La casta, el establishment, la oligarquía, el tinglado… son muchos los términos utilizados para definir a las élites que manejan los hilos del país, cuyo rechazo social ha ido en aumento conforme se agravaba la crisis y se destapaban, uno tras otro, los escándalos de corrupción. España tiene una estructura económica viciada por lo que se conoce como «capitalismo clientelar» o «capitalismo de amiguetes»: un sistema con apariencia de mercado libre pero que otorga un trato preferente a determinadas personas y organizaciones bien conectadas políticamente que se apoderan de los beneficios generados por la economía productiva.

Juan Pedro Velázquez-Gaztelu analiza en este libro cuáles son los poderosos lobbies que más influyen en la marcha de la economía del país; qué personajes han prosperado gracias a su cercanía al poder político; cómo funcionan las puertas giratorias que llevan a los políticos a sentarse en los consejos de administración de las empresas más importantes; quiénes pagan impuestos en España y quiénes no… Y sobre todo, cómo este entramado obstaculiza la salida de la crisis, frena la modernización de la economía española y aplaza la definitiva integración de España en el grupo de naciones más prósperas de Europa.

Capitalismo a la española es una investigación que saca a la luz las miserias de un país en el que la amistad con un político o un contacto privilegiado con frecuencia vale mucho más que un historial profesional brillante o un prometedor proyecto empresarial; donde a menudo se olvida el interés de todos por defender el de unos pocos. Un lúcido retrato de los dueños del dinero en España.

Juan Pedro Velázquez-Gaztelu

Capitalismo a la española

Como la perversa alianza entre los políticos y la oligarquía financiera frena el avance de España

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Titivillus 05.05.2020

Título original: Capitalismo a la española

Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, 2015

Prólogo: Soledad Gallego-Díaz

Editor digital: Titivillus

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A mi padre.

Agradecimientos

Agradecimientos

A mi madre, Guadalupe Azpitarte, por darme la tabarra con lo de escribir un libro desde que era adolescente y ser la primera en leerlo. A mis hermanos Pilar, Antonio y Cándido, y a mi tío Juan Manuel Azpitarte, conejillos de indias en este experimento. A Vicky Sánchez Muros y a Claudia Azpitarte, por su cariño.

A Miguel Ángel Villena, por pensar que yo era capaz de escribir este ensayo y ponerme en contacto con mis editoras.

A Soledad Gallego-Díaz, maestra de periodistas, por escribir el prólogo.

A todos los amigos y compañeros que me echaron una mano en la tarea: Santiago Aguinaga, Guillermo Altares, Cecilia Ballesteros, Esther Barranco, Íñigo de Barrón, Tobias Buck, Ana Carbajosa, Santiago Carcar, Álvaro de Cózar, David Fernández, Alberte G. Patiño, Manuel López Poy, Nuria Molinero, Carmen Sánchez-Silva y Sandra Sutherland.

A mis compañeros de Alternativas Económicas: Andreu Missé, Ariadna Trillas, Pere Rusiñol, Mariana Vitzniski, Manuel Ballesteros, Andrea Bosch y Nadia Chehabi. Estoy convencido de que saldremos adelante.

A todos los integrantes de la sección de Economía de El País, por los buenos tiempos vividos y lo mucho que aprendí con ellos.

A la gente de eldiario.es y en especial a su director, Ignacio Escolar, por su hospitalidad. Trabajar junto a ellos es un privilegio.

A Rafael Garciolo, bibliotecario del Centro Cívico de La Herradura (Granada), donde escribí buena parte de estas páginas. También a la cafetería El Califa por sus desayunos, su trato amable y el Wifi.

A mis editoras, Ymelda Navajo y Mónica Liberman, por su confianza en el proyecto.

Y sobre todo, a Lola.

Prólogo

Prólogo

Si se quiere echar la culpa a los propios ciudadanos de la crisis económica desatada en 2008 o hacerles corresponsables de lo sucedido, por su incapacidad para administrar sus finanzas particulares, su inconsistencia a la hora de pedir créditos, etcétera, etcétera, lo menos que se podría hacer es admitir previamente que ya se encargaron los dirigentes de ese sistema de que esos ciudadanos no supieran casi nada de cómo funciona el mundo de las finanzas de que ignoraran los principios más básicos de la cultura económica. Los españoles, dicen los expertos, son analfabetos económicos, pero el analfabetismo nunca ha sido responsabilidad del sujeto, sino de los poderes públicos que no se encargaron de enseñarle a leer obligatoriamente. Fueron esos poderes públicos quienes debieron advertir a los ciudadanos del juego que se traía entre manos buena parte del sistema financiero español e internacional. Mejor aún, fueron esos poderes públicos quienes debieron impedir directamente ese juego, conscientes de que se practicaba a costa de ciudadanos «analfabetos».

Pero no fue así y nada garantiza, por el momento, que en el futuro inmediato esas cosas vayan a cambiar. No parece que en los planes educativos españoles se vaya a incluir como materia obligatoria una asignatura relacionada con el funcionamiento de la economía, como ya sucede en varios países europeos. No parece que el currículo escolar esté pensado de manera que los alumnos terminen su formación conociendo el significado de los términos económico-financieros más importantes y con unos rudimentos de cultura económica que les permitan incorporarse a la vida ciudadana mejor preparados para hacer frente a sus tratos con el sistema financiero y para comprender las políticas desarrolladas por sus gobiernos. Es decir, con instrumentos suficientes como para saber que hay muchas maneras distintas de analizar las crisis y, sobre todo, de salir de ellas.

No parece tampoco que los poderes públicos hayan asumido más responsabilidad, o más capacidades o más poder, a la hora de controlar el funcionamiento de los mecanismos financieros globalizados. Algo se ha hecho en la Unión Europea desde que empezó la crisis, sin duda, pero claramente no es suficiente como para reequilibrar la relación de fuerzas entre el ciudadano y ese formidable entramado.

Así que no parece que exista otra posibilidad que convertirnos en autodidactas. Igual que a finales del siglo XIX y principios del XX se crearon decenas de ateneos populares y casas de cultura para intentar mejorar la formación de las clases más desfavorecidas y proporcionarles lecturas, conferencias y charlas sobre los asuntos políticos que más les afectaban, del mismo modo ahora algunos autores intentan aumentar la cultura económica de los ciudadanos proporcionándoles textos comprensibles que reúnan la información que necesitan.

Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, un excelente periodista dedicado durante muchos años a la observación atenta de ese mundo económico-financiero español, ha decidido abrir las puertas de su particular casa de cultura y presentarnos un retrato del poder económico en España con esa misma intención. Capitalismo a la española proporciona lo que los sociólogos americanos llamarían un frame, una especie de marco en el que los lectores puedan más adelante ir incorporando sólida y comprensiblemente nuevos datos. ¿Qué sentido tiene esta noticia? ¿Por qué se produce este movimiento? Seguramente buena parte de la explicación se encuentra ya en estas páginas.

Velázquez-Gaztelu se hace una pregunta intrigante: ¿cómo es posible que una crisis tan monumental como la sufrida por la economía española desde 2008 no parezca haber hecho mella en la élite económica y financiera? El mundo político, por ejemplo, y pase lo que pase en las próximas elecciones, ha sufrido ya una sacudida formidable, con la práctica ruptura del bipartidismo y la desaparición de bastantes de sus protagonistas. Pero en el mundo económico-financiero no ha pasado nada de eso. Bien al contrario, esa élite no solo ha conservado el dominio sobre todos los aspectos de este entramado, sino que, asombrosamente, lo ha incrementado. No se les podría reprochar que hayan sacado de la crisis a sus empresas, sus negocios o sus proyectos. No, lo que asombra, dice Velázquez-Gaztelu, es que hayan salido personalmente reforzados de un vendaval que ha hecho retroceder la economía española una década, teniendo en cuenta que fueron ellos mismos quienes provocaron esa enorme fractura.

Las razones de esa increíble «maniobra de distracción» están en la formidable concentración de poder económico-financiero que existe en España, donde unas decenas de personas controlan el entramado, el santo y la seña, gracias a su arraigada complicidad con los poderes políticos y mediáticos. Una alianza, dice el autor, que ha obstaculizado y sigue obstaculizando el desarrollo del país y que es responsable de su atraso tecnológico.

No hace falta compartir las opiniones de Velázquez-Gaztelu sobre todos y cada uno de los protagonistas de su libro. En absoluto. Lo que importa es tomar nota del marco que dibuja, de la red de capitalismo clientelar que despliega ante nuestros ojos, y compartir su convicción de que es esa red la que supone un lastre para la modernización económica de España y no el derecho laboral, por decirlo de alguna manera.

En fin, este libro contiene cosas que hay que saber. Elementos imprescindibles de cultura económica española. Por ejemplo, que como consecuencia de la crisis han quedado menos entidades financieras y que habrá menos competencia entre ellas. Por ejemplo, que los responsables del entramado económico-financiero parecen no haber aprendido nada y que, como recoge Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, la mayoría no son ni particularmente inteligentes ni particularmente tontos. Lo que son, probablemente, es personas carentes de escrúpulos. Personas que no creen que tengan que someterse a las normas que rigen para el común de los ciudadanos y que, al menos en parte, han conseguido ese trato excepcional muy frecuentemente.

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

Capítulo 1. Una boda en Barcelona. La endogamia de las élites

Capítulo 1

UNA BODA EN BARCELONA.

LA ENDOGAMIA DE LAS ÉLITES

En una soleada tarde de otoño de 2013 cientos de invitados se congregaban en la basílica de Santa María del Mar, en Barcelona, para asistir a la boda de dos jóvenes de la alta sociedad catalana. Pablo Lara García, hijo de José Manuel Lara Bosch, propietario del imperio editorial Planeta, se casaba con Anna Brufau Rotés, hija del director general de la multinacional tecnológica Indra, Manuel Brufau, y sobrina del presidente de Repsol, Antonio Brufau. Según relataba el diario La Razón, propiedad del padre del novio, el enlace, oficiado por el cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Antonio Cañizares, «acogió a la plana mayor del mundo político, económico y social español y convirtió al barrio del Born en una gran celebración espontánea por la futura vida de la feliz pareja». Pero mientras entraban bajo el pórtico de la joya del gótico, los invitados tuvieron que escuchar los gritos de «corruptos» y «ladrones» proferidos por decenas de manifestantes que protestaban por los recortes sociales impuestos por el Gobierno. Los poderosos se daban así de bruces con las consecuencias de la crisis económica más grave que ha sufrido España desde la restauración de la democracia.

Más allá del feliz acontecimiento relatado por la prensa del corazón, el enlace fue una exhibición de poder. Entre los políticos llegados de Madrid figuraban el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En plena fiebre independentista en Cataluña, asistieron a la boda el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus antecesores en el cargo: José Montilla y Jordi Pujol. También estuvieron presentes los consejeros catalanes de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Cultura, Ferrán Mascarell, el alcalde de Barcelona, Xavier Trías, y el portavoz parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Durán i Lleida.

La política socialista más destacada entre los seiscientos invitados al enlace fue la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Del Partido Popular asistió una representación mucho más nutrida, encabezada por su vicesecretario general, Javier Arenas. También estuvieron los expresidentes de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y Eduardo Zaplana.

Los banqueros y empresarios invitados representaban a la mitad del Ibex 35: Isidro Fainé, presidente de Caixabank; Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid; Pablo Isla, presidente de Inditex; Javier Monzón, presidente de Indra; Josep Piqué, exministro de Industria y Energía y de Asuntos Exteriores y consejero delegado del Grupo Villar Mir; Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell; Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia; Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis, y Joan Gaspart, expresidente de los hoteles HUSA y del F. C. Barcelona, entre otros.

No faltó representación de la Casa Real. Los duques de Palma, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, inmersos en un escándalo de corrupción que hundió la popularidad de la monarquía española a niveles históricos y precipitó la abdicación del rey Juan Carlos, sorprendieron al asistir al banquete, celebrado en el Pabellón Italiano del recinto ferial de Montjuïc. Allí políticos, empresarios, periodistas, familiares y amigos de los novios disfrutaron de un menú compuesto de gambas y calamarcitos de Palamós con alcachofas confitadas, solomillo de ternera a la jardinera con setas, mousse de chocolate y otros dulces, todo ello regado con vinos Finca Viñoa 2011 y Rosa Reserva 2008. Para desear felicidad a los novios, los invitados brindaron con cava Torelló 225 Brut Nature Gran Reserva.

Sería difícil reunir en un acto social a una representación más nutrida de la aristocracia política y económica que detenta el poder en España, una élite que durante la crisis no solo ha conservado su dominio sobre los asuntos de interés general, sino que lo ha consolidado. Todo ello en un contexto de declive del nivel de vida de las clases medias y de aumento de la pobreza, factores que han convertido a España en uno de los países con mayores desigualdades en la Unión Europea, según la oficina de estadísticas Eurostat. Los ricos y poderosos, no hay duda, han salido reforzados del vendaval que ha hecho retroceder una década a la economía española.

Los ganadores de la crisis

España ha sido sometida en los últimos años a un durísimo proceso de devaluación interna, uno de los muchos términos económicos que hemos aprendido en estos últimos años. En crisis pasadas el país salió adelante devaluando la peseta, una medida que permitía aumentar las exportaciones e insuflar oxígeno a la economía. Esa opción ya no está al alcance del Gobierno debido a la integración de España en la zona euro, cuyos miembros comparten la misma política monetaria. En esta ocasión, en lugar de aumentar la capacidad competitiva de los productos españoles mediante una devaluación de la moneda, se ha hecho con una bajada de los salarios y con despidos. La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena ha sido especialmente intensa debido a la bajada de los sueldos de los funcionarios y a la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada en febrero de 2012 por el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Esta devaluación interna, sin embargo, no la han sufrido todos por igual: la brecha que separa los sueldos más altos de los más bajos dentro de las empresas se ha ensanchado en los últimos años. En las grandes compañías españolas hay directivos que llegan a cobrar hasta trescientas veces más que un empleado medio. Muchos ejecutivos han sido recompensados con suculentos bonus por cumplir determinados objetivos aparentemente beneficiosos para sus empresas, entre ellos lograr rebajas de salarios y recortes de plantilla.

Otra prueba de cómo los más ricos se han beneficiado de la crisis es que el peso de las rentas del capital (los beneficios obtenidos por inversiones financieras) en la economía española ha aumentado con respecto a las rentas del trabajo, las generadas por la actividad productiva. En la economía española ya circula más dinero obtenido por la revalorización de acciones o depósitos, por ejemplo, que el procedente de los salarios.

La rebaja de las retribuciones que perciben la gran mayoría de los asalariados españoles es, junto al altísimo desempleo, la causa principal de la debilidad del consumo de las familias, principal motor de la economía, y de las consiguientes dificultades que atraviesa España para salir del atolladero. España saldrá de la crisis siendo un país bastante más pobre y más injusto de lo que era en el año 2007, cuando las cosas comenzaron a torcerse. Como consecuencia de las políticas de austeridad impuestas por la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional, el país ha hecho su ajuste recortando partidas básicas del Estado del bienestar como la sanidad, la educación y las pensiones.

El «coeficiente de Gini» refleja hasta qué punto la distribución de los ingresos entre los ciudadanos españoles ha ido alejándose de un reparto equitativo desde que comenzara la crisis. El índice, que asigna un 0 por ciento a la igualdad completa y un cien por cien a la desigualdad perfecta (en la que una persona tendría todos los ingresos y el resto de los ciudadanos ninguno), muestra que España ha subido del 31,9 por ciento en 2007 al 35 por ciento en 2012, mientras que la media de la UE permanecía en torno al 30,6 por ciento durante el mismo periodo.

La clase media española ha sufrido un enorme deterioro en su poder adquisitivo que va a tardar años en recuperar. No sucede lo mismo con las capas más altas de la sociedad y con los principales responsables del desaguisado. Quienes fueron ministros de Economía entre 1996 y 2011 han encontrado un cómodo refugio en el sector privado, con sueldos de seis dígitos. Rodrigo Rato, que presidía Bankia en el momento en que la entidad fue nacionalizada, se reconvirtió en asesor del Banco Santander, de Telefónica y de Caixabank; Pedro Solbes entró en el Consejo de Administración de Barclays España y de Enel, matriz de la eléctrica española Endesa, y Elena Salgado se sumó a la dirección de la filial chilena de esta última.

Según cifras de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), hay en España un centenar de directivos de banca que ganan más de un millón de euros al año. Francisco González, presidente del BBVA, se embolsó 5,16 millones de euros en 2013, entre retribución fija y bonus. Emilio Botín, presidente del Banco Santander hasta su muerte, cobró 3 millones de euros, lo mismo que en los cuatro años precedentes. Aunque ninguno de los dos bancos ha recibido ayudas públicas directas, sí se han beneficiado del rescate al sector financiero español, de los préstamos baratos proporcionados por el BCE para sanear sus balances y de otras medidas adoptadas por el Gobierno.

En pocas manos

La concentración del poder político y económico en unas pocas manos es uno de los grandes males de España y también una de las causas de su atraso con respecto a los países más avanzados de Europa. El maridaje entre políticos y grandes empresarios, el constante intercambio de favores entre ambos —con frecuencia a espaldas de la opinión pública y en detrimento del interés general— ha sido una constante en la historia de España que se ha acentuado con la crisis. Apenas unos centenares de personas —banqueros, directivos de empresas y grandes accionistas, casi todos ellos hombres— influyen de manera decisiva no solo en el trazado de las líneas maestras de la política económica, sino también en asuntos cotidianos que afectan a todos los ciudadanos, como la factura de la luz, el tipo de interés de un préstamo hipotecario o el precio del peaje de una autopista. De unos pocos, muy pocos, depende el bienestar de todos.

Esta complicidad entre los poderosos crea el caldo de cultivo ideal para la corrupción, otro de los grandes males que aqueja al país en este comienzo de siglo. Durante mucho tiempo creímos que la corrupción era cosa de unos pocos constructores y concejales de urbanismo, pero en los últimos años hemos comprobado que la práctica del enriquecimiento ilegal está institucionalizada y que a menudo nuestros gobernantes actúan más como miembros de una banda del crimen organizado que como líderes de una democracia avanzada. El hartazgo de la ciudadanía con los abusos de las élites, que ha alcanzado su máximo nivel con los casos Gürtel, Bárcenas y las tarjetas black de Caja Madrid, augura cambios profundos en el tablero político, social y económico en los próximos años. Las encuestas así lo vaticinan.

Un caso paradigmático de corrupción derivada de la complicidad entre los poderes político y económico es el de Miguel Blesa, un hombre sin experiencia financiera que fue nombrado presidente de Caja Madrid en 1996 con el único mérito de ser amigo de José María Aznar. Su gestión arrastró a la entidad a la quiebra. Blesa y sus colaboradores en Caja Madrid se enriquecieron con sueldos millonarios y tarjetas de crédito opacas al fisco mientras llevaban al desastre a la caja, que tuvo que ser rescatada por el contribuyente tras su transformación en Bankia. Los correos electrónicos de Blesa durante aquellos años, desvelados por los medios de comunicación, son una buena muestra de cómo las presiones del poder político influyeron en su catastrófica gestión.

La banca española es uno de los sectores en los que el poder se está concentrando cada vez en menos manos. Como consecuencia del desplome de las cajas de ahorros, de 50 entidades financieras que había en España en 2009 hemos pasado a tener solo 14. El país va a salir de la crisis con solo tres entidades de gran tamaño: Santander, BBVA y Caixabank, cuyos directivos atesoran hoy más poder que nunca. Entre ellas controlan prácticamente el 50 por ciento del mercado bancario, algo que jamás había sucedido en la historia de España.

El nombramiento de personas incompetentes y deshonestas para desempeñar cargos de responsabilidad está en el origen de desastres como los de Caja Madrid y Bancaja, las principales cajas de ahorros que confluyeron en Bankia. Con demasiada frecuencia, a la hora de designar a los directivos de una empresa o un departamento oficial se prima ante todo la fidelidad a los superiores, en detrimento de personas de valía que actúen con honradez y se atrevan a desobedecer órdenes que consideren inapropiadas. Aquel que ose desafiar al alto mando no tiene, en muchas ocasiones, más opción que abandonar el barco o conformarse con un puesto en la parte baja del escalafón. Quienes sean capaces de dejar de lado cualquier consideración ética y se sometan a los dictados de los poderosos tendrán posibilidades de llegar a lo más alto. Como afirma Frank Underwood, el perverso político estadounidense que protagoniza la serie de televisión House of Cards, «el camino hacia el poder está asfaltado con hipocresía y víctimas».

La alianza entre los poderosos es en buena parte responsable del retraso tecnológico y de la falta de competitividad de España frente a otras economías industriales. Además de ser injusta, obstaculiza la libre competencia, crea ineficiencias y desincentiva el emprendimiento, la innovación y la entrada de nuevos agentes en el mercado. ¿Quién se atreve a crear una empresa o a lanzarse a competir sabiendo que otros cuentan con el favor del Gobierno, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento? Consciente de tener asegurado el negocio, la compañía privilegiada por los políticos de turno no tendrá la necesidad de invertir en I+D, mejorar la calidad del servicio o bajar sus precios. En suma, no creará riqueza.

Capitalismo clientelar

La casta, el establishment, la oligarquía, el tinglado… son muchos los términos utilizados para definir a las élites que manejan los hilos del país, cuyo rechazo social ha ido en aumento conforme se agravaba la crisis y se destapaban, uno tras otro, los escándalos de corrupción. España tiene una estructura económica viciada por lo que los anglosajones llaman crony capitalism, capitalismo clientelar o capitalismo de amiguetes; un sistema con apariencia de mercado libre pero que otorga un trato preferente a determinadas personas bien relacionadas. El economista, escritor y empresario César Molinas sitúa el epicentro de este capitalismo clientelar —él lo llama «capitalismo castizo»— en el palco del estadio Santiago Bernabéu. Es una idea provocadora, pero certera. En un partido importante se dan cita en las zonas VIP del estadio del Real Madrid ministros, secretarios de Estado, directivos de empresa, constructores y hasta sindicalistas. Entre platos de jamón ibérico y copas de buen vino se habla de fútbol y también de negocios. Son parte de lo que los profesores Daron Acemoglu y James A. Robinson llaman «élites extractivas»: personas con buenas conexiones políticas que se apoderan de las rentas generadas por la economía productiva. El hartazgo causado por los abusos de estas élites extractivas es cada vez más manifiesto y está detrás del auge del movimiento independentista de Cataluña —paradójicamente alentado por parte de sus propias élites extractivas—, de la popularidad de alternativas políticas como Podemos y de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

Con demasiada frecuencia es la cercanía a los centros de decisión lo que determina el éxito o el fracaso de una empresa, no su capacidad competitiva. La amistad con un político o un buen contacto valen mucho más que un buen proyecto. El escaso respeto a las reglas del juego y la falta de castigos ejemplares para quienes las incumplen privan al país de un entramado institucional lo suficientemente sólido como para avanzar hacia una sociedad más democrática, más próspera y más igualitaria.

Resulta paradójico que, en este caso, el enemigo de la economía de libre mercado no esté fuera del sistema, sino dentro. Quienes se mueven dentro del círculo de privilegio son los verdaderos antisistema, un lastre para la modernización de España. Casi todos ellos se definen a sí mismos como liberales, pero con frecuencia no hacen más que aprovechar su cercanía a quienes llevan las riendas del Gobierno para enriquecerse y mantener sus privilegios, en lugar de competir a campo abierto. En cierto modo podríamos considerarlos una versión moderna del caciquismo español del siglo XIX.

Aunque con muchos matices, que iremos analizando a lo largo del libro, el intercambio entre el poder político y el económico funciona de manera relativamente sencilla: cuando un empresario necesita un trato preferente, acude a los políticos. Cuando un político necesita dinero, acude a las empresas o a los bancos. A cambio de ayuda —concesión de obras o servicios, privatizaciones, cambios de regulación favorables, nombramiento de personas afines para puestos de responsabilidad…— los políticos esperan obtener dinero para diversos fines, como financiar unas obras públicas o una campaña electoral, o simplemente asegurarse un hueco donde trabajar cuando tengan que dejar la política, ya sea un puesto directivo, un asiento en un Consejo de Administración o un lugar en el patronato de una fundación.

La entrada y salida constante de políticos en torno al sector privado es un fenómeno conocido como «puertas giratorias». Oficialmente las empresas justifican el fichaje de políticos argumentando que son personas de experiencia y criterio. En realidad no se les contrata solo por su competencia profesional o sus conocimientos técnicos de determinada especialidad, sino por sus contactos, su dominio de los resortes del poder o como pago de favores. O simplemente por su mera pertenencia a una oligarquía dominante que no deja tirados a sus miembros así como así. ¿Cómo explicar si no el fichaje de Rodrigo Rato, una de las figuras más representativas del desastre económico, como asesor de Telefónica, del Santander y de Caixabank?

En este pantano de aguas turbias los intereses públicos y privados se confunden constantemente. Un ejemplo es el gran número de rescates de empresas privadas con dinero público en los últimos años. El economista Antón Costas, presidente del Círculo de Economía de Barcelona, achaca este fenómeno a la existencia de compromisos ocultos adquiridos por las administraciones en los contratos para la construcción y gestión de infraestructuras, la inversión en energías renovables o la gestión de servicios. Esos acuerdos secretos pueden adoptar diversas formas: garantías de que la empresa de turno va a conseguir determinados ingresos, concesiones de avales, etcétera. En muchas ocasiones las administraciones correspondientes —ayuntamientos, comunidades autónomas o el gobierno central— se comprometen a financiar toda la inversión realizada, sin importar si esta beneficia o no a los ciudadanos que pagan por las obras. Otras veces garantizan que si las previsiones de ingresos estipuladas en los contratos no se cumplen, las administraciones saldrán al rescate de la empresa concesionaria. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la construcción y gestión de las autopistas radiales de peaje y la de acceso al aeropuerto en Madrid, unas infraestructuras que no utiliza prácticamente nadie desde que se inauguraron.

Costas define este fenómeno como capitalismo «concesional y rentista». Durante décadas buena parte de la sociedad mostró escasa preocupación por su existencia. Mientras las cosas fueron bien, muchos miraron hacia otro lado. Los españoles parecíamos vivir anestesiados en los tiempos de vacas gordas. Mucha gente miraba con admiración a los multimillonarios que hacían ostentación de riqueza mientras la mayoría se conformaba con las migajas que estos soltaban. Aunque cada vez más ciudadanos salen a la calle a protestar y castigan a los políticos corruptos con su voto, muchos siguen en casa esperando que la tormenta amaine. Bruselas también parecía estar en la inopia. Las autoridades europeas han tolerado pasivamente los despilfarros cometidos en España, a menudo con dinero de los contribuyentes de toda Europa.

Algo está empezando a cambiar. Movimientos como el 15-M en España y Occupy Wall Street en Estados Unidos han mostrado su indignación con los abusos cometidos por las élites. Despreciados como antisistema o radicales por buena parte de la clase política, la oligarquía económica y la prensa, el surgimiento de estos movimientos ciudadanos es, entre otras cosas, una llamada de atención sobre la necesidad de restaurar los pilares tradicionales de la economía de libre mercado, como la meritocracia, el cumplimiento de las normas y el rendimiento de cuentas por los errores cometidos. Como afirma el columnista de The New York Times Nicholas Kristof, «es una oportunidad de salvar el capitalismo de los capitalistas clientelares».

Hubo un tiempo en que la estrecha relación entre el poder político y el poder económico parecía algo inofensivo, un simple intercambio de favores entre personas en situación de privilegio. Así fue hasta que la crisis nos estalló en la cara. La inoperancia de unas élites más preocupadas por preservar su influencia —o simplemente por llenarse los bolsillos— que por el desarrollo económico del país está en el núcleo del desastre ocurrido en España, que además de causar la peor recesión económica desde el fin de la dictadura ha dejado al Estado con una deuda de un billón de euros, el cien por cien del PIB, y ha castigado a la ciudadanía con recortes muy dolorosos en el Estado del bienestar.

Nadie —ni los políticos, ni los banqueros, ni la prensa, ni los organismos encargados de supervisar el buen funcionamiento de los mercados— hizo sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque todos estaban a lo suyo. Los políticos, a conservar el poder a toda costa —aunque fuese negando la evidencia, como en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero— o a arrebatárselo a quien lo tenía. Los banqueros, a ganar cada vez más dinero, aunque fuera concediendo préstamos hipotecarios de riesgo o vendiendo productos de dudosa legalidad como las preferentes. ¿Y la prensa? Los grandes medios de comunicación dedicaron los años de vacas gordas a crecer desproporcionadamente mediante el crédito con el propósito de convertirse en grandes grupos multimedia. Sus responsables se otorgaron a sí mismos salarios multimillonarios, como si fueran magnates de Wall Street, sin darse cuenta de que su propia inoperancia, la crisis y los avances tecnológicos iban a cambiar el negocio para siempre. En menos de una década, a medida que sus cuentas de resultados se deterioraban y despedían a sus profesionales más valiosos, periódicos antaño prestigiosos han ido perdiendo buena parte de su independencia y de la influencia que un día tuvieron en la opinión pública.

Es una pésima noticia. La opacidad es el terreno en el que mejor se desenvuelve la oligarquía económica española, y para seguir ganando dinero discretamente no hay nada como contar con la complicidad de los medios de comunicación. El férreo control que las grandes empresas, especialmente los bancos, ejercen sobre la prensa les permite asegurarse una cobertura amable de sus actividades y ocultar o minimizar problemas, irregularidades y hasta delitos. Asfixiados por las deudas, todos los grandes periódicos están hoy en manos de los bancos o de empresarios con nula vocación de servicio público. Incumpliendo la misión que la sociedad les otorga, hay periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión que han dejado de ofrecer a los ciudadanos información veraz, rigurosa e independiente sobre los manejos de la oligarquía política, empresarial y financiera. Los propietarios y los directores de los grandes medios de comunicación son miembros de esa élite, y como tales comparten intereses con políticos, banqueros, empresarios y grandes inversores. En lugar de ejercer el derecho a la información en nombre de los ciudadanos, principal razón de su existencia, la mayoría de los grandes medios trabajan al servicio de intereses particulares. De vez en cuando saltan a las primeras páginas de los periódicos grandes escándalos políticos o económicos, pero estos raramente tienen consecuencias y son rápidamente neutralizados por el poder. De este modo la sociedad civil se debilita, y la exigencia de responsabilidades se pierde en reproches y acusaciones mutuas entre los políticos.

La escasez de medios y la lentitud de la administración de Justicia tampoco ayudan a mejorar la situación. A menudo la acción de jueces y fiscales se ve obstaculizada por intereses políticos y muchos de los casos de corrupción se pierden en un laberinto de recursos, sobreseimientos e indultos. Por fortuna, en los últimos tiempos han surgido jueces dispuestos a perseguir escándalos como Nóos, Gürtel, Bárcenas o Caja Madrid, o los abusos cometidos por el poder financiero. Los bancos, por ejemplo, están perdiendo la mayoría de las demandas por imponer cláusulas suelo en las hipotecas, y muchos jueces están dando la razón a los afectados por las preferentes.

Los mismos de siempre

En ocasiones da la impresión de que los políticos y los grandes empresarios nos tratan como a niños o, sencillamente, como a imbéciles. Pero no se trata de que los ciudadanos seamos tontos; es que estamos tan mal formados como informados. Para empezar, apenas recibimos educación económica en el colegio. Buena parte de la población, incluyendo licenciados universitarios, desconocen el significado de términos básicos como inflación, PIB o población activa. Es cierto que la crisis ha aumentado el interés de la ciudadanía por los asuntos económicos, pero estamos aún lejos de tener una cultura financiera similar a la de los estadounidenses o alemanes. Unos mínimos conocimientos de economía habrían ahorrado a las familias muchos disgustos y habrían puesto freno a algunos abusos. Quizás no nos habríamos endeudado hasta el cuello para comprarnos una casa, no habríamos adquirido engañosos productos de inversión o habríamos elegido a otros para gobernar nuestros asuntos.

Es un lugar común afirmar que el poder económico, representado por los grandes bancos y corporaciones, domina desde las sombras al poder político, pero lo cierto es que los políticos siguen teniendo una enorme influencia sobre la marcha de la economía y el devenir de las empresas, incluso con un gobierno que se llama a sí mismo liberal, como el del Partido Popular. El Boletín Oficial del Estado (BOE) sigue siendo un arma muy poderosa, especialmente en una economía como la española, donde los sectores regulados —energía, telecomunicaciones y banca, principalmente— tienen un enorme peso. El Gobierno tiene la llave de la política fiscal y elige —habitualmente entre personas de confianza— al gobernador del Banco de España y a los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Agencia Tributaria, instituciones vitales para el buen funcionamiento de la economía por ser las encargadas de velar por el cumplimiento de las normas.

El poder político también tiene bastante que decir en los nombramientos de los directivos de las grandes empresas. Muchas de ellas solían ser públicas o semipúblicas, como Telefónica, Endesa o Repsol, y sus dirigentes eran siempre nombrados por el Gobierno. Hoy esas compañías son completamente privadas, pero el poder ejecutivo sigue influyendo de manera determinante en el nombramiento de sus primeros cargos. Sería prácticamente imposible, por ejemplo, elegir un nuevo presidente de Telefónica sin el visto bueno de La Moncloa. Las comisiones encargadas de supervisar el buen funcionamiento de los mercados españoles carecen de la independencia necesaria para ejercer su trabajo, pues sus decisiones están siempre condicionadas por la opinión del Gobierno.

Aproximadamente dos de cada tres empresas del Ibex 35 desarrollan su actividad en sectores regulados, y las mayores compañías por capitalización bursátil siguen siendo prácticamente las mismas que hace un cuarto de siglo. Banco Santander, Telefónica o Repsol eran entonces las empresas con más valor en los mercados y lo siguen siendo hoy. En Estados Unidos, Apple, Microsoft o Google han desbancado en la última década de los primeros puestos del escalafón a empresas tradicionales como General Electric, Ford o Citibank. Es solo una muestra de la gran diferencia entre dos modelos: uno dinámico y abierto, y otro estancado, perezoso y falto de estímulos en el que no soplan nuevos vientos desde hace años y que ha permanecido prácticamente ajeno a las conmociones que han cambiado radicalmente el panorama económico mundial. Por eso aquí viejas prácticas como el amiguismo, el enchufismo y la corrupción siguen vigentes y resulta casi imposible la aparición de nuevos agentes de relieve.

Junto a la banca, el lobby eléctrico es uno de los más poderosos e inmovilistas, siempre atento a los cambios regulatorios que puedan perjudicar o beneficiar sus intereses. Su cara visible es la patronal UNESA, integrada por las grandes compañías del sector: Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, principalmente. La electricidad es una de las industrias más dependientes de los cambios legislativos, y en ella se dan muchos ejemplos de complicidad, aunque no exenta de tensiones, entre sector privado y sector público. Esa es la razón por la cual tantos políticos han formado parte tradicionalmente de sus equipos directivos, y siguen haciéndolo. Felipe González, por ejemplo, es consejero de Gas Natural Fenosa, y Ángel Acebes, tres veces ministro con los gobiernos de José María Aznar, de Iberdrola. El propio Aznar asesora desde el año 2011 a Endesa en materia de asuntos internacionales.

La corrupción hace perder a las arcas del Estado miles de millones de euros todos los años. Juan Ignacio Bartolomé, miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis, explica por qué el pago de sobornos a políticos reduce la eficiencia del gasto público: cuando un empresario paga para conseguir un contrato con el Estado lo hace para obtener unos ingresos adicionales, lo que encarece el proyecto. Las administraciones se acostumbran a funcionar de esta manera y gastan sin hacer un análisis riguroso de la rentabilidad de los proyectos. El problema se vuelve crónico. La corrupción, además, desalienta al contribuyente a la hora de pagar impuestos y daña gravemente la imagen de España en el exterior.

Si quisiéramos seguir descendiendo de nivel, podríamos fijarnos en el agujero negro que conforma la adjudicación de contratos de servicios públicos y las redes clientelares creadas a partir de esas concesiones. Aguas, tratamiento de residuos, gestión energética… muchos de los trabajos contratados por las instituciones, en este caso locales, han sido adjudicados a lo largo de los años sin tener en cuenta elementales criterios de eficacia y ahorro. En lugar de eso han sido sustituidos por intereses espurios. La clásica figura del interventor municipal no estaba allí para evitar injusticias y delitos, tal como nos recuerda el escritor Antonio Muñoz Molina en ese retrato de la podredumbre hispana que constituye Todo lo que era sólido.

La confabulación con los poderes económicos no es exclusiva de un partido político. En mayor o menor medida todos participan en la fiesta. Incluso Izquierda Unida y los sindicatos, que tenían presencia en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y no dieron la voz de alarma sobre lo que estaba sucediendo. También es cierto que la complicidad entre poder político y económico existe en otros países, pero en los más avanzados hay contrapesos que impiden los abusos, un mayor número de agentes económicos, organismos reguladores independientes y una separación más clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El maridaje entre los poderes político y económico en España es, sencillamente, un síntoma más de la enfermedad de nuestro Estado democrático.

Esta situación crea un ambiente peligroso de inseguridad jurídica, y muchas empresas extranjeras se lo piensan dos veces antes de entrar en determinados sectores. El escándalo de las ayudas públicas a los productores de energías renovables —erradicadas escasos años después de que empresas y particulares hubieran hecho cuantiosas inversiones en el sector— es un ejemplo de cómo el Gobierno ha cedido a la influencia de las compañías eléctricas tradicionales, arruinando a numerosos inversores.

Desde la muerte de Franco los españoles nos hemos ido dotando de unas reglas del juego similares a las de los países más desarrollados. El problema es que con frecuencia esas normas no se cumplen y los infractores quedan sin castigo. En muchos casos la ley solo se aplica a los más pequeños y sirve únicamente de decorado para que los poderosos sigan funcionando como lo han hecho siempre. El deterioro de la situación es alarmante: ver la sede del partido del Gobierno convertida en un lugar de entrada y salida de dinero negro, de pago de sobornos y sobresueldos, dice mucho de lo bajo que hemos caído como país y de la necesidad urgente de una profunda limpieza de la vida pública.

Seis años después del colapso del banco de inversión Lehman Brothers y del estallido de la burbuja inmobiliaria, España es un país empobrecido. Naciones de nuestro entorno más cercano, como Italia, Portugal y Grecia han logrado reducir sus desigualdades durante los peores años de la crisis, pero en España, por el contrario, no han hecho más que aumentar. El alto índice de desempleo y la fuerte caída de los salarios son parte de la explicación del fenómeno, al que también han contribuido el aumento del trabajo temporal y a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y el auge del autoempleo entre los ciudadanos con rentas más bajas.

La desigualdad ha pasado a ocupar un primer plano, al menos en los círculos académicos, políticos y periodísticos, gracias al éxito del libro El capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty. La obra sostiene que las desigualdades seguirán creciendo mientras las rentas del capital aumenten a mayor ritmo que las rentas del trabajo. El debate ha llegado incluso a Estados Unidos, donde las diferencias entre ricos y pobres han estado casi siempre al margen de la agenda. Es un tema que nos acompañará a buen seguro durante muchos años, pues el combate contra las desigualdades se presenta largo y difícil.

Cada vez que un banquero acude a la Audiencia Nacional a declarar, decenas de ciudadanos, la mayoría preferentistas de Bankia, se concentran a sus puertas para increparle y exigir que se les devuelva su dinero. Son en su mayoría jubilados de extracción humilde que han perdido buena parte de sus ahorros, en algunos casos obtenidos durante toda una vida de trabajo. Al igual que los invitados a la boda de Barcelona, son protagonistas de una crisis que ha sacudido la vida de los españoles, aunque no a todos de la misma manera. Solo unos pocos están saliendo de ella más fuertes, más ricos y más poderosos. En las próximas páginas trataré de explicar quiénes son y cómo sus lazos con el poder político les permiten conservar su posición de privilegio.

Capítulo 2. Los ricos. Un retrato de las grandes fortunas

Capítulo 2

LOS RICOS. UN RETRATO

DE LAS GRANDES FORTUNAS

La escopeta nacional, película dirigida por Luis García Berlanga y escrita por Rafael Azcona, es una feroz caricatura del tardofranquismo. En torno a una cacería se dan cita representantes de una sociedad cuya época de esplendor tocaba a su fin coincidiendo con la agonía del dictador. Uno de esos personajes, interpretado por José Sazatornil, Saza, es un empresario catalán que paga todo el tinglado a cambio de que el Gobierno le conceda un lucrativo contrato para vender sus modelos de porteros automáticos. Así se hicieron los negocios durante muchos años en España, y así se siguen haciendo. Aunque hoy no haga falta dar tiros para hacer negocios y puedan hacerse transacciones millonarias en décimas de segundo desde un teléfono móvil, los buenos contactos y el acceso directo a los poderosos siguen siendo factores determinantes a la hora de ganar dinero. Si ayer era matando ciervos en fincas de Extremadura o de La Mancha, hoy es en un gran premio de Fórmula 1 o en un campeonato internacional de tenis.

En España no tenemos un Bill Gates, un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg. Los creadores de gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple y Facebook se hicieron ricos a base de explorar nuevos territorios, comenzando a trabajar en un garaje o en la habitación de un colegio mayor con sus ideas como principales herramientas. Reconozcámoslo, aunque nos duela: España no es país para emprendedores e innovadores. Los gobernantes no han sabido o no han querido crear las condiciones para que florezca el talento y aparezcan empresarios con ganas de hacer cosas nuevas.

Salvo contadas excepciones, los ricos españoles han hecho su dinero gracias a las concesiones de obras, los contratos de suministro y la recalificación de terrenos, casi siempre a la sombra de las decisiones políticas. La mayoría de las grandes fortunas se han construido en torno a sectores tradicionales como la banca, la construcción, la energía, el textil o la alimentación. Son con frecuencia mercados oligopólicos, dominados por pocas empresas y poco dados a la transparencia. Esta situación frena la modernización de la economía porque al privilegiar a unos pocos agentes con buenas conexiones desincentiva la aparición en escena de nuevos actores más eficientes e innovadores.

La escasa movilidad es una característica de la oligarquía empresarial y financiera española Si repasamos la lista de ricos, accionistas y consejeros de las grandes empresas españolas, muchos de los apellidos son los mismos que hace cincuenta años. Son los herederos de los grandes industriales y banqueros del siglo XX: Botín, Del Pino, Entrecanales, Koplowitz, March, Oriol… Fortunas forjadas durante la dictadura que han conservado y aumentado sus cuentas corrientes y su capacidad de influencia tras la llegada de la democracia. En muchos casos los integrantes de este círculo cerrado han ido a los mismos colegios privados y escuelas de negocios, como El Pilar de Madrid, o el IESE de Barcelona, y con frecuencia sus hijos o nietos aprenden en los mismos centros. A diferencia de Estados Unidos, donde abundan los multimillonarios hechos a sí mismos —los que han construido su fortuna desde cero— en España la mayoría han recibido una ayuda extra de sus familias. El periodista Mariano Guindal, autor de La caída de los dioses, describe así a las viejas familias de la oligarquía: «Décadas atrás tenían fortunas de mil millones. Ahora siguen teniendo los mil millones, pero antes eran pesetas y ahora euros».

Algunos ricos españoles no lo son por herencia familiar, sino que han labrado sus fortunas con ayuda de sus buenas conexiones políticas. Son empresarios de la construcción como Florentino Pérez o Juan Miguel Villar Mir, que comenzaron sus carreras profesionales en la política y han acabado siendo multimillonarios gracias a su profundo conocimiento de los entresijos de la administración y a su astuto manejo de las relaciones con los poderosos. Ambos construyeron —literalmente— sus respectivos imperios casi en un abrir y cerrar de ojos durante la época del pelotazo, al abrigo del despegue económico de los años ochenta del siglo XX. Fue el ministro socialista Carlos Solchaga quien dio entonces el pistoletazo de salida con su célebre afirmación de que España era el país donde era más fácil hacerse rico y en menos tiempo. Analizaremos con detalle las carreras de Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir en el capítulo dedicado a los señores del ladrillo.

«En España, la crisis la están pagando todos menos los bancos y los más ricos». Preguntados por Metroscopia, el 91 por ciento de los españoles encuestados en octubre de 2012 se mostraba de acuerdo con esa afirmación. No andaba muy descaminada la opinión pública porque, efectivamente, los ricos españoles son hoy más ricos que antes de la crisis. Así lo reflejan las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio, una tasa recuperada por el gobierno de Rodríguez Zapatero durante los años de mayor penuria económica, tras haberla eliminado en la época de bonanza. Aquel año, con el país en el peor momento de la recesión, 443 españoles declaraban tener un patrimonio superior a los 30 millones de euros. La cifra, récord histórico, duplicaba la registrada en 2007, antes de que se desatara la tormenta que ha dejado vacíos los bolsillos de la clase media española. Las declaraciones incluidas en el tramo más elevado del impuesto, donde se ubican los ciudadanos con patrimonios superiores a 30 millones de euros, correspondían únicamente al 0,001 por ciento de la población. Si ampliásemos la muestra a quienes declararon un patrimonio superior a los 1,5 millones nos encontraríamos con que el número alcanzó los 52 179, comparado con los 44 537 que había tan solo un año antes. Aunque las cifras incluían por primera vez a los beneficiarios de la amnistía fiscal decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, el incremento es impresionante y contrasta enormemente con el empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos de la sociedad española.

Según un informe de Credit Suisse, el 10 por ciento más rico de los españoles poseía en 2014 el 55,6 por ciento de la riqueza, 3,6 puntos porcentuales más que al comienzo de la crisis. El incremento, según el banco suizo, es achacable a la revalorización del euro frente al dólar y a la subida de la Bolsa. A pesar de este aumento, España está aún por debajo del umbral del 60 por ciento que superan Estados Unidos o Alemania.

Salvo excepciones, los ricos españoles se diferencian de sus iguales europeos o norteamericanos por su escasa generosidad. Raras son en nuestro país las donaciones a universidades, hospitales o museos, como ocurre en el mundo anglosajón. Hay falta de tradición, y el tratamiento impositivo tampoco ayuda a fomentar el mecenazgo. En tiempos de enormes dificultades pocos han dado un paso adelante para aliviar el sufrimiento de las familias más castigadas por la crisis. El donativo de mayor cuantía que se ha hecho público procedía de la fundación de Amancio Ortega, principal accionista de Inditex, que entregó 20 millones de euros a Cáritas en el año 2012.

Cataluña y la Comunidad de Madrid suponen más de la mitad del patrimonio declarado en el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que da una idea de lo concentrada que está la riqueza en esas dos comunidades. La gran mayoría de los ricos españoles viven en las zonas metropolitanas de Barcelona y Madrid, siempre cerca del poder político. Y eso que muchos ricos madrileños no figuran en las estadísticas porque no declaran su patrimonio. El gobierno regional les exime de esa obligación al bonificar el cien por cien de la cuota del impuesto.

Otro claro indicio de que la crisis ha beneficiado a quienes más dinero tienen es que las sociedades de inversión de capital variable (sicav), el instrumento favorito de los ricos para manejar sus fortunas sin pagar apenas impuestos, han batido también su récord histórico. A 30 de junio de 2014 el valor de todas las sicav ascendía a 30 696 millones de euros. Había en esa fecha 3138 sociedades de esa naturaleza, con un patrimonio medio de 9 millones de euros. Hablaremos más de las sicav en el capítulo dedicado a los impuestos.

¿Quiénes son los más ricos de España?

En 2014 seis nuevos multimillonarios españoles se incorporaron a la lista de las grandes fortunas mundiales que publica la revista estadounidense Forbes. Ese año eran ya veintiséis los que tenían un patrimonio superior a 1000 millones de dólares, la cifra mínima para figurar en ese selecto club. Se trata de un nuevo máximo histórico y es una prueba más de que los privilegiados han dejado atrás la crisis, si es que alguna vez la vivieron en carne propia. Entre los veintiséis acumulaban una fortuna de 112 500 millones de dólares, un 20 por ciento más que un año antes, una cifra que supera el PIB de Marruecos, Eslovaquia o Ecuador. El anterior récord databa del año 2007, justo antes del estallido de la crisis, cuando había veintidós españoles en la lista.

Es precisamente el hombre más rico de España, Amancio Ortega, uno de los empresarios que ha hecho fortuna sin haber heredado dinero de sus padres o haber participado en política. Forbes calculaba a finales de 2014 que el fundador y mayor accionista de Inditex atesoraba 59 100 millones de dólares, casi el 5 por ciento del PIB español. El empresario ocupaba en ese momento el cuarto lugar de la lista de hombres más ricos del mundo, solo superado por el magnate mexicano Carlos Slim, con 78 400 millones de dólares, el fundador de Microsoft, Bill Gates, con 76 000 millones, y el inversor Warren Buffett, con 71 200 millones.

Nacido en León en 1936, hijo de ferroviario, Ortega pasó buena parte de su infancia en Tolosa (Guipúzcoa) y más tarde se trasladó junto a sus padres a La Coruña. Allí comenzó trabajando de repartidor para la camisería Gala, con solo catorce años, y siguió aprendiendo el negocio en la mercería La Maja, muy conocida en la ciudad. En 1968 se casó con su primera esposa, Rosalía de Mera, con la que tuvo dos hijos, Sandra y Marcos. En 1975 abrió la primera tienda Zara en la calle de Juan Flórez, en La Coruña, y diez años más tarde, tras extender sus establecimientos por otras ciudades de España, creó el grupo Inditex, embrión del mayor imperio español de la distribución. A principios de la década de 1980 emprendió la expansión internacional de la compañía, con la apertura en Oporto del primer Zara fuera de España. Actualmente Inditex tiene 6500 tiendas en todo el mundo bajo distintas enseñas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Uterqüe, Bershka, Oysho o Stradivarius. Su valor en bolsa ronda los 50 000 millones de euros. Ortega es el mayor accionista de la empresa, con el 60 por ciento de las acciones.

