca minerva, intentaba apaciguarnos por temor a que nuestra juventud provocara incidentes indeseados en la sala. Se le veía actuar de vocero del tribunal más que en nuestra defensa.

Figura 13. Escrito elevado a la causa por la defensa.

El Estado Mayor de la Capitanía General madrileña convocó finalmente el consejo de guerra para el 12 de diciembre de 1947 a las nueve y media de la mañana (véase el bando en la figura 14). El lugar fijado para su celebración fue el Cuartel del Regimiento de Infantería Inmemorial número 1, situado en el Paseo de Moret, a pocos pasos, pues, de la Ciudad Universitaria de la que se nos había arrancado. La orden impresa emitida por Capitanía el día 4 anterior otorga protagonismo al alférez Óscar Kriales Castrillo (Causa 140.189, fol. 290), pues el reglamento militar requería que todo oficial fuera juzgado no por sus pares, sino por sus superiores con grado de Oficiales Generales. El resto de los implicados en la causa —«15 más» (error por lectura apresurada del expediente)— quedaba sometido de refilón a ese alto tribunal.

Figura 14. Impreso de convocatoria del consejo de guerra para el 12 de diciembre de 1947.

La presidencia del consejo de guerra recayó en el general de división Luis Redondo García, un veterano combatiente carlista de la guerra civil, y afecto a formar parte de tribunales militares, por lo que se desprende de su expediente personal. En 1959, figura en efecto como miembro del Consejo de Justicia Militar en el juicio que condenó a Julio Cerón y a sus compañeros, caso sobre el que volveré más adelante. Los vocales del consejo de guerra constituido para juzgarnos fueron el general de brigada Teodomiro González Antonini y los coroneles Jorge Vigón Suerodíaz y José Gutiérrez-Calderón Miranda. El segundo era un artillero del círculo próximo al dictador que diez años más adelante sería nombrado ministro de Obras Públicas, cargo que ocupó ocho años. En su carrera militar alcanzaría el grado de teniente general. Otro coronel, Antonio Izquierdo Court, actuó de ponente. Para vocales sustitutos fueron designados los coroneles Ignacio Estévez Estévez y Antonio Hidalgo Díaz. Su presencia no fue necesaria. En el juicio intervinieron además el representante del Ministerio Fiscal, comandante Alfonso García Valdecasas, de resonancia falangista. Como defensor operó el mencionado teniente coronel. El sempiterno instructor fue el coronel Eymar. Comparada su composición con la de un plantel común, el consejo de guerra asignado podría decirse que era de postín. Las familias nos habían adelantado los nombres y el dato de que la presidencia había sido sorteada de una terna compuesta por los generales de división Esteban Infante, sucesor de Muñoz Grandes en el mando de la División Azul, Bertomeu y Redondo. La suerte había recaído en el último. En Carabanchel, semillero de bulos, corría la especie de que el general Redondo acababa de echarse una querida viuda. Nuestros amigos hicieron votos para que la víspera de la celebración del consejo ella le hubiera dejado de ánimo benevolente. No fue el caso.

El día fijado para que el consejo sesionara, nos despertamos temprano intercambiando pullas y chirigotas para darnos ánimo mientras nos arreglábamos. El ruido inconsiderado que hacíamos levantó la protesta de los demás presos de la galería, que no tenían por qué despertarse antes de que la corneta tocara diana. Poco antes de las siete de la mañana, los funcionarios de la prisión nos condujeron a la oficina donde nos tomaron las huellas digitales antes de entregarnos a cuatro guardias civiles que nos esposaron y escoltaron. Los rastrillos se abrieron a continuación rápidamente a nuestro paso. En el patio situado entre los pabellones y el recinto murado nos esperaban ocho números más de la Benemérita, toda una exageración. Flanqueado cada preso por uno de ellos, avanzamos en fila hasta el portón, donde un par de camiones cubiertos con simples lonas se hallaban listos para transportarnos. Sentados sobre tablones, divisábamos el despertar de la ciudad en una mañana tibia y soleada del otoño tardío. Por primera vez desde hacía meses, contemplábamos el bullir de la calle. Los dientes se nos ponían largos. La comitiva eludió el centro de la ciudad y tomó carreteras de la periferia madrileña hasta plantarnos en el Paseo de Moret.

En el patio del cuartel, los camiones se detuvieron delante del regimiento formado para salir de marcha. Las miradas curiosas, incluso de simpatía, que nos echaron soldados de nuestra edad, se cruzaron con las nuestras mientras saltábamos del camión a tierra y nos alineábamos en fila. A la espera de que llegaran los miembros del tribunal, los guardias nos metieron en una habitación contigua y nos quitaron las esposas. El secretario del juzgado, el capitán Manuel Drake, alto, seco, de ojos violentos, no tardó en presentarse para leernos la composición del tribunal (Causa 140.189, fol. 292). Al cabo de un rato corto fuimos conducidos al cuarto de banderas situado a la entrada del cuartel a la mano izquierda. Nos sentaron en bancos frente al estrado. En la segunda fila, se encontraban ya Albina y Mercedes, traídas de la cárcel de Ventas, así como Óscar, procedente de las prisiones militares. Durante meses no nos habíamos visto. Una llamada al orden cortó las efusiones. A Carabanchel nos llegaban de tanto en tanto por vía familiar noticias de nuestros compañeros recluidos en otras cárceles. Sabíamos más de las chicas que de Óscar y nos preocupaba la soledad en la que se encontraban en su encierro, a diferencia de nuestro caso. En prisiones militares mal cabía esperar muestras de compañerismo hacia un preso político. En Ventas, las presas políticas eran minoría con respecto a las comunes, a diferencia de lo que ocurría con los hombres en Alcalá y, en cierto modo, en Carabanchel. Mercedes padecía además un tumor en la cabeza que afectaba a su equilibrio. La dirección de Ventas se había negado a trasladarla a la enfermería o a acceder a la solicitud de la familia para que la revisara un especialista enviado por ella. ¡Crueldad gratuita! Mercedes sólo encontró alivio en la asistencia de Albina. Los días anteriores al juicio, su salud había mejorado y pudo aguantar la tensión causada por el consejo de guerra.

La sala habilitada custodiaba las banderas del regimiento dispuestas en forma de abanico en una vitrina iluminada situada detrás del estrado. La monárquica ocupaba el centro y las otras tres llevaban bordadas medias lunas recordatorias de la intervención del regimiento en las guerras de Marruecos. En ese cuarto de banderas, los oficiales de guardia pasaban a diario las horas muertas de servicio. Cuando entramos, el público abarrotaba ya la sala. Los encargados de negocios de Chile y Canadá y los agregados culturales de las embajadas de Francia y Gran Bretaña ocupaban lugares preferentes. En el hecho de que asistiera el ministro de Chile me pareció divisar a la distancia la mano inquieta de Carmelo Soria. Igualmente se hicieron presentes sacerdotes extranjeros y corresponsales de las principales agencias de noticias internacionales: United Press, Associated Press, Reuter, Agence France Press, etc. La voz debía de haber corrido y espacio libre quedaba poco. Los familiares y los amigos habían acudido también a presenciar el acto. En las filas traseras podían verse compañeros de la facultad y, en un gesto temerario, mezclados con ellos, aquellos que nos habían relevado al frente de la FUE. Con una señal de la cabeza pude saludar a Santiago Montero Díaz, único miembro del claustro profesoral madrileño dispuesto a mostrar interés por la suerte que corrían unos estudiantes de su universidad. No lejos de nosotros se sentaba, por otra parte, el jefe nacional del SEU. Entre los jóvenes, debió de encontrarse el futuro novelista que, bajo el seudónimo de Juan Hermanos, relató pronto el escándalo del juicio en La fin de l’espoir, obra con la que inició una larga carrera literaria en francés.[3] El libro abrió también el ciclo literario que abraza la reconstitución y persecución de la FUE en la posguerra, obras que se irán mencionando más adelante cuando haga al caso.

Los miembros del tribunal se fueron sentando detrás de una mesa presidida por un crucifijo y por un par de libros: una Biblia y un código, seguramente. Sobre la mesa ni un papel, ni una pluma, lo que me sorprendió. Los miembros del tribunal no parecían dispuestos a tomar nota alguna. O estaban informados de todo de antemano o hacían gala de ágrafos. Vestían, eso sí, uniforme de gala, con fajines granate rodeando sus espesuras. Las manos enguantadas de blanco jugaban distraídas con la empuñadura de las espadas ladeadas entre las botas lustradas esa misma mañana por el asistente. La vista empezó con la intervención del relator. Éste resumió las actuaciones de la policía, los interrogatorios del juez y sus conclusiones. Yo conocía el rollo y su lectura no me interesaba. Prefería observar a mi alrededor. El fiscal y el defensor removían papeles. El tribunal se reclinaba indolentemente hacia atrás. Sus integrantes habían venido a cumplir el compromiso de corroborar condenas. Desempeñaban con escrúpulo su papel de comparsas. En función estrictamente pasiva, no parecía justo exigirles que mostraran interés por los hechos que se les exponían.

Acto seguido, el fiscal García Valdecasas tomó la palabra. Al terminar el cargo que hizo a cada acusado, saltaba un resorte por el cual tribunal y público se ponían de pie para escuchar en el tono más solemne la petición de condena. El ejercicio recordaba, por repetido, los aspavientos entrecortados de un teatro de marionetas en el que actuábamos de actores. Las penas que el fiscal pidió de palabra resultaron sorprendentemente inferiores a las que nos habían sido anticipadas la víspera. Nos mirábamos perplejos sin entender qué significaban. La primera columna del cuadro de la página 137 recoge la condena solicitada al tribunal para los catorce inculpados. El defensor intervino a continuación sin molestarse, una vez más, en rebatir las acusaciones y repitió el argumento adelantado por escrito —falta de ánimo subversivo—, como si la justicia militar hubiera admitido alguna vez esta consideración psicológica como un eximente. En algún momento, esperé que el juicio se animara, que se hicieran preguntas para clarificar acusaciones. Poner las cosas en su debido sitio no era sin embargo el objeto de la escena montada. La comedia terminaba en un sopor generalizado. De la representación, no parecíamos sin embargo salir mal librados. ¡A qué alegar! Cuando se nos preguntó si queríamos agregar algo a lo dicho, el silencio parecía la respuesta más indicada y también la más despreciativa.

El tribunal dio por concluida la sesión y se retiró a deliberar. No tardó en hacérsenos saber que el veredicto se retrasaba y que se nos conduciría a la prisión. El público empezó a desbandarse y nos cargaron nerviosamente en los camiones que nos habían traído sin apenas poder gesticular una despedida a compañeros y familiares. Los corresponsales extranjeros cablegrafiaron aquella tarde que el consejo de guerra se había celebrado sin incidentes y que las penas pedidas eran bajas. Informes parecidos debieron de cursar los diplomáticos que asistieron al juicio. Al reintegrarnos al patio de Carabanchel, los amigos nos acogieron con alborozo. Algunos optimistas concluían que el tribunal reduciría aún más las penas, como solía ocurrir. Nos veían ya en la calle y, en son de broma, nos acusaban de haber sido juzgados por chorizos y no por políticos.[4]

Figura 15. Extracto de los considerandos y de la sentencia emitida por el consejo de guerra.

Figura 16. Firmas de la sentencia.

A las ocho de la noche del mismo día, fuimos convocados a la oficina del director de la prisión, donde nos esperaba la cítrica figura uniformada del capitán Drake para comunicarnos por fin la sentencia. Las figuras 15 y 16, extraídas del expediente de la causa, recogen la primera un fragmento de los considerandos y la segunda las firmas de los miembros del consejo de guerra que la emitieron. El aristócrata de ascendencia cubana no expresó sentimiento alguno al desgranar condenas que superaban en mucho las solicitadas por el fiscal esa misma mañana. Iban de ocho años, las que más, a un año las que menos. Para los catorce condenados, la carga sumaba la friolera de 52 años de prisión. El cuadro de la página siguiente compara peticiones fiscales y penas impuestas. En él podrá comprobarse cómo la de los primos Faure sextuplicaban —se dice pronto— la petición fiscal. A las dos mujeres, Albina y Mercedes, se les cuadruplicaba. La de Rubio no llegaba a triplicarse, pero sumaba nada menos que ocho años. A Kriales, López-Linares, Matanzos y a mí se nos duplicaba, con el agravante, para Óscar, de degradación y expulsión del ejército. «Olvidándose éste —reza el testimonio librado a Kriales— el prestigio de su uniforme y las enseñanzas recibidas para adquirir tal empleo (alférez)». Lamana veía aumentada la pena un año. Lozano, Rico, Renart y Pintado —los menos— no veían alterada la pena solicitada. La temporada prenavideña en la que se celebró el juicio no pintaba de rebajas.

A medida que el infausto capitán Drake recitaba las condenas, yo entendía cada vez menos las palabras pronunciadas, como si me aquejara una sordera repentina. Todos confesamos luego que el puño se nos cerró de cólera. Concluida la lectura, nos pidió que firmáramos. Volví la cara a Rubio, que estaba a mi lado, y le dije que no lo haría, buscando adhesión a mi rechazo. Conocedor de los procedimientos por experiencias anteriores, me susurró que firmar no suponía conformidad, sino enterado, y que, si me negaba a darme por informado, cualquier funcionario se hallaba habilitado para corroborar que la condena me había sido notificada. La manifestación de odio quedó para la mirada con la que despedimos a Drake. En el camino a la galería por pasillos oscuros y entrada la noche, espeté a Rubio que no estaba dispuesto a pasar seis años en la cárcel.

Consejo de guerra contra la FUE, del 12 de diciembre de 1947

Comparación entre petición fiscal y condenas

Inculpados | Petición fiscal | Condena |
Óscar Kriales Castillo | 4 años | 8 años
Luis Rubio Chamorro | 3 " | 8 "
Antonio Lozano Martínez | 6 " | 6 "
Nicolás Sánchez-Albornoz Aboín | 3 " | 6 "
Javier Sanz Faure | 1 " | 6 "
Manuel Lamana Lamana | 3 " | 4 "
Fernando Rico Rodríguez | 3 " | 3 "
Mercedes Vega Martín | 6 meses | 2 "
Albina Pérez Fernández | 6 " | 2 "
Ignacio Faure Rodrigo | 6 " | 3 "
Eleuterio López-Linares Puente | 6 " | 1 año
Juan Antonio Matanzos Molero | 6 " | 1 "
Gerardo Renart Prieto | 1 año | 1 "
Pablo Pintado Riba | 1 " | 1 "

Fuente: Primera columna, acta del Consejo, Causa 140, 189, fol. 294; segunda columna, sentencia, íd., fol, 298.

La ducha escocesa a la que se nos había sometido, tibia al comienzo y gélida al final, se transformó en indignación. Para los usos de la época, las penas no resultaban descomunales, por más que lo parezcan ahora. Los veteranos de la cárcel no recordaban sin embargo consejo de guerra que hubiera sextuplicado la petición fiscal. Doce años después, el 9 de noviembre de 1959, otro sonado consejo de guerra contra Julio Cerón y 16 miembros de la cúpula del FELIPE, entre los cuales se hallaban Juan Gerona y Luciano Rincón, con los que trabé amistad luego, vio cómo se elevaban las condenas impuestas en primer término. Disconforme con el fallo, el capitán general apeló en uso de sus atribuciones solicitando veinte años de prisión en vez de tres para el principal procesado, y recargos por el estilo para los demás encausados. El Consejo Supremo de Justicia Militar revocó el primer fallo y dictó por último una condena inapelable de ocho años para Cerón, es decir menos de tres veces más que la original, pero no seis veces más como correspondió a alguno de nuestro expediente.[5] El Código de Justicia Militar contemplaba el disentimiento por parte del mando militar o del auditor con respecto a la condena impuesta. El Consejo Supremo estaba facultado para confirmarla o anularla, así como para forzar la repetición del juicio. En la posguerra, el disentimiento se empleó con frecuencia para agravar las penas impuestas. Pablo Gil ha documentado que el Supremo elevó las penas apeladas en más de la mitad de los casos. El resto se reparte casi por igual entre confirmaciones y reducciones de las mismas.[6] En el caso de la FUE, no se recurrió al procedimiento reglamentario, sino que se fraguó entre bastidores.

La razón del aumento nemine discrepante de las condenas queda abierta a discusión. La opinión general es que el tribunal fue sometido a presiones extrajudiciales. La primera explicación es que la postergación visaba a fingir clemencia para que el consejo se disolviera sin incidentes y que los periodistas extranjeros transmitieran una impresión de moderación. Interesaba pasar desapercibidos y evitar la imagen negativa que el allanamiento del Liceo Francés de Madrid había creado en el exterior. La segunda interpretaba el misterio en clave de política interna. Por la cárcel y por la calle, circuló la especie de que el jefe nacional del SEU abandonó precipitadamente el Cuartel del Regimiento Inmemorial y se dirigió al Palacio de El Pardo para pedir a Franco un castigo ejemplar. La baja petición fiscal le hacía temer que la condena no valiera de escarmiento y que nos volvería a ver pronto por la Ciudad Universitaria. De ser así, no se responsabilizaba de poder imponer el orden en la universidad. Que se hubiera dirigido a El Pardo es probable, pero no que fuera capaz, tal como se dijo, de irrumpir en la sesión del Consejo de Ministros que se celebraba aquel viernes. La influencia que el SEU gozaba en las alturas no daba para tanto. En todo caso, Franco y sus comilitones sintieron por entonces que volvían a tener las manos libres para cometer fechorías. En adelante, los consejos de guerra elevaron de nuevo el listón de las condenas.

El endurecimiento de la pena me auguraba tres años, siete meses y diez días en chirona, según la liquidación del 9 de febrero de 1948, siempre que me fueran abonados el tiempo de prisión preventiva y el descuento por el indulto general concedido el 17 de julio anterior (Exp. 140.189, fol. 319). A esa reducción debía añadirse a continuación otra: el tiempo de libertad condicional que pudiera corresponderme. En el revés de la cuenta, había que añadir dos años completos del servicio militar pendiente, sin la prórroga ni la asignación a servicios especiales que me habían sido concedidas antes de caer preso. Al concluir la condena, los jóvenes sin cumplir el servicio militar obligatorio eran mandados a servir en batallones en el Protectorado de Marruecos, de pésima reputación. De la reclusión civil se pasaba ipso facto a la militar. Mi sano instinto me hizo rechazar esa aritmética sembrada de trampas. Sopesé la idea de fugarme y la comenté discretamente. Mi mensaje llegó al lugar oportuno y, ante mi insistencia y la confianza que mi persona despertaba, la CNT me hizo saber que planeaba una evasión desde Carabanchel. Antonio Ejarque, el secretario del último Comité Confederal detenido, aragonés fornido y que llevaba la fuga metida en el cuerpo, constituía el eje del plan. Medio año después acabaría cumpliendo su propósito de una manera espectacular en Ocaña, asunto que reaparecerá en el capítulo séptimo.

La célula de la CNT en Carabanchel había detectado un punto vulnerable en el perímetro inconcluso de la cárcel y decidió aprovecharlo para rescatar a los miembros del último comité nacional detenido. Sobre él, pesaban peticiones de pena de muerte. En la huida había que cruzar varios metros batidos por el fuego proveniente de una garita, antes de perderse de vista. Antes de afinar su puntería, el soldado de guardia necesitaba vencer su sorpresa, dar el alto, apuntar y disparar. En esos segundos preciosos, una docena de hombres podrían salir indemnes, sobre todo los primeros en abandonar el recinto. El orden de evasión fue fijado siguiendo estrictas prioridades de peso político. Los responsables máximos encabezarían, como es lógico, la fila. Por ser ajeno a la organización, me correspondía salir el último. A decisión mía quedaba aceptar o no la oferta. La admití agradecido y con todas sus implicaciones.

Mientras permanecíamos a la espera de que se determinara la fecha de la fuga, una orden de la Dirección General de Prisiones dispuso el traslado a la cárcel de Ocaña, en la provincia de Toledo, de los miembros del expediente en cuestión. Esa prisión acababa de reacondicionarse para descongestionar la de Alcalá. El fallo detectado en el perímetro de Carabanchel fue mantenido en reserva para una futura intentona con presos del mismo rango. Por mi parte, mal podía esperar formar parte de ella. Nunca llegaría, por lo demás, a realizarse. Evasiones de una prisión en solitario se conocen pocas, y menos exitosas. La rocambolesca de Juan García Durán desde el hospital penitenciario de Madrid constituye una afortunada excepción.[7]

Las condenas se cumplían reglamentariamente en penales o en destacamentos, ambos bajo responsabilidad del Ministerio de Justicia. A esa altura del régimen, el brazo militar juzgaba e imponía la condena, pero entregaba al reo a la autoridad civil para que la hiciera cumplir. De los penales como Santoña, San Miguel de los Reyes o el Puerto de Santa María, resultaba prácticamente imposible evadirse. Para aventurar una fuga, sólo restaban los destacamentos penales que salpicaban toda España. Para ese propósito, el destacamento penal ofrecía la ventaja de una vigilancia menos estricta en el tajo que la de una cárcel amurallada. El problema principal de cualquier fuga no consistía, por lo demás, en cómo salvar el perímetro de la prisión o del destacamento, sino ¿con qué documentación circular por un país sujeto a controles policiales constantes? De conseguir documentos a otro nombre, ¿cómo alcanzar una frontera? Las autoridades de Portugal y Gibraltar devolvían a los huidos y la frontera pirenaica se hallaba además sometida a estrecha vigilancia militar. ¿Por dónde pasar a Francia y con qué documentación y dinero circular por España?

Acceder a un destacamento requería superar el filtro interpuesto por el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. Los funcionarios a cargo de la criba preferían destinar a esos establecimientos a los condenados por delito de guerra y con familia. Muchos de ellos llevaban ocho años recluidos y tenían fuertes ataduras. La familia podía actuar de imán en caso de fuga, o de rehén. Las represalias que pudieran ejercerse sobre la mujer y los hijos del preso eran de temer. Las garantías de estabilidad en la prisión y en el trabajo parecían aseguradas. Los presos posteriores presentaban un riesgo mayor, más si eran jóvenes y solteros. En el caso de Ignacio, Luis, Javier y Antonio, los encargados de la selección del personal debieron de valorar sus conocimientos en arquitectura, dibujo o medicina. Antonio y Javier fueron destinados a la construcción de una represa en Buitrago. Luis fue a parar a Fuencarral en las afueras de Madrid. Ignacio, Manolo y yo, los tres, al campamento del Monasterio de Cuelgamuros. De nuestra presencia en él ha sobrevivido una fotografía en la que aparecemos de frente Manuel Lamana, yo en el centro e Ignacio Faure a la derecha (véase figura 17). El risco a nuestras espaldas resulta inconfundible. Manolo y yo llegamos al destacamento el 20 de marzo de 1948. Ignacio unos días más tarde. El reparto de los condenados de la FUE por destacamentos pudo haber sido distinto. Pudo haberme tocado cualquier otro. Por casualidad también, Manolo y yo nos salvamos de poner ladrillos, como explicaré en el capítulo próximo.

Figura 17. Los tres estudiantes recluidos en Cuelgamuros.
De izquierda a derecha: Manuel Lamana, el autor e Ignacio Faure.

Mientras esperaba que se me destinara a un destacamento penal, surgió la oportunidad de tener una ocupación provisional, sin derecho a redención de pena por el trabajo, en la oficina de la Jefatura de Servicios de la cárcel de Carabanchel. A Antonio Lozano y a mí nos encomendaron llevar el turno vespertino del fichero de presos. En cartulinas individuales se registraban las altas y las bajas producidas a cualquier hora. Todo preso que entraba o salía durante el turno desfilaba ante nosotros para llenar su filiación personal, señas, condición legal y lugar de alojamiento en la cárcel. Al salir en libertad o en dirección a otra prisión, se le daba de baja y se retiraba la ficha correspondiente, que no se destruía sino que se guardaba para la siguiente ocasión. La reincidencia era frecuente entre los detenidos por delitos menores. Al volver a Carabanchel, la ficha se activaba y actualizaba.

El trabajo de oficina no resultaba agotador y me permitió conocer un sector marginal de la sociedad madrileña con el que no había tenido tratos. Las últimas horas de la tarde y primeras de la noche eran las de mayor ajetreo. Era entonces cuando las comisarías de distrito vaciaban sus calabozos en la Prisión Provincial. En esa hornada diaria, el grueso de los detenidos estaba formado por carteristas, delincuente típico de una sociedad sumida en la miseria, y homosexuales, cuya orientación pasaba entonces por una perversión y un delito. Homosexuales los había de varias clases, desde los cabezas de familia sorprendidos que entraban cabizbajos, hasta los jóvenes desvergonzados que no disimulaban su inclinación. Antonio y yo comentamos en broma entre nosotros que el fichero que llevábamos nos daría para confeccionar el grueso directorio gay (como se diría más tarde) del Madrid franquista.

6. CUELGAMUROS: PRESOS POLÍTICOS PARA UN MAUSOLEO

Un realizador francés de documentales se maravilló en una conversación conmigo hará unos diez años de que, en una visita a Cuelgamuros, los guías oficiales y los folletos descriptivos seguían repitiendo en pleno siglo XXI la cantinela franquista sobre el Valle de los Caídos y el huésped principal de la cripta. Nunca mencionan que los presos políticos levantaron el monumento. Patrimonio Nacional, bajo cuya autoridad se encuentra el conjunto monumental, no ofrecía a los visitantes en el quiosco de la entrada la obra pionera de Daniel Sueiro, Verdadera historia del Valle de los Caídos (1976, 1977 y 1983, 2006 en versión ampliada). Tampoco venden ahora el libro reciente de Fernando Olmeda (2009) sobre el mismo tema. En el orden audiovisual, tan en boga, no ofrecen a la venta el DVD de la película de Fernando Colomo sobre una sonada fuga del lugar, ni el reportaje rodado para una televisión privada por Fernando González, por citar sólo producciones nacionales. Es más, cuando el realizador galo preguntó sobre los presos políticos que habían trabajado en las obras de Cuelgamuros, el guía, molesto, calificó el hecho de patraña. La negación, en su interpretación más benigna, significa un cambio por lo menos de sensibilidad o tal vez un acomodo a los tiempos que corren. En momentos más lejanos, que hubieran trabajado presos políticos en Cuelgamuros se tuvo a gala. Se presumía de la justicia de Franco. Bien miradas las cosas, ni el guía ni el director del Patrimonio Nacional encargado de custodiar el monumento son responsables últimos de tamaño despropósito. El reproche corresponde hacerlo a gobiernos de toda laya, sin excepción alguna, que durante más de tres décadas han tolerado en sus mandatos la ocultación de los hechos. La aprobación reciente de la Ley de la Memoria Histórica, insuficiente también en lo que concierne a la afectación del Valle de los Caídos, no abre la esperanza de que se vaya a exponer pronto allí el pasado oscuro del lugar con la objetividad que el asunto merece.

Presos políticos capaces de atestiguar que trabajaron en Cuelgamuros quedan hoy, que yo sepa, cuatro, incluido el que suscribe. Los otros tres se apellidan Iniesta, Plaza y Rubio. Me alegraría que fuéramos más, pero no he dado con ellos. En los últimos años, he tenido que restar por desgracia algunos conocidos. Aun cuando aparecieran más sobrevivientes, es hora de hacer sonar la alarma por la inminente desaparición de testigos. El pozo de posibles reminiscencias personales está a punto de agotarse. No falta mucho para que los estudiosos de Cuelgamuros no puedan contar con testimonio alguno sobre lo ocurrido allí adentro y tengan que contentarse con desempolvar papeles como única fuente de información. Todo gobierno burocrático-autoritario lega a la posteridad millones de documentos, nimios o importantes. Quedan de refilón para gozo de los historiadores y para sustento duradero de su profesión. Información documental de aquella época no falta, como ha de comprobarse más adelante. Cuando la palabra de los testigos se apaga, los archivos españoles, demasiado tiempo cerrados a consulta, empiezan por fortuna a abrirse. Inquieta sin embargo en este caso que, entre la documentación que ha conservado el Archivo del Tribunal de Cuentas sobre los campos de trabajo de la época franquista, y que puede consultarse ahora en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, falte la relativa a los tres destacamentos penales de Cuelgamuros. Es de temer que haya sido sustraída indebidamente al escrutinio público. Al ocuparme en las páginas que siguen del trabajo compulsivo empleado en la erección del complejo de Cuelgamuros, no lo haré en calidad de historiador, condición de la que no pretendo desprenderme, sino en función de testigo calificado, un testigo, por cierto, de cargo.

Mi salud mental, tengo a gala, me ha librado del síndrome de Estocolmo. Ni siento apego a mis captores ni a mis custodios, ni he vuelto jamás al lugar de los hechos. Abomino sanamente de Cuelgamuros. Me niego a poner los pies en ese trozo de tierra que fue hermoso antes de ser profanado, o a nombrarlo salvo por medio del topónimo tradicional, cuya etimología cuelga moros tampoco evoca una pasada convivencia pacífica entre españoles. Ante los requerimientos insistentes y bien intencionados que se me hacen a menudo, he puesto condiciones para visitar el paraje. Éstas son las elementales: que la cripta, vaciada de sus huéspedes más nombrados, pierda la escandalosa simbología que ostenta en la actualidad y que la aberración de algunos ha llegado a sacralizar. Cuando la prensa, la televisión, los congresos o el cine me lo piden, no me callo, aunque tampoco he convertido mi paso y mi fuga de Cuelgamuros en eje de mi vida, como he advertido en la introducción. No he anclado mi existencia a un episodio del pasado, como hacen ciertos excombatientes a veces. Las satisfacciones que mi profesión me ha deparado, me han evitado que Cuelgamuros se convirtiera en una obsesión.

Mi exposición sobre Cuelgamuros, los destacamentos penales y sus presos no alcanzará el tono sangrante que presenta lo escrito por Jorge Semprún sobre el Buchenwald que conoció. Ni mi pluma vale lo que la suya ni la materia es comparable. Tampoco posee la eficacia periodística que despliega la denuncia de Eduardo de Guzmán sobre el trato que los prisioneros recibieron en el campo de Albatera al concluir la guerra. Mi testimonio tampoco adoptará la forma literaria y emotiva con la que mi compañero de fuga y de exilio, Manuel Lamana, relata en la novela Otros hombres, ya nombrada, las vicisitudes que pasamos juntos. Con emoción contenida analizaré, bajo una óptica principalmente económica, sociológica e histórica, cómo operaba el destacamento. Mi conocimiento de Cuelgamuros o de sus destacamentos penales es, por otra parte, limitado en duración y espacio. Lo declaro de entrada y con satisfacción. Cumplí allí parte de la pena que me impuso el consejo de guerra, del 20 de marzo hasta el 8 de agosto del año 1948, la temporada menos cruda de la sierra madrileña. No nevó, ni pasé fríos excesivos. De los seis años de prisión que me correspondían, la suerte me brindó la posibilidad de poner pies en polvorosa de la manera que diré en el capítulo próximo. Bien pensadas las cosas, prefiero que mi testimonio peque hoy por defecto y valga menos que el de tantos compañeros que dejaron allí su piel.

A la derecha del Monasterio, mirado de frente, se levantaba desde 1943 el llamado Destacamento Penal del Monasterio de Cuelgamuros en la terminología oficial. De su configuración, un funcionario de la Dirección de Prisiones dejó escrita la siguiente descripción veraz: «en primer término hay una hilera de edificios como de cincuenta metros en los que están instalados los pabellones para los funcionarios, Oficina de la Jefatura y dormitorio de los penados, separados estos edificios de otro grupo de iguales características por una calle de unos siete metros de anchura y, en estos edificios, están instalados pabellones para obreros libres, cocina de penados y comedor de los mismos, seguido de un economato de la Empresa y oficina técnica de la misma».[1] Nada parecido, pues, a los campos de detención multitudinaria de Miranda de Ebro, Los Merinales, o, fuera de España, Argelès-sur-Mer o Mauthausen, por poner ejemplos de diversos países. La empresa que corría con la edificación del Monasterio era Estudios y Construcciones Molán, S. L., que empleaba trabajadores presos que el Estado le arrendaba. También contrataba obreros libres, vg. canteros, oficio no disponible entre los reclusos. Construido de ladrillo por dentro, la fachada comenzaba a ser revestida con losetas de granito labradas a pie de obra (véase figura 18). En la misma averiguación, el jefe del destacamento precisa que los presos asignados al Monasterio ascendían entonces a ciento trece. Fernando Olmeda recoge en su libro algunas de las variaciones registradas, en más o en menos, según las necesidades o las bajas producidas. La edificación del vecino cuartelillo de la Guardia Civil y del chalet de que disponía el arquitecto Pedro Muguruza para disfrute suyo, engrosó, por ejemplo, el destacamento del Monasterio por un tiempo. Concluidas las obras, los presos ocupados en su construcción sobraron y recibieron destino nuevo.

Figura 18. Estado de la construcción del Monasterio de Cuelgamuros en junio de 1947.
A la derecha, esquina de la oficina de la empresa Molán y dormitorio de penados.

El valle de Cuelgamuros albergaba otros dos destacamentos más desde 1943. El nombrado del Monumento tenía por misión horadar el risco berroqueño para abrir espacio a una cripta subterránea. La excavación corría a cargo de la empresa San Román (de Alejandro San Román). Situado al pie del risco, este destacamento contaba, cuando lo visité, con medio centenar largo de penados, menos que en años anteriores, según me dijeron. En la primavera de 1948, faltaba poco para acabar de perforar el risco en las dimensiones inicialmente proyectadas (véase figura 19). Éstas serían luego ampliadas En el tercer destacamento penal, el de la carretera, el más numeroso, tres centenares de presos construían los accesos al complejo monumental del valle. De peor trato y fama, acogía a los presos puestos a la disposición de la empresa Banús (de José Banús Masdeu), cuya fuerza muscular se empleaba en desmontar los terraplenes a pico y pala y en moler la grava a mazazos (véase figura 20). La alta tecnología brillaba por su ausencia. Los tres destacamentos penales eran gestionados independientemente entre sí. Circular entre ellos estaba prohibido a los presos. Visité el destacamento central y la oquedad de la cripta por trámites oficiales, pero no recuerdo haber puesto jamás los pies en el de la carretera.

Figura 19. Vista exterior de la cripta de Cuelgamuros en junio de 1947. Abajo a la derecha, se divisan los techos de los barracones del correspondiente destacamento penal.

Figura 20. Barracones del Destacamento Penal de Cuelgamuros: Banús.

Mi experiencia, además de corta y limitada, fue relativamente benigna. Reconozco que hubo testigos de cargo con mayor conocimiento de causa que yo. El trabajo que me tocó hacer en los meses que estuve allí resultó privilegiado. Al llegar al destacamento, dio la casualidad de que se había producido una vacante en la oficina por haber cumplido su condena el preso que la ocupaba. El jefe me designó para sustituirlo. Un par de semanas después, quedó libre una segunda plaza, que Manuel Lamana cubrió. Su formación como albañil fue por lo tanto corta. Le recuerdo portando a hombros maderos para el encofrado de una bovedilla. Como ambos éramos estudiantes y sin filiación política, el jefe, Amós Quijada Sevilla, creyó más útil para el servicio que manejáramos la pluma, la máquina de escribir y los números, en vez de cargar ladrillos o de trepar por los andamios, por más que se nos hubiera enviado para realizar un trabajo manual. El tercero de nuestro grupo estudiantil, Ignacio Faure, ingresó en el destacamento semanas más tarde. Llegó a deshora y no tuvo escapatoria. Se hartó de poner durante meses un ladrillo sobre otro o de montar encofrados. No sé si la experiencia ganada entonces le sirvió luego en su profesión como arquitecto. Cualquiera de nosotros aventajaba en instrucción a la mayoría de los obreros o campesinos presos. Analfabetos había. Para la familia del mallorquín Joan Martorell escribí cartas y leí luego sus respuestas.

Tanto como nuestras letras, el jefe del destacamento valoró en nosotros la independencia política. Comunistas, cenetistas y socialistas habían constituido en su incansable militancia células clandestinas en el destacamento. Por la oficina circulaba información útil para los presos, como era la del contenido de sus expedientes personales u otras más delicadas, como se ha de ver enseguida. La agrupación que dispusiera de un escribiente de confianza en la administración del campamento gozaba por lógica de acceso preferente a información sensible. Los funcionarios de prisiones maliciaban que esos núcleos existían, pero carecían de pruebas o de incentivos para actuar contra sus responsables o sus miembros. Al jefe del destacamento, le convenía en todo caso protegerse de infidentes y prefirió tener a sus órdenes directas a rojos sin partido. Humanum errare est. Nuestra designación no fue por otra parte mal vista por las células políticas constituidas en el destacamento. Apreciaban nuestra neutralidad frente a todas ellas.

En las preguntas que los periodistas o los particulares suelen plantearme nunca falta una inevitable sobre cómo hicimos, Manolo y yo, para escapar de Cuelgamuros. Cargados los ojos de imágenes repulsivas de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, la gente equipara a los campos de trabajo españoles a los alemanes. No es que Franco no estuviera informado de cómo funcionaban éstos y a qué malhadado negocio se dedicaban. El dictador supo del holocausto, como es sabido, por los informes que elevaron a sus superiores en Madrid los diplomáticos españoles destacados en plazas claves para el conocimiento de las barbaridades nazis. En el segundo lustro de los años 40, época en la que el lector ha de recordar que debe situarse, hay que dar por descartado, por otro lado, que los campos españoles pudieran ser como los germanos. El régimen de Franco, sometido a la lupa de los vencedores del nazismo, no estaba entonces para imitaciones, y menos con cámara de gas incluida. Franco tampoco ganaba con remedos en miniatura de Buchenwald. La represión que el dictador ejercía descansaba sobre fundamentos igual de fríos que los alemanes, pero distintos en su inhumanidad. Más adelante volveré sobre la inspiración autóctona y no teutona del sistema de campos de trabajo forzado para prisioneros políticos.

En la segunda mitad de los años 40 —insisto en la fecha—, Cuelgamuros podía privarse de una doble hilera de alambradas recorridas por dentro por perros feroces y salpicada de garitas con vigilancia armada. Un dispositivo de ese estilo, repetido por el centenar de destacamentos penales que funcionaban entonces, habría supuesto una inversión prohibitiva en materiales y en personal para la estrechez económica y presupuestaria en la que el franquismo se debatía. Por otra parte, hubiera restado agilidad al sistema. Los campamentos duraban en un lugar el tiempo necesario para completar la obra encomendada. Una vez acabado el trabajo allí, se desmontaban fácilmente y los presos eran trasladados a otra parte para ser reutilizados. Una red de destacamentos con más cercas y más personal de vigilancia hubiera exigido que el régimen cobrara más impuestos a terratenientes, fabricantes, rentistas y estraperlistas, porque quedaba poco que estrujar del común de la gente. Pero los ricachones no habían ganado la guerra para pagar más impuestos. Aunque les pareciera bien que se hiciera trabajar a los presos políticos, no permitirían que se metiera mano en su bolsillo. Las alternativas que se presentaban pues al gobierno eran en suma dos: pocos presos rigurosamente custodiados o un sistema masivo pero flexible. El régimen, implacable y mísero, se decidió por mantener en la sombra a la mayor cantidad de españoles posible y a tenerlos repartidos por todo el país a pie de obra. El resultado fue una colección de destacamentos o batallones de trabajadores con decenas o centenares de presos en cada uno, en vez de los miles o decenas de miles, al estilo y en la escala alemanes. Cuelgamuros tampoco era un lugar de internamiento preventivo y masivo como habían sido antes, en la propia España de Franco, los campos de concentración multitudinarios de Albatera, Castuera u otros, en los que los recluidos llegaron a sumar decenas de miles sin plazo de reclusión definido. En Cuelgamuros, lo mismo que en otros destacamentos penales, los presos políticos cumplían largas condenas militares o civiles con un límite establecido.

Para ahorrar en infraestructuras y en costes de personal, el régimen mostró la zanahoria además del palo. Las palizas, la tortura, un régimen carcelario en celdas de castigo, la prolongación de la condena y otras amenazas por el estilo planeaban en todo momento sobre la cabeza de los reclusos. De tanto en tanto, se les recordaba deliberadamente para refrescar la ansiedad y recabar sumisión. El trabajo, la comunicación abierta con los familiares y un trato más personalizado invitaban en cambio a que el preso recogiera velas en su rebeldía. El aire libre y la falta de un perímetro cerrado, al aumentar la vulnerabilidad de la custodia, obligaban, por otra parte, al funcionario a frenar sus instintos y a esforzarse por ganar la cooperación del preso. El citado jefe, Amós Quijada, un funcionario del cuerpo de prisiones, Felipe Cereceda García, y un auxiliar, Nicomedes Lozano Pérez, no eran a todas luces suficientes para enfrentarse a más de un centenar de presos con los que convivían a diario a orilla de un bosque, sin siquiera un teléfono al que recurrir en caso de urgencia. Entre los comunes, había por cierto algunos de armas tomar, que bien podían repetir el arrebato por el que purgaban condena. Tres funcionarios no podían pues permitirse demasiadas bravatas ante la desigualdad numérica en la que se encontraban. Circulaban sin armas para no correr el riesgo de ser desarmados. La corta razón funcionario-preso, más la falta de separación física entre ambos, les indujo a frenar en los destacamentos el antagonismo que les era instintivo. A diferencia de las brutalidades habituales en un campo de concentración alemán o en un presidio español, reclusos y vigilantes se tanteaban hasta dar con un equilibrio en la relación que estaban abocados a mantener.

En el expediente que la Inspección de Prisiones abrió a los tres funcionarios del destacamento del Monasterio con motivo de la evasión de Lamana y mía, el jefe justifica la huida por el entorno físico a la vez que por la escasez de personal. Su declaración reza: «las condiciones de este terreno y la forma en que necesariamente se desenvuelve la vida del Destacamento, en lo tocante a seguridad, permite que en cosa de instantes un penado o más puedan esconderse y caminar por el monte aprovechando los momentos en los que el funcionario de servicio no se encuentra sobre ellos. Cosa ésta que tiene que ocurrir constantemente, porque ha de entrar y salir en las dependencias y dedicar su atención a múltiples cosas, y esto ha podido ocurrir el día de la evasión de Lamana Lamana y Sánchez Albornoz» (íd., nota 1, fol. 3 vª). En el expediente sustanciado con motivo de la fuga del dirigente de la CNT Manuel Amil Barcia, ocurrida el 18 de abril anterior, el mismo funcionario repite el latiguillo: «porque el terreno favorece la ocultación y los funcionarios, por mucho que quieran desvivirse, tienen que atender a muchas cosas». Nicomedes Lozano añade en su declaración en la fuga de Amil una precisión injustificada: «que en cerca de cinco años que lleva en el Destacamento es éste el primer penado que se marcha del lugar». Olvida u oculta adrede la evasión del Monasterio durante la noche del 12 al 13 de mayo de 1946 de Gregorio Jiménez, cuando él llevaba tres años destinado en el destacamento. El jefe termina por contradecir la declaración hecha por su subordinado. Admite que «el número de evadidos ha sido uno por año, contando con un contingente medio que pasa del centenar» (fol. 4 vª). En suma, un uno por ciento anual le parecía tolerable. Jefe y funcionario discrepan en los números, aunque concuerdan en culpar al entorno de las evasiones producidas.

Al cargar la responsabilidad sobre el escenario, las declaraciones omiten, adrede, un dato importante sobre la vigilancia ejercida. En Cuelgamuros, había al pie de la carretera un cuartelillo de la Guardia Civil para custodia no sólo de los explosivos empleados en las voladuras de la cripta. A cargo de su dotación corría también la vigilancia del valle, de las obras y de los campamentos. Tétricas parejas atricornadas del cuerpo uniformado frecuentaban los tres campos, inspeccionaban las obras, circulaban asimismo dentro del recinto del valle y hacían rondas por su perímetro, con asiduidad mayor a la dedicada usualmente por la «Benemérita» al mundo rural. La comandancia del puesto fiscalizaba asimismo las alzas y bajas de los presos, de las que la oficina del destacamento le daba cuenta puntualmente. La Guardia Civil estaba perfectamente al corriente del celo de los funcionarios de prisiones, del comportamiento de los reclusos y de las idas y vueltas de los trabajadores libres. Nada escapaba a su atención. En última instancia, los calabozos del cuartelillo o el traslado intempestivo a la Dirección General de Seguridad o a la cárcel provincial recordaban al preso el carácter precario de su estancia en Cuelgamuros.