El hombre más rico de España es tremendamente celoso de su vida privada. Su primera fotografía apareció en la prensa en el año 2000, poco antes de la salida a bolsa de Inditex y un año antes de contraer matrimonio con Flora Pérez Marcote, su segunda esposa. La pareja había tenido una hija, Marta, en 1984. Ortega raramente aparece en público y no habla con la prensa. Se sabe que odia volar y llevar corbata y que es aficionado a los caballos, a los coches y al fútbol. Fiel seguidor del Deportivo de La Coruña, solía ver a su equipo en el estadio de Riazor cuando aún era un desconocido.

En 2011 anunció su retirada de la presidencia de la compañía y cedió el testigo a un ejecutivo de fuera de la casa, Pablo Isla, procedente de la tabaquera Altadis. Ortega tiene su dinero invertido principalmente en los sectores inmobiliario y financiero. A través de la empresa Pontegadea, posee edificios en las mejores calles de Madrid y Barcelona, así como propiedades inmobiliarias en zonas privilegiadas de Berlín, Londres, Nueva York o París. Entre sus propiedades más conocidas figura la torre Picasso, en Madrid. Se calcula que su patrimonio inmobiliario, adquirido a bajos precios durante los peores años de la crisis, asciende a 5000 millones de dólares. En el terreno financiero, Ortega ostenta el 5 por ciento del capital del Banco Pastor. No se le conocen conexiones políticas. Su mayor aproximación a la cosa pública es el matrimonio de una sobrina con un hijo de José Manuel Romay Beccaría, veterano político del PP, ministro con José María Aznar y presidente del Consejo de Estado.

La hija mayor del magnate del textil figura en cuarto lugar en la lista de los cien españoles más ricos de Forbes. Sandra Ortega heredó gran parte del patrimonio de su madre, Rosalía Mera, que falleció en 2013 y era la segunda accionista de Inditex. Se calcula que su fortuna asciende a 5250 millones de euros. Alérgica, como su padre, a las cámaras de los fotógrafos, es psicóloga de profesión y está especializada en la inserción laboral de discapacitados. No hace ostentación alguna de riqueza. Hace la compra como cualquier ciudadano y le gusta cultivar patatas en su huerto. Poquísimos españoles podrían reconocerla al cruzarse con ella por la calle.

Pero es la hija pequeña del magnate, Marta, la que parece destinada a heredar el imperio Inditex. La joven lleva años preparándose para asumir la gestión del inmenso capital amasado por su padre. Conoce a fondo la empresa y ha trabajado en tiendas de China, Francia, Reino Unido e Italia para completar su formación. A finales de 2014 se anunció su separación del jinete Sergio Álvarez, con quien se había casado dos años antes. La pareja tiene un niño llamado Amancio, como su abuelo.

Al repasar la lista de Forbes llama la atención que la mayoría de los ricos españoles guarda su dinero fuera del país. Según la revista, muchos de ellos tienen su fortuna en lugares como Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Los motivos son las ventajas fiscales, en el caso de los dos primeros, y el secreto bancario en el del tercero. Según el perfil dibujado por Forbes, el rico español es discreto y tiene una media de edad de sesenta y seis años y medio. Solo nueve de los cien primeros aún no han cumplido el medio siglo.

Tras Amancio Ortega, los segundos de la lista de Forbes 2014 eran la familia Del Pino, heredera del imperio de la construcción Ferrovial, seguida de Juan Roig, principal accionista de la cadena de supermercados Mercadona. A Sandra Ortega, cuarta clasificada, le seguían Isak Andic (Mango) Juan Miguel Villar Mir (OHL), Ana Patricia Botín (Grupo Santander), Manuel Jove (Inveravante), Cayetana Fitz-James Stuart (la fallecida duquesa de Alba) y los hermanos Francisco y Jon Riberas Mera.

Mercadona es, sin duda, uno de los modelos empresariales de mayor éxito en España. Su principal accionista, Juan Roig, ha construido desde Valencia un imperio capaz de plantar cara a gigantes como Carrefour o El Corte Inglés. Roig compró Mercadona a sus padres en 1981, cuatro años después de que estos fundaran la empresa. Hoy está entre las cinco compañías españolas que más facturan y tiene más de 70 000 empleados. Roig controla en solitario algo más del 50 por ciento del capital de Mercadona, pero si se cuenta la participación de su esposa, Hortensia Herrero, ambos suman el 78 por ciento de las acciones. Conocido por sus alabanzas a la cultura del esfuerzo, Roig se despacha de vez en cuando con polémicos llamamientos a la liberalización del mercado laboral y elogios a los pequeños empresarios chinos.

Según José F. Leal, autor del blog «Billonarios», del diario El Mundo, Mercadona ha generado unos beneficios de 3400 millones de euros en una década. El dinero ha sido sobre todo invertido en la propia empresa, pero una buena parte también ha ido a parar a sus socios. Solo en 2013 la compañía repartió entre sus accionistas 96,6 millones de euros, de los que 76,3 millones correspondieron al matrimonio Roig. En los últimos diez años ambos han ingresado al menos 550 millones de euros.

Juan Abelló es otro de los hombres más ricos de España. Gran aficionado al arte, su colección privada es de las mejores de España. Estudió en el colegio de El Pilar, favorito de las élites madrileñas, y heredó de su padre los Laboratorios Abelló, donde comenzó a trabajar en 1976 un joven y ambicioso abogado del Estado llamado Mario Conde. En 1983, con los beneficios de la venta de la empresa a la multinacional Merck, Abelló compró Antibióticos S. A. junto a Conde y los hermanos Emilio y Jaime Botín, del Banco Santander. Cuatro años más tarde la compañía fue adquirida por la multinacional italiana Montedison. Conde y Abelló invirtieron el dinero obtenido para comprar una participación de control de Banesto. Abelló fue vicepresidente del banco y presidente de la aseguradora La Unión y El Fénix. En 1989 decidió abandonar su sociedad con Conde y vender su participación en Banesto a través de su sociedad de inversión Torreal. Banesto acabó siendo nacionalizada por el Estado debido a las cuantiosas pérdidas provocadas por la gestión de Mario Conde, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia contemporánea española. Tras «divorciarse» de su socio, Abelló invirtió parte de su fortuna en Airtel (más tarde Vodafone), la cadena de televisión La Sexta, la marca de ropa Hackett y la constructora Sacyr Vallehermoso. El multimillonario madrileño mostró por primera vez al público su valiosísima colección de arte en octubre de 2014, con una exposición en el Ayuntamiento de Madrid.

Otros personajes característicos de los años del pelotazo son los Albertos. Con unas vidas bastante más discretas que entonces, cuando protagonizaron páginas y páginas de la prensa del corazón por la ruptura de sus matrimonios con las hermanas Koplowitz, los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer siguen siendo inmensamente ricos. El dúo, que gestiona su dinero a través de la sociedad patrimonial Alcor, es accionista de ACS, la constructora de Florentino Pérez, y de la papelera Ence.

Como Juan Miguel Villar Mir, un buen ejemplo de político de la Transición que dio el salto a los negocios es José Lladó Fernández-Urrutia, presidente de la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas. Lladó, nacido en Madrid en 1934, fue ministro de Comercio y de Transportes en los primeros gobiernos de Adolfo Suárez y posteriormente embajador de España en Washington. Es hijo del que fuera presidente del Banco Urquijo, José Lladó Vallés. Hoy tiene aproximadamente el 37 por ciento del capital de Técnicas Reunidas, una compañía muy internacionalizada y que cotiza en el Ibex 35. Forbes calcula su fortuna en unos 1200 millones de euros. Su hijo, Juan Lladó Aburúa, es vicepresidente primero de la empresa y previsible sustituto de su padre.

En contraste con los multimillonarios que gustan de exhibir su riqueza en las revistas del corazón y dejarse ver en actos sociales, hay en España un buen número de ricos que prefieren permanecer ocultos. No están en los consejos de administración de empresas cotizadas, les gusta pasar sus vacaciones lejos de los fotógrafos y suelen mezclarse tranquilamente con la gente. Son personas que pueden sentarse en un restaurante sin que los demás comensales sepan que a su lado come una de las mayores fortunas de España.

Uno de ellos es el empresario vasco José María Aristrain, heredero de las acerías fundadas por su padre. Tras varios procesos de fusión, Aristrain se convirtió en uno de los principales accionistas de la siderúrgica Aceralia, y cuando esta fue adquirida por la multinacional india Mittal, en sus manos quedó un paquete de acciones que algunos sitúan en el 2 por ciento. Líder mundial del sector, Mittal factura anualmente 79 000 millones de dólares y tiene un valor en bolsa que ronda los 25 000 millones de dólares. Aristrain tiene, además, participaciones en Tubacex y otras empresas industriales españolas. Es dueño de una ganadería de toros bravos y propietario de extensas fincas en la provincia de Sevilla y Cáceres. Coleccionista de coches de lujo, tiene un importante patrimonio inmobiliario en una de las mejores zonas del barrio madrileño de Chamberí.

Uno de los hombres de negocios españoles de mayor éxito en los últimos años, también poco conocido para el gran público, es Daniel Maté, ejecutivo y accionista de la multinacional minera Glencore Xstrata, líder del mercado mundial de zinc. La empresa, con sedes en Suiza, Países Bajos y el paraíso fiscal de Jersey, salió a bolsa en 2011 y convirtió a sus accionistas en multimillonarios. Maté comenzó su meteórica carrera de empresario junto al polémico empresario estadounidense Marc Rich, que fundó Glencore en 1974. Tras su fusión con Xstrata, en 2013, Glencore se convirtió en una de las diez mayores empresas del mundo, con una facturación anual que supera los 230 000 millones de dólares. Tiene 190 000 empleados. Maté posee una participación del 3,5 por ciento en Glencore Xstrata. Fallecido en 2013, Mark Rich fue acusado de evasión fiscal y de hacer negocios ilegales con Irán durante la crisis de los rehenes secuestrados en la embajada estadounidense en Teherán. Fue indultado por el presidente Bill Clinton en 2001, en su último día en la Casa Blanca, sin haber comparecido ante los tribunales, una decisión que suscitó abundantes críticas al político demócrata. Denise, esposa de Rich, contribuyó con un millón de dólares a campañas electorales del Partido Demócrata, incluyendo la candidatura al senado de Hillary Clinton, esposa del presidente. Los negocios de Glencore con países en conflicto, como la República Democrática del Congo, le han dado fama de empresa oscura y le han valido numerosas críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Entre los directivos de la empresa hay otro español, Luis Álvarez Ortega, que también posee un importante paquete accionarial de la compañía, cifrado en el 0,6 por ciento. Tanto Maté como Ortega tienen un compromiso de no vender su participación en Glencore Xstrata hasta el año 2016.

Otro vasco de la lista es Enrique Sendagorta, fundador de la empresa de ingeniería Sener. Creada en los años cincuenta del siglo XX, la compañía fabrica software para el diseño de barcos y construye estructuras y equipos espaciales. Sendagorta fue uno de los principales impulsores de la Universidad de Navarra y en los años sesenta, durante el franquismo, ocupó un alto cargo en el Ministerio de Comercio. Fue presidente de Petronor, vicepresidente del Banco de Vizcaya y presidente del Banco de Financiación Industrial Induban.

A una de las familias más viejas de Neguri pertenece el veterano Víctor Urrutia, nieto del fundador de Hidroeléctrica Española, precursora de Iberdrola. Urrutia abandonó los consejos de Iberdrola y de Barclays España en el año 2013, en cumplimiento del Código Unificado de Buen Gobierno, que limita a doce años el mandato de los consejeros independientes. Un año antes había salido del órgano de gobierno del grupo de comunicación Vocento, donde su familia mantiene una importante participación. Es presidente de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE), que comercializa las marcas Cune y Viña Real, y es uno de los principales accionistas de la embotelladora de Coca-Cola en España.

Los hermanos Santiago y Emilio Ybarra también son miembros de una de las viejas familias de la oligarquía financiera vizcaína. Emilio presidió el BBV hasta el año 2001, cuando fue forzado a dimitir tras descubrirse que el banco tenía cuentas secretas en la isla de Jersey para retribuir a sus directivos. Junto a su hermano Santiago, Emilio Ybarra figura entre los principales accionistas de Tubos Reunidos y Vocento, entre otros muchos negocios.

La familia más adinerada de Andalucía son los Benjumea. Felipe es presidente ejecutivo de Abengoa, una empresa energética y tecnológica muy diversificada que cotiza en la Bolsa de Madrid y en el mercado Nasdaq de Nueva York. La fortuna familiar tiene su origen en los negocios de Javier Benjumea Puigcerver, padre de Felipe y fundador de Abengoa en 1941. «Hacer y callar» es el lema de la compañía.

La familia March es una de las más representativas de la vieja oligarquía financiera española. Los hermanos Juan y Carlos, nacidos en Palma de Mallorca en 1940 y 1945 respectivamente, son los principales accionistas de la Banca March y de la corporación financiera Alba. Los March vendieron en 2013 su participación en Prosegur, por la que ingresaron unos 415 millones de euros. Sus sobrinos, hijos de sus hermanas Leonor y Gloria, forman ahora parte del Consejo de la Banca March. Esta entidad gestiona una de las mayores sicav de España, Torrenova de Inversiones. Con unos activos de 15 000 millones de euros, la Banca March está especializada en banca privada, financiación de empresas y gestión de grandes patrimonios. La Corporación Financiera Alba, cuyo accionista mayoritario es el propio banco, es o ha sido accionista de empresas cotizadas como ACS, Acerinox, Indra o Ebro Foods. Juan March es, además, consejero de Indra y de ACS.

El origen del patrimonio familiar es digno de una película de aventuras e intriga política. El patriarca de la familia, Juan March Ordinas, fue uno de los hombres de negocios que financiaron el golpe de Estado liderado por Francisco Franco y otros militares el 18 de julio de 1936, detonante de la Guerra Civil. Juan March, nacido en la localidad mallorquina de Santa Margarita en 1880 y fallecido en Madrid en 1962, era hijo de un tratante de ganado mallorquín y comenzó a hacer fortuna con el contrabando de productos procedentes de África y Gibraltar. En 1916 fundó la empresa naviera Transmediterránea, dedicada al transporte de viajeros, y diez años más tarde puso en marcha la Banca March para financiar sus negocios. Ganó mucho dinero con la venta de armas a Abd el-Krim, líder de los guerrilleros rifeños que luchaban contra las tropas españolas en el norte de Marruecos. Encarcelado por el gobierno de la II República en 1931 por negocios ilegales, se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares en 1933 sobornando a un funcionario de prisiones. En 1936 March pagó los gastos del vuelo del Dragon Rapide, el avión que transportó a Franco desde Canarias al norte de Marruecos para ponerse al frente de la sublevación en el protectorado. También financió el puente aéreo que permitió llevar desde África a Sevilla las tropas coloniales que lideraron el rápido avance de las fuerzas golpistas desde la capital andaluza hacia Madrid. Por ello se ganó el sobrenombre de «banquero de Franco». Durante la II Guerra Mundial tuvo tratos tanto con el espionaje alemán como con el británico. En 1955 creó la Fundación Juan March para promover las artes y las ciencias. Hoy es una de las instituciones culturales privadas más prestigiosas de España.

Otro gran aficionado al arte es Plácido Arango, principal accionista de la cadena de cafeterías Vips. Hijo de emigrantes asturianos, Arango fundó la empresa junto a sus hermanos en México, y en los años sesenta del siglo pasado la trajo a España. Vendió parte de su participación en Sigla, empresa matriz de Vips, al banco de inversión Goldman Sachs en el año 2000. Ha sido presidente de la Fundación Príncipe de Asturias.

Uno de los hombres más ricos e influyentes de España fue hasta su fallecimiento, en 2007, Jesús de Polanco, máximo accionista del Grupo Prisa y uno de los empresarios más cercanos a los gobiernos de Felipe González. Su fortuna prácticamente se ha evaporado debido a la caída del valor en bolsa de la compañía y a que la familia controla un porcentaje cada vez menor del capital debido a la entrada de nuevos accionistas. La cuestionada gestión de quien fuera su mano derecha en el grupo de comunicación más importante de España, Juan Luis Cebrián, ha colocado al grupo al borde de la quiebra. Con una deuda que llegó a superar los 5000 millones de euros, Prisa ha tenido que ser rescatada por los bancos acreedores, especuladores estadounidenses y hombres de negocios mexicanos conectados con el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los hijos de Jesús de Polanco —Ignacio, María Jesús y Manuel (Isabel, destinada a heredar el timón del grupo, falleció ocho meses después que su padre)— han dicho adiós a buena parte del dinero heredado del magnate cántabro. A su muerte, Jesús de Polanco poseía la quinta fortuna de España.

Aumentan las desigualdades

Mientras los ricos han conseguido vadear lo peor de la crisis gracias al aumento de sus participaciones bursátiles y al dinero que guardan en el extranjero, España se ha convertido en un país de tremendas desigualdades en la distribución de la renta. Es ya el octavo país más injusto en ese terreno de los treinta y cuatro países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo superado por Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido. Entre 2007 y 2012 el número de hogares españoles que no recibía ninguna renta de trabajo se duplicó, y el porcentaje de población pobre, aquel con ingresos inferiores al 50 por ciento de la media, aumentó casi dos puntos porcentuales, hasta alcanzar el 15,4 por ciento de la población. España es hoy el país europeo con más desigualdades, solo por detrás de Letonia.

Los motivos de este ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres son diversos. Entre ellos figura en lugar destacado el índice de desempleo, que ha pasado del 8,3 por ciento de la población activa en 2007 al 23,67 por ciento en el otoño de 2014. En segundo lugar destaca la disminución de la base fiscal española, en buena parte consecuencia del aumento del paro y de la ralentización de la actividad económica. El Estado ha ido quedándose, a medida que avanzaba la crisis, sin los recursos necesarios para sostener el Estado del bienestar.

La idea de que vivimos en un país cada vez más desigual ha ido calando poco a poco en la opinión pública. Según el informe «Gobernar para las élites», de la organización no gubernamental Oxfam Intermon, ocho de cada diez españoles opinan que las leyes están hechas para los ricos. Las decisiones políticas, según una amplia mayoría de los ciudadanos, «están secuestradas por las élites y los poderes económicos».

En el resto del mundo, sin embargo, las desigualdades han menguado en los últimos años, exceptuando al 1 por ciento de la población con más ingresos, cuya riqueza sigue aumentando. Según Forbes, las 66 personas más acaudaladas del mundo atesoraban en 2014 la mitad de la riqueza de toda la humanidad.

Capítulo 3. La banca siempre gana

Capítulo 3

LA BANCA SIEMPRE GANA

El 25 de noviembre de 2011 el último Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tomó una decisión que dejó atónitos a propios y extraños: conceder el indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha de Emilio Botín, condenado a tres meses de arresto por un delito de denuncia falsa cometido en 1993, cuando era presidente de Banesto. La condena suponía la inscripción de Sáenz en el Registro Central de Penados, por lo que perdía el requisito de honorabilidad exigido por el Banco de España para ejercer la actividad de banquero.

«No es habitual que se informe de los indultos», fue la escueta respuesta del portavoz del Gobierno, José Blanco, a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El gobierno socialista concedió el indulto a Sáenz en plena crisis económica y en contra de la opinión del Tribunal Supremo, que entendía que no se daban razones de justicia y equidad para su concesión. La asociación de jueces Francisco de Vitoria calificó lo sucedido de intromisión del poder ejecutivo en las funciones del judicial.

Gracias a la medida de gracia del Gobierno, Sáenz pagó una multa y siguió en su puesto. En febrero de 2013, sin embargo, el Tribunal Supremo anuló parte del indulto e inhabilitó a Sáenz para seguir ejerciendo su labor como directivo del Banco Santander. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal reconoció la facultad del Gobierno para indultar un delito como el cometido por Sáenz, pero a renglón seguido sus ocho magistrados decretaron por unanimidad que el ejecutivo se extralimitó en sus funciones al suprimir los antecedentes penales del banquero, una medida esencial para que Sáenz pudiera seguir ejerciendo su profesión.

Pero la cosa no quedó ahí. El Consejo de Ministros, esta vez presidido por Mariano Rajoy, aprobó en abril de 2013 un real decreto que flexibilizaba los requisitos de honorabilidad necesarios para ejercer la profesión de banquero, con lo que abría las puertas a la posible permanencia de Sáenz en su cargo. El ejecutivo dejó la patata caliente en manos del Banco de España, que se vio obligado a abrir un proceso para dilucidar si el número dos del Santander cumplía las nuevas condiciones. No hizo falta. Tras una reunión entre el recién nombrado gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y el todopoderoso Emilio Botín, el propio Sáenz anunció su renuncia voluntaria como vicepresidente y consejero delegado del Grupo Santander. Sáenz hizo pública su decisión cuando el Banco de España se disponía a publicar una nota en la que le inhabilitaba para seguir siendo banquero.

Botín se tomó el asunto como una afrenta personal. El banquero no estaba dispuesto a prescindir de su más fiel colaborador, pero se encontró con la oposición del ministro de Economía, Luis de Guindos, partidario de que Sáenz dejase el Santander. Al final, el Gobierno, Botín y el Banco de España llegaron a la conclusión de que el coste de saltarse a la torera las decisiones de la Justicia hubiera sido demasiado grande. Sáenz se fue, pero no sin cobrar 88,2 millones de euros en pensiones y más de 11,2 millones por un seguro de vida. En total, casi 100 millones de euros.

La rocambolesca historia del indulto a Sáenz da una idea del enorme poder que los grandes bancos ejercen sobre el Gobierno y de la falta de escrúpulos de las autoridades a la hora de tomar decisiones que afectan a los dueños del dinero. ¿Por qué un gobierno del PSOE, derrotado un mes antes en las urnas, decide indultar a Sáenz? ¿Qué servicios prestó Sáenz al ejecutivo para merecer la medida de gracia? ¿Por qué Mariano Rajoy maniobró in extremis para salvar al banquero desoyendo una decisión del Tribunal Supremo? Las sospechas apuntan a la oscura financiación de los partidos desde la Transición o a los servicios prestados por la banca en aras de la estabilidad del Estado durante las épocas de dificultades económicas. Sobre todo, se trataba del salvar la cara del número dos de Botín, el financiero más poderoso de España. Probablemente nunca sepamos la verdad. Lo que sí consiguieron estos tejemanejes fue alimentar la sospecha, cada vez más arraigada entre la población, de que en España hay dos tipos de justicia: una para los ciudadanos de a pie y otra para los miembros de la oligarquía política y financiera.

La crisis iniciada en 2008 ha provocado una auténtica revolución en el sistema financiero español, quizás la mayor de toda su historia. Con sus préstamos de alto riesgo a promotores inmobiliarios y particulares, la banca contribuyó a desatar una tormenta cuyas consecuencias tardarán muchos años en paliarse. El manejo de las cajas de ahorros por parte de partidos políticos de todo signo, con la complicidad de los poderes económicos locales y hasta de los sindicatos, propició una gestión desastrosa que desembocó en el rescate de varias entidades y la desaparición de muchas de ellas. La factura para el contribuyente español por la quiebra del sistema financiero ascendía a finales de 2014 a 26 000 millones de euros, pero la cifra podría superar los 60 000 millones.

Paradójicamente la banca es quizás la institución que más reforzada ha salido del desastre. Al desaparecer la mayoría de las cajas de ahorros, el negocio ha quedado concentrado en unas pocas manos. España ha pasado de tener medio centenar de entidades financieras a poco más de una decena. Solo los tres grandes bancos —Santander, BBVA y Caixabank— controlan aproximadamente el 60 por ciento del mercado español, una situación cercana al oligopolio. A 1 de enero de 2014 solo otras tres entidades —Bankia, Banc Sabadell y Banco Popular— tenían también activos superiores a los 100 000 millones de euros. Ello significa que únicamente han sobrevivido a la crisis seis entidades financieras con cierto relieve.

La politización de las cajas de ahorros, que dejó a estas entidades a merced de gestores corruptos y desconocedores del negocio, es una de las causas más evidentes de nuestra crisis. Las más altas instancias participaron activamente en la catástrofe. El político socialista Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa con Felipe González, presidió Caixa Catalunya, fusionada con Caixa Tarragona y Caixa Manresa bajo el nombre de CatalunyaBank. La entidad quebró poco después de la fusión y fue malvendida finalmente al BBVA por 1187 millones de euros, casi 12 000 millones menos de lo que el Estado se gastó en su rescate. Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía con José María Aznar, capitaneó Bankia, también rescatada con el dinero del contribuyente. España está pagando muy caro la falta de profesionalidad y la ambición desmedida de estos gestores, que se premiaron a sí mismos con salarios y pensiones estratosféricas.

En la reestructuración del sector bancario el Gobierno ha optado claramente por la estabilidad a costa de una mayor competencia; es decir, menos entidades, pero más grandes y más sólidas. Un trío de banqueros —Ana Patricia Botín, del Santander, Francisco González, del BBVA, e Isidro Fainé, de Caixabank— tienen más poder que nunca para decidir a quién se presta el dinero y en qué condiciones. Las tres entidades han adquirido un tamaño que supone riesgo sistémico, lo que significa que un problema grave en cualquiera de ellos arrastraría tras de sí a todo el entramado financiero español. Son lo que en inglés llaman instituciones «too big to fail», o demasiado grandes para caer, aunque solo Santander y BBVA fueron incluidas en la lista de entidades sistémicas elaboradas por el G-20. Al mismo tiempo el ejecutivo ha renunciado a crear una banca pública como la existente en países como Francia o Alemania, más cercana a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Los grandes bancos y el Banco de España, organismo regulador del sector, se han opuesto a la idea, que sí contaba con el apoyo de numerosos economistas y formaciones progresistas. Únicamente la Junta de Andalucía se disponía, a finales de 2014, a poner los cimientos de un banco público.

Tras la reestructuración del mercado bancario, el poder económico se ha concentrado también geográficamente, al abandonar las comunidades autónomas periféricas y centrar aún más la toma de decisiones en Madrid y Barcelona. El desastre de las cajas de ahorros ha hecho desaparecer entidades que desempeñaban un papel clave en la financiación de pequeñas y medianas empresas en muchos rincones del país a los que no llegaba la banca tradicional. Las cajas, centenarias algunas de ellas, desempeñaban también un papel clave a la hora de prestar dinero a las clases populares. Mientras que los grandes bancos han centrado tradicionalmente sus actividades en grandes operaciones, participaciones industriales y gestión de patrimonios, las cajas se dedicaban sobre todo a la llamada banca de proximidad, dando crédito a la economía productiva. Es decir, daban préstamos a quienes no podrían conseguirlo en los bancos. Varias comunidades se han quedado sin entidades capaces de apoyar iniciativas empresariales, culturales y sociales. Valencia y Castilla-La Mancha son dos de ellas. La muerte de muchas de las cajas regionales ha traído consigo también la desaparición de actividades auxiliares —contabilidad, informática, innovación…— que son vitales para las economías locales y suponen muchos puestos de trabajo.

Mientras tanto, los bancos han cerrado numerosas sucursales, han eliminado decenas de miles de empleos y han dejado fuera del mercado a muchos ciudadanos residentes en pequeñas poblaciones. Entre 2008 y 2012 el empleo en el sector se redujo en 57 000 trabajadores, un 21 por ciento del total. En el mismo periodo se cerraron 11 800 oficinas bancarias, una de cada cuatro. Los recortes adicionales efectuados en 2013 y 2014 y los previstos en los próximos años reducirán prácticamente a la mitad el número de empleados y de sucursales que había antes de que estallara la crisis.

Como si de los Astérix y Obélix del sistema financiero se trataran, dos entidades, las cajas de ahorros de Ontinyent (Valencia) y Pollença (Mallorca) se han resistido a caer. Ambas se mantuvieron al margen de compras, fusiones y nacionalizaciones y han optado por no convertirse en bancos. Caixa Ontinyent fue fundada en 1884 y hasta 1965 solo tuvo una sucursal. En 2014 tenía 47 oficinas repartidas por toda la Comunidad Valenciana. Algo más pequeña pero también centenaria, Caixa Pollença centra su actividad en las islas Baleares, donde tiene 17 sucursales. Ambas cajas se mantienen fieles a su espíritu original: dar apoyo a los pequeños empresarios locales y reinvertir los beneficios en sus respectivas comunidades. En Caixa Ontinyent, el sueldo más alto es de 58 000 euros al año, y el más bajo, 16 400. Durante los años de la burbuja, la entidad valenciana recibió varias ofertas de compra, pero sus responsables las rechazaron. «Nosotros no somos banqueros ni santos, somos cajeros», declaró Vicente Ortiz, uno de sus directivos, al programa Salvados, de La Sexta. «Éramos la caja cuarenta y tres de cuarenta y cinco. Ahora somos la primera de dos».

Las ayudas del BCE y del Gobierno

Al estallar la crisis, Santander, BBVA y La Caixa también tenían en sus balances muchos activos tóxicos, pero su enorme tamaño y las actividades fuera de España les han permitido capear el temporal mucho mejor que las cajas de ahorros. El hecho es que los tres grandes del sistema financiero español han logrado sobrevivir casi intactos a los años más difíciles de la crisis mientras el resto del sector se hundía. ¿Cómo lo han logrado? Aparte de haber sido algo más prudentes y de haber compensado la caída de ingresos en España con sus negocios en el extranjero, la banca española ha sido la gran beneficiada por la financiación proporcionada durante todos estos años por el Banco Central Europeo. Durante los años más duros de la crisis, con la prima de riesgo de la deuda española disparada, los bancos pedían dinero en la ventanilla del BCE a un interés del 1 por ciento y compraban bonos del Tesoro al 4 por ciento. Negocio perfecto, y a la salud del contribuyente.

La entidad con sede en Fráncfort ha sido la salvación de la banca española durante los años más duros de sequía crediticia, cuando los bancos privados dejaron de prestarse dinero unos a otros. Entre los años 2012 y 2013 el BCE prestó un billón de euros a la banca europea al citado interés del 1 por ciento. Los bancos españoles captaron más del 30 por ciento de dicha cantidad, unos 300 000 euros, casi el triple de lo que les correspondería por su peso en la zona euro. Durante meses toda la banca española se sostuvo gracias al dinero del BCE, que permitió a las entidades reducir drásticamente sus costes financieros y salvar sus cuentas de resultados.

Si al crédito barato le sumamos la decisión del Banco de España de limitar el rendimiento de los depósitos de los ahorradores y las empresas (de un 1,75 por ciento hasta un año, de un 2,25 por ciento hasta los dos años y de un 2,75 por ciento en plazos más largos) para impedir una guerra entre entidades de peligrosas consecuencias, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que son los ciudadanos los que han pagado el saneamiento de la banca y han puesto a disposición de los tres grandes, casi en exclusiva, el mercado español.

Mientras sobrevivían gracias a las ayudas públicas, los bancos dejaron de cumplir su principal función: dar crédito para insuflar vida a la actividad económica. Las pequeñas y medianas empresas, responsables de dos de cada tres puestos de trabajo en España, consideran que las dificultades de acceso a la financiación constituyen el problema más acuciante al que se enfrentan en sus esfuerzos por salir adelante. Los profesores Samuel Bentolila y Marcel Jansen han estimado que la falta de crédito ha sido la causante de entre el 18 y el 35 por ciento de la destrucción de empleo en el periodo más duro de la crisis. Las empresas españolas han dependido casi exclusivamente de los bancos para financiarse y estaban poco acostumbradas a buscar dinero por otras vías, como los mercados de deuda. No tenían esa necesidad: los bancos, con frecuencia accionistas de grandes compañías, siempre estaban ahí. La crisis ha cambiado la situación y los bancos han cerrado el grifo del crédito, lo que ha obligado a las empresas a emitir bonos en el mercado internacional para financiarse.

Los bancos españoles tendrán que vérselas a partir de ahora con un nuevo supervisor. El BCE ha asumido las tareas de vigilancia de las mayores entidades de la eurozona y seguramente será más duro de lo que ha sido el Banco de España, una institución tradicionalmente sensible a las presiones de las grandes entidades. Todos los bancos españoles aprobaron las pruebas efectuadas por el BCE durante 2014 para mostrar su capacidad de resistencia a futuras recesiones. Se han preparado para afrontar cualquier eventualidad aumentando su capital de máxima calidad, pero a costa de reducir notablemente su rentabilidad. Este es el gran problema que tendrán que resolver en los próximos años.

No es extraño que la banca sea una de las instituciones que despierta mayor rechazo entre la población española. Una encuesta efectuada por Metroscopia en julio de 2012 reflejaba que el 88 por ciento de los ciudadanos rechazaba el comportamiento del sector durante la crisis. La banca aparecía entonces como el cuarto problema en importancia para los españoles. A diferencia de la mayoría de los ciudadanos, los banqueros no se han apretado el cinturón. Salvo excepciones, los salarios de los principales directivos de las entidades financieras no solo no han bajado, sino que han subido en los últimos años.

A todos los ricos, y especialmente a los banqueros, les gusta la discreción. Los grandes señores de la banca rara vez ofrecen ruedas de prensa o dan entrevistas. Sus intervenciones públicas, en la mayoría de ocasiones, se ciñen a la rendición de cuentas en las juntas de accionistas, sin preguntas incómodas de los periodistas, y tienen a su disposición enormes departamentos de comunicación que protegen su imagen. Además, la presencia de los bancos entre los principales accionistas de los medios les asegura una cobertura amable en prensa, radio y televisión. La mayoría de las empresas de comunicación les debe dinero. Encontrar una noticia perjudicial o crítica con los bancos en los medios tradicionales es cada vez más difícil.

Si hay un club cerrado en el mundo de los negocios, ese es el de los banqueros. Hace un cuarto de siglo, en la época de los llamados siete grandes (Banesto, Bilbao, Central, Hispano, Popular, Santander y Vizcaya), los jefes acostumbraban a pactar las grandes decisiones que afectaban al sector. La cosa parece haber cambiado con la crisis. En una entrevista publicada por XL Semanal en junio de 2014, Francisco González, presidente del BBVA, resumía así la nueva situación: «Antes los banqueros se reunían una vez al mes. Ahora ni nos felicitamos por Navidad».

¿Cómo ejerce la banca su influencia en el poder político? Principalmente, financiando proyectos que interesan a los responsables de una administración —inversiones de determinadas empresas, obras públicas, etcétera— o ayudando al Estado a sortear los problemas financieros derivados de la crisis; por ejemplo, con la compra masiva de bonos del Tesoro, como ha sucedido en los últimos años para evitar una subida excesiva de la prima de riesgo y salvar a España del rescate. Entre junio de 2012 y septiembre de 2013 el volumen de deuda pública adquirida por las entidades financieras españolas registró un aumento del 82 por ciento, al pasar de 166 000 a 299 000 millones de euros.

Ahí los bancos juegan con fuego. Así explica el peligro Kenneth Rogoff, economista de la Universidad de Columbia: «En Europa, los altos cargos políticos también recurren a impuestos ocultos —especialmente la represión financiera— para resolver los excesivos niveles de deuda pública. Por directivas administrativas y regulaciones, los bancos, empresas de seguros y fondos de pensiones se están viendo forzados a mantener una participación mucho más elevada de deuda pública de la que voluntariamente elegirían. Pero este enfoque es difícilmente progresivo, ya que los tenedores finales de las pensiones, los contratos de seguros y los depósitos bancarios son típicamente los miembros de la atribulada clase media y los ancianos». Los ciudadanos, de nuevo, pagan las consecuencias de la comunión de intereses entre los gobernantes y la gran banca.

La relación de los bancos con los partidos políticos desde el fin de la dictadura es una historia aún por escribirse. El Mundo informaba en julio de 2014 de que el banco vasco Kutxabank había perdonado 9,6 millones de euros de intereses acumulados a Unió Democràtica de Catalunya, uno de los dos socios de Convergència i Unió, la coalición que ha ejercido el poder en Cataluña de manera casi ininterrumpida desde la muerte del dictador Francisco Franco. Según un informe enviado por el Tribunal de Cuentas al Congreso de los Diputados, se trata de una deuda que venció en 1996 y que Unió Democràtica nunca pagó. Kutxabank está presidido por Mario Fernández, que fue vicelehendakari en el gobierno de Carlos Garaikoetxea en los años ochenta del siglo pasado.

A cambio de favores como estos, los políticos echan una mano a los bancos en materia de regulación y supervisión, en el terreno tributario o en los planes de expansión internacional de las entidades. Un ejemplo de estas ayudas son los créditos fiscales. En noviembre de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy permitió a los bancos convertir activos de escasa solvencia por valor de 31 000 millones de euros en capital de alta calidad al concederles la garantía del Estado. Los créditos fiscales o activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son gastos que no se pueden deducir de los impuestos cuando hay pérdidas, pero Hacienda concede el derecho a utilizarlos para rebajar los impuestos de beneficios futuros durante dieciocho años. El origen de ese dinero son las provisiones para cubrir pérdidas y las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados. Si no hubiera beneficios futuros, se considerarían activos de baja calidad, y por ese motivo no se podrán gravar. El objetivo es claro: reforzar la calidad del capital de los bancos para ayudarles a afrontar sus problemas de solvencia en un momento muy delicado y superar las pruebas de estrés del BCE. A mediados de 2014 los bancos habían conseguido salvar más de 40 000 millones de euros de capital, según datos recopilados por El País.

Los principales bancos tienen una enorme ventaja con respecto a la mayoría de las empresas. Como son demasiado grandes para caer, cuentan con el salvavidas del Estado —o sea, del contribuyente— en caso de riesgo excesivo. La banca siempre gana: son empresas privadas cuando tienen beneficios y públicas cuando pierden. Al capitalizar los beneficios y socializar las pérdidas, se reserva para sí lo mejor del capitalismo y deja lo peor para los demás.

Aunque la Unión Europea permite a los bancos operar en todos los países miembros, España es prácticamente un coto cerrado a la banca comercial extranjera. No es el único; sucede también en países como Francia o Italia, donde los gobiernos gustan de controlar sus mercados financieros. No ocurre así en el Reino Unido, donde entidades no británicas —entre ellas el Banco Santander— tienen importantes inversiones. Barclays, con más de cuarenta años de presencia en España, 270 sucursales y 2800 empleados, anunció en marzo de 2014 su salida de España ante la falta de rentabilidad de sus operaciones. Barclays era la entidad financiera extranjera con más oficinas bancarias en España y, junto a Deutsche Bank, prácticamente la única que competía con entidades españolas en la banca minorista. Caixabank aprovechó la coyuntura y compró todos esos activos por 800 millones de euros.

El desastre de Bankia

El caso de Bankia es paradigmático de todo lo que se hizo mal en las cajas de ahorros y en el proceso de salvación del sistema financiero emprendido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y continuado por el de Rajoy. Por culpa de la desastrosa gestión de Bankia (formada por Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), España ha necesitado un préstamo internacional de 100 000 millones de euros para evitar una catástrofe. Aunque no se acabe utilizando todo el dinero —a finales de 2014 se habían pedido 40 000 millones— el crédito acabará pagándolo el contribuyente.

Volvamos atrás unas décadas para ver el asunto con cierta perspectiva. Fue en el año 1985 cuando se transformó la Ley de Cajas de Ahorros para dar entrada a los partidos políticos en sus órganos de gobierno. El objetivo parecía bueno: reforzar el control de las entidades repartiendo el poder entre los representantes de los ciudadanos. Sin embargo, el sistema acabó pudriéndose con las consecuencias que todos conocemos.

Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan que tuvo como eje las fusiones frías entre cajas de ahorros. Para gestionar el proceso el Gobierno creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que actualmente ostenta las participaciones del Estado en las entidades nacionalizadas. Decenas de entidades fueron absorbidas por otras, vendidas a los bancos o directamente nacionalizadas. A 1 de noviembre de 2014 el FROB tenía aún el 60 por ciento del capital de Bankia y el 65 por ciento de BMN (Banco Mare Nostrum), fruto de la fusión de Caja Murcia, Caja Granada y la mallorquina Sa Nostra. Mientras tanto, se creó un banco malo con el nombre de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para aglutinar y vender los activos tóxicos de los bancos, casi todos relacionados con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Como decía Javier Burón Cuadrado en eldiario.es, «el sistema financiero español tiene el poder económico y político suficiente como para hacer que las pérdidas que debieron asumir en sus balances por el estallido de la burbuja inmobiliaria (de la que son los principales responsables) casi no se reflejen en sus cuentas y, o se trasladen al Estado (FROB) o se congelen sine díe en vehículos en los que las pérdidas son públicas y los beneficios privados (Sareb)».

Fundada en el año 1702, Caja Madrid era hasta los años noventa del siglo XX una caja ejemplarmente gestionada. Luego llegó Miguel Blesa, cuyo único mérito para ocupar la presidencia de la entidad era ser amigo de José María Aznar. Ambos se conocieron mientras preparaban oposiciones a inspector de Hacienda. Tras aprobar los exámenes, Blesa y Aznar fueron destinados al mismo tiempo a Logroño, donde vivieron, ya casados con sus respectivas esposas, en el mismo edificio. Sin apenas experiencia en el mundo de las finanzas, Blesa fue nombrado presidente de Caja Madrid en 1996 y llevó a la entidad a la ruina mientras se hacía rico. Su correspondencia electrónica, desvelada por eldiario.es tras una investigación del juez Elpidio Silva, muestra cómo las presiones del poder político influyeron en su gestión. Los mensajes también reflejan que la cúpula directiva de la caja de ahorros sabía que la venta de preferentes a personas con escasos conocimientos financieros rozaba el fraude.

Incluso cuando ya eran evidentes los graves problemas por los que atravesaban las cajas y Blesa se disponía a dejar Caja Madrid, a finales de 2009, los políticos insistían en colocar a sus peones en los órganos de gobierno de la entidad. Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, maniobró hasta el final para que el elegido para presidir la caja fuese su mano derecha, Ignacio González, que tampoco tenía experiencia bancaria. Finalmente el elegido por Mariano Rajoy sería su compañero de partido y antiguo rival por el liderazgo del PP, Rodrigo Rato, quien culminaría el desastre con la creación de Bankia.

Un episodio que ilustra fielmente las relaciones entre el poder político y el financiero es la cena que el ministro de Economía, Luis de Guindos, mantuvo en vísperas de la quiebra de Bankia con el propio Rato y los presidentes de las otras tres mayores entidades financieras de España: Emilio Botín (Santander), Francisco González (BBVA) e Isidro Fainé (La Caixa). De esa reunión, descrita con detalle por el periodista Íñigo de Barrón en su libro El hundimiento de la banca, salió la decisión de apartar a Rato de la dirección de Bankia y nacionalizar la entidad en vista de las enormes pérdidas en que había incurrido. Fue allí donde Luis de Guindos, que había trabajado codo a codo con Rato en el Ministerio de Economía en los años de Aznar, comunicó a su antiguo jefe que todo había acabado. González, que debía su posición en el BBVA al propio Rato, sostuvo durante la cena que la única forma de que los mercados internacionales volvieran a confiar en España era un relevo en la cúpula de Bankia y un saneamiento completo de la entidad. Botín y Fainé fueron menos contundentes y se mostraron a favor de una salida discreta de Rato. El presidente de Bankia reconoció que la entidad necesitaba una inyección de capital, aunque muy inferior a la calculada por el ministro De Guindos y sus demás compañeros de mesa. Ante las diferencias sobre la cantidad necesaria para salvar Bankia, de varios miles de millones de euros, Rato supo que sus días al frente de Bankia estaban contados.

La gestión de Caja Madrid —sin olvidar la de Bancaja— es el mejor ejemplo de los excesos cometidos por unos directivos sin escrúpulos que, aupados al cargo por sus conexiones políticas, se dedicaron a saquear y hundir las cajas de ahorros, asignándose a sí mismos sueldos e indemnizaciones millonarias. La desaparición de las cajas de ahorros no es solo un desastre económico para España; es una muestra de la degradación moral de unas élites que se apropiaron del Estado en beneficio propio. La sensación de impunidad reinante en los años de alegría económica llevó a algunos a cometer excesos difíciles de creer e impropios de cualquier país que pretenda sumarse a la modernidad.

Una auditoría interna encargada por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que se hizo con las riendas de la entidad tras la nacionalización, desveló que durante diez años, entre 2003 y 2011, decenas de directivos de Caja Madrid dispusieron de unas tarjetas con las que gastaron 15 millones de euros que nunca fueron declarados a Hacienda. La práctica comenzó en los años de bonanza económica y prosiguió en los peores momentos de la crisis, mientras Caja Madrid vendía preferentes a pensionistas y desahuciaba a los hipotecados que no podían pagar sus préstamos. Los implicados en el escándalo son 86 exconsejeros y directivos de la caja, pertenecientes a los tres grandes partidos políticos de ámbito nacional (PP, PSOE e IU), los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE: una amplia representación de la élite político-empresarial que maneja los asuntos públicos. Son personas que no solo hicieron mal su trabajo, sino que se lucraron a costa del contribuyente. El reparto de las tarjetas no se hizo a lo loco. Se puso un límite de gasto de 120 000 euros anuales, la cifra mínima que marca la ley para que, si se supera, su ocultamiento al fisco se considere delito fiscal.

El propio Blesa, que tenía un sueldo de 3,5 millones de euros anuales, gastó un total de 436 700 euros con esas tarjetas, a una media anual de 54 600 euros. Con las tarjetas el presidente de Caja Madrid pagaba comidas, bebidas, viajes e incluso retiraba dinero en cajeros automáticos. Cuando ya se sabía que el rescate era inevitable, Blesa seguía tirando de su tarjeta black.

Hasta un antiguo inspector de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado con el último gobierno de Aznar, participó en la fiesta. Rodríguez-Ponga se gastó 255 400 euros con su tarjeta black en su época de consejero de Caja Madrid. Buena parte de sus gastos los hizo en El Corte Inglés, empresa de la que hoy es consejero. ¿Y qué decir de Juan Iranzo, un economista liberal, partidario de reducir al máximo el peso del Estado en la economía, que gastó 46 800 euros entre 2010 y 2012? A raíz del escándalo Iranzo dimitió de su cargo en el Consejo Económico y Social (CES) y salió del Consejo de Administración de Red Eléctrica Española (REE), pero se negó a dejar la presidencia del Colegio de Economistas de Madrid, cuyo tesorero es Estanislao Rodríguez-Ponga.

Rodrigo Rato también dio cuenta de su tarjeta black, y de qué manera. La utilizó, por ejemplo, para pagar de una vez 3547 euros en bebidas alcohólicas. En solo cinco días abonó más de 2000 euros en locales de ocio nocturno y efectuó dieciocho retiradas de 1000 euros cada una en cajeros automáticos meses antes de ser destituido como presidente de Bankia. Rato gastó un total de 99 036 euros con su tarjeta, de los que a 15 de octubre de 2014 había devuelto 54 837.

El dinero pagado con las tarjetas no eran gastos de representación, pues estos deben acompañarse de facturas para que la empresa se los pueda deducir a la hora de pagar impuestos. En el caso de las tarjetas black, sus titulares no debían justificar nada: eran, sencillamente, sobresueldos en negro para comprar la fidelidad de los miembros del Consejo de Administración a la cúpula dirigente, pasándose por el forro el interés de los accionistas. La sumisión de los consejeros se pagaba con dinero. Por eso nadie dijo nada sobre las tropelías cometidas por los ejecutivos de la caja, que la llevaron a la quiebra con un coste para el contribuyente de 22 000 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la que el Gobierno se gasta al año en prestaciones por desempleo. Es el precio que hay que pagar por el control político al que estaba sometida la caja, en cuyos órganos de gobierno había representantes de PP, PSOE, Izquierda Unida, UGT, CCOO y las organizaciones patronales. De la lucha por hacerse con un puesto en el consejo da idea la famosa frase de Esperanza Aguirre, captada por un micrófono sin que ella lo advirtiera: «Le hemos dado un puesto a Izquierda Unida y se lo hemos quitado al hijo puta», dijo refiriéndose a su compañero de partido y rival político Alberto Ruiz-Gallardón.

Los propios consejeros de Caja Madrid se concedían a sí mismos créditos en las mejores condiciones. La entidad incluso se disponía a financiar un proyecto conjunto con la London School of Economics dirigido por Moral Santín, consejero de la caja en representación de IU y el que más dinero gastó con su tarjeta black.

Además de disfrutar de una tarjeta black, la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, recibió en 2004 un crédito de 4,5 millones de euros en condiciones muy ventajosas para construir un bloque de viviendas en la capital en colaboración con la ONG que ella misma presidía, la Asociación Patronato del Niño Jesús del Remedio. Según desveló la Cadena SER, el préstamo no figura en el informe anual de la entidad. Los pisos construidos recibieron entonces tratamiento de protección pública, pero podrán ser vendidos libremente en el mercado tras vencer el crédito en 2015. Su valor, según cálculos de la SER, superaría los 13 millones de euros. Cafranga, que entró en Caja Madrid a propuesta de Esperanza Aguirre, es una de las mejores amigas de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, desde que ambas estudiaran juntas en el colegio de las Madres Irlandesas. Presentó su dimisión de la Fundación Caja Madrid en octubre de 2014, tras el escándalo de las tarjetas black. Ella había gastado con la suya 175 200 euros.