Las huidas del valle de Cuelgamuros fueron frecuentes y necesitan ser explicadas para comprender mejor el sistema penitenciario de aquel tiempo. Fernando Olmeda ha identificado documentalmente 12 evasiones del conjunto formado por los tres destacamentos en 1944, 4 en 1945, 7 en 1946, 8 en 1947, 9 en 1948, 3 en 1949 (por primera vez entonces de presos comunes) y uno antes del cierre de los destacamentos en 1950.[2] Suman pues 44, en relación con los miles de presos políticos que debieron de rotar por el valle en aquellos siete años. La proporción resultante condice con la adelantada por el jefe del destacamento del Monasterio. Si descontamos la evasión colectiva de 11 presos del destacamento de la carretera en 1944, producida según el relato en un momento de confusión generalizada, la cantidad mengua en una cuarta parte. De las 33 evasiones restantes, la mayor parte se produjo entre los años 1946 y 1948, cuando la esperanza de un cambio político en España se fue alejando y el tiempo pendiente de condena empezó a pesar más sobre el ánimo de los condenados, a causar por lo tanto hartazgo e invitar a buscar soluciones individuales.

Ante la disconformidad, cabían dos reacciones extremas: la colectiva (plante) y la individual (fuga). En un destacamento penal, un plante como el ocurrido en la cárcel urbana de Alcalá de Henares en el otoño de 1946 resultaba impracticable. El centenar de presos políticos (restados los comunes, que presumiblemente no habrían secundado la huelga) habría sido trasladado en castigo a penales de disciplina estricta. El problema habría sido resuelto de manera expeditiva. De las declaraciones que los fugados prestaron después de ser detenidos y que Fernando Olmeda recoge, se colige, por otra parte, que los intentos fueron mal concebidos e inviables. No contaron con apoyo exterior ni con los medios básicos de que dispusimos en nuestra fuga. La elevada estacionalidad que denotan las evasiones —meses de mayo a septiembre— refuerza la impresión de su carácter espontáneo y reactivo. Al ser detenidos, los capturados alegaron que el propósito de su evasión era volver a su tierra. Muchos de los que escaparon cayeron imperdonablemente camino del pueblo, sin dinero siquiera para comprar un billete de ferrocarril.

Que los fugados fueran detenidos debió de contribuir a que la administración penitenciaria no tomara a pecho el problema de las fugas. Al fin y al cabo, los evadidos acababan por cumplir la pena impuesta, con los agravantes de la pérdida de los beneficios penitenciarios, de los recargos correspondientes por quebrantamiento de condena y que la concluyeran en penales severos, no en destacamentos. Su sustitución no presentaba, por otra parte, problema alguno. Presos nunca faltaron para reemplazarlos en el tajo. La Superioridad no ignoraba, según se desprende de las declaraciones hechas por los funcionarios, las condiciones en las que operaban los destacamentos de Cuelgamuros, y sin embargo no les procuró remedio. Tampoco descargó, justo es decirlo, la culpa de las fugas sobre los funcionarios. Asumió tácitamente su parte de responsabilidad. Su indiferencia ante la repetición de los hechos sólo se explica por el poderoso efecto disuasorio que ejercían las capturas sobre el ánimo de los presos restantes. Ante la eficacia demostrada en la captura de evadidos, el régimen prefería correr riesgos para él menores que invertir en infraestructuras y en personal. Un mayor rigor habría chafado el negocio del alquiler de presos al elevar los costes fijos.

Una de las fugas frustradas más sonadas de Cuelgamuros fue la de Manuel Amil, alto dirigente de la CNT durante la guerra y en la clandestinidad. Amil cumplía en Cuelgamuros una condena de quince años impuesta en 1947 por actividades posteriores. Huyó del destacamento del Monasterio el 18 de abril al informarle Manuel Lamana y yo del telegrama recibido en la oficina instando a su traslado inmediato a la Prisión Provincial de Madrid. Seis días después, el siguiente día 24, debía ser presentado ante el consejo de guerra que habría de reabrir su causa de guerra. Cuando el funcionario de turno se dispuso a hacerse con él, no lo encontró. Manolo Amil había desaparecido.[3] A Madrid llegó por sus propios medios, probablemente a pie. La CNT lo escondió en una chabola en las afueras del norte de la ciudad. Semanas después recibió la visita de Paco Benet y de dos jóvenes norteamericanas, en viaje preparatorio de nuestra fuga, de la que trataré en el capítulo siguiente.

Amil desconfió de la viabilidad del plan que Paco le presentaba, no por recelar de su persona, que le venía recomendada calurosamente, sino por despertarle mayor confianza los preparativos de su propia organización. Hombre curtido en la CNT, prefirió sumarse a la evasión de la cárcel de Ocaña. En esta prisión, situada en la provincia de Toledo, una veintena de confederales aguerridos capitaneados por Antonio Ejarque excavó, en admirable sincronía de esfuerzo, coordinación e ingeniería, un angosto túnel subterráneo que cruzó por debajo del recinto amurallado. Al salir a la rastra por ese conducto en mitad del campo, el grupo de apoyo exterior de la CNT se hizo cargo en noche cerrada de los fugados y los puso al abrigo hasta encontrar el campo despejado para pasarlos. Ejarque, el dirigente de mayor renombre, fue enviado por delante. En París fingió ante la prensa internacional que los evadidos habían llegado y se encontraban a salvo. A él sólo se le veía la cara en las fotos publicadas. Por confidencias, la policía supo de los preparativos del traslado pendiente de los restantes a Francia y tendió una celada nocturna en Somosierra, cuando la furgoneta con los fugados de Ocaña, Amil y algún otro más, se dirigía hacia la frontera. La suma de dos evasiones independientes entre sí, la colectiva y la individual, terminó mal. Si una fuga compleja, pero ejecutada profesionalmente, falló, no es de extrañar que los presos sintieran que una malla invisible e infranqueable rodeaba a las prisiones con una eficacia equivalente a la que oponían las alambradas electrificadas de Mauthausen o Auschwitz.[4]

En 1948, la población reclusa del valle se hallaba compuesta sobre todo por combatientes republicanos, cuya pena había sido conmutada por la de prisión perpetua. Desde el fin de la guerra, estos presos no habían pisado la calle, a no ser esposados en frecuentes traslados de una prisión a otra. Ocho años largos llevaban, pues, encerrados por sus ideas, buena parte de ellos bajo amenaza de sus vidas y en hacinamiento, desnutrición, enfermedad, angustia y tedio extremos. En el campo de trabajo en el que habían recalado, sus días resultaban más llevaderos. La incertidumbre por la que habían pasado a la espera de juicio había sido reemplazada por una condena que, por larga que fuera, tenía fecha de caducidad. El aire libre que respiraban contrastaba con el que rezumaba el presidio insalubre. El trabajo desperezaba los músculos y el ánimo, siempre que no resultara agotador, como ocurría en más de un destacamento. Otra ventaja apreciada era que los curas no aparecían por este campo con sus misas y prédicas insistentes. En el testimonio prestado por el auxiliar Nicomedes Lozano en el expediente abierto contra él por la fuga de Lamana y mía, se refiere a una conducción a misa. No recuerdo que hubiera asistido en el valle a ninguna. No descarto que en algún papel conste que un cura cobrara por oficiar, pero es posible que se ahorrara el desplazamiento. El campo permitía asimismo una efusión sin rejas con la familia. Presos, mujeres e hijos podían pasar juntos varias horas del domingo. Hubo incluso familias venidas de lejos, de pueblos de Jaén por ejemplo, que construyeron chabolas harto precarias para malvivir durante una temporada junto a sus deudos (véase figura 21). El destacamento ofrecía pues beneficios que, aunque dudosos, resultaban preferibles a cumplir la misma condena encerrado en un lóbrego penal.

Figura 21. Chabolas construidas por familiares de visita a presos políticos.

Los reclusos con condena en firme podían ser trasladados a destacamentos tras aprobar su destino la junta calificadora del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. La propuesta valoraba las calificaciones laborales y el perfil de riesgo de cada preso. Errores, la junta cometió, como ocurrió al mandar a Manuel Amil a Cuelgamuros. En este caso se habló también de recomendaciones. La mayoría de los destinados al Monasterio cumplían largas condenas, como he dicho, y tenían familia, para tranquilidad de la junta. Entre los penados por delitos posteriores, algunos llevaban también bastantes años en prisión. Era éste el caso de mi vecino de litera, Eduardo Ben, un sindicalista coruñés, vuelto de Cuba a raíz de la crisis de 1930 y detenido en 1942 en un temprano brote de resistencia al régimen de Franco en el gremio de la construcción de la ciudad gallega. La junta recelaba en general de los posteriores por ser pertinaces y reincidentes. Volvían a la cárcel sin escarmiento o remordimiento. A ellos, la junta calificadora prefería destinarlos a los penales o a los talleres penitenciarios. Por lo que respecta a los condenados de la FUE, entre los que me encontraba, la guerra nos había sorprendido de niños. Rojos y posteriores éramos, pero nuestra edad impedía que fuéramos, salvo un par de compañeros, recalcitrantes o repetidores. Las condenas que arrastrábamos parecían por otro lado peccata minuta, en comparación con las decenas de años que la justicia militar solía prodigar. Nuestro perfil de riesgo resultaba, por lo tanto, por comparación bajo.

En materia de libertad, cárcel y calle se diferenciaban sólo en grado. España entera —debe recordarse— era entonces una inmensa prisión en la que toda persona veía restringidos sus movimientos y de la que sólo excepcionalmente se podía ganar el extranjero con complicidades. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre la mayoría de las naciones y el régimen de Franco a poco de la victoria aliada había agravado las dificultades al sellar el paso de los Pirineos mediante una vigilancia extrema. La franja lindante con la frontera francesa permaneció militarizada después de que guerrilleros procedentes de Francia invadieran los valles de Arán y de Roncal. Circular por esa zona limítrofe con el país vecino requería un permiso especial, firmado nada menos que por el capitán general de la región militar con asiento en Barcelona.

Para viajar por España, se necesitaba otro pase expedido por la policía tras debida justificación del desplazamiento. Para conseguir ese salvoconducto, se exigió durante años presentar el certificado parroquial de haber cumplido el precepto pascual. La realidad es sabido que supera siempre la imaginación más fértil. El insigne cineasta Buñuel, gran urdidor de humoradas sobre los curas, o especialistas religiosos en el vocabulario de los antropólogos, fue sin embargo incapaz de inventar la extravagancia de mezclar eucaristía con ferrocarril. Yo, que me movía con frecuencia entre Ávila y Madrid, como sigo haciendo después de cárceles y exilios, comulgué entonces anualmente en la iglesia románica de los Santos Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila para poder pasar por sacristía por la dichosa constancia. Policías rondaban por los vagones del tren pidiendo la documentación, como he dejado dicho tres capítulos antes. La Guardia Civil patrullaba carreteras y sendas. Ni siquiera el interior de las casas estaba exento de visitas intempestivas. La delación estrechaba el cerco sobre los sospechosos. Al evadido sólo se le ofrecía como alternativa a la expatriación algo tan poco apetecible como convertirse en topo, es decir el encierro por cuenta propia. Nuestro compañero Ricardo Muñoz Suay se libró de la cárcel, o de males peores al acabar la guerra, recluido durante años en un cubículo inasequible de la casa de sus padres.

¿Fueron los campos franquistas lugares de exterminio como los teutones? Vuelvo a la distinción entre los de casa y los nazis. En la España triunfante hubo desde luego campos, colonias o batallones en los que los presos murieron por hambre y maltrato, es decir sin pasar por el pelotón de ejecución. En su caso cabe aplicar el término de exterminio. Esto ocurrió al acabar la guerra civil, pero no corresponde al Cuelgamuros que conocí o a sus coetáneos. Explosiones mortales ensangrentaron la excavación de la cripta. Los nostálgicos del franquismo admiten catorce muertos por esta causa. Para mí: catorce de más. Pero la sarta reconocida peca de corta. Seguramente perdieron la vida en el tajo más de los que han acabado por ser admitidos. Sea la cantidad que sea, a las muertes accidentales hay que sumar los heridos fallecidos en los hospitales penitenciarios, más las muertes aplazadas por haber respirado el polvo que levantan las explosiones, causante de silicosis. En la edificación del monasterio ocurrieron los accidentes laborales habituales en la construcción cuando no se cumplen las reglas de prevención de riesgos. En el trazado de la carretera, el trabajo resultaba extenuante. Por otra parte, la alimentación era insuficiente. La higiene, precaria. Aún recuerdo las noches de verano en las que las chinches se metían por las narices y los oídos y chupaban por todo el cuerpo cubos de sangre. El régimen del destacamento resultaba benigno solamente por comparación con el de la prisión.

Campos de concentración, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, colonias, talleres, destacamentos penales, este rosario de engendros simultáneos o sucesivos no revistió una modalidad única ni permanente durante el cuarto de siglo en el que se admitió oficialmente su existencia. Los primeros campos de trabajo del franquismo estuvieron bajo mando militar. Detenidos y prisioneros cavaron trincheras, construyeron fortificaciones o despejaron escombros bajo la malintencionada supervisión de soldados y oficiales. Al cabo de menos de un año de iniciar la guerra, los rebeldes añadieron a esa explotación primaria de los presos políticos y de los prisioneros de guerra una forma más retorcida de hacerlo. No me resisto a repetir parte del preámbulo del decreto 281, de 28 de mayo de 1937, fecha que coincide por cierto con la apertura del campo nazi de Buchenwald. Este decreto inauguró una explotación sistematizada y no caprichosa de la mano de obra republicana.

«El derecho al trabajo que tienen todos los españoles —dice el decreto, aludiendo al Fuero del Trabajo del mismo año— no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos… la concesión de este derecho… podría implicar una concesión más sin eficacia ante la pasividad que adoptasen sus titulares, dejando incumplido los fines que la declaración del derecho supone, o sea que puedan sustentarse por su propio esfuerzo, que presten el auxilio debido a su familia y que no constituyan un peso muerto al erario público. Tal derecho al trabajo viene presidido por la idea de derecho función o derecho deber, y en lo preciso, derecho obligación».

Pocas veces cabe tropezar con un texto con tantas circunvoluciones y, a la vez, tan paladino en su sentido. Su redactor no se revela como un sanguinario incontinente, ni, a lo nazi, como un frío razonador de la superioridad de la raza elegida, con desprecio absoluto por el prójimo. La voz se emite al ras del suelo en persecución de un objetivo práctico. Corresponde a la de un clérigo diestro en manipulaciones verbales. El decreto, inspirado por el jesuita Pérez del Pulgar, concede al preso político el derecho a trabajar, pero opción no le deja. Si no coopera, se lo obliga. La torsión a la que somete la noción de derecho al emparejarla con la de obligación descubre sin tapujos el propósito que persiguen el consejo del jesuita y la aplicación que le otorga el legislador. Conceder un derecho al preso visa, en esas condiciones, a descargar sobre el mismo el coste de su manutención y de su vigilancia.

Unas líneas más abajo —que no transcribo— el decreto reconoce la existencia de imputados de hechos tan graves que no se les concede derecho al trabajo. Los aparta del numeroso grupo de presos sin acusaciones concretas pero que el gobierno prefirió mantener encerrados. La conveniencia política —y no la justicia— es pues la que aconsejó que los desafectos permanecieran encarcelados. De la aclaración ofrecida se deduce que el trabajo penitenciario constituyó para el franquismo un recurso para agrandar la escala de la represión hasta extremos ni legal ni prácticamente justificables. No cabía en efecto mantener encarcelados a tantos hombres y mujeres sin incurrir en gastos desmesurados y sin detraer mano de obra del circuito de producción. El engendro ideado para salvar ambos inconvenientes cobraría su máxima eficacia hermanando al Estado con la empresa privada.

El trabajo forzado encaja a la perfección dentro del espíritu de clase que compartían militares y mentores. El obrero no era ni más ni menos que el objeto de una explotación inveterada. La novedad del decreto sólo iba más allá de los límites habituales. Más que el castigo de la ideología que el recluso sustentaba, importaba la ganancia que reportaban sus brazos. Prescindir de los hornos crematorios no responde a sentimientos humanitarios que se hicieran explícitos. El preso traía más cuenta en el tajo que muerto. Es así como Franco, a quien no le tembló la mano por derramar sangre, se convirtió en proveedor de mano de obra forzada al sector privado de la economía nacional, a lo largo y ancho del territorio que va de Santander a Tarifa. Cabe concluir, sin intención irónica, que el Estado franquista proporcionó presos a los capitalistas en estricta conformidad con las reglas enunciadas por el marxismo más crudo.

Once años después de promulgado el mencionado decreto, el régimen de trabajo penitenciario que llegué a conocer, seguía sin haber experimentado retoques sustanciales. Los datos que se encontraban a mi alcance en la oficina del destacamento, me autorizan a precisar que el Estado cobraba entonces a Estudios y Construcciones Molán, la empresa encargada de levantar el monasterio, diez pesetas con cincuenta céntimos diarios por cada preso cedido. Este jornal era inferior, tal vez en una tercera parte o en una mitad, al salario básico del trabajador libre, salario no fijado —conviene recordar— en una negociación entre empleador y empleado, tal como concebimos hoy día, sino tasado por un organismo oficial. Por bajo que fuera el canon percibido, la operación redituaba a escala nacional ganancias suculentas al Estado. La empresa particular realizaba pingües beneficios al ahorrar costes laborales y contar con una mano de obra disciplinada, incapaz de plantear reivindicaciones y conflictos. El trabajo forzado de los presos significó para los contratistas una fuente de acumulación de capital que bien podríamos llamar primitiva, según la terminología conocida. Cuando los destacamentos penales cerraron y se agotó esa generosa fuente de acumulación, las empresas reorientaron el capital reunido de esa manera infame hacia la realización de obras que ocultaban sus inicios. Lavado de dinero, se llama ahora a esa práctica desprestigiada. La construcción se prestaba, entonces como ahora, a blanquear capitales. ¿A quién se le ocurre hoy asociar el nombre dado a un puerto recreativo de la Costa del Sol con el arrendatario de mano de obra presa para construir la carretera de acceso al valle de Cuelgamuros?

El negocio que el Estado hacía se descompone en concreto de la manera siguiente. De las diez pesetas con cincuenta céntimos diarias devengadas, dos reales iban a parar a una cartilla de ahorro abierta a nombre del penado. El total economizado por él le era entregado de una vez al cumplir la condena y ser licenciado. Por cada año de trabajo, el preso venía a ingresar unas ciento cincuenta pesetas, a razón de 50 céntimos por 310 días trabajados, descontando domingos y feriados. Ahorrar por consiguiente unas mil doscientas cincuenta pesetas después de trabajar ocho años —pongamos por caso— suenan a burdo sarcasmo. Ésa es, en definitiva, la fortuna que el desfachatado abad del monasterio declaró, revestido de hábito blanco, que los presos solían hacer en la construcción del monasterio, cuando Katie Halper le entrevistó para el documental que estaba rodando. Los papeles habrán de documentar la falsedad grave y gratuita en la que el benedictino, cabeza de fila de los negacionistas, incurrió en su desaprensiva intervención ante las cámaras. Negadores de que haya habido en Cuelgamuros presos políticos puestos a trabajar a la fuerza, sigue habiendo, como los hay que niegan el holocausto nazi. Semejante distorsión de la realidad, resistente a la información disponible, parece mal irremediable en España como lo es afuera.

De las diez pesetas que restaban, una vez deducidos los cincuenta céntimos diarios, la mitad, o sea cinco pesetas, equivalían a la cantidad exacta que la administración presupuestaba para la subsistencia de cada preso. Al alquilar al preso a una empresa, el Estado se resarcía pues del gasto comprometido en alimentación, y aún le quedaban otras cinco pesetas diarias libres para otros fines. ¿Cuáles? Esta segunda fracción valía para que el Estado afrontara gastos de custodia: nómina de los funcionarios de prisiones, expensas del Patronato, gasto en policías, jueces y militares… Al Estado, el andamiaje represivo le salía en resumidas cuentas de balde, o casi, o, incluso, pudo suponer una fuente atípica de ingresos. Los papeles de los ministerios de Justicia y del Ejército dirán hasta qué punto la suposición formulada se sostiene. El cobro por el alquiler del trabajo penado permitió en todo caso que el Estado dimensionara la población reclusa a su conveniencia. La flexibilidad del sistema ideado hacía posible un aumento de los presos sin que el presupuesto quedara peligrosamente hipotecado. La represión —cabe concluir provisionalmente— se autofinanció pues, en gran parte, gracias al trabajo forzado. Otra investigación pendiente —con respecto al coste de la construcción del llamado Valle de los Caídos— es el daño indirecto e improductivo causado a la reconstrucción y al desarrollo de un país en ruinas. La obra detrajo hacia este mausoleo faraónico los recursos entonces escasos, mano de obra incluida.[5]

Los estudios sugeridos son factibles por cuanto la burocracia del régimen obligaba a rellenar a diario un sinfín de documentos. Me consta la multitud de oficios, partes, estadillos y un largo etcétera que salían de la oficina de un destacamento penal de tamaño modesto como era el que construía el Monasterio de Cuelgamuros. A diario partía correspondencia para la Dirección General de Prisiones, para el Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, para diferentes prisiones o para la Guardia Civil. Tamaño papeleo explica que, para manejar una dotación de un centenar de hombres, la oficina necesitara contar con tres escribientes. Siete veces al día —cada tres horas, salvo un salto más largo de noche— se efectuaba, por ejemplo, un recuento nominal de los presos cuyo resultado era remitido a la Superioridad cuanto antes, amén de los resúmenes recapitulativos que se elevaban semanal o mensualmente. En un cuidadoso estadillo dábamos incluso de baja del almacén la cantidad de alimentos consumidos en teoría día por día. Tantos papeles obran al modo de una claraboya por la que se llega a divisar la oscura vida diaria que llevaban los presos del destacamento.

El historiador precavido no suele tomar al pie de la letra las fuentes disponibles sin someterlas a una crítica exhaustiva. Hace bien. Los papeles de los destacamentos penales requieren una lectura cuidadosa. Una cosa son, por ejemplo, los listados primarios de presos, que merecen pleno crédito. Ningún funcionario se hubiera arriesgado a disimular la desaparición de un preso o a añadir reclusos inexistentes. Otra cosa son, en cambio, los de carácter económico. El negocio que el Estado hacía al alquilar presos a particulares dio pie a que los funcionarios de prisiones y sus superiores administrativos se sintieran plenamente justificados para hacer otro negocio en menor escala y en provecho propio. Una de las obligaciones que Lamana y yo cumplíamos en la oficina del destacamento consistía en confeccionar un menú diario con un contenido calórico equilibrado de hidratos de carbono, grasas y proteínas, conforme a las recomendaciones dietéticas oficiales. La cantidad de presos y de alimentos debían, obviamente, cuadrar a fin de cada mes o del período que fuera. La baja diaria por distribución de raciones debía reducir la cantidad de víveres aportada por la Dirección General de Prisiones de acuerdo con el número de cartillas de racionamiento retenidas por la administración. La mengua debía haber seguido una inclinación razonablemente descendente. El rancho previsto en las entregas diarias, si no apetitoso para el paladar, resultaba en principio aceptable desde un punto de vista alimenticio. El problema no residía en las previsiones, sino en las provisiones. Éstas faltaban.

Los cálculos del consumo diario no se realizaban por adelantado para orientación del cocinero, como hubiera sido lo indicado, de pretenderse proporcionar una alimentación saludable. El cocinero guisaba lo que encontraba a mano al pisar el almacén o, si no, lo que le apetecía. Las tablas confeccionadas carecían pues de carácter preceptivo. Se elaboraban a posteriori, cuando urgía justificar ante el Ministerio de Justicia las partidas de alimentos consignadas. No guardaban relación con la alimentación servida ni con los víveres disponibles. En los meses que rellené esas hojas nunca tuve que consultar al cocinero ni llegué a pisar el depósito. Quedaban fuera de mi incumbencia. Mi tarea de escribiente consistía pues en un ejercicio desasido de la realidad, cuya finalidad era cubrir las apariencias en respuesta a una exigencia administrativa. La dieta consignada en los papeles elevados carece pues de valor probatorio. Constituye solamente una gran ficción. Sólo concuerda con el criterio del médico que consiguió introducir esa norma en la administración penitenciaria, probablemente a imitación de la concebida e implantada durante la República para el ejército.

La abstrusa tarea que se me había encomendado no me resultó personalmente inútil. Estimar dietas era un trabajo inconsecuente, pero había introducido una necesidad en la gestión del destacamento que, por lo menos, me libró de poner ladrillos. Bastante tiempo después, saqué también un partido profesional de la técnica aprendida en prisión. Cuando reanudé mi carrera universitaria en Buenos Aires después de ganar la libertad por mi cuenta, se me ocurrió un experimento. Me pregunté si el cálculo del valor calórico de los alimentos cabía aplicarlo a la información del pasado. Los presupuestos que hallé impresos de un ejército expedicionario previsto, pero no despachado, por Felipe II a Marruecos con motivo de la jornada del rey Don Sebastián de Portugal, más los del ejército francés de ocupación que restauró a Fernando VII en el trono, me permitieron estimar a siglos de distancia las dietas destinadas a ambos contingentes militares. El desvío entre el consumo previsto por la intendencia militar y el real que, conocido el paño, pudo haber existido, introdujo en mis conclusiones una nota de cautela que matizaba, pero no invalidaba, el intento. En un momento en el que los trabajos históricos de esta índole se contaban con los dedos de la mano, los míos formaron parte de los pioneros. El avance metodológico al que contribuí modestamente lo debo a mi paso involuntario por Cuelgamuros. No hay bien que por mal no venga.

Que el menú y el consumo no hubieran corrido juntos nada habría tenido de grave si las existencias hubieran sido ciertas y su administración honesta. Las tablas que me tocó confeccionar acabaron por ser doblemente hipotéticas. Su base no era real, pues las cantidades estipuladas en las órdenes libradas o en los recibos firmados no fueron ingresadas o lo fueron en medidas muy inferiores a las consignadas. Los camiones llegaban al destacamento penal en plazos que no puedo precisar. A la vista de todo el mundo, algunos sacos o bidones eran descargados en el almacén por los presos encargados de la tarea. Los vehículos regresaban sin entretenerse y sin dar síntomas de haber perdido demasiado peso. El comentario general era que el estraperlo de Madrid se abastecía en buena medida de alimentos detraídos de cárceles y cuarteles, es decir de los destinados en teoría para consumo de presos y de soldados. ¿Cuál fue el destino final de la mayor parte del contenido de los camiones? No estaba en mis manos conocerlo. ¿Quién estaba pringado? Los presos no dudaban de que lo estuviera el jefe del destacamento. Me faltan pruebas para ser contundente, pero temo no equivocarme y no me sorprendería si entre los papeles del Ministerio de Justicia aparecieran algunas pruebas. Es de imaginar también que los dos funcionarios a sus órdenes habrían recibido alguna tajada por cerrar ojos y boca. Los superiores, seguramente, tampoco toleraron el fraude sin sacar su parte. La cadena de sospechas se estira hacia arriba sin saber en qué altura termina. Tampoco se conoce el grosor de cada eslabón intermedio.

Lo desconcertante de este jefe, religioso y adusto, aficionado a las botas altas de charol y capaz de enriquecerse con el hambre de los presos a él encomendados, es que aparentaba un talante por momentos no exento de sensibilidad, rasgo a su favor que no quiero omitir. Recuerdo, por ejemplo, que, en una muestra inesperada de confianza a la puerta de su casa, sacó a relucir de sus adentros el horror que había sentido en cierto momento de su carrera. En los primeros años de la posguerra, siendo él simple funcionario en la mal afamada cárcel de Porlier de Madrid, cada anochecer se convocaba a los presos que debían ingresar en capilla. Del encierro saldrían a la mañana siguiente para ser fusilados. El cura de la prisión tenía obligación de asistir a la lectura de los nombres puesto que le correspondía acompañarlos en su última noche en vida. En una ocasión, la lista leída no pasó de once nombres. Recuerdo con exactitud la cifra por él mencionada. El simple oficial que llegaría a jefe, oyó estremecido al cura preguntar fríamente: ¿Nada más? Tono y pregunta hirieron su ánimo de creyente. El malestar que dijo haber sentido dejaba entrever cierta repulsión por la insensibilidad que reprochó al cura en su fuero interno. La esquizofrenia y el cinismo que el miembro del aparato represor desarrolló durante su carrera, le arrastró probablemente al contagio de llenar sus bolsillos a costa del hambre de los presos.

El escamoteo de comida no produjo las consecuencias que cabría pronosticar. En el destacamento del Monasterio, los presos hacían horas extraordinarias para la empresa constructora. El suplemento, retribuido a precios quizá corrientes, era recibido en mano, sin intervención de los funcionarios. A diferencia de la cárcel, el dinero de curso legal circulaba en el destacamento en pequeñas cantidades. Ese ingreso adicional, aunque corto, alcanzaba para fumar, beber y completar el rancho. Miradas las cosas de cerca, el penado pagaba pues su sustento por partida doble. Por un lado, su trabajo satisfacía el total de la alimentación que las autoridades le tenían asignado y que los funcionarios le escatimaban. En segundo lugar, compraba en la cantina de la empresa lo que le permitía no desfallecer.

Al estallar la guerra civil, los campos improvisados se sistematizaron no por iniciativa y bajo gestión del partido oficial Falange, a pesar del color azul de la camisa que asomaba por encima del cuello de la guerrera de algunos funcionarios de prisiones reclutados entre sus miembros. El ejército no delegó su custodia y Falange no desgajó de sus milicias un cuerpo de vigilancia como hizo el partido nazi. Los antecedentes del sistema se remontan más bien a las guerras insurreccionales de Cuba, bajo el mandato del general Weyler, por el que Mallorca no siente vergüenza alguna. La idea puesta en práctica entonces caló en la mente del brazo ejecutor de la consigna. La rama africanista del ejército se encargó de transmitir el concepto a generaciones sucesivas de oficiales. Al apoderarse del poder omnímodo en 1936, el ejército colonial lo resucitó, actualizado y perfeccionado con ayuda del clero. El ciego derrame de sangre de la primera hora se transformó por necesidad en una explotación de los reclusos, deshumanizada y racionalizada. El plan vino a satisfacer los propósitos convergentes de las instituciones liberticidas, ejército y clero. Por una parte, la explotación de los vencidos vengaba la frustración experimentada por los militares ante el fiasco de su golpe de Estado que condujo a una guerra civil costosa. El propósito del segundo socio en la aventura era restaurar en concepto y de hecho el firme dominio de una clase sobre otra conforme a la inveterada visión orgánica de la sociedad cristiana. Ésta asignaba a unos grupos la función de mandar y a otros la de servir. La especulación económica inherente al texto comentado no brotó del magín de los economistas, sin predicamento entonces en las esferas decisorias. El ideólogo del sistema fue un sacerdote de la orden religiosa que formaba a los economistas en Deusto y en el ICAI de Madrid.

Una segunda herencia remonta a Cuba el alquiler de presos a empresas privadas por el Estado. La historiadora cubana Imilcy Balboa ha dado a conocer este antecedente lejano.[6] Los hechos contemplados por ella se remontan a los años 1868-1887 en Cuba, período que abarca la Guerra de los Diez Años y sus coletazos. Ante la escasez de esclavos para las labores de las plantaciones de azúcar, debida a la reciente abolición de la trata negrera y a la huida de los trabajadores de los ingenios para alistarse en las filas de los insurgentes mambís, los comandantes de Presidios fueron autorizados por las autoridades coloniales a alquilar a los hacendados los condenados bajo su custodia. Paso por alto el trato que los presos recibieron de la sacarocracia, las quejas que constan de los interesados, así como el aumento de la mortalidad por sobreexplotación. Me conformo con resaltar el sorprendente paralelismo que presenta el alquiler de reos comunes en la Cuba colonial y la posterior práctica franquista de arrendar presos políticos a particulares.

El salario que los hacendados cubanos pagaron por preso contratado ascendió, de acuerdo con el documentado estudio de Balboa, a 12 pesos oro. De ellos, el Tesoro colonial retuvo 9, es decir tres cuartas partes del mismo. Dos pesos de la cantidad restante fueron a parar a un fondo de utilidades y sólo un peso al penado. Este peso tampoco fue entregado de inmediato y en mano, sino que fue depositado en un llamado fondo de ahorro. Lo acumulado le era entregado al salir el recluso de prisión. Nótese que la Hacienda colonial sacó mayor tajada que la franquista del invento, no sólo en valor unitario (9 pesos oro del último tercio del siglo XIX en comparación con las 10 pesetas devaluadas del segundo tercio del XX), sino por correr por cuenta del hacendado los costes de manutención, vigilancia y supervisión del trabajador. En la España de Franco, la Dirección General de Prisiones corrió siempre con los gastos imprescindibles. A un ingreso neto de nueve pesos por cabeza en la caja del Tesoro colonial, se contrapone en la metrópoli una entrada nula al aplicarse las diez pesetas aportadas por las empresas a resarcir los gastos incurridos en alimentación y vigilancia del recluso. El preso político salió en resumidas cuentas más barato al empresario español que el esclavo al hacendado cubano. El Estado franquista se encargó de transferir plusvalías al sector privado.

La presente exposición sobre la vida en Cuelgamuros no ha prestado la debida consideración a los sufrimientos materiales y morales ocasionados por la reclusión. Esta ausencia no significa que los padecimientos ajenos y propios fueran nimios. Mi condición de historiador ha sesgado mi atención hacia la naturaleza de la represión más que hacia las víctimas, por muy necesitadas que estén de ella. Por otra parte, me he planteado la comparación entre Cuelgamuros y los campos de la Cuba colonial y los de la Alemania nazi. Del cotejo con estos últimos resultan algunas diferencias que no conviene descuidar. En Cuba y en España, el trabajo forzado de los presos recayó sobre connacionales y no sobre forasteros mayormente, como en el sistema nazi. La minoría de enemigos políticos y de judíos alemanes se halla en números por debajo de los extranjeros internados. En Cuba y en España, el abominable régimen laboral duró más (37 y 25 años, respectivamente) contra los 7, bien cargados, del nazi. Estos últimos fueron menos no por iniciativa propia, sino por imposición desde afuera. En los destacamentos penales españoles, fue la corrupción lo que atemperó los instintos represivos. Sir Samuel Hoare, el embajador inglés en Madrid y buen conocedor de la corte del Palacio de El Pardo, definió el régimen de Franco como una dictadura templada por la corrupción. La misma tacha recae sobre el sistema penitenciario.

Un uso retórico corriente suele calificar cualquier trabajo forzado de esclavo. Varios libros de divulgación recientes emplean esa acepción peyorativa para calificar la explotación de los presos en la posguerra española. De la institución de la esclavitud, el lector ha de tener presente que el régimen clásico combina formas diversas de exacción laboral con una condición jurídica de las personas que se hallan sujetas a esa forma de trabajo. La explotación laboral no va sola. Viene unida a una dependencia con cobertura legal. En el caso de la España franquista, la convergencia no se cumple. Las víctimas del franquismo fueron privadas en los hechos de su libertad (o incluso de su vida), pero sin mengua de su condición jurídica. Los abusos cometidos por el régimen no llegaron a introducir la servidumbre legal. El Estado ejerció de dueño de vidas y haciendas y los condenados fueron entregados a los seguidores del régimen en arriendo, pero no en una propiedad transmisible. El alquiler de presos por el Estado tuvo sus límites: hasta que el recluso cumpliera la pena. Los descendientes de los presos tampoco heredaron del progenitor la obligación de trabajar, por más que arrastraron de por vida los estigmas y las consecuencias materiales y psicológicas causadas por la prisión y el trabajo forzado del antecesor. Reimplantar la esclavitud hereditaria hubiera sido extremadamente difícil entonces, a pesar de las tentaciones que la victoria militar suscitó, que en otros extremos se tradujo en la sabida apropiación de los hijos de los rojos.

En un ensayo clásico, el historiador y economista italiano Stefano Fenoltea ha señalado que el término de esclavitud recubre fundamentalmente dos formas de trabajo servil, no sucesivas sino simultáneas. Éstas se dieron a la par aunque en proporciones variables de la Antigüedad al Sur norteamericano decimonónico.[7] El lenguaje común asocia esclavitud con trabajo extenuante, pero no es ésta la única forma histórica que revistió la explotación de los esclavos. Las economías de plantación o la minera exigen desde luego un esfuerzo muscular agotador del esclavo. Su destreza no entra en juego. Este trabajo no calificado es efectuado por lo general en cuadrillas disciplinadas por capataces listos para infligir severos castigos corporales para forzar el máximo rendimiento de cada trabajador a él confiado. El amo asume los costes de subsistencia y supervisión de su personal. La segunda modalidad de esclavitud, extendida desde la Antigüedad clásica hasta el mundo urbano de África y de la América colonial, exige, como la anterior, la subordinación legal, pero impone una explotación menos rigurosa que deriva en una relación más distendida entre esclavo y amo. La compulsión cruda es reemplazada por un acuerdo entre ambas partes. En el intercambio consiguiente, el esclavo tiene cierta voz. En la ciudad, el esclavo doméstico, artesano o peón, necesita libertad de movimientos para cumplir con su cometido. Éste se reduce a veces a aportar al amo una renta fija, con independencia de cuánto gana el esclavo por su trabajo. El propietario alquila los brazos, la inteligencia y la formación del esclavo a terceros. Cuando así hace, el amo suele ahorrarse también los gastos de alimentación y supervisión del esclavo y de su familia, que corren por cuenta del empleador o del propio esclavo. Mantener la sujeción y la disciplina depende en estas circunstancias menos de las amenazas o de los castigos que aplique el amo que de sobrentendidos tejidos o de los incentivos brindados. Entre los estímulos ofrecidos, se encuentra en lugar prominente la posibilidad que el esclavo encuentra en esta segunda fórmula de ahorrar para comprar su manumisión y de ascender luego al estrato intermedio de los libertos. La benevolencia que se supone que reviste este segundo modo coincide en el amo con una racionalidad de carácter económico.

Las dos modalidades de esclavitud con recorrido histórico se encuentran en el trabajo exigido de los presos políticos por el franquismo, a falta de la transmisión hereditaria de la condición servil. Ésta no se dio. Cierta forma de explotación extrema bajo supervisión estricta se encuentra, sobre todo, al principio de la posguerra, cuando los soldados del ejército republicano y muchos civiles fueron recluidos en batallones y colonias bajo mando militar, encargados de construir obras de defensa (frente a Gibraltar), de interés público (pantanos, canales, ferrocarriles…) o de reconstrucción (de regiones devastadas). El trabajo exigido requería un esfuerzo muscular intenso pero poco especializado, y se realizaba bajo severa vigilancia armada. Casos de esclavitud tirando a la urbana clásica también se dieron algunos en la primera hora. Algunas fábricas y talleres sacaron de la cárcel a diario a sus antiguos obreros calificados. Por unas horas, ellos perdían de vista las rejas y no dejaban que su acreditada destreza se herrumbrara.

En una etapa ulterior del franquismo, las proporciones de la primera hora se invirtieron. Las grandes obras bajo supervisión militar disminuyeron y se propagó el minifundio penitenciario formado por unidades pequeñas sometidas a funcionarios civiles del cuerpo de prisiones. Más que la coacción bruta, en estos establecimientos se dosificaron amenazas e incentivos. La amenaza consistía en ser devuelto a cumplir pena en un penal de régimen duro. El estímulo consistía en la redención de penas por el trabajo. Un temor latente combinado con la esperanza de acortar la pena permitió reducir los costes de supervisión de los reclusos en inversión y en personal en los destacamentos penales. La cacareada benevolencia poco tuvo que ver con una saña menor, como en otros casos históricos. La benevolencia en términos reales hubiera consistido en soltar a los presos y dejar de repoblar continuamente las cárceles con condenados por profesar ideas distintas. La dictadura nunca estuvo sin embargo dispuesta a pagar ese precio político. La explotación atenuada no responde pues a un sentimiento humanitario sino que disfraza, más bien, un cálculo para poder perpetuar el régimen a menor coste. Cuelgamuros lo ilustra a la perfección. La Superioridad, al tanto de la situación, cicateó la dotación de funcionarios para la custodia de los presos y no interpuso obstáculos al acceso al bosque vecino desde los barracones y el tajo. La barrera con la que la administración contaba era otra: el temor inserto en el ánimo de los reclusos y la eficacia de la posterior acción policial.

En Cuelgamuros, el régimen dosificó las dos modalidades de explotación servil, la aberrante y la atenuada. El régimen de trabajo compulsivo prevaleció en el destacamento Banús; el menos rígido me tocó en el Monasterio. Las diferencias habidas en el trabajo forzoso usado en la construcción del horrendo mausoleo se traducen en memorias distintas.[8] ¿Esclavitud? En puridad jurídica no, pero sí en el juego coercitivo aplicado, que parece calcar las dos modalidades básicas del trabajo esclavo en la historia.

Para concluir, sorprende que Franco, tan atento a los símbolos que le hicieron pasearse bajo palio o a concebir el Valle de los Caídos, no percibiera el baldón que agregaba a su mausoleo al utilizar presos políticos en su construcción. Con un poco más de dinero, del que dispuso libremente, podía haber contratado trabajadores libres y bien remunerados para ahorrarse la huella indeleble de ignominiosa venganza sobre los vencidos y de negocio despótico a costa del esfuerzo y de la vida de los presos. La seguridad derivada de su soberbia lo traicionó. Los restos del autócrata permanecen sepultados en un monumento que simboliza todavía saña y corrupción.

7. UN EXILIO POR PIERNAS

En Cuelgamuros, rasgué el talego en el que me hallaba encerrado y me escabullí por la hendidura practicada en su costado. No acabé de cumplir la condena que el consejo de guerra me había impuesto. Dispuesto a no aguantar los años que me restaban, pedí auxilio a los compañeros de la delegación de la FUE en París. Aurora, la novia de Manuel Lamana, transmitió mi mensaje por conducto de Manuel Fernández, conocido dirigente cenetista que disponía de canales de comunicación seguros con el extranjero. Lamana se adhirió al plan. Aurora lo visitaba los domingos, traía noticias y nos animaba. En la espera de que nuestro pedido fuera atendido, exploramos el terreno y detectamos los puntos vulnerables del dispositivo de vigilancia del destacamento. A pesar de estar rodeado de árboles sin valla alguna que se interpusiera entre el pinar y los barracones, perderse de vista importaba riesgos.

Los meses fueron transcurriendo sin novedades y, por si el proyecto no llegaba a cuajar, acepté la sugerencia de mi antiguo profesor, Santiago Montero Díaz. Una tarde observé cómo una silueta de traje negro se descolgaba de lo alto de un camión cargado de ladrillos. Montero se había topado con él en la estación de ferrocarril de El Escorial y, ni corto ni perezoso, se trepó sobre la carga. Sobra decir que el polvo rojizo que desprende el ladrillo en cada bandazo del vehículo lo recubría de pies a cabeza. La sorpresa al verlo venir resultó grata por amistosa, pero también divertida por lo poco convencional —muy a su estilodel medio adoptado para llegar al monasterio. Montero presentó al jefe del destacamento sus credenciales académicas para que le permitiera entrevistarse a deshora conmigo.