Tras la nacionalización de Bankia, el Gobierno puso al frente de la entidad a José Ignacio Goirigolzarri, banquero de prestigio y jubilado de lujo de BBVA. ¿Por qué no se eligieron a los mejores profesionales antes y no cuando no había remedio? Sencillamente porque los amigos son más fáciles de manejar y porque toda la élite político-empresarial se beneficiaba de su presencia en los órganos directivos de Caja Madrid. La costumbre de compensar con buenos salarios y otras prebendas a cambio de apoyo también rige en la empresa privada. Trataremos el asunto con profundidad en el capítulo dedicado a las retribuciones de los directivos.

Las entidades financieras han sido en buena parte responsables de una crisis que ha sumido a muchos españoles en la pobreza, pero pocos de los responsables, por ahora, han pagado por ello con la cárcel. Los dirigentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo sí entraron en prisión, mientras que la cúpula de Caixa Penedés se libró tras pagar 28 millones de euros que se habían llevado en concepto de planes de pensiones.

Tampoco Estados Unidos ha conseguido llevar a la cárcel a los responsables de la crisis. Eric Holder, fiscal general del Gobierno de Barack Obama hasta finales de 2014, pasará a la historia como el hombre que fue incapaz de meter en prisión a un solo banquero. Lo que sí han hecho las principales entidades crediticias estadounidenses ha sido devolver el dinero de los rescates una vez saneadas. Islandia es el único país que ha podido castigar a quienes causaron la quiebra de su sistema bancario.

¿Son delincuentes los dirigentes de los bancos que contribuyeron a causar la crisis? Como decía John Cassidy en la revista The New Yorker, los responsables de lo sucedido no son particularmente inteligentes ni particularmente tontos, sino personas carentes de escrúpulos; gente que ha sabido cultivar ciertas amistades y que tuvieron la suerte de estar en el lugar adecuado durante la burbuja de crédito y el todo vale. Son, claramente, personas codiciosas y negligentes, como sostiene Cassidy, pero no es fácil probar ante los tribunales que cometieron fraude.

Algunas entidades norteamericanas han pagado cuantiosas indemnizaciones para no ser condenadas por haber incurrido en malas prácticas en los años previos a la crisis. Bank of America, por ejemplo, ha tenido que desembolsar 17 000 millones de dólares para cubrir a dos de los principales protagonistas del desastre, Merryll Lynch y Countrywide Financial, ahora en sus manos, y que vendieron a sabiendas activos ligados a créditos hipotecarios subprime, de muy dudosa calidad. En 2011 Bank of America ya pagó 8500 millones de dólares a un grupo de inversores, incluyendo el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que habían comprado a Countrywide Financial ese tipo de productos tóxicos. En noviembre de 2013 JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para pagar 13 000 millones en indemnizaciones. En el texto del acuerdo, el banco reconoce que sus empleados engañaron a sus clientes al asegurarles que las hipotecas que sostenían determinados activos cumplían con todas las normas legales.

El único condenado hasta finales del año 2014 por el caso Caja Madrid es el juez Elpidio Silva, que no podrá volver a ejercer su profesión por haber encarcelado a Miguel Blesa de manera irregular. Aunque su condena sea justa con la ley en la mano, no deja de ser una ironía que los directivos de Bankia lleven una vida normal mientras el juez Silva está inhabilitado. Como el caso de Alfredo Sáenz, el banquero del Santander indultado por el Gobierno, la rápida condena al juez Silva alimenta la sospecha de que la ley no se aplica con el máximo rigor a los más poderosos.

Los tres grandes banqueros

La remodelación del mapa financiero ha reforzado el poder de los tres grandes banqueros que hay en España: Ana Botín, Francisco González e Isidro Fainé. Hablaremos de los dos primeros a continuación y del tercero en el capítulo dedicado al poder económico en Cataluña.

Las élites despidieron a Emilio Botín con honores de jefe de Estado tras su fallecimiento. No era para menos. El primer banquero de España había ayudado a sostener financieramente el entramado institucional durante el último cuarto de siglo. Todos —políticos, empresarios, medios de comunicación— le rindieron pleitesía y elogiaron su patriotismo y su aportación a la estabilidad económica y política de España. Juan Luis Cebrián definió a Botín como un banquero atípico, «dotado de un instinto fabuloso para los negocios pero también poseedor de un genuino compromiso social y político». Su muerte, escribió el presidente del Grupo Prisa en El País, «abre no solo interrogantes sobre el futuro del banco que presidía, donde la continuidad de sus políticas parece garantizada, sino más que nada acerca del vacío que genera en sectores relevantes del escenario español e internacional. Entre ellos descuellan su contribución y apoyo al desarrollo universitario y su discreta aunque poderosa influencia en la configuración de nuestra democracia».

Su hija Ana ha heredado el trono del Santander como si de una familia real se tratara. Será la quinta generación de la familia en encabezar la que hoy es, de manera destacada, la primera entidad financiera de España. La primera mujer en pilotar un gran banco en España —y una de las primeras del mundo— es tataranieta de uno de los fundadores del Santander. Desde la fundación de la entidad, en 1857, han presidido la institución su bisabuelo, su tío-abuelo, su abuelo y su padre. Ana Botín llevaba años preparándose para asumir la más alta responsabilidad en el negocio. Consejera del Santander desde 1989, presidió Banesto entre 2002 y 2010, y hasta la muerte de su padre era responsable del negocio del grupo en Reino Unido. Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O’Shea, nombre con el que aparece en la web del Banco Santander, es también consejera de la multinacional Coca-Cola. Desde 1987 está casada con Guillermo Morenés, con el que tiene tres hijos. Extremadamente discreta en su vida personal, ha concedido poquísimas entrevistas. Bajo su mando ha quedado el mayor banco de la zona euro, con unos activos superiores a los 1,1 billones de euros.

Apenas dos meses después de asumir sus nuevas funciones, Ana Botín dio un golpe de timón y remodeló la cúpula del banco para incluir a personas de su confianza. Destituyó fulminantemente al consejero delegado del grupo, Javier Marín, designado por su padre en 2013 para sustituir al indultado Alfredo Sáenz, y nombró número dos a José Antonio Álvarez, que durante diez años fue director financiero de la entidad. En la remodelación abandonaron el Consejo de Administración dos veteranos: el exministro Abel Matutes y el expresidente de IBM Fernando de Asúa, que dieron entrada a Sol Daurella, presidenta de la embotelladora de Coca-Cola en España, y a Carlos Fernández, presidente del gigante cervecero mexicano Modelo. Rodrigo Echenique, presidente de Vocento, que ya formaba parte del consejo, fue nombrado vicepresidente del grupo.

El principal artífice del gigante que es hoy el Banco Santander fue Emilio Botín, que transformó una entidad de tamaño medio en un banco con intereses en países como Brasil, Reino Unido, México y Argentina. En una ocasión Botín se presentó ante el rey Juan Carlos vestido con pantalón corto rojo, polo del mismo color y zapatillas deportivas. Fue en un hotel de Brasil y el presidente del Santander venía de jugar al golf. La anécdota ilustra cómo el primer banquero de España creía estar por encima de todo protocolo. Daba igual quién estuviera delante: el poderoso era él. Botín siempre apoyó al gobierno de turno, sin importar si era del Partido Socialista o del Partido Popular, seguro de que ninguno osaría llevarle la contraria en asuntos de relevancia. Con frecuencia utilizaba con los políticos un tono paternalista, como dándoles una palmada en la espalda y diciéndoles: «Lo estáis haciendo bien, muchachos».

Siempre atento a todo lo que se mueve en el terreno político, el Banco Santander cuenta con un hombre de toda confianza en el Gobierno. Jaime Pérez Renovales, abogado del Estado, subsecretario de la Presidencia y muy cercano a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dirigió el gabinete jurídico del Santander antes de entrar en el ejecutivo. Con toda probabilidad volverá al banco cuando abandone el puesto.

Los Botín cuentan con varias manchas en su historial. En 2011 se supo que Emilio y su hermano Jaime tenían 2000 millones de euros en una oficina del banco HSBC en Suiza, una fortuna procedente del dinero que su padre escondió al estallar la Guerra Civil. Para regularizar ese dinero en España la familia tuvo que pagar a Hacienda 200 millones de euros. Jaime fue sancionado, además, por haber ocultado a la CNMV una participación en Bankinter muy superior a la declarada. Parte de ese dinero estaba también en Suiza.

Nadie se atreve a calcular cuánto dinero atesoran los Botín y donde lo tienen invertido. Los ricos suelen diversificar sus inversiones entre varios países para reducir el riesgo de que alguno de ellos levante el secreto bancario y acabe destapando su dinero. Algunos cálculos señalan que la fortuna de la familia es el doble de lo tiene en acciones del banco (un 2 por ciento del capital aproximadamente, valorado en unos 2000 millones de euros).

A Francisco González, presidente del BBVA, le gusta presentarse como un banquero de corte anglosajón, celosamente independiente y ajeno a las intrigas del poder político. Para diferenciarse de quien fuera su gran rival, Emilio Botín, González presume de que no necesita influir en los gobiernos para hacer negocios. Una entrevista publicada por la revista XL Semanal en junio de 2014 causó malestar en el Banco Santander por sus veladas referencias a Botín y a su supuesta connivencia con los políticos. González afirmó en la entrevista que no tenía el teléfono de Botín, y a la pregunta sobre si hay banqueros que siempre se llevan bien con el poder, respondió: «Algunos banqueros se llevan siempre bien, algunos; y otros no se llevan bien siempre. Yo ni me llevo ni me dejo de llevar con el poder. Cuando los empresarios se aproximan al poder político, aparece lo que aparece».

La realidad es que González, conocido en el mundo financiero por las iniciales F. G., es presidente del BBVA gracias a los políticos. Fue Rodrigo Rato quien, en 1996, nada más llegar al poder el Partido Popular, le nombró presidente de Argentaria, el holding creado años antes por el gobierno socialista para fusionar bancos públicos como el Exterior o el Hipotecario. La privatización de Argentaria culminó con la fusión con el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), que dio lugar al BBVA. Durante unos años, González compartió la presidencia del banco con Emilio Ybarra, representante de las familias vascas que controlaban el BBV. Ybarra tuvo que dimitir tras descubrirse que varios dirigentes del banco guardaban fondos en el paraíso fiscal de Jersey, por lo que González quedó como único jefe. González conocía de antemano la existencia de esas cuentas del BBV y utilizó la información con gran astucia para hacerse con el control total del banco una vez hecha la fusión.

González se ha hecho fuerte en el BBVA. En 2011 el Consejo de Administración de la entidad decidió retrasar la edad de jubilación de sus miembros desde los setenta a los setenta y cinco años para permitir al banquero, que cumplía los setenta en 2013, seguir en su puesto hasta marzo de 2018. El consejo ya había hecho la misma maniobra años atrás, subiendo la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los setenta. ¿Se repetirá la jugada para que González pueda liderar el banco más allá de los ochenta años? Habrá que estar atentos.

El banquero de Chantada (Lugo) comenzó su carrera profesional como corredor de comercio y más tarde se hizo agente de cambio y bolsa. El origen de su fortuna es precisamente su profundo conocimiento del mercado de valores. González fundó una exitosa sociedad de intermediación, FG Inversiones Bursátiles, que en 1996 vendió al gigante estadounidense Merrill Lynch por 3000 millones de pesetas. Merrill Lynch denunció más tarde a González por irregularidades contables, pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio carpetazo al asunto sin adoptar sanción alguna.

Años antes González se había visto involucrado en un asunto turbio que no tuvo repercusiones penales para él, pero sí para Mario Conde. Se trata de la venta a Banesto de la empresa Oil Dor, supuestamente dedicada a la explotación de gasolineras. FG Inversiones Bursátiles se encargó de hacer la valoración de la empresa con vistas a su venta, a pesar de que el propio González era a la vez dueño de FG y accionista de la empresa junto a Mario Conde y el número dos de este, Arturo Romaní. La valoración que hizo FG de Oil Dor fue muy superior a la real, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una empresa con escaso capital y prácticamente sin actividad. Conde y Romaní, que compraron acciones de Oil Dor a 10 000 pesetas cada una y las revendieron a Banesto por 300 000, fueron juzgados y condenados por estafa. González no fue procesado por el asunto.

González tuvo un importante encontronazo con el gobierno de Rodríguez Zapatero, que trató de desbancarlo de la presidencia del BBVA para poner a alguien afín en su lugar. El ejecutivo apoyó sin éxito una operación liderada por el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, para hacerse con el control de la entidad. González resistió la embestida.

Como queriendo demostrar su independencia o por su astucia de perro viejo, Francisco González le ha hecho un par de feos al gobierno de Mariano Rajoy. Primero se negó a participar en la salida a bolsa de Bankia y luego a aportar capital a la Sareb, el banco malo creado para gestionar los activos tóxicos heredados de las cajas de ahorros. Una actitud de la que, por ahora, ha salido indemne.

BBVA es hoy el segundo banco de España en activos, beneficios y capitalización bursátil, tras el Santander. La entidad tiene, además, participaciones en el capital de empresas como Telefónica, ACS y Sol Meliá. En su día también fue accionista de referencia de Repsol e Iberdrola.

A finales de 2014 la banca española parecía haber dejado atrás la crisis. Como ya hemos visto, todas las entidades superaron las pruebas de estrés a las que el Banco Central Europeo sometió al sector financiero de la eurozona para comprobar su resistencia ante escenarios extremadamente adversos. El examen mostró incluso que la banca española es la mejor preparada para frenar los embates de una nueva recesión, solo superada por la de Estonia. Si revisamos los resultados obtenidos por el sector, la crisis parece haber acabado para los bancos españoles. Entre enero y septiembre de 2014 el Grupo Santander tuvo unos beneficios de 4361 millones de euros. El BBVA ganó 1929 millones en el mismo periodo, y Caixabank, 466 millones.

Ahora solo queda que los bancos se decidan a reanudar la concesión de crédito para revitalizar la actividad económica, la función para la que fueron concebidos. Es lo mínimo que puede pedirse a un sector que ha recibido enormes ayudas públicas para salir adelante.

Capítulo 4. Siente a un ministro en su consejo. Las puertas giratorias

Capítulo 4

SIENTE A UN MINISTRO EN SU CONSEJO.

LAS PUERTAS GIRATORIAS

Felipe González decidió abandonar el Consejo de Administración de Gas Natural porque, en sus propias palabras, se aburría. Muy aburrido hay que estar para renunciar a un sueldo de 125 000 euros anuales, que es lo que cobraba el expresidente del Gobierno por asistir a una reunión al mes como consejero de la empresa energética. El exdirigente socialista expresó su lamento en un acto público celebrado en Sevilla, durante el cual un ciudadano le echó en cara el excesivo apego al poder que tienen personas como él y los retrocesos sufridos por la democracia española en los últimos años. «Me habría ido mejor asesorando empresas con domicilio fiscal en las islas Caimán», ironizó González en su respuesta.

La actitud displicente del exlíder del PSOE es una muestra de lo alejadas que las élites están del ciudadano de a pie y de la nula preocupación que muchos políticos sienten por los conflictos de intereses entre sus actividades públicas y privadas. ¿Qué pensarían los miles de pequeños accionistas de Gas Natural al oír que uno de los consejeros de la compañía se aburre en las reuniones? ¿Y los ciudadanos, que prácticamente no tienen otra opción a la hora de contratar el suministro de gas y que pagan por él una fortuna?

Por la prensa nos enteramos en 2013 de que Felipe González era, además, asesor de la presidencia de la empresa tecnológica Indra, que un día fue completamente pública y cuya privatización se inició, precisamente, con él al frente del Gobierno. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene aún una participación del 20 por ciento en la compañía, heredada del desastre de Bankia.

González ha sacado un buen rendimiento de su relación con Indra. El político sevillano compró en 2011 un 10 por ciento de la pequeña empresa tecnológica Oyauri Investment, en la que trabajaba su hijo Pablo González Romero, por un precio simbólico de 376 euros. Poco después, cuando Indra compró una participación del 33 por ciento de la empresa por 1,5 millones de euros, Felipe González vio multiplicada por mil su inversión. En solo un mes su parte del capital pasó a valer 310 000 euros.

En abril de 2013 Indra anunció que había adquirido el cien por cien de las acciones de Oyauri sin pagar ni un euro, pero haciéndose cargo de toda la deuda de la empresa. En esa deuda figuraba un préstamo de alrededor de un millón de euros concedido de su propio bolsillo por el expresidente del Gobierno, que se aseguró así la recuperación de su dinero. Tras la integración de Oyauri en Indra, Pablo González Romero acabó incorporándose a la plantilla de esta última con un contrato blindado y una jugosa indemnización en caso de despido.

Un año después El Mundo informaba de que el exdirigente socialista había intentado convencer al magnate mexicano Carlos Slim, con el que tiene una larga amistad, para que comprase la empresa de su hijo. González, según el diario, ayudó a organizar una serie de reuniones entre representantes de la empresa propietaria de Oyauri, entre ellos su hijo, y directivos de América Móvil, la multinacional propiedad de Slim. La compañía mexicana decidió no entrar en la operación por considerar la empresa española «muy simple y arcaica». Las negociaciones con los mexicanos sirvieron, según El Mundo, para atraer la atención de Indra, que acabó entrando en el capital de la empresa.

Da la casualidad, o no, de que el presidente de Indra, Javier Monzón, fue designado para ese puesto en 1993 por el ejecutivo socialista presidido por Felipe González. El directivo madrileño es, además, consejero de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez, en la que representa los intereses de los Albertos. Monzón es todo un superviviente, un auténtico experto en cultivar buenas relaciones con los poderosos. Considerado un empresario cercano a los socialistas, conservó su puesto con los gobiernos de Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero gracias, entre otras cosas, a su amistad con el rey Juan Carlos. Aunque el gobierno de Mariano Rajoy estudió la posibilidad de relevarlo por un empresario afín —se llegaron a barajar los nombres de Antonio Hernández Mancha y Eduardo Serra—, a 1 de noviembre de 2014 Monzón seguía ocupando su despacho en la sede central de Indra en Alcobendas (Madrid).

Felipe González no es el único político que ha utilizado las puertas giratorias para ganar un buen dinero. Trabajar para la empresa privada ha permitido a muchos hacerse millonarios o disfrutar de unos sueldos que nunca tuvieron mientras ejercían la función pública. Los ejemplos son muy numerosos. Quien fuera número dos de González en el Gobierno entre 1991 y 1995, Narcís Serra, presidió Caixa Catalunya y posteriormente CatalunyaBank, con los desastrosos resultados ya conocidos. El político socialista y varias decenas de sus colaboradores están imputados por otorgarse a sí mismos salarios desproporcionados mientras la entidad se iba a pique por culpa de los créditos concedidos a promotores inmobiliarios en plena burbuja del ladrillo. Serra, que no tenía labores ejecutivas sino exclusivamente representativas, se duplicó el sueldo al final de su mandato, cuando era evidente que la entidad atravesaba un momento crítico. El político catalán ganó unos 250 000 euros anuales entre 2007 y 2010 contando salario y dietas.

A José María Aznar tampoco le va mal económicamente tras entrar en el mundo de los negocios. Un político con una agenda como la suya abre muchas puertas y consigue que ministros y altos cargos reciban a representantes de empresas interesadas en hacerse con suculentos contratos. El expresidente del Gobierno es asesor externo de la presidencia de Endesa, y por ello recibe una retribución de 200 000 euros al año. Es también consejero del grupo de comunicación News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, donde gana una cantidad similar. Además da clases en la Universidad de Georgetown y en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), asesora al Consejo Atlántico y preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), un centro de estudios vinculado al PP. Como conferenciante, cobra entre 25 000 y 40 000 dólares por intervención, según la página web del Washington Speaker Bureau, una empresa de contratación de figuras de la política, el deporte y la motivación que tiene a Aznar en su catálogo de expertos. Los honorarios del expresidente corresponden a la tarifa 5, la segunda más cara de la lista.

Gracias a eldiario.es supimos que Aznar también se gana la vida como comisionista y que sus tentáculos llegaban hasta la Libia de Muamar al-Gaddafi. Según desveló el periódico, Aznar firmó en 2010 un contrato de intermediación con Befesa, filial de la multinacional sevillana Abengoa dedicada a la construcción de obras públicas medioambientales. La compañía española contrató al expresidente del Gobierno como intermediario para lograr la adjudicación de cuatro grandes plantas desaladoras que quería construir el gobierno libio a un coste de 950 millones de euros. El contrato firmado por Befesa y Aznar definía al expresidente como «una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular en el libio» que cuenta con «conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación reguladora de las ofertas, programas de promoción público-privada y concursos públicos». Hablando en plata: Aznar podía conseguir los contratos gracias a su buena relación con Gaddafi, labrada en su época de presidente del Gobierno. Befesa se comprometía a pagar a Aznar una comisión del 1 por ciento hasta que la cifra de los contratos adjudicados llegase a los 250 millones. A partir de esa cifra la comisión se reduciría al 0,5 por ciento. En total, si Befesa hubiera conseguido los 950 millones de euros por las adjudicaciones a las que aspiraba, Aznar habría cobrado una comisión de 6 millones de euros. La operación finalmente no salió adelante debido al estallido de la insurrección que acabaría derrocando al líder libio.

Aznar, azote del terrorismo de ETA, no dudó entonces en salir en defensa de Gaddafi, que usó armas químicas contra su propia población y cuyos servicios secretos ordenaron cometer en 1988 el atentado de Lockerbie (Escocia), en el que murieron 270 personas. El presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que se opuso a la intervención militar internacional contra el dictador libio, argumentando que era «muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder».

El hijo mayor del expresidente, José María Aznar Botella, trabaja desde 2012 para el fondo buitre Cerberus, uno de los más importantes de la City de Londres. Para canalizar sus negocios, el joven Aznar creó en noviembre de 2011 la firma Poniente Capital, cuyo fin es «el asesoramiento financiero a entidades dedicadas a la gestión de activos y la tenencia y administración de participaciones en el capital social de otras sociedades de cualquier sector industrial». Vista su escasa experiencia financiera, al parecer lo que busca Cerberus es la ayuda de su padre, el expresidente del Gobierno, para encontrar activos baratos que comprar, principalmente inmobiliarios.

El yerno del expresidente, Alejandro Agag, también se gana la vida a la sombra del poder. Agag, nacido en Madrid en 1970, dejó la política por los negocios poco antes de casarse con Ana Aznar. Había sido ayudante personal de su suegro, eurodiputado por el PP y secretario general del Partido Popular Europeo. Muy cercano a Flavio Briatore, exdirector de los equipos Benetton y Renault de Fórmula 1, Agag medió para que Telecinco consiguiera los derechos de retransmisión del campeonato del mundo de marcas. Junto a Briatore y Bernie Ecclestone, pope de la Fórmula 1, es propietario del club de fútbol londinense Queens Park Rangers. En el año 2012 fundó la empresa Fórmula E Holdings, que llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para promocionar en exclusiva un nuevo campeonato de automovilismo de vehículos eléctricos.

Como vimos en el primer capítulo, tres exministros de Economía —los socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado y el popular Rodrigo Rato— trabajan en grandes compañías como consejeros o asesores con sueldos anuales de seis cifras. Se trata en todos los casos de empresas que operan en mercados regulados, en los que la acción de las autoridades es decisiva para la rentabilidad del negocio.

Solbes es consejero de Enel, la compañía semipública italiana que compró la eléctrica española Endesa en 2009 tras unas rocambolescas negociaciones de las que hablaremos en el capítulo dedicado a las empresas energéticas. La sucesora de Solbes en el cargo, Elena Salgado, es precisamente consejera de Chilectra, filial de Endesa.

El sector energético se lleva la palma como refugio de altos cargos, sin importar colores o ideologías. Casi medio centenar de políticos y familiares están en nómina de empresas del sector. El Consejo de Administración de Endesa tuvo entre sus miembros a Luis de Guindos hasta que este fue nombrado ministro de Economía por Rajoy. Sigue siendo consejero de Endesa el expolítico catalán Miquel Roca Junyent, un personaje que da la impresión de estar en todos lados cuando se trata de ejercer influencia y ganar dinero. A Roca le ha gustado siempre estar en todas las salsas. Militante del Front Obrer de Catalunya durante su juventud, fue miembro de la ponencia que elaboró la Constitución de 1978 y de la comisión que redactó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Durante muchos años fue el hombre fuerte de Cataluña en Madrid como portavoz de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados. Actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra y socio-presidente del despacho de abogados que lleva su nombre y que defiende a la infanta Cristina ante los tribunales por el caso Nóos. También es consejero de ACS, defensor del cliente de Seguros Catalana Occidente y secretario o consejero del Banc Sabadell, Abertis Infraestructuras, TYPSA y Accesos de Madrid, S. A., además de presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y presidente del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

En el Consejo de Administración de Enagás, participada en un 5 por ciento por el Estado, hay tantos militantes del Partido Popular que podría celebrar sus reuniones en la calle de Génova. De los dieciséis consejeros de la sociedad, cinco son cercanos al partido en el poder: Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio, Isabel Tocino, Gonzalo Solana (presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia entre 2000 y 2005) y Luis Valero (exdirector general de Industria y de la Pyme). Ninguno de ellos es especialista en energía ni tiene experiencia en la gestión de empresas.

Ángel Acebes, uno de los colaboradores más cercanos de Aznar cuando este fue presidente del Gobierno, se sienta en el Consejo de Administración de Iberdrola desde abril de 2012. Como destaca la propia empresa en su página web, «su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las instituciones públicas». Además de ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior, Acebes fue secretario general del PP, senador y diputado nacional. En octubre de 2014 fue imputado por su presunta relación en la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja B del partido durante su época como secretario general en la calle de Génova. Al concluir el año, la causa fue archivada.

La empresa semipública Red Eléctrica Española (REE) tiene como presidente a José Folgado, que fue secretario de Estado en varios gobiernos de José María Aznar y alcalde de Tres Cantos (Madrid) por el Partido Popular. En el Consejo de Administración se sentaba hasta octubre de 2014 el economista Juan Iranzo, muy cercano al PP e implicado en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. A punto estuvo de entrar en el máximo órgano de gobierno de la compañía Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Llegó a ser nombrado, pero renunció al puesto poco después ante el escándalo suscitado.

López del Hierro sí continuaba a finales de 2014 como consejero de Iberdrola Energía, puesto para el que fue nombrado tan solo seis meses después de que el PP ganase las elecciones. También se sienta en los órganos de dirección de Iberdrola Inmobiliaria, de Iberdrola Ingeniería y Construcción y del gestor de infraestructuras Itínere. Licenciado en Económicas, el marido de Cospedal fue gobernador civil de Toledo y de Sevilla con la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido liderado por Adolfo Suárez. Tras abandonar su carrera política, ha trabajado en el sector privado durante treinta años. A principios de 2014 dimitió como vocal del Consejo de Administración de Amper, en el que ejercía las funciones de presidente de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, por motivos personales y «posibles futuras incompatibilidades». También salió voluntariamente del Consejo de Renta Corporación.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, es otro usuario destacado de las puertas giratorias. Fue secretario de Estado de Defensa en la primera legislatura de José María Aznar; y en la segunda, secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior y secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tras la derrota electoral del PP en 2004, Morenés volvió al sector privado. Al llegar el gobierno de Mariano Rajoy, era director general de la empresa de misiles MBDA y presidente de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica, una de las encargadas de proteger a los pescadores españoles que faenan en el océano Índico. Las dos compañías tenían en esos momentos firmados contratos de suministro con el Ministerio de Defensa. Anteriormente, durante cuatro años, Morenés fue consejero de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo.

Objetivo: estar a bien con los políticos

Para justificar el fichaje de políticos las empresas suelen argumentar que se trata de personas de experiencia y criterio, pero en realidad no se les contrata por su competencia profesional o su conocimiento técnico del sector en cuestión, sino por sus contactos, su dominio de los resortes del poder o simplemente por su mera pertenencia a una casta dominante que no suele dejar tirados a sus miembros. Solo así puede explicarse que Rodrigo Rato, una de las figuras más representativas del desastre económico español, llegase a trabajar como asesor de Telefónica, del Banco Santander y de Caixabank. Para estas empresas no debe de ser plato de buen gusto tener en sus filas a un personaje con una imagen tan deteriorada ante la opinión pública —y sus propios clientes—, pero los favores hay que devolverlos. Tras el estallido del escándalo de las tarjetas black, el Santander decidió cortar por lo sano y no solo despidió a Rato, sino que directamente eliminó el consejo asesor al que este pertenecía.

Tras su accidentada salida de Bankia, Rato entró en Telefónica como miembro de los consejos asesores de la compañía en Europa y América Latina, cargos sin dedicación exclusiva por los que cobraba 200 000 euros anuales en cada uno. Se da la circunstancia de que el político popular era ministro de Economía cuando César Alierta fue nombrado presidente de Telefónica en el año 2000 en sustitución de Juan Villalonga, compañero de estudios de José María Aznar en el colegio El Pilar. Alierta es de los directivos que más tiempo lleva en el cargo entre las empresas del Ibex 35.

Rato no es el único sapo que se ha tenido que tragar Telefónica, la empresa que mejor desempeña el papel de solucionador de problemas para el gobierno de turno. La multinacional de las telecomunicaciones contrató en 2009 a Iñaki Urdangarin como delegado en Estados Unidos, un cargo por el que el marido de la infanta Cristina percibió 1,5 millones de euros anuales. La empresa pagaba aparte los gastos de alquiler de la casa, los billetes de avión entre Washington y Madrid y parte de la escolta que protegía a la familia. Telefónica, que tiene en su Consejo a Fernando de Almansa, exjefe de la Casa del Rey, llegó incluso a pagar la defensa legal del duque de Palma cuando estalló el caso Nóos. No fue hasta el verano de 2012 cuando el propio Urdangarin solicitó una «excedencia temporal» a la empresa y dejó su puesto en la capital de Estados Unidos y en los consejos de Telefónica Internacional y Telefónica Brasil. En la sede de la compañía respiraron, sin duda, aliviados.

Un caso peculiar es el de Javier de Paz, quien fuera presidente de Juventudes Socialistas, miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE e íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. De Paz entró en el Consejo de Administración de Telefónica en 2007, con Zapatero en el poder, y ahí sigue. Fue presidente de la empresa de atención al cliente Atento durante cuatro años, hasta 2012, cuando Telefónica vendió su filial a Bain Capital. Desde septiembre de 2014 preside otra filial, Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (Tgestiona), y además es consejero de Telefónica Brasil y Telefónica Argentina.

Eduardo Zaplana fichó por Telefónica en 2008. Exalcalde de Benidorm, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, el político popular dejó su puesto de consejero en Telefónica Europa en 2013, pero sigue en nómina de la multinacional española como «adjunto a la secretaria general técnica adjunta a la presidencia». No se acaban ahí los vínculos de Telefónica con el poder político. Iván Rosa Vallejo, abogado y esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, entró en marzo de 2012 en el gabinete jurídico de la compañía. Y Paloma Villa, esposa del dirigente socialista Eduardo Madina, también trabaja en la empresa, concretamente en el Departamento de Relaciones Institucionales.

El fallecido Emilio Botín fue siempre un maestro a la hora de atraer a políticos de uno y otro signo hacia el Banco Santander, en cuyo Consejo de Administración se sientan exministros y exsecretarios de Estado de gobiernos del posfranquismo, UCD, PSOE y PP. Matías Rodríguez Inciarte fue ministro de la Presidencia con Leopoldo Calvo Sotelo; Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía con Felipe González. Junto a ellos se sienta Isabel Tocino, ministra de Agricultura con José María Aznar, y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, que fue ministro de Hacienda y vicepresidente con el gobierno de Carlos Arias Navarro.

La contratación de políticos, expolíticos y familiares en las grandes empresas muestra el afán de los altos ejecutivos por estar a bien con el poder, ya sea con los actuales gobernantes, los pasados o los futuros. El Gobierno tiene aún mucho mando en la vida empresarial. Por ello el fenómeno de las puertas giratorias se da con más frecuencia en mercados como la energía, la banca, las telecomunicaciones o la asistencia sanitaria, en los que la cuenta de resultados de una empresa depende en buena parte de la regulación y la supervisión del Gobierno. Cualquier decisión en esta materia puede suponer decenas o centenares de millones de euros de beneficios o pérdidas. Es un fenómeno que no solo se da en España: el alemán Gerhard Schröder fichó por Gazprom tan solo semanas después de que el gobierno que presidía llegase a un acuerdo de aprovisionamiento de gas con la empresa rusa.

Además de suscitar un dilema ético, la endogamia entre las élites económicas frena el ascenso de profesionales cualificados e independientes a puestos de responsabilidad y frustra carreras prometedoras. Como en política, es frecuente que los grandes empresarios y banqueros exijan ante todo obediencia a sus subordinados. Los mejores no suben en el escalafón si no pasan por el aro. Rodearse de colaboradores acríticos es un ejercicio de lealtad mal entendida, pero muy útil para conservar el poder.

En España apenas hay políticos liberales, a pesar de que a muchos les guste colgarse la etiqueta. Gran cantidad de ellos, especialmente en la derecha, dicen defender la libre competencia y la iniciativa privada, aunque no hayan trabajado en su vida en una compañía ni hayan arriesgado un duro de su bolsillo en un proyecto empresarial. El caso más notorio es el de Esperanza Aguirre, que siempre ha trabajado en la administración. La presidenta del PP de Madrid es de las que más presume de liberal, pero absolutamente nada se mueve en su entorno sin que ella lo sepa y dé su visto bueno.

Las élites empresariales refuerzan sus lazos constantemente. Uno de los modos más habituales de hacerlo es el intercambio de puestos en consejos de administración: el consejero de una empresa puede estar a la vez en uno o varios consejos de otras, con lo que se fortalecen los vasos comunicantes entre las grandes compañías y se consolidan las relaciones de poder. Isidro Fainé, presidente de Caixabank, por ejemplo, está en el Consejo de Telefónica, igual que Pablo Isla, presidente ejecutivo de Inditex. Isabel Tocino es a la vez consejera del Banco Santander, Enagás y Ence. Braulio Medel, presidente de Unicaja Banco, se sienta en el órgano de dirección de Iberdrola. Así podríamos continuar hasta abarcar buena parte de las mayores empresas de España.

Otra vía para reforzar el control del mundo empresarial y económico son las participaciones cruzadas en el capital de las compañías. Un banco es accionista de una empresa constructora; una empresa constructora, de una eléctrica… Aunque el entramado pueda parecer complejo a primera vista, el número de personas y de empresas que forman parte de él es muy reducido.

La facilidad con que los políticos cruzan la línea divisoria entre el sector público y el privado ha hecho sonar las alarmas fuera de nuestras fronteras. Un informe sobre España elaborado por el organismo del Consejo de Europa encargado de prevenir la corrupción mostró en enero de 2014 su preocupación ante el hecho de que «un parlamentario pueda usar su posición para asegurarse el empleo en una empresa privada una vez que deja el cargo». Para evitar más abusos en la utilización de las puertas giratorias, el informe insta a las autoridades a reforzar las incompatibilidades posteriores al mandato de los diputados y senadores.

Las consecuencias de las puertas giratorias y de la injerencia de los políticos en la gestión de las empresas pueden ser devastadoras. Tres de las entidades salvadas con dinero del contribuyente fueron presididas por políticos, dos de ellos exvicepresidentes del Gobierno (el socialista Narcís Serra en Catalunya Caixa, y Rodrigo Rato, del PP, en Bankia) y uno expresidente de la Generalitat Valenciana (José Luis Olivas en Bancaja). En el caso de Catalunya Caixa, su fusión con Caixa Manresa y Caixa Tarragona se llevó a cabo por imposición del presidente José Montilla, del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el partido que tradicionalmente controlaba la entidad. Es el mismo caso de Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, empeñado en tener una caja gallega bajo control por encima del sentido común y de los intereses de los ciudadanos. De ese empeño nació Novagalicia, que acabó nacionalizada y posteriormente vendida al mejor postor. Son tristes ejemplos de cómo decisiones políticas pueden acarrear el despido de muchos empleados y la pérdida de mucho dinero del contribuyente. Todo ello en un ambiente de impunidad, como lo demuestra el hecho de que muy pocos directivos de cajas de ahorros hayan sido juzgados.

Rodrigo Rato y Figaredo es el paradigma de político estrechamente vinculado a intereses privados. Rato es bisnieto de Faustino Rodríguez-San Pedro y Díaz-Argüelles, que fue ministro, diputado y alcalde de Madrid. Su padre, Ramón de Rato, y su madre, Aurora Figaredo, pertenecían a familias de la alta burguesía asturiana. En 1965 el gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, ordenó intervenir el Banco de Siero, propiedad de su padre, por servir como tapadera para evadir capitales a Suiza. Ramón de Rato fue condenado a tres años de cárcel. Recibieron multas por su implicación en el caso su hijo mayor, Ramón Rato Figaredo, y por cómplices otro hermano, Faustino Rato Rodríguez, además de varios directivos del banco.

Después de ocho años como ministro de Economía de José María Aznar, en junio de 2004 fue elegido director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los cargos más poderosos del mundo. Rato salió voluntariamente del FMI alegando «motivos personales» en 2007. Por solo tres años de trabajo en el organismo, el exdirector gerente recibe una pensión vitalicia de 80 000 dólares anuales (unos 60 000 euros).

A su regreso a España Rato trabajó para el banco de inversión Lazard, con el que mantuvo una controvertida relación en los años siguientes. En enero de 2010 fue nombrado presidente de Caja Madrid y en diciembre del mismo año, de Bankia, con el desenlace ya conocido. Rato percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros como máximo directivo de la caja. Tras su salida de Bankia, ocupó el quinto lugar de los peores directivos mundiales que publica anualmente la revista Bloomberg Bussinesweek. La Audiencia Nacional le investiga por cuatro presuntos delitos —falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida— relacionados con su gestión en Bankia. Rato ha cobrado 522 000 euros por su plan de pensiones de la entidad, después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidiera no imponer limitación alguna para que los veinticuatro exconsejeros de Bankia imputados en la causa pudieran cobrar las cantidades estipuladas en sus planes de pensiones según vayan cumpliendo los sesenta y cinco años.

Aun después del descrédito que para su figura supuso el hundimiento de Bankia, Rato encontró enseguida refugio en el Banco Santander, Telefónica y Caixabank. En marzo de 2014 fue nombrado consejero de Servihábitat, filial inmobiliaria del banco catalán, y el Santander le restituyó en el puesto de asesor internacional que ocupaba antes de presidir Caja Madrid. Al contratarlo por primera vez, Emilio Botín calificó a Rato de «el mejor ministro de Economía que ha tenido la democracia española», un calificativo que también ha utilizado Luis de Guindos, que trabajó con él en los gobiernos de Aznar. Como hemos visto al comienzo del presente capítulo, más tarde el Santander decidió cortar por lo sano y cerrar el comité asesor al que Rato pertenecía.

Por grave que sea la implicación de quien fuera vicepresidente económico del Gobierno en el escándalo de las tarjetas black, peor es si se confirma el conflicto de intereses en que pudo incurrir durante su época al frente de Bankia. La Fiscalía Anticorrupción, concretamente, investiga los 6 millones de euros que Rato recibió del banco Lazard en 2011. El fiscal sospecha que Rato tenía interés en beneficiar a esa entidad —en la que trabajó entre 2008 y 2009, tras dejar el FMI y antes de presidir Bankia— para poder cobrar ese dinero en forma de opciones sobre acciones que vencían ese mismo año. El exdirigente del PP ocultó a Bankia esa relación con Lazard en los informes de gobierno corporativo que la entidad enviaba a la CNMV. Lazard, cuyo presidente en España es Jaime Castellanos, íntimo amigo de Rato, cobró 2,6 millones de euros de Caja Madrid por asesorar su fusión con Bankia, y otros 2,8 millones por colaborar en la salida a bolsa de esta última. La entidad también pagó a Lazard otros 2,5 millones de euros por servicios adicionales. En total, 7,9 millones de euros, aunque algunas fuentes sospechan que la cantidad fue mayor. En marzo de 2012, cuando Bankia estaba ya al borde del precipicio, Rato firmó con Lazard un nuevo contrato de 10,6 millones de euros para que el banco de inversión encontrase una entidad con la que fusionarse. Al llegar a la presidencia de Bankia, una de las primeras decisiones de su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, fue rescindir dicho contrato.

Tradicionalmente España ha sido mucho más permisiva que la mayoría de sus socios europeos a la hora de tolerar la mezcla de intereses públicos y privados de los políticos. Veamos el caso de Miguel Arias Cañete, el dirigente del PP que no vendió sus participaciones en una empresa petrolera hasta que peligraba su nombramiento como comisario europeo. ¿Por qué no lo hizo mientras fue ministro en España? Durante su proceso de ratificación los verdes europeos y Equo denunciaron que Arias Cañete incumplía el código de conducta de la Comisión Europea por la relación de su familia con las empresas petrolíferas Dúcar y Petrologis, de las que el propio político poseía el 2,5 por ciento de las acciones y de las que se desprendió tan solo días antes de ser nombrado comisario. Ambas sociedades, según Equo y los verdes europeos, están controladas en más de un 70 por ciento por familiares directos de Arias Cañete. Según los partidos ecologistas, la trama empresarial que hay detrás de Dúcar y Petrologis revela una red de sociedades pantalla a cargo de familiares directos de Arias Cañete, entre ellos su hijo, Miguel Arias Domecq, y sus cuñados Miguel y Rafael Domecq Solís. Finalmente Cañete fue ratificado en su cargo por el Parlamento Europeo gracias a un acuerdo entre conservadores y socialistas, lo que demuestra que en Bruselas también cuecen habas.

Alberto Ruiz-Gallardón es otro político que encontró rápidamente acomodo tras abandonar el Gobierno. Pocos días después de dimitir como ministro de Justicia ante su incapacidad para sacar adelante su ley del aborto, ingresó en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un organismo cuya existencia era desconocida hasta entonces para la inmensa mayoría de los madrileños. En virtud de su cargo, que es vitalicio, Ruiz-Gallardón percibe 8500 euros mensuales (unos 5500 euros netos) y dispone de chófer y secretario. Como el Consejo de Administración de Caja Madrid, el Consejo Consultivo madrileño parece destinado a dar refugio a políticos en retirada; en la jerga económica, un pesebre, un lugar tranquilo donde ganar dinero, público en la mayoría de los casos. El organismo, del que también es miembro vitalicio Joaquín Leguina por su condición de expresidente madrileño (Esperanza Aguirre renunció a este privilegio), cuesta a los contribuyentes madrileños 4,3 millones de euros al año. En 2013 el consejo se reunió en sesenta y siete ocasiones, poco más de una vez por semana. Su misión es asesorar al gobierno regional y a sus entidades dependientes en materia legislativa. En 2013 el consejo recibió 682 consultas. Tiene diez miembros: un presidente, Ignacio Astarloa, seis consejeros electos y un secretario general, más los dos vitalicios por ser presidentes, Ruiz-Gallardón y Leguina.

Cómo funcionan los consejos de administración

Los dirigentes empresariales españoles buscan, por regla general, rodearse de una corte de colaboradores fieles que no pongan en cuestión ni su liderazgo ni sus decisiones, por equivocadas o poco éticas que sean, y dan entrada en sus consejos de administración a personas que, en muchos casos, defienden sus propios intereses y los de los gestores en lugar de los de los accionistas, auténticos propietarios de las empresas. El llamado buen gobierno empresarial brilla por su ausencia en demasiadas ocasiones.

Un consejo de administración es el principal órgano de gobierno de una empresa cotizada. Sus miembros, sin importar cuál sea el origen de su nombramiento, están obligados a velar por la buena gestión de la compañía y defender los intereses de los accionistas. El consejo no es un órgano de gestión; entre sus funciones no está la de conducir el día a día de la empresa, tarea que recae en el equipo de dirección capitaneado por el máximo ejecutivo de la compañía.

Eso no significa que el consejero sea una mera figura decorativa y deba ratificar sin debate cualquier decisión de los directivos. El Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estipula que un consejo de administración «debe configurarse básicamente como un instrumento de supervisión y control, dirigido a alinear los planes de quienes gestionan la sociedad con los intereses de quienes aportan los recursos y soportan el riesgo empresarial».

No siempre ocurre así. En muchas ocasiones los gestores de una empresa eligen a determinados consejeros para consolidar su poder dentro de la compañía y concederse retribuciones estratosféricas. Es lo que el economista J. K. Galbraith llamaba la «tecnoestructura», formada por el conjunto de técnicos y profesionales —economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera— que dirigen las grandes empresas, según la definición de la Gran Enciclopedia de la Economía. En su obra El nuevo estado industrial, Galbraith describe el capitalismo de las grandes corporaciones como una excrecencia del mundo neoclásico del monopolio y el oligopolio. En ellas los accionistas tienen un poder despreciable y quienes realmente las gobiernan son los ejecutivos, más pendientes de los beneficios a corto plazo que del futuro de la compañía.

Tradicionalmente ser nombrado consejero de una gran empresa era la culminación de toda una carrera. A partir de ahí, con demasiada frecuencia, la única preocupación de los consejeros era mantenerse en el puesto sin importar cómo, diciendo siempre sí a los jefes en agradecimiento. Con estas y otras artimañas, los ejecutivos se han hecho con todo el poder en algunas empresas y las gestionan a su antojo, apenas sin control. Por todo ello no es extraño que el World Competitiveness Report del Foro Económico Mundial coloque a España en el puesto número 93 en lo que se refiere a la efectividad de los consejos de administración.

En las empresas que cotizan en bolsa hay tres tipos de consejeros: los ejecutivos, los dominicales y los independientes, estos dos últimos considerados externos. El código de buen gobierno de la CNMV recomienda que una amplia mayoría de los miembros del consejo sean consejeros externos; o, dicho de otra manera, que los consejeros ejecutivos constituyan el mínimo necesario para atender las necesidades de información y coordinación, siempre teniendo en cuenta la complejidad del negocio y las participaciones accionariales que los ejecutivos tengan en la empresa. Una correcta relación entre el equipo ejecutivo y los no ejecutivos es clave para el buen funcionamiento de la compañía.

Los consejeros dominicales habitualmente representan a los grandes accionistas de la compañía, mientras que los independientes, supuestamente ajenos a los intereses de la empresa, velan por los intereses de todos. Entre la labor de los consejeros no ejecutivos está el hacer preguntas sobre la marcha de la compañía, por incómodas que sean para los ejecutivos. Deben tener un conocimiento profundo sobre el negocio de la empresa y no limitarse a acudir a los consejos a sentarse cómodamente y llevarse sus dietas. Es imprescindible que adopten una posición crítica, constructiva, algo que desgraciadamente no sucede en demasiadas ocasiones.

El informe trimestral de otoño de 2014 de la CNMV desveló numerosos fallos cometidos por los consejos de administración durante la crisis. Entre otras cuestiones, el informe señala que los consejeros dominicales diseñaron sus estrategias para proteger sus propias inversiones, incluso en contra del interés de la empresa. Un directivo se quejaba así de la situación: «A veces, y más en tiempos de crisis, los dominicales están más interesados en sus propias fortunas que en las de la empresa. A menudo son más parte del problema que de la solución».

Se supone que los consejeros independientes son personas de alta capacitación que prestan a la empresa sus conocimientos y su experiencia. Desgraciadamente, la tradición española no otorga a este tipo de consejeros el valor que exigen las normas de buen gobierno. En muchos casos, como hemos visto, se eligen personas ligadas a partidos políticos y con intereses en otras compañías.

La composición de los consejos de administración españoles está adaptándose muy lentamente a los estándares europeos. Algo llama especialmente la atención a analistas e inversores extranjeros, y es la edad tan avanzada de los altos ejecutivos españoles. Es cierto que los consejeros de las empresas suelen ser profesionales experimentados, pero en España nos pasamos de la raya. Nuestro país tiene los consejos más envejecidos de Europa, con 61,2 años de media, frente a los 58,2 años de la Unión Europea. Ello es una muestra de que hay muchos ejecutivos que llevan mucho tiempo en el poder y que es difícil sustituirlos por otros más jóvenes. Solo el 13 por ciento de los consejeros españoles tiene menos de cincuenta años; el 15 por ciento, más de setenta.

La permanencia de la misma gente en los mismos puestos durante muchos años perpetúa la sensación de casta y cierra las puertas a la renovación de las cúpulas dirigentes. Botín e Isidoro Álvarez murieron con las botas puestas a los setenta y nueve años. A Francisco González, del BBVA, y César Alierta, de Telefónica, hace tiempo que les llegó la hora de la jubilación y ambos siguen en sus puestos.

Capítulo 5. Unos tanto y otros tan poco. Retribuciones y brecha salarial

Capítulo 5

UNOS TANTO Y OTROS TAN POCO.

RETRIBUCIONES Y BRECHA SALARIAL

La advertencia vino del mismísimo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, la persona que maneja más y mejor información sobre la salud económica del viejo continente. En septiembre de 2014, tras dejar los tipos de interés en su nivel más bajo en la historia de la zona euro con la intención de reavivar la actividad económica, Draghi se mostró muy preocupado por el hecho de que muchos europeos que se reincorporaban al mercado laboral estaban aceptando salarios no vistos desde los años ochenta del siglo XX. El banquero italiano no nombró ningún país, pero no cabe duda de que España estaba en su mente.