Montero me animó a que no colgara mis estudios y me examinara por libre, asignatura por asignatura, de manera que la conclusión del calvario no me pillara atrasado en mi carrera. Él se comprometía a efectuar las gestiones oportunas ante la Universidad Central y el Ministerio de Justicia. Con la ayuda de buenos compañeros de curso, junté algunos libros y apuntes, pero avancé poco en la preparación de las asignaturas pendientes desde mi detención. Tenía la cabeza en otra cosa. Una propuesta igual de Montero encontró en cambio buena acogida en Rivacoba. Cumplía larga condena en el penal cántabro del Dueso, sin esperanza alguna de salir en libertad en muchos años. En una foto de 1949 dedicada que su madre me hizo llegar a Buenos Aires, se le ve endomingado vistiendo el uniforme de penado con zapatillas playeras y corbata para producir la mejor impresión posible (véase figura 22). La preocupación de Montero por los estudiantes presos prefigura el comportamiento que le llevaría a su expulsión de la universidad con motivo de los disturbios de 1965. Procedente ideológicamente de un nacional-socialismo juvenil bebido en Alemania, cuyo héroe epónimo era Ramiro Ledesma Ramos, la inconsecuencia ideológica del franquismo le hizo apartarse de él y girar hasta celebrar la pluralidad de opiniones.

Figura 22. Manuel de Rivacoba en el Penal del Dueso, Santander.
Foto fechada el 9 de octubre de 1949.

En los diez años que pasó en el Dueso, Rivacoba no mostró un ápice de desaliento. Traslado va, traslado viene, se presentó a examen en Madrid y, con la ayuda externa de Montero, terminó con calificaciones máximas dos carreras seguidas: la de filosofía, en la que, al ser detenido, le faltaba aprobar los dos últimos cursos, así como la de derecho entera, que empezó y terminó en la cárcel. El derecho penal, que conoció en los libros y en la práctica del Dueso, le cautivó al punto de doctorarse en la especialidad, mientras seguía entre rejas. Diez años pasados en la cárcel dan para mucho. Concedida finalmente la libertad condicional, escapó a Francia con un título inservible para él en España. En la Argentina, donde recaló, ganó el aprecio intelectual y personal de Luis Jiménez de Asúa. La presentación que el eminente penalista exiliado hizo de él le valió para empezar a enseñar derecho penal en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, de la que llegaría a ser nombrado catedrático. Al otro lado del Atlántico, volvimos pues a coincidir en la misma universidad, aunque enseñábamos en sedes distintas. Tras el asalto de los militares a la universidad argentina en 1966, episodio del que me ocuparé en el capítulo próximo, Rivacoba renunció en señal de protesta a la cátedra que había ganado. La Universidad de Valparaíso en Chile le llamó entonces para enseñar también derecho penal. Sus escritos sobre esta especialidad y un abultado número de discípulos, entre los que se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de la Argentina, le han valido un reconocimiento internacional, como certifica el grueso homenaje a su memoria publicado hace pocos años en Buenos Aires. Antes de retirarse de la docencia, Rivacoba tuvo la satisfacción de sacarse la espina y de enseñar un par de cursos en la Universidad de Córdoba en España.

En Cuelgamuros, no repetí la proeza de Rivacoba, sino que opté por otra menos silenciada. A mediados del mes de julio, la rutina en la que nuestra vida había caído experimentó varios sobresaltos. Los padres de Lamana, mayores y con nueve años a cuestas de exilio en el Mediodía de Francia, regresaron a España. Dos o tres domingos vinieron a visitar al hijo preso. Ocasión para más no tuvieron. El retorno de sus padres y de sus hermanos menores me hizo dudar por un momento de que Manolo fuera a cumplir la parte que le correspondía de nuestro compromiso. La fuga habría de reabrir el desencuentro familiar recién cerrado y reanudarlo por un período de duración indefinida. Por las mismas fechas, llegaron también las primeras noticias de que el dispositivo del rescate se hallaba en marcha en París y en Madrid. Los compañeros encargados de falsificar documentos nos pidieron fotografías de carné y nombres fáciles de recordar. Pudimos localizar alguna e hicimos saber que el momento más conveniente de la semana para la fuga parecía ser la mañana del domingo, cuando los presos se desperdigaban con sus familias alrededor de los barracones y los funcionarios omitían el recuento del mediodía para evitar que las visitas hubieran de contemplar la correspondiente formación de presos. En nuestros cálculos, la omisión nos daría seis horas, en vez de tres, antes de que los funcionarios pudieran detectar nuestra ausencia. En esas horas, el coche que nos habría de llevar habría cubierto ya un buen trecho en dirección de la frontera francesa. Ante la inminencia de la evasión, Manolo se mantuvo en sus trece contra los temores concebidos.

Un papel llegado por el conducto establecido nos informó en la clave convenida que quienes nos habrían de conducir hasta Francia habían llegado a Madrid y que deberíamos presentarnos delante del Monasterio de El Escorial en día y hora por fijar. Un automóvil tripulado nos esperaría frente a la puerta principal del monumento. A Ignacio Faure, el tercer estudiante de la FUE preso en el destacamento, le faltaba un mes para salir en libertad condicional. Suponiendo por nuestra cuenta que no le convenía correr riesgos innecesarios a esas alturas del cumplimiento de su condena, nada le habíamos dicho. Cuantas menos personas estuvieran enteradas de los planes fraguados, mejor. En el último momento, nos pareció sin embargo desleal decidir por él. Invitado a sumarse, respondió lo descontado, a conciencia de que la policía haría lo posible para sonsacarle nuestro paradero. Así fue. En cuanto los funcionarios barruntaron nuestra fuga, Ignacio fue trasladado de urgencia a la Dirección General de Seguridad, donde no desfalleció. Detalles sobre el plan de fuga no nos había preguntado y nada tenía pues que revelar. El silencio además le convenía. De haber flaqueado, un juicio ordinario le hubiera condenado por encubridor. Faltos de pruebas de su complicidad, su negativa acabó por prevalecer. Su excarcelación se retrasó, pero sólo por unas semanas. Los demás compañeros de la FUE fueron interrogados en el lugar en el que cumplían condena, también inútilmente. Por las indagaciones se enteraron de nuestra fuga. En el destacamento de Fuencarral, el recién desaparecido Luis Rubio fue quien pasó el peor trago, como él mismo relató a Fernando Olmeda. La policía se empeñó en que estaba en connivencia con nosotros y le obligó a casarse con su novia para no ser trasladado a un lejano penal. El aparato reclamaba rehenes.

Nuestra huida endureció el trato que los funcionarios dispensaban a los presos en el destacamento. La plantilla fue reforzada y las visitas suspendidas por un tiempo. Los perjuicios que la fuga causó a nuestros compañeros de infortunio dan para que sea tildada de insolidaria. No hay sin embargo preso político que reproche a un fugado su ansia de libertad, por inconvenientes que ésta le traiga. Es más, los presos gozaron, según se me ha relatado después, al ver la cara de chasco que pusieron los cancerberos por no haber olfateado el escape. A Francia nos llegaron a las pocas semanas noticias sobre la repercusión que nuestra evasión tuvo en las cárceles en las que se nos conocía. Los ánimos abatidos por el fracaso de la fuga de Ocaña se recuperaron rápidamente. No cabiéndoles en la cabeza que una operación modesta hubiera llegado a buen puerto donde otra mayor y más profesional había fallado, los presos dieron, en su alborozo, rienda suelta a la fantasía. Unos inventaron que un helicóptero francés había aterrizado en Cuelgamuros para rescatarnos. Otros aseguraron que se nos habían facilitado motos de poderosa cilindrada para llegar raudos a Francia. Los recursos técnicos resultaban más verosímiles que la maña empleada. ¡Qué películón habría hecho Fernando Colomo de haber sido cierta cualquiera de esas versiones! Los perseguidores, defraudados, dieron rienda suelta, por su parte, a despropósitos para disimular su fracaso. El suplemento acordado para aumentar la vigilancia del destacamento de nada valió, por lo demás. A los dos meses de nuestra fuga, en el mes de octubre siguiente, los andaluces Juan Caro Pradas y Rafael Herrera Yera, presos por auxilio a la guerrilla, pusieron pies en polvorosa. Faltos de papeles y de ayuda externa, los huidos acabaron, lamentablemente, por ser detenidos al llegar a su tierra.

Las prisas por dejar atrás Cuelgamuros aumentaron a principios de agosto por una molesta invasión de chinches venidas de los pinares cercanos. Esos insectos no eran menos adictos que el régimen a la sangre de los rojos. Durante días estuvieron chupándola y no dejando dormir. De nada servía sacudir los petates, la ropa y los bultos sobre un fuego en el que los animales chisporroteaban al caer. Tampoco surtía efecto perceptible el novedoso DDT en polvo que la familia me suministraba. Con él rociaba la litera, las ropas y el suelo. Las chinches se reproducían, como es fama que hacen. Nuevas generaciones volvían al ataque. La desinfección tenía que ser general o no servía para nada. Al fracasar los procedimientos elementales, la jefatura del destacamento tomó una resolución drástica. Ordenó sellar los dormitorios y someterlos toda una noche al efecto tóxico de un gas exterminador. Por lo visto no era el primer verano en el que se recurría a medida tan extrema.

Para que la evacuación del barracón no afectara al trabajo exigido, el jefe eligió la noche del sábado al domingo para la fumigación. Los barracones fueron evacuados con las mínimas pertenencias. Para dormir había que arreglárselas la noche del 7 al 8 de agosto como se pudiera. Manolo y yo tendimos unas mantas bien sacudidas y cepilladas (nada de jergones infectados) sobre el cemento de una celda del monasterio a medio construir. Aunque nos dispersamos, los recuentos no se suspendieron. Formamos para las revistas de la noche y las primeras de la mañana. Pasadas las nueve del día ocho, Manolo y yo nos cambiamos de ropa por otra más aseada y desaparecimos dejando en herencia nuestras pertenencias en la celda inconclusa del monasterio. Entre ellas abandoné un espléndido diccionario de latín.

Premio a mi longevidad, disfruto de la rara oportunidad de poder contrastar mis recuerdos con los papeles acumulados por la parte contraria sobre la fuga. El expediente abierto de oficio por la Inspección de la Dirección General de Prisiones para deslindar responsabilidades incluye la versión de los funcionarios. Por otra parte, el Ministerio del Interior conserva en su archivo el montón de partes originales emitidos por el destacamento nada más echarnos en falta.[1] Ellos confirman que nuestra ausencia fue detectada antes de la hora que nosotros calculamos, erróneamente, que se pondría en marcha el dispositivo de la persecución. La oficina del destacamento dio parte a las comandancias de la Guardia Civil de Madrid y de las provincias limítrofes de Ávila y Segovia, así como a la Dirección General de Seguridad, la Dirección General de Prisiones, la Capitanía General de la Primera Región Militar y al Juzgado de 1.ª Instancia de San Lorenzo de El Escorial. El hecho no pasó desapercibido. Los receptores dictaron a continuación las órdenes de busca y captura, que no fueron anuladas hasta tomar nota, según consta, de nuestra llegada a Francia. Mi familia me ha comentado el registro exhaustivo al que la policía sometió la casa de mi abuela en Ávila, a pesar de encontrarse ella enferma y en cama.

Una evidencia jocosa de la persecución lanzada se me presentó muchos años después. Muerto el dictador, acudí al archivo del Ministerio de Agricultura de Madrid para consultar documentos relacionados con la historia agraria del siglo XIX que estudiaba entonces. Al pedir el segundo legajo, la directora, antigua compañera de la facultad de Madrid, me hizo saber tras muchas reticencias que el bedel, guardia civil retirado —como se estilaba entonces—, se le había plantado. No estaba dispuesto a servir a aquel por cuya culpa las botas, sierra abajo sierra arriba, le habían sacado ampollas. ¡De qué tamaño debieron ser como para recordar al detalle el incidente y mi nombre! Culpa yo no tenía de que le quedaran chicas o que el cuero no estuviera debidamente domado. Al descubrir con amargura que, con los años y desaparecido el autócrata, le tocaba cargar con legajos para que yo los consultara con toda comodidad, se entiende que le faltara resignación y que se abroncara. ¡Por suerte, no caí en 1948 en las manos de un personaje capaz de guardar rencores baladíes, o tal vez criminales, veintiocho años!

El expediente instruido por la Inspección de la Dirección General de Prisiones aporta datos sobre los prolegómenos de la huida. Los funcionarios de la plantilla y tres presos convenientemente aleccionados declararon ante el instructor que la mañana del 8 de agosto se desenvolvió con normalidad absoluta hasta que el auxiliar de guardia barruntó la fuga. Las declaraciones omiten la fumigación y la dispersión nocturnas no porque tuvieran algo que ver con la fuga, sino para no enredar el expediente. También indican habernos visto en el comedor desayunando, así como duchándome, detalles inconsecuentes de cuya veracidad desconfío por razones que no aporto por insustanciales. Los mismos testigos declaran que el funcionario de servicio nos echó en falta al formar fila para ir a misa, cuando, como he señalado en otra parte, jamás se celebró misa mientras estuve en el destacamento y menos se formó para ese propósito. Las declaraciones adelantan en fin la hora en que se notó la ausencia. Noticias recibidas en Francia indicaban que el revuelo se armó después de haber sido admitidas las visitas familiares, o sea por lo menos una hora más tarde de la consignada en el expediente. Las inexactitudes no pasan de ser inocentes y no cambian el fondo de la cuestión, pero revelan el tono impreso al interrogatorio.

La versión elaborada por custodios y testigos tenía por objeto presentar los hechos bajo el ángulo más propicio para que el instructor eximiera de culpa a los funcionarios, tal como ocurrió. Para quitar hierro al asunto, los declarantes ni siquiera cargaron las tintas contra nuestras personas. Para mi sorpresa, nos pintan como jóvenes de conducta impecable y con pena pendiente baja. La peor parte se la lleva, y con razón, el emplazamiento del destacamento. La Superioridad, y no los funcionarios, lo habían elegido. La Administración central arrostraba por ende la responsabilidad de la ubicación. Resulta no obstante significativo que las declaraciones exculpatorias omitan toda referencia a la proximidad del cuartelillo de la Guardia Civil y al encierro inmediato de Ignacio y su traslado a la DGS de Madrid. Esta actuación reglamentaria confirmaba la diligencia puesta por los funcionarios en el cumplimiento de sus obligaciones, pero, a efectos del expediente, más valía no remover demasiado el asunto que apresurarse a colgarse medallas.

A las diez de la mañana, hora convenida, Manolo y yo nos presentamos en la explanada anterior del Monasterio de El Escorial, habiendo cruzado sin incidentes los pinares del monte Abanto que separan Cuelgamuros de San Lorenzo. A nuestra espera se encontraba ya Francisco Benet Goitia en compañía de dos jóvenes al volante de un automóvil Renault minúsculo de color oscuro, si no negro. De España y de los conflictos que la dividían, ellas sabían poco; de su lengua nada. Un francés no demasiado fluido aún en su boca sirvió de lengua franca. A las jóvenes neoyorquinas les sobraba atrevimiento y les motivaba la exaltación romántica de la posguerra mundial de colaborar en la liberación de un par de jóvenes antifascistas.

Ambas teenagers coincidían en llamarse Bárbara: de apellido Probst y Mailer, respectivamente. La segunda era hermana del novelista Norman Mailer, cuya obra Los desnudos y los muertos sobre la guerra del Pacífico acababa de recibir el mayor premio de las letras norteamericanas. Mailer ha alcanzado fama literaria internacional como uno de los novelistas de su país de mayor renombre del siglo XX. El automóvil que habría de acercarnos a Francia le pertenecía. Se lo cedió a su hermana cuando regresó a los Estados Unidos después de recorrer por primera vez Europa. Enrique Cruz Salido, único de los compañeros de la delegación de la FUE en París que hablaba inglés, al decir de Carlos Vélez, fue quien entabló una buena relación con Norman Mailer y le convenció sin dificultad de que prestara su auto para llevar a cabo acciones en España. Un primer viaje con Paco al frente y ambas Bárbaras al volante, después de destripar el coche para esconder propaganda de la FUE entre los muelles de los asientos, al modo que Jorge Semprún relata en su película veinte años posterior La guerre est finie, sirvió para conectar con compañeros y responsables de otras organizaciones y urdir una empresa de mayor calado, como fue la fuga.

Paco Benet había sido compañero mío del primer curso de los años comunes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Después de desistir de esa carrera para probar arquitectura, habíamos seguido tratándonos. Recuerdo, en especial, la larga celebración compartida, de la mañana a la noche, del desembarco aliado en Normandía, preludio —presumíamos— de la liberación de España. Su madre, viuda y precavida, viendo que el malestar de su hijo, más que con las materias que cursaba tenía que ver con el tono de la universidad madrileña, le mandó a estudiar a París. Cuentas pendientes con la policía no llegó pues a tener. Podía entrar y salir de España sin levantar sospechas. En París se relacionó con los compañeros de la FUE. Al urdirse los planes de propaganda y evasión, su fecunda imaginación y su coraje hicieron que se pusiera a la cabeza de los mismos. Le guiaban motivos políticos, pero no le animaba menos la tentación de poner a prueba su capacidad y su voluntad.

En el viaje que hizo para preparar la fuga, Paco puso en pie el dispositivo de apoyo logístico en Madrid y en Barcelona. Aparte de con Aurora, contó con Pablo Pintado, quien falsificó los salvoconductos que presentamos sin levantar sospechas en cada control de la Benemérita. Pablo acababa por cierto de cumplir su condena, y nada más salir de la cárcel se reincorporó, estando en libertad condicional, a la actividad clandestina. En Barcelona, la FUE extrajo del Movimiento Socialista de Cataluña, dirigido por Josep Pallach, la promesa de un segundo par de salvoconductos. Los requeridos para circular por la franja fronteriza con Francia debían llevar la firma del capitán general de la Región Militar. Un recluta destinado en su oficina, militante del MSC, los introdujo en la pila de pases legítimos que el máximo jefe militar en Cataluña suscribió sin mirar. El MSC se comprometió además a proporcionar un guía que nos habría de conducir a salvo de Barcelona a territorio francés.

Del viaje accidentado que separa El Escorial del primer pueblo galo que pisamos, se conocen varias versiones escritas. Manuel Lamana narró primero sus incidencias en la novela citada, que la editorial Losada dio a conocer en Buenos Aires en 1956. Barbara Probst ofreció por su parte tres lustros después una versión más breve y menos precisa en un capítulo de un libro de evocaciones de juventud.[2] La obra que incluyó su relato circuló en España antes de que la novela de Lamana fuera reimpresa en Zaragoza. Novela y ensayo responden a intenciones distintas. Medio siglo más tarde, el director y productor Fernando Colomo llevó finalmente el episodio a la pantalla en un film taquillero titulado Los años bárbaros (1998), cuyo éxito pasó de las salas de exhibición a la televisión, al vídeo comercial y luego al DVD.

Concebida la película a modo de road movie, Colomo destaca por concesión cinematográfica los componentes de aventura y humor inherentes a la insólita peripecia. Colomo respeta el hilo conductor, el mensaje político y, globalmente, los hechos, pero recurre a licencias cinematográficas con eficacia desigual. Es así como la figura cómica del jefe falangista obseso resulta convincente y necesaria para resaltar la amenaza que pendió a lo largo de toda la fuga. La escena del cantante Jorge Negrete, simple ambientación musical de la época, cae en cambio dentro de lo prescindible. Si, por otra parte, el baño en la playa añade un toque sensual atractivo en una película para el gran público, el asesinato a tiros del urdidor de la fuga introduce una nota dramática que simplemente corrige el tono demasiado frívolo al terminar el inciso teatral. En todo caso, compartí con gusto mis recuerdos para la redacción del guión.

Después de tantos relatos escritos o fílmicos, de entrevistas, artículos y comentarios de prensa, el testimonio que aporto a continuación cae por fuerza en repeticiones con respecto a versiones anteriores. La reiteración me resulta enojosa por cuanto contribuye a una injusticia histórica. Un halo literario —novela, ensayo, película, protagonistas— rodea la fuga de Cuelgamuros en detrimento de aureolas más merecidas de fugas que han consumido sin embargo menos tinta. De la de Manolo y mía me ocuparé, por cansancio, lo imprescindible. Empezaré por recordar antecedentes poco conocidos.

Mi padre, exiliado en Argentina, estuvo pendiente de mi prisión y movió cielo y tierra para obtener mi liberación. Aquí van dos ejemplos. Sólo Argentina y el Vaticano no acataron la resolución de las Naciones Unidas instando a sus miembros a retirar los embajadores acreditados en Madrid. Es más, Perón designó uno nuevo y Eva Duarte, su esposa, partió en viaje de tono oficial a España y al Vaticano. El franquismo, necesitado de respaldo internacional, la acogió con bombos y platillos y se aprestó a acceder a sus deseos. Antes de partir, Evita recibió a directivos de centros españoles de la capital porteña, que le solicitaron se interesase por los presos políticos con familiares en la República Argentina. La lista que le fue entregada incluía mi nombre por iniciativa del Centro de Ávila en Buenos Aires. Su presidente, Urbano Hernández, asistió al encuentro. La prensa vespertina porteña se hizo eco de la entrevista celebrada y del compromiso asumido de buen grado por la primera dama. En Madrid, Evita sacó a relucir el tema según testigos presenciales, pero Franco cambió de conversación antes de que ella concluyera su pedido. Mi padre no se dio por vencido por ese fallido intento.

Al año siguiente, mi padre fue invitado a pronunciar una serie de conferencias en Lima, ocasión en la que trabó relación con el reputado historiador Raúl Porras Barrenechea. Poco tiempo después, el presidente Bustamante y Rivero remodeló el gabinete, acentuando la orientación conservadora que ya tenía. En el orden internacional, el giro supuso restablecer relaciones plenas con el gobierno de Madrid. Para encabezar la embajada, el presidente eligió por cierto a Porras Barrenechea. Enterado en Buenos Aires del nombramiento, mi padre, ni corto ni perezoso, escribió a éste encareciéndole que, presentadas sus cartas credenciales, solicitara mi libertad. Puesta al corriente de la petición recibida, la Cancillería peruana se adelantó y planteó la cuestión del indulto particular a Fernando Castiella, que acababa de asumir la embajada de España en Lima en aplicación de lo acordado entre ambos países. El Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid guarda un apunte sobre la nota que Castiella cursó recomendando mi indulto a modo de gesto de buena voluntad por la reanudación de las relaciones diplomáticas. El papel agrega que, consultado el Ministerio de Justicia por la Dirección de Política Exterior, éste contestó que la concesión no era de su incumbencia, sino del Ministerio del Ejército.[3] Nueve años después de concluida la guerra civil, Justicia reconocía sin más su subordinación al mando militar, contra las normas más elementales en cualquier Estado de Derecho.

La propuesta peruana llegó hasta el Consejo de Ministros y fue al parecer el propio Franco quien se opuso a la concesión del indulto. Más le hubiera valido quedar bien. Pocos días después, desaparecí de Cuelgamuros por la puerta chica sin deber mi libertad a un gesto suyo. Tan pocos días de diferencia hubo entre la denegación y la fuga que, cuando mi padre recibió la noticia telegráfica, escueta e indirecta, de que me encontraba en Perpiñán, Francia, supuso que su gestión había dado frutos. Sólo al enterarse por carta de mi abuela de los pormenores de mi huida cayó en la cuenta del error en que estaba. Por falta de flexibilidad, Franco me proporcionó la satisfacción personal de le faire cocu. Mirado a la distancia, dudo que el eventual indulto hubiera significado para mí una bendición. En la calle habría quedado sometido a incordios tan poco apetecibles como los que afligieron a mis pares. La biografía de Ricardo Muñoz Suay (véase nota 8, capítulo 3) ofrece un ejemplo elocuente de lo arrostrado por un compañero a su salida de prisión. Posiblemente no hubiera tenido más remedio que emigrar, como hicieron Faure, Sanz Faure, Bastid y Rivacoba.

En el trayecto hacia la frontera francesa, los sobresaltos no los proporcionaron las parejas de la Guardia Civil, un tanto desconcertados a la vista, entonces insólita, de forasteras adolescentes al volante, pasaportes norteamericanos, banderín de las barras y las estrellas y la compañía ruidosa de tres jóvenes españoles alegres y bien vestidos, con papeles en apariencia en toda regla. Paco, atento a los detalles, había previsto que cambiáramos de traje, de chaqueta y corbata para la función que nos tocaba representar. El disfraz y los papeles funcionaron en varios controles de carretera. El primer susto que pasamos nos lo dio en cambio el automóvil. La reparación del desperfecto retrasó el cronograma trazado. Como la demora descartó que pudiéramos entrar en Barcelona al atardecer del domingo, la prudencia aconsejó no hacerlo a altas horas de la noche. Más valía alargar el trayecto, tomando la carretera de la costa. A primera hora del lunes, después de descabezar un sueño algunos minutos sin bajarnos del coche, nos sumamos al gentío, en la medida de la época, que volvía a la mañana temprano de pasar el fin de semana en la playa. Por las carreteras, no circulaban tantos automóviles como ahora, pero sí los suficientes como para que la policía prefiriera, según nuestros cálculos, no provocar un atasco por revisar en una carretera estrecha los coches en busca de un par de estudiantes fugados.

Por el atraso incurrido, perdimos la conexión con el guía. Al no comparecer en el lugar y hora convenidos para ese domingo, éste interpretó que la fuga había fracasado —sospecha perfectamente verosímil— y partió con el resto de la expedición que se había comprometido a pasar a Francia. A la mañana del primer día en Barcelona, mientras Paco se ocupaba de anudar contactos y de resolver el problema del guía, las Bárbaras descansaron en el Hotel Colón, frente a la catedral. Manolo y yo hicimos tiempo deambulando por el barrio gótico que yo había conocido el año anterior horas antes de mi detención. La noche de una jornada plagada de incertidumbres cayó y pudimos acostarnos y ducharnos gracias a Nuria, prima de Paco Benet y futura esposa de su hermano menor Juan, hoy recordado como novelista. Paco supo que ella tenía las llaves del piso de unos amigos que estaban de vacaciones y la convenció de que nos alojara en él por una noche. Sus dueños no volvían del Pirineo hasta el martes por la mañana. Para que no nos sorprendieran en su casa y evitar explicaciones embarazosas, desalojamos al amanecer el lugar invadido. La fresca de esa interminable mañana la pasamos dando vueltas en tranvía hasta la hora de la cita. Paco y las Bárbaras nos esperaban en una plazoleta situada al costado de la céntrica vía Layetana, a pasos de la jefatura de policía en la que meses antes había empezado mi periplo carcelario. Nada más vernos, Paco nos puso al tanto de la gravedad de la situación.

El pasador debía haber llegado a Francia y el Movimiento Socialista de Cataluña no le esperaba de vuelta en unos diez días. El cruce de la frontera volvía a estar asegurado entonces, pero la organización no disponía de refugio para alojarnos mientras esperábamos su regreso. Hoteles o pensiones no eran aconsejables, pues serían los primeros en ser husmeados por la policía. Sin relaciones personales en la ciudad y con un cerco policial por estrecharse, el porvenir despuntaba sombrío. Al acabar su explicación, el emisario que acudió con Paco a exponernos la desagradable situación creada emitió sin embargo un pálido rayo de esperanza. Aseguró categóricamente que la frontera podía cruzarse de noche en pocas horas partiendo de un punto que podía indicarnos por haberlo utilizado varias veces. Acompañarnos no podía. Los salvoconductos militares necesarios para circular por la franja fronteriza estaban en su bolsillo y tenían validez para los siguientes días. De vencerse la fecha de vigencia habría que repetir la gestión, de resultado siempre aleatorio. La posible falta de documentación para acercarnos a la frontera venía pues a complicar el problema del alojamiento en Barcelona. Cada frase pronunciada iba acotando los márgenes librados a nuestra decisión. Insensiblemente, la conversación nos conducía a un callejón cuya única salida era confiar en la palabra del informante y en nuestra capacidad para orientarnos en terreno que ni Manolo ni yo habíamos pisado antes. Sentados al sol en un banco de la Plaza de Cataluña, acabamos vencidos por las circunstancias y decididos a intentar el cruce esa misma noche.

En vez de dejarnos en Barcelona y seguir derecho a Perpiñán, como estaba previsto, las Bárbaras se avinieron a cambiar de ruta y a conducir el diminuto automóvil hasta Puigcerdà. En el nuevo plan, habrían de llevarnos hasta pasado determinado punto de la carretera y proseguir solas, después, por la carretera que corre paralela a la frontera con Francia y desemboca en la capital de la Cerdaña. Ellas nos esperarían justo al otro lado de la frontera, en Bourg-Madame, para llevarnos finalmente a París y ponernos en manos de nuestros compañeros. Manolo y yo habríamos de apearnos del coche en noche cerrada en la undécima curva pasado el pueblo de Dòrria, para trepar después montaña arriba. La luz del día habría de sorprendernos a salvo en territorio francés. El plan parecía sencillo, sin contar con los imprevistos.

Los cinco que partimos de El Escorial abandonamos la capital condal la tarde del lunes siguiendo la carretera de la costa hacia el norte. Al llegar a Mataró, Paco se apeó, se despidió y nos dejó seguir solos. En la fase final de la fuga, su presencia no era imprescindible como lo había sido hasta ese momento. Quedábamos enteramente librados a nuestras fuerzas, a nuestro sentido de la orientación y a la suerte que nos tocara. Él no necesitaba arriesgarse a cruzar el Pirineo de extranjis. Carecía de salvoconducto de fronteras y tenía en su bolsillo un pasaporte en toda regla. Si acaso las cosas se ponían feas por alguna razón, contaba con conexiones para transponer la raya por el lado vasco, como hizo por precaución semanas después.

A partir de Mataró, el coche enfiló hacia el norte hasta toparnos, ya de noche, con el control de entrada a la zona militarizada. Los soldados de guardia revisaron escrupulosamente pasaportes, salvoconductos y documentos del vehículo, confrontaron fotos con caras, abrieron el maletero y, sin nada que objetar, extendieron un volante con identificación exacta del auto y de sus cuatro pasajeros. El volante tenía que ser presentado y sellado en cada retén y devuelto en el último de ellos. No recuerdo cuántos puestos de vigilancia de la carretera cruzamos, pero fueron varios. Pasadas las doce de la noche atravesamos el pueblo desierto de Dòrria y empezamos a contar curvas. En terreno montañoso, rectas apenas hay y en la cuenta se nos fue la mano. Nos apeamos a destiempo. De la equivocación cometida tardaríamos en darnos cuenta. La pagamos con tres días de extravío en la montaña.

Al detenerse el coche en medio de la oscuridad reinante, nos despedimos de nuestras liberadoras con emoción, merecido agradecimiento por los riesgos incurridos por las buenas y por la ayuda prestada, así como con preocupación por la suerte que pudiera esperarlas. La ausencia de dos pasajeros en el volante exigido daría lugar, indefectiblemente, a preguntas en un idioma desconocido para ellas. El incidente podía terminar de manera desagradable. En el momento de separarnos, no podíamos siquiera confiar en volver a verlas. Mientras la luz de los faros y el ruido del motor se alejaban, el silencio se apoderó de la montaña. Al instante, empezamos a trepar por un terreno abrupto, abriéndonos paso entre helechos cerrados. La noche no lucía luna ni astros que pudieran orientarnos. La única orientación disponible era ascender montaña arriba. La oscuridad me jugó una mala pasada. Una hilera de trincheras del dispositivo defensivo construido para resistir una hipotética invasión aliada o de guerrilleros republicanos se interpuso, abandonada, a nuestra marcha. Cuarenta años más tarde me toparía con los restos en perfecto estado de conservación de sólidas fortificaciones levantadas a ras de tierra para cerrar el paso al enemigo potencial procedente del norte. Al avanzar a oscuras entre matorrales, caí en lo hondo de una de las trincheras y me rompí el tobillo izquierdo. El dolor me impedía andar, pero seguí adelante. No quedaba más remedio.

Con mi pie a rastras, alcanzamos al amanecer una cresta desde la que se divisaba, cuesta abajo, una carretera que serpenteaba por el fondo del valle. En nuestra desorientación, exaltación e ignorancia del terreno, presumimos que pertenecía a Francia. Descendimos la ladera hasta llegar a ella y nos pusimos a andar sobre el asfalto, hasta que restos de basura en la cuneta nos alertaron. Primero dimos con un librillo vacío de papel Abadie, con el que se liaban entonces a mano la picadura o la hebra de tabaco suelto. Poco después, apareció una lata de sardinas oxidada con el consabido made in Spain en el dorso. Y más restos igualmente inquietantes. Antes de la adhesión al Mercado Común, los desperdicios delimitaban tan bien como los mapas topográficos el territorio de cada nación. La basura era la prueba elocuente de que no habíamos salido de España.

Vuelta, pues, a trepar y a arrastrar la pierna dolorida. Al ascender nos sorprendió percibir cencerros que no habíamos oído en toda la noche. Las voces humanas que nos llegaban parecían ser de pastores o de leñadores, pero la suspicacia nos hizo sospechar que podían provenir de soldados o de guardias civiles de ronda. Por precaución, descubrimos la generosidad del abeto pirenaico frente al pino espigado característico del Guadarrama. En el primero, las ramas bajas se arrastran hasta el suelo, dejando en su interior un hueco apropiado para ocultarse y para descansar al reparo de la vista, así como de la llovizna que empezó a caer. Las nubes tapaban el sol e impedían localizar el norte, es decir Francia. En el escondrijo pasamos las horas de luz, mientras recuperábamos fuerzas y enterrábamos salvoconductos y el puñado de francos que Paco nos había dejado para nuestros primeros gastos en Francia. Nuestra detención no estaba excluida. Los papeles y el dinero hallados en nuestro bolsillo habrían denotado complicidades de las que nuestros captores nos pedirían cuentas. Mejor, pues, andar sin nada encima.

Al terminar el primer día de montaña y caer la noche, reanudamos la marcha de nuevo en la oscuridad. Por confiar demasiado en que nos separaban pocas horas de Francia, no se nos ocurrió que pasaríamos sed y hambre. Para saciar la sed, abundaban los manantiales y los regatos; para el hambre sólo quedaba masticar yerbajos amargos para refrescar la boca. La llovizna seguía desorientándonos e invitaba a que nos refugiáramos debajo de los árboles. La mañana siguiente amaneció por fin soleada. Hacia el norte se erguía iluminada una montaña majestuosa de cima pelada, que no me extrañaría que hubiera sido el Puigmal, la montaña más alta del Pirineo oriental. Francia debía esconderse a sus espaldas. A media ladera, el arbolado cedía el suelo a prados verdes, los conocidos alpages en la terminología francesa. De cruzar esa franja despejada, nos exponíamos a ser vistos si alguien nos pisaba los talones. La prudencia aconsejaba pues intentarlo de noche. El inconveniente de aplazar la marcha hasta que oscureciera era que podíamos volver a desorientarnos. El hambre por lo demás acuciaba. El dolor de mi tobillo podía llegar a agotarme. Sopesados todos los riesgos, decidimos seguir adelante sin más precauciones, al paso cansino impuesto por mi hueso quebrado. En la soledad que nos rodeaba, tuvimos la suerte de no dar con nadie. Transpuesto un collado entre dos montañas, se abría ladera abajo hacia el norte, en la vertiente opuesta a la de nuestro ascenso, un bosque espeso. La noche cayó al internarnos en él. Manolo y yo nos desplomamos exhaustos, con la sensación, pero no la certeza, de hallarnos al fin en la anhelada Francia.

Con los primeros rayos de luz descubrimos en un claro cerca de donde cabeceamos una cabaña abovedada formada por lajas de pizarra superpuestas. En su interior alguien había garabateado en tiza palabras en francés, que nos sonaron a gloria. Al rato oímos ladridos que se acercaban. Un reflejo elemental hizo que nos escondiéramos detrás de unos arbustos. Un hombre cargado de espaldas y con unos bigotes poblados, inconfundiblemente galos, salió de entre los árboles. Por su aspecto y por su edad, lo abordamos. Dos contra uno obraba a nuestro favor. En francés, le preguntamos dónde nos encontrábamos y, con un parbleu! categórico, nos confirmó que estábamos en Francia. La ansiedad acumulada durante los días anteriores se descargó sobre sus espaldas. Debió quedar aturdido por los irrefrenables abrazos prodigados. Recuperada la calma, el viejo, que iba a cultivar su huerto, nos indicó que la senda que traía desembocaba en un camino empinado que llevaba a su vez cuesta abajo al primer pueblo francés. Al bajar por él, apareció un segundo personaje, hombre joven y magro con mochila a cuestas, quien nos confirmó la dirección que llevábamos. Se presentó como pastor protestante y montañero de vacaciones. Impuesto de nuestra historia, compartió con nosotros, en un gesto de hermandad, los higos secos que llevaba para la jornada. De haber presenciado la escena desde su satélite en el cielo, Dios habría bendecido su generosidad.

A los cuarenta años del cruce jadeante de la cordillera pirenaica, el semanario El Globo de Madrid, de corta vida, nos invitó a Manolo y a mí a repetir el recorrido acompañados por el periodista Arsenio Escolar y el fotógrafo Carlos de Andrés y sin que nadie nos pisara esta vez los talones. Gendarmes y guardias civiles habían desaparecido de la escena después de entrar España en la Unión Europea. Pasar de un país a otro había quedado reducido a una excursión montañera sin sorpresas. El recuerdo del feliz desenlace y la contemplación distendida de la belleza del paraje me han llevado a repetir la marcha con familiares y amigos varios veranos, en una suerte de romería particular. La figura 23 recoge una imagen del cruce del Pirineo catalán en 2004 en compañía de mi nieto. La repetición me ha llevado a conocer bien el terreno. Mi experiencia confirma, en honor a nuestro informante de 1948, que el cruce a pie puede hacerse en pocas horas por el lugar que indicó, siempre que se conozca el terreno y que el tiempo acompañe.

Figura 23. Cruce evocativo del Pirineo en 2004.

El sendero que une Dórria a Valcebollère lleva en catalán el nombre popular del camí dels lladres, más que de los salteadores pirenaicos de antaño, de los contrabandistas y de los pasadores de hombres. A mediados del siglo XX, los flujos humanos por razones políticas fueron cambiando de sentido: refugiados republicanos hacia el norte, luego franceses y aliados durante la ocupación alemana de Francia hacia el sur y, finalmente, españoles de vuelta en dirección opuesta bajo la dictadura azul, hasta que la entrada de España en la Unión Europea cedió el terreno a montañeros domingueros. La repetición del cruce me ha hecho comprender los errores garrafales cometidos en nuestra desventura y cuánta suerte nos asistió para no caer en la boca del lobo. Hace años se me aconsejó acortar la marcha tomando la senda menos empinada que une la Collada de Tosses con el pueblo francés de Osséja. Ese paso estuvo en aquel momento muy vigilado. A la vera de la huella que seguían nuestros pasos, subsisten no ya trincheras excavadas, sino pequeños búnkers de cemento que, en su día, debieron abrigar retenes de los soldados que controlaban el flujo de la carretera ladera abajo, en Tosses. Ellos fueron, se me ocurre, los primeros en percatarse de que faltaban dos individuos en el coche con dos jóvenes norteamericanas al volante y los que las escoltaron hasta la Comandancia militar en Puigcerdà.

Valcebollère, de casas de techos de pizarra oscura asidas a la ladera soleada de un abrupto y estrecho valle de la Cerdaña francesa, sólo pudo ofrecernos un pajar para descansar. Una buena mujer se condolió de nuestras necesidades y nos ofreció unas judías verdes que estaba guisando para su comida del mediodía. Apenas pudimos hincarles el diente. Ayuno y cansancio habían achicado el estómago. Guardo por Valcebollère un cariño muy justificado. En mis visitas repetidas, he tenido además la alegría de ver cómo el caserío medio abandonado que conocí se ha transformado en un lugar coqueto de acceso a unas pistas de esquí (véase figura 24). Un hotel con un restaurante elegante y recomendable permite hoy reponer las energías gastadas después del cruce jovial de la montaña. Mi gratitud personal se ha acrecentado al enterarme recientemente de que Valcebollère ha prestado otros servicios a españoles en su huida. Recuerdo haberme cruzado con la fotografía de una unidad del ejército de la República en retirada avanzando, armas todavía en mano pero escoltados por gendarmes franceses, por la carretera que une Valcebollère a Osséja. Acababa de transponer la montaña por el mismo paso que nosotros. He leído también el insólito relato del cruce de Dórria a Valcebollère por unos fugitivos que, después de ocupada Jaén por las tropas franquistas, se las ingeniaron para llegar hasta los Pirineos y pasar a Francia por ese mismo lugar. Valcebollère, abrigo de desamparados.

Figura 24. Vista reciente de Valcebollère, pueblo de acogida del autor en su fuga de Cuelgamuros. En la ladera alta, pueden observarse ruinas de casas abandonadas.

Mientras Manolo y yo nos abríamos paso por las cumbres de la Cerdaña y alcanzábamos aliviados el pueblo galo, las Bárbaras esperaron tres días en Bourg-Madame comiéndose las uñas al ver que no llegábamos. Cruzar la frontera les planteó los problemas inevitables que temíamos. Los interrogatorios y los registros insistentes por la falta de dos pasajeros en el volante entregado se prolongaron durante horas en medio de una confusión de idiomas, sin que los militares llegaran a conclusión alguna. Los pasaportes americanos y el visado de turista en regla acabaron por imponer la solución, tal vez para evitar reclamaciones diplomáticas. Ambas Bárbaras pudieron finalmente abandonar Puigcerdà y esperarnos, inútilmente, del lado francés. Nuestro prolongado silencio durante tres días las hizo temer, con toda razón, que nos hubieran echado el guante. Consultaron por teléfono con los compañeros de la delegación de París. Por consejo suyo, levantaron la guardia y nuestras salvadoras siguieron viaje hasta la capital francesa.

En el momento preciso en el que su coche arrancó, nos encontrábamos a pocos kilómetros a salvo, maltrechos, indocumentados, sin un duro y en el limbo, en un valle de montaña perdido, pero por suerte francés. A Manolo se le ocurrió de improviso una solución para romper el aislamiento. Sus padres habían vivido durante su exilio en Rieux-Minervois, pueblo vinícola cercano a la amurallada Carcasonne. Allí habían dejado paisanos y amigos. Manolo dio por teléfono con Joaquín Cosculluela, un aragonés de amistades firmes y de resoluciones rápidas. En el acto se presentó a buscarnos. Autocares y trenes le condujeron hasta Bourg-Madame, pero no tuvo más remedio que hacer a pie los once kilómetros que separan esa población de Valcebollère. Transporte público no había entonces.

Hombre de sentido práctico, Cosculluela pasó por la gendarmería de Bourg-Madame para explicar qué le traía al lugar y salir garante de los refugiados amigos suyos a los que se comprometía a albergar en su casa. Los gendarmes recomendaron que nos presentáramos. La comisaría nos ofrecía cama y cena esa noche. No tenía inconveniente en que circuláramos por el pueblo a nuestra guisa. A la mañana siguiente, un gendarme nos acompañaría en tren a Perpiñán. Allí los sin papeles seríamos identificados y se nos asignaría residencia en Francia. Después de esquivar a la policía durante años, acudir a la gendarmería por las buenas se nos hacía de repente cuesta arriba. Un detalle tranquilizador limó nuestros recelos. Los gendarmes aconsejaban que nos entregáramos, pero no decían que vendrían por nosotros, como habrían hecho, sin avisar, sus colegas transpirenaicos. Tendríamos que acostumbrarnos a los usos en libertad. A mi pata coja, salvamos la distancia entre Valcebollère y la gendarmería de Bourg-Madame.

Cosculluela se despidió de nosotros, dejándonos en manos de los gendarmes. Éstos nos animaron a que fuéramos después del rancho al baile del pueblo. En la Cerdaña, francesa o española, pero siempre catalana, las fiestas anuales caen por tradición a mediados de agosto. Los gendarmes nos previnieron de que no tendría nada de particular que avistáramos a jóvenes guardias civiles de paisano dispuestos a frecuentar a las chicas del lugar. Compartir alegrías con la gente de la comarca nos venía bien después de más de un año de cárcel y fuga, pero la proximidad del cazador y de la presa creaba una incomodidad inevitable. Nunca el ondear de la bandera tricolor transmitió tanta sensación de seguridad.