Draghi tenía razón. La durísima devaluación interna que ha sufrido nuestro país durante los años de la crisis ha reducido los salarios hasta tal punto que tener un trabajo ya no es suficiente garantía para salir de la pobreza. La caída del poder adquisitivo mantiene el consumo privado, principal motor de la economía española, bajo mínimos. Sin una mejora de este capítulo, cualquier recuperación se antoja imposible. De ahí las palabras del presidente del BCE, convencido de la necesidad de subir los salarios más bajos para ayudar a salir del agujero a los países del sur de Europa.

«España tiene los mejores directivos del mundo», dijo en una ocasión César Alierta. Es difícil saber si el presidente de Telefónica está en lo cierto, pero lo que sí es seguro es que los directivos españoles están entre los mejor pagados, sobre todo si comparamos sus retribuciones con el tamaño de nuestra economía y con lo que gana el grueso de los asalariados. La enorme brecha salarial que separa a los directivos y a los empleados de base de las grandes compañías españolas no ha dejado de agrandarse desde el inicio de la crisis. Los ejecutivos mejor pagados del Ibex 35 cobran setenta y cinco veces más que el empleado medio de sus empresas. La diferencia, especialmente sangrante en los tiempos que corren, alimenta la idea de que los directivos velan más por sus propios intereses que por los de la empresa y aumenta la sensación de que la crisis no ha castigado por igual a todos.

La caída registrada por los salarios durante los últimos años no se ha repartido de forma equitativa. Según un estudio de la escuela de negocios EADA y la consultora de recursos humanos ICSA, el salario medio de los directivos creció un 16,9 por ciento entre 2007 y 2013, mientras que los sueldos de los empleados de base lo hicieron solo en un 8,78 por ciento y el de los puestos intermedios un 4,9 por ciento. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada en ese periodo fue del 13,5 por ciento, vemos que los directivos han sido los únicos asalariados que han incrementado su poder adquisitivo. A medida que la línea que separa la clase media de la clase trabajadora se va difuminando, la franja más alta se aleja del resto.

España se distancia así de países socialmente más igualitarios, como los escandinavos, para acercarse a las economías anglosajonas, tradicionalmente más desiguales. Algunas retribuciones son realmente estratosféricas. En las empresas españolas que cotizan en bolsa hay más de cincuenta consejeros que ganan una cifra superior a un millón de euros anuales, incluyendo salario y aportaciones a planes de pensiones, según las cifras del ejercicio 2013 enviadas por las propias compañías a la CNMV. Esta fue la primera vez que las empresas dieron detalles sobre el sueldo de sus gestores, por lo que es prácticamente imposible compararlos con los de años anteriores.

Es en la banca donde se dan los salarios más altos. En España hay un centenar de ejecutivos del sector que ganan más de un millón de euros al año, según cifras de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) correspondientes a 2012. Aunque es el quinto país en la clasificación de banqueros millonarios en cuanto a número —por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia—, España ocupa el segundo lugar en lo que se refiere a la retribución de los más altos directivos del sector: 2,16 millones de euros anuales de media, solo superado por Chipre y por delante de Reino Unido, Alemania o Francia, con sistemas financieros mucho más potentes.

También son los bancos quienes mejor pagan a sus consejeros. A pesar de haber recortado un 9 por ciento en los salarios como medida de austeridad, el Banco Santander repartió 25,7 millones de euros entre los miembros de su Consejo de Administración en 2013, a razón de 3,16 millones por cabeza. Telefónica ocupa el segundo lugar de la lista de consejos mejor pagados, con 21,3 millones en conjunto y 2,02 millones de euros por consejero.

IAG, matriz de Iberia, es un caso aparte. Su Consejo de Administración se subió las retribuciones un 164 por ciento en 2013 gracias al incremento en la paga variable (la que no es estrictamente salario) de sus consejeros. El ejemplo es especialmente sangrante debido al origen público de Iberia y al hecho de que esta empresa, fusionada con British Airways, ha llevado a cabo cuantiosos recortes salariales entre sus pilotos, auxiliares de vuelo y personal de tierra.

No solo los consejeros están tan bien pagados. Los altos ejecutivos de las compañías que no forman parte del Consejo de Administración también reciben suculentas retribuciones. Las empresas del Ibex 35, principal indicador de la Bolsa de Madrid, tienen 428 directivos que en 2013 ganaron conjuntamente 341 millones de euros. Ello equivale a un salario medio de 810 000 euros, un 3,8 por ciento más que el año anterior. De nuevo son el Banco Santander y Telefónica las empresas que mejor retribuyen a su personal directivo. Si un alto ejecutivo del banco cobró 3,16 millones de euros anuales, el de la compañía de telecomunicaciones recibió 2,02 millones.

El ejecutivo mejor pagado de España es Pablo Isla, presidente de Inditex. Entre sueldo y pensión, Isla se embolsó 7,9 millones de euros en 2013. Es precisamente la empresa textil la que registra una mayor diferencia salarial entre los empleados y su primer ejecutivo. La retribución media en Inditex fue de 21 763 euros, 366 veces menos de lo que recibió Isla.

En la lista de quienes más ganan figura a continuación Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cuya remuneración alcanzó los 7,4 millones de euros en el año 2013. César Alierta, presidente de Telefónica, es el tercero, con 6,8 millones. Completan el top ten Javier Marín, consejero delegado del Banco Santander (6,35 millones); Willie Walsh, de IAG (6,05 millones); Florentino Pérez, de ACS (5,92 millones); Antonio Brufau, de Repsol (5,4 millones); Rafael del Pino e Íñigo Meirás, ambos de Ferrovial (5,3 millones de euros cada uno), y Francisco González, del BBVA (5,1 millones).

Pensiones, blindajes y bonus

La crisis ha reavivado el debate sobre el blindaje de los directivos en las empresas, una práctica heredada de las grandes corporaciones de Wall Street. ¿En qué consisten estos blindajes? En que muchos ejecutivos firman contratos con enormes indemnizaciones en caso de jubilación anticipada o despido. En el mundo financiero anglosajón se conocen con el nombre de golden parachutes (paracaídas dorados). El uso de estos blindajes es generalizado entre las grandes compañías españolas. Únicamente cuatro de las que conforman el índice Ibex 35 carecen de ellos: Abengoa, Banco Popular, Bankinter y OHL.

¿Quiénes fijan estas cantidades astronómicas? El órgano encargado de hacerlo es el propio Consejo de Administración, en algunos casos sin informar de ello a la Junta de Accionistas. Es decir, que son los propios consejeros los que se adjudican a sí mismos y a sus más leales colaboradores unas indemnizaciones por despido o jubilación que les permiten, una vez recibidas, vivir espléndidamente el resto de sus vidas sin tener que trabajar. Un experto citado en el informe trimestral publicado por la CNMV en otoño de 2014 desvela que algunos ejecutivos importantes han traicionado a sus accionistas diciéndoles que estaban recortando sus cláusulas de indemnización al tiempo que inflaban su compensación a largo plazo vía fondos y compensaciones diferidas.

A raíz del estallido de la crisis financiera la Comisión Europea recomendó a las empresas que no utilizaran estos pagos para «premiar el fracaso» y sugirió que su cuantía no superase una cifra equivalente a dos años de salario. Las propuestas de Bruselas cayeron en saco roto. En Iberdrola, por ejemplo, el presidente y el consejero delegado tienen derecho a cobrar cinco anualidades en caso de despido.

Un buen ejemplo de estas prácticas es Baldomero Falcones, consejero delegado de la constructora FCC, que recibió 7,5 millones de euros en 2013 en concepto de indemnización por el fin anticipado de su contrato. Este estipulaba que tenía derecho a tres años de sueldo si abandonaba la compañía antes del 31 de diciembre de 2015.

Algunas indemnizaciones han alcanzado cifras difíciles de imaginar. Ángel Corcóstegui dejó el puesto de consejero delegado del Banco Santander en 2002 con una jubilación de 108 millones de euros. Es la mayor indemnización pagada a un ejecutivo español en toda la historia, seguida de la de su sucesor, Alfredo Sáenz, del que ya hablamos con anterioridad. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, dejó el BBVA en 2009 con 68,7 millones de euros. Las cifras superan la del fallecido Emilio Botín, que tenía 25,8 millones de euros en su plan de pensiones del Santander en 2013.

El año 2012 fue especialmente prolífico en cuanto a indemnizaciones millonarias. Temerosas de que el Gobierno endureciese las normas sobre blindajes, muchas empresas se apresuraron a poner fin a los contratos de altos ejecutivos. Julio Linares, por ejemplo, dejó su puesto de consejero delegado de Telefónica con 24,7 millones de euros más en su cuenta corriente. Joaquín Ayuso, de Ferrovial, recibió 8,1 millones, y el vicepresidente de Indra, Regino Moranchel, 9,1 millones.

Muchas empresas optan por pagar en forma de pensiones para engordar las retribuciones de sus consejeros y altos directivos. Los bancos son, de nuevo, los más generosos en este apartado. Siete de sus consejeros tienen acumulados unos fondos de 144,6 millones de euros con vistas a su jubilación. El banquero con la pensión más alta es Matías Rodríguez Inciarte, con 46 millones de euros. En el BBVA, el presidente Francisco González externalizó un fondo de pensiones de 79,7 millones de euros en una póliza de seguros que solo podrá cobrar cuando se jubile. Florentino Pérez tampoco está mal servido. Los derechos del presidente de ACS en materia de pensiones ascendían a finales de 2013 a 34,69 millones.

En todo este baile de millones llama la atención el caso de Indra, la empresa de tecnologías de la información que fue privatizada por el gobierno de José María Aznar y en cuyo capital el Estado tiene una participación del 20 por ciento a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su presidente, Javier Monzón, es de los directivos con el sueldo más alto de todas las empresas españolas (3,35 millones de euros en 2013). El ejecutivo madrileño, que lleva en el cargo desde 1993, tiene un blindaje de 11,5 millones de euros que podrá cobrar, en caso de despido o prejubilación, a partir del año 2018. La cifra será mayor, pues irá aumentando año a año con una aportación del 15 por ciento del salario, con lo que al final podría ascender a 16 millones de euros.

Además de los blindajes y las pensiones, otra manera de retribuir a los directivos son los bonus. Se trata de retribuciones por cumplir determinados objetivos, habitualmente a corto plazo, que en ocasiones chocan con los intereses de los accionistas y de la propia compañía a largo plazo. Los excesos cometidos en el pago de bonus están detrás del desastre financiero estadounidense de 2008 —uno de los detonantes de nuestra larga crisis económica—, pues invitaron a muchos directivos a asumir más riesgos de lo debido en busca de beneficios inmediatos. Un ejemplo español: el consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, cobró a principios de 2014 un bonus de más de 14 millones de euros tras ejecutar dos planes de retribución en acciones otorgados por la compañía.

¿Qué dicen los dueños de las empresas a todo esto? Poca cosa. El accionista español es tradicionalmente muy pasivo a la hora de exigir sus derechos. Pocos suelen asistir a las juntas, y quienes lo hacen recogen su regalo y aprueban sin rechistar lo que propongan los directivos de la empresa. No acaban de cuajar en nuestro país los movimientos de oposición a los altos salarios de sus directivos, que sí existen, por ejemplo, en Reino Unido. En las juntas de accionistas celebradas en España en 2013, el voto de rechazo a las remuneraciones de los consejeros únicamente alcanzó el 7,5 por ciento de media.

La propia Comisión Europea ha reconocido que con demasiada frecuencia los accionistas permiten a los gestores de las empresas asumir riesgos excesivos sin apenas control. La Comisión modificó en verano de 2014 la directiva europea sobre derechos de los accionistas para facilitar que estos puedan defenderse mejor frente a posibles abusos por parte de los directivos. La medida servirá para garantizar que los accionistas participen más y controlen mejor la gestión de las sociedades con la vista puesta en el largo plazo. Por primera vez una norma europea da la posibilidad a los accionistas de influir en las remuneraciones y evitar lo que sucede hasta ahora: que existe una relación insuficiente entre remuneración y resultados de gestión, lo que fomenta una tendencia perjudicial respecto a las decisiones a corto plazo. La directiva es bienintencionada, pero su traslación a la realidad será difícil en el caso español, por lo arraigada que está la pasividad de los pequeños accionistas y la libertad que los gestores suelen tener a la hora de fijar sus propios salarios, indemnizaciones y pensiones.

Salarios a la baja

En plena crisis económica, con los salarios de los españoles a la baja, estas cifras plantean un serio dilema ético y ponen en cuestión algunos de los aspectos más polémicos de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy. Mientras los directivos dejan atrás sus empresas con los bolsillos llenos, la nueva norma permite a esas mismas compañías despedir a los trabajadores normales con indemnizaciones de veinte días por año trabajado.

La generosidad de los altos directivos consigo mismos, incluso en tiempos de crisis, contrasta con la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el español medio en los últimos años. El salario medio bruto de los españoles era en 2013 de 1634 euros al mes, un 0,3 por ciento menos que un año antes y un 17 por ciento por debajo de la media de la Unión Europea. Eso significa que, descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones de Hacienda, el asalariado español medio se lleva a casa a fin de mes unos 1300 euros netos, un 36,5 por ciento menos que un alemán, un 28,7 por ciento menos que un francés o un 28,1 por ciento menos que un británico. España ocupa el décimo tercer puesto entre los veintiocho países de la Unión Europea en cuanto a salarios. Los que más ganan son, por este orden, los daneses (3739 euros brutos al mes de media), los luxemburgueses (3009) y los finlandeses (2622).

Según cifras de Adecco, la empresa de trabajo temporal, el salario medio español está prácticamente estancado desde 2009. Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación, los asalariados españoles han perdido el 4,1 por ciento de su poder adquisitivo desde que estalló la tormenta. Las cifras son especialmente alarmantes en comunidades como Cantabria y Andalucía, donde el poder de compra de los salarios cayó un 8,2 por ciento y un 7,6 por ciento respectivamente. Las cosas no tienen pinta de mejorar a corto plazo. El salario de los funcionarios seguirá en 2015 congelado por quinto año consecutivo, igual que la contratación de nuevos empleados del sector público.

A pesar de la contundencia de los datos, Mariano Rajoy reitera una y otra vez que el Estado del bienestar no ha sufrido merma alguna durante su mandato. Su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, niega por activa y por pasiva que los trabajadores españoles hayan perdido poder adquisitivo y que la pobreza haya aumentado. La realidad es bien distinta. La crisis ha abierto una herida en el tejido social español que tardará muchos años en cerrarse, especialmente si la creación de empleo no se recupera.

Un informe de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas Española, muestra que la desigualdad de renta entre españoles se ha intensificado enormemente durante la crisis: en siete años, un 30 por ciento. Es una de las consecuencias más cruentas de la caída de los salarios y de la destrucción de empleo. En la presentación del informe, el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, afirmó que «la fractura social se ha instalado entre nosotros y con el tiempo cada vez será más difícil que las personas empobrecidas puedan salir de la exclusión». Es más, este «incremento de la desigualdad ha venido acompañado de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial».

Nuestra renta per cápita —los ingresos medios de un español en un año— ha caído un 4 por ciento entre 2007 y 2013, mientras que los precios han subido un 13,5 por ciento en el mismo periodo. El dato ilustra un deterioro de las rentas de los españoles sin precedentes desde los años cuarenta del siglo pasado. Por ello puede hablarse, según Cáritas, de una «década perdida».

Durante la crisis el porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5 por ciento al 10,6 por ciento del total. En términos absolutos, según Cáritas, se ha pasado de 380 000 hogares en esta situación antes de la crisis a más de 1 800 000 a finales de 2012.

Además de ser uno de los países con mayor desigualdad de renta, España arroja los niveles de pobreza infantil más altos de la Unión Europea, solo superado por Rumania. Según un informe de Cáritas Europa, la tasa de pobreza entre los españoles menores de dieciocho años se situó en el 19,4 por ciento en el año 2012, casi nueve puntos por encima de la media de la UE. La conclusión es obvia: son los más débiles los que están pagando las consecuencias de las políticas de austeridad extrema adoptadas por el Gobierno español con el apoyo de la Comisión Europea, mientras que las clases altas continúan gozando de un envidiable nivel de vida.

Capítulo 6. ¿Quién paga impuestos en España?

Capítulo 6

¿QUIÉN PAGA IMPUESTOS EN ESPAÑA?

El 25 de noviembre de 2012 Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, escribía un artículo en The New York Times en el que hacía una propuesta insólita. Buffett pedía al presidente Barack Obama y al Congreso que subiera los impuestos a los que más tienen para equilibrar el déficit y mantener la deuda pública en un nivel soportable. El inversor estadounidense se quejaba en su carta de que los ricos pagan menos impuestos por las ganancias obtenidas en sus inversiones que los asalariados por lo que ingresan con su trabajo. Buffett no está solo. Bill Gates, fundador de Microsoft y quizás la persona que más impuestos ha pagado en la historia de Estados Unidos, también se ha declarado a favor de incrementar su contribución para que el país invierta más en educación, sanidad y ayuda al desarrollo. Es difícil imaginar algo así en España, que Florentino Pérez, Esther Koplowitz o Rafael del Pino pidieran a Mariano Rajoy pagar más impuestos para reducir la deuda y mejorar la sanidad y la educación.

Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo en 1904 que los impuestos son «el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada». Si hacemos caso al magistrado norteamericano, España está a la cola de las naciones civilizadas de Europa.

El fraude fiscal es, junto al paro y la corrupción, uno de los grandes problemas de España. Todos los años el Estado deja de ingresar unos 60 000 millones de euros en impuestos, cantidad equivalente a un 6 por ciento del producto interior bruto y suficiente para pagar todo el gasto sanitario del Estado y de las comunidades autónomas. El fraude fiscal supone un coste extra de 1910 euros a cada contribuyente que sí cumple con sus obligaciones.

Como señala Francisco de la Torre Díaz en su libro ¿Hacienda somos todos?, los recortes del gasto público efectuados por el Gobierno durante la crisis, que tan alto coste social están teniendo, se han producido como consecuencia de una caída recaudatoria derivada, entre otras cosas, del aumento del fraude. Otra de las razones de la caída de la recaudación fiscal es la enorme dependencia de nuestra Hacienda de los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena, es decir, de los asalariados. Por ese motivo la destrucción de empleo durante los últimos años ha sido devastadora para la recaudación fiscal.

España es uno de los países con menos capacidad para recaudar impuestos en la zona euro. Solo Irlanda y Portugal extraen una porción más pequeña de tributos de su actividad económica. Ningún país ha visto derrumbarse la recaudación tributaria durante la crisis como lo ha hecho España. Y ello a pesar de que en diciembre de 2011, nada más asumir el poder, el gobierno de Mariano Rajoy acometió la mayor subida del IRPF desde la creación de este impuesto.

El problema fundamental de la Hacienda española es, históricamente, la falta de ingresos. En 2012, último año del que se tienen datos, estos representaron únicamente el 32,5 por ciento del PIB. Son 4,6 puntos porcentuales menos que antes de que estallara la crisis y 7,9 puntos menos que la media de la zona euro. ¿Qué supone todo esto? Que el Estado tiene menos capacidad para financiar gastos básicos como educación, sanidad o infraestructuras. En los países con economía de mercado los impuestos sirven para corregir desigualdades entre los ciudadanos que más ganan y los más desfavorecidos. Durante la crisis España ha caminado en dirección contraria al resto de la eurozona. Mientras que la mayoría de los países han aumentado el peso de los ingresos fiscales en la economía y con ello el gasto público, en España ha disminuido.

Intermon Oxfam estima que el 72 por ciento de los impuestos no pagados en España corresponden a grandes fortunas y grandes empresas, que detraen del fisco casi 43 000 millones de euros. El 28 por ciento restante (casi 16 500 millones) correspondería al fraude de pymes, autónomos y particulares. La ONG calcula que si se realizara un esfuerzo para equipararnos al nivel de los países de nuestro entorno en lucha contra el fraude fiscal, se podrían recaudar 25 500 millones de euros adicionales, 18 300 de ellos provenientes de grandes fortunas y grandes empresas. Con esta cantidad, por ejemplo, se podrían duplicar los programas de asistencia al desempleo.

El sistema tributario español es tremendamente injusto con las familias, que pagan 46 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Las aportaciones de los ciudadanos suponen más del 90 por ciento de los ingresos del Estado; las empresas contribuyen apenas con el 10 por ciento restante. El caso español es aún más sangrante, porque el sistema beneficia a las compañías más grandes. Si hablamos de las corporaciones de mayor tamaño, estas solo aportan el 2 por ciento de todos los ingresos fiscales.

En España los ciudadanos más pobres tienen que hacer un esfuerzo superior a los demás para pagar sus impuestos. Mientras los hogares con ingresos más bajos destinan entre un 30 y un 36 por ciento de sus recursos a cumplir con Hacienda, los de renta media emplean el 22 por ciento y los de rentas más altas no superan el 30 por ciento.

La Agencia Tributaria calcula que la economía sumergida asciende al 25 por ciento de la actividad. Los inspectores de Hacienda subrayan que la mayor parte de la evasión fiscal tiene como protagonistas a las grandes empresas y las grandes fortunas. Denuncian que los recursos se utilizan investigando casos de poca monta y que es muy difícil llegar a las altas instancias. Casos como el de Leo Messi, Montserrat Caballé y otros son la excepción, más que la regla. Los técnicos de Hacienda reclaman más recursos y una rebaja del umbral del delito fiscal de los 120 000 euros actuales a los 50 000.

Según un estudio de Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, el fraude fiscal en el IRPF asciende a unos 20 000 millones de euros, un 1,7 del PIB. En su informe, titulado «El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF», López Laborda llega a la conclusión de que el mayor nicho de fraude está en las rentas del capital, es decir, las derivadas de intereses, dividendos y beneficios por operaciones de capital. El 61 por ciento de los impuestos que deberían declararse por esos conceptos no se pagan. López Laborda explica que la concentración del fraude en las rentas del capital se debe a la enorme cantidad de dinero que los españoles más adinerados tienen depositados en paraísos fiscales.

Como señala Intermon Oxfam, los tipos impositivos españoles están entre los más altos de Europa y, sin embargo, la capacidad recaudatoria es muy baja, inferior a la media de la UE. Esta paradoja se debe a que el sistema está plagado de vías de escape para no pagar, no solo fraudulentas, sino también porque se ha creado un sistema legal de privilegios que favorece a las empresas y fortunas más grandes. En España, según esta ONG, el tipo efectivo que pagaron las grandes compañías fue de apenas un 5,3 por ciento sobre su resultado contable durante 2012 (últimos datos disponibles de la AEAT), muy alejado del tipo nominal, establecido entonces en un 30 por ciento. Durante ese mismo periodo las grandes empresas recibieron beneficios fiscales por un valor cercano a los 19 000 millones de euros, es decir, 4,5 veces más que lo que efectivamente pagaron en impuestos (4110 millones).

Otro aspecto en el que España destaca si se compara con sus socios europeos, especialmente los del norte, es el enorme tamaño de su economía sumergida. A ella se han visto abocados en los últimos años muchos ciudadanos y empresas españoles por no tener otra vía de supervivencia, pero también abundan quienes se mueven en ella por codicia, para no pagar impuestos ni cotizaciones sociales. La crisis ha hecho aumentar la economía sumergida en España hasta el 24,6 por ciento del PIB, frente al 17,8 por ciento del año 2008, según un estudio de técnicos de Hacienda dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universidad Rovira y Virgili. Los expertos subrayan que el aumento del fraude en España responde al arraigo de la evasión y el fraude fiscal en nuestra cultura, algo que nos aleja de países como Alemania, Francia o Reino Unido, cuyas tasas de economía sumergida son del 13,1 por ciento, 10,8 por ciento y 10,15 por ciento respectivamente.

Francisco de la Torre critica también la influencia que tienen los vaivenes políticos en el buen funcionamiento de la Agencia Tributaria y su efecto pernicioso en la lucha contra el fraude fiscal. Un ejemplo: casi la mitad de sus 1400 inspectores ocupan puestos de libre designación, aunque se dediquen a cuestiones puramente técnicas. Si la destitución de alguno de ellos aparece ligada a expedientes concretos, entonces «tenemos un cóctel explosivo», afirma De la Torre, quien sentencia: «Si cada cambio de gobierno supone más de un centenar de ceses, traslados y nuevos nombramientos, y esto se publicita y se considera normal, lo que no será normal, tristemente, será el funcionamiento de la Agencia Tributaria y la recaudación fiscal».

Los paraísos fiscales

Nos adentramos aquí en un terreno escabroso: el de la enorme atracción que los paraísos fiscales ejercen sobre los españoles, tanto los millonarios como las grandes empresas. El profesor de la London School of Economics Gabriel Zucman calcula que la riqueza que los españoles tienen en esos territorios asciende a 144 000 millones de euros, la mitad de ellos en Suiza. Ello significa que la Hacienda española deja de cobrar anualmente unos 7400 millones de euros. La utilización de los paraísos fiscales no solo priva al Estado de importantes ingresos, sino que aumenta la presión fiscal sobre los ciudadanos que sí cumplen con sus compromisos.

Casi todas las empresas del Ibex 35 utilizan paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Según el Observatorio RSC, un organismo que supervisa la responsabilidad social corporativa, hay 33 compañías españolas con 449 subsidiarias en 17 paraísos fiscales. El escondrijo favorito para las empresas españolas es el Estado norteamericano de Delaware, seguido de Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda.

Las facilidades para el uso de estos mecanismos van en aumento. Desde 2007 más de una docena de países han dejado de ser considerados como paraísos fiscales por el Gobierno español. Naciones como Panamá, Bermudas, Mónaco y más recientemente las islas británicas del canal de la Mancha (Jersey, Guernsey, Man) han perdido esa condición para la Agencia Tributaria (Suiza nunca ha figurado en la lista, creada en 1991), lo que pone las cosas fáciles a las empresas españolas con filiales en esos territorios.

Hoy nadie duda de que la existencia de los paraísos fiscales tiene un efecto devastador en la economía de las naciones. En un momento de dolorosos recortes de gastos sociales para reducir el déficit y la deuda, los paraísos fiscales permiten a los ciudadanos más ricos ocultar su dinero y no pagar impuestos, privando a los gobiernos de los ingresos necesarios para financiar la educación, la sanidad o la creación de empleo. Su uso no solo agranda las desigualdades de renta entre países ricos y pobres, sino también entre ciudadanos de un mismo país.

Que la élite política y económica almacene sus riquezas en terceros países es muy habitual en dictaduras del llamado Tercer Mundo. Ello contribuye a la concentración de riqueza y poder político mientras la población se mantiene en la pobreza. Pero la circunstancia no es exclusiva de países en desarrollo. Como escribió recientemente el premio Nobel de Economía Paul Krugman en The New York Times, «en las zonas altas de la economía estadounidense, esconder buena parte de la riqueza fuera del país es probablemente la norma, no la excepción». Lo mismo podría decirse de las élites españolas.

Los expertos alertan de que el secreto con que operan los paraísos fiscales tiene un efecto corrosivo en los sistemas legales, al permitir a políticos corruptos, empresarios y banqueros saquear bienes pertenecientes a la comunidad. Es el caso del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que ha reconocido tener varias cuentas con decenas de millones de euros en Suiza. También el de Jordi Pujol, que reconoció haber ocultado a Hacienda durante treinta y cuatro años el dinero recibido por la herencia de su padre. O el de varios miembros de la familia Botín, que tenían millones de euros depositados en cuentas en Suiza. Y también el del expresidente del BBV Emilio Ybarra, implicado en un caso de cuentas secretas en la isla de Jersey que desencadenó el final de su carrera como banquero. El BBV tenía en la dependencia británica 224 millones de euros no declarados, destinados a fondos de pensiones de sus consejeros y a compensar la caída de sus retribuciones por la fusión con Argentaria. El asunto aún colea en los tribunales españoles.

La Hacienda española deja de ingresar cantidades importantes por las triquiñuelas que las multinacionales radicadas en el país utilizan para no pagar impuestos. Según cálculos de El País, ocho grandes empresas tecnológicas estadounidenses (Amazon, Apple, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Twitter y Yahoo) solo pagaron al fisco 17,4 millones de euros sobre los beneficios obtenidos en España en el Ejercicio 2013. Si se excluye a Microsoft —la que más paga de las ocho— las sucursales de esas multinacionales en España liquidan de media un millón de euros por el Impuesto de Sociedades, pese a facturar miles de millones.

El método más utilizado por estos gigantes corporativos es, primero, trasladar el grueso de su facturación o de su beneficio a países con menos tributación, como Irlanda o Luxemburgo. Después, mediante complejas operaciones de ingeniería financiera, tampoco pagan impuestos en esos países, sino que acaban llevándose el dinero a paraísos fiscales como las islas Bermudas. Apple tiene su sede social en Irlanda, pero no paga impuestos allí por estar gestionada desde Estados Unidos, donde tampoco tributa. Gracias a su peculiar sistema de facturar sus ventas, la mayor empresa del mundo declaró pérdidas en España en 2012, un año en que sus ventas batieron un récord histórico. La Hacienda española ha creado un grupo especializado en controlar fiscalmente a estas compañías, con resultados desiguales.

Las grandes empresas españolas no tienen a su alcance esos recursos, pero también hacen grandes esfuerzos por pagar lo menos posible a Hacienda. La última reforma fiscal bajó el Impuesto de Sociedades del 30 al 25 por ciento de los beneficios, pero la mayoría de las empresas acaba pagando un porcentaje mucho menor gracias a las numerosas exenciones a las que pueden acogerse. Se calcula que las compañías del Ibex 35 pagan un tipo medio del 6 por ciento, aunque otras fuentes, como Oxfam Intermon, lo rebajan al 3,5 por ciento. La ONG calcula que en 2012 las grandes compañías españolas se dedujeron 22 687 millones de euros, 7,5 veces más de lo que pagaron por el Impuesto de Sociedades (3012 millones). El informe de Oxfam Intermon denuncia la falta de transparencia generalizada y sostiene, con benignidad, que o bien las compañías están ocultando información financiera en sus informes anuales de manera premeditada o no están analizando esos datos lo suficientemente bien desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa.

En 2008, año en que comenzó la crisis, se produjo un fenómeno tremendamente revelador de la actitud de las empresas hacia el fisco y, por ende, hacia toda la sociedad española. Ese año los ingresos por el Impuesto de Sociedades bajaron un 39 por ciento con respecto al ejercicio anterior, una caída descomunal. En 2008 se pagaba el impuesto correspondiente a 2007, un año en el que las empresas españolas obtuvieron sus mayores ganancias de la historia. ¿Cómo es posible que las empresas pagaran un 39 por ciento menos de impuestos sobre esos beneficios récord? Muy sencillo: al verle las orejas al lobo, las empresas se embarcaron en un fraude fiscal masivo y privaron al Estado de unos ingresos imprescindibles para hacer frente a la que se avecinaba. La cosa no se quedó ahí. Los ingresos por el Impuesto de Sociedades siguieron bajando y en 2011 Hacienda ingresaba una tercera parte de lo que recaudaba antes de la crisis. Esto no solo demuestra la falta de ética de muchos dirigentes empresariales, sino la ausencia de control por parte de las autoridades, aparentemente incapaces de impedir este fraude descomunal.

Las sicav

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) son la herramienta de inversión favorita de las grandes fortunas, pues les permiten pagar a Hacienda menos que el común de los contribuyentes. Las sicav son un híbrido entre fondo de inversión y sociedad anónima que permite a los accionistas manejar su dinero con enormes ventajas fiscales. Mientras que las empresas tributan al 25 por ciento en el Impuesto de Sociedades, las sicav solo lo hacen al 1 por ciento, por tratarse de entidades de inversión colectiva.

Si el accionista de una sicav retira su dinero con plusvalías deberá tributar entre el 21 y el 27 por ciento en el IRPF, dependiendo de la cuantía, si las ganancias se han obtenido en un plazo superior a un año. Son las mismas condiciones que las de cualquier fondo de inversión, pero hay muchas dudas de que las sicav sean realmente instrumentos de inversión colectiva y merezcan el mismo trato ventajoso.

¿Cuáles son los trucos? Para beneficiarse de esos privilegios fiscales las sicav están obligadas a tener, al menos, cien socios, pero la mayoría de ellas son propiedad de una sola persona o de un grupo familiar. Para completar el centenar de socios se buscan unos hombres de paja —llamados «mariachis» en el argot financiero— que cobran una comisión a cambio de figurar en la lista.

Para gestionar las sicav las mayores fortunas disponen de sus propias instalaciones, llamadas «family offices». El resto se tiene que conformar con contratar los servicios de la banca privada. El capital mínimo que debe tener una sicav es de 2,4 millones de euros, pero se permite dividir ese capital en paquetes de cinco. La sicav puede invertir en bolsa o en una empresa propietaria de una vivienda o de un coche, por ejemplo, y si tiene beneficios solo pagará el 1 por ciento. El propietario real de la sicav —olvidémonos de los mariachis— hace un negocio redondo. Recordemos que una empresa pagaría un 25 por ciento.

Otra ventaja de estos instrumentos es su utilización por parte de las grandes fortunas para hacer sus declaraciones de la renta con las mayores ventajas posibles, jugando con beneficios y pérdidas.

Una de las características de estos instrumentos es la falta de transparencia en cuanto a la identidad de sus accionistas. Las sociedades no están obligadas a registrar los nombres de los socios en el Registro Mercantil y únicamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los conoce.

¿Cuáles son las mayores sicav? Entre las que mueven más dinero en España figuran Allocation, de la familia Del Pino, dueños de la constructora Ferrovial; Morinvest, participada por Alicia Koplowitz, accionista mayoritaria de FCC, o Kefren, de la familia Entrecanales, de Acciona.

Para los accionistas de las sicav la crisis ha terminado. Gracias a la recuperación de las bolsas y a la entrada de dinero nuevo el patrimonio de estas sociedades ha recuperado su nivel anterior a la crisis, superando el máximo alcanzado en 2007. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la recesión y el desplome de las bolsas redujo el valor de estos vehículos de inversión, pero la tendencia comenzó a cambiar su trayectoria descendente en el año 2011. En el mes de junio de 2014 el valor de las sicav ascendía a 30 696 millones de euros. De ese dinero, más de la mitad estaba invertido fuera de España.

Según los datos más recientes, correspondientes al primer semestre de 2014, en España había 3138 sicav con un patrimonio medio en torno a los 9 millones de euros. Su número ha aumentado en los últimos años al calor de la recuperación de las bolsas, la desaparición de los temores a un endurecimiento de sus condiciones fiscales y —tal y como ha reconocido la propia CNMV, el órgano encargado de su supervisión—, la amnistía fiscal decretada por el gobierno de Mariano Rajoy a los poseedores de dinero negro en el extranjero. Sin embargo, quienes se han beneficiado de la amnistía no han traído su dinero para cumplir con Hacienda, sino para invertir pagando lo menos posible en impuestos gracias a las sicav. Además, con comisiones de gestión muy inferiores a las que pagaban, por ejemplo, en Suiza. El regreso del capital no está traduciéndose en mayores ingresos fiscales.

La amnistía fiscal decretada a finales de 2012, además de inmoral, ha sido ineficaz. A ella se acogieron unas 30 000 personas, que afloraron unos 40 000 millones de euros. Como los evasores se comprometían a pagar el 10 por ciento del dinero blanqueado, la recaudación ascendió a 4000 millones de euros.

Para justificar las ventajas fiscales de que gozan las sicav, el Gobierno sostiene que el dinero se iría a otros países en lugar de invertirse en España. La propia presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, sostiene que si el tratamiento fiscal de las sicav se modifica, estas se irían «a Luxemburgo o a cualquier otro sitio».

El Gobierno no tiene previsto cambiar el régimen fiscal de las sicav. Para evitar abusos el PSOE ha exigido elevar la tributación de estas sociedades, fijar un porcentaje máximo en la participación de cada inversor y limitar el periodo en que las plusvalías no liquidadas estén exentas de tributar. Los socialistas también proponen que sea la Agencia Tributaria, en lugar de la CNMV, la encargada de regularlas para detectar más fácilmente los fraudes.

Las grandes fortunas son, de nuevo, las grandes beneficiadas por la última reforma fiscal del Gobierno. La rebaja del tipo máximo en el IRPF del 52 al 45 por ciento para todos los contribuyentes que ganen más de 60 000 euros anuales ayudará sin duda a aumentar las desigualdades. En un año electoral como 2014, el ejecutivo ha tratado de maquillar la mejoría en el tratamiento fiscal a los más ricos con una bajada del 24 al 19 por ciento del tramo mínimo del impuesto.

Los beneficios obtenidos por el capital también se ven beneficiados en el nuevo IRPF. Las inversiones en bolsa, las ganancias generadas por la venta de un depósito o un título de renta fija tributan a un gravamen inferior al que lo hacían antes de la reforma, justo en la dirección contraria de lo que piden Warren Buffett y Bill Gates.

Capítulo 7. El poder eléctrico. Los dueños del kilovatio imponen su ley

Capítulo 7

EL PODER ELÉCTRICO. LOS DUEÑOS

DEL KILOVATIO IMPONEN SU LEY

«Los dueños de la energía en España caben en un taxi». La frase de Santiago Carcar, uno de los periodistas que mejor conoce las interioridades del negocio en nuestro país, va cargada de ironía, pero no puede ser más certera. El sector, uno de los más regulados de la economía española, ha estado tradicionalmente concentrado en muy pocas manos, y lo sigue estando. Siempre a la sombra del poder político, el lobby eléctrico es, después de la banca, el que atesora más poder e influencia en España. Siempre receloso de cualquier cambio regulatorio que pueda perjudicar sus intereses, es también uno de los más apegados a las viejas maneras de hacer negocios.

Las compañías eléctricas han funcionado tradicionalmente mediante el pacto —entre ellas mismas y con el gobierno de turno— para repartirse el mercado y fijar los precios que empresas y particulares pagan por la luz. Desde los pantanos construidos durante la dictadura de Franco hasta la nueva tarifa eléctrica, que entró en vigor en 2014, en el sector no ha existido nunca una competencia real. Con contadas excepciones, la electricidad ha sido siempre un negocio cerrado a nuevos competidores, para proteger los intereses de los ya existentes, bien conectados políticamente. Los cambios que se han producido en la propiedad de las empresas, como veremos, han estado siempre dirigidos —o al menos tolerados— desde las altas esferas del poder, siempre listo para intervenir con el argumento de que se trata de un sector estratégico.

De la enorme complejidad del negocio da idea una frase que se ha hecho popular entre la gente del sector: «Si te explican cómo funciona el sistema eléctrico y crees que lo comprendes, es que no has entendido nada». Doy fe de ello. Durante un año y medio, a finales de la década de 1990, me encargué de seguir la actualidad del sector como periodista de la Agencia EFE. Fue, con mucho, mi experiencia más dura en treinta años de profesión. Una cosa sí aprendí: que esa complejidad que rodea al mundo eléctrico se utiliza a menudo como excusa para cometer todo tipo de abusos. De sus intríngulis sacan el mejor partido quienes mejor lo conocen, que suelen estar en nómina de las empresas y muy bien pagados.

El negocio eléctrico —y el energético en general— es uno de los más dependientes de los vaivenes legislativos. En él se dan abundantes ejemplos de complicidad —y ocasionalmente también enfrentamientos— entre el sector privado y el público. Con el gobierno del Partido Popular el lobby eléctrico ha hecho realidad buena parte de sus deseos: frenar el desarrollo de las energías renovables (especialmente la fotovoltaica), modificar a su favor la tarifa de la luz y eludir las multas por pactar precios. El resultado lo sufrimos todos, y no es otro que pagar la electricidad a unos precios que están entre los más caros de Europa.

Ello sucede a pesar de que los costes de distribución son de los más bajos de la UE y de que los costes de generación se mueven en la media comunitaria. Así lo pone de manifiesto un estudio comparativo de los precios de la Unión Europea efectuado por el Instituto para el Estudio de la Energía de Oxford, publicado en abril de 2014. El estudio muestra que de cada 100 euros de la factura de la luz, los consumidores españoles pagamos 49,10 por el coste real de la electricidad (generación, suministro y redes), y que los 50,90 euros restantes corresponden a impuestos y financiación de políticas públicas de la energía; es decir, a lo que determina el Gobierno.

Las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, principalmente) se agrupan en torno a la patronal UNESA. Una de las batallas importantes ganada por este poderoso lobby eléctrico con ayuda del poder ejecutivo es la de las primas a las energías renovables, que tan cabreados tiene a inversores, particulares y defensores del medio ambiente. Nada más llegar al poder, a finales de 2011, el gobierno de Mariano Rajoy declaró una moratoria del sistema vigente hasta entonces, ideado por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud del cual se daba una retribución adicional a las empresas productoras de energías limpias. Por ejemplo: una planta fotovoltaica que generaba energía con placas solares vertía su energía a la red general para que los consumidores pudieran utilizarla en sus hogares. A cambio, la planta fotovoltaica recibía el dinero que marcaba el mercado más una retribución adicional: la prima. Cientos de pequeños empresarios (y otros no tan pequeños) que habían instalado placas solares contando con recibir estas retribuciones han perdido mucho dinero. El Ministerio de Industria y Energía calcula que las empresas de energías renovables dejarán de cobrar 1700 millones de euros anuales como consecuencia de la supresión de las primas. Los perjudicados elevan la cifra por encima de los 2000 millones.

El sistema puesto en marcha por el gobierno del PSOE tenía serias deficiencias, según la mayoría de los expertos, pero está claro que las grandes empresas eléctricas se han salido con la suya. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa generan la mayor parte de su energía por vías tradicionales como la hidroeléctrica, la térmica o la nuclear, y ejercieron una presión fortísima para frenar las ayudas estatales a la fotovoltaica. En lugar de apostar por las renovables, las grandes eléctricas habían invertido en los últimos años mucho dinero en la instalación de centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural. Muchas de ellas estaban prácticamente paradas como consecuencia de la crisis y del exceso de capacidad.

¿Por qué el Gobierno decidió eliminar las primas a las renovables? Porque llegó a la conclusión de que encarecía todo el sistema eléctrico y aumentaba el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas cobran a los consumidores y los costes que el Gobierno reconoce a aquellas por suministrar electricidad. A finales de 2014 el déficit de tarifa superaba los 25 000 millones de euros. Las empresas de renovables sostienen que el aumento no es culpa suya y que hicieron las inversiones cumpliendo la ley con la legítima esperanza de obtener beneficios. Algunas han decidido denunciar al Gobierno español en instancias internacionales para recuperar su dinero.

Toda esta apuesta por las fuentes de energías tradicionales —carbón, petróleo, gas, hidroeléctrica, nuclear— en detrimento de las renovables va en dirección contraria a la política emprendida por buena parte de los países de la Unión Europea, cuya prioridad es el desarrollo de las energías menos contaminantes para frenar el cambio climático. Ante esta situación las organizaciones defensoras del medio ambiente reclaman una reforma en profundidad del sector para adoptar un modelo basado en criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental y que fomente el ahorro, la eficiencia, la transparencia y el uso de las energías renovables.

En una de sus decisiones más sorprendentes en materia energética, el gobierno de Rajoy decidió también gravar el autoconsumo; es decir, que quienes tengan placas solares en casa para su propio abastecimiento paguen un impuesto por ello. Ello significa que quienes contribuyen a reducir las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero acaban perdiendo dinero. Ante la indignación de muchos ciudadanos que tienen placas solares en casa, el ejecutivo estudiaba a finales de 2014 la posibilidad de retirar este gravamen.

Pactos entre empresas

Uno de los principales problemas de nuestro sistema eléctrico es la escasez de transparencia en la fijación de los precios. El espectáculo de la subasta del 19 de diciembre de 2013 es muy ilustrativo de la opacidad con que funciona el sector. Con los costes a la baja debido al exceso de capacidad y a la caída de la demanda, era el día indicado para que los precios bajaran. Sin embargo, sucedió completamente lo contrario, y el resultado de la subasta anticipó una fuerte subida de los precios para el consumidor a principios de 2014. De inmediato surgieron sospechas de un pacto entre empresas para subir los precios artificialmente. El propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se apresuró a calificar lo sucedido de «burda manipulación».

Al final las empresas del sector se salieron con la suya. Ninguna de las treinta y seis compañías eléctricas y firmas de intermediación financiera que participaron en la subasta fue expedientada o multada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguró no haber encontrado prueba alguna de manipulación de la subasta ni de concertación entre los participantes para subir los precios. El Gobierno, temeroso de la reacción de la opinión pública, decidió cortar por lo sano. El Ministerio de Industria anuló el sistema de subasta y anunció que el precio se fijaría, como veremos más tarde, según el resultado diario del mercado mayorista de la electricidad.

Una de las pocas ocasiones en las que las eléctricas han sido castigadas fue en mayo de 2011, cuando el regulador existente entonces, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), impuso a las empresas que operan en España (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON e Hidroeléctrica del Cantábrico) una multa histórica de 61 millones de euros por obstaculizar el proceso de liberalización del mercado y pactar los precios que cobraban a sus grandes clientes. Las dos infracciones, según la CNC, se cometieron en el seno de la patronal, UNESA, que también fue sancionada.

A la fuerza de las grandes empresas eléctricas se debe también el hecho de que los españoles seamos de los europeos que más pagan por la luz. ¿Por qué? Para la mayoría de los clientes el 70 por ciento de la factura que pagan responde a una tarifa fija. Es decir, que solo queda un pequeño margen del 30 por ciento para ahorrar consumiendo menos. Solo queda la alternativa de bajar la potencia instalada, con el riesgo de que se corte la corriente si se utilizan muchos aparatos al mismo tiempo.

El nuevo modo de calcular el precio de la electricidad, que entró en vigor en abril de 2014, ha hecho subir el recibo de dieciséis millones de consumidores. La parte correspondiente al consumo de energía en la nueva tarifa eléctrica se calcula tomando como referencia la media de la cotización diaria del mercado mayorista de la electricidad, también llamado «pool», en lugar de una subasta a futuro, como sucedía antes. La subasta fue suspendida repentinamente en diciembre de 2013 tras las subidas exageradas de precios que hemos visto anteriormente.

Otro motivo por el cual nuestra factura eléctrica es más abultada que en la mayoría de los países de la Unión Europea es el déficit de tarifa. Se supone que el Estado debe a las eléctricas unos 25 000 millones de euros en concepto de costes incurridos por las empresas en las últimas décadas y que en su momento no se incluyeron en el recibo de la luz. El Estado está, pues, hipotecado con las empresas del sector. El coste de esa hipoteca lo pagarán los contribuyentes.

La cosa tiene truco. Ocurre que el déficit de tarifa no es la diferencia entre los costes de producir la electricidad y los ingresos obtenidos con su venta, sino la diferencia entre los llamados costes reconocidos y los ingresos. ¿Quién dice a cuánto ascienden los costes reconocidos? Las eléctricas, pues no existe una auditoría para saber qué costes se han amortizado y cuáles no. Las empresas, con el apoyo de los principales partidos políticos, se niegan a que esa auditoría se lleve a cabo.

La reforma de la tarifa eléctrica coincide con el aumento de la llamada pobreza energética en España. Se calcula que uno de cada seis hogares españoles vive en esa situación. Son siete millones de personas con serios problemas para pagar las facturas de la energía, pues les supone un gasto superior al 10 por ciento de los ingresos. Se considera que sufren pobreza energética aquellas familias incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20° C en invierno y 25° C en verano).

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organización defensora de las energías renovables, sostiene que la nueva tarifa eléctrica prima el uso de tecnologías como la hidráulica y la nuclear. A su juicio el Gobierno ha perdido la oportunidad de revisar el sistema de fijación de precios con la última reforma del sector eléctrico, y no lo ha hecho porque pretende proteger los grandes intereses económicos de las grandes corporaciones.

Jorge Morales de Labra, miembro de la Plataforma y gran conocedor del sector, explica que la energía fotovoltaica ya es competitiva en casi toda Europa y vaticina que muchos consumidores van a ir poco a poco desenganchándose de la red general y autoabasteciéndose de energía, con el consiguiente perjuicio a las eléctricas tradicionales. Morales de Labra cree que los sistemas solares y las baterías propiciarán un cambio radical en la forma de consumir energía, y sin vuelta atrás. En su opinión, antes de 2020 las inversiones en fotovoltaica, baterías y vehículos eléctricos comenzarán a amortizarse en el corto plazo de ocho años. Ello significa que darán energía de manera gratuita al menos durante otros doce.

Un sector muy ligado a la política

¿De dónde le viene la fuerza a las empresas energéticas? En primer lugar, porque operan en un entorno estratégico. Cualquier interrupción prolongada en el suministro de electricidad, gas o petróleo podría tener consecuencias económicas, sociales y políticas de gran envergadura. Su capacidad de presión es muy grande, además, porque son grandes anunciantes en los medios de comunicación, que a cambio del dinero invertido en publicidad suelen otorgarles un tratamiento amable, por decirlo suavemente.

Mientras tanto, los países del golfo Pérsico han tomado posiciones en el mercado eléctrico español. El Estado de Qatar, por ejemplo, controla casi el 10 por ciento de Iberdrola. Por otro lado España ha aumentado su dependencia energética del exterior hasta un 73 por ciento, 20 puntos por encima de la media de la Unión Europea. La falta de transparencia con que opera tradicionalmente el sector se traslada a los contratos de gas con Argelia, suministrador del 60 por ciento del gas que se consume en España. Los términos de los acuerdos se desconocen. No se sabe el precio que pagamos por el gas al país norteafricano.