Las autoridades francesas habían instalado en las afueras de Perpiñán un campo de internement, accueil o triage, como se llamara, para cribar a las decenas de hombres y mujeres que cruzaban a diario —más en verano— los Pirineos orientales, ya fuera con o sin papeles. Es de suponer que otro tanto ocurría en el extremo occidental de la misma frontera pirenaica. Parte del flujo lo componían trabajadores sin permiso de salida. Otros eran huidos de la justicia civil —de los bajos fondos de Barcelona—, normalmente devueltos a España. Los demandantes de asilo político eran, naturalmente, los menos. Del aspecto y funcionamiento del campo de Perpiñán conocí poco. Los gendarmes nos llevaron derecho del tren a la oficina de un funcionario que, vestido de paisano, se identificó como capitán del servicio de información del ejército galo. En el francés adquirido en el exilio y preservado en el Liceo de Madrid le expusimos nuestra situación y nuestra falta de documentos. Para cerciorarse de que veníamos de la cárcel, nos hizo detallar los personajes de cierto rango que habíamos conocido en cada sitio. Si echaba en falta a alguno, preguntaba por él. En ningún momento, dio a entender que tenía noticias nuestras.

La información y la memoria que desplegó nuestro interlocutor resultaron prodigiosas. No echaba mano de papeles, pero montones de informes detallados sobre España tenían que haber pasado por fuerza ante sus ojos. Para los historiadores políticos del período, estos informes, además de proporcionar la percepción exterior del régimen, pueden suplir el cercenamiento de la información pública durante la dictadura. Es de esperar que los historiadores tengan acceso en un próximo futuro a los papeles de los servicios de información franceses para España, como ocurre con la documentación equivalente británica que los profesionales empiezan a desbrozar con provecho.

Convencido sin dificultad de la condición política que invocábamos, nos citó a la mañana siguiente para entregarnos los permisos temporales de residencia, válidos únicamente para el pueblo de Rieux-Minervois, en el departamento de Aude. Adscritos quedábamos entre tanto al campo de acogida, pero nos extendió un laissez passer para salir de él, dormir y comer en la ciudad, si podíamos permitírnoslo. Cosculluela, precavido, nos había dejado unos cuantos francos. Con ellos pudimos hacer noche en un hotel modesto y comer frugalmente. La acogida de las autoridades francesas en nada se parecía a la brindada a la multitud de refugiados, militares y civiles, del invierno de 1939. El campo de Perpiñán, a diferencia de Argelès, SaintCyprien u otros, se limitaba a sonsacar a los fugitivos políticos y a asignarles residencia. En algún depósito, me figuro que se encuentran hoy los papeles administrativos de este campo, documentos envejecidos sin haber sido estudiados, rebosantes de información sobre la dimensión y las características del flujo de entonces.

Una temporada de descanso físico y anímico en Rieux-Minervois bajo los atentos cuidados de la familia Cosculluela no nos vino mal. La rotura de mi tobillo se soldó antes de lo esperado. ¡Buena encarnadura! Era la segunda vez, por cierto, que el hueso se astillaba por el mismo lugar, como revelaron las radiografías de una tercera rotura ocurrida treinta años después de volver del exilio. La tierra de España parece tenerla con mi pie izquierdo. Mejor así que tenerla con el pie derecho, que en el lenguaje coloquial es símbolo de suerte. En lo fundamental, la suerte no me falló entonces. La delegación de la FUE se apresuró a tramitar los papeles que nos autorizaron a seguir viaje hasta París. Un funcionario del gobierno de la República contactó, por lo visto, con un colega de la Prefectura. A las dos semanas, sonó el teléfono en casa de Cosculluela para anunciarnos que los documentos y los billetes de ferrocarril estaban en camino.

En la gare d’Austerlitz de la capital francesa nos esperaba el sacrificado automóvil que nos llevó de El Escorial a la frontera. Al volante se hallaban las conductoras. Las acompañaban los compañeros de la delegación Carlos Vélez, Enrique Cruz Salido, Emilio Madariaga, Rizo, Cimadevilla y tal vez Félix Llopis. No entiendo cómo pudimos caber diez en un coche tan diminuto. El techo corredizo valió para que por lo menos sobresalieran algunas cabezas. Las Bárbaras obraron las presentaciones. No conocíamos ni de nombre a nuestros compañeros. Paco Benet no había llegado todavía. Largas horas pasaron en relatos, comentarios y festejos, hasta que hubo que pensar en dormir. Los compañeros habían tratado de reservar habitaciones para nosotros en el Colegio Español de la Ciudad Universitaria, donde vivía Madariaga, pero de momento no había cuartos disponibles. Telefoneé a Pierre Vilar, historiador amigo de mi padre, para saludarle. Él y Gabriela Berrogain, su mujer, me conocían desde niño, sabían de mi prisión y se alegraron al comprobar el buen fin de mi escapada. Nos pidió que pasáramos a verle. Invadimos su casa del boulevard Morland en tropel. Larga y regocijada charla con el río Sena a la vista. Gabriela resolvió rápidamente el problema que se me planteaba. En la biblioteca, armó un catre. No era la primera vez que daba cobijo a perseguidos. Lo había hecho durante la ocupación alemana. Días después me mudé en fin al Colegio Español.

Resueltos los problemas básicos, empezaron las presentaciones. La FUE se ufanaba a justo título de haber burlado al régimen con medios precarios. La acción coronada certificaba sobradamente su implantación en el interior ante las organizaciones del exilio. Correspondía además agradecer las gestiones hechas para que las autoridades francesas nos extendieran papeles en regla. El presidente del Consejo de Ministros del gobierno en el exilio, Álvaro de Albornoz, nos recibió en su despacho de la distinguida Avenida Foch. En su novela, Manuel Lamana ha dejado constancia de la decepción que el encuentro nos causó. A la entrevista con el presidente y sus colaboradores le faltó el toma y daca de la celebrada en Perpiñán con el capitán del servicio de información. Parecían saber menos que él de lo que se cocía en España. También daban la impresión de no saber qué hacer con la información de primera mano que proporcionábamos. Habiéndonos batido el cobre, resultaba penosa la sensación de que el gobierno republicano carecía de capacidad para reforzar y dirigir la lucha interior. El empaque institucional con el que se rodeaba contrastaba con su debilidad. Que varias naciones reconocieran en él al gobierno legítimo de España parecía justificar su cuidada apariencia.

Semanas después nos recibió también el presidente de la República, Diego Martínez Barrios. La impresión formada no mejoró. Sentado en una mesa camilla con un brasero eléctrico encendido un día destemplado del mes de octubre, había conseguido recrear en el destierro las costumbres españolas. Su afabilidad tampoco transmitía la energía que el derrocamiento de Franco requería. Pedro Bosch Gimpera, antiguo rector de la Universidad de Barcelona y delegado entonces de México ante la UNESCO, constituía para nosotros un icono cultural, pero no un referente político. A José María Leizaola le visité por indicación de mi padre en la sede del gobierno vasco en el exilio. Su interés por escuchar me causó buena impresión. Leizaola me adelantó por otra parte un dinero para mis gastos a pedido de mi padre. El estricto control de cambios implantado por el gobierno argentino le impedía efectuar una transferencia bancaria o telegráfica. Al elegante palacete de la Avenida Marceau, sede del gobierno vasco, volví a entrar por segunda vez muchos años después, como director del Instituto Cervantes, institución cultural a la que el gobierno democrático había adscrito el edificio.

Dos años antes, en 1946, se había celebrado en Praga el primer congreso de posguerra de la Unión Internacional de Estudiantes. Álvaro Llopis salió expresamente de España para acudir a él en representación de la UFEH del interior, como he adelantado. Del congreso, esperábamos arrancar una condena del régimen y una proclamación de solidaridad con la lucha del pueblo español, la estudiantil en particular, a la vez que ayudas concretas. Las credenciales de Álvaro no fueron aceptadas y su identidad real fue desvelada de mala fe públicamente, lo que le impidió regresar a España como tenía previsto. Su largo destierro en Venezuela sólo terminó al volver hace pocos años a morir en Madrid. La UIE admitió en cambio, como representantes del estudiantado español, a unos exiliados no universitarios y sin contactos con el interior. El intento comunista de copar la FUE se repetía bajo otros cielos. El congreso de Praga no evitó las fisuras emergentes en la escena internacional. La pretensión comunista de dominar el movimiento estudiantil es un ejemplo más de la creciente tensión que dividía a los aliados de la víspera. Ana María Llopis promete dar a conocer papeles de su padre referentes al episodio de Praga.

En septiembre de 1948, pocas semanas después de haber llegado a París, se abrió en la Ciudad Universitaria de la capital francesa el congreso de la Unión Internacional de Estudiantes. La delegación de la UFEH intentó por segunda vez que su representación fuera admitida. París parecía un lugar más adecuado que Praga para replantear la cuestión de nuestro ingreso. A este segundo congreso acudían representantes estudiantiles latinoamericanos con mayor sensibilidad por los problemas dirimidos en España. Por lo demás, los nuevos delegados españoles —Manolo y yo— llegábamos del interior avalados por una fuga. Las antiguas diferencias entre las FUE del interior se hallaban resueltas incluso por escrito. Los argumentos presentados a la comisión de credenciales resultaron inútiles. La influencia comunista en la Unión se había afianzado.

El fiasco experimentado en el plano internacional no redujo la intención de reconstituir la FUE de Madrid, maltrecha por nuestra detención. Con el objeto de evaluar la situación y animar a los compañeros, la delegación de París decidió enviar a España a uno de ellos (véase figura 25). Emilio Madariaga se presentó voluntario. Necesitaba documentos, dinero y, por precaución, ropa que no luciera como extranjera. Hubo que coser en la puesta etiquetas de marcas o tiendas españolas. Madariaga entró y salió clandestinamente sin tropiezos, pero los objetivos que nos proponíamos alcanzar no se materializaron. La dispersión de los miembros de la FUE comenzó dentro y fuera. En el exterior, Álvaro Llopis hacía más de un año que había marchado a Venezuela. Mi padre me urgía a que me reuniera con él en Buenos Aires. Ocho años hacía que no nos veíamos. Ganas de verle no me faltaban, pero me costaba dejar atrás a mis compañeros de fatigas. Presentía con razón que la distancia me detraería del compromiso por el cual había ido a la cárcel. Ante la partida que se avecinaba, la UFEH resolvió designarme delegado en Buenos Aires, con la misión de constituir una célula vinculada a la de París con ayuda de los estudiantes allí exiliados y de recaudar fondos para su remisión a España. El capítulo que sigue trata de hasta qué punto cumplí el mandato recibido.

Figura 25. Miembros de la Delegación de la UFEH en París, noviembre de 1948. De izquierda a derecha, Manuel Lamana, Carlos Vélez, Emilio Madariaga y Enrique Cruz Salido.

8. EL ROJO EN ULTRAMAR: BUENOS AIRES

La condición de asilado político que las autoridades galas me reconocieron al pisar suelo francés se esfumó al desembarcar en Buenos Aires. Los funcionarios de inmigración argentinos me sellaron el Certificat d’identité et de voyage pour les refugiés Espagnols que me distinguía como refugiado, pero, a las pocas semanas, la Policía Federal me extendió una cédula de identidad argentina para extranjeros, sin fecha de caducidad. Sólo en el color difería de la librada a los nacionales. A efectos de residencia, Argentina no discriminaba en la práctica entre refugiados e inmigrantes. No admitía a los primeros con la obligación, como en otras naciones, de renovar cada tanto el permiso de asilo o residencia concedidos con cuentagotas o reticencia. A diferencia de la francesa, la legislación argentina apostaba, con generosidad y confianza poco frecuentes, por retener para siempre a los expatriados, fueran ellos económicos o políticos. La oficina central de inmigración ni siquiera se conoce que llevara un registro o fichero especial de refugiados. Por falta de esa fuente acaba por ignorarse cuántos republicanos españoles ingresaron y residieron en la Argentina en tiempos de Franco. Las cifras que se manejan no pasan de ser estimaciones muy aproximadas. El historiador que procure realizar un recuento más riguroso tropezará además con el problema del goteo incesante de llegadas, fallecimientos, nacionalizaciones y salidas.

El exilio republicano en la Argentina no estuvo constituido por una capa de refugiados informe, sino por varias superpuestas. La sublevación de julio de 1936 sorprendió a algunos republicanos de paso por el Río de la Plata, como es el caso de la célebre actriz Margarita Xirgu, en gira teatral por América. Al convertirse el cuartelazo en guerra civil, algunos antiguos residentes se sumaron a las filas leales y se comportaron como exiliados. Es el caso del escritor Guillermo de Torre. Otros llegaron huyendo de las zonas ocupadas por los facciosos, como por ejemplo el político moderado Leandro Pita Romero. Burlando el cerco tendido a su alrededor, logró abordar un transatlántico que partía de La Coruña hacia Buenos Aires. El grueso del éxodo a la Argentina procede sin embargo, obviamente, del medio millón de españoles de toda edad y género que cruzó a Francia en los días finales de la resistencia republicana. En su prosperidad de entonces, al país del Plata le sobraba capacidad para haber absorbido a más republicanos. Argentina contaba con una tradición inmigratoria que México no tenía. Pero el gobierno conservador de turno se opuso a su entrada por prejuicios políticos. Los pocos miles que ingresaron pudieron hacerlo, en gran medida, en aplicación del derecho a la agrupación familiar, al tener parientes en el país. El estallido de la Segunda Guerra Mundial bloqueó las rutas marítimas y la mayoría de los republicanos quedó atrapada en Francia. Por unos años, sólo recalaron en Argentina aquellos que, no habiendo encajado en otras partes de América, buscaron nuevo acomodo en el Plata. No olvidemos finalmente a los argentinos que combatieron en las filas republicanas que, una vez repatriados, no se fundieron con sus compatriotas, sino que hicieron vida de exiliados. El periodista Valentín de Pedro vale como ejemplo.

Finalizada la guerra europea sin caer Franco, muchos refugiados varados en Francia aprovecharon la reanudación de las comunicaciones transatlánticas para emigrar a América cumpliendo un sueño frustrado. En el paquebote Groix, que me transportó de Le Havre a Buenos Aires a fines del año 1948, viajaban varias familias republicanas, entre ellas las de un militar, Monasterio, refugiado en Argel. A la par de ese coletazo del éxodo del 39, dejamos Francia quienes habíamos pasado la posguerra en España y nos habíamos sacudido el régimen de encima. Varios compañeros de la FUE terminamos por reunirnos en Buenos Aires. El segundo en recalar fue Manuel Lamana, mi socio de fuga. A él siguieron Manuel de Rivacoba, el mencionado delegado de la FUE en Barcelona, y Ricardo Bastid, ambos después de cumplir su condena y salir de la cárcel. También lo hizo Emilio Madariaga, de la delegación de París. Más adelante, llegaron incluso Iñaki Rentería, antiguo dirigente de EIA e interlocutor nuestro, así como compañeros de reclusión como Fernando Martínez Sanz, médico destinado en la enfermería de Alcalá.

Mi lenta travesía marítima del Atlántico, con escalas en Casablanca, Río, Santos y Montevideo, concluyó el 6 de diciembre, iniciando un exilio americano que en un comienzo se me antojó que sería corto. Craso error. El presente capítulo trata de los casi dos decenios de exilio transcurridos en Argentina. El título zumbón que lo encabeza parodia el enunciado feliz de la novela de Jordi Soler, titulada Los rojos de Ultramar. Ésta relata con humor las vicisitudes de una familia republicana que fue a parar a un rincón recóndito del Golfo de México (Alfaguara, Madrid, 2004).

Mi padre me esperaba a la salida de la aduana porteña, ansioso por cerrar en un abrazo efusivo ocho años de separación y largos meses de continuos sobresaltos provocados por las noticias de mi detención, prisión y fuga. El gozo del reencuentro, mi padre lo prolongó durante las semanas siguientes con la jubilosa y ufana presentación del vástago a amigos y correligionarios, personalidades políticas e intelectuales de renombre a los que se aludía en España a lo sumo en voz baja. Estrechar la mano, por ejemplo, del eminente jurista Luis Jiménez de Asúa, redactor de la Constitución de la República, o del afamado poeta Rafael Alberti, entre otros, no pudo menos que impresionarme. Me apenó en cambio la visita posterior a un Alfonso Castelao doliente que, en vísperas de su muerte, conservaba intacta la avidez por conocer en detalle qué ocurría en España. La ronda de presentaciones se amplió después a figuras argentinas, cuyos nombres me decían entonces poco a pesar de su reputación local. Mi recuerdo tropieza con los rostros del escritor y erudito investigador Ricardo Rojas y del excéntrico dirigente socialista Alfredo Palacios.

Próximo el fin de año, se acercaban las vacaciones de verano del hemisferio austral. En su contento por mi llegada sano y salvo, mi padre organizó una visita por todo lo alto a la región lacustre de la Patagonia, del Nahuel Huapi a Esquel, con el pueblo de El Bolsón como base de recorridos secundarios. Mi padre había tomado gran afición a la zona y conocía sus rincones más hermosos. Mi salto de los barracones del destacamento de Cuelgamuros al elegante Hotel Llao Llao no podía ofrecerme un contraste mayor y más gratificante. El Bolsón se convirtió para mí, años después, en centro de operaciones. La cordillera andina meridional me deslumbró. Volvería a ella una y otra vez a recorrer sus bosques y sus lagos con otras compañías, sin alojarnos en hoteles confortables, sino, mochila a cuestas, para acampar, o también para pasar temporadas en cabañas forestales. No tardaría en combinar vacaciones con merodeo arqueológico.

Las exploraciones a caballo por parajes serranos recónditos de la Patagonia occidental me revelaron abrigos rupestres desconocidos con paredes cubiertas de expresiones del arte indígena de varias épocas y estilos. La curiosidad despertada por estos sorprendentes hallazgos se transformó después en una persecución de pictografías por mi cuenta durante los meses de verano de varios años seguidos (véase al autor ante una de ellas, en la figura 28). Su ubicación, descripción e imágenes las fui dando a conocer en revistas especializadas al acabar cada campaña. El inventario formado por la suma de artículos publicados ha resistido el acoso del tiempo. Al cabo de medio siglo, un equipo de antropólogos repitió mis andanzas por la precordillera andina. En el tramo comprendido entre las poblaciones de El Bolsón y Epuyén, sólo localizó contados paneles sin identificar. Las fotos tomadas en la expedición han sido dadas a conocer esta vez en CD-ROM. La reproducción en color mejora mis imágenes añosas en blanco y negro, única calidad en uso común a la sazón. Los comentarios que las acompañan claman por el deterioro o desaparición de trazos o de pinturas sufridos por causa de su exposición a la intemperie, de la agresión de un público inculto y de la incuria administrativa.[1] Me honra haber salvado del olvido pinturas hoy irrecuperables.

Figura 28. El autor en 1954 ante pinturas rupestres geométricas del abrigo de Media Falda, Península de San Pedro, Bariloche.

Inquietudes posteriores me llevaron más al sur. Pasé a explorar Tierra de Fuego y la costa atlántica, donde no di con pinturas rupestres, sino con materiales líticos superficiales. También efectué calas estratigráficas rudimentarias en algún conchero al borde del mar, en la bahía de Lapataia, por ejemplo. A orillas del Canal del Beagle, la fortuna puso a mi alcance piezas líticas finamente pulidas, con incisiones grabadas en ocasiones, atribuibles a una cultura más compleja que la que arqueólogos y etnógrafos habían asignado hasta entonces al extremo austral del continente. Los materiales reunidos en aquella expedición los he donado, junto con los obtenidos en las dunas atlánticas de San Antonio Este, provincia de Río Negro. Los restos humanos fueron a parar al Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires y los instrumentos al Museo de América de Madrid, donde se exhiben y están a disposición de los investigadores.[2]

En mi recorrido por el interior de la isla de Tierra de Fuego, se me presentó por cierto el privilegio —así lo considero— de conocer a uno de los últimos selknam nacidos en una tribu de nómades paleolíticos. Este fueguino habitaba en los últimos años de su larga vida en un rancho, criaba ovejas y oía la radio, sin haber perdido ninguna de las habilidades cinegéticas requeridas en su juventud, como eran las de tallar en piedra puntas de flecha o disparar el arco. De sus facultades, que conservaba íntegras, me hizo una demostración que me dejó impresionado. Santiago Rupatini había recorrido en su vida, en un asombroso e inusual despliegue de flexibilidad mental y cultural, el avance tecnológico y social que la humanidad ha tardado milenios en salvar. Es más, comunicada su existencia a lingüistas y antropólogos, aceptó grabar la lengua, los cantos y los mitos de su tribu en el laboratorio dirigido por el filólogo español exiliado Clemente Hernando Balmori, en la Universidad de La Plata. El antiguo cazador de animales silvestres no tuvo inconveniente en desplazarse en avión de ida y vuelta y desenvolverse unas semanas en grandes urbes. El fueguino vivió comprimida la evolución humana que va de la cultura cazadora primigenia a los fastos del siglo XX.

Cabalgar por la Patagonia y Tierra de Fuego tras vestigios arcaicos prendió en mí un interés por la población originaria americana que, concluidos mis escarceos arqueológicos, desplacé a mis preocupaciones históricas. La fascinación que ejerció sobre mí el grupo humano que había conocido en el Sur, rebrotó al abordar un decenio después el estudio demográfico de los indígenas del Noroeste argentino y, más adelante, el de los Andes centrales. De interpretar signos y objetos inertes, pasé en este segundo momento a leer documentos de la administración colonial relativos a las comunidades andinas. Los instrumentos con los que me aproximé a estos hombres y mujeres fueron distintos. Ahora bien, patagones, fueguinos y andinos compartían una misma categoría de «gentes sin historia», en expresión de Pérez de la Riva, o pertenecían a las «clases subalternas», que indaga la historia social. Su pasado, sin voz propia, sólo se desprende de objetos o anotaciones interpretados por personas ajenas al grupo. Los problemas con que tropecé entonces afectaron a mis investigaciones americanas o europeas posteriores. En ellas me interesó más indagar comportamientos colectivos —económicos o demográficos— antes que acontecimientos puntuales o la trayectoria de individuos reputados excepcionales. De los objetos líticos o de los censos deduje mi preferencia por la observación indirecta de la conducta humana frente a las verbalizaciones, orales o escritas, emitidas por los sujetos.

Tras descubrir con mi padre la cordillera andina, se impuso el regreso a Buenos Aires y a la realidad prosaica. A pesar del par de años que pasé fuera de las aulas, del correspondiente retraso en mi carrera y de las tentaciones descubiertas fuera de la universidad, no me opuse a la afectuosa insistencia suya a que reanudara mis estudios. Me presté pues a hincar los codos. Los años de estudio de la carrera de historia que me esperaban podían haber sido menos si las autoridades de las universidades locales ante las que realicé gestiones me hubieran reconocido las asignaturas cursadas en Madrid. A pesar de documentar su aprobación, fracasé en mi intento de convalidarlas. Es más, hube de pasar un examen general de bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires en convocatoria especial para extranjeros. Necesité demostrar ante un tribunal examinador que conocía la historia, la geografía y el sistema político argentinos. Del examen de lengua castellana me libré por aportar un diploma de estudios español. En suma, vuelta a partir de cero, igual que cuando regresé de Francia a España. El futuro escolar que me tocaba esperar consistiría en remachar gran parte de lo sabido.

La universidad con la que tropecé en Buenos Aires presentaba más de un rasgo común con la que había merecido mis denuestos en España. El peronismo había completado la purga de profesores democráticos —conservadores o progresistas— llevada a cabo por los gobiernos militares del general Ramírez en adelante, de palmaria orientación nacionalista, católica y germanófila. Algunos de los docentes expulsados entonces fueron readmitidos prudentemente a raíz de la victoria aliada en Europa y en Asia, pero la alegría duró poco. No tardaron en volver a ser destituidos. Un tercio de los profesores y siete de cada diez docentes más jóvenes fueron cesados o renunciaron bajo el gobierno de Perón. Entre los excluidos, se hallaban profesores y científicos de prestigio, como Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina. Los más jóvenes y los pertenecientes a las carreras de ciencias, de mayor movilidad profesional, aceptaron a menudo ofertas de trabajo en países latinoamericanos o en los Estados Unidos. El brain drain argentino, plaga del país en la segunda mitad del siglo XX, comenzó entonces.

Los profesores de más edad tendieron a no marchar al extranjero, salvo intermitentemente a la Universidad de la República del vecino Uruguay. Algunos optaron por enseñar a un público devoto en el Colegio Libre de Estudios Superiores, durante el tiempo que el gobierno toleró su actividad minoritaria. Esa institución cultural acabó por ser cerrada. Bastantes de los depurados se replegaron a sus despachos o consultorios en espera de mejores tiempos, o entraron a trabajar en empresas privadas. La desbocada prosperidad argentina de aquellos tiempos brindó oportunidades sobradas para sobrevivir con decoro fuera de las aulas, en particular en la floreciente industria editorial. La rápida expansión de esa actividad respondió por una parte al auge que cobró la lectura y por otra al hundimiento simultáneo de la exportación española de libros al mercado americano. Los libros argentinos llegaron, al revés, a las estanterías de la Península y hasta los petates de sus cárceles. Sentado en el mío, mis manos sostuvieron algunos de ellos, debidamente expurgados por la censura oficial y eclesiástica vigentes.

Las vacantes provocadas por la depuración o por las renuncias de profesores fueron asaltadas por los fieles al líder, espectáculo denigrante igual al presenciado antes en España. Para cubrir las plazas, más que las calificaciones contó la adhesión al líder o a la omnipresente Evita. En el batiburrillo ideológico que el peronismo cobijó, y que no ha dejado de hospedar, cabían ideologías contradictorias, desde el trotskismo hasta el fascismo, siempre que sus proponentes dieran muestras de genuflexión. Dentro de esa manga ancha que la diversidad étnica y religiosa de la sociedad argentina moderna hacía imprescindible reconocer, una corriente nacionalista y católica minoritaria se hizo con la educación al amparo de un sector influyente del oficialismo. En el exilio, volví pues a toparme con un viejo conocido. La versión argentina del nacional-catolicismo no llegaba entonces a ser una copia exacta de la española, entre otras razones por no contar con un espacio social previamente despejado a sangre y fuego, tarea de la que se encargaron los militares españoles. Pese a ocasionales exabruptos, el nacional-catolicismo argentino no pudo menos entonces que contender, dialogar o, simplemente, poner cara amable que sus homólogos españoles no tenían por necesaria. La intransigencia inherente a la ideología tardaría un cuarto de siglo en llegar a su extremo, coincidiendo con la sangrienta dictadura del general Videla.

Perón fue sensible como gobernante a la complejidad social de la nación que lo llevó al poder. En su ambición, entendió que, en política, le convenía sumar más que restar, al revés de Franco. El manto peronista con el que recubrió al oblongo país arropó a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, masones, espiritistas… o, en lo político, a conservadores, radicales, socialistas, anarquistas, comunistas, fascistas… Siempre que ellos estuvieran dispuestos a hincar su rodilla ante el jefe supremo. Puestos a comparar con ejemplos de un pasado remoto, la Argentina peronista recuerda, en lo político, un reino castellano medieval, tolerante con la diversidad étnica y religiosa pero exigente en el sometimiento al monarca. No se asemeja al Estado excluyente inaugurado por los Reyes Católicos, con cuyo modelo Franco se identificó plenamente.

La Iglesia católica romana, de irrefrenable vocación monopolista que la hacía sentirse tan a gusto con Franco, nunca compartió la visión integradora de Perón por revestida de autoritarismo que estuviera y por beneficios que obtuviera de su alianza con él. La jerarquía eclesiástica aceptó gustosa ocupar el lugar privilegiado que éste le concedió al comienzo de su mandato, pero terminó enfrentada a su benefactor cuando temió perder centímetros de su preeminencia. Compartir no era, ni es, lo suyo. Se distanció del general al comprobar que su proyecto expansivo había topado con el límite establecido por un Perón seguro ya de la hegemonía que había alcanzado. El equívoco tardó en resolverse, pero el enfrentamiento entre el poder levítico y el secular no pudo ser ocultado. El motivo que lo destapó fue el apoyo que el gobierno prestó a un congreso espiritista celebrado en Buenos Aires. La cuerda tensada acabó con el incendio de varias iglesias, ante la sorpresa y, en algún caso, el solaz de algunos refugiados españoles adictos o habituados a espectáculos iconoclastas. La quema de templos no era por cierto la primera conocida en la Argentina, pero sí la primera con beneplácito oficial.

En el ámbito de la universidad, Perón recompensó a los profesores sumisos con un aumento de sueldos y haciendo la vista gorda al descenso del rendimiento académico. A la hora de ascender a los docentes, los responsables de la educación superior tomaron más en consideración los servicios políticos prestados que la profesionalidad demostrada. La inercia intelectual se apoderó fatalmente de la docencia y de la investigación, por lo que yo conozco. En la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, dos profesores refugiados en el país del Plata por motivos opuestos escaparon a la atonía y prosiguieron la labor iniciada en Europa. Uno de los dos fue Oswald Menghin, antiguo rector de la Universidad de Viena, ministro de Educación del gobierno del Anschluss que entregó Austria a Hitler, miembro reputado de la escuela antropológica de los Kultur Kreisse y experto en el paleolítico mundial. Por el estrecho alcance de su especialidad científica —las culturas de los pueblos cazadores—, Menghin apenas incidió sobre el grueso de los estudiantes, ni consiguió que la escuela germánica por él representada se implantara en la arqueología argentina. Ésta se alineó finalmente, conceptual y metodológicamente, con la norteamericana. Gracias a Menghin, la concepción atemporal de la prehistoria patagónica que había prevalecido hasta entonces fue superada y sustituida por otra que admitía su complejidad y antigüedad étnica y cultural. El interés que yo sentía por ese territorio, su gente y sus objetos culturales me llevó a mantener con él una relación de estudio.

El segundo de los dos profesores contratados por la facultad fue mi padre. A sus clases sobre historia de España, primordialmente sobre sus instituciones medievales, acudieron no sólo estudiantes de la propia carrera, sino también de otras, en particular de la de filología española. La labor realizada en su cátedra no contó con el respaldo de la embajada de España, tal como se espera que haga toda misión diplomática dispuesta a promover el conocimiento de la nación cuya representación ostenta. El ascendiente que mi padre había conquistado entre el público lector de sus colaboraciones en la prensa le valió la inquina de la legación franquista, que veía en él a un exiliado peligroso, por más católico y moderado que fuera en sus manifestaciones y en su fuero interno. En vez de apoyar la inclusión de la historia de España en el currículo académico, la embajada se dedicó —sin éxito— a la caza del rojo. Nunca impartida la historia de España en la enseñanza superior argentina, fue la Fundación Rockefeller la que, junto con la Institución Cultural Española de Buenos Aires, promovió y financió la contratación de mi padre por la Universidad de Cuyo, en Mendoza, en el marco del programa puesto en marcha para facilitar la inserción de intelectuales huidos del fascismo y, de paso, para que su labor y ejemplo contribuyeran a elevar el nivel académico de las jóvenes universidades latinoamericanas. El origen de la enseñanza de la historia de España en la Argentina tiene, pues, un regusto antifascista.

Al concluir su contrato en Mendoza, el historiador y decano Emilio Ravignani llamó a mi padre para que explicara historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Las demás universidades siguieron el ejemplo dado por la de mayor rango e introdujeron poco tiempo después la materia en su currículo ordinario. Si la embajada fracasó al pedir la cabeza de mi padre durante la caza de brujas de los gobiernos militares pro germanos, se debió, paradójicamente, a la defensa que los sectores homólogos al franquismo, pero menos montaraces (de momento), hicieron de su figura y de la materia que enseñaba. El nacionalismo revisionista argentino entendía que la nueva asignatura brindaba la oportunidad de difundir en las aulas y entre la gente las raíces españolas de la nación, minusvaloradas a juicio suyo en la educación y por el público. La coloración política que teñía a la única persona capaz entonces de enseñar la materia en la Argentina no preocupó, para honra suya, a los proponentes entonces de ese nacionalismo.

Los estudiantes matriculados en los cursos que él daba no comulgaban necesariamente con el atributo nacionalista endosado a la historia de España. Apreciaban en el profesor el aire renovador que aportaba a la enseñanza. Sus clases no recapitulaban acontecimientos, sino que discurrían sobre la formación institucional, social, económica y cultural… de España recurriendo a las fuentes, no siempre disponibles entonces en la Argentina, e insertando la cuestión dentro del estado de la investigación en discusión. Su enseñanza invitaba a pensar en el aula y a indagar por cuenta propia. Más de un estudiante se reenganchó después de aprobado el seminario para mejorar su formación e iniciar modestas investigaciones propias, algunas de las cuales verían la luz en los Cuadernos de Historia de España. La revista histórica que él fundó sigue publicándose hasta ahora, al cabo de cerca de sesenta años ininterrumpidos, rara proeza de continuidad. La historia de España que él explicaba no consistía, pues, en una mera evocación de afinidades pasadas, sino en una iniciación a concepciones y métodos historiográficos nuevos.

Si, según mi doble experiencia, las universidades de Buenos Aires y de Madrid compartían depuración y —salvo excepciones— atonía profesoral, la composición y la mentalidad de la mayoría del alumnado resistían toda equiparación. En el Plata, los estudiantes gozaban todavía, a fines de los años cuarenta, de una libertad de pensamiento y de acción envidiable para quien llegaba de una España cerrada y cerril. El peronismo había calado en amplias capas de la sociedad argentina, pero no entre los estudiantes universitarios, incapaces de dejarse ganar por intereses o conveniencias. Su generación había despertado a la política en la resistencia a las dictaduras militares nacionalistas precedentes y en medio de las esperanzas de democratización creadas por el triunfo aliado, tal como explica el colega y amigo Tulio Halperín Donghi en sus memorias juveniles. Cuando entré en la Universidad de Buenos Aires el último año de la década de los 40, los estudiantes seguían en amplia mayoría aferrados a los principios democráticos y a las reivindicaciones universitarias reformistas. La Reforma Universitaria que ellos defendían había nacido tiempo atrás, en 1918, en la revuelta estudiantil de la Córdoba argentina en protesta por el anquilosamiento docente y temático de los estudios en una universidad sometida a una arraigada influencia clerical. Su propósito visaba actualizar el contenido de la enseñanza y remozar el claustro profesoral. Para evitar cualquier futura vuelta atrás, la Reforma reclamaba que los estudiantes participaran en la gestión de las casas de estudio en plena autonomía. Pretendía que el Estado renunciara a inmiscuirse en el día a día de las casas de estudio. Las restantes universidades argentinas, y a continuación las latinoamericanas, no tardaron en hacer suyo el programa cordobés.

Un movimiento estudiantil parecido al latinoamericano en objetivos, pero de contenido y actuación diferentes, cobró cuerpo en España asimismo durante los años veinte. La Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo centenario acaba de cumplirse, venía desarrollando una eficaz labor renovadora de la enseñanza superior y de la actividad científica. Profesores y alumnos becados por la institución volvieron del extranjero con criterios y conocimientos que incorporaron a las aulas y a los laboratorios. Pese a sus deficiencias, la universidad española no puede decirse que se encontrara anquilosada. Los bríos adquiridos precisamente molestaron a los perturbados en su inercia intelectual y profesional. Los inmovilistas alzaron los brazos al cielo en señal de salvación al asumir el poder el general Primo de Rivera. El dictador confinó, deportó o apartó de sus cátedras a respetados profesores, y con su intransigencia incendió la protesta estudiantil. Los estudiantes españoles reaccionaron a la defensiva. Sus asociaciones, agrupadas en la Federación Universitaria Escolar, respaldaron a los profesores, a quienes percibieron como aliados y no como antagonistas, al revés que sus compañeros latinoamericanos.

Los estudiantes de ambas orillas del Atlántico confraternizaron por coincidir en ideales y en propósitos. Suscribieron declaraciones comunes e intercambiaron representaciones. Cuando los militares se sublevaron contra el gobierno constitucional español en 1936, los jóvenes latinoamericanos entendieron en el acto de qué se trataba, y se solidarizaron con la legitimidad. Derrotado el ejército de la República, los estudiantes organizados prestaron su apoyo a los refugiados y a la causa que éstos defendieron durante su expatriación. Al llegar yo a Buenos Aires y solicitar solidaridad con la actividad de la FUE clandestina encontré el camino allanado. En mis gestiones, conté con hijos de exiliados ya afiliados a centros de estudiantes.

Los estudiantes argentinos tenían motivos propios, más allá de los dictados por la solidaridad, para acoger el pedido de ayuda de la FUE. El acercamiento entre la Argentina de Perón y la España de Franco parecía confirmar la sospecha muy difundida de las inclinaciones fascistas que el presidente había adquirido en Roma como agregado militar. Apoyar a la FUE servía a los estudiantes para reafirmar su antifascismo y para protestar por la política exterior adoptada. Varios centros estudiantiles de Buenos Aires, en especial los de Ingeniería y Ciencias Económicas, imprimieron octavillas en pro de la FUE y contra las cárceles y los fusilamientos de Franco (véase un ejemplo en la figura 26). La propaganda impresa fue repartida por las aulas y los pasillos de los edificios de la universidad. También a la salida de los cines de la multitudinaria calle Lavalle.

Figura 26. Denuncia de la represión franquista por la Federación Universitaria de Buenos Aires en 1949.

Semanas antes de que la Policía Federal lanzara su indefectible ofensiva contra el movimiento estudiantil organizado, el comisario Lombilla, jefe de su Sección Especial para la Represión del Comunismo, título que me recordaba el del juzgado a cargo del coronel Eymar en Madrid, me convocó al local de la calle Catamarca en el que se torturaba de tanto en tanto a sindicalistas y estudiantes. Acudí a la cita acompañado, por precaución, por el padre Iñaki de Aspiazu, sacerdote refugiado que simultaneaba la atención religiosa a sus feligreses vascos con una intensa asistencia social que le había ganado cierta popularidad. La vista de la sotana impuso tal vez al comisario y sólo tuve que firmar ante él el enterado de que, como extranjero, me estaba prohibido intervenir en política argentina so pena de expulsión. Mis contactos con el mundo estudiantil no habían pasado inadvertidos para la policía política. El toque de atención dado me colocaba en situación vulnerable. La extradición significaba la devolución a España, donde me esperaba la cárcel. Representar a una FUE que no acababa de reconstituirse en Madrid se volvía impracticable y, por desgracia, se hacía, por otra parte, cada vez menos necesario.

Ilegalizado el movimiento estudiantil argentino, tuve la oportunidad, que a nadie recomiendo, de poder comparar con conocimiento de causa clandestinidades con modalidades peculiares a sus respectivos sistemas políticos. En el terreno universitario, el peronismo, incapaz hasta entonces de ganarse la voluntad de los estudiantes o de las capas sociales de las que éstos provenían, blandió la zanahoria, antes de recurrir al palo. Debió creer que la supresión de las tasas universitarias desmovilizaría a los estudiantes y que alteraría su extracción social genérica en un sentido más popular, en tono con el discurso promovido por el gobierno. Ni los estudiantes claudicaron, ni hubo tiempo para que se produjera el vuelco social descontado. Del fracaso en su intento, el gobierno sacó la conclusión esperable: decretó la disolución de los centros de estudiantes. El claustro docente, ya depurado, no levantó ni una ceja. Los estudiantes no tardarían en devolver la falta de solidaridad con la misma moneda.

Para medir la distancia política que separaba al peronismo del franquismo, nótese que el régimen argentino hostigó a los partidos con representación parlamentaria, pero no llegó a disolverlos como sí hizo con las organizaciones sociales, profesionales, culturales o estudiantiles. Los locales de las formaciones opositoras fueron clausurados en los barrios y pequeñas localidades, con lo cual el gobierno dejaba a los dirigentes incomunicados con sus bases electorales. La Casa del Pueblo socialista de Buenos Aires fue incendiada y su magnífica biblioteca sobre pensamiento social y movimiento obrero, nacional e internacional, ardió entre las llamas. Los atropellos citados bastan para ilustrar el trato nada amable que el peronismo dispensó a los contrincantes. El rediseño malabarista de los distritos electorales se cuidó luego de reducir a un puñado los escaños en manos de la oposición, sin proporción alguna con la cantidad de votos acumulados en toda la nación.

El amaño perpetrado hizo perder representatividad y legitimidad a los cuerpos legislativos. La vida parlamentaria quedó reducida a una ficción. Diputados o senadores opositores ejercieron su derecho a intervenir en los turnos reglamentarios de las cámaras nacionales o provinciales, por más que la palabra les fue cortada o negada en más de una ocasión delicada. Las actas de las sesiones del Congreso registraron sus discrepancias, pero no así los medios de comunicación, en manos peronistas los más de ellos. La falta de transparencia política destapó los rumores. Una mayoría parlamentaria condescendiente y un aparato del Estado sumiso permitieron al peronismo imponer su voluntad sin necesidad de ilegalizar los partidos, clausurar el Congreso y abolir la Constitución, como hicieron las dictaduras militares de los años sesenta y setenta. Perón adelgazó el espesor democrático del país, pero retuvo las formalidades mínimas del sistema para no dar pábulo a la acusación frecuente —y no equivocada— de que aspiraba al poder omnímodo.

Torturas, asesinatos, detenciones y exilios políticos no faltaron durante los dos mandatos presidenciales de Perón, pero menos que los infligidos por su compañero de armas en España. A los presos políticos o sociales, el gobernante argentino no les sometía a consejo de guerra, como le consta al lector que se hacía en España. Lo habitual era poner a disposición del Poder Ejecutivo a quienes incordiaban, invocando una ley anterior que facultaba al ministro del Interior a mantener a personas bajo arresto sin inculparlas. El gobierno no innovó, pero abusó de una medida concebida con carácter excepcional. En prisión, los presos gubernativos tampoco se eternizaban, como ocurría océano de por medio. El gobierno solía, por otra parte, soltar lastre en vísperas electorales para alimentar la ilusión de que los comicios se celebraban con normalidad. Otra diferencia entre la Argentina de Perón y la España de Franco era que los diputados opositores conservaban la oportunidad, desconocida en el país europeo, de interpelar en las cámaras al Poder Ejecutivo por los abusos cometidos o de acudir a las comisarías de policía con su credencial parlamentaria en la mano para interesarse por los detenidos. Pocas veces salieron de los edificios policiales del brazo de sus patrocinados. La reclamación hecha por los representantes opositores documentaba al menos que los detenidos no habían desaparecido. Gracias a la constancia dejada por los congresistas, el gobierno quedaba responsabilizado de cuanto pudiera ocurrir a los detenidos mientras estaban bajo su custodia. La comparación favorece al peronismo, sin merecer por ello un aprobado en prácticas democráticas.

El peronismo no se ató los brazos a la espalda al tratar con las organizaciones sindicales o sociales que no se plegaron a su voluntad. El movimiento obrero independiente, reducido a fines de los años cuarenta a la Unión y a la Fraternidad, sindicatos ferroviarios socialistas, a los obreros portuarios o de la construcción de la central anarco-sindicalista FORA, antaño dominante en el vibrante movimiento obrero argentino del primer tercio del siglo XX, así como a los cortadores de caña de azúcar afiliados a la FOTIA tucumana, fue desmantelado sin contemplaciones, con muertes incluidas. Argentina ha padecido por desgracia regímenes castrenses considerablemente más sanguinarios. El descomunal incremento posterior de la violencia no exculpa sin embargo las violaciones de derechos cometidas bajo los primeros gobiernos de Perón, dureza por otra parte innecesaria puesto que la legitimidad del gobierno nunca estuvo en entredicho. No fue ése, por cierto, el caso del franquismo. La dictadura española nunca logró borrar su tacha de origen.

Cuando Perón decidió disolver los centros de estudiantes, su estrella había traspasado el cenit. La sensación de que el fervor popular de sus primeros años se enfriaba alentó a los estudiantes inconformistas a mantenerse en sus trece pese a cebarse la persecución contra sus organizaciones. Una treintena aproximada de meses transcurrieron en un interminable compás de espera, dominados por un insufrible culto a la personalidad. El tiempo lo llenamos con visitas a amigos en la cárcel y comprobando cómo el peronismo iba cerrando las salidas profesionales al exigir para cualquier nombramiento público la afiliación al partido oficial. La evidencia llegó a casa. Mi mujer ganó una cátedra por concurso en una institución docente respetada, pero no fue nombrada por no poseer el carné del partido oficial ni querer solicitarlo. El peronismo, que en su fase de ascenso apostó por la inclusión, cambió de comportamiento a mitad de camino. Desde el gobierno, alentó la exclusión. Confundió partido o movimiento con nación. Viendo que sin agachar la cabeza se cerraba toda salida, los jóvenes con cierta preparación empezaron a pensar en emigrar o, si no, a apostar a que el régimen no sobreviviera. La especie de que una conjura cívico-militar se hallaba en marcha fue sonando cada vez más cerca. La entereza y la cohesión desplegadas por los estudiantes en su acción clandestina hicieron que los conspiradores buscaran la colaboración de su organización. La insurrección de septiembre de 1955 no tomó a los estudiantes por sorpresa.

Las gestiones que realicé al llegar de España dieron paso a amistades repartidas entre compañeros de varias facultades, desde la de Ingeniería a la mía pasando por la de Química, Medicina… Tulio Halperín ha recordado cómo, al no hallar relaciones satisfactorias entre compañeros de la misma carrera, él y yo las encontramos afuera. El círculo por el que incliné mi preferencia gozaba de un atractivo ideológico, intelectual y humano que el tiempo ha corroborado. En sus años maduros, varios compañeros llegaron a ocupar cargos en la alta administración del Estado argentino, ministerios incluidos; otros sobresalieron por sus notables aportes científicos en Estados Unidos y Europa. Entre los últimos basta recordar la eminente figura de César Milstein, nacionalizado británico y ganador en Cambridge de un Premio Nobel.

Por estos dirigentes estudiantiles y por la familia de mi mujer, de activos opositores en el campo del radicalismo, supe que una sublevación militar se avecinaba. El bombardeo de la aviación naval a la Casa Rosada, sede de la Presidencia, en junio de 1955, causante de centenares de víctimas congregadas en la vecina Plaza de Mayo como escudos humanos, reveló la inflexible determinación de los conspiradores. El gobierno salió del paso de la intentona fallida, pero el poder de Perón quedó afectado. Al tomar conciencia de su impotencia, fingió deseos de apaciguar los ánimos convocando a la oposición al diálogo, pero, pasado de rosca, nadie creyó ya en su sinceridad. La calle siguió ronroneando la proximidad de un nuevo golpe de Estado. Fecha y hora estuvieron en boca de demasiada gente, pero el gobierno no pudo impedir su estallido. De su inminencia, me enteré la víspera en un encuentro casual en una de mis cabalgatas con Mario Bunge por el Parque de Palermo.

Días antes, los dirigentes estudiantiles habían abandonado sus domicilios o escondites. Los más allegados se dejaron caer por casa por suponer que no estaba vigilada. Un antiguo miembro de la FUE, José Manuel Pedregal, dirigía el Centro de Estudiantes de Ingeniería clandestino y, por seguridad, su compañera y él se quedaron a vivir con nosotros. Por unos días, mi apartamento en planta baja se convirtió en la central de enlaces y reuniones del movimiento estudiantil en ascuas. Responsables de los grupos armados aparecían a cualquier hora con pesados atuendos en días de calor que pretendían ocultar bultos sospechosos. Aunque mal equipados y sin instrucción para el caso, algunos estudiantes reformistas formaron una fuerza de choque resuelta a entrar en acción. Por fortuna, su intervención no fue necesaria. El conflicto se dirimió tierra adentro. El levantamiento cívico-militar duró en Córdoba varios días. Cabía suponer que la Policía Federal aprovecharía el compás de espera para lanzar en Buenos Aires una batida con el fin de consolidar el dominio gubernamental. Tras días de ajetreo inusual en mi domicilio, el vecindario podía haber concebido sospechas y haberse comunicado con la policía. La precaución aconsejaba pues evacuar la casa. Mi mujer y yo nos refugiamos en la de mi padre, donde esperamos que escampara, es decir no antes de que Perón volara rumbo al exilio paraguayo.

Mientras esperaba que la incógnita se despejara, la dirección del movimiento estudiantil, mayoritariamente reformista o independiente, dispuso de tiempo para sopesar qué hacer con la universidad en el caso de que triunfara el golpe. La oportunidad de reformar las casas de estudio a su gusto parecía hallarse al alcance de su mano. Mejor anticiparse que esperar acontecimientos. La fluidez de la situación aconsejaba apoderarse de los edificios de la Universidad de Buenos Aires, empezando por el Rectorado. Así se hizo. Por más peticiones y presiones que los sustitutos de Perón pudieran recibir contra la iniciativa estudiantil y para que nombraran a un monseñor para cabeza de la universidad, los hechos consumados paralizarían cualquier orden de desalojar a los aliados de la víspera. En vez de extremar su posición de fuerza, los estudiantes negociaron con las autoridades de facto. Su dirección hizo llegar el perfil que deberían reunir, a su juicio, los interventores que habrían de regir hasta la regularización de las universidades y facultades. La sugerencia no cuestionaba la facultad del gobierno para decidir. Simplemente acotaba sus opciones. Los estudiantes preferían profesores cesados, con prestigio científico y de carácter fuerte, capaces de resistir las embestidas que los sectores nacionalistas habrían de presentar.

Al sopesar posibles candidaturas, los estudiantes reunidos en casa adoptaron mi sugerencia para rector de la Universidad de Buenos Aires. José Luis Romero, reputado historiador cuyo peso científico y talante personal me era conocido, llevaba cesado diez años y contaba con una impecable trayectoria democrática. Descartadas candidaturas menos convincentes y consensuada la persona, faltaba la anuencia del interesado. Urgía pues entrevistarse con él. Adolfo Canitrot y Amanda Toubes, dirigentes de la Federación Argentina, y yo como intermediario entre ambas partes, compusimos la comisión designada al efecto. Romero nos recibió de noche en su chalet del suburbio bonaerense de Adrogué. Antes de que pudiéramos concluir la exposición de los motivos de nuestra visita, la radio prendida a la espera de acontecimientos interrumpió la emisión en cadena de marchas militares y anunció el fin de la resistencia de las fuerzas peronistas en Córdoba. La noticia certificaba el triunfo de la más tarde llamada Revolución Libertadora. La gestión que nos llevó a Adrogué cambió de sentido. El sondeo se convirtió en propuesta. José Luis Romero aceptó el ofrecimiento. A los pocos días, recibió su designación del gobierno en funciones. Los argumentos de los estudiantes habían prevalecido.

Las diferencias que oponían a las facciones que derrocaron a Perón apenas tardaron un par de meses en salir a la luz pública. Dos corrientes que habían contendido durante un cuarto de siglo con armas desiguales —botas contra votos— por la dirección política de la nación, habían terminado por ponerse de acuerdo. Sentarse juntos alrededor de la mesa de gobierno no resolvió sin embargo las viejas incompatibilidades. Un movimiento nacionalista autoritario, con implantación castrense y pocos seguidores civiles, que el lector ya conoce, había estado desplazando del poder, cada tanto desde 1930, a los gobiernos de signo democrático, no siempre revestidos, cierto es, de una pureza de origen ejemplar y de un respaldo popular claro. Al romper la continuidad constitucional, los militares argentinos —Perón entre ellos— se alinearon con la corriente autoritaria reinante entonces en buena parte de Europa, cuyos exponentes supremos fueron el fascismo italiano y el nazismo alemán.

El éxito electoral que Perón obtuvo a mediados de los años cuarenta después de la derrota de las potencias del Eje brindó una salida honorable a la sucesión de gobiernos militares mal vistos en el concierto internacional de posguerra. Con su holgada elección, Perón mostró a sus compañeros de armas cómo conjuntar nacionalismo con apoyo popular, fórmula que, más adelante, ellos dieron por aprendida y también creyeron ser capaces de aplicar por su cuenta. La avenencia entre los militares y Perón duró tanto como necesitó el sagaz general para fortalecer su sustentación social e invertir la relación que le unía a sus mentores. Los compañeros de armas, al perder influencia relativa, empezaron a rumiar la sustitución de Perón por otro uniformado más maleable. En 1955, el grupo nacionalista se hizo la ilusión de que la Revolución Libertadora les habría de permitir heredar la alianza militar-sindical fraguada por Perón y gobernar sin él la nación con mano fuerte, indefinidamente.

Depuesto Perón, la cábala nacionalista pretendió aplicar paños calientes a los seguidores del gobernante depuesto para ganarse su voluntad, actitud inadmisible para el ala civilista de la coalición. Esta facción contaba a su vez con apoyos en ciertas armas y cuerpos del ejército y se entendía con la corriente democrática tradicional, compuesta por conservadores, radicales y partidarios de formaciones menores entre las que se encontraban los socialistas y los comunistas. Bailar el agua al aparato político y sindical peronista que había amordazado a los contrincantes hasta la víspera, se entiende que no apeteciera a víctimas con heridas aún frescas. La brecha que distanciaba a demócratas de peronistas era todavía demasiado profunda como para ser franqueada en cualquier dirección. La oferta más generosa que los civilistas llegaron a concebir consistió en instaurar un marco político competitivo en el que la formación proscrita pudiera contender sin su jefe, de avenirse a respetar las reglas del juego democrático. Perón no permitió que sus seguidores recogieran el guante que le dejaba fuera de juego. A fines del siglo XX, la convivencia política se ha abierto paso al cabo de decenios de desencuentros inútiles y de episodios demasiado crueles y humillantes. Peronismo y su oposición se han alternado hoy en el gobierno sin que el curso institucional se haya quebrantado.

Las discrepancias que en 1955 dividieron a nacionalistas y civilistas cristalizaron en dos bandos militares enfrentados, azules contra colorados, que dirimieron entre ellos diferencias ideológicas, rivalidades de armas y personales, así como ambiciones de protagonismo y rango. Los enfrentamientos entre sectores antagónicos de las fuerzas armadas dieron al traste con la estabilidad política e institucional del país durante decenios. La paz interna sólo se consiguió después de la derrota militar que las fuerzas británicas infligieron a las argentinas en la disparatada guerra por las islas Malvinas, fracaso que puso en evidencia su larga incapacidad política y profesional.

Después de este inciso obligado para entender el confuso proceso político y universitario en el que se desenvolvió entonces Argentina, y dentro de él la vida del relator y de sus correligionarios, retorno a 1955. El general Lonardi, un opaco nacionalista católico, se proclamó presidente provisional en Córdoba. Al instalarse en la Casa Rosada, Lonardi formó un gabinete en el que incluyó a figuras de escasa garantía democrática. Al frente del Ministerio de Educación, puso a un abogado conservador, Atilio Dell’Oro Maini, sin estatura científica, de conocida militancia en las filas católicas y defensor probado de las universidades confesionales. De él se temía que estuviera dispuesto a aportar a la enseñanza superior pública cambios tan sólo cosméticos y ceder su dirección a los de su cuerda. El tono conservador que emanaba del nombramiento de este ministro y de otros asuntos desencadenó la reacción contraria. La víctima del ejército español que yo había sido presenció con sorpresa y satisfacción cómo una facción militar de talante liberal se imponía a la integrista en Argentina. En España, el acontecimiento más parecido al presenciado se remontaba al siglo XIX. El general Aramburu sustituyó a Lonardi en la presidencia de la República Argentina y remodeló el gabinete.

Para no ahondar diferencias y en aras de la conciliación, el nuevo presidente mantuvo en gesto salomónico a Dell’Oro Maini en su puesto, con el compromiso de que sacaría adelante la reforma universitaria en el sentido reclamado por los estudiantes. La prevención con la que se había recibido el nombramiento de Dell’Oro tardó poco en revelarse justificada. Atadas sus manos en lo que atañía a la universidad pública, el ministro plegó velas, pero hizo aprobar una ley poniendo fin al monopolio estatal de la enseñanza superior instaurado en los albores de la República. La ley autorizaba la creación de universidades privadas, católicas en la práctica. En lo inmediato, el panorama quedó sin embargo despejado para la remodelación de las universidades. José Luis Romero pudo poner manos a la obra. El triunfo del movimiento reformista quedó sin embargo vinculado peligrosamente al destino de la facción militar colorada. Los integristas del bando azul no renunciaron a la revancha. Once años esperaron para cobrarse la cuenta pendiente. Paso a ocuparme de las reformas introducidas en la universidad hasta llegar ese infausto momento.

La enseñanza pública superior fue renovada al revés de como se hace habitualmente. En lugar de que funcionarios o expertos designados por el Ministerio de Educación redactasen estatutos y planes de estudios que un profesorado, compenetrado o no con el proyecto, habría de aplicar luego, la presión estudiantil, respaldada por profesores de prestigio, consiguió que el Estado se limitara entonces a fijar criterios de gestión mínimos: autonomía y gobierno universitario tripartito. A un claustro mixto, compuesto por profesores, alumnos y egresados, le encomendó la redacción de los estatutos y reglamentos de cada casa de estudios. Traspasar facultades requería por parte del gobierno la seguridad de contar con docentes y estudiantes compenetrados con el programa que se ponía en marcha. El equipo profesoral heredado del régimen anterior resultaba sin embargo reticente al cambio, por motivos particulares antes que pedagógicos. Para decidirse a renovar el profesorado a fondo, el gobierno necesitaba estar convencido de que el país contaba con un plantel docente y científico de recambio impregnado de voluntad modernizadora. Apostaban además por que la competencia abierta incorporaría a las cátedras a los mejor calificados y más compenetrados con el espíritu innovador. El tiempo se encargó de demostrar que ambos supuestos eran correctos.

La reforma puesta en marcha siguiendo esos criterios renunció a desquites o a restauraciones, consustanciales con los cambios bruscos. Recuérdese la purga feroz de los claustros tras el triunfo de las armas facciosas en España. La Argentina de 1955 no miró en cambio hacia atrás. Las agujas del reloj fueron puestas simplemente en cero. Los excluidos por el peronismo fueron repuestos en sus cargos sólo a título provisional, confiando en que sus méritos estuvieran actualizados como para prevalecer en una competencia abierta. Para los jóvenes, la convocatoria de concursos representó la ocasión, no habida antes, de medirse entre ellos. Comisiones independientes de reconocida profesionalidad y equidistancia, con participación a veces de vocales extranjeros, se encargaron de evaluar a los contendientes. Convocar y fallar los concursos llevó más tiempo del previsto. Sólo al cabo de tres años los claustros estuvieron listos para funcionar sin la tutela de los interventores gubernamentales.

En su impaciencia por palpar cambios, los estudiantes exigieron de las autoridades designadas que los profesores nombrados a dedo por el peronismo o los de manifiesta incompetencia fueran cesados de inmediato. Los habían sufrido durante años y veían con horror la posibilidad de que la inercia administrativa les perpetuara en sus puestos. El expurgo parcial acometido obligó a que los interventores reclutaran reemplazantes. Para que el nombramiento discrecional de urgencia no computara como mérito, los interinatos no deberían ser tomados como antecedente. Cubrir las vacantes producidas no tropezó en la Universidad de Buenos Aires con demasiados inconvenientes. La ciudad contaba con buen número de docentes depuestos, exiliados o de jóvenes hasta entonces vetados. En las universidades del interior, faltas de cantera propia, el reclutamiento resultó más complicado.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Litoral, creada en tiempos peronistas y con profesorado improvisado, hubo de apelar al sobrante de profesionales disponibles en Buenos Aires. Éste era mi caso. Yo tenía experiencia docente como para hacerme cargo de una asignatura puesto que había enseñado varios años, y en francés, historia contemporánea en los cursos superiores del Liceo Francés de Buenos Aires. Contaba además con publicaciones que, aunque fueran en otros campos, denotaban por lo menos vocación para la investigación. A título interino el decano interventor me encomendó la enseñanza de la Historia Moderna y Contemporánea en Rosario, hasta la convocatoria de los concursos correspondientes.

A los pocos meses de mi estreno como docente universitario, el gobierno provisional fundó la séptima universidad pública, la Universidad Nacional del Sur, con sede en la ciudad de Bahía Blanca. En un esfuerzo por descentralizar la enseñanza superior, asignó a esta nueva casa el papel de atender las necesidades de formación profesional y cultural superior en el extremo meridional de la Provincia de Buenos Aires y en la Patagonia. El destacado filósofo Vicente Fatone, facultado para ponerla en pie, operó con mano expeditiva. Creados los departamentos esenciales, sacó a concurso las materias troncales. La Universidad del Sur, menor de tamaño, más joven y más ágil, regularizó su funcionamiento antes que las más antiguas. En ella gané por concurso mi primera plaza universitaria, hace la friolera ya de más de medio siglo. Al embrión de claustro constituido, Fatone cedió la responsabilidad de consensuar los estatutos, de eligir a su sucesor y de diseñar el plan de estudios. Cumplí el honroso encargo que me correspondía junto con los restantes veintiocho ganadores de la primera tanda de concursos.

Por más que dispusiera de una designación en firme en la Universidad del Sur, prefería enseñar lo mismo en la del Litoral. La ciudad de Rosario, sede de la citada facultad santafecina, distaba menos y se hallaba mejor comunicada con Buenos Aires, donde residía con mi familia. Por un tiempo, hube de compaginar con gran esfuerzo mis enseñanzas en Bahía Blanca y en Rosario hasta consolidar mi plaza en el segundo lugar. Sólo entonces renuncié a la cátedra ganada en Bahía Blanca. Para fidelizarme, las autoridades electas de la facultad de Rosario me encomendaron además la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas, a cuyo cargo corrían la labor investigadora y las publicaciones de la carrera. El entusiasmo mostrado por los estudiantes en clase y en el Instituto me compensaba de la incomodidad de la trashumancia ferroviaria semanal desde Buenos Aires. Rosario me retuvo. A pesar de las ofertas recibidas de otras universidades nunca la dejé.

Acepté encargos temporales en las universidades de La Plata y, después, en Buenos Aires en una época en la que los docentes universitarios se movieron de un lado para otro en busca de un encaje satisfactorio para sus aspiraciones y conveniencias. Admití las designaciones honrado y para redondear ingresos, pero compatibilizando siempre la enseñanza con mi compromiso con Rosario. Los bajos sueldos que el Estado pagaba obligaban a duplicar empleos, por más que los impuestos y los gastos de desplazamiento absorbieran parte sustancial del ingreso adicional. Prueba del frenesí viajero al que estuve sometido es que los kilómetros que volé de ida y vuelta entre Buenos Aires y Bahía Blanca en un diminuto DC-3 de línea, sumaron en un semestre, según mis cálculos, el equivalente en distancia y en precio a nada menos que una vuelta al mundo. El pluriempleo importó un desgaste intelectual y físico agotador que sólo pudo aguantar la juventud de muchos de nosotros. La explotación benefició en cambio a las instituciones. El vaivén humano homogeneizó criterios académicos, que la autonomía universitaria podía haber disparado en distintas direcciones.

Las reformas actualizaron contenidos y métodos de enseñanza, vincularon docencia e investigación y abrieron nuevas salidas profesionales. Para ponerse al día, las universidades argentinas se miraron en el espejo de las norteamericanas y europeas. Antes de pretender alcanzar su nivel, alumnos y profesores necesitaron completar su formación afuera. Las becas concedidas por varias naciones compensaron la penuria de recursos propios. Profesores e investigadores extranjeros acudieron a la inversa a enseñar por un tiempo en la Argentina. Del intercambio en ambas direcciones, unas carreras salieron más favorecidas que otras. La Universidad de Buenos Aires, de nivel más alto, sacó, lógicamente, mayor provecho de los intercambios que las más modestas del Interior del país.

Entusiasmo, efectividad y colaboración entre profesores y estudiantes valieron para levantar una universidad de una calidad y de un dinamismo ni conocidos antes ni igualados después, según opiniones bastante extendidas todavía. Entre el aplanamiento peronista y la desolación sembrada por la injerencia militar posterior, el sistema universitario centelleó por un tiempo. En junio de 1966, el general Onganía desenfundó su sable para dar la señal de asalto a la universidad pública. Los edificios fueron ocupados fusil en mano, sus autoridades destituidas, sus actividades interrumpidas o suprimidas, las bibliotecas depuradas (con quema de libros incluida, en Córdoba). Los docentes, investigadores y alumnos fueron corridos a bastonazos, literalmente. Un nuevo drama se instaló en la enseñanza superior argentina.

La saña se cebó en primer lugar en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires. El profesorado de la misma respondió a la agresión enarbolando el único instrumento a su disposición: la dimisión en masa. Los estudiantes se identificaron esta vez, auspiciosamente, con sus maestros. La renuncia de los profesores de ciencias fue seguida en cadena por colegas de otras facultades y universidades del país. La noción de autonomía universitaria había calado profundamente en el espíritu de profesores y alumnos hasta convertirla en irrenunciable. Ni unos ni otros estaban dispuestos a consentir que la norma fuera conculcada en un despliegue de fuerza. Por coherencia personal y por lo que se veía venir, me adherí a la protesta. No me tentaba aplazar lo ineluctable hasta verme convertido en víctima. Más me valía tomar el portante a tiempo que poner mi cabeza a degüello. En pocos días, las universidades sucumbieron. Destruir cuesta menos que construir.

Entre la caída de Perón (1955) y el golpe de Onganía (1966), la universidad argentina pudo renovarse por sí misma gracias a que los gobiernos militares y civiles que se alternaron en la conducción del país en esos once años respetaron la autonomía concedida. Libres de interferencias partidistas, las casas de estudio pudieron dedicarse a cumplir su cometido educativo y científico con ánimo de superación. La institución y los estamentos que la componían permanecieron al margen de las turbulencias que, en la calle, mantenían enfrentados constantemente a militares y peronistas, dos sectores por cierto sin presencia en la universidad. El distanciamiento de un día a día político nada atractivo no significaba que la universidad viviera enrocada en una torre de marfil. Sus preocupaciones apuntaban más alto, hacia el desarrollo científico y cultural del país, indispensable para forjar una sociedad próspera y libre. El impasse político acabó por sembrar el desaliento en puñados de estudiantes y a llevarlos a abrazar los mitos revolucionarios que el mundo desplegaba en los años sesenta.

El autoritarismo activado por el golpe de 1966 superó el de cualquiera de las intentonas del decenio anterior. La facción más antidemocrática y antiintelectual del ejército, jaleada por un nacional-catolicismo integrista endurecido, alcanzó el objetivo que venía persiguiendo con tenacidad desde hacía años. Finalmente se hizo con el mando de las fuerzas armadas. Los partidos políticos fueron abolidos, las cámaras legislativas cerradas y la constitución que había regido el país por más de un siglo suprimida de un plumazo y sustituida por actas institucionales ad hoc. Al cerrar deliberadamente cualquier cauce democrático para el conflicto político irresuelto, el golpe de Onganía empujó a la juventud por reacción hacia el peronismo que los universitarios habían denostado antes. Esta formación política, compleja y confusa, mansa por naturaleza, se radicalizó a su vez no por vocación, sino por falta de salida perceptible. En un clima enrarecido, las tensiones políticas, sociales y culturales se exacerbaron. Las dictaduras militares, de Videla en adelante, faltas de argumentos se propusieron zanjar las incertidumbres derramando sangre. Sobre los crímenes cometidos por esos gobiernos militares se han escrito páginas escalofriantes. Por estar fuera del país no presencié lo ocurrido y me abstengo por lo tanto de entrar a considerar, aunque no de enjuiciar, el episodio.

La inquina antiuniversitaria acumulada por los grupos integristas prorrumpió con Onganía con un ¡Muera la inteligencia! a lo Millán Astray. El gobierno militar superó la persecución de profesores y alumnos que sus comilitones lanzaron en otros países del Cono Sur por la misma época. En el vecino Brasil, los universitarios sospechosos de formar parte o de colaborar con la guerrilla fueron expulsados de la universidad, detenidos, torturados e, incluso, un centenar de ellos muertos. La cúpula castrense brasileña no pecó de blanda. Su violación de derechos humanos suma una cuenta pesada, pero los militares brasileños llegaron a entender que la aniquilación de científicos y docentes, presentes y futuros, comprometía el desarrollo técnico y económico del país. Para evitar ese daño a la nación, recapacitaron y procuraron detener la hemorragia de cerebros. Onganía y sus sucesores jamás concibieron, en cambio, que la materia gris de sus compatriotas tuviera valor alguno. En su cortedad mental confiaban en una ilimitada dotación natural garante del bienestar perpetuo de sus habitantes y fundamento de la preeminencia de la «Argentina potencia» sobre sus vecinas sudamericanas. El país paga aún, por desgracia, la miopía de sus hombres de armas. Por sus crímenes se les han pedido cuentas y han sido condenados, pero todavía no por sus desaguisados, merecedores de una sanción igualmente ejemplar.

Los profesores que el golpe militar argentino puso en la calle gozaban en general de un crédito profesional compartido con sus colaboradores y discípulos. La noticia del asalto brutal a la universidad, de la extensión de las renuncias y del oscuro porvenir que esperaba a los equipos y a las investigaciones en marcha, alarmó a sus colegas del exterior, que apreciaban la labor que se venía realizando en el país. En un rincón de su memoria, los interlocutores guardaban aún el recuerdo de la persecución que nazis, fascistas y franquistas lanzaron contra sus intelectuales, científicos y artistas y de cómo la comunidad académica internacional reaccionó a la sazón para que los acosados pudieran proseguir su labor creadora fuera de sus países de origen. La cacería abierta en Argentina recordaba, en menor escala, lo sucedido antes en la Europa de entreguerras. La experiencia acumulada espoleó la preocupación de los científicos norteamericanos y europeos. Antes de poner en marcha un plan de rescate, y para agotar precauciones, despacharon prudentemente emisarios a Buenos Aires para que certificaran la hondura del conflicto, terciaran y evitaran la desbandada humana. Comprobado por estos emisarios, entre ellos el senador republicano Javits, que los golpistas no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer, se dio la mediación por fracasada. Los renunciantes recibieron en el par de meses siguientes ofertas de los Estados Unidos y de Europa. Los eficaces impulsores del rescate pusieron también recursos a disposición de las universidades latinoamericanas deseosas de contratar y retener a los colegas argentinos en apuros para que las pérdidas de las casas de estudios argentinas fecundaran a sus hermanas de América Latina.

Los militares golpistas revelaron una aversión retrógrada contra las ciencias duras y, de rechazo, también contra las sociales. Las fundaciones Rockefeller y Ford, sin desentenderse de la suerte que corrían las disciplinas restantes (física, medicina…), comisionaron a sus asesores John P. Harrison y Kalman Silvert para que evaluaran en qué situación quedaban tras el golpe sociólogos, politólogos, economistas…, así como los historiadores de la misma orientación. La primera idea tomada en consideración fue aportar medios para que fundaciones privadas locales, como el Instituto di Tella, pudieran retener in situ a equipos y profesionales, pero el plan no pudo concretarse. La desbandada consiguiente me condujo a Nueva York. Silvert, buen conocedor de la Universidad de Buenos Aires por haber enseñado en ella, se brindó a reforzar el centro interdisciplinario de estudios latinoamericanos que acababa de fundar en New York University con ayuda del National Defense Educational Act. Convenció al departamento de historia de la universidad de que aceptara contratar a tres historiadores a medias con el centro: Tulio Halperín Donghi, ya mencionado, Roberto Cortés Conde y el que suscribe. Antes de que Silvert estuviera en condiciones de extender su oferta, Tulio recibió una invitación en firme de la Universidad de Harvard que aceptó. Roberto se incorporó a NYU según lo previsto y el tercero intentó hacerlo, pero quedó empantanado en Buenos Aires. Año y medio tuve que esperar a que el servicio de inmigración norteamericano se sirviera sellar mi pasaporte y extenderme el imprescindible permiso de residencia permanente en los Estados Unidos.

Los pasaportes con los que he lidiado los veintiocho años de mi exilio adulto han provocado episodios curiosos de los que paso a ocuparme en la última parte de este capítulo. En la Argentina entré, como se recordará, con un titre de voyage francés válido solamente para el viaje de ida. Durante diez años permanecí encerrado dentro de sus fronteras sin siquiera poder visitar a Carmelo Soria, mi compañero de andanzas estudiantiles en Madrid, exiliado, Andes de por medio, en Santiago de Chile. A la falta de papeles para viajar, se sumaba el inconveniente de que el peronismo recelaba, como todo régimen instintivamente autoritario, de las entradas y salidas del país a no ser las oficiales. El gobierno llegó a impedir los viajes particulares al vecino Uruguay para evitar contagios con los opositores exiliados. Derrocado Perón, las restricciones de movimientos se levantaron y decidí aceptar la insistente invitación de Carmelo. Con ese fin solicité mi pasaporte en el consulado español de Buenos Aires. Mi fuga de Cuelgamuros databa entonces de hacía ocho años, pero un cónsul adjunto, compañero de estudios en Madrid, me informó de palabra que había consultado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y que éste había rechazado mi solicitud, a no ser que me propusiera volver para responder del quebrantamiento de condena. El expediente respectivo permanecía abierto en el juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial. La contestación no me sorprendió. El viaje a Chile quedó por consiguiente frustrado.

Estando enseñando en la Universidad del Litoral, como he relatado, la Fundación Rockefeller me concedió una beca para ampliar estudios en el extranjero dentro de un programa destinado a promover la calificación profesional de jóvenes profesores latinoamericanos. Contemplé varias oportunidades, pero opté por la más atractiva que presentaba la École Pratique des Hautes Études dirigida por el eminente historiador Fernand Braudel. Regresar a la Francia de mi adolescencia me tentaba, se justificaba por mi conocimiento de la lengua (lo que no era el caso con el inglés) y por la abundancia en París de fuentes relativas a la historia contemporánea de España, tema que me proponía estudiar. L’École y su órgano, la prestigiosa revista Annales, que conocía al dedillo por ser lector asiduo de sus entregas trimestrales, se hallaban entonces en la cumbre de su notoriedad, en especial en el campo de la historia económica y social debido al aura intelectual y profesional que irradiaba la herencia de los fundadores de la revista, Marc Bloch y Lucien Febvre, ya desaparecidos, el primero bajo tortura durante la ocupación alemana de Francia. L’École atraía a jóvenes del mundo entero, como en mi caso, en busca de formación y de inspiración para sus investigaciones futuras. El tema por mí elegido aunaba la historia contemporánea, que enseñaba en el Litoral, con la económica y social de España, en la que esperaba encontrar claves para entender al hirsuto país que me había abierto las puertas al destierro. Me faltaban empero papeles para entrar y residir en Francia el año que duraba la beca. Hubiera sido una lástima no poder aprovechar esa ocasión sin igual.

En 1959, me sobraban años de residencia en el país para pedir la nacionalidad y el pasaporte argentinos, pero me costaba renunciar a mi condición íntima de refugiado sin abordar otras posibilidades. Temía contradecir mi pasado en aras de una conveniencia circunstancial. El eminente jurista, antiguo catedrático de la Universidad Central de Madrid, renombrado político y buen amigo Luis Jiménez de Asúa brindó la solución al problema planteado. Me acompañó a consultar a un juez argentino antiguo alumno suyo para que me aconsejara cómo proceder. El magistrado dio con la solución al instante. Necesitaba constancia de que el consulado español me negaba el pasaporte. Explicitado mi desamparo, él mismo se encargaría de ordenar a la Policía Federal, en uso de sus atribuciones, que me expidiera el pasaporte argentino previsto para residentes extranjeros desatendidos por sus países de origen. Para mi sorpresa, el consulado no tuvo inconveniente en denegarme por escrito lo solicitado. El trámite siguió el curso previsto. A los pocos días, la Policía Federal argentina me entregó un flamante pasaporte argentino para no argentinos, perfectamente legal, aunque de existencia poco conocida (véase la figura 27). En sus páginas interiores, los cónsules franceses, luego los alemanes, ingleses e italianos, estamparon sin inconveniente los visados solicitados. Los trámites para obtener tales permisos consumieron seguramente algún día más de lo habitual, por lo insólito del documento presentado al sello. Guardo ese pasaporte como oro en paño como prueba de la liberalidad argentina y de cómo burlé el cerco franquista sin renunciar a la nacionalidad de la que me privaban los sediciosos apoderados del Estado.

Figura 27. Sello de renovación del pasaporte argentino para no argentinos, París, junio de 1960.

Sin salir de mi asombro por la solución eficaz y rápida hallada, volé a París con mi mujer y mis dos hijos. Para no correr riesgos inútiles, evitamos la breve escala que los aviones de propulsión a hélice hacían entonces en Barajas en ruta de Buenos Aires a la capital francesa. En Dakar, cambiamos de avión por otro de bandera francesa en vuelo sin escalas de Senegal hasta la aún metrópoli. Instalado en el tranquilo suburbio de Clamart, pude seguir las estimulantes lecciones de Fernand Braudel, Pierre Vilar y Jean Meuvret, entre otros. En los seminarios de l’École, anudé también relaciones con colegas europeos. Algunas de ellas duraron de por vida, como la que me unió con el polémico y sagaz Ruggiero Romano.

De la Biblioteca Nacional, los Archivos Nacionales y los fondos diplomáticos del Quai d’Orsay extraje materiales suficientes para mis estudios de la historia económica de la España del siglo XIX. Antes de que concluyera el año de beca, solicité de la Fundación Rockefeller una extensión por seis meses para consultar en Londres materiales complementarios existentes en el Museo Británico, que entonces alojaba en su céntrica instalación londinense el frondoso fondo bibliográfico que más tarde sería transferido a la nueva biblioteca nacional británica. También frecuenté el Public Record Office. La combinación de los repositorios franceses y británicos me evitó caer en visiones de la economía española unilaterales. Tampoco necesité resignarme a plantearme asuntos menores o a abordar, simplemente, las relaciones bilaterales entre España y Francia o el Reino Unido. A pesar de encontrar vedado el acceso a las fuentes primarias de mi país, me di el gustazo de vencer los obstáculos y plantear cuestiones históricas enjundiosas.

Regresar a Europa al cabo de una decena de años de exilio americano me vino de perillas para mi formación profesional, pero también en el orden personal. Mis hijos, aún pequeños, pudieron conocer a su extensa familia española y mi tierra, la suya, y yo mismo volví desde entonces a estar presente en España, no físicamente, sino en el ámbito intelectual. Los materiales históricos que recogí mientras disfrutaba de la bien hadada beca me permitieron publicar trabajos que mis colegas españoles leyeron con interés. Mi nombre volvió a sonar de fronteras para adentro, no en recuerdo de episodios preteridos, sino en debates académicos sobre el comportamiento económico de la España decimonónica con el que me acercaba al presente. Mi libro España hace un siglo: una economía dual obró de tarjeta de presentación.

Cuatro años antes de volver a pisar Francia, la Universidad de Madrid había experimentado en 1956 disturbios estudiantiles sonados. Eran los primeros sobrevenidos bajo la dictadura. La noticia de los hechos y de las reacciones que arrastraron tardó en llegar a mis oídos. La revuelta estalló cuando me encontraba sin prensa ni teléfono en el último confín del mundo, según expresión de Lucas Bridges. El verano austral me había llevado de exploración arqueológica a Tierra de Fuego, relatada al empezar el capítulo. De la conmoción desencadenada en Madrid supe a toro pasado, es decir al volver semanas después a la ciudad de Buenos Aires. A pesar de encontrarme a miles de kilómetros de distancia, la policía franquista no se privó del capricho de atribuirme la dirección del movimiento. El secretario general de la Universidad Complutense, Roberto Mesa, antiguo jaranero y alborotador, como los medios oficiales tildaron en su día a los responsables de las protestas, me obsequió el libro en el que la universidad madrileña tuvo el acierto de reproducir, ya en democracia, el expediente que la policía formó a raíz de aquellos acontecimientos memorables.[3] Valió la pena dar a conocer, en honor de los participantes en la revuelta, las imputaciones que la policía hizo en su día.

En las primeras páginas de la compilación documental figuran los telegramas de los agentes destacados en Hendaya que denunciaban mi presencia en la frontera. Con gusto hubiera desempeñado el papel directivo que me atribuían, pero la lejanía —y razones también obvias— me impidieron ejercerlo. La fantasía de los mal informados informadores pone en suma de relieve un jadeo tan continuo como inútil en pos de mi persona. Al parecer, la policía no se había repuesto todavía de la rabieta que Manuel Lamana y yo habíamos causado al escapar de Cuelgamuros. Su ofuscación denota, por otro lado, aparte de poca profesionalidad, cómo el argumento conspirativo blandido por el régimen para disimular sus fallos, impedía que los sabuesos percibieran, y menos que entendieran, los cambios que la sociedad española estaba experimentando delante de sus narices. Para echarse a la calle, los jóvenes no necesitaban mechas ni chispazos prendidos afuera. Una savia nueva, salida en gran parte del tronco social sobre el que se sustentaba el régimen, encabezaba las protestas. El recién desaparecido Javier Pradera ejemplifica, entre otros pero de manera prominente, el cambio operado, de imprevisibles consecuencias.

En París, y luego en Londres, compartí exilio con un puñado de dirigentes estudiantiles de aquellas jornadas madrileñas. Di con ellos en el seminario de historia de España que dirigía Pierre Vilar en la École Pratique des Hautes Études, imán semanal de jóvenes exiliados de toda laya y de españoles que, de paso por París, insistían en conocer personalmente al maestro.

En su seminario, Vilar no se contentaba con desarrollar el tema previsto, sino que abría de tanto en tanto un inciso para comentar alguna destacada obra reciente sobre la historia de España. Otras veces cedía la palabra a algún visitante. En una de esas ocasiones conocí por cierto al historiador Jaume Vicens Vives, con el que además coincidí varias tardes en la sala de lectura del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

En el seminario de Vilar, el diálogo no faltaba, pero la costumbre hacía que prosiguiera fuera del aula en algún café de la rue des Écoles. No era el único profesor de la institución que rompía la formalidad del aula y charlaba con sus alumnos después de clase alrededor de una mesa de café. Braudel tenía la costumbre de reunirnos en el Balzar. Con Vilar o sin él, la tertulia vespertina se prolongaba hasta la hora de la cena. De la historia se pasaba rápidamente a la actualidad o a especular sobre el futuro incierto de España. Los representantes en París de la ASU (Asociación Socialista Universitaria) y de la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), Francisco Bustelo, Juan Manuel Kindelán, Carlota Bustelo, María Gómez Mendoza, Vicente Girbau, Víctor Pradera, Gonzalo Anes…, solían traer informaciones transmitidas por sus propios canales sobre la actividad desarrollada por sus organizaciones o noticias que la censura ocultaba. La vecindad y las múltiples vías de comunicación disponibles en París permitían estar al tanto del día a día en España con una asiduidad imposible de conseguir a la distancia de Buenos Aires.

Por afinidad de ideas y por compartir enemigo —el SEU—, los representantes estudiantiles asilados en París situaban a sus organizaciones en la senda de la FUE republicana. En un momento sopesaron, incluso, si convenía que la organización del interior recuperara las siglas veteranas, que una docena de años antes habíamos intentado resucitar. La idea de adoptar las siglas comprometedoras acabó por ser descartada por motivos prácticos. Una simple D, por Democrática, añadida a las tres iniciales de marcado sabor republicano, se esperaba que sirviera para aminorar el ensañamiento y las condenas que la policía o los jueces militares aplicarían a los futuros detenidos. Señal elocuente de la herencia vindicada es que el primer boletín de la FUDE reprodujo un ensayo sin mi firma sobre la actividad de la universidad y de la FUE antes del franquismo. El Centro de Estudiantes de Ingeniería acababa de publicarlo en Buenos Aires. Años después, la FUDE adquirió entre las organizaciones estudiantiles un sello radical que no tuvo en sus comienzos.

Cierro el inciso sobre mi estancia en París y Londres, que el capítulo siguiente reabrirá, y vuelvo al enredo —mal menor del exilio— de mis pasaportes. Nada más regresar a Buenos Aires caducó, según la norma administrativa atrabiliaria en vigor entonces para cualquier pasaporte argentino. Vuelta pues a la desagradable sensación de encierro. Urgencia de salir al exterior no tenía por el instante. Obligaciones docentes y personales me sobraban y me retenían. La impresión duró por fortuna poco. John P. Harrison, mi contacto en la Fundación Rockefeller en tiempos de mi beca, fue nombrado director del Centro Latinoamericano de la Universidad de Texas y me invitó a enseñar un semestre en Austin. La oferta resultaba tentadora. Me abría horizontes académicos y me retaba a enseñar en un idioma en el que no las tenía todas conmigo. La necesidad de trasladarme a Texas me hizo abrir la puerta del armario en el que permanecía encerrado el fantasma del pasaporte. Esta vez, yo sabía cómo lidiar para domesticarlo.

El camino trillado tomó de repente un giro inesperado. El consulado español en Buenos Aires, en vez de contestar por escrito a mi pedido que no le caía en gracia extendérmelo, me entregó un pasaporte ordinario de tapas verdes con el pajarito estampado en la tapa. Su apariencia era de normalidad absoluta. Las sorpresas saltaban a la vista al abrir las páginas interiores. El librillo declaraba ser válido para todos los países del mundo, salvo —escrito de puño y letra— para Rusia y sus países satélites. La fórmula chocaba por su expresión poco acorde con la terminología diplomática, pero el contenido no tenía por qué sorprender. Al fin y al cabo, las naciones excluidas en tono despectivo no reconocían al gobierno de Franco. México, que tampoco mantenía relaciones diplomáticas con él, no figuraba sin embargo entre las descartadas. Al régimen debía resultarle cuesta arriba tener que reconocer por escrito el repudio manifiesto de un país americano. Paradoja mayor: el pasaporte excluía, finalmente, nada menos que a España (véase figura 29). En 1964, la normalidad jurídica no había sido restablecida en el país. El pasaporte me negaba la entrada en él por más que la acreditación extendida reconociera explícitamente mi nacionalidad.

Figura 29. Pasaporte español, no válido para entrar en España.

El pasaporte normal en apariencia no impidió nuevos embrollos. Entre Buenos Aires y Texas se extiende México. Nunca antes había pisado el país azteca. Él y su gente despertaban en mí un vivo interés, aparte de permitirme conocer la tierra de la lejana rama gachupina de mi familia materna. Ahora bien, el pasaporte sin estrenar que había deslizado en mi bolsillo no valía para viajar a ese país. México únicamente reconocía al gobierno de la República en el exilio y, por consiguiente, sólo admitía la documentación extendida por el servicio exterior republicano. La embajada de la República acreditada ante el gobierno mexicano me hizo llegar a Buenos Aires un pasaporte, con un visado de cortesía expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con él en mano, crucé el control del aeropuerto del Distrito Federal ante la mirada respetuosa, pero perpleja, del uniformado de inmigración, no acostumbrado a visar semejante credencial. Concluida mi visita a México, en coincidencia casual con la del presidente de la República en el exilio, Luis Jiménez de Asúa, y habiendo establecido contacto en esos días con instituciones y personalidades mexicanas y refugiados españoles, volví a enseñar el mismo documento a la salida. Sobra decir que me cuidé de hacer el mismo gesto al poner pie en los Estados Unidos.

Cumplido mi compromiso docente con la Universidad de Texas, donde dejé mis primeros discípulos norteamericanos, poseedora por cierto de fondos bibliográficos y documentales que consulté con gran provecho para las investigaciones que me traía entre manos, no regresé directamente a la Argentina, sino que exprimí la licencia que mi facultad me había concedido, para conocer brevemente varias ciudades norteamericanas, en especial Nueva York, sin barruntar que no tardaría en vivir un cuarto de siglo en ella. De la gran metrópoli, salté a Europa para asistir a los congresos internacionales de historia convocados el verano de 1965 en Múnich y Viena y, de paso, para reencontrarme con viejos amigos en París y Londres y con mis hermanas en Hendaya, a la vista de España. Estando en Viena, recibí una invitación de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia para que el historiador uruguayo Carlos Rama y yo presentáramos avances de las investigaciones propias y de las instituciones en las que trabajábamos. Los miembros de la Academia que siguieron la exposición en español no fueron demasiados, pero prestaron gran atención.