El sector eléctrico ha estado tradicionalmente muy ligado al poder político, como lo estuvo durante la dictadura de Franco. José María de Oriol y Urquijo, marqués de Casa Oriol, es uno de los patriarcas de la industria energética española. Presidió Hidroeléctrica Española, fundada por su abuelo, durante cuarenta y cuatro años, entre 1941 y 1985. Jefe de la Falange y alcalde de Bilbao, José María de Oriol fue uno de los procuradores en Cortes que votó contra la reforma política en 1976.

Su hijo Íñigo de Oriol e Ybarra entró a trabajar en la empresa con solo veinticuatro años y heredó la presidencia de la compañía en 1985. Seis años más tarde fue elegido presidente de Iberdrola, empresa resultante de la fusión de Hidroeléctrica Española e Iberduero. Íñigo de Oriol fue célebre por la férrea defensa de los intereses de su propia empresa y del sector como presidente de UNESA, que lideró en tres mandatos distintos. Se negó en redondo a fusionar Iberdrola con Endesa, la eléctrica pública, que habría creado un gigante español de la energía. Defendió que todos los costes del sistema eléctrico se reflejaran en la tarifa eléctrica y que desapareciera el déficit de tarifa, convertido, como él predijo, en una bola de nieve. En 2006, al cumplir los setenta años, cedió el testigo a Ignacio Sánchez Galán, que sigue hoy al frente de Iberdrola. Uno de sus hijos, Íñigo Víctor de Oriol Ybarra, ocupa hoy la vacante que su padre, fallecido en 2011, dejó en el Consejo de Administración.

El negocio energético es el refugio favorito de los políticos españoles. Como vimos en el capítulo dedicado a las puertas giratorias, nada menos que dos expresidentes del Gobierno y dos exministros de Economía, entre otros muchos cargos, trabajan para las grandes empresas del sector. Hasta medio centenar de excargos públicos y familiares directos figuran entre los administradores de compañías como Endesa, Iberdrola o Gas Natural Fenosa. Las compañías son cuidadosas a la hora de elegir y reparten cargos en el Partido Popular y en el PSOE. Suelen dar a los políticos puestos cómodos, en los que no haya que trabajar mucho y que proporcionen una retribución cuantiosa.

Llama la atención lo rápido que Elena Salgado, última ministra de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero, utilizó la puerta giratoria tras abandonar su despacho en la sede del ministerio, un rascacielos ubicado en la plaza de Cuzco de Madrid. Como la ley prohíbe a un alto cargo cobrar de una empresa privada hasta que no se cumplan dos años de su cese —tiempo durante el cual cobran aproximadamente el 80 por ciento de su salario público—, sí puede hacerlo de una compañía que no tenga actividad en España. Eso hace que su presencia en el Consejo de Administración de Chilectra, filial de Endesa, sea legal aunque no necesariamente ética.

Pedro Solbes, su antecesor en el cargo, es consejero de Enel, la empresa italiana propietaria de Endesa. Solbes cobró 132 000 euros en 2012, su primer año completo como miembro del consejo, de los que 85 000 correspondieron a su retribución fija y 47 000 a su condición de miembro de varias comisiones. El consejero delegado de la compañía, Fulvio Conti, gana la friolera de 4,28 millones de euros anuales.

Ángel Acebes, exministro de Justicia y de Interior y exsecretario general del Partido Popular, es consejero de Iberdrola, por lo que cobró 216 000 euros en 2013. Josep Borrell, ministro de Industria y de Hacienda con Felipe González, pertenece al principal órgano de gobierno de Abengoa, con un sueldo de 300 000 euros al año. Miriam González, esposa de Nick Clegg, viceprimer ministro británico, fue consejera de Acciona, la empresa constructora y de energías renovables de la familia Entrecanales, entre 2010 y 2014.

Quizás el hombre más poderoso del sector sea actualmente Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. Su retribución es de escándalo: 7,4 millones de euros cobró en 2013. En un intento de redibujar el mapa empresarial, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también empujó a Florentino Pérez a entrar en Iberdrola para hacerse con el control de la empresa, pero el constructor madrileño acabó perdiendo la batalla con Sánchez Galán. Iberdrola, que mantiene su sede en Bilbao, es hoy una de las grandes empresas eléctricas de Europa y tiene intereses en Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, entre otros países.

Iberdrola ocupa ahora el puesto de primera eléctrica de España que en su día tuvo Endesa, hoy en manos italianas. Fundada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria (INI), Endesa fue una empresa cien por cien pública durante casi medio siglo. La privatización comenzó a finales de los años ochenta del siglo XX, con el PSOE en el Gobierno, coincidiendo con el comienzo de su expansión internacional, principalmente en Latinoamérica. El proceso culminó en 2009 con la venta del 92 por ciento del capital a la empresa italiana Enel, tras un rocambolesco tira y afloja en el que intervinieron los partidos políticos, la eléctrica alemana E.ON y las españolas Gas Natural y Acciona.

Merece la pena que nos detengamos en este episodio, pues ilustra bien la mezcla de intereses públicos, privados y partidistas que caracteriza al mundo de los negocios en España. Con el apoyo del gobierno del PSOE, Gas Natural lanzó en 2005 una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Endesa. El PP, en la oposición, acusó al Gobierno de querer beneficiar a La Caixa, principal accionista de Gas Natural, por haber perdonado una deuda de 6 millones de euros al Partit dels Socialistas de Catalunya (PSC). Los partidarios de Gas Natural esgrimieron el argumento de que el PP se oponía a la operación por ser esta una empresa catalana. Endesa, presidida entonces por Manuel Pizarro, rechazó la oferta de la compañía gasista.

Apareció entonces lo que en la jerga de los negocios se conoce como un «caballero blanco». La alemana E.ON presentó su propia oferta por Endesa, mejorando el precio ofrecido por Gas Natural. La iniciativa de E.ON tuvo sus partidarios entre la derecha española, que preferían que Endesa acabara en manos alemanas antes que bajo el control de una empresa catalana. «Antes alemana que catalana», se dijo. La Comisión Nacional de la Energía, encargada de supervisar el buen funcionamiento del mercado, impuso durísimas condiciones a la OPA de E.ON. Ello suscitó la apertura de un proceso de infracción contra España por parte de la Comisión Europea, que llegó a acusar al gobierno de Rodríguez Zapatero de obstaculizar una operación entre empresas privadas. El Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión, mientras que el Tribunal Supremo español decretaba que una venta de Endesa a Gas Natural dañaría la libre competencia. El camino parecía quedar despejado para E.ON.

Sin embargo, la entrada en escena de dos nuevos actores desbarató los planes de la eléctrica alemana. Acciona, la compañía de la familia Entrecanales, con el apoyo del Banco Santander, compró por sorpresa el 10 por ciento de Endesa. La italiana Enel adquirió entonces otro paquete del 10 por ciento y anunció su intención de hacerse con un 7 por ciento adicional. Acciona y Enel firmaron un pacto para lanzar conjuntamente su propia OPA sobre Endesa y E.ON no tuvo más opción que retirarse de la puja. La OPA de Acciona y Enel fue aprobada por los accionistas de Endesa en octubre de 2007 y ambas compañías se hicieron con el 92 por ciento del capital de la eléctrica española. José Manuel Entrecanales, de Acciona, se convirtió entonces en presidente de la compañía. Dos años más tarde Acciona vendió a Enel su 25 por ciento en Endesa a cambio de todos sus activos renovables y 8000 millones de euros. La empresa italiana se quedaba como dueña y señora. De este modo, la que un día fue la gran empresa eléctrica española, de propiedad pública, acabó en manos de una compañía extranjera que, además, es propiedad en un 30 por ciento del Estado italiano.

No acabó ahí el proceso de vaciamiento o desguace de Endesa. En octubre de 2014 la compañía decidió ceder sus valiosos activos latinoamericanos a Enel, su empresa matriz, y repartir entre sus accionistas dos dividendos sucesivos por valor de 14 606 millones de euros. Hay que recordar que Endesa se expandió por América Latina beneficiándose de cuantiosos créditos fiscales concedidos por el Gobierno español, un dinero que el Estado aún no ha recuperado. Al ser el principal accionista de Endesa, es Enel la que más se benefició del reparto de dividendos. Pero aún hay más. Estaba previsto que a finales de 2014 Enel colocara mediante una oferta pública de venta (OPV) un 22 por ciento del capital de Endesa, lo que le permitirá ganar, al precio de las acciones en octubre de 2014, unos 6700 millones de euros. Con esa operación y con el reparto de dividendos, Enel prácticamente recuperaría los 28 732 millones de euros que pagó por el 67 por ciento de Endesa en la OPA conjunta con Acciona. Negocio redondo donde los haya. Según cálculos de eldiario.es, desde 2008 hasta junio de 2014 los sucesivos miembros del Consejo de Administración de Endesa se han repartido 77,7 millones de euros, y sus altos directivos, 143,8 millones, incluyendo millonarias indemnizaciones en los años 2008 y 2009.

El elegido por Enel para presidir Endesa tras la salida de Acciona es Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, diplomático, senador y administrador del dinero del rey Juan Carlos. Prado, nacido en Madrid en 1956, está muy bien relacionado en el establishment. Ha sido, entre otras cosas, vicepresidente de UBS España, consejero de Rothschild España y vicepresidente de Lazard. Se le considera muy cercano a Florentino Pérez. Además de Endesa, Prado es consejero de Mediaset España y preside la filial española del banco italiano Mediobanca. Su trabajo en este último ha despertado enormes suspicacias por un posible conflicto de intereses. Mediobanca es el banco asesor principal de ACS, la constructora de Florentino Pérez, que es a su vez accionista de Iberdrola, una empresa competidora de Endesa.

A finales de 2014 había indicios de que la Justicia comenzaba a tomar cartas en los abusos cometidos por las grandes empresas eléctricas en connivencia con el gobierno. Según informaba El País, la Fiscalía Anticorrupción había comenzado a tomar declaración a responsables políticos del sector entre 2007 y 2010, con el gobierno del PSOE, para aclarar si este perdonó a las eléctricas una deuda de entre 2500 y 3500 millones de euros. La Fiscalía quería saber por qué nunca se reclamó a las empresas que devolvieran lo cobrado de más por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC) —una compensación a las eléctricas por inversiones hechas en el pasado—, pese a que un informe de la Abogacía del Estado de marzo de 2008 así lo estipulaba.

Capítulo 8. Los lobbies. La alargada sombra de la aristocracia empresarial

Capítulo 8

LOS LOBBIES. LA ALARGADA SOMBRA

DE LA ARISTOCRACIA EMPRESARIAL

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desempeñó un papel clave durante la Transición. Junto al Gobierno y los sindicatos, la organización patronal ayudó a trazar las líneas maestras de la política económica de los años ochenta y noventa del siglo pasado, especialmente en materia laboral. Bajo el liderazgo de Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas, sus dos dirigentes históricos, la CEOE contribuyó a imponer lo que se vino en llamar la paz social; es decir, un ambiente sin excesiva conflictividad laboral que permitiera al país consolidar la democracia, modernizar su economía e integrarse en la Unión Europea.

En los últimos años el descrédito de sus dirigentes ha llevado a la organización a perder buena parte de su influencia y prestigio. La CEOE tiene a quien fuera su máximo líder durante ocho años, Gerardo Díaz Ferrán, cumpliendo condena por el hundimiento de una de sus empresas, Viajes Marsans, y por fraude a Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas. Su número dos en la CEOE y presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Terciado, está imputado en un juzgado de Madrid por facturar a la organización a través de sus empresas en lugar de cobrar un sueldo normal y corriente.

Otro de los colaboradores más cercanos a Gerardo Díaz Ferrán, su cuñado Arturo Fernández, tuvo que dejar el cargo en la CEOE por su implicación en el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Fernández, dueño del grupo de restauración Arturo Cantoblanco y máximo dirigente de la patronal madrileña, CEIM, es un apasionado partidario del libre mercado, pero ha vivido siempre de las concesiones públicas obtenidas con la ayuda de sus amigos políticos, entre los que destaca la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. Con el desparpajo que le caracteriza, Fernández confesó que mientras fue consejero de Caja Madrid ni siquiera leía los informes sobre la gestión de la entidad. Buena parte de los 37 000 euros que el empresario se gastó con su tarjeta black se destinaron a pagar comidas y cenas en sus propios restaurantes.

Arturo Fernández ha gestionado durante muchos años los restaurantes del Congreso, de la Asamblea de Madrid, del recinto ferial de la capital, del Club de Campo, de Caixa Forum y de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En febrero de 2013 se descubrió que pagaba casi la mitad de las nóminas de sus empleados en dinero negro. Año y medio más tarde el grupo Arturo Cantoblanco anunció que había entrado en preconcurso de acreedores, paso previo a la suspensión de pagos, para poder negociar su deuda. Fernández había vendido poco antes el 51 por ciento de la sociedad a la firma Real Investment Holding, aunque conservando el control de la compañía. En verano de 2013 la Mesa del Congreso de los Diputados canceló la concesión al grupo, que gestionaba la cafetería y el restaurante desde la década de 1990. El bar del Congreso fue precisamente el centro de un escándalo tras conocerse los precios de que disfrutaban sus señorías, que podían beberse un gin-tonic de ginebra nacional por 3,45 euros o tomarse un café por 85 céntimos.

A Fernández le gusta presentarse como heredero de un negocio que fundó su abuelo a finales del siglo XIX y como un emprendedor que comenzó a trabajar a los diecisiete años. Desde hace veinte es el hombre fuerte de los empresarios madrileños como presidente indiscutido de su patronal. En marzo de 2014 fue reelegido para otros cuatro años como presidente de la CEIM en unas elecciones en las que, por primera vez desde que accedió al puesto, tuvo un rival en las urnas. Durante varios años su número dos en la patronal madrileña fue Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Cavero presentó su dimisión poco antes de las elecciones de la patronal madrileña «para no ser obstáculo ni excusa» en el proceso. La vicepresidenta ejecutiva de CEIM estaba entonces imputada por blanqueo de capitales por la adquisición de un ático junto a su marido en una lujosa urbanización de la Costa del Sol, un asunto aún pendiente de resolución en los tribunales. En diciembre de 2014, acosado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid y salpicado por el escándalo del «pequeño Nicolás», con el que al parecer tuvo una estrecha relación, Fernández anunció su salida de la CEIM.

Este es el tipo de personas que ha representado a los empresarios españoles durante los últimos años: oportunistas que aprovecharon sus cargos y los contactos políticos que estos les facilitaban para hacer negocios privados y que, además, demostraron una falta absoluta de ética a la hora de dirigir sus empresas. Como tantas instituciones españolas, la CEOE tiene por delante un duro trabajo de regeneración si quiere recuperar la relevancia y la credibilidad perdidas.

El descrédito de la CEOE ha llevado a que su función de lobby sea asumida desde que comenzó la crisis por el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), compuesto por los máximos dirigentes de las quince mayores empresas españolas y tres miembros del Instituto de la Empresa Familiar. El CEC es la auténtica aristocracia del empresariado español, un selecto grupo que representa a la tercera parte del PIB español. Sus integrantes eran, a 1 de noviembre de 2014: César Alierta (Telefónica), Isak Andic (Mango), Ana Botín (Banco Santander), Antonio Brufau (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona), Isidro Fainé (Caixabank), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Francisco González (BBVA), Antonio Huertas (Mapfre), Pablo Isla (Inditex), José Manuel Lara (Grupo Planeta), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán. El Instituto de Empresa familiar estaba representado por Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Javier Moll (Editorial Prensa Ibérica) y Leopoldo Rodés (Havas Media Group).

El CEC se define a sí mismo como un think tank dispuesto a contribuir a la recuperación económica de España y fortalecer la imagen del país en el extranjero. Sus integrantes han visitado varias veces el palacio de La Moncloa y se han fotografiado paseando plácidamente por sus jardines con el presidente del Gobierno, dando una imagen de confraternidad. En sus declaraciones a la prensa, los directivos del Consejo han mostrado siempre su sintonía con las medidas económicas del gobierno del PP, incluyendo las reformas del mercado laboral y del sistema tributario.

Como si se tratara de funcionarios encargados de promocionar la «marca España», varios miembros del CEC han viajado por las principales capitales financieras del mundo vendiendo las bondades de la política del gobierno de Mariano Rajoy y presentando un informe titulado «España, país de oportunidades». En un discurso pronunciado en Nueva York ante representantes del mundo empresarial y financiero, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró que España estaba empezando a recuperarse y que el Gobierno continuaría haciendo reformas. La economía española, dijo Sánchez Galán con un lenguaje más propio de un político que de un empresario, «ya no está dirigida por la construcción, sino por la innovación y las nuevas tecnologías». Ya nos gustaría.

En iniciativas como la del CEC se confunden los intereses privados con los públicos. En una economía de mercado como la española, en la que se supone que el poder ejecutivo no interviene en la gestión de las empresas ni estas en las decisiones del Gobierno, resulta cuando menos extraña la complicidad con que actúan el Gobierno y el CEC. En Nueva York Sánchez Galán tuvo que responder a preguntas sobre las negociaciones entre las empresas eléctricas españolas y el Gobierno a cuenta del espinoso asunto del déficit de tarifa, un dinero con que el Estado compensa a las empresas por un supuesto exceso de costes y que el contribuyente español paga religiosamente en su factura de la luz. En un mismo acto el presidente de una empresa eléctrica elogió las reformas económicas de un gobierno con el que está negociando una cuestión que puede costarle a su empresa varios miles de millones de euros. Con su presencia en Nueva York y otras plazas financieras para testimoniar la supuesta recuperación económica de España, Sánchez Galán le estaba haciendo un favor al Gobierno. Y en el mundo de los negocios nada es gratis.

La colaboración entre grandes empresas y el Gobierno quizás tuvo sentido en el pasado, cuando las compañías eran cien por cien de capital español y lo que era bueno para ellas era bueno para España. Pero hoy en día la mayoría de las empresas integradas en el CEC son grandes multinacionales con inversiones en muchos países y con un capital repartido entre inversores de todo el mundo. Los intereses de Iberdrola no son los intereses de los españoles. Y si no, fijémonos en lo que ha ocurrido con otra empresa eléctrica, Endesa, que fue propiedad del Estado español hasta los años noventa del siglo pasado y que ha acabado en manos de la italiana Enel en un proceso de todo menos transparente.

El propio rey Juan Carlos ha viajado en numerosas ocasiones a países del golfo Pérsico acompañado de una corte de empresarios en busca de suculentos contratos. En ocasiones, como en el caso del AVE entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí, los ha conseguido. Los negocios del rey siempre han estado rodeados de misterio. Se ha rumoreado siempre que cobraba comisiones por los contratos que ayudaba a negociar, pero nunca se ha demostrado y probablemente nunca sabremos si fue así. Durante años estuvo en vigor un pacto de silencio por el que los medios de comunicación se comprometían a no publicar informaciones delicadas sobre las actividades del rey en el terreno económico y personal. El caso Urdangarin, el viaje de caza a Botswana y sus relaciones con la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein destaparon finalmente el velo.

La fortuna de Juan Carlos de Borbón ha estado siempre rodeada de un manto de silencio por parte de los medios de comunicación. Tuvo que ser The New York Times el que hiciera por primera vez un cálculo del dinero amasado por el monarca en sus labores de «diplomático de los negocios». El periódico estadounidense recordaba que Juan Carlos llegó al trono «con prácticamente nada» y que poco a poco se labró una fortuna. «Al rey se le valora mucho en los círculos empresariales por actuar como intermediario y como embajador económico para su nación, pero la forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto», agregaba el rotativo, que estimaba la riqueza de la familia real española en 1790 millones de euros.

El gobierno de Mariano Rajoy ha echado una mano a las empresas en varias ocasiones. Intervino, por ejemplo, en las negociaciones para firmar la paz con Argentina tras la expropiación de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a viajar junto a varios ejecutivos de la empresa española para entrevistarse con el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. Como parte de la comitiva viajaba Isidro Fainé, presidente de Caixabank, máximo accionista de Repsol. La ministra de Fomento, Ana Pastor, viajó a Panamá para resolver las discrepancias del gobierno panameño con la constructora española Sacyr a cuenta del retraso en las obras de ampliación del canal.

Los sucesivos gobiernos han optado por fortalecer a los llamados campeones nacionales en varios sectores estratégicos, como las telecomunicaciones y la energía. Para ello han tenido que adentrarse en un terreno supuestamente reservado a las propias empresas, como cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy bloqueó el intento del gigante estadounidense AT&T de comprar Telefónica en 2013.

Otro lobby formado recientemente es el llamado Foro Puente Aéreo, supuestamente para abrir una vía de diálogo entre Madrid y Barcelona. En febrero de 2014 se reunieron en una cena con el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, hoy rey. Entre los presentes estaba el quién es quién de los negocios en España. A la cena asistieron: Carlos Godó, consejero delegado del Grupo Godó; Salvador Alemany (Abertis); Jaime Castellanos (Willis Iberia); Luis Conde (Seelinger y Conde); Emilio Cuatrecasas (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira); Luis de Carlos (Uría Menéndez); José Manuel Entrecanales (Acciona); Ignacio Garralda (Mutua Madrileña); Joaquim Gay de Montellà (Foment del Treball); Enrique Lacalle (BMP y SIL); José Manuel Lara Bosch (Grupo Planeta); Javier Monzón (Indra); Juan María Nin (Caixabank); Josep Oliu (Banc Sabadell); Alberto Palatchi (Pronovias); Marc Puig (Puig); Rodrigo Rato; Juan Rosell (CEOE), Ángel Simón (Agbar); Manuel Torreblanca (Barceleuro); Antonio Vázquez (IAG); Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José María Xercavins (Tauro Real State).

Otro lobby con influencia creciente es el de las empresas de distribución, que, sin embargo, están divididas en dos organizaciones patronales enfrentadas: ANGED, liderada por Carrefour y El Corte Inglés, y ASEDAS, formada en torno a Mercadona y a la que se sumó DIA.

El Corte Inglés, primera empresa de España en número de empleados (95 000), es un lobby en sí mismo. Su ascendiente en las administraciones, ya sea nacional, regional o local, es enorme. Gracias a ello la compañía del triángulo verde ha logrado, por ejemplo, cambios en la normativa de horarios comerciales en varias comunidades autónomas, en contra de la opinión de los pequeños comerciantes.

Isidoro Álvarez, que estuvo al frente de El Corte Inglés durante un cuarto de siglo, dejó una larga lista de deberes a sus sucesores. Tras el fallecimiento de su presidente, la compañía estudia su posible salida a bolsa y la modernización de sus grandes almacenes, que han quedado algo anticuados. Pero quizás el reto más importante sea la salida al exterior, aplazada una y otra vez por la dirección de la compañía. El propio Álvarez manifestó poco antes de morir que el proceso se hará «en un tiempo razonable». Los directivos de la compañía ya están estudiando distintas posibilidades para saltar más allá de los Pirineos: grandes almacenes propios, compras, franquicias o alianzas con nuevos socios.

Además de sus excelentes conexiones políticas, El Corte Inglés ha gozado siempre de un trato exquisito en los medios de comunicación. Como uno de los primeros anunciantes de España, la empresa se asegura un buen tratamiento informativo en los periódicos, la radio y la televisión. Para algo se gastó en publicidad en 2013 casi 99 millones de euros, una cifra solo superada por la multinacional estadounidense Procter & Gamble, fabricante de Fairy, Tampax o Ariel.

El Corte Inglés ha recibido siempre un trato favorable de las autoridades, pero en ocasiones ha sufrido algún revés. En otoño de 2014 el Congreso de los Diputados se vio obligado a modificar el contrato para la prestación del servicio de agencias de viajes porque beneficiaba claramente a El Corte Inglés. El contrato estipulaba que la empresa prestataria del servicio debía tener oficinas en las estaciones del AVE y en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Además exigía conocer el funcionamiento de las Cortes, un requisito que solo cumplía El Corte Inglés porque era la empresa que tenía adjudicado el servicio. Una empresa competidora recurrió las bases del contrato y consiguió frenar su renovación.

El caso particular de las fundaciones

No son lobbies estrictamente, pero las fundaciones ligadas a los partidos políticos, como FAES o la Fundación Pablo Iglesias, ejercen en ocasiones labores de presión para defender intereses particulares y ayudar a que se aprueben determinadas leyes. Estas fundaciones están generosamente subvencionadas por el Estado y en ellas a menudo encuentran acomodo dirigentes políticos en el tramo final de sus carreras.

La Fundación para el Análisis y el Desarrollo (FAES), laboratorio ideológico del Partido Popular, recibió en 2014 más de la mitad de los 1,5 millones de euros destinados por el Gobierno a apoyar económicamente a organismos dependientes de partidos políticos. Concretamente, FAES percibió 758 081 euros en subvenciones, comparados con los 405 000 de la Fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE. Ambas son las que más cantidad reciben.

Según la revista mensual La Marea, FAES recibió entre 2003 y 2013 más de 31 millones de euros en subvenciones. Entre otras cuestiones, FAES ha propuesto la reducción del salario mínimo interprofesional y se muestra siempre beligerante con las subvenciones a sindicatos y partidos. Dos de los miembros de su Patronato, los más críticos con las subvenciones que reciben otros, son Esperanza Aguirre y Pedro Schwartz.

Europa de los Ciudadanos, vinculada a Izquierda Unida, cobró 94 412 euros, mientras que la fundación Catdem, de Convergència Democràtica de Catalunya, recibió 53 145 euros. Entre los organismos beneficiarios también figuran la Fundación Sabino Arana, del PNV; el Institut d’Estudis Humanistics Miquel Coll i Alento, de UDC; la Fundación Galiza Sempre, del BNG, o la Fundación Rafael Campalans, del PSC. UPyD es el único partido que no recibe ayudas, por oponerse a los mecanismos de financiación de las fundaciones.

Poner orden en los grupos de presión

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra «lobby» como «grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses». A diferencia de Bruselas y, sobre todo, de Estados Unidos, España tiene muy poco regulado el funcionamiento de estos grupos de presión.

Un informe publicado en 2014 por la organización Transparencia Internacional pone de manifiesto que en España muchas decisiones que afectan a todos los ciudadanos se toman envueltas en secreto. Debido a la insuficiencia de controles en la materia, señala el informe, es casi imposible para el público conocer quién busca influenciar a quién, por qué medios y con qué resultados. Entre los ciudadanos está muy arraigada la idea de que el dinero compra influencia en la política, y también la sensación de que negocios y corrupción van de la mano. Según el Eurobarómetro de 2013, el 77 por ciento de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios, mientras que el 67 por ciento considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas. Lo grave es que estas percepciones son aún más fuertes entre las empresas: un 91 por ciento de ellas ve excesivos vínculos entre dinero y política. Los empresarios sostienen que prácticas como favorecer a amigos o familiares, el nepotismo, el clientelismo y la financiación opaca de los partidos políticos son prácticas muy extendidas. En este ambiente se hace difícil el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la legislación laboral por parte de las empresas y los ciudadanos.

Transparencia Internacional subraya que la falta de definición y regulación de los lobbies hace que con frecuencia se confunda la actuación de estos grupos con el tráfico de influencias. «Mientras que el lobby presupone un cierto equilibrio en el campo de juego, el tráfico de influencias, todo lo contrario: consiste en un abuso de posición del que se sacan beneficios», sostiene la organización no gubernamental. La administración española y muchas empresas, en efecto, parecen moverse más cómodas en ese ambiente pantanoso.

El gobierno de Mariano Rajoy prometió en 2013 presentar una regulación de los lobbies, aunque limitada a proponer un registro en el Congreso de los Diputados. En 2014 el Grupo Popular y el de Convergència i Unió pactaron una resolución en ese sentido, pero al menos hasta finales de 2014 no había habido novedades al respecto. El acuerdo recibió el apoyo del Foro para la Transparencia y de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los lobbistas profesionales en España. De todos modos, como subraya Transparencia Internacional, la actividad de los lobbies españoles no se dirige tanto a los parlamentarios como a los partidos políticos. Con listas electorales cerradas y los parlamentarios sometidos a la disciplina de voto, son las cúpulas de los partidos quienes toman las decisiones sobre la dirección a seguir en materia legislativa. Y con un partido con mayoría absoluta en el Parlamento, el trabajo de presión se limita casi exclusivamente a sus dirigentes. Así, con menos trámites y con casi total opacidad, es mucho más fácil tomar decisiones.

Transparencia Internacional recomienda acotar, vigilar y controlar el trasvase de políticos hacia la empresa privada y viceversa (las puertas giratorias, de las que ya hablamos). La organización también se muestra partidaria de prohibir que los partidos políticos se financien vía donaciones y de que los bancos les condonen deuda. Transparencia Internacional considera que la figura del lobby, entendida como grupo de presión en favor de determinados intereses, es positiva para el funcionamiento de la democracia si se desarrolla con transparencia e integridad. La falta de regulación eleva el riesgo de que los lobbies caigan en prácticas inadecuadas como el tráfico de influencias o los sobornos.

En Bruselas la Comisión Europea parece satisfecha con el funcionamiento del registro de lobbies inaugurado en 2012. A finales de 2004 había apuntados en la lista más de 6000 organismos, de los que 360 eran españoles, entre los que figuran las grandes empresas de sectores regulados (energía, telecomunicaciones, infraestructuras…) y agrupaciones profesionales de todo tipo. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos lobbies funcionan en la capital comunitaria, pero los distintos cálculos indican que existen entre 15 000 y 30 000.

El sector está profesionalizándose poco a poco en España y cada vez afloran más organizaciones y profesionales dedicados a ello. En las grandes empresas y en las organizaciones no gubernamentales los encargados de hacer lobby suelen encuadrarse en los departamentos de relaciones institucionales o relaciones públicas.

En Estados Unidos, solo en la capital, Washington, hay registrados 30 000 lobbies, cuyos profesionales tratan de influir en las distintas instituciones políticas. Además de estar contemplada en la Constitución, su actividad está regulada al detalle para evitar abusos y garantizar la máxima transparencia. La ley les obliga a hacer públicas sus cuentas dos veces al año. El Congreso también debe informar al detalle de sus tratos con lobbistas. A raíz del escándalo protagonizado por Jack Abramoff, un lobbista que sobornó a varios congresistas, el Parlamento aprobó la Ley de Transparencia y Responsabilidad, que regula el pase a los lobbies de diputados y senadores tras finalizar sus mandatos.

Capítulo 9. Los señores del ladrillo. La burbuja y sus responsables

Capítulo 9

LOS SEÑORES DEL LADRILLO.

LA BURBUJA Y SUS RESPONSABLES

Una de las últimas y mejores interpretaciones de la carrera del actor José Sancho fue la del empresario Rubén Bertomeu en la serie de televisión Crematorio, basada en la novela homónima de Rafael Chirbes. El intérprete valenciano, fallecido en 2013, retrató magistralmente a un constructor codicioso, despiadado y corrupto, símbolo de los frenéticos años del boom de la construcción en España.

Como en la serie, los casos de enriquecimiento más rápidos de las últimas décadas se han dado en la construcción y en el sector inmobiliario. La facilidad de acceso al crédito, la laxitud a la hora de otorgar las recalificaciones de terrenos por parte de los ayuntamientos, con frecuencia a cambio de sobornos, y el aumento de la demanda de vivienda ayudaron a muchos a convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana. Algunos, los que tardaron más en darse cuenta que la fiesta se acababa, se han arruinado; otros siguen disfrutando de su dinero y de su influencia, a la espera de un nuevo periodo de vacas gordas.

Hubo un momento en que más de media docena de empresarios españoles relacionados con el ladrillo figuraban en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Además de las hermanas Koplowitz, Rafael del Pino y José Manuel Entrecanales, herederos de sendos imperios familiares, se sumaron al selecto grupo de reyes del ladrillo personajes como Luis Portillo, Enrique Bañuelos, Fernando Martín, Manuel Jove, Bautista Soler, Joaquín Rivero, José Manuel Loureda, Manuel Manrique y Florentino Pérez.

A comienzos de este siglo, en España se construían 800 000 viviendas anuales, más que en Alemania, Francia e Italia juntas. Los bancos prestaron en aquella época a los promotores y constructores 300 000 millones de euros, una cifra equivalente al 30 por ciento del PIB. En el año 2013 se iniciaron en España únicamente 33 900 viviendas, el nivel más bajo desde que se recogen estas cifras. El boom inmobiliario corrió paralelo a la fiebre de obras públicas alimentada por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que dilapidaron decenas de miles de millones de euros de dinero del contribuyente.

Muy dependientes de sus buenas relaciones con el poder político, las empresas constructoras e inmobiliarias son, junto a los bancos, las grandes causantes de la crisis española. Contribuyeron a crear la burbuja inmobiliaria y de infraestructuras públicas innecesarias —autopistas, aeropuertos, museos…— cuya factura tendrán que pagar los ciudadanos. La concesión de obra pública, de la que depende la cuenta de resultados de las empresas constructoras, está en el epicentro de buena parte de los innumerables casos de corrupción que vemos a diario en las páginas de los diarios y en los informativos de radio y televisión. La confluencia de intereses entre constructores y políticos fue un factor determinante a la hora de inflar la burbuja inmobiliaria que tan cara nos está costando. Deseosos de asegurarse la reelección, alcaldes y presidentes de comunidades autónomas no dudaron a la hora de apoyar con dinero público proyectos faraónicos que engordaron las cuentas corrientes de unos pocos a costa del dinero de todos.

Varias de las mayores constructoras de España están detrás de uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, el caso Bárcenas, que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular. Según reveló el propio extesorero de la formación política gobernante, las constructoras FCC, OHL y Sacyr Vallehermoso dieron dinero al PP de manera opaca a la hacienda pública, pues la ley prohíbe las donaciones a partidos por parte de empresas que son contratistas de la administración. Los apuntes manuscritos del tesorero del PP reflejan presuntos pagos ilícitos efectuados por los máximos responsables de esas tres compañías: José Mayor Oreja (FCC), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Luis del Rivero (Sacyr). Los tres están imputados en el caso por el juez Ruz junto a directivos de constructoras más pequeñas.

Las tres compañías hicieron esos pagos en pleno boom del ladrillo, una época en la que se firmaban uno detrás de otro contratos millonarios de obras públicas. De aquellos años de principios de siglo datan la construcción de la T-4 del aeropuerto de Barajas, varias líneas nuevas del AVE y las autopistas radiales de Madrid, además del soterramiento de la M-30, también en la capital, solo por citar algunas. Todas las grandes constructoras implicadas en el caso Bárcenas participaron en esos proyectos. Los donantes que aparecen en la supuesta contabilidad B del tesorero del PP recibieron más de 12 000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Entre las constructoras que aparecen en los apuntes contables de Bárcenas hay otras empresas del sector, como Bruesa, Constructora Hispánica, Ploder, Romero Polo, Rubau y Sando.

De confirmarse la veracidad de los papeles de Bárcenas, el PP habría replicado a gran escala lo visto en cientos de ayuntamientos a lo largo y ancho de España: las empresas sobornan a los responsables municipales a cambio de recalificaciones de terrenos o de contratos de obras y prestación de servicios como la recogida de basura o la jardinería. El dinero va directamente al bolsillo de los concejales o sirve para financiar actividades del partido, especialmente campañas electorales. En el caso del PP, la Justicia sospecha que parte del dinero recibido se utilizó para comprar acciones de Libertad Digital, la empresa de comunicación dirigida por Federico Jiménez Losantos, uno de los principales altavoces de la teoría de la conspiración en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, defendida entonces por el propio Partido Popular.

Muchos de los políticos implicados en casos de corrupción se aferran a sus puestos a pesar de ser imputados por la Justicia. Incluso muchos de ellos son reelegidos en sus puestos por un electorado adormecido y tolerante con la corrupción, lo que abona el terreno para continuar con las mismas prácticas.

La falta de transparencia en la concesión de obras alimenta la máquina de la corrupción. A menudo los políticos de turno otorgan concesiones a empresas sin dar explicaciones. Si la ley les obliga a convocar un concurso público por superar determinada cantidad, el contrato se trocea en partes más pequeñas para poder otorgarlo a dedo. Así lo hizo el gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para beneficiar a empresas de la trama Gürtel, otro de los grandes escándalos que acechan al Partido Popular.

En el Ayuntamiento de Madrid es público y notorio desde hace muchos años que hay que pagar, en efectivo o con regalos, la agilización de las licencias de obras. En las pujas por una concesión hay funcionarios que saben por qué cantidad se va a adjudicar el contrato y dan el chivatazo a la empresa correspondiente para que esta pueda presentar una oferta lo más ajustada posible, e inferior a la de sus competidores, y llevarse el gato al agua. Con frecuencia los contratos se dividen para repartirlos entre varias empresas y así quedan todos contentos; menos el contribuyente, claro, que acaba pagando un sobrecoste. En algunas ocasiones la concesión está dada de antemano. En esos casos la administración y las empresas se ponen de acuerdo para inventarse ofertas falsas y dar la impresión de que hay auténtica competencia en la puja. También es frecuente que ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios hagan obras con el único fin de gastar el presupuesto asignado a determinado departamento, sean o no necesarias. Lo más triste es que estos ejemplos no son excepciones, son la norma. Así es, nos guste o no, cómo funciona la cosa.

Decía Javier Pradera en su libro Corrupción y política. Los costes de la democracia que las luces rojas del sistema se encienden cuando coinciden en el aparato del Estado una burocracia partidista y una falta de ejemplaridad en los políticos en cuestiones éticas. La recalificación de terrenos y la concesión de las licencias de obras son el escenario más habitual de la corrupción. Decenas de alcaldes o concejales de urbanismo están en la cárcel por haber recibido sobornos. Mientras sean los ayuntamientos los que decidan sobre el uso del suelo, los expertos creen que esto seguirá ocurriendo.

Obras que no sirven de nada

En muchas ocasiones, como veremos en el caso de las autopistas radiales de Madrid, las obras no sirven de nada ni satisfacen una necesidad de la sociedad. Sencillamente se hacen para pagar con dinero público millones de euros a unas empresas que luego premian generosamente a los partidos con sus donaciones en dinero negro. Así de claro y así de triste.

De sobra conocidos son los casos de los aeropuertos de Castellón y Castilla-La Mancha, donde no despegan ni aterrizan aviones; la Ciudad de la Cultura de Santiago, con enormes espacios inutilizados, la Caja Mágica de Madrid, que únicamente alberga un torneo de tenis al año; o las citadas autopistas radiales de Madrid.

Estas son las carreteras que el gobierno de José María Aznar presentó como una prueba de que España entraba por fin en la modernidad. Ahora van a ser rescatadas con dinero público. Estamos nuevamente ante un caso típico de socialización de las pérdidas. ¿Por qué tiene el Gobierno que salvar las autopistas más modernas de España? Sencillamente porque las utiliza muy poca gente. En algunas de ellas el tráfico apenas ha superado la cuarta parte de lo que calcularon las autoridades y las empresas antes de ponerse a construirlas. Algunos expertos sostienen que la metodología utilizada para calcular la intensidad del tráfico no fue tan rigurosa como debería haber sido y que las adjudicaciones se hicieron de manera precipitada. Además hubo que pagar un enorme sobrecoste por los terrenos expropiados.

Nueve autopistas construidas en los primeros años del siglo se declararon en suspensión de pagos al no poder pagar sus deudas. Para solucionar el entuerto, el Gobierno negoció a tres bandas con los bancos acreedores y las empresas constructoras y concesionarias.

El agujero asciende a 4800 millones de euros. El contribuyente va a acabar pagando una buena parte de la cuenta. Si se cumplen los planes del ejecutivo, será por lo menos la mitad de esa cifra.

Otra práctica muy arraigada son los sobrecostes en las obras públicas. Una obra se licita por un precio, habitualmente muy bajo, y acaba costando el doble o el triple por diversos motivos. Según cálculos del diario El País, el Ministerio de Fomento pagó entre 2008 y 2013 más de 10 000 millones en sobrecostes por la construcción de vías férreas, principalmente del AVE, y carreteras. El AVE Madrid-Barcelona, por ejemplo, salió a concurso por 7550 millones de euros y se adjudicó por 6822 (un 9 por ciento menos), pero acabó costando 8996 millones (un 31 por ciento más).

El soterramiento de parte de la autovía de circunvalación M-30 de Madrid iba a costar 1700 millones de euros, según el presupuesto elaborado en 2004. La cantidad destinada al proyecto estrella del entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzó pronto a aumentar y un año después el contrato se adjudicó a ACS y Ferrovial por 2500 millones de euros. Al final la obra terminó costando entre 5000 y 8000 millones de euros, según la fuente y según el método de cálculo. Los madrileños tardarán décadas en pagarlo.

La inversión en obras públicas por parte del Estado ha disminuido como consecuencia de la crisis, pero las grandes constructoras españolas han conseguido eludir lo peor gracias a la diversificación de sus actividades y a su expansión internacional. Hoy se encuentran entre las más competitivas del mundo. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, servicios como la recogida de basuras, la limpieza, la gestión energética o el cuidado de jardines parecen haber recogido el testigo en la carrera por lograr contratos con las administraciones, y a ella se han sumado las empresas constructoras. Estas han sabido encontrar nuevas vías de ingresos, pero siempre en torno a los contratos públicos, que es el ambiente en el que saben desenvolverse.

Pero retrocedamos a los orígenes del sector. Varios de los imperios de la construcción en España comenzaron a forjarse durante el franquismo y al frente de ellos siguen estando las familias que los fundaron, en algunos casos de tercera o cuarta generación. Es el caso de los Del Pino, los Entrecanales y las hermanas Koplowitz.

Esther y Alicia Koplowitz heredaron Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de su padre, Ernesto Koplowitz Sternberg, un empresario judío alemán que llegó a España en la década de los años treinta del siglo pasado huyendo de los nazis. Su madre era la aristócrata de origen cubano Esther Romero de Juseu y Armenteros, hija de la marquesa de Casa Peñalver.

Una vez establecido en España, Ernesto Koplowitz compró una pequeña empresa constructora que le sirvió de base para fundar Construcciones y Contratas (Cycsa). A su muerte, en un accidente de equitación en 1962, la compañía era una de las mayores constructoras españolas. Esther y Alicia entraron entonces en el Consejo de Administración de la empresa, que durante varios años estuvo presidida por Ramón Areces, fundador de El Corte Inglés y amigo de Ernesto Koplowitz.

Esther y Alicia se casaron con dos primos en un espacio de tan solo seis meses. Esther con Alberto Alcocer y Alicia con Alberto Cortina, hijo del ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri. Los Albertos, sobrenombre con el que se conocía a la pareja, desplazaron a sus esposas del Consejo de Administración y se hicieron rápidamente con los mandos de Cycsa. Su estilo de gestionar no gustó a Ramón Areces, que dejó la empresa en 1987 por discrepancias con los Albertos. Poco después, tras airear la prensa del corazón las aventuras extramatrimoniales de ambos, las hermanas Koplowitz decidieron divorciarse. Los Albertos tuvieron que salir de la empresa y recibieron el Banco Zaragozano, propiedad de Cycsa, como parte del acuerdo de divorcio. Las hermanas volvieron a tomar las riendas de la compañía fundada por su padre.

En 1992 nació FCC, fruto de la fusión de Cycsa con Fomento de Construcciones, otra empresa del grupo. Alicia Koplowitz decidió en 1998 salir de la empresa y dejarla en manos de su hermana, a quien vendió su paquete de acciones. A finales de 2014 Esther Koplowitz tenía el 50,1 por ciento de FCC y controlaba más de la mitad de los votos en el Consejo de Administración, pero su elevada deuda personal y las dificultades que atravesaba la compañía la obligaron a vender más de la mitad de su participación al magnate mexicano Carlos Slim, con lo que FCC quedó fuera del control de la familia Koplowitz más de medio siglo después de su fundación. Slim se convirtió en primer accionista al adquirir un 25 por ciento del capital por 650 millones de euros y llegó a un acuerdo con Esther Koplowitz para gobernar conjuntamente la empresa. Según el acuerdo alcanzado por ambas partes, cada uno de ellos tendrá cuatro representantes en el Consejo de Administración, que contará con otros tres miembros independientes. FCC tiene entre sus accionistas a los tres hombres más ricos del mundo. A principios de 2014 el fondo de inversión de Bill Gates y su esposa, Melinda, había adquirido el 6 por ciento del capital de la compañía, que tiene también como accionista al célebre inversor estadounidense Warren Buffett, número 3 en la lista de Forbes tras Gates y Slim.

Esther Koplowitz es muy aficionada al arte y posee una de las mejores colecciones privadas de España. En agosto de 2001 sufrió el robo de diecisiete cuadros en su casa de Madrid. Los ladrones, según las investigaciones de la policía, contaron con la ayuda de un empleado de la empresaria, que heredó de su madre, fallecida en 1968, los títulos de marquesa de Casa Peñalver, marquesa de Campo Florido y condesa de Peñalver. Estos dos últimos los cedió a sus hijas, Carmen y Alicia, respectivamente.

Tras vender a su hermana su participación en FCC, Alicia Koplowitz fundó Omega Capital para canalizar sus inversiones y se dedicó casi de lleno a la labor filantrópica. Es presidenta de la Fundación Vida y Esperanza, dedicada a la atención de niños procedentes de familias desestructuradas, personas mayores y discapacitados. La Fundación construyó el Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid, de referencia en Europa. En 2005 la rica heredera creó la fundación Alicia Koplowitz, que ella misma dirige, cuya labor se centra en la salud mental de niños y adolescentes.

FCC está ya en manos de la tercera generación de Koplowitz. Esther Alcocer Koplowitz, hija mayor de Esther y Alberto Alcocer, preside la compañía desde enero de 2013. Se ha preparado para ello desde muy joven. Es licenciada en Derecho y estudió dirección de empresas en el IESE. Su mano derecha en la empresa es Juan Béjar, que trabajó durante más de quince años para Ferrovial, una de sus principales competidoras.

Ferrovial, propiedad de la familia Del Pino, es otra de las grandes constructoras españolas. Fue fundada en 1952 por Rafael del Pino y Moreno, que durante mucho tiempo fue una de las personas más ricas del mundo. Famoso por su carácter fuerte, su austeridad en los negocios y su obsesión por la puntualidad, a Del Pino le gustaba supervisar personalmente las obras con el casco puesto. El patriarca familiar estuvo casado con Ana María Calvo-Sotelo, hermana de quien fuera presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo. Ferrovial, que comenzó suministrando material a Renfe, es hoy una empresa muy diversificada. Además de la construcción, sus ámbitos de actuación incluyen la gestión de autopistas y aeropuertos y los servicios urbanos.

En el año 2000, tras pilotar Ferrovial durante casi medio siglo, Del Pino cedió la presidencia a su hijo Rafael del Pino Calvo-Sotelo y creó la fundación que lleva su nombre, dedicada al intercambio de ideas sobre la economía de mercado. Su herencia se repartió entre cinco hijos. La familia Del Pino tiene hoy su fortuna distribuida en muy distintas inversiones. Son accionistas, entre otras empresas, del Banco Pastor, Acerinox, Ebro Foods e Indra.

Rafael del Pino Calvo-Sotelo también se preparó desde muy joven para pilotar Ferrovial. Es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y estudió un máster en gestión de empresas en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Antes de reemplazar a su padre en la presidencia de la compañía fue su consejero delegado durante ocho años. Es consejero de Zurich y pertenece al consejo asesor internacional de Blackstone, una de las mayores gestoras de fondos del mundo.

La tercera familia tradicional del mundo de la construcción española son los Entrecanales, máximos accionistas de Acciona. Su presidente actual es José Manuel Entrecanales Domecq, segundo de seis hermanos, que lidera una empresa muy diversificada en infraestructuras, transportes, energía y servicios. Acciona es hoy una de las mayores empresas mundiales de energías renovables.

Igual que Esther Alcocer Koplowitz o Rafael del Pino Calvo-Sotelo, el joven Entrecanales parece sobradamente preparado para dirigir una empresa como Acciona. José Manuel tiene una formación algo más intelectual, aunque sin salirse de la élite. Fue al colegio Estudio, de Madrid, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, y estudió Económicas en la Universidad Complutense.

Antes de integrarse en la empresa familiar, en 1991, trabajó en el banco de inversión estadounidense Merrill Lynch en Nueva York y Londres. En 2004 reemplazó a su padre en la presidencia de Acciona, tras haber presidido Airtel y Vodafone España (Acciona fue accionista de ambas durante una década). También presidió Endesa durante un breve periodo, como vimos en el capítulo dedicado a la energía, tras librar una dura batalla contra la alemana E.ON. De aquel episodio Acciona salió con todos los activos eólicos de Endesa en España. José Manuel Entrecanales es patrono de la Fundación Príncipe de Asturias, de la Fundación Príncipe de Girona y del Museo del Prado. Aficionado al golf, la vela y el polo, pasa los veranos en Sotogrande (Cádiz) uno de los lugares de veraneo favoritos de la alta sociedad.

El imperio que hoy dirige tiene su origen en una constructora fundada por su abuelo José, catedrático de Caminos, y su socio Manuel Tavora en 1931. Su padre, José María, y su tío Juan, fusionaron la compañía con Cubiertas y Mzov en 1996 y crearon Acciona.

Entre madridistas anda el juego

Otros dos grandes constructores, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir, están cortados por un patrón distinto. Ambos fueron políticos antes que empresarios. Ambos son también dos de los mayores gestores de concesiones públicas de España. Ambos han labrado sus fortunas gracias a su experiencia en la administración y a las buenas relaciones con las autoridades. Ambos son madrileños y muy madridistas (el primero es presidente del Real Madrid y el segundo fue vicepresidente del club).

El grupo Villar Mir, que agrupa a todas las empresas en las que el empresario tiene intereses, está activo en varios sectores, desde la metalurgia (Ferroatlántica) a la energía (Villar Mir Energía) pasando por los fertilizantes (Fertiberia) y, sobre todo, la construcción (OHL). Juan Miguel Villar Mir, marqués de Villar Mir, estudió en el Colegio del Pilar, de Madrid, como tantos miembros de la élite política y empresarial de la capital. Es abogado e ingeniero de caminos. Fue número uno de su promoción, completó estudios en Estados Unidos y más tarde fue catedrático en la Escuela de Caminos de Madrid.

En el año 1961 comenzó su carrera en la administración como subdirector general de Puertos y Señales Marítimas. Más tarde fue director general de Empleo y presidente del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. También presidió Altos Hornos de Vizcaya, entonces una de las principales empresas de España. Tras la muerte de Franco, durante ocho meses, fue vicepresidente para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el gobierno de Carlos Arias Navarro. De ahí pasó al sector privado. En 1987 compró, por una peseta, la constructora Obrascón a Altos Hornos de Vizcaya, la empresa que él había presidido a finales de los sesenta. Ese fue el embrión de la actual OHL, resultado de la fusión de Obrascón, Huarte y Laín. En 1995 aspiró a la presidencia del Real Madrid, pero acabó integrándose en la candidatura del ganador, Ramón Mendoza, como vicepresidente. Duró poco en el cargo. A los cinco meses presentó su dimisión por discrepancias en la gestión del club con el presidente. En 2006 intentó de nuevo hacerse con la presidencia, pero perdió frente a Ramón Calderón. Impugnó los resultados, pero la Justicia no le dio la razón.

En el Consejo de Administración de OHL se sientan tres de sus hijos: Juan, como vicepresidente, Álvaro y Silvia. Son los herederos de un imperio valorado en 1200 millones de euros. El consejero delegado de la compañía no es otro que Josep Piqué i Camps, quien fuera ministro de Industria y Asuntos Exteriores con José María Aznar.

Villar Mir está imputado en el caso Bárcenas como uno de los supuestos donantes a la caja B del Partido Popular, a la que presuntamente entregó 530 000 euros en 2004 y 2008. El presidente de OHL niega la acusación y sostiene que únicamente donó dinero a la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y a los sindicatos UGT y CCOO. El empresario también está imputado por el presunto amaño de la mayor obra pública adjudicada por el expresidente de Baleares, Jaume Matas. Se trata del hospital de Son Espases, de más de mil camas, que costó más de 630 millones de euros al contribuyente de las islas. OHL, la empresa de Villar Mir, no consiguió la obra, pero se sospecha que iba a ser la beneficiada de un plan frustrado urdido por Matas para darle la concesión en un concurso amañado.

«Florentino Pérez es un ser superior», dijo en una ocasión Emilio Butragueño. No andaba muy descaminado el exgoleador y actual directivo del Real Madrid. A veces da la impresión de que el empresario camina unos centímetros por encima del suelo gracias a su gran fortuna y a sus buenas relaciones con el poder político y económico. Todo el mundo quiere estar a bien con Florentino, como es conocido popularmente.

Pérez es un ejemplo de cómo un astuto funcionario de nivel medio llega a ser uno de los hombres más ricos de España. Fue militante de la Unión de Centro Democrático (UCD) en los años setenta del siglo pasado y ocupó el cargo de director general de Infraestructuras de Transportes del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. En 1983, tras la llegada de los socialistas al poder, dejó la política para dedicarse de lleno a los negocios. Juntó entonces a varios socios para comprar una empresa quebrada, Construcciones Padrós, por cinco millones de pesetas. Ese fue el comienzo de ACS, convertida treinta años después en la primera constructora de España y una de las mayores del mundo. En 1997 ya presidía ACS, fruto de la fusión de dos constructoras: OCP y Ginés y Navarro. Más tarde ACS absorbió Dragados. Florentino Pérez es hoy el máximo accionista de la compañía, con el 12,5 por ciento del capital. Su poder se extiende por todo el mundo. ACS construye desde un complejo turístico en Macao (China) hasta la ampliación del metro de Nueva York. Más del 80 por ciento de la facturación de la compañía procede de fuera de España.

La revista Forbes atribuye a Florentino Pérez una fortuna de 2000 millones de euros. Su pasión es el fútbol, en concreto el Real Madrid, del que ha sido presidente en dos épocas distintas. Llegó a lo más alto en el club blanco en el año 2000, con el fichaje de Figo. Su gestión ha destacado por los fichajes multimillonarios de jugadores bautizados como «galácticos»: Zidane, Beckham o Ronaldo. Fue pionero en que el club compartiese los beneficios de los derechos de imagen de sus estrellas en la publicidad. Multiplicó por tres la capacidad del palco del Santiago Bernabéu hasta convertirlo en el más grande del mundo, con trescientos asientos. Pérez es quien mejor ha utilizado el fútbol para ganar dinero e influencia. El palco del Bernabéu no es solo un lugar para que haga sus propios negocios, sino un punto de encuentro de los poderosos. A él acuden ministros y otros altos funcionarios, diputados y directivos de empresas y periodistas. También los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo, de CCOO, y Cándido Méndez, de UGT, furibundo madridista. En sus viajes con el Real Madrid el empresario mezcla fútbol y negocios. Aunque a menor escala, muchos constructores locales le han imitado en sus respectivas ciudades.

El gran pelotazo de Florentino Pérez fue la venta de los terrenos que ocupaba la Ciudad Deportiva del Real Madrid en la parte alta del paseo de la Castellana. El empresario logró la recalificación del suelo para uso urbano y lo vendió por 80 000 millones de pesetas (402 millones de euros). Sobre los terrenos que un día albergaron el pabellón de baloncesto del Real Madrid, la pista de patinaje sobre hielo y los campos de entrenamiento de todos los equipos de fútbol se alzan los cuatro rascacielos que hoy dominan el perfil de la ciudad.

En octubre de 2014 el presidente del Real Madrid volvió a salirse con la suya cuando el Gobierno decidió indemnizar con 1350 millones de euros a la compañía propietaria del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino ubicado frente a las costas de la provincia de Castellón. El Gobierno decidió que la instalación permaneciese en hibernación tras haberse detectado al menos quinientos seísmos en septiembre de 2013 y tuvo que indemnizar a la empresa, controlada por ACS con una participación del 66,7 por ciento en el capital, porque así lo estipulaba el contrato. El dinero lo pagará el contribuyente con una subida en el recibo del gas durante los próximos treinta años. La cláusula de indemnización figuraba en el real decreto de concesión de la obra, firmado en 2008 por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. El que era jefe de gabinete de Sebastián en aquel momento, Carlos Ocaña, trabaja ahora a las órdenes de Florentino Pérez en el Real Madrid.

Como sus competidoras, ACS ha diversificado enormemente su actividad en los últimos años. Es accionista de las constructoras Hochtief, Bechtel, Leighton, Turner y Flatiron; de la empresa de medio ambiente Urbaser y de la compañía de servicios industriales Cobra. Fue accionista de referencia de Unión Fenosa y tiene parte del capital de Iberdrola. En 2013 el beneficio neto de la compañía alcanzó los 702 millones de euros, con una facturación de 38 000 millones. ACS tiene 250 000 empleados, entre ellos 13 000 ingenieros.

Los que inflaron la burbuja

La burbuja inmobiliaria de finales de los años noventa y principios del presente siglo trajo los mejores ejemplos de enriquecimiento rápido. De la noche a la mañana se hicieron enormes fortunas comprando a crédito. Comenzaron a aparecer en la lista de Forbes personajes como Enrique Bañuelos y Fernando Martín. Igual de rápido que llegaron, la mayoría de ellos ha desaparecido.

Las inmobiliarias españolas estuvieron siempre muy ligadas a los bancos. Reyal, Metrovacesa, Colonial y Vallehermoso eran propiedad de entidades de crédito antes de comenzar a crecer descontroladamente. Durante los años del boom las compraron empresarios avispados y advenedizos que las llevaron a la quiebra no sin antes llenarse los bolsillos. Una vez quebradas, las inmobiliarias empezaron a volver a manos de los bancos. Estos, a su vez, han traspasado activos tóxicos al llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

A mediados de los noventa del siglo pasado el sector inmobiliario aún padecía la resaca de la fiesta que supusieron la Expo 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona. La crisis dejó buena parte de los activos inmobiliarios en manos de los bancos. Fue entonces cuando las empresas de subastas de grandes inmuebles empezaron a hacerse un hueco en el mercado español, trabajando principalmente con activos de los que los bancos querían deshacerse.

BBVA tenía en sus manos Metrovacesa, en cuya fundación había participado como Banco de Vizcaya. En 2002 se deshizo de casi el 24 por ciento del capital que controlaba como accionista mayoritario. La participación la compró Bami, una inmobiliaria de tamaño medio controlada por Joaquín Rivero, uno de los llamados reyes del ladrillo. El pez chico se comió al grande, un tipo de operación que se pondría de moda en el sector gracias al crédito que alegremente daban los bancos. El propio Rivero presumía de comprar empresas sin poner un duro de su bolsillo.

En Metrovacesa escogió como socios a otros reyes del ladrillo como Domingo Díaz de Mera y la familia Sanahuja. Desde 2009 la compañía está en manos de los bancos Santander, Banesto, Bankia, Sabadell y Popular. Su deuda, que llegó a rozar los 7000 millones de euros, era a finales de 2014 de 3500 millones, tras vender su filial francesa, Gecina. Las empresas de los reyes del ladrillo que estuvieron en Metrovacesa están hoy en concurso de acreedores. Rivero, con Bami; los Sanahuja, con Sacresa, y Díaz de Mera, con Global Consulting.

Todos ellos mantenían excelentes relaciones con los políticos. Rivero tenía como segundo de a bordo a Ignacio López del Hierro, hoy marido de María Dolores de Cospedal, y en sus andanzas contó también con la compañía del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Román Sanahuja reconoció haber sobornado a María Antònia Munar y Miquel Nadal, del partido Unió Mallorquina, con 4 millones de euros para ganar una adjudicación de obras. Díaz de Mera, por su parte, es uno de los inmobiliarios implicados en el caso Urdangarin.

Colonial sigue siendo una de las grandes inmobiliarias españolas. Como en el caso de Metrovacesa, también fue vendida por un banco, en este caso La Caixa, que controlaba el 39 por ciento del capital. La compradora fue otra pequeña inmobiliaria, Inmocaral, dirigida por Luis Portillo, un sevillano que presumía de avión privado y de muy buenos amigos en el PSOE. Portillo, que en su día fue socio de Joaquín Rivero, tuvo que lanzar una OPA por el cien por cien de Colonial y para ello se endeudó por 3500 millones de euros. Portillo ascendió por aquel entonces a la lista de Forbes, que se vio inundada de nombres españoles como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Junto a Portillo aparecieron en la lista Enrique Bañuelos, Manuel Jove, Bautista Soler, Luis del Rivero, Manuel Manrique y José Manuel Loureda.

Reyal, una inmobiliaria nacida en Castilla-La Mancha y muy conectada con quien fuera presidente de aquella comunidad, ministro y presidente del Consejo de los Diputados, José Bono, no quiso quedarse atrás en la carrera desenfrenada por ser la mayor inmobiliaria de España. Presidida por Rafael Santamaría, Reyal aprovechó la salida de Banesto del capital de Urbis para hacerse con la compañía, que facturaba el doble que la suya. Banesto tenía el 50 por ciento de Urbis y Santamaría tuvo que pedir prestados 3300 millones de euros para lanzar una OPA sobre el cien por cien en 2006. Otro pez chico se comía a uno grande a base de crédito. Reyal Urbis entró en concurso de acreedores en 2012 con una deuda de 4400 millones. La mayor parte está en manos del Estado, entre la Sareb, Hacienda y el Instituto de Crédito Oficial, ya que los mayores prestatarios de Santamaría eran los bancos que han sido nacionalizados: Bankia, Banco de Valencia y Novagalicia.

Pero el escándalo inmobiliario de mayores proporciones lo protagonizó Martinsa. Su presidente, Fernando Martín, era un joven de Valladolid que prosperó allí gracias a sus buenos contactos políticos. Como se creía tan listo como los otros reyes del ladrillo venidos a más, intentó trasladar a Madrid y a otros lugares de España el modelo de recalificación que tan buenos resultados le había dado en su ciudad natal. Su ascenso a la presidencia del Real Madrid, sin duda, le ayudó a ello.

Manuel Jove, otro rey del ladrillo, estaba fenomenalmente conectado con la Xunta de Galicia. Es uno de los que sí han demostrado ser listos de verdad. Vendió su empresa, Fadesa, a Fernando Martín, en 2006, justo antes de que explotase la burbuja, por 4000 millones de euros. Martín pagó, por supuesto, con dinero prestado. Como no pudo devolverlo porque la crisis le estalló en la cara, tuvo que declarar el mayor concurso de acreedores en la historia de España. Su deuda ascendía a 7000 millones de euros. Caja Madrid, La Caixa y Banco Popular son sus grandes acreedores. Mientras tanto, Manuel Jove dedicó el dinero de la venta de Fadesa a invertir en vinos y moda y sigue siendo uno de los empresarios más influyentes de Galicia.

Vallehermoso también estaba en manos de los bancos en 2002. El Santander Central Hispano vendió a Sacyr el 24,5 por ciento de la mayor promotora inmobiliaria de España por 568,75 millones de euros. Luis del Rivero, perteneciente al clan del Real Madrid, también pugna por obtener la gran empresa del sector. Más tarde llegó a comprar una participación de Repsol con la que intentó sin éxito desbancar de la presidencia a Antonio Brufau con la complicidad del gobierno del Partido Socialista. La fracasada operación puso fin a su liderazgo en Sacyr Vallehermoso y pasó a un segundo plano.

Otro personaje característico de aquellos años es Enrique Bañuelos. El presidente de Astroc, una inmobiliaria valenciana desconocida hasta su ascenso a los cielos y posterior bajada a los infiernos, ha conseguido salir indemne del descalabro del sector inmobiliario. Astroc se dedicaba a recalificar suelo a través de una figura legal valenciana, el agente urbanizador, y nunca promovió viviendas. La compañía salió a bolsa en 2006, en plena locura, y pasó de cotizar de 6 a 70 euros por acción. Astroc es uno de los símbolos de la burbuja: su precio en bolsa se esfumó cuando los inversores vieron que no había activo alguno que respaldara su precio, sino suelos con posibilidades futuras de promoción. Tras el estallido de la crisis, Bañuelos se fue a Brasil, donde repitió el modelo que tanto dinero le dio en su día. Su éxito latinoamericano le ha permitido regresar a España para invertir en Amper y anunciar la promoción de un complejo de casinos en Cataluña que competiría con el frustrado proyecto Eurovegas de Adelson en Madrid.

Capítulo 10. La vigilancia no funciona. La justicia y los órganos supervisores

Capítulo 10

LA VIGILANCIA NO FUNCIONA.

LA JUSTICIA Y LOS ÓRGANOS SUPERVISORES

«La Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada para el robagallinas, pero desde luego no para el gran defraudador ni para los casos de corrupción que estamos conociendo». La frase no es de un líder de Podemos ni de un manifestante «radical» del 15-M. Es de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, y la pronunció el 22 de octubre de 2014 en un acto organizado por el diario La Razón delante del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y numerosos representantes del mundo judicial.

La afirmación pone de manifiesto que la ley española no está preparada para perseguir los delitos económicos y constituye un reconocimiento implícito de que hay una Justicia para pobres y otra para ricos. «Si la Justicia no funciona, no hay regeneración democrática», sostuvo Lesmes. «Los delitos propios de la corrupción son complejos de investigar» y la principal carencia es que nuestro sistema procesal «no es adecuado, porque es muy antiguo».

Parece mentira que casi cuarenta años después de la muerte del dictador España no haya sido capaz de modernizar su sistema judicial y que no se dediquen los medios humanos y materiales necesarios para perseguir los delitos económicos. La Justicia es lenta y está muy politizada. Los altos cargos siguen eligiéndose por cuotas establecidas según el grado de representación de los distintos partidos en el Parlamento. En el Consejo General del Poder Judicial, por lo tanto, sus miembros de alinean por tendencias políticas. Lo mismo sucede en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Cuentas.

Salvo su presidente, que es el mismo del Tribunal Supremo, los 21 miembros del CGPJ son elegidos por el Parlamento; es decir, por los partidos políticos. Aunque supuestamente son independientes, la mayoría vota casi siempre en línea con el partido que les ha elegido para el cargo. A menudo los medios de comunicación se refieren a ellos como jueces conservadores o jueces progresistas, como si de políticos se tratara.

A finales de 2014 el órgano de gobierno de los jueces tenía 10 miembros conservadores, propuestos por el PP; 7 designados por el PSOE; 1 de IU; 1 de CiU y 1 del PNV. El presidente, elegido por el PP y pactado con el resto de los partidos, otorga a los conservadores una mayoría que les permite hacer los nombramientos más importantes. La reforma promovida por Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia eliminó las mayorías cualificadas, que obligaban a pactar las cuestiones fundamentales entre los jueces de distintas tendencias. El presidente, Carlos Lesmes, sustituyó a Carlos Dívar, que dimitió tras descubrirse que viajaba a costa del CGPJ para fines personales.

La opinión de que el CGPJ se encuentra politizado está muy extendida. En 2009 una encuesta efectuada por Metroscopia por encargo del Consejo General de la Abogacía mostró que el 85 por ciento de los abogados opinaban que es un órgano tan politizado que difícilmente podría gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la Justicia.

Sucede lo mismo en el proceso de selección del Tribunal Constitucional. La última renovación de los miembros de la institución, llevada a cabo en 2013, se saldó con la pérdida de la mayoría progresista —jueces designados por el PSOE— en favor del PP. Actualmente son siete contra cinco. Ello permite al PP asegurarse de que el tribunal decidirá a su favor en cuestiones como el derecho al aborto, la reforma laboral o la apuesta soberanista en Cataluña.

El Constitucional, por ejemplo, avaló varios de los puntos más polémicos de la reforma laboral, como la rebaja de la indemnización por despido, los cambios en la negociación colectiva, la creación del contrato de emprendedores con un año de prueba y la procedencia de tramitar la norma como decreto-ley. Se da la circunstancia de que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, es el ideólogo de buena parte de los cambios efectuados por el Gobierno en materia de negociación colectiva. El Constitucional ha dado su visto bueno a la parte de la reforma que permite a las empresas incumplir los convenios con más facilidad y otorgar más poder a un órgano administrativo como la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) para decidir al respecto. Los sindicatos consideran que este punto es anticonstitucional por negarles la autonomía para negociar que les otorga la Constitución.

Además de tener un marco inadecuado y de sufrir las injerencias políticas en su funcionamiento, la Justicia española sufre otro gran problema: la falta de recursos, especialmente en lo que se refiere al combate de los delitos económicos. Los jueces se quejan de la escasez de interventores, economistas y fiscalistas a su disposición. La ausencia de medios se ve reflejada en el número de delitos investigados y condenados. Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, solo 615 de los 64 000 reclusos que hay en las cárceles españolas cumple condena por un delito económico. Los responsables de Hacienda reclaman que algunas prácticas de elusión fiscal en las empresas, como las bases imponibles negativas o la aplicación de deducciones ficticias, se tipifiquen como delitos. En los delitos contra la hacienda pública, con frecuencia la atenuante más aplicada es la dilación del proceso; es decir, la lentitud con que actúan los órganos judiciales. En otros casos los acusados eluden la cárcel por errores de procedimiento.

Cinco asociaciones de jueces y fiscales firmaron en noviembre de 2014 un comunicado en el que denunciaron «la situación de máxima alarma» que vivía la sociedad española ante los numerosos casos de corrupción política y exigieron poner fin a las «inaceptables injerencias» del poder político en la elección de los integrantes de los órganos de gobierno de la Justicia. Los firmantes sostenían que el desarrollo del modelo de poder judicial desde el fin de la dictadura «ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes» que toda constitución debe salvaguardar. También denunciaban que el presupuesto destinado a la Justicia «dista mucho del existente en países de nuestro entorno». Una de esas asociaciones, Jueces para la Democracia, presentó días después en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el CGPJ por lo que consideraba una «grave sobrecarga de trabajo» en los juzgados y la falta de medios para perseguir los delitos de corrupción.

Especialmente grave es la situación del Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar el sector público y de juzgar a quienes incurren en malas prácticas en el manejo del dinero del contribuyente. Ocupado también de revisar las cuentas de los partidos políticos, sus responsables se enteran de los casos de corrupción leyendo la prensa.

Los doce miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas son nombrados la mitad por el Congreso de los Diputados y la otra mitad por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras, por un periodo de nueve años. El Consejo elige al presidente por un periodo de tres años.

La institución trabaja con enorme lentitud. En 2012, cuatro años después del estallido del escándalo Gürtel de financiación ilegal del PP, el Tribunal no había entregado aún el informe de la contabilidad de los partidos del año 2007, cuando la mayoría de los delitos posibles prescriben a los cuatro años.

El Tribunal está, además, plagado de cargos políticos y de familiares suyos. Los casos más flagrantes en este terreno son la elección como consejeros de Manuel Aznar López, hermano del expresidente José María Aznar; Antonio de la Rosa (ya fallecido), cuñado de Rodrigo Rato; Juan Velarde (también fallecido), patrono de la fundación FAES, del PP; o Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar. También hay dos hermanas de Elvira Rodríguez (presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exministra del PP), Paloma y Estela, además de la esposa de Federico Trillo (exministro del PP y embajador en Londres), María José Molinuevo. El presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del expresidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda.

También hay claros indicios de nepotismo entre los empleados del tribunal. De sus 700 trabajadores, al menos 100 son familiares o allegados de consejeros y altos cargos del propio tribunal. El presidente tiene a un sobrino y a una concuñada trabajando en la institución. Javier Medina Guijarro, presidente de la Sección de Fiscalización, tenía colocadas a su esposa, una hermana, un hermano y un pariente de su esposa. Pero la palma se la llevaba el sindicalista Julio Ronda Hernández, que fue presidente del Comité de Empresa, el cual tenía colocadas en el tribunal a su primera y a su segunda mujer, a dos hijos, una nuera, una cuñada, un sobrino y un amigo.

Para ser funcionario del organismo es preciso aprobar una oposición, pero la mayoría de los encargados de examinar a los aspirantes son altos cargos del propio Tribunal de Cuentas. Tras el estallido del escándalo en la prensa, el presidente compareció en el Congreso y anunció que adoptaría medidas para frenar el nepotismo, como la congelación de las contrataciones de personal laboral, entre los que hay muchos de los familiares enchufados, y cambios en los tribunales que examinan a los opositores.

Las comisiones reguladoras

Las comisiones encargadas de velar por el juego limpio en los mercados españoles carecen de la independencia necesaria para ejercer su función. Desde la llegada de la democracia, su composición y sus competencias han estado sometidas a permanentes vaivenes políticos y han carecido de la estabilidad imprescindible para ejercer su función de manera eficiente. Sus miembros son escogidos por los partidos siguiendo criterios de afinidad política y no por sus conocimientos de los mercados. Los socialistas ponían al frente de las comisiones a gente de su confianza; los del PP hacían lo mismo. Los asientos se siguen hoy repartiendo en función de la fuerza de los partidos en el Parlamento, por lo que sus decisiones suelen alinearse con las de la formación política que ocupe el poder. Esta práctica en unos organismos que deben ser independientes por naturaleza es un sinsentido.

En el verano de 2013 el gobierno de Mariano Rajoy eliminó casi todos los organismos reguladores independientes existentes hasta entonces, que funcionaban de manera autónoma, para agruparlos en uno solo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asumió así las funciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional Postal (CNP). Solo quedaron fuera de la remodelación la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Consejo de Seguridad Nuclear, que siguen como lo hacían hasta entonces.

El Gobierno justificó la medida diciendo que así ahorraba dinero al contribuyente en una época de austeridad. El argumento es ridículo y un insulto al ciudadano. Con la concentración en un solo organismo de competencias tan diversas y complejas el Gobierno se asegura un mayor control sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizar la libre competencia en un mercado supuestamente libre. Además el ejecutivo restó hasta catorce competencias a la nueva comisión para dárselas al Ministerio de Industria, entre ellas una tan importante como la de fijar la tarifa eléctrica.

La nueva CNMC está adscrita al Ministerio de Economía y su financiación depende de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno designa a sus diez consejeros, que deben ser confirmados por el Parlamento. El PSOE, en desacuerdo con la reforma, decidió mantenerse al margen del nombramiento de sus responsables. CiU y PNV sí se sumaron al acuerdo.

Al frente de la nueva supercomisión está José María Marín Quemada, un hombre cercano al PP que ha trabajado durante veinticinco años en CEPSA, segunda petrolera de España y una de las empresas que deberá vigilar desde su nuevo puesto. La vicepresidenta, María Fernández Pérez, trabajaba a las órdenes de Álvaro Nadal en la Oficina Económica de La Moncloa.

Los consejeros no están especializados en materias complejas como la energía o las telecomunicaciones. Ello supone el riesgo de que sus decisiones se vean influidas por los técnicos y las empresas. Sin criterio propio y conocimiento es casi imposible ser independiente. España es el único país, junto a Estonia, en el que las agencias reguladoras y de competencia no son los interlocutores con las organizaciones de consumidores, que supuestamente son los que se benefician de su existencia.

Sin reguladores no hay mercado libre que pueda llamarse así. Un mercado libre necesita organismos reguladores y supervisores independientes que velen por la libre competencia y por que se cumplan las reglas del juego. Sin ellos, el poder seguirá concentrado en unas pocas manos y será imposible evitar los tratos de favor a quien convenga en cada momento. La falta de estabilidad reguladora frena la inversión extranjera al crear una sensación de inseguridad jurídica y regulatoria. Las comisiones sirven para frenar una excesiva influencia de las grandes empresas y unas ansias monopolísticas que perjudican a los usuarios y a la economía en general.

La antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), creada en 2007 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, gozaba de prestigio internacional y era temida por su rigor. Entre enero de 2010 y julio de 2014, cuando fue absorbida por la CNMC, había destapado la existencia de 27 carteles de empresas dispuestas a controlar sus respectivos mercados, poniendo a España a la cabeza en la lucha contra las prácticas oligopolísticas. Por ejemplo, impuso una multa de 119 millones de euros a Telefónica Móviles, Vodafone y Orange por sus precios excesivos en los mensajes SMS de teléfonos móviles, y una sanción de 88,5 millones a trece navieras que cubrían las rutas marítimas con Marruecos. En un informe de la Fundación Ciudadanía y Valores, el doctor en derecho mercantil Fernando Díez Estella denuncia que la intensidad de la labor de defensa de la competencia ha disminuido y que el impulso que la CNC había conseguido se ha perdido. ¿Por qué cambiar algo que estaba funcionando?

Un año después de la reforma la actividad de los reguladores ha experimentado una desaceleración preocupante. El número de investigaciones y de multas impuestas por el nuevo macrorregulador se ha reducido. La conclusión es que el Gobierno ha preferido tener una comisión cómoda y manejable a disponer de un organismo eficaz.

La CNMV, el organismo que supervisa el mercado de valores, es un caso similar. El Gobierno se asegura siempre de poner al frente a personas, si no leales, sí manejables o cercanas a su ideología. Así ha sido tanto con el PSOE en el poder como con el PP. Al frente de la CNMV, por ejemplo, está ahora Elvira Rodríguez, exministra de Medio Ambiente con José María Aznar, exdiputada por Murcia y expresidenta de la Asamblea de Madrid, entre otros cargos políticos. Ello a pesar de que el PP concurrió a las elecciones generales de 2011 con la promesa de despolitizar las comisiones reguladoras.

El papel supervisor de esta comisión ha sido puesto en entredicho por su autorización a que Bankia comenzase a cotizar en bolsa a pesar de los numerosos indicios de que la entidad atravesaba serias dificultades y había incurrido en irregularidades contables. Sorprende que la CNMV no viera indicios de malas prácticas en la venta de participaciones preferentes a personas de edad avanzada. La falta de anticipación y de capacidad sancionadora de la CNMV se hizo patente también en los escándalos de Gowex y Pescanova, cuyos accionistas perdieron mucho dinero sin que la entidad encargada de defender sus derechos actuase a su debido tiempo. Ahí radica uno de los grandes problemas de la CNMV, que parece actuar siempre a posteriori, cuando el mal ya es inevitable.

Un raro caso de dimisión por motivos políticos lo protagonizó en 2007 Manuel Conthe, quien abandonó la presidencia de la CNMV por la intromisión del Gobierno en la oferta de compra de Endesa por parte de Enel y Acciona. El Consejo de la CNMV decidió rechazar la propuesta de Manuel Conthe de sancionar a ambas empresas por incumplir las normas que regulan la presentación de ofertas públicas de adquisición. Conthe denunció entonces las presiones recibidas de la oficina económica de La Moncloa, comandada entonces por Miguel Sebastián, y criticó el hecho de que su segundo en la CNMV, Carlos Arenillas, fuese un hombre muy cercano al PSOE por su matrimonio con Mercedes Cabrera, ministra de Educación del gobierno de Rodríguez Zapatero.

La CNMV recibe frecuentes críticas por no investigar a fondo en información privilegiada y por esforzarse en no molestar a las grandes empresas en detrimento de los intereses de los pequeños accionistas. Además el organismo carece del personal y los recursos suficientes para ejercer su misión de guardián de los mercados de valores.

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, la CNMV no ofrece recompensas a quienes proporcionen información que facilite la detección de un fraude bursátil. En 2014, por ejemplo, su equivalente en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC) pagó 30 millones de dólares (unos 24 millones de euros) a un denunciante. La SEC anima a quienes detecten irregularidades por parte de alguna empresa estadounidense para que denuncien. En España la CNMV no cuenta con ningún sistema parecido. Transparencia Internacional cree que el nuestro es de los países más retrasados a la hora de facilitar las denuncias de comportamientos corruptos en el sector financiero. España, según la organización, no ha actualizado desde 2006 las recomendaciones de la OCDE para proteger los derechos de confidencialidad de los empleados públicos que quieran reportar delitos financieros.

En el Banco de España «había una especie de euforia que llevaba a no ver, o a no querer ver». Así resumía el gobernador Luis Linde, nombrado en junio de 2012, el ambiente reinante en el supervisor del sistema financiero español durante los años previos a la crisis. En efecto, la falta de reflejos de quienes debieron haber visto que la tormenta se avecinaba no solo no impidió el estallido de la crisis financiera, sino que la agravó. La sumisión de sus responsables a los intereses políticos también contribuyó al desastre. Como afirma Íñigo de Barrón en su libro El hundimiento de la banca, «es el resultado de tener políticos sin criterio y gobernadores obedientes».

Jaime Caruana, gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006 a nombramiento de José María Aznar, no alertó públicamente del peligroso rumbo que la economía española tomó en los años previos a la crisis, cuando la deuda de las familias comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso. Sí lo hizo en privado al ministro de Economía, según cuenta Barrón, pero Pedro Solbes desoyó sus advertencias. Ninguno de los dos, ni Solbes ni Caruana, hizo nada por desinflar la burbuja. Es probable que este hombre cercano al PP no quisiera incomodar a un gobierno socialista ni poner trabas a su propia carrera. Tras su paso por el Banco de España, Caruana entró a trabajar para el Fondo Monetario Internacional llamado por Rodrigo Rato y posteriormente fue nombrado máximo responsable del Banco de Pagos Internacionales.

En mayo de 2006, dos meses antes de que Caruana abandonase su despacho en la plaza de Cibeles, los propios inspectores del Banco de España advirtieron al ministro de Economía, por escrito, de que la pasividad de la institución a la hora de frenar el descontrol del crédito y su complaciente lectura de la situación económica podría acabar conduciendo al país al desastre.

Caruana pasó la patata caliente a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, popularmente conocido como «MAFO». Al ser nombrado gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez ocupaba el cargo de secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos a las órdenes de Solbes; es decir, que pasó directamente y sin transición, de un puesto en el poder ejecutivo a dirigir una institución que se supone independiente del poder político. Miembro del ala más liberal del Partido Socialista, Fernández Ordóñez había sido secretario de Estado de Economía y de Comercio en gobiernos de Felipe González y posteriormente había encabezado el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía. Era ya todo un veterano de otro tipo de puertas giratorias: las que llevan del Gobierno a las comisiones supervisoras de los mercados y de nuevo al Gobierno.

Fernández-Ordóñez desconocía el sector financiero a su llegada al Banco de España, por lo que la mayoría de sus intervenciones públicas fueron dedicadas a dar su opinión sobre la marcha de la economía y de la reforma laboral. Fernández Ordóñez echó un cable al gobierno socialista, pero al mismo tiempo hizo un flaco favor al país: cuando Rodríguez Zapatero y sus ministros negaban contra toda evidencia la llegada de la crisis, el gobernador del Banco de España guardó silencio a pesar de que los especialistas de la institución ya sabían que varias cajas de ahorros habían comenzado a hacer aguas. «España tiene el sistema financiero más sólido del mundo», dijo por aquellos días Rodríguez Zapatero en la Cámara de Comercio española en Nueva York. Incluso en diciembre de 2008, tres meses antes de la quiebra de Caja Castilla-La Mancha —primera víctima de la crisis—, Fernández Ordóñez se atrevía a vaticinar que las dificultades económicas durarían apenas dos años.

Los inspectores del Banco de España, que se encuentran entre los más prestigiosos de Europa, fueron sometidos a presiones por parte de sus jefes para minimizar los peligros que amenazaban al sistema financiero. Entre otros motivos, estos profesionales mencionan los intereses particulares de los gobernadores y los altos ejecutivos de la casa (algunos de los cuales son hoy dirigentes de instituciones financieras internacionales y de la banca privada española) y el escaso interés por enfrentarse al PP, al PSOE y a los barones autonómicos que controlaban las cajas de ahorros. Tampoco hay que despreciar la presión de los grandes bancos para proteger sus propios intereses.

El desastroso papel del Banco de España en los años previos a la crisis pasará a la historia como una muestra de los males que puede causar la politización de un organismo vital para la salud económica del país. Con gobernadores más independientes y valientes, capaces de enfrentarse al poder político y a los bancos en defensa del bien de los ciudadanos, otro gallo nos habría cantado.

Capítulo 11. La cruz y el dinero. La influencia de las organizaciones religiosas

Capítulo 11

LA CRUZ Y EL DINERO. LA INFLUENCIA

DE LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

«Pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado el trabajo». Eso dice Josemaría Escrivá de Balaguer en su obra fundamental, Camino, publicada por primera vez en 1934. El fundador del Opus Dei elevaba así a los altares el papel del trabajo y bendecía el estrecho vínculo que la organización religiosa ha tenido siempre con el mundo de los negocios.

Ochenta años después la presencia de miembros del Opus Dei en las finanzas y la política españolas sigue siendo notable. La organización sostiene que el hecho de tener seguidores en posiciones de poder no significa que estos actúen bajo sus órdenes o de manera coordinada. Oficialmente les pide que no impliquen ni a la Iglesia ni al propio Opus en sus decisiones políticas y económicas, y que no presenten a estas como las únicas congruentes con la fe. Sin embargo, la organización ejerce una enorme influencia a través de sus miembros bien colocados en las esferas política y económica, que en ocasiones actúan, individual o colectivamente, en defensa de los intereses de la Obra.

La organización religiosa busca ejercer su influencia en cinco ámbitos principales: la propia Iglesia, la política, las finanzas, los medios y la educación. Es imposible cuantificar su poder económico, pues sus cuentas son secretas y su actuación abarca innumerables actividades. Según el Anuario Pontificio de 2013, la organización cuenta con alrededor de 90 000 miembros en todo el mundo, 2000 de ellos sacerdotes, con una presencia prácticamente circunscrita a Europa, América Latina y Estados Unidos. Según un estudio del periodista de la CNN John Allen, especialista en información vaticana, el Opus tiene un patrimonio mínimo de 2800 millones de dólares (unos 2100 millones de euros). Fundado en 1928 por Escrivá de Balaguer —canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II— el Opus Dei afirma ser una organización puramente espiritual, dedicada a difundir «la llamada universal a la santidad y el valor santificador del trabajo». La Obra, como habitualmente la llaman sus integrantes, no difunde una lista de miembros y deja en manos de estos la decisión de hacer pública su filiación. Algunos lo hacen, pero muchos prefieren callar; de ahí la fama de secretismo y las acusaciones de funcionar como si se tratara de una mafia. Un viejo chiste cuenta que cuando Franco llegó a las puertas del cielo, san Pedro le dijo: «Quizás usted pueda explicarme qué es el Opus Dei». El secreto es, en efecto, una de las señas de identidad de esta organización religiosa, cuya penetración en la esfera política, financiera y social dura ya casi un siglo. Su santificación del trabajo y su cercanía a las posiciones más conservadoras ha atraído tradicionalmente a muchos empresarios, profesionales y financieros.

La Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei está gobernada por un prelado, que desde 1994 es monseñor Javier Echevarría. La prelatura se distribuye en regiones, al frente de cada cual hay un vicario regional. El 98 por ciento de sus miembros son laicos, que se dividen en numerarios, supernumerarios y agregados, según su grado de dedicación a la Obra. Los supernumerarios, que no hacen voto de castidad y por tanto pueden casarse, son la mayoría. Tienen las mismas obligaciones religiosas que los miembros numerarios, entre ellas asistir a misa todos los días, rezar varias veces durante la jornada, hacer examen de conciencia o confesarse semanalmente. Además de asistir a cursos formativos, retiros o ejercicios espirituales, los supernumerarios aportan a las arcas de la organización parte de sus ingresos. Por su parte, los miembros numerarios viven en residencias del Opus, hacen voto de castidad y requieren permiso para realizar cualquier actividad no reglada. Además deben entregar todo el dinero que ganen a la organización y hacer testamento a su favor. Los agregados están sometidos a normas similares a los numerarios, incluyendo el celibato, pero pueden residir en su propia casa.

El poder del Opus alcanzó su momento álgido en la década de los sesenta del siglo XX, cuando sus miembros comenzaron a ocupar puestos cada vez más destacados en los gobiernos de Franco. Era la época de los llamados tecnócratas: políticos muy conservadores en lo político y en lo social, pero modernizadores en lo económico. Los ministros Laureano López Rodó, Gregorio López-Bravo, Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres se enfrentaron a los sectores más duros del régimen, que defendían las políticas de autarquía adoptadas tras la Guerra Civil, y desempeñaron un papel clave en las reformas llevadas a cabo en la segunda mitad de la dictadura, cuyos efectos son aún palpables en la economía española.

En 1959 Alberto Ullastres, ministro de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, pusieron en marcha el Plan Nacional de Estabilización Económica, que abrió el país a la inversión extranjera tras dos décadas de aislamiento y propició el llamado milagro económico de los años sesenta, caracterizado por un rápido crecimiento de la actividad y la consolidación de las clases medias. Fueron los años del Seat 600, del boom de la natalidad y de la llegada masiva de turistas, pero también de la salida del país de decenas de miles de españoles para trabajar como mano de obra barata en Alemania, Francia, Suiza y otros países europeos.

Tanto Ullastres como Navarro Rubio fueron miembros del Opus Dei. Durante la permanencia de ambos en el Gobierno, España ingresó en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OECE, precursora de la actual Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el club de los países más ricos del mundo. Ullastres fue el primer embajador de España ante las Comunidades Europeas, cargo que ejerció hasta 1976, y como tal firmó los acuerdos que facilitaron la integración plena de nuestro país en las instituciones del viejo continente. Navarro Rubio fue también gobernador del Banco de España hasta el año 1970, cuando fue cesado por su implicación en el escándalo Matesa, del que hablaremos más adelante.

López Rodó, también miembro del Opus y hombre muy cercano a Luis Carrero Blanco, puso en marcha los célebres Planes de Desarrollo Económico y Social. Ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y fue uno de los políticos que más influyó en la decisión de designar a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco. López-Bravo fue también una figura clave en la política económica de aquellos años como ministro de Industria y más tarde como ministro de Exteriores.

El poder del Opus

Desde su nacimiento el Opus tiene miembros y simpatizantes en posiciones clave en bancos y grandes empresas. En el ámbito de las finanzas, el de mayor relevancia es actualmente Isidro Fainé, presidente de Caixabank, el hombre más poderoso de Cataluña. Miembro supernumerario de la Obra, Fainé fue director de Bankunion, una institución muy ligada al Opus desde su nacimiento hasta su desaparición, antes de fichar por La Caixa. Los ocho hijos que tiene con su esposa, Montserrat Garriga, estudiaron en el colegio Viaró, un centro de la localidad de Sant Cugat del Vallès, cercano a Barcelona, donde niños y niñas estudian por separado.

En la larga lista de personajes ligados al Opus en el mundo financiero y empresarial destacan: Emilio Ybarra, que fue presidente del BBVA hasta el estallido de un escándalo de cuentas en paraísos fiscales; Pablo Bofill, expresidente del Banco Atlántico; José J. Sancho Dronda, expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros; Casimiro Molins, presidente de la empresa catalana Cementos Molins; Juan Fernández Armesto, expresidente de la CNMV; Eugenio Galdón, expresidente de Ono. Isabel Tocino Biscarolasaga, consejera del Banco Santander, es otro personaje de las finanzas vinculado a la Obra. La exministra de Medio Ambiente de José María Aznar es consejera del Banco Santander, Ence y Enagás y miembro del Consejo de Estado. Paloma O’Shea, viuda de Emilio Botín y presidenta de la Fundación Albéniz, también ha sido supernumeraria de la Obra.

El buque insignia del Opus en el mundo financiero ha sido tradicionalmente el Banco Popular. Quien fuera su presidente durante tres décadas, Luis Valls Taberner, fallecido en 2006, era miembro numerario de la Obra desde que apenas tenía veinte años, cuando conoció a Josemaría Escrivá de Balaguer en Barcelona. Valls residió durante buena parte de su vida en el ático del edificio Beatriz, ubicado en la privilegiada esquina de las calles de Velázquez y Ortega y Gasset, en Madrid, donde el banco tiene su sede. Con fama de discreto y astuto, Valls hizo del Popular uno de los bancos más rentables de España. «Hablar y gastar poco y mandar mucho», fue uno de sus lemas.

El periodista económico José Antonio Martínez Soler le recuerda así: «Durante décadas movió los hilos de la banca española —y de una parte de la política— con gran habilidad y magistral disimulo». Valls fue el primer banquero que apoyó la legalización del Partido Comunista de España (PCE), en la Semana Santa de 1977, y prestó dinero a la formación que entonces comandaba Santiago Carrillo. Como nota anecdótica, el banquero tenía en su oficina un retrato firmado de Antonio Gutiérrez, líder de CCOO en los años noventa del siglo pasado, como símbolo de su actitud tolerante y respetuosa frente a personas con ideas distintas a la suya. Uno de los episodios más controvertidos de su vida fue el enfrentamiento que sostuvo con José María Ruiz Mateos, dueño de Rumasa y también miembro del Opus.

Según relató José Manuel Vidal en el diario El Mundo, Valls donó toda su fortuna, valorada en 60 millones de euros, al Opus Dei. «Me voy haciendo viejo. La muerte puede aparecer en cualquier momento. Cuando suceda, deseo que se deje en paz a los amigos. Deseo morir tranquilo […]. Ni entierro, ni funeral avisado, ni esquelas, ni notas necrológicas pedidas o provocadas […]. Que cada uno rece y encargue que otros recen», decía en una carta enviada a su director espiritual días antes de su fallecimiento. «Te envío el testamento, por si es de interés. Gracias. Un abrazo. Luis Valls». Pocos días después, el 25 de febrero de 2006, el llamado «último magnífico de la banca española» moría a los setenta y nueve años.

Otros de los grandes logros del Opus en el mundo de las finanzas fue el nombramiento del consejero delegado del Popular, Rafael Termes, como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) en el año clave de 1977. Termes, también numerario de la Obra, dirigió el lobby bancario durante toda la Transición y permaneció en el Consejo de Administración del Popular hasta su muerte, en 2005.

Luis Valls Taberner entregó el testigo del Banco Popular a Ángel Ron, nacido en 1962, que se convirtió así en el presidente más joven de la banca española. Ron no pertenece al Opus Dei y ha negado siempre que el Popular esté controlado por la organización, a pesar de que entre sus accionistas más destacados ha habido tradicionalmente gente de la Obra.

El Opus estuvo directa o indirectamente implicado en uno de los mayores escándalos financieros en la historia reciente de España, el caso Matesa, en el que se vieron involucrados altos cargos del régimen de Franco. El escándalo estalló a finales de 1969, poco después de que el dictador designase sucesor al futuro rey Juan Carlos I. La empresa Maquinaria Textil del Norte de España, fundada por Juan Vilá Reyes, presidente del Real Club Deportivo Español, se dedicaba a la fabricación de telares. La compañía falsificó sus cifras de ventas para beneficiarse de subvenciones millonarias y créditos oficiales a la exportación, con la connivencia de altos cargos del Gobierno. Los sectores más recalcitrantes del régimen —los llamados azules por sus vínculos con la Falange—, encabezados por Manuel Fraga Iribarne —entonces ministro de Información y amo de la prensa— trataron de culpar a los ministros tecnócratas del Opus Dei en un intento de frenar cierta apertura política, pero el tiro les salió por la culata. El caso Matesa supuso un enorme desprestigio para un régimen que comenzaba a dar sus primeros signos de agotamiento.

Pero volvamos al presente. España tiene hoy uno de los gobiernos más cercanos a la Iglesia católica en muchos años. Todos los ministros del gobierno de Mariano Rajoy juraron sus cargos ante la Biblia y el crucifijo el 11 de diciembre de 2011, una unanimidad sorprendente en un Estado laico como el español. Uno de ellos sobresale por su religiosidad y su pertenencia al Opus Dei: el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, miembro supernumerario de la Obra e íntimo amigo del presidente Rajoy.

Fernández Díaz no esconde su pertenencia al Opus y con frecuencia incluye en su agenda celebraciones religiosas. En una ocasión manifestó que el matrimonio gay «amenaza la supervivencia de la especie» y en otra llegó a comparar el aborto con los asesinatos de ETA. Entre sus colaboradores más cercanos hay también simpatizantes de la Obra, como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, o el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. El ministro ha reconocido que no siempre fue bien su relación con Dios y no tiene inconveniente en definirse como un converso. Según un perfil del ministro escrito por Miquel Noguer en El País, Fernández Díaz descubrió a Dios en Las Vegas, durante un viaje oficial a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado. El ministro y su compañero de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, estuvieron entre los presentes en la ceremonia de beatificación del sucesor de san Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei, Álvaro del Portillo, celebrada el 27 de septiembre de 2014 en las afueras de Madrid, con la asistencia de cien mil personas.

El Opus cuenta con simpatías casi exclusivamente en la derecha del espectro político. Del Partido Popular son miembros o simpatizantes de la Obra, entre otros, Federico Trillo, embajador de España en Londres, exministro de Defensa y presidente del Congreso de los Diputados; María Concepción Dancausa, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y Vicente Martínez Pujalte, diputado por Alicante.

Juan Cotino, que dimitió de su cargo de presidente de las Cortes Valencianas en octubre de 2014 en medio de acusaciones de corrupción, es miembro agregado de la Obra. Durante cuarenta años de carrera política, Cotino fue director general de la Policía y ocupó varias consejerías en el gobierno de la Comunidad Valenciana. La oposición llevaba meses exigiendo su dimisión por cuestiones como la adjudicación a la empresa de su familia, Sedesa, de contratos por valor de 830 millones de euros en diez años y por su papel en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, relacionada con la trama Gürtel. Víctimas del accidente del metro de Valencia, en el que murieron cuarenta y tres personas, le acusaron de haberles ofrecido trabajo a cambio de que no denunciaran al gobierno valenciano.

No se conocen vínculos directos con el Opus Dei al matrimonio formado por José María Aznar y Ana Botella, pero ambos tienen antecedentes familiares cercanos a la Obra. El abuelo del expresidente, Manuel Aznar, fue íntimo amigo de Escrivá, y un tío de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, el prestigioso ginecólogo José Botella Llusiá, fue un conocido miembro de la organización durante la dictadura. Los hijos del matrimonio Aznar estudiaron en los colegios Peñalba y Pinoalbar, de Valladolid, que siguen el ideario del Opus.

A Convergència i Unió pertenecen los miembros o simpatizantes del Opus Lluís Alegre, Concepció Ferrer y Joaquim Molins. También lo es Rafael Larreina, dirigente de Eusko Alkartasuna y diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados.

Quizás el ámbito en el que más fuerza tiene la Obra es el de la educación. Decenas de colegios de toda España están gestionados por el Opus o incluyen su ideario en sus planes de estudio. Entre ellos destacan Tajamar o El Prado, de Madrid, Viaró; de Barcelona; Gaztelueta, de Gexto (Vizcaya), o el Romeral, de Málaga. A ellos asisten habitualmente miembros de las clases medias y altas y son fundamentales para el reclutamiento de nuevos miembros. Son colegios que admiten estudiantes de un solo sexo o bien separan a niños y niñas en las aulas. Algunos son concertados, por lo que reciben ayuda del Estado.

Tanto la Universidad de Navarra como su escuela de negocios, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), son dos de las instituciones educativas de mayor prestigio en España. Ambas son centros clave para la formación de élites en el mundo de los negocios, la política y el periodismo. Aunque el Opus centra buena parte de su esfuerzo educativo en esas dos instituciones privadas, no descuida su penetración en la universidad pública.