La revolución cubana, entonces en su infancia, había despertado en los universitarios checos, igual que en sus colegas de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, una fascinación repentina por las sociedades latinoamericanas, las actuales pero también las pretéritas. La apertura política iniciada en Praga en 1965 entreabrió un país que llevaba un par de decenios aislado del mundo occidental, con el consiguiente perjuicio intelectual y profesional para los científicos dedicados a estudiar esa región del mundo. Relajadas las comunicaciones de Checoslovaquia con el exterior, el apetito de los universitarios por saber en qué andaban los colegas latinoamericanos se agudizó. Dieron, por cierto, con quien sentía una curiosidad inversa. Acepté la invitación para enterarme por mí mismo de cómo se desenvolvían la sociedad y la vida universitaria del otro lado del llamado telón de acero. Me interesaba además entablar un intercambio de información y de publicaciones entre el Instituto de Investigaciones Históricas de Rosario que dirigía y los establecimientos de la misma especialidad centroeuropeos. No sólo conseguí establecerlo, sino que accedí a publicar un artículo de historia latinoamericana en una revista científica checa.

Con la invitación de la Academia de Ciencias en mano, me presenté en el consulado en Viena para solicitar el imprescindible visado de entrada. De primera intención, deposité sobre el mostrador mi pasaporte republicano pensando sin malicia que era el más aceptable puesto que la nación invitante seguía sin reconocer a Franco. A poco de terminada la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia había mantenido, incluso, relaciones diplomáticas por un tiempo con el gobierno de la República en el exilio en París. El empleado del consulado me preguntó con discreción si no disponía de otro documento acreditativo. Al enseñarle el verde, pasó por alto la cláusula que excluía el acceso a su nación y me extendió un visado en hoja aparte. Las burocracias comunista y franquista habían descubierto la manera de burlar la incompatibilidad que sus gobiernos profesaban en voz alta. Pude pues disfrutar del esplendor de Praga y de las atenciones prodigadas por la Academia de Ciencias. El siguiente tropiezo con el pasaporte pertenece a la última etapa de mi concatenación de exilios. Reservo su consideración al capítulo décimo.

El capítulo que está a punto de concluir, comprime las vicisitudes de mi destierro porteño. En los veinte años que residí en la capital argentina (1948-1968, menos algunos meses y ausencias temporales) conviví con exiliados republicanos de todos los estratos que he identificado al comenzar el capítulo. Me codeé con ellos, desde los obreros manuales afiliados a las agrupaciones sindicales del exilio hasta el grupo selecto de los legisladores, militares, profesionales o intelectuales que sirvieron a la República, amén de los pertenecientes a la amplia capa intermedia. El presente capítulo no se ha propuesto recrear un ambiente cuya franja intelectual ha sido evocada ya en memorias conocidas, como las de Alberti y Ayala. El exilio porteño empieza por otra parte a merecer estudios detallados, como, por ejemplo, por capa profesional. Una tesis doctoral reciente de la Universidad de Salamanca documenta las actividades que los médicos refugiados desarrollaron, principalmente en Buenos Aires. Conocí las interioridades de ese exilio. Formé también parte de él. Pero ni mi cabeza ni mis sentimientos ni mis actividades quedaron encerrados en ese círculo de compatriotas, como creo haber mostrado. En la Argentina, no estuve ni me sentí de paso.

Por haber llegado tarde a Buenos Aires, quedé inserto en la periferia del círculo de expatriados. Con los refugiados del 39 no compartía memoria de España. No había conocido la República, la guerra o la derrota. Los episodios del pasado vivido por ellos no faltaban en su boca, ni se alejaban de su mente. Mis recuerdos de España se remontaban apenas a mi infancia y más a la posguerra, de cuyos sufrimientos ellos se habían librado para suerte suya. Tampoco llegué a Buenos Aires con una vida hecha. Los médicos, los juristas, los generales… siguieron conceptuados —ejercieran o no sus profesiones— como lo que habían sido antes. Mi situación ni siquiera era comparable a la de los hijos de refugiados, crecidos en el destierro y asimilados ya al país de acogida. Me quedaba por recorrer el camino hollado por ellos antes. Entrado en la universidad, prevalecieron, como es natural, las afinidades con compañeros argentinos cuyos combates y aspiraciones acabaron por ser los míos. Por congruencia con lo que me había llevado al exilio, me vinculaba con ellos pero, al acercarme a ellos, me alejaba un tanto de mis codesterrados.

En el relato precedente, mi padre alterna como progenitor, profesor y republicano. Algún lector devoto de su figura echará de menos más pormenores políticos sobre su exilio argentino, como por ejemplo su intervención en conferencias o banquetes celebrados en el Centro Republicano de Buenos Aires o en otras instituciones españolas de la ciudad o del interior del país. Sus correligionarios le llamaron en efecto a menudo para que animara su espíritu en momentos bajos. Sus intervenciones, o las reseñas, pueden leerse en el órgano España Republicana. Mi narración no recoge esa faceta suya, ni siquiera he mencionado hasta ahora su asunción de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República, a instancias de su viejo colega y amigo Luis Jiménez de Asúa, al corresponder a éste la primera magistratura por fallecimiento del presidente Martínez Barrios. La coincidencia por residencia de los dos mandatarios máximos en Buenos Aires llevó a pensar que el gobierno extraterritorial se había trasladado al Río de la Plata en 1962. No hubo tal cosa. El gabinete y demás órganos de la escueta y austera administración gubernamental siguieron donde estaban. Asúa y mi padre ejercieron su mandato in partibus, part time y sin ínfulas, en viajes periódicos a París, poco indicados por cierto para la edad que ambos habían alcanzado. Un reputado historiador e influyente político polaco, él mismo exiliado en algún momento, ha dejado constancia admirativa de la modestia y el humor que conoció a mi padre en París en el ejercicio de su mandato.[4]

Si trayectoria de vida y distancia generacional no facilitaron mi encaje exacto entre los exiliados veteranos y mayores, las perspectivas de futuro me apartaban también de ellos. Los refugiados de la primera hora esperaron demasiado tiempo la restauración de la República. Se comprende que aspiraran a esta solución óptima, pero el tiempo les hizo perder insensiblemente sintonía con los sentimientos y con los comportamientos de los correligionarios y compatriotas sometidos a la férula del autócrata. Los republicanos del interior parecían otorgar prioridad a una pronta salida del régimen. Mi conocimiento de la España de la posguerra me predisponía a entender su disposición a aplazar la restauración de las instituciones republicanas a cambio de una consulta democrática inmediata.

En su larga espera de cambios políticos en España, los exiliados de la Argentina se vieron condenados a poner sordina a sus manifestaciones públicas. A petición de Franco, Perón recortó sus actividades, aunque sin llegar a perseguirlos. Nada ganaba él con enajenarse, con un acoso innecesario, los sentimientos de la mayoría de la colonia española, los de los sindicalistas incrustados en las filas de su partido o los de los masones adictos, simpatizantes todos ellos con la causa republicana. Una contradicción más recorrió pues por dentro al conglomerado peronista. Aunque diera largas al asunto, el general no dejó sin embargo de exigir algo que le importaba más de cerca: que los exiliados cortaran tratos con los opositores con quienes habían mantenido hasta entonces relaciones fraternas. Confinado y en precario, al exilio republicano le tocó hibernar por unos años en la Argentina de Perón.

La deposición del presidente en 1955 despertó a los republicanos del letargo en el que habían encallado. Los periodistas volvieron a firmar con su nombre en la prensa y los editores a publicar sin cortapisas. Los políticos argentinos les prestaron de nuevo atención y las universidades les llamaron. Las efemérides republicanas recuperaron público y fervor, aunque la nada inminente proximidad del cambio político en España justificara tanto ánimo. Al desaparecer el régimen autoritario, los republicanos compartieron hermanados con los argentinos la recuperación de las libertades de expresión y de asociación.

El exilio se recuperó adelgazado por ausencias notorias como fueron el fallecimiento del primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el retorno a España del dramaturgo Alejandro Casona, la marcha de Rafael Alberti a Roma y la de Francisco Ayala a Puerto Rico y los Estados Unidos. La colectividad republicana en el Plata estuvo expuesta a un cercenamiento continuo que fue modificando su composición. A modo de compensación, el tiempo y la atrición la hicieron estrechar codos y limar las asperezas que separaron a los refugiados en la primera hora. Los recuerdos de la guerra ocuparon menos parte de sus conversaciones, y más tiempo el comentario de las noticias que llegaban de España.

9. RUEDO IBÉRICO

En el capítulo anterior me he ocupado de la influencia que tuvo para mi formación y carrera profesional el viaje de ampliación de estudios que me retuvo en París y Londres de septiembre de 1959 hasta marzo de 1961. El interludio europeo sirvió además para reactivar mi compromiso antifranquista. La distancia de España en la que transcurría mi exilio americano —y demás factores— había debilitado no mis sentimientos pero sí mi actividad opositora. En Argentina, de estudiante pasé a profesor universitario, con el aumento consiguiente de responsabilidades profesionales y familiares. El cambio de status sobrevino por lo demás sin haber optado por un terreno de confrontación sustitutivo al estudiantil en el que me había desenvuelto hasta entonces. En la cárcel, he contado que no me tentó sujetarme a disciplina de partido o de organización social, pese a las presiones amistosas ejercidas en ese sentido. En el exilio, me resistí igualmente a incorporarme a agrupaciones o instituciones cuya función, se me antojaba, había quedado reducida en los años cincuenta a no desguarnecer la maltrecha retaguardia republicana, tarea noble en sí misma pero sin capacidad ofensiva. Contribuir a levantar en Argentina una universidad pública como la soñada para España me resultó de momento más gratificante. Mi porfía contra la dictadura española se reavivó al descubrir en Francia un resquicio para arremeter junto con otros amigos contra, al menos, las bases ideológicas del régimen.

En París, me reencontré con antiguos compañeros de la FUE y traté con exiliados de las camadas recientes. El seminario de Pierre Vilar en la École Pratique des Hautes Études constituía, como ya he dicho, el punto de encuentro semanal en el que los exiliados de todas las camadas avivábamos los rescoldos de nuestras nostalgias. Al salir de clase, de las reflexiones históricas solíamos pasar tarde o temprano a discutir qué hacer de cara al futuro. Después de muchas elucubraciones, un puñado dedujimos que convendría levantar en el exilio una editorial volcada hacia el interior. El tiempo se encargó de demostrar el acierto de esa conclusión.

Entre los asistentes asiduos al seminario se encontraba José Martínez Guerricabeitia, futuro eje del proyecto. Había conocido a Pepe en 1946, como se recordará, al entregarle en la estación de ferrocarril de Valencia el primer boletín clandestino de enlace UGT-CNT que candorosamente llevé conmigo desde Madrid. Un par de años después de ese encuentro fugaz, coincidimos en la delegación de la UFEH en París, recién salidos ambos por pies de España. De los miembros que compusieron aquella representación estudiantil en el exterior, Enrique Cruz Salido, él y algún otro no se desperdigaron por el mundo, como hicimos los demás. En la decena de años en que permanecí ausente de París y sin contacto con él, Martínez había pasado calamidades, pero no perdido el rumbo. Cursó estudios en la Sorbona y en ella adquirió un bagaje intelectual variado y sólido. En el orden profesional, su meticulosidad lo propulsó a editor de libros para Hermann, una acreditada casa especializada en el campo de las ciencias duras. La formación adquirida en ese trabajo riguroso lo capacitó para asumir después la dirección técnica así como la gestión de la editorial que decidimos fundar. El cruce casual con él en la boca de metro de la estación Maubert-Mutualité y la posterior frecuentación en el seminario de Vilar reavivaron una amistad que jamás se interrumpiría en vida a partir de entonces.

Alrededor de la mesa ovalada del seminario, me codeé también con Vicente Girbau, diplomático encarcelado, procesado y expulsado de la carrera por su manifiesta disconformidad con el régimen. En el exilio, Girbau se dio de alta en el PSOE. Residía en Londres, pero venía con frecuencia a París. Al seminario también acudía Ramón Viladás, abogado laboralista de orientación catalanista de izquierdas, que, preso algunos meses, pudo zafarse del juicio y de la consiguiente condena y arrastrar a París a su familia. Trabajaba en un despacho de abogados con asuntos en España y obraría de asesor legal de la empresa en formación. Elena Romo, refugiada en Francia por su actuación clandestina en la posguerra, de creencias comunistas, funcionaria de la UNESCO en la sede central de París y compañera de Pepe Martínez, se unió al grupo. Su experiencia en el mundo de la traducción y de la edición constituiría un activo fundamental para una casa en pañales.

Los cinco, contando a Pepe y a mí mismo, nos comprometimos a juntar los modestos recursos financieros con que cada uno contaba, para lanzarnos a la aventura. En una entrevista concedida no recuerdo a quién solté la ocurrencia de que la editorial echó a andar sobre ocho ruedas, las de los coches que Pepe y yo vendimos para cubrir nuestra cuota del capital fundacional de la empresa. La boutade hizo fortuna y los periodistas la repiten desde entonces hasta el cansancio, con injusto olvido de las contribuciones restantes. Tras medio año de sopesar el pro y el contra y de realizar las gestiones administrativas necesarias, el proyecto se formalizó, en marzo de 1961, hace ya más de medio siglo, sobre una estrecha mesa de mármol del desaparecido café Le Cluny, en pleno corazón del Barrio Latino. El nuevo sello fue bautizado Ruedo ibérico, nombre de evidentes resonancias valleinclanescas por las semejanzas que la sociedad tardofranquista, a la que destinamos nuestros dardos, presentaba con la «corte de los milagros» isabelina desollada por don Ramón. El régimen al que se acogió la empresa, por sensato consejo de Viladás, fue la ley francesa, con un gerente de la misma nacionalidad a su frente, al menos nominalmente. Al amparo del código de comercio galo, la editorial sorteó las inútiles presiones que los diplomáticos de la dictadura no se privaron de ejercer para silenciarla. Las autoridades francesas se negaron siempre, y en derecho, a actuar contra una sociedad perfectamente en regla con la legislación del país.

Antes de hilvanar recuerdos sobre Ruedo ibérico, advierto que mi contribución al respecto no mejora o suplanta las noticias disponibles. Por residir en Buenos Aires y luego en Nueva York, lejos de la matriz de la empresa, no pude seguir el día a día de la editorial, salvo en mis raras visitas a París o a través de la correspondencia esporádica mantenida con el director. Por más socio fundador de la editorial que fuera, no aventajo a Albert Forment, cuya obra sobre Ruedo ibérico y su consustancial director, Pepe Martínez, combina testimonios recogidos personalmente —el mío entre ellos— con noticias extraídas del archivo de la editorial y del fondo personal de Pepe. Ambos se hallan depositados en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, al que cualquiera puede recurrir en busca de detalles suplementarios.[1] Forment no ha escrito de oídas, sino que se ha documentado a la perfección. Mis recuerdos, carentes de inmediatez, se enfrentan en vez a las líneas maestras, que adelgazan a medida que la editorial ganó tamaño y complejidad.

Cuando los libros de Ruedo ibérico empezaron a poblar las estanterías en Francia y las trastiendas de las librerías en España, más de dos decenios habían pasado desde la terminación de la guerra civil. El propósito último de los sublevados apenas había cambiado entre tanto. El catolicismo, el componente doctrinario del régimen menos afectado por la capitulación del Eje, había relevado como justificación retórica a las consignas totalitarias de la primera hora. El franquismo se las había compuesto también para superar el ostracismo político y la crisis económica de fondo provocada por su insensata política autárquica. En los inciertos años cincuenta, la ebullición interior —huelga de tranvías de Barcelona, minera de Asturias y estudiantil de la Universidad de Madrid— se encargó sin embargo de recordar que la dictadura seguía siendo vulnerable. ¿Qué hacer desde la Francia colindante?

Para dar rienda suelta a su impaciencia, los antagonistas del régimen dispusieron de tres opciones generales y una a escala regional. Las nombro para abreviar: Sabaté, ETA, Semprún y Ruedo ibérico.[2] Diezmada la organización de masas anarcosindicalista del interior, la acción directa de vanguardias minoritarias recuperó protagonismo dentro de las filas anarquistas urbanas. Sabaté tuvo en jaque a Barcelona durante tres lustros, replegándose de tanto en tanto al otro lado de los Pirineos. Sabaté acabó abatido por la policía y sus émulos no tardaron en correr una suerte parecida. La oposición violenta contra Franco parecía condenada al descarte cuando un núcleo juvenil —ETA—, en desacuerdo con los objetivos y métodos moderados del nacionalismo vasco tradicional, fue radicalizándose hasta acabar abrazando la violencia. Su centro de operaciones se instaló en Francia. Si la acción de anarquistas experimentados fue perdiendo respaldo dentro del mundo obrero catalán y del resto de España, el otorgado a los activistas bisoños por la sociedad vasca fue en cambio en aumento.

El recién desaparecido Jorge Semprún personifica por su lado el empeño por captar voluntades, principalmente en las capas ilustradas. Es el ejemplo del responsable político que cruza la frontera para conseguir apoyos y robustecer la organización a la que se debe. Su caso no fue ni el primero ni el único. En mi lejano paso por Alcalá y Carabanchel había conocido a correligionarios suyos o a agitadores de otras formaciones, cuyos nombres he mencionado, que renunciaron al exilio con el objeto de potenciar la resistencia interior. Los precursores acabaron en la cárcel, mientras que Semprún logró completar su misión y replegarse indemne a su base de partida en Francia.

Ruedo ibérico, la última de las alternativas indicadas, ni propició el uso de las armas ni respondió a objetivos partidistas. A pesar de la experiencia ganada en la clandestinidad, quienes fundamos la editorial no nos veíamos emulando a los militantes recién mencionados. Optamos por desafiar al régimen en el terreno intelectual y cultural en el que nos desenvolvíamos con soltura. El instrumento concebido para llevar a cabo el propósito consistía en reunir en Francia información veraz sobre España que, al ser trasladada y difundida en el interior, sirviera para erosionar el armazón ideológico construido por el franquismo para justificar sus atropellos. La tarea pendiente no auguraba resultados inmediatos.

La pretensión básica del régimen —durar— dependía de la ciega subordinación de los cuerpos armados y de seguridad, así como del respaldo, por interés y afinidad, de sectores socialmente influyentes. Los corifeos pergeñaron una interpretación interesada del pasado y del presente de España y de los propósitos de la sublevación, mechada con ideas conservadoras heredadas de siglos anteriores. Su simplicidad argumental encandilaba a los adictos, nada exigentes en materia de consistencia intelectual. Los subyugados fueron sometidos en cambio a una catequesis desde la escuela al púlpito, sin derecho a rechistar. El martilleo continuo consiguió que la realidad acabara por desdibujarse en sus cabezas indefensas. El vocabulario oficial llegó a teñir el lenguaje coloquial, con términos como Cruzada, Caudillo, Guerra de Liberación… Vencer inercias y lavar cerebros presagiaba ser un trabajo necesario pero ímprobo.

Combatir el autoritarismo con libros es idea recurrente en la España contemporánea. El material de lectura levantó el ánimo de los combatientes durante las horas muertas en las trincheras y en la retaguardia del frente republicano. En México y en Argentina, los refugiados españoles engrosaron los catálogos de las editoriales para las que trabajaban o que fundaron, reproduciendo las obras clásicas, literarias o de pensamiento que el franquismo había entregado a la hoguera, relegado a sótanos o hurtado al conocimiento del público mediante el escalpelo de la censura. Nada más empezar el destierro, los refugiados se afanaron por rescatar el legado cultural repudiado por los vencedores, al que agregaron recuerdos y reflexiones de guerra y exilio, así como elucubraciones intelectuales sobre el ser inasible de España.

Ágil complemento de los libros fueron las publicaciones periódicas. Las revistas proliferaron, pero duraron poco tiempo cada una. El respaldo financiero disponible no estuvo a la altura del entusiasmo de sus promotores. Los refugiados y sus amigos americanos constituyeron un público fiel pero limitado. El mercado del libro en lengua española en América, falto de integración, no pudo compensar la ausencia del europeo. En Francia, donde residía el grueso de la diáspora, libros y revistas no pudieron entrar bajo la ocupación alemana; en España tampoco por la omnipresente censura. El abismo abierto al acabar la guerra entre la España interior y la exterior impidió que las noticias sobre los sufrimientos y la resistencia interiores cruzaran el Atlántico. El destierro americano no dispuso de información completa y fidedigna como para haberse erigido en el portavoz de los españoles de adentro. Durante años, diversas circunstancias concurrieron pues para que exilio e interior estuvieran condenados a desenvolverse de espaldas.

Editar libros de signo político para introducirlos en España subrepticiamente tampoco constituyó novedad. Los liberales perseguidos por Fernando VII los imprimieron en Francia e Inglaterra y se arriesgaron a difundirlos del Pirineo para abajo. Gracias a las obras leídas a hurtadillas, la muerte del rey absolutista no sorprendió a sus oponentes, ni desinformados ni desarmados ideológicamente. Varias versiones del constitucionalismo gobernaron el país durante el resto del siglo XIX. En su documentada obra, Albert Forment recoge asimismo iniciativas precursoras de Ruedo ibérico en las que Pepe Martínez y Vicente Girbau intervinieron ya. Ruedo ibérico ni siquiera fue la primera editorial creada por exiliados republicanos en suelo francés. Antonio Soriano abrió en París la concurrida Librairie Espagnole en la rue de Seine y publicó obras incompatibles con la censura, entre las que se encuentran las historias de la España contemporánea de Pierre Vilar y de Manuel Tuñón de Lara. El fuerte de Soriano fue sin embargo la librería y no la edición. Los libros que publicó tampoco llegaron a circular de forma regular y profusa por el interior. Las Ediciones Hispanoamericanas (cercanas a la IV Internacional) y, después de fundarse Ruedo ibérico, la Editorial Ebro, comunista, tentaron fortuna, pero sus obras, no demasiadas, sólo consiguieron una aceptación modesta. Los muchos libros, folletos o revistas que partidos u organizaciones publicaron para sus militantes, no deben ser excluidos del balance que queda por hacer del copioso acervo bibliográfico del exilio en Francia.

Ruedo ibérico no nació pues de un chispazo de inventiva. Superó a iniciativas coetáneas por su dedicación al interior, por su mayor profesionalidad y por su orientación plural. La pulcritud y el grafismo de la presentación de sus libros situaron su producción a la vanguardia de la edición, incluso de la española contemporánea. El atractivo visual que rodeó al texto fue fruto del talento puesto en su confección por el imprescindible José Martínez. La línea plural de Ruedo ibérico resulta, por otra parte, patente al hojear el catálogo y repasar la composición política del equipo fundador. Vocación aparte, la amplitud de horizonte respondía a una búsqueda de eficacia. Adoctrinar valía para consolidar certezas, pero poco para conquistar a desorientados o para restar adeptos al bando franquista. El régimen había forjado en amplias capas de la población fuertes prevenciones contra los detractores del sistema. Disiparlas se conseguía de forma más duradera limitándose a presentar al lector opciones y dejándole libertad para elegir entre las expuestas. Hartos de catecismos, los jóvenes que estrenaban inquietudes políticas, sociales e intelectuales agradecían poder decidir, como veían hacer a sus vecinos europeos. Vistas así las cosas, la oferta de Ruedo ibérico tenía más de pedagógica que de propagandística.

Ruedo ibérico estrenó su crítica al franquismo publicando un libro inédito, la historia de la guerra civil española en la que el antiguo diplomático inglés Hugh Thomas presentaba los acontecimientos y los actores de la contienda sobre la base de entrevistas celebradas con partidarios de ambos bandos y de la documentación abierta a consulta pública en el extranjero. Thomas dispuso asimismo de una bibliografía sin expurgos. A las exaltaciones, tergiversaciones y ocultaciones habituales del bando sedicioso no le otorgaba mayor crédito que a las informaciones y opiniones del lado legitimista. La neutralidad frente a los hechos resultaba inaceptable para las esferas oficiales, deseosas de escucharse sólo a sí mismas. Para mayor desconcierto, el equilibrio adoptado procedía de una pluma moderada y, por lo mismo, más difícil de descalificar. El libro produjo en los lectores desinformados del interior el efecto de una revelación. Thomas recordaba todavía hace poco con una sonrisa de oreja a oreja la proeza de que su obra hubiera sido, en circulación clandestina, nada menos que un best seller.

El texto dactilografiado de Thomas cayó por azar en manos de Girbau y mías. Nada más darlo por concluido, el autor lo sometió a consideración del reputado historiador británico Eric Hobsbawm, del que había sido alumno en el Birkbeck College londinense y con el que Girbau y yo teníamos amistad. Por tratarse de un tema español, Hobsbawm nos pidió que le echáramos un vistazo y opináramos sobre cómo abordaba la cuestión. Terminada su lectura, Vicente y yo escribimos a Pepe Martínez desde Londres que acabábamos de leer una obra inédita de la que convenía solicitar una opción para su publicación en español. Cabía temer que, en cuanto circulara en inglés, le salieran novios no españoles pero sí latinoamericanos. El que nos adelantáramos valió para que, entre la edición inglesa y la española, mediaran sólo los meses requeridos para traducir el texto. Los primeros lectores españoles descubrieron pues con máxima frescura el primer libro de Thomas, es decir, sin reseñas previas que orientaran su valoración de la obra. El Ministerio de Información y Turismo, tomado de improviso, acusó el golpe, pero no se atrevió a enfrentarse con el autor extranjero. Para refutar el contenido de la obra, Fraga pretextó que la traducción había distorsionado sistemáticamente el sentido original. Thomas se ocupó de refutar públicamente el embuste. La acogida que el público español dispensó al libro auguraba que su género habría de contar con seguidores.

Las ventas del primer libro aportaron beneficios inesperados que, reinvertidos, financiaron la aparición de más títulos. A la obra de Thomas sucedió El laberinto español de Gerald Brenan, en el que el reputado hispanista británico desgranó los antecedentes políticos y sociales de la guerra civil. Publicada en plena contienda mundial, alcanzó resonancia en Inglaterra, pero la censura española ocultó su existencia. Con el tiempo, Ruedo ibérico venció a la mano que condenó el libro al limbo y facilitó su lectura a los españoles, aunque con un cuarto de siglo de retraso. Condenas por el estilo fueron depositando títulos durante un par de decenios en una suerte de pozo oscuro de difícil acceso. De su fondo, Ruedo ibérico no tuvo más que rescatar inéditos. La cerrazón de la censura proporcionó la primera selección de obras y contribuyó —valga la paradoja— a la viabilidad económica de una empresa escasamente capitalizada.

De la sima de interdictos, provienen las obras académicas o ensayísticas de Frank Borkenau, Robert G. Colodny, Gabriel Jackson y Michael Alpert, sobre la guerra civil o sobre su epílogo posbélico que fueron apareciendo en distintos momentos. A este conjunto se adscriben también las de Stanley Payne sobre Falange y los militares, que el censor rechazó por extraño que hoy parezca. Que estas obras procedieran del círculo cultural anglosajón no significa que Ruedo ibérico prefiriera ese venero. Al concluir la guerra mundial, las editoriales de lengua española, siempre deudoras de obras extranjeras, se encontraron con que el surtidor habitual se había desplazado hacia la veta inglesa. Ruedo ibérico miró sin embargo a su alrededor y tradujo el diario de Mijaíl Koltsov, el corresponsal de guerra en España del periódico moscovita Pravda.[3] Que una editorial primeriza arranque con traducciones nada tiene de particular, tanto más cuando una barrera se interponía entre el exilio y los autores potenciales del interior. En cuanto éstos supieron de Ruedo ibérico, los originales empezaron a fluir a la modesta oficina que el sello abrió primero en el castizo pasaje de Saint-André-des-Arts, a un costado del animado Boulevard Saint-Germain, y luego en el cercano barrio, hoy elegante, del Marais.

Los trabajos polémicos de Herbert R. Southworth se cuentan entre los primeros originales disponibles. A ellos se añadieron luego los inéditos de Ian Gibson sobre el fusilamiento de Lorca y de David W. Pike sobre los campos de internamiento de refugiados en Francia. Por su enjundia y por coincidir con el propósito crítico de la editorial, los estudios de Southworth merecen mención preferente. Nacido en el Medio Oeste norteamericano, pero residente habitual en Francia, periodista de larga trayectoria profesional y doctor en historia por la Sorbona, el Southworth de los años maduros encontró en Ruedo ibérico el aliciente y el marco necesarios para verter por escrito los conocimientos acopiados durante tres decenios de su vida. Su ingente documentación sobre la guerra civil forma en la actualidad la colección que lleva su nombre en la biblioteca de la Universidad de California en San Diego. Mediante una crítica textual que nada tiene que envidiar a la de un monje benedictino de otros tiempos, el escritor norteamericano desmontó las tesis franquistas sobre la llamada Cruzada o sobre el bombardeo alemán de Guernica, crimen que el régimen insistía en negar contra la profusa evidencia acumulada. Armado de pruebas incisivas, Southworth demostró el poco rigor factual y argumental en el que se basaba la versión forjada por la propaganda franquista sobre la destrucción de la ciudad vizcaína. En tal descrédito cayó esta versión que la dictadura se vio obligada a soltar lastre y se enredó —sin inmutarse— en continuas contradicciones.

Con minuciosidad y empeño idénticos, Southworth hizo luego frente a la reivindicación que Maximiano García Venero escribió sobre Hedilla, jefe máximo de Falange apeado del poder y encarcelado por Franco. Sus rectificaciones desbarataron de paso el imposible intento de García Venero de blanquear el partido y de centrar todas las responsabilidades en el autócrata. Esta obra y la antitética de Southworth llegaron a los anaqueles juntas, de modo que los lectores pudieron extraer sus propias conclusiones, actitud prohijada por la editorial. El libro de García Venero no fue por cierto el único de disidentes del régimen que Ruedo ibérico publicó. Su respeto a las discrepancias le indujo a editar y distribuir los libros de Rafael Calvo Serer y de Xavier Lavardín, sin compartir las opiniones sostenidas en ellos.

Al núcleo de obras destinadas a corregir la tergiversación del pasado, la editorial no tardó en añadir libros sobre temas candentes. La historia higienizó las mentes, pero el conocimiento de la actualidad política, social, económica y cultural invitaba a actuar. Tras una primera crítica de los datos sociológicos y económicos convencionales, Ignacio Fernández de Castro asumió con Pepe Martínez la dirección del equipo editor de España Hoy, un denso collage narrativo sobre cuestiones variadas formado por textos, imágenes y dibujos remitidos desde el interior. El grueso volumen, salido de un esfuerzo colectivo, informaba de las disputas laborales planteadas en 1962 y 1963 en las minas de carbón y en las industrias de transformación y ponía en evidencia las consecuencias sociales que acarreaba el desmantelamiento del viejo edificio autárquico y la implantación del plan de estabilización. Presentaba la realidad traumática de estos conflictos, en oposición a los cacareos triunfales del régimen. La obra facilitó el enlace entre los autores del interior y la editorial en el exilio, como ésta pretendía.

La buena acogida de los lectores traducida en ventas, animó a la editorial a repetir. Galicia Hoy retomó el formato a escala territorial. El tomo reivindicó la singularidad histórica y lingüística de la región y denunció los graves problemas sociales que la región venía arrastrando de lejos. Para esta iniciativa, Isaac Díaz Pardo supo movilizar a reputados escritores y artistas, en buena parte en la emigración sudamericana, así como conseguir recursos para financiar la obra. Más adelante, Horizonte Español 1966 y Horizonte Español 1972 retomaron la confección de panoramas caleidoscópicos. Su contenido y tamaño aumentaron. El primero de los dos ocupó dos tomos y el segundo tres. Fundados los Cuadernos de Ruedo ibérico, ambas obras fueron editadas, formalmente, como suplementos de la revista.

Dos círculos de jóvenes intelectuales mostraron a través de Ruedo ibérico su incompatibilidad con la dictadura. Ésta era por razones de expresión, aparte de políticas. Los grupos a los que me refiero fueron los poetas y los pintores. Un temprano colaborador de la editorial, Antonio Pérez, bien conectado en ambos círculos antes de marchar a Francia, hoy fundador del Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, se brindó a viajar para dar a conocer las intenciones de la editorial en los medios intelectuales del interior. Los versos llegados de resultas de esta expedición dieron para breves poemarios, individuales o colectivos, bellamente impresos e ilustrados. Poesía y poetas gozaban entonces de gran prestigio en España, heredado del brillo que el género adquirió en la Edad de Plata y revalidado continuamente durante la guerra y el exilio. En la clandestinidad, la concisión y tono dotaron entonces a la poesía de una eficacia comunicativa superior a la de la prosa. Para exhortar a la movilización política y social, la poesía superaba a los fárragos del ensayo o del manifiesto.

Los poetas afrontaron a cara descubierta el riesgo que importaba colaborar con una editorial exiliada. Los poemas remitidos no disfrazaron el estilo o escondieron la firma del autor para confundir a los censores. Verbo e integridad coincidieron. A Ruedo ibérico se acercaron poetas de renombre como Gabriel Celaya, Blas de Otero, Alfonso Sastre, Salvador Espriú y Ángel González, ganador éste del certamen de poesía convocado por la editorial. La constelación poética se amplió al salir a la calle los Cuadernos de Ruedo ibérico. La agilidad de una publicación periódica dio cabida a mayor número de voces, unas veteranas como las de León Felipe, Vicente Aleixandre y José Bergamín, y otras jóvenes como José Ángel Valente, José Agustín Goytisolo y José Miguel Ullán, entre otros. En esta nueva etapa, únicamente los romanceros adoptaron la forma de libros.

La complicidad de la editorial con los novelistas progresistas no llegó en cambio a cuajar. Ruedo ibérico convocó un premio de novela para tender puentes. Un jurado, compuesto por escritores del interior y del exilio, junto con editores venidos de Barcelona, se reunió en Collioure, en el Rosellón francés, a poca distancia de la frontera española. Manuscritos llegaron sin embargo pocos a destino, para desánimo de la editorial. Ruedo ibérico falló el certamen a favor de la novela presentada por Armando López Salinas, pero renunció a convocar más premios. El desistimiento no le impidió publicar ficción en ocasiones, como las novelas de Luciano Rincón y Xavier Domingo, de inmediatez política. La actitud reservada por parte de los novelistas debió responder, entre otras razones, a temor de restar difusión a sus obras en circulación clandestina. A diferencia de los poetas, más confiados en el poder de la palabra, novelistas y cineastas prefirieron ceder a los cortes o a los circunloquios exigidos por la censura que defender la integridad original del texto.

Los pintores respondieron con el mismo entusiasmo que los poetas. El franquismo, refractario a toda modernidad creadora, se había encargado de silenciar a las vanguardias de preguerra y prestó un apoyo decidido al academicismo pedestre. Que los artistas jóvenes resintieran las limitaciones y directrices que les concernían y, por reacción, secundaran la demanda de libertad social y política de los oponentes de la dictadura, se entiende. Ruedo ibérico proporcionó un espacio donde expresarse sin cortapisas. Sus colaboraciones llenaron las páginas interiores de los libros o se asomaron a algunas portadas. La diversidad de puntos de partida fue convergiendo en un denominador pictórico común que cabría calificar, en sentido lato, de expresionismo abstracto, estilo con el que la editorial quedó asociada. Entre los primeros colaboradores cabe mencionar a Antonio Saura, Antoni Tàpies, Manuel Millares y José Ortega. A ellos se añadieron en Galicia Hoy los residentes en Buenos Aires: Seoane, Colmeiro, Laxeiro.

Respondiendo a la facilidad que Ruedo ibérico les brindaba, los artistas dieron rienda suelta a su irritación mediante apuntes mordaces sobre el clero y el decrépito caudillo. Los sarcasmos de Bartoli y Andrés Vázquez de Sola formaron excepcionalmente pequeños libros. La revista Cuadernos recogió buena parte de esas caricaturas. Los hoy consagrados Eduardo Arroyo, Genovés, Vicente Rojo, Eduardo Úrculo…, llenaron de dibujos la revista, junto con varios artistas latinoamericanos exiliados en París —Ricardo Carpani y Héctor Cattolica— o, durante la luna de miel de Ruedo ibérico con la Cuba revolucionaria, con los cubanos Julio H. Zapata, Posada y Umberto Peña. Igual que los poetas, los creadores residentes en España renunciaron al anonimato y firmaron sin reservas con nombre propio.

Ruedo ibérico no siempre cosechó éxitos, como pudiera deducirse de lo expuesto hasta ahora. No todos los caminos explorados en su primera hora resultaron satisfactorios. Fiel a su cobertura legal francesa y al público galo, Ruedo ibérico lanzó títulos en francés, principalmente las obras señaladas de Brenan, Southworth, Gibson, Jackson y Payne. En francés, el tema español no encontró sin embargo una demanda suficiente como para asegurar un fondo continuo en esa lengua. Ruedo ibérico publicó aparte una media docena de obras dedicadas a Cuba, en respuesta a la corriente de simpatía que la revolución despertó en amplios sectores de España. La rigidez posterior del gobierno de la isla dio paso a un desencanto que acabó por cerrar la veta. Incursiones por la actualidad internacional —la dictadura de Salazar o la transformación de China— tampoco dieron lugar a líneas editoriales sostenibles.

Descartar apuestas de pocas promesas no relegó a la editorial a la rutina de lo consagrado. La casa mantuvo antenas desplegadas a la espera de oportunidades. La primera de ellas la proporcionó la expulsión en 1964 de activistas curtidos del Partido Comunista de España. Dirigentes de alto rango y larga militancia, como Jorge Semprún y Fernando Claudín, se encontraron de repente huérfanos e inactivos por diferencias tácticas. La disponibilidad de ambos coincidió con la inquietud que rondaba por la cabeza de Pepe Martínez. Éste se preguntaba por entonces cómo sacar partido de los textos críticos e informativos que llegaban a sus manos, merecedores de ser difundidos y conocidos, pero de tamaño insuficiente como para formar libros. Una revista periódica abría esa posibilidad. Su agilidad permitiría además rastrear de cerca los cambios que, por la edad del dictador, no tardarían en sobrevenir. Una nueva revista necesitaba respaldo financiero y equipo que fueran propios, o sea capital y colaboradores fijos, para no detraer fuerzas y medios a la publicación regular de libros.

La conveniencia fraguó coincidencias. Un año después de la crisis del PCE, salieron los Cuadernos de Ruedo ibérico bajo la dirección conjunta de Semprún y Martínez y con un equipo editor paritario representativo de los dos sectores aliados para la ocasión. La fórmula acordada fue que revista y editorial constituyeran sociedades separadas para evitar que cualquier percance sufrido por una parte arrastrara a la otra. El público no se percató de la separación legal. Editorial y revista parecieron formar un todo, como en la práctica eran.[4] El nuevo órgano de difusión se benefició de partida de la confianza ganada por la editorial antes. Los autores, por lo demás, fueron compartidos. El periodista bilbaíno Luciano Rincón, por ejemplo, se prodigó por igual en ambos medios con artículos y libros escritos con varios seudónimos.

La revista reunió un amplio espectro de autores y de lectores, entre los que no faltaron los comunistas en discordia con su partido, los militantes de un FLP en descomposición y los cristianos dialogantes al socaire del Concilio Vaticano II. Si la aproximación entre cristianismo y marxismo llegó a repercutir en el Tercer Mundo, en América Latina en particular, la convergencia en España resultó más difícil de lograr, por cuanto la jerarquía católica se hallaba prendida a una dictadura decrépita y le costaba distanciarse de la colaboración prestada a su entronización. Los consabidos resquemores se hallaban lejos de disipados en la izquierda. La involución posterior de la Iglesia española parece dar la razón a la actitud reticente de entonces. En los Cuadernos, el debate planteado entre cristianismo y comunismo ocupó varios números, pero no superó el escepticismo con el que fue recibido. La revista dio cabida, además, a información sobre los reajustes gubernamentales, los altibajos de la coyuntura económica y las luchas obreras y estudiantiles. De la escena internacional, los Cuadernos se ocuparon del enfrentamiento militar en el sudeste asiático y de los conflictos que agitaban a América Latina, región en la que Ruedo ibérico esperó por un momento encontrar lectores.

La revuelta parisina de mayo de 1968 introdujo una cuña en la bipolaridad comunismo-democracia en la que la política europea había encallado, y liberó ideas nuevas o arrinconadas, como fueron el ecologismo, el feminismo, la libertad sexual, el anarquismo o la gama de variantes comunistas. Para Ruedo ibérico, el revulsivo del 68 se tradujo en iniciativas editoriales de signo general. Jorge Semprún dirigió en la casa una Biblioteca de Cultura Socialista donde tuvieron cabida, por primera vez en español, las obras completas de León Trotski y los libros silenciados de Nikolái Bujarin y Karl Kautsky, obras clásicas del comunismo alternativo. A estos libros siguieron los trabajos críticos sobre la burocracia del partido comunista polaco de Modzelewski y Kuron y sobre la actividad internacional de la Komintern de Fernando Claudín. En retrospectiva española, cabe incluir en este apartado la reedición de los artículos de Andrés Nin sobre el POUM. Carlos Semprún Maura, hermano de Jorge, dirigió por su parte la colección El viejo topo de ensayos contestatarios sin referencia específica a España.

Aplazo el adelanto de más novedades para que conste primero que las primicias no descartaron las líneas ya acreditadas. Ruedo ibérico no se desentendió del compromiso de desmitificar el pasado español. La guerra civil y sus antecedentes redujeron su presencia entre las novedades de la editorial, pero aumentaron en cambio en ellas los trabajos dedicados a la etapa siguiente. Plumas, esta vez francesas (Jacques Georgel, Max Gallo y Guy Hermet), historiaron aspectos de una era franquista cargada ya de años. José Borrás y José María del Valle dieron a conocer facetas —la política y las instituciones republicanasde un exilio igualmente largo. Antonio Vilanova rescató de un olvido injustificado la participación de los refugiados republicanos en las batallas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Raúl Martín y Ramón Criado desmenuzaron el colonialismo español contemporáneo, candente a pesar de haber concluido (Marruecos y Sahara). La guerra y sus prolegómenos no dejaron sin embargo de estar representados por la síntesis de César Martínez Lorenzo sobre el anarquismo español, los tres tomos de José Peirats sobre la historia de la CNT, el ensayo general de Joaquín Maurín y la reconstrucción de Andrés Suárez del proceso contra el POUM. Estos libros, más las memorias de los dirigentes anarcosindicalistas Cipriano Mera y Juan García Oliver pertenecen mayormente al venero libertario, poco representado hasta entonces en el catálogo. Estas obras, más otras que enunciaré, acusan un rebrote de ideas y actividades anarquistas al final de la dictadura, tras el bache iniciado a últimos de los años cuarenta.

La casa, tan preocupada por descorrer el velo de la fermentación social y económica en curso, se propuso repetir la operación informativa con respecto a la postura que los detentadores del poder adoptaban ante la desaparición previsible del autócrata achacoso. Lo primero a escrutar era qué esperar del propio dictador. Luciano Rincón publicó en ese sentido una aguda semblanza política y psicológica de Franco, que los lectores recibieron con gran interés, pero que le costó cara. A pesar de firmar con seudónimo, Rincón pagó su osadía con la cárcel, condenado por el Tribunal de Orden Público. Su pluma prolífica desplegó asimismo un balance nada triunfalista de los veinticinco años de franquismo. En otro libro planteó el papel residual que cabía a Falange en el futuro que se avecinaba. Ángel Fernández Santos se enfrentó, por otra parte, a la supuesta libertad de prensa pregonada por el ministro Fraga y subrayó el carácter cosmético de la operación. Alejandro Rojas Marcos y su equipo denunciaron bajo seudónimo colectivo la pugna que la Asociación Nacional Católica de Propagandistas libraba por el Correo de Andalucía, a modo de ejemplo de la lucha desatada por el dominio de los medios de comunicación. La cuestión más jugosa merece un par de párrafos aparte.

Una institución religiosa ambiciosa, incrustada en el poder económico del país, el Opus Dei, se ofreció entonces como firme candidata a la sucesión del régimen. De su origen, composición, recursos e influencia, los ciudadanos sabían poco. El secretismo que había presidido su nacimiento y su desenvolvimiento posterior alimentaba la curiosidad y toda suerte de especulaciones sobre propósitos y composición. Su influencia creciente, primero en la universidad y después por la entrada en tropel de los tecnócratas del Opus en el gobierno, no había pasado desapercibida. Enlace fiel entre autores y lectores, Ruedo ibérico se encargó de romper el silencio y publicó las primeras revelaciones sobre la institución. Jean Bécarud reconstruyó bajo seudónimo la trayectoria del Opus desde su fundación hasta su entrada en el gobierno. El libro, esclarecedor, resultaba sin embargo incompleto.