Fundada en 1951 por el propio Josemaría Escrivá, la Universidad de Navarra resume así su ideario: «La inspiración cristiana de la universidad se manifiesta en el deseo de fidelidad a la Iglesia y a su magisterio, en la reflexión sobre sus enseñanzas, en el respeto de los principios cristianos en la investigación, en la promoción de la dignidad y los derechos de la persona, y en el sentido de servicio que procura imprimir en las actividades universitarias». En 2014 el centro tenía más de 11 000 alumnos, uno de cada diez procedente de fuera de España. La universidad ofrece 35 grados en 14 facultades, 2 escuelas superiores universitarias y 17 institutos. El diario El Mundo designó en su ranking de 2013 al centro como la mejor universidad privada de España. La institución alberga también la Clínica de la Universidad de Navarra, que tiene más de 2000 empleados y atiende a 100 000 pacientes al año.

En 1958, coincidiendo con el fin de la autarquía y el despegue económico de España, nace en Barcelona el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), primer centro español en ofrecer un MBA (Master in Business Administration). Concebido como lugar de formación de las nuevas clases empresariales españolas, el IESE es hoy uno de los centros de posgrado mejor valorados del mundo en esa materia y figura anualmente en todas las listas, a la altura de las grandes universidades estadounidenses. Además de Barcelona, el IESE tiene sedes en Madrid, Nueva York y São Paulo.

En su página web la propia escuela reconoce ser fruto de la iniciativa del Opus Dei y sostiene que sus valores éticos y morales se basan «en la tradición cristiana de la que derivan el progreso social y humano en Europa y en otros países del mundo». Ello no significa que los alumnos sean adoctrinados en la doctrina católica en las aulas. Al contrario, la religión está por completo ausente de los planes de estudio y a la escuela asisten alumnos judíos, musulmanes y seguidores de otras confesiones. Sus profesores son, en su mayoría, ajenos a la organización. La influencia que el Opus ejerce en la formación de sus alumnos es mucho más sutil. El IESE tiene más de 38 000 antiguos alumnos repartidos en más de 100 países, una potente red que sirve de plataforma para intercambiar ideas e influencias. La mayoría de sus graduados son altos directivos.

La presión de los vecinos del barrio madrileño de Canillejas consiguió frenar, a finales de 2014, la instalación de la Universidad de Navarra en la Finca de Torre Arias, un espacio verde propiedad del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio presidido por Ana Botella pretendía ceder los terrenos al centro universitario del Opus Dei. El plan desató fuertes críticas de partidos políticos como Podemos e Izquierda Unida, sindicatos y asociaciones de vecinos. La Finca pasó a manos del ayuntamiento de la capital en 1986 gracias a un convenio firmado con los propietarios, los condes de Torre Arias, que establecía que a su muerte —la condesa falleció en 2012— el espacio pasaría a manos públicas.

La oposición socialista ha acusado reiteradamente al gobierno de la Comunidad de Madrid de recortar los recursos de la educación pública a costa de apoyar financieramente a colegios del Opus Dei y otras organizaciones religiosas, como los legionarios de Cristo o Comunidad y Liberación.

«Tenemos que envolver el mundo en papel de periódico», decía Josemaría Escrivá. En su más de medio siglo de existencia, la Obra ha tutelado numerosos medios de comunicación. El diario deportivo Marca, el periódico económico Expansión, la revista Actualidad Económica y la publicación femenina Telva estuvieron en su órbita hasta que la empresa editora, el Grupo Recoletos, las vendió a la compañía italiana RCS Mediagroup. Cercana al Opus Dei es también Europa Press, la segunda agencia de información de España después de la estatal Efe. Quien fuera su presidente y máximo impulsor, Francisco Martín Fernández de Heredia, fallecido en 2011, era supernumerario de la organización. Pese a su ideología conservadora y su ultracatolicismo, Martín fue crítico con la dictadura y plantó cara a los elementos más retrógrados de la última etapa del franquismo. También fue miembro del Opus otra figura histórica de la prensa española como Manuel Calvo Serer, presidente del diario Madrid y destacado opositor al franquismo.

Entre los periodistas actuales que pertenecen a la Obra o simpatizan con ella figuran Juan Pablo de Villanueva, ya fallecido, que fue fundador y primer director de Expansión y también pilotó Marca y La Gaceta de los Negocios; Juan Kindelán, presidente de Onda Cero y fundador y expresidente del Grupo Recoletos; Miguel Platón, exdirector de la revista Época y de la Agencia Efe; José Luis Cebrián, que fue director de El Alcázar y ABC, o la columnista Pilar Urbano, biógrafa de la reina Sofía.

Los legionarios de Cristo

Aunque mucho menos poderosa que el Opus, la Legión de Cristo también se han abierto paso entre las élites políticas y económicas españolas. Fue el empresario Íñigo de Oriol y Urquijo quien abrió las puertas de España a la organización ultracatólica en los primeros años de la dictadura de Franco, junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo. La Legión fue fundada en México en 1941 por el religioso Marcial Maciel, que se vio envuelto en un escándalo de abuso sexual a niños y seminaristas, incluyendo a varios de sus propios hijos.

Como el Opus, los legionarios —así se les conoce popularmente— tienen su propia red de colegios y universidades. La Legión se define a sí misma como una congregación religiosa cuya misión es «extender el reino de Cristo en la sociedad según las exigencias de justicia y caridad». Tiene presencia en una treintena de países y cuenta entre sus filas con 4 obispos, casi 1000 sacerdotes y unos 2000 seminaristas. La organización asegura tener en España a 40 000 de los 400 000 legionarios repartidos por el mundo. En nuestro país tienen una veintena de colegios, algunos de los cuales han atravesado problemas económicos en los últimos años como consecuencia de la caída en el número de alumnos.

Su institución educativa más potente es la Universidad Francisco de Vitoria, que ofrece 28 títulos de grado y 14 de posgrado en su campus de Pozuelo de Alarcón, el municipio con mayor renta per cápita de la Comunidad de Madrid. El abogado José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar, fue uno de los promotores del centro con la ayuda de Gustavo Villapalos, quien fuera rector de la Universidad Complutense y consejero del PP en el gobierno de la Comunidad de Madrid. La Universidad Francisco de Vitoria sigue el modelo educativo implantado en México por los legionarios, que en ese país cuentan entre sus benefactores con el hombre más rico del país, Carlos Slim.

La periodista mexicana Sanjuana Martínez, que ha investigado las actividades de la congregación, sostiene que las élites mexicanas y españolas siguen aportando dinero a los legionarios a pesar de que el Vaticano denunció las prácticas pedófilas de su fundador. Martínez afirma que la Legión tiene repartido su dinero en paraísos fiscales y miles de propiedades por todo el mundo.

Se conocen pocos personajes públicos que sigan a los legionarios en España. Del mundo de los negocios se relaciona con la congregación a Alicia Koplowitz. Se ha hablado también de Ana Botella, de Ángel Acebes y de José María Michavila, pero ninguno de ellos lo ha reconocido públicamente cuando se les ha preguntado sobre ello. Ana Botella ha trabajado con el empresario Daniel Sada Castaño, uno de los más destacados hombres de negocios vinculados con los legionarios. Sada fue asesor de Aznar durante su época en La Moncloa y fundador de IUVE, una organización estudiantil de la congregación nacida en el seno de la Universidad Complutense.

El periodista Jesús Rodríguez explica en su libro La confesión las extrañas andanzas de Marcial Maciel y otros misterios de la Legión de Cristo. Por ejemplo, que Ana Botella desempeñó un papel clave desde finales de la década de 1990 en el vertiginoso ascenso de los legionarios en España. «En aquella época —recuerda Rodríguez—, Botella aún no había iniciado una carrera política propia, pero sí empezó a gestar una estructura de acción pública en materia social y de ONG en la que contó como principal asesor con el empresario Daniel Sada, a la sazón el hombre con corbata de los legionarios en España». Gracias a Botella y a Sada, explicó una fuente del PP a Jesús Rodríguez, los legionarios consiguieron acceso al gobierno de Aznar y con ello influencia y subvenciones.

No acaban ahí los vínculos de los legionarios con el Partido Popular. Macarena Botella, hermana de la alcaldesa de Madrid, es directora de Comunicación y Relaciones Externas de la Universidad Francisco de Vitoria, y la esposa de Ángel Acebes ha dirigido la carrera de Enfermería en el mismo centro.

Capítulo 12. Quién manda en Cataluña

Capítulo 12

QUIÉN MANDA EN CATALUÑA

Como potencia industrial y financiera, Cataluña comparte con Madrid una parte sustancial del poder económico en España. Por ser una comunidad con una población relativamente pequeña (7,5 millones) en comparación con el conjunto del país (47 millones) y tener solo un puñado de empresas de gran tamaño, los lazos entre las élites políticas y económicas siempre han sido, si cabe, mucho más estrechos que en el resto de España. El poder está en Cataluña mucho más concentrado que en Madrid, pero el cruce de intereses públicos y privados es tan complejo que resulta casi imposible distinguir quién está aliado con quién y qué intereses hay detrás.

Con un PIB de 193 000 millones de euros (casi el 20 por ciento del PIB español), Cataluña es la comunidad más rica del país. Resulta paradójico que el auge del independentismo se haya producido en el momento histórico en que la economía catalana se encuentra más integrada con la del resto de España. Cataluña es sede de empresas que, gracias a su implantación en el resto del territorio español, se han convertido en multinacionales. Es el caso de Caixabank, Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona (Agbar), Abertis o Mango, entre otras. Al mismo tiempo las grandes empresas con sede en Madrid y otras ciudades de España han consolidado su presencia en Cataluña, entre ellas Telefónica, Repsol, El Corte Inglés, Inditex, Eroski, Mercadona y tantas otras. También lo han hecho grandes bancos como Santander y BBVA, especialmente este último, que compró la nacionalizada CatalunyaCaixa (antigua Caixa Cataluña) como parte de la reestructuración del sistema financiero. Hoy es prácticamente imposible distinguir qué es economía catalana y qué es economía española. Cataluña alberga, además, dos de las mejores escuelas de negocios del mundo, IESE y ESADE, la primera del Opus Dei y la segunda de los jesuitas. Buena parte de los altos directivos de empresas y bancos —no solo de Cataluña, sino del resto de España— han estudiado en sus aulas.

El poder económico de Cataluña tiene nombre de banco: Caixabank. Su posición hegemónica en el sector financiero catalán permite a la entidad heredera de La Caixa ejercer una labor de tutelaje sobre buena parte de las decisiones políticas y económicas de la comunidad. Sus tentáculos abarcan todos los estamentos de la sociedad catalana: desde las grandes empresas a los medios de comunicación y las principales instituciones culturales. En las torres negras ubicadas en la avenida Diagonal de Barcelona se toman tantas decisiones relevantes como en la plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona.

El tamaño de Caixabank con respecto a Cataluña es absolutamente desproporcionado. Sería difícil encontrar en el mundo capitalista un territorio donde una sola entidad financiera tenga una fuerza tan aplastante. Con un 32 por ciento de cuota de mercado de la banca comercial en la comunidad, Caixabank tenía en 2014 unos activos valorados en 350 000 millones de euros, casi el doble del PIB de Cataluña. El banco presidido por Isidro Fainé le ha sacado un buen partido a la crisis, no sin la ayuda del Estado español, al hacerse con una parte sustancial del desguace de las cajas de ahorros. Tras absorber Banca Cívica (unión de Caja Canarias, Caja Navarra, Caja de Burgos y Cajasol) por un precio aproximado de 1000 millones de euros, compró por un euro el Banco de Valencia, una entidad en quiebra que fue saneada con 5500 millones de euros de fondos públicos.

Hace tiempo que Caixabank dejó de ser una entidad exclusivamente catalana para convertirse en una institución española, como demuestra el hecho de que dos terceras partes de sus 5700 sucursales se ubiquen en otras comunidades autónomas. Con más de 32 000 empleados y 13 millones de clientes, Caixabank es hoy la tercera entidad financiera de España, muy cerca del Grupo Santander y BBVA. Su poder se extiende hoy mucho más allá de su ámbito geográfico natural.

Para estar a bien con el poder político y con el objetivo de contentar a todos, Caixabank ha tenido siempre muy repartidos los puestos del Consejo de Administración entre personas afines a los diferentes partidos. Siempre cercano a Convergència i Unió, el banco perdonó la deuda a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) cuando ambas formaciones crearon el gobierno tripartito junto a Iniciativa per Catalunya-Verds a finales de 2003.

La Caixa fue en su día pionera en la modernización de las cajas de ahorros españolas. Un real decreto de 1988 permitió a las cajas expandirse fuera de sus ámbitos tradicionales, y la entidad catalana fue de las primeras en aprovechar la ocasión para tomar posiciones en el resto de España. Desde comienzos del presente siglo, el crecimiento de Caixabank ha tenido como escenario ciudades y pueblos de fuera de Cataluña, hasta el punto de que hoy está presente en las cincuenta provincias españolas.

Caixabank es un banco peculiar. A diferencia de Santander, BBVA o Banc Sabadell, el otro gran banco catalán, la entidad ha dado poco crédito a grandes empresas, centrándose en el negocio familiar. La Caixa no fue nunca promotora de la industria y ha concentrado sus inversiones en deuda pública y en empresas reguladas que dependen de las buenas relaciones con el poder político para prosperar. Sirvan de ejemplo su presencia en el accionariado de Telefónica, Gas Natural o Abertis. Este es el medio en que La Caixa se ha movido siempre como pez en el agua. Sus jefes han sido casi siempre profesionales, gentes que no pertenecían a viejas familias de la burguesía catalana. Josep Vilarasau, artífice de la expansión de La Caixa en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX, es ingeniero industrial y economista; su sucesor, Ricard Fornesa, fue abogado del Estado; el actual presidente, Isidro Fainé, también se licenció en Económicas y estudió administración de empresas y alta dirección en Harvard e IESE.

Con permiso del presidente de la Generalitat, Fainé es el hombre más poderoso de Cataluña, y la crisis financiera no ha hecho más que acrecentar su poder. Hijo de agricultores del interior de Cataluña, tiene fama de ser astuto, hábil y muy religioso. Fainé tiene situados a hombres de confianza en empresas clave y cuenta con una amplísima red de informantes en todo el territorio catalán. Se cuenta en Barcelona que cualquier crítica al banquero llega inmediatamente a sus oídos. Nada en Cataluña se mueve sin su consentimiento, o al menos sin que él lo sepa.

Cumplidos los setenta y dos años, Fainé acumula numerosos cargos de influencia. Además de pilotar Caixabank, preside Criteria CaixaHolding y la Fundación La Caixa; es consejero de Telefónica, Repsol, Abertis y Aguas de Barcelona, y preside la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

En el año 2007, poco después de ser nombrado presidente de La Caixa, Fainé se vio envuelto en la polémica. El banquero decidió rescatar su fondo de pensiones, valorado en 24,5 millones de euros. La operación era legal, pues Fainé había cumplido ya los sesenta y cinco años, pero discutible desde el punto de vista ético, pues siguió cobrando como presidente un salario anual de 2,4 millones de euros. El constructor Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr y rival de La Caixa en el accionariado de Repsol, denunció lo sucedido ante la Oficina Antifraude de Cataluña. La denuncia fue finalmente archivada.

Como otras entidades españolas, La Caixa también se vio inmersa en el escándalo de las preferentes, un producto financiero que la entidad vendió a 170 000 clientes y por las que ingresó 5000 millones de euros. Para solucionar el asunto y frenar el deterioro de su imagen ante la opinión pública, el banco ofreció a los tenedores de preferentes recuperar el 30 por ciento del dinero invertido en forma de acciones y el 70 por ciento restante en obligaciones a diez años recuperables en 2012. El 99 por ciento de los inversores aceptaron el canje.

El largo brazo de La Caixa

Criteria CaixaHolding es el brazo inversor de Caixabank, con intereses en empresas como Repsol, Gas Natural Fenosa, Abertis y Aguas de Barcelona. El banco catalán es además uno de los accionistas de referencia de Telefónica, con el 5 por ciento del capital, y el propio Fainé ocupa un puesto en el Consejo de Administración.

Con la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, Cataluña recuperó gran parte del peso que había perdido en este sector clave de la economía. La integración de las empresas catalanas en la economía española en los años posteriores a la muerte de Franco provocó la pérdida de compañías importantes del sector eléctrico. La pública Endesa, que ya era propietaria de Enher, compró en los años noventa las otras dos empresas eléctricas catalanas, Fecsa e Hidruña. Finalmente todas han acabado en manos de la italiana Enel, como vimos en el capítulo dedicado a las empresas eléctricas.

Gas Natural Fenosa es hoy la gran empresa energética con sede en Cataluña. La compañía fracasó en su intento de hacerse con el control de Iberdrola, primero, y de Endesa, después. Tras fracasar en su asalto a esta última por motivos políticos, Gas Natural se hizo con la vieja Unión Fenosa. La Caixa es el principal accionista de la compañía, con un 35 por ciento. Su presidente es Salvador Gabarró, que forma parte del Consejo de Administración de Caixabank. El director general, Rafael Vilaseca, es otro hombre del banco. Hasta 2005 presidió Panrico, otra empresa participada entonces por La Caixa.

El origen de la compañía es Catalana de Gas, nacida en Barcelona en 1834, que se fusionó en 1991 con Gas Madrid para dar lugar a Gas Natural. En 2009 adquirió Unión Fenosa —tradicionalmente la tercera eléctrica de España tras Endesa e Iberdrola—, con lo que entró en el top ten de empresas españolas por volumen de facturación y se convirtió en la primera empresa exportadora de Cataluña, por encima de Seat. Gas Natural tiene más de 20 millones de clientes en todo el mundo tras haberse expandido por Argentina, Brasil, México, Colombia e Italia.

Gas Natural Fenosa está presente en el sector nuclear español desde 1968, año en el que entró en funcionamiento en Almonacid de Zorita (Guadalajara) la primera central nuclear del país (cerrada en 2006). Actualmente tiene participaciones en dos centrales nucleares situadas fuera de Cataluña: Trillo (Guadalajara) y Almaraz (Cáceres). Curiosamente las dos centrales nucleares ubicadas en Cataluña, Vandellós y Ascó, están gestionadas conjuntamente por dos empresas no catalanas, como Endesa e Iberdrola. Aproximadamente el 20 por ciento de la energía consumida en España tiene origen nuclear, lo que otorga a Gas Natural un papel estratégico.

La Caixa también es el accionista de referencia en Repsol, la multinacional petrolera española, en la que controla un 12,5 por ciento del capital. Su presidente, Antonio Brufau, y Fainé fueron directores generales adjuntos en La Caixa al mismo tiempo y ambos aspiraban a llegar a lo más alto en la entidad financiera. El entonces presidente, Ricard Fornesa, optó por Fainé y colocó a Brufau al frente de Repsol en 2004. Las relaciones entre ambos han atravesado desde entonces grandes altibajos.

Economista de formación y máster del IESE, Brufau se integró en el equipo dirigente de La Caixa después de haber trabajado en la auditora Arthur Andersen. Junto a Josep Vilarasau e Isidro Fainé fue uno de los impulsores de la fusión de la Caja de Pensiones con la Caja de Barcelona, que dio lugar a La Caixa. También fue uno de los principales artífices de la expansión posterior de la nueva caja de ahorros. Entre 1997 y 2004 presidió Gas Natural, nombrado por La Caixa. Ese mismo año dio el salto a la primera petrolera del país.

Brufau es de los ejecutivos mejor pagados de España. En 2012, después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, sugiriera a las grandes empresas que moderasen los salarios de sus directivos, Brufau respondió: «A veces cuando hablamos de los sueldos nos olvidamos de que la tasa fiscal española es la más alta de Europa, sobre todo en Cataluña. Solo la sueca es un poco más alta que la catalana, el 56 por ciento se va al Estado». La retribución del presidente de Repsol ascendió a 4,9 millones de euros en el año 2013, una cantidad a la que habría que añadir los 494 000 euros que la empresa aportó a su plan de pensiones.

Caixabank es también el accionista mayoritario de la concesionaria de autopistas Abertis, con una participación del 22,4 por ciento. El vertiginoso crecimiento experimentado por la compañía en los últimos años le ha permitido hacerse con la gestión de la mayor parte de las autopistas españolas. También está presente en Argentina, Brasil, Francia e Italia.

La compañía presidida por Salvador Alemany ha crecido gracias a los contratos públicos. Abertis comenzó su actividad gracias a la concesión, en 1969, de la primera autopista de peaje de España, que unía Barcelona con Mataró, y siguió creciendo con la gestión de sucesivos tramos entre Zaragoza y La Jonquera. Los catalanes se quejan de pagar más peajes que ninguna otra comunidad del resto de España, pero lo hacen porque una empresa catalana mantiene una excelente relación con el poder político en Barcelona. Crear alternativas gratuitas en el mismo recorrido perjudicaría enormemente al negocio de Abertis, y nadie en la Generalitat parece dispuesto a plantearlo.

Caixabank es asimismo accionista de referencia de Aguas de Barcelona (Agbar). En el verano de 2014 la entidad financiera catalana se convirtió en el segundo accionista de Suez Environnement tras canjear su participación del 24 por ciento en Agbar por acciones de la compañía francesa, equivalentes a un 4 por ciento de su capital. Ángel Simón, su presidente, fue nombrado director general por Ricard Fornesa, que presidió la compañía entre 1977 y 2010, al mismo tiempo que trabajaba para La Caixa.

Fue la Fundación la Caixa la que dio trabajo en 1993 a Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, cuando esta decidió instalarse en Barcelona. Con su contratación los responsables de la caja de ahorros se aseguraron una excelente relación con la Casa Real española. La infanta siguió trabajando para la misma institución tras casarse con Iñaki Urdangarin, que llegó a referirse en una ocasión a Fainé como un «segundo padre». Fue precisamente La Caixa la entidad que concedió a la pareja un crédito hipotecario de cinco millones de euros a treinta años para comprarse una casa en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, donde ambos residieron antes de marcharse a Estados Unidos.

En septiembre de 2011 La Caixa también echó una mano a Josep Lluís Carod-Rovira, una vez que el dirigente de Esquerra Republicana decidió abandonar la política. Carod se recicló como coordinador de la nueva cátedra de Diversidad Social de la Universitat Pompeu Fabra, creada y financiada enteramente por la Fundación La Caixa.

Uno de los sectores en los que Caixabank ejerce una enorme influencia es la prensa. El banco es uno de los principales acreedores del Grupo Prisa, propietario de El País y la Cadena SER. En el periódico hemos podido ver fotos de Fainé recibiendo un premio de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos en Nueva York o el doctorado honoris causa por la Universidad Ignacio de Loyola de Lima. El presidente de Caixabank incluso posó para el diario junto a una joven con síndrome de Down durante una visita a un centro social financiado por el banco.

Caixabank ejerce un control casi absoluto sobre los grandes medios de comunicación en Cataluña. En su Consejo de Administración se sentó durante años el conde de Godó, accionista mayoritario de La Vanguardia, el periódico de referencia en la comunidad. El banco también logró colocar a uno de sus hombres como consejero delegado de El Periódico de Catalunya. Leer o escuchar una información crítica con el banco o con su presidente en los grandes medios de comunicación es hoy misión imposible.

El establishment catalán

Javier Godó Muntañola, tercer conde de Godó y grande de España, posee uno de los grupos de comunicación más poderosos de España, que incluye los diarios La Vanguardia y Mundo Deportivo, la emisora más escuchada en Cataluña, RAC1, y la cadena de televisión 8TV. También es socio del Grupo Prisa en Prisa Radio, propietaria de la Cadena SER, de la que posee un 18 por ciento de las acciones. El suyo es, de lejos, el grupo de comunicación más subvencionado de Cataluña. En el año 2012 recibió 1,4 millones de euros de dinero público entre ayudas al funcionamiento ordinario y proyectos de sus medios. La Generalitat había aportado un año antes 5,5 millones de euros para que La Vanguardia comenzase a publicar su edición en lengua catalana. El apoyo económico del gobierno catalán al Grupo Godó es uno de los secretos mejor guardados de Cataluña. Es imposible conocer cuánto dinero público llega anualmente a las arcas de la empresa.

El conde de Godó es uno de los miembros más destacados de la élite financiera catalana. Consejero de Caixabank hasta 2014, cuando pasó a formar parte de su Comité Ejecutivo, es patrono de la Fundación La Caixa, consejero del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), consejero de Port Aventura y miembro del patronato de la Universidad Ramón Llull.

Barcelona no es solo una potencia económica; es también la capital de las letras en español. La mayor parte de las publicaciones en castellano se editan en la capital catalana. El Grupo Planeta es la mayor empresa editorial de España. Su presidente, José Manuel Lara Bosch, es un hombre capaz de poseer al mismo tiempo el periódico más conservador de España, La Razón, y el diario independentista Avui, del que se desvinculó en 2009. Esa aparente contradicción define bien al personaje, que está siempre a partir un piñón con todos los gobiernos. Sus buenas relaciones con José María Aznar, a quien La Razón prestó un apoyo incondicional, le permitió hacerse con Antena 3. Además de la editorial, el Grupo Planeta es también el principal accionista de Atresmedia (Antena 3, La Sexta, Neox, Nova y GolTV, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM). El grupo edita las revistas Interiores, Lonely Planet Traveller, Psychologies, Historia y Vida, Dapper y Playboy. También es socio mayoritario del primer grupo de comunicación de Colombia, Casa Editorial El Tiempo, editor del diario centenario El Tiempo, líder de la prensa colombiana, y del canal Bogotá CityTV. Entre otras editoriales posee Destino, Ariel, Tusquets, Temas de Hoy, Martínez Roca, Minotauro y Cúpula.

El presidente del Grupo Planeta es hijo de José Manuel Lara Hernández, un emigrante andaluz que se estableció en Barcelona tras la Guerra Civil y levantó un imperio de la nada. Lara Hernández fue el creador del premio literario mejor dotado de España, que lleva el nombre de la editorial que fundó. Su hijo es uno de los pocos empresarios que ha advertido de que se llevará la empresa a otro sitio si Cataluña se declara independiente. El idioma es la materia prima con la que trabaja su empresa, y tendría poco sentido mantenerla en una Cataluña separada de España. Planeta tiene más de 50 editoriales en todo el mundo y una facturación anual que roza los 2000 millones de euros. No cotiza en bolsa y la mayoría de las acciones está en manos de la familia. Lara Bosch es, además, vicepresidente del Banc Sabadell, segunda entidad financiera de Cataluña.

Un caso peculiar en el panorama mediático catalán es el de Jaume Roures, propietario de la productora Mediapro junto a su socio Tatxo Benet. Roures es un personaje peculiar que no oculta sus simpatías por el trotskismo y que un día fundó el diario izquierdista Público para dejarlo caer cinco años más tarde. Roures es otro empresario que se ha hecho rico gracias a sus contactos con el poder y su habilidad para lograr contratos públicos. Labró su fortuna vendiendo programas de televisión a TV3, donde trabajó más de quince años. Durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, con Luis Fernández al frente de RTVE, su productora acaparó programas y concesiones de la televisión pública en detrimento de los profesionales de la casa. El gobierno de Zapatero concedió la licencia de La Sexta a un grupo del que formaba parte Mediapro y aprobó la reforma legal que autorizó la TDT de pago justo a tiempo para que Roures lanzase Gol TV y rentabilizar la millonaria compra de los derechos de televisión de los partidos de la Liga española. Puede decirse que Roures fue para Zapatero lo que Lara fue para José María Aznar: un aliado fiel con quien contar. Tres meses después de la victoria del PP en las elecciones, Roures cerraba Público y dejaba en la calle al 85 por ciento de la plantilla. Sin el PSOE en el poder y sin Luis Fernández al frente de RTVE, no había dinero que ganar. Decidió entonces replegarse a Cataluña, no sin antes recuperar la cabecera que él mismo había hundido. En mayo de 2012, una asociación de extrabajadores y lectores acudieron a la subasta para adquirir el rotativo, que sorprendentemente fue adjudicado a un grupo en el que participan los anteriores dueños. Público se convirtió entonces en un periódico exclusivamente digital y ha desempeñado un papel en el impulso de Podemos con su programa de televisión La Tuerka, en el que habitualmente aparecen líderes de la formación política.

La Generalitat catalana es el gobierno autónomo que más dinero dedica a subvencionar a la prensa. Desde 2008 ha destinado a ese fin 181 millones de euros, de los cuales 83 corresponden a subvenciones y otros 99 a publicidad institucional. El Grupo Godó es de lejos el más beneficiado por estas ayudas, al haber recibido unos 15 millones de euros del contribuyente catalán. Le sigue Hermes Comunicacions, editora del diario El Punt Avui (más de 12 millones), y el Grupo Zeta, editor de El Periódico de Catalunya (más de 8 millones).

Si alguien en Cataluña representa al establishment, ese es el abogado Leopoldo Rodés, presidente de la agencia de publicidad Havas Media y consejero de Caixabank. Rodés fue uno de los principales promotores de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, junto a José Antonio Samaranch y su gran amigo Carlos Ferrer-Salat, entonces presidente de la CEOE. Junto al conde de Godó y José Manuel Lara, forma parte del tridente de empresarios señalados por el nacionalismo como acérrimos partidarios de que Cataluña siga formando parte de España.

Pero Rodés y su familia saben nadar y guardar la ropa. Su hijo Fernando es, además de vicepresidente de Havas, principal accionista del periódico Ara, uno de los medios nacidos en plena efervescencia independentista. Estando a buenas con todos —nacionalistas y no nacionalistas, izquierdas y derechas—, los Rodés tienen las espaldas bien cubiertas. La familia ejerce su enorme influencia a través de su empresa Media Planning (hoy integrada en Havas), una central de medios que proporciona publicidad a todos los medios de comunicación catalanes. Rodés fue presidente del Banco Urquijo, de la Mutua Asepeyo y del Instituto para la Empresa Familiar.

Rodés es quizás la persona con mayor presencia en fundaciones e instituciones culturales de toda Cataluña. Preside la Fundación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y el Patronato de la Universidad Ramón Llull y es vicepresidente del Real Automóvil Club de Catalunya (RAC), miembro del Consejo de Mecenas del Gran Teatro del Liceo y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Orfeó Catalá/Palau de la Música. Es patrono de la Fundación Príncipe de Asturias, de la Fundación Príncipe de Girona, de la Fundación Conde de Barcelona, de la Fundación Carolina y de la Fundación Abertis.

Su hijo Fernando, consejero de Acciona, consiguió que la Generalitat diese a la constructora la concesión del suministro de agua Ter-Llobregat, pero la Justicia lo impidió. El Tribunal Supremo anuló la adjudicación del contrato porque el gobierno catalán desoyó el informe del órgano supervisor de las concesiones públicas en Cataluña, que decidió excluir a Acciona del concurso. La empresa de la familia Entrecanales perdió así un contrato millonario: la gestión en alta (lugar de captación del agua al depósito de cada municipio) del área metropolitana de Barcelona. La decisión del Supremo abrió un agujero de 1000 millones de euros en el presupuesto de la Generalitat, obligada a resarcir a Acciona por la anulación del contrato. El contribuyente catalán pagará la factura.

Consejera de Acciona es también Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Iberian Partners, la empresa resultante de la fusión de todas las embotelladoras del refresco que había en España. Fue protagonista de una controversia por el presunto trato de favor dado durante la operación a su marido, Carles Vilarrubí i Carrió, vicepresidente ejecutivo de Rothschild España y destacado miembro del establishment catalán. Vilarrubí actuó de asesor en la fusión y, a la hora de valorar las distintas franquicias que se unieron, otorgó un valor más alto a la de su esposa, Cobega, con lo que esta resultó haciéndose con el 42 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Daurella logró la presidencia y colocó a sus colaboradores en los principales puestos directivos.

Daurella heredó Cobega de su abuelo, Santiago Daurella Rull, que en los años cincuenta del siglo XX se hizo con una de las franquicias de Coca-Cola que la dictadura repartió entre empresarios partidarios del régimen. En 2013 Daurella y el presidente de Coca-Cola, Muhtar Kent, firmaron un acuerdo que garantiza el contrato de producción del refresco hasta 2033, con lo que la empresaria catalana se aseguró negocio para veinte años. Daurella también posee las embotelladoras de Coca-Cola Islandia y de una docena de varios países del África subsahariana, además de ser distribuidora de Nespresso en España. En noviembre de 2014 dejó el Consejo de Administración del Banc Sabadell con el argumento de que necesitaba tiempo para gestionar sus propios negocios, pero tan solo días después entró en el Consejo del Grupo Santander como parte de la remodelación efectuada por Ana Botín. La presidenta del banco, recordemos, es consejera de Coca-Cola.

El marido de Daurella es uno de los hombres mejor relacionados y más poderosos de Cataluña. Muy vinculado a Convergència i Unió, Carles Vilarrubí es vicepresidente del F. C. Barcelona y amigo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con quien trabajó en la campaña que le llevaría a la presidencia en 1980. Se cuenta que Vilarrubí era el encargado de trasladar a Pujol de mitin en mitin en un Seat 127. Según el diario El Economista, Vilarrubí desempeñó un papel clave en la renuncia del gobierno de Artur Mas a subir los impuestos de las bebidas refrescantes, tal y como tenía previsto, una decisión que claramente benefició a la empresa de su mujer. Vilarrubí apadrinó los primeros pasos de Iñaki Urdangarin en el mundo de la empresa y se sentó con él en varios consejos de administración. Además de trabajar en Rothschild, es también presidente de Willis, un broker asegurador que tiene como vicepresidente a Jaime Castellanos, presidente del banco de inversión Lazard, amigo y socio de Rodrigo Rato en varios proyectos empresariales. También es vicepresidente de Catalunya Comunicació, una red de emisoras de radio y televisión del Grupo Godó, y presidente de CVC Grupo Consejeros, holding de inversiones patrimonial que agrupa participaciones en empresas de consultoría y servicios del mundo de la comunicación, el marketing, la tecnología y las telecomunicaciones. Durante su carrera profesional ha formado parte de numerosos consejos de administración, entre ellos los de Antena 3, La Seda de Barcelona, Bassat Ogilvy y Fortis Bank.

Tras Caixabank, la segunda entidad financiera de Cataluña es Banc Sabadell. Fundado en 1881 y especializado en empresas y clientes de rentas medias y altas, el Sabadell es hoy el cuarto banco privado de España, con unos activos de 163 000 millones de euros, 2400 oficinas y 18 000 empleados. Su presidente es Josep Oliu, que emprendió a principios de siglo una etapa de expansión con la compra de entidades como NatWest España, Banco Herrero, Banco Atlántico, Banco Urquijo, Banco Guipuzcoano y Lloyds España. Como Caixabank, el Sabadell ha sacado buena tajada de la crisis financiera, al haberse adjudicado varias entidades en peligro de desaparición, como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), los activos de Mare Nostrum en Cataluña y Aragón (procedentes de Caixa Penedés) y el Banco Gallego.

El futuro económico

La industria más tradicional de Cataluña, la textil, ha sido sometida a numerosas reconversiones en las últimas décadas. Hoy prácticamente no queda nada de sus tiempos de esplendor. La competencia exterior, principalmente china y de otros países asiáticos, ha hecho que ya no sea la industria de referencia en la comunidad. Raro es que la principal empresa textil española no sea catalana, sino gallega.

Presidida por Isak Andic, Mango ha crecido exponencialmente desde la apertura de su primera tienda en el paseo de Gracia de Barcelona, en 1984. Como su competidor, Amancio Ortega, es un hombre tremendamente discreto. No concede entrevistas y hasta hace unos años los medios de comunicación apenas tenían una imagen suya. Hijo de una familia de judíos sefardíes originarios de Turquía, comenzó en el mundo de los negocios vendiendo ropa en mercadillos de la zona metropolitana de Barcelona y hoy pilota una empresa con 13 000 empleados (el 80 por ciento mujeres) y 2700 puntos de ventas en más de 100 países.

Cataluña también es sede de importantes empresas de los sectores de la alimentación, la farmacia o el inmobiliario. Su enorme tejido de medianas empresas hace que en la comunidad se concentren muchas de las personas más adineradas de España. Algunos son herederos de la burguesía de toda la vida; otros son hijos de inmigrantes que labraron sus fortunas desde cero a base de trabajo, astucia y buenos contactos.

Artur Carulla, presidente de Agrolimen, es uno de los seis herederos de Lluís Carulla, patriarca de la multinacional alimentaria, que tiene 127 sociedades en más de 100 países y 20 centros de producción. Entre otras marcas la compañía gestiona Gallina Blanca y Pans & Company. El grupo fue propietario de Arbora & Ausonia, fabricante de Dodot, Ausonia y Tampax, pero lo vendió a la multinacional estadounidense Procter & Gamble. Agrolimen tiene 6000 empleados y factura unos 2000 millones de euros al año. Los hermanos Carulla fueron acusados de fraude fiscal en 2011, pero cerraron la cuestión con un pacto por el que se comprometieron a pagar 6,4 millones de euros a Hacienda para no ir a juicio. Los Carulla están entre los principales accionista del diario independentista Ara a través de la Fundación Lluís Carulla. En el Consejo de Administración se sienta en representación de la familia Mireia Tomàs Carulla, directora del family office que canaliza las inversiones de la familia fuera de su negocio tradicional. Mireia Tomàs es hija de Mariona Carulla, que reemplazó a Félix Millet como presidenta del Palau de la Música tras estallar el escándalo de fraude en la institución.

Grifols es un ejemplo de empresa exportadora y tecnológicamente avanzada. Es la primera compañía de derivados del plasma en Europa y la tercera del mundo. Cotiza desde mayo de 2006 en el Ibex 35 y desde 2011 en el mercado estadounidense Nasdaq. Factura 2600 millones de euros al año y tiene 1500 trabajadores. Su fábrica de Parets del Vallès, en la provincia de Barcelona, es uno de los tres puntos estratégicos más importantes del mundo ubicados en España para el Departamento de Estado, según una de las filtraciones de Wikileaks. También tiene centros de producción en los estados de Nueva York, California y Carolina del Norte.

Su presidente, Víctor Grifols Roura, es uno de los empresarios que se ha manifestado públicamente a favor de la independencia. Ha llegado a afirmar que no piensa invertir «ni un euro» ni en Cataluña ni en el resto de España si no se produce un cambio y que piensa trasladar toda la actividad de la compañía a Estados Unidos. En abril de 2014 animó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a «no arrugarse» en su pulso con el gobierno de Mariano Rajoy. Pero en unas declaraciones a la CNN manifestó que «si Cataluña pudiera convertirse en California, un estado federal que pertenece a Estados Unidos, entonces votaría sí». Grifols es una de las empresas más internacionalizadas de España, y como tal muy poco dependiente del mercado nacional. El 92 por ciento de su facturación procede del extranjero. Está considerada por la revista Forbes como una de las cien empresas más innovadoras del mundo.

Jorge Gallardo es una de las mayores fortunas de Cataluña y de España. Presidente del laboratorio farmacéutico Almirall, este ingeniero industrial es junto a su hermano Antonio el principal accionista de la compañía. Ambos son herederos del fundador, Antonio Gallardo Carrera, que pasó de ejecutivo de Air France en Barcelona a fundar la que hoy es la mayor farmacéutica de España. La fortuna de los hermanos, según Forbes, roza los 2000 millones de euros.

Manuel Lao Hernández, «el rey de las tragaperras», no pertenece a una familia de la vieja burguesía catalana, pero es uno de los hombres más ricos de la comunidad. Propietario de la empresa Cirsa, este emigrante originario de la provincia de Almería hoy conduce desde Terrassa (Barcelona) un imperio del juego con 1500 millones de euros de facturación y 12 000 trabajadores. Su hermano y socio Juan es el principal accionista del Casino de Lloret de Mar.

Otro de los hombres con más dinero en Cataluña es Josep María Serra Farré, presidente de la aseguradora Catalana Occidente, una de las grandes empresas del sector en España. La dinastía va ya por la cuarta generación. La compañía, cuya cotización se ha disparado en los años más duros de la crisis, factura 3200 millones de euros anuales y tiene 5500 empleados.

La familia Molins, principal accionista de Cementos Molins, es de las más ricas de Cataluña. Medio centenar de familiares tienen sindicada su participación en la empresa, con lo que se aseguran el control absoluto en la toma de decisiones. Los herederos de Joaquim Molins Figueras, que fundó la compañía en 1928, tienen su dinero invertido en bodegas, la gestora patrimonial Gesiuris y diversas sicav.

Los Vaqué Boix son los propietarios de Cevasa, un grupo de empresas con intereses en los sectores inmobiliario y hotelero. El patriarca de la familia, Manuel Vaqué Ferrandis, comenzó fabricando plumas estilográficas y en 1955 creó la marca Inoxcrom, la pluma con la que Artur Mas firmó la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre el futuro de Cataluña. La compañía dio luego el salto a lo inmobiliario con la Compañía Española de Viviendas de Alquiler (Cevasa). Sus cuatro hijos, María, Empar, Eulalia y Manel, llevan hoy la empresa, en la que ya trabaja una tercera generación. La compañía tuvo que vender Inoxcrom en 2009, agobiada por las deudas.

Hay quien piensa que Cataluña está perdiendo peso económico a marchas forzadas y que para recuperarlo necesita la independencia. Quienes siguen esta línea argumental sostienen que con la globalización, las capitales de los Estados concentran cada vez más poder, y que Madrid se ha beneficiado claramente de ello en perjuicio de Barcelona. Las empresas catalanas, piensan, han sufrido una grave descapitalización en favor de las ubicadas en la capital de España. Sea o no verdad, las grandes empresas catalanas, hoy plenamente integradas en la economía española, se juegan mucho en este pulso entre la marea independentista y el gobierno de Mariano Rajoy en Madrid. Pero esta es otra historia que solo el tiempo desvelará.

Capítulo 13. La prensa, al servicio del establishment

Capítulo 13

LA PRENSA,

AL SERVICIO DEL ESTABLISHMENT

Si el entramado político levantado durante la Transición navega a la deriva arrastrado por sus propios excesos, el modelo de prensa surgido en aquellos años parece condenado a hundirse con él. Agobiados por enormes deudas, los grandes medios de comunicación —desde los periódicos a las principales televisiones y emisoras de radio— dan la impresión de haber renunciado a su papel de contrapoder para convertirse en defensores de ese establishment tan denostado por el público. Los medios han caído en los mismos errores de la clase política: la autocomplacencia y la desconexión con los intereses ciudadanos, y comparten cómodamente el espacio de corrupción moral en que se han instalado los políticos de los partidos mayoritarios y las grandes corporaciones.

El hundimiento de la prensa tradicional tiene que ver más con su entusiasta participación en un capitalismo de casino que con los cambios tecnológicos o la crisis económica, las razones que con frecuencia esgrimen sus responsables. Durante los años del boom económico, las empresas editoras de los periódicos se empeñaron en construir imperios mediáticos a base de crédito. Sus dirigentes, como en otros sectores, se premiaron a sí mismos con retribuciones de siete cifras.

Los amos del dinero son hoy, más que nunca, los amos de la información. El grupo Prisa, editor de El País y dueño de la Cadena SER, tiene en su accionariado a Caixabank, el Grupo Santander y el banco británico HSBC. El resto del capital se reparte entre Telefónica, fondos buitre, especuladores estadounidenses y un empresario mexicano ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). La familia Polanco, heredera de quien pilotara la empresa durante más de dos décadas y otrora propietaria del 70 por ciento de las acciones, apenas tiene hoy un magro 10 por ciento.

La Vanguardia, periódico de referencia en Cataluña, está bajo control de Caixabank. El presidente de su empresa editora, el Grupo Godó, ha sido vicepresidente de La Caixa y actualmente se sienta en el Consejo de Administración de Criteria, el brazo inversor del banco. La entidad financiera controla también a su gran rival, El Periódico de Catalunya, tras colocar a uno de sus hombres de confianza como consejero delegado. Al frente de TV3, la emisora de televisión pública catalana, está Eugeni Sallent, un exdirectivo de la radio del Grupo Godó, empresa que paradójicamente tiene un canal (8TV) que compite con la televisión pública catalana.

José Manuel Lara, propietario del imperio Planeta (Atresmedia y La Razón), también está estrechamente vinculado a la banca como vicepresidente del Banc Sabadell. Vocento —empresa editora de ABC y de importantes cabeceras regionales como El Correo, Diario Vasco, Sur, El Norte de Castilla o El Comercio— tiene como presidente a Rodrigo Echenique, exconsejero delegado del Banco Santander y actual vicepresidente de la entidad financiera.

Se salva del agobio bancario Unidad Editorial, empresa editora de El Mundo, sencillamente por el hecho de que su deuda está en manos de su matriz italiana, RCS, como principal acreedora. RCS está, a su vez, muy endeudada con la banca italiana, por lo que tuvo que hacer una ampliación de capital en 2013.

Los grandes grupos de comunicación han visto desplomarse los ingresos procedentes de la venta de publicidad desde que comenzó la crisis. Si en 2007 facturaron conjuntamente un máximo histórico de 7587 millones de euros por ese concepto, en 2013 la cifra había caído a más de la mitad, 3571 millones, una cifra desconocida desde los años noventa. Los medios escritos han sufrido un doble castigo, pues sus ventas en los quioscos han mermado también más de un 50 por ciento.

Pero la deuda, la caída de la publicidad y la venta de ejemplares no son los únicos problemas de la prensa escrita. Su gran equivocación es haber perdido la conexión con la sociedad a la que supuestamente sirven. Los grandes periódicos no han sabido, o no han querido, detectar los cambios que se estaban produciendo en el país ni responder a las nuevas exigencias de la ciudadanía. Del mismo modo en que no vieron venir la tormenta financiera que desató la crisis, tampoco han sabido reflejar en sus páginas el daño causado por ella en amplias capas sociales, como los parados, los pobres y los jóvenes. La prensa se ha sumado así al creciente descrédito de las principales instituciones del Estado, como los partidos políticos, el Parlamento o el poder judicial. La profesión periodística es hoy una de las instituciones más desprestigiadas.

Los grandes periódicos han dado la espalda a sus lectores para ponerse al lado de los poderosos. Encerrados en sus redacciones, absortos en sus propios problemas e incapaces de ver lo que ocurría delante de sus narices, los responsables de los grandes medios establecieron relaciones de complicidad con políticos, grandes empresarios y banqueros. Esa es una de las razones por las que la prensa no vio venir la crisis ni tampoco los cambios que esta ha provocado en la sociedad española. En lugar de mantener los ojos abiertos, sus responsables estaban muy ocupados ganando dinero. La codicia y el ansia de poder de algunos de sus responsables han puesto a los medios al servicio del mundo financiero y del Gobierno. En su ansia por defender al establishment con los que tantos intereses comparten, algunos medios de comunicación trataron de minimizar la importancia de movimientos de descontento como el 15-M y desacreditar el ascenso de partidos como Podemos, calificando ambos fenómenos de «antisistema».

Es difícil, casi imposible, encontrar en la prensa artículos críticos con el papel que los bancos desempeñaron en el estallido de la crisis o sobre los escándalos en que los banqueros se han visto involucrados. Únicamente cuando estos comenzaron a desfilar por los juzgados se animaron los periódicos a publicar noticias sobre sus tropelías. Salvo casos honrosos, la cobertura de los bancos en los medios de comunicación es siempre amable y con frecuencia esconde o minimiza los problemas que atraviesa el sector. Un buen ejemplo es la estafa de las preferentes, que ha dejado sin su dinero a miles de pequeños ahorradores. El escándalo fue silenciado durante años por la mayoría de los periódicos, a pesar de que era de sobra conocido entre las redacciones y los periodistas de a pie alertaron de ello a sus jefes. Estos solo se atrevieron a publicarlo cuando era evidente que taparlo iba a ser misión imposible.

Por desgracia, el episodio no es excepcional cuando se trata de informar sobre los poderosos. Otro buen ejemplo es el de Jaime Botín, cuya condena a pagar una multa de 700 000 euros por ocultar el monto de su participación en Bankinter pasó prácticamente desapercibida en buena parte de los medios. Que uno de los principales banqueros del país, miembro de la primera familia del sector financiero, engañase a los accionistas y a los clientes del banco que él mismo presidió durante 15 años únicamente mereció un pequeño espacio en la mayoría de los periódicos e informativos de televisión. Para más inri, el hermano de Emilio y tío de Ana Botín se ha convertido en columnista habitual de El País, donde escribe artículos sobre ética y moral en la política y en los negocios identificado como «alumno de la Escuela de Filosofía».

Las cuentas de resultados de los principales grupos de comunicación están desde hace años en números rojos. La prensa es víctima de una triple crisis: la general, la propia del sector —común a todos los medios del mundo— y la provocada por la negligencia de algunos de sus directivos. Prácticamente todos los diarios han llevado a cabo dolorosos recortes de plantilla en los últimos siete años, y la calidad de la información ha ido mermando a medida que despedían a sus mejores periodistas y cerraban corresponsalías en ciudades españolas y en el extranjero. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, desde 2008 se han perdido 11 151 puestos de trabajo en los medios de comunicación, incluyendo periodistas, técnicos y personal de administración.

Las dos fuentes de ingresos de los periódicos, la venta en quiosco y la publicidad, no han dejado de caer desde que comenzara la crisis. Además, las ediciones digitales no acaban de aportar los ingresos necesarios para compensar las crecientes pérdidas del negocio tradicional. Es un círculo vicioso del que va a ser casi imposible salir.

¿Qué pasa con la libertad de expresión?

La organización Freedom House, que vigila el estado de las libertades civiles en todo el mundo, publicó en mayo de 2014 un informe devastador para el estado de la libertad de expresión en España. La puntuación otorgada a nuestro país lo dejaba al borde de dejar de ser un Estado con plena libertad de prensa. España cayó al puesto 56 de 197 países en el ranking, empatada con Ghana, Surinam y las Islas Salomón. Entre las razones que apunta Freedom House para rebajar la nota de España figura que la crisis del sector de la comunicación ha traído consigo la desaparición de medios y ha mermado la pluralidad informativa. Según la organización estadounidense, los despidos masivos de profesionales de la información han motivado que entre los periodistas se asiente la autocensura a la hora de tratar ciertos temas.

A medida que la crisis ha ido haciendo mella en la cuenta de resultados de los medios de comunicación, estos han ido sustituyendo sus periodistas más veteranos por profesionales jóvenes con contratos precarios y, por tanto, más dóciles y fáciles de manejar. «Obediencia» es el primer requisito que hoy se exige a los recién llegados a unas redacciones atenazadas, en muchos casos, por ley del silencio. ¿Cuántos periodistas se han levantado para denunciar esta situación? No muchos. Buena parte de los periodistas españoles ha observado sin levantar la voz cómo se diezmaban sus filas. Solo cuando se ha presentado algún expediente de regulación de empleo, con el peligro de perder el puesto de trabajo a la vista, algunos profesionales han plantado cara a sus jefes. Hay miedo en las redacciones. Como todo hijo de vecino, los periodistas tienen hipotecas y colegios que pagar.

Es una ironía que la sumisión se haya convertido en la actitud necesaria para que un periodista conserve su trabajo y ascienda en el escalafón profesional, cuando debería ser todo lo contrario: ser incómodo para el poder, cuestionar toda orden recibida y mantener una actitud distante ante toda declaración procedente de los políticos. Los mensajes informativos son, además, cada vez más uniformes. Tras la desaparición de Público y el giro hacia la derecha de la línea editorial de El País, la izquierda se ha quedado sin periódico en Madrid.

A los propietarios y dirigentes de los grandes medios de comunicación les pasa lo mismo que a tantos empresarios y políticos: son ellos los antisistema. A muchos se les llena la boca de loas a la libertad de expresión y al papel de fiscalizador del poder que supuestamente desempeña la prensa, pero a menudo no son más que palabras vacías. Los cínicos no sirven para este oficio, decía el maestro de periodistas Ryszard Kapuscinski.

Los principales medios de comunicación son hoy una parte esencial del establishment, de la casta dominante, como dirían los dirigentes de Podemos. En aras de una supuesta estabilidad del sistema, no se critican los abusos de las grandes empresas y el poder político. Cabe preguntarse, ¿está entre las funciones de la prensa garantizar la estabilidad de un país? Claramente, la respuesta es no. Hay periódicos que se creen salvadores de España y que por ello se extralimitan en su función de informar. Prefieren ocultar a la opinión pública determinadas informaciones en aras de una supuesta estabilidad del sistema que no es más que la salvaguarda de los privilegios de sus responsables.

Lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: «Si me dieran a elegir entre un país con gobierno pero sin periódicos y un país con periódicos pero sin gobierno, optaría por lo segundo». Es hasta cierto punto lógico que muchos políticos españoles discrepen con Jefferson, pero lo que sí sorprende es que los propios propietarios de los periódicos prefieran un país con gobierno antes que un país con periódicos libres.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se jacta en privado de tener a la prensa bajo control, y en cierta medida, la tiene. Todos los diarios impresos de la capital —La Razón, ABC, El Mundo y El País— tienen hoy una línea editorial favorable al Gobierno. En temas clave como la política de austeridad económica y la cuestión catalana —los dos asuntos más importantes a los que ha hecho frente el ejecutivo de Rajoy en la legislatura—, los cuatro han estado de acuerdo, y discrepan únicamente en temas sociales, como el derecho al aborto o el modelo educativo.

Se trata, en buena medida, de un esfuerzo inútil. Durante buena parte de la Transición, lo que no salía en los medios no existía. Ahora es prácticamente imposible ocultar algo. La irrupción de Internet, la fuerza de las redes sociales y la aparición de nuevos medios digitales han traído consigo más transparencia. La información ha dejado de ser propiedad exclusiva de los grandes grupos mediáticos.

¿Qué sacan los periódicos por plegarse a los intereses del Gobierno? Los beneficios son diversos. El Gobierno echa una mano a las empresas editoras en sus otros negocios y en su trato con los bancos o les premia con la compra masiva de ejemplares y la contratación de publicidad institucional. En España se nota la falta de auténticos empresarios de prensa con vocación de servicio público, verdaderamente comprometidos con el papel de los medios de comunicación en una sociedad democrática avanzada. No se trata solo de ganar dinero, sino de servir a la ciudadanía. No hay en nuestro país dinastías como las de la familia Ochs-Sulzberger, propietaria del New York Times, el gran referente de la prensa mundial.

Las consecuencias de la penuria económica

Los medios no solo han perdido independencia frente a los bancos y al poder político, sino también frente a los anunciantes. La publicidad, una fuente de ingresos vital para la supervivencia de los medios, es una herramienta que las empresas utilizan para ejercer el control de la prensa. El trato consiste en lo siguiente: si una empresa dedica grandes cantidades de dinero a anunciarse en un periódico, se asegura que este se lo pensará dos veces a la hora de publicar malas noticias sobre ella. Cuando la situación económica va mal, es casi imposible resistirse a las presiones de la propiedad, del Gobierno y de los anunciantes. Es por ello que sin independencia económica no hay independencia periodística. Algunos medios, los más precarios y con menos escrúpulos, recurren directamente a la extorsión: exigen a las empresas que les den publicidad bajo la amenaza de publicar informaciones perjudiciales contra ellas, reales o inventadas. Es una práctica muy conocida en la profesión, pero que nadie se atreve a denunciar. Hay empresas que dedican una parte de sus presupuestos de publicidad a pagar a estos extorsionadores y así se quedan tranquilas.

La publicidad institucional es otra herramienta utilizada por el Gobierno para manipular a la prensa y censurar con el dinero de todos los contribuyentes. Con frecuencia, ayuntamientos, comunidades autónomas y el ejecutivo central conceden trozos más grandes de la tarta a los medios afines y marginan a los díscolos.

En este ambiente de penuria, cada vez más a menudo los medios mezclan publicidad e información, sin que el lector pueda saber de dónde viene el mensaje y con qué intención. Muchos de los contenidos que se leen en las revistas y los periódicos están patrocinados por empresas. En ocasiones, primero se pacta la publicidad, y luego se escribe el artículo.

Los departamentos de prensa ejercen con frecuencia de muro protector en lugar de facilitar el trabajo de los periodistas; es decir, la transparencia. Ya hay más periodistas en gabinetes de comunicación de instituciones y empresas que en medios de comunicación, instalados en el otro lado de la trinchera para defender intereses particulares que a menudo chocan con los de los ciudadanos.

Una manera en que las grandes compañías tratan de influir en el trabajo de los periodistas son las invitaciones a comidas, viajes y otras actividades lúdicas. El Banco Santander, por ejemplo, invitó en diciembre de 2011 a Brasil a un nutrido grupo de jefes de medios de comunicación, justo cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió el indulto a Alfredo Sáenz, episodio del que hablamos en el capítulo dedicado a la banca. En Río de Janeiro, los periodistas visitaron la favela de Alemão para conocer la sucursal abierta por la entidad española en esa zona conflictiva de la ciudad y fueron testigos de cómo Emilio Botín se fotografiaba con los vecinos. Al regresar, todos los reportajes elogiaron la iniciativa del Santander. Viajes como este han sido una práctica habitual durante muchos años. La primera vez que uno de ellos vio la luz pública tuvo lugar con motivo del campeonato mundial de fútbol de Brasil, en el verano de 2014. Invitados por Iberdrola, patrocinadora de la selección nacional, 40 periodistas se trasladaron a Salvador de Bahía para ver el partido España-Holanda.

Con frecuencia los periodistas tutean a los grandes empresarios y a los políticos, a los que llaman por sus nombres de pila, eludiendo el distanciamiento que se supone en el ejercicio de su profesión. No resulta raro ver a periodistas en eventos deportivos como la Fórmula 1 o los campeonatos de tenis que se celebran fuera y dentro de las fronteras españolas, a las que asisten con todos los gastos pagados, incluyendo viajes en primera clase, buenos hoteles y opíparas cenas. «¡Cuántos solomillos me tengo que comer para llevar el pan a casa!», reza un dicho popular en la profesión.

Un caso peculiar es el de los periodistas que hacen anuncios publicitarios para grandes empresas, confundiendo su labor de informadores con el de personajes públicos. Es una práctica prohibida a los periodistas en numerosos países, pero que en España es cada vez más frecuente. Algunos periodistas hacen incluso anuncios de bancos, que están todos los días en las noticias por los desmanes cometidos durante la crisis. Muchos profesionales olvidan que son depositarios del derecho a la información de los ciudadanos y que la posición que ocupan no les pertenece en exclusiva, sino que la comparten con la sociedad a la que deberían servir.

Otra costumbre muy arraigada en la profesión es la de los regalos navideños de las empresas. Aunque en la mayoría de ocasiones se trata de detalles sin apenas valor, en otras los obsequios son caros. Hay periodistas que reciben decenas de regalos durante las fiestas. Algunos medios imponen restricciones a estas prácticas, pero raramente se cumplen.

También existen las puertas giratorias entre medios de comunicación, empresas privadas, partidos políticos y el Gobierno. Periodistas especializados piden excedencias en sus medios para trabajar en los gabinetes de prensa. Aunque contribuye a mejorar la formación de los profesionales, que tienen la oportunidad de ver cómo es el poder por dentro, muchas veces contribuye a reforzar esos lazos de complicidad entre estamentos que, se supone, deben mantener la distancia debida.

La penuria económica ha llevado a algunos medios a vender noticias. Es el caso de varios periódicos vascos, que cobraron dinero del Gobierno autónomo por publicar informaciones en contra de la ley Wert, impulsada por el Gobierno del PP. Los tres eran medios afines al nacionalismo, pertenecientes al Grupo Noticias: Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias, además de la emisora de radio Onda Vasca. El Departamento de Educación del Ejecutivo vasco reconoció que las informaciones formaban parte de una estrategia de su departamento.

Mientras tanto, los periodistas trabajan en condiciones cada vez más precarias. La brecha salarial también se ha ensanchado en los medios durante la crisis. Hace años la diferencia entre el sueldo de un director o un subdirector de un periódico no era muy grande. Ahora la diferencia puede superar las veinte veces. Mientras algunas estrellas de la radio y la televisión reciben salarios de siete cifras, muchos de los jóvenes periodistas apenas llegan a los 1000 o 2000 euros mensuales, en muchos casos a cambio de plena disposición, jornadas agotadoras, trabajo nocturno y fines de semana. También entre los periodistas hay ganadores y perdedores de esta crisis. Eso por no hablar de los directivos de los medios, que cobran como si el sector fuera el más boyante de la economía.

Según datos publicados por elconfidencial el 30 de marzo de 2014, el ejecutivo mejor pagado del sector es el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, que ganó 2,4 millones de euros en 2013, gracias en buena parte la gratificación recibida tras la compra de La Sexta. Los otros dos beneficiarios de ese bonus fueron Maurizio Carlotti, vicepresidente de Atresmedia, y José Manuel Lara, presidente de Planeta. Ambos cobraron 1,56 millones de euros. En segundo lugar del top ten se encuentra Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del grupo Prisa, que se embolsó 2,14 millones de euros, seguido de quien fuera su número dos, Fernando Abril-Martorell, hoy fuera de la compañía, con 1,62 millones de euros. Tampoco están mal pagados Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, que ganó 1,52 millones de euros en 2013, seguido de sus compañeros de empresa Giuseppe Tringali (1,48 millones) y Massimo Musolino (830 000). El más austero es el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, que recibió 510 000 euros.

Al igual que sucede en muchos sectores de la economía, la propiedad de los medios de comunicación se halla cada vez en menos manos y con frecuencia utilizan su poder en beneficio propio. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FSdP) denuncia que esa excesiva concentración provoca un retroceso del pluralismo y merma la calidad e independencia de la información que reciben los ciudadanos. Dos cadenas televisivas, Atresmedia y Mediaset, acumulan el 60 por ciento de la audiencia con sus múltiples canales y obtienen el 87 por ciento de la facturación del sector. Para ampliar el espectro informativo, la FSdP ha pedido reiteradamente al Gobierno y a los partidos políticos que promuevan una legislación en estas materias acorde con una democracia moderna. No tendrán que inventar nada, solamente analizar las normativas que existen en otros países y trasladarlas a España. Entre otras medidas, el sindicato propone que España adopte medidas como la distribución del espacio radioeléctrico a partes iguales entre operadores públicos, privados y movimientos sociales sin ánimo de lucro, el llamado tercer sector de la comunicación.

El mayor grupo de comunicación de España, editor del diario El País y propietario de la Cadena SER, atraviesa la peor crisis desde su nacimiento. Las acciones de la empresa, que comenzaron a cotizar en la bolsa de Madrid a un precio de 20 euros en el año 2000 y que llegaron a valer 29 euros, apenas se pagaban a 20 céntimos de euro a finales de 2014.

El establishment ha salido al rescate de Prisa, que se encontraba a finales de 2013 prácticamente en quiebra debido a una deuda que, un año después, aún rondaba los 2500 millones de euros. Ante la imposibilidad de cobrar el dinero prestado, los bancos acreedores —Caixabank, HSBC y Santander— han entrado en el accionariado del grupo mediante el trueque de deuda por capital, lo que les otorga conjuntamente el 15 por ciento de la empresa. Telefónica ha pasado a controlar el 4 por ciento tras comprar 100 millones de euros en bonos. Al mismo tiempo, un grupo de 16 fondos buitre adquirieron el 17 por ciento del capital mediante una operación de warrants convertibles. En un lapso de ocho años, la familia Polanco se ha quedado sin la empresa que construyó el patriarca, Jesús de Polanco, fallecido en 2007. Los hermanos Polanco retienen únicamente el 10 por ciento del capital del grupo, muy lejos del 70 por ciento que dejó en herencia su padre al fallecer.

El último en echar una mano a Prisa ha sido el magnate mexicano Roberto Alcántara Rojas, que inyectó 100 millones de euros en la compañía tras una ampliación de capital y se hizo así con el 9,3 por ciento de Prisa. Propietario de líneas de autobuses Autotransportes Mexicanos y de la aerolínea de bajo coste VivaAerobus, Alcántara es un empresario muy cercano al presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no oculta su pertenencia al partido. Desde que Peña Nieto llegó al poder, empresas de Alcántara han recibido importantes concesiones estatales, aunque él niega cualquier trato de favor.

Para reducir deuda, Prisa ha tenido que desprenderse de importantes activos, entre ellos parte de la editorial Santillana. La compañía se ha deshecho prácticamente de toda su división de televisión, que un día incluyó Digital Plus y Cuatro. En 2014 Telefónica llegó a un acuerdo para comprar el 56 por ciento de la plataforma de televisión por 725 millones, lo que prácticamente ha dejado reducidos los activos de Prisa en España a El País y la SER. La compra de la plataforma de televisión de pago deja a Telefónica en una posición dominante en ese segmento de negocio, pues ya controla su propia plataforma bajo la marca Movistar TV. A finales de 2014, el caso estaba siendo examinado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Grupo Prisa logró grandes beneficios gracias a su buena relación con el PSOE mientras este partido estuvo en el poder. Los socialistas facilitaron la adquisición de Antena 3 radio por parte de la cadena SER —anulada por el Tribunal Supremo, y aún pendiente de ejecución— la concesión de Canal+ como única televisión de pago, la creación de la plataforma Digital+ y la concesión del canal Cuatro. Al llegar al poder el PP, El País dio un giro a su línea editorial e informativa a favor del Gobierno de Rajoy. A pesar de su delicada situación económica y de que ha dejado de marcar la agenda informativa en Madrid, El País sigue siendo el periódico de información general más vendido de España y la SER la radio más escuchada, con lo que conviene estar a bien con ellos, especialmente en estos tiempos de convulsión política y con varias elecciones a la vuelta de la esquina. El establishment ha salvado al grupo Prisa y el grupo Prisa hará todo lo posible por salvar al establishment.

José Manuel Lara también pierde dinero con La Razón, pero parece no importarle. Mantener la cabecera le asegura al empresario catalán, dueño del imperio editorial Planeta, un puesto avanzado en Madrid donde intercambiar favores con el poder político. La Razón se ha convertido en el gran altavoz del Partido Popular, apoyando sin fisuras al Gobierno de Mariano Rajoy y minimizando los escándalos de corrupción. Lara es uno de los magnates de la comunicación más poderosos de España gracias a la presencia de Planeta en el accionariado de Antena 3 y La Sexta. Le gusta jugar siempre a caballo ganador, como lo demuestra el hecho de que controla una cadena televisiva de línea conservadora y otra progresista. Ya lo hizo cuando, al mismo tiempo que tenía La Razón, fue editor del diario catalán Avui, hoy desaparecido. A finales de 2014 Lara negociaba su entrada en El Periódico de Catalunya con la compra de una participación del 23 por ciento del capital.

En medio de la tormenta, los periódicos tradicionales tratan a toda costa de conservar su influencia. Es cierto que siguen marcando la agenda dominante, pero cada vez lo tienen más difícil. La pérdida de independencia puede costarles muy caro. Como suele decir Ignacio Escolar, director del diario.es y uno de los observadores más lúcidos de la actualidad, las aguas no volverán a su cauce cuando termine esta crisis. Una vez perdida, la credibilidad es casi imposible de recuperar.

La esperanza para la opinión pública son los nuevos medios surgidos durante la crisis, entre ellos eldiario.es, La Marea, InfoLibre, JotDown o la revista Alternativas Económicas, en el que trabaja el autor de este libro. Son más pequeños, más difíciles de manejar por parte del poder y la mayoría tienen en sus filas jóvenes periodistas que huyen del estilo heredado de sus mayores. No tienen deudas ni vínculos con el poder financiero. Gracias a su hábil uso de las redes sociales y su cercanía a los nuevos lectores están consiguiendo la audiencia necesaria para salir adelante y aumentar su influencia. También han surgido con fuerza programas de televisión como El intermedio, Salvados o El objetivo, todos ellos en La Sexta. No son informativos convencionales, pero practican un periodismo más incisivo, irreverente y más cercano a los intereses de los ciudadanos que los tradicionales. Del éxito de estos nuevos medios dependerá en buena medida la salud de la libertad de información en España, en pleno proceso de cambio como el resto de la sociedad.

Capítulo 14. La mujer, en las márgenes del poder económico

Capítulo 14

LA MUJER, EN LAS MÁRGENES

DEL PODER ECONÓMICO

La foto parecía de otra época, pero fue tomada en la mañana del 7 de mayo de 2014. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, posaba en los jardines del palacio de La Moncloa con dieciocho representantes del Consejo Empresarial para la Competitividad, a quienes había presentado su último plan económico. Todos eran hombres. Ni una sola mujer figuraba entre los miembros del lobby que agrupa a las empresas más poderosas del país. La imagen quizás no habría llamado la atención hace unos años, pero la ausencia de mujeres en una reunión como esa resulta hoy anacrónica y dice muy poco de un país que aspira a estar entre los primeros de Europa. Tuvo que morir Emilio Botín para que su hija Ana, heredera del trono del Banco Santander, se sumara a tan selecto grupo.

La ausencia femenina en lo más alto del mundo empresarial contrasta con la rapidísima incorporación de la mujer al mercado laboral en las últimas décadas, sin duda uno de los grandes éxitos de la democracia española. Hay cada vez más sectores económicos en los que las mujeres se han igualado en número a los hombres, e incluso los ha superado. Hace años que la presencia femenina en la universidad supera a la masculina. Sin embargo, el llamado techo de cristal sigue estando ahí, impidiendo el ascenso de muchas mujeres a puestos de responsabilidad, especialmente en el sector privado.

La presencia de mujeres en los órganos directivos de las empresas españolas sigue estando aún lejos de los países más avanzados en este aspecto. En Estados Unidos hay mujeres al frente de compañías gigantescas como General Motors (Mary Barra), HP (Meg Whitman), IBM (Virginia Rometty), Pepsico (Indra Nooyi), Kraft Foods (Irene Rosenfeld), Xerox (Ursula Burns), Avon (Sheri McCoy) y DuPont (Ellen Kullman), por citar solo algunas. Este avance se ha acelerado en los últimos diez años y es muy probable que prosiga en el futuro.

Entre las empresas del Ibex 35, principal indicador de la Bolsa de Madrid, solo hay tres presidentas: Ana Botín (Banco Santander), Ana María Llopis (DIA) y Esther Alcocer Koplowitz (FCC), además de una consejera delegada, María Dolores Dancausa (Bankinter). Hace tiempo que los consejos de administración dejaron de ser un coto cerrado para las mujeres, pero su número es aún escaso y crece lentamente. En 2014 los órganos de gobierno de las principales empresas cotizadas solo tenían 78 mujeres, frente a 392 hombres, según un estudio de IESE Business School e Inforpress. Ello supone un exiguo 16,6 por ciento del total. La buena noticia es que, por primera vez en la historia, España se sitúa en ese terreno en la media europea. La mala es que está aún lejos de alcanzar el objetivo del 40 por ciento marcado por la Ley de Igualdad para el año 2015 y por la Comisión Europea para 2020.

Pese a la mejoría, aún hay empresas del Ibex 35 sin presencia femenina en sus consejos. Son Gas Natural Fenosa, Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas. Ocho compañías tienen solo una mujer (ACS, Amadeus, Bankia, Bankinter, Gamesa, Ferrovial, Mediaset y Telefónica). Red Eléctrica Española es la mejor en este terreno: cinco de sus doce consejeros son mujeres, aunque todas ellas son de carácter independiente; es decir, sin labores ejecutivas, que quedan reservadas a los hombres.

Los ligeros avances hechos por España en los últimos años pueden resultar engañosos, pues en muchas ocasiones la presencia de las mujeres en los órganos de gobierno de las compañías es puramente testimonial. Como suele decirse despectivamente, sirven de florero. La inmensa mayoría de las consejeras españolas son independientes o dominicales y apenas un puñado de ellas participa en la gestión. Es en ese terreno en el que España sí va notablemente retrasada en relación a sus socios europeos. La presencia femenina entre los altos ejecutivos de las empresas es aún menor que en los consejos de administración: solo el 7 por ciento de los directivos del Ibex 35 son mujeres.

Los ejemplos de Noruega, o el más reciente de Francia, muestran que fijar cuotas por ley para aumentar el número de mujeres en los consejos de administración da resultado. Francia ha pasado de tener apenas un 10 por ciento a superar el 25 por ciento desde que se impusieran sanciones por incumplimiento de la norma, como en su día hizo Noruega. El país escandinavo tiene hoy un 45 por ciento de mujeres en los consejos, superior al 40 por ciento establecido por la ley. Cuanto más al norte viajemos en Europa, más mujeres encontraremos en puestos de responsabilidad en las empresas.

El artículo 75 de la Ley de Igualdad, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, dio un plazo de siete años a las empresas para incluir en sus consejos de administración «un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres». A punto de cumplirse esa fecha tope, solo el 12,19 por ciento de las sociedades afectadas por la ley (las 18 836 obligadas a presentar un balance) había alcanzado ese objetivo, según un estudio de la consultora Informa D&B.

La participación de las mujeres en los consejos de administración disminuye a medida que aumenta el tamaño de las empresas. Cuanto más grandes son, menos mujeres hay. La educación, la sanidad y el inmobiliario son los sectores con mayor presencia de directivas femeninas. Por el contrario la energía, la banca y los transportes siguen siendo prácticamente coto cerrado para ellas.

La desigualdad salarial entre hombres y mujeres que se da en la economía en general tiene su reflejo en las altas esferas empresariales, como lo demuestra el hecho de que solo hay tres mujeres entre los cien consejeros mejor pagados de España. Según la información suministrada por las propias empresas a la CNMV, correspondiente al ejercicio 2013, estas fueron Ana Botín, con 4,8 millones de euros; Eva Castillo, de Telefónica (3,21 millones), y María Dolores Dancausa, de Bankinter (1 millón).

¿Por qué el poder económico está tardando mucho más en integrar a la mujer que el poder político y el mundo del trabajo en general? La endogamia, el nepotismo y el machismo siguen siendo rasgos característicos del capitalismo de amiguetes y frenan la meritocracia. Las élites económicas obstaculizan que la mujer pueda romper el techo de cristal y reclamar un papel relevante. Las empresas se niegan a aceptar por ley cuotas en sus consejos de administración, al contrario de lo que ya han hecho algunos países. Por motivos de imagen se han resignado a ceder terreno a las mujeres, pero con frecuencia se trata de cargos puramente representativos. A pesar de lo mucho que se han modernizado las técnicas de gestión de las grandes sociedades en los últimos años, el mundo corporativo español sigue siendo muy tradicional en las formas y en el fondo, proclive al compadreo y a la separación de roles entre hombre y mujer.

Muchas mujeres se topan con el techo de cristal cuando tienen hijos. Son ellas las que suelen pedir el permiso de maternidad y ello rompe demasiado a menudo su ascenso profesional. Aunque la situación está cambiando, en España las mujeres siguen siendo mayoritariamente las que se ocupan de las tareas de la casa y del cuidado de los hijos. No van a jugar al golf o a ver los partidos de fútbol, con lo que se pierden las ocasiones en las que los hombres confraternizan, forman alianzas y hacen negocios. Basta entrar cualquier día de la semana a la hora de comer en un restaurante de lujo de Madrid o Barcelona para comprobar que la presencia mayoritaria de hombres es abrumadora.

Los países del norte muestran el camino

La experiencia de los países escandinavos muestra que cuanto más integrada está una mujer en el mundo laboral y cuanto más comparte las labores domésticas con los hombres, más desarrollada es una sociedad y también más rica. Es un cambio en el que debe participar toda la sociedad, y por ello resulta extraño que haya tan pocas campañas gubernamentales sobre el tema.

Según la última Encuesta de Empleo del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INI), efectuada entre los años 2009 y 2010, el porcentaje de mujeres que dedican parte de su tiempo al cuidado del hogar y de la familia es del 91,9 por ciento. A esas labores destinan una media de 4 horas y 29 minutos diarios. Mientras tanto, solo el 74,7 por ciento de hombres efectúa trabajos domésticos y les dedica casi la mitad de tiempo que las mujeres: 2 horas y 32 minutos.

En una entrevista concedida a la BBC antes de asumir la presidencia del Santander, Ana Botín defendió una mayor presencia femenina en los órganos de dirección de las empresas. «Si las mujeres representan el 50 por ciento del talento, deberían lógicamente representar el 50 por ciento de la fuerza de trabajo, en todos los niveles, y ese no es el caso», dijo. «Las mujeres pagan un precio desproporcionado a medida que van ocupando puestos más altos porque las mujeres tienden —y eso está cambiando, pero sí es algo que ocurría en mi generación— a hacer más cosas en casa, y en ciertos momentos de su carrera eso puede suponer un problema. Hay que darles oportunidades a las mujeres, eso es lo que yo trato de hacer». Sin llegar a apoyar el establecimiento de cuotas, Botín sí se mostró a favor de que se tomen medidas para ayudar a las mujeres a ascender en el escalafón: «Es algo sobre lo que deberíamos pensar, y hacerlo de la manera adecuada, porque no es bueno para las mujeres que se nombre a alguien solo porque es mujer. Las normas están bien, pero creo que es mejor dar incentivos a los líderes para que ayuden a las mujeres de manera personalizada, porque hay mujeres en determinadas situaciones que necesitan ayuda». La opinión de la primera banquera del país es relevante. Si da ejemplo desde su nueva posición, puede ayudar a que la situación mejore más rápido en España.

¿Hay alternativas a las cuotas para fomentar el ascenso profesional de las mujeres? No lo parece, al menos a corto plazo. Hasta ahora no se han encontrado vías nuevas para conseguirlo, y los hombres siguen resistiéndose a ceder poder. En los procesos de selección de personal casi siempre se da prioridad a los hombres. Los cazatalentos, por ejemplo, tienen toneladas de perfiles femeninos en sus cajones, pero a menudo las empresas solo se los piden para cumplir las normas de buen gobierno que exigen que siempre se entreviste a mujeres para cubrir una vacante.

En ocasiones son las propias mujeres las que parecen empeñadas en frenar el ascenso femenino en el mundo laboral. Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, desató una oleada de indignación al desaconsejar, durante un acto público con hombres de negocios latinoamericanos, la contratación de mujeres en edad de tener hijos. «Si una mujer se queda embarazada y no se la puede echar durante los once años siguientes a tener a su hijo, ¿a quién contratará el empresario? Prefiero a una mujer después de los cuarenta y cinco años o antes de los veinticinco, porque por el medio, ¿qué hacemos con el problema?». Para «arreglarlo» De Oriol agregó que para que las mujeres lleguen a altos cargos directivos no hace falta regulación, sino «entender que un puesto directivo requiere sacrificios». Es la misma mujer que en una ocasión dijo: «Los subsidios que hay en España, que son los más generosos del mundo mundial, no están condicionados a la búsqueda del empleo y generan […] situaciones de parasitismo». La autora de estas palabras lo ha tenido fácil en la vida. Además de capitanear uno de los lobbies más elitistas y conservadores —acérrimo defensor de políticas económicas ultraliberales—, Mónica de Oriol es presidenta de Seguriber y consejera de Indra. Hija, nieta y bisnieta de multimillonarios, procede de familias de la aristocracia y de la alta burguesía vasca. Su primer marido fue Luis Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní, marqués de Perinat y conde de Casal, con quien tuvo tres hijos. Su segundo esposo es Alejandro Aznar Sainz, descendiente de la familia de navieros Sota y Aznar y presidente de la bodega Marqués de Riscal y de Remolcadores Ibaizabal, con el que ha tenido otros tres.

Las palabras de Mónica de Oriol son una muestra de lo retrógrados y clasistas que siguen siendo algunos miembros de las élites empresariales, y también del fuerte arraigo del machismo en amplias capas de la sociedad española, incluidas muchas mujeres. Declaraciones como las suyas en Reino Unido, Alemania o Estados Unidos habrían supuesto su destitución inmediata. Sus palabras la invalidan como representante del mundo empresarial y como interlocutora con el resto de la sociedad. Todos los empresarios españoles salen perjudicados con actitudes como la suya, más propias del siglo XIX que del XXI, pues contribuyen a estigmatizar al empresario como alguien ajeno a los intereses generales.

Ante la posibilidad de ver frenadas sus carreras profesionales, cada vez más mujeres optan por aplazar la maternidad. Muchas de ellas están recurriendo a la congelación de óvulos. Según informaba El País con datos del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) y el Instituto Dexeus, el número de mujeres que ha recurrido a esta técnica casi se duplicó entre 2011 y 2013. Dos de cada tres usuarias de este servicio prefieren aplazar la maternidad por cuestiones sociales en lugar de médicas, como solía ser antes. Y dentro de los llamados motivos sociales, los más importantes son la presión laboral (25 por ciento) y la falta de pareja (75 por ciento).

La adaptación de España a los horarios vigentes en la mayoría de los países europeos ayudaría, sin duda, a la incorporación plena de la mujer al trabajo y a puestos directivos. La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que busca su normalización con respecto a los demás países de la Unión Europea, sostiene que adoptar horarios más racionales permitiría conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral, además de facilitar el reparto de las tareas domésticas y de atención a la familia y favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. El manifiesto de la organización sostiene que los padres y las madres deben disponer de tiempo suficiente para convivir y dialogar con sus hijos y que es necesario valorar a las personas por sus resultados, pues las horas de presencia en el trabajo no garantizan una mayor eficiencia. Es un hecho que las jornadas laborales tan prolongadas aún existentes en muchos lugares perjudican la calidad de vida de los empleados y no son rentables para las empresas.

La intelectual y feminista estadounidense Nancy Fraser, profesora de la New School de Nueva York, critica que los esfuerzos por alcanzar la igualdad estén centrándose en ayudar a mujeres profesionales con altos niveles educativos en ámbitos como la gran empresa y las fuerzas armadas. Son mujeres, en su opinión, que compiten a la manera de los hombres y que se vuelven «socialmente masculinas». Para Fraser lo fundamental es reformar las empresas y organizaciones para acabar con estructuras laborales injustas y perjudiciales para las mujeres.

Las españolas más influyentes

¿Quiénes son las mujeres españolas más poderosas en el mundo de los negocios? Ana Botín es indiscutiblemente la primera de la lista, ya que posiblemente sea la persona más poderosa del país. Esther Koplowitz, principal accionista de la constructora FCC, ocuparía el segundo lugar. A ellas habría que añadir a Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega y Rosalía Mera y una de las herederas del imperio Inditex. Sandra Ortega no es, sin embargo, amiga de aparecer en público ni de relacionarse con las altas esferas del poder político.

Menos conocida para el gran público es Helena Revoredo Delvecchio, presidenta de Prosegur, empresa en la que tiene una participación ligeramente superior al 50 por ciento heredada de su difunto marido. Revoredo es también consejera del Banco Popular, del que es accionista, de Mediaset y de Endesa. Comparte junto a sus hijos la sociedad patrimonial Gubel, que tiene inversiones en distintos sectores.

Entre las directivas más influyentes del país figuran María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter; Ana María Llopis, presidenta de DIA; Elena Pisonero, presidenta de Hispasat; María Garaña, presidenta de Microsoft España; Rosa María García, consejera delegada de Siemens España; Helena Herrero, presidenta de HP España; Pilar Muro, presidenta del Grupo Quirón; Marta Martínez, presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, y Belén Frau, directora de Ikea España. Entre la nueva generación de mujeres directivas destaca María Fanjul, nombrada responsable del negocio online de Inditex a finales de 2014 con solo treinta años de edad.

La propia presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha reconocido que la presencia de mujeres en los órganos de gobierno de las grandes empresas es aún insuficiente. Para corregir esta situación, y si finalmente triunfan sus tesis, el nuevo Código Unificado de Gobierno Corporativo establecerá por primera vez en España una cuota fija de mujeres en los consejos de administración de las grandes sociedades cotizadas. Una comisión de sabios nombrada por el Gobierno dictaminó que el número de consejeras deberá alcanzar un mínimo del 30 por ciento en todas las sociedades que cotizan en el Ibex 35 en el año 2020, frente al 40 por ciento recomendado por la Comisión Europea.

Elvira Rodríguez consiguió convencer a quienes preferían no establecer un porcentaje fijo. La CNMV está controlada mayoritariamente por mujeres. Además de Rodríguez, en su Comité Ejecutivo se sientan la vicepresidenta, Lourdes Centeno, y como consejera Beatriz Viana, exdirectora de la Agencia Tributaria. En una entrevista con El País, Rodríguez sostuvo que diversos estudios demuestran que las empresas con cúpulas mixtas han resistido mejor la crisis.

«Si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, quizás todo habría sido mucho mejor». La frase es de la política luxemburguesa Viviane Reding, excomisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, una de las más ardientes defensoras del aumento del número de mujeres en la cúpula de las empresas, que fracasó en su intento de establecer cuotas por la oposición de países como Alemania.

¿Son más eficientes las empresas con mujeres en puestos de responsabilidad? Numerosos estudios demuestran que las que presentan mayor diversidad en la cúpula directiva no solo tienden a obtener mejores resultados a largo plazo, sino que son más innovadoras y presentan menos conflictos. Según la consultora McKinsey, los beneficios de las empresas con un equipo directivo paritario son un 56 por ciento superiores a los de aquellas gestionadas solo por hombres. Tras analizar 290 compañías, Ernst & Young llegó a la conclusión de que las compañías con al menos una mujer en su Consejo de Administración tienen ingresos más altos que el resto y gestionan mejor el riesgo. Credit Suisse analizó la marcha de 2360 multinacionales durante seis años y detectó que las que tienen mujeres en puestos directivos superan en rentabilidad a sus competidoras con cúpulas exclusivamente masculinas, además de haber reducido su deuda con más facilidad.

Para demostrar que todos estos estudios tienen razón, una exejecutiva de Wall Street ha lanzado al mercado un fondo que únicamente invierte en las 400 empresas del mundo con mayor porcentaje de mujeres directivas. Sally Krawcheck, que trabajó para Citibank, Bank of America y Smith Barney, ha hecho de la promoción de las mujeres en el mundo de los negocios uno de los principales objetivos de su vida. En 2013 compró la red de mujeres ejecutivas 85 Broads a su fundadora, Janet Hanson, exdirectiva de Goldman Sachs, y rebautizó la organización con el nombre de Ellevate Network. Krawcheck espera que muchas mujeres participen en el nuevo fondo como una manera de «invertir en ellas mismas». Entre las principales inversiones del fondo figuran Pepsico, presidida por una mujer, y Lockheed Martin, cuyo Consejo de Administración está formado por mujeres en un 30 por ciento.

Ante la lentitud con que marcha el proceso de integración de las mujeres en el mundo corporativo, algunas han decidido movilizarse. Es el caso de la abogada alemana Katharina Miller, presidenta de la asociación Paridad en Acción, que en 2014 se presentó en la Junta de Accionistas de Telefónica para pedir explicaciones de por qué solo había una mujer en el Consejo de Administración. «No se confundan: no vengo aquí en calidad de activista de género; vengo aquí para proteger mi inversión», dijo en su intervención. Miller, que protagonizó escenas similares en otras siete juntas de empresas españolas en el año 2014, se lamenta de que algunos ejecutivos no fueran demasiado receptivos. Así relató su experiencia en una entrevista con diariojuridico.com: «Fui a la junta de Técnicas Reunidas, una de las compañías del Ibex que no tiene representación femenina en el Consejo de Administración. Es una empresa de corte familiar con un presidente que tiene ochenta años y el vicepresidente es el hijo. Se sorprendieron mucho con mis preguntas. El presidente me contestó un poco molesto diciendo que la empresa iba muy bien, que tienen treinta directoras. Ridiculizó mis preguntas y la gente en la junta se reía, incluso las mujeres presentes».

Las chanzas de las que fue objeto la abogada alemana muestran que aún queda mucho camino por recorrer para que la mujer sea aceptada plenamente entre las élites económicas y para que su ascenso a puestos de máxima responsabilidad en el sector privado deje de ser la excepción para convertirse en norma.

Epílogo

Epílogo

«Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo». Con este mensaje de texto sms, Mariano Rajoy transmitía en marzo de 2014 su apoyo y comprensión a Luis Bárcenas, un individuo que presuntamente robó decenas de millones de euros procedentes del cobro de comisiones a empresas mientras era tesorero del Partido Popular, y que estaba a punto de ingresar en la prisión de Soto del Real. Preguntado una semana después por la última vez que había hablado con Bárcenas, Rajoy dijo no recordarlo.

El episodio resume mejor que cualquier libro o artículo periodístico hasta qué punto se ha degradado la vida política española y cómo los gobernantes viven de espaldas a una ciudadanía que necesita más que nunca líderes valientes y con empatía para sacar al país de la delicada situación en que se encuentra. La divulgación de los mensajes de Rajoy hubiera supuesto la dimisión inmediata de un gobernante en cualquier país avanzado. El caso Bárcenas hace realidad el viejo tópico de Spain is different y proyecta la imagen de una nación gobernada por intereses políticos y económicos ajenos a los ciudadanos.

Aunque conviene evitar generalizaciones y dramatismos, no cabe duda de que la estrecha relación entre los dueños del dinero y los servidores públicos ha contribuido a crear un círculo vicioso que ralentiza la salida de la crisis y la integración definitiva de España en el pelotón de los países más prósperos y democráticos. Frente a los abusos del capitalismo clientelar que padecemos y que tanto ha contribuido a agravar la situación, es esencial fomentar un modelo económico más inclusivo que ponga fin a los abusos de quienes más tienen y fomente la meritocracia, la movilidad social y la creación de empleo de calidad.

Para salvar al sector financiero, muchos gobiernos del mundo capitalista tuvieron que dejar de lado las normas básicas del libre mercado que con tanto ardor decían defender. Las ayudas públicas a la banca, concedidas de diversas formas pero siempre a costa de dolorosos recortes del Estado del bienestar, son una muestra de cómo la población está pagando los errores cometidos por los más poderosos. Mientras los bancos van dejando atrás la crisis, decenas de miles de jóvenes españoles han tenido que marcharse al extranjero en busca de trabajo y millones de parados se han convertido en excluidos sociales al no percibir prestación alguna del Estado. La clase media ha visto mermado su poder adquisitivo y tiene escasas perspectivas de recuperarlo a medio plazo. En los nueve primeros meses de 2014, la banca tuvo unos beneficios de 7500 millones de euros, un 11 % más que en 2013. Como bien sostiene el periodista Joaquín Estefanía, las ayudas al sector financiero han sido lecciones prácticas del poder de los gobiernos para modelar las reglas del juego en beneficio de determinados intereses. Lo mismo podríamos decir de grandes empresas en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía, la construcción y la prensa. Una vez salvados los muebles, el establishment parece dispuesto a restablecer el viejo orden y perpetuar los modos de comportamiento que nos han llevado a esta situación.

Escribo estas palabras el 27 de noviembre de 2014, mientras escucho por la radio a Mariano Rajoy presentar en el Congreso de los Diputados las medidas del Gobierno para combatir la corrupción. No parece el más indicado para hacerlo en vista de los escándalos en que se ha visto envuelto el partido que él mismo preside, incluyendo el presunto cobro de sobresueldos y de comisiones ilegales a empresas a cambio de la concesión de contratos públicos. Está claro que algo falla en el sistema y que es necesaria una reparación urgente para ayudar al país a dar el salto de modernidad que sus ciudadanos demandan.

Puede que España sea diferente, pero tiene arreglo. De esta crisis debería salir una sociedad civil más fuerte, mejor formada y menos tolerante con las conductas que nos han llevado al desastre. Desmotar las viejas estructuras no será fácil, pero no queda otra opción. Son décadas, si no siglos, de dominio de unas élites económicas y políticas que con demasiada frecuencia miran exclusivamente por su propio interés.

La situación económica, política y social de España no mejorará hasta que la justicia sea capaz —con más recursos y profesionales independientes— de castigar a los culpables de la corrupción, hasta que las comisiones reguladoras tengan el arrojo de imponer duras sanciones a las empresas que incumplan las reglas del juego y hasta que las empresas se decidan a defender los intereses a largo plazo de los pequeños accionistas y de los ciudadanos, no solo los de sus directivos.

Parece difícil que sean los actuales políticos y responsables empresariales quienes corrijan la situación. Los cambios no vendrán más que de la presión de la ciudadanía, que ha comenzado a movilizarse tímidamente y a exigir más transparencia en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Las denuncias judiciales por la venta de preferentes a cargo de los bancos y cajas de ahorros y el creciente malestar por la presencia de políticos en los consejos de administración son dos ejemplos de ello. Los pequeños inversores también han comenzado a rebelarse contra los abusos cometidos por los altos ejecutivos, aunque sin estridencias, en las juntas de accionistas.

Combatir las desigualdades va a ser uno de los grandes retos del siglo XXI. La propia OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, lo advierte claramente: cuanto mayor sea la desigualdad de renta entre los ciudadanos de un país, menor será su crecimiento económico. Como uno de los países donde más se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, España camina en la dirección contraria a la deseada. La caída de los salarios y el aumento de las rentas del capital es buena muestra de ello.

La lucha contra el fraude fiscal es otro de los grandes retos de la sociedad española. Como acertadamente dice Francisco de la Torre, no podemos aspirar a ser Alemania teniendo la conciencia fiscal de Tanzania. La economía sumergida sigue siendo enorme y merma al Estado de los ingresos necesarios para reactivar la actividad y sostener el Estado del bienestar. Es necesario intensificar la persecución del fraude fiscal dotando de mayores recursos a los inspectores y centrando los esfuerzos en las grandes bolsas de fraude. También se antoja imprescindible frenar la piratería. En un país de creadores como España, parece mentira que esté socialmente aceptado «bajarse» películas y libros de Internet. La piratería desincentiva la creación y hace muy difícil que quienes viven del cine, la literatura o los videojuegos puedan salir adelante. Sin una industria potente de la creación será muy difícil modernizar la economía española y crear puestos de trabajo bien remunerados.

La enseñanza es quizás nuestra gran asignatura pendiente. España no puede permitirse tener la tasa de abandono escolar más alta de Europa y que ninguna de sus universidades figure entre las cien mejores del mundo, como ahora sucede. La lenta adaptación a las nuevas tecnologías y las limitaciones del sistema educativo para formar un personal altamente cualificado están mermando la capacidad de la economía española para competir. Es cada día más obvio que preservar el bienestar depende de la adaptación de la sociedad a la economía del conocimiento, y España va por detrás de sus competidores en aspectos clave como la inversión en I+D y la calidad de sus centros educativos. La economía española debe abandonar patrones de competitividad basados en sueldos bajos, como ha venido haciendo en los últimos años, para crear un nuevo modelo que estimule la especialización, la innovación y la definición de sus marcas. La adaptación a la nueva sociedad del conocimiento facilita que la gente encuentre trabajo, que los salarios sean mejores y que tanto las personas como las empresas y los países estén mejor preparados para competir.

Resulta increíble que en treinta y cinco años de democracia los grandes partidos hayan sido incapaces de pactar un modelo educativo que garantice la calidad y la estabilidad de la enseñanza. Cada gobierno que llega al poder cambia los planes de estudio para adecuarlos, en muchos casos, a su ideología, mirando siempre el corto plazo. La mejora de la enseñanza constituye una obligación ineludible para garantizar la igualdad de oportunidades y no desperdiciar ningún talento.

La enseñanza de la economía en los colegios, fundamental para formar ciudadanos y consumidores responsables, no acaba de despegar. No puede ser que haya médicos, abogados o profesores de enseñanza media que no sepan qué es la inflación, el PIB o un plan de pensiones. El manejo del inglés de los españoles sigue estando demasiado lejos del que tienen la mayoría de nuestros socios europeos. Es importante que aquellas zonas del país dependientes del turismo y de la innovación se conviertan cuanto antes en bilingües.

En España no necesitamos más normas; lo que necesitamos es que se cumplan. El buen funcionamiento de las instituciones es el mejor favor que nos podemos hacer a nosotros mismos. Para conseguirlo resulta necesario despolitizar la justicia, las comisiones reguladoras y los medios de comunicación públicos, excesivamente dependientes hoy del partido en el poder. Hace falta que en estas instituciones se sienten personas preparadas e independientes que tomen decisiones teniendo en cuenta el interés general, no el de los políticos o el de las grandes empresas y los bancos.

La prensa, que parece haber olvidado su función primaria de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, está abocada a un cambio radical no solo por el agotamiento de su modelo de negocio, sino por la creciente demanda de una información rigurosa e independiente de los poderes políticos y económicos. Mientras los bancos y las grandes empresas sigan ejerciendo su control sobre los grandes medios de comunicación, ello parece una tarea imposible.

La incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad en las empresas también será clave para modernizar el aparato productivo español. Las compañías deben tomar medidas para aumentar la presencia femenina en sus consejos de administración y en sus equipos directivos y exigir de forma expresa a las empresas de cazatalentos que incluyan mujeres entre los perfiles que les ofrecen para cubrir una vacante.

Es obvio que España necesita un nuevo modelo productivo, algo que no podrá conseguirse de la noche a la mañana. Alemania logró recuperarse rápidamente de la tragedia de la II Guerra Mundial, que dejó su economía en ruinas, pero contaba con una base muy fuerte que facilitó esa recuperación: ciudadanos bien formados, tradición industrial y exportadora, una cultura del esfuerzo muy arraigada y una posición geográfica en el centro de Europa. España deberá encontrar sus propias herramientas. Aunque es imposible cambiar el modelo productivo de un país en una mesa de despacho, con ministros reunidos con empresarios y sindicatos, sí puede conseguirse a medio plazo si se dan determinados factores. Como pasó en los años cincuenta del siglo pasado, España no tiene elección. Cambiar nuestro modelo económico es casi una cuestión de supervivencia. O lo hacemos, o estamos condenados a un largo periodo de estancamiento y alto desempleo.

Para acabar con el pesado lastre que supone la vigencia del capitalismo clientelar, es imprescindible fomentar la meritocracia y desterrar el amiguismo y el nepotismo. Parece sencillo, pero ello exige un cambio cultural importante en una sociedad como la nuestra, donde los contactos personales son fundamentales para funcionar y muchas veces se olvida qué es lo mejor para todos. Es necesario fomentar la igualdad de oportunidades y garantizar que el origen económico, social o geográfico de una persona no sea jamás un impedimento para que pueda estudiar y dar lo mejor de sí mismo a la sociedad.

El objetivo de este libro ha sido retratar el poder del dinero en España y explicar cómo su complicidad con el poder político supone un obstáculo al desarrollo de la sociedad, de la economía y del país en general. Espero haberlo conseguido. Sin duda, bodas como la descrita en el primer capítulo seguirán celebrándose. Las élites continuarán relacionándose entre ellas y tratando de salvaguardar sus privilegios. Es el precio que hay que pagar por vivir en una economía capitalista como la nuestra. Pero está en las manos de todos —gobiernos, empresas y ciudadanos— acabar con situaciones injustas y dar paso a una sociedad más participativa, más próspera y más democrática.

Bibliografía recomendada

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