Tres años después, salió un volumen sobre el mismo asunto de doble grosor que el anterior. En él, Jesús Ynfante detallaba a cara descubierta los fines, el funcionamiento y la composición humana del Opus español a partir de documentos internos, fehacientes y abundantes, a los que había tenido el privilegio de acceder. Su obra, nada improvisada y de conclusiones rotundas, dio a conocer por primera vez los estatutos de la organización. La razón por la que el público comentó y hasta manoseó el libro de Ynfante no fue tanto conocer su ideario y su esquema organizativo sino algo más pedestre, dictado por la curiosidad. Un grueso apéndice contenía la lista de los miembros del Opus, por categorías. En él cabía rastrear a los personajes encumbrados de la política y de la vida social, pero también a los superiores, a los compañeros de trabajo o, incluso, a los simples vecinos de los que se rumoreaba que pertenecían a la institución. El libro hizo pues las delicias de las tertulias de café y de los mentideros oficiales. Los ejemplares fueron disputados. El haz de luz proyectado en ambos libros aumentó la demanda de información sobre el Opus. Bécarud amplió su obra en una segunda edición. El periodista Xavier Domingo aportó un texto jocoso y desvergonzado de consumo ligero, bajo el título El dinero del Opus es nuestro. Ynfante no aprovechó en cambio el tirón para ampliar o retocar su propia versión. En un giro de talones, centró su atención en otro factor influyente: el ejército de Franco, al que, por prever su continuidad bajo su sucesor, añadió al título: y de Juan Carlos.

A la dictadura de Franco le tocó enfrentarse en sus postrimerías con un malestar creciente en el País Vasco y con la radicalización de la acción sindical. Fiel a su compromiso informativo, Ruedo ibérico proporcionó a sus lectores materiales para reflexionar sobre ambas cuestiones. Siete libros, de la pluma de Francisco Letamendía, Miguel Castells y otros, expusieron las reivindicaciones históricas y contemporáneas del nacionalismo vasco, las raíces sobre las que se levantó ETA y la magnitud de la represión que la región y su gente estaban sufriendo (Vitoria, proceso de Burgos, consejos de guerra, estado de excepción), un castigo por otra parte no exclusivo. Por las mismas fechas, Alfonso Colodrón y su equipo publicaron en efecto la primera sinopsis sobre las cárceles de la España franquista (1939-1976), a la que remite la nota 3 del capítulo 4. El libro más sonado de la serie vasca fue por cierto el relato de cómo ETA hizo volar por los aires al presidente del gobierno, Carrero Blanco, de acuerdo con las confidencias que los autores del popular magnicidio hicieron a la escritora y activista Eva Forest.

Ruedo ibérico dedicó en comparación un número menor de títulos al movimiento sindical y a la acción reivindicativa en Cataluña. Ninguno a sus señas de identidad, que las editoriales catalanas tuvieron bien atendidas. J. A. Díaz sometió a crítica la orientación de las Comisiones Obreras en Cataluña. López Petit hizo otro tanto con la llamada izquierda autoritaria. Los libros restantes de este grupo se ocuparon del resurgimiento de la actividad anarquista en los estertores del franquismo. Téllez se ocupó de la guerrilla urbana; Alberola y Gransac, del anarquismo español entre 1961 y 1974, y Tajuelo de la actuación del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), con la sonada detención y ejecución de Puig Antich, así como la de los Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista (GARI).

Que la editorial prestara atención al anarquismo se inscribe en buena medida en la estela del Mayo del 68 francés, pero responde también a razones propias. Por entonces, José Martínez refrescó sus convicciones libertarias, sin dejarse llevar a una militancia en sus organizaciones. Pepe guardó sus ideas para ventilarlas en las páginas de los Cuadernos, al igual que otros hacían con las respectivas. Como editor cuidó de que el anarquismo recibiera la atención que le correspondía, sin contradecir la línea pluralista fijada. La incorporación a Ruedo ibérico de Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo y Alfonso Colodrón, procedentes de España con aportes de ideas y recursos nuevos, reforzó el tono libertario, ecologista y en general transgresor que los libros y artículos tuvieron desde entonces. Martínez Alier y Naredo acabaron incluso por asumir la dirección vacante de los Cuadernos.

La soltura que las editoriales del interior fueron adquiriendo para operar en el primer lustro de los años setenta perjudicó de refilón a Ruedo ibérico. He destacado ya la ventaja que la censura otorgó a la casa exiliada, en su momento y sin proponérselo, al prohibir la publicación de libros que hallaron una salida sustitutiva en París. La ventaja supuso a la larga una suerte también de servidumbre. Al moderarse la dictadura, censura y privilegio adelgazaron juntos. Las editoriales españolas vieron recompensada así su larga batalla por ganar espacios de libertad. Es sintomático del ambiente respirado que los colaboradores de Ruedo ibérico recurrieran menos a seudónimos, salvo para los escritos más corrosivos. Sólo las lecturas más radicales o los caprichos de la censura permanecieron condenados entonces a la clandestinidad. El cambio obligó a la editorial a orientar su producción hacia la literatura social de vanguardia constituida por el feminismo, la emancipación sexual, el erotismo, la igualdad de oportunidades, la preservación del medio ambiente… que la censura mantuvo condenada por más tiempo que la crítica educada y discreta al autoritarismo reinante.

Ruedo ibérico preocupó al gobierno por cuanto rompía el cerco informativo establecido y difundía en España los libros producidos fuera de su alcance. Para acallar en origen a la editorial, el gobierno recurrió primero a la diplomacia. Presionó a las autoridades francesas para que cerraran la editorial o, por lo menos, impidieran que sus libros circularan en territorio galo. Contra la circulación de los libros en el interior, extremó las medidas de vigilancia a la entrada y a la venta bajo cuerda. Todo en vano. Hasta concibió que terceros compraran la editorial para después cerrarla. Encarceló y castigó a los sospechosos de colaborar con ella. Agotadas las artimañas, recurrió a la violencia, que era lo más suyo. La librería abierta por Ruedo ibérico en la rue de Latran, en el corazón del Barrio Latino (véase figura 30), sufrió un atentado a altas horas de la noche causante de daños materiales, aunque no personales. Un hostigamiento más pueril que el recurso a la guerra sucia consistió en maldecir de los libros de Ruedo ibérico en las páginas del Boletín de Información Bibliográfica, creado por el Ministerio de Información y Turismo. Las reseñas publicadas en sus entregas periódicas respondían a la costumbre poco analítica propia del catecismo, dispuesta a repartir a troche y moche condenas o recomendaciones, sin preguntarse quién estaba dispuesto a hacerle caso. No está claro para quién se publicaba el boletín. Lectores tenía pocos. Los libreros no acostumbraban condicionar sus pedidos a opiniones tan peregrinas, sino a la demanda que les hacían llegar sus clientes. La venta del libro clandestino les reportaba por añadidura ganancias irresistibles.

Figura 30. Fachada de la librería de Ruedo ibérico en la rue de Latran. De derecha a izquierda, José Martínez, Marianne Brüll y el autor en 1973.

El capítulo presente ha tratado hasta ahora de la composición y evolución de la oferta constituida por los libros publicados por Ruedo ibérico. En buena economía, la oferta suele responder a una demanda, descomponible a su vez en varias partes. La primera pregunta al respecto es ¿cómo se satisfizo esa demanda?, ¿cómo los libros publicados en el exilio pudieron llegar a destino? Ruedo ibérico sólo atendió pedidos. No montó redes de distribución propia ni en España, ni en Francia. El único puesto de venta directa que tuvo fue su librería de París.

El contrabando nunca ha sido mal visto en España. El golpe de Estado del 36 fue incluso financiado, recuérdese, por grandes contrabandistas que los sublevados jalearon y premiaron. En los años sesenta, el contrabando no era ya —o tan sólo de tabaco, sino de libros. En una escala menor, pero nada desdeñable, se sitúa primero el llamado contrabando hormiga, es decir el paso subrepticio por la aduana de algún que otro ejemplar por particulares. París, meca entonces de las libertades, resultó buen proveedor de libros para esa modesta aventura. Todo visitante de la capital francesa incluía en su itinerario una visita a la rue de Latran o a otras librerías para aprovisionarse de clásicos de Ruedo ibérico. Regresar a España con el fruto prohibido importaba riesgos, el menor de ellos la confiscación de las obras, pero la popularidad que la exhibición de trofeos disparaba luego compensaba con creces los inconvenientes ocasionales. En el sur de Francia, en Perpiñán, en Hendaya o en Toulouse, más lejos ésta de la frontera pero «capital del exilio republicano», otras librerías surtieron al por menor esa demanda destinada a España. Lo vendido al norte de los Pirineos no representa por lo tanto únicamente el consumo de los exiliados y de los franceses.

Los intermediarios se ocuparon de satisfacer la demanda en grueso. En un programa de la Televisión Española sobre Ruedo ibérico, el editor de Mugalde confesó, ya en democracia, que los maquinistas españoles aprovechaban la parada forzosa del tren en Hendaya, obligada por el diferente ancho de vías, para cruzar hasta su librería y cargar de vuelta paquetes de libros de Ruedo ibérico (y otros). Los ferroviarios operaban sobre pedidos que introducían en España en la locomotora. De la correspondencia de José Martínez depositada en Ámsterdam, Albert Forment ha entresacado información sobre qué distribuidores españoles compraron grandes partidas de libros a Ruedo ibérico. Los principales fueron Torres y Blume. También refiere la manera como pasaban los paquetes de matute y cuáles fueron las condiciones de pago, punto importante para la supervivencia económica de la editorial. Los años han desvelado que hubo quienes, con relaciones dentro del aparato estatal, sobornaron a funcionarios de aduana para que hicieran la vista gorda al llegar paquetes con señales convenidas.

El contrabando de libros en el tardofranquismo no responde a la imagen romántica convencional del siglo XIX. Nada de alijos que cruzan de noche parajes agrestes a lomo de mula. Tampoco heroicidades. Los distribuidores supieron explotar el talón de Aquiles del régimen: la omnímoda corrupción. Tropiezos y pérdidas entraron dentro de sus cálculos, pero fueron en gran medida conjurados gracias a engranajes engrasados. Una vez fuera de la aduana, los paquetes fueron encaminados a las trastiendas de librerías seguras, por lo menos las de Madrid, Barcelona y País Vasco. Queda por saber a qué precios vendieron los ejemplares en la clandestinidad por comparación con el de tapa disponible en París. Es de temer que el incremento operado restara ventas entre el público español de menores ingresos.

¿Cuántos y quiénes demandaron libros de Ruedo ibérico en España? A falta de información precisa suele equipararse lector con libro vendido, regla inaplicable en un escenario clandestino. No tenemos forma de saber qué parte de cada tirada llegó a España bajo cuerda. Escasez y cortapisas despertaron en contrapartida el apetito de lectura. Cada ejemplar se prestó, rotó de mano en mano y se ajó en el manoseo. La cantidad de lectores por ejemplar se disparó. Más arriba, consta que algunos títulos de Ruedo ibérico lograron una buena acogida en España. La rapidez de reposición de ejemplares o las reediciones aportan sólo indicios del éxito obtenido.

¿Quiénes pudieron leer los libros de Ruedo ibérico en España? La escasez de ejemplares, su alto precio y su circulación mayormente urbana recortan el perfil del lector potencial. En una sociedad de neto corte clasista como la franquista, las capas populares, en principio más interesadas que las pudientes por el contenido de esos libros, tropezaron con mayores dificultades para hacerse con ellos. En los estratos medios o altos, en los que prevalecían los adictos —fervientes o basculantes— del régimen, aunque también algún oponente confeso, se alineaban, en cambio, quienes podían viajar a Francia, saber a qué librería local dirigirse y disponer de dinero para comprarlos. La pregunta que encabeza el párrafo cabe responderla diciendo que los individuos procedentes del régimen dispuestos a que sus opiniones bascularan, debieron constituir una buena parte de los clientes y lectores.

Del deslizamiento del pensamiento, difícil de seguir por la multitud de reservas opuestas, se conocen algunos testimonios representativos de otros que nunca afloraron. Citaré dos. Un embajador de España acudió a presidir la inauguración de una exposición en el extranjero en evocación de Ruedo ibérico. De estirpe de servidores del franquismo, me confesó la satisfacción que sentía al ver vitrinas con libros que, de joven, habían modificado para bien su visión del país y de su pasado y que habían matizado también la de su padre, menos dispuesto a abrirse. El pasado Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general del Aire José Julio Rodríguez, reveló en una entrevista concedida, que aprovechaba los frecuentes viajes que hacía a París a raíz de la adquisición de los Mirage que le tocaba pilotar, para comprar los libros de Ruedo ibérico. Su lectura le suscitó dudas sobre el adoctrinamiento recibido en la academia militar y acabó abriéndole los ojos (El País Semanal, n.º 1744, 28 de febrero de 2010, p. 43). Los libros de Ruedo ibérico llegaron pues a España por correo, ferrocarril, automóvil…, pero también por el aire. Es más, entraron en los cuarteles. El par de ejemplos aducidos confirma la eficacia que los libros de Ruedo ibérico mostraron en fomentar el desapego. En todo caso, para la editorial, misión cumplida.

Los libros que publicó Ruedo ibérico forman parte de la memoria de hace ya más de tres decenios. Desaparecido el franquismo, bastantes obras de su catálogo no han perdido vigencia y siguen contando con lectores. Que varias editoriales reproduzcan ahora sus títulos prueba que una buena parte de las mismas aguanta el paso del tiempo. El reto que Ruedo ibérico lanzó al régimen no formuló argumentos perecederos.

Ruedo ibérico sobrevivió al dictador, pero el fin del régimen encontró a la editorial con el pie cambiado. La censura, cuya férula le sirvió en cierto modo de báculo, se quebró. Oficializada la democracia, desmitificar la ideología y la crítica de la forma de gobierno franquista perdió urgencia. El pasado fue cedido a la profesión de los historiadores, que hicieron buen uso de su capacitación para bucear en su seno y seguir sacando a la luz las verdades ocultadas. Por otra parte, la actualidad —económica, social y política—, la otra diana de la editorial, llegó desde entonces al juicio de los ciudadanos por el conducto diario de una prensa abierta y competitiva. Para el reducto de la acracia, el feminismo, el ecologismo y la libertad sexual, el aperturismo acabó por abrir también la puerta. Su contenido dejó de tropezar con la censura. Circuló irrestricto, pero no llegó a conquistar seguidores suficientes. El nicho progresista radical, desatendido por las grandes editoriales, no bastó para sostener una empresa independiente y modesta. Ruedo ibérico vio reducirse así el público pendiente de sus novedades.

La editorial renunció al exilio de París después de aprobada la Constitución que cerró la dictadura. Al instalarse en Barcelona adoptó un nombre ligeramente distinto. La realidad que le esperaba era sin embargo radicalmente diferente. La opción comercial adoptada para proteger su integridad y la renuncia al lucro, que no ahorró a Ruedo ibérico el pago de impuestos como cualquier empresa, se volvió en su contra. La modalidad mercantil, garante de su independencia y de su cobertura legal en el exilio francés, quedó sujeta a la competencia de iguales. Las grandes editoriales con recursos muy superiores a los suyos no le hicieron un hueco en el mercado del posfranquismo. Otra cosa no podía esperarse de una producción no altruista. La rivalidad las llevó incluso a asaltar su cartera. Sonsacaron a autores para que les transfirieran los derechos de reedición de los libros publicados por Ruedo ibérico. Entre tanto, buena parte de sus antiguos colaboradores se apresuraron a desmarcarse de la editorial y a insertarse en los círculos de partido o profesionales que la Transición les abría. La agonía de Ruedo ibérico se estiró varios años, hasta 1981, cuando hubo de resignarse al cierre.

El relato anterior va escrito como si Ruedo ibérico hubiera actuado como un sujeto con discernimiento y voluntad propios, cuando en verdad la editorial dependió de opiniones y objetivos cruzados durante su trayectoria impar. La impresión de unidad de intención y de actuación la pone el cronista, pero no es del todo incierta si el lector opta por sustituir en lo leído Ruedo ibérico por José Martínez. Por más deuda que la editorial tenga contraída con gran número de sus colaboradores, el rumbo y la mera existencia de Ruedo ibérico no se entienden sin reconocer la centralidad de Pepe en el desafío eficaz que la casa planteó a la execrable dictadura.

10. NUEVA YORK: UN EXILIO ARGENTINO Y DOS FINALES

Antes de enseñar en el departamento de historia de New York University, hice otro tanto en la Universidad de Texas, en Austin, como el lector recordará. Con ese motivo, supe de las complicaciones que se interponen para entrar en los Estados Unidos. La experiencia adquirida me evitó cometer errores más adelante. NYU me invitó a sumarme a ella no temporalmente por intercambio universitario, sino con un contrato abierto convertible después de un período de prueba en un nombramiento permanente. En previsión de que necesitara o deseara quedarme en la universidad, me convenía solicitar un permiso de inmigración; no un visado J-1, como la vez anterior. El servicio de inmigración norteamericano concedía sin pegas a los profesores visitantes ese acceso más expeditivo, con la condición de dejar el país por un mínimo de dos años al finalizar el tiempo estipulado en el contrato. Un visado J-1 hubiera significado para mí en esta ocasión pan para hoy y hambre para mañana. Al dejar el país, nadie me esperaba esta vez en Argentina, ni tampoco en mi país de origen.

Los ciudadanos españoles, no los latinoamericanos, eran recibidos en los Estados Unidos conforme a una cuota anual raquítica, herencia probable del 98. Resolver la solicitud podía llevar años. El visado estaba supeditado además a restricciones políticas generales. El solicitante no debía haber pertenecido a una organización nazi o, inercia del macarthismo, poseer antecedentes comunistas. Mi condena en Madrid por el Tribunal de Represión del Comunismo y de la Masonería constaba en el certificado de antecedentes penales, que había de presentar indefectiblemente. El mero nombre del tribunal habría de poner la mosca detrás de la oreja de los encargados de la criba, a menos que mezclar en el título comunismo y masonería —ésta respetada en los Estados Unidos— restara credibilidad a la tacha intencional. En ese caso, prevalecería la opinión que la palabra oficial del franquismo mereciera al Servicio de Inmigración y Naturalización. Por suerte, no tuvo consecuencias.

Mientras mi solicitud se resolvía, permanecí empantanado en Buenos Aires sin qué hacer y en aprietos. Vi volar al extranjero a mis colegas y amigos, así como a antiguos alumnos. Para ciertos discípulos tuve la suerte de conseguir becas o trabajo en Francia, Inglaterra o México. A medida que transcurría el tiempo, el entorno se enrarecía y se oscurecía. La calidad de la universidad por la que me la había jugado, se deterioraba a ojos vistas. La estrecha mentalidad militar se afanaba por cierto también por hacer la vida imposible a actividades extrauniversitarias, como el psicoanálisis o las desarrolladas por las vanguardias plásticas o teatrales. Motivos sobraban para caer en el desánimo, pero, ante la adversidad, hice de tripas corazón.

Fallido el intento, más voluntarioso que viable, de formar un grupo de estudio en Rosario para dar continuidad a la labor emprendida en el Instituto de Historia, opté por reconvertir mi desocupación en una suerte de sabático concedido por el general Onganía a mi costa. A salto de mata, participé en simposios en Argentina y Chile, enseñé historia contemporánea en el seminario rabínico de Buenos Aires, efectué trabajos editoriales… En lo último, codirigí una colección de la editorial Paidós y ocupé la secretaría de la redacción de la revista interdisciplinaria Desarrollo Económico, en cuyas páginas se codeaban economistas, sociólogos e historiadores. A la distancia de decenios, me complace comprobar que la revista no ha dejado de publicarse con regularidad. La labor de mayor provecho personal consistió en fin en escribir dos libros, más varios artículos, éstos sobre la formación del sistema bancario español moderno. En el capítulo octavo me he referido ya al primero, España hace un siglo: una economía dual, una recopilación de estudios en apoyo de la hipótesis avanzada sobre la complejidad transitiva de la economía española del siglo XIX. El segundo libro respondía a inquietudes, lecturas y enseñanzas muy alejadas del tema anterior. En él osé trazar una primera síntesis de la historia de la población de América Latina desde los tiempos precolombinos hasta el presente. Urgido por compromisos editoriales, pedí la colaboración de José Luis Moreno para la redacción de los capítulos contemporáneos. Versiones más extensas vieron la luz luego en los Estados Unidos y, de forma repetida, en España. Innovadoras en campos distintos y publicadas casi a la vez —la primera en Barcelona y la segunda en Buenos Aires—, ambas obras fijaron la doble orientación —la historia económica de España y la demografía americana— que habrían de ocupar mis investigaciones y enseñanzas ulteriores, sin perjuicio de escarceos ocasionales por otros terrenos de la historia.

Tres semestres enervantes se sucedieron sin que mi solicitud se resolviera. New York University merece la gratitud que manifiesto por la paciencia y la insistencia que desplegó al mantener su oferta en los términos iniciales, a pesar de las contrariedades que mi demora le ocasionaba. La universidad tuvo en efecto que cancelar cursos programados y devolver matrículas. En vez de desistir de su propósito, se mostró comprensiva y volcó su influencia en mantener viva la petición de visado en Washington, así como en salir al paso de las objeciones políticas que los funcionarios pudieran presentar. El empeño desplegado por la universidad cuenta con nombres y apellidos, los de George W. Stone, decano de Humanidades, y el mencionado Kalman Silvert, director del Centro Iberoamericano. Si NYU perseveró no fue porque mi persona le resultara imprescindible, aunque tampoco prescindió de mí en las ocasiones que se le presentaron luego. El fundamento de su firmeza residió en la aversión despertada en tantas casas de estudio norteamericanas por el desmantelamiento de instituciones docentes, científicas y culturales fraternas, que mi caso personalizaba en ese instante. Educado en España y Argentina en universidades que los militares purgaban sin miramientos, la sensibilidad opuesta gratificaba y daba aliento.

Mientras esperaba el visado, recibí expresiones de simpatía y ofertas de otras universidades americanas, de Francia, e incluso propuestas privadas de España. Esas manifestaciones amistosas reconfortaban, pero las gestiones de NYU avanzaban. La universidad se salió, finalmente, con la suya. La comunicación de que el visado me había sido concedido me llegó comenzado el semestre de primavera de 1968, es decir con las clases empezadas. La universidad reaccionó con un gesto más de la liberalidad mostrada hasta entonces. En lugar de postergar la incorporación al año académico siguiente, como hubiera sido normal, me ofreció que lo hiciera de inmediato. Clases no podría dar a esas alturas, pero me encomendaría tareas remuneradas durante los meses que faltaban para el nuevo curso. El comienzo de las clases me habría de encontrar así instalado material y anímicamente, a la vez que familiarizado con los usos de la casa. De este modo es como aterricé en el aeropuerto Kennedy en la madrugada del 4 de abril, fecha histórica en los anales de las relaciones raciales norteamericanas.

En el aeropuerto me esperaban mi colega Roberto y Beba, su esposa. Roberto Cortés Conde me había precedido. En NYU había seguido los entresijos de mi larga espera. Al llegar al piso que ocupaba su amplia familia en el Greenwich Village, recibimos por televisión la desconcertante noticia del asesinato del reverendo Martin Luther King, que sembró el desamparo en la población negra del país. La desaparición de su líder embraveció los ánimos de algunos, al extremo de incendiar los barrios céntricos de Washington. En Nueva York, el alcalde acompañó a la comunidad negra en su duelo y evitó que la ciudad corriera la suerte de la capital de la nación. Pocas semanas después, una nueva conmoción sacudiría al país: el asesinato del senador Bob Kennedy, postulante a la presidencia de los Estados Unidos. La violencia política parecía haberse adueñado de la escena nacional, incluidas las atrocidades que los soldados norteamericanos cometían en Vietnam a la vista de la prensa. Daba pues la impresión de que había pisado tierra con el pie izquierdo. La idea de dar marcha atrás me pasó naturalmente por la cabeza. La necesidad de registrarme, como todo inmigrante a los pocos días de pisar suelo americano, en el Selective Service, caja de reclutas, agravó las dudas. Una señora mayor que se encargó de rellenar mis fichas y que midió sin demasiada precisión mi estatura y mi perímetro torácico, me tranquilizó. A mi edad, la probabilidad de ser movilizado, incluso en plena guerra, era remota. Por otra parte, sin tener cubiertas las espaldas, más valía seguir adelante.

De las dos heridas entonces abiertas, los Estados Unidos cerraron primero la provocada por el asesinato de Martin Luther King. La sociedad norteamericana reaccionó para evitar que la confrontación racial pasara a mayores. Abundaron los desagravios y las medidas de discriminación positiva en favor de la población negra. Las resoluciones adoptadas no durmieron el sueño de los justos, sino que fueron implementadas. Los propios afroamericanos no parecían estar por la insumisión, sino por la integración. La rebelión armada preconizada por los Black Panthers encontró apoyo limitado.

El rechazo a la guerra de Vietnam comprometió a más gente y suscitó una agitación que tardó en remitir. La protesta caló en particular en el medio universitario al que accedí. Las imágenes de los disturbios contra el servicio militar en los campus de California o en el neoyorquino de Columbia dieron la vuelta al mundo en la primera plana de los periódicos y en los telediarios. Más tarde lo harían las patéticas fotografías de la matanza de estudiantes por la Guardia Nacional en Kent State University. Por mi parte, guardo el recuerdo, más modesto pero directo, de la marcha en círculo alrededor del edificio del Courant Institute de Matemáticas de NYU, en repudio por los cálculos que se suponía que el Departamento de Defensa llevaba a cabo en su gigantesca computadora. A diferencia de lo que ocurrió en Jericó según la Biblia, las vueltas animadas por cánticos alrededor del edificio no derrumbaron los muros del Courant Institute. Guardo también memoria del fin anticipado de las clases en la primavera de 1969, para disimular la participación masiva de los estudiantes en manifestaciones de oposición a la guerra. Suspendidas las clases, los profesores fuimos autorizados a conceder un aprobado general. Sólo un alumno, veterano de guerra con beca del ejército, insistió en ser examinado y tuve que tomar y calificar su examen. A los latinoamericanistas no les asombró semejante conclusión del semestre. Disturbios estudiantiles habían presenciado más de uno en sus viajes de estudio. NYU me acogió, sorprendentemente, en un clima no insólito.

La guerra de Vietnam dividió a la juventud entre quienes creyeron que su deber era servir bajo bandera y quienes se refugiaron por objeción de conciencia en Europa o Canadá. Un grupo menor sin escrúpulos buscó enchufes para librarse de pisar el frente. Alguno llegó a presidente de la República. La sociedad norteamericana se debatió en el desconcierto y escindida. Por una parte, el Peace Corps proporcionaba un cauce al espíritu solidario de muchos jóvenes que desarrollaron actividades altruistas de cooperación en países subdesarrollados. Otros jóvenes quedaron traumatizados, física y moralmente, después de intervenir en cruentos combates en el sudeste asiático. El espíritu contestatario alentado por el conflicto bélico se extendió por toda la sociedad. En la senda marcada por los hippies, la contracultura invadió las revistas, la literatura, la música, el espectáculo del off off-Broadway. Hasta los bancos renunciaron a su tono adusto y trataron de ganarse a sus clientes con mensajes floridos. Fueron tiempos de debates animados y de transgresiones. La sociedad no tardó en absorber la efervescencia, en limarla, en desnaturalizarla, sin desprenderse empero del componente introducido de sexo y droga. La retirada forzada de Vietnam y la posterior renuncia, también obligada, del presidente Nixon, carcomido por escándalos, fueron sentando las bases para una recuperación de la serenidad.

En Nueva York empecé un tercer exilio, además del español, como refugiado universitario argentino. Incompatibilidades no había. Ambos procedían de un mismo rechazo a dictaduras militares hostiles a la libertad académica. La duplicación pasó en realidad bastante desapercibida para la mayor parte de mis nuevos colegas. Me tuvieron sin más por extranjero, condición común en una ciudad de aluvión, en la que mi idioma resultaba además familiar, a pesar de mi acento peninsular. A la hora de precisar, me tomaban por argentino, mi última procedencia. Nada ganaba yo con tratar de deshacer enredos. No me afané pues en explicar que exiliado era por partida doble.

Mis primeras frecuentaciones tampoco invitaban a despejar confusiones. A Manhattan habían llegado antes que yo colegas y amigos de Buenos Aires. Varios de ellos habían recalado en la misma universidad, unos en la Facultad de Medicina y otros en los departamentos de física, sociología, ciencias políticas, literatura española, aparte del de historia… La diáspora fue cuantiosa. Algunos colegas argentinos vivían incluso en el mismo complejo residencial universitario que yo, situado a pocos pasos del famoso Washington Square (véase figura 32). Al círculo universitario, se añadieron artistas también argentinos, ahuyentados por el ambiente cultural enrarecido de Buenos Aires y atraídos por la ciudad sustituta de París como capital de las artes. Mi trato más asiduo con norteamericanos y españoles quedó para más tarde.

Figura 32. El autor delante de su domicilio de Manhattan, con el busto de Sylvette de Picasso a sus espaldas.

A diferencia de mi desembarco en Buenos Aires, donde me esperaba mi padre, pero adonde llegué desarmado —sin profesión y sin conocer la ciudad—, en Nueva York aterricé sin familia. Mis hijos habían quedado en Buenos Aires con su madre, de la que me había divorciado. Un matrimonio posterior con otra argentina reforzó los lazos que me unían al corrillo sudamericano en Nueva York. A Manhattan llegué, por otro lado, con un cometido preciso y con cierta reputación. Venía a enseñar en la universidad. La urbe me resultaba asimismo conocida. La había visitado pocos años antes. Nueva York suscita en todo advenedizo reacciones contrapuestas. Agrada o repele, según le vaya a cada uno en la feria. Mi inserción en un sistema universitario, flexible y ordenado, pese a las incidencias temporales comentadas, con oficina y clases a dos pasos de mi casa, a la que llegaba además a través de jardines, con residencia en un barrio vibrante, el afamado Village, que medio mundo venía a conocer y del que no sentía necesidad de salir, salvo para el aeropuerto, una holgura económica relativa y demás circunstancias me situaban entre los neoyorquinos favorecidos. El contraste con las incertidumbres e incomodidades anteriores no podía ser más acusado. El entorno facilitó pronto el encaje.

New York University es una institución privada fundada en los primeros decenios del siglo XIX como centro de educación superior para las capas emergentes de un emporio bullicioso, faltas de acogida en la veterana y elitista universidad de Columbia, en Manhattan, o en otras cercanas de parecido tenor. En 1968, cuando me incorporé a ella, NYU seguía siendo una universidad eminentemente urbana. Sus estudiantes, de una extracción social media y clara vocación profesional, procedían en gran medida del área metropolitana. Por haber desertado el centro de la ciudad de Greenwich Village donde había estado emplazado, la sede de NYU se encontró, para su contrariedad, en una zona de prestigio dudoso. La bohemia desplazó a la gente elegante. En uno de los vuelcos frecuentes que da una urbe dinámica como es Nueva York, el panorama se invirtió. Los bríos renovados de la ciudad renovaron el atractivo y el vecindario del barrio, gracias en buena parte también a la apuesta de la universidad. En vista de las circunstancias, ésta optó por centrar su expansión futura de la que estaba necesitada en el Village. Los miembros de los Boards of Trustees y los presidentes sucesivos supieron sortear los altibajos inevitables. Su gestión eficaz logró levantar a la larga un amplio campus universitario en el sitio de suelo más escaso y más caro del mundo. La proeza material fue duplicada por otra de orden cualitativo. La elevación del nivel académico la consiguió aumentando y diversificando sus programas educativos y culturales. El esfuerzo fue completado con una selección exigente del profesorado y de los alumnos, merced a la concesión de mejoras laborales y a un incremento considerable de becas para los estudiantes.

Los años transcurridos en NYU no fueron todos plácidos. A la agitación estudiantil siguió en 1973 una crisis financiera que obligó a cerrar programas y a reducir la plantilla, poda de la que salí indemne. NYU fue la primera en ver cernirse los nubarrones que descargaron después sobre el conjunto de las universidades. NYU supo recuperarse y reemprender su marcha ascendente antes que sus pares. Trabajar en una institución en constante superación invitaba a recapacitar sobre cómo funcionaba. Venido de naciones en las que la educación superior se hallaba anclada en las universidades públicas, resultaba sorprendente que las norteamericanas no dependieran del gobierno federal para su financiación y gobierno y que las públicas creadas por los estados federados no solieran ser las mejores. Gozaban además de la autonomía que las latinoamericanas y españolas se afanan por arrancar del Estado, sin renunciar a depender del presupuesto público, ambigüedad generadora de continuos conflictos. El distanciamiento con respecto a los poderes públicos se completaba con la no concesión de títulos oficiales, como los que, a nombre del rey o del jefe del Estado, adornan ridículamente los despachos de médicos, abogados y… pedicuros en España. Las universidades norteamericanas expiden diplomas que garantizan formación. Forman alumnos, en la manera que Francisco Giner de los Ríos, gran renovador de la educación, propuso en España. El aprendizaje adquirido en la universidad prepara, según este criterio, para presentarse a exámenes en profesiones en las que el Estado fiscalice el acceso por la responsabilidad social que importa su ejercicio: medicina, derecho y otras.

Mi tercer exilio distó de parecerse en el trato al que me dispensó el franquismo en el anterior, cuando se me negó el pan y la sal. Los represores argentinos dejaron de tenerme a raya cuando dejé el país. Al entrar y salir de la Argentina no tropecé con más incordios que cualquier pasajero, que no eran pocos. En las vacaciones de verano del hemisferio norte, solí ir a ver a mis hijos y a mi padre, y mi mujer a su familia. Dentro del país no tuve inconveniente en entrar en contacto con los colegas que habían quedado atrás, entre ellos Manuel Lamana, mi compañero de fuga. Camino de Buenos Aires solía por cierto detenerme en Chile para encontrarme con los antiguos amigos de la FUE, Manuel de Rivacoba y Carmelo Soria. Desde el golpe de Pinochet y el asesinato de Carmelo por la DINA, el horror me ha impedido volver a pisar Chile. Aquellos viajes veraniegos o invernales, según se mire, los aproveché además para consultar archivos, el de la Nación Argentina en Buenos Aires y el Nacional de Bolivia, en Sucre. Sus fondos me suministraron abundantes materiales para mi tercer libro, Indios y tributos en el Alto Perú, publicado en Lima, y para bastantes artículos sobre la historia social andina del período colonial. Este exilio no me obligó pues, como el español, a interrumpir el contacto con mi familia, con mis amigos o con mis fuentes de información histórica. Lo dicho lo confirma el hecho siguiente. A las pocas semanas de poner pie en Nueva York, el consulado español me notificó que el juzgado de San Lorenzo de El Escorial no había cerrado la causa pendiente por mi fuga. Por el tiempo transcurrido podía haberse dado por prescrita, pero quienes seguían mis pasos se encargaron de evitar que prescribiera, sin beneficio alguno para ellos, por mero empecinamiento.

La dictadura del general Onganía fue apeada en 1973, dejando una estela de entuertos, no sólo en la universidad. La salida hallada por sus compañeros de armas consistió en convocar elecciones generales, que devolvieron por descontado el poder al peronismo. Éste lo ostentó en una sucesión inestable de gobiernos. La universidad, sustraída a los militares, readmitió a algunos docentes expulsados. Confiando en que se enderezaría, pedí mi reincorporación en carta dirigida al decano designado por las nuevas autoridades en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, antiguo compañero. En este momento no recuerdo si me contestó o no. Por la tácita al menos, me quedó claro que no era bienvenido. El arrebato que me llevó a solicitar mi readmisión se me pasó. El gesto en coherencia con el de mi dimisión anterior me bastó. La callada valió para que concluyera que mi lugar dejaba de estar en Argentina. En mi fuero, cesé de considerarme desde entonces exiliado de ese país. Bastó con una decisión íntima, sin publicidad. Por suerte, no dejé NYU y me ahorré las dictaduras que cubrieron con sangre el Cono Sur. Lo comentado pone de manifiesto la dimensión subjetiva que encierra en cierta medida la condición de exiliado, tema sobre el que volveré en el epílogo.

Las universidades neoyorquinas y otras próximas de la costa oriental del país habían acogido a españoles incompatibles con el franquismo. La mayoría de ellos no llegó de primeras al acabar la guerra civil, sino después de un rodeo. El país del Norte no fue propenso, o fue muy medido, a la hora de admitir refugiados españoles. Cuando llegué a Nueva York, Francisco Ayala, Emilio González López, Eugenio F. Granell, Carmen Zulueta… enseñaban literatura española en distintas universidades de la metrópoli. En la mía, el premio Nobel Severo Ochoa pertenecía a la Escuela de Medicina. Vicente Llorens se encontraba en Princeton y Juan Marichal en Cambridge. Otros refugiados, como Juan Negrín o Pedro Escobar, ejercían su profesión de neurocirujano y de ingeniero. Victoria Kent editaba la revista Ibérica, de obligada consulta para estar al tanto de qué ocurría en España. Estos nombres pertenecen a un elenco más largo, del que habían causado baja los veteranos ilustres: Guillén, Salinas, Américo Castro, Fernando de los Ríos… Por diferencia profesional (era el único que enseñaba en un departamento de historia) y generacional (de tardía hornada de exilio) tuve un trato con ellos no demasiado asiduo, salvo con Carmen Zulueta, por compartir recuerdos abulenses y por conquistado que quedé por su hospitalidad.

La lista de relaciones españolas contrarias al régimen pero no necesariamente exiliadas no tardó en enriquecerse a medida que fui descubriendo jóvenes licenciados becados o contratados por los departamentos de español o de otras disciplinas en las universidades de Nueva York y de su entorno. Habían aterrizado en busca de trabajo, de experiencia o simplemente para perder de vista al régimen y sus agobios. De a poco se fueron desprendiendo de los prejuicios y hábitos que arrastraban y manifestaron una abierta disconformidad no sólo cultural, sino también política. Otro núcleo de disidentes apareció en las Naciones Unidas entre los traductores permanentes o de refuerzo, o, algo más sorprendente, entre diplomáticos juniors que, aunque representaran al régimen, no se privaban de enjuiciarlo. Su actitud revelaba el divorcio soterrado producido entre el aparato administrativo del Estado y quienes se aferraban al poder en España, alejamiento que contribuiría al cambio de régimen a la muerte de Franco.

En Manhattan resultaban también frecuentes las visitas o el paso de transeúntes, deseosos de conocer y cambiar opiniones con españoles de afuera. Esa corriente hacia los Estados Unidos duplicaba la dirigida antes a la vecina Francia. El desfile de conciudadanos y la imposibilidad de considerarse por muchas razones trasterrado en Nueva York, como parece que se sintieron los republicanos en México, contribuyeron a que los refugiados estuvieran más atentos a la actualidad española de lo que lo estaban sus correligionarios de Buenos Aires o México. En mayor número, tendieron a dejarse llevar allí por las minucias del destierro. El tráfico transatlántico reavivó contactos. Ramón Piñeiro, por ejemplo, vino a enseñar en verano en Middlebury, Vermont. Desde la cárcel de Alcalá, no había vuelto a coincidir ni a charlar con él.

El mundo académico norteamericano había iniciado los estudios relativos a España en los departamentos de lengua y de literatura extranjeras. La incorporación de exiliados republicanos ayudó a que estos estudios florecieran. Los profesores de los departamentos de español, liberados de enseñar el idioma, que solía correr a cargo de los teaching assistants, prefirieron dedicarse a explicar literatura y, alguno, civilización española, consistente en un amasijo introductorio de política, arte, sociología… destinado a arropar los conocimientos lingüísticos y literarios. Algunos hispanistas fueron más lejos y efectuaron contribuciones importantes en este campo, sobre todo en su faceta cultural. En los años sesenta, estos estudios empezaron a abandonar el gueto de los departamentos de español y fueron incorporándose con pleno derecho a los departamentos de historia, antropología, arte, sociología… Las tesis doctorales defendidas en ellos aumentaron en número y calidad, con la mirada puesta cada vez más en la España contemporánea. Es así como los departamentos fueron disponiendo de especialistas que fueron capaces de constituir una asociación profesional al estilo de las dedicadas a la historia de Francia, Alemania, Italia y otros países.

Gracias a su capacidad y energía organizativas, Clara Lida convocó en 1969 un primer simposio en Wesleyan University, Connecticut, donde ella enseñaba. De esta reunión salió la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies, que proporciona cobijo hasta ahora a los historiadores —y especialistas de su entorno— dedicados al estudio de España y de Portugal. La raya peninsular quedó al efecto abolida en esta ocasión. Vivas aún la dictadura lusa y la española, la asociación debía mantenerse al margen del juego de sobornos o vetos por el que las autoridades buscaban dar crédito a las versiones históricas elaboradas por los órganos propagandísticos de las dictaduras. Como acaba de dejar Ángel Viñas negro sobre blanco en un libro reciente, el Ministerio de Información y Turismo español manejó discrecionalmente el acceso a las fuentes contemporáneas. La SSPHS procuró pues mantenerse, por profesionalidad, a distancia de las esferas diplomáticas o ministeriales españolas o lusas. Desaparecidas ambas dictaduras, la cooperación se abrió sin condiciones.

Los actos antifranquistas no pasaron en Nueva York de esporádicos, tanto los organizados por iniciativa propia como los realizados al amparo de grupos liberales o de izquierdas, muy minoritarios en la ciudad y en el país. La sociedad norteamericana no se desvivía por España, país que rara vez ocupaba los titulares de los periódicos. El franquismo no despertaba simpatías, pero la gente agradecía la sumisión del dictador, que permitía dedicar la mente a otras cosas. Sólo los excombatientes de la Brigada Lincoln mantuvieron una fidelidad inquebrantable a la causa republicana. Centenares de antiguos voluntarios repartidos por el país, más que nada en torno a Nueva York, fundaron la VALB, Agrupación de Voluntarios de la Brigada Abraham Lincoln. Ésta organizó con regularidad actos conmemorativos u otros, publicó boletines y, por último, formó un archivo público en el que depositó la documentación relativa a la brigada y a sus miembros. Por simpatía secundé esta iniciativa para la preservación de la memoria histórica. Mis contactos me llevaron en 1983 a ocupar la vicepresidencia de la sociedad encargada del archivo.

Oportunidades para protestar en público contra el franquismo se presentaron y se aprovecharon. El sonado proceso de Burgos de 1970, por ejemplo, en el que un consejo de guerra condenó a muerte a varios miembros de ETA, motivó la organización de un picketing de varios días de duración delante de la oficina de turismo situada en la céntrica Quinta Avenida. Al régimen no podía molestarle más el lugar elegido para la recogida de firmas. La protesta podía afectar al deseado flujo de turistas a España. Miles de personas estamparon su nombre al pie de la petición. En unas, la adhesión reverdecía viejas inclinaciones políticas que el tiempo había desvanecido a su pesar un tanto; en otras, la firma significaba el rechazo de una crueldad hasta entonces desconocida. Nueva York se sumó así a la presión internacional, que consiguió esta vez salvar la vida de los condenados a la pena capital.

Desde este proceso hasta el siguiente de Burgos en 1975, causante de la última ejecución de la dictadura, pasaron cinco años. En la espera de que la decrepitud se llevara al autócrata, no faltaron sobresaltos de esperanza. Uno de ellos me sorprendió en 1974 en el Algarve, frente a Ayamonte, dispuesto a cruzar el Guadiana, si la noticia se confirmaba. En Portugal me hallaba sacándome una vieja espina y empapándome de los efectos de la Revolución de Abril, portadora ella de perspectivas de contagio. Un año hubo de pasar sin embargo antes de que el dictador descendiera a los infiernos.

Cenando en un restaurante vasco de Bleecker Street a la salida de un homenaje en memoria del político republicano recién desaparecido Álvarez del Vayo, la diferencia en huso horario entre Madrid y Nueva York trajo la noticia esperada a los postres. En España, la información empezó a circular sólo de madrugada. Por negarse los camareros españoles del restaurante a servirnos el brindis por el comienzo de una nueva era, nos marchamos a casa, donde, en previsión de ese día, había acopio de provisiones. Los teléfonos humearon difundiendo la novedad por la ciudad e invitando a los interlocutores a acudir a cambiar impresiones y abrazos. A alguno el recado le pilló ya durmiendo, pero se levantó de la cama para confraternizar. Un reguero de españoles y norteamericanos entró y salió de casa toda la noche. Durante tres días seguidos la puerta del departamento permaneció abierta. Nadie expresó inquietudes por el futuro. La figura del dictador se hallaba demasiado asociada a un pasado improrrogable. Desaparecido él, sólo podía irse a mejor. Los jóvenes nacidos bajo el mandato del autócrata fueron los primeros en expresar en esa reunión el sentimiento de que nos hallábamos en un punto de partida.

Para mi gusto, el dictador dejó este mundo tarde, pero la fecha me vino bien. El semestre escolar estaba dando sus boqueadas. En la primavera de 1976 me correspondía medio año sabático por cuenta de la universidad. Tenía previsto pasarlo en Buenos Aires junto con mi padre y mis hijos, mientras proseguía mis investigaciones en el Archivo General de la Nación. Estando en la capital argentina, se fueron acumulando indicios auspiciosos sobre los acontecimientos que ocurrían en España, no obstante las ambigüedades que la puesta en marcha del cambio presentaba. La añoranza del terruño crecía en mi padre y en mí. A mi padre, con fuerzas disminuidas por la edad, le urgía sacarse la espina y volver a pisar su tierra, evitando naturalmente un faux-pas político. Decidir se le hacía cuesta arriba. Temía no aguantar el esfuerzo físico y emocional que le esperaba. Él solo no se hubiera atrevido a dar el paso en ese momento. Por suerte yo estaba a su lado para avivar deseos y para procurar fortalecer su organismo con ejercicios progresivos. Las dudas se fueron despejando y los preparativos acortándose. Después de la soledad de tantos años, el retorno en tribu, es decir al frente del hijo, nuera y nietos americanos para un reencuentro familiar en gran escala, le tentó y convenció. Así fue como desembarcamos en Barajas (véase figura 31). Al pie del reactor nos esperaba la familia al completo y aumentada en nueve lustros.

Figura 31. Barajas, abril de 1976, final del exilio del padre y del autor.

Aparte de la familia, cercana y lejana, amigos, colados, prensa e incluso algún representante del gobierno se apelotonaron al pie de la escalerilla del aparato. Barbara Probst había volado desde Nueva York en busca de un desquite simbólico. Ella me había conducido hasta la frontera francesa. En Barajas, su presencia cerraba el paréntesis que ella había contribuido a abrir entonces. Al cruzar juntos los controles policiales y de aduana le agradecí el gesto. El juez de El Escorial guardián de la causa de mi fuga no se presentó a pedir cuentas, ni mandó por mí cuando los periódicos publicaron dónde nos alojábamos. Hasta aprobarse la ley de amnistía faltaba todavía bastante tiempo, pero el patio no estaba para escándalos inconducentes. El desafío implícito no tuvo consecuencias.

El regreso de mi padre alcanzó una amplia repercusión mediática y en la opinión pública en general. Su significación intelectual, sus conocidas convicciones democráticas republicanas, incluida su alta representación institucional, unidas a un exilio inflexible —el más largo de todos—, disparó la confianza de la gente en una inminente ruptura con el pasado. En la misma dirección operó el mensaje de reconciliación que aprovechó a predicar. Las atenciones y los homenajes, principalmente académicos, le fueron prodigados. Gestos antipáticos tampoco faltaron, como cuando el ministro Fraga hizo desconvocar en Madrid un banquete en su honor que se esperaba concurrido. Su réplica en otro banquete, más reducido en Ávila, fue pedir a los postres un minuto de silencio en memoria de quienes le votaron en la provincia y fueron fusilados por los sublevados. La reconciliación pasaba para él por el recuerdo de las víctimas.

Reencuentros y novedades, ¿qué impresiones despierta la vuelta del exilio? La respuesta tiene que ser a la fuerza mixta. Para empezar, reunión emotiva con familiares, amigos de juventud, compañeros de clase, de clandestinidad y cárcel, en una recuperación fraterna de los tiempos idos; redescubrimiento también de rincones y paisajes intactos. Las transformaciones observadas en otras partes dejaban en claro que el negro pasado no se había congelado. Una libertad de ideas y de costumbres alejada de los recuerdos de agobio de los años cuarenta era perceptible. Fruición también experimentada al ver caras radiantes que invitaban a compartir sentimientos e ideas. La calle presentaba, no obstante, demasiadas imágenes aún torvas: grises, tricornios, el yugo y las flechas gigantescas en la fachada de la sede de Falange en la calle Alcalá y, para coronar la retahíla, la cabecera agresiva de El Alcázar en los quioscos. La vuelta del exilio, cura de añoranzas y apuesta de futuro. El regreso a la tierra prometida pone también en evidencia la dificultad de inmersión en una realidad sometida a una dictadura sin los reflejos acomodaticios que el desterrado no ha sentido la necesidad de crear, como sus conciudadanos sí la tuvieron.

El regreso del exilio de mi padre y mío no dio lugar a una vuelta definitiva, más debido a la edad o a los compromisos que por recelos ante la indefinición del cambio. Mi padre volvió a Buenos Aires a los dos meses, en el plazo fijado para no desatender sus obligaciones laborales. A sus ochenta y tres años no había renunciado, sabiamente, a trabajar. La universidad respetaba su voluntad y le renovaba periódicamente el contrato vinculante. A su edad tampoco tienta empezar de nuevo. Una mudanza que rompa, entre otras cosas, el orden irrepetible de los libros en las estanterías parece insuperable para un investigador. Sin memoria de su colocación, mi padre hubiera quedado desarbolado, es decir sin poder trabajar. El regreso a España le hubiera condenado a una inercia disfrazada. En Buenos Aires, siguió pendiente de las noticias de España, pero no volvió a pisarla hasta que, hospitalizado, aceptó ser tratado en Madrid. Pocos meses después llegaría su hora. El desquite de su primera vuelta no significó pues el fin de la expatriación, sólo de su exilio.

En alguna ocasión he definido mi regreso del exilio como un aterrizaje suave, expresión en uso en aeronáutica y en economía. Terminadas mi licencia sabática y mis vacaciones, el trabajo me esperaba en Nueva York. Los sucesores de la dictadura se hallaban prestos a reconocer lustre democrático a los exiliados, pero, atareados como estaban en sus tejemanejes, no prestaron atención a las necesidades de éstos para su reintegración. La Transición fue inclusiva en parte. El republicanismo de los exiliados tampoco operaba a su favor en una frágil Monarquía restaurada. En Madrid, dejé señales inequívocas de mi intención de volver: compré un piso. Mis hijos quedaron en él estudiando. Desde entonces no desaproveché invitación alguna a participar en congresos, paneles, simposios, cursos de verano, no rechacé dar conferencias y pasé aquí sabáticos o vacaciones de verano. Las instituciones oficiales y sus publicaciones me abrieron sus puertas. Dirigí colecciones de libros en editoriales privadas y me sometí a los medios de comunicación.

Mi afán por estar presente en la vida cultural española requirió muchas horas de vuelo entre Madrid y Nueva York, trayecto impracticado hasta entonces. Al otro lado del Atlántico, también desplegué mi actividad. España despertó de repente curiosidad en el público norteamericano, coincidiendo con el interés del gobierno español por difundir en el exterior una imagen política menos hirsuta y por dar a conocer la vitalidad cultural puesta en marcha por la libertad ganada. Una institución privada norteamericana de vida más bien lánguida, el Spanish Institute, cobró entonces animación al proyectar fuera del ámbito de las universidades ese mensaje político y cultural para un público general. Invitado a colaborar, acepté asesorar con otros españoles y americanos la selección de temas y expositores. Muchos escritores, académicos o artistas españoles acudieron entonces por primera vez a los Estados Unidos. Las relaciones culturales entre ambos países adquirieron entonces una fluidez sin precedentes. De crítico impenitente del franquismo pasé, no sin sorpresa, a difundir las manifestaciones de creatividad posteriores.

Tantas fueron las idas y vueltas y los compromisos aceptados durante tres lustros que me empujaron a decidirme por reinstalarme en España. El ánimo debía dictarlo, pero la decisión necesitaba venir acompañada por algo más. El gobierno, o mejor varios miembros del mismo, habían dado muestras de querer contar conmigo en alguna capacidad, pero varias razones me impidieron dar mi conformidad, aunque dejando clara mi disponibilidad. Una primera designación oficial consistió en nombrarme representante de España ante el comité norteamericano para la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América. Conocimientos históricos y de la sociedad norteamericana reunía como para desempeñar ese cargo honorario. El cometido entró en una fase poco atractiva para mí y decidí renunciar al cabo de un par de años.

En abril de 1991, Congreso y Senado aprobaron la ley fundacional del Instituto Cervantes, una institución destinada, a semejanza de las creadas antes por otras naciones europeas, a enseñar y proyectar la lengua y la cultura españolas en el exterior. La necesidad de semejante institución data de mucho antes, pero sólo la democracia dotó a España de la confianza en sí misma y de la aceptación de su variado acervo histórico y contemporáneo como para dar el paso necesario. Sólo entonces los españoles estuvieron listos además para aceptar que constituían simplemente una minoría dentro de la comunidad lingüística y cultural hispanohablante y que la institución pública española no debía pretender dictar pautas lingüísticas o culturales al resto del bloque, como propendió a hacer la dictadura. Debía, al revés, invitar a los países hermanos a que compartieran la herencia común. Levantar una institución así de la nada —sin siquiera sillas, mesas, ni teléfonos— prometía toda suerte de dificultades materiales y de definición. Y no faltaron. En vez de echarme para atrás, el reto me empujó a aceptar un encargo que prometía no ser una sinecura.

La asunción de la dirección del Instituto Cervantes cae fuera del límite temporal del presente relato. Es posterior al fin de mi exilio, pero guarda cierta relación con él por las paradojas que plantea, a las que reservo una coda final del capítulo y del libro. La responsabilidad de dirigir el Instituto recayó en persona con experiencia en la acción cultural exterior y con empatía con la América convocada a colaborar. Mi expatriación me había mantenido, por otra parte, al margen de las pugnas internas de una burocracia a la que la ley llamaba a realizar un esfuerzo común. El Instituto Cervantes fue situado en la encrucijada de los ministerios de Asuntos Exteriores, Educación y Cultura. Apelar a un exiliado para un puesto administrativo —no ya para ocupar un escaño en el parlamento, donde se dio más el casoconstituyó un fenómeno poco frecuente.

El capítulo octavo ha recogido la ristra de pasaportes insólitos a los que tuve que recurrir para viajar por el mundo durante mi exilio. El libro ha recurrido, por otra parte, a ironías en relación con mis prisiones y destierros. Se me permitirá pues cerrarlo en ese tono a propósito de ciertos episodios a los que dio lugar mi nombramiento. El Instituto instaló su primera sede central en el antiguo Colegio del Rey, puesto a su disposición con toda generosidad por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. En ese edificio bellamente restaurado tenía mi oficina. A mediodía no volvía a Madrid a comer en casa. Comía afuera. En ocasiones me tocó llevar a algún invitado al restaurante que ocupa un ala del Patio Trilingüe renacentista de la antigua —y nueva— universidad. Mi sorpresa estalló cuando me di cuenta de que al otro lado de la calle se erguía el convento dominico convertido en prisión central. Por su puerta había entrado esposado y en ese encierro había permanecido cuatro meses. A la vuelta de los años, el círculo venía a cerrarse en ironía. Volvía al punto de partida en condiciones, es de reconocer, infinitamente más satisfactorias. De preso me había convertido en Secretario de Estado. El rancho había sido sustituido por una carta exquisita. El cambio operado endulzaba el recuerdo.

El Instituto Cervantes me obligó también a viajar para visitar sedes salpicadas por el mundo o para negociar nuevas oportunidades. El alto rango que ocupaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores me hizo acreedor de un pasaporte diplomático que usé a menudo. La primera vez que lo presenté al entrar en España no pude menos que apreciar lo chusco de la situación. Cuando el agente me saludó, por mi cabeza pasaron el certificado de refugiado con el que entré en Argentina o el pasaporte para no-argentinos posterior con el que recorrí Europa. También me vino a la mente el hosco pasaporte que me había vedado la entrada en España.

EPÍLOGO

El relato sobre cárceles y exilios concatenados entre 1936 y 1976 a mi costa, incluido el áspero interludio madrileño de 1940 a 1947, ha concluido, pero al lector tal vez no le satisfaga el final dispuesto. El niño que probó el destierro a los diez años acababa de cumplir cincuenta al concluir su segunda extradición, incidencia que cierra el último capítulo. Al protagonista de los episodios intermedios le quedaba pues cuerda para rato: tres decenios y medio hasta la fecha. ¿En qué empleó el tiempo remanente? ¿Qué le significó dejar de ser exiliado? Prisiones y destierros ¿qué secuelas dejaron en él? Responder a estas preguntas perfectamente válidas daría para varios capítulos más (o para otro libro, cuya redacción descarto). El presente volumen ganaría en espesor y satisfaría la curiosidad de algún que otro lector, pero es de temer que la ampliación restaría unidad al propósito inicial. Con razón o sin ella, he renunciado de antemano al contenido biográfico más personal. Prefiero que la experiencia recogida valga para entender y calificar la dictadura que eligió excluir de la vida nacional a un sector numeroso de la población española mediante cárceles y exilios, exclusión que ha marcado la historia del país y de la que no parece todavía moralmente recuperada. El epílogo resalta las coincidencias y los contrastes entre dos de los procedimientos empleados para realizar tamaño desaguisado. La página final subraya también el contenido y el tratamiento histórico del relato.

Extirpación y represión adoptaron durante el franquismo tres modalidades de orden, digamos, corporal —detención, exilio y muerte—, así como otras destinadas al control de las mentes. El libro desmenuza las dos primeras. La muerte más la coerción moral o intelectual asoman en el libro, pero en segundo plano. Cárceles y destierros se alzan a los costados de una divisoria de violencias rutinarias. El régimen se esforzó, por un lado, por apresar a sus contendientes de la guerra civil o de la resistencia ulterior para someterlos a prisión, o al pelotón de fusilamiento. Por suerte, no siempre pudo hacerse con ellos. Muchos hombres y mujeres consiguieron esquivar el zarpazo y terminaron, antes o después, a salvo. El exilio vino a consistir en la superación del acecho mediante decisión no de cada refugiado pero sí al menos del responsable del grupo en retirada, ya fuera éste familiar u otra cosa.

El tiempo modificó la práctica de la represión, pero el trípode de cárcel, exilio y ejecución no desapareció hasta el final del régimen. El comienzo del período de la Transición sorprendió con presos políticos y con decenas de miles de exiliados en el extranjero. Recuérdese también que la última ejecución de la dictadura data de apenas dos meses antes de que el dictador abandonara este mundo. Sangre y figura hasta la sepultura. Ejecuciones, cárceles y exilios no fueron concebidos por los sublevados como un recurso temporal para resolver a su manera la guerra larga y sangrienta iniciada por ellos, sino que constituyeron parte inseparable del ejercicio del poder durante cuatro decenios. El franquismo, he recalcado, nunca concibió una convivencia fraterna entre españoles, sin proscripciones políticas. Podría decirse en tono afectado que ejecuciones, cárceles y exilios le fueron estructurales. En 1947, año en el que se inicia el relato en primera persona de la represión, las ejecuciones de posguerra habían traspasado la cresta de la ola letal. Se fusilaba menos, en parte porque se había abusado del procedimiento y quedaban menos personas por ejecutar. Pero se seguía fusilando. En el libro consta en un par de ocasiones. Cárceles y exilios ocupan el volumen en cambio de pe a pa.

El libro recoge mi periplo por los tres prototipos de prisiones que me tocó conocer. El encierro no tiene vuelta de hoja. Al preso no se le consulta, se le notifica. El ánimo del preso podrá experimentar fases cambiantes, pasar por desmayos o euforias, por añoranzas del pasado o por ensoñaciones del futuro. El preso se esforzará también por preservar su salud física y mental. Su cautiverio acabará sin embargo sólo por decisión ajena, ya sea que resulte absuelto o se cumplan los años, meses y días establecidos, menos los beneficios aleatorios que puedan corresponderle. Su porvenir está medido y empapelado. A lo sumo, el preso es capaz de alterar el rumbo prefijado si decide y acierta a fugarse, rara ocasión. La ausencia o presencia de voluntad diferencian pues, entre otras cosas, reclusión y exilio.

En prisión se ingresa por decisión administrativa o judicial. En la Antigüedad, un acto formal, colectivo en su origen, imponía igualmente el ostracismo. El Estado franquista usó y abusó de la cárcel, pero no promulgó destierros. A pesar de su propensión a la grandilocuencia, no se dejó ganar por la solemnidad a la que recurrieron sus admirados Reyes Católicos. Los republicanos no fueron expulsados del país por un decreto lapidario, como los moriscos o los judíos, sus predecesores en la secular retahíla de intolerancias peninsulares. Si la dictadura no expidió una orden taxativa, tampoco los afectados esperaron a que alguien les señalara con el dedo la puerta de salida. Los sobrentendidos valieron entonces más que las providencias. La fama que las fuerzas sublevadas fueron acumulando en su avance sangriento por la Península indujo a combatientes y civiles republicanos a huir de ellas para salvar vida y dignidad. El espíritu de supervivencia enraizado en la naturaleza humana —y no la potestad del dictador— puso en marcha el raudal humano, espontáneo y sin orden, que cruzó los Pirineos, o las restantes emanaciones de republicanos. El exilio no estuvo constituido, por lo tanto, por expulsos, sino por precavidos. En un principio, a estos hombres y mujeres se los conoció como refugiados, término con resonancias semánticas activas. La voz exilio, de connotaciones más fatídicas, se propagó más tarde, cuando lo irreversible acabó por ser asumido.

El régimen triunfante no deportó ni facilitó la salida de España de sus contrincantes por tener planes más contundentes para ellos. No se contentó con verlos lejos. Aspiró a tenerlos bajo tierra, presos o sometidos a humillación y servidumbre. Al franquismo le contrarió que los refugiados encontraran santuario afuera y procuró embaucarlos prometiendo una falsa seguridad. Cuando las añagazas no surtieron el efecto esperado, pidió su deportación. No es necesario recordar una vez más la suerte que corrieron los que fueron entregados en satisfacción de las demandas recibidas. El dictador tampoco movió un dedo para impedir que los refugiados en Francia fueran deportados a los campos de concentración alemanes, donde muchos encontraron la muerte que les hubiera esperado en España. El gesto efectuado más próximo a una expulsión fue la depuración administrativa o la imposición de responsabilidades políticas, objeto de destituciones, prohibiciones para el ejercicio de la profesión, confiscaciones de bienes, privaciones de derechos civiles y asignaciones de residencia, sin distinguir, por cierto, entre exiliados y supérstites en España. Las sanciones impuestas por estos tribunales especiales condenaban a las víctimas a la inanición, en fin de cuentas. El mal trago traía más cuenta pasarlo afuera.

La sugerencia de que el exilio comienza por un acto de voluntad tropieza con la arraigada consideración de que no fue deseado. Los exiliados han insistido en que abandonaron el solar patrio y su modo de vida con gran disgusto. Aun siendo su contrariedad cierta, su sentimiento no quita que los refugiados se distanciaron de sus rastreadores y que lo hicieron en defensa de su vida y su dignidad. Ese bien superior no siempre se alcanza siguiendo una senda libre de desazones. La relación tensa establecida entre el refugiado y su perseguidor duró hasta el final. En el exilio, los desterrados refirmaron día a día su voluntad no sólo por coherencia ideológica, sino también por no haber cesado el acoso contra ellos. El Estado franquista, frustrado su deseo de echar el guante a los exiliados, se empleó en hacerles la vida imposible cuanto pudo. Al acabar la guerra, una quincena de dirigentes republicanos fue privada explícitamente de su nacionalidad por decreto y el resto pasó al limbo de los apátridas. Así es como, nueve años después de terminada la guerra, el comité francés para los refugiados españoles necesitó extenderme, igual que a muchos otros, el salvoconducto que me permitió salir de Francia. Doce años más tarde, fue la República Argentina la que me amparó y me concedió un pasaporte de no-argentino del que me valí para circular por el mundo. Treinta años después de la sublevación militar, el gobierno me siguió vetando por escrito la entrada en España. Los ejemplos constan en extenso más arriba.

La muerte se encargó de mermar las filas del exilio durante decenios. Cuarenta años sembraron de españoles los cementerios civiles y militares de Europa, de América y, en menor medida, de África. Aparte de esa intromisión insoslayable en su destino, los refugiados retuvieron en su poder la capacidad de permanecer o de desentenderse de él, salvo en el caso dicho de las deportaciones. El núcleo central del exilio se mostró irreductible hasta el final, pero, en el camino, algunos de sus miembros se desengancharon en direcciones opuestas. Cuatro decenios dieron para reconsiderar. Unos entendieron que habían echado raíces (familiares, profesionales u otras) en el país que les había acogido y, en un gesto de nuevo deliberado, descartaron la perspectiva de reanudar su vida en España algún día. Las nostalgias salieron al cruce, pero en general se curaban mediante una despedida del terruño con pasaporte extranjero y billete de regreso en el bolsillo. Otros refugiados dieron francamente media vuelta. Renunciaron al exilio y regresaron a España. Por intermediarios, negociaron la readmisión. La vuelta no siempre les resultó por cierto gratificante, al descubrirse en casa tan extraños y desvalidos como en el exilio. El gobierno franquista favoreció la solución a cuentagotas. Debilitaba la incómoda presencia de estos hombres y mujeres en el exterior. Al filtrar las solicitudes, evitaba avalanchas desestabilizadoras. El libro recoge casos también de regresos a todo riesgo. La osadía terminó en la cárcel o, como en el caso de Manuel Lamana y el mío, en un segundo destierro.

A falta de santo y seña, el exilio estuvo abierto a quien aceptara compartir suertes. En su seno se encontraron extranjeros que habían servido a la República: centroeuropeos en México o Chile, sin retorno a su país bajo dominio nazi, o repatriados a la Argentina tras pasar por las cárceles de Franco. A pesar de lo impreciso de sus límites, el exilio no se diluyó. Duró no sólo porque Franco no soltara el poder, sino por constancia. Sus miembros se tuvieron por tales sin que nadie les encorsetara y a pesar también de que las administraciones extranjeras poco hicieron para reconocer su condición. Sólo las autoridades francesas me tuvieron por asilado después de mi fuga. El exilio sin papeles no estuvo falto de un componente subjetivo fuerte.

Los exiliados necesitaron expresar su voluntad al subir el dictador a los cielos, vía Cuelgamuros. Los signos de cambio, ambiguos y no siempre convincentes, que emitieron sus herederos merecieron reacciones distintas. Unos exiliados concibieron que un régimen en descomposición mal volvería a las andadas y apresuraron el regreso. Otros, más desconfiados o con mayores ataduras, esperaron hasta que la aprobación de una nueva Constitución despejó las dudas pendientes. No conozco a ninguno que determinara su decisión por la ley de amnistía. El libro registra, como ejemplo de la diversidad de posturas, las adoptadas por Pepe Martínez y por mí. El fin del exilio nada tuvo pues de intempestivo, sino que fue más bien escalonado. El fin de la dictadura forzó en última instancia a sincerarse. Plazos no cabían más. El exilio había perdido su larga razón de ser y reclamó una decisión inmediata. Renunciar al regreso, decisión inobjetable, encerraba sin embargo la insatisfacción de convertirse en un ci-devant republicano, de paso hacia una emigración lisa y llana.

El sello voluntario que reclamo para el exilio no quita que éste fuera usado por el franquismo como instrumento de exclusión. Las repercusiones que las partes de ese arsenal tuvieron sobre la futura formación democrática del país obsérvese, finalmente, que fueron diferentes. Comparado con el legado de la represión interior, el del exilio resulta menos estéril. Cárceles y ejecuciones valieron para cavar un vacío mental y verbal en sus víctimas y en sus allegados, salvo excepciones. El terror inculcado en los sobrevivientes de la purga les condenó a una amnesia, de la que ha costado tiempo y esfuerzo librarse. La resistencia de los años cuarenta, cuyos fogonazos figuran en varios capítulos, avivó un rescoldo latente aún a los diez años de la guerra. La llama prendida entonces fue apagada de manera implacable y ante la indiferencia del mundo circundante. La imposición del silencio, a la que la censura contribuyó sólo en parte, resultó eficaz para la supervivencia del régimen y para prolongar su imagen en determinados sectores hasta adentrada la democracia. Los exiliados, fuera del alcance de la apisonadora, retuvieron en cambio una disposición mental y un bagaje histórico que pudo enlazar con el rebrote de una oposición interna, visible mediada la dictadura, de base social en gran parte nueva. Excluidos de la vida nacional pero en libertad afuera, a los exiliados les correspondió obrar de transmisores de ideas y valores entre el pasado y el presente democrático de España. El libro recoge destellos del rescoldo prendido y frustrado y fragmentos del enlace posterior entre exilio y la nueva oposición política, intelectual y social en las postrimerías del régimen.

Cuatro decenios abarcan un tramo extenso de historia. Ese pasado se recuerda aquí, para su enriquecimiento, con constante referencia al contexto general de la época. La historia figura también en estas páginas como fuente. La fundamental mana de la memoria, pero he renunciado de partida a pedir un voto de confianza absoluto para mis neuronas. Confrontado el contenido de éstas con la documentación de archivo, cuando ha sido posible, la precisión ha salido confirmada y ganando. El lector avezado encontrará también en el texto trazas de mi profesión. Me he dejado en efecto ganar por la costumbre de sopesar evidencias y no he podido evitar la puesta en guardia sobre el valor que presentan algunos papeles disponibles. Tampoco he sabido esquivar el uso de notas justificativas. El recuerdo personal no reemplaza la necesaria reconstrucción de la época, tarea en la que los historiadores se hallan volcados. Es de esperar que las reminiscencias proporcionen elementos, aunque menores, de comprensión. El libro no va sin embargo destinado sólo a los historiadores. Ambiciona ser leído también por un público general. De conseguirlo, me cabría la satisfacción de haber cumplido con un deber social.

Notas

[1] Otros hombres, Losada, Buenos Aires, 1956. Sus reediciones posteriores datan de 1989 (El Día-Diputación de Zaragoza, Zaragoza) y de 2005 (Viamonte, Madrid). <<

[2] «Un niño en Palhavã», Jorge Fazenda Lourenço e Inês Espada Vieira (org.), Guerra Civil de Espanha: cruzando fronteiras 70 anos depois, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2007: 227-236. El segundo ha tenido varias ediciones: «Cuelgamuros: presos políticos para un mausoleo», en C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds.), Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003: 3-17; en J. Sobrequés, C. Molinero y M. Sala (eds.), Congreso. Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, 2003: 1083-1092, así como en versión revisada y aumentada en las VI Jornadas de concentración y trabajo esclavo en Andalucía, Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Sevilla, 2010: 79-91. <<

[3] Sentencia núm. 74 del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid, por unanimidad de Manuel Giménez Ruiz, su presidente, y Fermín Lozano y Alfonso Serna, vocales, del 11 de febrero de 1941. Confirma en alzada la sentencia del 27 de mayo de 1940 dictada por el Tribunal Nacional compuesto por los consabidos Wenceslao González de Oliveros, como presidente, el general Guillermo Kirpatrick, como vicepresidente, el magistrado Juan de Hinojosa y el consejero nacional de FET y de las JONS José María Mazón, como vocales. Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca). Fondo: Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Legajo 75/00470. <<

[4] En calidad de rojo, le impuso una condena millonaria el Tribunal de Responsabilidades Políticas (22 de octubre de 1941), cuya ejecución fue sobreseída (6 de mayo de 1949) por no habérsele encontrado bienes. Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca). Fondo: Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas. Legajo 75/01281. Id., Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Madrid. Legajo 42.02880. <<

[5] Los muertos perdidos. Una memoria de familia, Península, Barcelona, 2007. <<

[1] La repatriación a la España republicana el 10 de octubre de 1936 a bordo del barco Nyassa de los 1.435 militares y civiles de todas clases, sexo y edades internados en Lisboa, constituye la excepción. El pasaje desembarcó en el puerto de Tarragona dos días después. Francisco Espinosa, La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica, Barcelona, 2007: 121-123. Espinosa interpreta el gesto de Salazar como un intento de acallar el clamor internacional por la actitud portuguesa a raíz de la toma de Badajoz. Cabe también que lo inspirara un sentido de reciprocidad ante la autorización anterior de la salida de portugueses por barco de la zona republicana. El presente capítulo aporta un testimonio de este segundo episodio. En todo caso, el despacho del Nyassa anticipa en apenas una decena de días y tal vez prepare la inminente ruptura de las relaciones diplomáticas entre Portugal y la República. <<

[2] El testimonio personal en Anecdotario político, Planeta, Barcelona, 1973. La documentación diplomática en: Claudio Sánchez-Albornoz, embajador de España en Portugal, mayo-octubre de 1936, José Luis Martín (coord.), Fundación Sánchez-Albornoz, Ávila, 1995. Muchos de los documentos publicados en ese libro han sido reproducidos en Pedro Vicente: Espanha e Portugal. Um olhar sobre las relações Peninsulares no séc. XX, Tribuna da História, Lisboa, 2003. <<

[1] Manuel R. Mora, José Félix Llopis: Violencia, perfume y humo, Turner, Madrid, 2010, capítulo 3. <<

[1] Legajo 1781, Causa núm. 140.189 [citado en adelante: Causa 140.189], fol. 3. <<

[2] «En 21-2-47, se dio cuenta al Exmº Sr. Ministro de Educación Nacional de que por el Servicio de Vigilancia establecido en la Ciudad Universitaria para impedir los alborotos que los estudiantes promovían en los tranvías, fue identificado el reseñado por haber tirado de la cuerda del trole de un tranvía, dejando a éste sin corriente y parado». Informe de antecedentes de Nicolás Sánchez-Albornoz, librado por la Jefatura Superior de Policía al Juez Militar Especial de Delitos de Comunismo y Espionaje el 27 de mayo de 1947. Causa 140.189, fol. 55. <<

[3] Algunos de sus nombres aparecen por cierto citados ya en el boletín FUE del 1 de febrero de 1947. Causa 140.189, fol. 178. <<

[4] Primera edición, París, 1946; segunda edición, Hiperión, Madrid, 1979; edición facsímile, Instituto Leonés de Cultura, León, 1997. Extractos en Max Aub, Sala de espera (miscelánea de entregas), México, 1948; en Romancero della resistencia spagnuola, 1960 (más ediciones en francés e italiano), e incorporación a varias antologías poéticas. Eugenio de Nora ha incluido este poemario en el libro que reúne su obra poética (1999). <<

[5] En marzo de 1947, Nicolás Mallo fue detenido en la estación de Adanero, en viaje de Madrid hacia Galicia, cuando iba a someter a referendo del Comité Regional de la CNT el acuerdo sucrito entre la confederación nacional y las fuerzas monárquicas para la inmediata restauración de la Corona, en contra de la opinión de la Alianza de Fuerzas Democráticas. El susto que se llevó el dictador fue supino y la reacción inmediata. Siete días después de la detención de Nicolás Mallo, que fue bien tratado a su paso por la DGS (lo que incidentalmente no quitó que fuera condenado luego a treinta años de cárcel), Franco promulgó la Ley de Sucesión para aplacar la impaciencia monárquica. La ley, sometida a plebiscito, fue ampliamente refrendada, como se descontaba que habría de ocurrir. El periódico ABC nunca ha reconocido a Mallo el mérito de haber impulsado, a su pesar, el restablecimiento de la institución monárquica en España. Véase Enrique Marco Nadal, Todos contra Franco. La Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, 1944-1947, Queimada, Madrid, 1982. <<

[6] Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero, Madrid, Legajo 7625, Causa núm. 137.930, fol. 1. <<

[7] Los procesados fueron los siguientes. En paréntesis los años de condena que el correspondiente consejo de guerra impuso a cada uno. Luis Escobar Mitjavila (6), Victoriano Claudín Pontes (6), Carlos Robles Soldevilla (5), Ricardo Muñoz Suay (5), Ricardo Bastid Peris (5), José Bueno Ortuño (3), José Luis del Pino Tomás (2 y seis meses), José María Cerdá Perales (2), Margarita de Castro Fernández (2), María de los Ángeles Díaz Ribagorda (1 y seis meses); con los mismos años todos los siguientes: Pedro París Salvadores, Carmen Tapia Guevara, Nieves Arrazola Gómez y Vicente Andrés Cabedo. El juicio se celebró el 19 de febrero de 1948 en Ocaña. El tribunal estuvo formado por el coronel de Caballería José Vallejo Nájera en calidad de presidente y los capitanes del mismo cuerpo José María Fernández López, Ángel Prieto del Agua y Ramón Gómez Porcel, como vocales. El capitán auditor José Barcina Rodríguez obró de ponente y como fiscal el capitán auditor Manuel Fernández Martín. El defensor nombrado fue el teniente de Infantería Emilio Andrés Méndez Vigo. Causa 137.930. Acta del Consejo de Guerra, fols. 566-567 v.ª y Sentencias, fols. 568 a 570 vª. <<

[8] La extensa biografía que Esteve Riambau ha dedicado al primero, Ricardo Muñoz Suay. Una vida en sombra, Tusquets, Barcelona, 2007, relata el largo, y sin embargo fructífero, escondite en la casa familiar. Posteriormente da cuenta de su intervención en la reconstitución de la UFEH y su posterior detención. Riambau no tuvo ocasión de consultar la causa por la que Muñoz Suay y sus compañeros fueron condenados. En su exilio en Buenos Aires, Ricardo Bastid publicó por su parte una novela biográfica, Puerta del Sol, Losada, Buenos Aires, 1959, en la que da cuenta de su militancia, de su paso por la Dirección General de Seguridad de Madrid, de ahí el título de la obra, así como de escenas varias de la cárcel. <<

[9] Un primer perfil documentado del siniestro personaje en Juan José del Águila Torres, «Coronel Eymar, un juez militar especial para los prisioneros políticos españoles (1940-1964)», J. Sobrequés, C. Molinero, M. Sala (eds.), Congreso. Los campos de concentración y el mundo penitenciario durante la guerra civil y el franquismo, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2003: 505-521. <<

[10] Impreso en Associació Catalana d’Expressos Polítics, Notícia de la negra nit. Vides i veus a les presons franquistes (1939-1959), Diputació de Barcelona, Barcelona, 2001: 78 y 84. <<

[1] Testimonio de la huelga en Juan García Durán, Por la libertad. Cómo se lucha en España, Ediciones C.N.T., México, 1956. Los informes de la dirección de la prisión y del inspector de la zona a la Dirección General esperan ser consultados por los investigadores para reconstruir la huelga, con las precauciones aconsejables por el sesgo que han de encerrar, en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. <<

[2] Xesús Alonso Montero, Ramón Piñeiro ou a reinvención da cultura galega, Galaxia, Vigo, 2009: 65-89. <<

[3] Ángel Suárez y Colectivo 36 [seudónimo común a Alfonso Colodrón, Luis Peris Mencheta, Juan Martínez Alier y José Martínez], El libro blanco sobre las cárceles franquistas (1939-1976), Ruedo ibérico, París, 1976 (fascículo de ilustraciones inserto entre las páginas 88 y 89). <<

[1] El folio 177 que disgustó al fiscal remite al ejemplar de FUE del 1 de febrero de 1947, en el que se enjuicia a la universidad y al régimen. <<

[2] El brevísimo alegato del defensor contrasta para mal con el extenso escrito presentado por el teniente Emilio Andrés Méndez Vigo en defensa de la causa 137.930, abierta contra Muñoz Suay y sus compañeros. Méndez Vigo desmonta punto por punto la acusación del fiscal y solicita en consecuencia la imposición de la pena de prisión menor de seis meses y un día para todos los acusados, lo que equivalía a pedir, si no la absolución, la excarcelación inmediata. El tiempo de detención superaba en efecto con creces la condena propuesta (Causa 137.930. fols. 558 a 559 vª). La diferencia en responsabilidad y coraje de ambos defensores salta a la vista. La aquiescencia plena no era forzosa, con un poco de coraje. Pocos lo demostraron. <<

[3] El seudónimo Juan Hermanos oculta al escritor Marcel Saporta, antiguo alumno de mis tiempos del Liceo Francés de Madrid. El texto fue dado a conocer primero en números sucesivos de la revista Les Temps Modernes, fundada por Jean-Paul Sartre. Poco después (1950), la editorial Julliard de París recopiló las entregas en un tomito de 187 páginas con prólogo del mismo Sartre. La obra no tardó en traducirse por partida doble al español: Espartacus, México, 1953, y Oberón, Buenos Aires, 1956. Recientemente, se ha vuelto a reeditar dos veces con introducción de Francisco Caudet, Tecnos, Madrid, 1998, y Oberón, Madrid, 2004. <<

[4] El acta de la celebración del consejo, firmada por el presidente, el fiscal, el defensor, el instructor y su secretario (Causa 140.189, fols. 294 y vª) no da cuenta del retraso incurrido en la emisión de la sentencia ni de la devolución anticipada de los procesados a Carabanchel. <<

[5] La publicación de la Comisión Internacional de Juristas El Imperio de la Ley en España, Ginebra, 1962: 114-145, dio a conocer el proceso. Las penas solicitadas e impuestas figuran en las páginas 114, 124 y 144. <<

[6] Pablo Gil, La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Ediciones B, Barcelona, 2004: 146. <<

[7] Juan García Durán, apodo que figuró en sus papeles por el resto de su vida, protagonizó una fuga sonada desde la cárcel de Yesería, el 10 de marzo de 1949. Valiéndose de recursos elementales, trepó en un santiamén el muro exterior a la hora del paseo, es decir en pleno día y a la vista de presos y funcionarios. Con la misma destreza mostrada se descolgó sobre la calle, donde, a la carrera, se mezcló con los transeúntes. El centinela le siguió desde el punto de mira y disparó, pero no acertó. El relato figura en el libro suyo citado en la nota 1 del capítulo 4. <<

[1] La descripción de Antonio de la Peña Iglesias, secretario de la comisión informativa designada por la Dirección General de Prisiones (núm. 1509) el 16 de agosto de 1948, con motivo de la evasión de Lamana y mía, se encuentra depositada en el Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Justicia, Caja 44/12501, fol. 13. Su estilo convencional repite lo adelantado en el expediente abierto por la fuga de Manuel Amil (AGA, Caja 41/12032). Reparo a la redacción: donde dice edificios o pabellones debería decir barracones. <<

[2] Fernando Olmeda, El Valle de los Caídos. Memoria de España, Península, Barcelona, 2009: 108-133. <<

[3] La declaración de Amós Quijada, jefe del destacamento, en el expediente incoado por la fuga de Amil encierra inexactitudes con fines exculpatorios. El jefe no fue el primero en leer el telegrama que requería el traslado inmediato de éste a prisión. Lamana y yo lo leímos antes y volvimos a cerrarlo. Del contenido informamos al tercer escribiente, Juan Tellería, veterano en plaza. Éste coincidió en la necesidad de avisar al interesado de lo que se avecinaba. Prefirió que nos encargáramos nosotros de comunicárselo, pues se hallaba distanciado de él por discrepancias internas de la CNT. En el expediente formado después a los funcionarios, Tellería fue llamado como testigo y, como es de cajón, no soltó prenda. El jefe pretextó al declarar que tenía pensado enviar a Amil en un camión de la empresa Molán en viaje a Madrid al día siguiente. La versión resulta poco verosímil ante la gravedad del caso. Lo propio hubiera sido entregarlo a la Guardia Civil para que ésta lo encerrara en el calabozo del cuartelillo hasta su conducción en ese camión o por cualquier otro medio. Al ser detenido, Amil declaró el 3 de julio, estando nosotros todavía en Cuelgamuros, que ignoraba la orden de traslado y que únicamente le había movido un irrefrenable deseo de ver a sus hijos, que residían en La Coruña. La excusa paternal sorteaba hábilmente la delación y evitaba comprometer a los funcionarios. El instructor admitió por cierta la versión amañada. Jefe y funcionarios fueron finalmente sobreseídos de culpa. <<

[4] Relato detallado de la preparación y ejecución de la fuga de Ocaña, con ácidas apreciaciones sobre su fracaso, puede leerse en José Yáñez García, Antonio Cerezo Toledano y Vicente Espín, Evasión del Penal de Ocaña, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 1993. <<

[5] El argumento, no demostrado, de que Cuelgamuros se financió con donaciones no contradice la acusación de despilfarro. Los mismos que preconizan rebajar los tipos impositivos para que el ahorro fluya hacia las actividades productivas, deberán admitir que la recaudación de donativos fue igual de contraindicada para la consecución de un objetivo útil. <<

[6] Imilcy Balboa Navarro, «Presidiarios por esclavos. Mano de obra cautiva en la transición al trabajo libre», en José Antonio Piqueras (ed.), Trabajo libre y trabajo coactivo en sociedades de plantación, Siglo XXI, Madrid, 2009: 253-279. <<

[7] Stefano Fenoltea, «Slavery and Supervision in Comparative Perspective. A Model», The Journal of Economic History, XLIV, 3, 1984: 635-668. Agradezco a mi colega de la Stanford University y experto en la esclavitud brasileña y latinoamericana, Herbert S. Klein, que me haya llamado la atención sobre este y otros trabajos en el mismo sentido. <<

[8] Tàrio Rubio Cuevas, El Valle de los Caídos y la represión franquista, Arola Editors, Barcelona, 2011. <<

[1] La localización de los expedientes es: Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Justicia, 41/12032 y Archivo del Ministerio del Interior, Madrid, Exp. 0049/07. <<

[2] Barbara Probst Solomon, Los felices cuarenta. Una educación sentimental, Seix Barral, Barcelona, 1978 (original en inglés, 1972). <<

[3] Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo, Madrid, Legajo R3116, Expediente 53. <<

[1] C. Bellelli et al., Imágenes para el futuro. Arte rupestre patagónico, su registro y preservación en la Comarca Andina del Paralelo 42º, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires, 1998. <<

[2] José Luis Morón Ayala, «Colección N. Sánchez Albornoz», Anales del Museo de América, 1, 1993: 113-120. <<

[3] Jaraneros y alborotadores: documentos sobre los sucesos estudiantiles de Febrero de 1956 en la Universidad Complutense de Madrid. Prólogo y selección de Roberto Mesa, Universidad Complutense, Madrid, 1982. <<

[4] Bronislaw Geremek en diálogo con Juan Carlos Vidal, Anaya & Muchnik, Madrid, 1997: 63-64. <<

[1] Albert Forment, José Martínez: la epopeya de Ruedo ibérico, Anagrama, Barcelona, 2000. <<

[2] De las alternativas presentadas omito al Frente de Liberación Popular (FLP o FELIPE), intento de constituir dentro de España un movimiento de masas de signo marxista, no comunista, al estilo de los movimientos de liberación anticoloniales triunfantes en el Tercer Mundo. La temprana desarticulación de la organización y las disidencias planteadas en su seno llevaron a bastantes de sus cuadros a buscar refugio en el extranjero. Algunos de los nuevos exiliados acogieron a Ruedo ibérico como una tabla de salvación y acabaron por colaborar con la editorial con ensayos, traducciones o, incluso, en tareas administrativas. <<

[3] Las referencias a autores y títulos suelo abreviarlas para evitar engorros. El lector interesado podrá encontrar el título y el nombre completos, así como la aclaración de los seudónimos empleados, en el catálogo de la exposición Ruedo ibérico. Un desafío intelectual (Residencia de Estudiantes, Madrid, junio de 2004), así como en la página de Internet: http://www.ruedoiberico.org/libros/index. <<

[4] La colección completa de la revista ha sido reeditada en facsímile en soporte electrónico, con estudios preliminares: Cuadernos de Ruedo ibérico, 1965-1979. Faximil Edicions Digitals, Valencia, 2002. <<